Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421498.html
Timestamp: 2019-03-26 14:24:35+00:00

Document:
as201421498
Auto Supremo: 498/2014
Expediente: B-22-14-A
Partes: Clemencia Ribera López, representada legalmente por Dolly Ribera López
de Méndez. c/ Eduardo Titiboco Paz, Genaro Mayta Flores, Benita
Huayhuasi de Mayta y Javier Oscar Cirbian Gutiérrez representante del
Banco Nacional de Bolivia, Edwin Mayta Huayhuasi y Nilda Bárbara
Machaca Condori.
Proceso: Anulabilidad de documentos públicos, registros e hipotecas.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 126 a 128 y vta., interpuesto por el representante legal del Banco Nacional de Bolivia Javier Oscar Cirbian Gutiérrez y/o Silvia Amanda Chávez Aponte contra el Auto de Vista Nº 50 de fecha 11 de abril del 2014, de fs. 122 a 123 y vta., pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el proceso ordinario de anulabilidad de documentos públicos, registros e hipotecas, seguido por Clemencia Ribera López a través de su apoderada Dolly Ribera López de Méndez contra Eduardo Titiboco Paz, Genaro Mayta Flores y Benita Huayhuasi de Mayta, Javier Oscar Cirbian Gutiérrez representante del Banco Nacional de Bolivia, Edwin Mayta Huayhuasi y Nilda Bárbara Machaca Condori, el Auto de concesión del recurso de fs. 135, los antecedentes del proceso, y;
Que, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad-Beni, pronunció el Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 23 de diciembre de 2013, de fs. 96 a 97, declarando probada la excepción de incompetencia en razón de materia interpuesta el Banco Nacional de Bolivia representado legalmente por Javier Oscar Cirbian Gutiérrez, disponiendo que la parte actora adecuando su pretensión ocurra ante la autoridad competente, que debería ser el Juzgado de Partido de Familia.
Resolución que es recurrida de apelación por la apoderada de la demandante a través del memorial de fs. 100 a 101, que es resuelta por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Auto de Vista Nº 50 de fecha 11 de abril de 2014, cursante a fs. 122 a 123 y vta., que revocó totalmente el Auto apelado, declarando improbada la excepción de incompetencia; ocasionando el apoderado legal del Banco Nacional de Bolivia, interponga el recurso de casación en el fondo, que es motivo de autos.
1.- El impugnante bajo el título de “recurso de casación en el fondo acusa errónea valoración de la prueba y por infracción, violación de la Ley terminante y expresa”, refiriendo que la resolución contendría una serie de infracciones e interpretaciones contrarias a la ley, así como errores de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, en la que hubiera incurrido el Tribunal del Azada.
2.- El recurrente después de realizar una reseña histórica de lo que entiende es el error de hecho y derecho así como su vigencia en nuestra legislación, acusa que el Juez de la causa incurrió en error de derecho al no valorar el poder notarial Nº 125/09, por el cual la demandante otorgó a Eduardo Titiboco Paz, poder suficiente para realizar la transferencia del inmueble contenido en la Escritura Pública 159/09, pruebas que al ser documentos públicos y solemnes que cuentan con el valor probatorio previsto por los arts. 1289, 1296, 1360 y otros del Código Civil, la cual ni siquiera fue mencionada en la resolución impugnada.
3.- Del mismo modo refiere que el Tribunal de Alzada incurrió en errónea interpretación de la ley expresa y terminante, al no observar que no se demandado a la Notaria de Fe Pública que otorgó el poder del que se pretende su ineficacia, del mismo modo acusa falta de valoración de la prueba de fs. 26 a 28, (sentencia de divorcio) resolución que declaró la inexistencia de bienes gananciales, sin embargo al haberse demostrado que el inmueble objeto de Litis fue adquirido durante su vigencia correspondería previamente que determinarse su ganancialidad ante la jurisdicción familiar, es estricta aplicación a lo previsto por el art. 102 del Código de Familia.
Concluye solicitando se case la resolución recurrida.
Pese a que el presente recurso de casación, que es motivo de autos adolece de una serie de falencias recursivas, en aplicación a la garantía de la tutela judicial efectiva y el principio pro actione se pasa a considerar y resolver el mismo.
1.- Respecto al primer agravio, en el que se acusa “errónea valoración de la prueba y por infracción, violación de la Ley terminante y expresa, así como errores de hecho y derecho en la apreciación de la prueba”, sin embargo y pese a esta acusación genérica que realiza el recurrente, el mismo se limita a realizar una transcripción de parte del Auto de Vista impugnado, para luego de ello referir que conforme las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada, se advertiría que el mismo incurrió en errores de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas y consecuente errónea interpretación de la ley expresa, omitiendo identificar en primer lugar, qué prueba hubiera sido erróneamente valorada, en qué consiste el error de hecho y derecho en el que incurrieron los Tribunales de instancia, limitándose como se dijo a efectuar una acusación sin fundamento y asidero legal contra la resolución de instancia que constituye un simple disentir así como una crítica a lo resuelto por los Tribunales de apelación, falta de fundamentación en el agravio que inhibe a este Máximo Tribunal de emitir pronunciamiento.
2.- Respecto al “error de derecho en que incurrió la Resolución de Alzada al no valorar el Poder Nº 125/09, por el cual la ahora demandante otorgó a Eduardo Titiboco Paz (demandado) poder suficiente para realizar la transferencia del inmueble contenido en la Escritura Pública 159/09, pruebas que al ser documentos públicos y solemnes que cuentan con el valor probatorio previsto por los arts. 1289, 1296, 1360 y otros del Código Civil, la cual ni siquiera hubiera sido mencionada en la resolución impugnada”, pretendiendo el recurrente de forma errada que los Tribunales de grado se pronuncien sobre un aspecto que hace al fondo de la pretensión demandada, (anulabilidad de documentos públicos, registros e hipoteca), dentro de los cuales se encuentran el Poder Nº 125/09 por el cual conforme la demanda principal, la actora Clemencia Ribera López hubiera otorgado Poder a Eduardo Titiboco Paz (demandado), quien utilizó dicho instrumento público para suscribir por él y en representación de su mandante la Escritura Pública Nº 159/09 de transferencia de inmueble, documentos de los cuales se pretende su anulabilidad, así como las transferencias posteriores y gravámenes hipotecarios que pesan sobre el inmueble de referencia, aspectos conforme se advierte hacen al fondo de la pretensión perseguida y de ninguna manera pueden ser objeto de pronunciamiento, ya que la resolución que dio origen a la interposición del recurso de casación deviene del pronunciamiento del Auto Interlocutorio Definitivo que declaró probada la excepción de incompetencia en razón de materia, resolución definitiva que al ser impugnada fue revocada por Auto de Vista Nº 50 de fecha 11 de abril de 2014, disponiendo la prosecución de la causa en la vía civil ordinaria, es decir, que en la presente causa no existe pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión demandada por haberse dictado una primera resolución que puso fin al proceso y una segunda que revoco la primera, aspectos que lógicamente impiden un pronunciamiento sobre la validez o no de los instrumentos públicos Nº 125/09 y 159/09, reclamados por la entidad recurrente como no valorados y menos mencionados, por consiguiente no resulta evidente la vulneración de las normas legales acusadas de infringidas.
3.- Con relación al reclamo de falta de integración a la Litis al Notario de Fe Pública, que otorgó el poder Nº 125/09, así como la falta de valoración de la sentencia de divorcio (fs. 26 a 28), que declara la inexistencia de bienes habidos dentro del matrimonio, sin considerar que al haber sido adquirido el inmueble durante la vigencia del matrimonio y no estar reconocido judicialmente previamente correspondería determinarse su ganancialidad ante la jurisdicción familiar, en estricta aplicación a lo previsto por el art. 102 del Código de Familia.
Al respecto, en primer lugar diremos que el poder notarial, es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante, es decir que la intervención del notario de fe pública en la otorgación del poder, se limita a autorizar y dar validez del acto jurídico, notario que no tiene un interés propio en dicho acto, perteneciendo el interés del acto jurídico propiamente dicho a las partes suscribientes del documento, de ahí que el Notario de Fe Pública carece de legitimación pasiva para ser demandado como erradamente pretende el representante de la entidad recurrente.
Con relación a la falta de valoración de la documental de fs. 26 a 28, de cuyo contenido se advierte de la existencia de un proceso de divorcio seguido por Clemencia Ribera López contra Eduardo Titiboco Paz, por el que se declaró probada la demanda principal, declarando disuelto el vínculo conyugal que unía a los nombrados esposos y declarando al mismo tiempo la inexistencia de bienes gananciales de fecha 21 de junio de 2007, resolución que se encuentra ejecutoriada por auto de 27 de julio de 2007, sin embargo y pese a la existencia de esta prueba el representante de la entidad recurrente pretende que al no haberse reconocido judicialmente como bien ganancial el inmueble que hubiera sido adquirido durante la vigencia de esa unión conyugal, previamente debería determinarse su ganancialidad ante la jurisdicción familiar, en aplicación del art. 102 del Código de Familia, sin embargo, no debemos perder de vista que conforme a los antecedentes de la Sentencia de divorcio, fueron las mismas partes quienes refirieron en forma voluntaria la inexistencia de bienes gananciales durante la vigencia de esa unión conyugal, es decir que ninguna de las partes renuncio a los bienes gananciales habidos dentro de matrimonio, sino simplemente declararon su inexistencia, Resolución que al encontrarse ejecutoriada, cuenta con la calidad de cosa juzgada, siendo éste uno de los motivos que imposibilita la apertura de la jurisdicción familiar para determinar su ganancialidad. Sin embargo y al margen de lo referido, se debe considerar que el inmueble sito en la calle Padre Benito Ruiz, (zona Pompeya), con una extensión de 300 m2, conforme el certificado decenal extendido por la Registradora de Derechos Reales de aquella ciudad (fs. 15), fue adquirido el 9 de junio del 1994 por Eduardo Titiboco Paz y Clemencia Ribera López, y registrado en las oficinas de Derechos Reales el 13 del mismo mes y año a nombre de las mismas personas, es decir que el inmueble se encuentra registrado a nombre de ambos propietarios, motivo por el cual no existe la necesidad de determinar previamente su ganancialidad ante la jurisdicción familiar, no siendo evidente que la sustanciación del presente proceso en la vía civil ordinaria dependa del resultado de una acción familiar, como erradamente pretende el recurrente, quien carece de legitimación para realizar dicho reclamo, correspondiendo en consecuencia la prosecución de la causa ante la jurisdicción ordinaria civil, conforme correctamente determinó el Tribunal de Alzada.
Por lo que, en base a los fundamentos anteriormente expuestos, corresponde a este Tribunal fallar conforme lo establecen los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273, del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 126 a 128 y vta., interpuesto por Javier Oscar Cirbian Gutiérrez y Silvia Amada Chávez Aponte representantes legales del Banco Nacional de Bolivia, contra el Auto de Vista Nº 50 de fecha 11 de abril de 2014, cursante de fs. 122 a 123 y vta. Con costas.
Se regula el honorario en la suma de Bs. 1.000, a favor de la actora.

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