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Timestamp: 2020-02-18 22:36:30+00:00

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﻿ Sentencia 42026 de septiembre 11 de 2013
SENTENCIA 42026 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PRESCRIPCIÓN – DELITO DE REBELIÓN. LA ACCIÓN PENAL SOBRE LA CONDUCTA PUNIBLE DE REBELIÓN, PRESCRIBE TODA VEZ HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO EXTINTIVO DE 5 AÑOS, DESDE LA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. POR TANTO, CUANDO EL PROCESO HA SUPERADO LA ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN, EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN OPERA A PARTIR DE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, POR UN TÉRMINO EQUIVALENTE A LA MITAD DEL MÁXIMO DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD LEGALMENTE PREVISTA, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA SER INFERIOR A CINCO AÑOS, NI SUPERIOR A DIEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, JUEZ PENAL, REBELIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 42026 de septiembre 11 de 2013
1. Prescripción de la acción penal derivada de la conducta punible de rebelión.
Todos los procesados fueron sentenciados por el delito de rebelión, conducta punible cuya acción penal se encuentra prescrita, toda vez que ha transcurrido el plazo extintivo de 5 años, desde la ejecutoria de la resolución de acusación.
En efecto, cuando —como en este caso— el proceso ha superado la etapa de la instrucción, el término de prescripción opera a partir de la firmeza de la resolución de acusación, por un término equivalente a la mitad del máximo de la pena privativa de la libertad legalmente prevista, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años, ni superior a diez.
Así las cosas, si la conducta punible de rebelión tiene una pena de prisión máxima de 9 años (L. 599/2000, art. 467, sin el incremento punitivo previsto en la L. 890/2004, art. 14), ello significa que el término de prescripción de la acción penal es el mínimo, esto es, de 5 años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, la cual tuvo lugar el 28 de febrero de 2008(1). Se observa, entonces, sin dificultad, que el lapso extintivo ya fue superado, pues se consolidó en la misma fecha del presente año, esto es después de emitido el fallo del ad quem y aproximadamente seis semanas antes de que empezara a correr el término de 15 días para interponer el recurso extraordinario.
La extinción de la acción penal por el delito de rebelión y la consecuente cesación de procedimiento se dispondrá, sin necesidad de anular parcialmente el fallo de instancia, a favor de Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’, Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Luis Eduardo López Méndez.
Como consecuencia de lo anterior, en acápite posterior la Sala habrá de redosificar la pena impuesta en la sentencia.
2. Presupuestos de admisibilidad de la demanda de casación.
La corporación anticipa su decisión en el sentido de inadmitir la demanda de casación, comoquiera que evidentemente incumple con la exigencia de una debida y suficiente fundamentación y, en contraste, se queda en mostrar el desacuerdo del libelista con la apreciación probatoria del fallador, en medio de una ostensible confusión sobre la causal de casación y modalidad alegadas.
2.1. El censor falta al deber de claridad y precisión al seleccionar y desarrollar la causal de casación, pues mientras que en el rótulo del cargo anuncia una violación indirecta de la ley sustancial por vía del error de hecho, en la modalidad de omisión probatoria, reproche que le exigía acreditar que el sentenciador ignoró una prueba existente y válidamente incorporada a la actuación, así como su decisiva capacidad para derribar la apreciación judicial, su argumentación pregona, en cambio, una violación al deber de investigación integral, así como falsos juicios de convicción y falsos raciocinios.
El primero de estos reproches ha debido ser formulado al amparo de la causal tercera de casación, a través de un cargo principal y separado, el cual debería finalizar con una petición de invalidez parcial de la actuación; el segundo, el falso juicio de convicción, corresponde a un error de derecho de escasa configuración en el sistema de apreciación probatoria que acoge la Ley 600 de 2000, pues supone necesariamente la apreciación de una prueba en contravía de la tarifa legal. El último, el falso raciocinio, configura, junto al falso juicio de existencia y falso juicio de identidad, una de las modalidades del error de hecho que puede conducir al funcionario judicial a violar la ley sustancial, y su correcto desarrollo exige demostrar que el juzgador, al apreciar los medios de convicción, desconoció o aplicó erradamente una precisa regla de la sana crítica, así como su incidencia en el sentido de la decisión.
En últimas, el casacionista no atina a desarrollar apropiadamente ninguno de los yerros que propone, pues no identifica con precisión cuál en concreto fue la prueba omitida, qué incidencia tendría la práctica de un reconocimiento en fila de personas para mutar la decisión de condena, cuál en particular fue la regla de la experiencia, la lógica o de la ciencia desconocidas o mal aplicadas por el juzgador, o bien cuál era la tarifa legal impuesta por el legislador a la apreciación de una determinada prueba, y de qué manera la vulneró el fallador.
En contraste, el impugnante termina por confundir todos los mencionados reproches en un solo discurso encaminado a pregonar que, en su sentir, no existe prueba que permita condenar a Carlos Cecilio Parra González y que el mismo no fue correctamente identificado. Con esta forma de razonar, a través de la proposición de juicios apreciativos de instancia, el censor incurre en desconocimiento de los deberes de debida fundamentación, autonomía y prioridad de los cargos, razón por la cual no acredita de forma clara un yerro evidente y trascendente en la apreciación judicial.
2.2. Lo cierto fue que el sentenciador se apoyó en diversos medios de convicción para demostrar la identidad, condición de subversivo y participación en los hechos de Carlos Cecilio Parra González, también conocido como ‘Carlos’ o ‘el canoso’: para ello se apoyó en los testimonios de pobladores de la región y ex integrantes del grupo subversivo, entre ellos Uberney Rodríguez, Javier Antonio Pardo Buitrago, Pilar González, Víctor Manuel Cardona, Álvaro Araque y Herminsul Rugeles, cuyas atestaciones referentes a las funciones del hoy procesado en el grupo insurgente y específicamente acera de su participación en los hechos, complementó con fotografías e informes de inteligencia sobre la estructura, funciones e identidad de los integrantes del Frente 43 de las FARC, Bloque del Estado Mayor Oriental, entre los que figura Carlos Cecilio Parra González como ideólogo del grupo. Así mismo, sustentó la responsabilidad del mencionado en los indicios de presencia, contradicción y mala justificación.
Frente a la sólida apreciación probatoria elaborada por el juzgador, el casacionista se limita a afirmar que los rasgos fisonómicos de su asistido no corresponden con los del guerrillero al que se hace referencia en el expediente y que hizo falta un reconocimiento en fila de personas, afirmaciones ambas que se quedan en la sola enunciación, carecen de desarrollo y se muestran inidóneas por sí mismas para acreditar un dislate en la apreciación probatoria del fallador.
2.3. Ante la falta de rigor argumentativo que caracteriza la demanda, la Corte estima necesario insistir en que la sentencia proferida por el juzgador de instancia llega a esta sede amparada en la doble presunción de acierto y legalidad, razón por la cual no cualquier discurso resulta idóneo para deshacer dicha presunción, sino uno ajustado a una debida y suficiente argumentación que demuestre la utilidad del recurso para hacer efectivo el derecho material y las garantías debidas a los intervinientes, la unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios inferidos a las partes.
Para el cumplimiento de lo anterior, el recurrente debe ser preciso en identificar claramente y no entremezclar con otras la causal que selecciona, así como precisar su modalidad y sentido, según los lineamientos decantados por la jurisprudencia de la Sala.
Es así como al libelista le es exigible demostrar cómo la decisión impugnada fue proferida en un juicio viciado de nulidad por afectación trascendente al debido proceso, derecho de defensa o alguna garantía fundamental de los intervinientes, o bien violó una norma sustancial, por aplicación indebida, exclusión evidente o interpretación errónea, ya sea de manera directa o mediando una equivocación de apreciación, aducción o valoración probatoria, todo ello con clara incidencia en el resultado del proceso.
Todas las anteriores exigencias, lejos de obedecer al capricho del legislador o a la inflexibilidad de la jurisprudencia, encuentran razón de ser en que, como ya se ha dicho, la sentencia llega a esta sede amparada por la mencionada doble presunción, por manera que solamente un riguroso discurso apegado a la lógica, a los fines de la casación y a la debida fundamentación, idónea para acreditar la existencia del yerro judicial y su incidencia en el sentido de la decisión, sea el mecanismo idóneo para desvirtuarla.
Por esta razón, no es procedente el sustento argumentativo que se funda en irritualidades intrascendentes, que discurre de espaldas a la realidad procesal, que se encamina a que la Sala elabore un análisis probatorio de instancia o, como en este caso, que incurra en el error común de reclamar la prevalencia de la personal apreciación del censor frente a la de sentenciador.
2.4. En conclusión, por los yerros en su fundamentación la Sala inadmitirá la demanda de casación, formulada por el apoderado de Carlos Cecilio Parra González.
Extinción de la acción penal por muerte de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ y Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez’
La Sala encuentra que el sentenciador incurrió en una violación al debido proceso, toda vez que no advirtió que las acciones penales contra algunos de los procesados no podían proseguir por razón de su muerte. Dicho yerro requiere ser corregido en esta sede, habida cuenta que la Constitución y la ley le imponen a la Corte Suprema de Justicia el deber de hacer efectivo el derecho material, tal como así lo ha precisado su jurisprudencia. Por esta razón, la colegiatura habrá de casar oficiosa y parcialmente el fallo, con el fin hacer prevalecer la garantía quebrantada.
Teniendo en cuenta que en su momento fue de público conocimiento la muerte de algunos integrantes de la cúpula de las FARC, el Tribunal Superior de Villavicencio, a través de sendos oficios del 11 de noviembre de 2011, remitidos en cumplimiento de lo ordenado en auto del 10 del mismo mes, se dirigió al despacho de la entonces Fiscal General de la Nación y del Registrador Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar la existencia de las correspondientes actas de diligencia de levantamiento de cadáver, necropsia o registros civiles de defunción de los tres antes mencionados y, además, de Noel Mata Mata, Rodrigo Londoño Echeverry, Luciano Marín Arango, Gener García Molina, Luis Eduardo López Méndez, Jorge Torres Victoria, Henry Castellanos Garzón, Jaime Aguilar Ramírez, Luis Elid Barón Sánchez, Carlos Cecilio Parra González, Fabián Ramos Cruz, Néstor Pérez Ríos y Rosemberg Rodríguez Gómez.
Así, en comunicación del 16 de noviembre siguiente, la Registraduría reportó la cancelación por muerte de las cédulas de ciudadanía correspondientes a Luis Suárez (cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas, con cupo numérico de identificación 19.208.210) y Néstor Pérez Ríos; respecto de los restantes, comunicó que “no hay datos de registro civil de defunción”.
Por tal motivo, el ad quem explicó que como solamente se demostró la muerte del procesado Pérez Ríos “con la prueba idónea legal de cotejos” era lo procedente, entonces, disponer la cesación de procedimiento solamente respecto de aquel y mantener los efectos del fallo respecto de todos los demás.
Pues bien, la Corte encuentra que, por razón del principio de libertad probatoria que acoge nuestro sistema procesal probatorio, el registro civil de defunción no es la única manera de acreditar la muerte del procesado. Así, en el presente caso, se tiene que ha sido de público conocimiento, el cual llegó a configurar un hecho notorio, la muerte de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ y Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez’.
El deceso del primero fue divulgado por el Ministerio de Defensa a través de comunicado del 24 de mayo de 2008(2), al tiempo que la de los dos restantes fue ampliamente conocida en el país y divulgada por los voceros del gobierno nacional, como el resultado de sendos operativos militares. En particular, la de Guillermo Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ fue reconocida por la Sala en auto del 28 de marzo de 2012 (rad. 36123) y la de Víctor Julio Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez’ (en este proceso individualizado con el nombre de Luis Suárez), conocida como resultado de la denominada Operación Sodoma, realizada el 22 de septiembre de 2010 en la localidad de La Macarena, Meta.
En el caso de este último, se tiene en el expediente que su deceso fue comprobado, además, a través del registro de defunción, cuya existencia reportó la Registraduría Nacional del Estado Civil, en oficio del 16 de noviembre de 2011, situación que pasó inadvertida para el tribunal.
Por lo tanto, la certeza de la muerte de los subversivos Pedro Antonio Marín, Guillermo León Sáenz Vargas y Víctor Julio Suárez Rojas proviene de su notoriedad y, en tal medida, no requiere prueba(3), pues evidentemente no se trató de un rumor indefinido y general, ni es una información que haga parte solamente del conocimiento privado del funcionario o corporación judicial.
En estas condiciones, esta colegiatura habrá de disponer la correspondiente cesación de procedimiento, como consecuencia de la extinción de la acción, por razón de la muerte de los procesados mencionados, según lo dispone el artículo 82-1 del Código Penal.
1. Redosificación punitiva.
Como consecuencia de la prescripción de la acción penal correspondiente al delito de rebelión, la Corte redosificará las penas impuestas de la siguiente manera:
1.1. Previo a lo anterior, es necesario considerar que el a quo individualizó la pena privativa de la libertad para el delito de rebelión en 81 meses de prisión (el límite superior del cuarto mínimo) y multa equivalente al valor de 112,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, que, por razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles, la de rebelión les representó a todos los sentenciados (salvo en el caso de Luis Eduardo López Méndez, quien fuera condenado solamente por ese punible y absuelto por todos los demás) 10 meses de pena corporal, del total de los 695 que impuso el juzgador de primer grado.
A su turno, el Tribunal Superior, advirtió que la pena máxima de prisión no podía superar los 40 años de prisión, pues tal era el límite máximo señalado por el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 2000(4) (sin la modificación introducida por el art. 1º de la art. 14(sic) de la L. 890/2004) para los casos de concurso de conductas punibles. Por tanto, redujo la sanción corporal a 480 meses para todos los sentenciados por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión.
Así las cosas, se tiene que los 10 meses de prisión correspondientes al delito de rebelión representaron el 1,4% del total de la pena privativa de la libertad impuesta por el a quo (695 meses). Dicho porcentaje (1,4%) aplicado a la pena impuesta por el ad quem (480 meses) se convierte en 6 meses y 21 días. Por tanto, será este último monto en el que se reducirá la pena de prisión impuesta a los procesados que fueron sentenciados por el delito de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo.
Así, la pena privativa de la libertad queda finalmente fijada en 373 meses y 9 días de prisión para los sentenciados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’ y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’.
1.2. En el caso del procesado Luis Eduardo López Méndez, quien fuera condenado solamente por el delito de rebelión, las penas impuestas, principales y accesorias, quedan, entonces, sin fundamento.
1.3. Es preciso, además, redosificar la cuantía de la multa, pena principal prevista para los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo y rebelión. Pues bien, en lo que tiene que ver con la conducta punible de rebelión, el juzgador de primera instancia fijó la multa en 112,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, guarismo que habrá de restarse al total de 2263,88 impuesto por el a quo.
Así las cosas, la pena principal de multa para los sentenciados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’ y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’, queda definitivamente en 2151,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Acotación final.
Por último, la Corte, en consideración a la omisión advertida en la parte resolutiva de la sentencia y acorde con las consideraciones expuestas en ella, dispondrá la extinción de las acciones penales derivadas de los delitos por los que fue investigado el procesado Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’ (homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión), con fundamento en su comprobada muerte y, en consecuencia, cesará todo procedimiento a su favor.
1. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal correspondiente al delito de rebelión por los que fueran sentenciados los procesados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’, Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Luis Eduardo López Méndez.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena la cesación de procedimiento respecto del delito mencionado, a favor de los procesados reseñados en precedencia.
3. CONDENAR a los procesados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’ y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ a las penas principales de 373 meses y 9 días de prisión y multa equivalente al valor de 2151,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo, en concurso homogéneo y heterogéneo.
4. Casar de oficio y parcialmente la sentencia y, en su lugar, disponer la cesación de procedimiento a favor de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’.
Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’ y Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’, por razón de su comprobada muerte.
5. En lo no reformado, el fallo de instancia permanece incólume
6. INADMITIR la demanda de casación formulada por el defensor del procesado Carlos Cecilio Parra González.
(1) La resolución de acusación, proferida el 22 de enero de 2008, fue notificada por estado del 22 de febrero siguiente (fl. 121, cdno. original 6).
(2) “El Ministerio de Defensa se permite comunicarle a la opinión pública que, a través de diferentes medios de inteligencia militar, nos enteramos de que Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’, principal cabecilla de las FARC, está muerto. ‘Tirofijo’, según esta información, murió el 26 de marzo pasado, a las 6:30 de tarde. Las causas de la muerte están aún por confirmar”.
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de mayo de 2010, radicación 29798. En el mismo sentido, auto del 28 de marzo de 2012, radicación 36123.
(4) “En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años”.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 82
 artículo 31
 resolución