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Timestamp: 2017-04-29 23:29:27+00:00

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In dubio pro administrado: junio 2016
El objetivo del blog es compartir y debatir sobre Derecho, no prestar asesoramiento jurídico. Lo aquí escrito son meras opiniones y divagaciones y como tales deben entenderse por el lector. domingo, 12 de junio de 2016
El 2 de octubre entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley que, en su artículo 129, recoge los principios de buena regulación, a saber: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Principios que, dicho sea, no son nuevos, pues ya venían enunciados, en su mayoría, en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Nadie discute que el enunciado de la Ley 2/2011 no ha servido para nada, basta hojear los Boletines Oficiales de los últimos años, pero hay quien cree o, mejor dicho, desea, que la Ley 39/2015 da un paso adelante en la medida en que ésta recoge los mecanismos para poner en marcha los mismos (la justificación de su cumplimiento en la exposición de motivos de las normas). Debo reconocer que siempre he sido bastante escéptico con tales enunciados, es más, según los leía iba rememorando los reglamentos y disposiciones generales que aquejaban de todos y cada uno de ellos. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, y por motivos que no vienen al caso, estaba en el convencimiento de que, realmente, se estaba en disposición de cambiar la forma de fraguar reglamentos y disposiciones generales. Ya os avanzó que he dejado atrás mi escepticismo, ahora, visto desde (más) cerca, estoy en el pleno convencimiento de que tales principios NO los vamos a ver en nuestras futuras normas. Hace falta un cambio de mentalidad política y de formas de hacer administrativas que ni los mandatos legales ni las sentencias judiciales están en disposición de lograr.
Pero tranquilos, Santamaría Pastor cree que sólo habrá de transcurrir el tiempo histórico de una generación para que las prácticas aberrantes de normación impulsiva e impremeditada puedan empezar a rectificarse. Publicado por
buena regulación,
La actual redacción de los artículos 17 y 17 bis de la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, operada por la LO 3/2015, de 30 de marzo, es muy reciente, por lo que, como consecuencia de la fiscalización de las últimas elecciones municipales, vamos a ver, realmente, cuál va a ser la incidencia que la nueva regulación va a tener en materia sancionadora. Los artículos 17 y 17 bis recogen, junto a los artículos 18 y 19, el régimen sancionador de la Ley, régimen que tipifica como infracción la superación por los partidos políticos de los límites de gastos electorales previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La infracción por la superación del límite de los gastos electorales ya estaba prevista en la anterior redacción de la LO 8/2007, ahora bien, su reproche sancionador nada tenía que ver con el introducido por la reforma de 2015. Así, en la redacción del artículo 17 vigente entre el 23 de octubre de 2012 y el 31 de marzo de 2015, se preveía una sanción equivalente al exceso de gasto producido. Sin embargo, con la modificación operada en marzo de 2015, se endurecen enormemente las sanciones a imponer. En concreto, se introduce un nuevo artículo, el 17 bis, que recoge las siguientes sanciones para las infracciones dimanantes de la superación del límite del gasto: Para las infracciones muy graves, que son aquellas que suponen una superación del gasto en un diez por ciento o más del gasto electoral, se prevén sanciones que van del doble al quíntuplo del exceso del gasto con un mínimo de cincuenta mil euros; Para las infracciones graves, que son aquellas que suponen una superación del gasto en más de un tres y en menos de un diez por ciento, se prevén sanciones que van del doble al quíntuplo del exceso del gasto con un mínimo de veinticinco mil euros; Para las infracciones leves, que son aquellas en la que la superación lo es en más de un uno y en menos de un tres por ciento, se prevén sanciones que van del doble al quíntuplo del exceso del gasto con un mínimo de cinco mil euros. La reforma, que cuenta con sus escépticos, como podéis ver en este artículo de Andrés Boix, es probable que, en breve, traiga de cabeza a las pequeñas agrupaciones de electores que se han presentado a las últimas elecciones municipales y, obviamente, al propio Tribunal de Cuentas en ejercicio de la potestad sancionadora que le otorga el artículo 18 de la Ley. El legislador, a la hora de plantear la reforma, no ha caído en la cuenta del impacto que las sanciones introducidas podría tener sobre las pequeñas formaciones políticas en el ámbito municipal. Y es que, cuando esas pequeñas formaciones sólo se presentan a un concreto municipio, su límite de gasto es el que resulte de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde haya presentado su candidatura cada agrupación (Art. 193.2 LOREG). Así, y para revelar las gravosas consecuencias que puede tener el régimen sancionador tratado, sirva como ejemplo el de una agrupación que se hubiese presentado en una circunscripción municipal con diez mil habitantes. Su límite de gasto sería se 1.100,00 Euros (0,11€ x 10.000), por lo que si su gasto electoral fuese de: 1211 €, podría incurrir en una infracción muy grave y ser sancionado con una multa de 50.000 Euros.
1112,10 Euros, podría incurrir en una infracción leve y ser sancionado con una multa de 5.000 Euros. El ejemplo sólo nos puede llevar a concluir que, llegado el caso, el inicio de un procedimiento sancionador por esas pequeñas superaciones sería un absurdo. El Derecho debe mantener una congruencia pragmática, práctica, pues tiene como fin la resolución de problemas y no la producción de otros mayores. Lo cierto es que, hasta la fecha, el Tribunal de Cuentas ha sido flexible en la interpretación del límite de gastos electorales para las pequeñas formaciones políticas de ámbito municipal. Flexibilidad que se imponía, de un lado, por el reducido límite en el que se movían, y mueven, así como en la falta de correspondencia entre el límite máximo de gastos autorizados y el importe de subvenciones a percibir, en ocasiones superior a aquel, en las que el límite máximo de gastos autorizado para las formaciones de reducida implantación es inferior a la subvención a percibir en aquellos casos en los que la formación política no tiene el derecho de complemento provincial que se recoge en el artículo 193.2 LOREG. Esperemos que se mantenga esa flexibilidad. Publicado por
Gasto Electoral,
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References: In dubio
 artículo 129
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 18
 resolución 
 artículo 193