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EL DESPIDO COLECTIVO TRAS LA REFORMA DE 2012
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Carla Consuelo Aguilera Velázquez
1 0 TRABAJO FIN DE GRADO Grado en Derecho Curso 2013/2014 EL DESPIDO COLECTIVO TRAS LA REFORMA DE 2012 Priscila Martín Vales Dirigido por Enrique Cabero Morán JUNIO 2014.
2 0 TRABAJO FIN DE GRADO Grado en Derecho Curso 2013/2014 EL DESPIDO COLECTIVO TRAS LA REFORMA DE 2012 Priscila Martín Vales Dirigido por Enrique Cabero Morán JUNIO 2014.
3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN pág MARCO NORMATIVO, CONCEPTO Y CAUSAS DEL DESPIDO COLECTIVO.....pág Marco normativo.... pág Concepto y causas.... pág DELIMITACIÓN CUANTITATIVA DEL DESPIDO COLECTIVO.. pág Número de trabajadores afectados. Los criterios de selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo. Problemática... pág Extinciones contractuales computables pág Periodo de cómputo de los despidos: prevención legal frente a acciones fraudulentas... pág EL PROCEDIMIENTO: LA TRAMITACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO.. pág Tramitación del despido colectivo pág.18. a) Periodo de consultas.... pág.18. b) Intervención de la autoridad laboral.... pág.20. c) Deberes de información.. pág Despidos de trabajadores de edad madura pág Despidos que afecten a más de 50 trabajadores.... pág Despidos que afecten a más del 50% de trabajadores.. pág PROCESO ESPECIAL DE IMPUGNACIÓN... pág Modalidades colectivas de impugnación.. pág Modalidad individual de impugnación. pág.25. 1
4 6. LOS EFECTOS DEL DESPIDO COLECTIVO SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR.. pág Especial consideración a la indemnización.. pág Notificación. Obligaciones de los empresarios. pág Derecho a la prestación por desempleo.... pág Plan de recolocación externa.... Pág EL DESPIDO COLECTIVO EN EMPRESAS EN CONCURSO DE ACREEDORES.. pág Autoridad Laboral Competente pág La competencia del juez concursal... pág Procedimiento, notas sustanciales y otras circunstancias..... pág Un supuesto singular en las situaciones de concurso de acreedores: la extinción colectiva por impago de salarios a petición de los trabajadores pág CONCLUSIÓN... pág.41. ANEXO I. ABREVIATURAS... pág.47. ANEXO II. LEGISLACIÓN.. pág.49. ANEXO III. JURISPRUDENCIA CITADA.. pág.51. ANEXO IV. GRÁFICOS... pág.53. BIBLIOGRAFÍA.... pág.57. 2
5 1. INTRODUCCIÓN En 2007 comenzó una de las mayores crisis económicas que ha vivido nuestro país. Desde el inicio de la crisis se ha aumentado el número de parados, sobrepasando los 4 millones, así como ha aumentado el número de parados de larga duración, lo que es todavía más preocupante. La insolvencia empresarial aparece como la principal causa de la que deriva la suspensión o extinción de gran parte de la plantilla de una empresa. Lo cual se ha visto incrementado estos últimos años por la situación de crisis económica y las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para, a su entender, paliar dicha situación. El marco normativo de los despidos colectivos trata de equiparar ambas posiciones, trabajadores y empresario, ya que en esta materia confluyen de forma directa intereses contrapuestos, por un lado, está la estabilidad en el empleo, y por otro, la flexibilidad que permita adaptar las plantillas a las necesidades empresariales. En 2010 se procede a la promulgación del RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, con el que el legislador pretendía dar una mayor certeza jurídica, tanto a los trabajadores, como a los empresarios, dando una nueva redacción a las causas necesarias para que se dé un despido colectivo. El 10 de febrero de 2012 se aprobó el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma laboral, que, posteriormente dio lugar a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral. En la Exposición de Motivos del citado cuerpo legal, el legislador entiende que el expediente administrativo y las posibles impugnaciones administrativas y judiciales del despido colectivo, se han revelado contrarias a la celeridad que es especialmente necesaria cuando se trata de acometer reestructuraciones empresariales. Siendo una de las principales modificaciones que incorpora la mencionada ley, la supresión de la necesidad de autorización administrativa. Eso sí, manteniendo la necesidad del periodo de consultas derivado de la normativa comunitaria, pero, sin exigirse la conclusión del mismo con el acuerdo de los representantes de los trabajadores con el empresario en relación a los despidos. 3
6 Así como, la eliminación de la exigencia de que la situación económica pueda afectar a la empresa o al mantenimiento del volumen de empleo. De manera que, después de dicha reforma, se entenderá que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, tanto pérdidas actuales como previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, definiéndose la disminución como persistente, si se produce durante tres trimestres consecutivos. Por lo que respecta a las causas técnicas, organizativas o de producción, la Ley ha suprimido la necesidad de que la empresa justifique la razonabilidad de los despidos colectivos acaecidos en la misma y su contribución a la mejora de la situación económica. No obstante, las causas deberán ser sobrevenidas. De manera que, será necesario probar que se han producido cambios en relación a la situación anterior y que dichos cambios justifican tales despidos colectivos. De manera que se equipara este tipo de despidos con el resto a efectos de impugnación y calificación judicial. Siendo la única particularidad la legitimación de los representantes de los trabajadores para interponer la acción que dará una solución igualitaria a los trabajadores afectados por el despido colectivo. Quedando limitado el control judicial a la valoración de las causas del despido colectivo. Procediéndose en 2013, mediante el RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, a la modificación de la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas. Tal y como se extrae de la Exposición de Motivos del citado cuerpo legal. Derivado de las recientes reformas sufridas en es este ámbito, la mayoría de los autores consideran que, el denominado Expediente de Regulación de Empleo, deja de tener validez material, ya que queda vacío de contenido, especialmente, a raíz de la eliminación de la autorización previa por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pasándose a denominarse despido colectivo. Los contratos de trabajo no son inmunes a la situación de crisis de la empresa. De hecho, en la situación actual de crisis que estamos viviendo, se podría decir que muchas de estos despidos colectivos se producen en empresas en concurso. 4
7 Con respecto al despido colectivo en empresas en situación de concurso de acreedores, podemos decir que el art LC establece una regla de supletoriedad, por la cual todo lo que no esté previsto en el citado artículo se aplicará la legislación laboral. En 2013 aumentaron los despidos colectivos en un 6,4%, lo que denota que todas las reformas acaecidas en los últimos años no han dado los frutos pretendidos. Así lo denuncia Comisiones Obreras, considerando los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de los primeros siete meses de En dicho periodo hubo una reducción del 7,2% en el número total de procesos que finalizan con acuerdo, en comparación con el año anterior en el mismo periodo. Lo que contrasta drásticamente con los datos publicados el pasado marzo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el primer trimestre de 2014, los despidos colectivos han disminuido en un 48,3% con respecto al ejercicio anterior. Y el 94% de los procedimientos terminó con acuerdo de los representantes de los trabajadores y la empresa, conclusión que se extrae del gráfico nº4, Anexo IV. En este periodo, se vieron afectados por medidas de regulación de empleo trabajadores, lo que supone un descenso del 57,6%, respecto del primer trimestre de De los cuales, fueron objeto de un despido colectivo, lo que nos lleva a afirmar que hay un descenso del 54,7%, con respecto al primer trimestre del año anterior. Siendo la causa más alegada para la justificación de los despidos colectivos en el primer trimestre de 2014 la económica con trabajadores afectados. Seguidos de la alegación de causas técnicas (1.391 trabajadores afectados) y de producción (1.225 trabajadores afectados). Y, en último lugar, los empresarios han justificado los despidos colectivos en causas organizativas, siendo 878 los trabajadores afectados. De lo que queda constancia en el gráfico nº3, Anexo IV. Otro dato importante a resaltar es, tal y como se extrae del gráfico nº2, Anexo IV, es que la situación de crisis que vivimos en la actualidad ha tenido mayores repercusiones en las PYMES. Siendo este tipo de empresas las que proceden a realizar despidos colectivos por su incapaz de sostenerse en el mercado. Así como, el número de trabajadores afectados por dichos despidos colectivos ha sido mayor en las empresas que tenían una plantilla de trabajadores de entre 50 y
8 Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, se ha producido un descenso claro del número de trabajadores afectados por tales medidas de regulación de empleo. Produciéndose los descensos más significativos en Ceuta y Melilla (-92,6%), Asturias (- 77,7%), Baleares (-72,5%) y Murcia (-71,2%). Lo cual supone un respiro ante la situación de crisis que estamos viviendo y que, como se ha señalado anteriormente, el número de trabajadores en situación de desempleo ha superado los 4 millones, tal y como se desprende del gráfico nº1, Anexo IV. Además de la reducción de las prestaciones y ayudas en todos los ámbitos sociales. Como, por ejemplo, en sanidad, educación, indemnizaciones por despido, Ley de Dependencia, o, salarios y promoción de los funcionarios públicos. 6
9 2. MARCO NORMATIVO, CONCEPTO Y CAUSAS DEL DESPIDO COLECTIVO 2.1. Marco normativo En la actualidad hay dos grandes textos legislativos a la hora de la regulación de la materia denominada despidos colectivos. En primer lugar, hay que tener en consideración la Directiva 92/56/CEE DEL CONSEJO de 24 de junio de 1992 por la que se modifica la Directiva 75/129/CEE referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. La cual en la materia objeto de análisis se producen una serie de consideraciones, tales como en el cálculo del número de despidos, los cuales se asimilarán a los despidos de las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa del empresario en base a uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos cinco (art a) de la citada Directiva). Por otro lado, se produce mediante la misma la sustitución de la Sección II, dedicada a la información y consulta. Quedando constatado el deber del empresario de notificar a los representantes de los trabajadores su intención de realizar despidos colectivos. Eso sí, con el fin de la realización de un acuerdo con los mismos, en relación con la posibilidad de evitar o reducir los citados acuerdos, así como, de atenuar sus efectos. Todo ello con la finalidad de que los representantes de los trabajadores tengan la oportunidad de realizar propuestas a fin de evitar o atenuar, en su caso, dicho despido colectivo. En contraposición, el empresario tendrá el deber, durante el mencionado periodo, de proporcionarles toda la información pertinente y comunicarles por escrito 6 puntos. Los cuales han sido traspuestos a nuestra legislación casi en su literalidad en el art LET. Estas medidas, a mi entender, son las más llamativas en cuanto al tema que nos ocupa. En segundo lugar, nos tendríamos que dirigir a la normativa interna. La cual está esencialmente contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La cual ha sufrido posteriores modificaciones. 7
10 Sin embargo, hay que comentar primeramente el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. El art c) del citado cuerpo legal expone: Por circunstancias objetivas, fundadas en la capacidad profesional del trabajador o en las necesidades de funcionamiento de la empresa, constituyen causa suficiente para el despido las siguientes: c) La necesidad de amortizar individualmente un puesto de trabajo cuando no proceda utilizar al trabajador afectado en otras tareas. El cual vemos que es predecesor al art. 52 c) LET. Así como su art. 45 encuentra su homologo en el art. 51 LET. De manera que vemos que se produce una doble regulación en el año Por un lado, se regula dentro de los despidos objetivos la amortización de un único puesto de trabajo, mientras que, en el art. 45 se regula lo que denomina la reestructuración de plantillas, dando como causas las económicas o las tecnológicas. Una segunda modificación de este tipo de despidos con amortización del puesto de trabajo se produce con la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. En este cuerpo legal, nos encontramos en su art. 51, titulado extinción por causas tecnológicas, económicas y fuerza mayor, la regulación de los despidos colectivos. Y, junto a estos, una figura un tanto especial, los denominados despidos por fuerza mayor. En este caso observamos, que se siguen manteniendo, en lo que respecta a los despidos colectivos, las dos tipos de causas económicas o tecnológicas. Lo cual cambiará con el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Otra característica que sigue manteniendo esta Ley 8/1980, es la separación de los despidos con amortización de puestos de trabajo, estando, por un lado, los denominados actualmente despidos colectivos (art. 51 del citado cuerpo legal), y, por otro lado, la amortización individual de un puesto de trabajo (art. 52 c)). No obstante, en cuanto a este último precepto se produce una modificación con respecto a la Ley del año De manera que, se añade la condiciendo, de que esta amortización individual del puesto de trabajo se produzca en empresas con menos de cincuenta trabajadores. Además de, la obligación del empresario, cuando exista otro puesto apto para ese trabajador que ha sido objeto de dicha amortización del puesto, en otro centro de trabajo en otra localidad, el trabajador podrá ocuparlo solicitando las compensaciones económicas legales. Así 8
11 mismo, como que si pasado el plazo de un año se volviera a crear la plaza anteriormente amortizada, el trabajador tendrá preferencia absoluta para ocuparla. La siguiente modificación importante recaída sobre este tipo de despidos se produjo con la entrada en vigor del actual Estatuto de los Trabajadores. El cual data del año 1995 (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). En este cuerpo normativo se sigue conservando la diferenciación de amortizaciones de puestos de trabajo propuesta en el año Sin embargo, mediante este texto legal y sus sucesivas modificaciones vemos como ambos preceptos se van diluyendo hasta equipararse. Lo cual nos hace pensar que esta diferenciación carece de sentido sistemático, y, que sería más razonable una nueva redacción de ambos preceptos para su unificación. Cuando este texto entro en vigor en el año 1995, el art. 52 c) que tradicionalmente había sido regulado para la amortización un puesto de trabajo (por ello se encontraba enmarcado bajo los despidos objetivos), simplemente se diferenciaba del art. 51 (despidos colectivos), en que el número de amortizaciones de puestos de trabajo fuera inferior a lo que establece el citado precepto anterior. De manera que, deja de ser la amortización de un puesto de trabajo, para ser la amortización de varios puestos de trabajo dependiendo del número de trabajadores que posea la empresa. Con el requisito de que los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. Dicho precepto sufre una modificación de la mano del art. 3 Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, se añade una garantía o requisito adicional, por el cual los empresarios tienen que acreditar tal decisión como consecuencia de la situación económica negativa que la empresa padece, o por causas técnicas, organizativas o de producción. Con el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, se produce una modificación del precepto. Eliminando el requisito establecido con anterioridad en el año 1997, con el que se produce un acercamiento más notable al art. 51, sobre todo en cuanto a su redacción. Quedando de esta manera dicha redacción vigente en la actualidad. 9
12 En lo que corresponde al art. 51 (despido colectivo propiamente dicho), es con este Real Decreto Legislativo de 1995 con el que se le empieza a dar esta denominación a esta clase de despidos. Este artículo ha sufrido diversidad de modificaciones, sobre todo en sus apartados primero y segundo. De estas modificaciones conviene destacar las producidas en 2010 y en 2012, fundamentalmente. En el texto original de 1995 encontramos, en su apartado primero, la definición, o, mejor dicho, lo que entiende el legislador por despido colectivo. De manera que, dicho tipo de despido se tendrá que fundamentar en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Estableciendo un plazo de 90 días para la realización de tales despidos. Por lo cual, se podrá enmarcar dentro de este tipo de despidos, los que se produzcan durante el plazo anteriormente mencionado, siempre que, la extinción afecten a: 10 trabajadores en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores; el 10% del número de trabajadores en la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; y, 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores. Este requisito del número de trabajadores, dependiendo de la magnitud de trabajadores que tenga la empresa, no ha sido modificado, estando vigente en la actualidad. Fue creado por este Real Decreto Legislativo de 1995, ya que, en su Ley antecesora de 1980, no se delimitaba este concepto. Seguidamente, en este mismo apartado, se dan una serie de definiciones de lo que se entiende por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las cuales se modificaron a raíz del Real Decreto-Ley 10/2010 flexibilizándose, y, posteriormente, por el art del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero (al igual que el apartado dos), que lo redacta en su totalidad. Así mismo, derivada de esta reforma de 2012, se suprime la autorización administrativa previa que se requería para llevar a cabo dichos despidos colectivos. Por el Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, se modifica de nuevo el apartado segundo el cual trata del deber del empresario de realizar un periodo de consultas a los trabajadores con anterioridad a realizar los despidos, con una duración que dependerá del número de trabajadores de la empresa (no superior a 30 días naturales, 15 en el caso de empresas de 50 trabajadores). Antes de la reforma de 2012, este segundo apartado 10
13 estaba dedicado al deber del empresario de solicitar la previa autorización para la extinción de los contratos de trabajo conforme al Expediente de Regulación de Empleo Concepto y causas Seguidamente y manteniendo la separación inicial que hizo la Ley 17/1977, de despidos con amortización del puesto de trabajo, comenzaremos con el regulado en el art. 52 c) LET. El cual se encuentra enmarcado dentro de los denominados despidos por causas objetivas, derivadas de las necesidades de funcionamiento de la empresa. Observamos que el citado precepto establece que para darse el presente despido, se tienen que cumplir las condiciones del art LET y sea en un número inferior de despido al establecido en el mismo. Por ello, dichas causas se analizarán sin distinción entre ambos preceptos. Teniendo, no obstante, su diferenciación en el número de trabajadores afectados. De manera que, aunque sean las mismas causas para los dos preceptos, en el art. 52 c) dicha afección de la viabilidad económica es de menor intensidad que la que conduce al despido colectivo 1. La definición de despido colectivo nos la da el propio art. 51 en su primer apartado. El cual como primer requisito establece la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (las cuales analizaremos a continuación). Seguidamente de un plazo de 90 para realizar los mismos. Y da un número mínimo de trabajadores afectados en función del número de trabajadores totales de la empresa: diez trabajadores en las empresas que ocupen a menos de cien trabajadores; el diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores; y, treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. Podremos decir que hay causa económica negativa desfavorable a la empresa cuando existan una serie de pérdidas, tanto actuales como previstas, o disminución persistente 1 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2013, p
14 de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Eso sí, limitándolo a un periodo en concreto, tres trimestres. De manera que, si durante tres trimestre consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado al registrado en el mismo trimestre del año anterior, se entenderá que concurre causa justificativa de despido colectivo. De este punto encontramos amplia jurisprudencia del TS, como es la Sentencia de de abril de 2014, en la que se desestima el recurso interpuesto por la empresa ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. Ya que el citado Tribunal entendió que si la cifra de negocio aumentó en 2011 en relación a 2010 y si la cartera de obra, como apunta el Ministerio Fiscal era de euros a fin de mayo de 2012, es lógico pensar que a final de año se aproximaría a la del año anterior, con aumento, también de la cifra de negocio 2. Sin embargo, en la STS, de 14 de febrero 3, se da el caso contrario estimando el recurso de casación interpuesto por el Comité de empresa de los Consorcios UTEDLT de Almería. Tratando, no obstante, un tema muy importante a la par que comprometido, el del uso fraudulento del art. 52 c) LET. Al cual nos remitiremos más tarde. Mientras que, concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. Un ejemplo claro de este tipo de causas sería la robotización de una determinada actividad producida. Como sería el caso de las cajeras de tiendas en las cuales se han implantado máquinas que realizan la misma prestación. Los cambios producidos, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, se entenderán como causas organizativas. Estas se relacionan con la mejor coordinación de medios y de personas, para lograr una mayor presencia en el mercado. Y, en último lugar, se entenderían causas productivas, aquellas que produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar 2 STS Sala de lo Social Nº 1434/2014, a 18 de marzo de 2014 (Roj. STS 1434/2014), fundamento jurídico 4º. 3 STS Sala de lo Social Nº 1517/2014, de 18 de febrero de 2014 (Roj. STS 1517/2014). 12
15 en el mercado. Se podría entender así, cuando éstas se refieren al sector económico o parcela del mercado donde se encuentran los bienes o servicios producidos por la empresa, a la capacidad de producción de la misma, pudiéndose transformar o reducir dependiendo de dichas causas. Es importante traer aquí a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Social, de 26 de diciembre de 2013, la cual deja constancia de que: deberá acreditarse que el despido es procedente para corregir desajustes en la plantilla, lo que obligará a demostrar que los contratos, cuya extinción se pretende, han dejado de cumplir su finalidad económica y productiva 4. Por otro lado, conviene destacar que el régimen legal del despido colectivo se aplica al sector público con alguna peculiaridad 5. La cual se deriva de las causas económicas que pueden dar lugar a un despido colectivo. Entendiendo, en este caso, en vez de una situación económica negativa, una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de la obra o servicio público de que se trate. 3. DELIMITACIÓN CUANTITATIVA DEL DESPIDO COLECTIVO Debido a la concurrencia de las causas anteriormente expuestas (económicas, técnicas, organizativas o de producción), se pueden dar lugar a una serie de despidos. Los cuales pueden conllevar hasta el cierre de la empresa. Por otro lado, las mismas podrían considerarse como el soporte común del despido colectivo (art. 51 LET) y del despido objetivo (art. 52 c) LET) 6. La diferencia fundamental entre ambos tipos de despidos con amortización del puesto de trabajo radica, en esencia, en el número de trabajadores afectados por dichos despidos teniendo en consideración la plantilla total de la empresa de la que son despedidos. Ya que el 4 STSJ de Navarra, Sala de lo Social, Nº 352/2013, de 26 de diciembre de 2013 (Roj. STSJ NAV 425/2013), fundamento jurídico 2º. 5 MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2013, p PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M, Der, cit., p
16 tratamiento que se da a esos trabajadores es diferente en función de qué tipo de despido se trate Número de trabajadores afectados. Los criterios de selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo. Problemática. El art LET establece un número de trabajadores afectados por un despido con amortización de puestos de trabajo, siempre y cuando se den unas determinadas causas, en función del volumen total de trabajadores en la empresa, y dentro de un determinado plazo (90 días). De manera que, se considerará despido colectivo el que afecte a, en primer lugar, al menos a 10 trabajadores en la empresa que ocupen menos de 100 trabajadores; el 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300; y 30 trabajadores en las empresas que ocupan a más de 300 trabajadores. Y, en segundo lugar, se entenderá, también, despido colectivo la extinción de contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel se produzca como la cesación total de su actividad empresarial. Hay que decir, que a efectos de cómputo de plantilla, se incluirá la totalidad de los trabajadores que presten servicios en la misma en el día en que se inicie el procedimiento, cualquiera que sea la modalidad contractual utilizada 7. La doctrina judicial ha interpretado que el volumen de empleo respecto del que se computan los contratos de trabajo que van a ser objeto de amortización de su puesto de trabajo se vincula a la empresa y no al centro de trabajo. No obstante, si no se cumple este requisito numérico, nos encontraremos ante un despido objetivo contemplado en el art. 52 c) LET. El empresario es el que decide que puesto se han de amortizar, y a que trabajadores les va a afectar dicha extinción. No obstante, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señala que la validez de los criterios de selección establecidos 7 MERCADER UGUINA, J.R., Lecciones de Derecho del Trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia 2013, p
17 por el empresario es revisable en vía jurisdiccional por el cauce del procedimiento de despido colectivo y, en su caso, en el marco de los procedimientos individuales de impugnación de los despidos promovidos por los trabajadores concernidos 8. Un ejemplo de ello, sería la no obligación del empresario de elegir a trabajadores con una modalidad contractual temporal a favor de otros que tengan un contrato indefinido. Al igual que no existe tal obligación de amortizar en primer lugar los puestos de trabajadores de una determinada categoría en relación con otra. Y, en tercer lugar, otro ejemplo de ello, sería que no se le obliga al empresario a favorecer a trabajadores con una determinada antigüedad en la empresa. Los representantes legales de los trabajadores, no obstante, tendrán prioridad de permanencia en la empresa, tal y como establece el art LET. En este sentido, la jurisprudencia considera que no es necesario que los trabajadores que ejerzan cargos de representación deban solicitar la permanencia en el puesto de trabajo para la efectividad de ese beneficio que conlleva la condición de representante de los trabajadores Extinciones contractuales computables. En el art se incluyó una regla incluida en la Directiva 92/56/CEE, la cual trata del cómputo de los despidos, a efectos de determinar la existencia o inexistencia de despido colectivo. De manera que expone que se tendrán así mismo cualesquiera otras (extinciones) producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador [ ] siempre que su número sea, al menos cinco. Esta regla del Derecho Comunitario trata de evitar la no alegación de las causas previstas por el art LET, pero que se asemejen a ellas con claridad, para rebajar el número de despidos y no llegar a los umbrales establecidos en el artículo citado anteriormente, para ser tratado como despido objetivo y no como despido colectivo. 8 STSJ del País Vaco, Sala de lo Social, Nº 670/2014, de 8 de abril de 2014 (Roj. STSJ PV 15/2014), fundamento jurídico 2º. 15
18 Quedarían expresamente fuera del cómputo la extinción del contrato de trabajo por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio contratados. También, por afectar a la persona del trabajador, los despidos de tipo disciplinario, las causas objetivas basadas en ineptitud, falta de adaptación a modificaciones técnicas y faltas de asistencia al trabajo, así como, las extinciones motivadas en causas válidamente consignadas en el contrato cuando se refieran a la conducta o rendimiento del trabajador. Además de las no producidas por iniciativa del empresario, las extinciones nacidas de la voluntad o denuncia unilateral del trabajador, y las que tienen su origen en el mutuo acuerdo. Y, también, debe excluirse la extinción por fuerza mayor. Se podría decir que esas otras extinciones que se computan dentro del despido colectivo son las derivadas de causas objetivas y, algunos piensan, que las bajas incentivas del art. 52 LET también computarían. Así como los despidos realizados al amparo del art. 52 c) LET, que tienen una semejanza causal al despido colectivo. Por otro lado, serían computables a tales efectos los despidos contemplados en el art. 52 e) LET que tienen una motivación similar. Y las extinciones que aun siendo de mutuo acuerdo, son consecuencia de una propuesta empresarial basada en razones económicas y que fueran a desempeñar fines similares a los del despido colectivo Periodo de cómputo de los despidos: prevención legal frente a acciones fraudulentas. El periodo computable para la realización de los despidos con amortización del puesto de trabajo es de 90 días consecutivos. Debido a lo cual, si dentro de esos 90 días anteriores a la realización de este tipo de despidos, se hubieran realizado otros ocasionados por causas no imputables al trabajador, se computarán a efecto de la delimitación numérica de considerarse despido objetivo o despido colectivo. Teniendo siempre en mente que dichos despidos se contabilizarán en relación con la totalidad de la plantilla de la empresa y no solo considerando el centro de trabajo. Sin embargo, para evitar el posible fraude que se pudiera realizar por parte de las empresas en relación al límite numérico, en el art LET se establece: Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas 16
19 en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto. Lo cual se constata, también en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Sala de lo Social, Nº 1535/2013, de 30 de diciembre de 2013 (Roj. STSJ CLM 3613/2013). Este párrafo del citado precepto contempla los casos de goteo de despidos en periodos sucesivos de 90 días, sin superar los umbrales que determinan la calificación de despido colectivo, para evitarse los trámites a los que obliga el art. 51 LET 9. Por ello, se entenderán los mismos como nulos cuando; sean como consecuencia de las causas previstas en el art. 52 c) LET; el empresario no justifique la separación de los despidos en un periodo superior a 90 días; y que ambos grupos de despidos estén fundamentados en la misma causa. Por otro lado, los despidos fundamentados en las causas establecidas en el art. 51.1, aún siendo varios, no lleguen a alcanzar los umbrales cuantitativos establecidos en el precepto anteriormente citado, dentro de los 90 días (periodo legalmente previsto), no se considerarán despidos colectivos del art. 51, sino que se considerarán despidos objetivos del art. 52 c). 4. EL PROCEDIMIENTO: LA TRAMITACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO. La modificación más significativa que ha sufrido este tipo de despidos ha sido su liberalización y simplificación del procedimiento a consecuencia de la eliminación de la autorización administrativa previa que se venía requiriendo con anterioridad. Quedando su inicio establecido en la decisión unilateral del empresario mediante el acto de comunicación escrita a los representantes de los trabajadores. Dicha comunicación deberá ir acompañada de la información que resulte necesaria para acreditar las causas que dieron lugar al despido, así como el número y clasificación 9 RAMIREZ MARTÍNEZ, J.M., Curso de Derecho del Trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p
20 profesional de los trabajadores afectados por el mismo. Además de una descripción de la plantilla empleada en el último año (número y clasificación profesional) y de la periodicidad para realizar los despidos y de los criterios manejados para asignar Tramitación del despido colectivo. a) Periodo de consultas. El periodo de consultas debe desarrollarse con los representantes legales de los trabajadores, que ostentan la condición de parte interesada en la tramitación del expediente y con los que han de practicarse todas las actuaciones y notificaciones 11. Sin perjuicio de la preferencia que hayan adquirido una serie de trabajadores en función de su pertenencia a secciones sindicales que tengan representación mayoritaria en el comité de empresa, o entre los delegados de personal, previo acuerdo, para actuar como interlocutores de la empresa en detrimento de los representantes unitarios. No obstante, si no hay en la plantilla trabajadores pertenecientes a una sección sindical mayoritaria o sean consagrados como representantes unitarios, la consulta se hará con la participación ad hoc de trabajadores. Tal como se establece en el art. 5.4 LET y en el art. 4 del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Dato importante a señalar es la duración de las mismas, treinta días naturales, o de quince, si la empresa realizadora de este tipo de despidos tiene una plantilla inferior a cincuenta trabajadores. Se podrían considerar más como unas negociaciones entre el empresario y los representantes de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Social, considera que el Real Decreto Ley 3/2012 establece que el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una 10 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Der, cit,, p MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, M., GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 52
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