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Timestamp: 2018-12-14 09:59:49+00:00

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LA DEMANDA DE CASACIÓN - Sala de casación civil magistrado Ponente fernando giraldo gutiérrez
Tres ataques se formularon contra el fallo, de los cuales se inadmitió el primero y se dio paso a los dos restantes.
Se analiza en primer lugar el tercero por sus efectos totalizadores y, a continuación, el segundo que se dirige contra algunos apartes de la resolución tomada.
Aduce error in procedendo por no vincular a los causahabientes o herederos conocidos e indeterminados de Januario Pachón Arriero al proceso, lo que es constitutivo de la nulidad a que se refiere el artículo 140, numeral 9°, del Código de Procedimiento Civil “y de contera constituye un defecto relacionado con los presupuestos sin los cuales no podía desarrollarse en legal forma la relación jurídico-procesal”.
El yerro de procedimiento lo hace consistir en lo siguiente:
El motivo de invalidación se estructura cuando “no se cita al proceso o vinculan entre otras personas a los litisconsortes necesarios, cuando el proceso ‘verse sobre relaciones o actos jurídicos, respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la ocurrencia al proceso de las personas que sean sujetos de tales relaciones o intervengan en dichos actos… I) A las personas que normas especiales ordenan citar en consideración a la naturaleza y fines del proceso’…”.
A pesar de que tal irregularidad es susceptible de saneamiento “para los determinados no ocurre lo propio ‘en relación con los demandados desconocidos cuando se les llama al proceso defectuosamente, caso éste en que la nulidad debe decretarse de plano…’ (…) y por ende torna inane toda la actuación surtida en contravención a la obligación de convocar a todas las personas que debían estar presentes para dilucidar en este caso la verdadera paternidad que implícitamente reclama el demandante”.
Los acá recurrentes, sin haber sido convocados, comparecieron al proceso, motu proprio, en calidad de hermanos de Januario Pachón Arriero, sin que sus herederos indeterminados fueran “demandados ni convocados o citados, ni mucho menos se les emplazó para que fueran legalmente representados por un auxiliar de la justicia (curador ad litem), falencia procesal que como quedó advertido en líneas anteriores resulta en todo insaneable”.
El promotor pide que se anule el registro civil de nacimiento realizado por su progenitora, en virtud del cual quedo como hijo de Ángel María Castelblanco, para que cobre pleno valor el reconocimiento que de él hizo con posterioridad Januario Pachón Arriero.
La decisión de segunda instancia encontró demostrada la imposibilidad de que Ángel María Castelblanco engendrara a Luís Enrique, quedando así desvirtuada la presunción de paternidad legítima, por ser el esposo de la madre, que era lo que en realidad se buscaba. Como consecuencia de lo anterior, advirtió que el reconocimiento que en vida hizo Januario Pachón Arriero al declarar que el demandante era su hijo, tenía valor desde la ejecutoria de la providencia.
Los litisconsortes intervinientes señalan que está viciado de nulidad el trámite por no convocar a los herederos indeterminados de Januario Pachón, cuando debieron ser citados.
La causal quinta de ataque por esta vía extraordinaria corresponde a la incursión en uno de los motivos de nulidad a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando no se haya saneado.
La Sala, en sentencia de 5 de diciembre de 2008, exp. 1999-02197-01, recordó que “la procedencia de la causal 5ª de casación, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el artículo 140 del C. de P. C., supone las siguientes condiciones: ‘a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que además de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades estén contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido artículo 140; y por último, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de la persona legitimada para hacerlas valer’. (Sentencia del 22 de abril de 1993. n.p. que sintetizó lo dicho en las publicadas en G. J. Tomos XLI bis pág.132, CXXXVI, pág. 143 y CLII, pág. 219)”.
Tienen relevancia para la decisión que se está tomando, sin entrar a cuestionar la validez de las pruebas aportadas y que no son materia de discusión, los siguientes hechos:
Que Ángel María “Castiblanco” y Dolores “Cárdenas” contrajeron matrimonio el 18 de abril de 1937 (folio 108, cuaderno 1).
Que como fruto del anterior vínculo Dolores “Fernández” declaró el 26 de marzo de 1958, en la Notaría Única de Chía, el nacimiento el 13 de esos mismos mes y año de Luis Enrique Castelblanco Fernández (folio 4, cuaderno 1).
Que el 20 de septiembre de 1973, Januario Pachón Arriero acudió a la Oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Quipile e inscribió a Luís Enrique como hijo suyo y de Dolores Fernández Cárdenas (folio 268, cuaderno 1).
Que Januario Pachón Arriero falleció el 6 de octubre de 1998 (folio 136, cuaderno 1).
Que el 10 de agosto de 1999, en la Notaría 47 de Bogotá, se elevó a escritura pública el trabajo de partición y adjudicación en la sucesión de Januario Pachón Arriero, en la que participaron como únicos interesados Miguel Alfonso y Rafael Antonio Pachón Arrierro, en su calidad de hermanos del causante (folios 120 al 140, cuaderno 1).
Que el demandante promovió acción de nulidad de su registro civil de nacimiento contra Ángel María Castelblanco, para que únicamente rigiera la inscripción que realizó Januario Pachón Arriero del mismo hecho (folio 43, cuaderno 1).
No se vislumbra la nulidad por falta de notificación a los herederos indeterminados de Januario Pachón Arriero, por las precisiones que se hacen a continuación:
El objeto de las actuaciones era, en esencia, la regularización del estado civil de Luís Enrique, en vista de que antes de desvirtuar su calidad de hijo matrimonial, obtuvo el reconocimiento de paternidad por parte de Januario Pachón Arriero.
Como lo tiene dicho la Corte “[e]n lo que concierne con el señalamiento de los sujetos entre quienes debe trabarse el proceso de filiación paterna de carácter extramatrimonial, el legislador patrio ha obrado con especial previsión: si bien es cierto que ha entendido la necesidad de fijar precisas reglas conducentes a la verificación de tal estado civil, como derecho fundamental de toda persona a establecerlo, ante la falta de un reconocimiento espontáneo del mismo padre”, resaltado ajeno al texto (sentencia de 1° de agosto de 2003, exp. 7769).
Esto es así porque al existir la restricción del artículo 3° de la Ley 45 de 1936, modificado por el 3° de la Ley 75 de 1968, para aceptar la paternidad extramatrimonial del hijo de mujer casada salvo, entre otros casos, “cuando por sentencia ejecutoriada se declare que el hijo no lo es del marido”, el que esto hubiera ocurrido únicamente dejó latente la manifestación de quien libre de apremios afirmó ser padre del inscrito.
Encuentra respaldo tal aseveración en sentencia de esta Sala de 13 de diciembre de 2002, exp. 6893, citada por el funcionario de segundo grado, según la cual “para la jurisprudencia ‘…es criterio sólidamente decantado el de que el reconocimiento de paternidad extramatrimonial que se haga de hijo de mujer casada preexistente a la ejecutoria de la sentencia que declare que tal no lo es del marido no sufre desmedro en su validez ni puede, simplemente por ello, ser anulado, sino que permanece en estado de pendencia, para producir todos sus efectos, hasta cuando se ejecutoríe la sentencia que destruya la presunción de paternidad legítima que ampara al hijo’ (cas. civ. 1 de marzo/91)”.
Los reclamos de los litisconsortes se dirigen a restar valor al acto de reconocimiento que hizo Januario Pachón Arrierro de Luís Enrique como hijo suyo y que acepta enfáticamente éste, por el hecho de que adquirió plenos efectos con la declaratoria de que Ángel María no era su padre matrimonial.
Así lo tiene decantado la Corporación, ya que si “la cuestión consiste entonces en saber si la circunstancia de que el reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la realidad, o más concretamente, si el hecho de que el hijo no haya podido tener por padre a quien lo reconoce, es situación que, a la par que permite la impugnación propiamente dicha de tal reconocimiento, da lugar a su anulación dentro de las taxativas causas legales (…)Y la respuesta a dicha cuestión es negativa, contundentemente negativa. No hay dos senderos que conduzcan a ese destino: es tan solo el de la impugnación, propuesta desde luego en oportunidad, el camino apropiado para aniquilar el reconocimiento realizado en condiciones tales (…) La ley, efectivamente, atendidos altos intereses sociales, fijó unos precisos requisitos para que los interesados ejerzan su derecho de impugnar el reconocimiento de hijo extramatrimonial; la causal que les es dable invocar, conforme al artículo 248 del código civil, al cual remite el artículo 5º de la ley 75 de 1968 para estos efectos, no es otra que la de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien le reconoció, la cual causal, además, han de alegar dentro de los perentorios términos que se fijan; vencidos éstos, caduca el derecho allí consagrado, lo cual traduce que el reconocimiento en cuestión se consolida, haciéndose impermeable a dicha acción (…) De donde, si el legislador se tomó el trabajo de otorgar al evento de la falsedad en la declaración de paternidad natural un especial y cauteloso tratamiento jurídico, determinando estrictamente quiénes, cuándo y cómo pueden impugnar el reconocimiento del hijo, absurdo sería pensar que admitió simultáneamente la existencia de una acción paralela (léase la de nulidad) cuyo objetivo sería así mismo el de despojar al reconocido de su filiación con fundamento en idénticas circunstancias fácticas, acción que, por si fuera poco, no solo coexistiría con la de impugnación sino que subsistiría, y por largo tiempo, luego de fenecida ésta” (sentencia de 27 de octubre de 2000, exp. 5639; citada en la de 26 de septiembre de 2005, exp. 1999-0137).
Si en gracia de discusión se admitiera el argumento de que al pleito debieron ser convocados los herederos determinados e indeterminados de Januario Pachón Arriero, los recurrentes no estarían legitimados para alegar la nulidad propuesta.
Rafael Antonio y Miguel Alfonso Pachón Arriero comparecieron al proceso desde el inicio, como litisconsortes del demandado, intervención que fue aceptada. En el curso de las actuaciones contaron con todas las garantías procesales y posibilidades de contradecir, hasta el grado que se corrió traslado de las excepciones propuestas, obtuvieron la declaratoria de nulidad por indebida notificación del oponente y se les concedió la impugnación. Ningún perjuicio actual pueden predicar, entonces, toda vez que, se repite, carecen de interés para invocar la nulidad a nombre de tales personas indeterminadas.
Esta Corporación ha sido consistente en que “la nulidad amparada en el numeral 9º del artículo 140 ibídem –‘cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes…’–, sólo podrá ser reclamada por los sujetos de derecho indebidamente notificados o emplazados, o sea, como lo dice el artículo 143 ejusdem, ‘sólo podrá alegarse por la persona afectada’, ya que, cual lo tiene sentado la doctrina de la Sala, en lo atañadero a la mencionada causal ‘si bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual sólo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley’ (sentencia de 28 de abril de 1995, reiterada, entre otras, en la sentencia de 22 de febrero de 2000) Lo expuesto en precedencia lleva a afirmar que la parte a quien la anomalía no le irrogue perjuicio, carece, por tanto, de legitimación para plantearla, pues las nulidades por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, ‘no pueden ser invocadas eficazmente sino por la parte mal representada, notificada o emplazada, por ser ella en quien exclusivamente radica el interés indispensable para alegar dichos vicios’ (G. J., t. CCXXXIV, pag.180)”.
Inclusive, de contemplarse que dentro de la acción promovida se incluyeran pretensiones de filiación, que se insiste no es el caso, tampoco existiría ninguna anomalía en relación con la falta de emplazamiento de herederos indeterminados de Januario Pachón Arriero, en lo que atañe a su relación parental con el demandante.
Por un lado, porque el quiebre de la paternidad legítima de Angel María Castelblanco frente a Luis Enrique, únicamente requería de la comparecencia de ambos, como en efecto ocurrió y en ese aspecto ningún interés les asiste a los terceros intervinientes, por cuanto ese fallo generaría efectos erga omnes.
Como lo tiene dicho la Corte “en punto de los procesos de filiación, ‘son parte legitimada en la causa el padre o la madre y el hijo, o los herederos de aquéllos o de éste, con las siguientes precisiones: a) que trabado el litigio entre el padre o la madre y el hijo, dichas partes reciben el calificativo legal específico de `legítimos contradictores` el que apareja consecuencia jurídica de señalada importancia, cual es la de que el fallo proferido en el juicio produzca efecto absoluto o erga omnes, ofreciendo así excepción al postulado de la relatividad de la cosa juzgada; b) que los herederos del legítimo contradictor fallecido inter mora litis, ocupan el lugar de este, con el preindicado efecto concerniente a la cosa juzgada, siempre y cuando que dichos herederos hayan sido citados al juicio, comparecieran o no a éste; c) que iniciada la litis con posterioridad al fallecimiento de los presuntos padre o madre, los herederos del difunto, sin merecer el calificativo de `legítimos contradictores`, dado el restringido alcance que la ley le atribuye a este, sí tienen la personería necesaria para responder de la acción de estado y que en esta última hipótesis el respectivo fallo, según la regla general, ya no tiene efectos erga omnes sino relativos a quienes hayan participado en el juicio o hayan sido citados al mismo” (Sentencia de 19 de septiembre de 1969, G.J. T CXXXI, p. 208); conclusión la última que, valga decirlo, no tendría que variar por el hecho de que se convoquen herederos indeterminados”, de ahí que “no se aplica a las causas de paternidad el artículo 81 del C. P. Civil, pues contraría el régimen propio de las leyes especiales de investigación de la paternidad – conducentes al establecimiento del estado civil correspondiente -; es el mismo estatuto procesal civil que se remite a ellas y por contera a distintas normas del código civil que, ni por asomo, admiten la posibilidad de disputar la paternidad del hijo únicamente contra herederos indeterminados, ni consagran los efectos erga omnes de la correspondiente sentencia” (fallo de 1° de agosto de 2003, exp. 7769).
Se desestima, por ende, este ataque.
Con apoyo en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil acusa “disconformidad e incongruencia en la sentencia de segundo grado, (…) en la medida en que lo deprecado en la demanda tenía un objeto sustancialmente distinto a la declaración de paternidad que finalmente dedujo el ad quem”.
Toda sentencia “debe tener un marco o límite, que lo imponen las pretensiones o súplicas deducidas en la demanda, y en su caso los medios de defensa formulados por el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal”, que de ser quebrantado implica que “queda viciada, puesto que al decidir sobre cuestiones no pedidas o sobre más de lo pedido, lo hace con exceso de poder y, por ende, sin tener competencia para ello; y también resulta viciado el fallo cuando omite pronunciamiento sobre peticiones o excepciones, porque, en tal supuesto, por defecto en el ejercicio de su poder legítimo quedan insolutos (sic), total o parcialmente, algunos aspectos de la controversia”.
Las súplicas de la demanda en este asunto “se limitaron a que se declarara la nulidad de un acta de registro civil de nacimiento, y de una manera extrapetita o si se quiere ultrapetita resolvió declarar que ‘Luís Enrique Castelblanco Fernández no es hijo matrimonial de Ángel María Castelblanco’, para de contragolpe concluir que ‘cobra plenos efectos el reconocimiento de paternidad extramatrimonial que del demandante hiciera el fallecido Januario Pachón Arriero respecto del demandante…’, bajo el sofisma enunciado prácticamente en el preámbulo del acápite de consideraciones del fallo de segundo grado respecto que la acción deprecada lleva implícita la investigación de paternidad”.
Los razonamientos del fallador son lógicamente inválidos, lo que torna injusta la decisión, pues, parte de premisas falsas. “En este caso se vislumbra un margen de injusticia de la sentencia aquí impugnada, que coincide teóricamente con la eventual desviación entre la forma concreta en que los hechos se determinan y su verdad empírica”.
Ni siquiera son compatibles “con la teoría según la cual el proceso sirva únicamente para resolver conflictos: si no se acepta como válida cualquier solución del conflicto y se piensa, en cambio que debe ser resuelto sobre la base de algún criterio de justicia, entonces se presenta de nuevo la necesidad de reconocer que la determinación verdadera de los hechos es condición necesaria para cualquier solución justa de un conflicto”.
La hermenéutica del Tribunal no refleja la realidad del plenario, “pues acude a una argumentación retórica sofística para finalmente dar artificialmente la razón al promotor de la demanda, sin que tenga fundamento alguno, o peor aún, desconociendo la existencia de prueba idónea que llevaba a una conclusión diferente, y peor aun tomando decisión que no es congruente con lo solicitado en la demanda”.
No se alega una errada interpretación del libelo, “sino que existe una verdadera incongruencia entre lo pedido y lo resuelto en la sentencia acusada. Así mismo la sentencia impugnada causa agravio a mis poderdantes en la medida que de permanecer incólume afectaría los derechos patrimoniales adquiridos con arreglo a la ley”.
Solicitó el accionante que se declare la nulidad del registro de nacimiento en el que figura como hijo de Ángel María Castelblanco, para que prevalezca la inscripción posterior donde aparece como padre Januario Pachón Arriero, en la que éste reconoció dicha calidad.
El Tribunal revocó el fallo adverso del a quo y, acudiendo a la interpretación de la demanda, declaró que Luis Enrique Castelblanco Fernández no es hijo matrimonial de Ángel María Castelblanco, restó crédito al acta civil en que figuraba como tal y dispuso que adquiría plenos efectos el reconocimiento de Januario Pachón Arriero como padre de Luis Enrique
Los terceros que intervienen en el proceso llaman la atención de que la nulidad que se demandó era sustancialmente diferente a una declaración de paternidad, que fue lo que en últimas sucedió, aspecto concreto en el que apuntalan su crítica a lo resuelto por el fallador de segundo grado.
La incongruencia, como falencia capaz de producir el quiebre de la sentencia objeto de censura, no es más que el desconocimiento de la prohibición contemplada en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual ésta debe estar acorde a “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. Además, “no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta”.
Esto no impide que si lo pedido supera lo debidamente acreditado, únicamente acceda a esto último, ni que pueda tener en cuenta “cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.
Sobre el particular la Corte, en sentencia de 7 de octubre de 2005, exp. 4358, señaló que “[l]a demanda que inaugura el proceso civil es la pieza fundamental del debate, pues no sólo marca el norte de la actividad judicial, sino que además limita el poder y la competencia del juez, que como es sabido, no puede abandonar los confines que traza el demandante al formular sus pretensiones y los supuestos fácticos que les sirven de apoyo. Por ello, se ha definido en el artículo 305 del C. de P. C. que hay vicio de actividad si la sentencia no refleja fielmente lo que se planteó en la demanda, en particular cuando el fallo desborda los lindes de las pretensiones, incorpora antojadizamente otras, deja de resolver las propuestas o sustituye a su capricho los hechos invocados por el demandante. El fundamento constitucional para proscribir el yerro de incongruencia es el derecho de defensa, en tanto la novedad que intempestivamente incorpora el juez al debate, justamente en el epílogo del proceso, inhibe la controversia, anula las posibilidades de réplica y contradicción, y sin lugar a dudas menoscaba el derecho a probar (…) Por todo ello, ha repetido la jurisprudencia de esta Corte que el principio de la consonancia está encaminado a que la sentencia guarde armonía con el thema decidendum adscrito a los hechos y a las pretensiones aducidas en la demanda, así como en las demás oportunidades que el Código de Procedimiento Civil consagra, y a las excepciones que hubieren sido alegadas y probadas o que debidamente acreditadas, puedan reconocerse de oficio. Por todas, en sentencia de 1º de agosto de 2001 dijo la Corporación: ‘entre las múltiples y muy heterogéneas razones que podrían argüirse para explicar la necesidad de que el juez no se desentienda de los límites plasmados por el demandante en la demanda, habría que destacar una que, por estar entrañablemente ligada con los derechos fundamentales del demandado, cobra sin igual importancia, cual es la de no sacrificar su derecho de defensa y contradicción, el cual sufriría evidente mengua ante un vasto e incalculable poder hermenéutico del juez, ya que difícilmente podría el demandado vislumbrar el sentido que, a la postre, aquél le diese a dicho libelo, con el obvio estrago que ello le causa para efectos de orientar su posición ante las reclamaciones que se le oponen (…) Quiérese significar, entonces, que la interpretación de la demanda es una labor racional del juzgador, encaminada a elucidar el genuino querer del demandante que está ahí, implícito en el libelo, y que no se muestra claro o coherente, pero en modo alguno, so pretexto de interpretar lo que es obvio, puede el fallador darle un alcance distinto a la misma, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o, en resumidas cuentas, alterar ostensiblemente su contenido, aún por motivos que el intérprete considere ‘justos’ o valederos; por supuesto que, insístese, la tarea de comprender la demanda no significa prescindir de su contenido, de modo que el juzgador, sustituyendo al actor, vea en ella lo que, a su guisa, debió éste pedir o invocar en sustento de su petición, sino, por el contrario, la de realizar un detenido examen del texto y el contexto de la misma para revelar lo que en ella se alegó, ambigua o confusamente, pero que, en todo caso, se adujo’ (Sent. Cas. Civ., Exp. No. 5875)”.
Inciden en el presente estudio los aspectos fácticos que se pasan a relacionar:
Que en vigencia del matrimonio entre Ángel María “Castiblanco” y Dolores “Cárdenas”, nació Luís Enrique, siendo registrado por la madre como fruto del mismo (folio 4, cuaderno 1).
Que Januario Pachón Arriero lo reconoció, mediante inscripción en la Oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Quipile, el 20 de septiembre de 1973, al denunciarlo como hijo suyo y de Dolores Fernández Cárdenas (folio 268, cuaderno 1).
Que Pachón Arriero murió el 6 de octubre de 1998 (folio 136, cuaderno 1).
Que Miguel Alfonso y Rafael Antonio Pachón Arrierro, son hermanos del causante y le tramitaron sucesión como únicos interesados, el 10 de agosto de 1999, en la Notaría 47 de Bogotá (folios 120 al 140, cuaderno 1).
Que el demandante promovió acción contra Ángel María Castelblanco pidiendo (folio 43, cuaderno 1):
Declarar “nulo el registro civil de nacimiento de Luis Enrique Castelblanco Fernández, efectuado por error por la madre del mismo, señora Dolores Fernández Cárdenas, para el día 26 de marzo de 1958”.
Tener “como verdadero y auténtico nombre del demandante en este proceso, el de Luís Enrique Pachón Fernández de conformidad con el acta de reconocimiento obrante como hijo extramatrimonial, firmada por su finado padre Januario Pachón Arriero, declarando que su estado civil es de hijo extramatrimonial legalmente reconocido”.
Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la cancelación de la cédula de ciudadanía 19.351.426 expedida a nombre de Luis Enrique Castelblanco Fernández, para que quede vigente la adjudicada a Luis Enrique Pachón Fernández con número 393.602, “que se encuentra actualmente cancelada, por doble cedulación, restableciendo a mi poderdante en su derecho a llamarse Luís Enrique Pachón Fernández, nombres y apellidos que corresponden a su plena identidad”.
Dejar “como documento público que acredita el estado civil como hijo extramatrimonial de Luís Enrique Pachón Fernández, el acta de reconocimiento suscrita por su finado padre el 20 de septiembre de 1973 en el municipio de Quipile Cundinamarca, oficiando en tal sentido a las autoridades correspondientes”.
Que el a quo resolvió “[d]eclarar probada la excepción de mérito denominada presunción de paternidad legítima” y “denegar las pretensiones de la demanda”.
Que la sentencia de segunda instancia decidió:
Revocar el fallo adverso del a quo.
Desestimar las excepciones de los intervinientes, consistentes en “presunción de paternidad legítima”, “inexistencia de la causal de nulidad impetrada” e “inoponibilidad del registro civil de nacimiento del inscrito Luis Enrique Pachón Fernández”.
Declarar que Luís Enrique Castelblanco Fernández no es hijo matrimonial de Ángel María Castelblanco, “en consecuencia dejar sin efecto jurídico alguno el acta civil de nacimiento sentado el 26 de marzo de 1958 ante el Notario Municipal de Chía Cundinamarca y que obra a folio 4 del cuad. 1”.
“Declarar que a partir de la ejecutoria de esta sentencia cobra plenos efectos el reconocimiento de paternidad extramatrimonial que del demandante hiciera el fallecido Januario Pachón Arriero respecto del demandante y que obra en el registro civil de nacimiento obrante a folio 2 del cuaderno 1”.
Informar lo dispuesto “a las autoridades del estado civil, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia”.
No se configura la incongruencia por las razones que se exponen:
Si bien existe discordancia, en apariencia, entre las súplicas de “nulidad de un acta de registro civil de nacimiento” y lo fallado por el ad quem al “declarar que Luis Enrique Castelblanco Fernández no es hijo matrimonial de Ángel María Castelblanco”, la misma no es producto del arbitrio, el exceso o el abuso, sino de la hermenéutica del libelo, como deber propio del funcionario.
Es así como el Tribunal inició su estudio precisando “los alcances e implicaciones jurídicas de la demanda (…) como presupuesto necesario para establecer la legitimación por activa y pasiva, además de las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables en orden a resolver el problema jurídico contextualizado en el recurso de apelación”, tomando en cuenta que por “la trascendencia del derecho fundamental de las personas al reconocimiento de su personalidad jurídica, y de un estado civil que corresponda con la realidad [la Corte] impuso como precedente importante, la necesidad de interpretar la demanda entendiendo [que] cuando se debate la falsedad de las declaraciones contenidas en el registro civil, se está ante una auténtica acción de impugnación”, según sentencia del 25 de agosto de 2000, exp. 5215.
Al respecto esta Sala precisó que “la secuencia obvia que genera un pronunciamiento en tal sentido, de declarar la nulidad, inoponibilidad, inexistencia o falsedad de un registro civil de nacimiento, por considerarse que la persona que se dice hija de quien se hace figurar como madre o padre, no es tal, es la de dejar establecido que la maternidad o la paternidad, o ambas, no son ciertos, lo que jurídicamente tiene que ver, ineludiblemente, con la impugnación de dichas calidades, motivo por el cual tiene decantado esta Corporación que la referida acción contra la veracidad del registro civil en esos aspectos, debe sujetarse a los términos previstos en los artículos 336 y 337 del C. C. (…) En ese orden de ideas, aunque el Tribunal no hubiera efectuado el giro interpretativo de entender como nulidad la inexistencia que se pidió del registro civil, la conclusión de comprender implícitamente invocada la de impugnación era ineludible, porque en este caso lo que se reclamaba en contra de la presunción de autenticidad del registro civil, finalmente recaía sobre la impugnación de las condiciones de padres del referido (…), máxime que los hechos fundantes de la demanda aluden a la falsedad de la paternidad y maternidad inscritos en el registro de nacimiento (…) Es más, tiene dicho también la jurisprudencia de la Corte, que aún ante la hipótesis de que en efecto se consideraran como acciones independientes tanto la de nulidad o inexistencia, como la de impugnación, de cualquier modo el término de caducidad de la segunda tendría operancia para la primera” (sentencia de 14 de septiembre de 2004, exp. 01047).
Y en asunto similar reiteró que “cuando el fallador, tras desentrañar el verdadero alcance de las pretensiones deducidas del acto introductorio del proceso, comprendió que la promovida era la acción de impugnación de la filiación de la menor demandante, no hizo más que aplicar la doctrina de la Corte, que en el punto tiene establecido como, acorde con el artículo 335 del Código Civil, tan sólo a través de la referida vía procesal se puede lograr la corrección de los datos consignados en el registro civil de nacimiento, cuando ellos sean contrarios a la realidad” (sentencia de 4 de mayo de 2005, exp. 2000-00301-01).
Ninguna inconformidad plantean los recurrentes frente a la anterior labor exegética del Tribunal, recalcando que “no se está alegando en este cargo una errada interpretación de la demanda, sino que existe una verdadera incongruencia entre lo pedido y lo resuelto en la sentencia acusada”. Circunstancia que, dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, neutraliza, inhibe e impide a la Corte para extender o ampliar el ámbito de la crítica a aspectos diferentes a los expuestos por quienes formulan la impugnación.
Sin embargo, de manera genérica y sin precisar un punto concreto de disconformidad, aducen que “el enfoque hermenéutico efectuado por el juzgador de conocimiento resultó desafortunado en cuanto que no refleja la realidad del plenario, pues acude a una argumentación retórica sofisticada para finalmente dar artificialmente la razón al promotor de la demanda, sin que tenga fundamento alguno, o peor aún, desconociendo la existencia de prueba idónea que llevaba a una conclusión diferente, y peor aun tomando decisión que no es congruente con lo solicitado en la demanda”.
Como lo tiene dicho la Corporación, “no debe confundirse el error in procedendo, consagrado en la causal segunda, con el error de hecho en la apreciación de la demanda y de las pruebas recogidas en el expediente. Ya lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Corporación, y recientemente en sentencia del 4 de septiembre de 2000 (exp. 5602), que ‘la diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se pueda caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casación, no se ha desdibujado a raíz de la innovación introducida al citado numeral 2 del artículo 368, ya que en el primer evento el juzgador, al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquéllos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados. En la segunda hipótesis, por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la sujeción a los hechos de la demanda, mas cuando pretende fijar el sentido de la misma resulta alterándolos siendo éste el motivo por el cual aquí ya no se ha atinado hablar de desatención o prescindencia de la demanda' (sentencia 097 de 8 de agosto de 1994 expediente 4231). Resulta claro, entonces, que para la procedencia de la causal segunda de casación se hace indispensable que el fallador haya incurrido en yerro de procedimiento (error in procedendo), al fundarse sobre unos hechos distintos o inexistentes en la demanda, sin que para ello hubiese llegado a esa conclusión en desarrollo de una interpretación de los supuestos fácticos de la petición generatriz, porque en este último evento se debe acudir a la primera causal que gobierna este recurso extraordinario, como se precisó anteriormente” (sentencia de 12 de junio de 2001, exp. 6050).
Ni siquiera se estructuraría la inconsonancia si se restringe el descontento de los impugnantes a que “existe disconformidad e incongruencia en la sentencia de segundo grado, aquí acusada, en la medida en que lo deprecado en la demanda tenía un objeto sustancialmente distinto a la declaración de paternidad que finalmente dedujo el Ad quem”.
Es preciso determinar que, dado el resultado adverso para el demandante respecto de sus aspiraciones en el fallo de primer grado, el ad quem, en ejercicio legítimo de sus prerrogativas y para resolver la alzada formulada, procedió a interpretar el contenido del libelo introductor.
Por lo tanto, como el fallador de segundo grado obró de manera válida, no puede predicarse, bajo ningún aspecto, que excedió su atribución, ni mucho menos que haya sorprendido con la forma como desató el conflicto a los litisconsortes, con mayor razón si cualquier reclamo sobre la adecuación que hizo el Tribunal a la petición de nulidad del registro civil en que figuraba Ángel María Castelblanco como padre matrimonial de Luis Enrique, sólo les interesaba a estos dos, pues, eran los legítimos contradictores.
Además, los impugnantes no cuestionan en sí la decisión tomada, sino lo adverso que para ellos se deriva de “declarar que a partir de la ejecutoria de esta sentencia cobra plenos efectos el reconocimiento de paternidad extramatrimonial que del demandante hiciera el fallecido Januario Pachón Arriero respecto del demandante y que obra en el registro civil de nacimiento obrante a folio 2 de cuaderno 1”.
Teniendo en cuenta que la decisión es adversa, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a los impugnantes. Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que el libelo fue replicado (folios 51 al 53).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 9 de febrero de 2012, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Luis Enrique Castelblanco Fernández contra Ángel María Castelblanco, al que comparecieron Rafael Antonio y Miguel Alfonso Pachón Arriero como litisconsortes.

References: resolución 
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 3
 artículo 248
 artículo 5
 artículo 140
 artículo 143
 artículo 81
 artículo 368
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 335
 artículo 368
 artículo 375