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Documentos de Historia de España: CONSTITUCION II República
DISCURSO DE D. LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, PRESENTANDO EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN. Diario de Sesiones de las Cortes. 27 de agosto de 1931
En primer término, quisiera afirmar que la Constitución por nosotros redactada no es excesiva en el articulado, pues sólo contiene 121 artículos. La parte propiamente dispositiva de la Constitución alemana tiene 165, y 150 la austriaca, y no olvidéis que la Constitución de Cádiz tenía 384 artículos; por-que la experiencia nos enseña que las Constituciones populares son siempre largas, y lo que aquí vamos a hacer es una Constitución popular.
Cuando hablemos del Título III, en el que se legisla sobre los derechos y deberes de los españoles, aludiremos a la transformación de la llamada parte dogmática de las Constituciones. Hoy, más que una parte dogmática, puede afirmarse que se trata de una parte substantiva, porque han de ser llevados ahí todos aquellos derechos, aspiraciones y proyectos que los pueblos ansían, colocándolos en la Carta constitucional para darle así, no la legalidad corriente, que está a merced de las veleidades de un Par-lamento, sino la súper legalidad de una Constitución. Y por eso nos encontramos con que las ansias populares van a esas Constituciones, porque desde la de México, de 1917, a la de Rusia, de 1918, y a la de Alemania, de 1919, cada una a su estilo, tienen en su texto una serie de preceptos y de principios que antes no correspondían al concepto puro constitucional.
En la Constitución rusa de 1º de julio de 1918, cuando establece el derecho de reunión, se le quiere garantizar, de una manera bien clara y terminante, obligando al Estado a ofrecer locales con mobiliario, luz y calefacción. Todos estos son preceptos constitucionales en esos países.
Decimos que el Poder emana del pueblo, en el Art. 1º, y en los artículos 49 y 95 hacemos residir el Poder Legislativo en el pueblo y decimos que la justicia se administra en nombre del pueblo.
El título preliminar ha querido establecer principios. El primero es el de la definición de España como una República democrática cuyos poderes emanan del pueblo; el art. 2º consagra la igualdad; el 3º, el laicismo estatal; el 4º, el idioma; el 5º, la capitalidad; el 6º y el 7º tienen envergadura internacional; en el 6º se declara el pacifismo de España, y en el 7º, el valor de las normas internacionales.
No hablamos de un Estado federal, porque federar es reunir. Se han federado aquellos Estados que vivieron dispersos y quisieron reunirse en colectividad.
Un Estado integral. Después del férreo, del inútil Estado unitario español, queremos establecer un gran Estado integral en el que son compatibles, junto a la gran España, las regiones, y haciendo posible, en ese sistema integral, que cada una de las regiones reciba la autonomía que merece por su grado de cultura y de progreso. Unas querrán quedar unidas, otras tendrán su autodeterminación en mayor o menor grado. Eso es lo que en la Constitución ofrecemos y queremos hacer, y así vemos claramente atacado el unitarismo en los artículos 15 y 19, y en cambio, proclamado el integralismo absoluto en los artículos 16, 18 y 20.
Establecemos, pues, una sola Cámara, porque, ¿qué razón tendría el Senado? Ya el viejo argumento de Sieyés sobre esta materia es terminante: «Si las dos Cámaras van unidas y representan la voluntad popular, una sobra; si la otra se opone, entonces no representará la «volonté générale», que es lo que debe representar el Poder legislativo».
Desde el punto de vista del Gobierno, tratamos también de hacerle fuerte contra posibles votos de censura eventuales y caprichosos, exigiendo un voto calificado.
Al mismo tiempo, también el Poder legislativo podrá solicitar, antes de que termine el plazo de vigencia del mandato presidencial, que el Presidente sea destituido: pero asimismo jugándose el Parlamento su existencia, porque en último término puede ser disuelto.
Es así, como hemos querido estabilizar el juego de estos Poderes; porque obsérvese que la separación del Poder ejecutivo y del legislativo, que arranca de la doctrina de Montesquieu, está hoy en franca crisis. Hoy el Poder reside en el pueblo, encarna en el Estado y se ejerce por sus órganos; no hay necesidad de hacer esa división, sino de afirmar más bien la seguridad y la permanencia de la labor de cada uno.
Las garantías de reforma constitucional dan a nuestra Carta política el aspecto de Constitución rígida; pero es que hoy han desaparecido, casi en absoluto, las Constituciones flexibles, o bien exigiendo una mayoría calificada para la reforma, o pidiendo unas Cortes Constitucionales para enmendarla. Es evidente que hoy la flexibilidad va perdiendo terreno.
Y ahora permitidme unas palabras de epílogo. Esta Comisión ha compuesto la ley fundamental para la República española en veinte días. Pensad la premura con que ha tenido que ser hecha. Es muy probable que vuestra sagacidad y cultura encuentren en algunos artículos un descuido de redacción, acaso un error de concepto. Esta Comisión, no ya dispuesta, sino deseosa de escuchar de vuestros labios las objeciones, para aceptarlas, cuando así le parezca que es preciso y que no atacan el núcleo fundamental de su obra.
Queremos avanzar; vamos a ser muy parcos en la oratoria, y, a ser posible, esta Comisión, en las discusiones de totalidad, no quisiera hacer uso de la palabra más que una sola vez, al final, para con-testar a los oradores.
La rapidez con que se ha compuesto la Constitución es insólita en las Comisiones parlamentarias europeas.
Quiero ahora, sin enmascarar nuestro pensamiento, decir que es una Constitución avanzada; deliberadamente lo ha decidido así la mayoría de los comisionados. Una Constitución avanzada, no socialista (el reconocimiento de la propiedad privada la hurta ese carácter), pero es una Constitución de izquierda. Esta Constitución quiere ser así para que no nos digan que hemos defraudado las ansias del pueblo. Los que quieren, a pretexto del orden, transformar a España en una Monarquía sin rey, encontrarán siempre en esta Comisión la lucha más decidida y la más absoluta negación a ceder.
Hacemos una Constitución de izquierdas, y esta Constitución va directa al alma popular. No quiere la Comisión que la compuso que el pueblo español, que salió a la calle a ganar la República, tenga que salir a ganar su contenido. Por eso, porque es una Constitución democrática, liberal, de un gran contenido social, la Constitución que os ofrecemos es conservadora, porque los elementos que pueden altear el orden con tal pretexto, no es preciso que en estos instantes, que no son de polémica, sino de exportación de nuestra obra, sean mencionados por mi. Lo dice la pastoral de los prelados del 17 de este mes.
Nuestro proyecto de Constitución es una obra conservadora, conservadora de la República.
28 de agosto de 1931. (Ext. Ofic. No. 29. Pág. 2). Reproducido en el tomo XII de la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara: Textos y documentos de historia moderna y contemporánea (siglos XVIII, XX). pp. 378-90.
1. Disposiciones generales: España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
3. Nacionalidad española
4. Los derechos y deberes de los españoles
5. LAS CORTES
6. Presidencia de la República
9. Hacienda Pública
10. Garantías y reforma de la Constitución
Artículo 4º. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Los territorios de soberanía del norte de Africa se organizarán en régimen autónomo en relación di-recta con el Poder central.
Artículo 9º. Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.
Artículo 10º. Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines político-administrativos.
Artículo 11º. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y eco-nómicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12.
En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se de-terminan en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Código fundamental.
Artículo 12º. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones:
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el Plebiscito fuere negativo, no podrá re-novarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
Artículo 13º. En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas.
Artículo 14º. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes:
10ª. Régimen de extradición.
11ª. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los Poderes regionales.
12ª. Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.
13ª. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación.
14ª. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término.
15ª. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.
16ª. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.
17ª. Hacienda general del Estado.
18ª. Fiscalización de la producción y el comercio de armas.
Artículo 15º. Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias:
6ª. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse.
10ª. Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
11ª. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.
12ª. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.
13ª. Servicios de aviación civil y radiodifusión.
Artículo 16º. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.
Artículo 17º. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Artículo 18º. Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.
Artículo 19º. El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República. Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.
Artículo 20º. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en este Título.
Artículo 21º. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.
Artículo 22º. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia.
Artículo 24º. La calidad de español se pierde:
Artículo 28º. Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.
Artículo 29º. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.
Artículo 35º. Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los Poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.
Artículo 36º. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Artículo 37º. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes.
Artículo 41º. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley.
Artículo 42º. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por Decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad.
Artículo 43º. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cual-quiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la «Declaración de Ginebra» o tabla de los derechos del niño.
Artículo 47º. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuaria, obras para riego y vías rurales de comunicación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en idea-les de solidaridad humana.
Artículo 49º. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.
Artículo 51º. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.
Artículo 52º. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.
Artículo 53º. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral.
Artículo 54º. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su retribución.
Artículo 55º. Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
Artículo 56º. Los Diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
Artículo 57º. El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior.
Artículo 58º. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de Febrero y Octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el primer período y dos en el segundo.
Artículo 59º. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido, dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.
Artículo 60º. El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.
Artículo 61º. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto, acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo.
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud de las mis-mas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta.
Artículo 62º. El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta, como máximum, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica.
Artículo 63º. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sean Diputados.
Artículo 64º. El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros.
Artículo 65º. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquéllos se disponga.
No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido previa-mente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.
Artículo 66º. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante «referéndum» las leyes votadas por las Cortes. Bastará, para ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
No serán objeto de este recurso: la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del «referéndum» y de la iniciativa popular.
Artículo 69º. Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 73º. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial.
Artículo 74º. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le sustituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será sustituido en las suyas por el Vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el artículo 68, y se celebrará dentro de los treinta siguientes a la convocatoria.
A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun estando di-sueltas, conservan sus poderes.
Artículo 75º. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.
Artículo 76º. Corresponde también al Presidente de la República:
e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional
Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las Cortes en el plazo de un año y, en caso de circunstancias excepcionales, de dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados. Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República suscribirá la ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.
Artículo 79º. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.
Artículo 80º. Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República.
Artículo 81º. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno.
Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el art. 58.
En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
Artículo 82º. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato.
Artículo 83º. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.
Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a promulgarlas.
Artículo 84º. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un Ministro.
Artículo 85º. El presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.
El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si pro-cede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Artículo 86º. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.
Artículo 87º. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art. 70 para el Presidente de la República.
Artículo 88º. El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera.
Artículo 89º. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes. Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada.
Artículo 90º. Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria, y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
Artículo 91º. Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del Gobierno, e individualmente de su propia gestión Ministerial.
Artículo 92º. El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.
Artículo 93º. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes.
Artículo 94º. La Justicia se administra en nombre del Estado.
Artículo 95º. La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán reguladas por las leyes.
Artículo 96º. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado, a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
Artículo 97º. El presidente del Tribunal Supremo tendrá, además de sus facultades propias, las siguientes:
Artículo 98º. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.
Artículo 99º. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
Artículo 100º. Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Artículo 101º. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emana-das de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder.
Artículo 102º. Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte.
Artículo 103º. El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.
Artículo 104º. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia,
Artículo 105º. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales.
Artículo 106º. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinen las leyes.
Artículo 107º. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación, a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.
Artículo 108º. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.
Artículo 109º. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido.
Artículo 110º. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.
Artículo 111º. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.
Artículo 112º. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.
Artículo 113º. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra. En consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.
Artículo 114º. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos:
Artículo 115º. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.
Artículo 116º. La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.
Artículo 117º. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
Artículo 118º. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión Mientras se ajusten estrictamente a las leyes que auto-rizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.
Artículo 119º. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes normas:
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro de Hacienda. Las cuentas se someten al Tribunal de Cuentas de la República. Del resultado de esa censura conocerán las Cortes.
Artículo 120º. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión eco-nómica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.
Artículo 121º. Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:
Artículo 122º. Compondrán este Tribunal:
Artículo 123º. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales:
2º. Los jueces y tribunales en el caso del art. 100.
Artículo 124º. Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el art. 121.
Artículo 125º. La Constitución podrá ser reformada:
La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la reforma pro-puesta, y actuará luego como Cortes ordinarias.
Publicado por Ramón Manuel Gonzalvo Mourelo en 3:52

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