Source: http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/10/draco-dormiens-nunquam-titillandus-opus.html?showComment=1256566859227
Timestamp: 2019-12-05 15:39:06+00:00

Document:
ortizfeliciano: Draco Dormiens Nunquam Titillandus... Opus Ovum Non Plus Ultra... Rev. 26/10/09
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=223722&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
Publicado por Roberto Ortiz-Feliciano en 20:51
El Partido Independentista Puertorriqueño radicó el pleito
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, catalogó como una importante victoria para el movimiento independentista una decisión judicial que declaró ha lugar un largo pleito que llevaron contra el Gobierno por el carpeteo de sus líderes.
El juez José E. Loubriel Vázquez, del Tribunal Superior de San Juan, ordenó al Estado pagar $150 mil a la colectividad por los años en que persiguió y documentó todos los pasos de los miembros del PIP.
“Esto es una reivindicación a tantas generaciones de independentistas que sufrieron por sus convicciones políticas y por la guerra sucia que el Gobierno libró -tanto penepés como populares- contra el PIP y otras organizaciones independentistas”, manifestó Martín sobre la decisión que pone punto final a un pleito que comenzó el 22 de septiembre de 1999 con la radicación de la demanda contra el Estado Libre Asociado, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.
El juez reconoció que el documentar las actividades del PIP violó sus derechos constitucionales de libertad de asociación, libertad de expresión e igual protección de las leyes.
La sentencia admite que existen carpetas de los líderes del PIP desde 1948 hasta 1987. El documento destaca que este pleito “concluye el ciclo de reclamaciones judiciales por razón del carpeteo” pues ya prescribió el tiempo que tenían los individuos para demandar, explicó Martín.
“Es un precedente importante porque nunca antes en Puerto Rico a una institución política se le había dado el reconocimiento de que se le habían violado los derechos”, indicó el presidente ejecutivo de la colectividad.
Asimismo lo reconoció el juez Loubriel en su decisión al señalar que no se puede separar a un partido político de los individuos que lo componen.
“Resultaría del todo incongruente sostener por un lado que el sistema de recopilación de datos conocido como el carpeteo resultó en daños a la reputación y dignidad de miles de puertorriqueños (…) y aducir por otro, como pretende el ELA, que las organizaciones que agrupan a esos individuos fueron inmunes a aquel poderoso mecanismo de represión gubernamental”, lee la sentencia que se hizo pública durante el día de ayer, aunque tiene fecha del martes, 20 de octubre.
El otrora senador señaló que la indemnización de $150 mil es más bien simbólica, ya que es el máximo por la Ley de Pleitos contra el Estado puesto que es casi imposible cuantificar los daños económicos que el carpeteo le produjo a la colectividad y sus líderes.
La sentencia establece que los líderes independentistas tendrán 30 días para obtener sus carpetas. De no hacerlo, los documentos serán destruidos.
No fue posible obtener una reacción del Departamento de Justicia para conocer de dónde se obtendrá el dinero necesario para cumplir con la sentencia.
Martín señaló que en años anteriores existía un fondo especial separado para pagar a las víctimas del carpeteo, aunque desconoce si actualmente se mantiene.
En momentos en que varios sectores de la sociedad han acusado a la Policía de perpetuar la práctica del carpeteo mediante la grabación de manifestaciones y actividades masivas, el presidente ejecutivo del PIP señaló que el Gobierno no debe echar a un lado esta práctica.
“Esto también constituye una especie de recordatorio al Gobierno de que para el futuro tiene que medir sus pasos otra vez, no solamente con sus acciones contra los individuos, sino a toda organización pues lo que representan es la libertad de asociación”, dijo Martín.
http://www.elnuevodia.com/XStatic/endi/template/nota.aspx?n=629951
No faltaron las protestas en Fajardo
Manifestantes dicen que fueron agredidos por la Uniformada
Policías y manifestantes chocaron ayer frente al Hotel El Conquistador al terminar una protesta en repudio a las políticas económicas del gobernador Luis Fortuño.
Al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por la Policía, incluyendo un reportero, mientras un estudiante impedido denunció que le dañaron su silla de ruedas.
A pesar de las denuncias contra agentes, el superintendente José Figueroa Sancha los defendió.
“Cada caso hay que evaluarlo individualmente. Aquí ya no vamos a tolerar este tipo de indisciplina. No de los líderes sindicales que siempre han trabajado de buena fe con nosotros pero de esta pandilla de delincuentes, como yo la describo. Aquí ellos no mandan”, dijo Figueroa Sancha.
Joel Vázquez narró que se movía en su silla de ruedas por la protesta preocupado por unas amigas cuando un comandante le haló la silla, causándole que se trancaran las gomas.
“El motor está patinando”, aseguró sobre el daño.
“Cogieron y me metieron macanazos a mí”, sostuvo Hiram Ramírez, quien alegó golpes policiacos en la cabeza, el pecho y la espalda.
“Me tiró con la macana el agente Ramos”, afirmó Luis Alberto González, periodista de Red 96, quien tenía un golpe en el brazo. “Vinieron con sus macanas a empujarnos”, explicó Deborah Tirado, quien también relató que fue insultada.
Agentes de la Policía también alegaron que fueron insultados, una agente dijo que fue escupida, que les lanzaron con botellas vacías, e incluso golpeados con el palo de una bandera. La Unidad de Operaciones Tácticas y la Montada fueron activadas, mientras unos seis agentes tomaban fotos de los manifestantes.
Esto ocurrió al final de una protesta que hasta ese momento transcurrió sin incidentes, salvo cuando algunos de los manifestantes se sentaron por algunos minutos en el piso para impedir el tránsito.
http://www.elnuevodia.com/nofaltaronlasprotestasenfajardo-629569.html
tu blog me encanta, siempre la palabra correcta, las cosas como son... sigue hacia adelante!
Bravo, Roberto...
Este es el momento de reflexionar, analizar como se manifiesta el ser humano. Mantener la estabilidad dentro de los parámetros. Una cosa a la vez y mantener la calma para tomar la mejor decisión. No dejarse influenciar por los medios noticiosos y vender el espacio de noticias sensacionalistas.
Listado que circula en la isla sobre alegados proyectos amparados en el concepto de las APP y cambios organizativos del gobierno:
1. Emergencias Médicas – Se venderá a Ambulance Services, Inc.;
2. Escuelas – Escuelas “Charter” bajo el Sistema Ana G. Méndez (SUAGM);
3. OMEP – Se venderá a CSA Engineers ó One Source;
4. Mantenimiento de Escuelas (conserjes) – Se venderá a Cleaning Services Corp.;
5. Administración Depto. Educación – Se venderá a Sistema Ana G. Méndez (SUAGM);
6. Comedores Escolares – Se venderá a Empresas Santana;
7. Departamento de Salud – Se venderá a Grupo de Sistema de Salud (Nueva empresa a ser creada/anunciada);
8. Lanchas de Cataño, Vieques y Culebra – Se venderá a Grupo Síndico de Pilotos Unidos;
9. AMA – Se venderá a Empresas Greyhound;
10. Obras Públicas – Se venderá a Cooperativa de Trabajadores;
11. Corrección y Salud Correccional - Se venderá a Correctional Health Services;
12. JLBP, AIJ y OSAJ – Consolidadas bajo nueva entidad;
13. Banco Gubernamental y AFI - Se venderá a Acciones comunes del Banco Popular de PR;
14. Oficina de la Juventud – CIERRE;
15. AAFET y Depto. del Trabajo - Se venderá parcialmente a Servicio de Empleo y Adiestramiento (PUERTO RICO TRABAJA);
16. ARPE y Junta de Planificación – Se venderá a Nueva entidad tipo “Fast Track” (a ser creada/anunciada);
17. Sistema de Retiro y Retiro de Maestros – consolidadas bajo nueva entidad;
18. Policía y Guardia Nacional – Consolidados bajo concepto militar/policial;
19. Depto. de Justicia y Ciencias Forenses - Se venderá parcialmente a diferentes laboratorios y/o Bufetes de Abogados;
20. Manejo de Emergencias Estatal – CIERRE/ Municipios asumirán responsabilidad;
21. Sistema 911 - Se venderá a compañía de Servicios Telefónicos ubicada en Caguas;
22. AEE - Se venderá a PR Power Services;
23. AAA - Se venderá a nueva empresa relacionada a Ondeo;
24. Procuradorías – Consolidadas bajo el Ombudsman;
25. Hospital Industrial - Se venderá a Hospital HIMA;
26. Hospital Regional - Se venderá a Hospital Metropolitano;
27. Hospital Adultos en Centro Médico - Se venderá a Healthsouth Rehabilitation Hospital;
28. Administración del Aeropuerto LMM - Se venderá a Empresas Santana;
29. UPR Cayey - Se venderá a Universidad del Turabo (SUAGM);
30. UPR Humacao – Se venderá a Hospital Ryder y universidad de EU sin identificar/anunciar;
31. UPR Arecibo – Se venderá a Universidad del Este (SUAGM);
32. UPR Utuado – Se venderá a Universidad Interamericana ó SUAGM;
33. ASSMCA – Se venderá a Empresa APS y Triple S;
34. ACCA – Fusión incentivada (venta) Corporación del Seguro Obligatorio;
35. Fondo del Seguro del Estado – Se venderá a Hospital Metropolitano;
36. ASEM – se trapasará al Recinto de Ciencias Médicas UPR;
37. Hospital Cardiovascular – Se venderá a Hospital Adventista;
38. ASUME - Se venderá a Empresa sin identificar;
39. Parques Nacionales – CIERRE/ traspasarán a Municipios
40. Instituto de Cultura – CIERRE/ Se traspasaráN a Municipios
41. Canal 6 WIPR – Se venderá a UMET (SUAGM) y “Joint Venture" de medios;
42. Centro Comprensivo de Cáncer - Se venderá a Hospital Auxilio Mutuo;
43. Centro Médico de Mayaguez - Se venderá a Advance Medical Center;
44. Hospital UPR Carolina – Hospital Pavia;
45. Autoridad de Edificios Públicos - Se venderá a Inversionistas Blackstone y Securitas;
46. Autoridad del Centro de Convenciones - Se venderá a SMG (Administradores del Choliseo);
47. Seguros Agrícolas - Se venderá a Triple S ó MAPFRE;
48. Desperdicios Sólidos – Se venderá a BFI ó Andrés Reyes;
49. JRT, CASARH y CRTSP y CIPA – Consolidadas en una sóla agencia;
50. Colegio de Justicia Criminal (Academia de la Policía) - Se venderá a UMET (SUAGM).
Nota de ROF.- Este listado sujeto a confirmarse y corroborarse es producto de una confidencia anónima aunque la fuente plantea que el contenido obra en poder de ciertos medios de comunicación aunque no ha sido divulgada.
Excellente! Gracias Pichi
"...el gobernador Luis Fortuño catalogó el siniestro de “incidente” aduciendo que sería injusto especular en esta etapa si se trató de un accidente, de un caso de negligencia o de un acto terrorista.
Empresa reconoce hubo problemas
Una portavoz de Caribbean Petroleum reconoció anoche que empleados de la empresa se percataron a tiempo de que había problemas en la planta y que eso evitó víctimas.
“Había cinco empleados y, como conocen de la seguridad, rápido se tomaron las medidas pertinentes para que ninguno resultara lesionado”, dijo la “portavoz” de la empresa, Frances Ríos. “ Por las medidas de seguridad que tiene la compañía, que son medidas de seguridad bien estrictas, tan pronto uno de los empleados se percató de la situación, rápido procedió a llamar a la alta gerencia y ellos rápido procedieron a tomar las medidas pertinentes y comunicarse tanto con la Policía como con los bomberos”, agregó.
No precisó cuál fue la “situación” ni si la alarma se produjo antes o después de que comenzó el incendio. “Les dio tiempo de salir del área”, dijo refiriéndose a los cinco empleados.
Ríos afirmó que “todas las personas en la compañía, todos los ejecutivos, todos los empleados, lamentan muchísimo la situación que ha ocurrido” y que trabajan intensamente para sofocar el incendio.
Afirmó que “sería muy irresponsable, tanto de la empresa como de cualquier persona, decir qué pasó aquí. Es muy temprano. Todavía el incendio no se ha extinguido. Una vez el incendio se extinga, entonces podremos darle mayor velocidad a la investigación que ya ha comenzado”, señaló Ríos."
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras_panorama/noticias/fuego_bajo_la_lupa_de_agencias_locales_y_federales/340052
24 de octubre de 2009, 6:56
JESSENIA RIVERA dijo...
Puerto Rico se mantiene en estado de shock. Crisis tras crisis, el país no tiene tiempo de asimilar cada golpe que recibe; no tiene tiempo para procesarlo y entenderlo, no tiene tiempo de reaccionar, no tiene tiempo para revertirlo.
De eso trata la doctrina del shock: aprovechar crisis tras crisis como estrategia para imponer medidas económicas, sociales o políticas, en beneficio de un alguien o algo que no constituye lo colectivo.
Porque si bien hay quien le adjudica a las crisis la capacidad para revertir el orden y reinventarse, hay crisis que paralizan, traumatizan y sirven para desmoralizar a personas y pueblos.
El poder del shock ha sido una de las principales herramientas que ha validado la actual Administración de Gobierno, para poner en práctica las medidas antipáticas que requiere la imposición en Puerto Rico, de un modelo social basado en el libre mercado y en el deterioro de lo público.
El primer shock fue la idea generalizada de que en Puerto Rico existía una “crisis económica” sin precedentes. Comenzó el miedo, no era posible que la economía del país se nos viniera abajo; se necesitaba un “cambio”. Ganó abrumadoramente la idea del “cambio”. El “cambio” llegó y el miedo persiste. Impera el desasosiego y la impotencia.
Otros shocks se han sumado: despidos masivos, revocación antidemocrática de derechos adquiridos, legislaciones al estilo de un “estado de sitio”, posibles privatizaciones, además de otras en las que el Gobierno no ha intervenido, como la masacre en Sabana Seca y ahora el incendio en la antigua refinería de la Gulf.
Cada shock se antepone al otro, captura atenciones, distrae. Se vuelve imposible aunar esfuerzos para hacerles frente; es mucho lo que está aconteciendo a la vez.
Es efectiva la doctrina del shock, aparenta no dar tregua hasta lograr su objetivo: traumatizar y desmoralizar al país.
Sólo así se impone lo injusto, lo corrupto y desacertado.
http://www.elnuevodia.com/voces/629889/
Tremendo artículo! Te felicito.
Sin ofrecer mayores detalles gerencial de Gulf
Actualizado hace 2 horas (06:32 p.m. )
Un ejecutivo de la Caribbean Petroleum Corp, dijo esta tarde que desconocía las causas del incendio en la refinería de la Gulf.
“Vamos a esperar a que finalice la investigación y entonces podremos saber cuál fue la causa”, expresó Erick Guzmán, vicepresidente de mercadeo de Caribbean Petroleum Corp. durante una breve conferencia de prensa celebrada frente a la refinería en Bayamón.
Sobre los rumores a problemas de mantenimiento en la refinería -que pudo ocasionar la explosión- Guzmán mencionó que “el mantenimiento que se le da es el mantenimiento que requiere una terminal de esta naturaleza”.
Se informó que mañana a las 10:00 de la mañana habrá otra conferencia de prensa por parte de la gerencia de la Caribbean Petroleum Corp.
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras/noticias/sin_ofrecer_mayores_detalles_gerencial_de_gulf/340177
DE LOS INCENDIOS Y RIESGOS CATASTRÓFICOS
Artículo 236. Incendio. Toda persona que ponga en peligro la vida, salud o integridad física de las personas, al incendiar un edificio, incurrirá en delito grave de tercer grado.
Artículo 237. Incendio agravado. Incurrirá en delito grave de segundo grado, toda persona que cometa el delito de incendio descrito en el Artículo 236, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) se cause daño a la vida, salud o integridad corporal de alguna persona;
(b) el autor haya desaparecido, dañado o inutilizado los instrumentos para apagar el incendio;
(c) ocurra en un edificio ocupado; o
(d) la estructura almacena material inflamable, tóxico, radiactivo o químico.
Artículo 239. Incendio negligente. Toda persona que por negligencia ocasione un incendio de un edificio, montes, sembrados, pastos, bosques o plantaciones, que ponga en peligro la vida, salud o integridad física de las personas, incurrirá en delito grave de cuarto grado.
Artículo 240. Estrago. Toda persona que ponga en peligro la vida, la salud, la integridad corporal o la seguridad de una o varias personas, o cause daño al ambiente, al
provocar una explosión, una inundación o movimiento de tierras, al ocasionar la demolición de
un bien inmueble, o al utilizar gas tóxico o asfixiante, energía nuclear, elementos ionizantes o material radioactivo, microorganismos o cualquier otra sustancia perjudicial a la salud o con capacidad destructiva, incurrirá en delito grave de segundo grado.
Artículo 242. Contaminación ambiental. Toda persona que realice o provoque directa o indirectamente, emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en violación a la ley, y que
ponga en grave peligro la salud de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, incurrirá en delito grave de cuarto grado.
Artículo 243. Contaminación ambiental agravada. Si el delito de contaminación ambiental, que se tipifica en el Artículo 242, se realiza por una persona jurídica sin el correspondiente permiso, endoso, certificación, franquicia o concesión ambiental, o clandestinamente, o ha incumplido con las disposiciones expresas de la autoridad ambiental para que corrija o suspenda cualquier acto en violación de la ley, o aportó información falsa u omitió información requerida para obtener el permiso, endoso, certificación, franquicia o concesión ambiental correspondiente, o impidió u obstaculizó la inspección por la autoridad competente, incurrirá en delito grave de tercer grado.
El tribunal podrá también suspender la licencia, permiso o autorización e imponer la pena de restitución.
NICOLÁS MUÑOZ ECONOMISTA dijo...
Conferencia de las APP
La semana pasada, entre protestas de sindicatos del Gobierno opuestos a la reducción de la nómina gubernamental y la explosión en la antigua refinería Gulf, se celebró la conferencia de las Alianzas Público-Privadas (APP), un evento que resultó opacado en los medios noticiosos por el “boom”. Alrededor de 250 inversionistas del exterior y locales participaron, para escuchar el perfil que ofrecía el Gobierno sobre 21 proyectos de infraestructura física y social que necesita el País.
El Gobierno no tiene los recursos para desarrollarlos y espera que el sector privado lo logre en alianza mutua. De estos, 9 son de prioridad y hay la expectativa de que sean iniciados y completados sustancialmente al año 2013, con una inversión de $4,000 millones. El resto se completaría al 2017 con una inversión adicional de $2,000 millones. La primera ronda puede generar 100,000 empleos. Incluye la extensión de las autopistas PR 22 y PR 66, una planta de procesar desperdicios sólidos, dos represas, el tren-guagua Caguas-San Juan, dos plantas de producción de energía y un programa de reconstrucción de escuelas.
Las APP son consideradas la solución a la demanda por infraestructura en momentos en que el Gobierno no tiene la capacidad financiera para desarrollarla debido a la crisis fiscal y económica que enfrenta. Se aprobó una ley que coloca a Puerto Rico como la única jurisdicción bajo el territorio estadounidense que tiene un marco legal especial para guiar el proceso de estructurar las APP.
Los 250 inversionistas vieron un grupo de sindicatos protestando por la iniciativa del Gobierno. “No queremos 100,000 empleos nuevos en el sector privado. Preferimos 18,000 mal pagados en el Gobierno” parecía ser la consigna. En medio de la conferencia ocurrió el “boom -RIP –muerte- a la Gulf”, como alguien escribió en una pared durante la madrugada. Ese fue el mensaje que se llevaron los inversionistas. Ojalá el graffitti haya sido una broma de mal gusto y se trate de un accidente. De lo contrario, Puerto Rico se enfrenta a fuerzas extrañas interesadas en que nuestra economía se convierta en un arrabal económico y ambiental. En el arrabal nadie prospera, la independencia no llega, la estadidad tampoco y la colonia tendrá olor a azufre.
JESSICA RODRÍGUEZ MARTÍN dijo...
Fuego y permisos
El fuego de la Gulf pone al relieve las crasas violaciones a las leyes ambientales que destacan al País. Las comunidades circundantes al área del desastre por demasiados años denunciaron la emisión de tóxicos y derrames de combustible al subsuelo y aguas circundantes y alertaron sobre la posibilidad de que ocurriera lo que hoy miramos atónitos. En otras palabras, por falta de denuncias no fue. Nadie puede alegar con honestidad que ocurrió por desconocimiento. El historial de delincuencia ambiental está recogido en documentos judiciales y administrativos. Los vecinos tuvieron que obligar judicialmente a la Gulf a establecer medidas de cautela ambiental, que hoy se develan poco precavidas e implantadas. El tiempo adjudicará si ellos tenían razón y fue ésa la causa de la agresión al País.
Y todo ello ocurrió bajo el ordenamiento jurídico presente, que hoy está redactado de manera más escrupulosa y el que en los próximos días, las luminarias intelectuales de la Legislatura y bajo las premuras del Gobernador harán desaparecer mediante la mal intencionada Ley de Permisos. Bajo su visión neandertal, se nos impondrá la anarquía jurídica y se derogarán en silencio, importantes cláusulas constitucionales sin el necesario aval del pueblo de Puerto Rico. El lema adoptado será, permisos para todo sin importar las consecuencias.
Los países civilizados se dirigen hacia el fortalecimiento y mayor rigidez en las evaluaciones de los impactos ambientales antes y después de que se autoricen determinados actos y proyectos. En Puerto Rico, donde siempre andamos en contra del tránsito jurídico, en el futuro cercanísimo, una persona privada, que ni siquiera será un funcionario, tendrá la facultad de emitir las autorizaciones que corresponden ministerialmente a los entes públicos. La corrupción en la concesión de permisos, y las influencias indebidas por todos conocidas y por la cual hay ex funcionarios cumpliendo condenas, recibirán la bendición divina del Estado.
Bajo la nueva genialidad, los ciudadanos no tendrán siquiera su día en corte, estarán vedados de acudir ante el Tribunal de Apelaciones para que se evalúen autorizaciones de dudosa rigurosidad y tendrán únicamente 20 días para acudir directamente al Supremo mediante un recurso discrecional, que se podrá “resolver” con la frase lapidaria: no ha lugar. Sin fundamentos, sin análisis o por puro capricho.
En el Derecho Constitucional que conozco, nuestra ley rectora obliga al Estado y a todos sus componentes, a garantizar la protección de los recursos naturales para ésta y las futuras generaciones. Asegura además, el derecho de los ciudadanos a tener voz en los asuntos que les afectan y a que se les reparen los agravios.
En el esquema propuesto, donde se permitirá construir en la manera que venga en gana, los desastres ambientales, a la vida misma, a la infraestructura del País y los consecuentes gastos que terminaremos asumiendo los contribuyentes, quedarán garantizados. Y entonces, al igual que la catástrofe anunciada a gritos y que se tradujo en el voraz incendio, se intentará convencernos de que se trató de un lamentable accidente.
JESSICA RODRÍGUEZ MARTÍN
EJéRCITO POPULAR BORICUA-MACHETEROS dijo...
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=9CACB7D3304856266F924133534D50AE

References: Artículo 236

Artículo 237
 Artículo 236

Artículo 239

Artículo 240

Artículo 242

Artículo 243
 Artículo 242