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BOE.es - Documento BOE-A-2019-16480
Documento BOE-A-2019-16480
«BOE» núm. 275, de 15 de noviembre de 2019, páginas 126360 a 126365 (6 págs.)
BOE-A-2019-16480
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el Director General por sustitución del titular de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), M.P., han suscrito un Convenio de asistencia jurídica.
Madrid, 13 de noviembre de 2019.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López.
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), M.P.
En Madrid, a 18 de septiembre de 2019.
De una parte, doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.º 158; en virtud de Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero, por la que se delegan competencias, actuando en nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, don Joan Groizard Payeras, actuando en nombre y representación de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., con domicilio social en calle Madera, 8, 28004 Madrid, y NIF Q-2820009-E, en su condición de Director General sustituto por vacante del titular, designado a tal fin por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del IDAE en su sesión extraordinaria n.º 282, celebrada en fecha 12 de septiembre de 2019, de conformidad con lo prevenido en el artículo 10.5 del Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero.
Que la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), M.P. (en adelante, IDAE), es una entidad pública empresarial de las previstas en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo por objeto lo siguiente:
a) Proponer, adoptar y, en su caso, ejecutar las directrices, medidas y estudios que sean precisos para obtener el nivel idóneo de conservación, ahorro y diversificación energética en los sectores industriales, agrícola o de servicios, pudiendo, a tales efectos, realizar cualquier clase de actividades y servicios tanto en relación con las Administraciones y empresas públicas, como con cualesquiera entidades, empresas y personas privadas.
b) Analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos.
c) Analizar, definir, proponer y aplicar programas tendentes a investigar las fuentes de energías renovables a la oferta energética.
d) La asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto funciones de agencia, mediación o creación de cauces de financiación a empresas o a entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos definidos.
e) A los efectos previstos en los apartados precedentes, el Instituto podrá desarrollar actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría, dirección o ejecución de obra, asesoramiento y comercialización, en general, de productos, patentes, marcas, modelos y diseños industriales, realizar inversiones, directa o indirectamente, en proyectos de interés energético y en Sociedades ya constituidas o de nueva creación.
f) Apoyar el desarrollo de las tecnologías orientadas a la descarbonización de la generación eléctrica.
g) Prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando expresamente se le requiera, en los procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en que sea parte la Administración General del Estado.
h) Desarrollar las funciones de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado, y los organismos y entidades dependientes de ella, para los trabajos que se le encomienden.
i) Realizar, en general, cuantas funciones y actividades afecten a la promoción y gestión del ahorro energético y a la conservación, diversificación y desarrollo de la energía.
j) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
El IDAE tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Que IDAE de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de asistencia jurídica, de fecha 19 de noviembre de 2003, modificado por adenda de 23 de junio de 2014, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica al IDAE, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, este podrá prestar asistencia jurídica al IDAE, por medio de los Abogados del Estado integrados en aquel. La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
La asistencia jurídica a prestar por el Servicio Jurídico del Estado lo será siempre a petición e iniciativa de la Entidad, quien, por consiguiente, tendrá plena libertad para solicitar tales servicios en los casos y con la concreta extensión que se estimen convenientes.
Por añadidura la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado asumirá la función de asistir jurídicamente al IDAE respecto de los procedimientos arbitrales internacionales de la Administración General del Estado en los que tiene intervención conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio. Dicha asistencia incluye que el coordinador específicamente nombrado a tal efecto preste la asistencia jurídica que el IDAE le requiera informándole de la tramitación, estado y circunstancias de los diferentes procedimientos y resolviendo cuantas dudas y consultas jurídicas se planteen sobre los mismos o sus distintas vicisitudes procesales.
El IDAE colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre el IDAE y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el IDAE se reserva la facultad de ser asesorado, representado y defendido por Abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses del IDAE, y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, el IDAE será asesorado, representado y defendido por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre el IDAE y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del Estado.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en los asuntos consultivos como contenciosos como, específicamente, en lo relativo a los arbitrajes internacionales en que el IDAE tiene intervención.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el Convenio, el IDAE satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de treinta y nueve mil seiscientos setenta y dos euros (39.672,00 €) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el Modelo 069 como documento de ingreso que se enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. El IDAE deberá efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
1.ª Cuando la condenada en costas sea el IDAE corresponderá a éste el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor del IDAE.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la entidad firmante.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior convenio suscrito entre las partes en fecha 19 de noviembre de 2003, modificado por adenda de 23 de junio de 2014, por transcurso de su plazo de vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el presente convenio sustituirá en su totalidad al extinto convenio firmado por las partes en fecha 19 de noviembre de 2003 y modificado por adenda de 23 de junio de 2014.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Castro Rey.–El Director General por sustitución del titular de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, M.P., Joan Groizard Payeras.
– Por la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), M.P.:
– La Secretaria General. En la actualidad, doña María Francisca Rivero García.
– El Responsable del Departamento de Asesoría Jurídica. En la actualidad, don Francisco Javier Gallego Herrero.

References: Real Decreto 
 artículo 61
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 103
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 62