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Timestamp: 2019-10-23 16:16:49+00:00

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﻿ Sentencia T-760 de octubre 31 de 2013
SENTENCIA T-760 DE 31 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DENTRO DE UN PROCESO CONCURSAL. LAS DECISIONES QUE TOMA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES INVESTIDA DE PODERES JURISDICCIONALES, SON SUSCEPTIBLES DE SER REVISADAS POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL TODA VEZ QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS QUE LA JURISPRUDENCIA HA REITERADO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA QUE DENTRO DE LOS PROCESOS CONCURSALES EL DERECHO DE DEFENSA DE LOS ACREEDORES QUE PARTICIPAN EN EL MISMO ES DE TAL AMPLITUD QUE PUEDEN EJERCER UN SIN NÚMERO DE RECURSOS DENTRO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN O DE LIQUIDACIÓN EMPRESARIAL, Y EN SUMA LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA QUE LA LEGISLACIÓN A DISPUESTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS CREDITICIOS DE LOS AFECTADOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR DENTRO DEL PROCESO CONCURSAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ECOPETROL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PROCESO DE REORGANIZACIÓN, SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN, DERECHO DE VOTO EN LA REORGANIZACIÓN, PRELACIÓN DE CRÉDITOS, PASIVOS LABORALES, DERECHO DE DEFENSA, PROCESO CONCURSAL
Sentencia T-760 de octubre 31 de 2013
Ref.: Expediente T-3.906.300
Acción de tutela instaurada por la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., contra la Superintendencia de Sociedades y Camco Ingeniería SAS.
La Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., interpuso acción de tutela en contra de la Superintendencia de Sociedades y de la empresa Camco Ingeniería S.A., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa. La solicitud de amparo la sustentó en los siguientes:
1.1.1. Declara el apoderado de la accionante, que el día 27 de agosto de 2010 Ecopetrol S.A. contrató con Camco Ingeniería SAS labores de mantenimiento técnico de las unidades de generación de vapor y energía de la gerencia en la Refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja, Santander.
1.1.2. Manifiesta la necesidad sobrevenida que obligó a la terminación del contrato el día 6 de septiembre de 2011, toda vez que Camco Ingeniería SAS incumplió con el pago de acreencias laborales de 297 trabajadores vinculados en la ejecución del contrato.
1.1.3. En consecuencia, la empresa accionada solicitó a Ecopetrol S.A. cancelar las obligaciones laborales por ella incumplidas a costa de sus saldos a favor del contrato, con el fin de aplicar la cláusula vigésima tercera de las condiciones generales del contrato 4027930.
1.1.4. En respuesta a la anterior solicitud, la actora procedió a realizar los descuentos y los pagos requeridos, para lo cual se practicaron 297 audiencias de conciliación con igual número de trabajadores ante el Ministerio de la Protección Social - Seccional Barrancabermeja, en los días 14 de octubre de 2011, 29 de noviembre de 2011 y 21 de diciembre de 2011, en las cuales se concilió un pago total de mil setecientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($ 1.730.442.216).
1.1.5. Por otro lado, el día 28 de septiembre de 2011, la Sociedad Camco Ingeniería SAS presentó ante la Superintendencia de Sociedades solicitud de admisión a un proceso de reorganización empresarial, de manera que el día 14 de octubre de 2011 se admitió a la sociedad accionada dentro del proceso solicitado.
1.1.6. Ante estas circunstancias, aduce la accionante no haber sido notificada del proceso de reorganización empresarial adelantado por la Superintendencia de Sociedades; además, asegura que en dicho proceso, se incorporó como deuda laboral en el balance de pasivos de la sociedad las obligaciones laborales canceladas por la empresa accionante, por valor de mil setecientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($ 1.730.442.216).
1.1.7. Asimismo, la accionante expresa que la empresa Camco Ingeniería SAS de manera cuestionable no tramitó ante el juez del concurso el permiso que permitiría continuar a Ecopetrol S.A. con los pagos por ella solicitados, según lo dispuesto en la ley. Igualmente, la actora afirma que no solicitó el permiso por desconocimiento del trámite concursal y por no ostentar condición de deudora.
1.1.9. Ante las circunstancias descritas, la actora alega la indelicada posición de la Sociedad Camco Ingeniería SAS en el escrito que descorre los términos del recurso de reposición ya que desconoce las solicitudes realizadas y el acuerdo pactado.
1.1.10. Igualmente, la actora reprocha la posición proteccionista por parte de la Superintendencia de Sociedades hacia la empresa Camco Ingeniería SAS, toda vez que pretendió hacer prevalecer la protección de acreedores de menor derecho, frente a los derechos fundamentales de los trabajadores que solicitaron el pago. En consecuencia, la obligación laboral se incorporó en el informe de calificación, valoración y graduación de créditos.
1.1.12. Asimismo, la actora manifiesta que el día 14 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Sociedades ordenó a su cargo el pago de la suma descontada por valor de mil setecientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos m/te ($ 1.730.442.216.) a favor de Camco Ingeniería SAS.
1.2.1. Poder especial a favor del abogado Jairo Darío Contreras López (cdno. 1, fl. 34).
1.2.2. Copia de poder general a favor del abogado Jairo Darío Contreras López (cdno 1, fl. 35).
1.2.3. Certificado de existencia y representación legal de la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A. - (cdno. 1, fls. 37-69).
1.2.4. Comunicado del 29 de agosto de 2011, radicado 2-2011-078-49508 (cdno. 1, fl. 61).
1.2.5. Comunicado del 2 de septiembre de 2011, radicación 2-2011-078-50678 (cdno. 1, fl. 62).
1.2.6. Comunicado del 1º de septiembre de 2011, radicado 2-2011-078-50746 (cdno. 1, fl. 63).
1.2.7. Comunicación del 5 de septiembre de 2011, radicación 2-2011-078-51279 (cdno. 1, fl. 64).
1.2.8. Comunicado 5 emitido por el representante legal de Camco Ingeniería S.A (cdno. 1, fl. 65).
1.2.9. Comunicación del 12 de septiembre de 2011, radicación 2-2011-078-53254 (cdno. 1, fls. 66 y 67).
1.2.10. Comunicación del 19 de septiembre de 2011, radicación 2-2011-078-55649 (cdno. 1, fls. 68 - 86).
1.2.11. Comunicación del 20 de septiembre de 2011, emitida por la Jefatura Administrativa de Camco Ingeniería S.A. (cdno. 1, fl. 87).
1.2.12. Comunicación del 20 de septiembre de 2011, radicado 2-2011-078-56327 (cdno. 1, fl. 88).
1.2.13. Copia de la comunicación del 29 de septiembre de 2011, radicado 2-2011-078-59047 (cdno. 1, fls. 89-92).
1.2.14. Copia de correo electrónico del 27 de noviembre de 2011 (cdno. 1, fl. 94).
1.2.15. Copia de correo electrónico del 30 de noviembre de 2011 (cdno. 1, fl. 93).
1.2.16. Copia de Oficio 3627 del 12 de diciembre de 2012 (cdno. 1, fl. 95).
1.2.17. Comunicación del 10 de noviembre de 2011, radicación 2-2011-078-68918 (cdno. 1, fl. 96).
1.2.18. Copia de la factura CI 0495 del 29 de septiembre de 2011 (cdno. 1, fl. 100).
1.2.19. Copia de la factura CI 0502 del 8 de octubre de 2011 (cdno. 1, fl. 99).
1.2.20. Copia de la factura CI 0511 del 26 de diciembre de 2011 (cdno. 1, fl. 98).
1.2.21. Certificación emitida por el Ministerio de Protección Social - Seccional Barrancabermeja el 10 de enero de 2013 (cdno. 1, fl. 102).
1.2.22. Copia de Auto 400-016737, proferido el 14 de octubre de 2011 (cdno. 1, fl. 104 y 105).
1.2.23. Copia del informe de calificación y graduación de créditos y determinación de votos del 24 de febrero de 2012 (cdno. 1, fl. 106-227).
1.2.24. Copia de Auto 2013-01-010413 del 16 de enero de 2013 (cdno. 1, fl. 228).
1.2.25. Copia de Auto 2011-01-419772 del 20 de diciembre de 2012 (carpeta 2, fls. 232-235).
1.2.26. Copia del recurso de reposición del 21 de noviembre de 2012, radicación 2012-01-321892 (cdno. 2, fls. 184-203).
1.2.27. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Camco Ingeniería SAS (cdno. 2, fls. 34-36).
1.2.28. Copia de contrato 4027930 suscrito entre Ecopetrol S.A. y Camco Ingeniería SAS (cdno. 2, fls. 37-48).
1.2.29. Copia de las condiciones genéricas de la contratación CGC (cdno. 2, fls. 49-75).
1.2.30. Copia de la guía para realizar pagos laborales, aportes al SSI y aportes parafiscales en nombre del contratista (carpeta 2, fls. 331-336).
1.2.31. Copia de actas conciliatorias emitidas en 297 audiencias de conciliación, realizadas en los días 14 de octubre de 2011, 29 de noviembre de 2011 y 21 de diciembre de 2011 (carpetas 3-12).
1.2.32. Copia de actas 430-001571 (cdno. 1, fls. 289-297).
1.2.33. Copia de autos 400-013555; 400-016536; 400-015850; 400-017558; 400-017989; 400-000458; 400-000511; 415-100211; 415-183896 y 400-017501 (cdno. 1, fls. 267-288).
1.2.34. Copia de auto del 27 de julio de 2012 emitido por la Superintendencia de Sociedades (cdno. 1, fls. 298-305).
1.2.35. Copia de correo electrónico del 24 de octubre de 2011 (cdno. 2, fls. 76 y 77).
1.2.36. Comunicación del 25 de octubre de 2011 (cdno. 2, fls. 78 y 79).
1.2.37. Comunicación del 8 de noviembre de 2011 (cdno. 2, fls. 81-83).
1.2.38. Copia de la factura CI 0510 (cdno. 2, fl. 87).
1.2.39. Comunicación del 1º de marzo de 2012 (cdno. 2, fls. 89-100).
1.2.40. Comunicación del 11 de enero de 2013 (cdno. 2, fl. 101).
1.2.41. Acta de liquidación final del contrato 4027930 (cdno. 2, fls. 104-138).
1.2.42. Copia del contrato de fiducia mercantil suscrito entre Camco Ingeniería SAS y Fiducolpatria (cdno. 2, fls. 139-164).
1.2.43. Objeción al proyecto de calificación y graduación de créditos presentado por Ecopetrol S.A. el 8 de marzo de 2012 (cdno. 2, fls. 165-183).
1.2.44. Incidente de nulidad interpuesto por Ecopetrol S.A. el 27 de noviembre de 2012 (cdno. 2, fls 204-212.).
1.2.45. Escrito de objeciones presentado por Camco Ingeniería SAS el día 8 de marzo de 2012 (cdno. 1, fls. 11-32).
1.2.46. Contestación del 27 de noviembre de 2012 que descorre traslado de recurso de reposición, radicado 2012-04-015213 (cdno. 2, fls. 212-215).
1.2.47. Escrito del 5 de diciembre de 2012 por el cual se contesta incidente de nulidad (cdno. 2, fls. 216-218).
1.2.48. Copia de auto con radicación 2012-01-410007 del 11 de diciembre de 2012 (cdno. 2, fl. 219).
1.2.49. Registro del auto de admisión al proceso de reorganización empresarial (carpeta 2, fls. 256-257).
1.2.50. Copia de poder especial a favor del abogado Asdrúbal Ricardo Núñez Suárez (cdno. 1, fl. 33).
1.2.51. Copia de auto del 25 de octubre de 2011, radicado 1-2011-078-65513 (cdno. 1, fl. 78).
1.2.52. Copia del aviso de octubre 20 de 2011 por el cual se notifica la apertura al proceso concursal (cdno. 1, fl. 79).
El Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la Superintendencia de Sociedades y a la empresa Camco Ingeniería SAS, mediante auto calendado el 21 de enero de 2013. En respuesta, las accionadas manifestaron:
1.3.1.1. Primeramente, precisó las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades en el trámite de procesos concursales, de lo cual manifestó que a partir de la disposición contemplada en el artículo 6º de la Ley 1116 de 2006, se otorgaron facultades jurisdiccionales a esta entidad.
En relación con el incumplimiento del contrato suscrito entre Ecopetrol S.A. y la Sociedad Camco Ingeniería SAS, manifestó que no compete al juez del concurso pronunciarse sobre este aspecto ya que el mismo corresponde a la jurisdicción ordinaria.
1.3.2. Respuesta de la Sociedad Camco Ingeniería SAS.
En cumplimiento de los términos legales para ejercer su derecho de contradicción, el apoderado de la Sociedad Camco Ingeniería SAS presentó escrito de contestación de la demanda el día 25 de enero de 2013, mediante el cual se opuso a los hechos y pretensiones del libelo bajo los siguientes argumentos:
1.3.2.1. En primer lugar, adujo que el 28 de septiembre de 2011, la Sociedad Camco Ingeniería SAS presentó ante la Superintendencia de Sociedades solicitud de admisión a un proceso de reorganización empresarial, en razón a la crisis económica que atravesaba la empresa como consecuencia del incumplimiento por parte de Ecopetrol S.A. de sus obligaciones contractuales y principalmente, por la mora en el reconocimiento y pago de los servicios prestados.
1.3.2.3. Como tercer argumento presentado por la defensa, se menciona el aspecto concerniente a la notificación que se hizo a Ecopetrol S.A. sobre el proceso de reorganización en el cual se encontraba la Sociedad Camco Ingeniería SAS, hecho frente al cual la sociedad accionada manifestó que en diversas oportunidades puso en conocimiento de Ecopetrol S.A. sobre su admisión al proceso de reorganización empresarial con la advertencia de que sin la autorización de la Superintendencia de Sociedades no podían hacerse los pagos de acreencias laborales. Además, afirma que lo anterior se presentó en la reunión realizada en día 24 de octubre de 2011, convocada mediante comunicación 5210294-GRB1-4027930-322-2011-C (rad. 2-2011-078-27574) en la que se hizo entrega de la copia del Auto 400-016737 de octubre 14 de 2011 expedido por la Superintendencia de Sociedades, lo cual fue ratificado con la entrega oficial del auto mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2011.
En este sentido, sostuvo que a pesar de haber plasmado en los cuerpos de las facturas la advertencia de no poder continuar con la cancelación de las obligaciones laborales sin previa autorización de la Superintendencia de Sociedades, Ecopetrol S.A. se dirigió por riesgo y cuenta propia ante el Ministerio de la Protección Social con el fin de conciliar las obligaciones laborales de los trabajadores de Camco Ingeniería SAS.
1.3.2.4. Asimismo, como cuarta premisa, precisó que la empresa accionante realizó las audiencias de conciliación sin el respectivo poder o documento que autorizara a Ecopetrol S.A. la representación de la Sociedad Camco Ingeniería SAS con el fin de obligarse a su nombre en la firma de las conciliaciones laborales, razón por la cual, arguye que las actas de conciliación levantadas en las distintas audiencias fueron suscritas por Ecopetrol S.A. a nombre propio y no como resultado de un mandato o autorización otorgada por la Sociedad Camco Ingeniaría SAS.
1.3.2.5. Por último, recalcó nuevamente que los pagos realizados por Ecopetrol S.A. en razón de las conciliaciones adelantadas, son totalmente ineficaces de pleno derecho puesto que la accionante tenía amplio conocimiento acerca del proceso de reorganización empresarial en el cual se encontraba incursa la empresa Camco Ingeniería SAS, Además, alegó que las acreencias subrogadas por Ecopetrol S.A. se encuentran incluidas en el acuerdo de pago que será aprobado por la Superintendencia de Sociedades.
2.1. Sentencia de primera instancia - Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D.C., Sección Segunda.
En fallo proferido el 1º de febrero de 2013, el Juez Séptimo Contencioso Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D.C., decidió tutelar el derecho fundamental al debido proceso del accionante, sobre lo cual sustentó su decisión en los siguientes argumentos:
2.1.1. En primer lugar, consideró que las decisiones judiciales adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de reorganización empresarial de Camco Ingeniería SAS, no le eran oponibles a Ecopetrol S.A. en calidad de tercero hasta que no fuera notificado de las mismas, razón por la cual estimó que el auto de admisión al proceso de reorganización era inoponible al accionante hasta que éste no fuera enterado de su contenido, lo cual sólo ocurrió hasta el día 24 de octubre de 2011. En este mismo sentido, consideró que la actuación de Ecopetrol S.A. en calidad de tercero frente al proceso de reorganización, no se ajustaba a lo previsto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 1116 de 2006, sin embargo, ante el equívoco llamamiento al incidente de ineficacia, su intervención sólo se limitó a este trámite.
2.1.2. Como segundo aspecto precisado por el despacho, emerge el argumento según el cual la actuación de la sociedad accionada se encontraba en contradicción con la obligación que tienen las empresas concursadas de aportar información de manera oportuna, transparente, comparable y de buena fe, toda vez que Camco Ingeniería SAS pidió a Ecopetrol S.A. aplicar la cláusula 13 del contrato 4027930 un día después de presentar la solicitud de reorganización; además, estimó que la accionada no solicitó a Ecopetrol S.A. el pago directo y en su favor de las facturas CI 502, CI 0511 y CI 0495, así como tampoco solicitó a la Superintendencia de Sociedades que ordenara a la accionante el pago.
Dentro del término legal oportuno, la Sociedad Camco Ingeniería SAS presentó escrito de impugnación en contra del fallo de primera instancia, frente a lo cual sustentó su respuesta con base en los siguientes argumentos:
2.2.1. Primeramente, aseguró que el Juez Séptimo Contencioso Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D.C., carecía de competencia para conocer de la acción de tutela en análisis ya que uno de los accionados es la Superintendencia de Sociedades, por lo cual, como entidad del sector descentralizado por servicios de orden nacional, el juez competente para conocer las acciones de tutela en contra de esta es el Juez Civil del Circuito, de conformidad con lo consagrado en el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000.
2.2.4. Por último, el impugnante sostuvo que el a quo había desconocido el contrato de cesión de derechos económicos suscrito el 20 de octubre de 2010 entre la Sociedad Camco Ingeniería SAS y la Fiduciaria Colpatria S.A., en virtud del cual los dineros adeudados por Ecopetrol S.A. a la Sociedad Camco Ingeniería SAS se encontraban cedidos a un patrimonio autónomo, por lo que además de la prohibición contemplada en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, tampoco le era posible a la accionante disponer de esos recursos con libre arbitrio ya que los mismos debían ser girados al patrimonio autónomo.
2.3. Sentencia de segunda instancia - Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
El día 18 de marzo de 2013, el ad quem se pronunció sobre la impugnación presentada por la Sociedad Camco Ingeniería SAS y decidió revocar el fallo de primera instancia en consideración a las siguientes razones:
En consecuencia, el despacho estimó que la accionante había realizado el pago a los 297 trabajadores de la Sociedad Camco Ingeniería SAS por cuenta propia y con recursos propios, por lo cual los pagos realizados son válidos pero efectuados por un tercero.
2.3.3. Para finalizar, en relación con el enriquecimiento sin justa causa en el cual incurría la Sociedad Camco Ingeniería SAS, el despacho aseguró la inexistencia de dicha figura en virtud del traspaso de titularidad en el derecho a favor de Ecopetrol S.A.
A través de escrito de tutela, Ecopetrol S.A. manifestó que la Superintendencia de Sociedades y la Sociedad Camco Ingeniería SAS vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, por considerar que la decisión contemplada en el Auto 400-015850 del 14 de noviembre de 2012, constituye una vía de hecho y desconoce lo acordado en el contrato 4027930 del 27 de agosto de 2010.
Según narra la accionante, la Sociedad Camco Ingeniería SAS desconoció la obligación por la cual había autorizado a Ecopetrol S.A. el pago de acreencias laborales por valor de mil setecientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($ 1.730.442.216.) al incorporar el monto de los pagos ejecutados dentro del balance de activos y pasivos presentado en el proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.
En este orden de ideas, la Sala debe entrar a resolver si, en el caso particular, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo judicial transitorio para controvertir una orden de pago emitida por la Superintendencia de Sociedades sobre la accionante, teniendo en cuenta que esta ejecutó pagos de acreencias laborales en virtud de lo estipulado en el contrato de mantenimiento técnico suscrito con la Sociedad Camco Ingeniería SAS.
3.3. Requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela”(1).
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente necesarias —imprescindibles y pertinentes— para adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”(2).
3.3.2. Con esta conceptualización, podemos notar el carácter residual y subsidiario que el legislador imprimió a la acción constitucional de tutela, con el fin de salvaguardar la competencia del juez natural y honrar los mecanismos judiciales de defensa que el legislador previamente había establecido. En este sentido, al analizar el principio democrático de la autonomía funcional del juez, esta corporación afirmó que el juez de tutela no puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constituciones del debido proceso(3).
3.3.3. En relación con el perjuicio irremediable, la Sentencia T-225 de 1993(4) estableció ciertos elementos que deben configurarse para estimar la consolidación de esta afectación, a saber: i) un perjuicio inminente, ii) medidas que deben adoptarse de manera urgente frente al mismo; y iii) que el peligro emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos fundamentales se tornaría impostergable.
“(…) tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho”(5).
3.4. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones de la Superintendencia de Sociedades.
“Al respecto la Corte ha recordado que de conformidad con el artículo 116 de la Constitución, excepcionalmente la ley puede “atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas” y, tratándose de la Superintendencia de Sociedades, mediante la Ley 222 de 1995 fue dotada de funciones jurisdiccionales para tramitar los procesos concursales de sociedades, cooperativas, fundaciones o sucursales extranjeras que no estuvieran sujetas a algún régimen especial de intervención o liquidación y, en esa medida, la Corte ha reiterado que en contra de las decisiones proferidas dentro de los trámites cuyo conocimiento le fue asignado a la Superintendencia de Sociedades por la Ley 222 es viable instaurar la acción de tutela”(6).
3.4.2. En esta misma línea de razonamiento, la jurisprudencia también ha calificado las decisiones de la Superintendencia de Sociedades como decisiones judiciales susceptibles de ser analizadas constitucionalmente, siempre que contengan alguno de los defectos mencionados anteriormente(7). En este sentido, la jurisprudencia expresa:
“Queda entonces claro que la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa de orden nacional encargada de la inspección, vigilancia y control de las sociedades no vigiladas por otras Superintendencias, desempeña funciones de tipo jurisdiccional en el desarrollo de procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, y que sus decisiones, por lo tanto, constituyen providencias judiciales, lo que indica que, eventualmente, éstas pueden llegar a constituir vías de hecho y pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela. Sin embargo, para verificar la procedencia excepcional de la acción de tutela en tal hipótesis, es necesario que la Sala realice un estudio de los medios judiciales de defensa de los que disponen las partes que intervienen en los procesos de liquidación obligatoria”(8).
3.4.3. En virtud de lo expuesto, es notoria la posibilidad de ejercer la acción constitucional de tutela en contra de decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades en funciones jurisdiccionales, cuando estas hayan incurrido en algunos de los defectos desarrollados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia del amparo en estos eventos(9).
3.5. Finalidad del proceso concursal.
La economía nacional y el desarrollo social se encuentran estructurados celularmente por unidades de explotación económica que denominamos empresas, las cuales pueden constituir la piedra angular del mercado nacional(10).
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias”(11).
La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a este tema y también ha definido la finalidad de los procesos concursales regulados por el régimen de insolvencia, de lo cual, mediante Sentencia C-620 de 2002(12) sostuvo:
“El derecho concursal se funda en el interés general pero no desconoce el derecho de los acreedores a obtener la satisfacción de su crédito, para lo cual se crea un marco de condiciones generales que debe cumplir la empresa: “El derecho concursal actual, además de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio común. Así, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su crédito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecución singular por una colectiva en la que se satisfacen los derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor —par conditio creditorum—”.
(…) La figura del concordato permite que las empresas con dificultades graves en el pago de sus pasivos, lleguen a un acuerdo con sus acreedores, con la finalidad de permitir su recuperación y conservación, en tanto unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo, y asimismo proteger el crédito, a la vez que se trazan las reglas a las cuales se someterá el cumplimiento de las obligaciones insolutas a su cargo. El régimen concordatario encuentra su justificación constitucional, en el deber del Estado de crear mecanismos para promover el sector empresarial, y así preservar la función que éste cumple en materia de desarrollo económico”(13).
3.5.3. Ahora bien, es necesario señalar que existe una diferencia entre las dos clases de procesos concursales contemplados en el régimen de insolvencia de la Ley 1116 de 2006, la cual permite aplicar la medida en distintas circunstancias. En primer lugar, el proceso de reorganización empresarial pretende reestructurar la masa pasiva del deudor para que este pueda superar sus dificultades financieras y permitir que la empresa continúe funcionando como unidad de explotación económica. Por otro lado, el proceso liquidatario busca la reordenación del crédito para su satisfacción mediante la venta de los bienes del deudor de forma directa o en subasta privada, en ocasión a la imposibilidad de reactivación de la empresa. En relación con estos conceptos, la misma providencia citada estableció:
“Los objetivos inmediatos de los procesos en mención difieren, como quiera que el concordato pretende la reestructuración del pasivo del deudor, con miras a que éste pueda reactivar su actividad productiva, en tanto la liquidación obligatoria procede cuando tal reactivación no es posible a fin de lograr la satisfacción ordenada del crédito”(14).
“Al expedir la Ley 222 de 1995, modificada por la Ley 1116 de 2006, el legislador previó dos tipos de procesos concursales, aplicables al ámbito de personas jurídicas no cobijadas por regímenes de insolvencia especiales. El concordato, que consiste en la celebración de un acuerdo entre los acreedores y el deudor, con el fin de mantener en funcionamiento la sociedad afectada por dificultades económicas y proteger, de esa forma, el ahorro, el empleo, y la empresa como “unidad de explotación económica”. La liquidación obligatoria, por su parte, persigue proteger derechos patrimoniales, prestacionales y fiscales, entre otros, cuando la situación de la entidad resulta insostenible, mediante la venta de los activos del deudor”(15).
3.6.1. Por lo anterior, además de los principios que rigen los procesos administrativos, la jurisprudencia constitucional ha definido los principios de universalidad e igualdad como principios imperantes que rigen los procesos concursales, a los cuales se les denomina par conditioomnium creditorum, frente a lo que la misma Sentencia T-079 de 2010(16) la Corte expresó:
“Los principios más importantes de los procesos concursales son el de universalidad e igualdad entre acreedores, también conocido como par conditioomnium creditorum. De acuerdo con el primer principio, todos los bienes del deudor conforman una masa patrimonial que se constituye en prenda general de garantía de los acreedores; correlativamente, los acreedores establecen una comunidad de pérdidas, lo que significa que sus créditos serán cancelados a prorrata, o en proporción a las posibilidades económicas, una vez realizada la venta de los bienes del deudor. El principio de igualdad entre acreedores, por su parte, establece que todos los interesados deben hacerse parte dentro del proceso concursal, respetando de forma rigurosa los procedimientos, recursos y cargas previstas por el legislador para la participación en el concurso. Es evidente que todos los procedimientos legales deben ser respetados, en virtud del carácter general y abstracto de la ley; sin embargo, en el caso de los concursos de acreedores, esta exigencia hace parte de la naturaleza del proceso, pues si se toma en cuenta la limitación patrimonial que se enfrenta al iniciarse una liquidación obligatoria, la posibilidad de que algunos acreedores persigan sus intereses por vías privilegiadas, o la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los términos procesales, implicaría una afectación del conjunto de acreedores, particularmente de los más vulnerables, que suelen ser trabajadores y pensionados”(17).
3.6.3. Ahora bien, antes de la apertura del proceso concursal, es necesario que la empresa o sociedad solicitante cumpla ciertos requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 9º y 10 de la Ley 1116 de 2006(18), lo cual debe ir acompañado con la solicitud de admisión al proceso de reorganización y que a su vez será evaluada por la Superintendencia de Sociedades con el fin de establecer si el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad en el proceso. No obstante, es necesario detallar que la solicitud de admisión al proceso concursal genera unos efectos que establecen limitantes para el administrador de la empresa o sociedad en insolvencia, lo cual, en términos del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, se define como:
No obstante, aunque la norma consagra una prohibición sobrevenida como consecuencia de la presentación de la solicitud de admisión al proceso concursal, el inicio del proceso y sus efectos comienzan a tener vida jurídica desde el momento en que se expide el auto de admisión y apertura al proceso de reorganización(19), aunque la prohibición continúa vigente durante todo el proceso.
3.6.5. Una vez expedido el auto de admisión y apertura al proceso concursal, se generan unos efectos que limitan las facultades del deudor y los derechos de los acreedores. Por un lado, el deudor adquiere la limitación legal que impide continuar con cualquier pago por fuera del giro ordinario de los negocios de la empresa o sociedad, constituir cauciones, hacer pagos o arreglos relacionados con las obligaciones vigentes al inicio del proceso, o llevar a cabo reformas estatutarias; sin embargo, este mandato contiene una excepción por la cual se permite al deudor realizar cualquiera de estos actos con previa autorización del juez del concurso(20).
En este mismo sentido, surge la necesidad de integrar todo el conjunto de activos y pasivos de la empresa o sociedad dentro de la masa concursal con el ánimo de realizar la reorganización del patrimonio concursado y configurar la respectiva prelación de créditos. Este razonamiento ha sido compartido por la Corte al concluir que “Por su naturaleza y fines, el concordato prevalece sobre los procesos ejecutivos singulares que se estén surtiendo en contra de quien se encuentra inmerso en él; por ello los bienes de propiedad del deudor que se estén persiguiendo en estos últimos deben ingresar a la masa de bienes del concordato, con la finalidad de que formen parte del acuerdo que se celebre entre el deudor y sus acreedores”(21).
3.6.6. Esta conceptualización, nos conduce a precisar que en relación con los procesos ejecutivos, la Ley 1116 de 2006 se encuentra en el mismo plano de razonamiento desde la expedición del Decreto 350 de 1989(22), al impedir la ejecución extraconcursal, por razones vinculadas a la protección de la empresa y como efecto del principio de universalidad propio de estos procesos, de conformidad con el cual la totalidad de los bienes del deudor quedan vinculados al concurso y, por este motivo, emerge la imposibilidad de proceder simultáneamente ejecuciones sobre ellos, ni continuar las ejecuciones que se hubiesen iniciado antes de la apretura al proceso de reorganización.
En relación con lo referido, esta corporación ha expresado que “La apertura del trámite concordatario modifica las relaciones obligacionales entre el deudor y el resto de sus acreedores, habida cuenta que en tanto se negocia el acuerdo y ejecuta lo convenido, uno y otros están obligados a proceder del modo y de la forma acordada sin considerar las condiciones crediticias inicialmente pactadas en aras de lograr una solución que incluya todas las acreencias insatisfechas. En consecuencia las ejecuciones individuales en curso se suspenden, y la iniciación de las pendientes se aplaza. No obstante puede acontecer que el deudor y sus acreedores no lleguen a un acuerdo, dentro del término previsto para tal fin, o puede suceder que el acuerdo logrado no se cumpla. Y también puede ocurrir que el proceso liquidatorio culmine sin satisfacer la totalidad del pasivo a cargo del deudor”(23).
4.1.1. La empresa Ecopetrol S.A. solicita por vía de tutela la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la Superintendencia de Sociedades y la empresa Camco Ingeniería SAS.
Conforme a la descripción de los antecedentes, la Superintendencia de Sociedades, mediante auto del 14 de noviembre de 2012 ordenó a la empresa accionante realizar el pago de mil setecientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($ 1.730.442.216.) a favor de la Sociedad Camco Ingeniería SAS incursa en proceso concursal de reorganización empresarial.
4.1.2. El juez de tutela de primera instancia concedió transitoriamente el amparo solicitado por el actor. Para ello, tuvo en cuenta factores como el tiempo en el cual fue notificada la accionante sobre el auto de admisión al proceso de reorganización, así como las solicitudes realizadas por la Sociedad Camco Ingeniería SAS a Ecopetrol S.A. para el pago de la deuda laboral, especialmente aquella realizada el día siguiente a la presentación de la solicitud al proceso de reorganización empresarial.
4.1.3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, revocó la decisión del a quo, en consideración a que Ecopetrol S.A. había sido notificada en tres ocasiones sobre el proceso de reorganización empresarial en el cual se encontraba incursa la Sociedad Camco Ingeniería SAS, razón por la cual estimó que los pagos realizados por la accionante se efectuaron a nombre propio de esta. Igualmente, coincidió con el razonamiento del juez del concurso por el cual se subrogó a Ecopetrol S.A. en los derechos crediticios de los ex trabajadores de la sociedad concursada y a causa de ellos se le ha otorgado la misma prelación de créditos que tenían los trabajadores.
4.2.2. Relevancia constitucional.
Como se expuso anteriormente, la actora manifiesta en el libelo que sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa fueron vulnerados por la Superintendencia de Sociedades y la empresa de Ingeniería Camco SAS, lo cual estima como un hecho que adquiere relevancia constitucional.
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento jurídico como instrumento social encaminado a proteger los derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores sociales, depende de la existencia de principios que garanticen el debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre la base de procedimientos claramente establecidos por las normas jurídicas[...]”(24).
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de materias que en principio no resultan discutibles ante el juez de tutela, toda vez que han sido ampliamente reguladas por el legislador, como sucede con los conflictos de carácter económico. Este razonamiento se encuentra plasmado en la Sentencia T-910 de 2009(25) mediante la cual esta corporación manifestó lo siguiente:
De forma lineal a esta concepción, se encuentra la Sentencia T-499 de 2011(26), mediante la cual se manifestó que:
“Las discusiones de índole económica resultan ajenas a la jurisdicción constitucional, pues el ordenamiento jurídico tiene previsto instrumentos procesales especiales para su trámite y resolución. Con fundamento en lo expuesto, esta corporación ha negado la procedencia de la acción de tutela para resolver controversias de naturaleza económica, (…) pues la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental, más no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y económico. Así, la Corte ha estimado que el amparo deviene improcedente frente a reclamaciones estrictamente económicas, pues el diseño constitucional de la acción de tutela permite colegir que ella no está prevista como medio paralelo y supletorio de los mecanismos legales ordinarios”(27).
Igualmente, la Sentencia T-086 de 2002(28) reitera la concepción de la Corte sobre los asuntos de carácter económico, acerca de lo cual sostiene que:
Esta concreción, debe confrontarse con los supuestos de hecho presentados en el caso concreto, de lo cual se advierte que la providencia atacada es un auto, frente al cual, en principio sería susceptible de los recursos de reposición, apelación y súplica, propios de todo auto. No obstante, esta regla propia del estatuto procesal civil(29), sufre variaciones en materia de los procesos concursales que se tramitan en la superintendencia, por la naturaleza de la entidad, a saber: (i) frente al recurso de apelación, por ser entidad administrativa que cumple funciones jurisdiccionales se hace en única instancia, lo cual significa que no tiene superior jerárquico en esta materia y como tal no procede este tipo de impugnación. (ii) En cuanto al recurso de súplica, tampoco procede ya que no estamos ante un juez plural o colegiado y frente a decisiones proferidas por un magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia. En consecuencia, el único recurso viable en esta materia es el de reposición.
4.2.3.2. Así las cosas, se observa que a través de los avisos notificatorios publicados por las accionadas en cumplimiento del requisito procesal de publicidad, se concedió la oportunidad procesal para que la actora interviniera en el proceso y ejerciera su derecho de contradicción y defensa, lo cual se puede apreciar en la intervenciones que realizó la accionante frente al traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto surtido entre los días 2 al 8 de marzo de 2012. Igualmente, se aprecia que en relación al incidente de ineficacia de pago promovido por la sociedad concursada, la accionante agotó debidamente su derecho de contradicción y presentó impugnación por medio de recurso de reposición.
Por otro lado, en caso de incumplimiento del deudor, la Ley ha previsto la posibilidad adelantar una audiencia de incumplimiento(30) con la finalidad que los interesados acuerden la forma de subsanar este quebrantamiento para evitar la liquidación judicial.
En este mismo sentido, el artículo 16 de la Ley 1116 de 2006 faculta al acreedor para que en casos de incumplimiento del acuerdo de reorganización, reanude las ejecuciones que se suspendieron por la apertura del proceso concursal o para adelantar nuevos proceso de cobro en contra de los garantes del deudor.
Así las cosas, la accionante no se encuentra desamparada en su derecho crediticio ya que cuenta con medios que pretender hacer efectivo su derecho. En relación con estas afirmaciones, la jurisprudencia constitucional ha señalado que(31):
(ii) En segundo lugar, la Ley 1116 de 2006 establece que “El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la renegociación, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte” en caso contrario se iniciará el incidente contemplado en el artículo 8º de esta ley, de acuerdo con el cual:
Los actos de trámite que deban surtirse dentro del proceso de insolvencia y que correspondan a actuaciones que no deben ser controvertidas por las demás partes del proceso, tales como expedición de copias, archivo y desglose de documentos, comunicación al promotor o liquidador de su designación como tal, entre otros, no requerirán la expedición de providencia judicial que así lo ordene o decrete y para su perfeccionamiento bastará con el hecho de dejar constancia en el expediente de lo actuado, lo cual tampoco requerirá notificación”.
En tercer lugar, cuando se inicia un proceso de reorganización, se designa un juez del concurso, el cual queda investido de una serie de facultades para controlar la actividad del deudor y evitar fraudes como los señalados por el actor(32).
En virtud de la naturaleza de protección inmediata que reviste la acción de tutela, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que si bien no existe un plazo determinado por el legislador, la esencia misma del amparo conlleva a concebir su ejecución dentro de un plazo razonable que exponga el apremio del accionante(33). En consecuencia, en caso del análisis la acción de tutela fue presentada el día 24 de enero del año 2013, es decir, dos meses y diez días luego de proferida la decisión atacada, lo cual no constituye para esta corporación un término suficiente que permita inferir negligencia por parte del actor, razón que lleva a esta Sala a considerar el cumplimiento de este requisito.
“La irremediabilidad del perjuicio, implica que las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y que sólo pueda ser invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela como “mecanismo transitorio” y no como fallo definitivo, ya que éste se reserva a la decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de un remedio temporal frente a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras se resuelve de fondo el asunto por el juez competente. En el caso que nos ocupa, la situación que se presenta no es irremediable, pues como el perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer (…)”(34).
De forma consecuente con esta definición, la Corte ha establecido unos elementos que deben configurarse para poder concebir la existencia de un perjuicio irremediable, los cuales serán confrontados con el caso concreto. Como se expuso anteriormente, la jurisprudencia de esta corporación definió estos elementos de la siguiente forma: i) un perjuicio inminente, ii) medidas que deben adoptarse de manera urgente frente al mismo; y iii) que el peligro emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos fundamentales se tornaría impostergable(35).
4.3.1.1. En primer lugar, al realizar la valoración sobre la inminencia del perjuicio en el caso concreto, la Sentencia T-225 de 1993(36) definió:
4.3.1.2. El segundo elemento que debe apreciarse para la existencia de un perjuicio irremediable, es aquel que expone la observancia de las mediadas que deben adoptarse de manera urgente frente al caso, de lo cual la misma providencia citada expresó:
La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos”(37).
Por este motivo, el análisis de la suma en disputa dentro del proceso concursal, la cual equivale a mil setecientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($ 1.730.442.216.), puede ser apreciada comercialmente desde diversas ópticas. Así las cosas, si nos situamos en el escenario de una empresa ubicada en el sector Mypimes, evidentemente la pérdida de este monto acomodaría a esta empresa en una grave condición de insolvencia e incumplimiento, por lo cual podríamos hablar de la configuración de un perjuicio grave e irremediable en estos casos.
Igualmente, la subrogación crediticia aplicada sobre la actora por la Superintendencia de Sociedades, da la facultad a la accionante de obtener de manera eficiente la reincorporación de la suma pecuniaria, toda vez que según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1116 de 2006(38) el nuevo acreedor goza de la misma prelación de créditos con la que contaba el antiguo acreedor. Por este motivo, es de considerarse que el crédito cedido a la accionante contiene la misma prelación del crédito laboral que tenían los trabajadores, razón por la cual el pago del valor en disputa habrá de reincorporarse al patrimonio de la actora antes que los demás acreedores(39).
Sin embargo, como se expuso anteriormente, la subrogación crediticia a favor de la accionante permite que esta pueda continuar ejerciendo su derecho de voto y objeción dentro del proceso concursal en los mismos términos y condiciones con las cuales eran atendidos los derechos de los trabajadores; además, en caso de incumplimiento del deudor frente al acuerdo de reorganización, la legislación a dispuesto mecanismos que permiten garantizar los derechos crediticios de los afectados, los cuales se materializan a través de la acción revocatoria y la acción de simulación(40), en la audiencia de incumplimiento o, en su defecto, el proceso liquidatario. Estas etapas aún no han sido agotadas por la accionante de manera que es notorio que existen mecanismos para proteger y garantizar el derecho prestacional de la actora.
4.3.2.2. De conformidad con la exposición de los hechos presentados en el escrito de tutela, y cotejada la información con el material probatorio aportado, en un principio podría percibirse la configuración de un posible perjuicio irremediable para el actor, en atención al elevado monto pecuniario que representa el valor de la suma en disputa. Sin embargo, la línea de este razonamiento lleva a esta Sala a observar la necesidad de realizar una observación en lo concerniente al concepto de la palabra irremediable. Cuando utilizamos esta expresión, hacemos referencia a una situación en la que se consolidó una dificultad para la cual no existe remedio(41) o solución, por lo cual, de manera antagónica podemos definir una situación remediable como aquella para la cual existe un remedio o solución.
Mediante Sentencia T-071 de 2008, esta corporación estimó que:
“cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra entidades en procesos de reestructuración de pasivos o intervenidas por el gobierno, esta corporación ha sido enfática en señalar la improcedencia general de la tutela(42), por tratarse de un procedimiento originado en la circunstancias deficitarias de la entidad y que tiene como finalidad suspender las garantías de los acreedores (por ejemplo, suspender el derecho a instar un proceso ejecutivo o a continuar el que estuviere en curso), en orden a alcanzar en el largo plazo la satisfacción de las deudas pendientes. Si la suspensión de las garantías de los acreedores es la vía que tomó el legislador para garantizar la satisfacción de las prestaciones adeudadas, admitir la procedencia de la tutela en la generalidad de los casos, sería justamente ir en contravía de los propósitos de la ley, y afectar el derecho a la igualdad de otros acreedores sometidos a las reglas del proceso de reestructuración.
Entonces, en eventos sumamente excepcionales, la Corte ha concedido peticiones de tutela encaminadas a exigir, de entidades en reestructuración, el pago de acreencias contractuales(43): en lo que atañe a las acreencias laborales, lo ha hecho por haberse encontrado plenamente acreditada la vulneración al mínimo vital de los trabajadores(44); en aquellos casos en los cuales se reclama el pago de acreencias contractuales mercantiles o administrativas, las ha concedido siempre y cuando sean acreditadas las condiciones que permitan inferir la vulneración de un derecho fundamental, y la constitución de un perjuicio no remediable de otra manera que exigiendo el pago de la obligación dineraria mediante la tutela”.
4.3.2.3. Finalmente, se insta a la Superintendencia de Sociedades para que de estricto cumplimiento a lo contemplado en el auto del 14 de noviembre de 2012 y garantice en todas sus formas el derecho crediticio de la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol S.A.—, con la misma prelación de créditos, privilegios y garantías con la cual contaban los trabajadores.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro de la acción de tutela instaurada por la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol S.A.— en contra de la Superintendencia de Sociedades y la Empresa de Ingeniería Camco SAS.
2. DECLARAR improcedente la solicitud de amparo por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
(1) Ver Sentencia T-1241 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(2) Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T-125 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-100 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-060 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T-1095 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1103 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1154 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1189 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-169 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-613 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-906 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-966 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-555 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(3) Ver sentencias T-133 de 2010 y T-383 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(5) Ver Sentencia T-003 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
(6) Ver Sentencia 1045 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(7) Defecto orgánico, defecto fáctico, defecto procedimental, defecto material, error inducido.
(8) Ver Sentencia T-803 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(9) Ver entre otras, sentencias T-1045 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; A. 229 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; A. 058 de 2009, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-291 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-235 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-337 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-568 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-891 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-114 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo; A. 057 de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; A. 061 de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; A. 074 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A. 077 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A. 092 de 2009, M.P. Jaime Araújo Rentería; A. 093 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A. 094 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-830 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-279 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-1143 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-243 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-142 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(10) Código de Comercio Colombiano, artículo 25. “Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios”. Asimismo, ver las sentencias C-100 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-620 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(11) Ley 1116 de 2006, artículo 1º.
(13) Ver Sentencia C-1143 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(14) Ver Sentencia C-263 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(15) Ver Sentencia T-079 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
(17) La Ley 1116 de 2006 estableció los principios que rigen los procesos concursales, a saber: ART. 4º—Principios del régimen de insolvencia. “El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes principio: (i) Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación; (ii) Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y preferencia; (iii) Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor administración de los mismos, basados en la información disponible; (iv) Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso; (v) Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y bienes del deudor; (vi) Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza; (vii) Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia, una dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos, con miras a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial”.
(18) ART. 9º—El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente.
PAR.—En el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá la causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas.
ART. 10.—La solicitud de inicio del proceso de reorganización deberá presentarse acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
(19) Ley 1116 de 2006, artículo 18: “El proceso de reorganización comienza el día de expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez del concurso (…)”.
(20) Ley 1116 de 2006, artículo 17. Asimismo, observar Isaza Upegui, Álvaro y Londoño Restrepo, Álvaro, “Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial”, Ed. Legis, 4ta Ed., Bogotá 2011, página 84.
(21) Ver Sentencia T-381 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(22) Este Decreto introdujo distintas modificaciones al régimen de los concordatos preventivos del proceso de quiebra en Colombia, aunque posteriormente fue derogado por la Ley 222 de 1995.
(23) Ver Sentencia C-263 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(24) Ver Sentencia T-1263 de 2001 M.P., Jaime Córdoba Triviño.
(27) Ver entre otras Sentencias de Corte Constitucional: T-1318 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-155 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-233 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(29) Código de Procedimiento Civil, artículos 348, 351 y 363.
(30) Ley 1116 de 2006, artículo 46.
(31) Ver Sentencia C-620 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(32) Ley 1116 de 2006, artículo 5º.
(33) Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-584 y T-288 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(34) Ver Sentencia T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía. Asimismo, ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T-701 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-076 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-333 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-191 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo; T-015 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-747 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-838 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-081 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.
(35) Ver Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(38) ART. 28.—La subrogación legal o cesión de créditos traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios en los términos del artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la respectiva acreencia será titular también de los votos correspondientes a ella.
(39) Ley 1116 de 2006, artículos 4º, 5º, inciso 7º, 25, 41, 58. Código Civil Colombiano, Artículo 2495, inciso 4º.
(40) Ley 1116 de 2006, artículo 74.
(41) Diccionario de la Real Academia Española, RAE.
(42) Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: sentencias T-104 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-146 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-585 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1023 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-052 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(43) El numeral 15 del artículo 58, Ley 550 de 1999, contempla la posibilidad de que la entidad incurra en un gasto no dispuesto expresamente en el acuerdo de reestructuración, cuando quiera que sea ordenado “por disposiciones constitucionales”.
(44) En la Sentencia T-1160 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte concedió el amparo a unos educadores del municipio de Corozal, a quienes se les había dejado de cancelar sus salarios, afectando con ello su derecho a un mínimo vital.

References: artículo 6
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 116
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 1670
 Artículo 2495
 artículo 74
 artículo 58