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Timestamp: 2020-08-13 05:33:44+00:00

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Posted by María José González on abril 29, 2020 No hay comentarios:
Posted by María José González on abril 22, 2020 No hay comentarios:
Posted by María José González on marzo 18, 2020 No hay comentarios:
Posted by María José González on septiembre 14, 2017 No hay comentarios:
Sucesivos contratos de duración determinada en el Sergas
La utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada en el ámbito sanitario para trabajar en un servicio de carácter estructural y que cubre una necesidad permanente del SERGAS ¿constituye una contratación en fraude de ley que necesariamente ha de tener como consecuencia el reconocimiento del carácter indefinido de la relación?
La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declara que la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional sea aplicada por los tribunales del Estado miembro se trate del tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral, mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho a la persona que presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho Administrativo, a menos que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al Juez nacional comprobar. STJUE de fecha 14/09/16.
En ese sentido resolvió ya el Tribunal Superior de Justicia de Galicia hasta en dos ocasiones, STSJ de Galicia de 20/04/16 y, más reciente, la STSJ de Galicia de 21/03/17, en relación con el personal estatutario eventual del SERGAS, sentencia que ratificando la de instancia declaró que los sucesivos contratos de carácter eventual por “servicios determinados” suscritos sin solución de continuidad constituyeron fraude de ley y condenó al Sergas a reconocer a los/as demandantes la condición de personal indefinido.
De todas formas habrá que esperar a la respuesta del Tribunal Supremo, ya que viene de dictar un Auto (fecha 30 de mayo de 2017) admitiendo a trámite el recurso de casación planteado por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. En este Auto el Tribunal Supremo precisa que las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son las siguientes:
[anterior] 2ª. Con independencia de la respuesta que se ofrezca a la cuestión anterior, si el afectado por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tiene o no derecho a indemnización, por qué concepto y en qué momento.
E identifica[anterior] ASimimosAsimi como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, los artículos 2.2 y 9.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre , del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud; el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y el artículo 135 de la Constitución.
Así está la cuestión … en la sala de espera …
Posted by María José González on agosto 02, 2017 No hay comentarios:
Etiquetas: Administrativo, Derecho Laboral, Indefinido, Sergas, Temporal, TJUE, Trabajo, TS
Mother wearing a sunflower on her dress, Mary Cassat
La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2015 se pronunció sobre el derecho a la propia imagen de los menores indicando que “la imagen, como el honor y la intimidad constituye un derecho fundamental de la persona consagrado en el artículo 18.1 del texto constitucional, que pertenece a los derechos de la personalidad y que se concreta en la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen.
En el caso de los menores ha de mediar el consentimiento de ambos progenitores, perteneciendo esta decisión al ámbito de la patria potestad (y no sólo de la custodia). Por lo que en el caso de padres divorciados o separados, el progenitor que quiera subir fotos de sus hijos menores a las redes sociales – sea o no custodio - habrá de recabar el consentimiento, ya expreso, ya tácito, del otro progenitor que ostente la patria potestad. En caso de oposición de uno de ellos, habrán de acudir a la vía judicial. Sobre este particular, en mi labor profesional, suelo incluir una cláusula expresa en los convenios reguladores a fin de evitar, en la medida de lo posible, controversias posteriores.
STS 30/06/15; SAP de Barcelona 25/04/17; SAP de Alicante 22/03/17; ...
Parece separarse del criterio mantenido por el Tribunal Supremo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, Sec. 1ª, dictada en fecha S 15-2-2017 (nº 57/2017, rec. 377/2016), que consideró, en el caso de una abuela, guardadora de hecho, que publicó unas fotos de sus nietos menores en la red con la oposición expresa de la madre, que “la actuación de la abuela, guardadora de hecho, se adecua a los usos sociales de publicación de fotografías del ámbito familiar entre los más allegados”, en este caso la Ilma. Audiencia Provincial estimó suficiente el consentimiento del padre del menor que sí fue recabado por la abuela y tuvo en cuenta que el ámbito de difusión fue el estrictamente familiar. Sin embargo, más allá de sentencias concretas que en función de las circunstancias de cada caso puedan resolver de manera dispar, como se ha dicho, por principio de prudencia, conviene atender, en general, al criterio mantenido por nuestro más Alto Tribunal.
Posted by María José González on julio 25, 2017 No hay comentarios:
Etiquetas: Custodia compartida, Familia, Incapacidad Civil, Menores, RRSS
El internamiento no voluntario, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, requerirá de autorización judicial.
La autorización judicial habrá de ser previa al internamiento salvo que razones de urgencia hicieran necesaria la medida (en la mayoría de las ocasiones por prescripción médica inmediata, por ejemplo en las Urgencias de un hospital). Si el internamiento se produce sin la autorización judicial previa y por razones de urgencia, el responsable del centro donde se produjo el internamiento habrá de ponerlo en conocimiento del Juzgado del lugar en las 24 horas siguientes. El Juzgado, en el plazo máximo de 72 horas desde que tiene conocimiento, ratificará o no la medida de internamiento.
Para ratificar la medida el Juzgado habrá de examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate (quien tendrá derecho a representación y defensa), oirá el dictamen del facultativo que por aquél se designe y también oirá al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que estime conveniente. La resolución judicial que acuerde el internamiento expresará la obligación que tienen los facultativos de informar periódicamente (como mínimo cada 6 meses) al Tribunal sobre la necesidad de mantener o no la medida.
La decisión del Juzgado es apelable. Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sobre el plazo de las 24 horas, dice nuestro Tribunal Constitucional (STC 01/02/16) que en los casos en que por razones de urgencia deba practicarse el internamiento involuntario con carácter previo a obtenerse la necesaria autorización judicial, el precepto es del todo claro al imponer el deber de comunicar la adopción de la medida "al responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento" y con el límite temporal de las 24 horas. La "obligación del centro de comunicar al Juez competente el internamiento y los motivos que lo justificaron" constituye una exigencia básica derivada del respeto al derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE), como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2012, FJ 5c, que asimismo advierte de que el plazo de 24 horas para efectuar la comunicación "se trata, en todo caso, no de un plazo fijo, sino máximo, que por ende no tiene que agotarse necesariamente en el supuesto concreto ni cabe agotarlo discrecionalmente. De este modo la comunicación al Tribunal habrá de efectuarla el director del centro en cuanto se disponga del diagnóstico que justifique el internamiento, sin más demora, siendo que las veinticuatro horas empiezan a contar desde el momento en que se produce materialmente el ingreso del afectado en el interior del recinto y contra su voluntad" [STC 141/2012, FJ 5 c)].
Posted by María José González on junio 26, 2017 No hay comentarios:
Etiquetas: Incapacidad Civil, Tribunal Constitucional
Posted by María José González on junio 24, 2017 No hay comentarios:
Posted by María José González on junio 09, 2017 No hay comentarios:
Posted by María José González on mayo 24, 2017 No hay comentarios:
Posted by María José González on marzo 14, 2017 No hay comentarios:
Posted by María José González on febrero 17, 2017 No hay comentarios:
Posted by María José González on enero 24, 2017 No hay comentarios:

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 135
 artículo 18
 resolución 
 Artículo 763