Source: https://elconsumo.blogspot.com/2009/09/
Timestamp: 2020-07-15 04:59:51+00:00

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EL CONSUMO: septiembre 2009
No resulta infrecuente que, presentando defectos los bienes muebles adquiridos en un establecimiento comercial (pequeños electrodomésticos, ordenadores, cámaras de fotos o videos, étc.) y pretendiéndose su reparación en garantía, se obligue al consumidor a depositarlos para que el servicio técnico de la marca emita un informe sobre la avería, supeditándose el derecho de garantía que asiste al comprador del bien adquirido a la valoración de dicho servicio técnico sobre el origen y naturaleza del desperfecto.
Además, se une a lo anterior la circunstancia que la empresa vendedora sólo admite la reparación del bien defectuoso como única solución, olvidándose que regla general prescrita en la legislación aplicable (art.119.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 TRLCU), precisamente, otorga al consumidor optar entre exigir la reparación o exigir la sustitución, sin que ésta decisión competa al empresario ya que sólo puede negarse a la opción elegida cuando ésta “resulte objetivamente imposible o desproporcionada”, frase ésta que deberá interpretarse restrictivamente, dado el carácter tuitivo de la legislación en materia de defensa del consumidor.
Los dos casos que se exponen a continuación tratan sobre estas cuestiones.
En el primero, el consumidor adquirió una cámara fotográfica que, a casi tres meses de su fecha de venta, se averió. El comprador solicita la sustitución de esta cámara averiada por otra nueva y la empresa vendedora niega dicha opción, exigiéndole la entrega de la máquina para que el servicio técnico de la marca compruebe la avería y proceda a su reparación.
Una vez efectuada la reparación y devuelta a su propietario la máquina, ésta siguió presentando defectos similares a los que dieron origen a la primera reparación. Siendo llevado el bien adquirido a la empresa vendedora, ésta ni sustituye el bien defectuoso por otro, ni tampoco reconoce al consumidor el derecho a resolver el contrato devolviéndole el precio pagado. La única solución que se ofrece es la entrega de la cámara para que la máquina sea nuevamente reparada por el servicio técnico.
No conforme con dicha situación, el adquirente de la cámara fotográfica demanda a la entidad vendedora por incumplir el régimen aplicable a la garantía en la venta de bienes muebles a los consumidores, instando a que se le reconozca el derecho a resolver el contrato, devolviéndosele el precio desembolsado. Igualmente, solicita que se condene a la entidad demandada a abonarle 200 euros en concepto de daños morales.
Conocido el asunto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Siero, en la sentencia dictada por dicho juzgado el 1 de julio de 2009 (sentencia facilitada por la OMIC de Siero, a cuyo responsable se agradece su inestimable apoyo), se reconoce al demandante el derecho, recogiéndose lo siguiente:
«(…) en el presente supuesto y valorada en su conjunto la prueba practicada (las declaraciones y la documental obrante) resulta evidente que, ante la negativa insistente de la entidad demandada a proceder a la sustitución del producto, tal y como le exigía el actor y sin que esta forma de saneamiento, atendiendo a la entidad de la avería y a su falta de reparación en cuna primera ocasión, pueda considerarse desproporcionada, asiste al consumidor el derecho a resolver 3el contrato, tal y como le habilita el artículo 121 del RDLeg 1/2007 que expresamente dispone que: “La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán a elección del consumidor y usuario, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario”».
Sin embargo, sobre la pretensión de la indemnización el juzgado desestima dicha reclamación, exponiendo que el incumplimiento de la empresa no ha producido una situación objetiva que pueda dar lugar a un padecimiento psíquico, zozobra, ansiedad o angustia en el demandante, añadiendo que “la molestia derivada del incumplimiento contractual no pasa de ser eso, una simple molestia sin entidad suficiente para traducirse en un daño moral indemnizable económicamente”.
Ver la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Siero.
El segundo caso lo constituye un recurso de apelación resuelto mediante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de julio de 2009. En ella se pretende la anulación de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Madrid que estimó la demanda de un consumidor que pretendía la devolución del precio pagado por un ordenador que se averió pasado un año desde su adquisición.
La empresa se había negado a resolver el contrato, devolviendo la cantidad pagada por el ordenador, ya que la avería se había producido pasados seis meses -de hecho, ya había transcurrido más de un año desde la adquisición del bien- y al consumidor adquirente se le había ofrecido la posibilidad de enviar el ordenador al servicio técnico, debiendo abonar los gastos de peritación y envío en caso de que la avería se hubiese producido por mal uso.
La Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por la empresa vendedora, confirmando la sentencia recurrida.
Curiosamente, esta sentencia ataca -en el sentido más favorable a los derechos de los consumidores- la línea de flotación de lo hasta ahora asumido en base a la presunción establecida en el segundo párrafo del art. 123 del RDL 1/2007 toda vez que, una transcurridos los seis meses desde la adquisición del bien -dentro de los cuales, se presume “ope legis” que las faltas de conformidad que se manifiesten en dicho período ya existían cuando el bien se entregó-, no resultaría jurídicamente admisible exigir al consumidor, por parte de la empresa vendedora, una peritación que demuestre que el defecto del producto es causado por un defecto originario o de fabricación.
Con ello se plantea la respuesta que ha de darse a los bienes cuyas “faltas de conformidad” se manifiesten una vez transcurridos los 6 meses, ya que si se asumen los criterios contemplados en esta sentencia, no resultaría en absoluto correcto que la empresas rechazasen de plano estas reclamaciones ya pasado el plazo antedicho, requiriendo una prueba pericial sobre las causas y naturaleza de la avería (léase “falta de conformidad”).
Este párrafo, contenido en su fundamento de derecho tercero de la sentencia referida, resulta revelador de lo expuesto:
« (…) no se trata de que se ofreciera una reparación con advertencia de que de no estar cubierta por la garantía la misma sería a cargo de la parte, o sus gastos de peritación, sino que lo que pone de relieve la prueba practicada, y la propia alegación de la parte, es que se parte de la idea, y ello se transmite así al consumidor, de que es quien ha comprado el producto el que debe llevar una peritación que indique que el defecto por el que reclama más allá del primer año de garantía es debido precisamente a un defecto de fabricación; de este modo se sitúa al consumidor frustrado en sus expectativas con la adquisición, y que no olvidemos tiene un producto que está aún en garantía, a la tarea que puede ser difícil y costosa de realizar un peritaje previamente a la reclamación a su vendedora, que por cierto nada indica de si abonaría luego ese peritaje a la parte.
Es decir, en lugar de atender al cliente consumidor que lleva un producto en garantía, sin perjuicio de que advertida una incorrecta manipulación se niegue la reparación o se reclamen los gastos, se hace exactamente lo contrario, no se atiende ninguna reclamación a salvo que el cliente lleve periciales a su costa que justifiquen no se sabe qué procedencia del defecto que siempre podría luego discutirse.
Valorará la entidad demandada la oportunidad de esta política comercial, pero desde luego no es esa la manera en que se tutelan mínimamente los derechos del consumidor, no ya para su satisfacción comercial sino desde el punto de vista estricto de los derechos que le asisten ».
En esta sentencia también se recogen diversas consideraciones reflejadas en otra sentencia anterior, dictada por la sección 13ª de la propia Audiencia el 10 de octubre de 2008, que tiene por objeto también la aplicación del régimen legal de garantía de bienes muebles.
Ver la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de julio de 2009.
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/30/2009 3 comentarios:
EVITAR LA SORDERA PRECOZ: LA UE LIMITARÁ EL VOLUMEN DE LOS REPRODUCTORES PORTÁTILES DE MÚSICA
La Comisión Europea convocará la próxima semana a representantes de consumidores, expertos y representantes de fabricantes de dispositivos portátiles reproductores de sonido con el fin de analizar medidas tendentes a la reducción de los daños para el sistema auditivo que ocasiona el uso de reproductores MP3 y otros reproductores portátiles de música, cuando son escuchados a alto volumen.
Entre otras medidas, se propone los reproductores de música portátiles salgan de fábrica ya ajustados con unos niveles de exposición seguros, advirtiendo claramente sobre los efectos perjudiciales que tiene una exposición excesiva a niveles sonoros elevados.
La Comisaria de la UE en materia de consumo, Meglena Kuneva, declaró: «Es fácil subir el volumen del MP3 hasta niveles que son perjudiciales, sobre todo en calles muy transitadas o en los transportes públicos. Las pruebas nos dicen que, en particular los jóvenes, que escuchan la música muy alta y a veces durante varias horas a la semana, no tienen ni idea de que están poniendo en riesgo su capacidad de audición. Pueden pasar años hasta que el daño auditivo se manifieste, y entonces, sencillamente, ya es demasiado tarde. Estas normas introducen pequeños cambios técnicos en los reproductores, de manera que, por defecto, su uso normal resulte seguro. Si el consumidor desea sobrepasar los ajustes de fábrica, puede hacerlo, pero en el aparato figurarán advertencias claras para que sepa los riesgos que estará asumiendo».
En octubre de 2008, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) advirtió de que escuchar música en uno de estos reproductores a un volumen elevado durante un período prolongado puede producir daños permanentes en el oído. Entre un 5 % y un 10 % de los usuarios de estos aparatos corren el riesgo de quedarse parcialmente sordos. Se trata de personas que escuchan música durante más de 1 hora al día a un volumen elevado. Se calcula que en la UE pueden correr este riesgo hasta 10 millones de personas. La Comisión Europea ha encargado hoy, 28 de septiembre, al Cenelec (el organismo de normalización de la UE) que redacte nuevas normas de seguridad técnica.
Fuente: Communautés européennes, 1995-2009
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/28/2009 No hay comentarios:
Año 13, nº 67. Septiembre 2009
“Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.
¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes).
Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.
Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2)”.
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10%de la población mundial.
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/27/2009 No hay comentarios:
EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A ACTUAR CONTRA LA "CLÁUSULA SUELO" DE LAS HIPOTECAS
El Pleno del Senado ha aprobado el pasado miércoles, por unanimidad, una moción que insta al Gobierno a actuar contra determinadas prácticas que pueden resultar abusivas al amparo de la legislación en materia de defensa de los consumidores, siendo aplicadas por muchas entidades bancarias, en relación a la revisión de las hipotecas.
Las prácticas denunciadas se recogen en las denominadas “cláusulas suelo” y “cláusulas techo”, que impiden a los usuarios beneficiarse de un Euribor bajo ya que muchos de los contratos firmados en los últimos años contienen en las condiciones generales una cláusula que limita el “techo” de la hipoteca al 14% o 15%, tipo que las entidades financieras saben que dificilmente se alcanzará, mientras que el "suelo" (esto es, el tipo mínimo que el usuario tiene que pagar con independencia del valor Euribor) se sitúa entre el 3% y 5%, lo que perjudica a los usuarios teniendo en consideración que el Euribor actual se sitúa entorno al 1,247 %.
Por ello, se requerirá al Banco de España la elaboración un informe sobre las cláusulas de los préstamos y la "efectiva traslación" de los descensos del euribor a las cuotas.
Dicho informe deberá remitirse al Senado en un plazo de tres meses para su debate en Pleno.
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/24/2009 1 comentario:
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/22/2009 1 comentario:
OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL COMERCIO MINORISTA: INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009
En este informe, publicado el pasado día 16 por el Observatorio de precios del mercado minorista, se realiza un análisis comparativo de precios de alimentación y droguería, estableciendo un ranking por enseñas según precios, determinando cuáles son los establecimientos de menor precio.
Igualmente analiza comparativamente los precios de las diversas ciudades, estableciendo también una clasificación de las ciudades en función del mayor o menor precio de los productos.
El resultado por establecimientos comerciales relativo a productos alimenticios refleja que los tres establecimientos más baratos han sido, durante este período, Alimerka, Alcampo y Mercadona, mientras que los tres establecimientos más caros fueron Sorli Discau, Hipercor y El Corte Ingles.
Dicho resultado se refleja en una tabla que otorga el índice 100 al establecimiento cuyo promedio ponderado de precios es el menor, referenciándose a continuación el resto en función de dicho índice, y en la que a Alimerka le corresponde el valor 100, correspondiendo a Alcampo y Mercadona el valor 101, mientras que a Sorli Discau, Hipercor y El Corte Ingles le correspondieron los valores 116, 118 y 122, respectivamente.
Cabe señalar que el estudio de la valoración de precios se centra únicamente en dicho parámetro, sin valorar otras variables como pueden ser la atención al cliente, situación, variación de la oferta, etc.
En cuanto a ciudades, la ciudad más barata para comprar resultó -por tercer trimestre consecutivo- Ávila, mientras que Bilbao y San Sebastián son las más caras.
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/22/2009 No hay comentarios:
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/18/2009 No hay comentarios:
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/17/2009 No hay comentarios:
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/16/2009 5 comentarios:
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO
El artículo 9.4 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria establece la posibilidad de considerar también como responsables de las infracciones, cuando las infracciones sean cometidas por una persona jurídica, a “las personas que integren sus organismos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables de la elaboración y control”.
Con ocasión de una sanción por importe de cuatro millones de euros impuesta por la Xunta de Galicia por la comisión de una infracción en materia de consumo al Grupo CEAC, S.A., empresa que figuraba como administradora única de la entidad Open English Master Spain S.A. , el Tribunal Supremo mediante la sentencia de 29 de abril de 2009, dictada en casación, analiza la aplicabilidad de este precepto y si resulta jurídicamente aceptable la imposición de sanciones en materia de consumo, además de a las personas jurídicas responsables de las infracciones, a las personas señaladas en el art. 9.4 del Real Decreto 1945/1983.
El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto y, admitiendo la posibilidad brindada en el art. 9.4 del Real Decreto 1945/1983, efectúa las siguientes consideraciones recogidas en el fundamento de derecho quinto de la sentencia anteriormente referida:
“Aquel artículo 9.4 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio , establece la posibilidad de una responsabilidad directa de las personas que integran los organismos rectores o de dirección de la persona jurídica; y por tanto, para el caso de autos, de la persona jurídica que había asumido la función de administrador único de la mercantil titular de los centros de enseñanza. Permite ese precepto, como resulta de su texto, la imputación conjunta ("también", dice) a una persona jurídica y a sus administradores, sin necesidad por tanto de aplicación de una pretendida subsidiaridad a modo de beneficio de excusión. Y lo permite sin necesidad o exigencia de que las actuaciones del expediente sancionador se dirijan contra aquélla y contra éstos, pues la omisión, legal o ilegal, de no sancionar a la primera no impide que separadamente se sancione a los titulares de los órganos de dirección o gestión, como hay que inferir del articulo 130.3 de la Ley 30/1992.
Para concluir, hemos de afirmar que la cobertura legal que se niega a ese artículo 9.4 se encuentra en la Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984 , en la que se dispuso que " a los efectos de lo establecido en el Capítulo IX, será de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio ... ". Hay ahí una asunción expresa por el legislador, haciéndola suya, y precisamente a efectos del régimen de infracciones y sanciones que establecía en el Capítulo IX de la Ley, de la norma reglamentaria a la que se refiere. Así lo ha entendido este Tribunal Supremo, entre otras en su sentencia de 16 de diciembre de 1991 , dictada en el recurso de apelación número 3329/1990, en cuyo fundamento de derecho segundo se lee que " esta Sala ha establecido el criterio, así en S. 31-10-1991 , de que la cobertura legal del Decreto 1945/1983 se halla para las infracciones cometidas con posterioridad a la Ley General de Consumidores y Usuarios, en la Ley 26/1984 de 19 julio , y para las anteriores ... en el hecho de refundir dicho Decreto normas reglamentarias preconstitucionales a las que no era exigible con carácter retroactivo la reserva de ley en materia sancionadora del art. 25.1 de la Constitución ".
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/11/2009 No hay comentarios:
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/04/2009 No hay comentarios:
Publicado por Severino Espina Fernández en 9/01/2009 No hay comentarios:

References: Real Decreto 
 artículo 121
 resolución 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto