Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-323-16.htm
Timestamp: 2017-10-20 21:35:52+00:00

Document:
T-323-16
Sentencia T-323/16
Procede la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional cuando de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, se constata que es necesaria la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o, cuando aunque se verifique que existen mecanismos de defensa judicial ordinarios para reclamar la garantía de este derecho, los mismos no son idóneos para proteger, de manera efectiva, los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. En todo caso, la procedibilidad de la acción de tutela se fortalece, cuando quien reclama el amparo, es un sujeto de especial protección constitucional como es el caso de las personas de la tercera edad o que se encuentran en situación de discapacidad física, mental o psíquica.
Si bien la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el afectado debe interponer la acción de tutela dentro de un término razonable y cercano a la circunstancia que ha causado la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales reclama la protección constitucional. No obstante, en el evento en que se verifique que este presupuesto no se cumple, el juez de tutela deberá analizar las circunstancias que rodearon la radicación tardía de la acción de tutela y verificar si la amenaza o la vulneración que originaron la acción de amparo ha sido continua y permanece en la actualidad.
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra un particular implica la verificación de una situación de desventaja que se presenta entre el accionante y el particular accionado, ya sea porque existe una relación de subordinación o porque se presenta una situación de hecho que coloca al demandante en estado de indefensión.
CONTRATO REALIDAD-Prevalencia de lo sustancial sobre lo formal
Se podrá declarar la existencia de un contrato de trabajo bajo las características de un contrato realidad cuando se constate la existencia de los elementos constitutivos de un contrato de trabajo tales como: (i) la actividad personal del trabajador; (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador (iii) un salario como retribución del servicio. En todo caso, se presume que toda actividad que una persona desarrolle en favor de otra, se encuentra regulada por un contrato de trabajo siempre que no exista prueba que demuestre lo contrario.
PENSION SANCION-Alcance de la ley 171 de 1961, art. 8 obligación del empleador de realizar aportes pensionales
En el caso de los trabajadores dependientes que cumplen la edad para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, el cumplimiento por parte del empleador o empleadores con los que haya sostenido una relación laboral de los deberes de afiliar y de efectuar las cotizaciones es determinante para que el trabajador pueda acceder al reconocimiento de esta prestación y garantizar los recursos necesarios para garantizar su subsistencia en la etapa final de su vida. En relación con lo anterior, el legislador ha establecido las consecuencias que debe asumir el empleador en el evento en que omita este deber cuando dicha circunstancia impida al trabajador acceder al reconocimiento de la pensión de vejez. Tal es el caso de la pensión-sanción, prestación que debe reconocer el empleador en los eventos en que la relación laboral haya estado vigente por un periodo superior a 10 años y cuando la terminación del contrato de trabajo se haya producido sin justa causa.
PENSION SANCION-Requisitos
Los requisitos que debe cumplir un trabajador del sector privado, para reclamar el reconocimiento de la pensión-sanción, se pueden resumir de la siguiente forma: (i) la existencia de un contrato de trabajo (ii) la vigencia de la relación laboral, superior a diez años (iii) la ausencia de la afiliación al régimen de seguridad social en pensión y por lo tanto la omisión del pago de los aportes (iv) la terminación del contrato sin justa causa (v) el cumplimiento de la edad según el tiempo de servicio prestado, de 10 a 15 años, debe acreditar la edad de 60 años si es hombre y 55 años si es mujer y para una vigencia superior a 15 años, la edad de 55 años si es hombre y 50 años si es mujer. Respecto de este último requisito, es importante advertir que desde el 1 de enero de 2014 estas edades se modificaron de la siguiente manera: “sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y a sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios”
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR PRESTACIONES ECONOMICAS PENSIONALES-Improcedencia por no reunir los requisitos para obtener la pensión sanción
Referencia: expediente T-5427395
Acción de tutela instaurada por Sixto Villamil contra la empresa Rápido el Carmen y la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Bogotá, DC., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016)
2. De acuerdo con el relato de la tutela, el señor Villamil estuvo vinculado laboralmente a la empresa Rápido El Carmen S.A., desde “abril de 1969” hasta el 1 de octubre de 1994 en donde desempeñó el cargo de conductor.
3. Señaló, que esta relación laboral estuvo suspendida durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1988 y el 1 de abril de 1989 debido a la vinculación laboral del actor en la empresa Escuela Auxiliar de Enfermería.
4. La empresa Rápido El Carmen S.A. afilió al señor Sixto Villamil al ISS y efectuó aportes al régimen de seguridad social en pensiones en los siguientes periodos: (i) entre el 1 de octubre de 1979 y el 1 de marzo de 1980 y (ii) desde el 18 de enero de 1991 hasta el 1 de octubre de 1994.
5. El 15 de julio de 2003, el señor Sixto Villamil solicitó al ISS el reconocimiento de la indemnización sustitutiva la cual fue reconocida mediante Resolución No 6773 de 2004 en cuantía de $1.638.927.
9.9. Copia de la resolución No 6773 de 2004 expedida por Colpensiones mediante la cual se reconoce la indemnización sustitutiva al señor Sixto Villamil.
11. El 10 de noviembre de 2015, Haydée Cuervo Torres actuando como gerente nacional de defensa judicial de Colpensiones, informó que mediante resolución No 006773 de 2004 el ISS reconoció indemnización sustitutiva al señor Sixto Villamil. De la misma manera, señaló que el 23 de septiembre de 2015 el actor había formulado una petición para el reconocimiento de la pensión de vejez la cual, para ese momento, no había sido resuelta encontrándose dentro del término legal para resolverla.
13. Inconforme con esta decisión, el accionante la impugnó. Consideró que en razón de su edad -84 años- y la grave afectación de su estado de salud, el señor Sixto Villamil es un sujeto de especial protección constitucional, circunstancia que habilita la acción de tutela para garantizar la protección constitucional de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital. Afirmó, que se encuentra en situación de vulnerabilidad pues ni él ni su esposa de 76 años perciben una pensión o un ingreso económico que les permita garantizar su subsistencia.
(iii) Teniendo en cuenta que el señor Sixto Villamil cumplió la edad para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez -60 años- el 7 de agosto de 1992, se solicitó explicar por qué inició el trámite para el reconocimiento de la pensión-sanción el 29 de septiembre de 2015.
(iv) Las razones que llevaron al señor Sixto Villamil a optar por el reconocimiento de la indemnización sustitutiva reconocida por el ISS mediante resolución No 6773 del 26 de marzo de 2004. Para tal efecto, debía informar la razón por la cual esperó 11 años para solicitar la modificación de la prestación reconocida y que en su lugar, se otorgara el reconocimiento de la pensión-sanción.
(ii) Indicar las características de la vinculación del señor Sixto Villamil en esa compañía, que originaron las cotizaciones a pensión efectuadas al ISS, durante los siguientes periodos: (a) desde 1 de octubre de 1979 hasta 1 de marzo de 1980 y (b) entre el 18 de enero de 1991 y el 1 de octubre de 1994. En este punto, se pidió señalar la razón por la cual se suspendió del pago de los aportes.
15.3. Oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia proporcionara la siguiente información:
(i) Las novedades de vinculación y retiro que reportó la empresa Rápido El Carmen al ISS respecto del señor Sixto Villamil identificado con la C.C. No 430.065.
(iii) Expresó, que la relación laboral culminó el día 1 de octubre de 1994 cuando el señor Humberto Martínez, funcionario de la empresa Rápido El Carmen S.A. le informó que “únicamente podría continuar en la empresa como relevador”, lo que implicó una desmejora a sus condiciones laborales que motivaron la decisión del accionante de “finalizar la relación laboral”.
(i) José Agustín Saboyá Alemán identificado con la C.C. No 79.169.068 quien estuvo afiliado a la empresa accionada como propietario del vehículo de placa SUS006 modelo 2006.
(ii) Luis Arturo Garzón Pachón identificado con la C.C. No 134.023 quien estuvo afiliado a la empresa accionada como propietario de los vehículos de placas SND 116 modelo 1995, SND 745 modelo 2006, SML946 modelo 2008, SML818 modelo 2007.
En efecto, aportó copia de este documento en el que se observa la misma información contenida en el reporte de semanas cotizadas expedida por Colpensiones el 18 de agosto de 2015. Esto es, que la empresa accionada efectuó aportes durante los siguientes periodos: (i) entre el 1 de octubre de 1979 y el 1 de marzo de 1980 y (ii) desde el 18 de enero de 1991 hasta el 1 de octubre de 1994.
3. La procedibilidad de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional
3.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional[1], la protección del derecho a la seguridad social no es susceptible de amparo a través de la acción de tutela, pues el legislador dispuso de herramientas de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria laboral y en la administrativa, para solicitar la protección de este derecho que se hace efectivo a través del reconocimiento de la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes.
3.2. Sin embargo, de manera excepcional, se habilita la acción de tutela como mecanismo principal o transitorio, para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional cuando de acuerdo con las particularidades de cada caso, se verifiquen los siguientes aspectos: “(i) no existe otro medio judicial de protección; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (iii) el caso supone un problema jurídico de relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido[2]”.
3.3. En relación con el primer presupuesto, el numeral 1, del artículo 6, del Decreto 2591 de 1991, establece que, en principio, la acción de amparo se torna improcedente cuando existan “otros recursos o medios de defensa judiciales”. No obstante, esta norma establece que excepcionalmente procede cuando dichas herramientas resultan ineficaces para enfrentar la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales.
3.4. De acuerdo con lo anterior, durante el examen del requisito de subsidiaridad, el juez de tutela deberá analizar las circunstancias del caso concreto a fin de verificar la existencia de otros mecanismos de defensa judicial ordinarios y la idoneidad de los mismos para garantizar efectivamente la protección del derecho a la seguridad social. Al respecto, la Corte Constitucional[3] ha establecido que se deben verificar los siguientes requisitos:
3.5. Cuando quien reclama la garantía del derecho a la seguridad social, es un sujeto de especial protección constitucional, la Corte ha flexibilizado la verificación de los presupuestos que habilitan la acción de tutela como mecanismo principal o transitorio[4]. Es por ello, que respecto de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, en razón de su edad, estado de salud, condición de madre cabeza de familia, entre otras circunstancias, es posible “presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos[5]” para reclamar el reconocimiento de una prestación pensional.
3.6. De otra parte, en torno a la procedibilidad de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, esta Corporación ha señalado que dicho perjuicio debe reunir los siguientes elementos: “ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales[6]”
4. La inmediatez como presupuesto fundamental de la procedencia de la acción de tutela
4.3. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que la importancia de que la acción de tutela se promueva dentro del marco temporal del circunstancia que constituye la causa de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, radica en la garantía del principio de seguridad jurídica, que “reclama la pronta resolución definitiva de las situaciones litigiosas, y el interés de terceros cuya situación podría verse injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional al peticionario, cuando éste no la reclamó dentro de un término razonable[7]”.
4.4. En todo caso, puede ocurrir que este presupuesto no se cumpla, lo cual no inhabilita per se la acción de tutela para reclamar el amparo de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación[8] ha desarrollado los siguientes criterios que orientan el análisis, por parte del juez de tutela, del cumplimiento de este requisito. El operador judicial deberá constatar los siguientes aspectos: (i) un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iii) un fundamento de la acción de tutela que haya surgido después de que se originó la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha en que se interpuso.
5. La procedibilidad de la acción de tutela contra particulares
5.3. De acuerdo con la materia del caso que se examina, la Sala se referirá únicamente al estado de subordinación. Al respecto, esta Corporación[9] lo ha desarrollado como una alteración al principio de igualdad que se encuentra autorizada en la Ley, como es el caso de los estudiantes respecto de sus maestros, los hijos respecto de sus padres y los trabajadores de sus empleadores.
Frente a estos los últimos, la Corte Constitucional ha entendido “que hay subordinación entre el tutelante y el empleador demandado incluso cuando, con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, la relación no existía para la fecha en que se interpuso la acción de tutela[10].
6.1. A partir del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, esta Corporación[11] ha desarrollado el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades para declarar la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren los elementos establecidos en el artículo 23 del código sustantivo del trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990 de la siguiente manera:
7.1. Anteriormente, en vigencia de la Ley 6 de 1945[12] la pensión de vejez respecto de trabajadores del sector privado estaba a cargo del empleador[13], hasta que se creara el Instituto de Seguro Social que lo sustituiría en la asunción de esta prestación.
7.4. Posteriormente, el Código Sustantivo del trabajo[14] introdujo una disposición similar a la contenida en el mencionado artículo 72 de la Ley 90 de 1946, en relación con el pago de las prestaciones sociales que tenía a su cargo el empleador. Al respecto, el artículo 259 estableció lo siguiente:
“(…)2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.”
7.5. En este mismo sentido, el Decreto 1650 de 1977[15] estableció el deber de afiliar al régimen de seguro social “a los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje”.
7.6. Igualmente, el Decreto 3063 de 1989[16] determinó la afiliación forzosa de “los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje”.
7.8. El artículo 15 de la Ley 100 de 1993, establece la obligación de afiliarse al sistema general de seguridad social en pensiones para “todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales[17]”.
PARAGRAFO 2o. Las pensiones de que trata el siguiente artículo podrán ser conmutadas con el instinto de Seguros Sociales.
PARAGRAFO 3o. A partir del 1. de enero del año 2014 las edades a que se refiere el presente artículo, se reajustarán a sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y a sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios”.
7.15. De esta manera, en términos de la sentencia T-814 de 2011[18] “la legislación colombiana en materia laboral se ha caracterizado por imponer al empleador la obligación de asegurar a los trabajadores contra el riesgo de vejez. En la actualidad, la obligación referida se traduce en el deber del empleador de afiliar al trabajador al Sistema General de Pensiones”.
7.16. La pensión-sanción fue concebida inicialmente como una sanción al empleador que había omitido su deber de afiliación en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961[19]. No obstante, la evolución jurisprudencial le ha impartido una connotación de derecho prestacional “que tiene como finalidad proteger al trabajador en su ancianidad[20]” propósito similar al que persigue la pensión de vejez.
En términos de la sentencia T-371 de 2003[21]: “Así, pues, es claro que la denominada pensión sanción representa una carga económica para el empleador que, sin importar las circunstancias en que se hace exigible, tiene como fin primordial cubrir el riesgo de vejez y, en consecuencia, la mora en su cancelación puede comprometer los derechos fundamentales del acreedor. De manera que es preciso recordar que el término “sanción” con el que se la ha denominado no indica que se trata de una indemnización pagadera por instalamentos, pues como ya se ha advertido por esta Corte la indemnización por despido sin justa causa y la pensión son beneficios distintos que no son excluyentes, como sí lo son la pensión de vejez y la pensión por despido injusto o sanción”.
7.17. De otra parte, es importante señalar que la Corte Constitucional ha establecido varias alternativas para que los empleadores garanticen esta prestación, las cuales fueron resumidas en la sentencia T-580 de 2009 de la siguiente manera: “i) continuar pagando las cotizaciones que falten para que el trabajador acceda a la pensión de vejez, ii) no pagar todas las cotizaciones y responder por el pago de la pensión sanción durante la vida del trabajador y, iii) conmutar la pensión con el seguro social”.
7.18. En síntesis, siguiendo lo expuesto en la sentencia T-935 de 2012[22] los requisitos que debe cumplir un trabajador del sector privado, para reclamar el reconocimiento de la pensión-sanción, se pueden resumir de la siguiente forma: (i) la existencia de un contrato de trabajo (ii) la vigencia de la relación laboral, superior a diez años (iii) la ausencia de la afiliación al régimen de seguridad social en pensión y por lo tanto la omisión del pago de los aportes (iv) la terminación del contrato sin justa causa (v) el cumplimiento de la edad según el tiempo de servicio prestado, de 10 a 15 años, debe acreditar la edad de 60 años si es hombre y 55 años si es mujer y para una vigencia superior a 15 años, la edad de 55 años si es hombre y 50 años si es mujer.
Respecto de este último requisito, es importante advertir que desde el 1 de enero de 2014 estas edades se modificaron de la siguiente manera: “sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y a sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios”.
7.20.1. En la sentencia T-327 de 1998[23] esta Corporación ordenó al plantel educativo Liceo Femenino de Cundinamarca “Mercedes Nariño” reconocer a una ex trabajadora la pensión-sanción equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. En esta oportunidad, la Corte declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, a partir de distintas resoluciones expedidas por el rector del colegio con el objeto de nombrar a la accionante en el cargo de aseadora. Así, logro determinar que esta relación laboral permaneció vigente 25 años.
7.20.2. En la sentencia T-1008 de 1999[24] esta Corporación ordenó a los señores Maximiliano Llorente y Yolanda Gómez de Llorente pagar a la accionante, una suma equivalente a un salario mínimo legal vigente por concepto de la pensión-sanción que le fue reconocida, luego de que la Corte Constitucional acreditara la existencia de un contrato de trabajo que estuvo vigente 32 años, comprendidos entre el 1 de abril de 1966 y el 10 de febrero de 1998. Esta circunstancia se acreditó a través de un acta de conciliación suscrita entre las partes el 28 de abril de 1998 en el que acordaron terminar dicha relación laboral.
7.20.3. Bajo esta misma línea, a través de la sentencia T-495 de 1999[25] la Corte dispuso el reconocimiento de la pensión-sanción a una empleada doméstica tras declarar la existencia de un contrato de trabajo pactado en forma verbal y que estuvo vigente durante 17 años. Este hecho se verificó a partir de una constancia expedida por la empleadora el día 8 de mayo de 1990 en la que señaló que la accionante era su empleada desde el año 1973 y que a la fecha devengaba un salario, de quince mil ($15 000.oo) pesos mensuales.
7.20.4. Mediante sentencia T-935 de 2012[26] la Corte Constitucional dispuso el reconocimiento de la pensión-sanción en favor del señor Ernesto Potes Bolívar en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente que debería pagar el señor Camilo Sarrio por haber omitido su deber de afiliación al régimen de seguridad social en pensiones durante el tiempo que el actor prestó sus servicios como administrador de la finca la Heredad ubicada en el corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó, Cauca.
Estas circunstancias, fueron acreditadas por la Sala Tercera de Revisión a partir de los hechos narrados por el accionante y el accionado en el sentido de que ambas partes reconocieron la existencia del contrato de trabajo y el salario devengado. No obstante, en relación con los extremos laborales y la forma de terminación del contrato de trabajo los relatos las partes se contradecían, razón por la cual, mediante indicios[27], estableció las fechas en las que el señor Ernesto Potes Bolívar trabajó para el señor Camilo Antonio Sarria y la forma de terminación de la relación laboral.
En efecto, en esta oportunidad la Corte Constitucional analizó las declaraciones rendidas por los testigos aportados por el actor y el accionado, advirtiendo contradicciones y coincidencias entre los mismos. Así, concluyó que el contrato de trabajo inició “desde el año de 1975 hasta el año 2004”. También, sostuvo que el accionante fue despedido “a causa de su avanzada edad y deteriorado estado de salud” pues de acuerdo con los soportes médicos en la época de la desvinculación –año 2004- el actor comenzó a acudir al médico en forma frecuente.
1. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se discute si la empresa Rápido El Carmen vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Sixto Villamil con la omisión de la afiliación al régimen de seguridad social en pensiones durante todo el tiempo en que estuvo vinculado laboralmente a esta compañía, que según su relato corresponde al periodo comprendido entre “abril de 1969” y el 1 de octubre de 1994. Para tal efecto, la Sala estudiará previamente la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de una prestación pensional y de encontrar superado este presupuesto, analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para acceder al reconocimiento de la pensión sanción.
5.3. El núcleo familiar del señor Sixto Villamil se encuentra conformado por él y su esposa quien tiene 78 años de edad[28] y presenta una enfermedad denominada “cáncer de recto”[29] y por lo tanto, ella tampoco puede continuar ejerciendo las actividades que normalmente desempeñaba en las plazas de mercado para conseguir el sustento económico del hogar.
5.4. De acuerdo con lo narrado por el apoderado judicial del actor[30], en la respuesta al cuestionario efectuado por el Magistrado Sustanciador mediante auto del 21 de abril de 2016, de los 10 hijos que tiene el señor Villamil solamente tres le brindan un apoyo económico que corresponde a la suma de $220.000 destinados para el canon de arrendamiento de la vivienda donde reside.
7. Para abordar el estudio de este presupuesto, la sala considera necesario tener en cuenta las siguientes circunstancias: (i) que según lo narrado por el apoderado del accionante en la acción de tutela, la relación laboral entre la empresa Rápido El Carmen y señor Sixto Villamil terminó el 1 de octubre de 1994. (ii) El señor Sixto Villamil alcanzó la edad para pensionarse el 7 de agosto de 1992. (iii) El 15 de julio de 2003, el señor Sixto Villamil reclamó a Colpensiones el pago de la indemnización sustitutiva, que en efecto fue reconocida mediante resolución No 006773 de 2004 en cuantía de $1.638.927. (ii) El actor inició el trámite para el reconocimiento de la pensión-sanción el 29 de septiembre de 2015 a través de una petición que radicó en la empresa accionada. (iv) La acción de tutela fue radicada el 30 de octubre de 2015.
12. Sobre este aspecto existe discrepancia entre el señor Sixto Villamil y el representante legal de le empresa de transportes Rápido El Carmen S.A. en la medida que la empresa accionada niega que el actor haya estado vinculado laboralmente en esta compañía[31]. Por lo tanto, la Sala deberá analizar si el presente asunto, cumple los presupuestos que permiten declarar la existencia de un contrato realidad: (i) actividad personal, (ii) subordinación y (iii) remuneración. (supra fundamento jurídico numero 6).
13. En el escrito de tutela[32], el apoderado del actor narró que el señor Sixto Villamil ingresó a trabajar como conductor de la empresa Rápido El Carmen “desde abril de 1969 por un periodo de cuatro años para el señor José Saboya”. Refirió, “que en esta época, fue conductor para los socios Arturo Garzón y José Avendaño”. Sin embargo, más adelante expresó que aquél “permaneció en la empresa Rápido El Carmen prestando este servicio de manera individual e ininterrumpida hasta el 1 de octubre de 1994, con excepción del periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1988 hasta el 1 de abril de 1989 tiempo en el cual laboró en la empresa denominada Escuela Auxiliar de Enfermería”. Según su relato, esta última vinculación se efectuó a través del señor “Alcides Malaver” quien “volvió a recontratarlo en el año 1989” y hasta el 1 de octubre de 1994 “cuando el señor Humberto Martínez le indicó que únicamente podía continuar en la empresa como relevador” y el actor decidió renunciar.
14. Para acreditar la existencia del contrato de trabajo entre el señor Sixto Villamil y la empresa Rápido El Carmen, el actor aportó copia de cuatro fotografías[33] con el propósito de demostrar que el señor Villamil usó el uniforme de la compañía accionada en calidad de trabajador. En las mismas, se observa (i) a varios buses pertenecientes a la empresa Rápido El Carmen y (ii) un hombre recibiendo una medalla de una mujer.
16. En el expediente obra un reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones en el que se observa que la empresa Rápido El Carmen efectuó cotizaciones al ISS, durante los siguientes periodos: (a) desde 1 de octubre de 1979 hasta 1 de marzo de 1980 y (b) entre el 18 de enero de 1991 y el 1 de octubre de 1994.
16.1. En relación con esta información, en la mencionada providencia del 21 de marzo de 2016, el Magistrado Sustanciador dispuso que la empresa Rápido El Carmen manifestara: “la clase de vinculación del señor Sixto Villamil en esa compañía, que originó las cotizaciones a pensión efectuadas al ISS, durante los siguientes periodos: (a) desde 1 de octubre de 1979 hasta 1 de marzo de 1980 y (b) entre el 18 de enero de 1991 y el 1 de octubre de 1994”. En este punto, se solicitó que señalara la razón por la cual se suspendió del pago de los aportes.
16.4. El vicepresidente jurídico y secretario general de Colpensiones informó que las novedades reportadas por la empresa Rápido El Carmen son las que se encuentran en la historia laboral. Es decir, que según esta información durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1979 hasta 1 de marzo de 1980 y el 18 de enero de 1991 hasta el 1 de octubre de 1994 la empresa accionada efectuó las novedades de ingreso y de retiro del trabajador correspondientes y en razón a ello, no presenta mora en el pago de los aportes.
20. La constatación de este presupuesto conlleva a determinar los extremos laborales. Al respecto, la Sala encuentra que conforme a lo narrado en la tutela y a la información contenida en la historia laboral expedida por Colpensiones solamente existen coincidencias en torno a la fecha de desvinculación laboral, esto es 1 de octubre de 1994.
21. El apoderado del actor indicó en el escrito de tutela[34], que el señor Sixto Villamil “empezó a laboral en la empresa de transporte del municipio de Ubaté denominada Rápido El Carmen desde abril de 1969 para el señor José Saboyá, un socio de la empresa, por un periodo de cuatro años en los cuales vistió el uniforme de la empresa”. Refirió, que en esta época, “fue conductor para los socios Arturo Garzón y José Avendaño”.
Sin embargo, en el mismo escrito expresó que el señor Villamil “permaneció en la empresa Rápido El Carmen prestando este servicio de manera individual e ininterrumpida hasta el 1 de octubre de 1994, con excepción del periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1988 hasta el 1 de abril de 1989 tiempo en el cual laboró en la empresa denominada Escuela Auxiliar de Enfermería”. Según su relato, esta última vinculación se efectuó a través del señor “Alcides Malaver” quien “volvió a recontratarlo en el año 1989” y hasta el 1 de octubre de 1994 “cuando el señor Humberto Martínez le indicó que únicamente podía continuar en la empresa como relevador” y decidió renunciar.
La información proporcionada en esta oportunidad es aún más imprecisa que la presentada en el escrito de tutela, en la medida que refiere que el señor Sixto Villamil ingresó “en el año 1969” y refiere que para ese momento la empresa Rápido El Carmen tenía la naturaleza de cooperativa, lo cual no es cierto pues de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal[35] que obra en el expediente, se observa esta compañía tenía la naturaleza de sociedad limitada.
(i) José Agustín Saboyá Alemán, identificado con la C.C. No 79.169.068 quien fue propietario del vehículo SUS modelo 2006.
(ii) Luis Arturo Garzón Pachón, identificado con la C.C. No 134.023 afiliado a la empresa como propietario de los vehículos SND 116 modelo 1995, SND 745 modelo 2006, SML 946 modelo 2008 y SML 818 modelo 2007.
Al respecto, evidencia la Corte que los nombres de los propietarios de los vehículos que presentan coincidencia con los referidos por el actor como las personas que efectuaron su vinculación a la empresa Rápido El Carmen, no guardan alguna relación, pues ambos estuvieron afiliados a la empresa cuando el señor Villamil ya no laboraba allí -1 de octubre de 1994-.
Entonces, la Corte no puede inferir que los señores “José Saboyá” y “Luis Garzón”, quienes según el actor son los funcionarios de la empresa accionada que lo vincularon en “abril de 1969” han tenido alguna relación con la empresa Rápido El Carmen que les hubiese permitió pactar con el actor un contrato de trabajo de manera verbal en la fecha referida. Esto, porque aun cuando existen coincidencias entre estos nombres, para la época en que, según la empresa estuvieron vinculados como propietarios de vehículos que hacen parte de su flota -entre 1995 y 2008-, ya se había producido la desvinculación laboral del actor -1 de octubre de 1994-.
26.2. Entonces, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones el 18 de agosto de 2015 se encuentra acreditado que el señor Sixto Villamil estuvo vinculado en la empresa durante los siguientes periodos: (i) entre el 1 de octubre de 1979 y el 1 de marzo de 1980 y (ii) desde el 18 de enero de 1991 y el 1 de octubre de 1994. Esto significa, que la relación laboral estuvo vigente de manera interrumpida 4 años, 2 meses y 17 días.
29. Considerando que entre el señor Sixto Villamil y la empresa Rápido El Carmen si existió una relación laboral, se encuentra acreditado que estuvo vigente durante los siguientes periodos: (i) entre el 1 de octubre de 1979 y el 1 de marzo de 1980 y (ii) desde el 18 de enero de 1991 y el 1 de octubre de 1994 y, teniendo en cuenta que Colpensiones no reportó mora en el pago de los aportes, la Corte Constitucional concluye que, respecto de la vigencia de la relación laboral, no existe omisión por parte de la empresa accionada respecto de la obligación de afiliar al señor Villamil al régimen de seguridad social en pensiones.
30. Al respecto el apoderado del actor expresó[36] que el señor Sixto Villamil “trabajó única y exclusivamente para la empresa Rápido El Carmen hasta el año 1994 cuando el señor Humberto Martínez funcionario de la empresa le indicó que únicamente podría continuar en la empresa como relevador, situación que desmejora totalmente su status de conductor y que lo [ponía] en desgracia pública frente a sus compañeros de trabajo por lo cual decidió finalizar su relación laboral con Rápido El Carmen S.A.”.
33. En el presente caso la acción de tutela se cumplen con los presupuestos formales de procedibilidad para reclamar el reconocimiento de la pensión-sanción teniendo en cuenta que cumple con los presupuestos de procedibilidad formal de la acción de tutela: subsidiaridad e inmediatez, los cuales fueron analizados en consideración a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Sixto Villamil por causa de su edad -84 años-, su deteriorado estado de salud en razón a la enfermedad que presenta “demencia tipo Alzheimer” y por su precaria condición económica que le impide acceder a los recursos necesarios para garantizar su subsistencia y la de su esposa.
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juez Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá el 13 de noviembre de 2015 y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de enero de 2015 que declararon improcedente la acción de tutela al encontrar que el presente caso no cumple con el requisito de subsidiaridad, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital que se hacen efectivos a través del reconocimiento de la pensión-sanción, solicitado por el señor Sixto Villamil, dado que no se acreditaron todos los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para acceder al reconocimiento de esta prestación.
[1]Al respecto ver sentencias T-903 de 2012, T- 378 de 2012 MP. (E) Adriana María Guillen, T-809 de 2011 MP Mauricio González Cuervo, T-897 de 2010 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-474 de 2010 MP Juan Carlos Henao Pérez, T-235 de 2010 MP Luis Ernesto Vargas Silva. Entre muchas otras.
[2] Sentencia T-814 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[3] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-140 de 2000 MP Alejandro Martínez Caballero, T-249 de 2006 MP Alfredo Beltrán Sierra, T-511 de 2003 MP Manuel José Cepeda Espinosa, T-600 de 2007 MP Jaime Córdoba Triviño, T-600 de 2007 MP Jaime Córdoba Triviño, T-235 de 2010 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-678 de 2010 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-021 de 2013 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-343 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] Sentencia T-414 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] T-651 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] Sentencia T-018 de 2014 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[7] Sentencia T-183 de 2013 MP Nilson Pinilla Pinilla.
[8] T-001 de 1992 MP José Gregorio Hernández Galindo, SU-961 de 1999 MP Vladimiro Naranjo Mesa, T-105 2002 MP Jaime Araujo Rentería, T-173 de 2002 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-728 de 2003 MP Alfredo Beltrán Sierra, T-764 de 2003 MP Rodrigo Escobar Gil, T-802 de 2004 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[9] Sentencia T-582 de 2013 MP Nilson Pinilla Pinilla.
[10] Sentencia T-276 de 2014 MP María Victoria Calle Correa.
[11] Sentencia T-903 de 2010 MP Juan Carlos Henao Pérez.
[12] Por medio de la cual se instituyó en Colombia el primer Estatuto Orgánico del Trabajo.
[13] Artículo 14“La empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($ 1.000.000) estará también obligada: (…) c) A pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, una pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarlos devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos ($200), en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales, o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión”.
[14] Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961.
[15] “Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y se dictan otras disposiciones”. El artículo 6 de esta disposición establece “DE LOS AFILIADOS FORZOSOS. Deberán afiliarse forzosamente al régimen que se establece en el presente Decreto, los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, los funcionarios de seguridad social a que se refiere el Decreto 1651 de 1977, y los pensionados por el régimen de los seguros sociales obligatorios”.
[16] “Por el cual se aprueba el acuerdo 044 de 1989 emanado del consejo nacional de seguros sociales obligatorios”.
[17] Artículo 15 modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003.
[18] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] “El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.oo) después de haber laborado para la misma, o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrán derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial".
[20] Sentencia T-580 de 2009.
[21] MP Álvaro Tafur Galvis.
[22] MP Luis Guillermo Guerrero.
[23] MP Fabio Morón Díaz.
[24] MP José Gregorio Hernández Galindo.
[25] MP Carlos Gaviria Díaz.
[26] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[27] “El indicio, es un hecho conocido del cual se infiere otro desconocido. El indicio debe partir de la existencia de un hecho conocido, denominado también hecho indicador, el que en los términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, “deberá estar debidamente probado en el proceso”.
[28] Folio 18 cuaderno de primera instancia.
[29] Folio 29 cuaderno de sede de revisión.
[30] Folio 25 cuaderno de sede de revisión.
[31] En este sentido se expresó la empresa accionada en la contestación de la tutela y en la respuesta del 7 de septiembre de 2015 a la solicitud de reconocimiento de la pensión-sanción elevada por el señor Sixto Villamil. Folio 36 del cuaderno de primera instancia.
[32] Folios 55 a 70 del cuaderno de primera instancia.
[33] Folio 24 del cuaderno de primera instancia.
[34] Folio 55 cuaderno de primera instancia.
[35] Folio 5 del cuaderno de primera instancia.
[36] Folio 24 del cuaderno de Sede de Revisión.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 53
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 72
 artículo 259
 artículo 15
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 14
 artículo 6
 Artículo 15
 artículo 3
 artículo 248