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Timestamp: 2019-01-16 00:48:00+00:00

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ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.-II. CONSIDERACIONES GENERALES.-III. LAS PARTES ACUSADORAS. ESPECIAL REFERENCIA AL ACTOR POPULAR: 1. El Ministerio Fiscal y su idoneidad para asumir la investigación. 2. Las demás partes acusadoras: 2.1. Acusación particular-Acusación privada: 2.1.1. La incorporación de la acusación particular al proceso de menores. 2.2. Acusación popular: 2.2.1. Aspectos constitucionales. 2.2.2. Sujetos legitimados. 2.2.3. Requisitos y límites para el ejercicio de la acción. 2.3. El actor civil: 2.3.1. La problemática de su legitimación. 2.3.2. Sujetos beneficiarios de la reparación.–IV. PARTES ACUSADAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL: 1. El imputado: 1.1. Concepto y naturaleza. 1.2. Efectos de la imputación judicial. 2. Elementos de la responsabilidad civil subsidiaria. Requisitos para su exigibilidad: 2.1. En el Procedimiento Ordinario. 2.2. En el Procedimiento Abreviado. 3. Personas civilmente responsables: 3.1. Responsabilidad civil directa. 3.2. Responsabilidad civil subsidiaria. 3.3. Responsabilidad civil «ex delicto» de los inimputables y exentos de culpabilidad. 3.4. Responsabilidad civil por los actos de los menores. 4. La responsabilidad civil de las Administraciones Públicas: 4.1. El sistema del Código Penal. 4.2. Sujetos generadores de la responsabilidad a cargo de las Administraciones Públicas. 4.3. La falta de relación entre el sujeto y las Administraciones Públicas. 4.4. Acción civil y acción por funcionamiento anormal.–V. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA POSICIÓN DE SUJETOS PASIVOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: 1. Necesidad de adaptar las normas de procedimiento a las nuevas exigencias del artículo 129 del Código Penal. 2. Audiencia previa. Sujetos que deben ser oídos. 3. La representación de las personas jurídicas.–VI. LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENA: 1. El llamamiento a la víctima en el proceso penal: 1.1. Delimitación subjetiva del concepto de víctima. 1.2. El ofrecimiento de acciones y su ejercicio. 1.3. Personación de la víctima. Aspectos formales. 2. Las Medidas Cautelares reales de protección de la víctima
I. INTRODUCCIÓN Tradicionalmente la doctrina ha venido discutiendo acerca de la existencia o inexistencia de partes en el proceso penal, sin haber llegado a adoptar un criterio claro al respecto, a diferencia del proceso civil 1, donde el concepto de «partes» está pacíficamente admitido 2. Por ello, algunos eminentes procesalistas emplean el término «sujetos», eludiendo así el de «partes» 3, o hablan de la existencia de «partes» en sentido relativo 4. Únicamente tendrían la consideración de partes el ofendido o la víctima del hecho presuntamente delictivo (el que pretende la tutela jurídica, concretada en la petición de la pena correspondiente por la comisión de un hecho tipificado como delito) y aquél que aparece como responsable del mismo (aquél frente al que se pretende la tutela jurídica) 5. No debe olvidarse que, el imputado tiene un evidente derecho subjetivo a la libertad, en contraposición con las medidas que se pueden adoptar contra él en el curso de la investigación, o en su caso en la condena impuesta por sentencia que ponga fin al proceso. Aunque sea, desde un punto de vista procesal, ha de sostenerse que existen partes en el proceso penal. Por un lado se hallan los sujetos que postulan en el proceso una resolución de condena, necesaria para abrir el juicio oral, las partes acusadoras. Por otro lado estarán las personas frente a quien se pide la actuación del derecho penal, por entenderles partícipes en la comisión de un hecho delictivo, como sucede con el acusado, al que se le considera parte en sentido material 6, como titular del derecho a la libertad 7.
MORENO CATENA, V., y otros: Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, 1999, p. 158.
Así se considera a estas, como los «sujetos jurídicos que pretenden o frente a los que se pretende una tutela jurisdiccional concreta y que, afectados por el pronunciamiento judicial correspondiente, asumen plenamente los derechos, cargas y responsabilidades inherentes al proceso» (DE LA OLIVA).
3 PRIETO CASTRO, L., y GUTIÉRREZ 1978, p. 109. 4 5
CABIEDES, E.: Derecho procesal penal, Tecnos, Madrid,
GÓMEZ ORBANEJA, E.: Derecho procesal penal, Madrid, 1986, pp. 63-68.
MUERZA ESPARZA J, y otros: Derecho procesal penal, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, 2002, pp. 139-141.
Según la idea de Fenech. Vid. obra citada en nota núm. 1, p. 161.
El vasto título de la presente ponencia, hace poco menos que imposible un exhaustivo examen de todas las partes que concurren al proceso penal, por lo que siguiendo las directrices y la finalidad con aquella perseguida, obviaremos la intervención de determinados sujetos como puede ser desde un punto de vista oficialista, la del propio Juez de Instrucción, el cual, cuando se encuentra ejerciendo funciones de guardia, se le han atribuido nuevas funciones enjuiciadoras, al margen de las faltas, para dictar sentencias de conformidad en delitos castigados con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años (art. 801.1.2.º LECrim) 8 y del Juez sentenciador, efectuando someras consideraciones sobre otros como el Ministerio Fiscal, y los acusadores particulares y privados. Al igual que con la figura del imputado, la cual, será objeto de tratamiento más pormenorizado en otras ponencias. Por contra, analizaremos con más amplitud la intervención de otros sujetos, no por ello menos importantes, pero que quizás no han recibido la atención necesaria por parte de nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, como sucede con las víctimas, o con los sujetos que ejercen la acción popular, con las personas civilmente responsables, y con la situación de las personas jurídicas. Bien entendido que, tampoco se va a efectuar un extensivo análisis de instituciones como la acción popular, la responsabilidad civil «ex delicto», o la intervención de las personas jurídicas en calidad de sujetos pasivos en el proceso penal. Sin más preámbulos, y antes de entrar en el estudio de las «partes» en el proceso penal, procede hacer referencia a la clasificación de las mismas. Así, desde el punto de vista que atiende a la posición que ocupen los distintos sujetos en el proceso penal, cabe hablar de partes activas o acusadoras y partes pasivas o acusadas. Desde el punto de vista de la preceptiva intervención de unos u otros sujetos, se habla de partes necesarias o partes contingentes. En el proceso penal por delitos perseguibles de oficio, será siempre parte necesaria el Ministerio Fiscal, pudiendo también intervenir de manera contingente, cualquier español, haya sido o no ofendido por el
delito, y los ciudadanos extranjeros, por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados (arts. 101 y 270 LECrim). En los procesos por delitos perseguibles sólo a instancia de parte (delitos privados), será parte necesaria el acusador privado. El actor y los responsables civiles son siempre partes contingentes; si acumula la pretensión civil al proceso penal, provocando entonces, la intervención de una o varias personas en calidad de estos, frente a quienes dicha pretensión se ejercita9.
REFERENCIA AL ACTOR POPULAR
1. El Ministerio Fiscal y su idoneidad para asumir la investigación Mucho se ha hablado acerca de la pretendida inidoneidad del Juez de Instrucción para dirigir de manera adecuada y eficiente las investigaciones policiales. Es cierto, sin embargo, que la actividad investigadora, según un importante sector doctrinal, es ajena al contenido de la potestad jurisdiccional, la cual como sabemos, por mandato constitucional, se circunscribe a «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» (art. 117.3 CE), incluso desde un punto de vista negativo, el apartado cuarto del citado precepto dispone que «Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho». La doctrina científica ha venido reclamando una interpretación restrictiva de este artículo 117.4 CE, de manera que el concepto de intervención en garantía de derechos se restrinja a la defensa de derechos fundamentales en los que la intervención del juez quede absolutamente justificada 10. La función investigadora o instructora tal y como viene definida en el artículo 299 de la LECrim, nada tiene que ver con la función jurisdiccional propiamente dicha, lo que implica que se trata de una fun9 10
Idem nota núm. 1, pp. 161-162.
MONTERO AROCA, J., y otros: Derecho Jurisdiccional, I, Parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 93.
ción que excede de las atribuciones constitucionales de los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y, por tanto, les está vedada por el artículo 117.4 CE 11. Tampoco cabe suponer que la instrucción judicial implique una forma de intervención judicial en garantía de derechos, lo que sería tanto como afirmar que en el sumario la intervención del Juez de Instrucción se justifique en cuanto tiende a garantizar los derechos que resultan limitados como consecuencia de la instrucción. En cuyo caso se trataría más de un Juez de garantías, que de un Juez de Instrucción. Pero además, la LECrim, en cuanto responsabiliza al Juez de Instrucción del éxito de la investigación, esto es, lo constituye en garante de que aquella alcance sus fines, lo sitúa en una posición institucional y personal interesada en la misma que es a todas luces incompatible con la posición de imparcialidad que caracteriza de forma definitiva la intervención jurisdiccional 12. En mi opinión, por el contrario, hoy por hoy, se encuentra más garantizada la imparcialidad con la figura del Juez de Instrucción, que con la del Ministerio Fiscal, en tanto en cuanto no se acometa una profunda reforma de su Estatuto orgánico, pues carece de las notas de imparcialidad, independencia y autonomía. El profesor De Llera 13, intentando configurar un modelo constitucional de investigación penal, tampoco considera al Ministerio Fiscal, como la persona idónea para asumir la investigación, por ser esta función ajena a los cometidos del mismo. La configuración constitucional de esta Institución cifra su campo de actuación en el ámbito del proceso y no fuera del mismo 14. En esta línea se ha expresado Fairén Guillén, para quién «la instrucción dirigida por el Ministerio Fiscal puede predicarse en aquellos países en que dicho Cuerpo, sea autónomo o, mejor, independiente del Poder ejecutivo. Pero si no lo es (como sucede en nuestro país) el hacerlo instructor, es exponernos a que instruya el Ministro de Justicia por medio de órdenes. Y si le autorizamos, además, a sobreseer, resultará que que
11 DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E.: El modelo constitucional de investigación penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 123. 12 13 14
Idem nota anterior, p. 133. Ibídem, pp. 181 y ss.
Vid. GIMENO SENDRA, V.: Constitución y Proceso, Tecnos, Madrid, 1988, p. 68. Aunque este autor defiende la atribución de la investigación al Ministerio Fiscal.
con tal de que los actos propiamente jurisdiccionales se atribuyan a otro Juez distinto de aquel 16. 2. será necesario revisar no sólo el posicionamiento del Ministerio Fiscal y el del Juez de Instrucción en el seno del proceso penal. Sólo en los casos de delitos imputables a personas que puedan disponer de la Policía o tener relaciones de supremacía sobre la misma. 11. y entre ellas la de vigilar la actividad investigadora que en el proceso penal se desarrolla para comprobar si la misma se ajusta a la legalidad vigente. como veremos. 14. mal podrá observar sus defectos. 16 Idem nota núm. le resultará sumamente difícil defender los derechos y libertades de los implicados contra las posibles desviaciones derivadas de su propia actividad. Acusación particular-Acusación privada El acusador particular es la persona física o jurídica. Esta afectación directa por el delito es lo que marca. p. En consecuencia. El ya citado DE LLERA. distinta del Ministerio Fiscal. o incluso el Juez. Revista de Derecho procesal. y por ende. estriba en que la asunción de dicha competencia le impediría en realidad desarrollar otras funciones. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA habremos creado un nuevo modelo de «proceso penal no jurisdiccional» a disposición de la política» 15. deberá investigar el Ministerio Fiscal. el hecho diferencial con el actor popular. y tratar de corregirlos. 4999 . 1992. y sobre todo. si la misma es respetuosa con los derechos de los ciudadanos. 15 Fairén Guillén.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. sin perjuicio de las funciones decisoras del Juez. Las demás partes acusadoras 2. que a mi juicio supone el otorgamiento de la instrucción al Ministerio Fiscal. que podría convertirse así en un garante de la instrucción. sino también el de otros sujetos como el Secretario Judicial. de 4 de junio).: «Imagen preliminar y fragmentaria de la Reforma Procesal Penal a fines de 1991». se constituye en parte activa en el proceso penal instando el castigo del responsable criminal (STC 129/2001. Por tanto si asume la investigación. 338. p. se inclina por residenciar la investigación propiamente dicha de toda clase de delitos y faltas en exclusiva en la Policía Judicial. que por haber sido ofendido o agraviado por el delito.V. El mayor problema.1.
FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI El particular no tiene un derecho constitucional a la condena penal de otro ciudadano. 4. A. el artículo 800. y otros: Juicios rápidos. 3. en aquellos supuestos en que sean los titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. en cuanto pueden ser sujetos pasivos del delito (arts. El derecho a la tutela judicial efectiva supone obtener una decisión motivada. El Estado y los demás entes públicos. patrimonios autónomos). pero no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la resolución del caso concreto (STC de 26 de noviembre de 2001). éste emplazará en el acto a aquella y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no superior a dos días». a través de sus Letrados (art. Están legitimados para el ejercicio de la acción popular: 1. pero tampoco pueden ser calificadas como personas jurídicas (uniones sin personalidad. podrán intervenir en el proceso como acusadores particulares. Las personas jurídicas ofendidas. limitaciones establecidas en función de determinadas circunstancias. se recogen determinados supuestos que impiden el ejercicio de acciones penales. actuarán como acusadores particulares. Por tanto la personación del perjudicado ha de ser casi tan acelerada 17 DEL MORAL GARCÍA. 447 LOPJ). 5000 . o el ejercicio de estas entre determinadas personas. 2. los ofendidos por el delito (art. Los ciudadanos españoles ofendidos por el delito (arts.2 LECrim). cargos. Granada. o relaciones parentales entre los contendientes. pp. En los artículos 102 y 103 de la LECrim. El artículo 800. dispone que «si esta hubiere solicitado la apertura del juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia. pero si se hubiere constituido acusación particular. La personación de la acusación particular en los denominados «Juicios Rápidos» produce sobre esta un repentino frenazo17. CP). 67-70 y 93-94. Los ciudadanos extranjeros. 2003. Las entidades que no son personas físicas. sino que sólo le asiste el derecho a poner en marcha un proceso (STC de 11 de julio de 2001). Estudio práctico del nuevo procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.2 de la LECrim ordena la presentación «de inmediato» del escrito de acusación. 270. Comares. en sus personas o bienes. únicamente estarán legitimados cuando hayan sido ellos o sus representados. 5. 472 y ss.4 LECrim. 101 y 270 LECrim).
De no ser así. pues ésta junto con la conformidad. y continuar la tramitación su curso. provocará que se acuerde (de forma oral) seguir el procedimiento del Capítulo III. a tenor de lo dispuesto en el artículo 801. debiendo continuar el juicio si alguno de los acusados no se conforma.ª P. pero cuando ya se ha gestado la conformidad entre Ministerio Fiscal y acusado. el Ministerio Fiscal.5. al no existir acusación particular. A su vez se establece una regulación a fin de que las diligencias que se practiquen y los trámites subsigan dentro del servicio de guardia (24 horas normalmente) y. conforme al artículo 800. el cual parece estar en abierta contradicción con el 801. 5001 .4. e inmediatamente después. hasta dos días.º de aquél. podrían anularse al llevarse a efecto antes de que haya finalizado el plazo para personarse. se prevé la paralización del procedimiento.4. sin solución de continuidad. emitirá el informe previsto en el artículo 789.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. La personación de la acusación particular debe ser en todo caso respetada. M. de ordenarse (también oralmente).: «La conformidad en los juicios rápidos». habrá que contar con ella a todos los efectos.1 LECRim que. 697 LECrim). El tenor del artículo 800. Cuestión ésta huérfana en la LECrim. documentándose en el acta. 20 Vid. de ser afirmativo.1 CE en cuanto que «se cercena su derecho a la efectividad de la tutela judicial que conlleva la interdicción de cualquier menoscabo del derecho de defensa» (SSTC 31/1989 y 98/1993). solicitará la apertura del juicio oral que.1. La Ley. como se recoge expresamente en el artículo 801. contendrá el trámite para que el Ministerio Fiscal presente de inmediato su escrito de acusación 18. Debe tenerse en cuenta que si hay varios acusadores personados 19. el día en que el Juez de Guardia recibe el atestado en el caso de Juzgados de Guardia de permanencia durante 24 horas.1.º que se remite a su vez a lo dispuesto para el Procedimiento Ordinario (art. para que la acusación particular pueda presen18 19 Ibídem nota anterior. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA como el procedimiento mismo: necesariamente. en cambio.1 y 2. núm. de 4 y 5 de marzo de 2004. también resulta un tanto distorsionador.º 20. 5968 y 5969. incluso podría verificarse la acusación oralmente. MARTÍN RÍOS. ante la que resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 795. pues paraliza el procedimiento cuando menos por dos días resultando perfectamente factible efectuar la misma en un plazo más corto. La doctrina del Tribunal Constitucional es clara al respecto: obturar la posibilidad de acceso al proceso mismo supone infracción del artículo 24.2. la conformidad con la pena más grave deberá plasmarse en el escrito de defensa. incluso si ya se ha dictado sentencia. y presenta una acusación más grave que la Pública. Si esta se persona en tiempo y forma.
obra citada en nota núm. por lo que no debería suponer un perjuicio para aquél. al ir a identificar a un individuo. 5002 . 94. merece la pena efectuar una breve consideración acerca de la siempre problemática posibilidad de que en un mismo proceso las distintas partes ocupen ambos posicionamientos (activa y pasiva). a la vista del artículo 795. haciendo uso de su arma reglamentaria procedió a efectuar varios disparos. El que el Juzgado deje de estar de guardia. tampoco deben representar demasiada complejidad jurídica según proclama el propio Legislador en el citado precepto.3. se infringe el principio de igualdad de armas procesales imponiendo. cuando ya habría finalizado dicho servicio. huyendo. p.º LECrim. siempre que manifieste su conformidad de manera inmediata al traslado de los escritos de calificación. 17. crítica que suscribo integramente. diferentes plazos cuando aparece en la escena procesal la acusación particular 21. e intentando atropellar a uno de sus agentes. Esta trataba de un supuesto en el que la Policía Municipal. ha de evacuar el escrito de acusación en 48 horas. en su Sentencia de 16 de mayo de 2002. reconoce la posibilidad de que.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI tar su escrito de acusación respecto de unos hechos que. pueda igualmente el acusado beneficiarse de la reducción del artículo 801. Así. pues la competencia para ello. respectivamente asumiendo el doble papel de acusados y acusadores 22.14. viene atribuida en exclusiva al citado órgano. Si por el contrario. La Circular 1/2003 de la Fiscalía General del Estado. Carecería de sentido que no pudiera obtener una sentencia reducida por causas tales como la presencia del acusador particular o la inactividad del Ministerio Fiscal Además. decía: ciertamente resulta improcedente la separación de acciones que nacen de un único e indisoluble suceso. la cual ya ha sido abordada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ante la inactividad de aquél. no parece supone una circunstancia imputable al acusado. para un mismo trámite. desobedeciendo las órdenes de aquellos. alcanzando al citado individuo que resultó asimismo con lesiones graves. 21 22 Vid. Problemática similar a la que se plantearía si es el superior jerárquico del Ministerio Fiscal el que. en el que las partes implicadas se encuentran. no parece que quepa ya una conformidad privilegiada. lo que implicaría que el Juzgado de Guardia no pudiera dictar sentencia con reducción de pena. cogió su vehículo. sino ordinaria. en el que ya habrá concluido el servicio de guardia. y no al Juzgado de lo Penal ex art. al personarse acusación particular. la defensa ha pedido un plazo para evacuar su escrito. pues aquella se establece preclusivamente para un momento determinado Antes de concluir este apartado. ante lo cual su compañero. que resultó lesionado.
dando traslado de las nuevas acusaciones y ordenando la composición de una nueva Sala para el enjuiciamiento. Tras sucesivas reformas. En cuanto al acusador privado. una serie de limitaciones. 5003 . la LECrim (art. bastando por tanto. En el suceso sometido a su consideración. la acusación privada ha quedado reducida a los delitos de calumnia e injuria. permite la salvaguarda de los derechos de las partes. por una parte en cuanto a quiénes pueden ejercitar en esos supuestos la acción penal y.5 (actual 781. la cual dejó prácticamente sin contenido el artículo 104 de la LECrim. desde la dualidad de acciones opuestas con la asunción de la doble condición de acusador y acusado por cada parte. la previa interposición de la querella por parte del ofendido o de su representante legal. expresión esta que puede y debe incluir a la propia víctima del delito. o accidentes de tráfico con pluralidad de vehículos y alcances. sobre el interés público del Estado en su persecución. esta posibilidad de asumir en un mismo proceso la condición de acusador y acusado. por otra. En todo caso. el Tribunal Supremo declaró la nulidad de la sentencia de la instancia. La exigencia de querella se excepciona en el caso de injurias y calumnias cometidas contra funcionario público. remitiendo la regulación de ambas limitaciones a los respectivos artículos del Código Penal. En estos casos sólo el enjuiciamiento único de la totalidad del suceso. así como la evitación de sentencias contradictorias. pues el artículo 790. ordenando la devolución de la misma y la acumulación de ellas en uno solo. 215. como ocurre en los casos de acometimientos mutuos. 104) prevé respecto de algunas conductas delictivas.1 CP). con carácter general. de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. la interposición de denuncia. El artículo 215. en que un único suceso de lugar a acciones distintas. pudiendo a continuación seguirse la tramitación procesal con las especialidades de la Ley 62/1978. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA Tal posibilidad no es extraña a la LECrim. que había dividido en dos procesos la causa. y en especial con la entrada en vigor del Código Penal de 1995. para supuestos similares como el que nos ocupa. autoridad o agente sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo (art. respecto al modo o forma de este ejercicio. con lo que prima el interés de aquél.1) expone que «la acusación se extenderá a las faltas imputables al acusado del delito o a otras personas». ya fue resuelta por el Pleno no Jurisdiccional de 27 de noviembre de 1998. de 26 de diciembre.1 CP exige para la persecución de estos delitos.
1. el particular ofendido tiene la plena disposición de la pretensión procesal (arts. se planteaban importantes dudas sobre la descompensa23 24 Vid. de 25 de noviembre. pp. desde el punto de vista del procedimiento se exige que se acompañe la querella con la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación (art. entre los que destacaban: la situación de indefensión que podía crear a estos. tratándose de un delito de calumnias o injurias causadas en juicio.3 y 130. 275. es decir. 5.1. 106. pues la declaración de hechos probados de la sentencia penal podía llegar a afectar al resto de procedimientos civiles en los que ese particular sea parte. BARREDA HERNÁNDEZ. En fase de ejecución.1. PÉREZ MARTELL.1 LECrim). Un sector doctrinal 24 ya había llamado la atención acerca de que la prohibición que pendía en este procedimiento sobre el ejercicio de acciones penales por parte de los perjudicados por el hecho delictivo originaba una serie de problemas de difícil solución. la situación en la que quedaban los procesos sobre delitos privados. ha modificado la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena (art. 2. 279 LECrim y 215. obra citada en nota núm. que hasta ahora sólo podía ejercitar el Ministerio Fiscal. Además. Se produce así una radical transformación de la estructura acusatoria prevista en la Ley Orgánica 5/2000. era sumamente dudosa. 278 LECrim) o. Estos requisitos no son sino. 215. de 12 de enero. deberá ser oído el agraviado. 5004 . 86 CP) 23. en cuanto se declare la inexistencia del hecho que pueda dar lugar a la acción civil. La incorporación de la acusación particular al proceso de menores La Ley Orgánica 15/2003. deberá presentarse la licencia del Juez o Tribunal que hubiese conocido de aquél (arts. y también aquellos supuestos en los que la víctima del delito cometido por el menor resulte ser también un menor de edad. 276.2 y 107 LECrim). o quien le represente. 105. para permitir el ejercicio de la acción penal en este tipo de procesos al propio perjudicado por el delito y a otros sujetos al mismo por lazos de parentesco. PLANCHADELL GARGALLO. entre otros. será necesario que el agraviado mantenga la acusación.2 CP).FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI En los demás casos.4 CP) y debe mantenerla a lo largo del proceso (arts. condiciones de procedibilidad. puesto que el Ministerio Fiscal no puede intervenir (art. 151-153.
marzo 2004.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. b) Instar la imposición de las medidas a las que se refiere la propia LORPM. las siguientes funciones: a) Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento. cediendo ante los derechos de las personas ofendidas por el hecho delictivo y permitiéndoles el ejercicio de la acción penal. La novedad introducida por la Ley Orgánica 15/2003. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA ción existente entre la tutela concedida por la Ley al menor imputado y la tutela ofrecida al menor víctima. reside en permitir que las personas directamente ofendidas por el delito. i) Formular los recursos procedentes de acuerdo con la propia LORPM. f) Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento. La Ley Penal. 5005 . dejando para otras circunstancias los principios relativos al necesario plus de protección que debe impregnar todo el sistema de exigencia de responsabilidad al menor de edad 25. corresponden a todas las partes en el proceso. puedan personarse en el procedimiento como acusadores particulares (art. g) Ser oído en caso de modificación o de sustitución de medidas impuestas al menor. d) e) Proponer pruebas. MARTÍN BRAÑAS. si fueran menores de edad o incapaces.: «La incorporación de la acusación particular al proceso de menores». Participar en la práctica de las mismas. y en consecuencia también a las acusaciones particulares. C. Con esta reforma se da un paso más en la equiparación de la responsabilidad penal de los menores y los mayores de edad. h) Participar en las vistas o audiencias que se celebren. 25 LORPM). Según la redacción dada por el mencionado artículo. núm. c) Tener vista de lo actuado. 3. sus padres. siendo notificado de las diligencias que se soliciten o acuerden. 25 Vid. sus herederos o sus representantes legales.
Sin embargo. e ignora la relación que con ellos pueda tener el actor. L.1 CE) 26. La acción popular. 1988. como tal. 125 CE y 101 LECrim). que deriva de la propia naturaleza pública de los hechos delictivos. un verdadero derecho de acción y.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI 2. 1991. GIMENO SENDRA. 5006 . mediante la cual se reconozca una determinada situación o derecho subjetivo y/o se condene a una determinada persona al cumplimiento de una prestación». Madrid. viniendo a asumir dentro del proceso un rol similar al del Ministerio Público: la protección de la legalidad y el interés social 28. 83 y ss. una garantía institucional de la acción popular en materia penal. interés o bien jurídico vulnerado.2. constitucionalmente reconocido (arts.: Régimen Constitucional del Poder Judicial. a incoar un proceso y a deducir en él una pretensión. Es un derecho reservado a los ciudadanos españoles en cuanto tales (uti cives). Desde este punto de vista constitucional. que.: Constitución y Proceso.1. p. y un derecho constitucional que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. DÍEZ-PICAZO. se ostenta con total independencia de que la persona haya sido agraviada u ofendida por los hechos que se persiguen. como «el derecho que asiste a todos los sujetos no titulares de un derecho. pp. desencadenante de la actividad jurisdiccional. 173. define el profesor GIMENO SENDRA la acción penal popular. Así refiriéndose al artículo 125 CE dice que «contiene ante todo. Tecnos. obra citada en nota núm. V. por lo demás no hace sino elevar a rango constitucional una norma tradicional del Derecho Penal español» 29. Aspectos constitucionales El derecho de acción penal. De todos modos la generalidad de la doctrina procesalista opina que la acción popular no puede ser un derecho a la tutela jurisdiccional concreta. es a su juicio. sino en el de la sociedad.2. o resulte completamente ajena a los mismos. p. El particular no acciona en nombre o interés propio o ajeno. Díez Picazo opina que la acusación popular debería ser incluida no en los derechos fundamentales sino dentro de la categoría de las garantías institucionales. 24. asiste a todas las personas sean físicas o jurídicas 27. Madrid. M. 1. en nombre de la sociedad. 66. Acusación popular 2. Nuestro Tribunal Constitucional incardinó el acceso al proceso penal en calidad de acusador popular en un concepto de tutela judicial efec26 27 28 29 Vid. El ciudadano ejercita así el derecho de acción popular. Idem nota anterior.
19 de diciembre de 1997. «es necesario que la defensa del interés común sirva. de 15 de febrero).E. El Tribunal Constitucional distingue un doble nivel de tutela entre el acceso al proceso a través de la acción popular del artículo 125 CE y el que se realiza mediante la llamada acusación particular y privada. En el presente caso. se encuentra subsumido en el interés general que se defiende. pueda ser reconocido como tal interés subjetivo. Granada. referida a la distinción de los distintos tipos de acciones señalábamos que para que el derecho a la acción popular pueda ser protegido también por el artículo 24. como bien subjetivo. en su dimensión procesal que permitiría el examen de las resoluciones impugnadas desde el canon más favorable que protege el acceso al proceso. pp. en muchos casos. la acción popular ejercitada sólo podría acogerse a la protección del artículo 24. en su dimensión material. Comares. pues no es suficiente el señalar en los Estatutos de la Asociación 30 PÉREZ GIL. obviamente más concreto que el requerido para constituirse en acusación popular y que.1 C. entre otras).LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL.. cuya salvaguardia se encuentra garantizada directamente por el artículo 24 CE. sostiene el Tribunal Constitucional.E.E. «es un interés digno de protección el que el ofendido tiene en orden a solicitar la actuación del ius puniendi del Estado a fin de obtener la plena vigencia del principio sustantivo de legalidad» (STC 40/1994. únicamente abarca la genérica proscripción de las resoluciones pura mente arbitrarias o manifiestamente irrazonables o incursas en error patente» (STC 148/1994). El cual. cuya protección. 234-247.1 C. de un interés subjetivo que pueda incardinarse en el ámbito de protección del artículo 24. 1998. en su dimensión procesal y para que las resoluciones recurridas puedan examinarse desde el canon más favorable que protege el acceso al proceso. es decir. 5007 . podrá resultar que. además. siempre que ello sea apreciable y subjetivamente defendible y que en aquellos supuestos en que no se acredite la existencia de dicho interés. La primera nota esencial del derecho a la tutela que han de cumplir los Tribunales es la de posibilitar el libre acceso de las partes al proceso (STC 40/1994. En la misma línea. la lectura de la demanda de amparo nos lleva a concluir que la Asociación demandante «no acredita ni invoca la concurrencia de un interés legítimo y personal. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA tiva si no idéntico sí paralelo o cuando menos equiparable al que viene aplicando a la generalidad de los procesos. ya citada) 30. la jurisprudencia de la Sala II (SSTS de 5 de junio de 1993. En la STC 50/1998. En este caso.: «La acusación popular». razonablemente. para sostener un interés legítimo y personal. J.1 C.
así como a las personas jurídicas.2. 2. y abogan por la absoluta prohibición del ejercicio de la acción popular a cualquier persona que tenga antecedentes penales no cancelables 31. sin duda alguna loable. La exclusión de los calumniadores o falsarios resulta para algunos insuficiente.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI que entre sus fines está el «desarrollar actividades en pro de los derechos esenciales y libertades fundamentales. b) Es un derecho cívico porque pertenece a los españoles como personas físicas. finalidad. deberán estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Sujetos legitimados La primera consideración que hay que efectuar al respecto.» La acción popular tiene los siguientes caracteres en nuestro derecho: a) Es un derecho fundamental. Los ciudadanos extranjeros no pueden acusar sin ser ofendidos (arts. lo cual parece excesivo. los ciudadanos pasan a ejercitar en paridad de armas con el Ministerio Fiscal. A. públicas e individuales. que no estén comprendidos en las excepciones de los artículos 102 y 103 de la LECrim. derivado de su reconocimiento constitucional. 5008 . En primer lugar están legitimados todos los ciudadanos españoles con capacidad para ser parte y capacidad procesal. 31 LUZÓN CÁNOVAS. y art. ni de la propia Asociación por ellos constituida. pero difícilmente identificable con el daño a los intereses individuales de sus miembros. 101 y 270 LECrim. 5483. c) Es un derecho activo porque mediante ella. núm. La Ley. es que la referencia contenida en el artículo 125 CE a «los ciudadanos»no comporta óbice alguno para incluir en ella a todas las personas físicas o jurídicas». es decir. d) Tal ejercicio lo es en forma de querella y con prestación de fianza (STS de 30 de mayo de 2003). de 15 de febrero de 2002. Análisis comparativo con la acusación particular». 19 LOPJ) y por tanto no pueeden ejercer la acción popular.2. en especial contra todo acto contrario a las mismas».: «La acción popular. una función pública como es la de la acusación.
Existen una serie de delitos en el Código Penal. Aunque viene referido a cuestiones patrimoniales. La admisión del ejercicio de la acción popular en el proceso penal. fundada sobre la base de la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de derechos reconocidos en cada uno de los Estados miembros 32.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. las asociaciones de consumidores en relación con los delitos previstos en los artículos 281 y ss. 311 y ss CP). bien de otros más concretos (víctimas del terrorismo) a través del ejercicio de facultades acusatorias por agrupaciones entre cuyos objetivos se encuentran la defensa de aquéllos. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA Esta excepción ha sido pacíficamente admitida por la doctrina (con alguna salvedad). 325 y ss CP). p. en relación con el delito ecológico (arts. En cuanto a las personas jurídicas 35. dichas disposiciones legislativas no pueden producir una discriminación respecto de personas a las que el Derecho comunitario atribuye el derecho a la igualdad de trato» 34. 34 STJCE de 2 de febrero de 1989 (caso Cowan). CP. medio ambiente. que son proclives a la personación como acusadores populares de ciertas entidades. como apunta Gimeno Sendra este criterio debería ser revisado para su adecuación al citado principio 33. ha sentado el principio de que «si bien la legislación penal y las normas de procedimiento penal son de la competencia de los Estados miembros. teniendo en cuanta que se tiende hacia la consecución de una «ciudadania europea». obra citada en nota núm. cultura). por verse afectado su objeto. 5009 . Esta afirmación se ha realizado normalmente en el marco de la protección de los denominados intereses difusos (salud. Así el TJCE. Más problemática se presenta respecto de los ciudadanos comunitarios. las asociaciones ecologistas. así los sindicatos en relación con los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo han venido a reconocer sin excesivos problemas la aptitud de las personas jurídicas para deducir acusación sin ser sujetos pasivos de la ofensa en que el delito consiste. en la actualidad. sobre la base de conceptuar la acusación popular como un derecho de naturaleza cívico-política. 30. más propias del orden civil. por Corporaciones y Entes con personalidad jurídica distinta a la del 32 33 Vid. 373. superada ya la negativa histórica a su reconocimiento. Aunque ello podría suponer que los extranjeros gozasen en España de un derecho que puede que no les asista en sus países de orígen. 35 El propio artículo 38 CC admite que puedan ejercitar acciones civiles y criminales.
y se impida la intervención de partidos políticos y representantes de otros poderes del Estado (ejecutivos y legislativos autonómicos). Poder Judicial. la STC de 4 de junio de 2001. obra ya citada. septiembre 1993. en la medida en que tal práctica constituiría la negación de su propia esencia 38. a los ciudadanos. p.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI Estado.2. debe ser restrictiva. ni para instar la acción popular. Igualmente. es decir. su admisión debe ser limitada. Vid. 36 Vid. se me antoja necesaria. según lo dispuesto en los artículos 125 CE y 101 LECrim. 94. crítica de GIMENO SENDRA a esta posibilidad en «La acusación popular». Requisitos y límites para el ejercicio de la acción De manera sintética señalaremos los siguientes: 1. 5010 . la acusación popular nunca puede ser promovida al amparo de una potestad estatal. tanto en calidad de acusador popular como particular.» 1. 31. personas físicas o jurídicas privadas». de ahí la denominación de querellante público que se le da por algunos. tanto por sus propios términos como por el propio contenido de la norma. 423. 37 38 Para ello sería preciso redefinir el concepto de «perjudicado». reservada exclusivamente.º La condición de actor popular y parte procesal se adquiere con la interposición de la querella (incluso en el procedimiento abreviado). pues en la practica sucede que. rechazó la personación del Gobierno Vasco en un proceso penal. En este ámbito. como depositarias del mandato o representación de los ciudadanos cuyos intereses administran. núm. Respecto de los partidos políticos. al no poder ser considerado directamente perjudicado por las imputaciones presuntamente calumniosas vertidas contra la policía autonómica vasca. PÉREZ GIL. p. podrán acusar en tanto personas jurídicas de naturaleza asociativa. que reserve la legitimación activa de la acción popular a las asociaciones y personas jurídicas en general que acrediten un «interés legítimo» en el proceso 37. más concretamente. una reforma. se utiliza esta institución como mera continuación de las disputas políticas en sede judicial. En cuanto a la Administración Pública se refiere. en las mismas condiciones reseñadas para la generalidad de éstas 36. pues para ello está la figura del Ministerio Fiscal. En esta materia. de los órganos de poder de la comunidad política.1. que no permite la asimilación de dicho concepto de ciudadano a la condición propia de la Administración pública y.
debe comparecer en la causa por medio de Procurador con poder especial y Letrado.º Al acusador popular le son aplicables las limitaciones que en cuanto a la legitimación se derivan de los artículos 102 y 103 de la LECrim. exime de la interposición de la querella. 3. Obligar a la interposición de una querella que necesariamente va a remitirse a los hechos aportados por otros acusadores no deja de ser una exigencia ritualista. en todo caso la fianza del querellante ha de sujetarse al principio de proporcionalidad. después de que ya habían sido aportados por otras acusaciones los hechos sobre los que debe versar la instrucción.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. ya citada.º Precisamente porque no se exige vinculación directa del actor popular con los hechos. limitando así el ejercicio de la acción popular mediante la instauración de una condición extra legal con clara vulneración del principio «pro actione». debe contener la relación circunstanciada del hecho. dice que «la fianza constituye un requisito de admisibilidad de la querella cuando ésta es el medio de iniciación del procedimiento penal. una STS de 26 de septiembre de 1997. lo que sería tanto como imponer a aquellos la carga de incorporar circunstancias fácticas originales. excepcionaba la exigencia de fianza. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA En consecuencia. la ley exige la prestación de fianza para ejercitar la acción popular. la necesidad de tal requisito no parece ser razonable». y con remisión a la STS de 12 de marzo de 1992. entre otros requisitos. 4. 2. sin que con una cuantía excesiva pueda impedirse el ejercicio del derecho cívico a la acción popular. 39 Se remite a una STS de 12 de marzo de 1992. No obstante. como tal carente de toda consecuencia práctica una vez manifestada por medio de un escrito de personación la voluntad de ser parte del proceso en concepto de acusador» 39. pues «carece de sentido exigir a los nuevos acusadores la presentación de querella que. sin que pueda serle nombrado de oficio.º La acusación popular no puede ejercer las acciones civiles «ex delicto» para lograr la reparación. reconoció al acusador popular un derecho a exigir la responsabilidad civil. También la STS de 30 de mayo de 2003. La STS de 30 de mayo de 2003. restitución o indemnización de los daños y perjuicios tanto materiales como morales. tras admitir que. y tanto para reafirmar la seriedad y recta intención de la querella como para garantizar las responsabilidades del querellante. al actor popular que se personó. pero cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso y dictado el auto de procesamiento. 5011 .
exista o no acusación del Fiscal.3. 6. el ofendido por el delito. siempre y cuando exista una convergencia de intereses y fines.º Los acusadores populares. y así lo reconoce la jurisprudencia en lo supuestos en que haya actuado de mala fe o con temeridad (SSTS de 5 de diciembre de 1996 y de 9 de julio de 1997). el procesado o inculpado. la hubiese reservado para ejercitarla después de haber finalizado el proceso penal (art. y la misma no vulnere el ejercicio del mencionado derecho. particular o privado. expresamente. las generadas por la acusación por la acusación popular no pueden nunca repercutirse sobre el acusado condenado. a toda persona que ejercita. 108 LECrim).FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI «no tiene por qué ser el ofendido directamente por el delito denunciado y que a través de aquella sólo se puede exigir el ius puniendi pero no las consecuencias civiles del mismo». el querellado o denunciado y el tercero responsable civil). es decir. Cuestión distinta es la posibilidad de que la acusación popular sea condenada en costas. 5012 . 112 LECrim). en sentido amplio. que las diferentes acusaciones populares personadas deberán actuar bajo una misma representación y defensa. acusador popular. en su artículo 218. a partir de la reforma de la LOPJ por Ley Orgánica 19/2003. el actor civil. 7. dentro del proceso penal. la relativa a su actividad procesal como acusador particular y la concerniente al ejercicio de una acción popular respecto a los demás afectados aunque no postulados en el proceso». será actor civil: el Ministerio Fiscal. Entendido así. el acusador particular y el acusador privado.º A tenor de lo dispuesto en el artículo 113 LECrim. 5. al margen de que haya o no en el proceso un acusador particular (art.2. salvo cuando el perjudicado renunciase expresamente a su ejercicio o. parece lógico pensar. El actor civil Con el término «actor civil» se designa. la acción civil. de 23 de diciembre pueden ejercitar el derecho a la recusación de Jueces y Magistrados.º En materia de costas. afirma que «la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) mantiene dentro del proceso dos posturas diferentes. puesto que está obligado a ejercitar la acción civil junto con la acción penal. pues expresamente se encuentran incluidos entre las partes a las que en el proceso penal la LOPJ. permite el ejercicio de este derecho (Ministerio Fiscal. 2. puesto que a la vez que se constituye en parte acusadora puede ejercitar la acción civil.
el perjudicado o perjudicados por el hecho dañoso y a la vez delictivo. debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 35/1995. 155.3. 5013 . 2. sin necesidad de interponer querella. El párrafo segundo del artículo 10. En relación con los delitos violentos y contra la libertad sexual. obra citada en nota núm. Este artículo dispone «serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso». o mejor dicho. los que resulten indicados por la ley material como obligados a ello. el sujeto que pretende la restitución de la cosa. la intervención del actor civil se limitará a procurar la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de su acción (art.1. de 11 de diciembre. p.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. sobre petición de ayudas y asistencia a las víctimas «directas» e «indirectas» de los mismos 40. y partes pasivas serán los que aparezcan como obligados a la prestación de restitución. la reparación del daño o la indemnización de perjuicios materiales y morales (STS de 24 de julio de 2001). es decir. el actor civil es la persona física o jurídica distinta al acusador. La LECrim establece. En fase de instrucción. después a la práctica de la prueba. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA En un sentido estricto. que ejercita únicamente la acción civil dentro del proceso penal. con la elevación a definitivas del escrito de conclusiones provisionales (art. Le interesará comparecer en esta fase porque así podrá solicitar la adopción de las medidas necesarias para asegurar las responsabilidades pecuniarias. que cualquier momento anterior al trámite de calificación del delito es válido para que el actor civil se muestre parte en la causa ejercitando la acción civil que proceda. sin embargo. reparación o indemnización. 732 LECrim) y la presentación del correspondiente informe. La problemática de su legitimación A tenor de lo dispuesto en el artículo 10. ajustado a las previsiones contenidas en los artículos 650. 320 LECrim).2 y 651. En la fase de juicio oral su intervención se concretará en la presentación del correspondiente escrito de calificación.1 de la LEC 41 la parte civil activa en el proceso penal ha de ser quien tenga interés directo en el derecho a la reparación o indemnización de los perjuicios causados por el hecho delictivo.2 de la LECrim.2 LEC añade que «se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del 40 41 Vid. 5. con carácter general.
El Proceso de Declaración. 10.1 LEC) la atribución de la condición de las partes demandantes (actores civiles) en el proceso penal. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. 113 CP). 11 LEC). Sujetos beneficiarios de la reparación La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado. en esta materia DE LA OLIVA SANTOS y otros: Derecho Procesal Civil. 131. pero no pretenden para sí la tutela que piden (legitimación representativa) 45. 45 Vid. pretenden la tutela para sí mismos (legitimación por sustitución) 44. para permitir que puedan ser demandados no sólo quienes son responsables materialmente del hecho dañoso sino otros responsables civiles 43. Con relación a los terceros. 507 CC). 210-211. Madrid. S.. los que son parte en juicio en su propio nombre. A. a su vez las víctimas del delito. aunque sobre la base de una titularidad ajena. mientras que en interés de la víctima y de los perjudicados se vale de otros mecanismos.. 1. 2001. Por otro. 2.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI titular». pp. 44 Caso de la acción subrogatoria (art. la única legitimación activa posible para el ejercicio de la pretensión civil en el proceso penal. es la denominada ordinaria o propia. como la legitimación extraordinaria.3. De un lado. sin embargo. sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o terceros (art. 5014 . 2002. p. es decir. en interés propio. Como sucede con la legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios (art. sostiene que existen dos tipos de legitimación indirecta. 42 43 Es la denominada por la doctrina «legitimación extraordinaria». con lo que en realidad se consiente que la propia ley pueda extender la consideración de partes legitimadas para intervenir como demandantes o demandados en un proceso concreto a personas que no son titulares de la relación objeto de la pretensión civil que constituye a su vez el objeto del proceso 42.2. Aranzadi.111 CC). La doctrina. sean o no. Los únicos legitimados activamente para el ejercicio de la pretensión civil en el proceso penal son pues los perjudicados. QUINTERO OLIVARES. La LECrim como regla general limita a los supuestos de legitimación ordinaria (art. G. Pamplona. la de quienes son parte en juicio para pretender una tutela cuyo fundamento es un derecho ajeno y actúan. en principio. y otros: La responsabilidad civil «ex delicto». o del usufructo bajo condición de prestar fianza (art.
Valencia. 213. ha puesto fin a las diversas opiniones que en esta materia existían entre la citada Sala y la Sala I. También están legitimados de manera directa para el ejercicio de la pretensión civil «ex delicto» las terceras personas. Así el desembolso patrimonial realizado para la contratación de un sustituto o los desembolsos realizados para cubrir. pues la causa de los mismos radica en la relación funcionarial existente. o por las horas extraordinarias pagadas a otros funcionarios. obra citada en nota núm. Los restantes familiares del agraviado serán afectados indirectamente por el hecho y. Aspectos civiles y penales. El perjuicio decía esta Sentencia «no puede consistir en el hecho de satisfacer unos emolumentos a un funcionario. Tirant lo Blanch. una pérdida de ingresos patrimoniales derivados del trabajo de la víctima o los perjuicios derivados de gastos médicos o funerarios y por su condición de familiares que no de herederos de la víctima (STS de 17 de enero de 1992). 5015 . etc. p. Se incluirá al cónyuge o persona unida a la víctima por análoga relación de afectividad. prórrogas. efectivo y económicamente evaluable que el Estado puede sufrir consistirá en el conjunto de gastos satisfechos para prestar un servicio público que realizaba el funcionario imposibilitado de realizarlo a causa del delito. esto es. distintas del agraviado y de sus familiares. M.» Es decir. pero no por los emolumentos satisfechos al funcionario lesionado durante el tiempo que estuviere de baja 47. ROIG TORRES. para lo cual habrá que atender a la estructura de la fundamentación fáctica de su pretensión civil. 46 47 Vid.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. pp. por tanto no estarán legitimados para deducir pretensión civil alguna 46. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA En cuanto al círculo de familiares que pueden resultar perjudicados son los que sufren directamente los perjuicios derivados del hecho dañoso. 30. así como a los hijos tanto matrimoniales como no matrimoniales. que hayan resultado perjudicados de manera directa e inmediata por el hecho delictivo. El perjuicio real. Una sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1999. De manera que será preciso comprobar si el daño sufrido por el tercero deriva o no directa e inmediatamente del hecho delictivo. 250-254. comisiones de servicio. la Administración sólo resultará perjudicada por la cuantía abonada a quién le supliere. 2000. mediante horas extraordinarias. el dolor moral. el servicio que el funcionario ha dejado de cubrir.: La reparación del daño causado por el delito.
ya desde la Sentencia 44/ 1985. no existen motivos suficientemente fundados para estimar la participación del sujeto imputado en el hecho punible. 32-35. GÓMEZ COLOMER. 1958. la sospecha inicial correspondiente a la incoación del proceso penal y constitutiva de la imputación es de carácter leve. pues en ese momento procesal. El imputado 1. se puede considerar dicha situación como equivalente a la sospecha de la participación de una determinada persona en la comisión de un hecho punible. Pamplona. 5016 . La doctrina del Tribunal Constitucional. SENTÍS MELENDO. el proceso penal constituye un avance de la sospecha hacia el fin de la certeza que preside dicho proceso. de 22 de marzo. Pero. Concepto y naturaleza La imputación penal en un sentido amplio constituye la atribución. entre otros. en cualquiera de sus formas. En este sentido. IV. Publicaciones del Estudio General de Navarra. por regla general. MUÑOZ ROJAS. más o menos fundadamente un acto punible. Concebida la imputación en sentido amplio como la atribución de unos hechos punibles a persona concreta.: El imputado en el proceso penal. que hubieren sufrido algún perjuicio a causa del delito o falta. 48 49 MONTERO AROCA.1.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI Por tanto son beneficiarios de la reparación.T. tanto el agraviado como cualquier persona. declara que el artículo 118 de la LECrim «reconoció la nueva categoría del «imputado» a toda persona a quien se le atribuya. PARTES ACUSADAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 1. La imputación entendida en sentido amplio engobla tanto la imputación judicial como la extrajudicial (de terceros ajenos al órgano instructor). pp. más o menos fundada. física o jurídica. MONTÓN REDONDO. pecuniarias o específicas. de la comisión de unos hechos punibles a una persona determinada 48. constituyendo el auto de procesamiento el momento procesal en que «la sospecha se confirma y robustece» mediante su formalización judicial 49. y así lo acrediten en el correspondiente juicio.
Efectos de la imputación judicial En sede de procedimiento abreviado. p. se le permitirá entrevistarse reservadamente con 50 CARNELUTTI. como un juicio de valor que realiza el órgano instructor acerca de la posible participación de un sujeto determinado en la comisión de un hecho punible 51. Ediciones Jurídicas Europa-América. Madrid. a la formulada por cualquier persona u órgano. 520 a). 28. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA La generalidad de los términos empleados por el primer inciso del artículo 118 de la LECrim permite considerar incluido en el ámbito de la imputación. dispone que en la primera comparecencia el Juez informará al imputado. 1999. F. J. de la que ya se había hecho eco la doctrina e incluso algún sector jurisprudencial. consiste en que tanto antes como después de prestar declaración. 1971. Trivium. Buenos Aires. A.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. de 17 de octubre). Desde este punto de vista. hay que considerar a ésta más que como un acto procesal 50. 5017 . No obstante un importante sector doctrinal y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 277/1994. c) y e) especialmente] y le habrá requerido para que designe un domicilio en España a efectos de notificaciones. la doctrina del Tribunal Constitucional venía exigiendo la necesidad de la previa imputación judicial aun en los casos en que no se haya desarrollado una actividad instructora. b) la detención o la adopción de cualquier otra medida cautelar. 51 DEL OLMO DEL OLMO. Una novedad. 1. vinculándose el nacimiento del derecho de defensa a tres manifestaciones de la imputación: a) la comunicación judicial de la existencia de un procedimiento penal. con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio permitirá la celebración del juicio en ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786 LECrim (penas que no excedan de dos años de libertad o de seis años si es de otra naturaleza). y respecto a los llamados «juicios rápidos».: Garantías y tratamiento del imputado en el proceso penal. y c) el procesamiento. Previamente el Secretario Judicial le habrá informado de sus derechos [arts.2. p. aunque ya haya sido debidamente informado con anterioridad por la Policía Judicial. b). en la forma más comprensible de los hechos que se le imputan. el artículo 775 LECrim. Con la nueva regulación de este tipo de juicios. 136.: Cuestiones sobre el proceso penal. entienden que la imputación debe ser concebida desde un significado más restringido.
1998. pues de lo contrario. R. Granada. Comares. viene obligado a asumir la carga económica derivada de la indemnización de aquéllos. 2. ya que no se le puede considerar formalmente imputado. pp. sin perjuicio de la situación de incomunicación a que pudiera estar sometido. con inclusión de las extralimitaciones. 357-358. 5018 . a fin de suplir la insolvencia que pudiera acompañar a los criminalmente responsables. meramente a estos efectos compensatorios civiles. La garantía patrimonial subsidiaria. Elementos de la responsabilidad civil subsidiaria. su constitución está a merced de que haya un perjudicado legitimado al efecto para erigirse en actor civil y de su opcional iniciativa al respecto. es sumamente importante. reside en el principio de quien se beneficia de las actividades de otro que pueden generar daños a terceros.: Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son plurales los fundamentos justificativos de semejante puesta de responsabilidad. La responsabilidad civil subsidiaria ha ido ensanchando su campo. a mi juicio. un amplio espectro de personas vocadas al proceso. por insolvencia del responsable material (STS de 7 de julio de 2003). el nacimiento de este status se encuentra íntimamente relacionado con la comparecencia física de aquél ante el Juez de Instrucción. La adquisición de la condición de imputado. en la que se pone en su conocimiento el hecho de la inculpación 52.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI su Abogado. Pero siempre resultará detectable el juicio de reprochabilidad conectado a la culpa in eligendo o in vigilando o al menos las modernas consideraciones a las actividades de riesgo. no podrá formularse acusación contra persona que no haya adquirido tal cualidad. como más adelante veremos. Como responsable civil subsidiario se configura. no podrá celebrarse el juicio en ausencia. para incluir en aquél todos aquellos casos en que el sujeto activo del delito actúa en servicio o beneficio del principal. Por ello. sin que éste por tanto haya tenido la posibilidad de ilustrarle sobre la imputación delictiva. o ejercicio anormal de las tareas encomendadas siempre que la finalidad última sea la prestación de un servicio u obliga52 En la misma línea RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Requisitos para su exigibilidad La parte demandada con carácter directo o subsidiario es siempre contingente. y si no ha comparecido en calidad de tal nunca ante el Juez Instructor.
1. entre las que se incluye el responsable civil subsidiario. en definitiva. quedando a salvo. y en las diversas fases y trámites del juicio oral. de 29 de abril de 2004. decretándose en el mismo auto de embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. exigirá fianza a la persona contra quien resulte la responsabilidad. siendo lógico que el perjudicado. Constancia formal de su exigencia». misión. el derecho a la tutela judicial efectiva. 6007. mantiene la LECrim cuando se refiere a la responsabilidad civil de terceras personas. específicamente en la pieza separada. En este tipo de procedimiento. núm. 53 SOTO NIETO. ni menos que se corresponda con una determinada categoría negocial. duradera y permanente o puramente circunstancial y esporádica de un principal. 5019 . a instancia del actor civil. servicio o función que realiza. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA ción perteneciente al ámbito de la relación contractual establecida (STS de 26 de enero de 2004). la tarea. No siendo necesario que la relación entre el responsable penal y el civil tenga un carácter jurídico concreto. embargará con arreglo a lo dispuesto en el Título IX del Libro II los bienes que sean necesarios. F. o por haber participado alguno por título lucrativo de los efectos del delito. las razones concurrentes para implicar a terceros en una potencial responsabilidad civil. según el artículo 615. el artículo 589 de la LECrim dispone que cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona. cuando en la instrucción del sumario aparezca indicada la existencia de la responsabilidad civil de un tercero. Postura distinta. onerosa o gratuita. se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes. exponga y fundamente para ello. Elementos que la definen. Tal distinción parece obedecer a que la responsabilidad de terceros se sustenta sobre relaciones jurídicas muy diversas. 2. Así. actividad. Prevalecerán los principios de contradicción y de no indefensión. incitando así al órgano judicial a actuar.: «Responsabilidad civil subsidiaria. En el Procedimiento Ordinario El responsable civil subsidiario podrá intervenir en la fase de investigación. o al menos. revista La Ley. y en ocasiones no fácilmente perceptibles. pudiendo tratarse de un vínculo de hecho en méritos del cual el responsable penal se halle bajo la dependencia. con frecuencia complejas. cuente con el beneplácito del supuesto responsable civil subsidiario 53. subordinando la adopción de las referidas medidas cautelares a la formal solicitud de la parte afectada. el Juez. o en su defecto.
en algunas de sus varias hipótesis 54. a las exigencias de que todas las medidas cautelares vayan precedidas de la necesaria petición de parte. hay que partir de lo dispuesto en el artículo 764. La acción civil va indefectiblemente ligada a la penal y todo el proceso revela en su articulación una similar dinámica de ambas pretensiones. presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la LEC. tras la invocación y comprobación de concurrencia de cuantas circunstancias determinan la responsabilidad por hecho de otro. y así parece desprenderse de la dicción literal de los artículos 764. la participación del responsable civil subsidiario en el proceso debería quedar determinada antes de la conclusión del sumario. con objeto de que pueda produ54 Vid. Entiendo que.. por imperativo de los artículos 615 y 623 LECrim. El encaminamiento de la acción indemnizatoria contra el responsable civil subsidiario debe responder a una voluntad del perjudicado. En el Procedimiento Abreviado Aquí.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI 2. con marcada prevalencia de la iniciativa judicial. entendiendo por tales el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. A su tenor el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias incluidas las costas. ya reales que en cada caso procedan. nota anterior. Así resulta patente que. dispone que en todo caso. No existe razón alguna para configurar dos regulaciones diversas en materia tan importante. Tales medidas se acomodarán mediante auto y se formalizarán en pieza separada. concurre una pretensión normativa de que en esa materia sea introducida en la causa durante la fase sumarial. Se mantiene por tanto. pues sin diferenciar entre el imputado y terceros responsables civiles la aplicación de los presupuestos de las medidas cautelares civiles nos conduce. la facultad del Juez de proceder de oficio a la adopción de aquellas. Esta norma introduce una importante novedad. queda fuera de toda lógica condicionar sus decisiones a la instancia de parte. ya patrimoniales. Tratándose de medidas cautelares afectantes al responsable civil subsidiario la solución debe ser la misma. que no asocian aquellas medidas cautelares a ningún presupuesto en forma de instancia de parte. 3 y 4 y 765 LECrim. A estos efectos se aplicarán las normas sobre contenido.1.1 y 2 LECrim. 5020 . En esta materia la STS de 30 de enero de 2004. la aplicación del principio dispositivo en el proceso penal carece de razón de ser. Inspirada la normativa del procedimiento abreviado y de los juicios rápidos en la simplificación y celeridad. según el artículo 721 LEC.2.
Por eso. la existencia de la pretensión como tal y el señalamiento del destinatario de la misma debe producirse antes. y aun siendo cierto que la demanda como tal se concreta en sus términos cuando dice el recurrente. que debe ser tenido como tal en la fase de instrucción con carácter previo a la formulación de la acusación contra el mismo. La STS de 14 de noviembre de 2003 llama la atención sobre la diferente solución en la fase sumarial del imputado y del potencial responsable civil subsidiario. Antes al contrario. en suma. no cabe posible argumentar sobre la base de ésta cuando la situación que supuestamente la produjo tuvo su origen en el modo de operar de quien luego la denuncia». de 18 de septiembre). con la consiguiente extemporánea llamada de alguien a ser parte en el procedimiento y las previsibles nuevas exigencias de indagación y aportación de datos. no cabe afirmar que la forma de decidir de la Sala haya deparado indefensión. es patente que el modo en que aparece estructurado el proceso. con las dilaciones que de ello habrían de seguirse. y que éste pueda resultar también abarcado. lo que la ley no atribuye a ninguna de las partes es la posibilidad de optar facultativamente por la suspensión del trámite en la Audiencia. el ordinario. de retroacción del procedimiento. reclama claridad en la identificación de las partes antes del cierre de la fase sumarial. pues como ha resuelto el Tribunal Constitucional (por todas STC 211/2000. en este caso. Por lo demás.5 (actual art. sin que sea necesario hacerlo con 5021 . mediante la introducción de una eventual exigencia de responsabilidad civil. para el procedimiento ordinario y en el artículo 785.. Por lo tanto.º b) para el abreviado (en la actualidad el artículo 764) no es un requisito previo para la posibilidad de traer al proceso a aquellos contra quienes las acusaciones se dirijan en el citado concepto. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA cirse en ella toda la investigación que el tema precise. la ley no establece como requisito para el ejercicio de la acción civil que previamente a la presentación del escrito de conclusiones provisionales haya existido una declaración formal de responsabilidad civil subsidiaria que tenga la naturaleza de condición de procedibilidad civil. A diferencia del imputado. La expresión de las pretensiones de las acusaciones en orden a la responsabilidad civil directa o subsidiaria deberá realizarse con carácter provisional en el escrito de conclusiones provisionales conforme a los artículos 650 y 791. con independencia de lo que luego ocurra con la acusación. Y sigue diciendo esta sentencia «desde luego. por la imputación formal.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. en su caso. la adopción de medidas asegurativas de tal clase de responsabilidades en la fase de instrucción. que se contempla en el artículo 615 LECrim.8. Una vez incorporado al proceso el responsable civil subsidiario su condición de parte debe ser absoluta. 781) de la LECrim.
Personas civilmente responsables 3. pues en ese momento cuando se procede a concretar la constitución de la relación procesal. La responsabilidad civil en el proceso penal no se deriva del delito. En el enjuiciamiento criminal semejante planteamiento no es posible porque sería como admitir que en el específico campo del proceso penal existen unas partes con mejor derecho que otras y esto de existir. Cuando hablamos de responsabilidad subsidiaria discurrimos en un plano activado por la insolvencia del llamado directamente a asumir semejante carga.ª los autores y cómplices cada uno dentro de su respec5022 . 790.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI anterioridad a ese momento procesal. sino del concreto factum jurídicamente relevante. en su caso deberá hacer frente a la restitución de la cosa.ª el órgano jurisdiccional deberá señalar la cuota por la que debe responder cada uno de ellos. adoptando en su caso las medidas oportunas (art. 3. la persona que.1. la reparación del daño o la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. Así son directamente responsables de los daños causados por el delito los criminalmente responsables de los mismos como autores o cómplices en los términos del artículo 116 CP. es decir. En el supuesto de que sean dos o más los responsables civiles de un delito o falta habrá que tener presente las siguientes reglas: 1. lo que no puede es conculcar la propia autonomía de cada parte en el enjuiciamiento que desde luego no supone subsidiariedad a pesar de que la misma se predique respecto del responsable civil.6 LECrim). 2. sino de la comisión del hecho ilícito cuya responsabilidad se dilucida en el proceso. Responsabilidad civil directa El responsable civil es la persona física o jurídica contra la que se dirige el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. La responsabilidad civil puede ser directa y subsidiaria. Pero ello no implica que la subsidiariedad opere del mismo modo en el orden procesal. pues así lo exige el respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El juez deberá resolver sobre tal pretensión al dictar el correspondiente auto de apertura de juicio oral. lo que producirá el resarcimiento y la indemnización no podrá derivar de la calificación que se realice de aquella conducta.
en los de los cómplices. 5023 . los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso y explotación de cualquier bien. pp. además. quedará a salvo el derecho de repetición del que hubiere pagado contra los demás por la cuotas correspondientes a cada uno (art. Criterio éste. serán responsables solidiarios entre sí por sus cuotas. en base a lo dispuesto en el artículo 1138 del CC. 122 CP y 615 LECrim).ª los autores y cómplices serán. El problema surge en cuanto a la cuantificación de las cuotas. empresa.3 in fine que impide a la «entidad responsable del seguro obligatorio. aunque no sea autor (arts. ser parte del proceso. 148-149. Por lo general. industria o actividad. de la ganancia obtenida 55. 55 Vid. nuestra LECrim. cuando como consecuencia de un hecho previsto en el Código Penal. pero más oneroso. 3. 117). los Tribunales optan por dividir por igual entre autores y entre los cómplices. resolviéndose sobre su pretensión en la pieza correspondiente». y después. pues de la misma se desprende la imposibilidad de las Compañías aseguradoras respecto del seguro obligatorio. 116 CP). a cuyo efecto se le admitirá el escrito que presentare. Asimismo. También se incluyen dentro del concepto de responsable civil directo al que por título lucrativo hubiese participado de los efectos de un delito o falta. como especialmente. sin perjuicio de su derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar. se produzca que determine el riesgo asegurado (art.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. No obstante. pues obliga a motivar diferenciadamente la distinta intervención de los partícipes que resulten condenados. obra citada en nota núm. tanto en los supuestos de la responsabilidad civil solidaria como subsidiaria. sin duda mucho más justo. sigue manteniendo algunas disposiciones distorsionadoras al respecto. el reconocimiento de la responsabilidad civil directa de las Compañías aseguradoras. como sucede con el artículo 764. tanto desde el punto de vista de su aportación material a la ejecución. en tal concepto. Esta restricción resulta a todas luces anómala. En cualquier caso. en los bienes de los autores. pero en otras ocasiones. se ha atendido a la diferente entidad de la intervención del hecho. serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA tiva clase. responsables subsidiariamente por las cuotas de los demás responsables bajo el siguiente orden: primero. 43. sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda. carentes a mi juicio de sentido.
4. va a responder de las consecuencias de naturaleza civil derivadas del mismo. cuando menos en el Procedimiento Abreviado. suele ser habitual que se concentren ambas modalidades de seguro. E.3 CP). prohibiéndosele ser parte y. en cuanto asegurador del seguro voluntario.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI que no del voluntario. 2. por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes. de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción (arts.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros.º Las personas naturales o jurídicas por los delitos o faltas cometidos en sus establecimientos cuando los que los dirijan o administren. Con la reciente reforma del procedimiento abreviado.4 CP).º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio. es aquella persona que sin ser el autor del hecho punible. 120. 120.2. 1997. representantes o gestores en desempeño de sus obligaciones o servicios (art. 3. 120.: «Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso penal». 120. o sus dependientes o empleados. en cuanto asegurador del seguro obligatorio. citársele a juicio e intervenir en las sesiones del juicio oral 56. siempre que haya por su parte culpa o negligencia (art.º Las personas naturales o jurídicas titulares de medios de comunicación social por los delitos o faltas cometidos utilizando tales medios. Circulación y Seguro. siendo así que en un mismo contrato.º Los padres o tutores. por lo que respecto de un mismo sujeto. 5.1 CP).2 y 212 CP). y en defecto de aquélla. 3. se ha vuelto a perder. Revista de Responsabilidad Civil. hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido. 2. debe dársele traslado de la causa para calificar. una vez más. por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de 18 años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía. por los delitos o faltas cometidos en la 56 FONT SERRA. ser parte. El Código Penal establece los siguientes supuestos: 1. Responsabilidad civil subsidiaria Responsable civil subsidiario. núm. salvo en los de injuria y calumnia en que la responsabilidad civil es solidaria (arts. una buena ocasión para subsanar la deficiencia apuntada. sólo puede afianzar. 5024 .
3.º Los entes públicos por los delitos dolosos o culposos causados por las autoridades.: «Responsabilidad civil e incapacidad: la responsabilidad civil por daños causados por personas en las que concurre causa de incapacitación». 3. 20. La primera regla se refiere a los hechos ejecutados por los enajenados y los que se hallen en situación de trastorno mental transitorio o de los que tienen alterada gravemente la conciencia de la realidad (art. La pretensión civil ejercitada en el proceso penal deberá dirigirse simultáneamente contra el responsable civil directo (autoridad. en esta materia la monografía de DE SALAS MURILLO. 2002. Valencia. Responsabilidad civil «ex delicto» de los inimputables y exentos de culpabilidad El artículo 118 del CP contiene una serie de reglas para los supuestos en los que el autor quede exento de responsabilidad criminal por concurrir error (art.1 y 3 CP). de la Responsabilidad Penal de los Menores. alteración en la percepción. agente o funcionario público) y el responsable civil subsidiario (ente público) (STS de 31 de enero de 2001). y sin que. 120. 121. modifica sustancialmente el sistema seguido con anterioridad al mismo. siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuviesen confiados. cuya responsabilidad se asienta en la realización de un acto penal injusto 57. 5025 . agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones. de la lo 5/2000 de 12 de enero. S. sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo.1 CP). Tirant lo Blanch.5 CP). estado de necesidad o miedo insuperable. Más adelante volveremos sobre estos supuestos. La responsabilidad civil de los menores ha quedado fuera de este ámbito. en ningún caso. pueda darse una duplicidad indemnizatoria (art.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. 6. 14 CP) o las eximentes de enajenación mental. El CP de 1995. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA utilización de aquéllos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas (art. que descansaba tácitamente sobre una presunción «iuris tantum» de que había una responsabilidad directa de reparar a 57 Vid. intoxicación. regulándose en los artículos 61 y ss.
3. 151-152. o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de la población (ej: ocupación de un depósito de agua en época de sequía) y. siempre que el daño se hubiese causado con el asentimiento de la auto58 59 Es la culpa o negligencia regulada en el artículo 1.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI cargo del padre o tutor por no haber evitado el suceso dañoso. Vid. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables (art118. puesto que la regla del artículo 118. la ley matiza entre las diferentes situaciones posibles.ª CP). y la insolvencia que acompaña a los mismos habitualmente.1 CP no acoge excepciones.104 CC. De acuerdo con la actual fórmula la responsabilidad civil directa siempre es del propio inimputable. en todo caso. en proporción al perjuicio que se les haya evitado. obra citada en nota núm. El CP vigente invierte el orden del sistema. dada la extrema violencia que en algunas ocasiones emplean en los estados de ansiedad derivados del síndrome de abstinencia. por lo que la responsabilidad civil del ebrio e intoxicado será directa. es también directa. El problema de los daños que siguen a los delitos que estos sujetos pueden cometer es.1. en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio (art. La situación que parece ha querido contemplar el legislador con esta advertencia. siempre que hubiera habido culpa o negligencia por su parte. de las personas que los tienen bajo su potestad o guarda legal. La tercera regla. ni aun por aproximación. Una vez establecida la responsabilidad civil para todos los sujetos mencionados. siempre que hubiera por su parte culpa o negligencia 58.1 in fine). Esta clase de responsabilidad por el hecho ajeno. El segundo apartado se refiere a los ebrios y toxicómanos. se refiere a los hechos realizados en la situación de estado de necesidad (art. 5026 . admitiendo responsables solidarios junto a esos inimputables. siempre que fuesen estimables o. se debe seguir avanzando en los sistemas de ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos al modo prevenido en la Ley 35/1995. siendo responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal. QUINTERO OLIVARES. en otro caso. Por ello. 118. En estos casos. grave. 43. pp.5 CP). es aquella en la que en un mismo hecho intervienen imputables e inimputables 59. 20. no se incluyen a otras personas (tutores o guardadores) que puedan ser responsables civiles. Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal. de 11 de diciembre.
4. responderá en calidad de responsable civil subsidiario). 43. indica que responderán los autores. a tenor de lo dispuesto en el artículo 115 CP. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA ridad. 20. Por ello. ligando la obligación a la obtención de un provecho a costa de otra persona. 3. será responsable civil el autor del hecho. y en su defecto. La cuarta regla se refiere al miedo insuperable (art. 61 Idem nota núm. no tiene porque soportar el daño sufrido en su integridad o bienes materiales. La obligación de indemnizar de aquellas personas en cuyo favor se haya precavido el mal. pp. introduce el principio de responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres. el legislador diferencia entre quién ha actuado en estado de necesidad y quién se ha beneficiado de ese estado de necesidad. lo cual no ha de extrañar.1 y 3 CP) ya de tipo o de prohibición. siendo responsables civiles directos los que hubieran causado el miedo (en este caso el ejecutor del hecho. la exención de la responsabilidad criminal. o sus agentes (ej: voladuras controladas de vehículos por riesgo de que lleven conectados artefactos explosivos). La solución debe remitirse al arbitrio judicial. lo que textualmente interpretado. 156-157.2 CP. ya que en los casos de error vencible ya habrá habido una condena (art. El sistema penal parte de un principio justo: quien soporta el sacrificio de un bien jurídico. es muy dificultosa. cuyo efecto es. El artículo 118. la indemnización en la forma que establezcan las leyes o reglamentos especiales 60. puesto que si el autor obró bajo error invencible de prohibición o sin dolo ni culpa. o se hayan evitado males distintos.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. La quinta y última. 118. El que padeció el error deberá indemnizar a la persona que sufrió las consecuencias.6 CP). 60 Como el Reglamento en materia de Responsabilidad de las Administraciones Públicas. se refiere a los supuestos de error invencible. en supuestos en los que haya varias personas y sea difícil concretar un beneficiario. es inviable la construcción accesoria de una participación típica 61. en su caso. 14. el que haya ejecutado el hecho (art.se acordará. 5027 .4 CP). aunque el conflicto de intereses se haya resuelto de manera desfavorable para él. deja fuera los cómplices. Responsabilidad civil por los actos de los menores La lo 5 /2000 de 12 de enero.
Introduce la ﬁgura de la conciliación. de 26 de noviembre. de 11 de diciembre de ayudas y asistencia las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y sus disposiciones complementarias. D) Se contemplan reparaciones públicas. C. El sistema difiere del establecido en el CP para los inimputables del artículo 20. de 11 de diciembre. si bien permitiendo la moderación judicial de la misma y. así como de la Ley 35/1995. que con el propio menor de 18 años tendrán sus padres. la fórmula legal es que si no existe ese dolo o negligencia «favorecedor de la conducta del menor» el Juez podrá moderar la responsabilidad solidaria. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 62 Vid. 5028 . tutores.1 y 3 (responsabilidad subsidiaria de los tutores si hay culpa o negligencia). para evitar excesos de responsabilización. Madrid. Dykinson. con amplios contenidos de atricción y legítima satisfacción subjetiva de la víctima 62.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI tutores. acogedores y guardadores (incluidos los centros de acogida de cualesquiera Administraciones Públicas). 2001. Sin embargo. de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. el cual puede reservar su ejercicio ante la jurisdicción civil. Las características del sistema legal son las siguientes: A) La legitimación para exigir la responsabilidad civil se deja en manos del Ministerio Fiscal o del perjudicado. acogedores o guardadores. LÓPEZ SÁNCHEZ. C) En cuanto a la extensión de la responsabilidad civil. la Ley se remite a los mismos criterios que figuran en el Capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal. pues expresamente se declara que en su caso. B) La responsabilidad solidaria. se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la LRJPAC y en la Ley 35/1995.: La responsabilidad civil del menor. se recuerda la aplicabilidad de la Ley 30/1992.
pues establecía la responsabilidad patrimonial directa. Quizás hubiese sido más respetuoso con los ciudadanos establecer una responsabilidad directa. Por tanto. decantándose por un sistema de responsabilidad subsidiaria. el silencio que se observa en el artículo 121 sobre faltas. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 4. 171. contratados. funcionarios. era más respetuoso y sensible con los derechos de los ciudadanos. p. siendo de carácter subsidiario esa indemnización no es posible proceder a su declaración sin la previa comprobación de que el responsable civil directo no ha cumplido la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. 63 Vid. El artículo 122 del proyecto de Código Penal de 1992. tanto directa como subsidiaria. en el caso de la colza. La responsabilidad civil de las Administraciones Públicas 4. 4. no implica necesariamente su exclusión a efectos de la responsabilidad civil subsidiaria por tales infracciones criminales leves».2. El Tribunal Supremo. sin perjuicio del derecho de repetición de la Administración contra el funcionario responsable 63.1. El fundamento de la reparación civil a cargo de las Administraciones Públicas se sitúa en razones objetivables. QUINTERO OLIVARES. no hay motivo para limitar en función de la mayor o menor gravedad cuantitativa del injusto cometido por el autor. Sujetos generadores de responsabilidad a cargo de las Administraciones Públicas El CP dispone la responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones en delitos cometidos por un amplio espectro de personas ligadas a aquellas: autoridades. agentes. El sistema del Código Penal El CP de 1995 rechazó el sistema de responsabilidad solidaria. con tal de que el hecho sea cometido en el ejercicio de sus funciones o cargos. 5029 . afrontó este problema y decía «Es cierto que el mencionado artículo 121 CP sólo habla literalmente de los delitos dolosos o culposos. sí se especifica que la misma surge tanto de los delitos como de las faltas.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. pareciendo excluir con ello a las simples faltas. a diferencia de lo que ocurre en los demás preceptos circundantes que al tratar de esa responsabilidad civil. Sin embargo. y por ello. y además que la lesión producida sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos.
tras haber consumido reiteradamente alcohol con anterioridad a los hechos creándose un riesgo potencial al permitírsele portar el arma. En este supuesto el TS acordó que «el mero hecho de la utilización del arma reglamentaria no genera de manera necesaria la responsabilidad civil del Estado. Para que se produzca el nacimiento de esa responsabilidad es preciso: a) la existencia de una relación de dependencia entre el autor del delito falta y la persona individual o jurídica bajo cuya dependencia se halla. con base en la doctrina sentada por el Consejo de Estado de que la Administración Pública debía responder por los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo caso. esa obligación nacía con el solo acto de autorizarles el porte y uso de armas. Así se declaraba la responsabilidad del Estado por un hecho en el que un policía causa la muerte por disparo de arma de fuego a tercero fuera de servicio. La falta de relación entre el sujeto y las Administraciones Públicas Un acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2002. en su domicilio y con su arma reglamentaria. además. analizó el supuesto de la muerte causada a la esposa por su marido funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. y b) que el agente de la actividad delictiva actúe dentro de las funciones de su cargo aunque sea extralimitándose en ellas (STS de 29 de mayo de 2003). simultáneamente. depositando en ellos una confianza que.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI Un régimen especial es el que corresponde aplicar a los delitos cometidos por funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. la cual descansa sobre la idea de que la entrega de un arma es por sí sola fuente de responsabilidad por lo que el funcionario haga con esa arma. Es la denominada teoría del incremento del riesgo consolidada ya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 29 de marzo de 2000. también obliga a responder frente a los ciudadanos que puedan sufrir abuso o exceso. quedando esta excluida en aquellos supuestos en los que el daño no sea una concreción del riesgo generado por el sistema de organización del servicio de seguridad». 4. 5030 . y de 17 de septiembre de 2001). por razones estrictamente objetivas derivadas del derecho de la ciudadanía a la seguridad de protección frente a cualquier exceso cometido por personas pertenecientes a cualquier función pública.3. y que.
la entrega de cierta cantidad de dinero. en una reciente Sentencia de 29 de mayo de 2003.3 CP alcanza el elemento físico del lugar de la comisión del delito. y extiende su cobertura ya se cometa el delito o falta por los dependientes o por un tercero. el funcionario se sustrajo el cumplimiento de sus funciones legales. con grave quebranto de la «culpa in vigilando». se planteó en la STS de 2 de abril de 2002. ya que «el delito fue consecuencia de la libre decisión del liberado condicionalmente que no actuaba por cuenta y orden del Estado. y sin cuya comisión el tercero no hubiere cometido el delito (STS de 5 de junio de 2001). Sin embargo.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. con su conducta. cuando concurran infracciones reglamentarias en los términos del artículo 120. En base a lo expuesto. una especial y decisiva relevancia para la aplicación del precepto que nada tiene que ver con el artículo 121 CP». ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA «En tales supuestos deben incluirse las agresiones efectuadas con el arma reglamentaria en el propio domicilio del agente. si existen datos. infracción de reglamentos generales o especiales de policía. lesiones y robo cometidos por un interno durante el permiso concedido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. gira en torno a la idea de culpa.3 CP. debidamente acreditados de que el arma le debió haber sido retirada al funcionario. resulta igualmente exigible la responsabilidad subsidiaria al Estado por los delitos cometidos en los establecimientos penitenciarios que se hallen bajo su control. exigió a una ciudadana colombiana. la STS de 29 de mayo de 2001. rechazó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los delitos de agresión sexual. a cambio de no expulsarla del país. habrá responsabilidad civil subsidiaria del Estado. y dice que «para la aplicación del artículo 120. denegó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por el asesinato cometido por una persona en situación de libertad condicional. Esta diferencia de situaciones fácticas. en la que un Agente encargado del puesto fronterizo en el Aeropuerto de Barajas. 5031 . En este caso. Otro supuesto de exigencia de responsabilidad al Estado. contra sus familiares o personas que con él convivan. ni desarrollaba una actividad pública o social. patrocinada o tutelada por aquél».» Por el contrario como dice la STS de 5 de junio de 2002. La STS de 31 de enero de 2001 aborda esta problemática. por carecer de las condiciones adecuadas para su tenencia. Sin embargo.
y d) que esa infracción de los reglamentos esté relacionada con el delito o falta cuya comisión acarrea la responsabilidad civil. para fundamentar esa responsabilidad por hechos delictivos cometidos en los establecimientos penitenciarios de titularidad estatal siempre que concurran estos requisitos: a) que se haya cometido un delito o falta. contratados o funcionarios públicos.4. dirigirla simultáneamente contra esa Administración.3 CP. A tal fin se acepta que 5032 . cuando concurran infracciones reglamentarias en los términos del artículo 120. Acción civil y acción por funcionamiento anormal La regulación que ofrece el artículo 121 incluye una disposición que limita en cierto modo el derecho a la reserva de la acción civil. El Pleno de la Sala II de 28 de mayo de 2000. agentes. cuando no concurran estos presupuestos. a la vez que dirige la acción civil contra el autor del hecho. c) que tal persona o algunos de sus dependientes hayan cometido alguna infracción de los reglamentos generales o especiales de policía. no sea posible la exigencia de esa responsabilidad por otros cauces. siempre sin posibilidad de que se dé duplicidad indemnizatoria. puesto que exige que quien desee que se declare la responsabilidad subsidiaria de alguna Administración Pública debe. 4. establece que «el nuevo artículo 121 CP no altera la jurisprudencia de esta Sala relativa a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por delitos cometidos en establecimientos sometidos a su control. lo cual no quiere decir que. b) que se el mismo haya tenido lugar en un establecimiento dirigido por la persona o entidad contra la cual se va a declarar la responsabilidad. El artículo 121 CP regula la declaración de responsabilidad civil del Estado en el ámbito penal en aquellos supuestos en que los daños a reparar hayan sido causados por los criminalmente responsables de los delitos que generan dichos daños cuando sean autoridades. Ahora bien. alcanzando este elemento del lugar del suceso. el sentido real de lo dispuesto en el artículo 121 CP se percibe cuando se ofrece al ciudadano perjudicado la posibilidad de acudir directa y simultáneamente a la reclamación en vía administrativa por funcionamiento anormal de los servicios públicos. una especial y decisiva relevancia para la aplicación del precepto que nada tiene que ver con el artículo 121.3 CP.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI La jurisprudencia del TS ha aplicado reiteradamente el artículo 21 CP derogado. como los del artículo 120.
Necesidad de adaptar las normas de procedimiento a las nuevas exigencias del artículo 129 CP En la actualidad no existen reglas procesales específicas sobre las denominadas «consecuencias accesorias». excede con mucho del contenido de aquella. 65 SILVA SÁNCHEZ. Civitas. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA dicha acción puede coexistir con el proceso penal. que en calidad de responsable civil.: Delitos contra el medio ambiente. como en el propio papel procesal asignado. 144. la pretensión de disolución de una persona jurídica en el seno de un proceso penal. J. No estamos ante un posible responsable civil. pero se toma alguna medida de cautela para asegurar que no se solicita o intenta a la vez la misma reparación por dos vías diferentes. p. 213.: Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente. M. 1999. deben arbitrarse normas de procedimiento que contemplen estas nuevas posibilidades que ofrece el Derecho penal para prevenir los delitos de empresa. que la situación procesal de la empresa con la regulación actual sería similar a la de aquellos supuestos en los que la empresa puede responder como responsable civil subsidiaria por el delito cometido por alguno de sus trabajadores o administradores. V. Aunque la nueva redacción del 64 FEIJOO SÁNCHEZ. 5033 . Y ello tiene repercusiones directas tanto en las garantías de que ha de verse rodeada tal comparecencia. 2002. Tirant lo Blanch. por lo que. Valencia. Como ha señalado SILVA SÁNCHEZ 65. con similares garantías y derechos de los que son acreedores las personas físicas. como bien indica FEIJOO 64.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. p. pues no es lo mismo comparecer en calidad de imputado. La única mención del artículo 129 CP. B. Entiende FEIJOO. y por ende facilitar la personación de este tipo de sujetos en calidad de imputados. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA POSICIÓN DE SUJETOS PASIVOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1. en esta materia. con independencia de su naturaleza jurídica. Madrid. lo que no aparece indicado es en calidad de qué ha de comparecer la representación de la empresa. J. viene referida a la audiencia de los titulares de la empresa o de sus representantes legales antes de adoptar la medida en cuestión.
Audiencia previa. el momento adecuado para llevar a cabo la misma.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI artículo 31. que entrará en vigor el 1 de octubre del presente año. Sujetos que deben ser oídos En materia de «consecuencias accesorias» el único requisito formal que exige el Código Penal. puesto que la citada norma sirve para cubrir las lagunas de punibilidad en el ámbito específico de los delitos especiales en los cuales las condiciones requeridas por el tipo concurren en el representado y no en el representante. deberá estar rodeada de iguales o similares garantías que las que corresponden al imputado. Ello es así. o bien que la conducta criminal de la misma. La audiencia es necesaria para que desde la empresa se pueda argumentar sobre los múltiples aspectos y situación de la misma que debe valorar el juez a la hora de realizar un pronóstico que afecta a la empre66 Redacción dada por Ley Orgánica 15/2003. será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó». la cual si es interesada como medida cautelar. No se puede olvidar. es la previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales. no así si se solicita para su imposición en sentencia. 2. 5034 . o contraviniendo las normas de órganos directivos. en cuyo caso. que el carácter criminal de la empresa o sus defectos organizativos son fruto en última instancia de decisiones de personas individuales que actuarían sin tener en cuenta los costes externos de sus decisiones confiados en la impunidad que les proporciona la culpabilidad de las personas colectivas. lo que conllevaría unos serios déficits preventivos.2 CP. pudiendo extenderse su intervención al cuestionamiento de la propia naturaleza delictiva del hecho y no sólo a la participación en el mismo de la estructura organizativa de la empresa o de una rama de la misma. pudiera hacernos pensar lo contrario 66. se ha producido al margen del contexto social y estatutario de la empresa. sería en el transcurso del acto del juicio oral. si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito. Dispone este apartado que «en estos supuestos (actuación en nombre de otro en los denominados delitos especiales propios). con la persona jurídica. de 25 de noviembre de modificación del Código Penal. La intervención procesal de la empresa. incluso podrá alegar aquellas circunstancias que desvinculen a la persona física imputada. quedaría ubicada dentro de la fase instructora necesaria para su adopción.
cuyo artículo 135 prevé la imposición de medidas «provisionalísimas» en caso de especial urgencia inaudita parte. En la citada audiencia podrán practicarse aquellas diligencias de investigación precisas para acreditar la necesidad de su imposición. locales. si la petición de las «consecuencias accesorias» puede ser rechazada de plano «inaudita parte» 68 en aquellos supuestos en los que su inadmisión sea evidente. sociedad o fundación) como elementos que normalmente no la tienen (por ej. pero con la debida separación. informarán las partes por su orden acerca de la necesidad y conveniencia de la imposición de las «consecuencias accesorias». tutela judicial efectiva o seguridad jurídica entre otros. por falta de legitimación de la parte que la solicita. asociación. con independencia de que haya solicitado él la medida. si el interesado principal no concurre a su sostenimiento. es saber quiénes son esos representantes legales o titulares a que se refiere el precepto. Además nunca los criterios de «celeridad» o «economía procesal» deben prevalecer sobre principios básicos como el de legalidad. se pone de manifiesto que se incluyen tanto entidades que normalmente poseen personalidad jurídica (por ej. objeto del proceso de que se trate. La cuestión que se plantea aquí. la actividad probatoria deberá llevarse a cabo en el acto del juicio oral. fundación. empresa. industria. Tras un examen atento de tan prolífica enumeración. las demás partes acusadoras se muestren conformes con la adopción de la misma. Otra cuestión que se puede suscitar es. proporcionalidad. organización. establecimientos. sociedad. 5035 . a la que igualmente deberá ser citado el Ministerio Fiscal. despacho. se le tendrá por desistida de la misma 67. laboratorio. Si no acude a este acto la parte que ha instado la medida. o por no venir recogida en el tipo penal correspondiente. guarderías y colegios. modelo organizativo. Si la misma se ha solicitado para su adopción en sentencia. En el transcurso de la audiencia.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. fábrica. 68 A diferencia de la opción escogida por el legislador en la LJCA de 13 de junio de 1998. ya que lo contrario podría dar lugar a una maraña de impugnaciones que en definitiva no harían sino dilatar la causa principal. pues conjugando el artículo 129 CP con los distintos delitos de la Parte Especial se observa que en ellos se habla de empresa. loca67 Incluso aunque en ese acto. por no estar prevista en el catálogo de medidas del artículo 129 CP. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA sa: precauciones adoptadas. Entiendo que en estos casos. instrucciones internas o programas de prevención entre otros. ya que las posiciones coadyuvantes no deben ser tenidas en cuenta en el proceso. tampoco debe eludirse la audiencia a los afectados.
despachos o establecimientos). Además alguno de los enumerados en segundo lugar suelen formar parte de una empresa o sociedad. o incluso a los trabajadores. siendo así que. parece lógico entender que el precepto reclama la audiencia de los titulares de la persona jurídica.: «Consecuencias accesorias». Por el contrario. los cuales son titulares de un indudable interés en el mantenimiento de la empresa. CGPJ. La representación de las personas jurídicas Es preciso que se arbitren los mecanismos necesarios para asegurar una adecuada representación de las personas jurídicas en el acto de 69 SALAS CARCELLER. A. 344. los socios o accionistas son titulares del capital social. Por otro. Si la medida viene impuesta sobre una entidad sin personalidad jurídica propia. Si dicho propietario es una persona jurídica. acreedores o sus representantes. Por último. en otras ocasiones.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI les. esto es. por otro lado carecen o suelen carecer de un «representante legal» común. el ingente número de aquellos en determinadas sociedades haría materialmente imposible la audiencia a la totalidad. los mismos pueden pertenecer y por tanto ser de titularidad de una persona física 69. El problema viene a la hora de determinar quiénes son los titulares de la persona jurídica. pero en el caso que sean éstos a los que se refiere el legislador penal. Sin embargo. 5036 . Si la medida viene impuesta sobre una entidad con personalidad jurídica. son generalmente espacios físicos donde la empresa desenvuelve sus actividades. en «Penas y medidas de seguridad en el nuevo Código penal». p. ya que en ocasiones la representación se otorga por grupos de intereses. si el propietario es una persona física los representantes legales pueden hacerlo sólo si no lo hace el titular o propietario de la misma. 1996. Por un lado. quienes necesariamente han de acudir en audiencia son sus representantes legales. los administradores son los titulares de la gestión social y representantes de la sociedad. Sin embargo. otra interpretación posible sería entender que ha de darse audiencia a la víctima. en un importante número de supuestos ellos serán precisamente los autores del delito. 3. Cuadernos de Derecho Judicial. como titular del bien jurídico protegido. los titulares sólo pueden ser las personas físicas o jurídicas propietarias de las mismas. sus administradores. por lo que al estar ya personados en el proceso no precisan audiencia alguna. Madrid.
núm. 5037 . 317-319. anteriormente apuntados. pudiendo incluso estar prevista dicha designación en los propios estatutos societarios. la designación por parte de la Junta General de Accionistas. conforme a la ley o a sus estatutos. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA la audiencia. mediante correo certificado con acuse de recibo» (arts. como sucede con el procurador. cabe citar la posibilidad de asimilar el directivo de hecho a un representante de derecho. la cual puede recaer en las personas físicas que ostenten determinados cargos en la entidad. o el órgano directivo correspondiente. a mi juicio. Vid. BUFFELAN-LANORE. una delegación de poderes a este efecto» 70.3 y 4). Si durante el procedimiento el representante legal cambia. 1993. es qué sucede cuando los administradores sobrepa70 Al modo de un «defensor judicial». o bien. Igualmente el Code de Procédure Pénale.: «La procedure applicable aux infractions commises par les personnes morales». lo cual resulta trascendente a efectos de generar la responsabilidad de la persona moral. distinto del inicialmente nombrado. en los que se prevé la designación de un mandatario judicial por el Juez o Tribunal previo informe del Ministerio Fiscal. Y. en el momento de la celebración de la audiencia del artículo 129 CP. pp. se encuentren imputados en la causa.43. ya que puede suceder. En estos supuestos parece coherente la solución adoptada por el artículo 706. 2.43.43 del «Code de Procédure Pénale». según hemos visto. En todo caso. ello puede conllevar un desconocimiento de la verdadera situación de la sociedad en ese preciso momento. similar al prevenido en los artículos 299 a 302 CC. de designar a otra persona distinta para representar a la persona jurídica o en los supuestos. se hayan ocultado.2. como hemos visto antes. se tratará de un representante legal en funciones. Otro problema que puede presentarse. para representar y defender los intereses de menores e incapacitados cuando existan intereses contrapuestos. de un representante ad hoc. 706. Entre las dificultades que pueden presentarse en relación con la representación. que los titulares o representantes legales. el nuevo representante deberá «comunicar su identidad al órgano jurisdiccional. o incluso. y por tanto. hayan desaparecido. en su artículo 706. o sometidos a medidas privativas de libertad. contempla una representación convencional o estatutaria en la medida que dispone que «la persona jurídica puede ser representada por cualquier persona que ostente. Revue des sociétes. o en personas ajenas a la misma. que puede no coincidir con el que ostentaba la representación legal en el momento de ocurrir los hechos supuestamente delictivos.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL.
tiene derecho. en cuanto titular o propietario de los bienes decomisados. no cabrá la imputación de responsabilidad a la persona jurídica.: Victimología. 71 PRADEL. Barcelona. no sólo deberá exigirse responsabilidad a la misma. Compendio de victimología. 72 Vid. 5038 . sino que podrá decretarse su disolución (art. en cuyo caso.39 Code Pénal francés). Así resulta de aplicación lo dispuesto en la STS de 20 de enero de 1997. M. las últimas innovaciones que en el posicionamiento de las víctimas se han producido en el seno del proceso penal. VI.: La tutela de la víctima en el proceso penal. salvo que se acrediten graves disfunciones en su organización interna. que toda persona directamente afectada por un comiso ordenado por la autoridad judicial. se vendría a desconocer las exigencias inherentes a la interdicción de toda indefensión. acreedores u otros terceros afectados. ejercitando personalmente los recursos pertinentes. Bosch. 154-155. de reforma parcial de aquella. en esta materia LANDROVE DÍAZ. 2001. resulta necesaria su llamada al proceso. Valencia. las cuales llevadas al extremo. vienen referidas a las reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 38/2002. que relativa al comiso dispone: «No cabe la menor duda. aunque no haya intervenido como parte en el proceso de que se trate. LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 72 Indudablemente. 1996.: «La responsabilidad penal de la persona jurídica». entre otras obras monográficas. Tirant lo Blanch. G. proclamada en el artículo 24.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI san los límites de sus atribuciones 71. pues de otra forma. HERRERO MORENO. SOLÉ RIERA. J. 1990. a impugnar en la forma permitida por las leyes de procedimiento la correspondiente resolución judicial. en La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: Una perspectiva comparada. Resulta imprescindible la audiencia a los representantes de aquellos. En mi opinión. J. pp. M. Madrid. El artículo 129 CP omite toda referencia a los trabajadores. 1997. J. Edersa. pueden implicar una desviación de su objeto social para la realización de conductas delictivas. en estos supuestos. de 24 de octubre. 131. dándoles traslado del escrito en que se solicite la medida.: La hora de la víctima. Valencia. dada la trascendencia que la adopción de una medida de este tipo puede tener en sus intereses. para que a través de la correspondiente representación efectúen las alegaciones que a su derecho convengan.1 de la Constitución Con la finalidad de evitar la posible indefensión que la ausencia de los terceros afectados pudiera producir.
El llamamiento a la víctima al proceso penal La existencia en nuestro sistema jurídico de un defensor institucional de la víctima –el Ministerio Fiscal.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. respondiendo así a la llamada tardía que lleva a cabo el Juez en los términos establecidos en los artículos 782. complementaria de la anterior. precauciones éstas orientadas con justeza a evitar indeseables formas de victimización secundaria». en cuyo caso su posición no presenta mayores particularidades. 2/1998 de la Fiscalía General del Estado. anuncia el deber de los Estados miembros de llevar a cabo el esfuerzo adaptativo de sus respectivas legislaciones con el fin de garantizar a la víctima. 3. entre otras cuestiones. relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal 73.1). y de modificación del procedimiento abreviado. su derecho a la reparación de los efectos del delito. 73 Buena parte de cuyas previsiones han sido desarrolladas por la Ley 38/2002. 1. también puede iniciar el procedimiento. 5039 . de 24 de octubre.2 y 800. a sus derechos y a su dignidad y el específico deber que la Ley les atribuye de proteger a la víctima de toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o sobre su dignidad. solicitando si es necesario y adecuado a la ley procesal la celebración del juicio a puerta cerrada. La Decisión Marco del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001. El deber institucional de protección de los intereses de la víctima. y la Ley Orgánica 8/2002.no es obstáculo para que el proceso penal busque asegurar la presencia del ofendido en el procedimiento en el que ha de ventilarse. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas. Por supuesto. se reitera en la Circular núm. a través de la denuncia o querella.5 de la LECrim. así como la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba (art. recordando la obligación que pesa sobre los Fiscales de «velar porque en todas las fases del procedimiento de investigación el interrogatorio de la víctima se haga con respeto a su situación personal. La víctima puede sumarse al proceso con ocasión del ofrecimiento de acciones y puede también hacerlo con el objeto de suplir la falta de acusación del Fiscal en la fase intermedia.
Son víctimas indirectas. en cuyo caso. d) En defecto de las personas contempladas en los párrafos anteriores. siempre que dependieran económicamente de aquél. durante. Delimitación subjetiva del concepto de víctima La Decisión Marco 2001. c) Los hijos que. en especial lesiones físicas o mentales. ola persona que con aquél hubiera venido conviviendo de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del cónyuge. las personas que reúnan las condiciones que se indican a continuación: a) El cónyuge del fallecido. y con referencia siempre a la fecha de ésta. ya aludida. reguladora del régimen jurídico de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Por el contrario. al menos los dos años anteriores al momento del fallecimiento. esta Ley se construye sobre un concepto de ayudas públicas directamente inspirado en el principio de solidaridad. La jurisprudencia del TS (STS de 19 de diciembre de 1997). 2. salvo que hubieran tenido descendencia común. si no estuviera separado legalmente. bastará la mera convivencia. no siéndolo del fallecido. 5040 . serán beneficiarios los padres de la persona fallecida si dependieran económicamente de aquél. o de su condición de póstumos. b) Los hijos del fallecido.1. daños emocionales o un perjuicio económico. en el caso de muerte. lo fueran de las personas contempladas en el párrafo a). que acoge en su ámbito a la «persona física que haya sufrido un perjuicio. con independencia de su orientación sexual. La Ley 35/1995.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI 1. con independencia de su filiación y edad. clasifica a las víctimas en función de un doble carácter.2). dice que el concepto legal de ayudas públicas a las víctimas debe distinguirse de figuras afines y señaladamente de la indemnización. contiene un concepto único y extensivo de víctima. Son víctimas directas las personas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia del delito (art. siempre que dependieran económicamente de él. porque el Estado no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el culpable ni abarcar el daño moral provocado por el delito. directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro».
así la notificación de la resolución de archivo por no ser los hechos constitutivos de delito o no aparecer suficientemente justificada su perpetración (art. sin más excepciones que las derivadas de la declaración de secreto de las actuaciones. 779 LECrim). La Ley 38/2002. el deber de comunicar a la víctima los más importantes actos procesales que se suceden en el procedimiento. b) y c) impone a los Estados miembros el deber de garantizar que la víctima que lo solicite sea informada del curso de la denuncia. la notificación de la sentencia recaída en primera instancia (art. en cuyo artículo 4.3). ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 1. 5041 . En el nuevo procedimiento que nos ocupa. bien de confianza. 789) y la notificación de la sentencia dictada en apelación (art.2 a).LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. 792). debiendo serle notificada personalmente la resolución que recaiga.2. bien de oficio en el caso de que se tenga derecho al beneficio de justicia gratuita y del derecho a tomar conocimiento de lo actuado. aunque no sea parte en el proceso (art. el acto de información de derechos ha de tener un doble carácter. de su derecho a nombrar Abogado. 4). En cuanto al contenido de los derechos que son objeto de información. En consecuencia. la información escrita de la fecha y lugar de la celebración del juicio (art. los preceptos se remiten a lo establecido en los artículos 109 y 110 de la LECrim.1 LECrim. habrá de ser instruida de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella. se posibilita el ejercicio de la acción penal por la víctima y se le confiere la opción de asumir el status de parte acusadora. 15. incorpora ahora también. Así mismo se le informará de que a falta de personación y si no hiciere formal renuncia al ejercicio de las acciones civiles.1 y 776. además del conocimiento de las posibilidades de lograr el beneficio de justicia gratuita. como las medidas de asistencia que prevé la legislación vigente. 785. El ofrecimiento de acciones y su ejercicio Con el ofrecimiento de acciones. así como de su derecho a conocer el lugar de celebración del juicio. recogidos en los artículos 771. Un primer ofrecimiento llevado a cabo por la Policía Judicial y un segundo ofrecimiento de acciones verificado por el Secretario Judicial. El ofrecimiento de las medidas de asistencia. Ello es una transposición de la citada Decisión Marco. extendiéndose además hacia otros contenidos que históricamente no habían recibido la atención del legislador. éstas serán ejercidas por el Ministerio Fiscal. como sabemos. habrá de comprender las posibilidades y procedimientos que establece la Ley 35/1995 para acceder a las ayudas legales.
La víctima del delito goza de autonomía procesal para decidir acerca de su intervención personal en el proceso o. Puede ser también el fruto de la decisión de mostrarse parte en el momento del ofrecimiento de acciones (arts. en fin. pudiendo instar de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares y la conclusión de la investigación. 108 LECrim). como dice MARCHENA GÓMEZ 74. seguir el desarrollo del proceso penal relativo al inculpado por los hechos que le afectan. Como también sabemos. dependerá que la delimitación del objeto del proceso se circunscriba a la pretensión penal. haya o no acusador particular que previa o simultáneamente formalice su condición de parte. p. la obligación institucional de entablar la acción civil juntamente con la penal. desde su posición institucional de salvaguarda de los derechos de la víctima 75.3. el Ministerio Fiscal asume. 74 75 Ibídem. Personación de la víctima. por el contrario. o. a la atención a esa llamada tardía que verifica el Juez en los casos de petición de sobreseimiento por parte del Fiscal (art. reparación o indemnización. da lugar a la incoación del proceso (art. la Circular 1/2003. una vez admitida a trámite. 109 y 110) y puede responder. Aspectos formales El ejercicio de la acción penal por parte de la víctima puede ser consecuencia de la interposición de una querella que. 475. no contiene en este aspecto novedad alguna. abandonar la defensa de sus intereses a la actividad del Ministerio Fiscal. En consecuencia. es susceptible de acumulación y ejercicio simultáneo.2 y 800. salvo en casos excepcionales en que el correcto desarrollo de la causa pueda verse afectado y de la sentencia del tribunal. el Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables (art. por el contrario.1 de la LECrim. 5042 . Vid. 782. de la actitud procesal que adopten la víctima y los perjudicados por el delito. en caso de enjuiciamiento. se haga también extensiva a una eventual pretensión civil que. en cuanto al significado y alcance de la presencia del Ministerio Fiscal para la protección de la víctima. Sólo en el caso en que el ofendido renunciara expresamente a su derecho de restitución. en este sentido. El artículo 773. 270 y ss). 1. por razones de economía procesal. sin ningún tipo de subordinación funcional entre ambas. de 7 de abril de la FGE.5).FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI de los elementos pertinentes que le permitan. sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.
LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. pp. expresando la acción que se ejercite. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA En el plano formal. Cuando la víctima. habiendo llegado a admitir como parte al ofendido. conforme al cual. la víctima se incorpora a la causa durante la fase intermedia o juicio de acusación. podrá verificarlo «sin necesidad de formular querella» (arts. En la hipótesis de respuesta a un llamamiento tardío verificado por el Juez de Instrucción. ha llevado a cabo un ejercicio de actualización indirecta. desplazando la natural aplicación de las previsiones de la LECrim respec76 Vid. a «tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de las diligencias y cuanto a su derecho convenga» (art. 2. 476-477. Sin embargo. 761.1.2. esa liberación respecto del vehículo formal representado por la querella. según se desprende de lo establecido en el artículo 764.2 de la LECrim.2).2. incluso. no han faltado pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional que han interpretado con la máxima flexibilidad aquel presupuesto temporal. desde el momento en que exterioriza su voluntad de ejercicio y es tenido como parte por el Juez. a partir de la cual ya no es posible la incorporación de la víctima al proceso. como consecuencia del ofrecimiento de acciones. Con ello se mantiene la excepción general que ya introdujera la primera de las reformas del Procedimiento Abreviado en el artículo 783. 776. 771. MARCHENA GÓMEZ. habrá de efectuarse en la forma y con los requisitos señalados en el Título II del Libro II. Las Medidas Cautelares reales de protección de la víctima El legislador. 277 y concordantes). de 29 de abril) 76. 5043 . en la fase de tramitación del recurso de apelación (STC 66/1992. obra ya citada. haciéndolo precisamente mediante la formulación del correspondiente escrito de acusación.1 y 776). Así lo impone el artículo 761. La personación puede verificarse en el mismo acto en el que el Secretario lleva a cabo el ofrecimiento de acciones o en un momento ulterior. facilita el derecho de acceso al proceso que asiste a la víctima y le faculta. El momento señalado por la LECrim como referencia preclusiva. de la acción penal o de la civil derivada del mismo. la primera de las posibilidades se ajustaría a las reglas generales relativas a la redacción de la querella (arts. quiera ejercer su derecho de mostrarse parte en la causa. posibilitando así la fase de juicio oral. viene fijado en el artículo 110 (antes del trámite de calificación del delito). el ejercicio por particulares. sean o no ofendidos por el delito.
para la protección de ciertos derechos. cuya invocación en el proceso penal era escasamente pacífica. Entre estos presupuestos. 78 Por aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que recayera en el juicio». El nuevo artículo 764 LECrim. está relacionado con la iniciativa para la adopción de las medidas cautelares de aseguramiento. no pudiendo en ningún caso ser adoptadas de oficio por el tribunal (art. caución sustitutoria de carácter bastante para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia que. prevean expresamente las leyes. La caución a la que hace referencia el artículo 764. 77 En lugar de los caducos artículos 589 a 621 LECrim. añade que «a estos efectos se aplicarán las normas sobre contenido. y no a la caución como garantía frente a la petición abusiva de medidas cautelares. tras reconocer la facultad legal del Juez o Tribunal para adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.2 de la LECrim.11. como medida liberatoria de la adopción o mantenimiento de medidas cautelares que pueden implicar una importante merma para la capacidad productiva del afectado. presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil». 721. la cual deberá ser incluida a tenor de lo dispuesto en el artículo 727. lógicamente 78. en cualquier momento del procedimiento.FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI to del procedimiento ordinario y tomando como referencia aplicativa las normas de la LEC 77. deudor de una época histórica en la que predominaba una concepción patrimonial ligada a las rentas de la tierra. El primero de ellos. en especial las referidas a las anotaciones registrales de carácter preventivo.2 LEC). No obstante la misma. que contiene una cláusula residual «aquellas otras medidas que. En base a esta nueva regulación. no está exenta de obstáculos. en su caso se dicte. al ser de aplicación cualesquiera de las contenidas en el artículo 727 de la LEC. Entiendo que esta remisión que el artículo 764. tanto el imputado como el responsable civil afectado por una medida cautelar decretada en el marco del proceso penal. pueden ofrecer.2 hace a la LEC supone en la práctica una apertura del reducido catálogo de medidas cautelares reales contenidas en la LECrim. Sin embargo. se menciona la necesaria solicitud a instancia de parte. incluidas las costas. es la caución sustitutoria regulada en los artículos 746 y 747 de la LEC. 5044 . el artículo 727 LEC no alude a la fianza..
garantice la inmediata disponibilidad. o bien con cargo al Consorcio de Compensación de Seguros. así como la adopción de una pensión provisional. que insta a los Estados miembros a fin de asegurar las condiciones necesarias para que la víctima pueda prestar declaración inmediatamente después de cometerse la infracción.2 LEC). que no cabe duda va a redundar en una mejora evidente en la obtención del material probatorio. Por último. las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas. El artículo 764 LECrim. de 1 de marzo. 5045 . como ya adelantamos. y posibilitan una toma de contacto cuasinmediata. se mantiene la posibilidad de una retención inmediata del vehículo de motor. incorpora una doble exigencia formal: a) que las medidas cautelares se adopten mediante auto. en especial en cuanto a la forma de practicar aquella se refiere. la reforma contiene una regulación detallada del aseguramiento de la prueba anticipada.2 en sede de Procedimiento Abreviado. indicar que el artículo 777. En los procesos relativos a hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor. de 29 de mayo de 2000 79. mejorando notablemente el alcance del artículo 448 LECrim. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA La misma puede constituirse en dinero efectivo. de las disposiciones sobre videoconferencia y conferencia telefónica previstas en los artículos 10 y 11 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre Estados miembros de la Unión Europea. incluso de oficio por el juez.3.2 en sede de Juicio Rápido. de 7 de febrero. a juicio del juez o tribunal. valiéndose al efecto. con cargo a la entidad aseguradora. en todo o en parte. en la protección de los derechos de la víctima. hasta el límite del seguro obligatorio.LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. en virtud de lo dispuesto en la Decisión Marco de 2001. b) que se formalicen en pieza separada. en esta materia Instrucciones 1/2002.3 y 529. 79 Vid. aval solidario de duración indefinida y pagadero al primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que. de la cantidad de que se trate (arts. como el artículo 797. Con ello. sin duda se refuerzan las posibilidades de comunicación entre el Juez instructor y la víctima. para la audición de aquellos testigos residentes en el extranjero. y en definitiva. y 3/2002. en su caso. para asegurar. 747.
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 resolución 
 artículo 117
 artículo 299
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 artículo 800
 resolución 
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 artículo 801
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 artículo 789
 artículo 800
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 artículo 795
 artículo 24
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 artículo 801
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 artículo 125
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