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Timestamp: 2019-07-22 16:40:40+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00340/4599-2015 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2014-00340 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:INDEPENDENCIA ENTRE LA SANCIÓN MORATORIA Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS CESANTÍAS. SE INDICÓ QUE LA SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS ANUALES NO ES ACCESORIA AL AUXILIO, PUES HACE PARTE DEL DERECHO SANCIONADOR, CUYA FINALIDAD ES PENALIZAR ECONÓMICAMENTE AL EMPLEADOR QUE INCURRA EN RETARDO, Y EN ESE SENTIDO ES SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCIÓN. ES DECIR, EN LOS CASOS EN LOS QUE SEA APLICABLE EL ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL Y NO LOS DECRETOS 3135 DE 1968 Y 1848 DE 1969, DADO QUE ESTOS ÚLTIMOS NO REGULAN LA SANCIÓN ALUDIDA EN VIRTUD DE QUE FUE CREADA CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 50 DE 1990. POR CONSIGUIENTE, SI BIEN LA MORA SE CAUSA EN TORNO A LA PRESTACIÓN DE CESANTÍAS, NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE SU RECONOCIMIENTO, NI HACEN PARTE DE ELLA, PUES SU CAUSACIÓN ES EXCEPCIONAL Y DEVIENE DEL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES EN LA FECHA RESPECTIVA. PARA CONCLUIR, SE FIJÓ QUE LA SANCIÓN MORATORIA CUANDO NO SE EFECTUÉ DE MANERA OPORTUNA LA CONSIGNACIÓN DEL AUXILIO EN EL FONDO PRIVADO EN EL QUE SE ENCONTRARA AFILIADO EL TRABAJADOR, QUE CONSISTE EN EL PAGO DE UN DÍA DE SALARIO POR CADA DÍA DE RETARDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, ASIGNACIÓN SALARIAL, PRESCRIPCIÓN, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL SALARIO
Sentencia 2014-00340 de maro 1º de 2018
SALA DE LO CONTENCIOSO ADIMINISTRATIVO
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00340-01 (4599-2015)
Actor: Clara Luz Fontalvo Sarmiento
Asunto: Fallo ordinario Ley 1437/2011. Sanción moratoria
S0.0045
El problema jurídico consiste en establecer si la señora Clara Luz Fontalvo Sarmiento tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la de la Ley 244 de 1995 solicitada en su demanda, por considerar que recibió un pago parcial del auxilio de cesantías, dado a que la Contraloría General del Departamento del Atlántico realizó una nivelación salarial que presuntamente no fue tenida en cuenta.
Sobre el régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos territoriales.
Igualmente, la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996, en el artículo 13 dispuso que, a partir de su publicación, o sea, el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vinculen a las entidades del Estado, tendrán un régimen anualizado de 'cesantías, mediante la cual, la liquidación definitiva de las mismas debe realizarse el 31 de diciembre de cada año.
Así mismo la «Ley 50 de 1990 en el artículo 99, expresamente constituye el régimen anualizado de liquidación de cesantías cuando en su numeral 1º señaló, que “El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondientes sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo”. En el numeral 2º, ordenó la cancelación de los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. En su numeral 3º, fijó la sanción moratoria cuando no se efectúe de manera oportuna la consignación del auxilio en el fondo privado en el que se encontrara afiliado el trabajador, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo. Y, en el numeral 4º, dispuso que cuando se termina la relación laboral y existan saldos de cesantías a favor del trabajador que no haya sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos».(5)
Se evidencia en el expediente que la demandante se vinculó con la Contraloría General del Departamento del Atlántico en el cargo de asesor código 105 grado 06, el día 4 de marzo de 2008 según documento obrante a folio 111 del expediente.
Se tiene que a folios 14 a 24 se encuentra la solicitud por parte de la accionante de 16 de octubre de 2013 a la entidad demandada, consistente en que se le consignen las cesantías causadas desde 2008 hasta el año 2012, al igual que la sanción moratoria por la 'no consignación oportuna de las mismas por ser estas parciales.
Se halla repuesta negativa por parte de la Contraloría Departamental del Atlántico de 6 de noviembre de 2013 número 01114613 (fls. 25 a 31), mediante la cual se le indicó que se le cancelaron las respectivas cesantías en el fondo correspondiente y que respecto al pago de la citada prestación se hace necesario aclarar que no hubo pago parcial o incumplimiento de la misma por parte de la entidad además que si no estaba de acuerdo con la liquidación del auxilio de cesantías debió acudir a las acciones administrativas correspondientes que la ley otorga.
Ahora bien, de conformidad con las pruebas existentes en el expediente se estableció para la Sala que la señora Clara Luz Fontalvo Sarmiento es beneficiaria del régimen establecido en la en la Ley 50 de 1990 por cuanto se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y le es aplicable el régimen de la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998.
También se aprecian las siguientes resoluciones en donde se le reconoció el pago de las cesantías parciales y definitivas al demandante, como las consignaciones al fondo de cesantías de los años 2008 a 2012, por la totalidad de los valores allí reconocidos así:
Resolución Vigencia reconocida Valor Fondo administrador
Resolución 000050 de 12 de febrero de 2009, emitida por el contralor general de la contraloría departamental del Atlántico (fl. 123). 2008 $ 1.490.659 Colfondos
Resolución 000095 de 9 de febrero de 2010, proferida por el contralor departamental del Atlántico por la cual se le reconoce a la accionante sus cesantías (fl. 124). 2009 $ 2.226.262 Colfondos
Resolución 000111 de 14 de febrero de 2011, expedida por el contralor del departamento del Atlántico (fl. 125). 2010 $ 3.386.641 Colfondos
Resolución 000059 de 7 de febrero de 2012, emitida por la Secretaría General del Departamento del Atlántico mediante la cual se le reconoció las cesantías definitivas por un valor de $ 9.112.114, ya que en esa misma fecha de resolución se le aceptó la renuncia a la señora Clara Luz Fontalvo Sarmiento (fls. 126 y 127).
«Sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 para el régimen anualizado de cesantías.
El régimen de liquidación anualizado del auxilio de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990(6), extendido únicamente a los, servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y que se afilien a los fondos privados(7), contempló la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente(8).
La Sección Segunda de esta corporación mediante la sentencia de 25 de agosto de 2016(9), también unificó los diversos criterios, jurisprudenciales existentes en relación con la sanción que contempla el régimen anualizado, en aras de proteger al empleado cesante afectado con el incumplimiento de la entidad pública morosa. En suma, la providencia unificó los siguientes aspectos:
— La sanción moratoria se causa a partir del incumplimiento por parte del empleador de consignar .de manera anualizada el auxilio de cesantías dentro del término legal (14 de febrero de cada vigencia fiscal), al considerar los siguientes aspectos: i) el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte al 31 de diciembre de cada año, y además, los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado los saldos de su cuenta individual; y ii) la posición jurisprudencial(10) que sostenía la exigibilidad de la obligación a partir de la terminación del vínculo laboral imponía al empleador una carga adicional, en tanto el empleado público podía reclamar porciones afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. Al respecto, consideró:
“(...) De acuerdo con lo previsto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación —sanción moratoria— cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno dé prescripción, así sea en forma parcial.
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con lo previsto en el inciso 1º(11) del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si elempleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso esconcluir que tiene conocimiento del hecho mismo de laconsignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de queeste ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargola obligación de reclamada oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción.
Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente. (...)” (Resaltado fuera del texto original).
— La sanción por mora no es accesoria al auxilio de cesantías, puesto que al hacer parte del derecho sancionador cuya finalidad es penalizar económicamente al empleador que incurra en retardo(12), es susceptible de prescripción. Al respecto, debe aplicarse el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral antes citado y no el término prescriptivo contemplado en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, los cuales se predican de los derechos allí contemplados, entre los cuales no se reguló la sanción aludida cuya creación tuvo lugar con la expedición de la Ley 50 de 1990. Sobre este punto, la Sección Segunda señaló al tenor, lo siguiente:
Como hacen parte del derecho sancionador(14), y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151 (...)”. (Negrillas y subrayado fuera del texto original).
En ese orden de ideas, por disposición legal y en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda de esta corporación mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, se establece que la exigibilidad de dicha sanción tiene lugar a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente en la cuenta individual del trabajador dentro del plazo legal (antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación) y tiene lugar hasta el momento en que la entidad cumpla su deber legal, se produzca su pago efectivo o finalice el vínculo laboral».(15)
Es decir los pagos retardados de nivelaciones salariales, no constituyen un hecho generador de la sanción moratoria señalada, por cuanto la misma se predica, cuando efectivamente se tiene una certeza que existió un retardo en el pago de las cesantías conforme a la liquidación vigente al .momento de su causación.
De conformidad con todo lo anterior la Sala concluye que como en el presente caso existió el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas a la demandante, con base en los salarios y prestaciones vigentes al momento de la causación de los mismos, por la totalidad de los periodos 2008 a 2012, no proceden las súplicas de la demanda frente a esta pretensión.
Con relación a la solicitud atinente a la mora prevista en la Ley 244 de 1995, se tiene que esta no es de recibo, por cuanto a la accionante se le canceló en tiempo la totalidad de sus cesantías definitivas mediante Resolución 000059 de 7 de febrero de 2012 (fls. 126 y 127.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias en derecho(16), los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso(17) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte del expediente al superior en caso de apelación.
a) La legislación varió del Código de Procedimiento Civil al. Código- de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo;
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Ac. 1887/2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y,
En orden a lo anterior, como la Contraloría General del Departamento del Atlántico no presentó alegatos de conclusión; esta Sala de Decisión no condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, quien resultó vencida en las resultas del proceso.
Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, esta Sala de Subsección procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de 9 de septiembre de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.
CONFIRMAR la sentencia de 9 septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
Consejeros: Gabriel Valbuena Hernández—William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Hernández».
5 Sentencia de 29 de enero de 2015, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección «A», Exp. 70001-23-33-000-2012-00053-01 (0613-14). Actor: Alonso Emiro Rengifo Lobo. Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo, IMDER.
8 ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
2ª. El empleador cancelará al trabajador tos intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo' señalado deberá pagar un día de salarlo por cada día de retardo. (...)”.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, Rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
10 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 21 de mayo de 2009, Exp. 2070-07, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; ii) De la Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 2005-09; iii) De la Subsección B, sentencia de 9 de mayo de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 1219-2012; iv) De la Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, Rad: 3404-13; y) De la Subsección A, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 2924-2013.
11 “ART. 104.—De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía...”.
12 Al respecto citó: Corte Constitucional, Sentencia C-448 de 1996.
13 Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantías, como pasa a precisarse en esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver, entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, Rad. 27001-23-33-000-2013-00166-01(0593-14).
14 En Sentencia C-448 de 1996, fa Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora...”.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección «B», Rad. 08001233300020140033201 Nº interno: 3815-2015. Actor: Juan Carlos Torres Trillos. Demandados: Departamento del Atlántico. Contraloría del Atlántico.
17 Artículo 171, num. 4 en conc. art. 178 ib.

References: ARTÍCULO 151
 artículo 13
 artículo 99

Resolución 

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 artículo 99
 artículo 104
 artículo 151
 artículo 151
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 Artículo 171