Source: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=3077-D-2018
Timestamp: 2019-12-08 22:12:26+00:00

Document:
Expediente 3077-D-2018
Sumario: DECLARAR EL ESTADO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA, POR EL TERMINO DE 1 AÑO, PRORROGABLE POR 6 MESES.
ARTÍCULO 1: Declárese el estado de Emergencia Alimentaria y Nutricional en la República Argentina, por el término de un (1) año, autorizando al Poder Ejecutivo Nacional a extender por seis (6) meses adicionales el alcance de su vigencia.
ARTÍCULO 2: La emergencia declarada comprende los aspectos organizativos, funcionales, operativos y logísticos, con la finalidad de garantizar el acceso y la provisión de alimentos nutritivos y de calidad a la población del territorio nacional en situación de indigencia y de pobreza.-
ARTÍCULO 3: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el que durante la emergencia podrá reasignar transitoriamente funciones y recursos de las dependencias del Estado Nacional que se encuentren vinculadas a la temática, con expresa aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que dispondrá -en su caso- la reasignación de las partidas pertinentes del Presupuesto de la Administración Pública Nacional.-
ARTÍCULO 4: Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el “Programa de Emergencia Alimentaria y Nutricional” destinado al fortalecimiento de la alimentación, la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, con atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia, particularmente la de niños y adolescentes hasta los 18 años; mujeres embarazadas; personas con necesidades especiales; personas con enfermedades crónicas; adultos mayores desde los 65 años y personas en situación de calle.-
ARTÍCULO 5: La Autoridad de Aplicación debe garantizar que las políticas a aplicarse aseguren el cumplimiento de los objetivos de la presente. Podrá disponer la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes del Gobierno Nacional, de cada Gobierno Provincial y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las organizaciones sociales y confesionales. Dicho Consejo tendrá funciones “ad honorem” de asesoramiento, seguimiento de la ejecución y monitoreo de la gestión, mientras se mantenga el estado de emergencia declarado en el artículo 1º.-
ARTÍCULO 6: Créase bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la “Base Única de Beneficiarios del Programa de Emergencia Alimentaria y Nutricional” la que deberá publicitar y especificar el tipo de ayuda, beneficio, prestación o servicio que recibe cada uno de los integrantes de la misma, con indicación expresa de la jurisdicción a la que pertenece, detalles de la asistencia y responsables del control y seguimiento.-
ARTÍCULO 7: El Poder Ejecutivo podrá disponer la creación de una Base Única de centros educativos y comunitarios que brinden servicios de alimentación y de nutrición, fiscalizando que en los mismos se brinden servicios regulares, confiables, de calidad y que respondan a los aspectos básicos de una alimentación, saludable, nutritiva y de variedad.-
ARTÍCULO 10: El Poder Ejecutivo remitirá bimestralmente al Honorable Congreso de la Nación un informe conteniendo el detalle de las medidas adoptadas de conformidad con las facultades asignadas por la presente Ley.
ARTÍCULO 11: La presente ley será reglamentada dentro de los sesenta (60) días de su publicación.-
La presente Ley se sustenta en el marco de la grave situación social y económica que enfrentan numerosas franjas de la población argentina, situación que no se ha visto conmovida frente a ligeras mejoras estacionales que no alteran el cuadro de base y la génesis de la pobreza e indigencia en nuestro territorio nacional. En este sentido ya he presentado un proyecto de ley similar (7803-D-2016) a cuyos fundamentos me remito, ratificando en el presente los motivos que me impulsaron a propiciarlo oportunamente
Según el informe presentado por INDEC durante marzo de 2018, los indicadores del último semestre de 2017 exhiben una ligera mejora, pero lejos estamos de resultados aceptables para un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Más allá de la misma, ya se observa un nuevo deterioro durante los primeros meses del año en curso, cuyas estadísticas conoceremos dentro de un tiempo.
Fuentes oficiales (INDEC) y datos de organizaciones civiles (como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA) señalan que la pobreza es un flagelo que no ha menguado y que afecta al desarrollo y proyección de nuestro país y de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Frente a tan contundentes estadísticas oficiales, surge, de manera imperiosa, la necesidad de una acción de emergencia que asegure el bienestar y la subsistencia de millones de argentinos, mientras se recupera la situación económica global del país y se consolida la generación de empleos, planes de capacitación y transformación social de los grupos más endebles de la sociedad argentina. Se requiere asegurar que la población reciba los alimentos necesarios y de calidad, con nutrientes adecuados que garanticen la alimentación mínima e indispensable de los argentinos en riesgo. Es menester el esfuerzo del Estado, de los sectores productivos, y de la sociedad toda -como manifestación de responsabilidad social- esfuerzo que debe exteriorizarse mediante la implementación de políticas públicas efectivas, activas e integrales mientras dure la emergencia.
a)	la tasa de indigencia a fines de 2017 alcanza al 4.8%, la cual muestra una leve mejora en relación al segundo semestre del 2016. En términos nominales esto significa más de dos millones de compatriotas se encuentran en esa situación.
b)	la tasa de pobreza, a fines de 2017 alcanza al 25.7%, la cual muestra una leve mejora en relación al segundo semestre del 2016. En términos nominales esto significa más de 10.000.000 de argentinos en esa vergonzosa situación.
Ya hace algunos años el Observatorio de la Deuda Social de la UCA ha manifestado que “…si al menos en el corto plazo no se logra controlar los aumentos de precios en productos y servicios básicos y reactivarse la demanda de empleo, se estará cada vez más lejos de una mejora genuina en la distribución del ingreso, y difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de indigencia y de pobreza urbana”.
Estos datos y estadísticas, marcan un promedio a lo largo del país, lo que significa que hay zonas del territorio (con distribución heterogénea de riqueza) en el que el porcentaje de pobreza abarca y supera a más del 39% de la población.
•	39.7% de los niños de hasta 14 años de todo el país se encuentran en situación de pobres.
•	Fuerte retracción del consumo en la clase media.
•	Alto componente de empleo informal que genera precariedad laboral.
•	Desproporcionados aumentos tarifarios en relación a los ingresos.
•	Millones de argentinos en grave riesgo social.
El Estado debe garantizar de manera indelegable la soberanía alimentaria para todos sus habitantes. Es por ello, que esta Ley propone dotar al Poder Ejecutivo de la herramientas necesarias para garantizar esos derechos indispensables mientas dure la emergencia alimentaria y nutricional, que se propone por el término de un año con posibilidad de ser prorrogada seis meses adicionales. Se propicia como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien debe contar con el aval de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la reasignación de partidas presupuestarias.
Se postula la creación de un “Programa de Emergencia Alimentaria y Nutricional” destinado al fortalecimiento de la alimentación, la nutrición de calidad y la provisión de alimentos. Haciendo foco en las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia, con especial énfasis en niños y adolescentes hasta los 18 años; mujeres embarazadas; personas con necesidades especiales; personas con enfermedades crónicas; adultos mayores desde los 65 años y personas en situación de calle.
Será facultativo para el PE la puesta en marcha de un Consejo Consultivo “ad honorem” integrado por representantes: del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Provinciales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organizaciones de la sociedad civil y confesionales, con funciones de asesoramiento, seguimiento de la ejecución del Programa y monitoreo de la gestión.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 artículo 1

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11