Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_6_2012/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 05:18:24+00:00

Document:
Boletín 06/2012
Doctor CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO -Presidente -
Doctora CARMEN AMPARO PONCE DELGADO –Vicepresidente-
Doctor NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ
Doctor HORACIO CORAL CAICEDO[1]
Secretario: Doctor DARÍO ARMANDO SALAZAR MONTENEGRO
Relator: Magíster CARLOS ALFREDO VALVERDE MOSQUERA
“La Ley en el Estado Social de Derecho debe entenderse fundamentalmente sobre dos supuestos. El primero se ubica en su carácter general, que implica una abstracción sobre la cual se afirma la determinación de su contenido; se trata pues de acciones o actividades típicas, definidas en forma abstracta a casos genéricos frente a casos individuales. El segundo supuesto, se refiere a la razonabilidad de su aplicación, que consiste en la competencia del intérprete para que esa abstracción genérica, a la que por su propia naturaleza le resulta imposible regular la totalidad de los casos, pueda conducirse hacia su eficacia material de manera tal que la aplicación del precepto legal no niegue sino viabilice la vigencia del derecho. Ley y razonabilidad constituyen entonces un binomio que afirma el ámbito de acción del (aplicador del derecho).[2] -Negrilla fuera de texto original-
La anterior reflexión predica una cimentación teórica sobre la cual descansa el ejercicio de aplicación del derecho, de suyo constituye parte de las reflexiones vertebrales que llenan de contenido la noción de Estado social de derecho y que en la academia se suministra a los estudiantes que ingresan expectantes a estudiar la disciplina jurídica. Sin embargo, dicha elaboración doctrinal colisiona con la realidad de nuestro país cuando las mismas autoridades estatales son las que desbordan el marco de la normatividad para llevar a cabo actuaciones donde se prefieren las vías no regladas sobre las construcciones normativas.
Asombrados quedamos muchos académicos frente a la decisión del Ejecutivo de objetar el contenido del acto legislativo que pretendía reformar a la justicia, llamando además a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, cuando dichas figuras normativas están contempladas en el ordenamiento jurídico para asuntos diferentes al perseguido por el Gobierno nacional en ese caso. Pero más llamativo resulta el ejercicio llevado a efecto, cuando fue el mismo Ejecutivo el que generó gran parte de la crisis reflejada en el contenido de la reforma.
El Profesor Rodolfo Arango sintetiza lo ocurrido de la siguiente manera: “Darle más poder al presidente para enfrentar situaciones excepcionales, cuando él mismo es una autoridad con alta potencialidad para generarlas desquicia los pesos y contrapesos de una constitución al servicio de la libertad (…) En la reciente crisis suscitada por la aprobación irregular de la reforma constitucional a la justicia, el Presidente colombiano sorpresivamente no usó la vía constitucional dispuesta para superar peligros graves o inminentes. Recurrió al atajo de ejercer dudosas objeciones presidenciales para luego presionar políticamente la sepultura del acto legislativo ya aprobado, todo ante la indignación popular por el descaro e irresponsabilidad de la coalición de gobierno”.[3]
En definitiva, para el caso en cuestión, los conceptos de ley y de razonabilidad brillaron por su ausencia, entendidos éstos en el marco de la reflexión inicial del presente escrito, todo ello sin mencionar aspectos ligados al interior del trámite de la reforma, donde también se desconocieron principios y formas procesales por parte de otras ramas del poder.
No sabemos los impactos de estas actuaciones irregulares, pero por lo pronto, sí podemos decir que el derecho garantista y constitucional seguirá permaneciendo en riesgo ante las arbitrariedades e impertinencias del poder.
En la presente edición del Boletín del Tribunal Administrativo del Cauca encontrará cuarenta y siete (47) pronunciamientos de la Corporación sobre diversos temas y, tres (03) sentencias del Consejo de Estado que por su dinámica e interés han sido escogidas por esta Relatoría. Esperamos que al lector le sean de especial utilidad para su estudio de casos.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012.
1. ACCIÓN POPULAR/ Derecho a la seguridad pública/Cámaras de seguridad/ No se acreditó la vulnerabilidad de dicho derecho/Confirma la decisión del a quo. 20100048501 MP/Horacio Coral Caicedo.
2. ACCIÓN POPULAR / Se desnaturaliza la acción popular cuando se buscan proteger derechos de naturaleza particular. 1900123000120090037301. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
3. ACCIÓN DE TUTELA/ Seguridad Social/ No puede haber solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional. 19001333100720120003601. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Cumplimiento de orden judicial/ Requisitos para que proceda la tutela/Caso de improcedencia/ Debe acudirse al proceso ejecutivo. 19001333100120120002201. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Características de la orden judicial de tratamiento integral. 19001333100120120003001. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/La circunstancia de que en el acto administrativo no se hayan relacionado los recursos pertinentes no obstaculiza el acceso a la vía judicial. 19001333100120120009901. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Para discutir las razones que tuvo la entidad para desvincular a un empleado provisional. 19001333100220120008001 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho al trabajo /Pago de la cuota de compensación militar/ No se comprueba vulneración de derechos fundamentales del actor. 19001230000020120027100 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Los trámites administrativos de la EPS no pueden estar por encima del derecho a la salud. 19001333100220120003801. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ El a quo no debe ordenar el sentido de la respuesta a la petición formulada/ Modifica decisión del a quo. 19001333100220120002301 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ No es la vía judicial acertada para ordenar a una entidad pública el acopio de unas pruebas que no fueron aportadas en el momento procesal pertinente dentro de un proceso ordinario. 19001333100120120003401 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Tratamiento integral/ Implica las enfermedades padecidas actualmente por la tutelante y las que puedan llegar a surgir como consecuencia de su actual padecimiento/No existe orden indeterminada/Confirma decisión del a quo. 19001333100120120003601 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/ Reparación administrativa/ La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la competente para responder las peticiones referidas a dicho tema. 19001333100620120004201 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Tramitación de libreta militar/ Imposición de multa por parte del Ejército a ciudadano sin expresar las razones de la misma. 19001230000020120024700. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/ La entidad competente para entrega de ayuda humanitaria es la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS de conformidad a la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011. 1900123000002012000410. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
16. NULIDAD ELECTORAL/ Elección de Diputado del Cauca/ Términos probatorios/Justicia rogada/ No se exonera a las partes de asumir la carga procesal que les corresponde/ Equilibrio procesal e imparcialidad del juez/ Deniega pretensiones. 19001233100620110044200 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
17. ELECTORAL/Nulidad de acta de escrutinio de alcalde por inscripción extemporánea/Debe aplicarse la Ley 163 de 1994 y no la Ley 1475 de 2011/Modifica decisión del a quo. 19001230000020110056301 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
18. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ No se demostraron criterios diferentes de aplicación respecto de los consignados en el pliego/Confirma decisión del a quo. 19001333100420040269901 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
19. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL/Improbación por cuanto la declaratoria de nulidad compete al juez administrativo y no a las partes en conciliación. 1900133310052012004501 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. EJECUTIVO CONTRACTUAL/ Por regla general, la obligación que se genera en un contrato estatal se constituye en un título complejo/ Sólo cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda en el juez de instancia, para la ejecución de la obligación dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad, es procedente librar el mandamiento de pago/Confirma decisión del a quo. 19001230000120070031101 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
21. EJECUTIVO CONTRACTUAL/ Convenio de cofinanciación/ Término legal para efectuar la liquidación unilateral del convenio. 19001233100320060000500. MP/ Horacio Coral Caicedo.
22. REPARACIÓN DIRECTA/ Falta de señalización en la vía/Concurrencia de culpas por comportamiento imprudente de la víctima. 1900123000020050095301. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ Accidente de tránsito/Lesiones de personal policial/ Riesgo excepcional/Precedente horizontal del Tribunal/No se exime de responsabilidad a la Entidad/Compatibilidad de las indemnizaciones/Indemnización a forfait con indemnizaciones a cargo del responsable del daño. 1900123000120050055501 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
24. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/ Copias simples de la investigación penal no tienen valor probatorio. 19001230000120080007700 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
25. REPARACIÓN DIRECTA/ Internos/ Suicidio/No se acreditó la falla del servicio. 19001230000020080020400. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
26. REPARACIÓN DIRECTA/Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Supernotariado y Registro/Labores de vigilancia de la entidad frente a las actuaciones del notario respecto de la celebración de un matrimonio. 19001230000020070049700. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
27. REPARACIÓN DIRECTA/ Ejecución arbitraria o “falso positivo”/ Elementos probatorios muestran una reacción proporcionada, necesaria y razonable de parte de los militares/Revoca decisión del a quo. 1900123000220050112301 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad civil y administrativa/ Presunta negligencia de secuestres en proceso ejecutivo hipotecario/ Se niegan pretensiones. 1900123000320070018900. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
29. REPARACIÓN DIRECTA/ Daños a militar por explosión de granada, imputable a la administración/No hubo conducta imprudente de la víctima. 19001230000120050056201 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
30. REPARACIÓN DIRECTA / Fuero de atracción /Características para que opere ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 19001233100020050190901. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
31. REPARACIÓN DIRECTA / Uso de armas de fuego por parte de la Policía/ Requisitos para que se configure su uso/Culpa exclusiva de la víctima/ No se accede a pretensiones. 19001233100020080039401. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
32. REPARACIÓN DIRECTA/ Pruebas/ El cumplimiento de la carga de la prueba de las partes debe respetar el debido proceso/Las pruebas deben aportarse en el momento procesal respectivo para ser valoradas. 1900123000120050041701 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
33. REPARACIÓN DIRECTA/Masacre del Naya/Falta de elementos probatorios/ Revoca decisión del a quo. 19001230000120030035401 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
34. REPARACIÓN DIRECTA/ Las pruebas deben incorporarse debidamente al proceso, so pena de ser inoponibles. 19001230000320060001401 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
35. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/Muerte por presunta indebida conexión de los tubos de drenaje de la cavidad toráxica/Carencia de elementos probatorios. 19001230000020060005200 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
36. REPARACIÓN DIRECTA/Indemnización de perjuicios por denuncia temeraria/No implicó la afectación antijurídica de un derecho o bien jurídico en titularidad. 19001230000320060008500 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
37. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ascenso en el escalafón docente/El actor ya había utilizado el título de especialista para ascender/ Modifica decisión del a quo. 19001333100520060091901. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
38. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Tributos sobre contratos en materia de administración de recursos de la salud transferidos por la Nación/ Los actos administrativos departamentales debieron ser aportados al proceso por requerimiento legal. 19001230000120050028100. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
39. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Mora en el pago de cesantías definitivas/Régimen de retroactividad y no anualizado/No concede, confirma decisión del a quo. 19001230000020040189700. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
40. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Sanción moratoria por no pago oportuno de las cesantías/La Ley 244 de 1995 siendo especial excluye la aplicación del CST/Para la configuración de la sanción no exige mala fe del empleador/Docente municipal/Confirma sentencia del a quo. 1900123000120050181101. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
41. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Declaratoria de insubsistencia/ Necesidad de la prueba grafológica para determinar si la firma pertenecía o no al representante legal de la entidad. 19001230000120040143901 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
42. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reestructuración de entidad/Cargos suprimidos pueden ser reemplazados con contratistas de prestación de servicios/Confirma decisión del a quo. 19001233100220050126702 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
43. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Contrato realidad/ Relación laboral encubierta bajo un contrato de prestación de servicios/confirma decisión del a quo. 1900123000120050150901 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
44. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Gastos ordinarios del proceso/Su finalidad es atender los expensas ordinarias que se puedan generar en el proceso. 19001230000120050136801. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
45. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensión gracia/Prescripción trienal de los derechos causados/Modifica decisión del a quo en cuanto debía tenerse en cuenta la fecha de presentación de la demanda y no la presentación de la petición. 19001233100220070024801. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
46. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de soldado conscripto que se ausenta de base militar/Culpa exclusiva de la víctima. 1900123000320060056100. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
47. SALVAMENTO DE VOTO/ Muerte de soldado regular/ No debió exonerarse al Ejército Nacional. 19001230000320060056100SV/Magistrado Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
Magistrado Ponente: HORACIO CORAL CAICEDO
Sentencia: 19 de abril de 2012
Expediente: 20100048501
Tema tratado: Derecho a la seguridad pública/Cámaras de seguridad/ No se acreditó la vulnerabilidad de dicho derecho/Confirma la decisión del a quo.
“El accionante señaló, que por haber sido probada fehacientemente la violación del derecho colectivo al espacio público y la amenaza al derecho a la seguridad, el Ad quem debe acceder a las suplicas de la demanda. De la seguridad pública el recurrente manifestó que: “a pesar que no se allegó al proceso pruebas que permitan determinar una vulneración, directa, real y concreta, del derecho colectivo, este debe ampararse con carácter preventivo”. Visto está que el A quo no accedió a la protección de este derecho, por cuanto no se acreditó su afectación directa como consecuencia de la gradual disminución en la operación de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, y en ese sentido, toda vez que la carga de la prueba radica en cabeza del actor, luego se impone concluir que en tanto no se acreditó la vulneración de ese derecho, no es posible acceder a la prosperidad de esa pretensión. Razón le asiste al A quo, por cuanto como consta en el infolio el accionante se limitó a hacer mención de su preocupación por la inseguridad en la ciudad, al referir que ante la ola de hurtos y homicidios desatados en la capital presentó un derecho de petición con el propósito de ser informado acerca del estado de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, y no se preocupó por aportar o pedir la práctica de las pruebas pertinentes a fin de establecer de manera clara y contundente la efectiva amenaza o la existencia del perjuicio que en este caso, afirma provenir del déficit cualitativo y cuantitativo que presentan las cámaras de seguridad de la ciudad”.
Magistrado Ponente: NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ
Sentencia: 24 de mayo de 2012
Expediente: 1900123000120090037301
Tema tratado: Se desnaturaliza la acción popular cuando se buscan proteger derechos de naturaleza particular.
“Es igualmente relevante en el presente asunto, llamar la atención sobre los intereses que impulsaron a los accionantes para incoar la presente acción, los cuales no están direccionados a proteger un derecho o intereses general, sino que por el contrario, la parte accionante está motivada por un impulso particular, que no es otro que el buscar la reubicación del puesto de control instalado por el Terminal de Trasportes, en un sector público aledaño a las empresas que son de su propiedad. Al respecto, se debe precisar que la finalidad de las acciones populares no está dirigida a proteger derechos o intereses particulares e individuales, por el contrario, este tipo de acciones fueron instituidas por el Constituyente de 1.991, como una acción judicial para salvaguardar los derechos de la colectividad”.
Sentencia: 02 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100720120003601
Tema tratado: Seguridad Social/ No puede haber solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional.
“En este orden de ideas, hasta tanto a la actora no se le hubiere notificado de la inclusión en nómina de pensionados, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL no debía proceder, como ocurrió en el caso objeto de estudio, a retirarla del servicio (fl. 55), toda vez que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral o el retiro del cargo del empleado y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional. Es decir, lo procedente era retirarla del servicio una vez se le incluyera en nómina de pensionados y no retirarla sin verificar si efectivamente ya estaba incluida en nómina de pensionados. Así las cosas, para el Tribunal resulta acertada la decisión del señor Juez A-quo, pues no cabe duda que se produjo una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, habida cuenta que el Ente Territorial debía tomar las medidas del caso para asegurar que la señora Ana Julia Rengifo no tendría inconveniente alguno para entrar a disfrutar de su condición de pensionada”.
Sentencia: 07 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100120120002201
Tema tratado: Cumplimiento de orden judicial/ Requisitos para que proceda la tutela/Caso de improcedencia/ Debe acudirse al proceso ejecutivo.
“En el caso objeto de análisis, la accionante pretende por intermedio de acción de tutela, se ordene a la demandada que cumpla cabalmente con la orden dada en la sentencia del 25 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se resolvió ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL expedir el acto administrativo por medio del cual reconozca, reliquide y pague la pensión de jubilación de la actora, con base en el 75% de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales contenidos en el 45° del Decreto 1045 de 1978. (Fl. 7 a 12) (…) Como ya se mencionó, para que la acción de tutela sea procedente para lograr el cumplimiento de una sentencia judicial, es necesario que concurran los siguientes supuestos: (i) que la autoridad encargada de ejecutar el fallo se niegue a hacerlo, (ii) que la falta de cumplimiento vulnere directamente el derecho fundamental del actor y (iii) que se esté ante una obligación de hacer, o de dar, siempre que el mecanismo ordinario carezca de idoneidad y no resulte efectivo para la protección del derecho fundamental. En este orden, considera la Sala que en el presente asunto, no se cumplen los requisitos establecidos para la procedencia de la acción de tutela para obtener el cabal cumplimiento de una sentencia judicial en la que se estableció una obligación consistente en la reliquidación de pensión de la actora, en tanto, en primer lugar la entidad no se ha negado al cumplimiento de la sentencia de 25 de agosto de 2008, pues se observa a folio 14, que CAJANAL profirió la Resolución UGM 0100956 el 29 de septiembre de 2011, por la cual reliquidó la pensión de jubilación de la actora, por lo tanto no se advierte una voluntad de incumplimiento por parte de la demandada que haga ineficaz el trámite del proceso ejecutivo, en consecuencia si la actora presenta inconformidad alguna con dicha resolución al considerar que la accionada no ha dado cabal cumplimiento a la orden la sentencia judicial, puede iniciar el correspondiente proceso ejecutivo. (…) En virtud de lo anterior, y según consta en la Resolución UGM 0100956 del 29 de septiembre de 2011, expedida por CAJANAL, en la que se procedió a reliquidar la pensión de la actora, la señora OLGA MARIA ORTIZ nació el 08 de abril de 1938, es decir que a la fecha cuenta con 74 años de edad, en consecuencia de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional citada, la actora no es sujeto de especial protección, en tanto no supera la expectativa de vida oficialmente reconocida para las mujeres - 78.5 años de edad para considerarse de la tercera edad.
Sentencia: 28 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100120120003001
Tema tratado: Derecho a la salud/ Características de la orden judicial de tratamiento integral.
“Frente a la apreciación del recurrente referente a que en el presente proceso, el actor no pretendió nunca la prestación de servicios de salud en relación con la vena varice que presenta en su pierna izquierda, llama la atención de la Sala dicha afirmación, en tanto, dentro de las pretensiones de la acción de tutela se manifestó expresamente dicha petición, teniendo la entidad accionada la oportunidad de pronunciarse al respecto y por tal, siendo objeto de debate en la sentencia de primera instancia. En razón a lo anterior es evidente que no le asiste razón a la entidad accionada, por tal no hay lugar a revocar la decisión tomada por el A quo respecto a la prestación del servicio de salud en relación con dicha patología. En cuanto a la orden impartida por el A quo referente a que CAPRECOM EPS-S brinde un tratamiento integral relacionado con la patología actual del señor (…), considera la Sala que dicha medida, lejos de ser una violación al derecho de defensa busca lograr el restablecimiento de salud del paciente, para lo que se requiere adoptar un conjunto de medidas que no son indefinidas en tanto son todas aquellas que van a propender a diagnosticar, tratar y rehabilitar las patologías referidas concretamente en esta acción de tutela. Lo anterior no significa que por vía de la atención integral se tutelen hechos futuros e inciertos, ya que se parte de la base de un diagnóstico y una situación de salud concreta que amerita la atención integral de aquellos eventos o situaciones inherentes a ella, debidamente prescrita por el médico tratante. Frente a la condena en abstracto, como lo denomina la accionada, debe recordarse que quien decide el tratamiento pertinente para el agenciado, es el médico tratante y no el Juez Constitucional, es decir, que el Juez de tutela le corresponde el estudio de los derechos fundamentales de la parte accionante y decidir si los hechos implican una vulneración a los mismos, y no como lo supone el accionado, limitar dicho tratamiento y faltar a la integralidad que se ha sostenido en la doctrina constitucional”.
Sentencia: 14 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100120120009901
Tema tratado: Debido proceso/La circunstancia de que en el acto administrativo no se hayan relacionado los recursos pertinentes no obstaculiza el acceso a la vía judicial.
“Encuentra la Sala que el acto administrativo que originó el sub judice, a saber el Decreto 0286-09-2011del 6 de septiembre de 2011, expedido por el Gobernador del Departamento del Cauca, decretó el retiro del servicio de algunos funcionarios de la Gobernación, por haber obtenido la pensión de jubilación y ser incluidos en nómina de pensionados del Instituto de Seguro Social a partir del 12 de octubre de 2011, para el caso del actor. Ahora bien, se tiene que dicha actuación fue comunicada a la actora el 12 de octubre de 2011, sin que se indicaran cuales serÍan los recursos que en sede administrativa podría formular para ejercer su derecho de contradicción; sin embargo, tal como se hace referencia en el precedente vertical citado por el A quo en la providencia primigenia, esta actuación no soslaya la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que, de presentarse tal eventualidad, se han entender surtidos los recursos pertinentes y agotada la vía gubernativa, de suerte que se podrá acudir ante el juez natural del asunto dentro del respectivo término de caducidad de la acción. En igual sentido, por ser este un acto administrativo definitivo, de contenido particular y concreto, proferido por una autoridad del orden departamental carente de superior jerárquico directo, el eventual recurso en sede administrativa a instaurar por parte del interesado seria el de reposición, cuya presentación no resulta necesaria para acudir a la jurisdicción, de manera que la tutelante se encontraba facultada para demandar ante el juez Contencioso Administrativo la actuación que considera lesiva de sus derechos, previa conciliación extrajudicial ante Ministerio Público, amén de que se hallaba surtido el requisito de la vía gubernativa, actuación que la impugnante efectivamente inició al radicar solicitud de conciliación administrativa ante la accionada en fecha 17 de enero de 2012, cuyo petitum se encuentra orientado a obtener la revocatoria del acto de retiro del servicio, el reintegro al cargo con todos los salarios y emolumentos dejados de percibir desde su retiro y la correspondiente indemnización, razón por la cual no le asiste motivo para referir que la actuación de la Gobernación del Cauca le ha impedido ejercer su derecho de contradicción y eventualmente acudir a sede judicial. Así las cosas, esta Sala encuentra acierto en los argumentos expuestos por el A quo para negar la acción de tutela formulada por (…), razón por la cual se impone la confirmación de su providencia”.
Sentencia: 11 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100220120008001
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Para discutir las razones que tuvo la entidad para desvincular a un empleado provisional.
“Ahora, en cuanto al pronunciamiento del A-quo se observa que analizó en debida forma las pruebas allegas al proceso, para concluir que el actor cuenta con otro mecanismo judicial como lo es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para dirimir la controversia que plantea en la acción constitucional, jurisdicción especializada en donde se puede debatir si el acto administrativo que lo desvinculó se ajustó o no al ordenamiento jurídico, máxime que consideró que del acervo probatorio no se dan las exigencias que ameriten conceder la solicitud de amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La Sala comparte plenamente la argumentación y la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia, por cuanto es evidente que el Señor (…) cuenta con otro medio de defensa judicial como es la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contenida en el Art. 85 del C, Contencioso Administrativo, para controvertir la decisión de no prorrogar su nombramiento en provisionalidad al vencerse el término por el cual fue prorrogada su vinculación, discusión que no puede ser discutida (sic) en la presente acción, máxime que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, razones por las cuales se procederá a confirmar el fallo impugnado”.
Sentencia: 18 de mayo de 2012
Expediente: 19001230000020120027100
Tema tratado: Derecho al trabajo /Pago de la cuota de compensación militar/ No se comprueba vulneración de derechos fundamentales del actor.
“El señor (….) aporta un recibo de pago de fecha 11 de febrero de 2012 por valor de $85.000, que de la exposición fáctica de la tutela se infiere que corresponde a la cuota de compensación militar que como lo afirma el mismo actor a la fecha no ha sido cancelada. (fl. 4) Sobre los motivos para el no pago del valor fijado, se tiene que no hay prueba que permita inferir que efectivamente el Banco se ha negado a recibir el pago o que el DISTRITO MILITAR No. 20 DEL EJÉRCITO NACIONAL ha impedido de alguna forma el respectivo pago. Ahora, lo que la Sala observa es que existen unos términos y procedimientos para realizar el pago de la cuota de compensación militar y aquellos se deben cumplir no sólo por las autoridades sino también por los ciudadanos que acuden a solicitar la expedición de su libreta militar (…) En este contexto, lo que se evidencia es que el actor no ha cumplido con el pago de la cuota de compensación militar dentro del término legal y no se demuestra que haya acudido a la demandada a solicitar un nuevo recibo y que se le haya negado su expedición de manera injustificada o que por lo menos haya elevado alguna petición relacionada con la definición de su situación militar, como lo asevera en la tutela. Por tanto, se concluye que no se prueba que actualmente exista alguna afectación a los derechos fundamentales del accionante y en consecuencia se denegará el amparo solicitado”.
Expediente: 19001333100220120003801
Tema tratado: Derecho a la salud/ Los trámites administrativos de la EPS no pueden estar por encima del derecho a la salud.
“Ahora bien, como lo ha precisado la H. Corte Constitucional, la EPS vulnera los derechos fundamentales de sus afiliados cuando niega el servicio de salud por falta del estudio y autorización del Comité Técnico Científico, máxime cuando existe prescripción del médico tratante que determina la necesidad del servicio para tratar la patología del paciente. En el caso objeto de análisis el argumento expuesto en la impugnación, no es de recibo para la Sala puesto que menciona el suministro de “pañales desechables” que en ningún momento fueron solicitados por el actor, además que estos insumos fueron negados por el Comité Técnico Científico, afirmación que no es cierta, pues la entidad no aportó el presunto estudio realizado por dicho comité, situación que demuestra que la entidad negó el servicio al accionante sin los requisitos que le son propios para tomar determinaciones que afectan la salud de los pacientes, como observar la orden del médico tratante que determina la necesidad del insumo denominado Cojín Antiescaras, y que en manera alguna constituye justificación para no prestar los servicios médicos que el afiliado requiere; pues como reiteradamente lo expone la Corte Constitucional, la salud es un derecho fundamental que está por encima de trámites administrativos de las entidades prestadoras de los servicios médicos, máxime cuando, como en este caso, la falta del insumo pone en riesgo la vida del paciente”.
Expediente: 19001333100220120002301
Tema tratado: Derecho de petición/ El a quo no debe ordenar el sentido de la respuesta a la petición formulada/ Modifica decisión del a quo.
“En este orden, es evidente que en el presente asunto la entidad accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la actora, al no resolver de fondo, dentro del término legal, la solicitud elevada por la señora (…), referente al reconocimiento de la homologación del cargo y la correspondiente nivelación salarial, en tanto se tiene que la accionante ha presentado derechos de petición desde el 04 de febrero de 2008, siendo presentado el último el 12 de enero de 2012, los cuales si bien han sido atendidos por la entidad, la misma no se ha pronunciado de fondo sobre la petición. Por otro lado, la entidad accionada en el escrito de impugnación manifiesta frente a la orden del A quo, referente a expedir el acto administrativo en el que se le asigne correctamente la respectiva denominación, código, grado y salario, que “no es aceptable que el señor Juez a través de su providencia decida de fondo las solicitudes elevadas, cuando dicha decisión no tiene en cuenta si le asiste en derecho la pretensión elevada de acuerdo a las funciones que se desempeñan” (…) la Sala comparte la decisión del A quo al amparar el derecho fundamental de petición de la actora, sin embargo, en vista de que la orden impartida en dicho fallo, va dirigida a que la entidad accionada resuelva en forma favorable la petición elevada por la parte actora, siendo que esta decisión corresponde únicamente adoptarla a la administración, quien debe verificar si le asiste o no el derecho a la señora (…) a la homologación y nivelación salarial, se procederá a modificar la sentencia de 22 de marzo de 2012 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, en su numeral segundo, en el sentido de ordenar únicamente que se emita la respuesta de fondo a la solicitud elevada por la accionante, y además se notifique la misma”.
Sentencia: 29 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100120120003401
Tema tratado: Improcedencia/ No es la vía judicial acertada para ordenar a una entidad pública el acopio de unas pruebas que no fueron aportadas en el momento procesal pertinente dentro de un proceso ordinario.
“Así las cosas, no se puede acudir a la acción de tutela para arrimar a un proceso ordinario una prueba documental respecto de la cual la parte interesada no acudió a los mecanismos que le otorga la normatividad procesal para que aquella efectivamente fuera allegada al proceso, por cuanto además de resultar improcedente, el juez de tutela no deviene competente para intervenir en un asunto en el cual las facultades y prerrogativas para impulsar y hacer efectivos los procedimientos, entre ellas la etapa probatoria, se encuentran atribuidas al juez administrativo, por cuanto de hacerlo desbordaría sus atribuciones y competencias, actuación esta que no es propia de un sistema judicial perteneciente a un Estado de Derecho en cual aparece como uno de sus pilares axiológicos, el estricto acogimiento a los poderes y competencias otorgados por la Constitución y las reglas adjetivas”.
Expediente: 19001333100120120003601
Tema Tratado: Derecho a la salud/ Tratamiento integral/ Implica las enfermedades padecidas actualmente por la tutelante y las que puedan llegar a surgir como consecuencia de su actual padecimiento/No existe orden indeterminada/Confirma decisión del a quo.
“Por lo anterior, la Sala comparte la decisión de primera instancia en cuanto a amparar los derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas de la señora (…), ordenando el suministro de los medicamentos, insumos y tratamientos relacionados en el numeral segundo de la providencia impugnada. Respecto a la decisión del Juez Constitucional de impartir la orden a la entidad demandada de garantizar un servicio de salud integral al paciente, no se puede catalogar como una orden que contravenga la naturaleza de la tutela considerando que está amparando el derecho a la salud por eventos futuros e inciertos, por el contrario, es una real y efectiva protección a las garantías constitucionales que actualmente se están vulnerando; de esta manera, en este caso a la señora (…) se le ha vulnerado su derecho a la salud y su tutela efectiva, se materializa no sólo ordenando los tratamientos prescritos hasta la fecha sino también todos los que se le prescriban hacia futuro, aclarando como lo hizo la señora Juez A-quo que serán aquellos requeridos para tratar las enfermedades padecidas actualmente por la tutelante y las que puedan llegar a surgir como consecuencia de su actual padecimiento, lo cual evita la indeterminación en la orden dictada”.
Sentencia: 09 de mayo de 2012
Expediente: 19001333100620120004201
Tema tratado: Desplazados/ Reparación administrativa/ La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la competente para responder las peticiones referidas a dicho tema.
“En el caso objeto de análisis, la accionante pretende por intermedio de acción de tutela, se ampare su derecho fundamental de petición y en consecuencia se ordene a la demandada que proceda a dar respuesta de fondo a la petición radicada el 31 de octubre de 2011, por medio la cual solicitó se diera respuesta a la reclamación de reparación administrativa elevada ante Acción Social el 10 de febrero de 2010. (…) Así las cosas, se encuentra que se no ha dado respuesta a la petición del 31 de octubre de 2011, ni tampoco se ha informado ni justificado que se vaya a responder en un término mayor, razón por la cual la Sala comparte la apreciación del Juez de primera instancia, referente a que frente a la petición elevada por la señora ULCUE TROCHEZ, si existe vulneración del derecho de petición, ya que pasados 15 días después de la presentación de la solicitud, no se le ha brindado la respuesta. Ahora, en cuanto a la entidad competente para conocer y responder el derecho de petición elevado por la actora, se observa que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, alega en el escrito de impugnación que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto sostiene que no tiene competencia para dar cumplimiento a la sentencia de primera instancia. Al respecto debe precisar la Sala, de conformidad con las consideraciones de esta providencia y de acuerdo con los artículos 168 y 170 de la ley 1448 de 2011 antes citados, que es la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la dependencia encargada de resolver este tipo de solicitudes, en tanto ella asumió la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y las competencias de coordinación señaladas en las demás normas que regulan las políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, en consecuencia no corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la obligación legal de dar respuesta a dichas solicitudes”.
Sentencia: 08 de mayo de 2012
Expediente: 19001230000020120024700
Tema tratado: Debido proceso/ Tramitación de libreta militar/ Imposición de multa por parte del Ejército a ciudadano sin expresar las razones de la misma.
“Manifiesta el actor que se presentó ante el Ejército Nacional para definir su situación militar, por lo que previo el diligenciamiento de los requisitos incluido el exámen médico, fué declarado no apto, sin embargo no pudo reclamar la libreta en esta oportunidad por cuanto sus documentos fueron extraviados en la entidad castrense local. Ya en la segunda oportunidad, previo el lleno de todos los requisitos incluido el examen médico, del que igualmente resultó no apto, recibió del Ejército dos recibos de pago emanados del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional, el No 0412070 por valor de ($114.000) por concepto de multa y No. 0136149 por valor de ($ 85.000) por concepto de gastos de expedición y laminación de libreta militar. (…) Ante el silencio de la entidad castrense, la Sala comparte de manera unánime que la entidad está en la obligación de informar de manera concreta el motivo por el cual impone una multa ante una solicitud de tramitación de libreta militar, para que el ciudadano, pueda en la oportunidad legal, controvertir las pruebas, e inclusive hacer uso de los recursos de ley, en garantía de sus derechos fundamentales, que en este caso la entidad militar omitió. Considera la Sala, que se impone brindar la protección del derecho fundamental del derecho de defensa y debido proceso a favor del actor, razón por la cual, el Ejército Nacional, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, deberá en debida forma informar las razones de hecho y de derecho por las cuales amerita la imposición de la multa, así mismo notificar de la decisión para que la parte actora, pueda ejercitar en debida forma sus derechos fundamentales”.
Magistrado Ponente: NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ
Sentencia: 15 de mayo de 2012
Expediente: 19001230000020120004101
Tema tratado: Desplazados/ La entidad competente para entrega de ayuda humanitaria es la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS de conformidad a la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011.
“El Gobierno Nacional en busca de garantizar y fortalecer la política social, la atención a la población pobre, vulnerable y víctima de la violencia, expide el Decreto 4155 de 2011 mediante el cual transforma la Acción Social en un Departamento Administrativo, denominado “Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”, con varias entidades adscritas entre ellas la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que de conformidad con el Art. 35 del Decreto 4155 de 2011, en su parágrafo 1º, y a los Art. 168 y 170 de la Ley 1448 de 2011, son las llamadas a asumir las funciones de atención, asistencia y reparación a las víctimas radicadas en la Agencia Presidencial para la Acción Social (…) Las anteriores argumentaciones son suficientes para modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido que la entidad competente para cumplir la orden impartida es la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS de conformidad a la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011, quien asumió la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y las competencias de coordinación y quien deberá indicar a la accionante la fecha exacta dentro de un plazo razonable para hacerle efectiva la entrega de la ayuda humanitaria otorgada”.
Sentencia: 30 de mayo de 2012
Expediente: 19001233100620110044200
Tema tratado: Elección de Diputado del Cauca/ Términos probatorios/Justicia rogada/ No se exonera a las partes de asumir la carga procesal que les corresponde/ Equilibrio procesal e imparcialidad del juez /Deniega pretensiones.
“Como bien es sabido, el proceso electoral por su misma naturaleza, tiene unos términos perentorios para su desarrollo, tal es así que el artículo 237 del C.C.A. fija un término especial para la etapa probatoria, hecho que implica especial diligencia de las partes en la práctica de las pruebas que sustentan los supuestos normativos que invocan (art.. 177 C.P.C.).Ahora bien, el hecho de se trate de una acción pública, con exigencias menos estrictas que para las acciones ordinarias, tal circunstancia no lo quita el carácter de justicia rogada, por tanto, no exonera a las partes de asumir la carga procesal que les corresponde. En tal sentido, no comparte la Sala, la petición que hace el Ministerio Público en el sentido de que se decretara como prueba de oficio para solicitar nuevamente tales documentos, puesto que tal como lo establece el artículo 234 del C.C.A, tales pruebas se practican para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda, y no para completar las pruebas aportadas o solicitadas por las partes que por descuido suyo, dejaron de practicarse en la etapa probatoria, puesto que con ello se rompería el equilibrio procesal y la imparcialidad que debe guardar el juez frente a las partes. Al no acreditarse que la hija del demandante, ejerció autoridad civil, política, administrativa o militar en el Departamento del Cauca, dentro de los (12) meses anteriores a la elección, no se configura la inhabilidad alegada y habrán de denegarse las pretensiones”.
Acción: Electoral
Sentencia: 16 de mayo de 2012
Expediente: 19001230000020110056301
Tema tratado: Nulidad de acta de escrutinio de alcalde por inscripción extemporánea/Debe aplicarse la Ley 163 de 1994 y no la Ley 1475 de 2011/Modifica decisión del a quo.
“El señor LEYDER CESAR MANSO interpone la presente acción electoral con el fundamento de que el señor GUIDO SAUL CORDOBA NIETO realizó su inscripción de manera extemporánea de acuerdo a la Ley 1475 de 14 de julio de 2011, por lo que solicitó la nulidad del Acta de escrutinio E-26 de 30 de octubre de 2011 y solicita que sea nombrado como Alcalde por considerar que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos legalmente. Tal como se deja visto, la materia de discusión se concentra en determinar cuál de las normas regía el calendario electoral y en concreto el término de inscripción de candidaturas para los cargos de elección popular de autoridades locales, que se realizó el 30 de octubre de 2011, es decir si se regía por la ley 163 de 1994, bajo cuyo amparo se profirió la Resolución No 0871 de 8 de febrero de 2011 o si por el contrario, debió regirse por la ley 1475 de 14 de julio de 2011(…). De esta manera y revisando la Resolución No 0871 de 2 de febrero de 2011, la misma fue expedida bajo los preceptos de la Ley 163 de 1994 y no de la Ley 1475 de 2011 como lo quiere hacer ver el actor; de tal modo que los aspirantes a ocupar las Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales tenían hasta el 10 de agosto de 2011 para realizar sus inscripciones y que para el caso de estudio, el señor GUIDO SAUL CORDOBA NIETO se encontraba dentro del término estipulado por la Ley 163 de 1994. Así las cosas, esta Sala procederá a modificar la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán en Sentencia de 24 de febrero de 2011, en el sentido de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil y confirmar la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de la demanda”.
Acción: Controversia contractual
Expediente: 19001333100420040269901
TemTema tratado: Pliego de condiciones/ No se demostraron criterios diferentes de aplicación respecto de los consignados en el pliego/ Confirma decisión del a quo.
“Al respecto no se observa en el expediente documento alguno que demuestre que el actor haya elevado solicitud aclaratoria ante el ente demandado con el fin de aclarar las inquietudes que surgían en virtud del pliego de condiciones que afirma era confuso y ambiguo. En este orden, es evidente que los cargos alegados por el actor en la apelación de la sentencia de primera instancia, referentes a la aplicación de criterios no establecidos en el pliego de condiciones, el trato desigual y la no elaboración de los respectivos pliegos, no están llamados a prosperar, en la medida que se encuentra acreditado que la entidad dio un estricto cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia, sin que la parte actora haya logrado demostrar que la misma aplicó criterios diferentes a los determinados en el respectivo pliego, siendo que por el contrario, se demostró que el actor al momento de presentar su propuesta dentro de la licitación pública No. 001-02, no cumplió con todos los requisitos exigidos para la presentación de la misma, a pesar de manifestar que conocía y aceptaba lo exigido en dicho pliego, siendo en consecuencia rechazada su propuesta. En este sentido, comparte la Sala la decisión adoptada por el A quo, en consecuencia se confirmará la sentencia de 30 de abril de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán”.
Acción: Conciliación extrajudicial
Sentencia: 31 de mayo de 2012
Expediente: 1900133310052012004501
Tema tratado: Improbación por cuanto la declaratoria de nulidad compete al juez administrativo y no a las partes en conciliación.
“Por lo tanto, se ha de mantener la decisión del A quo, en improbar la conciliación prejudicial, por cuanto “la declaratoria de nulidad”, compete de manera exclusiva al juez administrativo y no a las partes en sede de conciliación extrajudicial, como desatinadamente se convino. Valga anotar que la revocatoria directa, no es una potestad para la administración para optar por la revocatoria de sus actos, por contrario, el legislador plasmó el verbo “deberán”, bajo el entendiendo que la administración al advertir la irregularidad en la expedición de un acto, de oficio o a petición de parte, debe revocar sus propios actos, a fin de no extender o prolongar los perjuicios”.
Sentencia: 03 de mayo de 2012
Expediente: 19001230000120070031101
Tema tratado: Por regla general, la obligación que se genera en un contrato estatal se constituye en un título complejo/ Sólo cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda en el juez de instancia, para la ejecución de la obligación dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad, es procedente librar el mandamiento de pago/Confirma decisión del a quo.
“El recurrente pretende que se revoque la providencia impugnada por cuanto considera que los documentos (Contrato de Obra Adicional No. 037 del 14 de marzo de 2003, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 86 del 06 de febrero de 2003 y Acta de liquidación del 15 de noviembre de 2003) por él aportados como título de recaudo dan cuenta de una obligación clara expresa y exigible; y por su parte, la entidad ejecutada- Municipio de Puerto Tejada- Cauca-, considera que dichos documentos no cumplen con los mencionados requisitos, debido a que el Acta de Liquidación fechada el 15 de noviembre de 2003, no contiene la firma del obligado- Representante Legal de la entidad territorial demandada. Por regla general, cuando una obligación que se cobra se origina en un contrato estatal, el título ejecutivo es complejo en la medida en que está conformado no solo por el contrato, en el cual consta el compromiso de pago, sino por otros documentos, tales, como actas y facturas elaborados por la Administración y el contratista, donde conste el cumplimiento de la obligación a cargo de este último, y de las que se pueda deducir de manera clara y expresa el contenido de la obligación y la exigibilidad de la misma a favor de una parte y en contra de la otra. Así mismo, puede ser simple cuando la obligación que se cobra consta en un solo documento, que por sí solo da cuenta de ser clara, expresa y exigible, como sucede en múltiples eventos, con las obligaciones que constan en el acta de liquidación final del contrato, documento aparece consignado el cumplimiento de las obligaciones por las partes, entre ellas, el recibo por parte de la administración, de la obra o servicio. Es decir, sólo cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda en el juez de instancia, para la ejecución de la obligación dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad, es procedente librar el mandamiento de pago y posteriormente proferir la sentencia respectiva ordenando seguir adelante la ejecución”. (…) no existe certeza sobre la presencia del alcalde del Municipio de Puerto Tejada, puesto que el Sr. Luis Fernando Santa de quien se dice en el documento es el alcalde de la entidad territorial no suscribió el documento. (…) De lo anterior se concluye que el título ejecutivo no cumple con uno de los requisitos formales exigidos por el artículo 488 C.P.C., consistente en que el documento provenga del deudor.
Expediente: 19001233100320060000500
Tema tratado: Convenio de cofinanciación/ Término legal para efectuar la liquidación unilateral del convenio.
“El término de duración del Convenio No. 7779 de 1.996, de acuerdo a su cláusula octava, era de doce meses contados a partir del día siguiente a la fecha del giro de los recursos del FIS, el primero de los cuales se efectuó el 10 de marzo de 1.997; en consecuencia el contrató finalizó el 11 de marzo de 1.998. En cuanto a la manera de liquidar el contrato, la cláusula décima tercera señaló que esta debía hacerse “de común acuerdo entre las partes celebrantes a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del convenio, o a la fecha del acuerdo que la disponga”; al no haber operado esa forma de liquidación, cabía la unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de este plazo, esto al tenor del artículo 136 lit. d) del C.C.A. Siendo, pues, que la liquidación bilateral debía realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del convenio, los términos para esta operación transcurrieron del 11 de marzo al 11 de mayo de 1998; hasta el 12 de julio del mismo año para la liquidación unilateral, y hasta el 11 de julio de 2000 para promover la liquidación judicial. Al haberse efectuado la liquidación unilateral por parte de FINDETER el 09 de agosto de 2001 según resolución número 3464 visible a folio 14 del cuaderno principal, es evidente que ocurrió más allá del término legal y preclusivo; es decir, por fuera de ese término la entidad contratante resultó incompetente para surtir dicho procedimiento, razón para que la Sala reafirme su coincidencia de pareceres con el A quo”.
Expediente: 1900123000020050095301
Tema tratado: Falta de señalización en la vía/Concurrencia de culpas por comportamiento imprudente de la víctima.
“En consecuencia, es acertada la declaratoria de responsabilidad del municipio de La Vega, por las lesiones padecidas por el señor (…), en los hechos ocurridos en junio de 2003, en una de las calles de la localidad, en la cual se adelantaban unas obras de alcantarillado, por la ausencia de señalización; y a la vez, es atinada la reducción del monto indemnizatorio, por efecto de la concurrencia de la culpa del señor (…) por su comportamiento, eficaz y directo, en la producción de su propio daño”.
Expediente: 1900123000120050055501
Tema tratado 1: Accidente de tránsito/Lesiones de personal policial/ Riesgo excepcional/Precedente horizontal del Tribunal/No se exime de responsabilidad a la Entidad.
“En providencia de esta Corporación, de 15 de marzo de 2012, proferida en el radicado 2005 00554 01, Magistrado Ponente: Carlos Hernando Jaramillo Delgado, que trataba de la misma causa petendi del asunto de la referencia, se determinó que el título de imputación en estos eventos, era el de riesgo excepcional, bajo el cual debe acreditarse el daño y la atribución de la demandada, sin que sea necesario probar la ilicitud de la conducta, y en el que eximen de responsabilidad el hecho exclusivo de la víctima, de un tercero o la fuerza mayor. En el sub judice emerge claramente que el señor (…) padeció un daño, consistente en las lesiones de su cuerpo y en la pérdida de capacidad laboral, producido por una accidente de tránsito, ocurrido el 8 de abril de 2003, en el sitio “La Virgen de Párraga”, en la vía Panamericana, en el trayecto desde el municipio de Rosas hacia el municipio de “El Bordo”, cuando junto con otros agentes de la Policía Nacional se transportaban en un vehículo de propiedad de esta. Y si bien las pruebas apuntan que el accidente de tránsito ocurrió debido a fallas mecánicas del automotor, estas, constitutivas de un caso fortuito, no eximen de responsabilidad a la entidad demandada”.
Tema tratado 2: Accidente de tránsito/Compatibilidad de las indemnizaciones/Indemnización a forfait con Indemnizaciones a cargo del responsable del daño.
“Sostuvo la Policía Nacional que el señor BARCO PULGARIN fue beneficiado con el reconocimiento y pago de las indemnizaciones a que tenía derecho por las lesiones sufridas en los hechos demandados, denominadas “a for fait”, las cuales están preestablecidas en la ley, para eventos como el sub judice. Por lo que es incompatible el proceder a indemnizarlo nuevamente, como se hizo en la sentencia apelada. Debe manifestar la Sala que lo considerado por la parte apelante es rechazado por la jurisprudencia contenciosa administrativa. (…) Nótese, entonces, que es aceptada la compatibilidad entre las compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales -denominados como indemnización a forfait-, con las indemnizaciones a cargo del responsable del daño. La razón radica en que la causa de una y otra, son diferentes, pues la primera se origina en la ley, mientras que la segunda emana del daño mismo. Así las cosas, y en aplicación de los parámetros jurisprudenciales relatados, cabe reiterar que esos dos conceptos, indemnización a forfait e indemnización para resarcir el daño, no son incompatibles, debido a sus orígenes diferentes: ley y daño mismo, respectivamente”.
Sentencia: 10 de mayo de 2012
Expediente: 19001230000120080007700
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ Copias simples de la investigación penal no tienen valor probatorio.
“Ahora bien, la parte actora con la demanda allegó copia simple de la investigación penal adelantada inicialmente por la Fiscalía General de la Nación y luego por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Patía – Cauca, contra Ever Antonio Hoyos, por el delito de homicidio de Santiago Fernández (fl. 27-145 C.Ppal 1- fls. 142-207 C.Ppal 2), así como copia simple de la acción de habeas corpus promovida por el actor ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán- Cauca (fl. 147-162 C.Ppal 1) y Acción de Tutela interpuesta por el mismo contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Patía y Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán (fl. 163-191 C.Ppal 1). En consecuencia, a dichos documentos no se les puede otorgar ningún valor probatorio de conformidad con el art. 254 del C.P.C. modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. Además, en la demanda nunca solicitó oficiar a las entidades correspondientes para que allegaran copia auténticas de las mencionadas piezas procesales (fl. 18-20 C.Ppal 1) y no obstante se abrió el proceso a prueba mediante 22 de enero de 2010 (fl. 321—322 C.Ppal 2) y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, contra dicha decisión no se interpuso recurso alguno”.
Expediente: 19001230000020080020400
Tema tratado: Internos/ Suicidio/No se acreditó la falla del servicio.
“Así las cosas, en el presente asunto, la Sala considera que no se acreditó la falla del servicio que se le imputa a la entidad demandada, puesto que del acervo probatorio obrante en el proceso no surge por parte alguna la demostración de que el occiso, señor (…), presentara indicios o signos que permitieran prever que pudiera atentar contra su propia integridad y que, a pesar de ello, las personas encargadas de su custodia, por estar pagando una pena privativa de la libertad en una cárcel del Estado, lo hubiesen descuidado y hubieren omitido las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal, más allá de los cuidados normales y cotidianos que se le debe brindar las personas privadas legalmente de su libertad”.
Expediente: 19001230000020070049700
Tema tratado: Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Supernotariado y Registro/Labores de vigilancia de la entidad frente a las actuaciones del notario respecto de la celebración de un matrimonio.
“Según lo reclamado en la demanda, los hechos anteriormente descritos fueron los que le ocasionaron a la parte demandante el supuesto daño reclamando, toda vez que, con ocasión del matrimonio celebrado ante la Notaria Única del Municipio de Mercaderes (Cauca), la señora (…) no pudo reclamar la sustitución pensional del señor (…) ante el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en la relación de los hechos generadores del daño que reclaman los demandantes, éstos provienen exclusivamente del Notario Único del Municipio de Mercaderes, en el ejercicio de su función notarial, la cual en medida alguna puede recaer sobre la Superintendencia de Notariado y Registro, toda vez que como se analizó anteriormente, a ésta se le ha asignado únicamente la función de control y vigilancia sobre este servicio público, razón por la cual se declarará de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro (…) Si bien es cierto, la entidad demandada decidió no iniciar una investigación en contra del Notario Único de Mercaderes (Cauca) por los hechos que son objeto de debate en el presente asunto, la Sala observa que el demandante no aportó ningún otro elemento probatorio que permita demostrar que la Superintendencia de Notariado y Registro incumpliera su deber legal de ejercer la función de control y vigilancia del servicio público de notariado; situación que acarrea consecuencias negativas, pues no se logró corroborar los supuestos fácticos que fundamentaban su petición”.
Expediente: 1900123000220050112301
Tema tratado: Ejecución arbitraria o “falso positivo”/ Elementos probatorios muestran una reacción proporcionada, necesaria y razonable de parte de los militares/Revoca decisión del a quo.
“….tal como lo argumentó la parte apelante, no hay pruebas que permitan imputar el daño antijurídico consistente en la muerte de (…) a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional: ni en el contexto del uso desproporcionado y excesivo de las armas de dotación oficial, ni en el contexto de los llamados “falsos positivos” o ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales. Por el contrario, las pruebas apuntan a que el señor (…) se encontraba injustificadamente a la hora y en el lugar de los hechos, que junto con otros sujetos no identificados atacaron a los militares, corolario de lo cual fue el arma junto a la víctima y el material de guerra hallado en su poder y en sus alrededores. A la vez, los elementos de juicio dibujan una reacción proporcionada, necesaria y razonable de parte de los militares, tanto por las condiciones del terreno y de visibilidad, y porque no todos dispararon –para algunos de ellos fue innecesario hacerlo-, y la víctima solo presentó un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, sin ahumamiento ni tatuaje. Además, la sentencia apelada contiene premisas de responsabilidad en contra de la entidad demandada, apoyadas en contradicciones inexistentes entre las pruebas, contradicciones que en verdad son fruto de una errada valoración de las pruebas por parte del A quo”.
Magistrado Ponente: CARLOS HERNANDO JARAMILLO
Expediente: 1900123000320070018900
Tema tratado: Responsabilidad civil y administrativa/ Presunta negligencia de secuestres en proceso ejecutivo hipotecario/ Se niegan pretensiones.
“La actora aseguró que los secuestres al no arrendar los bienes inmuebles dejados a su cargo, los cuales constituían la garantía hipotecaria de la acreencia de la cual fue cesionaria, le produjeron un detrimento patrimonial, en el sentido de no percibir el valor de los cánones de arrendamiento, suma que habría sido abonada al valor del crédito cedido a su favor. Más aún, cuando la suma abonada por la adjudicación es menor a la cuantía de la acreencia”. (…) En razón a tales circunstancias, para la Sala está demostrado que el apartamento 102 del edificio Los Arrayanes no fue arrendado durante el tiempo en que estuvo embargado y secuestrado, no obstante, ese hecho per se, en el presente caso, no es generador de daños, así como tampoco representa una falla en el servicio, dado que si bien el artículo 683 del código de procedimiento civil señala como funciones del secuestre de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, esto es, el aprovechamiento de los mismos, en su ejercicio pueden presentarse situaciones que la imposibiliten sin que necesariamente tenga como causa la actuación del auxiliar judicial designado, conforme sucedió en el caso estudiado”.
Expediente: 19001230000120050056201
Tema tratado: Daños a militar por explosión de granada, imputable a la administración/No hubo conducta imprudente de la víctima.
“Así las cosas, el acervo probatorio obrante en el expediente no deja a la Sala duda alguna en torno a que entre la explosión de la granada de fragmentación en las instalaciones del Batallón José Hilario López y el daño irrogado al mencionado actor, existe relación de causalidad comoquiera que, la activación de dicho artefacto explosivo dio lugar a las lesiones del señor (…) que efectivamente tuvo incidencia en la producción del mencionado daño, los cuales resultan desde el punto de vista jurídico exclusivamente imputables a la Administración actuante, como lo alega el apoderado de la parte demandante, toda vez que no existe ningún elemento probatorio respecto a algún proceder abiertamente imprudente, agresivo o irresponsable del lesionado. Resulta claro que las lesiones ocasionadas al actor y el perjuicio causado escapa del denominado riesgo propio del servicio, situación que excede el riesgo natural del oficio militar y con mayor motivo cuando se trataba de un militar que se encontraba dentro de las instalaciones de un Batallón cuya guarda de elementos o artefactos explosivos esta bajo la custodia de la entidad demandada; y por tanto, es procedente la indemnización reclamada en la demanda”.
Expediente: 19001233100020050190901
Tema tratado: Fuero de atracción /Características para que opere ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
“Conforme a los argumentos planteados, concluye la Sala, que se presenta incompetencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones planteadas en contra de la referida Empresa de Transportes Puerto Tejada Ltda., puesto que no es posible aplicar el factor conexión o fuero de atracción para asumir tal competencia, razón por la cual, se procederá inhibirse para resolver acerca de las pretensiones formuladas en la demanda en contra de la empresa particular”.
Expediente: 19001233100020080039401
Tema tratado: Uso de armas de fuego por parte de la Policía/ Requisitos para que se configure su uso/Culpa exclusiva de la víctima/ No se accede a las pretensiones.
“En éste último caso, se ha de entender que se refiere a personas que intentan fugarse estando armadas, por lo que se considera legítimo el uso de la fuerza contra un delincuente que huye, pero solo se pueden emplear armas de fuego en su contra, si él las utiliza. De otra parte es preciso señalar que como causales de exoneración de responsabilidad del Estado se encuentra la culpa exclusiva de la víctima, y en este evento la afectación del bien jurídico de la vida del adolescente (…), sucedió por culpa exclusiva de éste, por cuanto su proceder fue totalmente irregular, doloso, prohibido por el ordenamiento jurídico, afectando bienes jurídicos de los policiales y del civil, que no tenían porqué soportar las agresiones que eran objeto. Como conclusión, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, NO es responsable por los daños y perjuicios morales, materiales y fisiológicos causados a los demandantes, con motivo de la muerte del adolescente HECTOR LUIS MONTAÑO HURTADO en hechos sucedidos el 20 de septiembre de 2007, en la carretera que de Puerto Tejada, conduce a Padilla Cauca”.
Expediente: 1900123000120050041701
Tema tratado: Pruebas/ El cumplimiento de la carga de la prueba de las partes debe respetar el debido proceso/Las pruebas deben aportarse en el momento procesal respectivo para ser valoradas.
“En efecto, las partes tienen la carga de probar los hechos en que fundan sus pretensiones –o sus excepciones-, pero no de cualquier forma, sino dentro de la establecida en la normatividad procesal y, además, sin que baste la mera enunciación de las pruebas. El cumplimiento de la carga de la prueba de las partes debe respetar el debido proceso, dentro del cual están incluidas las formas propias de cada juicio. Y se extiende hasta el efectivo recaudo de las pruebas pedidas. En ese sentido, es evidente en el sub judice que la parte demandante guardó pasividad en la etapa procesal prevista para cumplir con su carga probatoria, lo cual trató de subsanar cuando ya el proceso estaba para fallo en primera instancia y durante el trámite del recurso de apelación. Así ocurrió con la copia del Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, las certificaciones salariales, el oficio 002947 de 16 de noviembre de 2006, suscrito por el señor Comandante del Departamento de Policía Cauca, los documentos relacionados con unos efectos dañinos, la disminución de la pérdida de capacidad laboral adicional y el retiro del servicio activo, la resolución de nombramiento y notificación, resolución de retiro y notificación y hoja de servicios policiales y el informe prestacional por lesiones del señor REINA SAAVEDRA. Todo este acervo probatorio NO fue allegado en la etapa procesal respectiva, lo cual es irrespetuoso del derecho de contradicción de la contraparte y obstaculiza la eficiencia y efectividad de la administración de justicia. En consecuencia, la Sala no valorará las anteriores pruebas. Y la sentencia se valdrá únicamente de las legal y oportunamente allegadas al plenario”.
Expediente: 19001230000120030035401
Tema tratado: Masacre del Naya/Falta de elementos probatorios/ Revoca decisión del a quo.
“En este orden, no comparte la Sala la apreciación del A quo, referente a que en el sub examine se encuentran acreditados las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, por el contrario, considera la Sala que en el expediente no se encuentran demostradas las mismas.(…) Pues bien, obran en el proceso documentos que demuestran que el Municipio de Buenos Aires, vivía una situación de orden público crítico en razón a la aparición de grupos al margen de la ley, situación de la cual tenía conocimiento el Ejército Nacional y, que efectivamente el 11 de abril de 2001, en el sector del Naya del Municipio de Buenos Aires, fueron asesinadas unas personas por un grupo de autodefensas, dentro de la que se denominó la masacre del Naya. En este sentido, en el informe que realizó el Departamento de Policía del Cauca, en el que informó los hechos sucedidos en la zona del Naya (Fl. 114 a 116 C. pruebas), se indicó el nombre de las personas asesinadas en dicha masacre, sin que en dicho informe se mencionara al señor (…). Así entonces, observa la Sala que no existe certeza de que la muerte del señor (…), haya obedecido a los hechos ocurridos en la masacre del Naya y que por tal pueda imputarse la responsabilidad al ente demandado, en tanto es preciso recordar que no basta con acreditar la existencia de un daño sino que es indispensable, a partir del empleo de todos los instrumentos probatorios consagrados por el ordenamiento jurídico, acreditar que la afectación fue producto de la acción u omisión de la entidad pública demandada. (…) En este sentido, es preciso recordar, que probar los hechos que interesen al demandante es una carga que no puede suplir la Sala, debido que es al interesado en demostrar los hechos que le beneficien, en quien radica la obligación de demostrarlos y es a quien corresponde convencer al juez de los hechos objeto de demanda, lo contrario equivaldría a trasladar la carga de la prueba al fallador, quien si bien tiene el deber de interpretar la demanda y de decretar pruebas de oficio, no puede remediar la inactividad del accionante, ni actuar como si fuera tal. Sobre todo cuando la ley le impone esa obligación en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que prevé: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Expediente: 19001230000320060001401
Tema tratado: Las pruebas deben incorporarse debidamente al proceso, so pena de ser inoponibles.
“En el asunto estudiado, el recurrente desechó la oportunidad de solicitar la prueba con la que a su juicio la decisión de primera instancia puede variar, al encontrarse dentro de la causal que refiere el numeral primero de la norma en cita, limitándose a allegarla el día 16 de diciembre de 2011, cuando ya estaba el negocio para proferir sentencia en esta instancia. Ahora bien, si la parte actora pretende subsanar los efectos de la omisión probatoria en que incurrió ante las instancias procesales, allegando nuevo material para ser valorado por el superior funcional cuando todas las etapas del juicio ordinario se encontraban agotadas, conviene precisar que dicha prueba es inexistente, o más bien inoponible, en la medida que no fue debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida o extemporánea la hubiera allegado y que como consecuencia de ello obre en el legajo, para que el juzgador pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al momento de proferir la decisión de fondo, pues ello quebrantaría, sin lugar a dudas, el debido proceso constitucionalmente establecido, ya que se le estaría privando de la oportunidad procesal para controvertirla, a la parte contraria”.
Expediente: 19001230000020060005200
Tema tratado: Responsabilidad médica/Muerte por presunta indebida conexión de los tubos de drenaje de la cavidad toráxica/Carencia de elementos probatorios.
“En el presente asunto, la parte demandante pretende derivar la responsabilidad del Hospital Universitario San José de Popayán por la muerte del señor (…), esgrimiendo la falla en el servicio médico asistencial brindado en el mes de septiembre de 2.005 como consecuencia de la indebida conexión de los tubos de drenaje de la cavidad toráxica del paciente. (…) En el caso en estudio la carga de la prueba imponía a los demandantes la demostración de la falla en el servicio de salud alegada, teniendo en cuenta que nos encontramos en un régimen de falla del servicio probada; así que, en las etapas procesales pertinentes, el demandante tenía que probar el supuesto que fundamentaba su pretensión. Pese a lo anterior, el accionante incumplió con su carga probatoria, que si bien es dispositiva, le correspondía a él realizarla, por lo que su omisión le trae consecuencias desfavorables; en este caso la consecuencia para el actor consiste en no poder establecer si existió o no la falla en el servicio de salud, puesto que de las pruebas aportadas se evidencia que el señor (…) recibió atención médica en el Hospital Universitario San José de Popayán de manera adecuada y con la práctica de los procedimientos médicos tendientes a salvarle la vida en consideración a la gravedad de las heridas sufridas, más no se allegó prueba que permitiera calificar que la inversión en los tubos de drenaje fuese la causa que le generara el proceso infeccioso que le produjo la muerte, según lo explicado anteriormente, razón por la cual el Tribunal confirmará la sentencia de primera instancia”.
Expediente: 19001230000320060008500
Tema tratado: Indemnización de perjuicios por denuncia temeraria/No implicó la afectación antijurídica de un derecho o bien jurídico en titularidad.
“El 30 de marzo de 1983, los señores (…) compraron, por medio de la escritura pública número 30 (sic) de la Notaría Primera de Popayán, un inmueble ubicado en la parcelación “El Tablazo”, con código catastral 00-1-006-053, con matrícula inmobiliaria 120-44126. En febrero de 2001, invirtieron unos recursos económicos, producto de un préstamo y de sus ahorros, para edificar un plan de vivienda llamado “El Portal de San Bernardo”. En el mismo mes, iniciaron las obras primarias de descapote y traslado de materiales de construcción, cuando fueron (…) detenidos por una orden judicial, proveniente de la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Popayán, dentro de una investigación penal que adelantaba por el delito de invasión de tierras, tras denuncia instaurada por CARPOL LTDA (…). Tal como lo ha explicitado la jurisprudencia contenciosa administrativa, el adelantamiento de una investigación de cualquier índole genera preocupaciones e incomodidades a quienes están vinculados a ella. Empero, la responsabilidad del Estado sólo aparece cuando en virtud de esa investigación causa un daño antijurídico. Para el sub judice, se evidencia que la investigación penal no implicó la afectación antijurídica de un derecho o bien jurídico en titularidad del señor (…) o de la señora (…), que haga procedente una condena en contra de las demandadas, y un reconocimiento y pago de perjuicios a favor de los demandantes. En ningún momento, por ejemplo, el señor (…) estuvo privado de su libertad, o fue objeto de decisiones encaminadas a limitar el uso, goce o disposición de su propiedad”.
Expediente: 19001333100520060091901
Tema tratado: Ascenso en el escalafón docente/El actor ya había utilizado el título de especialista para ascender/ Modifica decisión del a quo.
“De esta manera, la Sala aclara que si bien la entidad accionada no aplicó la normatividad adecuada a la petición de ascenso realizada por el demandante, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada, en tanto que el señor (…), ya había utilizado el título de especialista en gerencia educativa para ascender en el escalafón docente, razón por la cual la juez de primera instancia yerra al declarar la nulidad del oficio N° 234 del 14 de junio de 2006, en la medida que de acuerdo con los documentos aportados por el actor, al momento de la solicitud éste no cumplía con los requisitos para ascender al grado 14 del escalafón. En tal virtud, la Secretaría de Educación Departamental debía negar la petición, conforme lo hizo en el acto acusado, por lo que, la declaración de nulidad no era procedente, y por tanto, la sentencia apelada será modificada, en el sentido de negar todas las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001230000120050028100
Tema tratado: Tributos sobre contratos en materia de administración de recursos de la salud transferidos por la Nación/ Los actos administrativos departamentales debieron ser aportados al proceso por requerimiento legal.
“Según se plantea en los cargos de violación de la demanda, las entidades demandadas transgredieron normas superiores por gravar con los recursos de la salud transferidos por la Nación, hecho que se concreta al cobrar un tributo sobre cada contrato de administración para la administración de dichos recursos, razón por la cual, considera deben devolverse los valores indebidamente retenidos. Para analizar el cargo propuesto, es necesario entonces determinar la legalidad del cobro del gravamen aplicado a cada uno de los contratos que se mencionan en las peticiones realizadas tanto a la Gobernación del Departamento del Cauca, como a la Dirección Departamental de salud, para de ello derivar si hay lugar o no, a la devolución de los valores cobrados. Por tratarse de una controversia jurídica referida al cobro de tributos de carácter regional, que están contenidos en actos administrativos expedidos por autoridades departamentales, es decir, de alcance no nacional, es necesario aplicar el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente. En este caso, el gravamen cuya aplicación genera la discusión está contenido en las Ordenanzas N°011 de, N° 016 y N° 028 de 1995. Sin embargo, dichos actos administrativos no fueron aportados al proceso, ni la parte demandante solicitó se decretara dicha prueba. Sin los citados actos administrativos, la Sala no puede determinar, los hechos generadores del gravamen, la causación, el procedimiento para su cobro, discusión, devolución, y demás elementos normativos que necesarios para determinar si en este caso se aplicó o no, indebidamente el proceso de liquidación, cobro y devolución del tributo. Si bien las entidades demandadas transcriben en sus respuestas textos que dicen corresponder a apartes de las ordenanzas, tales textos, además de ser parciales, no convalidan la autenticidad de tales ordenanzas puesto que no provienen de la autoridad que las expidió. Por tanto, ante la ausencia dentro del expediente de los actos administrativos que contienen los gravámenes que se cuestionan, la Sala no cuenta con los elementos normativos contra los cuales confrontar los cargos de violación imputados”.
Expediente: 19001230000020040189700
Tema tratado: Mora en el pago de cesantías definitivas/Régimen de retroactividad y no anualizado/No concede, confirma decisión del a quo.
“Tal como lo indica el Art. 99 de la Ley 50 de 1990, la mora en las cesantías opera cuando existe retardo por parte del empleador en consignar las cesantías al fondo de cesantías que escogió. En el caso que nos ocupa, no es posible determinar le existencia de mora en la consignación anual de las cesantías del demandante a un fondo de cesantías, pues tal como quedó establecido, su régimen no era el anualizado sino el de retroactividad. De otra parte, la Sala observa que no existe prueba que indique la decisión expresa y por escrito por parte del demandante, dirigida a la administración Municipal de Popayán, de cambiarse del régimen de retroactividad de las cesantías. Todo lo contario, lo que dan cuenta las pruebas es que el demandante era beneficiario del régimen de retroactividad el cual le fue respetado en la Resolución No. 2223-2 de 2001 por medio de la cual se liquidó y ordenó el pago de las cesantías definitivas del hoy demandante, acto administrativo contra el cual no interpuso ningún recurso por la vía gubernativa y tampoco se tiene noticia de haber sido demandada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los términos legales. Por las anteriores razones y para dar respuesta al problema jurídico, la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, está acorde a los lineamientos legales y jurisprudenciales, por lo que deberá ser confirmada”.
Expediente: 1900123000120050181101
Tema tratado: Sanción moratoria por no pago oportuno de las cesantías/La Ley 244 de 1995 siendo especial excluye la aplicación del CST/Para la configuración de la sanción no exige mala fe del empleador/Docente municipal/Confirma sentencia del a quo.
“En ejercicio de esta acción, la señora (…): i) la declaratoria de nulidad de los actos administrativos proferidos por el municipio de Puerto Tejada, en los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías, y pidió ii) el consecuente restablecimiento del derecho. El reconocimiento y pago de la sanción moratoria lo fundó, al igual que lo había hecho en vía administrativa, en el parágrafo del artículo 2 de la ley 244 de 1995. (…) el oficio de 8 de junio de 2005 –fl. 6 C. ppal-, debe ser declarado nulo, por el vicio de falsa motivación, en tanto que negó la solicitud de pago de una sanción moratoria con fundamento en la ley 244 a favor de una docente municipal, con base en el artículo 65 del CST y exigió la acreditación de la mala fe del empleador. La Sala comparte la consideración de la parte demandante, atinente a que la ley 244 es de carácter especial respecto de los servidores públicos, que excluye en su caso la aplicación del CST, y no exige, a efectos de la configuración de la sanción moratoria, la mala fe del empleador. Esto, incluso, fue reconocido por la misma administración municipal, en resolución 1402 de 2005 –fl. 2 a 3 C. ppal-, en la que se lee: “Que en la respuesta dada a la petición calendada diecinueve (19) de Mayo de 2005, equivocadamente se hizo alusión al artículo 65 del Código Sustantivo del trabajo (modificado por el art. 29 de la ley 789 de 2002), cuando la norma para el presente caso es la ley 244 de 1995 en su artículo 2.” A la vez, es nula la citada resolución 1402 de 2005, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el oficio de 8 de junio de 2005, en la que se aducen, como razones para no reponer la decisión adoptada, que la administración hace “ingentes esfuerzos” para la consecución de los recursos para satisfacer las obligaciones laborales, y que la sanción no puede ser reconocida por medio de acto administrativo, sino que requiere declaración judicial. Es nula, en tanto que desconoce abiertamente que el parágrafo del artículo 2 de la ley 244, conmina a la administración, a que, en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, reconozca y cancele la sanción allí descrita, y únicamente exige que se acredite la no cancelación de las cesantías en el término dado para este efecto en el artículo”.
Expediente: 19001230000120040143901
Tema tratado: Declaratoria de insubsistencia/ Necesidad de la prueba grafológica para determinar si la firma pertenecía o no al representante legal de la entidad.
“En el caso bajo estudio, se encuentran allegados al expediente dos documentos o actos administrativos de igual contenido, relacionados con la declaratoria de insubsistencia del actor Henry Usuriaga Vasquéz como Jefe de Oficina de la Secretaria de Tránsito Municipal de Miranda- Cauca, ambos con el nombre del alcalde de la mencionada entidad territorial, Sr. Walter Zuñiga Barona, pero con firmas diferentes, sin que el demandante haya solicitado prueba grafológica o de cotejo de dichos documentos que permitiera establecer efectivamente si quien suscribió el mencionado documento era o no el representante legal de la mencionada entidad territorial, motivo por el cual resulta imposible para la Sala determinar si el acta por el cual fue desvinculado el demandante fue expedido por el funcionario competente. Precisamente, en el art. 177 del CPC, se establece que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en ese sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso, para que los derechos le sean reconocidos y no obstante, el juez puede ejercer las facultades probatorias de oficio, no está llamado a suplir dichas cargas de las partes en cuanto al recaudo del material probatorio; y por la presunción de legalidad inherente a los actos administrativos se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, lo cual se deduce del texto del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.
Expediente: 19001233100220050126702
Tema tratado: Reestructuración de entidad/Cargos suprimidos pueden ser reemplazados con contratistas de prestación de servicios/Confirma decisión del a quo.
“Acierta el a quo, cuando expone que el hecho de que se haya contratado a otra persona para que realice ciertas labores que antes desempeñaba el demandante, no tiene la entidad suficiente para nulitar el acto demandado; además como arriba se señaló, la normas vigentes le daban la facultad al Alcalde para suprimir, previo estudio técnico, los cargos que considerara necesarios, con fundamento en el buen servicio y el interés general, aspectos que no fueron desvirtuados en la demanda. Ahora bien, sobre el tema objeto de estudio, el Consejo de Estado ha expresado que la reestructuración de una entidad, permite que el cumplimiento de ciertos cometidos institucionales, puedan realizarse por personas vinculadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios, sin que dicho proceder, desvirtué la necesidad de la supresión del empleo. (…) el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia, como tampoco, que el Estudio Técnico realizado por el Municipio fue deficiente; así entonces, no se puede concluir que la administración obró con fines distintos al buen servicio público, desbordando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deben inspirar el ejercicio de la facultad discrecional”.
Expediente: 1900123000120050150901
Tema tratado: Contrato realidad/ Relación laboral encubierta bajo un contrato de prestación de servicios/confirma decisión del a quo.
“En consecuencia, de las funciones contenidas en los contratos de prestación de servicios, se puede afirmar que la actora debía desempeñarse como médica general en el Hospital Nivel II Susana López de Valencia de Popayán, lo cual implicaba que la labor a ella encomendada debía realizarla respetando un horario de trabajo, el cual necesariamente debía establecerlo el hospital, limitando con ello la autonomía de la demandante, aunado a ello, obligaciones como la atención de pacientes en urgencias, hospitalizados y consulta externa requerían que la señora Gloria Edith Villota Enríquez prestara sus servicios de manera permanente, ya que, de lo contrario se afectaba la prestación del servicio de salud, el cual estaba a cargo de la entidad hospitalaria contratante, circunstancias que dan cuenta de la subordinación existente entre la actora y dicha entidad. (…) Es así como la forma sucesiva en que se suscribieron los contratos, permite dilucidar que se trataba de un trabajo continuo, con vocación de permanencia, que quiso ser enmascarado bajo la figura del contrato de prestación de servicios. (…) De lo anteriormente expuesto, saltan a la vista la existencia de los elementos de una relación laboral ya que está probada la prestación personal del servicio y la subordinación de la actora, configurándose los presupuestos para reconocer las prestaciones sociales solicitadas, debiéndose declarar nulo el acto demandado, conforme lo consideró el juez de primera instancia”.
Expediente: 19001230000120050136801
Tema tratado: Gastos ordinarios del proceso/Su finalidad es atender los expensas ordinarias que se puedan generar en el proceso.
“… en cuanto a la afirmación que hace el apoderado de la parte demandante, respecto a que las copias de los antecedentes laborales del P.T. Alexander Serna Duque debían ser cancelados con la suma consignada a cuenta del Juzgado como gastos procesales, debe indicar la Sala que de conformidad con el numeral 4° del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, cuyo inciso 2° fue adicionado por la Ley 1395 de 2010, Decreto 2867 de 1989, arts. 1 a 8 que reguló lo referente a los gastos ordinarios del proceso en lo contencioso administrativo y Acuerdo 2552 de 2004, arts. 1, 3, 4, 7 y 8 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que regula la misma materia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tienen como finalidad atender los expensas ordinarias que se puedan generar en un proceso, tales como las notificaciones, las publicaciones, certificaciones, fotocopias auténticas, etc.; que debe expedir el juzgado, sin que se encuentren incluidos los gastos que deben realizar las partes frente a la entidad demandante u otras instancias para garantizar el impulso del proceso; en ese sentido, le correspondía a la parte demandante cancelar la suma requerida por la entidad demandada para que se le expidiera las mencionadas copias, cuya actuación le correspondía adelantar a la parte interesada”.
Expediente: 19001233100220070024801
Tema tratado: Pensión gracia/Prescripción trienal de los derechos causados/Modifica decisión del a quo en cuanto debía tenerse en cuenta la fecha de presentación de la demanda y no la presentación de la petición.
“La prescripción trienal de algunas mesadas pensiónales, no reclamadas oportunamente, está contemplada en el Decreto 3135 de 1968. Ahora bien, observa el Tribunal que el a quo no se percató que entre la fecha de presentación de la petición que solicitó la reliquidación (13 de febrero de 2004) y la fecha de presentación de la demanda (3 de agosto de 2007) ya habían transcurrido más de tres años, motivo por el cual no se podía tener en cuenta la fecha de presentación de la petición, para efectos de contar el término de prescripción, sino el de la fecha de presentación de la demanda”.
Expediente: 1900123000320060056100
Tema tratado: Muerte de soldado conscripto que se ausenta de base militar/culpa exclusiva de la víctima.
“…No es posible declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por la muerte del señor (…), ni desde el régimen aplicable a los daños causados a conscriptos, ni desde la teoría del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, porque se comprueba la configuración de una causal eximente de responsabilidad de la administración, consistente en la CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, en tanto que fue la conducta imprudente y negligente del (…) la causa exclusiva del daño”.
Descargar salvamento completo
Actuación: Salvamento de voto
Magistrado: NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ
Expediente: 19001230000320060056100SV
Tema tratado: Muerte de soldado regular/ No debió exonerarse al Ejército Nacional.
“Las razones que me llevan a apartarme del criterio plasmado en la providencia referida, radican que según lo probado en el proceso, la muerte del Soldado Regular (….) adscrito al Batallón de Infantería No. 8 Batallón Pichincha no se ocasionó como consecuencia de una respuesta legítima al supuesto ataque realizado por a víctima, sino que por el contrario, en el sumario se observa una desproporcionalidad en la actividad militar desarrollada el 5 de junio de 2.004, en el que se dio de baja al soldado (…) No se desconoce que si bien es cierto, el soldado(…) se encontraba en una situación de licitud, cual fue el haber desertado y con el arma oficial amedrentar a unos civiles, a quienes les hurtó algún dinero, tal proceder irregular no puede llevar a la conclusión que el personal del Ejército que adelantó el operativo para capturarlo, estuviere facultado para cegarle la vida, máxime que estas hechos no fueron concomitantes, ni en espacio ni en tiempo. Solo en gracia de discusión si se quiere, los hechos irregulares cometidos por el soldado fallecido, eventualmente pudieran analizarse como una concausa que se tendría en cuenta para efectos de determinar el monto de la indemnización, mas no para exonerar de responsabilidad al Ejército Nacional”.
Expediente: 11001031500020120036200
Tema tratado: La decisión judicial que declaró la caducidad de la acción de reparación directa desconociendo los parámetros especiales para computar el término de prescripción cuando se trata de desaparición forzada, viola el derecho de acceso a la administración de justicia.
“La ciudadana promovió acción de tutela en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué de rechazar por caducidad la demanda de reparación directa interpuesta por la actora, con ocasión de la desaparición de su hija recién nacida el 28 de agosto de 2008. Al conceder el amparo, la Sala puntualizó que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta desde el día en que cese la desaparición o bien a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión proferida dentro del respectivo proceso penal, por lo cual es inadmisible la posición del Tribunal Administrativo del Tolima, al manifestar que la acción de reparación directa, cuando se alegue desaparición forzada, caduca a los 2 años de ocurridos los hechos cuando no se presente ninguno de los 2 presupuestos expresamente señalados por el artículo 136 numeral 8 del C.C.A.; tampoco resulta adecuado, para esta sede judicial, el que el juzgado de primera instancia aplique la disposición general de caducidad de la acción de reparación directa, y no la especial cuando se alega desaparición forzada, sin motivar el por qué se separó de lo aducido en la demanda. Por lo cual, el término de caducidad de la acción de reparación directa promovida por el señora Ana Yuney, en la cual se alega desaparición forzada, debe contarse de conformidad con lo aquí analizado, esto es, desde ese día en que su hija apareciera, o bien a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión proferida dentro del respectivo proceso penal, el cual debió ser iniciado por la Fiscalía General de la Nación, entidad a la cual se ordenó la remisión de las denuncias hechas por la actora”.
Expediente: 25000232500020080112701
Tema tratado: La pensión gracia constituye un derecho sustituible, razón por la cual es procedente la sustitución de derecho a favor de los beneficiarios.
“Aclarado lo anterior, observa la Sala que el requisito supletorio del cumplimiento de la edad no se presenta en el sub examine, como quiera que a partir del momento del retiro del servicio de la docente María Helena Bolívar Corredor, el 23 de mayo del 2002, le fue reconocida la pensión de invalidez respectiva en cuantía de $1.781.001.00 correspondiente al 100`)/0 del promedio salarial devengado, lo que descarta en ausencia de prueba en contrario, la insuficiencia de recursos para solventar su sostenimiento que habilitaría el derecho desde su retiro por invalidez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° numeral 6' de la Ley 114 de 1913, razón por la que el reconocimiento pensional sí debía efectuarse a partir del cumplimiento de los 50 años de edad de la docente, es decir, a partir del 26 de abril del 2007 tal como se expresó en la decisión de primera instancia. Ahora, ha admitido esta Corporación que pese a su gratuidad y dada su naturaleza eminentemente pensional, la pensión gracia constituye un derecho sustituible,5 razón por la que resulta procedente la sustitución del derecho de la señora María Helena Bolívar Corredor a favor de sus beneficiarios, en este caso, del señor Isaac Sánchez Gómez en calidad de cónyuge supérstite de la causante, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículo 6° y 14 del Decreto Reglamentario 1160 de 1989,6 -norma cuya aplicación se habilita para la fecha del deceso de la causante en razón de la exclusión efectuada por el artículo 279 de la ley 100 de 1993 frente a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, logró acreditar en debida forma tal condición con el Registro Civil de Matrimonio y las Declaraciones Juramentadas aportadas a folios 21, 22, 23, 26, 27 y 28 del expediente, que dan cuenta de la vigencia del vínculo al momento del deceso de la docente”.
Consejero Ponente: ALFONSO VARGAS RINCÓN
Expediente: 25000232500020020439102
Tema tratado: Al ser desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo mediante el cual se retiro de servicio al demandante, dado que vulneró los principios y valores de la carta política, lo cual conlleva a la desviación del poder, se condena al Ejecito Nacional al reintegro del demandante al grado de oficial que ostentaba al momento del retiro.
“La Sala llega a la convicción de que fueron razones del buen servicio las que sirvieron de fundamento a la entidad demandada para retirar al actor, pues no resulta explicable, ni encuentra la más mínima justificación que a un oficial en condiciones personales, morales, de sociabilidad que lo ubicaban en el rango “e”, es decir, las “exigidas” en la actividad militar, que demostraba espíritu de superación, virtudes militares y desempeño en el cargo, catalogado como “superior” (rango B), merecedor de constantes felicitaciones y condecoraciones por su profesionalismo, excelente labor, liderazgo y preocupación por el cumplimiento de sus responsabilidades, razones del servicio aconsejaran primero trasladarlo del Grupo de Acción Integral, a la Brigada de Aviación del Ejército (septiembre 17 de 2001) sin asignarle funciones y finalmente retirarlo del servicio en ejercicio de la facultad discrecional. El manejo en esas condiciones dado al oficial, resulta contrario a principios y valores previstos en la carta política, (respeto a la dignidad humana y derecho al trabajo en condiciones dignas y justas) y desborda las mínimas condiciones de trato considerado y esperado en las relaciones laborales. En esas condiciones, aparece evidente el desvío de poder alegado en la demanda”.
[1] El Magistrado Horacio Coral Caicedo entró a disfrutar de su jubilación a partir del 01 de mayo de 2012. Actualmente la vacante fue cubierta por el nombramiento en propiedad del Magistrado David Fernando Ramírez Fajardo, quien tomó posesión del cargo el 29 de Junio de 2012.
[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, Subsección A, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación 25000232500020080112701(0292-11). Octubre 12 de 2011.
[3] Arango Rodolfo “Quién debe ser el defensor de la Constitución” en periódico El Espectador, Julio 05 de 2012. Página 30.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 237
 artículo 234
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 488
 artículo 136
 resolución 
 artículo 1
 artículo 683
 resolución 
 resolución 
 artículo 177
 artículo 141
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 65
 resolución 
 artículo 65
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 artículo 66
 artículo 207
 artículo 136
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 279