Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311323.html
Timestamp: 2019-03-21 08:03:41+00:00

Document:
as201311323
AUTO SUPREMO Nº. 323/2013
EXPEDIENTE: La Paz 223/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Laura Flores Anzoleaga contra Esteban Valda Luna
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Esteban Valda Luna (fs. 635 a 651), impugnando el Auto de Vista Nro.46 emitido el 24 de mayo de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 630 a 633), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Laura Flores Anzoleaga contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, previstos y sancionados por los artículos 335 y 337 del Código Penal.
Sustanciado el juicio, el Tribunal de Sentencia Nro. 2 en lo Penal de la capital del departamento de La Paz, que conoció esa causa, pronunció la Sentencia Nro. 2 de 15 de febrero de 2013 (fs. 583 a 591), declarando al procesado Esteban Valda Luna autor de la comisión de los delitos de estafa y estelionato, previstos y sancionados por los artículos 335 y 337 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, a ser cumplida en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, más 200 días multa a razón de Bs. 5 por día, así como costas a favor del Estado y resarcimiento civil a la querellante, a ser averiguables en ejecución de sentencia
Contra la indicada Sentencia el imputado Esteban Valda Luna interpuso recurso de apelación restringida (fs. 597 a 616), resuelto mediante Auto de Vista Nro. 46 de 24 de mayo de 2013 (fs.630 a 633), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia recurrida; ocasionando que el referido imputado interponga el recurso de casación (fs. 635 a 651), que es motivo de autos.
Haciendo alusión a los antecedentes que hacen a la Sentencia, así como a los hechos que el impugnante considera que violan sus derechos y garantías y de los cuales recurrió, expresa los siguientes motivos:
1. Que los defectos absolutos por violación de la garantía al debido proceso, derecho a la seguridad jurídica, principio constitucional de inocencia, principio de tipicidad y de correcta aplicación de la ley adjetiva, no pudieron ser expuestos por la defensa, porque se limitó su derecho a la fundamentación oral del recurso de apelación restringida, así como se vio imposibilitado de fundamentar las violaciones constitucionales y los precedentes contradictorios, como la Sentencia Constitucional 604 de 2 de diciembre de 2003 y los Autos Supremos Nros. 562 de 1 de octubre de 2004, 67 de 27 de enero de 2006 (Sala Penal Segunda), 84 de 1 de marzo de 2006 (Sala Penal Segunda), 168 de 6 de febrero de 2007 (Sala Penal I), 222 de 28 de marzo de 2007 (Sala Penal II) y 149/2012 (SPP), los cuales “debieron ser producidos en audiencia de apelación restringida”, por haber sido señalados a tiempo de interponer la apelación restringida, por lo que, aludiendo al derecho de revisión que tiene una persona condenada, conforme lo establece el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 8.2 inc.h) del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destaca que no se reduce simplemente a la interposición del recurso de apelación restringida, sino, que teniendo en cuenta los instrumentos internacionales, incorporados por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado al bloque de constitucionalidad, incluye además que el Tribunal superior en grado, permita y convoque a la fundamentación oral de los motivos legales que se plantea en el recurso, de modo que tal restricción o limitación sin justificación legal por el Tribunal superior constituye defecto absoluto previsto por el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, que inclusive, no puede ser limitado por la inasistencia del apelante a la audiencia de fundamentación, caso que no ocurre en el presente ya que jamás se convocó a audiencia alguna, por ello acusa que se violaron sus derechos al debido proceso, defensa y a la tutela judicial oportuna, al efecto invoca como precedente contradictorio los Autos Supremos Nros. 494 de 15 de noviembre de 2005, 564 de 01 de octubre de 2004, 149 de 02 de febrero de 2007, 372 de 22 de junio de 2004 y 207-A de 09 de febrero de 2007-Sala Penal Primera-, de los cuales transcribe parte de su doctrina legal, para luego, también invocar el Auto Supremo Nro. 130 de 13 de mayo de 2013, a fin de hacer referencia a la admisión por flexibilización previsto por la doctrina legal desarrollada por el Máximo Tribunal.
2.- Inobservancia de la Ley sustantiva penal, que hace al delito de estafa, bajo dicho subtítulo, el impugnante también alude que tanto la sentencia apelada, cuanto el Auto de Vista, carecen de fundamentación y valor legal, porque dejaron de lado toda consideración de la aplicación correcta de la norma sustantiva en razón de los tipos penales que fueron juzgados, emergiendo una sentencia injusta, porque de acuerdo a los antecedentes del proceso, el mismo versa sobre un contrato de anticrético de un departamento por la suma de $us. 10.000, de los cuales la querellante sólo canceló $us. 4.000, habiéndosele devuelto $us.2.000 y que su persona hasta el último día del juicio pretendió un arreglo amistoso e inmediato con la acusadora, con dinero en mano, pero la misma en un acto de extorsión buscaba el pago de una cantidad superior a la obligación real, así como el pago de honorarios y toda clase de “ardides” que demuestran el uso indiscriminado de la justicia para aprovechamiento doloso, por ello, entiende, que el proceso deviene de un hecho eminentemente civil, en el que jamás existió dolo y menos el elemento constitutivo de estafa, como el engaño, por lo que al existir conciliación no hubo engaño y la suma restante de devolución se encuentra en mora, al efecto, invoca en calidad de precedente contradictorio al Auto Supremo Nro. 43 de 27 de enero de 2007, del cual transcribe su doctrina legal, así como lo que señalan los doctrinarios Fernando Villamor Lucía, en su libro “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, Tomo II y Nuria Pastor Muñoz, respecto de los elementos constitutivos del delito de estafa y respecto al artículo 510 del Código Civil, que regula la interpretación de los contratos, precisando que “la doctrina y la jurisprudencia del derecho comparado se inclina por impedir que los contratos celebrados entre las partes como expresión del consentimiento y voluntad libre y espontánea, sean fuente de delitos; posición destacable desde todo punto de vista al optar por prevalecer el principio de última ratio que caracteriza al derecho penal, ya que éste interviene solo cuando las vías civiles y administrativas u otras no han sido idóneas para tutelar los derechos e intereses de las partes en conflicto” (sic), destacando que lo expuesto, encuentra su justificación en la ratio decidendi del Auto Supremo Nro. 144 de 22 de abril de 2006.SPP, del cual también transcribe parte de su doctrina legal, referida al hecho destacado por el impugnante; para luego también alegar que ni en la sentencia y menos en el Auto de Vista se configura el delito de estelionato, puesto que el presente proceso penal deviene de actos civiles que nunca se perfeccionaron, hecho que determina que el tipo penal de estelionato no se adecue ni en la sentencia ni en el Auto de Vista, por lo que al respecto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo No. 305 de 20 de marzo de 2007, del cual transcribe su doctrina legal, relativa al hecho cuestionado.
3. Violación al derecho al debido proceso por falta de fundamentación; bajo dicho subtítulo, señala que la Sentencia carece de fundamentación lógica y razonable, ya que su relato peca de desordenado, insuficiente y contradictorio, debido a que le falta sostenibilidad legal, verdad en los hechos y una exposición motivada de lo acontecido en juicio, como del relavamiento de la prueba, porque dicha sentencia carente de valor, “dilata y duplica, no acredita vínculo o nexo causal explicativo entre los supuestos hechos delictivos, su existencia probable y mi participación, lo que genera vulneración a las garantías del debido proceso y defensa” y continúa “el Tribunal –se entiende de sentencia- ha obviado mencionar en su resolución cómo, cuándo, dónde he cometido el delito y consiguientemente obvian también explicar específicamente mi participación e individualizar mi conducta en forma objetiva y clara, tampoco especifica en base a qué medio probatorio acreditan la existencia de los ilícitos que me atribuyen en mi relación o grado de participación de esos hechos”, destacando que se le atribuyen hechos calificados como tipo penal que no coinciden con la relación de las pruebas aportadas, por lo que aludiendo al fundamento jurídico y político del derecho del imputado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal Superior, al significado de la expresión de inobservancia o errónea aplicación de la ley que prevé el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal así como a la descripción y cita de los hechos por los que considera que en la presente causa se operó la extinción de la acción penal y al principio pró actione y al derecho a recurrir, que no tiene limitación absoluta, concluye señalando que no sólo existen lesiones al procedimiento adjetivo penal, sino, al derecho a la libertad, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la personalidad y el debido proceso, incursos en los artículos 22, 23.I.V, con relación al 119.II, 117, 119.I, 13.I.II.III.IV y 14.I de la Constitución Política del Estado, por lo que pide que admitido el recurso, ingresando en el fondo se revoque el Auto de Vista y la sentencia y se “determine la violación que anula el proceso en sí mismo” (sic).
Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta imprescindible observar y cumplir los requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal y que se constituyen en: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia hoy Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos claros y precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándo previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando se hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañarse como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente contradictorio.
Así mismo, de manera extraordinaria, únicamente ante denuncias expresas de vulneración a derechos y/o garantías constitucionales que devienen en defectos absolutos y nulidad de actos procesales, este Tribunal, resuelve sobre la base de los derechos alegados como violados y las acciones u omisiones descritas como conculcatorias de esos derechos, no siendo suficiente invocar la vulneración a garantías constitucionales o defectos absolutos; sino, acreditar de manera concreta y precisa el daño sufrido, por lo que las denuncias deben encontrarse debidamente fundamentadas para ser atendidas, caso contrario, el máximo Tribunal de Justicia a momento de resolver en el fondo, no puede resolver en base al derecho objetivo. El incumplimiento de estos requisitos por parte del recurrente, impide abrir la competencia del Máximo Tribunal de Justicia.
Conforme a las consideraciones precedentemente señaladas y analizados los argumentos expuestos por el recurrente, éste Tribunal arriba a las siguientes conclusiones:
I. El recurrente Esteban Valda Luna fue notificado con el Auto de Vista impugnado el día 22 de agosto de 2013 (fs. 634) y presentó el recurso de casación el día 29 del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. No anexó copia de la apelación restringida, no siendo óbice para la consideración del recurso.
Respecto al primer motivo del recurso, si bien el impugnante refiere que el Auto de Vista es contradictorio a los Autos Supremos Nros.494 de 15 de noviembre de 2005, 564 de 01 de octubre de 2004, 149 de 2 de febrero de 2007, 372 de 22 de junio de 2004 y 207-A de 9 de febrero de 2007-Sala Penal Primera-, además del Auto Supremo Nro. 130 de 13 de mayo de 2013, relativo a la admisión del recurso de casación por flexibilización, de los cuales transcribe parte de su doctrina legal; a fin de acusar la existencia de los defectos detallados en el acápite 1 del CONSIDERANDO II de la presente resolución, sin embargo, olvida precisar el hecho similar y la supuesta contradicción que existiría entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, omisión que imposibilita se abra la competencia de este Tribunal para cumplir con su función uniformadora de criterios doctrinales, por lo que este motivo deviene en inadmisible; máxime si el impugnante no demuestra la efectiva lesión a ningún derecho o garantía de naturaleza fundamental y tampoco precisa cuál el defecto de fondo o de procedimiento que probaría con la prueba que pretendía producir, advirtiéndose que dicho impugnante no solicitó al Tribunal de Alzada el señalamiento de la audiencia que recién extraña en el recurso de casación.
Con relación al segundo motivo del recurso, titulado como inobservancia de la ley sustantiva penal, que hace al delito de estafa, el impugnante Esteban Valda Luna acusa que el Auto de Vista recurrido es contradictorio a los Autos Supremos Nros. 43 de 27 de enero de 2007, 144 de 22 de abril de 2006.SPP y 305 de 20 de marzo de 2007, de los cuales transcribe parte de su doctrina legal, sin embargo, olvida precisar el hecho similar y la supuesta contradicción que existiría entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, mismos que al estar referidos a defectos de sentencia, ineludiblemente debieron ser invocados en apelación restringida, conforme lo exige el segundo párrafo del artículo 416 del Código de Procedmiento Penal, adviertiéndose no haberlo hecho, por lo que las señaladas omisiones impiden se abra la competencia de este Tribunal para cumplir con su función nomofiláctica, debido a ello, este motivo también es inadmisible.
Por último, respecto al tercer motivo del recuso, titulado como violación al derecho al debido proceso por falta de fundamentación; el impugnante Esteban Valda Luna, acusa que la sentencia carece de fundamentación lógica razonable, ya que su relato peca de desordenado, insuficiente y contradictorio, debido a que le falta sostenibilidad legal, verdad en los hechos y una exposición motivada de lo acontecido en juicio; al respecto, no invoca precedente contradictorio y olvida cumplir con las exigencias contenidas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, debido a que no precisa el hecho similar y la supuesta contradicción que existiría en el Auto de Vista, limitándose a cuestionar una supuesta falta de fundamentación de la sentencia, con absoluto desconocimiento de la finalidad y naturaleza jurídica del recurso de casación, omisión que imposibilita se abra la competencia de este Tribunal para cumplir su función de establecer si ante un hecho similar, el sentido jurídico otorgado por el Auto de Vista recurrido, es contrario a los precedentes que debieron ser invocados por el impugnante en este motivo, sea por haber aplicado diferentes normas o una misma, pero con diverso alcance, por lo que este tercer motivo, también es inadmisible.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Esteban Valda Luna (fs.635 a 651), impugnando el Auto de Vista Nro.46 emitido el 24 de mayo de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 630 a 633), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Laura Flores Anzoleaga contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, previstos y sancionados por los artículos 335 y 337 del Código Penal.

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 410
 artículo 169
 artículo 510
 resolución 
 artículo 407
 artículo 417
 artículo 416
 artículo 42
 artículo 418