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Timestamp: 2019-12-15 04:32:30+00:00

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C-060 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020002991CC-SENTENCIAC060200830/01/2008CC-SENTENCIA_C_060__2008_30/01/2008200029912008Sentencia C-060/08 DERECHO DE LAS VICTIMAS DENTRO DEL PROCESO PENAL -Reparación integral y restablecimiento del derecho Los derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal, y no se agotan en la mera reparación económica del los perjuicios irrogados con la conducta punible, pues además de la reparación que debe ser integral, se agregan la posibilidad de conocer la verdad a cerca de los sucedido y que se haga justicia, sancionando conforme la ley a quien o quienes hayan cometido el delito. CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE- Medida eficaz para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral La cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE- Solicitud de la Fiscalía ante certeza de su carácter apócrifo de registros La Fiscalía debe solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquellos. PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO- Aplicación/ PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO- Constitucionalidad condicionada/ CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE- Puede ordenarse en contexto diferente al de la sentencia condenatoria En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión "En la sentencia", bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. Cuando dicha cancelación deba ordenarse en contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre al alcanzarse el convencimiento más allá de toda duda razonable sobre el carácter fraudulento de dichos títulos. Referencia: expediente D-6774 Demandante: Luis Enrique Giraldo Durán
NILSON PINILLA PINILLAD6774CONSTITUCIONALIDADLuis Enrique Giraldo DuránDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).Identificadores20020002992true13123Versión original20002992Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión "En la sentencia", bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. Cuando dicha cancelación deba ordenarse en contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre al alcanzarse el convencimiento más allá de toda duda razonable sobre el carácter fraudulento de dichos títulos.
Este ciudadano adhiere a la solicitud de declarar la inconstitucionalidad del segmento normativo acusado, con sustento en el análisis del concepto de víctima dentro del bloque de constitucionalidad, en la doctrina local e internacional y en la jurisprudencia de la Corte Constitu cional, de la cual resalta especialmente la doctrina contenida en la sentencia C-228 de 2002.
"ARTICULO 61. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo."
"ARTICULO 66.En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos."
Al analizar medidas semejantes a ésta y teniendo en cuenta los alcances de la protección constitucional "a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles" (art. 58), la Corte ha resaltado[9], tal como ahora reitera, la importancia de que los correctivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos arrogados contrariando el orden jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva, de modo que se evite la continuación y/o la consumación de situaciones irregulares, así como la de los perjuicios que ellas injustamente causan.
Inexequible la expresión ... (inciso 2 ) Artículo 101 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible condicionado Artículo 101 LEY_906_2004_31/08/2004
En concepto de este magistrado sólo es inexequible la expresión "condenatoria" tal como se acogió en la parte resolutiva de esta sentencia. A este respecto, debo aclarar que el artículo 101 de la Ley 906 de 2004 se refiere a dos fenómenos distintos: uno, a la suspensión de los títulos o del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, que es una medida precautelativa, y otro, a la cancelación de los títulos y registros respectivos, cuando se pone punto final al proceso mediante una sentencia. Así las cosas, la inexequibilidad de la totalidad de la expresión demandada "en la sentencia condenatoria", le hubiera quitado la posibilidad de cancelación de los títulos al juez de conocimiento al momento de la sentencia. Sobre este tema, es de observar que lo normal es que el proceso penal termine con una sentencia y en ese momento procesal es cuando el juez debe decidir sobre los títulos de que trata la norma demandada, independientemente de si la sentencia es absolutoria o condenatoria.
De conformidad con lo anterior, considero necesario insistir en que la cancelación de títulos fraudulentos en la sentencia no es inconstitucional, y que lo único inconstitucional es la expresión "condenatoria". Así mismo, considero conveniente aclarar que la norma demandada parte del supuesto de que hay un delito unido a un título, de modo que la suerte final del título no se puede resolver sin que se solucionen los temas penales de manera definitiva. A este respecto, debo afirmar que la garantía de los derechos es para todos los sujetos procesales y tiene que ver con la igualdad de derechos de la persona imputada. Por esta razón, considero que en este caso no se trata sólo de la afectación de los derechos del que denuncia, sino también del denunciado. En este sentido, me permito afirmar que no se puede tener en cuenta sólo los derechos de las víctimas, olvidando los derechos del imputado. Por tanto, insisto en que la cancelación de títulos debe diferirse a una decisión final, independientemente de su sentido, tal y como lo prevé la norma demandada.
Debo reiterar por tanto, que comparto la bondad de la formula de fallo adoptada en esta sentencia, en cuanto se declara la inconstitucionalidad de la expresión "condenatoria", pues también en la sentencia absolutoria debería proceder la cancelación de los títulos fraudulentos, como quiera que el denunciado puede asistirle razón. Así mismo, me permito insistir en la bondad de la norma demandada, en cuanto permite la suspensión de la disposición de los bienes, como medida cautelar. En esta hipótesis, se valora cómo puede verse afectado el tercero.
Finalmente, para el suscrito magistrado es claro que en la presente demanda no se arguyó que no se pudiera hacer la cancelación de títulos en la sentencia, sino que sólo se pudiera hacer cuando se profiriera sentencia condenatoria, pues se deben considerar otras hipótesis, como el fallo absolutorio y otras formas de terminación del proceso, sin entrar al punto de la preclusión. Por tanto, debo reiterar aquí que lo que reguló el legislador mediante la norma demandada tiene pleno sentido jurídico y se encuentra ajustado a la Constitución, salvo la expresión "condenatoria", por cuanto esta norma busca evitar que se siga transfiriendo una propiedad viciada y afectar derechos de terceros buena fé, de manera que lo inconstitucional es haber dejado por fuera otro tipo de providencias.
[1]Decreto 050 de 1987, Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000.
[2]Se refiere a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 3 de 1987 (M. P. Jairo Duque Pérez), que declaró la exequibilidad del artículo 53 del Decreto 050 de 1987 y a la sentencia C-245 de 1993 de la Corte Constitucional (M. P. Fabio Morón Díaz), que bajo similares razonamientos declaró la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991.
[3]Arts. 61 del Decreto 2700 de 1991 y 66 de la Ley 600 de 2000.
[4]Ver nota 2 de pie de página.
[6] El interés por el tema en el entorno internacional se ve reflejado, por ejemplo, en la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 40/34 de noviembre 29 de 1985, sobre "Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder".
[7]Cfr. sentencia C-1149 de 2001 (M. P. Jaime Araújo Rentería) en la que se declaró la inexequibilidad parcial de varias normas de la Ley 522 de 1999 relativas al papel de la parte civil dentro de la justicia penal militar.

References: artículo 101
 artículo 101
 Artículo 101
 Artículo 101
 artículo 101
 artículo 53
 artículo 61
 Resolución