Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/43221
Timestamp: 2020-02-19 05:32:24+00:00

Document:
Gaceta: LXII/2PPO-2/43221
Propone reformar el cuarto párrafo del artículo 18 y la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación del sistema nacional de justicia penal para adolescentes.
La reforma al artículo 18, establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal integrarán un Sistema Nacional de Justicia Integral Penal para adolescentes, en concordancia con la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-P. Por otra parte establece que las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, donde solo será aplicable la normatividad en materia de delincuencia organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un beneficio a la persona adolescente.
Por otra parte, la reforma al artículo 73, establece que el Congreso de la Unión tendrá facultad para expedir la legislación del Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, estableciendo la distribución de competencias así como las formas de coordinación y auxilio entre la Federación, el Distrito Federal y los Estados para el proceso y ejecución de las medidas.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 73 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE ESTABLECER LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.
SENADOR RAÙL CERVANTES ANDRADE
La suscrita, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los diversos 8°, numeral 1, fracción I; 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 73 constitucionales a fin de establecer la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación del Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, conforme a la siguiente:
Ante la crisis del sistema tutelar para adolescentes en el siglo pasado, se gestó una nueva corriente de índole garantista, a la cual se le denomina Teoría de la protección integral, que tiene su fundamento en los trabajos que sobre los derechos de la niñez ha promovido la Organización de las Naciones Unidas y que al final dieron como resultado la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en 1989.
Con las reformas al artículo 18 Constitucional para establecer un sistema integral de justicia para adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2005 y con la posterior que instruye implementar el sistema de justicia penal de corte acusatorio, publicada el 18 de junio de 2008 en el citado Diario, México adoptó constitucionalmente la protección integral. El primer paso para implementar el sistema integral de justicia para adolescentes fue que las Entidades Federativas y la Federación emitieran las leyes reglamentarias del citado sistema.
Es a partir de entonces que nuestro país empezó a sustituir el anterior sistema llamado“para menores” —que no en todo el territorio nacional era tutelar—, por el sistema integral de índole garantista, de modo que las Entidades Federativas se dieron a la tarea de incorporar los esquemas que se aparejaran a las exigencias constitucionales del momento en que fueron elaboradas sus normas, las que debido a la publicación previa a la reforma constitucional en materia penal de 2008, en la mayoría de las Entidades Federativas no se alinearon al nuevo modelo procesal penal acusatorio.
A pesar de los lineamientos constitucionales que inspiraron las leyes especializadas del fuero común, los resultados obtenidos en el ámbito normativo han sido, por lo menos, «dispares», ya que existen diversos criterios o soluciones que las soberanías estatales han adoptado frente a las diferentes circunstancias que la materia de justicia para adolescente plantea, lo cual deja en evidencia la exigencia de la unificación normativa para toda la República mexicana, a fin de evitar, entre otras desventajas, la dispersión legislativa que genera inequidad en el acceso a la justicia y, sobre todo, incertidumbre jurídica, no sólo en materia de estructuras y esquemas organizacionales de los sistemas en cada Entidad Federativa, o respecto de los recursos presupuestales que han sido destinados al tema, sino en materia de cumplimiento del derecho individual del debido proceso, el catálogo de medidas de orientación, protección y tratamiento y sus efectos relacionados con la «reintegración social y familiarde la o el del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades», la diferenciación de las medidas máximas y mínimas de internamiento, la concepción de lo que procesalmente se considera como delitos graves y no graves, los medios de conclusión anticipada de las causas y justicia alternativa, los Órganos especializados: Agentes del Ministerio Público;Juezas y Jueces; el personal que integran las instituciones de seguridad pública agente de la Policía, Defensoras y Defensores; equipos técnicos; órganos auxiliares y los sistemas de ejecución de sanciones, por señalar sólo algunos ejemplos.
A raíz de las reformas constitucionales al artículo 18, el modelo de seguridad pública (prevención, procuración de justicia y ejecución de medidas), incluso el de impartición de justicia, deberán estar especializados respecto de las personas menores de 18 años.
El mandato constitucional impone la obligación al Estado mexicano en su conjunto —la Federación y las Entidades Federativas— de establecer un sistema integral de justicia cuya operación en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.
La reforma constitucional implica necesariamente replantear la concepción del “tratamiento de los menores”, por el del sistema integral de justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal, concepción que de fondo, trastoca al anterior sistema, puesto que no debe entenderse más como un sistema separado del de justicia, sino como parte de él, diferenciado del subsistema de justicia para las personas adultas.
Dicha especialización implica entre otros aspectos, la especialización judicial, que se traduce en la existencia de tribunales pertenecientes a los poderes judiciales, tanto de la Federación, como de las Entidades Federativas. Bajo esta premisa, deberían existir juzgados especializados en todo el país, sin embargo, en la Federación aun no existen dichos tribunales, no obstante que ya se prevén en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
También resulta preocupante e indeseable contar con esquemas normativos tan disímbolos, en uno de ellos la disparidad de criterios político criminales resulta paradigmático: la concreción de la figura del internamiento «como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda», pues esa brevedad no es la misma para entidades como Hidalgo o Aguascalientes, con máximos de internamiento de hasta cuatro años para la primera y hasta veinte para la segunda.
Tal como las diversas legislaciones en las Entidades Federativas lo consideran, dicha noción resulta fundamental para distinguir el sistema de justicia para adolescentes del sistema de justicia para personas adultas. Por tanto, tendría que existir un consenso en los supuestos de imposición y duración, sin embargo, como se ha insistido en estas líneas, no podrían ser más discordantes los criterios vigentes.
Otra institución procesal que se torna urgente para establecer la homologación de criterios entre las Entidades Federativas se refiere al propio lugar en que tendría verificativo el cumplimiento del internamiento, ya que si bien la mayoría de las entidades consideran prudente que las personas que cumplen una medida de internamiento al llegar a la mayoría de edad lo hagan en Centros específicos para adolescentes, diferentes al de aquél en que cumplen una condena las personas adultas sentenciadas; existen casos como el de Coahuila de Zaragoza en que posibilitan su cumplimiento en los Centros de Readaptación Social (destinados para personas adultas), aunque sea en un área especial, lo cual incumple con los compromisos internacionales de nuestro país en la materia, ya que uno de los principios de la materia de justicia para adolescentes es la no aplicación del sistema de personas adultas.
A mayor abundamiento, se puede apreciar en el siguiente cuadro esquemático, la relación de las legislaciones de las Entidades Federativas con respecto al tratamiento que otorgan a las medidas privativas de la libertad en centros especializados:
Medida Privativa de Libertad en Centros Especializados
LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 178)
LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES La duración de esta medida deberá tener relación directa con los daños causa no excederá de diez años cuando el adolescente tenga una edad de entre catorce años cumplidos y dieciséis no cumplidos y de quince años como máximo cuando tenga una edad de dieciséis años cumplidos a menos de dieciocho, salvo el caso de los delitos de homicidio calificado o secuestro en quepodrá ser hasta de veinte años. (Artículo 178)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los Centros de Ejecución de Medidas, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial competente. (Artículo 158)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA La duración de esta medida en ningún caso podrá exceder de diez años. (Artículo 160)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Consiste en la privación de la libertad del adolescente y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento. (ARTÍCULO 79)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR La duración de esta medida no podrá exceder de cinco años. (ARTÍCULO 79)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE Consiste en la total privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los Centros de Internamiento, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 159)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHELa duración de esta medida no podrá exceder de siete años. (Artículo 160)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS Consiste en la restricción de libertad de tránsito al adolescente en un Centro Especializado, del que no se le permitirá salir sin que exista una orden judicial que así lo establezca.(Artículo 127)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS Para los adolescentes entre la edad de 14 años y un día cumplido y 16 años incumplidos será de 5 años, y para los adolescentes de entre 16 años cumplidos y 18 años incumplidos, la máxima será de diez años. (Artículo 128)
LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Procede en caso de delitos graves establecidos en el catálogo del artículo 101.
LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA La medida será:
En caso de concurso de delitos se impondrá la sanción correspondiente a la conducta que merezca la mayor penalidad, la que podrá aumentarse hasta por el mínimo de la sanción que corresponda a cada una de las conductas ejecutadas, sin que exceda de quince años. (Artículo 102)
TRATAMIENTO DE INTERNACIÓN DEFINITIVA.Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los Centros de Internación, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial(ARTÍCULO 172)
TRATAMIENTO DE INTERNACIÓN DEFINITIVA. …
El tratamiento de internación se impondrá considerando entre una tercera parte del mínimo y del máximo de la pena que corresponda al tipo penal que determina el Código Penal para el Estado. Tratándose de los delitos de terrorismo, homicidio calificado, parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio, secuestro, violación equiparada, violación agravada, violación por instrumento distinto al natural y robo especialmente agravado, se impondrá entre las dos terceras partes del mínimo y del máximo de la pena que para estos delitos determina el Código. Sin embargo, dicho internamiento en ningún caso podrá exceder de quince años.
Las personas que se encuentren en tratamiento dentro de los Centros de Internación, al alcanzar los dieciocho años de edad serán trasladadas al Centro de Readaptación Social que corresponda, a efecto de que en un área especial de dicho Centro(ARTÍCULO 172)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA El internamiento pleno en un centro especializado, por todo el tiempo señalado en la sentencia, se aplicará por el instituto para el tratamiento de menores infractores del Estado, pudiendo reducir o sustituir la medida, atendiendo a los informes del centro y al dictamen psicológico.(Artículo 103)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA La duración de la medida será de uno a diez años,(Artículo 129)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL Consiste en la privación de la libertad del adolescente y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, y será una medida de carácter excepcional.(ARTÍCULO 86)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL La medida de internamiento no podrá exceder de cinco años.(ARTÍCULO 86)
CODIGO DE JUSTICIA PARA MENORES INFRACTORES EN EL ESTADO DE DURANGO La Privación de la libertad en el Centro, es una medida para menores (Artículo 256)
CODIGO DE JUSTICIA PARA MENORES INFRACTORES EN EL ESTADO DE DURANGO En ningún caso podrá exceder de 10 años (Artículo 259)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MEXICO Es la introducción y permanencia del adolescente en las Instituciones establecidas para proporcionar tratamiento al interior de las mismas, cuando haya resultado responsable en la comisión de una conducta antisocial considerada grave. (Artículo 219,VI)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MEXICO La medida tendrá una duración mínima de un año y máxima de cinco años. (artículo 219,VI)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATOConsiste en hacer permanecer al adolescente en el Centro de Internación y tiene como finalidad su resguardo para favorecer, mediante la aplicación de un tratamiento integral, secuencial e interdisciplinario, su desarrollo personal, orientación y reintegración social y familiar, fomentando la seguridad y protección propias de un positivo ambiente familiar y una vinculación permanente con la comunidad. (Artículo 113)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO No podrá ser menor de un año ni exceder de cuatroaños; cuando se trate de adolescentes entre dieciséis años y menores de dieciocho, éste no podrá ser menor de dos años ni exceder de siete años.(Artículo 114)
LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Las medidas de semilibertad e internamiento definitivo se aplicarán, en lo conducente, en el Centro de Internamiento, pudiendo contar con la colaboración de la familia del adolescente y su comunidad. (Artículo 210)
LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO La duración de estas medidas no podrá ser inferior a un año ni exceder de ochoaños. (Artículo 210)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE HIDALGOConsiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 136)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE HIDALGOEsta medida sólo se puede imponer a quienes tengan o hayan tenido, al momento de realizar la conducta, una edad de entre los catorce años cumplidos y dieciocho años no cumplidos (Artículo 136)
LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en el Centro de Atención, del que podrán salir los adolescentes por causa justificada y hasta por cinco días, mediante orden escrita de la Sala. (Artículo 110)
LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO No podrá ser inferior a un año ni exceder de cinco años cuando el adolescente tenga una edad de entre 14 años cumplidos y menos de 16; y sin que pueda ser inferior a un año ni exceder de siete años como máximo, cuando tenga una edad de 16 años cumplidos y menor a 18 años. (Artículo 110)
LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Consiste en la reclusión continua del adolescente en el Centro de Integración para Adolescentes, los internos que hayan cumplido 18 años, a consideración del Juez Especializado, podrán ser trasladados a los CERESOS, en régimen especial. (Artículo 27)
LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de 10 años. (Artículo 27)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOSLa privación de libertad en un centro especializado de internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y se aplicará únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad,se ejecutará en centros exclusivamente destinados para adolescentes o, en su caso, en las áreas que dichos centros tenga destinadas para adultos jóvenes. (Artículo 109
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOSEn adolescentes de 14 a 16 años la privación de libertad no podrá ser menor de 1 año ni exceder de 5 años, excepto en los casos de homicidio doloso, violación y secuestro en que podrá imponerse una sanción privativa de libertad de hasta 7 años.
En adolescentes entre 16 y menores de 18 años la pena privativa de la libertad no podrá ser menor de 1 año ni exceder de 7 años, excepto en los casos de homicidio doloso, violación y secuestro en que podrá imponerse una sanción privativa de libertad de hasta 9 años.(Artículo 109)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NAYARIT Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de esparcimiento; (Artículo 151)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NAYARIT Las medidas no podrán exceder en su duración del límite mínimo de la penalidad correspondiente a la conducta tipificada en el Código Penal, y no podrá ser inferior a la mitad de ese límite. (Artículo 156.)
LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN La privación de libertad en centro de internamiento especializado solo se podrá aplicar en los casos de delitos graves señalados por la legislación penal. Salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo de este Artículo la privación de la libertad se aplicara (Artículo 138)
LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNCuando se trate de sujetos entre 14 y 16 años, la medida sancionadora de internamiento no podrá exceder de 6 años en caso de que fueran encontrados responsables;
Cuando se trate de los sujetos entre 16 y menores de 18 años, la medida sancionadora de internamiento no podrá exceder de 8 años en caso de que fueran encontrados responsables.
En los casos de homicidio doloso, secuestro y violación, podrá alcanzar hasta los 8 años cuando se trate de los adolescentes entre 14 y 16 años, y de 10 años cuando se trate de los adolescentes entre 16 y menores de 18. (Artículo 138)…
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACALa medida sancionadora de privación de libertad en centro especializado de internamiento, procede en los casos de delitos graves, al efecto existe un catálogo de delitos considerados graves para los adolescentes de 14 y 15 años; otro catálogo de delitos graves para los adolescentes de 16 y 17 años (artículo 93).
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACAEn el caso del catálogo de delitos para adolescentes entre 14 y 16 años de edad la sanción privativa de libertad será hasta 6 años.
En el caso del catálogo de delitos para adolescentes entre 16 y menores de 18 años de edad, la pena privativa de libertad será de hasta 9 años, pero podrá ser hasta de 12 años por lo que hace a los delitos de homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro y parricidio. (artículo 93).
CODIGO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los Centros de Internamiento, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de la autoridad de ejecución. (Artículo 161)
CODIGO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLALa duración de esta medida deberá ser proporcional a la conducta realizada y a la penalidad prevista en el Código de Defensa Social para el Estado, sin poder exceder de 5 años cuando el adolescente tenga una edad de entre 14 años cumplidos y 16 no cumplidos, y de 7 años como máximo cuando tuviera una edad de 16 años a 18 no cumplidos.(Artículo 162)
LEY PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERETARO Se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad competente.(Artículo 112)
LEY PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERETARO No podrá ser menor a 3 meses ni exceder los 7 años.(Artículo 106.)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Salvo en el caso del internamiento domiciliario, las medidas de tratamiento se aplicarán exclusivamente en los Centros de Internamiento. (Artículo 210)
Los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, hasta de 8 años. Dependiendo el catálogo de delitos hasta 10 años.
Los mayores de 14 años y menores de 16 años de edad, hasta de 6 años, dependiendo un catálogo de delitos hasta de 8 años. (Artículo 217)
LEY DE JUSTICIA PARA MENORES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, de los que podrán salir los menores sólo mediante orden escrita de autoridad judicial competente. (ARTICULO 117)
Será desde 6 meses, hasta el equivalente al tiempo de la pena mínima de prisión que señale el Código Penal, en ningún caso, la medida de internamiento excederá de 18 años.
Deberá cumplirse en el Centro de Internamiento o en el Anexo del Centro de Reinserción, según corresponda. Los mayores de 18 años deberán cumplir la medida de internamiento en lugar separado de los menores. (ARTÍCULO 117)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOAConsiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 136.)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOANo podrá exceder de 5 años cuando tenga una edad de entre 14 años cumplidos y menos de 16y de 7 años como máximo cuando tenga de 16 años a menos de 18.(Artículo 136)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA Consiste en el internamiento del adolescente en un centro dependiente del Instituto por la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales calificada como grave, del que no se le permita salir hasta en tanto cumpla con la medida o exista una orden judicial que así lo decrete.(ARTÍCULO 129
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA No podrá exceder de siete años. (ARTÍCULO 129)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TABASCO Consiste en la restricción de la libertad corporal y debe cumplirse en los Centros de Internamiento Especializados para adolescentes. (Artículo 39)
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TABASCO A quienes tengan más de 14 y menos de 18 años de edad. La duración de la medida no podrá ser menor de 3 meses ni mayor de 8 años. (Artículo 39)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO El internamiento en un Centro de Reintegración Social y Familiar (Artículo 141)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO Dependiendo de 2 catálogos: uno para adolescentes menores de 16 años y otra para los menores de 18, la restricción no podrá exceder los 4 años o los 8 años (Artículo 141.)
LEY DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA. Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en el Centro, y el adolescente podrá salir, sólo mediante orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 137.)
LEY DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA. No podrá exceder de 7 años como pena máxima que contemple el delito, y se aplicará de la forma siguiente: No podrá exceder de 5 años cuando el adolescente tenga 14 años de edad y menos de 16, y de 7 años como máximo cuando tenga 16 y menos de 18 años de edad. (Artículo 137.)
LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Deberá aplicarse cuando no sea posible aplicar ninguna otra y al grupo erario comprendido en la fracción II del artículo 3 de esta Ley, y por los delitos señalados en el artículo 137 de este ordenamiento. (Artículo 136.)
LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Para adolescentes entre 14 y 18 años no podrá ser menor de 4 años ni exceder los 7 años (Artículo 137.)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN La aplicación, de la medida de tratamiento interno estará a cargo del Centro Especializado. (Artículo 466.)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN Cuando se trate de adolescentes que se encuentren entre los 14 años cumplidos y menores de 18 años de edad y fueran encontrados responsables de las conductas señaladas como delitos graves en el artículo 191 de esta Ley y previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán, ajustándose a diferentes penalidades (Artículo 468.)
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE ZACATECAS. Puede ser aplicada por el juez en el caso del catálogo a que alude el artículo 151 de la Ley. Existen dos catálogos: uno para adolescentes de 14 y 15 años y otro para adolescentes de 16 y 18 años no cumplidos.
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE ZACATECAS La privación de libertad no podrá ser inferior a dos meses ni exceder los cinco años.
En el ámbito Federal, no obstante la oportunidad de adecuar la ley especializada a los nuevos parámetros constitucionales de la reforma de 2008 respecto del modelo acusatorio en materia de justicia penal para adolescentes, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en términos generales, no incorpora en su totalidad los principios del sistema de justicia penal de corte acusatorio, pues basta citar que en su artículo 57 establece: «… el juicio se desahogará de manera escrita y formal…» lo que indiscutiblemente rompe con la oralidad que caracteriza al proceso penal, de acuerdo al artículo 20 constitucional; al mismo tiempo señala que se regirá bajo los principios de inmediación, inmediatez y celeridad procesal, lo cual pareciera ser contradictorio.
Además adolece de un orden sistematizado respecto del procedimiento acusatorio, ya que no señala a detalle, ni de forma clara las etapas del procedimiento penal y expresamente remite al Código Federal de Procedimientos Penales como fuente supletoria, lo cual, como ya se dijo, es incompatible con el principio de no aplicación de normas para personas adultas.
En este contexto, el mandato constitucional es muy claro, deberán ser juezas y jueces federales los quienes que conozcan y resuelvan de delitos federales en justicia para adolescentes y jueces juezas y jueces del fuero común quienes hagan lo propio respecto de los delitos locales, pues lo contrario constituiría una contravención al régimen constitucional actual que debe regir la materia.
Con independencia de lo anterior, sostiene la jurisprudenciaemitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este «sistema de doble fuero» (por la materia penal que es común a la Federación y a las Entidades Federativas), las y los deben ser juzgados necesariamente por una autoridad jurisdiccional que esté inscrita dentro de los poderes judiciales, por lo que, corresponde a cada fuero juzgar los delitos cometidos contra normas de cada uno de los respectivos órdenes jurídicos.
El sistema es de tal magnitud que le ha resultado relevante a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación el pronunciarse respecto de las características y naturaleza del mismo.
Del estudio de los preceptos constitucionales que regulan la materia se pueden identificar ciertos principios que deberán estar presentes en los sistemas integrales de justicia para adolescentes que la Federación, los Estados y el Distrito Federal deberían observar tanto en la normatividad (leyes, estatutos, reglamentos, circulares, manuales, decretos, etc.), como en el diseño institucional (sistemas de prevención, procuración de justicia, impartición de justicia y ejecución de medidas) que implementen en el ámbito de sus respectivas competencias.
Dentro de estos principios destaca el del «sistema de doble fuero», respecto de este principio el texto constitucional del artículo 18 es el siguiente: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia…”.
La Jurisprudencia derivada de la Primera Sala, reconoce la existencia del sistema de doble fuero o materia común (el Pleno le denomina facultad legislativa coincidente), el cual significa que desde la perspectiva legislativa, el Constituyente no reservó competencias ni para la Federación, ni para las Entidades Federativas, por lo que, los respectivos órganos legislativos (Congreso General, congresos estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal) pueden legislar respecto de la misma materia (penal), pero en el ámbito de sus competencias (el homicidio regulado en la legislación federal será del fuero federal y el regulado en las legislaciones locales será de este orden), sin que por ello se deba entender que se trata de la figura de la concurrencia de competencias.
Más allá de las leyes de orden local y las de orden federal, el Constituyente mexicano ha concebido una tercera categoría de leyes que, a pesar de tratarse de las emanadas por el Congreso de la Unión, no son propiamente leyes federales —pues éstas tienen como característica que se aplican tan solo a la Federación—, sino que se trata de normas de aplicación tanto federal, como local en sus dos vertientes: 1) estatales y distritales, y 2) municipales y delegacionales.
A estas normas se les conoce como leyes marco o leyes generales, que tienen como característica primordial el tratarse de disposiciones que regulan aquellas materias concurrentes que son competencia de la federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, así como distribuir competencias entre todas estas figuras.
Con esta fórmula, no es que en las materias concurrentes no exista una delimitación de competencias entre los tres órganos de gobierno, sino que dicha delimitación no está establecida de manera directa por la Constitución, esto es, mediante la figura de la delegación de competencias el Constituyente delegó al Congreso de la Unión, las facultades no sólo de determinar la competencia que le deviene a la propia Federación, sino que lo subrogó en las facultades de los órganos legislativos estatales, para delimitar sus competencias respecto de ellos mismos y de los municipios. De esta manera se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de Jurisprudencia P./J. 142/2001 .
Por otra parte, la Jurisprudencia del Pleno (P./J. 73/2008) establece que «la facultad para legislar en materia de justicia penal juvenil es coincidente», «para que la Federación, los Estados (sic) y el Distrito Federal legislen» «sin más obstáculo que los límites establecidos en el indicado precepto constitucional».
Bajo esta perspectiva, «la instrumentación del sistema integral de justicia para menores infractores en el ámbito local será responsabilidad de las autoridades estatales y del Distrito Federal, respectivamente, mientras que la Federación deberá realizar lo propio respecto del sistema en el ámbito federal» (P./J. 73/2008), debiendo existir en consecuencia, leyes especializadas federales y locales, así como autoridades de dichos fueros, correspondiendo «a cada fuero juzgar los delitos cometidos contra normas de cada uno de los respectivos órdenes jurídicos, conforme a lo que se establezca en la Constitución y en sus propias legislaciones» (P./J. 25/2008).
Resulta del más alto interés aclarar dos situaciones: primera, que una facultad coincidente (de doble fuero) no es lo mismo que una concurrente y, segunda, que la reforma constitucional de 2005 no se refirió a la facultad concurrente, sino a la coincidente.
El propio Pleno de la SCJN aclara la problemática al mencionar que«la reforma constitucional, la justicia juvenil fue concebida como una materia en la que concurrían tanto Federación como Estados y Distrito Federal, según se advierte del propio procedimiento legislativo. La propia iniciativa de reformas lo expresa con más claridad, al proponer, junto con la reforma al artículo 18, la reforma también del 73:
“Para facilitar la unificación en la aplicación de la justicia para menores de edad y permitir un mejor desarrollo, se prevé, para esta materia, la existencia de la competencia coincidente entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal.
Se propone también adicionar la fracción XXI del artículo 73 constitucional, con un párrafo en el que se establezca la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases normativas y de coordinación a las que deberán sujetarse la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en la implementación y aplicación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (…)”
Considera el Pleno que el cambio de la iniciativa propuesta a lo aprobado en el Congreso, consiste en que la «intención de reformar también el artículo 73, no prosperó en la secuela del procedimiento legislativo, mas no porque se hubiese querido negar esa posibilidad de coincidencia, sino en virtud de que se consideró innecesario —para establecer la facultad de normar en la materia— que tuviera que ser modificado tal artículo. En el Dictamen de Primera Lectura, se sostuvo:
“Por lo que hace a la adición propuesta al artículo 73 constitucional, en el sentido de establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases normativas y de coordinación a que deberán sujetarse la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en la implementación y aplicación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, estas Comisiones consideran que la misma no resulta procedente.
Se considera que la intención de uniformar la justicia penal para adolescentes, se encuentra colmada con las reformas y adiciones propuestas al artículo 18 constitucional, por lo que el hecho de facultar al Congreso para expedir una ley que establezca las bases normativas a que deberán sujetarse los Estados y el Distrito Federal, resulta innecesario.
Se entiende que con las reformas y adiciones propuestas al artículo 18 constitucional, se establece claramente la concurrencia en materia de justicia penal para adolescentes. Derivado de esta concurrencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal quedan facultados para legislar en materia de justicia penal para adolescentes, sin mayor limitación que la observancia y el apego a las bases, principios y lineamientos esenciales introducidos a la Constitución mediante la presente reforma, por lo que se considera que la adición propuesta al artículo 73, podría invadir el ámbito competencial de las Legislaturas Locales, en detrimento de la soberanía de los Estados.”
Por lo que hace al Dictamen de Segunda Lectura, en él se señaló:
“Se entiende que, con las reformas y adiciones propuestas al artículo 18 constitucional, se establece claramente la concurrencia en materia de justicia penal para adolescentes. Derivado de esta concurrencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal quedan facultados para legislar en materia de justicia penal para adolescentes, sin mayor limitación que la observancia y el apego a las bases, principios y lineamientos esenciales introducidos a la Constitución mediante la presente reforma, por lo que se considera que la adición propuesta al artículo 73, podría invadir el ámbito competencial de las Legislaturas Locales, en detrimento de la soberanía de los estados.”
Así es que, toda vez que la intención de homogenizar la legislación nacional aplicable a las y los adolescentes ha permanecido hasta el momento sólo como deseo (pues en la actualidad existe una estructura judicial completamente disímbola que ha ido desde la existencia de una sola Jueza o Juez Especializado en Justicia para Adolescentes —sin la existencia de un tribunal superior especializado que revise su actuación —, hasta las tres figuras judiciales — Juezas y Jueces de Garantía, de Juicio Oral y de Medidas especializados de Adolescentes— y una Sala Especializada en Adolescentes ; pasando por casos intermedios de un Tribunal de Primera Instancia especializado en justicia para adolescentes —colegiado, compuesto por tres juezas y jueces— y una Sala de Apelación de Justicia para Adolescentes, insertos ambos en un Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes ), la reforma busca la estandarización de los criterios normativos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a través de la previsión constitucional de la concurrencia de competencias en esta materia, para que sólo sea el Congreso de la Unión el que tenga facultades constitucionales para crear una Ley Nacional con características de Ley General, en la que distribuya competencias, pero fije los parámetros político criminales que deberán permear el sistema.
Con esta reforma constitucional se pretende concretar un sistema integral de justicia penal para adolescentes nacional definido y reglamentado por la Federación, a través del Congreso de la Unión, pero operado y aplicado por la propia Federación y las Entidades Federativas como se pretendió en la iniciativa de reforma constitucional de 2005, pero que no prosperó y no se consolidó en el texto constitucional.
Se considera esta vía la más conveniente en atención a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido que en el proceso legislativo de la reforma constitucional de 2005 «las y los legisladores consideraron innecesario reformar el artículo 73 constitucional, para que pudiera darse la coincidencia —que no concurrencia, como erróneamente se manejó durante el procedimiento legislativo— de facultades en materia de justicia penal para adolescentes», dejando en claro tanto la diferencia entre cada una de las competencias, como a cuál se refiere el texto constitucional actual.
Por otro lado, el Pleno de esa Suprema Corte ha definido en tesis de Jurisprudencia las características generales de las facultades concurrentes en el Sistema Jurídico Mexicano:
Se establecen a través de Leyes Generales;
Regulan una materia prevista en la Constitución que es absorbida por parte de la Federación;
Implican que las Entidades Federativas, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero solo será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes;
La Federación tiene un poder de dirección en la materia que se manifiesta, de forma primaria, en la capacidad de expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres niveles de gobierno y definan, en todo caso, el tipo de relaciones de coordinación o colaboración que habrán de entablarse, y
Cuenta con elementos materiales de referencia y mandatos de optimización establecidos en la propia Constitución, los cuales deben guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno.
En otro aspecto, sobresalen otras divergencias entre los sistemas de justicia para adolescentes, como lo es en el caso del régimen de delincuencia organizada, estamos ante un asunto paradigmático en términos de lineamientos político criminológicos en la justicia para adolescentes, por ejemplo, el Distrito Federal, cuenta con una ley especializada en justicia para adolescentes y en la misma se trató de dar respuesta a compromisos internacionales, así como a disposiciones jurídicas internas con las que ya contaba el Distrito Federal, además de aceptar lineamientos político-criminológicos sugeridos para la Comunidad Internacional.
No obstante, hace falta abundar en las siguientes líneas de especialización:
Prevención Social de los delitos cometidos por los adolescentes, con base en un enfoque holístico de sus derechos humanos yla no criminalización;
Especialización policial en la atención de la justicia —en materia tanto de prevención, como de investigación ministerial— para adolescentes;
Especializaciónministerial mediante la creación de una Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos cometidos por adolescentes;
La adopción de medidas especiales de investigación;
La especialización de los tribunales encargados de impartir justicia para adolescentes, y
La especialización de las autoridades encargadas de aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento.
Resulta muy interesante la estructura de la nueva Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal: la adopción de la oralidad para el caso de los delitos no graves, la aplicación del procedimiento escrito para los calificados de graves, la implementación de un catálogo reducido de estas figuras delictivas (las procesalmente graves).
Sin embargo, en términos concretos, el artículo 18 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal establece que “en ningún caso podrá aplicarse al adolescente la Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal”.
Los argumentos plasmados por quienes se han opuesto a la aplicación de la normatividad especializada en delincuencia organizada, han sido en el sentido de no permitir la aplicación de los medios “extraordinarios” de investigación contra la delincuencia organizada, para el caso de los adolescentes.
Los llamados medios extraordinarios para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los miembros de la delincuencia organizada en el Distrito Federal, en realidad son las siguientes técnicas de investigación:
Arraigo;
Reserva en las actuaciones de la averiguación previa y protección a personas;
Órdenes de cateo y autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas;
Aseguramiento y decomiso de bienes;
Colaboración en contra de la delincuencia organizada;
Valoración de las pruebas, y
Prisión preventiva y penas y medidas de seguridad.
En el caso del arraigo, con la exclusión de su aplicación en el régimen de adolescentes, de cualquier forma puede llegar a ser procedente porque la Ley de Justicia para Adolescentes establece el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal se aplicará supletoriamente y éste prevé la figura del arraigo hasta por 60 días (cuando no es delincuencia organizada); por lo que, independientemente de que exista la prohibición expresa de aplicar la ley especial para no usar el arraigo, dicha medida se puede ordenar con base en el Código procesal penal.
Lo anterior, evidencia la necesidad de establecer desde el texto constitucional los parámetros de aplicación de la normatividad que beneficie a la persona adolescente en garantía a la protección integral y el interés superior de la niñez.
En este sentido es que dada la magnitud e implicaciones que tiene la dispersión legislativa en los aspectos sustantivos y adjetivos de un sistema integral de justicia para adolescentes, se propone la presente reforma constitucional.
El artículo 18, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Constitución Federal indican, que la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán un sistema de justicia integral que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.
Otra de las razones que justifican la expedición de una legislación que homologue las disposiciones de justicia penal para adolescentes, es el riesgo de un retroceso, o bien de un debilitamiento en las normas reguladoras del proceso especializado y un endurecimiento de las respuestas que se dan a la delincuencia juvenil, entre los que destacan: la extensión de la duración del proceso penal para adolescentes; el restablecimiento de supuestos de procedencia de la detención en flagrancia; ampliación de los plazos de retención o detención administrativa por parte del ministerio público; ampliación de catálogos de delitos graves, etc.
Como ha quedado expuesto, no existen parámetros en nuestro derecho nacional que cumplan con los compromisos internacionales en materia de justicia para adolescentes que el Estado Mexicano ha suscrito, ni con los extremos constitucionales que las reformas de 2005 y 2008 a que se ha hecho referencia (sistema integral de justicia para adolescentes e implementadora del sistema de justicia penal de corte acusatorio, respectivamente).
En consecuencia, es trascendental que el Congreso de la Unión asuma la tarea de legislar en materia de justicia penal para adolescentes, así como unificar criterios y procedimientos que entre otras ventajas, permitan:
Estar acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal, así como los diferentes instrumentos internacionales.
Fijar los derechos que las personas os adolescentes tienen en un debido proceso.
Distinguir los casos de violación a la ley penal de situaciones sociales no penales. Los casos no penales tendrán una respuesta administrativa por medio de instancias de bienestar asistencia social u otros similares.
Establecer garantías específicas que les corresponden en razón de su edad.
Ponderar los derechos de la persona adolescente con los de las víctimas.
Establecer la participación de la víctima en el proceso.
Señalar las etapas del nuevo sistema acusatorio con las y los operadores de éstas.
Procurar evitar el enjuiciamiento de las y los adolescentes, previendo opciones para no iniciarlo, suspenderlo o finalizarlo anticipadamente.
Establecer el catálogo de conductas tipificadas como delito que serán considerados graves.
Homologar las medidas cautelares y de tratamiento no privativas como las privativas de la libertad.
Establecer una gama de medidas de tratamiento entre las cuales la privativa de libertad adquiere un carácter excepcional, reservada para los delitos graves.
Garantizar la prohibición de cumplir las medidas de internamiento en los centros destinados para las personas adultas, aun cuando se diga que estarán espacios separados de éstos.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente Proyecto de:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARAADOLESCENTES.
Único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 18 y la fracción XXIX-P del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 18. — …
La Federación, los Estados y el Distrito Federal integrarán un Sistema Nacional de Justicia Integral Penal para adolescentes, en concordancia con la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-P, dicho sistema que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. Solo será aplicable la normatividad en materia de delincuencia organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un beneficio a la persona adolescente.
Artículo 73. — …
I. a XXIX-O…
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte; así como expedir la legislación del Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, estableciendo la distribución de competencias así como las formas de coordinación y auxilio entre la Federación, el Distrito Federal y los Estados para el proceso y ejecución de las medidas.
XXIX-Q a XXX. …
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo transitorio siguiente.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la Ley del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos, la que en sus artículos transitorios deberá establecer criterios de inicio de vigencia diferenciados en función de la etapa de proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren la Federación, los Estados y el Distrito Federal.
Los ordenamientos en materia de justicia para adolescentes, que hayan sido expedidos por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, así como por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previamente a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán aplicándose hasta el inicio de vigencia de la Ley del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos, que el Congreso de la Unión expida en ejercicio de la facultad conferida por la fracción XXIX-P del artículo 73 de esta Constitución Federal.
TERCERO. Los procedimientos penales y de medidas de tratamiento de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley.
CUARTO.La Cámara de Diputados, las Legislaturas de los Estados y el Órgano Legislativo Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la debida implementación del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura y la capacitación necesarias para juezas y jueces, agentes del Ministerio Público ; y, el personal que integran las instituciones de seguridad pública; así como defensoras, defensores, personal de servicios periciales y abogados.
QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, en la implementación del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la Secretaría Técnica a que se refiere el artículo transitorio quinto. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos.
México, Distrito Federal a los 3 días del mes de septiembre de 2013.

References: artículo 18
 artículo 73
 artículo 18
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 101
 artículo 3
 artículo 137
 artículo 191
 artículo 151
 artículo 57
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 73
 artículo 18
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 73

Artículo 18
 artículo 73

Artículo 73
 artículo 73