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Jurisprudencia: relación de la materia civil con la penal. – Maestros del Derecho Moderno
Jurisprudencia: relación de la materia civil con la penal.
Posted on 7 noviembre, 2016 by Florencia Córdoba
La sentencia que se transcribe, correspondiente al fuero punitivo, logra desmenuzar adecuadamente los hechos acreditados en la causa y relacionarlos estrictamente con la normativa propia de la materia penal y la civil de reciente vigencia en el territorio de la República. Sobre la base de la expresión de las consideraciones jurídicas del juez Luis María Bunge Campos se logra el perfecto control del proceso que lleva a la conclusión expuesta en la parte resolutoria del pronunciamiento. El profundo conocimiento de la materia civil y penal ha logrado el diálogo normativo que construyó la norma individual que se expone.
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL – SALA 6 CCC 20713/2016/CA1 “R., J. O. s/procesamiento” AL Juzgado de Instrucción Nro. ///nos Aires, 23 de septiembre 2016.- Y VISTOS, Y CONSIDERANDO: I.-) Tras la deliberación pertinente analizaremos los recursos interpuestos por la querellante R. L. L. a fs. 79/79vta. y por el Sr. Fiscal a fs. 73/77, ambos contra el punto III del auto de fs. 68/72 que sobreseyó a J. O. R. (artículo 334 y 336 inciso 3ro del Código Penal).- II.-) El juez Mario Filozof dijo: Las partes mantuvieron una relación de convivencia, finalizada la cual, L. denunció que el imputado retuvo el vehículo de alquiler del que dice es propietaria, marca Renault Logan, dominio JGC 884, con licencia Nro. 21.221 expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no restituyó pese a haber sido intimado para hacerlo.- Analizada la cuestión, entiendo que la conducta atribuída a R., no es susceptible de reproche penal alguno.- Resulta pertinente señalar que si bien la acusadora privada y el imputado no estaban casados, convivieron durante aproximadamente 10 años y tuvieron dos hijas, relación que podría equipararse por sus efectos al “matrimonio”, sin negar con ello el reconocimiento legal y formal que tal instituto merece. Ello por cuanto el rodado fue adquirido cuando se encontraban en convivencia.- Al respecto he sostenido: “Las características del concubinato se corresponden con la unión conyugal, a saber: la cohabitación, la notoriedad, exclusividad de la relación -fidelidad- y permanencia (…) trato (…) de no impedir que la convivencia de marras pueda producir determinados efectos, pues, si bien en el caso puede encontrarse discusión sobre el punto no es menos cierto que las leyes, la doctrina y la jurisprudencia le otorgan efectos jurídicos al concubinato, dadas ciertas condiciones (…) De igual modo no es cuestión menor que el concubinato exige de un mayor esfuerzoprobatorio, y requisitos paralelos con los requeridos a la institución matrimonial (se trata de un estado de matrimonio aparente que debe reunir los caracteres referidos más arriba). (ver de esta Sala, Causa Nro. 772/2012 “N.N. s/ homicidio.” rta, 12/07/12).- Se desprende de las propias presentaciones de la acusadora particular que el rodado era utilizado por R. para la manutención de la familia y fue adquirido cuando aquél se hallaba desocupado. Nótese que en la intimación enviada se alude justamente a una “especial relación” como motivo de la entrega -ver fs. 23/24-. Esto implica fue al menos usado el vehículo en beneficio de ambos.- La jurisprudencia ha sostenido “para que exista defraudación por retención indebida los bienes tuvieron que haber sido entregados por el sujeto pasivo en depósito, comisión, administración u otro título que produzca la obligación de entregar o devolver, lo que no sucede en el sub examen…ya que eran concubinos y residían en la misma vivienda”, (ver de esta Sala causas nro. 42.408 “ D. S., L. s/competencia, rta. el 7/10/2011 y nro. 3388-2014-CA1 “L., L. G.”, rta. el 4/8/2014, entre otras).- Así las cosas, opino que el automóvil en cuestión, cuya retención indebida se denuncia, integraría la masa de bienes de la sociedad de hecho que conformaban, la cual luego de la separación, está sujeta a división entre las partes y que puede, sino debe, ser canalizada en el fuero civil, donde, conforme surge de la documentación aportada por la querellante y de sus propias presentaciones, ya habrían recurrido para fijar la cuota alimentaria de las menores, entre otras cuestiones -ver fs. 1/4, 20/21-.- No parece casual que simultáneamente con la compra del rodado R. figure como chofer y nos dirige hacia el artículo 524 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la posibilidad de pactar un usufructo o en su defecto lo decida un Juez, máxime cuando el imputado se encuentra demandado por sus obligaciones alimentarias. Esto sin perjuicio que en otra sede se discuta si se aplica lo establecido por el artículo 528 del mismo ordenamiento.- Aún cuando formalmente esté a nombre de la denunciante (ver fs. 10/11), “la obligación de entregar o devolver” a la que se refiere el artículo 173 inciso 2do. del Código Penal para configurar la retención indebida de un objeto mueble ajeno, resulta ser, por las circunstancias enumeradas en el caso, justamente una cuestión litigiosa derivada de lo que las partes acuerden en esa división de bienes, o de la partición que se determine; y el juicio de valor en relación a si el bien es “ganancial” teniendo en cuenta la nueva redacción del artículo 528 del Código Civil, resulta competencia del magistrado de dicha sede.- Es criterio reiterado que la sanción penal es la última ratio del sistema jurídico y no puede aceptarse que se pretende aventurar la investigación de personas sin algún elemento serio que lo avale.- Recuérdese que “…la protección de los bienes jurídicos no se realiza sólo mediante el Derecho Penal, sino que a ello ha de cooperar el instrumental de todo el ordenamiento jurídico. El Derecho Penal sólo es incluso la última de todas las medidas protectoras que hay que considerar, es decir que sólo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de solución social del problema…” (Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte General, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito”, Tomo I, Ed. Civitas, año 1997, pág. 65, en causa nro. 19600/2012 “Bimbi, Ana María” del 11 de agosto de 2014, entre otras). En esa línea debo soslayar que la unión convivencial ha sido acreditada con el reconocimiento en autos de imputado y denunciante (artículo 512 del Código Civil y Comercial de la Nación).- Con lo cual no puede omitirse lo que establece el artículo 514 ibidem sobre que los bienes son divisibles cuando son obtenidos durante la convivencia (inciso c), lo que es oponible a terceros (artículo 517), incluso el cese de la convivencia da lugar a determinadas compensaciones como el usufructo de determinados bienes que en el caso debería ser resuelta por el juez civil como ya adelanté.- Ello pudo llevar a R. a considerarse con derecho a mantener el uso del rodado como refiere en la carta documento, lo que muestra una conflictiva ruptura de la relación.- La maraña legislativa que puede confundir – como en el caso-, trae por lógica que tal error tiene por efecto, no haber comprendido la antijuridicidad de la conducta, lo que últimamente se dio en llamar “error de prohibición” o “error de derecho extrapenal”, que excusa al ciudadano del poder punitivo del Estado.- En ese sentido la equivocación versa sobre una ley extrapenal relevante en el caso en trato. R. figura como chofer desde la adquisición con L. y el tenor de la carta documento de marras demuestra que estaba convencido de su derecho a mantener el statu quo anterior.- Por eso las cuestiones deben disiparse en otro Fuero y propongo convalidar lo resuelto por la anterior instancia.- III.-) El juez Luis María Bunge Campos dijo: Discrepo con lo afirmado por mi estimado colega, ya que entiendo que las uniones convivenciales tienen un régimen jurídico propio y no pueden serle aplicados los principios de la sociedad de hecho de un modo general, sobre todo en relación con bienes registrables. En este caso, el dominio de un automóvil se encuentra previsto en el decreto ley 6582/58 y la inscripción es constitutiva, tal como lo establecen sus artículos 1 y 2 de la citada norma. Por otra parte, al analizar el régimen de las uniones convivenciales en el Código vigente observamos que en ellas no hay una comunidad de bienes similar a la del matrimonio. El art. 518 del Código Civil y Comercial es claro al decir que: “Las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada en este Título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella.”. Al momento de encontrarse unidos convivencialmente la querellante y el aquí imputado aún no estaba vigente este Código Civil, por lo que nos encontrábamos ante un vacío legal que bien podía llenarse con las prescripciones de una sociedad irregular; pero actualmente tenemos una norma que regula específicamente esas relaciones, de modo tal que, por aplicación general de la regla hermenéutica que nos obliga a llenar los vacíos legales con el principio de leyes análogas, debemos acudir a este régimen y concluir que no hay comunidad de bienes en las uniones convivenciales. Ello, sin admitir que un bien registrable pudiera pertenecer a una sociedad de hecho, ya que, incluso admitiendo la posible existencia de una sociedad de hecho, ésta debía tener por objeto la explotación del automóvil taxi propiedad de la señora L., por lo que disuelta esa sociedad nace la obligación de restituir el bien propiedad de L. por parte de R.. De modo tal, que concluyo que, con el limitado alcance de esta etapa, se dan los elementos típicos para entender que el hecho denunciado encuadra dentro de una figura penal. Párrafo aparte merecen las consideraciones acerca del error de tipo mencionado en la resolución en crisis, como por la defensa en la audiencia, afirmación que al no haberse escuchado al imputado en declaración indagatoria, resulta dogmática. Por último, respecto de la posible aplicación de la excusa absolutoria contenida en el art. 185 del Código Penal, también alegada por la defensa, debemos discrepar con su aplicación ya que el legislador ha escogido el empleo de un término jurídico como “cónyuge”, si hubiera querido ampliarlo al conviviente lo hubiera hecho tal como hizo con la reforma del inc. 1ro del artículo 80 del Código Penal, por lo que no debe interpretarse que se trata de una omisión involuntaria del legislador, en las múltiples oportunidades enque se ha reformado el Código Penal, esta mención no ha sido modificada. En este sentido, debemos recordar que las causales de exclusión o anulación de la pena, son decisiones de carácter político o político-criminal elegidas por el legislador y nada tienen que ver ni con el contenido de injusto de un acto, ni con la reprochabilidad del mismo, por lo que deben ser interpretadas de un modo restrictivo ya que son excepciones a la punibilidad de las acciones típicas, antijurídicas y culpables. Con el mismo criterio deberíamos ampliar esta causal a los hermanos que no viven juntos, ya que el vínculo es el mismo. Por ello voto por la revocación del auto en crisis y porque se convoque a J. O. R. a prestar declaración indagatoria. IV.-) El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Escuchado el audio de la audiencia y realizada la deliberación pertinente, sin tener preguntas que realizar, adhiero al voto del juez Luis María Bunge Campos.- En virtud del acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE: REVOCAR y continuar con el trámite del legajo.- Se deja constancia que el juez Luis María Bunge Campos suscribe la presente en su carácter de subrogante de la vocalía nro. 3, que el juez Julio Marcelo Lucini, titular de la vocalía nro. 7 no lo hace por hallarse en uso de licencia el día de la celebración de la audiencia y que el Juez Rodolfo Pociello Argerich lo hace en su carácter de presidente de esta Excelentísima Cámara.- Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.- Mario Filozof (en disidencia Luis María Bunge Campos Rodolfo Pociello Argerich Ante mí: Andrea Rosciani Prosecretaria de Cámara
La Habana, 21 al 23 de junio de 2017. Jornada Internacional por los 30 años del Código Civil Cubano.
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“XXII Dialogo de Juristas sobre Convivencias Solidarias”, el 21 de marzo del corriente a las 18 hs. en el Salón Alfonsín del Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, calle Perú 160.
Solicitud de reintegro internacional de menores. Estricta aplicación del derecho vigente con respeto de sus jerarquías normativas. Doctrina y jurisprudencia.

References: artículo 524
 artículo 528
 artículo 173
 artículo 528
 artículo 514
 resolución 
 artículo 80