Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD200805230019.CODI.)
Timestamp: 2019-10-15 11:30:02+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 19, de 23/05/2008
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Ceses...
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de las Comisiones del Congreso de los Diputados.
162/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de poner en marcha un Tercer Plan de empleo y formación para las personas con discapacidad... (Página 5)
162/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Estatuto de la Función Pública Docente... (Página 6)
162/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales... (Página 7)
162/000053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte en los países que la mantienen... (Página 8)
162/000054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proyecto Gran Simio... (Página 9)
162/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria global... (Página 9)
162/000056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para luchar en el marco de la cooperación internacional contra la esclavitud y la violación de derechos humanos en Níger... (Página 11)
162/000057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40% hasta el 100% para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia... (Página 11)
161/000097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte en los países que la mantienen... (Página 12)
161/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho de abandonar la propia confesión y la eliminación de los datos personales de los ficheros de datos de ésta... (Página 13)
161/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la ejecución de las obras en el denominado "nudo de galuresa"... (Página 14)
161/000091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autovía A-40 en su tramo Teruel-Cuenca... (Página 15)
161/000092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las tarifas del AVE Madrid-Zaragoza...
161/000095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre subvención al transporte marítimo... (Página 16)
161/000098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de elaborar el Plan Director del puerto de Vigo (Pontevedra)... (Página 17)
161/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el rescate de los derechos de peaje en la autopista Costa del Sol, entre Marbella y San Pedro de Alcántara, mientras duran los trabajos de soterramiento de la autovía A-7... (Página 18)
161/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los rellenos del canal de Deusto... (Página 18)
161/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la tramificación de los precios de la electricidad... (Página 19)
161/000089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de medidas de ayuda a la ganadería... (Página 20)
161/000094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el sector platanero... (Página 20)
161/000099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proyecto Gran Simio... (Página 22)
161/000093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución de la obra de rehabilitación del mercado de abastos de Santiago de Compostela...
161/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Instituto Volcanológico de Canarias... (Página 23)
161/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre cooperación con el Kurdistán... (Página 25)
181/000059 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre medidas para facilitar el acceso al empleo en las Administraciones Públicas para las personas con discapacidad... (Página 26)
181/000060 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones para impulsar la presencia de personas con discapacidad en los tribunales que evalúan las oposiciones al empleo público... (Página 26)
181/000057 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre objetivos del III Encuentro de Mujeres Españolas y Africanas, organizado por la Red Mujeres por un Mundo Mejor, que tendrá lugar en Níger los días 10 y 11/05/2008... (Página 26)
181/000058 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre expectativas y objetivos en los que se enmarca la firma del nuevo acuerdo entre el Ministerio de Igualdad, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME), sobre la extensión del microcrédito social para mujeres emprendedoras el día 06/05/2008... (Página 27)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 19 de mayo de 2008, el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. don Ramón Jáuregui Atondo, con efectos de 19 de mayo de 2008, del personal eventual que a continuación se relaciona en el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista:
- Dña María Clara Gómez París
- Dña Patricia Soublechero Álvarez
- Dña Sandra Figaredo Gutiérrez
- Dña María del Mar Soria del Río
- D. Daniel Barbazán Turnes
- Dña Ifara Conde Martínez
- D. Gabriel Enrique Gómez Espinosa
- Dña Angélica Navalón Fernández
- D. Manuel Benedito Fornas
- Dña María Paz Gómez Peña
- Dña Antonia Gallego Alonso
- Dña Invención Hernández Asensio
- Dña María Amparo Martínez Campo
- Dña Luisa García de Santos
- Dña Patricia Gervasio García
- Dña Begoña Vidal Cases
- Dña Ana Isabel Sánchez Rubio
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de mayo de 2008, el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a petición del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos de 14 de mayo de 2008, de doña María del Carmen Osuna Osuna como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a petición del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos de 14 de mayo de 2008, de don José Luis Prieto Domínguez como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.o del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de mayo de 2008, el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido bien nombrar a don Álvaro Romero Cuquerella, a propuesta del Excmo. Sr. don Juan Morano Masa, con efectos de 14 de mayo de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión no permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000050
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con el fin de poner en marcha un Tercer Plan de Empleo y Formación para las personas con Discapacidad, para su debate en Pleno.
El acceso de las personas con discapacidad a nuestro mercado laboral es la mejor forma para que estas personas se integren plenamente en nuestra sociedad. Por un lado, esto favorecería la competitividad de nuestro país y por otro favorecería la actividad de estas personas que en muchos casos se encuentran marginadas por el hecho de sufrir una discapacidad.
Sin embargo, de 1.300.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, de 16 a 64 años, sólo lo hace el 32%, llegando la inactividad laboral al 76,3% de las mujeres y al 59,4% de los hombres. (Fuente: Informe CCOO, 2004). España ocupa el penúltimo lugar de la Unión Europea de los veinticinco en cuanto a la inserción laboral de los discapacitados, sólo por delante de Polonia.
Los sucesivos Gobiernos están tomando, cada vez, mayor conciencia de la importancia de las políticas de discapacidad en nuestro país. En 1997 se aprobó el primer plan de empleo para personas con discapacidad y en el año 2002 se aprobó el II Plan de Empleo convenido entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el CERMI, 2002-2004.
Estos planes han constituido un hito importante en las relaciones entre el Gobierno y las personas con discapacidad, donde se actualizaban y mejoraban las políticas de empleo y han tenido como objeto favorecer el crecimiento del empleo de estas personas. Estos planes contenían numerosas medidas que promovían: las bonificaciones a contratos, la renta activa de inserción, escuelas taller, casa de oficio y talleres de empleo, enclaves laborales, etc.
A pesar de que hemos avanzado en políticas de empleo para las personas con discapacidad, España sigue a la cola en cuanto a integración laboral de los discapacitados. Hacen falta nuevas medidas que animen a estas personas a no quedarse en casa y a tener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. El hecho de tener una discapacidad no puede ser un obstáculo para tener un empleo y hacer una vida normal.
El Partido Socialista ya en su programa electoral de 2004 llevaba el compromiso de aprobar un Plan Estatal de Promoción de la Formación y empleo de las Personas con Discapacidad (2004-2008). Han pasado cuatro años y este compromiso no se ha cumplido, siendo los únicos perjudicados las personas con discapacidad. Se transformó en Estrategia Global de Empleo para personas con Discapacidad 2008-2012 negociado con el sector representado a través del CERMI.
La ley para Mejora y Crecimiento del Empleo en vigor desde diciembre de 2006 marcaba un plazo de seis meses para la aprobación de una Estrategia Global de Empleo para personas con discapacidad 2007-2008. Este mandato tampoco se ha cumplido en detrimento de las personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario Popular cree conveniente elaborar un nuevo Plan de Empleo para las personas con discapacidad que promueva medidas formativas y políticas activas de empleo con el fin de incrementar tanto la tasa de actividad como tasa de ocupación de estas personas sin que la discapacidad suponga una barrera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y poner en marcha en el plazo de 6 meses, conjuntamente con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias un Tercer Plan de Empleo y Formación donde:
- Se promueva la formación profesional específica según el tipo de discapacidad y según los yacimientos de empleo que requiera el mercado de trabajo.
- Se promueva el incremento de la contratación de trabajadores con discapacidad en la pequeña y mediana empresa.
- Se incremente al 7% el porcentaje de reserva de las personas con discapacidad en el empleo público, y se impulsen las medidas de formación necesarias para asegurar el cumplimiento de esta cuota.
- Se pongan en marcha mecanismos para garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva. La vigilancia del cumplimiento de la obligación legal de reserva será objeto de atención preferente en los planes de la inspección de trabajo.
- Se promoverá una bonificación inicial del 70% de las cuotas de la Seguridad Social sobre la base de cotización a las personas con discapacidad que se establezcan como autónomos.
Una vez aprobado dicho plan se constituyan mesas negociadoras para el desarrollo de iniciativas normativas, programáticas y presupuestarias que contiene la Estrategia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000051
El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate ante el Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública Docente.
En 1998, el Gobierno de España inicia la negociación con las diferentes Comunidades Autónomas para la elaboración del Estatuto de la Función Pública Docente. En ese momento el Ministerio de Administraciones Públicas confeccionaba el anteproyecto de Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, que se tomaba como marco a la hora de diseñar el mencionado Estatuto referido a la Función Pública Docente.
El borrador regulaba, entre otras materias, la ordenación de la actividad educativa, la selección de personal, el comienzo y extinción de la relación de servicios, los procedimientos de provisión, el régimen de derechos y deberes de los funcionarios públicos docentes, su promoción y el sistema retributivo.
Siete años más tarde, a finales de 2005, se retoma el estudio de la estructura y contenido del Estatuto Básico de la Función Pública Docente, siendo la intención del Ministerio de Educación y Ciencia, según acta de la reunión de la Comisión personal de la Conferencia de Educación de fecha 15 de noviembre de 2005, la de que el borrador de dicho estatuto estuviera terminado en junio de 2006, argumentando el Ministerio la paralización por la necesaria elaboración de los decretos correspondientes, una vez que se aprobó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
El Estatuto Básico del Empleado Público se publica en el BOE del 13 de abril del mismo año. Esta Ley fijó el marco básico del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y estableció en el artículo 2.3 que el personal docente se regirá por la legislación específica dictada por el Estatuto y por las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En 2007 se retoman las conversaciones con las Comunidades Autónomas para la tramitación del Estatuto Básico de la Función Pública y Docente. En la última reunión, que data del 12 de julio del 2007, el Ministerio de Educación se compromete a su aprobación definitiva por las Cortes antes de que finalice el año. Concluida esa legislatura el Gobierno del Estado se comprueba cómo el Gobierno ha incumplido su compromiso para que las Comunidades Autónomas puedan contar con un instrumento básico, que les permita regular las políticas del personal público docente con una norma de referencia para todo el Estado.
1. Reanudar el diálogo con las Comunidades Autónomas para la elaboración del Estatuto de la Función Pública Docente.
2. Tramitar a lo largo del presente año la mencionada norma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2008.-José Luis Perestelo Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000052
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda-Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Proposición no de Ley sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que en su apartado 3 se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales para su debate en Pleno.
Las personas transexuales, especialmente las mujeres, tienen un grave problema de inserción social y laboral.
Ciertamente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, fue un avance muy importante, pero que no erradicó la situación de exclusión, y por extensión de marginación, que sufren buena parte de las personas transexuales.
La superación de esta injusta situación, que atenta contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española comenzando por el artículo 14, requiere una respuesta urgente, sólida y efectiva por parte de los poderes públicos. Así lo establece el artículo 9.2 de la Constitución Española al afirmar: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
Por otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho constitucional fundamental. En el caso de las personas transexuales que no tienen acceso a una atención integral de reasignación de sexo este derecho se ve limitado, pudiendo crear o agravar los problemas psicológicos derivados de tener un sexo físico que no se corresponde con el mental. Y más cuando la falta de una cobertura clínica pública -que debería incluir el apoyo terapéutico familiar- les aboca en la situación de exclusión en que se encuentran a menudo a situaciones humillantes como la prostitución forzosa para adquirir el dinero con que conseguir el libre.desarrollo de su personalidad. A veces, esta situación lleva a las personas transexuales a recibir intervenciones sanitarias en una situación de alegalidad o, incluso, de ilegalidad.
Finalmente, y en otro orden de cosas, es necesario realizar una importante labor de formación y pedagogía a nivel social y educativo sobre la transexualidad para remover obstáculos y facilitar la integración de las personas transexuales, mejorar la convivencia y eliminar actitudes discriminatorias.
1. Presentar, antes de un año, un Proyecto de Ley de medidas integrales para la integración laboral y social de las personas transexuales, incluyendo la discriminación positiva. Este Proyecto de Ley será negociado con los colectivos de defensa de los derechos de las personas transexuales.
2. Impulsar de manera urgente, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la inclusión dentro de la cartera de servicios la cobertura sanitaria del proceso íntegro de reasignación de género desde la atención psicoterapéutica y diagnóstico precoz hasta las intervenciones plástico-quirúrgicas, en su caso. Para ello se impulsarán las Unidades de Atención Integral de reasignación de sexo (incluyendo la pedagogía y apoyo terapéutico familiar) en todas las Comunidades
Autónomas, así como la suficiente formación de profesionales, con el correspondiente traspaso de fondos económicos para garantizar una correcta implementación de estas políticas.
3. Realizar, antes de un año, las modificaciones legales oportunas para tipificar legalmente como delito la transfobia (conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio, ridiculización, etc. que se producen contra las personas transexuales).
4. Impulsar, con su respectivo reconocimiento en el siguiente ejercicio presupuestario, la creación de una cátedra universitaria para la investigación científica interdisciplinar de la transexualidad.
5. Realizar, antes de un año, una campaña institucional con la finalidad de hacer pedagogía y sensibilizar sobre la transexualidad y combatir su discriminación. Esta campaña publicitará un teléfono de consulta y apoyo a las personas transexuales y/o familiares.
6. Introducir, de manera negociada con las Comunidades Autónomas, en todos los niveles educativos superiores al infantil, contenidos de pedagogía y sensibilización sobre transexualidad.
7. Reconocer e impulsar el trabajo de pedagogía y autoapoyo que realizan las asociaciones de transexuales, incluyendo su financiación pública.
8. Conceder, de manera inmediata y a la luz de los informes sobre cumplimiento de derechos humanos, el derecho de asilo a aquellas personas que padecen una clara discriminación o agresión en sus países de origen como consecuencia de la libre expresión de su identidad de género.
9. Impulsar en la Unión Europea y la ONU, el estudio sobre la transfobia a nivel internacional y la adopción de medidas para combatirla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000053
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte de los países que la mantienen para su debate en Pleno
Según los informes de Amnistía Internacional, basado sólo en casos conocidos, por lo tanto en la realidad son más, en el año 2007, fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países, y al menos 3.347 personas fueron condenadas a muerte en 51 países. El 88% de estas ejecuciones se llevaron a cabo en 5 países: China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos. Asimismo, se estima que actualmente hay alrededor de 20.000 personas en el mundo esperando la ejecución de su condena a muerte (entre ellas, dos con nacionalidad del Estado español: Pablo Ibar y Nabil Manakli).
La pena de muerte, especialmente en los casos de menores de edad, es el mayor atentado contra los derechos humanos individuales, y es una vergüenza para la Humanidad que en el siglo XXI todavía se practique o se reconozca en la legislación interna de muchos países.
El Estado español, comprometido con la abolición de la pena de muerte a nivel mundial, debe aumentar los esfuerzos en pro de tal compromiso, y especialmente en las relaciones bilaterales con aquellos países con quien tiene mayor relación histórica, cultural, comercial o de cooperación. En este sentido, debe ejercer una labor diplomática para conseguir la moratoria en las ejecuciones de aquellos países retencionistas de la pena de muerte (p.e. Cuba, Guinea Ecuatorial), para que aquéllos que son abolicionistas de hecho adapten su legislación a esta realidad (p.e.
Marruecos, Federación Rusa), para que los que mantienen esta pena para casos excepcionales pasen a ser plenamente abolicionistas (p.e.
Argentina, Chile), y para que aquéllos que pretenden reinstaurar las condenas o aumentar los casos, se retracten de esta voluntad (p.e, Perú).
Finalmente, el Estado español debería plantear ante las instituciones internacionales oportunas, la intensificación de las medidas incentivadoras y, en su caso, amenazadoras para la moratoria de ejecuciones en los países que más la practican y en aquéllos que la aplican a personas menores de edad o que cometieron el delito cuando lo eran.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
1. Proponer ante las instancias internacionales oportunas, la adopción de medidas sancionadoras para aquellos países que mantienen la pena de muerte para menores de edad o para aquellas personas que lo eran cuando cometieron el delito.
2. Proponer ante las instancias internacionales oportunas, el estudio de las medidas activas y, en su caso, coercitivas necesarias para conseguir la moratoria
de ejecuciones de aquellos países que actualmente las llevan a cabo.
3. Realizar los trabajos diplomáticos oportunos para instar a aquellos países con quien el Estado español tiene fluidas relaciones y que mantienen en su legislación interna la pena de muerte y la ejecutan a que lleven a cabo una moratoria de las ejecuciones, como primer paso en el camino de la abolición definitiva de esta pena.
4. Realizar los trabajos diplomáticos oportunos para instar a aquellos países con quien el Estado español tiene fluidas relaciones y que mantienen en su legislación interna la pena de muerte pero no la ejecutan a que modifiquen sus respectivas legislaciones para la abolición definitiva de esta pena.
5. Realizar los trabajos diplomáticos oportunos para instar a aquellos países con quien el Estado español tiene fluidas relaciones y que mantienen en su legislación interna la pena de muerte para casos excepcionales como los tiempos de guerra a que modifiquen sus respectivas legislaciones para la abolición definitiva de esta pena.
6. Aumentar la cooperación con aquellos países referidos en los tres puntos anteriores que avancen en el camino de la abolición de la pena de muerte, en detrimento de la cooperación con los gobiernos que la siguen manteniendo o pretenden reinstaurarla."
162/000054
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto Gran Simio, para su debate en el Pleno.
Un informe reciente de las Naciones Unidas alertaba del riesgo de desaparición de Grandes Simios por la destrucción de sus hábitats naturales (los bosques originarios), la expansión de enfermedades infecciosas y la presión humana.
El programa internacional -no gubernamental- para la ampliación de la igualdad, denominado Proyecto Gran Simio (PGS), pretende preservar y proteger del maltrato y la muerte a estos compañeros genéticos de la humanidad que son los Grandes Simios (Orangután, Chimpancé, Bonobo y Gorila). El PGS es una idea original de un grupo de científicos y pensadores como Peter Singer y Paola Cavalieri y cuenta con un enorme apoyo de la comunidad científica internacional. Ampliar los límites de nuestra comunidad moral es uno de los objetivos básicos de la ética ecológica. El PGS supone uno de los avances más importantes en esta ampliación de las fronteras de la igualdad. Debemos evitar la desaparición, el maltrato y la esclavitud de estos seres tan próximos a nuestra especie y tan cruelmente tratados.
1. Declarar, en el plazo máximo de 4 meses, su adhesión al Proyecto Gran Simio, así como su impulso en el resto de países de la Unión Europea.
2. Llevar a cabo, en al plazo máximo de un mes a partir de la adhesión al Proyecto Gran Simio, los trámites necesarios para la adecuación de la legislación española a los principios del Proyecto Gran Simio.
3. Impulsar y emprender las acciones necesarias en los foros y organismos internacionales que procedan para la protección de los grandes simios del maltrato, la esclavitud, la tortura, la muerte y extinción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000055
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la crisis alimentaria global, para su debate en el Pleno de la Cámara.
En los últimos tres años el valor del trigo, maíz y arroz, indispensables como dieta básica de casi la mitad del planeta, se ha disparado, impulsando un alza total en los precios de los alimentos del 83%. Esta situación, ocasionada principalmente por el aumento del precio de combustibles, el incremento de demanda de economías emergentes como China y la India, las malas cosechas
en el continente asiático, la fuerte demanda del uso de cereales destinada a biocombustibles y la especulación en los grandes fondos de inversión, perjudica de manera especialmente grave a los países más pobres; mientras que en los países desarrollados los alimentos representan entre un 10 y un 20 por ciento de la renta del consumidor, en los países pobres en vías de desarrollo puede llegarse hasta el 80 por ciento.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, el alza de los precios de los alimentos puede provocar altercados violentos en unos 33 países. Además, la FAO advierte que actualmente en el mundo existen 37 países en crisis alimentaria. Esto quiere decir que necesitan ayuda externa para que toda la población tenga acceso a los alimentos.
Además, en los últimos 30 años, los 49 países más empobrecidos del mundo pasaron de ser exportadores a importadores netos de alimentos. Según la FAO, la factura por la importación de cereales para los países de ingresos más bajos y con déficit alimentario, aumentará un 56 por ciento en 2008 respecto a la de 2007, tras haber crecido un 37 por ciento en 2007, respecto a 2006.
El Gobierno de España ha incrementado sus contribuciones al Programa Mundial de Alimentos de 6,7 millones de dólares en 2003 a 40 millones en el presente año 2008. Esta previsión es al margen del reciente llamamiento realizado por el PMA, por lo que, tras este primer llamamiento de Naciones Unidas, España destinará al menos 47 millones de dólares este año, siete veces más que en 2003. Son varias las medidas llevadas a cabo para luchar contra el hambre. En el ámbito de la FAO se ha apoyado la Initiative on Soaring Food Prices (ISFP) así como la conferencia de alto nivel "Seguridad alimentaria mundial: los retos del cambio climático y la bioenergía. Además, España ha sido uno de los primeros países en responder a la llamada de emergencia realizada por el PMA, anunciando el pasado marzo otra contribución de 7 millones de dólares adicionales a las aportaciones ya previstas. Igualmente, al Programa Mundial de Alimentos, se ha concedido una subvención a la reserva alimentaria internacional de emergencia de 23 millones de dólares en 2008 del PMA. Dicha subvención servirá para apoyar operaciones de ayuda alimentaria en diversos países o zonas, como la de los campamentos de refugiados Saharauis. Precisamente a dichos campamentos, la contribución se ha traducido en algo más de 7.000 toneladas de ayuda alimentaria básica e imprescindible para cubrir la canasta mínima de subsistencia, a la que se sumará en 2008 un suministro de 3.500 toneladas más.
También se ha contado con un fondo de aportación a disposición del PMA para emergencias.
La Lucha contra el Hambre, entendida como condición indispensable para el desarrollo humano y la superación de la miseria, es ahora una más aún si cabe, una prioridad y responsabilidad de los países donantes de carácter urgente, una prioridad básica en el contexto de lucha por la desigualdad.
Consideramos que el actual Gobierno, debe mantener en primera línea su trabajo para hacer frente a la grave situación alimentaria que existente en diversos países en vías de desarrollo en la línea de su compromiso cada vez mayor de solidaridad internacional que ha ido realizando en la pasada legislatura.
1. Seguir gestando medidas para mitigar este problema global de forma coherente, conjunta y coordinada con la Unión Europea, las Instituciones Financieras Multilaterales y Naciones Unidas, dentro de esta especialmente con las instituciones directamente responsables de las cuestiones agrícolas y alimentarias: la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
2. Seguir trabajando con los actores internacionales y nacionales dentro de una estrategia a largo plazo para poder dar cobertura a esta crisis y para prever posibles reapariciones de la misma en el futuro.
3. Seguir avanzando en una mayor coherencia de políticas para el desarrollo, y en particular facilitar que las políticas agrícolas, de desarrollo rural y comerciales de los países concernientes contribuyan a resolver la actual situación de subida de precios de productos alimentarios.
4. De cara a la Cumbre Mundial de la Alimentación de Roma en junio de 2008 apostar con decisión por una respuesta contundente, coordinada y adicional a los compromisos ya adquiridos dentro del contexto del sistema de Naciones Unidas.
5. Atender prioritariamente las necesidades de especial gravedad que afecta Occidental,
6. Fortalecer la investigación pública, agraria, pesquera y alimentaria de los países en desarrollo, para que responda a las demandas de alimento y medios de vida de la población en situación de inseguridad alimentaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2008.-Eduardo Madina Muñoz, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000056
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposicion no de Ley, relativa a luchar en el marco de la cooperación internacional contra la esclavitud y la violación de derechos humanos en Níger, para su debate en Pleno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1958, en su artículo 4, establece que "nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas".
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promovido también por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1966, contempla en su artículo 8.1: "Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estará abolida en todas sus formas" y en el artículo 8.2 que: "Nadie estará sometido a servidumbre".
No obstante, millones de personas siguen sufriendo en pleno siglo XXI la esclavitud en sus múltiples formas a pesar de que en sus países, a través de las correspondientes leyes, se ha abolido esta práctica.
Uno de estos casos es Níger, donde 40.000 personas viven situaciones de esclavitud a pesar de que es una práctica que fue abolida y prohibida por Ley por el Gobierno colonial francés, cuya prohibición se mantuvo con la independencia de este país y que en 2003 estableció un código penal más duro con la esclavitud.
Pero, desgraciadamente, la prohibición se da en la teoría pero no en la práctica puesto que en la actualidad hay tribunales en este país que siguen acogiéndose a la tradición a la hora de juzgar los casos de esclavitud que siguen existiendo.
Actualmente nos encontramos en Níger casos como el de Hadijatou Mani, una mujer que cuando contaba con 12 años fue vendida por sus padres a un terrateniente local por 320 euros. A partir de ahí, la vida de Mani cambió, fue obligada por su amo no sólo a trabajar de sol a sol en las tareas domésticas y en las del campo sino que también aguantó durante 10 años los malos tratos y las violaciones de su amo, que la convirtió también en su esclava sexual. Posteriormente, su propietario la liberó -por miedo a ser condenado a los 30 años de cárcel que contempla la Ley- pero se comprometió a mantenerla como su quinta esposa.
Mani recurrió a un tribunal local, que le dio la razón puesto que, efectivamente, no existía matrimonio pero su amo recurrió a un tribunal superior, que sentenció que debe seguir vinculada a él porque considera que, basándose en la tradición, "una ex esclava está, de hecho, casada con su amo una vez es liberada". Actualmente, Mani ha recurrido a los Tribunales de la Comunidad Económica de los Estados Áfricanos Occidentales para forzar a Níger a acabar con la esclavitud.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que a través de la comunidad internacional debemos instar a los países como Níger en los que sigue existiendo una esclavitud encubierta por la tradición, aún estando prohibida por Ley, a acabar con situaciones como ésta en las que las personas, a pesar de ser libres, deben continuar vinculadas, sea de la forma que sea, a sus esclavistas que violan y conculcan uno de los Derechos Humanos más fundamentales: la libertad del ser humano.
- Que, a través de los distintos organismos internacionales, se inste a Níger a que erradique definitivamente la esclavitud, la ablación, la poligamia y cualquier otra forma de discriminación de la mujer, en cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos y de las leyes nacionales e internacionales así establecidas.
- Tomar las medidas necesarias para que en la Comisiones mixtas entre España y Níger, cualquier proyecto de cooperación esté condicionado a la abolición práctica de la esclavitud, la ablación, la poligamia y cualquier violación de los derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000057
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40% hasta el 100% para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia, para su debate en Pleno.
En la actualidad la capitalización por desempleo sólo se puede cobrar cuando se tiene derecho a una prestación por desempleo; se capitaliza el 40% de la prestación por desempleo en una sola vez, y el 60% restante se distribuye en cuotas mensuales pagadas por la Seguridad Social. Sólo se puede capitalizar con carácter general el 40% de la prestación por desempleo en el caso que la misma se destine a la puesta en marcha de un negocio.
La medida recuperada por el Gobierno del Partido Popular ha tenido un efecto muy positivo para este colectivo. En 2004 se acogieron a este sistema de capitalización
50.250 desempleados; en 2005 fueron 78.869 y en 2006 lo hicieron un total de 114.776, lo que supone un incremento del 128% en dos años.
Si importante resulta el aumento y la cifra de desempleados que han optado en convertirse en autónomos utilizando el sistema de la capitalización, no menos importante, es destacar que el 90% de las actividades generadas con el dinero de la prestación contributiva de desempleo se mantiene al menos, doce meses.
Es evidente que dicha medida ha contribuido eficazmente al incremento de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Es necesario resaltar además que de los 21.044 parados que decidieron solicitar la capitalización de la prestación por desempleo durante 2002 y 2003 para constituirse en trabajadores por cuenta propia, el 90% continuaban en activo a finales del año 2007 mientras que el 10% restante no cesó de manera inmediata su actividad, sino que se mantuvo su negocio durante un año antes de causar baja.
Los datos son suficientemente claros y reveladores como para demostrar que la capitalización del desempleo resulta ser una fórmula válida y útil para constituirse por cuenta propia, tanto es así, que en dos años su uso ha aumentado un 128% y tan sólo el 10% de las empresas creadas a través de este sistema han fracasado.
Desde las asociaciones de trabajadores autónomos se viene reclamando que se el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo hasta un 100%, y podría considerarse como una opción para aquellos trabajadores que se quedan en situación de desempleo y tienen el deseo de crear su propio negocio puesto que la financiación al inicio de la actividad resulta fundamental para el emprendedor y es un dinero que le pertenece.
La voluntad política del Partido Popular es la de continuar avanzando de forma prioritaria a favor de los emprendedores, de los que crean empleo, de quienes generan riqueza.
Por todo ello, que este Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, previa consulta con los sindicatos, adopte la siguiente medida, consistente en aumentar el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40% actual hasta el 100% para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia, en la forma que reglamentariamente se determine."
161/000097
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte de los países que la mantienen para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Segun los informes de Amnistía Internacional, basados sólo en casos conocidos, por lo tanto en la realidad son más, en el año 2007, fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países, y al menos 3.347 personas fueron condenadas a muerte en 51 países. El 88% de estas ejecuciones se llevaron a cabo en 5 países: China, Irán, Arabia Saudí Pakistán y Estados Unidos. Asimismo, se estima que actualmente hay alrededor de 20.000 personas en el mundo esperando la ejecución de su condena a muerte (entre ellas, dos con nacionalidad del Estado español: Pablo Ibar y Nabil Manakli).
El Estado español, comprometido con la abolición de la pena de muerte a nivel mundial, debe aumentar los esfuerzos en pro de tal compromiso, y especialmente en las relaciones bilaterales con aquellos países con quien tiene mayor relación histórica, cultural, comercial o de cooperación. En este sentido, debe
ejercer una labor diplomática para conseguir la moratoria en las ejecuciones de aquellos países retencionistas de la pena de muerte (p.e.
Cuba, Guinea Ecuatorial), para que aquellos que son abolicionistas de hecho adapten su legislación a esta realidad (p.e. Marruecos, Federación Rusa), para que los que mantienen esta pena para casos excepcionales pasen a ser plenamente abolicionistas (p.e. Argentina, Chile), y para que aquellos que pretenden reinstaurar las condenas o aumentar los casos, se retracten de esta voluntad (p.e, Perú).
Finalmente, el Estado español debería plantear ante las instituciones internacionales oportunas, la intensificación de las medidas incentivadoras y, en su caso, amenazadoras para la moratoria de ejecuciones en los países que más la practican y en aquellos que la aplican a personas menores de edad o que cometieron el delito cuando lo eran.
2. Proponer ante las instancias internacionales oportunas, el estudio de las medidas activas y, en su caso, coercitivas necesarias para conseguir la moratoria de ejecuciones de aquellos países que actualmente las llevan a cabo.
161/000102
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre el derecho de abandonar la propia confesión y la eliminación de los datos personales de los ficheros de datos de ésta.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de abandonar la
propia confesión y la eliminación de los datos personales de los ficheros de datos de ésta, para su debate en la Comisión de Justicia.
El artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce el derecho de toda persona a "cambiar de confesión o abandonar la que tenía". No obstante, el ejercicio de este derecho, recogido asimismo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no está plenamente garantizado en el Estado español.
Las condiciones que sin amparo legal establecen las organizaciones religiosas, y en particular la Iglesia Católica, a la hora de reconocer este derecho se convierten en unos obstáculos que impiden su eficaz cumplimiento, a la vez que crea desánimo en aquellos que desearían ejercerlo, pero que no están dispuestos a afrontar un largo proceso burocrático para ello.
En 2007, la Conferencia Episcopal Española justificó, por medio de su portavoz, estos obstáculos al considerar que la Iglesia debe asegurar que las apostasías son fruto de "una decisión libre, pensada y con conocimiento de causa". Más allá de que no existe una correlación entre las condiciones de acceso y las de abandono, e incluso aun siendo deseable que la decisión fuera fruto de esos condicionantes, la legislación establece un derecho que debe ser ejercido con plena libertad y sin ninguna condición. De haberlo considerado necesario, el legislador la hubiera establecido. Contrariamente, al no hacerlo, el ejercicio de este derecho con todos sus efectos debe ser reconocido sin más condicionantes.
Los obstáculos al ejercer el derecho de abandonar la confesión católica son múltiples: enviar solicitudes diferenciadas al obispado/arzobispado y a la parroquia correspondiente, no establecer un criterio definido de quién es el obispado/arzobispado competente (el de residencia o el de bautismo), reclamar entrevistas personales, negarse a eliminar los datos propios del Libro de Bautismo...
El número de denuncias ante la Agencia de Protección de Datos es creciente: si en 2006 fueron 58 personas, en el año 2007 fueron más de 200. La Iglesia ha recurrido buena parte de ellas, pero la Audiencia Nacional ha reconocido mediante sentencia (10 de octubre de 2007), por un lado, que los Libros de Bautismo son ficheros de datos de carácter personal y, por tanto, sujetos a la Ley de Protección de Datos; y por otro lado, que el derecho fundamental a la protección de los datos personales, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española no puede ser limitado alegando la obligación de protección de los archivos de la Iglesia (obligación derivada de un tratado internacional como son los Acuerdos con la Santa Sede).
Ante esta situación, los poderes públicos deben adoptar las acciones legales oportunas para garantizar el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
1. Adoptar las medidas legales oportunas para cumplir con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en lo referente al derecho de abandonar la confesión propia. En este sentido, el cumplimiento de este derecho incluye que su ejercicio abarque todas las instancias de dicha confesión en que figure la persona que lo solicita.
2. Adoptar las medidas legales oportunas para cumplir con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de datos. En este sentido, se velará por el cumplimiento del plazo establecido, así como el bloqueo de los datos en los términos establecidos en la propia ley.
3. Adoptar las medidas legales oportunas para la supresión total, en todas las instancias de la organización confesional pertinente en que figuren, de los datos personales de aquellas personas que soliciten el abandono de esa confesión."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2008.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000090
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con la ejecución de las obras en el denominado "nudo de galuresa", para su debate en la Comisión de Fomento.
En la ciudad de Santiago de Compostela, existe, desde hace años, un nudo de comunicaciones en el casco urbano entre el denominado "periférico" y la CN-550, que supone un enorme atasco para los conductores, dada la enorme afluencia de tráfico que soporta a todas las horas del día.
Recientemente el Ministerio
de Fomento ha sacado a concurso las obras para la ejecución de un paso subterráneo de unos 500 metros aproximadamente que uniría la avenida de Lugo con la Avenida Antón Fraguas, dando así una solución parcial al problema de los atascos de tráfico. No obstante la sorpresa se produce cuando se establece un plazo de ejecución para las citadas obras de casi cuatro años, lo que supone una enorme dificultad para los ciudadanos que verán cómo la obra entorpece durante un plazo tan largo la, ya de por si, difícil circulación diaria. A todo ello ha de añadirse la circunstancia de que el año 2010 es Año Santo en Santiago, con el consiguiente aumento de visitantes y tráfico rodado en nuestra ciudad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la ejecución de las obras en el denominado "nudo de galuresa" en la CN-550, se ejecute en el menor plazo de tiempo posible, con objeto de que la misma esté terminada en el comienzo del año santo de 2010."
161/000091
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la autovía A-40 en su tramo Teruel-Cuenca, para su debate en Comisión.
La autovía A-40, ideada para conectar la A-23 ("Autovía Mudéjar") con las autovías A-3, A-4 y A-5 por Teruel-Cuenca-Tarancon-Ocaña-Maqueda tiene una singular importancia en el conjunto de las comunicaciones de España.
Para las provincias de Teruel y Cuenca, supone una extraordinaria infraestructura ya que conectaría dichas provincias por autovía con la capital española, además de con distintas Comunidades Autónomas.
En el año 2003 el Ministerio de Fomento solicitó al de Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental del tramo Teruel-Cuenca de la A-40.
Desde entonces las Comunidades Autónomas relacionadas con dicho tramo han emitido sus correspondientes informes que facilitan la elaboración del informe definitivo por parte del Ministerio de Media Ambiente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera urgente y en el plazo máximo de tres meses, impulse la tramitación necesaria para que el tramo Teruel-Cuenca de la autovía A-40 sea valorado en relación a su posible impacto ambiental."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000092
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las tarifas del AVE Madrid-Zaragoza para su debate en Comisión.
El pasado 1 de mayo, RENFE actualizó las tarifas de los billetes de alta velocidad y larga distancia subiendo el precio de los mismos en todas las líneas españolas. Llama poderosamente la atención que dicha subida se haya producido con posterioridad a la celebración de las elecciones generales, ya que ha sido norma la actualización de los precios por parte de la compañía en la reunión del primer consejo de administración del año (que se celebra durante la última semana del mes de enero) y no en abril como ha sucedido en 2008.
A diferencia de otros años, salvo en el trayecto Zaragoza-Madrid, el incremento registrado para todas las líneas se encuentra en torno al incremento del IPC, por lo que las subidas han sido del 4%. Sin embargo, el trayecto Zaragoza-Madrid ha vuelto a sufrir las mayores subidas de RENFE, que ha aplicado un aumento de casi el 20%, cinco veces más que en el resto de las líneas. Si el trayecto Zaragoza-Madrid costaba durante el mes de abril 42,7 euros, el día 1 de mayo ha pasado a costar- 51,2 euros, es decir, 8,5 euros más. Si a esto le añadimos que ya en enero del año 2007 el billete Madrid-Zaragoza subió el doble que en todos los demás trayectos (un 8% frente al 4% de los demás) parece
comprensible determinar que, una vez más, se pone al descubierto el trato desigual que padecen los ciudadanos españoles en función de su lugar de residencia, especialmente significativo en el caso de los zaragozanos y en el de aquellas personas que estén pensando en acercarse durante los próximos meses a visitar la Exposición Internacional de 2008.
Por otra parte, tal y como ha afirmado el propio director de la Alta Velocidad de RENFE, todo apunta a que se va a producir una nueva subida del precio del billete que adecue nuevamente el precio a una mayor velocidad, aunque tengamos constancia de que se van a mantener los actuales 300 Km/h.
Cabe señalar que la subida de precios no ha sido únicamente para la línea Zaragoza-Madrid sino que se han visto afectados en ese mismo porcentaje las líneas Madrid-Calatayud, Zaragoza-Lleida y Zaragoza-Camp de Tarragona.
Hay que recordar igualmente que estos trayectos (Zaragoza-Madrid, Zaragoza-Lleida, Zaragoza-Camp de Tarragona y Zaragoza-Barcelona) carecen en la actualidad de la posibilidad de obtención de abonos y otros descuentos produciéndose así un nuevo trato desigual frente a otras líneas que sí lo poseen.
Por si esto fuera poco, a este incremento del 20% en el precio del billete Madrid-Zaragoza habría que sumarle dos importantes problemas que ha provocado RENFE durante estos meses entre los usuarios del AVE en el mencionado trayecto. Por un lado, son muchas las quejas que denuncian la imposibilidad de obtener billetes en la línea Madrid-Zaragoza tras la puesta en servicio del AVE a Barcelona, billetes que reserva RENFE para el puente entre Madrid y Barcelona. Por otro, tras la puesta en funcionamiento de las lanzaderas (Avant) a Huesca y Calatayud, se han modificado sus horarios y se han reducido el número de trenes que cubren estos trayectos.
Desde que se produjeron los incrementos de tarifas por encima de lo establecido para otras líneas, tanto usuarios como asociaciones de empresarios, partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y distintas instituciones han venido sucesivamente reclamando una rebaja en el precio del billete, así como la posibilidad real de que existan los abonos multiviajes. Dichas propuestas simplemente reclaman el mismo trato para todos los ciudadanos, independientemente del tren al que se suban.
1. Rebajar el precio del billete AVE de los trayectos Zaragoza-Madrid, Zaragoza-Lleida, Zaragoza-Camp de Tarragona y Zaragoza-Calatayud hasta adecuarlos a las subidas que se han realizado para otras líneas de alta velocidad, incrementando únicamente el IPC estatal aplicable en el año en curso y en revisiones futuras.
2. Implantar un sistema de abonos para los usuarios habituales de las líneas del AVE en todos los trayectos de la línea (Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona y Huesca), de acuerdo con los criterios que mantiene RENFE en otros servicios del Estado.
3. Mantener los mismos servicios que había hasta el 28 de abril de 2008 en los trayectos Zaragoza-Huesca y Zaragoza-Calatayud, ajustando los horarios y las frecuencias de las lanzaderas Avant a las necesidades reales de los usuarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000095
El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión correspondiente, la siguiente Proposición no de Ley sobre subvención al transporte marítimo.
Ha transcurrido más de un siglo desde que el primer cargamento de tomates canarios partiera de estas islas rumbo a Europa. Desde entonces el viejo continente ha sido el principal mercado receptor de este producto, que a día de hoy continúa siendo uno de los pilares de la agricultura canaria.
En la actualidad se destinan a su cultivo unas 1.800 hectáreas y se exportan 170.000 TM, lo que representa el 24,7 % del valor total de la producción agrícola del archipiélago.
El sector tomatero canario está integrado por 40 empresas productoras-exportadoras y 900 agricultores. El tomate genera alrededor de doce mil puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar otros quince mil empleos indirectos en sectores como el transporte, la industria química, papel y cartón, construcciones de invernaderos, personal portuario, etc. En líneas generales podemos afirmar que en torno a 27.000 empleos canarios dependen directa o indirectamente de este sector.
Sin embargo, la lejanía pasa factura. El largo camino hasta el punto de venta encarece sobremanera la comercialización del tomate isleño. Al contrario de lo que sucede con el tomate peninsular, que una vez empaquetado Tardà unas 24 horas en llegar a su punto de venta en Europa, al canario le espera un largo periplo hasta llegar al consumidor. En un largo proceso que puede durar una semana y que tiene su punto de partida en el almacén de empaquetado, desde donde la carga es trasladada al puerto y espera en cámaras frigoríficas la llegada del barco que la trasportará en una travesía de 96 horas. Una vez en el muelle de destino la mercancía
será colocada de nuevo en cámaras frigoríficas para ser posteriormente transportada en camión hasta el punto de venta.
Aun teniendo en cuenta que el único apoyo económico directo que recibe el sector exportador de tomates es precisamente la subvención al transporte ésta resulta insuficiente. De ahí la importancia de reivindicar que dicha ayuda sea equivalente al costo total de llevar la mercancía desde el puerto canario a puerto peninsular más cercano (Cádiz) compensando el alto costo que supone para los canarios situar sus productos en el continente europeo.
Desde hace varios años el sector exportador de productos hortofrutícolas viene planteando al Ministerio de Fomento la necesidad de modificar el RD 199/2000 que regula la subvención al transporte y en lo que se refiere al tráfico Canarias-Países Europeos, a fin de que la subvención al transporte marítimo haga realidad el principio de continuidad territorial con la Península, hecho que figura en el texto de la Exposición de motivos de los RD que han regulado esta ayuda y que deriva de la propia Constitución y de la Ley del REF de Canarias.
La reivindicación del sector se basa en que por solidaridad y justicia hay que situar el producto canario de exportación en el mismo punto de partida que el producto peninsular de forma que puedan coincidir en plena competencia en los mercados europeos de destino y esto sólo es posible si se adopta la medida propuesta: que la subvención sea el equivalente al costo total del transporte, desde el puerto canario al puerto peninsular de Cádiz. Esta ayuda permitirá reducir de forma real y por primera vez, el nivel de costo del transporte marítimo que se realiza con los productos hortofrutícolas desde Canarias, bien por medio de trailer frigorífico vía marítima y terrestre hasta los mercados europeos, especialmente Rotterdam (Holanda) y Southampton (Inglaterra), con los barcos que transportan más del 90% del total de la exportación que realizan las empresas que están asociados en esta Federación.
Por ello se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación del RD 199/2000 que regula la subvención del transporte en el sentido de que la subvención sea equivalente al costo total del transporte entre Canarias y territorio peninsular, agilizando también los mecanismos para percibir dicha subvención."
161/000098
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley, relativa a necesidad de elaborar el Plan Director del Puerto de Vigo, para su debate en Comisión.
En la ciudad de Vigo estamos acostumbrados a que la Autoridad Portuaria, periódicamente, nos sorprenda con anuncios de proyectos de ampliación del Puerto y propuestas de más rellenos en la Ría.
En los últimos cinco años se realizaron tantas propuestas como veces ha cambiado la presidencia de la Autoridad Portuaria viguesa. Recientemente, de nuevo, y rodeado de todo tipo de alardes publicitarios, vuelve a estar sobre la mesa el correspondiente proyecto de ampliación.
La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, en su artículo 38, establece que "la ampliación o realización de nuevas obras de infraestructura que altere significativamente su configuración requerirá la previa aprobación del Plan Director de Infraestructuras del Puerto".
Asimismo, y en el mismo artículo, se dice que el Plan deberá incluir la definición de necesidades para al menos los próximos 10 años, además del correspondiente estudio de impacto ambiental. De igual modo, se contempla que "la ejecución de las obras previstas en un Plan Director requerirá la modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios".
La necesidad de referirnos a esta Ley y a su articulado, se debe al hecho de que el Puerto de Vigo no cuenta ni con un Plan Director, ni tampoco con un Plan de Utilización de Usos, a pesar de que son precisos para conocer las necesidades reales existentes en el Puerto y por lo tanto, para poder tomar decisiones respecto a posibles ampliaciones del mismo.
Desde nuestra perspectiva no existe explicación alguna al hecho de que el puerto de Vigo carezca de dichos Planes, mientras el resto de puertos del Estado español ya se ha dotado de este tipo de Planes. De los cinco puertos de interés general de Galicia, todos a excepción del de Vigo, han aprobado su correspondiente Plan de Utilización de Usos y Espacios Portuarios: Vilagarcía (30/10/05), Marín (21/1/98); A Coruña (actualizado el 8/7/05); Ferrol (actualizado el 5/7/06).
Sin embargo, el Puerto de Vigo, el único Plan con el que cuenta es el Plan Estratégico del año 1975/76, y el Plan Especial del Puerto del año 1998.
Es evidente que en el primer caso ya estamos hablando de un Plan obsoleto, y en el segundo caso, se trata de un Plan de carácter urbanístico que no guarda relación con la planificación
de las necesidades que la infraestructura portuaria pueda tener.
A finales del año 2006, entendemos que a propósito del Plan de Ampliación que existía en aquel momento, se elaboró por parte de las autoridades portuarias, un proyecto de Plan de Usos y Espacios Portuarios que no pasó de la fase de alegaciones. Ni siquiera se dio respuesta a las alegaciones presentadas y se desconoce la situación administrativa del mismo en la actualidad.
Elaborar, en un plazo de tiempo breve, el Plan Director del Puerto de Vigo así como el Plan de Utilización de Usos de dicho puerto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2008.-María Olaia Fernández Davila, Diputada.-Rosa Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000104
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento.
Las obras de soterramiento de la Autovía de la Costa del Sol (A-7) entre Marbella y San Pedro de Alcántara, largamente esperadas por los ciudadanos de la zona, generan una dificultad obvia para los desplazamientos en transporte público y privado entre ambos núcleos de población. Dado que San Pedro de Alcántara pertenece administrativamente al municipio de Marbella, esta dificultad se acrecienta por la necesidad de hacer numerosos desplazamientos en ambos sentidos por motivos administrativos, judiciales, sanitarios, comerciales, etc...
El transporte privado entre ambos núcleos engloba, además del correspondiente a los vecinos, el servicio directo a la industria turística, básica en la economía de Marbella, tanto en lo que a mercancías como a personas se refiere.
Desde el comienzo de las obras la única alternativa posible a los innumerables atascos y cortes de tráfico en dicha autovía A-7 es la utilización de la autopista de peaje, con el consiguiente encarecimiento por el mayor número de kilómetros recorridos y por el pago de peajes.
Las asociaciones vecinales y los agentes económicos de la zona han reiterado su petición de que estas dificultades se vean aliviadas mediante la supresión de dicho peaje mientras duran las obras de soterramiento y se restituye la normalidad al tráfico en la autovía A-7.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a rescatar de manera parcial y temporal los derechos de peaje en la autopista Costa del Sol, entre Marbella y San Pedro de Alcántara, en tanto duran los trabajos de soterramiento de la autovía A-7 a su paso por San Pedro de Alcántara."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000105
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre los rellenos del canal de Deusto, para su debate en Comisión.
Hace pocos días ha salido a la luz pública la decisión del Ministerio de Fomento de proceder al relleno de una parte del Canal de Deusto en Bilbao, con el fin de construir un número importante de edificaciones.
Esta decisión ha sorprendido a los vecinos de la zona colindante del barrio de San Ignacio, que no tenían ninguna información sobre lo que realmente se iba a realizar en esa zona. La oposición a los rellenos que permitirán las construcciones, se fundamenta, en parte, en la absoluta falta de transparencia con la que se ha llevado este asunto.
Los terrenos a los que nos referimos, se encuentran dentro del Canal de Deusto, en la Ría de Bilbao, y han tenido actividad portuaria hasta hace pocos meses. Por lo tanto la gestión de esos terrenos corresponde al Gobierno Central, ya que la gestión del Puerto de Bilbao sigue siendo de su competencia. En este sentido, en el Boletín Oficial de Estado n.º 148 de fecha 21 de junio de 2007, aparece publicada, dentro del apartado del Ministerio de Fomento, la resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación de las obras del Proyecto de "Relleno de la Margen Derecha del Canal de Deusto".
Ante esta situación, una medida correcta a tomar, sería la paralización, por el Ministerio de Fomento, de
las obras que ha sacado a licitación, hasta que no exista una información exacta y veraz a los vecinos de la zona afectada y hasta que no exista el máximo consenso posible.
Estamos hablando de la última gran zona de oportunidad para la expansión de Bilbao, y por lo tanto, de una actuación crucial en el desarrollo urbanístico de la villa, que debe contar con el apoyo de la ciudadanía.
Que paralice las obras de relleno de una parte del Canal de Deusto en Bilbao, hasta que no se informe debidamente a los vecinos colindantes y se llegue a un acuerdo sobre el Proyecto en esa zona."
161/000100
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancias del Diputado Joan Herrera, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la tramificación de los precios de la electricidad, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
El modelo energético se debería regir por niveles de consumos bajos y eficientes. Para conseguirlo es necesario comenzar incentivando, en primer lugar, el ahorro, para evitar los consumos innecesarios y despilfarradores. Y en segundo lugar, fomentar la eficiencia, mejorando las tecnologías pero también los usos y las prácticas de producción y consumo energético.
Los precios y tarifas eléctricos vigentes en cada momento, tanto las integrales como las de acceso o las de último recurso, se deberían establecer de forma que su cuantía refleje adecuadamente los costes reales de las actividades de suministro de electricidad, evitando que una cuantificación insuficiente dé lugar a un déficit que deba ser sufragado por los consumidores, directa o indirectamente.
Las tarifas y peajes regulados deben servir eficazmente para promover la eficiencia energética y para internalizar los costes ambientales de las energías sucias, permitiendo que los consumidores reciban una señal de precio ajustada a la realidad para facilitar una elección informada del tipo y cantidad de energía que necesitan consumir. A este fin, las tarifas y peajes regulados deberían ser progresivos y escalonados por niveles de consumo. Así, se penalizarían los consumos despilfarradores y se beneficiarían los básicos.
Por otra parte, no podemos olvidar que en un contexto en el que deberíamos disminuir las emisiones de CO2, todos los datos apuntan a que en 2007 volvieron a aumentar, lo cual quiere decir que España se vuelve a situar alrededor del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año base.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario viene a presentar la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el plazo máximo de 3 meses:
1. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para tramificar los precios de la electricidad en función de estos conceptos:
- Tramificación de los precios de la electricidad de manera que se beneficien los consumos básicos y se penalicen los suntuarios. Se deberá permitir los componentes de los regímenes y las estructuras de tarifas que tengan un objetivo social, siempre que los efectos perturbadores en el sistema de transmisión y distribución se mantengan en el nivel mínimo necesario y no sean desproporcionados respecto del objetivo social.
- Tramificación de los precios de la electricidad que desincentiven el consumo en las horas punta.
2. Suprimir aquellos incentivos en las tarifas de transmisión y distribución que aumenten innecesariamente el volumen de energía distribuida o transmitida. A este respecto el Gobierno podrá imponer a las empresas que operen en los sectores de la electricidad y del gas, respectivamente, obligaciones de servicio público relativas al ahorro y la eficiencia energética."
161/000089
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al establecimiento de medidas de ayuda a la ganadería, para su debate en Comisión.
El sector ganadero español está atravesando por una de las peores crisis de los últimos años, que ha supuesto unas pérdidas superiores a los 1.500 millones de euros.
La escalada desorbitada de los precios de los cereales con los que se elaboran los piensos con los que se alimenta el ganado así como la subida del precio de los carburantes han supuesto para los ganaderos un incremento prácticamente inasumible en el coste de las explotaciones.
Este incremento en los costes, sumado al notable descenso en los precios que se pagan en origen por el ganado, han provocado el cierre de alrededor de un 10% de las explotaciones agrarias existentes así como el descenso continuado en las cabezas de ganado a nivel nacional porque las explotaciones, dada su escasa o nula rentabilidad, se han convertido en un actividad inviable para muchos de los ganaderos españoles.
El anterior Gobierno de la Nación logró paralizar, de momento, las protestas de los ganaderos y la manifestación que tenían convocada en Madrid a través de un acuerdo que aunque aplacó en parte dichas protestas era, sin lugar a dudas, insuficiente puesto que fue un parche pero no la solución a los problemas a los que hacen frente a diario los ganaderos españoles, problemas que, dada la situación económica actual, no creemos que mejoren en los próximos meses.
La ganadería sigue siendo una de las actividades económicas fundamentales en amplias zonas de la geografía española y sustenta la vida de centenares de pueblos de nuestro medio rural. Sin ella, muchos de sus habitantes optarán por abandonar sus lugares de origen y buscar su futuro en las ciudades lo que agravará el ya grave problema de despoblación que sufren la mayoría de los pueblos españoles situados en el entorno rural.
- Ampliar en 200 millones de euros más la cantidad acordada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (antes Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en diciembre de 2007 establecida en 350 millones de euros para los próximos cinco años.
- Ampliar los plazos de los créditos de sequía y de planes de mejora de las explotaciones.
- Incentivar el consumo de los productos lácteos y cárnicos españoles.
- Establecer el 100% de desacoplamiento de las ayudas a la ganadería."
161/000094
El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante la Comisión correspondiente la siguiente Proposición no de Ley sobre el sector platanero.
Los importantes cambios acaecidos en el sector platanero desde la plena incorporación de Canarias a la Unión Europea en 1991, y la delicada situación que atraviesa este cultivo, de gran peso en la Renta Agraria regional e importante incidencia espacial y ambiental, son fuente de constante inquietud, no sólo para productores, comercializadoras e instituciones, sino para la sociedad canaria en general, convirtiéndose en tema de reiterado debate.
Gracias al esfuerzo común de instituciones, sector y representantes del Estado ante la Unión Europea, se han logrado aminorar los efectos derivados de haber pasado de un régimen de protección que limitaba el acceso de plátanos de países terceros, al total desarme en materia de contingentes y de aranceles.
El 13 de febrero de 1993 se produjo un hito histórico para el plátano canario al aprobarse por primera vez una Organización Común de Mercados (OCM) mediante el Reglamento (CEE) n.º 404/93 del Consejo, que comenzó a aplicarse el 1 de julio de 1993. Esta OCM incluía en primer lugar un sistema de ayudas a los productores comunitarios de plátano, consistente en un pago variable y sin limitación de ficha financiera producto de la diferencia entre el precio medio del mercado durante el año en cuestión y un ingreso global de referencia, establecido en función a los precios y costes del año 1991.
En segundo lugar, un régimen de importación de plátanos procedentes de países terceros que se articulaba mediante contingentes arancelarios, sujetos a un arancel de 75 euros por tonelada, un contingente anual de 750.000 toneladas con arancel nulo, reservado a las importaciones de países ACP, y un arancel disuasorio fuera de contingente de 680 euros por tonelada. Además, el sistema de reparto de las licencias de importación de los plátanos de los diferentes contingentes, incluía que el 30% de dichas licencias de importación reservadas para los productores y operadores de plátanos comunitarios, lo que se conocía como "partenariado".
Desde sus inicios la OCM del plátano ha sufrido diversas modificaciones a la baja en el régimen de importación, como resultado de dos condenas a la UE en la Organización Mundial del Comercio (OCM). La principal consecuencia de estas modificaciones fue la eliminación del "partenariado", aunque se obtuviera, a modo de compensación, el incremento del ingreso global de referencia del régimen de ayudas en dos etapas, un 5% en 1998 y un 3% adicional en 1999, lo que supuso un aumento de las ayudas que compensó la pérdida de los ingresos derivados del "partenariado".
A pesar de estas modificaciones de la OCM, continuaron las denuncias de los países latinoamericanos y de Estados Unidos ante la OMC, por lo que la Unión Europea alcanzó en abril de 2001 sendos acuerdos con Estados Unidos y Ecuador por lo que se estableció que, a más Tardàr, el 1 de enero de 2006 tendría que desaparecer el sistema de contingentes arancelarios para ser sustituido por un sistema exclusivamente arancelario, la llamada tarifa única ("tariff only").
En 2005, tras un difícil proceso de negociación y dos arbitrajes en la OMC, se estableció un arancel de 176 euros por tonelada en el marco del nuevo sistema exclusivamente arancelario y se incluyó un contingente preferencial para los plátanos con origen ACP de 775.000 toneladas anuales con tipo arancelario nulo, poniéndose en marcha este nuevo régimen de importación el 1 de enero de 2006 mediante el Reglamento (CE) n.º 1964/2005 del Consejo, de 29 de noviembre de 2005.
Por otra parte, el régimen de ayudas se ha visto modificado a partir de 1 de enero de 2007 por el Reglamento (CE) n.º 2013/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, sustituyéndose el anterior sistema de ayudas compensatorias variables por unas ayudas incluidas en los POSEI con una ficha financiera fija de 280 millones anuales para el conjunto de la producción comunitaria, de los cuales 141,1 millones corresponden a Canarias.
A partir del 1 de enero de 2008 entran en vigor los Acuerdos de Partenariado Económico (APE) con los países ACP, que incluyen el acceso de los plátanos de este origen a la Unión Europea con arancel nulo y sin limitación de cantidad ("duty free-quota free").
Además, actualmente se conocen las conclusiones definitivas de la nueva denuncia de Ecuador ante la OMC, muy negativas para el plátano canario, que apuntan a una bajada sustancial de arancel de 176 euros por tonelada para los países terceros no ACP ("Área dólar"). No obstante, este contencioso está pendiente de una apelación de la UE ante el órgano de Apelación de la OMC.
Todo ello pone de manifiesto la pérdida de competitividad del plátano canario como consecuencia del desmantelamiento del régimen comunitario de importación de plátanos de países terceros, tanto del área dólar como ACP y nos sitúa ante un panorama que altera, en profundidad, el frágil marco alcanzado en las negociaciones con las autoridades comunitarias en la revisión de los POSEI, provocando inexorablemente un descenso significativo de los precios y de los volúmenes comercializados, con la consiguiente disminución de los ingresos de los productores.
En el citado contexto internacional y comunitario, claramente negativo para el presente y futuro de nuestras producciones plataneras, una crisis sectorial tendría nefastas incidencias económicas y sociales para el Archipiélago, ya que, en primer lugar, supondría un duro golpe para el subsector que más renta y sinergias intersectoriales genera en la economía canaria y sin exagerar puede representar el colapso económico de alguna de las islas.
La crisis también tendría efectos contraproducentes desde la óptica del rol paisajístico ambiental y conservacionista del espacio agrario y medio rural que desempeñan las actividades productivas plataneras, así como sobre las estructuras comerciales, eminentemente de tipo asociativo, que generan empleos y rentas sociales relevantes.
Por último, la reducción de importantes sinergias con actividades industriales conexas y con sectores logísticos, en especial el transporte marítimo con Canarias, que sin duda provocaría una subida de los fletes y por tanto de los productos de primera necesidad.
1. Habilitar los créditos necesarios para establecer el 1 de enero de 2009 una ayuda al transporte marítimo del plátano del 100% del coste efectivo del mismo, desde el puerto de carga en Canarias hasta el puerto de Cádiz, en el marco del Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las islas Canarias, o de su posible modificación.
2. Habilitar un fondo adicional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a fin de
incrementar la participación de éste en la financiación de la propuesta presentada por ASPROCAN y aprobada por la Comisión Europea y cofinanciada por la Comisión, el MAPA y ASPROCAN, para promocionar el uso del símbolo gráfico, específico de las regiones ultra periféricas, establecido en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006.
3. A la creación de un Fondo Especial de Ayudas a la implementación de Investigación + Desarrollo Tecnológico +Innovación con el objeto de encontrar soluciones tecnológicas que palien la pérdida de competitividad y mejoren sus estructuras de costes respecto a los handicaps derivados de la ultraperiferia
4. Propiciar, a través de la Conferencia de Presidentes de las RUP, una acción coordinada urgente que permita presentar iniciativas conjuntas ante las instituciones de la UE y solicitar a las Autoridades Comunitarias y a la Representación del Estado ante la UE, la apertura urgente de una Ponencia Técnica o Grupo de Trabajo que propicie una revisión, al alza, de las condiciones de apoyo económico a la producción y comercialización platanera de las RUP, al objeto de evitar que las inmediatas decisiones en el panel OMC produzcan una crisis irreversible en el sector platanero de los países productores de la UE."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto Gran Simio, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
El programa internacional -no gubernamental-para la ampliación de la igualdad, denominado Proyecto Gran Simio (PGS), pretende preservar y proteger del maltrato y la muerte a estos compañeros genéticos de la humanidad que son los Grandes Simios (Orangután, Chimpancé, Bonobo y Gorila). El PGS es una idea original de un grupo de científicos y pensadores como Peter Singer y Paola Cavalieri y cuenta con un enorme apoyo de la comunidad científica internacional. Ampliar los límites de nuestra comunidad moral es uno de los objetivos básicos de la ética ecológica. El PGS supone uno de los avances más importantes en esta ampliación de las fronteras de la igualdad. Debemos evitar la desaparición, el maltrato y la esclavitud de estos seres tan próximos a nuestra especie y tan cruelmente tratados.
2. Llevar a cabo, en al plazo máximo de un mes a partir de la adhesión el Proyecto Gran Simio, los trámites necesarios para la adecuación de la legislación española a los principios del Proyecto Gran Simio.
161/000093
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la ejecución de la obra de rehabilitación del mercado de abastos de Santiago de Compostela, para su debate en la Comisión de Cultura.
El mercado de abastos de Santiago de Compostela, constituye una joya arquitectónica ubicada en pleno casco histórico de la ciudad y, dada su singularidad, constituye uno de los edificios más visitados por los turistas que se acercan a Santiago. Desde hace años, se hace patente la necesidad de una rehabilitación del mismo, que suponga de nuevo la puesta en valor de un edificio que además de constituir una joya arquitectónica, sigue en la actualidad prestando un innegable servicio a los ciudadanos.
La reparación de las cubiertas, el reforzamiento de algunas naves, así como otros elementos de tan singular edificio, constituirían algunos de los elementos que tal rehabilitación habría de contemplar.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro del programa de rehabilitación de edificios, se ejecute la obra de rehabilitación del mercado de abastos de Santiago de Compostela, para cuyo fin figuran 572.570 ? en los Presupuestos Generales del Estado."
161/000103
El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante la Comisión correspondiente la siguiente Proposición no de Ley sobre el Instituto Volcanológico de Canarias.
El riesgo volcánico en Canarias es ahora mayor que hace 25 años como consecuencia de la existencia en las islas de mayores niveles de población e índices de desarrollo socio-económico expuestos ante el mismo peligro o amenaza natural, el fenómeno volcánico. Por lo tanto a su vez, es probable y presumible asumir que incluso el riesgo volcánico en Canarias será mayor en el 2030 que en la actualidad.
El riesgo volcánico en España se delimita sólo al archipiélago canario, y ello está perfectamente refrendado por ser la única parte del territorio nacional que ha experimentado erupciones volcánicas durante los últimos 500 años. En el pasado siglo XX ocurrieron 3 erupciones y la última tuvo lugar hace sólo 37 años; la erupción del volcán Teneguía (La Palma). Por lo tanto, el riesgo volcánico es el riesgo natural bandera de esta comunidad, el que nos diferencia del resto del territorio nacional. Esta realidad debe impulsar, como no podía ser de otra forma, la apuesta conjunta de todas las administraciones para materializar las acciones pertinentes para contribuir a la reducción del riesgo volcánico en Canarias.
La reciente crisis sismo-volcánica de Tenerife en el 2004 puso en evidencia ante la ciudadanía y sus responsables públicos las debilidades y sus correspondientes amenazas en las que se encuentran nuestra sociedad por no haber materializado todos los esfuerzos necesarios para contribuir a la reducción del riesgo volcánico, muchas de ellas recomendadas por la comunidad científica y política internacional a raíz del Decenio para la Reducción de los Desastres Naturales 1990-1999 impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Esta crisis también fue de utilidad para detectar dónde se encuentran nuestras fortalezas, y por ende, dónde debemos encontrar nuestras oportunidades para afianzar los esfuerzos que una parte de la sociedad ya esta realizando para contribuir a la reducción del riesgo volcánico en Canarias.
La solución al Riesgo Volcánico desde la administración no puede ni debe ser la que ha propuesto el Estado, unilateralmente, a través del Real Decreto 1476/2004 de 18 de junio (BOE 19 de junio de 2004) no específico sobre el Riesgo Volcánico en el territorio nacional y sí relacionado con la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. En el mismo se expone que entre las funciones de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se encuentra "la observación, vigilancia y comunicación de la actividad volcánica en el territorio nacional y determinación de los riesgos asociados".
Esta decisión unilateral por parte de la Administración del Estado sobre un riesgo natural que sólo afecta al archipiélago canario no puede materializarse de esta forma; sin contar con Canarias ni con los esfuerzos que desde Canarias se han hecho para contribuir a la reducción del riesgo volcánico. Uno de los resultados evidentes que genera esta descoordinación absolutamente inaceptable e inexplicable para nuestros ciudadanos es que en la actualidad el IGN esta instalando una red GPS instrumental permanente para la vigilancia volcánica en Canarias ignorando la red GPS canaria que esta funcionando desde principios de 2004 y que opera el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). Algunas de las antenas GPS que conforman la red del IGN se están localizando a menos de 50 metros de antenas GPS ya existentes y operativas de la red GPS canaria, reflejando un enorme despropósito y carencia de sentido común y responsabilidad pública por maximizar los recursos públicos destinados a un mismo fin.
La creación del Instituto Volcanológico de Canarias (IVC), como un organismo autónomo dependiente de las tres administraciones públicas con mayores competencias en protección civil frente a una posible crisis volcánica en las Islas Canarias (Administración General del Estado, Gobierno de Canarias y cabildos insulares), debe ser una de las herramientas y pilares básicos para coordinar todas las acciones científico-técnicas destinadas a la reducción del riesgo volcánico en Canarias, así como para minimizar todos los problemas y amenazas que en la actualidad ocurren como consecuencia de la descoordinación existente en esta materia y que está afectando a todos los planes de emergencias ante el riesgo volcánico, tanto al estatal (Directriz Básica),
Canario (en elaboración) y los insulares (sólo Tenerife dispone de un Plan de Actuación Coordinada).
A finales del 2003, el Director General de Protección Civil del Estado ya puntualizaba que el origen del problema por el cual no se habían desarrollado estos Planes se debía en esencia a:
- La falta de mapas de peligrosidad volcánica oficial en el archipiélago canario, incluyendo los fenómenos peligrosos y sus características y alcance (lavas, cenizas, bombas, flujos y caída de piroclásticos, etc.) con el que los Servicios de Protección Civil puedan determinar la vulnerabilidad de los elementos en riesgo y los distintos niveles territoriales de peligrosidad volcánica.
- La coexistencia de redes de vigilancia de diversa titularidad, especificaciones, naturaleza y alcance, sin una gestión coordinada que permita suministrar de forma unívoca datos interpretados y valorados a las Autoridades de Protección Civil y por lo tanto la carencia de una metodología unívoca de vigilancia, alerta, y seguimiento para los fenómenos volcánicos y de un verdadero sistema unívoco de seguimiento e información sobre fenómenos volcánicos.
Algunas de estas realidades aún continúan, y la solución pasa por impulsar la creación del Instituto Volcanológico de Canarias (IVC) financiado principalmente por la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, con el apoyo de los Cabildos Insulares.
Es el momento, pues, de apelar a la sensibilidad y la responsabilidad de las administraciones públicas con competencias sobre el desarrollo y el futuro del archipiélago canario, para que apoyen sin reservas esta iniciativa pública gestada por este diputado y lo culminen, sin más aplazamientos, con todas sus consecuencias. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de contribuir a la seguridad ciudadana y al bienestar social de nuestro pueblo, promoviendo de paso el desarrollo sostenible, justo y equitativo de las comunidades que residen en zonas volcánicamente activas, especialmente la de Canarias. Un objetivo en el que todos, de seguro, estamos de acuerdo.
Estos mismos argumentos fueron expresados en el Senado a través de una moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria en octubre de 2005, y como resultado, el Senado aprobó por unanimidad una enmienda transaccional que expresaba la necesidad de la creación urgente e inaplazable del Instituto Volcanológico de Canarias como un ente autónomo participado por todas las Administraciones Públicas con competencia en protección civil ante riesgo volcánico, así como, si lo desean, las Universidades Públicas de Canarias.
Han pasado más de dos años y medio de esta importante declaración institucional, y la Administración del Estado aún no ha realizado acción alguna para cumplimentar esta decisión unánime del Senado a pesar (a) que el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero expresara al inicio de la pasada legislatura que las decisiones por mayoría en el Senado serían de obligado cumplimiento para su Gobierno, (b) que el Senado manifestara por unanimidad el pasado 2 de noviembre de 2004 que el IVC es una responsabilidad urgente e inaplazable, y (c) que la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, expresara en el pleno del Senado del pasado 7 de noviembre de 2007 su compromiso y el del Gobierno de España para la puesta en marcha y creación del IVC en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a raíz de una pregunta formulada reiteradamente durante la pasada legislatura por el que fuera senador de Coalición Canaria, Ricardo Melchior.
Por ello, es por lo que se eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente Proposición no de Ley, cuyo texto es idéntico al acuerdo adoptado por unanimidad en el Senado el pasado 2 de noviembre de 2005.
"1. El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de la creación del Instituto Volcanológico de Canarias como un Ente autónomo participado por todas las Administraciones Públicas con competencia en protección civil ante riesgo volcánico, así como, si lo desean, las Universidades Públicas de Canarias.
2. El Instituto Volcanológico de Canarias tendrá funciones en los siguientes ámbitos:
a) La elaboración de los mapas de peligrosidad volcánica de Canarias, con la finalidad de realizar una zonificación del territorio en función de la peligrosidad volcánica.
b) El diseño, la operación y el mantenimiento de un programa de vigilancia volcánica multidisciplinar que incluya el uso de técnicas geofísicas, geoquímicas y geodésicas para mejorar la detección e interpretación de señales de alerta temprana sobre futuras crisis volcánicas que pudieran ocurrir en Canarias.
c) La puesta en marcha de un equipo volcanológico capaz de asumir la gestión científica de las crisis volcánicas que puedan ocurrir en nuestro territorio, y eventuralmente en el extranjero, especialmente en aquellos países con los cuales existen fuertes lazos culturales e históricos.
d) La colaboración con los servicios de Protección Civil con la finalidad de optimizar los planes de emergencia ante el riesgo volcánico, y de promover y ejecutar un programa formativo sobre el fenómeno volcánico para los cuerpos de seguridad.
e) La elaboración y ejecución de programas educativos sobre los fenómenos volcánicos destinados a la población escolar, los municipios, etc., en colaboración con las autoridades implicadas (Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos).
f) Además, se deberán potenciar líneas de investigación y de formación de personal técnico e investigador en esta materia.
3. La sede del Instituto Volcanológico de Canarias estará ubicada en Tenerife, con subsedes en las islas con mayor peligrosidad volcánica.
Cada una de las administraciones aportará al Instituto Volcanológico de Canarias los recursos humanos y técnicos, que actualmente destina a dichas funciones.
4. El IVC es una responsabilidad urgente e inaplazable, que ha de entrar en funcionamiento cuanto antes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2008.-José Luis Perestelo Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000101
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cooperación con el Kurdistán para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
El Kurdistán es una nación de más 30 millones de personas, que se encuentra dividida entre diversos Estados (Turquía, Irán, Iraq, Siria, Armenia), y que tiene buena parte de su población en el exilio.
La mayor parte de los kurdos (15 millones) viven en Turquía, representando alrededor del 20% de la población del actual Estado turco, y de donde Turquía extrae todo el petróleo "propio". En Irán viven 8 millones de kurdos, que representan menos del 20% de la población iraní, pero de donde se extrae el 20% de la producción petrolífera. En Iraq viven 5 millones, que representan la cuarta parte de la población del Estado iraquí, y de donde éste extrae 3/4 partes de su codiciado petróleo.
Siria, donde vive un millón de kurdos, extrae del territorio kurdo todo el petróleo. Y finalmente, en el territorio kurdo de Armenia viven medio millón de kurdos.
A la riqueza petrolífera, hay que sumarle los recursos acuíferos (en Kurdistán nacen los principales ríos de la región), los cereales (es considerado el Granero de Oriente Próximo) y la situación geoestratégica (que, entre otras, hace que pase por su territorio buena parte del crudo con dirección a Europa).
Todos los Estados que ejercen la soberanía sobre el territorio kurdo niegan sus derechos políticos, desde los lingüísticos y culturales hasta los nacionales, con políticas represivas, incluso agresivas. En este sentido, la represión turca en los años 80-90 -con armamento occidental, incluyendo español- provocó más de 30.000 personas asesinadas, más de 3.000 pueblos y aldeas destruidos y más de 3 millones de personas desplazadas. Asimismo, hay que señalar la ya conocida represión del régimen de Saddam Hussein, incluyendo ataques con armamento químico.
Actualmente la situación del pueblo kurdo es la siguiente en los diferentes Estados en que se reparte:
Según los informes de Amnistía Internacional, "la población kurda en Siria siguió sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricciones en el uso de la lengua y la cultura kurdas. Decenas de miles de kurdos seguían siendo apátridas en la práctica y continuaban privados de acceso igualitario a los derechos económicos y sociales".
Entre otro tipo de represiones, docentes kurdos llegaron a ser detenidos por enseñar la lengua kurda.
En Irán, las manifestaciones son cruelmente reprimidas con decenas de detenciones e incluso con muertos. Asimismo, los diarios kurdos son prohibidos y sus profesionales procesados.
En Iraq, a pesar de que la represión ha llegado en momentos al punto del exterminio, es el país donde mejor se conserva la cultura y la lengua kurda. Gozan de una importante autonomía, pero la situación se ve obviamente condicionada por la conflictividad que se vive en el Estado.
En Turquía, se produce una represión violenta del pueblo kurdo dentro y fuera de sus fronteras (mediante incursiones militares). Defensores de los derechos del pueblo kurdo son encarcelados, como recientemente la exdiputada Leyla Zana, que fue reconocida por el Parlamento Europeo con el premio "Sàkharov por la Libertad de Conciencia" después que en 1995 fuera también condenada. Pasó 9 años en prisión por supuesta pertenencia al PKK, motivo por el que ha vuelto a ser condenada a pesar de que el Tribunal Europeo recientemente ha considerado que no se debe considerar a este partido kurdo como una organización terrorista.
Mientras, la mayoría de países occidentales enfocan el problema kurdo como un problema de terrorismo o de ayuda humanitaria, y no como un problema político. No obstante, la situación de violación de derechos humanos y políticos en el Kurdistán merece una implicación más activa de la Comunidad Internacional, y particularmente en la búsqueda de una solución política.
"El Congreso de los Diputados reconoce los derechos históricos y nacionales del pueblo kurdo e insta al Gobierno español a:
1. Establecer relaciones de cooperación con los representantes de Kurdistán en el exilio, y en particular, en el Estado español.
2. Promover la cooperación del Estado español con la población kurda en todos sus territorios. En este sentido, se estudiará la posibilidad de abrir delegaciones o agregadurías de las embajadas en el Kurdistán.
3. Impulsar la concesión de becas de formación para la población kurda, y en particular, de estudios diplomáticos para representantes kurdos en el exilio.
4. Reclamar en las relaciones bilaterales con los Estados que ejercen su soberanía sobre los territorios kurdos (Turquía, Irán, Iraq, Siria y Armenia), el reconocimiento del pueblo kurdo y sus derechos culturales y lingüísticos, y especialmente el cumplimiento de los derechos humanos y políticos.
5. No vender armamento a aquellos Estados que reprimen a la población kurda.
6. Reclamar, en el marco de la Unión Europea, la mediación de ésta para frenar las políticas represivas de las libertades individuales y colectivas del pueblo kurdo y buscar vías para un proceso de democratización y autonomía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
181/000059
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas.
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz.
¿Qué medidas está impulsando el Gobierno para facilitar el acceso al empleo en las Administraciones Públicas para las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2008.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/000060
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para impulsar la presencia de personas con discapacidad en los tribunales que evalúan las oposiciones al empleo público?
181/000057
Diputada doña Carmen Montón Giménez.
¿Cuáles son los objetivos del III Encuentro de Mujeres Españolas y Áfricanas, organizado por la Red Mujeres
por un Mundo Mejor, que tendrá lugar en Níger los próximos 10 y 11 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Carmen Montón Giménez, Diputada.
181/000058
¿Cuáles son las expectativas y objetivos en los que se enmarca la firma del nuevo acuerdo entre el Ministerio de Igualdad, la CECA y la DGPYME sobre la extensión del microcrédito social para mujeres emprendedoras el pasado 6 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2008.-Carmen Montón Giménez, Diputada.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 193
 artículo 2
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 4
 artículo 8
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 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 193
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 artículo 193
 artículo 193
 artículo 38
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193