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Timestamp: 2019-09-15 14:45:52+00:00

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﻿ SENTENCIA 9834 DE NOVIEMBRE 25 DE 2003
SENTENCIA 9834 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. NO PROCEDE POR VIRTUD DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE AUTONOMÍA JUDICIAL Y COSA JUZGADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:COSA JUZGADA, AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia 9834 de noviembre 25 de 2003
Rad. 9834, nov 25/2003. Acta 78
M.P. Carlos Isaac Nader
Se decide la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial de la señora Alba Stella Delgado Zamora contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
1. La acción fue instaurada con el objeto de obtener la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la asociación sindical y al debido proceso, que se estiman infringidos en la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 1º de octubre de 2003, dentro del proceso de fuero sindical promovido por la peticionaria contra el departamento de Cundinamarca (asamblea departamental). En consonancia con el amparo pretendido persigue la accionante que se ordene a la corporación mencionada que anule la decisión referida y proceda a dictarla nuevamente, ordenando su reintegro al cargo de secretaria código 540 grado 6 en la asamblea de Cundinamarca, que desempeñaba al momento de su desvinculación y el pago de los salarios de ley dejados de percibir desde el momento de su desvinculación y hasta cuando reanude la relación laboral.
2. Informan los hechos que fundan el amparo perseguido que la señora Alba Stella Delgado Zamora prestó sus servicios como empleada pública de la asamblea de Cundinamarca, durante siete años, once meses y dieciocho días; como también que fue fundadora del sindicato de empleados del departamento de Cundinamarca “Sindecum”, constituido el 27 de febrero de 2001, siendo notificado el presidente de la asamblea y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ese mismo día.
Igualmente refieren que la asamblea departamental profirió la Resolución 10 del 15 de marzo de 2001, por medio de la cual se suprimieron la totalidad de los empleos de la planta de personal de la asamblea departamental, adoptada por medio de la resolución 384 del 14 de mayo de 1999 y que por medio de comunicación del 16 de marzo de 2001 se le informó que su cargo de secretaria 540-6 había sido suprimido.
Señalan que la señora Alba Stella Delgado Zamora inició un proceso de fuero sindical contra el departamento de Cundinamarca, debido a la supresión de su cargo, que correspondió en reparto al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, quien profirió sentencia absolutoria fundado en que no obstante la existencia de la organización sindical denominada sindicato de empleados del departamento de Cundinamarca “Sindecum”, la entidad demandada “asamblea de Cundinamarca” no fue debidamente notificada, por cuanto en el documento enviado no se precisó la identificación de las personas fundadoras, todo lo cual fue confirmado por la corporación accionada, al considerar que en las notificaciones realizadas a la gobernación de Cundinamarca se omitió la identificación de cada uno de los fundadores, ya que únicamente se colocó el nombre, apellidos y entidad, de manera que no se notificó en debida forma a la demandada y tampoco se logró demostrar la condición de la demandante de fundadora del sindicato “Sindecum”, lo cual hace que no opere la garantía del fuero sindical.
Agregan a lo anterior que no obra prueba en el proceso relativa a que la ordenanza mediante la cual fue desvinculada de la asamblea haya sido publicada en la gaceta para dar cumplimiento a su artículo 5º que supedita su vigencia a la publicación, quedando así la desvinculación de la demandante sin ningún respaldo probatorio.
En consonancia con lo anterior afirma que la entidad demandada no pidió permiso al Departamento Administrativo de la Función Pública para despedir a la señora Alba Stella Delgado Zamora, quien pertenecía a la carrera administrativa.
Mediante auto calendado el pasado 12 de noviembre, esta corporación asumió el conocimiento de la tutela y dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor y comunicar la iniciación de la acción a los interesados. Las partes guardaron silencio.
Conforme al primer inciso del numeral segundo del Decreto 1382 de 2000, esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción, por ser el superior funcional de la entidad jurisdiccional accionada.
Pues bien, de la simple lectura de la demanda que dio origen al presente trámite residual emerge, con meridiana claridad, la improsperidad a la que esta llamada por lo siguiente:
Como quiera que la petición va encaminada, sin lugar a dudas, a modificar una situación procesal definida mediante una decisión judicial, carece el juez de tutela de competencia para interferir en la tramitación cuestionada.
En efecto, repugna a la seguridad jurídica, pilar del Estado de derecho, aún del denominado social, la indebida injerencia de un juez en la actividad legítima de otro, por muy loable función atribuida en la Constitución. Solamente por virtud de los recursos ordinarios y extraordinarios puede un despacho judicial revisar las decisiones de otro, en ejercicio de la competencia funcional. Así mismo, de manera específica y excepcional, en los códigos de procedimiento se inviste a algunos jueces para que califiquen ciertas determinaciones de uno de sus pares, como en el caso de los impedimentos o recusaciones, por ejemplo.
La interpretación de la ley es una función que corresponde al juez en cada caso concreto. Para tal efecto, la Carta Fundamental lo dota de plenas garantías, a fin de que defina, de manera autónoma, libre de imposiciones, el alcance de las reglas jurídicas escogidas para resolver las controversias sometidas a su juicio. Desde luego que, a su vez, el juzgador compromete su responsabilidad personal, ya disciplinaria, ora penal o patrimonial, si actúa contra el texto de la normatividad vigente, o de manera arbitraria o desviada del sagrado encargo de administrar justicia. Pero no puede un juez de tutela, en un trámite angustioso, dilucidar sobre la situación fáctica y jurídica que surge en el curso de un proceso ordinario determinado.
Ha sido unánime y diáfana la posición doctrinaria asumida por esta Sala de la Corte, en el sentido de que la herramienta judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un trámite residual y no puede ser utilizado para resolver las controversias jurídicas de los particulares entre sí, ni la de estos con el Estado. Supondría ello, de concebirse la tutela como acción paralela y concurrente, la derogación de las acciones judiciales ordinarias y ejecutivas consagradas en los códigos y leyes procedimentales con tales propósitos y la sustitución de las jurisdicciones ordinarias y especiales por la de tutela. A tales conflictos y debates el Estado ha dispuesto una superestructura judicial, con todo su andamiaje procesal de acciones, excepciones, nulidades, incidentes y recursos, a fin de darles solución eficaz bajo claras reglas de juego que aseguren un juicio imparcial y legítimo.
Muchísimo menos, ha reiterado esta corporación, es viable la acción de tutela para hacer revisar las decisiones jurisdiccionales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de derecho. Sobre este particular aspecto argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998:
“Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que le Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquel al que se solicita el amparo.
Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.
Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, disponiendo igualmente que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”, se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Constitución en vigor, no es posible “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.
Según las consideraciones de la Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, “lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”. Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”.
La Sala de Casación Laboral de la Corte, mantiene invariable su postura doctrinal sobre el tema. En verdad no se acompasa con la naturaleza del estado Constitucional pretender la injerencia indebida de un juez en los asuntos que la ley ha asignado a otro para resolver; ello subvierte el orden jurídico, produciéndose de paso un factor más de perturbación de la convivencia pacífica en una sociedad que, como la colombiana, tanto la necesita.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley,
1. NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada, de acuerdo con lo antes expuesto.
3. Si esta decisión no fuere impugnada en la oportunidad prevista en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.
Laura Margarita Manotas González,Secretaria.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 86
 artículo 243
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 31