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Timestamp: 2019-05-20 22:37:33+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 447, de 07/11/2018
cve: BOCG-12-D-447
152/000005 Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página3)
154/000007 Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos... (Página3)
162/000761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España.
Aprobación con modificaciones... (Página7)
162/000825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos.
Enmiendas... (Página8)
172/000154 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Ministra de Educación y Formación Profesional, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español.... (Página11)
172/000155 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios... (Página12)
172/000156 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados... (Página13)
172/000158 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos... (Página13)
173/000115 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes.
Aprobación... (Página18)
173/000116 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía.
173/000117 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria.
244/000001 Plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del turno de juristas. Ampliación del plazo ... (Página34)
152/000005
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado ampliar el plazo para la conclusión de sus trabajos a la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, por cuatro meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado ampliar en cuatro meses el plazo para que la Subcomisión para el estudio de la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), creada en el seno de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, elabore su Informe.
162/000761
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 411, de 14 de septiembre de 2018.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
9. Liderar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la presión internacional al régimen de Nicolás Maduro mediante la ampliación de sanciones específicas contra altos cargos del régimen venezolano, en línea con lo aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 2018 y con las sanciones específicas aprobadas por la Unión Europea en mayo de 2018."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a:
2. Posicionarse claramente sobre la grave crisis que sufre Venezuela y el drama humanitario que están viviendo los venezolanos.
3. Impulsar la defensa de la democracia en Venezuela y de los derechos humanos de los venezolanos.
4. Propiciar el retorno de la libertad mediante el respeto a la legalidad, la separación de poderes y el orden constitucional en Venezuela.
6. Liderar las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para sancionar al régimen de Venezuela y encontrar una solución a esta grave crisis humanitaria, institucional y económica.
7. Contribuir a la estabilización de la región de América Latina y especialmente atender a través de la ayuda humanitaria las necesidades básicas de los exiliados venezolanos a los países vecinos y favorecer su retorno.
8. Aprobar la creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España que les conceda un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por todo el territorio español, acceso a la atención sanitaria universal y la obtención de permiso de trabajo para que también puedan pagar impuestos, así como contribuir con sus pagos a la Seguridad Social.
9. Promover la convocatoria y celebración de unas elecciones democráticas, libres y justas para recuperar la libertad y la estabilidad económica, política y social en Venezuela."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Ana Oramas de Coalición Canaria, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que contribuya a que la Unión Europea se comprometa a promover las condiciones para una solución a la grave crisis democrática, política y económica de Venezuela."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España.
"10. Solicitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y sumarse a los países que previamente lo han demandado.
11. Condenar el asesinato del opositor venezolano, Fernando Albán, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
12. Condenar el ataque a la opositora venezolana, María Colina Machado, cuando encabezaba un acto en el estado venezolano de Bolívar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España.
1. Condenar la destrucción de las libertades democráticas que se están produciendo en Venezuela, así como continuar manifestando su profunda preocupación por la quiebra de los fundamentos del Estado de Derecho.
2. Seguir manifestando claramente su preocupación por la grave crisis que sufre Venezuela y por el drama humanitario que están viviendo los venezolanos.
3. Continuar impulsando la defensa de la democracia en Venezuela y de los derechos humanos de los venezolanos.
4. Apoyar la creación de un grupo de contacto por parte de la UE con los países de la Región para explorar una mediación entre Gobierno y oposición que propicie una solución pacífica, democrática y negociada entre venezolanos en el marco del Estado de Derecho.
5. Exigir la plena liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
6. Seguir asumiendo un papel de impulsor de las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional, en particular en el seno de la Unión Europea y Naciones Unidas, para encontrar una solución a esta grave crisis humanitaria, institucional y económica, mediante una salida democrática, pacífica y negociada entre venezolanos en el marco del Estado de Derecho.
7. Continuar contribuyendo a atender a través de la ayuda humanitaria las necesidades básicas de los migrantes venezolanos en los países vecinos y favorecer su retorno, así como trabajar para extender la ayuda de la UE a los países que están recibiendo elevados flujos de refugiados desde Venezuela, en particular Colombia, Perú, y Ecuador.
8. Seguir trabajando el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social conjuntamente con el Ministerio del Interior en la búsqueda de soluciones que, en relación con la actual situación del colectivo venezolano en España, garanticen el cumplimiento de nuestro ordenamiento en materia de extranjería.
9. Promover la convocatoria y celebración de unas elecciones democráticas, libres y justas, que permitan el retorno de Venezuela a la institucionalidad democrática y a la prosperidad socioeconómica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz de Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 411, de 14 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:
2. Contribuir a que la Unión Europea se comprometa a promover las condiciones para una solución a la grave crisis democrática, política y económica de Venezuela.
3. Posicionarse claramente sobre la grave crisis que sufre Venezuela y el drama humanitario que están viviendo los venezolanos.
4. Impulsar la defensa de la democracia en Venezuela y de los derechos humanos de los venezolanos.
5. Propiciar el retorno de la libertad mediante el respeto a la legalidad, la separación de poderes y el orden constitucional en Venezuela.
6. Exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos en Venezuela.
7. Liderar las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para ampliar las sanciones específicas contra altos cargos del régimen de Nicolás Maduro en línea con lo aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 2018 y con las sanciones específicas aprobadas por la Unión Europea en mayo de 2018.
8. Contribuir a la estabilización de la región de América Latina y especialmente atender a través de la ayuda humanitaria las necesidades básicas de los exiliados venezolanos a los países vecinos y favorecer su retomo.
9. Aprobar la creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España que les conceda un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por todo el territorio español, acceso a la atención sanitaria universal y la obtención de un permiso de trabajo para que también puedan pagar impuestos, así como contribuir con sus pagos a la Seguridad Social. Además, activar el artículo 6 del Reglamento sobre Régimen de Protección Temporal en caso de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas creado por el Real Decreto 1325/2003 mediante el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación puede proponer la aplicación de esa protección por parte del Gobierno de España en casos de evacuación. Asimismo, garantizar la aplicación del artículo 10 del Reglamento sobre el Régimen de Protección Temporal en caso de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas, que define la aplicación del Reglamento para los casos de evacuación, al caso del exilio venezolano.
10. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, y de las Naciones Unidas la necesidad de la comunidad internacional de que se convoquen unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela que cumplan con los estándares democráticos y se realicen en condiciones de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades entre el oficialismo y la oposición.
11. Solicitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y sumarse a los países que previamente lo han demandado.
12. Condenar el asesinato del opositor venezolano, Fernando Albán, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
13. Condenar el ataque a la opositora venezolana, María Corina Machado, cuando encabezaba un acto en el estado venezolano de Bolívar."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 440, de 26 de octubre de 2018.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de medidas para facilitar la cotización de los autónomos, para su debate en el Pleno.
"2. Reforme el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para introducir un sistema de cotización basado en ingresos reales, que establezca un sistema de bonificaciones temporal para aquellos autónomos con ingresos reales anuales que no superen la cuantía del SMI pero garantizando sus prestaciones sociales como forma de evitar una mayor precarización de sus condiciones vitales y laborales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda para añadir un párrafo al apartado 2 de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos.
2. Reforme el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para que todos los autónomos con ingresos reales anuales que no superen la cuantía del Salario Mínimo lnterprofesional (SMI) vigente puedan acogerse a una "tarifa plana indefinida" consistente en una bonificación sobre la base mínima de cotización que deje la cuota en 50 euros mensuales, o en 30 euros mensuales en el caso de autónomos menores de 30 años o que acrediten un grado de discapacidad superior al 33 %, como medida de apoyo a todos estos autónomos durante los períodos de menores ingresos para permitirles mantener su alta en el RETA y con ello su protección social.
Asimismo, reforme el RETA para vincular las cotizaciones a los ingresos reales, con el fin de equiparar cotizaciones y prestaciones del RETA a las del régimen General. Ello deberá incluir el desarrollo reglamentario del autónomo a tiempo parcial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos.
1. Adoptar, en el marco de los acuerdos que puedan alcanzarse entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con las asociaciones de trabajadores autónomos un nuevo modelo de cotización de este colectivo, que permita aportaciones razonables a la Seguridad Social y que, a la vez, garantice mejoras notables en la protección social que reciban durante su vida profesional y una equiparación de las prestaciones de jubilación con el Régimen General.
2. Adecuar el Régimen especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) reforzando la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones, mejorando estas y aplicando criterios singulares para los autónomos con menos ingresos."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley de medidas para facilitar la cotización de los autónomos.
Se modifica la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, que queda redactada de la siguiente forma:
1. Garantice que no llevará a cabo ninguna subida en las bases de cotización de los autónomos, de modo que su actualización se produzca en los mismos términos que en años precedentes y previo acuerdo
con las asociaciones profesionales más representativas, habida cuenta de los efectos perjudiciales que este tipo de incrementos en las cotizaciones tendría para nuestra economía y para la creación de empleo, sobre todo dados los signos de desaceleración que se vienen observando.
2. Afirme su compromiso de mantener la "tarifa plana" para los nuevos autónomos que inicien o reemprendan una actividad, sin limitación alguna de sus condiciones actuales, como medida que hasta la fecha ha permitido promover la creación de miles de empleos autónomos en nuestro país, así como de reconocer, en línea con lo declarado por diversas sentencias judiciales, su aplicación a los "autónomos societarios" que constituyan una pyme mientras se beneficien de la misma.
3. Establezca una nueva "tarifa plana" consistente en una bonificación sobre la base mínima de cotización que fije la cuota en 50 euros mensuales, o en 30 euros en el caso de autónomos menores de 30 años o que acrediten un grado de discapacidad superior al 33 %, a la que puedan acogerse, a principio de cada año, todos los autónomos cuyos ingresos medios mensuales en los doce meses anteriores no superen la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual vigente en cada momento, prorrogable por períodos anuales siempre en tanto los ingresos del autónomo no superen dicho umbral, para que los autónomos que atraviesan períodos de dificultad puedan mantener su alta y protección social hasta que puedan consolidar su actividad.
4. Haga efectivo el derecho a la protección por cese de actividad, flexibilizando los requisitos para su reconocimiento; ampliando la duración de la prestación económica por cese de actividad, equiparándola a la prestación por desempleo; y creando un nuevo subsidio por cese de actividad para quienes agoten la prestación o no cumplan el período mínimo de cotización para el acceso a la misma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 440, de 26 de octubre de 2018, en los siguientes términos:
1. En el plazo máximo de un año, siguiendo las recomendaciones de la Subcomisión de estudio para la reforma del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), una vez aprobados sus informes, y con acuerdo con las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, diseñe un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos adecuado a sus ingresos, que garantice que aquellos con menores ingresos paguen menos y mejore su protección social.
2. Asimismo, en tanto no se apruebe el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos a que hace referencia el apartado anterior, garantice:
a) Que no llevará a cabo ninguna subida en las bases de cotización de los autónomos, de modo que su actualización se produzca en los mismos términos que en años precedentes y previo acuerdo con las asociaciones profesionales más representativas, habida cuenta de los efectos perjudiciales que este tipo de incrementos en las cotizaciones tendría para nuestra economía y para la creación de empleo, sobre todo dados los signos de desaceleración que se vienen observando.
b) Su compromiso de mantener la "tarifa plana" para los nuevos autónomos que inicien o reemprendan una actividad, en sus términos vigentes, como medida que hasta la fecha ha permitido promover la creación de miles de empleos autónomos en nuestro país, así como de reconocer, en línea con lo declarado por diversas sentencias judiciales, su aplicación a los "autónomos societarios" que constituyan una pyme mientras se beneficien de la misma.
c) El establecimiento de una nueva bonificación sobre la base mínima de cotización que fije la cuota en 50 euros mensuales, o en 30 euros en el caso de autónomos menores de 30 años o que acrediten un grado de discapacidad superior al 33 %, a la que puedan acogerse, a principio de cada año, todos los autónomos cuyos ingresos medios mensuales en los doce meses anteriores no superen la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual vigente en cada momento, prorrogable por períodos anuales siempre en tanto los ingresos del autónomo no superen dicho umbral, para que los autónomos que atraviesan períodos de dificultad puedan mantener su alta y protección social hasta que puedan consolidar su actividad.
3. En paralelo a lo anterior, apruebe las reformas necesarias para hacer efectivo el derecho a la protección por cese de actividad, flexibilizando los requisitos para su reconocimiento; ampliando la duración de la prestación económica por cese de actividad, equiparándola a la prestación por desempleo; y creando un nuevo subsidio por cese de actividad para quienes agoten la prestación o no cumplan el período mínimo de cotización para su acceso."
172/000154
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Ministra de Educación y Formación Profesional, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, en sustitución del documento presentado con número de registro 107464 de 18 de octubre de 2018, presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Educación y Formación Profesional sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español.
Ciudadanos ha insistido durante toda la legislatura en señalar las enormes diferencias existentes en el sistema educativo español entre Comunidades Autónomas, instando al Gobierno a ejercer las competencias que, como garante de los derechos educativos de todos los alumnos españoles, tanto la Constitución como la LOE y la LOMCE le atribuyen.
Asimismo, hemos realizado numerosas propuestas legislativas como la Ley de Creación de la Agencia de la Alta Inspección Educativa o la creación del sistema del Docente Interno Residente como instrumentos para garantizar la igualdad y la calidad educativas.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista no han atajado los graves problemas estructurales que tiene el sistema educativo español y que, entre otras causas, viene determinado por las diferencias territoriales evidenciadas por numerosos indicadores:
- Las tasas de abandono escolar temprano pueden variar entre una CA y otra hasta en más de un 15 %.
- La tasa de escolarización en la etapa no obligatoria de 0-3 puede variar hasta en casi un 45 % de acuerdo con el informe "Desheredados" de Save The Children.
- A nivel competencia matemática las pruebas PISA 2015 señalaron que las diferencias entre CCAA pueden llegar hasta los 66 puntos, lo que puede suponer más hasta un curso y medio de escolarización diferencia entre ambas Comunidades Autónomas.
Si buscamos causas para estas diferencias, algunas vienen dadas por las diferencias legislativas o, en muchos casos, la falta de legislación autonómica. Otras vienen dadas por un reparto desigual de los recursos que privilegia a ciertos territorios; la CA con mayor inversión invierte por alumno 8.976 euros al año, que es prácticamente el doble de la inversión en la Comunidad de Madrid. Pero lo que sin duda ha generado esta situación ha sido la pasividad y la permisividad de todos los Gobiernos que han elegido, conscientemente, dejar de ejercer sus funciones a cambio de apoyos políticos puntuales.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Educación y Formación Profesional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
172/000155
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre gestión pública del agua en los municipios, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La consideración del agua como un bien común y como un derecho humano básico exige un modelo de gestión que no se subordine a la obtención del beneficio privado y que garantice la solidaridad, la equidad, el control democrático de la gestión y la conservación de los ecosistemas acuáticos. En definitiva, un modelo de gobernanza público-ciudadana que asegure la participación de las personas usuarias en el suministro de agua a los municipios.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre gestión pública del agua en los municipios, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Alicia Ramos Jordán, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
172/000156
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados, para su debate en Pleno.
El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, ha significado más un cambio de filosofía que no un cambio estructural, el cual continua sin aplicación real y es la asignatura pendiente del Estado para afrontar la transición energética y lograr los objetivos de emisiones comprometidos en el 2030, 2040 y 2050 y que debe proyectarse en el conjunto de los usos finales de energía.
Concretamente para el sector eléctrico, es necesario una visión global y una actuación coordinada en cuatro ámbitos complementarios: 1) mercado eléctrico; 2) costes de redes -costes regulados-; 3) cargos no relacionados directamente con el suministro -costes regulados-; 4) fiscalidad.
Por todo ello se presenta la siguiente Interpelación urgente sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas por el Congreso de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
172/000158
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos.
Los autónomos son un pilar esencial de nuestro tejido productivo. En la actualidad hay más de 3 millones de autónomos en nuestro país, y estos son los responsables de una de cada cuatro personas que trabajan en España, de ahí la importancia de facilitar la actividad emprendedora. Uno de cada tres autónomos tiene asalariados a su cargo.
El Partido Popular siempre ha apostado por este colectivo, por eso estuvo en el foco de nuestras políticas y en este sentido 2013 marca un punto de inflexión para el colectivo de autónomos con dos grandes reformas: la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 y la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Y también habría que mencionar la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que se aprobó en esta legislatura con un amplio acuerdo parlamentario.
Mientras que de enero de 2008 a enero de 2013, se perdían 388.049 autónomos, desde ese momento hasta la actualidad se han recuperado más de 250.000 autónomos.
Las medidas del Partido Popular a favor del colectivo de los autónomos han estado encaminadas a la mejora del marco regulatorio y el entorno empresarial, han contribuido a reducir la morosidad, han facilitado la reestructuración del crédito y la rebaja de impuestos.
Las medidas anunciadas en el acuerdo presupuestario de Podemos y PSOE, y las incluidas en el plan presupuestario enviado a Bruselas van en la dirección contraria a las necesidades de este colectivo, ya que van a generar una destrucción de puestos de trabajo, porque suponen una subida de impuestos, de costes laborales y energéticos que no es asumible para ellos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente interpelación urgente para que el Gobierno explique el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre el colectivo autónomos.
173/000115
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Marta Sorlí Fresquet (Compromís), presenta, al amparo del artículo 97 del Reglamento del Congreso, la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes.
La población valenciana, especialmente en el norte y el sur de nuestro territorio, padece en el día a día la carencia de una política de movilidad sensata por parte del Estado. A lo largo de los años se ha optado por invertir en un modelo de infraestructuras muy cuestionable, basado más en demandas clientelares, electoralistas o partidistas, que en las demandas reales de la población y las necesidades sociales, Se ha apostado por la construcción radial de carreteras conectando por tierra, mar y aire Madrid mientras se abandonaba a su suerte la movilidad del día a día de las personas obviando las garantías mínimas de seguridad en las conexiones entre municipios.
Esta situación ha generado que los valencianos y valencianas carezcamos de una vertebración sensata en cuanto a infraestructuras se refiere que conecte nuestros pueblos y ciudades, Actualmente, existe más conectividad entre Valencia y Madrid que entre los pueblos y ciudades valencianos. Este hecho, además de un auténtico despropósito, es un peligro para la población al carecer de servicios de transportes dignos y seguros. Además, la inexistencia de servicios ferroviarios y de transporte público dignos hace totalmente necesaria la utilización del vehículo privado en muchas ocasiones. Pero, por su parte, la situación de nuestras carreteras no es mucho mejor.
Tanto la N-332 como la N-340 son carreteras de frecuente uso en el norte y en el sur de nuestro territorio, pero también son carreteras muy peligrosas que atraviesan multitud de pueblos y con infinidad de puntos negros que ya se han cobrado centenares de vidas,
No obstante, existe una vía en buenas condiciones que recorre de norte a sur todo el territorio valenciano por la costa. Dicha vía es la AP-7 que, desde 1970 y a través de un decreto de la dictadura franquista, se convirtió en una vía de pago a la que solo tienen acceso aquellas personas que se pueden permitir abonar el peaje. Desde 1970 se ha ido ampliando y prorrogando la concesión hasta día de hoy primando los intereses empresariales y disponiendo, por tanto, de dos tipos de infraestructuras en el territorio valenciano: una segura y en buenas condiciones, de pago; y otras paralelas peligrosas pero gratuitas.
Después de tantos años de priorizar, por parte de los diferentes gobiernos, el beneficio empresarial, hace que la AP-7 se haya amortizado ya decenas de veces. Amortización que es, directamente, un traspaso de dinero del bolsillo de la ciudadanía a la empresa concesionaria a través del pago de peaje. Durante casi medio siglo el dinero de las personas que circulan por la AP-7 ha ido directamente a los bolsillos de las empresas concesionarias mientras se argumentaba que el coste del rescate de dicha infraestructura era inasumible por parte del Estado, Al mismo tiempo, los valencianos y valencianas que teníamos la obligación de pagar para preservar nuestra seguridad, veíamos como se rescataban radiales y autopistas en diferentes puntos de España a costa de las arcas públicas y en beneficio, una vez más, de las mismas empresas concesionarias que se forraban con la explotación de la AP-7 en territorio valenciano.
Dicha concesión finaliza el 31 de diciembre de 2019 teniendo la oportunidad, de nuevo, de acabar con el agravio comparativo que sufrimos la población valenciana. Después de años de reivindicación y demanda por parte de la ciudadanía, el Gobierno tiene la posibilidad de asegurar que la AP7 deje de ser una carretera de peaje, recuperando su gestión y garantizando que esta sea totalmente gratuita para las personas usuarias. Solo así se conseguirá dotar a la población valenciana de una infraestructura segura y digna sin necesidad de invertir en nuevas construcciones que representan un despilfarro económico y un ataque al paisaje y al territorio. Existiendo una infraestructura en condiciones sería una irresponsabilidad mantener su pago mediante peajes ya que esto supone anteponer los intereses económicos a los de la población.
Ante esta finalización inminente de la concesión, hay que trabajar de manera clara y rápida para que, además, la AP7 sea en el futuro próximo una infraestructura útil para la población. Para ello es necesario proyectar y construir conexiones a los diferentes pueblos por los que transcurre la misma y adecuar algunos de los accesos ya existentes, teniendo en cuenta para ello las necesidades sociales, demográficas y poblacionales por encima de los intereses económicos.
No obstante, el fin de la concesión está demasiado lejos para algunos tramos como el del Maestrat, La Plana, La Safor y La Marina, y es en estos donde se hace urgente que la AP-7 esté al servicio de las personas. La alternativa a la AP-7 en dichas comarcas son carreteras con una altísima siniestralidad e intensidad de tráfico. Además que en algunos tramos las carreteras alternativas atraviesan núcleos
urbanos con la consiguiente peligrosidad que ello genera. Esto hace necesario tomar medidas paliativas inmediatas hasta la llegada de la gratuidad total y absoluta.
Esta realidad es conocida de sobras por todos los partidos políticos, especialmente por aquellos que han ostentado y ostenta el gobierno del estado y pueden poner fin a esta situación. En multitud de ocasiones se ha exigido un compromiso claro en este sentido, tanto cuando gobernaba Rajoy como ahora que gobierna Sánchez, No obstante las respuestas siempre han sido vagas y poco concretas, dejando abierta la puerta a diversos tipos de peajes e, incluso, a la continuidad de la concesión con condiciones diferentes a las actuales. Eso hace necesario que esta cámara se comprometa y se pronuncie con claridad en este sentido.
Por todo lo expuesto, Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
1. No realizar nuevos trámites normativos y/o administrativos que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP-7, garantizando su completa gratuidad a la finalización del contrato de concesión el 31 de diciembre de 2019.
2. Garantizar que, una vez acabada la concesión de explotación el 31 de diciembre de 2019, la AP-7 pasará a ser una carretera de gestión puramente pública y con cargo a la administración del Estado.
3. Garantizar que a partir del 31 de diciembre de 2019 no se aplicará ningún tipo de canon, euro-viñeta, peaje blando, peaje en la sombra o compensación económica a las personas usuarias de la AP7.
4. Exigir a la empresa concesionaria de la AP-7 que esta esté en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento en el momento de la finalización de la concesión.
5. Bonificar de manera inmediata el 50 % del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros que utilicen la AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana, al menos en los tramos coincidentes con las carreteras de mayor siniestralidad y/o alta intensidad de tráfico, en igualdad de condiciones respecto del acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 por el que se aprobaron las bonificaciones y excepciones de usos de la AP-7 a su paso por Catalunya.
6. Dotar presupuestariamente en los PGE 2019, de manera suficiente y clara, el estudio y la construcción de las conexiones necesarias a los pueblos para que dicha vía sea útil para la población. Aquellas propuestas por el Ministerio, por la Generalitat y las que se proponen:
a) Nueva conexión en Vinarós y mejora de la N-238.
b) Nueva conexión en Alcalá de Xivert.
c) Nueva conexión en Benicássim.
d) Nueva conexión en Vila-real y mejora de la N-340.
e) Nueva conexión en Almenara.
f) Nueva conexión con la CV-320 al enlace de Sagunt.
g) Nueva conexión en Alzira (prevista en los PGE 2018).
h) Nueva conexión en Tavernes de la Valldigna (CV-50).
i) Nueva conexión Gandia-Oliva (CV-60).
j) Nueva conexión en Oliva (Sud) (proyectada por el Ministerio).
k) Mejora de la N-332 entre Ondara y Gata de Gorgos.
I) Nueva conexión en Calp.
m) Nueva conexión en Altea y la CV-760 (La Nucia-Polop).
7. Garantizar que la construcción de dichas conexiones se ponga en marcha tras la aprobación de los PGE 2019."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes.
Se propone la adición de un nuevo apartado, el 8, que quedará redactado como sigue:
"8. Que tal y como se aprobó en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el 20 de septiembre de 2018, licitar, a la mayor brevedad, las dos actuaciones contenidas en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), el Eje Este-Oeste de la Autovía A-7 Alicante-Murcia entre Crevillente y Alhama y la Prolongación A-7 en Castellón, entre Vilanova D'Alcolea y La Jana -ambas ya incluidas en el Plan-, así como incorporar a este mismo plan la Duplicación By Pass A-7 Valencia."
En coherencia con lo aprobado en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado 20 de septiembre se insta al Gobierno a impulsar las dos obras incluidas en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, como son la construcción y mejora de la autovía A-7 en el norte de Castellón, desde Vilanova de Alcolea -aeropuerto de Castellón- hasta La Jana, de 62 kilómetros y una inversión de 434 millones de euros, y la A-7 entre Crevillente -Alicante- y Alhama -Murcia- con 588 millones (ambas anunciadas por el anterior presidente del Gobierno el 21 de enero y 1 de febrero, respectivamente), así como incluir en el PIC, tal y como se preveía anunciar, la duplicación de 22 kilómetros del By Pass de la A-7 con 266 millones.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes.
"1, 2 y 3. Estudiar dentro de la subcomisión que se constituya en el seno de la Comisión de Fomento para el "estudio de la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado" la situación actual y el modelo viario futuro de la Red de Carreteras del Estado y, en concreto, de la AP-7. Tras la finalización del actual contrato de concesión, el 31 de diciembre de 2019, pasará a la Administración General del Estado.
5. Extender las bonificaciones para vehículos pesados ya vigentes en la AP-7 en Tarragona hasta Torreblanca y estudiar la implantación de medidas similares en otros tramos de la AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana.
6. En colaboración con la Generalitat Valenciana, estudiar las actuaciones necesarias para mejorar la funcionalidad y conectividad de la AP-7 cuando revierta al Estado, incluyendo aquellas conexiones necesarias y las ampliaciones de capacidad para garantizar una adecuada cohesión social y territorial.
7. Dotar presupuestariamente aquellas actuaciones que, en base a las conclusiones de los estudios que se realicen en colaboración con la Generalitat Valenciana, sea necesario ejecutar."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes, del Grupo Parlamentario Mixto.
"Aclarar, a la mayor brevedad, la política de financiación de los costes de conservación y mantenimiento que piensa llevar a cabo conforme las autopistas se vayan incorporando a la red pública, a partir del vencimiento de las respectivas concesiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
1. No realizar nuevos trámites normativos y/o administrativos que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP7, garantizando su completa gratuidad a la finalización del contrato de concesión el 31 de diciembre de 2019.
3. Garantizar que a partir del 31 de diciembre de 2019 no se aplicará ningún tipo de canon, euro-viñeta, peaje blando, peaje en la sombra o compensación económica a las personas usuarias de la AP-7.
5. Bonificar de manera inmediata el 50 % del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros que utilicen la AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana, al menos en los tramos coincidentes con las carreteras de mayor siniestralidad y/o alta intensidad de tráfico,
en igualdad de condiciones respecto del acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 por el que se aprobaron las bonificaciones y excepciones de usos de la AP-7 a su paso por Cataluña.
l) Nueva conexión en Calp.
173/000116
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados,30 de octubre de 2018.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía.
El ferrocarril para nuestro país es un elemento estratégico con gran importancia histórica, fundamental en nuestro pasado reciente, en nuestro presente e imprescindible para el futuro. La modificación de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario motivada por la necesaria transposición de la Directiva (UE) 2016/2370,
de 14 de diciembre de 2016, del Parlamento europeo y del Consejo, que modifica la Directiva 2012/34/UE (la directiva que dio origen a la Ley 38/2015, corazón del proceso de liberalización ferroviaria) nos obliga a discutir de modelo, nos obliga a hablar de obligaciones de servicio público, de alta velocidad o velocidad alta, de ejes transversales o radiales. Nos obliga a hablar de Movilidad en mayúsculas.
Tras veinticinco años de la puesta en servicio del primer AVE, podemos decir que la Alta Velocidad y el abandono y deterioro de los trenes de calidad que mueven a la gran mayoría social son dos caras de una misma moneda. Mientras se ha destinado miles de millones de euros para el transporte radial conectando las principales ciudades con el centro, el tren normal, cotidiano, el que permite el acceso a los puestos de trabajo, a la escuela, instituto o universidad, el que nos lleva a los centros sanitarios públicos, el que conecta y acerca el lugar de vida de la gente para poder visitar a familia, amigas y vecinas, manteniendo el hilo y vínculos de conexiones históricas, económicas, comerciales y/o culturales de los miles de pueblos de nuestro país, ha sufrido un abandono paulatino perdiendo funcionalidad, calidad y utilidad para la gran mayoría social, cuando no se han cerrado tramos y servicios.
Se ha venido destinando hasta el 90 % de la inversión en el la Alta Velocidad por sólo el 10 % en el resto del ferrocarril, cuando 460 millones de personas, el 92 % del total, utilizaron, en España, en el año 2017 los trenes de Cercanías y los trenes regionales, solo 21 millones personas utilizaron los servicios de Alta Velocidad, el 4,31 % del total 1. Una reciente investigación original publicada en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles sobre el despilfarro de los recursos públicos en infraestructuras en España 2 desde el año 1995 hasta 2016, constata que muchos de los proyectos acometidos de Alta Velocidad no responden a criterios de rentabilidad social, y están hechos con estimaciones irreales. Sólo en líneas, sin considerar estaciones con escasa afluencia de personas viajeras o elevados sobrecostes, el estudio calcula un despilfarro de 26.240,6 millones de euros en la Alta Velocidad en nuestro país. Dicho de otra manera, el 57 % del despilfarro de la Administración Central ha sido en líneas para el AVE. El informe concluye que la priorización irracional e ineficiente del AVE ha sido en detrimento del ferrocarril de cercanías, media distancia y de la movilidad sostenible.
En esta línea, el Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe publicado el pasado 26 de junio de 2018, confirma que la alta velocidad carece de una planificación adecuada y deficiente, donde la necesidad de construcción se debe a consideraciones políticas, y con un alto coste, los trenes de media circulan al 45 % de la velocidad máxima por lo que estas infraestructuras están sobredimensionadas. Las líneas auditadas por el Tribunal de Cuentas Europeo cuestan una media de 25 millones de euros por kilómetro. Cuatro de las diez líneas costarán más de 100 millones de euros por minuto de tiempo de trayecto ahorrado. El informe recoge que la Comisión Europea ha destinado 23.700 millones de euros desde el año 2000 a la alta velocidad, de los cuales el 47 %, unos 11.232 millones de euros, fueron invertidos en España.
El resultado actual es que España es el segundo país del mundo con más kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad, solo por detrás de China, pero según el Eurostat 3, descendemos hasta la posición 4 12 de la Unión Europea cuando miramos la estadística media anual de transporte nacional de personas por km de vías férreas.
Por otro lado ADIF está construyendo su estrategia indicativa para las próximas inversiones mientras el Ministerio de Fomento proponía un Pacto de Estado de Infraestructuras. Entre tanto, la Comisión de Fomento, por práctica unanimidad mandata al Gobierno a sentarse con los Ayuntamientos con carácter de urgencia para poder traer a esta cámara en un plazo de seis meses una ley de financiación del servicio público de transporte terrestre.
No puede eludirse más una discusión profunda en esta Cámara sobre esta materia. El modelo global que escojamos para los servicios de transporte colectivo así como para las infraestructuras ferroviarias es capital para cumplir con los compromisos de descarbonización y de transferencia modal carretera-ferrocarril del libro blanco del transporte, compromisos imbricados con la reducción de gases de efecto invernadero que la UE pretende incluso acelerar.
1 Fuente: Ministerio de Fomento. Estadísticas Viajeros Transportados por Ferrocarril. Renfe Operadora httbs://apps.fornento.gob.es/BoletinOnline/?nivet=2∨den=07000000.
2 Romero, J., Brandis, D., Delgado Viñas, C., García Rodríguez, J1., Gómez Romero, M.L., Olcina, J., Rullán, O., Vera-Rebollo, J. F., & Vicente Rufí, J. (2018). Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas décadas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1-151. doi: http://www.age-geografia.es/mwg-intemal/de5fs23hu73ds/progress?id=xFWdzdnkHMDmW1u7Ta9XGLDRm0l01q4oU75nAl0.
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_transport_statistics/es.
4 Sin contar con Bélgica ni Países Bajos cuyas estadísticas son confidenciales. Tampoco se incluye en el ránking Suiza y Noruega, con estadísticas muy por encima de España.
En el transporte de viajeros y viajeras por ferrocarril, la cuota del ferrocarril 5 para 2015 en España se situó por debajo del 5 %, por debajo del 7,6 % de la media de la UE28 y muy alejado del 10,8 % de los Países Bajos, del 12 % de Austria, o del 19,1 % de Suiza con una orografía y climatología más adversa que la de nuestro país. En lo que respecta al transporte de mercancías por ferrocarril también suspendemos vergonzosamente. En 2016 hemos tocado suelo, según la CNMC 6, sólo 1,4 % de las mercancías totales que se mueven en España lo hicieron por tren, frente al 25 % de Alemania, el 15 % de Italia, Reino Unido y Francia o el 17,9 % de la media de la Unión Europea. El Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea marca hitos sobre este cambio modal: sustituir el 30 % del transporte por carretera a distancias superiores a los 300 km al ferrocarril para 2030 y el 50 % para 2050. El potencial económico del transporte de mercancías por ferrocarril es enorme, si Renfe viajeros ingresó más de 2.084 millones de euros por la venta de transporte en 2016, en el mismo periodo Renfe Mercancías ingresó 287,8 millones de euros transportando sólo el 1,4 % del total de las mercancías que se movieron en nuestro país. Desde el punto de vista ambiental, energético, de la seguridad y de lucha contra el cambio climático, el transporte de mercancías en tren no tiene rival, es el más eficiente y podría reducir los costes de transporte por tonelada de mercancía en hasta un 90 %.
Cambio climático, pero también el flujo comercial entre Comunidades Autónomas, la realización del capital situacional de nuestro país como nodo logístico principal del sur de Europa, la propia planificación de inversiones de toda una vida de los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios que en función de la conectividad deciden ubicarse o vivir en un lugar u otro, el modelo de concentración/dispersión del trabajo y la vivienda, etc... En definitiva La red de transporte y en particular la red de transporte ferroviario configura (o imposibilita) hábitos de movilidad, ocio, acceso a servicios y consumo que en el medio-largo plazo ejercen de vectores de transformación de la identidad territorial de las comunidades comunicadas (o incomunicadas).
El modelo de un ferrocarril para el futuro de nuestro país pasa por prepararnos para la liberalización del transporte ferroviario nacional de viajeros y viajeras. La Directiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que modifica la Directiva 2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias, deja un amplio margen de discrecionalidad para proceder en favor del fortalecimiento de los operadores de servicio público o el despiece de estos. Decantarse por la última opción es hipotecar nuestro futuro al subdesarrollo, a la dependencia energética del transporte ineficiente, atacar a las condiciones laborales del personal ferroviario, desvertebrar la cohesión territorial y no garantizar el derecho a la movilidad. Por tanto, necesitamos reforzar a nuestros operadores y al administrador de infraestructuras ferroviarias, dotándoles de recursos, planes estratégicos y duplicando el número de trabajadores de mantenimiento y operaciones por tren/km en nuestros servicios para alcanzar el nivel de la media europea.
Las decisiones que tomemos en los próximos meses podrían suponer, también en materia de inversiones, un giro de 180o a las políticas cortoplacistas y centralistas del pasado. Es preciso cambiar del paradigma de las infraestructuras por las infraestructuras al paradigma del derecho a la movilidad pública, ecológica y de calidad en nuestro país. El objetivo de esta moción es contribuir a un debate que conduzca a un Pacto de Estado por el Derecho a la Movilidad con alcance duradero, enfocado en lo social y lo ambiental y consciente de su transcendencia para la evolución de la cohesión y vertebración territorial de nuestro país.
1. Alcanzar un Pacto de Estado por el Derecho a la Movilidad, que en materia de infraestructuras y futuras inversiones ferroviarias incorporen los siguientes principios:
- Enfoque holístico de conjunto de la Red, evitando una visión parcial economicista basada en un enfoque línea a línea.
5 Fuente: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_transport_statistics#Modal_split.
6 https://www.cnmc.es/sites/default/files/1876653_4.pdf.
- Visión multimodal que permita la integración de la totalidad de la red de transporte terrestre, marítimo y aéreo, en coordinación con otras administraciones para el diseño de nuevas infraestructuras de transporte y respetando las competencias transferidas.
- Buscar la máxima transferencia de cuota modal desde los modos de transporte contaminantes como el automóvil hacia el ferrocarril.
2. Acordar medidas consensuadas con los agentes políticos y socioeconómicos, de cara a preparar y fortalecer a las entidades públicas ferroviarias españolas en el marco del IV paquete ferroviario, para que no pierdan peso ni importancia y, a su vez, no se pongan en riesgo puestos de trabajo, derechos laborales o el derecho a la movilidad pública y sostenible frente a intereses netamente económicos.
3. Hacer converger el ratio de personal de mantenimiento y operaciones por tren/km en los servicios ferroviarios públicos a los niveles de la media de la Unión Europea.
4. Depurar, atendiendo al Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las causas de las ineficiencias, costes y despilfarros de la Alta Velocidad en nuestro país, con el objetivo de corregir las malas prácticas y extraer recomendaciones para el futuro.
5. Reequilibrar, atendiendo al número de viajeros y viajeras global que transporta cada red, los recursos destinados la modernización de las líneas convencionales para la mejora de sus prestaciones y la calidad del servicio frente a las inversiones en líneas de alta velocidad. Se priorizará la movilidad y la cohesión territorial, favoreciendo la intermodalidad y convirtiendo al ferrocarril en una alternativa competitiva en tiempo y coste frente al transporte por carretera.
6. Analizar la viabilidad de electrificar, antes de 2021, al menos el 20 % de la red convencional que actualmente sigue sin estarlo.
7. Asegurar que todas las líneas con trenes que circulan a más de 250 km/h, cuenten entre estación de origen y destino con señalización tipo "ETCS", sistema europeo de control de trenes, y de gestión de tráfico tipo "ERTMS", sistema europeo también, que permite, en sus diversos niveles 1, 2 y 3, utilizar como respaldo de seguridad los sistemas de señalización ASFA.
8. Ampliar las Obligaciones de Servicio Público de Renfe y las inversiones en infraestructuras de Cercanías y Media Distancia con el objetivo a medio plazo de contar con una red mallada y cadenciada. Para ello, el Gobierno acordará en el próximo Contrato Programa, entre la Administración General del Estado y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico sujetos a Obligaciones de Servicio Público, el mantenimiento de todos y cada uno de los servicios prestados hasta ahora, así como el incremento de al menos un 10 % del contrato con la finalidad de atender nuevas obligaciones de servicio público ferroviarias de cercanías o media distancia de manera inmediatas.
9. Alcanzar un verdadero efecto de red mallada mediante el impulso del desarrollo de los ejes transversales ferroviarios:
- Eje Cantábrico-Mediterráneo.
- Eje Mediterráneo.
- Eje Andaluz.
- Eje de la Plata.
10. Estudiar con carácter urgente la redacción la reapertura y/o puesta en marcha de los siguientes servicios ferroviarios:
- Línea Reus-Roda.
- Línea Vía de la Plata.
- Línea 102 Burgos-Aranda de Duero-Riaza-Madrid.
- Línea Valladolid-Ariza.
- Línea Segovia-Medina del Campo.
- Línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca.
- Línea Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona.
- Línea Huelva-Ayamonte-frontera de Portugal.
- Línea Alcalá de Guadaíra-Sevilla.
- Línea Sanlúcar de Barrameda-Jerez.
11. Desarrollar nuevas líneas y servicios públicos de trenes regionales y de largas distancias que permitan aumentar la oferta ferroviaria diversificándola funcionalmente, aumentando las paradas, las conexiones y enlaces entre cabeceras de referencia, con horarios eficaces cadenciados integrados, velocidades comerciales medias en torno a 160 Km/h y, garantizar especialmente que dispongan de precios asequibles para la gran mayoría social de nuestro país. En este sentido, es preciso converger con la media de la Unión Europea de subvención por habitante al transporte público.
12. Desarrollar e implantar la integración tarifaría con los consorcios, autoridades de gestión o administraciones responsables del transporte urbano y metropolitano para garantizar la posibilidad de trasbordos intermodales.
13. Garantizar que toda ciudad de más de 50.000 habitantes y dotada actualmente de ferrocarril quede conectada con un mínimo de un tren cada dos horas hasta su capital más cercana. Para aquellos municipios con más de 50.000 habitantes que actualmente no cuenten con infraestructuras ferroviarias se estudiará su desarrollo y conexión ferroviaria antes del año 2.030.
14. Realizar los estudios previos de viabilidad y factibilidad, de forma pormenorizada, para la implantación nuevas redes de servicios de Cercanías, incluyendo las infraestructuras viarias y las estaciones necesarias. El objetivo es atender la máxima demanda de transporte en tren para todos los municipios con más de 20.000 habitantes situados en el entorno de aglomeraciones urbanas para el año 2030.
15. Planificar el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios priorizando la conexión entre núcleos de población cercanos, permitiendo la coordinación entre servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la intermodalidad con horarios cadenciados integrados.
16. Estudiar el suministro de energía a la electrificación desde fuentes 100 % renovables.
17. Impulsar de manera prioritaria las actuaciones necesarias para el cambio modal en el transporte de mercancías hacia el ferrocarril hasta alcanzar en una primera etapa la media de la Unión Europea y posteriormente lograr la cuota marcada en el Libro Blanco del Transporte.
18. Realizar a la mayor brevedad posible un estudio sobre las actuaciones necesarias para hacer accesible todas las estaciones de ferrocarril, así como los trenes, de nuestro país."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Sergio Pascual Peña, Diputado.-lone Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía.
1. Completar la red de alta velocidad en ancho internacional, interoperable conforme a las Directivas comunitarias, eliminando los residuos del concepto de "altas prestaciones", acuñado en la planificación socialista. Esta red, construida preferentemente para el tráfico de viajeros, será susceptible donde así lo aconsejen las características de cada territorio, de su uso para el tráfico de mercancías, aun cuando en estas la velocidad no sea un elemento determinante para su mayor utilización, por cuanto las mercancías reclaman, ante todo, capacidad y regularidad.
2. Impulsar el programa de integración del ferrocarril en las ciudades. Este programa se desarrollará bajo la premisa de optimizar los espacios ferroviarios existentes en el entorno de las ciudades, realizando las inversiones ferroviarias necesarias a partir de las plusvalías generadas y promoviendo la integración con el resto de los modos de transporte. Todo ello manteniendo la centralidad del ferrocarril a su paso por las ciudades.
3. Prestar atención preferente a las inversiones que promuevan el incremento de la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías. La caída continua en el tráfico de mercancías demuestra la desacertada política mantenida durante las últimas legislaturas, que requieren una corrección inmediata. Para ello deberán realizarse aquellas inversiones a corto plazo que tengan una incidencia favorable en el aumento del tráfico.
4. Promover la conexión ferroviaria con los puertos y centros de distribución en colaboración con las Comunidades Autónomas.
5. En cercanías, llevar a cabo las inversiones que permitan que el modo ferroviario compita con el coche privado, para lo que llevaremos a cabo planes de cercanías en las principales ciudades, así como dar continuidad a los planes de modernización de las cercanías ferroviarias ya consensuados con diferentes Comunidades Autónomas.
6. Impulsar la construcción de variantes ferroviarias en los principales entornos urbanos para separar el tráfico de mercancías del tráfico de cercanías.
7. Prestar especial atención a las comunicaciones transfronterizas con Francia y Portugal, mediante convenios internacionales que permitan garantizar en el tiempo el desarrollo de estas infraestructuras.
8. Impulsar la inclusión del Corredor Atlántico dentro de los Corredores Transeuropeos planificados dotándolo, al igual que el resto, de ancho de vía estándar (UIC) y planificando las inversiones equitativamente con el conjunto de corredores ferroviarios en construcción y sin discriminaciones.
9. Mediante el desarrollo de contratos programa entre el Estado y ADIF, llevar a cabo las inversiones que permitan la capitalización de la red ferroviaria convencional que es de titularidad estatal y que es gestionada en cuanto a su explotación y mantenimiento por ADIF. Las actuaciones irán dirigidas a que a medio plazo se pueda llevar a cabo la migración del ancho ibérico al ancho estándar (UIC), mejorando así la interoperabilidad con los países europeos y evitando la creación de fronteras ferroviarias interiores en España.
10. Completar el proceso de liberalización ferroviaria promovida por la Unión Europea e iniciada en España con la aprobación de la Ley del Sector Ferroviario en el año 2003 facilitando la participación del sector privado en el ámbito del transporte ferroviario, como lo demuestra la escasa participación a nivel nacional de los operadores privados en el transporte de mercancías (cuota del 8 %).
11. Promover la participación de operadores privados en el transporte de mercancías y viajeros, reduciendo los trámites para la obtención de las licencias y certificados de seguridad requeridos por la normativa ferroviaria.
12. Promover la existencia de un Comité de Regulación Ferroviaria independiente.
13. Establecer políticas tarifarias en el transporte de viajeros por ferrocarril, variables según la demanda existente en cada momento, tal y como ocurre en el sector aéreo.
14. Corregir los abusos de posición dominante de Renfe en la tracción del transporte de mercancías que, junto con la existencia de operadores privados, debe permitir una reducción de costes de transporte en el transporte de mercancías mediante la potenciación de las cadenas intermodales. También promoveremos la existencia de surcos especiales que permitan con garantía la circulación preferente de trenes de mercancías, teniendo en cuenta además que la red ferroviaria convencional se dedicará de forma preferente al tráfico de mercancías. En definitiva, se trata de aumentar de forma sostenida la participación del transporte por ferrocarril que actualmente se encuentran en niveles escandalosamente bajos (4 %)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía.
Se modifican los apartados 1 y 5 de la Moción y se añade un nuevo apartado 12 bis, con el siguiente redactado:
1. Alcanzar un Pacto de Estado por el derecho a la Movilidad, con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas, que en materia de Infraestructuras y futuras inversiones ferroviarias incorporen los siguientes principios:
- Enfoque holístico [...]
- Visión multimodal [...]
- Buscar la máxima transferencia de cuota modal [...]
Dicho Pacto de Estado deberá respetar las competencias de la Generalitat respecto a los ferrocarriles de Rodalies y Media Distancia en Catalunya.
5. Reequilibrar, atendiendo al número de viajeros y viajeras global que transporta cada red, los recursos destinados a la modernización de las líneas convencionales [...] frente a transporte por carretera. En este contexto, asegurar la ejecución, en un plazo no superior a tres años, de las inversiones contempladas en el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015 y en el Pla d'actuacions prioritáries de Rodalies 2014-2016, hasta ahora no ejecutadas, así como cumplir con los compromisos y porcentajes de inversión firmados en 2005 y 2006 entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Catalunya relativos a los protocolos de inversiones viarias y de inversiones ferroviarias que acumulan años de retraso en su ejecución, de manera que puedan quedar ejecutadas en un plazo de tres años.
12 bis. Contemplar, en los próximos presupuestos, el pago a la Generalitat de Catalunya de la compensación por déficit tarifario de los ferrocarriles de Rodalies y regionales traspasados a la Generalitat de Catalunya."
Palacio del Congreso, 30 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía.
2. Implementar las medidas que sean precisas por la aplicación del cuarto paquete ferroviario, procurando la mínima afección a los entes y sociedades estatales, siempre que se cumplan los requerimientos de la Unión Europea.
Asimismo, garantizar la estabilidad en la prestación de nuestros servicios ferroviarios sometidos a Obligación de Servicio Público, de manera que se aprovechen las posibilidades que la normativa comunitaria ofrece para que el futuro contrato entre la AGE y Renfe pueda disponer de un período de vigencia lo más amplio posible, de manera que permita establecer un marco estable para la prestación de estos servicios esenciales para la movilidad de nuestros ciudadanos, y permita asimismo planificar y ejecutar adecuadamente un plan de inversiones en material rodante y en mejora de estaciones de cercanías.
3. Hacer converger el ratio de calidad en los servicios ferroviarios públicos a los niveles de la media de la Unión Europea, haciéndolo compatible con los diferentes modelos organizativos y de gestión de cada empresa ferroviaria.
4. Analizar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, estudiando posibles mejoras que sean aplicables al sistema ferroviario español.
5. Impulsar las inversiones en materia ferroviaria que mejor se ajusten a las necesidades de los ciudadanos en cada relación ferroviaria.
6. Analizar la viabilidad de electrificar la red convencional que actualmente sigue sin estarlo.
7. Asegurar que en todas las líneas por las que sea posible circular hasta a velocidades superiores a 250 km/h se cuente con sistemas de señalización y comunicaciones adecuados a las velocidades que sea posible alcanzar en cada uno de los tramos que las formen, teniendo en cuenta las particularidades de los tramos de acceso a las estaciones.
8. Continuar impulsando la prestación por Renfe de los servicios públicos de transporte ferroviario de viajeros declarados Obligación de Servicio Público, mediante la formalización de un nuevo Contrato entre la Administración General del Estado y Renfe-Operadora con un amplio horizonte temporal, que garantice un marco estable y duradero que permita planificar adecuadamente las inversiones en material rodante y mejora de estaciones de cercanías que requiere la calidad en la prestación del servicio, así como la programación de su ejecución.
9. Alcanzar un verdadero efecto de red mallada mediante el impulso del desarrollo de los ejes transversales ferroviarios.
10. Estudiar la posibilidad de la reapertura y/o puesta en marcha de los servicios ferroviarios suprimidos en los años precedentes.
11. Que el futuro Contrato entre la Administración General del Estado y Renfe Operadora disponga de las herramientas necesarias para llevar a cabo el seguimiento continuado del mismo, permitiendo la evaluación de las condiciones de prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros de media distancia declarados Obligación de Servicio Público, para asegurar, en el horizonte temporal del Contrato entre la Administración General del Estado y Renfe-Operadora, su eficacia y sostenibilidad, así como su adecuación a las características de la infraestructura y a los niveles de demanda y de utilización de los servicios, con el objetivo último de mejorar y optimizar las condiciones de prestación del servicio.
12. (Igual).
13, 14, 15. (Se suprimen).
16. (Igual).
17. (Igual).
18. Realizar a la mayor brevedad posible un Plan de Accesibilidad del Sistema Ferroviario sobre las actuaciones necesarias para hacer accesible todas las estaciones de ferrocarril, así como los trenes, de nuestro país."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. Alcanzar un Pacto de Estado por el Transporte, la Logística y la Movilidad General que, en materia de infraestructuras y futuras inversiones ferroviarias, incorpore los siguientes principios:
- Enfoque holístico de conjunto de la Red, evitando una visión parcial basada en un enfoque línea a línea.
- Visión intermodal que permita la integración de la totalidad de la red de transporte terrestre, marítimo y aéreo, en coordinación con otras administraciones, para el diseño de nuevas infraestructuras de transporte, respetando las competencias transferidas.
- Buscar la máxima transferencia de cambio modal desde los modos de transporte menos sostenibles, como el automóvil, hacia el ferrocarril.
2. Acordar medidas consensuadas con los agentes políticos y socioeconómicos, de cara a preparar y fortalecer al sector ferroviario en el marco del IV paquete ferroviario, tendiendo al espacio único de transportes definido por la UE con un modelo competitivo y sostenible.
3. Hacer converger el ratio de personal de mantenimiento y operaciones por tren/km en los servicios ferroviarios públicos a los niveles de la media de la Unión Europea, garantizando que se prioriza el mantenimiento y la renovación de los infraestructuras y el material rodante existentes, de modo que, tanto el patrimonio actual como el que se incorpore en un futuro, tengan un funcionamiento óptimo y eficiente, a lo largo de su vida útil.
6. Analizar la viabilidad de electrificar, antes de 2021, al menos el 20 % de la red convencional que actualmente sigue sin estaría.
7. Estudiar y presentar ante el Congreso un estudio para la implantación gradual, pero total, del ERTMS/ETCS en toda la Red y el material rodante, con las priorizaciones necesarias para la misma.
8. Estudiar el incremento de las Obligaciones de Servicio Público y de las inversiones en infraestructuras de Cercanías y Media Distancia, con el objetivo a medio plazo de contar con una red mallado y cadenciada. Asimismo, promover la coordinación horaria y la integración de los servicios atendiendo a las necesidades objetivas de desplazamiento actual, así como de las que se prevean a medio y largo plazo.
9. Alcanzar un verdadero efecto de red mallado mediante el impulso del desarrollo de los ejes transversales ferroviarios:
10. Estudiar con carácter urgente la redacción de los proyectos de reapertura y/o puesta en marcha de las siguientes líneas y servicios ferroviarios:
11. Estudiar el desarrollo de nuevas líneas y servicios públicos de trenes regionales y de largas distancias que permitan aumentar la oferta ferroviaria diversificándola funcionalmente, aumentando las paradas, las conexiones y enlaces entre cabeceras de referencia, con horarios eficaces cadenciados integrados, velocidades comerciales medias en torno a 160 Km/h y, garantizar especialmente que dispongan de precios asequibles para la gran mayoría social de nuestro país. En este sentido, es preciso converger con la media de la Unión Europea de subvención por habitante al transporte público.
12. Desarrollar e implantar la integración tarifaría con los consorcios, autoridades de gestión o administraciones responsables del transporte urbano y metropolitano para garantizar la posibilidad de trasbordas intermodales, así como las estrategias de coordinación de horarios y servicios, las propuestas de intercambiadores, las estrategias sobre elementos de disuasión del transporte por carretera y los planes de actuaciones y servicios prestados.
13. Garantizar que toda población de más de 50.000 habitantes tenga el transporte público más eficiente y sostenible posible, potenciando el ferrocarril donde seo posible respecto a estos objetivos, para frecuencias de trenes de menos de dos horas con su capital más cercana. Para aquellos municipios con más de 50.000 habitantes que actualmente no cuenten con infraestructuras ferroviarias se estudiará su desarrollo y conexión ferroviaria antes del año 2030.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía, ha acordado lo siguiente:
1. Alcanzar un Pacto de Estado por el Derecho a la Movilidad que en materia de infraestructuras y futuras inversiones ferroviarias incorporen los siguientes principios:
- Visión multimodal que permita la integración de la totalidad de la red de transporte terrestre, marítimo y aéreo, en coordinación con otras administraciones para el diserto de nuevas infraestructuras de transporte y respetando las competencias transferidas.
Dicho pacto de Estado deberá respetar las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y entidades locales.
Asimismo, garantizar la estabilidad en la prestación de nuestros servicios ferroviarios sometidos a la Obligación de Servicio Público, de manera que se aprovechen las posibilidades que la normativa comunitaria ofrece para que el futuro contrato entre la AGE y Renfe pueda disponer de un periodo de vigencia lo más amplio posible, de manera que permita establecer un marco estable para la prestación de estos servicios esenciales para la movilidad de nuestros ciudadanos, y permita asimismo planificar y ejecutar adecuadamente un plan de inversiones en material rodante y en mejora de estaciones de Cercanías.
3. Hacer converger el ratio de calidad y de personal de mantenimiento y operaciones por tren/km en los servicios ferroviarios públicos a los niveles de la media de la Unión Europea, garantizando que se prioriza el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras y el material rodante existentes, de modo que, tanto el patrimonio actual como el que se incorpore en un futuro, tengan un funcionamiento óptimo y eficiente, a lo largo de su vida útil.
5. Impulsar las inversiones en materia ferroviaria que mejor se ajusten a las necesidades de los ciudadanos en cada relación ferroviaria. Para ello, se reequilibrará, atendiendo al número de viajeros y viajeras global que transporta cada red, los recursos destinados a la modernización de las líneas convencionales para la mejora de sus prestaciones y la calidad del servicio frente a las inversiones en líneas de alta velocidad. Se priorizará la movilidad y la cohesión territorial, favoreciendo la intermodalidad
y conviniendo al ferrocarril en una alternativa competitiva en tiempo y coste frente al transporte por carretera.
En este contexto, asegurar la ejecución de las inversiones contempladas en los distintos planes de Cercanías/Rodalies y ferroviarios comprometidos y hasta ahora no ejecutados, así como cumplir con los compromisos y porcentajes de inversión firmados entre el Ministerio de Fomento y las distintas Comunidades Autónomas con competencias transferidas, priorizando los protocolos de inversiones ferroviarias que acumulen más años de retraso en su ejecución.
6. Analizar la viabilidad de electrificar la red convencional que actualmente sigue sin estarlo, marcando objetivos concretos a corto, medio y largo plazo.
7. Estudiar y presentar ante el Congreso un estudio para la implantación gradual, pero total, del ERTMS/ETCS en toda la Red y el material rodante, con las priorizaciones necesarias para la misma. Para esta priorización, se asegurará que en todas las líneas por las que sea posible circular a velocidades superiores a 250 km/h cuenten con estos sistemas de señalización y comunicaciones, salvo que por razones técnicas y de seguridad suficientemente acreditadas lo desaconsejen.
8. Estudiar el incremento de las Obligaciones de Servicio Público y de las inversiones en infraestructuras de Cercanías y Media Distancia con el objetivo a medio plazo de contar con una red mallada y cadenciada. Para ello, el Gobierno acordará en el próximo Contrato Programa, entre la Administración General del Estado y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico sujetos a Obligaciones de Servicio Público. Asimismo, promover la coordinación horaria y la integración de los servicios atendiendo a las necesidades objetivas de desplazamiento actual, así como de las que se prevean a medio y largo plazo.
10. Estudiar con carácter urgente la redacción de los proyectos de reapertura y/o puesta en marcha de las líneas y servicios ferroviarios suprimidos en los años precedentes.
11. Estudiar el desarrollo de nuevas líneas y servicios públicos de trenes regionales y de largas distancias que permitan aumentar la oferta ferroviaria diversificándola funcionalmente, estudiando el aumento de paradas, las conexiones y enlaces entre cabeceras de referencia, con horarios eficaces cadenciados integrados, velocidades comerciales medias en torno a 160 km/h, y garantizar especialmente que dispongan de precios asequibles para la gran mayoría social de nuestro país. En este sentido, es preciso converger con la media de la Unión Europea de subvención por habitante al transporte público.
12. Desarrollar e implantar la integración tarifaria con los consorcios, autoridades de gestión o administraciones responsables del transporte urbano y metropolitano para garantizar la posibilidad de trasbordos intermodales, así como las estrategias de coordinación de horarios y servicios, las propuestas de intercambiadores, las estrategias sobre elementos de disuasión del transporte por carretera y los planes de actuaciones y servicios prestados.
A su vez, estudiar, en los próximos presupuestos, el pago a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la compensación por déficit tarifario de los ferrocarriles.
13. Estudiar que toda población de más de 50.000 habitantes tenga el transporte público más eficiente y sostenible posible, potenciando el ferrocarril donde sea posible respecto a estos objetivos. Para aquellos municipios con más de 50.000 habitantes que actualmente no cuenten con infraestructuras ferroviarias se estudiará su desarrollo y conexión ferroviaria.
14. Realizar los estudios previos de viabilidad y factibilidad, de forma pormenorizada, para la implantación de nuevas redes de servicios de Cercanías, incluyendo las infraestructuras viarias y las estaciones necesarias. Prestando especial atención a los municipios con más de 20.000 habitantes situados en el entorno de aglomeraciones urbanas.
15. Estudiar el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios priorizando la conexión entre núcleos de población cercanos, permitiendo la coordinación entre servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la intermodalidad con horarios cadenciados integrados.
173/000117
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la actuación del Gobierno en política migratoria.
España está viviendo una grave situación debido a la llegada masiva e incontrolada de inmigrantes desde la entrada del buque Aquarius al puerto de Valencia el pasado mes de junio, autorizado por el Gobierno español. El efecto llamada derivado de las políticas del Gobierno es incuestionable. El número de llegadas irregulares a España ha crecido exponencialmente, llegando a batir el récord de llegadas de todos los tiempos en lo que llevamos de 2018.
Un total de 48.669 inmigrantes llegaron a España entre el 1 de enero y el 15 de octubre por vía marítima y terrestre, frente a las 19.134 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, un 154 % más, según los últimos datos publicados por el Ministerio español del Interior el pasado 15 de octubre. 43.467 inmigrantes llegaron en pateras, una cifra muy superior a la de 2017, cuando los inmigrantes que alcanzaron la costa española fueron 14.195, lo que supone un incremento del 206 %.
Con estos datos queda reflejado que el número de inmigrantes sigue en aumento y deja atrás la cifra alcanzada en 2006, año de la denominada crisis de los cayucos, cuando solo por Canarias entraron casi 32.000 personas.
Merece especial mención la preocupante situación de los menores extranjeros no acompañados, puesto que es sorprendente que puedan atravesar España sin que las autoridades nacionales tengan constancia de ello y sin que se haya producido acompañamiento, tutela y custodia de los mismos. Esto se debe a la grave descoordinación del Gobierno de Pedro Sánchez y a la falta de recursos, ya que la mayoría de la carga de estas llegadas masivas de menores extranjeros no acompañados las están sufriendo principalmente seis comunidades autónomas:
- En Andalucía se habla de situación caótica en los centros de menores con masificaciones, agresiones y fugas;
- en Cataluña un centenar de menores duermen en el suelo;
- en Murcia se pide ayuda financiera para acoger y alojar a los menores no acompañados, así como en la Comunidad Valenciana;
- en el País Vasco hay una "presencia desproporcionada de menores extranjeros no acompañados", como afirma el portavoz del Gobierno vasco;
- en la Comunidad de Madrid el Gobierno de España ni siquiera tiene contabilizado el número de MENA que se encuentran en esta región y, por lo tanto, pretende otorgar una cuantía inferior a la que le corresponde de la ayuda económica destinada a este efecto.
Los centros de atención de menores no se pueden improvisar y deben estar dotados de medios humanos y materiales, puesto que los menores no acompañados son un colectivo vulnerable que debe ser protegido con las máximas garantías.
1. Desarrollar e implementar una política migratoria basada en la coherencia, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación con los países de origen y de tránsito, la defensa de las fronteras españolas y la coordinación con la Unión Europea para encontrar una solución conjunta al problema migratorio.
2. Apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como ayudar en la propuesta europea de ampliar la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
3. Promover una inmigración segura, regular y ordenada, como así defiende el Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada de Naciones Unidas, y que esté vinculada a un contrato de trabajo.
4. Promover la creación de un Plan Integral para África donde se defienda la institucionalización, la educación, la inserción laboral y la inmigración regulada, invirtiendo en el desarrollo efectivo de los países emisores de migrantes.
5. Incrementar el fondo especial que ha abierto el Gobierno para ayudar económicamente a los municipios receptores de inmigración irregular.
6. Proteger de forma especial a los menores extranjeros no acompañados sin improvisar las medidas para salvaguardar los intereses especiales de este grupo vulnerable."
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del encabezado y adición de tres nuevos apartados a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria.
1. Desarrollar [...]
2. Apoyar [...]
3. Promover [...]
4. Promover [...]
5. Incrementar [...]
6. Proteger [...]
7. Proceder a recuperar, en el próximo Proyecto de Ley de Presupuestos, la dotación anual destinada a financiar el Fondo para la acogida de migrantes.
8. Territorializar el Fondo de Asilo, Migración e integración de la UE para la acogida de personas refugiadas.
9. Modificar el reglamento de la Ley de Extranjería con el fin de combatir la irregularidad sobrevenida que dificulta la renovación de sus permisos de residencia y trabajo a las personas extrajeras, residentes, por falta de continuidad en los contratos o porque no pueden aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria.
1. Proseguir el trabajo que viene realizando para la consecución de una inmigración ordenada, integradora, y de carácter comunitario, actuando coordinadamente en tres niveles de intervención: dentro de nuestras fronteras, en los países de origen y tránsito, y, fundamentalmente, en el ámbito comunitario. En lo referente a la actuación dentro de nuestras fronteras deberá promover la colaboración y cooperación de todos los actores políticos, sociales, así como del resto de las administraciones públicas, en los términos previstos en artículo 2 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
2. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los instrumentos necesario, tanto jurídicos como materiales, que den seguridad a su actuación y garantías a las personas que llegan a nuestras fronteras.
3. Colaborar de manera activa en la propuesta europea de ampliación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
4. Aprobar, antes de finalizar 2018, un nuevo Plan Integral para África que recoja un enfoque más amplio y donde se tengan en cuenta los objetivos de los propios países africanos, expresados en la Agenda 2063 de la Unión Africana, y con los de la Unión Europea, expresados en su Estrategia Global de política exterior y de seguridad (2016) y donde se constituya como elemento transversal la promoción y defensa de los derechos humanos y el enfoque de género.
5. Dar cumplimiento a las previsiones de los artículos 2 bis, apartado 3, y 2 ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los términos acordados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, incrementando las cuantías allí donde los recursos presupuestarios lo permitan.
6. Reforzar la coordinación y colaboración de las administraciones públicas en la defensa de los derechos de los Menores Extranjeros No Acompañados, garantizando de manera efectiva el cumplimiento del artículo 10, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria, ha acordado lo siguiente:
6. Proteger de forma especial a los menores extranjeros no acompañados sin improvisar las medidas para salvaguardar los intereses especiales de este grupo vulnerable.
9. Modificar el reglamento de la Ley de Extranjería con el fin de combatir la irregularidad sobrevenida que dificulta la renovación de sus permisos de residencia y trabajo a las personas extranjeras, residentes, por falta de continuidad en los contratos o porque no pueden aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social."
La Mesa de la Cámara ha acordado ampliar el plazo para la presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno de juristas hasta el día 5 de noviembre de 2018.

References: artículo 97
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 97
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 194
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 194
 artículo 184
 artículo 2
 artículo 10