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Timestamp: 2020-07-05 04:18:06+00:00

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Constitución de La Provincia de Misiones | Cooperativa | Derecho laboral
Gaston Daniele
Constitución Original de la Provincia de Misiones, provincia perteneciente a la República Argentina
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Prop Uest a de Reform as Constitucion a Les
Revista de Análisis de la Realidad Nacional
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Preguntas de La Constitución
DECLARACIONES, DERECHOS DEBERES Y GARANTIAS
Principios generales. Forma de gobierno
Art. 1º.- La Provincia de Misiones, con los límites que históricamente y por derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable de la Nación Argentina, al restituirse al ejercicio de los derechos no delegados al gobierno de la Nación, organiza sus poderes bajo el sistema republicano, democrático y representativo de gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional.
Art. 2º.- La soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, pero éste no gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades legítimamente constituidas, sin perjuicio de los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.
Art. 4º.- En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas.
Art. 5º.- En caso de intervención del gobierno federal, los actos que sus representantes ejecuten en el ejercicio de sus funciones serán de ningún valor para la Provincia si no se hubiesen realizado de acuerdo con lo que dispone esta Constitución y las leyes provinciales.
Art. 6º.- Ningún magistrado o funcionario público podrá delegar sus funciones en otra persona ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, bajo pena de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por esta Constitución.
Art. 7º.- Los habitantes de la Provincia gozan de todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Art. 8º.- El Estado tutela la seguridad de todos y de cada uno de los habitantes de la Provincia; a tal fin se declaran inviolables los derechos y garantías a que se refiere el artículo precedente y los que posibiliten el pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humanas.
Art. 9º.- Los habitantes en la Provincia tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, la que deberá tener acción y fuerza uniformes para todos y asegurar igualdad de oportunidades.
Cada habitante tiene el deber de contribuir de acuerdo a sus posibilidades al bienestar común y el correlativo derecho de participar de sus beneficios.
Art. 11.- Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de reunirse pacíficamente para tratar asuntos políticos, gremiales, económicos, religiosos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, en locales cerrados, particulares o públicos, sin permiso previo. Sólo cuando las reuniones se realicen en lugares abiertos y públicos deberá preavisarse a la autoridad.
Art. 12.- Los habitantes de la Provincia gozarán de la libertad de expresar sus pensamientos y opiniones por cualquier medio y recibir o suministrar toda clase de informaciones. Los abusos de estos derechos serán reprimidos por la justicia ordinaria o el jurado, conforme a la ley que dicte la Provincia. Esta no podrá dictar leyes u otras medidas que, so pretexto de sancionar los abusos restrinjan o limiten tales derechos, como tampoco tendientes a coartar la difusión o libre expresión de las ideas; ni impedir o dificultar el funcionamiento de los talleres de imprenta, difusoras radiales y demás medios idóneos para la propagación del pensamiento; ni clausurar los locales en que ellos funcionen.
Art. 15.- Las cárceles de la Provincia serán sanas, limpias y adecuadas para facilitar la readaptación social de los detenidos, presos o reclusos. Bajo estas mismas condiciones, La Provincia creará institutos especiales para menores y mujeres, y establecimientos para encausados y contraventores. Ninguna detención o arresto se
hará en cárceles de penados sino en locales destinados a ese objeto.
Art. 16.- Frente a cualquier decisión o acto arbitrario de la autoridad, en relación tanto a la persona como a los derechos de los habitantes de la Provincia, y ya se trate de una lesión jurídica consumada como de una amenaza inminente, proceden los recursos de hábeas corpus o de amparo a los fines de que cese el efecto de lo ya consumado o no se lleve a cabo lo amenazado.
Art. 17.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior podrán ser interpuestos por el interesado o cualquier persona, sin necesidad de observar formas procesales, ante cualquier juez letrado de primera instancia, sin distinción de fueros o circunscripciones.
Art. 18.- Tanto en el caso de hábeas corpus como en el de amparo de cualquier derecho, el trámite de recurso será breve y sumarísimo, siendo responsable el juez que en él entienda de toda dilación inconducente o injustificada.
Art. 19.- Para el juzgamiento de las causas criminales la Provincia implantará el juicio oral, público, continuo y contradictorio. A tal efecto la ley creará los tribunales colegiados de derecho que sean necesarios así como los cargos que deban complementarlos.
Art. 21.- La acción penal en los delitos de acción pública pertenece exclusivamente al Estado. Es indisponible y su promoción y ejercicio no pueden ser compartidos. La ley procesal, en consecuencia, instituirá al ministerio público como único promotor y ejecutor de la acción pública, sin perjuicio de los damnificados por el delito puedan hacer en sede penal sus pretensiones resarcitorias o indemnizatorias.
Art. 22.- La incomunicación de los detenidos no podrá prolongarse más de cuarenta y ocho horas. En caso de que resultare indispensable a los fines de la investigación, podrá ampliarse por un lapso igual, mediante decisión judicial motivada.
Art. 23.- El sumario criminal es secreto sólo para los extraños. En caso de evidente necesidad, que el juez motivará suficientemente, podrá decretarse el secreto total o parcial por un lapso prudencial para la investigación, y que en ningún caso podrá exceder de cinco días.
Art. 25.- Nadie puede ser procesado más de una vez por el mismo hecho y en caso de duda se estará siempre a los más favorable al reo.
Art. 26.- Nadie puede ser considerado responsable sin sentencia judicial firme que así lo declare. Mientras ello no ocurra, todo imputado de delito goza de la presunción constitucional de inocencia.
Los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley penal en contra del procesado. Siempre se aplicará, aun con efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado.
Art. 29.- Los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los que ésta misma establece no serán entendidos como negación de otros no enumerados que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humanas.
Art. 31*.- La Legislatura creará un organismo de vigilancia y aplicación de las leyes que aseguren al trabajador, sin distinción de sexos: condiciones dignas y equitativas de labor; jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagadas; retribución justa:
salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; el derecho de huelga y toda legislación laboral. La Legislatura organizará la justicia laboral.
* Modificado por Ley N.º 254
Art. 32.- Sin perjuicio de los derechos que la Constitución y leyes nacionales
acuerden al trabajador, la legislación provincial establecerá la libre elección de la ocupación; la regulación y control de los trabajos nocturnos e insalubres; los de las mujeres y de los menores; la seguridad en el trabajo y el derecho a la vivienda higiénica y decorosa.
Art. 34.- Los sindicatos inscriptos no serán intervenidos ni sus locales clausurados sino por resolución judicial fundada en ley. Queda establecida la protección para el trabajador que ejerza cargos directivos en sus organizaciones sindicales o que invista representación conferida por éstas. La ley reglamentará esta protección asegurando el ejercicio de sus funciones.
1. Protección integral de la familia, procurándole los medios que le sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales, económicas y sociales.
2. El amparo a la maternidad, a la infancia, minoridad, incapacidad y a la
ancianidad de quienes carecen de familia.
Art. 38.- Toda mujer que esté por dar a luz o haya dado a luz, todo anciano, todo discapacitado y todo menor de edad que se encuentren en estado de desamparo, serán protegidos por el Estado. A tal efecto la ley creará los organismos que asumirán esas tareas.
La Cámara de Representantes proveerá por ley el establecimiento de un sistema de educación que contemple primordialmente la instruccción primaria y secundaria, y organizará la instrucción especial y superior.
Art. 41.- Las leyes que organicen y reglamente la educación se sujetarán a los principios y reglas siguientes:
1. La educación primaria es común y obligatoria en las condiciones y bajo las penas
En las escuelas, institutos u organismos del Estado es, además, gratuita e integral.
2. Será de caracteres fundamentalmente nacional y específicamente regional, y
tendrá como finalidad capacitar para dar satisfacción a las necesidades individuales y colectivas de la vida real, orientándose a formar ciudadanos aptos para la vida democrática y para la convivencia humana con sentido de solidaridad social.
Juntamente con la enseñanza primaria, secundaria y especial, se impartirán conocimientos prácticos, relacionados con los sistemas cooperativos, con las actividades agrotécnicas e industriales, según la preponderancia de las mismas en los respectivos lugares.
3. Podrá ser recibida en escuelas, fiscales o particulares, o en el hogar. El Estado
reconoce el derecho de todos a elegir libremente la escuela que corresponda a su
ideal educativo. Cualquier persona o entidad podrá fundar y mantener establecimientos de enseñanza conforme a las leyes que reglamenten su funcionamiento.
4. La Provincia creará el seguro de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, y asegurará una efectiva igualdad de oportunidades mediante el otorgamiento de becas y sistemas de créditos complementarios.
Art. 43.- La organización y dirección técnica y administrativa de la educación, excepto la universitaria, estará a cargo de un Consejo General de Educación autónomo compuesto de: un director general de educación, docente que ejercerá su presidencia, y cuatro vocales.
El presidente y dos de los vocales serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes y los restantes elegidos por los docentes en actividad dependientes de la repartición. Durarán cuatro años en sus funciones, son reelegibles y sólo podrán ser removidas por el jurado de enjuiciamiento por las causas y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 158 de esta Constitución.
Art. 46.- La administración y disposición de los bienes y rentas escolares estarán a cargo del Consejo General de Educación.
Art. 47.- La ley establecerá en el Estatuto del Docente, los deberes del personal dependiente del Consejo General de Educación afectado a la enseñanza o que colabore directamente en esta funciones con sujeción a normas pedagógicas, y le asegurará, sin perjuicio de los reconocidos por otras leyes, los siguientes derechos básicos: estabilidad, ascenso, traslado, vacaciones, estado docente, participación en el gobierno escolar, perfeccionamiento cultural y técnico, jubilación, asistencia social, agremiación y los que contribuyan a la dignificación de la función docente.
1. La representación política tiene por base la población.
2. El sufragio es universal, directo, secreto y obligatorio.
3. Son electores los ciudadanos, de ambos sexos, inscriptos en el registro cívico de la
Nación y domiciliados en la Provincia.
Cuando el registro cívico de la Nación no se ajuste a los principios de esta Constitución y leyes provinciales para el ejercicio del sufragio, la ley dispondrá la formación del registro cívico de la Provincia, bajo la dirección del Tribunal Electoral.
4. La Provincia constituye un distrito electoral único para todos los actos electorales
que no tengan un régimen especial creado por esta Constitución.
5. El sistema electoral que regirá para la integración de los cuerpos colegiados
deberá conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o minorías, que no podrá ser inferior al tercio del total.
6. Toda elección se hará por lista de candidatos oficializada por el Tribunal
Electoral. El orden de colocación de los candidatos en la lista oficializada
determinará la proclamación de los que resultaren electos.
7. Los electores no podrán ser detenidos veinticuatro horas antes ni después de
cerrado el acto eleccionario. A la hora fijada, cada mesa receptora de votos
practicará el escrutinio provisional.
8. Durante la elección, en el radio del comicio, no habrá más autoridad que la del
presidente del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir las fuerzas de
seguridad y los ciudadanos.
9. Los partidos actuantes podrán designar fiscales en todas y en cada una de las
mesas y ante el Tribunal Electoral.
10. No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las seguridad nacionales y provinciales.
Art. 49.- El Tribunal electoral, que tendrá carácter permanente, estará integrado
por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un juez letrado y un miembro del ministerio público con asiento en la capital de la Provincia, designados por sorteo. El Tribunal Electoral funcionará en el local de la Legislatura bajo la presidencia del primero y tendrá las atribuciones que la ley establezca.
POLITICA ECONOMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Art. 54.- La ley reglamentará la colonización oficial o privada, sobre las siguientes
1. Distribución por unidades económicas del tipo familiar, de acuerdo a su calidad y
destino, evitando el minifundio.
2. Explotación directa y racional por el adjudicatario.
3. Adjudicación preferencial a grupos organizados en cooperativas.
4. Trámite sumario para el otorgamiento de los títulos, una vez cumplidas las
5. Otorgamiento de crédito oficial con destino a la vivienda y producción.
1. Conservación y mejoramiento de los suelos, de la flora y de la fauna.
2. Creación de escuelas especializadas para la educación agraria integral.
3. Régimen de crédito agrario tendiente a facilitar la explotación de la tierra y el
afincamiento de la familia.
4. Seguro agrario obligatorio.
5. Promoción de la vivienda digna e higiénica para el trabajador rural.
Es facultad de la Provincia realizar por sí o convenir con la Nación o con otras provincias su explotación, cateo y extracción, así como su explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto de la regalía o contribución por percibir.
Art. 59.- Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los municipios y se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada por el Estado, entes autárquicos o autónomos o cooperativas de usuarios en los que podrán intervenir las entidades públicas. E las localidades o centros de menor importancia podrá otorgarse la concesión a pequeñas empresas o a particulares, debiéndose ajustar la explotación a lo que determine la ley. Los de transporte terrestre o de la navegación por líneas regulares podrán concederse a empresas privadas o a cooperativas, pero dicha concesión deberá ser aprobada por la ley. También se podrán celebrar acuerdos con la Nación, otros estados provinciales o municipios para su explotación. La ley determinará la forma de explotación de los servicios públicos.
Art. 61.- La Provincia, dentro de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución, podrá controlar, tomar a su cargo o destinar para cooperativas o entidades similares, cuando el bien común lo exija, aquellas actividades en que predomine el interés público y en que la iniciativa privada sea insuficiente, monopolista o privilegiada.
Art. 62.- La Provincia reconoce la función social del cooperativismo.
Promoverá y favorecerá su incremento por los medios más idóneos y asegurará su carácter y finalidades y facilitará el acceso directo de las cooperativas de producción a los mercados consumidores nacionales y extranjeros.
Art. 63.- El Estado provincial estimulará el aumento real del ahorro hasta niveles óptimos, haciéndole cumplir su función económico-social a través de la capitalización básica en la Provincia y asegurando su inembargabilidad. Regulará y controlará los sistemas de crédito y reprimirá el interés usurario.
Art. 64.- La Provincia creará bancos como entidades estatales o mixtas, debiendo en este último caso tener la mayoría absoluta del capital. Estará representada en el gobierno del banco únicamente por los directores nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura. También propenderá a la creación o radicación de nuevos bancos en su territorio, especialmente los cooperativos y de fomento agrario- industrial.
1. Fomento del crédito industrial y minero.
2. Construcción, consolidación y mejoramiento de la red vial, estimulando la
iniciativa y cooperación privada para su aplicación.
3. Instalación y mejoramiento de puertos y aeropuertos.
4. Fomento del turismo en todos sus aspectos, procurando ponerlo al alcance de los
habitantes de la Provincia y particularmente de los empleados, obreros y escolares.
Art. 67.- El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su gestión con los fondos del Tesoro Provincial formando: con el producido de la actividad económica del Estado, de las contribuciones permanentes y transitorias que la Legislatura establezca, de la venta y locación de las propiedades fiscales; de los productos, frutos y rentas de otros bienes de su pertenencia; de la participación que le corresponde en impuestos fijados por la Nación, de los servicios que prestare y de los empréstitos y demás operaciones de crédito que realizare para atender necesidades de urgencia o emprender obras de utilidad o beneficio colectivo.
Art. 70.- Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra pública y demás contratos se hará por el sistema de subasta o licitación pública, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
Los funcionarios y empleados a sueldo del Estado no podrán intervenir como oferentes, apoderados o intermediarios en licitaciones públicas bajo pena de nulidad y cesantía.
El impuesto directo se orientará preferentemente hacia la gravación de los ingresos en forma progresiva, pero estableciendo que la misma no impida el ahorro y la capitalización. El mismo criterio se aplicará en la transmisión gratuita de bienes, sobre todo en los medios rurales de explotación, y al patrimonio y renta mínimos que constituyan un bien individual familiar, los que podrán llegar a ser eximidos de cargas por períodos y en la forma que establezca la ley.
Art. 73.- En una misma fuente no podrán superponerse gravámenes de igual naturaleza y categoría, aunque la superposición se opere entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
La Provincia, a fin de evitar la múltiple imposición, convendrá con la Nación y municipalidades la forma de aplicación y percepción de los impuestos que le corresponde recaudar.
Art. 74.- La participación en la percepción de impuestos o contribuciones que corresponda a las municipalidades y organismos descentralizados les será entregada por los menos trimestralmente. Del incumplimiento de esta obligación serán responsables el gobernador y el ministro del ramo, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al contador de la Provincia.
Art. 76.- No podrán ocupar cargos públicos los deudores de la Provincia que, ejecutados legalmente, no hubieren pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia y los quebrados fraudulentos no rehabilitados.
Art. 77.- La Legislatura dictará el estatuto del empleado público que garantizará los siguientes derechos básicos: preferente admisión por concurso, estabilidad, ascenso, vacaciones, asistencia social, agremiación, pensión y jubilación móviles y todo lo que dignifique la carrera administrativa.
Art. 79.- El funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal.
Art. 81.- La Provincia podrá ser ejecutada en la forma ordinaria si transcurrido un año de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere quedado firme la Legislatura no arbitrare los recursos para efectuar el pago.
PODERES Y ENJUICIAMIENTO POLITICO
Art. 82.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de Representantes elegida directamente por el pueblo, en la proporción de uno por cada doce mil habitantes o fracción que no baje de ocho mil quinientos, con arreglo a la población censada. Después de cada censo nacional o provincial, la ley determinará el número de habitantes a quienes ha de representar cada diputado, a fin de que en ningún caso el número total exceda de cuarenta ni sea menor de treinta.
Art. 83.- Para ser miembro de la Cámara de Representantes se requerirá haber cumplido la edad de veinticinco años, tener ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida; ser nativo de la Provincia, o tener dos años de residencia inmediata en ella.
Art. 84.- Los diputados durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitades cada bienio, a cuyo efecto los electos para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deben cesar en el primer período. Las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen la quinta parte del total de la Legislatura.
1. El de funcionario o empleado público a sueldo de la Nación, de las provincias o de
las municipalidades, con excepción de la docencia y de las comisiones honorarias o eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el consentimiento de la Cámara.
2. El de funcionario o empleado dependiente de una empresa particular que se rija
por concesiones de la Legislatura y tenga, por ese solo hecho, relaciones con los poderes públicos de la Provincia.
3. Todo otro cargo de carácter electivo, sea nacional, provincial o municipal.
El diputado que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo, será separado de la representación.
Art. 86.- No podrán celebrar contratos con la administración federal, provincial o municipal, ni patrocinar causas contra la Nación, provincias o municipios, ni
defender intereses privados ante la administración pública. Tampoco podrán participar en empresas beneficiadas con privilegios o concesiones dadas por el Estado.
Art. 87.- Los diputados prestarán en el acto de su incorporación juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en un todo de acuerdo con lo que prescribe esta Constitución.
Art. 88.- Los diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que manifiesten o votos que emitan en el desempeño de su cargo. Gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el cese. Tampoco podrán ser arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena corporal, en el cual caso deberá darse cuenta de la detención dentro del plazo de tres días a la Cámara, la que al conocer el sumario podrá allanar el fuero del acusado con el voto de los dos tercios de sus miembros.
Art. 89.- Cuando se promueva acción penal contra un miembro de la Cámara, ésta podrá, luego de examinar el mérito del sumario en juicio público, con los dos tercios de votos de los miembros presentes, levantar los fueros y ponerlo a disposición de juez competente.
Art. 90.- Con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros podrá corregir con multa, suspensión y aun con la expulsión de su seno, a cualquiera de sus miembros por la inasistencia reiterada y contumaz o mala conducta en el desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad física o moral, sobrevinientes a su incorporación. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir de la renuncia que voluntariamente cualquiera hiciere de su cargo.
Art. 92.- La Cámara dictará su reglamento, que no podrá modificar sobre tablas ni en un mismo día.
Art. 95.- La Cámara podrá hacer concurrir al recinto de sesiones a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes, citándolos con tres días de anticipación por lo menos, salvo los casos de urgencia, comunicando en la citación los puntos sobre los cuales deberá informar. Podrá también la Cámara o sus comisiones pedir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial los datos e informes que estime necesarios y éstos están obligados a darles en el tiempo
en que le sean solicitados. Esta facultad podrá ejercerla también cuando se trate de sesiones de prórroga o extraordinarias.
Art. 97.- Por motivos de interés público y urgente el Poder Ejecutivo podrá convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias o convocarse ésta por sí misma cuando un tercio de sus miembros lo solicitare. En ambos supuestos se considerarán exclusivamente los asuntos que determinare la convocatoria. En caso de haber sido convocada por petición de sus miembros, la Cámara deberá decidir si la convocatoria se halla justificada.
Art. 98.- La Cámara no podrá sesionar sin la mayoría de los miembros que la componen, pero después de tres citaciones especiales consecutivas sin poderse reunir por falta de quórum podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros, con excepción de los casos en que por esta Constitución se exija quórum especial.
Las citaciones especiales a que se refiere este artículo se harán con un intervalo no menor de cuarenta y ocho horas a contar desde la emisión de las citaciones y en dichas sesiones no se podrán tratar otros asuntos que los determinados en el orden del día.
Art. 100.- Durante el receso de la Cámara de Representantes funcionará una Comisión Legislativa Permanente que intervendrá en los asuntos urgentes, las que estará presidida por el presidente de la Cámara y cuya composición y facultades se determinarán en el reglamento.
1. Aprobar o desechar los tratados con la Nación y con otras provincias.
2. Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para atender los gastos de
servicio de la administración, seguridad y bienestar general de la Provincia.
3. Fijar por un año o período superior hasta un máximo de tres, a propuesta del
Poder Ejecutivo, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos.
Si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyecto de presupuestos y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de julio, la Cámara podrá iniciar su estudio y sancionarlo tomando como base las leyes vigentes.
Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiere sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren en vigencia.
4. Legislar sobre el uso, disposición y enajenación de las tierras e inmuebles de
5. Calificar los casos de expropiación por causas de utilidad pública o interés
general, determinando los fondos con que debe hacerse la indemnización previa.
6. Autorizar la Poder Ejecutivo, con los dos tercios de los miembros presentes, a
contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizado para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En
ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia. Ni el numerario obtenido de los mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación.
7. Promover la colonización en las tierras fiscales o en los latifundios que no
cumplan la función social de la propiedad; fomentar la producción, la industria y el comercio auspiciando el desarrollo de las empresas cuyo capital contribuya al bienestar general; propender a la formación de sociedades cooperativas; fomentar el incremento de las actividades agropecuarias; planificar una plantación forestal que persiga una racional explotación de sus bosques y la forestación y reforestación; auspiciar el turismo contemplando la finalidad social de su objetivo; facilitar los medios de transporte hacia los centros de consumo y puestos de embarque, mediante caminos, vías férreas y medios de transporte fluvial y aéreo, y, en general, desarrollar una política legislativa tendiente al bienestar social y a la felicidad de los habitantes de la Provincia.
8. Arreglar el pago de las deudas de la Provincia, dictar la ley orgánica del crédito
público, autorizar el establecimiento y funcionamiento de las entidades bancarias.
9. Disponer la creación de villas, declarar ciudades y promover la construcción de
Acordar subsidios, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a las municipalidades.
11. Establecer la división política de la Provincia y los ejidos municipales, tomando
por base la extensión, población y continuidad.
12. Acordar amnistías por delitos políticos, faltas o contravenciones previstas en la
legislación provincial, excepto los de fraude electoral o contra la libertad de
13. Crear o suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia,
determinando sus atribuciones y responsabilidades, evitando los excesos de la
14. Dictar las leyes que aseguren y garanticen el ejercicio de los derechos sociales.
15. Dictar leyes sobre jubilaciones, retiros y pensiones para el personal de la
administración provincial y municipal y aprobar los convenios que a tal fin pudieren celebrarse con la Nación u otras provincias y municipalidades.
16. Dictar la ley de elecciones generales para toda la Provincia según los principios
enunciados en esta Constitución.
17. Dictar leyes relativas a la educación.
18. Acordar recompensas de estímulo.
19. Dictar códigos de procedimientos, rural y fiscal; leyes de organización de la
administración de justicia, del Registro Civil, orgánica municipal, de tierras públicas, de bosques, viales y de expropiaciones, de régimen de los partidos políticos, de
estatuto del empleado y del estatuto del docente.
20. Autorizar la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública,
con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara, cuando esa cesión importe abandono de jurisdicción o desmembramiento territorial, dentro de los límites prescriptos por la Constitución Nacional. En este caso la ley deberá ser ad referéndum.
21. Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultades para designar su
personal y administrar los fondos que se les asigne, dentro de las prescripciones de la ley de creación.
22. Ejercer la legislación exclusiva sobre los servicios públicos de la Provincia
establecidos fuera de la jurisdicción municipal.
23. Declarar intervenidos a los organismos municipales en los casos autorizados por
24. Tomar juramento al gobernador y vicegobernador y sus reemplazantes en cada
caso, concederles o negarles licencias para salir temporalmente del territorio de la
Provincia, incluso de la capital por más de 15 días consecutivos, aceptar o rechazar sus renuncias.
25. Prestar o no acuerdo para el nombramiento de magistrados y funcionarios.
26. Elegir senadores nacionales y considerar sus renuncias cuando sean presentadas
antes de su incorporación al Senado de la Nación.
27. Autorizar, aprobar o disponer la movilización de milicias por el Poder Ejecutivo
en los casos del artículo 108 de la Constitución Nacional.
28. Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores
atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia que por su naturaleza y objeto no corresponda privadamente al Congreso Nacional.
En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: "La Cámara de Representantes de la Provincia sanciona con fuerza de ley".
Art. 104.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, volverá con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. No existiendo la mayoría citada para su insistencia ni mayoría para aceptar la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse en las sesiones de ese año.
Vetado en parte un proyecto de ley el Poder Ejecutivo no podrá promulgarse la parte no vetada, excepto respecto de la ley general de presupuesto, que, en caso de ser vetada, sólo será reconsiderada en la parte observada, quedando el resto en vigencia.
Si al tiempo de devolver el Poder Ejecutivo una ley observada la Cámara hubiere entrada en receso, ésta podrá pronunciarse acerca de la aceptación o no aceptación de las observaciones durante las sesiones de prórroga extraordinarias u ordinarias subsiguientes.
Art. 107.- El gobernador y el vicegobernador serán elegidos a simple pluralidad de sufragios; durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en el mismo día que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación ni tampoco que se les complete más tarde.
Art. 108.- Al tomar posesión de cargos el gobernador y vicegobernador prestarán juramento ante la Cámara de Representantes y en su defecto ante el Superior Tribunal de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución y leyes de la Nación y de la Provincia.
Art. 110*.- El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelegidos hasta por un período legal. Asimismo podrán sucederse recíprocamente por un único período sin derecho a reelección.
* Modificado por Ley N.º 2.604
Art. 111.- El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones residirán en la capital de la Provincia, no podrán ausentarse de ella por más de quince días sin permiso de la Legislatura y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este
La ausencia simultánea del gobernador y del vicegobernador de la capital por más de tres días y de la Provincia por cualquier tiempo, confiere de hecho el ejercicio del cargo a sus reemplazantes legales.
En caso de acefalía el cargo de gobernador será ejercido interinamente por el presidente de la Cámara de Representantes, quien dentro del término de cinco días convocará a elecciones para reemplazarlo, siempre que faltare más de dos años para completar el período constitucional.
Si faltare menos de dos años, la Cámara de Representantes convocada especialmente dentro del mismo plazo, procederá a elegir gobernador y vicegobernador por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
En caso de acefalía total por impedimento o renuncia del gobernador y sus substitutos legales, el Poder Ejecutivo será asumido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia a los efectos de la convocatoria inmediata a elecciones.
Art. 113.- Si antes de asumir el cargo el ciudadano electo gobernador falleciere, renunciare o no pudiere ejercer el cargo, se procederá a una nueva elección.
Art. 114.- El gobernador y el vicegobernador gozarán de las mismas inmunidades que los diputados.
Art. 115.- El gobernador y el vicegobernador no podrán ausentarse de la Provincia sin autorización de la Cámara de Representantes, hasta tres meses después de haber cesado en sus funciones.
Art. 116.- El gobernador es el jefe de la administración y representa a la Provincia
en sus relaciones con los poderes públicos de la Nación y con las demás provincias y tiene los siguientes deberes y atribuciones:
1. Informar a la Cámara de Representantes al iniciarse cada período de sesiones
ordinarias del estado general de la administración, del movimiento de fondos que se hubiere producido dentro o fuera del presupuesto general durante el ejercicio económico anterior y de las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas.
2. Participar en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, teniendo el
derecho de iniciarlas por proyectos presentados a la Legislatura y tomar parte en su
discusión por sí, por medio del vicegobernador o de los ministros.
3. Votar total o parcialmente las leyes sancionadas por la Cámara de
Representantes, en la forma dispuesta por esta Constitución dando los fundamentos de las observaciones que formule.
4. Presentar dentro de los tres primeros meses de iniciado el período de sesiones
ordinarias el proyecto de ley de presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas, acompañado del plan de recursos.
5. Hacer recaudar las rentas de la Provincia, decretar su inversión con arreglo a la
ley y dar a publicidad, por lo menos trimestralmente, el estado de la Tesorería.
6. Convocar a elecciones conforme a esta Constitución y leyes respectivas.
7. Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura cuando lo exija un grave
interés público, salvo el derecho de ésta para apreciar y decidir, después de
reunida, sobre los fundamentos de la convocatoria.
8. Celebrar y firmar contratos con otras provincias para fines de administración de
justicia, intereses económicos y trabajos de utilidad común con la aprobación del Poder Legislativo, dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional.
9. Nombrar y remover a los ministros-secretarios y demás funcionarios y empleados
de la administración, cuyos nombramientos no estén acordados a otro poder.
10. Nombrar con acuerdo de la Cámara de Representantes los magistrados del
Superior Tribunal de Justicia, fiscales, defensores de menores, jueces de primera instancia, fiscal de Estado, contador, subcontador, tesorero, subtesorero, miembros
del Tribunal de Cuentas, director general de Educación y vocales del Consejo General de Educación.
11. Nombrar y remover los funcionarios y empleados con las exigencias y
formalidades legales. Durante el receso de la Cámara de Representantes los nombramientos que requieran acuerdos se harán "en comisión", con cargo de dar cuenta en los primeros quince días del período de sesiones ordinarias, bajo sanción de que si así no se hiciere los funcionarios cesarán en sus empleos.
Ejercer la policía de la Provincia.
Prestar inexcusablemente el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de
justicia, al presidente de la Cámara de Representantes, a las municipalidades y demás autoridades y funcionarios que por la Constitución o por la ley puedan hacer
14. Indultar o conmutar las penas impuestas, dentro de la jurisdicción provincial,
previo informe favorable del Superior Tribunal de Justicia, excepto en los casos de delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al procedimiento del
juicio político o del jurado de enjuiciamiento.
15. Ejercer la jurisdicción administrativa en el modo y forma que la ley determine.
16. Conceder pensiones y jubilaciones conforme a la ley de la materia.
17. Expedir decretos, instrucciones o reglamentos para la ejecución de las leyes.
Art. 117.- El gobernador no puede expedir resoluciones ni decretos sin la firma de los ministros respectivos, salvo el nombramiento o remoción de éstos.
Art. 118.- El gobernador o el vicegobernador, en su caso, y los ministros en los actos que legalicen con su firma o acuerden en común, son solidariamente responsables y pueden ser acusados ante la Cámara de Representantes.
1. Asistir a los acuerdos de ministros, pudiendo suscribir los decretos que en los
mismos se elaboren.
2. Mantener relaciones con los demás poderes del Estado a fin de establecer una
armónica coordinación con los mismos.
3. Dedicar preferente atención a los problemas agrarios y los que, en general,
afecten al interior de la Provincia.
Art. 123.- Son responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.
Art. 124.- Dentro de los treinta días posteriores a la apertura del período de sesiones, los ministros presentarán a la Cámara de Representantes una memoria detallada del estado de la administración correspondiente a sus respectivos departamentos, sugiriendo las reformas e iniciativas que consideren necesarias.
Art. 129.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia. Será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes.
Art. 130.- La ley determinará las condiciones requeridas para ser designado contador, subcontador, tesorero o subtesorero de la Provincia como también sus funciones, duración y responsabilidades. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes, siendo tales cargos incompatibles con cualquier otro empleo y con el ejercicio de toda profesión, excepto de la docencia.
Art. 131.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, la Contaduría no prestará su conformidad a pago alguno que no esté autorizado por la ley general de presupuesto
o por leyes especiales.
Art. 133.- Sin perjuicio de lo que disponga la ley, el Tribunal tendrá las siguientes
1. Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto
provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.
A tal fin los poderes públicos, las municipalidades, y los que administren los
caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas
documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término de un año de la presentación; de los contrario se tendrán por aprobadas sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del Tribunal.
2. Inspeccionar las oficinas provinciales y municipales, que administren fondos
públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la
forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.
3. Fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del
Art. 135.- La Policía de Seguridad y Defensa tendrá jurisdicción exclusiva en toda la Provincia, y ésta no podrá admitir en su territorio otras fuerzas similares nacionales que las de seguridad y custodia de fronteras o aquellas a cuya admisión se obligue mediante leyes convenios.
Art. 138.- Para ser magistrado del Superior Tribunal de Justicia o procurador general se requieren: ser ciudadano nativo o naturalizado con diez años de ejercicio en la ciudadanía, tener título de abogado expedido por universidad nacional o extranjera legalmente admitido por la Nación, treinta años de edad y seis en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura. Para ser miembro o fiscal de cámara bastarán cuatro años.
Art. 139.- Para ser juez letrado de primera instancia se requiere: ciudadanía, tener más de veinticinco años y ser abogado con tres años de ejercicio.
Art. 140.- Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los tribunales
inferiores, así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo para su designación, son inamovibles y conservarán sus respectivos cargos mientras observan buena conducta y cumplan con sus obligaciones. Su retribución será establecida por ley y no podrá ser disminuida. No podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento y solamente podrán ser removidos en la forma que se determina en esta Constitución. No podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, ni arrestado, excepto en el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena corporal.
Art. 141.- En ningún caso el gobernador de la Provincia u otro funcionario del Poder Ejecutivo podrá ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Art. 143.- El Superior Tribunal de Justicia y los demás tribunales inferiores de la Provincia aplicarán esta Constitución como ley suprema con relación a leyes locales.
Art. 144.- Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que celebre la Provincia y por las leyes; de las causas que se susciten contra los funcionarios y empleados que no estén sujetos a juicio político ni al jurado de enjuiciamiento y de las regidas por los códigos enumerados en el artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional según que las cosas o personas caigan bajo la jurisdicción provincial.
Art. 145.- El Superior Tribunal de Justicia tiene en materia judicial las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que le confiere a la ley conforme a su función y jerarquía.
1. Ejerce jurisdicción originaria y por apelación para conocer y resolver sobre la
constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos
que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución.
2. Conoce y resuelve originariamente en los conflictos de jurisdicción y competencia
entre los poderes públicos de la Provincia o de sus diversas ramas y en los que se susciten entre los tribunales de justicia.
3. Conoce y resuelve originariamente en lo contencioso-administrativo de acuerdo a
lo que establezca la ley de la materia, pudiendo mandar cumplir directamente su sentencia por las oficinas, funcionarios o empleados respectivos. Si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada, incurre en responsabilidad por su incumplimiento.
Conoce y resuelve en los recursos extraordinarios que la ley de procedimientos
acuerde contra sentencias definitivas.
5. Conoce y resuelve en las recusaciones de sus vocales y en las quejas por
denegación o retardo de justicia contra los miembros de las cámaras de apelaciones.
Art. 146.- En materia administrativa y sin perjuicio de las demás que la ley otorgue, tiene las siguientes atribuciones.
1. Dicta su reglamento interno y ejerce la superintendencia de toda la
2. Remite anualmente al Poder Ejecutivo y por su conducto a la Legislatura, una
memoria sobre el estado y necesidad de la administración de justicia, pudiendo proponer en forma de proyectos las reformas de procedimientos y organización que
tiendan a mejorarla.
3. Nombra y remueve directamente a los secretarios y empleados del tribunal, y a
propuesta de los jueces y funcionarios del ministerio público, al personal de sus respectivas dependencias.
4. Presenta anualmente al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos de la
administración de justicia a fin de ser incluido en el presupuesto general de la Provincia.
5. Dispone y administra sus bienes y los fondos asignados por la ley.
La Legislatura propenderá a la creación y estructuración de la policía judicial, integrada por un cuerpo de funcionarios inamovibles, con capacitación técnica, exclusivamente dependiente del Poder Judicial.
Los jueces de paz letrados serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, inciso 10, de esta Constitución y equiparados a los de primera instancia
en cuanto a jerarquía, estabilidad y prerrogativas.
Art. 150.- Los jueces de paz no letrados serán nombrados por el Superior Tribunal de Justicia de una terna propuesta por la autoridad municipal local y ejercerán sus funciones judiciales con la competencia que la ley determina.
Art. 151.- El gobernador, el vicegobernador y sus reemplazantes legales y los magistrados del Superior Tribunal de Justicia pueden ser denunciados por cualquier habitante de la Provincia ante la Cámara de Representantes por incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos o por delitos comunes.
Art. 155.- Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una comisión de tres miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en tribunal de sentencia, previo juramento especial, en cada caso, de sus miembros.
Art. 156.- Entablada la acusación por sala acusadora, el tribunal de sentencia procederá a conocer la causa que fallará en el término de treinta días. El juicio será oral y público y se garantizará la defensa y el descargo del acusado. Si vencido dicho
término no se hubiere dictado sentencia, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones.
Art. 157.- Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la segunda sala. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto que recaiga sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación.
El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, quedando siempre sujeto a la acusación, juicio o condena, conforme a la legislación represiva común.
Art. 158.- Los miembros del Poder Judicial y los funcionarios no sujetos al juicio político y que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento, podrán ser acusados por cualquier habitante y por las mismas causas del artículo 151 ante un jurado de enjuiciamiento, que estará integrado por el Presidente del Superior Tribunal, dos ministros de éste, dos legisladores y dos abogados de la matrícula.
Art. 160.- El acusado continuará en el ejercicio de sus funciones, si el jurados no resolviere lo contrario. El fallo deberá expedirse dentro de los sesenta días a contar desde la admisión de la demanda, bajo pena de nulidad y tendrá el mismo alcance que el finado en el artículo 157 de esta Constitución.
Art. 162.- La ley establecerá tres categorías de municipios, de acuerdo al número de sus habitantes.
El gobierno de los municipios de primera y segunda categorías se ejercerá por una rama ejecutiva y otra deliberativa.
Los municipios de tercera categoría, por comisiones de fomento.
Art. 163.- Todas las autoridades municipales son electivas en forma directa. Los intendentes, a simple pluralidad de sufragios; los concejales y los miembros de las comisiones de fomento, por el sistema de representación proporcional.
Art. 164.- Serán electores los ciudadanos del municipio que estén inscriptos en el padrón provincial y los extranjeros, de ambos sexos, que se inscriban en el registro municipal, los que deberán tener más de dieciocho años de edad, saber leer y escribir en idioma nacional, ejercer actividad lícita, tener tres años de residencia permanente en el municipio y acreditar además algunas de esta condiciones:
1. Ser contribuyente directo.
2. Tener cónyuge o hijo argentino.
1. El impuesto a la propiedad inmobiliaria y a las actividades lucrativas, en
concurrencia con la Provincia y en la forma que la ley determine.
2. Las tasas y patentes.
Las contribuciones por mejoras.
Las multas por contravenciones a sus disposiciones y todos los demás recursos que
la ley atribuya a los municipios.
1. En caso de acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus
2. Cuando no cumpliere con los servicios de empréstitos o si de tres ejercicios
sucesivos resultare un déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera.
3. Para normalizar la situación institucional.
Art. 169.- La intervención se hará en virtud de ley, por tiempo determinado, con fines a restablecer su normal funcionamiento y convocar a elecciones dentro de un plazo no mayor de sesenta días. Si la Cámara de Representantes se encontrare en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la intervención, ad referéndum de lo que ésta resuelva, a cuyo efecto, por el mismo decreto, deberá convocarla a sesiones extraordinarias.
1. Convocar a elecciones municipales.
2. Sancionar anualmente su presupuesto de gastos y su cálculo de recursos.
3. Entender en todo lo relativo a edificación, tierras fiscales municipales,
abastecimiento, sanidad, asistencia social, espectáculos públicos, costumbres y moralidad, servicios públicos urbanos, reglamentación y habilitación de las vías
públicas, paseos, cementerios y demás lugares de su dominio.
Establecer impuestos, tasas, contribuciones y formas de percibirlos.
Dar a publicidad trimestralmente el estado de sus ingresos y gastos, anualmente
el balance general, y una memoria sobre la labor desarrollada dentro de los treinta días de vencido el ejercicio.
6. Contraer empréstitos para obras señaladas de mejoramiento, con dos tercios de
votos de la totalidad de los miembros del Concejo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los empréstitos podrá comprometer más de la cuarta parte de la renta, ni el fondo amortizante aplicarse a otros fines.
7. Enajenar en subasta pública y gravar los bienes municipales con dos tercios de
votos de la totalidad de los miembros del Concejo.
8. Nombrar al personal de su dependencia y removerlo, previo sumario.
9. Realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o
10. Contratar, previa licitación, las obras que estime convenientes.
11. Fomentar la instrucción pública y la cultura artística, intelectual y física.
12. Dictar todas las ordenanzas y reglamentos dentro de las atribuciones conferidas
por esta Constitución y por la ley orgánica de las municipalidades.
De las convenciones constituyentes.
Art. 172.- Esta Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por la Cámara de Representantes con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, determinando si la reforma será total o parcial pero ésta no se efectuará sino por una Convención Constituyente convocada al efecto, salvo lo dispuesto en el capítulo segundo de este título.
Art. 173.- Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial, sin formalidad ulterior el Poder Ejecutivo convocará a elección de convencionales dentro del plazo que la misma ley fijará.
Art. 174.- La Convención se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que formen la Cámara de Representantes y serán elegidos por el sistema de representación proporcional.
Art. 177.- La Convención se reunirá dentro de los treinta días en que el tribunal electoral haya proclamado a los electos, y podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros.
Tendrá facultad para fijar el plazo de su cometido, que no podrá exceder del término de un año, transcurrido el cual caducará en su mandato; dictar su propio reglamento; nombrar su personal; confeccionar su presupuesto y aprobar sus inversiones.
Art. 178.- La enmienda o reforma de un solo artículo podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección de carácter provincial que se realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedará incorporada al texto constitucional.
Art. 1º.- El Interventor Federal en la Provincia o el funcionario a cuyo cargo esté la
misma, convocará dentro de los noventa días de sancionada la presente Constitución, a elecciones generales en todo el territorio de la Provincia, para constituir los Poderes Ejecutivo y Legislativo y organismos municipales.
Art. 2º.- Las autoridades electas asumirán sus cargos el 1º de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, de acuerdo con lo establecido en los artículos 96 y 108 de esta Constitución.
Art. 3º.- Las elecciones para integración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se realizarán con arreglo a las siguientes normas:
1. El gobernador y el vicegobernador de la Provincia serán elegidos de conformidad a
lo determinado en el artículo 107 de esta Constitución.
2. Los diputados de la primera Cámara de Representantes serán elegidos por el
sistema de representación proporcional y las bancas se distribuirán conforme al empleado para las elecciones del veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y siete.
El número de miembros de que se compondrá la primera Cámara de Representantes de la Provincia será de treinta y dos.
3. El sorteo a que se refiere el artículo 84 de esta Constitución, se realizará
separadamente entre los diputados pertenecientes a los distintos sectores políticos
que integren la Cámara y si los sectores no fueren pares en su composición, se sorteará previamente al diputado que ocupará la situación de impar y así, los que resultaren impares, como los que invistieren representaciones singulares, serán sorteados en conjunto.
4. Las autoridades de los municipios y de las comisiones de fomento serán elegidas
de acuerdo a lo establecido en el artículo 163 de esta Constitución y además por
esta vez, ajustándose a lo siguiente:
Posadas, Departamento Capital, que elegirá nueve concejales. Eldorado, Departamento Eldorado; Oberá, Departamento Oberá; Apóstoles, Departamento Apóstoles; que elegirán siete concejales.
2) Municipios de segunda categoría:
Leandro N. Alem, Departamento Leandro N. Alem; San Ignacio, Departamento San Ignacio; Cerro Azul, Departamento Leandro N. Alem: Monte Carlo, Departamento Monte Carlo; Campo Ramón, Departamento Oberá; Libertador General San Martín, Departamento Libertador General San Martín; San Javier, Departamento San Javier;
Dos Arroyos, Departamento Leandro N. Alem; Concepción de la Sierra, Departamento Concepción; Corpus, Departamento San Ignacio; Santo Pipó, Departamento San Ignacio; San José, Departamento Apóstoles; Los Helechos, Departamento Oberá; Guaraní, Departamento Oberá; Campo Grande, Departamento Cainguás; Jardín América, Departamento San Ignacio; Candelaria, Departamento Candelaria; Santa Ana, Departamento Candelaria; Gobernador Roca, Departamento San Ignacio; Garupá, Departamento Capital; San Martín, Departamento Oberá; Azara, Departamento Apóstoles; Gobernador López, Departamento Leandro N. Alem; Cerro Corá, Departamento Leandro N. Alem; Olegario V. Andrade, Departamento Leandro
N. Alem; Bonpland, Departamento Candelaria; Mártires, Departamento Candelaria;
Campo Viera, Departamento Oberá; Santa María, Departamento Concepción; Aristóbulo del Valle, Departamento Cainguás; Itacaruaré, Departamento San Javier;
que elegirán cinco concejales.
San Pedro, Departamento San Pedro; Libertad, Departamento Iguazú; Hipólito Yrigoyen, Departamento San Ignacio; El Soberbio, Departamento Guaraní; Colonia Polana, Departamento San Ignacio; Mojón Grande, Departamento San Javier; Alba Posse, Departamento 25 de Mayo; General Alvear, Departamento Oberá; Colonia Wanda, Departamento Iguazú; Florentino Ameghino, Departamento San Javier;
Piray, Departamento Monte Carlo; Tres Capones, Departamento Apóstoles; Colonia Alberdi, Departamento Oberá; General Urquiza, Departamento San Ignacio; Caa Yarí, Departamento Leandro N. Alem; Caraguatay, Departamento Monte Carlo; Capioví, Departamento Libertador General San Martín; Puerto Esperanza, Departamento Iguazú; 25 de Mayo, Departamento 25 de Mayo; Almafuerte, Departamento Leandro
N. Alem; Colonia Victoria, Departamento Eldorado; 2 de Mayo, Departamento
General San Martín; 9 de Julio, Departamento Eldorado; Bernardo de Yrigoyen, Departamento Manuel Belgrano; Panambí, Departamento Oberá; Loreto, Departamento Candelaria; Arroyo del Medio, Departamento Leandro N. Alem; Santiago de Liniers, Departamento Eldorado; Puerto Iguazú, Departamento Iguazú; Ruiz de Montoya, Departamento Libertador General San Martín; Profundidad, Departamento Candelaria; Fachinal, Departamento Capital; General Manuel Belgrano, Departamento Manuel Belgrano; que elegirán cinco miembros.
Asimismo por esta vez se establecen las siguientes normas para el régimen
Para ser intendente o concejal se requiere tener veinticinco años de edad y ser vecino del municipio con dos años de residencia inmediata.
Los extranjeros, además, deberán saber leer o escribir en idioma nacional, ejercer alguna actividad lícita, estar inscriptos en el registro municipal electoral y tener por lo menos una residencia inmediata de cinco años, siendo incompatible el cargo con el de legislador o empleado público, excepto los docentes.
Art. 5º.- El superior Tribunal de Justicia, procederá a la inmediata integración del tribunal electoral de la Provincia, el que, hasta tanto se dicte la ley electoral, deberá regirse y aplicar, en lo que sea pertinente, las disposiciones del Decreto Nacional 4.034/57.
Art. 6º.- La Legislatura sancionará a la brevedad posible y preferentemente las leyes: orgánica municipal; orgánica del Poder Judicial; del juicio político; organización de ministerios; del Tribunal de Cuentas; de Contabilidad; de Educación; reglamentaria de los derechos sociales; del Estatuto del Empleado Público; del docente; y de bosques y tierras públicas.
Art. 7º.- A partir de la sanción de esta Constitución, los actuales magistrados en ejercicio componentes del Superior Tribunal de Justicia, gozarán de las garantías, derechos y prerrogativas establecidas en esta Constitución.
Art. 8º.- Hasta tanto se constituya la Legislatura, el Jurado de Enjuiciamiento funcionará sin los representantes de la misma y serán de aplicación en la Provincia las disposiciones de las leyes nacionales en la materia.
Mientras no se dicte la ley que reglamente el trámite de los recursos de hábeas corpus y de amparo, los tribunales y jueces arbitrarán el procedimiento aplicable, ajustándose estrictamente a las bases de celeridad y amplitud consagrados por esta Constitución.
Art. 9º.- Quedan derogadas en el orden provincial las inhabilitaciones previstas en el artículo primero del decreto ley seis mil cuatrocientos del veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco y en el artículo primero del decreto cuatro mil doscientos cincuenta y ocho del seis de marzo de mil novecientos cincuenta y seis, excluyéndose expresamente los casos previstos en el artículo segundo del último decreto mencionado. Deróganse en la misma forma todas las inhabilitaciones gremiales que no se funden en la comisión de delitos de derecho común.
Art. 10.- Una comisión compuesta por el señor presidente y dos señores convencionales, revisarán la fidelidad del registro del texto de esta Constitución hecho lo cual, la firmarán el presidente, el convencional secretario y los señores convencionales que deseen hacerlo y, sellada con el sello de la Convención, se entregará el original al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y se remitirán copias a los poderes nacionales.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE, EN LA CIUDAD DE POSADAS, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE ABRIL DE AÑO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.
* Modificaciones últimas: Ley N.º 254 de 1974 Ley N.º 2.604 de 1998
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References: resolución 
 artículo 158
 artículo 108
 artículo 67
 artículo 116
 artículo 151
 artículo 157
 artículo 107
 artículo 84
 artículo 163