Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700051.html
Timestamp: 2019-03-25 22:05:28+00:00

Document:
se201700051
SENTENCIA: 51/2017.
EXPEDIENTE: 826/2013.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 16 a 20, en la que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rita Maldonado Hinojosa. impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ RJ 0902/2013 de 01 de julio de 2013, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fojas 26 a 29, réplica de fojas 50 a 52, decreto de fojas 71, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
La entidad demandante señala que en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Nº 2492, en fecha 23 de septiembre de 2009, procedió a notificar mediante cédula a la Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca - Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa (UOB-ALT) con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos 1179200828, 1179200831, 1179200832, 1179200833, 1179200834, 179200835, 1179200836 y 1179200837, fechados todo en 11 de agosto de 2011, en virtud a que según información emitida por las Administradoras de Fondos de Pensiones, aquel contribuyente contaba en su planilla de haberes correspondiente a los periodos fiscales febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2008, con dependientes cuyos ingresos, sueldos y salarios brutos eran mayores a 7.000 Bs. (siete mil bolivianos), existiendo por tanto la obligación de presentar la información electrónica utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ya sea al sitio web o las oficinas de la Gerencia Distrital GRACO en medio magnético.
Que al haber sido insuficientes los descargos presentados por el contribuyente, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos 373/2012 de 9 de octubre de 2012, 374/2012, 375/2012, 376/2012, 377/2012, 378/2012, 379/2012 y 380/2012, emitidas el 15 de octubre de 2012 por incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica proporcionada por los dependientes del contribuyente Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca - Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa.
El 4 de marzo de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0168/2013, revocando totalmente las Resoluciones Sancionatarias, dejando sin efecto la sanción de 3.000 UFVs por incumplimiento al deber formal, resolución que fue anulada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0902/2013 de 29 de abril, reponiendo actuados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional
1. Refirió que la decisión de la AGIT lesiona los derechos de la Administración Tributaria, habiendo considerado de manera errada los datos del proceso sancionador, Así por ejemplo no considero que en virtud al art. 7 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, las Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia S.A., fueron designadas Agentes de Información con la obligación de presentar trimestralmente al SIN sobre las personas que cotizan al seguro social obligatorio de largo plazo, habiendo informado que el contribuyente Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa, posee en su planilla de haberes, ingresos, sueldos, o salarios brutos mayores a Bs. 7.000 en los periodos fiscales febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 2008, por lo que la Administración Tributaria, en uso de la facultad prevista en los arts. 21 de la Ley Nº 2492 y ante el incumplimiento de la obligación del contribuyente de informar sobre ese hecho, procedió a la emisión de las Resoluciones Sancionatorias correspondientes, respetando loso parámetros del derecho a la seguridad jurídica y aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias.
2. Agregó que la autoridad demandada interpretando indebidamente las normas aplicables al caso, restó valor a las pruebas presentadas por la Administración Tributaria, en relación a la información presentada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, procediendo a anular obrados basada en documentación sin ningún valor legal debido a ser simples fotocopias presentada por el contribuyente, sin evaluar los documentos públicos de las AFPs que hacen plena prueba y por la que se detectó que el contribuyente incumplió con su deber formal de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC –IVA Da Vinci Agentes de Retención
También hizo mención a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al señalar en la Resolución del Recurso Jerárquico que la Administración Tributaria con carácter previo a la emisión de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, debió efectuar verificaciones adicionales que respalden la información proporcionados por las AFPs, dejó el lado el valor del que goza dicha información cuando ella tiene plena validez por ser un documento público, otorgando mayor valor a la aseveración del contribuyente sobre la aparente confusión entre la Autoridad Binacional Autónoma Lago Titicaca (ALT) y la Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa, cuando se tuvo demostrado que según la información del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT II, los datos con que se encuentra registrado el Número de Identificación Tributaria 51154026 en la parte de la Razón Social corresponde a la Unidad Operativa Boliviana de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca contra quién se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y no así contra la Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hidríco del Lago Titicaca - Rio Desaguadero – lago Poopó – Salar de Coipasa, denominación con la que se presentó el contribuyente ante la instancia de alzada, confundiendo tanto a la Autoridad Regional y General de Impugnación Tributaria, debiendo resaltar el hecho de que la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca no se encuentra registrada en el padrón de contribuyentes con otro número de identificación tributaria, lo que demuestra que se trata de una sola institución, habida cuenta que la Autoridad Binacional actúa a través del sistema Hídrico del Lago Titicaca.
3. Señaló que debe tenerse en cuenta que conforme previsión de los arts. 28 inc b) de la Ley 1178, 65 de la Ley Nº 2492, se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria , citando al efecto la Sentencia Constitucional Nº 0258/2007- R de 10 de abril, que con referencia al Principio de buena fe estableció que es la confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas.
Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0902/2013 de 01 de julio de 2014 y en consecuencia se mantengan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos 373/2012 de 9 de octubre de 2012, 374/2012, 375/2012, 376/2012, 377/2012, 378/2012, 379/2012 y 380/2012, emitidas el 15 de octubre de 2012.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 6 de febrero de 2014, que cursa de fojas 26 a 29, señalando que, no obstante que la resolución pronunciada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe remarcar y precisar lo siguiente:
Que el sujeto pasivo presentó Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Administración Tributaria adjuntando la planilla de sueldos y salarios, advirtiéndose que la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones presentada como prueba documental por la Administración Tributaria, si bien cuentan con los nombres de los asegurados a los que hace referencia los informes emitidos previamente a las Resoluciones Sancionatorias, se observa que en la columna del NIT se registra “Sub 2525, con la Razón Social Autoridad Binacional Lago Titicaca”. Por otra parte, continua el demandado-, de la Nota PREV –GR LOTE 11769 –DC94526/02/13 de la AFP BBVA se observó que los asegurados Marco Antonio Zeballos Serna y Siemen Nestor Loayza Lanza no tienen relación con el NIT 151154026, pero si con el SUP 2525 con salarios superiores a los 7.000, más no existe evidencia de que se hubiese solicitado información a la AFP Futuro de Bolivia, habiéndose pronunciado la Resolución del Recurso de Alzada en base a aquella información parcial, resolviendo revocar las Resoluciones Sancionatorias con el argumento que la Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa (UOB-ALT) no tuvo dependientes con salarios iguales o mayores a Bs. 7.000, determinándose en consecuencia la inexistencia del deber formal.
Apuntó que la AGIT en busca de la verdad material, solicitó información adicional a la AFP Futuro de Bolivia respecto a los asegurados nombrados y su relación de dependencia con el contribuyente, empero no se logró la información solicitada porque dicha entidad aseguradora arguyó que esa información resultaba confidencial. Ese hecho, mas la afirmación de la Administración Tributaria en sentido que el contribuyente UOB-ALT contaba con dependientes con salarios mayores a 7.000 Bs., pero que no obstante de ello, se consignaba en la casilla correspondiente a la Razón Social a un contribuyente distinto al indicado, determinaron a que la AGIT considere la necesidad de que la Administración Tributaria en uso de sus atribuciones establecidas en los arts. 66, numeral 1) y 100 de la Ley 2492, con carácter previo a la emisión de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, realice verificaciones adicionales que respalden la información proporcionada por la AFP, por lo que se decidió anular los actos administrativos anteriores.
Finalmente en cuanto a la presunción de legalidad y buena fe de los de las actuaciones de la Administración Tributaria, señaló que tal presunción no significa que no pueda indagar sobre la información presentada por los agentes de información como las AFPs, ya que la obligación formal de cumplir con deber, surge con la presencia de la condición establecida en la norma, en el presente caso, presentar la información mediante el Sofrware RC-IVA Da Vinci y no puede surgir a raíz de una información presentada por un Agente de Información.
1. Los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso acreditan que el hecho que dio lugar a la sanción determinada por la Administración Tributaria y a los recursos de impugnación consiste en el supuesto incumplimiento al deber formal de información como agente de retención del contribuyente Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa UOB-ALT, por existir en sus planillas dependientes con un salario igual o mayor a 7.000 Bs.
2. La Administración Tributaria en fecha 23 de septiembre de 2011 notificó al contribuyente Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa UOB-ALT, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos 1179200828, 1179200831, 1179200832, 1179200833, 1179200834, 179200835, 1179200836 y 1179200837, fechados todo en 11 de agosto de 2011, al haber evidenciado que dicho contribuyente no cumplió con la obligación de la información del Software RC-IVA Da Vinci agentes de retención, correspondiente a los periodos fiscales correspondiente a los periodos fiscales febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2008, información que de acuerdo a la terminación del último dígito del NIT, debió ser presentada en marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, hecho que constituye incumplimiento del deber formal previsto en el art. 162 de la Ley Nº 2492 en relación con el art. 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (anexos 2 a 9).
3. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos 373/2012 de 9 de octubre de 2012 (fojas 5 a 8 anexo 1), 374/2012, 375/2012, 376/2012, 377/2012, 378/2012, 379/2012 y 380/2012, todas del el 15 de octubre de 2012 (fojas 13 a 36 anexo 1), estableciendo en cada una de las resoluciones la sanción de 3.000 UFVs por incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención.
4. El contribuyente, contra las Resoluciones Sancionatorias descritas en el punto que precede, formuló Recurso de Alzada en los términos del memorial que discurre a fojas 37 a 40 del anexo 1, a cuya consecuencia y una vez vencido el término de prueba abierto por auto de 2 de enero de 2013 (fojas 53 anexo 1), la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, el 4 de marzo de 2013, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0168/2013 revocando totalmente las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, porque consideró, que los asegurados Marco Antonio Zeballos Serna y Siemen Néstor Loayza Lanza, no tienen relación con el NIT 151154026, registro que corresponde al contribuyente sancionado.
5. La Administración Tributaria interpuso el recurso jerárquico de fojas 108 a 111 del anexo 1, que fue conocido y resuelto por la AGIT, que pronunció la resolución impugnada en el proceso, determinando anular la Resolución del Recurso de Alzada y en consecuencia anular actuados con reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir hasta la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional porque la Autoridad Regional de Administración Tributaria La Paz no obtuvo la información solicitada a la AFP Futuro de Bolivia S.A., que desvirtué totalmente la contravención objeto de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, considerando además necesario sanear el procedimiento, debiendo la Administración Tributaria con carácter previo a la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, efectuar verificaciones adicionales para respaldar la información en base a la cual determinó la contravención y la sanción (fojas 147 a 156 vuelta del anexo 1, reiterada a fojas 3 - 13 vuelta del expediente).
6. Dicho acto administrativo tributario dio origen al proceso contencioso administrativo, materia de autos.
7. En el curso de su trámite, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil. Presentadas la réplica de fojas 50 a 52, a fs. 66 cursa la diligencia de notificación al tercero interesado Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa (UOB-ALT), sin que se haya apersonado al proceso, como tampoco consta que ela autoridad demandada haya presentado la dúpica, por lo que a fojas 71 se decretó autos para sentencia.
Con carácter previo a identificar la controversia traída ante este Tribunal, corresponde tener presente que el procedimiento Contencioso Administrativo constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del poder público a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos logrando el restablecimiento de los derechos que hubiesen sido lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos llevados a cabo en sede administrativa. El art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que “El Proceso Contencioso Administrativo procederá en los actos en que hubiese oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante ese poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiera afectado”.
Establecida como se encuentra la naturaleza jurídica del procedimiento contencioso administrativo, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para el conocimiento y resolución de la presente controversia por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias del reclamo conceder si corresponde o, negar en su caso la tutela solicitada por la demandante, en consideración a que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas las instancias con el pronunciamiento de la Resolución del Recurso Jerárquico, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, analizar si fueron debida y correctamente aplicadas las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la demandante y efectuar el control de judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
En este contexto y analizados los antecedentes acaecidos en sede administrativa, se identifican los siguientes puntos sobre los que recaerá la decisión del Tribunal Supremo de Justicias que constituyen el objeto de la liltis:
1.- Si la Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa (UOB-ALT), en los periodos fiscales febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, tenía dependientes con ingresos sueldos o salarios brutos mayores a 7.000 Bs., encontrándose por ello obligado a la presentación de la información electrónica utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN.
2.- Si la información remitida por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones AFP BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia, resultaba suficiente para confirmar que el contribuyente incumplió el deber formal de información.
3.- Si la Resolución de la AGIT transgredió los Principios de Legalidad y de Buena Fe.
V.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.
V.1. En relación al primer punto de controversia.
En autos, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió primero los Autos Iniciales de Sumarios Contravencional y posterior Resoluciones Sancionatorias, al considerar que la Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa (UOB-ALT), incumplió con el Deber Formal de Información sobre sus dependientes que en los periodos fiscales febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, poseían un ingreso como sueldo o salario mayor a 7.000 Bs. En este sentido es necesario recalcar que los deberes formales constituyen obligaciones que deben cumplir los contribuyentes, responsables y terceros; de acuerdo a las disposiciones establecidas en las Leyes Especiales y Reglamentos. En este contexto, el art. 162 de la Ley Nº 2492, señala: “El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”.
Dentro del contexto precedente, el SIN en su condición de sujeto activo de la relación tributaria, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, estableciendo en su art. 4 que los empleadores o agentes de retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) agentes de retención y remitirla mensualmente al SIN. Esta disposición reglamentaria, presupone que para su cumplimiento, debe existir necesariamente la información proporcionada por los dependientes de la entidad cuyo ingreso mensual sea igual o mayor a 7.000 Bs. En la especie, el sujeto pasivo de la relación tributaria alega que en los periodos fiscales indicados, no existía dependiente con esa remuneración por lo que. Al n existir dependientes con ese nivel salarial, no coexistía la obligación de informar mediante el Softwar RC-IVA (Da vinci).
En efecto, el sujeto pasivo contra quién se pronunciaron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y posteriores Resoluciones Sancionatorias, al momento de presentar los descargos tanto a los AISC cuanto a las Resoluciones Sancionatorias, demostró que en los periodos fiscalizados por el SIN no poseía en su planilla de sueldos y salarios dependientes con sueldos iguales o mayores a 7.000 Bs.), percibiendo dichos dependientes un salario mensual que oscila entre 1.800 a 1.450 Bs. (nota de 10 de octubre de 2011, Cite UOB/SG/191/2011 fojas 10 - 11 de los anexos 1 a 9, resultando entonces que al no existir información que debía ser consolidada por el empleador y remitida posteriormente al SIN, no puede acusarse la existencia de un deber formal que cumplir.
V.2. Sobre el segundo punto objeto de la Litis, es decir, si la información remitida por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones AFP BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia, resultaba suficiente para confirmar que el contribuyente incumplió el deber formal de información.
No obstante el análisis realizado en el punto precedente y los descargos presentados por el contribuyente, la Administración Tributaria, emitió las Resoluciones Sancionatorias que fueron detalladas en el acápite correspondiente a antecedentes, dejando subsistente la calificación de la conducta del contribuyente como “Incumplimiento a deber formal”, estableciendo como sanción la multa de 3.000 UFVs (Tres mil Unidades de fomento a la Vivienda), bajo el argumento que en las planillas de pago presentada por el contribuyente no figuraban sus dependientes que según la información proporcionada por las AFPs en su calidad de Agentes de Información, si poseían ingresos mayores a 7.000 Bs.
Sobre este punto es necesario realizar la siguiente digresión: a) La Administración Tributaria instruye Sumario Contravencional contra el contribuyente “Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa” (UOB-ALT), con Número de Identificación Tributaria NIT 151154026 (fojas 5 anexos 1 a 9), para posteriormente pronunciar contra el mismo contribuyente las Resoluciones Sancionatorias Nos 373 a 380, todas del 15 de octubre de 2012 (fojas 20-24 de los anexos 1 a 9). b) La información que sirvió de asidero para la actuación del SIN fue la proporcionada por la base de datos de la AFP Previsión BBVA y Futuro de Bolivia, documentos que cursan a fojas 76 y 77 del anexo 1, en los que se consigna en la casilla correspondiente como nombre o razón social del contribuyente “Autoridad Nacional Lago Titicaca” y en la casilla correspondiente al NIT “Sup 2525”, datos que no coinciden con el NIT y el nombre del contribuyente contra quién se pronunciaron los AISC y Resoluciones Sancionatorias. Por otra parte, según información de la propia AFP BBVA Previsión, los dependientes –que según el SIN- percibían una ingreso mayor a 7.000 Bs., no poseían ninguna relación con el NIT perteneciente al contribuyente Unidad Operativa Boliviana del Sistema Hídrico del Lago Titicaca – Rio Desaguadero – Lago Poopo – Salar de Coipasa, más si con el NIT Sup 2525 perteneciente a la Autoridad Nacional Lago Titicaca, contribuyentes diferentes uno del otro, cuya supuesta identidad no pudo ser demostrada en sede administrativa por el ahora demandante (fs. 85-85 anexo 1). c) Ante la falta de identidad entre los contribuyentes señalados en el inciso anterior en la Razón Social y el NIT, .la autoridad demandada solicitó a la AFP Futuro de Bolivia información adicional (fs. 132 – 135 anexo 1), solicitud que no fue respondida con el fundamento de que las AFPs se encuentran reguladas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, instancia a la que se debía acudir de requerirse mayor información (fs. 134 y 137 anexo 1). d) La falta de información que despeje cualquier duda en relación a los dependientes con sueldos iguales o mayores a 7.000 Bs- y sobre la entidad de la que dependían (sea el contribuyente con NIT 151154026 o “Sup 2525”), motivó a la AGIT a determinar en la resolución del recurso jerárquico se anule la Resolución que resolvió el Recurso de Alzada, reponiendo obrados hasta el pronunciamiento de nuevos AISC, a efectos de que la Administración Tributaria en uso de las facultades establecidas en los arts. 66 – 1) y 100 numeral 1 de la Ley Nº 2492, realice mayores averiguaciones sobre la información remitida por los Agentes de Información (AFPs).
V.3.- En relación al tercer punto, objeto de la Litis, si la AGIT transgredió los Principios de Legalidad y de Buena Fe.
Entendiendo que el “Principio de Legalidad” es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo ejerciciode potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, y el “Principio de buena fe” es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. Además de poner al bien público sobre el privado dando a entender que se beneficiara las causas públicas sobre la de los gobernadores o sectores privados; siendo este principio definido por, Eduardo Couture como la "calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón", con el fundamento del punto precedente, este Tribunal Supremo de Justicia no encuentra mérito para determinar que la autoridad demandada haya transgredido estos principios, máxime si con la resolución impugnada en la presente causa, lo que se busca es impedir las actuaciones abusivas tanto de la Administración Tributaria cuanto del sujeto administrado, pretendiendo únicamente la búsqueda de la verdad material, sobre la verdad formal.
Por el fundamento de la presente resolución, se concluye que la entidad demandante no posee razón en su pretensión, debiendo por ello declararse improbada su acción.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda y en su mérito, firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0902/2013 emitida el 1 de julio de 2013 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 6
 Resolución