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﻿ Sentencia 2010-01073 de febrero 14 de 2013
SENTENCIA 2010-01073 DE 14 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:PRESTACIONES SOCIALES A LOS DOCENTES OFICIALES. LA LEY 962 DE 2005 ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO COMPLEJO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LOS CUALES SE RECONOCEN PRESTACIONES SOCIALES A LOS DOCENTES OFICIALES EN EL QUE, INTERVIENEN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ENTE TERRITORIAL, AL CUAL PERTENECE EL DOCENTE PETICIONARIO, Y LA RESPECTIVA SOCIEDAD FIDUCIARIA. ES EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO A QUIEN EN ÚLTIMAS EL MISMO LEGISLADOR, EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 962 DE 2005, LE ATRIBUYE LA FUNCIÓN DE RECONOCER Y PAGAR LAS PRESTACIONES SOCIALES A LOS DOCENTES OFICIALES “LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE PAGARÁ EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO SERÁN RECONOCIDAS POR EL CITADO FONDO.”
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL
Sentencia 2010-01073 de febrero 14 de 2013
Rad.: 25000-23-25-000-2010-01073-01(1048-12)
Actor: Luz Nidia Olarte Mateus
Se trata de determinar si en el presente caso le corresponde a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reliquidar la pensión de jubilación que viene percibiendo la señora Luz Nidia Olarte Mateus como docente oficial del Distrito de Bogotá, de acuerdo con lo previsto en la Ley 33 y 62 de 1985.
Advierte la Sala que la proposición jurídica formulada por la señora Luz Nidia Olarte Mateus en el caso concreto está integrada por las resoluciones 277 de 2 de febrero de 2009 y 03250 de 25 de septiembre de 2009, mediante las cuales la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, en primer lugar, negó el reajuste de la pensión de jubilación que venía percibiendo y, con posterioridad, al resolver un recurso de reposición formulado en su contra revocó dicha decisión ordenando en consecuencia el reajuste la referida prestación pensión pensional en cuantía de $ 1.256.164.
No obstante lo anterior, y en relación con este punto, la Sala no pasa por alto que el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, dispone que si el acto administrativo que pone fin a una actuación administrativa ha sido revocado, en sede de la vía gubernativa, el interesado, esto es, quien se crea lesionado en un derecho con tal decisión debe solicitar ante esta jurisdicción la nulidad únicamente de la última decisión. Así se observa en la citada norma:
“ART. 138.—Individualizacion de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.
Bajo estos supuestos, estima la Sala que teniendo en cuenta que en el caso bajo examen el acto administrativo que puso fin a, la actuación administrativa que negó a la demandante la reliquidación de la pensión de jubilación que vienen devengando, Resolución 277 de 2 de febrero de 2009, fue revocado por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, en sede de la vía gubernativa, mediante Resolución 03250 de 25 de septiembre de 2009, es este último acto el que la señora Luz Nidia Olarte Mateus debió demandar a través de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, la decisión de la administración de negarle a la demandante la reliquidación de la prestación pensional que viene percibiendo se concretó en el primero de los actos administrativos antes referidos. Sin embargo, tal decisión fue revocada, por el segundo de los actos administrativos en cita, sin que tal circunstancia per se satisficiera su pretensión tendiente a obtener la reliquidación de su prestación pensional con inclusión de la totalidad de los factores devengados en el último año en que prestó sus servicios como docente oficial.
Así las cosas, se advierte que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, el acto administrativo vigente que contiene una decisión de la administración frente a la que la señora Luz Nidia Olarte Mateus estima lesionados sus derechos es la Resolución 03250 de 25 de septiembre de 2009, razón por la cual, la Sala únicamente entrará a estudiar la legalidad de este acto administrativo y, en consecuencia, se declarará inhibida para conocer de la Resolución 277 de 2 de febrero de 2009, toda vez que con su revocatoria, en sede de la vía gubernativa, su efectos desaparecieron del mundo jurídico.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala entrará a estudiar la legalidad de la Resolución 3250 de 25 de septiembre de 2009, bajo las siguientes consideraciones.
Sostiene el Ministerio de Educación Nacional, en el recurso de apelación, que contrario a lo afirmado por el tribunal, es la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá a quien, en virtud de lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 le correspondía comparecer al presente proceso con el fin de responder a los cuestionamientos formulados por la señora Luz Nidia Olarte Mateus contra los actos administrativos que le negaron la reliquidación pensional conforme lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985.
Sobre este particular, estima la Sala que en relación con el servicio público y derecho a la seguridad social, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, su desarrollo legislativo en el ordenamiento jurídico colombiano encuentra su máxima expresión en la Ley 100 de 1993, mediante la cual se crea el sistema de seguridad social integral en salud y pensiones, y se dictan otras disposiciones.
No obstante lo anterior, el artículo 279 de la citada Ley 100 de 1993 exceptúa de su aplicación unos regímenes especiales de seguridad social, entre los que se encuentran el de los miembros de la fuerzas militares y de la Policía Nacional, y el de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Lo anterior, en atención a la trascendencia social que envuelven las funciones que desarrollan.
En efecto, el legislador mediante la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, dispuso la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales a sus afiliados, esto es, de los docentes. Así se observa en el artículo 5º ibídem:
Y, en punto del manejo de los recursos que integran el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3º de la Ley 91 de 1989, dispuso que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su administración. Así se observa en el citado artículo 3º:
“(...) El Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional”.
No obstante lo anterior, en relación con este mismo punto, el Congreso de la República mediante el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, dispuso que las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el fondo, el cual en todo caso debía ser elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente.
Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaría de Educación del ente territorial, en el cual presta sus servicios el docente peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le haya sido enviada, entre la cual se destaca, la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la normatividad vigente(1).
No obstante lo anterior, y aún cuando la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene la función de aprobar o improbar los proyectos de resolución de reconocimiento prestacional de los docentes, cabe advertir que es a este último a quien a través de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente, le está dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se dispone el pago de la prestación deprecada por el docente peticionario, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5º a 8º del Decreto 1775 de 1990 y 5º del Decreto 2831 de 2005.
La Sala no pasa por alto que la intención del legislador al expedir la Ley 962 de 2005 fue la de simplificar(2) una serie de trámites que los particulares adelantaban ante la administración, entre ellos las solicitudes de los docentes oficiales tendientes a obtener el reconocimiento de una prestación pensional, dada la evidente complejidad que ello entrañaba. Sin embargo, contrario a lo afirmado por la parte demandante, ello en ningún momento supuso despojar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes oficiales, como se observa en el artículo 56 el cual, no hace otra cosa que reafirmar dicha competencia en cabeza del referido fondo, al señalar en su tenor literal que “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondo”.
Descendiendo al caso concreto, se observa que mediante Resolución 00277 de 2 de febrero de 2009 la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó la solicitud de la demandante tendiente a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación que viene percibiendo, en los siguientes términos:
“(...) Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
RESOLUCIÓN 277 DE 02 DE FEBRERO DE 2009
“Por la cual se niega una revisión de una pensión vitalicia de jubilación”
La Subsecretaria de Gestión de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., en nombre y representación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere la Resolución 4305 de 2008 y,
Que el artículo 56 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, racionalizó los trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, determinando que las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el fondo, el cual debe ser vinculado el docente. Así mismo, estableció que el acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del secretario de Educación de la entidad territorial.
Que en virtud a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política y el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, el Secretario de Educación de Bogotá D.C., mediante Resolución 4305 del 4 de noviembre de 2008, delegó en la Subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaria de Educación de Bogotá., D.C., la elaboración y suscripción de los actos administrativos que resuelva peticiones socio-económicas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previa aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el fondo.
Que mediante Radicación 2008-PENS-013080 del 05/09/2008 la doctora Martha Inés Puentes Gallo (...) actuando como apoderada y en representación de la docente Luz Nidia Olarte Mateus (...) solicita la revisión de la pensión de jubilación, debido a que no se tuvo en cuenta todos los factores salariales en el reconocimiento de la pensión de jubilación. (...)
Que la entidad fiduciaria, para efectos de otorgar la aprobación, interpreta el contenido del artículo 3º del Decreto 3752 de 2003, en el sentido de tomar como factores salariales en la liquidación para las prestaciones causadas a partir del 23 de diciembre de 2003, la asignación básica y sobresueldo para el caso de los directivos docentes (D. 688/2002 y 3621/2003 (...).
Que mediante Oficio 2008EE111337 del 24/12/2008, la fiduciaria la Previsora S.A., devuelve algunos expedientes, dentro de los cuales se encuentra el de la señora Luz Nidia Olarte Mateus, (...) en donde con hoja de liquidación 801813, con fecha de estudio 20/11/2008, niega la prestación.
Que con base en los considerandos anteriormente expuestos es procedente negar la solicitud de revisión de pensión vitalicia de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales de la señora Luz Nidia Olarte Mateus (...) (fls. 3 a 4, cdno. 1).
La anterior resolución fue revocada por la Subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., al resolver un recurso de reposición formulado en su contra, en los siguientes términos (fls. 6 a 10, cdno. 1):
Resolución 03250 de 25 de septiembre de 2009
Que mediante escrito radicado bajo el E-2008-038829 de 20 de febrero de 2009, la doctora Martha Inés Puentes Gallo (...) en nombre y representación de la señora Luz Nidia Olarte Mateus (...) interpuso recurso de reposición dentro del término legal contra la Resolución 277 del 2 de febrero de 2009, por medio de la cual se niega la revisión de una pensión vitalicia de jubilación.
Para decidir se considera
Que por Resolución 03940 del 30 de septiembre de 2004, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación a la docente Luz Nidia Olarte Mateus (...) por un valor de 1.251.611 a partir del 28 de enero de 2004.
Que mediante Resolución 277 del 2 de febrero de 2009, se niega una revisión de pensión vitalicia de jubilación a la docente Luz Nidia Olarte Mateus (..) por no ser procedente un ajuste por factores salariales.
Que en el certificado de salarios y tiempos de servicios E-2008-122022 del 12 de agosto de 2008, expedido por el jefe del grupo de certificaciones laborales y anexo al expediente, se certifica el incremento salarial para el año 2004.
Que al no realizar el reajuste por incremento salarial para el año 2004, se causó un perjuicio a la señora Luz Nidia Olarte Mateus.
Que si bien, no procede un ajuste de la pensión reconocida a la recurrente por factores salariales, debe accederse a realizar un reajuste por incremento salarial para el año 2004. (...)” (fls. 6 a 10, cdno. 1).
De lo anterior se infiere que a la Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece la docente peticionaria se le confía la función de elaborar el proyecto de resolución que reconozca o niegue una prestación social, resolución que con posterioridad debía aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello, en todo caso, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y del referido fondo de prestaciones.
Bajo estos supuestos, no le asiste la razón a la parte demandada cuando en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación formula la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial, al cual pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador, en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondo”.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala que el extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., a quien le correspondía pronunciarse en relación con la petición de la demandante tendiente a obtener el reajuste de la prestación pensional que viene percibiendo, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo anterior, permite declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y entrar al fondo del presente asunto, bajo las siguientes consideraciones.
Del régimen jurídico aplicable al reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales
La Ley 6º de 1945, sobre prestaciones oficiales, consagró:
3) Y, los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores.
Con posterioridad, a la Ley 33 de 1985, se expidió la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sobre el tema dispuso lo siguiente:
En esas condiciones, si el régimen de seguridad social en materia de pensión de vejez (que reemplaza a la antigua pensión de jubilación) no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación, derecho e invalidez de los docentes, cabe concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior que no es otro que el de la Ley 33 de 1985, con el régimen de transición aplicable restrictivamente.
Descendiendo al caso concreto y analizada la normatividad pertinente, la señora Luz Nidia Olarte Mateus, fundamenta sus pretensiones en que, dada su condición de docente, le amparaba un régimen pensional especial y en consecuencia le asistía el derecho a percibir una pensión de jubilación cuya liquidación debía tener en cuenta la totalidad de factores percibidos en el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio.
Observa la Sala que, dentro del expediente se encuentra acreditado que la demandante ostenta la calidad de docente nacionalizada la cual prestó sus servicios desde el 28 de junio de 1983 razón por la cual, su situación particular se rige por el artículo 15 numeral 1º de la Ley 91 de 1989 en cuanto señala que, a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes (fl. 23).
En materia de pensión de jubilación, en consecuencia, no hay duda de que a la señora Luz Nidia Olarte Mateus le es aplicable la Ley 33 de 1985, la cual estableció en el artículo 1º que el tiempo de servicio es de 20 años continuos o discontinuos y la edad es de 55 años.
Teniendo en cuenta la certificación visible a folio 23 del expediente la señora Luz Nidia Olarte Mateus ingresó a prestar sus servicios a partir del 28 de junio de 1983, es decir, que para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró a regir la citada Ley 33 de 1985, la accionante había cumplido 1 año y 8 meses de servicio como docente.
En estas condiciones, concluye la Sala que para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, la actora no contaba con más de 15 años de servicio oficial y por ello, su régimen pensional es el estipulado en la Ley 33 de 1985, tal como lo estimó el tribunal en la sentencia apelada.
Ahora bien, en relación con la liquidación de la referida prestación pensional estima la Sala que la señora Luz Nidia Olarte Mateus tenía derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación, a partir del momento en que adquirió su estatus pensional, esto es, el 27 de enero de 2004, fecha en la que cumplió 55 años de edad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.
Para efectos de liquidar la prestación anterior, el tribunal dio aplicación a la tesis mayoritaria de la Sala, adoptada en sentencia de 4 de agosto de 2010(3). Radicado 0112-2009. M.P. Víctor Alvarado Ardila según la cual, se debían tener encuentra la totalidad de los factores salariales devengados por la demandante durante el último año de servicio, entre ellos, las primas de alimentación, especial, de vacaciones y navidad, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse (fls. 22).
Finalmente, debe decirse que hay lugar a declarar prescritas las diferencias, producto de la reliquidación ordenada sobre la pensión que viene percibiendo la demandante, toda vez que, la citada prestación le fue reconocida el 28 de enero de 2004 y su solicitud de reliquidación fue formulada el 5 de septiembre de 2008 (fls. 3 a 4 y 12 a 14).
Por consiguiente, la Sala confirmará y adicionará la sentencia de 13 de octubre de 2011, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda formulada por la señora Luz Nidia Olarte Mateus contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
CONFÍRMASE la sentencia de 13 de octubre de 2011 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, accedió a las súplicas de la demanda formulada por la señora Luz Nidia Olarte Mateus contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la siguiente adición.
ADICIÓNASE la sentencia en el sentido de que la Sala se declara inhibida para pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 277 de 2 de febrero de 2009, suscrita por la Subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, mediante la cual se negó el reajuste de la pensión de jubilación que viene percibiendo la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(1) En este mismo sentido puede verse la sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 1887-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(2) Así puede verse en su mismo epígrafe en el cual se señala: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
(3) “El Consejero Gerardo Arenas Monsalve presentó salvamento de voto, considerando que no comparte el argumento de la mayoría de la Sala respecto de la no taxatividad de factores con base en los principios de “igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral” porque de lo que se trata es de aplicar la norma anterior que corresponda antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para efectos de determinar la edad, el tiempo de servicios o cotizaciones y el monto de la pensión y no la norma que resulte ser más favorable a quien se va a pensionar. Tampoco comparte la consideración de criterios de igualdad, porque cada régimen pensional tiene sus propias reglas sobre los factores de liquidación, de modo que no es posible unificarlos por razones de igualdad.
El principio de favorabilidad tampoco es aquí aplicable porque este supone elegir entre dos normas potencialmente aplicables, mientras que en el régimen de transición la norma aplicable solo puede ser la inmediatamente anterior y solo esa, por cuanto la persona que se va a pensionar y que cumpla alguna de las condiciones del inciso primero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede escoger entre esta ley y el régimen anterior, pues dicho artículo es claro al señalar que los presupuestos de edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez “será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”. En el presente caso no obstante, debe darse aplicación a la tesis mayoritaria de la Sala.

References: ARTÍCULO 56
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
e contrario
 artículo 48
 artículo 279
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 211
 artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 36