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Timestamp: 2017-10-18 02:03:32+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: agosto 2011
Represa Ayuí: "Se hacía daño y no se iba a preservar el medio ambiente"
Sociedad / Luego de la resolución del Gobierno sobre la contaminadora represa, llevada a cabo por un emprendimiento del directivo del Grupo Clarín José Aranda, el Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, afirmó en diálogo por Radio América que “así como clausuramos empresas que vuelcan desechos al Riachuelo, esto tampoco lo permitimos”.
“Es incompatible porque hay seis motivos que vulneran la ley de diversidad biológica, entre ellos hay una enorme diversidad de fauna y flora que se altera. Iban a desaparecer varias de especies de peces y se iban a arrasar 7 mil hectáreas de bosque nativo”, explicó Mussi.
La medida de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue publicada ayer en el Boletín oficial y asegura que el emprendimiento privado, entre cuyos accionistas se encuentra el directivo del Grupo Clarín, José Aranda, resulta "incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente".
“Hay que prevenir y tener precaución, está comprobado que se hacia daño y no se iba a preservar el medio ambiente, desde todo punto de vista el proyecto no seguirá adelante. Entre otros daños iba a afectar el flujo de agua del Río Uruguay. Así como clausuramos empresas que vuelcan desechos al Riachuelo, esto tampoco lo permitimos”, agregó Mussi.
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Afirman que Tucumán debe indemnizar a Santiago del Estero por la contaminación
El Ing. Carlos D. Morales, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos Especialistas (A.I.T.E), le comentó a Nuevo Diario que Tucumán debe indemnizar a Santiago del Estero por la contaminación del embalse de la Cuenca Salí-Dulce.
“Lo que dijimos hace más de 8 años atrás, es que hay que poner énfasis en industrializar los desechos y no se vuelva a tirar a los ríos”, afirmó el Ingeniero.
“Lamentablemente los afectados somos los santiagueños. A mi modesta opinión, yo creo que habría que avanzar en el sentido de indemnizar a nuestra provincia por los daños, Santiago debe solicitar el inmediato resarcimiento por el perjuicio del embalse y no a las empresas”, aclaró el presidente de A.I.T.E.
Morales además agregó que “el problema pasa en la transferencia de responsabilidades”, y rememoró que en el año 2003, Alfredo Montalván, como miembro del Plan de Producción Limpia, dijo que Tucumán no estaba contaminando.
“En su momento, nosotros hablamos con el, y negó totalmente este problema. El discurso originario de Tucumán era: “Aquí nadie contamina”, remarcó Morales “y yo no sé si ahora el Sr. Montalván, reconocerá que las industrias de su provincia contaminan. Ahora, la pregunta no es que hay que hacer, sino porqué no se hace”.
Por otra parte, el Ingeniero recordó que en su momento, el Banco Mundial había destinado un importante monto de dinero para tratar la problemática de la Cuenca, y no se vieron los resultados.
Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.
La Leonesa y Las Palmas son municipios que están a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace nueve años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. Señalan a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga.
En enero de 2010 presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones y la relocalización de los arrozales. En primera y segunda instancia hubo fallos favorables a los vecinos. Habían fijado un precedente histórico para las fumigaciones: a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, si son terrestres; a dos mil metros si son aéreas.
Las arroceras y los municipios apelaron el fallo, en febrero pasado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Los jueces se expidieron el jueves en dos sentencias.
Las empresas habían solicitado la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” de la ley. Pidieron modificar la medida cautelar para reducir los límites de las fumigaciones y esgrimieron como argumento posibles perjuicios económicos.
El máximo tribunal –mediante la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral– sentenció que no corresponde recurrir a esa instancia por no tratarse de una sentencia definitiva. Y, lejos de disminuir las distancias de fumigación, cuestionó el pedido por “no haber acreditado la dificultad y menos aún la imposibilidad de cumplir” con lo solicitado por los jueces de segunda instancia (los límites a las aspersiones). Les recordó que “los valores que están en juego son la salud y la vida” e hizo hincapié en el principio precautorio vigente en la Ley 25675: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Los jueces marcaron un criterio que golpea no sólo al modelo agropecuario sino a todo el modelo extractivo (minería, petróleo y forestales, entre otros). “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, dice el fallo.
A las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas se les había solicitado que efectuaran un informe detallado en cuanto a las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes de las arroceras y que informen acerca del control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los establecimientos cuestionados. Pero ambas comunas apelaron y el Superior Tribunal se expidió en la sentencia 313, con la firma del presidente de la Sala, Rolando Toledo, y de la jueza María Luisa Lucas.
El tribunal advirtió que los municipios no expresaron qué perjuicios les ocasionaría cumplir con los pedidos determinados por primera y segunda instancia, y remarcó que (aunque hubiesen demostrado algún perjuicio) la apelación es “improcedente” por los “intereses que se encuentran en juego”, la salud y el ambiente.
“De ninguna manera puede considerarse arbitraria la decisión de la Cámara luego de un análisis minucioso de las normas constitucionales y legales aplicables, del que surgen que los poderes públicos municipales tienen responsabilidad ambiental, esto es, que resultan sujetos obligados a la tutela de uno de los derechos fundamentales como lo es el (derecho al) medio ambiente”, remarcó el máximo tribunal. Agregó que los municipios tienen responsabilidad en el “control y políticas de prevención que hacen a la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales”.
El Tribunal subrayó el rol del poder político. “A los funcionarios públicos se les ha otorgado una función, que además es remunerada, para dar respuestas a los problemas de la comunidad, y cuando no lo hacen, deben responder por su omisión. La sociedad actual está inmersa en la contaminación del medio y además desbordada por una gran cantidad de problemas ambientales, que parecen no despertar en los funcionarios la atención que su dimensión evidente merece”, cuestiona el fallo.
En oposición a la apelación de la Municipalidad de Las Palmas y La Leonesa, el máximo tribunal provincial exigió “cumplir en forma inmediata con el suministro de la información requerida en primera y segunda instancia”.
“La decisión del Superior Tribunal resulta muy valiosa no sólo porque es una instancia superior sino porque brinda un marco de protección a los pobladores cuyos reclamos fueron desoídos por los intendentes y por el gobierno provincial”, explicó la asesora legal de los vecinos y de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez.
Laura Mazzitelli fue una de las afectadas por las fumigaciones y estuvo entre las primeras en denunciarlas. Su hijo Iván padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. Una vez que el chico se recuperó, comenzó a organizarse junto a los vecinos para que ninguna otra familia padezca lo mismo. Ayer a la tarde estaba en su casa del barrio La Ralera, tenía que hacer la cena, pero también quería ir a avisarles a los demás vecinos –con quienes impulsó la denuncia inicial–. Con su acostumbrado hablar rápido y voz suave, resumió: “La Justicia nos dio la razón por tercera vez. Fue todo muy largo, difícil, pero demostramos que peleando se consigue justicia, se pueden frenar esos venenos que enferman a nuestros hijos”.
En la región del Chaco, y con aportes de la Unión Europea, el programa Nativo busca fomentar las actividades autóctonas vinculadas con los bosques. De ese modo intentan poner freno a la deforestación y a la migración de campesions y comunidades.
En su fundamentación, el plan señala que "el modelo agroexportador" argentino promovió “un tipo de uso del suelo (agrícola-ganadero), dejando de lado el manejo de los bosques nativos por parte de campesinos”, sobre todo en regiones marginales como el Chaco. Sostenido en el tiempo, este sistema desembocó en que esos sujetos rurales padezcan “conflictos con la tenencia de la tierra, desaparición del hábitat de la fauna silvestre y fumigaciones aéreas con agroquímicos”. Puntualmente, hace referencia a las provincias de Formosa y Santiago del Estero, al norte de Santa Fe y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja y San Juan, norte y oeste de Córdoba, y noroeste de Corrientes. Como ejemplo del impacto de este modelo se cita el caso de Santiago del Estero, provincia en la que, entre 1999 y 2007, se desmontaron 1.625.126 hectáreas de bosque autóctono.
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Andalgalá confirma que no hay "derrame de la minería"
Algunos datos de la realidad que El Ancasti pudo comprobar en Andalgalá revelan el escaso impacto económico que dejó hasta hoy la actividad en el principal departamento minero: los pocos puestos de trabajo que se generaron en la comunidad y la desilusión de los proveedores mineros que tenían cifradas esperanzas en la venta a las grandes empresas.
La generación de fuentes de trabajo y el mayor desarrollo de los proveedores locales son asignaturas pendientes. De 140 proveedores mineros originales, hoy apenas quedan 40.
Algunos datos de la realidad que El Ancasti pudo comprobar en Andalgalá revelan el escaso impacto económico que dejó hasta hoy la actividad en el principal departamento minero: los pocos puestos de trabajo que se generaron en la comunidad y la desilusión de los proveedores mineros que tenían cifradas esperanzas en la venta a las grandes empresas. Pero hay otros signos que demuestran la ausencia del componente "catamarqueño" en la empresa que hace 15 años extrae riquezas. El principal es la que sede de Alumbrera que centraliza al actividad económica generada por el movimineto administrativo está en Tucumán y no en esta provincia, como se supondría. El temor es lógico: esto podría profundizarse el día que Alumbrera asuma la explotación de Agua Rica, que a su vez había generado expectivas paralelas.
"Desde la Cámara siempre dijimos que no se vio reflejado el impacto económico de la minería". Daniel Brizuela.
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Cuestionan el proyecto oficial que pone topes a las compras
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
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19:07 | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
Funcionario tucumano admite que desconocen el origen del desecho que tiñó de rojo el río
El secretario de Ambiente, Alfredo Montalván, reveló en la reunión del Comité de Cuenca que iniciaron una investigación en Tucumán para dilucidar la cuestión. Dijo, además, que se aumentaron las multas a las empresas que contaminen los cauces que desembocan en el embalse de Río Hondo.
El origen de la fuerte contaminación que tiñó de rojo al arroyo Matazambi en Tucumán y también al río Marapa donde se comprobó una importante mortandad de peces, todavía es desconocido para las autoridades ambientales de la vecina provincia. Como consecuencia de estos dos episodios y del reclamo firme de Santiago del Estero, ayer en la reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce se acordó un programa de inspecciones conjuntas en cada una de las industrias, empezando por las que están a la vera de estos tributarios.
Nuevamente salieron a la luz, el choque de posiciones entre Santiago del Estero y Tucumán, donde el primero sostiene que la polución ambiental se va agravando gradualmente, mientras que el segundo afirma lo contrario y que es más exigente con los controles y más drásticas las sanciones.
Ante EL LIBERAL, el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sostuvo que lo más importante del encuentro fue acordar el programa de inspecciones a las industrias. Indicó que previo a ello, se realizaron teleconferencias con responsables de dichas plantas fabriles, que respondieron a requisitorias de funcionarios del Comité. Advirtió que esas respuestas quedaron grabadas y registradas en un acta, para ver si se condicen con la realidad cuando se efectúe la supervisión en terreno.
Montalván dijo que hasta el final de la zafra, todos los martes y jueves se visitarán los ingenios para ver la disposición que hacen de sus desechos. Estimó que en total, no serán menos de 35 las visitas (también incluirá a otras industrias).
Consultado puntualmente por la coloración roja del Matazambi acompañada de fuertes olores putrefactos, detectadas por técnicos del Comité de Cuenca, no señaló la causa. Sin embargo, dijo que el organismo interprovincial actuará “en consecuencia la semana que viene” y que se inspeccionarán tanto al sector empresario como al prestador de servicios (de agua) “para ver qué es lo que está pasando”, en esa zona.
Al señalársele las denuncias de ONGs ambientalistas de que las empresas arrojan sus desechos los fines de semanas cuando no hay controles, Montalván afirmó que el Comité está buscando “mecanismos y resortes” para que la respuesta del órgano sea más corta ante estas denuncias.
Medida inconveniente
Otros de los temas que abordó el funcionario tucumano en la charla con EL LIBERAL, fue la posición del defensor del Pueblo provincial, Martín Díaz Achával, que plantea crear un organismo interjurisdiccional donde Tucumán comparta las facultades de control a las industrias. Con una mirada crítica sobre esta petición santiagueña, dijo que Tucumán “pone todas las fichas” en el Comité de Cuenca Salí-Dulce, para que se diseñen planes de gestión y control “y cada uno en su competencia vaya actuando en el control y fiscalización”. Además, consideró que generar una autoridad única en materia de cuenca, “si no hay facultades delegadas, y aceptación de tales situaciones, va a generar más ruido y conflicto que soluciones, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer”.
Montalván afirmó que el Gobierno de Tucumán viene multando por vertidos, pero también por actividad lo que significa una evolución y endurecimiento en las sanciones a las industrias contaminantes.
Mencionó que en algunos casos, hay resoluciones con multas en trámite, por $ 200 mil. También destacó que este año “se han duplicado las multas”, y que ahora el industrial prefiere hacer las obras por la judicialización que hay en torno a la contaminación de la cuenca Salí-Dulce y del embalse Río Hondo.
El aire se torna irrespirable en la desembocadura de los tributarios
Un aspecto señalado por técnicos del Comité de Cuenca que realizan las inspecciones en el embalse y en los tributarios de Tucumán, es que a raíz de la fuerte contaminación producida por la actividad industrial en la vecina provincia, en el embalse, cerca de la desembocadura, el aire se torna irrespirable a tal punto que produce mareos y ardor en ojos, fosas nasales y en la garganta.
Eternit deberá sanear el basural tóxico en la Cuenca del Riachuelo denunciado por Greenpeace
Provincia/Región: Bueno Aires
La firma Eternit denunciada por Greenpeace por disponer de forma clandestina de residuos de asbesto, una sustancia comprobadamente cancerígena, en un predio ubicado en el Partido de La Matanza , deberá comenzar con las acciones de recomposición tras la reciente intimación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.
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El proyecto de Ayuí Grande pretende anegar 7800 hectáreas en Corrientes. Expertos aseguran que afectará a la flora y la fauna y contaminará el río Uruguay. La resolución de la Secretaría de Ambiente fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
El proyecto para construir una represa en la provincia de Corrientes que inundaría 7800 hectáreas con fines de riego para la producción de arroz fue frenado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ese organismo estatal dio a conocer ayer una resolución contraria a la iniciativa, argumentando que su ejecución “afecta la calidad del agua” del río Uruguay, por lo cual es “incompatible con el Tratado Internacional firmado en 1975 con Uruguay”. El emprendimiento es impulsado por un consorcio, entre cuyos accionistas se encuentran José Aranda, uno de los máximos directivos del Grupo Clarín, y el magnate George Soros.
“De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua”, dijo a Página/12 el jefe de gabinete de la Secretaría, Ricardo Salvioli.
La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, sostiene que el emprendimiento privado resulta “incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente”.
El proyecto iba a realizarse en el departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Es impulsado por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Adecoagro y Copra SA, que habían anunciado una inversión de 50 millones de dólares. El objetivo de la represa es irrigar 28 mil hectáreas para la producción de arroz.
El proyecto había sido avalado por el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi. El Estado nacional intervino de oficio, ante las denuncias de organizaciones ambientalistas que alertaban sobre los graves daños que ocasionaría en el ecosistema de la provincia, pero también en el río Uruguay, que es compartido por otros países y que baña las costas de la República Oriental del Uruguay.
En septiembre del año pasado, el gobierno nacional presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el que reclamaba la paralización de la obra. Tres meses después, el 12 de noviembre del año pasado, la Corte le pidió a Corrientes que en 90 días entregue un informe del impacto ambiental de la obra. El gobierno correntino entregó la documentación pedida.
En forma paralela, la Secretaría de Ambiente conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas de esa cartera. Los expertos, en base a la información aportada por la provincia, concluyeron que “siendo previsibles probables efectos de eutrofización (proliferación de algas)”, el proyecto “constituye un peligro de daño grave e irreversible” para el ambiente. Esta situación es agravada por “la sustracción del 27,3 por ciento del caudal del Ayuí Grande”.
El informe técnico permite concluir que, de acuerdo con los rendimientos previstos para la explotación arrocera, “por cada hectárea cultivada y fertilizada queda en el ambiente una cantidad de fósforo superior a los 5 kilogramos por hectárea, provenientes tanto del rastrojo como del fertilizante no absorbido por la planta, quedando en total en el predio de la UTE un remanente de 100 toneladas de fósforo por cosecha, que se exportarían por infiltración y escurrimiento” a las aguas del río Uruguay.
De acuerdo con el informe, el anegamiento afectará 6900 hectáreas de humedal, donde pueden encontrarse entre otras comunidades vegetales, “bosque de ribera, pastizales húmedos, pajonales de gramíneas y no gramíneas”. Los efectos de la obra en esas comunidades serán “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y cambios en el régimen de inundación aguas abajo”.
También afectaría a la fauna ictícola, ya que allí se presentan “condiciones apropiadas para el desove y cría de larvas” de dorados, surubíes, sábalos y bogas. En ese sentido, el informe advierte que podría producirse la “mortalidad de larvas por reducción en la velocidad de la corriente y predación visual (por parte de las aves) por el aumento en la transparencia” del agua.
Esas razones, entre otras, hacen que el proyecto sea “incompatible con las obligaciones” asumidas por el país en el Estatuto del río Uruguay de 1975, el mismo que el país vecino violó al permitir la construcción de la planta de Botnia, según la Resolución 1238/11, firmada por Mussi. “Por ese motivo, la autorización del proyecto deja de ser una atribución del gobierno correntino, ya que sus consecuencias pueden afectar a otras provincias o a otro país”, dijo Salvioli, para fundamentar la decisión.
El proyecto, además, “resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.
“Los humedales son una reserva importantísima de flora y fauna, y nuestro deber es protegerlos”, concluyó el jefe de gabinete de la cartera ambiental.
Mussi: “el Proyecto de Ayuí Grande atenta contra la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos”
El secretario de Ambiente hizo referencia al “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, que luego de analizar los estudios de impacto ambiental, consideró que “no debe desarrollarse el emprendimiento”.
El titular de la cartera ambiental, Dr. Juan José Mussi, recordó que cuando el gobierno de Corrientes autorizó la construcción del emprendimiento privado, desde la cartera ambiental se presentó un recurso de amparo al que dio lugar la Corte Suprema de Justicia, que ordenó facilitar los estudios de impacto ambiental.
Sobre ésta información se basaron los estudios técnicos que determinaron que dicha obra atenta “contra de dos principios legales: uno internacional y otro nacional”. En primer lugar, “va en contra del tratado del Río Uruguay ya que el emprendimiento está ubicado a 2 kilómetros y utiliza el curso de agua del Río Miriñan que conduce a la desembocadura del Río Uruguay”, y, a su vez, “vulnera la Ley General del Ambiente ya que va a actuar sobre 7 mil hectáreas de Bosque Nativo y va a atentar sobre especies de fauna”.
Ésta es la “Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable” señaló Mussi, “hay que permitir un desarrollo que no ponga en peligro al medio ambiente, lo que deriva en un daño sobre la salud de la gente”.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la secretaría, Dr. Ricardo Salvioli, afirmó que “nosotros intentamos salvaguardar el medio ambiente y cualquier conflicto en el posible deterioro ambiental con Uruguay".
"De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua", sentenció Salvioli.
Para Medio Ambiente, la represa de Ayuí es legalmente incompatible
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación resolvió ayer que las obras del Proyecto Ayuí Grande “resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Mediante la Resolución 1238/11, también determinó que el emprendimiento arrocero que encabezan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros “compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas”.
Tal como lo denunció Tiempo Argentino el 8 de agosto de 2010, esta polémica iniciativa suponía la apropiación de un curso de agua por parte de dos privados, la inundación de 8000 hectáreas de tierras con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en la localidad correntina de Mercedes. El proyecto, alentado por el incremento del precio de los granos en el mercado internacional, buscaba producir 23 mil nuevas hectáreas de arroz, y contaba con el aval del gobierno de Ricardo Colombi, quien la semana pasada enfatizó: “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, y añadió: “No podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir.”
A raíz de la investigación periodística de este diario, en noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender las obras por 90 días hasta tanto se determine si la misma ocasionará daños al medioambiente y afectará el cauce del río Uruguay. Luego, en junio pasado, la Corte dio por “extinguido el proceso”, ya que el supuesto daño ambiental que podría generar el emprendimiento “no puede encontrar cabida en esta causa” en tanto que excede su objeto, pero reconoció que el Estado nacional tenía competencia para actuar. En ese marco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un informe crítico sobre los eventuales impactos negativos del emprendimiento. Allí concluyó que “el Proyecto Productivo Ayuí Grande constituye un peligro de daño grave e irreversible” ya que contempla “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y los cambios en el régimen de pulsos de inundación aguas abajo”. Además agrega que el aspecto más preocupante de la propuesta es “establecer compensaciones económicas ante la imposibilidad de aplicar medidas de mitigación, dado que el bien colectivo ambiente es un bien no monetizable, ni disponible por los beneficiarios de manera exclusiva o en forma sustentable”.
Las reacciones de las ONG que se opusieron a la construcción de la represa no tardaron en llegar (ver recuadro).
Emilio Spataro, de Salvemos al Iberá, celebró la medida y afirmó: “Esto demuestra que todo lo actuado en Iberá fue tenido en cuenta, y es de una enorme satisfacción para las comunidades ribereñas afectadas por estas obras ilegales.”
En tanto, el lapidario informe contra el Ayuí no cayó nada bien en el entorno del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. En diálogo con Tiempo Argentino, el titular de Copra SA y mano derecha de Aranda, Ricardo Freire, señaló que la resolución ministerial “desautoriza las leyes provinciales dictadas por el Estado de Corrientes”, ya que “nosotros contamos con todas las habilitaciones provinciales correspondientes y estábamos en condiciones de comenzar las obras, pero ahora nuevamente nos vuelven a frenar”. Al mismo tiempo, manifestó que “esta situación nos sobrepasa, quedamos en el medio de un conflicto entre el Estado provincial y el nacional; y hasta tanto no se aclare el panorama, no vamos a seguir adelante”
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Rechazaron un proyecto minero en Mendoza
La Cámara de Diputados de Mendoza resolvió por unanimidad rechazar el proyecto minero para la extracción de oro y cobre San Jorge, que se encuentra en etapa de exploración, y dar por archivada la iniciativa.
La decisión fue adoptada el miércoles por la noche, tras una larga jornada de debates, durante la sesión de la Cámara baja provincial, en la que el radicalismo, que se oponía al proyecto, había solicitado tratar sobre tablas el asunto, pese a que no tenía resolución de las cinco comisiones que se habían abocado al tema.
El proyecto, que contaba con una fuerte resistencia social en casi toda la provincia, fue finalmente rechazado cuando el candidato a gobernador kirchnerista, Francisco Pérez, instruyó a los diputados de ese sector para que impulsaran el archivo de la iniciativa.
Así, con el respaldo unánime de oficialistas y opositores, los diputados archivaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el gobierno de la provincia había enviado para que la Legislatura se expidiera. Finalmente el candidato a gobernador del kirchnerismo fue a la Legislatura para instruir a los diputados del oficialismo en el cambio de posición.
Roberto Zenobi, de la Cámara de Empresarios Mineros, y Javier López, de la Multisectorial de Alvear, intercambiaron ideas en Elevediez. Dos caras de la misma moneda. El proyecto minero San Jorge en Uspallata despertó grandes discusiones en Mendoza entre aquellos que promueven la actividad, y aquellos que la condenan. Y luego del freno legislativo a la iniciativa, el debate se hizo más intenso.
Esta mañana, en Elevediez, se cruzaron referentes que defienden las posturas antagónicas. De un lado, Roberto Zenobi de la Cámara de Empresarios Mineros. Y del otro, Javier López, de la Multisectorial de Alvear.
A continuación, transcribimos el diálogo "picante" entre ambos.
- Zenobi: "La sensación es la misma de siempre. Terminamos siendo el 'pato de la boda' en vísperas de las elecciones. Terminamos siendo la justificación para no hacer cosas importantes para la provincia y atacando una actividad que ha cumplido con toda la legislación vigente hasta la fecha. No hemos dejado de cumplir absolutamente nada sobre la legislación que Argentina y Mendoza requiere para el desarrollo industrial".
- López: "La primera sensación que tenemos haber demostrado a nuestros políticos que tenemos razón cuando discutimos estos temas. Estamos de acuerdo que es una actividad lícita, pero también es una actividad que produce gran contaminación. Particularmente en este proyecto, la audiencia pública de la cual participé salió con el 75% en contra, porque está muy lejos de cumplir con el impacto ambiental".
"Hay cosas que dejan mucho que desear. Entonces no estamos de acuerdo que se diga que son 'el pato de la boda', acá se ha hecho Justicia y se ha demostrado que la empresa no estaba cumpliendo, y que la actividad minera en la provincia no tiene un gran desarrollo porque el perfil económico de Mendoza es productivo, turístico y no minero. No estamos en contra de la actividad, sino contra el uso de sustancias contaminantes que ponen en riesgo nuestras cuencas hídricas y glaciares".
- Zenobi: "Lo que le puedo decir a la gente de Alvear que ellos viven gracias a la minería, el agro, la vitivinicultura. Todas las actividades están económicas están basadas como actividad primaria en la minería, y lamento que él desconozca un montón de cuestiones técnicas. Somos argentinos y que tenemos nuestra familia en Mendoza, no pondremos en riesgo nuestra propia vida por capricho. Esto ha sido analizado por profesionales e insisto que somos el 'pato de la boda' porque esto se definió en medio de una pulseada política. Nadie puede negar que lo de ayer fue una bajeza de los funcionarios políticos al poner sobre la mesa un proyecto que trae inversión y bienestar a Mendoza. Esto no es un problema técnico, es un problema político".
"Lamentablemente, haciendo un mea culpa, nos hemos dado cuenta que hemos defendido un proyecto técnico. A mí no me importa si la cuenca es abierta o cerrada, nosotros decimos que no vamos a contaminar. Se ha pretendido poner mentiras sobre verdades, han trabajado más de 300 profesionales en esto, mendocinos, gente de bien que ha trabajado toda la vida en universidades, así es que creo que es muy bajo el comentario de este señor y no lo mide ante los profesionales que han revisado el proyecto".
"No nos vamos a poner de acuerdo los profesionales para contaminar la provincia. Si nos pondremos de acuerdo aplicando las leyes del buen arte para llevar adelante una provincia como se merece. Y que el turismo, el agro y cualquier otra actividad económica, si no tiene minería, no pueden subsistir. Lamento que diga esto alguien de General Alvear, que es uno de los departamentos más subsidiados de la provincia, que a su vez recibe regalías petroleras y hacer uso de la tecnología que la industria les provee. Hemos cumplido con la legislación vigente e insisto que ayer fuimos el 'pato de la boda' y la prueba está en que fue una pulseada política entre las dos fuerzas más importantes de Mendoza".
- López: "El oro y la plata no se usa en ninguna industria que sepamos, se usa como material suntuoso. Hoy la gran vedette es el oro. En segundo lugar, en la audiencia pública el 70% les demostró que estaban equivocados, entonces no es como dice el señor Zenobi. No somos fundamentalistas, ni fanáticos, sabemos lo que decimos".
"Además, económicamente esto no deja nada, sólo a los directamente relacionados con la empresa, porque al 3% que implica la legislación nacional con todas las prebendas impositivas de las cuales goza la actividad y de la cuales no gozamos los ciudadanos de este querido país, con subsidios de todo tipo como por ejemplo los combustibles, una actividad que está totalmente subsidiada".
"Es una actividad que beneficia a algunos pocos, sacrificando a muchos. La actividad lo único que trae es saqueo al pueblo, no paga ganancia, no paga IVA, están subsidiados, entonces por favor señor Zenobi no quiera confundir a la comunidad. Trabajemos en una minería sustentable en serio siempre y cuando no ponga en riesgo los ecosistemas".
- Zenobi: "Creo que es perder el tiempo seguir con polémicas de este tipo, soy un profesional, hace 35 años que trabajo en la actividad minera, me capacité, he estudiado y es intolerable que gente que hace uso de la actividad y buen uso porque uno los ve con celulares, camionetas y otras comodidades. Está demostrado que en Alvear hay cáncer de páncreas por los agroquímicos que se usan y que la gente bebe aguas abajo porque no tiene agua potable. No quiero entrar en esta polémica. Creo que es bajar mi nivel personal a discutir con una persona que es ignorante en el tema. Hablo como profesional, técnico y mendocino".
"El oro no es sólo un elemento suntuoso, ignora el uso que tiene, el cobre lo usan ellos para proteger sus viñedos por lo tanto no es un veneno, y el gran consumo de agua que utiliza la minería está en la alta tasa de evaporación que genera estas actividades. Y casualmente la gente de Alvear no es la que toma la mejor agua porque tiene turismo aguas arriba, ensucia el agua y la toman contento mientras miran al otro lado pensando que hay alguien que les quita la posibilidad de ser primeros en trabajo en negro, trabajo infantil, en cosas que no propicia la actividad minera".
- López: "El señor Zenobi debe ponerse a trabajar para solucionar todo esto como hacemos nosotros. Necesitamos gente capacitada como Zenobi para solucionar temas como el del agua en Alvear. Seguiremos pensando y trabajando igual, Alvear seguirá en pie respecto a esto, discutiendo las cuestiones en las que tenemos razón, más allá que se hable de una cuestión política entendemos que se ha hecho Justicia".
Fuente: iEco (Clarín)
El desembarco de la gigantesca empresa estatal Heilongjiang Beidahuang, que en su país produce alimentos para el 10% de la población china, unos 150 millones de habitantes, se vio opacado por las protestas de militantes ambientalistas del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que ayer irrumpieron en la presentación de Saiz. El presidente de la Cámara Internacional de Comercio China y titular de la flamante Beidahuang Argentina SA, Yue Gang Weng, se sorprendió cuando los cruces verbales llegaron a ser trompadas aisladas .
En la discusión, debe decirse, hay varios mitos. Por caso, que las empresa china se apoderará de las tierras hoy casi ociosas que pertenecen a unos 400 productores.
“No hay venta de tierras” , se apuró a aclarar el gobernador, que de todos modos admitió que ya con riego esos terrenos podrían pasar a valer unos 10.000 dólares por hectárea, contra los 150 dólares actuales . Es decir, la iniciativa podría desatar un fabuloso negocio inmobiliario.
Etiquetas: agricultura industrial, política ambiental, política de tierras, Río Negro, Soja | 0 comentarios
Fuente: El Anasti
La generación de fuentes de trabajo y el mayor desarrollo de los proveedores locales son asignaturas pendientes.
22:31 | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
El intendente de Monte Caseros pidió a la Justicia la paralización del proyecto para alterar el arroyo Ayuí
El intendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini (PJ), solicitó a la Justicia la paralización del proyecto Ayuí, impulsado por las empresas Copra S.A y Adeco Agro, que prevé inundar 8.000 hectáreas mediante la construcción de una represa en una zona cercana a los esteros del Iberá.
El jefe comunal, solicitó que se dicte una prohibición de innovar, “disponiéndose que el Estado de la provincia de Corrientes se abstenga de aplicar la Ley 5974 de ordenamiento de bosques nativos en la zona del espinal, manteniendo en esa zona la prohibición de autorización de desmonte, y se ordene también el cese inmediato y la paralización de las obras del Proyecto Ayuí Grande”.
Copra S.A es una empresa perteneciente a José Aranda, directivo del grupo Clarín, y Adeco Agro es propiedad del magnate húngaro-estadounidense George Soros.
La presentación se formuló ante el Juzgado Civil de Mercedes, donde tramita un amparo promovido por la Fundación Reserva Iberá, que pidió se declare inconstitucional la ley 5974, de ordenamiento territorial de bosques nativos, sancionada por la Legislatura correntina.
Afirman que tal legislación tiene directa incidencia sobre el Proyecto Ayuí, porque su habilitación “se basa en que la zona donde se va a emplazar, fue clasificada como verde”.
El intendente Galantini se presentó como parte interesada debido a las consecuencias que la construcción de la represa traería a su localidad, ubicada a la vera del río Uruguay.
Además, lo hizo en cumplimiento de una ordenanza del Concejo Deliberante de Monte Caseros, que expresa “el rechazo al megaproyecto que pretende represar el arroyo Ayuí, con el consiguiente deterioro ambiental y el riesgo sanitario para las poblaciones (ubicadas) aguas abajo de la represa”.
La ordenanza también dispone “arbitrar las medidas judiciales necesarias tendientes a salvaguardar la salud de la población”.
En la solicitud, el intendente hace referencia al “vertido de inmensas cantidades de fertilizantes al Ayuí, Miriñay y, por último, al Río Uruguay" y añade que "además de los perjuicios directos sobre nuestra población, el megaproyecto implica una desmedida agresión al medioambiente haciendo desaparecer un hábitat natural compuesto por el Arroyo Ayuí”.
“El proyecto para represar el arroyo Ayuí Grande intenta inundar 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua, del que dependen otros productores, y eliminando valiosos bosques nativos”, afirma la presentación realizada a la Justicia.
Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de una gigantesca superficie de plantíos (unas 20.000 hectáreas bajo riego), y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay, pocos kilómetros aguas arriba de la ciudad de Monte Caseros) podría quedar severamente comprometido; no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo.
En cumplimiento a la obligación que le impone la Carta Orgánica de ese Municipio, Galantini solicitó a la Justicia la paralización del proyecto arrocero denominado Ayuí, a fin de “asegurar el derecho de los habitantes a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, protegiendo el sistema ecológico y el uso racional de los recursos naturales”.
Etiquetas: agricultura industrial, Corrientes, ecosistemas, industrias - empresas - economía, legislación y derecho ambiental, Represa en Ayuí, represas | 0 comentarios
0:42 | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
El Gobierno dio el aval para que avance el proyecto de la minera Vale
Desde el Gobierno afirman que Potasio Río Colorado cumple con lo pedido. Empresarios locales son prudentes con respecto del compre mendocino. También piden más control.
El mismo día en que se levantaba la suspensión de un mes, el Gobierno volvió a emplazar a Vale por otros 30 días para que "haga los deberes" que se le habían encomendado, como condición para avanzar con el proyecto Potasio Río Colorado: llegar al 75% de mano de obra local (incluido un listado de obreros y sus domicilios), y un cronograma de las próximas contrataciones de empresas locales. Ahora, vencido el término, para el Ejecutivo la minera brasileña empezó a cumplir y, por ahora, "no amerita otra suspensión".
Dicho de otro modo, la decisión confirmada ayer a Los Andes por el secretario de Ambiente Pablo Gudiño, significa luz verde para el proyecto. Cabe recordar que el 17 de junio se había paralizado el emprendimiento a través de las Resoluciones 78 y 168/2011 de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental, en las que se alegaba "incumplimiento en la información" por parte de la minera brasileña. En mayo, diputados de la Comisión Bicameral de seguimiento de la actividad habían señalado falta de control oficial.
La situación actual, de acuerdo a las autoridades provinciales, es distinta. Después de una serie de inspecciones en el campamento de Malargüe y de recepcionar algunos informes solicitados, según Gudiño "se trabaja acorde a las normativas, y en líneas generales, se ha cumplimentado lo que se les pidió".
Sin embargo, hasta la semana pasada estaba pendiente un aspecto reconocido como motivo de suspensión: si hubo progresos del 66% de trabajadores locales (último dato declarado) al 75% mínimo de la plantilla, corroborable por nóminas que las empresas contratistas deben presentar acorde a los pliegos, aunque Vale había anticipado que cerraría el año en el 68%. Porcentajes al margen, el segundo requisito es acreditar 2 años de residencia en Mendoza; es que muchos dejaron la localidad neuquina de Rincón de los Sauces para fijar domicilio en la malargüina Pata Mora.
El compre mendocino
Pero, más allá de haber observado una mejor "conducta" de Vale, es evidente que los U$S 1.500 millones comprometidos en obra civil tienen peso suficiente para propiciar el avance, siempre que también el consorcio constructor Río Colorado (la brasileña Odebrecht y la nacional Techint) detallen un cronograma de trabajos donde los proveedores mendocinos tengan cabida.
"Antes lo manejaban desde sus oficinas en Buenos Aires y su red de proveedores allá. Nosotros les facilitamos un listado de firmas locales, ahora dependerá en parte de nosotros porque no podemos obligarlos a que compren. Igual tienen que esforzarse en priorizar a las firmas de Mendoza, o desarrollar a las que aún no lo están", señaló Julio Totero, de la Asociación de Industrias Metalúrgicas. Totero es prudente en avalar que el proyecto siga ante otras dudas: si habrá más plazo para mejoramiento de ofertas, considerado demasiado próximo a los cierres de las licitaciones."En la medida que no se aplique una vigilancia cercana del proyecto a favor de los intereses locales puede pasar cualquier cosa", sugiere el directivo.
Por su parte, Roberto Zenobi, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, observa dos razones concretas para un eventual rechazo al avance de Potasio Río Colorado: "Tienen que cumplir y que haya derrame económico, pero asegurando una mejor infraestructura vial para vincular a compradores y vendedores".
En cuanto a la contratación de trabajadores y al compre mendocino, Zenobi descree de una proporción a cumplir, y abona que "todo aquello que se pueda concretar desde Mendoza, que se haga acá. Sino, sería como decirle a un consumidor que vive en Guaymallén que, teniendo un supermercado cerca de su casa, vaya a hacer sus compras a San Martín".
Para los empresarios, el mejor ejemplo es el de la metalúrgica sanrafaelina Tassaroli, que desde hace tiempo provee a la minera La Alumbrera y acaba de firmar un acuerdo a 3 años por U$S 4,5 millones para proveer de barras de perforación a Codelco, el gigante chileno del cobre.

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