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Tarea de Investigación Formativa II Unidad Ciclo
: Disolución, liquidación y extinción de Sociedades
omercia al I : Derecho C omerci
Dedicatoria: A Dios, por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.
Indice INTRODUCCION…………………………………………………………………………………..04 1.
CONCEPTO DE SOCIEDAD………………………………………………………….........05
2. EL DECAIMIENTO DE LAS SOCIEDADES………………………………………………05 3.
ETAPAS DEL DECAIMIENTO DE LAS SOCIEDADES………………………………….05
DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES………………………………………………………... 06 4.1. Concepto…………………………………………………………………………..…. 06 4.2. Causas de Disolución………………………………………………………….…… 07 4.3. Análisis de las causas de disolución …………………………………….…….…08 4.4.
Convocatoria y acuerdo de disolución ………………………………….………14
4.5. Convocatoria Judicial …………………………………………………………….. 14 4.6.
Disolución a solicitud del Poder Ejecutivo ………………………………….….15
Continuación forzosa de la sociedad anónima ………………………………...15
Publicidad e inscripción del acuerdo de disolución …………………………..15
5. LIQUIDACIÓN………………………………………………………………………….………16 5.1.
Concepto.-…………………………………………………………………………….16
Características del proceso de liquidación…………………………..…………16
Designación de los Liquidadores …………………………………………………17
5.4. Término de las funciones de los liquidadores ………………………………..…18 5.5.
Funciones de los liquidadores……………………………………………………18
5.6. Insolvencia o quiebra de la sociedad en liquidación …………………………19 5.7. Información a los socios o accionistas. ……………………………………….19 5.8. Balance final de liquidación………………………………………….…………..20 5.9. Distribución del haber social ………………………………………….………...20 6. EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES……………………………………………………...20 6.1. Concepto.-…………………………………………………………………………… ...20 6.2. Responsabilidad frente a acreedores impagos……………………………….…..21 CONCLUSIONES ………………………………………………………………………………….22 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………….22
INTRODUCCIÓN Las empresas por su propia naturaleza están destinadas a desempeñar un rol importante en el desarrollo de las actividades mercantiles y económicas de un país, constituyéndose en un agente central en torno al cual giran diversos intereses de otros agentes económicos. La doctrina de la personalidad jurídica pretende crear un orden y ser justificación de una estructura concebida de manera abstracta, que tiene una importante incidencia en la movilización de los grandes intereses, no sólo de naturaleza económica. De tal forma que la desaparición de la empresa como persona jurídica afecta directamente a los agentes con quien mantiene una relación permanente, por ello el ordenamiento legal se preocupa que el proceso por el cual se le pone fin a la existencia de la empresa, se haga de manera ordenada, transparente y debidamente publicitada a fin de no lesionar sus intereses. Una Persona Júridica es un ente tan completo y complejo que siendo una cadena en la economía de un país, región, o ciudad, el impacto que puede causar su extinción puede ser tan profundo como lo hubiesen sido sus actividades comerciales. Por lo tanto la Ley General de Sociedades (LGS) Nº 26887 de fecha 9 de diciembre de 1997, ha precisado con claridad meridiana las tres etapas de este proceso relativo al decaimiento de las sociedades y regula las formas como se disuelven, liquidan y extinguen las mismas buscando garantizar que las sociedades pueden terminar sus actividades, solamente, cuando hayan puesto fin a sus relaciones jurídicas que hubiera entablado con terceros y con los propios socios, buscando un cierre ordenado gradual de una sociedad.
1. - CONCEPTO DE SOCIEDAD Según el artículo. 1° La Ley General de Sociedades, N° 26887 del 9 de diciembre de 1997. Se define Sociedad como un convenio, un acuerdo de dos o mas personas naturales o jurídicas para aportar bienes y servicios para el ejercicio en común de actividades económicas; de esta manera se reconoce que una sociedad es un contrato destinado a realizar actividades económicas, pero a la vez se entiende que de este contrato surge una persona jurídica distinta a los contratantes. Respecto al concepto de sociedad y su naturaleza jurídica, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima Oswaldo HUNDSKOPF sostiene que existen posiciones antagónicas; de un lado la corriente contractualista que se sustenta en el carácter especial del contrato y de otra la corriente institucionalista en la cual se niega la calidad de contrato al acto constitutivo de la sociedad, para él la sociedad: “(…) nace de un contrato, producto del acuerdo de voluntades, destinado a crear una relación jurídica de carácter patrimonial, siendo el único contrato del cual nace una persona jurídica distinta de los sujetos participantes de dicho contrato, convirtiéndola en un sujeto de derechos y obligaciones dotado de una composición orgánica con voluntad propia y con patrimonio autónomo” 1. El fin lucrativo de una sociedad es también una de las características que lo distingue, sin embargo, en el concepto formulado por la ley no aparece literalmente pero se entiende que una sociedad se constituye para obtener ganancias cuando se alude a que la finalidad de la sociedad es la actividad económica.
EL DECAIMIENTO DE LAS SOCIEDADES Se podría considerar como una modificación del contractual lucrativo y de poner fin al contrato constitutivo de una Sociedad. Es la situación de la sociedad que pierde su capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el que se creó y que solo subsiste para la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por éstos entre sí.
ETAPAS DEL DECAIMIENTO DE LAS SOCIEDADES Normalmente se establece tres etapas en el proceso relativo al decaimiento de una Sociedad, estas etapas son aceptadas por la doctrina en general y la legislación comparada de distintos países; son las siguientes:
HUNDSKOPF, Oswaldo. “Reglas aplicables a todas las sociedades ” EN: “Nuevo Derecho
Societario” I Seminario Nacional sobre Ley General de Sociedades. Universi dad de Lima. Fondo de Desarrollo Editorial. Lima 1998 p 14.
Disolución, liquidación y extinción de Sociedades 
La liquidación y
En nuestro país la Sección Cuarta de la Ley de Sociedades, establece en forma conjunta estas tres etapas cuando se intitula a este capitulo como de la Disolución, Liquidación y Extinción de Sociedades y se desarrolla en los títulos I, II y III de esta sección y los artículos del 407 al 422 de la indicada Ley.
4. DISOLUCIÓN DE SOCIEDA DES 4.1. Concepto. La disolución es un presupuesto para la extinción de sociedades, en su doble vertiente, contractual e institucional. La opción legislativa en el sentido de que la extinción de la sociedad no se produzca de inmediato, sino previa conclusión de todas sus relaciones jurídicas obliga a separar el periodo de vida social normal del periodo de extinción de estas relaciones sociales con socios y terceros que es la liquidación. Por disolución señalan Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Emilio Beltrán hay que entender el efecto de un acto acuerdo de la junta general, resolución judicial o acto administrativo o de un hecho jurídico (v, gr. transcurso del término) que abre el proceso liquidatorio conducente a la extinción de la sociedad como contrato y como persona jurídica 2; de otra parte el jurista profesor Enrique Elias Laroza señala que la disolución de sociedades es “el acto jurídico en virtud del cual se inicia el procedimiento de liquidación de la sociedad, como consecuencia de algunos de los acuerdos o causales previstos en la ley” 3. Como lo señala el maestro Ulises Montoya Manfredi 4, la disolución de la sociedad produce la cesación del contrato y al mismo tiempo la extinción de la relación social, en el sentido que los socios ya no están obligados a perseguir el fin común con medios comunes, sino que están autorizados a pretender la restitución en dinero o en especies de sus respectivas aportaciones. Además, por la disolución la sociedad queda imposibilitada de realizar nuevas operaciones, salvo que sean estrictamente necesarias para el proceso liquidatorio, y la totalidad de su patrimonio no puede 2
URÍA, Rodrigo y Otros. “Comentarios al Régimen Legal de Sociedades Mercantiles” CIVITAS
Madrid 2002 p 22- 23 3 ELIAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano - Ley general de Sociedades” Tomo III Editorial Normas Legales. Lima 1999. 4 MONTOYA MANFREDI, Ulises . «Derecho Comercial». Tomo 1. Octava Edición. Editorial Cultural Cuzco. Lima.
disponerse sino hasta que se concluya con el pago a los acreedores, surgiendo así el derecho preferencial de éstos frente a los socios. Los socios tendrán derecho a la cuota parte del remanente social, sólo y únicamente cuando se haya cumplido con pagar a la totalidad de acreedores. Queda claro entonces que la disolución es el primer paso que lleva a la liquidación y extinción de la sociedad, no es asunto que afecta únicamente a la sociedad que se encuentra incursa en alguna de sus causales, sino que con ella también quedan resuelta las relaciones jurídicas que la Sociedad hubiere contraído frente a terceros. A partir de la causal o del acuerdo de disolución, la sociedad tiene como única finalidad la de liquidar su patrimonio y extinguirse. No obstante lo antes mencionado, debe tenerse en cuenta que producida la disolución de la sociedad, ésta conserva su personalidad jurídica mientras dure el proceso de liquidación y hasta que se inscriba su extinción en los Registros Públicos. La sociedad se convierte en un ente cuyo patrimonio se encuentra en proceso de liquidación y que subsiste con el único objeto de concluir dicho proceso. Cuando se presentan o configuran las causales de disolución previstas en la ley, corresponde al directorio, a cualquier socio, administrador o gerente convocar a junta general, a fin que se adopte el acuerdo de disolución. En el caso de la Sociedad Anónima, cualquier socio, director o gerente puede solicitar al Directorio la convocatoria de la junta general. En el supuesto que la junta general no se reúna, o si reunida, ésta no adopta el acuerdo de disolución o lo que corresponda, según sea el caso, cualquier socio, administrador, director o gerente puede solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad. Declarada la disolución, conforme al mecanismo antes expuesto, el acuerdo de disolución deberá publicarse, dentro de los diez días siguientes, por tres veces consecutivas, y posteriormente, inscribirse en los Registros Públicos.
Causas de Disolución A las circunstancias que según la ley son capaces de poner fin al contrato constitutivo de una sociedad, se les llaman causas de disolución, es decir, es la situación de la sociedad que pierde su capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el que se creó y que solo subsiste para la resolución de los vínculos
establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por éstos entre sí. Existen diversas formas de disolución históricamente se dan dos principios contrapuestos respecto a los principios que rigen las causas de disolución estas son: la disolución voluntaria por motivos estrictamente personales de los socios, y por otro lado, la disolución derivada de circunstancias ajenas a la voluntad individual de cada uno de ellos. La Ley General de Sociedades, regula en primer lugar las causas de disolución aplicables a todas las clases de sociedades, y luego las causas especiales aplicables específicamente a las sociedades colectivas y en comandita.
Análisis de las causas de disolución La Ley General de Sociedades, regula en primer lugar las causas de disolución aplicables a todas las clases de sociedades, y luego las causas especiales aplicables específicamente a las sociedades colectivas y en comandita.
El artículo 407º de la LGS regula las causales que inciden en todas las clases de sociedades. El inciso 1º contempla el vencimiento del plazo de duración como causal de disolución. La conclusión del plazo de duración de la sociedad como causa de disolución, opera de pleno derecho ( ipso jure) y no requiere de inscripción en los Registros Públicos, toda vez que el acto de constitución o el acuerdo posterior de socios, estableció anteladamente la vigencia de la sociedad, y al encontrarse registralmente inscrito existe la publicidad requerida frente a terceros. El maestro Ulises Montoya Manfredi 5, señala en relación a esta causal que el cumplimiento del plazo importa inexorablemente el tránsito a la liquidación de la sociedad. Resulta necesario precisar, que sólo la causal de vencimiento del plazo de duración, por las razones antes anotadas, funciona automáticamente o de pleno derecho. Las demás causales deben ser necesaria y previamente invocadas y reconocidas por los socios, o en su defecto por el Juez, y surtirán efecto frente a terceros recién al inscribirse en los Registros Públicos el acuerdo de disolución.
Ulises. «Derecho Comercial». Tomo 1. Octava Edición. Editorial Cultural Cuzco. Lima 1986.
Sin embargo, si bien dicha causal de disolución opera ipso jure, necesariamente se requerirá de la intervención de la junta general, o en su defecto del juez, para que designen a los liquidadores y se de inicio al proceso de liquidación. El inciso 2º considera como causal de disolución la conclusión del objeto social, la
imposibilidad manifiesta de realizarlo o su no realización durante un período prolong ado. El objeto social es el fin perseguido por la sociedad. Si se dio cumplimiento al fin para el cual nació la sociedad, o si dicho fin se hace imposible de cumplir, la sociedad ya no tendrá razón de ser ni existir, al haberse agotado su objeto social, debiendo en consecuencia determinarse su disolución. La no realización del objeto social dentro de un período determinado como causa de disolución constituye una novedad introducida en la nueva ley; sin embargo, resulta subjetiva la determinación de este «período prolongado», ¿6 meses, 1 año, tres años...?, ¿ habrá que tener en cuenta para ello la empresa o actividad que realice la sociedad?. En todo caso, consideramos que deberán ser los socios los que en cada caso decidan. El inciso 3º, considera como causal de disolución aplicable a todas las sociedades la
continuada inactividad de la junta general. La anterior Ley General de Sociedades, consideraba esta causal de disolución únicamente para las Sociedades Anónimas. La continuada inactividad como causal de disolución deberá ser determinada, en cada caso, por los socios, toda vez que la ley no cuantifica dicho período de tiempo. Cabe anotar como referencia, lo establecido en la Décima Disposición Transitoria de la ley, la cual dispone que « se presume la extinción de toda sociedad mercantil o civil que no ha inscrito acto societario alguno en los
diez años precedentes a la publicación de esta
ley. El Registro cancelará la inscripción (...)».
El inciso 4º indica que es causa de disolución las pérdidas que reduzcan el
patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital s ocial pag ado, salvo que las pérdidas sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente. Es importante resaltar en relación a esta causal, que la nueva ley con acierto ha considerado como referencias para estimar las pérdidas que reducen el patrimonio en relación al capital, al patrimonio neto y al capital pagado. La anterior ley se refería al patrimonio y al capital, a secas. El inciso 5º considera que la sociedad se disuelve por acuerdo de la J unta de
A cr eedores , adoptado de conformidad con la ley de la materi a, o quiebra. En
relación a esta causal, es preciso mencionar que mediante Decreto Ley 26116, sustituido por el Decreto Legislativo 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial- se estableció en nuestro país un novedoso procedimiento en materia concursal, orientado principalmente a posibilitar la continuidad y conservación de las empresas. Este nuevo mecanismo legal supone la declaratoria de insolvencia de una empresa (sociedad), por parte de una autoridad administrativa (INDECOPI), luego de la cual se convoca a los acreedores, quienes reunidos en junta deciden el destino de la empresa. Una de las opciones que tiene la Junta de Acreedores para decidir sobre el destino del insolvente es la disolución y liquidación . Si bien es cierto, por medio de este procedimiento la Junta de Acreedores acuerda la disolución de una sociedad, el procedimiento para la liquidación y extinción de la misma se regula exclusivamente por la Ley de Reestructuración Patrimonial, y no por la Ley General de Sociedades. En tal sentido, podemos afirmar que coexisten en nuestra legislación dos procedimientos alternativos de liquidación de sociedades, uno regulado por la Ley General de Sociedades, y otro por la Ley de Reestructuración Patrimonial (LRP). Ello sin considerar las disposiciones sobre disolución y liquidación de sociedades constituidas como entidades financieras o bancarias, compañías de seguros y sociedades administradoras de fondos de pensiones, las mismas que por su naturaleza se regulan por sus propias normas (Ley 26702 y Ley 25897). Al respecto consideramos pertinente señalar las principales diferencias que existen entre el procedimiento de liquidación regulado en la Ley de Reestructuración Patrimonial (LRP), y el procedimiento establecido en la Ley General de Sociedades. En el primero el acuerdo de disolución y el nombramiento del liquidador es adoptado por la junta de acreedores; en el segundo es la junta general la que adopta dichos acuerdos o en su defecto el juez. En el primer procedimiento, el liquidador necesariamente debe ser un banco, entidad financiera o de seguros, u otra entidad previamente calificada por la Comisión de Salida del Mercado del INDECOPI; en el segundo procedimiento el liquidador o liquidadores puede ser cualquier persona natural o jurídica, debiendo ser su número impar. En el procedimiento establecido en la LRP el liquidador presenta un proyecto de convenio de liquidación, el cual luego de ser aprobado por la junta de acreedores, debe ser firmado por el presidente de la junta, el liquidador y el representante de la Comisión, en caso de no aprobarse o suscribirse el convenio la Comisión asume el proceso de liquidación designando al liquidador; la LGS
establece formalidad alguna al respecto. De acuerdo con la LRP el convenio de liquidación debe establecer el plazo del proceso liquidatorio; la LGS no prevé plazo de duración para el proceso de liquidación. La LRP establece que en cualquier etapa del proceso de disolución y liquidación, si el insolvente cancela los créditos reconocidos, y
los gastos y honorarios de la liquidación u, otorga garantía suficiente en favor de los acreedores, el proceso se declara concluido y se levanta el estado de insolvencia del deudor; en el caso de la LGS la junta general, de darse las circunstancias, puede acordar el levantamiento del estado de disolución y liquidación de la sociedad. En la LRP si el liquidador constata que existen factores nuevos o no previstos al momento de adoptar el acuerdo de disolución, informará a la junta de acreedores, pudiendo ésta acordar la reestructuración si fuera viable; la LGS permitiría a la junta general levantar el estado de disolución y liquidación de la sociedad, y solicitar la declaración de insolvencia para luego de ello, si fuera viable, proponer la reestructuración de la empresa. La LRP prevé un mecanismo de protección legal del patrimonio de la empresa en proceso de liquidación, desde el momento en que se declara la insolvencia de la misma, en mérito del cual se suspende la ejecución de los embargos y en general de cualquier medida cautelar trabada sobre bienes o dinero de la empresa; en el procedimiento establecido en la LGS los procesos judiciales, arbitrales o coactivos siguen su trámite normal, debiéndose apersonar, el o los liquidadores, a dichos procesos en representación de la sociedad. El inciso 6º contempla como causal de disolución la falta de pluralidad de s ocios , si en el término de seis meses dicha pluralidad no es reconstituida. La pluralidad de socios, según lo dispone el artículo 4º de la LGS es requisito sine qua non para la constitución de una sociedad, cualesquiera sea la forma que ésta adopte, estableciendo para ello la participación de cuando menos dos (2) socios, personas naturales o jurídicas. Desaparecida la pluralidad de socios, estamos frente a una causa de disolución. Sin embargo, esta causal se puede revertir, si dentro de los seis meses siguientes al hecho que la produjo, se reconstituye el numero plural de socios. El artículo 4º de la LGS , señala que si la pluralidad de socios no se reconstituye en el plazo de seis meses, la sociedad se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo . Sobre el particular, observamos que se presenta un problema de orden práctico, respecto a la forma como opera esta causal de disolución. A diferencia que en la causal prevista en el inciso 1º (vencimiento del plazo de duración de la sociedad), en la que resulta coherente y lógico que la disolución opere de pleno derecho, por cuanto ésta surge de la inscripción registral primigenia que establece el plazo de vigencia de la sociedad, plazo que es de conocimiento de todos (terceros), en virtud del principio de publicidad registral; en el caso de la disolución por falta de pluralidad de socios no sucede lo mismo.
En efecto, frente a la causal de disolución por falta de pluralidad de socios, no reconstituida dentro del plazo de seis meses, no existe manera de que los terceros puedan tomar conocimiento de este hecho una vez producido, quedando la manifestación y publicidad del mismo a la voluntad de quien sería el «único» socio. Puede suceder que la sociedad continúe operando luego de transcurrido dicho período, por mucho tiempo más, con ese único socio, sin que ello sea de conocimiento de terceros. Ante ello, se presenta la interrogante ¿opera de pleno derecho esta causal de disolución?. Así mismo, se presentan otras interrogantes, ¿cómo se formaliza la disolución? y ¿quién nombra a los liquidadores?. El inciso 7º se refiere a la disolución de la sociedad adoptada mediante R esolución de
la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 410º . Una causa extraordinaria de disolución, es la contemplada en el artículo 410º de la LGS , que establece que el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, solicitará a la Corte Suprema de Justicia de la República la disolución de aquellas sociedades cuyos fines o actividades sean contrarias a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. La antigua Ley General de Sociedades establecía que la Corte Suprema resolvía la solicitud del Poder Ejecutivo como jurado. La nueva ley señala que la Corte Suprema resuelve en doble instancia, la disolución o la continuación de la sociedad, concediendo a los representantes de la sociedad el derecho de presentar las pruebas de descargo que estimen pertinente. Si la Corte Suprema declara la disolución (y salvo que ésta resuelva cosa distinta) el directorio, los gerentes o los administradores, según sea el caso, convocarán a junta general para que se designen a los liquidadores y se de inicio al proceso de liquidación. En caso que la junta general no se reúna, o si reunida no adopta el acuerdo respectivo, cualquier socio o tercero puede solicitar a la autoridad judicial el nombramiento de los liquidadores a fin que se de inicio al proceso de liquidación. El inciso 8º establece la facultad de la junta g eneral, para acordar la dis oluci ón de
la sociedad, sin que medie causa legal o estatutaria. Mediante esta disposición se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, por el cual los socios tienen la facultad de regular sus derechos mediante el libre acuerdo de voluntades. Teniendo en cuenta que este acuerdo importa la modificación del estatuto o del pacto social, se deben considerar las formalidades y mayorías contempladas por la ley para ese efecto.
No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, el artículo 411º de la LGS , dispone que el Estado puede ordenar la continuación forzosa de la sociedad anónima (sólo aplicable a la sociedad anónima), si la considera de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley. En este caso, se dispondrá la forma como continuará la sociedad y los recursos con que se indemnizarán a los accionistas. Sin embargo, es facultad de los accionistas acordar la continuación de las actividades de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la Resolución que ordena la continuación forzosa. El inciso 9º establece que las sociedades se pueden disolver por cualquier otra causa
establecida en la ley, o prevista en el pacto social, el estatuto, o convenio de s ocios reg is trado ante la s oci edad . La ley puede establecer causales de disolución distintas a las establecidas en la Ley General de Sociedades, es el caso de aquellas contenidas en la Ley de Bancos y en la Ley de Administradoras de Fondos de Pensiones, por citar algunas. Como sabemos los Bancos, así como las Administradoras de Fondos de Pensiones, deben constituirse necesariamente como sociedades anónimas, siéndoles, por ende, de aplicación la Ley General de Sociedades; sin embargo las disposiciones legales que regulan a estas instituciones, establecen reglas especiales dentro de las cuales se encuentran algunas causales de disolución, además de las contenidas en el artículo 407º de la LGS . Cabe destacar el reconocimiento de los pactos o convenios entre socios consagrado en el artículo 8º de la LGS , mediante los cuales se pueden establecer causales de disolución distintas a las contenidas en la ley. La causal de disolución por fus ión, establecida en el inc. 4º del artículo 359º de la ALGS, ya no es considerada como tal en la nueva ley, en virtud de lo establecido en el artículo 345º de la LGS que dispone que « no se requiere acordar la disolución y no se liquida la sociedad o sociedades que se extinguen por la fusión ».
El artículo 408º de la LGS regula las causales especiales de disolución aplicables exclusivamente a las sociedades colectivas o en comandita. La Sociedad Colectiva, se disuelve, además de las causales generales establecidas en el articulo 407º de la LGS , por muerte o incapacidad s obreviniente de uno de los
s ocios , salvo que el pacto social establezca que la sociedad puede continuar con los herederos del socio fallecido o entre los demás socios.
La Sociedad en Comandita Simple se disuelve, además de las causales generales establecidas en el articulo 407º de la LGS , cuando no quede ningún socio
comanditario o ningún socio colectivo , salvo que dentro de los seis meses se restituya al socio faltante. La Sociedad en Comandita por Acciones se disuelve, además, s i ces an en su carg o todos los adminis tradores , y éstos no son sustituidos dentro del término de seis meses.
Convocatoria y acuerdo de disolución Cuando se presentan o configuran las causales de disolución previstas en la ley,
corresponde al directorio, a cualquier socio, administrador o gerente convocar a junta g eneral, a fin que s e adopte el acuerdo de dis oluci ón. También se puede adoptar las medidas que permitan superar la causal en que se encuentran. La necesidad de convocatoria a junta general o a asambleas de socios obedece a que la mayoría de causales de disolución previstas en la ley no operan de pleno derecho. Otros no dependen de la decisión de la propia sociedad. En el caso de la Sociedad Anónima, cualquier socio, director o gerente puede solicitar al Directorio la convocatoria de la junta general. En el supuesto que la junta general no se reúna, o si reunida, ésta no adopta el acuerdo de disolución o lo que corresponda, según sea el caso, cualquier socio, administrador, director o gerente puede solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad. En los casos previstos en los artículos anteriores, el directorio, o cuando éste no exista cualquier socio, administrador o gerente, convoca para que en un plazo máximo de treinta días se realice una junta general, a fin de adoptar el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan. Cualquier socio, director, o gerente puede requerir al directorio para que convoque a la junta general si, a su juicio, existe alguna de las causales de disolución establecidas en la ley. De no efectuarse la convocatoria, ella se hará por el juez del domicilio social.
Convocatoria Judicial Si la junta general no se reúne o si reunida no adopta el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan, cualquier socio, administrador, director o el gerente puede solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad. Cuando se recurra al juez la solicitud se tramita conforme a las normas del proceso sumarísimo. La intervención judicial para la convocatoria puede realizarse bajo dos supuestos: a) Que habiéndose producido la causal de disolución de la sociedad, la administración no convoque a junta general dentro de 30 días.
b) Que habiendo sido solicitada a la administración la disolución de la sociedad, a criterio de un socio, director o gerente, dicha solicitud sea atendida.
4.6. Disolución a solicitud del Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, solicitará a la Corte Suprema la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean contrarios a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. La Corte Suprema resuelve, en ambas instancias, la disolución o subsistencia de la sociedad. La sociedad puede acompañar las pruebas de descargo que juzgue pertinentes en el término de treinta días, más el término de la distancia si su sede social se encuentra fuera de Lima o del Callao. Producida la resolución de disolución y salvo que la Corte haya dispuesto otra cosa, el directorio, el gerente o los administradores bajo responsabilidad, convocan a la junta general para que dentro de los diez días designe a los liquidadores y se dé inicio al proceso de liquidación. Si la convocatoria no se realiza o si la junta general no se reúne o no adopta los acuerdos que le competen, cualquier socio, accionista o tercero puede solicitar al juez de la sede social que designe a los liquidadores y dé inicio al proceso de liquidación, por el proceso sumarísimo.
4.7. Continuación forzosa de la sociedad anónima No obstante mediar acuerdo de disolución de la sociedad anónima, el Estado puede ordenar su continuación forzosa si la considera de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley. En la respectiva resolución se establece la forma cómo habrá de continuar la sociedad y se disponen los recursos para que los accionistas reciban, en efectivo y de inmediato, la indemnización justipreciada que les corresponde. En todo caso, los accionistas tienen el derecho de acordar continuar con las actividades de la sociedad, siempre que así lo resuelvan dentro de los diez días siguientes, contados desde la publicación de la resolución.
4.8. Publicidad e inscripción del acuerdo de disolución Declarada la disolución, el acuerdo de disolución deberá publicarse, dentro de los diez días siguientes, por tres veces consecutivas, y posteriormente, inscribirse en los Registros Públicos. La solicitud de inscripción se presenta al Registro dentro de los diez días de efectuada la última publicación, bastando para ello copia certificada notarial del acta que decide la disolución. Si la disolución se efectúa por vía judicial según la opinión de Enrique Elías
Laroza la resolución que queda firme debe ser publicada en las mismas condiciones 6 también señala que la tarea de publicar e inscribir el acuerdo corresponde a los liquidadores y se realiza para dar a conocer que se inicia el proceso de liquidación. La inscripción solo puede realizarse previa publicación de acuerdo de disolución
5. LIQUIDACIÓN 5.1. Concepto.Una vez disuelta la sociedad, se da inicio a lo que hemos denominado la segunda etapa del proceso (iniciado con la aparición de una de las causales de disolución y que concluye con la extinción de la sociedad), la liquidación. El proceso de liquidación se puede definir como un conjunto de operaciones o actos que deben realizarse en la sociedad que ha sido declarada en disolución, tendientes a la realización de su activo, al pago de su pasivo, y la distribución entre los socios del remanente del patrimonio social, si es que lo hubiere i. Como lo hemos anotado líneas arriba y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 413º de la LGS , la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción de la sociedad en los Registros Públicos, debiendo añadir a su razón o denominación social la frase «en liquidación». De la misma manera, desde el momento mismo en que se acuerda la disolución, cesa la representación de los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad, asumiendo tales funciones los liquidadores, de conformidad con la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la junta general. Cabe destacar que los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad cesados en sus cargos, pueden ser requeridos por los liquidadores a fin que proporcionen la información y documentación necesaria para el proceso liquidatorio.
5.2. Características del proceso de liquidación El profesor universitario Ricardo Beaumont Callirgos explica con suma claridad que al acordarse la disolución e iniciarse el proceso de liquidación, cambian tres cosas en la Sociedad 7: 6 7
ELIAS LAROZA, Enrique. “ Derecho Societario Peruano” Ob. Cit. p 1097 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades”.Gaceta
Jurídica Editores S.R.Ltda. Primera Edición. Enero 1998. Lima.
Cambia el objeto social, ya no será el previsto en el pacto social y el estatuto, si no el objeto será realizar los activos para pagar los pasivos;
Cambia la razón o denominación social, pues habrá que agregar en la correspondencia y documentación de la sociedad la frase “en liquidación”;
 Cambia
la representación, la sociedad ya no estará representada por el directorio, los
administradores o los gerentes, si no por los liquidadores.
Designación de los Liquidadores De acuerdo a lo señalado en el artículo 414º de la Ley general de Sociedades los liquidadores son designados, según sea el caso, por la junta general, por los socios o por el juez, salvo que el estatuto, el pacto social o los convenios entre los accionistas debidamente inscritos ante la sociedad lo hubiesen hecho, o que la ley disponga cosa distinta. El número de liquidadores debe ser necesariamente impar. En relación al número de liquidadores, si bien la ley se refiere a éste en sentido plural, es de considerar que no existe impedimento legal alguno para que una sola persona natural o jurídica realice las funciones de liquidador, por cuanto la ley en relación a este tema no establece un número mínimo, como sí lo hace el artículo 144º de la LGS para el caso de los directores (mínimo tres). Por lo demás, esta duda se disipa con la lectura del artículo 421º de la LGS , cuando al referirse a la solicitud de extinción de la sociedad, señala que ésta se presenta mediante recurso firmado por el o los liquidadores. En caso se designe como liquidador a una persona jurídica, ésta deberá nombrar a la persona natural que la represente. Si los liquidadores designados no asumen el cargo en el plazo de cinco días contados desde la comunicación de la designación y no existen suplentes, cualquier director o gerente convoca a la junta general a fin de que designe a los sustitutos. El cargo de liquidador es remunerado, salvo que el estatuto, el pacto social o el acuerdo de la junta general dispongan lo contrario. Los liquidadores pueden ser personas naturales o jurídicas. En este último caso, ésta debe nombrar a la persona natural que la representará, la misma que queda sujeta a las responsabilidades que se establecen en esta ley para el gerente de la sociedad anónima, sin perjuicio de la que corresponda a los administradores de la entidad liquidadora y a ésta. Las limitaciones legales y estatutarias para el nombramiento de los liquidadores, la vacancia del cargo y su responsabilidad se rigen, en cuanto sea aplicable, por las normas que regulan a los directores y al gerente de la sociedad anónima. Los socios
que representen la décima parte del capital social tienen derecho a designar un representante que vigile las operaciones de liquidación. El sindicato de obligacionistas puede designar un representante con la atribución prevista en el párrafo anterior.
5.4. Término de las funciones de los liquidadores La función de los liquidadores termina: 
Por haberse realizado la liquidación;
Por remoción acordada por la junta general o por renuncia. Para que la remoción o la renuncia surta efectos, conjuntamente con ella debe designarse nuevos liquidadores; y,
Por resolución judicial emitida a solicitud de socios que, mediando justa causa, representen por lo menos la quinta parte del capital social. La solicitud se sustanciará conforme al trámite del proceso sumarísimo.
5.5. Funciones de los liquidadores Corresponde a los liquidadores la representación de la sociedad en liquidación y su administración para liquidarla, con las facultades, atribuciones y responsabilidades que establezcan la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la junta general. Por el solo hecho del nombramiento de los liquidadores, éstos ejercen la representación procesal de la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas por las normas procesales pertinentes; en su caso, se aplican las estipulaciones en contrario o las limitaciones impuestas por el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la junta general. Para el ejercicio de la representación procesal, basta la presentación de copia certificada del documento donde conste el nombramiento. Adicionalmente, corresponde a los liquidadores: a. Formular el inventario, estados financieros y demás cuentas al día en que se inicie la liquidación; b. Los liquidadores tienen la facultad de requerir la participación de los directores o administradores cesantes para que colaboren en la formulación de esos documentos;
c. Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad en liquidación y entregarlos a la persona que habrá de conservarlos luego de la extinción de la sociedad; d. Velar por la integridad del patrimonio de la sociedad; e. Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad; f. Transferir a título oneroso los bienes sociales; g. Exigir el pago de los créditos y dividendos pasivos existentes al momento de iniciarse la liquidación. También pueden exigir el pago de otros dividendos pasivos correspondientes a aumentos de capital social acordados por la junta general con posterioridad a la declaratoria de disolución, en la cuantía que sea suficiente para satisfacer los créditos y obligaciones frente a terceros; h. Concertar transacciones y asumir compromisos y obligaciones que sean convenientes al proceso de liquidación; i. Pagar a los acreedores y a los socios; y, j. Convocar a la junta general cuando lo consideren necesario para el proceso de liquidación, así como en las oportunidades señaladas en la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad o por disposición de la junta general.
5.6. Insolvencia o quiebra de la sociedad en liquidación Si durante la liquidación se extingue el patrimonio de la sociedad y quedan acreedores pendientes de ser pagados, los liquidadores deben convocar a la junta general para informarla de la situación sin perjuicio de solicitar la declaración judicial de quiebra, con arreglo a la ley de la materia. 5.7. Información a los socios o accionistas. Los liquidadores deben presentar a la junta general los estados financieros y demás cuentas de los ejercicios que venzan durante la liquidación, procediendo a convocarla en la forma que señale la ley, el pacto social y el estatuto. Igual obligación deben cumplir respecto de balances por otros períodos cuya formulación contemple la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas o socios inscritos ante la sociedad o los acuerdos de la junta general. Los socios o accionistas que representen cuando menos la décima parte del capital social tienen derecho a solicitar la convocatoria a junta general para que los liquidadores informen sobre la marcha de la liquidación.
5.8. Balance final de liquidación Los liquidadores deben presentar a la junta general la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio neto entre los socios, el balance final de liquidación, el estado de ganancias y pérdidas y demás cuentas que correspondan, con la auditoría que hubiese decidido la junta general o con la que disponga la ley. En caso que la junta no se realice en primera ni en segunda convocatoria, los documentos se consideran aprobados por ella. Aprobado, expresa o tácitamente, el balance final de liquidación se publica por una sola vez.
5.9. Distribución del haber social Aprobados los documentos referidos a la liquidación, se procede a la distribución entre los socios del haber social remanente. La distribución del haber social se practica con arreglo a las normas establecidas por la ley, el estatuto, el pacto social y los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad. En defecto de éstas, la distribución se realiza en proporción a la participación de cada socio en el capital social. En todo caso, se deben observar las normas siguientes: 
Los liquidadores no pueden distribuir entre los socios el haber social sin que se hayan satisfecho las obligaciones con los acreedores o consignado el importe de sus créditos;
todas las acciones o participaciones sociales no se hubiesen integrado al capital
social en la misma proporción, se paga en primer término y en orden descendente a los socios que hubiesen desembolsado mayor cantidad, hasta por el exceso sobre la aportación del que hubiese pagado menos; el saldo se distribuye entre los socios en proporción a su participación en el capital social; 
Si los dividendos pasivos se hubiesen integrado al capital social durante el ejercicio en curso, el haber social se repartirá primero y en orden descendente entre los socios cuyos dividendos pasivos se hubiesen pagado antes;
Las cuotas no reclamadas deben ser consignadas en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional; y,
Bajo responsabilidad solidaria de los liquidadores, puede realizarse adelantos a cuenta del haber social a los socios.
6. EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES 6.1. Concepto.Una vez efectuada la distribución del haber social la extinción de la sociedad se inscribe en el Registro. La solicitud se presenta mediante recurso firmado por el o los
liquidadores, indicando la forma cómo se ha dividido el haber social, la distribución del remanente y las consignaciones efectuadas y se acompaña la constancia de haberse publicado el aviso a que se refiere el artículo 419º de la Ley. Al inscribir la extinción se debe indicar el nombre y domicilio de la persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad. Si algún liquidador se niega a firmar el recurso, no obstante haber sido requerido, o se encuentra impedido de hacerlo, la solicitud se presenta por los demás liquidadores acompañando copia del requerimiento con la debida constancia de su recepción. El reparto entre los socios o accionistas del haber social está sujeto a que exista un remanente, luego del pago de todas las deudas pendientes al acordarse o declararse la disolución. En consecuencia puede ocurrir que no haya saldo por distribuir entre los socios o accionistas y que, aun así, debe procederse a la inscripción de la extinción de la sociedad, al haber concluido el proceso de disolución. También debe inscribirse la extinción una vez declarada la quiebra de la sociedad. La inscripción de la extinción determina el fin de la existencia de la persona jurídica. A partir de ese momento la sociedad deja de ser sujeto de derechos y obligaciones. En tal sentido el profesor Elías Laroza cita a Antonio Brunet quien señala: “… después de la cancelación, desapareciendo la persona jurídica, los acreedores no satisfechos no tienen ya acción contra la sociedad sino solamente contra los accionistas o los liquidadores, no como órganos de aquella, sino en nombre propio, cuando la falta de pago se haya producido por su culpa”8
6.2. Responsabilidad frente a acreedores impagos Después de la extinción de la sociedad colectiva, los acreedores de ésta que no hayan sido pagados pueden hacer valer sus créditos frente a los socios. Sin perjuicio del derecho frente a los socios colectivos previsto en el párrafo anterior, los acreedores de la sociedad anónima y los de la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones, que no hayan sido pagados no obstante la liquidación de dichas sociedades, podrán hacer valer sus créditos frente a los socios o accionistas, hasta por el monto de la suma recibida por éstos como consecuencia de la liquidación. Los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad si la falta de pago se ha debido a culpa de éstos. Las acciones
se tramitarán por el proceso de conocimiento. Las pretensiones de los acreedores a que se refiere el presente artículo caducan a los dos años de la inscripción de la extinción. El derecho de los acreedores para hacer valer sus créditos frente a los socios, accionistas o liquidadores, según sea el caso, caduca a los dos años desde la inscripción de la extinción de la sociedad. Según el artículo 421º y 422º de la Ley General de Sociedades la extinción de la sociedad, procede única y exclusivamente cuando se han pagado los créditos de todos los acreedores.
Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, regula la forma disolución, liquidación y extinción de las Sociedades en el Perú
 Estas
instituciones jurídicas garantizan que las sociedades terminan sus actividades
cuando han puesto fin a sus relaciones jurídicas con terceros y con los propios socios y se realiza un cierre ordenado gradual de la sociedad.  Se
considera de manera general tres etapas en el proceso relativo al decaimiento de
una Sociedad: 1) La disolución, 2) La liquidación y 3) La extinción. 
La disolución se considera un presupuesto para la extinción de sociedades
La liquidación es un procedimiento, es decir una serie de operaciones sucesivas dirigidas a hacer posible el reparto del patrimonio social entre socios, previa satisfacción de los acreedores sociales.
inscripción de la extinción de una sociedad determina el fin de la existencia de la
persona jurídica. A partir de ese momento la sociedad deja de ser sujeto de derechos y obligaciones.
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WEBER, M. (1985) “La Ética protestante y el espíritu del capitalismo”. ORBIS Barcelona 1985.
Report "Monografia Disolucionliquidacion Extincion-sociedades"

References: resolución 
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 artículo 411
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 artículo 8
 artículo 359
 artículo 345
 artículo 408
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 413
 artículo 414
 artículo 144
 artículo 421
 resolución 
 artículo 419
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