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Timestamp: 2018-04-22 12:35:04+00:00

Document:
CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL
Sesión 77ª, en miércoles 3 de enero de 2018
(De 16:19 a 19:3)
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.174-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 5ª, en 4 de abril de 2017 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 42ª, en 5 de septiembre de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de la legislación penal. Asimismo, modifica la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, y otras disposiciones que se relacionan con esta materia.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín).
Cabe tener presente que los artículos 11; 13; 17; 27; el número 19) del artículo 40; los números 1), 2), 3) y 4) del artículo 41; los números 1), 2), 3) y 4) del artículo 42; el número 2) del artículo 44 y el artículo 46, permanentes, así como el artículo sexto transitorio, tienen rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 20 votos favorables para su aprobación.
Asimismo, el artículo 6° tiene carácter de norma de quorum calificado, por lo que necesita 18 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe entre las páginas 180 y 232 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En atención a que el proyecto requiere quorum especial, ¿habría acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos de intervención?
El señor COLOMA.- Señor Presidente, primero que se informe a la Sala.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en ausencia del Presidente de la Comisión, informo acerca de esta iniciativa a la Sala, describiendo sus características, para mejor conocimiento y decisión.
Existe una inquietud muy generalizada respecto de la situación que afecta al SENAME. Por tanto, es de la mayor importancia que se pueda analizar debidamente.
El proyecto tiene por objeto crear un servicio público especializado que asumirá la tarea de trabajar por la reinserción social de los adolescentes infractores de la legislación penal. Asimismo, modifica la ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente y otras disposiciones relacionadas con esta materia.
Como se recordará, el año 2005 se aprobó la ley N° 20.084, que estableció un sistema punitivo especial para hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes que incurran en ilícitos penales.
Lamentablemente, muchas de sus disposiciones no han alcanzado los resultados que se esperaban con su implementación, especialmente porque dicho sistema no logra reinsertar socialmente a los menores infractores de ley ni se muestra eficaz en términos preventivos.
Los centros privativos de libertad de jóvenes no están preparados para tratar con personas en proceso de formación. Tampoco cuentan con los protocolos y los especialistas que se requieren para hacer frente a los problemas que generan los adolescentes infractores de ley.
En síntesis, en la actualidad las condiciones que ofrece la Administración del Estado para abordar el desafío que conlleva la implementación de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente son muy débiles.
Para enfrentar el referido problema se debe construir un modelo de intervención que cuente con recursos humanos y materiales que permitan alcanzar los objetivos preventivos y de justicia que persigue el modelo de responsabilidad penal. Por lo mismo, es indispensable disponer de entes públicos y privados que actúen coordinadamente y posean capacidad técnica para su implementación.
El actual Gobierno asumió el compromiso de reformular la administración y ejecución de la normativa aplicable a los delitos que cometen las personas menores de edad reformando las sanciones alternativas a la cárcel y las medidas alternativas al proceso penal.
Asimismo, nos propone un cambio en las bases legales vigentes para construir un modelo de intervención técnico y profesionalizado. De entre dichos cambios sobresalen los destinados a alcanzar la especialización de los actores institucionales que intervienen en los conflictos judiciales, así como la introducción de correcciones a la ya referida ley N° 20.084.
Entre las materias que aborda esta iniciativa destacan las que mencionaré en seguida.
En primer lugar, se crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil como un organismo público descentralizado que tendrá por objeto la administración y ejecución de las medidas y sanciones contempladas en la aludida ley N° 20.084.
A ese organismo le corresponderán la ejecución de políticas de carácter intersectorial y el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y a la integración social de los jóvenes sujetos de su atención.
Las máximas autoridades del Servicio serán seleccionadas y nombradas de conformidad con el Sistema de Alta Dirección Pública, materia regulada por el Título VI de la ley N° 19.882, al tenor de lo que propone la iniciativa que nos ocupa.
En segundo término, este proyecto busca reforzar los procesos de diseño de atención a los jóvenes infractores de ley, los cuales detallarán los estándares de calidad para su funcionamiento, y los objetivos e indicadores que se aplicarán. Estos estándares de calidad serán validados por una instancia colegiada: el Consejo de Estándares y Acreditación; ello, a fin de contar con un respaldo técnico externo para los procesos de intervención.
En tercer lugar, se precisa que a las direcciones regionales del Servicio corresponderá un rol fundamental en la operación de dichos programas y en la ejecución del proceso de monitoreo y asesoría técnica a los programas de atención a menores.
A nivel nacional, se crea la Comisión Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el ámbito regional, las Direcciones Regionales considerarán una Comisión Operativa Regional conformada con representantes de los servicios públicos involucrados. Además, se contempla la incorporación de profesionales que tendrán como misión articular las mesas de trabajo, coordinar equipos y activar redes de diferente tipo.
En cuarto término, se fija un mecanismo de cooperación público-privada. El nuevo Servicio mantendrá un modelo de externalización de programas.
El Consejo de Estándares y Acreditación evaluará las capacidades de las entidades privadas para el cumplimiento de los estándares de calidad previamente determinados. El proceso de licitación se genera de modo descentralizado, con la posibilidad de que cada región determine, de acuerdo a sus propias características, las coberturas y zonas de agrupación de los programas. El sistema de licitaciones será regido por el procedimiento regulado mediante la ley N° 19.886, que fija las bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
En quinto lugar, esta iniciativa contiene diversas enmiendas a la ley N° 20.084. Entre ellas destacan, por ejemplo, el establecimiento de límites mínimos y máximos para las sanciones que se puedan imponer a los menores de edad. Se limita a la aplicación de multa y de amonestación. Y se reglamenta el concurso de delitos.
Igualmente, se consideran normas para el tratamiento del concurso de delitos cometidos como adolescente y adulto.
Asimismo, se establecen nuevas disposiciones relativas a la determinación de la pena que corresponde aplicar a un adolescente. Se trata de tener en cuenta las particularidades relevantes de su comportamiento.
Este proyecto también incluye normas relativas a la reformulación del sistema de quebrantamiento e incumplimiento de las condenas. Se propone la sustitución de la pena de internamiento en régimen semicerrado, dado que la referida sanción ha provocado en la actualidad un gran número de críticas. Para solucionar dicho problema, se sugiere remplazar su contenido por un programa de libertad asistida de carácter intensivo (especial), que se acompaña de un régimen de internación nocturna.
Se modifican los plazos y las condiciones para la ejecución de la suspensión condicional del procedimiento y la sujeción a la vigilancia de la autoridad como medida cautelar.
Adicionalmente, se propone la supresión del régimen monitorio, que muchas veces se lleva adelante en ausencia del adolescente, por otro que asegure su comparecencia, optimizando, en términos prácticos, la posibilidad de que se ocupen las salidas alternativas y los derechos procesales en general.
Se avanza, asimismo, en la formalización legal de la procedencia del procedimiento abreviado. Hoy en día la aplicación de reglas generales sobre dicho procedimiento no goza de uniformidad a lo largo de nuestro país. De ahí que se haga necesario definir su procedencia y condicionarlo a un marco de penalidad que guarde una relación de proporcionalidad con el régimen general.
Igualmente, se modifican las reglas relativas al lugar de cumplimiento de la condena y de competencia para el conocimiento de todas las cuestiones asociadas al control de la ejecución.
En otro orden de materias, se establecen disposiciones para mejorar la regulación de determinadas instituciones. Ellas se vinculan, por ejemplo, con problemas de carácter práctico que presenta la tramitación conjunta de causas que tienen imputados adolescente y adulto a la vez y con la procedencia del régimen de penas accesorias previstas en la ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar.
Se prevé la separación de acusaciones como regla general en caso de imputados adolescentes y adultos; esto es, el concurso de procedimientos.
Por otra parte, se establecen preceptos especiales para el caso de condenas accesorias en caso de violencia familiar.
Asimismo, se considera la especialización de los operadores del sistema de justicia penal adolescente. Un objetivo central en este proyecto es la consagración de un sistema especializado de responsabilidad penal de adolescentes, que se expresa en la institucionalización de un sistema judicial que cuente con una formación técnica adecuada para comprender la realidad de la responsabilidad penal juvenil.
Con tal fin, se propone establecer un Tribunal de Garantía especializado en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Santiago, de San Miguel y de Concepción. Igualmente, crear salas especializadas, de dedicación exclusiva, en las jurisdicciones de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca y Temuco.
En paralelo, se configura una estructura correlativa en la destinación de fiscales del Ministerio Público y de defensores de la Defensoría Penal Pública, para dar cobertura integral a esa oferta de especialización.
Finalmente, el proyecto modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuar su texto a la nueva normativa. Esta medida supone cambiar la Ley Orgánica del SENAME; la ley N° 20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia, a través de la red de colaboradores del referido Servicio, y su régimen de subvención; el Código Orgánico de Tribunales; la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público; la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, y el decreto ley N° 3.346, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Durante el estudio de esta iniciativa la Comisión realizó numerosas audiencias, en las que se escuchó el parecer de diversos organismos públicos y privados, entre ellos el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio de Educación; la Excelentísima Corte Suprema; el Servicio Nacional de Menores; el Ministerio Público; la Defensoría Penal Pública; la UNICEF; la Fundación Paz Ciudadana; Gendarmería de Chile; la Policía de Investigaciones; Carabineros; la Titular del Juzgado de Garantía de San Bernardo, señora Magdalena Casanova; numerosas organizaciones que agrupan a los trabajadores del SENAME, y varias entidades privadas vinculadas con los menores de edad infractores de ley.
En virtud de todos esos antecedentes, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que integro, le recomienda a la Sala aprobar en general este proyecto de ley.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que el Estado de Chile tiene una deuda pendiente en cuanto a políticas de protección a la infancia.
La Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, ha dicho: "La infancia en Chile sigue siendo la población más vulnerada y empobrecida, y esta situación no está cambiando a medida que pasan los años".
Según el informe "Infancia Cuenta en Chile 2016", elaborado por el Observatorio Niñez y Adolescencia, que analizó los datos de la encuesta CASEN 2015 y otras estadísticas sectoriales, en nuestro país uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional -aquella que considera carencias en educación, vivienda, salud y otros derechos fundamentales-, y a nivel local, las regiones con mayor porcentaje de niños y adolescentes en condiciones de pobreza son las de La Araucanía, con 31,9 por ciento; de Atacama, con 27,5 por ciento; de O'Higgins, con 25,7 por ciento, y de Los Lagos, con 25,1 por ciento.
Este proyecto de ley, que por supuesto votaré a favor, tiene como objetivo crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de la legislación penal, y asimismo, modificar la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, y diversas disposiciones relacionadas con esta materia.
Esta proposición de ley, señor Presidente, va en la línea correcta, pues busca algo que resulta obvio y que parece adecuado: separar el SENAME en dos servicios.
En el caso de la iniciativa que nos ocupa esta tarde, se crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para los menores infractores de ley, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A ella se suma el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada para Niños y Niñas, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social.
Es decir, se trata de algo que el Presidente Piñera propuso durante su Administración. Para ello, el 2 de agosto de 2012 envió al Parlamento un proyecto de ley, el cual, por una razón que no se logra entender, nunca se tramitó en el actual Gobierno.
Lamentablemente, en la actualidad el Servicio Nacional de Menores, en vez de estar dirigido según criterios técnicos que apunten a mejorar las condiciones de hacinamiento de los niños y jóvenes vulnerados de nuestro país, evitar la reincidencia de los menores infractores de ley o disminuir la falta de personal técnico e idóneo para su cuidado y reinserción en la sociedad, ha sido administrado con criterios de cuoteo político, como lo reafirman testimonios de funcionarios de ese propio Servicio.
Por ejemplo, René Sáez, Monitor de Trato Directo de San Joaquín, señaló: "Ellos se conjugan para mantener el servicio como está. Aquí en Santiago la Asociación de Trabajadores de Sename (Antrase) está en manos del PC, mismo partido de la Directora Metropolitana, y a nivel nacional la Asociación de Funcionarios del Sename (ANFUSE) está en manos de la DC, el partido que ha comandado históricamente este servicio".
La propia Presidenta de la Asociación de Funcionarios del SENAME, Alicia del Basto, ayer, en un medio de comunicación, dijo públicamente que "el cuoteo político -del gobierno de la presidenta Bachelet- impide que profesionales idóneos ingresen a la institución".
A eso se suman las declaraciones del Diputado René Saffirio, quien señaló que se trata de una pelea política, ya que el SENAME está totalmente politizado. Al respecto, ha revelado graves antecedentes (entre ellos se destaca el de que las subvenciones del SENAME se desvían para contratar operadores políticos) y formulando una serie de acusaciones gravísimas.
A la luz de tal evidencia, señor Presidente, cabe puntualizar que, si había un ente donde era necesario que el Gobierno aplicara la retroexcavadora o, como ha expresado en esta sesión, la motosierra, era precisamente el SENAME, donde las dificultades son de fondo: la incompetencia y la incapacidad para resolver la problemática infanto-juvenil son de tales niveles que los resultados son dramáticos, y las negligencias, inexcusables.
Ante esa tragedia evidente y la realidad que vive el SENAME, recién hoy, a falta de poco más de dos meses para el término del actual Gobierno, estamos discutiendo esta materia.
Si a la Administración de la Presidenta Bachelet y de la Nueva Mayoría no le gustaba el proyecto del Presidente Piñera, que separaba el Servicio Nacional de Menores en dos líneas, ¿por qué no envió otra iniciativa rápidamente hace tres años?
Es una discusión que no voy a realizar aquí, porque levanta una suerte de ganancia política pequeña. Pero, por supuesto, hay que hacer una reflexión para saber por qué si en esta materia existe tanta preocupación no se tramitó el proyecto que el Presidente Piñera envió al Parlamento.
Solo voy a dar las cifras desoladoras de la situación del SENAME en mi Región, la de Atacama.
En enero de 2017 vivimos un hecho gravísimo, que no tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación nacional.
En Freirina se desbarató una red de explotación sexual infantil. Las niñas víctimas de esa red eran llevadas a fiestas clandestinas una vez que se fugaban de la residencia que prestaba el Servicio Nacional de Menores.
En la provincia de Huasco, la residencia Maravilla, ubicada en Freirina, completó sus 45 cupos. Por lo tanto, no puede recibir más jóvenes. Lo mismo ocurre con el Centro Alma, que acoge a 40 menores de la comuna de Vallenar. Y a ello se suma la inexistencia de programas para rehabilitar del consumo de drogas a niños, niñas y adolescentes de esa provincia de la Región de Atacama, debido a que ambos recintos no dan abasto para recibir a quienes requieren atención.
En Diego de Almagro hay un déficit de cupos en centros residenciales del SENAME, pues hace algunos días se cerraron dos en Copiapó: el Aragón y el Emanuel. Así, quedaron sin atención 70 jóvenes, quienes difícilmente podrán ser reubicados, debido a que el hogar Nazareth no cumple los requisitos exigidos, ya que solo recibe a menores de hasta 6 años.
Señor Presidente, lo más grave es que, según lo informado a los funcionarios en la última reunión de coordinación con la Red SENAME, no habrá centros en Chañaral, puesto que la residencia Ayún cerrará sus puertas durante el mes en curso, dejando a 44 jóvenes sin la debida intervención social.
Por consiguiente, de no variar la situación, Atacama quedaría sin residencia para lactantes; sin la posibilidad de contar con un centro de reparación especializada de administración directa; sin la habilitación de residencias para niñas embarazadas o jóvenes que fueron madres a corta edad, y además, sin recintos ni programas de atención ambulatoria para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de drogas y alcohol.
Es decir, la crisis del SENAME en Atacama -y no descarto que se trate de un problema nacional- podría llevar al cierre de hogares y programas que van en directo beneficio de los menores que se hallan en las situaciones descritas.
Señor Presidente, yo me pregunto -hoy día tuvimos una reunión sobre la materia con los Senadores de Renovación Nacional- qué va a pasar con esos niños y jóvenes, quienes en este minuto, debido al cierre de centros de atención, han vuelto a sus casas -algunos fueron abusados en ellas- o quedaron en la más absoluta indefensión.
Por eso, me habría gustado que alguno de los Ministros relacionados con este proyecto de ley hubiera estado presente en la discusión.
Pese a lo grave de la situación de los jóvenes infractores de ley y de los menores afectados en sus derechos, parece que ello no le importa a nadie.
Estamos tramitando un proyecto, y no sabemos qué va a pasar con un centenar de menores en mi Región. Pero qué ocurrirá en otras regiones donde se están cerrando centros y numerosos menores quedan en la más total indefensión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Le pregunto a la Sala si podemos abrir la votación. Porque esta iniciativa, sobre la que pesa un acuerdo unánime, es de quorum especial.
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente, pero manteniendo los tiempos.
El señor ESPINA.- ¿Podría darle la palabra antes al colega Quinteros, señor Presidente? Yo hablaría luego, porque estoy esperando un documento que me enviará la Secretaría de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No tengo problema, siempre que el Senador señor Quinteros lo acepte.
El señor ESPINA.- ¡Muchas gracias, Honorable colega!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para fundar el voto, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, uno de los temores más difundidos actualmente en nuestra sociedad es el relacionado con la delincuencia juvenil.
Todos los días la televisión recoge uno o más hechos. Se mezclan delitos graves y faltas menores. Pareciera una amenaza creciente e incontenible. Hay en las víctimas una sensación de impunidad y desprotección.
Sin duda, se trata de un problema real, aunque la percepción ciudadana no necesariamente va de la mano con las cifras. El porcentaje de menores involucrados en delitos ha ido disminuyendo y es inferior al diez por ciento, mas es efectivo un aumento en la reincidencia.
El clima en la opinión pública se traduce, naturalmente, en una sola conclusión: la demanda de penas más duras, con privación verdadera de la libertad. Pero, paralelamente -y con razón-, desde la academia y otros segmentos de la opinión pública se enfatiza en las condiciones sociales generadoras de la delincuencia y en la necesidad de proteger y rehabilitar a los menores, más que en la aspiración de justicia y reparación para las víctimas de ilícitos. Se pone de relieve especialmente la grave vulneración de derechos dentro de los recintos del SENAME.
Ambas visiones apuntan correctamente a una parte de la verdad, pero juzgo posible una aproximación más integrada y menos polarizada. Estimo factible y, aún más, un deber compatibilizar la exigencia de protección para los menores involucrados y para las víctimas de sus delitos. El sistema debe ser capaz de satisfacer los dos objetivos. Si uno de ellos falla, entonces todo el sistema será cuestionado.
Es un escándalo que niños no estén al cuidado de un adulto realmente responsable y que luego de delinquir sean abusados en recintos públicos o privados destinados a resguardarlos. También lo es que personas se sirvan de menores de edad para cometer ilícitos y se amparen en el manto de protección que la ley les proporciona a niños y adolescentes.
La verdad es así de compleja: por una parte, los jóvenes infractores de ley son también personas vulneradas en sus derechos que requieren una atención prioritaria del Estado, y, por la otra, las víctimas de delitos exigen justicia, proporcional a la edad de los autores, pero justicia al fin.
Lo principal es la reinserción y protección del menor, pero no se puede descuidar la justicia.
Debemos tener claro que si un adolescente llega a participar en un ilícito es porque previamente se ha vulnerado gravemente uno o más de sus derechos: el de vivir en una familia que lo cuide o el de ser protegido por la comunidad, el de recibir educación y atención de salud, el de no trabajar.
Pongo en especial relieve el derecho a la salud. Normalmente, los menores que llegan a delinquir presentan un daño relevante en su salud mental y la cobertura de atención especializada es muy baja. El nuevo servicio debe contar con las capacidades suficientes para hacerse cargo del déficit.
El Ministerio de Salud es tanto o más importante que el de Justicia en la tarea. Muchas veces observamos que las autoridades de salud reaccionan rápidamente ante cualquier brote de enfermedad, así sea de efectos menores en la población, pero no las veo haciéndose cargo de la verdadera crisis de salud mental que afecta a la población infantil y adolescente.
Lo propio debe hacer Educación, que ha de poner a disposición de estos menores una oferta educativa especializada que hoy día es escasa y muy débil.
Por eso es tan importante que el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil actúe en coordinación con otras agencias del Estado. De otra manera, su labor no será fructífera y en lo único que habremos avanzado será en la separación de niños vulnerados infractores y no infractores de ley.
Concurro con mi voto a favor de la iniciativa.
Estamos reformando uno de los actores del sistema, pero se requiere que todos ellos: jueces, fiscales, defensores, policías, el nuevo servicio y organismos colaboradores revisen su accionar en función del cumplimiento de los fines que demanda con urgencia la sociedad.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, he escuchado atentamente las intervenciones anteriores y, sobre todo, la exposición del Senador señor Larraín. Por lo tanto, quisiera referirme a aspectos adicionales para completar la información de la Sala.
Parto por consignar que el Comité de los Derechos del Niño expresó textualmente en 2002 que observaba "con preocupación que actualmente el SENAME aún tiene a cargo tanto a los niños que necesitan cuidado y protección como a los que tienen conflictos con la ley". En ese sentido, recomendó establecer "dos sistemas claramente separados".
Han pasado quince años desde que el organismo internacional advirtió que no era aconsejable, sino dañino y absolutamente contrario a toda la experiencia internacional que un organismo juntara a menores vulnerados en sus derechos y afectos a medidas de protección con menores infractores de ley. La razón es obvia: todos ellos tienen que ser intervenidos, por cierto, pero con programas y procedimientos absolutamente distintos unos de otros.
El Presidente Piñera presentó en 2012 un proyecto en la materia, y el Gobierno actual lo paró: nunca lo tramitó. Alguien podrá decir que era posible mejorarlo. Pero si cada vez que asuma una nueva Administración la costumbre será que una iniciativa que avanza se paralice por llevar la firma del exmandatario, quiero subrayar que vamos por muy mal camino. Porque si el Gobierno consideraba que ese planteamiento, que apuntaba a los niños vulnerados en sus derechos y a los infractores de ley, era imperfecto o se debía modificar, lo razonable era que formulara indicaciones sustitutivas, y hoy día contaríamos con una legislación vigente.
¡Han transcurrido otros cuatro años y no se ha avanzado nada!
Deseo agregar que ello reviste mayor gravedad, porque el propio mensaje del proyecto que nos ocupa, enviado durante el año pasado por el Gobierno con relación a los menores infractores de ley, que quiere que se reinserten -ello lo mencionó mi Honorable colega Larraín-, dice que, a diez años de la entrada en vigencia de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, el sistema "no logra reinsertar ni se muestra eficaz en términos preventivos. No solo por cuanto refleja los problemas que enfrenta el proceso penal para aclarar o resolver los diversos casos denunciados, sino que, además, por la total ausencia de contenidos realmente disuasivos en las sanciones dispuestas". O sea, se expone que dicho cuerpo legal no ha cumplido ninguno de sus objetivos.
Simplemente para entregar un antecedente de nuestra realidad, quisiera consignar que hay cerca de 40 mil adolescentes infractores de la ley penal, según datos del Ministerio Público.
Actualmente, nueve mil 806 niños y adolescentes se hallan afectos a alguna medida por haber infringido la ley y cometido un delito.
Y escuche, señor Presidente: cinco mil 92 sometidos a centros del SENAME -o sea, el 51 por ciento- ¡son mayores de edad! Son "niños" mayores de edad en un sistema de menores de edad. Se llega al extremo de que algunos tienen 37 años, o 32, o 28, y se hallan regidos por el mismo procedimiento de un niño de 14.
El modelo se encuentra absolutamente colapsado, sinceramente. Eso se llama "falla multisistémica".
Y si a ello se agrega la información que ha dado el Senador señor Prokurica en el sentido de que muchos centros que han entregado información han tenido que desistir, porque finalmente no pudieron financiarse con los recursos actuales, encontramos que la situación no puede ser más desastrosa.
Tengo aquí la información de que el 33,1 por ciento de los proyectos residenciales en licitación se pudieron adjudicar, y hubo más de mil 520 plazas desiertas. ¿Qué vamos a hacer con esos mil 500 niños? Se lo pregunto al Senado de la República. ¡Si existe una orden de un juez para que sean sometidos, en un centro de internación, a un procedimiento de reinserción social, y no hay cupos para ellos!
A lo anterior agreguemos ocho mil en lista de espera -ello se vio en la Sala-, de los cuales dos mil son abusados en sus derechos.
Entonces, el desafío hacia adelante es enorme. No se enfrentará con el diagnóstico de lo ocurrido hacia atrás.
La iniciativa en discusión, presentada por el Gobierno, se halla bien orientada. Por cierto, es preciso corregir algunos aspectos, que no puedo dejar de mencionar con un ánimo absolutamente constructivo.
El primero de ellos es que, de manera insólita, no se aborda el caso de los menores de 14 años. ¿Saben Sus Señorías que en Chile no pasa nada con los infractores de ley de esa edad?
Porque uno diría: "A estos niños los meterán a un programa de reinserción social, a una terapia multisistémica, pues algo haremos con ellos". ¡No hacemos nada! Simplemente, quedan en el aire. Y el proyecto los deja ahí.
En consecuencia, creo que es algo a lo cual tenemos que abocarnos, obviamente, para obtener un mejoramiento, y estoy seguro de que se llegará a un acuerdo.
Después, tampoco se pone el acento, a pesar de pedirlo especialmente la UNICEF, en el rol de la familia como un agente clave de la reinserción social.
¡Si gran parte de los países que han logrado enfrentar el problema de menores vulnerados en sus derechos lo han conseguido con un fuerte acompañamiento de quienes la integran y con la agilización de una ley de adopción! Porque los niños, o están en un centro de internación, o son pasados a una familia de acogida, o finalmente son adoptados.
Mas los menores infractores de ley se encuentran hoy día, por las razones expuestas, en una situación de franca precariedad que resulta difícil de justificar.
El texto tampoco se hace cargo de que no es posible -existe unanimidad al respecto en la doctrina, en los jueces, en los fiscales y en todos los que saben del tema, tanto del Gobierno actual como del anterior y de los que vengan- que haya mayores de 18 años sometidos al mismo procedimiento que los menores de 18. ¡Eso no tiene ninguna justificación! Es una situación que simplemente obedece a un vacío legal no corregido nunca.
Medidas administrativas también debieran efectuar los cambios pertinentes, que espero que se puedan realizar en el futuro.
En seguida, uno de los aspectos positivos del proyecto es que crea el Consejo Nacional de Estándares y Acreditación.
Por primera vez, cada programa tendrá que ser sometido a ese organismo. No cualquier entidad, sea privada o un centro del SENAME, está preparada para atender niños. ¡Tampoco todos los programas son buenos!
¡Y no es un problema solo de plata! Si la pregunta, cuando más de mil programas para menores cuestan una cantidad muy relevante de recursos, es quién acredita a las instituciones, como decía hoy día el Diputado señor Saffirio en la Comisión Mixta que trataba el proyecto sobre la Subsecretaría de la Niñez. ¿Quién asegura que una de ellas se encuentra debidamente preparada?
¿Quién califica como bueno el programa aplicable a un niño? Se están repitiendo los mismos de hace ene tiempo, y la propia Dirección de Presupuestos -esto es lo más curioso- ¡evalúa mal los informes que manda el SENAME!
El señor ESPINA.- Cuento con un documento -muchos señores Senadores firmaron conmigo el oficio donde lo pedimos- que lo confirma. ¡Y les seguimos dando plata!
Persiste la enorme ausencia de una consejería técnica que oriente al tribunal en cuanto a la pena idónea.
Cuando un menor comete un delito, la pregunta es qué sanción se le aplica. Pero, para ello, es fundamental que un organismo técnico pueda hacerle una recomendación al juez, sobre la base de las características del niño, del lugar del hecho y de veinte otros factores.
La libertad asistida especial, la libertad asistida y los trabajos en beneficio de la comunidad funcionan muy mal. Estimo que media una cuestión no solo de recursos, sino también de gestión y fiscalización, para que operen adecuadamente.
¿Me puede dar treinta segundos más, señor Presidente?
Todas estas materias son perfectibles. Acabo de decir que el proyecto se encuentra bien orientado. Pero mencioné algunos aspectos que se pueden mejorar y en los que es posible avanzar muchísimo. Para los señores Senadores que continuarán en esta Corporación será un gran desafío y un gran logro sacar adelante una iniciativa de esta envergadura que se halle corregida, con recursos y que realmente permita ir absorbiendo toda la demanda insatisfecha y la falta de atención adecuada.
Quiero exponer, finalmente, un dato no menor. ¿Saben Sus Señorías qué porcentaje de niños y adolescentes que cometen delitos incurren en robo con violencia? El 66 por ciento.
Es cierto lo expresado por un señor Senador en el sentido de que no son muchos los menores que cometen ilícitos, pero lo grave es que están cayendo cada vez más delitos de mucho mayor envergadura...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría cuenta con medio minuto más.
Entonces, no podemos mirar en menos la situación.
¿Cómo va a ser normal que seis mil 508 niños, representativos del 66,3 por ciento, sean investigados por robos y que cuatro mil 177 se vinculen a robos con violencia e intimidación en las personas?
Francamente, existe un problema de Estado supergrande y que no vamos a resolver simplemente dictando una ley. Media una cuestión de gestión, de involucramiento, de seguimiento por el Senado de las políticas públicas en aplicación, de ver cómo se corrigen.
Pero diría que uno de los grandes desafíos de la justicia y de los próximos gobiernos será avanzar en el terreno de los menores infractores de ley y de los vulnerados en sus derechos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mí me gustaría hacer una breve reflexión, más bien de carácter político, acerca de la iniciativa, de su entorno y de su tiempo.
Creo que nada más útil para tal efecto es considerar sus fundamentos. Después de un largo período de más de diez años de funcionamiento de un sistema que buscó, en lo medular, prevenir la delincuencia juvenil y reinsertar a menores que habían caído en este tipo de conductas, nos damos cuenta -cualquier ciudadano pudo percibirlo en forma bastante clara con anterioridad- de que se registra un profundo fracaso.
El proyecto plantea -y lo valoro- un cambio del sistema, porque, básicamente, ha fallado lo que tiene que ver con la prevención, la reinserción, la diferenciación del sistema penitenciario común y las penas que se aplican en definitiva.
Nos hallamos, por lo tanto, ante un desafío de proporciones.
Comparto con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que el planteamiento de la iniciativa, con un grado de urgencia, al final del período presidencial -y lo decimos ya no al fragor de una campaña electoral que tuvo, como todas, momentos de más o menos pasión, sino como una reflexión- no deja de ser una exigencia que lleva a pensar en cuál es el sentido de la medida con relación a los problemas más delicados del país.
A mi juicio, en los últimos dos años no ha pasado nada de mucha envergadura -el primer informe respecto del SENAME se entregó hace ya bastante tiempo- como para que no estuviéramos terminando un proyecto de ley cuyo objeto fuese repensar o reformular todo lo expuesto originalmente con relación al tema, particularmente en prevención, reinserción y cumplimiento de una pena por los menores. Lo cierto es que estamos iniciando un esfuerzo.
Estimo indispensable formular la crítica. Porque es algo que puede pasarle a cualquiera. En poco tiempo más habrá un cambio de Gobierno y quienes hoy día somos opositores pasaremos a ser partidarios del nuevo, lo que no es fácil. Muchos de los que están en las bancadas del frente me han dicho que ser opositor puede cambiar la visión que se mantenga.
Pero este es el tipo de cosas que van más allá de la contingencia política y respecto de las cuales uno se pregunta por qué no fueron prioridad.
Quizá la razón fue que había ánimos de abordar de manera copernicana otros problemas estructurales del país y no de preocuparse de asuntos angustiosos relacionados con la familia, con los miles de lugares donde la delincuencia juvenil se vincula a los menores pero también a la sociedad.
Dicho de otra manera, la falta de atención oportuna de este tipo de materias genera un costo muy alto: la aparición de decenas o cientos de miles de víctimas, sin que exista una respuesta correcta del Estado a esa problemática.
La reflexión más importante que debemos hacer es qué le pasa a una sociedad o a un gobierno que no logra dar con los tiempos para enfrentar las urgencias sociales del país y que prefiere optar por otros caminos o temas que, a mi juicio, escapan por completo a lo que debería ser prioritario.
Una segunda reflexión tiene que ver con las cosas que faltan.
En efecto, considero que se produce un avance en materia de cambios de penas, aunque ahí se podría innovar con más fuerza.
Me parece indispensable también abordar de alguna forma lo relacionado con los menores de 14 años.
Lo digo con un sentido constructivo, con un sentido de país.
Probablemente, cuando uno termina una campaña y ha estado recorriendo las regiones y teniendo un contacto mucho más directo con los ciudadanos puede constatar la desesperación que produce la impunidad con que actúan determinados menores y la falta de sanción o reinserción de otro grupo de ellos.
Entendemos que se trata del primer servicio que se crea en función de lo que era el SENAME, institución que con solo nombrarla genera un mal espíritu y un mal ambiente por ser, lamentablemente, un símbolo de fracaso.
Valoro que por lo menos se haya dado el paso, aunque lamento profundamente que fuera en el atardecer de un Gobierno y no en sus momentos iniciales, pues la Administración anterior dejó planteada precisamente la necesidad de enfrentar este problema.
El Senador Larraín, que informó el proyecto, explicó en parte los argumentos que los distintos invitados formularon en cuanto a qué significa esta nueva institucionalidad; expresó ciertas dudas sobre cuáles pueden ser los grados de burocracia o de superposición de funciones y apuntó a cómo se puede controlar de verdad este cambio muy importante que debe ocurrir en el escenario juvenil.
Con tales consideraciones, al igual que todos -entiendo-, aprobaremos la idea de legislar. Pero no cabe duda de que, a diferencia de otros proyectos, donde uno más bien espera la fijación de un plazo breve para presentar indicaciones a fin de cambiar o mejorar un punto determinado, la discusión en particular de esta iniciativa debe ser muy profunda, pues existen muchos temas que se deben resolver de manera diferente, tal cual se planteó en la Comisión de Constitución, el órgano técnico que estudió esta normativa.
El señor TUMA.- Señor Presidente, pocos de los temas que se debaten en el Senado tienen un carácter más desgarrador que el de la falta de protección por parte del propio Estado hacia personas de cuyo cuidado está responsabilizándose: niños con derechos vulnerados en su familia, niños que han cometido una infracción. Se trata de menores de 14 años a los cuales el Estado no les brinda una protección adecuada.
Hemos conocido hechos que han llamado la atención de la opinión pública vinculados a la situación de aquellos que están siendo custodiados por el SENAME y también por otras "instituciones" -entre comillas-, que son privadas.
Se ha dicho que existe una pobreza multidimensional en la mayor parte de los niños infractores. Eso es cierto. Yo represento a una Región donde más de 30 por ciento de los niños caen en esa categoría. Y, en verdad, es un problema del que no podemos responsabilizar solo a un sector político.
Los Senadores de las bancadas de Oposición señalaron que la responsabilidad recae en los gobiernos de Izquierda, o de Centro Izquierda. Y manifiestan que el Presidente Piñera presentó un proyecto en 2012. Bueno, tuvo un año y medio de gobierno para ponerle urgencia, discutirlo y aprobarlo.
Pero no quiero llevar este debate a un tema político menor. Quiero, primero, hacer un mea culpa de todos los gobiernos, pues no hemos puesto en relieve la prioridad que debe haber no solo en los intereses superiores del niño, sino también en los intereses superiores de la sociedad, que igualmente se siente desprotegida, que advierte que cuando hay delitos violentos existe impunidad.
Por lo tanto, ni la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ni los cuidados -o "descuidados"- del SENAME corrigen el problema o logran la reinserción de menores que incurren en actos de violencia o de infracción a la ley.
Sin duda, este proyecto llena vacíos importantes, le da más facultades al SENAME y hace la diferenciación en el tratamiento entre menores y mayores de 14 años infractores de ley, así como también respecto de aquellos vulnerados.
El diagnóstico que se ha hecho puede ser certero -no soy especialista en la materia-, pero a mi juicio hay una debilidad que estamos eludiendo: aunque existe una opinión compartida en lo relativo a las causales por las que la mayoría de los menores incurren en infracción, hay una debilidad precisamente en la desprotección en que el Estado ha dejado, más que al menor, al grupo familiar.
Entonces, cuando empiezo a revisar las más de 150 páginas del voluminoso boletín comparado que contiene esta iniciativa, que pretendemos aprobar, veo que va en la dirección correcta, a pesar de que la considero mezquina a la hora de dar respuesta al diagnóstico asertivo que tiene que ver con la falta de hogar, de familia, de afecto, de cariño.
No lo veo en el texto.
Uno de los artículos señala: "El SENAME dirigirá especialmente su acción:
"1) A los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, cuando esta situación tenga como causa principal:
"a. La falta de una familia u otra persona legalmente responsable que se haga cargo de su cuidado personal;
"b. Acciones u omisiones de los padres o de las personas que tengan su cuidado personal;
"c. La inhabilidad transitoria o permanente de estas personas para velar por los derechos de aquéllos sin ayuda del Estado", etcétera.
En definitiva, se reconoce en quienes están al cuidado de los niños una debilidad en cuanto a cómo garantizar una formación con principios, valores, afecto, cariño, que invite a aquellos a aprender cómo construir una sociedad que respete sus derechos y los de terceros.
El programa Familias de Acogida es bastante marginal dentro de este proyecto de ley.
Espero que durante el debate en particular se produzca una dimensión masiva en lo relativo a atender los problemas surgidos por la falta de cuidado hacia los menores; que se tienda al fortalecimiento de la familia o a confiar el cuidado de menores a familias que les entreguen cariño, que puedan darles hogar.
Hay muchísimos casos de familias sin hijos -matrimonios o grupos cercanos a la Iglesia o a las confesiones religiosas- que desean tener uno y que perfectamente podrían hacerse cargo de la mayoría de los niños menores de 14 años que se hallan en condiciones de infracción o vulneración por falta de afecto, de cariño.
El proyecto se refiere principalmente a cómo regulamos el Estado (¡muy bien!), a cómo le damos facultades al SENAME (¡muy bien!). Pero, ¿en qué momento, de manera sustantiva, respaldamos la existencia de un programa vigoroso, musculoso, masivo, que apunte a que las familias se hagan cargo de estos niños?
Muchas familias lo podrían hacer. Y de la misma manera en que se evalúa a las instituciones, que no les dan un hogar ni cariño, evaluemos a esas familias. Capacitémoslas para los efectos de que efectúen una buena labor en materia de prevención o de reinserción o de darles afectos a los niños. La idea es que estos se sientan partícipes de un grupo humano que los integra.
La mayoría de los jóvenes que delinquen están en las esquinas y no en sus casas. Se crían en la calle. ¿Por qué? Por la falta de cuidado, porque la mamá trabaja o es jefa de hogar que tiene uno, dos, tres hijos, y no puede dejarlos con nadie.
Por tanto, no es suficiente que tengamos salas cuna, jardines infantiles. Para muchos de estos niños necesitamos un programa robusto, más generoso en materia de atención de estos afectos.
Señor Presidente, a mi juicio, el proyecto va en la dirección correcta, pero deberían fortalecerse los aspectos que he señalado.
Voto favorablemente, porque se trata de una iniciativa muy muy esperada no solamente por los niños y jóvenes, sino también por toda la ciudadanía.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, han pasado 27 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la verdad es que nuestras políticas públicas en materia infanto-juvenil siguen siendo fraccionadas, precarias, focalizadas y, en general, carecen de una institucionalidad articuladora. Lo más grave es que todavía se siguen manejando modelos y diseños propios de los años sesenta, con esa suerte de justicia tutelar, asistencialista.
Necesitamos no solo abordar la realidad de los niños en situación irregular, sean víctimas o victimarios, sino también dar protección efectiva al conjunto de los niños y niñas de nuestro país.
Obviamente, el proyecto que nos ocupa apunta en esa dirección, por lo que constituye un avance notable. Sin embargo, también hay que reconocer que el actual sistema penal adolescente no logra reinsertar a los menores, no se muestra eficaz en términos preventivos ni ofrece criterios de especialización o, al menos, una diferenciación sustantiva respecto del sistema penitenciario adulto.
Por consiguiente, estamos hablando de un cambio sustantivo que establezca criterios de especialización y de descentralización, debido a la propia realidad de las regiones, mencionada aquí por algunos Senadores; así como un modelo sistemático de intervención y la multisectoralidad que significa abordar un problema complejo desde múltiples perspectivas.
El sistema penal juvenil chileno, al no ajustarse a esos principios, no evolucionó hacia la especialización estructural. Los jueces, los fiscales a lo más toman algunos cursos de capacitación, pero no existe una especialización estructural semejante a la que reciben las defensorías profesionales con dedicación exclusiva a esta labor compleja y difícil.
Las causas de adolescentes se tratan bajo la misma lógica que las de los adultos, razón por la cual existen problemas alarmantes, como la gran cantidad de jóvenes en internación, incluso provisoria, que posteriormente no son condenados a pena privativa de libertad y que, sin embargo, pierden años completos.
Salvo en la Región Metropolitana -esto tiene que ver con el centralismo-, solo existe un centro por región. De manera que los jóvenes que no viven en la ciudad donde aquel se ubica deben viajar constantemente para poder cumplir su pena, permaneciendo, muchas veces, durante el día, en una ciudad que les es ajena, sin apoyo familiar, sin un adulto responsable a cargo, sin saber qué hacer ni adónde dirigirse. Eso explica también el alto número de reincidencia que registra nuestro sistema.
El proyecto de ley crea un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, como un servicio público descentralizado que deberá implementar políticas de carácter intersectorial, así como desarrollar programas que contribuyan a modificar la conducta delictiva y promover la integración social de los jóvenes.
Sin embargo, sería interesante abrirse a fórmulas más flexibles, también de colaboración, no solo del Estado, sino de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, la labor de las iglesias, sobre todo evangélicas, en las cárceles es digna de ser estudiada como una fórmula para enfrentar los sistemas, especialmente en materia de reinserción social de los niños infractores, tomando en cuenta que, muchas veces, ellos son víctimas de sus propios familiares, que son infractores, lo cual da cuenta de una situación muy compleja.
Por otra parte, en este diseño, las direcciones regionales tendrán un rol protagónico en la operación de dichos programas, lo cual se agradece. Se espera que ejecuten un proceso de monitoreo y de asesoría técnica con normas, criterios y estándares claramente exigentes.
Este nuevo sistema debe incorporar también diferentes instancias de planificación y coordinación con todos los actores involucrados en el ámbito de la justicia juvenil. Entiendo que en esa instancia va a trabajar la Comisión Nacional de Reinserción Social Juvenil con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual es valioso.
Asimismo, resulta necesario expresar la intersectorialidad en el territorio, incorporando una Comisión Operativa Regional que contemple la contratación de profesionales especialmente dedicados a la gestión de red, lo que el proyecto, por cierto, ya considera.
Además, se requiere un sistema integrado, transparente, que mantenga un modelo de canalización de programas donde estos sí tengan acreditación, se liciten, reciban recursos, se monitoreen y se fiscalicen en forma permanente. Ahí es donde la creatividad y la participación de la sociedad civil pueden efectuar un aporte extraordinario.
Es difícil que el Estado como tal pueda resolver procesos que pretendan la recuperación de niños vulnerados o que, de vulnerados, pasaron a ser vulneradores de los derechos de otros niños, o incluso de adultos, en los casos de delitos que aquí se han reseñado.
Por último, el proyecto aborda también la especialización de los operadores del sistema de justicia. Se procura alcanzar el mayor grado de especialización posible; se propone el establecimiento de un tribunal de garantía de carácter especializado, en tres jurisdicciones, lo que es un avance, y la generación de salas de dedicación exclusiva, en siete jurisdicciones en total, lo que deberá acompañarse con reglas y normas que favorezcan la dedicación preferente en los demás casos, centrados en aquellos recursos que concede el manejo de la agenda de los tribunales y la gestión de las causas.
Esperamos que con este proceso de modernización y de especialización mejore la calidad de las intervenciones, de las sanciones y de las medidas, las que sean adecuadamente seguidas y fiscalizadas, focalizando esta política en los grupos prioritarios, a fin de poder identificar las variables que inciden, no solo en el delito, sino también en la victimización y, a su vez, en la suerte de impunidad que aquí se ha señalado. Son situaciones que todavía no encuentran una respuesta apropiada.
En cuanto a la preocupación planteada por el Senador Espina sobre qué pasa con los infractores menores de 14 años, cabe decir que aquí literalmente hay un vacío completo y una suerte de impunidad, lo que deja expuestos a los niños a los propios delincuentes profesionales, que los utilizan aprovechándose de esa licencia.
También debemos enfrentar los casos en que los familiares son infractores de ley y, muchas veces, abusadores de los derechos más esenciales de sus propios hijos o parientes a cargo.
Me parece que en esos aspectos podríamos trabajar un poquito más el proyecto y mejorarlo.
Finalmente, reitero que a 27 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño esta iniciativa, aunque sea algo tardía, representa una respuesta ya más sustantiva, más global, más integradora, por lo que, naturalmente -es lo que suponemos todos-, tendrá el apoyo unánime de la Sala.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, también me sumo al respaldo del proyecto, que votaré a favor.
Comparto algo que sostuvo el Senador Alberto Espina: no podemos estar dependiendo del gobierno de turno para hacernos cargo del tema de los niños.
Es realmente una vergüenza, no sé si por un problema de egos o de visiones, que en cada gobierno partamos de cero porque el respectivo Presidente quiere poner su firma o su huella en la iniciativa pertinente.
Acá estamos hablando de una materia que es tremendamente importante.
Me alegro de que se cree un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y, fundamentalmente, de que sea descentralizado. Porque, probablemente los programas de reinserción en Coihaique no tienen nada que ver con los que se necesitan en La Serena.
Por ejemplo, en el CERECO de Coihaique las personas que están a cargo de la educación de los niños no son profesores, no están preparados para enseñar, pero obviamente cuentan con el respaldo del SENAME, de sus dirigentes gremiales. Y, naturalmente, eso no es bueno para los adolescentes que han infringido la ley penal.
Creo que es muy importante tener gente competente en esta materia. Las personas a cargo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil deberán serlo.
¿Qué significa eso? Que las máximas autoridades de dicha institución sean nombradas mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Se requieren profesionales que sepan del tema y no personas que vivan de esta actividad, sin perjuicio de lo legítimo que es trabajar en cualquier área.
Además, resulta fundamental tener no solamente buenas ideas, sino también información, a fin de que las medidas y las sanciones propuestas sean adecuadas para rehabilitar y reinsertar a los adolescentes infractores de ley.
En ese sentido, ¡por Dios que es importante disponer de un sistema unificado de información! Hoy día no contamos con uno.
¿Qué pasa con los adolescentes que están en centros del SENAME por haber infringido la ley penal?
¡Cómo no va a ser relevante saber, por ejemplo, que el 66 por ciento de los menores infractores de ley están privados de libertad o cumpliendo sanciones en régimen semicerrado por delitos violentos!
El Senador Espina lo dijo: 66 por ciento de ellos cometió robo con violencia o intimidación en las personas.
¿Qué pasa? ¿Por qué ahora los delitos son más violentos?
La gente hoy día no reclama tanto por un hurto, por algún delito que afecte la propiedad, sino por el nivel de violencia en los ilícitos. Es el caso de los portonazos, entre otros.
Mi convicción es que la droga se ha metido muy fuerte. ¡Por eso los delitos son más violentos!
Se requiere no una sanción accesoria, como dice el proyecto, sino medidas rehabilitadoras. Hoy día no existe cobertura de programas para rehabilitar a la gran mayoría de los jóvenes con adicción a las drogas. Por tanto, ¡siguen delinquiendo! De alguna manera pierden los límites, la inhibición. Y para financiar el consumo de pasta base, entre otras drogas, obviamente siempre está la tentación de robar con violencia o con fuerza en las cosas.
Por otro lado, es importante la creación del Consejo de Estándares y Acreditación.
No decimos que los privados no puedan administrar el sistema. Pero, si lo hacen, que cumplan requisitos muy exigentes. Hoy día no tenemos mecanismos de acreditación adecuados. A mi juicio, el referido Consejo permitirá velar por la calidad de la prestación. No se trata solamente de más recursos, sino también de mejores prestaciones.
Señor Presidente, escuché a los Senadores de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins hablar de un tema distinto: de los niños en riesgo social en los OCA (Organismos Colaboradores Acreditados). Se cerró un hogar en la Sexta Región y los colegas de la zona señalaban que esos menores no tienen dónde estar.
Nosotros vivimos una situación similar en Aisén.
Unas monjitas italianas estaban a cargo de un hogar -perdón por decirlo de una manera tan coloquial-, con ovejitas, con pasto, con el paisaje de la Patagonia, y estimulaban a los niños. La madre Mariucha estaba al frente. Y el SENAME le dijo: "Usted no cumple los nuevos estándares que fijamos para la institución. ¡Cierre!".
El señor PROKURICA.- ¡Exacto!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Y dónde están los menores ahora?
El señor WALKER (don Patricio).- Ese hogar fue reemplazado por la Fundación Mi Casa; fue reemplazado por Renuevo; fue reemplazado por una cabaña turística. ¡Una cabaña turística!
¿Y adónde se fueron esos niños en riesgo social (en este caso no estamos hablando de infractores de ley penal)? A la Décima Región, a la Novena, a la Octava, a la Metropolitana, adonde encontraran hogares de menores disponibles.
¿Y el vínculo con la familia? ¡Murió! ¡Ya no existe!
¿Y quién se hace cargo, quién responde por eso? ¡Nadie!
Afortunadamente, en la Ley de Presupuestos conseguimos 900 millones de pesos para hacer un CREAD en Coihaique, porque los privados ya no se interesan.
Lo mismo pienso respecto de las instituciones que se hacen cargo de situaciones más difíciles, como las que atienden a los adolescentes infractores de ley penal.
Con relación a los adultos internos en centros del SENAME, me impresionó la cifra que dio el Senador Espina: 5.092. La anoté porque me llamó la atención.
¡No puede ser que en esos lugares haya personas de hasta 37 años!
¡Qué pasa con la contaminación criminógena!
Realmente, estamos en la prehistoria en materia de infancia en este ámbito.
Lo digo con toda crudeza, pero sin generalizar. Algunos, por obtener más votos, generalizan y desprestigian a todo el mundo. Ante ello, ¿qué hacen las instituciones que funcionan bien, como María Ayuda, el Hogar de Cristo (podríamos dar mucho ejemplos)? Muchas cierran porque pierden la motivación. ¡Para qué conseguir donaciones y ayudar si al final un Diputado por ahí se pone creativo meses antes de las elecciones y desprestigia a todos por igual para sacar más votos!
¿Hay que hacer de nuevo el SENAME? ¡Por supuesto! Para eso es el proyecto que lo reemplaza.
Ya aprobamos la iniciativa que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Además, estamos tramitando el proyecto relativo al sistema de garantías de los derechos de la niñez, texto que hay que mejorar. En la agenda también está la propuesta legislativa en análisis y la que crea la Subsecretaría de la Niñez.
Pero, ¡por favor!, si no incentivamos a profesionales competentes con buenos sueldos, vamos a seguir teniendo en los hogares personas que ganan -lo digo con todo respeto- mucho menos que una trabajadora de casa particular. ¡Mucho menos! Y son quienes en múltiples casos incurren en violencia contra los niños, lo cual ocurre con mayor razón en los centros que reciben a jóvenes infractores de ley penal.
No me quiero referir al detalle de la iniciativa en análisis.
Se establecen mínimos y máximos para las sanciones. Me parece bien.
Respecto a la sanción de multa, se limita su aplicación, por ser regresiva y discriminatoria.
Se propone una nueva regulación para los concursos de delitos. ¡No se pueden sumar las penas! Tiene que aplicarse la del delito más grave. Si no, se llega a penas francamente desproporcionadas.
Con relación a las reglas del concurso para delitos cometidos como adolescente y como adulto, me parece que la iniciativa resuelve bien la situación, particularmente en lo relativo a la aplicación de la pena en régimen para adultos.
Respecto a la aplicación de penas de conformidad con un informe técnico, considero fundamental que exista un sistema unificado de información que permita al juez determinar una pena que no solamente sancione, sino que también ayude a rehabilitar y a reinsertar. Porque los casos de las personas que cometen infracción a la ley penal no son iguales.
El 50 por ciento de los presos en Chile provienen del SENAME. ¡Eso es una vergüenza, un escándalo!
Claro, el otro 50 por ciento -el vaso medio lleno- después no va a la cárcel. Probablemente, son los menores que están en María Ayuda, en el Hogar de Cristo, en fin, en instituciones que trabajan a nivel no residencial, sino de día con los niños.
¿Cuántos menores están hoy sin programas ambulatorios por falta de recursos?
¡Muchos programas de explotación sexual comercial infantil han cerrado!
Varias veces hablé con la ONG Raíces y con la actriz Claudia Pérez, quien trabaja para rehabilitar a las niñitas que han sido explotadas sexualmente.
Bueno, muchas de esas instituciones tienen que cerrar por falta de fondos. ¡Y eso no puede ser! ¡Es una vergüenza!
Señor Presidente, le pido un minuto más, como se lo ha dado a otros colegas, para concluir.
Creo que es importante ser menos vagos y establecer criterios para la individualización de la pena. Hoy día el marco es muy genérico. Se presta para mucha discrecionalidad, lo cual a veces se convierte en arbitrariedad. Por tanto, fijar criterios para una correcta individualización de la sanción es algo positivo.
En cuanto a la regulación de la mediación, se incorpora un párrafo para considerarla como un modo alternativo de resolución de conflictos.
Señor Presidente, no alcanzo a hablar de otros temas, pero sí quiero decir que hay que aprobar la iniciativa que reforma el sistema de adopción con el fin de apurar los trámites para adoptar -ojalá los niños en riesgo social no fueran a hogares de menores-, y en el proyecto que nos ocupa se requiere tener programas de reinserción efectiva, porque hoy día no se cumplen los objetivos de la ley establecidos hace diez años.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, generar una política nacional de la infancia es una urgencia para el país. Y cuando uno habla de una política nacional de la infancia está hablando, por una parte, de institucionalidad, por otra, de recursos, y por otra, de foco.
En ese contexto, nosotros hemos insistido en la necesidad clara y evidente de avanzar, por ejemplo, en distinguir en el SENAME entre los menores infractores de ley y aquellos que han sido vulnerados en sus derechos. Pero esto también se relaciona con programas efectivos de rehabilitación.
Hace unas semanas el Senador Espina mencionaba, en este mismo Hemiciclo, las condiciones en que se encuentran hoy día los hogares cerrados y semicerrados desde el punto de vista de los programas de rehabilitación. Es penoso ver que no existen alternativas para un joven que quiera reinsertarse; más aún, las tasas de reincidencia de menores infractores de ley bordean el 80 por ciento, lo cual habla de un Estado fallido desde la perspectiva de la protección de la infancia.
Sin embargo, aquello de lo que fundamentalmente se habla (la distinción en la institucionalidad del SENAME) también debiera ocuparnos en otras materias que son importantes y que, de alguna manera, ha reseñado el Senador Patricio Walker, con quien integro la bancada por la infancia.
Ello dice relación, por ejemplo, con disminuir los plazos de declaratoria de susceptibilidad para una adopción. Esperar dos años para un proceso de este tipo claramente significa abandonar a los menores, sobre todo considerando los promedios de edad de aquellos que son adoptados por padres chilenos. Efectivamente, un menor declarado susceptible pero de una edad relativamente avanzada no tiene otra alternativa que ser adoptado, al final, por padres extranjeros, lo cual provoca un problema adicional.
La modificación de la Ley de Adopción es absolutamente indispensable.
Hemos hablado de una nueva institucionalidad para el SENAME, de una Subsecretaría de la Niñez, de un Defensor de los Derechos de la Niñez, de la urgencia de modificar la Ley de Adopción, pero también es necesario entender que se debe realizar un esfuerzo sustantivo en relación con los recursos que hoy día se destinan, particularmente a aquellos menores vulnerados en sus derechos que se encuentran en hogares del SENAME.
Esta es una lucha que se dio.
Quiero felicitar el trabajo que se realizó en la Comisión Especial de la Infancia, encabezada por el Senador Patricio Walker, y la labor que efectuamos, conjuntamente, en la bancada por la infancia, que también integra el Senador Letelier, para que estos temas estuvieran en la agenda pública. Destaco, además, la especial preocupación que ha tenido por estos asuntos, entre otros, el Senador Baldo Prokurica, lo que demuestra cuán necesario y urgente es entender que los niños están primero, no simplemente como una frase vacía o una frase de campaña, como podría parecer. Cuando uno habla de que los niños están primero en la fila, se refiere a la conveniencia de priorizar las necesidades de nuestro país con recursos que son escasos.
¿Dónde deben estar las prioridades? Por supuesto, en los menores.
La posibilidad de revisar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil también involucra una necesidad urgente en un país como el nuestro, en el cual pocas veces hay revisión o seguimiento de las políticas públicas. Por lo tanto, hay que hacer una revisión o un seguimiento desde la perspectiva de la eficacia y la rehabilitación, no con un afán meramente punitivo, sino, más bien, con un propósito rehabilitador, para determinar el efecto de dichas políticas en los menores. Por eso, repito, hay que revisar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Esto es un avance en esa dirección.
Un concepto que a mí me tiene preocupado dice relación con el sesgo que existe respecto de los hogares de menores. Efectivamente, hay algunos en los cuales las condiciones en que se encuentran los menores no se condicen con la dignidad que ellos requieren. Obviamente, se debe hacer un esfuerzo sustantivo por cambiar eso.
Se consiguió un aumento de recursos en la Ley de Presupuestos que marca una dirección, pero que no satisface claramente toda la demanda. Y, en ese contexto, vuelvo a insistir: lo que no podemos hacer es que aquellas instituciones que hoy día están haciendo un esfuerzo sustantivo en esta materia, supliendo o subsidiando al Estado, finalmente se encuentren con las manos atadas en la nueva legislación. Estoy hablando de organizaciones como el Refugio de Cristo, María Ayuda, el Patronato de los Sagrados Corazones, por mencionar solo algunas. Otra es el Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, que atiende a los niños más vulnerables de los vulnerables: cincuenta y dos niños con multidéficit. Lo mismo el Pequeño Cottolengo.
Entonces, uno se pregunta dónde está el Estado. ¿Puede este hacerse cargo solo, por sí y ante sí, de la situación de los menores más vulnerables? Hoy día, con los recursos de que se dispone, claramente no. Por tanto, debe existir capacidad para que instituciones como las mencionadas, que han hecho un esfuerzo sustantivo en esta materia, cuenten con apoyo estatal.
Este es un proyecto que estamos discutiendo en general y que, por supuesto, vamos a aprobar. Instituir un consejo de acreditación, establecer y exigir planes de rehabilitación e introducir modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil va en la dirección correcta.Esta iniciativa va a recibir, sin lugar a dudas, un cúmulo de indicaciones, pero, ciertamente, representa el comienzo de una discusión que nuestro país no ha hecho. ¿Por qué? Porque invisibilizamos algunas temáticas: se invisibiliza a los menores vulnerados en sus derechos, lo mismo que a aquellos que sufren maltrato. El índice de maltrato reportado por organismos internacionales (cercano al 70 por ciento de los menores en Chile) habla de una realidad crítica. Los problemas de una institucionalidad débil hablan de una situación que requiere una oportuna y necesaria política pública.
Otros hechos invisibilizados son, por ejemplo, las 13 mil 500 familias que viven en campamentos en mi región, o las 40 mil en la misma condición que existen en todo Chile, así como la ausencia de una política nacional del adulto mayor.
Abocarnos al tema de la infancia y entender que los niños están primero implica tener claro que aquí se requiere una visión pluridimensional; una visión que sea capaz de abordar el problema no solo con recursos e institucionalidad, sino también con voluntad política. Hay que asumir que los niños están primero no solamente cuando se hace campaña o para expresar una frase que genere eco, sino para entender que aquella es una necesidad ineludible de la cual Chile debe hacerse cargo.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, celebro que estemos aprobando esta iniciativa y, de paso, saludo al señor Ministro de Justicia, que nos acompaña.
Este proyecto responde a una necesidad: la necesidad de separar la situación de niños vulnerados en sus derechos de la realidad de una política pública relativa a jóvenes que requieren reinserción social por ser infractores de la ley.
Estamos creando una institucionalidad -permítanme decirlo: vi que estuvo el señor Ministro de Hacienda un rato con nosotros, pero lamento que no esté ahora-, y espero que la cantidad de recursos que queremos invertir en esto tenga alguna relación con los recursos que debemos destinar a los niños de Chile.
El problema -lo ha mencionado el Senador Montes en varias ocasiones en la Sala y es una convicción de los Senadores de la bancada del Partido Socialista- es que Chile debe tener una política para sus niños, niñas y jóvenes.
No nos estamos haciendo cargo de que la realidad de estos niños, niñas y adolescentes ha cambiado en la sociedad.
El proyecto aborda solo una dimensión de los jóvenes infractores. Pero lo que tenemos que ver es cómo evitamos que los niños lleguen a esa realidad. Hay situaciones en las que el problema no solo es que los jóvenes tengan responsabilidad penal. Existen casos de niños de 13 años que encabezan bandas, algunos de 12 están metidos en el delito, y requieren un tipo de política pública que vaya más allá de lo propuesto en esta iniciativa.
Este es un Servicio Nacional que se hace cargo de las medidas y sanciones que establecen esencialmente los tribunales. A mi juicio, no se avanza lo suficiente en un diseño más detallado que separe a los niños y niñas o jóvenes que cometen delitos e infracciones por primera vez de aquellos que son reincidentes. No se abordan los temas de segregación entre un tipo de joven y otro, aspectos que, en nuestra opinión, deben ser estudiados.
Entendemos la importancia de tener una institucionalidad que se especialice y focalice en estas materias. ¿Es correcto pensar que terceros pueden administrar esto? Sinceramente, nos preocupa.
Consideramos que, en ese sentido, requerimos un debate más detenido en el diseño planteado.
Quiero proponer que cuando pasemos a la discusión en particular comparemos el presupuesto que se quiere asignar a esta institucionalidad, la cantidad de niños y jóvenes involucrados, y lo que se establece en el proyecto de ley de garantías de los derechos de la niñez, considerando que esos niños y niñas han de tener abogados que los defiendan cuando sean vulnerados en sus derechos si se quiere prevenir que caigan en comportamientos que lleven a que el Estado los aborde.
Señor Presidente, por cierto votaremos a favor del proyecto.
Nos preocupa más qué pasará con el SENAME futuro; es decir, con el servicio que estará abocado no a la situación de quienes caen en el delito, sino a la protección de los niños vulnerados.
El Senador Patricio Walker se refirió a lo que pasa en la Región de O'Higgins.
Nuevamente se cierra una congregación italiana, con un rol social tremendamente importante, pero público, que le corresponde al Estado de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Se termina una institución que durante mucho tiempo fue encabezada por un sacerdote destacado, el padre Alceste Piergiovanni, a quien se le dio la nacionalidad chilena por especial gracia por la obra que realizó en la Región por una institucionalidad que ahora se cierra para aquellos que son sujetos de vulneración.
Este texto es para el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Espero que incorporemos conceptos de segregación de los niños infractores; que abordemos qué pasa con los infractores de ley menores de 14 años, y que discutamos cómo hacer prevención.
Votaremos a favor. Sin embargo, quiero plantear mi inquietud en cuanto a que los recursos deberían estar centrados en la prevención para que los niños y niñas no caigan en esta situación, en el apoyo a familias que muchas veces no tienen los instrumentos para acogerlos.
Muchos de los casos de estos menores, de acuerdo a todos los estudios de la UNICEF, se relacionan con la pobreza, con una sociedad que no los acoge. Y considero que ese tipo de políticas públicas son las que más nos deben ocupar.
Votaremos a favor de la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Pero esperamos que en la discusión particular exista la voluntad de acoger conceptos que vayan más allá de una estructura tan rígida como la que, a mi juicio, se nos presenta ahora.
Necesitamos un proyecto con mayor flexibilidad para abordar la diversidad de situaciones que existen con los jóvenes. Debemos evitar, en particular con los niños más jóvenes que delinquen, que se contaminen con otros jóvenes que han caído en una práctica que, lamentablemente, requiere otro tipo de abordaje, muy distinto del que precisan quienes son infractores por primera vez.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, la verdad es que tanto el Senador Letelier como el Senador Patricio Walker han planteado un tema relevante para nuestra Región.
Y quiero referirme a una carta que nos envió el sacerdote que está a cargo de la congregación Orden de la Madre de Dios, a la cual no solamente perteneció el padre Alceste Piergiovanni, a quien le otorgamos la nacionalidad por especial gracia, sino también el padre Baldo Santi, quien creó la Clínica Familia. Es una congregación que siempre se ha dedicado a ayudar a las personas más desvalidas. La carta está fechada en el mes de mayo de 2017. En ella nos cuenta cómo lo pasaron en los últimos dos años.
En su texto se dice que la Fundación Alceste Piergiovanni es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro y acreditada como un organismo colaborador del SENAME.
En ese contexto, en la actualidad tiene bajo su responsabilidad, en la comuna de Quinta de Tilcoco (Región de O'Higgins), el funcionamiento de tres proyectos residenciales de niños y niñas. El primero de ellos es la Residencia Familiar Femenina Mater Dei, que atiende a 19 niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años; la residencia Villa Padre Alceste Piergiovanni, que atiende a 66 niños y niñas de entre 6 y 12 años; y la residencia de protección para lactantes y preescolares Olvido Riestra de Matetic, que atiende a 41 niños y niñas de entre 2 y 6 años.
Esa era la situación a mayo del 2017. Y en la carta -imagino que el Senador Letelier también la recibió- la fundación decía que les preocupaba sobremanera la situación por la que estaban atravesando sus residencias, que por su naturaleza transgredía el objetivo esencial de su labor: brindar una atención adecuada a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En ese tiempo sus tres proyectos residenciales se encontraban funcionando con decreto de urgencia -¡con decreto de urgencia!-, situación que obedecía a que entre los meses de octubre y diciembre de 2015 se terminaron los convenios que regulaban el trabajo conjunto entre el SENAME y la fundación como organismo colaborador.
Se esperaba que, previo a la finalización de los convenios o inmediatamente después, se llamara a un concurso público para licitar la continuidad de las residencias, hecho que no se produjo hasta octubre de 2016. En esa fecha se licitó solo uno de los tres proyectos y no se presentaron a concurso público, dado que las condiciones ofrecidas no hacían viable el funcionamiento de la residencia desde el punto de vista financiero y, por sobre todo, técnico.
La residencia, entre otras características, debía atender a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años. Mantener y atender a niñas, niños y adolescentes de ambos sexos en la misma residencia no permitía asegurar la entrega de un ambiente protector propicio para cada uno de ellos ni que se pudieran desarrollar conforme a sus propios requerimientos.
Durante enero de 2017 se llamó a licitación para una segunda residencia: la de lactantes y preescolares, proceso que en la actualidad se encuentra en etapa de apelación a los resultados por parte de la fundación.
Además, la carta indicaba que, como se evidenciaba hasta la fecha, transcurridos 18 meses -estoy hablando de mayo del 2017-, aún no se regularizaba la situación de la residencia, manteniéndose las condiciones de urgencia.
Especial gravedad tiene el caso de la residencia Mater Dei, que estuvo cuatro meses con el pago de las subvenciones pendiente -¡cuatro meses!-, entre junio, julio, agosto y septiembre del 2016.
Además, el sacerdote hacía presente que esta situación no había variado hasta la fecha -mayo del 2017-, pues se encontraban pendientes de pago los meses de febrero y marzo de la misma residencia, y recién el 4 de mayo se había cancelado lo correspondiente al mes de marzo de las residencias Villa Padre Alceste Piergiovanni y Olvido Riestra de Matetic.
Lo complejo de esta situación -continuaba el sacerdote- ponía en riesgo la adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes, dado que para poder cumplir con ellos habían debido contratar préstamos, con el consiguiente perjuicio económico para su institución, adicionalmente al estrés que generaba para todo el personal técnico, administrativo y de trato directo la incertidumbre respecto a la viabilidad de continuar con los proyectos.
La Fundación se definía como un organismo colaborador del SENAME, que brindaba atención a los niños y niñas.
Termino señalando, luego de resumida esta carta, señor Presidente, que el 31 de diciembre -es decir, hace tres días- se cerró ese hogar de menores, resolución tomada por unanimidad, incluso con la concurrencia del Superior General de la Orden.
Por eso, cuando uno ve que hoy día el costo de mantener a un reo o a un interno en una cárcel es de 740 mil pesos, se da cuenta de que para los niños el trato económico es totalmente distinto e insuficiente.
Ellos cerraron esta residencia. ¿Y a dónde van esos niños? Algunos vuelven ¡al propio hogar del que tuvieron que salir!, porque es la única alternativa que tienen; otros, a ciertos hogares que los están recibiendo. Pero un porcentaje importante no sabe dónde irá; posiblemente a otras regiones, tal como lo planteó el Senador Patricio Walker.
Esa es la situación en la actualidad.
Y también me preocupa lo que puede ocurrir en el Pequeño Cottolengo.
¿Saben lo de los niños -y no tan niños- fallecidos, desgraciadamente, en el Pequeño Cottolengo?
Estos menores no tienen dónde estar, y algunos han presentado problemas con la justicia.
Además, el personal de esa institución ya no quiere trabajar ahí. Viven con una permanente presión, porque a cada rato ingresa la PDI, se solicitan exhumaciones, lo cual crea un ambiente dramático al interior de este tipo de organismos. Por eso nos dicen que parte de su personal, por mucha vocación que tenga para cuidar a los niños, prefiere no trabajar ahí.
Entonces, nos encontramos con situaciones que, a la larga, en vez de apoyar -sin duda hay que valorar el proyecto presentado ahora, y votarlo favorablemente- a estos organismos en los últimos años, los conducen al cierre, sin considerar la persecución a que se los somete.
Ya dije hace un tiempo -y perdónenme la franqueza- que, curiosamente, todas las instituciones que están cerrando pertenecen a iglesias, y aquellas que de alguna manera persiguen lucro -entre comillas- no tienen mayores problemas.
Señor Presidente, una institución con historia, como el hogar de esta Fundación, que llevaba 50 años apoyando a los niños vulnerables en mi Región, ¡acaba de cerrar el 31 de diciembre!
Eso está ocurriendo en nuestro país.
Entonces, mucho se habla de la situación del SENAME; de que debemos preocuparnos de los niños vulnerables; sin embargo, por otro lado, queda de manifiesto la ausencia de recursos, la persecución de instituciones, la tramitación burocrática.
Imagínense un hogar de estos sin recursos por cuatro meses, que debe pedir préstamos o ayuda a sus voluntarios para atender y pagar los sueldos.
Me decía el padre Alejandro Abarca que una señora colaboró voluntariamente con dinero para poder pagar la indemnización de funcionarios que llevaban trabajando numerosos años.
Esa es la situación de muchos hogares hoy día, señor Presidente.
Por tanto, me parece estupendo el proyecto que ahora debatimos, con el cual estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar. Pero me da la impresión de que estamos absolutamente atrasados en cuanto a la reacción que, como Estado, como Congreso, como Gobierno, debemos tener por la realidad que enfrentan hoy día en Chile los niños, por quienes más tenemos que preocuparnos. Y después decimos: "Miren el porcentaje de jóvenes que caen en la delincuencia. Qué apoyo se les está dando".
Entonces, considero que este es el momento de reflexionar, porque la realidad nos está pasando por encima y no se está reaccionando como el país necesita y, sobre todo, los niños necesitan.
Quise traer esto a colación, pues se trata de hechos reales de la historia que aquí se está escribiendo. Y le digo al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que tengo gran confianza en que en los días que le quedan en el cargo podrá reaccionar y apoyar a este tipo de fundaciones.
De lo contrario, ¿qué pasaría si cerrara el Pequeño Cottolengo? ¿A dónde irán esos niños? No hay un lugar que los cobije.
Tanto es así que a la Fundación que se menciona en la referida carta el Gobierno le pidió que, por favor, siguiera atendiendo. Pero se le dijo que no podía ni económica ni mentalmente continuar.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor CAMPOS (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Muchas gracias, señor Presidente.
En primer término, tengo que excusarme ante los señores Senadores por no haber participado en esta sesión desde sus inicios; pero, desgraciadamente, compromisos ineludibles me obligaron a permanecer en Santiago hasta un cuarto para las cinco de la tarde. Eso sí, gracias a las nuevas tecnologías de las comunicaciones, mientras viajaba hacia Valparaíso pude escuchar en el auto íntegramente el desarrollo de la sesión en lo que respecta a la discusión de este proyecto de ley.
En segundo lugar, debo agradecer, por cierto, a este Honorable Senado por la votación unánime con la que se aprobó esta iniciativa que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones integrales a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas legales que se indican.
Y el resultado de esta votación me demuestra que el trabajo que hemos desarrollado al interior del Senado en los últimos meses sobre el particular ha sido efectivo, pues de otra manera no habríamos alcanzado la unanimidad que hoy día observo y que, por cierto, celebro.
En tercer término, y en aras de la unanimidad antes mencionada, obviamente no me referiré a algunas intervenciones que pueden ser polémicas o controvertidas, ya que iría en contra del espíritu cuya existencia constato hoy en la Sala.
Sin embargo, señor Presidente, permítame hacer por lo menos tres precisiones.
En esta ocasión, los señores Senadores han aprobado en general el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley de responsabilidad penal de adolescentes. Dicho de otra manera: este es uno de los dos servicios que pretendemos crear, el cual, en forma particular, se dedica única y exclusivamente a los menores infractores de ley.
Luego, todas las intervenciones o las referencias que he escuchado, que son muy respetables y todas muy ciertas, no guardan relación directa con la iniciativa que hoy se acaba de discutir, sino que se vinculan con el otro proyecto de ley, el que crea el Servicio Nacional de Protección, que hoy día está siendo conocido por la Cámara de Diputados.
Por ende, en su momento, cuando esa iniciativa llegue al Senado, lo que esperamos que acontezca a la brevedad, obviamente que las intervenciones que he escuchado cobrarán fuerza y vigor y tendrán la pertinencia y la lucidez que corresponde.
En segundo término, señor Presidente, yo no les puedo ocultar la satisfacción, no solo como Gobierno, sino también personal, que siento esta tarde, puesto que hace poco más de un año, cuando asumí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno de los mandatos que recibí de la Presidenta Bachelet fue precisamente avanzar en la nueva institucionalidad y en la nueva política de menores en Chile, que, a diferencia de lo que he escuchado, no es algo que esté en suspenso hace tres años.
Menciono lo anterior porque desde hace más de diez años nuestro país esperaba iniciativas en tal sentido, ya que la institucionalidad y la política sectorial datan de 1979. Y no hay que ser muy advertido -y se desprende de las intervenciones de los señores Senadores- para constatar que esa política y esa institucionalidad hoy vigentes están completamente fracasadas y no generan los efectos esperados.
¡Y es a partir de esa realidad, de la constatación de ese diagnóstico tan duro, que la Presidenta Bachelet me dio el mandato de tratar de avanzar en una nueva institucionalidad y en una nueva política para la infancia vulnerada!
Por ello, hemos enviado al Congreso Nacional ocho proyectos de ley que apuntan a lo anteriormente dicho. Tres de ellos ya han sido aprobados y otros se encuentran en plena tramitación, como la iniciativa aprobada hoy, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y cuyo objetivo es establecer una institución única y exclusivamente abocada a la situación de los menores infractores de ley.
Entonces, el mandato que en su momento recibí se expresa ahora en la aprobación de iniciativas como esta, construida con el esfuerzo de todos los parlamentarios en las Comisiones respectivas, pues de otra manera no se explica la unanimidad manifestada hoy en la Sala. Ello me demuestra que al menos en este proyecto de ley hemos trabajado del modo y en el sentido que corresponde.
Y yo espero, señor Presidente, quedándome a lo más sesenta días para el término de mi gestión ministerial, que el mismo espíritu contenido en esta Sala en la aprobación de este proyecto y en su construcción, y posiblemente en la elaboración de las indicaciones que oportunamente presentaremos, se manifieste también en las otras iniciativas que se encuentran pendientes en el Parlamento, como la que crea el Servicio Nacional de Protección, la que establece el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, la que plantea una nueva ley de adopción, la que crea la Subsecretaría de la Niñez, la que establece la Defensoría de la Niñez, etcétera.
Solo así vamos a poder construir una política de Estado sobre el particular que perdure en el tiempo.
Y no me cabe la menor duda de que en la medida que ese espíritu se exprese en este Parlamento deberá ser acogido por el nuevo Gobierno de Chile y por quienes a futuro desempeñen el cargo de Ministro de Justicia.
Obviamente, con la aprobación de esta iniciativa no estamos dando una respuesta integral al problema de los menores vulnerados en Chile. Pero sí se trata de un paso decisivo. Sin esto no podemos pensar en una nueva política, ni en una nueva institucionalidad, ni en la determinación de nuevos instrumentos.
En consecuencia, además de avanzar en esta línea, debemos persistir en el día a día, en cómo gestionamos mejor la deficiente institucionalidad y política que tenemos hoy.
En tal sentido, nuevamente le agradezco al Parlamento que, con motivo de la aprobación de la Ley de Presupuestos que ya entró en vigencia el 1 de enero, podamos solucionar la deuda relativa al 80 bis de la ley sobre tribunales de familia, que tantas veces reconocí durante el transcurso de 2017 en este Hemiciclo.
Del mismo modo, les agradezco que hubiésemos aumentado, en la misma Ley de Presupuestos, el tope del pago de las asignaciones o de las subvenciones que les podemos cancelar a los organismos colaboradores.
Insisto: la nueva institucionalidad, la nueva política solo va a surgir una vez que estén todos los otros proyectos de ley aprobados. Y espero, deseo, confío que eso ocurra a la brevedad.
Señor Presidente y señores Senadores, en nombre del Gobierno de la Presidenta Bachelet y del Ministerio de Justicia, y muy especialmente a título personal, les agradezco esta voluntad legislativa expresada en esta votación unánime, puesto que realmente es así como podemos contribuir a la construcción de una patria mejor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Gracias, señor Ministro.

References: artículo 40
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 6
e contrario
 resolución 
in fine
 resolución