Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/10/31/no-se-acredito-la-coaccion-alegada-por-delitos-de-lesa-humanidad-considerando-el-tiempo-transcurrido-desde-los-hechos-hasta-el-debate/
Timestamp: 2020-02-22 10:27:50+00:00

Document:
No se acreditó la coacción alegada por delitos de lesa humanidad considerando el tiempo transcurrido desde los hechos hasta el debate – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: M. N. R. s/ recurso de casación
Cita: MJ-JU-M-113159-AR | MJJ113159 | MJJ113159
La coacción alegada por la imputada por delitos calificados como crímenes contra la humanidad no puede tenerse por acreditada considerando el tiempo transcurrido desde los hechos hasta el debate.
1.-Corresponde confirmar la condena impuesta a quien siendo médica de una policía provincial, suscribió la documentación relativa a la constatación de nacimiento de una persona pese a no haber presenciado el parto de su madre biológica, cuya desaparición forzada fue constatada, lo cual derivó en la falsedad de los datos de los progenitores al labrar la inscripción de nacimiento pues la coacción alegada no fue acreditada en tanto el relato de un temor paralizante mantenido durante cuarenta años es irreconciliable con la imposibilidad de conseguir un solo indicio fáctico que respalde su versión de los hechos, máxime cuando el tiempo transcurrido abarcó el retorno de la democracia, el juicio a la cúpula militar y el proceso de juzgamiento de sus subalternos.
2.-Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la resolución que codenó a la imputada a catorce años de prisión por los delitos de retención y ocultamiento de un niño menor de diez años que había sido sustraído del poder de sus padres, en concurso ideal con supresión de identidad de un menor de diez años, que concurre idealmente con falsedad ideológica de instrumento público -certificado de parto y partida de nacimiento- y de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -D.N.I.-, pues es producto de la unificación de otra condena que aquirió firmeza y el a quo correctamente ponderó que se trató de crímenes contra la humanidad, la multiplicidad de víctimas, la magnitud del daño causado y su actitud posterior al hecho consistente en no contribuir efectivamente a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas (voto del Dr. Hornos).
En la ciudad de Buenos Aires, a los tres 3 días del mes de julio del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara doctora Jésica Y. Sircovich, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 2/5 vta. en la presente causa FLP 14000026/2006/TO1/CFC6 del registro de esta Sala, caratulada “M., N. R. s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que con fecha del 25 de octubre de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal no 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, en lo relevante condenó a N. R. M. a la pena única de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar “. coautora del delito de retención y ocultamiento de un niño menor de diez años que había sido sustraído del poder de sus padres, en concurso ideal con el delito de supresión de identidad de un menor de diez años, que también concurre idealmente con los delitos de falsedad ideológica de instrumento público -certificado de parto y partida de nacimiento- y falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -D.N.I.-, calificados como delitos contra el derecho de gentes y, en particular, como delitos de lesa humanidad, cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí (el hecho de la presente causa y el de la causa N° 3329/11 del registro del [mismo] Tribunal) (artículo 118 de la Constitución Nacional; artículos 12 [.], 45, 54, 55, 58, 146, 139, inciso 2° -en estos últimos dos casos según versión de la ley 24.410-, y 292 y 293, último párrafo -textos según leyes 20.642 y 21.766- del Código Penal.)” (cf. copias de fs. 6/70 vta.).
II.Que contra esa resolución a fs. 2/5 vta. interpuso recurso de casación Alejandro Marcelo Clavel, defensor de confianza de N. R. M. El recurso fue concedido por el a quo a fs. 71/72 y mantenido ante esta instancia por el doctor Clavel a fs. 90.
III. Que el recurrente enumeró los siguientes motivos de agravio que le habría causado la sentencia definitiva sometida a revisión por ante esta Cámara de Casación. En primer lugar, postuló que M. firmó en una misma oportunidad tanto el certificado que consignó falsamente el nacimiento de quien fuera identificada como Silvia Alejandra Cugura Casado, como el de quien fuera identificado como Sebastián Casado Tasca -vinculado con el hecho que constituyó el objeto procesal de la causa no 3329/11 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata no 1, cuya sentencia de condena fue confirmada por la Sala III de este Tribunal en la causa “M., N. R. y otra s/ recurso de casación”, reg. no 770.3/14, del 16/5/2014.
De esa manera, se agravió por considerar que la pena única impuesta en esta oportunidad no reflejó esa circunstancia, sino una no probada a la luz de la regla del art. 3 del C.P.P.N. como lo habría sido -a su criterio- la pluralidad de hechos similares -i.e., suscripción de certificados apócrifos- que habría perpetrado M. en diferentes oportunidades.
En segundo lugar, se dolió de que la sentencia atribuyera mendacidad al relato de su asistida en lo que respecta a la coacción sufrida a manos de agentes de la dictadura. En este sentido, se excusó de presentar testigos de las amenazas en razón de que habría resultado materialmente imposible conseguirlos, por razones ajenas a la voluntad de M.
Indicó también que la sentencia consignó erróneamente que el jefe de la policía de Buenos Aires al momento de los hechos era Ramón Camps, cuando entre febrero y marzo de 1978 ese cargo estaba en manos de Ovidio Pablo Ricchieri.En este sentido, adujo que esa confusión la perjudicó en la medida en que la inconsistencia pudo haber coadyuvado a la falsedad que el a quo le atribuyó al relato de M.
Seguidamente, el recurrente consideró que la decisión impugnada le causó agravio al otorgar nulo o escaso valor a la coacción bajo la cual M. dijo haber actuado, y a la imposibilidad que tenía de conocer el destino del certificado que confeccionó. En particular, precisó que fueron esas dos circunstancias las que la inhibieron de denunciar los hechos por sí misma a lo largo de los años, y que fueron incluso reforzadas porque ángel Capitolino se presentó ante ella incluso luego de concluido el período dictatorial y la amenazó si llegaba a delatarlo.
Por último, se agravió en la consideración de que se valoró incorrectamente la trayectoria de M. en la Policía de la Provincia de Buenos Aires como evidencia de su conocimiento, y aun consustanciación con los crímenes cometidos por agentes de esa fuerza de seguridad. En el mismo orden de ideas, consideró que la conducta de su asistida fue evaluada con excesivo rigor en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P., y que no se tuvo en cuenta que nunca tuvo antecedentes penales, que no participó de ningún grupo de tareas ni obtuvo beneficio alguno por los hechos en los que intervino, ni que su actuación se habría limitado a la suscripción de los dos certificados conocidos.
Finalizó su presentación efectuando reserva del caso federal.
IV. Que durante el término de oficina previsto en los arts. 465, primer párrafo, y 466 del C.P.P.N. las partes no hicieron presentaciones (cf. fs. 94).
V. Que en la oportunidad prevista por los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular de N. R. M. presentaron las breves notas que lucen a fs. 96/100 y 101/102 vta., respectivamente.
VI. Que, en función de los arts.469 y 396 del C.P.P.N., el Tribunal pasó a deliberar y quedó en condiciones de dictar sentencia, resultando por sorteo el siguiente orden de votación de los señores jueces: Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
I. Llegan las presentes actuaciones a estudio de esta Cámara Federal de Casación Penal en virtud del recurso interpuesto por el defensor de confianza de N. R. M. contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata no 1 que, en lo relevante, la condenó a la pena única de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por considerarla coautora del delito de retención y ocultamiento de un niño menor de diez años que había sido sustraído del poder de sus padres, en concurso ideal con el delito de supresión de identidad de un menor de diez años, que también concurre idealmente con los delitos de falsedad ideológica de instrumento público -certificado de parto y partida de nacimiento- y falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -D.N.I.-, calificados como delitos contra el derecho de gentes y, en particular, como delitos de lesa humanidad, cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí (esto es: el hecho de la presente causa y el de la causa N° 3329/11 del registro del mismo tribunal oral; cf. artículo 118 de la Constitución Nacional; artículos 12, 45, 54, 55, 58, 146, 139, inciso 2° -en estos últimos dos casos según versión de la ley 24.410-, y 292 y 293, último párrafo -textos según leyes 20.642 y 21.766-, del Código Penal, y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación; cf. sentencia cuyas copias lucen a fs. 6/70 vta. del presente legajo, y en original a fs. 1441/1505 vta.de los autos principales, que tengo a la vista al momento de emitir el presente voto).
Así las cosas, toda vez que el recurso se dirige contra una sentencia condenatoria emanada por un tribunal oral, la decisión es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la defensa se encuentra habilitada para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.) y se han cumplido los requisitos de tempestividad y fundamentación exigidos por el artículo 463 del citado Código Procesal, corresponde sin más declararlo formalmente admisible e ingresar en el análisis de cuanto fuera materia de agravio.
II. La sentencia que viene a estudio de este Tribunal de Casación consideró probado que N. R. M., en su condición de médica con especialidad obstétrica que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que al momento del hecho revistaba como Oficial Inspector de la Agrupación “Servicio Profesional”, desempeñándose en la Dirección de Sanidad de aquella fuerza de seguridad local, suscribió la documentación relativa a la constatación de nacimiento de quien finalmente sería Silvia Alejandra Cugura Casado, falseando al hacerlo tal circunstancia porque no había presenciado el parto de su madre biológica, Olga Noemí Casado.
Ello derivó en la falsedad de los datos de sus progenitores al momento de labrar la “Inscripción de Nacimiento” pues se indicó que el nombre y apellido del padre fuera Esteban Santillán y el nombre y apellido de la madre, Celia Beatriz Ger -ambos fallecidos-, cuando en verdad en ese documento debían figurar como padres Juan Oscar Cugura y Olga Noemí Casado.
A su vez, el a quo tuvo por cierto que el accionar desplegado por M.”determinó que la verdadera identidad de la niña sustraída quede retenida y oculta durante treinta largos años, alterando así su estado civil al sustituir el que verdaderamente posee por otro distinto, a tal punto que Silvia Alejandra creció permaneciendo en dicha situación en la que sus apropiadores fingieron hasta donde pudieron ser sus padres biológicos”.
En definitiva, el tribunal concluyó que la “. alteración del estado civil de la niña sustraída se perpetró cuando se sustituyó su estado de hija que le correspondía por haber nacido del vientre de Olga Noemí Casado, por un emplazamiento ilegítimo en el estado de hija de quien estaba también imputada en autos, Celia Beatriz Ger, que falleció el día 9 de abril del corriente año, no pudiendo ser enjuiciada.”.
Así, “el matrimonio en cuestión anotó a la niña como hija biológica aportando a los organismos oficiales correspondientes los datos falsos para que se instrumentara la documentación necesaria a efectos de lograr aquel ilegítimo emplazamiento; extremo para el cual el aporte de M. resultó capital” (id.).
En efecto, fue el peritaje llevado adelante por el Banco Nacional de Datos Genéticos -cuyas conclusiones lucen a fs. 133/145 de la causa principal- lo que despejó toda duda en relación con el origen de Silvia Alejandra, al determinar que de acuerdo a los datos obtenidos los Sres. Juan Oscar Cugura (padre alegado desaparecido) y Olga Noemí Casado (madre alegada desaparecida) tienen una Probabilidad de Parentalidad del 99,99999% con respecto al perfil genético obtenido de la muestra remitida (cf. fs. 57/58).
En lo que respecta al aspecto subjetivo de la conducta de M., el a quo consignó que ella “. sabía que su constatación del nacimiento de Silvia falseaba la realidad en la medida en que certificó que la niña nacía de una madre que jamás lo parió, en un domicilio inexistente.Va de suyo entonces que ella no igN.ba que la niña iría a un grupo familiar que no era el propio y que suscribía a tal fin un documento apócrifo a efectos de conferir apariencia de legalidad a un emplazamiento ciertamente ilegítimo. Sin dudas, ello incluye también su conocimiento acerca de la alteración del estado civil de la niña en tanto se lo registraría como hija biológica del matrimonio apropiador, cuando ese lazo correspondía a otro grupo familiar que, en el caso, era el constituido por la pareja Cugura-Casado”.
III. Durante el juicio, M. no negó ni cuestionó la materialidad del hecho que se le enrostra (cf. fs. 51/55.). El núcleo central de su defensa ha sido, en efecto, intentar persuadir al tribunal de juicio de que suscribió el certificado de nacimiento apócrifo sujeta a la coacción de agentes de la dictadura.
Así lo relató la acusada al prestar la declaración indagatoria durante la instrucción que luego fue incorporada por lectura al debate: “.un día me llamó el Doctor Cano a su despacho, que era mi jefe en ese momento, para que le firme ‘una papeleta’, [.]. Cuando le pregunté, ya en su despacho, de qué se trataba, [.] me contestó que había que firmar un certificado de nacimiento. Yo me negué, por supuesto, le dije que nunca iba a firmar algo irregular, que yo no hubiese constatado. él me dijo que a Ricchieri no se le podía negar nada, pero bueno, yo pensé en ese momento que lo había convencido, me negué, y creí que en ese momento estaba todo solucionado, pensé que yo había zafado en esa situación. No sé si fue al otro día o a los dos días, pero yo volvía del trabajo cerca del mediodía, y en la puerta de mi casa veo un operativo, veo un carro de asalto y un patrullero, había uniformados con armas largas.No puedo precisar la fecha de éste evento, pero tengo presente que era fin de mes, estaban apurados tal vez porque corría algún plazo. En la vereda había gente de civil. Como en el pasillo de al lado de casa había estudiantes, pensé que venían a buscar a alguno de ellos, pero cuando me acerqué, uno de ellos me dijo ‘Usted es la Doctora M.’, y ahí ya me di cuenta de que era para mí. Me dijeron que abra la puerta, y lo primero que pensé es que ahí estaban mis hijos chiquititos, rogaba que no salieran que no me llamaran, que no gritaran. Por suerte alcancé a hacer una seña a mi marido para que cerrara la puerta, entonces quedé yo sola con toda esta gente que se había metido dentro. El que me hablaba era uno de traje, los demás estaban vestidos muy así nomás, incluso para la época con el pelo largo, serían de un grupo de tareas. Entonces ahí directamente sacaron una planilla en blanco, dijeron que firmara, me dieron un papelito, una tirita finita que tenía los datos a completar en el certificado. Al principio me negué, pensé que podía de alguna manera zafar, pero me dijeron algo así como ‘le aseguro que va a firmar’”.
Y destacó: “[Y]o nunca estuve de acuerdo con la ideología militar, pero ahí no me quedó otra, o firmaba o firmaba, debía salvar mi vida, la de mis hijos, y así todo no tenía ninguna garantía de que nada iba a pasar. Yo quería que se fueran, que terminara, si los chicos me hubiesen llamado o gritado no sé qué es lo que hubiese pasado. Se fueron y creo que me dijeron algo así como ‘se salvó doctora, no la vamos a molestar más’. A partir de ahí, mi vida fue un calvario, no sabía que iba a pasar conmigo, con mi familia, no sabía quiénes eran estas personas que me hicieron firmar el certificado.Yo sabía que si era gente de Ricchieri debía ser alguien importante. En algún momento pensé en renunciar, pero creo que no iba a haber lugar en el mundo en el que no me encontraran, y era tan fácil hacer un operativo y desaparecer a una persona, en la ciudad de La Plata desaparecía tan fácil la gente, nadie preguntaba nada, no había ninguna garantía de poder averiguar. Por otra parte pensé que si me quedaba en Policía, iba a ser menos vulnerable que si pasaba a ser un civil.” (cf. fs. 51/52 vta.).
También su letrado defensor, al alegar durante el juicio, postuló que “M. confeccionó dos constataciones de nacimiento [.] por la situación de intimidación, de verdadero terror que sufrió al ser invadido su domicilio por un grupo de personas muchas de ellas armadas y uniformadas, estando su esposo y sus hijos de cortísima edad en una habitación contigua, y que aquellas personas pudieran dañar a ella o a su familia, no se trata del peligro efectivamente sufrido, no había forma de que pudiera discernir hasta qué punto estarían dispuestos a cumplir sus amenazas, cuando era público y notorio que en esa época cualquier persona se hallaba inerme ante cualquier procedimiento como el descripto” (fs. 80 vta.).
El planteo reseñado fue impetrado por la parte, y recibido por el tribunal a quo, como una hipótesis de estado de necesidad justificante del art. 34, inc. 3o del C.P., que excluye la antijuridicidad de un comportamiento cuando es realizado para evitar un mal mayor inminente al que el autor ha sido extraño. Es discutible que esa sea la caracterización correcta de la defensa esgrimida teniendo en cuenta, por un lado, la indeterminación del daño que M. temió sufrir sobre sí o sobre su núcleo familiar; y, por el otro, las gravísimas consecuencias ya claramente previsibles de adulterar un certificado de nacimiento.En este sentido no parece, en fin, que si las cosas hubieran sido como las relató M., la necesidad hubiera hecho de su conducta una acción justificada, lícita, porque el mal supuestamente evitado no es en absoluto evidentemente mayor al causado.
En realidad, las circunstancias que surgen del relato de M. acercan el argumento de su defensa, más bien, a una hipótesis de coacción -prevista en la última parte del inciso 2o del mismo artículo 34 del C.P.- y que, de acuerdo con la posición dominante, exculpa “al que obrare violentado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente”.
Al respecto enseña Soler: “Es indudable que en el caso de coacción no puede hablarse nunca con propiedad de la justificación objetiva del acto, el cual conserva, sin duda alguna, su valor antijurídico. [.] A diferencia del verdadero estado de necesidad, que para nosotros constituye una causa de justificación, y como tal tiene por efecto legitimar el hecho de modo que de él no derivan responsabilidades penales [.], el caso de coacción tiene por efecto dejar íntegra y subsistente la ilicitud del acto, objetivamente considerado, siendo manifiesto que el autor inmediato es impune [.] por una [razón] que dirime su culpabilidad, toda vez que la voluntad con que se determinó está viciada” (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires: TEA, 1956, T. I, p. 423) Ahora bien, más allá de la ubicación sistemática en la que corresponde colocar el argumento de la defensa, el principal déficit que sella la imposibilidad de admitirlo es que éste no constituye más que una reedición de aquél que fuera expuesto por la parte durante el juicio oral, que recibió respuesta jurisdiccional en la sentencia, y frente a cuyos fundamentos el recurrente no ha efectuado cuestionamiento alguno que autorice a apartarse de sus conclusiones.
En este sentido, la lectura de la sentencia recurrida revela que el a quo rechazó la tesis de la coacción postulada por la defensa de M.indicando que no había en la causa siquiera un mínimo indicio que permitiera acordarle verosimilitud a su relato; exigencia que, como correctamente indica el juez de la instancia anterior, no entraña una inversión de la carga probatoria sino apenas la necesidad elemental, en el marco de cualquier discusión racional sustanciada frente a un tercero imparcial -el juez-, de que las proposiciones fácticas sobre las que existe desacuerdo entre las partes se proyecten más allá de un plano puramente conjetural, hacia uno con relevancia comunicativa, para lo cual el apoyo en la razonabilidad resulta insoslayable.
La defensa de M., empero, se ha limitado a sostener el mismo relato en cada instancia de este proceso pero sin aportar en ningún caso elemento alguno que lo respalde: vecinos que hubieran presenciado un operativo en las puertas de su domicilio; familiares -incluyendo, pero sin limitación, a su ex pareja, de quien se encuentra separada de hecho, o sus hijos-; amigos o colegas de confianza a quienes les hubiera comunicado la ocurrencia de aquél, o alguna de las demás circunstancias que le generaron un temor paralizante con el que dijo convivir toda su vida, durante los casi 40 años entre que ocurrió el hecho y se realizó la audiencia de debate.
Este déficit de respaldo fáctico le fue señalado a la defensa no sólo en este proceso sino en las sucesivas instancias de aquél que se le siguió previamente por un hecho análogo en la causa no 3329/11 del registro del Tribunal Oral Federal de La Plata, cuya sentencia fue confirmada por la Sala III de esta Cámara Federal de Casación Penal (cf. causa no 366/368/370/2013, caratulada “M., N. R. y Molina, Silvia Beatriz s/recurso de casación”, reg.no 770.3/14, del 16/5/2 014) y pasó definitivamente en autoridad de cosa juzgada con el rechazo de la queja por recurso extraordinario federal denegado, decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1o de septiembre de 2015.
No obstante esa advertencia, la aquí recurrente se ha limitado a insistir en su planteo – como si de su sola repetición fuera esperable un resultado jurisdiccional diferente- y a intentar excusar cada una de las omisiones señaladas oportunamente: los vecinos que pudieron haber presenciado el operativo no pudieron ser habidos o, en su caso, se encontrarían fallecidos o demasiado atemorizados para brindar algún testimonio que respalde su discurso. Lo mismo sus familiares, ex colegas y allegados, cuyo testimonio por una u otra razón resultaría inhábil.
Todo ello redunda en que el relato de M. resulte en definitiva inverosímil cuando se lo somete a un mínimo examen, porque ciertamente su relato de un temor paralizante mantenido durante 40 años es francamente irreconciliable con la imposibilidad de conseguir un solo indicio fáctico que respalde su versión de los hechos; máxime cuando el tiempo que transcurrió desde el momento de los hechos hasta el debate abarcó no sólo el retorno de la democracia y el juicio a la cúpula militar, sino también el proceso de juzgamiento de sus subalternos, que lleva ya varios años y que se ha construido con el aporte de millares de testigos, incluyendo miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales que intervinieron en la represión, así como de profesionales que revistaban en ellas en calidades análogas a las de la aquí condenada.
En el mismo orden de ideas se advierte que M.afirmó conocer el trabajo de los organismos de derechos humanos, y particularmente de las Abuelas de Plaza de Mayo, que incansablemente han luchado por restituir la identidad y los lazos familiares de los centenares de niñas y niños apropiados durante la última dictadura, circunstancia que hace imposible creer en su relato -por contradictorio- en cuanto señala no haberse acercado a ellos en la creencia de que no tenía nada que aportar.
En ese contexto, la duda que pretende instalar la defensa de M. deviene irrazonable, inhábil para favorecerla en los términos del art. 3 del C.P.P.N., y por ello corresponde rechazar el motivo de agravio bajo estudio.
IV. Los restantes motivos de agravio articulados por la recurrente están enderezados a cuestionar la graduación de la pena única de 14 años de prisión dictada por el tribunal de juicio. En este orden de ideas, la defensa postuló que la sentencia trató a M. con excesivo rigor en los términos de los arts. 40 y 41, y que no tuvo en cuenta que ella nunca actuó de manera consustanciada con el aparato represivo; que no tuvo antecedentes penales y que no participó de ningún grupo de tareas ni obtuvo beneficio alguno por los hechos en los que intervino.
Ahora bien, tal y como consigna el a quo, la sentencia que viene a revisión entraña la unificación de la condena recaída en la presente causa con aquella -a la que ya se ha hecho referencia en este voto- que fue objeto de juicio en la causa no 3329/11 del registro del Tribunal Oral Federal de La Plata, y cuya sentencia fue confirmada por la Sala III de esta Cámara Federal de Casación Penal (cf. causa no 366/368/370/2013, caratulada “M., N. R. y Molina, Silvia Beatriz s/recurso de casación”, reg.no 770.3/14, del 16/5/2014), pasando en autoridad de cosa juzgada, según se indicó, con el rechazo de la queja por recurso extraordinario federal denegado.
Por tratarse de un supuesto de delitos juzgados en infracción a las reglas del concurso real, efectivamente procedía la unificación en los términos de la segunda parte del primer párrafo del art. 58 del C.P. En este sentido, el tribunal de juicio encontró que M. resultó coautora de los delitos de (i) retención y ocultamiento de un niño menor de diez años que había sido sustraído del poder de sus padres, (ii) supresión de identidad de un menor de diez años, (iii) falsedad ideológica de instrumento público -certificado de parto y partida de nacimiento- y (iv) falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -D.N.I.-, calificados como delitos contra el derecho de gentes y, en particular, como delitos de lesa humanidad, cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí (el hecho de la presente causa y el de la causa N° 3329/11 del registro del mismo tribunal oral; cf. arts. 118 de la Constitución Nacional; 45, 54, 55, 58, 146, 139, inciso 2° -en estos últimos dos casos, según versión de la ley 24.410-, y 292 y 293, último párrafo -textos según leyes 20.642 y 21.766-, del Código Penal.).
Se advierte entonces que, de acuerdo con las reglas de los arts. 54 y 55 del C.P., la escala penal resultante del concurso de delitos atribuidos a M. resulta ser de 5 a 30 de prisión.
A su turno, el a quo tomó como circunstancias agravantes:(i) el hecho de que el delito fuera caracterizado como un crimen contra la humanidad, lo que ciertamente no resulta una doble valoración prohibida en la medida en que el mayor disvalor que se verifica proviene de la constatación de que la conducta, en tanto parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, se torna especialmente grave por haber sido cometido al amparo de un aparato que le garantizó impunidad; (ii) la pluralidad de víctimas del delito, incluyendo no sólo los niños apropiados, sino también las víctimas secuestradas de quienes ellos fueron sustraídos y los parientes biológicos que los buscaron a lo largo de los años; (iii) la prolongación del daño causado, que se extendió durante más de 30 años; y (iv) la actitud posterior de M., que en ningún momento intentó contribuir efectivamente a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas por razones que -como ya se ha visto- resultan inatendibles.
Como circunstancia atenuante se tomó en cuenta la severa patología que padece N. M.
Ahora bien, las pautas de mensuración consignadas en la decisión que viene a estudio resultan debidamente fundamentadas en los términos de los arts. 123 y 404 del C.P.P.N., y se encuentran en línea con los que tuve oportunidad de analizar en los autos “Ricchiuti, Luis José y otra s/ recurso de casación” (Sala IV, causa no 13.968, reg. no 2562/12, rta.el 27/12/12). A su vez, ha de tenerse en cuenta que estos mismos lineamientos fueron los que utilizó el a quo para graduar la pena de 10 años originalmente impuesta en el hecho análogo al que fue objeto de juicio en este proceso, luego convalidados tanto por la Sala III de este Tribunal de Casación, como por la Corte Suprema mediante el rechazo de la queja interpuesta oportunamente.
Esa circunstancia despeja por sí misma cualquier posibilidad de duda acerca de la razonabilidad o el rigor de la pena única impuesta, que de ninguna manera se presenta como tal: en efecto, dentro de una escala penal que alcanza los 30 años de prisión, por hechos particularmente graves la respuesta punitiva se ha concentrado en un monto que no llega ni siquiera la mitad, merced de la limitación impuesta por la pretensión formulada las partes acusadoras.
En esa dirección, no puede atenuar la pena impuesta el hecho de que M. no haya integrado “fuerzas de tareas” -como pretende su defensa-, lo que equivaldría a recompensar el mero hecho de mantenerse – en esa medida- dentro de la ley. Por lo demás, tampoco advierto que la circunstancia de que M. careciera de antecedentes penales al momento de la comisión de los hechos, o el hecho que no hubiera obtenido un beneficio de ellos, pueda morigerar la determinación del monto punitivo efectuado habida cuenta -como se señaló- que las características de los delitos por los que fue condenada podrían incluso haber merecido un reproche mayor, que en definitiva resultó contenido en virtud de la observancia del principio acusatorio.
V. Por todo lo expuesto, teniendo presente la reserva del caso federal, en definitiva propongo al Acuerdo rechazar, sin costas, el recurso de casación interpuesto a fs. 2/5 por el doctor Marcelo Alejandro Clavel en ejercicio de la defensa técnica de N. R. M. (arts.530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
Que por compartir en lo sustancial las consideraciones efectuadas en el voto del distinguido colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, adhiero a la solución que propone.
En efecto, el agravio articulado por la defensa en su recurso de casación con relación al estado de necesidad justificante en el que se encontraba su asistida al momento de cometer el hecho por el que resultó condenada, fue una reedición de aquél que fuera introducido durante el debate y que recibió acabada respuesta por parte del juez sentenciante, sin que en esta oportunidad el impugnante haya introducido nuevos argumentos que permitan apartarse de la solución adoptada.
Así, más allá del encuadre jurídico que se otorgue a la causa de justificación ensayada por el recurrente, en la decisión criticada, el planteo fue rechazado, en lo sustancial, por no haber aportado la parte elemento probatorio alguno que haya otorgado una mínima apoyatura a la existencia del eximente alegado. Aunado a ello, el juez señaló además que “la prueba colectada desmiente claramente los extremos de la invocación, tornándose por ende absurdo su acogimiento favorable” (cfr. fs. 1499 vta.).
En definitiva, en la medida en que la defensa no logró justificar adecuadamente la falencia apuntada por el a quo ni aportó nuevos argumentos que permitan desvirtuar la decisión que cuestiona, corresponde rechazar el presente motivo de agravio.
Con relación a los cuestionamientos esgrimidos respecto del monto de la pena impuesta a N. R. M. -producto de la unificación de la condena dictada en la presente con la recaída en la causa nro. 3329/11 del Registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la que se le impuso una pena de 10 años de prisión y la que ya ha adquirido firmeza-, las críticas ensayadas por la parte se asientan en un análisis parcializado de las circunstancias relevantes del caso concreto tenidas en cuenta por el juez, sin que la defensa haya logrado demostrar que la pena de catorce (14) años de prisión impuesta a la nombrada resulte arbitraria o violatoria de garantías constitucionales.
En este sentido, el a quo ponderó como circunstancias agravantes que los delitos por los que N. R. M. resultó condenada fueron caracterizados como crímenes contra la humanidad, la multiplicidad de víctimas, la magnitud del daño causado y su actitud posterior al hecho consistente en no contribuir efectivamente a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas. Como pautas atenuantes, el juez valoró la severa patología que ésta padece.
De lo expuesto, se desprende que en modo alguno la sanción aplicada por el magistrado sentenciante importó un “excesivo rigor” como adujo el recurrente, máxime si se tiene en cuenta que la misma resulta comprensiva de la pena de diez (10) años de prisión impuesta mediante sentencia -firme- dictada en la causa nro. 3329/11 del Registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires impuesta, y que la escala penal de los delitos por los que resultó condenada en la presente va de cinco (5) a treinta (30) años de prisión.
Por ello y de conformidad con lo propiciado por el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Ricardo Gustavo Wechsler, en las breves notas obrantes a fs. 96/100, adhiero a la solución propuesta por el juez que inaugura el presente Acuerdo de rechazar el recurso de casación interpuesto por el defensor particular de N. R. M., sin costas en la instancia (arts.530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.
Llegado el momento de emitir mi opinión, comparto sustancialmente lo expuesto por el doctor Hornos en el voto que lidera el acuerdo -que lleva la adhesión del doctor Borinsky-, en cuanto desechó los agravios plasmados en el remedio casatorio interpuesto por la defensa de N. R. M.
Consecuentemente, habré de acompañar la solución propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. Alejandro Marcelo Clavel, defensor de N. R. M., sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 2/5 por el doctor Marcelo Alejandro Clavel, en ejercicio de la defensa técnica de N. R. M. Sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordada No 15/13, CSJN -Lex 100-). Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal no 1 de La Plata a fin de que notifique personalmente a N. R. M. de lo aquí resuelto, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
JUEZ CAMARA CASACION
JUAN CARLOS GEMIGNAN
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 artículo 118
 artículo 463
 artículo 34
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