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Timestamp: 2018-07-17 04:05:05+00:00

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Otras Dispciplinas | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ Otras Dispciplinas | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Comments Off on ¿Un Código Ético, o mero ejercicio estético: RFEF?
http://aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-deportivo/item/628-un-codigo-etico-o-mero-ejercicio-estetico-rfef
La formalidad de una sociedad crecida en democracia, y ávida de buenas costumbres y una ética apesadumbrada ha acelerado reformular en sus instituciones y organizaciones código éticos para dar credibilidad real a esa generalidad de estructura democrática. En esto vinieron los Estados y elaboraron, además de sus códigos penales, sus leyes de trasparencia para vehiculizar buena práxis y mejores comportamientos. Y, en esta dirección, las organizaciones privadas de toda índole han hecho lo mismo. Dadas las circunstancias y en el medio que escribo, hoy quisiera referirme, por lo convulsa de la situación a una institución deportiva con soberanía y autonomía como es el caso de la Real Federación Española de Fútbol.
Y en este sentido indicar que la Comisión Delegada de la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol aprobó por unanimidad, el 28 de enero de 2015, su Código Ético en el que define los valores esenciales de comportamiento y conducta en el seno de dicha institución. Un Código Ético que establece la obligatoriedad de adherirse a todos los que la componen. Y en este sentido señala su preámbulo que «deberán igualmente renunciar a todo acto o actividad que perjudique dichos principios y objetivos. Respetarán, como máxima, el deber de lealtad hacia la FIFA y la RFEF, las Confederaciones, las Asociaciones, las Ligas y los Clubes, y deberán representar a estas entidades y comportarse hacia ellas con honestidad, dignidad, decencia e integridad».
Se señala al Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol como el órgano competente para desempeñar las funciones de aplicación del Código Ético, a través de una sección específica, especializada en la materia y configurada de acuerdo con el Código Ético de la FIFA, adecuado a la legislación española. Con dos instancias la decisoria y la de instrucción.
En ese mismo preámbulo se insiste en la alta responsabilidad de velar por la integridad y, muy importante, reputación del fútbol. De ahí que se insista en el concepto de proteger la imagen. Y es en este aspecto, el reputacional en el que anda enclavada la Real Federación Española de Fútbol, y en el que una debiera preguntarse si ha tocado o toca haber actuado en el momento actual, en el que en el sumario demasiadas voces e intrigas o comportamientos parecen poder ser causa de aplicación del mismo –marco de regulación– definitorio de los valores esenciales de conductas, promovido desde el seno de la propia FIFA.
En el desarrollo del texto articulado, el artículo 1.º insiste en ese concepto de aplicar sobre conductas que perjudiquen la reputación del fútbol, singularmente cuando ese comportamiento es ilegal, inmoral o carente de principios éticos. Por lo que una se pregunta si la aplicación del mismo no podría haber surtido efecto, y haber constituido causa efecto de decisiones en evitación de una intervención pública o inhabilitación temporal de terceros, por lo que consecuentemente nos interpela hacia hasta qué punto el Código Ético, es más un ejercicio estético que un instrumento de corrección de legalidad o de comportamientos nada ejemplarizantes. De hecho, en su artículo 2.º, en relación con el punto tercero del preámbulo, engloba a los sujetos sobre los que actúa ese Código Ético y quedan bien claro y referenciado: «Oficial: Todo miembro de un órgano de gobierno, junta o comisión, árbitro y árbitro asistente, gerente deportivo, director deportivo, entrenador y cualquier otro responsable técnico, médico o administrativo de la RFEF, FIFA, Confederación, asociación, liga o club, así como todos aquellos que forman parte de la organización federativa según se establece en los Estatutos de la RFEF (excepto los futbolistas)». Que luego quedan incorporado estos últimos por mor del artículo 2.º de los Estatutos.
Continuando con las prescripciones del Código Ético, en su artículo 13.º (Reglas generales de conducta), relata el iter de conducta que han de velar como elemento de cumplimiento del propio texto. Y así establece que «las personas sujetas al presente Código se obligan a observar toda la legislación vigente, así como la reglamentación de la RFEF, en la medida que les atañan» y que, «en el ejercicio de sus funciones, las personas sujetas al presente Código adoptarán un comportamiento ético. Asimismo se comportarán y actuarán de forma completamente digna, auténtica e íntegra», añadiendo que, «en el ejercicio de sus funciones, las personas sujetas al presente Código no deberán abusar de ninguna manera de su cargo, en especial para obtener beneficios propios o ventajas personales».
Esto como principio vector, de lo que se deduce de la aplicación del Código Ético, pero como aquí, y desde luego no es mi intención, por el concepto de presunción de inocencia y de veracidad, de señalar sobre lo que está subiudice, lo que sí asombra, en el organigrama y el espíritu crítico de una organización como es la Real Federación Española de Fútbol, es la corresponsabilidad y compromiso de los que la componen en ese deseo de cumplir con los parámetros establecidos sobre lo que es la protección de una conducta reputacional. Y en esta dirección, nos encontramos con el artículo 18, bajo el epígrafe de la obligación de denunciar, cooperar y rendir de cuentas. Según dicho precepto, «las personas sujetas al presente Código deberán denunciar de inmediato cualquier posible contravención del mismo ante la Secretaría de la Sección de Ética del Comité Jurisdiccional», añadiendo que, «a solicitud de la Sección de Ética del Comité Jurisdiccional, las personas sujetas al presente Código tienen la obligación de contribuir a la clarificación de los hechos o el esclarecimiento de posibles contravenciones y, en particular, de rendir cuentas sobre sus ingresos y presentar la evidencia solicitada para su inspección».
Por lo que, siguiendo con la teorización de la capacidad de autogobierno de la institución, resulta extraño como mínimo la no puesta en funcionamiento de este artículo, y menos si son tantos, los que parecen que no estaban de acuerdo con este tipo de praxis. Praxis, que más adelante, en el artículo 19 se describen, bajo el concepto de conflicto e intereses. Señala, en efecto, este precepto que, «al formar parte de la RFEF, o antes de su elección o nombramiento, las personas sujetas al presente Código deberán dar a conocer todo interés que pueda estar relacionado con las funciones que ejercerán y las competencias que asumirán», añadiendo que «las personas sujetas al presente Código deberán evitar situaciones que puedan crear un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses puede surgir si las personas sujetas al presente Código tienen, o dan la impresión de tener, intereses privados o personales que perjudiquen el cumplimiento de sus obligaciones de manera independiente, íntegra y resuelta. Se entiende por intereses privados o personales toda posible ventaja que redunde en beneficio propio, de parientes, amigos o conocidos».
Aún más, para los que la aplicación de este código pudiera resultar insuficiente, se trae a colación, lo que en penal podría ya actuar de forma inmediata, y que desde el Código ya se vislumbra, y es lo relacionado con conductas de tipificación, cohecho y corrupción. Establece, en efecto, el artículo 21 (Cohecho y corrupción) que «las personas sujetas al presente Código no deberán ofrecer, prometer, dar o aceptar beneficio personal o económico indebido, ni de cualquier otra índole, a fin de conseguir o mantener un negocio o cualquier otro beneficio deshonesto de cualquier persona de la RFEF o ajena a esta. Tales actos están prohibidos, indistintamente de que se lleven a cabo de forma directa o indirecta a través de intermediarios o en colaboración con intermediarios o partes vinculadas a estos últimos, tal como se define en este Código. En particular, las personas sujetas al presente Código no deberán ofrecer, prometer, dar o aceptar ninguna ventaja económica indebida, ni de cualquier otra índole, por la ejecución u omisión de un acto relacionado con sus actividades oficiales y contrario a sus obligaciones o que recaiga en su discreción. Toda oferta de tal tipo deberá notificarse a la Sección de Ética del Comité Jurisdiccional, so pena de sanción, añadiendo, en su apartado segundo, que «está prohibido que las personas sujetas al presente Código malversen fondos de la RFEF, independientemente de que lo hagan directa o indirectamente a través o en colaboración con intermediarios o partes vinculadas a estos últimos conforme a lo estipulado en el presente Código». En su apartado tercero determina que «las personas sujetas al presente Código deberán abstenerse de ejercer o tratar de ejercer toda actividad, o de adoptar un comportamiento que pudiera interpretarse como una conducta inapropiada o pudiera despertar sospechas de ello, tal como se describe en los apartados precedentes».
¿Qué viene a significar todo esto? Pues algo que a veces algunos juristas describimos como textos articulados por la estética del momento, pero sin capacidad interna de aplicación de las propias organizaciones. Y lo más grave aún que encierra la arbitrariedad de unas omisiones que no sólo afectan al que parece ser el máximo responsable, sino a la propia capacidad regeneradora de la institución. Y al final de todo ello acaba de unos episodios de intervención pública, cuando se tienen instrumentos para hacer frente a este tipo de comportamientos, que, si son como los que se señalan, tienen cabida ya en una primera instancia en la aplicación de este Código Ético. Y además, aviso a todos, la aplicación del mismo es obligación y derechos de todos los que conforman la Real Federación Española de Fútbol. Todo ello, con un Código que cuenta con más de dos años de vigencia.
Comments Off on Una de cine español
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2014/1049/1049cultura_cine.pdf
Recientemente experimenté dos sesiones de películas de forma casi ininterrumpida, concretamente La vida de Adéle y La Herida. Salí del cine reconfortada. Especialmente, por la fortaleza y la factura de la película española. Yo soy de las que ve cine español, y se enorgullece de él, valoro cómo en la Sorbona, su cátedra de cine, está estudiando la película Madrid de Patino. Tuve la experiencia en Oxford de asistir a un coloquio sobre Los abrazos rotos, de Almodóvar. Y acompañar a unos amigos franceses en Paris a ver Historias del Kronen. Ejemplos que definen la internacionalidad del cine español.
¿Qué emana, pues, del audiovisual español? Que lucha contra viento y marea por la inercia de un país que banaliza lo que la cultura representa, que es mucho; y no valora su capacidad económica. Este cine tiene identidad, contenido, grandes profesionales. Pero le falta, quizás, una posición estratégica de país. Los que trabajamos en la industria convencional, nos preguntamos, por ejemplo: ¿por qué no es causa de la comisión interministerial, enmarcada dentro del PlN 2020? ¿Tiene músculo este cine?, y no lo digo para que se dope, porque en otros sectores sí que hay una incentivación económica directa e indirecta, teniendo en cuenta la aportación del mismo a las arcas públicas -valga como referencia 614 millones de euros en 2012-.
¿Qué sucede entonces con la falta de definición de sector estratégico del audiovisual? Si lo identificamos como una imagen que internacionaliza un país, que dinamiza los entornos en los que actúa, que deriva de impuestos directos e indirectos, que crea exponencialmente más del doble de puestos de trabajo directos. No se merece, quizás, iniciativas, ajustadas a sectores empresariales, tales como un Plan ADO, el Mecenazgo prioritario; o, por ejemplo, un denominado Plan PIVE del sector audiovisual, como sí está en el del automóvil, con más de 300 millones; o el de la agroalimentación, aeroespacial, o incluso el de la minería, todos ellos conforman parte de una estrategia de Estado, a través de la Comisión Interministerial creada en 2010, por Real Decreto. Y que una se sigue preguntando la inactividad para presentar propuestas, como miembro de pleno derecho por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y más, teniendo en cuenta, que se nutre con fondos de la Unión Europea.
Cuando se habla de subvención, esta especie de estigma recala en el audiovisual, pero no es significativo si, por ejemplo, decimos que diez empresas, de sectores muy diversos, rozan los 270 millones de euros, lo que supone casi el 30% del total de las subvenciones que reciben las grandes empresas y el 8,6% de la cantidad total de las ayudas estatales otorgadas durante 2012.
Lo que parece más que evidente es la confirmación de un modelo acabado en gran parte, por insuficiente para el desarrollo y proyección del sector audiovisual. No sé si la creación de la Agencia, contemplada por la ley de 55/2007, entre cuyos fines está el fomento, promoción, ordenación y apoyo de las actividades cinematográficas y audiovisuales, la conservación del patrimonio cinematográfico, sería lo adecuado para liderar ese nuevo cambio. Lo que sí es verdad es que este sector no puede esperar más a esos cambios. Se juega todo. Hace falta ponerse a elaborar las bases de este sector industrial, a través del PIN, que contiene un fondo de más de 8.000 millones de euros.
Resulta evidente que se trata de un sector estratégico que lo merece y además tiene los elementos definitorios de este tipo de apuestas del marco de la Unión Europea,- fomento del crecimiento y dinamismo de las Pyme, favorecimiento en la orientación de las empresas a los mercados internacional , ley de Internalización de la empresa del año 2010, por la que se pueden obtener importantes fondos de organismos internacionales, basados, por ejemplo, en aquellos proyectos audiovisual de especial incidencia y significación del patrimonio cultural.
Prerrogativas y privilegios de los Expresidentes
Continúan aún presentes prerrogativas y privilegios de personas que, habiendo sido servidores públicos, reclaman para sí un estatus que en un Estado democrático como el actual constituyen, como mínimo, un anacronismo histórico, de difícil encaje en la realidad, por lo injusto que resulta con respecto al resto de sus conciudadanos.
De esta manera, resultó razonable –recién culminado el proceso constituyente en nuestro país–, dictar un Real Decreto (2012/1983 de 4 de agosto) que regulaba la figura del expresidente del Gobierno, otorgándole una serie de prerrogativas, calificadas por algunos como prebendas, respecto a mantener coche oficial, oficina a cargo del dinero público, el gratis total por tierra, mar y aire en el territorio español, a costa de los transportes públicos; con la salvedad de estar limitado a cuatro años, que comenzaba inmediatamente a partir del cese como presidente del Gobierno, por eso de facilitar la transición del servidor público a la denominada vida civil del expolítico.
Esta especie de privilegio temporal se tornó en prerrogativas, provocado, posteriormente, por un cambio de legislación, en dos ocasiones, en ambas curiosamente con gobierno socialista, por medio de los reales decretos –RD 405/1992, de 24 de abril y RD 1306/2008, de 18 de julio–. El primero comienza suprimiendo la limitación de los cuatro años, para convertirlo en atemporal, esto es, para siempre, consolidando un estatus consistente en incorporar una serie de mejoras en relación a incrementar la asignación presupuestaria, alquiler o compra de inmuebles, atenciones protocolarias, disposición de bienes y servicios, etc. Manteniendo el gratis total a cargo del Estado –vía impuesto de los ciudadanos–, así como implementando el derecho a la pensión indemnizatoria, además de establecer en favor de sus familiares los derechos pasivos previstos en la legislación sobre clases pasivas del Estado. Y el segundo, más difícil de justificar por lo que significa de acentuar el anacronismo, por cuanto que viene a hacer extensible estas prerrogativas en favor del cónyuge o persona unida con análoga relación en caso de fallecimiento del ex presidente, abriendo el abanico de estos privilegios a personas que en España no representan nada, como es el caso del cónyuge o pareja, desde el punto de vista de su papel institucional; al contrario, por ejemplo, de otros países donde efectivamente se reconoce la figura de la Primera Dama. De ahí que resulte, aún más extraño, por cuanto que ni jurídicamente ni legítimamente se sostiene esta última reforma al respecto.
Verdaderamente es lamentable la vigencia de esta clase de disposiciones legales que sirven para contextualizar una forma de proceder y actuar de una clase dirigente que quiere perpetuar privilegios para determinadas personas que, calificadas como servidores públicos, han dejado de serlo; y todo ello a costa de los fondos públicos y de la actitud crítica del resto de ciudadanos que no entiende de estatus más allá del hecho de ostentar una representación institucional en un momento determinado. Y no es un tema baladí pues la realidad es que esta legislación del Gobierno central se ha trasladado al resto de las Comunidades Autónomas, pues el mimetismo en los privilegios aúna consensos; lo que se ha traducido en muchos expresidentes con sus correspondientes privilegios para tiempo indefinido. Eso sí, en esto también hay clases, y no todos mantienen las mismas prerrogativas.
Decía María Zambrano, en su concepto de conciencia histórica, que a lo largo del tiempo y durante muchos años, la historia la hacían solamente unos pocos, y los demás sólo la padecían. Este tipo de ejemplos, puestos en marcha por el legislador y el Ejecutivo, a mayor gloria y beneficio de los mismos, han servido para consolidar privilegios que chocan con las demandas de una sociedad que empieza a estar cansada de castas y estatus, al margen de los vaivenes de la dramática situación económica.
Ahora entiendo por qué la expresión cada vez más utilizada del rejuvenecimiento de los expresidentes o ex altos cargos. Es fácil: dejan el servicio público para regentar un estatus de privilegio para toda su vida y, de paso, incorporan al familiar más cercano; y a continuación se les asigna el Consejo de Estado o Consejo Consultivo, según
sea, como destino dorado.
Vía: http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2013/1026/1026MJLopezGonzalez.pdf
Partitocracia y Financiación
El debate de la financiación de los partidos políticos salta habitualmente a los medios de comunicación, al hilo de los casos de corrupción en el que se encuentran inmersos algunos de sus dirigentes. Y la respuesta siempre suele ser la misma: un nuevo cambio de la legislación. Legislación que previamente han aprobado los mismos que ahora la utilizan como coartada para defenderse. Y siempre se recurre a la misma estrategia, especialmente, cuando se ven acuciados con sentencias y procesos judiciales en marcha. La Constitución proclama que los partidos políticos manifiestan la pluralidad política de los ciudadanos de este país, y configura en ellos la voluntad popular. Marcando significativamente un hecho, que sean democrá-ticos. No obstante, a lo largo de nuestra última etapa democrática, los partidos políticos han sucumbido a una especie de partitocracia en la que han legislado por y para sí mismos, otorgándose un sistema de subvenciones y prebendas públicas que, por lo que estamos viendo, no han sido capaces de abstraerse a la corrupción y a la comisión de hechos punibles en relación con diferentes tipos delictivos.
La Ley Orgánica de 2007 sobre financiación de partidos políticos pretende que los mismos tengan suficiencia, además de una regulación transparente en su actividad económica. Y, así, establece un sistema de subvenciones para los procesos electorales, gastos de funcionamiento y toda una serie de contingencias económicas a lo largo y ancho de todas las administraciones públicas: local, autonómica, provincial, estatal y europea. Al mismo tiempo, contempla la financiación privada, en relación a cuotas de afiliados, gestión de su propio patrimonio, donaciones, préstamos, etc.
Los hechos y la praxis señalan que la financiación básicamente es pública, esto es, proviene de los impuestos de todos los ciudadanos. Circunstancia ésta que debiera obligarles a ser mucho más transparentes y cuidadosos con el dinero público que manejan para su financiación, ya que los resultados son desastrosos, y, más aún, con el mal supervisor Tribunal de Cuentas, que, como siempre, llega mal y tarde. Por lo que sorprende cuando la clase política dice que se van a controlar o incluso suprimir las donaciones pú- blicas. Al hilo de esto, lo que se deberían plantear es el modelo de la financiación pú- blica para optimizar este dinero, que es mucho, teniendo en cuenta el sistema de las cuatro administraciones que tenemos, y priorizarlo a otros asuntos como educación, sanidad, o infraestructuras. Y, además, nada dice el texto constitucional de una obligación para financiar los partidos políticos. Y lo lógico debiera ser centrarse en la financiación privada, en la capacidad de los partidos políticos para generar sus propios recursos. Y detraer de sus afiliados y de sus cargos de representación, y no al revés. Yo he sido directora general y pagaba 300 euros al mes como cuota de gracia por ostentar un alto cargo en la Administración Pública. Por tanto, la cuestión aquí sería fortalecer las vías
de financiación privada y hacerlo con tal nivel de transparencia que no resultara nada difícil en el momento actual publicar en la web de las formaciones políticas cada uno de esos ingresos, fechas, donantes y criterios de aceptación de ese dinero privado.
La ley actual es muy clara, pero no parece servir a la transparencia requerida y demandada, y la prueba está en la casuística de la corrupción política, causante, entre otros, de la desafección hacia la clase política. Existe en la ley un catálogo de prácticas prohibidas y una negación expresa a
las donaciones anónimas, estableciendo, incluso, topes de cantidad por valor de 100.000 euros, exceptuando, por ejemplo, en
bienes inmuebles, con determinados requisitos. Así pues, el planteamiento puede estar bien, pero el resultado ha sido fallido, y de ahí que cuando la clase dirigente se llena la boca de cambiar la normativa la respuesta inmediata debiera ser que de lo que se trata es de cumplirla y no de esquivarla.
Y sobre todo, de modificar los modus operandi de antaño en las contabilidades de los partidos políticos, para que generen ellos mismos capacidad para captar fondos. Para evitar detraer dinero público para el funcionamiento de unas organizaciones que no están siendo capaces de vehiculizar los desa – fíos y las demandas de esta sociedad. Transparencia siempre, y, ¿cuándo se van a publicar en las web, en una sección específica, las donaciones, el dinero y los fondos públicos y privados que reciben de forma detallada? Y que no quede siempre para cuando te pillan.
Vía: http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2013/1031/1031MJoseGonzalez.pdf
Hace ya algunos meses que el Consejo de Ministros acordó la creación de una comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. De hecho, en la página web del Ministerio competente existe un enlace para que los ciudadanos intervengamos en relación a sobre qué administraciones y aspectos ha de ir la propuesta de reforma. Desde el inicio de la legislatura se habla mucho de esto, relacionado con el tema de la austeridad y la no duplicidad. Pero a diferencia de otras medidas que han afectado muy directamente a los ciudadanos, en el tema del achicamiento de las administraciones públicas parece irse con un ritmo más pausado.
Pudiera ser comprensible en tanto en cuanto tiene incidencia con la configuración del estado actual, el denominado marco de las Estado de las Autonomías. Pero convendría acercarse a analizar, desde el punto de vista de la optimización a organismos e instituciones de gestión pública que hoy resultan caducas por inoperantes, y por haberse quedado obsoletas en la sociedad de la información.
La otra cuestión tiene que ver con temas de especial incidencia competencial en la duplicación de instancias de carácter administrativos entre las regiones, municipios y gobierno central. Y así entramos en la vorágine de representantes del Gobierno Central en las Comunidades Autónomas, y a su vez delgados de las Comunidades Autónomas en las Provincias y, por último, representantes de las Provincias en los Ayuntamientos. Y todo este aparataje administrativo incidiendo sobre el ciudadano, no siempre de la forma más eficaz, pero, en todo caso, sí que el único soportando con sus fondos todo este despropósito.
Transcurrido el tiempo seguimos, – a pesar de algunas decisiones que inciden y están incidiendo sobre el nuevo modelo de sociedad como ciudadanos al menos-, sintiendo la ausencia de un verdadero plan de racionalización administrativa, capaz de eliminar las trabas burocráticas, simplificando normativas y procedimientos que hagan creíble la existencia de una administración pública sin duplicidades.
Cuando se analizan las partidas presupuestarias de las cuentas públicas de cualquier administración sigue teniendo una especial significación económica instituciones, que la mayoría de los ciudadanos desconocemos y no sabemos para qué sirven, y no se es capaz de realmente llevar a cabo no sólo una auditoría económica, sino de gestión para ver realmente la viabilidad de ese órgano o instancia administrativa. Además la realidad de nuestro país ya se encamina hacia otro tipo de forma de gestionar y gobernar la cosa pública, que nunca ha de estar basada en la superposición de centros de poder, que a veces obedecen más a requerimientos e intereses políticos, que a verdaderas demandas de los ciudadanos.
Se hace urgente, pues, poner las bases de ese cambio en la forma de administrar lo público, y hacerlo desde la transparencia, por suerte la tecnología es un gran aliado en este sentido. Toca ya decidir qué modelo de administración, sociedad o país queremos. Aquel que toca servir de verdad a los ciudadanos, o aquel otro, que hemos de soportar los ciudadanos. La diferencia parece clara: el primero, atiende a una concepción de servicio público; y el segundo, de servilismo.
Por esto lo de la reforma de las administraciones públicas, que algo tocará desde el punto de vista de los intereses políticos, especialmente del estado de las autonomías, debe inspirarse, especialmente, en la capacidad de servir a los ciudadanos, y que ese servicio sea eficaz, adecuado, y desde el punto de vista económico posible. Pues los ciudadanos y en este momento más que nunca empezamos a demandar otro tipo de administraciones, que la burocracia no siga el signo definitorio de la administración pública, y que la reproducción de centros administrativos de poder deje de ser el reto de muchos responsables institucionales que tratan de asentar sus vidas profesionales en la persistencia de estas administraciones, a cambio de perdurar viejos modelos que siguen anclado en el pasado, y que impiden a esta sociedad realizar la verdadera transformación.
El indulto, un privilegio a erradicar
La denominada Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto sigue teniendo, a pesar del tiempo de su vigencia, el sustento en nuestro texto constitucional, y así el artículo sesenta y dos i establece que el Rey puede ejercer el derecho de gracia, limitando la existencia al indulto general. Y, en nombre del Rey, es el Ministro de Justicia el que toma la decisión y pone a la firma del Monarca. Lo cierto es que esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) han aparecido publicado los nombres catorce nuevos indultos totales y parciales. Había de todo, condenados a tráfico de drogas, delitos monetarios, falsificación de documentos, tentativa de homicidio, malversación de caudales, etc; advirtiéndoles, en la coletilla final del texto del indulto, de que no volvieran a delinquir.
En el pasado año parece haber habido una intensa actividad induldatoria, por parte del Ministerio de Justicia, por auxiliar a los delincuentes condenados y bien condenados, llegando a la cifra de más de quinientas personas. No sé si esto se debe a que el Gobierno es muy complaciente y generoso o que los juzgados y tribunales juzgan con demasiada severidad. Lo cierto es que mientras los juzgados y tribunales hacen su trabajo, el Gobierno, por otro lado, los enmienda. Es legal es evidente, pero no sé si se tiene una legitimidad, tratándose de un texto legal de hace dos siglos. Y de una medida de gracia que en democracia rompe con, como mínimo, el concepto de separación de poderes. Y, además, en algunos casos, y precedentes hay, el indulto a determinadas personas ha causado una gran alarma y escándalo social.
Lo que no se entiende, si se observa muchos de estos indultos en el Boletín Oficial del Estado, el hecho de que ninguno de los mismos esté motivado, y suficientemente motivado por causa de interés general o principio de justicia, como así se señala en el objeto de la nombrada Ley de Gracia.
De hecho el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones en relación a distintos indultos del ejecutivo, algunos muy conocidos, estableciendo criterios de falta de motivación, equidad, incluso llegando a indicar situaciones de cierta arbitrariedad.
En nuestros tiempos eso de que te condenen en vía judicial, con todas las garantías jurisdiccionales existentes, y que, por otro lado, pueda venir el Gobierno y condonarte la pena, una vez juzgado y condenado, ciertamente dibuja un escenario arcaico y decimonónico, que resulta difícil de entender en una sociedad democrática como la española.
Y mientras que todo el aparato del Estado ha funcionado con profesionales como la policía, investigadores, peritos, jueces, fiscales, abogados etc; con un sistema de recursos y garantistas como el actual en pro de que si se ha incumplido la legalidad vigente, se condene y se castigue; entra en juego una decisión política, basada en una norma de dos siglos, y sin motivación, hace saltar todos los resortes utilizados, duda del trabajo de todos los profesionales anteriores y decide poner en libertad al que ha sido juzgado por los Tribunales y Juzgados de nuestro país. A pesar de lo chocante que todo esto puede resultar, lo más duro de entender lo constituye el hecho de que el Gobierno, en este caso, el Ministerio de Justicia, para tomar esta medida de gracia, no da argumentos para enmendar la plana a todo un sistema policial y judicial.
Esta situación para algunos no es comprensible porque, además de romper el principio de separación de Poderes en un Estado de Derecho, se produce una situación de grave injusticia hacia aquellos otros que, por causas diferentes, no pueden acceder a tramitar el indulto o la gracia, con la siempre sospecha de ser atendido aquellos que tengan cierta capacidad para influir, frente al resto de ciudadanos que no pueden. Y más aún, cuando aquí la decisión corresponde a, veces, a intereses, que no siempre coinciden con el concepto de hacer justicia, igual para todos, y que sean sometidos al mandato de los jueces y tribunales.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 21
 Real Decreto