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Timestamp: 2019-01-22 17:10:28+00:00

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﻿ Sentencia 2003-00527 de mayo 5 de 2014
SENTENCIA 2003-00527 DE 05 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:CORRECCIÓN MONETARIA RESPECTO A LA CUANTÍA DE UN DAÑO RESARCIBLE PUEDE SER DECRETADA DE OFICIO. AUNQUE EN LA DEMANDA NO SE HAYA SOLICITADO DE MANERA EXPRESA EL RECONOCIMIENTO DE LA CORRECCIÓN MONETARIA, RESPECTO A LA CUANTÍA DE UN DAÑO RESARCIBLE, SE ENTIENDE PEDIDO EN FORMA IMPLÍCITA, PUES LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA NO APLICA COMO UNA ESPECIE DE PERJUICIO, SINO QUE OBEDECE A LA VARIACIÓN EXTERNA DE UNA OBLIGACIÓN, DEBIDO AL FENÓMENO DE LA INFLACIÓN. POR LO TANTO, EL JUEZ PUEDE DECRETAR DE OFICIO LA INDEXACIÓN, PUES DE LO CONTRARIO SUPONDRÍA LA ACEPTACIÓN DE UNA SITUACIÓN INEQUITATIVA EN CONTRA DEL ACREEDOR. EN MATERIA DE SEGUROS, LA CUANTÍA DEL SINIESTRO DEBE PAGARSE EN SU VALOR REAL, CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DESDE LA FECHA EN QUE EL MISMO OCURRIÓ, QUE ES UNO DE LOS MÉTODOS MÁS USUALES PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL DINERO, Y CUYA LIQUIDACIÓN DEBE VERIFICARSE AL MOMENTO DEL PAGO VOLUNTARIO O MEDIANTE PROCESO EJECUTIVO, SIN PERJUICIO DE LOS INTERESES MORATORIOS COMERCIALES APLICADOS AL CAPITAL ACTUALIZADO AL MOMENTO DE LA FIRMEZA DEL FALLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SUMINISTRO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, CORRECCIÓN MONETARIA, RECURSO DE CASACIÓN, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
Sentencia 2003-00527 de mayo 5 de 2014
Aprobada en Sala de cinco de noviembre de dos mil trece
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014)
Se decide el recurso de casación de la XXX, respecto de la sentencia de 14 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra la XXX.
1. En el libelo que originó el proceso, la sociedad demandante solicitó que se declarara infundada la objeción que formuló la entidad convocada, el 18 de febrero de 2003, con relación a la reclamación que ella elevó el 3 del mismo mes y año, con base en el amparo otorgado mediante la póliza de cumplimiento 1178787 de 15 de septiembre de 2000.
Consecuentemente, que reconocida la existencia del siniestro, se condenara a la compañía de seguros involucrada a pagar a la pretensora el valor de la indemnización, en cuantía de $ 298’342.970, con los intereses de mora entre el 30 de octubre de 2001 y la fecha de presentación de la demanda, estimados en $ 158’641.388, así como los réditos venideros a la “tasa máxima” legal comercial, hasta cuando se pague la obligación.
2.1. Mediante contrato de “suministro y compraventa de productos lácteos”, celebrado el 15 de marzo de 2000, la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de “consumidor comprador”, se obligó a pagar a la sociedad demandante, como “proveedor vendedor”, con intereses, según el caso, el valor de las mercancías recibidas, en un plazo máximo de sesenta y tres días, contados a partir de la fecha de facturación, y a constituir una garantía de solidez y cumplimiento que incluyera el pago del precio de los bienes.
2.2. Frente a lo anterior, la adquirente de los derivados lácteos, fungiendo de tomadora, suscribió el 7 de septiembre de 2000, con la compañía de seguros demandada, la póliza de cumplimiento 1178787, con vigencia de un ciclo a partir del 15 de los mismos mes y año, en la cual señaló como asegurada a la demandante, en cuantía límite de $ 700’000.000.
2.3. El 30 de julio de 2001, la beneficiaria del seguro dio aviso del siniestro, consistente en la existencia de una cartera “vencida de 0 a 30 días” de $ 300’707.328 y de “31 a 60 días” de $ 129’232.600”, y el 30 de agosto del mismo año, la compañía de seguros contestó que no había elemento alguno que permitiera “deducir la posible afectación de la garantía otorgada”.
2.4. La reclamación formal presentada luego, el 3 de febrero de 2003 fue objetada por la sociedad demandada el 18 siguiente, argumentando el cumplimiento del contrato por parte de la empresa afianzada, pues en su sentir lo que existía era uno de agencia comercial; cobro de lo no debido, derivado de una doble facturación de los productos; y pleito pendiente en un tribunal de arbitramento, respecto de la “naturaleza de la relación hasta el incumplimiento de las obligaciones”.
2.5. Si bien en el laudo arbitral, adiado el 24 de junio de 2003, aclarado el 3 de julio de 2003, se aceptó la “existencia de un contrato de agencia comercial”, también es cierto que allí quedó probado que la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX incumplió sus obligaciones, y que por esa razón fue condenada a pagar a XXXXXXXXXXXXX, $ 298’342.970 a título de capital, y $ 143’040.034, por concepto de intereses.
2.6. El 27 de junio y el 8 de julio de 2003, la sociedad demandante puso en conocimiento de la aseguradora convocada el contenido de la anterior decisión, para hacer ver que la objeción propuesta contra la reclamación formal invocada, carecía de respaldo, sin que se haya pronunciado al respecto.
3. La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, arguyendo, en lo esencial, que el “soporte de la reclamación fue serio y fundado”, pues, para la época, no fue demostrado el siniestro ni su cuantía.
3.1. A su vez, formuló, entre otras, la excepción de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, por cuanto a la fecha de presentación de la demanda, el 31 de julio de 2003, había transcurrido el tiempo extintivo de dos años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, contado “desde el 30 de julio de 2001”, cuando el “asegurado conoció el siniestro”.
3.2. La demandante solicitó se declarara infundado el medio defensivo, por cuanto si el término de prescripción vencía el 30 de julio de 2003, debía descontarse el tiempo transcurrido entre el 26 de mayo y el 6 de junio, a raíz de la conciliación prejudicial en derecho fallida, contemplada en los artículos 21 y 22 de la Ley 640 de 2001, razón por la cual el plazo extintivo realmente vino a completarse el 12 de agosto de 2003, mucho después de haberse presentado la demanda.
4. El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia de 7 de julio de 2008, negó las pretensiones, al encontrar, conforme se concluyó en el laudo arbitral, que el riesgo asegurado, consistente en el incumplimiento contractual, había acaecido después del 15 de septiembre de 2001, en concreto, el 30 de octubre, cuando el contrato de seguro había expirado.
5. En el recurso de apelación, la demandante sostiene que si el tribunal de arbitramento consideró que como “no aparecía discriminado el valor del capital de cada factura para que pueda ser liquidado individualmente, se tomará como fecha de inicio de la mora, el 30 de octubre de 2001 (63 días después de la última factura)”, fácilmente se concluía que el acaecimiento del siniestro se produjo antes del 15 de septiembre de 2001.
5. El superior, en el fallo recurrido en casación, llegó al mismo resultado del juzgado, pero como consecuencia de encontrar fundada la excepción de prescripción propuesta.
1. Establecida la existencia de la póliza de seguro e identificado el riesgo amparado, el ad quem consideró que antes de adentrarse a estudiar los argumentos de la apelación, la lógica imponía resolver de antemano la comentada excepción, porque del éxito o no de esta, pendía el análisis de lo demás.
2. Con ese propósito, el juzgador, fundado en las comunicaciones mencionadas en el dictamen pericial trasladado del proceso arbitral, dejó sentado que la sociedad XXXXXXXX XXXXXXXXXX, conoció el “incumplimiento contractual de XX XXXXXXXXXXX”, a partir del 26 de octubre de 2000, cuando aquella comunicó a esta última que tenía una cartera vencida de $ 317’910.088.
Esa conducta, dice, se sucedió de manera sistemática después, puesto que dentro de esos documentos aparecían los oficios de 9 de noviembre y 11 de diciembre de 2000, y de 10 y 31 de julio de 2001, donde la parte demandante daba cuenta de la existencia de obligaciones a cargo de la afianzada, vencidas y algunas en mora, inclusive en la última comunicación, por esas mismas razones, se da por terminada la relación contractual.
Frente a lo anterior, concluye que la excepción de prescripción debía declararse probada, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda, el 31 de julio de 2003, el término extintivo de dos años contemplado en el artículo 1081, inciso 2º del Código de Comercio, contado desde el citado 26 de octubre de 2000, había transcurrido, aún con exclusión del lapso en que estuvo suspendido a raíz de la conciliación extrajudicial.
3. El tribunal, por lo tanto, modificó el fallo apelado y declaró, en lugar de la decisión del juzgado, la excepción de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro.
1. Acusa la violación indirecta de los artículos 1602, 1603, 1608, 1610, 1613 a 1615, 1618, 1622, 1757 y 2361 del Código Civil, 1 a 4, 822, 870, 871, 1036, 1045, 1054, 1072, 1077 y 1081 a 1083 del Código de Comercio, 90 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 2 y 4 de la Ley 225 de 1938.
2. En sentir de la demandante recurrente, el sentenciador de segundo grado incurrió en los siguientes errores de hecho probatorios:
2.1. Con independencia de la nominación jurídica dada por las partes, respecto del contrato celebrado entre XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, en todo caso de “agencia comercial”, según el laudo arbitral; omitió su aplicación práctica, explicada en el dictamen allí evacuado.
De acuerdo con ese medio, en efecto, el manejo y pago de suministros se llevaba a través de un sistema llamado “cuenta corriente contable”, en cuya virtud, la primera de las sociedades nombradas, emitía con destino a la segunda, un oficio sobre saldo de cartera, para su análisis, precisión y objeción.
Esa circunstancia, por sí, frente a la incertidumbre de la conciliación de la cuenta, le resta el grado de morosidad afirmado por el tribunal, respecto de las obligaciones, al punto que ese hecho le sirvió de base a XXXXXXXXXXXX, para objetar la reclamación formal que le fuera presentada.
En todo caso, dice, de haber existido la mora, no se tuvo en cuenta que fue purgada, al ser cancelados los saldos vencidos y honrados los intereses pertinentes, según la cuenta corriente contable puesta en práctica por las partes.
Es más, el argumento del tribunal, referente a que el siniestro ocurrió el 26 de octubre de 2000, resulta contraevidente, porque si la obligada tenía sesenta y tres días máximo para cancelar las facturas, contados desde su fecha, el seguro, vigente desde el 15 de septiembre, no podía cubrir una mora de “menos de un mes” que no se había causado.
2.2. El ad quem, agrega, también debió observar el anexo 19 presentado por los peritos, donde el saldo de la obligación, a 31 de julio de 2001, se establece “una vez efectuados los abonos por los pagos realizados por los almacenes de cadena y otros clientes con posterioridad a esa fecha”.
Si el análisis inicia con la factura de 12 de mayo de 2001, y toma el mes de agosto como referente para su liquidación, y lo propio se hace en los meses de junio y julio, significa que la “cartera previa había sido cruzada, es decir, pagada, razón por la cual mal haría en pregonarse la ocurrencia de un siniestro inexistente, como erróneamente lo entendió el tribunal, por cuanto la mora preexistente si la hubo, fue purgada”.
2.3. La “indebida valoración (...) probatoria”, enfatiza, respecto de la realización efectiva del riesgo, también se extiende a la respuesta dada sobre el particular por XXXXXXXXXXX, según la cual la “cartera vencida y pendiente de pago, invocada por XXXXXXXXX, como causal para dar por terminado el contrato, se encuentra a cargo de sus propios clientes, y son estos los que pueden presentar algún tipo de mora en su pago”.
2.3. Igualmente, subraya, el ad quem apreció erróneamente los requerimientos contenidos en los oficios de 26 de octubre, 9 de noviembre y 11 de diciembre de 2000, y de 10 de julio de 2001, pues aparte de haber sido enviados durante la vigencia de la póliza de seguro, allí se habla de la cartera por vencer y vencida de 30 y 60 días, a cargo de XXXXXXXXX XXXXX, así como de la imputación de abonos realizados.
El juzgador, por lo tanto, “[n]o vio que (...) estos requerimientos eran puestos en conocimiento de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y que ellos fueron cubiertos, es decir, pagados”, excepción hecha del oficio de terminación del contrato, calendado el 31 de julio de 2001, en donde, además, se discrimina la cartera vencida de “1-30” y de “31-60” días.
3. Concluye la recurrente que si el tribunal hubiere valorado en debida forma el contrato afianzado, el dictamen evacuado en el proceso arbitral, en el cual se señala como fecha de vencimiento de las obligaciones el 1º de agosto de 2001, así como los requerimientos en cuestión, habría declarado infundada la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de seguro, pues el siniestro a que alude, acaecido el 26 de octubre de 2000, es inexistente, pero como no lo hizo, violó las normas citadas al comienzo del cargo.
4. Solicita, en consecuencia, se case totalmente la sentencia impugnada y que en sede de instancia la Corte revoque el fallo apelado y emita la decisión correspondiente.
1.1. La jurisprudencia de la Sala tiene explicado que la “(...) excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose.
Lo primero, cuando, con vista en la póliza presentada, señaló que “se [había acreditado] en el plenario la existencia del contrato de seguro de cumplimiento” entre “XXXXXXXXXX XXXX, como afianzada”, a la sazón tomadora, y la “aseguradora”, la compañía “XXXXXXXXXX”, en la que, además, figuraba en calidad de “asegurada” la demandante “XXXXXXXXXX.”.
El hecho asegurado, al decir, también de cara a dicho contrato que el interés de XXXXXXXXXXXXX, consistía en que “no se incum[plieran] las obligaciones contraídas por la afianzada” derivadas del “suministro y compraventa de productos lácteos”.
El acaecimiento del siniestro, al establecer, a partir de los anexos del dictamen pericial evacuado en el proceso arbitral, que XXXXXXXXXXXXXXXXX, había dejado de pagar el precio de los productos, “por lo menos a partir del 26 de octubre de 2000”, fecha en la que la ahora demandante le informó la existencia de “obligaciones en mora de 30 y 60 días”.
2. En ese orden de ideas, la polémica, entonces, se reduce a establecer si el 26 de octubre de 2000, la demandante XXXXXXXXXXXXXX, había conocido el “incumplimiento contractual” de la afianzada, XXXXXXXXXXXXXXXXX, pues esa fue la fecha que tuvo en cuenta el ad quem para confrontarla con la de presentación de la demanda al reparto, el 31 de julio de 2003, y concluir trascurrido el término prescriptivo de dos años previsto en el artículo 1018, inciso 2º del Código de Comercio, concretamente, “dos (2) años y nueve (9) meses”.
En esa materia, al decir de la Corte, se debe “(...) preferir el contenido (...), ya que, como se comprenderá, se trata de un proceso de adecuación de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la que obviamente la labor es estrictamente jurídica”. Por esto, como allí mismo se indicó, los “(...) contratos son lo que son y no lo que digan los contratantes, indicando con ello que tienen una realidad y consiguiente alcance jurídico tal como existen, al margen de las calificaciones que los intervinientes les hayan atribuido o quieran atribuirle después”(2).
Así las cosas, en el sub júdice, existe identidad entre las obligaciones del contrato garantizado, llámese de suministro o de agencia comercial, y las de la póliza de seguro. Mírese cómo el primero tenía por objeto el “suministro y compraventa de productos lácteos con la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, mientras la segunda aludía a afianzar el cumplimiento de las obligaciones “surgidas del contrato referente al suministro de productos lácteos con la marca XXXXXXX y/o marcas propias”.
Esa especie de error, dice la Corte, es manifiesto cuando se aprecia “(...) a simple vista, sin necesidad de esfuerzo en el razonamiento”, y determinante, cuando guarda “(...) relación de causa a efecto con la resolución judicial contenida en el fallo que se acusa, de tal manera que esta sea producto del yerro”(3).
Y el oficio de 10 de julio de 2001, dirigido por la “coordinadora de cartera” de la demandante, a la “jefe administrativa” de XXXXXXXXXX, simplemente muestra una “conciliación” entrambas realizada; en tanto su anexo, el “extracto del proveedor” a “14 Jun. 2001”, lo que refleja es la aplicación de ciertos “débitos” y “créditos”, pero sin indicar, pues no especifica, el monto de la cartera por vencer, ni el tiempo de la exigible.
Para esas últimas calendas, desde luego, tampoco puede afirmarse la existencia de una cartera insoluta superior a sesenta y tres días, porque en la comunicación de terminación del contrato garantizado, adiada el 31 de julio de 2001 (fl. 226, cdno.1), la parte demandante alude es a una cartera por vencer y de otra vencida de “1-30” y de “1-60” días.
Lo dicho, seguramente, llevó a la aseguradora Confianza S. A., a no atribuir a la pretensora, XXXXXXX XXXXX, al formular la excepción de prescripción, el conocimiento del siniestro en una fecha anterior a ese 10 de julio de 2001, inclusive, porque ese hecho lo ubica, en forma expresa, “desde el 30 de julio de 2001” (subrayas extexto), cuando se dio aviso a la aseguradora de la ocurrencia del siniestro.
2. En ese contexto, todo se reduce a establecer en qué fecha la sociedad demandante asegurada conoció el acaecimiento del siniestro, aspecto sobre el que, valga acotarlo, en el sub júdice no admite discusión, porque es la misma convocada, al exponer los contornos del medio extintivo en cuestión, quien la ubica “el 30 de julio de 2001”.
2.1. Ese hecho, desde luego, es el que debe guiar la decisión, porque como la prescripción la gobierna el principio dispositivo, al punto que no se puede reconocer de oficio (CPC., art. 306), no es dado, por respeto a la regla de congruencia prevista en el artículo 305, ibídem, ejercer la actividad juzgadora fuera del marco factual planteado.
Por supuesto, si oficiosamente no se puede declarar la excepción de prescripción, tampoco es dable reconocerla, al decir la Corte, “con apoyo en hechos no alegados en la contestación de la demanda”, o a partir de “(...) circunstancias no propuestas por el excepcionante, como quiera que de no ser así, la precitada restricción carecería de función alguna”(4).
2.2. En el caso, la demandada aseguradora ubicó el despunte de la prescripción “el 30 de julio de 2001”, y la parte actora contraargumentó que el término extintivo de dos años no podía vencerse el 30 de julio de 2003, un día antes de presentarse la demanda al reparto, debido a la conciliación prejudicial en derecho adelantada entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2003, fallida entre otras cosas.
3.2. Es cierto que el extracto “sistema de cartera”, proveniente de XXXXXXXXXXXXX, allegado por XXXXXXXXX XXXX una vez culminada la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fls. 193/195, cdno. 1), habla de movimientos “desde 12/05/2001 hasta: 01/01/02”.
4.1. Conforme a la carátula de la póliza, la aseguradora XXXXXXXXXXX, garantizó el “(...) cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato referente al suministro de productos lácteos con la marca Colácteos y/o marcas propias”, hasta por un valor total de $ 700’000.000.
Según la cláusula tercera de las condiciones generales del seguro, la “(...) responsabilidad de la compañía [aseguradora] no excederá en ningún caso [el] valor total asegurado y se hará exigible solo con respecto al incumplimiento en que incurra el afianzado [XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX] durante la vigencia de la póliza”, respecto de las “obligaciones contractuales”.
De acuerdo con el negocio jurídico garantizado, la precitada sociedad se obligó a pagar a la parte demandante, el precio de los productos suministrados (cláusula primera, parágrafo segundo), “(...) en un plazo máximo de sesenta y tres (63) [días] contados a partir de la fecha de facturación”.
4.2. El dictamen pericial practicado en el proceso arbitral, aclarado y complementado, pone de presente que el saldo a cargo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con corte a 31 de julio de 2001, esto es, durante la vigencia del seguro de cumplimiento, sin intereses, ascendía a $ 372’928.713.
Pese a que ese medio fue evacuado en ausencia de la aseguradora XXXXXXXX, dado que no intervino en dicha actuación, sí le es oponible. En primer lugar, porque como se observa en el auto de pruebas y en los folios 538 a 544, C-1, esa misma parte solicitó su incorporación e igualmente, en respuesta al oficio librado por el juzgado, allegó “(...) toda la documentación y pruebas respecto del dictamen pericial rendido, en el trámite arbitral surtido ante la Cámara de Comercio de Pasto (...)”.
Como tiene explicado la Corte, “(...) no puede poner reparos ‘quien pidió la prueba trasladada’ (Sent. Cas. Civ. de 17 de octubre de 2006, Exp. 11277), o si la prueba ‘se anexó a este proceso como prueba trasladada y así se hizo justamente a petición de la parte [demandada] (...) con lo cual [esta] aceptó la validez de la prueba y no puede ahora renegar de ella’ (Sent. Cas. Civ. 22 de marzo de 2007, Exp. 5125)”(5).
Sí allí se dedujo el incumplimiento de la afianzada y la cuantía del mismo, luego de aplicar una compensación, nadie puede dudar del contenido de ese documento, en cuanto a su fecha, autor y decisiones adoptadas. En sentir de la Sala, la sentencia judicial, y como tal, el laudo arbitral es equivalente, “(...) en sí misma considerada, no obstante el mérito probatorio que se le asigna, tan solo acredita su existencia, lo que se resolvió en ella, cuál fue el despacho judicial que la profirió y cuándo”(6).
5.1. La sociedad afianzada, en el contrato garantizado (parágrafo único de la cláusula octava), expresamente se obligó a reconocer, “en el caso de retraso en el pago de las facturas”, “(...) un interés moratorio equivalente al máximo autorizado legalmente por cada día de mora”.
En la cláusula quinta de las condiciones generales del seguro, en efecto, respecto del alcance de la responsabilidad adquirida por la compañía aseguradora (C. Co., art. 1056), se estipuló que el “amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento”.
5.2. Distintos son los intereses moratorios a cargo de la compañía de seguros cuando, en virtud de la reclamación, deja de pagar el valor de la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredita, judicial o extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo (C. Co., art. 1080, modificado por la L. 510/99, art. 111). Sin embargo, como esos réditos no fueron demandados, la Sala, por respeto al principio de congruencia, no los puede reconocer de oficio.
6.1. En palabras de la Corte, la “(...) pérdida del poder adquisitivo del dinero no calificaba como un arquetípico daño, como quiera que, de un lado, se trataba de un fenómeno que obedecía más a las circunstancias económicas —específicamente monetarias— que se presentaban en una sociedad en un determinado tiempo, que a una consecuencia vinculada a la infracción del deber de prestación por parte del deudor; y de la otra, porque su reconocimiento incidía en la determinación real de la cuantía de los perjuicios a indemnizar, pero no en el aspecto cualitativo de los mismos, dado que no había allí, en puridad, ningún bien jurídico del patrimonio del acreedor que hubiere sufrido lesión por causa de la conducta dañina del deudor”(7).
Si la actualización del signo monetario tiene su fundamento, al decir de la Sala, en principios “(...) como el de la inequidad, el de la plenitud del pago o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales”(8), la indemnización del perjuicio no quedaría cabalmente cumplida cuando se hace en dinero histórico. De ahí que su reconocimiento no implica introducir de oficio una pretensión al demandante, sino que se encuentra ínsita o implícita en la súplica resarcitoria, en sí misma considerada, debido a que se le fulmina actualizada y evita con ello que el pago nominal enriquezca injustamente a una de las partes de la relación sustancial en perjuicio de la otra.
La indexación, por lo tanto, se impone inclusive de oficio, porque como tiene sentado la Corte, esa “(...) condena en términos reales, en principio no significa acceder inconsultamente a una pretensión ajena a los lindes de la demanda, sino que (...) representa juzgar un factor inherente a la pretensión”(9), de ahí que así el demandante no la hubiere pedido, el “juez está facultado para decretarla aún de oficio, pues lo contrario supondría la aceptación de una situación inequitativa en contra del acreedor”(10).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 14 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, contra la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, en todo caso, sin imponer costas en casación por haber prosperado el recurso, y en sede de instancia REVOCA en toda sus partes la sentencia apelada de 7 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar;
2. Frente al cumplimiento de los requisitos para el pago del siniestro de que se trata, se condena a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXX, a pagar a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la suma de $ 298’342.970, con corrección monetaria, cuya liquidación se hará conforme a los parámetros sentados, hasta la firmeza de esta sentencia, y de ahí en adelante, sin perjuicio de los intereses moratorios que se causen sobre el capital actualizado.
Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall de Rutén Ruíz
(1) Sentencia 109 de 11 de junio de 2001, Exp. 6343, reiterando G.J. XLVI-623 y XCI-830.
(3) Sentencia 95 de 14 de septiembre de 2004, Exp. 06756, reiterando doctrina anterior.
(5) Sentencia de 24 de abril de 2008, Exp. 0076, reiterando doctrina anterior.
(7) Sentencia 225 de 12 de diciembre de 2005, Exp. 1993-0248, reiterando doctrina anterior.
(8) Sentencia 33 de 14 de febrero de 2005, Exp. 7095, entre otras.
(9) Sentencia 209 de 12 de agosto de 2005, Exp. 09714.

References: artículo 1081
 artículo 1081
 artículo 1018
 resolución 
 artículo 305
 artículo 101