Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920224.html
Timestamp: 2019-11-19 08:34:54+00:00

Document:
as201920224
Auto Supremo: 224/2019
Expediente: CB-49-18-A
Partes: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba c/ Juan Carlos Arévalo.
Proceso: Mejor derecho, reivindicación y otros. Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 340 a 351, interpuesto por Juan Carlos Arévalo a través de sus representantes legales contra el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 317 a 319 vta., y su auto complementario de 09 de mayo de 2018, cursante de fs. 332, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho, reivindicación y otros, seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en contra de Juan Carlos Arévalo; la contestación al recurso de casación de fs. 364 a 366 vta.; Auto de Concesión de 16 de julio de 2018, cursante de fs. 367; Auto Supremo de admisión Nº 793/2018-RA, cursante de fs. 376 a 377; los demás antecedentes procesales; y:
Que, el Juez Público Civil y Comercial Nº 7 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba pronunció el Auto de 15 de marzo de 2017, cursante de fs. 271 a 272, por la que declaró PROBADA la excepción previa de incompetencia en razón de territorio incoado por el demandado Juan Carlos Arevalo; y en ese entendido dispuso la remisión del expediente a la ciudad de La Paz, donde radica y tiene su domicilio el aludido demandado.
Resolución de primera instancia que fue apelado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba a través de su representante legal, mediante el escrito que cursa en fs. 288 a 291, a cuyo efecto la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 317 a 319 vta., y su auto complementario de 09 de mayo de 2018, cursante de fs. 332, REVOCÓ totalmente el auto mencionado anteriormente y en su lugar declaró IMPROBADA la excepción de incompetencia, señalando que en el sub lite, se advierte que la zona de Pacata Baja no se halla determinada respecto a que jurisdicción municipal pertenece (Sacaba o Cochabamba), sin embrago, siendo que la competencia territorial de la autoridad jurisdiccional que deba conocer un caso específico, está sujeta a la decisión del demandante, en este caso el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, el hecho de haberse planteado la demanda ante el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Nº 7 Cercado-Cochabamba, no puede determinar la incompetencia de su titular, so pretexto de que el inmueble se hallaría dentro la circunscripción del municipio de Sacaba y por tanto, seria competente la autoridad jurisdiccional de dicha circunscripción, menos aún puede ser válido el fundamento del A quo en sentido que al haberse verificado que el demandado tiene su domicilio en la ciudad de La Paz, deba remitirse el expediente a dicha ciudad, desconociendo la primacía de la voluntad del demandante que preconiza el art. 12 del Código Procesal Civil.
Y en ese entendido señala que la interpretación y aplicación de la norma, no se la realiza de una manera aislada, sino contextualizada y sistematizada, dado que en el caso de autos, la zona Pacata Baja, confronta problemas de delimitación e indeterminación de la circunscripción territorial a la que pertenece (ya que el actor sostiene que el bien objeto de litis se halla en el Cercado, y el demandado en la circunscripción de Sacaba), correspondiendo así la aplicación de la norma contenida en el art. 12. Núm. 1 inc. c) de CPC, que establece que si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones será competente la autoridad que eligiere la parte demandante; de donde se colige que inclusive ante esta indeterminación, debe prevalecer la elección o decisión del demandante a fin de determinar la competencia de la jurisdicción que conozca la causa.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación cursante de fs. 340 a 351, interpuesto por Juan Carlos Arévalo a través de sus representantes legales, el cual se analiza.
1. Denunció que el Auto de Vista es ultra petita, señalando que en este caso no está en discusión si el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba tiene tuición o competencia administrativa sobre el inmueble objeto de litis o los espacios y terrenos de la zona Pacata Baja, pues este aspecto no fue alegado en la demanda, ni figura en la resolución apelada, por lo que la misma no puede fundar la revocatoria asumida, ya que no fue un hecho controvertido de este proceso.
2. Acusó la errónea valoración de la prueba, arguyendo que el Tribunal de apelación, no ha considerado y ha pasado por alto que en obrados, cursan diferentes elementos probatorios (entre estos los cursantes en fs. 6, 11, 14, 17, 18, 21, 22 y 25) presentados por la parte demandante que demuestran que el predio que se pretende reivindicar está situado en el territorio de la municipalidad de Sacaba.
3. Imputó la errónea interpretación del art. 12 del Código Procesal Civil, manifestando que esta norma en ningún momento deja bajo la voluntad del actor la definición de la competencia de la autoridad judicial, y que tan solo otorga dos opciones para el demandante, es decir que la precitada norma solo permite demandar en el lugar donde está ubicado el inmueble o en el lugar del domicilio del demandado; en consecuencia, que el actor al incoar su acción ante un juzgado del municipio de Cercado (Cochabamba), ha desechado por su propia voluntad demandar en el lugar del inmueble (Sacaba), y solo resta demandar en el domicilio del demandado y que de acuerdo a los datos del proceso es la ciudad de La Paz.
4. Acusó la violación de los arts. 12, 13 y 14 de la LOJ y el art. 180 de la CPE, refiriendo que la pugna actual por límites entre el municipio de Cercado y Sacaba del departamento de Cochabamba, no tiene efectos sobre este proceso, ya que la situación jurídica de esta litis se resuelve con las leyes vigentes al momento de presentarse la demanda.
De esa manera solicitó que este Tribunal emita una resolución casando el Auto recurrido y fallando en el fondo se reitere el Auto de primera instancia o bien se anule obrados para que se dicte una nueva resolución de alzada.
1. En el memorial de respuesta al recurso de casación, el actor reitera los argumentos del recurso de apelación que planteó y transcribe el Auto Supremo Nº 376/2016 de 19 de abril; en ese marco concluye señalando que el recurso de casación de la parte demandada carece de válidez, pues la misma no cumple con lo dispuesto por el art 271 de la Ley Nº 439, al no existir violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, ni error de derecho o error de hecho en la apreciación de la prueba.
En base a lo expuesto solicitó se declare infundado el recurso de casación opuesto por Juan Carlos Arévalo.
Al respecto, la SC No. 2218/2012 de 08 de Noviembre, remitiéndose a la SC 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”
A tal efecto, el A.S. No. 651/2014 de 06 de noviembre, señaló; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre su con el punto de la misma decisión”.
Lo que motiva a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que está deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.
III.2.- Sobre la jurisdicción y la competencia.
La jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, ha desarrollado algunas conceptualizaciones respecto de la jurisdicción, indicando que la misma, es concebida como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada a un órgano estatal y es a través de esta potestad, que el Estado administra justicia de acuerdo con la Constitución y las leyes, a ese efecto el art. 11 de la Ley N° 025, refiere: “(JURISDICCION).- Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades del Órgano Judicial.”
En ese entendido, si bien la jurisdicción es un poder-deber que tiene el juez para administrar justicia, no pudiendo este negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la resolución de un conflicto particular, por ello la jurisdicción va acompañada de la competencia que como la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial; “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”.
De lo referido, se tiene que la jurisdicción es la potestad que emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales, en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial para administrar justicia en un determinado asunto, es decir, que la competencia es el modo o manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en tal sentido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los jueces tienen jurisdicción, pero cada juez tiene competencia para conocer y resolver solo determinados asuntos, coligiendo por lo tanto que, la jurisdicción así como la competencia son de orden público e indelegables y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.
Con similar criterio el Auto Supremo No. 378/2013 de fecha 22 de julio, señaló: “…la Jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los Jueces y Tribunales; es de orden público, nace únicamente de la ley y es indelegable; en tanto que la “competencia” es entendida como la facultad que tiene un Juez o Tribunal para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto, la misma que según el art. 13 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial no admite ninguna prórroga en razón de la materia como ocurre excepcionalmente en el caso del elemento territorio; ambas son de orden público y de cumplimiento obligatorio”.
Expuesta como está la doctrina legal aplicable al presente caso, corresponde expresar las siguientes consideraciones:
1. En el planteamiento recursivo del punto 1, se puede apreciar que el recurrente asume que el Auto de Vista ha fundado su decisorio en base a la tuición o competencia administrativa que tendría el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba sobre los terrenos ubicados en la zona Pacata baja (donde además se encuentra el inmueble objeto de litis), y en ese entendido acusa que dicha resolución adolece de incongruencia ultra petita, señalando que el extremo mencionado no fue un planteamiento de la demanda ni del auto apelado (fs. 271 a 272), y que por ello el Tribunal de Alzada no puede revocarlo en base a ese argumento que es ajeno a los alegatos de los sujetos procesales de esta litis.
Sobre esta cuestión resulta preciso señalar que la congruencia, como un elemento característico del debido proceso, es concebida como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, de tal manera que el juzgador no puede considerar aspectos ajenos a la controversia, debiendo limitar, en ese sentido, su examen a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes.
De ahí que en el caso de autos, de una minuciosa revisión de los fundamentos que sustentan la resolución recurrida, se colige que lo reclamado por el recurrente resulta ilusorio, puesto que dicha resolución en ningún momento ha fundado su decisorio y menos ha revocado el auto de fs. 271 a 272, en base a la tuición o competencia administrativa que tendría el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba sobre los terrenos ubicados en la zona Pacata baja, y en realidad el fundamento de este fallo se encuentra sustentado en la primacía de la voluntad del demandante para la determinación de la competencia de la autoridad jurisdiccional que conozca esta causa y ello en el marco de lo establecido por el art. 12 del Código Procesal Civil, lo que en definitiva permite entender que el Tribunal de Alzada, en ningún momento se ha apartado de los fundamentos de la demanda ni del auto apelado, ya que sus consideraciones están relacionadas al problema jurídico que ha surgido como emergencia del debate entre los sujetos procesales respecto a qué autoridad judicial es la competente para conocer esta litis, y en ese entendido el Ad quem, lo único que ha realizado es definir esta controversia en el marco de lo establecido por la precitada norma; situación que revela la congruencia de este fallo y rebate la alegación recursiva.
2. En lo que concierne a los puntos 2 y 4 del recurso de casación, se puede advertir que el recurrente trae a colación un asunto concerniente a la falta de consideración de los elementos probatorios adjuntos por la parte actora (fs. 6, 11, 14, 17, 18, 21, 22 y 25) señalando que estas probanzas demuestran que el inmueble objeto de reivindicación, se encuentra ubicado en el territorio de la municipalidad de Sacaba, y que en ese entendido la pugna por límites que existe entre el Municipio de Cercado y Sacaba no tiene efectos sobre este proceso ya que la situación jurídica de esta litis debe ser resuelta en base a las leyes vigentes al momento de presentarse la demanda.
Sobre esta cuestión resulta preciso señalar que la consideración y/o análisis de los elementos probatorios descritos por el recurrente, resulta irrelevante para la definición del problema jurídico de esta causa (competencia), y ello porque en este caso, si bien el demandado, en su escrito de fs. 126 a 129 (donde formula la excepción de incompetencia en razón de materia), ha señalado que dichas probanzas demuestran que el inmueble objeto de litis se encuentra situado en la ciudad de Sacaba, en ningún momento ha solicitado que una autoridad judicial de ese distrito sea la competente para conocer esta causa, puesto que en el petitorio de su memorial de excepción claramente solicita la remisión de los actuados procesales al distrito judicial de La Paz argumentando que es allí donde se encuentra su domicilio; de ahí que el Juzgador de grado, en el auto que declara probada dicha excepción (auto de fs. 271 a 272), haya ordenado el envió de la causa a la ciudad de La Paz.
Entonces queda claro que el Tribunal de Alzada, no se encontraba reatado a considerar dichos elementos probatorios, ya que la petición inicial del recurrente versaba en que sea una autoridad judicial del distrito de La Paz la competente para conocer la presente causa; mas no así una autoridad judicial del municipio de Sacaba como ahora sugiere a partir de la descripción de dichos elementos probatorios.
Y en ese sentido, tampoco resulta certero señalar que la pugna por límites que existe entre los municipios de Cercado y Sacaba no tenga efectos sobre este proceso, pues si bien es cierto que el problema jurídico concerniente a la competencia, debe ser resuelto a partir de la norma que regula el caso, no es menos evidente que dicha pugna sirve de antecedente para asumir convicción sobre la situación actual en la que se encuentra la zona de “Pacata Bajo”, que constituye el lugar donde se halla situado el inmueble objeto de litis y de esa manera descartar también la información que provee los documentos mencionados por el recurrente (fs. 6, 11, 14, 17, 18, 21, 22 y 25); puesto que de acuerdo a lo consignado en la documental que cursa en fs. 213 de obrados, la zona “Pacata Bajo” se encuentra inmersa en el conflicto de límites antes señalado, de tal manera que hasta la fecha, no se ha definido si esta zona pertenece al municipio de Cercado o al municipio de Sacaba, lo que en definitiva pone en duda que el inmueble en cuestión se halle ubicado en el municipio de Sacaba, conforme expresa el recurrente; de ahí que la falta de análisis de esas probanzas no reviste de trascendencia para la definición del problema jurídico de la presente causa, al proveer información que ha sido puesto en duda por otras probanzas del cuaderno, y porque además las mismas no se encuentran avocadas a demostrar los argumentos que fueren sustento de la excepción de incompetencia, en donde el recurrente solicitó que el cuaderno procesal sea remitido ante una autoridad judicial de la ciudad de La Paz y no ante la judicatura de Sacaba, situación por la cual no amerita realizarse mayores consideraciones al respecto.
1. Finalmente en el punto 3 del recurso de casación, el recurrente acusa la errónea interpretación del art. 12 del Código Procesal Civil, manifestando que esta norma en ningún momento deja bajo la voluntad del actor la definición de la competencia de la autoridad judicial que conozca este proceso, y que tan solo otorga dos opciones para el demandante, de tal manera que la precitada norma solo permite demandar en el lugar donde está ubicado el inmueble o en el lugar del domicilio del demandado, y que en este caso, como el actor presentó su acción ante un juzgado del municipio de Cercado, ha desechado por su propia voluntad demandar en el lugar del inmueble (Sacaba), por lo que solo resta demandar en el domicilio del demandado, que de acuerdo a los datos del proceso es la ciudad de La Paz.
La problemática planteada por el recurrente, sin duda nos conduce a un análisis del contenido de la disposición normativa inmersa en el art. 12 del Código Procesal Civil, ello con el afán de establecer, si dicho precepto legal faculta o no al demandante a definir la competencia de la autoridad judicial que deba conocer su demanda, o en cambio dicha norma solo establece las opciones descritas por el recurrente y de esa manera examinar la interpretación realizada por el Tribunal de alzada.
Sobre esta temática, conviene de inicio tener presente que en el marco de lo establecido por el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, la competencia constituye “…la facultad que tiene (…) una Jueza o un Juez, (…) para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, de manera tal que la competencia, constituye un elemento del debido proceso, pues su naturaleza está orientada a garantizar el debido procesamiento de las causas judiciales, en cuyo marco, forma parte elemental de la garantía constitucional del juez natural, y en ese sentido adopta un rango constitucional que la hace una categoría indelegable e inconvalidable conforme dispone el art. 122 de la CPE, siendo por tanto, nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia, naturaleza, etc., es llamado para conocer y resolver una controversia judicial; de ahí que el alcance de la expresión competencia, está circunscrita a la facultad con la que cuenta el justiciable de presentar su solicitud de tutela ante el juez cuyas competencias respondan a las reglas distributivas de la jurisdicción, pues debe comprenderse que las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el juez que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional, ya que es precisamente por ello que la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce la jurisdicción.
En ese marco, el art. 11 del Código Procesal Civil, delimita los parámetros y/o criterios de la competencia señalando que: “La competencia de una autoridad judicial para conocer de un asunto se determina por razón de materia y territorio” y en ese contexto, el art. 12 núm. 1 del mismo cuerpo normativo, establece las reglas distributivas de competencia, señalando que en las demandas con pretensiones reales o mixtas, como es el caso, será competente: a) La autoridad judicial del lugar donde estuviera situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, a elección de la parte demandante; o b) si los bienes fueren varios y estuvieren situados en lugares diferentes, el de aquel donde se encontrare cualquiera de ellos; y, c) Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el que eligiere la parte demandante.
Reglas que nos conducen a inferir que, en el supuesto de deducirse pretensiones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, es competente el juez del lugar donde este situada la cosa litigiosa o el lugar del domicilio del demandado, y si los bienes fueren varios o una sola, pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar en que estuvieren situadas cualquiera de ellas; nótese que en la determinación del juzgador que ha de conocer la pretensión, siempre ha de primar la voluntad del demandante, pues es esa la naturaleza de las soluciones normativas que otorga el precitado art. 12.1 del adjetivo civil.
De ahí que la interpretación realizada por el Tribunal de alzada no resulta errónea, pues si bien es cierto que el citado art. 12.1, propone las soluciones jurídicas expuestas por el recurrente -concernientes al lugar del inmueble y el domicilio del demandado (inciso a) del art. 12 CPC), no es menos evidente que en el presente caso ha surgido una situación particular que justifica el razonar de los juzgadores de grado, cual es la falta de determinación de la ubicación del inmueble objeto de litis, que por encontrase inmerso en un conflicto de límites entre dos municipios del departamento de Cochabamba (Sacaba y Cercado), ha impedido establecer el lugar exacto donde deba tramitarse la presente causa, lo que en definitiva, a partir de una interpretación extensiva de la norma permite aplicar la potestad facultativa del actor en el marco de la solución expuesta en el inciso c) de dicho precepto legal, que dispone que cuando un inmueble abarca dos o más jurisdicciones, es el demandante quien elige la autoridad jurisdiccional que deba conocer su demanda, es decir, que en los casos en los cuales no pueda ser establecida la ubicación del bien litigioso, por encontrarse la misma dentro una disputa limítrofe entre dos o más jurisdicciones territoriales, será el demandante quien en base a la facultad potestativa que otorga el art. 12 del adjetivo civil, el que elija la jurisdicción donde deba tramitarse la causa, siempre y cuando la misma responda a los criterios de la competencia territorial, que de acuerdo a autores como Máximo Castillo Q. y Edward Sánchez B. “…asigna el conocimiento de los asuntos al órgano u órganos más próximos al lugar en que se encuentra ubicado algunos de los elementos de la pretensión o petición que constituye el objeto del proceso”1
, pues ha de entenderse que la competencia en razón de territorio distribuye los procesos entre los diversos jueces con el objeto de facilitar y hacer más factible la defensa de las partes y que dispone que el proceso se desarrolle ante el juez, que por razón de su sede, pueda ejecutar sus funciones de la manera más eficiente al tener cercanía o proximidad con el objeto y las partes procesales; situación que se tiene ha considerado el Tribunal de alzada, que ha dispuesto que el presente proceso se tramitó ante el Juez Publico Civil N° 7 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que se encuentra más próximo al inmueble en cuestión.
Todos estos razonamientos nos permiten asumir que lo aseverado por el recurrente carece de asidero, pues si bien la presente causa podía tramitarse en el lugar del domicilio del demandado, es decir el distrito judicial de La Paz, ello importaba el desconocimiento de los criterios de la competencia territorial determinados en el citado art. 12 del Código Procesal Civil, que establece soluciones normativas que reposan en el supuesto de que el órgano judicial con sede en el lugar de la cosa litigiosa es el que en mejores condiciones se encuentra para resolver el conflicto debido a su proximidad con las pruebas y el objeto del proceso; situación por la cual, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 340 a 351, interpuesto por Juan Carlos Arévalo a través de sus representantes legales contra el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 317 a 319 y su auto complementario de 09 de mayo de 2018, cursante de fs. 332, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.
Se regula honorarios en la suma de Bs. 1000 (Mil 00/100 Bolivianos) para el abogado que responde al recurso de casación.
? Castillo Q. Máximo, Sánchez B. Edward “MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL”, Lima – Perú, Edit. Jurista Editores, pág. 64.

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