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Timestamp: 2019-05-19 06:43:51+00:00

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El Blog de Mediación | escrito por Rosa Mijangos | Página 2
El Ministro de Justicia tiene una oportunidad de oro para adoptar medidas tendentes a solucionar la sobrecarga de Juzgados y Tribunales civiles y mercantiles. El Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que quedó, con sus luces y sus sombras, aparcado, ha de ser retomado por él, y sería bueno que se acometiera una regulación valiente y comprometida. El anterior Gobierno vio fuertemente cuestionado su trabajo en relación con este asunto, y, consecuemente, el actual tiene la posibilidad de corregir los errores que tanta polémica generaron en su día. Especialmente, nos referimos al estatuto del Mediador. La necesidad de regular esta profesión con una norma estatal, sometida a día de hoy a tan variopinta normativa como Comunidades Autónomas hay en España, es ya apremiante. No puede ser, como establecía el anterior Anteproyecto, Mediador alguien que únicamente está inscrito en un registro como tal, y tiene un seguro de responsabilidad civil. Los requisitos de formación y capacitación deben, necesariamente, elevarse. Sobre todo, y fundamentalmente, porque debe dotarse de confianza a quienes decidan intentar solucionar sus conflictos por esta vía, hoy por hoy, bastante desconocida. Vamos con retraso en la trasposición de la Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. La ventaja es que hay muchos modelos de otros países a los que mirar. Ojalá nos sirva, por el bien de todos.
Por el International Mediation Institute.
http://imimediation.org/stop-shovelling-smoke
En el desarrollo de las ADR (resolución alternativa de disputas), tanto los propios profesionales, los clientes, como las otras profesiones, y, en otros países (lamentablemente, todavía no en España) existen organismos encargados de la supervisión y control de la prestación de estos servicios que se han preocupado por establecer estándares para la conducta ética en mediación. Los motivos son de diversa índole, pero interesantes en cualquier caso, nos referimos a:
– la necesidad de tener que educar a los usuarios/clientes de mediación para que puedan elegir un servicio ético;
– garantizar que los usuarios/clientes reciban una atención que cumpla los estándares seleccionados, y,
– la propia protección de la reputación de los mediadores, diferenciando la práctica de aquellos que no respeten las normas.
En España, en un futuro espero no muy lejano, vamos a necesitar abordar estas cuestiones. En la historia del desarrollo de la mediación en otros países más avanzados, (por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido) ha existido un gran empeño en aplicar algunas normas a la práctica de los profesionales independientes. Por lo general, estas normas no son aplicables de la misma manera a aquellos mediadores que estén en relación de dependencia con una institución pública, por ejemplo la Justicia, o la propia Administración en su condición de proveedora de la mediación como un servicio público. Puesto que es no sólo una necesidad real, sino también, esperemos, una tendencia la práctica de la mediación a nivel privado, vamos a repasar brevemente algunos de estos códigos. En su mayor parte, estas normas establecen que los mediadores tienen obligaciones éticas hacia las partes, hacia la profesión y hacia sí mismos. Deben ser honestos, actuar de buena fe y con profesionalidad, ser diligentes, y no comprometer nunca los intereses de las partes a costa de los suyos propios.
Obligaciones de los mediadores:
Asegurarse de obtener el consentimiento informado de las partes, para garantizar que ellas entiendan la naturaleza del proceso, los procedimientos, el papel del mediador, y su relación, como partes, con éste.
Evitar trabajar/abandonar asuntos en los que prevea conflictos de interés.
Llevar a cabo el proceso en el tiempo previsto.
Asistir a las partes en el proceso de tal modo que lo puedan percibir como propio, para alcanzar un acuerdo que van a valorar como de ellos mismos, y no del mediador.
En casos especiales, recordar a los mediados los intereses de partes que no están representadas en la mesa de negociación, pero que deben ser incluidas.
Aceptar solamente aquellos casos que se encuentre capacitado para llevar.
Plantear al principio del proceso cuáles son sus honorarios.
cuando existe un conflicto …
Pinchad en el link para ver una interesante entrevista a Juan Antonio Ruiz, publicada por Diariojuridico.com.
Para ver la información, por favor, pincha en el siguiente enlace
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Generalitat/mediara/evitar/desahucios/elpepiespcat/20110729elpcat_8/Tes
Me refiero a su reciente artículo, publicado en la revista Otrosí, periódica del Colegio de Abogados de Madrid. En su último número, correspondiente a Octubre-Noviembre de 2011, bajo el título “Mediación y Justicia. Síntomas Patológicos” analiza el Proyecto de Ley de Mediación, que, ya en la introducción, señala, “merece al autor un fuerte reproche de fondo”. No descontenta con esa posición, que comparto en parte (ver entradas anteriores en este blog) me dispongo a leerlo, con una cierta ilusión, que rápidamente se esfuma. El Proyecto no nos gusta ni a él, ni a mí; pero la disparidad de nuestros motivos no puede ser mayor. Al Profesor le disgusta la mediación. A mí me encanta.
Estoy de acuerdo con él en lo desafortunado de la redacción del Proyecto de Ley; no tanto en los agresivos términos con que se refiere a éste. “El apartado I de la Exposición de Motivos del PLM ya manifiesta un craso error conceptual y, en consecuencia, un gran error de básica perspectiva legisferante.” El craso/gran error, finalmente, no es otro que la expresión de la necesidad de potenciar “fórmulas de resolución de conflictos, que permiten a los ciudadanos resolver sus controversias con altos niveles de satisfacción, y, al tiempo, ayudan a la agilización y mejora de todo el sistema de justicia. Una de esas fórmulas es la mediación …” Concluye el Profesor de la Oliva que “no es cierto que la Administración de Justicia comprenda la mediación (ni otras fórmulas similares –debe ser su intención, referirse aquí al arbitraje*–)”. Lo cierto es que no puede pretenderse, ni la Exposición de Motivos lo hace, que un Mediador forme parte de la Administración de Justicia, como tampoco lo puede hacer un árbitro, ni un abogado. Más adelante me referiré a la resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2011, que señala la mediación como una fórmula necesaria e importante para no judicializarlo todo. Si de este modo se agiliza la saturadísima (y por ende, ineficaz) administración de Justicia, quizá la tutela judicial, anhelada por todos, resulte ser más efectiva. Creo que a eso se refiere el Proyecto de Ley, y no a otra cosa.
Errores y falsedades del Proyecto de Ley de Mediación. El Profesor de la Oliva entiende (de ahí el título del epígrafe) que la definición de la mediación que realiza el Proyecto la extiende más allá de esta misma. El Profesor de la Oliva lo es de derecho procesal. Ello no supone que conozca la mediación. Pero sí debería suponer que, desconociéndola, no califique tan apresuradamente de “error y falsedad” la definición que de ésta se da en el Proyecto, artículo 1 (en clara consonancia con la Directiva …..) “Se entiende por mediación aquél medio de solución de conflictos en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”. A lo que concluye, que “si dos partes llegan a un acuerdo ´por sí mismas` difícilmente puede afirmarse que el acuerdo es fruto de la intervención de un mediador”. Resulta, así, un poco traída por los pelos la argumentación del Profesor; el proyecto no dice que el acuerdo sea “fruto de”, sino que se alcanza “con la intervención de “. Es claramente distinto; no obstante, nos viene bien para ver el desconocimiento del autor acerca de lo que es la mediación, y de lo que es un mediador. Un mediador no es otra cosa que un canal de comunicación. Utiliza técnicas para facilitar ésta, y precisa de conocimientos técnicos formular preguntas a los mediados, y generar en ellos respuestas, que, a lo largo del proceso correspondiente, harán que sean ellos mismos quienes alcancen los acuerdos que les convengan. Por cierto; veamos el significado de la preposición “mediante”, que significa (Diccionario María Moliner) “utilizando lo que expresa el nombre al que se aplica ´mediante’”; es, pues, utilitarista, y el mediador no deja de ser un útil (una persona útil) para que dos partes en conflicto alcancen acuerdos.
Continúa el Profesor: “Una conciliación judicial previa al proceso civil venía impuesta por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para la práctica totalidad de los procesos civiles. (…) El porcentaje de conciliaciones exitosas no alcanzaba ni siquiera el 1 % de los litigios civiles y mercantiles. No es de extrañar que la importante y extensa Ley 34/1984 dispusiese (…) conferir al acto de conciliación (…) un carácter meramente facultativo. (…) No se ha registrado cambio alguno en la cultura jurídica española que permita suponer que la obligatoriedad de la mediación proyectada en asuntos civiles será ahora efectiva cuando antes la conciliación resultó un mero estorbo ….”. Como abogada he asistido a unos cuantos intentos de conciliación, cuyo éxito, coincido con el Profesor, resultaba más que dudoso; ahora bien: las causas eran infinitas: para empezar, en la mayoría de los casos, no se realizaba ni siquiera ante el Juez competente para conocer del asunto. El Profesor de la Oliva debe saber (seguro) que la famosa papeleta “sin avenencia” era extendida por un oficial del Juzgado de Turno, tras obtener respuesta, lógicamente negativa, a una única pregunta que él mismo, en la oficina judicial, realizaba. ¿Existe alguna posibilidad de conciliación?. Del citado funcionario, lógicamente, no cabía esperar ni conocimiento de las partes, ni del asunto litigioso, ni intención alguna, claro está, de que éstas llegaran a un acuerdo. ¿Puede, seriamente, compararse esto con la mediación? Si nos apresuramos mucho, y tenemos interés en dejar zanjada una cuestión ya resuelta a nivel personal de antemano, (que es la premisa de la inutilidad de cualquier esfuerzo, por profesional que éste sea, de que demandante y demandado hayan intentado, previamente a la costosa puesta en marcha de la Administración de Justicia, resolver sus diferencias), lógicamente, la comparación nos vendrá bien. Y la respuesta será que sí; que son comparables. No obstante, hoy en día no puede seriamente compararse una mediación con el escenario más arriba descrito de una conciliación, salvo que el intento por hacer oídos sordos al clamor social que demanda medidas que eviten el litigio, sea tan intenso, que prospere. Y que prospere, además, el olímpico desprecio del derecho comparado; con leyes reguladoras de la Mediación en la mayor parte de los países de la CEE; de la existencia de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles; y también, ya de paso, la resolución de 13 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre , sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026(INI)). No es, pues, tan sencillo hacer creer que la mediación es un invento que un grupo de inocentes personas se han sacado de la manga. No sólo las bondades, sino la necesidad de la mediación tienen una base legislativa que el Profesor de la Oliva omite, ya que ni siquiera contemplo la hipótesis de que las desconozca.
Cuestión aparte es la mediación previa a los procesos contencioso-administrativos, y no la voy a analizar aquí, sino en un posterior comentario. La referencia que a ella se contiene en el Proyecto de Ley de Mediación conduce al autor a señalar, en ese tono tan ofendido que utiliza a lo largo de su artículo, que “el rótulo de una futura ley de Mediación compresiva de lo que ahora nos ocupa habría de ser modificado para que el contenido de la Ley no estuviese en grosera discordancia con su nombre”.
No quiero extenderme más, pero volveremos sobre el artículo del Profesor; no puede decirse que en este Blog de Mediación se hayan escrito, precisamente, alabanzas del Proyecto de Ley de Mediación; pero una cosa es la deficiente técnica legislativa, la pobre regulación, carente de valentía, y de rigor técnico de que adolece el citado Proyecto, y otra muy distinta criticar, desde la falta de conocimiento, la Mediación. De sus ventajas volveremos a hablar en breve, y lo haremos sobre la base de la resolución varias veces citada en este post, del Parlamento Europeo, de 13 de Septiembre de este año.
Y, finalmente, ante el tono y los adjetivos del artículo de la revista Otrosí que aquí comento, que ponen de manifiesto una oposición frontal, no exenta de cierta agresividad, como ya he dicho, no puedo por menos que hacerme una pregunta, que cada vez me asalta con más frecuencia. ¿Será que la Mediación da miedo? ¿A quién y porqué? Me encantará conocer vuestra opinión. Buena semana a todos.
*Nota mía
Hace no mucho, Miquel Tort publicaba en su estupendo blog (www.solomediación.es) una entrada titulada “La mediación la llevamos dentro”. No puedo estar más de acuerdo con él. Quién no se siente impotente a veces para comunicarse, cuando se encuentra frente a un conflicto? A quién no le ayuda abordarlo en un clima de confianza, y, sobre todo, si el planteamiento es alcanzar un acuerdo en el que todos ganen? A quién no le parece que la única manera de que los pactos sean duraderos y justos sea que éstos se alcancen bajo la premisa de “yo gano- tú ganas? Y, finalmente, quién no necesita de atención cuidadosa, escucha atenta, y ayuda para manejarse en tiempos de turbulencia por un problema de difícil abordaje?
Efectivamente; si la respuesta a las anteriores preguntas es ” a todos”, es que quien esto lee, lleva la mediación dentro. Atención a ello, porque es una pista importante que merece la pena escuchar cuando por avatares de la vida, haya de resolver algún conflicto.
DIARIO EXPANSIÓN 01.03.2011 M. Serraller / M. Álvarez Caro / V. Martínez-Vares
Consulte el informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley de reforma concursal y Anteproyecto. Lea el artículo completo en Expansión en Orbyt
Haga click en el siguiente link para ver la iniciativa de la Comunidad Valenciana
LEY DE MEDIACION VALENCIANA
En ocasiones se recoge en un acuerdo de mediación una serie de normas de comportamiento que conviene que sean observadas por los mediados; algunos profesionales lo prefieren hacer así, y otros lo consideran legalista. Existen Centros de Mediación que dan a los clientes un decálogo. La Asociación de Mediadores en los tribunales de Michigan, Estados Unidos, dan por ejemplo unas bases sencillas:
Permitir a cada persona que hable sin interrupción
Ser corteses en la manera de dirigirse al otro
Escuchar lo que el otro tiene que decir. Puede descubrir que está de acuerdo con alguna de las cosas que dice
No acusar al otro. No interpretar. Intentar ceñirse a los hechos
No hablar por el otro; no hablar de sus intenciones, motivos o puntos de vista. Son suposiciones. En cuanto a intenciones, motivos y puntos de vista, hablar únicamente de los propios.
Pensar acerca de posibles opciones para resolver los problemas
Sea cual sea la fórmula (acuerdo firmado, sesión informativa) no conviene iniciar un proceso de mediación sin que sean explicadas las actitudes que, básicamente, se esperan de los mediados.
La responsabilidad principal en la resolución del conflicto recae en los propios mediados, y esto merece una explicación, ya que, muchas veces en el despacho, ante esta afirmación, la pregunta es ¿y Ud. entonces qué papel juega en todo esto? Por muy importante que haya sido el papel de un mediador al ayudar a alcanzar acuerdos en una negociación, no puede sustraerse a las partes su protagonismo a la hora de convenir voluntariamente una serie de pactos o acuerdos.
El mediador no puede imponer un acuerdo a ninguna de las partes; no puede ni siquiera tratar de influir en la adopción de decisiones por éstas, que son, finalmente, quienes van a vivir con ellas.
Sí puede, en cambio, facilitar la comunicación, desbloquearla cuando esto sea necesario, vigilar que ambas partes estén en igualdad de condiciones para negociar, corregir desequilibrios que hacen imposible que el acuerdo se asuma por los dos mediados, y, en fin, aplicar técnicas que faciliten el tránsito por un conflicto, su abordaje en las mejores condiciones posibles, y la aplicación de técnicas que faciliten, en cada caso, y dependiendo de las demandas del asunto, su negociación.
El Council of Mediation Organization define la mediación como un enfoque, entre los distintos modos de abordar la resolución de conflictos en que un tercero imparcial interviene en una disputa, a requerimiento de las partes, para ayudarlas y facilitar la obtención de un acuerdo mutuamente satisfactorio acerca de las cuestiones objeto de discusión.
Se trata, pues, de una profesión con responsabilidades y deberes éticos. Su ejercicio implica la asunción de que toda persona/colectivo tiene derecho a negociar e intentar determinar los resultados de sus propios conflictos.
Los mediadores sabemos que nuestros deberes y obligaciones son complejos, y atañen a no sólo a las partes en conflicto, sino al propio proceso de mediación, al resto de mediadores, en su caso a los organismos que ofrecen y gestionan la práctica de la mediación.
Se dedican a la mediación profesionales que, frecuentemente, tienen otra formación anterior (psicólogos, abogados, educadores sociales … etc.) que, en cada caso, tienen su código deontológico correspondiente. No obstante, el ejercicio de la profesión de mediador implica, en tales casos, la asunción de obligaciones adicionales. Veremos más adelante elementos de un código de conducta de un mediador individual, que contiene principios aplicables en su práctica, ya esa ésta privada o pública.
Transcribimos noticia de agencias, publicada en El Economista el día 21 de Julio de 2010.
El Pleno del Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida sea considerada el “régimen preferente” en los supuestos de separación o divorcio. Las asociaciones de padres y madres separados y divorciados han acogido la noticia con entusiasmo porque favorece a “lo más importante”: el interés de los hijos.
Altava ha explicado que el objetivo es “conjugar los dos principios fundamentales que concurren en los supuestos de no convivencia o ruptura de una pareja cuando existen hijos e hijas menores comunes”, de un lado “el derecho de los hijos” a tener una relación con ambos progenitores y, por otro, el “derecho-deber” de éstos “de proveer a la crianza y educación de los hijos”.
La Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres Separados (CEMPS) ha considerado hoy que tras una separación o divorcio “lo más importante” son los intereses de los hijos, que se fortalecen con la custodia compartida.
Así lo ha afirmado hoy un vocal de CEMPS Francisco Palacios en una rueda de prensa, junto al senador del PP Manuel Altava, quien ha defendido la moción porque, en su opinión, cuando una pareja se divorcia o se separa no quiere decir que no persista “el vínculo de cariño” que hay entre padres e hijos.
Por su parte, Palacios se ha mostrado a favor de la moción del PP y ha considerado que es “necesario” arbitrar mecanismos para reducir la contenciosidad y “sobre todo” para “no crear escenarios de vencedores y vencidos” tras una separación o un divorcio.
Una amplia mayoría, a favor
Según ha indicado, el 85% de la sociedad está favor de la custodia compartida y ha indicado que, de 2005 a 2009, los divorcios han aumentado de un 35% a un 41%. En este sentido, ha asegurado que cuando un matrimonio decide acabar su relación también afecta “a la familia que está apartada cuando no es la del progenitor custodio”.
La CEMPS ha insistido en que lo más importante son los intereses del menor, que se fortalecen cuando se respetan dos derechos fundamentales, como son el derecho del menor a seguir manteniendo la relación con ambos progenitores y, sobre todo, el de los padres a criar y educar a los hijos “en igualdad de condiciones”.
El presidente de la CEMPS en el País Vasco, Pedro Ruiz, también ha intervenido en la rueda de prensa y ha explicado que los objetivos de la confederación son los de favorecer las relaciones en igualdad de ambos progenitores, así como la custodia compartida preferente y la mediación familiar.
Volvemos a publicar un post antiguo, pero vigente, para suavizar un poco tanto link a leyes como últimamente estamos publicando
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 artículo 1
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