Source: http://www.slideshare.net/Menjivar2012/7216122-manualdederechoconstitucionaldr
Timestamp: 2016-12-07 17:16:16+00:00

Document:
7216122 manual-de-derecho-constitucional-dr
Luz Angelica Zavaleta Medina
at Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
Cuidado de ediciónLic. Alicia Casco GuidoEduardo J. Saballos AlmendárezFotografía de PortadaJohn MarshallRealizada por:Collection of the Supreme Court ofthe United StatesDiseño de PortadaReynaldo Silva FloresDiseño y DiagramaciónReynaldo Silva FloresRevisión de TextoAníbal Ruíz ArmijoTodos los derechos reservados conforme a la Ley© Iván Escobar Fornos, 1998© HISPAMER, 1998Segunda Edición 1998Costado Este de la UCA, Apartado A-221, Zona 13Managua, NicaraguaImpreso por Impreandes Presencia S. A. 2 3.
Indice de contenido Manual de Derecho Constitucional Primera Parte Derecho ConstitucionalCapítulo IEl Derecho Constitucional y sus relaciones 211. Concepto de Derecho Constitucional 212. El constitucionalismo 213. Relaciones del Derecho Constitucional con otras ramas del Derecho 224. Relaciones con el Derecho Procesal 225. Relaciones con el Derecho Penal 226. Relaciones con el Derecho Administrativo 227. Relaciones con el Derecho Laboral 238. Relaciones con el Derecho Civil 239. Otras relaciones 23Capítulo IIContenido y fuentes del Derecho Constitucional 251. Contenido constitucional 25 A. Ideas generales 25 B. Derecho Civil Constitucional 262. Concepto de fuente 293. Las fuentes como producto 30 A. La Constitución escrita 30 B. Leyes interpretativas y reglamentarias 30 C. La jurisprudencia 31 D. La costumbre 32 E. Las convenciones constitucionales 32 F. Los tratados o convenios internacionales 34 G. Delegación de competencia a órganos supranacionales. El Derecho Comunitario 344. Categorías normativas en nuestro sistema 36 A. La Constitución 36 B. Leyes consitucionales 36 C. Leyes que requieren una mayoría calificada y regulan materias determinadas 37 D. Ordenamiento y jerarquía de normas 37 3 4.
Capítulo IIILa norma constitucional y su interpretación 391. Eficacia de la norma constitucional 392. Clases de normas constitucionales 423. Irretroactividad de la ley 554. ¿Existen normas constitucionales inconstitucionales? 58 A. Introducción 58 B. Algunas reglas sobre modificación y derogación de leyes 58 C. Posiciones doctrinales 59 D. Nuestro sistema 635. Interpretación 656. Sujetos de la interpretación 78Capítulo IV¿Qué es el poder constituyente? 791. ¿Qué es una Constitución? 792. ¿Para que sirve la Constitución? 803. Introducción al tema 804. Distinción entre poder constituyente y poderes constituidos 835. Clases de poderes constituyentes 84 A. Originario 84 B. Institucional 84 a) Poder constituyente para la reforma total 84 b) Poder constituyente para la reforma parcial 866. Naturaleza política del poder constituyente originario 887. Funciones del poder constituyente originario y del institucional para la reforma total 888. Sus vicios o fallas 889. Límites naturales del poder constituyente 9310. Condiciones para su funcionamiento 9511. Sus órganos 10012. Las mutaciones, fraudes, quebrantamientos y suspensiones constitucionales 101Capítulo VEstados unitario y compuesto 1051. Conceptos 1052. Breve historia del Federalismo 1053. Naturaleza jurídica del Estado Federal 1064. Génesis del Estado Federal 1065. Relaciones entre la Federación y sus miembros 106 A. Relaciones de coordinación 106 4 5.
B. Relaciones de jerarquía 1076. Organos del Estado Federal 1077. Estado federal y Estado confederado 1088. La autonomía 109Capítulo VIGobierno y estabilidad 1111. Ideas preliminares 1112. Características de nuestro constitucionalismo 1153. Impacto de las reformas 116 A. Impacto legislativo 116 B. Impacto político 117 a) Peligro de un gobierno de Asamblea 117 b) Instituciones del gobierno semirepresentativo 118 c) El quórum 121 d) Decisiones generales 121 e) Reformas a la Constitución 121 f) Nombramiento de ciertos funcionarios 1214. Gobernabilidad. 124Capítulo VIIEstado y partido 1271. El pluralismo político y los partidos 1272. Naturaleza jurídica de los partidos políticos 1283. Su constitucionalización y regulación 1294. Financiamiento de los partidos políticos 1305. Apertura de los partidos políticos 1316. Control de los partidos políticos 1317. Funciones 1328. El Estado de partido 1339. La partidocracia. 133Capítulo VIIISistemas de gobiernos 1371. Diferencias entre régimen políticos y sistemas de gobierno 1372. Principales sistemas de gobierno de la democracia representativa 1373. Sistema presidencial 1374. Sistema parlamentario 1385. Sistema mixto 1396. Nuestro sistema presidencial 140 5 6.
Capítulo IXEl Poder Electoral 1411. Introducción 1412. Concepto del sufragio y su contenido 1413. Características del sufragio 1424. Los aspectos que comprende 1435. Naturaleza del sufragio 1436. Los sujetos que votan 1437. Los sujetos que son elegidos 1458. Los sistemas electorales 1469. Organización 151Capítulo XEl Poder Legislativo 153I. Origen 153II. Importancia 154III.Unicameralismo o bicameralismo 154IV. Estructura 1571. Organos y poderes del Estado 1572. Organos fundamentales 157 A. Poderes estatales 157 B. Organos constitucionales 158 C. Organos de relevancia constitucional 1583. Organización interna de la Asamblea Nacional 158 A. La Junta Directiva 158 B. La Presidencia 159 C. La Secretaría 159 D. Las Comisiones Legislativas 159 E. Los Grupos Parlamentarios 162 F. El Plenario 163V. Funciones de la Asamblea Legislativa 1631. Ideas generales 1632. Clasificación de las funciones 1653. Función legislativa 1654. Función de control 1665. Función de dirección política 1676. Funciones jurisdiccionales 1687. Otras funciones 168VI. De la representación y los partidos políticos 170VII.El nuevo estilo 1741. Relaciones con el pueblo 174 A. Diputados departamentales 174 B. Diputados nacionales 174 6 7.
2. Relaciones con su partido 1753. Relaciones internas en la Asamblea 1754. Relaciones con los otros poderes 1765. Relaciones con la opinión pública 176VIII.Responsabilidad del Estado, principalmente de laAsamblea Legislativa (Teoría de la responsabilidad del Estado legislador) 1761. Responsabilidad de la administración 1762. Responsabilidad judicial 1783. Responsabilidad por actos administrativos 181Capítulo XINociones sobre Derecho Parlamentario 1891. Concepto del Derecho Parlamentario 1892. Su autonomía 1893. Características 1894. Fuentes 190 A. La Constitución 190 B. Los tratados 191 C. La ley 191 D. Los estatutos y reglamentos parlamentarios 191 E. Los estatutos de los partidos políticos 191 F. Los estatutos de las Bancadas 192 G. Los principios generales del Derecho 192 H. La jurisprudencia parlamentaria 192 I. La costumbre parlamentaria 192 J. Las convenciones parlamentarias 1925. Estatuto de los diputados 193 A. Incompatibilidades de los diputados 193 B. Impedimentos 193 C. Faltas definitivas 194 D. Protección política a los diputados 194 E. Derechos y obligaciones de los diputados 195 F. Régimen económico 1966. Ordenamiento jurídico de la Asamblea Legislativa 1967. Proceso de formación de la ley 200 A. Iniciativa 200 a) Concepto 200 b) Breve referencia histórica 201 c) Clases de iniciativa 201 c) Formalidades 203 e) Retiro de la iniciativa 203 B. Dictamen y discusión en el plenario 203 C. Sanción, promulgación y publicación 206 D. El veto 209 7 8.
Segunda Parte Los Derechos Humanos Sección I Ideas generalesCapítulo IFundamento, función y defensa 2111. Fundamentación 2112. Carácter tridimensional 212 A. Interrelación entre los derechos humanos 213 B. La participación de la sociedad civil en la promoción y cumplimiento de los derechos humanos 2133. Constitucionalismo clásico y social 2144. Defensa y cumplimiento 215 A. Garantías políticas 215 B. Garantías normativas 216 C. Garantías jurisdiccionales 217Capítulo IIClasificación general de los derechos humanos 2191. Dudas e imprecisiones 2192. Algunas clasificaciones 2193. Coordinación, interdependencia y protección 2224. Lista abierta o cerrada 223Capítulo IIINuestra clasificación 2251. Clasificación de nuestra Constitución 2252. Derechos individuales 2253. Derechos políticos 2324. Derechos sociales 2335. Derechos de la familia 2336. Derechos laborales 234Capítulo IVEl Derecho Internacional y los derechos humanos 2371. Especialidades del Derecho Internacional 2372. Características del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 2373. Relaciones entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los 8 9.
Derechos Humanos 238 A. Carácter subsidiario de la protección internacional 238 B. El agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna 238 Sección II Protección internacional de los derechos humanosCapítulo ISistema de protección de los derechos humanos 2391. Sistemas 2392. Sistema universal 239 A. Declaraciones sobre derechos humanos 240 B. Convenciones internacionales sobre derechos humanos 241Capítulo IISistema interamericano 2431. Documentos fundamentales y órganos 2432. La Comisión 243 A. Legitimación 244 B. Requisitos fundamentales 244 C. Procedimiento 2443. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 245 A. Su integración y sede 245 B. Sus funciones 245 a) Función jurisdiccional 245 b) Función consultiva 246Capítulo IIISistema europeo 2471. Documentos fundamentales y órganos de protección 2472. La Comisión 247 A. Su naturaleza 247 B. Las partes 247 C. Procedimiento 2483. El Tribunal 249 A. Composición 249 B. Competencia 249 C. Partes 250 D. Procedimiento 2504. Comité de Ministros 250 9 10.
5. Estudio comparativo 2506. Resultados prácticos de ambos sistemas 251 Sección III Protección nacionalCapítulo ISistema de defensa o garantía de la Constitución 2531. Clasificación de los sistemas 253 A. Sistemas que atienden a la extensión de los efectos 253 a) Sistema con alcance particular 253 b) Sistema con alcance general 253 c) Sistema de alcance mixto 253 B. Sistema que atiende a la naturaleza del órgano 253 a) Sistema de control por un órgano político 253 b) Sistema de defensa por órganos jurisdiccionales 254 C. Sistema que atiende al tiempo de control 254Capítulo IIControl preventivo de constitucionalidad 2551. Concepto 2552. Naturaleza jurídica 2553. Sistemas de control previo 2564. Ventajas y desventajas 257Capítulo IIISistemas de control de la constitucionalidad 2591. Los dos grandes sistemas 2592. Bases fundamentales del sistema difuso 2593. Inconvenientes del sistema difuso 2604. Creación y bases del sistema austríaco 2615. Naturaleza del Tribunal Constitucional 2636. Diferencias fundamentales de ambos sistemas 2637. Acercamiento de ambos sistemas 264Capítulo IVNuestro sistema 2661. Importancia 2662. Medios de control 266 10 11.
3. Unidad del amparo 2674. Vías para promover la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento 268Capítulo VRecurso por inconstitucionalidad 2711. Materia del recurso 271 A. Su objeto 271 B. Vicios denunciables 2722. Inconstitucionalidad de algunas leyes, decretos y de la nueva Ley de Amparo 2743. Competencia 2754. Capacidad procesal 2765. Legitimación activa 2766. Legitimación pasiva 2777. Procedimiento 277 A. Interposición del recurso 277 B. Admisibilidad 277 a) Artículo 6 de la Ley de Amparo 279 b) Artículo 10 281 c) Artículo 11 281 d) Artículo 12 281 e) Artículo 13 281 f) Artículo 19 282 C. Otros trámites 2828. Efectos 2839. Inconstitucionalidad en casos concretos 284Capítulo VIEl amparo 2871. Materia 2872. Legitimación activa 2873. Legitimación pasiva 2874. Competencia 2885. Tramitación 2886. Efectos 290Capítulo VIIEl recurso de exhibición personal 2911. Materia 2912. Legitimación activa 2913. Legitimación pasiva 291 11 12.
4. Competencia 2915. Procedimiento 292 Tercera Parte Alcances de la reforma consstitucional Capítulo UnicoBreve estudio 2931. Introducción 2932. Líneas generales del contenido original de la Constitución 2943. Principios que inspiran la reforma constitucional 2954. Derechos y garantías 2965. Controles del poder 2976. Sistema Económico 2997. Poder Legislativo 3008. Poder Judicial 3019. Poder Ejecutivo 30310. Contraloría General de la República 30311. Procuraduría General de Justicia 30412. Poder Electoral 30413. Procurador de Derechos Humanos 30514. El Ejército y la Policía 30615. Autonomía municipal 30616. Instituciones de la democracia directa 30717. Cultura 30818. Combate al nepotismo y la corrupción 30819. Estado de derecho 30820. Asamblea Constituyente 309 Cuarta Pate La justiciaCapítulo IEl sistema en general 3111. Importancia de la justicia 3112. Valores que se persiguen 312 A. Justicia 312 B. Celeridad y seguridad 312 C. Accesibilidad 3133. Su crisis 3144. Organos y factores que intervienen 314 12 13.
5. Estado actual de la justicia en Nicaragua 315 A. Influencia política 315 B. Falta de una capacitación especializada 317 C. Condiciones materiales deficientes 317 D. Justicia cara, lenta y no de buena calidad 318 E. Alto índice de impunidad 319 F. Desconfianza 3206. Carácter complejo y su enfoque unitario 3217. Factores que intervienen 322 A. Sistema de selección de jueces y magistrados 322 B. Legislación añeja 323 C. Influencia política del Ejecutivo 324 D. Presupuesto inadecuado 324 E. Procuraduría General de Justicia sin independencia 325 F. Falta de una Policía Judicial 325 G. Ausencia de una política criminal 325 H. Una gran marginalidad jurídica 326 I. Crisis en los gremios profesionales forenses y en la enseñanza universitaria 327Capítulo IILa reforma penal 3291. El pentágono penal 3292. La ley penal sustantiva 3293. Proceso penal 3314. Sistema penitenciario 3335. La Policía 3366. La Procuraduría de Justicia 3387. Seguridad del habitante 338 A. Concepto 338 B. Desarrollo humano sostenible 339 C. Causas del deterioro de la seguridad 339 D. Extralimitación punitiva del Estado 340 E. Negligencia, deficiencia e indiferencia estatal 3418. Reformas a nivel latinoamericano 341Indices auxiliaresCódigo de Abreviaturas 342Indice Onomástico 343Indice de Artículos 345Indice de Jurisprudencia 348 13 14.
Prólogo Comenzaba a correr el segundo lustro de la década de los años 70, cuando araíz de haber finalizado mis estudios de postgrado en Europa, me integré a ladocencia en la Universidad Centroamericana, UCA, en las cátedras de DerechoConstitucional y Derecho Administrativo. Eran años de ebullición, el país comen-zaba a dar signos de transformación y estos ecos llegaban hasta los claustrosuniversitarios. Los docentes no éramos ajenos a esos sentimientos. Se hablada dereforma universitaria, de la proyección de la universidad a la sociedad y su vincula-ción con la misma, de como ella debía ser o tratar de ser la conciencia social de lanación, de un replantamiento del modelo de universidad napoleónica, de las carre-ras y de la justificación de las mismas en un país tercer mundista, del pénsumacadémico adecuado y conveniente a nuestra realidad para transformarla de con-tenido de las materias y la forma de enseñanza. Eran años excitantes. Se discutíacon ardor, con pasión y nos alineábamos en distintos proyectos acera de cómodebía ser y estructurarse esa futura Nicaragua cuyo cambio percibíamos en lossignos de los tiempos. Fue en ese ambiente universitario donde conocí al Dr. IvánEscobar Fornos y aunque cada uno de nosotros nos identificábamos con distintascorrientes de pensamiento e intereses, simpaticé muy pronto con él, debido a sudedicación al estudio, a la investigación y al rigor lógico de su pensamiento jurídi-co, expresado en diversas obras que ha venido publicando a lo largo de los años,particularmente sobre temas de derecho privado. Pero ahora el Dr. Iván Escobar Fornos nos presenta un Manual de DerechoConstitucional, lo que supone desde luego una incursión en un territorio jurídicodistinto y el manejo y dominio de un arsenal conceptual y metodológico diferente,que constituye la base y fundamento del Derecho Público y además de todo orde-namiento jurídico nacional al que sirve de soporte e inspiración. Pues, no cabeduda los principios y disposiciones contenidos en el articulado de la constituciónpolítica -como señalan los tratadista franceses1 -constituyen los encabezados otítulos de las distintas ramas del derecho positivo. El Derecho constitucional por esencia, por contenido y por objeto está direc-tamente vinculado con el fenómeno del poder, el cual tiende a institucionalizar,regular y limitar para salvaguardar y hacer valer los derechos de los habitantes deun país. Se trata, en otras palabras, de proteger a los gobernados de los abusosque en el ejercicio del poder pueden cometer los gobernantes. Karl Loewenstein2, señala que los tres incentivos fundamentales que domi-nan la vida del hombre en la sociedad son: el amor, la fe y el poder, destacando einsistiendo sobre el carácter demoníaco del poder. Y que la política no es, sino, la1 . MAURICE HAURIOU, «Precis Elementaire de Droit Constitutionel», cuarta edición, página VI, Sirey, Paris 1938.2 . KARL LOEWENSTEIN, «Teoría de la Constitución», segunda edición, Barcelona, 1976. 15 16.
lucha por el poder. Ya Lord Acton, en un célebre epigrama, había observado queel poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente.Es decir, el fenómeno del poder ejerce una verdadera fascinación sobre los hom-bres, tanto sobre sus destinatarios como sobre los que tratan de alcanzarlo y ejer-cerlo, llegando algunas veces su búsqueda a tener un carácter dominante, com-pulsivo y avasallador. Por otra parte, el derecho constitucional aparece íntimamente vinculado alconstitucionalismo, es decir al movimiento por el cual la burguesía, el tercer esta-do, comienza a afirmar sus principios ideológicos e intereses frente al absolutismode los reyes y a los privilegios que detentaba la nobleza; tratando una vez conse-guido el poder, de destruir las desigualdades, limitaciones y diversas formas desometimiento del ancien regime que frenaba su ascenso y ansias de dominio polí-tico del que estaba excluida dada su creciente importancia y fuerza económica,mediante la adopción de los principios de la igualdad y de la libertad. Ahora bien, lalucha no fue solamente política, sino que también se planteó en lo jurídico, pararespaldar y dotar de fuerza a los nuevos valores y principios llegando inclusive aincorporarlos en las nuevas codificaciones y en los nuevos textos jurídicos, dotan-do a algunos de ellos de una superlegalidad, denominados constituciones queobligan a todos por igual, inclusive a los gobernantes. En ese sentido el arto. 16 dela Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 establecía demanera tajante que: «Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía delos derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución.» Las constituciones y el derecho que las estudia, se convierten de esta mane-ra, en sus primeras etapas en una herramienta de primera magnitud para salva-guardar la libertad de los habitantes. Posteriormente -y en algunos casos- hanservido para afirmar los intereses de quienes detentan el poder, limitando los dere-chos de los gobernados. Y, modernamente diríamos, podrían ser útiles para ayu-dar a construir un sistema democrático participativo y pluralista y además, comoreza expresamente la reforma constitucional de 1995 en el arto. 130 Cn., en unestado social de derecho. Otras de las características fundamentales del derecho constitucional es suvinculación estrecha con el Estado, viniendo a constituir ambos conceptos y disci-plinas de estudio: derecho y estado, realidades íntimamente ligadas, comprensiblesen su esencia adoptando un punto de vista histórico y una perspectiva dinámica. Yesto es fácilmente entendible porque es desde el Estado donde se adoptan lasprincipales decisiones de política económica y es la institución que mantiene ydetenta el poder coactivo para ejercer la dominación necesaria en la sociedad. El derecho constitucional adquiere, de acuerdo a esta concepción, un carác-ter instrumental, conformador, cuya justificación última se encuentra en si es útil ono para configurar un estado comprometido con atender y satisfacer las necesida-des básicas de la población, creando las condiciones necesarias para que lasdistintas fuerzas sociales puedan expresarse y participar realmente y de manera 16 17.
creativa en la construcción de su sociedad, no bastando con la participación formaly esporádica de los procesos electorales; o si por el contrario, el estado está orien-tado a mantener o perpetuar privilegios a favor de unas minorías, desatendiendo lamisión que la justicia y el bien común exigen en un país que -no hay que olvidarlo-figura en el segundo lugar dentro de los más pobres del continente americano. El primer tipo de estado corresponde a la concepción del estado social dederecho al que algunos, dentro de la corriente de valores de los sistemasparticipativos, han añadido la característica de democrático. El segundo tipo co-rresponde al del estado facilitador. El primero parte de la desigualdad real existen-te en la sociedad, a las que el estado debe de tratar de equilibrar y compensar, elsegundo alude a una supuesta igualdad jurídica y a las fuerzas reguladoras yconformadoras del mercado, mediante la intervención de una especie de manoinvisible, que compensaría al final las desigualdades sociales y económicas produ-cidas, es decir el estado neoliberal. Por otra parte, una de las piedras fundamentales del derecho constitucionallo constituye el principio de la división o separación de poderes, basado en elpensamiento racionalista y mecanicista de los siglos XVII y XVIII. Inicialmente sur-ge junto a la filosofía de los derechos del hombre como otro baluarte ideológicofrente al absolutismo real, pues según la formulación de Montesquieu para quehaya abusos del poder, es preciso que el poder contenga el poder, evitando laconcentración de poderes en una sola mano o de un grupo de hombres, y si lostres poderes se concentraran en una sola mano -dice- todo estaría perdido. Cuando los movimientos políticos del tercer estado o burguesía resultarontriunfantes a través de sus revoluciones, comenzaron a establecer inicialmente susprincipios como en la mencionada Declaración de Derechos del hombre y del ciu-dadano de 1789. Sin embargo una vez consolidados en el poder, la doctrina de ladivisión de poderes y sus consecuencias sirvieron posteriormente para convertirseen un medio para asegurar el orden, la gobernabilidad de un país, mediante latécnica de asignar atribuciones o funciones a los poderes del estado, en detrimen-to, según algunos, de los principios de la libertad e igualdad que habían inspiradolos movimientos revolucionarios, prefiriéndose a Montesquieu sobre Rousseau. De manera especial la doctrina de la división de poderes, su interpretación yaplicación se ha convertido actualmente en uno de los puntos centrales del debatepolítico en América Latina, en Centroamérica y particularmente en Nicaragua, don-de el sistema democrático comienza a afirmarse con mayor o menor grado y condistinta intensidad, no estando exento de riesgos y peligros que en cualquier mo-mento pudieran hacer retroceder los espacios arduamente conquistados. Se trata de un tema que transciende la historia de las ideas políticas, delderecho público, particularmente del derecho constitucional, de la ciencia política,de la teoría general del estado, tan grata al pensamiento alemán, para convertirseen objeto de discusión integral y trascendente puesto que de la solución o puntos 17 18.
de coincidencia y acuerdos a los que se llegue, dependerá en buena medida nosólo la gobernabilidad del país, sino su futuro. Y es que advertimos en nuestrosubcontinente, pese a las aperturas democráticas recientes, una fuerte y marcadatendencia histórica hacia el cesarismo presidencial, al presidencialismo (formadegenerada del sistema presidencial), que convierte o puede convertir en ilusoriasy formalistas los controles interpoderes, los pesos y contrapesos3 del pensamientoracionalista. Aunque últimamente y a partir de Loewenstein se prefiere hablar en lamoderna literatura constitucional de controles de los poderes o interpoderes. El «Manual de Derecho Constitucional» que nos presenta el Dr. Iván EscobarFornos, sigue la tradición de esos excelentes manuales que se han publicado enLatinoamérica, inicialmente para uso de los estudiantes de la licenciatura, como elde Mario Bernaschina González, editado por la editorial jurídica de Chile, nos. 37 y38 de la colección manuales jurídicos y que por su contenido y tratamiento de lasmaterias expuestas, han rebasado los límites inicialmente propuestos y han ejerci-do una notable influencia entre los prácticos del derecho y los especialistas delmismo, influyendo positivamente en el pensamiento jurídico contemporáneo. La obra ofrecida al público está escrita conforme a una estricta metodologíajurídica, dividida en cuatro partes: una primera parte referida al Derecho Constitu-cional propiamente dicho, una segunda referida a los derechos humanos; una ter-cera dedicada a los alcances de la reciente reforma constitucional; y una cuartaparte, a la justicia. La primera parte del manual inicia siguiendo un esquema que se ha vueltoclásico presentado un concepto del derecho constitucional y sus relaciones, elcontenido y las fuentes del mismo, la norma constitucional y su interpretación, elpoder constituyente originario y su diferencia con los poderes constituidos, los es-tados unitarios y compuestos, al gobierno y los sistemas de gobiernos, los podereselectoral y legislativo, destacando especialmente el tratamiento que concede alllamado derecho parlamentario. Este último ha sido acertadamente incluido dadala importancia especial que ha adquirido y el tratamiento que se le ha dado entemas monográficos y artículos en revistas y periódicos, a partir de la revaloriza-ción e independencia que adquirió la Asamblea Nacional a raíz de las reformasconstitucionales de 1995. La segunda parte, además de incluir una amplia exposición sobre los dere-chos humanos, su clasificación y los medios de protección internacional, incluyeotros temas como el control preventivo de la constitucionalidad, el recurso porinconstitucionalidad, el amparo y el recurso de exhibición personal.. MONTESQUIEU, «Del espíritu de las leyes». Editorial Tecnos, Madrid 1970. En el mismo sentido, El3 FEDERALISTA, particularmente MADISON, Editorial Libro Libre, Costa Rica 1986. El pensamiento de Montesquieu está inspirado e influido por John Locke y aunque la teoría de la división o separación de poderes había sido expuesta antes por Scipiano Mafei, su obra no alcanzó la difusión ni los vuelos intelectuales de Montesquieu. 18 19.
La tercera parte se refiere al alcance de la reforma constitucional de 1995,que marcó un nuevo contenido a la constitución presidencialista de 1987, insistien-do en una mejor distribución de atribuciones y competencias para los poderes delestado y que introdujo nuevas instituciones para un mejor control de la actividad delos gobernantes, tales como la división de la Corte Suprema de Justicia en salas,especialmente la sala de lo constitucional y la sala de lo contencioso-administrati-vo, la procuraduría de derechos humanos (ombudsman), la responsabilidad patri-monial del estado, la caracterización de Nicaragua como un estado social de dere-cho, la no reelección presidencial en el período inmediato sucesivo y que en elpasado ha sido fuente de tensiones, guerras civiles y ha conducido al autoritarismoy centralización de poderes; éstas y otras formas marcaron, a partir de esa fecha,un nuevo rumbo a la filosofía del constitucionalismo nicaragüense. La cuarta y última parte aborda el tema de la justicia en general y la reformapenal en particular, con recomendaciones altamente interesantes. Echamos demenos en la obra una referencia a los aspectos sociológicos y económicos quetienen que ver con el hecho político y que están en la base misma de la actuacióndel poder y a través del cual se expresan las diversas relaciones entre gobernantesy gobernados, además de una ausencia de la historia general delconstitucionalmismo y particularmente al nicaragüense y a las causas históricas eintereses, no siempre legítimos, que han impactado nuestra agitada vida constitu-cional. El Manual de Derecho Constitucional del Dr. Escobar Fornos, además de seruna obra bien documentada desde el punto de vista bibliográfico, presenta un ex-celente manejo de la jurisprudencia nacional, mediante la cita adecuada de lasdiversas sentencias y opiniones que la Corte Suprema de Justicia ha venido elabo-rando. Está escrito en un lenguaje sencillo y elegante, fácilmente comprensible yaccesible, lo que hace de ella una obra recomendable no solamente para los estu-diantes, sino para los especialistas y estudiosos del derecho constitucional y por-que no decirlo, para nuestra clase política que a menudo tiene que tomar decisio-nes trascendentales que podrían encontrar su fundamentación y explicación enobras como la que comentamos y también para el público en general deseoso deobtener una mayor información sobre aspectos y decisiones que les afectan. Me place además escribir este prólogo a la obra del compañero en el ejerciciode la docencia y al jurista que me sucedió en la Presidencia del primer poder delestado, la Asamblea Nacional, al instalarse una nueva legislatura en 1997, y quelos diputados del período de 1990 a 1996 elevamos a la categoría de ser el foro porexcelencia, el más importante de la nación. Finalmente y pese al esfuerzo que los juristas realizamos por crear institucio-nes adecuadas para reconducir el poder y la actuación de los gobernantes a loscauces formales y principios que contiene la constitución, el poder presenta aspec-tos que trascienden lo jurídico y que no podemos obviar su pena a quedarnos enun frío formalismo, ausente al tratamiento de las realidades, de los factores reales 19 20.
de poder, así lo advirtió con singular profundidad el filósofo, jurista y político ale-mán del siglo XIX, Ferdinand Lasalle, al señalar en su obra ¿Qué es una Constitu-ción?, que «Los problemas constitucionales no son primariamente, problemas dederecho, sino de poder»4. Cairo Manuel López Managua, junio de 1998. FERDINAND LASSALLE, ¿Qué es una Constitución, Ediciones Ariel, 2a. edición, 1976, Barcelona, España.4 20 21.
Primera Parte Derecho Constitucional Capítulo I El Derecho Constitucional y sus relaciones SUMARIO: 1. Concepto de Derecho Constitucional. 2. El constitucionalismo.3. Relaciones del Derecho Constitucional con las otras ramas del Derecho. 4. Re-laciones con el Derecho Procesal. 5. Relaciones con el Derecho Penal. 6. Relacio-nes con el Derecho Administrativo. 7. Relaciones con el Derecho Laboral. 8. Rela-ciones con el Derecho Civil. 9. Otras relaciones. 1. Concepto de Derecho Constitucional El Derecho Constitucional es el conjunto de normas, principios y doctrinasque tratan sobre la organización del Estado, su función y competencia y sobre losderechos y garantías de las personas. Es una rama del Derecho Público. 2. El constitucionalismo El constitucionalismo encarna la lucha de la humanidad por conquistar lalibertad y los medios para defenderla frente al fenómeno del poder. Tiene por obje-to limitar el ejercicio del poder. El constitucionalismo clásico tiene su auge en el siglo XVIII. Este fenómenojurídico y político consagra en textos fundamentales o constitutivos las doctrinas delos grandes filósofos como Aristóteles, Rousseau, Locke y Montesquie. Sus antecedentes mediatos se encuentran: en la antigüedad de Oriente, Gre-cia y Roma; en la edad moderna con la evolución política inglesa. Sus inmediatoscon las revoluciones norteamericana y francesa. La Constitución de 1787 de los Estados Unidos es la Constitución escritamás antigua y recoge los principios clásicos del constitucionalismo, entre ellos ladivisón de poderes. El capitalismo provocó tensiones sociales, lo que obligó a incorporar, a partirde la primera guerra mundial, disposiciones de carácter económico y social a lasconstituciones, en defensa de las clases más desposeidas. Esta tendencia se de-nomina constitucionalismo social. Ejemplo de estas constituciones son la de Méxi-co de 1917 y la de Weimar (Alemania) de 1919. Nuestro constitucionalismo clásico se produce desde la Constitución Federalde 1824 hasta la de 1911. El social desde la Constitución de 1939 hasta la vigente. 21 22.
Es transformador: en materia de educación, vivienda, trabajo, salud, ambiente, cultura,economía, siempre sus normas disponen que se tomarán las medidas para promoverla efectividad de tales valores1. 3. Relaciones del Derecho Constitucional con otras ramas del Derecho La abundante y compleja cantidad de materias que comprende esta rama nosinduce a pensar sobre la numerosa cantidad de relaciones con otras ramas del dere-cho, disciplinas y ciencias. Las ideologías políticas no son ajenas a esta materia, bastarecordar que las breves constituciones liberales clásicas solamente contenían reglas degobierno y garantías individuales. Con la influencia del socialismo el Estado ha crecido, lo mismo que sus activida-des y se ven florecer los derechos sociales. Así vemos surgir constituciones extensasque estructuran sobre el Estado de derecho un Estado de Bienestar. 4. Relaciones con el Derecho Procesal El Derecho Procesal Orgánico trata sobre la organización, función y competenciadel Poder Judicial. La Constitución sienta los principios y normas generales sobre estamateria la cual es desarrollada por una Ley Orgánica del Poder Judicial. Además laConstitución regula principios y materias del Derecho Procesal Adjetivo: señala variosprincipios procesales, crea algunos recursos como el de amparo y el deinconstitucionalidad de la ley y consagra un buen número de derechos y garantías parael procedimiento penal. 5. Relaciones con el Derecho Penal La Constitución consagra varios principios, derechos y garantías relacionadoscon el Derecho Penal: la pena no trasciende de la persona del condenado de acuerdocon el art. 37 Cn.; no se impondrá pena o penas, que aislados o en conjunto, dure másde treinta años de acuerdo con el art. 37 Cn.; la ley no tiene efecto retroactivo, exceptoen materia penal cuando favorezcan al reo, de acuerdo con el art. 38 Cn.; los menoresno pueden ser objeto de juzgamiento ni internados en centros de readaptación penal yserán atendidos en Centros Especializados, de acuerdo con el art. 35 Cn.; el sistemapenitenciario tiene por objeto la reintegración del interno en la sociedad de acuerdo conel art. 39 Cn.; no hay cárcel por deuda de acuerdo con el art. 41 Cn., salvo en materiaalimenticia; la pena de muerte no es permitida, de acuerdo con los arts. 33 y 39 Cn. 6. Relaciones con el Derecho Administrativo El Derecho Administrativo se refiere a los servicios públicos y al personal querealiza la función administrativa del Estado. En la Constitución se señalan las normas1. Arts. 39, 56 y sigts, 70 y sigts, 80 y sigts y 98 y sigts Cn. 22 23.
básicas del Derecho Administrativo. Por ejemplo: la expropiación por utilidadpública. 7. Relaciones con el Derecho Laboral Al Derecho Laboral le dedica la Constitución el Capítulo V, del art. 80 al 88.Se consagran una serie de derechos y garantías a los trabajadores. Por ejemplo:salario igual por trabajo igual; inembargabilidad del salario mínimo y las prestacio-nes sociales; la estabilidad en el trabajo; la seguridad social, el derecho de huelga;la gestión en la empresa; y la libertad sindical. 8. Relaciones con el Derecho Civil La Constitución incorpora conceptos, principios, normas y valores fundamen-tales de carácter civil. Como tendremos ocasión de leer en el capítulo siguiente seestán dando las condiciones para desarrollar un Derecho Civil Constitucional. 9. Otras relaciones Se encuentran vinculaciones de esta rama del derecho con la historia, lasociología, la moral, la religión, la filosofía y otras. 23 24.
Capítulo II Contenido y fuentes del Derecho Constitucional 1. Contenido constitucional: A. Ideas generales. B. Derecho Civil Constitucio-nal. 2. Concepto de fuente. 3. Las fuentes como producto: A. La Constitución escri-ta. B. Leyes interpretativas y reglamentarias. C. La jurisprudencia. D. La costum-bre. E. Las convenciones constitucionales. F. Los tratados o convenios internacio-nales. G. Delegación de competencia a órganos supranacionales. El Derecho Co-munitario. 4. Categorías normativas en nuestro sistema. A. La Constitución. B.Leyes constitucionales. C. Leyes que requieren una mayoría calificada y regulanmaterias determinadas. D. Ordenamiento y jerarquía de normas. 1. Contenido constitucional A. Ideas generales La Constitución se ocupa del poder y de sus relaciones con las personas.Esto comprende la organización del Estado y la consagración de los derechos,garantías y libertades de las personas. De aquí se deriva la distinción entre la parteorgánica y la parte dogmática de la Constitución. No obstante, el constitucionalismo moderno incorpora a la Constitución unagran cantidad de materia de variada índole, casos y situaciones con el objeto decubrirlos con su manto protector: laborales, civiles, mercantiles, económicas, am-bientales, penales, etc, muchas de ellas propias de las relaciones privadas entrelos particulares. En algunas constituciones se consagra el abuso del derecho1, losdaños y perjuicios2, y el divorcio unilateral3. La Constitución permea todo el Derecho. Como consecuencia, las leyes, re-soluciones o actos de las autoridades reciben orientación de la Constitución. Por otra parte, existen controles constitucionales en manos de jueces (la ju-risdicción constitucional) que fijan el sentido del orden constitucional. A esta situación se le ha denominado «dictadura constitucional». Algunosjuristas la rechazan porque consideran que representa un atraso al avance delDerecho y a su adecuación a las circunstancias de cada época. La ley ordinaria yano es el instrumento del cambio político, pues está limitada por la Constitución y lajurisprudencia que la interpreta. Pierde el Derecho su relativismo, y con ello laposibilidad de recoger el producto político y social de la dinámica cotidiana. Dismi-nuye su valor como opción de solución, hasta que los hechos avasallan al ordena-miento existente y surge uno nuevo por la fuerza fáctica.1 Art. 95 Cn. de Colombia2 Art. 2 Cn. de El Salvador.3 Art. 72 Cn. 25 26.
B. Derecho Civil Constitucional En un principio, impulsado por los intereses de la burguesía, arraigó la ideade que el Derecho Civil no era político y que ocultaba las directrices económicas,sociales y políticas liberales que encerraban. La técnica de la codificación con susfiguras, conceptos abstractos y soluciones lógicas, ayudaban esta desvinculación.La prueba de tal afirmación son las codificaciones que subsistieron bajo regímenesdistintos sin sufrir grandes modificaciones. Ejemplos: el Código de Napoleón seaplicó en tres monarquías y en muchos gobiernos republicanos y rige hasta hoy; elCódigo Civil alemán vigente, soportó el Imperio, la Constitución de Weimar, elrégimen nazi y la Constitución de Bonn; el Código Civil italiano vigente, promulga-do bajo el régimen de Mussolini, es el actualmente vigente con pocas modificacio-nes. Esta supervivencia se debe a la influencia de las ideas liberales de la clasedominante y el surgimiento de leyes separadas que dejaron incólume el texto delos códigos. Pero la realidad es otra. Toda ley tiene un fundamento político y este provienea su vez básicamente de la Constitución, la cual establece los principios superioresdel sistema de vida, acción y libertades de las personas. La Constitución contiene las directrices, principios y normas fundamentalesde carácter políticos, sociales y económicos. Todas sus normas son vinculantes,sirven para interpretar el orden jurídico y no pocas de ellas constituyen mandatosal legislador. A principios de los años treinta se comienza a plantear el tema de la importan-te influencia de la Constitución en el Derecho Civil, pero es últimamente que se hadesarrollado una abundante literatura hasta llegar a delimitarse y elaborarse, abase de las numerosas normas civiles incorporados en la Constitución, el DerechoCivil constitucional, el cual no puede ser una rama del Derecho constitucional por-que no contiene materias distintas del Derecho Civil, ni tampoco una parte delDerecho Civil porque su delimitación formal proviene de su integración en la Cons-titución y no de su colocación dentro del Código, sino como su infraestructura,según Joaquín Arce y Flores-Valdez, quien lo define así: «En atención a las notascaracterísticas conceptuales expresadas, podemos definir ya el Derecho Civil cons-titucional como sistema de normas y principios normativos institucionales integra-dos en la Constitución, relativos a la protección de la persona en si misma y susdimensiones fundamentales familiar y patrimonial, en el orden de sus relacionesjurídico-privadas generales, y concernientes a aquellas otras materias residualmenteconsideradas civiles, que tienen por finalidad fijar las bases más comunes y abs-tractas de la regulación de tales relaciones y materias, a las que son susceptiblesde aplicación inmediata o pueden servir de marco de referencia de la vigencia,validez e interpretación de la normativa aplicable o de pauta para su desarrollo»4.4 El Derecho Civil Constitucional. Cuadernos Civitas. Madrid, 1991, pags. 178 y 179. 26 27.
Lo que in extenso regula el Código Civil lo consagra en breves principios ydirectrices el Derecho Constitucional. Contempla las facetas más próximas al hom-bre, aquellas que se relacionan con su nacimiento, su capacidad, sus relacionesfamiliares, su tráfico jurídico y disfrute de las cosas, y su muerte (Derecho Sucesorio). Todas las normas, valores y principios del Derecho Civil constitucional sonsuperiores jerárquicamente al Código Civil y a las demás leyes y, por tal razón, ellegislador ordinario y el intérprete deben seguir sus orientaciones. Esto le da unanueva dimensión al Código Civil, el cual tendrá que ajustarse a los valores y legali-dades constitucionales,llevando así transformaciones a las instituciones tradicio-nales5. Podemos citar algunas normas constitucionales que el civilista debe tener encuenta y recurrir a ellas en su oportunidad. Esta lista no es taxativa y es la siguiente: a) Según el art. 5 son principios de la nación nicaragüense: la libertad; (repro-ducida en el art. 25 inc 1.); la justicia; el respeto a la dignidad de la persona huma-na; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas formas depropiedad; la libre cooperación internacional; y el respeto a la libre autodetermina-ción de los pueblos. b) El art. 180 y sigts. garantiza a las comunidades de la Costa Atlántica elderecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corres-ponden a sus tradiciones históricas y culturales. c). El art. 160 dispone que la administración de justicia garantiza el principiode legalidad y protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de laley en los asuntos o procesos de su competencia.5 Cuatro fenómenos importantes han incidido seriamente en el alcance y contenido del Derecho Civil: a) La denominada constitucionalización del Derecho Civil (ya expresada brevemente en el texto). b) La descodificación del Código Civil. Se principia a hablar de descodificación en esta década. El fenómeno consiste en la separación de ramas especializadas y la proliferación de leyes especiales. Por otra parte se duda, debido a la desactualización ideológica del Código Civil, que los criterios y categorías básicas de la convivencia y técnicas del sistema se encuentren en dicho Código, lo cual no significa su desapa- rición. Por tal razón es importante prestarle atención a las leyes especiales y reunir los preceptos y principios constitucionales del Derecho Civil para reconstruir el sistema teniendo en cuenta todas las piezas. Esto es un poco complicado, pero es necesario hacerlo. Hay dos tipos de descodificación. Una que no destruye la unidad del Derecho Civil, pues el Código Civil sigue siendo el núcleo central donde aparecen las normas básicas que desarrollan las leyes especiales. La otra destruye tal identidad, me- diante la promulgación de leyes especiales con principios autónomos y hasta contradictorios en el Códi- go Civil, el cual ya no aparece como núcleo central, al ser sustituido por la Constitución y su contenido disgregado. Se pasa del monosistema con el Código Civil como núcleo a un polisistema de leyes espe- ciales y autónomas. Esta descodificación no es aceptable. c) La patrimonialización entendida como preponderancia del valor económico frente a los valores personales, lo cual se ha ido superando median- te la exaltación de la persona y la familia, apareciendo el fenómeno contrario de la despatrimonialización de las leyes y la doctrina. d) La socialización, que consiste en la ingerencia del Estado en las relaciones privadas, negando la voluntad individual para proteger a las masas desprotegidas y defenderse dicho Estado de los grandes grupos sociales y económicos del capitalismo. Así vemos surgir limitaciones a la propiedad y a la libre contratación, la responsabilidad objetiva, etc. Todo lo expuesto tiene que conducir a una revisión de los códigos civiles. 27 28.
d) El art. 25 inc. 2 garantiza la seguridad jurídica. e) El art. 38 consagra el principio de irretroactividad de las leyes, salvo a favordel reo. f) El Título III, Capítulo Unico, regula la nacionalidad nicaragüense. g) El art. 23 establece el derecho a la vida y, en consecuencia, proscribe lapena de muerte. h) El art. 26 le concede a toda persona el derecho a su vida privada y a la desu familia, el respeto a su honra y reputación, a la inviolabilidad de su domicilio,correspondencia y comunicación de todo tipo, a conocer toda información quesobre ello hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de sa-ber por qué y con qué finalidad tiene esa información. i) De acuerdo con el art. 25 inc. 3 toda persona tiene derecho al reconoci-miento de su personalidad y capacidad jurídica, que junto con el anterior son fun-damentales para la regulación y estudio de los derechos de la personalidad. j) El art. 27 inc. 1 consagra el principio de igualdad ante la ley de todas laspersonas, lo mismo que el derecho a igual protección, eliminando toda discrimina-ción por nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opi-nión, origen, posición económica o condición social. k) El art. 27 inc. 2 dispone que los extranjeros tienen los mismos deberes yderechos que los nicaragüenses excepto sobre los derechos políticos y los queestablezcan las leyes, prohibiéndoles intervenir en la política interna. l) De acuerdo con el art. 24 inc. 1 toda persona tiene deberes para con lafamilia, la comunidad, la patria y la humanidad. m) Los arts. 30, 31 y 49 establecen los derechos de libertad de circulación yresidencia, la libertad de expresar libremente el pensamiento por cualquier medioy el derecho de asociarse libremente. n) Los arts. 5 inc.4, 44 y 99 garantizan la propiedad privada y le señala unafunción social. Por otra parte, reconoce en el art. 99 que el ejercicio de las activida-des económicas corresponde primordialmente a los particulares y garantiza la li-bertad de empresa y el art. 104 reconoce que la iniciativa económica es libre, todoello fundamental para el Derecho Privado Patrimonial. ñ) El Capítulo IV, del Título IV, regula el Derecho de Familia. o) El art. 131 inc.2 establece la responsabilidad patrimonial del Estado porlos perjuicios que causen a los particulares. 28 29.
p) El art. 41 prohíbe la cárcel por deudas, salvo por orden judicial por incum-plimiento de deberes alimenticios y también dispone que los nacionales o extranje-ros tienen el deber de pagar lo que deben. q) El art. 75 establece que todo los hijos tienen iguales derechos y que no sepodrán utilizar designaciones discriminatorias de filiación, lo cual conlleva un cam-bio sustancial en las reglas de la sucesión intestada. r) El art. 78 establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad. s) El art. 71 inc. 2 protege a la niñez y le concede plena vigencia a la Conven-ción Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. El contenido amplio del Derecho Civil constitucional y el carácter superior delas normas civiles incorporadas a la Constitución dan base para delimitarlo y desa-rrollarlo. Cubre el aspecto material y formal. Dentro de esta corriente se habla deDerecho Económico constitucional, Derecho Penal constitucional, Derecho Labo-ral constitucional, etc. Esto explica el interés que despierta el Derecho Constitucio-nal en los ius publicistas y en los ius privatistas, lo cual ayuda a la interrelación delordenamiento jurídico a través de la Constitución. Esta permea todo el ordena-miento jurídico en forma general y parcela por parcela, pero de manera más con-creta y directa en el Derecho Civil. 2. Concepto de fuente Atendiendo a su origen, la fuente es la autoridad, poder o medio de dondeemana el Derecho Constitucional: el poder constituyente, el poder legislativo, elpoder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo, los sujetos u órganos del Dere-cho Internacional. Atendiendo al producto de estas entidades, las fuentes son: laconstitución, sea escrita o consuetudinaria, como en Inglaterra; la jurisprudencia;la costumbre; las convenciones; los tratados o convenios internacionales. Sobreestas últimas fuentes haremos un breve análisis en este capítulo. De las primerastrataremos a lo largo de esta obra. Algunos autores agregan a las fuentes los principios generales del Derecho.Talcriterio no es aceptable porque los principios más generales son estudiados enotras disciplinas, y los propiamente constitucionales, ya sean los explícitos (sobe-ranía popular6, igualdad7, pluralismo8, libertad9, justicia10, la dignidad humana, lapropiedad en su diferentes formas11, la libre cooperación internacional12, la autode-6 Art. 2 Cn.7 Art. 48 Cn.8 Art. 59 Idem.10 Idem.11 Idem.12 Idem. 29 30.
terminación de los pueblos13) o los implícitos, tienen validez, rango y eficacia cons-titucional. 3. Las fuentes como producto A. La Constitución escrita La fuente fundamental y suprema del Derecho Constitucional es la Constitu-ción. Es escrita en el sistema latinoamericano y europeo continental. El sistemaescrito es el general, salvo la excepción del Reino Unido. La Constitución es la norma superior del sistema. Esta superioridad tiene suorigen inmediato en el constitucionalismo de los Estados Unidos. Surge del famo-so caso Marbury vrs. Madison en el año de 1803, pero con un antecedente en laopinión de Hamilton en El Federalista. Las normas inferiores están sometidas en su creación e interpretación a lospreceptos constitucionales, como consecuencia de esa superioridad jerárquica,expresada gráficamente en la pirámide kelseniana. B. Las leyes interpretativas y reglamentarias a) Leyes interpretativas. En nuestro sistema los dos grandes intérpretes de la Constitución son el po-der legislativo y el judicial. Cuando un precepto constitucional es oscuro, dudoso o ambiguo, la ley lopuede aclarar interpretando su contenido. La interpretación pasa a formar partecomplementaria de la Constitución. Existe el peligro de los abusos y usarla paraevadir el procedimiento de reformas a la Constitución. En materia de Derecho Pri-vado, la interpretación auténtica es muy criticada porque generalmente conduce ala retroactividad de la ley. La interpretación judicial difiere de la interpretación auténtica: la auténticaproviene del legislador, en cambio la judicial de los jueces y magistrados; la judicialsólo produce efecto entre las partes, salvo que declare la inconstitucionalidad deuna ley, la cual desaparece del Derecho positivo para todos, en cambio la auténti-ca produce efectos para todos. b) Leyes reglamentarias. Generalmente las constituciones contienen disposiciones generales básicas,muchas imprecisas o vagas, conceptos indeterminados. Otras remiten a la ley or-13 Idem. 30 31.
dinaria su desarrollo. La técnica constitucional no aconseja la regulación minucio-sa, casuística. Tampoco la incorporación de materias ajenas al Derecho Constitucional. Sin estas leyes muchos preceptos constitucionales no tendrían aplicación. Perotambién debe advertirse que pueden desnaturalizar el Derecho o mandato constitucio-nal, lo cual las convertiría en inconstitucionales. Son leyes complementarias de la Constitución, entre otras: Ley de Municipalida-des, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Electoral, Ley del Presupuesto, Leyde Amparo. C. La Jurisprudencia Los tribunales de justicia ordinarios (sistema difuso) o el Tribunal Constitucional(sistema austríaco) al aplicar la Constitución, interpretan, determinan, aclaran o comple-tan sus preceptos. En esta actividad van adaptando la Constitución a las actuales reali-dades políticas, sociales y económicas, lo cual contribuye al avance en estas materiasy evita continuas derogaciones totales o parciales de la misma. El ejemplo de esto lopodemos encontrar en los Estados Unidos. Tienen una Constitución muy breve, y conmás de doscientos años de vigencia y pocas enmiendas, la cual es interpretada y adap-tada al medio en forma exitosa por la Suprema Corte. Apenas existen artículos de laConstitución que no hayan sido orientados o determinados por este tribunal. El desarrollo de la justicia constitucional ha venido a judicializar el ordenamientojurídico, pues éste debe someterse a la Constitución, la cual a su vez va siendo fijadapor los jueces. En el Derecho moderno el juez y la jurisprudencia, ha cobrado gran importanciapor las razones siguientes: el desprestigio de la ley como expresión de la libertad, al seren la actualidad generalmente limitativa o represiva; el surgimiento de la justicia consti-tucional que coloca al juez como el máximo intérprete de la Constitución y capaz deeliminar del ordenamiento jurídico las leyes que se opongan a ésta; los abundanteshechos y actos no regulados por el Derecho se producen a una velocidad muy superiorcon relación a la aprobación de las leyes que pretenden regularlos, obligando a losjueces a llenar esas lagunas, dando lugar a una jurisprudencia voluminosa alrededor delas leyes y códigos, sin cuyo conocimiento es imposible entender y aplicarlos; la inter-vención de la justicia constitucional tratando de corregir la omisión del legislador dedesarrollar por leyes el contenido de la Constitución; han surgido escuelas que vigorizanla función y figura del juez. En nuestro sistema la jurisprudencia tiene una fuerza importante: los jue-ces deben mantener uniformidad en sus decisiones14, se permite la casaciónen el fondo cuando se viola la jurisprudencia 15; y la ley, decreto o reglamentos14 Art. 13 inc. 2 LOPJ, aprobada por la Asamblea y vetada en otros artículos, pero no en éste.15 Art. 2057 inc. 2 Pr. No contempla la infracción por doctrina e interpretación errónea, pero un buen sector de la doctrina ha sostenido que ambas infracciones pueden ser demandadas por medio de esta causal. 31 32.
declarados inconstitucional se anulan, eliminándolos del ordenamiento jurídico16. Lassentencias interpretativas pueden fijar el único sentido conciliable de un precepto legalcon la Constitución o las interpretaciones inconciliables, señalando las válidas oconciliables con la misma. En otras ocasiones los tribunales toman criterios innovadores,integrativos, dándole al artículo constitucional un sentido que a simple vista no expresa. D. La costumbre Las costumbres constitucionales son repeticiones de usos o prácticas de lospoderes públicos que afectan el contenido de la Constitución. Pueden ser anterio-res o posteriores a la Constitución. Tiene como función integrar (llenar lagunas), adaptar la Constitución a reali-dades nuevas y orientar la eficacia de una norma en un sentido u otro. Es importan-te advertir que la costumbre no debe ser contraria a la Constitución, con mayorrazón si el precepto es inequívoco. En nuestro sistema la costumbre tiene escasaaplicación y su jerarquía es inferior a la ley escrita. En el Derecho británico tienefundamental importancia, pues su Constitución es básicamente consuetudinaria yconvencional. La pérdida por desuso del contenido de una competencia del titular del órga-no, no tiene aplicación en nuestro sistema, aunque en España se considera que enalgunos supuestos se aplica con efectos derogatorios. Se cita como ejemplo el noejercicio secular del veto regio en las monarquías constitucionales. Otro ejemplo,aunque dudoso, es la no presentación de una tercera candidatura presidencial enlos Estados Unidos, antes de la reforma y de que Washington rehusara la terceraelección, exceptuando a F.D. Roosevelt que triunfó en cuatro elecciones. La violación de la costumbre, dado su inferioridad jerárquica frente al Dere-cho escrito, no puede encontrar fundamento para ser invocada como una violaciónconstitucional. E. Las convenciones constitucionales Son acuerdos entre los órganos constitucionales para regular el ejercicio desus facultades y relaciones mutuas. Se refieren a materias omitidas por la ley escri-ta o estructuradas por ésta en forma discrecional. Este acuerdo de voluntadespuede ser manifestado en forma expresa (verbal o escrito), o en forma tácita me-diante la realización de hechos que lo conformen. Son de libre cumplimiento ycomo consecuencia, de difícil exigencia jurisdiccional. En España se citan prácticas que podrían constituirse en costumbre: laapertura de la legislatura por el Rey; la disolución simultánea del Congreso y delSenado.16 Art. 18 y 19 L.A. 32 33.
Como puede observarse, son convenios que buscan el acuerdo, laconcertación entre los altos órganos del Estado para trabajar en forma armónica.Es el camino contrario al que orientan las normas constitucionales en busca delcontrol político mutuo. Estos convenios son coyunturales, flexibles y no exigibles. Su función es com-plementar las normas escritas y precisar las facultades discrecionales. Es fuenteabundante de normas consuetudinarias o de derecho escrito, principalmente delDerecho Parlamentario. Presentan el problema de su difícil diferenciación con la costumbre 17. En Nicara-gua podemos citar como ejemplo, aunque le dieron el carácter de ley escrita, a la deno-minada Ley Marco de 1996, y al convenio entre los cuatro poderes del Estado de juniode 1997, en virtud del cual se comprometen a ayudarle al Poder Electoral para la cele-bración de las elecciones en la Región Autónoma del Atlántico. La doctrina cita como ejemplo de convenciones las que regulan el nombra-miento del Primer Ministro, la responsabilidad ante la Cámara de los Comunes, laneutralidad de Speaker, la disolución de la Cámara de los Comunes por el PrimerMinistro, etc., en el Reino Unido; la abstención de presentar la candidatura presi-dencial para un tercer período antes de la enmienda XXII, considerada por unsector doctrinal como costumbre, en los Estados Unidos; la proposición de nom-bramiento de los Ministros por los partidos coaligados para la formación del gobier-no y la presunción de quórum en las Cámaras mientras no se solicite su comproba-ción, en Italia; la celebración del debate sobre el Estado de la Unión y la consultadel Rey exclusivamente a los grupos políticos del Congreso de los Diputados an-tes de proponer candidatos a la Presidencia del gobierno, en España. La naturaleza de estas convenciones es dudosa. Depende mucho del orde-namiento jurídico de cada país. Se considera que son normas jurídicas carentesde sanción; normas sociales; normas jurídicas sujetas a la rebus sic stantibus, locual significa que se mantendrían vigentes cuando no cambien las circunstanciasimperantes al momento de la celebración, decayendo si cambian; y que su estudioes irrelevante o puramente académico. No admitimos convenciones contrarias a la Constitución, aunque en la reali-dad han tenido vigencia, como la antedicha Ley Marco de 1996. Existen las correcciones constitucionales, difíciles de distinguir de las con-venciones. Son reglas de comportamiento que cumplen los poderes públicos ensus relaciones mutuas sobre cortesías, deferencias, criterios de discreción, etc. Secitan como ejemplos: la deferencia a la Corona y la discreción del comportamientode ésta, en Inglaterra; el respeto mutuo de las Cámaras, en Italia; la abstención delgobierno de opinar sobre los actos del Rey, en España.17 En el Derecho inglés se consideran costumbres las anteriores al 1189 y convencionales las demás. Por otra parte, se duda si el sistema de gabinete es consuetudinario o convencional. 33 34.
F. Los tratados o convenios internacionales Los juristas preguntan si la Constitución tiene alguna instancia superior. Sehan dado tres respuestas: a) Partiendo del apego a la declaración de 1789 y de lasúltimas constituciones francesas que remiten a ella, un sector doctrinal sostieneque los derechos humanos en ella declarados forman parte de una instancia posi-tiva que está por arriba de la Constitución, de forma que aunque no existiera esaremisión o no se incorporara al documento, los derechos humanos disfrutan de unrango superior a la Constitución. Es un supervértice respecto a la Constitución. b)En las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional inter-nos, se han sostenido por un sector doctrinal que el primero prevalece sobre elDerecho interior, incluyendo el Constitucional. Otros restringen el alcance de laprelación y piensan que sólo el Derecho Internacional de los derechos humanosprevalece sobre la Constitución. c) Incorporar los tratados, declaraciones y docu-mentos sobre derechos humanos a la Constitución, dándoles rango constitucional,un nivel o rango igual al de la Constitución. Esta tendencia es la más moderna y esaceptada por nuestro constitucionalismo moderno. Los tratados enumerados en los arts. 46 y 71 de la Constitución tienen jerar-quía constitucional y la violación de los derechos consignados en los mismos pue-den dar lugar a los recursos de inconstitucionalidad de la ley (decreto o reglamen-to) o amparo. Estos derechos complementan y no derogan los establecidos en laConstitución. Los derechos consagrados en tales tratados fueron incorporados por el legis-lador constituyente y, como consecuencia, no se derogan ni contradicen entre sícon las normas del resto de la Constitución que se refiere a los derechos humanos. En la Constitución del Perú18 y la de Guatemala19, los tratados en generaltienen preminencia sobre las leyes internas. La Constitución argentina de 1944, asemejanza de la nuestra, reconocen varios tratados y documentos sobre derechoshumanos, a los cuales les concede jerarquía constitucional. También les concedejerarquía constitucional a los otros tratados y derechos humanos que sean aproba-dos por el Congreso posteriormente por el voto de las dos terceras partes de latotalidad de los miembros de cada cámara. Como regla general, se les concede alos tratados y concordatos jerarquía superior a las leyes ordinarias. G. Delegación de competencia a órganos supranacionales. El DerechoComunitario Después de la segunda guerra mundial, en Europa aparece el Derecho Co-munitario. Se comienza el acercamiento mediante el Tratado de la ComunidadEconómica del Carbón y el Acero de 1952 y el Tratado Constitutivo de la Comuni-dad Económica Europea de 1957, etc.18 Art. 105 Cn. de 1979.19 Art. 46. 34 35.
Las características de estos tratados son las siguientes: crean órganos concompetencia para regular derechos comunes, se extienden al ámbito interestatalde soluciones y producen efectos con relación a las personas que habitan lospaíses de la comunidad. Por ejemplo, en Europa, los órganos estatales de cadapaís delegan sus competencias (administrativas, legislativas y judiciales) en órga-nos supranacionales ajenos y diferentes a los Estados. Para llegar a tal avance, después de conflictos internacionales y constitucionales,los países europeos fueron reformando y adaptando sus constituciones. El avance esmayor en lo económico que en lo político. La comunidad supranacional tiene órganossimilares para los órganos estatales de cada país, de donde emanan las normativascomunitarias: el Parlamento Europeo, el Tribunal de Luxemburgo, etc. Los órganos básicos de la comunidad europea son: a) El Consejo de Minis-tros (de Primeros Ministros y Jefes de Estados). Es el de mayor poder de decisióny es el verdadero poder legislativo. b) La Comisión Europea, que ocupa el lugar delgobierno, pero sólo es un órgano administrativo, porque el gobierno reside en elConsejo de Ministros. c) El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universaldirecto en cada Estado. Colabora con el Consejo de Ministros en la labor legislati-va, pues puede rechazar y enmendar los proyectos, pero es el Consejo el quedecide en última instancia. d) El Tribunal de Justicia resuelve los litigios entre lacomunidad y un Estado miembro o entre éstos, siempre que afecte a una normacomunitaria. Se critica tal distribución: es debilitante del poder del Parlamento, que ni legis-la ni controla al Consejo de Ministros; produce la división del poder ejecutivo entrela Comisión y el Consejo, con predominio del último; permite la concentración en elConsejo de Ministros de poderes ejecutivos y legislativos. Se atribuyen estos inconvenientes al apego a la soberanía e intereses loca-les. Se proponen cambios de marcado carácter político como los siguientes: con-vertir al Parlamento en un verdadero poder legislativo, con el Consejo de Ministroscomo segunda cámara representativa de los Estados; postulación de parlamenta-rios sin límites fronterizos por partidos europeos con estructura federal, pudiéndolohacer en cualquier circunscripción. Esta transferencia de competencias sería unalimitación a la soberanía de los Estados. Muchos países han reformado sus constituciones para incorporarse a la vidacomunitaria. El art. 75 inc. 24 de la Constitución de Argentina dice: «Aprobar trata-dos de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizacionessupraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el ordendemocrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuenciatienen jerarquía superior a las leyes». El art. 93 de la Constitución Española dice: «Mediante ley orgánica se podráautorizar la celebración de tratados por los que se atribuyan a una organización o 35 36.
institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantíadel cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organis-mos internacionales o supranacionales titulares de la cesión». El art. 9 de nuestra Constitución apoya los esfuerzos de la integración políticay económica y la cooperación en América Central, asimismo la unidad de AméricaLatina y el Caribe. Para tal efecto Nicaragua participará en la creación o elecciónde los órganos necesarios para tales fines y deja a la legislación y tratados respec-tivos su regulación. 4. Categorías normativas en nuestro sistema No se trata de hacer una enumeración y estudio de todas nuestras categoríaso tipos normativos, sino de explicar la forma en que se ordenan partiendo de losprincipales tipos. A. La Constitución La Constitución es la ley suprema del país. Además de las leyes ordinarias,que requieren para su aprobación la mitad más uno de los diputados presentes,habiendo quórum, existen otras leyes que exigen una mayoría calificada y un pro-cedimiento especial. Estas leyes se dictan teniendo en cuenta la trascendencia dela materia que regulan. De ellas nos ocuparemos más adelante. B. Leyes constitucionales Son complementarias de la Constitución, la materia que regulan determinanla función de los órganos que las aplican, participan del rango constitucional yrequieren para su reforma del quórum y del procedimiento para la reforma parcialde la Constitución, con excepción del trámite de las dos legislaturas, de conformi-dad con el art. 195 Cn. De acuerdo con el art. 184 Cn. son leyes constitucionales laLey de Amparo, la Ley de Emergencia y la Ley Electoral. El art. 190 Cn. señala que la Ley de Amparo tendrá por materia el recurso deinconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, el recurso de amparo y laexhibición personal. Los arts. 2,3 y 4 de la ley de amparo confirman lo expuesto. La Ley de Emergencia regula la suspensión de los derechos y garantías,cuando lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o encaso de catástrofe nacional. No obstante, no se permite la suspensión de un buennúmero de derechos y garantías, según lo dispone expresamente el art. 186 Cn. La Constitución le dedica al poder electoral el capítulo VI del Título VIII. Entreotras cosas, regula la organización y función del poder electoral. La Ley Electoral 36 37.
desarrolla la materia electoral, lo mismo que otros artículos de la Constitución quese refieren a ella20. C. Leyes que requieren una mayoría calificada y regulan materiasdeterminadas: a) Ley de Municipios. De acuerdo con el art. 177 Cn., esta ley regula la autonomía municipal yrequiere para su aprobación y reforma, de la votación favorable de la mayoríaabsoluta de todos los diputados. Entre los puntos que debe regular, de acuerdocon el artículo citado, se encuentran las competencias municipales, las relacionescon el gobierno central, con los pueblos indígenas de todo el país y con los pode-res del Estado, lo mismo que la coordinación interinstitucional. b) La Ley de Autonomía para los Pueblos Indígenas y las Comunidades de laCosta Atlántica (Estatutos de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica.Ley No. 28 del 7 de Septiembre de 1987). Las leyes citadas se caracterizan por su contenido, las mayorías calificadas ypor los procedimientos especiales. Pero básicamente se fundan en un conceptomaterial, el cual se rige por el principio de competencia, como veremos más ade-lante. D. Ordenamiento y jerarquía de las normas La función de ordenar y jerarquizar el ordenamiento jurídico se rige por losprincipios de jerarquía y de competencia o distribución de materias. De acuerdo con el principio de jerarquía, la norma o fuente superior prevalecesobre la inferior. Por ejemplo: la Constitución sobre la Ley; la Ley sobre el Regla-mento. Nuestra Constitución no establece un orden jerárquico completo del orde-namiento jurídico. Sólo consagra en el art. 18221 la supremacía de la Constituciónsobre leyes, tratados, órdenes o disposiciones. No obstante, el art. 194 Pr. estable-ce un orden normativo de prelación dirigido a los jueces. No es completo ni seajusta a la actual estructura normativa. Según este principio la norma superior deroga el inferior y la inferior es nulacuando contradice a la superior. El principio de competencia es complementario del principio de jerarquía.Atribuye a un órgano o ente la potestad de normativizar determinada materia,excluyendo a los otros órganos o entes. Para tal fin la Constitución autoriza la20 Art. 2, 47 y sigts, 132 y sigts, 146 Cn.21 Algunas de nuestras constituciones establecieron un orden jerárquico similar al art. 194 Pr. ( Art. 122 Cn. 1911; art. 261 Cn. 1939; art. 217 Cn. 1948; art. 233 Cn. 1950; y art. 311 Cn. 1974). 37 38.
creación de ordenamientos normalmente emanados de órganos autónomos. Asíse explica la inaplicación en los ordenamientos jurídicos autónomos (o subsistemas)del principio de jerarquía. Estos ordenamientos son: el Reglamentos y los Estatu-tos de la Asamblea Nacional, el Reglamento del poder electoral y el Reglamentode la Corte Suprema22, los Reglamentos u Ordenanzas municipales o de los Con-cejos Regionales. Como consecuencia, protege a estos sistemas normativos de las demás nor-mas del ordenamiento jurídico de igual o superior rango, al no permitir que éstaslas pueda modificar o derogar, lo que sólo puede hacer la Constitución, la normaatributiva de la competencia u otra de su mismo sistema. Estos ordenamientos no pueden regular materias extrañas a las que le sonpropias, ni invadir otros subsistemas, bajo pena de nulidad. Por ejemplo: el Regla-mento y los Estatutos de la Asamblea no pueden ser derogados por una ley ordina-ria, sólo lo puede hacer una Reforma constitucional o la reforma hecha al Regla-mento o Estatuto por la Asamblea. La ley o norma que vulnere este principio esnula porque la autoridad que la dictó carece de competencia. Por otra, parte cuan-do exceden su competencia, invadiendo el campo de la ley ordinaria23 o de otrosubsistema, son nulos parcial o totalmente, según el caso. Las leyes constitucionales también gozan del principio de jerarquía al preva-lecer sobre las leyes ordinarias, pero también están sujetas al principio de compe-tencia por razón de la materia a que deben concretarse.22 En España están cubiertos por el principio de competencia el Reglamento de las Cámaras Legislativas, los Estatutos de los Colegios Profesionales, las Leyes o Reglamentos autonómicos (de las comunidades autónomas) y los Reglamentos y Bandos municipales (corporaciones locales).23 La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del Estatuto de la Asam- blea Nacional por ser objeto de ley y no de dicho Estatuto (S. 11:00 a.m. del 24 de noviembre de 1992, B.J., p. 254). 38 39.
Capítulo III La norma constitucional y su interpretación SUMARIO: 1. Eficacia de la norma constitucional. 2. Clases de normas cons-titucionales. 3. Irretroactividad de la ley. 4. ¿Existen normas constitucionales in-constitucionales?: A. Introducción. B. Algunas reglas sobre modificación y deroga-ción de leyes. C. Posiciones doctrinales. D. Nuestro sistema. 5. Interpretación. 6.Sujetos de la interpretación. 1. Eficacia de la norma constitucional Recientemente se le reconoció a la Constitución el valor de norma jurídicaaplicable directamente. Antes se le consideraba con valor meramente programático.No tenía el carácter de norma jurídica y sus disposiciones no se aplicaban mientrasno se desarrollaban por leyes ordinarias. Los efectos jurídicos constitucionales se manifiestan en varias formas: efica-cia directa; eficacia derogativa; eficacia invalidatoria: eficacia interpretativa; efica-cia informadora o directiva. A. Eficacia directa La Constitución es un cuerpo normativo de carácter jurídico superior, al cualestán sometidos los ciudadanos y los poderes públicos. Sus normas son en sugeneralidad aplicables en forma directa o en forma indirecta a través de sus princi-pios, asimismo tienen carácter informador del ordenamiento jurídico. Es más, aque-llas normas que con contenido o sin contenido material (normas en blanco) remitena la ley pueden ser aplicadas directamente, si por la omisión del legislador peligrala violación de un derecho o libertad. Los derechos sociales, familiares y del trabajo tienen normalmente eficaciaderogatoria, invalidatoria, interpretativa y hasta directiva en su caso. B. Eficacia derogatoria Es una eficacia directa, aunque negativa. De acuerdo con el art. 196 Cn. la Constitución regirá desde su publicación enla Gaceta, Diario Oficial. El mismo art. 196 Cn. deroga expresamente a los Estatutos de 1979 y acualquier otra disposición legal que se le oponga. Esto lo vuelve a reafirmar en elart. 198 Cn. 39 40.
La derogación de la Constitución o leyes fundamentales, lo mismo que laomisión de alguna figura jurídica, no lleva la derogación o ineficacia de las leyesanteriores que las desarrollaban, lo cual viene a ser confirmado por el art. 198 C.Esto abarca también la forma de producir la ley, la cual debe ser respetada, puesde lo contrario se daría un desastre jurídico. Las leyes posteriores a la Constituciónson válidas siempre que sean tramitadas de acuerdo con ella, lo mismo que lasanteriores aprobadas de conformidad al procedimiento de la Constitución anterior. Es muy discutido en la doctrina el efecto retroactivo de la derogación hechapor la Constitución. Existes tres posiciones: una que sostiene la irretroactividad dela Constitución; otra mantiene el criterio de que es retroactiva; y otra como la de lajurisprudencia española que acepta la retroactividad en forma casuística y tímida,no sentando directrices generales. C. Eficacia invalidatoria De acuerdo con el art. 182 Cn., la ley posterior que se oponga a la Constitu-ción es nula. La sentencia que la declara tiene efecto retroactivo, pero debe respe-tarse situaciones consolidadas dignas de protección. La inconstitucionalidad puede referirse a toda la ley o una parte de la misma.En el primer caso desaparece del ordenamiento jurídico. En el segundo sólo ladisposición declarada inconstitucional y las que tengan conexión estrecha con lamisma o sean su consecuencia. También podría declararse la inconstitucionalidadde los principales artículos de la ley que deje sin valor aplicativo al resto del articu-lado. La inconstitucionalidad por omisión será estudiada más adelante. La jurispru-dencia española dice que sólo existe cuando la Constitución impone al legisladorla necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lohace1. Con ocasión de la falta de Ley Orgánica postconstitucional sobre el derechode reunión dice, que, ante la omisión del legislador, debe suplirse el vacío legisla-tivo, para no hacer ineficaz el derecho, con la aplicación de la legislaciónpreconstitucional específica, de forma literal, o ajustándola, mutatis mutandis, a lasdisposiciones y principios que surgen de la Constitución, y cuyo contenido pudieraaceptar el hipotético legislador postconstitucional2. Es una forma de llenar lagunas.En esta forma da vida a la sentencia integrativa que colma lagunas. D. Eficacia interpretativa La Constitución, como hemos explicado, tiene normas y reglas de interpreta-ción que le son propias.1 S. del 13 de mayo de 1982.2 S. del 16 de junio de 1982. 40 Recommended

References: Artículo 6
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 19