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Timestamp: 2017-11-19 10:09:15+00:00

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La nueva función del gerente general en virtud del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS | Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THEMIS
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Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociado de Miranda & Amado Abogados. Ex miembro del Consejo Directivo de THEMIS.
El 15 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, Decreto Supremo que establece limitaciones para la realización de transacciones en efectivo dentro de los oficios notariales, así como la obligatoriedad del uso del sistema de verificación de la identidad por comparación biométrica, el cual entró en vigencia al día siguiente, el 16 de mayo de 2013[1].
El decreto establece en sus considerandos que, atendiendo al alto grado de delincuencia y a la continua comisión de operaciones fraudulentas efectuadas mediante instrumentos públicos notariales, resulta necesario expedir normas que involucren a los notarios en la tarea de combatir contra la delincuencia. Es así que determina la necesidad de limitar el uso de dinero en efectivo en las transacciones que se realicen en los oficios notariales, supliéndolas con los medios de pago previstos a través de las empresas del sistema financiero, y el establecimiento del uso obligatorio del sistema de identificación por comparación biométrica de huella digital. Este último mecanismo es al que nos referiremos en el presente artículo.
1. Identificación por comparación biométrica de huella digital y certificación del gerente general
El artículo 5 del Decreto Supremo establece que el notario tiene la obligación de efectuar la verificación por comparación biométrica de las huellas dactilares a través del servicio que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) cuando los intervinientes realicen actos de disposición o gravamen de sus bienes, o actos de otorgamiento de poderes con facultades de disposición o gravamen de sus bienes; sea a través de escrituras públicas, actas de transferencia de bienes muebles registrables, instrumentos protocolares de constitución de garantía mobiliaria e inmobiliaria, actas de aportes de capital para la constitución o aumentos de capital de las personas jurídicas, y otros documentos protocolares que impliquen afectación sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros.
Cuando se disponga o grave los bienes de los intervinientes, o se otorguen poderes con facultades de disposición o gravamen de bienes de los intervinientes mediante actas de “sociedades comerciales o civiles”[2], la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo ha establecido que estas actas serán certificadas por el gerente general con nombramiento inscrito[3], quien al final del acta declarará bajo su responsabilidad que los socios o accionistas que intervienen y la suscriben son efectivamente tales y que sus firmas corresponden a los mismos. La firma del gerente, a su vez, deberá ser certificada notarialmente.
2. Función y responsabilidad del gerente general
El nuevo deber es consistente con las atribuciones ya existentes del gerente general, quien realiza los actos de ejecución y gestión cotidiana de la sociedad, tiene entre sus facultades la “emisión de constancias y certificaciones de libros y registros de la sociedad”, y “responde por la veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad”, de conformidad con lo establecido en los artículos 188 y 190 de la Ley General de Sociedades, respectivamente.
En caso el gerente general declarase falsa o erróneamente que los socios o accionistas que intervienen y suscriben el acta son efectivamente tales y que sus firmas corresponden a los mismos, este responderá “ante la sociedad, accionistas y terceros por los daños y perjuicios que su gestión ocasione, siempre que medie negligencia grave, dolo o abuso de facultades en el cumplimiento de sus obligaciones.”[4]
3. Análisis y comentarios al Decreto Supremo N° 006-2013-JUS
Sin perjuicio de lo ya mencionado, el nuevo Decreto Supremo presenta algunos aspectos poco claros y deficiencias que podrían presentar ciertos problemas en su aplicación, los cuales comentamos a continuación.
3.1. Si bien el artículo 5 del Decreto Supremo menciona expresamente que “la obligación [de efectuar la verificación por comparación biométrica de las huellas dactilares] (…) se aplica cuando los comparecientes o intervinientes” realicen “actos de disposición o gravamen de sus bienes, o actos de otorgamiento de poderes con facultades de disposición o gravamen de sus bienes”, queda la duda sobre si el requisito también se aplica a aquellos casos en los que se disponga o grave los bienes de la sociedad o se otorgue poderes con facultades de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad.
A raíz de la entrada en vigencia del Decreto Supremo parece ser que, a fin de evitar una observación registral al pretender inscribir un acuerdo de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad, o de otorgamiento de poderes con facultades de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad, los operadores jurídicos también están incorporando la certificación del gerente general a estas actas.
3.2. De la mano con lo señalado anteriormente, quedaría la duda sobre si las genéricas “actas de las sociedades” a las que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo son sólo las de junta general de socios o accionistas, o también las de sesión del directorio, toda vez que la citada norma sólo menciona que el gerente general certificará que los “socios o accionistas sean efectivamente tales y que sus firmas correspondan a los mismos”.
Si adoptamos la postura de que se requiere la certificación del gerente general en el acta en que los socios o accionistas dispongan o graven sus bienes u otorguen poderes con facultad de disposición de sus bienes, debería tratarse exclusivamente de las actas de junta general de socios o accionistas, toda vez que sólo en aquellas podrán intervenir como tales y disponer de sus bienes u otorgar poderes.
Por otro lado, si concluyésemos que el requisito de certificación del gerente y verificación por comparación biométrica de sus huellas dactilares será aplicable siempre que se disponga o grave los bienes de la sociedad o se otorgue poderes con facultades de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad, las “actas de las sociedades” serán todas aquellas en las cuales se determine disponer o gravar los bienes de la sociedad o se otorgue poderes con facultades de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad, sean estas de junta general o de sesión de directorio, y sin perjuicio de que intervengan o no en ella los socios o accionistas de la sociedad.
3.3. El Decreto Supremo no regula el caso del gerente general extranjero, quien no se encuentra registrado en el RENIEC, razón por la cual no podrá efectuársele una verificación por comparación biométrica de las huellas dactilares. Consideramos que en este caso no será de aplicación este extremo de lo previsto en el decreto y el notario deberá certificar la certificación del gerente general extranjero limitándose a identificarlo según sus documentos de identificación y de acreditación, según se exige en la Disposición Complementaria Final Primera del Decreto Supremo.
3.4. Asimismo, si bien el Decreto Supremo no menciona quién deberá solicitar la certificación notarial de la certificación del gerente general, entendemos que al mencionar en la Primera Disposición Complementaria Final que la copia certificada notarial deberá ser solicitada (en caso sea así) por el gerente, el mismo medio debe seguirse para la solicitud de la certificación notarial.
3.5. Si bien el artículo 188 de la Ley General de Sociedades prevé la participación del gerente general en las juntas generales de accionistas y sesiones de directorio como secretario, con voz pero sin voto, como bien señala Enrique Elías, “[p]ueden darse circunstancias en las que se considere conveniente que el gerente general no participe en la junta o en la sesión de directorio, por lo que la norma permite limitar, a criterio del órgano correspondiente, lo señalado en este artículo.”[5]
Probablemente el efecto más importante de la entrada en vigencia del nuevo decreto es que se estaría exigiendo que el gerente general presencie la reunión y la firma del acta, ya que deberá declarar al final de esta que los socios o accionistas que intervienen y la suscriben son efectivamente tales y que sus firmas corresponden a los mismos. De ser así, el gerente podría enterarse incluso de aquellos aspectos reservados que los accionistas no quisieran que supiese. Si bien en este caso una posibilidad sería que la certificación sea encargada a la persona que desempeñó el cargo de secretario de la reunión, lo cierto es que, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, sólo el gerente general es el encargado de la emisión de constancias y certificaciones de libros y registros de la sociedad, y responde por la veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto de su contenido.
3.6. Por otro lado, si bien el artículo 185 de la Ley General de Sociedades prevé que “la sociedad cuenta con uno o más gerentes” y que “cuando se designe un solo gerente éste será el gerente general”, no impide ni sanciona el hecho que una sociedad no cuente con un gerente general, por lo que esta bien podrá operar sin un gerente inscrito, de contar con los representantes con poderes suficientes para ejecutar los acuerdos de los órganos societarios y los negocios ordinarios conforme al objeto social.
Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo, en la práctica las sociedades deberán tener un gerente general en todo momento; de lo contrario podrían verse impedidos de inscribir y ejecutar los acuerdos de disposición o gravamen de bienes, o actos de otorgamiento de poderes con facultades de disposición o gravamen de bienes (de los accionistas y/o de la sociedad, según comentamos anteriormente), en perjuicio de la sociedad.
3.7. Adicionalmente, un problema que presenta el nuevo decreto es que podría darse el caso en el que el gerente general se rehúse a certificar el acta sin que ello se deba a que los socios o accionistas que intervienen y la suscriben no sean efectivamente tales o que las firmas no correspondan a los mismos, entorpeciendo la marcha de la sociedad.
Otro caso que puede presentarse en caso sigamos la tesis de que el gerente general debe certificar las actas en las cuales se disponga de bienes de la sociedad o se otorgue poderes con facultades de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad, es que si el gerente estuviera dejando la sociedad en malos términos, se requeriría su certificación como gerente general inscrito para certificar el acta en la cual se nombre a su reemplazo, toda vez que el gerente general suele tener facultades de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad. La norma no prevé este escenario ni su posible solución.
3.8. Finalmente, una crítica es que este mecanismo, si bien persigue un fin deseable que es generar mayor seguridad en las operaciones societarias formalizadas por la vía notarial, eleva los costos de transacción y genera trabas y demoras, cuando es importante que una sociedad pueda ser ágil y rápida en sus negocios. Si bien es cierto que en los últimos años se han producido numerosas suplantaciones de identidad en la disposición de bienes inmuebles, no consideramos que sea un problema central del ámbito societario, el cual ya cuenta con otros mecanismos de solución previstos en la Ley General de Sociedades, como lo son las acciones de impugnación y nulidad de acuerdos societarios y las pretensiones sociales e individuales de responsabilidad contra los directores y el propio gerente general.
[1] Asimismo, el día 22 de mayo de 2013 se publicó una fe de erratas al Decreto Supremo N° 006-2013-JUS en el Diario Oficial El Peruano.
[2] Entiéndase por estas todas las formas societarias previstas en la Ley General de Sociedades, siendo estas la sociedad anónima (ordinaria, cerrada o abierta), la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad civil (ordinaria o de responsabilidad limitada), la sociedad colectiva y la sociedad en comandita (simple o por acciones).
[3] En el caso de personas jurídicas no societarias, como las asociaciones, fundaciones, comités y cooperativas, la responsabilidad recaerá en el Presidente.
[4] ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú”. Segunda edición. Trujillo: Normas Legales. 2000. p. 393.
[5] Ibid. p. 390.
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Percy Ramos 7 julio, 2013 at 7:06 pm
Con respecto a la critica planteada por el autor, considero que es mucho mejor que se tome un poco más de tiempo y gasto (costo de transacción) antes de tener que ejecutar una acción de impugnación de acuerdo, por ejemplo, que en la práctica cuesta y demora mucho más, por lo que a la postre terminaría siendo peor para la sociedad.
Mariano Peró 15 julio, 2013 at 8:35 am
Estimado Percy, gracias por tu comentario.
Si bien estoy de acuerdo con que en un caso aislado sería más costoso (en tiempo y dinero) ir a un proceso judicial, considero que estos serían tan pocos que el costo social no excedería el generado con esta norma, la cual obliga a todas las empresas (incluso en aquellas en las que no hay problemas entre los socios) a incurrir en gastos adicionales cada vez que aprueban ciertos acuerdos.
Un punto medio (que satisfaría tanto la necesidad de seguridad como la de evitar costos innecesarios) sería convertir esta obligación en un derecho potestativo de los socios que se sientan desprotegidos.
Patricia 17 enero, 2014 at 10:46 am
Hola Mariano el problema tambien se suscita cuando se tiene el caso de que un gerente general lo han cambiado por malos manejos en una asamblea se elige al nuevo gerente y el gerente saliente no quiere acercarse a la notaria a firmar la certificacion del acta por que el ya no es gerente te agradecere tu comentario
Mariano Peró 3 febrero, 2014 at 7:23 pm
Estimada Patricia, gracias por tu comentario.
Justamente el tema que mencionas constituye una de las omisiones más graves de la norma.
A la fecha ya hemos tenido alguna experiencia práctica con sus requisitos, y para el caso particular en las notarías se ha venido aceptando que para el mero nombramiento del gerente general (sin otorgamiento de poderes) no hará falta que el gerente actual certifique el acta, entendiéndose que al no tratarse de un acto de otorgamiento de poderes con facultades de disposición o gravamen de bienes, este acto no estaría entre los previstos por la norma.
Sí será necesario que el nuevo gerente general certifique el acta posterior en la que se le otorguen poderes (otro ejemplo de mayores costos de transacción de la norma).
Una vez que el notario certifique la certificación del gerente y se ingrese el título a Registros Públicos, el Registrador no podrá observar este aspecto toda vez que la posterior Resolución No. 154-2013-SUNARP/SN del 3 de julio de 2013, que modifica el artículo 32 del TÚO del Reglamento General de los Registros Públicos, establece que “la función de calificación no comprende (…) verificar las obligaciones del gerente general (…)”.
Esta vía también salvaría el caso más extremo de una sociedad que por muerte de su gerente general se quedase sin un funcionario vivo para certificar el acta.
Silvana 7 marzo, 2016 at 6:15 pm
En este momento me encuentro en esta situación y no encuentro ninguna notaría que acepte las prácticas que mencionas en tu comentario. Te agradeceré infinitamente comentarme en cuál Notaría puedo realizar el Cambio de Gerencia sin la firma del GG, ya que este, en definitiva no va a firmar el acta.
Mercedes Espinoza 12 agosto, 2014 at 11:02 am
Qué pasa cuando el actual gerente general no se encuentra en el país y se necesita acordar en JGA el cambio de gerencia general, pueden solo los accionistas certificar su firma?
Mariano Peró 12 octubre, 2014 at 6:29 pm
Tras la vigencia del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS se hicieron evidentes sus deficiencias (varias ya advertidas en este artículo), por lo que el 8 de febrero de 2014 (seis meses después) se publicó la Directiva denominada “Lineamientos para la adecuada aplicación del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS”, aprobada por Resolución del Consejo del Notariado N° 44-2013-JUS/CN.
La Directiva, entre otros asuntos, prevé una solución a casos como el de tu consulta. Al respecto, en el literal b) del artículo 14 establece que “[e]n caso que el Gerente General (…) haya fallecido, no se encuentra inscrito su nombramiento, se haya cancelado su inscripción por renuncia o causas análogas o su periodo de funciones no se encuentre vigente o en caso de haberse suscrito un Acta de remoción del representante en ejercicio del cargo, la declaración jurada y certificación notarial de firmas se efectuará respecto a quienes suscriba[n] el Acta respectiva, debiendo solicitar la copia certificada […] quien presidió la sesión.”
En ese sentido, en el caso consultado la persona que deberá certificar la identidad y firma de los accionistas y cuya firma en el acta deberá ser certificada por el notario público, será quien actuó como presidente de la junta.
Para un mayor detalle te recomiendo leer mi artículo titulado “La nueva función del gerente general en la certificación de las actas societarias”, el cual se encuentra publicado en Actualidad Jurídica No. 244 (Gaceta Jurídica, Lima, marzo de 2014, pp. 108-122), y que analiza el tema considerando todas las normas y actualizaciones respectivas.
esmeralda 1 diciembre, 2014 at 11:40 am
buenas tardes queria saber como hago porque el gerente de mi empresa que es una sac le hicimos la remocion en la tercera citacion con un notario , el cual olvido hacer firmar su declaracion jurada y este gerente ya no quiere firmarlo pero en el libro de actas ya esta la certificacion . Le agradeceria que me diga que puedo hacer porque registros ha rechazado el documento
Mariano Peró 16 diciembre, 2014 at 12:13 am
En la línea de mi respuesta anterior, sugiero celebrar una nueva junta general de accionistas en la cual se acuerde la remoción del gerente general y la certificación la realice el presidente de la junta (y, posteriormente, el notario certificando la certificación del presidente). No será necesaria la presencia del notario en la junta.
Esto debería ser suficiente para inscribir el acuerdo sin problemas.
Diego Sponza 3 marzo, 2015 at 6:00 pm
Mariano, gracias por este aporte. Sin duda otro caso más donde la realidad superó ampliamente la imaginación de los legisladores.
Andres Franco 28 marzo, 2015 at 11:34 am
Buenos días, con respecto a la certificación del acta realizada por el presidente de la junta, todos los notarios la están aceptando o es potestad de cada uno. que se podría hacer en caso que uno de ellos no desee hacerlo, lo digo porque en provincia algunos notarios son muy rígidos con la norma y no tan prácticos.
Mariano Peró 7 abril, 2015 at 8:15 pm
En mi experiencia con un par de notarías de Lima, admiten la certificación del acta realizada por el presidente de la junta o por todos los intervinientes de la junta (certificando que ellos mismos son quienes intervienen en ella).
Lamentablemente la Directiva denominada “Lineamientos para la adecuada aplicación del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS” aprobada por el Consejo del Notariado no es clara en ese sentido, por lo que dependerá del criterio de cada notario.
En caso un notario se niegue a certificar el acta certificada por el presidente o por todos los intervinientes de la junta no hay manera de obligarlo, pues es un tema que queda a su discreción. Se puede presentar un reclamo ante el Colegio de Notarios respectivo, pero eso sólo conllevará una sanción administrativa. La solución inmediata será acudir a otra notaría, si bien al interior del país ello es más difícil pues hay una menor cantidad.
carlos cruz 6 agosto, 2015 at 9:50 am
GRACAIS POR EL APORTE A TODOS LOS PRESENTES, UN FAVOR PARA ALGUIEN PODRIA ENVIAR ALGUNOS MODELOS DE LOS CASOS CITADOS, LES AGRADEZCO DE ANTEMANO.
Mariano Peró 24 septiembre, 2015 at 6:22 pm
Dejo un par de modelos según se trate de la certificación (i) del gerente general, o (ii) de todos los intervinientes en la junta (en caso no se cuente con un gerente general conforme a lo previsto en la Directiva). Sin embargo, se debe tener en cuenta que ante los vacíos legales advertidos algunas notarías cuentan con distintos criterios, por lo que sería aconsejable coordinar con ellas primero.
(i) De conformidad con lo establecido en la Disposición Complementaria Final Primera del Decreto Supremo No. 006-2013-JUS, declaro que los accionistas que intervinieron en la Junta y suscriben la presente acta son efectivamente tales y que sus firmas corresponden a los mismos.
[Nombre y firma del gerente general]
(ii) [Nombre del accionista], identificado con D.N.I. No. [—], y [Nombre del accionista], identificado con D.N.I. No. [—], en nuestra condición del universo de accionistas de la Sociedad participantes en la presente Junta, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Complementaria Final Primera del Decreto Supremo No. 006-2013-JUS y el artículo 14 de la Resolución del Consejo del Notariado No. 44-2013-JUS/CN, declaramos bajo juramente que las personas que aparecen mencionadas como accionistas de la Sociedad en la introducción de la presente acta de la Junta son efectivamente tales, y que las firmas que aparecen al final de la misma corresponden a dichos accionistas.
[Nombres y firmas de los accionistas intervinientes]
Ernesto Córdova 1 septiembre, 2015 at 2:23 pm
Interesante Análisis…..y concuerdo con lo expresado previamente en el sentido que este es un caso más donde la realidad superó en exceso la imaginación de quienes expidieron esta norma. Mi consulta es si, con la flexibilidad adoptada por el Consejo del Notariado para tratar de resolver algunas situaciones, podría ser factible que entre las facultades que se otorguen a apoderados, se establezca una expresa para ejercer esta función, concedida en principio a exclusividad al Gerente, mediante delegación. Existen muchos casos de Gerentes de Entidades que normalmente no residen en el país, y que arriban a Lima esporádicamente a despachar cosas rutinarias, entre las cuales están algunos acuerdos societarios. En algún caso he sorteado este inconveniente con actas certificadas y apostilladas, lo cual ha pasado la calificación registral, incluso con traducción de por medio, sin ningún problema y todos contentos. El problema donde no es posible obtener la apostilla….y para evitar eso, considero que una alternativa sea que se le confiera expresamente facultad a determinado apoderado para ejercer las funciones expresamente previstas en el D.S. 006-2013-JUS…Sería posible ello?
Mariano Peró 10 febrero, 2016 at 12:38 pm
He escuchado sobre la posibilidad que señalas y otorgar a un apoderado distinto del gerente general las facultades de certificación para solucionar el impasse. No obstante, no he tenido experiencia directa con ello, y como bien indicas, considerando que el Decreto Supremo No. 006-2013-JUS y la Resolución del Consejo del Notariado No. 44-2013-JUS/CN hacen referencia expresa al gerente general, es debatible que esa solución proceda. En todo caso debería ser consultada y coordinada previamente con la notaría con la que se vaya a trabajar para ver si aceptarían este criterio. Ese sería el principal filtro, ya que una vez que el notario certifique la certificación del gerente/apoderado, el artículo 32 del T.Ú.O. del Reglamento General de los Registros Públicos establece que “la función de calificación no comprende (…) verificar las obligaciones del gerente general (…)”. Ahora, como este artículo nuevamente hace referencia específica al gerente general, hay el riesgo de una observación registral.
En los casos de gerentes generales que se encuentren en el extranjero, deberán certificar las actas donde ellos se encuentren y enviarlas al Perú con su firma legalizada por un notario de dicha localidad y apostilladas (o en caso se trate de un país que no es miembro del Convenio de la Apostilla, siguiendo el procedimiento de certificación consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano respectivo).

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 188
 artículo 185
 Resolución 
 artículo 32
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 32