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Timestamp: 2018-01-20 01:29:03+00:00

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Venezuela – Observación Comité Derechos del Niño/2007 | observatoriointernacional.com
CRC/C/VEN/CO/2
1. El Comité examinó el segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CRC/C/VEN/2) en sus sesiones 1274ª y 1275ª (véanse CRC/C/SR.1274 y CRC/C/SR.1275), celebradas el 28 de septiembre de 2007, y en su 1284ª sesión, celebrada el 5 de octubre de 2007, aprobó las siguientes observaciones finales.
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe periódico del Estado Parte, pese al considerable retraso, así como las detalladas respuestas por escrito a la lista de cuestiones (CRC/C/VEN/Q/2/Add.1), presentadas puntualmente, y lamenta los problemas técnicos que impidieron la traducción de esas respuestas a tiempo. El Comité valora el diálogo sostenido con la delegación multisectorial de alto nivel y observa que el informe del Estado Parte no cumple plenamente con lo dispuesto en las directrices para la presentación de informes.
3. El Comité toma nota con reconocimiento de la adopción de numerosas medidas de carácter legislativo (y programático) con el fin de dar cumplimiento a la Convención, entre ellas:
a) Los artículos 75, 76, 78 (1999) de la Constitución, en los que se reconoce a los niños la condición de sujetos de derecho;
GE.07-44593 (S) 231007 241007
b) La Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente (LOPNA) (2000);
c) La Ley especial contra los delitos informáticos (2001);
d) La Ley contra la delincuencia organizada (2005);
e) La Ley para la protección de niños, niñas y adolescentes en salas de uso de Internet, videojuegos y otros multimedia (2006);
f) La Ley de consejos comunales (2006);
g) La Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia (2006);
h) La Ley orgánica para las personas con discapacidad o necesidades especiales (2007).
4. El Comité también desea expresar su satisfacción por la ratificación de los siguientes instrumentos o la adhesión a ellos:
a) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 7 de junio de 2000;
b) El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 8 de mayo de 2002;
c) El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el 23 de septiembre de 2003;
d) El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 13 de mayo de 2002;
e) El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Nº 182), el 26 de octubre de 2005.
1. Medidas generales de aplicación (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44 de la Convención)
5. El Comité observa que se han abordado varios motivos de preocupación y recomendaciones formulados tras el examen del informe inicial del Estado Parte (CRC/C/15/Add.109). Sin embargo, lamenta que algunas de sus preocupaciones y recomendaciones se hayan tratado sólo en parte o de manera insuficiente, entre ellas las relacionadas con la discriminación, la definición del niño, la recopilación de datos y la cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG).
6. El Comité insta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para abordar las recomendaciones de las observaciones finales sobre el informe inicial que aún no se han aplicado o que se han atendido de manera insuficiente, en particular las relacionadas con la discriminación, la definición del niño, la recopilación de datos y la cooperación con ONG, y a que dé un seguimiento adecuado a las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales sobre el segundo informe periódico.
7. El Comité celebra la aprobación de la Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente (LOPNA) en 2000 y el establecimiento del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA). Sin embargo, le preocupa seriamente que la actual reforma de la LOPNA pueda ser incompatible con los principios y disposiciones de la Convención y que el fortalecimiento de la competencia de los Estados federales pueda debilitar el sistema de protección como consecuencia de la mayor centralización.
8. El Comité insta al Estado Parte a que apruebe una revisión de la LOPNA lo antes posible a fin de garantizar que cumpla con la Convención, teniendo en cuenta en particular la Observación general Nº 5 del Comité relativa a las medidas generales de aplicación (2003), y a que aproveche la oportunidad de la reforma para fortalecer la protección y la participación de los niños.
9. El Comité recomienda al Estado Parte que, por medio de disposiciones jurídicas y normativas adecuadas, garantice que todos los niños víctimas o testigos de delitos, por ejemplo los que hayan sido víctimas de maltrato, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro y trata, y los que hayan sido testigos de esos delitos, reciban la protección prevista por la Convención, y que tome debidamente en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (anexas a la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005).
10. El Comité lamenta que no exista un plan de acción completo dedicado específicamente a los niños y a la aplicación de la Convención.
11. El Comité alienta al Estado Parte a que elabore un plan de acción nacional integrado en favor de la infancia, en consulta con los representantes de la sociedad civil especializados en la esfera de los derechos del niño, con organizaciones de niños y con todos los demás sectores que intervienen en la promoción y protección de los derechos del niño. Tal plan debería contar con mecanismos efectivos de vigilancia y evaluación, así como con los recursos necesarios para su aplicación. El Comité recomienda al Estado Parte que incorpore en el Plan de Acción Nacional los principios y disposiciones de la Convención, así como el documento del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de mayo de 2002 titulado “Un mundo apropiado para los niños”, y que vincule el Plan de Acción Nacional a planes sectoriales que se ocupen de los niños.
12. El Comité observa que se han hecho progresos en el sector del bienestar social de los ciudadanos mediante una serie de programas de reforma social, incluidas las misiones, pero está preocupado porque las misiones establecen políticas y estructuras paralelas y porque sus experiencias constructivas no se traspasan a las estructuras existentes.
13. El Comité alienta al Estado Parte a que armonice las eficaces misiones sociales con el marco institucional de los derechos del niño, a fin de fortalecer la aplicación de las disposiciones de la Convención y mejorar la evaluación y la transparencia.
14. El Comité observa que el Estado Parte posee un avanzado sistema de protección de los derechos del niño y del adolescente, legislación que en general es conforme con la Convención e instituciones para los derechos del niño en diferentes niveles. Sin embargo, el Comité lamenta que no exista un mecanismo de coordinación adecuado que permita mantener vínculos efectivos entre las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los distintos niveles.
15. El Comité recomienda al Estado Parte que vele por que se establezca un mecanismo adecuado de coordinación que vincule todos los esfuerzos de los distintos sectores del Sistema Rector para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes en su conjunto y en todos los niveles.
16. El Comité observa que el Estado Parte ha establecido la Defensoría del Pueblo, con una Dirección Especial de los Derechos del Niño y del Adolescente, pero lamenta que no esté presente en todo el país. A la vez que valora los servicios de las Defensorías Municipales, el Comité subraya que falta información sobre la coordinación de estos servicios con la Defensoría del Pueblo.
17. El Comité alienta a la Defensoría del Pueblo a que establezca una presencia en cada uno de los municipios, en coordinación con los servicios de las Defensorías Municipales, a fin de velar por que todos los niños tengan recursos efectivos y asequibles en caso de violación de sus derechos. El Comité recomienda al Estado Parte que garantice la independencia del Defensor del Pueblo, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).
18. El Comité observa con satisfacción que se asignan recursos en favor de los niños, de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico de la LOPNA, y que esos recursos se distribuyen por conducto de los Fondos de Protección del Niño y del Adolescente a nivel nacional, de Estado y municipal. El Comité observa que se ha producido un aumento importante del presupuesto para políticas sociales gracias a inversiones del sector público y a las misiones sociales, pero lamenta que siga siendo difícil obtener un desglose del gasto preciso dedicado a los niños en el gasto público total.
19. El Comité recomienda al Estado Parte que, en consonancia con el artículo 4 de la Convención, elabore su presupuesto general, incluidos los presupuestos de las diferentes misiones, de manera más sistemática a fin de que los recursos y las inversiones en favor de los niños sean más transparentes y se facilite la supervisión de los gastos.
20. El Comité toma nota de los esfuerzos y las actividades realizados en la esfera de los derechos del niño, entre otros por el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente y el Instituto Nacional de Estadística, con el fin de aumentar la visibilidad de los niños en los indicadores y estadísticas nacionales. También toma nota del reconocimiento por la delegación de la necesidad de mejorar el sistema de información estadística nacional en relación con los derechos del niño y del adolescente, en lo que respecta tanto a la producción de datos como al acceso público. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando la falta de datos e indicadores desglosados que permitan una vigilancia eficiente de los planes y actividades, incluida la vigilancia de las asignaciones y los gastos presupuestarios.
21. El Comité recomienda al Estado Parte que mantenga e intensifique sus esfuerzos para elaborar un sistema integral de recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención. Esos datos deberían abarcar todos los derechos de todos los menores de 18 años. También deberían estar desglosados por sexo, edad, grupo étnico, niños indígenas e hijos de afrodescendientes, así como por grupos de niños necesitados de protección especial, como los detenidos, los que requieren asistencia de salud mental, los discapacitados, los niños de la calle, los niños que trabajan y los refugiados. El Comité alienta al Estado Parte a que promueva su cooperación con el UNICEF y otros organismos a este respecto.
22. El Comité tiene en cuenta las medidas adoptadas para difundir información sobre el contenido de la Convención, pero sigue preocupado por la falta de conocimiento de ésta entre el público en general y entre los niños y profesionales en particular.
23. El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para difundir información sobre la Convención en todo el país y para dar a conocer sus principios y disposiciones al público, en particular a los propios niños, sus padres, sus profesores y las autoridades. Con este fin debería reforzarse la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, como los centros académicos, los medios de comunicación y las ONG.
24. Además, el Comité alienta al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos para ofrecer capacitación y/o sensibilización adecuadas y sistemáticas sobre los derechos del niño a todos los grupos profesionales que trabajan para y con los niños, en particular los agentes del orden, los parlamentarios, los magistrados, los abogados, el personal de salud, los profesores, los administradores de escuelas y las demás personas que lo requieran. El Comité alienta al Estado Parte a que siga pidiendo asistencia técnica al UNICEF y al Instituto Interamericano del Niño para la formación de profesionales.
25. El Comité reconoce las numerosas iniciativas y contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil en favor del desarrollo del Sistema de Protección Integral para la Infancia y la Adolescencia, si bien observa que esa cooperación está disminuyendo. Al Comité le preocupa la falta de participación de ONG, organizaciones de niños y los demás asociados pertinentes en el proceso de preparación de informes, y le inquieta que la reforma de la LOPNA pueda reducir el margen de acción de las ONG especializadas en los derechos del niño.
26. El Comité recomienda al Estado Parte que fomente el diálogo y la cooperación con todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los Consejos Sociales Municipales, las organizaciones de niños y los demás asociados pertinentes que se ocupan en forma activa y sistemática de los derechos del niño. El Comité recomienda al Estado Parte que aliente su participación activa en el seguimiento de las observaciones finales del Comité, en el proceso de preparación de sus próximos informes y en la evaluación del Plan de Acción Nacional.
27. Al Comité le preocupa que la edad mínima para el matrimonio de las niñas sea demasiado baja, y que sea distinta (14 años) a la de los niños (16 años).
28. El Comité recomienda al Estado Parte que establezca una edad mínima para el matrimonio que sea igual para niñas y niños y que considere la posibilidad de aumentar esa edad a 18 años. Además, lo alienta a que emprenda campañas de sensibilización sobre los posibles efectos negativos de los matrimonios en la adolescencia.
29. El Comité observa que no se especifica la edad a partir de la cual está permitido el consumo de alcohol.
30. El Comité recomienda al Estado Parte que establezca una edad mínima para el consumo de alcohol.
31. El Comité observa que el Estado Parte ha realizado progresos significativos con respecto a la no discriminación, pero desea señalar que el informe del Estado Parte no proporciona suficiente información sobre los planes, programas y proyectos destinados a prevenir y reducir la discriminación por motivos de etnia, sexo, discapacidad, filiación política, religión o situación social o económica de los padres.
32. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico incluya información específica sobre las medidas y los programas relacionados con la Convención sobre los Derechos del Niño que haya aplicado para ofrecer una protección especial a las categorías marginadas de la población y para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, teniendo también en cuenta la Observación general Nº 1 sobre el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención (propósitos de la educación).
33. El Comité observa que el Estado Parte ha incorporado el principio del interés superior del niño como uno de los componentes de su legislación y ha establecido directrices que han de seguir todos los interesados, en particular en la administración, pero lamenta que el entendimiento de ese principio no se refleje bien en la práctica.
34. El Comité recomienda al Estado Parte que incorpore plenamente el principio del interés superior del niño en todos sus programas, políticas y procedimientos legislativos, judiciales y administrativos y que promueva su aplicación.
35. El Comité toma nota de la existencia del Plan de Acción Interinstitucional contra la Violencia (2006-2007), pero lamenta la falta de información sobre sus resultados. El Comité observa que el Estado Parte ha investigado casos de violaciones del derecho a la vida, pero está hondamente preocupado por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de niños a manos de agentes del orden público y de muertes de niños bajo custodia policial.
36. El Comité insta al Estado Parte a que garantice que sus agentes del orden público respondan plenamente por las violaciones del derecho a la vida, que esos casos sean investigados de inmediato por un órgano independiente y que se sancione a los autores. El Comité invita al Estado Parte a que en su próximo informe proporcione información sobre los resultados del Plan de Acción Interinstitucional.
37. El Comité valora positivamente que los jóvenes adolescentes puedan votar a nivel municipal a partir de los 15 años en virtud de la Ley de Consejos Comunales y de otras iniciativas como el Gobierno Municipal Juvenil y los Consejos Juveniles, y aprecia la práctica general de escuchar a los niños en los procedimientos judiciales y administrativos. No obstante, al Comité le sigue preocupando que la creación de espacios para que los niños expresen su opinión no se fomente lo suficiente y se deje principalmente en manos de ONG.
38. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte redoble sus esfuerzos para seguir promoviendo, facilitando y aplicando, dentro de la familia, las escuelas, la comunidad y las instituciones, así como en los procedimientos judiciales y administrativos, el principio del respeto de la opinión del niño, teniendo en cuenta al mismo tiempo las recomendaciones aprobadas por el Comité tras el día de debate general sobre el derecho del niño a ser oído, celebrado en 2006.
4. Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17 y apartado a) del artículo 37 de la Convención)
39. El Comité acoge con satisfacción las diversas iniciativas y los logros realizados para facilitar la inscripción de los niños al nacer, como el Plan de Identidad “Yo Soy”, por el que se han establecido unidades hospitalarias del registro civil de nacimientos para garantizar la inscripción inmediata de todos los niños al nacer. Sin embargo, a este respecto, al Comité le preocupan los efectos negativos del Decreto Nº 2819, de 30 de septiembre de 1998, que obliga a los padres a estar debidamente documentados para inscribir a los niños nacidos en el territorio del Estado Parte.
40. El Comité alienta al Estado Parte a que, en asociación con el UNICEF, prosiga sus esfuerzos para velar por que todos los niños que se encuentren en su territorio sean inscritos al nacer, incluidos los hijos de extranjeros indocumentados y los niños pertenecientes a grupos indígenas y familias de inmigrantes.
41. El Comité observa que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a la información, pero está preocupado por la calidad de los programas de televisión y radio y su compatibilidad con un enfoque que tenga en cuenta los derechos del niño. Al Comité también le preocupa que los niños indígenas y los hijos de afrodescendientes no reciban suficiente información que responda a sus necesidades.
42. El Comité alienta al Estado Parte a que se asegure de que los programas públicos sean compatibles con los derechos de los niños de todos los sectores de la población.
43. El Comité toma nota de los programas sobre la violencia contra los niños, pero está preocupado por las denuncias de malos tratos y de condiciones por debajo de las normas mínimas en las cárceles de todo el país; asimismo, continúa preocupado por el hecho de que las condiciones de detención de los niños en las cárceles sigan siendo extremadamente deficientes y por las denuncias de muertes de niños durante su detención.
44. El Comité recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos por mejorar las condiciones en las cárceles y adopte medidas para garantizar que los niños no sean sometidos a tortura ni a tratos o penas inhumanos o degradantes; también insta al Estado Parte a que haga todo lo posible para investigar las violaciones denunciadas y castigar a los responsables.
5. Entorno familiar y otro tipo de tutela (artículo 5, artículos 9 a 11, párrafos 1 y 2 del artículo 18, artículos 19 a 21, artículo 25, párrafo 4 del artículo 27 y artículo 39 de la Convención)
45. El Comité observa que el ordenamiento jurídico prevé el principio de la protección del niño y su familia, pero que ha recibido muy poca información sobre su aplicación en la práctica, aparte de la facilitada por las misiones.
46. El Comité recomienda al Estado Parte que continúe los programas existentes y refuerce el apoyo a las familias para evitar que se vean separadas de sus hijos, por ejemplo, mediante servicios de apoyo psicológico y orientación a los padres para la crianza de los hijos y prestaciones financieras, y le pide que facilite más información al respecto en su próximo informe.
47. El Comité celebra que el Estado Parte haya establecido por ley que la pobreza no es motivo suficiente para separar a un niño de sus padres y que se hayan realizado progresos significativos en la iniciativa de sacar a los niños de las instituciones. El Comité observa que el Estado Parte prefiere colocar a los niños en una familia sustitutiva o darlos en adopción. No obstante, le preocupa que la colocación de niños en instituciones siga siendo una práctica habitual.
48. El Comité recomienda al Estado Parte que prosiga sus esfuerzos para establecer programas y prestar una atención adecuada, dar prioridad a las soluciones familiares para los niños y adolescentes privados de un entorno familiar y seguir promoviendo la colocación en hogares de acogida como forma de tutela alternativa. El Comité propone que el ingreso en instituciones se utilice sólo como último recurso, teniendo en cuenta el interés superior del niño. Además, el Comité recomienda que se asignen suficientes recursos y se vele por el buen funcionamiento y supervisión de las instituciones de guarda, incluidas las administradas por ONG, y los programas de colocación en hogares de acogida, y que se proceda a una revisión periódica de las colocaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención y en las recomendaciones formuladas tras el día de debate general sobre los niños privados del cuidado de los padres, celebrado en 2005.
49. El Comité acoge con satisfacción el establecimiento de una Oficina Nacional y varias oficinas estatales para facilitar la adopción, y observa que el Estado Parte ha modificado su legislación sobre adopciones internacionales de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993 (Convenio de La Haya sobre adopción). No obstante, le siguen preocupando los retrasos injustificados y los obstáculos procesales en los procedimientos de adopción.
50. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte las siguientes medidas para evitar retrasos injustificables en los procedimientos de adopción:
a) Fortalecer los equipos multidisciplinarios con profesionales capacitados y los recursos necesarios; y
b) Alentar al Defensor del Pueblo a que examine periódicamente el sistema de adopción para garantizar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 21 del Convenio de La Haya sobre adopción, de 1993, y vele por que la tramitación de las adopciones por el Estado Parte se realice dentro de los plazos previstos.
51. El Comité toma nota de los diversos programas sobre la violencia contra los niños, pero está preocupado por las denuncias de descuido, violencia en el hogar y abusos sexuales. También le inquietan los problemas que tienen los niños para acceder a líneas telefónicas de ayuda gratuitas.
52. El Comité recomienda al Estado Parte que, entre otras cosas, garantice que los niños de todo el país tengan acceso a una línea telefónica de tres dígitos gratuita e ininterrumpida.
53. En relación con el estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños, el Comité recomienda al Estado Parte:
a) Que tome todas las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), teniendo en cuenta el resultado y las recomendaciones de la Consulta Regional para América Latina, celebrada en la Argentina del 30 de mayo al 1º de junio de 2005. En particular, el Comité recomienda al Estado Parte que preste atención especial a las siguientes recomendaciones:
iii) Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad; y
iv) Elaborar y aplicar sistemas nacionales de reunión de datos e investigación sistemáticas.
b) Que utilice las recomendaciones del estudio como un instrumento para la acción, en colaboración con la sociedad civil, y en particular con la participación de los niños, a fin de proteger a todos los niños contra toda forma de violencia física, sexual y psicológica y de generar el impulso necesario para la adopción de medidas concretas y sujetas a plazos definidos para prevenir tales actos de violencia y abusos y reaccionar frente a ellos; y
c) Que solicite asistencia técnica en este sentido al ACNUDH, el UNICEF y la OMS y a otros organismos competentes, entre otros la OIT, la UNESCO, el ACNUR y la ONUDD, así como a ONG asociadas.
54. El Comité valora positivamente la información proporcionada por la delegación en el sentido de que se prohibirán los castigos corporales, pero está preocupado porque siguen siendo lícitos. También le preocupa que no se informe suficientemente sobre los casos de abusos y de malos tratos infligidos a niños.
55. El Comité insta al Estado Parte a que apruebe y aplique nuevas leyes que prohíban expresamente los castigos corporales en todos los entornos, incluido el hogar, realice campañas de sensibilización y educación pública contra los castigos corporales y promueva métodos participativos y no violentos para criar y educar a los niños, teniendo en cuenta la Observación general Nº 8 sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (2006) y la recomendación, contenida en el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, de que se prohíban todos los castigos corporales a los niños antes de 2009.
6. Salud básica y bienestar (artículo 6, párrafo 3 del artículo 18, artículos 23, 24 y 26 y párrafos 1 a 3 del artículo 27 de la Convención)
56. El Comité celebra la reciente aprobación de la Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad y Necesidades Especiales, de 2007. Sin embargo, no está claro de qué forma este instrumento afectará concretamente a los niños. Al Comité le preocupa la falta de datos sobre el número de niños con discapacidad que reciben enseñanza en el sistema educativo ordinario. Además, al Comité le preocupa que la legislación actual no abarque todas las categorías de discapacidad.
57. El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad (CRC/C/GC/9):
a) Vele por que los niños con discapacidad reciban educación, y fomente la inclusión de esos niños en las escuelas ordinarias;
b) Lleve a efecto las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas por la Asamblea General el 23 de diciembre de 1993;
c) Realice un estudio a fondo sobre la prevención de las discapacidades;
d) Redoble los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en discapacidades) y financieros necesarios, especialmente en el plano local, y para promover y ampliar los programas de rehabilitación comunitarios, como los grupos de apoyo a los padres;
e) Firme y ratifique la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.
58. El Comité celebra la variedad de programas sociales para la promoción de una vida saludable y del desarrollo integral y la salud de los niños mediante el aumento de la inversión en atención primaria de la salud y en misiones sociales, que han dado lugar, entre otras cosas, a la disminución de la mortalidad infantil. Sin embargo, al Comité le siguen preocupando las elevadas tasas de mortalidad neonatal y materna, y la reducción de la cobertura de vacunación. Preocupa también al Comité el carácter paralelo de las misiones sanitarias.
a) Que redoble sus esfuerzos para reducir la mortalidad neonatal y materna en todo el país ofreciendo atención e instalaciones de calidad;
b) Que siga abordando el problema de la malnutrición y de las bajas tasas de vacunación, prestando especial atención a las zonas rurales y remotas y a los refugiados y las poblaciones indígenas;
c) Que adopte y lleve a efecto el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; y
d) Que integre la misión sanitaria Barrio Adentro y la red de salud pública de modo que se complementen mutuamente, especialmente en lo que respecta a la infraestructura hospitalaria, el suministro de medicamentos y equipo tecnológico, el personal cualificado y la calidad de la atención y los cuidados prestados.
60. El Comité acoge con satisfacción los programas de sensibilización nacional en materia de contracepción, si bien le preocupa que la mortalidad materna de adolescentes siga siendo un importante problema de salud y que muchas niñas fallezcan a causa de procedimientos de aborto peligrosos.
61. El Comité recomienda al Estado Parte que siga fortaleciendo sus programas de sensibilización en materia de relaciones sexuales destinados a familias y adolescentes, y que vele por que se cumpla la Resolución 1762 del Ministerio de Educación (1996), donde se establece que las adolescentes embarazadas tendrán derecho a proseguir sus estudios en todas las escuelas del país; el Estado Parte debe hacer todo lo posible para fortalecer las políticas y los programas encaminados a evitar que muchachas adolescentes sufran consecuencias perjudiciales y/o fallezcan a raíz de un aborto peligroso.
62. Si bien observa que las personas que viven con el VIH/SIDA tienen libre acceso a los medicamentos antirretrovirales, al Comité le preocupan las denuncias de discriminación contra los niños y adolescentes infectados, y la falta de tratamiento adecuado para las mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión de madre a hijo. Al Comité le preocupa además la notificación insuficiente de casos, y la falta de normas que rijan el traslado de niños a otras regiones para su tratamiento.
63. El Comité recomienda al Estado Parte que vele por que se corrijan la discriminación y otros tratos inadmisibles a los niños que viven con el VIH/SIDA, y que preste servicios médicos adecuados a las mujeres embarazadas a fin de prevenir la transmisión de madres a hijos.
64. El Comité aplaude los esfuerzos del Estado Parte para reducir la pobreza mediante sus programas sociales, especialmente las misiones, pero sigue preocupándole que los niños sean aún los principales afectados por la pobreza y que las medidas de protección de la infancia no sean suficientes.
65. El Comité recomienda al Estado Parte: a) que redoble sus esfuerzos para luchar contra la pobreza y, en particular, que evalúe las medidas aplicadas para proteger a los niños contra la pobreza y su repercusión en el desarrollo y el bienestar de éstos; y b) que reduzca las extremas desigualdades sociales y económicas entre familias y niños, de conformidad con el artículo 27 de la Convención.
Educación, incluidas la formación profesional y la orientación
66. El Comité celebra que la educación de los niños sea una de las principales prioridades de la política gubernamental, y que se hayan logrado evidentes progresos en lo que respecta a la matriculación y a la ampliación de las disposiciones relativas a escolarización de los niños desfavorecidos. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando:
a) Que las tasas de matriculación todavía no sean satisfactorias, especialmente en los centros de preescolar y de enseñanza secundaria;
b) Que la tasa de abandono sea elevada después del primer grado y en los grados más avanzados;
c) Que las tasas de matriculación de los niños indígenas, de ascendencia africana y de las zonas rurales sean bajas;
d) Que obstáculos burocráticos dificulten la continuación de los estudios de los niños refugiados y solicitantes de asilo; y
e) Que la calidad de la educación sea insatisfactoria.
67. El Comité recomienda al Estado Parte:
a) Que redoble sus esfuerzos para incrementar la matriculación en los centros de preescolar y educativos y en los grados más avanzados de la enseñanza primaria, así como en la enseñanza secundaria, particularmente en las zonas rurales y fronterizas remotas y con respecto a los niños indígenas;
b) Que facilite la matriculación de los niños refugiados y solicitantes de asilo eliminando los obstáculos administrativos a su inclusión en el sistema educativo en el grado que corresponda, y que vele por la plena realización de su derecho a la educación;
c) Que fortalezca los programas de desarrollo de la primera infancia para todos los niños hasta los 8 años de edad;
d) Que reduzca efectivamente las tasas de abandono de los niños que empiezan la escuela y de los niños en grados superiores, y que ofrezca a los niños que hayan abandonado los estudios oportunidades para volver a ingresar en un centro educativo;
e) Que promueva la calidad de la enseñanza mediante la reforma de los programas de estudios y la introducción de métodos de instrucción y aprendizaje que estimulen la participación activa de los niños, y que forme a los maestros en centros de capacitación de docentes y también en el empleo, como corresponda;
f) Que incluya la educación sobre los derechos humanos en el programa de estudios en todos los niveles, prestando especial atención al derecho de los niños a dar su opinión y a que se respete su punto de vista en todas las cuestiones que los afecten con respecto a la organización del aprendizaje y de la vida social de las escuelas;
g) Que ofrezca una formación profesional que permita a todos los niños ingresar en el mercado laboral con una preparación básica y, según su capacidad y motivación, una capacitación en conocimientos concretos que les confiera sólidas perspectivas profesionales.
8. Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 38, 39 y 40, apartados b) a d) del artículo 37 y artículos 32 a 36 de la Convención)
68. El Comité toma nota del establecimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados y sus cuatro secretarías técnicas descentralizadas, y también de que se ha reconocido que los niños refugiados y solicitantes de asilo deben ser respetados y ver garantizados en todo momento sus derechos humanos. Sin embargo, al Comité le preocupa que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado se vea gravemente dificultado al no haber un reparto de atribuciones entre la Comisión Nacional para los Refugiados y las instituciones de protección de la infancia.
69. El Comité recomienda al Estado Parte que establezca acuerdos institucionales entre la Comisión Nacional para los Refugiados y las instituciones de protección de la infancia, especialmente los centros del Consejo Estatal de Derechos del Niño y del Adolescente (CEDNA). El Comité recomienda además al Estado Parte que vele por que los menores separados de su familia y no acompañados puedan acceder rápidamente a procedimientos de determinación de la condición de refugiado adaptados a su edad y a los servicios de asistencia ulterior. Por último, el Comité recomienda al Estado Parte que tome nota de la Observación general Nº 6 del Comité sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
La explotación económica, en particular el trabajo infantil
70. El Comité toma nota del establecimiento del Programa Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (PRONAT) y de los recursos que se han asignado a la prevención de la explotación económica de niños. No obstante, lamenta la falta de información sobre la realidad y el alcance del trabajo infantil, y le preocupan las denuncias sobre la existencia de niños que trabajan en condiciones nefastas, equiparables a la esclavitud.
71. El Comité recomienda al Estado Parte que lleve a cabo una evaluación del PRONAT, determine el número y las categorías de niños que participan formal o informalmente en la economía con su trabajo y adopte todas las medidas necesarias para proteger a los niños de la explotación económica. El Comité recomienda al Estado Parte que preste especial atención a las peores formas de trabajo infantil de conformidad con el Convenio Nº 182 de la OIT (1999) sobre las peores formas de trabajo infantil.
72. El Comité celebra el establecimiento del Plan de Acción piloto para los niños que viven en la calle. Sin embargo, al Comité le preocupan las deficientes condiciones de vida de esos niños, así como las denuncias de discriminación y violencia por parte de agentes del orden.
73. El Comité recomienda al Estado Parte:
a) Que amplíe el Plan de Acción piloto para los niños que viven en la calle a todo el país a fin de prevenir y abordar los problemas de esos niños;
b) Que vele por que los niños de la calle reciban nutrición y alojamiento adecuados, así como atención sanitaria y oportunidades educativas para favorecer su pleno desarrollo, y que les ofrezca protección y asistencia suficientes teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12.
Explotación sexual, trata y venta de niños
74. El Comité toma nota de la adopción de un Plan de Acción Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y de la elaboración de directrices generales para la protección de las víctimas de la trata. El Comité lamenta la falta de información y datos sobre la explotación sexual y la venta de niños, así como sobre los efectos del Plan de Acción.
75. El Comité recomienda al Estado Parte que establezca mecanismos para facilitar la aplicación y la supervisión de los planes y programas del Gobierno y las ONG relativos a la trata, la explotación sexual y la venta de niños. El Comité invita al Estado Parte a incluir amplia información sobre estas cuestiones y los efectos del Plan de Acción en su próximo informe relativo al Protocolo Facultativo.
76. El Comité celebra que los menores delincuentes gocen de un régimen claro con respecto a los derechos procesales, pero señala que el sistema de justicia de menores no se ajusta plenamente a la Convención y a las normas internacionales. En particular, no se ha demostrado claramente que exista una justicia especializada para los menores ni que a éstos se los separe sistemáticamente de los adultos en las prisiones.
77. El Comité recomienda al Estado Parte que vele por la plena aplicación de todas las normas relativas a la justicia de menores, especialmente el párrafo b) del artículo 37 y los artículos 40 y 39 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité recomienda que el Estado Parte, teniendo en cuenta la Observación general Nº 10 del Comité sobre los derechos del niño en la justicia de menores (2007):
a) Tome todas las medidas necesarias, incluida la adopción de una política permanente de sanciones alternativas para los menores delincuentes, y siga velando por que los niños sólo permanezcan detenidos como último recurso y por el período más breve posible, y que la privación de libertad se revise periódicamente;
b) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que, cuando se lleve a cabo, la detención sea conforme a la ley y respete los derechos del niño establecidos en la Convención, y que los niños permanezcan separados de los adultos tanto en la detención preventiva como después de la condena, y durante todo el período de privación de libertad;
c) Adopte todas las medidas necesarias para velar por que los niños no sean maltratados durante la reclusión, que las condiciones en los centros de detención no sean contrarias al desarrollo del niño, que los derechos de éste, incluidos los de visita, no sean vulnerados y que los casos de menores sean llevados a juicio a la mayor brevedad;
d) Estudie la posibilidad de elevar la edad de responsabilidad penal;
e) Solicite asistencia técnica y cooperación de otra índole al Grupo interinstitucional sobre justicia de menores, que integran la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y las ONG.
Los niños pertenecientes a minorías y a pueblos indígenas
78. El Comité toma nota de que el Estado Parte ha creado un nuevo ministerio para tratar las cuestiones indígenas, pero le preocupa que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se hayan logrado suficientes avances en lo que respecta a la protección de los pueblos indígenas. El Comité lamenta que las tasas de mortalidad debidas a enfermedades prevenibles sigan siendo elevadas entre la población indígena, y observa con inquietud los informes de defunciones por malnutrición. Al Comité le preocupa también que las niñas corran un mayor peligro de explotación sexual, y que se tienda a no denunciar esos casos.
79. El Comité recomienda al Estado Parte que mejore la situación de los niños indígenas, entre otras cosas:
a) Redoblando sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en las zonas habitadas por indígenas;
b) Reforzando sus medidas para prevenir las enfermedades relacionadas con el estado de salud general, y en particular la malnutrición, entre los niños indígenas;
c) Iniciando programas para reducir la vulnerabilidad sexual de las niñas indígenas;
d) Intensificando sus esfuerzos para aplicar estrategias educativas adaptadas a los niños indígenas; y
e) Creando espacios para la participación de los niños indígenas, solos y con niños no indígenas.
80. El Comité celebra la creación de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, y observa que faltan estadísticas e indicadores sociales fiables relativos a la situación de la población de ascendencia africana. El Comité observa también que existen prácticas discriminatorias contra los niños afrovenezolanos.
81. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas para hacer frente a estas cuestiones, entre otras cosas incluyendo preguntas concretas destinadas a la población de ascendencia africana en su próximo censo o encuesta nacional a fin de tener un mejor conocimiento de los problemas particulares a los que se enfrenta esa población.
82. El Comité recuerda al Estado Parte que debería haber presentado en 2004 y en 2005, respectivamente, sus informes iniciales en virtud de los dos Protocolos Facultativos, y lo alienta a que los presente cuanto antes, de ser posible de manera simultánea, para facilitar el proceso de examen.
83. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de las presentes recomendaciones, en particular mediante su transmisión a los miembros del Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional, al Poder Ciudadano, a los gobernadores y los consejos legislativos en el plano estatal y a los consejos y los alcaldes a nivel municipal, según el caso, para su oportuno examen y la adopción de las medidas correspondientes.
84. El Comité recomienda además que el segundo informe periódico, las respuestas presentadas por escrito por el Estado Parte y las recomendaciones conexas (observaciones finales) aprobadas por el Comité se difundan ampliamente en los distintos idiomas del país y al público en general, en particular por Internet y a través de los medios de comunicación, para que lleguen a las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones de jóvenes, las asociaciones de profesionales, los niños y adolescentes, sus maestros y los directores de personal docente, así como a los demás profesionales en contacto frecuente con los niños y adolescentes, como los médicos, fiscales y jueces, a fin de fomentar el debate y el conocimiento de la Convención y su aplicación y supervisión.
85. El Comité invita al Estado Parte a que presente de manera conjunta sus informes periódicos tercero, cuarto y quinto sobre la aplicación de la Convención para abril de 2011.
86. El Comité invita asimismo al Estado Parte a que presente un documento básico actualizado, de conformidad con los requisitos de las “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos”, aprobadas en la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en junio de 2006 (HRI/MC/2006/3).
Comité, Derechos del niño, Derechos humanos, Observaciones Finales, Venezuela

References: artículo 44
 resolución 
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 37
 artículo 18
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 39
 artículo 25
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 37
 artículo 12
 artículo 37