Source: http://semanarioexpresion.com/Presentacion/noticiascl.php?categoria=Regional&edicionbuscada=1111
Timestamp: 2019-05-20 23:22:14+00:00

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CATORCE SON EX GOBERNADORES REGIONALES: EN EL PERÚ HAY MÁS DE 27 MIL PROCESADOS POR CORRUPCIÓN
Comisión Andina de Juristas no percibe excesos en las prisiones preventivas.
Ante la ola de críticas a nivel nacional por el accionar del Equipo Especial del caso “Lava Jato”, encabezado por el fiscal coordinador Rafael Vela Barba, la consultora de la Comisión Andina de Juristas Mirva Aranda Escalante manifiesta que el proceder del Ministerio Público hasta el momento es adecuado, toda vez que cumple con cautelar los intereses del Estado.
“Creemos que en el caso preciso de los expresidentes, las decisiones que ha estado tomando la Fiscalía y el Poder Judicial están dentro del marco del derecho. Yo creo que ahorita se está haciendo una cuestión política en contra de la Fiscalía y del sistema de justicia en general”, sostiene.
Afirma que tampoco se está haciendo un uso desmedido de la prisión preventiva, la misma que considera una figura necesaria, pues evita el peligro de fuga, la manipulación de las pruebas y la perturbación del debido proceso, acciones que bien podría cometer un exmandatario por el poder que ostenta.
“El sistema de justicia en general tiene muchos defectos y nosotros somos los primeros en criticar cuando hay un diseño que va en contra del derecho de las personas, pero creemos que en este caso tenemos que seguir apoyando a esta fiscalía que se ha creado específicamente para estos delitos, pues nos da la esperanza a todos los peruanos y sobre todo a quienes somos abogados de que el sistema sí funciona, que no importa si eres un expresidente, si cometes un delito vas a ser procesado y terminarás preso si es que existen las pruebas que lo ameriten”, señala.
En ese contexto, la Comisión Andina de Juristas realiza en Chiclayo el proyecto ‘Integridad y Lucha contra la Corrupción desde un Enfoque de Derechos Humanos’, el cual cuenta con la participación de los estudiantes de Derecho de Lambayeque como voluntarios y busca involucrar a la sociedad civil en esta brega, identificando cuáles son los problemas que hay en la actualidad en el sistema de justicia y brindar alternativas de solución a estos.
Aranda Escalante, quien es a su vez la coordinadora del proyecto, resalta que este trabajo durará tres años, en los cuales los voluntarios serán capacitados respecto a los delitos de corrupción, su vínculo con los derechos humanos y en metodologías de investigación, para que luego analicen los procesos y las sentencias existentes en estos casos.
“Vamos a tener convenios tanto con el Ministerio Público como con el Poder Judicial para que les puedan brindar a los estudiantes toda la documentación que sea pública y luego los voluntarios junto con expertos de la Comisión Andina en casos corrupción van a hacer el análisis de estas sentencias para finalmente elaborar un informe que será elevado a las instancias que correspondan”, asevera.
Añade que este informe llevará no solo la firma de la comisión, sino que espera sea firmado por las universidades y otras instancias de la sociedad civil, las mismas que serán presentadas a las instancias locales que tengan competencia para modificar algunos aspectos del procedimiento, pero también a instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y de ser necesario a instancias internacionales donde la Comisión Andina de Juristas tiene estatus consultivo como la Organización de las Naciones Unidas – ONU y la Organización de Estados Americanos – OEA.
Aranda Escalante afirma que se ha escogido a Chiclayo como una de las sedes para realizar este proyecto (la otra es Cusco), ya que es una ciudad emblemática por los graves casos de corrupción en los que se han visto envueltos sus burgomaestres, quienes encabezaron toda una estructura armada para apropiarse del dinero del Estado.
Pero Chiclayo no es solo un lugar emblemático por los casos de corrupción. Aranda Escalante afirma que escogen Chiclayo también porque es una ciudad con colectivos organizados de la sociedad civil, con los que ya han trabajado antes y saben que serán sus aliados a lo largo de estos tres años.
Respecto a la reforma de justicia, considera que son buenas las iniciativas que se tuvieron y fueron aprobados mediante referéndum en el 2018, pero aun así manifiesta que no son reformas de fondo, sino solo aspectos muy puntales que no resuelven en sí el problema.
La jurista revela que a nivel nacional son más de 27 mil los funcionarios públicos que están siendo procesados actualmente en las distintas instancias del Poder Judicial por delitos de corrupción, además de 14 exgobernadores regionales procesados, cifra que representa más de la mitad de gobernadores.
“A pesar de las elevadas cifras, consideramos que este sigue siendo solo un mínimo porcentaje, pues la corrupción institucionalizada hace que haya muchos más funcionarios que cometen este tipo delitos, pero no llegan a ser procesados”, sostiene.
COMISARÍA TIENE A CARGO OTRAS CUATRO DEPENDENCIAS POLICIALES: ABIGEATO AFECTA A LA POBLACIÓN DE MONSEFÚ
Policía trabaja de la mano con las juntas vecinales para capturar a los delincuentes.
La delincuencia que opera en sus distintas modalidades, entre las que destaca el abigeato, ha hecho que la población monsefuana viva en vilo ante el peligro del robo de sus aves de corral.
La comisaria del distrito, Astrid Salas Cerpa, comenta que estos ilícitos se realizan de madrugada, aprovechando que los dueños de las viviendas se encuentran descansando.
Comenta que le siguen en frecuencia al abigeato, los hurtos de mototaxis, las cuales muchas veces son desmanteladas por los hampones, debido a que sus propietarios se niegan a pagar los cupos de extorsión.
Menciona también el arrebato de teléfonos celulares, acción que se comete casi a diario en el casco urbano por delincuentes a bordo de vehículos menores.
Salas Cerpa señala que debido a las constantes denuncias por delitos contra el patrimonio, la Policía ahora trabaja articuladamente con la Subprefectura, la municipalidad distrital y la ciudadanía.
En virtud de eso, afirma que durante el primer trimestre del año han desarticulado varias bandas delincuenciales, algunas de las cuales estaban conformadas por ciudadanos venezolanos.
La agente exhorta a la comunidad a brindar información respecto de quiénes son las personas de mal vivir que cometen actos delictivos, a fin de que los agentes del orden puedan dar con el paradero de estos sujetos y ponerlos a disposición de la justicia.
Explica que en su calidad de jefa sectorial, ella tiene a su cargo las comisarías de Reque, Ciudad Eten, Puerto Eten y Santa Rosa, con cuyos comisarios trabaja coordinadamente.
Añade que en conjunto con las juntas vecinales y el personal policial de las cinco comisarías, realizan a diario operativos inopinados en bares y discotecas para capturar a personas requisitoriadas.
Indica que en la “Ciudad de las Flores” existen cuatro sectores en los que se divide el patrullaje policial, a los cuales se ha sumado el apoyo de unidades especializadas como el Departamento de Investigación Criminal – Depincri, y el Departamento Antidrogas – Depandro.
Por otro lado, Salas Cerpa comenta están desarrollando programas preventivos para disminuir la ola de asaltos y robos al paso.
Uno de estos son las Brigadas de Autoprotección Escolar – BAPES, las cuales funcionan en más de 22 colegios entre nacionales y particulares, cuyo objetivo es vigilar a los alumnos al ingreso y salidas de los centros educativos.
Asimismo, recomienda a los vecinos tomar medidas de seguridad al interior de sus viviendas y dar aviso siempre a la policía.
“La ciudadanía debe seguir trabajando conjuntamente con la policía, las juntas vecinales y las autoridades para seguir cumpliendo con los programas preventivos como ‘Vecindario Seguro’ y ‘BAPES’, a fin de brindar seguridad a la población”, sentencia.
JULIO MATICORENA AGRAMONTE: “LOS EXÁMENES OCUPACIONALES SON UNA INVERSIÓN PARA EL EMPRESARIO”
Debido al alto nivel de informalidad de las empresas, cuya cifra supera el 70 % en el país, el especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, Julio Maticorena Agramonte, sostiene que son pocos los empresarios que realizan exámenes ocupacionales a sus trabajadores, dado que lo ven como un gasto, lo cual es un error, pues constituyen una inversión, toda vez que previenen el ausentismo, accidentes e incluso muertes.
“Las grandes empresas en los países desarrollados no invierten en seguridad y salud porque les sobre la plata y no saben en qué gastar, sino porque han entendido que pierden más por una muerte, un accidente o la enfermedad de un trabajador. Aquí en Perú hay algunas empresas que reconocen a los exámenes ocupacionales como una inversión, donde al final tanto trabajador como empresario terminan ganando”, sostiene.
Señala que un trabajador que no se encuentra bien de salud no tendrá una óptima producción en la empresa, lo que a la postre generará pérdidas. Incluso algunas enfermedades comunes ligadas al estilo de vida como la diabetes, hipertensión u obesidad pueden tratarse gracias al diagnóstico de un examen ocupacional.
Maticorena Agramonte comenta que la primera vez que se habló de exámenes ocupacionales en el país fue en 1947 a través de la Ley Nº 10833, la cual era específica para el sector minero y estaba destinada a la prevención y asistencia de la neumoconiosis, enfermedad producida por el polvo de las minas.
Refiere que el departamento de Higiene Industrial del entonces Ministerio de Salud Pública era un organismo autónomo que invirtió mucho de su presupuesto en salud ocupacional, motivo por el cual profesionales de distintos países de América llegaron a formarse en esta rama.
Al respecto, en el Artículo 2 de la referida disposición legal se mencionaba que los postulantes al trabajo minero debían someterse a un examen clínico y radiográfico, mientras que los ya trabajadores debían someterse periódicamente a los mismos. La autógrafa estaba destinada a los postulantes y trabajadores de los departamentos mineros de Lima, Ica, Junín, Pasco, Huánuco y Huancavelica.
“En ese entonces estaba como ministro de Salud Alberto Hurtado Abadía, quien fue un médico muy renombrado en el país. Llegó gente de Argentina, Brasil y América Central a formarse a este Instituto de Higiene Industrial, el cual tenía mucho futuro, pero por decisiones políticas se le dejó sin presupuesto y desapareció”, sostiene.
Apunta que no sería hasta 1969 cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó el Código Sanitario, mediante la Ley Nº 17505. Con esta autógrafa se generalizaron los exámenes ocupacionales a las distintas profesiones.
El Artículo 172 de esta ley contempló como acciones de protección “el reconocimiento, evaluación y control de la salud de los trabajadores; y de los agentes físicos, químicos, biológicos, factores ergonómicos y todo aquello que condicione riesgo de la salud de los trabajadores y exámenes médicos de salud y preocupacional y periódico”.
Actualmente rige la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada en el 2011, la cual añade a lo contemplado en las anteriores autógrafas, los exámenes ocupacionales de retiro, es decir, aquellos que deben hacerse al concluir la relación laboral; el plazo de cinco días hábiles para que una vez diagnosticada la enfermedad ocupacional esta sea reportada por la empresa, entre otros.
MÉDICO Y ESPECIALISTA
Por otro lado, Maticorena Agramonte aclara que, si bien es cierto es el galeno especialista en medicina ocupacional quien realiza los exámenes ocupacionales, la prevención de una enfermedad ocupacional depende más del ingeniero especialista en higiene industrial, dado que él es el profesional encargado de diseñar el ambiente de trabajo para que la exposición del trabajador a los agentes ambientales esté dentro del límite de lo permisible.
En tanto, el médico ocupacional tiene una labor más orientada a la vigilancia, pues con el examen ocupacional se puede detectar si una persona o un grupo de trabajadores de una determinada área están empezando a sufrir ciertos daños como la disminución de la audición.
“Si de mil trabajadores en la empresa hay 140, cuyas curvas audiométricas están disminuyendo y justamente ellos pertenecen a una misma área, esto podría darnos indicios de una futura enfermedad ocupacional”, explica.
Anota que tanto el higienista industrial como el médico ocupacional deben estar en constante coordinación, porque los resultados de ambos deben concordar. Por ejemplo, señala que no puede ocurrir que el ingeniero determine que los agentes ambientales como el polvo, el ruido, el plomo o el cadmio se encuentren dentro de los parámetros normales según su medición, y por otro lado el médico ocupacional a la hora de hacer su examen encuentre discrepancias de estos resultados respecto a la salud de los trabajadores.
Maticorena Agramonte explica que para tener una conclusión exacta, el examen médico ocupacional debe realizarse contemplando tres partes: anamnesis, exploración física y pruebas complementarias o auxiliares. Además, anota que debe evaluarse si los indicios de enfermedades que encuentra el médico ocupacional son epidemiológicos, pues no es lo mismo que de mil trabajadores solo dos o tres atraviesen un proceso pulmonar, a que sean 30 o 40 de una misma área.
Respecto a la anamnesis (conversación con el paciente), se pueden recabar distintos datos de mucha utilidad como la edad y la procedencia del trabajador, pues no será lo mismo una radiografía de tórax o la frecuencia cardiaca de una persona de la costa que las de una de la sierra.
Además, señala que estos exámenes deben realizarse antes de iniciar la relación laboral, periódicamente mientras dure esta y al término de la relación, así como cuando se cambia de puesto de trabajo, se reincorpora nuevamente a las labores tras un período de alta médica o por contratos temporales o de corta duración.
Incluye medición de la audición, visión, exámenes pulmonares, osteomusculares, pruebas de función cardiaca, espirometría, electrocardiogramas, exámenes de orina, exploración de la columna vertebral, entre otras.
Anota que es importante también discriminar entre lo que puede ser un deterioro causado por las condiciones de trabajo a otro generado por cuestiones etarias. La presbiacusia, por ejemplo, es una enfermedad que se presenta con el paso de los años y consiste en la pérdida progresiva de la audición.
Afirma que se debe tener mucho cuidado en ciertos casos. Por ejemplo, si un trabajador labora en la empresa desde los 40 años y acusa lumbalgias teniendo 65 años, habrá que determinar si son producidas por la edad o por las condiciones laborales, así como si son los factores ergonómicos los que están originando que aumenten.
“La columna también se ve afectada de todas formas con el paso de la edad, así esta persona no trabaje y lleve una vida sedentaria. Incluso, es muy probable que el 80 % de personas presenten lumbalgia por el simple hecho de ir acumulando años”, asevera.
CONFLICTO ENTRE EMPRESARIO Y TRABAJADOR
El especialista en salud ocupacional afirma que las enfermedades ocupacionales no se presentan de un día para otro, sino que se diagnostican ocho o diez años después de que el trabajador empezó a presentar los primeros síntomas. Por eso, anota que es importante que el empresario realice exámenes de retiro a sus trabajadores.
Manifiesta que, por lo general, las empresas realizan exámenes ocupacionales con una periodicidad indeterminada (anuales, bianuales, trianuales y hasta más) y pocas se preocupan de hacer exámenes de retiro a su trabajadores cuando estos son cesados.
Sin embargo, advierte que cuando el extrabajador entabla una demanda a la empresa por una enfermedad ocupacional, es el empresario quien tiene mucho que perder, pues la ley exige la realización de estas, aunque también son muchas veces los trabajadores quienes no acuden al examen, por lo que la empresa está en la obligación de notificarlo.
“Las enfermedades ocupacionales son en su mayoría irreversibles, por lo que lo mejor que se puede hacer es detenerlas a tiempo”, sostiene.
BENEFICIOS DEL EXAMEN OCUPACIONAL
Además de evaluar la salud del trabajador, sus capacidades y limitaciones relacionadas a las tareas propias de su puesto de trabajo y detectar indicios para prevenir una enfermedad ocupacional, el especialista señala que estos exámenes sirven para desarrollar programas preventivos al interior de la organización.
Añade que permite identificar a trabajadores que podrían generar ausentismo, quienes pueden ingresar en un momento muy productivo, pero presentan un factor de riesgo que a futuro conllevará a que falten a sus labores.
“Si en la historia ocupacional encuentro que una persona es muy sedentaria, fuma, en toda la semana no practica ningún deporte y, peor aún, ni siquiera hace actividad física, entonces esa persona a futuro se pueda enfermar. El sedentarismo tiene mucho que ver con el ausentismo laboral”, manifiesta.
EXIGE PAGO DE 800 SOLES POR EXPEDIENTE TÉCNICO: MUNICIPALIDAD DE MÓRROPE RESTRINGE PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN MILLONARIO PROCESO DE SELECCIÓN
Más dinero para la caja. La comuna distrital de Mórrope, a cargo del recurrente alcalde Nery Castillo Santamaria, ha convocado el Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 01-2019-MDM, con la finalidad de contratar al ejecutor de los trabajos de la obra; “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la I.E. N° 10168 San Pedro del Centro Poblado El Romero”, cuyo monto presupuestado asciende a 13 millones 800 mil soles.
Lo cuestionable de dicha contratación está referido al requisito impositivo establecido en las bases del proceso, debido a que se pide que las empresas que deciden participar en el proceso convocado cancelen previamente, para adquirir el expediente técnico de la obra, la exorbitante suma de 800 soles, condición que siendo restrictiva vulnera uno de los principios fundamentales que rigen las contrataciones del Estado.
De esta manera se estaría vulnerando el Principio de Libre Concurrencia, el cual entre otros aspectos establece la imposibilidad de requerir exigencias y formalidades costosas e innecesarias, refiriendo igualmente que se encuentran prohibidas la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores, como sería el caso del requerimiento establecido en las bases del proceso convocado por la comuna morropana.
Tranquilamente la comuna pudo haber considerado la forma de adquirir dicho expediente técnico mediante un medio digital (CD), cuyo costo de reproducción podría alcanzar el costo de 10 soles.
De acuerdo a la normatividad de las contrataciones del Estado, las bases del proceso han sido elaboradas por el Comité de Selección que para esta convocatoria está presidido por Carlos Javier Santa María Chapoñan y sus miembros James Ermenson Cubas Castillo y José Gilberto Chapoñan Acosta, y aprobadas por el actual alcalde Castillo Santamaría, quienes en forma conjunta decidieron incrementar el costo de la adquisición del expediente técnico, a pesar que en los dos (2) procesos convocados en el año 2018 por la gestión edil anterior para la ejecución de la misma obra consideraron obtener dicho cuerpo técnico del proceso constructivo mediante un medio digital, en este caso un CD, cuyo costo establecido en las bases de ambos procesos fue valorizado en 10 soles.
La gestión edilicia anterior convocó este proceso hasta en dos oportunidades. En un primer momento, el 27 de noviembre del 2018, decidió convocar mediante el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, el mismo que fue declarado “desierto” el 7 de diciembre.
El segundo procedimiento de selección fue publicado el 17 de diciembre del 2018, pretendiendo el Comité de Selección nombrado por la gestión anterior recepcionar, evaluar las ofertas de los postores y adjudicar la buena pro el último día del gobierno (31-03-2018), procedimientos que no fueron posibles de realizarse debido a la premura del tiempo y los vicios advertido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, quien puso en conocimiento de la entrante gestión municipal de Castillo Santamaría ciertas deficiencias y vicios de nulidad desde los actos preparatorios y las bases del proceso convocado a finales del año 2018.
Esto último dio pie a que la actual autoridad edilicia del ayuntamiento morropano decidiera declarar la nulidad de este segundo proceso mediante la Resolución del Alcaldía N° 026 – 2019 – MDM/A, del 19 de enero del 2019, para luego, el 23 de abril, previo a la subsanación de las observaciones planteadas por el OCI, convocar un tercer proceso incrementando el costo de la adquisición del expediente técnico sin sustento alguno, programando recepcionar las ofertas de los participantes, evaluar las mismas y adjudicar la buena pro para el 7 de mayo del presente año.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA: LA ESCUELA DE LOS LÍDERES RESILIENTES
Con poco presupuesto, la Institución Educativa Nº 10024 realiza un trabajo denodado para formar niños y jóvenes que sean líderes en la sociedad.
La Institución Educativa Nº 10024 – ‘Nuestra Señora de Fátima’ es uno de los colegios que ha innovado respecto al enfoque educativo que le brinda a sus estudiantes. Bajo el eslogan de ‘Fátima: escuela resiliente’, los profesores de esta institución intentan formar líderes que sepan afrontar asertivamente los problemas de su entorno, echando mano de las habilidades sociales y emocionales, según comenta su director, Carlos Yampufé Requejo.
La Asociación Americana de Psicología define a la resiliencia como “el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras”, concepto bajo el cual trabaja la plana docente de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima.
Yampufé Requejo comenta que cuando fue designado como director de la institución, en el 2015, realizó un diagnóstico sobre la situación de los estudiantes, el cual arrojó que muchos tenían dificultades académicas y socioemocionales motivadas por problemas en el seno de sus familias, dado que venían de hogares disfuncionales o con presencia de violencia.
En virtud de esto, surge la propuesta de ‘Fátima: escuela resiliente’, proyecto que promueve un plan de acción para que los estudiantes puedan manejarse de forma autónoma en el aspecto socioemocional para que afronten sus problemas y salgan adelante sin que esto vaya en detrimento de su rendimiento académico.
Para lograr esto aplican diversas estrategias como la conformación del equipo de líderes resilientes que involucra la capacitación de los docentes de la institución en habilidades sociales a fin de que lo repliquen con los estudiantes; la implementación del Centro de Atención y Soporte Emocional, en el cual trabajan en convenio con una universidad del departamento para prevenir casos de violencia y atender situaciones cotidianas; y la formación de brigadas antibullying y brigadas de autoprotección escolar.
Yampufé Requejo comenta que este enfoque también les ha permitido recibir a varios estudiantes extranjeros (Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil), a quienes se les acoge sin hacer reparos de su procedencia, sino más bien orientando los esfuerzos a sus necesidades educativas.
“Por lo general los padres de estos niños no tienen documentos que acrediten sus estudios en su país de origen, por lo que hemos optado por tomarles la evaluación conocida como prueba de ubicación para determinar a qué grado les corresponde ir según sus capacidades”, sostiene.
Por otro lado, Carlos Yampufé manifiesta que el presupuesto para mantenimiento que han recibido este año es de 11 mil 300 soles, monto que resulta “franciscano” para atender a toda la población estudiantil en los tres niveles que acogen.
Actualmente, la institución tiene a 154 niños en el nivel inicial (una sección de tres años, dos de cuatro años y dos de cinco años), 253 estudiantes en el nivel primario y 265 en el nivel secundario. A esta población estudiantil la atienden un total de 30 docentes: seis de inicial, diez en primaria y 14 en secundaria.
Señala que de este presupuesto se destina un 30 % para el mantenimiento del mobiliario, cifra que es insuficiente. Respecto a la Asociación de Padres de Familia – Apafa, manifiesta que los padres del colegio por lo general son de escasos recursos, pero aun así se las arreglan para mantener pintadas las aulas, ambientadas y con el material de limpieza que se necesita.
Revela que lo más urgente que necesitan por ahora es la colaboración de las instancias respectivas como la Gerencia Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Chiclayo, para la demolición de un ambiente de 550 metros que fue declarado como inhabitable tras las lluvias del Fenómeno El Niño Costero del 2017, el cual será reemplazo con la instalación de aulas prefabricadas por autorización del Ministerio de Educación.
Además, requieren de un espacio para realizar actividades deportivas como un coliseo, ya que actualmente buscan plataformas deportivas fuera del colegio para que los niños y jóvenes puedan practicar deportes.
Actualmente la institución cuenta con un laboratorio de ciencias y un aula de innovación pedagógica, aunque en esta aula la mayoría de computadoras son anticuadas para las exigencias educativas actuales.
Yampufé Requejo manifiesta que su gestión está promoviendo la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, por lo cual constantemente realizan jornadas de capacitación pedagógica que permitan fortalecer las capacidades de los docentes para la aplicación del enfoque de la evaluación formativa.
Afirma que este enfoque permite que la evaluación del estudiante sea más cualitativa que cuantitativa y que sea él mismo quien se dé cuenta a partir de la formación cuál es el nivel de aprendizaje en el que se encuentran.
“Nosotros no sabemos dónde se ubicarán nuestros estudiantes mañana como ciudadanos del mundo, pero queremos fomentar en ellos una educación con un nivel académico que les permita acceder a la educación superior, conseguir un trabajo y ser ciudadanos de bien”, sostiene.
Anota que en los casi 39 años de vida institucional, el colegio Fátima tiene el honor de que una de sus estudiantes actualmente trabaje en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio – NASA.
Añade que también es importante establecer algunas líneas formativas a los estudiantes respecto a la educación sexual, pues uno de los grandes problemas que tiene la sociedad es la violencia contra las mujeres y los feminicidios, por lo cual es necesario implementar en los colegios en enfoque de igualdad de género.
“Me parece que este tema se está tergiversando. En nuestra institución educativa tratamos de fomentar esta inquietud que hay en nuestros mismos estudiantes para educarlos de manera pertinente y adecuada. Creo que hay algunos colectivos que están llevando el enfoque de género por otra línea, distorsionando el trabajo formativo que debería darse en las escuelas y con el cual que personalmente estoy de acuerdo”, asevera.
Carlos Yampufé comenta que en el 2016 realizaron un trabajo para recuperar dos pequeños jardines que tienen en la institución educativa, los cuales constituyen la única zona verde del plantel, pero que con las lluvias del 2017 se perdieron, por lo cual trabajan en su recuperación.
Añade que también trabajan en el reciclaje, para lo cual se han instalado tachos de basura diferenciados en cada pabellón que permitan a los estudiantes segregar los residuos sólidos, previa orientación de los docentes.
AFRONTARÁN JUICIO EN LIBERTAD: FECOR NO CONSIGUIÓ EXTENDER PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA INVESTIGADOS POR CASO “HERMANDAD DEL NORTE”
La jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo rechazó el requerimiento de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, de prolongar por diez meses más el mandato de prisión preventiva contra 12 integrantes de la presunta organización criminal “La hermandad del norte”, entre ellos el empresario Samuel Roncal Miñano. En julio del año pasado uno de los investigados, Alexander Siesquén Sampén, murió recluido bajo mandato preventivo y semanas después el Tribunal Constitucional se pronunció afirmando que se había cometido un exceso en su contra.
A inicios de abril la FECOR recurrió al despacho de la jueza Mary Núñez Cortijo para solicitar que la prisión preventiva inicialmente dada por 18 meses y luego prolongada por un año más se extienda por 180 días contra los investigados del caso “La hermandad del norte”, bajo la figura de adecuación a los plazos del decreto legislativo que regula los casos de criminalidad organizada.
Una de las imputaciones más severas contra los investigados es el asesinato del exauditor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Luis Cieza Herrera, sucedido el 23 de diciembre del 2015, supuestamente por orden de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
Además de la muerte de Cieza Herrera, la organización presuntamente liderada por los hermanos Sánchez Coronel, es señalada de haber cometido otros delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión y robo agravado.
El operativo de captura contra los supuestos integrantes se ejecutó la madrugada del 3 de noviembre del 2016 en una intervención simultánea de la que logró escapar Carlos Roncal Miñano, capturado recién en mayo del año pasado.
La magistrada programó la audiencia para evaluar el requerimiento de la fiscalía para el viernes 26 de abril y ese mismo día se pronunció, desestimando el pedido de la FECOR, decisión que según el Ministerio Público será apelada.
Empero, la prisión preventiva contra los investigados vence este jueves, por lo que se estima que estos afrontarían el control de acusación y el eventual juicio oral en libertad.
CASO SIESQUÉN SAMPÉN
El 28 de julio del año pasado falleció en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo Alexander Siesquén Sampén, sobre quien la juez Núñez Cortijo ordenó el mandato de prisión preventiva al acoger el requerimiento de FECOR Lambayeque, que lo señaló como integrante de la presunta organización “La hermandad del norte”.
Siesquén Sampén atravesó hasta el último de sus días una crítica situación de salud. Era diabético, tenía insuficiencia renal avanzada, había perdido la capacidad de movilizarse por cuenta propia y también la visión. Retiradamente pidió a la jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo que varíe la prisión preventiva en su contra por un mandato de arresto domiciliario. Sin embargo, sus solicitudes no fueron atendidas por la magistrada ni el órgano superior competente.
De acuerdo a la tesis del fiscal a cargo del caso, Germán Montero Ugaz, Alexander Siesquén había coordinado con los sicarios y los autores intelectuales del asesinato del exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera. En vida, el investigado se negó a señalar lo que el representante del Ministerio Público argumenta: que los responsables intelectuales del crimen son los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
Dos días antes de su muerte el Tribunal Constitucional admitió un recurso de agravio a favor de Siesquén Sampén declarado nulas las resoluciones del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria y de la Primera Sala Penal de Apelaciones con las que se rechazó la variación de la prisión preventiva. Sin embargo, la sentencia llegó un mes después.
“Tanto la resolución que denegó la solicitud de variación de la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario presentada por el recurrente, como aquella que la confirmó, resultan violatorias del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que deben declararse nulas”, concluyó el TC, aunque de manera tardía.
La reciente decisión de la jueza Mary Núñez restituye la libertad de los investigados Samuel Roncal Miñano, los hermanos Hernán y Rodil Sánchez Coronel, Heráclides Arenas Delgado, Jhon Díaz Ponce, Silvia Francia Sánchez, Óscar Sánchez Idrogo, Fulgencio Rivera Meza, Wilmer Zegarra Bonilla, Danilo Santisteban Chávez, y Ángel y Hebert Mosquera Pérez.
Casi en paralelo al requerimiento de ampliación de la prisión preventiva, la FECOR presentó el requerimiento acusatorio contra los investigados. Así, por ejemplo, contra Samuel Roncal, recluido en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I, ha pedido la imposición de cadena perpetua por ser uno de los supuestos responsables de la muerte de Luis Cieza Herrera.
CONTROL DE ACUSACIÓN SERÁ EL 23 DE MAYO: TRES EXPOLICÍAS PODRÍAN IR A JUICIO POR PRESUNTO ABUSO DE AUTORIDAD
El próximo 23 de mayo, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, decidirá si los ex agentes de la Policía Nacional del Perú Edilberto Chancafe Vargas, Edgar Camus Huaripata y José Antonio Hoyos Cubas van a juicio oral por los presuntos delitos contra la libertad en su figura de allanamiento ilegal de domicilio y contra la administración pública en su figura de abuso de autoridad. En el caso también se involucra a un conocido empresario gastronómico.
El 31 de diciembre del año pasado la fiscal Adela Harumi Odiaga Shimotakehara, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, presentó ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el requerimiento acusatorio contra Chancafe Vargas, Camus Huaripata y Hoyos Cubas, así como contra el empresario Juan Carlos Dongo Ávalo, a quien sindica como presunto responsable del delito contra la administración pública en su figura de denuncia calumniosa en agravio del Estado – Poder Judicial.
Los tres suboficiales fueron separados de la institución tras ser sometidos a un proceso disciplinario ante la Inspectoría de la Policía Nacional, pues se les responsabiliza de haber ejecutado una intervención irregular.
Los hechos se remontan al 23 de enero del 2016 cuando Dongo Ávalo se apersonó a la Comisaría PNP del Norte a fin de denunciar que el día anterior se dio con la sorpresa que enseres propios de su restaurante (sillas y mesas plásticas, freidoras, congeladoras, conservadoras, licuadoras, hornos a gas, etc.), ubicado en la Avenida Elvira García y García N° 680, Urbanización Los Parques, habrían sido sustraídos. Tal afirmación fue ratificada días después ante el representante del Ministerio Público.
Formulada la denuncia, el 25 de enero, Hoyos Cubas tomó conocimiento que los objetos presuntamente hurtados se encontraban en un inmueble ubicado en la Mz. C, Lote 1, Avenida Túpac Amaru II, sector Chosica del Norte, del distrito de La Victoria. Hoyos Cubas, junto a los agentes Camus Huaripata y Chancafe Vargas laboraban en la comisaría de dicha jurisdicción.
Según estos, procedieron a dar cuenta al comisario de La Victoria, comandante Raúl Tapia Aranda, y a la fiscal provincial de turno en el distrito, Adela Odiaga Shimotakehara.
Los policías supuestamente recibieron como respuesta de parte de la fiscal que se comuniquen con personal de la Comisaría del Norte, donde Dongo Ávalo había formulado la denuncia, y que se coordine con la fiscalía penal de turno de Chiclayo para proceder a la intervención. Refieren que la fiscal respondió además que no acudiría a la diligencia de intervención del inmueble por no ser de su competencia, aunque Odiaga Shimotakehara ha negado tales expresiones.
INDAGACIONES EN INSPECTORÍA
Al responder a las indagaciones realizadas por Inspectoría, Tapia Aranda señaló que no participó ni dispuso algún tipo de operativo, pero que sí recuerda que le dieron cuenta de haber realizado una intervención policial, disponiendo que se ponga de conocimiento a la autoridad fiscal, “conforme a lo establecido”.
Lo indicado por Tapia Aranda fue refutado por el suboficial Edilberto Chancafe, quien en su declaración ante la Inspectoría Regional Lambayeque refirió que fue comisionado por el comisario para acompañar a sus compañeros Edgar Camus y José Hoyos a una diligencia de verificación de especies “que habían sido hurtadas en jurisdicción de la Comisaría del Norte en agravio del señor Dongo Ávalo”.
Volviendo a los hechos del 25 de enero del 2016, ante la negativa de la fiscal Odiaga Shimotakehara los agentes dieron cuenta a la fiscalía de turno de Chiclayo, recibiendo la orden telefónica de trasladar los bienes hasta la Comisaría del Norte dada por el fiscal Edwin César Gálvez Vásquez de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, quien ordenó que los bienes sean trasladados a la Comisaría del Norte.
El fiscal, al constatar que Dongo Ávalo seguía casado con Aurora Díaz Ramírez, dispuso que los bienes sean repartidos de manera equitativa entre ambos para su custodia.
DESTITUCIÓN Y DENUNCIA
Lo extraño sucedería después, debido a que los agentes policiales fueron denunciados ante la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú por supuestamente haber esposado al vigilante del inmueble en el que se encontrados los enseres, identificado como José Natividad Coronel Sagástegui, lo cual se constituiría en abuso de autoridad.
Empero, el alférez Manuel Jiménez Villalta, quien el día de la intervención se encontraba realizando labores de patrullaje y se constituyó al lugar de los hechos no ha descrito tal acción contra el vigilante al rendir su manifiesto ante Inspectoría. Es más, tampoco fue llamado por la fiscalía para ofrecer su testimonio.
Jiménez Villalta declaró que llegó al lugar por indicación telefónica del comandante Romel Díaz Paz.
“… Opté por constituirme por el lugar para verificar qué estaba ocurriendo, acto que efectué a bordo de un patrullero de la Comisaría de La Victoria. En el lugar pude verificar que había personal policial de La Victoria que se encontraba interviniendo dicho local, yo estuve en el lugar por un lapso de 15 a 20 minutos aproximadamente y en ese transcurso de tiempo un colega de un patrullero, que no recuerdo quién fue, me pasa al comandante Raúl Tapia Aranda, el mismo que me indicó vía celular, que no haga nada, que él se iba a constituir a dicho lugar…”, declaró a la Inspectoría.
En las fotografías y videos de la intervención no se aprecia Coronel Sagástegui engrilletado.
Pese a ello, la fiscal Odiaga Shimotakehara, quien inicialmente se rehúso a intervenir en la diligencia, ha formulado la acusación contra los ex agentes de la policía.
El 14 de mayo del año pasado, con Resolución N° 328-2018, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina Policial confirmó la Resolución N° 19141-2016 de la Inspectoría de Lambayeque, emitida el 27 de diciembre del 2016, sancionando con el pase a situación de retiro de Chancafe Vargas, Camus Huaritapa y Hoyos Cubas, por comisión de falta grave.

References: Artículo 2
 Artículo 172
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