Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1140715
Timestamp: 2019-08-19 00:38:48+00:00

Document:
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General
Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 18 de mayo de 2015). Texto completo.
El escenario en el que se desarrolla la actividad tanto pública como privada, se caracteriza, desde hace años, por ser dinámico y complejo, en el cual han acontecido y, asimismo, continuarán produciéndose, importantes cambios en aspectos económicos, de tecnología y de comportamientos sociales. En este contexto, la actividad del Sector Público, además de prestar los servicios necesarios para el nivel de bienestar que requiere la configuración de nuestro Estado de Derecho, debe reforzar los niveles de exigencia en modernización y en la aplicación de los principios de buena gestión, por lo que, las estructuras organizativas y los procedimientos deben adecuarse y adaptarse con agilidad, en concordancia con la evolución del entorno. Así, en concreto, cabe destacar, entre los aspectos que caracterizan la situación actual, el endurecimiento de la situación económico financiera y, las modificaciones normativas que, consecuentemente, han sido establecidas en el ámbito de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, buen gobierno y transparencia, habida cuenta de la necesidad de regular medidas de racionalización y eficiencia en la utilización y destino de los recursos ante la significativa restricción en la disponibilidad de los mismos. A este respecto, la Intervención General no se encuentra exenta de la necesidad de adecuar y adaptar su estructura orgánica y su funcionamiento. Si bien es cierto que, con el Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado mediante Decreto 4/2009, de 27 de enero , se incorporaron importantes avances en la estructura orgánica y metodología de las modalidades de control interno, ampliando las actuaciones más allá del ámbito de la legalidad, desde su entrada en vigor hasta la actualidad, considerando conclusiones y resultados derivados de la actividad desarrollada por el Centro Directivo, la limitación de recursos disponibles y el ámbito de actuación, procede llevar a cabo actuaciones dirigidas a fortalecer la aplicación de los principios de buena gestión financiera y que las mejoras en la gestión administrativa del Sector Público Autonómico se visualicen como aspectos palpables por la ciudadanía. Para ello, es necesario acometer una revisión de las competencias, introducir cambios en el proceder y tramitación, reforzar la coordinación de las modalidades de control interno en el contexto de un sistema integrado, haciendo uso lo más eficiente posible de los recursos disponibles, fomentando la fluidez de información y comunicación y, reforzando el seguimiento de las medidas propuestas a los efectos de incidir positivamente en las áreas de gestión, todo ello sobre la base de una planificación estratégica del Centro Directivo, de naturaleza dinámica y adaptativa que efectivamente sea un instrumento estratégico de dirección del cual el equipo humano se sienta partícipe.
Teniendo en consideración lo anterior, en el análisis y revisión del ámbito competencial, se ha tratado de discernir las competencias propias de aquellas que puedan entenderse impropias. Así, respecto a la evaluación, es necesario llevar a cabo una readecuación y redimensionamiento en el reglamento de las actuaciones en el ámbito de este Centro Directivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, sobre evaluación de políticas de gasto: "El departamento competente en materia de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinará la evaluación de las políticas de gasto con la finalidad de asegurar que las mismas alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden". De otro lado, en el artículo 124 de la citada Ley preceptúa: "El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública y, tendrá los siguientes objetivos: a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto de control. b)Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas y su fiel y regular reflejo en las cuentas, informes y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad. c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realizan de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en esta Ley". Por tanto, en el ámbito de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación no debe ser considerada como competencia independiente, sino que, en su lugar, se circunscribe en uno de los objetivos que deben contemplarse en el ejercicio de las actuaciones de control interno. Es por lo que, al margen de lo que en el departamento competente en materia de hacienda se pueda impulsar y coordinar en evaluación de políticas de gasto, en aplicación de lo establecido en la Ley de Hacienda Pública Canaria , en el ámbito de las funciones de la Intervención General, deben constar los mecanismos adecuados para efectivamente llevar a cabo aquello que, con relación a la evaluación, sea competencia propia, como órgano de control interno. Ello no es óbice para que, en su caso, se pueda promover o participar, en coordinación con el órgano competente en el área material de evaluación de políticas y, de conformidad con lo que determine el titular del departamento competente en materia de hacienda, en actuaciones que propicien mejoras en la aplicación de los principios de buena gestión financiera, participando con una delimitación concreta en lo que se establezca para contribuir en la evaluación de los programas y políticas públicas, en la Estrategia del Gobierno para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, analizando objetivamente el mandato legal que consta en la Ley de Hacienda Pública Canaria , la delimitación competencial de este Centro Directivo y, la efectiva necesidad de llevar a cabo análisis de evaluación de la actividad y procedimientos, en el contexto de la aplicación de los principios de buena gestión financiera, sin dejar al margen los niveles necesarios de comprobación de la perspectiva de legalidad, los trabajos a desarrollar a este respecto, por la Intervención General, se deben realizar en el contexto de las modalidades de control interno, principalmente en el desarrollo del control financiero permanente y en auditoría.
Artículo único.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición adicional primera.- Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente.
Disposición adicional segunda.- Adecuación de los procedimientos ante la aplicación del control financiero permanente.
Disposición adicional tercera.- Tramitación de expedientes de gastos ante la aplicación de la función interventora y del control financiero permanente.
b) La confirmación contable se realizará por el propio centro gestor, una vez cumplimentados correctamente los datos exigidos por el sistema, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la gestión presupuestaria y los procedimientos administrativos correspondientes. A estos efectos, los justificantes de las operaciones de las distintas fases de los procedimientos de gasto y pago quedarán en poder del centro gestor correspondiente y estarán a disposición de la Intervención General, al objeto de posibilitar y facilitar las actuaciones de control previstas por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre , de la Hacienda Pública Canaria.
Disposición adicional cuarta.- Registro y contabilización de los derechos e ingresos.
a) El Decreto 4/2009, de 27 de enero , por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
b) El Decreto 6/2006, de 27 de enero , de fiscalización previa limitada para determinados expedientes de gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición final primera.- Modificación de la relación de puestos de trabajo.
Artículo 1.- Estructura organizativa.
1. La Intervención General ejercerá, bajo la dirección de su titular, con plena autonomía funcional, las funciones y competencias que en materia de control interno, dirección y gestión de la contabilidad, le atribuye la Ley de la Hacienda Pública Canaria , a través de su estructura organizativa:
Artículo 2.- Nombramiento y funciones de la persona titular de la Intervención General.
9. En el ejercicio de su función de dirección y gestión de la contabilidad pública, le corresponde a la persona titular de la Intervención General, las previstas en la Ley de la Hacienda Pública Canaria , no asignadas a ninguna de las unidades adscritas a la Intervención General.
Artículo 3.- Gabinete de la Intervención General.
Artículo 4.- Viceintervención.
Artículo 5.- Servicio de Organización y Gestión de Recursos.
Artículo 6.- Intervención Adjunta de Fiscalización.
Artículo 7.- Intervención Adjunta de Control Financiero Permanente.
Artículo 8.- Servicio de Comprobación Material del gasto.
Artículo 9.- Servicio de Análisis y Control de los Sistemas de Información Contable y Gestión de Ingresos.
Artículo 10.- Servicio de Planificación y Dirección de la Contabilidad.
Artículo 11.- Servicio de Gestión Contable.
Artículo 12.- Servicio de Auditoría del Sector Público.
Artículo 13.- Servicio de Control Financiero de Fondos Comunitarios.
Artículo 14.- Servicio de Control Financiero de Fondos Europeos Agrícolas.
Artículo 15.- Servicio de Auditoría Pública y Control de Subvenciones.
Artículo 16.- Intervenciones Delegadas.
Artículo 17.- Intervención Delegada en el Tesoro y Política Financiera.
Artículo 18.- La Intervención Delegada sobre los derechos e ingresos en el ámbito tributario.
Artículo 19.- Junta de Intervención.
Artículo 20.- Planificación Estratégica en la Intervención General.
EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
Artículo 21.- De la planificación en la función de control interno.
Artículo 22.- Deberes del personal controlador.
Artículo 23.- Deber de colaboración para los sujetos sometidos a control.
Artículo 24.- Principios de ejercicio.
Artículo 25.- Modalidades y contenido de la función interventora.
Artículo 26.- Fases de la función interventora sobre gastos.
Artículo 27.- Fiscalización previa.
Artículo 28.- Requisitos de la solicitud de informe de fiscalización previa.
Artículo 29.- Plazo para el ejercicio de la función interventora.
Artículo 30.- Resultados de la fiscalización.
Artículo 31.- Fiscalización de conformidad.
Artículo 32.- Reparos.
Artículo 33.- Omisión de fiscalización.
Artículo 34.- Seguimiento de medidas correctoras.
Artículo 35.- Intervención del reconocimiento de las obligaciones.
correspondiente a devolución de ingresos indebidos
Artículo 36.- De la intervención formal de la ordenación del pago.
Artículo 37.- Intervención material de los pagos correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.
Artículo 38.- Fines del control financiero permanente.
Artículo 39.- El Plan anual de Control Financiero Permanente.
Artículo 40.- Desarrollo de las actuaciones de control financiero permanente.
Artículo 41.- El informe provisional y definitivo de control financiero permanente.
Artículo 42.- Seguimiento de medidas correctoras y de mejora.
Artículo 43.- Propuestas de actuación de la Intervención Delegada o unidad de control actuante e Informe de Actuación de la Intervención General.
b) La revisión del acto en cuestión, en caso de pagos derivados de actos nulos o anulables, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 44.- Informe de reintegro.
Artículo 45.- Resolución de recursos administrativos interpuestos ante resolución de reintegro a propuesta de la Intervención General.
Artículo 46.- El Informe General de Control Financiero Permanente.
Del control financiero permanente de los derechos e ingresos del Tesoro
de la Comunidad Autónoma, así como sobre la ordenación y materialización del pago
Artículo 47.- Control financiero permanente de los derechos e ingresos.
El control financiero permanente de los derechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma y los ingresos que tengan la naturaleza de rentas, frutos o percepciones producidos por los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará de conformidad con el procedimiento previsto en la sección 1.ª de este Capítulo, y en las instrucciones que al efecto dicte la Intervención General.
Artículo 48.- Control financiero permanente de la devolución de ingresos indebidos.
Artículo 49.- Control financiero permanente de la ordenación del pago.
Artículo 50.- Control financiero permanente de la materialización del pago.
Artículo 51.- Control financiero permanente de los actos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Artículo 52.- Ámbito de aplicación.
1. La Intervención General ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público autonómico con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma o a los fondos comunitarios, de conformidad y con el alcance establecido en el presente Reglamento, en la Ley de Hacienda Pública Canaria , en la Ley General de Subvenciones y disposiciones reglamentarias que las desarrollen, y en la normativa comunitaria.
Artículo 53.- Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones y ayudas.
Artículo 54.- Principios de ejercicio del control financiero.
Artículo 55.- Control financiero sobre subvenciones o ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios.
Artículo 56.- Otras actuaciones de control no incluidas en el Plan de Auditorías.
Artículo 57.- Iniciación de oficio del procedimiento de control financiero de subvenciones y ayudas.
Artículo 58.- Efectos de la notificación del inicio de las actuaciones de control.
Artículo 59.- Representación.
2. La falta o insuficiencia de la acreditación de la representación, que deberá ser comunicada también al beneficiario o entidad colaboradora representada, no impedirá que se pueda tener por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe poder bastante o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días, o en el plazo superior que determine la unidad de control si las circunstancias así lo requieren, pudiendo considerarse en caso contrario que la falta de acreditación constituye resistencia, excusa, obstrucción o negativa de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones .
Artículo 60.- Lugar de las actuaciones de control.
Artículo 61.- Suspensión del procedimiento de control financiero.
Artículo 62.- Medidas cautelares.
Artículo 63.- Documentación de las actuaciones de control financiero.
Artículo 64.- Informes provisionales y definitivos.
Artículo 65.- Duración del procedimiento de control.
a) Por razón de su tamaño. Cuando el importe neto de la cifra anual de negocios del sujeto controlado supere el importe señalado en el artículo 263.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , o en la norma que lo derogue o sustituya. A estos efectos, bastará con que dicha situación se produzca en un solo ejercicio del período objeto de control y será de aplicación a los sujetos controlados, cualquiera que sea su naturaleza.
Artículo 66.- Efectos del incumplimiento del plazo para la realización del control.
Artículo 67.- Procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General.
Artículo 68.- Informe de reintegro.
Artículo 69.- Resolución de recurso administrativo interpuesto ante reintegro propuesto por la Intervención General.
Artículo 70.- Seguimiento de reintegros propuestos por la Intervención General.
Artículo 71.- Tramitación del procedimiento sancionador a propuesta de la Intervención General.
4. Iniciado el procedimiento sancionador, en el caso de que el interesado presente alegaciones, el Instructor deberá solicitar informe a la Intervención General, que tendrá carácter preceptivo y determinante para la resolución del procedimiento, a los efectos previstos en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto .
Artículo 72.- Auditoría pública.
Artículo 73.- El Plan anual de Auditorías.
Artículo 74.- Procedimiento de auditoría.
Artículo 75.- Inicio del procedimiento de auditoría.
Artículo 76.- Duración del procedimiento de auditoría.
Artículo 77.- Lugar de las actuaciones de auditoría.
Artículo 78.- El informe provisional y definitivo de auditoría.
Artículo 79.- Resultados de los informes de auditoría.
Artículo 80.- Auditorías públicas y actuaciones de control de subvenciones realizadas por auditores privados.
Artículo 81.- Ámbito.
Artículo 82.- Ámbito.
Artículo 83.- Contabilización de los ingresos a partir de la información procedente de los sistemas de gestión.
1. La Intervención General determinará el contenido, la estructura y periodicidad de la información que, procedente de los sistemas de gestión de ingresos, sea necesaria para cumplimentar los estados contables previstos en el Capítulo III del Título VII de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre , de la Hacienda Pública Canaria.
Artículo 84.- Comprobación material del gasto.
Artículo 85.- Designación de representante de la Intervención General.
Artículo 86.- Resultados y actuaciones en la comprobación material.
Artículo 87.- Actuaciones específicas aplicables a los contratos de obras.
Artículo 88.- Otras comprobaciones materiales.
Artículo 89.- Asistencia a mesas de contratación.
Artículo 90.- Exigencias de responsabilidad.
Artículo 91.- Control de situación de fondos y tesorería.
Artículo 92.- Control de dotaciones de personal y control de almacenes.

References: artículo 34
 artículo 124

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 Resolución 
 resolución 

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
 artículo 263
 Real Decreto 

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69
 Resolución 

Artículo 70

Artículo 71
 resolución 
 artículo 17
 Real Decreto 

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92