Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2014/02/05/reflexiones-sobre-el-archivo-judicial-del-escrache-a-la-vicepresidenta/
Timestamp: 2017-05-29 11:23:01+00:00

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REFLEXIONES SOBRE EL ARCHIVO JUDICIAL DEL “ESCRACHE” A LA VICEPRESIDENTA. | MONSIEUR DE VILLEFORT
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REFLEXIONES SOBRE EL ARCHIVO JUDICIAL DEL “ESCRACHE” A LA VICEPRESIDENTA.	Ayer saltaba a la luz pública que la Audiencia Provincial de Madrid había archivado la causa abierta por las manifestaciones que tuvieron lugar ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno en Madrid, desestimando así el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de archivo del juez instructor.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO. Conviene recordar brevemente los hechos para extraer posteriormente las conclusiones. El pasado mes de abril varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentraron en los domicilios particulares de dirigentes del gobierno para protestar por los desalojos de quienes no podían hacer frente a sus hipotecas y estaban siendo desalojados de sus domicilios por los bancos. El objetivo, aún implícito (aunque fue explicitado por alguno de los dirigentes de la plataforma) era doble: por un lado, hacer pública y manifiesta protesta por una situación que estaba cebándose con el sector más débil de la población y privándoles de su vivienda habitual; por otro, torcer la voluntad de los integrantes del gobierno para que se aprobase una iniciativa presentada por los afectados tendentes a evitar el desalojo de personas que, con evidentes problemas económicos imprevistos derivados de la situación de crisis. En las concentraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad identificaron a varias personas, entre ellas a un conocido y mediático personaje antaño número dos de la derecha española que, en un alarde de caballerosidad hispana, manifestó públicamente que se encontraba allí únicamente “acompañando a su mujer” que, indicó, sí estaba en la manifestación. Aperturadas las correspondientes diligencias, el instructor acordó el archivo de las mismas al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. Dicha resolución fue objeto de un recurso de apelación por parte del Ministerio Público, para quien los hechos en cuestión eran susceptibles de ser subumidos en cuatro tipos penales: amenazas, coacciones, manifestación ilícita, desórdenes y desobediencia a la autoridad. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado dicho recurso basándose, según las informaciones, en la ausencia del carácter violento de la manifestación, en la carencia en los manifestantes de todo elemento que pudiese ser indicativo de la intención de causar perjuicio alguno y en la inexistencia de prueba acreditativa de que con la manifestación se tratase de impedir a la política objeto del reproche público la salida de su domicilio. Algunos de los medios de comunicación han incidido en el hecho de que de los tres magistrados que suscriben el auto, una de ellos había sido alto cargo en el Ministerio de Igualdad en la etapa de Bibiana Aido, aunque este último dato es, a los efectos del presente comentario, irrelevante, dado que lo que interesa son los argumentos esgrimidos, y no la calidad o cualidad de las personas que los emiten.
II.- LAS CONSECUENCIAS. Como siempre, el hecho cabe ser valorado desde una doble perspectiva, más amplia una, más estricta la otra. Y es que, en efecto, los hechos pueden ser objeto de una opinión desde el amplio punto de vista político y sociológico y desde un punto de vista más estricto que es el jurídico. Abordaremos ambos puntos de vista, dado que no necesariamente tienen que ser coincidentes.
1.- Desde un punto de vista estrictamente jurídico. Se discutía si las conductas podían subsumirse en varios tipos penales. Analicemos detenidamente el asunto:
A.- Amenazas y coacciones. Pueden ser constitutivas de delito o de falta. El artículo 620.2 del Código Penal establece que serán castigados con pena de multa de diez a veinte días “Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito”. El artículo 169 del Código Penal tipifica como delito de amenazas “El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico”; por su parte el artículo 172.1 tipifica genéricamente las coacciones al castigar a quien “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”, estableciendo el apartado segundo un tipo agravado cuando el objeto de la coacción sea impedir el ejercicio de un derecho fundamental.
Es francamente difícil, por no decir casi imposible, a la vista de los fríos hechos, considerar desde el punto de vista jurídico que existe delito o falta de amenazas, porque no existieron ni consignas ni comportamientos expresamente amenazadores, debiendo recordarse que en la jurisdicción penal las interpretaciones deben ser de ordinario restrictivas e inspiradas por el principio in dubio pro reo. Sí pudiera existir alguna duda en cuanto a la concurrencia del otro tipo penal, es decir, de coacción. Pero de nuevo nos encontramos con el obstáculo de que para ello el comportamiento tendente a coartar la voluntad ajena ha de ser ejercido “con violencia”. En este sentido es muy didáctica la Sentencia de 3 de julio de 2006 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1164/2006, cuyo fundamento jurídico primero aborda precisamente los requisitos necesarios para la existencia de un delito o falta de coacciones: “El delito de coacciones requiere en primer lugar la ejecución de una conducta violenta de contenido material o simplemente intimidatoria sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto. […] En segundo lugar, que la finalidad perseguida como resultado de la acción conminatoria sea obligar al sujeto pasivo a realizar algo que no quería […]. En tercer lugar, que la acción sea de suficiente intensidad como para forzar la voluntad de las víctimas […]. En el caso de menor intensidad, la acción sería calificada como falta del artículo 620. Finalmente, el tipo subjetivo exige el dolo, que se concreta en el deseo de restringir o anular la libertad ajena para conseguir un beneficio propio”. Admito que analizando fríamente el asunto todo depende del sentido que se le otorgue al término “violencia”; ésta puede ser, evidentemente, física, pero también existe violencia psicológica como elemento intimidatorio, siendo la intensidad de la misma no un elemento meramente sustancial, sino el elemento decisivo para discernir si el hecho es constitutivo de delito o de falta. En este caso, los magistrados entendieron que no se daban las circunstancias y, jurídicamente hablando, entiendo que no obraron de forma incorrecta, sin perjuicio que a nivel más amplio y extraprocesal puedan hacerse precisiones adicionales (cosa que haremos más adelante) pero que precisamente por su carácter metajurídico exceden de las consideraciones que tienen cabida en una resolución judicial.
B.- Manifestación ilícita. El artículo 514 del Código Penal, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003 contempla hasta cuatro posibles características. Dado que en el caso que nos ocupa los manifestantes no portaban armas ni instrumentos potencialmente peligrosos, el único tipo posible a aplicar sería el del artículo 514.3, es decir, “Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas”. En este supuesto no existieron actos de violencia entendida como agresión física hacia los destinatarios, ni tan siquiera desde el punto de vista meramente verbal, fuera de una serie de consignas dirigidas hacia un miembro del ejecutivo que era precisamente el personaje frente a quien se convocaba la concentración. Puede sostenerse a efectos jurídicos que, en efecto, se trataba de una reunión en un lugar de tránsito público y que ello precisaba de forma inexcusable, conforme al artículo 8 de la Ley 9/1983 de 15 de julio, una comunicación previa a la autoridad (entiéndase, una comunicación previa, no una autorización); ahora bien, dicha irregularidad es estrictamente administrativa que además figura tipificada como infracción grave en el artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero (“la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión”), norma que, además, identifica a quienes pueden ser sancionador por dicha conducta: “Aun no
habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se considerarán organizadores o promotores, a los efectos de esta Ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas”. Por lo tanto, infracción administrativa, muy posible; infracción penal, cuestionable.
C.- Desobediencia a la autoridad. Es susceptible a su vez de ser considerada falta o delito. En este sentido se entrecruzan nuevamente la legalidad penal y la administrativa. En efecto, el artículo 556 del Código Penal establece que incurren en delito quienes, sin estar incursos en el artículo 550 “resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones” (el artículo 550 dispone, a su vez, que “Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”). El problema es que este tipo penal coexiste igualmente con el ilícito administrativo, dado que el artículo 26.h de la Ley Orgánica 1/1992 se considera infracción administrativa leve “Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley”.
En resumidas cuentas que desde el punto de vista de la legalidad penal, es posible que las conductas, con independencia de la valoración que desde el punto de vista estrictamente social o moral que puedan merecer (cuestión esta que abordaremos en el punto siguiente) no incurran en infracción criminal alguna, sin perjuicio de que sí puedan ser subsumidas en infracciones de tipo administrativo
2.- Desde un punto de vista amplio, social o moral. Este análisis nos permite desbordar el estricto y limitado cauce jurídico para abordar en toda su extensión los motivos desencadenantes de la manifestación (cuales son los procedimientos de ejecución hipotecaria que presentan las entidades financieras y en las cuales se encuentra el núcleo originario de este asunto), la protesta misma y sus consecuencias.
Forzoso es comenzar indicando que en este sentido desde los medios de comunicación están mezclando (interesada o desinteresadamente) dos tipos de procedimientos diferentes: los procedimientos de ejecución hipotecaria propiamente dichos (es decir, aquéllos en los que una entidad –normalmente financiera- que tiene suscrito un contrato de garantía hipotecaria sobre un bien inmueble insta judicialmente la ejecución de la misma ante el impago de las cuotas hipotecarias por la otra parte) con los procedimientos de desahucio por falta de pago de rentas en los arrendamientos de viviendas. Es evidente, y así figura consagrado en el artículo 47 de la Constitución, que todos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, pero téngase en cuenta que dicho precepto no tiene el carácter de derecho fundamental y que, por tanto, únicamente tiene la condición de principio inspirador de la legislación y de la actuación de los poderes públicos, y no puede ser invocado ante los Tribunales más que en función de las leyes que lo desarrollen (artículo 53.3 de la Constitución). De igual manera, no cabe negar que tampoco puede hacerse una generalización en términos absolutos. Es un hecho público y notorio que la inmensa mayoría de los supuestos tienen como protagonistas a familias que hasta ahora han cumplido escrupulosamente con sus obligaciones y que, a consecuencia de la crisis económica (en cuyo origen tienen no poca responsabilidad precisamente las entidades financieras) todos sus miembros han quedado en situación de desempleo, sus ingresos mermados y lo que es aún peor, en muchos casos desahuciados incluso del mercado laboral, dado que las personas que superan los cuarenta se encuentran de facto excluidos del sistema. Pero también existe una minoría de personas que hacen de la morosidad un medio de vida y que se enorgullecen de sus deudas, pufos y sablazos; y que, además, aún siendo minoría suele ser casi siempre no sólo reincidente, sino además la más ruidosa. Conviene tener esto en cuenta, porque si quienes se encuentran en el primer caso merecen un absoluto respeto, consideración y ser objeto de la más estricta solidaridad y tutela, quienes se encuentran en el segundo lo que único que merecen es ser expuestos en la picota y objeto de las mismas burlas y escarnios que quienes han ocasionado la actual crisis, porque esa precisamente esa indigno y miserable porcentaje de caraduras quienes manchan con oprobio a la inmensa mayoría que silenciosamente sufre los perniciosos efectos de esta situación.
En cuanto a las manifestaciones propiamente dichas, conviene deslindar tres puntos: el destino, los objetivos y los instrumentos. El destino, es el domicilio particular de los políticos, y es el único punto que puede merecer algún tipo de reproche a juicio del redactor de estas líneas; el objeto era a su vez, doble, pues por un lado, se pretendía doblegar la voluntad de los mismos en relación a ciertas iniciativas y, por otra, tenía un efecto claramente estigmatizador en el sentido social del término, es decir, lo mismo que antaño se paseaba a un individuo con el sambenito para señalarlo públicamente; los instrumentos, limitados a voces, gritos e insultos.
Hemos de partir de una consideración indispensable para nuestro análisis: la condición de servidores públicos (en concreto, miembros del poder ejecutivo) de las personas frente a las cuales se realizaban las manifestaciones. Es claro y evidente que el hecho de que formen parte de uno de los poderes del Estado hace que, por un lado, la normativa extreme la protección de dichas personas en determinados sentidos (retribuciones, privilegios procesales, servicios de seguridad) pero ello lleva como contrapartida que la protección social ceda y sea infinitamente menor que la de un particular; en otras palabras, que el sufrir las iras del populacho siempre y cuando éstas se limiten a la mera mofa, reproche verbal en tono elevado e incluso en los casos ya extremos de llegar al insulto, que dichas personas tienen el deber de soportar (siempre cuando éste no incurra en el tipo penal de la calumnia o la injuria) precisamente por su condición de servidores públicos dado que, por utilizar una expresión llana, “les va en el sueldo”; el insulto puede ser considerado un detalle de mal gusto, algo zafio o ramplón, pero la zafiedad no implica per se la comisión de un ilícito penal, ya vayan dirigidos los nada halagüeños epítetos a un personaje público o a un particular. Pretender lo contrario sería, por poner un ejemplo a fin de refutar la tesis por reducción al absurdo, como si un árbitro de fútbol llevase a los juzgados a toda una afición por los vituperios con que dominicalmente le adornan en los estadios, donde no son infrecuentes los recuerdos nada agradables a sus progenitores y comparaciones con especies zoológicas de charcutería. El elemento distintivo en esta ocasión, y lo que inclina claramente la balanza para algunos, es el lugar elegido: el domicilio particular, y no la sede oficial de los cargos públicos. ¿Es admisible que un grupo de personas acuda al domicilio particular de unos servidores públicos con la finalidad nada disimulada de manifestar un reproche social y de influir en el sujeto a la hora de que éste manifieste su voluntad a la hora de tomar una decisión en las funciones que constitucional o legalmente tiene encomendadas ese servidor público? La Audiencia Provincial ha avalado que ello, dentro de ciertos límites, es lícito y ha ofrecido su argumentación al respecto. Ahora bien, sin discrepar de su razonamiento, me permitiría lanzar otra pregunta a los magistrados que han suscrito dicha tesis: ¿Mantendrían incólumes sus razonamientos jurídicos si fueran ellos quienes sufrieran el acoso en sus domicilios particulares cuando tuviesen que tomar una decisión en un asunto comprometido que hubiesen de enjuiciar? Lo que hoy ellos no encuentran objetable que se haga frente a terceros es lícito pensar en una estricta aplicación del principio de igualdad, no lo encontrarán objetable si el comportamiento, objetivamente lícito, muta el sujeto pasivo y se esgrime contra magistrados que, no lo olvidemos, son también servidores públicos y miembros de otro poder del Estado, no menos importante que el legislativo o el ejecutivo. Personalmente no sólo encuentro irreprochable, sino indispensable las manifestaciones contra políticos para que contemplen el verdadero sentir popular y vean, tan siquiera de reojo y por un breve instante, cómo se piensa en la calle. Ahora bien, personalmente (es una opinión subjetiva y, por tanto, falible) existen momentos y lugares y entiendo que el domicilio particular no es la ubicación idónea para ello.
Hace relativamente poco tiempo pude leer un interesantísimo libro donde varios periodistas de la cadena C-SPAN entrevistaban a los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Al chief justice John Roberts se le preguntó expresamente por las manifestaciones que frecuentemente tienen lugar en la franja de terreno que existe justo en la base de las escaleras que conducen a la entrada del Tribunal cuando éste se enfrenta a un caso polémico (aborto, control armamentístico, presencia de la religión en la vida pública, matrimonio homosexual). Aunque la pregunta se le hizo de una manera algo peculiar (dado que se formuló en términos algo equívocos al inquirir la opinión sobre “el diseño del edificio que permitió todo ese amplio espacio libre enfrente del mismo”), Roberts no eludió la cuestión y, tras responder expresamente a la pregunta en términos de una certeza indubitada (“no creo que Gilbert –el arquitecto que diseñó la sede- tuviera en mente que dicho lugar estuviera destinado a protestas”), aborda sin tapujos el tema con una rotundidad y claridad absoluta: manifestaciones, por supuesto, en el ejercicio de la libertad, pero sin que ello pueda ser condicionante alguno de las decisiones: “Es interesante el tema de las manifestaciones. Comprendo que la gente tenga fuertes convicciones acerca de los asuntos que resolvemos, pero la presión popular no es la que debe guiar nuestras decisiones. Dentro de ciertos límites, las protestas son un medio de que la gente exprese sus sentimientos, pero no deben dirigirse hacia nosotros. No le gustaría que decidiésemos lo que la constitución implica basándonos en los sentimientos populares…”. Claro que no es lo mismo la función judicial (estricta aplicación de la ley) que la legislativa (la propia creación de la ley que los Tribunales deben aplicar
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 artículo 620
 artículo 169
 artículo 172
in dubio
 artículo 620
 resolución 
 artículo 514
 artículo 514
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 556
 artículo 550
 artículo 550
 artículo 26
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