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Timestamp: 2017-08-23 07:57:54+00:00

Document:
25A - DILIGENCIAS PREVIAS 3202/2013 | AUSAJ Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia
Sáb, 26/04/2014 - 18:25 | AUSAJ
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 32 DE MADRID
Dña. PALOMA BRIONES TORRALBA, Procuradora de los Tribunales y de don Rubén Moar Suárez, cuyas circunstancias y representación constan en autos, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho,
Que, con fecha efectos 3 de abril de 2014, nos ha sido notificado Auto de 11 de febrero de 2014, dictado en las presentes actuaciones, por el que se desestima nuestro Recurso de Reforma contra el Auto de 8 de septiembre de 2013, de transformación en Procedimiento Abreviado, y considerando dicha resolución gravosa y perjudicial a los intereses de mi patrocinado, dicho sea en términos de defensa y con todos los respetos, es por lo que, en base al artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes, y demás de pertinente y general aplicación, mediante el presente escrito y dentro del plazo de cinco días legalmente previsto, formulo RECURSO DE APELACION contra el referido Auto de 11 de febrero de 2014; recurso que fundamentamos en las siguientes
PRIMERA: REMISIÓN A LAS ALEGACIONES OBRANTES EN NUESTRO PRECEDENTE RECURSO DE REFORMA.
A la vista de las relativamente extensas y, en todo caso, fundadas Alegaciones deducidas en nuestro precedente Recurso de Reforma, la respuesta que da el Auto de 11 de febrero de 2014, ahora impugnado, es un claro ejemplo de lo que en Psicología se ha denominado como “Independencia de respuesta”, que constituye uno de los más graves supuestos de Indefensión: la Indefensión Aprendida.
En efecto, expone la Fundamentación Jurídica de dicho Auto de 11 de febrero de 2014, en sus dos escuetos Fundamentos (a cuya lectura nos remitimos), sendos formulismos desconectados absolutamente de cualesquiera Alegaciones formuladas en nuestro Recurso de Reforma.
Así, en su Fundamento Jurídico Primero, el Auto expone: “Según los indicios derivados de las diligencias practicadas y obrantes en autos, hay indicios para entender que el imputado, Rubén Moar pudo incurrir en unos delitos, a expensas de la calificación exacta que pueda darse, de atentado, lesiones y daños, cometidos el día de autos, 25 de abril de 2013, según las declaraciones de los agentes, partes médicos, hechos todos ellos que deben ser esclarecidos en el momento procesal oportuno que no es éste, sino el juicio oral, que es celebrado con todas las garantías constitucionales”.
Por lo demás, y finalmente, en su Fundamento Jurídico Segundo, el Auto afirma, sin motivación alguna, que “Las alegaciones del recurso no desvirtúan la legalidad de la resolución impugnada, que debe ser confirmada con desestimación del recurso”.
Nada más expone el Auto ahora impugnado como fundamento de la desestimación de las Alegaciones deducidas en nuestro Recurso de Reforma.
En este tipo de supuestos de Vicio de Motivación de Resoluciones Judiciales, desde el punto de vista de la Psicología, se afirma que estamos ante un resultado judicial presentado con una “INDEPENDENCIA DE RESPUESTA” (Seligman, 1975), donde la decisión judicial de estas características termina siendo percibida como un acontecimiento ajeno, incontrolable y generador de indefensión.
Recordemos que el Artículo 24, 1º de la Constitución, establece: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, SIN QUE, EN NINGÚN CASO, PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSIÓN”.
Dentro de la Psicología de la Personalidad, la Indefensión se estudia en el contexto de la Teoría de los Dos Procesos de Mowrer, que considera que el comportamiento se aprende mediante procesos de condicionamiento clásico y se mantiene a través del condicionamiento operante. Mowrer estudiaba el efecto de las descargas eléctricas sobre el desarrollo de conductas de escape. Los perros aprendían la conducta con relativa facilidad. En algunos experimentos el animal no se intentaba escapar sino que soportaba las descargas. Esto llevó al estudio de la Indefensión.
La INDEFENSIÓN APRENDIDA, o adquirida, es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Como resultado, el sujeto permanece pasivo frente a una situación displacentera o dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Así, cuando los organismos son sometidos a situaciones de incontrolabilidad, éstos, posteriormente, mostrarán una serie de déficits en la adquisición de respuestas exitosas (Overmeier, Seligman y Maier - 1.967).
De la misma manera, cuando el Ser Humano nace dentro de un estado de derecho, dispone de dos tipos de defensas: La Defensa Personal, tanto física como intelectual y la Defensa Jurídica. La sociedad va educando al ciudadano a que deje de lado su defensa personal, especialmente la física, para que la defensa jurídica, “más civilizada”, ocupe su lugar en la protección de la persona del ciudadano, de su familia y de su patrimonio. Así, el ciudadano va olvidando cómo defenderse fuera del marco de La Justicia. Es entonces cuando surge en la Persona Real la enorme duda e incertidumbre de qué hacer cuando es violentada y agredida y el aparato de defensa jurídica no funciona, y lo que es aún peor, qué hacer cuando tampoco funciona el aparato de protección y seguridad pública.
Por ello, la teoría de la Indefensión Aprendida ha sido utilizada para explicar el mecanismo de la Depresión: cuando estamos deprimidos, percibimos que nuestra situación vital es dolorosa, y no distinguimos ninguna solución ni ninguna posible vía de escape a nuestro alcance; nos sentimos mal y no podemos hacer nada para cambiarlo, lo que produce un incremento de la ansiedad y el miedo, seguido por más y más Depresión.
SEGUNDA: OBJETO DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN (investigación judicial).
Recordemos cuanto el Auto ahora impugnado expone en su Fundamento Jurídico Primero: “Según los indicios derivados de las diligencias practicadas y obrantes en autos, hay indicios para entender que el imputado, Rubén Moar pudo incurrir en unos delitos, a expensas de la calificación exacta que pueda darse, de atentado, lesiones y daños, cometidos el día de autos, 25 de abril de 2013, según las declaraciones de los agentes, partes médicos, hechos todos ellos que deben ser esclarecidos en el momento procesal oportuno que no es éste, sino el juicio oral, que es celebrado con todas las garantías constitucionales”.
En efecto, como se expone en los dos últimos párrafos de la Alegación Primera de nuestro precedente Recurso de Reforma -Recurso de Reforma al que nos hemos ya remitido en su integridad-, “Los hechos que se imputan a mi mandante no pueden desligarse de sus circunstancias; y son esas circunstancias las que han de ser investigadas en estos autos. Recordemos que a mi mandante se le imputa haber “resistido” a la autoridad. Pero tal imputación requiere examinar el concreto ejercicio de tal invocada autoridad; pues el ejercicio ilegítimo de la autoridad, la vulneración de Derechos Fundamentales inviolables por parte de sus agentes -como ha sido el caso-, convertirían en atípicas las acciones de mi mandante (en realidad, respecto de las lesiones que se le imputan, resultan ajenas a mi mandante, quien en modo alguno las pudo ocasionar). Volveremos sobre ello.
La imputación de mi mandante en estos autos se fundamenta en el Atestado del Ministerio del Interior obrante en autos. Pero la realidad es que tal Atestado no surge de la nada, sino de otros atestados anteriores, cuya misma existencia -como veremos- indicia, sino acredita cumplidamente, el carácter presuntamente delictivo del ejercicio de autoridad que dio lugar a los hechos objeto de autos, como veremos más adelante. Ello ha de poder ser alegado y probado en trámite instructor. Y, sin embargo, no lo ha sido”.
El mismo Auto de 11 de febrero de 2014, ahora impugnado, manifiesta cuales han sido los actos de instrucción llevados a efecto en estos autos: Las Declaraciones de los Denunciantes y los partes médicos (resulta clarificadora la omisión de la Declaración de imputado de mi mandante; en efecto, la Instrucción se ha orientado a acreditar todo aquéllo que pudiera perjudicar a mi mandante, rechazando a la vez la práctica de cualquier diligencia de carácter exculpatorio).
Todo ello nos obliga a preguntarnos, ¿está la fase de instrucción dirigida a esclarecer los hechos objeto de investigación o a obtener una condena del imputado que agrade al poder político? ¿Tiene mi mandante Derecho de Defensa efectivo o lo que tiene es derecho a cubrir los formalismos que logren la apariencia -falsa- de haber existido efectivamente tal Derecho de Defensa?
Más aún, a la vista del citado Fundamento Jurídico Primero del Auto impugnado, hemos de preguntarnos ¿las garantías constitucionales afectan a la Fase de Enjuiciamiento pero no a la Instrucción Judicial?
¿Estamos ante la consolidación del llamado “Derecho Penal del Enemigo”? ¿ Y quien sería tal “enemigo”? No otro que el Ciudadano que ejercita legítimamente sus Derechos Fundamentales frente al Poder Político ¿Es mi mandante el enemigo al que hay que vencer sin permitirle una verdadera y efectiva Defensa Procesal?
Recordemos que los hechos imputados a mi mandante derivan directa e inmediatamente de su ejercicio legítimo de los derechos Fundamentales de Reunión, Manifestación y Libertad de Expresión. Como consecuencia de dicho LEGÍTIMO ejercicio, sufrió lesiones durante su detención, que solo podemos, a nuestro juicio, calificar de ilegal.
¿Está el Derecho Penal orientado a legitimar las vulneraciones de Derechos Fundamentales de los ciudadanos por parte del Poder Político y a condenar judicialmente a quien los ejercita legítimamente, pero lo hace contra la voluntad e intereses del Poder Político? Recordemos que ni para el Tribunal Constitucional –en especial tras la última reforma- resulta relevante la vulneración individual de derechos fundamentales en orden a la admisión a trámite de Recursos de Amparo, sino que se exige un “interés Constitucional”, indefinible, diferente y ajeno a tales vulneraciones.
¿Son los Derechos Fundamentales algo contingente y sometidos en su ejercicio al Principio de Oportunidad, o constituyen el núcleo del Estado de Derecho, “el fundamento del orden político y la paz social”?
¿Cómo podría mi mandante lograr resultados en la investigación de los gravísimos hechos que le son imputados en estos autos sin la intervención judicial? ¿Vamos a convertir lo que es excepcional -la práctica de Diligencias Subsidiarias y Complementarias de Investigación una vez cerrada la fase de instrucción-, en general, en detrimento de los fines que le son propios a la Fase de Investigación Judicial?
Es más, dada la normalidad aberrante de casos en que se rechaza la práctica de Diligencias de Instrucción solicitadas por la Defensa con el pretexto de que se podrán llevar a cabo en el seno del Juicio Oral, siendo que una vez propuestas para su práctica esas mismas diligencias de prueba en el Escrito de Defensa son rechazadas con el fundamento de no haberse practicado en la Fase de Instrucción, cabe preguntarse ¿son nuestros Jueces meros Funcionarios de la Administración o son sujetos cuya Independencia garantiza su Imparcialidad?
¿Se investiga judicialmente con el fin de obtener una condena que colme las expectativas del Poder corrupto o con el fin de esclarecer los hechos?
Como señalábamos en la segunda parte de la Alegación Tercera de nuestro precedente Recurso de Reforma, en relación a los Hechos objeto de estos autos:
1.- Los hechos tuvieron lugar, en la zona del centro de Madrid; zona en la que, como es público y notorio, el día de los Hechos, 25 de abril de 2013, estaba convocada una Manifestación.
Por tanto, ya desde este primer punto de vista, mi mandante sufrió la violencia policial con motivo del ejercicio de su Derecho Fundamental a la Libertad, en su vertiente de Libertad deambulatoria. Existen grabaciones, que se aportaron al Expediente Sancionador a que luego nos referiremos (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID – MINISTERIO DEL INTERIOR - REF.: P.S 6920/2013; FECHA.:10/06/2013) en formato DVD, que demuestran la injustificable brutalidad policial, que es la verdadera razón de la incoación de dicho expediente, así como de la Denuncia/Atestado que origina la incoación de estos autos; justificar lo injustificable.
2.- Reproduciremos el contenido del Artículo 21 de nuestra Norma Fundamental:
3.- Que la manifestación convocada -desde luego, no por mi mandante- en los aledaños del Congreso de los Diputados en la tarde del día 25 de abril de 2013 había sido comunicada previamente a la autoridad lo demuestra el hecho de su general conocimiento previo a la misma, así como el hecho del impresionante despliegue policial que se había dispuesto en el lugar de la convocatoria, del que además habían dado buena cuenta todos los medios de comunicación en los días anteriores.
4.- La realidad es que la convocatoria nunca fue prohibida; ni podría haberlo sido legítimamente. De hecho, desde su hora inicial (5 de la tarde), hasta más de 3 horas después (8:30 de la tarde), la manifestación había transcurrido pacíficamente, como es público y notorio.
A la vista de ello, mi mandante decidió acudir a la misma; momento en que tuvieron lugar los hechos; bien distintos, como hemos visto, a los falazmente denunciados por el Ministerio del Interior.
5.- Sostenemos que los Hechos denunciados formaron parte de una trama dirigida, precisamente, a impedir el legítimo ejercicio de las Libertades de Reunión y Manifestación, y en todo caso, con el fin de perturbar gravemente el desarrollo de una reunión y/o manifestación lícita.
En efecto, como ha sido emitido en directo por todos los medios de comunicación, los supuestos disturbios (a los que, en cualquier caso resultaba absolutamente ajeno mi mandante) tuvieron lugar, precisamente, en el momento en que todas las televisiones conectaron en directo con la manifestación. Recordemos que se dice haberle detenido a las 20:45, es decir, justo a continuación de las cargas policiales, que tuvieron lugar al momento de las conexiones en directo de las Televisiones (20:30).
Como muestra, los hechos denunciados por diversos ciudadanos con ocasión de dicha Convocatoria 25A: ciudadanos que se dirigían pacíficamente y sin armas a ejercitar su Derecho Fundamental de Reunión y Manifestación, que resultaron agredidos e interceptados por la autoridad policial por el único motivo de su intención de ejercitar dichos Derechos Fundamentales.
TERCERA: HECHOS DE NUEVO CONOCIMIENTO; DE SINGULAR RELEVANCIA PARA LA DEFENSA DE MI PATROCINADO: EL “MANUAL PARA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LEGÍTIMA DISIDENCIA POLÍTICA”.
I.- Como esta representación ha sostenido en todo momento, y como se expone en nuestro precedente Recurso de Reforma, “Los Hechos que se imputan a mi mandante, resultan absolutamente ajenos a la realidad. Mi patrocinado fue detenido, torturado y agredido por las fuerzas policiales como consecuencia del legítimo ejercicio de sus derechos Fundamentales de Reunión y Manifestación”.
Recordemos que -como se expuso en el referido y precedente Recurso de Reforma, en palabras de la Testigo, Dª A.P.M.: “El pasado 25 de Abril fui testigo de la detención de Rubén en una manifestación convocada por la plataforma ¡En pie!, cuando la policía empezó a cargar contra los manifestantes bajamos hacia la estación de Atocha, donde a base de golpes nos trataron de dispersar, cuando estábamos corriendo huyendo de los ataques de la policía un grupo de unos 6-7 de ellos empezaron a correr hacia Rubén, que estaba detrás mía solo, y aprovechado que era el ultimo que corría en esa dirección cargaron contra él únicamente, ya que el resto conseguimos huir. Al ver que se abalanzaban sobre él traté de avisarle, pero no llegó a escuchar a tiempo y ese grupo de policías se tiraron hacia él y le empezaron a dar sin miramientos porrazos y patadas, cuando otra compañera se trató de acercar para sacarle de ahí recibió también varios golpes en las piernas, manos y espalda. Después de aquello se lo llevaron hacia el furgón y hasta el día siguiente por la noche, cuando salió, ni su familia ni amigos supimos nada de él, ya que la policía no nos facilitaba ningún tipo de información”.
Resulta relevante recordar que la Declaración de esta testigo, propuesta por esta representación, resultó rechazada sin fundamento alguno; siendo que, a partir de su Declaración -al igual que de las demás pruebas propuestas y denegadas sin fundamentación válida- habría de derivar en la necesidad de nuevos actos de Investigación Judicial adecuados al esclarecimiento de los hechos objeto de estos autos. Y ello habrá de producirse en la Fase que es propia; que es la de Instrucción. Nos remitimos a cuanto ya ha quedado expuesto, tanto en el presente Escrito como en su antecedente Recurso de Reforma, desestimado por el Auto impugnado en esta Alzada, siendo que, en cualquier caso, la práctica de determinadas diligencias de investigación en fase de instrucción, como puede ser el caso de la testifical de la que hablamos, garantiza las posibilidades de defensa de esta parte y la observancia de sus Derechos, pues, por ejemplo, puestos en la hipótesis de una grave enfermedad de la testigo, si su declaración consta en instrucción con las debidas garantías, la defensa, aun ante una eventual imposibilidad ulterior de la testigo de cara al juicio, podría introducir en el plenario dicha declaración con plenitud de efectos. La privación de posibilidad de investigación a la defensa, como vemos, no es cuestión baladí, teniendo, como vemos, consecuencias de muy diversa índole.
II.- Tras haber formulado el precedente Recurso de Reforma, desestimado por el Auto ahora impugnado, esta representación tuvo conocimiento de los Hechos sucedidos con ocasión de la Convocatoria -muy reciente- “22M: Marchas de la Dignidad”, finalizada en la plaza de Colón de esta capital el día 22 de marzo de 2014.
Al igual que había sucedido anteriormente, no solo en relación con la Convocatoria que nos ocupa, “25A”, sino con muchas otras, de entre las que merece ser destacada la Convocatoria “25S”, nuevamente se puso de manifiesto la misma estrategia Político/Policial, dirigida a impedir el legítimo ejercicio de las Libertades de Reunión y Manifestación, y en todo caso, con el fin de perturbar gravemente el desarrollo de una reunión y/o manifestación lícita y desincentivar la participación ciudadana .
Pues bien, con esta cadencia de hechos, lo que por alguien pudiere considerarse como una mera especulación de esta defensa o una observación errónea de lo acontecido, se ha convertido en una seria y preocupante realidad, ante el descubrimiento -hace escasos días- de la existencia de un estudio, denominado “El Sindrome de Sherwood” , escrito por un alto cargo policial, que de un modo espeluznante, a nuestro entender, expone teoréticamente lo que esta defensa ha venido manteniendo: la indebida provocación estatal en la reacción ciudadana. Lo preocupante es LA BRUTAL REALIDAD DE ENCONTRARNOS ANTE UNA CUESTIÓN QUE ES OBJETO DE LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS POLICIALES. Es decir, que la criminalización artificiosa de las legítimas actividades políticas de los ciudadanos y de los Derechos Fundamentales es objeto de estudio en centros públicos de estudio, haciéndolo además en clave militar.
Así, los datos concretos del estudio mencionado son:
"El Síndrome de Sherwood".
Proyecto “Fin de Máster” de David Piqué i Batallé (Comisario General de los Mossos d'escuadra, Policía Autonómica de Cataluña; Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña).
Universitat Ouberta de Catalunya (UOC) – Universidad pública
Autor: David Piqué i Batallé
Tutora: Lola Vallés
Barcelona 12/11/2009
http://wiki.15m.cc/w/images/d/df/Pique_david_master.pdf
Obsérvese que el estudio aparece publicado por una Universidad pública y que la directora de tesis, doña Lola Vallés, es profesora de la Universidad de Barcelona y de la UOC e investigador de Seguridad en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña - Generalitat de Catalunya- y responsable de Investigación y Cooperación Internacional del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, así como consultora de Psicología del conflicto de la UOC, según información pública.
Pasamos a reproducir algunas citas de la mencionada tesis que ponen de manifiesto, ilustran con toda claridad lo que pretendemos decir. Asi:
- " Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer "redadas" preventivas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario.
Es lo que se quiere. Comienzan a aparecer víctimas inocentes - daños colaterales se dice ahora- Los que han rehuido el enfrentamiento, se encuentran con el resto de unidades policiales que los cierran el paso y que no hacen detenidos - prisioneros-, la dispersión no es voluntaria , es a golpe de defensa (porra) y cualquier atisbo de resistencia es contestada con contundencia exagerada y detenciones masivas.
Esta táctica no es exclusiva de regímenes totalitarios, también se da con demasiada frecuencia en muchas democracias occidentales. Quizás puede ser debido a dos factores: Una estrategia política que no considera otra opción que no sea la visión del problema como un conflicto de orden público y el otro, en la que se encarga el control de la calle y los manifestantes / activistas a unidades policiales poco disciplinadas, vengativas y provocadoras.
- "Los grupos antisistema en general, saben que, por diferentes motivos, sus acciones tienen más repercusión social y mediática si se desarrollan en ciertos espacios. Por contra, estos espacios - los más abiertos - son los más desfavorables (para los antisistema) desde el punto de vista de táctica policial. Nos referimos a l’Eixample, parte de Sants o cualquier terreno abierto que permita una rápida movilidad de los efectivos policiales. En la teoría militar clásica, sería la capacidad de movilizar por los flancos la caballería o unidades de infantería ligera.
Pensemos que los policías están a menos de un metro de los rodeados. El objetivo no es hacer detenciones, solo inmovilizar. La sensación de derrota entre los manifestantes, es muy alta y moral queda muy "tocada". No ha habido heridos - no tienen mártires - ni tampoco detenidos - héroes -. Incluso han intentado, sin éxito, denunciar a la policía por detención ilegal o violar el derecho de circulación. Si se planifica correctamente, la fiscalía ha de estar avisada de la aplicación de esta táctica para evitar estas denuncias. Si sale bien, se ha vencido sin luchar.
- " Las unidades policiales especializadas en órden público comienzan a ser menos permisivas con las manifestaciones y concentraciones, que seguramente se producirán mientras dura el debate político. De todas formas, si el número de manifestantes fuera excesivo, quizás se podría aprovechar para dejar que durante el recorrido, se produzcan suficientes actos vandálicos como para intensificar el debate sobre el comportamiento antisocial del movimiento antisistema y permitir que la opinión pública vincule estos colectivos al fenómeno okupa."
- " Se deberá procurar la detención selectiva de los líderes para imputarles delitos comunes y evitar la condición de "martir" . A más protestas, más detenciones, hasta acabar con el poco soporte del que dispongan, sobre todo si comprueban los "privilegios" que se pueden conseguir con una adecuada integración en el sistema, sin renunciar a algunos de los postulados que los inspiran."
El que en el estudio referenciado se indique que el mismo es sólo es un trabajo académico y que para poder llevarlo a cabo tendría que ser en un entorno autoritario, no hace desaparecer ni un ápice nuestra perturbación y preocupación. Esto simplemente supone el disfraz. Después de plantar la semilla, se cubre la tierra con una bolsa de plástico, no para que no crezca, sino para que no se la vea crecer. Y si germina, alguien hará un agujerito en el plástico para que el brote aparezca.
En cualquier caso, sintetizaremos en la medida de lo posible las distintas fases en las que se descompone la estrategia político/policial a la que nos acabamos de referir, y ello en relación a las diversas diligencias probatorias a las que se refiere dicha alegación. Sin embargo, en este punto identificaremos las seis fases principales de dicha estrategia, a saber:
1.- Provocación y criminalización ante la opinión pública con carácter previo a la celebración de la convocatoria. Nos referimos a invocaciones carentes de cualquier fundamento a una pretendida violencia de los convocados a la manifestación. Así, convocatoria tras convocatoria se suceden proclamas incendiarias emanadas de los poderes públicos contra quienes se dirigen los legítimos Derechos de Reunión, Manifestación, así como de Libertad de expresión e información, que una y otra vez se ha demostrado totalmente falsos y desvinculadas de la realidad, de las manifestaciones pacíficas que se pretenden criminalizar.
2.- Restricciones y limitaciones a la libertad deambulatoria y de circulación de los ciudadanos que pretenden acudir a dichas convocatorias. En este sentido, propondremos como una diligencia de investigación necesaria a practicar en fase de instrucción de don D.P.A., domiciliado en ... y A.F.V. ... . Estos dos testigos fueron golpeados por la Policía por la única razón que era su voluntad asistir a la Manfiestacion convocada, habiendo denunciado a sus agresores, denuncia que ha dado lugar a las Diligencias Previas num. 2428/2013, tramitadas ante el Juzgado de Instrucción num. 12 de Madrid.
3.- Inhibición ante casos aislados de violencia en el seno de la convocatoria; actos aislados de violencia fruto de las provocaciones anteriores y de la propia violencia que ya se había ejercido contra los manifestantes pacíficos. Así, como es publico y notorio, tanto en la Convocatoria “25-S”, como en la Convocatoria “22-M”, como en la Convocatoria “25-A”, que ahora nos ocupa, la única violencia que existió fue la que se llevó a cabo por una docena de asistentes delante justamente de los miembros de los Cuerpos policiales, violencia cuyos autores estaban plenamente identificados y podrían haber sido detenidos sin ningún tipo de dificultad y que, sin embargo, nunca lo han sido; al contrario, han sido siempre los pocos violentos que así actuaban quienes han quedado al margen de cualquier clase de actuación policía.
4.- Tras la generación de la apariencia de una violencia inexistente, se presenta la actitud defensiva de los ciudadanos así violentados, la defensa de los ciudadanos agredidos, como si en realidad se tratase de una agresión por parte de dichos ciudadanos a los cuerpos policiales. Es la culminación de la estrategia, que tiene lugar en la fase siguiente.
5.- Detenciones arbitrarias y manifiestamente injustas, cuyo iter se detalla, igual que los relativos a las demás fases, en el texto del Comisario General de la comunidad catalana, al que nos remitimos.
6.- Por último, la preparación de las actuaciones judiciales por parte del operativo político/policial, para lo cual es necesario presentar una violencia de los manifestantes en realidad inexistente, ante lo cual es preciso acudir a pruebas falaces o, en el mejor de los casos, sacadas de contexto. Llama la atención poderosamente en el texto del Sr. Piqué i Batallé la referencia a la preparación de tal fraudulenta actividad procesal conjuntamente con funcionarios del Ministerio Fiscal (funcionarios que, como es el caso de los funcionarios policiales, se adscriben jerárquicamente dentro de la estructura de la organización del Estado, contra cuyos responsables políticos, como autoridades a cargo, se dirigen las legítimas protestas ciudadanas, que de esta manera se pretenden silenciar y, lo que es más grave, criminalizar).
CUARTA: DILIGENCIAS DE PRUEBA DENEGADAS: INDEFENSIÓN Y VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA.
Que tal y como se desprende de las diferentes alegaciones de este escrito, incidimos en el hecho de que es necesario dejar sin efecto el Auto de trasformación dictado el pasado 8 de septiembre, permitiendo a esta defensa practicar diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos, recordándose aquí que la fase de instrucción ha de servir para consignar tanto las circunstancias desfavorables como las favorables al reo, debiendo permitirse a esta parte la realización de un mínimo de investigación que evidencie la necesaria exculpación de mi principal o, cuanto menos, mitigue su responsabilidad, lo cual adquiere especial relevancia a la posición que pueda adoptarse por parte del Ministerio Fiscal. Así, las diferentes incidencias y circunstancias habidas (ausencias, vacaciones, derivaciones, etc., siendo constante la reclamación de las actuaciones por parte de esta representación) han impedido un acceso a autos en condiciones debidas, impidiendo a su vez un ejercicio del derecho de defensa adecuado, por lo que, en aras al respecto al propio derecho de defensa, al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a la prueba –todos ellos del articulo 24 CE- que asisten a mi mandante, se ha de permitir la práctica de las diligencias de investigación que, ahora, nuevamente se interesan.
En este punto, y siendo la finalidad jurídica principal de este recurso conseguir que todas y cada una de las diligencias de investigación propuestas y que quepa proponer por esta defensa se practiquen en la denominada fase de instrucción, considerándose que las mismas, en nuestro leal entender, cumplen con los requisitos de utilidad, pertinencia y necesidad que unánime y consolidadamente se exigen por nuestra Jurisprudencia, hemos de recordar que tanto por exigencia jurisprudencial como por ser requisito legal (art. 299 LECRIM: “…todas las circunstancias que puedan influir en su calificación…”; articulo 24 CE, proceso con todas las garantías, derecho de defensa y tutela judicial efectiva), tal fase de instrucción ha de preocuparse de consignar tanto las circunstancias desfavorables como las favorables al imputado, a fin de posibilitar que en la fase intermedia se valoren adecuadamente los hechos –sin perjuicio de las modificaciones que se puedan producir, ya en el plenario, en conclusiones definitivas.
Esta serie de diligencias de investigación además de que, evidentemente, suponen circunstancias exculpatorias para mi mandante y, pro tanto, su practica integran su derecho a la tutela judicial efectiva y demás garantías, adquieren desde el punto de vista resultante de la lectura del tan citado en este escrito “El Sindrome de Sheerwood” mayor relevancia, como se desprende de las citas trascritas (aunque de la visión completa de dicho trabajo es todavía mas ejemplificativa y contundente que las citas parciales que extraemos).
Por tanto, reproducimos a continuación las diligencias ya solicitadas y que han sido denegadas sin fundamentación alguna, al objeto que por el Tribunal de apelación se acuerde su práctica. Así:
1) DOCUMENTAL, por la que se oficie a la Delegación del Gobierno en Madrid para que remita para su incorporación a autos a sus efectos procedentes certificación del integro contenido del expediente administrativo tramitado frente a mi representado, don Ruben Moar Suárez, con numero de S/REF.: P.S 6920/2013, cuyo objeto son precisamente los mismos hechos que aquí se investigan. En especial, se solicita expresamente que en la remisión se incluya copia de documentos videográficos aportados mediante soporte DVD a dicho expediente por el propio administrado, siendo que el mismo no guardó copia, por lo que se precisa necesariamente se acceda a lo instado. En este sentido, se especifica que dicho soporte contenía los siguientes documentos:
- VIDEO0006 - minuto 0:58, detención realizada por un grupo de policías que se abalanzan sobre el detenido.
- VIDEO0007 - congregación de policías, periodistas y civiles alrededor del detenido.
- VIDEO0008 - trayecto desde el lugar de la detención hacia el furgón policial.
– http://politica.elpais.com/politica/2013/04/25/videos/1366925051_205650.html: grabación emitida por EL PAÍS TV que recoge imágenes grabadas por la policía y difundidas por el Ministerio del Interior. El vídeo muestra la secuencia de la carga policial y los enfrentamientos con los manifestantes, en el minuto 3:31 se puede ver toda la detención.
- carga en Neptuno - a la hora indicada, comienza la carga policial frente al resto de manifestantes pacíficos que se encontraban en las inmediaciones al Congreso, cercanos al lugar en el que estaba ubicada la valla.
- foto detención 1 / foto detención 2: imagen del detenido en el suelo.
- DSC_2163: momento de la detención en el que el detenido se encuentra en el suelo rodeado por varios policías, en medio del tráfico.
- DSC_1915 / DSC_1916 / DSC_1917 / DSC_1918 /DSC_1920 / DSC_1921 / DSC_1922 / DSC_1923 / DSC_1924 / DSC_1925 / DSC_1926 / DSC_1927 / DSC_1930 / DSC_1931 / DSC_1932 : recopilación de imágenes que recogen detalladamente desde el momento de la detención hasta su llegada al furgón policial.
- DSC_1919: imagen de la brutalidad empleada por parte del policía en el momento de levantar al detenido (ya esposado) del suelo.
- DSC_2178: imagen de P.S.P., presente en el lugar y momento exactos de la detención y, por lo tanto, testigo de los hechos.
– DSC09996: detalle del perfil derecho. Hematomas varios producidos por las violentas agresiones sufridas en el furgón tras la detención mientras el detenido permanecía esposado.
- DSC09997: detalle del hematoma interno en la espalda del detenido causado por los golpes recibidos dentro del furgón policial.
2) MAS DOCUMENTAL, para que, con independencia de lo anterior, se oficie a los siguientes medios de comunicación para su incorporación a autos de la documental que se interesa:
a) Se requiera al Director General de RTVE al efecto de que remita, para su incorporación al expediente, copias certificadas de TODAS las grabaciones realizadas durante la convocatoria 25A, del día 25 de abril de 2013, con la hora en que fueron tomadas, en especial,las relativas a la conexión en directo.
b)Se requiera al Director General del diario EL PAÍS- PRISA, al efecto de que remita, para su incorporación al expediente, copias certificadas de TODAS las grabaciones realizadas durante la convocatoria 25A, del día 25 de abril de 2013, que ha publicado en su páginas de internet.
3) MAS DOCUMENTAL, para que se dirija atento exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº 1, a fin de que remita para su incorporación a las presentes actuaciones testimonio del Auto 4 octubre 2012 y posteriores confirmatorios recaídos en Diligencias Previas nº 105/2012 , así como certificación del carácter firme de las mismas. Esta diligencia, como las siguientes, devienen necesarias para la defensa por cuanto evidencian la “manipulación” de la ciudadanía a la que nos hemos referido en otros puntos de este escrito, siendo consecuencia de ella los hechos aquí investigados.
4) MAS DOCUMENTAL, para que se dirija atento exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº 6 a fin de que remita para su incorporación a autos testimonio integro de lo obrante en Diligencias Previas nº 47/2013. Estas actuaciones, como las del punto anterior, tienen por objeto las investigaciones habidas en relación con las Convocatorias de manifestación del 25-S y posteriores, incluida la convocatoria de la manifestación del pasado 25 de abril, de la que trae causa las presentes actuaciones. Esta conexión es la que hace que su incorporación a autos, tal y como se interesa, sea relevante desde la perspectiva de la defensa, tal y como ya se ha explicado.
5) MAS DOCUMENTAL, para su incorporación a autos de los recursos de reforma y escrito de subsanación presentados en el seno de las Diligencias Previas 105/2012 del Juzgado Central de Instrucción Num Uno, a las que antes nos referíamos, que como DOCUMENTOS NUM. 1 y 2 de este escrito se adjuntan, debiendo entenderse su contenido como parte integrante de este recurso.
6) MAS DOCUMENTAL, para su incorporación a autos a sus efectos de un artículo de opinión publicado en diferentes medios, escrito por la letrado que suscribe y otro compañero, don Jesus Diaz Formoso, que explicita claramente lo que intentamos evidenciar con este recurso, siendo de interés y relevancia su unión, adjuntándose como DOCUMENTO NUM. 3 de los adjuntos a nuestro precedente Recurso de Reforma (al que nos remitimos en su integridad como parte de este Escrito); al igual que en el caso anterior, su contenido ha de entenderse parte integrante de este recurso.
7) TESTIFICAL, para que declaren en calidad de testigos, previa su citación de oficio, las siguientes personas (ambos testigos son presenciales, acompañando al momento de los hechos a mi representado):
a) Dª P.S.P., domiciliada en ...
b) Dª A.P.M., domiciliada ...
QUINTA: DILIGENCIAS DE PRUEBA DERIVADAS DE LOS NUEVOS HECHOS PUESTOS DE MANIFIESTO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO.
Como hemos ido adelantando, de todo lo expuesto, se deriva la necesidad de la petición de otras diligencias distintas de las ya solicitadas, deviniendo tal necesidad precisamente ante la luz que arroja a los hechos investigados el texto del Sr. Piqué i Batallé. Así, tales diligencias de prueba, que dado el estado de las actuaciones nos vemos en la necesidad perentoria de incluir o realizar en este mismo recurso de apelación, son las que siguen:
1) Documental, por incorporación a las actuaciones del texto integro del trabajo de constante referencia en este escrito “El Sindrome de Sherwood”, cuyo autor es don David Piqué i Batallé, publicado por la Universidad Oberta de Cataluña, que como DOCUMENTO NUM. 1 adjuntamos a este escrito, dejándose designados los archivos originales para en su caso (el documento original se halla en los arhivos de la Universitat Oberta de Catalunya -UOC- , Master en políticas públicas de seguridad; Sede central en Avenida Tibidabo 39-43, 08.035, Barcelona; teléfono 932532300)
2) Testifical, por declaración previa citación de oficio de las siguientes personas:
---- Sra. Delegada del Gobierno en Madrid, doña Cristina Cifuentes, como la persona responsable de los operativos policiales (no solo del “25-A”, sino también de las otras convocatorias).
---- don A.F.V., domiciliado ...
---- don D.P.A., domiciliado en ...
Estas dos últimas personas son las mencionadas en la alegación tercera in fine de este escrito, siendo en su momento denunciantes de lo que para ellos constituyó una lesión de sus derechos cívicos en el día de autos.
SEXTA: Otras cuestiones que tampoco han obtenido pronunciamiento.
Ya en las alegaciones sexta y séptima de nuestro recurso de reforma recogíamos sendas consideraciones que se ocupaban de una petición de “vuelta a la acumulacion inicial” y de que se pronunciase el Juzgado de instrucción sobre la petición de deducción de testimonio a Fiscalía que se había producido por varias defensas al momento de las declaraciones de detenido acaecidas en fecha 26 de abril de 2013, obrante en autos. Ambas cuestiones han quedado sin respuesta alguna por el órgano “a quo”, siendo que no cabe dada su naturaleza entender que estuvieran implícitas en la desestimación del recurso. Trascribimos para mayor facilidad tales alegaciones contenidas en nuestra reforma:
“Que sin perjuicio de todo lo anterior, hemos de considerar que según ha quedado demostrado por el devenir de los acontecimientos, resulta preciso que se vuelva a acumular las actuaciones de origen. Esto es, la “desacumulacion” que en su momento se produjo fue indebida, por cuanto, todos los procedimientos han vuelto al mismo Juzgado del que partieron, el Juzgado de Instrucción 32, siendo que dicha “desacumulacion” lo único que produce es una “desmembración” de los hechos que hace perder la perspectiva de lo realmente sucedido y que, por supuesto, rompe la continencia de la causa, lesionándose no solo el derecho a la tutela judicial efectiva y derecho de defensa de los implicados del articulo 24 CE sino también normas de legalidad ordinaria, entre otras el articulo 17 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, se interesa expresamente que se proceda a la acumulación de las actuaciones seguidas ante el propio Juzgado al que tengo el honor de dirigirme con núm. D.P. 3230/2013 y D.P. 5683/2013, en las que los imputados son, respectivamente, D.U.G. en las primeras y S.M., A.E. y otros en las segundas; asimismo, ha de producirse la acumulación de las actuaciones que se sigan contra el resto de detenidos en el día de autos, salvo las que afecten a Y.M.A. y A.S.P., sobre, según nos consta, recayó sobreseimiento, que es firme.
De nuevo, hemos de recordar que ha quedado sin pronunciamiento alguno la petición que en relación con cada uno de los detenidos se efectuó por esta y por otras defensas, en orden a la deducción de testimonio a Fiscalía para que se investigaran los hechos que cada uno de los detenidos denunciaba en su declaración, debiendo ser estos entonces tenidos en cuenta como perjudicados. Dicha petición ha quedado en el olvido, reiterándose aquí, especialmente respecto a nuestro mandante, y esperando se produzca de una vez por todas una respuesta sobre ello, respuesta que, en nuestra respetuosa opinión, solo puede ser favorable a la deducción de testimonio interesada”
Por tanto, ante la omisión de pronunciamiento habido, entendemos, con todos los respetos, que se quiebra nuevamente el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva del articulo 24 CE, siendo que es preciso desde la perspectiva de la defensa que se de una respuesta a todo ello sin más dilación.
No podemos finalizar la presente exposición sin volver a referirnos al concepto de seguridad publica que subyace tras la, en nuestra opinión, delictiva actuación policial que nos ocupa: ¿seguridad? ¿para quién? Desde luego no para los ciudadanos legítimamente disconformes con la monstruosa corrupción política y de todo orden que está destrozando nuestro presente a la vez que el futuro de nuestros hijos. ¿Qué seguridad está amenazada por el ejercicio de los Derechos Fundamentales de Libertad, Reunion y Manifestacion? Desde luego, no la seguridad pública, sino la seguridad del Poder, que intenta ocultar a los ciudadanos la realidad de su corrupción general.
Y esto posee además una trascendencia de mayor alcance; en palabras de Hanna Arendt “las nuevas élites invocan las pasiones más destructivas del pueblo para ascender al poder”. Este es el futuro que nos espera a unos ciudadanos que en estos momentos sólo podemos contar con el amparo del Poder Judicial, que por medio del presente impetramos.
SUPLICO, Que teniendo por presentado este escrito con sus documentos adjuntos, lo admita, y haciendo del mismo el oportuno mérito, tenga por interpuesto, en nombre de mi patrocinado, Recurso de Apelación contra el Auto de 11 de febrero de 2014, dictado en las presentes actuaciones, por el que se desestima nuestro Recurso de Reforma contra el Auto de 8 de septiembre de 2013, de transformación en Procedimiento Abreviado, y tras los trámites legales oportunos, se dicte en su día Resolución, por la que con estimación del recurso formulado, se anule dicho Auto, ordenando la continuación de la presente Instrucción, con la práctica de las Diligencias de Prueba que han quedado señaladas, así como las que, en su caso, pudieran derivar de las mismas, con cuanto más proceda.
OTROSI DIGO: Que designamos para su testimoniado como particulares ante la Sala de apelación los siguientes: atestado policial integro, declaración de imputado de mi mandante, todos y cada uno de los escritos de petición de diligencias de esta defensa, toda la prueba documental aportada por esta defensa, Auto de 8 de septiembre de 2013, Auto de 11 de febrero de 2014, recurso de reforma del que trae causa el presente.
SUPLICO, que se provea de conformidad.
Es Justicia que pido en Madrid, a 9 de abril de 2014-
Fdo.Ldo.Belén Luján Sáez Pcdr.Paloma Briones Torralba

References: resolución 
 artículo 766
 resolución 
 Artículo 24
 Artículo 21
in fine