Source: https://docs.google.com/document/d/1Yo68SskWQrOPpjzlGTKvhOc1YwyOK8lVKjiORt12yK4/pub
Timestamp: 2019-05-25 21:07:29+00:00

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119-365 Mensaje Pensiones regulatorio.doc
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE CAMBIOS REGULATORIOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.
Nº 119-365/
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que introduce cambios regulatorios al sistema de capitalización individual.
La reforma previsional de 2008, que impulsé durante mi primer Gobierno, constituyó un paso fundamental en el fortalecimiento del sistema de pensiones, otorgando protección a los ingresos en los años de vejez y reconociendo el derecho a envejecer con dignidad.
Actualmente, existen cerca de 1.400.000 beneficiarias y beneficiarios en el sistema de pensiones solidarias, de los cuales un 62% corresponde a mujeres. La Pensión Básica Solidaria (PBS), que beneficia a cerca de 600.000 personas, alcanza a $104.646 mensuales, mientras que el aporte previsional solidario de vejez promedio se ubica en $65.788 y la pensión máxima con aporte solidario llega a $309.231.
Luego de casi 10 años, el Pilar Solidario ha contribuido a avanzar significativamente en aliviar la pobreza en la vejez, desde 23% en 2006 hasta poco más de 6% en 2015, con un efecto sustancial además en suficiencia y equidad, especialmente para las mujeres.
Sin perjuicio de lo anterior, hoy es necesario dar un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema de pensiones y hacer frente a los importantes desafíos que transversalmente los diagnósticos han evidenciado. Existe consenso en que en el actual sistema de pensiones muchos chilenos y chilenas, después de años de ahorro reciben pensiones insuficientes y que la jubilación significa para ellos una fuerte reducción en el nivel de sus ingresos.
En el ámbito de la regulación del sistema de capitalización individual y para mejorar las pensiones es necesario que exista mayor educación previsional y que las y los afiliados estén mejor informados y empoderados en el sistema de pensiones. Los niveles de participación en el actual sistema son bajos y se deben buscar nuevos espacios para que las y los afiliados puedan ejercer un mayor control del sistema, por ejemplo, monitoreando la ejecución de las políticas de inversión de sus recursos y, ejerciendo un rol relevante en la elección de directoras o directores de las sociedades donde se invierten sus fondos.
La cobranza de las cotizaciones previsionales es otro aspecto de gran relevancia. A diciembre de 2016 la deuda acumulada incluyendo intereses, reajustes y recargos fue de $2.643 mil millones, lo que representa un 2,4% del fondo de pensiones acumulado. Se precisa entonces optimizar el proceso de cobranza, generando economías de escala para mejorar su eficacia y facilitar la fiscalización.
Por otra parte, en la reforma previsional de 2008 establecimos el ahorro previsional voluntario colectivo (APVC) el cual no ha tenido una cobertura significativa. A diciembre de 2016 se registraban sólo 91 contratos vigentes y 1.288 cuentas. Para propiciar un aumento en el monto de las pensiones futuras, preferentemente para las y los trabajadores dependientes de ingresos medios es necesario perfeccionar este mecanismo, de modo que más empleadores y empleadoras ofrezcan planes de APVC y un mayor número de trabajadores y trabajadoras se acojan a este mecanismo de ahorro voluntario.
Asimismo, el proceso de contratación de administradores de activos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha estado en el debate público en los últimos meses, de ahí la necesidad de avanzar hacia una mayor transparencia y alineamiento de incentivos en dicho proceso para que el único objeto sea siempre el mejor interés de las y los afiliados.
Por su parte, en la etapa pasiva un 87% de las aceptaciones de renta vitalicia corresponden a ofertas externas, fuera del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, con lo que se puede afectar el nivel de competencia y el monto de las pensiones, junto con restar transparencia al proceso. A fin de subsanar estas falencias se propone eliminar la posibilidad de ofertas externas, potenciando la competencia al interior del referido sistema.
Es necesario igualmente fortalecer la competencia en el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones para reducir los costos del sistema. Si bien la licitación de cartera de nuevos afiliados ha sido exitosa, reduciendo la comisión cobrada a las y los nuevos afiliados hasta 0,41% de la remuneración imponible, no han existido efectos significativos sobre las y los afiliados antiguos. Adicionalmente, la competencia no sólo puede considerar los precios, debe importar igualmente el desempeño en la administración de los recursos, así como la calidad de servicio. Al efecto, se proponen una serie de mejoras al proceso de licitación.
En los últimos años, además, la ciudadanía nos interpeló para abordar estos problemas con mayor sentido de urgencia y unidad. Por ello, luego de finalizado el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial Sobre el Sistema de Pensiones, convoqué en agosto de 2016, a los distintos sectores políticos a construir un amplio acuerdo para mejorar el sistema de pensiones. En dicha instancia se expresaron las diferentes posiciones a través de un diálogo serio, franco y con argumentos, cuyo único objetivo fue mejorar las condiciones de vida de las y los pensionados y cotizantes chilenos. Aunque no existió plena coincidencia en todos los aspectos, el trabajo llevado a cabo en este proceso permitió sentar las bases de las iniciativas en materia de pensiones que estoy impulsando actualmente.
La presente iniciativa es parte del conjunto de proyectos que hoy propongo y cuyo objetivo es mejorar las pensiones de las y los actuales pensionados y las de las y los futuros aún más, incrementando el ahorro previsional con elementos de solidaridad, entre jóvenes y adultos mayores, entre hombres y mujeres y entre trabajadores de altos y bajos ingresos y perfeccionar la regulación del sistema de capitalización individual, para potenciar la participación de las y los afiliados en el sistema, fortalecer la transparencia, alinear los incentivos e introducir mayor competencia y más eficiencia en la gestión.
En este nuevo diseño se abordan así de forma integral los desafíos del sistema de pensiones, fortaleciendo los principios de la seguridad social al interior del mismo. Se incluyen mayores grados de solidaridad, se mejora la equidad de género, se reincorpora la cotización de cargo de la empleadora o empleador pasando a un sistema verdaderamente tripartito y se fortalece el rol del Estado en la seguridad social. El diseño cautela además los incentivos a trabajar formalmente, a cotizar y al ahorro para incrementar así las pensiones de manera sustentable.
El presente proyecto de ley introduce modificaciones al decreto Nº 3.500, de 1980, que establece Nuevo Sistema de Pensiones; a la ley Nº 20.255, que establece Reforma Previsional; a la ley Nº 19.728, que establece un Seguro de Desempleo; y a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley Nº 824, de 1974, con el objeto de mejorar la regulación del sistema de capitalización individual, potenciar la competencia y aumentar la participación de los afiliados.
Mayor competencia, eficiencia en la gestión y transparencia
La licitación de las y los afiliados ha sido una herramienta eficaz para reducir las comisiones cobradas e incentivar la competencia en el sistema de pensiones. Con el objeto de fortalecer este mecanismo se propone aumentar el período licitado a 3 años para que la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) adjudicataria reciba el flujo de las o los afiliados nuevos. Adicionalmente, el periodo licitado se podrá extender por hasta 36 meses si la AFP ha obtenido buenos resultados en rentabilidad, reflejado en retornos superiores al promedio del sistema de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases de Licitación. En todo caso, se mantiene en 2 años el periodo máximo de permanencia obligatoria de las y los afiliados nuevos en la AFP licitada.
Se establecen estándares de calidad de servicio y solvencia que deberán cumplir las entidades adjudicatarias de la licitación. Además, se deja abierta la posibilidad para que las AFP existentes se presenten a la licitación con una comisión diferenciada para las o los afiliados nuevos y antiguos, con el objeto de incentivar su participación en el proceso y así favorecer también a las y los afiliados antiguos con menores precios.
Finalmente, se propone que en adelante las entidades responsables de la realización de la licitación sean los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, con el objeto que la Superintendencia de Pensiones focalice sus funciones en la regulación y fiscalización del proceso.
Se proponen medidas para dar transparencia y disminuir eventuales conflictos de intereses en las comisiones de intermediación, que pueden ser pagadas con recursos previsionales a los vehículos de inversión en los que éstos se invierten. Al respecto, se establece:
Que las AFP deberán informar a las y los afiliados, con ocasión del envío de la cartola cuatrimestral, sobre las comisiones de intermediación pagadas por los Fondos de Pensiones.
Que un 1% de las comisiones de intermediación pagadas, sea obligatoriamente asumido por las Administradoras, a menos que la rentabilidad obtenida por las inversiones sea superior a la de un portafolio de referencia de un mercado relevante.
Adicionalmente, se propone una serie de medidas que dan transparencia a la elección de los administradores de activos por parte de las AFP.
Alineación de incentivos entre los altos ejecutivos de las AFP y las o los afiliados
Se propone que, mensualmente, una cuarta parte del total de las remuneraciones mensuales de las o los altos ejecutivos de las Administradoras se inviertan en cuotas de los Fondos de Pensiones, a prorrata del valor de éstos.
Cobranza de cotizaciones previsionales
Con el fin de hacer más eficiente la cobranza de cotizaciones previsionales que están obligadas a realizar las AFP, se propone que éstas establezcan un sistema centralizado para la gestión de la cobranza previsional (Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones), que tendría los siguientes beneficios:
i. Generar economías de escala en el proceso de cobranza.
ii. Mejorar la eficacia del proceso de cobranza y disminuir el número de causas que actualmente manejan los juzgados laborales.
iii. Facilitar la fiscalización del proceso.
Se estima necesario robustecer la regulación sobre los servicios que las AFP entregan a sus afiliadas y afiliados, con el objeto de garantizar que éstos puedan acceder a las prestaciones y beneficios de la ley, con una calidad adecuada. Para tal efecto y entendiendo el dinamismo en las modalidades de atención que ofrecen las Administradoras, se propone facultar a la Superintendencia de Pensiones para que fije, mediante norma de carácter general, estándares de calidad mínimos que serán exigidos a las AFP.
Incompatibilidad de cargos entre las AFP y su grupo empresarial
Se considera que la actual incompatibilidad de cargos que establece la ley entre las AFP y las entidades de su grupo empresarial, resulta limitada y no cubre todos los casos de conflictos de intereses que puedan presentarse. Por ello, se propone ampliar la categoría de cargos incompatibles.
Información sobre la propiedad de las AFP
Con el objeto de permitir a la Superintendencia de Pensiones contar con información actualizada sobre la propiedad de las AFP, propendiendo a un mejor control y a la transparencia en la industria, se establece la obligación para éstas de informar al regulador todo cambio de propiedad accionaria que involucre que una o un accionista pase a poseer una participación igual o superior al 10% del capital. Además, la o el accionista deberá acreditar, ante la referida Superintendencia, los requisitos aplicables a las o los accionistas fundadores de una AFP y no podrá ejercer el derecho a voto por sus acciones hasta que éstos se encuentren acreditados.
Con el objetivo de que las y los afiliados se informen de las decisiones que afectan las inversiones de sus recursos y puedan opinar sobre aquéllas, se propone que una o un representante, designado por las y los afiliados de cada AFP, participe con derecho a voto, en el Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés de cada Administradora. Las o los afiliados que quieran ser designados deberán estar inscritos en un registro que llevará la Superintendencia de Pensiones, la que establecerá el mecanismo de elección de las o los representantes de las y los afiliados y los requisitos de idoneidad técnica que éstos deberán cumplir. Las o los representantes de las y los afiliados recibirían una dieta pagada por la respectiva AFP.
Por otra parte, con el objeto de que las y los afiliados de las AFP tengan un rol respecto de las decisiones de inversión de los recursos previsionales y respecto de la elección de directoras o directores en las sociedades en que se invierten sus fondos, se propone que las o los candidatos a directora o director de las sociedades que recibirán los votos de las AFP sean electos de una cuaterna propuesta por éstas a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones.
Cabe señalar que en este proyecto de ley se fortalece la composición de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, sumando a dos miembros profesionales con amplia experiencia y formación técnica. Además, se complementan las funciones, deberes y facultades actuales de la Comisión, siguiendo el modelo de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía.
Perfeccionamiento a la regulación en la etapa activa
Perfeccionamientos al sistema de multifondos
Dada la magnitud de las pérdidas que han enfrentado los Fondos de Pensiones más riesgosos en períodos de crisis financieras y con el objetivo de reducir el nivel de riesgo que puede afectar los recursos de las y los afiliados, se considera apropiado establecer un menor número de años de permanencia en fondos de mayor volatilidad. De este modo, se extiende la limitación para la elección de los fondos A y B para las y los afiliados de mayor edad.
Además, se redefine la estrategia de inversión por defecto, incluyendo el tránsito por el Fondo E al final de la vida activa, de manera de cubrir mejor el riesgo de crisis financieras en edades avanzadas.
Adicionalmente, con el objeto de que las o los afiliados que han seleccionado voluntariamente un tipo de Fondo de Pensiones, distinto a aquél que les correspondería de acuerdo a su edad, analicen su decisión con cierta periodicidad, se establece la obligación para las AFP de preguntarles en forma periódica respecto a su voluntad de permanecer en el fondo escogido. En caso de que las o los afiliados no respondan en el plazo establecido al efecto, las AFP deberán traspasarlos al fondo que les corresponda según su rango etario.
Por último, se difiere de 4 a 10 días hábiles la materialización de los cambios de fondos que realizan las o los afiliados y se permite el cambio sólo a fondos adyacentes, con el objeto de evitar efectos indeseados de los traspasos masivos entre fondos.
Con el fin de que las AFP ejecuten programas o actividades que informen, orienten y difundan las características del sistema de pensiones para sus afiliadas y afiliados, se establece la obligación para aquéllas de destinar, en conjunto, recursos anuales por 70 mil Unidades de Fomento a la realización de proyectos que ayuden a la toma de decisiones de las y los afiliados y beneficiarios del sistema.
Exención de pago de comisión para las y los afiliados a la edad legal y las y los pensionados que cotizan
Con el objeto de incentivar la cotización de las y los afiliados que postergan la edad de pensión o que siguen trabajando una vez pensionados, se les exime del pago de la comisión por depósito de cotizaciones a la AFP.
Perfeccionamientos al Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC)
A partir del año 2008, en que se creó el APVC, los planes han resultado poco atractivos para las y los empleadores y las trabajadoras y trabajadores, lo que se refleja en un bajo número de planes suscritos a la fecha. Lo anterior dice relación con la rigidez de esta alternativa de ahorro.
En consecuencia y con el objeto de incentivar el APVC tanto para las y los empleadores como para las trabajadoras y trabajadores de ingresos medios, la propuesta flexibiliza el diseño de este instrumento en los aspectos que a continuación se indican:
• Incorporación automática de las y los trabajadores a los planes ofrecidos por sus empleadores.
• Posibilidad de diferenciar, por nivel de ingresos, el período de permanencia mínima en la empresa para que la o el trabajador obtenga la propiedad de los aportes de la empleadora o empleador.
• Posibilidad de diferenciar, por nivel de ingresos, el aporte de la empleadora o empleador respecto del aporte de la trabajadora o trabajador.
• Incentivos tributarios para la empleadora o empleador, permitiéndole descontar un porcentaje de los aportes que realice como un crédito contra su impuesto de primera categoría, con un descuento mayor para las y los trabajadores de ingresos bajos.
Perfeccionamientos a la regulación en la etapa de retiro
Perfeccionamiento del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP)
En la actualidad las rentas vitalicias se seleccionan mayoritariamente a través de ofertas externas gestionadas por agentes de venta y asesores previsionales, no incluidas en el certificado que entrega el SCOMP. Esto afecta el adecuado funcionamiento del referido sistema, dado que las compañías de seguros no necesariamente entregan su mejor oferta en la primera etapa.
Para corregir lo anterior, se propone que las y los afiliados seleccionen la pensión solo entre las ofertas presentadas en el certificado que entrega el SCOMP.
Pensiones de sobrevivencia en caso de femicidio, parricidio u homicidio
Se establece que las personas condenadas como autor, cómplice o encubridor por los delitos de femicidio, parricidio u homicidio de la persona del causante de pensión, no podrán ser beneficiarias de pensión de sobrevivencia, incrementándose las pensiones de las demás beneficiarias o beneficiarios.
La ley N° 20.830 de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil (AUC), agregó a la o el conviviente civil como beneficiario de pensión de sobrevivencia y como integrante del grupo familiar de la o del causante. No obstante, no equiparó en su totalidad para las y los convivientes civiles, los derechos que el decreto ley N° 3.500, de 1980, les otorga a las y los cónyuges de las o los afiliados a una AFP. El presente proyecto de ley subsana esta situación al igualar completamente los derechos de las y los convivientes civiles a los derechos previsionales de los que gozan actualmente las y los cónyuges.
Verificación de beneficiarias y beneficiarios de pensión de sobrevivencia con el Servicio de Registro Civil e Identificación
Es de gran importancia en el cálculo de la pensión conocer las y los beneficiarios efectivos que tiene la o el afiliado causante, ya que esto permite disminuir la probabilidad de error en la entrega del beneficio de pensión y evita que una omisión de beneficiarias o beneficiarios pueda dejarlos sin pensión. Por ello, se establece la obligación de las AFP de consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación, acerca de las o los beneficiarios de sus afiliadas y afiliados al tramitar solicitudes de pensión.
Fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Pensiones sobre el Instituto de Previsión Social (IPS)
Se propone modificar la ley N° 20.255, incorporando la facultad para la Superintendencia de Pensiones de fiscalizar el funcionamiento de los servicios que el IPS hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su giro en los ámbitos de competencia de la referida Superintendencia. Esta facultad se contempla actualmente en el decreto ley N° 3.500, de 1980, sólo respecto de las AFP.
Cambios regulatorios al seguro de cesantía
Con el fin de verificar información relativa a la existencia de relaciones laborales vigentes para efectos de la cobranza de las cotizaciones al seguro de cesantía, se establece la obligación para la Administradora de Fondos de Cesantía de realizar cruces de información con otras bases de datos, tales como las que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y las entidades que realizan recaudación de cotizaciones.
Finalmente, se contemplan nueve disposiciones transitorias que establecen las reglas de entrada en vigencia de las modificaciones propuestas contemplándose plazos de vacancia acordes a las transformaciones que deben materializar las entidades administradoras del sistema de capitalización individual para adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias.
Por las razones expuestas, someto a la consideración, el siguiente
“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece Nuevo Sistema de Pensiones:
Agrégase el siguiente artículo 5° bis nuevo, a continuación del actual artículo 5°:
“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia del causante el que por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio, parricidio u homicidio en la persona del causante.
En caso que el causante se hubiere encontrado percibiendo una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia, la Compañía de Seguros deberá proceder al recálculo de las pensiones de referencia vigentes, incluyendo a todos los beneficiarios con derecho a pensión y excluyendo al beneficiario a que se refiere el inciso anterior. Si no existieren otros beneficiarios de pensión distintos a este último, las reservas que mantengan las Compañías de Seguros correspondientes a dicho beneficiario, deberán sumarse a la masa hereditaria del causante.”.
Modifícase el artículo 6°, en el siguiente sentido:
Modifícase su inciso primero en los siguientes términos:
Intercálase entre las expresiones “cónyuge” y “sobreviviente”, la expresión “o conviviente civil”.
Agrégase a continuación de la palabra “causante”, la primera vez que aparece, la siguiente frase: “o haber suscrito un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del o la causante,”.
Agrégase a continuación de la palabra “matrimonio”, la segunda vez que aparece, la expresión “o acuerdo de unión civil”.
Agrégase en su inciso segundo a continuación de la palabra “cónyuge”, la expresión “o conviviente civil”.
Derógase el artículo 7°.
Elimínase en la primera oración del inciso primero del artículo 11, la expresión “en el artículo 7º y”.
Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19:
Modifícase su inciso sexto de la siguiente forma:
Reemplázase la expresión: “a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía” por “a través del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones a que se refiere el inciso décimo cuarto de este artículo, a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, al Servicio de Impuestos Internos, a la Dirección del Trabajo y a las entidades que recaudan cotizaciones previsionales, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en una norma de carácter general”.
Reemplázase en la oración final, la expresión “décimo noveno” por “vigésimo tercero”.
Agrégase en su inciso décimo cuarto, a continuación de la expresión “coadyuvante.” la siguiente oración: “Para estos efectos, deberán contar con un sistema único de gestión de las acciones de cobranza de cotizaciones adeudadas, denominado Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, en conformidad a los requisitos que establezca una norma de carácter general que dictará la Superintendencia.”.
Agréganse los siguientes incisos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo nuevos, pasando su actual inciso décimo octavo a ser vigésimo primero:
“En aquellos casos que un empleador adeude cotizaciones previsionales a trabajadores que se encuentran incorporados a distintas Administradoras de Fondos de Pensiones, éstas deberán demandar el cobro de las cotizaciones adeudadas conjuntamente en un mismo juicio, utilizando al efecto el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, debiendo para ello actuar representadas por un mandatario común. Regirán en tal caso las normas contenidas en el Título III del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.
Las Administradoras también deberán designar apoderados comunes por medio del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, que las representen en los procedimientos establecidos en la ley N° 20.720 o en cualquier otro procedimiento concursal, de quiebra o de reorganización.
Las Administradoras estarán facultadas para efectuar tratamiento de datos personales de sus afiliados y de los empleadores de éstos, a través del Sistema Único de Cobranza referido en el inciso décimo cuarto anterior, exclusivamente con el objeto de permitir el funcionamiento del mismo, en los términos del artículo 4 de la ley N° 19.628. En cualquier caso, las Administradoras mantendrán la responsabilidad por el tratamiento de los datos personales que proporcionen con este propósito.”.
Agrégase en su actual inciso décimo octavo, que ha pasado a ser vigésimo primero, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Dichas facultades podrán ser delegadas en un tercero, para efectos de la operación del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones.”.
Agrégase el siguiente inciso vigésimo segundo nuevo, pasando sus actuales incisos décimo noveno a vigésimo quinto, a ser incisos vigésimo tercero a vigésimo noveno, respectivamente:
“Cuando la cobranza se hubiere realizado por medio de un mandatario común, en contra del mismo empleador y en el mismo procedimiento, la suma recuperada se distribuirá entre las distintas Administradoras, a prorrata de la parte que les corresponda a sus respectivos afiliados en la deuda total cobrada en el juicio.”.
Reemplázase en el inciso tercero del artículo 20, el guarismo 900 por 450.
Modifícase el artículo 20 F, en el siguiente sentido:
Elimínase en su inciso segundo la frase “y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios que favorezcan a uno o más de ellos”.
Reemplázanse sus incisos tercero y cuarto, por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando los actuales incisos quinto a undécimo a ser incisos sexto a duodécimo, respectivamente:
“La proporción de los aportes del empleador respecto de los aportes de sus trabajadores, podrá diferenciarse en los contratos en función de los niveles de remuneraciones de éstos. También podrá diferenciarse según nivel de remuneraciones, el período mínimo de permanencia en la empresa a que se refiere el inciso cuarto del artículo 20 H. A su vez, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.
La adscripción a uno de los contratos ofrecidos por el empleador será automática para los trabajadores no pensionados. La adscripción automática se efectuará en primer lugar al contrato que contemple un mayor aporte del empleador, ante igualdad de aportes, el trabajador será adscrito al contrato que contemple un menor periodo de permanencia en la empresa y, en su defecto, al contrato que defina el empleador. La adscripción automática se efectuará cada vez que ingrese un nuevo trabajador a la empresa.
Los aportes del trabajador al plan solo podrán realizarse una vez transcurrido el plazo de tres meses contados desde su adscripción automática, sin perjuicio de que aquél pueda optar por comenzar a realizar sus aportes en una fecha anterior. El trabajador siempre podrá retirarse del plan al que fue adscrito o cambiarse a otro plan ofrecido por el empleador.”.
Agrégase en su actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso sexto, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Dicha norma establecerá las condiciones necesarias para que el proceso de adscripción automática y de renuncia al respectivo contrato, sea de amplio conocimiento entre los trabajadores de la empresa.”.
Reemplázanse las letras a) y b) del inciso segundo del artículo 20 G, por las siguientes letras a) y b) nuevas:
“a) La máxima diferenciación por nivel de remuneraciones que podrán contemplar los contratos, para los aportes del empleador respecto de los aportes de sus trabajadores.
b) El número máximo de meses de permanencia en la empresa que los contratos podrán establecer, según nivel de remuneraciones, como requisito para que el trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.”.
Modifícase el artículo 20 L, de la siguiente forma:
Modifícase su inciso cuarto, en el siguiente sentido:
i. Reemplázase la expresión “de aquéllos” por la frase: “en aquella parte que no constituya un crédito imputable contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta a que se refiere el inciso siguiente”.
ii. Reemplázase la expresión “dichos aportes” por “los aportes de sus empleadores”.
Reemplázase el inciso quinto por los incisos quinto a undécimo nuevos, pasando sus actuales incisos sexto a octavo a ser incisos duodécimo a décimo cuarto, respectivamente:
“Los empleadores tendrán derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que realicen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo respecto de los contratos en que su aporte mensual supere el aporte del trabajador y sea al menos igual al 0,5% de la remuneración imponible mensual del trabajador. El citado crédito tributario corresponderá a los porcentajes que a continuación se indican:
Veinticinco por ciento del aporte efectuado a los trabajadores cuyas remuneraciones anuales sean menores o iguales a trescientas quince unidades de fomento.
Dieciséis por ciento del aporte efectuado a los trabajadores cuyas remuneraciones anuales sean superiores a trescientas quince unidades de fomento y hasta cuatrocientas cincuenta unidades de fomento.
Diez por ciento del aporte efectuado a los trabajadores cuyas remuneraciones anuales sean superiores a cuatrocientas cincuenta unidades de fomento y hasta quinientas ochenta unidades de fomento.
Siete por ciento del aporte efectuado a los trabajadores cuyas remuneraciones anuales sean superiores a quinientas ochenta unidades de fomento y hasta setecientas quince unidades de fomento.
Cuatro por ciento del aporte efectuado a los trabajadores cuyas remuneraciones anuales sean superiores a setecientas quince unidades de fomento y hasta ochocientas noventa y cinco unidades de fomento.
Cuatro por ciento del aporte efectuado a los trabajadores cuyas remuneraciones anuales sean superiores a ochocientas noventa y cinco unidades de fomento. En este caso el crédito se calculará en base a dicho límite.
Para efectos de determinar el crédito a que se refieren las letras a) a la f) anteriores, se entenderá por remuneración las rentas señaladas en el artículo 42 número 1, debidamente reajustadas de acuerdo al número 3 del artículo 54, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, consistentes en sueldos, sobresueldos, salarios y cualquier otra similar que el empleador pague por la prestación de servicios personales, exceptuadas las cotizaciones previsionales y de salud de carácter obligatorio y voluntario.
El crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrá un límite máximo de 1,4 unidades de fomento por trabajador.
El crédito a que se refiere el inciso anterior sólo podrá deducirse del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando su monto se encuentre incluido en la base imponible de dicho impuesto, correspondiente a las rentas del año en que el empleador enteró su aporte. Dicho crédito o su excedente no podrá ser imputado en los ejercicios siguientes ni será objeto de devolución.
Para los efectos de determinar la cantidad a rebajar como crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el aporte indicado en las letras a) a la f) anteriores, dentro de los límites correspondientes, deberá reajustarse de acuerdo al porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a aquél en el cual el empleador efectuó el aporte respectivo y el último día del mes anterior a la fecha del balance o del cierre del ejercicio respectivo.
En caso que los recursos originados en aportes del empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores podrán retirar una única vez, por cada relación laboral, hasta un veinticinco por ciento de los recursos originados en aportes del empleador que sean de su propiedad, quedando dicho retiro afecto a Impuesto Global Complementario y no al impuesto único señalado anteriormente. Para cada retiro, la Administradora de Fondos de Pensiones o la Institución Autorizada de que se trate, deberá practicar una retención de impuesto, con tasa 15% que se tratará conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y servirá de abono al Impuesto Global Complementario o al impuesto único establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta correspondiente al trabajador.
Cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con excepción de aquella parte correspondiente al crédito imputable contra el impuesto de primera categoría a que se refiere el inciso quinto del presente artículo, el que deberá ser devuelto a las arcas fiscales. En este último caso, el empleador deberá restituir aquella parte del impuesto de primera categoría no enterado en arcas fiscales por la aplicación del crédito, debidamente reajustado en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a aquel en que imputó el crédito y el último día del mes anterior al término del ejercicio en que efectuó el retiro del aporte.”.
Modifícase el artículo 23, en el siguiente sentido:
a) Modifícase su inciso tercero de la siguiente forma:
i. Reemplázanse los guarismos “55”, “50”, “56” y “51” por los guarismos “45”, “40”, “46” y “41”, respectivamente.
ii. Agrégase a continuación de la expresión “cotizaciones obligatorias.” la siguiente oración “Por su parte, los afiliados hombres desde 56 años de edad y las mujeres desde 51 años de edad, no podrán optar por el Fondo Tipo B, respecto de los saldos originados en cotizaciones obligatorias.”.
b) Reemplázase su inciso cuarto, por el siguiente:
“Si al cumplir 46 años de edad, en el caso de los afiliados hombres, y 41 años de edad, en el caso de las mujeres, su saldo por cotizaciones obligatorias se encontrare en el Fondo Tipo A, éste deberá traspasarse a cualquiera de los restantes Fondos, dentro del plazo de 90 días. En caso de que el afiliado no opte por alguno de los Fondos Tipo B, C, D o E, en el plazo antes señalado, los saldos mencionados serán asignados al Fondo Tipo B en forma gradual, de acuerdo a lo establecido en el inciso sexto. Por su parte, si al cumplir 56 años de edad en el caso de los hombres y 51 años de edad en el caso de las mujeres, su saldo por cotizaciones obligatorias se encontrare en el Fondo Tipo B, éste deberá traspasarse a los Fondos Tipo C, D o E, dentro del plazo de 90 días. En caso de que el afiliado no opte por alguno de los Fondos Tipo C, D o E, en el plazo antes señalado, los saldos mencionados serán asignados al Fondo Tipo C en forma gradual, de acuerdo a lo establecido en el inciso sexto. En ambos casos se exceptúan los saldos que excedan al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.
c) Modifícase su inciso quinto, en los siguientes términos:
i. Sustitúyense en la letra b., los guarismos “55” por “50” y “50” por “45”.
ii. Sustitúyese la letra c., por la siguiente letra c., nueva:
“c. Afiliados hombres desde 51 hasta 60 años de edad y mujeres desde 46 hasta 55 años de edad, serán asignados al Fondo Tipo D.”.
iii. Agrégase la siguiente letra d., nueva:
“d. Afiliados hombres desde 61 años de edad y mujeres desde 56 años de edad, afiliados declarados inválidos parciales mediante un primer dictamen y pensionados por las modalidades de retiro programado o renta temporal, serán asignados al Fondo Tipo E.”.
d) Modifícase su inciso octavo, en el siguiente sentido:
Reemplázase la frase “conjuntamente con la comunicación a que se refiere el inciso segundo del artículo 31” por la frase “en la forma y oportunidad que establezca la Superintendencia”.
Agréganse a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Asimismo, las Administradoras deberán consultar periódicamente a sus afiliados, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general, sobre su voluntad de continuar en el tipo de Fondo elegido, cuando éste no corresponda al tramo etario a que pertenezca el afiliado según lo establecido en el inciso quinto. En el caso que los afiliados no se pronunciaren en el plazo establecido al efecto por la Superintendencia, las Administradoras deberán traspasarlo al Fondo que le corresponda según su rango etario en forma gradual, según lo establecido en el inciso sexto.”.
“La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, podrá establecer estándares de calidad mínimos exigidos a las Administradoras, para la entrega de servicios a los afiliados y beneficiarios, respecto de las prestaciones y beneficios contenidos en la presente ley.”.
Agrégase un artículo 23 ter nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 23 ter.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán realizar programas o actividades que informen, orienten y difundan las características del sistema de pensiones que ellas administran y que, en términos generales, ayuden a la toma de decisiones de sus afiliados y beneficiarios, destinando a dicho fin anualmente, entre todas ellas, setenta mil unidades de fomento, a prorrata de sus ingresos por comisiones del año anterior.
Los programas o actividades no podrán ser dirigidos a promocionar o publicitar a las Administradoras.
El reglamento de esta ley regulará el ámbito de aplicación de estos programas o actividades.”.
Agrégase un artículo 24 B, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 24 B.- Una vez autorizada la existencia de una Administradora, ésta deberá informar a la Superintendencia todo cambio en la propiedad accionaria, que haga que un accionista pase a poseer una participación igual o superior al diez por ciento del capital. En tal caso, la Administradora deberá acreditar ante la Superintendencia que el accionista adquirente cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 A anterior. Previo a acreditarse ante la Superintendencia los requisitos indicados, el accionista no podrá ejercer el derecho a voto correspondiente a las acciones adquiridas.”.
Modifícase el inciso segundo del artículo 25, en el siguiente sentido:
a) Agrégase a continuación de la expresión “oficina,” la frase “en sitios web o en otro tipo de plataformas electrónicas o digitales,”.
b) Agrégase a continuación de la palabra “papel”, la expresión “o documento en formato digital”.
Reemplázase el inciso tercero del artículo 31, por un inciso tercero nuevo, del siguiente tenor:
“Conjuntamente con lo anterior, la Administradora deberá enviar al afiliado información sobre las comisiones, incluidas aquellas a que se refieren los incisos sexto y séptimo del artículo 45 bis, y sobre la rentabilidad de la cuota del Fondo de Pensiones al que el afiliado esté adscrito. En ambos casos, se informarán los guarismos referidos a ella misma y a las restantes Administradoras, en la forma y para el o los períodos que determine la Superintendencia.”.
Sustitúyese el inciso tercero del artículo 32, por el siguiente:
“Asimismo, los afiliados podrán transferir el valor de sus cuotas a otro tipo de Fondo, cumpliendo los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23. Sólo se podrá efectuar tal transferencia hacia tipos de Fondos adyacentes en su denominación. Las transferencias se materializarán en un plazo de diez días hábiles. La transferencia al Fondo adyacente no se aplicará a la cuenta de ahorro voluntario.”.
Reemplázase el inciso primero del artículo 34 por el siguiente:
“Artículo 34.- Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables y no podrá constituirse sobre ellos derechos reales ni personales de ningún tipo, medidas precautorias, prohibiciones, derechos de retención ni ninguna otra forma de gravamen o restricción que limite o pueda limitar su libre disponibilidad y que no se encuentre autorizada por la Superintendencia. Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente inciso, la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21.”.
Reemplázase el inciso tercero del artículo 40 por el siguiente:
“Los títulos representativos del Encaje serán inembargables y no podrá constituirse sobre ellos derechos reales ni personales de ningún tipo, medidas precautorias, prohibiciones, derechos de retención ni ninguna otra forma de gravamen o restricción, sin previa autorización de la Superintendencia.”.
Modifícase el artículo 45 bis, en el siguiente sentido:
Modifícase su inciso sexto, en los siguientes términos:
Elimínase la expresión “Administradoras de Fondos de”.
Agrégase al final del inciso, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Un 1% de las comisiones efectivamente pagadas en el período de un año será de cargo de las Administradoras. El citado porcentaje se podrá pagar con recursos del Encaje establecido en el artículo 40 y, en ese evento, deberá reponerlo dentro del plazo de seis meses. El depósito de la Administradora por este concepto, se abonará en las cuentas personales en el respectivo Fondo, al cierre del 31 de diciembre del año al que corresponden las comisiones efectivamente pagadas, siempre que dichas cuentas se mantengan vigentes a la fecha del depósito.”.
Agrégase al final de su inciso séptimo, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Un 1% de las comisiones efectivamente pagadas en el período de un año será de cargo de las Administradoras. El citado porcentaje se podrá pagar con recursos del Encaje establecido en el artículo 40 y, en ese evento, deberá reponerlo dentro del plazo de seis meses. El depósito de la Administradora por este concepto, se abonará en las cuentas personales en el respectivo Fondo, al cierre del 31 de diciembre del año al que corresponden las comisiones efectivamente pagadas, siempre que dichas cuentas se mantengan vigentes a la fecha del depósito.”.
Intercálase el siguiente inciso octavo nuevo, pasando el actual inciso octavo a ser inciso noveno:
“El Régimen de Inversión establecerá un procedimiento para comparar anualmente la rentabilidad obtenida por las Administradoras en las inversiones que efectúen con recursos de los Fondos de Pensiones, en los activos a que se refieren los incisos sexto y séptimo precedentes, con un portafolio de referencia, que podrá ser distinto por clases de activo y por fondos. El 1% de las comisiones efectivamente pagadas no será de cargo de las Administradoras, en la medida en que la rentabilidad real de la inversión respectiva sea superior a la rentabilidad real del referido portafolio de referencia, en el mismo período anual.”.
Reemplázase, en su actual inciso octavo, que ha pasado a ser inciso noveno, la frase “Asimismo, las Administradoras deberán publicar estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la Superintendencia mediante norma de carácter general.”, por la siguiente: “Asimismo, las Administradoras deberán publicar un informe anual, para cada uno de sus Fondos de Pensiones, relativo a las comisiones efectivamente pagadas durante dicho período, el que será remitido a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, a cada uno de sus afiliados, a la Superintendencia y publicado en el sitio web de las Administradoras, de acuerdo a lo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia.”.
“Cada mes, un veinticinco por ciento de la suma de las remuneraciones totales mensuales de los gerentes generales, gerentes de inversiones y gerentes de riesgos de las Administradoras o sus equivalentes, se invertirá en cuotas de los Fondos de Pensiones, a prorrata del valor de éstos. Dichos recursos podrán ser retirados al cumplimiento de los treinta y seis meses desde su entero o cuando el ejecutivo deje de desempeñar el citado cargo o se ponga término a su relación laboral con la sociedad.”.
Modifícase el artículo 50, en el siguiente sentido:
Agrégase en el numeral i., de su inciso cuarto, a continuación del punto y coma, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración “Además, deberá señalar expresamente los criterios de selección de los administradores de activos, a que se refieren los incisos sexto y séptimo del artículo 45 bis, incluyendo la capacidad y experiencia que exigirá al equipo de gestores;”.
Agréganse los siguientes incisos octavo a décimo sexto nuevos, pasando el actual inciso octavo a ser inciso décimo séptimo, del siguiente tenor:
“Deberá también integrar el citado Comité un representante de los afiliados de cada Administradora, el que tendrá derecho a voto. Su presidente dirimirá los empates que pudieren producirse.
Los representantes de los afiliados deberán encontrarse inscritos en un Registro, que al efecto llevará la Superintendencia. Dichos representantes permanecerán en el cargo por un período de tres años y podrán ser reelegidos por una sola vez. La Superintendencia establecerá por medio de norma de carácter general el mecanismo de elección de los representantes de los afiliados y los requisitos de idoneidad técnica que éstos deberán cumplir. Asimismo, establecerá el porcentaje mínimo de afiliados que deberán votar para que la elección se entienda representativa, el que de no cumplirse, determinará la selección del representante por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, a que se refiere el artículo 43 de la ley N° 20.255. La norma que para estos efectos dicte la Superintendencia deberá contar con el informe favorable del Consejo Técnico de Inversiones a que se refiere el Título XVI.
No podrán ser representantes de los afiliados:
Los accionistas, directores, gerentes, ejecutivos o dependientes de la respectiva Administradora o de las entidades que conformen su grupo empresarial, en los términos del artículo 96 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.
Las personas que mantengan cualquier vinculación, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevantes, de acuerdo a lo que defina una norma de la Superintendencia, con la respectiva Administradora, sus accionistas, directores, gerentes o ejecutivos.
Los cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, de las personas señaladas en las letras a) y b) anteriores.
Las personas que no tengan una afiliación de al menos un año en la respectiva Administradora.
El representante de los afiliados que deje de reunir los requisitos para ser considerado como tal, quedará automáticamente inhabilitado para ejercer su cargo.
Serán aplicables al representante de los afiliados las disposiciones establecidas en los artículos 151 y 152 de la presente ley.
Serán causales de cesación de sus funciones como representante de los afiliados, las siguientes:
Expiración del plazo por el que fue designado.
Incapacidad psíquica o física para el desempeño de la función.
Sobreviniencia de alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso décimo de este artículo, caso en el cual cesará automáticamente en el ejercicio de la función.
Falta grave al cumplimiento de sus obligaciones.
Cada Administradora deberá pagar a los representantes de los afiliados que participen en el Comité, una dieta en pesos equivalente a 17 Unidades Tributarias Mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 34 de dichas unidades por cada mes calendario.
Los representantes de los afiliados deberán guardar reserva sobre las deliberaciones y resoluciones al interior del Comité, así como de los antecedentes en los que éstas se fundamentaron, y no podrán darlos a conocer a terceros bajo ninguna circunstancia. Se exceptúa de la anterior restricción aquella información que la propia Administradora hubiere dado a conocer a sus afiliados o al público en general, y cualquier otra información que, en virtud de la ley, tenga el carácter de pública. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, y calificará como una falta grave para efectos de la letra e) del inciso décimo tercero.
Los representantes de los afiliados deberán elaborar un informe anual de su gestión, el que deberá ser remitido por la respectiva Administradora a sus afiliados y será publicado en el sitio web de ésta.”.
Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58:
Modifícase su inciso primero, de la siguiente forma:
Agrégase en la letra a), a continuación de la palabra “cónyuge” la expresión “y para el o la conviviente civil”.
Agrégase en la letra b), a continuación de la expresión “la cónyuge” la expresión “y para el o la conviviente civil”.
Elimínase la letra g).
Modifícase su inciso final, en los siguientes términos:
Agrégase a continuación de la palabra “cónyuge”, la expresión “o conviviente civil”.
Reemplázase la expresión “las letras d) o g) precedentes” por “la letra d) precedente”.
Agrégase a continuación del artículo 58, el siguiente artículo 58 bis nuevo:
“Artículo 58 bis.- Para efectos de la tramitación y pago de las prestaciones que establece esta ley, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, información que les permita identificar a los beneficiarios legales de sus afiliados, así como la supervivencia de los mismos.”.
Modifícase el artículo 61 bis, en el siguiente sentido:
Reemplázase su inciso tercero por el siguiente:
“Si el afiliado opta por la modalidad de renta vitalicia podrá aceptar, alternativamente, cualquier oferta efectuada en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, o solicitar la realización de un remate a través del referido Sistema.”.
Elimínase en su inciso séptimo la frase: “solicitar una oferta externa de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero de este artículo;”.
Modifícase su inciso décimo tercero, en el siguiente sentido:
Elimínase la expresión “de Administradoras de Fondos”.
Intercálase entre las expresiones “deberá transmitirse,” y “los plazos”, la siguiente frase: “incluyendo las características socioeconómicas de los afiliados,”.
Modifícase el artículo 69, en el siguiente sentido:
Elimínase en su inciso segundo la frase a continuación del punto seguido.
Agrégase en su inciso quinto, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “En todo caso, el afiliado mayor de sesenta y cinco años de edad si es hombre, o mayor de sesenta si es mujer, o aquél que estuviere acogido a pensión de vejez o invalidez total, que continuare efectuando la cotización establecida en el artículo 17, estará exento del pago de comisión por el depósito de tales cotizaciones.”.
Agrégase al artículo 94, el siguiente número 21., nuevo:
“21. Fiscalizar el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, a que se refiere el artículo 19.”.
Reemplázase el inciso primero del artículo 138 por el siguiente:
“Artículo 138.- Los valores depositados en las empresas de depósito que correspondan a los Fondos de Pensiones serán inembargables y no podrá constituirse sobre ellos, derechos reales ni personales de ningún tipo, medidas precautorias, prohibiciones, derechos de retención ni ninguna otra forma de gravamen o restricción que limite o pueda limitar la libre disponibilidad de los valores depositados, sin previa autorización de la Superintendencia.”.
Agrégase en el inciso tercero del artículo 152, a continuación de la palabra “cónyuges”, las dos veces que aparece, la siguiente expresión: “o convivientes civiles”.
Reemplázase el inciso cuarto del artículo 153 por el siguiente:
“En todo caso, los gerentes general, comercial y de inversiones, los ejecutivos de las áreas comercial y de inversiones, los agentes de ventas, el contralor, el auditor interno y el oficial de cumplimiento de una Administradora y, en general, las personas que ocupen cargos por los que tengan acceso a información relevante acerca de las inversiones de los recursos de los Fondos de Pensiones, no podrán ejercer simultáneamente, de manera formal o informal, cargos similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.”.
Modifícase el inciso primero del artículo 154, en el siguiente sentido:
Reemplázase en la letra h), la expresión “, y” por una coma.
Reemplázase en la letra i), el punto y aparte por la expresión “, y”.
Agrégase la siguiente letra j) nueva:
“j) La aceptación de servicios complementarios no remunerados otorgados por los administradores de activos, a que se refieren los incisos sexto y séptimo del artículo 45 bis; así como la contratación de administradores de activos que tengan alguna vinculación con la Administradora o su grupo empresarial, o los directores o ejecutivos principales de cualquiera de estas sociedades, que pueda generar un potencial conflicto de interés.”.
Agrégase en el subtítulo “3.- De la votación de las Administradoras en la elección de directores en las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones” el siguiente artículo 154 bis nuevo:
“Artículo 154 bis.- El representante de los trabajadores, el representante de los pensionados, los dos miembros profesionales y el académico universitario que integran la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, establecida en el artículo 43 de la ley N° 20.255, deberán votar por los candidatos para ejercer el cargo de director en las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones.
Para estos efectos, las Administradoras propondrán una cuaterna de candidatos para ejercer el cargo de director, seleccionados a través de concursos transparentes, los que en cualquier caso deberán encontrarse inscritos en el registro que lleve la Superintendencia, de conformidad con el artículo 155. Los candidatos que propongan las Administradoras podrán ser considerados en más de una cuaterna.”.
Agrégase en la letra b) del inciso tercero del artículo 156 bis, a continuación de la palabra “cónyuge”, la siguiente expresión: “o conviviente civil”.
Reemplázase la letra d) del artículo 157, por la siguiente:
“d) Designación y criterios para la selección de los administradores de activos, a que se refieren los incisos sexto y séptimo del artículo 45 bis, y el tratamiento de eventuales conflictos de intereses entre la Administradora y los citados administradores de activos;”.
Introducénse las siguientes modificaciones al artículo 160:
Reemplázase en la primera oración de su inciso primero, la frase: “La Superintendencia efectuará,” por lo siguiente: “Los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social efectuarán,”.
Modifícase su inciso segundo, de la siguiente forma:
Reemplázase la frase “Las licitaciones se efectuarán cada veinticuatro meses.” por la siguiente: “Las licitaciones se efectuarán con la debida anticipación al vencimiento del período licitado, de modo que se mantenga la continuidad en la prestación del servicio.”.
Reemplázase la expresión “la Superintendencia podrá”, por “los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social podrán”.
Sustitúyese la expresión “una Resolución fundada de la Superintendencia”, por “un decreto conjunto de los referidos Ministerios”.
Modifícase su inciso cuarto, en los siguientes términos:
Reemplázase la palabra “veinticuatro”, por la expresión “treinta y seis”.
Reemplázase la frase “Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.” por “Con todo, el período de incorporación a la Administradora adjudicataria se extenderá por un periodo adicional de hasta treinta y seis meses, siempre que la rentabilidad promedio ponderada de todos los Fondos administrados por la sociedad adjudicataria, sea superior a la rentabilidad promedio ponderada de todos los Fondos del Sistema, de acuerdo a lo que se establezca en las bases de licitación.”.
Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 162:
Modifícase el encabezado de su inciso primero, en los siguientes términos:
i. Reemplázase la expresión “el Ministerio”, por lo siguiente: “los Ministerios de Hacienda y”.
ii. Elimínase la oración “Dichas bases estarán a disposición de los interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la Superintendencia y será de beneficio fiscal.”.
Elimínase la actual letra g) de su inciso primero, pasando las letras h) a l) a ser letras g) a k), respectivamente.
Reemplázase la actual letra l), que pasó a ser letra k), por la siguiente:
“k) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer y mantener la Administradora, durante todo el período licitado.”.
Modifícase el artículo 163, en el siguiente sentido:
Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando sus actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente y de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 29, las bases de licitación podrán establecer que las licitaciones se efectúen sobre la base de comisiones por depósito de cotizaciones, diferenciadas para nuevos afiliados y afiliados antiguos de la Administradora oferente, exclusivamente para el periodo licitado. La comisión ofrecida en la licitación para los afiliados antiguos, deberá ser inferior a la menor comisión entre aquélla que se encuentre vigente por parte de la oferente a la fecha de presentación de su oferta y aquella comisión rebajada a que se refiere el último inciso del artículo 29, de corresponder. En este caso, las bases de licitación establecerán el mecanismo de comparación de ofertas, incluyendo el caso de una nueva Administradora que no cuente con afiliados antiguos.”.
Modifícase su actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, en el siguiente sentido:
i. Reemplázase la expresión “resolución fundada de la Superintendencia”, por la siguiente frase: “un decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, el que será publicado en el Diario Oficial”.
ii. Agrégase a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Los citados Ministerios podrán rechazar cualquiera de las ofertas presentadas en el proceso de licitación, así como declararla desierta, en caso que la comisión ofertada no sea suficiente para efectos de dar cumplimiento a todas las obligaciones del adjudicatario en el período licitado. Para efectuar dicha evaluación, las bases de licitación podrán requerir todos los datos y antecedentes que le permitan al licitador imponerse de la solvencia del oferente, considerando la eventual adjudicación del servicio licitado.”.
Reemplázase en su actual inciso tercero, que pasó a ser inciso cuarto, la frase “el período que se indique en las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de veinticuatro meses contado”, por la siguiente: “el período señalado en el inciso final del artículo 160,”.
Agrégase en el inciso segundo del artículo 164, la siguiente letra c), nueva:
“c) La adjudicataria que no dé cumplimiento a las obligaciones que emanan de las Bases de Licitación, sin perjuicio de las sanciones que corresponda.”.
Modifícase el artículo 168, en el siguiente sentido:
Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando sus actuales incisos segundo a décimo a ser incisos tercero a décimo primero, respectivamente:
“La Superintendencia podrá establecer el procedimiento que deberán seguir los decanos de las Facultades de Economía o de Economía y Administración, para llevar a cabo la designación de los miembros que deben nombrar.”.
Reemplázase la letra b) de su inciso séptimo, que pasó a ser inciso octavo, por la siguiente:
“b) Renuncia voluntaria;”.
Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974:
Modíficase el número 3 de su inciso primero, de la siguiente forma:
Agrégase a continuación del primer punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores podrán retirar una única vez, por cada relación laboral, hasta un veinticinco por ciento del saldo correspondiente a los recursos originados en aportes del empleador que sean de propiedad del trabajador, quedando dicho retiro afecto a impuesto global complementario y no al impuesto único señalado anteriormente.”.
Modifícase el segundo párrafo, en los siguientes términos:
i. Intercálase entre las expresiones “abono al” e “impuesto”, la siguiente frase: “impuesto global complementario o al”.
ii. Intercálase entre la palabra “determinado” y el punto seguido, la siguiente frase: “correspondiente al trabajador”.
Sustitúyese el tercer párrafo del número 6 de su inciso primero, por los siguientes párrafos tercero a décimo nuevos:
“Los aportes que los empleadores efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto necesario para producir la renta de aquéllos, en aquella parte que no constituya un crédito imputable contra el impuesto de primera categoría, a que se refiere el párrafo siguiente.
Los empleadores tendrán derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que realicen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo respecto de los contratos en que el aporte mensual del empleador supere el aporte del trabajador y sea al menos igual al 0,5% de la remuneración imponible mensual del trabajador. El citado crédito tributario corresponderá a los porcentajes que a continuación se indican:
Para efectos de determinar el crédito a que se refieren las letras a) a la f) anteriores, se entenderá por remuneración las rentas señaladas en el artículo 42 número 1, debidamente reajustadas de acuerdo al número 3 del artículo 54, consistentes en sueldos, sobresueldos, salarios y cualquier otra similar que el empleador pague por la prestación de servicios personales, exceptuadas las cotizaciones previsionales y de salud de carácter obligatorio y voluntario.
El crédito contra el impuesto de primera categoría tendrá un límite máximo de 1,4 unidades de fomento por trabajador.
El crédito sólo podrá deducirse del impuesto de primera categoría cuando su monto se encuentre incluido en la base imponible de dicho impuesto, correspondiente a las rentas del año en que el empleador enteró su aporte.
El crédito o su excedente no podrá ser imputado en los ejercicios siguientes ni será objeto de devolución.
Para los efectos de determinar la cantidad a rebajar como crédito, el aporte indicado en las letras a) a la f) anteriores, dentro de los límites correspondientes, deberá reajustarse de acuerdo al porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a aquél en el cual el empleador efectuó el aporte respectivo y el último día del mes anterior a la fecha del balance o del cierre del ejercicio respectivo.
Cuando los aportes del empleador, más la rentabilidad que éstos generen, sean retirados por éste, aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de esta Ley, con excepción de aquella parte correspondiente al crédito imputable contra el impuesto de primera categoría. En este último caso, el empleador deberá restituir en arcas fiscales aquella parte del impuesto de primera categoría no enterado en arcas fiscales por la aplicación del crédito, debidamente reajustado en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a aquel en que imputó el crédito y el último día del mes anterior al termino del ejercicio en que efectuó el retiro del aporte. La administradora o institución autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N° 3 de este artículo, que se tratará conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de esta ley y la cual servirá de abono al impuesto de primera categoría.”.
Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.255, que establece Reforma Previsional:
Modifícase el artículo 43, en el siguiente sentido:
“Artículo 43.- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones, y dos profesionales y un académico universitario de reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en materias previsionales o financieras. Este último la presidirá.”.
Intercálanse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando sus actuales incisos tercero y cuarto, a ser sexto y séptimo, respectivamente:
“La Comisión estará especialmente facultada para conocer y ser informada por las Administradoras, de las siguientes materias:
Procedimientos para asegurar el pago oportuno y pertinente de las prestaciones del sistema.
Criterios utilizados por las Administradoras para cumplir con las políticas e instrucciones sobre información a los afiliados en materia de rentabilidad y comisiones, determinadas por la Superintendencia de Pensiones.
En general, las medidas, instrumentos y procedimientos destinados al adecuado ejercicio de las funciones que la ley asigna a las Administradoras.
La Comisión no estará facultada para intervenir en la gestión de las Administradoras y los Fondos de Pensiones. Sus miembros podrán, sin embargo, concurrir a las juntas de accionistas de las sociedades, con derecho a voz.
La Comisión deberá emitir cada año, un informe que contenga los resultados y conclusiones de sus observaciones, el que deberá ser difundido conforme al procedimiento y modalidades que establezca el reglamento a que se refiere este artículo.”.
Intercálase un nuevo inciso octavo, pasando el actual inciso quinto a ser inciso noveno:
“El representante de los trabajadores, el de los pensionados, los dos profesionales y el académico, mencionados en el inciso primero de este artículo, tendrán también como función la de votar por los candidatos para ejercer el cargo de director en las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de Pensiones, según lo dispuesto en el artículo 154 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980. Los integrantes de la Comisión deberán inhabilitarse de votar por personas con las que mantengan alguna vinculación, que pueda generarles un potencial conflicto de intereses, según lo establezca el reglamento a que se refiere este artículo.”.
Reemplázase en su actual inciso quinto que pasó a ser inciso noveno la oración a continuación del primer punto seguido, por la siguiente:
“Los integrantes de la Comisión, con excepción del representante de las instituciones públicas y del representante de las entidades privadas del sistema de pensiones, percibirán una dieta equivalente a un monto de veinticuatro unidades de fomento por sesión ordinaria y de ocho de dichas unidades por sesión extraordinaria, con un tope de treinta y dos unidades de fomento mensuales. La dieta será pagada mensualmente por la Subsecretaría de Previsión Social, con cargo a su presupuesto.”.
Agrégase el siguiente número 13. nuevo al artículo 47:
“13. Fiscalizar el funcionamiento de los servicios que el Instituto de Previsión Social hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su giro en los ámbitos de competencia de la Superintendencia. Para efectos de lo anterior, podrá requerir el envío de información y documentación necesaria o bien tener acceso directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.
Agrégase al artículo 80, el siguiente inciso final nuevo:
“Lo dispuesto en este artículo también será aplicable a los convivientes civiles que hayan celebrado un acuerdo de unión civil.”.
Artículo 4.- Intercálase en el inciso séptimo del artículo 10 de la ley Nº 19.728, que establece un Seguro de Desempleo, entre las expresiones “Superintendencia.” y la palabra “Transcurrido” lo siguiente “Para estos efectos, si la Sociedad Administradora no tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, al Servicio de Impuestos Internos, a la Dirección del Trabajo y a las entidades que recaudan cotizaciones previsionales, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en una norma de carácter general.”.
Artículo primero.- Las modificaciones que la presente ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el primer día del vigésimo quinto mes siguiente al de su publicación, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo segundo.- La modificación que el número 6 del artículo 1 de la presente ley introduce al artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1 de enero del año de entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el artículo primero transitorio.
Artículo tercero.- Las modificaciones que los numerales 7, 8 y 9 del artículo 1 de la presente ley introducen a los artículos 20 F, 20 G y 20 L del decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el 1 de enero del año de entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el artículo primero transitorio.
Los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia establecida en el inciso anterior no quedarán sujetos a las modificaciones establecidas en la presente ley, a menos que se adapten a dichas disposiciones.
Artículo cuarto.- Las modificaciones que el número 10 del artículo 1 de la presente ley introduce al artículo 23 del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán aplicables a las personas que se afilien al sistema de pensiones de capitalización individual a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el artículo primero transitorio, a aquéllas que se cambien voluntariamente de Fondo a partir de esa fecha y a los hombres hasta 50 años de edad y mujeres hasta 45 años de edad que hayan sido asignados a un Fondo con anterioridad a la fecha antes señalada, de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 23 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Artículo quinto.- Las modificaciones que los números 2, 3 y 20 del artículo 1 de la presente ley introducen a los artículos 6°, 7° y 58 del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán aplicables a los afiliados que soliciten pensión a contar del 1 de julio de 2019.
Artículo sexto.- Las modificaciones que los números 32 a 35 del artículo 1 de la presente ley introducen a los artículos 160, 162, 163 y 164, respectivamente, del decreto ley N° 3.500, de 1980, tendrán vigencia respecto de las licitaciones cuyo proceso se inicie con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.
Artículo séptimo.- Las modificaciones que el artículo 2 de la presente ley introduce a la Ley Sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, 1974, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del año de entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el artículo primero transitorio.
Artículo octavo.- Las modificaciones que el artículo 3 de la presente ley introduce a la ley N° 20.255, entrarán en vigencia el primer día del vigésimo quinto mes siguiente al de su publicación.
Artículo noveno.- La modificación que el artículo 4 de la presente ley introduce al artículo 10 de la ley N° 19.728, entrará en vigencia el primer día del vigésimo quinto mes siguiente al de su publicación.
Artículo décimo.- El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de las normas establecidas en las modificaciones introducidas por la presente ley, durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo a los recursos incluidos en la Provisión de Financiamiento Comprometidos del Programa de Operaciones Complementarias de la Partida 50 del Tesoro Público. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

References: artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 42
 artículo 54
 artículo 42
 artículo 75
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 68
 artículo 31
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 31
 artículo 45
 artículo 32
 artículo 23
 artículo 34
 artículo 21
 artículo 40
 artículo 45
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 50
 artículo 45
 artículo 43
 artículo 96
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 69
 artículo 17
 artículo 94
 artículo 19
 artículo 138
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 154
 artículo 45
 artículo 154
 artículo 43
 artículo 155
 artículo 156
 artículo 157
 artículo 45
 artículo 160
 Resolución 
 artículo 165
 artículo 162
 artículo 163
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 160
 artículo 164
 artículo 168

Artículo 2
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 54
 artículo 75

Artículo 3
 artículo 43
 artículo 154
 artículo 47
 artículo 80

Artículo 4
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 10