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Timestamp: 2020-08-09 21:05:22+00:00

Document:
Europa (TJUE) al rescate de los hipotecados españoles. Los gastos debe pagarlos la banca. – Ley57.com – Servicios jurídicos para empresas y particulares. Oficinas en Alhaurín el Grande y Marbella – San Pedro.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que los gastos, en su mayoría, ha de pagarlos el banco cuando se constituye una hipoteca.
Como se sabe, el TJUE es es único competente para interpretar la Directiva 93/13/CEE, de protección al consumidor, que recuerda que a tenor de su artículo 3, apartados 1 y 2:
Pues sentado lo anterior, el Tribunal da respuesta a las cuestiones que se le plantaron en los asuntos acumulados C‑224/19 y C‑259/19, cuyo objeto Eran sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma de Mallorca (C‑224/19) y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (C‑259/19). (Bancos afectados CaixaBank y BBVA).
Imposición de gastos al prestatario.
Por lo que se refiere a la cláusula relativa a los gastos hipotecarios, el Juzgado de Palma destacaba que la jurisprudencia española consideraBa, mayoritariamente, que ese tipo de cláusulas son abusivas y, por lo tanto, nulas. No obstante, ese órgano jurisdiccional señala que los tribunales nacionales han dictado resoluciones diferentes y contradictorias en cuanto a los efectos de esa nulidad que colocan a los consumidores y a las entidades financieras en una situación de inseguridad jurídica. En este sentido, ese mismo órgano jurisdiccional dio cuenta de diferentes prácticas jurisprudenciales que, a su juicio, «moderaban» los efectos restitutorios de la declaración de nulidad y se plantea la cuestión de si estas son compatibles con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 7, apartado 1, de esta.
Estudiando la cláusula que impone una comisión de apertura, el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma de Mallorca indica que las Audiencias Provinciales coincidían en declarar su carácter abusivo en atención al hecho de que tal comisión no se corresponde con ningún servicio o gasto real y efectivo. No obstante, el Tribunal Supremo había corregido recientemente esta línea jurisprudencial, al considerar que la comisión de apertura, en cuanto parte del objeto principal de un contrato de préstamo, debía quedar sustraída del control de su carácter abusivo en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. El órgano jurisdiccional albergaba dudas acerca de la fundamentación del Tribunal Supremo y se pregunta también si incide en la respuesta a esta cuestión el hecho de que el Reino de España no ha transpuesto dicho artículo 4 de la Directiva 93/13 al Derecho español para garantizar al consumidor un mayor nivel de protección, de conformidad con el artículo 8 de esta Directiva.
En una extensa sentencia (que puede leer íntegra pulsando aquí) el TJU concluye que:
1) la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos. (Como hace con el IAJD, impuesto que grava la hipoteca, atribuido por el TRibunal Supremo al prestatario)
2) El artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que las cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato» deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como tales, lo caracterizan.
En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen la esencia misma de la relación contractual no están incluidas en dicho concepto.
El hecho de que una comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación esencial de este. En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a controlar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual referida al objeto principal del contrato, con independencia de si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado.
5) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.
La plataforma SOS Vivienda, coordinada por LEy 57 Abogados, ha puesto a disposición de los afectados un teléfono gratuito, el 900 64 92 90, donde poder exponer su asunto y valorar la viabilidad del mismo.

References: artículo 3
 artículo 267
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 6
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