Source: https://www.holtropblog.com/es/index.php/renovables-y-eficiencia/renovables?start=90
Timestamp: 2020-04-01 20:20:35+00:00

Document:
El 21 de junio de 2016 Piet Holtrop defendió ante la Comisión de Petición del Parlamente Europeo en Bruselas la petición 1481/2013 contra los recortes retroactivos en España al sector de las energías renovables.
Os dejamos con el enlace a la grabación entera de la sesión en video.
Como highlights señalamos:
05:00:00 Presentación del Estudio "Analysis on Solar Energy Policy in the EU" - Jenne Winkler, investigadora del Instituto Frauenhofer.
55:00:00 Discurso Petición de Piet Holtrop
1:54:47 Breve comentario Piet Holtrop
2:01:45 Resumen y conclusiones
Para leer el texto de la Petición os remitimos al artículo con título "Un quebranto a los principios esenciales del Estado de Derecho" del 21 de junio en www.energias-renovables.com donde se publicó el texto entero.
Como en todos los recursos, siempre hay argumentos más fuertes que otros. Si bien en la demanda contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden 1045/2014 teníamos buenos argumentos de diferentes tipos, internamente, al hablar con otros compañeros abogados o incluso intercambiando pareceres con la Comisión Europea, siempre repetíamos: "por muy mal vaya el litigio, la anulación de la regulación de la prioridad de despacho o una cuestión prejudicial al respecto, seguro que la conseguimos". Incluso teniendo en cuenta que quien decide es la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se ha caracterizado siempre por su beligerancia contra las renovables.
¿Por qué decíamos esto? Pues porque el artículo 16.2 de la Directiva de Renovables dice claramente que las renovables tienen derecho a la prioridad de despacho y en el Considerando 60 de la misma, se establece claramente que las renovables tienen derecho a poder vender toda su energía a la red de forma garantizada e incondicionada. Por el contrario, la nueva Ley del Sector Eléctrico y el propio Real Decreto 413, señalan que las renovables no tienen prioridad de despacho como norma general, sino única y exclusivamente en el caso de que ofrecieran su energía al mismo precio exacto que una fuente de generación fósil, algo muy difícil de que suceda salvo que oferten a cero. Es decir, la Directiva dice A y la normativa española dice B.
En tales casos de evidente contradicción entre normas, en que no cabe siquiera hacer una interpretación conforme del Derecho Español, y teniendo en cuenta la primacía del Derecho Europeo sobre el Derecho Español, el Tribunal Supremo puede hacer dos cosas. O bien inaplica la normativa española contraria a la Directiva o bien eleva cuestión prejudicial al TJUE, para que éste se pronuncie sobre la interpretación de la Directiva. Esto segundo no debe hacerlo sólo para que el TJUE, en tanto que experto en Derecho Europeo, le guíe en la interpretación, sino porque el Supremo está obligado a ello, como órgano ante cuyas decisiones no cabe ulterior recurso ordinario. Esta labor de interpretación del Derecho Europeo por parte del TJUE, que ejerce de forma monopolística, es esencial para asegurar una interpretación uniforme del Derecho Europeo en todo el territorio de la Unión. De lo contrario, se correría el riesgo de que cada Tribunal de un Estado Miembro interpretara el Derecho Europeo según su libre criterio, generando un territorio jurídicamente fragmentado. Igual que el Supremo tiene la competencia para unificar la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, para asegurar que el Derecho Español se aplique de la misma forma en todo el territorio, el TJUE es el garante de la interpretación uniforme del Derecho Europeo.
Pues bien, en relación con la prioridad de despacho, el Tribunal Supremo, en su sentencia 1259/2016, entre otras, se toma la libertad de interpretar la Directiva, diciendo que es preciso "no descontextualizar" la prioridad de despacho, y de decir que no le parece "irrazonable" que se limite este derecho de los productores de renovables (aunque la Directiva no lo hace) con el objetivo de garantizar que los usuarios puedan acceder al suministro eléctrico a precios asequibles. Por tanto, considera que la limitación del derecho, garantizado por la Directiva, que hace el Derecho Español, se justifica por razones de interés general, que no aparecen de esta forma en la Directiva, y declara válida la regulación española sobre la prioridad de despacho.
En mi opinión, se trata de una decisión muy desafortunada. Primero, porque el Tribunal Supremo no es quién para interpretar una Directiva y crear ex novo justificaciones a restricciones de derechos garantizados por el Derecho Europeo, como es la prioridad de despacho. Y segundo, porque no le corresponde al Supremo entrar en consideraciones de política energética y otro tipo de valoraciones políticas sobre lo acertado o no de la Directiva. Por supuesto, los ciudadanos están en su derecho de criticar la Directiva y plantear que en su próxima versión se module el Derecho a la prioridad de despacho, pero los jueces y magistrados, en el ejercicio de sus funciones, están obligados a actuar conforme a Derecho, aplicando la normativa en vigor, que, por otra parte, hasta 2013 sí que garantizaba los derechos de los productores en concordancia con la Directiva sin que ocurriera ninguna de las consecuencias indeseables que el Supremo anticipa.
Valorar la importancia de las pequeñas cosas es una premisa simple. Simple pero no sencilla. La multitud de acontecimientos que nos rodean hacen que a veces se olvide la importancia de las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas funcionan como los ladrillos de una casa, o de un proyecto o de un negocio: por grande que sea el resultado final, o ambicioso el resultado o elevado el beneficio, alcanzar el mismo depende de la cantidad y calidad de pequeñas unidades.
Por ello queremos comentaros que hace pocos días recibimos una resolución por la cual se libra a un cliente de tener que pagar una determinada cantidad a Hacienda, que se le exigía contraviniendo lo dispuesto en la Ley del IRPF. Esos miles de euros de ahorro son una cantidad pequeña comparada a los millonarios recortes aplicados al sector de las renovables, pero no por ello dejan de ser importantes.
En este caso el obligado tributario practicó la deducción por inversión empresarial como titular de una instalación de energía fotovoltaica. La deducción por inversión empresarial suponía la posibilidad de deducirse, con determinados límites y requisitos, ciertas cantidades tanto de la cuota estatal como de la autonómica del IRPF. En concreto se buscaba la aplicación del artículo 68.2 de la Ley del IRPF, que ofrece beneficios fiscales a aquellos obligados tributarios que ejerzan actividades económicas. Puede accederse a esta deducción tanto por suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación como por invertir rendimientos netos en elementos nuevos del inmovilizado material. En el caso que nos ocupa la Oficina de Gestión Tributaria competente entendió que no cabía aplicar deducciones por inversión empresarial, con una motivación manifiestamente escasa.
Otra deducción practicada por este productor fotovoltaico que la Administración Tributaria quería dejar sin efecto es la deducción por aprovechamiento de energías renovables. En este caso la argumentación era algo más extensa, pero igualmente equivocada. Es sorprendente el hecho de que se solicitaba, en un procedimiento de comprobación limitada del IRPF, es decir un impuesto aplicable a personas físicas, cumplir un requisito establecido en el Reglamento de Impuesto Sobre Sociedades, es decir un impuesto aplicable a personas jurídicas. El productor fotovoltaico solicitó el documento, frente a lo que la Comunidad Autónoma le comunicó la imposibilidad de emitírselo dado que el mismo sólo se emite a personas jurídicas.
Se plantearon alegaciones que fueron finalmente estimadas por la propia Administración Tributaria. No queríamos dejar de compartir este pequeño caso con vosotros, pues entendemos que es importante. La cuantía reclamada es pequeña en términos macroeconómicos, pero importante para el productor. El escrito de alegaciones pequeño, su resultado importante.
La CNMC acaba de publicar el coeficiente de cobertura para la liquidación 03/2016 (meses de producción 01/2016 a 03/2016): un 65,66%.
Si bien podemos observar un mayor coeficiente de cobertura si comparamos la liquidación 03/2016 con la liquidación 03/2014, observamos también que, al igual que ocurre con las dos anteriores liquidaciones de 2016, el coeficiente de cobertura en 2016 es menor que en 2015. A la vista de todo ello, basándonos en la información precedente, la cuestión de momento apunta a si en 2016 harán falta tres liquidaciones extra (como en 2014) o tan sólo dos (como en 2015). En cualquier caso os mantendremos informados conforme la CNMC vaya actualizando datos.
Esta semana nos han notificado la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación con la Circular 3/2011, disposición normativa que tiene origen con el Real Decreto-Ley 14/2010, en relación con el recurso de casación promovido contra la sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional. En esencia, con el presente procedimiento obligamos a la Administración y a los Tribunales a dilucidar si el límite de horas retribuidas a la energía fotovoltaica impuesto por el Gobierno en los años 2011 y 2012 era conforme a derecho, atendiendo que la Audiencia Nacional no resolvió las dudas sobre Derecho Europeo que habíamos introducido en nuestra demanda, ni tampoco se pronunció sobre la sentencia que se dictó durante en el procedimiento, del caso Industrie du bois de Vielsam & Cie (IBV) SA c. Région wallonne, C-195/12, que incorporamos porque aclara que los principios de Derecho Europeo resultan de aplicación cuando los Estados establecen sus sistemas de apoyo a las renovables, tal como sucede en el caso de las primas y las tarifas reguladas en España a las renovables.
Según el Tribunal Supremo, la normativa es conforme al Derecho Europeo y nacional, y por eso ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional, sin elevar cuestión prejudicial previa, tal como es su obligación, obviando también la manifiesta contradicción con el Derecho Europeo que expusimos, y sin entrar en el núcleo de la discusión. Y es que, al margen de los argumentos de fondo de vulneración de los principios de no discriminación y confianza legítima, de cuya solidez estamos seguros, el punto crítico de la sentencia es precisamente la negación del acceso al juez competente para decidir sobre la cuestión prejudicial, como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como lo establece el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La relevancia de esta sentencia de momento es de tipo doctrinal, atendiendo que esta reforma ha sido absorbida por la introducida por el RDL 9/2013. No obstante, es importante insistir en ello de todos modos al tratarse los recortes a las energías renovables de una cuestión sobre la que no ha decidido aún el Tribunal de Luxemburgo, y que plantea serias dudas de compatibilidad, siendo preciso que el asunto llegue al TJUE. Por eso, plantearemos recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulneración de la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución), al no plantearse la cuestión prejudicial, y solicitando que ésta sea planteada de inmediato.
Este mes de junio estaremos en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2016, para resolver cualquier duda que se nos plantee sobre esta cuestión.
En el mes de junio 2016 nos podéis encontrar en los siguientes eventos:
Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law participará nuevamente con un stand en el stand compartido con la Unión Español Fotovoltaica (UNEF) y otros socios de UNEF.
EolicCat (La Asociación Eólica de Cataluña), organiza el 14 de junio 2016 la VIII edición de la Fiesta del Viento con motivo del Día Mundial del Viento,.
Por parte de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law participará nuestro socio Daniel Pérez
El 20 de abril participaron Daniel Pérez, socio de Holtrop SLP Transaction & Business Law y Pere Soria, Responsable del Área de Renovables de Circutor SA en un debate sobre la normativa en eficiencia energética. El debate fue organizado por el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) y el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) y forma parte de los "Cicles de debats" que organizan periódicamente.
A continuación puedes encontrar el enlace a la grabación de la presentación de Daniel Pérez y Pere Soria.

References: Real Decreto 
 artículo 16
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 68
 artículo 267