Source: http://cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Guatemala10588.htm
Timestamp: 2019-02-17 17:29:57+00:00

Document:
Guatemala 10.588
INFORME Nº 40/00
CASO 10.588 ISABELA VELÁSQUEZ Y FRANCISCO VELÁSQUEZ
CASO 10.608 RONAL HOMERO MOTA Y OTROS
CASO 10.796 ELEODORO POLANCO ARÉVALO
CASO 10.856 ADOLFO RENÉ Y LUIS PACHECO DEL CID
CASO 10.921 NICOLÁS MATOJ Y OTROS
1. Durante los años 1990 y 1991 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") recibió cinco peticiones en las que se denunciaba la desaparición forzada de Isabela y Francisco Velásquez; Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Álvarez Andrés; Eleodoro Polanco Arévalo; Adolfo René y Luis Pacheco del Cid; Nicolás Matoj, Bernal de Matoj, Juan Matoj, Nicolás Matoj (hijo), Francisco Matoj, Cecilia Matoj, María Matoj, Francisco Rivera y familia, y Jacinto Terraza y familia. En cada caso los peticionarios sostuvieron que la(s) víctima(s) había(n) sido desaparecida(s) por soldados del Ejército guatemalteco o personas vinculadas con las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
2. Los casos arriba mencionados fueron abiertos una vez recibidas esas denuncias, y tramitados conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") y el Reglamento de la Comisión. Al llevar adelante ese trámite, tras determinar que cada uno de los casos se refería a una denuncia de desaparición forzada de personas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o personas vinculadas con las mismas, y considerar el carácter y el marco cronológico comunes de las denuncias en cuestión, la Comisión decidió, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de su Reglamento, acumular esos casos y referirse a ellos en un mismo informe. En el presente informe se examina la cuestión de si la República de Guatemala (en adelante "Guatemala" o "el Estado") ha incurrido en responsabilidad internacional por la desaparición forzada de las víctimas que ha sido objeto de denuncia y la correspondiente violación de los artículos 1(1), 3, 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana.
4. Conforme a lo establecido en el informe siguiente, tras examinar las presentaciones de las partes, la Comisión decidió admitir el presente caso y declarar que el Estado es responsable de violaciones de los derechos a la vida, a un tratamiento humano, a la libertad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, y de omisión de conceder garantías y protección judiciales, según lo establecido en los artículos 4, 5, 7, 3, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la desaparición forzada de Isabela y Francisco Velásquez; Ronal Romero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Álvarez Andrés; Eleodoro Polanco Arévalo; Adolfo René y Luis Pacheco del Cid; Nicolás Matoj, Bernal de Matoj, Juan Matoj, Nicolás Matoj (hijo), Francisco Matoj, Cecilia Matoj, María Matoj, Francisco Rivera y familia, y Jacinto Terraza y familia. En relación a las varias víctimas que eran menores de edad, se consideró responsable al Estado por no haber brindado las medidas de protección requeridas por el niño de conformidad con el artículo 19. Por lo tanto, se consideró responsable al Estado por no haber cumplido la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar esos derechos en el marco de la Convención. En consecuencia, recomendó que el Estado llevara a cabo una investigación imparcial y eficaz para determinar las circunstancias de la desaparición forzada de las víctimas y sancionar a los responsables conforme a la legislación interna, y que dispusiera lo necesario para que los familiares de las víctimas recibieran una reparación justa y pronta por las violaciones comprobadas de derechos.
9. La Comisión se dirigió al Estado y a los peticionarios mediante notas del 2 de diciembre y 8 de diciembre de 1998, respectivamente, a los efectos de solicitar información actualizada sobre el caso. Además, se puso a disposición de las partes a efectos de facilitar la solución amistosa prevista en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, si las partes querían hacer uso de ese procedimiento. Se pidió a las partes que respondieran sobre ambas cuestiones dentro de un plazo de 30 días. El 17 de diciembre de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar la información correspondiente. Por nota del 28 de diciembre de 1998, la Comisión otorgó una prórroga que expiraba el 30 de enero de 1999. El 20 de enero de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional de 60 días, para recoger y presentar información. La Comisión replicó mediante una nota del 27 de enero de 1999, accediendo a una prórroga de 60 días. Por nota del 30 de marzo de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional por 60 días. La Comisión respondió el 9 de abril de 1999, señalando que dadas las prórrogas ya otorgadas, así como su programa de trabajo, no le era posible conceder otra prórroga.
11. En la denuncia, fechada el 27 de julio de 1990, se da cuenta de la supuesta desaparición de Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado y José Felipe Álvarez Andrés, trabajadores agrícolas que vivían en San Lucas Tolimán, Sololá. Los peticionarios manifestaron que el 11 de julio de 1990 los tres hombres habían salido de caza a la una de la tarde, como era su práctica habitual, pero que nunca habían regresado. Los peticionarios manifestaron que el propietario de un restaurante de San Lucas Tolimán había escuchado detalles adicionales sobre la suerte corrida por esas personas, expresados por policías que supuestamente le manifestaron que habían capturado a los hombres en cuestión y los habían entregado al Ejército. Entonces familiares de las víctimas se presentaron, con un juez, en el destacamento militar de Atitlán, y se les indicó que se retiraran, con la explicación de que debían volver acompañados por el Procurador de Sololá, para obtener información referente a sus parientes desaparecidos. Posteriormente, los familiares se enteraron de que sus seres queridos ya no estaban en esa base, sino que habían sido trasladados de Sololá a un lugar más próximo a la Ciudad de Guatemala. Nada más se supo sobre los desaparecidos a partir de esa fecha. Finalmente, los peticionarios manifestaron que la situación había sido denunciada ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
12. La Comisión abrió el caso 10.608 el 15 de agosto de 1990. El 17 de agosto de 1990 remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia, y le solicitó el envío de información dentro de un plazo de 90 días. Por nota del 23 de enero de 1991, el Estado presentó una breve respuesta, que a su vez fue remitida a los peticionarios el 29 de enero de 1991, con la solicitud de que presentaran observaciones e información dentro de un plazo de 30 días. Mediante una breve comunicación fechada el 28 de junio de 1991, el Estado proporcionó información actualizada sobre el caso, así como observaciones. Esta información fue remitida a los peticionarios el 17 de julio de 1991, para la presentación de las observaciones correspondientes dentro de un plazo de 30 días. El 15 de junio de 1992 la Comisión reiteró a los peticionarios esa solicitud, con un plazo de 45 días. El 19 de noviembre de 1993 la Comisión pidió al Gobierno información actualizada sobre el proceso interno. Conforme a la solicitud formulada por el Estado el 14 de diciembre de 1993 para que se le concediera una prórroga del plazo para responder, el 13 de enero de 1994 la Comisión se dirigió al Estado para señalar que se había concedido una prórroga de 30 días. El 17 de febrero de 1994 la Comisión otorgó al Gobierno una prórroga adicional de 30 días, que el Estado había solicitado a través de una carta fechada el 10 de febrero de 1994.
14. La Comisión se dirigió al Estado y a los peticionarios mediante notas del 2 y el 8 de diciembre de 1998, respectivamente, a efectos de solicitar información actualizada sobre el caso. Además, se puso a disposición de las partes a los efectos de facilitar una solución amistosa conforme a lo dispuesto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, si las partes querían hacer uso de ese procedimiento. Se pidió a las partes que respondieran sobre ambas cuestiones dentro de un plazo de 30 días. El 17 de diciembre de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar la información correspondiente. Por nota del 28 de diciembre de 1998, la Comisión otorgó una prórroga que expiraba el 30 de enero de 1999. El 20 de enero de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional de 60 días, para recoger y presentar información. La Comisión replicó mediante nota del 27 de enero de 1999, y concedió una prórroga de 60 días. Por nota del 30 de marzo de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional por 60 días. La Comisión respondió el 9 de abril de 1999, señalando que dadas las prórrogas ya otorgadas, así como su programa de trabajo, no le era posible conceder otra prórroga.
16. En su escrito del 17 de febrero de 1994, el Estado informó también que el 6 de julio de 1990, el Juez de Paz Comarcal de San Lucas Tolimán se había presentado en el destacamento militar del Cantón Panabaj, del Municipio de Santiago Atitlán, Sololá, para dar trámite a un recurso de exhibición personal [una forma de habeas corpus] en favor de las tres víctimas. Se señala que las esposas de los tres hombres en cuestión estuvieron presentes en el diligenciamiento de esa medida, cuyo resultado fue "negativo". El Estado declaró que el Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Dirección General de la Policía Nacional había emitido un informe referente a su investigación el 22 de julio de 1990; en él se establecía que autoridades del departamento habían entrevistado a las esposas de los desaparecidos y a algunos vecinos. El Estado señaló que, dado el hecho de que ni las esposas de los desaparecidos ni los vecinos dieron una versión detallada de los hechos ni presentaron pruebas de ningún tipo, no estaba en condiciones de proporcionar al tribunal hechos comprobados emanados de la investigación para ayudar a resolver el caso. Por lo tanto, el proceso penal se mantiene en su etapa inicial y las investigaciones prosiguen.
20. En comunicaciones fechadas el 2 de diciembre de 1998, la Comisión se dirigió al Estado y a los peticionarios a efectos de solicitarles información actualizada sobre el caso. Además, se puso a disposición de las partes a los efectos de facilitar una solución amistosa conforme a lo dispuesto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, si las partes querían hacer uso de ese procedimiento. Se pidió a las partes que respondieran sobre ambas cuestiones dentro de un plazo de 30 días. El 17 de diciembre de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar la información correspondiente. Por nota del 28 de diciembre de 1998, la Comisión otorgó una prórroga que expiraba el 30 de enero de 1999. El 20 de enero de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional de 60 días, para recoger y presentar información. La Comisión replicó mediante nota del 27 de enero de 1999, y concedió una prórroga de 60 días. Por nota del 30 de marzo de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional por 60 días. La Comisión respondió el 9 de abril de 1999, señalando que dadas las prórrogas ya otorgadas, así como su programa de trabajo, no le era posible conceder otra prórroga.
22. En su escrito del 6 de septiembre de 1994, el Estado informó a la Comisión que tras la presentación de la denuncia ante la Policía Nacional por parte del Sr. Sicay, agentes de dicho cuerpo habían acudido a la escena de los hechos para efectuar un rastreo. Esos agentes presentaron su informe al Juzgado de Paz Penal del Municipio de San Juan Sacatepéquez, que había ordenado las primeras medidas de investigación. La indagatoria fue transferida más tarde al Juzgado Segundo de Primera Instancia Ramo Penal, como causa 514-91. Al describir las denuncias, el Estado caracterizó el delito como cometido por dos agresores. Manifestó, asimismo, que más adelante (no se dio fecha) agentes policiales habían concurrido a la casa del Sr. Sicay para interrogarlo. Se enteraron de que ya no vivía allí y no pudieron establecer su paradero, lo que impidió seguir la investigación. El Estado señaló que, de acuerdo con sus registros, no se habían encontrado pruebas suficientes para acusar a ninguna persona en forma específica, y que el Sr. Sicay nunca había ratificado su denuncia ni acusado formalmente a nadie. Añadió que tras la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal y conforme a lo que el mismo establece, el 1º de julio de 1994 el caso fue transferido a la Fiscalía General, que seguiría investigando hasta que se justificara la apertura del juicio propiamente dicho.
24. El 10 de abril de 1991 la Comisión abrió el caso 10.856, y ese mismo día remitió las partes pertinentes al Estado de Guatemala, para que enviara información dentro de un plazo de 90 días. El Estado acusó recibo de la comunicación el 24 de abril de 1991. El 5 de marzo de 1992, la Comisión reiteró esa solicitud y pidió una respuesta dentro de un plazo de 60 días. La Comisión remitió al Estado una reiteración adicional el 19 de noviembre de 1993, y señaló la posibilidad de aplicar la presunción contenida en el artículo 42 de su Reglamento si no recibía respuesta dentro de un plazo de 30 días. Mediante nota del 14 de diciembre de 1993, el Estado solicitó una prórroga del plazo de que disponía para responder. El 13 de enero de 1994 la Comisión señaló que había otorgado una prórroga de un mes. La Comisión concedió al Estado otra prórroga de 30 días el 17 de febrero de 1994, conforme a la solicitud formulada por el Estado el 10 de febrero de 1994. El 17 de marzo el Estado solicitó una tercera prórroga, y por nota del 27 de abril de 1994 se concedió una prórroga adicional de 30 días.
26. La Comisión se dirigió al Estado y a los peticionarios mediante notas del 2 de diciembre y 8 de diciembre de 1998, respectivamente, a efectos de solicitarles información actualizada sobre el caso. Además, se puso a disposición de las partes a efectos de facilitar una solución amistosa conforme a lo dispuesto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, si las partes querían hacer uso de ese procedimiento. Se pidió a las partes que respondieran sobre ambas cuestiones dentro de un plazo de 30 días. El 17 de diciembre de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar la información correspondiente. Por nota del 28 de diciembre de 1998, la Comisión otorgó una prórroga que expiraba el 30 de enero de 1999. El 20 de enero de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional de 60 días, para recoger y presentar información. La Comisión replicó mediante una nota del 27 de enero de 1999, y concedió una prórroga de 60 días. Por nota del 30 de marzo de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional por 60 días. La Comisión respondió el 9 de abril de 1999, señalando que dadas las prórrogas ya otorgadas, así como su programa de trabajo, no le era posible conceder otra prórroga.
27. En su respuesta, el Estado señaló que a los órganos encargados de llevar a cabo la investigación no les era posible obtener resultados positivos por carecer de la información detallada necesaria para efectuarla adecuadamente. El Estado informó que había llevado a cabo un minucioso estudio de sus archivos, sin encontrar antecedentes de que hubiera sido presentada denuncia alguna ante las autoridades jurisdiccionales competentes. El Estado señaló que el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, a través de su sección de desaparecidos, había llevado a cabo una investigación, que no había dado resultado debido a que los familiares de las víctimas se mudaron después que se produjeron las desapariciones, y no fue posible localizarlas para interrogarlas. El Estado informó también que los vecinos de las víctimas no se habían mostrado dispuestos a colaborar con las fuerzas de seguridad, y finalmente señaló que estaba a la espera de información adicional que le permitiera llevar adelante la investigación sobre las supuestas desapariciones.
28. En la denuncia, fechada el 12 de julio de 1991, se da cuenta de la supuesta desaparición de la familia Matoj, incluso sus hijos menores de edad, así como de la familia Rivera y la familia Jacinto. Todos ellos eran trabajadores agrícolas que a la fecha de los hechos denunciados vivían en San Gaspar Chajul, en El Quiché. Las víctimas eran personas de muy distinta edad: desde Nicolás Matoj, que tenía 76 años, hasta el hijo menor más pequeño. Según la denuncia, el 23 de junio de 1991 el Ejército llevó a cabo una violenta operación en las aldeas del distrito, en cuyo curso los soldados penetraron por la fuerza en los hogares de los habitantes y detuvieron arbitrariamente a las víctimas arriba mencionadas. Según la denuncia, ello se realizó en presencia de testigos de la localidad. Finalizada la operación, los soldados se llevaron consigo a las víctimas con destino desconocido, y nada más se supo de ellas. Los peticionarios manifiestan que los hechos aducidos fueron denunciados a las autoridades competentes y a la prensa.
29. El 19 de julio de 1991 la Comisión abrió el caso 10.921. El 22 de julio de 1991 remitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado, y le solicitó información dentro de un plazo de 90 días. El Estado acusó recibo de esa comunicación el 26 de julio de 1991. El 5 de marzo de 1992 la Comisión reiteró la solicitud y pidió una respuesta dentro de un plazo de 60 días. El 15 de noviembre de 1993 la Comisión se dirigió a los peticionarios para solicitar información actualizada sobre el caso dentro de un plazo de 60 días. El 15 de noviembre volvió a reiterar al Estado su solicitud de información, e indicó que consideraría la posibilidad de aplicar la presunción contenida en el artículo 42 de su Reglamento si no recibía una respuesta dentro de un plazo de 30 días. Por nota del 13 de diciembre de 1993, el Estado solicitó una prórroga del plazo para responder. Mediante una nota de la misma fecha la Comisión señaló que se había concedido una prórroga de un mes. El 4 de abril de 1994 el Estado solicitó una prórroga adicional de 30 días, a la que se accedió mediante nota del 11 de abril de 1994.
31. En comunicaciones fechadas el 2 de diciembre de 1998, la Comisión se dirigió al Estado y a los peticionarios a efectos de solicitar información actualizada sobre el caso. Además, se puso a disposición de las partes a los efectos de facilitar una solución amistosa conforme a lo dispuesto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, si las partes querían hacer uso de ese procedimiento. Se pidió a las partes que respondieran sobre ambas cuestiones dentro de un plazo de 30 días. El 17 de diciembre de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar la información correspondiente. Por nota del 28 de diciembre de 1998, la Comisión otorgó una prórroga que expiraba el 30 de enero de 1999. El 20 de enero de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional de 60 días, para recoger y presentar información. La Comisión replicó mediante una nota del 27 de enero de 1999, y concedió una prórroga de 60 días. Por nota del 30 de marzo de 1999 el Estado solicitó una prórroga adicional por 60 días. La Comisión respondió el 9 de abril de 1999, señalando que dadas las prórrogas ya otorgadas, así como su programa de trabajo, no le era posible conceder otra prórroga.
32. El Estado señaló en su respuesta que se había encomendado a la Dirección General de la Policía Nacional, a través de su Jefatura Departamental de El Quiché, que investigara las denuncias a las que se refiere el caso. En el marco de esa investigación, miembros de la Policía Nacional habían entrevistado a tres integrantes de la Corporación Municipal de San Gaspar Chajul, quienes declararon que no tenían conocimiento de que la familia Matoj hubiera sido objeto de una detención como la descrita, y que un incidente de esa naturaleza en general sería denunciado a las autoridades locales. Informó que no se habían incoado procedimientos penales en relación con la desaparición de la familia Matoj ni en el Municipio de San Gaspar Chajul, ni en el Departamento de El Quiché. El Estado se manifestó dispuesto a aclarar la situación y pidió a la Comisión que solicitara a los peticionarios la presentación de información más precisa referente a los hechos aducidos, a fin de llevar adelante las investigaciones pertinentes.
36. El artículo 46 de la Convención Americana establece que para que un caso pueda ser admitido "[deben haberse] interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Este requisito fue establecido a fin de dar al Estado de que se trate la oportunidad de resolver las disputas dentro de su propio marco jurídico. Cuando, sin embargo, por razones de hecho o de derecho, no se dispone de recursos internos, los interesados quedan eximidos del cumplimiento del requisito del agotamiento de los referidos recursos.2 El artículo 46(2) de la Convención establece que esa excepción se aplica si en la legislación interna del país de que se trata no se ha previsto el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que, según se alega, han sido violados; si se ha impedido al presunto lesionado el acceso a los recursos internos, o si ha habido un retardo injustificado en la adopción de una sentencia definitiva. En consecuencia, cuando en una denuncia se señala que por razones de derecho o de hecho no se ha tenido acceso a los recursos internos, el artículo 37 del Reglamento de la Comisión asigna al Gobierno la carga de demostrar cuáles recursos internos quedan por agotar y ofrecen un remedio eficaz para reparar el presunto daño.3
37. En cada una de las cinco denuncias presentadas ante la Comisión se sostiene que las violaciones de derechos aducidas habían sido denunciadas ante las autoridades nacionales competentes. En los casos 10.588 y 10.608 los peticionarios establecieron que las supuestas desapariciones de la Sra. Velásquez y su hijo, y de los Sres. Mota, Maldonado y Álvarez, habían sido denunciadas ante la Procuraduría de Derechos Humanos. En este último caso los peticionarios establecieron, además, que familiares de esas personas se presentaron con un juez en el destacamento militar de Atitlán, y que allí se les obligó a retirarse con la explicación de que debían volver acompañados por el Procurador de Sololá, para obtener información referente a sus parientes desaparecidos. En el caso 10.796 los peticionarios establecieron que la supuesta desaparición del Sr. Polanco había sido denunciada a la Policía Nacional. En los casos 10.856 y 10.921, los peticionarios señalaron simplemente que la supuesta desaparición de los hermanos Pacheco del Cid y la familia Matoj, respectivamente, había sido denunciada ante las autoridades competentes. En las denuncias se hizo saber, en general, que el Estado, pese a haber sido notificado de las supuestas desapariciones, no trató eficazmente de buscar ni obtener información en cuanto al paradero o la suerte corrida por las víctimas.
39. Con respecto al caso 10.608, el Estado señaló que el 6 de julio de 1990 el Juez de Paz Comarcal de San Lucas Tolimán se había presentado en el destacamento militar del Cantón Panabaj, en la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, para dar trámite a un recurso de habeas corpus en favor de las tres víctimas. Según el Estado, el resultado del procedimiento había sido "negativo", pero no proporcionó más detalles ni refutó la aseveración de los peticionarios de que se había rechazado la gestión del Juez y los familiares con la explicación de que debían volver con el Procurador de Sololá para obtener la información que buscaban. Con respecto a la investigación penal, el Estado hizo saber que la oficina competente de la Policía Nacional había emitido un informe referente a su investigación, fechado el 22 de julio de 1990, en el que se señalaba que no había podido reunir elementos de juicio pertinentes para remitirlos al tribunal encargado del caso. El Estado hizo saber que el proceso 540-90 seguía pendiente en su etapa inicial ante el Juzgado de Primera Instancia, y que proseguían las investigaciones.
40. El recurso de "habeas corpus sería, normalmente, el [recurso] adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad".4 Ello es necesariamente así porque en los casos de desaparición forzada "es urgente la actuación de las autoridades".5 Según la información que tiene ante sí la Comisión, el recurso fue infructuoso en este caso porque el juez que intentó tramitarlo se vio obstaculizado en el cumplimiento de sus cometidos por efectivos militares. Sea como fuere, según las actuaciones que tiene ante sí la Comisión el recurso no produjo resultado alguno en cuanto a la aclaración del paradero o la suerte corrida por la víctima. En general, el recurso de habeas corpus es el remedio jurídico apropiado en casos de desaparición forzada, y el recurrente, en casos de ese género, no tiene por qué invocar otros recursos para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(a)6 No obstante, el Estado sostuvo que el proceso penal 540-90 ofrecía un recurso eficaz. Aunque la presentación de un recurso de habeas corpus basta para cumplir los requisitos de admisibilidad en el caso de autos, la Comisión analizará, de todos modos, el proceso penal seguido en este caso y en el caso 10.796, infra, para establecer si ofrecían remedios jurídicos eficaces frente a las violaciones aducidas.
43. Además, del expediente se desprende la presunción de que esas investigaciones siguen pendientes, sin que se haya llegado a conclusiones. Como han transcurrido casi nueve años desde que se iniciaron procedimientos penales, se plantea necesariamente la cuestión de la demora indebida. Si bien toda investigación penal tiene necesariamente sus propios requisitos, "De ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la [supuesta] víctima"10. Como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente, no sólo para proteger los intereses de la víctima, sino para salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa.
44. El Estado no opuso excepciones expresas referentes a la admisibilidad en los tres casos restantes. Con respecto a estos casos, 10.588, 10.856 y 10.921, el Estado refutó las afirmaciones de los peticionarios de que se habían presentado denuncias ante las autoridades competentes, y señaló que del análisis de los registros por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público no surgía que se hubieran presentado denuncias con respecto a la supuesta desaparición de la Sra. Velásquez y su hijo, los hermanos Pacheco del Cid ni la familia Matoj. Además, con respecto al caso 10.588, el Estado señaló que había dispuesto que la Policía Nacional investigara los hechos mencionados en la denuncia, y que estaba a la espera de los resultados. Con respecto a los casos 10.856 y 10.921, el Estado señaló que estaba a la espera de otra información que le permitiera realizar investigaciones adicionales.
45. Con respecto a esos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que la omisión del Estado de oponer la excepción de inadmisibilidad sobre esa base o de brindar información relevante con respecto a la falta de agotamiento de recursos, surte efectos definitivos. "[L]a regla del previo agotamiento es un requisito establecido en provecho del Estado, el cual puede renunciar a hacerlo valer, aún de modo tácito, lo que ocurre inter alia cuando no se interpone oportunamente".11
46. En relación con los cinco casos, la Comisión debe tener en cuenta también las condiciones imperantes con respecto a la disponibilidad y eficacia de remedios judiciales para tratar supuestas desapariciones en el momento de los hechos bajo estudio. En sus Informes Anuales correspondientes a 1989-90, 1990-91 y 1991, cada uno de los cuales se refiere al período inmediatamente precedente, la Comisión expresó grave preocupación con respecto al fenómeno de las desapariciones ocurridas en Guatemala y la incapacidad del poder judicial de responder. En 1990 la Comisión informó que además de no estar en condiciones de controlar la violencia, ni de controlar a sus propias fuerzas de seguridad, "el actual Gobierno se desprestigia también con la inacción de los órganos de la administración de justicia, llamados a investigar y sancionar" en casos de desapariciones y otras violaciones de derechos humanos. "[Los] jueces simplemente no investigan a fondo, aterrorizados por lo que les ha ocurrido a quienes sí efectuaron investigaciones...".12 En 1991 la Comisión citó las expresiones de un Procurador Adjunto de Derechos Humanos, en el sentido de que "siguen ocurriendo en Guatemala, con absoluta impunidad, flagrantes violaciones de los derechos humanos", y que el país "está retrocediendo a la oscura época de los años 80, en que vivíamos en medio de un virtual terrorismo de Estado".13 Tanto esta Comisión como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico hizo referencia específica a la ineficacia de los recursos de habeas corpus en el período que condujo a los hechos de los actuales casos.14 La regla del agotamiento de los recursos internos no exige la presentación de recursos cuando ello pueda poner en peligro la integridad física del peticionario, o cuando no ofrece posibilidades de éxito.15
48. Conforme al artículo 46(1)(b) de la Convención, las peticiones deben presentarse a tiempo; a saber, dentro de un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva adoptada a nivel interno. Esta norma garantiza certeza y estabilidad jurídica una vez adoptada una decisión. Cuando no existe una sentencia definitiva, como sucede en los casos de autos, el artículo 46(2) señala que en la medida en que ello pueda atribuirse a falta del debido proceso, denegación de acceso a recursos o demora injustificada, no se aplica la regla de los seis meses. En ese caso, el artículo 38 del Reglamento de la Comisión establece que el plazo para la presentación "será un período de tiempo razonable, a criterio de la Comisión, a partir de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos, considerando las circunstancias de cada caso concreto". Como señala esta disposición, la regla de los seis meses no se aplica cuando la denuncia se refiere a una violación continua de derechos.
52. La Comisión ha analizado cuidadosamente las pruebas de la responsabilidad del Estado en relación con esas desapariciones, tomando como base sus características específicas, así como su relación con las características generales de las desapariciones denunciadas ante esta Comisión en el período en cuestión, y objeto de informes de la misma, y otras fuentes dignas de confianza. Con respecto a la evaluación de la naturaleza de la participación de agentes del Estado en las violaciones de derechos denunciadas, si la hay, la Comisión ha clasificado los casos en dos categorías: aquellos en que las denuncias y la información de autos implican directamente a agentes del Estado, y aquellos con respecto a los cuales esta información se refiere a personas "vinculadas con las fuerzas de seguridad".
56. La información presentada en estos tres casos identifica expresamente a agentes estatales como los perpetradores de las supuestas violaciones. Proporciona algunos detalles importantes, y además está dotada de coherencia interna. El Estado, por su parte, no ha proporcionado información sustancial con respecto a los fundamentos de esas denuncias. En un caso, sin embargo, la información proporcionada por el Estado con respecto a los recursos internos tiende a respaldar algunos aspectos de la información aducida por los peticionarios. En el caso 10.608, referente a los Sres. Mota, Maldonado y Álvarez, el Estado, como ya se señaló, manifestó que se había tramitado un recurso de habeas corpus en el destacamento militar del Cantón Panabaj, en el Municipio de Santiago Atitlán, Sololá, con resultado "negativo". El Estado no dio información alguna sobre las razones por las cuales el juez consideró necesario realizar esa diligencia, ni tampoco sobre los motivos que hicieron que el resultado fuera "negativo"; tampoco dio información sobre la adopción de eventuales medidas ulteriores.
57. En los dos casos restantes, los peticionarios presentan pruebas indirectas o circunstanciales sobre la participación de agentes estatales o personas que actuaron en su interés o con su aquiescencia. En todos los casos los peticionarios hicieron referencia a perpetradores "vinculados con las fuerzas de seguridad", expresión que la Comisión interpreta como una alusión a miembros de las fuerzas de seguridad o personas que hayan actuado en concierto con ellas o con su aquiescencia y tolerancia. En el caso 10.796 los peticionarios manifestaron que el 26 de enero de 1991 hombres no identificados, descritos como vinculados con las fuerzas de seguridad pero vestidos de civil, derribaron la puerta del domicilio de Eleodoro Polanco Arévalo en San Juan Sacatepéquez. Los perpetradores amenazaron de muerte a los familiares presentes y luego hirieron a la víctima y se la llevaron consigo por la fuerza. En el caso 10.856, referente a los hermanos Pacheco del Cid, los peticionarios manifestaron que el 16 de marzo de 1991 las esposas de ambos hermanos presenciaron el hecho de que seis hombres armados, caracterizados por los peticionarios como vinculados con las fuerzas de seguridad, secuestraron a sus maridos de su domicilio en la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
58. Los hechos denunciados en cada de esos casos fueron realizados en forma abierta y notoria. En el primer caso, los perpetradores armados amenazaron de muerte a los testigos y dispararon e hirieron a la víctima, tras lo cual se la llevaron consigo. Esos perpetradores, que habían ingresado al domicilio derribando la puerta, y que se llevaron a su víctima desangrándose por la calle, evidentemente no se preocuparon de evitar ser vistos por testigos. En el segundo caso, análogamente, los seis perpetradores exhibieron armas abiertamente y secuestraron a sus víctimas llevándoselas de sus hogares en presencia de testigos.
Desapariciones ocurridas en Guatemala en el período de que se trata
63. Un factor enteramente vinculado con la práctica de las desapariciones fue la sistemática y continua denegación de justicia y del debido proceso por parte del sistema judicial. La propia institución del Estado llamada a reaccionar frente a las desapariciones mediante investigaciones y procesamiento de los delincuentes, lejos de hacerlo, cumplió un papel activo en su perpetuación, rehusándose a aceptar denuncias, omitiendo la iniciación de investigaciones de oficio e impidiendo y obstruyendo la administración de justicia.25 En tanto que en las zonas urbanas el Estado era representado por diversas instituciones, en las zonas rurales existía una escasa presencia estatal, salvo la del Ejército. Como señaló uno de los testigos que compareció ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, "Cómo le iba a ir a preguntar a la Zona [militar] por él [la víctima], si ellos mismos fueron los que se lo llevaron?"26 En todas las zonas, urbanas y rurales, el "control, amenazas y represión que se ejerció sobre la población" frustraron la voluntad de los familiares de averiguar la suerte corrida por sus seres queridos.27 "La ausencia de investigaciones oficiales ha cerrado hasta ahora los caminos para la búsqueda de los desaparecidos".28
64. El delito de desaparición fue descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez, y más tarde fue codificado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (que Guatemala ha suscrito, pero no ratificado).29 La desaparición forzada de seres humanos, situación en que una persona es llevada detenida, hecho que las autoridades niegan para encubrir su responsabilidad, "constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención".30 Cuando puede demostrarse que la desaparición de determinada víctima está vinculada con una práctica oficial de desapariciones, las denuncias hechas "habrían sido probadas  siempre y cuando los elementos de prueba aducidos en ambos puntos cumplan con los criterios de valoración requeridos en casos de este tipo".31 La regla de la prueba pertinente tiene en cuenta tanto la seriedad de la imputación formulada contra el Estado como la necesidad de establecer en forma convincente la veracidad de los hechos aducidos, teniendo en cuenta pruebas directas y circunstanciales, así como presunciones.32
67. La persona desaparecida se ve privada, además, del derecho a ser llevada sin demora ante un juez y a invocar los procedimientos pertinentes a fin de que se examine la legalidad de su detención, lo que constituye una violación adicional de lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención Americana. El derecho de solicitar la determinación de la legalidad de la detención es la garantía fundamental de los derechos constitucionales y humanos de un detenido en el caso de privación de libertad por parte de agentes del Estado. "[E]s esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".33
72. Si bien el Estado ha dado cuenta de la existencia de procesos judiciales iniciados por los familiares de las víctimas en los casos 10.608 y 10.796, no ha proporcionado información sustancial de ningún género en cuanto a los resultados de ninguna medida de investigación referente al paradero o a la suerte corrida por esas u otras víctimas. En consecuencia, considerando: 1) el hecho de que las víctimas, en los casos 10.588, 10.608 y 10.921, Isabela y Francisco Velásquez; Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Álvarez Andrés; y los miembros de las familias Matoj, Rivera y Terraza, fueron vistos por última vez, según lo denunciado, bajo el control de agentes del Estado; 2) que el Estado no cuestiona el hecho de que siguen desaparecidos; 3) que una desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino que además pone en serio peligro la integridad personal, la seguridad y la vida de la víctima; y 4) que han pasado más de ocho años desde la última vez que las víctimas fueron vistas o se oyó de ellas, cabe presumir que en realidad fueron privadas de su derecho a la vida, arbitraria e ilegalmente, por agentes del Estado guatemalteco.
77. En consecuencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de Isabela y Francisco Velásquez; Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Álvarez Andrés; Eleodoro Polanco Arévalo; Adolfo René y Luis Pacheco del Cid; Nicolás Matoj, Bernal de Matoj, Juan Matoj, Nicolás Matoj, Francisco Matoj, Cecilia Matoj, María Matoj, Francisco Rivera y familia, y Jacinto Terraza y familia, debe ser analizada en relación con la cuestión de si a través de ella se establece que ha habido una violación de los derechos de las víctimas y se ha proporcionado la correspondiente reparación. El recurso de habeas corpus está destinado, teóricamente, a obligar al Estado a dar una respuesta oficial urgente en caso de detención ilegal. Este recurso simple y ágil previsto en el artículo 25 constituye uno de los pilares, no sólo del sistema, sino también del Estado de Derecho en una sociedad democrática, y cumple un papel esencial en cuanto a la protección de los derechos y libertades individuales más fundamentales.43 En el caso de autos, sin embargo, los recursos de habeas corpus presentados en favor de los Sres. Mota, Maldonado y Álvarez no dieron lugar a una respuesta eficaz. El Estado simplemente manifestó que el resultado del recurso fue "negativo", sin proporcionar información sustancial de la que se desprenda que se haya realizado una investigación destinada a establecer el paradero de las víctimas o la suerte que corrieron. Por el contrario, la información en las actuaciones brinda prueba a todos luces verosímil que cuando el juez trató de dar trámite al recurso, autoridades militares le impidieron el cumplimiento de sus obligaciones y obstruyeron la justicia.
80. El hecho de que el Estado no haya reaccionado del modo debido frente a la desaparición de las víctimas, representa una denegación de justicia para sus familias. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido a estas últimas.44 También tienen derecho a usar esa información para reivindicar su derecho, como sucesores, de obtener una reparación del Estado. El Estado de Guatemala estaba obligado a usar todos los medios disponibles para "investigar seriamente  las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar... una adecuada indemnización".45 En el caso de autos, transcurridos más de ocho años de la desaparición de las víctimas, es evidente que el Estado guatemalteco no cumplió su obligación de proporcionar un mecanismo simple, ágil y eficaz para que las familias de las víctimas pudieran reivindicar sus derechos.
81. Conforme a las conclusiones que anteceden, agentes estatales hicieron desaparecer por la fuerza a Isabela Velásquez, Francisco Velásquez, Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Álvarez Andrés, y miembros de las familias Matoj, Rivera y Terraza. Eleodoro Polanco Arévalo y Adolfo René y Luis Pacheco del Cid fueron desaparecidos por tales agentes o por personas que trabajaban en concierto o con la aquiescencia y tolerancia de los mismos. Esas desapariciones constituyen violaciones múltiples y continuas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo de quienes perpetran una desaparición consiste en operar al margen de la ley, ocultar todas las pruebas de sus delitos y escapar a toda sanción. Para la víctima, la consecuencia de una desaparición forzada consiste en que se le deniegan los derechos más esenciales, considerados inherentes al hecho mismo de su condición humana. Por lo tanto, el acto de la desaparición forzada viola el derecho de una persona conforme al artículo 3 de la Convención Americana "al reconocimiento de la personalidad jurídica".46
82. El artículo 19 de la Convención Americana dispone que "[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". Dos de los casos en vista se refieren a la desaparición forzada de menores. Francisco Velásquez, a quien se refiere el caso 10.588, fue desaparecido, junto con su madre, cuando tenía 13 años de edad. El caso 10.921 se refiere a la desaparición de miembros de la familia Matoj, incluidos varios hijos menores.
85. El concepto de derechos y garantías no puede divorciarse "del sistema de valores y principios que lo inspiran".47 Dentro del sistema interamericano las violaciones de derechos interrelacionadas que constituyen una desaparición han sido objeto de especial condena.48 La Corte Interamericana ha subrayado que "[l]a práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, ... significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención".49 En el período de que se trata, las desapariciones constituían una práctica de los agentes estatales en Guatemala, y ni el Estado ni su sistema judicial enfrentaron o trataron de corregir esa práctica a través de una reacción adecuada.50
86. La primera obligación de cualquier Estado parte de la Convención Americana consiste en respetar los derechos y libertades que en la misma se expresan. "[E]s un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno".51 Además, "es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial".52 Del expediente y del análisis del mismo, que antecede, la Comisión concluye que en los casos 10.588, 10.608 y 10.921 las víctimas fueron desaparecidas por agentes del Estado y que en los casos 10.796 y 10.856 las víctimas fueron desaparecidas por agentes del Estado o por personas que actuaban en concierto con tales agentes, o con su aquiescencia y tolerancia. En ambos conjuntos de casos las autoridades competentes omitieron adoptar medidas eficaces.
VI. ACCIONES POSTERIORES AL INFORME Nº 83/99
88. Conforme a las disposiciones del artículo 50 de la Convención, la Comisión aprobó el Informe Nº 83/99 el 7 de mayo de 1999, en el curso de su 103 período ordinario de sesiones. Ese Informe explica el análisis de la Comisión (incluido en las secciones I  V, supra) y su decisión de que el Estado de Guatemala es responsable en los casos de desaparición forzada de Isabela y Francisco Velásquez, Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Alvarez Andrés, Eleodoro Polanco Arévalo, Adolfo René y Luis Pacheco del Cid, Nicolás Matoj, Bernal de Matoj, Juan Matoj, Nicolás Matoj (hijo), Francisco Matoj, Cecilia Matoj, María Matoj, Francisco Rivera y familia, y Jacinto Terraza y familia. La Comisión determinó que el Estado guatemalteco es responsable por las violaciones de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a un tratamiento humano, a la libertad personal y a las garantías y protección judiciales, establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión declaró además que, en relación con la desaparición forzada del menor de edad Francisco Velásquez y de los niños menores de edad de la familia Matoj, el Estado es responsable por no haber garantizado el derecho de los niños a medidas especiales de protección, como dispone el artículo 19 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión indicó que, de conformidad con la decisión anterior, el Estado es además responsable haber faltado al cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar esos derechos previstos en el marco de la Convención. En atención a lo anterior, la Comisión recomendó (1) que el Estado llevara a cabo una "investigación completa, imparcial y eficaz" para determinar el destino de las víctimas y sancionar a aquellos responsables conforme a la legislación guatemalteca, y (2) que adoptara las medidas necesarias para asegurar que los familiares de las víctimas reciban una reparación adecuada y oportuna por las violaciones establecidas por la Comisión.
89. El Informe fue remitido al Estado de Guatemala el 9 de agosto de 1999. Conforme a las normas de procedimiento, se le otorgaron al Estado dos meses, a partir de la fecha de recibo, para cumplir con las recomendaciones establecidas e informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para dicho fin. Mediante una nota fechada el mismo día, la Comisión informó a los peticionarios que se había aprobado un informe sobre el caso, de conformidad con las disposiciones del artículo 50, y lo había remitido al Estado.
90. El Estado presentó su respuesta al Informe 83/99 mediante una nota fechada el 12 de octubre de 1999.
91. En relación con la recomendación de la Comisión de que se llevara a cabo una investigación completa, imparcial y eficaz con el fin de aclarar el destino de las víctimas, así como identificar y sancionar a aquellos responsables, el Estado informó que había tomado, o estaba preparado para tomar, ciertas medidas. En cuanto a Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado y José Felipe Alvarez Andrés (Caso 10.608), el Estado informó que el proceso penal 540-90 estaba todavía pendiente ante el "Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente" del Departamento de Sololá. En cuanto a Eleodoro Polanco Arévalo (Caso 10.796), informó que el proceso 514-91 estaba pendiente ante el "Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente". Asimismo, respecto de estos dos casos el Estado indicó que "en los próximos días" solicitaría el apoyo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de llevar adelante los procesos penales existentes.
92. En relación con Isabela y Francisco Velásquez (Caso 10.588), Adolfo René y Luis Pacheco del Cid (10.856), y la familia Matoj (Caso 10.921), el Estado informó que no tenía antecedentes de que existieran procesos penales encaminados y de que no tenía antecedentes de que se hubiera presentado denuncia alguna en la época que acaecieron los hechos. Sobre el particular, el Estado agregó que estaba buscando un mecanismo jurídico para iniciar los procesos pertinentes, investigar y determinar si las víctimas desaparecieron en realidad a fin de determinar la responsabilidad penal pertinente. El Estado indicó que nadie se había presentado ante las autoridades para ofrecer información y solicitó que la Comisión solicitara información adicional de los peticionarios con el fin de ayudar a su investigación. De igual manera, el Estado indicó que ciertas características de estos cinco casos hacían que su aclaración fuera difícil, específicamente el paso del tiempo desde los hechos y la situación de las personas que se habían exiliado, o que habían cambiado su identidad o habían sido internamente desplazadas, pero expresó su interés en llevar a cabo una investigación completa, imparcial y eficaz con el fin de cumplir con el objetivo establecido en la recomendación de la Comisión.
93. Por último, el Estado indicó en su respuesta que, por los motivos expuestos no se pronunciaría por el momento respecto de la segunda recomendación de la Comisión sobre medidas de reparación para las familias de los desaparecidos.
94. Habiendo revisado la información presentada por el Estado en respuesta al Informe 83/99, la Comisión considera necesario hacer las siguientes observaciones. Fundamentalmente, la respuesta del Estado no demuestra el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la Comisión en el Informe 83/99, dirigidas a remediar las violaciones establecidas y a reparar los daños causados.
95. En primer lugar, el historial respecto a los cinco casos continúa reflejando que el Estado todavía tiene que llevar a cabo una investigación que cumpla con las normas de debido proceso, tanto en términos de establecer el destino de las víctimas como la responsabilidad penal pertinente. En cuanto a los dos casos en los que el Estado indica que todavía están pendientes procedimientos judiciales relacionados con Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado y José Felipe Alvarez Andrés (Caso 10.608) y Eleodoro Polanco Arévalo (Caso 10.796), la Comisión reitera que la obligación del Estado de investigar eficazmente requiere de medidas sustanciales y no meramente formales.54 Ni el historial de estos casos ni la respuesta del Estado al Informe 83/99 demuestran que se haya tomado medida efectiva alguna. La información proporcionada a la Comisión sólo demuestra que estos procesos no se desarrollaron con la diligencia debida y han estado, además, sujetos a una demora prolongada, indebida e injustificada. El Estado no abordó las deficiencias que la Comisión identificó en el Informe 83/99 relacionadas con esta cuestión en su respuesta. La Comisión ha tomado debida nota del compromiso del Estado de solicitar la asistencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia para impulsar estos procesos hacia adelante, y continuará supervisando cualquier acontecimiento hasta que éstos y los otros tres casos hayan sido plenamente aclarados.
96. Respecto a los tres casos restantes, relacionados con Isabela y Francisco Velásquez (Caso 10.588), Adolfo René y Luis Pacheco del Cid (Caso 10.856), y la familia Matoj y otros (Caso 10.921), el Estado ha informado que no encuentra ningún registro de que se hubiera presentado denuncia alguna ante las autoridades judiciales. La Comisión indica que, de acuerdo con la información registrada en la sección II, supra, los peticionarios informaron y el Estado nunca ha disputado, que los hechos del Caso 10.588 fueron denunciados ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, mientras que los hechos del Caso 10.856 fueron denunciados ante autoridades policiales, las cuales iniciaron una investigación que no produjo resultados. Respecto al Caso 10.921, los peticionarios indicaron que los hechos fueron denunciados ante las autoridades locales competentes. Una vez que el Estado tuvo conocimiento de que los individuos afectados habían supuestamente desaparecido, se vio obligado a emprender las medidas de investigación oportunas. Como bien se establece en el sistema interamericano de derechos humanos, el deber de investigar:
debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad..55
97. Independientemente de las dificultades que el Estado mencionó que pueden surgir al investigar casos de esta naturaleza, debe tenerse en cuenta que el expediente de la Comisión no refleja virtualmente ningún intento por parte del Estado de investigar los hechos básicos que fueron denunciados ante las autoridades locales, y consecuentemente ante esta Comisión.
98. La Comisión reitera que en cualquier caso de desaparición el Estado está obligado a establecer el destino de la víctima, someter a aquellos responsables a un juicio y castigo apropiados y compensar a los familiares de las víctimas. La Comisión decidió que las víctimas en los cinco casos en cuestión desaparecieron de manera forzada a manos de agentes del Estado, o de otras personas que actuaban en nombre, o bajo la autoridad, de tales agentes. La falta de una investigación eficaz, el inicio de una acción judicial o el castigo de aquellos responsables ha creado una situación de impunidad en estos casos, la cual directamente contraviene el deber del Estado de combatir ese fenómeno por todos los medios a su disposición.56 El hecho de que el Estado no ha aclarado el destino de las víctimas ni ha adoptado medidas para ubicar sus restos perpetúa la violación del derecho de sus familiares a saber la verdad sobre lo que les ocurrió. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión han indicado consecuentemente que, "[e]l deber de investigar hechos de este tipo continúa en tanto que haya incertidumbre sobre el destino de la persona que ha desaparecido".57
99. Con fundamento en el análisis y las conclusiones que anteceden, la Comisión considera que las recomendaciones establecidas en el Informe 33/99 no se han cumplido y, por lo tanto, reitera su conclusión de que el Estado de Guatemala es responsable por violaciones de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a un tratamiento humano, a la libertad personal y a las garantías y protección judiciales establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la desaparición forzada de Isabela y Francisco Velásquez, Ronal Homero Mota, Julio de Jesús Maldonado, José Felipe Álvarez Andrés, Eleodoro Polanco Arévalo, Adolfo René y Luis Pacheco del Cid, Nicolás Matoj, Bernal de Matoj, Juan Matoj, Nicolás Matoj (hijo), Francisco Matoj, Cecilia Matoj, María Matoj, Francisco Rivera y familia, y Jacinto Terraza y familia. Además, en relación con la desaparición forzada de los menores de edad Francisco Velásquez y los niños de la familia Matoj, el Estado es responsable por la inobservancia del derecho a medidas especiales de protección establecida en el artículo 19 de la Convención Americana. En consecuencia, el Estado es responsable además de haber faltado al cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención Americana.
100. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe,
Reiterar sus recomendaciones al Estado de Guatemala, las cuales son:
1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias en que se produjo la desaparición forzada de las mencionadas víctimas y para sancionar a los responsables con arreglo a la legislación guatemalteca.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas identificadas en el párrafo 96 reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
101. El 2 de febrero de 2000, la Comisión transmitió el Informe Nº 139/99, cuyo texto es el que antecede, al Estado guatemalteco y a los peticionarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención Americana, y otorgó un plazo de un mes al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes.
102. El 3 de marzo de 2000, durante el 106º período ordinario de sesiones de la CIDH en la audiencia celebrada sobre "la situación general de los derechos humanos en Guatemala", los representantes del Estado guatemalteco expresaron que querían firmar un acuerdo o compromiso de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en este informe. El 13 de abril de 2000 la Comisión recibió de parte del Estado guatemalteco su compromiso formal de cumplir con las recomendaciones de este Informe, el cual se transcribe a continuación:
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
La República de Guatemala, a través de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH-, en su afán de promoción y protección de los derechos humanos y en vista de la importancia que tienen para la consolidación democrática de Guatemala, el respeto irrestricto a los derechos humanos, como base de una sociedad justa, digna, democrática y representativa, ha resuelto iniciar un nuevo proceso dentro de la evolución de los derechos humanos en el Estado Guatemalteco.
Comparece formulando este Compromiso de Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Licenciado Víctor Hugo Godoy, en su calidad de Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH- y por expresas instrucciones del Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Licenciado Alfonso Portillo.
Con sujeción al ordenamiento constitucional y legal guatemalteco el Gobierno se compromete a promover las investigaciones de los hechos objeto del Informe número 139/99 (casos 10.588, 10.608, 10.796, 10.856, y 10.921) emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 19 de noviembre de 1999 y en la medida de lo posible a enjuiciar tanto civil, como penal y administrativamente a las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada y/o en caso que de las investigaciones no resulte probada la participación de elementos o agentes del Estado en estas violaciones, deducir las responsabilidades penales y civiles de aquellas personas particulares que hayan participado y ejecutado los ilícitos respectivos. Adicionalmente, y en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a la naturaleza y circunstancias de cada caso, el Estado de Guatemala se compromete a iniciar las acciones legales en contra de las personas que por sus omisiones, negligencia o impericia hayan retardado la administración de la justicia cuando lleve aparejada la obstaculización, delegación, o dilación de una pronta y efectiva aplicación de justicia.
Este compromiso de Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se suscribe fundado en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y los Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca U.R.N.G.
...la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
30 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párrafos 155, 181.
46 Véase artículo 1.2, Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, en que se caracteriza como desaparición forzosa "todo acto [que]  sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica...". GA Res. 47/133 del 18 de diciembre de 1992. Véase, en general, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, supra.
48 La práctica de la desaparición ha sido caracterizada por la Asamblea General de la OEA como "una afrenta a la conciencia del Hemisferio" y "un crimen de lesa humanidad". Resolución 666 de la Asamblea General (XIII-0/83).

References: artículo 40
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 37
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 38
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 50
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 1
 Resolución