Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2018/02/newsletter-laboral-numero-41.html
Timestamp: 2018-05-22 21:27:34+00:00

Document:
Jurisdicción Social: Newsletter laboral número 41
Newsletter laboral número 41
NÚMERO: 41 FECHA: 17/02/2018
de 26 de enero de 2018 sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2) ir al texto
Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se establece el horario de atención al público de la Oficina General de asistencia en materia de registros de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. ir al texto
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears ir al texto
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del convenio colectivo para el personal laboral de la Entidad Local Menor de Ontinar de Salz. ir al texto
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del convenio colectivo de la empresa Grupo Metalgrá co, S.A. ir al texto
Resolució del conseller Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Font Teix, SA (codi de conveni 07002452012004) ir al texto
Convenio Colectivo de empresa FCC, S.A. (RSU y limpieza viaria de Villarrobledo) ir al texto
Convenio de la Empresa ESLAUTO AUTOMOCIÓN S.L ir al texto
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries vinícoles, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2018 (codi de conveni núm. 43000415011994). ir al texto
Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Los Alcázares. ir al texto
Roj: STS 292/2018 - ECLI: ES:TS:2018:292
No de Recurso: 2853/2015
No de Resolución: 29/2018
Resumen: Contrato fijo discontinuo: cómputo de la antigüedad en la empresa de los trabajadores fijos discontinuos, a efectos de devengar el complemento salarial por antigüedad y de causar otros derechos, como el de la promoción profesional. No debe computarse todo el tiempo transcurrido desde que se inició la prestación de servicios, aunque no se trabajara, sino sólo el tiempo de prestación de servicios efectivos durante las sucesivas campañas a las que fueron llamados.
Reitera doctrina: SSTS 6 de noviembre de 2002 (Rec. 1886/2002 ), 25 de abril de 2005 (Rec. 923/2004 ), 27 de junio de 2007 (Rec. 2461/2006 ), 20 de julio de 2010 (Rec. 2955/2009 ), 14 de octubre de 2014 (Rec. 467/2014 ) y 20 de noviembre de 2014 (Rec. 1300/2013 ).
STS 20/12/2017 ir al texto
No de Recurso: 259/2016
Id Cendoj: 28079140012017100973
Resumen: Cosa juzgada: la empresa demandada, ente público creado por la Ley 5/1982 del País Vasco, redujo los salarios a su plantilla en aplicación de la Ley 3/2010, de 24 de junio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2010 que había modificado el art. 29-3 de la Ley de Presupuestos de esa Comunidad Autónoma para 2010. La decisión de la empresa de ejecutar la reducción salarial acordada por la Ley fue impugnada por la hoy recurrente en proceso de conflicto colectivo en el que recayó sentencia del TSJ del País Vasco de 8 de febrero de 2011 que fue confirmada por la de este Tribunal de 19 de diciembre de 2011 (RC. 64/2011) que rechazó que se hubiera producido las infracciones constitucionales denunciadas (entre ellas de los artículos 14 , 28-1 , 37-1 , 86 y 149 de la Constitución ), negándose a plantear cuestión de inconstitucionalidad por no existir motivos para ello por las razones que daba, a la par que desestimaba igualmente las infracciones de legalidad ordinaria que el recurso planteaba. Posteriormente, con ocasión de otro procedimiento por esta Sala se planteó cuestión prejudicial, sobre la constitucionalidad de la reforma operada por Ley 3/2010 del País Vasco, recayendo sentencia 143/2015, de 22 de junio , validando esa norma salvo la nueva redacción del art. 23-9 de la Ley 2/2009 de la Comunidad.
Se estima la excepción de cosa juzgada porque las únicas cuestiones que suscita el recurso ya fueron resueltas por nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2011 (R. 64/2011) que dio respuesta a todas ellas y con cita de los Autos del Tribunal Constitucional 27/2010, 54/2010 y 85/2011.
Roj: STS 366/2018 - ECLI: ES:TS:2018:366
No de Recurso: 30/2017 No de Resolución: 61/2018
Resumen: Delegados sindicales:
La empresa denegó indebidamente la designación de delegados sindicales con las prerrogativas de la LOLS a nivel de empresa: la empresa cuenta con centros de trabajo repartidos en diversas Comunidades Autónomas. El sindicato CGT tiene representación, exclusivamente, en los comités de empresa de Madrid y Barcelona, y tiene un delegado sindical en Ávila. El sindicato CGT no tiene representación en los comités de empresa de Martorell, Reus ni Valencia, ni tampoco en los centros de Coruña, Palma de Mallorca, Bilbao y Vitoria, que tienen representación unitaria".
No es preciso que le sindicato cuente con representanción en la totalidad de los órganos de representación unitaria de la empresa.
Cuando el artículo 10 LOLS condiciona la designación de delegados sindicales a que la correspondiente sección posea presencia en los comités de empresa no indica en cuáles. Sin embargo, son varios los argumentos que inclinan a la misma solución que la acogida por la Sala de la Audiencia Nacional. -que estimó la demanda del Sindicato-
Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la LOLS el sindicato, como titular del derecho a la libertad sindical, es dueño de organizar su estructura (secciones, delegados) a nivel de empresa (entendida en términos globales), de centros de trabajo autónomos o de centros de trabajo agrupados en términos paralelos a los establecidos para la constitución de comités de empresa.
Cuando la sección sindical se organiza a nivel de empresa, en tal ámbito ha de medirse el volumen de empleo, el número de votos y la presencia en los órganos de representación que la LOLS tiene en cuenta para determinar si procede la designación de delegados sindicales, así como su número.
El TS confirma la vulneración del derecho a la libertad sindical, así como la nulidad radical de la conducta de la empresa consistente en negar los derechos y garantías previstos en el art. 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical a los tres delegados sindicales nombrados por la sección sindical estatal. Se ordena el cese inmediato de esta actuación de la parte demandada y su obligación de reconocer los citados derechos y garantías legales a dichos delegados, condenándola asimismo al pago de una indemnización por daños morales de 1.874»…
Indemnización por vulneración de libertad sindical: justificando razonadamente la gravedad del incumplimiento -ya que afecta a tres delegados- se modera no obstante al reconocer la empresa a estos delegados su condición de portavoces. Tomando ello en consideración, la Sala estima razonable aplicar el parámetro del art. 40.1.b LISOS en la cuantía media que correspondería al calificar la infracción en su grado medio.
Reitera doctrina: SSTS/ 17-diciembre-2013 (rco 109/2012), 8-julio-2014 (rco 282/2013 ), 2-febrero-2015 (rco 279/2013 ), 26-abril-2016 -rco 113/2015 o 649/2016 de 12 julio ( rec. 361/2014 )
STS 21/12/2017 ir al texto
Resumen: Elecciones sindicales: se discute la fecha a tener en cuenta a la hora de establecer la relación de cómputo entre número de representantes y el número de trabajadores.
El TS declara que el censo electoral se debe elaborar considerando la fecha de presentación del preaviso electoral el 21 de noviembre de 2014, debiéndose computar en consecuencia las jornadas realizadas por los trabajadores temporales en alta en la empresa en tal fecha de 21 de noviembre de 2014, en la fecha inmediatamente anterior a la misma, resultando nueve el número de representantes a elegir.
Roj: STS 282/2018 - ECLI: ES:TS:2018:282
No de Recurso: 4066/2015
No de Resolución: 40/2018
Resumen: FOGASA: cuando se trata de trabajadores con contrato a tiempo parcial, el tope del salario a computar, duplo del salario mínimo interprofesional (SMI) -Anteriormente triple-, debe reducirse en el mismo porcentaje que la jornada que realiza el interesado en comparación con la ordinaria de un trabajador a tiempo completo de la misma actividad.
Una interpretación lógico sistemática del RD 1888/2011) y los posteriores, como el RD 1171/2015 y el RD 742/2016.y del art. 33 del ET nos muestra que cuando el legislador dice SMI se está refiriendo al que corresponde a una jornada completa y que cuando se trabaja a tiempo parcial el SMI que corresponde con arreglo a la norma debe reducirse en el mismo porcentaje que la jornada de trabajo.
Reitera doctrina: STS 20/6/2017 y de 29/11/2017
Resumen: Jurisdicción: acción de nulidad de una cláusula inserta en un contrato de compraventa de participaciones suscrito entre trabajadores y empresa en la que se pacta la no concurrencia postcontractual durante 5 años a cambio de compensación
Corresponde la jurisdicción social la compentencia. El pacto de exclusividad como el de no competencia postcontractual tienen naturaleza laboral, ciñéndose el debate a la cuestión de si la compensación que se abona por los mismos tiene naturaleza salarial o indemnizatoria.
Roj: STS 291/2018 - ECLI: ES:TS:2018:291
No de Recurso: 491/2016
No de Resolución: 9/2018
Resumen: Jurisdicción: competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda de la empresa en reclamación de la cantidad correspondiente al exceso en la retención que ésta había practicado e ingresado en Hacienda a cuenta del IRPF por las indemnizaciones correspondientes a las extinciones contractuales acordadas en un ERE de 10 de junio de 2009.
Aunque estamos ante una controversia que tiene su origen último en una carga tributaria, como es el IRPF, a cargo directo del trabajador, por preceptiva del art. 26.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), lo cierto es que el litigio no versa para nada sobre la procedencia o cuantificación de dicha carga tributaria sino, pura y simplemente, sobre la forma y manera en que, voluntaria y unilateralmente, la empresa pretende solventar los errores por ella cometidos en la exacción de dicho tributo ( STS/4a de 23 julio 2008 - rcud. 110/2007 -).
STS 10/01/2018 ir al texto
Roj: STS 365/2018 - ECLI: ES:TS:2018:365
No de Recurso: 46/2017
No de Resolución: 1/2018
Resumen: Jurisdicción: carece de competencia el orden social para pronunciarse sobre la posible nulidad, cualquiera que sea su causa, de los acuerdos propios de la negociación colectiva en la función pública En el caso de autos, se trata de una comisión negociadora mixta, que comprende personal funcionario y laboral, y se denuncia la vulneración de libertad sindical de USO por la no inclusión de los representantes de los profesores de religión.
Reitera doctrina: TS de 6 de octubre de 2011 (Rec. 21/2011)
Resumen: Negociación colectiva: se desestima la nulidad del convenio por vulneración de libertad sindical del sindicato impugnante. Se constata la participación del sindicato recurrente en el proceso de negociación que se retoma tras la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2014. Siendo ello así, la nulidad del acuerdo no halla apoyo argumental, evidenciándose simplemente la disconformidad del sindicato con el resultado de la negociación, mas no aportando otros datos que permitan afirmar que su derecho a la libertad sindical se vio menoscabado, ni tampoco elementos que sirvan para examinar un eventual contenido lesivo del acuerdo.
Roj: STS 368/2018 - ECLI: ES:TS:2018:368
No de Recurso: 262/2016
No de Resolución: 22/2018
Resumen: Negociación colectiva: nulidad de convenio por falta de principio de correspondencia. Los representantes unitarios que integran la mesa negociadora, si actúan como representantes sindicales, han de probarlo.
En el caso de los representantes unitarios, su mera presencia en las negociaciones será por si sola suficiente para acreditar que comparecen en tal condición, (...)
Estos elementos son esenciales en orden a la aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba, de tal manera que la cualidad de representante unitario de los trabajadores queda debidamente acreditada con la sola intervención en la negociación de quien ostenta esa condición, mientras que la actuación en representación de las secciones sindicales exige la prueba de esos otros requisitos adicionales, que deberá acreditar quien sostiene esa premisa y que no pueden presumirse por el simple hecho de que los representantes unitarios estén afiliados a uno u otro sindicato. A estos efectos deberán valorarse todos los elementos probatorios aportados al proceso, entre los cuales, y a falta de una prueba expresa sobre la existencia del acuerdo y la representación de la sección sindical, cobra especial relevancia el contenido de las actas de la comisión negociadora, la actuación seguida por unos y otros ante a la autoridad laboral, la propia redacción de los términos del convenio colectivo, o cualquier otra circunstancia relevante en tal sentido.
Roj: STS 367/2018 - ECLI: ES:TS:2018:367
No de Recurso: 969/2016
No de Resolución: 20/2018
Recurso de suplicación: no cabe frente a un auto dictado por el JS en ejecución de sentencia desestimatoria de demanda en la que se impuso al trabajador una multa de 600 euros por temeridad, siendo éste el pronunciamiento ejecutado.
Las cuestiones atinentes exclusivamente a la fase de ejecución, en principio, no pueden ser materia de recurso, por imposibilidad de contradecir lo ejecutoriado, pues al no haberse contemplado en la fase de conocimiento y decisión del pleito no pueden ser objeto de comparación ni implican alterar el título ejecutivo que es la sentencia firme, estando fuera del supuestos previsto en el art. 191.4.d) LJS (STS 16/03/04 -rcud 3689/03 -).
Que en todo caso, el vocablo «sustancialidad» atiende -conforme al DRAE- a lo «importante o esencial», habiendo afirmado esta Sala -con referencia específica al proceso ejecutorio- que «es equivalente a principalidad o importancia en el proceso de ejecución» (STS 04/07/02 -rcud 4246/01 -). Cualidades ésta que difícilmente pueden predicarse de una multa por temeridad, que indudablemente ostenta -desde todo punto de vista- cualidad accesoria respecto del fondo del asunto.
Resumen: Vacaciones: a los trabajadores afectados les corresponde o no el derecho a percibir en concepto de salario correspondiente al periodo de vacaciones anuales retribuidas por los conceptos de Plus de Actividad Madrid 112 y de Nocturnidad en cuantía equivalente al término medio de lo que perciben durante los demás meses del año por esos mismos pluses.
Reitera doctrina: SSTS 496/2016 y 497/2016 de 8 (2) junio (rec. 112 y 207/2015) que cita el recurso, así como las SSTS 516//2016 de 9 junio (rec. 235/2015), 15 junio (207/2016 ), 591/2016 de 30 junio (rec. 47/2015 ), 15 septiembre 2016 ( 258/2015 ) y 227/2017 de 21 marzo (rec. 80/2016 ), entre otras.
Roj: STS 294/2018 - ECLI: ES:TS:2018:294
No de Recurso: 2401/2016
No de Resolución: 58/2018
Resumen: Viudedad: se deniega pensión de viudedad a mujer casada por el rito gitano en 1974, que convivió con el causante 40 años, tuvo 5 hijos en común con él, que fueron inscritos en el Registro Civil (figurando los padres como solteros, y no figuran inscritos como pareja de hecho en ningún Registro Público. El TS revoca la STSJ Andalucía que estimó la pensión de viudedad en base a la STEDH 08/12/2009. (Caso Muñoz Díaz c. España). Considera que en dicho caso concurrían diferencias que aprecia como relevantes:
a) la estimación de la demanda no vino determinada por atribuir eficacia jurídica alguna al «matrimonio gitano», sino porque la validez que le atribuye la comunidad romaní y el reconocimiento de la unión como «matrimonio» en determinados documentos oficiales habían generado en la contrayente comprensible buena fe que justificada el trato favorable dado por el ordenamiento jurídico a supuestos similares; b) que el Tribunal Europeo no cuestiona la afirmación contenida en la STC 69/2007 [16/ Abril ] -última instancia de su enjuiciamiento en España- de que el principio de igualdad que proclama el art. 14 CE no alcanza a la llamada «discriminación por indiferenciación», al no consagrar un derecho subjetivo al trato normativo desigual (FJ 4o); y c) que la pertenencia a una «minoría étnica» no repercutía en la aplicación o en la interpretación de la normativa de que tratamos, sino tan sólo en la configuración de la buena fe.
Concluye el TS que no parece dudoso que el presente caso es muy diverso al examinado por el Tribunal Europeo, aunque medien coincidencia de colectivo afectado e identidad en la prestación solicitada, pues lo aducido no es -ni podía serlo- buena fe en la creencia de eficaz vínculo matrimonial a los efectos del derecho español, porque en la documentación oficial -Libro de Familia e inscripciones de nacimiento- se hace constar expresamente su cualidad de «solteros» e hijos «extramatrimoniales». Es más, ni tan siquiera se reclama el derecho por el mismo título que en el supuesto del Tribunal Europeo, siendo así que en aquel caso se invocaba -no podía ser de otra manera, dado que el fallecimiento había sido anterior a la Ley 40/2007- la existencia de «matrimonio», y en el proceso ahora enjuiciado el título que se invoca es el de «pareja de hecho».
El TS considera que no puede equipararse la unión pr el rito gitano a la inscripción registral o documetnación pública de pareja de hecho que exige el art.174-3 LGSS. Razones:
b).- Claramente, la regulación contenida en el art. 174.3 LGSS/1994 «es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica» [hacemos nuestras las palabras de la STC 69/2007 , aunque entonces fueran referidas al acceso al vínculo matrimonial, en su FJ 5].
c).- Tal como indicamos más arriba, el principio de igualdad - art. 14 CE - no consagra un derecho subjetivo al trato normativo desigual.
d).- Muy contrariamente, admitir la solución pretendida en el presente caso comportaría hacer de peor condición a quienes por razones ideológicas -tan respetables como las culturales- no se han constituido como pareja de hecho en la forma legalmente prescrita, y a los que -no infrecuentemente- les hemos negado la prestación de viudedad. e).- En último término no cabe olvidar las múltiples minorías étnicas y culturales existentes en nuestro país, cuya posible vulnerabilidad -similar a la del colectivo gitano, en mayor o menor grado- ciertamente puede obligar a alguna interpretación normativa tendente a su protección conforme a los criterios del TEDH, pero no puede llegar al extremo de excepcionar la aplicación de la ley en los múltiples aspectos en que pudiera reflejarse su diversidad étnico-cultural [matrimonio; familia; comportamiento social...], so pena de comprometer gravemente la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de aquélla -la ley-; planteamiento éste que incluso se evidencia en las sentencias que el propio TEDH refiere el precitado asunto «Muñoz Díaz» y en las que -manteniendo una interpretación sensible hacia la protección de la minoría gitana- aunque ciertamente se exige una ponderación de los intereses en juego, de todas formas se atribuye primacía a la aplicación de la norma (así, asuntos «Coster», «Chapman» y «Buckey», todos ellos desestimatorios en materias de protección medio- ambiental y urbanismo, enfrentadas a la consuetudinaria costumbre gitana de morar en caravanas).
Voto Particular: Sra. Da María Lourdes Arastey Sahún a la sentencia dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina no 2401/2016, al que se adhiere la Magistrada Excma. Sra. Da María Luisa Segoviano Astaburuaga . Plantean la existencia de discriminación indirecta: " Es evidente que no estamos ante un supuesto de discriminación directa, puesto que lo que se predica respecto de la oficialización de la pareja de hecho no exige requisitos que expliciten una traba para las personas de cultura gitana. Ahora bien, sostuve que convenía preguntarse si, pese a esa neutralidad de la regla, ese colectivo puede verse particularmente afectado debido a las características de sus tradiciones, de suerte que se nos presente la ocasión de identificar situaciones de discriminación indirecta ( art. 2.1 b) Directiva 2000/43 )".
Última sentencia publicada: STC 156/2017.
STEDH 13/02/2018. Casos Adıgüzel et autres c. Turquie ir al texto
Resumen: Libertad de reunión y manifestación (art.11): Violación existente. Los demandantes son 29 turcos. El caso se refiere a una manifestación organizada por la confederación de los sindicatos de los trabajadores del Sector público (KESK), en 2009, para leer un comunicado de prensa dirigido a denunciar el arresto de 35 sindicalistas. Con ocasión de la manifestación, la policía intervino para dispersar a los manifestantes. Los demandantes, de los cuales 5 afirman que pasaban por ahí y que no eran manifestantes, fueron detenidos y llevados ante un juez que los puso en libertad. Se iniciaron procesos penales contra ellos por haber violado la ley sobre desarrollo de manifestaciones y reuniones. Fueron liberados al final de del procedimiento.
Publicado por JpD Comisión Social en 11:46

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RESOLUCIÓN 

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 artículo 10
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