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Timestamp: 2018-10-21 11:58:59+00:00

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Miguel angel pèrez suàrez proceso n° 29625 corte suprema de justicia sala de casación penal
Única instancia N° 29625
MIGUEL ANGEL PÈREZ SUÀREZ
Proceso n° 29625
Aprobado Acta Nº 382
Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil nueve (2009)
Concluida la audiencia pública de juzgamiento, procede la Sala a proferir sentencia en el juicio de única instancia seguido en contra de MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ, acusado en su condición de ex Gobernador de Casanare, como posible autor del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.651.290 de Yopal, nació en Susacón (Boyacá) el 28 de marzo de 1952, casado con Nancy Amanda Pérez, tiene dos hijas de 20 y 24 años de edad, es médico cirujano, actualmente dedicado a actividades agrícolas. Se desempeñó como Gobernador del Departamento de Casanare para el período comprendido entre 1 de julio de 1996 y 31 de diciembre de 1997, elegido nuevamente para el período 2004-2007, fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 27 de julio de 2006 a seis (6) años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y actualmente se encuentra en libertad condicional.
A MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ, ex - gobernador de Casanare, se le atribuye el ilícito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con fundamento en hechos que pueden sintetizarse de la siguiente manera:
OSWALDO CÁCERES MALDONADO le vendió a JORGE LUIS BARACALDO VERGARA en la suma de $11’200.000.oo el contrato de obra pública para la electrificación de las veredas Merey y Palestina, porque según aquél, el Gobernador del Departamento de Casanare efectuaría la adjudicación en su favor, pero él no quería ejecutar dicho contrato, para no inhabilitarse en su aspiración a la Alcaldía de San Luís de Palenque.
Para garantizar la adjudicación del contrato de obra, OSWALDO CÁCERES MALDONADO le entregó a BARACALDO VERGARA un manuscrito fechado 2 de mayo de 1997, dirigido al ingeniero LUIS CARLOS CASTRO, funcionario de la Gobernación de Casanare, adscrito a la oficina de Electrificación y Telecomunicaciones de la entidad territorial. El tenor literal de la nota es el siguiente:
“el ingeniero Baracaldo es quien va a firmar el contrato de la Electrificación de Merey y Palestina, ya que la firma Hercas me pertenece y esto me inhabilita en mi aspiración a la Alcaldía. Ya dialogue con el, el valor de las propuestas lo asume el”.
El 5 de mayo de 1997 JORGE LUIS BARACALDO giró un primer cheque por valor de dos millones quinientos mil pesos ($2’500.000.oo) a favor de OSWALDO CÁCERES MALDONADO, aunque sólo el 28 del mismo mes y año la Gobernación de Casanare efectuó invitación pública para ofertar la electrificación de las veredas Merey y Palestina.
Al proceso contractual se presentaron dos (2) proponentes: HERCAS LTDA, empresa perteneciente a la familia de OSWALDO CÁCERES, quien para entonces aparecía como subgerente en el certificado de Cámara y Comercio, y JORGE LUIS BARACALDO VERGARA a quien efectivamente le fue adjudicado el contrato No. 0462 de 1997, celebrado el 30 de julio del mismo año, por valor de $74’912.799.oo.
El 26 de agosto del mismo año, una vez recibido el desembolso del 50% como anticipo del contrato, JORGE LUIS BARACALDO giró un segundo cheque por valor de $8’700.000.oo. a favor de OSWALDO CÁCERES MALDONADO, cumpliendo así el compromiso adquirido con éste para lograr la adjudicación del mencionado contrato.
1. Mediante escrito de 22 de septiembre de 2003 JORGE LUIS BARACALDO informó al señor Presidente de la República que la Contraloría Departamental de Casanare lo había sancionado por irregularidades en la ejecución de un contrato y no había sucedido lo mismo con los doctores MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ y WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL, Gobernadores de Casanare en el año 1997 y 2002 respectivamente, quienes también tendrían que ser llamados a responder por sus corruptas actuaciones.
Con fundamento en dicho escrito, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal remitió el 24 de enero de 2004 copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación.
2. El Fiscal General de la Nación inició indagación preliminar mediante providencia de 1 de abril de 2004 y tras agotar la práctica de pruebas, profirió resolución inhibitoria a favor del doctor HÉCTOR EDUARDO QUINCHE ROA, ex Gobernador (E) del Departamento de Casanare, dispuso investigar por separado a WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL, Gobernador del mismo Departamento entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 y, ordenó la apertura de formal instrucción en contra del procesado MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ, en calidad de mandatario departamental del mismo ente territorial entre el 2 de julio de 1996 y 31 de diciembre de 1997. En la misma providencia ordenó la práctica de pruebas.
3. Luego de escuchar al doctor PÉREZ SUÁREZ en indagatoria, el Fiscal General de la Nación se abstuvo de resolver situación jurídica al considerar que el delito imputado fue el de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, cuya pena privativa de la libertad para la época de ocurrencia del hecho no superaba los cuatro (4) años y en aplicación del principio de favorabilidad, al interpretar los artículos 312-2 y 315 de la Ley 906 de 2004, consideró que no había lugar a la detención preventiva, tal como lo había sostenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso radicado No. 24150 de 20 de octubre de 2005.
4. Posteriormente, se ordenó el cierre de la investigación y el 14 de febrero de 2008 se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ a quien en su calidad de ex – gobernador de Casanare se le atribuyó la posible comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, tipificado en el artículo 146 del Código Penal de 1980, con las modificaciones introducidas por el artículo 57 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión fue confirmada el 4 de abril de 2008 al desatar el recurso de reposición interpuesto por el abogado defensor del acusado.
INTERVENCIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA
Fiscal Delegado ante la Corte
Solicitó dictar sentencia condenatoria en contra del procesado, conforme a la resolución de acusación, con fundamento en los siguientes argumentos:
Citó jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para señalar la vinculación del principio de legalidad con los de transparencia e imparcialidad, los cuales rigen también la contratación estatal y conforman el núcleo esencial de la antijuridicidad material, dada la naturaleza funcional del bien jurídico de la administración pública1.
Acorde con el principio de transparencia de la contratación estatal, desarrollado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la escogencia del contratista debe efectuarse mediante licitación o concurso público, excepto cuando se trata de contratos de menor cuantía; sin embargo, también en esos eventos deben observarse los principios de selección objetiva y transparencia, con el fin de escoger de manera imparcial al contratista que ofrezca mejores condiciones.
Los contratistas tienen derecho a ofrecer sus bienes y servicios a la administración pública y a competir en igualdad de condiciones; por tanto, cuando se coartan estas garantías y se otorgan privilegios a unos en desmedro de otros, se efectúa un favorecimiento indebido.
En este caso la prueba obrante en la actuación permite afirmar la vulneración de los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad porque previo incluso el trámite contractual, se conocía la persona a la cual se le adjudicaría el contrato.
El propio contratista JORGE LUIS BARACALDO VERGARA al formular denuncia dijo haberse enterado por boca de OSWALDO CÁCERES MALDONADO sobre la adjudicación que del contrato de electrificación de las veredas Merey y Palestina, efectuaría a su favor el Gobernador de Casanare. Aquél agregó que, CÁCERES MALDONADO le vendió el mencionado contrato en la suma de $11’250.000.oo para no inhabilitarse en su aspiración a la Alcaldía de San Luis de Palenque.
Posteriormente, al ampliar la denuncia, BARACALDO VERGARA señaló como obvio que la asignación del contrato la efectuaba el Gobernador del momento y, posteriormente ante la Fiscalía en Yopal aseveró que el contrato al cual pretendía acceder, fue asignado a dedo.
BARACALDO VERGARA también aceptó haber entregado dinero para lograr la adjudicación del contrato No. 0462 de 1997 por parte de otro mandatario departamental (WILLIAM PÉREZ) y aunque ello no es objeto de investigación en la presente actuación, se concluye que este contrato, así como el 0970 de 2002, le fueron asignados a través de procesos poco ortodoxos.
La versión del denunciante está respaldada en la nota dirigida el 2 de mayo de 1997 al ingeniero LUIS CARLOS CASTRO, en la cual OSWALDO CÁCERES señalaba la persona encargada de firmar el contrato. Éste, por su parte, no descartó la autoría de la comunicación, pero la atribuyó al interés de que el ingeniero prestara una asesoría en la presentación de la propuesta, lo cual no aparece probado.
OSWALDO CÁCERES MALDONADO se sentía dueño del contrato y, por ende, con derecho a disponer de él, como en efecto lo hizo; en consecuencia, fue él y no la administración quien finalmente seleccionó al contratista.
Destacó el silencio del destinatario, quien no formuló recriminación o reparo frente al contenido de la nota; aunque lo más concluyente fue la adjudicación efectuada según lo previsto. Por tanto, sólo contando con el aval de la administración departamental estaba OSWALDO CÁCERES en condición de brindar la seguridad y confianza necesarias a su interlocutor.
Es cierto que CARLOS CASTRO no era el ordenador del gasto, pero era destinatario e interlocutor válido, pues se identificó como Jefe de Proyectos eléctricos de la Secretaría de OOPP de la Gobernación de Casanare y, aunque no firmó en tal condición, sí conocía con amplitud los temas de electrificación e incluso posteriormente fue designado por la administración departamental como el interventor de la obra.
Innecesario habría resultado no sólo el escrito sino el pago de dinero, si en verdad, como afirma recientemente el contratista, la asignación hubiera obedecido a sus calidades profesionales. Esta variación en sus declaraciones evidencia el eventual temor de ver descubiertas las maniobras de defraudación empleadas para la adjudicación de los contratos por los cuales entregaba dinero.
Señaló que OSWALDO CÁCERES no se apartó en lo fundamental de lo planteado por BARACALDO VERGARA, pero acomodó su versión señalando lo ocurrido como una estrategia para lograr el préstamo de dinero por parte de su interlocutor y descartó haber tenido injerencia real en la adjudicación del contrato.
El supuesto préstamo al cual hizo alusión OSWALDO CÁCERES no se acreditó y de no existir previa adjudicación del contrato, no se habría arriesgado con la entrega de la nota dirigida al ingeniero CASTRO porque podría verse descubierto. Más aún, éste no la rechazó, ni la puso en conocimiento de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación no halló justificación válida para disponer de un contrato antes de iniciarse el proceso de selección objetiva del contratista, tal como lo hizo OSWALDO CÁCERES MALDONADO en el escrito de 2 de mayo de 1997, cuando la invitación para presentar ofertas sólo fue publicada 26 días después, esto es el día 28 del mismo mes y año.
Encontró sospechosa y coincidencial la presentación de dos propuestas casi idénticas, excepto por los valores, puso de manifiesto la farsa con la cual se pretendió dar apariencia de legalidad a la contratación, encaminada desde sus albores a favorecer los intereses de CÁCERES MALDONADO, quien allanó el terreno para la adjudicación del contrato a BARACALDO VERGARA.
Resaltó que HÉCTOR EDUARDO QUINCHE ROA, en calidad de Gobernador encargado suscribió el contrato 0462 de 1997, cuando realmente la comisión del titular fue conferida por los días 31 de julio y 1 de agosto del mismo año.
Además, según el informe rendido el 5 de febrero de 2009 por el Cuerpo Técnico de Ia Fiscalía (fls. 230 Corte), no se contó con estudios técnicos previos, términos de referencia, ni registro presupuestal, y el 18 de julio de 1997, luego de seleccionar al contratista, se expidió el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal No. 3717 con el visto bueno del Gobernador y contraviniendo el numeral 6, artículo 25, Ley 80 de 1993, conforme al cual las entidades estatales sólo abrirán licitación o concurso e iniciaran proceso contractual cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. La simple existencia de una invitación pública, presentación de pluralidad de ofertas, su aparente valoración, la adjudicación del contrato y celebración del mismo, no permite pregonar siquiera el cumplimiento de los requisitos formales de la contratación; por tanto, todo fue una mentira y no se contó con criterios objetivos para la evaluación de las propuestas.
De lo anterior, concluyó que los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad fueron ajenos a este contrato donde se pretermitieron requisitos esenciales. Además, existió aprovechamiento ilícito porque al favorecer a un proponente, sin apego a los procedimientos legales, los potenciales contratistas no contaron con igualdad de oportunidades.
La conducta comporta antijuridicidad material, al atentar gravemente contra el bien jurídico de la administración pública, pues se vulneraron de manera grave los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad encargados de regir la contratación administrativa. La burla de los principios constituye antijuridicidad de la conducta porque la adjudicación del contrato debió orientarse al cumplimiento de los intereses generales y no de los particulares.
Nadie distinto al Gobernador tenía autoridad para decidir el asunto, ni podía garantizar la adjudicación del contrato; por tanto, no era ajeno a la farsa y su responsabilidad resulta seriamente comprometida al estampar el visto bueno a las propuestas y a la suscripción del contrato, aunque éste fue firmado por un subalterno suyo.
Las afirmaciones de BARACALDO VERGARA no sólo constituyen imputación contra el Gobernador y CÁCERES MALDONADO, sino una auto incriminación y, por regla general, ello ocurre cuando se está comprometido con la verdad, salvo que se refleje un interés diverso que aquí no aparece.
El manuscrito constituye un apoyo material y externo a lo dicho por BARACALDO VERGARA y ratificado por QUINCHE ROA cuando señala al aforado como el encargado de seleccionar al contratista porque se reunía con cada Secretario de Despacho. Además, así lo confirmó el procesado en la audiencia pública, al afirmar que ningún delegado tenía facultad para determinar la suerte del contrato.
En síntesis, el aforado privilegió unos intereses particulares en desmedro de otros potenciales contratistas, violando los principios de la contratación administrativa, pues el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 le imponía el deber jurídico de dirigir la actividad contractual y la de los procesos de selección, los cuales no pueden ser trasladados a ninguna otra autoridad, tal como se consagra en el numeral 5 del mismo artículo.
Al mismo tiempo, el artículo 11-1 íd., radica la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas, en el jefe o representante legal de la entidad, calidad que sin duda recaía en el doctor MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ, para el cual solicita sentencia condenatoria.
No comparte la solicitud de condena que realizó la Fiscalía General de la Nación, pues considera que se hizo una presentación formal y parcial del caso, sin ahondar en la completa e integral reconstrucción histórica de los hechos, conforme a la cual, la solución justa sería la absolución.
Parte de exponer que a comienzos de 1997 en el Departamento de Casanare, la comunidad conocía la necesidad de un contrato para la electrificación de las veredas Merey y Palestina del municipio de San Luis de Palenque, porque estaba previsto en el presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental para ese año. Por tanto, OSWALDO CÁCERES MALDONADO, socio de la empresa HERCAS LTDA y el ingeniero JORGE LUIS BARACALDO VERGARA conocían del proyecto para cuya adjudicación efectuaron un ilícito pacto privado.
Según el agente del Ministerio Público, CÁCERES MALDONADO le asegura al ingeniero BARACALDO VERGARA que el Gobernador de ese entonces, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ tenía para él adjudicado el contrato y se lo ofreció en la suma de $11’250.000.oo, comprometiéndose a presentar una propuesta contractual menos favorable para la administración, lo que de paso aseguraba a BARACALDO la escogencia de su propuesta.
Se cumplieron todos los presupuestos y se adjudicó el contrato al ingeniero JORGE LUIS BARACALDO, quien cometió una nueva irregularidad, también a instancias de OSWALDO CÁCERES, consistente en electrificar la finca El Pórtico perteneciente a un amigo de éste, llamado RAMÓN CEDEÑO. Posteriormente al pretender el pago de dicha obra por parte de la administración, comienza el conflicto que complica la situación de BARACALDO porque cesan los contratos y se profieren en su contra mandamientos ejecutivos de pago y embargos.
Esa circunstancia y la posterior enemistad surgida con OSWALDO CÁCERES MALDONADO, quien como alcalde de San Luís de Palenque no le otorgó más contratos, dio lugar a la tardía denuncia en la que JORGE LUIS BARACALDO comprometió en actos de corrupción tanto al señor CÁCERES MALDONADO, como al procesado.
La denuncia plantea que CÁCERES MALDONADO entregó un manuscrito, con destino incierto, para garantizar a BARACALDO VERGARA la adjudicación del contrato y ésta es la única inferencia incriminatoria para atribuir la autoría dolosa del ilícito al Gobernador; sin embargo, la nota no estaba dirigida a éste, sino a un ingeniero subalterno, LUIS CARLOS CASTRO, quien hacía parte de la Secretaría de OOPP del Departamento y negó tanto su recepción como la calificación de las propuestas.
JORGE LUIS BARACALDO sostuvo inicialmente haber entregado la nota original al ingeniero LUIS CARLOS CASTRO, pero posteriormente no lo afirma con la misma contundencia y dice no recordar la actitud que tomó éste.
Señaló tres grandes ausentes en el análisis probatorio de la resolución de acusación, a pesar de que sus declaraciones fueron contestes, responsivas y sus dichos no fueron refutados.
Destacó la del ingeniero JUAN CARLOS LATORRE RICO, profesional universitario de la Secretaría de Obras de la Oficina de Electrificación, encargado de evaluar tanto técnica como económicamente las propuestas. Es él quien al diligenciar el formato previsto para la contratación directa por la Secretaría de Obras, recomendó la que consideró económicamente más favorable, es decir, la que CÁCERES MALDONADO y BARACALDO VERGARA habían acordado que fuera mas favorable.
Según este testigo, no recibió sugerencia de su compañero LUIS CARLOS CASTRO, ni recomendación u orden por parte del Gobernador para favorecer a alguno de los proponentes y justificó la similitud de las propuestas con la existencia de formatos de presentación de ofertas que entregaba la Gobernación a los interesados, de la misma manera que lo aseveraron AGUSTÍN PINTO y, el Secretario de Obras Públicas ALBERTO ORLANDO MENDIETA.
También informó que era usual para contratos en regiones relativamente alejadas, bien sea por razones económicas, de orden público u otras, que el interés para proponer se limitara a pocas firmas o pocos ingenieros que conocieran el medio o estuvieran radicados en la región, aunque no fueran oriundos de ella.
Encontró satisfactorias las explicaciones que en la fase del juicio ofreció el abogado FABIO ACEVEDO VÉLEZ respecto de las irregularidades reseñadas en el informe rendido el 5 de febrero de 2009 por el CTI de la Fiscalía y con fundamento en el mismo testimonio señaló que para el momento en que se suscribió el contrato tenía que estar el certificado de disponibilidad presupuestal, el cual distinguió del registro presupuestal.
Sobre lo que denominó sorpresivo argumento de la Fiscalía, consistente en la suscripción del contrato el 30 de julio de 1997 por EDUARDO QUINCHE ROA como Gobernador encargado, cuando tal calidad le fue atribuida para los días 31 de julio y 1 de agosto del mismo año, acudió nuevamente al testimonio de FABIO ANTONIO ACEVEDO VÉLEZ para desecharlo a causa de las dificultades que frecuentemente tuvo la Gobernación con la persona encargada de fechar los contratos y concluyó preguntando si existía prueba de que el error de un día fue fraguado dolosamente por el procesado o de que LATORRE RICO mintió al explicar porqué escogió la propuesta de BARACALDO VERGARA. Fue así que este tema, al igual que el de los formatos que dieron lugar a la presentación de propuestas similares y la presentación únicamente de dos ofertas, lo consideró explicado de manera razonable y verosímil con la prueba testimonial.
Al rendir versión libre, el procesado explicó detalladamente el trámite surtido en los procesos de contratación y resaltó que nunca se opuso a las recomendaciones efectuadas por la Secretaría de Obras Públicas, lo cual corroboró en la indagatoria al afirmar el desconocimiento de las propuestas y negar cualquier injerencia directa en el análisis y calificación de las mismas, pues ello correspondía a la Secretaría competente. Esta aseveración trató de confirmarse en juicio, mediante prueba de oficio decretada por la Sala, pero lastimosamente los funcionarios del Cuerpo Técnico de la Fiscalía encargados de emitir el concepto, no dieron respuesta.
Consideró que la Fiscalía no citó de manera completa la declaración del Gobernador Encargado, EDUARDO QUINCHE ROA, pues se dio la impresión de que según éste, el Gobernador se reunía con el secretario para determinar arbitraria o discrecionalmente al eventual o futuro contratista; por tanto, señaló la necesidad de valorar integralmente el contenido de dicha declaración.
El mismo BARACALDO VERGARA, después de su denuncia inicial, efectuó unas precisiones importantes tratando de exculpar al Gobernador, respecto a lo cual nada se le preguntó y cosa semejante puede decirse de la declaración de CÁCERES MALDONADO quien realizó una nota de presentación dirigida al ingeniero LUIS CARLOS CASTRO como estrategia para que BARACALDO le prestara dinero a cambio de presentar una propuesta menos favorable.
Concluyó que de proferirse sentencia condenatoria, habría que resolver los siguientes aspectos muy puntuales:
Cómo demostrar la mentira en la declaración de lo que él denominó “los tres ausentes”, entre ellos LATORRE RICO, quien calificó las propuestas?
Cuál sería un análisis mejor que las explicaciones reseñadas, para entender la similitud de los formatos o la presentación de dos (2) propuestas solamente?
Pudo tener CÁCERES MALDONADO una influencia soterrada, dentro de escalones medianos de la administración, que de alguna manera incidiera en la calificación de las propuestas, favoreciendo la presentada por el ingeniero BARACALDO VERGARA.
Puede sostenerse que el informe del CTI, pese a la crítica ya realizada, corresponde a la realidad de los hechos?
Pudo saber CÁCERES MALDONADO que ante propuestas técnicas iguales, la Secretaría de OOPP favorecería la más barata y así procedió?
En suma, el Ministerio Público constató:
No se estableció probatoriamente una conexión en especial para efectos de este contrato, entre el acusado y CÁCERES MALDONADO.
Tampoco se demostró probatoriamente la injerencia indebida del procesado en la escogencia del contratista.
No se desvirtuó la escogencia del contratista según las recomendaciones de Secretaría de OOPP y sus calificadores.
Entonces, todo el pliego de cargos se fundamenta en una inferencia muy relativa según la cual: “si CÁCERES MALDONADO dijo a BARACALDO VERGARA que ex ante tenía asignado el contrato por el Gobernador, es que fue así”. Ello implicaría dejar la verdad absoluta en manos de un tramposo; de ahí que al no existir prueba singular, ni acumulada de la comisión del ilícito, solicite sentencia absolutoria.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 146
 artículo 57
 resolución 
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 11
 resolución