Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/a174-11.htm
Timestamp: 2017-04-29 09:17:50+00:00

Document:
A174-11 [Proyecto de circulación restringida]
Auto 174/11
SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Adopción
medidas cautelares para proteger al Pueblo Indígena Awá en el marco del estado
de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04 y auto A004/09
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para verificar adopción de medidas para
asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales de personas desplazadas
según sentencia T-025/04/JUEZ-Competente hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza
Referencia: Adopción de medidas cautelares
urgentes para la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena
Awá, ubicado en los departamentos de Nariño y Putumayo, en el marco del estado
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las
órdenes emitidas en el auto 004 de 2009.
D.C., nueve (9) de agosto de dos mil once (2011)
Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
cumplimiento, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Juan
Carlos Henao Pérez y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, CONSIDERANDO
I. COMPETENCIA DE
1. Que la Corte Constitucional, en el marco del proceso de
seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de
2004 y sus autos complementarios, mantiene la competencia para verificar que
las autoridades responsables adopten las medidas necesarias, para asegurar el
goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas desplazadas en el
país, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,
que señala que “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.” 2. En ese sentido, y teniendo en cuenta las dificultades
propias del proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en
materia de desplazamiento forzado, declarado en la citada providencia[1],
fue la Sala Plena de esta Corporación la que asumió el seguimiento referido y,
por razones operativas, creó una Sala Especial para tal cometido, hasta que
ésta verifique que se ha superado la crisis humanitaria. II. PRESUPUESTOS FÁCTICOS DE LA PRESENTE
1. Que al no verificar avances en la implementación de un enfoque
diferencial para la protección y garantía de derechos de los grupos étnicos,
ordenado por la sentencia T-025 de 2004, y teniendo en cuenta que el
impacto del conflicto armado en los pueblos indígenas es proporcionalmente
mayor frente al nivel del desplazamiento de la población en general, la Corte
Constitucional profirió el Auto 218 de 2006, a través del cual señaló
la necesidad de diseñar e implementar una perspectiva diferencial concreta, que
reconozca que el desplazamiento forzado afecta de forma distinta a niños, niñas
y adolescentes, adultos mayores, mujeres, grupos étnicos y personas con
discapacidad.[2] 2. Que
posteriormente, al advertir el riesgo de exterminio que se cernía sobre los
pueblos indígenas, sea desde el punto de vista cultural, en razón al
desplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el punto de vista
físico, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes, la Corte
expidió el Auto 004 de 2009, mediante el cual ordenó la adopción de
medidas de protección a los derechos fundamentales de las personas y pueblos
indígenas víctimas del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas
inconstitucional declarado por esta Corporación. En esa providencia, la Corte
resaltó que los indígenas son uno de los grupos poblacionales más frágiles y
excluidos dentro de los grupos vulnerables, por lo cual son merecedores de
protección constitucional reforzada[3]. Al respecto,
son pertinentes los siguientes apartes del auto: “Los grupos indígenas colombianos están
particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias,
particularmente el desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la
confrontación sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de
pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores
catalizadores de las profundas violaciones de derechos humanos individuales y
colectivos que ha representado para ellos la penetración del conflicto armado
en sus territorios”. (…)
“No obstante lo anterior, la Corte
Constitucional ha identificado claramente una serie de factores comunes, que
constituyen los troncos principales de la confrontación que se cierne sobre los
pueblos indígenas del país, y que dependiendo del contexto geográfico,
socioeconómico y cultural del cual se trate, se entrelazarán de manera distinta
sobre cada comunidad en particular. Estos factores se agrupan en tres
categorías principales: (1) las confrontaciones que se desenvuelven en
territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a
las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y
manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y
comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y
(3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado
interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas. A su vez,
estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y
socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado,
resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra”
“Como se describe en la presente
providencia, los pueblos indígenas están atrapados en medio del conflicto, sin
que ninguna de las partes respete su no involucramiento ni su especial
protección ni reconozca su particular vulnerabilidad y fragilidad. El conflicto armado en general empeora la
situación preexistente de muchos pueblos indígenas, y desemboca en
desplazamiento forzado. El conflicto genera desintegración comunitaria y
familiar por la muerte de los líderes, amenazas, señalamientos, reclutamiento
de miembros. Se desmiembran las organizaciones y se lleva a las comunidades a
situaciones de alta vulnerabilidad. Colombia ya tenía varios pueblos en riesgo
de extinción por factores socioeconómicos; pero ahora el conflicto armado ha
introducido varios pueblos nuevos en la lista de quienes padecen este riesgo,
generando situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal
acorde a su gravedad. El conflicto armado genera la imposibilidad
de movilizarse por el territorio, afectando el trabajo colectivo y las
estructuras culturales que dependen de él. Afecta la educación por ocupación de
escuelas y asesinato o intimidación de maestros. Los bloqueos, confinamiento,
amenazas y señalamientos impiden el acceso para prestación del servicio de
salud, y también impiden la realización de prácticas medicinales propias. La
situación causa la pérdida de confianza entre miembros de la comunidad,
afectando la integración comunitaria y las prácticas socioculturales propias. El conflicto armado y sus procesos
económicos conexos generan asimismo daño ambiental, disminuyendo la caza y la
pesca y causando inseguridad alimentaria; pérdida de la posibilidad de
autosostenimiento con prácticas propias así como incremento de las muertes por
desnutrición, sumadas a desnutrición e inseguridad alimentaria por
confinamientos y bloqueos, como se describe en el anexo respecto de algunos
pueblos indígenas. Las violaciones de derechos humanos que
ocurren en el marco del conflicto armado tienen repercusiones colectivas muy
fuertes en las comunidades indígenas, porque causan desequilibrios y traumas
culturales, rupturas étnicas, y afectación de la memoria cultural del pueblo.
Para la Corte Constitucional, en fin, es
claro que la afectación diferencial de los pueblos indígenas por el conflicto
armado constituye un proceso destructivo de la diversidad étnica y cultural del
país, que es invisible para la sociedad y el Estado colombianos”. 3. Que de
acuerdo con informes allegados a esta Corporación, se evidenció la grave
afectación de los derechos individuales y colectivos del Pueblo Indígena Awá
por el conflicto armado y el desplazamiento, por lo que dicha comunidad
tradicional fue incluida entre aquellas en mayor riesgo de desaparición,
protegidas en el auto 004 de 2009, en cuyo anexo, que hace parte integral del
cuerpo de la providencia, la Corte hizo un recuento del panorama general de tal
problemática, en éstos términos: “Los derechos fundamentales individuales y
colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza
“permanente, sistemática y generalizada”, derivadas de infracciones constantes
del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el
conflicto armado colombiano. Es de tal gravedad esta afectación, que la
Defensoría del Pueblo en Nariño emitió en 2007 un informe defensorial como
mecanismo para visibilizar su crítica situación. Para la Corte Constitucional
no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones
desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas
colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto
3. Afectación del pueblo
indígena Awá por el desplazamiento forzado. La gravísima exposición del pueblo Awá a
los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, según se acaba de
exponer, les ha transformado en una de las etnias más afectadas por el fenómeno
del desplazamiento forzado en el país. Los desplazamientos individuales y
masivos se han dado como consecuencia necesaria de cada uno de los crímenes
relatados en el segmento precedente; el temor que naturalmente infunden estos
hechos en la población ha causado un fuerte movimiento poblacional que amenaza
la integridad y supervivencia misma de esta etnia.
Además de los desplazamientos forzados
causados por los crímenes cometidos y por el temor de la población, en términos
generales, el desplazamiento forzado del pueblo Awá obedece al acoso, la
intimidación y el control permanente de los grupos armados ilegales; las
restricciones al paso de alimentos; el involucramiento de los pobladores como
informantes y en otros roles al conflicto armado; el desarrollo de intensos
combates entre la Fuerza Pública, las guerrillas y los paramilitares en sus
territorios o cerca de ellos; y las fumigaciones indiscriminadas que afectan
sus cultivos de pancoger y su medio ambiente.
4. Que la Corte, al constatar que la respuesta estatal a la situación de
los pueblos indígenas había sido meramente formal y se había traducido en la
expedición de documentos de política sin repercusiones prácticas, concluyó en
el referido auto, que el Estado colombiano había incumplido sus deberes
constitucionales, en forma grave y, en consecuencia, ordenó al Gobierno
Nacional el diseño e implementación de (i) un programa de garantía de los
derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento,[4]
y de (ii) planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el
desplazamiento,[5] para cada uno
de los pueblos identificados en el auto.[6] Igualmente,
pidió a la Fiscalía General de la Nación (iii) adoptar las
determinaciones encaminadas a evitar la impunidad de las conductas
delictivas de las cuales han sido víctimas los miembros de los pueblos
indígenas. 5. Que, en atención a las órdenes impartidas en el auto 004, el
Pueblo Indígena Awá, en abril de 2010, allegó a la Sala Especial de Seguimiento
a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, el Plan de
Salvaguarda Étnica, en lo que ellos denominaron una “revisión colectiva de nuestra memoria
sobre las violaciones a nuestra integridad como pueblo, así como el conjunto de
nuestras decisiones, que hemos definido para garantizar futuras y ojalá
abundantes generaciones de nosotros los Awá.”[7] Dentro del mencionado documento se da a
conocer quién es el Pueblo Awá, su origen e identidad, ubicación geográfica y
estructura organizativa. Al efecto, se dijo que esta comunidad está agrupada en tres organizaciones, así:
“La Unidad Indígena del
Pueblo Awá –UNIPA. El
pueblo indígena Awá de la UNIPA está integrado por 20.200 indígenas, asentados
en 22 resguardos legalmente constituidos y seis en proceso de constitución.
Ocupan una extensión total de 210.000 hectáreas ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán y Samaniego en el departamento de Nariño – sur
occidente de Colombia. El territorio que ocupa oscila entre los 200 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, en el pie de monte costero de la región pacífica, en un
ecosistema frágil de selva húmeda tropical.
Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte - CAMAWARI -Con
una población de 10.500 habitantes, que constituye cerca del 85% total de la
población del municipio de Ricaurte, y con 107.000 hectáreas de territorio, trabaja Camawari. Una parte de los resguardos se encuentran
entre Ricaurte y la frontera con Ecuador y por allí están Nulpe Alto,
Nulpe Medio, Magüi, Pialapí-Pueblo Viejo, Cuascuabí, Cuchilla del
Palmar, Vegas y Quaiker Viejo. Al lado norte de Ricaurte se encuentran
los Resguardos de Alto Cartagena, Palmar Imbí, Gualcalá y Ramos Mongón
en los límites con Samaniego, en el municipio de Santa Cruz Guachavez se
encuentra también el Resguardo del Sande que es intercultural con el
pueblo Pasto. En total once resguardos.
Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo - ACIPAP. En el mes de abril de 1.998 se creó ACIPAP
como producto de una asamblea de 24 comunidades realizada en el cabildo
Siloe, municipio de Villa Garzón. Tiene legalizados ocho resguardos y
seis parcialidades con reconocimiento étnico y 12 cabildos en proceso de
reconocimiento étnico. En total, son 26 cabildos que se encuentran
distribuidos en los municipios de Villa Garzón, Orito, San Miguel, Puerto
Caicedo, Valle del Güamuez y Puerto Asís, y el área comprendida en las cuencas
de los ríos San Juan, Orito y San Miguel en el departamento del Putumayo.
El territorio Awá en Putumayo alberga a 4.604 habitantes y comprende 8.610 hectáreas constituidas en resguardos, y una proyección por constituir de 47.846 hectáreas que se encuentran en proceso de titulación y que pertenecen al territorio del
Imperio Renaciente del pueblo Awá Kuaiker – IRAK, adicionalmente la solicitud
de ampliación es de 184.148 hectáreas Junto con las propuestas de ampliación y saneamiento y la zona de protección el territorio de ACIPAP constituye
alrededor de 240.604 hectáreas.”
En el Plan de Salvaguarda también se puntualiza
lo que significa para esta comunidad su elaboración y cuáles son los principios
que lo sustentan (tales como el territorio, la cultura, la autonomía, la unidad
y la minga[8]), se
presentan propuestas estratégicas y lineamientos políticos para este documento
y para el programa nacional de garantías de derechos de los pueblos indígenas y
se trata el tema de la consulta previa.
Por otro lado, como componentes del Plan
de Salvaguarda Étnica se prevén: (i) la protección de los territorios
tradicionales y ancestrales, (ii) la prevención del impacto desproporcionado
del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre el Pueblo Indígena Awá
y la atención efectiva y diferencial a las personas desplazadas; (iii) el
fortalecimiento de la integridad cultural y social del pueblo indígena Awá;
(iv) el restablecimiento de derechos: retorno y reubicación en condiciones de voluntariedad,
seguridad y dignidad; (v) los derechos fundamentales de las víctimas, a la
justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición y (vi) la
protección de los líderes, autoridades tradicionales y personas en riesgo.
Al documento se anexan los diagnósticos de
los planes de salvaguarda de las organizaciones del Pueblo Indígena Awá:
CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte-Nariño), UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y ACIPAP
(Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del departamento del
Putumayo). Igualmente, se adjunta un informe relativo a procesos de titulación,
saneamiento y ampliación del territorio; otros, acerca de la construcción y
adecuación de centros e instituciones educativas, nombramiento de docentes y
perfil de la escuela de pensamiento Awá y centro de sanación. Además, se
agregan escritos sobre infraestructura vial y necesidades en cuanto al
componente de salud. Se manifiesta que la construcción del Plan de Salvaguarda Étnica
ha sido un proceso complejo, debido a que durante el desarrollo de la consulta
interna no se han detenido las masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos
masivos e individuales y demás violaciones a sus derechos fundamentales. A
pesar de esto, afirman que han sido constantes en la construcción del Plan,
pues consideran que éste es uno de los caminos para garantizar su pervivencia
física y cultural. Lo anterior, por cuanto el Plan de Salvaguarda Étnica recoge
decisiones colectivas que apuntan a la resolución de las problemáticas causadas
por el conflicto armado interno y sus factores conexos. Sobre el punto, el Pueblo Indígena Awá concluye: “Las
propuestas de salvaguarda que hemos desarrollado en este plan deben traducirse
al final de la consulta previa en hechos concretos, que materialicen el pleno
disfrute de nuestros derechos, que no es otra cosa distinta para nosotros que
los cuatro mundos que conforman nuestra cosmovisión estén equilibrados y se
restablezca nuestra relación vital con los seres espirituales de nuestro
territorio.”[9]
6. Que en la Sala Especial de
Seguimiento reposan diversos informes presentados por las autoridades del orden
municipal, departamental (donde se encuentra ubicado el territorio ancestral
indígena Awá) y nacional, relativos a la crisis humanitaria del Pueblo Awá. 6.1. En la Sesión Técnica Regional llevada a cabo el día 18 de febrero de
2010, sobre coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y las Entidades
Territoriales en materia de atención integral a población desplazada, en el
marco de la sentencia T-025 de 2004 y el auto 314 de 2009, las entidades
territoriales que enseguida se mencionan presentaron informes en los cuales dan
cuenta de la atención prestada a la situación del Pueblo Indígena Awá. 6.1.1 El alcalde
del Municipio de Barbacoas (Nariño), en donde se encuentran ubicadas algunas
comunidades del Pueblo Indígena Awá, manifestó en su informe, que teniendo en
cuenta que los asentamientos indígenas se encuentran a grandes distancias del
casco urbano, en zonas de difícil acceso y alto riesgo por alteraciones del
orden público, se hace necesario que el Gobierno Nacional disponga de una
ambulancia aérea para atender emergencias médicas en dichos territorios. 6.1.2 El
Gobernador del departamento de Nariño, informó que, desde el mes de septiembre
de 2009, ha desarrollado el plan de restablecimiento de las familias
desplazadas presentado por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), quien
venía trabajando en mesas de concertación, en las que participaban las
instituciones del Consejo Departamental de Atención Integral a Población
Desplazada por la Violencia y autoridades indígenas, para acordar la
implementación de acciones encaminadas a conseguir la estabilización
socioeconómica de las mismas. En el año 2009 este Consejo formuló e inició la
implementación del proyecto “Planes de prevención de violaciones de DDHH y
desplazamientos masivos”, con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República. Se afirmó además, que están articuladas las
entidades Estatales y las Agencias de Cooperación Internacional en torno al
proceso de protección de tierras. También se subrayó que el mayor problema que
se presenta en el departamento es que hay constantes enfrentamientos de los
diferentes actores armados, en ese sentido se reportaron 15 masacres desde el
Los informes presentados por el
departamento del Putumayo y sus municipios priorizados, no proporcionan
información específica relacionada con la atención a la población indígena
Awá. 6.2 En cumplimiento de las órdenes
contenidas en el auto 004 de 2009, el Gobierno Nacional ha presentado informes
relacionados con el tema,[10]como pasa
6.2.1 Respecto al diseño e implementación de un Programa de
Garantía para los Pueblos Indígenas afectados por el desplazamiento, en
primer lugar, en documento enviado el 1 de julio de 2010, el Gobierno Nacional
reportó como avances: (i) elaboración de los lineamientos del programa, diseño
de la metodología de concertación, conformación del comité temático y
realización de sesiones con dicho comité; (ii) acuerdos metodológicos,
realización de 72 encuentros preparatorios locales; 14 reuniones para
socializar el auto, definir el alcance del programa de garantías de derechos de
los pueblos indígenas y elaborar un diagnóstico local sobre los factores de
afectación según lo dispuesto por el auto 004 de 2009; (iii) reuniones macro-nacionales
en diferentes regiones del país[11].
6.2.2. En el informe del Gobierno Nacional, allegado el 16 de
marzo de 2011 al responder al auto 385 de 2010[12],
se informó que se realizaron acuerdos para la metodología de la
formulación del Programa de Garantía, en el marco de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos Indígenas, los cuales permitieron realizar 29
encuentros preparatorios. A la fecha, para ejecutar la orden en mención, se
dijo que se han realizado encuentros entre los meses de julio y noviembre de
2010, en los departamentos de: Vaupés, Caldas, Córdoba, Sucre, Amazonas,
Guajira, Valle del Cauca, Casanare, Norte de Santander, Risaralda, Caquetá,
Vichada, Guaviare, Guainía, Nariño, Tolima, Cauca, Meta, Arauca y Putumayo. Se
da cuenta de la realización de 27 encuentros departamentales, para asegurar la
participación de los representantes de los pueblos indígenas escogidos en los
encuentros preparatorios locales. Así mismo, se menciona que se llevaron a cabo
4 encuentros macroregionales (Orinoquia, Caribe, Occidente, Andina), en donde
se realizaron trabajos de revisión y consolidación de las propuestas surgidas
en los encuentros departamentales. Igualmente, se reportó que con la presencia
de representantes de las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a
Población Desplazada – SNAIPD, se llevó a cabo un trabajo puntual en relación
con el tipo de propuestas viables, para ser tenidas en cuenta y concertadas con
las otras entidades responsables del cumplimiento del auto 004 de 2009. Espacios
en los cuales, según se anunció, surgieron documentos que serán abordados en el
En materia de coordinación entre el
Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas, se señaló que se han adelantado
acciones en contratación de los integrantes del equipo Nacional y de las
organizaciones indígenas, así como de expertos asesores en política pública,
para el desarrollo de las actividades pendientes durante los meses de febrero,
marzo y abril de 2011. El equipo nacional realizará un evento de trabajo para
evaluar actividades, depurar, organizar, revisar, analizar, ordenar,
sistematizar, estructurar contenidos y elementos que vayan a incorporarse en el
programa de garantías. Prevé que al finalizar el mes de marzo de 2011, se
llevará a cabo en Bogotá, un encuentro nacional, con participación de líderes
indígenas desplazados de distintas regiones del país, donde se buscaría
complementar los insumos recogidos durante el proceso de formulación del
programa de garantías a lo largo y ancho del país. Con el propósito de realizar
los ajustes técnicos en materia de población, censo, territorio y oferta
institucional y previo al documento final del programa de garantías, se
convocará a un seminario taller interinstitucional. En un encuentro nacional de
autoridades de los Pueblos Indígenas de Colombia, se llevará a cabo la
protocolización del programa de garantía, tal como lo establece el acuerdo del
22 de mayo de 2009, de la Mesa Permanente de Concertación. Este espacio tiene
como objeto, de acuerdo con el informe, iniciar el proceso de negociación,
haciendo énfasis en la definición de lineamientos temáticos y acciones a
seguir. En esta reunión se iniciará la consolidación de una propuesta a nivel
nacional, en la que se asuman acuerdos y compromisos entre el Gobierno Nacional
y los pueblos indígenas, cuyo resultado será llevado a la Mesa Permanente de
Concertación. No obstante lo anterior, a la fecha no se
ha allegado informe alguno que de cuenta de los últimos avances en la ejecución
de ésta orden o de la realización de las actividades previstas.
En cuanto al diseño e implementación de Planes de Salvaguarda Étnica
ante el conflicto y el desplazamiento, para cada uno de los pueblos
identificados en el auto 004,[13] el Gobierno
Nacional, en informe del 1 de julio de 2010, reportó avances en la formulación
de 13 planes de salvaguarda étnica, éstos son: Awá, Totoroez, Coconuco,
Yanacona, Cofán, Nasa, Comunidades indígenas de Betoyes, Siona, Eperara
Siapidaara, Chimila, Yukpa, Coreguaje y Embera Dovia, sin especificar
concretamente las acciones emprendidas para explicar el avance. En cuanto a los planes de salvaguarda
étnica de los pueblos indígenas restantes, se informó estar a la espera de la
culminación de los encuentros departamentales relacionados con el diseño del
programa de garantía de derechos y, posteriormente, se dijo que se definirá el
procedimiento de consulta previa de cada uno de ellos, de acuerdo con las
particularidades de sus comunidades tradicionales. En el informe del Gobierno Nacional en respuesta al auto 385 de
2010, presentado el 16 de marzo de 2011, se anunció que se iniciarían los
procesos de consulta con 14 pueblos, con los que aún no se había logrado un
acuerdo respecto a la metodología para la formulación del plan de salvaguarda. Se
informó que entre el 1 de Julio del 2009 y el 11 de marzo de 2011, el equipo
interinstitucional del Gobierno Nacional adelantó reuniones con autoridades y
representantes de los pueblos indígenas, para establecer las necesidades de
cada plan de salvaguarda y avanzar en el tema de la coordinación
interinstitucional, de que trata el auto 004 de 2009. Para el presente año, se
tienen previstas actividades y productos con diferentes pueblos indígenas, con
el objetivo de lograr la formulación de 20 planes de salvaguarda, con la etapa
de consulta previa debidamente evacuada en cada uno de ellos. Concretamente, sobre el plan de salvaguarda étnica del Pueblo
Indígena Awá, en el último informe,[14]ya referido,
se presentó la siguiente gráfica: PUE-BLO ESTADO ACTUAL MARZO de 2011 ESTADO (esperado) de AVANCE a 30 de JUNIO de 2011
ESTADO (esperado) de AVANCE a 30 de SEPTIEMBRE de 2011
ESTADO (esperado) de AVANCE a 31 de DICIEMBRE de 2011
AWA Se concertó propuesta para mejorar
técnicamente las líneas de acción así como para desarrollar una etapa de
presentación del plan y concertar intersectorialmente las líneas de acción y
formular en este mismo marco los programas y proyectos correspondientes Formulación de programas y proyectos
para la concertación interinstitucional Ruta de concertación acordada
intersectorialmente Concertación de P.S avanzada de acuerdo
a la capacidad técnica y en el contexto de las dinámicas de concertación y
dispersión geográfica de cada pueblo indígena; y el desarrollo de actividades
de cada sector así como de las entidades territoriales El Gobierno Nacional no informó sobre la superación de los obstáculos
que han impedido avanzar en el trámite de la instalación[15]
del Plan de Salvaguarda, presentado desde abril de 2010, mes en que fue
entregado al Gobierno Nacional por el Pueblo Awá, ni sobre el inicio de la etapa
de consulta previa. El Gobierno Nacional presentó “Informe del Gobierno Nacional
sobre el avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en el
marco de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento” el 1 de
julio de 2011, en el cual se reporta que aún se están entablando conversaciones
para acordar cómo proceder y culminar el proceso de construcción del Programa
de Garantía de los pueblos indígenas, enunciando a este respecto únicamente
propuestas de acción y metodología. Y pese a que se presenta un cronograma para
el desarrollo de las actividades, el mismo no es claro y omite varias fechas,
que según se señala están por definir. En relación con el Plan de Salvaguarda Étnica Awá, en el documento
menciona que en el primer semestre de 2011 se adelantaron nuevos acuerdos de
ruta metodológica, con contenidos técnicos y financieros, con algunos pueblos
indígenas, entre los cuales se encuentra el Awá, y se muestra un “CRONOGRAMA
PROYECTADO CON MARCO LÓGICO CONCERTADO”, en cuyo numeral 10 mo. se menciona al
pueblo Awá y se indica que entre el 20 y 21 de mayo se habría agotado la etapa
de “PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCERTACIÓN para la formulación de P y P”;
entre julio y octubre, se adelantaría la “FORMULACIÓN TÉCNICA de programas y
proyectos” y en noviembre de 2011 la “PROTOCOLIZACIÓN DEL PLAN”. 7. Que el 17
de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH
se dirigió al Estado colombiano, en virtud de lo establecido por el artículo 25
de su reglamento,[16] a fin de solicitar
la adopción de medidas urgentes para preservar la vida e integridad personal de
los miembros de la comunidad indígena del Pueblo Awá situado en los
departamentos de Nariño y Putumayo, afectados por la siembra de minas
antipersona en su territorio.[17]
8. Que en el marco de lo ordenado en el auto
004 de 2009, a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y
sus autos complementarios, han llegado diferentes informes provenientes
de agrupaciones indígenas, entidades de control y organizaciones
internacionales, en donde se da cuenta de la aguda crisis humanitaria que
enfrenta el Pueblo Indígena Awá y que tiene como focos de las graves y
sistemáticas violaciones de sus derechos fundamentales, el conflicto armado,
los megaproyectos y monocultivos, que traen consigo señalamientos, amenazas,
hostigamientos, siembra de minas, desapariciones forzadas, asesinatos
selectivos y masacres, por un lado, y por otro, confinamiento, desalojo,
desplazamiento, pérdida de la identidad cultural y de la autonomía, inseguridad
alimentaria, omisión de la consulta previa, entre otros. A continuación, se
señalarán las partes pertinentes de cada uno de éstos documentos.
8.1. Informes de las Organizaciones del
Pueblo Indígena Awá.-
- La Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA,
informó el 15 de julio de 2009, que en febrero de 2009 la población indígena del Resguardo Tortugaña
Telembi (Barbacoas-Nariño), se desplazó al predio El Verde,
perteneciente al Resguardo el Gran Sábalo, en el municipio de Barbacoas,
y a otros sectores como la zona rural del municipio de Ricaurte, caseríos en la
carretera que de Junín conduce a Buenavista, Altaquer, Mallama y Pasto, del departamento
de Nariño. Además da cuenta de algunas familias indígenas Awá que se han
desplazado al departamento del Putumayo, a los municipios de Sibundoy, Puerto
Umbría y Mocoa. La UNIPA informó que existen obstáculos en
el registro de la población indígena Awá desplazada, porque no hay un
enfoque diferencial dentro del cual se tenga en cuenta la diversidad de
dialectos y de cosmovisión cultural de las comunidades en desplazamiento, y la
orientación a la población, es precaria. Esta organización relata que se ha
recibido parcialmente ayuda humanitaria de emergencia, y pone de
presente, que algunos indígenas desplazados se alojaron temporalmente en el
Centro Administrativo de la UNIPA, mientras que la Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional y la Acción Social construía un alojamiento
adecuado, sin embargo, señala que la población se ha visto inmersa en problemas
de hacinamiento y salubridad, por la falta de espacio, por la ausencia
de una provisión adecuada de agua, la propagación del virus de varicela (sin atención
médica) y por problemas gástricos debidos a la intolerancia a una dieta no
diferencial. Respecto al componente nutricional,
informó que se recibieron algunas provisiones, provenientes del convenio que
celebró la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y la Acción
Social con el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR, y de la Gobernación
de Nariño. Sin embargo, la partida se ejecutó y no se asignaron más recursos
para abastecer la demanda en ese aspecto específico. En materia de educación, la UNIPA
manifestó que los menores Awá desplazados cuentan con un profesor en horas de
la mañana para 50 niños, y que los docentes que dictaban en horas de la tarde,
educación etnocultural, tecnológica y agropecuaria bilingüe, dejaron de dictar
dichos cursos, 15 días antes de la presentación de este informe, por cuanto sus
contratos no fueron renovados. Informaron que la exigua atención de las
entidades responsables, tanto del nivel nacional como territorial, ha generado
en esta etnia mayor dispersión geográfica de la población, dificultando su
estabilización socioeconómica, la cohesión del grupo y procesos de retorno o
reubicación en condiciones de inseguridad. Además, se han presentado algunos
conflictos con la población receptora por implementos que permiten la
supervivencia de la comunidad desplazada. La población indígena Awá desplazada continúa
en riesgo, ya que (i) hay presencia de grupos armados al margen de la ley
en el territorio de expulsión y recepción; (ii) algunos miembros de la
comunidad han sido reclutados forzosamente, señalados e intimidados,
amenazados, desaparecidos y asesinados; (iii) se evidencia ocupación y hurto de
bienes; (iv) fumigación de cultivos ilícitos, lo que impide la realización de
actividades de caza y agricultura; y (v) retaliaciones de los grupos al margen
de la ley, después que la fuerza pública entra en contacto con la población.
Adicionalmente, se informa sobre las personas en riesgo por los hechos
descritos y denunciados ante la Defensoría del Pueblo y puestos en conocimiento
de las Agencias de Cooperación Internacional que trabajan en la zona. Si bien la UNIPA informó que ha reunido
esfuerzos para proteger en su territorio a la comunidad a través de la guardia
indígena, advirtió que la situación desborda su capacidad de acción. - La UNIPA -Unidad Indígena del Pueblo
Awá- y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del departamento del
Putumayo-ACIPAP,[18], presentaron
un Informe actualizado a octubre de 2009, en el que se relacionan una serie de
violaciones de los derechos fundamentales, individuales y colectivos que
amenazan la pervivencia física y cultural del Pueblo Indígena Awá, resaltando
que el proceso de construcción de la propuesta de Plan de Salvaguarda Étnica,
dentro del cual se hizo un diagnóstico, se llevó a cabo en medio de tensiones
por la permanente vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, del cual son víctimas como comunidad tradicional.
Se relacionó la masacre ocurrida contra 17
personas del resguardo de Tortugaña Telembí, departamento de Nariño[19]
ocurrida pese a haberse advertido, de manera oportuna y con anterioridad, mediante
la Resolución Defensorial No. 53 de 2008 y el Sistema de Alertas Tempranas –
SAT, durante los años 2008 y 2009, sobre la presencia de grupos armados en su
territorio, no se tomaron las medidas del caso y la masacre y el desplazamiento
de más de 400 personas, la mayoría niñas, niños y jóvenes, del resguardo Tortugaña
Telembí, hacia municipios como Ricaurte o a sus sedes administrativas en
los sectores de El Diviso, Buenavista, Chanul, Tronco, ocurrió, sin que se
hayan garantizado condiciones para su retorno. El resguardo permanece
parcialmente abandonado por temor a nuevos enfrentamientos y por la presencia
de minas antipersona dejadas por los grupos armados, y que han cobrado la vida
de algunos miembros del Pueblo Indígena Awá cuando han intentado regresar al
También denunciaron hechos como
señalamientos y amenazas contra líderes y autoridades tradicionales de
comunidades de varios resguardos y ataques selectivos, que precedieron a otro
cruento hecho durante el año 2009, ésta vez, en el resguardo de Gran Rosario
y del cual fueron víctimas 7 niños y niñas del Pueblo Indígena Awá, así como
familiares de víctimas de anteriores violaciones de derechos humanos y quienes,
como consecuencia de las denuncias, han sido silenciados. Con todo ello, se
expuso que se abrió paso a nuevos señalamientos y desplazamientos contra
personas de éste pueblo originario. Que los retenes ilegales se constituyen en
una forma de violentar su derecho al libre acceso al territorio y bajo esta
perspectiva, el derecho al ejercicio de la autonomía en su territorio, es
interpretado como una negativa a ser protegidos por el Estado, pues, a su
juicio, la única manera de protección que se concibe es la militarización de
vías y territorios, estrategia no ha garantizado la disminución de los crímenes
contra de su etnia. Además la Unidad Indígena Awá puso en evidencia, que en el
contexto de la confrontación armada, la utilización de minas antipersona (MAP)
es otra forma de atentar contra la vida y los territorios de éste pueblo,
mecanismo que ya ha dejado varias víctimas fatales, muchas de ellas menores de
En el informe, se resaltaron elementos de
la organización del Pueblo Awá, así como su cosmovisión indígena, y se explicó
cómo los crímenes perpetrados en contra de esta comunidad tradicional, ha
traído como consecuencia a su colectividad, alto daño a su pervivencia física y
cultual, como “nación nativa”.
Se afirmó que las masacres en los
resguardos de Tortugaña Telembí y Gran Rosario (perpetradas el 4 de
febrero y el 25 de agosto de 2009, respectivamente), evidenciaron la difícil
situación humanitaria agudizada, con nuevos hechos de sangre, contra el Pueblo
Indígena Awá, al tiempo que más familias desplazadas seguían llegando a la casa
indígena ubicada en el corregimiento de la Guayacana (para entonces eran aproximadamente
180 niños, niñas y jóvenes entre la población desplazada) y las amenazas y
hostigamientos continuaban. Que el tipo de desplazamientos de los cuales son
objeto, se denominan “gota a gota”, resultado de asesinatos selectivos, como
por ejemplo, en el resguardo de Piedra Verde, vía Junín - Buenavista,
que a mediados de 2008, generó el desplazamiento de varias familias.
Igualmente, la UNIPA indicó que las
amenazas y señalamientos contra líderes y autoridades tradicionales del pueblo
Awá, son una práctica
constante con la cual se busca desarticular a la comunidad, eliminando a sus
líderes y con ello, generar el desplazamiento. - El Pueblo Indígena Awá asevera en el Plan de Restablecimiento presentado en
octubre de 2009 que se le han
vulnerado de manera masiva y sistemática, sus derechos individuales y
colectivos como consecuencia de la presencia y el accionar de diversos grupos
armados, tanto ilegales como legales, en su territorio ancestral. Han sufrido
impacto negativo en su relación cultura-territorio, pues la intromisión de
megaproyectos, el desconocimiento de su derecho a la consulta previa, así como
la exclusión y marginalidad histórica para participar en la inserción y
construcción de región han afectado los procesos socioeconómicos de su etnia.
Situación que ha generado desplazamiento forzado individual y masivo de las
comunidades, principalmente dentro de los departamentos de Nariño y Putumayo, y
que tiende a incrementarse, ya que los factores de riesgo continúan, por lo que
siempre esta latente la posibilidad de que se presenten nuevos desplazamientos,
viéndose amenazada permanentemente su integridad como pueblo originario.
El Plan de Restablecimiento propuesto, contempla, la solicitud de
que se adopten, de manera urgente, unas medidas de protección y prevención que
respondan a la crítica situación en que se encuentra ésta etnia. Consideran que
la única vía para que las familias Awá sean restablecidas integralmente con
dignidad, es que dentro de su territorio se garantice la tranquilidad y el
respeto de sus derechos, de lo contrarío las violaciones a sus derechos
seguirán perpetrándose y la condición de vulnerabilidad que padecen no
terminará. Además planteó un plan de acción para la fase de restablecimiento
de las familias Awá, desplazadas en el mes de febrero de 2009, pertenecientes
al resguardo de Tortugaña Telembí, así como el seguimiento a la
aplicación de los compromisos adquiridos por el gobierno departamental y
nacional, tras el desplazamiento del resguardo de Inda Sabaleta, el 18
de septiembre de 2007. Se señaló que las medidas a tomar, para garantizar sus
derechos, deben ser integrales, no solo deben apuntar a cubrir las necesidades
materiales de los grupos indígenas en situación de desplazamiento, sino que
deben encaminarse a restablecer las afectaciones que el conflicto social y
armado ha traído a su territorio, a su cultura y a su salud física y
espiritual. Además no buscan medidas asistencialistas que temporalmente satisfagan
algunas de sus necesidades, sino una respuesta institucional comprometida en
propiciar los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que les permitan
permanecer en su territorio y pervivir como cultura. El Pueblo Indígena Awá asegura,
que una población está restablecida cuando se ha acompañado su proceso de
retorno o reubicación, sin olvidar que estos dos procesos deben contemplar una
fase de transición y, otra, de adopción de medidas que garanticen la prevención
de nuevos eventos de desplazamiento, así como la protección de las comunidades,
por ello conviene hacer una lectura integral de sus derechos. - El Informe presentado
por la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA, el 17 de junio de 2011 al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
sede en Washington D. C., contiene la solicitud de adopción de medidas urgentes para
preservar la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad
indígena del Pueblo Awá, afectados por la siembra de minas antipersona en su
territorio. Informan que en el marco de las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, (i) Se han
suscrito algunos convenios entre la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y las
organizaciones CAMAWARI y UNIPA, cuyo resultado fue la realización de
diagnósticos participativos con las comunidades del Pueblo Awá, a través de los
cuales se definió la propuesta de incluir el Plan de Salvaguarda Étnica; (ii)
la necesidad de contar con la presencia del Ministro o Viceministro del
Interior y de Justicia, con el propósito de analizar y discutir los pormenores
de las fases del proceso de consulta previa que proponen desarrollar con el
Gobierno Nacional, pues en la primera reunión discutirán los lineamientos
políticos del plan y se designarán los funcionarios de los Ministerios para
continuar con el desarrollo del proceso; (iii) el 22 de septiembre de 2010,
miembros de tres (3) organizaciones del Pueblo Awá se reunieron con en
Viceministro del Interior y de Justicia, Aurelio Iragorri Valencia, acordando,
la fecha para la instalación de la consulta previa, el envío de un presupuesto
para su instalación y demás etapas, así como la socialización del Plan de
Salvaguarda Étnica Awá, por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas ante los
otros Ministerios, poniendo al tanto al Viceministerio del Interior y de
Justicia de la ruta y acciones planteadas por el Pueblo Awá. En el documento, dejan constancia que pese
a estos acuerdos, respecto del cumplimiento de los mismos“(…) hasta la fecha
no se ha adelantado la instalación del Proceso de Consulta Previa y las
posteriores reuniones de concertación del Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo
indígena Awá con el Gobierno Nacional (…) Por otra parte el acuerdo al que se
llegó para hacer el afinamiento técnico del plan de salvaguarda étnica del
pueblo Awá, no ha sido ejecutado debido a que no ha suscrito ningún convenio
para el desarrollo de esta actividad, lo cual nos preocupa debido a que por los
comicios electorales que tendrán lugar en el mes de octubre del año en curso,
la firma de convenios y desembolsos de recursos en instituciones públicas se ve
congelado a partir del mes de julio.” (iv) También anotaron, que hubo dos
intentos adicionales para instalar la consulta previa de su Plan de Salvaguarda
en lo que va corrido del año, el primero, el 21 de mayo, en Orito (Putumayo), “el
cual fue cancelado por el viceministro del interior y de justicia, sin exponer
las razones de dicha cancelación”, y el segundo, responde a una propuesta
de fecha que se envió para el 18 de junio,“cuya respuesta desde el director
de asuntos indígenas del Ministerio del Interior fue que con motivo de un
viaje, dicho espacio debía ser aplazado.”
Además frente a la solicitud de medidas
cautelares para contrarrestar los efectos de la siembra de minas antipersona en
el territorio ocupado por los Awá, informaron que en la reunión efectuada el 14
de abril de 2011, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se acordó, que atendiendo
al carácter colectivo de las medidas, el Pueblo Awá se comprometió a enviar el
presupuesto de la asamblea a realizarse con delegados de las tres (3)
organizaciones, y, la Cancillería se comprometió a socializar con las
instituciones competentes del Estado dicho presupuesto, en aras a garantizar la
realización de la asamblea, sobre el particular se expuso que “(…) el
presupuesto fue enviado el día veinte (20) de abril del año en curso, y hasta
la fecha no hemos recibido ninguna respuesta oficial por parte de la
cancillería, así como de ninguna autoridad del Gobierno Colombiano.” Entre las propuestas y requerimientos
hechos en el informe, se encuentran el seguimiento a los procesos de consulta
previa para el Plan de Salvaguarda Étnica y concertación de medidas cautelares,
para que éstos sean realizados dentro de los parámetros establecidos en el
8.2 Comunicados de las Organizaciones del Pueblo Indígena
Awá.-
- La Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Awá – Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI, en
escrito del 7 de febrero de 2011, expuso que ante los enfrentamientos acaecidos
el 5 de febrero, en la comunidad de Casagrande, y los riesgos que viene
padeciendo la población civil del resguardo de Pialapí-Pueblo Viejo y la
reserva natural de La Planada, perteneciente a éste, por el incremento
de efectivos del Ejército Nacional, desde finales del año pasado, consideran
necesario, como mecanismo de protección a la vida y a la integridad de las
personas que allí habitan, “que se retiren las tropas que vienen haciendo
presencia permanente en el Resguardo Pialapi-Pueblo Viejo y en especial en la
Reserva Natural de la Planada.”[20] Para
los indígenas Awá “la presencia de actores armados que participan del
conflicto, entre ellos la Fuerza Pública, está generando temor e incertidumbre
a nuestra comunidad por las confrontaciones que podrían suscitarse. Esto se
está manifestando en que la población está viendo afectada su movilidad, en
especial los estudiantes, que no se sienten seguros al transitar los caminos
que conducen a sus escuelas, y la de las personas que salen a proveerse de
víveres y ven restringido su acceso al resguardo.”[21]
La UNIPA presentó comunicado el 8 de
febrero de 2011, informando que el 31 de enero, dos indígenas Awá, al
movilizarse por territorio del resguardo Hojal la Turbia, comunidad Peña
Caraño, municipio de Tumaco, fueron víctimas de una mina antipersona, resultando
muerto un menor de edad. Que el 7 de febrero, tres indígenas del mismo
resguardo (entre ellos un menor de edad), comunidad Quejuambí la Liza,
fueron víctimas de una mina antipersona sembrada en la zona, dejando gravemente
herida a una de ellas y con esquirlas a las otras. - La UNIPA, mediante comunicado de 14 de
abril de 2011, informó a la opinión pública que desde hace varios meses las
comunidades del resguardo de Tortugaña-Telembí (Barbacoas-Nariño), han
advertido la presencia de personas ajenas a ese pueblo indígena, en el sector
del río Naya, donde al parecer se están realizando estudios de exploración
de oro, sin haber consultado a las autoridades indígenas. Además resaltan que
la cabecera del río Naya es un sitio sagrado para los Awá, pues
allí se encuentra ubicada una casa hecha en piedra por sus antepasados, que ha
resistido la inclemencia del tiempo y la colonización, y que ahora se ve
amenazada de ser destruida. Que desde mediados de 2008 la militarización de
éste resguardo (Tortugaña-Telembí) por parte del Gobierno Nacional ha
sido constante, producto de lo cual se dieron los enfrentamientos entre los
actores alzados en armas, que desencadenaron las masacres y desplazamientos
“gota a gota” y masivos, quedando gran parte del territorio desocupado. Por lo
anterior, refieren que continúan en la Minga Humanitaria por la Vida y la
Dignidad del Pueblo Indígena Awá, que inició en el mes de marzo de 2009. - El 26 de abril de 2011, la UNIPA comunicó
al Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y
de Justicia, que las amenazas directas e indirectas a sus líderes han sido
recurrentes, ya que, hasta tal fecha, 14 miembros de su etnia habían sido
intimidados, por parte de actores que se identificaron como comandos urbanos de
los “Rastrojos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras, Nueva
Generación de Nariño y FARC”, entre otros. Situación que les genera gran
preocupación por cuanto ven amenazados sus derechos a la vida, integridad
física y libertad. Señalaron que desde el año 2007 han venido denunciado las
amenazas de las que han sido objeto, pero hasta el momento no tienen
conocimiento sobre el resultado de las investigaciones adelantadas por las
entidades del Estado sobre el tema y tampoco, sobre las medidas adoptadas. Por
lo anterior, el Pueblo indígena Awá encuentra que el mecanismo idóneo para la
prevención de esta problemática y para la protección de la comunidad es la
implementación del Plan de Salvaguarda Étnica, ya que éste contempla un
componente particular para la protección de líderes y autoridades. En
consideración a lo cual, solicitan se fije una fecha próxima para llevar a cabo
la instalación de dicho Plan, el cual se entregó al Gobierno Nacional el 16 de abril de 2010, en
reunión que, según se
convino, sería en jurisdicción del municipio de Orito, departamento del
Putumayo, para luego agotar las etapas de negociación, protocolización,
adopción de acuerdos, seguimiento y control. - La UNIPA, el 6 de Mayo de 2011, comunicó
que no existían “verdaderas voluntades” para poder vivir en paz en su
territorio. Subrayando que el Gobierno Nacional esta realizando estudios para
la construcción de una base militar dentro del territorio indígena Awá de Piedra
Verde, que se encuentra ubicado en el municipio de Barbacoas (Nariño), a
una hora del centro administrativo de la organización UNIPA, reconocido por su
pueblo como espacio de encuentro, convivencia, diálogo y paz. En ese sentido,
se dice que Piedra Verde, desde hace 20 años, no tiene garantías por
parte del Estado colombiano, al negarse a reconocerlo oficialmente como
resguardo indígena. También informan que una comisión conformada por jóvenes,
mujeres y hombres iniciará su entrada al resguardo Tortugaña-Telembí, sector
del Alto Naya, con el objeto de verificar lo que está sucediendo en ese
- Mediante comunicado del 13 de mayo de
2011, la UNIPA dio cuenta que, el 9 de ese mismo mes, una delegación de
aproximadamente 40 indígenas Awá, organizados como minga humanitaria salieron
rumbo al resguardo Tortugaña-Telembí, cerro donde nace el río Naya
y el río Bravo (Barbacoas-Nariño) con el objeto de verificar si se
estaban efectuando trabajos de exploración y/o explotación de recursos
minerales en esa zona. La UNIPA sostuvo que la entrada se realizó por el
municipio de Samaniego (Nariño) y que durante el recorrido verificaron que gran
parte del territorio se encuentra sembrado de minas antipersona, lo que aparte
de ser un riesgo para la vida e integridad de los indígenas, constituye una
violación al derecho a la libre movilidad en su territorio. Que el 12 de mayo
la minga avanzó hasta el sector de Chorrera Negra y la comida empezó a
escasear. Se evidenció la presencia de un helicóptero que sobrevolaba la zona y
de rastros del paso del Ejército Nacional. No obstante, señalaron que la minga
humanitaria llegaría hasta el nacimiento del río Naya, para verificar
que estaba pasando con su territorio, especialmente en el sector en el cual sus
mayores construyeron una casa de piedra, donde según su cosmovisión, habitan
los espíritus. - En comunicado del 16 de mayo de 2011, la
UNIPA reiteró que el Gobierno Nacional ha instalado una base militar en territorio
del resguardo indígena Ñambí Piedra Verde, comunidad el Gualte,
kilómetro 9, vía Junín (Barbacoas -Nariño), sin haber consultado previamente al
Pueblo Awá, con lo cual se desconoció su territorialidad y autonomía,
acrecentado el conflicto armado e incrementado el riesgo de amenazas,
desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres, señalamientos,
desapariciones forzadas, desconocimiento de la autoridad indígena, despojo del
territorio y violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. Que éste resguardo viene solicitando la titulación
colectiva de ese territorio ancestral desde hace 20 años, sin haber recibido
respuesta alguna, ni garantía de protección territorial por parte del Gobierno
- El 19 de Mayo de 2011, las autoridades
tradicionales de las tres organizaciones del Pueblo Indígena Awá, CAMAWARI, UNIPA y ACIPAP, comunicaron que han pasado más de dos
años desde la emisión de las órdenes del auto 004 de 2009 y pese a haber
elaborado el Plan de Salvaguarda de su Étnica, no ha sido posible la
instalación del proceso de consulta previa con el Gobierno Nacional. La
situación no ha cambiado y se siguen perpetrando hechos que amenazan su
pervivencia física y cultural; que en el transcurso del presente año
construyeron un plan de trabajo con el Ministerio del Interior y de Justicia,
para avanzar en el proceso, pero se incumplió con el cronograma acordado debido
a obstáculos de tipo administrativo. Expusieron que se había fijado la fecha
del 21 de mayo, para la instalación requerida, en el municipio de Orito
(Putumayo), pero la reunión fue cancelada por el Viceministro del Interior y de
Justicia, por compromisos previamente adquiridos. Por lo que llamaron la
atención sobre la urgencia de concertar una nueva fecha para cumplir con la
instalación del proceso de su Plan de Salvaguarda Étnica, siendo necesario garantizar
la participación plena y efectiva de las autoridades y líderes indígenas, así
como de las entidades públicas competentes del orden local, regional y
nacional. Al efecto, propusieron, el 18 de junio de 2011, como nueva
fecha para llevar a cabo la instalación en jurisdicción del municipio de Orito
(Putumayo), territorio ancestral de su pueblo. - La UNIPA en comunicado del 2 de junio de
2011 informó que a pesar de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional a
través del auto 004 de 2009 y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la persecución sigue, las amenazas se
incrementan, los niños y niñas Awá están cada vez más afectados y no hay
respuestas efectivas de protección para su pueblo. Sobre el particular se
informó que, en esa misma fecha, se solicitó a la Directora de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, la adopción de
medidas de protección para dos líderes y sus familias. 8.3 Informes de los Órganos de Control.-
8.3.1 Informes de la Procuraduría General de la Nación.-
La Procuraduría General de la Nación en
informe del 9 de agosto de 2010, sobre el fenómeno del desplazamiento forzado
en el departamento de Nariño, manifestó que hubo un incremento del
desplazamiento de grupos étnicos, que no ha sido debidamente atendido, como en
el caso de los desplazamientos de la comunidad Awá, en Ricaurte
(Nariño). No hay avances claros sobre la inclusión de indicadores de goce
efectivo de derechos, porque el Ministerio del Interior y de Justicia se limitó
a enunciar acciones aisladas, sin datos sobre su desarrollo e impacto. Entre
las actividades que se reseñan están: (i) la “directriz para la atención
diferencial a la población desplazada indígena”, (ii) la conformación de la
mesa de trabajo interinstitucional para la atención integral con enfoque
diferencial en población indígena en Bogotá, (iii) la realización de los talleres
“formulación de modelos de atención para la unificación de criterios y
lineamientos de política para garantizar la atención diferencial a la población
indígena” y (iv) el Plan para la reubicación temporal de indígenas. Este
órgano de control informó no haber encontrado ninguna referencia a los
mecanismos de participación específicos, para los grupos de especial
vulnerabilidad dentro de la población desplazada. La Procuraduría concluyó informando que en
ninguno de los casos de desplazamientos masivos reportados hay información
exacta sobre la cobertura de las ayudas prestadas a la población afectada, pues
la que aporta la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional es superficial y, en la mayoría de los casos, sólo permite
determinar de manera muy general cuáles fueron los elementos entregados, por lo
que no se puede saber si la ayuda prestada fue eficiente. En cuanto a los
procesos de retorno, informó que en su mayoría presentan inconsistencias, ya
que, en algunos, no es claro si se garantizaron las condiciones de seguridad de
la población y, en otros, se evidenciaron rupturas entre las comunidades y las
entidades competentes. Respecto a la atención especial a los grupos indígenas, señala
que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, habló de la realización de procesos diferenciales de atención,
pero no especificó los mecanismos usados para tal fin. 8.3.2 Informes de la Defensoría del
La Defensoría del Pueblo,[22]
en el marco de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009, constató en
terreno que las causas del debilitamiento de los lazos sociales y culturales
del Pueblo Indígena Awá, anunciando: (i) las condiciones de pobreza y miseria
de la población; (ii) la ausencia de inversión social y física por parte de las
autoridades regionales, locales, y centrales; (iii) la penetración de actores
armados ilegales en la sociedad étnica, buscando que la población simpatice con
proyectos subversivos o contrainsurgentes; (iv) el constante flujo de personas
que genera desconfianza en el entorno social, fracturando así las unidades
asociativas y los mecanismos de solidaridad establecidos; (v) amenazas y
homicidios a líderes comunitarios; (vi) estigmatización y señalamiento a la
población; (vii) expansión de las fronteras agrícolas con cultivos de uso
ilícito, alejando las fronteras de los centros de aglomeración y articulándolas
con territorios externos, y la inserción de los lugareños en los circuitos
ilegales; (viii) la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y la
erradicación manual de los mismos; (ix) la inestabilidad alimentaria y la
migración de mano de obra nativa; (x) señalamientos por parte de la Fuerza
Pública, quienes acusan a los indígenas Awá de ser guerrilleros o auxiliadores
de la guerrilla; (xi) y las restricciones a la movilidad de personas, alimentos
y medicamentos por los actores armados, incluida la Fuerza Pública, dentro del
territorio Awá. Los informes que presenta la Defensoría
del Pueblo permiten establecer que el Pueblo Indígena Awá padece confinamiento,
debido al grave problema de minas antipersona sembradas dentro de su territorio
colectivo, en lugares cercanos a las comunidades o en sitios de tránsito
8.3.3 Informe de la Contraloría General de
De acuerdo con informe general del 31 de marzo de 2011, la
Contraloría señaló, dentro de los resultados de la auditoría efectuada al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, que en las vigencias 2008 y
2009 se constituyeron 9 resguardos, se efectuaron 6 ampliaciones y dando
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1397 de 1996[23],
se creó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa de Concertación
con los Pueblos Indígenas. También resaltó que en el momento se adelantan 60
trámites para la legalización de tierras, entre constitución y ampliación de
resguardos indígenas. Asimismo, estableció que la Dirección Técnica está
revisando 150 expedientes, encontrando 55 procesos viables. De otra parte, y en relación con lo anterior, se extractaron del
(i) Saneamiento de resguardos indígenas - $1.500
millones-resguardo Kogui-Malayo-Arahuaco. Se adquirieron 24 mejoras para un
área total de 718 hectáreas;
(ii) Adquisición de tierras para comunidades indígenas del Cauca -
$1.500 millones-comunidades Guambianas desplazadas del departamento del Cauca -5
predios con área de 105 hectáreas en el municipio de Morales;
(iii) Compra para titulación colectiva de comunidades
indígenas - $300 millones - predio la esmeralda (área 81 hectáreas);
(iv) Compra indígena Velu en el Cauca - $438 millones;
(v) Saneamiento de resguardos indígenas U´wa, departamentos de
Boyacá y Norte de Santander - $1.500 millones.
Se concluyó que, se cumplió holgadamente con la meta esbozada en
el plan de acción a desarrollar en el 2009, en el sentido de adquirir 300 hectáreas, pues éstas ascienden a 900. Finalmente, se advirtió que las metas y recursos asignados
no concuerdan con los valores incluidos en la adición del plan de acción
8.4 Informes de la Fiscalía General de la
En cuanto atañe a la adopción de determinaciones encaminadas a
evitar la impunidad de las conductas delictivas de las cuales han sido víctimas
los miembros de los pueblos indígenas, en ejercicio de sus competencias, la
Fiscalía General de la Nación,[24]el 25 de
julio de 2009, informó de (i) la creación de canales operativos de
interlocución entre instancias y actores de diferentes ámbitos; y (ii) el
diseño e implementación de un plan integral de acción para defensa de
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, enfocado a: a) priorizar y
seguir los casos connotados (asignación especial a la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y DIH); b) crear una Unidad Nacional de Fiscalía de
Descongestión y Apoyo; c) crear una estrategia especial de apoyo para el avance
de las investigaciones adelantadas en el departamento del Cauca; d) ejercer un
control y seguimiento periódico a las investigaciones; e) crear la base de datos
geo-referencial para el seguimiento de las investigaciones en las que obran
víctimas miembros de comunidades indígenas; f) implementar comités técnicos de
impulso de procesos; g) diseñar e implementar una metodología diferencial de
investigación para estos casos; h) reactivación de investigaciones
archivadas; i) ejecución de las recomendaciones orientadas a salvaguardar los
derechos de los pueblos indígenas a la verdad, la justicia y la reparación; y
j) creación de las unidades de fiscalía para asuntos humanitarios. 8.5 Informes de Otras Organizaciones.-
8.5.1 Informe de Misión del 1 al 3 de
octubre de 2009, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados- ACNUR (Pasto) y otros.-
Los objetivos de la Misión fueron iniciar
un acompañamiento en territorio del Pueblo Indígena Awá, ante las frecuentes
denuncias de abusos perpetrados, presuntamente por el Ejército Nacional, hacia
las comunidades de los resguardos de Inda Guacaray e Inda Sabaleta
y realizar un seguimiento al plan de retorno de Inda Sabaleta, efectuado
en el 2007. Se informó que, el Gobernador Indígena se encuentra frecuentemente
fuera del territorio, debido a las continuas amenazas de muerte que ha recibido
y que debe transitar acompañado de la guardia indígena; que la situación es
cada vez más grave, pues hay presencia de nuevos grupos armados ilegales,
quienes amenazan constantemente a los líderes de estas comunidades. 8.5.2 Informe de Misión del 15 de marzo de
2011 al municipio de Ricaurte (Nariño), de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR (Pasto) y otros.-
Se valora la situación del Resguardo de Magüi,
cuya población (166 familias) continúa concentrada en asamblea permanente en
las instituciones educativas[25], en donde no
hay unidades sanitarias y, en consecuencia, se han presentado brotes de
diarrea, gripa y estrés-postrauma en la población, especialmente en niños,
niñas y adultos mayores. Además, informa que la minuta alimentaria entregada
por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, tendría una duración aproximada hasta el 8 de Abril del presente
año. Que el paso a fincas, sitios de cultivo y trabajo está restringido, ya que
el territorio se encuentra minado y que el acceso a los mismos es posible sólo
entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m. Teniendo en cuenta esta situación en
particular, la comunidad solicita apoyo en la consecución de colchonetas y
frazadas. Informa que los enfrentamientos entre
miembros de la fuerza pública y combatientes del frente 29 de las FARC, columna
móvil “Daniel Aldana”, en territorio de los resguardos indígenas del Pueblo
Awá, tales como: Magüi, Cuchilla del Palmar y Pialapí - Pueblo Viejo,
del municipio de Ricaurte (Nariño), el 25 de marzo de 2011, ocasionaron el
desplazamiento masivo intraveredal, de 1.045 familias aproximadamente, reconocido
formalmente por el Consejo Municipal de Atención Integral a Población
Desplazada – CMAIPD (aunque no se cuenta con el censo oficial). 8.5.3 Secretaría General del Congreso de la República de
La Secretaría General del Congreso de la República de Colombia, a
través de oficio radicado en la Presidencia de esta Corporación, el 11 de junio
del presente año, puso en conocimiento la proposición No. 213 aprobada por la
Sesión Plenaria el día 31 de mayo de 2011, relacionada con la instalación del
Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena Awá. Dentro del documento anexo
al oficio referido, el Pueblo Awá manifestó que:“En el transcurso de este
año, tras reuniones con el Ministerio del Interior, construimos un plan de
trabajo conjunto para avanzar y cualificar este proceso, no obstante los
tiempos y las acciones planteadas para el mismo no fueron desarrolladas debido
a procedimientos de tipo administrativo del Ministerio (…)” y, en el mismo,
se reiteró lo dicho por esa comunidad tradicional en el comunicado del 19 de
mayo de 2011, antes reseñado.
9. La Sala Especial de Seguimiento se ha reunido en diferentes
oportunidades con representantes de las organizaciones del Pueblo Indígena Awá,
cuyas conclusiones se resumen a continuación:
9.1 El 3 de septiembre de 2009, la Sala Especial de Seguimiento
se reunió con un representante de CAMAWARI (Asociación de cabildos de
Ricaurte-Nariño), dos representantes de la UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo
Awá), un representante de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia),
y un representante de la organización no gubernamental “Somos Defensores”. La
comunidad indígena comentó su preocupación respecto de la situación humanitaria
del grupo étnico y del estancamiento en la ejecución de las órdenes del auto
004 de 2009, al considerar que, por ejemplo, el plan de salvaguarda se
encuentra enfrascado en la etapa de instalación, pues el Pueblo Indígena Awá
reclama que sea el Ministro del Interior y de Justicia o el Viceministro,
quienes acudan al encuentro para su protocolización. Entre tanto, se
materializa el riesgo de exterminio de ésta comunidad tradicional. Estas organizaciones manifestaron que el
conflicto que ha padecido el territorio habitado por su pueblo entre los años
2003 y 2009, ha generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 500
personas, que no han sido atendidas tal como lo exige la Ley 387 de 1997.
Además, existen dificultades en el registro de la población indígena Awá que se
desplaza, por cuanto Acción Social no reconoce desplazamientos interveredales o
porque los hechos que generan este fenómeno son percibidos como producto de
conflictos internos de la comunidad. La respuesta estatal se focaliza en el
asistencialismo, lo cual genera pérdida de identidad cultural y limita la
defensa del territorio, indispensable para el Pueblo Awá.
Los asistentes expusieron que sienten preocupación
por el aumento de los homicidios de miembros de la comunidad indígena, por la
falta de prevención por parte del Estado y la impunidad imperante frente a los
hechos delictivos consumados. Afirman que después de la expedición del auto 004
de 2009, el Sistema de Alertas Tempranas- SAT, emitió un informe de riesgo, del
cual no se desprendieron acciones, y el hecho seguido fue la masacre del mes de
febrero del año en curso. Sumado a ello, comentan que en ocasiones estos hechos
quedan sometidos a investigaciones superficiales que ponen en mayor riesgo a la
comunidad. 9.2 El 2 de
octubre de 2009, la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA y la Asociación
de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo-ACIPAP, se reunieron con la
Sala Especial de Seguimiento para tratar asuntos relacionados con las
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En
ese mismo sentido, el 3 de octubre acudió ante la Sala la Defensoría del
Pueblo, para poner en conocimiento de la Corte la situación de riesgo de la
comunidad indígena Awá. 9.3 El 14 de
abril de 2010, la Sala Especial recibió a la Unidad Indígena del Pueblo
Awá-UNIPA, organización que denunció hechos como los que a continuación se
1 asesinato Sin identificar
Pipalta
Palbi Yaguapi
3 desapariciones forzadas
3 asesinatos 1 desaparición forzada
Quienes perpetraron la masacre del 26 de agosto de 2009
Entre el 3 de marzo y el 9 de abril
Manifestaron que los escenarios que atentan contra su pervivencia
física y cultural se siguen expandiendo y pese a ello no se adelantan acciones
claras de garantía a sus derechos. En relación con el desplazamiento masivo de
250 indígenas Awá del resguardo Gran Rosario, expusieron que a pesar de
que la normatividad contempla que para dichas comunidades se debe garantizar la
dignidad, la seguridad y la voluntariedad como condiciones del retorno, esta
población lo hizo sin ninguna garantía y, hasta la fecha, las entidades
competentes no han hecho seguimiento, ni acompañamiento a su situación. Entre
sus exigencias se encuentran: (i) Que se abstengan de involucrar a la población
civil en acciones bélicas, (ii) la entrega de los cuerpos de los indígenas Awá
asesinados en el resguardo Pipalta Palbi Yaguapi, (iii) que la Mesa
Especial de Concertación con el Pueblo Indígena Awá sesione de manera
permanente, (iv) proporcionar garantías y protección a los familiares,
huérfanos, viudas y comunidades de los indígenas desaparecidos y asesinados,
(v) desmilitarización de su territorio y (vi) que se investigue y sancione a
los responsables de los delitos cometidos contra los miembros de esta
comunidad. 9.4 El 21 de
septiembre de 2010, el Pueblo Indígena Awá acudió a la Corte para informar y llamar
la atención respecto de los 3 intentos para instalar la consulta previa de su
Plan de Salvaguarda Étnica, es decir, hacer la entrega formal del mismo al
Gobierno Nacional, para luego instalar mesas de trabajo, propiciar acuerdos
entre la comunidad y el Gobierno e implementar el plan. 9.5 El 13 de
abril de 2011, hicieron presencia en la Corte Constitucional representantes de
las 3 organizaciones del pueblo indígena Awá, a saber: UNIPA (Unidad Indígena
del Pueblo Awá), CAMAWARI (Asociación de Cabildos de Ricaurte) y ACIPAP
(Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo), quienes
informaron la preocupación de las comunidades por los obstáculos en la
instalación del Plan de Salvaguarda Étnica, pues la situación de orden público
en la zona se agudiza. En ese sentido, destacaron que la siembra de minas
antipersona ha cobrado la vida de 7 indígenas, siendo los niños, niñas, mujeres
y personas de la tercera edad, los más vulnerables a este flagelo. Que la
población requiere atención humanitaria de emergencia acorde con sus
particularidades, así como un proceso de retorno con garantías de
voluntariedad, dignidad y seguridad. Que de acuerdo con ACNUR, entre 2009 y
2011, 80 indígenas Awá han sido asesinados, 750 desplazados, 9 víctimas de
minas anti personal, 5 desaparecidos, 5 menores reclutados y las organizaciones
han recibido 6 amenazas. La comunidad propone hacer un llamado a no utilizar el
minado como arma de guerra y realizar un proceso de desminado a través del
diálogo abierto y seguro con altos mandos de los actores armados, pues la
palabra ha sido, en ocasiones, una herramienta muy útil. En suma, concluyen que
en términos de goce efectivo de derechos no se evidencian resultados y se
espera una solución ante la difícil situación que viven, antes de que ésta se
haga aún más grave.
información allegada por las organizaciones del Pueblo Indígena Awá, los entes
de control y otras organizaciones que trabajan en defensa de sus derechos, se
desprende que las causas del desplazamiento y confinamiento en el territorio
habitado por esta comunidad tradicional,[26] provienen de
diferentes problemáticas, entre ellas, la presencia de cultivos ilícitos y de
actores armados pertenecientes a grupos ilegales, junto con las condiciones de
extrema pobreza, la ausencia de inversión social y en infraestructura por parte
de las autoridades, y la expansión de fronteras agrícolas con cultivos de uso
lícito e ilícito, entre otras. A lo anterior se suma, la lucha por el control
sobre su territorio ancestral, de una parte, por los grupos armados al margen
de la ley, y de otra, por intereses de orden económico, entorno al cual han
tenido lugar graves transgresiones a sus derechos fundamentales. Todo esto,
afecta directamente los derechos individuales y colectivos de este pueblo
indígena, dificulta la relación etnocultural que mantiene en su territorio[27]
y pone en riesgo la vida de sus miembros, al convertirlos en sujetos de
señalamientos, amenazas, desapariciones, asesinatos, masacres, confinamiento,
minas antipersona y desplazamiento.
2. Analizados los informes presentados por las entidades del orden
territorial (municipio de Barbacoas y gobernación de Nariño), queda claro que
la atención prestada a la comunidad Awá ha sido muy deficiente y precaria, frente
a la dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta, precisamente porque la
respuesta dada a sus requerimientos ha sido escasa y no ha tenido, en la
práctica, repercusiones en términos de goce efectivo de sus derechos, que le
permita, como comunidad étnica desplazada y confinada con protección
constitucional reforzada, disfrutar efectivamente de sus derechos.
3. Analizados los informes presentados por el Gobierno Nacional,[28]
en relación con las órdenes dadas en el auto 004 de 2009, cuyo fin era proteger
a 34 pueblos indígenas en peligro de exterminio físico y cultural, entre los
que se encuentra el Pueblo Indígena Awá, la Corte encuentra que, después de más
de dos años, el Programa de Garantía de los derechos de los pueblos
indígenas afectados por el desplazamiento forzado, aún se encuentra en
etapa de diseño, pues el mismo está apenas en una etapa preliminar de
socialización y formulación sin que se haya avanzado de manera concreta en su
realización o se haya efectivamente concertado con las diferentes comunidades y
pueblos indígenas. A la anterior conclusión se llega después de analizar el informe
del Gobierno Nacional del 1 de julio de 2010, dentro del cual se reportaron
como avances, la elaboración de los lineamientos del programa de garantía, el
diseño de la metodología de concertación, la conformación del comité temático y
la realización de sesiones con dicho comité; acuerdos metodológicos, como la
realización de 72 encuentros preparatorios locales; 14 reuniones de encuentros
preparatorios para socializar el auto, definir el alcance del programa y
elaborar un diagnóstico local sobre los factores de afectación que establece el
auto 004 de 2009 y reuniones macro-nacionales en diferentes regiones del país,
como antes se indicó. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional, al pronunciarse
sobre la política pública para la población víctima del desplazamiento forzado
por la violencia en respuesta al auto 385 de 2010[29],
documento presentado el 16 de marzo de 2011, agregó que al finalizar el mes de
marzo se llevaría a cabo en Bogotá un encuentro nacional, con participación de
líderes indígenas desplazados de distintas regiones del país, donde se buscaría
programa de garantías en todo el país. Se expuso también, que con el propósito
de realizar los ajustes técnicos en materia poblacional, censal, territorial y
oferta institucional, previo al documento final del programa de garantías, se
convocaría a un seminario taller interinstitucional. Finalmente, en un
encuentro nacional de autoridades de los pueblos indígenas, se consolidará una
propuesta a nivel nacional, en la que se asumirán acuerdos y compromisos entre
el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas y se llevará a cabo la
protocolización del programa de garantías, tal como lo establece el acuerdo del
22 de mayo de 2009 de la Mesa Permanente de Concertación. Por consiguiente, no se observan resultados específicos en cuanto a
la ejecución de acciones concretas de prevención y atención que sean
demostrables en términos de goce efectivo de derechos para el pueblo Awá y como
consecuencia de esta inacción del Estado, se han incrementado las violaciones a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, relacionadas en el
auto 004 de 2009, agudizándose las amenazas y atentados contra la vida e
integridad física y cultural de los líderes indígenas y sus pueblos, como en el
caso emblemático del Pueblo Indígena Awá.
4. Por otra parte, en lo atinente a la formulación e implementación
de Planes de Salvaguarda Étnica ante el conflicto y el desplazamiento,
para cada uno de los 34 pueblos identificados en el auto 004, únicamente con 13
de ellos se han adelantado algunas gestiones incipientes para avanzar en su
formulación; sin embargo, ninguno se ha implementado. Es claro para la Corte que en el caso particular del Pueblo
Indígena Awá, en el año 2009, esta comunidad por iniciativa propia decidió generar
el proceso de socialización del auto 004 de 2009 y la consulta interna de su
Plan de Salvaguarda Étnica, con el afán de que se les garantizara “la
prevención, protección, atención, el fortalecimiento organizativo y socio
cultural, la reparación integral,” y la protección del territorio y demás
derechos de los que son titulares, presentando para el efecto al Gobierno
Nacional, el 5 de marzo de 2009, una propuesta metodológica de consulta interna
del Plan, con las fases de diagnóstico y socialización del auto 004 en
resguardos y comunidades, más el presupuesto requerido para dicho proceso. En
aras de lo anterior, este pueblo tradicional informó haber tenido diversos
encuentros comunitarios en los departamentos de Nariño y Putumayo, en los
cuales se socializaron los contenidos e implicaciones del auto 004, a partir de una cartilla de sensibilización, unos ejes priorizados y la metodología de
diagnósticos participativos aportada por ACNUR y ajustada a las especificidades
de su cultura[30]. Acerca de la tarea de construcción del Plan de Salvaguarda Étnica,
los Awá explicaron que:
“(…) En todo el proceso
citado es evidente que la construcción de este Plan ha estado en manos directas
de las comunidades, como ha sido nuestra tradición ancestral para la toma de
decisiones en torno al territorio y a la vida, y con base en nuestras
problemáticas específicas y en las propuestas que identificamos como
fundamentales para garantizar nuestra pervivencia física y cultural. Se ha
tratado de un proceso amplio de reflexión, de análisis, de discusión, de
acuerdos y decisión en minga que consideramos nos ha dado buenos frutos. A
pesar de las dificultades que se presentaron para la formalización de los
convenios entre el Gobierno y nuestras organizaciones, debido a nuestra
capacidad de organización y trabajo conjunto logramos adelantar tan importante
proceso. Durante la construcción de nuestro Plan de Salvaguarda, tuvimos que
hacer frente a desafortunados hechos de violaciones sistemáticas a nuestros derechos,
entre los que lamentamos una tercera masacre en el resguardo de Gran Rosario,
que junto a una lista de asesinatos selectivos suman alrededor de 50 vidas
perdidas de nuestros hermanos en el año 2009; sin embargo, estas no fueron
razones para detenernos en la construcción de nuestro Plan de Salvaguarda, sino
que nos llenaron de más motivos, de más fuerza y compromiso, porque estas
situaciones no pueden seguir ocurriendo.”[31]
(Negrillas fuera del texto original)
Resulta inaceptable para la Sala Especial de Seguimiento
que, pese a que el Plan de Salvaguarda del Pueblo Indígena Awá se hubiera
elaborado y entregado al Gobierno Nacional, hace más de un año, con el fin de
dar paso a la instalación del Plan, el mismo Gobierno haya antepuesto
contratiempos de orden administrativo, en un proceso que implicaba la
instalación para dar inicio a la consulta previa y que a la fecha tal
instalación no se haya consumado. Como lo constató la Corte Constitucional, en
visita al Resguardo Palmar Imbí-Centro Educativo CAMAWARI - El Palmar,
en jurisdicción del Municipio de Ricaurte (Nariño), el 24 de abril de 2010, en
donde se reunieron las autoridades indígenas de las tres organizaciones Awá,
así como distintos funcionarios de los órdenes municipal, departamental y
nacional, en compañía de delegados de organizaciones nacionales (ONIC, CODHES,
MINGA) e internacionales (ACNUR, UNICEF, OCHA, OXFAM GB, SECOURS CATHOLIQUE y el
NRC), que trabajan por los derechos de esta comunidad, con el fin de instalar
la consulta previa del plan de salvaguarda y la negociación de la ruta
metodológica; pero sin contar con la asistencia de la entonces Viceministra del
Interior, Dra. Viviana Manrique, la reunión fue suspendida, ya que el Pueblo
Awá requería de la presencia de un alto funcionario del Gobierno Nacional, con
poder de decisión material y presupuestal que permitiera un rápido avance en este
Observa la Sala Especial de Seguimiento que a pesar del bajo
respaldo del Ministerio del Interior y de Justicia y de las autoridades locales
para la realización de la consulta previa y para avanzar aceleradamente en la
construcción de los planes de protección y salvaguarda, el Pueblo Awá ha hecho
importantes esfuerzos unilaterales para construir su Plan de Salvaguarda Étnica.
Sin embargo, se continúan presentando masacres, homicidios, desplazamientos y
accidentes con minas antipersona-MAP, y otras graves violaciones de derechos
humanos que atentan contra la vida, integridad y seguridad de esta comunidad,
sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas adecuadas de protección que
prevengan su ocurrencia y respondan de manera inmediata a la urgencia y
gravedad de las amenazas que enfrentan. Esta situación de inseguridad se repite
en la mayoría de pueblos y comunidades incluidas en los autos 004 y 005 de
2009, y hoy, dos años y medio después de expedidos los mencionados autos, persisten
y en ocasiones se han agravado las circunstancias que amenazan la pervivencia
de tales comunidades. Lo informado por los Awá, pone en evidencia que el Ministerio del
Interior y de Justicia no ha avanzado en el diseño del Plan de Salvaguarda de este
pueblo, pues no presenta resultados concretos, sólo propuestas de acciones
futuras, que no se especifican y ni siquiera existe un reporte sobre las
razones por las cuáles se va a empezar con el desarrollo de las mismas en el
año 2011(según se dijo en el pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre
política pública para la población víctima del desplazamiento forzado por la
violencia, en respuesta al auto 385 de 2010, presentado el 16 de marzo de 2011,
cuadro pág. 276), es decir, dos años y medio después de lo previsto y un año
después de presentada la propuesta por el Pueblo Awá. La situación general en
materia de salud, seguridad alimentaria, educación, seguridad física, etc.
muestra la urgencia para que el Ministerio del Interior y de Justicia coordine
con todas las autoridades nacionales y locales la adopción de medidas que
permitan superar la crisis humanitaria, mientras se avanza en la consulta
previa, protocolización y adopción de acuerdos del plan de salvaguarda étnica.
En consecuencia, al no haberse adoptado ninguna acción de coordinación que
arroje resultados positivos frente a la problemática estructural que aqueja a
la población Awá, la Corte encuentra que se está ante una situación de grave
negligencia por omisión del deber de protección al pueblo Awá y de
incumplimiento a una orden judicial. 5. La Corte
considera que el Gobierno Nacional en el informe de 1° de julio de 2011 al
advertir sobre el Plan de Salvaguarda Étnico Awá, que durante “el primer
semestre de 2011 adelantaron nuevos acuerdos de ruta metodológica, con
contenidos técnicos y financieros…”, esta desconociendo la propuesta de
Plan de Salvaguarda Étnica entregada por la comunidad indígena Awá al Gobierno
Nacional hace más de un año, así como su necesidad de instalar en un acto
protocolario con el Gobierno Nacional, la Consulta Previa de este documento.
Pues frente a las legítimas peticiones e iniciativas aplaudibles que ha
presentado el pueblo Awá, el gobierno, que ha estado en total mora con las
comunidades indígenas, debería establecer a lo menos una fecha clara y seria
para atender sus requerimientos. De lo anterior se concluye, que la respuesta estatal a la
problemática del Pueblo Indígena Awá no ha sido proporcional a la gravedad que
ha ido cobrando la misma. Y en términos de goce efectivo de derechos, el Estado
no ha sido diligente, en cuanto a prevenir el desplazamiento forzado y el
confinamiento, ni en proteger a este pueblo tradicional de los efectos nefastos
del conflicto armado, pues las medidas de contingencia adoptadas en esa vía,
han sido claramente inapropiadas e insuficientes, dada la persistencia de
graves violaciones de derechos humanos contra este pueblo. Por lo demás, tal
incumplimiento conlleva una responsabilidad de carácter disciplinario de las
autoridades a cargo de las cuales se encuentra el deber de acatar las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional, que deberá acarrear consecuencias de
ese mismo orden, con el afán de prevenir que al interior de la instituciones
del Estado se adopten conductas obstructivas, de cara a la atención integral a
la población víctima del desplazamiento forzado. 6. Frente a lo
expuesto, la Corte señala que la situación de la comunidad Awá exige una
respuesta inmediata de protección. Ni las dificultades presupuestales, ni
organizativas para la instalación de su Plan de Salvaguarda Étnica, pueden ser un
obstáculo insalvable para avanzar en la identificación de los riesgos y
amenazas que se ciernen sobre él, en la construcción de medidas conducentes que
eviten dichos riesgos de manera inmediata y en la implementación de las mismas,
mientras se concreta la implementación efectiva del Programa de Garantía de los
derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento y se avanza
de manera acelerada en la realización de la consulta previa y en la adopción
del Plan de Salvaguarda para el pueblo Awá. Y es que no se puede desconocer la
importancia de este plan, pues su adecuada consulta, diseño e implementación,
constituyen garantías fundamentales para la protección del pueblo indígena que
hoy está en riesgo de desaparecer.
Por otro lado, observa la Corte que una solicitud como la
planteada por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá –
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI, en escrito del 7 de febrero de 2011,
en el sentido de “que se retiren las tropas que vienen haciendo presencia
permanente en el Resguardo Pialapi-Pueblo Viejo y en especial en la Reserva
Natural de la Planada”, debe ser valorada por las autoridades civiles,
militares y de policía dentro del ámbito de sus competencias. Pues, la decisión
sobre la mayor o menor presencia de la Fuerza Pública en un territorio
específico, dado el contexto de seguridad que enfrente ese territorio debe ser
respetuosa de las competencias y deberes constitucionales y legales de las
autoridades civiles, militares y de policía, pero también debe tener en cuenta
este tipo de solicitudes al adoptar decisiones operativas para garantizar la
seguridad de los habitantes de dicho territorio, y dar plena aplicación a los
principios del DIH, de tal manera que al evaluar las distintas alternativas
operativas y estratégicas, opte por aquella que mejores resultados implique en
términos de seguridad y de protección efectiva de sus habitantes y debe
contener medidas concretas para reducir los riesgos que puedan surgir como
reacción a la presencia de la Fuerza Pública. 7. Finalmente, la Corte reitera que el Estado Colombiano tiene el
deber de proteger a los pueblos indígenas, y con mayor ahínco a aquellos que se
han visto afectados por el conflicto armado y que son víctimas del
desplazamiento forzado y del confinamiento[32]. Sobre el particular, en el auto 382 de
2010 se resaltó que: “Al Estado le asiste el deber de garantizar los
derechos fundamentales de la población, así como preservar la diversidad étnica
y cultural del país. En tal sentido, debe tomar tanto las medidas necesarias
para prevenir las causas del desplazamiento forzado, como atender de manera
integral a sus víctimas, en éste caso, a un pueblo indígena en riesgo de exterminio.
La intervención tanto preventiva como de atención debe contar con un enfoque
diferencial, es decir, con la comprensión antropológica y precisa de las
particularidades que definen a esta etnia, para actuar con coherencia en los
programas o medidas a tomar, pero siempre, dados los riesgos para la vida, la
salud y la supervivencia que enfrenta esta comunidad, haciendo prevalecer la
protección de la vida de estos colombianos.”
En concordancia con lo anterior, se encuentra la amplia
jurisprudencia de esta Corporación, que propugna por la protección de los
derechos que les atañen a las comunidades indígenas del país, empezando por el
derecho a la vida individual de sus miembros y a la supervivencia colectiva
como comunidades y pueblos ante el riesgo real y permanente de extinción y
desplazamiento, dado el contexto de conflicto armado en Colombia.[33]
IV. MEDIDAS QUE SE
ADOPTARAN PARA PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO indígena awá
1. Por lo
antes expuesto, la Corte ordenará
al Ministro del Interior y de Justicia, que de manera coordinada con los
Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Educación Nacional, de la Protección Social, de Defensa Nacional, los
Directores del Departamento de Planeación Nacional, del Programa Presidencial
para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, y de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, así como con los
gobernadores (as) de los departamentos de Nariño y Putumayo, los alcaldes (as)
de los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán,
Samaniego, Santacruz-Guachavez y Tumaco, en el departamento de Nariño; y Puerto
Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón, en
el departamento del Putumayo, para que en el marco de sus responsabilidades
constitucionales y legales, en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a
partir de la comunicación del presente auto, adopten como medida cautelar un Plan Provisional Urgente de
Reacción y Contingencia que atienda de manera inmediata e integral las
necesidades más apremiantes de seguridad física – incluida la relativa al
desminado humanitario ‑, de atención humanitaria, en salud, educación, refugio
o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar
la pervivencia del Pueblo Awá,
de tal manera que ofrezca una respuesta de atención continua y temporal, congruente
con la crisis humanitaria que padece esta etnia, tendiente a garantizar su vida
física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en
el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009. Las medidas adoptadas para garantizar
la seguridad del pueblo Awá en el marco del Plan Provisional Urgente de
Reacción y Contingencia, deberán dar plena aplicación a los principios del
DIH, de tal manera que las autoridades responsables, al evaluar las distintas
alternativas operativas y estratégicas posibles, opten por aquella que implique
mejores resultados en términos de seguridad y de protección efectiva de los
derechos del Pueblo Awá, así como medidas concretas para reducir los riesgos
que puedan surgir como reacción a la presencia de la Fuerza Pública. Las
medidas de protección a la vida, a la integridad personal que deban adoptarse
de manera urgente e inaplazable no requerirán ser consultadas previamente.
Sin embargo, las medidas relativas a los demás componentes del Plan
Provisional Urgente de
Reacción y Contingencia deberán ser consultadas con la comunidad, en
el espacio creado al instalarse la consulta para efectos de cumplimiento del
auto 004 de 2009, según lo ordenado en este auto. Esta medida cautelar además deberá ser formulada e implementada de
manera coordinada entre las distintas entidades involucradas, del orden
nacional, departamental y municipal, dando aplicación adecuada a los principios
de concurrencia y subsidiariedad, de tal manera que se garantice la atención
integral y el uso adecuado de los recursos y que cumplirá
con las siguientes características: (i) deberá mantenerse hasta tanto entren en
operación efectiva el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá y el Programa
de Garantía de los derechos
de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y persistan
las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad; (ii) Su adopción, como medida cautelar,
no sustituirá ni aplazará el cumplimiento de lo ordenado en el auto 004 de
2009, en relación con el Pueblo Awá, ni con los demás pueblos indígenas
protegidos por el mismo.
Las entidades concernidas en la presente orden, por intermedio del
Ministerio del Interior, deberán presentar a la Corte Constitucional, en el
plazo de dos (2) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto,
el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia diseñado, así
como un informe conjunto con el cronograma de implementación y cumplimiento,
las responsabilidades institucionales y personales asumidas por las distintas
instancias nacionales y territoriales para el cumplimiento de la medida
cautelar, las partidas presupuestales previstas para su efectiva ejecución y la ficha del Proyecto registrado en el
Banco de Proyectos de Inversión Nacional con la asignación de recursos de
destinación específica a las distintas entidades responsables del cumplimiento
de la presente orden. Sobre el avance en el cumplimiento de la presente orden el
Ministerio del Interior deberá presentar el 20 de noviembre de 2011 a la Corte Constitucional, un informe conjunto a nombre de las autoridades nacionales y
territoriales concernidas, sobre los resultados obtenidos con el Plan Provisional Urgente de Reacción y
Contingencia, así como
sobre los ajustes realizados para superar los obstáculos que se presenten. La Corte Constitucional igualmente solicitará a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la
República, que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
hagan un seguimiento cercano al cumplimiento de la presente orden y remitan a la
Corte Constitucional el 20 de noviembre de 2011 un informe sobre los resultados
alcanzados con la aplicación de esta medida cautelar para la protección de los derechos de la
comunidad Awá.
2. Simultáneamente,
y también como medida cautelar tendiente a proteger los derechos
territoriales del Pueblo Indígena Awá, se ordenará al Ministro del Interior
y de Justicia, al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Territorial,
al Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural-INCODER, al
Superintendente de Notariado y Registro, al Instituto Geográfico Agustín
Codazzí IGAC, y a las Personerías de los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas,
Roberto Payán, Samaniego, Santacruz-Guachavez y Tumaco, en el departamento de
Nariño; y Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y
Villa Garzón, en el departamento del Putumayo, que dentro del marco de sus competencias y de manera
articulada pongan en marcha, en el plazo máximo de dos (2) meses, la ruta
étnica de protección, presentada por Acción Social. Dicha ruta contendrá
el procedimiento para la protección y salvaguarda de los derechos territoriales
del pueblo Awa, mediante la identificación, la caracterización, el registro y
la publicidad de las afectaciones territoriales relacionadas con la situación
del desplazamiento, a través de la activación de mecanismos estatales efectivos
para superar la perturbación del goce al derecho territorial y patrimonial de
las comunidades Awá. Asimismo, dicha ruta deberá servir para detectar posibles
amenazas y fuentes de despojo. En atención a lo anterior, también se ordenará a los Ministros de
Minas y Energía, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte,
de Defensa, a los Gobernadores de los Departamentos de Nariño y Putumayo y a los
(las) alcaldes (esas) de los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán,
Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón, del
departamento del Putumayo, adoptar
de manera coordinada con las entidades relacionadas en el párrafo anterior las
medidas que encuentren pertinentes para coadyuvar con la implementación de la
ruta étnica enunciada y remitir al Ministerio del Interior, de manera
periódica, toda la información pertinente sobre actividades, obras y proyectos de
exploración, explotación o construcción que se adelanten en el territorio del
pueblo Awá o en sus cercanías, así no hayan sido objeto de consulta con el
pueblo Awá.
La asignación de recursos a las distintas entidades que tienen
competencia en la ruta de protección para el cumplimiento de la presente orden,
deberá ser demostrada por el Departamento Nacional de Planeación con la ficha
del Proyecto registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y
deberá ser presentada a la Corte Constitucional, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la notificación del presente auto. Sobre el avance en el
cumplimiento de la presente orden, el Ministerio del Interior deberá presentar
el 20 de noviembre de 2011 a la Corte Constitucional, un informe conjunto a
nombre de las autoridades nacionales y territoriales concernidas, sobre los
La Corte Constitucional igualmente solicitará a la Procuraduría
hagan un seguimiento a la implementación de la ruta étnica sobre los
territorios del pueblo Awá y remitan a la Corte Constitucional el 20 de
noviembre de 2011 un informe sobre los resultados alcanzados con la aplicación
de esta medida cautelar para
la protección de los derechos territoriales de la comunidad Awá.
3. Todas las autoridades específicamente señaladas en este auto
deberán concurrir, dentro del marco de sus competencias, para que efectivamente
se adopten las medidas de protección integral a favor del Pueblo Awá, caso
contrario serán responsables penal y disciplinariamente y, al mismo tiempo,
podrán ser descertificadas en el marco de los mecanismos de certificación
señalados por la Corte en el Auto 008 de 2009 y desarrollados por el Gobierno
Nacional, según fue informado a la Corte Constitucional por éste el 1 de julio
relación con las órdenes del Auto 004 de 2009, dado el grave retraso en su
cumplimiento, el Ministro del Interior deberá presentar en el plazo de un (1) mes
contado a partir de la comunicación del presente auto, un cronograma acelerado
de cumplimiento, para que en un plazo no superior a seis (6) meses, se cuente
con resultados concretos. Dentro de dicho cronograma se deberá tener en cuenta
de manera prioritaria el cumplimiento de las órdenes relativas al plan de
salvaguarda para el pueblo Awá.
en cuenta la existencia del Plan de Salvaguarda presentado por la comunidad
indígena Awá, el Ministro del Interior y de Justicia o el funcionario con
capacidad de decisión que éste designe, en representación de las demás
entidades enunciadas en la orden tercera del auto 004 de 2009, deberá proceder
a instalar el proceso de consulta previa del Plan de Salvaguarda Étnica Awá, a
más tardar el 18 de agosto de 2011 con el fin de agotar, dentro de un cronograma acelerado de
actividades, que surja de la reformulación del cronograma ya existente, las
etapas restantes para su oportuna implementación, la cual deberá iniciarse en un
término máximo de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente
providencia. 6. En
relación con la adopción de decisiones encaminadas a evitar la impunidad de las
conductas delictivas de las cuales han sido víctimas los miembros del Pueblo
Indígena Awá, la Corte encuentra propicio invitar a la Fiscalía General de la
Nación a que presente, el 20 de noviembre de 2011, un informe donde dé cuenta
del avance de las investigaciones adelantadas para esclarecer los hechos
delictivos que han afectado a esta etnia tanto de manera individual como
manera, la Corte considera necesario que la Contraloría General de la
República, presente un informe sobre el seguimiento efectuado al presupuesto
asignado a los resguardos indígenas del Pueblo Indígena Awá, que es
administrado por las diferentes entidades territoriales aquí concernidas, en el
marco del seguimiento a la implementación de lo dispuesto en el auto 004 de
2009 y presente a la Corte Constitucional un informe sobre sus hallazgos el 20
de noviembre de 2011. 8. La Corte ordenará compulsar copias del presente auto a la
Procuraduría General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones
del caso en relación con los posibles incumplimientos aquí subrayados, por
parte del Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, el Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del
Ministerio del Interior y de Justicia, la Viceministra del Interior y el
Ministro del Interior y de Justicia, ocurridas durante los períodos comprendidos
entre febrero de 2009 y el 6 de agosto de 2010.
9. Finalmente, se invitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, para que en el marco de sus competencias[34]
y de la solicitud elevada ante el Estado Colombiano, relativa a la adopción de medidas urgentes para preservar la vida e
integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Awá, afectados por la
siembra de minas antipersona en su territorio, conforme
una comisión de verificación respecto a la adopción de las mismas, así como en
cuanto atañe a la situación actual de vulnerabilidad y riesgo de esta comunidad
tradicional asentada en el país, en los departamento de Nariño y Putumayo.
Invitación que se hará extensiva a las agencias que han hecho seguimiento a la
problemática de la comunidad Awá, como Oxfam International, el Consejo Noruego
para Refugiados-NRC y la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR,
para que en el marco de sus mandatos, conformen una comisión especial de
acompañamiento y de veeduría al proceso de implementación de las órdenes
contenidas en el auto 004 de 2009 y a las aquí impartidas.
Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
cumplimiento de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución.
PRIMERO.- REITERAR que el Pueblo Indígena Awá, asentado en los departamentos de
Nariño y Putumayo, de acuerdo con lo expuesto en el auto 004 de 2009 y con lo
dicho en precedencia, está en grave peligro de ser exterminado física y
culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades
en brindarle una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúa siendo víctima
de un sin número de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y
colectivos, lo cual ha exacerbado el confinamiento y/o desplazamiento forzado
que padece. SEGUNDO.-
ORDENAR al Ministro del
Interior y de Justicia, que de manera coordinada con los Ministros de Hacienda
y Crédito Público, de Educación
Nacional, de la Protección Social, de Defensa Nacional, los Directores del
Departamento de Planeación Nacional, del Programa Presidencial para la Acción
Integral contra las Minas Antipersonal, y de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, así como con los gobernadores (as) de
los departamentos de Nariño y Putumayo, los alcaldes (as) de los municipios de
Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego,
Santacruz-Guachavez y Tumaco, en el departamento de Nariño; y Puerto Asís,
Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón, en el
departamento del Putumayo, para que en el marco de sus responsabilidades
partir de la comunicación del presente auto, adopten como medida cautelar un Plan Provisional Urgente de Reacción y
Contingencia que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más
apremiantes de seguridad física – incluida la relativa al desminado humanitario
‑, de atención humanitaria en salud, educación, refugio o alojamiento
temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia
del Pueblo Awá, de tal manera
que ofrezca una respuesta de atención continua, temporal y congruente con la
crisis humanitaria que padece esta etnia, tendiente a garantizar su vida física
y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en el cumplimiento
de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009. Las medidas adoptadas para garantizar
Reacción y Contingencia, deberán dar plena aplicación a los principios del DIH, de tal
manera que las autoridades responsables, al evaluar las distintas alternativas
operativas y estratégicas posibles, opten por aquella que implique mejores
resultados en términos de seguridad y de protección efectiva de los derechos
del Pueblo Awá, así como medidas concretas para reducir los riesgos que puedan
surgir como reacción a la presencia de la Fuerza Pública. Las medidas de
protección a la vida, y a la integridad personal que deban adoptarse de manera
urgente e inaplazable no requerirán ser consultadas previamente.
Sin embargo, las medidas relativas a los demás componentes del
Plan Provisional Urgente de
Reacción y Contingencia deberán ser consultadas con la comunidad,
en el espacio creado al instalarse la consulta para efectos de cumplimiento del
integral y el uso adecuado de los recursos y que
cumplirá con las siguientes características: (i) deberá mantenerse hasta tanto
entren en operación efectiva el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá y el
Programa de Garantía de los
derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y
persistan las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad; (ii) adopción, como medida cautelar, no
sustituirá ni aplazará el cumplimiento de lo ordenado en el auto 004 de 2009,
en relación con el Pueblo Awá, ni con los demás pueblos indígenas protegidos
el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia diseñado, así como un
informe conjunto con el cronograma de implementación y cumplimiento, las
responsabilidades institucionales y personales asumidas por las distintas
Contingencia, así como sobre
los ajustes realizados para superar los obstáculos que se presenten. La Corte Constitucional igualmente solicitará a la Procuraduría
TERCERO.- ORDENAR
al Ministro del Interior y de
Justicia, al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Superintendente de Notariado y Registro, al Instituto Geográfico Agustín Codazzí
IGAC, y a las Personerías de los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán,
el departamento del Putumayo,
que dentro del marco de sus competencias y de manera articulada pongan en
marcha, en el plazo máximo de dos (2) meses, a partir de la notificación del
presente auto, la ruta étnica de protección, presentada por Acción Social.
Dicha ruta contendrá el procedimiento para la protección y salvaguarda de los
derechos territoriales del pueblo Awa, mediante la identificación, la
caracterización, el registro y la publicidad de las afectaciones territoriales
relacionadas con la situación del desplazamiento, a través de la activación de
mecanismos estatales efectivos para superar la perturbación del goce al derecho
territorial y patrimonial de las comunidades Awá. Asimismo, dicha ruta deberá
servir para detectar posibles amenazas y fuentes de despojo. En atención a lo anterior, también se ordenará a los Ministros de
de Defensa, a los Gobernadores de los Departamentos de Nariño y Putumayo y a
los (las) alcaldes (esas) de los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán,
adoptar de manera coordinada con las entidades relacionadas en el párrafo
anterior las medidas que encuentren pertinentes para coadyuvar con la
implementación de la ruta étnica enunciada y remitir al Ministerio del
Interior y de Justicia, de manera periódica, toda la información pertinente
sobre actividades, obras y proyectos de exploración, explotación o construcción
que se adelanten en el territorio del pueblo Awá o en sus cercanías, así no
hayan sido objeto de consulta con el pueblo Awá.
deberá ser demostrada por el Departamento Nacional de Planeación con la ficha del
Proyecto registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y deberá
ser presentada a la Corte Constitucional, dentro de los dos (2) meses
cumplimiento de la presente orden, el Ministerio del Interior y de Justicia deberá
presentar el 20 de noviembre de 2011 a la Corte Constitucional, un informe
conjunto a nombre de las autoridades nacionales y territoriales concernidas,
cumplimiento, ORDENAR al Ministro del Interior y de Justicia que
presente en el plazo de un (1) mes contado a partir de la comunicación del
presente auto, un cronograma acelerado de cumplimiento de tales órdenes, para
que en un plazo no superior a seis (6) meses, se cuente con resultados
concretos. Dentro de dicho cronograma se deberá tener en cuenta de manera
prioritaria el cumplimiento de las órdenes relativas al plan de salvaguarda étnico
para el pueblo Awá. QUINTO.- ORDENAR el Ministro del Interior y de Justicia o el funcionario
con capacidad de decisión que éste designe, en representación de las demás
entidades enunciadas en la orden tercera
del auto 004 de 2009, proceda a instalar el proceso de consulta previa del Plan
de Salvaguarda Étnica Awá, a más tardar el 12 de septiembre de 2011 con el fin de agotar, dentro
de un cronograma acelerado de actividades que fije según lo ordenado en el
numeral anterior, las etapas restantes para su oportuna implementación, la cual
deberá iniciarse en un término máximo de seis (6) meses, a partir de la
notificación de la presente providencia.
SEXTO.- Todas las autoridades específicamente señaladas en este
auto deberán concurrir, dentro del marco de sus competencias, para que
efectivamente se adopten las medidas de protección integral a favor del Pueblo
Awá, caso contrario serán responsables penal y disciplinariamente y, al mismo
tiempo, podrán ser descertificadas en el marco de los mecanismos de
certificación señalados por la Corte por la Corte en el Auto 008 de 2009 y
desarrollados por el Gobierno Nacional, según fue informado a la Corte
Constitucional por éste el 1 de julio de 2010.
SÉPTIMO.- SOLICITAR a la Fiscal General de la Nación presentar a la Corte
Constitucional, el 20 de noviembre de 2011, un informe donde dé cuenta del
avance de las investigaciones adelantadas para esclarecer los hechos delictivos
que han afectado a esta etnia tanto de manera individual como colectiva.
SOLICITAR a la Contraloría General de la República, presente el 20 de
noviembre de 2011 un informe sobre el seguimiento efectuado al presupuesto
2009. NOVENO.- COMPULSAR copias del presente auto a la Procuraduría General de la
Nación, para que se adelanten las investigaciones del caso en relación con los
posibles incumplimientos aquí subrayados, por parte del Director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Director
de Asuntos Indígenas, Minorías y Rrom del Ministerio del Interior y de
Justicia, la Viceministra del Interior y el Ministro del Interior y de
Justicia, ocurridos durante los períodos comprendidos entre febrero de 2009 y
el 6 de agosto de 2010.
DÉCIMO.- INVITAR a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos - CIDH,
para que en el marco de sus competencias y de la solicitud elevada ante el
Estado Colombiano, relativa a la adopción de
medidas urgentes para preservar la vida e integridad personal de los miembros
del Pueblo Indígena Awá, afectados por la siembra de minas antipersona en su
territorio, conforme una comisión de
verificación respecto a la adopción de las mismas, así como en cuanto atañe a
la situación actual de vulnerabilidad y riesgo de esta comunidad tradicional
asentada en el país, en los departamento de Nariño y Putumayo. Invitación que
se hará extensiva a las agencias que han hecho seguimiento a la problemática de
la comunidad Awá, como Oxfam International, el Consejo Noruego para
Refugiados-NRC y la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, para
que en el marco de sus mandatos, conformen una comisión especial de
DÉCIMO PRIMERO.-COMUNICAR al Presidente de la República de Colombia
el contenido del presente auto para su información y adopción de las medidas
Magistrado JUAN CARLOS HENAO PEREZ
[1]Sentencia T-025 de 2004, ordinal primero de la parte
resolutiva: “PRIMERO.- Declarar la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta
de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos
constitucionalmente y desarrollados por la ley y el volumen de recursos
efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos.”
[2] Cfr. A-092/08, A-251/08, A-004/09, A-005/09 y
A-006/09.
[3] En los términos de los artículos 7 y 70 (derechos a la
diversidad étnica y cultural), 8 (protección a la riqueza cultural de la Nación), 9 y 330 (derecho a la autodeterminación de los pueblos), 63 y 329 (protección a la
propiedad colectiva), 10 (derecho a la oficialidad de lenguas y dialectos de
las comunidades nativas y a que la enseñanza que se les imparta sea bilingüe),
40-2, 329 y 330 (derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en las
decisiones que las afectan, a través de procedimientos adecuados y con la
participación de sus instituciones representativas), 68 (derecho a la educación
con identidad cultural), 72 (protección del patrimonio cultural), 171 y 172
(derecho a una circunscripción especial para la elección de
Senadores y Representantes), y 246 (derecho a administrar justicia en
su propio territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos) de la Constitución Política. Al mismo tiempo, con el fin de establecer las obligaciones del Estado
para con los pueblos indígenas, la Corte ha acudido continuamente al Convenio
169 de la OIT, instrumento de derecho internacional, cuyas normas sobre la
protección de los derechos de los pueblos indígenas hacen parte del orden
interno, con rango de normas constitucionales, de acuerdo con el artículo 93.1
de la Constitución Política y jurisprudencia reiterada de esta Corporación. De
igual manera, la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU, como criterio imprescindible de interpretación de las obligaciones estatales frente a
[4]Identificando los funcionarios responsables,
determinando un cronograma para su implementación y seguimiento, que debería
contener componentes de prevención y atención, así como respetar los criterios
de racionalidad en las políticas públicas. Garantizar la participación de las organizaciones
que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, y de los líderes de los
pueblos indígenas más afectados por el desplazamiento.
[5]Cada uno
de dichos planes de salvaguarda étnica ha de contemplar los siguientes
elementos mínimos: 1. Ha de ser debidamente consultado en forma previa con las
autoridades de cada una de las etnias beneficiarias, de conformidad con los
parámetros que ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia constitucional
para que la participación sea efectiva y respetuosa de la diversidad
etnocultural. 2. Debe contener tanto un elemento de prevención del impacto
desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre el
pueblo indígena respectivo, como un elemento de atención efectiva y diferencial
a las personas desplazadas a la fecha. 3. Debe atender a los derechos
fundamentales de las víctimas de los crímenes que se han descrito en el
presente documento a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de
no repetición. 4. Debe incluir un componente básico de protección de los
líderes, autoridades tradicionales y personas en riesgo por sus posturas de
activismo o de liderazgo. 5. Debe prever herramientas para el fortalecimiento
de la integridad cultural y social de cada etnia beneficiaria. 6. Debe contener
un ingrediente de protección de los territorios tradicionales, especialmente de
los que están en proceso de titulación y asimismo de los que ya se encuentran
titulados, frente a los distintos procesos bélicos y de despojo que se han
descrito en el presente auto. 7. Debe prever que el principal objetivo ante la
población indígena desplazada ha de ser el de garantizar su retorno en
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; pero asimismo, debe atender
a los casos especiales de las personas, familias y comunidades que no pueden
volver a sus territorios por la vigencia de las amenazas de los grupos armados
o de quienes propiciaron su destierro. 8. Debe respetar, como mínimo, los
siguientes elementos de racionalidad en tanto componente de una política
pública seria y racional de atención diferencial al desplazamiento forzado
indígena: (i) Especificidad para
atender la situación de la respectiva etnia beneficiaria; (ii) Definición de
metas puntuales a corto, mediano y largo plazo dirigidas a garantizar goce
efectivo de derechos; (iii) Cronograma acelerado de implementación; (iv)
Presupuesto suficiente y oportunamente disponible; (v) Cobertura material
suficiente; (vi) Garantías de continuidad hacia el futuro; (vii) Adopción e
implementación de indicadores de resultado; (viii) Diseño de mecanismos de
coordinación interadministrativa; (ix) Desarrollo e implementación de
mecanismos de evaluación y seguimiento; (x) Diseño e implementación de
instrumentos de corrección oportuna; (xi) Diseño e implementación de mecanismos
internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas; (xii) Armonización con los
demás elementos de la política pública; (xiii) Apropiación nacional y autonomía
de cooperación internacional y de otros programas nacionales.
[6]A saber: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu,
Embera-Katio, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao,
Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila,
Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró,
Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.
[7] Cfr. Plan de Salvaguarda Étnica Awá, pág. 7.
[8] Según el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo
Indígena Awá, la minga es expresión de su fuerza y unidad, pág. 37. [9]Cfr. Plan de
Salvaguarda Étnica Awá, conclusión No. 4. Pág. 75. [10] Como referencia se tendrá en cuenta el último
informe presentado por el anterior Gobierno (1 de julio de 2010) y el enviado
por el Gobierno actual, en respuesta a lo dispuesto por el auto 385 de 2010 (16
de marzo de 2011), que pide al Gobierno fijar su posición frente a la política
pública de atención a la población desplazada adoptada por el Gobierno saliente. [11]Quedando pendiente la solicitada por los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, autoridades de la cultura indígena Kogui, según lo dicho por el
Ministerio del Interior y de Justicia en reunión con la Sala Especial, del 24 de febrero de 2011.
través de este auto se corrió traslado del informe presentado por el gobierno
el 1 de julio de 2010 a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y
Crédito Público, de Defensa Nacional, de Protección Social, de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director
Nacional de Planeación y al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; y de la tercera encuesta nacional de verificación presentados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado. Y, se concedió a dichas autoridades un plazo de tres (3) meses, para presentar un informe conjunto en el cual se fije su posición frente al mismo.
[13]V. supra No. 6.
[14] Cfr. cuadro página 276.
[15] Que de suyo implica dar inicio al proceso de la consulta
previa del mencionado plan, con el fin de llegar a acuerdos y
protocolizarlos, para de esta manera dar paso a su implementación y
subsiguiente proceso de seguimiento y control.
[16] Artículo 25. Medidas
cautelares (Reglamento aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones,
celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009) :
“ 1. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte
medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto
del proceso en conexión con una petición o caso pendiente.
2. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte
medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a personas que se
encuentren bajo la jurisdicción de éste, en forma independiente de cualquier
petición o caso pendiente.
3. Las medidas a las que se refieren los
incisos 1 y 2 anteriores podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir
un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización,
grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.
4. La Comisión considerará la gravedad y urgencia de la situación, su contexto, y la inminencia del
daño en cuestión al decidir sobre si corresponde solicitar a un Estado la
adopción de medidas cautelares. La Comisión también tendrá en cuenta: a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades
pertinentes o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse; b. la
identificación individual de los potenciales beneficiarios de las medidas
cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen; y c. la expresa
conformidad de los potenciales beneficiarios cuando la solicitud sea presentada
a la Comisión por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de
consentimiento se encuentre justificada. (…)”
[17]En particular, se dijo que tales medidas deberán
incluir, como mínimo, acciones de desminado del territorio ancestral y de
educación en el riesgo de las minas antipersona para los miembros del pueblo,
las cuales han de ser debidamente consensuadas con los beneficiarios de las
mismas. [18] UNIPA y ACIPAP. Informe presentado en el marco del
Convenio Interadministrativo No. 140 de 9 de julio de 2.009, suscrito entre la UNIPA y el Ministerio del Interior y de Justicia, para dar cumplimiento a las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional con el propósito de ajustar los
mecanismos de protección y prevención de quienes se encuentran en riesgo de
desplazamiento forzado, y de atención a quienes se encuentran desplazados.
[19] Hecho que forzó su decisión de ejercer, a través de la
minga humanitaria, el vulnerado derecho a la autonomía, para entrar en dicho
territorio y ubicar los cuerpos de los compañeros y compañeras asesinados,
presuntamente por las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
[20] Comunicado de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá, del 7 de febrero de 2011.
[21] V. supra No. 17.
[22] En el último informe, con fecha 30 de julio de 2010.
[23] Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y se dictan otras disposiciones.
[24] En virtud de lo establecido en el numeral
cuarto del auto 004 de 2009. [25] En las cuales en el día se dictan clases y en la noche
se alberga a la comunidad, según el mismo informe.
[26] Como antes se vio, en Colombia, el territorio del Pueblo Awá se encuentra en los municipios
de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santacruz
Guachavez y Tumaco, en el departamento de Nariño, y en los municipios de Puerto
el departamento del Putumayo. En Ecuador, los Awá estan asentados a lo largo
del río San Juan, en las localidades de Tobar Donoso, Chical, Jijón y Camaño
(provincias de Carchi), Alto Tambo, Mataje y Ricaurte Tululbí (Esmeraldas) y
Lita, Buenos Aires (Imbabura).
[27]En ese sentido, cuando los Awá se refieren a su tierra
manifiestan: “En el territorio
vivimos y practicamos nuestra cultura a partir del respeto de las normas de la
ley de origen como fundamento del derecho propio. Los Awá somos parte del
territorio y por eso no desobedecemos sus leyes. Nuestra razón de ser es
sostener el equilibrio y convivir en armonía: el territorio es un todo para el
pueblo Awá, sin éste no seríamos un pueblo. En todo el territorio está nuestra
espiritualidad, ya que para nosotros todo tiene espíritu. Nuestro territorio es
sagrado, adentro de la montaña hay lugares donde nadie puede entrar a irrumpir,
allí se hacen los ritos y curaciones. Además, el territorio lo conforman: los
saltos de agua, las chorreras, las vertientes o afluentes de agua, las
cuchillas, las faldadas, hondonadas, los páramos, los cerros, los salados, los
ríos, las peñas, las lagunas, piedras, socavones, los árboles, los animales, y
otros que habitan en la biodiversidad.”(Plan
de Salvaguarda Étnica Awá, pág.33).
[28] V. supra No. 17.
[29] V. supra No. 12.
[30] Además, en estos encuentros se actualizó el
diagnóstico de riegos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH, con la identificación de problemáticas de cada comunidad y se construyeron
las propuestas que integrarían el plan de salvaguarda étnica. También, se
reportó la realización de una asamblea por cada organización, a partir de la
cual se recogió toda la información de los diagnósticos y las propuestas, y
otra de carácter general, en enero de 2010, donde participaron las tres
organizaciones, con la presencia de entidades del gobierno del nivel nacional y
local, ACNUR, CODHES y MINGA, dentro de la cual se socializaron las propuestas
por cada una de las organizaciones, se definieron unos criterios para articular
los tres documentos, se organizaron cinco mesas de trabajo por cada eje
priorizado (complementado por los puntos específicos de protección a líderes,
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición), así como la
definición de los tiempos a corto, mediano y largo plazo. El conjunto de tareas
desarrolladas por el Pueblo Indígena Awá, dió como resultado una propuesta
conjunta de Plan de Salvaguarda Étnica.
[31] Cfr. páginas 42 y 44.
[32] Cfr. T-025/04; A-004/09 y A-382/10.
[33]La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades en
relación con los derechos de las comunidades indígenas, tanto en fallos de
constitucionalidad como de tutela, en relación con (i) el reconocimiento de
estatus especial en la Constitución y en la convención 169 de la OIT –sentencia C-208 de 2007 y T-1105 de 2008-; (ii) la administración de justicia en
comunidades indígenas y las autoridades indígenas –sentencia C-713 de 2008,
C-T-1294 de 2005-; (iii) el derecho a la educación especial de las comunidades
indígenas –Sentencia C-208 de 2007; (iv) los cupos especiales de acceso a la
universidad de miembros de comunidades indígenas –T-1340 de 2001, T-215 de
2005-; (v) el derecho a la participación de las comunidades indígenas y
tribales del país en las decisiones que los afectan –C-461 de 2008- (vi) el
derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en las decisiones que los
afectan –sentencias SU 383 de 2003, C-030 de 2008, Ley Forestal, C-461 de 2008,
C-175 de 2009, Estatuto Rural; (vii) la participación política de las minorías étnicas
–C-089 de 1994-, entre otros. [34] V. supra No. 10.

References: artículo 27
 resolución 
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 93
 Artículo 25