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Timestamp: 2018-04-25 16:27:14+00:00

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Gestores Públicos: octubre 2015
Novedades legislativas: -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Una administración sin cabeza, tendrá tal vez mucho cuerpo. Pero siempre andará desnortada o capturada por quienes ofrecen ese conocimiento perdido a precio de mercado, muy alejado por cierto del precio de saldo. Y si quien ofrece esos servicios “son de los nuestros”, que vinieron no para quedarse sino como estación de tránsito, mejor que mejor. Todo se queda en casa, aunque esta se confunda en sus lindes con unos cuerpos que encogen en lo público y se estiran en lo privado.
Otro post reciente del mismo autor. La buena política: cuatro ensayos.
Novedades legislativas en materia de empleo en el Consultor:
Las 10 claves del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Etiquetas: Ebep, función pública, Rafael Jiménez Asencio
Ya son más de 1.100 las entidades locales adheridas y se abrirá una nueva lista de espera para aquellas que quieran incorporarse a partir de enero de 2016
Pae.- El servicio del Portal de la Transparencia en la nube tiene como objetivo la creación del Portal de la Transparencia a las Entidades Locales, que se suscriban al mismo, así como de toda la infraestructura TIC necesaria para alojarlos en las condiciones de seguridad, interoperabilidad y accesibilidad requeridas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Todo ello, de manera gratuita mediante el aprovechamiento de los recursos comunes que tiene disponibles la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Etiquetas: Acuerdo Marco MINHAP-FEMP, Ley 19/2013, Portal de la Transparencia
Gerard LLobet sobre BiciMAD: Una metáfora de cómo se gestionan las cosas públicas en España
"El caso de BiciMAD es interesante porque combina muchos de los factores que han hecho otras concesiones ruinosas en un mismo ejemplo".
Otro post de interés: Barcelona (6º) y Madrid (21º) entran en el ranking de las 100 ciudades con mejor reputación que encabeza Sidney
Por Gerard Llobet. Blog Nada es Gratis.- En los últimos días Bonopark, la empresa que gestiona el servicio de bicicletas municipal de Madrid, BiciMAD, ha hecho público que pierde unos 300,000 euros al mes. Así, la quiebra de esta concesión parece estar a la vuelta de la esquina. No es una historia nueva y en los últimos tiempos hemos vivido muchos casos parecidos.
Tenemos, por ejemplo, las sociedades concesionarias de las autopistas radiales de Madrid que se encuentran en proceso de liquidación o la empresa que gestiona el túnel que conecta el AVE con Francia que solicitó hace unos meses el concurso de acreedores. En todos los casos, las empresas se presentaron a un concurso que ganaron y que ha resultado ser no rentable. Y en todos ellos, las empresas esperan un rescate que las saque a flote. Sin embargo, el caso de BiciMAD es especialmente interesante porque combina muchos de los factores que han hecho otras concesiones ruinosas en un mismo ejemplo.
Para aquellos que no estén familiarizados con BiciMAD, éste es el servicio de alquiler de bicicletas municipal de Madrid. Sus usuarios, después de darse de alta en el servicio y pagar su cuota anual, tienen derecho a recoger la bicicleta en cualquiera de las estaciones y devolverla en cualquier otra estación. Un aspecto novedoso, comparado con otros servicios como el Bicing de Barcelona es que el precio que pagan por cada viaje depende no solo de la duración del mismo sino también del nivel de congestión en las estaciones utilizadas. Este servicio fue licitado en 2013 y Ana Botella lo inauguró circulando por el Retiro el 23 de junio de 2014. Desde entonces el servicio ha sido un relativo éxito y actualmente ronda los 55,000 abonados.
¿Por qué entonces está la concesión al borde la quiebra? Varios factores han contribuido a ello.
1.- Un ayuntamiento con ganas de lucirse. Cuando Álvarez del Manzano era alcalde se opuso a construir carriles bici en la ciudad porque afirmaba que Madrid tenía demasiadas subidas. Sin embargo, en 2013 este mensaje era cada vez más difícil de vender. La mayor parte de las grandes ciudades europeas ya habían implantado un servicio de bicicletas municipales y la conciencia ecológica había ido en aumento. Así que cuando las restricciones presupuestarias lo permitieron el ayuntamiento inició la licitación de este servicio. Eso sí, lo hizo sin crear prácticamente carriles bicis y solo pintando carriles compartidos (los llamados sharrows).
La concesión se asignó a la única empresa que presentó un proyecto de bicicleta eléctrica. ¿Qué mejor oportunidad de recuperar el tiempo perdido que tener bicicletas eléctricas cuando nadie más las tenía? Y no, una bicicleta eléctrica no era imprescindible para el servicio. No estaba en la convocatoria y lo digo también desde la experiencia, porque me muevo por Madrid de manera habitual en una bicicleta convencional. Además, como muchos usuarios tienen miedo a los sharrows, transitan por las aceras y el motor eléctrico, al permitir circular a hasta 25 kms/hora, las hace peligrosas para los peatones (además de ser ilegal, claro).
Tal y como alegaron de manera lúcida los competidores que impugnaron el concurso, la empresa ganadora, Bonopark, carecía de la “solvencia técnica y financiera” para gestionar un servicio así. Fundada en 2009, Bonopark, solo había gestionado un servicio parecido en San Sebastian, que constaba de 12 estaciones y unas 100 bicicletas. Nada que ver con las miles de bicicletas de BiciMAD, tal y como ha demostrado la experiencia del último año y medio. De hecho, en el pliego de condiciones se especifica que la empresa debía poseer “Un contrato gestionado en los últimos tres años de gestión de bicicleta pública, con un despliegue de bicicletas gestionadas por contrato de al menos 2.000 unidades.” La manera en que la empresa sorteó este requisito fue llegando a un acuerdo con otra empresa que aportaba el requerimiento de la experiencia pero de la que poco más se supo.
2.- Una empresa que carecía de la experiencia necesaria. Muchos de los problemas del servicio de BiciMAD eran previsibles. La empresa desarrolló su propio software que en palabras del colectivo BiciBAD, que lo ha podido ver, "no pasaría una práctica de universidad". Este es un motivo por el que los primeros momentos del servicio fueron un caos y los esforzados usuarios tardaron varios días y visitas en busqueda de un “totem mágico” para poder darse de alta. Para resolver este problema y muchos otros, Bonopark contrató una empresa especializada para reescribir el código.
Por otro lado, las bicicletas eléctricas pueden costar cerca de mil euros. Contemplar que alguien podría querer robarlas parece una precaución bastante razonable. Y sí, instalar un GPS era una gran idea pero si no proporciona información en tiempo real no parece muy útil para localizar bicicletas extraviadas. Así que no es sorprendente que algunas de las bicicletas de BiciMAD hayan terminado vendidas en Rumanía.
Aunque la empresa se ha visto perjudicada por vándalos y ladrones, estos factores no parecen ser, ni mucho menos, el origen de todos los problemas del servicio. Según un informe encargado en Julio de 2015, el mal diseño de los anclajes es el principal problema. Este diseño era como mínimo “deficiente” y aparentemente aún lo es, después de seis rediseños. No solo permite que los antisociales y ladrones arranquen las bicicletas del anclaje, sino que en muchos casos no permite que los usuarios legítimos retiren las bicicletas, al quedar bloqueados. BiciBAD proporciona datos sobre el estado de las estaciones cada dos horas y muestra como en un día cualquiera alrededor del 60% de las bicicletas no están en servicio. Y sí, Bonopark también ha contratado una empresa para que le ayude a rediseñar una vez más el anclaje.
3. Un mal contrato. Aunque el pliego de condiciones de la convocatoria era público, el contrato final firmado con Bonopark no lo ha sido. Dado que las características del servicio variaron de manera muy substancial respecto al que el ayuntamiento había publicitado al cambiar el tipo de bicicleta (y por tanto los requerimientos) es probable que este contrato también sea muy distinto. El nuevo equipo del ayuntamiento se comprometió a publicarlo pero no tengo constancia de que ya se haya hecho.
Al no ser público el contrato ni tampoco los datos sobre la calidad del servicio es difícil saber los pagos que la empresa ha recibido y como estos se han visto reducidos debido a todas las incidencias del servicio. Parece que existe una parte fija y otra variable que dependería de siete indicadores de calidad descritosen la convocatoria. La empresa no habría recibido la mayor parte de los pagos por este concepto, pero siendo un concepto mucho menor que el pago fijo, la penalización no habría surtido su efecto a la hora de garantizar la calidad del servicio y proporcionar incentivos para solventar las numerosas y constantes incidencias.
Además, al ser un contrato a 10 años cambiar las condiciones para tener en cuenta estas deficiencias se hace complicado. Y es que hacer un contrato a largo plazo es útil para que la empresa pueda recuperar los costes de su inversión, pero hay que seleccionar a la empresa correcta y escribir un contrato en condiciones.
¿Qué hacer ahora? A diferencia del caso de las autopistas radiales de Madrid, donde la quiebra de la concesión pone en marcha la responsabilidad patrimonial de la administración, consideraciones de este estilo no serían importantes aquí. Por ello, un rescate es lo último que debería hacer el nuevo ayuntamiento. Es cierto que la quiebra tendrá costes no solo para la empresa misma sino también para los usuarios del servicio. Sin embargo, también es una oportunidad para volver a licitar el servicio, seleccionar una empresa que realmente tenga experiencia en la gestión de este tipo de servicios y escribir un nuevo contrato. Además, hay que hacer de esto un casus belli. Las empresas deben anticipar que no serán rescatadas porque eso lleva a que algunas sin experiencia se presenten a los concursos sabiendo que el contrato será renegociado para atender a sus propias limitaciones y, por el otro lado, a que las autoridades liciten cualquier cosa que permita que se hagan una foto sin pensar en cómo ni quién lo acabará pagando.
Otro post de interés del mismo autor: Endogamia en la Universidad (Una batalla ganada, no la Guerra)
Etiquetas: BiciMAD, Bonopark, concesiones, Gerard Llobet, Nada es Gratis
Contencioso.es.- José R. Chaves.- Hace poco coincidí en un corrillo con ocasión de unas jornadas jurídicas, con un Alcalde (” de cuyo nombre, no me quiero acordar”), quien comentaba con aspavientos la dificultad hoy día para ser Alcalde porque “los interventores tienen mucho poder”, “gobiernan ellos y no nosotros”, etc.
Me limité a intervenir comentando que “mas que poder, los interventores tienen responsabilidad, que no es lo mismo”, y como me miraba con aspecto sorprendido ( o no entendía, o no quería entender) le aclaré algo así como: “ Vamos. En una piscina el salvavidas no tiene poder, tiene responsabilidad, porque tiene el deber de garantizar que nadie se ahoga en la piscina; no está por capricho, ni es dueño de salvar o no a las personas. Y a ningún usuario de la piscina se le ocurriría quejarse por exceso de celo del salvavidas ni criticarle por tener mucho poder, cuando cumple su labor”.
1.- El caso zanjado consistía en el alcalde y dos concejales de su equipo de gobierno que, durante varios años, adjudicaron contratos para la elaboración de proyectos técnicos a favor de un solo arquitecto por importe de 776.552 euros. Las adjudicaciones eran burdas: directamente al amiguete; sin determinación del objeto del contrato, fijación del precio o el informe sobre la posibilidad de su ejecución por parte de los técnicos municipales. Además se les dio el tratamiento de contrato menor, limitado a supuestos en que el precio era inferior a los 12.020 euros, pese a exceder ese límite cuantitativo. Además se acudía al fraccionamiento del contrato en cantidades que no rebasaban ese límite, constitutivo de objetiva ilegalidad. La omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos.
2.- La sentencia comienza precisando el delito de prevaricación:
Como ya hemos señalado la forma de contratación del Sr. Olegario fue contraria a la legalidad y, aunque el recurrente carecía de capacidad para declarar la nulidad de los contratos, tenía la obligación legal de formular reparos “en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales” (artículo 216.2). El reparo hubiera posibilitado un pronunciamiento al respecto del Alcalde (articulo 216.1 de la L. Reguladora de las Haciendas Locales). No olvidemos que la condena del recurrente lo es a título de cómplice. Como razonó el Tribunal sentenciador, si bien el artículo 219.1 contempla algunas excepciones a esa obligación fiscalizadora, entre otros cuando se trata de “contratos menores”, en el presente caso la cuantía de la contratación excedía de la que marca techo a esta modalidad. Además, como puso de relieve el dictamen emitido por el Interventor Territorial de la Intervención Regional de Murcia, Sr. Bienvenido (folios 2960 y ss) en ninguno de los documentos que se aportaron para expedir los documentos contables del presupuesto de gastos (fundamentalmente RC y ADOP) hacían referencia a que se estuviera tramitando un contrato menor.(…)
2. Cualquier profesional conoce que la contratación administrativa “ad personam”, sin control previo y sin ni siquiera concreción del precio es irregular.
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Etiquetas: alcaldes, interventores
Todo el sector está a la espera de un Real Decreto (superado el periodo de información pública a CCAA, FEMP y COSITAL...) por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en la Entidades Locales.
Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- La noticia del diario ABC hace referencia a los movimientos del sector de la auditoría privada ante las próximas elecciones generales. Trataba de encontrar sensibilidad en los partidos políticos para incluir en los programas electorales la obligación de auditar los ayuntamientos que superen determinado presupuesto o plantilla.
José Fernando Chicano en su exposición.
Lograron cierto eco en los programas hace cuatro años pero no tuvo el reflejo legislativo pretendido. El asunto, que viene de lejos y tuvo en su momento mucho apoyo de los OCEX, busca crear un marco de la auditoría pública que defina, no sólo el mecanismo de selección de los auditores, sino también sus honorarios y tipos de auditoría exigibles a los municipios, constituyendo un organismo regulador y un registro oficial específico.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ya dejó clara su posición contraria en este asunto, con ocasión de un importante informe aprobado en 2009. El cambio legislativo que dé soporte a esa futura auditoría privada en el mundo local ha de ser amplio y sustancial. Con la actual normativa en el ámbito local, la adscripción de las funciones públicas de control se reserva en el ámbito externo al propio Tribunal u órgano autonómico equivalente y el control interno a los funcionarios habilitados correspondientes (intervención).
Según el razonamiento del TCu:
La nueva normativa local
La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) se planteó entre sus objetivos garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y transparente. Para ello proclamaba reforzar el control interno de EELL, OOAA y Soc. a través de la función interventora, del control financiero, control de eficacia y de la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente. Se encomendaba al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales.
Fruto de ello, todo el sector está a la espera de un Real Decreto (superado el periodo de información pública a CCAA, FEMP y COSITAL así como los serios defectos detectados en el informe de 17 de septiembre del Consejo de Estado) por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en la Entidades Locales. La norma plantea cuatro grandes objetivos:
Incorporar una descripción detallada y actualizada de las funciones de control interno en sus diferentes fases, especialmente en lo concerniente al control financiero.
Desarrollar las actuaciones de auditoria pública
Homogenizar el ejercicio del control
Regular un régimen simplificado de control
Así, se prevé que el Plan Anual del Control Financiero, ejecutado según análisis de riesgos, deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio de la función interventora, al menos, un control efectivo del 80 % del presupuesto consolidado. En tres ejercicios consecutivos el 100%. Este es el marco donde las firmas privadas de auditoria pueden colaborar con el interventor, a través de los informes de cuentas anuales de fundaciones y empresas municipales, asegurando el cumplimiento de esos porcentajes. De todo ello se ha hablado en el seminario organizado hoy en Madrid por Bonser, donde tuve el honor de participar junto al Síndico de la Comunidad Valenciana, Antonio Mira Perceval.
En términos prácticos, la LRSAL prevé elevar un informe del Interventor al Pleno sobre todas las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de anomalías en ingresos. Además, deberá enviar anualmente un informe de controles realizados a la IGAE y otro al Tribunal de Cuentas con “todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente y Pleno contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de anomalías en ingresos, acompañando los informes justificativos presentados por la Corporación”.
Recordemos que la fiscalización de conformidad del Interventor se documenta mediante “diligencia firmada”, sin necesidad de motivarla, si el expediente se ajusta a la legalidad. Sin embargo, la fiscalización de disconformidad se ejercita a través de los llamados “reparos”, escritos y motivados con razonamientos normativos y referidos a todas las objeciones observadas en el expediente.
El problema surge cuando hay discrepancias entre los gestores y el órgano de control. Aquí, el art. 218 LRSAL exige que se informe al Pleno de resoluciones contrarias a reparos como un punto de orden del día y cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá “elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera”. Por eso, el proyecto de Real Decreto planteaba una solución de las discrepancias gestor-interventor que pretendía ser políticamente correcta: como “Informe vinculante” del órgano de tutela financiera, IGAE o CCAA -pues no es superior jerárquico de nadie en las EELL- que no fue aceptada por el Consejo de Estado, que la ha rechazado de plano por contrario a la autonomía local.
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Etiquetas: auditoría, control interno, entidades locales, Fiscalización.es

References: Real Decreto 
 artículo 219
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto