Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552005000100041&lng=pt&nrm=iso
Timestamp: 2019-12-06 16:24:20+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100041
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 491-532
Nos encontramos frente a una colosal obra, compuesta de dos volúmenes con un total de 1076 páginas, que es el fruto de un proyecto de la Asociación Iberoamericana de Derecho romano que surge con la idea de homenajear al insigne romanista Alfredo Calonge Matellanes, fundador y miembro destacado de la citada Asociación, tristemente fallecido el 12 de junio de 2001 en Salamanca, ciudad que le vio nacer y en la que desarrolló la mayor parte de su brillante actividad docente e investigadora. Como era de esperar, la propuesta obtuvo una rápida y positiva acogida entre la romanística nacional e internacional, y así lo demuestran las más de cincuenta contribuciones _la mayoría, es lógico, de romanistas españoles_ recogidas en esta obra, a las que se suman aportaciones varias de civilistas, canonistas, profesores de derecho eclesiástico, constitucional e incluso de algún jurista no vinculado directamente al ámbito docente e investigador. La obra, promovida según lo expuesto por la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano y coordinada particularmente por los profesores Justo García Sánchez, presidente de la Asociación, Pelayo de la Rosa Díaz y Armando Torrent, ambos miembros también de la misma, fue editada en 2002 en Salamanca bajo el patrocinio de Caja Duero; no en vano el profesor Calonge colaboró muy activamente con la citada entidad financiera, que en agradecimiento a sus servicios dio su nombre a su Edificio de Nuevas Tecnologías de Salamanca (p. 23, vol. I).
El primer volumen de estos estudios in memoriam se inicia con una presentación a modo de prólogo a cargo de Pelayo de la Rosa, en la que expone de forma breve pero precisa la dilatada trayectoria profesional de nuestro prestigioso romanista, con un discurso plagado de elogios y emotivos recuerdos que desvelan el profundo sentimiento de afecto y admiración hacia Calonge de su autor, quien con gran orgullo afirma ser "probablemente el máximo beneficiario de su magisterio" en cuanto director de su tesis doctoral (p. 15). Y aunque no todos hayamos tenido la suerte de recibir tan de cerca las enseñanzas de este gran maestro que fue Alfredo Calonge, qué duda cabe que ha sido un modelo a seguir para toda la romanística, como así asevera al final de su discurso Pelayo _y yo corroboro desde mi modesta posición_ cuando afirma que "Todos hemos perdido con el fallecimiento del prof. Calonge: su familia y la comunidad romanística, en la que deja un emocionado recuerdo como buen amigo, buena persona y magnífico jurista" (p. 16). Datos objetivos que confirman ese último extremo no faltan desde luego, y así se demuestra en la detallada exposición de su excelente y dilatado curriculum vitae que se incluye en las páginas inmediatamente siguientes al citado bosquejo biográfico que sirve de presentación a la obra. Y más concretamente da muestra de la calidad y rigor científico de sus aportaciones Carlos Maluquer de Motes Bernet, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, en su trabajo: Hacia un acercamiento y lectura de la obra de Alfredo Calonge Matellanes, contenido en el volumen segundo de estos estudios in memoriam, en que el autor expone con enorme claridad de juicio las reflexiones y opiniones vertidas por Calonge en algunos de sus trabajos más destacados, entre ellos: La compraventa civil de cosa futura. Salamanca 1963: Aestimatio dotis, publicado en AHDE 35 (1965); Ratihabitio mandato comparatur, publicado en Estudios en homenaje al prof. Sánchez del Río, Zaragoza 1967; Evicción. Historia del concepto y análisis de su contenido en el Derecho romano clásico. Salamanca 1968; Breve exégesis en materia de especificación, publicado en Studi in onore di G. Grosso, vol. II, Torino 1968; Los "iuris possessores" legitimados pasivos a la "hereditatis petitio", publicado en Estudios jurídicos en homenaje al prof. Alvárez Suárez, Madrid 1978; Algunas observaciones a propósito del "de legibus" de Fray Luis de León, publicado en Libro homenaje al prof. J. Iglesias, vol. I, Madrid 1988; Reflexiones en torno al denominado Derecho romano vulgar de occidente, en De la Antigüedad al medievo, Madrid 1993; y De C.I. 4, 65, 3 (214 d. C.) al nuevo texto refundido de la L.A.U. de 1964 (artículos 62 y 63), publicado en Derecho y argumentación histórica, vol. III, Lérida 1995.
Para mí resulta desde luego un honor poder recensionar esta obra realizada en homenaje al profesor Calonge, brillante jurista y entusiasta universitario a quien sin duda le habría gustado tener en sus manos este compendio de trabajos de gran calidad y rigor científico, que habría leído y releído con enorme interés y ese fino espíritu crítico que le caracterizó. La labor que me ha sido ofrecida y que, reitero, asumo con enorme gusto, no resulta empero sencilla pues son muchos y muy diversos los temas que se abordan en las más de cincuenta aportaciones que componen esta obra editada _lo recuerdo_ en dos volúmenes. El criterio que he elegido por antojárseme más idóneo en aras de una mayor claridad expositiva es el de agrupar los distintos trabajos por materias, tratando simplemente de destacar el contenido esencial de cada uno de los mismos, tarea ya en sí compleja debido a las dimensiones de la obra y a la disparidad de temas tratados. Por tales motivos, pido disculpas a priori a todos los que han tenido el honor de participar activamente en esta obra porque el esfuerzo que reflejan sus respectivos estudios merece sin duda alguna un análisis más detallado y en profundidad del que se le va a dedicar en este momento y que podrá ser objeto, todo es posible, de otro trabajo posterior realizado bajo otras condiciones temporales y de espacio.
Como primera aproximación al contenido de las diversas contribuciones podríamos agruparlas en dos grandes apartados, que luego serán objeto de las pertinentes divisiones y subdivisiones, identificables básicamente con el Derecho Público romano, de un lado y con el Derecho privado romano, de otro. A éstas podemos sumar otros dos grupos de trabajos, centrados los primeros en el fenómeno de la recepción del Derecho romano en los ordenamientos jurídicos actuales y dedicados los segundos al estudio de materias dispares y diversas entre sí, no susceptibles de encuadrarse en ninguna de las categorías anteriores. Comenzamos refiriéndonos a los trabajos relativos al Derecho público romano, entre los que debemos diferenciar a su vez aquéllos dedicados al estudio de su organización constitucional y aquellos otros centrados en el estudio de una parcela más concreta, cual es el Derecho penal. Entre los primeros se encuentran los siguientes:
[I]. El conocimiento de las sociedades esclavistas: propuesta metodológica sobre la "constitución romana", de Carlos de Cabo Martín, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Tras las casi obligadas, aunque no siempre presentes en estos trabajos, palabras de elogio y admiración hacia la figura de Calonge y después de reconocer explícitamente su limitada capacidad para adentrarse en un campo que no le es propio y del que "no soy cultivador" (p. 97), el autor cree poder ofrecer en estas breves páginas una explicación a ciertos aspectos relacionados con la evolución del sistema constitucional romano, tales como: su progresiva expansión y por ende, la importancia del fenómeno militar "no sólo en su organización político-administrativa…sino en otros aspectos básicos como la "mentalidad" o la "ideología" (p. 102); el origen de la dicotomía jurídica "Público-Privado"; y finalmente la propia dinámica evolutiva de la constitución republicana romana, partiendo de su modo de producción, como es sabido esencialmente esclavista. Metodología ésta que el autor defiende como plenamente válida para explicar la diversidad de fenómenos expuestos y, pese a ello, "escasamente aplicada" en el campo de la investigación romanística (p. 101).
[II]. L'unificazione dell'Italia romana e la gestione della complessità, de Luigi Capogrossi Colognesi, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad La Sapienza de Roma. Tomando como punto de referencia las reflexiones que Plinio Faccaro (al que expressis verbis se refiere el autor) expusiera en su trabajo Organizzazione politica dell'Italia romana, publicado con ocasión de un Congreso internacional de Derecho romano celebrado en Roma en 1933, Capogrossi aborda aquí un tema ya tratado por él en ocasiones anteriores (concretamente cita una monografía suya titulada Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della "civitas Romana". Roma, 2000), que pone en evidencia la enorme complejidad del proceso de unificación política, jurídica y territorial de la Italia romana, problemática ésta que, salvo excepciones (cita expresamente a Scherwin-White y a Tibiletti), considera no debidamente valorada por la doctrina romanística (p. 186 i.f.). El autor parte de una premisa básica, cual es que "Il processo di unificazione giuridica degli uomini e delle terre [...] non è automatica conseguenza dell'assimilazione politica" (p. 185), sino antes al contrario, serán las frecuentes relaciones entre los miembros de las denominadas civitas sine sufragium con los ciudadanos romanos, "fruendo costantemente del diritto romano", las que propiciarán "in forma semispontanea, il processo de romanizzazione delle loro istituzioni" (p. 180). Ni siquiera, advierte el autor, puede considerarse automática la unificación jurídica respecto de las ciudades pertenecientes a la Liga Latina, ni tras Foedus Cassianum del año 493 a. C., en que se reconocen a los latini _como es sabido_ ciertos derechos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico romano, y ni siquiera después de la disolución de la Liga en 338 a. C., con la consiguiente asunción por parte de Roma de la plena soberanía sobre todo el Lacio, pues aún entonces _asevera Capogrossi_ los latinos seguirán internamente "sui legibus uti". In summa, el quid de la cuestión radica, así lo advierte el autor a lo largo de su estudio, en minusvalorar la enorme diversidad de estatutos jurídicos que coexisten en la península itálica junto con el ordenamiento romano, y en atribuir a instituciones antiguas consecuencias sólo posibles desde la moderna perspectiva del racionalismo unificador napoleónico.
[III]. Magistratum aut sacerdocium, de Gustavo de las Heras, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Castilla-La Mancha. Participando de una línea de pensamiento defendida ya por Calonge, con esa "exquisita prudencia" (p. 300) con que abordaba sus estudios, De las Heras se aparta de un planteamiento doctrinal mayoritariamente aceptado a partir de Mommsen, consistente en establecer una clara separación entre magistraturas y sacerdocio, que equivaldría _viene a decir al inicio de su discurso_ a distinguir nítidamente entre ius sacrum y ius humanum. Erróneo planteamiento éste, arguye el autor siguiendo la opinión de romanistas de la talla de Guizzi, Fuenteseca o Talamanca (a los que se refiere expresamente), habida cuenta de la constante interferencia de la religión en todos los órdenes y aspectos de la sociedad primitiva, incluido el jurídico. Situándose junto a Calonge en un plano más neutral o, si se quiere, menos inflexible también que el sostenido por Pais, para quien no existió en ningún momento una absoluta separación entre las funciones de los sacerdotes y los magistrados, sino un constante "entrelazamiento de las funciones sacras con las civiles" (p. 300), el autor lleva a cabo un análisis crítico, no uniforme en su extensión y profundidad, de las diversas fuentes literarias y jurídicas en las que tradicionalmente se han apoyado los seguidores de la teoría abanderada por Mommsen (básicamente en diversos textos de Livio y Cicerón referidos a las competencias y poderes de los magistrados y los sacerdotes), entre los que destaca a Vernacchia. A la vista de las mismas, De las Heras llega a la conclusión, sugerida ya desde el inicio de su discurso, de que "la separación entre magistraturas y sacerdocios no pudo sentirse nunca como radical y, en todo caso, fue haciéndose mayor conforme avanzamos en el tiempo" (p. 305), afirmación esta última forzada por la evidencia de la mayoría de la fuentes citadas, que apuntan claramente hacia esa progresiva diferenciación de sus funciones, ya incluso en la época monárquica aunque acentuada fundamentalmente a lo largo de la época republicana. Es en este momento, en efecto, cuando se producen cambios importantísimos desde todos los ámbitos posibles (constitucional, social, económico, jurídico) que motivan, como admite el propio De las Heras, la necesidad de acotar y limitar el campo de actuación de las diversas instituciones, unas nuevas y otras preexistentes pero dotadas ahora de una nueva fisionomía, por más que la religión siga considerándose el incuestionable baluarte de la sociedad romana.
[IV]. Las reformas procesales adoptadas por Justiniano, como medidas de control de la migración, de Mª Eugenia Ortuño Pérez, Titular de Derecho Romano de la Universidad Central de Barcelona. Quizás podríamos señalar como nota más destacada de este trabajo, además del enorme acierto a la hora de escoger un tema tan interesante como poco tratado, la claridad expositiva de su autora que consigue, a través de unas breves páginas, situar perfectamente al lector ante el problema que se planteó en los últimos tiempos del Imperio romano, época por tanto de declive y enorme inestabilidad, como consecuencia de la masiva afluencia de núcleos de población hacia Constantinopla, en busca de una calidad de vida mayor que sus provincias de origen o el campo les proporcionaban. Y resulta curioso comprobar como las medidas legislativas adoptadas por Justiniano para frenar este fenómeno migratorio, según expone de manera concisa y clara Ortuño, tenían todas por objeto impedir que las gentes de las provincias se asentasen en la capital del Imperio utilizando como pretexto la celebración de un litigio o de algún negocio jurídico. De esta forma, explica, para evitar que una visita que inicialmente estaba prevista como temporal se convirtiera en definitiva, el emperador Justiniano promulgó una serie de disposiciones básicamente contenidas, según resulta del estudio que nos ocupa, en la Nov. 80, dirigidas de un lado a aumentar las competencias de los jueces y los obispos de las provincias, limitando así los citados movimientos migratorios, y de otro, a agilizar los litigios que por obligación debían celebrarse en Constantinopla, con objeto de no dilatar más de lo estrictamente necesario la estancia de los litigantes en la capital. A lo largo del trabajo, la autora llama la atención en repetidas ocasiones sobre la influencia cristiana en la legislación justinianea y, sobre todo, en el sentido teocrático atribuido al poder del Emperador, si bien no profundiza demasiado en estas cuestiones, que aun estrechamente ligadas, no conforman por lo demás el objeto de su estudio.
[V]. La representaçao política no governo da Roma antiga, de Agerson Tabosa Pinto, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Fortaleza (Brasil). Aunque el tema escogido en este caso no resulta novedoso en modo alguno, el autor lleva a cabo un detenido estudio de las magistraturas romanas y del crucial papel que desempeñaron las mismas como auténtica forma de representación popular y, por tanto, de gobierno democrático en Roma, rompiendo con principios propios de las monarquías precedentes y que se repetirán a lo largo de los siglos posteriores, durante el Imperio, cuales son la unipersonalidad y el carácter vitalicio del rex o del princeps o imperator. Tomando como base de su discurso la tripartición de las funciones gubernamentales propuesta por Loewenstein (que sustituye la tradicional división de Montesquieu), en virtud de la cual deben distinguirse: "na policy determination, ou decisão política; na policy execution, ou execução da decisão, e no policy control, isto é, controle político" (p. 978), Tabosa realiza una detallada enumeración de las principales atribuciones de las magistraturas en cada una de las citadas funciones de gobierno. Seguidamente, y centrándose ya en el que constituye objeto directo de su estudio, el autor analiza las características del sistema de representación política de las magistraturas romanas que _cito textualmente_ "já tinham, àquela época, sus características atuais" (p. 984), definiéndolo como un modelo de representación "de interesses gerais, necesaria, legal, integral e genérica, atributos que caracterizam também a representação política das repúblicas democráticas contemporâneas" (p. 989), dedicando las páginas finales de su trabajo a la explicación de cada una de las mentadas notas características. Se trata in summa de un estudio de cuestiones harto trabajadas pero dotadas aquí de un enfoque algo distinto, y cuya lectura resulta por ende interesante y desde luego ilustrativa.
Al ámbito del Derecho criminal romano podemos conectar el contenido de los dos artículos que referimos a continuación:
[VI. ]. La acción edictal de la calumnia al cuádruplo, de Julio García Camiñas, Catedrático de Derecho romano de la Universidad de A Coruña. Antes que nada, y por cuanto pueda resultar discutible la ubicación del trabajo en este apartado, creemos justificable su estudio en esta sede por dos razones que el mismo autor avanza a lo largo del mismo. En primer lugar, porque la escasez de datos que las pocas fuentes jurídicas conservadas arrojan acerca del edicto de calumniatoribus, que castigaba con el pago del cuádruplo a aquél que calumniae causa recibió alguna cantidad de dinero para promover o dejar de promover algún asunto o negotium (básicamente, vid. D. 3, 6), hacen necesario completar el estudio de la figura con las normas relativas a la calumnia criminal, sancionada por la Lex Remnia de calumniatoribus. Y, en segundo lugar, porque tras analizar los diversos aspectos relacionados con el citado edicto, como son las conductas sancionadas específicamente por el mismo y sus elementos discriminadores, la legitimación activa y pasiva para el ejercicio de la correspondiente actio, así como la concurrencia con otras posibles acciones, el propio autor llega a la conclusión, expuesta en la parte final del trabajo, que el edicto al cuádruplo se presentaba como una medida complementaria a la sanción impuesta por la citada Lex Remnia, enmarcadas ambas en una política decididamente dirigida reprimir la calumnia. Al respecto, explica García Camiñas, como "El demandante tendría que probar que su acusador actuó calumniosamente en el proceso criminal y lo hizo por haber recibido una cantidad de dinero, sirviendo como prueba de la calumnia la condena en el juicio criminal de calumnia, y limitándose, por tanto, la prueba en el proceso privado de calumnia a demostrar la ventaja patrimonial (lucrum) obtenida por el calumniator" (p. 420). A fuer de lo expuesto, el autor hipotiza con una misma fecha de promulgación de ambas medidas, que localiza en torno al año 91 a. C. (p. 420). Se trata de un estudio claro y preciso de un instituto que puede resultar oscuro y confuso, a la vista del estado de las fuentes, en que el autor consigue con claridad meridiana desentrañar los diversos aspectos controvertidos y ofrecer una visión del mismo sólidamente documentada, favorecida sin duda alguna por su profundo conocimiento del crimen de calumnia, objeto de otros diversos trabajos suyos referidos expresamente en este artículo que nos ocupa.
[VII]. Lenae et lenones, de Patricia Panero Oria, Titular de Derecho Romano de la Universidad Central de Barcelona. A lo largo de su trabajo Panero Oria distingue nítidamente los diversos supuestos de lenocicium contemplados en las fuentes, así como los requisitos necesarios para que pueda tener lugar el mismo. Básicamente, en este sentido la autora llama la atención sobre la importancia fundamental del elemento del lucrum o beneficio económico, que aparece como una constante en las diversas hipótesis de lenocinio contempladas en los textos, según las cuales consistiría aquél en inducir a alguien a mantener relaciones sexuales lascivas para lucrarse de tal actividad. Interesante resulta también la importancia que en el desarrollo histórico de la figura asumió la Lex Iulia de adulteriis al sancionar como crimina ciertos comportamientos descritos como lenocinia: así, no sólo el hecho de obtener lucro de la relación adúltera, sino también el hecho de encubrir de alguna manera la conducta sancionada en la lex. En este último contexto se enmarcaría la accussatio lenocinnii en que incurre el marido que sorprende a la mujer en flagrante delito y no la repudia, impidiendo de esta forma la acusación de adulterio frente a la misma, constante matrimonio.
Centrándonos ahora en los trabajos dedicados al estudio del Derecho privado romano, que conforman la mayor parte del contenido de esta obra, vamos a seguir por ser el sistema adoptado por la mayoría de los manuales al uso, el conocido "Plan de Savigny", distribuyendo las diversas instituciones jurídico-privadas en seis grandes bloques (por motivos que no vienen al caso, introducimos en este punto una variante insustancial en relación al sistema que nos sirve de modelo): 1º) Sujetos de Derecho; 2º) El proceso civil romano; 3º) Derechos reales; 4º) Derecho de obligaciones; 5º) Matrimonio; y, 6º) Derecho de sucesiones.
En el primer apartado, dedicado a los sujetos de derecho, eje de todo ordenamiento jurídico, se encuadran los siguientes artículos:
[VIII]. La condizione femminile in Roma, de Giuliano Crifó, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad La Sapienza de Roma. El autor ofrece en estas breves pero intensas páginas, una amplia visión del papel desempeñado por la mujer en las diversas esferas en las que se desenvuelve la historia del pueblo romano, en particular, y de toda sociedad, en general: política, económica, jurídica y social, reproduciendo _según él mismo reconoce en la parte final de su trabajo_ unas reflexiones propias ya expuestas con ocasión del congreso de la UNED celebrado en Pontevedra en 2001, en el cual _se lamenta Crifó_ "Alfredo Calonge avrebbe dovuto parteceparvi ed essere ascoltatore e interlocutore privilegiado. Non è stato così" (del listado de publicaciones que figuran en las páginas dedicadas al inicio de esta obra a exponer el curriculum vitae de Calonge no puede deducirse, empero, que este romanista mostrara un interés especial hacia el tema tratado por Crifó), y aprovecha la ocasión para expresar el profundo pesar por su pérdida. Básicamente, el autor parte de la premisa _ya expuesta en anteriores trabajos sobre la materia (a los que expresamente se remite a lo largo de este estudio)_ de que la situación de la mujer en Roma fue, pese a las desigualdades que en aspectos concretos se aprecian respecto del hombre, ad ex. en lo que respecta a la retribución salarial (inferioridad que _advierte el autor (p. 241)_ se da actualmente en la misma medida), muy superior a la de las mujeres de otras comunidades antiguas e incluso a la que ha gozado la misma hasta hace poco tiempo. En respuesta a las afirmaciones vertidas por ciertos autores con ocasión particularmente de la celebración en la Facoltà di Giurisprudenza de la Universidad La Sapienza de Roma de un seminario sobre orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna (p. 238) y compartidas por otros estudiosos del tema (citados a lo largo de este estudio), cuestionando o, más bien, negando la injerencia de la mujer romana en el ámbito jurídico, el autor pone el acento en diversas disposiciones, tales como el SC Velleiano o las leyes matrimoniales promulgadas por Augusto, seguidas de otras muchas leyes imperiales, que muestran _según él_ una clara tendencia a considerar de modo cada vez más favorable la condición jurídica y social de la mujer, como resulta igualmente de instituciones tales como el usufructo, creado en su opinión "per sovvenire alla necesittà della vedova non conventa in manum" (afirma en p. 242); la participación activa de la misma en el ámbito de las finanzas (aspecto éste ya puesto de relieve _reconoce el autor_ por García Garrido en un trabajo dedicado ad hoc al estudio de la cuestión; vid. pp. 242 ss.); o la tutela materna, cuya clasicidad defiende siguiendo una doctrina ya sostenida por varios autores (pp. 244 s.). Pese a no arrojar _como el propio autor advierte casi al inicio de su discurso_ conclusiones novedosas al estado de la cuestión, y aunque en ocasiones pueda resultar algo dificultosa la lectura debido a los frecuentes saltos históricos y contextuales, el trabajo está realizado con gran rigor científico y representa sin duda alguna una utilísima guía para quienes se propongan abordar el estudio de la cuestión, habida cuenta de la abundante literatura que el autor maneja a lo largo del mismo.
[IX]. Reflexiones sobre la emancipatio, de Pelayo de la Rosa Díaz, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Salamanca. Como resulta del propio título, el autor no pretende con este trabajo, dedicado expressis verbis a homenajear a un "maestro y amigo inolvidable" (p. 289, nt.) profundizar en ningún aspecto concreto de este instituto romano de la emancipación, sino de aportar su parecer acerca de diversas cuestiones fundamentales que suscita el estudio del mismo, como son: en primer término, el sentido y fundamento de la norma prevista en las XII Tablas (T. IV, 2), en virtud de la cual el paterfamilias perdía la potestas sobre el filius tras venderlo por tres veces, cuya finalidad, hipotiza Pelayo siguiendo una opinión sostenida por ciertos autores (vid. p. 291) frente a la mayoritariamente aceptada por la doctrina, pudo no ser tanto la de penalizar un comportamiento abusivo del pater como la de crear una fórmula ficticia para obtener la extinción voluntariamente promovida por el mismo de la patria potestad. En segundo lugar, el autor examina el papel meramente pasivo que el emancipado jugaba en un procedimiento que servía de instrumento para lograr las más diversas finalidades: "Desde imponer un límite al abuso del derecho de venta paterno, hasta intentar salvar los obstáculos impuestos por algunas disposiciones legales" (p. 293) y que, un representativo sector doctrinal encabezado por Bonfante interpreta como medida de castigo infringida al hijo dada la desfavorable situación, tanto social como económica, en que éste quedaba tras la emancipación. Afirmación ésta última que, siguiendo una teoría expuesta ya en su momento por Longo, matiza Pelayo, invocando de un lado la situación ya en sí penosa que sufría el filius in potestate, sometido al poder ilimitado del pater, quien podía no sólo venderlo sino incluso matarlo en virtud del conocido ius vitae et necis, y de otro, la evolución que experimenta la concepción romana de la familia, hasta el punto de pasar de considerar la emancipación como una suerte de capitis deminutio del hijo a concebirla como un acto de liberalidad del paterfamilias realizado en beneficio de aquél. Por último, el autor alude a la profunda transformación que sufre el propio instituto de la emancipación, fundamentalmente desde tiempos del emperador Anastasio hasta el emperador León, caracterizada por la introducción de nuevas causas de emancipación ex lege, tanto a favor del filius como del pater. Nos encontramos, en definitiva, ante un trabajo claro y conciso en el que se echa en falta alguna bibliografía más reciente sobre la cuestión.
[X]. Un caso de solidaridad ex lege: la responsabilidad de los magistrados por la datio tutoris, de Alberto Pérez Vivó, Titular de Derecho Romano de la Universidad de Alicante. Antes que nada, llama la atención la habilidad o mejor, la agilidad que el autor muestra en el manejo de los datos textuales y bibliográficos que le sirven de base en su trabajo, cuyas citas reproduce con tal rapidez y continuidad que en ocasiones resulta difícil concentrarse en cada una de las problemáticas expuestas, que rodean el estudio de la cuestión, y más complicado aún deducir el posicionamiento de Pérez Vivó frente a las mismas. El tema escogido en este caso, tal como reza en el propio título del trabajo, es el estudio de un supuesto de solidaridad ex lege, cual es el de los magistrados que hubieren procedido conjuntamente al nombramiento de tutores (tutela dativa), solidaridad ésta deducida de diversas fuentes citadas por el autor, particularmente de un fragmento de Celso contenido en D. 27, 8, 7, y más nítidamente, según él, de un pasaje extraído del libro II de las Quaestiones de Papiniano, recogido en: D. 50, 1, 11; (vid. pp. 804 ss.). El estudio se conecta estrechamente con el relativo al instituto de la fideiusso, habida cuenta de la equiparación que se establece en los textos romanos, aunque no de manera unánime, entre la posición de los magistrados y los fideiussores desde el punto de vista de su responsabilidad. Partiendo de aquí, el autor centra su atención en las fuentes que tratan la fianza en las distintas etapas de su desenvolvimiento jurídico, particularmente en las que se refieren al beneficium divisionis, concedido a los fideiussores en una epistula del emperador Adriano, y extendido posteriormente a todos los deudores correales, según algunos autores, contradichos por otros, en virtud de una constitución del emperador Justiniano recogida en la Nov. 99 del año 539. Siguiendo el iter lógico de su discurso, Pérez Vivó se ocupa de otras cuestiones relacionadas con la referida equiparación entre los fideiussiores y los magistrados, cuales son la limitación de la responsabilidad de estos últimos, por analogía con los primeros, a una cuota viril en caso de resultar solventes todos los magistrados (vid. pp. 807 s.), y de la consiguientemente limitación de la responsabilidad de sus herederos a la hipótesis de negligencia, tratando en este caso al magistrado como si se tratase de un fideiussor.
[XI]. Las fundaciones en el Bajo Imperio: prohibiciones de disponer de los administradores, de Elena Sánchez Collado, Titular de Derecho Romano de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Dos partes pueden distinguirse nítidamente en este trabajo: la primera, de mayor extensión por cierto que la segunda, y que sirve de introducción al tema propuesto en el título, en la que la autora expone el tradicional y pacíficamente aceptado concepto de fundación y su diferenciación respecto de las corporaciones, así como los precedentes clásicos de tal institución, que localiza, además de las conocidas como "fundaciones de alimentos" que proliferaron a partir del s. I d. C., por obra de los emperadores Nerva y Trajano, en las denominadas "fundaciones funerarias" (p. 933), para ocuparse seguidamente de las instituciones benéficas o causae piae que surgen a partir del s. IV, impulsadas por los emperadores cristianos, y que, siguiendo una opinión dominante en la doctrina, respondían ya más propiamente al concepto jurídico de fundación. La segunda parte del trabajo, que es la que coincide con la finalidad que se apunta en el título, la dedica la autora a los límites impuestos legalmente a los administradores de estas fundaciones en el ejercicio de sus funciones, límites menos severos _advierte la autora_ que los impuestos a los tutores o curadores (a los que algunas fuentes bizantinas parecen equiparar a los administradores) respecto de los bienes confiados a su custodia, respecto de los que pesa una absoluta prohibición de enajenar, admitida sin embargo, en determinadas circunstancias, a los administradores. Salvo que se trate, como también advierte la profesora Sánchez Collado, de res sacrae y, por ende, extra-commercium, excluidos absolutamente del tráfico jurídico según consta expresamente en numerosas fuentes jurídicas detalladas en las páginas finales de este trabajo, en general bien estructurado y suficientemente documentado.
Siguiendo la sistemática ya expuesta, nos ocupamos ahora, en este segundo apartado, del único trabajo dedicado al estudio del proceso civil romano, cual es:
[XII]. Reflexiones sobre las XII Tablas: T. 1,6 y 7 pr., de Ricardo Panero Gutiérrez, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Central de Barcelona. Mostrando un profundo conocimiento de la lengua latina, Panero lleva a cabo una magistral interpretación morfológica y sintáctica de las palabras que conforman el contenido de la tabula 1,6 y 7 pr., relativas al desarrollo del antiguo procedimiento de las legis actiones para, descartando lo posible y centrándose en lo probable _reproducimos palabras textuales del autor_ arrojar luz a la discutible significación de la disposición ibi contenida. El artículo se estructura formalmente en tres apartados, que se corresponden con las tres frases que figuran en la citada disposición legal: 1) Rem ubi pacunt orato; 2) Ni pacunt, in comitio aut in foro; y, 3) Ante meridien caussam coiciunto, realizando en cada caso, tal como hemos adelantado, un detallado análisis de las diversas acepciones posibles de los términos que figuran, análisis éste que luego completa por resultar _según él mismo reconoce_ insuficiente dada la rica polisemia de los vocablos, con el relativo al marco contextual en que los mismos aparecen, resultando de todo ello una "sencilla" _según palabras del propio autor_ interpretación del precepto legal en examen, que vendría a ser la siguiente: "Trátese la causa en el lugar acordado por las partes. A falta de tal acuerdo, en el comicio o en el foro" (p. 776), fijando por otro lado la última proposición en examen los límites temporales a la actividad del actor, consistente en la exposición resumida de la causae coniectio (pp. 778 ss.). Sin descender a más particularidades sobre este documentado estudio, sólo resta manifestar mi sentimiento de admiración y gratitud hacia Panero por posibilitar, con su ágil y particular forma de expresarse, la comprensión y motivar el interés hacia cuestiones reservadas a los más expertos lingüistas.
En tercer lugar, nos ocupamos de los trabajos dedicados al estudio de los derechos reales. Son los siguientes:
[XIII]. Efectos abstractos del rito sacral de la mancipatio, de Fermín Camacho Evangelista, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Granada. El autor inicia su estudio de este instituto, tan conocido como analizado por la doctrina, con un largo excursus acerca del crucial papel que, en opinión de un representativo sector doctrinal, compartida por Camacho, jugó en las primeras épocas la religión en el desenvolvimiento del sistema jurídico romano, tesis ésta afianzada sobre todo desde mitad del pasado siglo XX en oposición a la teoría racionalista imperante hasta entonces y aún defendida por ciertos autores. En apoyo de la recién expuesta teoría mágico-religiosa, el autor llama seguidamente la atención sobre el carácter sacral que inicialmente tuvieron y que incluso conservaron diversas instituciones romanas, particularmente la nuncupatio, ritual ampliamente difundido en el ámbito del derecho sagrado en cuanto fórmula a la que recurrían tanto particulares como magistrados para interpelar a los dioses. La referencia al mentado instituto se justifica por la estrecha conexión que las fuentes jurídicas establecen entre el mismo y la mancipatio, hasta el punto que podría llegarse a la conclusión, rechazada empero por Camacho, de que las nuncupationes sólo se llevaban a cabo, y con limitaciones, en el ámbito del citado procedimiento mancipatorio. Partiendo de las premisas expuestas, el autor dedica la última parte de su trabajo al análisis detallado del ritual de la mancipatio, tal como lo describe básicamente el jurista Gayo en diversos lugares de sus Instituta, de sobra conocidos e interpretados sin polémicas sustanciales por la doctrina romanística, y cuyos pormenores es posible descubrir de manera más precisa a través del controvertido Donatio Flavio Syntrophi, documento ya recogido por Arangio-Ruiz en sus Negotia, según recuerda el propio autor, y que en su opinión "nos da la exacta fisionomía del conjunto de ritos que forman todos ellos la mancipatio" (p. 149), especialmente del papel que jugaba el mancipio dans en el ritual de la mancipatio.
[XIV]. La reivindicación de cosas genéricas, de Antonio Díaz Bautista, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. Como el propio autor reconoce apertis verbis al inicio mismo de su discurso, no deja de causar cuando menos cierta extrañeza el título del trabajo, habida cuenta de que la propia naturaleza de la acción reivindicatoria parece por sí sola rechazar, tanto en el Derecho romano como en la actualidad, una posible reclamación de cosas no específicas. Así se confirmaría, además, mediante la lectura de diversas fuentes jurídicas citadas en las que se hace referencia constantemente a que la cosa objeto de reivindicación esté perfectamente identificada. Contra esta impresión que aspectu primo se extrae de los textos, el autor se apresura a explicar cómo en el derecho romano, a diferencia de lo que acontece en la actualidad, se tenía un concepto de identificación muy flexible, de tal suerte que se admitía "la reivindicación de objetos cuya identificación era difícil o imposible, como son las cuotas indeterminadas sobre cosas indivisas, algunas universitates o, incluso, abiertamente, las cosas genéricas o fungibles" (p. 315). Justificado de esta forma el título del trabajo y solventada, al menos en principio, la aparente contradicción que el mismo encierra, procede al examen de diversos textos que recogen el parecer relativo de la jurisprudencia clásica, resultando especialmente significativo un fragmento de Paulo contenido en D. 6, 1, 6, en que se recoge la opinión de Octaveno, en virtud de la cual la identificación de las cosas genéricas, de cara a su posible reivindicación, sería posible mediante la indicación de su número, peso y medida, así como otros varios relativos a la reivindicatio en el supuesto de confusio o conmixtio. Ante el testimonio de las fuentes citadas, cuyo contenido es aceptado sustancialmente por la doctrina, Díaz Bautista termina su discurso advirtiendo acertadamente de la necesidad de revisar _aun sin recurrir al metodología hipercrítica superada actualmente_ los textos, teniendo en cuenta las alteraciones sustanciales que sobre la materia tienen lugar a partir del periodo postclásico, pues "La vía procesal correcta _asegura el autor_ para una reclamación de cosa genérica o infungible sería la condictio y no la reivindicatio" (p. 322 i.f.).
[XV]. Primera etapa histórica del ius emphyteuticum, de Margarita Fuenteseca Degeneffe, Titular de Derecho Romano de la Universidad de Vigo. En este artículo, que según la misma autora reconoce al comienzo de su exposición, pertenece a una más amplia labor de investigación integrada en un Proyecto financiado por la Xunta de Galicia en el que afirma haber participado, se aborda el estudio del ius emphyteuticum o derecho a disfrutar fundos ajenos a cambio del pago de un canon periódico, partiendo como premisa básica del origen griego-helenístico de la citada institución, de donde habría sido importado luego al derecho romano y de ahí, pasando por la doctrina medieval, a los sistemas jurídicos actuales. Para documentar este extremo, la autora expone los resultados alcanzados por un representativo sector doctrinal, particularmente por Mitteis, en quien se apoya constantemente, y Cascio, quienes a su vez basaron sus teorías en los testimonios de diversas fuentes papirológicas, entre las que destaca la Tabla de Heraclea y la inscripción de Thisbe, y jurídicas, expresamente referidas en el trabajo. En lo que atañe directamente a la recepción del instituto en el derecho romano, Fuenteseca Degeneffe, siempre siguiendo una línea de investigación ya consolidada, hace referencia al desarrollo que experimenta el ius in agro vectigali, institución donde localiza la primera manifestación de la locatio in perpetuum de los fundos provinciales, luego transformada en el derecho justinianeo en un negocio jurídico propio, distinto tanto de la locación como de la compraventa (al respecto recuerda la discusión jurisprudencial referida en Gai 3, 145, acerca de la calificación jurídica de la figura, habida cuenta de que presentaba rasgos que la asemejaban tanto a la compraventa como al arrendamiento), cual es el mentado ius emphyteuticum. Por último, la autora lleva a cabo un excursus acerca del significado del término griego synállagma, en que expresamente se remite a la autoridad de Pablo Fuenteseca, que trata de relacionar con la obligación que gravaba sobre el vectigalista de pagar el canon establecido a cambio o en reciprocidad por el disfrute de la cosa; rasgo éste que se transmite, como así afirma expresamente, al instituto de la enfiteusis y que perdura hasta nuestros días.
[XVI]. La expropiación de la propiedad privada, por causa de utilidad pública, desde la República hasta Justiniano. Estudio especial de Livio, 40, 51, de Enrique Lozano Corbi, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Zaragoza. Antes que nada llamo la atención sobre la quizás excesiva brevedad del trabajo, que contrasta con la amplitud no sólo conceptual, sino sobre todo de contenido, sugerida en el título del mismo. En mi opinión, tal enunciado podría haberse reducido a una época o autor determinado, pues ni siquiera brevemente afronta la evolución del instituto desde la época republicana hasta el Derecho justinianeo, centrándose más bien en el citado texto de Livio, del que según el propio autor, realiza un pormenorizado análisis (p. 641). Centrándonos pues en lo que constituye el objeto de su estudio, Lozano cree poder contradecir la tesis sostenida entre otros por Mayer en base al texto en cuestión, que parece apuntar a la inexistencia de la expropiación por causa de pública utilidad en la época republicana, afirmando que la citada fuente no constituye argumento decisivo en tal sentido y, por ende, que no supone un obstáculo suficiente a la opinión por él defendida de la existencia de la mentada institución ya en tiempos de Livio. En este sentido, ofrece una interpretación alternativa a la que aspectu primo parece desprenderse de la lectura del texto en cuestión, en virtud del cual M. Licinio Crasso se había opuesto con éxito a la decisión de los censores M. Emilio Lípido y M. Fulvio Nobiliore de construir un acueducto que debía pasar por sus dominios. Interpretación que basa, en primer término, en una oposición sólo temporal del propietario, no conforme con el justiprecio fijado y en segundo lugar, en diversos factores externos, cuales son las continuas guerras en que Roma se vio inmersa a partir de ese momento (s. II a. C.) y la construcción de un nuevo acueducto por obra del pretor Quinto Marcio Re (conocido como acueducto Marcio), factores todos ellos que, en su opinión, explicarían la no construcción del primer acueducto proyectado sobre tierras de Craso, al margen de la problemática existencia ya en aquel tiempo de la expropiación forzosa.
[XVII]. Algunas consideraciones sobre los derechos reales de garantía en la Lex Visigothorum 5, 6, 1 - 4, de Rosa Mentxaca Elexpe, Catedrática de Derecho Romano de la Universidad del País Vasco. Con el deseo expresamente declarado de rendir homenaje a Calonge "que con sus trabajos nos incorporó a la sugestiva tarea de, desde premisas romanistas, estudiar instituciones privadas en el derecho histórico español" (p. 705), la autora realiza un interesante y documentado estudio de las diversas leyes contenidas en la Lex Visigothorum, reguladoras del derecho real de prenda, partiendo de la incompleta (como explícitamente reconoce; p. 706) pero única y por ende de obligada referencia, edición que de las mismas hizo en su día Zeumer. Tras poner de relieve las numerosas desviaciones terminológicas que se aprecian en las leyes en examen, acordes con el conocido vulgarismo del derecho postclásico occidental, Mentxaca analiza separadamente las cuatro primeras leyes contenidas en el título VI del libro LV, las únicas que se refieren al tema elegido, relativas respectivamente: la primera, atribuida al igual que la cuarta a Rescesvindo, a la prohibición de apropiarse de los bienes dados en prenda sin autorización judicial; la segunda, perteneciente junto a la tercera al apartado Antiqua de la Lex Visigothorum y, por tanto, de autor incierto, en la que sanciona la sustracción hecha por el propio deudor de sus bienes, entregados en garantía al acreedor; la tercera, que regula el procedimiento a seguir en la venta de los bienes una vez incumplida por el deudor la obligación principal; y, la cuarta, que se ocupa del derecho del deudor a recuperar la cosa dada en prenda en caso de cumplimiento de su obligación, imponiendo al acreedor la correspondiente sanción derivada de la no restitución. A la pregunta que la propia autora se hace en repetidas ocasiones a lo largo del trabajo, sobre "Qué decir" a propósito del contenido de los textos, responde en todos los casos con enorme acierto y cautela, exponiendo y justificando la interpretación más acorde _según su modo de ver_ al auténtico significado de las mentadas leyes, y teniendo siempre en cuenta la doctrina relativa a las diversas cuestiones que el estudio de estas leyes plantea, sobre todo en lo que respecta a las fuentes que sirven de inspiración más inmediata al legislador visigodo, doctrina que expone y trata con gran respeto. El trabajo termina con la exposición de tres conclusiones básicas en las que Mentxaca sintetiza su personal valoración sobre el contenido de las citadas disposiciones legales, mediante unas reflexiones generales que trascienden el limitado marco conceptual en que se desenvuelve el estudio, y en ocasiones incluso el propio ámbito jurídico.
[XVIII]. El concepto romano de tesoro y el artículo 352 del Código civil, de Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Málaga. Con la claridad y agilidad expositiva que le caracterizan, Ortega lleva a cabo aquí un minucioso examen de la conocida definición que de tesoro nos legó el jurista Paulo, en D. 41, 1, 31, 1, poniéndola en todo momento en conexión con la que al respecto ofrece el artículo 352 de nuestro Código civil, que tal como se demuestra a lo largo del trabajo acoge sustancialmente los principios romanos. Aunque son muchas las cuestiones que suscita la lectura de la mentada definición de Paulo, tal como se deduce sin ir más lejos de la copiosa bibliografía consagrada al estudio de la misma (la más representativa citada y examinada por el profesor Ortega), el autor aborda la variada problemática, examinando cada uno de los términos que figuran en la referida definición, con la finalidad de ofrecer una explicación amplia y en conjunto de la misma. Partiendo del análisis del término depositio, respecto del cual sostiene una interpretación flexible que permita ampliar el limitado ámbito de aplicación sugerido por el vocablo, el autor se detiene especialmente en el examen de los requisitos de la antigüedad y de la inexistencia del dueño, al que apuntan las diversas proposiciones contenidas en la definición de Paulo: vetus depositio, cuius non extat memoria y ut iam dominum non habeat, que parecen refrendadas por otras fuentes jurídicas y literarias a las que el autor se refiere expresamente, entre las que destacamos dos constituciones imperiales contenidas en CTh. 10, 18, 2 y CI. 10, 15, 1, 1, así como el testimonio fundamental de Casiodoro en Variorum 6, 8, 6. Sin descender a más pormenores, considero que Ortega sintetiza aquí con gran maestría la extensa polémica que plantea ab antiquo la determinación del concreto alcance y significado de la definición de tesoro que ofrece Paulo en el citado fragmento de D. 41, 1, 31, 1, obligado punto de referencia para cualquier estudio sobre la cuestión, ofreciendo de la misma una interpretación que, aunque discutible, se presenta sólidamente fundamentada, tanto desde el punto de vista textual como doctrinal.
Siguiendo la metodología ya expuesta, dedicamos este cuarto apartado a los trabajos centrados en el estudio del derecho de obligaciones, ámbito éste por el que Calonge mostró una especial predilección, y en el que se concentra, por cierto, la mayor parte del contenido de estos estudios in memoriam. Básicamente, podemos agrupar las numerosas contribuciones en dos grandes bloques: el primero, en el que se comprenderían trabajos dedicados a cuestiones varias, como la propia noción de obligatio, las garantías personales o la responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación; y, el segundo, dedicado al estudio de los contratos en particular, fuente de la obligatio por excelencia. Al primer grupo pertenecen los siguientes:
[XIX]. Obligación: significado, de Nelly Louzán de Solimano, Catedrática emérita de Derecho Romano de la Universidad de Buenos Aires. Tomando como punto de partida de su estudio la conocida definición de obligatio contenida en Inst. 3, 13 pr., tradicionalmente atribuida a Florentino, y que en esencia considera válida y acorde al sentir relativo de la jurisprudencia clásica (en este punto la autora refiere y rechaza con argumentos más o menos sólidos algunas de las muchas críticas que la citada definición ha suscitado entre la doctrina romanística), Louzán pone de relieve a lo largo de su trabajo algunas de las múltiples hipótesis que se han barajado acerca del origen de la obligatio romana, dando lugar a discusiones que, ante la inexistencia de fuentes relativas al periodo más antiguo, anterior incluso al origen de la civitas, están destinadas a no concluir nunca. Sobre la base del fundamental estudio que sobre la materia llevó a cabo Brinz, así como de otros trabajos de obligada referencia en este punto, como los de Perozzi, Albertario, Arangio-Ruiz o Betti (por citar algunos de los más representativos manejados en este trabajo, en el que también se recurre en menor medida a bibliografía más reciente), la autora aborda problemas fundamentales como la vexata quaestio de la anterioridad histórica de la noción de delito frente a la de contrato, defendida por unos (en este sentido parece orientarse también la autora) y rechazada por otros; o la controvertida distinción entre debitum y obligatio, tradicionalmente conectada _aunque no de forma pacífica_ a la relativa entre la obligación y la responsabilidad (schuld - haftung); o la evolución en lo que respecta a las fuentes de la obligatio en derecho romano, como resultaría del testimonio fundamental de Gai 3,88 (que por cierto no cita) y 4, 2, en conexión con Gai 3, 91; y D. 44, 7, 1 pr. Y a la luz de todo lo expuesto, y a partir de sus conclusiones, no demasiado claras, finaliza afirmando que la definición de obligación contenida en Inst. 3,13, pr. resultaría perfectamente válida en la actualidad sustituyendo el tramo final de la misma, secundum nostrae civitatis iura, por "respondiendo con nuestro patrimonio en caso de incumplimiento" (p. 633).
[XX]. Compensatio lucri cum damno, de Fermín Camacho de los Ríos, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ante la perplejidad que el propio título del trabajo puede suscitar, Camacho de los Ríos se apresura a advertir que no se toman en consideración aquí los supuestos en que el lucro supone una aminoración del daño, sino aquellos otros, que en su opinión conformarían una categoría autónoma e independiente de los anteriores, en los que junto al daño "e íntimamente ligado a él" el acto lesivo genera un beneficio o lucro, tratándose en tales casos de determinar si tal compensación fue o no admitida en el derecho romano y, en caso afirmativo, fijar los límites dentro de los cuales operaría la misma (p. 152). En su opinión, defendida antes que él por otros autores como Solazzi y rechazada por Biondi y Kunkel, entre otros, la compensatio lucri cum damno habría sido admitida ya por la jurisprudencia clásica en determinadas ocasiones y bajo ciertos condicionantes, como lo demostrarían diversos textos en los que se hace referencia a la misma, bien para aceptarla, bien para excluirla. Fundamentales a este propósito le resultan particularmente: D. 3, 5, 11 de Pomponio; D. 17, 2, 23, 1 de Ulpiano; y D. 17, 2, 25, en base a los cuales extrae la conclusión (sintéticamente expuesta al final del trabajo; p. 167) que el instituto de la compensación ciertamente existía y era tenido en cuenta en la praxis judicial, siempre y cuando existiese una relación de causalidad inmediata y directa entre el daño y el lucro, excluidos los casos en que el sujeto actuaba de forma dolosa, en los cuales _asevera_ no cabría reducción alguna por este motivo del montante indemnizatorio. La cuestión, que así planteada resulta de fácil asimilación, es sin embargo más compleja de lo que parece pues, en primer lugar, me parece no suficientemente probada la existencia de esa categoría autónoma de eventos en los que la obtención de un lucro no comporta, inmediata y consiguientemente, una disminución del perjuicio causado; y en segundo lugar, no aparece del todo definida la postura del autor respecto al concreto encuadre de la citada compensatio dentro de la "teoría general de las obligaciones", pues en ocasiones se refiere a ella como un modo de disminución de la responsabilidad; en otros, como una causa de extinción de las obligaciones; y, en otros casos y como parece más lógico, como un criterio a tener en cuenta a la hora de fijar el montante indemnizatorio, conceptos éstos conectados entre sí pero no intercambiables en cuanto a su significación. En todo caso, se trata según el propio autor advierte al inicio de su discurso, de un tema que suscita numerosas dudas tanto desde el punto de vista de su planteamiento inicial, como desde la perspectiva de su admisión como principio generalmente aplicable.
[XXI]. Acotaciones históricas al artículo 1107 del Código civil, de Jose Mª León González, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. Nos encontramos ante un trabajo interesantísimo y de contenido muy denso y complejo, como complejos son todos los trabajos centrados en el estudio de la responsabilidad contractual, aunque se aprecian los esfuerzos del autor por exponer la cuestión de la forma más clara posible. En este caso, León se centra en la parte final del artículo 1107 de nuestro Código civil cuando, con el objetivo claro de limitar la responsabilidad del deudor de buena fe por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se advierte que sólo responderá de los daños y perjuicios "que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento". El precedente romano de la norma descrita se encontraría, en opinión del autor que al punto se apoya en la autoridad de romanistas de la talla de Winscheid, Bonfante o Betti (entre otros), en la decisión contenida en D. 19, 1, 21, 3 en que, ante un caso de incumplimiento por parte del vendedor de su obligación de poner la cosa a disposición del comprador, Paulo resuelve que sólo se tendrá en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad de aquél el interés del comprador circa ipsam rem, encontrándose el fundamento de tal decisión en la ausencia de nexo causal respecto de los demás perjuicios resultantes; más precisamente, y esta sería la opinión de los citados romanistas que el autor comparte por creer reconducible a la recién expuesta teoría, la decisión se basaría en la culpa concurrente del comprador. Dejando a un lado los precedentes romanos de la norma que analiza y centrándose más en el significado y concreto alcance de la misma, León refiere la distinción elaborada por la doctrina intermedia del damnum circa rem y extra rem (cuyo origen localiza en el mentado texto de Paulo), identificable con la actual distinción entre daños directos e indirectos, que figura expresamente en diversos Códigos de Derecho civil, como el francés o el italiano y que subyace _en su opinión_ en la disposición contenida en el artículo 1107 del Código civil español. Ante la diversidad de interpretaciones dadas por la doctrina a la citada dicotomía "daños directos - daños indirectos", el autor acepta como plenamente válidas e ilustrativas las reflexiones relativas expuestas por Pothier en su Traité des Obligations, quien a su vez reproduce una doctrina ya sostenida en su esencia por Domat y Dumoulin. A saber, basándose en el ejemplo de la venta de un animal enfermo, que contagia a todo el ganado y provoca la ruina del comprador, Pothier resuelve con meridiana claridad el problema planteado por la referida dicotomía, en el sentido de considerar daños directos sólo aquéllos que derivan necesariamente del incumplimiento de la obligación, reservándose por ende la calificación de indirectos a aquellos otros no conectados necesaria o exclusivamente, al comportamiento del deudor; es decir, aquéllos en cuya verificación han podido concurrir otras causas diversas que excluyen, o mejor dicho, hacen que se rompa el nexo de causalidad. Esta tesis se conectaría, como acertadamente advierte León, con la máxima atribuida a Pomponio y contenida en D. 50, 17, 203, en virtud de la cual: Quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire. Teoría que, trasladada a la disposición legal en examen, sintetiza en dos conclusiones básicas: primera, el papel fundamental que juega el criterio de la "evitabilidad" en el artículo 1107 i.f. del Código civil español, en la medida en que de él se hace depender la existencia o no del nexo causal y, por ende, la responsabilidad del deudor; y segunda, la importancia de otro criterio causal presente en la citada disposición, cual es el de la "anormalidad" del resultado, concluyendo su estudio con una breve referencia al Código civil italiano de 1942 que, siguiendo la opinión mayoritaria, desglosa en dos artículos distintos los dos citados criterios de causalidad que subyacen en el tramo final de nuestra disposición legal.
[XXII]. De la perpetuatio obligationis a la autonomía del equivalente pecuniario, de Eugenio Llamas Pombo, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. El estudio va dirigido básicamente a determinar si en la indemnización por daños y perjuicios, a la que se obliga al deudor en caso de incumplimiento de la obligación, va comprendido el equivalente pecuniario de la prestación o si, por el contrario, como así sostiene el autor contradiciendo expressis verbis la que puede considerarse communis opinio, este equivalente pecuniario tiene un valor independiente. Tratando de localizar los precedentes históricos que sirvan de apoyo a tal teoría, el autor retrocede en el tiempo hasta el derecho romano, y comienza su discurso exponiendo una serie de conceptos básicos y aceptados de manera pacífica por la doctrina, entre otros, la inexistencia en el derecho romano de un verdadero "sistema de responsabilidad contractual", premisa ésta que liga a la importancia del proceso para el estudio de las instituciones jurídico-privadas pues, como es sabido, este ordenamiento se desarrolló a partir de la noción de la actio; o bien el originario sometimiento personal del deudor en caso de incumplimiento de la obligación, abolido por la Lex Poetelia Papiria del siglo IV a. C., que prohibió la ejecución personal; o la evolución que se opera en el ámbito de la Lex Aquilia en lo que respecta a la fijación de la sanción pecuniaria, en que partiendo de los estrechos márgenes conceptuales derivados del texto legal se llega luego, y con seguridad desde tiempos de Ulpiano, a la valoración del id quod interest. En este último punto se incardinaría su teoría acerca de la perpetuatio obligationis que _según él_ operaba siempre que el incumplimiento de la obligación era imputable al deudor o había éste incurrido en mora; en uno y otro caso, explica, "los juristas romanos idearon la ficción de la perpetuatio obligationis: se procede como si la cosa subsistiese al tiempo de la litis constestatio...en tal supuesto el deudor será condenado por el importe del valor de la cosa" (p. 666) y cita en este sentido un texto que se ha considerado tradicional y creo exclusivamente conectado al supuesto de la mora, cual es D. 45, 1, 91, 3. Siguiendo así el iter lógico de su discurso, Llamas pone en conexión esta cuestión con la relativa a la citada evolución en la valoración del daño aquiliano, para concluir finalmente que en caso de perpetuatio obligationis en un principio se atendía exclusivamente a la aestimatio rei, entrando en juego más tarde el concepto más amplio del id quod interest, que incluiría además del valor de la cosa, el "superior interés del acreedor" (p. 667). Sistema éste que después pasará, a través del ius commune, al pensamiento de Domat y Pothier y, con ellos, queremos entender, a los modernos Códigos de tradición francesa, entre ellos el nuestro. Mención aparte merece el excursus que lleva a cabo el autor a propósito de la evolución que se opera en el derecho romano en el concepto del custodiam praestare que, no entendemos en qué forma, pretende también conectarlo al problema central que le ocupa.
[XXIII]. Accesoriedad de las garantías personales y beneficium excussionis, de Armando Torrent Ruiz, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Como sugiere el título del trabajo, Torrent analiza aquí la evolución que se opera en el ámbito de las garantías personales, concretamente en la fianza en sus tres modalidades, la sponsio, la fidepromissio y la fideiusso, tendente a hacer cada vez menos gravosa la posición de los fiadores, originariamente ligados _como es sabido_ in solidum junto al deudor principal. Aunque el punto final de esta evolución, tal como explica el mismo autor, se alcanza en el derecho justinianeo mediante el reconocimiento del conocido beneficium excussionis recogido en la Nov. 4,1, que facultó al fideiussor demandado en juicio a obligar al acreedor que actuase en primer término frente al deudor principal, fijando así la nota sin duda más característica de la fianza actual, cual es su subsidiariedad, es posible reconocer ya desde épocas más antiguas la existencia de numerosas disposiciones encauzadas de manera más o menos directa en tal dirección, que se remontarían incluso a la época republicana, como el autor documenta sobradamente a lo largo de su estudio. A saber: la Lex Publia de sponsu que se remonta al primitivo procedimiento de las legis actionis y que, al parecer, facultaba al sponsor que hubiere satisfecho el crédito a aplicar directamente la manus iniectio sobre la persona del deudor y más tarde a actuar frente a él mediante la actio depensi; la Lex Appuleia referida por Gayo (3,122), en virtud de la cual surgía una suerte de responsabilidad pro parte entre los varios sponsores o fidepromissores, otorgando a aquél que había satisfecho una cantidad superior a la que le correspondía acción de regreso frente a los demás; una lex Furia de sponsu de contenido similar a la anterior, aunque de aplicación exclusiva en la península itálica; y la lex Cicereia, al parecer de mediados del siglo II a. C., que obligaba a los deudores a declarar en voz alta tanto el importe de su crédito, como el número de fiadores y la cantidad por la cual quedaba cada uno obligado. A ellas se sumaría la aparición en el s. I a. C. de la forma más evolucionada de la fideiusso, cuya principal novedad radicaría en el reconocimiento de la accesoriedad de la garantía respecto del crédito principal, así como otros factores asociados a la extinción de la obligación, el reconocimiento por una epistula adrianea del conocido beneficium divisionis o la concesión del beneficium cedendarum actionum, todo lo cual contribuiría a la consolidación de la idea de la accesoriedad y, con ella, de la mencionada subsidiariedad de las obligaciones de los diversos deudores. Se trata en definitiva de un trabajo sugerente, bien estructurado y sólidamente documentado, que ofrece una visión bastante clara y de conjunto del tema tratado, claridad a la que sin duda contribuye la ausencia de toda mención a los diversos conflictos doctrinales que rodean el estudio de la cuestión.
En el segundo bloque de este apartado dedicado a los Derechos de obligaciones, centrado _lo recordamos_ en el estudio de diversas figuras contractuales, se ubicarían los siguientes trabajos:
[XXIV]. Consideraciones sobre el depósito judicial, de Carmen García Vázquez, Catedrática de Derecho Romano de la Universidad de Cádiz. La autora pretende en este trabajo profundizar en diversos aspectos relacionados con el "secuestro", cuales son, la indefinición de la persona a la que debería ser entregado el objeto, su reconocimiento jurídico y su diferenciación respecto del depósito voluntario, ampliando así un estudio ya abordado por la autora sobre la citada institución jurídica (referido en p. 487 nt.1). Para ello, parte de las tesis contrapuestas de Arangio-Ruiz y De Ruggiero, el primero _siguiendo en este punto su tradicional metodología de la hipercrítica textual_ que rechaza la clasicidad de los textos referidos al depositio apud sequestrem que, en su opinión estarían interpolados, pues el secuestro ordenado por el juez, a diferencia del denominado secuestro voluntario o depósito realizado por las partes en tutela de sus derechos (cuya clasicidad sí parece admitir), habría sido obra de los maestros bizantinos; y el segundo, que admite por contra la genuinidad de todas las fuentes relativas al secuestro, figura ésta a la que, en su opinión, se le dio en el derecho romano una regulación unitaria. Aunque mucho más cerca de la opinión de este último romanista que del anterior, no puede establecerse sin embargo una plena identificación entre la recién expuesta teoría de De Ruggiero y la defendida por la autora, la que sintetiza perfectamente en las líneas finales de su trabajo, y que citamos literalmente: "depósito público, depósito judicial y secuestro eran instituciones jurídicas cuyas raíces se encontraban en el depósito ordinario pero que entre sí no eran equivalentes. Podía darse un depósito público o judicial en secuestro, pero también únicamente como depositio aunque tuviese ciertas especialidades" (p. 502), rechaza además la legitimidad de algunos testimonios aducidos por De Ruggiero por faltar en ellos aquel requisito fundamental para que pueda hablarse de secuestro, cual es la indefinición de la persona que puede reclamar la cosa. Aunque discutible en algunos de sus puntos, hay que reconocer el esfuerzo de la autora por ofrecer un sólido respaldo textual a su teoría, como lo prueban las más de treinta fuentes jurídicas romanas que en estas breves páginas cita y de las cueles ofrece en todo caso una interpretación que bien puede acomodarse a la misma.
[XXV]. Consideraciones en torno a la condictio incerti, de Enrique Gómez Royo y José Mª Espinosa Isach, Catedrático y Titular, respectivamente, de Derecho Romano de la Universidad de Valencia. El trabajo parte del testimonio fundamental de Aulo Gelio en sus Noctes Atticae 11, 18,1 1 - 14, en que reproduce el parecer de Sabino favorable a considerar furtum también el realizado sobre un inmueble y, consiguientemente, a la posibilidad de ejercitar en estos casos la condictio para recuperar la posesión. Suponiendo que en tal hipótesis el objeto de la reclamación es un incertum, Gómez Royo y Espinosa se hacen eco de la disputa sostenida ab antiquo acerca de la clasicidad o no de la condictio incerti, sintetizando las posturas más significativas defendidas al respecto (en este punto se basan en el trabajo de Collinet; p. 516) y señalando la que al parecer puede considerarse hoy mayoritaria, cual es la de rechazar la genuinidad de la expresión condictio incerti desde un punto de vista etimológico, y admitiendo aplicaciones prácticas de la misma ya desde principios del Imperio. Opinión esta última compartida también por los propios autores quienes, tras un estudio detenido de las diversas fuentes jurídicas relativas a la cuestión, llegan a la conclusión, que contra la opinión de Sabino referida por Aulo Gelio, Celso, citado por Ulpiano en D. 13, 3, 2, matiza que sólo cabría hablar de furtum de un inmueble y de la consiguiente condictio rei ex causa furtiva si el despojado del inmueble fuese el propietario, pues tratándose del poseedor, sólo cabría una reclamación no por la cosa, sino por la posesión, otorgándose en tal hipótesis la condictio incerti. Al margen de cualquier consideración relacionada con el fondo mismo del problema tratado por estos autores, hemos de reconocer como principal atractivo de este trabajo, por poco frecuente, el constante recurso a los fragmentos relativos de los Libri Basilicorum así como a diversos scholia para la interpretación de las fuentes romanas que se citan, recurso que no resulta por otro lado nada extraño, habida cuenta de la conocida preferencia del profesor Gómez Royo por el estudio de las fuentes bizantinas, que maneja con destreza.
[XXVI]. La compraventa de bienes inmuebles a cuerpo cierto o tanto alzado, de Eugenio Llamas Valbuena, Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. Como reza en el propio título del trabajo, Llamas centra su atención en la controvertida disposición legal recogida en el artículo 1471 de nuestro Código civil, que regula la "venta de un inmueble realizada a precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número". Aunque aparentemente claro, al menos en lo prescrito en su párrafo primero, este artículo presenta _según advierte el autor_ numerosos problemas de interpretación, relacionados tanto con su ámbito de aplicación, como con el fundamento de las diversas soluciones que en el mismo se ofrecen ante problema planteado, dudas que han dado lugar a una extensa literatura doctrinal y jurisprudencial, reflejada en buena medida en el trabajo que nos ocupa. En relación al primer problema, Llamas participa de una opinión, al parecer consolidada, en virtud de la cual el precepto contemplaría también los casos en que en la fijación del precio no interviene el criterio de la "calidad", en el sentido que tampoco en caso de resultar el inmueble de calidad diversa a la expresada habría lugar a modificación alguna en cuanto al precio. Y en lo que concierne a las soluciones arbitradas en el precepto legal en examen, comenzando por la prescrita en el apartado final del párrafo 1º, siguiendo también una opinión difundida en la doctrina, reconoce el autor, que la misma "presenta ciertos aspectos de aleatoriedad" (p. 675), aleatoriedad que se justificaría atendiendo a la doctrina causal del "cuerpo cierto", que impide que la variación en la cabida de la cosa pueda repercutir en el precio fijado. Sin embargo, no resultaría tan clara la interpretación del párrafo 2º de la disposición en examen, que en caso de haberse hecho mención expresa de la cabida o número y no poder el vendedor entregar todo lo que se comprende en los límites descritos, se otorga al comprador la facultad de optar por la rescisión del contrato o la disminución de su precio. Decisión ésta cuyos precedentes romanos localiza el autor en diversos fragmentos contenidos en Digesto, particularmente en D. 19, 1, 39 y D. 19, 1, 42, atribuidos respectivamente a Modestino y Paulo que, ante supuestos similares al contemplado, resuelven conceder al comprador, no sin ciertas reservas, la actio empti. Finalmente, el autor hace una breve referencia a la polémica suscitada acerca de la interpretación del término "prescribir" que emplea el artículo 1472 del Código civil, que en opinión de algunos autores habría que entender más bien en el sentido de plazo de caducidad, para concluir llamando la atención sobre la posibilidad del comprador de recurrir además de las vías expuestas, a la acción de dolo incidental regulada en el artículo 1270 de nuestro Código civil.
[XXVII]. L. 29, D. Libr.trig. ad Sab. 17, 2 y el reparto de las pérdidas y las ganancias entre los socios, de Emma Rodríguez Díaz, Doctora en Derecho, Universidad de Oviedo. Nos encontramos en este caso ante un breve pero documentado comentario de un fragmento de Digesto atribuido a Ulpiano, D. 17, 2, 29 en que se establecen los criterios a seguir para determinar la participación de los socios en las pérdidas y las ganancias. La solución que al respecto se ofrece y que ha sido pacíficamente aceptada es que, a falta de pacto en contrario, unas y otras se repartirán a partes iguales, resultando controvertida para la autora la regla contenida en el mismo texto que deja al arbitrio de las partes establecer un grado de participación diverso, reconocimiento éste de la autonomía de la voluntad que se mostraría más acorde, en opinión de un cierto sector doctrinal, que por cierto no comparte la autora, con la concepción postclásica-justinianea. Seguidamente trae a colación la normativa relativa de nuestro Código civil, concretamente el artículo 1689 del citado cuerpo legal, en que se sigue un criterio diverso al establecido en las fuentes romanas, a saber, el de la proporcionalidad entre las aportaciones y la participación en las pérdidas y ganancias a falta de pacto en contrario.
[XXVIII]. Contributi alla palingenesi della giurisprudenza romana. I Dig. 18.1.34 e la struttura del lib. 33 "ad Edictum" di Paolo, de Mario Talamanca, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad La Sapienza de Roma. El trabajo, como advierte el autor al inicio del mismo, forma parte de uno más amplio que cuando escribía estas líneas estaba aún en vías de publicación, dedicado ad hoc al estudio de este fragmento extraído del libro 33 de los comentarios de Paulo al Edicto, contenido en D. 18, 1, 34, 1. El artículo, como sugiere su propio título, va dirigido a profundizar en la reconstrucción que lleva a cabo Lenel del mentado libro 33 del ad Edictum de Paulo en su Palingenesia, proponiendo el autor una estructuración diversa, no tanto desde el punto de vista de la numeración propuesta por aquél, como del orden lógico secuencial en que debieron integrarse los diversos parágrafos que conforman el contenido del fragmento en cuestión en la citada obra del jurista, en atención a los temas tratados particularmente en cada caso por el jurista severiano. A lo largo de este extenso artículo, Talamanca analiza detenidamente los diversos fragmentos de Digesto relativos a la compraventa extraídos del libro 33 ad Edictum de Paulo, que conecta particularmente al contenido de D. 18, 1, 34, 1, relativo a las res extra-commercium, para ofrecer finalmente una sistematización de la mentada obra que, si bien aleatoria y basada en simple conjeturas dada la insuficiencia de datos textuales en los que apoyarse, representa una alternativa válida y sobradamente documentada a la ofrecida por Lenel en su Palingenesia, y cuyos pormenores aparecen detallados en el párrafo final del trabajo, al cual nos remitimos.
[XXIX]. Acerca de la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por necesidad del arrendador, de Gerardo Turiel de Castro, Titular de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo. El breve estudio de Turiel presenta a priori el atractivo de estar basado, tal como él mismo explica, en un supuesto fáctico que protagonizó el propio Calonge y al que dedicó una ponencia presentada en un Seminario organizado por la Cátedra de Derecho romano de la Universidad de Lérida celebrado en 1990, seminario al que acudió también como invitado el autor de este trabajo. Si en aquel momento Calonge realizó un estudio comparado de la normativa relativa a la resolución del contrato de arrendamiento por necesidad del arrendador en el derecho romano y en la entonces vigente LAU de 1964, la reforma de esta última operada como es sabido en 1994 hacen que el autor retome aquí la cuestión para constatar, que a diferencia de la anterior legislación sobre arrendamientos urbanos, la actualmente vigente sigue en esencia los principios romanos al reconocer, a diferencia de la ley anterior, esa posibilidad de rescindir el contrato por necesidad expresamente declarada (al tiempo de la celebración del mismo) del arrendador de utilizar la vivienda para sí, no operando en tal supuesto la prórroga legal obligatoria que sanciona el artículo 9 de la citada disposición legal a favor del arrendatario. Así que de haberse planteado la polémica después de la promulgación de la nueva LAU, Calonge _advierte con humor y elegancia el autor al final de su discurso_ "habría visto satisfechas sus pretensiones con el mismo o muy parecido fundamento que pudiera haber invocado un jurisconsulto romano" (p. 1052).
Finalmente, incluimos en este apartado dedicado a los contratos dos contribuciones relativas a la donación, conscientes de la discusión que la concreta ubicación de la referida institución jurídica plantea entre la doctrina. Son las siguientes:
[XXX]. Familia y civitas a propósito de la Lex Cincia, de Ramón López Rosa, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Huelva. Partiendo de las reflexiones expuestas por Calonge en su trabajo "Aestimatio dotis" (cit. en p. 613 nt. 5) a propósito de la evolución de la familia romana, que concebía inicialmente como parte de la civitas y aceptando tal conclusión como premisa básica de su estudio, López Rosa, con la claridad y concisión habituales, trata de buscar fundamento a la norma, criticada injustamente según su parecer por muchos autores, contenida en la Lex Cincia de donis et muneribus del año 204 a. C. que, como es sabido, prohibía las donaciones que excediesen de una determinada medida, salvo entre personas unidas entre sí por ciertos vínculos. Contra la opinión sostenida entre otros por Savigny, quien concebía la ley como reflejo de la tendencia individualista y egoísta del derecho romano, López Rosa, basándose fundamentalmente en el testimonio de Cicerón en de off. 2, 15, 54, llama la atención sobre la situación de descontrol y despilfarro que reinaba en la sociedad romana en tiempos de la publicación de la mentada lex, interpretando por ende la misma como una "llamada al orden" (p. 614). En este sentido, conecta su contenido con aquella concepción primitiva de la familia romana, destacando particularmente la importancia de la unidad familiar y de la conservación del patrimonio, ideas éstas que en su opinión, e independientemente de otras consideraciones acerca de la estructura primitiva de la sociedad romana (tema que ha suscitado ab antiquo una intensa polémica entre la doctrina, dando lugar, como pone de manifiesto López Rosa a lo largo de su trabajo, a las más diversas y variadas teorías) gravitarían sobre la solución arbitrada en la lex en examen. Tesis que encontraría una ulterior confirmación, según manifiesta el autor en la parte final de su trabajo, en la profunda reforma que sobre la materia tuvo que acometer Augusto quien, ante la degradación de las costumbres imperante en su época, cito textualmente "tuvo que regular todo lo que hasta entonces era materia consuetudinaria" (p. 623).
[XXXI]. Donatio omnium bonorum praesentium et futurorum (non valet). (Reminiscencias romanas en la donación universal), de Alfonso Murillo Villar, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Burgos. Murillo afronta aquí una cuestión que contrasta con el tenor de la Lex Cincia, examinada en el artículo precedente, cual es la de las donaciones omnium bonorum, admitidas _según explica_ en el derecho romano a partir de un cierto momento (y una vez caída en desuso, se entiende, la mencionada lex), como testimonian diversas fuentes correspondientes a la época postclásica y justinianea, entre ellas: Frag, Vat. 282; y, CI. 8, 53, 35, 4 y 5. No obstante, como también advierte el autor, la aceptación de la donación universal ha llevado aparejados siempre serios problemas, cuales son el de la subsistencia del donante o el posible fraude de acreedores si los donatarios no aceptaban expresamente hacerse cargo de las deudas, cuestiones éstas que obligaron al tiempo que se reconocían, a establecer ciertas limitaciones a las mismas (así se desprende, entre otros, de CI. 4, 6, 2; CI. 8, 53, 22; D. 42, 8, 17, 1; y Frag. Vat. 286) de las que se deduce, según Murillo, que en el derecho romano la "donatio omnium bonorum praesentium et futurorum non valet" (p. 732). Principio éste, explica el autor, confirmado en toda la legislación intermedia, en que se admite únicamente y con reserva la donación de los bienes presentes: a propósito se remite a lo dispuesto en Partidas V, 4, 8, en el Fuero Real 3, 12, 7, en la Ley 69 de Toro y en la Novísima Recopilación 10, 7, 2, y también a los artículos relativos del vigente Código civil, 634 y 635. Si bien, concluye el autor, "los avances sociales han dejado inservibles las cautelas previstas en el artículo 634 del C.c. [...] pues hemos alcanzado un sistema que protege todas las contingencias y situaciones de la población sin necesidad de acaparar fortuna" (p. 737), refiriéndose particularmente al sistema de pensiones de la Seguridad social.
Al quinto apartado de estos Studi pertenece un estudio íntimamente conectado al ámbito del Derecho de familia, cual es:
[XXXII]. La acción de jactancia: una institución fundada en la normativa romana postclásica, aplicada en la práctica procesal canónica hispana de la Edad moderna, de Justo García Sánchez, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo. Pese a la considerable extensión de trabajo, el interés del tema tratado y la destreza expositiva de García Sánchez, hacen del mismo uno de los trabajos más atractivos contenidos en estos estudios in memoriam. Aún más teniendo en cuenta, como advierte el propio autor, que la acción de jactancia constituyó el objeto de uno de los últimos trabajos del homenajeado Calonge. Partiendo de un supuesto práctico que se planteó a finales del siglo XVIII en la Villa de Retortillo y que fue sometido a la jurisdicción del vicario general de la provincia salmantina de Ciudad Rodrigo, García Sánchez aborda el estudio de una institución jurídica, conocida y aplicada ya en el derecho romano en el ámbito concreto de la diffamatio (CI. 7, 14, 5), desde donde pasaría a las Partidas en que se amplía por obra de glosadores y comentaristas su ámbito de aplicación (P. III, 2, 46), y de ahí nuestros días, como lo probarían las constantes referencias en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Los diversos problemas conectados al estudio de la acción de jactancia, particularmente el régimen jurídico de los esponsales, vigentes al tiempo de plantearse el caso en cuestión, o el propio concepto de jactancia y su progresiva evolución, o la tramitación misma de la relativa acción, son temas todos ellos abordados y analizados detenidamente a lo largo de estas extensas páginas, donde el autor pone de relieve la fundamental aportación al respecto de la doctrina jurídica salmantina del siglo XVI, en su opinión desconocida y poco valorada (p. 437). Al margen del interés que pueda tener el concreto tema tratado, me merece especial mención el extraordinario conocimiento y ágil manejo que demuestra el autor de la doctrina jurídica, canónica y literaria a lo largo de toda su trayectoria histórica, desde el derecho romano, pasando por la doctrina medieval e intermedia, hasta llegar a la actualidad, así como la maestría con que conecta tan abundante literatura al caso práctico que le sirve de punto de partida de toda su reflexión posterior; caso que, por cierto, terminó _según nos explica el autor_ con el allanamiento del demandante y con la celebración posterior del matrimonio entre las partes intervinientes en este litigio, prueba todo ello de la positiva "actuación procesal del ordinario civitatense, acorde con el principio que rige la normativa canónica y que aparece referido en el vigente CIC de la Iglesia latina, en su cn. 1572: "servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse habet" (p. 468).
En el sexto y último apartado de estos estudios sobre las instituciones jurídico-privadas romanas se ubican una serie de trabajos relacionados con el concreto ámbito del Derecho de sucesiones. Los vemos:
[XXXIII]. Algunas observaciones sobre el testamento ológrafo, de Alfonso Arrimadas García, Profesor asociado de Derecho Romano de la Universidad de Salamanca. El autor realiza un breve y documentado recorrido, tanto desde el punto de vista textual como doctrinal, por el reconocimiento jurídico del testamento ológrafo, cuyo origen _como es sabido_ se localiza en una constitución imperial de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, recogida en Nov. 21, 2, 1, disposición que se repite en la Lex Romana Burgundionum 45, 1, así como en la Lex Romana Visigothorum o Breviarium Aniani IV y en el Liber Iudiciorum 2, 5, 16, de donde pasa a nuestro Fuero Juzgo 2, 5, 15, y cuya recepción en nuestro derecho patrio se interrumpe, según explica el autor, hasta nuestro Código civil actual en que, por influencia del Código napoleónico, volvemos a encontrar recogido el mentado instituto en los artículos 676 ss. El trabajo se ilustra con diversos comentarios del autor acerca del posible fundamento de la disposición imperial, que contrastaba con el derecho vigente hasta entonces en materia testamentaria, así como con un breve excursus a propósito de la etimología del término holographum para lo cual se basa en el testimonio fundamental de San Isidoro de Sevilla en sus Etym. 5, 24, 27.
[XXXIV]. El testamento nuncupativo y su recepción en la praxis y en la doctrina de la Corona de Aragón, de Aránzazu Calzada González y Juan A. Obarrio Moreno, Catedrática y Titular respectivamente de Derecho Romano de las Universidades de Alicante y Valencia. Los autores abordan aquí la problemática que rodea el reconocimiento jurídico del testamento nuncupativo en los diversos ordenamientos forales, especialmente en el derecho aragonés, motivada tanto por la ausencia de fuentes jurídicas romanas que fundamenten sólidamente la existencia y naturaleza jurídica de la mentada institución, así como por la degradación de la tradición jurídica romana en materia de sucesión testamentaria que se opera desde los s. VIII a XII y que dio lugar, a juicio de los autores, a que "la doctrina foral trascendiera de la pura exposición estructural, para, por vía de la inducción, llegar a una serie de principios que explicarían de forma sintética la naturaleza jurídica de la institución" (p. 114), lo que a la postre justificaría las diferencias y particularidades que se aprecian entre las mismas. En este sentido, Calzada y Obarrio realizan un estudio comparativo del derecho valenciano, catalán y aragonés, apreciando que este último ofrece del testamento nuncupativo una regulación más compleja y detallada en relación a los demás, lo cual permite una más exacta delimitación conceptual y estructural del instituto tratado, cuyos pormenores son expuestos detalladamente por los autores a lo largo de toda su exposición, a cuya lectura, no exenta desde luego de cierto interés, nos remitimos sin más.
[XXXV]. Formas testamentarias postclásicas especiales: Testamentum tempore pestis, de Santiago Castán Pérez-Gómez, Titular de Derecho Romano de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Nos encontramos ante un trabajo bien documentado, muy bien razonado y perfectamente estructurado, que despierta desde las primeras líneas el interés del lector, lo cual es digno de elogio habida cuenta de la escasa, por no decir nula trascendencia práctica que afortunadamente, y como el propio autor reconoce, tiene en la actualidad el tema escogido. Se trata del estudio de una forma especial de testamento que se arbitró en el derecho postclásico, concretamente en una constitución de Diocleciano del 290, recogida en CI. 6, 23, 8, cual es el del testamento otorgado en tiempos de peste, respecto del cual se suprimió el requisito de la unitas actus, imprescindible para la validez de todo testamento. Después de aludir brevemente a otras formas especiales de testamentum reconocidas por el derecho romano, el autor comienza el estudio de la institución que nos ocupa con un interesante discurso a propósito de las características clínicas de la enfermedad en cuestión y de los devastadores efectos que tuvo hasta el s. XIX en que, según explica, se consiguió aislar el bacilo que provocaba la enfermedad (p. 221). Pasando a cuestiones más jurídicas, Castán ofrece una interpretación razonada de la disposición legal en cuestión, en la que sigue la que puede considerarse communis opinio, aun sin descuidar otras voces que aisladamente se han pronunciado sobre la cuestión, y teniendo en cuenta en todo caso los diversos puntos controvertidos que suscita la lectura de la constitución dioclecianea, particularmente, el de la necesidad ineludible de una "mínima relación directa con el testador" por parte de los testigos (p. 227), contexto dentro del cual debe entenderse esa relajación de la unidad de acto sugerida por la misma. Para concluir, el autor hace una breve referencia a la recepción de este instituto en nuestro derecho patrio, ausente en las Partidas e ignorado sorpresivamente en tiempos en que la peste planteaba ciertamente un grave problema en la población, para resurgir en nuestro actual Código civil (arts. 701 ss.) que, apartándose de la littera que proponía el anteproyecto de 1851, ofrece del mismo una regulación totalmente anacrónica, por lo que "Hora sería, pues, de reformar o suprimir esta forma testamentaria más propia de tiempos pasados" (p. 234).
[XXXVI]. Constitutio scimus: efectos jurídicos durante la confección del inventarium, de Paula Domínguez Tristán, Titular de Derecho Romano de la Universidad Central de Barcelona. En el presente artículo se analiza detalladamente la constitución justinianea contenida en CI. 6, 30, 22 que introdujo el conocido beneficium inventarii que vino a suponer para el heredero una protección mayor y más evolucionada que aquélla que le otorgaba el antiguo instituto del spatium deliberandi, tal como opina un representativo sector doctrinal encabezado por Solazzi, al cual se adhiere la autora. Partiendo del principal efecto jurídico que produce el beneficio de inventario y que, tal como reconoce expresamente la citada constitución, consiste en la suspensión de acciones contra el heredero, Domínguez analiza los diversos aspectos controvertidos que plantea el estudio de la cuestión, como la fijación exacta de aquellos obligados ex lege a no perturbar al heredero, la relación entre este instituto y el spatium deliberandi que resuelve del modo expuesto líneas atrás, así como la aparente contradicción entre lo prescrito en la constitución justinianea en examen y lo dispuesto en otra constitución del mismo emperador, emanada pocos días después que la anterior, Nov. 115,5,1, que parecía reducir a nueve los treinta días mínimos de suspensión de las referidas acciones que fijaba la constitutio scimus. Tal contradicción, en opinión de la autora, se salva teniendo en cuenta que las citadas constituciones trataban temas diferentes, por lo que su contenido, lejos ser contradictorio, resultaría perfectamente compatible.
[XXXVII]. La sustitución vulgar en las fuentes romanas y su incidencia en el Código civil español, de Adela López Pedreira, Titular de Derecho Romano de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. La autora ofrece en este trabajo una visión genérica, sin demasiadas profundizaciones, de una institución tan conocida como estudiada, cual es la sustitución vulgar en el derecho romano, que completa con una referencia a su regulación en el derecho castellano, desde las Partidas (P. 6, 5, 1 - 4), hasta nuestra actual legislación, en que se observa _así lo hace constar_ un absoluto paralelismo respecto de las fuentes romanas. En las páginas que dedica a la regulación de la mentada institución en el derecho romano, expone López Pedreira diversas cuestiones, que por lo general no plantean demasiados conflictos doctrinales, conectadas con el mismo, como son: su origen que, salvo contadas excepciones, se localiza pacíficamente ya en la época clásica y posiblemente desde tiempos anteriores; la incidencia de la legislación restrictiva de Augusto, particularmente de la Lex de maritandis ordinibus, momento a partir del cual se volvió aun más frecuente el recurso a la sustituciones; la relación siempre excluyente entre la delación del heredero y la delatio ex substitione, frente al testimonio de ciertas fuentes que parecen establecer, siempre siguiendo la opinión de la autora, una suerte de concurrencia entre ambas; o la igualmente excluyente relación existente de sustitución y otras diversas instituciones, como son el ius adscrescendi o el ius transmisionis. Pese al limitado interés del tema escogido, debe reconocerse el mérito de la profesora López Pedreira al condensar en estas páginas la principal literatura textual y doctrinal existente sobre el tema, que convierten el trabajo en una útil guía para quien se proponga profundizar sobre aspectos más concretos de la materia.
[XXXVIII]. La claúsula penal en la sucesión universal mortis causa antes de la partición de la herencia, de Pedro Resina Sola, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Almeria. Partiendo de una constitución del emperador Justiniano recogida en CI. 8, 37, 13 en que se reconoce expressis verbis la transmisibilidad tanto activa como pasiva de cualquiera estipulación, contraviniendo así una asentada corriente jurisprudencial tendente a considerar sólo transmisibles las stipulationes in dando, el autor examina con admirable detenimiento y extraordinario rigor científico, la amplia y compleja problemática conectada a la transmisibilidad mortis causa de las estipulaciones penales, relacionada con el carácter divisible o indivisible de la obligación primaria, contemplando y resolviendo a su vez con argumentos sólidamente documentados las diversas subhipótesis que pueden distinguirse al socaire de esta cuestión. Así, parte de la hipótesis más simple que sería la de existencia de un sólo heredero del estipulante o del promitente en que la jurisprudencia se muestra sustancialmente unánime a la hora de rechazar la posible reducción de la pena en caso de cumplimiento parcial pues, salvo acuerdo contrario de las partes, razona el autor, "el acreedor no puede, en general, ser obligado a aceptar el pago parcial de una obligación aunque sea divisible, y tampoco el deudor puede ser obligado a la ejecución de una parte de la deuda" (p. 858). Más adelante examina las diversas y más complejas hipótesis que se plantean cuando existe una pluralidad de herederos, donde habría que distinguir a su vez los casos en que la obligación primaria es divisible o contrariamente indivisible, pues las soluciones variarían, según se tratase de uno u otro supuesto, como atestiguan las fuentes. Lástima que no sea posible ahora analizar toda la pormenorizada casuística expuesta en estas densas páginas, pues como el propio autor advierte, y así lo expone en la parte final de su trabajo, "desde Catón a Paulo se aprecia una línea de continuidad doctrinal por parte de la jurisprudencia...no en lo substancial, sino en la línea argumental" (p. 882), palabras que ponen de manifiesto la diversidad de soluciones aportadas por los juristas ante los diversos casos fácticos planteados y la dificultad de dar una respuesta unánime a una cuestión plagada de matices conceptuales y particularidades fácticas y en la que, concluimos con el autor, "no se puede pasar por alto, en cualquiera de los aspectos tratados, la formulación del negocio y su interpretación, así como las peculiaridades de cada relación que se conecta con las instituciones a que vienen adjuntas" (p. 882 i.f.).
[XXXIX]. Sobre los nomina hereditaria, de Encarnación Ricart, Catedrática de Derecho Romano de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Nos encontramos aquí con un trabajo breve pero adecuadamente enfocado desde el punto de vista metodológico (es expreso deseo de la autora tener en cuenta "los postulados metodológicos que el profesor de Salamanca había sostenido a lo largo de su fructífera vida académica"; p. 883), en que se expone de forma clara y precisa un instituto que gozó de un tratamiento autónomo e independiente dentro del sistema sucesorio, cual es el de los nomina hereditaria. Tras explicar el origen histórico y etimológico de esta institución, Ricart, aun advirtiendo que no fue la única que obtuvo un tratamiento diferenciado dentro del expediente sucesorio (singular sería también el trato dado a otras figuras como los sacra familiaria, el sepulcro y el derecho de patronato; vid. p. 885), se centra en el estudio de las deudas hereditarias, trayendo a colación numerosas fuentes jurídicas que refieren la que puede considerarse nota esencial y característica de las mismas, cual es su indivisibilidad, tal como se deduce entre otros de un texto citado por la autora, D. 31, 86 pr., en que el jurista excluye los nomina debitorum del régimen normal de distribución del as hereditario. De donde se deduce, explica, la regula iuris: nomina hereditaria ipso iure divisa sunt con la que, razona acertadamente la autora, se trataría de proteger a los acreedores del causante que al tiempo de realizar el negocio jurídico en cuestión contaban con el respaldo de todo el patrimonio, y de ahí que no pueda el testador disponer libremente de sus deudas. Además de la firme base textual que sirve de apoyo a la teoría sugerida por la autora, es meritorio igualmente el acopio bibliográfico que ilustran estas breves reflexiones dedicadas al estudio de un tema "dogmático", pero cuya trascendencia actual, apuntada por la misma al inicio de su discurso, está fuera de toda duda (p. 883).
[XL]. Derecho de legítimas en las Partidas, de Guillermo Suárez Blázquez, Titular de Derecho Romano y Sistemas jurídicos comparados de la Universidad de Vigo. Tal como manifiesta al inicio de su trabajo, el autor se propone analizar los precedentes históricos del conocido como "derecho de legítimas" o reserva hereditaria tal como aparece regulado en las Partidas, cuyos principios básicos pasan a nuestra actual legislación, como resulta del estudio comparado de las correspondientes leyes del Código castellano y el contenido del artículo 806 de Código civil. Se trata, como es sabido, de un instituto que experimentó una larga y profunda transformación a lo largo del derecho romano, partiendo del antiguo ius civile y pasando por las sucesivas innovaciones y reformas que tanto el ius praetorium como la cancillería imperial imprimieron al instituto, hasta su definitiva consolidación en época justinianea, en que se fija definitivamente la naturaleza y cuantía de la legítima hereditaria, arbitrándose asimismo los diversos mecanismos procesales de protección tanto del derecho de los herederos legítimos como de la voluntas testatoris. Esta diversidad e incerteza normativa, se refleja, como bien expone y documenta el autor, en la regulación desordenada que el Código alfonsino ofrece de la mentada institución dispersa en diversos títulos, que respeta en lo esencial los postulados justinianeos, sintetizados básicamente en Nov. 18, al superar la más antigua concepción de la legítima como pars hereditatis para seguir más de cerca la doctrina de Paulo y Papiniano que la consideraban más como una pars bonorum, favoreciendo así al máximo la libre disposición testamentaria y la validez del testamento. Así mismo, explica Suárez, analizando detenida y cautelosamente los preceptos de Partidas en examen, el Código alfonsino lograría ese equilibrio de intereses conseguido en el derecho justinianeo, al dejar a salvo, no obstante lo anterior, esa porción debida a los herederos forzosos, fijada igualmente en la cuarta parte o la mitad del patrimonio hereditario, según concurriesen cuatro o más legitimarios.
Dada la polémica suscitada en fechas relativamente cercanas sobre la utilidad del estudio del Derecho romano, superada afortunadamente en sentido positivo gracias en gran medida al esfuerzo de la romanística española, no podían faltar en estos estudios in memoriam trabajos centrados específicamente en el fenómeno de la recepción del Derecho romano en los sistemas jurídicos actuales, pues también contribuyeron a destacar la importancia de su estudio y de su recto conocimiento las aportaciones relativas del maestro Calonge. A este grupo pertenecen los siguientes trabajos:
[XLI]. Sobre la recepción del Derecho romano en Colombia (siglos XVII - XVIII), de Fernando Betancourt, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla. El trabajo que nos ocupa forma parte, según el autor (p. 76), de un proyecto más amplio consistente en el estudio desde un punto de vista filológico de una serie de manuscritos colombianos de Derecho romano anteriores al siglo XIX, que a la vez serviría de antesala a otro proyecto más a largo plazo, consistente éste en la edición crítica del Codex Vaticanus Nº 5766 de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que contiene los conocidos Fragmenta Vaticana. Volviendo al objeto de estudio, el autor comienza con unas reflexiones previas acerca de la significación del concepto mismo de "recepción", que define, siguiendo la communis opinio sostenida también por Calonge, como una aceptación voluntaria y consciente de un determinado ordenamiento jurídico, en todo o en parte, apartándose expresamente, tal como ya había hecho el maestro Calonge, de la diferenciación sostenida por J. Lalinde entre recepción, como fenómeno universal y penetración o influjo, referida a los casos de aceptación sólo parcial de un sistema jurídico. Partiendo de tales premisas, y siempre acordando con el compañero homenajeado, Betancourt llama la atención sobre el escaso e imperfecto estudio del fenómeno de la recepción por parte de la romanística actual que, en su opinión, se viene limitando a verificar la proyección del ordenamiento jurídico romano en los Códigos civiles actuales, descuidando así todo el complejo fenómeno que se produce con anterioridad a los siglos XIX y XX. Ante esta carencia, el autor centra su atención en diversos manuscritos anteriores al siglo XIX que resultarían esenciales para la reconstrucción de la Historia del Derecho romano en Colombia, con la esperanza de que su estudio sirva de estímulo a otros romanistas españoles e iberoamericanos cuyo esfuerzo conjunto podría dar como resultado una edición critica de las diversas fuentes codicológicas relativas a cada país (p. 76).
[XLII]. La recepción del Derecho romano en España hasta el s. XVI, de Antonio García García, Catedrático emérito de Historia del Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. En el trabajo que nos ocupa el autor trata de llamar la atención sobre la importancia de las numerosas fuentes codicológicas pertenecientes a la época medieval y dispersas a lo largo de las diversas Bibliotecas europeas, cuyo estudio ha sido posiblemente descuidado por resultar en la mayoría de los casos de difícil acceso para los investigadores, pero fundamentales por su influencia en la penetración del derecho romano-canónico por toda la Europa del Derecho común. Experto conocedor del tema, como acredita a través de las constantes remisiones a otros trabajos suyos relativos a estas cuestiones, García García ofrece en estas páginas un importante elenco, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de las principales obras de canonistas y civilistas medievales y del renacimiento que influyeron decisivamente en la difusión del ius commune, algunas de ellas inéditas por razones desconocidas, resaltando asimismo la identidad de los diversos maestros extranjeros que impartieron sus enseñanzas en los centros universitarios de España y que participando de diversas orientaciones en lo que respecta al estudio del derecho romano (mos italicu - mos gallicum) contribuyeron de manera extraordinaria a esa divulgación del derecho romano-canónico. Para finalizar con una detenida referencia al tratado De annatis del humanista Antonio Agustín, que, pese a haber sido un tema "ampliamente explotado por la historiografía desde hace un siglo" (p. 434), aun contiene _asevera_ un mensaje de trascendental importancia pero no tenido en cuenta en el ámbito de la más reciente investigación, que justifican su estudio ad hoc.
[XLIII]. Derecho romano y Tercer milenio, de Haroldo Ramón Gavernet, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de La Plata (República Argentina). Apelando a argumentos que en modo alguno resultan novedosos, pues no en vano se vienen demandando desde hace varios lustros desde el foro de la Unión europea, Gavernet apela en este artículo al trascendental papel que el derecho romano está llamado a desempeñar en el proceso de unificación y globalización tan propugnado en la actualidad y que trasciende el ámbito de nuestras fronteras. En este sentido apela a la grandeza de aquel ordenamiento, forjado desde la contingencia y adaptado por ende a las circunstancias cambiantes de cada momento histórico; flexible y respetuoso con las costumbres de los diversos pueblos, características éstas que explican que su recepción en las modernas legislaciones de la Europa continental y, por influencia de éstas, en muchas legislaciones hispanoamericanas, haya sido posible. Abundando en este misma idea, explica el autor, participando así de una opinión que puede considerarse aceptada por la doctrina, que es el carácter vivo y dinámico de este ordenamiento, ciencia de iuris prudentes, que fraguó en principios flexibles y universalmente válidos, lo que convierte al Derecho romano en un derecho todavía idóneo para "afrontar las dificultades que la hora presente nos trae" (p. 510) y justifica la importancia de su estudio en la formación de verdaderos juristas, y no en "meros agentes de aplicación de las leyes" (p. 512).
[XLIV]. Fundamentos romanísticos del Derecho comunitario europeo, de Ramón Herrera Bravo, Catedrático de Derecho romano de la Universidad de Jaén. Tras una previa aproximación al origen de la propia noción de Europa, que más allá de los mitos que la rodean entiende el autor, participando de una perspectiva ya sostenida entre otros por Tomás y Valiente, como unidad cultural que se asienta en una pluralidad de elementos, básicamente romanos, germánicos y cristianos (p. 531), Herrera ofrece una concentrada pero a la vez completa visión general del fenómeno de la recepción del derecho romano en los modernos ordenamientos jurídicos europeos, incluido _advierte_ el sistema de Common Law anglosajón que, pese a sus particularidades, refleja igualmente una clara inspiración romanística. Tras el recorrido histórico por los diversas fases que experimenta el derecho romano en su recepción, fruto de las tendencias culturales imperantes en cada época, desde el impulso fundamental de los glosadores de la Escuela de Bolonia hasta llegar a las modernas codificaciones, el autor dedica las últimas páginas de su trabajo a examinar la conexión, que no identificación, entre el ius commune formado en el medievo como concentración de los principios propios del derecho romano y canónico, y que fue derecho vigente hasta la llegada del humanismo renacentista que relegó el derecho romano a la categoría de derecho histórico, en un momento en que sin embargo ya "había arraigado como realidad viviente en las propias legislaciones nacionales" (p. 542), y el derecho comunitario, advirtiendo en este sentido de la necesidad de volver los ojos hacia la tradición romanística, y de divulgar su enseñanza en las Universidades en aras de lograr la ansiada unificación jurídica, pues de ella se nutren los principios básicos demandados desde el foro de la Unión europea como base del Derecho comunitario europeo, que se armonizan a su vez con otros principios que proceden de la experiencia propia de los diversos países de la Unión.
[XLV]. La influencia del Derecho romano en el Derecho civil catalán, de Agustín Luna Serrano, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Central de Barcelona. El limitado marco conceptual sugerido en el título del trabajo permite al autor llevar a cabo un detenido y minucioso estudio del fenómeno de la recepción del derecho romano en el Derecho civil catalán, haciendo expresa referencia a aquellas instituciones jurídico-privadas en que esta influencia se hace más patente, siguiendo en este punto la división tradicionalmente aceptada entre derecho de familia, derechos reales, derecho de obligaciones y derecho de sucesiones. Asimismo localiza el fundamento histórico de esta recepción, formalmente asumida desde 1380 por Pedro III y que se manifiesta a lo largo de las diversas constituciones regias emanadas a partir de ese momento, culminando en la Compilación de 1960, reformada en 1984 para adecuar muchos de los principios que aquélla exhibía a los preceptos constitucionales, en la proximidad geográfica del Principado "con los centros universitarios en que se inició la gran renovación del derecho europeo" (p. 644), factor éste que justificaría, según el autor, que los efectos de esa recepción se hayan hecho notar con especial intensidad y fuerza en el derecho catalán. En este contexto, podríamos destacar, entre otros, la pervivencia en el derecho civil catalán de instituciones de clara inspiración romanística aunque abandonadas algunas en el Código civil y en otras legislaciones forales, como son el régimen económico matrimonial de la separación de bienes, la laesio enormis o la absoluta incompatibilidad entre la sucesión testada e intestada, si bien no deja de advertir el autor, a lo largo de este riguroso y esmerado estudio, las diferencias que puntualmente se aprecian entre ambos ordenamientos y que se justifican por la lógica necesidad de adaptar el derecho civil a las necesidades socio-económicas del momento.
[XLVI]. Algunas claves históricas del saber jurídico, de Antonio Viñas, Titular de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid. Con ocasión de la polémica no hace demasiadas fechas planteada en torno a la utilidad de los estudios romanísticos, Viñas vuelve a insistir en esta páginas, siguiendo una doctrina que hoy podemos considerar aceptada pacíficamente, en el papel crucial que juega la historia en el desarrollo y conocimiento del cualquier ordenamiento jurídico, tal como fue advertido a principios del pasado siglo XIX por la Escuela Histórica del Derecho. En este contexto, el autor pone de manifiesto la importancia de establecer una ágil y fluida dialéctica entre Historia y Dogma que se presenta no sólo necesaria sino plenamente posible para evitar extremismos metodológicos que contribuyan a fomentar la mencionada crisis de los estudios romanísticos e impida al mismo tiempo desconocer los factores que incuestionablemente confluyen en la formación de las diversas instituciones jurídicas, impidiendo de esta forma el recto conocimiento de las mismas. Abundando en este misma idea, Viñas resalta la indefectible unión que existe entre conocimiento histórico y conocimiento científico del Derecho, como ya fue advertido entre otros por Orestano, en la medida en que "lo que suele llamarse conocimiento científico del derecho es también y necesariamente conocimiento histórico, sin que quepa una distinción y menos una contraposición entre estas dos formas de conocimiento" (p. 1076 i.f.), criticando en este contexto el papel manipulador que ha jugado el poder político, deformando en ocasiones la realidad para satisfacción de intereses "meramente individuales o sustentados por grupos de reducidas dimensiones y, por lo mismo, poco representativos" (p. 1075). El planteamiento novedoso, la elegante y a la vez fluida exposición que de la cuestión lleva a cabo Viñas convierten el trabajo en un importante punto de referencia que nos obliga nuevamente a reflexionar sobre determinados aspectos que, por más que repetidos, precisan de un recordatorio constante.
En último lugar nos ocupamos que otra serie de trabajos que abordan, como ya expusimos, materias dispares y salvo contadas excepciones desconectadas en sí, no susceptibles de encuadrarse en ninguna de las clasificaciones expuestas. Precisamente por su falta de conexión los citamos en el orden en que aparecen publicados en esta obra. Son los siguientes:
[XLVII]. Reflexiones de Cicerón sobre la tertia aetas: consecuencias jurídicas, de Mariano Alonso Pérez, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. En unos momentos en que la tasa de mortalidad ha descendido notablemente y rebasar los sesenta años es harto frecuente, el autor trae a colación una de las obras más interesantes del primer y gran orador romano que fue Cicerón, su Cato mayor seu de senectute, dedicado a su amigo Catón el Viejo, que constituye una apología de la vejez, entendida como un ideal de sabiduría y autoridad, que contrasta con la visión actual del anciano como carga social y familiar. Esa vejez idílica, de la que nos habla Cicerón, cuyo pensamiento expone de manera clara y precisa el autor de este trabajo, está reservada lógicamente a una élite conformada por seniores y equites, depositarios de todo el saber y representantes de las más grandes virtudes, planteamiento que permite al orador rebatir todas y cada una de las cargas que se imponen a la misma. Especialmente ilustrativa de la más moderna concepción resulta, en contraste con la anterior, otra obra que trae a colación en su estudio Alonso, cual es De senectute y otros escritos biográficos (1997), en que Norberto Bobbio nos ofrece la imagen del viejo torpe, solitario y anclado en el pasado que nada tiene que ver con el modelo ciceroniano. Para concluir, el autor avanza una serie de reflexiones propias resaltando el valor de la vejez, como hiciera el gran orador romano, poniendo en ágil diálogo los conceptos vetera et nova, realzando en este contexto el papel crucial del anciano que, como la propia historia, siempre es magistra vitae (p. 40).
[XLVIII]. El doctor Bartolomé Frías de Albornoz, primer catedrático de Instituta en la Universidad de México, de Bernardo Alonso Rodríguez, Fiscal-Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura de Madrid. El interés que particularmente despierta en el autor la obra de este jurista se justifica, según advierte al inicio de su trabajo, por el hecho de haber contribuido con su monografía: Arte de los contratos según Fuero y Derecho del Reyno de Castilla, editada en 1573, a suscitar en él una marcada preferencia por el estudio de estas cuestiones, que por cierto compartía con Calonge. La obra, reflejo de "las explicaciones o lecciones que Bartolomé Frías de Albornoz había dictado como profesor de Instituta en la Universidad de México" (p. 44), analiza con el método propio de los estudiosos del ius commune diversos aspectos relacionados con los contratos, como su naturaleza o licitud, además de otras reflexiones filológicas e históricas, destacando particularmente este interés por el estudio de la etimología de los vocablos y por los precedentes históricos de las instituciones que trata. En las páginas finales de este esmerado y documentado trabajo, el autor reproduce un estracto de la mentada obra, ubicado bajo el título de "De el trueco o cambio" y que, en su opinión, resulta "paradigmático del modo humanista de exponer el Derecho que sigue Bartolomé Frías de Albornoz" (p. 52).
[XLIX]. Significado técnico-jurídico de condicio en las Instituciones de Gayo, las Reglas de Ulpiano y las Sentencias de Paulo, de Fernando Gómez-Carbajo de Viedma, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Alcalá. Se trata de un tema éste que ya fue objeto de estudio por Calonge en sus diversas publicaciones y cuyo principal problema radica, como explica el autor, en la polisemia del vocablo condicio, tal como se deduce in primis de las diversas acepciones del mismo recogidas en el Thesaurus Linguae Latinae o en el Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, que se refleja en el amplio y confuso empleo que del mismo se hace en las fuentes jurídicas, en que aparece conectado a las más diversas significaciones. Precisamente a la exposición detallada de las mismas dedica la parte central de su trabajo, tomando como punto de referencia, tal como se adelanta en el propio título del mismo, las Instituta de Gayo, las Regulae de Ulpiano y las Sententiae de Paulo. Basándose en el testimonio de estas fuentes, el autor distingue hasta cinco acepciones diversas del término: la primera, en sentido de posición de la persona respecto de cada uno de los tres status, tal como aparece en diversos lugares de las obras de los tres juristas citados (referidos expresamente en el trabajo); la segunda, como sinónimo de la naturaleza o índole de la herencia y los interdictos; la tercera, como requisito de los negocios jurídicos, acepciones estas dos últimas con las que aparece referido no obstante sólo en las Instituciones gayanas; la cuarta, que volvemos a encontrar en las tres fuentes consultadas, en su sentido más técnico de condición; y la quinta y última, que localiza en dos fragmentos de las citadas Sententiae de Paulo, en sentido de prohibición.
[L]. Opiniones de personas cultas en la primera mitad del siglo II sobre los cristianos como grupo social, de Juan de Churruca, Catedrático emérito de Derecho Romano de la Universidad de Deusto. Nos encontramos ante un interesante y perfectamente documentado estudio acerca de la opinión sobre el cristianismo como fenómeno social de dos personajes representativos de la alta sociedad romana de la época: Plinio y Tácito. El autor analiza detenidamente el pensamiento relativo de ambos escritores, de los que traza primeramente un breve bosquejo biográfico, partiendo del pensamiento reflejado por los mismos, tanto en las Epistulae enviadas por Plinio a Trajano con ocasión de su estancia en Bitinia (10,96), como en el libro 15 de los Anales de Tácito. A la luz de ambos testimonios, constata Churruca un planteamiento que se repite en ambos escritores consistente en considerar la religión cristiana como una superstitio, como una tendencia, esto es, fanática e incomprensible, para aquellos tiempos y, en cuanto altamente perturbadora del equilibrio establecido, merecedora de la pena capital. Sus opiniones se manifiestan empero contrarias, explica el autor, en lo que respecta a la valoración de los cristianos como grupo social, a los que Tácito consideraba capaces de los crímenes más atroces, estimando por el contrario Plinio infundadas las acusaciones vertidas contra los mismos en similar sentido. Para concluir Churruca con una reflexión enormemente esclarecedora de la cuestión expuesta y que justifica el posicionamiento sustancialmente idéntico de los escritores estudiados condenando el cristianismo desde la perspectiva de sus manifestaciones externas: "Dadas las convicciones generalizadas, profundamente arraigadas y consideradas obvias en los niveles pensantes de la sociedad romana de principios del siglo II, era históricamente imposible que personas como Plinio y Tácito hubiesen pensado de otra forma respecto a los cristianos. Se trataba del fenómeno histórico cambiante a ritmo lento, congénito a la mente humana que queda inexorablemente limitada por el horizonte cultural dominante de cada época" (p. 264).
[LI]. Influencia de Lactancio en la legislación de Constantino. Incidencia de los valores ético-cristianos en el derecho privado romano, de Jesús Daza Martínez, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Complutense de Madrid. Para el autor la influencia del retórico en la legislación constantiniana es clara y a mostrar el paralelismo existente entre la doctrina de Lactancio y ciertas disposiciones del emperador, concernientes a diversas cuestiones jurídicas, dedica las últimas páginas de su trabajo, que documenta adecuadamente, aunque la misma amplitud del estudio no le permite profundizar en las distintas cuestiones que se plantean y en algunas de las cuales podría resultar discutible tal influencia. La primera parte del trabajo, y por cierto más extensa, la dedica Daza a trazar una semblanza del personaje en cuestión, deteniéndose especialmente en la doctrina deducida de sus obras, entre las que destacan sus Divinae Institutiones y el De mortibus persecutorum, obra esta segunda de especial interés en cuanto, como explica Daza, manifiesta el cambio de posicionamiento del autor en relación a la política imperial de Roma, superada ya la fase de persecuciones tan condenada por el mismo en sus Div. Instit., en el sentido de constituir la obra una "apología abierta de Constantino" (p. 273). Centrándose ahora en el pensamiento de Lactancio, el autor basa fundamentalmente su discurso en las ideas de iustitia, aequitas y pietas que, advierte, se localizan constantemente en la obra del retórico como conceptos intercambiables en cuanto a su significación, y que, junto con su marcada "romanidad", constituirían la base de la doctrina de Lactancio; no en vano al estudio minucioso y detenido de los textos que ilustran el pensamiento relativo de Lactancio dedica el autor la mayor parte de su trabajo.
[LII]. El Estado de Derecho y los Derechos Humanos como conquista universal, de Alejandrino Fernández Barreiro, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de A Coruña. Dentro del proceso de formación de la Comunidad europea como ente supranacional imbuido de una serie de valores culturales que traspasan el limitado ámbito económico que, comienza explicando el autor, "corría el riesgo de difuminar el fundamento político" del proyecto de Unión europea (p. 337), considera un logro de vital trascendencia, junto a otros factores que refiere y explica con sobrada autoridad el autor a lo largo de su trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 en el foro de las Naciones Unidas, por cuanto "constituye el referente de un momento histórico en el que el sistema de valores en que se fundamenta la cultura política de las modernas sociedades democráticas se proclama como una ideal de validez universal" (p. 346). En lo que respecta a esos otros factores que, en su documentada opinión, influirían en la consecución del ideal europeo, destaca especialmente el papel jugado en este sentido por el Derecho como referente fundamental de la cultura occidental y, en particular, considera clave la formación a partir del renacimiento jurídico medieval de un modelo de administración de justicia independiente e integrado por juristas elegidos, en virtud del principio igualitario, por sorteo indiscriminado (p. 343), así como la consolidación en tiempos más recientes de un ideal de democracia que es "expresión de una nueva cultura de la convivencia, que fue madurando al mismo tiempo que se superaban problemas de diversa naturaleza, entre los que ocupan un lugar muy destacado los relacionados con la justicia social" (p. 346), cuyos orígenes deben buscarse no en el fracasado modelo griego, sino en "la cultura política romano-republicana" (p. 344), recuperada más tarde por el humanismo renacentista.
[LIII]. El camino de Santiago: estatuto jurídico del peregrino compostelano, de Antonio Fernández de Buján, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid. Con gran rigor y claridad expositiva, Fernández de Buján aborda en este trabajo él estudio del estatuto jurídico de los peregrinos compostelanos, cuestión ésta según el mismo declara poco tratada, sobre todo si se compara con "el detenido análisis realizado de otros aspectos del Camino" (p. 360). Por esta razón, y sobre todo porque después de leído el artículo, me parece un tema de enorme atractivo e interés científico y práctico, comienzo manifestando mi sincera felicitación al autor por el acierto en su elección. Tras unas previas consideraciones históricas acerca del origen del Camino de Santiago, como lugar de masiva peregrinación desde el descubrimiento de la tumba del apóstol en el s. IX, y dando por sentado que se refiere en todo momento al camino oficial o francés (p. 356), el autor nos ilustra ampliamente a través de estas páginas sobre el específico y diferenciado trato jurídico que reciben los mentados peregrinos, no sin antes advertir la importancia de este fenómeno como vehículo de interrelación cultural entre España y el resto del continente europeo. Centrándonos en el objeto principal de su estudio, el autor señala primeramente la conexión existente entre el ius gentium aplicable en Roma a los peregrini y que, como es sabido, posibilitó el desarrollo y adaptación del antiguo ius civile y el derecho aplicable a los peregrinos jacobitas, que se va consolidando a partir de la Edad Media tomando como base fundamental aquél ius gentium romano. En este sentido, llama la atención sobre el paralelismo sustancial que se aprecia entre muchas de las normas del derecho de gentes contenidas en la compilación justinianea, y la dispersa legislación medieval relativa a los peregrinos, expresamente citada en el trabajo. Especial atención dedica también el autor a mostrar los numerosos privilegios de que goza el citado peregrino a lo largo de todo su trayecto, refrendados legalmente en numerosas disposiciones emanadas desde el siglo XI en diversos Fueros, Decretos, así como en las Partidas, cuyas normas relativas aparecen luego confirmadas en la Nueva y la Novísima Recopilación y que abarcan desde la exención del pago de ciertos aranceles, hasta su protección a lo largo de todo el camino frente a conductas abusivas por parte de hosteleros, posaderos y demás personas que traten de engañarles, para los cuales se prescriben duras sanciones, llegando incluso a reconocérsele un tratamiento especial aunque no uniforme a lo largo de las diversas épocas, en caso de fallecimiento durante la peregrinación. Para concluir, Fernández de Buján hace referencia a la existencia, constatada y sancionada ab antiquo, de falsos peregrinos que, "disfrazados con el hábito del peregrino abusan de la caridad de las personas y cometen todo tipo de tropelías o delitos" (p. 370).
[LIV]. Miniaturas histórico-jurídicas, de Juan Iglesias, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Complutense de Madrid. Nos encontramos ante un trabajo que, por definirlo de alguna manera, podríamos calificar de peculiar y totalmente distinto, tanto desde el punto de vista formal como sustancial, a todas las demás aportaciones contenidas en estos extensos estudios in memoriam y que, como advierte el propio autor, contiene una serie de miniaturas, algunas sacadas de otros estudios anteriores del mismo (expresamente citados en p. 549 nt.) e inéditas, otras. Estas miniaturas, que aparecen aquí agrupadas en seis apartados: Derecho; política; historia e investigación; historia de Roma; derecho romano e investigación romanística; y, varia, contienen una serie de reflexiones del autor acerca de las diversas cuestiones avanzadas en cada una de estas rúbricas, expuestas de un modo casi poético y posibles sólo de realizar con acierto por un erudito de la talla de Iglesias. Desde luego no resulta fácil, sino antes bien casi imposible, sintetizar en unas breves líneas el trascendental mensaje latente en cada una de estas reflexiones, que representan una auténtica lección magistral sobre los valores a tener en cuenta en los diversos ámbitos que se abordan. Sentadas estas premisas, me remito y recomiendo especialmente la lectura de este trabajo, cuyo contenido esencial se podrá o no compartir, pero que estoy segura no dejará indiferente, sino todo lo contrario, al lector.
[LV]. La abogacía en Roma, de Joaquín Madruga Méndez, Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca y abogado. En este trabajo, único de Derecho romano que reconoce el autor haber realizado a lo largo de su vida docente (p. 690), se retorna una vez más al antiguo derecho romano para buscar el origen de una institución actual, cual es en este caso la del advocatus. Con un lenguaje claro y preciso, aunque en ocasiones dé la sensación de un discurso algo atropellado, Madruga, apoyándose en diversas fuentes literarias y jurídicas de la época, hace remontar el origen de la abogacía en su sentido moderno, aun sin descuidar otros precedentes históricos que refiere, a la Roma del s. III a. C., cuando la cada vez mayor complejidad del tráfico jurídico y la confusión respecto del derecho aplicable desplazaron la figura de la clientela haciendo aparecer la del abogado profesional, que tendría como consecuencia el desarrollo, a partir de ese momento, de la propia ciencia del Derecho. Fijado así, grosso modo, el origen de la figura, analiza a continuación los requisitos entonces exigidos para desempeñar tal oficio, y termina su discurso con unas reflexiones, a modo de conclusión, acerca de la importancia de la figura del togado romano para la recta formación del abogado actual.
[LVI]. Donna e torah, de Daniella Piattelli, Catedrática de Derecho Romano de la Universidad de Salerno. La autora aborda con encomiable soltura y rigor el estudio de un tema poco común en el ámbito de la investigación romanística, cual es el del papel activo que juega la mujer judía como principal guardiana de los valores de la Torah, basándose en el testimonio de ciertas fuentes hebraicas, que mediante una rica casuística, testimonian la importancia en este punto de algunas mujeres bíblicas. Entre ellas Myriam, hermana de Moisés y Aarón; Deborah, profetisa encargada, como Moisés, de guiar al pueblo en el recto entendimiento de la palabra divina; Judith, presentada en la tradición bíblica como exponente del bien, contrapuesta al mal encarnado en Oloferne; la reina Ester, que impide el exterminio de los hebreos ordenado por el soberano Artajerjes; o Susana, dispuesta a aceptar una acusación de adulterio infamante como prueba de su profundo respeto a la Ley de Moisés, llevando a cabo en todos los casos la autora un análisis exhaustivo y ampliamente documentado de las fuentes relativas a la cuestión.
[LVII]. La política religiosa del Estado español en la España democrática (1978 - 2000), de Luis Portero Sánchez, Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Salamanca. Como se apunta en el propio título, el autor limita su estudio acerca del estado actual de las relaciones entre la Iglesia y el Estado al ámbito de la experiencia española, haciendo un balance de la cuestión tras más de 20 años de democracia. El modelo español, tal como explica Portero, viene a representar una válida opción alternativa frente a los sistemas inglés o danés, en que existe una Iglesia oficial, y al sistema aconfesional francés, que considera incompatible el apoyo a los religiosos con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. El artículo 16 de nuestra Carta Magna, desarrollado luego por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, fijaría también _explica el autor_ un sistema de aconfesionalidad religiosa del Estado o de neutralidad, pero que a diferencia del francés debe calificarse como neutralidad positiva, en cuanto que no impide la colaboración del mismo con las diversas confesiones religiosas, encontrando una justificación la especial mención en el citado artículo a la Iglesia católica en el respeto a nuestra tradición histórica (p. 829). Lo que no obsta, añade, a que sigan existiendo puntos de fricción entre la Iglesia y el Estado, que se manifiestan en diversas cuestiones, entre ellas el régimen matrimonial español o la enseñanza de la religión en los centros públicos, que quedan aún pendientes de resolver, tal como advierte el autor en sus reflexiones finales que, a modo de conclusión, recogen su parecer sobre la necesidad de profundizar en estas relaciones entre Iglesia y Estado que las naciones europeas, asevera, deben aceptar como un reto por ser responsabilidad de aquéllos promover el diálogo y colaborar a la proyección mundial del aspecto humanizador y social de la fe religiosa.
[LVIII]. Omne solum viro forti patri est, de César Rascón García, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de León. El título, que se identifica con una inscripción funeraria conservada en el Museo Epigráfico de San Marcos de León (ubicado en el claustro del Hotel del mismo nombre, como amablemente me descubrió el propio Rascón en una de mis visitas a su ciudad), es un homenaje en sí mismo a Calonge quien, según declara el propio autor, "fue un universitario en el más noble sentido de la palabra" que se vio obligado, como igual ocurriera al también tristemente fallecido Benito Reimundo Yanes, "a sentirse ciudadanos allá donde el infortunio y la intolerancia les condujeron" (p. 839). Por lo demás, el trabajo se centra en el estudio de la obra Verdadero método de estudiar para ser útil a la República y a la Iglesia, escrita en 1760 por el portugués Luis Antonio de Verney, traducida al castellano por José Maymó y Ribes, en virtud de la orden contenida en un Real Decreto de Carlos III. En la misma, explica Rascón, el capuchino portugués vertía duras críticas frente al modo de enseñar en las escuelas y universidades portuguesas: "atrincherados _decía refiriéndose a los sabios portugueses_ en un pasado que no hacía otra cosa que enmascarar su cerrazón aldeana y sus profundas limitaciones" (p. 841). Estas y otras reflexiones eran fruto no tanto de su universalismo, como de su antiaristotelismo y su manifiesta aversión hacia los jesuitas, según demuestra con sobrada autoridad el autor. En cuanto a los métodos propuestos, expuestos de manera clara y concisa por Rascón en las páginas finales de su trabajo, destaca su rechazo a la Lógica por cuanto confunde e impide de la formación de un juicio claro al jurista que apenas comienza a formarse, así como al método de las Instituciones, situando la clave del estudio en la Historia, que para escribirla _apostilla el romanista_ "no sólo es necesario saberla, manifiesta, sino dedicarse a ella de tal suerte que no se haga otra cosa" (p. 844). Finalmente, reconociendo en la persona de Maymó al principal y más ferviente discípulo de la doctrina del maestro portugués, concluye Rascón recordando nuevamente a nuestro entrañable y en esta páginas homenajeado romanista, que seguramente "hubiera preferido que en la Universidad española y de manera muy especial en la de Salamanca, a la que dedicó toda su vida, hubiera tenido más éxito la obra de Maymó" (p. 845).
[LIX]. Algunas precisiones en punto a la vida y obra de Sexto Cecilio Africano, de Luis Rodríguez Ennes, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Vigo. Superada la polémica alimentada por las propias fuentes acerca de la identidad del Sextus Caecilius Africanus mencionado por Gelio en conversación con el sofista Favorino y que no es otro, afirma el autor siguiendo la que puede considerarse communis opinio, el mismo al que Ulpiano se refiere en D. 25, 3, 3, 4 como discípulo de Juliano, Rodríguez Ennes trata de aportar en estas páginas ciertos datos de interés para el conocimiento de la vida y obra de este jurista, no suficientemente valorado. Admitiendo su posible pertenencia a la familia de los Sextus Caecilius de Thurbo minus, pertenecientes al rango ecuestre, y situando en el plano de las simples conjeturas cualquier intento por avanzar noticias más exactas sobre sus hitos vitales, el autor orienta su estudio a resaltar la importancia de las opiniones y doctrina del jurista que, lejos de limitarse a reproducir literalmente las enseñanzas de su maestro Juliano, trató en sus Quaestiones de "ampliar su alcance, aportando supuestos análogos distintos y hasta tratando de rectificar a su maestro en algún caso" (p. 905), mostrando así una clara originalidad respecto del pensamiento de aquél, como ha sido admitido por la doctrina más reciente. Para concluir, el autor trae a colación unas palabras de Aulo Gelio que, por sumamente esclarecedoras, creo también conveniente reproducir aquí, y que definen a nuestro jurista como: "ilustre por el ejercicio y la autoridad en el estudio del derecho y en la ciencia de conocer e interpretar las leyes del pueblo romano" (p. 909 i.f.).
[LX]. Sobre el posible interés del estudio de la formación, contenido y desarrollo del denominado Derecho civil gallego: algunos argumentos justificativos, de Ramón Rodríguez Montero, Titular de Derecho Romano de la Universidad de A Coruña. Contra la que puede considerarse la tendencia dominante en la doctrina, consistente en ignorar o cuando menos minusvalorar la importancia del estudio del derecho foral gallego en unos tiempos en que, según explica el propio autor, el fenómeno europeísta se muestra con una fuerza e intensidad cada vez mayor, Rodríguez Montero, tal como reza en el propio título del trabajo, pretende justificar el interés de tal estudio. En este sentido, parte de una breve reconstrucción histórica de los avatares por los que atraviesa in primis el propio reconocimiento de la autonomía gallega y después, y afirmada la misma, la formación de su derecho civil hasta que se llega a la publicación de la vigente Ley de Dereito civil de Galicia en 1995. Sentadas así las bases de la cuestión, lleva a cabo a continuación unas reflexiones acerca del contenido de tal derecho, comenzando por las fuentes del mismo que se localizan tradicionalmente en la costumbre, para plantearse seguidamente hasta qué punto la LDCG ha respetado, si es que existen, las peculiaridades jurídicas de ese ordenamiento. En respaldo de la respuesta negativa, que el autor sostiene, trae a colación particularmente la regulación que el mentado cuerpo legal ha llevado a cabo de las servidumbres de paso y la servantía, tergiversando _a su modo de ver_ la "tradicional realidad consuetudinaria gallega" (p. 916). Este desinterés del legislador por las particularidades del derecho civil gallego contrasta, como también pone de relieve el autor, con la importante labor desarrollada en el ámbito jurisprudencial, basada no sólo en la aplicación mecánica, sino sobre todo en el desarrollo de la tradición jurídico gallega, hasta el punto que se cuestiona el mismo si no habría que reconocerle el valor, que otrora tuviera, de fuente del derecho. Finalmente, destaca Rodríguez Montero la creación por iniciativa de la propia Xunta de la denominada "Comisión Superior para el estudio y desenvolvimiento del Derecho civil gallego" surgida precisamente, como reza en el Decreto de su creación para "ser el eje y motor del específico Derecho gallego y dar así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 27, 4º y 5º del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en esta materia" (pp. 924 ss.). En el último párrafo de este detenido y esmerado recorrido por la historia del Derecho civil gallego, el autor manifiesta abiertamente su deseo de haber contribuido a justificar la necesidad del estudio del mismo, para él clara, aunque no aclare suficientemente en qué sentido o con qué finalidad sería tan necesario este estudio.
[LXI]. Magia y derecho en Roma, de Esteban Varela Mateos, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid. Nada mejor que terminar esta recensión con un trabajo tan sugerente y atractivo como el que nos ofrece en esta ocasión Varela a propósito de la estrecha conexión existente entre magia, religión, y derecho por cuanto "lo que no es religión es magia" (p. 1059) y, según afirma por otro lado, no es posible establecer en la legislación que prolifera tras el reconocimiento oficial de cristianismo por obra de Constantino, una nítida separación entre las artes mágicas y la antigua religión pagana; hasta tal punto esto último es cierto a su juicio que Martrove llegó a afirmar, recuerda el autor, que "apenas escapado de las persecuciones, el Cristianismo se ha convertido en perseguidor" (p. 1063). A lo largo de su documentado trabajo, Varela pone de relieve la dificultad de precisar los confusos confines de la magia en relación a otras prácticas afines como la astrología o la adivinación, confusionismo que _advierte_ encuentra un claro reflejo en el ámbito jurídico en que "en muchas ocasiones la persecución de unos llevaba aparejada la persecución de todos" (p. 1056). Centrándose en las artes mágicas, de entre las cuales menciona expresamente las defixiones, el autor localiza en el antiguo código decenviral las primeras disposiciones dirigidas a reprimir el recurso a las mismas sancionando tales prácticas con la pena capital, aunque será después de la Segunda Guerra Púnica y como consecuencia de la llegada a Roma de numerosos ritos religiosos extranjeros, cuando proliferarán las normas tendentes a impedir su práctica; y más tarde, con la llegada del cristianismo, será la antigua religión pagana, junto con los diversos cultos orientales, la que se convierta en objeto fundamental de persecución por una serie de disposiciones encubiertas bajo la apariencia de una normativa tendente a reprimir la magia y cualquiera otra forma de superstitio. Pues, como afirma con enorme claridad de juicio Varela, "todas las religiones o ritos no permitidos durante mucho tiempo dentro de la magia se los incluía" y como actos mágicos eran perseguidos por los emperadores cristianos, no suponiendo excepción la legislación justinianea (p. 1064).

References: artículo 352
 artículo 352
 artículo 1107
 artículo 1107
 artículo 1107
 artículo 1107
 artículo 1471
 artículo 1472
 artículo 1270
 artículo 1689
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 634
 artículo 806
 artículo 16
 Real Decreto