Source: https://actualicese.com/sentencia-c-911-de-16-11-2010/
Timestamp: 2020-05-30 10:54:30+00:00

Document:
Según informes de la Secretaría General del 19 de agosto y 6 de septiembre del 2010, las pruebas solicitadas fueron remitidas por las autoridades correspondientes a la Corporación.
Que en el citado decreto se estableció que por un término de ciento veinte (120) días contados a partir de la promulgación de dicho decreto la venta de alimentos, calzado, confecciones, materiales de construcción y electrodomésticos se halla excluida del impuesto sobre las ventas, si se realiza dentro de los municipios a que se refiere el artículo 1o del Decreto 2693 de 2010;
Que se requiere modificar el anexo número 1 del Decreto 2693 de 2010 para que las medidas adoptadas beneficien a la población realmente afectada con la situación que motivó la Emergencia Social y en consecuencia se apliquen en el área metropolitana de Cúcuta y no sólo en esta ciudad.
ARTÍCULO PRIMERO: Modifícase el artículo 1o del Decreto 2694 de 2010, el cual queda así:
“Artículo 1o: Por un término de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la promulgación del presente decreto, los siguientes bienes que se encuentren gravados a las tarifas del 16% o del 10% del impuesto sobre las ventas, se excluyen del mismo y, por consiguiente, su venta dentro de los municipios a que se refiere el artículo 1o del Decreto 2693 de 2010, no causa este gravamen:
El tratamiento previsto en este artículo se aplicará solamente a las ventas realizadas por responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas, inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio en cualquiera de los municipios señalados en el anexo número 1 del Decreto 2693 de 2010.
Para efectos del tratamiento previsto en este artículo, los bienes a comercializar deberán encontrarse físicamente dentro del territorio de los municipios especificados en el anexo número 1 del Decreto 2693 de 2010. Tanto la venta como la entrega de los bienes deberán realizarse dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario establecido.
e) Electrodomésticos y gasodomésticos: Cualquiera de los aparatos que normalmente se utilizan en el hogar.”
ARTÍCULO 2o.: Modifíquese el renglón 20 del Anexo número 1 del Decreto 2693 de 2010, el cual quedará así:
En la misma providencia se invitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a fin de que explicara los efectos que en materia de recaudo de impuestos tendrán las disposiciones del Decreto Legislativo 2799 de 2010 y cómo facilitarán la ejecución de las disposiciones del Decreto Legislativo 2694 de 2010.
Cabe señalar que las intervenciones y el concepto del Ministerio Públicos, fueron presentados en similares términos que las radicadas para el estudio de constitucionalidad del Decreto Legislativo 2694 de 2010.
1.2.1.1. Para comenzar, explicó las razones por las cuales las medidas adoptadas en el decreto legislativo contribuirán a superar y/o contrarrestar los efectos negativos que la ruptura abrupta de relaciones con Colombia por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tendrá sobre los municipios limítrofes.
Al respecto, aseguró que es un hecho cierto que la economía de los departamentos fronterizos y, en especial, de los municipios que limitan con la República Bolivariana de Venezuela depende en gran medida a el intercambio de bienes entre sus poblaciones. Aseguró que los departamentos más afectados en términos comerciales por el cierre fronterizo, son aquellos donde se ubican los municipios en los que se declaró la emergencia social. Las exportaciones totales hacia Venezuela que provienen de estos departamentos cayeron en un 79% en los primeros 5 meses del presente año. Toda esta situación –en criterio del Ministerio, sumada al deterioro de las relaciones políticas y diplomáticas, ha deteriorado el orden social y económico de la región.
Por estos motivos y dada la consecuente reducción de flujo de caja y, en general, de los ingresos operacionales de las empresas, comerciantes y establecimientos de comercio de dichas zonas, la interviniente relató que el Gobierno introdujo varias medidas en el Decreto Legislativo 2799 de 2010 dirigidas a (i) estimular la demanda interna de bienes comercializados en la región “(…) sustituyendo así, en alguna medida, la demanda proveniente del vecino país, creando un régimen especial de IVA para algunos bienes, los cuales se excluyen de su cobro. Aclarando algunas situaciones no previstas en el 2694, y estableciendo controles más estrictos a su aplicación”; y (ii) incluir además del Municipio de Cúcuta, a la Zona Metropolitana de Cúcuta, pues ésta incluye municipios que, están afectados de manera directa por la situación que motivó la declaratoria de Emergencia Social, aunque no tienen límites geográficos con la República Bolivariana de Venezuela. “En efecto, al ser municipios cuya vida económica y social se desarrolla en torno a Cúcuta, la afectación a ellos es clara y no se diferencia en medida alguna de las demás Entidades Territoriales destinatarios de las medidas excepcionales”.
1.2.1.2. Agregó que las economías locales de los municipios limítrofes dependen, en buena medida, del comercio interfronterizo y, por tanto, que el rompimiento de las relaciones diplomáticas y el consecuente deterioro del comercio binacional ha exigido la adopción de medidas de choque para aliviar la situación económica de los habitantes de la zona fronteriza. La principal medida fue la modificación temporal del régimen de impuesto sobre las ventas (IVA) aplicable a bienes de primera necesidad como alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos, con el fin de dinamizar la oferta interna en reemplazo de la venezolana. El objetivo de esta medida es facilitarle a los contribuyentes de los municipios fronterizos el pago de sus obligaciones y reducir el impacto de negativo del cierre de la frontera sobre los flujos de caja y sobre el capital de trabajo de las empresas, lo cual se traduce en un alivio para la difícil situación económica generada por el rompimiento de las relaciones diplomáticas.
1.2.1.3. Resaltó que, además, el Decreto 2694 de 2010 fue modificado por el Decreto 2799 de 2010 con el fin de establecer controles más estrictos a la aplicación de la medida. En particular, el nuevo decreto determinó de manera clara y precisa los bienes sobre los que recae, así como las personas que pueden beneficiarse, para así evitar la extensión del beneficio a situaciones no relacionadas con la declaratoria del estado de emergencia social.
1.2.1.4. Finalmente, para explicar el impacto presupuestal de las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 2799 de 2010, la representante del Ministerio describió de manera extensa la metodología utilizada para su diseño y para el cálculo de su costo fiscal. En primer término, indicó que el decreto bajo estudio, tomó como base las actividades económicas adscritas al sector comercio, de acuerdo con la Resolución 432 de 2008 de la DIAN. Luego, la depuración de los responsables del impuesto sobre las ventas se llevó a cabo “(…) mediante la búsqueda de los NIT inscritos en el Registro Único Tributario –RUT- con corte a 27 de julio de 2010 y que en la casilla 53 denominada: ‘Responsabilidades’ tuviesen diligenciada la casilla 11 ‘Ventas régimen común’, así como también, tuvo como ubicación a esa fecha los municipios de que trata el Decreto 2693 de 2010 y su modificación mediante el Decreto 2799 de 2010.” La lista que arrojó el anterior procedimiento fue depurada teniendo en cuenta los responsables inscritos en el régimen común del IVA que deben presentar sus declaraciones en las direcciones seccionales de las zonas fronterizas seleccionadas. El impacto fiscal, por otra parte, se calculó por medio del análisis de “(…) los valores correspondientes a los principales renglones de las declaraciones del impuesto sobre las ventas registradas en la bodega de datos de la Coordinación de Estudios Económicos para el año gravable 2009, el cual se toma como referencia para la estimación de cifras del año 2010.” Posteriormente, se discriminaron los meses cobijados por la emergencia. Este cálculo mostró que el Gobierno Nacional disminuiría sus ingresos en aproximadamente $93.674 millones.
1.2.2.3. También narró que el deterioro del comercio binacional ha afectado la producción de Colombia, debido a que la mayoría de las empresas que exportan a Venezuela son pequeñas, para las que el costo de buscar nuevos mercados es muy elevado. Expresó además que según datos de las cámaras de comercio de Cúcuta y Arauca, el consumo en la zona fronteriza está muy ligado a la presencia de compradores venezolanos. Estos compradores han perdido su representatividad en el mercado, debido a la devaluación del bolívar y otras causas de pérdida de poder adquisitivo. “El efecto neto es una disminución en su consumo, lo que trae consigo que el mercado local se vea afectado generando acumulación de inventarios y baja rotación. En términos porcentuales, el consumidor venezolano ha perdido un 64% de su capacidad de compra.”.
1.2.2.4. En relación con el Decreto 2799 de 2010 señaló que el mismo “instruye sobre el procedimiento a seguir para la liquidación de dicha exoneración y define los productos beneficiados”. De la misma forma incluye al área metropolitana de Cúcuta en las lista de Municipios beneficiados con la declaratoria de estado de emergencia social.
1.2.3.1. Refiere que el decreto objeto de revisión cumple con los presupuestos que la Corte Constitucional ha considerado debe estar fundada la declaratoria de emergencia social, así, (i) hechos sobrevinientes que perturbaban o amenazaron con perturbar el orden social; (ii) la perturbación o amenaza del orden social fue grave e inminente y; (iii) la perturbación o amenaza no podía ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales.
1.2.3.2. Explica que con la decisión de modificar de manera transitoria el régimen del impuesto sobre las ventas (IVA) se busca de una parte, que los consumidores de los municipios fronterizos con la República Bolivariana de Venezuela sustituyan la oferta de algunos bienes procedentes del vecino país que han incrementado su valor adquisitivo como consecuencia del cierre de la frontera y, por otra parte, se persigue un incremento del consumo local y nacional de los bienes que se producen y comercializan en los municipios limítrofes.
1.2.3.3. Con fundamento en lo expuesto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicita declarar la constitucionalidad del Decreto 2799 del 2010, por cuanto lo que hace es precisar aspectos del Decreto 2694 de 2010, así como establecer límites para evitar el abuso en su aplicación.
El ciudadano Miguel Ángel Enciso Pava intervino para solicitar que el Decreto 2799 de 2010 fuera declarado inconstitucional por contravenir los siguientes artículos de la Constitución Política: 1º, 13, 121, 215, 337, 338 y 363.
1.2.4.1. El interviniente señaló que el Decreto 2799 de 2010 es inexequible, ya que no está destinado exclusivamente a conjurar la crisis que le dio origen ni a impedir la extensión de sus efectos, ni se refiere a materias que tienen relación directa y especifica con el estado de emergencia declarado.
1.2.4.2. Aseguró que basta observar el texto del decreto para constatar que la finalidad no es impedir la extensión de los efectos de los hechos determinantes de la crisis, toda vez que las medidas adoptadas se circunscribieron a unos pocos entes territoriales. A su juicio, la “crisis” invocada no solo tiene efectos en los municipios seleccionados en el decreto, sino que repercute en la economía y en la situación social de toda Colombia, a tal punto que los impuestos sobre las ventas de cuyo cobro se exonera, dejan de ingresar al Presupuesto General de la Nación.
1.2.4.3. Por otro lado, el interviniente resaltó que, en virtud del estado de emergencia social, el Presidente de la República y los Ministros no pueden crear ni conceder las exoneraciones tributarias contenidas en el Decreto Legislativo 2799 de 2010. En su criterio, de conformidad con los artículos 1, 13, 121, 215, 337, 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia, los impuestos como contribución fiscal están determinados por los siguientes factores: (i) sujeto activo o titular del derecho; (ii) sujeto pasivo o contribuyente amparado por el derecho fundamental de igualdad y los principios de equidad y justicia; (iii) hecho, acto, servicio o bien generador; (iv) base gravable; y (v) tarifa aplicable. Esto significa que, en principio, todas las personas son contribuyentes y solamente dejan de serlo por excepción expresa del legislador. Lo mismo ocurre con los hechos generadores de la obligación tributaria. En consecuencia, en su sentir, al expedir el decreto bajo estudio, el gobierno invadió las competencias del legislador.
El Departamento Nacional de Planeación, solicitó la declaratoria de exequibilidad del Decreto Legislativo 2799 del 3 de agosto de 2010 con fundamento en lo siguiente:
1.2.5.1. Precisa que una vez decretado el Estado de Emergencia Social a través del Decreto 2693 de 2010, conforme a lo establecido en el artículo 215 de la Carta Política, se adoptaron ciertas medidas tributarias de naturaleza transitoria con la finalidad de estimular la actividad económica de los municipios limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela.
1.2.5.2. Afirma que el decreto cuestionado fue firmado por el Presidente de la República y la totalidad del Gabinete Ministerial, cumpliendo de esta manera con los requisitos exigidos por el artículo 215 Superior.
1.2.5.3. Con la finalidad de justificar las medidas adoptadas mediante la expedición del decreto objeto de análisis, trae a colación datos del Departamento Nacional de Estadística, los cuales permiten concluir, que la economía de los departamentos que se encuentran en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela está condicionada al intercambio comercial entre las dos naciones. Con fundamento en ello, considera que las medidas asumidas por el Gobierno se constituyen en relevantes y fundamentales para remediar las consecuencias negativas del rompimiento de las relaciones con el Estado Venezolano.
1.2.5.4. En relación con el Decreto Legislativo 2799 de 2010 señala que éste se erige a determinar los bienes objetos de la exclusión que se encuentran gravados a las tarifas del 16% o del 10% del impuesto sobre las ventas. Así mismo, incluye dentro de los bienes a los gasodomésticos, establece un procedimiento para la aplicación de la medida y precisa que las medidas adoptadas bajo el amparo de la emergencia deben entenderse extendidas a la área metropolitana de Cúcuta.
1.2.5.5. Finalmente, advierte que el Decreto 2799 de 2010 no causa ningún agravio a los derechos fundamentales, sino que por el contrario busca prevenir la afectación a los derechos de primera y segunda generación de los habitantes de las zonas fronterizas con Venezuela.
1.2.6.1. Solicitó la declaratoria de constitucionalidad del decreto que se revisa, pues en su criterio fue expedido en cumplimiento de lo señalado por el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia con el fin de contrarrestar los efectos negativos surgidos de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Motivo por el cual, cumple con el requisito formal de haber sido expedido en marco de la declaratoria de un Estado de Excepción.
1.2.6.2. Manifiesta que la materia del decreto, esto es, la adopción de medidas tributarias transitorias para estimular la actividad económica en los municipios fronterizos mediante la exención del impuesto sobre las ventas para determinados productos, guarda relación directa con el Estado de Emergencia Social decretado.
1.2.6.3. Considera que la medida adoptada no vulnera en forma alguna los principios de proporcionalidad, necesidad, intangibilidad de derechos humanos, temporalidad y legalidad. Específicamente, en relación con el objeto del Decreto Legislativo 2799 de 2010 “las modificaciones introducidas no alteran la idoneidad de la medida inicial sino que por el contrario la refuerzan y efectivizan, de modo tal que propician que los consumidores obtengan estímulos tangibles por la adquisición de productos al interior del país, generando ello incentivos al crecimiento de la economía”
1.3.1. La Vista Fiscal comienza por señalar que el Decreto demandado cumple con las exigencias formales que demanda la Constitución para la expedición de los decretos de su clase, esto es, (i) se sustenta en el artículo 215 de la Carta Política y en el Decreto 2693 de 2010 que declara el estado de emergencia social, e incluye en sus consideraciones las razones de tipo fáctico que lo motivan; (ii) fue firmado por el Presidente y todos sus Ministros en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, conforme a la competencia establecida en el inciso segundo del artículo 215 Superior, reiterada en el artículo 47 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, por la cual se regulan los Estados de Excepción; (iii) fue dictado dentro del período de vigencia del estado de emergencia social que pretende remediar.
1.3.2. Respecto al examen de fondo del mencionado Decreto, considera el Ministerio Público que debe tenerse en cuenta dos aspectos a saber, primero, la relación de conexidad entre sus disposiciones y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia social que se pretende conjurar y, segundo, la compatibilidad entre su contenido normativo con la Carta Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.
1.3.3. En relación con el Decreto 2799 de 2010 señala que éste modifica el anexo 1 del Decreto 2693 de 2010, para incluir al área metropolitana de Cúcuta, con el fin de tener en cuenta a la población realmente afectada por las circunstancias que condujeron a la declaratoria de emergencia social. Considera el Ministerio Público que esta medida se ajusta a los parámetros constitucionales, pues tanto la ciudad de Cúcuta como las ciudades y poblaciones aledañas, pertenecen a la zona de influencia económica y de intercambio comercial que tienen estrechos vínculos con la vecina República de Venezuela.
1.3.4. Agrega que el decreto precisa cuáles son los bienes amparados por la medida, así como el establecimiento de un procedimiento para liquidar el impuesto a las ventas al momento de la facturación. Sostiene que esto contribuye a fijar unos parámetros claros para la aplicación de la exclusión, lo que permite ejercer mejor control sobre la misma y ayuda a evitar posibles abusos.
1.3.5. Sostiene que el decreto demandado obedece a los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad, señalados por la jurisprudencia constitucional para la adopción de medidas legislativas de carácter extraordinario.
2.2.3. Corresponde entonces a esta Sala estudiar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 2799 de 2010 “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 2693 y 2694 de 2010.”
2.3. LAS GENERALIDADES DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN COLOMBIA
Los tribunales internacionales también se han pronunciado sobre este principio. Así por ejemplo, en el caso Lawless, en Sentencia del 1 de julio de 1961, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que “el peligro público para la vida de la Nación al que se refiere el Convenio Europeo debe ser una situación excepcional de crisis o emergencia que afecte toda la población y que constituya una amenaza a la vida organizada de la comunidad que compone un Estado”. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 29, Parr 3, estableció así mismo que “aún en un conflicto armado las disposiciones que suspendan la aplicación del Pacto se permitirán sólo en la medida en que la situación constituya un peligro para la vida de la Nación”.
2.3.3.5. Según el principio de proclamación o de declaración pública, el Estado que va a hacer uso de las medidas excepcionales debe manifestar expresamente las razones que fundamentan su decisión, esto es, las circunstancias que motivan la amenaza a la vida de la nación que sirve como base para la suspensión de garantías. La notificación implica el aviso a los organismos internacionales de la declaratoria del estado y de los derechos suspendidos. Esta notificación debe hacerse por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos o del Consejo de Europa, según el caso, en la forma como lo determine cada instrumento. Estos organismos, a su vez, deben hacer llegar la información correspondiente a los estado partes de los diferentes Pactos.
2.3.3.6. Por último, el principio de intangibilidad de derechos se recoge en el artículo 4 de la LEEE, que a su turno tiene origen en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos . El contenido y alcance de esta cláusula es claro y simple: los derechos enunciados como intangibles no pueden ser limitados ni restringidos bajo los estados de excepción.
2.4.1. El artículo 215 de la Constitución Política establece que “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario (…)”
Esa relación de causalidad, denominada “conexidad” por la jurisprudencia, “es uno de los requisitos sin los cuales no puede predicarse la constitucionalidad de las medidas adoptadas por la normatividad de excepción, y consiste en determinar si los decretos legislativos observan una doble relación de causalidad, entre las causas que generan la declaratoria del estado de excepción y su finalidad (conexidad externa), y entre dichas causas y la materia regulada (conexidad interna)” .
En estos términos, el artículo 215 en sus incisos tercero y cuarto señala que los decretos deben estar destinados “exclusivamente” a superar la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción y a impedir la extensión de sus efectos y deberán referirse a materias que tengan “relación directa y específica” con el estado de emergencia-
2.4.7. Por su parte, el juicio de proporcionalidad se orienta a verificar la adecuación de los medios con los fines propuestos tanto por la Constitución como por los decretos de excepción; dicho juicio se refiere a la necesidad, idoneidad y conducencia de los medios adoptados por el Ejecutivo, para realizar no sólo el fin general de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, sino también los fines específicos definidos por el respectivo decreto legislativo.
En la práctica, fue frecuente la expedición de normas tributarias por medio de decretos legislativos durante los estados de emergencia económica. Esta posibilidad era aceptada por la Corte Suprema de Justicia, quien avaló que mediante tales decretos el Gobierno, por ejemplo, (i) reorganizara de manera integral el régimen aplicable a los impuestos de renta, ventas y sucesiones ; (ii) implementara medidas tributarias de carácter permanente; (iii) dispusiera la reducción de las tarifas de los tributos , entre otras. La única limitación que estableció la Corte en estas materias fue la cláusula de no desmejoramiento de los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores.
2.5.5. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha admitido que la creación de exclusiones, exenciones o beneficios tributarios puede ser una herramienta útil para estimular el desarrollo de actividades económicas en sectores o regiones afectados por las crisis que dan lugar a la declaración de emergencia. Por ejemplo, en la Sentencia C-136 de 1999, la Corte precisó que “[a]sí como el legislador ordinario es el titular de la potestad para establecer tributos, lo que implica que también goza de atribuciones para contemplar exenciones, el extraordinario puede, en Estado de Emergencia Económica, dentro de los límites que consagra el artículo 215 de la Constitución, obrar en ambos sentidos” (subraya fuera del texto).
2.6. EXAMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES DEL DECRETO LEGISLATIVO 2799 DE 2010
2.6.1. El decreto fue proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 superior, en concordancia con la Ley 137 de 1994 –Estatutaria de los Estados de Excepción- y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2396 de 2010 que declaró la emergencia social en varios municipios de la zona limítrofe con Venezuela.
2.7. EXAMEN DE LOS ASPECTOS MATERIALES DEL DECRETO LEGISLATIVO 2799 DE 2010
2.7.1.1. Cabe señalar que tal y como se desarrollo en la parte motiva de esta providencia, las competencias que pueden ser asumidas por el Presidente en el marco de los estados de excepción están determinadas por el fin de la declaración –que se consigna en el decreto declarativo- y que debe ser la recuperación del orden público, social, económico o ecológico. En tanto que los decretos legislativos proferidos en el marco de la declaratoria está restringido al ámbito del objetivo perseguido, es decir, deben guardar relación de proporcionalidad con dicho fin.
La Ley 134 de 1994, por la cual se adopta la legislación estatutaria en la materia, sostiene que las órdenes impartidas mediante los decretos legislativos no pueden subvertir el estado de derecho ; deben buscar el restablecimiento del orden y precaver la extensión de sus efectos ; ser necesarias para superar la crisis ; ser proporcionales a los fines propuestos ; motivar su incompatibilidad con el régimen ordinario cuando quiera que la medida no pueda coexistir con otra de la legislación regular , y no pueden incluir criterios de discriminación prohibidos por el régimen jurídico .
2.7.2. El contenido del Decreto Legislativo 2799 de 2010
2.7.2.2. Fija el procedimiento que han de seguir los responsables de la liquidación del impuesto sobre las ventas, y la manera como debe consignarse en la factura correspondiente. Así mismo, señala, en desarrollo del Decreto 2694 de 2010, que el beneficio sólo se aplicará a las ventas realizados por los responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas, inscritos en el Registro Único Tributario que se encuentren domiciliados en cualquiera de los municipios señalados en el anexo No. 1 del Decreto 2693 de 2010.
2.7.2.4. Precisa el anexo número 1 del Decreto 2693 de 2010, en el sentido que al referirse a “Cúcuta” también están incluidos los municipios de su zona metropolitana.
2.7.3. Juicio de de conexidad y de necesidad
N° / Departamento / Municipio
20 / Norte de Santander / Cúcuta
2.7.4. Juicio de proporcionalidad
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References: artículo 1
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ARTÍCULO 2
 Resolución 
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 215
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