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Timestamp: 2020-05-30 08:11:07+00:00

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SENTENCIA 1995-00178 DE 22 DE ABRIL DE 2004
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN COMO CONSECUENCIA DE ACTOS TERRORISTAS. DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE LOS ACTOS TERRORISTAS SE PRODUCEN, PODRÍAN RESULTAR IMPUTABLES A UNA ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, QUE BIEN PUEDE CONSISTIR EN UNA FALLA DEL SERVICIO, O EN LA EXPOSICIÓN DE ALGUNAS PERSONAS A UN RIESGO EXCEPCIONAL, CREADO EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL ESTADO DE PROTEGER A LA COMUNIDAD EN GENERAL. NO SE TRATA AQUÍ, ENTONCES, DE LA EXISTENCIA DE UNA ACCIÓN U OMISIÓN REPROCHABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, SINO DE LA PRODUCCIÓN DE UN DAÑO QUE, SI BIEN ES CAUSADO POR UN TERCERO, SURGE POR LA REALIZACIÓN DE UN RIESGO EXCEPCIONAL, CREADO CONSCIENTEMENTE POR ÉSTA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. Y ES LA EXCEPCIONALIDAD DEL RIESGO LO QUE HACE EVIDENTE LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS Y POSIBILITA EL SURGIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TERRORISMO, VÍCTIMA DE HECHOS VIOLENTOS, RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL, CONFLICTO ARMADO, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL
Sentencia 1995-00178/14671 de abril 22 de 2004
Rad.: 85001-23-31-000-1995-00178-01(14671)
Actores: Natalia Silva Viuda de Leguizamón y Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional
Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil cuatro
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del cinco de diciembre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decidió lo siguiente:
“1. Declárase responsable a la Nación Colombiana —Ministerio de Defensa— (Policía Nacional) de la totalidad de los daños ocasionados a Natalia Silva Viuda de Leguizamón con la destrucción de su casa, durante los hechos ocurridos el día 18 de julio de 1994.
“2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Nación- Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a Natalia Silva de Viuda de Leguizamón, por concepto de perjuicios materiales, la suma de veintiséis millones quinientos treinta y siete mil doscientos veinticinco pesos ($26.537.225).
“3. Niéganse las demás pretensiones...” (fl. 137, cdno. 1).
1. Mediante demanda presentada el primero de noviembre de 1995, actuando por medio de apoderado, las señoras Luz Delia Cuevas viuda de Duarte y Natalia Silva viuda de Viuda de Leguizamón solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa—, Policía Nacional, por la destrucción total de las casas de habitación de las demandantes, en el municipio de Pore, el 18 de julio de 1994, con motivo de una toma guerrillera (fls. 1 a 9, cdno. 1).
Como consecuencia de la anterior declaración, pidieron que se condenara a la demandada a pagar a Natalia Silva Viuda de Leguizamón a título de daño emergente, la suma de $14.858.000, actualizada al momento de la sentencia, más un interés del 12% anual conforme al numeral 8º del artículo 4 de la ley 80 de 1993; y a Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, por el mismo concepto, la suma de $27.830.000., más el 12 % anual, con base en la norma citada (fls. 1 y 2, cdno. 1).
En respaldo de sus pretensiones, las demandantes narraron que, el 18 de julio de 1994, la población de Pore fue atacada por la guerrilla, presentándose un enfrentamiento con los agentes de la policía asignados a ese municipio; como consecuencia fueron destruidas varias construcciones, tales como la alcaldía, la Caja Agraria, el cuartel de policía y las casa aledañas a esa edificación, entre las cuales se encontraba la casa de propiedad de Natalia Silva viuda de Leguizamón, a tres metros de la estación, por el costado oriental, en frente de la plaza principal, y al lado de la construcción de la señora Silva, estaba la casa poseída por Luz Delia Cuevas viuda de Duarte donde se encontraba su residencia. El primer inmueble quedó totalmente destruido y el segundo lo fue parcialmente (fls. 3 a 5, cdno. 1).
2. La demanda fue admitida mediante auto de 17 de noviembre de 1995 y notificada en debida forma (fls. 65 y 66, cdno. 1).
La demandada pidió negar las súplicas de la demanda, e invocó para ello el hecho exclusivo de un tercero, como causal de exoneración de la responsabilidad del Estado (fls. 67 y 68, cdno. 1).
3. Practicadas las pruebas decretadas mediante auto de dos de febrero de 1996, y fracasada la conciliación (fls. 80 y 81, 108 y 109, cdno. 1), se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para presentar concepto (fl. 110, cdno. 1).
El apoderado de la demandada manifestó que el hecho generador del daño provenía de un grupo subversivo, el cual fue causa exclusiva de la destrucción de los inmuebles, pues se tomó la población y actuó en superioridad de condiciones frente a los agentes de la policía. Agregó que la demandante Luz Delia Cuevas viuda de Duarte no había acreditado la calidad de propietaria del inmueble destruido. Por último, adujo que para que pudiera ser apreciada la prueba anticipada, debió ser practicada por el Tribunal (fls. 111 y 112, cdno. 1).
El representante del Ministerio Público encontró acreditados los elementos que configuran la responsabilidad de la administración. Natalia Silva viuda de Leguizamón probó su condición de propietaria del inmueble destruido; no ocurre lo mismo con Luz Delia Cuevas viuda de Duarte que no probó tal condición; por lo que solicitó la prosperidad de las súplicas de la demanda respecto de la primera y su negación con relación a la segunda.
El apoderado de la parte actora manifestó que la responsabilidad de la administración surgía del daño causado a las demandantes por el ataque guerrillero a la estación de policía, daño que implicaba un desequilibrio ante las cargas públicas. Además dijo estar probada la propiedad del inmueble de la señora Natalia Silva Viuda de Leguizamón y la posesión de la señora Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, conforme a los testimonios obrantes en el proceso (fls. 116 a 124, cdno. 1).
Mediante sentencia del cinco de diciembre de 1997, el Tribunal Administrativo de Casanare accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en la forma indicada al inicio de esta providencia. El a quo aplicó el régimen denominado del daño especial, pues, a su juicio, la actividad de la administración consistente en repeler el ataque guerrillero, cuyo objetivo era destruir las dependencias del Estado que funcionaban en el municipio y tomarse toda la población, es una actividad legítima, pese a lo cual dejó como saldo la destrucción de las viviendas de las demandantes. De otra parte, Natalia Silva viuda de Leguizamón probó la propiedad del inmueble por el cual reclama, cosa que no ocurre en el caso de Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, dado que respecto de su posesión: “la decisión sobre el dominio derivado de la ocupación permanente de un inmueble, corresponde a la justicia ordinaria y no a esta jurisdicción” (fl. 134, cdno. 1); además de que no aportó prueba suficiente que la acreditara. El dictamen pericial anticipado allegado al proceso no fue ratificado y no contó con la participación de la demandada, lo cual impide que sea considerado como plena prueba; sin embargo, unido a las demás pruebas, “constituye un indicio grave, motivo por el cual... amerita credibilidad” (fl. 134, cdno. 1). Conforme a lo anterior, ordenó la indemnización en favor de la primera de las demandantes (fls. 125 a 137, cdno. 1).
Dos de los magistrados aclararon voto en el sentido que el régimen a aplicar era el de “responsabilidad por terrorismo”, ya que la guerrilla fue la que destruyó la estación de policía y los inmuebles de las demandantes. Agregaron que la prueba testimonial no era apta para acreditar la propiedad de las mejoras realizadas al inmueble ocupado por Luz Delia Cuevas viuda de Duarte (fls. 139 a 142, cdno. 1).
La parte demandante interpuso y sustentó recurso de apelación contra la anterior providencia. Respecto de la denegación de las pretensiones a Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, manifestó que las declaraciones practicadas en el proceso eran idóneas para acreditar la posesión sobre el inmueble destruido. En ellas se afirmó que la demandante había vivido por años en el municipio y en la casa afectada, de lo que se deduce que es titular del derecho y estaba legitimada para ejercer la acción. Agregó que la inspección y el peritaje anticipados son plena prueba de los perjuicios causados, dado que cumplen con los requisitos del artículo 300 del Código de Procedimiento Civil (fls. 146 a 149, cdno. 1).
El recurso fue concedido el 16 de enero de 1998 y admitido el 27 de marzo siguiente (fls. 152 y 153, cdno. 1). En el traslado para alegar de conclusión, las partes presentaron alegatos y el Ministerio Público guardó silencio (fl. 159, cdno. 1).
El apoderado de las demandantes insistió en que la posesión de Luz Delia Cuevas viuda de Duarte sobre el inmueble destruido se encontraba debidamente acreditada, además no se persigue que se declare tal condición sino que, se ordene la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda (fls. 161 a 163, cdno. 1).
El apoderado de la demandada manifestó que Luz Delia Cuevas viuda de Duarte no acreditó, mediante prueba solemne, la propiedad del inmueble y agregó que debían negarse las súplicas de la demanda, dado que el daño había sido causado por el grupo guerrillero que asaltó la población (fls. 172 a 172(sic), cdno. 1).
Se advierte, en primer lugar, que la Sala tiene competencia para conocer este proceso, en segunda instancia, no sólo en virtud del recurso de apelación interpuesta, sino de la consulta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 184 de Código Contencioso Administrativo, debe surtirse en favor de la administración.
En este caso, mediante sentencia del 13 de marzo de 1997, se condenó a la demandada a pagar a la demandante, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $26.537.225. Dado que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 597 de 1988, en esa época, debían tramitarse ante los Tribunales Administrativos, en primera instancia, los procesos de reparación directa cuya cuantía fuera igual o superior a $13.445.600, es claro que la sentencia del a quo es consultable.
2. Responsabilidad de la administración como consecuencia de actos terroristas.
“En efecto, si bien ha sido reiterada la jurisprudencia extranjera, y fundamentalmente la francesa y la española(2), en el sentido de expresar que el Estado no asume responsabilidad patrimonial alguna por este tipo de actos —incluidos dentro de las denominadas operaciones de guerra—, esta Sala se ha apartado de aquéllas, al considerar que, dadas las circunstancias en que los mismos se producen, podrían resultar imputables a una acción u omisión de la administración, que bien puede consistir en una falla del servicio, o en la exposición de algunas personas a un riesgo excepcional, creado en cumplimiento del deber constitucional y legal del Estado de proteger a la comunidad en general.
“Así, en fallo del 22 de julio de 1996 y respecto de la muerte de un inspector de policía, que fue asesinado en una zona del país afectada por la violencia, se expresó lo siguiente:
“Por el contrario, ninguna acción positiva tomaron las autoridades requeridas por el aludido funcionario. Las amenazas contra su vida, ocasionadas precisamente por el cumplimiento de sus obligaciones públicas, no fueron suficientes frente a la indolencia de la administración. El Inspector de Policía continuó seriamente amenazado pero cumpliendo con sus obligaciones, hasta que en ejercicio de las mismas resultó asesinado, sin contar en ningún momento con la custodia, apoyo o vigilancia que las circunstancias específicas exigían y que en numerosas oportunidades suplicara.
“No cabe en tales condiciones el predicamento de la demandada sobre la imposibilidad de colocarle un vigilante a cada persona, cuando quien reclama un servicio especial de vigilancia está individual y concretamente amenazado de muerte...”.(3)
“Concluyó el Consejo, en esta oportunidad, que existía un deber especial, en cabeza del Estado, de proteger al mencionado inspector de policía, deber que surgió cuando sus particulares circunstancias de peligro se hicieron evidentes, a raíz de las amenazas recibidas, y fueron informadas a las autoridades competentes. Sin duda, entonces, el incumplimiento de este deber facilitó la acción de los antisociales.
“En providencia del 12 de noviembre de 1993, decidió la Sala sobre los perjuicios materiales causados al propietario de un bus, que se encontraba afiliado a una empresa transportadora, al ser incendiado, el 14 de julio de 1989, por miembros del E.L.N., que protestaban por el alza en el transporte entre Bucaramanga y Piedecuesta. Declaró, también, en esta oportunidad, la responsabilidad de la Nación, con fundamento en lo siguiente:
“Para la Sala, no es necesario que la empresa transportadora hubiera solicitado protección especial de sus vehículos..., porque la demandada sabía los desórdenes que esa alza podía provocar. Ahora bien, esas medidas no se pueden limitar a unos simples patrullajes, sino que deben procurar un resultado eficaz para evitar que se presente el acto terrorista.
“En el fondo, estos particulares al prestar el servicio público de transporte, están... constituyéndose en colaboradores del Estado, dado que los servicios públicos, en principio, deben ser prestados directamente por el Estado, pero hay ocasiones en que éste no puede prestarlos, entonces lo prestan los particulares pero en su condición de colaboradores de aquel y por ello necesitan una especial protección. Si el Estado admite que el particular intervenga como colaborador, éste es digno de que se le preste una especial protección, más aún, cuando se presentan circunstancias notorias de seguridad, de constreñimiento para la no prestación del servicio como ocurre en épocas de paro cívico, o protestas por alzas den las tarifas...”.(4)
“De otra parte, en sentencia del 29 de abril de 1994, en un caso relativo a los perjuicios sufridos por una persona como consecuencia de la explosión de un carro bomba que era manipulado por la guerrilla cerca de un cuartel militar, se dijo:
“La actividad de la fuerza pública y la ubicación de sus instalaciones era legítima y en beneficio de la comunidad, pero como por razón de ellas el actor sufrió un daño que desborda y excede los límites que normalmente están obligados a soportar los administrados, la indemnización de los perjuicios correrá a cargo del Estado...”.(5)
“En sentido similar, en sentencia del 23 de septiembre de 1994, por la cual se decidió un caso en el que se solicitaba la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes con la muerte de una persona, como consecuencia del atentado dinamitero realizado contra el General Miguel Maza Márquez, el 30 de mayo de 1989, se expresó:
“...si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas, contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos inocentes, y se vivencia que el Objeto Directo de la agresión fue un establecimiento militar del gobierno, un centro de comunicaciones, al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, etc., se impone concluir que en medio de la lucha por el poder se ha sacrificado a un inocente, y, por lo mismo, los damnificados no tienen por qué soportar solos el daño causado...”.(6)
“Sin duda, el planteamiento de la Sala encuentra sustento, en estos dos últimos fallos, en una razón distinta del incumplimiento de un deber por parte del Estado. Se reconoce en éstos la legitimidad y legalidad de su actuación, pero se considera que, en cumplimiento de sus funciones, ha puesto en situación especial de riesgo a una o varias personas en particular, por lo cual su sacrificio se torna excepcional y da lugar al surgimiento de la responsabilidad.
“Del análisis de las providencias transcritas, resulta claro que es necesario el estudio de las circunstancias en que ocurren los hechos, en cada caso concreto, para establecer si el Estado es responsable del daño sufrido por los demandantes. Adicionalmente, es claro para la Sala que reflexiones similares a las expuestas en tales providencias, con base en los regímenes antes referidos, permiten obtener, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política vigente, conclusiones parecidas, en la medida en que, antes, como ahora, el punto central de la discusión se sitúa en uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad, la imputabilidad del daño.
“En efecto, con base en el análisis de los casos antes citados, se concluye que el Estado sólo fue condenado en aquéllos en que no se pudo establecer la existencia del hecho de un tercero, como causal de exoneración de responsabilidad, dado que el mismo no resultaba ajeno a la acción u omisión del Estado. Y para ello, la Sala debió precisar, en cada caso, cuál era el alcance de su deber de vigilancia y protección. Es ésta la razón por la cual se acudió, en algunos eventos, al concepto de relatividad de la falla del servicio, que más precisamente alude a la relatividad de las obligaciones del Estado y, por lo tanto, permite determinar, en cada situación particular, si el daño causado resulta o no imputable a la acción u omisión de sus agentes. En otros eventos, como se vio, la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(7).
En este fallo se hizo la presentación de la jurisprudencia, de la Sala, en materia de indemnización de daños causados por actos terroristas, y concluyó que el problema se ha resuelto, tradicionalmente, aplicando los regímenes de falla del servicio y riesgo excepcional(8).
En ella, se dejó de lado el régimen de daño especial. Lo destacable es que el riesgo, en tanto título de imputación del daño al Estado, se viene aplicando para diversas actividades, muchas de ellas, completamente al margen de los actos terroristas, tales como situaciones relacionadas con fuentes de energía eléctrica, conducción de vehículos automotores y armas de dotación oficial, que, en general, tienen que ver con la indemnización de daños causados por actividades peligrosas.
En todo caso, en la sentencia que se viene comentando se expresó que, con fundamento en el análisis de fallos anteriores que allí se citan, podía concluirse que el punto central de la discusión, en todos los procesos relativos a la indemnización de perjuicios causados por actos terroristas, estuvo situado en uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad: la imputabilidad del daño al Estado. En efecto, éste sólo fue condenado en aquéllos en los que la conducta del agresor no pudo ser considerada como hecho de un tercero, ajeno a la acción u omisión de la administración, para lo cual debió establecerse, en unos casos, cuál era el alcance de su deber de vigilancia y protección; en otros, la imputabilidad surgió de la creación de un riesgo excepcional para un grupo especial de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general, caso en el cual no se exigió la prueba de una acción u omisión reprochable de la administración; bastó la producción de un daño, que si bien fue causado por un tercero, constituyó la realización de un riesgo excepcional, que había sido conscientemente creado por el Estado, en cumplimiento de sus funciones, siendo la excepcionalidad del riesgo lo que posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Sin duda, el planteamiento anterior permite aclarar algunos aspectos relacionados con la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política. Lo primero que hay que advertir es que, en estos eventos, se trata siempre del hecho de un tercero, que, sin embargo, dadas las circunstancias especiales en que suceden los hechos, puede no ser ajeno a la acción u omisión del Estado, lo que permite atribuir a éste responsabilidad patrimonial. Es ésta la razón por la cual en el fallo se precisa que el problema central, en todos los casos, lo constituye la demostración de que el daño es imputable al Estado.
Ahora bien, en algunos eventos, la imputabilidad podrá resultar del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, cuando uno de ellos se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce —sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso—; son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber estatal.
En otros casos, la imputabilidad puede resultar, como se ha dicho, de la creación de un riesgo por parte del Estado, que se realiza, causando daño a un particular; es ésta la situación que se presenta, por ejemplo, cuando son atacadas instalaciones o personas que deben ser protegidas por las autoridades de manera especial, o inmuebles donde tienen sede dependencias u organismos del Estado, que pueden ser considerados objetivos militares por parte de la subversión o de otros grupos al margen de la ley, de manera que su sola existencia puede poner en situación especial de riesgo a quienes se encuentran en los alrededores, por ser habitantes del sector donde se produce el atentado o por encontrarse fortuitamente en dicho lugar, quienes resultan sometidos a un sacrificio mayor al de los demás ciudadanos, no obstante que la presencia del Estado, por medio de oficinas, cuarteles, inspecciones, etc., o la acción de determinadas autoridades, se hace necesaria en beneficio de todos.
Nótese, entonces, que la declaración de responsabilidad del Estado por actos terroristas, en los eventos en que la participación de éste no es activa (por no haber existido intervención de agentes estatales) y, por lo tanto suponen el hecho de un tercero, es definitivamente excepcional, y corresponde únicamente a aquellos casos en que, realizándose los supuestos del artículo 90 de la C.P., tal daño resulta imputable al Estado.
Por ello, ha sido sapiente la jurisprudencia del Consejo de Estado al dar a estos casos el tratamiento común de los daños ocasionados por terceros, sin perjuicio de que se deduzca responsabilidad al Estado cuando dichos daños le sean imputables, por omisión, o sea, por falla del servicio, o por acción, si expuso a los administrados al riesgo excepcional de que dichos atentados los perjudicaran, todo dentro del esquema consagrado por el artículo 90 de la C.P.
El Tribunal señaló que la demandante Natalia Silva viuda de Leguizamón demostró su condición de propietaria del inmueble por el cual demanda, y negó lo solicitado por Luz Delia Cuevas viuda de Duarte por considerar que no probó su calidad de propietaria del otro inmueble afectado.
a) Respecto de la calidad de propietaria de Natalia Silva viuda de Leguizamón, obran las siguientes pruebas:
— Folio de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos de Públicos de Yopal, Nº 470-0016272 de “un lote de terreno ubicado en el área urbana de Pore, con una cabida superficiaria de novecientos metros cuadrados (900 m2), cuyos linderos se encuentran en la escritura 166 de agosto 11 de 1987, de acuerdo al decreto 1711/84”. Dirección carrera cuarta Nº 2-36. La única anotación fue realizada el 16 de septiembre de 1987, y se refiere a la escritura citada, donde consta la venta, por la suma de $4.500.00, del municipio de Pore a Natalia Silva viuda de Leguizamón (fl. 13, cdno. 1).
— Paz y Salvo de la tesorería municipal de Pore, de seis de octubre de 1994, en el que acredita que Natalia Silva Viuda de Leguizamón está a paz y salvo por todo concepto con el municipio de Pore (fl. 14, cdno. 1).
— Escritura 166 de 11 de agosto de 1987, de la notaría única del Paz de Ariporo, en la que protocoliza la venta del predio urbano ubicado en la carrera 4ª Nº 2-36, del municipio de Pore a Natalia Silva viuda de Leguizamón por la suma de $4.500 (fl. 18, cdno. 1).
Es claro que la construcción de la casa de habitación, en el lote de la demandante, no se protocolizó, ni se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria. Sin embargo, acreditada plenamente la condición de propietaria del lote, también se le puede considerar como tal, respecto de la edificación, que se construyó sobre el mismo y por cuya destrucción se demanda, aplicando el artículo 739 del Código Civil, que establece que el dueño de un terreno también lo es de lo que se construya en él, en virtud de la accesión, como modo de adquisición del dominio de las cosas. Así lo ha considerado tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia:
“El dueño de un inmueble pasa a serlo de lo que por accesión se junta a dicho mueble, sin necesidad de escritura pública registrada, ya provenga la accesión de la naturaleza, de obra del mismo dueño o de obra de un tercero. El dueño incorpora en su patrimonio lo que por accesión se agrega al bien de que ya es dueño, y este resultado se obtiene sin que para ello se realice y se cumpla tradición alguna. Pero ello no quiere decir que sobre el dueño del inmueble, llegado el respectivo caso, no recaigan las prestaciones a que tengan derecho el plantador, edificador, etc., de acuerdo con la ley”(9).
“La accesión es un modo originario de adquisición del dominio, lo mismo que la ocupación. Es decir, el dominio de la cosa lo adquiere el dueño del terreno por el hecho mismo de la accesión, sin que tenga por qué operarse la trasferencia de tal dominio de la cabeza de una persona distinta a la suya. Según el artículo 713 [del Código Civil] es la acción per se lo que produce a favor del dueño de la cosa principal la adquisición del dominio de lo que se junta o accede a ella.
“Por consiguiente, por el hecho de la accesión el dueño del terreno pasa a serlo de la edificación que en él se levante, con su consentimiento. No necesita adquirir por compra o transferencia del constructor de ese dominio, porque ya lo tiene mediante el modo de la accesión, y nadie puede adquirir lo que ya es suyo”(10).
b) En cuanto a la calidad de poseedora de Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, obran las siguientes pruebas:
— El señor Armando Rodríguez Cuevas manifestó que conocía a las demandantes desde hacía 15 años; sobre los inmuebles manifestó:
“Las propietarias fueron Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte y doña Natalia Silva, me consta porque siempre las he conocido como propietarias de esas casas, hoy destruidas... para la fecha de los hechos... el puesto de policía del municipio de Pore, se encontraba contiguo las casa destruidas (fl. 27, cdno. 2).
— La señora Anileyna Barreto señaló:
“Las propietarias eran Natalia Silva y Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte, me consta que siempre han sido la dueñas y poseedoras de esas casas, las que hoy se encuentran destruidas... me consta que en dicha toma destruyeron las casas de Natalia Silva y Luz Delia Cuevas, al igual que el cuartel de la Policía, el palacio municipal y Caja Agraria, me consta porque al otro día pasaba gente a mirar y fuimos y observamos las casas ya destruidas (fls. 29 y 30, cdno. 30).
— La señora María Ubaldina Tumay Gamba también dijo que las conocía desde hacía 15 años y manifestó:
“... eran vecinas de mi casa, ellas vivían a media cuadra de distancia de mi casa de habitación, frente al parque principal de éste municipio... las propietarias de las casa destruidas eran LUZ DELIA y Natalia Silva, me consta porque toda la vida las conocí como dueñas de esa propiedades o inmuebles... la distancia de la casa de Natalia Silva a la policía hay un paso, y a la de LUZ DELIA habrán veinte pasos, es decir contiguas al cuartel, me consta porque yo vivo como dije anteriormente a media cuadra de dichos inmuebles” (fl. 31, cdno. 2).
— El señor Clemente Alba Gaitán señaló lo siguiente:
“... a la señora Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte, la conocí en este municipio hace el espacio de treinta años a la señora Natalia Viuda de Leguizamón, la conozco desde la infancia... Me consta que la casa de la señora Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte, era de propiedad de ella porque en compañía del esposo ya fallecido don Pedro Elias Duarte, compraron la casa y ahí los conocí viviendo siempre. En cuanto a la señora Natalia Silva Viuda de Leguizamón, igualmente me consta que la casa era de ella porque cuando falleció el esposo José Homero Leguizamón, ellos estaban viviendo en dicha casa y fue construida con trabajo y esfuerzo personal de los dos... Las dos casas destruidas a consecuencia de la toma guerrillera pasada, la de la señora Natalia Silva Viuda de Leguizamón, estaba ubicada contiguamente al puesto de la Policía y de la señora Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte, estaba la parte destruida, contigua a la Casa de Natalia Silva... (fl. 34, cdno. 2).
— El señor Víctor Manuel Martínez manifestó:
“Sí a doña Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte la conozco hace como unos veinticinco años, y a doña Natalia Silva, la conozco hace le espacio de trece años, las conocía en Tamará y Pore, Casanare, respectivamente, a la primera la conocía por éramos vecinos y a la segunda porque vivía a escasas cuadras de donde yo resido aquí en Pore... La propietarias eran la Señora Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte y la señora Natalia Silva, me consta que la casa de la primera fue adquirida por compra y donde ella quedó viviendo al morir el esposo; y la de la segunda de igual forma, era la casa que habían construido con su esposo, quien ya falleció... los inmuebles destruidos en la toma guerrillera del año mil novecientos noventa y cuatro comenzando por la de la señora Natalia Silva, que queda contigua al cuartel de la policía, también destruido y la de la señora Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte queda contigua o adyacente a la casa de la señora Natalia Silva” (fls. 35 y 36, cdno. 2).
El inmueble de la señora Delia Cuevas viuda de Duarte, destruido en los hechos de que da cuenta este proceso, fue identificado en la inspección judicial y el dictamen pericial anticipados que obran en el expediente, como se observará más adelante (fls. 55 y 57, cdno. 1).
El Tribunal consideró que la demandante pretendía la declaración de dominio del inmueble, la cual, correspondía a la justicia ordinaria; agregó que la prueba aportada no era idónea para acreditar tal circunstancia. La Sala no comparte lo decidido en la providencia impugnada respecto de este punto, dado que la demandante se presentó al proceso aduciendo la calidad de poseedora del terreno donde se encontraba la edificación y acreditó tal condición.
Si bien las declaraciones que obran en el expediente adolecen de cierta generalidad, lo cierto es que la parte demandante cumplió con la carga probatoria de acreditar su condición, mediante la solicitud de las declaraciones citadas y la formulación de un cuestionario para que fuera absuelto por los testigos, dado que el Tribunal comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Pore para la práctica de la prueba. Ese despacho, se limitó a formular las preguntas del cuestionario, sin precisar acerca del conocimiento de los declarantes sobre los hechos y sin poner empeño en que el testimonio fuera completo y exacto, como lo exigen los numerales segundo y tercero del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. Las falencias en la práctica de dichas declaraciones no tiene porqué soportarlas la actora; así lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:
“1. Teniendo en cuenta que con apoyo en la legislación positiva, la jurisprudencia se ha referido en muchas oportunidades al tipo de defectos que en la especie en estudio denuncia el censor, señalando por demás claras orientaciones para su eficaz planteamiento valiéndose de la primera de las causales que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por ser ellas de estricta aplicación a los cargos formulados procede iniciar estas consideraciones rememorando algunas que se explican por sí mismas y que desvirtúan la base de las acusaciones en dichos cargos contenidas; “ … Ciertamente, ha señalado esta corporación, entre las directrices legales consagradas respecto de la recepción de la prueba testimonial, se encuentran la de que el juez le ‘ordenará al testigo que haga un relato de los hechos objeto de la declaración’ y de que las preguntas no deben ser sugestivas o insinuantes, ni las respuestas deben ser de cartabón. Y si bien es principio normativo el de que el juzgador deberá poner empeño en que la prueba se reciba con sujeción a todas las exigencias legales, en igual forma a las partes, en razón de principios como los de publicidad y contradicción, les corresponde vigilar igualmente la prueba, tanto en el cumplimiento de las formalidades previas (art. 227, CPC), como las exigencias que se deben cumplir en su recepción. (…) Lo ideal es que la prueba testimonial se reciba con sujeción estricta a los lineamientos legales enunciados. Sin embargo, no puede haber en esto un desmedido rigor, puesto que es común que los declarantes, por su escasa cultura, su poca locuacidad, su misma discreción, mesura o prudencia, sus limitantes sicológicos, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que declara, tenga que ser inquirido sobre el conocimiento de los hechos, en lugar de que éste inicialmente haga un relato de los mismos. Por estas mismas circunstancias, se debe tolerar cierto margen sugestivo o insinuante en el interrogatorio, como hoy lo acepta la doctrina, máxime cuando es verbal, que como norma general no es calculado ni viene hábilmente dirigido. En este mismo orden de ideas y como se presentan declarantes que no son expresivos, o porque su impreparación los limita, o porque solo les consta lo que contiene la pregunta, sus respuestas son igualmente cortas, pero no del todo inexpresivas. (...) De suerte que si el juez no dispuso que el testigo hiciera un relato de los hechos objeto de su declaración, pero por otra parte en el interrogatorio y contrainterrogatorio que le formulan las partes ha expuesto los hechos por él conocidos, atinentes al litigio, con precisión y claridad, aquella omisión no puede conducir a restarle toda eficacia probatoria a tal prueba. Como tampoco cuando dentro de un aceptable margen de tolerancia se formulan preguntas sugestivas al declarante, o éste responde en pocas palabras lo que le consta pero de manera clara y concreta. (...) Por otro lado, si la prueba se practica con tolerancia y aceptación de la parte a quien se opone tal medio de convicción, no puede luego en el recurso de casación, por constituir medio nuevo, alegar tacha alguna que no la tuvo en los trámites de las instancias, punto este acerca del cual ha sostenido reiteradamente la doctrina de la Corte, que toda alegación conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurrió en errónea apreciación de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casación. (Cas. Civ. 28 de julio de 1971, CXXXIX, 84). ‘El cargo planteado por primera vez en casación, con base en defectos legales que se le imputan a la aducción de la prueba... implica un medio nuevo que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideración elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en trámites anteriores, acusación que al ser admitida resultaría violatoria del derecho de defensa de los litigantes y reñida con la índole y esencia del recurso extraordinario’ (Cas. Civil de 16 de agosto de 1973, CXLVII, 26)” (Sentencias 30 de julio de 1980 y 23 de enero de 1981, no publicadas oficialmente).
“En síntesis, tratándose de la prueba cuya fuente es el testimonio de terceros en el ámbito del proceso civil, significa lo anterior que la forma afirmativa utilizada para hacer sucesivas preguntas concretas a los testigos, en cuanto tal diferente desde el punto de vista técnico al relato espontáneo que exige el artículo 228 Numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, y la falta de cuidado imputable a los funcionarios judiciales en el cumplimiento de los recaudos preliminares en dicho precepto consagrados, de suyo no constituyen factores que conduzcan a la automática descalificación de la declaración rendida si del examen crítico de esta última, llevado a efecto del modo que indica el artículo 187 ibídem, se desprende que en realidad, frente a los hechos por demostrar y atendida la razón del dicho en las respectivas respuestas expuesto, aquellos defectos carecen de influencia sustancial, y en cualquier caso que sea, valiéndose del recurso de casación no es posible pretender, invocando circunstancias irregulares de la estirpe de las anotadas, que se descarte la prueba en referencia aduciendo el desconocimiento de normas de rango legal reguladoras de su producción, si en la debida oportunidad el litigante interesado, lejos de formular las correspondientes objeciones en instancia, aceptó y puso en práctica el mismo sistema contra el cual dirige ahora su crítica”(11).
En este caso, la actora debía acreditar lo prescrito en el artículo 762 del Código Civil:
En efecto, la actora en su calidad de poseedora, solicitó la indemnización de perjuicios por los daños causados al inmueble; no es posible interpretar de otra forma la demanda. No se trata de recuperar la posesión del inmueble o eliminar alguna perturbación a la misma, en ejercicio de la acciones publiciana o posesoria, establecidas en los artículos 951 y 972 del Código Civil; menos aún, se pretende la declaración de pertenencia, por adquisición de dominio mediante prescripción, conforme al artículo 2518 del mismo código. En efecto, en este caso solo bastaba con la demostración de los elementos determinados en el citado artículo 762. Sobre ellos, ha considerado la Sala lo siguiente:
“Por ello los testimonios recibidos en segunda instancia (fls. 545 a 563 cdno. 4) por medio de los cuales se pretende establecer la posesión material del demandante sobre un lugar que no está determinado, imposibilita su eficacia jurídica porque no recae en punto cierto, como lo exige el Código Civil al definir la posesión; dice que la posesión “( ) es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él ( )”...
“Con esas comunicaciones se colige que el demandante no tenía ánimo de señor y dueño, pues al pedir en venta esos bienes reconoce el dominio ajeno; esta conclusión surge del entendimiento de los conceptos legales de propiedad y de posesión. El Código Civil dispone en el artículo 762 que la Posesión “( ) es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él ( )”; a diferencia de la mera tenencia(12) el poseedor tiene un bien, aprehensión física de éste, sin aceptar dominio ajeno, en cambio el tenedor si. La posesión comporta dos dimensiones en la relación jurídica, una física u objetiva(13) (aprehensión material de la cosa) potestad de hecho sobre la cosa, y una subjetiva o animus(14) que denota la intención o voluntad especial que debe tener el que ha aprendido la cosa de mantenerla en su poder, obrando de manera semejante al propietario, y con el carácter de señor y dueño de la cosa.
“Teniendo en cuenta la doble dimensión del hecho jurídico de la posesión, la física de aprehensión material de la cosa y la subjetiva de voluntad o intención de mantenerla en su poder, en principio la prueba de la posesión estará dada por la demostración del ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, unido a la afirmación de que se está poseyendo para sí (presunción contenida en el art. 762 C.C.)”(15).
En este caso, la demandante demostró que es poseedora del bien inmueble parcialmente destruido en la toma guerrillera. Se trata de un terreno y una casa de habitación claramente identificados, tanto en la inspección como en el dictamen pericial anticipados, y es el mismo inmueble al que hacen referencia los testigos que acreditaron la posesión que ejerce la actora, los cuales son asertivos en sostener que ella es la propietaria y que ha vivido por varios años en él, inicialmente con su marido y después sola. Ninguno de los testigos hizo referencia a que tenía el bien con un título diferente al de propietaria del mismo, como tampoco que tenía o reconocía otro dueño o poseedor.
Acreditada la condición de poseedora de Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, está legitimada para solicitar la indemnización de perjuicios; así lo ha reconocido la Sala en jurisprudencia reciente:
“Ahora bien, no cabe duda a la Sala de que el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquél no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores,(16) y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización “no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho...”. (Se resalta).(17)
“En ese orden de ideas y en vista de que no se demostró en el proceso la condición de nudos propietarios de los actores, alegada en el libelo introductorio, pero sí el ejercicio de la posesión sobre el bien por parte de los mismos, se interpretará la demanda en el sentido de entender que sus peticiones se formulan con fundamento en este último hecho”(18).
4. Prueba anticipada.
De otra parte, respecto de la inspección judicial y el dictamen pericial anticipados que obran en el expediente, el Tribunal consideró que se tomarían como indicio grave, dado que no fueron practicados con audiencia de la demandada y no fueron ratificados en el presente proceso.
Debe anotarse que los requisitos exigidos por el a quo no se encuentran establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Conforme al artículo 300(19), modificado por el artículo primero, modificación 131, del decreto 2282 de 1989, vigente al momento de solicitud, tres de marzo de 1995, podía pedirse la inspección judicial con o sin citación de la contraparte sobre personas, lugares, cosas y documentos cuando existiera fundado temor de que, con el trascurso del tiempo, pudiera alterarse la situación o dificultar su reconocimiento; respecto del dictamen de peritos, se establecía que debía citarse a la persona contra quien se pretendía hacer la prueba.
Los requisitos exigidos en dicha norma fueron cumplidos en la solicitud presentada por las demandantes, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pore, por cuanto se solicitó la práctica anticipada de inspección judicial y dictamen de peritos a los inmuebles por los que se demanda, para el avalúo de los daños causados por el ataque guerrillero, su ubicación y linderos, así como distancia a la que se encontraban del puesto de policía de la población; además, se solicitó la notificación personal del comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional en Yopal, conforme a lo prescrito en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo (fls. 26 a 30, cdno. 1). Mediante auto de 24 de marzo de 1995, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pore ordenó la práctica de la diligencia, previa notificación al Ministerio de Defensa por medio del comandante de la citada brigada, para lo cual comisionó al juzgado de la misma categoría en Yopal (fl. 34, cdno. 1). El tres de mayo 1995, el citador del Juzgado Promiscuo Municipal de Yopal informó que el comandante de la guarnición militar se había negado a firmar la notificación personal (fl. 53, cdno. 1). En comunicación del cinco de mayo siguiente, el mismo oficial, en comunicación dirigida al Juez Promiscuo Municipal de Pore, le manifestó las razones por las cuales se había negado a suscribir la notificación, las mismas por las que se oponía a la prueba (fls. 38 y 39, cdno. 1).
Conforme a lo anterior, es claro que la parte demandante cumplió con lo requisitos establecidos para la solicitud de las pruebas anticipadas en estatuto procesal civil y que la demandada se notificó por conducta concluyente de las diligencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, y se negó a participar en ellas. Razón por la cual dicha pruebas pueden ser valoradas en el presente proceso.
En el proceso obran las siguientes pruebas:
a) En el acta suscrita por funcionarios del municipio de Pore, con motivo de los hechos objeto de este proceso, se lee:
“En Pore departamento de Casanare, a los veintiún (21) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), siendo las nueve de la mañana, los suscritos Antonio José Montoya Hernández, Omar Humo (sic) Flórez en nuestras condiciones de alcalde y personero respectivamente, en forma asociada con la Arquitecta María Elena España en su condición de representante de la oficina de Planeación Departamental, hicimos acto de presencia donde funcionaban las viviendas domiciliarias de propiedad de las señoras Natalia Silva Fernández... Luz Delia Cuevas Rodríguez... citadas señoras quienes manifestaron ser damnificadas por el acto terrorista de violencia desarrollado por insurgentes miembros subversivos de las FARC y el E.P.L., el día dieciocho del mes y año en curso en horas de 6:30 y 12:30 de la noche. Objeto: Levantar un diagnóstico de reconocimiento de los daños y perjuicios causados en las instalaciones locativas de las respectivas viviendas domiciliarias. Lo Inspeccionado: Procedimos a efectuar un recorrido de inspección general sobre los escombros de las instalaciones locativas de la propiedad indicadas, sintetizándose los siguientes resultados...” (fl. 32, cdno. 1).
Respecto del inmueble de Natalia Silva viuda de Leguizamón se describieron las partes destruidas, en un área de 192 m2 y calcularon los daños en $26.800.000, y de la casa de Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, se hizo la misma descripción en un área de 225 m2, por un valor de $32. 625.000 (fl. 32, cdno. 1).
A folios 24 y 25 del cuaderno uno obran seis fotografías de los inmuebles destruidos; el señor Javier Chaparro manifestó que dichas imágenes, tomadas por él, corresponden a las casas de las demandantes (fl. 37, cdno. 1).
b) En la diligencia de inspección judicial anticipada, el Juez Promiscuo Municipal de Pore estableció lo siguiente:
“... Seguidamente se identificaron los inmuebles en su orden así: Primero: Lote de propiedad de Natalia Silva Viuda de Leguizamón. Norte: Escuela General Santander, hoy escombros de lo que fuera las instalaciones de la Policía. Oriente: con predio del municipio de 18 mts. Sur: Con propiedad de Pedro Duarte o Luz Delia Viuda de Duarte, Occidente: con parque principal. Segundo: Lote de Luz Delia Cuevas Viuda de Duarte: Norte: Con propiedades de Natalia Silva, Oriente: Con propiedades de Natalia Silva. Oriente: con propiedades del Municipio y Armando Rodríguez. SUR: con calle 2ª. Occidente: Con carrera 17. El Juzgado constató que los hechos narrados de los cuales es objeto la diligencia coinciden en un todo con los descritos por el peticionario” (fl. 55, cdno. 1).
c) Los peritos nombrados por el juzgado, en la misma diligencia, en cuanto al daño de los inmuebles de las actoras, determinaron lo siguiente:
“Propietario del inmueble
“1. Natalia Silva...
Según Escritura 116 Agosto 11 de 1987 de La Notaria Única del Circuito de Paz de Ariporo Casanare.
“2. Localización del inmueble: Se haya (sic) localizada (sic) en la Cra. 4ª # 2-36 del casco urbano del municipio de Pore. Y alinderada (sic) de la siguiente manera:
“Norte: En cincuenta (50) m. Con la escuela General Santander (puesto de Policía).
“Oriente: En 18 m con predios del municipio.
Sur: En cincuenta (50) m. Con predio de Pedro Duarte.
Occidente: En dieciocho metros (18 m.), con la kra 4ª y Parque principal
“3. Área del inmueble: El área del inmueble tiene un área construida de 148,50 mts2.
“6. Anexamos plano del inmueble (fls. 60 y 61, cdno. 1).
“propietario del inmueble:
“Luz Delia Cuevas...
“Según venta presentada por la propietaria.
“1. Localización del inmueble: Se haya (sic) localizada (sic) en la carrera 4ª calle 2ª Esquina del casco urbano del municipio de Pore alinderado de la siguiente manera:
“Norte: Con propiedad de Natalia Silva.
“Oriente: Con propiedad de Armando Rodríguez.
“Sur: Con la calle 2ª
“Occidente: Con la carrera 17.
“5. Anexamos plano de inmueble (fls. 57 a 59, cdno. 1).
d) Sobre la forma como sucedieron los hechos, obra el informe del suboficial de la policía que se encontraba al mando de la estación del municipio de Pore, al comandante del Departamento de Policía Casanare, del 19 de julio de 1994, sobre el ataque del día anterior. En él manifestó que estaban advertidos de la presencia de la guerrilla y que tomaron las precauciones necesarias. El ataque se presentó entre la 6:30 y 11:45 y fue resistido por seis uniformados, uno de los cuales murió; ellos protegieron la población hasta que la edificación quedó totalmente destruida. Después, fueron retenidos temporalmente hasta las tres de la mañana. Todo el armamento de la unidad policial fue hurtado por el grupo guerrillero (fls. 8 a 14, cdno. 2).
Los uniformados que enfrentaron la toma guerrillero fueron absueltos de toda responsabilidad disciplinaria, mediante providencia del 27 de febrero de 1995, del comando del Departamento de Policía Casanare. En la misma providencia se impuso multa de ocho días de salario, a cuatro agentes que se encontraban ausentes, sin ninguna justificación, de las instalaciones del comando durante el enfrentamiento (fls. 15 a 18, cdno. 2)
e) Sobre el episodio, también informó el Director General de la Policía Nacional:
“... en efecto, el día 18 de julio de 1994 siendo las 18:30 horas fueron violentamente atacadas las instalaciones de la Policía Nacional ubicadas en el municipio de Pore, Casanare, por insurgentes de las cuadrillas subversivas 45 Atanasio Girardot, 28 José María Córdoba y 10 Guadalupe Salcedo de las autodenominadas Fuerzas Armadas Comunistas FARC, dando como resultado el asesinato del agente de la policía Fabio Eduardo Sánchez Prada y 3 agentes más heridos al igual que hurto de material de guerra en considerable cantidad.
“... efectivamente con motivo de la toma guerrillera se produjo la destrucción total del Comando de Policía del municipio de Pore Casanare.
“... efectivamente la acción guerrillera en la que utilizaron gran cantidad de explosivos de diferentes clases dio como resultado la destrucción de algunos inmuebles vecinos así: parte posterior residencia del señor Abelardo Chaparro sin más datos, parte lateral izquierda residencia del señor Jorge Buitrago sin más datos, parte lateral derecha instalaciones de la Alcaldía Municipal” (fl. 39, cdno. 2).
f) Lo mismo precisó el comandante del Departamento de Policía Casanare:
“a. El día 180794 en el municipio de Pore, subversivos de las F.A.R.C., incursionaron en esta población destruyendo la estación de policía, asesinando a un agente, hurtaron 12 fusiles galil, proveedores para los mismos, munición 7.62, uniformes y objetos de valor, destruyeron algunas casas vecinas ubicadas cerca de la policía; también incursionaron las instalaciones de la Caja Agraria.
“b. Los bandoleros destruyeron las instalaciones en su totalidad, con rokets, granadas e incendiaron lo que quedaba de estas.
“c. Las casas que sufrieron el enfrentamiento armado fueron:
“1. Instalaciones de la Policía Nacional propiedad del municipio.
“2. Palacio municipal donde funcionaba la Alcaldía propiedad del municipio.
“3. Casa vecina de propiedad de la señora Natalia Silva viuda de Leguizamón.
“4. Casa vecina de propiedad de la señora Luz Delia Cuevas viuda de Duarte” (fl. 42, cdno. 1).
De acuerdo con lo anterior, se encuentra establecido que en la noche del 18 de julio de 1994, en el municipio de Pore, un grupo de guerrilleros, perteneciente a las FARC, se tomó la población y destruyó la estación de policía. Al mismo tiempo fueron destruidas las casas de habitación vecinas donde residían Natalia Silva viuda de Leguizamón y Luz Delia Cuevas viuda de Duarte. En este caso, se trató de un ataque subversivo a la unidad policial, que sin duda tenía el deber legal y constitucional de proteger a la población, pero que en un enfrentamiento armado, significaba un riesgo especial para quienes habitaban alrededor de la edificación oficial, el cual, al concretarse, dio como resultado la destrucción de los inmuebles por los cuales se demanda, hay, pues, razón suficiente para disponer la indemnización.
En el citado dictamen pericial anticipado se estableció el siguiente monto de los daños causados a los inmuebles:
a) En el caso de Natalia Silva viuda de Leguizamón:
“4. Estado del inmueble: Este inmueble se haya (sic) totalmente destruido, y los materiales no pueden ser reutilizados.
“5. Concepto técnico: Teniendo en cuenta los materiales en que se haya (sic) construido le damos el valor de cien mil pesos por metro cuadrado ($100.000)
catorce millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos ($14.858.000) (fls. 60 y 61, cdno. 1).
b) Respecto del inmueble poseído por Luz Delia Cuevas viuda de Duarte:
“2. Área del inmueble: El inmueble tiene un área total de 321.75 mts2
Área destruida: 155.00 mts2
Área deteriorada: 166.75 mts2
“3. Estado del inmueble: Este inmueble se encuentra destruido en 48.17% y el restante 51.85% está deteriorado.
“4. Concepto técnico: Teniendo en cuenta los materiales en que se haya (sic) construido el inmueble le damos un valor de $115.000 por metro cuadrado y para él área deteriorada de $60.000 por metro cuadrado.
Valor del área destruida: diecisiete millones ochocientos veinticinco mil pesos ($17.825.000).
Valor de área deteriorada: diez millones cinco mil pesos ($10.005.000) (fl. 57, cdno. 1).
En total calculó como pérdida la suma de $27.830.000.
La Sala considera razonables los anteriores cálculos. La sumas se actualizarán de acuerdo con el procedimiento adoptado por esta Corporación, teniendo en cuenta la fecha del hecho, 18 de julio de 1994, y la de esta sentencia. Así, se tiene que:
La parte actora ha solicitado que sobre que se reconozca un interés del 12 por ciento anual, con base en el numeral octavo del artículo cuarto de la ley 80 de 1993; dicha solicitud no fue sustentada. La Sala tradicionalmente ha reconocido, como lucro cesante, los intereses legales generados por el valor histórico, esto es, el seis por ciento anual, lo que se hará también en el presente caso.
c. En cuanto a la indemnización en favor de Natalia Silva viuda de Leguizamón:
Vp = $ 14.858.000 148,75 (febrero/2004) = $46.725.740
47.30 (julio/1998)
Se concluye, entonces, que el valor total del daño emergente, en valor presente, corresponde a la suma de $46.725.740.
Así mismo, a título de lucro cesante, se estiman los intereses que tal valor histórico generaría, monto al cual se aplicará el interés legal, esto es, el 6% anual:
I = $ 14.858.000 x N x 0.004867
Donde N es el número de meses transcurridos desde la época de los hechos hasta la fecha de esta providencia.
I = $14.858.000 x 116 x 0.004867
I = $8.388.411
Se concluye, entonces, que el valor total del lucro cesante corresponde a la suma de $8.388.411
La suma total a pagar por concepto de perjuicios materiales es de $55.114.151
d. Respecto de la indemnización en favor de Luz Delia Cuevas viuda de Duarte:
Vp = $ 27.830.000 148,75 (febrero/2004) = $87.520.349
Se concluye, entonces, que el valor total del daño emergente, en valor presente, corresponde a la suma de $87.520.349.
I = $ 27.830.000 x N x 0.004867
I = $ 27.830.000 x 116 x 0.004867
I = $15.712.039
Se concluye, entonces, que el valor total del lucro cesante corresponde a la suma de $15.712.039
La suma total a pagar por concepto de perjuicios materiales es de $103.232.388
Modifícase la sentencia del cinco de diciembre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en su lugar se dispone lo siguiente:
Declárase patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los daños causados a Luz Delia Cuevas viuda de Duarte y Natalia Silva viuda de Leguizamón, por la pérdida de sus inmuebles, el primero ubicado en la carrera 4ª calle 2ª esquina del casco urbano del municipio de Pore (Casanare) de acuerdo a los linderos descritos en el dictamen pericial que obra en el proceso (fls. 57 a 59, cdno. 1), el segundo ubicado en la carrera 4ª Nº 2-36 del mismo municipio, en el lote con folio de matrícula inmobiliaria Nº 470-0016272 de la Oficina de Registro de Instrumentos de Públicos de Yopal, en los hechos ocurridos en el 18 de julio de 1994, en el municipio de Pore (Casanare).
Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar a Luz Delia Cuevas viuda de Duarte, la suma de ciento tres millones doscientos treinta dos mil trescientos ochenta y ocho pesos ($103.232.388), por concepto de perjuicios materiales.
Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar a Natalia Silva viuda de Leguizamón, la suma de cincuenta y cinco millones ciento catorce mil ciento cincuenta y un pesos ($55.114.151), por concepto de perjuicios materiales.
Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enriquez—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.
(1) Auto del 18 de noviembre de 1994. Expediente 10.221. Actor: Mario Vega Vahos. M.P. Daniel Suárez Hernández.
(3) Expediente 11.934, actora: Mariela Guzmán Sánchez y otros.
(4) Expediente 8233, actor: Hilario Mantilla Mantilla.
(5) Expediente 7136.
(6) Expediente 8577, actor: Justo Vicente Cuervo Londoño.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de agosto de 2000, actor: Nohemy Revelo de Otálvaro, Expediente 11.585.
(8) Ver, entre otras, sentencias del 25 de octubre de 1991, Expediente 6680; 25 de marzo de 1993, Expediente 7641; 12 de noviembre de 1993, Expediente 8233; 28 de abril de 1994, Expediente 7733; 29 de abril de 1994, Expediente 7136; 23 de septiembre de 1994, Expediente 8577; 16 de junio de 1995, Expediente 9392; 16 de noviembre de 1995, Expediente 10.309; 15 de marzo de 1996, Expediente 9034; 18 de abril de 1996, Expediente 10.230; 22 de julio de 1996, Expediente 11.934; 15 de abril de 1999, Expediente 11.461.
(9) Corte Suprema de Justicia, Casación 26 de octubre de 1909, Gaceta Judicial XXV, pág. 291.
(10) Corte Suprema de Justicia, Casación cinco de septiembre de 1952, Gaceta Judicial LXXIII, pág. 183.
(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia 21 de septiembre de 1998, Expediente 5060.
(12) En el artículo 775 del Código Civil se dice lo siguiente “Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el usuario, el que tiene derecho a la de habitación son meros temedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso u habitación les pertenece.
(13) Esta relación es conocida como corpus, y es uno de los elementos esenciales de la posesión, junto con el animus, según la corriente doctrinaria imperante en Colombia., que es la subjetivista, la cual postula que la posesión es un hecho que goza de la protección del Estado por la existencia del animus. Por lo tanto la sola detentación material de la cosa no configuraría la posesión como tal, la aprehensión es por esto un hecho. Por lo anterior el animus es el elemento diferenciador de la posesión con otras instituciones. Existen otras teorías como la objetiva, que supone que el corpus supone el animus, y que los dos elementos firman un todo inescindible.
(14) Este elemento de carácter subjetivo aparece claramente consagrado en el código civil al decir “con el ánimo de señor y dueño.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de diez de julio de 2003, Expediente 73001-23-31-000-1993-9918-01(11163), actor: Antonio María Tamayo Ortiz.
(16) Cfr., entre otras, sentencias del 11 de diciembre de 1992 (exp. 7403), del 2 de diciembre de 1996 (exp. 11248), del 26 de abril de 2001 (exp. 12994) y del 10 de julio de 2003 (exp. 11163-9918).
(17) Debe anotarse, por lo demás, que la Ley 135 de 1961, modificada por la Ley 30 de 1988, aplicable en la época de los hechos, y la Ley 160 de 1994, actualmente vigente, han previsto expresamente que, al efectuarse la estimación del valor del bien dentro del proceso de expropiación, debe tenerse en cuenta la necesidad de resarcir los derechos de los distintos interesados, como lo son, según el artículo 59, numeral 15, de la primera, y el artículo 33, numeral 15, de la segunda, los “titulares de derechos reales, tenedores y poseedores a quienes conforme a la ley les asista el derecho a una compensación remuneratoria...”.
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de marzo de 2004, Expediente 12.289 (R- 2221), actores: Sergio Andrés Suárez Melgarejo y otros.
(19) El artículo 28 de la ley 794 de 2003, modificó este artículo, en él, tanto la inspección judicial como el dictamen de peritos anticipados pueden solicitarse con o sin citación de la contraparte; respecto de la primera establece que sea sobre personas, lugares, cosas o documentos que vayan a ser materia de un proceso; en cuanto al segundo, se ordena la notificación de la contraparte cuando se trate de la inspección de libros y cuadernos de comercio.

References: artículo 4
 artículo 300
 artículo 184
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 739
 artículo 713
 artículo 228
 artículo 368
 artículo 228
 artículo 187
 artículo 762
 artículo 2518
 artículo 762
 artículo 762
 artículo 2342
 artículo 300
 artículo 150
 artículo 330
 artículo 775
 artículo 59
 artículo 33
 artículo 28