Source: http://www.slideshare.net/jesusmontoy/informe-la-rochela
Timestamp: 2016-02-09 18:57:51+00:00

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Jesús Londoño, Working
at Unidad de Gestión Tecnológica U de A
La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia Gonzalo Sánchez G. Coordinador del Grupo de Memoria Histórica Iván Orozco Abad Relator de la investigación sobre la masacre de La Rochela Gina Cabarcas Maciá Laura Porras Santanilla Óscar Acevedo Arango Guido Bonilla Pardo Mauricio Barón Villa Equipo de investigación Diana Marcela Gil Asistente administrativa Jesús David Huertas Linares Pasante de la investigación Miembros del Grupo de Memoria Histórica Investigadores: Álvaro Camacho, Andrés Suárez, Cesar Caballero, Fernán González S.J., Iván Orozco, Jesús Abad Colorado, León Valencia, María Emma Wills, María Victoria Uribe, Martha Nubia Bello, Nubia Herrera, Patricia Linares Pilar Gaitán, Pilar Riaño, Rodrigo Uprimny, Tatiana Rincón. Asistente de Coordinación: Laura Corral B. Impacto Públicoy divulgación: Natalia Rey C., Andrés Elasmar. Gestora de proyectos: Paula Ila. Coordinadora Administrativa: Ana Lyda Campo. 3
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Angelino Garzón Vicepresidente de la República Comisionados Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente de la CNRR, Delegado del Vicepresidente de la República; Ana Teresa Bernal Montañés, Comisionada Sociedad Civil; Patricia Buriticá Céspedes, Comisionada Sociedad Civil; Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Sociedad Civil; Monseñor Nel Beltrán Santamaría, Comisionado Sociedad Civil; Oscar Rojas Rentería, Comisionado Sociedad Civil; Patricia Perdomo González, Comisionada Representante de las Víctimas; Regulo Madero Fernández, Comisionado Representante delas Víctimas; Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia; Juan Carlos Echeverry Garzón, Ministerio deHacienda; Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo; Patricia Luna González, Delegada de la Defensoría del Pueblo; Mario González Vargas, Delegado de la Procuraduría General de la Nación; Diego Andrés Molano Aponte, Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Equipo Directivo Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente; Catalina Martínez Guzmán,Directora Ejecutiva; Carlos Humberto Cardona Botero, Coordinador Planea-ción; Fernando Ramírez Ochoa, Coordinador Administrativo y Financiero;Martha Lucía Martínez Escobar, Coordinadora de Comunicaciones y Prensa; María Cristina Hurtado Sáenz, Coordinadora Género y Poblaciones Especí- ficas; María Angélica Bueno Cipagauta, Coordinadora del Área de Recon- ciliación; Olga Alexandra Rebolledo Álvarez, Coordinadora Reparación y Atención a Víctimas; Gonzalo Sánchez Gómez, Coordinador del Grupo de Memoria Histórica; Álvaro Villarraga Sarmiento, Coordinador del Área de DDR; José Celestino Hernández Rueda, Coordinador del Área Jurídica;Gerardo Vega Medina, Coordinador Sede Antioquia; Mónica Mejía Zuluaga, Coordinadora Sede Atlántico; Arturo Zea Solano, Coordinador Sede Bolívar; María Díaz Galvis, Coordinadora Sede Centro; Ingrid Cadena Obando, Coordinadora Sede Nariño; Zuleny Duarte Fajardo, Coordinadora Sede Putumayo; Ana Maryury Giraldo Palomeque, Coordinadora Sede Chocó; David Augusto Peña Pinzón, Coordinador Sede Nororiente; Eduardo Porras Mendoza, Coordinador Sede Sucre; Antonio María Calvo Silva,Coordinador Sede Cesar; Jorge Vásquez Pino, Coordinador Sede Valle del Cauca; Luis Gonzalo Agudelo Hernández, Coordinador Sede Llanos Orientales.
La Rochela:Memorias de un crimen contra la justicia TAURUS PENSAMIENTO
© 2010, CNRR - Grupo de Memoria Histórica© 2010, Ediciones Semana© De esta edición:2010, Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.Calle 80 No. 9-69Teléfono: (571) 639 60 00Bogotá, Colombia• Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.Av. Leandro N. Alem 720 (1001), Buenos Aires• Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V.Avenida Universidad 767, Colonia del Valle,03100 México, D.F.• Santillana Ediciones Generales, S.L.Torrelaguna, 60. 28043, MadridISBN: 978-958-758-022-8Impreso en Colombia - Printed in ColombiaPrimera edición en Colombia, septiembre de 2010© Diseño de cubierta: Publicaciones SemanaEste es un documento público cuyo texto completo se podrá consultar enwww.memoriahistorica-cnrr.org.co y www.cnrr.org.coCréditos fotográficos:Portada: Jesús Villamizar, 1989Interior: Óscar Acevedo Arango, Grupo de Memoria Histórica; archivos particu-lares de los familiares de las víctimas; Jesús Abad Colorado, Grupo de MemoriaHistórica (Pág.227)Diseño mapas: Julio E. CortésCorrector: Hernán Darío CorreaLa totalidad de las regalías producto de la venta de este libro será donada por laFundación Semana y Editorial Taurus a un proyecto previamente concertado conlos familiares de las víctimas.Este informe es de carácter público.Puede ser reproducido, copiado, distribuidoy divulgado siempre y cuandono se altere su contenido y se cite la fuente.
AgradecimientosEsta investigación no hubiera sido posible sin la generosidad de lasvíctimas, de los sobrevivientes de la masacre, y de la comunidad judi-cial de San Gil. En particular MH quisiera reconocer la participaciónactiva en el proceso de investigación y en la construcción de la multi-media que acompaña el informe, de las viudas de tres de las víctimasdirectas: Paola Martínez, Luz Nelly Carvajal, Esperanza Uribe; y dela hija de una de las víctimas directas, Alejandra Beltrán Uribe. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional deReparación y Reconciliación (MH) agradece a las numerosas enti-dades estatales, internacionales y de la sociedad civil, así como alas personas que contribuyeron a la realización de este informe. También expresamos nuestro más sentido agradecimiento a laAgencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter-nacional, a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, ala Procuraduría General de la Nación, y a la Corporación OpciónLegal, por el apoyo económico y técnico para la realización y di-vulgación de este informe. Agradecemos igualmente a la Embajada de Suiza en Colombiay la Fundación Ford Chile, que han acompañado las múltiples ac-tividades del grupo de investigación desde sus inicios. Nuestro especial reconocimiento al Colectivo de abogados JoséAlvear Restrepo, por permitirnos acceder al expediente penal delcaso, a la Comisión Colombiana de Juristas por darnos acceso asu base de datos sobre victimización de operadores judiciales, asícomo al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) porfacilitarnos las cifras del conflicto armado utilizadas en este infor- 7
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciame. También, queremos agradecer al Centro Internacional para laJusticia Transicional (ICTJ), y al Centro por la Justicia y el DerechoInternacional (CEJIL), por su acompañamiento permanente y suscomentarios. A la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jue-ces Colombianos (FASOL) por la información que nos dieron sobrevictimización a funcionarios judiciales. Al Ministerio de RelacionesExteriores por sus aportes para las recomendaciones de políticaspúblicas. El equipo de investigación quiere hacer una mención muy es-pecial al Consejo Consultivo Internacional (CCI) de MH, y en parti-cular a Daniel Pécaut, Elizabeth Lira y a su Presidente Mô Bleeker,por la lectura y los aportes hechos a este informe en el marco delII Encuentro del CCI los días 3 y 4 de junio de 2010 en la ciudad deBogotá. Finalmente agradecemos a Publicaciones Semana y a la Funda-ción Semana, por contribuir a la publicación y divulgación de esteinforme; y a los demás socios de la III Semana por la Memoria porhacer posible la apertura de nuevos espacios de democratizaciónde la memoria histórica en Colombia. MH es el único responsable del contenido de este informe y ha-ce público reconocimiento del estricto cumplimiento que se le hadado a la autonomía académica y operativa conferida para el de-sarrollo de su mandato por la Plenaria de la Comisión Nacional deReparación y Reconciliación, encabezada por el entonces Vicepre-sidente de la República Dr. Francisco Santos Calderón y presididapor el Dr. Eduardo Pizarro Leongómez. MH quiere ser un espacio para el reconocimiento, la dignifica-ción y la palabra de las víctimas de la violencia en Colombia.
ContenidoPrólogo ......................................................................................... 13Introducción ............................................................................... 25i. Los hechos ................................................................................ 31 Escenario judicial en el que se desempeñaban las víctimas directas de la masacre ....................................... 34 Detrás de que iban los investigadores judiciales ..................... 42 Por qué los mataron ...................................................................57 Cómo los mataron..................................................................... 68 Cómo se recibió la noticia ........................................................ 76ii. Cómo se investigó el caso: la sombra de la masacre ..... 85 La primera Unidad Móvil de Investigación: un ejemplo para la administración de justicia. ................... 85 Las obstrucciones por inactividad ............................................. 93 Las obstrucciones por ocultamiento directo .............................. 100 Otras obstrucciones .................................................................107 Cambio de radicación, primera y segunda instancia: Pasto es lejos ..........................................................................114 Seis años de vacío en Cali ....................................................... 126 Quince años en la Fiscalía: el proceso vuelve a instrucción .. 129 «El tiempo que pasa es la verdad que desaparece…» ...............135 ¿Cómo se ha dilatado el proceso? ..............................................140 Falta de pruebas técnicas - excesos del testimonio ......................145 Justicia penal militar ............................................................. 154 9
Estrategia de la defensa: confunde y reinarás ..........................157 Amenazas ...............................................................................159iii. Reflexiones jurídicas sobre la responsabilidad penal en el caso ............................. 167 Muchas jurisdicciones: un solo caso .......................................169 ¿Cómo se construyó la responsabilidad penal? .....................175iv. El trabajo del duelo y las luchas por la justicia ...... 197 El duelo anticipado ................................................................ 200 El camino del duelo: el encuentro con los cuerpos ............. 207 San Gil: la naciente comunidad de dolor ..............................215 Momentos en la transformación del duelo............................ 222 Las tareas de la dignidad: la búsqueda de la justicia............ 233 La disposición y distribución de las y los familiares de las víctimas ............................................. 233 Relación de los sobrevivientes y sus familiares con los procesos judiciales .....................................................237 Relación de los familiares de las víctimas directas con los procesos judiciales ....................................... 239 La justicia como empleador: una forma de reparación informal .........................................................247 La alianza con la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ................................ 250 El proceso de conciliación con el Estado, el Proceso y el Fallo de la Corte IDH ..................................... 253v. El modelo paramilitar en el Magdalena Medio ............ 259 Puerto Boyacá desde 1982 hasta 1985: entre la subversión y el modelo paramilitar ....................... 264 Auge y contracción de las farc y el eln en el Magdalena Medio ................................................... 267 La presencia militar en el Magdalena Medio: del distanciamiento a la coalición regional contrainsurgente ............................................................. 272 Nacimiento de las autodefensas de Puerto Boyacá: En busca de un pueblo libre de subversión ......................... 277
Los obstáculos a la justicia y «la justicia de los paramilitares»....285 Las Autodefensas de Puerto Boyacá desde 1985 hasta 1992 ......................................................... 290 El desgano de las Fuerzas Armadas para combatir a los paramilitares del Magdalena Medio: la indiferencia militar ante el rechazo presidencial al paramilitarismo ........293 Las Autodefensas de Puerto Boyacá hacen causa común con el narcotráfico........................................296 La violencia narco-para-militar como máquina de producción de olvido ..............................307vi. La victimización de funcionarios judiciales en Colombia 1979-2009 .................................309 Conflicto armado y violencia contra funcionarios de la rama judicial ..............................311 ¿Cómo atacan a la Justicia? ............................................... 315 Las diferenciaciones por género de la violencia en la Rama Judicial ........................................................ 324 ¿Se ataca a la justicia de manera selectiva o indiscriminada? .......................................................... 327 ¿Dónde se ataca a los funcionarios judiciales? .........................331 Variaciones espacio temporales en los patrones de violencia contra funcionarios judiciales asociadas al conflicto armado ............................................. 335 La violencia contra La Rama Judicial: Caja de resonancia para el caso La Rochela ......................... 350vii. Conclusiones y Recomendaciones .................................. 353Bibliografía ............................................................................... 362 11
Prólogo Gonzalo Sánchez G Director Grupo de Memoria HistóricaE l 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Si-macota, corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron ase-sinados doce de quince miembros de una comisión judicial que in-vestigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en losmunicipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presun-tamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agen-tes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fuecondenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la CorteInteramericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pero al igual queel caso de la masacre de Trujillo, y tantos otros, se trata de un procesoinconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios serelacionan en la memoria histórica que se propone en este Informe.El papel y los dilemas del ejercicio de la justicia en uncontexto de conflicto armado La masacre de La Rochela es una expresión palmaria de losriesgos y de los impactos que la confrontación armada desencade-na en todo el aparato judicial. En el escenario bélico la justicia esrecurso de poder y por lo tanto se convierte en blanco de acción pu-nitiva o al menos objeto de disputa. En últimas, a la instauraciónde todo poder o contrapoder corresponde la instauración de unanueva forma de administración de justicia, como elemento centraldel control social, del poder político y del dominio territorial pre-tendido por los múltiples bandos enfrentados. 13
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia La cooptación de sus funcionarios, la eliminación de sus agen-tes o la sustitución de sus funciones son amenazas padecidas una yotra vez por la administración de justicia en contextos de conflic-to abierto. En Colombia las cifras de las tres últimas décadas soninquietantes: Entre enero de 1979 y diciembre de 2009, el Grupode Memoria Histórica ha podido documentar hechos de violenciacontra 1.487 funcionarios judiciales, lo que equivale a decir queaproximadamente cada semana es atacado por parte de los actoresvinculados al conflicto armado, un funcionario encargado de im-partir Justicia y aplicar la ley. Las argumentaciones esgrimidas por los verdugos, y sus lógicasde acción contra el aparato judicial, son desde luego diferencia-das, pero convergentes: La guerrilla aduce, como fundamento desus ataques u hostigamientos, la ilegitimidad social de la justiciaestatal; los paramilitares apelan a la «justicia por mano propia» ar-guyendo la ineficiencia del aparato judicial, pero motivados sobretodo por el afán de encubrir sus fechorías; y los narcotraficantesdespliegan un amplio repertorio de acciones: sobornan, infiltrany silencian sin necesidad de invocar pretexto alguno. Por ello, en un escenario de conflicto como el que persiste enColombia, en el cual todos los actores enfrentados pretenden pri-vatizar el ejercicio de múltiples funciones estatales, el sistema judi-cial enfrenta simultáneamente poderes que subvierten al Estado(insurgencia), o lo defienden criminalmente (paramilitares), o des-vían sus obligaciones constitucionales y legales desde el interior delas instituciones. La masacre de La Rochela condensa pues los múltiples rostrosde la ilegalidad actuando contra la misión de los jueces en el mar-co del conflicto armado contemporáneo. Se trata de una arreme-tida que ha podido llevarse a cabo en forma silenciosa o casi im-perceptible para la opinión pública, dados los peculiares modoscomo los actores armados llevan a cabo la amenaza, el secuestro,el desplazamiento, el exilio o el homicidio individual, pues en po-cas ocasiones el crimen ha dejado ver sus propósitos en relacióncon este campo institucional. Dentro de los pocos eventos de ata-que colectivo al mismo, está precisamente el caso de La Rochelaen el año 89, antecedida por la toma y retoma sangrienta del Pa-lacio de Justicia en 1985, y seguida más recientemente por la ma- 14
Prólogosacre y desaparición el 9 de marzo de 2000 de siete funcionariosjudiciales en el departamento del Cesar. En todo caso, en las tresúltimas décadas, ha habido una cadena continua e ininterrumpi-da de atentados a los investigadores judiciales, a los periodistas yen general a todos los gestores de verdad y memoria. Esa cadenade intimidaciones se extiende a los núcleos familiares de los afec-tados, los cuales aún en medio de la zozobra siguen reivindicandoel control de su testimonio, su verdad y su memoria. No se trata deintimidaciones abstractas, sino de amenazas directas al ejercicio ya las tareas de esclarecimiento que le incumben a sus respectivasprofesiones. Valga el siguiente ejemplo de notificación letal: «(…) lamentamos mucho la situación que usted y su familia han vi- vido pero el pasado hay que dejarlo atrás, pensar mas (sic) en los que están y no en los que se fueron, en diferentes oportunidades se les a (sic) solicitado y ustedes han hecho caso omiso, con lo cual personas de nuestra organización o allegados a ella se han visto perjudicados por lo tanto nos vemos obligados a declararlos objetivo militar, entreguen las banderas con lo cual se evitaran (sic) muchos inconvenientes».1 De otro lado, a la justicia se la cuestiona pero también se le exige,a veces más de lo que ella sola puede dar. Frente a la arbitrariedadque encarna cualquier tipo de violencia, aquella cataliza las expec-tativas y demandas de los afectados en relación con el Estado, y estohace que no sólo las víctimas sino la sociedad en general esperenque actúe, esclarezca y castigue aún en medio del conflicto. Pudie-ra decirse que en tiempos de tranquilidad la justicia es garante deorden, y discurre por los canales institucionales establecidos sin di-ficultad; pero en tiempos de convulsión, por el contrario, aumentanlas expectativas y exigencias sobre ella, y se la invoca en sus funcio-nes sucesivas o alternativas de órgano sancionatorio, de árbitro, o defuerza restauradora del orden quebrantado y del derecho violado. Sin embargo, de modo paradójico, al igual que crecen las exi-gencias, también aumenta el escepticismo sobre el rol de la justicia.1 Fragmento de texto de amenaza contra los familiares de las víctimas de La Roche-la por parte de las «Águilas Negras». Publicado en http://www.colectivodeaboga-dos.org/Amenazan-a-familiares-de-victimas 15
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciaLa corrupción de algunos funcionarios; las presiones a las que seven sometidos sus administradores; los impactos de las múltiplesformas de coerción sobre sus actuaciones, son algunos de los fac-tores suficientemente conocidos en la construcción de esta percep-ción negativa, que en la literatura universal narró de manera em-blemática Franz Kafka en su célebre novela El Proceso. A pesar deello, para entender las fallas de la justicia colombiana es necesarioestar atentos a otros aspectos que pueden resultar determinantes,en especial los mecanismos de producción de la impunidad queacompañan la violencia, y que son en sí mismos otra estrategia deacción de los actores armados en disputa.El proyecto paramilitar en expansión y la justicia comoobstáculo a sus designios La violencia cotidiana y poco ruidosa de la Colombia profundasuele quedar marginada del relato institucional o académico. Eneste estudio se pretende, entre otras cosas, revertir esa situación. Enefecto, la masacre de La Rochela, anclada en la dinámica regionalde violencia, evidencia una serie de crímenes registrados de formarecurrente a lo largo de la década de los ochenta en el MagdalenaMedio: la desaparición forzada y los homicidios de centenares desus habitantes; la tortura sobre los líderes comunitarios; los despla-zamientos forzados no masivos, a cuenta gotas, pero sostenidos; lasamenazas sobre los campesinos, y el despojo de sus tierras. El enca-denamiento demostrable entre los múltiples casos que estudiaba laComisión judicial atacada devela precisamente las lógicas, mecanis-mos y nudos profundos de la violencia imperante: el entronque delos paramilitares y los narcotraficantes, que no era novedad; perotambién, y quizá lo más grave, la construcción de un orden paraes-tatal, con el amparo de agentes del Estado, lo que ya era por lodemás inocultable. Era esta, desde luego, la madeja criminal que sepretendía esconder con el crimen o secuencia de crímenes perpe-trados contra la Comisión de Investigación judicial. El Magdalena Medio en ese entonces, como se recordará, eratal vez el más claro escenario de materialización de la lucha y lastensiones entre el avance simultáneo de dos modelos de conten- 16
Prólogoción del conflicto: el autoritario y contrainsurgente, punta de lan-za o piloto del modelo paramilitar que se extendió luego a muchasotras regiones del país; y el democratizador institucional que ha-bría de conducir al acuerdo político plasmado en la ConstituciónNacional de 1991; una tensión que en muchos aspectos aún noha sido plenamente resuelta en el país, y en medio de la cual se leoponen al ejercicio de la justicia con arreglo a los marcos doctri-narios o normativos y con importante e inquietante legitimidadsocial, las simples vías de hecho, la ley del más fuerte y las retalia-ciones sangrientas. Desde la década del 80 hay una visible insubordinación de cier-tos poderes regionales frente al poder central, una alianza más omenos explícita de elites políticas y económicas, paramilitares, yagentes armados del Estado, que impusieron su visión del ordena punta de violencia, y proclamaron su inconformidad con todaperspectiva negociada del conflicto. Esta alianza se configuró conun significativo apoyo ciudadano, que invocaba como bandera lanecesidad de contrarrestar el creciente y despótico esquema deimplantación territorial y de justicia privada de las Fuerzas Arma-das Revolucionarias de Colombia, Farc, en la región. Adicionalmente, la gran alianza antisubversiva se vio protegiday favorecida por la delegación de poder contemplada en disposicio-nes legales, como la ley 48 de 1968, en la cual en aras de la defensanacional se concedía a grupos privados la misión de restaurar «lanormalidad» del orden central. La Comisión de Estudios sobre laViolencia, en su informe de 1987, Colombia: Violencia y Democracia,denunció los riesgos que esa norma representaba como estímuloa la formación de escuadrones de la muerte y recomendaba al go-bierno nacional su abolición. La autonomía conferida a las brigadas militares para el trata-miento de la región como zona de «orden público», podría versetambién como una extensión de esa línea delegativa de funcio-nes del centro a la periferia. Sobra decir que toda transferenciade poderes de ese orden se realizaba en desmedro no sólo de lainstitucionalidad judicial, sino en general de la institucionalidadcivil, puesto que abría paso al manejo puramente castrense de losconflictos. En este contexto de configuración de un orden militar,que en el caso del Magdalena Media oscilaba entre lo legal y lo 17
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciailegal, ocurrió la Masacre de la Comisión de Investigación de LaRochela, que representa la forma límite de la cadena de violacio-nes sobre los pobladores de la región y sobre el aparato judicial. Los actores armados, institucionales y no institucionales, impo-nen en sus zonas de dominio condiciones que incluyen control y vi-gilancia a la residencia y la circulación de personas; a reuniones ymanifestaciones públicas; restricciones horarias; requisiciones a lacompra y consumo de los alimentos, como condiciones extremasque en un escenario de criminalidad rampante obstruyen tanto elacceso como el funcionamiento mismo del aparato judicial. La masacre de La Rochela fue interpretada por muchos comoun campanazo de alerta desoído sobre la amenaza que represen-taba el emergente poder criminal del paramilitarismo para la ins-titucionalidad y para la sociedad. Pese a ello, desde entonces, enmuchos sectores sociales se generó una actitud de complacenciacon los paramilitares que prosperaba en aras de lo que se esti-maba como una «lucha eficaz contra la insurgencia» que agobia-ba por igual a terratenientes, campesinos y sectores medios. Laconsigna de Puerto Boyacá, «capital antisubversiva de Colombia»,destacada a la entrada a la población, era representativa de la con-notación heroica que se dio en muchas regiones del país a lo quede hecho era un ejercicio que, más allá de su propósito contrain-surgente, criminalizó y eliminó liderazgos y movimientos sociales,se ensañó contra activistas de derechos humanos, cooptó funcio-nes y funcionarios del Estado, y creó redes que operaban comoverdaderas «asociaciones para delinquir». A la luz de todos estos antecedentes, La Rochela como masacrey como caso judicial, habla más que de sí misma, de estructuras yde modelos criminales, de responsabilidades estatales en el origeny desarrollo del fenómeno del paramilitarismo, y de impunidadjudicial y social.La impunidad como estrategia o como programa Un contexto como el que acaba de caracterizarse produce unefecto paralizante en todo el aparato judicial y en la justicia comoinstancia de resolución de los conflictos. La impunidad aparece 18
Prólogoallí no tanto como un problema de ineficacia sino como una re-sultante de la estrategia o del programa criminal. La construccióndel modelo paramilitar colombiano, particularmente respecto deotros actores armados, y dada la naturaleza de sus vínculos inclusocon aparatos del Estado, contempla como una parte sustantiva desu acción el ocultamiento de la autoría de muchos de sus críme-nes, utilizando, entre otros mecanismos, el convertir lo sucedidoen invisible. Por ello se cometen acciones como las desaparicionesforzosas; incineración o lanzamiento de cadáveres a los ríos; la fal-sa atribución a los enemigos de hechos criminales propios, o lacesión de supuestos «éxitos militares» a sus aliados. Este últimomecanismo forma parte de la estrategia de impunidad que de ma-nera complementaria a la Masacre fue desplegada por la alianzaparamilitar y del narcotráfico con agentes del Estado: la construc-ción de una escena criminal que responsabilizara a la guerrilla,con ardides como la utilización de uniformes, consignas y grafitisde la organización subversiva. Era un artilugio que tenía comopropósito desviar las investigaciones en curso, volcando el odiopúblico hacia la insurgencia. La captura y confesión del coordina-dor general de la Masacre, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero,alias «Vladimir», terminó por desenmascarar en su totalidad talesartimañas. La cadena de impunidad se rompió desde el campomismo del actor criminal. Los renovados intentos de los diferentes actores criminales delMagdalena Medio por garantizar la impunidad de los innumera-bles hechos delictivos cometidos a lo largo de la década del ochen-ta, se hicieron manifiestos también en toda la etapa posterior deinvestigación del homicidio múltiple de los operadores judiciales.En la ruta jurídica de la Masacre, reconstruida en estas páginas, serastrean elementos comunes a muchos otros eventos de violencia,ya indicados por el Grupo de Memoria Histórica en estudios pre-cedentes, y de los cuales ha sido responsable la alianza criminal denarcotraficantes y paramilitares. Entre los eventos que dan cuenta de la unidad de acción entreel hecho violento y la impunidad fabricada, se pueden enumerarlos siguientes: Dejar desprotegidos a los investigadores y obstruirla recolección de evidencias para el esclarecimiento de los hechos;ocultar y encubrir criminales; incumplir órdenes judiciales de cap- 19
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciatura; amenazar, perseguir y asesinar testigos, demandantes y ope-radores judiciales; infiltrar instituciones. A todo ello se suman losproblemas estructurales del sistema de administración de la RamaJudicial, que no sólo atentan contra la expectativa ciudadana depronta justicia, sino que la mayoría de las veces favorecen al perpe-trador: las estrategias de dilación de los procesos y los vencimientosde términos; las tensiones abiertas o encubiertas en torno a la tipi-ficación de los delitos; el estudio incompleto de los delitos perpe-trados en torno a un mismo designio; las obstrucciones al accesode víctimas y demandantes a los procesos, para enumerar solo losmás corrientes. Al cabo de veinte años, el caso de la masacre de La Rochelaes un proceso judicialmente inconcluso: En efecto, los enormesavances que en materia investigativa caracterizaron la fase inicial,se diluyeron progresivamente, y asuntos sustantivos como las au-torías intelectuales del crimen son todavía materias pendientes deresolución judicial. Lo que en un principio se evidenció como una masacre contrael Estado y su institucionalidad judicial, ante la comprobada parti-cipación de miembros de la Fuerza Pública en el andamiaje crimi-nal, resultó ser, además, una Masacre del Estado contra el Estado.Víctimas y victimarios en este caso son parte del Estado. Ante talevidencia la iniciativa estatal en la investigación y sanción del cri-men, que fue notable en los primeros momentos, comenzó luegoa desvanecerse, y a la larga el Estado ha terminado por desenten-derse de los intereses de las víctimas. Es por ello que las demandasde verdad, justicia y reparación pasaron a ser agenciadas por Ongscomo CEJIL y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quehan acompañado el empeño de las víctimas por remover la inerciadel Estado en el plano interno, y hacerlo responsable en el planointernacional. En desarrollo de la demanda ante la Corte Interamericana deDerechos Humanos, ésta, luego de evaluar las pruebas presenta-das, condenó al Estado colombiano en el caso de La masacre deLa Rochela por acción y omisión en los «hechos perpetrados porlos paramilitares con la aquiescencia, colaboración y apoyo demiembros de la fuerza pública». 20
PrólogoCírculo del Duelo y la Justicia En los episodios asociados a La masacre de La Rochela se pue-den establecer, cuatro sujetos-momentos diferenciados del duelo.2En primer lugar el de los difuntos, de los cuales los familiaresy amigos reconstruyen no sólo los últimos días, precedentes a lamisión judicial, sino la experiencia traumática de una muerte so-ñada por unos, presentida por otros y evitada por unos pocos.Impacta profundamente constatar hoy cómo la mitad de los muer-tos de La Rochela haya experimentado alguna forma de asocia-ción onírica previa con su muerte; no obstante, desafiaron todasesas premoniciones respondiendo a un altísimo sentido del deber.No en vano tras la masacre viene todo ese trabajo de evocación yexaltación de las vidas de los muertos como hijos(as), esposos(as),funcionarios(as) ejemplares y comprometidos(as). Los segundos sujetos-momento son las víctimas sobrevivientes,que por un golpe del azar lograron escapar vivas de la escena delcrimen. Son a la vez los testigos del horror presenciado-vivido,posteriormente los testigos de cargo en el proceso judicial, y final-mente las víctimas continuadas de las presiones institucionales ycriminales en la lucha contra impunidad. Los terceros sujetos-momento del duelo son los parientes de lasvíctimas directas, los cuales tendrían sus primeras grandes frus-traciones al tropezar con todas las trabas para lograr la recupe-ración y el encuentro de los cuerpos de sus seres queridos, conmiras a realizar las honras fúnebres y tener el último encuentrode intimidad con los que se iban, ahora de manera ritual. Es esteel momento del homenaje, el llanto, la pena por la pérdida, la bús-queda de explicaciones; es el momento de la expresión personalde los sentimientos, y de la canalización de las emociones a travésde gestos, de silencios o del lenguaje. En estos relatos uno no sabea menudo que es más conmovedor, si la muerte de los muertos, ola pena de los vivos. En cuarto lugar, está el sujeto colectivo Comisión/Rama Judi-cial. Es el momento del reclamo a las otras instituciones y a la2 Sobre el tema es inspirador el texto de Louis Vincent Thomas, 1988: 11-43 21
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciasociedad por el desamparo al que está sometida la justicia, esafunción esencial del orden social y la tranquilidad ciudadana. Delduelo psicológico se pasa al duelo social; y del duelo como tal sepasa luego a ese tremendo sentimiento de soledad de la justiciafrente a la sociedad, y de abandono, cuando no de hostilidad delEstado hacia sus propios servidores. Soledad de la justicia de caraa la gran alianza criminal; soledad de la justicia en el duelo por loscaídos; soledad de la justicia en la búsqueda de la verdad; soledadde la justicia asediada y amenazada en la persona de los sobrevi-vientes. «El Estado ha atacado al Estado», dice uno de los familia-res de las víctimas, con inocultable dejo de desolación. Aquí hay más de una tensión: La necesidad vital de los fami-liares de tener esa relación directa con los cuerpos de los suyos seconvierte en forcejeo con los miembros de la institución judicial,y sobre todo con las altas autoridades civiles y militares. Mientraslos primeros quieren mostrar a las víctimas como suyas sometién-dolas a lo que en alguna época y para otro contexto se llamó «unaalambrada de garantías», otros funcionarios más preocupadospor las reacciones públicas a la masacre, se apoderan de la litur-gia funeraria y despliegan mecanismos de filtro de la informaciónque circulaba sobre la responsabilidad de agentes estatales en lamasacre. Unos y otros con diferentes intencionalidades despojana los dolientes de los cuerpos de los suyos. Poderes superiores losconfiscan. Pero, de otra parte, pese a estos usos de la memoria de sus seresqueridos, la inmersión en esta dinámica colectiva genera en lossobrevivientes procesos de identificación convertidos en proyectosde vida, asociados a la lucha por la pertenencia al poder judicial.La llamada aquí «itinerante comunidad de dolor», pues se tratabade funcionarios que habían llegado de diferentes regiones del paísa la zona, compensa su desarraigo territorial con una muy fuerteidentidad institucional, una especie de hermandad profesional. Aquí la justicia, en un primer sentido del duelo, llora a los su-yos; pero simultáneamente, en un segundo sentido o cadena desentidos del duelo, la justicia se enfrenta con coraje y dignidadal asedio de los criminales, cuando no a la incomprensión, alabandono e incluso a la estigmatización de los poderes mismosdel Estado. 22
Prólogo La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia participa delreclamo cada día más fuerte de Justicia para la Justicia;3 un reclamoque excede la demanda de aplicación de justicia a quienes comolos investigadores de La Rochela han engrosado la lista de vícti-mas del conflicto armado. Justicia para la justicia es también unreclamo o una exigencia de las garantías que debe proveer el Es-tado con la supervisión de la sociedad entera, para el desempeñoindependiente, imparcial y seguro de todos los miembros de laRama Judicial. Porque, como decía un notable jurista,4 cuando losjueces tienen miedo, no es posible dormir tranquilo, pues nadietiene amparados sus derechos.3 La expresión evoca el título de un informe publicado por la Comisión Andina deJuristas-Seccional Colombia, hoy Comisión Colombiana de Juristas en 1992 y lapublicación que el Colectivo de Abogados hizo en el 2008 sobre la masacre de LaRochela.4 Eduardo Couture, 1978: 76 23
IntroducciónLa masacre de La Rochela (1989) es de alguna manera el rever-so de la masacre del Palacio de Justicia (1985): Si en esta últimase quiso ejercer violencia contra la cúpula del poder judicial, enaquella, en cambio, se asesinó a sus funcionarios de base, y de esemodo se reabrió cinco años después la herida profunda y traumá-tica que dejó en las relaciones entre los poderes públicos el dramadantesco del Palacio de Justicia en Bogotá. Se trata, sin duda, deuna herida latente que parece no haber sanado del todo, como lomuestran en el presente los conflictos frecuentes entre órganospolíticos y órganos judiciales. Ventilar la verdad de lo sucedido yrescatar del olvido la memoria de este vergonzoso episodio de lavida nacional debe contribuir a la reconciliación del Estado consi-go mismo como Estado de Derecho. A pesar de su enorme importancia en el plano local como cen-tro de articulación y preservación de los valores comunitarios, lajusticia había sido hasta hace poco tiempo, por lo menos en laperspectiva del proceso de construcción del Estado-Nación, «la ce-nicienta de los poderes públicos»1. La llamada «historia patria»,ese ejercicio flexible y cambiante de historia al servicio de la me-moria identitaria nacional que ha ocupado largamente desde loscomienzos de nuestra historia republicana los textos escolares, pa-recía discurrir hasta hace poco tiempo a través de las actuaciones,pero sobre todo de las disputas entre las élites que representaban1 Correa Sutil, Jorge (1999) 25
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciaa los llamados órganos políticos del Estado, como son el Gobiernoy el Congreso. La vieja idea de que los jueces no eran los hace-dores sino apenas los aplicadores de la ley contribuyó sin duda aalimentar una visión desdeñosa de la rama judicial como técnica einstrumental. Apenas ahora, con la revolución global de los dere-chos humanos y del Estado de derecho, y con su fuerte improntaen el seno de la Constitución de 1991, cabe decir que los juecescolombianos, más allá del papel, se han convertido en verdaderosórganos de soberanía, en pie de igualdad con sus pares políticosen el andamiaje del Estado. En este nuevo escenario, la colabora-ción armónica entre los poderes públicos se ha vuelto más difícily compleja, pero más necesaria. Así las cosas, destapar, exponeral escrutinio y al debate público pero sobre todo reconocer res-ponsabilidades frente a los grandes crímenes perpetrados contrafuncionarios de la judicatura y contra la justicia misma, resultafundamental. La reconstrucción de la memoria histórica de la masacre deLa Rochela, constituye además un ejercicio de reparación simbó-lica para las víctimas sobrevivientes y para los familiares de lasvíctimas fatales del crimen. La Corte Interamericana de DerechosHumanos, luego de condenar al Estado colombiano por los he-chos acá denunciados, envió un oficio al Gobierno solicitando quecomo parte de la reparación a las víctimas, el caso fuera estudiadopor parte del grupo de memoria histórica de la Comisión Nacio-nal de Reparación y Reconciliación (CNRR). Para asumir tal tarea,es decir, para tratar de reparar a los vivos, en la medida en queello es posible, debemos empezar por recordar a cada una de laspersonas de carne y hueso que fueron asesinadas, así como a quie-nes por un azar que desafía toda lógica, sobrevivieron al horrory lo contaron. Y recordar con ello que las víctimas directas de lamasacre de La Rochela eran, además de individuos y miembros defamilia, funcionarios del poder judicial que por servir a la justiciafueron inmolados, en circunstancias en las cuales el Estado tienegrave responsabilidad por acción y por omisión. Esa es la base dela ambivalencia profunda frente a la justicia y frente al Estado queacaso con tinta indeleble escribieron los asesinos en el corazón deaquellos que quedaron con vida para buscar justicia, ambivalenciaque debe ser reconocida y respetada; porque desde una experien- 26
Introduccióncia tan traumática y canibalezca como la suya, no tiene por quéser fácil saber si el Estado y hasta la justicia misma pertenecen alcampo de los victimarios o al campo de las víctimas. El informe que aquí presentamos está dividido en dos partes:La primera, compuesta por cuatro capítulos, está dedicada al estu-dio del caso; la segunda, integrada por los dos capítulos restantes,al estudio de su contexto, regional y estadístico. Los tres primeroscapítulos, escritos sobre todo en el lenguaje más bien objetivo dela historia crítica y del derecho, se ocupan de la reconstrucciónde los hechos de la masacre, de la ruta judicial y de la valoraciónjurídica del caso, tanto a la luz de las normas vigentes en la épocacomo de las normas vigentes hoy en día. El cuarto capítulo, porsu parte, relata, en clave subjetiva de memoria, la experiencia delas familias de las víctimas con los procesos judiciales en los cualesse vieron envueltas durante los últimos veinte años, así como suexperiencia de duelo y de lucha por la justicia. En lo que atañe ala segunda parte, el quinto capítulo reconstruye el proceso histó-rico de instauración, consolidación y descomposición del primergran modelo paramilitar del Magdalena Medio, mientras que elsexto presenta la información arrojada por la base de datos que seelaboró como caja de resonancia de un fenómeno más grande deviolencia contra funcionarios judiciales, para acompañar el casode La Rochela. Entre los muchos asuntos que aborda el informe cabe destacar,a manera de ejemplos y sin que ello lleve implícita su valoraciónprivilegiada en relación con otros temas objeto de estudio, los si-guientes: en el capítulo primero, dedicado como está a la deter-minación de quiénes, cómo, cuándo, dónde, motivados por quéy en qué circunstancias precisas mataron a otros, llama podero-samente la atención la documentación y las reflexiones aportadasen torno a la naturaleza de la alianza criminal que perpetró elcrimen, y al plan común por ella desarrollado y ejecutado. El ca-pítulo también reconstruye en detalle la actuación de la comisiónjudicial sacrificada, de manera que recuerda a las víctimas comoinsaciables trabajadores de la justicia. El capítulo segundo, por su parte, se ocupa de establecer cuálesfueron las mayores dificultades, pero sobre todo los obstáculos in-tencionales y no intencionales que enfrentó el proceso penal a tra- 27
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciavés de sus distintas etapas. A su vez, el capítulo reseña los esfuerzosy las medidas adoptados por las distintas autoridades administra-tivas, judiciales y de control que lucharon, tanto en el plano nacio-nal como en el regional y en el local, por sacar el proceso adelante.Tanto o más importantes que las grandes decisiones adoptadasen el nivel central, fueron las pequeñas hazañas realizadas porquienes en el terreno debieron poner en marcha la investigación.En medio del clima de terror regional alimentado por la presen-cia de una alianza omnipresente, ubicua y fantasmal que ocupabapor igual espacios legales e ilegales y que extendía sus redes hastabatallones y brigadas, los funcionarios judiciales debieron apelar atoda suerte de imaginativos trucos para lograr recaudar pruebas ycapturar importantes autores materiales e intelectuales. En lo que atañe al tercer capítulo, allí se trata sobre todo de verhasta dónde los funcionarios judiciales estuvieron en capacidadde capturar, con las categorías jurídicas disponibles en distintasépocas lo que hoy denominamos un crimen de sistema, vale decir,un asesinato múltiple perpetrado por una alianza criminal queincluía organizaciones jerárquicas y redes y que actuaba de mane-ra planificada y según una clara división del trabajo. La decisiónsobre la práctica de ciertas pruebas, la construcción misma de loshechos del caso, e incluso la escogencia de ciertos tipos penales ymodelos de imputación, dan cuenta de la preocupación que tu-vieron y siguen teniendo los jueces y fiscales aún estando sujetosa los límites del derecho penal aplicable en diferentes momentoshistóricos, frente a las precariedades del sistema judicial y a las delcuerpo de investigación colombiano. En lo que respecta al cuarto capítulo, es terrible constatar, paraempezar, el carácter emblemático del caso en cuanto al abando-no estructural del que históricamente han sido objeto las vícti-mas sobrevivientes por parte del sistema penal liberal. Solamentea través de la lectura esporádica de los informes ocasionales de losgrandes semanarios y de los diarios, o de la llamada solidaria dealgún funcionario de la rama, se enteraban de vez en cuando losfamiliares de las víctimas directas de la masacre sobre el avancede los procesos. Fue necesario pasar de la justicia penal y discipli-naria a la de reparación, pero sobretodo, fue necesario que apare-cieran los acompañamientos litigiosos de las Ongs y las instancias 28
Introduccióninternacionales de derechos humanos, para que las víctimas de lamasacre de La Rochela se sintieran por lo menos en parte y porprimera vez, dignificadas y reconocidas. A diferencia de otras víctimas de grandes masacres, perpetra-das contra comunidades con un asiento territorial, las víctimas dela masacre de La Rochela son víctimas sin un arraigo espacial pro-fundo y compartido. Es por ello que la comunidad de dolor queles legó a los familiares de las víctimas directas la experiencia vivi-da, se presenta como una comunidad frágil, dispersa e itinerante,diferenciada por géneros, con una localización territorial vicariapero importante en San Gil, y con una suerte de punta de lanzaen Bogotá. Por último y en relación con la segunda parte del informe, dela cual dicho sea de paso, depende en buena medida el entendi-miento de su carácter emblemático, cabe, a manera de orientaciónbásica para el lector que se adentre en su lectura, observar lo si-guiente: El capítulo quinto sobre el primer modelo paramilitar del Mag-dalena Medio fue concebido no como una pieza independiente,sino como un ejercicio de contextualización del caso. Ello explicaen parte que en su elaboración se haya privilegiado el estudio delas tensiones entre el centro y la región. Al fin y al cabo la masacrede La Rochela fue la respuesta que dieron los guardianes y señoresde un orden social regional ilegal y violento, altamente naturaliza-do, a la vez demasiado cerca y demasiado lejos de Bogotá, ante unaintromisión judicial de autoridades centrales. El capítulo tambiénda cuenta de muchos otros asuntos cruciales para el entendimientode lo sucedido, como el funcionamiento de Asociación Campesinade Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), lasrutas de expansión y de consolidación del paramilitarismo, susescuelas de reproducción y multiplicación, sus relaciones con losjueces, con los movimientos sociales y políticos de Izquierda, y engeneral con la población civil, y con ello sus principales prácticasde guerra y delictivas. Al final del camino que recorre este informe, se presentan losdatos sobre violencia contra funcionarios judiciales. Edificada so-bre el registro de 1.487 víctimas individuales a lo largo de treintaaños, la base construida por Memoria Histórica, a pesar de sus li- 29
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciamitaciones, que incluyen la ausencia de información sobre el totalde funcionarios judiciales en cada año y durante todo el período,arroja algunos datos sólidos. Gracias a ella está claro que en Co-lombia han sido victimizados más investigadores que juzgadores; ylo que es igualmente importante, se sabe que guerrilleros y para-militares utilizan repertorios de violencia similares y en las mismasproporciones, que ejercen más violencia contra los operadores ru-rales de la rama de la justicia, que respecto de los urbanos, y quela ejercida durante las últimas tres décadas contra los operadoresjudiciales ha permanecido más bien oculta e invisible. En efecto, la historia del impacto del conflicto armado y de laviolencia organizada y desorganizada sobre la rama judicial, estodavía, en gran medida, una historia que está por ser contadaen el doble sentido de narrada y cuantificada. Muy poco se sabesobre los funcionarios victimizados, sobre las tareas que estabanrealizando y que ocasionaron la violencia contra ellos, sobre losmotivos de los perpetradores y las circunstancias del crimen, pueslos registros de prensa han sido insuficientes, y las bases de datosdisponibles son más bien fragmentarias y se mantienen en partebajo reserva. El presente informe es un esfuerzo que se esperasirva como aporte a esa historia. 30
i. Los hechosE l siguiente capítulo narra los hechos que sucedieron el 18 deenero de 1989 y sus antecedentes. Para el efecto, el capítulo se di-vide en cinco partes. En la primera, se recrea el escenario judicialen el que desempeñaban sus funciones las víctimas directas de lamasacre. En la segunda, se establece cuáles fueron las principalesinvestigaciones que la comisión judicial masacrada estaba adelan-tando en el Magdalena Medio, así como el ambiente de violenciaque se vivía en la zona. En la tercera, se intenta reconstruir el plancriminal que llevaría a cabo la alianza narco-para-militar que per-petró la masacre, a partir del análisis de las pruebas encontradasen el expediente penal. En la cuarta, se describe la ruta que lacomisión masacrada emprendió días antes de que sucedieran loshechos, así como la escena misma del crimen. Finalmente, en laquinta, se da cuenta de la manera como se recibió y narró la noti-cia a nivel regional y nacional. Para realizar la investigación, se utilizaron tres tipos de fuentesprimarias. La fuente principal fue la copia del expediente penalque consta de más de 30 cuadernos en donde se encuentran lasprincipales diligencias y providencias judiciales acompañadas decentenares de testimonios. Adicionalmente, se consultó la prensaregional y nacional más importante para la época. Se revisaronlos archivos físicos para los años de 1989 y 1990 del periódico Van-guardia Liberal, La Prensa, El Espectador y El Tiempo en la Biblio-teca Nacional y los archivos digitales de El Tiempo, El Espectadory la revista Semana para el periodo de 1990 a 2010. Finalmente seanalizaron más de 40 entrevistas realizadas por MH durante el cur- 31
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciaso de la investigación. Se entrevistaron a sobrevivientes, familiaresde las víctimas, posibles victimarios, funcionarios judiciales quetuvieron a cargo la investigación, así como compañeros de trabajode las víctimas directas, y funcionarios públicos de relevancia na-cional para la época. Mapa 1 32
i. Los hechos El 18 de enero de 1989, Clodoveo Duarte miraba por la ventanade un bus de Cootrasmagdalena, mientras regresaba de visitar a sufamilia en Bucaramanga. Nadie miró el reloj, pero debían ser cercade las 3:30 de la tarde, cuando se encontraron en el sitio «La Lagu-na,» sobre la carretera Panamericana, una escena que los aterró:eran dos jeeps rodeados de personas muertas. Los pasajeros, en me-dio del pánico, le rogaron al conductor que se devolviera, pero a sussesenta y ocho años Clodoveo se bajó del vehículo y se quedó soloen medio de la carretera y corrió sin vacilación el riesgo de acudir ala escena y cumplir con su deber. Como Inspector de Policía de LaRochela, sintió que debía asegurarse de que no hubiera heridos quepudiera aún ayudar, y cuando estuvo seguro de que no había ningu-no, decidió al menos meterse en los bolsillos toda la evidencia quele cupiera, con la esperanza de que en ese caso sí se hiciera justicia. La vereda La Rochela está ubicada en el bajo Simacota (San-tander), a 45 minutos de camino de Puerto Nuevo, un caserío ala orilla de la Troncal del Magdalena Medio. En 1989, La Rochelacontaba con una inspección de policía que recibía las denunciasde los delitos que ocurrían en la zona, siendo la única autoridadestatal que podía iniciar la difícil tarea de administrar justicia. Enocasiones, sin embargo, las denuncias eran enviadas al juzgadosituado en el alto Simacota, donde se ubica la cabecera municipal,que queda muy lejos de La Rochela, a por lo menos 215 Km porcarretera. Pero en eventos todavía más ocasionales, por ejemplo,cuando se creía que la justicia local no había avanzado lo suficien-te en la investigación de un hecho delictivo, las investigacioneseran enviadas a los juzgados de Instrucción Criminal de San Gil,población ubicada aproximadamente a 185 Km de La Rochela. Como se puede observar en el mapa, mientras el alto Simacotaestá situado sobre la cordillera oriental, el bajo Simacota está situadoen el valle del Magdalena Medio. A pesar de pertenecer a la mismadivisión político-administrativa se trata de subregiones muy diferen-tes. Mientras pintaba un mapa de Santander en una hoja de papel,Horacio Serpa, hoy Gobernador de Santander, lo describió así: «Santander, son dos Santanderes: La Rochela queda en el Santander del Magdalena Medio, su idiosincrasia es más costeña y este Santander, es el Santander andino y aquí es donde queda San Gil; entonces son dos regiones 33
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia que incluso hasta ahora empiezan hacerse compatibles, aquí (Santander An- dino) comen mute, cabrito, y pepitoria, y aquí (Santander del Magdalena Medio) comen sancocho de pescado. Aquí, escuchan pasillo y bambuco y allí vallenato. Aquí, la gente es más ceremoniosa y allí más descomplicada.» 1Escenario judicial en el que se desempeñabanlas víctimas directas de la masacre Cuatro de los doce muertos que Clodoveo apenas alcanzó a con-tar en medio de su propio miedo, eran funcionarios judiciales queprovenían de San Gil. Se trataba de Mariela Morales, Pablo Beltrán,Virgilio Hernández y Carlos Castillo, quienes pertenecían a los juz-gados ambulantes cuarto y dieciséis de Instrucción Criminal, y seencontraban en el Magdalena Medio cumpliendo una comisión. Estos funcionarios hacían parte de una comunidad judicial muyunida. Sus compañeros, que aún hoy pertenecen a la rama judicialle contaron a MH cómo recuerdan esos años. Pablo Amaya, entoncesescribiente de un juzgado de Instrucción Criminal, observó en talsentido: «todos trabajábamos en una casona, estaban todos los juz-gados de instrucción radicados y los ambulantes (…) eso era una fa-milia ahí, más que lo que es en la actualidad; en esa época había máscalor humano, más compañerismo.»1 Lucy Caballero, quien acababade entrar a la rama a finales de los ochenta, y quien le insistió a suscompañeros que se reunieran para recordar juntos, agregó: «En lafamilia de Instrucción Criminal yo era nueva, pero veía que todos loscompañeros jueces y secretarios eran muy amigos. (…) Para los San-gileños el orgullo era el Tribunal de San Gil, que muchas veces handicho que lo van a acabar, pero por historia no lo pueden acabar, pri-mero porque le da renombre a San Gil, y segundo… pues porque esque es de los orgullos que tenemos los Sangileños!»2 Incluso hoy, esaamplia tradición jurídica de San Gil se siente desde el momento en1 Entrevista a Pablo Amaya, por el Grupo de Memoria Histórica, en San Gil, Julio20092 Entrevista a Lucy Caballero, por el Grupo de Memoria Histórica, en San Gil, Julio2009. 34
i. Los hechosque se entra al Tribunal Superior. 3 En el mismo edificio se encuen-tran funcionarios de la fiscalía, de los juzgados y hasta del Tribunal.Todos se conocen y a la hora del almuerzo se toman un tinto en «LaPolita,» el café de la plaza central. Hasta hoy, el conflicto armado no se ha vivido directamente enterritorio Sangileño. Durante décadas, la mayoría de delitos come-tidos en la zona fueron ajenos al conflicto. Eso explica que en 1989fuera suficiente contar con dos juzgados de Instrucción Criminalradicados, aunque existieran en total 17 juzgados, de los cuales 15eran ambulantes. Estos últimos cumplían comisiones en el Magda-lena Medio, que aunque lejos, hacía parte de su área de competen-cia. Es por eso que la mayoría de anécdotas de los funcionarios deInstrucción Criminal de la época se sitúan en esa región. En ese entonces, cuentan los funcionarios judiciales, que cuandodebían cumplir comisiones salían el juez y su secretario con la má-quina de escribir portátil en una mano y el expediente en la otra.Belisario Poveda, funcionario de Instrucción Criminal de la época, yuno de los pocos que guarda todavía las fotos que tomaban mientrastrabajaban en campo, lo relató de la siguiente manera: «uno salíasin protección ni nada, salía el juez con su expediente, su maletín yla máquina portátil y se iba para el campo y permanecía todo el díahaciendo sus diligencias de reconstrucción.»4 Pero adelantar las dili-gencias no siempre era tarea fácil: «por ejemplo, a veces nos tocabasubirnos a un bus escalera, disimulando quién era juez o secretario,para que no nos conocieran, llevando el expediente en una caja decartón, haciéndole huecos a los lados para que eso asemejara queuno llevaba pollos y parecer campesino en las veredas.»5 Esta últimaanécdota nos la contó Ediberto Tibaduisa reconociendo que muchas3 Horacio Serpa, lo describe con las siguientes palabras: «(…) Es un pueblo muy particu-lar en términos de una cultura judicial antigua, un orgullo de judicatura. (…) Es de lospocos pueblos (donde) hay Tribunal, tienen una tradición judicial grande. (…) En SanGil ser Magistrados era una cosa! … ser Magistrado… lo viví yo hace un mes que fui avisitarlos, allá al Palacio de Justicia, el que entra allá es con una actitud reverente.» Entre-vista a Horacio Serpa Uribe por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá, Agosto 2009.4 Testimonio concedido por Belisario Poveda, a los investigadores de MH, en SanGil, Julio 2009. Funcionario de Instrucción Criminal de la época, es uno de lospocos que guarda las fotos que tomaban mientras trabajaban en campo.5 Entrevista a Edilberto Tibaduisa por el Grupo de Memoria Histórica en San Gil,Julio 2009. 35
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciaImagen 1. Fuente: Archivo fotográfico de Belisario Poveda.«En esa época, como no había los medios, un escritorio o una mesa portátil para en los camposcolocar la máquina, había que buscar una piedra o sentarse como en esa fotografía, me senté ycoloqué la máquina en las piernas y se adelantó la inspección, una especie de reconstrucción, ahírecibí unas declaraciones, se hizo la reconstrucción de esos hechos» Belisario Poveda, julio de 2009. 36
i. Los hechosveces él y sus compañeros sentían miedo cuando cumplían las comi-siones que les asignaban en el Magdalena Medio, aunque por esonunca dejaran de cumplir con su trabajo. Para finales de los ochenta existía en el Magdalena Medio pres-encia de guerrillas y de paramilitares. En particular, dos juzga-dos tenían a su cargo delicadas investigaciones penales contra lapoderosa organización paramilitar del Magdalena Medio. Se tra-taba de los juzgados cuarto y dieciséis de instrucción criminal,dirigidos respectivamente por Camilo Navarro y Mariela Morales. El juzgado dieciséis adelantaba en ese momento la investig-ación sobre 17 comerciantes que habían sido secuestrados, desa-parecidos, torturados, masacrados y tirados al río, así como el dedos personas más que habían ido en su búsqueda. Entre noviem-bre y diciembre de 1988, Camilo Navarro (juez) y Pablo Beltrán(su secretario y mano derecha), habían realizado comisiones encoordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal,para investigar los hechos en Barrancabermeja, La Dorada, Puer-to Boyacá y Medellín, logrando descifrar parte de la organizaciónparamilitar que operaba en el Magdalena Medio. De hecho, enConstancia del Despacho firmada en diciembre de 1988 se dice: «el juzgado confirmó la existencia de un grupo de sicarios que ha venido operando en territorio de esa jurisdicción y de Puerto Boyacá, am- parados y protegidos por los ganaderos: Arístides Clavijo, Jairo Correa, Virgilio Araujo, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, Gabriel Matiz, Francisco Barbosa quienes son los principales integrantes de la asociación de campesinos y ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM) siendo su centro de operaciones e1 almacén «Agrocentro La Primavera» de La Dorada (Caldas). (…) Se estableció también, que el grupo de sicarios es dirigido por Henry Pérez, y están dotados de armamento moderno, ra- dios de comunicación, varios vehículos sin placa con los que patrullan constantemente la región y toda persona que se encuentren y les parezca extraña la van desapareciendo.» 66 Juzgado 16 de Instrucción Criminal de San Gil. Constancia del despacho del 10de diciembre de 1988. Este documento fue encontrado en la copia del expedientedel caso de 19 comerciantes que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL) le mostró al Grupo de Memoria Histórica. 37
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciaImagen 2. Informe del Juzgado 16 de Instrucción Criminal, 1988. 38
i. Los hechos Por su parte, en el juzgado cuarto de Instrucción Criminal deSan Gil dirigido por Mariela Morales, quien había sido juez civilde San Gil, y acababa de ser nombrada en Instrucción Criminal, seestaba investigando varios homicidios ocurridos en el Bajo Sima-cota, en los cuales estaban supuestamente involucrados paramili-tares y miembros del ejército. El Secretario del juzgado, VirgilioHernández, fiel escudero de la doctora Mariela, la acompañaba enla investigación de los mencionados delitos aún cuando ya habíacumplido los requisitos para pensionarse. Los funcionarios eran plenamente conscientes del riesgo sinprecedentes que estaban corriendo. A diferencia de sus compañe-ros, ellos sí conocían la extensión criminal y la sevicia del grupo de«sicarios» que hoy conocemos como paramilitares del MagdalenaMedio. Tal vez por eso, algunos de sus colegas recordaron haber-les oído frases en las que de una u otra manera —sin contar de-talles de la investigación— expresaban miedo. Fernando Álvarez,por ejemplo, recuerda: «una vez entró una llamada preguntando por el doctor Camilo Nava- rro y le dije que no estaba, entonces que pasara Pablo, me quedé ahí al pie del teléfono y él decía que con menos de 10 escoltas no iba, porque iban para Puerto Boyacá, que con menos de 10 escoltas no iba y sólo había dos.» 7 El miedo que los jueces podían sentir por los riesgos de los casosparticulares que tenían a su cargo, se sumaba al miedo que en ge-neral estaban sintiendo los funcionarios judiciales a finales de losochenta en Colombia. Carlos Eduardo Mejía, ex director Nacionalde Instrucción Criminal, lo recuerda de la siguiente manera:7 Entrevista a Fernando Álvarez, por el Grupo de Memoria Histórica en San Gil, Ju-lio 2009. Por su parte, sobre la doctora Mariela, Martha Lucía Durán declaró: «Ladoctora Mariela me manifestó a mí que ellos no acudían al ejército porque parte desu investigación comprometía a miembros de dicho organismo y que además ellossabían que ellos estaban yendo allí, porque allí en el reten militar los habían iden-tificado.» Unidad Móvil de Investigación, Declaración de la doctora Martha LuciaDurán Serrano el día 2 de Febrero de 1989. Los documentos citados del expedientepenal corresponden a la copia del expediente que el Colectivo de Abogados JoséAlvear Restrepo le prestó al Grupo de Memoria Histórica. 39
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia «(…) ya era frecuente que desde los ochenta venían asediando a la justicia y a los jueces, los amenazaban. Para mí era común que llegaran sufragios y cosas, que llegaran a la casa o que le llegaran a los compañeros o que le hubieran quitado el carro a un compañero y lo hubieran echado por un voladero y le hubieran dejado una nota que eso era por meterse con tal cosa.»8 En ese clima de miedo nacional por la amenaza de funciona-rios judiciales, se decidió fortalecer el aparato investigativo de lajusticia, a través de la creación del Cuerpo Técnico de Policía Ju-dicial. Dicho aparato estaría a cargo de la Dirección Nacional deInstrucción Criminal. Por primera vez, jueces e investigadores es-tarían bajo el mando de una misma entidad que tenía como obje-tivo apoyar y tecnificar la función judicial. Carlos Mejía explicó lacreación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial así: «En el 87 hacen un cambio y entonces crean todo un Cuerpo Técnico de Policía Judicial, pasan la Policía Judicial de la Procuraduría a Ins- trucción y le crean a Instrucción una planta y regulan detalladamente todo eso. Fortalecen presupuestal y administrativamente a Instrucción Cri- minal (…) Entonces digamos que los Directores de Instrucción Criminal a lo que se dedicaron fundamentalmente fue a montar el aparato de investi- gación, a comprar equipos, comprar los carros para hacer los levantamien- tos, los kit de identificación y los de huellas dactilares y móviles para poder dar a los agentes, a distribuir los tipos de agentes y la planta de personal, a definir las escalas salariales, etc.» 9 El nuevo aparato investigativo requería capacitar un grupo am-plio de investigadores que pudieran realizar las nuevas labores téc-nicas demandadas por la administración de justicia. Para el efectoRicardo Téllez nos contó que se decidió crear una escuela: «se empezó a organizar gente que estudiara fotografía, dactiloscopia, a traer gente del DAS. Empezamos a hacer cursos. Todo era una locura (…)8 Entrevista a Carlos Eduardo Mejía por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá,Agosto 2009.9 Ibídem 40
i. Los hechos nosotros mismos dábamos las clases, hacíamos de todo; eso parecía una vaina increíble, conseguimos un colegio prestado, lo consiguió un tipo Armando Segovia, un hombre muy interesante, consiguió que le prestaran las instalaciones de un colegio por allá en la 140 en el norte de Bogotá, un colegio de un amigo de él. Se hizo convocatoria para investigadores de policía judicial y se les formó, se les enseñó de investigación criminal. Lo logramos haciendo locuras pero se organizó así el Cuerpo Técnico.» 10 Volvamos a la escena de los eventos. Esa tarde, sobre la carrete-ra Panamericana, Clodoveo Duarte también encontró los cuerpossin vida de ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judi-cial. La inmensa mayoría de ellos eran hombres muy jóvenes, queél pensó no sobrepasaban los 30 años de edad. Acababan de sercapacitados y de empezar a trabajar con el sueño de mejorar susingresos y así la calidad de vida de sus familias. Se trataba de Ar-nulfo Mejía Duarte, Yul Germán Monroy Ramírez, Luis OrlandoHernández Muñoz, Orlando Morales Cárdenas, Gabriel EnriqueVesga Fonseca, Benhur Iván Guasca Castro, Cesar Augusto Mora-les Cepeda y Samuel Vargas Páez. Éste último era el único que con-taba con 55 años de edad, y amplia experiencia como conductorde vehículos oficiales. Apenas llevaba seis meses trabajando paraInstrucción Criminal la mañana que salió de Bogotá manejandoel campero plateado que los conduciría hasta Barrancabermeja. 11 Los demás eran todos muy jóvenes. Yul Germán Monroy tenía27 años. Llevaba dos años sin empleo y precisamente el día quelo llamaron de la Policía Técnica Judicial (septiembre de 1988),también lo llamaron para trabajar en otras dos empresas comovendedor. Optó por aceptar el trabajo que le brindaba mejoresperspectivas económicas, pero solo alcanzó a salir a una comisión,que se convirtió en la última.12 Luis Orlando Hernández, por suparte, había sido trasladado a Instrucción Criminal hacía un añoy medio, luego de que eliminaran la Policía Judicial adscrita a la10 Entrevista a Ricardo Téllez por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá, Sep-tiembre 2009.11 El Tiempo. «A Yul Germán lo mató la necesidad.» 20 de enero de 1989.12 Ibidem 41
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciaProcuraduría, donde había trabajado por 3 años más. Tenía 29años y era bachiller. No era adepto a comentar cosas de las investi-gaciones porque su esposa se preocupaba mucho.13 Algo similar le sucedía a Cesar Augusto Morales de 26 años,quien a pesar de tener experiencia como escolta, tenía el presen-timiento de que lo iban a matar, por lo cual tres semanas antesde ser asesinado le pidió a su suegro que cuidara a su esposa y asus hijas.14 La tarde de la masacre hubo llanto entre sus amigosdel Ministerio de Justicia, donde había sido muy popular por subuen humor. Benhur Iván Guasca era todavía más joven. A sus 24años, había alcanzado apenas a graduarse como investigador de laPolicía Técnica Judicial pero no logró llegar a tener el diploma degrado en sus manos. En noviembre fue felicitado por la Direcciónde Instrucción Criminal por haber ayudado en la captura de dospeligrosos sicarios, pero poco tiempo después murió junto con va-rios de sus compañeros. «Solo murió. Sin más ni más. Su diplomade investigador aún reposa en un archivo de la Dirección de Ins-trucción Criminal.»15 Lo que no supo Clodoveo en ese momento, fue que milagrosa-mente tres de los miembros de la comisión judicial habían logradosobrevivir. Se trataba de Arturo Salgado Garzón, Wilson Humber-to Mantilla Castillo y Manuel Libardo Díaz Navas.Detrás de que iban los investigadores judiciales El 20 de diciembre de 1988, se creó mediante Resolución 955la Unidad Móvil para investigar múltiples homicidios y desapari-ciones que habían ocurrido en meses anteriores en los municipiosde Simacota, Cimitarra y Puerto Parra. En uno de los documentosrecuperados en la escena del crimen, se encuentra la lista precisade homicidios y desapariciones que los jueces iban a investigar.13 «No flaca, o Joto, me decía. No se afane.» El Tiempo. «A Yul Germán lo mató lanecesidad.» 20 de enero de 1989.14 El Tiempo. «Cesar Augusto veía venir la muerte». 20 de enero de 1989.15 El Tiempo. «Benhur Guasca nunca recibió su diploma.» 19 de enero de 1989. 42
i. Los hechosImagen 3. Lista de los procesos que iba a investigar la comisión judicial, 1989. Los jueces y sus respectivos secretarios ya se habían trasladadoa la cabecera municipal de Simacota en el mes de diciembre de1988, con el propósito de recoger los expedientes de los procesosque debían investigar. En comunicación enviada al Director Sec- 43
La Rochela: memorias de un crimen contra la justiciacional de Instrucción Criminal de la época, Gerardo Delgado, larecién nombrada Unidad le comentó que los procesos reclamadoscontaban únicamente con la denuncia, el levantamiento del cadá-ver, y en algunas ocasiones con el acta de necropsia. En ese sentido,la Unidad advirtió que las investigaciones que debían adelantareran aún incipientes, por lo cual requerían acudir a la zona pararecibir testimonios que permitieran aclarar los hechos. Añadió,que en la mayoría de homicidios y desapariciones estaban supues-tamente involucrados miembros del Ejército Nacional, quienes encompañía de «civiles y ex guerrilleros» retenían a los campesinos,los «masacraban, torturaban y quemaban con ácidos.» 16 Por estaúltima razón, la Unidad consideró importante sugerir que se con-formara adicionalmente una Comisión de la Procuraduría Gene-ral de la Nación, que investigara en forma simultánea la conductaatribuible a los militares. En dicha carta, también se informó que la Unidad iba a partirel 10 de enero de 1989 a la zona de ocurrencia de los hechos.El juez titular del juzgado 16 de Instrucción Criminal —CamiloNavarro—, no podía asistir a la Comisión porque desde noviem-bre de 1988 le habían otorgado vacaciones por 25 días contados apartir del 6 de enero de 198917. Como juez encargado, se nombró aPablo Beltrán, hasta ese momento secretario del juzgado. La Comisión que partió el 10 de enero desde San Gil, contó conla ayuda adicional de un grupo excepcionalmente amplio de in-vestigadores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). Lo nor-mal en esa época, era que los jueces partieran sólo con sus secreta-rios a realizar las labores requeridas, pero en ésta oportunidad laimportancia de los hechos ameritó que los jueces y sus secretariospartieran desde San Gil con el apoyo adicional de 2 miembros delCTPJ, 5 más que habían sido nombrados y enviados desde Bogotá,y 3 que se sumaron en Barrancabermeja junto con un conductor. Algunos miembros del CTPJ que habían sido enviados desde Bo-gotá, acababan de llegar de otra Comisión. Aunque en el expedien-16 Unidad Móvil de Investigación. Oficio numero 231 expedido en San Gil el día 28de Diciembre de 1988.17 Tribunal Superior de San Gil. Resolución número 050 del 21 de noviembre de1988. 44
i. Los hechoste no aparece la resolución con base en la cual se les ordenó acudira San Gil para apoyar las diligencias, es posible que en el nacientey aún muy desorganizado Cuerpo Técnico los hubieran nombradoa última hora —inclusive saltándose las formalidades apropiadas—para cumplir con la fecha planeada por la Unidad Investigativa. Es importante resaltar que la conformación de Unidad Investi-gativa respondió a la preocupación que se vivía desde Bogotá porel creciente fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio. Diri-gentes comunales de la zona habían viajado hasta el centro paradenunciar ante el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría Ge-neral de la Nación, los abusos que estaba cometiendo el ejércitocon colaboración de grupos paramilitares. Algunos de ellos, deja-ron constancia escrita de sus denuncias. Por ejemplo, en una cartaenviada el día 15 de noviembre de 1988 por parte de dirigentescomunales a Fernando Brito Ruiz (viceministro de gobierno de laépoca) y a Horacio Serpa (Procurador General de la Nación), loslíderes hacen un recuento extensivo de los crímenes que se estabancometiendo en la región y concluyen: «rogamos tomar las medidaspertinentes a fin de que estos hechos no queden en la impunidadpues entendemos que si no se castigan a los responsables, se pue-den generar hechos tan lamentables como los que hoy llora el pue-blo antioqueño de Segovia.»18 Entre los hechos denunciados en lacarta, se resaltan los siguientes: «(…) septiembre 20 de 1986: por órdenes del capitán Zúñiga al man- do de la Comisión suscrita a la quinta brigada fueron asesinados cuatro campesinos. (…) Abril de 1988: fue asesinado José Arístides Granja y fue desaparecido Antón Álvarez por parte de grupos paramilitares. (…) Febre- ro 17: fue asesinado el campesino Severiano. Ese mismo día, el profesor de la escuela cuyo nombre responde a Isnardo Morales fue secuestrado y posteriormente fue encontrado asesinado con francas señales de tortura y quemaduras con ácido. (…) Últimamente fue asesinada Hermelinda Cas- tro quien había sido anteriormente amenazada por el teniente Oswaldo Prada comandante de la base militar de campo capote. (…) Todos estos hechos están amparados por los señores oficiales del ejército como el capitán18 Carta enviada por Efraín Pérez y Joaquín Pinto, dirigentes comunales de la región,al Procurador Nacional. 15 de Noviembre de 1988. 45
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia Zúñiga, el teniente Oswaldo Prada y otros quienes amparan y apoyan a los grupos paramilitares de la región.» 19 El Presidente de la República de ese entonces, Virgilio Barco,también se había enterado de los hechos sucedidos en el Mag-dalena Medio y estaba preocupado. Tanto así, que se comunicódirectamente con Gerardo Delgado Silva, Director Seccional deInstrucción Criminal en San Gil, a quien le solicitó adelantar lasinvestigaciones pertinentes.20 Delgado también había conversadocon el entonces Director Nacional de Instrucción Criminal, CarlosLozano,21 y con el Procurador Horacio Serpa, quienes habían ma-nifestado su preocupación por la situación en la zona.22 Tras la masacre de los miembros de la comisión se empezó amanejar la hipótesis sobre la relación que existía entre la muertede los funcionarios judiciales y la investigación de la masacre de19 comerciantes. Especialmente en prensa se dijo que la orden dematar a los funcionarios judiciales provenía de los autores de ladesaparición y asesinato de los comerciantes que querían mante-ner los hechos en la impunidad.23 Aunque el juzgado 16 de Instruc-19 Carta enviada por Efraín Pérez y Joaquín Pinto, dirigentes comunales de la región,al Procurador Nacional. 15 de Noviembre de 1988.20 Entrevista a Gerardo Delgado por el Grupo de Memoria Histórica en San Gil,Julio 2009.21 En efecto, Carlos Lozano en carta enviada el 12 de diciembre de 1988 le sugierea Gerardo Delgado «reunirse en Barrancabermeja con el juez o jueces que estánconociendo de los innumerables delitos que en tal documento se denuncian y de noestar esas investigaciones bien instruidas, hacerme una relación del estado de cadauna de ellas con el fin de conformar una unidad investigativa, dirigida por uno odos jueces de orden público que, con la colaboración de los jueces de instrucciónde la región, y buen número del cuerpo técnico, traten de desentrañar tanto terrorque reina en esas regiones.»22 En entrevista con Horacio Serpa, éste afirmó: «…también influyó el hecho de queLozano fuera el jefe de Instrucción Criminal. Ante la circunstancia de ver que esoscasos estaban quedando en la impunidad, él lo asumió (…) Ahora yo también tuveque haber metido la mano en eso, para que esos casos no quedaran en la impuni-dad.» Entrevista a Horacio Serpa por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá,Agosto 2009.23 «El patético caso de desaparición y muerte ocurrió hace casi tres años en el Mag-dalena Medio. Investigación estatal busca rescatarlo del olvido en el que está. Lajusticia de Orden Publico reestructurada recientemente en su nómina buscará res-catar de las aguas de la impunidad y la amnesia del caso de 19 comerciantes queel 3 de octubre de 1987 fueron secuestrados y asesinados por la organización deparamilitares del Magdalena Medio. El episodio ha tenido desde entonces implica- 46
i. Los hechosción Criminal sí tenía a su cargo el caso de la masacre de los 19comerciantes, y había realizado previamente comisiones exitosaspara aclarar dichos hechos, la Unidad Investigativa no se encon-traba investigando el caso en ese momento. Como se dijo anterior-mente, el objeto de la comisión era la investigación de una seriede asesinatos que se pensaba había cometido la alianza entre au-todefensas y militares de la zona. De hecho, la vereda La Rochelaestá ubicada en un sitio distante a Puerto Boyacá y Puerto Araujo,donde era más probable encontrar a las personas que podrían de-clarar en relación con la muerte de los comerciantes. De cualquier manera, lo que estaba ocurriendo en Puerto Bo-yacá y Puerto Araujo no era muy distinto de lo que ocurría en lazona cercana a la vereda La Rochela y Puerto Nuevo. Según las de-nuncias de los habitantes de la zona, desde mediados de los añosochenta se venían cometiendo constantes y criminales abusos porparte de los actores armados en la región. Desde 1986, la violenciahabía incrementado, sobre todo por parte de los paramilitares encolaboración con el ejército.24 Cada vez eran más frecuentes las de-nuncias de habitantes que aseguraban que estaban desaparecien-do, torturando y asesinando campesinos por ser supuestos colabo-radores de la guerrilla. En el expediente penal que se abrió a raízde la muerte de los funcionarios judiciales, se encuentran cientosde declaraciones que corroboran lo dicho. Por ejemplo, WilsonFontecha, humilde campesino del área afirmó: «ellos no hacen nada sino joder a la gente, humillarla, les pegan, les dan plan porque ellos dicen que la gente son sapos que le ayudan a laciones graves, incluso para la propia justicia como quiera que está conectado conla masacre de La Rochela en el Magdalena Medio santandereano, donde fueronasesinados los miembros de una comisión de Jueces y miembros del cuerpo técnicode policía judicial que tenían a cargo las investigaciones» El Tiempo. 30 de Agostode 1990.24 Según las declaraciones tomadas por la unidad investigativa encargada de la in-vestigación de la masacre, el Mas (Muerte a Secuestradores) había aparecido enla zona en 1986 cuando asesinaron a unos habitantes de Puerto Nuevo y otros deCampo Capote. Unidad Móvil de Investigación, Declaraciones del señor José Clo-doveo Duarte Castellanos el día 20 de Enero de 1989; de la señora Consuelo deJesús Bustamante el día 9 de Febrero de 1989; y del doctor Luis Eduardo ValdiviesoBarco el de 6 de abril de 1989. 47
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia guerrilla, que son auxiliadores de la guerrilla, nos tienen amenazados, amedrantados, allá todos vivimos intranquilos porque uno no sabe a qué horas ellos le pueden salir a matarlo a uno sin saber por qué. Allá es lo que ellos digan y ahora les ha dado por llegar a las fincas a pedir plata y llegan y hacen reuniones y al que no vaya, cuando vuelven es para matarlo, ellos son los Masetos.» 25 Los denominados Masetos eran ampliamente conocidos en laregión.26 Decenas de campesinos habían tenido que dejar sus tie-rras y pertenencias huyendo por miedo de la zona.27 Para nadie erasecreto que los Masetos actuaban de la mano de los militares. Dehecho, los habitantes de la zona los confundían con frecuencia.En una declaración uno de ellos afirmó: «…realmente ahí dondeestamos es una situación difícil porque no se sabe cuál es ejercitoy cual no, o sea cual es fulano o sutano no se sabe, yo no he visto25 Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Wilson Fontecha el día16 de Febrero de 1989. En ese mismo sentido se puede consultar las declaracionesrendidas ante la Unidad Móvil de Investigación, por Efraín Pérez Benavides el día9 de Marzo de 1989, y Jorge Enrique Moreno el día 11 de Febrero de 1989 entreotros.26 En la declaración rendida por la señora Carmen Camacho, esta habitante de LaRochela afirma: «El me dijo que era Maseto, yo le dije eso que es, me dijo «matar aotro». Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Carmen CamachoGonzález el día 8 de Febrero de 1989. Ver también las declaraciones ante la UnidadMóvil de Investigación de Odilio Rueda, 24 de Enero de 1989, Graciano MorenoMorales, 24 de Enero de 1989, Luis María Sanabria, 24 de Enero de 1989, AnaGricelda Pinzón Melgarejo, 24 de Enero de 1989, José Manuel Pabón Galvis, 24 deenero de 1989, Rodrigo Contreras Díaz, 31 de Enero de 1989, Alirio Muñoz, 2 deFebrero de 1989, John Dairo Cano Bedoya, 7 de Febrero de 1989, Milcíades Carri-llo Acuña, 8 de Febrero de 1989, Maritza Bustamante Charrasquiel, 9 de Febrerode 1989, Javier Quiroga Ariza, 9 de Febrero de 1989, Luis José Galvis, 9 de Febrerode 1989, María Nohora Giraldo López, 9 de Marzo de 1989, Pablo Emilio Romero,5 de Abril de 1989, Rodrigo Toloza Camacho y Ana Helena Suarez Narváez, 13 deFebrero de 1989; y las diligencias de indagatoria de Ricardo Antonio Ríos Aven-daño, 31 de enero de 1989, Carmen Rosa Ramírez Vera, 9 de Febrero de 1989, yRobinson Robles Díaz, 10 de Febrero de 1989.27 Por ejemplo, el señor Alirio Muñoz afirmó en su declaración: «… He oído decires que de un sitio mucho más arriba de mi finca llamado El Guamo por allá sí sontodos masetos y que vienen bajando conquistándose a los campesinos y que el queno se vuelva maseto ha tenido que abandonar la finca y el ganado.» Unidad Móvilde Investigación. Diligencia de declaración que rinde el señor Alirio Muñoz el día2 de Febrero de 1989. En ese mismo sentido, ver: Unidad Móvil de Investigación.Diligencia de Ampliación de declaración que rinde el señor Efraín Bravo Garzón eldía 1 de Febrero de 1989. 48
i. Los hechosnadie de civil armado, pero a veces ve uno a los del ejercito de civily otras veces ve uno gente de civil y dicen que son del ejercito.» 28 Era frecuente que Los Masetos patrullaran la zona junto conel ejército. En la carretera, se realizaban retenes conjuntos, y enlas veredas y las cabeceras municipales se amenazaba a los campe-sinos obligándolos a tomar partido, pues se presumía que quienno estuviera con ellos estaba contra ellos.29 Inclusive, algunos habi-tantes afirmaron que la alianza para-militar había dado la ordengeneral de «decidir con quien se estaba» en 5 meses, de maneraque quienes al final del plazo no decidieran ayudarles incondi-cionalmente, debían abandonar sus tierras o serían asesinados.30Paralelamente, se realizaban reuniones en las veredas y los muni-cipios para alertar a la población sobre la presencia de la guerrilla,solicitar ayuda, planear obras cívicas, y en último término asegu-rar la presencia y el apoyo de quienes se habían mostrado reaciosa colaborar con la alianza. Las reuniones que se llevaron a caboen Puerto Nuevo (el municipio más cercano a La Rochela), fueronplaneadas por miembros del ejército que pertenecían a la base deCampo Capote, paramilitares locales y hacendados. 3128 En ese mismo sentido otros campesinos afirmaron: «(…) me dijo [un Maseto] que ellospodían matar a cualquiera y no les hacían nada porque eran el mismo ejército, (…) él además medijo que tenían sueldo del gobierno de sesenta mil pesos cada uno, que les llegaba sueldo como a unsoldado.» Unidad Móvil de Investigación. Diligencia de Ampliación de declaración querinde el señor Efraín Bravo Garzón el día 1 de Febrero de 1989. «La contraguerrilla ylos Masetos son los mismos porque ellos vienen matando la gente y no dejan vivir tran-quilo, los Masetos y la contraguerrilla se visten lo mismo, los Masetos andan revueltoscon el ejército, yo a todos los que les he nombrado los he visto andando con el ejércitoy eso hay más sino que yo no les sé los nombres.» Unidad Móvil de Investigación. De-claración que rinde la señora María Nohora Giraldo López el día 9 de Marzo de 1989.Otras declaraciones con contenido similares son la rendida por Luis Nemesio PinedaQuintanilla el día 10 de Abril de 1989, la diligencia de ampliación de indagatoriade Robinson Robles Díaz el día 13 de febrero de 1989, y las declaraciones de AnaGricelda Pinzón Melgarejo el 24 de Enero de 1989, y Ana Helena Suarez Narváezel día 13 de febrero de 1989.29 Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Efraím Pérez Benavidezel día 9 de marzo de 1989.30 Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Efraím Pérez Benavidezel día 9 de marzo de 1989.31 Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por José Manuel Pabón Gal-vis el día 24 de enero de 1989 .Ver también, ampliación de declaración rendidapor José Clodoveo Duarte Castellanos el día 23 de Enero de 1989; Diligencia deIndagatoria que rinde Ricardo Antonio Ríos Avendaño el día 31 de Enero de 1989y Declaración del señor Arinson Rueda Martínez el día 10 de Febrero de 1989. 49
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia Para 1989 la alianza para-militar en la zona donde se llevó a cabola masacre era tan sólida, que testigos aseguran que en Campo Ca-pote la mayoría del pueblo conocía «la base» de los Masetos, quefuncionaba en una casa que había sido arrendada cerca de la plazaprincipal, con el propósito de tener un lugar fijo donde reunirseparamilitares locales con miembros del ejército.32 La primera co-misión que investigó la masacre de La Rochela alcanzó inclusivea tener un croquis donde testigos ubicaron la mencionada «base». A nivel nacional, para la década de los 80, aún estaba vigenteel marco normativo que permitía la colaboración entre militaresy civiles denominados como autodefensas. Se trataba del DecretoLegislativo 3398 de 1965, el cual fue adoptado como legislaciónpermanente mediante la Ley 48 de 1968. El artículo 25 del Decre-to estipulaba que «todos los colombianos, hombres y mujeres, nocomprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio,podían ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos conlos cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad».Asimismo, en el parágrafo 3 del artículo 33 se disponía que «elMinisterio de Defensa Nacional, por conducto de los comandosautorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, comode propiedad particular, armas que estén consideradas como deuso privativo de las Fuerzas Armadas». Este marco legal se tradujoen manuales expedidos por el Ejército para el «combate de ban-doleros y guerrilleros». En estos manuales se estipulaba cómo seformarían las juntas de autodefensa33 y quienes podrían ser guías32 Unidad Móvil de Investigación. Diligencia de indagatoria que rinde Oscar More-no Rivera el día 9 de marzo de 1989.33 En 1969, fue aprobado por el Comando General de las Fuerzas Militares el Regla-mento EJC 3-10 de combate de contraguerrillas. Este reglamento, en su sección «Ope-raciones de organización de la población civil», disponía «organizar en forma militar ala población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución deoperaciones de combate» (pág. 310). Para ello se indicaban dos formas de organización:«a) Como junta de autodefensas, b) como defensa civil». «La junta de autodefensa es una orga-nización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que seentrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área ypara operar en coordinación con tropas de acciones de combate» (Manual de 1969, pág. 317).Otra impronta importante de este manual es su definición del desafío revolucionariocomo una iniciativa antinacional ya que «pretende destruir el sistema que se ha dado ennuestra nación» (pág. 194). Por último pero no de menor importancia es el énfasis quese hace en este manual sobre la responsabilidad del Estado por «las desatenciones de losorganismos oficiales para solucionar los diferentes problemas y necesidades de la población (que) 50
78027077 office-of-operations-coordination-and-planning

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 33