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Timestamp: 2020-08-13 02:40:13+00:00

Document:
15ª Sesión Ordinaria del 2 de junio de 2015
n.º 16 - TOMO 535 - 2 DE JUNIO DE 2015
15.ª SESIÓN ORDINARIA
PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA DANIELA PAYSSÉ Tercera Vicepresidenta
ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA SILVANA CHARLONE
3) y 19) Asuntos entrados
–	El señor Senador Bordaberry presenta un proyecto de ley por el que se regula el uso de bolsas plásticas.
• Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.
–	El señor Senador Bordaberry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino a los Ministerios del Interior; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Agencia Nacional de Vivienda; de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionados con la licitación concedida a la empresa Calpusa para la realización de obras de construcción, mantenimiento o reparación.
•	con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo, y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionados con el funcionamiento de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas.
•	con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con los procedimientos de designación de los cargos de dirección en las instituciones prestadoras de salud de dicha administración.
•	con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la designación de las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior.
–	El señor Senador García solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, relacionado con la compra de un avión para uso presidencial.
–	El Senado concede las licencias solicitadas por el señor Presidente del Senado, las señoras Senadoras Passada, Montaner y Topolanksy, y los señores Senadores García, Enciso, Otheguy y Martínez.
–	Quedan convocados la señora Senadora Lazo y los señores Senadores Da Silva, Castaingdebat, Aristimuño, Pardiñas y Berterreche.
–	Se toma la promesa de estilo a la señora Zulimar Ferreira y al señor Daniel Bianchi, luego de lo cual se los declara investidos de su cargo Senador.
8) y 16) Renuncia del doctor Luis Almagro a su cargo de Senador de la República
–	Nota del señor Senador.
–	En virtud de esta renuncia, asume como titular el señor Senador Martínez Huelmo.
9)	Reiteración de pedido de informes
–	A solicitud de la señora Senadora Aviaga el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la cantidad de personas afectadas por diabetes.
10)	Crisis laboral en Florida
•	Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las Comisiones de Asuntos Laborales de ambas Cámaras, a la Presidencia de la República, al INE, al Fondes, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Florida, al Banco de Previsión Social, a la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines, y a la Unión de Curtidores del Uruguay.
11)	Transferencias del Gobierno central a los Gobiernos departamentales
–	Manifestaciones del señor Senador Botana.
•	Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Secretaría de la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a los Gobiernos departamentales del país.
12)	Patrulleros oceánicos
•	Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional.
13)	Medidas para paliar la emergencia agropecuaria
•	Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las gremiales agropecuarias, a las cámaras empresariales, a los organismos de investigación agropecuaria, a los organismos de enseñanza, a la Comisión de Emergencia Agropecuaria y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
14)	800 años de la suscripción de la Carta Magna
•	Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Cancillería y al Presidente de la República.
17)	Integración de Comisión
•	El Senado resuelve integrar la Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia con las señoras Senadoras Daniela Payssé e Ivonne Passada, y con los señores Senadores Sergio Botana, Rafael Michelini, Javier García, Ernesto Agazzi y Pedro Bordaberry.
18) y 20) Impuesto Anual de Enseñanza Primaria
–	Proyecto de ley por el que se le establecen ajustes.
•	Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve continuar con el tratamiento de este tema en la próxima sesión.
«Montevideo, 28 de mayo de 2015
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 2 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
2.º) por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.
Carp. n.º 223/2015 – Rep. n.º 67/2015
3.º) por el que se sustituye el artículo único de la Ley n.º 19237, de 15 de julio de 2014, por la que se elevó a la categoría de ciudad, conservando su denominación actual, a Villa Quebracho, situada en la 4.ª Sección Judicial del departamento de Paysandú.
Carp. n.º 188/2015 – Rep. n.º 65/2015
4.º) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de:
– designar como Ministros del Supremo Tribunal Militar por la Armada Nacional, al señor Capitán de Navío (CG) en situación de retiro don Alfredo G. Gericke y por el Ejército nacional al señor Coronel en situación de retiro don Walter A. Mesa.
Carp. n.º 77/2015 – Rep. n.º 68/2015
– conferir el ascenso correspondiente al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Capitanes de Fragata.
Carp. n.º 82/2015 – Rep. n.º 69/2015
– conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Tenientes Coroneles.
Carp. n.º 191/2015 – Rep. n.º 70/2015
– conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Tenientes Coroneles.
Carp. n.º 192/2015 – Rep. n.º 71/2015
– conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2015, al señor Teniente Coronel Médico don Alfredo H. Quintas.
Carp. n.º 216/2015 – Rep. n.º 72/2015
– designar como Ministro del Supremo Tribunal Militar por la Fuerza Aérea Uruguaya, al señor Brigadier General (Av.) en situación de retiro Walter Ghiorsi Linkus.
Carp. n.º 217/2015 – Rep. n.º 73/2015
ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Botana, Carámbula, Coutinho, De León, Delgado, Enciso, Ferreira, García, Heber, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Martínez, Michelini, Mieres, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Otheguy, Pintado, Saravia y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores Senadores Lacalle Pou, Montaner, Mujica, Passada y Topolansky.
(Son las 09:31).
– Dese cuenta de los asuntos entrados.
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 12 de setiembre de 2014.
•	por el que se aprueba el Acuerdo Bilateral de Cooperación entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Cambio Climático, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 5 de abril de 2005.
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia, relativo a la Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, suscrito en la ciudad de Moscú, el 23 de octubre de 2013.
•	por el que se extiende el plazo de que dispone el Poder Ejecutivo para encomendarle al personal militar del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de las funciones de guardia perimetral hasta el 1.º de julio de 2017.
•	por el que se prorroga el régimen especial de la liquidación del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las frutas, flores y hortalizas.
• por el que reitera, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, la solicitud de venia correspondiente a fin de designar como Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo al contador Fernando Calloia Raffo.
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, el artículo 18 de la Ley n.º 18401, de 24 de octubre de 2008, y el artículo 1.º del Decreto n.º 774/008, de 22 de diciembre de 2008, a fin de designar como Director en el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario al contador Aurelio Suárez Verge.
• por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.
• por los que comunica que ha dictado las siguientes resoluciones por las que designó:
– en el Consejo Directivo Central Provisorio de la Universidad Tecnológica, en calidad de miembro integrante, a la profesora licenciada Graciela Do Mato Harispe.
– en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en calidad de Presidente, al ingeniero Milton Eduardo Machado Lens.
– en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland:
•	en calidad de Presidente, al señor José María Coya Alboa.
•	en calidad de Director, al profesor Juan Gómez.
•	en calidad de miembro integrante, al contador economista Diego Labat Legarra.
– en el Directorio de la Administración Nacional de Correos, en calidad de Presidenta, a la señora María Solange Moreira Díaz.
– en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos:
•	en calidad de Presidente, al ingeniero naval Alberto Díaz Acosta.
•	en calidad de Vicepresidente, al señor Clever Daniel Montiel Méndez.
– en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, en calidad de miembro integrante, al procurador Gustavo Rodolfo Delgado.
– en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas:
•	en calidad de Presidente, al doctor ingeniero Gonzalo Miguel Casaravilla Ponseti.
•	en calidad de Vicepresidente, al ingeniero César Alfredo Briozzo Clivio.
•	en calidad de miembro integrante, al señor Walter Sosa Dos Santos.
•	en calidad de miembro integrante, a la economista María Cristina Arca Aicardi.
– en el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, en calidad de Vicepresidente, al licenciado Claudio Fernández Caetano.
– en el Directorio del Banco Central del Uruguay, en calidad de miembro integrante, al licenciado en economía Washington Ribeiro Torrado.
– en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay:
•	en calidad de Presidente, a la contadora Ana María Salveraglio Demarco.
•	en calidad de miembro integrante, al economista Fernando Antía Behrens.
– en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en calidad de miembro integrante, al asistente social Dardo Enrique Rodríguez Custodio.
– en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología:
•	en calidad de Presidente, al ingeniero Gabriel Jorge Pisciottano Jalabert.
•	en calidad de Vicepresidente, al coronel (Meteorólogo) Raúl Lázaro García Igorra.
•	en calidad de Directora, a la contadora María del Rosario Trabal Barbeito.
– en el Directorio de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea - Ente Autónomo, en calidad de Presidente, al doctor Ignacio Berti Moyano.
El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Javier García, relacionado con la compra de un avión para uso presidencial.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a un pedido de informes solicitado por la señora Senadora Carol Aviaga, relacionado con el Plan Director de Agua Potable de la cuenca del río Santa Lucía.
La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 221 de la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo único de la Ley n.º 18921, de 27 de junio de 2012, de Estatutos Sociales de las Cooperativas.
•	por el que se suspende la vigencia de los artículos 224, 225, 227 a 257, 269 y 275 de la Ley n.º 19276, de 19 de setiembre de 2014, hasta el 1.º de marzo de 2016, del Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay.
•	por el que se establecen ajustes al impuesto a la renta de las personas físicas.
Además, remite copia de las siguientes versiones taquigráficas:
•	de las palabras pronunciadas por el señor Representante nacional Guillermo Facello, relacionadas con la celebración del Día de Internet.
•	de las palabras pronunciadas por el señor Representante nacional Gastón Cossia, relacionadas con la elaboración de un programa de salud y bienestar para los animales de compañía.
El Presidente de la Cámara de Senadores comunica que el señor Senador Pablo Mieres actuará como delegado de sector en las siguientes Comisiones Permanentes del Cuerpo: Asuntos Administrativos; Ciencia y Tecnología; Defensa Nacional; Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; Hacienda; Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios; Medio Ambiente; Población, Desarrollo e Inclusión; Presupuesto; Salud Pública; Transporte y Obras Públicas y Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El señor Senador Luis Almagro remite una nota por la cual presenta la renuncia al cargo de Senador de la República.
–HA SIDO REPARTIDA. OPORTUNAMENTE SE VOTARÁ.
La señora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, a efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con la cantidad de personas afectadas por diabetes.
–OPORTUNAMENTE SE VOTARÁ.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se le realizan ajustes al Impuesto de Enseñanza Primaria.
La Comisión de Defensa Nacional eleva informadas las siguientes solicitudes de venias remitidas por el Poder Ejecutivo:
•	a fin de designar como Ministros del Supremo Tribunal Militar, por la Armada Nacional, al señor Capitán de Navío (CG) en situación de retiro don Alfredo G. Gericke, y por el Ejército Nacional, al señor Coronel en situación de retiro don Walter A. Mesa.
•	para conferir el ascenso correspondiente al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Capitanes de Fragata.
•	para conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Tenientes Coroneles.
•	para conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2015, a varios señores Tenientes Coroneles.
•	para conferir el ascenso correspondiente al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2015, al señor Teniente Coronel Médico don Alfredo H. Quintas.
•	para designar como Ministro del Supremo Tribunal Militar, por la Fuerza Aérea Uruguaya, al señor Brigadier General (Av.) en situación de retiro Walter Ghiorsi Linkus.
La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Daniel Berger, relacionadas con la Ley n.º 19061, de 6 de enero de 2013, sobre Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regula el uso de bolsas plásticas.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	a los Ministerios del Interior; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Agencia Nacional de Vivienda; de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública; relacionados con la licitación concedida a la empresa Calpusa para la realización de obras de construcción, mantenimiento o reparación.
•	al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo, y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionados con el funcionamiento de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas.
«Montevideo, 20 de mayo de 2015
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio del Interior, a efectos de que se sirva informar:
1. Si dicho instituto ha realizado obras de reparación, mantenimiento o construcción de sus dependencias con la empresa Calpusa.
2. En caso afirmativo, se solicita se informe:
a) procedimiento de adjudicación seguido en cada caso;
b) si se cumplió un procedimiento competitivo, cuáles fueron las empresas que se presentaron en cada licitación. Se solicita se agregue informe de las comisiones asesoras de adjudicaciones y la resolución de adjudicación correspondiente;
c) monto final de las obras contratadas;
d) grado de cumplimiento del objeto de las mismas.
3. Si se procedió a realizar adjudicaciones directas a la citada empresa, se solicita se informe:
a) obras adjudicadas, cualquiera sea su naturaleza, objeto o lugar de realización;
b) monto de la adjudicación original y ampliaciones si las hubo;
c) razones de hecho que fundamentaron la adjudicación directa y marco legal que amparó dicho procedimiento.
4) En especial se informe sobre las obras que realizó la empresa Calpusa en la Comisaría n.° 17 de barrio Marconi y en el complejo carcelario de Santiago Vázquez.
«Montevideo, 19 de mayo de 2015
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Agencia Nacional de Vivienda a efectos de que se sirva informar:
1. Si ha realizado obras de reparación, mantenimiento o construcción de viviendas con la empresa Calpusa.
a) cantidad de viviendas construidas, detallando tipo, características y lugar (departamento y barrio);
b) procedimiento seguido para adjudicar las obras a Calpusa;
c) cuáles fueron las empresas que se presentaron en cada licitación. Se solicita se agregue informe de las Comisiones Asesoras de Adjudicaciones y Resolución de Adjudicación correspondientes;
d) monto final de las obras;
e) grado de cumplimiento del objeto de las mismas.
a) obras adjudicadas (cantidad de viviendas) con detalle de características y lugar de realización;
b) monto de la adjudicación original en cada caso y ampliaciones si las hubo;
c) razones que fundamentaron la adjudicación directa y marco legal que ampara la misma.
4. En especial se informe sobre viviendas realizadas por la empresa Calpusa en Treinta y Tres, Canelones y Maldonado.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, a efectos de que se sirva informar:
1. Si dicho instituto ha realizado obras de reparación, mantenimiento o construcción en sus dependencias (oficinas, hogares, centros de internación de menores infractores, etc.) con la empresa Calpusa.
a) procedimiento de adjudicación seguido;
b) si se cumplió un procedimiento competitivo, cuáles fueron las empresas que se presentaron en cada licitación. Se solicita se agregue informe de las comisiones asesoras de adjudicaciones y resolución de adjudicación correspondientes;
c) monto final de obras;
d) cumplimiento y objeto de las mismas.
a) obras adjudicadas, cualquiera sea su naturaleza y objeto;
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Administración Nacional de Educación Pública, a efectos de que se sirva informar:
1. Si los Consejos de esa Administración (CEIP, CES, CETP, CFE) han realizado obras de reparación, mantenimiento o construcción en centros educativos u oficinas de sus dependencias, con la empresa Calpusa.
2. En caso afirmativo se solicita se informe:
b) si se cumplió un procedimiento competitivo, cuáles fueron las empresas que se presentaron en cada licitación. Se solicita se agregue informe de las comisiones asesoras de adjudicaciones y resolución de adjudicación, correspondientes;
c) monto final de las obras;
d) cumplimiento del objeto de las mismas.
3. Si se procedió a realizar adjudicaciones directas a la citada empresa se solicita se informe:
a) obras adjudicadas, cualquiera sea su naturaleza;
4. Obras realizadas en centros educativos del interior del país en que haya intervenido la empresa Calpusa y si estas se hicieron en coordinación o en forma conjunta con Intendencias. Se solicita que también en este caso se especifique: detalle de las obras, lugar donde se ubican, grado de cumplimiento, costo final de estas y procedimiento seguido. Para el caso en que se haya efectuado adjudicación directa, motivos de la misma y marco legal que amparó la contratación.
«Montevideo, 26 de mayo de 2015
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas para que, por sí y por intermedio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se sirva dar respuesta al mismo.
1.1.	Por Decreto n.º 395/011, del 15 de noviembre de 2011, fue creada la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) con la finalidad de analizar las opciones para la instalación de un puerto de aguas profundas en el este del país.
Posteriormente, el Decreto n.º 196/012, del 14 de junio de 2012, entre otros aspectos, cometió al MTOP a dictar los actos administrativos necesarios para desarrollar las etapas señaladas en la Ley n.º 18786; estableció que la CND, con recursos propios, aportaría a la CIPAP los servicios técnicos y contrataría las consultorías, estudios y servicios de apoyo requeridos por esta; determinó que la CND percibiría de la CIPAP una remuneración por los servicios antes referidos, la que no podía ser inferior a los costos incurridos.
Recientemente, por el Decreto n.º 129/015, del 12 de mayo de 2015, se derogaron los dos decretos arriba citados y se cometió al MTOP a impulsar y dar seguimiento al proceso necesario para la implantación de un puerto de aguas profundas en Rocha.
1.2. La CND se vincula por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
1.3. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus Unidades Ejecutoras dependientes, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación cuentan con información suficiente para conocer sobre los créditos presupuestales, el financiamiento de los gastos y pagos de las diferentes entidades que integran la Administración Central, incluida la CIPAP, en su condición de comisión interministerial que funcionaba en la órbita del Poder Ejecutivo y que dicha Secretaría de Estado también integraba.
3. Pedido de informes
a) La totalidad de los créditos asignados para el funcionamiento de la CIPAP, por año, desde su creación hasta su cese, acompañando la documentación que lo respalda.
b) El monto total de los gastos en que incurrió la CIPAP, por todo concepto, durante todo el período de funcionamiento. Esta información deberá, además, desglosarse por rubro y concepto.
c) El monto total de las remuneraciones abonadas a la CND por los servicios, consultorías, estudios, etc., brindados a la CIPAP; ya sea que los pagos hayan sido dispuestos por la propia CIPAP, el MTOP, el MEF o cualquier otro órgano estatal. Se desglosen las referidas remuneraciones en sus diferentes conceptos (consultorías, viáticos, pasajes, etc.), con indicación de los distintos proveedores. Se agreguen las facturas o recibos correspondientes.
d) Copia de los acuerdos celebrados entre la CND y la CIPAP.
e) Quién actuó como ordenador de los gastos y pagos incurridos por la CIPAP.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
1.1. Por Decreto n.º 395/011, del 15 de noviembre de 2011, fue creada la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) con la finalidad de analizar las opciones para la instalación de un puerto de aguas profundas en el este del país.
Posteriormente, el Decreto n.º 196/012, del 14 de junio de 2012, entre otros aspectos, cometió al MTOP a dictar los actos administrativos necesarios para desarrollar las etapas señaladas en la Ley n.° 18786; estableció que la CND, con recursos propios, aportaría a la CIPAP los servicios técnicos y contrataría las consultorías, estudios y servicios de apoyo requeridos por esta; determinó que la CND percibiría de la CIPAP una remuneración por los servicios antes referidos, la que no podía ser inferior a los costos incurridos.
1.2. El MTOP integró la CIPAP y, además, por Decreto n.º 196/012 se le encomendó dictar todos los actos administrativos necesarios para desarrollar las etapas señaladas en la Ley n.º 18786.
a) El monto total de las remuneraciones abonadas a la CND por los servicios, consultorías, estudios, etc., brindados a la CIPAP, ya sea que los pagos hayan sido dispuestos por la propia CIPAP, el MTOP o cualquier otro organismo estatal. Se desglosen las referidas remuneraciones en sus diferentes conceptos (consultorías, viáticos, pasajes, etc.).
b) El monto total de los gastos en que incurrió por la CIPAP, por todo concepto, durante todo el período de funcionamiento. Esta información deberá, además, desglosarse por rubro y concepto.
c) Quién actuó como ordenador de los gastos y pagos incurridos por la CIPAP.
«Montevideo, 21 de mayo de 2015
Al amparo de lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Salud Pública, con destino al Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el siguiente pedido de informes relacionado con la forma de designación de los cargos de Dirección de las instituciones prestadoras de salud de la administración referida, a saber:
1. ¿Cuántos cargos de Director regional, Director de hospitales departamentales, Director de centros hospitalarios y Director de hospitales existen en ASSE a nivel nacional?
2. ¿Cuántos cargos de Directores de Red de Atención del Primer Nivel (RAP) existen a nivel nacional?
3. ¿Cuántos centros auxiliares y policlínicas dependen de las correspondientes unidades?
4. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar a las personas para ser designadas como Directores regionales, departamentales, de hospitales, RAP y de centros auxiliares?
5. ¿Cuáles de los cargos de dirección mencionados se cubren mediante designación directa por parte del Directorio?
6. ¿Cuáles de los cargos mencionados se cubren por concurso abierto?
7. ¿Cuáles de esos cargos se cubren por concurso interno o se cubren entre funcionarios de carrera dentro de la Administración?
8. ¿Cuál es el perfil mínimo académico y/o experiencia que se exige para el desempeño de dichos cargos?
«Montevideo, 22 de mayo de 2015
Al amparo de lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Relaciones Exteriores el siguiente pedido de informes:
1) ¿Cuántos de los embajadores que están actualmente al frente de alguna de las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior han sido designados por razones políticas, sin que posean título diplomático o sin que formen parte de la plantilla de funcionarios del Ministerio?
2) ¿Cuántos embajadores itinerantes están actualmente designados en el Ministerio? En caso de haberlos, ¿qué funciones cumplen y cuál es el fundamento jurídico que los sustenta?
3) ¿En qué países se desempeñan actualmente jefes de misión diplomática que no poseen título profesional diplomático o que no integran la plantilla de funcionarios del Ministerio?
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Javier García, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de
Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, relacionado con la compra de un avión para uso presidencial.
De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución de la República solicito a usted dar curso al siguiente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas.
Con respecto al anuncio de la inminente compra de un avión que entre otros fines será para uso presidencial y cuya información se conoció en las últimas horas, solicito se informe lo siguiente:
1. ¿Cuál fue el proceso de compra llevado adelante para decidir la adquisición de esta aeronave? Detallar si se hicieron llamados públicos nacionales o internacionales y el resultado de los mismos.
2. ¿Quién es el titular actual (persona física o jurídica) de la aeronave publicitada?
3. ¿Cuál es el monto total previsto de la operación, detallando todo lo que se incluya en la compra anunciada (aeronave, repuestos, instrucción de pilotos, mantenimiento, etc.)?
4. ¿Cuál es el mecanismo presupuestal que se usará para su compra?
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del 19 de mayo faltaron con aviso la señora Senadora Alonso y el señor Senador Gallicchio.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 19 de mayo faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Pintado.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 21 de mayo faltaron con aviso la señora Senadora Montaner y el señor Senador Larrañaga.
A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 25 de mayo faltaron con aviso la señora Senadora Ayala, y los señores Senadores Almagro y Lacalle Pou.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 25 de mayo faltaron con aviso las señoras Senadoras Montaner y Topolansky, y el señor Senador Enciso.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 26 de mayo faltaron con aviso la señora Senadora Moreira y los señores Senadores Almagro y Bordaberry.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 28 de mayo faltaron con aviso la señora Senadora Moreira y los señores Senadores Almagro y Botana.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de junio de 2015
Por medio de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia los días 2 y 3 de junio del corriente año por motivos personales.
Se comunica que el señor Gonzalo Mujica ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Zulimar Ferreira, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.
(Ingresa a sala la señora Zulimar Ferreira).
Señora Zulimar Ferreira: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?
SEÑORA FERREIRA.- Sí, prometo.
SEÑORA FERREIRA- Sí, prometo.
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia los días 2 y 3 de junio de 2015, por motivos personales.
Queda convocado el señor Daniel Bianchi, a quien se invita a pasar al hemiciclo a efectos de que preste la promesa de estilo.
(Ingresa a sala el señor Daniel Bianchi).
Señor Daniel Bianchi: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?
SEÑOR BIANCHI.- Sí, prometo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de mayo de 2015
Por la presente solicito licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, el día 3 de junio del corriente año.
Queda convocado el señor Sebastián Da Silva, quien deberá prestar la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de junio de 2015
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por el día 3 de junio de 2015, por motivos personales.
Se comunica que los señores José Carlos Cardoso, Jorge Saravia y Fanny Trylesinski han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 28 de mayo de 2015
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, literal D, de 14 de setiembre de 2004, a partir del 3 de junio y hasta el día 7 de junio inclusive, por motivo de mi participación en el IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, a realizarse en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 3 al 7 de junio de 2015.
Queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Por medio de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia el día 3 de junio del corriente, por motivos personales.
Se comunica que los señores Rubén Martínez Huelmo, Charles Carrera, Lucía Etcheverry y Andrés Berterreche han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Sandra Lazo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, los días 3 y 4 de junio de 2015.
–20 en 23. Afirmativa.
Por medio de la presente solicito se me conceda licencia entre los días 8 y 13 de junio del corriente, de acuerdo con el artículo 1.º, literal C, de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2014, ya que encabezaré como Jefe de Delegación la Misión Oficial con destino a la II Cumbre Celac-UE a realizarse en Bruselas.
Raúl Sendic. Presidente del Senado».
Comunico que en virtud de que estaré en uso de licencia del 8 al 13 de junio, pasará a ocupar la Presidencia del Senado la señora Senadora Lucía Topolansky. Por tal motivo y habiendo presentado notas de desistimiento los señores Rubén Martínez Huelmo, Charles Carrera y Lucía Etcheverry, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
8) RENUNCIA DEL DOCTOR LUIS ALMAGRO A SU CARGO DE SENADOR DE LA REPÚBLICA
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la nota presentada por el señor Luis Almagro por la cual solicita la renuncia definitiva a su cargo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 26 de mayo de 2015
En virtud de asumir como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, presento mi renuncia irrevocable a partir del día de la fecha como Senador de la República.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más alta consideración.
SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: queremos hacer algunas reflexiones con respecto a esta renuncia definitiva al Senado de nuestro compañero Luis Almagro, quien sin duda accede ahora –y también lo hace nuestro país– a un alto honor, a una importante responsabilidad y a una gran oportunidad, tanto por lo que significa en su vida esta tarea –estamos hablando de un diplomático, de un político, de un ex-Canciller–, como por las oportunidades que Uruguay va a tener en ese sentido.
Luis contó con prácticamente la unanimidad de los votos –ninguno fue en contra–, y eso le da una enorme legitimidad. A su vez, como decía, este es un importante reconocimiento al país y a su labor. Es una forma muy legítima y legitimada de asumir esa altísima responsabilidad.
Creo oportuno recordar que esta es la segunda vez en la historia que Uruguay accede a tan alta responsabilidad. El doctor José Antonio Mora ocupó ese cargo entre 1956 y 1968, y su importante labor hizo que fuera reelecto en dos oportunidades. Somos conscientes de que el ser diplomáticos de carrera y, además, estar vinculados a cuestiones tan importantes –recordemos que también el doctor Mora fue Canciller de la República– supone una gran competencia para el desempeño del cargo y una enorme responsabilidad. Creemos que el hecho de que un compatriota vuelva a ser elegido cuando en estos últimos cincuenta años han tenido lugar tantos hechos en nuestra América y en el conjunto del mundo, significa un enorme desafío, pero además nos hace repasar las deudas que aún tenemos en materia de integración. Todos somos conscientes de que cuanta más integración haya, más desarrollo y oportunidades habrá para nuestra gente.
Creo que las palabras del propio Luis Almagro, cuando en su discurso señala que su lema guía será «Más derechos para más gente en las Américas», son un mensaje cargado de humanismo, que porta la determinación de revertir condiciones de vida injustificables que subsisten en nuestro continente porque, a pesar de todo lo avanzado en materia social, siguen existiendo inequidades terribles, siendo este el continente que distribuye de manera menos equitativa su riqueza.
Le espera mucho trabajo y responsabilidad. Creo que todos somos conscientes del desafío asumido y de que las prioridades tienen que ver con la promoción y la protección de los derechos humanos, la promoción y defensa de la democracia, la Carta Democrática de la OEA, la cooperación y la solidaridad hemisférica internacional para el desarrollo integral y el ambiente sostenible, así como con la promoción de iniciativas hemisféricas y de cooperación con los países para asegurar la seguridad ciudadana, la solución pacífica de las controversias, la promoción y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en aquellos asuntos que son de jurisdicción interna de otros Estados, el fomento de la integración y la coordinación entre grupos regionales.
Todo esto se da en un marco de hechos como el diálogo entre Estados Unidos y Cuba –que ofrece enormes posibilidades para el pueblo cubano–, pero además en una región que lleva el período más largo de consolidación democrática; eso, sin duda, implica una observancia, una vigilancia y una promoción permanente de la democracia.
Creo que bien vale la pena que este Cuerpo salude al doctor Luis Almagro, le desee los éxitos que estamos seguros alcanzará, y le haga saber también que en esa responsabilidad no va a estar solo, que acompañaremos cada una de las decisiones y alternativas.
SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: también nosotros queremos dejar sentada nuestra palabra en momentos en que el compañero doctor Luis Almagro ha asumido como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y deja esta bancada, deja el Senado de la República, y lo hace para cumplir una misión que honra al Uruguay, no solo por el sitial que ha alcanzado sino por el modo en que lo ha hecho: a través de una votación histórica con el acuerdo prácticamente unánime de los países americanos. Todo ello no es ajeno a las valoraciones y convicciones que han edificado la categórica adhesión continental a su persona para transformarlo en Secretario General de la OEA.
Sabemos de su profunda vocación en los temas internacionales y de su carrera y formación en la Cancillería. Por ello, en varias oportunidades asumió responsabilidades diplomáticas en países como Alemania, Irán o China, pero su mayor destaque ha sido en el ejercicio de la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores donde, desde que llegó en el 2010, pudimos aquilatar su capacidad y alto vuelo en esta materia.
Como hombre de diálogo que es, supo ser parte importante en la reconstrucción de nuestras relaciones con la República Argentina, observando y dedicándose a galvanizar todas las acciones necesarias para preservar la plena vigencia de los derechos humanos, tema que le ha valido una gran consideración internacional.
Durante su Ministerio, los temas comerciales también lograron avances importantes y alcanzaron un nivel extraordinario, por lo que más de ciento cincuenta países ya son clientes de nuestras exportaciones.
El doctor Almagro puso mucho vigor en la tarea que le asignó el Gobierno: apertura de embajadas en varios puntos claves del mundo, la búsqueda del África subsahariana, la extensión de nuestras aguas territoriales a trescientas cincuenta millas. Así fue que el doctor Almagro siempre buscó encarrilar al Uruguay en la senda del diálogo y del sostén permanente de los derechos humanos.
No exagero si afirmo que la integración latinoamericana lo ha tenido como un protagonista de primer nivel, perfil que ha inducido al sistema interamericano a valorarlo para hacer de su candidatura un hecho trascendente.
Señor Presidente: así, podríamos seguir mencionando elementos que conformaron una Cancillería dinámica conducida por una persona que se ha brindado sin descanso y por entero a todas las actividades propias de esta materia.
El doctor Almagro ya está en la OEA y tenemos la certeza de que allí habrá de cumplir una tarea encomiable, fundamentalmente por lo que ha anunciado para su gestión al frente de ese organismo y, sobre todo, por el compromiso de construir un amplio consenso continental para establecer bases firmes entre el sistema democrático y la plena vigencia de los derechos humanos, que no es poca tarea.
Es muy importante que sea un compatriota a quien le toque conducir un proceso de la OEA, llevándola a un sitial diferente de otro que ostentó en el pasado y que, a nuestro juicio, no hacía de esa organización un ámbito confiable para los pueblos de América Latina.
Nuestro compatriota, con su habitual capacidad y decencia, es una garantía para el continente.
Por ello, señor Presidente, sentimos que realizamos un acto de estricta justicia al referirnos al desempeño y a la historia del doctor Almagro con motivo de su renuncia al cargo de Senador de la República para asumir como Secretario General de la OEA.
Es cuanto teníamos para decir.
SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: con la renuncia del doctor Almagro el Senado pierde a un gran hombre y sus valiosos aportes. Sin duda, su capacidad, el haber integrado el Poder Ejecutivo, su idoneidad en el derecho internacional y en los tratados, así como su experiencia, hubieran significado un valiosísimo aporte para el Senado, pero así como el Cuerpo lo pierde en este ámbito, Uruguay lo gana a nivel internacional.
Es designado con un gran respaldo, pocas veces visto en la OEA. Aquellos que tangencialmente estuvimos siguiendo con él algunas de las vicisitudes del nombramiento y supimos que al principio algunos de los países dudaban en apoyarlo, o quienes hicimos alguna gestión, sabemos del esfuerzo que implica a nivel internacional este respaldo que al final obtiene en forma unánime, de todos los países.
Más allá de sus bondades como persona –que todos conocemos–, el doctor Almagro no llega a ese cargo solo por mérito propio –¡que vaya que lo tiene!–, sino también porque Uruguay ostenta un enorme prestigio en el continente y porque el ex-Presidente Mujica goza de una gran reputación a nivel internacional. Esto también hay que reconocerlo, porque si nuestro país no gozara de un reconocimiento a ese nivel o quienes hicieron las mayores gestiones para que el doctor Almagro integrara ese organismo tuvieran un Presidente que no contara con las simpatías del resto del continente, difícilmente habría llegado a ese cargo.
Sin duda, el hecho de que el recambio político implicara también otro Presidente con gran prestigio en el continente, como es el doctor Tabaré Vázquez, evidencia que el doctor Almagro ocupa ese cargo por mérito propio, por el reconocimiento uruguayo y porque quienes lo impulsaron también merecen el respeto del continente.
Sus amigos sentimos que perdimos un compañero en el Senado, pues creemos que su palabra, su consejo y su voz hubieran sido fundamentales para el Cuerpo y para la bancada oficialista porque, más allá de los méritos de un compañero o compañera suplente, nadie duda de que el doctor Almagro hubiese sido una figura relevante en este ámbito.
Señor Presidente: solo resta decir que esa presencia del doctor Almagro muestra que viene otra época, pues no se desconoce a nivel internacional lo que él piensa; nunca lo ocultó, es transparente y lo ha llevado adelante en cada una de las circunstancias que debió enfrentar. El hecho de que lo hayan votado para ocupar el cargo implica que en nuestro continente vienen nuevos y buenos tiempos para todos.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: desde la bancada del Partido Colorado deseamos al doctor Almagro el mejor de los éxitos en la OEA. Estamos seguros de que va a dejar en alto el prestigio de la diplomacia uruguaya, como lo hizo el otro uruguayo que fuera Secretario General de ese organismo, el doctor José Antonio Mora Otero, durante nada más ni nada menos que doce años –desde 1956 hasta 1968–, y que, como el doctor Luis Almagro, también fue Ministro de Relaciones Exteriores, Canciller de la República, desde 1971 hasta octubre de 1972.
El doctor Mora Otero fue uno de los grandes diplomáticos, reconocido internacionalmente, que tuvo nuestro país. Fue promotor de la reunión de Presidentes y secretarios de Estados que se celebró en la década del sesenta en Punta del Este, Uruguay.
Estamos seguros de que con ese ejemplo del doctor José Antonio Mora Otero, el doctor Luis Almagro desarrollará una gran tarea que dejará en alto el prestigio de nuestro país.
SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: simplemente quiero trasmitir el sentir de la bancada del Partido Independiente y saludar la elección del doctor Luis Almagro como Secretario General de la OEA, deseándole el mejor de los éxitos en su gestión –tarea que ciertamente no va a ser fácil– y esperando que represente a nuestro país de la mejor manera posible.
SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: adhiero a los comentarios que se han realizado, elogiando no solo a la persona del embajador y ahora Secretario General de la OEA, doctor Luis Almagro, sino al gran compañero y amigo con el que compartimos cinco años en el Consejo de Ministros del Gobierno pasado. No solo ha demostrado su capacidad técnica sino también sus cualidades políticas y humanas que, como bien decía el señor Senador Agazzi, van a ser necesarias para esta nueva etapa de la Organización de Estados Americanos.
Solamente quisiera remarcar una coincidencia histórica. El destino quiso que mientras un uruguayo fuera Secretario General de la OEA, la República de Cuba dejara de pertenecer a esa organización, y el destino querrá que sea otro uruguayo el que albergue y genere las condiciones para que ese país regrese a formar parte de ese organismo. Por lo tanto, esto se suma al orgullo que sentimos porque nuestro compañero y amigo, Luis Almagro, sea uno de los gestores del regreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos.
Era cuanto tenía para decir, señor Presidente.
SEÑOR ENCISO.- Señor Presidente: en nombre de la bancada del Partido Nacional, saludamos la designación del doctor Almagro, aunque no olvidamos las públicas diferencias que tuvimos en muchos aspectos –no en todos; obviamente, no es nuevo ni vamos a generar polémica ahora, en momentos donde trasciende lo nacional– en lo que respecta a la política exterior que él dirigió. Pero esto no anula la posibilidad del beneplácito por lo que implica para el país la posibilidad de que un compatriota ejerza los destinos principales de la OEA, que en los últimos tiempos –debido a una multiplicidad de organismos y por diversos aspectos– ha perdido competencia, eficiencia e intervención en las temáticas originales de su creación, pero esto no quiere decir que no tenga un rol y una responsabilidad importantes. Nuestro partido va a observar con expectativa la redimensión y el aggionarmiento que pueda tener la OEA en momentos en que esta ha perdido peso, pero con una nueva integración, con países que han estado enfrentados por su política internacional. Hay una clara expectativa con el ingreso de Cuba y también con la distensión entre ese país y Estados Unidos. Por tanto, aquí vemos que habrá un rol interesante de la organización.
Nuestro partido también tiene grandes nombres asociados a estos organismos, como el de Velázquez, quien en la década de los sesenta fue un referente del Uruguay en las Naciones Unidas, en un principio rector de no intervención que viene desde el fondo de la historia de nuestra colectividad, al que tal vez Luis Alberto de Herrera le dio una impronta muy clara en el siglo pasado. Y fue en ese momento, cuando nuestro partido fue gobierno, que no se dejó cambiar el eje de los problemas del norte y el sur por las dicotomías coyunturales del este y el oeste.
¡Ojalá que el doctor Almagro pueda tener esa égida, esa luz del principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, que no dudamos va a defender desde ese organismo!
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de renuncia presentada por el señor Senador Almagro.
En virtud de la renuncia del doctor Almagro a su banca del Senado, queda convocado el señor Rubén Martínez Huelmo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
9) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la nota por la que se reitera un pedido de informes del que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
Señor. Presidente de la
Habiendo transcurrido el plazo que dispone el art. 1.º de la Ley n.º 17673 sin haber recibido contestación del pedido de informes que detallo a continuación por parte del Ministerio de Salud Pública, solicito a usted en aplicación del art. 3.º de la misma norma que la Cámara de Senadores haga suyo el siguiente pedido de informes:
De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted elevar el presente con destino al Ministerio de Salud Pública a fin de informar, de acuerdo con los datos que posee el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo siguiente:
1)	cantidad de personas que padecen diabetes grado 1;
2)	cantidad de personas que padecen diabetes grado 2;
3)	cuántos niños hay actualmente diagnosticados con diabetes,y
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por la señora Senadora Aviaga.
10) CRISIS LABORAL EN FLORIDA
Tiene la palabra el señor Senador Enciso.
SEÑOR ENCISO.- Señor Presidente: el Estado uruguayo comenzó a utilizar estadísticas como herramienta de interpretación de la realidad económica en la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada al país del ciudadano francés Adolfo Vaillant, a quien se le contrataron los primeros trabajos sistemáticos de estadística económica. Desde entonces, Uruguay ha hecho un sostenido esfuerzo de ciento cincuenta años para incrementar la calidad y la precisión de la estadística oficial, madurando el desarrollo de esta disciplina con la elaboración de indicadores capaces de reflejar la evolución de los procesos económicos y su impacto social.
En el país existen varias agencias públicas dedicadas a la recolección y archivo de datos, como también al cálculo de índices útiles para estimar diversas problemáticas que los gobiernos y la sociedad deben afrontar. Si bien el Instituto Nacional de Estadística no es la única oficina del Estado, obviamente es la de mayor relevancia por la naturaleza de los indicadores que elabora de manera periódica. Sus técnicos son responsables de la realización de diversos tipos de relevamiento y de la estimación de índices de alta sensibilidad social. Si bien la información que recaba y elabora este organismo es cuantiosa, hay algunos indicadores que tienen especialmente puesta sobre sí la lupa de la sociedad, como el IPC –índice de precios al consumo–, o los indicadores de actividad, de empleo, de desempleo, por apenas nombrar algunos de los socialmente más sensibles. Somos conscientes de que en tantos años de experiencia en estadísticas oficiales, el país ha contribuido de modo decisivo a incrementar la seriedad técnica de organismos como este propio instituto, más allá de algunas experiencias fallidas sobre las cuales se debe sacar una enseñanza. Más allá de ello, existen consensos internacionales para definir los criterios conceptuales de determinados indicadores. La estadística es una disciplina que se basa en convenciones sobre cómo definir y estimar indicadores y, por lo tanto, siempre existen zonas grises que generan legítimas dudas sobre el resultado de algunos datos.
A inicios de abril de este año se conocieron los microdatos de la encuesta continua de hogares, con información del año 2014 para todo el país, y recibimos la sorpresa de que en un comparativo nacional –en este caso está referido a nuestro departamento, pero puede ser un elemento valorado a nivel general– el índice de desocupación del país era de los menores. Obviamente, estoy hablando del departamento de Florida. Según el relevamiento de 2010, las cifras del INE con relación a la población económicamente activa en Florida indican que el 8,1 % estaba desocupada, y en el año 2014 pasó al 3,8 %. Sin embargo, los datos que uno recoge en las tareas de campo, en las recorridas diarias, en el propio diálogo social y en el contacto con la gente permiten vislumbrar otras conclusiones.
Es bueno decir que en su momento nos pareció pertinente hacer las consultas al INE; aunque todavía no hayamos obtenido una respuesta, las hicimos en plazo. En Florida existen dos situaciones muy conocidas de crisis laboral, como es el caso de la curtiembre El Águila –ubicada en la capital– y el Molino Cocomen, en Mendoza Chico, pequeña localidad situada en la Ruta 5, veinte kilómetros al sur de la capital. Ninguno de estos dos emprendimientos está funcionando hoy y, obviamente, esto afecta a decenas de familias. En el caso de la curtiembre, la Dirección de Medio Ambiente otorgó recientemente una autorización provisoria para trabajar; o sea que, en alguna medida, hay doscientas familias que están dependiendo del ingreso vinculado con la actividad de los curtidores. A su vez, los trabajadores –sin trabajo– deben reunir US$ 900.000 para comprar tres piletas y comenzar a buscar una solución al problema de la curtiembre, tratamiento de efluentes mediante, obviamente, porque es un tema de importancia. Mientras esto no se solucione, hay doscientas familias que no tienen posibilidades de desarrollar su actividad. Obviamente, este desempleo genera una situación que va a contrapelo de ese índice que, creemos, no refleja esta realidad. A estos trabajadores desempleados se les ha terminado el seguro de paro y por eso hoy el Banco República ofrece la posibilidad de otorgar un préstamo, condicionado –obviamente– a garantías, pero la maquinaria obtenida es del Fondes y no puede ser utilizada como tal.
Como forma de redondear mi planteo, quiero vincular esta situación con la del Molino Cocomen, ubicado en la localidad de Mendoza Chico, que comenzó con dificultades en el año 2007 y cuya molienda se detuvo en el 2013. Los trabajadores de este molino también están en un sistema rotativo de seguro de paro. Por lo tanto, en la actualidad hay dos situaciones importantes que acucian al departamento.
Queremos dejar en claro que ambas situaciones dependen en algunos aspectos de la viabilidad del Fondes –que hoy está sujeto a cierta polémica pública– para poder reiniciar su actividad económica. Ante la falta de soluciones para estos trabajadores en el momento actual, hacemos un llamado a la sensibilidad del Gobierno central y de los organismos competentes para que ayuden a encontrar una salida a estos graves problemas de desempleo ante las entidades financieras involucradas, habilitando paralelamente una prórroga del seguro de desempleo para quienes trabajaban en estas dos industrias que están paralizadas.
Ante estos problemas de tanta importancia, nos preguntamos legítimamente y sin ningún interés de echar sombra sobre la capacidad técnica o idoneidad de nadie, cómo es posible que, según la estadística, Florida sea el departamento que tiene menos desempleo. Obviamente, la decisión política para realizar estas intervenciones está en manos de todos, pero en este caso fundamentalmente del Gobierno. En el último informe del Banco de Previsión Social se aprecia que la cantidad de personas en seguro de paro aumentó un 4,7 % –estas son cifras de una estadística oficial–, por lo cual creemos que debería producirse una rápida intervención por parte de los organismos competentes.
Por todo esto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las Comisiones de Asuntos Laborales de ambas Cámaras, a la Presidencia de la República, al INE, al Fondes, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Florida, al Banco de Previsión Social, a la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines, y a la Unión de Curtidores del Uruguay.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud del señor Senador Enciso.
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Botana.
SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: quiero referirme a una cuestión vinculada con los recursos de los Gobiernos departamentales, especialmente aquellos de origen nacional.
En el Uruguay los egresos de los Gobiernos departamentales, expresados como porcentaje del PIB, crecieron hasta el año 2005 y luego comenzaron a decaer. El mayor incremento relativo se produjo en el quinquenio 1991-1995, cuando ese porcentaje pasó del 2,5 % del PIB al 3,1 % de participación. En el período 1996-2000 subió al 3,2 %, en el 2001-2005, al 3,5 %, en el 2006-2010 disminuyó al 3,2 %, y en lo que va de este período, del 2011 al 2013 –que es lo que se ha cuantificado–, hubo un pequeño crecimiento, llegando al 3,3 % del PIB. No obstante esto, desde la reapertura democrática hasta la fecha, las transferencias del Gobierno central a los Gobiernos departamentales representan, en cada período administrativo, una proporción mayor del total de los recursos que estos administran. En los años noventa las transferencias del Gobierno central a los departamentales alcanzaba el 11,6 %, y este porcentaje fue evolucionando hasta que hoy la participación de dicha transferencia en el total de sus recursos es del orden de 33,1 %. Vale mencionar que el 45,9 % de los recursos del departamento de Artigas son de origen local; Canelones tiene el 72 %; Cerro Largo el 41,1 %; Colonia el 75 %; Durazno el 50,8 %; Treinta y Tres el 38,5 %; Tacuarembó el 53,2 %; Río Negro el 47 %; y Lavalleja el 47,9 %. Si uno mira la tabla con los datos de todo el país y analiza el cociente entre los recursos propios y el total de ingresos, se encontrará con que los departamentos más pobres son los que tienen una mayor dependencia del Gobierno central.
Como todos sabemos, los ingresos genuinos de los Gobiernos departamentales provienen de la recaudación por concepto de contribución inmobiliaria, patente de rodados y del porcentaje que se percibe por la venta de semovientes. Como es obvio, en los departamentos menos ricos y en los que la generación de valor es menor, las propiedades valen menos, y lo mismo sucede con los vehículos de los más pobres y con su producción.
Con la reforma constitucional aprobada en el plebiscito del 8 de diciembre de 1996 se introdujeron algunas modificaciones importantes en los aspectos vinculados con la hacienda pública y los Gobiernos departamentales. El artículo 214 incorpora al Presupuesto nacional el establecimiento de un porcentaje del monto total de recursos que corresponderá directamente a los Gobiernos departamentales. La reforma no se limita a este aspecto, y su artículo 298 dispone que el Poder Legislativo podrá aprobar, por mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara, una ley con el objetivo de asignar mayores recursos a los Gobiernos departamentales, para lo cual requiere obligatoriamente la iniciativa del Poder Ejecutivo. En el mismo artículo de la Constitución se enumera el posible contenido de la ley, y en el primer numeral se determina que la misma podrá, sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los tributos departamentales, así como ampliar las fuentes sobre las cuales estos podrán recaer. En el segundo numeral se prevé la determinación de recursos para lograr el desarrollo del interior del país y la ejecución de políticas de descentralización. Para ello, permite la creación de un fondo presupuestal con una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, que deberá ser propuesta preceptivamente en el Presupuesto nacional. Y el numeral tercero también va en el sentido de promover la descentralización territorial, estableciendo que se podrá exonerar temporariamente de tributos nacionales y rebajar las alícuotas a las empresas que se instalen en el interior de la República.
Además, esta reforma creó la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por seis Ministros y seis Intendentes, en representación del Congreso Nacional de Intendentes.
De todos modos, lo fundamental aquí es esta cuestión económica cuya historia se centra en cómo fijar un porcentaje global a una transferencia que el país ya tenía. Hasta el año 2000, había impuestos e ingresos coparticipados que provenían de las utilidades de los casinos, del Imesi a las naftas, tabacos y gasoil, partidas de monto fijo que provenían de los aportes patronales, del artículo 760 de la Ley n.º 16736 y de la compensación por la contribución inmobiliaria rural. También teníamos reembolsos de gastos de inversión del BID por los Programas de Obras Municipales II y III; del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mantenimiento de la red vial, y recibíamos además algunas partidas discrecionales especialmente del Ministerio de Turismo y Deporte.
La ley de Presupuesto nacional que rigió entre los años 2001 y 2005 logró englobar todas estas transferencias y fijar la proporción de los recursos nacionales que debían ser transferidos a los Gobiernos departamentales. A medida que fue pasando el tiempo, los recursos del Presupuesto nacional destinados a ser transferidos a los Gobiernos departamentales pasaron del 3,18 % en 2001 al 3.54 % en 2005. Hoy la cifra que estamos manejando es del 3,33 % del Presupuesto nacional.
Para terminar, señor Presidente, de lo que hemos dicho se desprende claramente que, por disposición de la Constitución de la República y de la ley, los recursos pertenecen a los Gobiernos departamentales y su distribución se debe hacer en función de la participación anterior de cada Gobierno departamental en el gasto total, de acuerdo con los ítems detallados en el artículo 640 de la Ley n.º 17296 y los índices de equidad creados para el Fondo de Desarrollo del Interior. Entonces, como no existe otro dueño de estos recursos que los Gobiernos departamentales –repito, según la Constitución y la ley–, la determinación de su destino debe ser librada a la voluntad del gobierno de cada departamento. Para eso fueron creados estos mecanismos: para fomentar la inversión y el bienestar, pero también para dar libertad de decisión a los gobiernos locales.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Secretaría de la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a los Gobiernos departamentales del país.
Damos la bienvenida y agradecemos la visita de los alumnos de 5.º y de 6.º año del Colegio Salesiano de la Costa.
12) PATRULLEROS OCEÁNICOS
SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: el 19 de agosto del año pasado, la Cámara de Senadores, en un hecho bastante inédito por el tema y por el resultado de la votación, aprobó una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo en forma unánime, por 21 votos en 21. Este proyecto de resolución venía remitido por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, a iniciativa del ex-Senador Rosadilla. Y digo que fue algo inédito porque la unanimidad obviamente no es una constante ya que aquí está expresada la pluralidad de la sociedad en sus diferentes opiniones. Cuando en un tema se logra consenso seguramente es porque el mismo tiene un grado de importancia y una conjunción de intereses de las opiniones políticas del país, que lleva a que todos terminen apoyándolo.
Esta declaración estaba referida a la custodia de nuestro mar, y en un punto neurálgico –concretamente, el punto 5– plantea que el Senado de la República manifiesta su voluntad de que, en los tiempos que corresponda –reitero que la declaración es de agosto del año pasado– y de acuerdo con los procedimientos vigentes, la Armada Nacional pueda contar con patrulleros oceánicos adecuados a los objetivos allí mencionados. Esos objetivos responden a un desafío que, como país, tenemos por delante desde el punto de vista estratégico, que hace a la custodia de nuestra soberanía y de nuestra producción. En definitiva, cuando hablamos de custodiar la plataforma marítima está en juego la soberanía, la seguridad del país y el trabajo de los uruguayos. Es de destacar que entre la declaración realizada en agosto y el mes de junio que estamos empezando a transitar se produjo la extensión de la plataforma continental del Uruguay que pasó a ser de 350 millas, lo que significa que hoy nuestro país tiene más mar que tierra.
Esta declaración, que fue votada antes de la extensión territorial, cobra mayor importancia porque actualmente el Uruguay tiene una zona importantísima para el crecimiento y para el desarrollo productivo, pero esto también significa que sus obligaciones como nación son mayores que las que tenía al momento en que se votó este documento. La eventualidad de que en el futuro inmediato –más cercano que tarde– se empiecen las perforaciones de petróleo para buscar hidrocarburos, tiene suma importancia en la producción, en el crecimiento en materia económica pero también en materia de custodia del medioambiente. También hay que considerar el tránsito fluvial que ha crecido enormemente en Uruguay y que está vinculado a todo el turismo de cruceros, pero también a la producción. Tenemos algunos desafíos por delante en materia de ejercicio de la soberanía para evitar los actos de piratería y el crimen organizado que se perpetra en el mar. Es decir que hoy existen razones que nos desafían desde el punto de vista estratégico, del ejercicio de la soberanía y de la preservación de la seguridad individual, física y medioambiental.
La realidad es que nuestra Armada Nacional no tiene los medios, mejor dicho, el Uruguay no tiene los recursos materiales para poder ejercer esta triple misión. Nuestra flota tiene un promedio de antigüedad que está en el entorno de los cincuenta años y voy a ser generoso con lo que voy a decir: está al límite de la operatividad y podría decir que prácticamente no está operativa.
Por lo tanto, creo que esta declaración, que en su momento votó el Senado de la República por unanimidad, recobra un enorme valor. Es notorio que los recursos que se requieren para que el país tenga patrulleros oceánicos no son baratos, son muy costosos. Incluso, cuando se discutió en la Comisión de Defensa Nacional este tema con el Ministro de la época –que es el mismo que actualmente tiene el Uruguay–, se hablaron de algunos mecanismos que podían hacer posible contar con estos patrulleros oceánicos sin que fuera de imposible acceso desde el punto de vista del impacto presupuestal. En su momento se habló de que pudieran facilitarse mecanismos de leasing o algún otro mecanismo desde el punto de vista económico.
Señor Presidente: estamos en vísperas de empezar una nueva discusión presupuestal pero, independientemente de eso, ya es tiempo de adelantarnos a problemas que el desarrollo tiene atados de la mano. Dios no quiera que en el futuro se produzca un accidente medioambiental y no tengamos la posibilidad de brindar las necesarias seguridades para preservar el medioambiente, que es un bien riquísimo para todos; o de impedir que nuestro mar se transforme en un circuito de crimen organizado o de contrabando; o que no podamos ejercer nuestras obligaciones internacionales, por ejemplo, en materia de preservación de la vida humana y rescate en el mar.
Para todas estas circunstancias el país tiene que estar preparado. En su momento el Senado logró la unanimidad porque todos coincidimos en que esta es una misión fundamental para todos los uruguayos y una tarea que, cualquiera sea el gobierno que ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo, cualquiera sea el color del Presidente electo, nos compromete a todos.
Quería traer a sala esta declaración pues, aunque todavía no cumplió un año de emitida por el Senado, porque las responsabilidades que tenemos hoy como país son mayores que aquellas que teníamos cuando se votó.
Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional.
13) MEDIDAS PARA PALIAR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA
SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: me voy a referir a la dramática situación de emergencia agropecuaria que se vive en este momento del año 2015.
Para nadie es una novedad la variabilidad que tiene nuestro clima, sobre todo en su régimen hídrico. Todo parece indicar que en esta región del planeta el cambio climático va a generar más lluvias y temperaturas mayores, pero hoy hay una variabilidad impresionante. Hemos tenido un verano con entre 400 y 600 milímetros de lluvias más que el promedio y ahora tenemos un otoño en el que hace noventa días que no llueve.
Eso en cuanto a las lluvias; pero además tenemos fragilidades estructurales, como las diferentes capacidades de nuestros suelos de almacenar agua. Basta mencionar que la humedad que pueden guardar los suelos de Soriano está en el entorno de los 120 milímetros, mientras que en la Cuchilla de Haedo es de solo 40 milímetros. Esas son las variabilidades que presenta nuestro suelo.
Lo que está pasando ahora es que por esta carencia de lluvias se acaba de declarar la emergencia agropecuaria. Ahora disponemos de herramientas legislativas, como la ley de Rendición de Cuentas del año 2007 y un decreto presidencial de 2008, que definen qué es una emergencia y crean un fondo para atenderla. Existe una Comisión de Emergencia Agropecuaria que considera la situación, sugiere declarar la emergencia y define las formas de ayuda. En este caso, como dije, se declaró la emergencia, lo que es importante para habilitar los fondos.
Quiero resaltar que todo esto se apoya en una información técnica elaborada durante mucho tiempo y con gran trabajo, que toma en cuenta los datos del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, los mapas de suelos que indican la capacidad de retener agua, la información sobre la carga animal, el monitoreo que hace el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y los datos que proporciona el Inumet. En esto también participa la Universidad de la República. Toda esa información está disponible en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para quien la quiera consultar, y es lo que permite tomar acciones preventivas y no curativas. Antes de que se sintetizaran todos estos conocimientos, lo que sucedía era que ante una calamidad ambiental los afectados hacían sus reclamos, se discutía largamente cómo se les podía auxiliar y esas ayudas venían en forma posterior a los hechos. Sin embargo, ahora nos podemos adelantar.
En realidad, los seguros –que son una herramienta especializada manejada por agentes que saben medir los riesgos– están aumentando su penetración, pero hay limitantes de información y son caros.
Todo lo que he mencionado permitió tomar la resolución de emergencia agropecuaria el 5 de mayo, y una complementaria el 15 del mismo mes, con bastante anticipación a que se presentara la situación crítica de falta de forraje, sobre todo para la ganadería y la lechería. Hasta el mes de febrero hubo un crecimiento de las pasturas por encima del promedio histórico, pero luego se empezó a ver una disminución, con la amenaza de riesgo de sequía. Todos sabemos que un otoño seco, frente a un invierno que se nos viene, con cargas animales altas, nos enfrenta a una situación crítica. Se tomó la resolución el 5 de mayo, cuando aún no estaba planteada claramente la situación de emergencia, porque se veía venir. No fue para quedar bien, sino para actuar a tiempo y permitir que se tomaran las medidas pertinentes para minimizar los riesgos.
En el caso de los productores familiares, se decidió suplementar a los terneros con una ración balanceada con 18 % de proteína, para que puedan ganar 400 gramos de peso por día. Eso es importante, sobre todo en las hembras, porque si esos animales tienen ese desempeño en el primer invierno, previo a la etapa reproductiva, podrán ingresar a la fase reproductiva al segundo año. También se resolvió suplementar a las vaquillonas de uno a dos años que tienen una buena condición corporal, para que puedan entrar en el próximo año en la etapa reproductiva. Otras medidas fueron la de suplementar a la vaca, no con ración, sino con un suplemento que mejora la digestibilidad de pasturas de mala calidad, e incorporar la lona plastificada para la suplementación invernal.
Todas estas medidas se aplican a los productores bajo ciertas condiciones: que estén activos en el Registro de Productores Familiares, que no tengan deudas anteriores, que tengan un diagnóstico de gestación –todas prácticas deseables a incorporar para mejorar la tecnología–, y que estén «caravaneados» para la identificación electrónica. A su vez, no se ayuda a productores que tengan una carga animal de más de una unidad ganadera por hectárea. Todo esto se realizó con los socios estratégicos en el territorio, que son las 178 organizaciones de productores inscriptas en el Ministerio. Los beneficiarios van a reembolsar el 70 % con el primer vencimiento, el 10 de julio de 2016, y el resto con el segundo, en 2017. Los productores lecheros familiares están incluidos, e incluso para ellos hay líneas del Banco de la República para verdeos y pradera.
Todas estas medidas se decidieron en forma temprana –cuestión que aplaudimos– con un fundamento técnico y con responsabilidad, basados en la necesidad objetiva de la producción y de las familias que trabajan en el medio rural.
Solicito que la versión taquigráfica de estas modestas palabras sea enviada a las gremiales agropecuarias, a las cámaras empresariales, a los organismos de investigación agropecuaria, a los organismos de enseñanza, a la Comisión de Emergencia Agropecuaria y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
14) 800 AÑOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA MAGNA
SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: dentro de unos pocos días, el 15 de junio, se van a cumplir 800 años de la suscripción de la Carta magna, que creo –al igual que todos los juristas– es el documento esencial que explica muchos de los derechos que hoy tienen los ciudadanos en las democracias del mundo entero.
Hace 800 años, un 15 de junio de 1215, sobre el Támesis, en el sur de Inglaterra, el rey Juan firmó ese documento que estableció el fundamento de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota. Como dice el jurista británico más importante de todos los tiempos, Lord Denning, es el mayor documento constitucional que existe. Por su parte, William Stubbs, famoso historiador victoriano, dijo que toda la historia constitucional de Inglaterra es poco más que un comentario sobre la Carta magna. Quizás, toda la historia constitucional del mundo entero nace de esa Carta magna. A partir de ella, desde la aceptación del rey de que no podía imponer, sino que debía pactar, surgen una cantidad de derechos y libertades que hoy damos por sentado: la libertad de opinión, los periódicos sin censura, la seguridad de la propiedad, la igualdad ante la ley, el hábeas corpus, las elecciones regulares, la santidad del contrato y los juicios que se someten a terceros imparciales, como los jueces.
Se preguntarán el señor Presidente y los integrantes del Cuerpo hacia dónde estoy yendo con esto. Estoy haciendo referencia a lo que está sucediendo en Venezuela. La Constitución venezolana establece que el 5 de enero de 2016 debe instalarse un nuevo congreso. Por ende, si se tiene que instalar el 5 de enero, hay que elegirlo antes. Sin embargo, estamos en el mes de junio y el Gobierno de Venezuela –sus autoridades– no ha fijado aún la elección parlamentaria que debe determinar los legisladores que asumirán funciones el 5 de enero del año próximo. En el mes de enero de 2010 –año en que se votó la renovación del Parlamento venezolano por última vez– se fijó la elección para el 26 de setiembre. Hoy estamos en junio y todavía no se ha definido la fecha.
Actualmente, en Venezuela hay muchos problemas y muchas huelgas de hambre que están pidiendo al Gobierno de Venezuela –como le pedían los barones al rey Juan–, que no se sienta por encima de la ley y sus derechos. 800 años después, la lucha continúa. El Gobierno de Venezuela tiene que fijar fecha para las elecciones parlamentarias, porque el nuevo Parlamento tiene que instalarse el 5 de enero, y no lo ha hecho. Por suerte, nuestro Presidente y la señora Presidenta de Brasil empezaron a hacerse eco de esta situación y están hablando de una salida pacífica para Venezuela. ¡Y qué más pacífico que encontrarla con el voto de los ciudadanos!
Por lo expuesto, pido que mis palabras sean enviadas a la Cancillería y al Presidente de la República, y se les solicite aplicar la cláusula democrática prevista en los tratados del Mercosur y la Unasur. Me refiero a esa cláusula que se aplicó tan rápidamente para Paraguay cuando cumplía con su Constitución, pero parece que hoy no se aplica cuando hay un Gobierno, como el venezolano, que no hace algo tan sencillo como es convocar a elecciones.
SEÑOR PRESIDENTE.- No me quedó claro lo que el señor Senador Bordaberry ha solicitado. En realidad, tengo la impresión de que está pidiendo un pronunciamiento político del Cuerpo sobre lo que debería hacer nuestra Cancillería. No sé si deberíamos votar el envío de sus palabras o un posicionamiento del Cuerpo sobre el tema.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicité que mis palabras sean enviadas a la Cancillería y al Presidente de la República; solo eso.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Senador.
Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.
15) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA
SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería ingresar al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término, relativo a elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, pero como todavía no han llegado propuestas, volvemos a postergar su definición.
16) RENUNCIA DEL DOCTOR LUIS ALMAGRO A SU CARGO DE SENADOR DE LA REPÚBLICA
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Dado que me he incorporado a la Cámara de Senadores en forma definitiva, debido a la renuncia presentada por el doctor Almagro, quiero hacer mías las palabras vertidas en sala por las diferentes bancadas sobre su persona. Destaco que las comparto, porque en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes pude aquilatar todo lo que se ha dicho del doctor Almagro.
Como habrán podido comprobar los señores Senadores de la anterior legislatura, el doctor Almagro fue siempre un hombre de diálogo, que se prestó a comparecer en esta casa para dar explicaciones sobre todos los temas referidos a la conducción de la política internacional de la República.
Por último, expreso mis francos deseos de que el doctor Almagro tenga una gran gestión en la Secretaría General de la OEA.
17) INTEGRACIÓN DE COMISIÓN
SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de la integración de comisiones.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia quedará integrada por los siguientes Senadores: Daniela Payssé, Sergio Botana, Ivonne Passada, Rafael Michelini, Javier García, Ernesto Agazzi y Pedro Bordaberry».
18) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria. (Carp. n.º 223/2015 – Rep. n.º 67/2015)».
–En discusión general.
SEÑOR DELGADO.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.
El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.
(Son las 10:54).
(Son las 12:00).
SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: el artículo 97 del Reglamento expresa que está prohibido a todo Senador intervenir en asuntos que refieran a su interés individual; no obstante, en su inciso segundo dice que si el Senador denuncia previamente su vinculación con el tema, la Cámara de Senadores lo podrá autorizar, si así lo estimare pertinente.
Dado que a continuación vamos a tratar un proyecto de ley por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, quiero decir que soy titular de una parte accionaria de una sociedad anónima que explota y es propietaria de inmuebles rurales en el departamento de Durazno. Por tanto, estoy denunciando previamente este caso al Cuerpo, tal como lo impone el artículo 97, al que hice referencia.
SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que se autorice al Senador Bordaberry a participar en la discusión parlamentaria y en la votación correspondiente.
19) ASUNTOS ENTRADOS
SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios asuntos entrados fuera de hora.
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 28 de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a fin de designar en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado al licenciado Alfonso Lereté Torres.
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 28 de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a fin de designar en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos al doctor Luis Chahnazaroff.
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 21 de la Ley n.º 18125, de 27 de abril de 2007, a fin de designar en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda al escribano Gustavo Borsari.
–SERÁN REPARTIDOS POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».
20) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con el tema que estaba a consideración, tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Berterreche.
SEÑOR BERTERRECHE.- Señor Presidente: se presenta a consideración del Cuerpo un proyecto de ley que restablece el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria para los inmuebles rurales.
En primer lugar, queremos fundamentar la naturaleza del impuesto contenido en la norma propuesta. Claramente, se trata de un tributo cuya naturaleza es la de ser un adicional a la contribución inmobiliaria rural, única posibilidad para darle carácter nacional al tratarlo en este Cuerpo. Se reúnen los requisitos de accesoriedad reclamados por la Constitución en el numeral 1.º del artículo 297, en tanto carece de un hecho generador propio, particular; el impuesto matriz del que se genera es, en este caso, la contribución inmobiliaria rural. Se considera entonces que el Poder Legislativo se encuentra facultado para restablecer el referido impuesto.
Y decimos «restablecer» porque los artículos 636 y siguientes de la Ley n.º 15809, de 1986 –primera Ley de Presupuesto nacional una vez recuperada la democracia–, con las mayorías de aquel entonces, regularon la aplicación de este impuesto, que comprendía a las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales. Después de diez años, la Ley n.º 16736 –tercera Ley de Presupuesto nacional luego de recuperada la democracia–, en su artículo 687, excluyó de la hipótesis de incidencia del tributo a los inmuebles rurales. Posiblemente, esto se debió –entre otras razones– a la intención de atender, por la vía de sacar impuestos a los productores rurales, una de esas clásicas crisis cíclicas de nuestra producción rural, que se daba por esos años. Hoy, no exento de dificultades, nuestro campo no ha estado en una crisis; por el contrario, ha tenido un sostenido crecimiento, con algunos sectores de comportamiento claramente espectacular, como el agrícola, y otros que han crecido a las clásicas pequeñas tasas que caracterizaron históricamente a nuestro agro, pero sin dejar de crecer en forma global.
Por esto, en un marco de estricta justicia impositiva, respetando y aplicando el principio de igualdad de las cargas públicas, al grupo de propietarios en zonas urbanas y suburbanas se incorpora, también, a los propietarios de inmuebles rurales. En el día de hoy el 90 % del Impuesto de Enseñanza Primaria lo pagan los propietarios de bienes inmuebles urbanos y suburbanos, y un 10 % del total recaudado lo da el Poder Ejecutivo. Es hora de que el sector rural vuelva a participar, dignificándose a sí mismo, aun haciéndolo en forma marginal ya que, según los datos obtenidos, difícilmente llegue a un tercio del monto que se espera recaudar por todo concepto del Impuesto de Enseñanza Primaria.
Siendo claro lo planteado anteriormente, vinculado a la razón de justicia tributaria que tiene esta propuesta, hay que decir, también, que esto es parte del compromiso electoral de la fuerza que triunfó en las recientemente pasadas elecciones nacionales. Esto se dijo en forma clara y repetida por parte del candidato de entonces, actual Presidente de la República; no se escondió ni se puso en letra chica. Es más, tanto en la capital como en el interior, se dijo que se iba a reimponer el Impuesto de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales, y cuando ello se puso a consideración de la ciudadanía en las elecciones nacionales, la democracia habló. Esto es considerado como un segundo argumento para su presentación en esta sesión.
En realidad, si hay un impuesto del que puede decirse que tiene un destino noble y de proyección en el desarrollo, es este. Por ello, nadie debería tener una posición reticente. Además, se trata de una imposición extremadamente pequeña, de entre un 1,5 y un 3 por mil del valor catastral de los bienes inmuebles que, como todos sabemos, son significativamente menores que los verdaderos valores de mercado. Estamos hablando de valores que a nadie podrían desestabilizar, ya que supuestamente no superarían US$ 1,5 por hectárea.
Por todos estos motivos, ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto de ley, que partió de una iniciativa del Poder Ejecutivo, a la que se le agregó luego otro proyecto, y a lo que debe sumarse el trabajo de la Comisión de Hacienda, que permite presentar hoy un proyecto con una clara calidad adicional, que enaltece el trabajo del Cuerpo.
Este proyecto de ley consta de siete artículos. En el 1.º se plantea el restablecimiento del impuesto, así como la naturaleza adicional del mismo.
En el artículo 2.º se establecen las exoneraciones a los propietarios que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan las 300 hectáreas índice Coneat 100.
Queremos dejar claro que posiblemente haya propuestas más justas que contemplen realmente a los productores familiares, que constituyen el verdadero objeto que deberían tener nuestras exoneraciones, porque son la esencia de nuestras políticas diferenciales. Sin embargo, se optó por referir la exoneración a las 300 hectáreas para dar el adecuado blindaje a la ley ante posibles visiones incorrectas de inconstitucionalidad. Deberemos, pues, seguir trabajando para que en un futuro los beneficios de la ley alcancen a los verdaderos objetivos de nuestras políticas diferenciales.
El artículo 3.º hace referencia a la no retroactividad del impuesto a su promulgación, estableciendo que su hecho generador para el cálculo se toma a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. No hacerlo sería una contradicción flagrante.
El artículo 4.º está vinculado a la partida que provenía del Poder Ejecutivo, porque cuando se decidió que los inmuebles rurales no pagaran, el citado poder se comprometió a dar una partida igual a la que se estaba cobrando, que ya de por sí era muy pequeña. En caso de que se cobre, evidentemente el Poder Ejecutivo va a dejar de asignarla, pero si con lo cobrado no se llega al monto que estaba dando, se compromete a cubrir la diferencia.
El artículo 5.º establece como forma coercitiva la no emisión de certificados por la DGI a los morosos del impuesto. Históricamente este impuesto tuvo un bajo nivel de cumplimiento, lo que es contradictorio con aquello que decíamos en cuanto a que no debería haber resistencia a un impuesto de tanta nobleza.
Creemos que en esta ocasión, por el escaso valor del impuesto, por la mejoría sentida del sector agropecuario y por la conciencia que ha despertado la necesidad de nutrir de fondos a la educación por el efecto multiplicador que tiene en nuestra sociedad, la suspensión de certificados no va a ser una medida a generalizar. De todos modos, tomando en cuenta los antecedentes, creemos que vale la pena preverlo. Hemos visto que ante problemas puntuales el Estado ha tenido una reacción rápida –como muy bien lo manifestó el señor Senador Agazzi en la media hora previa– en apoyo a la producción familiar. Por eso está claro que no está pensado para ser usado con el fin de agravar la realidad en esas situaciones, sino para advertir que las obligaciones son exactamente eso y están para ser cumplidas.
En el artículo 6.º se establece el pasaje del cobro del tributo directamente a la DGI a partir del año 2018, apuntando a la especificidad de cada institución y a la eficiencia que eso implica. A Enseñanza Primaria le debe importar tener los recursos para el constante mejoramiento de la calidad educativa, pero la recaudación de los mismos la debe realizar el sector del Estado especializado a tales efectos.
Luego, el artículo 7.º establece cómo llegan esos recursos a Enseñanza Primaria.
Presentada así la iniciativa, en general y en particular, y quedando a disposición del Cuerpo para cualquier aclaración, dejo paso a la discusión del proyecto de ley.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Amorín.
SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: es la segunda vez en la sesión del día de hoy que hablamos de un tema importante que tiene que ver con la producción agropecuaria en el Uruguay. La primera fue durante la media hora previa, oportunidad en la que el señor Senador Agazzi realizó una interesante y extensa exposición sobre la complejísima situación en la que se encuentra el sector y sobre la emergencia agropecuaria, señalando asimismo que, por suerte o gracias al trabajo, estábamos en condiciones de adoptar medidas importantes para paliar esa situación tan difícil que atraviesa un sector principal de la vida del país. El señor Senador Agazzi puso sobre la mesa una serie de medidas que se podían adoptar y habló de lo que se estaba haciendo para que esta emergencia agropecuaria no castigara a esos productores que tanto hacen por el Uruguay. Hablamos de productores de todo tamaño, aunque la mayoría son pequeños.
Ahora está a consideración de esta Cámara un proyecto de ley que no sé si va por ese camino pero que apunta a poner un impuesto más a la producción agropecuaria. Nosotros lo vamos a votar negativamente, y voy a explicar el porqué. Quiero dejar absolutamente claro que el destino del impuesto nos parece positivo, obviamente. Todos estamos completamente a favor de que haya más recursos para la educación, porque entendemos que es del todo necesario, siempre. Ahora, ¿es un impuesto justo? ¿Apunta a la justicia tributaria? No me parece. Es cierto que se trata de un impuesto menor, pero reitero que no creo que sea un impuesto justo, ni que apunte a la justicia tributaria. ¿Por qué? Porque lo van a pagar pequeños productores que viven con dificultad y no lo va a pagar el mayor propietario de tierras del Uruguay. Entonces, ese argumento no nos sirve. No se trata de un impuesto que haga a la justicia tributaria, sino que hace a la injusticia tributaria, aunque el destino sea bueno. Reitero que el mayor propietario de tierras del Uruguay no va a pagar el impuesto.
¿Que es una promesa electoral? Sin duda. Pero tampoco tengo la menor duda de que no hay justicia tributaria.
Todos los integrantes del Senado saben que no estuve de acuerdo con la reforma tributaria del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, impulsada por el economista Astori, y lo hemos discutido fuertemente. No creo en el impuesto a la renta de las personas físicas, pero sí que la reforma tributaria, como todas las leyes, tuvo algunas cosas buenas. Desde mi punto de vista, la principal fue que simplificó todo el esquema tributario del Uruguay, porque teníamos una cantidad enorme de impuestos. Pude escuchar a uno de los mejores expositores que ha tenido este Parlamento y que tiene el sistema político –me refiero al actual señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Astori– explicar con absoluta claridad lo bueno que era ir simplificando el sistema tributario. Recuerdo que, con esa facilidad que él tiene para exponer, nos decía que lo importante era que no hubiera «impuestitos» cuya recaudación tuviera un destino, y me parece bien. Entiendo que una de las cosas positivas de la reforma tributaria fue que los gastos salieran de Rentas Generales y estuvieran cubiertos por cuatro o cinco impuestos importantes. Sin embargo, me da la impresión de que con estas cosas estamos volviendo a un sistema del que, en parte, éramos culpables porque, a veces, para cubrir algún gasto inventábamos impuestos, lo que le hizo mucho daño al sistema. Creo que eso está mal, y soy partidario de otra cosa. Insisto en que una de las cosas buenas de la reforma tributaria fue simplificar y que todos los gastos del Estado fueran con cargo a Rentas Generales, sin crear determinado impuesto para gastar en tal o cual cosa. Me parece que en este tema tenemos un atraso importante. Además, como hemos dicho siempre, uno tiene que ser coherente en todas sus actividades –en esta especialmente–, sobre todo, porque en la tarea que realizamos quedan rastros de lo que vamos diciendo, así que es importante que aquello que afirmamos hace diez años sea parecido a lo que decimos ahora. Hemos señalado que lo importante y lo justo para el sector agropecuario, lo que es mejor y le hace bien al sistema para que dicho sector siga creciendo, es gravar las rentas. Es preciso que el Estado sea socio del productor y que este tenga un gran incentivo para trabajar mucho y ganar bien, a fin de que el Estado reciba una parte de esa ganancia. Si al sector agropecuario le va muy bien, tal como ha sucedido en estos últimos diez años –es cierto, sin lugar a ninguna duda, porque hubo inversiones importantes que todos conocen y si bien no vamos a dar el detalle de lo que ocurrió, debido a circunstancias especiales el sector hizo grandes inversiones y la producción aumentó mucho, así como la recaudación–, también la recaudación del Estado se incrementará de manera importante. En diez años –si las cifras que tengo en mi poder son correctas– se multiplicó por más de tres la cifra en dólares de la recaudación del Estado proveniente del sector agropecuario, lo que me parece bien y justo. ¡Ojalá que siga creciendo más para que el Uruguay continúe produciendo, pueda exportar más y haya más impuestos para cubrir los gastos que todo Estado necesita!
Me parece que un impuesto a la tierra, aunque sea pequeño como este, es negativo y lo es porque desincentiva la inversión. Así lo dicen todos los textos de estudio y, seguramente, si estuviera aquí el Ministro de Economía y Finanzas nos diría lo mismo porque es lo que ha afirmado siempre. He disentido con él en muchos aspectos, pero en esto coincido totalmente. Este es un impuesto que va en contra de las cosas buenas que tenía la reforma tributaria que se hizo.
Simplemente, quería hablar de conceptos. Mi compañero de bancada, el señor Senador Bordaberry se referirá concretamente al texto, pero yo quiero decir que el impuesto me parece malo, que es un mal precedente, que va en contra de los aspectos positivos que tuvo la reforma tributaria, que también va en contra del desarrollo del sector agropecuario y que los recursos que son absolutamente necesarios para la educación –y el Partido Colorado va a votar todo lo que signifique recursos importantes para la educación, con los que estoy totalmente de acuerdo,– no tienen por qué salir de este tipo de impuestos. ¿Pueden salir del sector agropecuario? Sí, pero de un impuesto a la renta y no de un impuesto a la tierra. Reitero que me parece que va en contra de todo lo que decimos, en contra de lo que hemos hablado siempre.
Por estas razones y en homenaje a la coherencia vamos a votar en contra este impuesto.
SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en el mismo sentido que lo hizo el señor Senador Bordaberry, debemos decir que tenemos un emprendimiento familiar agropecuario, por lo que estamos comprendidos dentro de las disposiciones que establece este proyecto de ley.
Por lo tanto, solicitamos al Cuerpo que nos excuse o nos autorice a participar en el debate.
SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: al igual que el señor Senador Heber y dada mi notoria vinculación con el sector, solicito al Cuerpo que nos excuse o nos autorice a participar en la discusión.
SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: estoy en la misma situación que plantearon los señores Senadores Heber y Saravia. Aunque no estoy comprendido en lo previsto por este impuesto, de todas formas quería dejar constancia de ello.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se autoriza a los señores Senadores a participar en el debate y en la votación de este proyecto de ley.
SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: los Senadores del Partido Nacional hemos presentado un artículo aditivo al proyecto de ley en consideración, que dice: «Artículo 8.º.- La totalidad de lo recaudado por el presente impuesto estará destinado a inversiones, gastos en materiales educativos y locomoción escolar en las escuelas rurales del país.
La distribución se realizará por departamento atendiendo a un indicador que tenga en cuenta las necesidades básicas insatisfechas (NBI), inverso del PBI generado en el departamento, número de escuelas rurales del departamento, kilómetros de caminería rural del departamento. Cada factor ponderado en idéntica proporción.
En cada departamento será administrado por una comisión integrada por tres miembros; un delegado de ANEP, un delegado de la Intendencia Departamental y un delegado de los productores designado en acuerdo de las gremiales del departamento».
Este aditivo ha sido presentado en función de la convicción que tenemos los Senadores del Partido Nacional de que aquí la discusión no está en decir que sí o que no a un impuesto; se trata de decir sí o no a los recursos para la educación rural, tal como se ha dicho en sala. La cuantía del impuesto no amerita llevar al centro de la discusión si estamos o no de acuerdo con él. Lo importante es tener la oportunidad de discutir, en el Senado de la República, cuál es nuestra adhesión y nuestra sensibilidad respecto de la escuela rural en el Uruguay. Lo que está en discusión es si el gasto público en el país va a seguir siendo un reproductor de desigualdades sociales en lo grande y en lo pequeño o si, por el contrario, se va a transformar en un instrumento de construcción de justicia social.
El problema aquí no es quién paga sino quién recibe; la discusión es entre el presente y el futuro del país. No se está discutiendo si el agro paga o no el impuesto; en definitiva, todos conocemos la historia de este tributo, sabemos que el agro ya lo pagaba y que en su momento fue sustituido por el Imeba, a fin de eliminar una carga fija y sustituirla por otra que se adaptara con flexibilidad al nivel de venta de los establecimientos agropecuarios. En realidad, el agro paga el impuesto, pero la discusión no es esa dada la cuantía del mismo. En este caso, la discusión tampoco está en ver si en este tiempo, de precios en caída de los productos agropecuarios, de combustibles caros cargados de impuestos, de situación de costos crecientes y de ingresos bajos, corresponde o no aumentar la presión tributaria. No es esa la discusión. De lo que se trata aquí es de las 1125 escuelas rurales del país, de las 790 escuelas rurales unidocentes que están diseminadas por el campo del Uruguay, de los 1719 maestros que hacen el enorme esfuerzo de intentar equiparar las oportunidades de los niños en este país, de los 20.257 alumnos que concurren a nuestras escuelas rurales. La discusión es, señor Presidente, sobre ese número de 10 escuelas que cada año se cierran en el campo, en cualquiera de los departamentos del Uruguay. La discusión es sobre la diferencia de oportunidades que existe entre un niño que accede a la biblioteca universal a través de Internet, y uno que no puede hacerlo por dificultades en la trasmisión de datos o porque a veces no tiene electricidad y la ceibalita que ha llegado se bloquea y el niño no tiene más que una lujosa cámara de fotos. La discusión es sobre la formación de los padres para continuar la enseñanza que se imparte en el aula.
SEÑOR BOTANA.- Al final de mi intervención se la concedo, señor Senador.
Hay que ver la formación de los padres y su capacidad de contribuir a la formación del niño. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que el niño cuente en su escuela con los materiales didácticos necesarios para hacer que su educación pueda compensar las desigualdades que vienen del hogar y las que existen con relación a los centros educativos de las ciudades, que son mayores si se compara con los de la ciudad de Montevideo y mucho mayores todavía con los colegios que mejor calidad de enseñanza imparten. Esa es la labor del Estado; no es la de reproducir desigualdades, sino la de ser un gran compensador de desigualdades en el país. Hay niños que a veces tienen que hacer dos leguas a caballo en la madrugada para poder subir a un micro que los conduzca a la escuela, por caminos que están siempre en estado complicado. Y muchas veces ese niño pasa el día en el centro educativo y en el invierno llega a la noche a su casa. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos del futuro de este país? ¿No nos hemos dado cuenta de que el único camino para escapar a la dependencia de los niveles de precios de los productos agropecuarios en el mundo es mejorar la posibilidad de acceso a los mercados de nuestros productos en cualquier tiempo y circunstancia y en niveles de precios diferentes? Eso se logra con calidad y la calidad no se consigue con gente que no tenga conocimiento.
Señor Presidente: esto es por una cuestión de justicia para con todos los niños del país y, además, porque en esto le va el destino a la economía del Uruguay entero, a la capacidad de producir calidad, que solo se consigue con el conocimiento del que está allí y produce. Entonces, es muy importante que ubiquemos la discusión realmente en su centro. Es por eso que este impuesto debe tener un destino claro y bien dirigido, debe apuntar al futuro del país y a aquellos que tienen las mayores vulnerabilidades. El Gobierno no puede negarle este recurso a la educación rural del Uruguay.
Creo que este es el centro de la discusión, señor Presidente; es esto lo que debemos discutir porque es en esta línea de pensamiento que va el destino del país.
Ahora sí, le concedo con mucho gusto la interrupción al señor Senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Gracias, señor Presidente, y le agradezco también al señor Senador que me haya concedido la interrupción.
Estoy realmente sorprendido de que se nos plantee que la discusión es sobre la educación de los niños en el campo y no sobre el impuesto, en primer lugar, porque en la Comisión –que integra el señor Senador preopinante– él no planteó ni le reclamó a la bancada oficialista que concurriera el Ministerio de Educación y Cultura, que sería lo lógico. En segundo lugar, ese tema tiene que ver con la discusión presupuestal, que se dará cuando venga el Ministerio correspondiente a decir cómo va a distribuir los recursos que tiene entre todos los niños del país. En tercer término, señor Presidente, hay algo que rompe los ojos: todos los planes más importantes que llevaron adelante las Administraciones del primer Gobierno de Tabaré Vázquez, de Mujica y la actual de Tabaré Vázquez empezaron por el interior, entre ellos, el de la ceibalita. ¡Fue el primer país del mundo en hacerlo! Quiere decir que hay un Gobierno atento a dar educación al conjunto de la gente del interior. Veamos las razones por las cuales hay escuelas que se cierran. Pero si el señor Senador Amorín nos convence, seguimos su camino y este impuesto no sale, ¿las realidades no serán iguales a las que plantea el señor Senador Botana? El impuesto podrá ser más justo o menos justo, pero hay gente que hoy no lo paga y gente que sí.
Se habla de que el impuesto es ciego. Sí, es cierto; si a un productor le va mal, igual tiene que pagarlo. Ahora bien, si a un obrero, que paga el impuesto porque es propietario, lo echan, ¿no tiene que pagar igual? También el impuesto es ciego en ese caso. O sea que el impuesto no está viendo cómo va el desarrollo de esa familia, de ese sector productivo o de ese hacendado. Por tanto, la discusión es sobre si lo pagan todos, la mayoría o la mayor cantidad posible. Luego, en algún momento tendremos que discutir si este impuesto es lo más justo o si habría que sacarlo para todos.
La discusión sobre el tema educativo no pasa hoy por acá. Tanto es así, que nadie reclamó que la señora Ministra de Educación y Cultura viniera a Comisión. Creo que no son esos los argumentos, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo; no se trata de si tal Senador o Senadora lo vota o no, sino que hay que centrar la discusión. Nosotros creemos que, en estas circunstancias, sacar el Impuesto de Enseñanza Primaria no es la mejor solución; entonces, tratemos de que lo pague la mayor cantidad de gente posible, dentro de las restricciones que puedan tener la Constitución y la ley, ya que hay inmuebles que están exonerados, por las razones que sean.
Por tanto, creo que esta no es una discusión sobre la educación, sino sobre el impuesto mismo. Después vendrá la discusión sobre la educación y ahí cada uno tendrá su opinión. No se trata de que seamos insensibles, que el tema educativo nos sea ajeno o que no nos preocupe que se prepare a la gente rural, aquella que sale con lluvia y a caballo para llegar a tomar el colectivo correspondiente para llegar a la propia escuela. Como decía el señor Senador Agazzi, hemos hecho un esfuerzo para llevar la electricidad a esa zona por la propia ceibalita. Esa discusión la tendremos más adelante, pero no es la discusión de hoy.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Botana.
SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: ¡si alguien puede creer que la discusión central es sobre un dólar y medio por hectárea, no sé en qué estamos! La discusión central –y para ello no necesitamos de la presencia en la Comisión de los representantes del Ministerio de Educación y Cultura para asesorarnos sobre el tema– debe ser sobre una realidad que todos conocemos. Todos sabemos cuál es la situación de la escuela rural en este país y también qué sucede cuando el niño no tiene acceso a la electricidad para enchufar la ceibalita.
Insisto: el centro de la discusión es la escuela rural y el gasto público dirigido a hacer futuro, de tal forma que deje de ser un reproductor de desigualdades sociales. Ese es el centro de la discusión. En el Senado de la República no se puede discutir sobre un dólar o un dólar y medio por hectárea. Discúlpeseme, señor Presidente, pero no creo que sea esta la discusión sustantiva, sino los niños de nuestra escuela rural y el futuro del país.
SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: quiero ser muy franco. A lo largo de estos días tuve oportunidad de leer versiones taquigráficas y varios proyectos de ley sobre el tema y debo decir que me generaron muchas dudas.
Como bien señaló el miembro informante, el Gobierno, en todo su derecho, presentó una propuesta preelectoral –con la que uno podía o no coincidir– que contó con la aprobación de la mayoría de la población. Ahora bien, es verdad también que las circunstancias van cambiando; incluso, la expectativa que tenía el propio Gobierno sobre la situación económica era diferente y después no se dio.
Debemos enmarcar este impuesto en función de la oportunidad y la conveniencia, teniendo en cuenta un concepto –manejado aquí– vinculado a la uniformidad del pago de todos los actores y sectores. Creemos que la discusión debería pasar por si vale la pena tener un impuesto fijo de estas características o si se tendría que ir a otro tipo de tributación, obviamente, más genérica. Actualmente, se está reinstaurando un impuesto que se generó en el primer Gobierno del doctor Sanguinetti y se derogó en 1996, que establecía que se transfería al Consejo de Educación Primaria, de lo recaudado por Imeba e IRA –en ese momento, impuesto a la renta agropecuaria–, igual importe a valores constantes al recaudado en 1994 por los inmuebles rurales. 1994 fue el último año en que se cobró integralmente; en 1995 se cobró la mitad y en 1996 se votó un proyecto de ley que refería a una recaudación que se transfería equivalente a la de 1994, en valores constantes. Hoy, el monto transferido por el sector agropecuario, por los que tributan Imeba e IRAE, al Consejo de Educación Primaria se ubica en el entorno de los US$ 7:300.000. A través de este proyecto de ley se restablece el impuesto con una estructura tributaria muy similar al de la contribución inmobiliaria, a la que tenía originalmente.
Decía que tenía dudas porque la discusión no está en el fin, no está en la justicia, ni en los US$ 0,75 a US$ 1,42 por hectárea, que es el último valor de aportación o de imposición de la franja de los productores comprendidos. Creo que este tema debe ser analizado en el contexto que se da.
Obviamente que la propuesta del señor Senador Botana, en el sentido de dar un destino específico a lo que se recaude por este impuesto, estimado en US$ 17 millones, facilita a todos la decisión. Si no es en esta ocasión, daremos la discusión en las instancias que correspondan y seguiremos insistiendo con la propuesta realizada por el Partido Nacional.
De todas maneras, hoy tenemos que centrar el debate en la oportunidad y en la conveniencia. ¿Por qué digo esto? A modo de reflexión general –¡esto corre para todos!–, quiero decir que el propio Gobierno imaginó encontrar un país diferente e, incluso, una situación económica que pudiera ir por otros carriles. Sin embargo, producto de múltiples causas –que no hacen al tema de hoy–, este sería el sexto mes consecutivo en que se registrará una baja de las exportaciones que, según las estimaciones, se ubicará en casi un 23 %. Estamos hablando de que hay un 8 % menos de exportaciones respecto al cuatrimestre del año anterior. ¿Saben los señores Senadores dónde se da esta situación, fundamentalmente? Respecto a mayo de 2014 se está registrando un 40 % menos en las exportaciones de soja y un 20,5 % en las de carne bovina. Como bien se mencionó, esto se da en un contexto de sequía, de baja de precios de los productos comercializables del agro, en momentos en que se están renegociando los contratos como consecuencia de que las cosas valen menos, y en un contexto de costos complicados. Es por todo ello que, sin duda alguna, debemos analizar la oportunidad y la conveniencia de la iniciativa.
En realidad, este proyecto de ley es el último de una serie de tres iniciativas que se presentaron. La primera, que llegó el 16 de marzo, tenía dos artículos vinculados a la reimplantación del Impuesto de Enseñanza Primaria y otros dos relacionados con el no cómputo de IRPF al acumulado del aguinaldo y salario vacacional que fueron tratados hace pocos días.
Recordamos que en ese momento fuimos citados por el señor Presidente de la República para informarnos que remitiría al Poder Legislativo once proyectos de ley. Reitero lo dicho en oportunidad de tratar los artículos vinculados al aguinaldo y al salario vacacional: fue un gesto que valoramos. El señor Presidente dijo –en línea con la propuesta preelectoral– que se quería gravar a aquellos productores de más de 300 hectáreas índice Coneat 100. Sin embargo, cuando vimos el proyecto de ley, advertimos que allí se establecía algo muy diferente y que se empezaría a gravar a productores que tuvieran 50 o 55 hectáreas –dependiendo del valor que se tomara–, por encima de $ 650.775. Obviamente que esto no coincidía con lo que se nos había dicho.
Días después se presentó otro proyecto de ley aclarando que, en realidad, se quería gravar a los productores de más de 300 hectáreas índice Coneat 100 y se establecía un régimen de exoneraciones que utilizaba la arquitectura tributaria de la contribución inmobiliaria. Esto era puesto como un adicional a la Contribución Inmobiliaria Rural, gravando padrones y no actividad. A propósito de ello, se hace referencia al artículo 448 de la Ley n.º 17296, cuyo segundo inciso establece: «Los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan las 200 hectáreas índice Coneat 100 estarán exonerados, en su caso, del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural por hasta las primeras 50 (cincuenta) hectáreas equivalentes a índice Coneat 100». Pese a ello, se tuvo que elaborar una ley interpretativa para que la Dirección General Impositiva pudiera cobrarla. Me estoy refiriendo a la Ley n.º 17508 que establece que, para tener derecho al beneficio previsto en el artículo 448 de la Ley n.º 17296, de 21 de febrero de 2001, los productores agropecuarios deberán presentar en la Intendencia respectiva, dentro de los ciento veinte días del ejercicio que se desee exonerar, una serie de requisitos que allí se detallan. Quiere decir que reiteramos una situación que tuvo que ser aclarada por una ley interpretativa. Digo esto, a efectos de dar una discusión también sobre el tema de la técnica legislativa que, quizá, en este caso, no fue la mejor.
Finalmente, se presentó una tercera versión del proyecto, un borrador de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, producto del cual la Comisión elevó un proyecto sustitutivo, que es el que está en consideración en el día de hoy.
A mi juicio, este proyecto tiene algunos problemas de interpretación –seguramente en el debate se dé cuenta de esta situación–, y quizás no es prolijo legislativamente ni es claro tributariamente. Además, creemos que en este momento tiene algunas inconsistencias que es bueno señalar, porque se trata de replicar el modelo que se dio hasta 1996 con el Impuesto de Enseñanza Primaria, pero desde ese entonces cambió la situación. Entre otras cosas, cambió el régimen tributario, porque en el medio hubo una reforma tributaria. Recuerdo al señor Ministro Astori tratando de estimular, por las vías correspondientes, que todas las actividades económicas tributaran por la renta, y que no hubiera afectación, en este caso, de inmuebles. Muchas veces tuvimos discusiones con el señor Ministro Astori y fuimos coincidentes en la necesidad de buscar estímulos –y creo que se quedaron cortos– para que los productores agropecuarios que tributaban Imeba pasaran a tributar IRAE, que, a todas luces, parece ser algo más sano.
Por tanto, no puedo decir que simplemente se trata de restablecer una situación anterior, porque en el medio cambió la estructura tributaria del Uruguay. Entonces, lo que en un momento podía ser bueno y eficiente, quizás no lo es ahora. Y creo que no es eficiente en la recaudación ni en el objetivo. Es loable el objetivo final de los fondos, pero tampoco creo que sea positivo establecer nuevamente un impuesto ciego o un impuesto fijo.
De aprobarse el presente proyecto de ley, este será el cuarto impuesto a la tierra que deban pagar los productores agropecuarios que no están exonerados. Actualmente, los productores pagan la contribución inmobiliaria rural, los aportes patronales al Banco de Previsión Social –lo hacen en función de la cantidad de hectáreas–, el impuesto al patrimonio –que vino a sustituir el ICIR y que establecía un gradiente que terminó primero en caminería rural y luego en Rentas Generales– y, por último, este Impuesto de Enseñanza Primaria, que va a gravar padrones y no actividad.
Tal vez uno podría preguntarse, más allá de que sea justo que todos lo paguen, qué sería lo mejor; quizás, en una perspectiva diferente, lo mejor sería asociarlo, acoplarlo al impuesto a la renta. Me parece que eso sería lo mejor.
Además, este impuesto no es progresional, o sea que el que tiene 320 hectáreas índice Coneat 100, paga por todas ellas y no por las 20 que superan lo que vendría a ser el umbral de exoneración, para no llamarlo monto imponible. Paga por todas, y no por las que están por encima.
Allí se da otra discusión, que tiene que ver con el tema de las exoneraciones. En este aspecto se dan situaciones quizás muy injustas, ya que no está toda la casuística prevista. En la reunión de bancada hablamos de algunas situaciones particulares que no quedan incluidas en las exoneraciones, que no son claras. Por ejemplo, hablamos de productores que tal vez tengan pocas hectáreas en propiedad y arrienden el resto, que por el concepto de «exploten a cualquier título» pueden terminar pagando por todas. Además, hay productores que tienen sus activos fijos saneados y hay otros que están endeudados para poder comprarlos. Obviamente, se plantean situaciones diferentes, pero el impuesto afecta de forma igual a situaciones distintas.
El señor Senador Amorín se refería al tema forestal. Si vamos a hablar de justicia tributaria, quizás valga la pena discutir el tema de la aportación del Impuesto de Enseñanza Primaria de los inmuebles forestales. En la Comisión, el señor Senador Bordaberry planteó una pregunta al señor Director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas sobre una empresa en particular, que creo que hoy es la mayor propietaria de tierras del Uruguay. Y la respuesta fue que en el Impuesto de Enseñanza Primaria aplicable a ese sector no lo iba a pagar Montes del Plata –obviamente, no estamos haciendo referencia a esta empresa en particular, sino que aplica a todas– «porque están exonerados por la Ley Forestal, así como tampoco lo van a pagar el resto de los forestales. Este impuesto no grava a las extensiones forestales». La pregunta es por qué. En definitiva, estamos diciendo que se trata de un impuesto que no representa tanto dinero, y que es para un fin loable. Son entre US$ 0,75 y US$ 1,42 por hectárea, según la escala que le corresponda. Entonces, ¿por qué no? En estos casos, las empresas podrían pagarlo. Además, quizá sean los montos de recaudación más fácil del impuesto. Anteriormente, cuando se cobraba el Impuesto de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales existía una gran morosidad, y hoy, en los inmuebles urbanos y suburbanos la morosidad es de cerca del 60 %. Quizás en esos sectores sea más fácil de recaudar. Pero, además, seguramente sería a los que menos les afectaría, pues tienen cuentas corporativas multinacionales; en la cuenta global seguramente les afecte muy poco pagar US$ 250.000, US$ 300.000 o US$ 400.000, según lo que les corresponda.
Por otro lado, señor Presidente, hay un tema que tiene que ver con la carga tributaria global. Uno puede decir que es justo que paguen aquellos que tienen más de 350 hectáreas, que no es tanto dinero, que es un impuesto ciego; yo creo que no es la mejor forma de cobrarlo, pero el fin es loable. Ahora bien, anteriormente decíamos que el agro paga US$ 7:300.000 por concepto de transferencias de una parte del Imeba al Impuesto de Enseñanza Primaria, a valores de 1994. Y este impuesto, tal como está redactado el proyecto de ley, según las estimaciones, va a recaudar unos US$ 17 millones , con lo cual lo que se transfiere al Impuesto de Enseñanza Primaria de lo que se deroga del Imeba es «además de», y no «en vez de». Esto aumenta la carga tributaria del agro a US$ 17 millones. No se trata de que se vaya a buscar un mecanismo para bajar las alícuotas del Imeba para algunos sectores. No es así; el Imeba no se toca. Acá se suma; se agrega un impuesto a los padrones, vinculado a la superficie y no a la actividad.
Y allí está bueno dar la otra discusión, que es la relativa al Imeba. Actualmente la tributación vinculada con la actividad agropecuaria se realiza fundamentalmente de dos formas: a través del Imeba para aquellos productores que facturan menos de una cifra que hoy está en algo más de US$ 200.000 o que tienen menos de 1250 hectáreas índice Coneat 100, y del IRAE para los restantes. Obviamente, cuando hablamos del IRAE estamos hablando de un impuesto a la renta. También hay una franja que tiene la opción de tributar por un IRAE ficto y no real. Pero lo importante es que el impuesto a la renta permite vincular la tributación con la actividad. Cuando tenemos más margen, tributamos más, y cuando tenemos menos, tributamos menos; pero además en un concepto mucho más global y más claro tributariamente, que permite tener deducciones en algunas inversiones productivas, en algunas implantaciones de pasturas, en algunas mejoras y también algunas vinculadas al IVA, como, por ejemplo, el correspondiente al gasoil. ¡Y vaya si es importante este tema! ¿Por qué? Porque deberíamos decir: «En la actualidad, con esta coyuntura –por todo lo que dije al principio– quizás no sea el momento de aumentar la carga tributaria del sector agropecuario; tal vez no sea esta la mejor vía». Tratemos de manejar los equilibrios diciendo, por ejemplo, que el impuesto que se está implantando tiene algunas dificultades, por lo que debemos buscar algunos mecanismos para compensarlo.
Estuvimos hablando con varios actores sobre la posibilidad de tener una consideración hacia los productores familiares –categoría que ya está estipulada– con respecto a las tasas del Imeba. Me refiero, fundamentalmente, a los productores que pagan más por Imeba, que son los que tienen menos margen, es decir, los que producen carne y lana. Estos productores tienen el Imeba más alto, ya que pagan el 2,5 %. Quizás sea bueno que, simultáneamente con la aplicación de este nuevo gravamen a la tierra, que es fijo y ciego, se beneficie a los productores familiares, la primera escala, con una rebaja en la tasa del Imeba. Esto se vincularía directamente con la venta de carne, de lana y de granos, que es por lo que se paga el Imeba. ¿Saben los aquí presentes cuánto se recauda hoy por Imeba, sin contar los adicionales de Mevir y del SIRA? Se recaudan US$ 55 millones. Cuando nos referimos a los US$ 7:300.000, que es lo que se transfiere del Imeba al Impuesto de Enseñanza Primaria, estamos hablando de un 13 % de lo que recauda el Imeba. ¡Vaya si será, quizás, el momento de dar un debate acerca de la posibilidad de las compensaciones, en lugar de aumentar la carga global tributaria sobre el sector agropecuario!
Creo que parte de lo que hemos mencionado hace que aumenten las dudas sobre la eficiencia –no sobre el fin, obviamente–, la conveniencia o la oportunidad de esta iniciativa, a lo que hay que agregar el tema de su redacción, que presenta algunas inconsistencias jurídicas y tributarias. Reitero lo que dije al principio: no estamos hablando de mucha plata. Quizás darle un destino específico a esa plata permitirá paliar de alguna manera el aumento tributario que se intenta aplicar al sector agropecuario.
En esta discusión se ha dicho que dar un destino específico al Impuesto de Enseñanza Primaria, concretamente para la educación rural, viola la autonomía de la educación. No creo que eso sea cierto; nos hemos estado asesorando al respecto y vimos que hay varias leyes que establecieron un destino específico en la educación. Voy a mencionar una sola de las que he encontrado; me refiero a la Ley n.º 16524, que es la de creación del Fondo de Solidaridad, por el que se otorgan becas que se destinan a la ANEP y a la Universidad de la República. Por lo tanto, creo que con voluntad política el destino se lo podemos dar, y eso es lo que queremos discutir.
Y pensamos que es preciso buscar, repito, una compensación para los productores familiares en la tasa del Imeba, que les permita estar en igualdad de condiciones con respecto a quienes tributan IRAE, que pueden deducir determinados tributos e inversiones.
Esta es la propuesta que hacemos, con respeto, siendo muy francos en las dudas que nos genera este proyecto de ley. Pensamos que la universalización del Impuesto de Enseñanza Primaria, destinado a la educación y a la alimentación, es algo positivo, pero tenemos dudas sobre si este mecanismo es eficaz y, sobre todo, el más justo.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: en primer lugar, entendemos que el agro debe contribuir con las cargas públicas y, en especial, hacer su aporte a la educación. Esto lo expresamos en la campaña electoral pasada, del mismo modo en que lo hizo el candidato que resultó triunfador. La discusión no es si este impuesto se debe aplicar, sino a quién se debe aplicar y en qué medida. Debemos preguntarnos si ese es el instrumento adecuado para lograr el fin buscado. Reitero que el sector agropecuario debe contribuir con estas cargas estatales.
Queremos señalar algo que creíamos que se había terminado y, lamentablemente, vemos que continúa existiendo y se profundiza. En el período pasado se habló mucho –incluso por parte del oficialismo– de la desprolijidad con que actuaba el Poder Ejecutivo. Creo que este proyecto de ley es el más desprolijo de los que me ha tocado analizar en estos cinco años que he integrado el Senado. Resulta difícil encontrar un proyecto de ley que tenga tantas idas y vueltas y tantas desprolijidades. En primer lugar, el Poder Ejecutivo envió un proyecto que contenía otras normas y que estaba totalmente equivocado, ya que establecía la exoneración del pago del impuesto a quienes tenían padrones de un valor de US$ 25.000, es decir casi nada, ya que comprende predios de 10 hectáreas en Canelones y de alrededor de 70 u 80 hectáreas en Cerro Largo. Ante las observaciones que se le hicieron, envió un proyecto complementario, que no eliminaba esa norma desprolija, sino que la dejaba y agregaba otra todavía más desprolija. Cuando señalamos ese segundo error, reiteraron el segundo proyecto; y hoy nos encontramos con este, que es el tercer proyecto de ley sobre el mismo tema, que es totalmente distinto de los dos primeros, y al que además, ahora, le hacen llegar una modificación, que incluye algunas de las propuestas que hicimos en la Comisión. De todos modos, aclaro desde ya que también contiene errores e inconstitucionalidades evidentes, por lo que me parece lógico que la iniciativa vuelva a la Comisión para que se estudie y modifique debidamente.
Antes de señalar esos errores, queremos destacar algo positivo en esta materia, para que no se diga que solamente criticamos. Concretamente, el Poder Ejecutivo aceptó la sugerencia que hicimos en la Comisión en cuanto a terminar con esa doble existencia de organismos recaudadores que hemos tenido con este impuesto a lo largo de los años. Parece ilógico que si tenemos a la Dirección General Impositiva y al Banco de Previsión Social, que son organismos especializados en la recaudación de tributos, a la vez se adjudique a la ANEP la obligación de recaudar impuestos. Señalamos eso en la Comisión y en el tercer proyecto se recoge, en los artículos 6.º y 7.º, que la Dirección General Impositiva será la que a partir del año 2018 recaude este impuesto. Esto es un avance, una mejora, y es bueno señalarlo.
Pero uno de los errores más grandes de este proyecto es el que está contenido en el artículo 2.º. Pido que se observe la redacción enviada originalmente, en la que se confunden conceptos básicos del derecho tributario, como por ejemplo quién es el sujeto pasivo y cuál es el elemento temporal y espacial del hecho generador que hace que nazca el impuesto. Con Dino Jarach, siguiendo las enseñanzas de Fonrouge y del propio Valdés Costa, podemos decir que el hecho generador tributario es aquella hipótesis legal descrita en la norma, cuyo acaecimiento en el campo de los hechos hace que surja la obligación tributaria, y que la norma tiene que contener tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, que va a cobrar el impuesto, y el sujeto pasivo es quien va a estar obligado. En el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo el sujeto pasivo era el elemento temporal y espacial, es decir, el padrón. Si alguien hace esto en un examen de derecho financiero en la Facultad de Derecho, lo pierde en el momento, porque es confundir el sujeto pasivo con el hecho generador, que en el mundo real es el que hace que nazca la obligación. Entonces, decir que el padrón es el que va a pagar el impuesto, o que el padrón es el que va a estar exonerado, y no el sujeto pasivo, el contribuyente, es un error conceptual gravísimo. Reitero: en la Facultad de Derecho se pierde el examen; esta es una pregunta típica por la cual se pierde el examen. Bueno: los que redactaron este texto perderían el examen.
Pero ese error, que por suerte están corrigiendo a última hora, con la redacción que envían ahora, nos lleva a una cantidad de otros errores que no se solucionan. Por eso deberíamos enviar nuevamente a Comisión este proyecto de ley para redactarlo bien, por lo menos, y evitar que el día de mañana los contadores y los abogados ganen mucho dinero pleiteando ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que terminan pagando el fisco o los propios contribuyentes al final del día.
El artículo original, el 637 de la Ley n.º 15809, establece quiénes son los contribuyentes de este impuesto: los propietarios de los inmuebles. En la norma que se elevó –que ahora se modifica– se dice que son los padrones. Una cosa rara es que, si bien se dice que quien paga el impuesto es el padrón, después de eso, en los incisos segundo y tercero se indica que es el propietario el que tiene que presentar la declaración jurada, etcétera. Lógicamente, un padrón, un inmueble, no solamente no puede pagar un impuesto, sino que ni siquiera puede presentar una declaración jurada. Son cosas básicas que debiéramos saber.
Esto nos lleva a algunos problemas que no han sido previstos en la ley y debieran haberlo sido, como por ejemplo la situación de los condóminos. Esto es muy común y se da especialmente entre pequeños productores. Por ejemplo, cuando los hermanos heredan un pequeño predio y tienen que dividírselo, uno se queda con 200 hectáreas, otro con 300, otro con 250, y a veces, con menos; en ocasiones, como el inmueble no da para que lo exploten todos –aunque tenga más de 300 hectáreas– algunos trabajan en otra cosa, hacen una changa o se van para el pueblo, pero siguen siendo copropietarios. Cuando son copropietarios cuatro o cinco y se explota un padrón que tiene 400 hectáreas –de las que en realidad le toca 70 u 80 a cada uno–, de acuerdo con esta norma está gravado. No está prevista la situación del condómino. Creo que debería estarlo, por lo que este proyecto de ley debería volver a la Comisión. Este tema ya lo discutimos cuando se quiso poner el ICIR, oportunidad en la que también hicimos referencia a la situación de los cooperativistas.
Ocurre a veces que un productor con menos de 300 hectáreas comienza a explotar con otros un campo de recría, por ejemplo para lechería, que es tan necesario –se da mucho en la zona de San José, en Colonia y, también, en Florida, aunque tal vez menos–; como juntos explotan un predio mayor de 300 hectáreas, a pesar de que él tenga menos, lo estamos gravando. Reitero: pese a que él tiene menos de 300 hectáreas, por esa otra explotación se lo va a estar gravando. Esto no está previsto.
Entonces, ¿no deberíamos prever la situación de las cooperativas, de los condóminos, de los copropietarios, en lugar de aprobar esta iniciativa así, al barrer y a último momento? Creo que sí. Además, no creo que la intención del Poder Ejecutivo, del Gobierno, sea gravar a esos pequeños productores. No; todo lo contrario. Estoy convencido –porque así se dijo en la Comisión– de que ellos quieren que queden afuera, pero están quedando adentro.
Como dije antes, el error se corrige en parte; salvan un examen a último momento con la nueva redacción que nos acaban de entregar, pero igual pierden el examen de derecho tributario. Cuando leí el tercer proyecto que nos enviaron, dije: «¡Pa!, corrigieron un problema que es claro y evidente, que es la inconstitucionalidad de esta norma». Al igual que el miembro informante –yo coincidí con él–, dije: «¡Qué bueno!».
De acuerdo con el artículo 297 de la Constitución: «Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo –está bien, porque estamos fijando un impuesto sobre la propiedad inmueble rural–, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos departamentales respectivos». Quien renueva su condición de Intendente de Cerro Largo está planteando un artículo para que las Intendencias tengan injerencia sobre esto, cuando en realidad la Constitución se la da, salvo que la ley diga que es un adicional. Eso, que se había corregido en el tercer proyecto de ley, se quita en este. Y si lo estamos estableciendo, no un adicional –como lo establece el artículo 297 de la Constitución–, sino sin eso, el impuesto es inconstitucional. Se me podrá decir que esta norma viene del artículo inicial que se aprobó hace 15 o 20 años, por el que se estableció este impuesto. Sí, es cierto; pero es inconstitucional.
En un principio lo habían corregido, pero veo que ahora lo quitan, y creo que no deberían hacerlo, porque si no el Intendente de Cerro Largo y todos los Intendentes van a poder presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, y directamente declarar inconstitucional el impuesto, para luego fijar cada Gobierno municipal un impuesto de este tipo, recaudarlo y administrarlo con destino a las escuelas rurales, lo cual sería hasta más sencillo para no tener que incluir los artículos 7.º y 8.º.
Este proyecto de ley tiene, además, un fin recaudatorio. Obviamente, toda ley que establece impuestos tiene un fin recaudatorio, pero esta tiene como finalidad aumentar los ingresos del Gobierno central. Por un lado, se restablece el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, pero por otro, el artículo 4.º dice que «quedará sin efecto la transferencia dispuesta por el artículo 636 de la Ley n.º 15809». Si bien se dijo públicamente –lo repitieron en la Comisión–: «No, no; esto no va a generar aumento de los ingresos del Estado, de Rentas Generales», no es cierto, porque al poner este impuesto que se planea que recaudará US$ 7 millones u US$ 8 millones y quitar la transferencia que Rentas Generales hacía a la ANEP, en realidad deja sin efecto la transferencia y la ANEP recibe US$ 8 millones. Quiere decir que el Gobierno central, preocupado por la educación, se está beneficiando en US$ 8 millones.
¿Y qué era esta transferencia? Aquí se ha dicho, como un eslogan de campaña: «¡El agro tiene que pagar Primaria!». ¡Sí, claro que tiene que pagar! Ya lo pagaba como producto de una transferencia de impuestos que se aplicaba al agro a través del IRA y del Imeba. Quiere decir que la afirmación de que el agro no pagaba el Impuesto de Enseñanza Primaria no es correcta. Además, ahora se deja sin efecto la transferencia. ¿Por qué era así? ¿Por qué no pagaba como los inmuebles urbanos y sí se pagaba a través del IRA y del Imeba? Por dos motivos. El primero de ellos era por las dificultades que iba a tener la ANEP para el cobro a los productores rurales en todo el país. Imaginen los señores Senadores lo que significaba para la ANEP, sin experiencia, tener que ir a cobrar a una cantidad de padrones. Es más, la ANEP demoró mucho en llegar en la zona urbana; creo que aún quedan algunos inmuebles urbanos que no pagan. Eso se soluciona con el artículo que se ha presentado, que otorga dicha recaudación a la DGI; en realidad, ya lo tenía en su materia porque recaudaba a través del IRA y del Imeba y lo transfería.
El segundo motivo era la particularidad del sector agropecuario; el señor Senador Agazzi hizo referencia aquí a la situación de sequía que se vive hoy. Cuando el propio representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca concurrió a la Comisión y el señor Senador Amorín le preguntó si le parecía bien que hubiera impuestos ciegos, contestó –un poco a regañadientes– que no. El discurso del propio Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ha sido ese: «Bueno, es un impuesto que propone el Poder Ejecutivo que yo integro, pero los impuestos ciegos no son convenientes». ¡Ojo! Es claro que el sector agropecuario tiene que contribuir. El tema es cómo lo hace y quién del sector agropecuario contribuye. ¿Quién paga los US$ 7:500.000? ¿Los que tienen menos de 300 hectáreas? No. ¿Los paga el señor argentino que arrienda el campo y planta soja? Este es otro error.
El proyecto de ley dice que los productores que exploten a cualquier título padrones rurales que en su conjunto no excedan de 300 hectáreas índice Coneat 100 estarán exonerados del pago del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria. ¿Arrendar es explotar? No. ¿Arrendar es explotar a cualquier título? Entonces, un propietario que arrienda 3000 o 4000 hectáreas, ¿las está explotando? No, las está arrendando. Esa es otra de las lagunas de esta ley.
Además, ¿paga lo mismo por hectárea el que obtiene rendimientos y ganancias enormes porque tiene el capital para invertir que el que tiene 400 hectáreas en Cerro Largo, en Treinta y Tres o en Rivera y se dedica a la ganadería? ¡No debería hacerlo! Paga lo mismo el señor Grobocopatel por las hectáreas que tiene, que un paisano de Isla Patrulla. ¿Eso es justo? Creo que no. ¿Es justo que quien tiene deudas pague lo mismo que quien no las tiene? ¿Es justo que quienes han sido más afectados por la seca paguen lo mismo que quienes no lo han sido? Me dirán: «Ah no, pero no podemos ir a la casuística». ¡Claro que se puede! Es tan sencillo como que si se grava a través del IRA o del Imeba, en realidad se tienen en cuenta los ingresos. Si un año hay muchos ingresos, se paga más y si en otro año hay menos ingresos, se paga menos. Y si en una zona del país hay más ingresos, se paga más y si en otra zona del país hay menos ingresos, se paga menos. Es así. El clima y los mercados influyen más que en cualquier otra actividad.
En definitiva, ¿qué hay que hacer cuando se fija un impuesto? El doctor Valdés Costa –inolvidable profesor de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho– enseñaba que cuando se pone un impuesto hay que atender a la capacidad contributiva de aquel que va a pagarlo. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es la capacidad que tiene cada ciudadano de aportar a las cargas, que es mayor y diferente. No es lo mismo quien posee 10.000 hectáreas que quien posee 200.
Hace algunas semanas, cuando discutíamos los cambios en el IRPF señalamos un hecho que se había dado por primera vez en el país: que las rentas derivadas del trabajo –el IRPF y el IASS– habían superado en recaudación a las rentas derivadas de las empresas. En Uruguay hoy se recauda más por los impuestos al trabajo que por los impuestos a la renta de las empresas. ¿Qué es eso? Es una señal de que quien ejerce el derecho de poner los impuestos entiende que la capacidad contributiva se muestra a partir de quien trabaja y no a partir de quien posee ingresos. Este proyecto de ley es una prueba más.
Por lo anteriormente expresado, el tema –más allá del 1,5 o del 0,7– es más conceptual y de fondo, es más de mensaje. ¿Es a través de impuestos ciegos o a través de impuestos a la renta? ¿Quién debe pagarlos? ¿Quién tiene más capacidad? ¿Montes del Plata es el que tiene más capacidad o es un productor de la vuelta de la Cuchilla del Perdido con 350 hectáreas? Montes del Plata no va a pagar el impuesto, no por lo que dijo el contador Serra en la Comisión –a lo que hacía referencia el señor Senador Delgado–, sino porque firmó un contrato con el Gobierno anterior que contiene una cantidad de prerrogativas, entre otras, que si en el Parlamento le ponemos un impuesto, el Gobierno central tiene que compensarlo.
El concepto de capacidad contributiva nos lleva a otro principio básico del derecho tributario y del derecho constitucional: el principio de igualdad. Una vez que se manifiesta que alguien tiene capacidad contributiva –acá se nos ha dicho que la capacidad contributiva la tiene el sector agropecuario en su conjunto, aquellos con más de 300 hectáreas–, tratamos a todos por igual. A todos los que están en la misma situación les aplicamos el mismo impuesto. Pero no, no les aplicamos el mismo impuesto a todos aquellos que están en la misma situación. De los US$ 7 millones y algo que se van a recaudar con el impuesto, hay que sacarles US$ 250.000 porque Montes del Plata no va a pagarlos por el contrato que tiene acá. ¡Así que hay que bajar esos números que se hacen desde ya!
Repasemos, por un minuto, el contrato firmado por Montes del Plata para que quede bien fundada la razón por la cual no va a pagar. En la página 5 del contrato se reconoce que Montes del Plata es titular de 253.000 hectáreas, de las cuales la mayor parte está dedicada a la forestación y el resto tiene otros destinos, como pastoreo y demás. Aclaro que soy hincha de que se instalen Montes del Plata, UPM y otras empresas más, pero no soy hincha de esas diferencias.
En la página 6 se dice que el Gobierno se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para que el área que hoy tiene en explotación Montes del Plata, más allá de 200 kilómetros de su planta en Conchillas, se traslade a la cercanía de 200 kilómetros de la planta. O sea que el Gobierno del Uruguay dice a Montes del Plata: «Usted tiene algunas plantaciones que están más allá de los 200 kilómetros de la planta, así que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que en lugar de tenerlas fuera de los 200 kilómetros, las tenga dentro de esa distancia»; obviamente, para ahorrarse el flete. El productor cuya plantación está dentro de las 200 hectáreas va a pagar este impuesto y la empresa Montes del Plata no. O sea que lo que estamos haciendo hoy en el Senado de la República –sepámoslo– es cumpliendo con la obligación que firmó el Gobierno de hacer sus mejores esfuerzos para que las plantaciones estén dentro de los 200 kilómetros –porque estamos aplicando el impuesto a las que están dentro de los 200 kilómetros y dejando fuera a quien quiere trasladarlo–, generando una ventaja competitiva para Montes del Plata.
Lo más importante del contrato está en las páginas 13 y 14, en las que se exonera del impuesto al patrimonio a Montes del Plata pero, además, se conviene que en caso de haber cambios tributarios que la afecten –este es un cambio tributario que la afecta en US$ 253.000 o US$ 300.000– se la compensará con beneficios tributarios. Es decir que –hablando en términos criollos– hoy fijamos un impuesto que el Gobierno pactó que a Montes del Plata no se le cobre, o se la va a compensar.
El señor Senador Delgado hizo referencia a un error que cometió el contador Fernando Serra, y me voy a adelantar a mencionarlo para que no se repita por parte de algún Senador del oficialismo. Cuando el contador Serra concurrió a la Comisión junto con el señor Ministro interino de Economía y Finanzas, se mostró muy molesto cuando se le preguntó si Montes del Plata iba a pagar. Respondió: «No, Montes del Plata no va pagar, pero no por el contrato que firmamos que dice todo eso, sino por la exoneración que tiene el sector forestal a partir de la aprobación de la ley original forestal». Nos mintió, le mintió al Parlamento y al Senado de la República, porque el sector forestal va a pagar. Lo que dice la ley es que se exonera de todo tributo futuro a las plantaciones por el año en que se plantan y doce años más, es decir que a partir del año número trece se paga, lo cual es lógico porque la exoneración forestal se dio para fomentar esta actividad, se dio un subsidio. Todos sabemos que las plantaciones se cortan a los 8, 9, 10 u 11 años y después rebrotan. Por lo tanto, la exoneración era para la primera plantación ya que después no hay que hacer inversión porque rebrota el monte. Entonces, si ya transcurrieron doce años desde que se plantó, hay que cobrar el impuesto y no hay exoneración, a diferencia de lo que señaló el contador Serra.
Veamos qué dice el contrato de Montes del Plata al respecto. En la página 13 la empresa declara que tiene la mayoría de sus plantaciones con diecinueve años de antigüedad. Todos sabemos cómo fue la operación de Montes del Plata, sabemos que es el sucesor de Eufores S. A., que compró El Chaparral y varias empresas más, por ende, el contador Serra, que es Director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, faltó a la verdad cuando afirmó algo que no era cierto, y de nuevo está exonerando del impuesto a la empresa Montes del Plata.
Obviamente, en su origen este contrato –y no nos cansamos de decirlo– era secreto y confidencial. Como sucede con tantos contratos que andan por ahí, como el de Aratirí y varios más, tenemos que hacer pininos para enterarnos de su contenido.
Para terminar, el agro debe aportar a la educación y a las cargas públicas, debe hacerlo con base en la capacidad contributiva, pero no mediante impuestos ciegos sino, sobre todo, a través del IRA y del Imeba. Y queremos que quede claro que estamos dispuestos a votar un aumento del IRA y del Imeba equivalente a este monto para que haga un aporte mayor.
Además, que este proyecto de ley debería volver a estudio de la Comisión porque adolece de errores que deben corregirse, como el que se señaló en la redacción del artículo 2.º, donde se confunde al contribuyente con el hecho generador tributario, al sujeto pasivo con el inmueble. Por otra parte, tiene lagunas no previstas, como la situación de los arrendatarios, los copropietarios, los condóminos y los cooperativistas, pero sobre todo porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva y especialmente porque deja fuera del alcance de este impuesto al mayor propietario de tierras y productos del país.
SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: los señores Senadores Delgado y Bordaberry han estudiado el proyecto de ley y en sus intervenciones han tratado –en algunos aspectos con pasión– de aportar sus puntos de vista, que –en mi opinión– adolecen de una visión más general. En algunos casos se enamoran de sus propias palabras respecto a cosas que son simples, de sentido común, y obviamente este Parlamento nunca podría legislar si tomáramos en cuenta esos argumentos. Por ejemplo, uno de ellos expresó que no era el momento de poner impuestos. ¿Alguien me puede decir cuándo es el momento de poner impuestos? Quiero saberlo; sería bueno que estuviera establecido en la Constitución de la República. Que yo sepa, cuando el país crece, hay gente que dice: «No toques nada, dejá que todo siga así», y cuando el país decrece: «No le vas a poner más carga tributaria». Seguramente, muchos habrán dicho que la subida de impuestos que blancos y colorados hicieron en el año 2002 no fue oportuna, y otros que sí lo fue. En ese momento el país no estaba creciendo, estábamos en la peor de las crisis y, a pesar de todo, con convicción, con una figura como la del ex-Ministro de Economía y Finanzas, Alejando Atchugarry, se establecieron cargas impositivas.
(Ocupa la presidencia la señora Daniela Payssé).
–Entonces, frente al argumento de que el agro está atravesando ciertas complicaciones o que el cultivo de soja tiene dificultades, hay que asumir una actitud relativa y no tomarlo desde la dimensión de que con esto el agro se hunde.
¡No hay un momento para fijar impuestos, señora Presidenta! No lo hay, estará en el acierto político, en la conveniencia, si lo hemos hecho bien o mal.
Otra de las frases que se mencionaron fue: «principio de igualdad», que encierra un concepto pesado, sólido. Un trabajador que paga el Impuesto de Enseñanza Primaria, que debe pagar por cada metro cuadrado lo que acá se está planteando pagar por hectárea, podría decir: «Señores legisladores, teniendo en cuenta el principio de igualdad, quiero pagar un dólar y pico por hectárea». Ahora bien, ¿no hay ninguna voz que se levante por los trabajadores, que diga que el principio de igualdad es un dólar y pico por hectárea? Salvo alguna circunstancia –que puede haberla–, en muy pocos casos alguien puede tener un padrón urbano de una hectárea como vivienda. Entonces ¿dónde está el principio de igualdad? ¡Ah, las cosas son más complejas! Por supuesto que los futuros Intendentes tienen toda la potestad, si creen que les afecta, de reclamar ante el Poder Judicial. También la tienen aquellos a quienes les estamos poniendo impuestos; muchos de ellos –muy poderosos– seguramente recurrirán a los mejores abogados para tratar de que el impuesto no les afecte. ¿Eso está mal? ¿Está mal que una persona tenga la libertad de decir: «Mire, creo que no me corresponde y voy a usar mis recursos para tratar de evitar que eso ocurra?». ¡Estamos en un país republicano, existe separación de poderes!
SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede interrumpir el señor Senador.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: cuando nosotros hablamos del principio de igualdad, nos estamos refiriendo, sin duda, a tratar de la misma forma a quienes se encuentran en una misma situación. Obviamente, si decimos que el trabajador paga por su inmueble, ¿por qué no va a pagar el productor agropecuario? Dijimos, incluso, que tiene que pagar más para cumplir con el IRA y el Imeba, y lo reiteremos. Pero quizás no somos del todo justos, porque hay que atender la especial situación que el factor tierra tiene en el sector agropecuario y no en otras actividades. Todos sabemos que en esta actividad el factor tierra es el más importante y también se requieren pequeñas instalaciones e inversión en maquinaria. En cambio, si analizamos lo que sucede en la zona urbana, el factor tierra tiene una incidencia mucho menor que lo que está encima de ella. Por poner un ejemplo, lo que sucede en la industria es claro; una industria no tiene 300, 400 o 500 hectáreas, sino que posee un padrón. Para ilustrarlo más claramente, podría tratarse de una empresa de servicios médicos que atiende las necesidades del propio Estado y de las mutualistas, como determinados servicios oncológicos que recaudan centenas de miles de dólares. Esa empresa tendría un inmueble que no vale mucho, pero dentro de él hay máquinas que cuestan millones de dólares. No paga el Impuesto de Enseñanza Primaria por esas máquinas, sino por el inmueble. Entonces, para poder aplicar el principio de igualdad hay que tener en cuenta todo: la tierra y lo que está encima de ella. En el caso del campo, el valor de la tierra incide un 70 %, 80 % o 90 % y la inversión un 10 %, y en el de las empresas oncológicas que brindan servicios médicos al Estado y que lucran con mucho dinero, la incidencia del valor tierra es de un 10 %, 15 % o 20 % y el de la maquinaria un 80 %, pero pagan por el valor del inmueble.
En definitiva, para poder aplicar el principio de igualdad, tenemos que ver toda la película, tenemos que mirar todo el bosque, no solo una parte. Eso es lo que tenemos que hacer; no quedarnos en el eslogan, sino mirar realmente el valor de todo lo que se tiene. Recién en esa situación podríamos hablar del principio de igualdad.
Gracias, señor Senador, por concederme la interrupción.
SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Puede continuar el señor Senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Por ahí iba, señora Presidenta.
Cuando comencé mi intervención dije que tanto el señor Senador Bordaberry como el señor Senador Delgado habían realizado exposiciones fundadas, sólidas, pensadas, ponderadas, pero parciales, que no percibían la totalidad. Ahora el señor Senador dice que hay que ver todo el bosque; ¡por supuesto que hay que ver todo el bosque! Cuando a una persona que es trabajadora y propietaria, la despiden, ¿el impuesto no es ciego? Es ciego, porque el Estado se lo va a cobrar igual.
Cuando en el Senado de la República se habla del principio de igualdad y desde la oposición, que es contraria a este impuesto –más allá de lo que se termine votando–, nadie dice: «Miren que también es ciego para los trabajadores», a mí me preocupa, porque se está viendo solo lo que sucede en el campo y no se percibe la globalidad. Habría preferido que se sacara el Impuesto de Enseñanza Primaria, pero es difícil porque está muy arraigado en la sociedad uruguaya, que quiere que se invierta cada vez más en educación. Tengamos en cuenta que lo que legislamos se integra con lo que dice la letra del proyecto pero, también, con la simbología de hacia dónde se va. Tratándose de un impuesto cuya recaudación se vuelca a Enseñanza Primaria, es complejo decirle a la sociedad que ahora lo estamos sacando. En ese caso se podrá plantear: «Pero, señor Senador Michelini, ¿no queríamos que hubiera más recursos para la educación?». A lo que contestaría: «Sí, pero ahora se los vamos a dar a…», lo que admite la siguiente reflexión: «Ah, se los darán o no». Esto tiene una simbología, como también la tiene el hecho de que lo paguen todos. ¿Hay gente que no lo paga, por las restricciones que sean? Sí, puede ocurrir. Pero se dan determinadas verdades tan rotundas, tan rotundas son esas verdades que hay que tener cuidado. Se dice que Montes del Plata no lo va a pagar. Se podrá estar o no de acuerdo con lo pactado con esta empresa para que esa inversión se instalara, pero no se trata de decir: «Quiero inversiones» y no hacer nada o cruzarse de brazos. No somos el centro del mundo; es más, los mercados a los que queremos proveer están lejos y hay un costo de flete.
Por lo tanto, no se puede pretender que porque Montes del Plata no paga –si es que no lo hace– no pague nadie del agro. ¡Sin embargo, cuando gravamos a los trabajadores no hay una voz que se levante por ellos! ¡¿Ese es el principio de igualdad?!
Creo que ciertas afirmaciones hay que relativizarlas, y es justamente lo que trato de hacer con mi intervención. Tanto al señor Senador Bordaberry como al señor Senador Delgado quiero decirles que debemos relativizar algunos asuntos.
SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señor Senador.
Cuando hablamos de que el destino sea la escuela rural, quiero subrayar que los que asisten a ella, en general, son los hijos de los trabajadores rurales, no los hijos de los grandes terratenientes. Creo que no es correcto establecer la distinción entre el trabajador urbano y el rural. En todo caso, la media de ingresos de los trabajadores rurales es bastante más baja que la de los urbanos, así como también son mucho menores las oportunidades en el medio en que viven. En el Uruguay los bolsones de necesidades básicas insatisfechas están mucho más radicados en las zonas rurales, donde están afincadas las escuelas rurales, que en el medio urbano. De ahí surge la idea del destino.
Además, quería decirle claramente al señor Senador Michelini que no comparto –y el Partido blanco tampoco– su idea de eliminar el impuesto de Primaria.
SEÑOR MICHELINI.- ¡Vaya sorpresa, señora Presidenta! Pensaba que no me iba a sorprender, pero ¡vaya sorpresa! Ahora no quieren eliminar el Impuesto de Enseñanza Primaria –eso habría que estudiarlo en profundidad– pero, eso sí: a los ricos no se lo ponemos, que lo sigan pagando los trabajadores, y si se lo ponemos, que vaya para el campo. Por supuesto que estaría destinado a los trabajadores, nadie dice que no lo sean, pero si vemos al país en forma parcial, mañana el departamento de Maldonado podría decir: «Lo recaudado en la Semana de Turismo me lo quedo yo»; y lo generado por la represa de Salto Grande que vaya para los salteños o, en todo caso, para el litoral, y quienes pagan el impuesto a la renta –parte de ese dinero se destina para la ceibalita– también podrían proponer que ese dinero les fuera destinado a ellos. Como el señor Senador Botana tiene formación, sabe que algo de razón tengo; no siempre la tengo, pero a veces sí.
Sugeriría que relativizáramos algunas cosas que se dicen con firmeza. Nosotros decimos que estamos apoyando el impuesto y se nos plantea que tiene visos de inconstitucionalidad. Bueno, estamos analizando el texto que en su momento se aprobó y que pacíficamente se aceptó. Bueno, señora Presidenta, ¿y entonces? Aquello votado por blancos y colorados era inconstitucional y se aceptó pacíficamente, ¿y esto no se vota? Yo creo que hay que relativizar las cosas y mirarlas desde una perspectiva más amplia. Si a nosotros nos desafían y nos dicen –como lo hizo el señor Senador Bordaberry–: «Miren que hay gente con pocas hectáreas que gana mucho más» –sin ir al caso de laboratorio–, estamos dispuestos a estudiar, durante este año y el próximo, mecanismos más justos –hay una iniciativa del señor Senador Berterreche al respecto– a fin de que, si hay predios pequeños que no pueden pagar, no lo paguen, de igual forma que predios un poco más grandes, pero si hay predios chicos que sí lo pueden pagar, que lo paguen. Él vinculaba más este asunto al tema de la familia rural; de cualquier forma, propongo estudiarlo. ¿Por qué no? Este año y el que viene podemos hacer un análisis.
En su campaña electoral, el Presidente de la República habló de un compromiso con quienes tienen menos de trescientas hectáreas; dentro de un año y medio el Senado puede ir con algo muy estudiado y decir que tiene una propuesta más justa. ¡Avancemos ahora! Creemos que esto es más justo y que hay que ir por ese camino.
Cuando el señor Senador Berterreche lo planteó me pareció muy bueno. Capaz que podemos incluir algunas exoneraciones en el Impuesto de Enseñanza Primaria en áreas urbanas, para gente que también esté en situación comprometida. Me parece que eso también podría ser una muy buena cosa.
Aunque estamos en un país republicano, no creo que sea bueno este anuncio del pleito que podrían hacer los futuros o los actuales Intendentes. No me parece que esté bien que entre los Intendentes y el Gobierno nacional haya una suerte de guerra o que alguien los empiece a exhortar para generar una situación de pleito institucional –para no usar palabras más graves–, que no conduciría a nada.
¿Alguien cree que con este impuesto de Primaria atendemos la totalidad del presupuesto educativo? Se trata de más de US$ 1.500 millones. ¿Cuánto se puede recaudar por esto? Por supuesto que no la totalidad; ni siquiera el 10 %; quizás el 1 %. ¿De eso estamos hablando? Se dice que el agro ya lo paga de otra manera, ¿y el resto de los trabajadores no lo paga con impuestos que representan más de US$ 1.500 millones? Decir que unos lo pagan y otros no, no es un argumento válido; todos estamos pagando el presupuesto para la educación. Si además hay algunos que pagan un adicional como el Impuesto de Enseñanza Primaria, ¿por qué la gente del campo no lo tiene que pagar? No parece lógico.
SEÑOR HEBER.- El señor Senador Michelini insiste en argumentar que acá habría quienes están a favor de que los productores paguen el Impuesto de Enseñanza Primaria y quienes están en contra. Ya se discutió, y en su momento el señor Senador Bordaberry explicó qué Impuesto de Enseñanza Primaria estamos estableciendo y de qué forma.
Nos gustaría tener una respuesta del Gobierno sobre algo que nosotros hemos planteado como elemento central de la discusión, que refiere al destino que se le va a dar. Nosotros no estamos cuestionando algo que a nuestro juicio es prácticamente histórico y hasta tradicional del sistema tributario, como es el famoso Impuesto de Enseñanza Primaria. Hasta el señor Senador Michelini hizo consideraciones acerca de que es una tradición y un emblema con el que hemos convivido durante generaciones. Acá no se trata de decir que unos tienen que pagar y otros no. ¡No! Lo que nos preguntamos es si el impuesto de Primaria vuelve a Primaria. No estamos diciendo que en el caso de predios del sector turístico el impuesto vuelva al departamento donde se generó; lo que queremos decir es que no confiamos en que este impuesto –recaude poco o mucho– vuelva y atienda las escuelas donde concurren los hijos de los trabajadores rurales que están en malas condiciones. Concretamente, estamos diciendo que queremos tener la garantía de que lo que se recaude con este impuesto, más allá de la cifra –sabemos que son US$ 17 millones –, vaya a la escuela rural. Es importante que los propietarios de esos predios, que son los que pagan, vean que el impuesto vuelve a poner en condiciones la escuela de la zona. Eso cambiaría todas las consideraciones. Por encima de la norma tributaria, más allá de si está bien hecha o bien implementada, el concepto de fondo que como partido estamos planteando en el artículo presentado por el señor Senador Botana es que queremos que esa plata vaya a la gente más pobre del Uruguay. ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo? Si se está de acuerdo, ¡votémoslo! ¡Queremos que la escuela rural de contexto crítico –donde muchas veces ni siquiera hay condiciones edilicias adecuadas– mejore! No creemos que la ANEP esté atendiendo esas escuelas; hasta ahora no lo ha hecho. De alguna manera ha sido una práctica común que el productor rural ayude a la escuela de la zona. Todos sabemos el trámite engorroso y burocrático que significa ir a las Regionales del país, para que estas hagan llegar el reclamo al Codicén, y este mande a un arquitecto para poder arreglar un techo en una escuela perdida del interior profundo. Eso nunca llega y los chicos se mueren de frío y se mojan porque la escuela rural no se arregla.
Por lo tanto, reitero: queremos que esta plata vaya directamente a la escuela rural que la está precisando. Esa es la discusión que queremos dar. Esto es lo que nosotros estamos planteando como partido. No creemos en la distribución que la ANEP está haciendo ahora, que tarde, mal y nunca llega. No dudamos de que el sector agropecuario contribuya, pero estamos buscando que este impuesto que sale del sector agropecuario vaya a las escuelas de contexto rural crítico que están abandonadas. Esa es la respuesta que le pedimos al Gobierno y como esto no tiene nada que ver con temas jurídicos sino políticos, es que insistimos en que se vote este artículo aditivo.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: estamos a menos de un minuto de que termine la sesión, por lo que concedería la interrupción que ha solicitado el señor Senador Otheguy y propondría que, una vez culminada su intervención, se pase la consideración de este tema para mañana. Esperemos que el señor Senador Heber esté presente porque le voy a contestar al principio de la sesión.
En definitiva, propongo que la sesión continúe hasta que termine de hablar el señor Senador Otheguy, a quien le voy a conceder una interrupción, y levantemos la sesión dejando para mañana el mismo Orden del Día.
SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Se va votar la moción formulada.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora Presidenta: me he anotado para hablar porque en un momento la discusión se fue confundiendo, entre la pertinencia de un impuesto y su destino. Ahora se insiste nuevamente sobre el destino del impuesto y me parece que es conveniente hacer algunas precisiones.
No nos parece que sea conducente el planteo que se realiza con respecto al destino del impuesto y eso es, fundamentalmente, por dos motivos: primero, porque no puede haber desconfianza con respecto a cómo ha mirado el Gobierno nacional, en estos últimos diez años, el interior del país y cómo la sociedad ha hecho un esfuerzo importante para destinarle recursos relevantes para su desarrollo. Desde el año 2004 al 2014 las transferencias del Gobierno central a los Gobiernos departamentales crecieron un 137 % y, en el mismo período, el producto bruto interno creció un 64 %. Por lo tanto, hubo una decisión política del Gobierno nacional de destinar una cantidad relevante de recursos al interior del país.
Segundo, señora Presidenta, no estamos de acuerdo con discriminar niños. Todos los niños del país son relevantes y deberían ser una prioridad nacional, vivan en el interior rural, en Casavalle o en la Cachimba del Piojo. Todos los niños de este país deberían ser el centro de la preocupación a la hora de priorizar en materia de políticas públicas y ese debate lo vamos a dar cuando discutamos el Presupuesto nacional. Sin duda que vamos a dar ese debate y en esa oportunidad estaremos buscando las respuestas que, sin duda, necesitan todos los niños del Uruguay, pero también es cierto que –como nunca– el Estado ha puesto el foco en las escuelas públicas a través de dos proyectos. Uno de ellos es la conexión a la red de agua potable a través de la OSE. Nunca se avanzó tanto en la escuela rural en materia de conexión a la red de agua potable, como en estos últimos cinco años. El segundo tiene que ver con la electrificación rural; prácticamente la totalidad de las escuelas del país están electrificadas y las que no lo están, lo estarán en el correr de este año, lo que demuestra a las claras cómo el Gobierno nacional y el Estado han puesto el foco en las escuelas rurales y en el interior del país.
Por eso no nos parece pertinente dar esta discusión sobre el destino del impuesto hoy, sino debatir realmente el tema de la escuela pública, de los niños del Uruguay y de la prioridad que deben ser para el Estado cuando consideremos el Presupuesto nacional.
Gracias, señora Presidenta y gracias, señor Senador.
SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Informamos al Cuerpo que al señor Senador Michelini le quedan, para el día de mañana, tres minutos para culminar su exposición.
(Así se hace, a las 13:33, presidiendo la señora Daniela Payssé y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bordaberry, Botana, Carámbula, De León, Delgado, Enciso, Ferreira, García, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Martínez, Michelini, Mieres, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Otheguy, Saravia y Xavier).

References: artículo 187
 artículo 187
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 221
 artículo 3
 artículo 118
 artículo 118
 resolución 
 artículo 118
 Resolución 
 artículo 118
 resolución 
 artículo 118
 resolución 
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 118
 artículo 214
 artículo 298
 artículo 760
 artículo 640
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 187
 artículo 28
 artículo 187
 artículo 28
 artículo 187
 artículo 21
 artículo 297
 artículo 687
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 448
 artículo 448
 artículo 2
 artículo 297
 artículo 297
 artículo 4
 artículo 636
 artículo 2