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Timestamp: 2019-12-15 15:24:43+00:00

Document:
DS. Senado, Pleno, núm. 133, de 20/09/2011
Sesión celebrada el martes, 20 de septiembre de 2011
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN.
(Núm. exp. S. 500/000341)
— Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 13 y 14 de septiembre de 2011.
— Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la República de Finlandia y Kfw, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Bruselas el 14 de junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 463, de 7 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000268)
(Núm. exp. C.D. 110/000291)
— Enmienda al Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República Helénica, la República de Estonia y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 465, de 10 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000269)
(Núm. exp. C.D. 110/000297)
— Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 436, de 10 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000270)
(Núm. exp. C.D. 110/000270)
— Acuerdo de asociación económica preliminar entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Abidyán y Bruselas el 26 de noviembre de 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 437, de 10 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000271)
(Núm. exp. C.D. 110/000271)
— Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 438, de 10 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000272)
(Núm. exp. C.D. 110/000272)
— Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 439, de 10 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000273)
(Núm. exp. C.D. 110/000273)
— Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 441, de 17 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000274)
(Núm. exp. C.D. 110/000274)
— Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 442, de 17 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000275)
(Núm. exp. C.D. 110/000275)
— Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Singapur al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 443, de 17 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000276)
(Núm. exp. C.D. 110/000276)
— Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Gabonesa al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 444, de 17 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000277)
(Núm. exp. C.D. 110/000277)
— Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de Sudán, hecho en Madrid el 27 de octubre de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 447, de 27 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000278)
(Núm. exp. C.D. 110/000278)
— Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptadas por la Resolución 66-2, el 10 de noviembre de 2010, por la Junta de Gobernadores, hecho en Washington el 15 de diciembre de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 456, de 26 de junio de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000279)
(Núm. exp. C.D. 110/000283)
— De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie A, número 116, de 20 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000119)
(Núm. exp. C.D. 121/000136)
— De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie A, número 116, de 20 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000120)
(Núm. exp. C.D. 121/000137)
— De la Comisión de Interior en relación con la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie A, número 116, de 20 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 624/000017)
(Núm. exp. C.D. 122/000239)
LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
— Proposición de Ley sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie A, número 113, de 16 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 624/000018)
(Núm. exp. C.D. 122/000286)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN
El Excmo. Sr. D. Antonio Serrano Aguilar adquiere la condición plena de senador al prestar acatamiento a la Constitución.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 13 y 14 de septiembre de 2011
Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la República de Finlandia y Kfw, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Bruselas el 14 de junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Enmienda al Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República Helénica, la República de Estonia y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Acuerdo de asociación económica preliminar entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Abidyán y Bruselas el 26 de noviembre de 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Singapur al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Gabonesa al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de Sudán, hecho en Madrid el 27 de octubre de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptadas por la Resolución 66-2, el 10 de noviembre de 2010, por la Junta de Gobernadores, hecho en Washington el 15 de diciembre de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
El señor Vilajoana i Rovira, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
El señor Vilajoana i Rovira defiende la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vicente González.
En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las señoras Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Rodríguez Ramírez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Fernández Cucurull, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 247 votos a favor.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor, 118 en contra y 120 abstenciones.
El señor Aleu i Jornet interviene para señalar que no procede someter a votación la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al ser idéntica a la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se aprueban aquellas partes del proyecto enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 247 votos a favor.
Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 247 votos a favor y 1 en contra.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
La señora Angulo Martínez defiende las enmiendas números 1 a 4 y 6, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Hurtado Zurera.
En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueban las enmiendas números 1 a 4 y 6, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 124 votos a favor, 117 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 249 votos a favor y 1 en contra.
De la Comisión de Interior en relación con la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo
El señor Iglesias Ricou, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
La señora Caballero Martínez defiende las enmiendas números 7 a 10, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por dicha senadora.
El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 1 a 6, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor Maldonado i Gili defiende la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas 20 a 39, anunciando la retirada de las números 23, 25, 30, 31, 32 y 33, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Zubero Beascoechea.
En turno de portavoces intervienen la señora Caballero Martínez, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Escudero Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Iturmendi Maguregui, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 17 votos a favor y 236 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 6, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 15 votos a favor y 238 en contra.
Se rechaza la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor y 239 en contra.
Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 242 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 20 a 22, 26 a 28, 34 y 37 a 39, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 15 votos a favor y 238 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 35 y 36, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor y 246 en contra.
Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 238 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba el resto de la proposición de ley por 253 votos a favor.
El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.
Proposición de Ley sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como los señores Lacueva Soler, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley
Tomen asiento. (Rumores.)
(Núm. exp. S 500/000341)
El señor PRESIDENTE: Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Antonio Serrano Aguilar.
Excelentísimo señor don Antonio Serrano Aguilar: ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SERRANO AGUILAR: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Antonio Serrano Aguilar ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 13 y 14 de septiembre de 2011.
¿Alguna observación? (Denegaciones.)
— ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80 000 000 000 EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHO EN BRUSELAS EL 14 DE JUNIO DE 2011 Y EN ATENAS EL 10 DE JUNIO DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Enmienda al acuerdo de servicio de préstamo de 80 000 000 millones de euros entre los siguientes Estados miembros, cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República de Italia, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucción y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecho en Bruselas el 14 de junio de 2011 y en Atenas el 10 de junio de 2010.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)
— ENMIENDA AL ACUERDO MARCO DE LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA DE ESLOVAQUIA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA Y LA FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA, FIRMADA EN MADRID EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Enmienda al Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia, la República de Finlandia, la República Helénica, la República de Estonia y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, firmada en Madrid el 5 de septiembre de 2011.
— ACUERDO MARCO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE MAYO DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 2010.
¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)
— ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE COSTA DE MARFIL, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN ABIDYÁN Y BRUSELAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm.exp. C.D. 110/000271)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de asociación económica preliminar entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Abidyán y Bruselas el 26 de noviembre de 2008.
— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN HONG KONG EL 1 DE ABRIL DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: convenio entre el Reino de España y la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011.
— ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, HECHO EN VIENA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010.
— ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID EL 26 DE ABRIL DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011.
— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN SINGAPUR EL 13 DE ABRIL DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011.
Página 8007
— DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE SINGAPUR AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Singapur al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
— DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA GABONESA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Gabonesa al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
— CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SUDÁN, HECHO EN MADRID EL 27 DE OCTUBRE DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de Sudán, hecho en Madrid el 27 de octubre de 2010.
— ENMIENDAS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), ADOPTADAS POR LA RESOLUCIÓN 66-2, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR LA JUNTA DE GOBERNADORES, HECHO EN WASHINGTON EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptadas por la Resolución 66-2, el 10 de noviembre de 2010, por la Junta de Gobernadores, hecho en Washington el 15 de diciembre de 2010.
— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Para la presentación del dictamen de la Comisión, tiene la palabra su presidente, el senador Vilajoana.
Señorías, procedo a la presentación del dictamen del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 10 de septiembre, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 14. Se presentaron 10 enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: 4 del Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió; 2 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 3 del Grupo Parlamentario Socialista y 1 presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Debo señalar, en relación con la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, se opuso a su tramitación por disminución de los ingresos presupuestarios. En consecuencia, no fue debatida ni votada ni en Ponencia ni en Comisión.
La Ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano, don Arturo Bagur Mercadal, don Nicolás Fernández Cucurull, don José Manuel Pérez Bouza, doña María José Rodríguez Ramírez, doña Yolanda Vicente González y el senador que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara.
La Ponencia emitió su informe el día 19 de septiembre. Tras incorporar por unanimidad la enmiendas 7, presentada por todos los grupos parlamentarios, y 8 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista, acordó por mayoría mantener en lo demás el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión dictaminó el mismo día y aceptó como dictamen el texto propuesto por la Ponencia.
Han presentado votos particulares a este proyecto de ley los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Entesa Catalana de Progrés.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vilajoana.
Pasamos, señorías, al turno de enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, sobre este proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, tenemos viva una sola enmienda, la número 5, en la que se propone una disposición final nueva que diga que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 contemplará la declaración como acontecimiento de excepcional interés público la celebración, en Barcelona, de la tercera edición de la Barcelona World Race. Quiero señalar, señorías, que en sus dos anteriores ediciones, Barcelona World Race 2007-2008 y Barcelona World Race 2010-1011, las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado incluyeron la aplicación de los mismos incentivos fiscales.
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Señorías, solicito su voto a esta enmienda. Este grupo ha apoyado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre otro torneo en el mundo de la vela en Alicante. Pido, por favor, que nos apoyen esta propuesta, en coherencia con lo que han hecho en otros ejercicios.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Mientras algunos presentan enmiendas sobre regatas, nosotros queremos regatear sobre cuestiones tan importantes como las Sicav o los fondos de inversiones. Presentamos una enmienda que limita la adquisición de este tipo de fondos por parte de los socios, porque creemos que esta es una manera de evitar el uso fraudulento de este tipo de instituciones.
Pedimos el voto afirmativo para esta enmienda de Iniciativa per Catalunya-Verds
En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Vicente.
Utilizo este turno en contra de enmiendas para mostrar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre las enmiendas que han quedado vivas para el Pleno al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Una ley cuyo objetivo es simplificar el régimen de comercialización transfronteriza de las instituciones de inversión colectiva, reforzar la competitividad en un contexto como el actual, de mayor integración y competencia, y mejorar la supervisión de las instituciones de inversión colectiva y de las sociedades gestoras por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una ley que llega tarde, de modo que era necesaria su aprobación para evitar ser sancionados por la Unión Europea. Una ley, como pueden ver sus señorías por el número de enmiendas que han llegado a este trámite parlamentario del Senado, a la que se han incorporado infinidad de enmiendas en el trámite parlamentario del Congreso. Para este trámite solo quedan tres enmiendas vivas, sobre las que les anticipo que votaremos a favor de dos: una de Convergència i Unió y una de Entesa Catalana de Progrés, las enmiendas números 2 y 5. Votaremos en contra de la enmienda número 1, senador Guillot; usted sabe que hemos mantenido este debate en muchísimas ocasiones, pero no podemos votar a favor de la enmienda, aunque puedo compartir algunos de sus planteamientos.
Permítanme ahora que les diga algo sobre el consenso que se ha alcanzado sobre esta ley. Es cierto que durante el trámite en el Congreso de los Diputados se aprobaron una serie de enmiendas que poco tenían que ver con la ley. De todos modos, no quiero hablar solo del fondo de la cuestión, sino también de la voluntad política de los grupos parlamentarios. Todos alcanzaron un compromiso importante, y no lo digo porque sea senadora por Álava: incluir en los próximos presupuestos del año 2012, como acontecimiento de excepcional interés público, la celebración de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde Europea 2012 e incentivar desde el punto de vista fiscal todas las actuaciones que se realicen allí. No hablo de este compromiso únicamente porque sea importante defender el trabajo que se hace en mi ciudad, que ha sido reconocido internacionalmente, sino también porque es un ejemplo claro del espíritu de consenso de todos los partidos políticos en torno a este asunto. El espíritu de consenso, de acuerdo, es necesario en momentos difíciles como los que estamos viviendo por la actual situación económica, y los portavoces que hemos trabajado a lo largo de esta legislatura en la Comisión de Economía y Hacienda hemos alcanzado acuerdos, a pesar de las diferencias políticas.
Al hablar del espíritu de acuerdo, de consenso, permítanme mencionar a dos personas de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, que han hecho, en mi opinión, de la política un arte. Quiero terminar así mi intervención en el último Pleno de esta legislatura. Lo entenderán ustedes perfectamente, porque se trata de dos personas a las que admiro por su talla política. Una de ellas es el senador Pérez Sáenz, del que he aprendido el significado de los valores de lealtad y de amistad, y estoy segura de que seguirá siendo así. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La otra persona es el presidente del Senado, Javier Rojo, el presidente consenso de todos los grupos parlamentarios, por consenso. Presidente, quiero agradecerte tu confianza. La tenacidad, el rigor en el trabajo y el tesón han sido tus señas de identidad a la hora de defender tus convicciones en tu trabajo parlamentario y a lo largo de tu
vida política. Solo espero que sean estas las características de los nuevos tiempos de la política, porque son las que hacen falta para transformar esta sociedad en una sociedad moderna, libre y solidaria. De verdad, presidente, esperamos reformar esta Cámara con el espíritu de consenso y de acuerdo que es necesario en estos momentos tan difíciles.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegaciones.)
Señorías, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente este proyecto de Ley que modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, a fin de poder cumplir con la Directiva Comunitaria 2009/65 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, y coordinar todas las disposiciones legales reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, y las posteriores modificaciones.
Se ha hecho un buen trabajo en el trámite de esta ley, se han aprobado enmiendas en el Congreso de los Diputados, y hemos acabado de rematar adecuadamente esta ley en el Senado.
Repito que mi grupo parlamentario votará a favor de esta ley.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Alberich.
La senadora ALBERICH CANO: Molt bona tarda, president; muy buenas tardes. Presidente, permítame una broma en el último Pleno: le reto a decir bien mi nombre en las dos próximas ocasiones que me va a dar la palabra; si lo consigue, le invito a un café cuando acabe el Pleno. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, créame: no sé si lo digo bien, pero lo que quiero es que vuelva a ser senadora. (Risas.)
La señora ALBERICH CANO: Gràcies, president.
Las directivas 2009/65 y 2010/78, de cuya aprobación deriva la modificación de nuestra normativa que hoy traemos a debate, modifican a su vez diversas normas europeas relativas a la regulación de las instituciones de inversión colectiva y también del mercado de valores. Esta ley tiene como objeto iniciar la trasposición de dichas directivas, a la vez que aprovecha para introducir modificaciones que mejoren la competitividad de este sector en nuestro país, en un contexto de mayor integración y competencia, y también para establecer mejoras en la supervisión de las sociedades gestoras por parte de la CNMV.
A partir de la entrada en vigor de la norma, estas sociedades gestoras españolas podrán gestionar fondos domiciliados en los Estados miembros, y esos Estados miembros podrán gestionar fondos españoles. Ya lo hacían, pero no con la celeridad y la eficiencia con que podrán hacerlo ahora, gracias a la incorporación del pasaporte para la gestión transfronteriza de fondos.
Son importantes las modificaciones que se incluyen en esta ley en cuanto a la protección del inversor a través de un nuevo documento informativo, un documento de datos fundamentales para el inversor. Es importante mejorar su información y mejorar la vigilancia de las autoridades supervisoras, porque, si bien aquel que invierte debería estar bien informado, también es cierto que, debido a la proliferación de diversos productos financieros en los últimos años, el inversor —como le decía yo a un jefe mío, cuando me dedicaba a la bolsa— ya no es solo el que lee el Financial Times, sino que puede ser también la portera de mi casa; y a las personas que invierten, y que en épocas boyantes se atrevían más con ciertos productos financieros, les debemos ayudar para que tengan muy claro dónde invierten sus ahorros.
También es importante destacar el tercer bloque, el que aborda las materias importantes para revisar la capacidad supervisora de la CNMV. Esta ley es una ley necesaria, en la que todos estamos de acuerdo, tanto en el Congreso como en el Senado. Se ha demostrado con el amplio consenso conseguido en la
tramitación, porque no obtuvo ningún voto en contra en el Congreso, y espero hoy ocurra lo mismo y que obtenga el voto favorable de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Alberich.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que abordamos tiene por objeto la modificación de la ley que regula las instituciones de inversión colectiva. Sin duda, y pese a su complejidad técnica, se trata de una norma que va a determinar en buena medida el funcionamiento de una parte importante de nuestro sector financiero y, por tanto, de especial relevancia y de plena vigencia en momentos como los actuales.
La ley vigente supuso en el momento de su aprobación, en 2003, una adecuación del marco legal de la inversión colectiva que se plasmaba en la Ley de 1984. Del mismo modo, este proyecto de ley pretende la trasposición de diversas directivas europeas, por un lado, e introducir modificaciones, por otro, con el objetivo de reforzar la competitividad de nuestra industria de inversión colectiva en un contexto de mayor integración y competencia, como ya se ha dicho, y de establecer medidas que mejoren la supervisión de estas importantes instituciones y de sus sociedades gestoras por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las directivas que están en el origen de esta reforma, que ya han sido mencionadas, persiguen simplificar el régimen de actuación transfronteriza de estas sociedades gestoras de fondos y sociedades de inversión; reforzar, para que eso sea posible, los mecanismos de cooperación entre las distintas autoridades supervisoras competentes de cada Estado y sus potestades de supervisión; y otros muchos objetivos entre los que destacaría, por último, el de configurar una autoridad europea de valores y mercados como autoridad de referencia, a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las otras autoridades competentes de los demás países miembros de la Unión remitan la información relevante sobre las citadas sociedades gestoras, y que se reserve, además la competencia importante de la mediación vinculante en los casos de discrepancia entre de las autoridades nacionales.
Asumiendo estos propósitos, el proyecto de ley que nos ocupa se impone el objetivo de potenciar la eficiencia de la industria de inversión colectiva y de ofrecer una nueva respuesta, con este régimen jurídico, en términos de protección del inversor, que es el otro bien jurídico fundamental en juego en esta ley. Así, se incrementa la capacidad de estas instituciones de operar en otros Estados miembros y de que lo hagan no solo en la comercialización, sino también en la gestión de fondos. Además, los requisitos para el desarrollo de esta actividad y para el acceso a mercados transfronterizos se simplifican notablemente, ya que no solo se reducen los plazos sino que, a partir de esta norma, serán las autoridades competentes del Estado en que esté domiciliado un fondo o una sociedad de inversión las que comuniquen a su homóloga en otro Estado miembro que dicha institución va a operar en él, en lugar de que tenga que hacerlo el fondo o la sociedad de inversión directamente a la autoridad del Estado de acogida. Esta modificación comporta una mayor relación y confianza entre supervisores los supervisores de origen y de acogida, que, a partir de ahora, están llamados a mantener una mayor interlocución. Por tanto, un incremento de los mecanismos de cooperación, de consulta, de intercambio de información entre estas autoridades supervisoras, y a resultas de ello también algo importante: el incremento de la protección del inversor.
A esto último contribuye también una novedad relativa a los derechos de información, ya que se sustituye el anterior folleto simplificado por un documento informativo que, por un lado, armoniza el contenido para que el inversor pueda comparar entre los fondos y sociedades de los distingos Estados miembros, en un mercado amplio y, por otro, lo descarga de información superflua para facilitar la comprensión de los elementos esenciales, de modo que se permita a los inversores adoptar sus decisiones de una manera adecuada.
Quienes invierten en estas instituciones encontrarán también un incentivo a partir de esta norma, ya que establece otras medidas destinadas a incrementar su competitividad, que en última instancia se traduce en productos más diversificados, de mayor calidad y menor coste. En esta línea, destaca la posibilidad que se abre a las instituciones de inversión colectiva de utilizar cuentas globales u ómnibus para la comercialización en España de fondos domiciliados en nuestro país. Con ello se pone fin a una discriminación que existía con respecto a fondos extranjeros, al no tener que revelar ya a la sociedad gestora la identidad completa de los partícipes, sino solamente la información de identificación fiscal.
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Voy terminando, señorías, concentrarme en lo importante. Destaca una ampliación del régimen sancionador, en el que se tipifica un mayor número de infracciones, tanto entre las consideradas graves como entre las muy graves, con lo que se reafirma la vocación de esta ley de incrementar el control y el correcto funcionamiento de estas instituciones.
Señorías, esta ley abunda en los principios que deben regir la política de inversión: liquidez, diversificación del riesgo y transparencia. Asimismo, mejora el funcionamiento de la inversión colectiva con las implicaciones directas que estas tienen para la política financiera: la eficiencia y la asignación de ahorro a las oportunidades de inversión y a la gestión de riesgo, así como la protección a los inversores. Por tanto, el interés último afectado por esta norma, el bienestar económico, resulta favorecido a través de un mayor grado de competencia entre los actores implicados y un nivel máximo de protección al inversor minorista, lo cual, sin duda, contribuye a la estabilidad financiera.
Solo me resta insistir en el agradecimiento que ya han formulado mi compañera, la senadora Vicente, y otros portavoces, a todos los grupos, porque en los momentos finales de esta legislatura se han esforzado para que esta norma pueda ser aprobada y pueda entrar en vigor para mejorar el funcionamiento de una parte importante de nuestro sector financiero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cucurull.
El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Gracias, señor presidente.
Como han señalado los intervinientes, el presente proyecto de ley traspone al ordenamiento español distintas directivas comunitarias en materia de instituciones de inversión colectiva. La tramitación del proyecto, tanto en el Congreso como en el Senado, ha estado presidida por el consenso y por la voluntad de entendimiento. De hecho, las enmiendas presentadas por mi grupo en el trámite del Congreso fueron transaccionadas e incorporadas al texto por acuerdo unánime. Igualmente, se introdujeron por unanimidad en el Congreso dos disposiciones adicionales, la primera de ellas relativa al régimen económico fiscal especial de Ceuta y Melilla, a la que me referiré más tarde, y la segunda al fondo de inversión local.
En el trámite del Senado mi grupo parlamentario había presentado una única enmienda, firmada junto con el resto de los grupos, relativa a los beneficios fiscales aplicables al evento de salida de la Vuelta al Mundo a Vela Alicante 2001, que fue incorporada, asimismo por unanimidad, al texto del proyecto por la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara en el día de ayer. E igualmente en ese trámite mi grupo prestó conformidad a las tres enmiendas de corrección técnica presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto a las enmiendas que se mantienen para su debate y votación en este Pleno he de señalar que vamos a apoyar las relativas a incentivos fiscales relacionados con un evento de importancia, esto es, la número 2 de la Entesa, coincidente con la número 5 de CiU relativa a la tercera edición de la Barcelona World Race.
En el caso de la otra enmienda que queda viva, la número 1 de la Entesa sobre fijación de un límite del 5% de participación a las sociedades de inversión de capital variable, la posición de mi grupo parlamentario va a ser de abstención. Por cierto, no puedo dejar de señalar que esta última enmienda va a poner de manifiesto el escaso recorrido de la demagogia fiscal en la campaña electoral. El propio Partido Socialista, que resucita el impuesto sobre el patrimonio para gravar dos veces por lo mismo a las clases medias, se opone a una medida que sí afectaría directamente a los grandes patrimonios de España, a los ricos en la terminología al uso, lo que no deja de ser curioso.
Por último, como señalé anteriormente, y en mi condición de senador por Ceuta, quiero dejar expresa constancia del agradecimiento de mi grupo parlamentario por la unanimidad conseguida en el Congreso para introducir en el texto de esta ley, concretamente en forma de disposición adicional primera, la ampliación y extensión del actual régimen de bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, medida que tiene una extraordinaria importancia para la evolución económica y del empleo en ambas ciudades y que hoy se ratifica en esta Cámara con idéntico consenso.
Dado que hoy, último Pleno de esta legislatura, parece una ocasión más que propicia para las despedidas, les deseo a todas sus señorías lo mejor en los proyectos que emprendan a partir de este momento. Decía el economista francés Bertrand de Jouvenel que el objetivo del debate no es la victoria sino el perfeccionamiento. Creo que esta Cámara ha cumplido con creces dicho objetivo.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes aplausos.)
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Llamen a votación, por favor. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. (Rumores.) Silencio, por favor.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 5, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 247.
Votamos la enmienda número 1, de la Entesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 10; en contra, 118; abstenciones, 120.
Votamos la enmienda número 2 de la Entesa. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Un momento, por favor, señorías. ¿Sí, senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: Señor presidente, por mor de las buenas técnicas parlamentarias, y aunque no es habitual en la Casa, dado que esta enmienda es idéntica a la número 5 de Convergència i Unió que ya ha sido aprobada procedería no votarla. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor Aleu, como siempre, tan atento.
Señorías, pasamos a votar en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.
Señorías, votamos el resto del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 247; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Vilajoana. (Rumores.) Silencio, por favor, señorías.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Presidente, señorías, procedo a la presentación del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 14 de septiembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 16. A este proyecto de ley se presentaron once enmiendas así distribuidas: cinco del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y seis del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano, doña María del Mar Angulo Martínez, don Arturo Bagur Mercadal, don Juan Manuel Fernández Ortega, don Antonio Hurtado Zurera, don José Manuel Pérez Bouza y por el senador que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara.
La ponencia emitió informe el día 19, y acordó por mayoría mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión dictaminó el mismo día, y aceptó como dictamen el texto propuesto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio; así es imposible oír nada. Esto parece el final del colegio.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias por protegerme, señor presidente.
Señorías, les garantizo que me quedan solo dos líneas y termino.
Finalmente, a este proyecto de ley ha presentado voto particular el Grupo Parlamentario Popular.
A continuación pasamos al turno de defensa de las enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 4 y número 6 del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Angulo.
Paso a defender las cinco enmiendas que mantenemos vivas, una vez retirada la número 5, que ha sido incluida en la corrección de errores del texto remitido por el Congreso.
Como digo, voy a defender las enmiendas números 1 a 4 y la número 6, para las que ya solicito su apoyo porque a nuestro juicio mejorarían sustancialmente el texto que se nos remite desde el Congreso. Estas enmiendas se refieren a dos materias: a los derechos de los titulares de valores en caso de concurso de las entidades depositarias y a la obligación de los mercados y sistemas multilaterales de negociación de utilizar una entidad de contrapartida central.
El primer bloque de enmiendas se compone de las números 1 y 2. En la número 1 proponemos asegurar que ante los eventuales problemas y divergencias que pudieran surgir en los valores que corresponden a los clientes de las entidades depositarias en caso de que estas entren en concurso, tengamos un cuadro flexible de reacción, suprimiendo la aplicación mecánica y directa de la regla de prorrata, que es lo que propone el texto legal.
Entendemos que el texto propone una solución simplista que no tiene en cuenta que esos problemas y divergencias pudieran ser de diferente naturaleza y proceder de causas diversas, y que, por tanto, requerirían de diversas respuestas, que será imposible introducir si se ha previsto, como pretende el texto remitido por el Congreso, una única solución por la regla de la prorrata.
A nuestro juicio ello puede ocasionar problemas jurídicos y puede afectar, por ejemplo, a la naturaleza de los derechos de los titulares de valores y al tratamiento del dinero con el que se les compensará. Por eso se propone una nueva redacción para ese artículo 12 bis.3. Así pues, planteamos que los sistemas de registro cuenten con mecanismos que salvaguarden los derechos que corresponden a los titulares de los valores, y que esos mismos sistemas dispongan de un cuadro amplio y flexible de procedimientos, de mecanismos con los que resolver las controversias que se pudieran plantear; entre ellos podría figurar la regla de la prorrata, pero no como único procedimiento a seguir.
Asimismo en la enmienda número 2 tratamos de suprimir la regla de la prorrata para los valores pignorados, entendiendo que son unos valores que se utilizan para múltiples finalidades y que, además, la regla de la prorrata supone modificar la esencia misma de ese tipo de valores, puesto que son valores afectados a una determinada finalidad, y por tanto, indisponibles si no se cuenta con el consentimiento del asegurado, pues estaríamos modificándolos por una cantidad desconocida de valores y por una cantidad en efectivo con el consiguiente debilitamiento de las garantías pignoraticias. Para evitar esos perjuicios de carácter jurídico o económico que pudieran derivarse, y que pueden producirse por esa modificación de la naturaleza de los valores pignorados, entendemos que sería necesario suprimir la regla de la prorrata.
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De ahí que hayamos presentado nuestra enmienda número 2. Y como, además, según nuestra enmienda número 1, contaríamos con un sistema de mecanismos para resolver las diferentes controversias o los diferentes problemas que pudieran surgir, tendríamos un abanico de posibilidades y el campo abierto ante futuras situaciones.
En el segundo bloque de enmiendas, números 3, 4 y 6, hablamos, como decía, de la obligación de los mercados de utilizar la entidad de contrapartida central. En concreto, en la enmienda número 3, al apartado número 7 del artículo 31.bis, nos oponemos a introducir esa obligación porque es una fórmula que no se aplica a ninguno de los mercados de nuestro entorno. El proyecto de ley propone imponer a los mercados secundarios de valores y a los sistemas multilaterales de negociación la obligación de contar con una entidad de contrapartida central, a pesar de que ninguno de los mercados europeos de valores está sujeto a la obligación legal de tener que contar con esas entidades, sino que la decisión de utilizar los servicios de este tipo de entidades de contrapartida central se basa en decisiones adoptadas por los mercados y en los acuerdos que se hayan suscrito con las entidades. Entendemos que es por la vía de los acuerdos y decisiones que los mercados adopten por la que se debe optar en esta cuestión. Además, consideramos que la implantación de tales procedimientos por una vía que se corresponda con los principios propios de la Ley del Mercado de Valores y que no tiene los inconvenientes que puede tener la solución elegida en el proyecto de ley sería mucho mejor.
Por todos esos motivos solicitamos el voto a favor de nuestras enmiendas.
Tiene la palabra el senador Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Señorías.
Esta ley trata de desarrollar la directiva MiFID, que tiene como principal objetivo crear un mercado financiero único en la Unión Europea. Evidentemente, este es un paso inicial porque luego se van a tener que desarrollar reales decretos y reglamentos para hacer realidad ese objetivo. En concreto, la ley desarrolla la regulación sobre una serie de actuaciones en los mercados financieros muy concretas: son las actuaciones de liquidación, compensación y de registro. El sistema que se viene utilizando es bastante obsoleto y de hecho solamente está vigente en España y en China, de ahí la necesidad de un cambio y de una modernización significativa en nuestro país.
Por otra parte, se pretende homogeneizar todos los sistemas de compensación, liquidación y registro, proteger al inversor en los mercados financieros y dar mucha más transparencia a estos mercados, garantizando una mayor seguridad jurídica. En ese sentido, en el año 2014 está previsto establecer un sistema, el denominado eurosistema Target2-Securities, que pretende crear un sistema de saldos en compensación y liquidación en todos los Estados de la Unión Europea.
Como ha dicho la senadora del Grupo Popular, se han presentado cinco enmiendas, que radican en dos cuestiones principalmente. La primera, en relación con la protección de los inversores: la regulación que establece un sistema de prorrata en el caso de que las entidades depositarias de valores entren en fase concursal. En este caso se establece ese sistema, pero bien es cierto que reglamentariamente habrá que establecer mecanismos que resuelvan las incidencias que se puedan presentar, y entonces el sistema de prorrata será el último en aplicarse —es una aclaración que quería hacerle a la senadora—. El sistema de prorrata es necesario incluirlo en la ley puesto que en caso contrario no se podría utilizar como actuación última, no como actuación mecánica o automática, como establece la primera enmienda del Grupo Popular.
La segunda enmienda trata de eliminar en el artículo 12 bis los valores pignorados. Consideramos que es muy injusto que a la hora de resolver por concurso de las entidades depositarias las liquidaciones correspondientes a los inversores se excluyan los valores pignorados. Los valores pignorados deben ser un valor más a repartir y a repercutir entre todos los inversores de estas entidades depositarias.
Las otras tres enmiendas que se presentan están relacionadas con la entidad de contrapartida central. Es una gran novedad que se introduce en este sistema de saldos y que pretende, en definitiva, crear un ente intermedio entre el transmisor y el adquirente de valores en estos mercados financieros.
En concreto, se presentan las enmiendas números 3, 4 y 6. La enmienda número 3 modifica el artículo 31, al disponer que estas entidades de contrapartida central sean de carácter voluntario, no obligatorio. Nosotros no estamos de acuerdo, porque consideramos que el cambio de sistema para que tenga mayor
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seguridad exige esa obligatoriedad. Esa es la razón principal por la cual nosotros no podemos aceptar esta enmienda.
La enmienda número 4 modifica el artículo 44, en el sentido de que los mercados secundarios de valores y los sistemas multilaterales de negociación incluyan la actuación de contrapartida central de estas entidades. Por tanto, nosotros tampoco vamos a votar a favor esta enmienda, ni tampoco de la enmienda número 6, relativa a la disposición final primera.
Concluyo deseando a este país el máximo de suerte y felicidad y deseando también suerte y felicidad, así como salud, a todos los aquí presentes.
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tampoco hace uso de la palabra.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias.
Seré muy breve, presidente. Señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Nuestro grupo consensuó en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Socialista once enmiendas que se han incorporado en el dictamen aprobado en comisión ayer y que intentan mantener o incrementar el nivel de competitividad de nuestro sistema de poscontratación y también del sector financiero, con la intención de plantear modificaciones que incluyen elementos que refuerzan la robustez del sistema de compensación, del sistema de liquidación y del sistema de registro.
Queremos también manifestar nuestra satisfacción por que todos aquellos aspectos que se refieren a requisitos de solvencia exigibles deban determinarse atendiendo a criterios de proporcionalidad en función del nivel de actividad de cada entidad.
Para finalizar, señorías, queremos valorar positivamente la incorporación de la mención de las competencias que las comunidades autónomas tienen en relación con los servicios de compensación, liquidación y registro de ámbito autonómico.
La señora ALBERICH CANO: Gracias, presidente.
De forma telegráfica, anuncio nuestro voto a favor de este proyecto de ley del Mercado de Valores que inicia un proceso de reforma necesario del sistema de compensación, de liquidación y de registro.
Quiero destacar también el consenso que ha obtenido en el Congreso de los Diputados y el que obtendrá en esta Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.
El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, presidente.
Este proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, se explica en el proceso hacia un mercado de valores único integrado para los servicios financieros en Europa.
En 2007, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo consideró el estudio de viabilidad llevado a cabo por el Eurosistema para implementar el proyecto Target2-Securities —T2S—, un proyecto que aprovecha la sinergia del Eurosistema y, en particular, la del sistema de pago Target2.
T2S tiene por objeto facilitar la liquidación centralizada en dinero del Banco Central de las operaciones de valores en euros o en otras monedas, igualando la liquidación transfronteriza europea de valores a la nacional, en términos de eficiencia y de costes y, además, complementa y facilita otra iniciativa europea
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en el área de la industria de valores. Al agrupar en una misma plataforma las cuentas de valores y de efectivos, T2S ofrecerá un servicio de liquidación integrado, neutral, sin fronteras y muy avanzado en cuanto a las funciones de las que va a disponer.
Con esta reforma se mejorará el nivel de competitividad de nuestro sistema de poscontratación y, por ende, del sistema financiero, y se le dará, sin lugar a dudas, mayor robustez.
La reforma necesaria de nuestro sistema de poscontratación se va a materializar en etapas y se van a centrar en tres ejes. El primero en introducir la entidad de contrapartida central en los servicios de poscontratación. Estas entidades son las que van a realizar las funciones de interposición entre compradores y vendedores de transacciones sobre valores asumiendo el riesgo de contrapartida. Se persigue la sustitución de un sistema de liquidación multilateral de valores por bruto por un modelo bilateral basado exclusivamente en saldos, que debería disminuir los costes de liquidación y eliminar el aseguramiento en la entrega.
El segundo eje se centraría en la eliminación de los mecanismos de aseguramiento en la entrega en el ámbito de la sociedad del sistema. Eliminar este aseguramiento supone permitir la resolución de incidencias a través de compensación en efectivo si resulta imposible acceder a los valores, y siempre se persigue darle seguridad al inversor, porque se va a relacionar únicamente con la entidad de contrapartida central.
Y, como tercer eje de la reforma, se trata de eliminar el actual sistema de control basado en la referencia de registro que —como ha indicado el senador don Antonio Hurtado— es una especificidad de nuestro sistema de compensación, liquidación y registro que solo compartimos con China, para pasar a un sistema basado exclusivamente en saldos que mejore la eficiencia del sistema; eficiencia que se mejorará también con la unificación de los sistemas de registro de renta variable con los de renta fija y los de deuda pública, que se llevará al final de este proceso de reforma.
Este proyecto de ley inicia el proceso de reforma del sistema de compensación, liquidación y registro de valores modificando la Ley del Mercado de Valores, y se centra fundamentalmente en el primer eje, al que me he referido anteriormente: la introducción de la entidad de contrapartida central. La ley define un marco más preciso para el caso de concurso de entidades encargadas del registro de valores mediante anotaciones en cuenta, necesario para el paso de un sistema de control basado en referencias de registro a un sistema de saldo. Se establece el derecho de separación de los titulares coherente con las facultades de la CNMV y con el derecho de terceros propietarios en una situación de concurso de una entidad de este tipo.
El proyecto de ley también introduce la obligación de la intervención de la entidad de contrapartida central en las operaciones de renta variable, y persigue con esta reforma afectar también al régimen aplicable a las sociedades de sistema, eliminando la referencia al aseguramiento en la entrega —como he señalado anteriormente— estableciendo normas de derecho corporativo que faciliten la relación entre las sociedades de sistemas y el resto de agentes; establece los comités que deben tener estas sociedades de sistema, y se completa la regulación de los convenios que pueden llevar a cabo la sociedades de sistema para dar mejor cobertura legal al proyecto Target2-Securities. La ley también desarrolla un régimen regulatorio para las entidades de contrapartida central, que deben ser personas jurídicas separadas de las sociedades de sistema.
La reforma que hoy debatimos de la Ley del Mercado de Valores inicia el proceso hacia un sistema de registro basado en saldos, que deberá continuarse con la modificación de diversos textos normativos y estar operativo antes de 2014, momento en que está prevista su entrada en funcionamiento a nivel europeo.
Del debate que se ha producido en el Congreso, en el que el proyecto de ley contó con el apoyo de todos grupos, y de las reflexiones que hemos compartido en el Senado se deduce que este es un proyecto de ley en gran parte consensuado, en el que se han introducido enmiendas de todos los grupos políticos y, además, cuenta con el interés del sector por que no se retrase su aprobación.
Por ello pedimos al resto de los grupos que quede hoy definitivamente aprobado en el Senado un proyecto de ley que va a iniciar un proceso de mejora de la competitividad de nuestro sistema de poscontratación y, por ende, del sistema financiero.
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Señorías, es un orgullo, una vez más, subir a esta tribuna a intervenir para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular en un proyecto de ley de contenido económico que, además, será casi el último que debatamos y, desde luego, será con seguridad mi última intervención en esta legislatura. Por tanto, es también la mejor oportunidad para desear lo mejor y para dar las gracias a todos los senadores y, en particular, a mis compañeros de la Comisión de Economía, con los que hemos compartido debates y trabajo, así como al letrado y al resto del personal, con los que hemos compartido, si no debates, desde luego sí trabajo.
Sin duda, han sido meses intensos en el ámbito económico hasta el último minuto, intensos especialmente en estos últimos días, en los que se acumulan proyectos de ley que llegan a esta Cámara con una premura que no permite la reflexión y el debate que el interés de los temas merecería. De hecho, hoy analizamos la reforma de la Ley del Mercado de Valores, con registro de entrada el 14 de septiembre y que se aprueba hoy mismo, 20 de septiembre, fecha en que también saldrá de esta Cámara. Y estas prisas de última hora en tantos asuntos —que chocan con etapas en las que ha habido sesiones de Pleno con escasos, incluso sin proyectos legislativos— hablan con claridad de algo que hemos denunciado muchas veces, que es la falta de planificación, incluso la desorganización del Gobierno también en el plano legislativo.
Así hoy, en el último Pleno de la legislatura se aborda esta modificación de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, sabiendo —lo decía también el portavoz del Grupo Socialista— que esta modificación no es más que el inicio de un proceso de reforma del sistema de compensación, liquidación y registro. Y uno se pregunta si no ha habido tiempo en cuatro años. Es más, ¿qué sentido tiene iniciar una reforma compleja y de mucho contenido en el último Pleno, dar el primer paso en el último Pleno, casi a última hora de la legislatura? O uno ya no se pregunta nada, porque el Gobierno socialista es la respuesta.
El Grupo Popular va a votar a favor del dictamen de este proyecto de ley, pero hemos de tener claro que hoy solo hablamos de objetivos, como homogeneizar las actividades de poscontratación con los sistemas de nuestros socios europeos y otorgar mayores niveles de competitividad a nuestro sistema. No obstante, también debemos tener claro, como especifica la propia ley, que el contenido verdadero de la reforma quedará pendiente de la posterior modificación de muchos textos normativos, incluso de los reglamentos correspondientes.
Además, de los tres ejes que plantea la reforma, el proyecto de ley que hoy debatimos solo aborda el primero, solo entra en la introducción de la figura de la entidad de contrapartida central, dejando los otros dos ejes principales para un desarrollo posterior. Y precisamente por eso, porque solo vamos a abordar una primerísima parte, si cabe cobran más sentido nuestras enmiendas, que aseguran un mejor encaje de esta reforma en nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, suponen no cerrar puertas. Señorías, si lo importante en caso de concurso es salvar la protección de los inversores y salvaguardar los derechos de los titulares de los valores, ¿por qué la regla de la prorrata sí o sí? Decía el portavoz del Grupo Socialista que va a ser la última en aplicarse. ¿Por qué no contemplamos en la ley un catálogo, un abanico amplio de posibilidades para resolver las incidencias que puedan surgir? Es algo que no se puede entender. Si el objetivo es reforzar los derechos de los titulares de los valores, será mejor contar con amplias posibilidades para resolver las incidencias.
En segundo lugar, ¿por qué arriesgarse a que la aplicación de la prorrata —que el proyecto de ley, digan lo que digan, la prevé como mecanismo único— pueda crear problemas tanto de carácter jurídico como económico? Y si lo importante en un segundo bloque es homogeneizar con otros países y mejorar la competitividad del sistema, ¿por qué esa obligación legal de introducir los servicios de las entidades de contrapartida central como obligación legal, y no por la vía del acuerdo, que nos aleja del criterio que se está siguiendo en todos los mercados de nuestro entorno y nos crea una desventaja competitiva? No tiene sentido.
Son estas contradicciones entre lo que se dice pretender y lo que se hace en la ley —probablemente debidas a la improvisación de última hora con la que el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley— las que nos llevan a presentar estas enmiendas y a insistir en que esta ley salga del Senado con mejoras y, sobre todo, con más garantías de cumplir los objetivos que dice pretender, algo especialmente importante en un texto que, como digo, es el principio de una reforma mucho más importante y compleja.
Señorías, dar el primer paso en la buena dirección es primordial y por eso me atrevo a insistir en solicitar su apoyo a las enmiendas del Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.).
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Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
En primer lugar, las enmiendas números 1 a 4 y 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 124; en contra, 117; abstenciones, 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 249; en contra, 1.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
— DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Interior en relación con la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores.)
El señor IGLESIAS RICOU: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante esta Cámara el dictamen de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo; dictamen elaborado por la Comisión de Interior del Senado.
Quiero recordar que la andadura parlamentaria de la iniciativa comenzó el 25 de junio de 2010, fecha en la que todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados firmaron y presentaron el texto de la mencionada proposición de ley. En esta proposición de ley quedó subsumida otra iniciativa anterior: la proposición de ley de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Fue fruto del trabajo de la ponencia, que en el Congreso de los Diputados redactó el informe sobre la proposición de ley que nos ocupa. En él se afirmaba que con el nuevo texto se venía a dar un tratamiento general y completo a esta materia, a iniciativa, además, de todos los grupos parlamentarios.
Una vez finalizada la tramitación de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, aprobado en el Pleno del 14 de julio de 2011, fue remitida al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicada el 22 de julio del año 2011.
El plazo de presentación de enmiendas a la referida proposición de ley expiró el pasado día 13 de septiembre. Se presentaron un total de treinta y nueve enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: cuatro de la senadora María Mar Caballero Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, seis del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y veintiocho del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La comisión celebró sesión el día 19 de septiembre para dictaminar sobre esta iniciativa. Algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés fueron retiradas y las restantes, rechazadas. La proposición de ley fue aprobada por unanimidad, sin haberse introducido
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modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en el día de hoy.
Esta proposición de ley representa un signo de reconocimiento, de respeto y de solidaridad con las víctimas del terrorismo, a las que rinde homenaje y para las que expresa un compromiso inspirado en los principios de memoria, de dignidad, de justicia y de verdad. A la luz de estos principios, se configura un cuerpo legal unitario; reúne la anterior y plural legislación existente; regula de manera integral las prestaciones y ayudas económicas directas y, en general, todas aquellas que permitan que la incorporación a la vida familiar, social o laboral de las víctimas del terrorismo se realice en las mejores condiciones posibles. Asimismo, se pone de manifiesto que la dignidad y el respeto a la memoria de quienes física o psicológicamente han sufrido los daños del terrorismo son un eje fundamental de esta iniciativa.
Por último, el carácter integral de la atención a las víctimas del terrorismo fundamenta la aplicación retroactiva a todos los actos acaecidos a partir del 1 de enero de 1960. Igualmente, se abre la aplicación retroactiva para quienes en ejecución de la legislación anterior hayan podido recibir en concepto de ayudas o de indemnizaciones cuantías inferiores a las que ahora se establecen.
La proposición de ley comprende un total de sesenta y cinco artículos, ordenados en siete títulos: un título I, referente a las disposiciones generales; un título II, relativo a actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la protección de las víctimas; un título III que, a través de los correspondientes capítulos, desarrolla los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo; un título IV, también subdividido en capítulos, que se refiere al régimen de protección social; un título V, relativo a la protección de las víctimas en los procesos judiciales; un título VI, dedicado a reconocimientos y condecoraciones y, finalmente, un título VII, ordenado en dos capítulos, que se refiere a la tutela institucional y al apoyo a las víctimas del terrorismo. La proposición de ley se completa con un anexo, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
En primer lugar, tiene la palabra la senadora Caballero.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Unión del Pueblo Navarro ha presentado cuatro enmiendas a esta ley, que voy a explicar brevemente. Posteriormente, en el turno de portavoces, me extenderé en aclarar la posición definitiva de mi partido respecto a esta ley. Son cuatro enmiendas perfectamente asumibles, que hemos defendido desde el primer trámite de esta ley en el Congreso, en la comisión, a través de las asociaciones de víctimas. Es una pena que hoy estén todavía vivas y que el hecho de que no se incorporen pueda generar dudas. Hacen referencia a la necesidad de nombrar a ETA en el texto legal. Nosotros hubiéramos preferido que se señalase a ETA como la organización terrorista que más daño ha causado en esta sociedad con sus acciones terroristas. También hubiéramos preferido —por eso hemos presentado la enmienda— que quedase claro en la norma que se rechaza toda negociación con terroristas y que el final del terrorismo debe ser un final en el que debe haber claramente vencedores y vencidos. También hemos intentado, a través de una última enmienda, que se garantizase de forma rotunda y definitiva que nunca ningún partido, agrupación o coalición que se apoye, se respalde o se sostenga en el terrorismo pueda estar presente en las instituciones.
Este es básicamente el contenido de las cuatro enmiendas que UPN ha presentado. El Gobierno y el partido principal de la oposición han hecho un esfuerzo de consenso en esta ley, pero estas enmiendas han quedado fuera. No obstante, voy a esperar a ver si en el último momento entran en la norma y somos capaces de incluirlas. En cualquier caso, soy consciente de que estas enmiendas no solo las defiende UPN, las defienden muchas personas que forman parte de esta Cámara, que forman parte de estos dos partidos que han negociado la norma y que forman parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos de España que han apoyado siempre la causa de las víctimas del terrorismo. Por eso he querido hoy presentar y defender estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Caballero.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
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Con el mínimo esfuerzo, por no decir ningún esfuerzo, es más que evidente que no va a ser aceptada ninguna de las seis enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantiene vivas para esta sesión plenaria, como es igual de evidente que no será aceptada ninguna enmienda, sea del grupo que sea, dado el férreo pacto sellado entre el Partido Popular y el Partido Socialista y su decisión más que cerrada de que la proposición de ley sea aprobada hoy de manera definitiva, y no vuelva, por consiguiente, al Congreso de los Diputados.
Son, como decía, seis las enmiendas vivas de mi grupo, todas ellas reproducción exacta de las que ya fueron presentadas en su día en la Cámara Baja y que no se incorporaron por las razones indicadas en el encabezamiento, según reza el informe elaborado por la ponencia; léase, y lo dice también el propio informe: el ámbito de la proposición de ley es el de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, lo que excluiría otros casos de violencia fundamentados en otras circunstancias o en otros ámbitos. Ni qué decir tiene que no estamos en modo alguno de acuerdo con la argumentación a la hora de rechazar las enmiendas y de ahí que las reproduzca en el día de hoy.
Estamos mucho menos de acuerdo, por los motivos aducidos, en que se rechace la enmienda número 71, en la actualidad en esta Cámara la número 4, en tanto que pretende incluir un nuevo apartado en el artículo 6 que no se incorpora, puesto que —y leo textualmente— no resulta evidente el contenido de la pretensión recogida en dicha enmienda por las razones indicadas en el encabezamiento. Me lo expliquen. En todo caso, señorías, no se trata más que de cubrir una laguna de esta proposición de ley. Garantizar, en definitiva, los requerimientos del ordenamiento jurídico aplicado al ámbito territorial español en las situaciones en que este ámbito se encuentra por razones legales fuera del territorio del Estado. ¿Cómo? Añadiendo una nueva letra d) en el apartado 2 del artículo 6, referido al ámbito de aplicación territorial, de manera que el régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones, asimismo, será aplicable a las personas aprehendidas en territorio nacional o jurisdicción española y trasladadas fuera de los mismos.
Al mismo artículo 6.2 están dirigidas nuestras enmiendas 2 y 3, que no pretenden sino modificar los actuales apartados a) y b) de dicho punto 2. La número 2 pretende sustituir: «en España», por: «contra el Estado español», en tanto se amplía más el ámbito territorial, que incluye así en y fuera del Estado español. La número 3, simplemente trata de evitar que queden al margen actuaciones humanitarias como las que realizan las organizaciones no gubernamentales.
Las enmiendas 5 y 6 las doy por defendidas en cuanto que no pretenden otra cosa que tomar en consideración la relevancia de las lesiones no invalidantes que se establecen en el artículo 20 y corregir la asimetría existente entre las indemnizaciones por causa de muerte o lesiones invalidantes con las no invalidantes que se establecen en la Tabla II del Anexo I.
He dejado para el final la enmienda número 1, que es, señorías, una enmienda de calado y afecta a los destinatarios, es decir, al artículo 3. Es una enmienda de modificación, basada en la necesidad de hacer una referencia a la época predemocrática, ya que el artículo 7 refleja el inicio de aplicabilidad de esa norma el 1 de enero de 1960. En esa época, es preciso expresarlo, el propio Estado cometió excesos y actuaciones que son, en todo caso, rechazables, y tan rechazable es intentar subvertir el orden constitucional democrático por medio de la violencia como lo es impedir su advenimiento violentamente. En ese sentido, y de ahí nuestra enmienda, la ley debe contribuir también al reconocimiento de quienes sufrieron en defensa de la democracia. En definitiva, trata de evitar que existan dos tipos de víctimas: unas reconocidas como tales, y que lo son, y otras no reconocidas pero que también lo son.
Estas son, señor presidente, señorías, grosso modo, las seis enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tiene el honor de presentar y mantener vivas para este Pleno, pero sabemos de antemano que no serán aceptadas.
Convergència i Unió ha presentado una sola enmienda, dado que la inmensa mayoría de enmiendas de mejora ya fueron presentadas en el Congreso e incorporadas en su redactado, el cual ha llegado aquí con nuestras incorporaciones. Si bien es cierto que aún nos queda una enmienda importante para incorporar en el texto definitivo de la ley, enmienda que ayer no fue aprobada en la comisión y que hoy mantenemos en este
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Pleno, y lo hacemos porque sabemos que las personas que han padecido algún atentado terrorista demandan una ley que no tenga grietas que les vuelva a hacer pasar por un calvario jurídico, como han pasado muchas de ellas hasta ahora. Por eso hemos presentado la enmienda número 11, que pide exactamente que quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley hubieran percibido como resultado total del importe de las ayudas y del pago, en su caso, de las cuantías por responsabilidad civil fijada en sentencia firme una cuantía inferior a la señalada en el texto del anexo I de esta ley podrán solicitar en el plazo de un año el abono de las diferencias que pudieran corresponderles. Y el segundo punto dice que en el mismo plazo de un año, contado también a partir de la entrada en vigor del reglamento de la ley, las personas que hayan sufrido los daños materiales a que se refiere el artículo 4.4, por estos hechos que se hubieran cometido desde el 1 de enero del año 1960, podrán solicitar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la acción terrorista declarada por una resolución judicial o administrativa. Como pueden ver sus señorías, dado que la ley propugna reparar daños materiales y personales, esta enmienda lo hace marcando plazos de ejecución de los pagos y marcando cuantías justas. El redactado de la ley deja algunas lagunas, sobre todo no fija plazos para aquellos que hubieran recibido indemnizaciones de cuantía menor a la fijada por la justicia y pide que puedan recibir la cantidad menor recibida en el plazo de un año. También introduce un segundo punto por el cual puedan también cobrar indemnizaciones aquellas personas que hubieran sido objeto de atentado terrorista a partir de enero de 1960. Esta enmienda incorpora también a personas que durante la transición fueron perseguidas u objeto de atentado. Por tanto, señorías, creemos que es una enmienda muy importante ya que, si no se incorpora al texto final de esta ley, tendrá un vacío importante en su contenido. Por ello, hacemos una última llamada a los dos partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, para que, en un último intento de consenso, incorporen esta enmienda número 11 de Convergència i Unió.
Acabem la legislatura amb el debat d’aquesta llei de víctimes, una llei que té molt a veure amb el nostre rebuig de la violència política i amb les nostres conviccions democràtiques. També és una llei per al reconeixement, una llei contra la indiferència i l’oblit. És per això que vull dedicar la primera part de la meva intervenció a Gustau Muñoz i al seu germà Marc.»
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Para Gustau, que nació en Sevilla en 1962 y murió asesinado en 1978, en una manifestación por la independencia de Cataluña durante la Diada Nacional de Catalunya, y para sus familiares, como para el resto de víctimas no reconocidas plenamente todavía, un recuerdo. La realidad es que hoy ya son centenares de miles los que se manifiestan por esas mismas calles de Barcelona y expresan pacíficamente que ante el fracaso de autonomía Cataluña debe constituirse como Estado dentro de la Unión Europea.
Con respecto a nuestras enmiendas, retiramos las números 23, 25, 30, 31, 32, y 33.
Finalmente, y dado que esta será mi última intervención en el Senado, con la venia del señor presidente quiero manifestar que ha sido una satisfacción participar en el debate democrático con todos ustedes y, sobre todo, quiero agradecerles su paciencia y comprensión, que he valorado muy especialmente cuando, como hoy, he expresado una posición minoritaria en la Cámara.
Espero haber aportado algún grano de arena constructivo y lo que sí les puedo asegurar es que he aprendido mucho y que me he sentido muy libre y, también hay que decirlo, me lo he pasado bien.
Cuando me preguntan por alguno de esos momentos tensos que subrayan los medios de comunicación, mi respuesta es que, más allá de las discrepancias, las relaciones personales han sido siempre respetuosas y a menudo cordiales.
Procuro que entiendan que aquí no hemos venido para andar a la greña ni solamente para expresar una posición política sino a buscar acuerdos y como mínimo a hablar, también con aquellos con los que disentimos, para entender sus razones y a los ciudadanos a los que representan.
Por eso, mi agradecimiento hoy es para todo el arco parlamentario, particularmente para los miembros de las comisiones de Justicia y de Cultura, y para los portavoces y ponentes con los que he tenido la suerte de trabajar.
Evidentemente, quiero manifestar un agradecimiento especial a los letrados que con tanta discreción como eficacia han contribuido a mejorar la calidad de nuestro trabajo. También quiero singularizar mi agradecimiento en el personal de la Cámara porque siempre nos ha facilitado las cosas y muy especialmente al personal del Diario de Sesiones. Ha sido, pues, una satisfacción trabajar con todos ustedes y poderlo hacer sin renuncias como republicano de izquierdas y catalanista independentista.
Termino ya, señor presidente, no sin antes responder a una cuestión que me planteó un buen amigo aragonés cuando supo que iba a venir tan a menudo al Senado, a Madrid: Ya verás —me decía—, volverás menos independentista. Y la verdad, desgraciadamente, es que no ha sido así porque lo que he visto aquí es la voluntad de una mayoría que no quiere cambiar mucho, o al menos no lo suficiente, para incorporar en pie de igualdad la diversidad nacional y la pluralidad lingüística y cultural, y lo respeto, como también quiero que se respete la voluntad de los catalanes, pero no es menos cierto que hoy me siento más próximo a todos ustedes y a tantas personas de aquí y de allá, con las que compartimos valores que siempre nos permitirán el diálogo democrático. Un abrazo.
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Tiene la palabra el senador Zubero.
El señor ZUBERO BEASCOECHEA: Señor presidente, señorías, buenas tardes.
«Era uno de los nuestros». Cuando el entonces diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, utilizó esta expresión, tras el asesinato del empresario guipuzcoano José María Korta el 8 de agosto de 2000, se alzaron muchas voces que afearon esta expresión, e incluso en alguna ocasión le calificaron como xenófobo por mostrar su dolor ante alguien a quien él mismo calificaba como un abertzale de verdad, como un nacionalista de verdad.
Días después, el 28 de agosto de ese mismo año, tuve la ocasión de publicar una columna de opinión en un diario vasco, titulada «La primera vez», y en esa columna, además de reivindicar la intachable trayectoria de Román Sudupe en la lucha contra el terrorismo —recuerdo cómo estuvo siempre durante los años 1996 y 1997 permanentemente movilizado en la calle mientras ETA secuestraba cruelmente a Aldaia, Ortega Lara y Delclaux—, sostenía que en realidad todas y todos, en Euskadi y en España, hemos mantenido un perfil bajo ante el terrorismo, un perfil de resignación o de distanciamiento, hasta que en un momento determinado hemos sentido que alguna de las acciones terroristas efectivamente afectaban a alguien a quien sentíamos como uno de los nuestros, y a partir de ahí, nos hemos revelado.
Hoy vuelvo a afirmarlo: todas y todos hemos mantenido ese perfil bajo hasta que hemos sentido que una determinada víctima del terrorismo se volvía «uno de los nuestros». Hay quienes lo han sentido así cuando la acción en cuestión era especialmente brutal: la matanza de Hipercor, las de las casas-cuartel de Zaragoza o de Vic, o el atentado de la plaza de la República Dominicana. Otros no lo han sentido hasta que ETA no ha actuado contra personas con las que compartían profesión o actividad laboral: periodistas, profesores de universidad, etcétera. En muchos casos, literalmente, el hecho de que el terrorismo golpeara a un familiar directo o a un amigo muy próximo ha sido el detonante de su toma de conciencia, pero siempre ha habido un «uno de los nuestros» en el origen de nuestra reacción contra el terrorismo.
Desde esta perspectiva, hoy quiero destacar la importancia radical del texto que vamos a aprobar. Con este texto, afirmamos, sin ninguna reserva, que las víctimas del terrorismo, todas las víctimas del terrorismo, son «uno de los nuestros». (Aplausos.) Hacemos memoria de todas y cada una de ellas, agradecemos y reconocemos su ejemplo de dignidad, reivindicamos junto con ellas la justicia que les es debida, y nos dejamos interpelar por su verdad, que es la verdad de las víctimas, y eso es lo más importante hoy.
Se trata, por supuesto, de un texto que podría haber sido modificado en algunos aspectos muy concretos, pero que en su redacción actual, en nuestra opinión, trabajada además con las asociaciones de víctimas, recoge sus reivindicaciones y plasma nuestros compromisos esenciales.
A la Comisión de Interior de esta Cámara llegaron 39 enmiendas, seis de las cuales fueron retiradas. El Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar ninguna de esas enmiendas. En algunos casos —como en las enmiendas 4, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35 y 36— por considerar que lo que se propone ya está suficientemente recogido en el texto, o porque la redacción actual nos parece más coherente. En el caso de la enmienda 30, por considerar que lo propuesto es, en su caso, materia propia de desarrollo reglamentario. Y en otros casos, como en las enmiendas números 2, 11, 21, 25, 27 y 28, referidas al régimen de ayudas o indemnizaciones, por considerar que exigen del Estado que se convierta en algo así como un asegurador universal o porque se refieren a hechos de difícil o imposible valoración económica.
Más allá de estas enmiendas de carácter técnico, quedan cuatro enmiendas, la 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas y la 20, 38 y 39 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que reclaman la incorporación a este texto de otras víctimas distintas de las del terrorismo. Tampoco las vamos a apoyar.
Es esta, sin duda, la cuestión más delicada de todas las que abordamos hoy.
Señorías, las víctimas del terrorismo son unas víctimas de una naturaleza muy especial. Ser víctima del terrorismo no es, simplemente, ser víctima de una causa particular distinta de otras. El complemento del terrorismo no es un mero añadido informativo que busca especificar la causa por la que se es víctima con el fin de diferenciar entre distintas causas.
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Las víctimas del terrorismo, todas las víctimas del terrorismo, no han sido simplemente —si es que se puede utilizar este término cuando hablamos de lo más terrible que se puede hacer contra una persona— asesinadas. Las víctimas del terrorismo han sido exterminadas.
Escribe el ensayista sueco Sven Lindqvist que en latín exterminio significa poner al otro lado de la frontera o terminus. Las víctimas del terrorismo han sido víctimas de una determinada perspectiva totalitaria sobre lo que esta sociedad debería ser según el proyecto criminal del terrorismo. Una perspectiva cuya característica más destacable es la de considerar que en el nosotros que los terroristas pretenden construir hay determinadas personas que están de sobra. Personas que, porque están de sobra, deben ser puestas más allá —ex terminus— de la frontera moral que define ese nosotros. ¿A través de qué medios? Ha podido ser mediante la amenaza y el amedrentamiento, de manera que finalmente optaran por dejar su país, o ha podido ser también mediante la más expeditiva eliminación física.
Las víctimas del terrorismo constituyen una comunidad caracterizada por el hecho de que todas ellas han sido asesinadas o malheridas tras haber sido previamente definidas como población sobrante. Es de esas víctimas, y no de otras, de las que trata la presente ley.
La sociedad española ha ido avanzando lenta y dolorosamente en el reconocimiento colectivo de los muchos sufrimientos que han marcado su historia. Desde los viajes de descubrimiento y conquista del siglo XV hasta nuestra guerra civil. Y seguiremos haciéndolo, porque es lo que corresponde a una sociedad que desea ser decente y buena y porque hay más sufrimientos a los que habremos de mirar cara a cara, claro que sí, pero como escribiera Albert Camus allá por 1945: Aunque jamás sea posible fundir en un mismo espíritu a hombres cuyos sufrimientos son diferentes, no hagamos nada al menos que pueda enfrentarlos.
Hoy aprobamos una ley que todas las fuerzas políticas hemos reconocido como necesaria. Hoy no excluimos a ninguna víctima. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos que este sea el mensaje que todas y todos sostengamos al finalizar esta sesión.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo.
Antes de comenzar esta segunda intervención quiero dedicar unas palabras a los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo que tanto han trabajado en esta ley, mostrarles mi afecto y reconocimiento, también el de mi partido, UPN, y el de la mayoría de los navarros, que conocen muy de cerca la sinrazón terrorista y las secuelas que deja en la sociedad. Deseo de verdad que encuentren en este texto legal el reconocimiento y la justicia que no solo ansían sino que la sociedad les debe.
Señorías, cuando hace cuatro años me comprometí con mi partido y con mi comunidad a formar parte de la candidatura al Senado, una de las cuestiones que tenía claras era que mi condición de víctima del terrorismo me exigía una mayor responsabilidad en la defensa de la causa de las víctimas, exigiendo memoria, dignidad, justicia y verdad para todas ellas. Me comprometí a ser la voz de muchas personas que, como yo, conocen de primera mano las secuelas del terrorismo. Hoy asumo ese papel en este debate y trataré de explicar lo que esperamos de esta ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Una ley que dice en su exposición de motivos que rinde homenaje a las víctimas y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o lo pudieran sufrir en el futuro.
Somos conscientes de que no es fácil plasmar en un texto legal lo que las víctimas esperan de la sociedad, y es comprensible por ello que la tramitación de esta ley haya ocupado prácticamente toda la legislatura. El Gobierno, con muy buena disposición, ha tratado de satisfacer a todos y ha buscado denodadamente consenso con las distintas fuerzas políticas, fundaciones y asociaciones de víctimas dando participación a todas ellas y permitiendo sus comparecencias en la Comisión de Interior en el Congreso, donde se pudieron hacer aportaciones y sugerencias al texto legal, algo que valoramos positivamente. A pesar de ello, y como ya he expuesto anteriormente, nosotros hemos encontrado unas carencias y por eso hemos presentado unas enmiendas, carencias que creemos son francamente subsanables en la voluntad de los demás y en la voluntad de cómo se quiera interpretar la norma en el futuro y que ahondan más en los principios de memoria, dignidad y justicia que inspiran esta ley.
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Me tranquilizan las palabras de los portavoces cuando reconocen que, efectivamente, han buscado en la ley un reconocimiento, y que existen recogidas en la exposición de motivos parte de las enmiendas que yo he presentado. Por eso pienso retirar esas enmiendas en pro de ese acuerdo, porque no quiero que se visualice una falta de acuerdo o de unidad ni que nadie pueda pensar que haya alguien que no quiera apoyar algo tan elemental como lo que yo he propuesto. Se trata de cuestiones tan elementales como pedir que en la ley se haga una mención expresa a ETA y a otras organizaciones terroristas, que son las que han vapuleado a este país y han sido causa de esta ley ya que en ella se está hablando de decir la verdad. La no mención a ETA en todo el texto es algo que salta a la vista; resulta extraño no hacer constar en esta ley quién es y ha sido la principal causa del terrorismo en este país. Pero quedará en el debate y en el Diario de Sesiones de este Pleno cuál ha sido la causa, porque la organización terrorista que aquí se está nombrando y la que ha hecho que nos planteemos esta ley como una necesidad para resarcir a todas las personas que han padecido el terrorismo ha sido la organización terrorista ETA, causante de 850 víctimas en todo el país.
Hay otras cuestiones que nosotros queríamos que hubiesen quedado expresamente claras, pero parece ser que también puede entenderse en el espíritu de la ley como la imposibilidad de cualquier negociación con los terroristas, es decir, lo que supondría pagar un precio o contraprestación y luego la existencia de víctimas y terroristas en cualquier desenlace, de tal forma que siempre sean las primeras las vencedoras y los terroristas los vencidos.
Por último hay una cuestión que parece que para muchos está superada aunque no es así. Cuando decimos que quede claro que ningún grupo que ampare o apoye el terrorismo pueda entrar en las instituciones, aunque nos parezca que eso ha quedado superado, hemos podido ver que en las últimas elecciones Bildu se ha podido presentar, una formación política de dudosa legitimidad que no ha condenado a ETA y que en los escasos 100 días que han pasado desde su entrada en los ayuntamientos ha dado muestras de lo que muchos de nosotros decíamos que era y creemos que es: un brazo político de una organización terrorista.
No voy a extenderme mucho más. Yo valoro la ley y creo que es buena. Por eso vamos a retirar las enmiendas. No queremos perjudicar ni el consenso ni a las víctimas. Queremos que la ley se apruebe cuanto antes.
Concluyo valorando el trabajo de todos los que han participado, el esfuerzo del consenso que difícilmente será siempre unánime, porque, como es lógico, esta sociedad es plural y existen organizaciones que siempre tiran para otro lado, por lo que es muy difícil que todos consensuemos en un modo de acabar con el terrorismo. Comprendo que es mejor no volver al debate y, por eso, vamos a retirar las enmiendas.
Simplemente, quisiera hacerles partícipes de una reflexión, que cuando se habla de generosidad las víctimas decimos que no podemos dar más de lo que hemos dado, la vida de cientos y cientos de personas, ni podemos exigir menos de lo que nosotros nos hemos exigido, la confianza en la justicia, en el funcionamiento normal del Estado de derecho. Este es nuestro compromiso con la sociedad democrática y con uno de los pilares: el rechazo absoluto a que con violencia pueda alcanzarse objetivo político alguno.
Quiero aprovechar también para despedirme de todos ustedes y mostrarles mi agradecimiento por el trato recibido. No sé si será un adiós definitivo o nos volveremos a encontrar después de las elecciones. En cualquier caso, este ha sido mi estreno en política. Lo he vivido con muchísima intensidad y con muchísimo gusto, y creo que no es casualidad que haya podido intervenir hoy cerrando esta etapa con la aprobación de una norma en la que yo pongo algo más que mi conocimiento, porque empeño mi corazón y mi compromiso.
Sirva esta mi intervención no para despedirme, en cuanto que yo sigo, sino, simplemente para indicar y adelantar que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas va a votar favorablemente la presente proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, por las razones que expondré al final de dicha intervención, pese a que como está previsto no va a ser aceptada ninguna de las seis enmiendas que, como nacionalistas vascos, hemos presentado y, pese también a que la
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iniciativa legislativa que nos ocupa diste mucho de la originaria presentada por todos —recalco lo de todos— los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y tomada en consideración con el consenso de todos —vuelvo a recalcar lo de todos— por unanimidad —336 votos, si no me equivoco— en la sesión plenaria del día 7 de septiembre del año 2010. Sí, han oído bien, de 2010. Ha pasado más de un año de entonces acá.
Hasta el 31 de mayo del presente año —casi nueve meses— ha habido que esperar para que los diferentes grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas en número de 151 y para ver con sorpresa —al menos de mi grupo— cómo los grupos parlamentarios Popular y Socialista presentaban conjuntamente, pero solos, nada menos que 35 enmiendas de las que 34, es decir, a excepción de una de ellas, se incorporaban en la ponencia celebrada el pasado 16 de junio.
Vino después, deprisa y corriendo, la Comisión de Interior celebrada el 27 de junio y la sesión plenaria del 14 de julio que aprobaba tal cual el dictamen de la comisión tras ser rechazadas en dicha sesión todas las enmiendas que se mantenían vivas para ese momento.
Si deprisa y corriendo ha sido el paso de la iniciativa en el Congreso de los Diputados, una vez alcanzado el acuerdo entre el Grupo Popular y el Socialista —repito, vía enmienda, y con la incorporación de 34, por cierto, más que las presentadas por cualquier otro grupo—, qué decir de su periplo en esta Cámara. Visto y no visto, señorías. El plazo de enmiendas, por supuesto, no prorrogado, vencía el 13 de este mes de septiembre, hace tan solo unos días. Ayer, día 19, se celebraba la oportuna y obligada comisión, y hoy es la sesión plenaria, última de la legislatura, y, con el tiempo encima, se da carpetazo a la cuestión con el rechazo por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista de todas y cada una de las enmiendas, aprobándose así, es de esperar, de manera definitiva y como estaba previsto, repito, tal y como pactaron ambos grupos en el Congreso de los Diputados, algo que empezó siendo una iniciativa de todos —y vuelvo a recalcar la palabra todos.
Así las cosas, ya me dirán dónde queda ese consenso inicial, que era el mayor activo que tenía esta proposición, en un tema tan delicado, tan consustancial y tan esencial para el Estado democrático como es este. Pero no seré yo quién reabra ahora, en este momento tan crucial, nuevos frentes dialécticos, aunque coincidirán conmigo, señorías, en que no hay dos tipos de víctimas pese a que en la proposición algo de esto esté ocurriendo. Las víctimas lamentablemente son siempre víctimas, y un concepto como este debe quedar muy claro.
Sin embargo la proposición de ley ignora a determinadas víctimas. Sí, señorías, víctimas también. ¿O no lo son las personas asesinadas a la salida de una iglesia un 3 de marzo en Vitoria con un conflicto laboral, eso sí, por una actuación ilegítima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Pues estas víctimas, señorías, no son objeto de atención en esta proposición de ley. El reconocimiento y la protección a las víctimas está muy vinculado a las de determinada organización, pero hay otras que también lo son de otras organizaciones y cuyos derechos no son protegidos.
El Grupo Parlamentario Vasco lo tuvo muy nítido en el Congreso a la hora de estampar su firma en la proposición de ley originaria que, repito, fue objeto de un consenso total, y que atendió los requerimientos de esas víctimas ahora excluidas que tan solo pedían una cosa: consenso, y no la patrimonialización del dolor ni la obtención fácil de réditos electorales. Mi grupo parlamentario sigue siendo fiel a este compromiso y anuncia que votará a favor de sus enmiendas como lo hará también de las del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que participan del mismo espíritu, y de la única que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en cuanto que es de total lógica.
Y termino como empecé, señor presidente, diciendo que el Grupo de Senadores Nacionalistas votará a favor de una proposición de ley que empezó con el consenso de todos, un consenso que en la actualidad no se da, pues el texto que se aprueba no lo es de todos, sino que es fruto de un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, y se circunscribe solo a determinadas víctimas que sí lo son, de ahí nuestro voto a favor, pero excluyendo a otras que también lo son.
De su paso por esta Cámara mejor no hablar. Había que hacerlo, y se ha hecho, pero el último día, en el último Pleno de la legislatura, rechazando todo y por supuesto con enmiendas de los dos grandes grupos parlamentarios que después de un año se han puesto de acuerdo. Votaremos a favor porque las víctimas a las que se dirige, víctimas son, pero no nos queda un buen sabor de boca, pues podía y tenía que haberse hecho mejor.
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Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Maldonado.
Señorías, comparezco para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ante este proposición de ley, y lo hago valorando su bondad. Creo que esta ley se debería haber llevado a cabo hace años, pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Y es que uno se pregunta qué debían pensar las personas objeto de atentados terroristas —en Cataluña, por ejemplo, los hemos tenido como en el resto del Estado— cuando tras el drama de sufrir un atentado se encontraban ante una gran indefensión jurídica para reparar los daños personales y materiales.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará a favor de esta proposición de ley, que no es perfecta pero es buena. Echamos de menos, eso sí, más apoyo a personas afectadas durante la transición y también nos hubiera gustado poder introducir nuestra enmienda número 11 antes mencionada. Pero no deja de ser un avance.
¿Y por qué votaremos a favor? Pues por un sinfín de razones, aunque voy a decir solo algunas de ellas: porque es una ley que se aprobará con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios y en temas de terrorismo la clase política debe ir unida; porque nuestro grupo parlamentario siempre ha apoyado este tipo de iniciativas, siempre ha estado al lado de todos los Gobiernos que han dicho no al terrorismo sea del origen que sea; porque es una ley que da apoyo jurídico y económico, atención médica, atención psiquiátrica y psicológica, etcétera, a las personas objeto de atentado, y porque es una ley que humaniza la vida del futuro de las personas que han sido objeto de atentado durante su vida. Por estas razones y por otras que no tengo tiempo de enumerar anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Pero, señorías, también quiero aprovechar estos pocos minutos que me quedan para hablar de otras víctimas, de unas víctimas de una guerra a la que la dictadura franquista les forzó a ir y que con el paso del tiempo se han convertido en víctimas —con letras mayúsculas—, víctimas de la democracia actual o mejor dicho, de una parte de la clase política.
Esta es mi última intervención en esta legislatura, dado que este es el último Pleno, y no quiero acabar sin dejar constancia escrita de un gran incumplimiento de este Gobierno y también de los anteriores: hablo, señorías, de un puñado de hombres que fueron obligados a ir a una guerra, a la guerra del Ifni-Sáhara, y que llevan años y años reclamando reconocimiento, que llevan años y años reclamando indemnizaciones, como todos los soldados que han ido a otras expediciones internacionales.
Gracias a este portavoz y al Grupo Convergència i Unió se consiguió incluir en la Ley de la defensa un reconocimiento y un compromiso para llevar a cabo indemnizaciones, incluso introdujimos en los Presupuestos Generales del Estado un millón de euros, pero todo desapareció cual conejo en la chistera del mago: ni reconocimientos ni indemnizaciones ni listado de afectados, solo promesas y promesas en sede parlamentaria que con el paso del tiempo se diluyeron en la nada.
Ayer, en la comisión, cuando se debatía la ley de víctimas del terrorismo, la portavoz socialista habló de alegría porque aprobábamos esta ley y decía que era de decencia democrática. Pues mi sentimiento hacia los veteranos del Ifni-Sáhara es de indecencia democrática, ya que no es justo lo que se ha hecho con estas personas por parte del Gobierno. Es más, hago un llamamiento al Gobierno socialista para decirles que sepan que aún tienen tiempo de rectificar este incumplimiento y quiero decirle a la ministra de Defensa, señora Chacón, que ahora tanto se prodiga por Cataluña, que en Cataluña, pero también en todo el Estado —en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Castilla—, hay un puñado de hombres que esperan que una de sus últimas firmas sea la de un decreto donde se obligue al Estado a pagar las indemnizaciones a las que se comprometió en sede parlamentaria con este Grupo de Convergència i Unió. Sepan, señores del Gobierno, que cada día quedan menos, porque muchos de ellos están muriendo viendo cómo el Estado español que los mandó a una guerra no les paga lo que les debe. Por esto hablo de indignidad política.
La política, señorías, es muchas cosas, pero sobre todo es respeto a las personas. Por tanto, quiero acabar mis palabras pidiendo perdón públicamente a Josep Riatos, a sus compañeros y a todas las asociaciones de veteranos del Ifni-Sáhara del Estado, por no haber podido, por no haber sabido hacer cumplir al Estado español sus deudas con un puñado de soldados de la guerra del Ifni-Sáhara, la guerra que un periodista denominó la guerra olvidada.
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Quiero acabar positivamente mi intervención. Decía que acabamos la legislatura y que, por tanto, esta es mi última intervención en esta legislatura, y quiero mirar atrás, quiero mirar hacia el trabajo llevado a cabo por la Comisión de Interior. Creo que hemos trabajado mucho, desde Convergència i Unió hemos aportado mucho y es verdad que desde la diversidad política, desde la diferencia de sentimientos políticos, este portavoz ha encontrado mucho consenso y ha encontrado mucha voluntad de diálogo. Por tanto, quiero acabar agradeciendo a la portavoz del Grupo Socialista, María Escudero, su gran labor y sus dotes de consenso y de diálogo. Cómo no, a su portavoz adjunto, al joven y brillante Francisco Jiménez, persona que también ha pactado y ha elaborado muchísimos consensos con este portavoz; además, nos une el sentimiento culé, otro aspecto que también le hace más brillante. Cómo no, al portavoz del Grupo Popular, Luis Peral, persona de gran labor, de gran diálogo e intensidad. Y quiero acabar, cómo no, expresando mi agradecimiento a un referente y maestro para este portavoz, Iñaki Anasagasti, portavoz de los Senadores Nacionalistas, que con su labor ha ayudado a que el sentimiento nacionalista estuviera presente en la Comisión de Interior. Gracias a todos ellos.
Señorías, gràcies, força i salut.
El señor BRUGUERA BATALLA: Moltes gràcies, senyor president.
Señor ministro, señorías, tanto en este Pleno como en el de la semana pasada hemos vivido momentos de despedidas. En mi caso, desconozco cuál será mi futuro, dependerá, probablemente, de la voluntad democrática de los ciudadanos. En cualquier caso, sepan que en las comarcas de Girona, en la Costa Brava, y, concretamente, en el municipio de La Escala, muy cerca de las ruinas grecorromanas de Ampurias, donde por primera vez se habló de democracia y donde por primera vez se practicó la democracia en nuestro país, tienen a un amigo para todo lo que necesiten.
Continúo mi intervención con una afirmación y un deseo que resumen el sentimiento íntimo más profundo que siento en estos momentos. La afirmación es que la proposición de ley que aprobaremos dentro de pocos minutos es una de aquellas leyes que, por extemporánea, por inútil y por innecesaria, uno quisiera que nunca hubiese entrado en las Cortes. Sin embargo, necesitamos dotarnos de una norma jurídica nueva, con rango de ley, que mejore y actualice el contenido de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Y el deseo es que la presente ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo no tenga que ser aplicada ni una sola vez a partir de su entrada en vigor, con excepción de lo previsto en su artículo 7, es decir, de su retroactividad a partir del 1 de enero de 1960.
Ya digo de entrada que nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición de ley. Y lo hará por una serie de razones que voy a exponer a continuación muy brevemente.
En primer lugar, porque se trata de una buena ley, sustancialmente mejorada con las aportaciones de todos lo grupos parlamentarios; ha dejado de ser una ley del Gobierno y una ley del grupo parlamentario que lo sustenta para convertirse en una ley de todos, una ley dialogada, pactada y consensuada y una ley elaborada en estas condiciones es, debe ser, por definición una buena ley, una ley excelente.
En segundo lugar, porque es una ley que no va en contra de nadie, no va en contra de, sino a favor de, a favor de los derechos humanos, a favor de las libertades individuales y colectivas, a favor del Estado social y de derecho, a favor de la democracia, a favor de la pluralidad y de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas para la obtención de sus objetivos.
En tercer lugar, apoyaremos la ley porque es una ley, efectivamente, que rinde homenaje, reconocimiento, respeto y solidaridad a las víctimas del terrorismo, individualmente, una a una, con nombres y apellidos, pero también colectivamente, a las asociaciones, fundaciones, movimientos cívicos y colectivos representativos de las víctimas y sus familiares, así como también a todos los cuerpos policiales, a todos, estatales, autonómicos y locales, que, por cierto, todos, en mayor o menor grado, han sufrido atentados terroristas en su seno.
En cuarto lugar, apoyaremos la ley porque se tata de una ley de protección integral que tiene por objetivo la reparación integral a las víctimas, es decir, se trata de una ley que otorga, que crea derechos a las víctimas y a sus familiares y, consecuentemente, obligaciones jurídicas vinculantes al Estado en materias como las que ya se han comentado de protección social y muchas otras.
Voy finalizando, señor presidente. En esta Cámara —y también en el Congreso de los Diputados— hay hoy parlamentarios que han sufrido atentados terroristas en su propia persona o en su patrimonio. Y
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la mayoría de nosotros conocemos personas, más o menos allegadas, que han sufrido las consecuencias de la barbarie terrorista en cualquiera de sus modalidades, en forma de amenazas y coacciones o directamente atentados a su integridad física o material.
Como recuerdo entrañable y solidario a todas ellas, a las que cada uno de nosotros conoce y recuerda, así como a la totalidad de conciudadanos que han sufrido atentados terroristas desde el año 1960 —la niña de 22 meses, Begoña Urroz Ibarrola— hasta las últimas víctimas de la T4, del aeropuerto de Madrid, en el año 2006 —Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio—, me referiré, de todas ellas, a la persona más cercana al que les habla. Se trata de un político socialista y catalanista que fue diputado en el Congreso por la circunscripción de Girona, a la que yo represento en esta Cámara. Ustedes lo habrán adivinado: el amigo y compañero Ernest Lluch; catalán de origen y vasco por deseo y convicción. Su gran mal fue intentar comprender la enorme complejidad del problema y apostar por la paz a través del diálogo y la reconciliación. Dos años antes de su muerte, ocurrida el año 2000 —el 21 de noviembre de 2000—, en plena campaña electoral de las elecciones autónomas vascas, Lluch participaba en un mitin en la Plaza Mayor de Donostia, al lado de su entrañable amigo Odón Elorza, alcalde de la ciudad. En el transcurso de su parlamento fue increpado por un grupo radical. Ernest Lluch se dirigió a los manifestantes gritando —y con ello termino, señor presidente—: Libertad, libertad; gritad y manifestaos porque, mientras gritáis, no matáis.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Escudero.
Señor ministro de la Presidencia, señora subsecretaria del Ministerio del Interior, señor director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, gracias por acompañarnos esta tarde.
Señorías, señoras y señores senadores, hoy es uno de estos días grandes para la política, cuando lo que hacemos en el Parlamento cobra su mejor sentido; hoy estamos haciendo política con mayúsculas. Hoy, con esta proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo vamos a mejorar nuestra convivencia; nos vamos a hacer mejores como sociedad. Porque con esta ley vamos a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y a expresar nuestro compromiso colectivo con todas las personas que lo han sufrido en cualquiera de sus formas.
Esta proposición de ley expresa el reconocimiento y el respeto de la sociedad española, pero también la solidaridad con quienes han sufrido esta terrible lacra. La ley aborda de forma integral la situación de las víctimas buscando la reparación que ellas y sus familias merecen, y lo hace inspirándose en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
Hoy se culmina un largo período de trabajo concretado en su última fase en esta legislatura, en la que también ha tenido su recorrido iniciado en la toma en consideración de la proposición de ley en el Pleno del Congreso —como ya se ha señalado—, de 12 de febrero de 2009, y en la que se han incorporado las aportaciones de los diferentes grupos políticos y, sobre todo, las aportaciones de las asociaciones de víctimas.
Me gustaría decirles que siento una emoción especial por el significado ético, político y humano que tiene la norma que estamos de debatiendo. Por eso me llena de orgullo subir a esta tribuna, y quiero dedicar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, estas palabras a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias; unas palabras de especial recuerdo para todas las personas que fueron asesinadas por el fanatismo y la sinrazón; a todos los que han sufrido heridas o violaciones de sus derechos más elementales. Esta proposición de ley es un homenaje a su sacrificio y es también una expresión de la solidaridad y el respeto del pueblo español con todos ellos.
Nos llega al Senado una buena ley; una ley cuya grandeza estriba en que es fruto del consenso de todos los grupos políticos y, por tanto, refleja la unidad de los demócratas contra el terrorismo y la más cruel de sus secuelas. Es buena también porque aborda, de forma integral, la situación de las víctimas. Me atrevería a calificarla como la mejor ley de asistencia a protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo que se conoce hasta la fecha: integral, retroactiva en sus beneficios y mejora, igualitaria, potente en las ayudas y sensible hacia la dignidad y el buen nombre de las víctimas.
Señorías, ojala nunca hubiéramos tenido que aprobar una ley como esta —ya se ha señalado en la tribuna—. Lamentablemente, nuestro país ha padecido durante muchos años —demasiados— el horror terrorista, interno e internacional, y las personas que lo han sufrido merecen todo nuestro afecto, nuestro
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apoyo y nuestro compromiso con su causa; su causa, que es la nuestra, que es la de la democracia. Además, esta ley llega en un momento muy oportuno. Los instrumentos del Estado de derecho, en especial el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han luchado de forma implacable e impecable contra las bandas terroristas que operan en España, en especial, contra la banda terrorista ETA, cuyas estructuras organizativas y de mando han sido progresivamente desarticuladas. Es justo y coherente que, en paralelo a ello, ofrezcamos a las víctimas un sistema asistencial de protección y de reconocimiento que se encuentre a la altura de nuestra madurez democrática y de nuestro éxito colectivo contra el terrorismo.
Por todo ello, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios la iniciativa de presentar en conjunto esta ley y de aprobarla con una inmensa mayoría, agradecimiento que quiero trasladar a los portavoces de la Comisión de Interior y a todos sus miembros, así como a todos los que han participado en ella, por haber trabajado en mejorarla y reforzar este consenso. Es un magnífico ejemplo de la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo y el respeto a las víctimas, que debería repetirse en todas las cuestiones de Estado.
Este agradecimiento se extiende a todas las asociaciones, fundaciones y colectivos que apoyan a las víctimas del terrorismo por sus aportaciones, su colaboración y el trabajo conjunto para incorporar en esta norma sus principales reivindicaciones. También mi reconocimiento a todos los funcionarios, profesores, jueces, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos que han trabajado para hacer realidad esta ley y han contribuido con su buen hacer y su compromiso durante años a que hoy tengamos una gran ley de víctimas del terrorismo. Muchas gracias a todos.
Señor presidente, por último, permítame unas palabras de despedida, más bien de agradecimiento, puesto que voy a dedicar mi actividad política de forma exclusiva a mi ciudad, Granada, en cuyo ayuntamiento soy portavoz adjunta del Grupo Socialista.
Quiero decirles que ha sido un privilegio compartir escaño con ustedes y representar a mi provincia en las Cortes Generales durante dos legislaturas. Siempre he procurado estar a la altura del honor que ello representa. Muchas gracias por todo lo que me han enseñado. Gracias de verdad. Y en Granada, ya saben, me tienen a su disposición.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Iturmendi.
Quiero manifestarles, señorías, que es para mí un honor poder intervenir en nombre de mi Grupo, el Grupo Popular, en la defensa de esta ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Quiero también agradecer a todos los grupos sus aportaciones y su disposición, porque, a pesar de nuestras diferencias, está ley es un espacio en el que nos reconocemos y nos encontramos. Esa era nuestra responsabilidad y la mayor exigencia de las asociaciones: el consenso y el acuerdo, y así debe seguir siendo.
Señorías, raro es el día que no se conmemore el aniversario de algún atentado terrorista, y hoy recordamos a los guardias civiles asesinados por ETA el 20 de septiembre de 1980: Antonio García Argente, Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares, Alfonso Martínez Bellas. Señorías, uno de cada cuatro asesinados por ETA es un guardia civil. Para ellos, para todas las víctimas del terrorismo, nuestro homenaje, nuestra gratitud y nuestro emocionado recuerdo. (Fuertes aplausos.)
Con esta ley, señorías, la sociedad española a través de nosotros, sus representantes, está rindiendo homenaje a las víctimas del terrorismo. Se lo debíamos, se lo debemos, se lo deberemos siempre. Las víctimas y sus familias merecen nuestro máximo respeto, nuestro total reconocimiento y nuestra obligada solidaridad. Son una referencia ética de nuestra democracia, simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de derecho frente a la amenaza terrorista. Pero esto no fue siempre así. Lamentablemente, hubo tiempos en los que las víctimas fueron incomprendidas y estuvieron olvidadas, tiempos de funerales a escondidas, tiempos de injusticia, de indignidad, de olvido. Hoy es un día importante para ellas, pero también lo es para nosotros. Hoy les ponemos en el sitio que les corresponde y, lo que es más importante: nos comprometemos por ley a que así siga siendo porque la ley que hoy vamos a aprobar compromete al Estado, nos compromete a todos en velar para que su aplicación sea completa, firme, total.
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Esta ley busca el apoyo integral, la reparación integral de las víctimas, basados en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Por ellos, precisamente por esos principios, el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones. Para las víctimas, solo la derrota definitiva del terrorismo, y sin contrapartidas, puede llegar a ser su única posible compensación. No vamos a olvidar nunca a los que perdieron la vida, a los que sufrieron heridas físicas o psicológicas, o vieron sacrificada su libertad por un fanatismo terrorista.
Señorías, esta ley introduce una idea novedosa, real: que las víctimas del terrorismo son en efecto víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto refuerza su estatus normativo y vincula sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades democráticas, por lo que el Estado está jurídicamente vinculado a la adecuada compensación; porque cuando el terrorismo actúa y causa víctimas quiere destruir al Estado y a sus instituciones.
Esta ley reconoce a las víctimas del terrorismo, ciudadanos, mujeres, hombres, niños, representantes políticos y, de manera especial, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, a las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y los policías locales porque, lamentablemente, son los que han sufrido mayor número de atentados terroristas y, consecuentemente, reconoce a los colectivos representativos de las víctimas del terrorismo en nuestro país y refuerza su estatus y su papel en la sociedad —así se recoge en la ley— porque son un pilar fundamental en el apoyo a las víctimas y a sus familias.
Señorías, a las víctimas del terrorismo les debemos muchas cosas: les debemos el plasmar que es incompatible con la participación democrática en los distintos ámbitos de representación el apoyo o la justificación del terrorismo. En este momento, esto es especialmente preocupante cuando los testaferros de ETA —en palabras del Tribunal Supremo— han irrumpido en las instituciones.
Comprendemos los sentimientos de las víctimas, los entendemos muy bien, pero tienen nuestro compromiso de que garantizaremos la aplicación de la ley y de que, con todas las herramientas del Estado de derecho, se hará lo posible para asegurar la limpieza y la dignidad de las instituciones vascas y navarras. Les debemos también el plasmar que en esta ley el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones porque, señorías, la democracia no es negociable. Les debemos también el que se recoja que el Estado de derecho trabajará para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y que velará para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido en la legislación penal. Les debemos, por el principio de verdad que inspira esta ley, la obligación de los poderes públicos de que se conozca la verdad y que haya un fiel relato de lo que sucedió, que se eviten equidistancias morales o políticas, que recoja con claridad la existencia de víctimas y terroristas porque el desenlace del terrorismo no puede terminar en equidistancias ni puede suponer ninguna clase de justificación de lo ocurrido.
Les debemos la condena más firme de la sociedad española hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores más elementales de la civilización. Les debemos la condena de toda la historia criminal de las organizaciones terroristas. Les debemos la condena de toda la historia criminal de ETA. Les debemos, por la obligación de proteger públicamente su dignidad, la prohibición de que en los lugares públicos se haga ostentación, mediante símbolos, de monumentos que enaltezcan, individual o colectivamente, al terrorismo o a los terroristas. Todo esto se recoge en la ley.
Respecto a las enmiendas, aquí se ha hablado de otras víctimas pero esta ley se circunscribe, como su título bien dice, a las víctimas del terrorismo. Por eso, no tienen cabida las víctimas de otras violencias; esos debates tendrán otros cauces. Pero hoy estamos hablando de las víctimas del terrorismo, y a eso se circunscribe esta ley.
Quiero mostrar mi agradecimiento a la señora Caballero por su esfuerzo, su trabajo, su espíritu de consenso. Sepa que también comparto la emoción que le debe embargar.
Señorías, esta ley supone un apoyo integral a las víctimas del terrorismo. Se mantienen, actualizándolos, todos aquellos aspectos que hasta ahora recogía la normativa vigente. Supone un aumento de las ayudas, prestaciones y honores que hasta ahora tenían. Regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas indirectas y aquellas que permiten la incorporación a la vida familiar, social o laboral en las mejores condiciones posibles. Se incorporan nuevas medidas que responden a
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propuestas que han puesto de manifiesto los colectivos de representación y defensa de las víctimas, cuyo protagonismo, cuyas propuestas y aportaciones, me permiten decir que no es solo una ley para las víctimas, sino una ley de las víctimas del terrorismo. Desde esta tribuna vaya nuestro profundo agradecimiento a todas ellas.
Esta ley también cubre la necesidad de dar respuesta a nuevas manifestaciones transnacionales del terrorismo o a la participación española en operaciones internacionales de paz y seguridad. Esta ley, señorías, es una buena ley, pero todos tenemos que contribuir a que lo siga siendo. Vamos a mantener el espíritu de consenso que la hizo nacer, y vamos a fortalecer la determinación en aplicarla. Va a ser el mandato para que trabajemos por el triunfo definitivo de las libertades y la derrota del terrorismo. Es, señorías, el compromiso de la sociedad española con el compromiso democrático que encarnan las víctimas.
Señorías, tomen asiento, por favor. (Pausa.)
Cierren las puertas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 17; en contra, 236.
Votamos las enmiendas 2 a 6, también del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 15; en contra, 238.
Votamos la enmienda número 11, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 14; en contra, 239.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, votamos la enmienda número 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 11; en contra, 242.
Votamos las enmiendas números 20 a 22, 26 a 28, 34 y 37 a 39 que son también del Grupo de Entesa.
Votamos las enmiendas números 35 y 36, también de Entesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 7; en contra, 246.
Votamos finalmente la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario de Entesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 7; en contra, 238; abstenciones, 8.
Votamos a continuación el resto de la proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 253.
El señor PRESIDENTE: Señoría, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores puestos en pie.)
— PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS (UNIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. Proposición de ley sobre la creación del Consejo General de Economistas.
Pasamos directamente, señorías, al turno de portavoces.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
El senador Vilajoana tiene la palabra. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Rumores.)
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Buenas tardes, presidente.
Señorías, en primer lugar, quisiera anunciar a la Cámara que nos acompañan el señor Lorenzo Lara, presidente del Consejo Superior de Titulados Mercantiles, y el señor Valentín Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas. En nombre de esta Cámara, les agradezco mucho su presencia. También quiero decir —y es un poco el motivo de mi intervención, que va a ser muy breve— que vamos a aprobar por unanimidad de todos los grupos una proposición de ley sobre la creación del Consejo General de Economistas, que es la unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles. Esta proposición de ley no ha tenido ninguna enmienda y, por tanto, si se aprueba en esta Cámara, va a ir directamente al Boletín Oficial del Estado.
Quisiera felicitar a los presidentes de los dos consejos por haber conseguido este objetivo, que era muy difícil, que se veía muy complicado, que ha sido muy complicado. Creo que esto es positivo para la profesión —unifica dos sectores que han trabajado en elementos muy parecidos en momentos distintos—, es positivo para la profesión de economista, de profesor mercantil; y, sobre todo, es positivo para los servicios que estas profesiones y estos profesionales están ofreciendo a la sociedad.
También quisiera agradecer especialmente el esfuerzo que se ha hecho desde los servicios de la Cámara, empezando por el presidente. Agradezco mucho al letrado mayor que, siguiendo el Reglamento pero forzándolo al máximo, haya permitido que esta proposición de ley venga a esta Cámara y hoy pueda ser aprobado.
Finalmente, quiero referirme a un elemento un poco personal y señalar, en mi última intervención, cuál es mi satisfacción ante este hecho. Soy economista, formo parte del Colegio de Economistas de Cataluña. Mi padre, que nació en 1913 y nos abandonó en 1998 —en paz descanse—, era profesor mercantil y miembro del Colegio de Titulares Mercantiles. Creo que hoy mi padre estaría muy satisfecho de ver lo que estamos haciendo.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Alberich.
Se habrá dado cuenta de que nunca es tarde para aprender.
La señora ALBERICH CANO: Perfectamente. Lo prometido es deuda y le debo un café o algo más.
Señorías, el paso que estamos dando hoy nos permite avanzar en el camino que nos propusimos hace unos meses: el de la reestructuración de los colegios profesionales. Este era un camino que, por la definición de los dos colegios y de las dos actividades, parecía fácil, pero no lo ha sido. Es el esfuerzo de ambas corporaciones para conseguir esa voluntad. Ha sido un gran trabajo de esfuerzo y de acuerdo entre los respectivos órganos de gobierno, pero también ha sido fruto del esfuerzo y de la voluntad y del empeño de todos los grupos políticos, los que estamos en esta Cámara representados y los que lo están en el Congreso. Gracias al trabajo en común esta proposición de ley hoy puede ser aprobada definitivamente en esta Cámara. Por eso, les quiero felicitar a ellos, por el paso que dan, y también a los grupos, por su voluntad.
Señorías, no se le escapa a nadie que esta es también mi última intervención en esta legislatura. Por eso me gustaría no bajar de esta tribuna sin reconocer el trabajo de la Comisión de Economía, de la que he formado parte estos casi cuatro años. Esta ha sido una legislatura marcada precisamente por la economía y por la crisis económica. A todos y a todas nos hubiera gustado acabarla anunciando el fin de esa crisis, pero, lamentablemente, esta no se soluciona solo con la voluntad de los grupos políticos y de las personas que formamos parte de esta Cámara. No obstante, quiero agradecer la voluntad de entendimiento de todos los portavoces y de todas las portavoces que me han acompañado estos meses, estos años.
A título personal, señorías, déjenme decirles que me siento especialmente honrada de haber pertenecido a esta Cámara, por dos motivos fundamentales: primero, como catalana: porque esta es la legislatura en la que en esta Cámara se ha permitido hablar mi lengua —paterna en este caso— y también el resto de lenguas oficiales. Y, segundo, como mujer, como mujer feminista: porque esta también es la legislatura en la que se ha aprobado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Aplausos.)
En estos cuatro años, señorías, he aprendido mucho y he hecho afortunadamente grandes amigos, amigos que no están estrictamente ligados a mi ideología política, lo que demuestra que las personas podemos entendernos, que solo es cuestión de voluntad. Y he aprendido muchas cosas de todos ustedes, pero permítanme que haga especial mención a dos personas; a una de ellas, a Yolanda Vicente, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista durante casi toda esta legislatura, ejemplo de trabajo, de constancia, basada en el diálogo y en el consenso, política de lo pequeño, tan discreta que parece que se haga sola, pero precisamente por eso la hace grande. Y, segundo, a Isidre Molas, anhelado referente en la universidad cuando estudiaba Políticas, anhelado y buscado profesor del que nunca conseguía matricularme en sus clases. Si alguien me hubiera dicho, con 18 años, que hubiera tenido la fortuna de trabajar con él, le hubiera dicho que se había pasado en la fiesta universitaria. Ha sido un placer, él es un maestro del argumento y creo que lamentablemente poco profeta en su tierra. Por eso, desde aquí quiero reivindicar su figura. (Aplausos.)
Señorías, la política es incierta, y más en estos momentos, pero créanme, les deseo todo lo mejor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lacueva.
El señor LACUEVA SOLER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad remitir al Senado esta proposición de ley, firmada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, de Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-els Verds, para unificar las organizaciones colegiales de economistas y titulares mercantiles y la creación del Consejo General de Economistas, que representará en el futuro, en los ámbitos estatal e internacional, los intereses de estos profesionales. Este nuevo órgano pretende englobar y aglutinar a todos los colegios de economistas y colegios de titulares mercantiles que hasta ahora pertenecían a los consejos generales de colegios de economistas y de titulares mercantiles de España y se relacionará con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Economía y Hacienda.
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Esta iniciativa, impulsada por la diputada socialista Meritxell Batet, bajo el procedimiento de tramitación directa y en lectura única, podrá ser aprobada hoy definitivamente y entrar en vigor en esta legislatura.
La proposición de ley sostiene la constitución de un nuevo consejo que agrupe los intereses de todos estos profesionales y es el fruto de un largo proceso de acuerdo entre los respectivos órganos de gobierno y entre los propios colegiados sobre la articulación más idónea y de su representación y defensa de los intereses de todos sus miembros.
Dentro del mes siguiente, a la entrada en vigor de la ley, se reunirán separadamente los plenos del Consejo General de Colegios de Economistas y del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles para designar una comisión gestora formada por 25 miembros, nombrados 15 por el primero y 10 por el segundo.
El Consejo General de Economistas podrá tener asignadas en el ámbito o repercusión estatal algunas funciones como pueden ser la ordenación del ejercicio profesional de los economistas la representación exclusiva del conjunto de la profesión, la defensa y protección de los intereses profesionales de los economistas o establecer acuerdos o intercambios con cualquier clase de relaciones de organizaciones similares o afines, tanto españolas como en el extranjero.
El Consejo General de Economistas ha señalado que una mejor educación financiera en los ciudadanos podría haber amortiguado la caída y hubiera ayudado a tomar decisiones menos desacertadas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, con los que el Consejo General de Colegios de Economistas mantiene un acuerdo de colaboración, ya diseñaron el Plan de Educación Financiera 2008-2012 para contribuir a la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos. También hay experiencias en el ámbito internacional: en el Reino Unido hay varias asociaciones que desde hace años están informando sobre cuestiones relativas a la educación financiera: portales como The Consumer Financial Education Body incorporan información técnica para ayudar a la ciudadanía del país a gestionar sus finanzas mejor. Por otro lado, en Francia, se están desarrollando cursos de educación preventiva de la mano de L’Institut pour l`Education Financière du Public. Del mismo modo, el Commerce Bank y la SWK crearon en Alemania la Commerce Ideas Lab. Mientras, en Italia, se fundó la Educación Financiera Grupo de Trabajo, que se ha encargado de promover la educación económica y financiera de ese país.
Por otro lado, los titulados mercantiles, cuya existencia se remonta a más de un siglo y medio, son aquellos profesionales expertos en microeconomía que desarrollan, en relación con la economía de la empresa, las funciones establecidas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, para el contador y administrador.
En España, hay cerca de 175 000 titulados mercantiles, entre peritos mercantiles, profesores mercantiles, intendentes y actuarios, a los que hay que sumar los titulados en Ciencias Empresariales y las nuevas titulaciones en Dirección y administración de empresas. Así pues, la unificación de estos dos colegios profesionales…
El señor LACUEVA SOLER: Termino, señor presidente.
Decía que la unificación de estos dos colegios profesionales simplifica, clarifica y perfila esta profesión, y el nuevo Consejo General de Economistas definirá perfectamente los cometidos y competencias de estos profesionales.
Es deseable desde cualquier punto de vista la unificación planteada en esta proposición de ley, y mi grupo parlamentario la promueve y la apoya.
Muchas gracias a Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y a Lorenzo Lara, presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles, que han propiciado el entendimiento y el acuerdo para esta proposición de ley.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores senadores, culminamos con la aprobación de esta proposición de ley no solo una legislatura sino también un proceso largamente deseado por los profesionales economistas y por los titulares mercantiles para la unificación de las organizaciones colegiales respectivas.
Quiero unirme a la felicitación y a la enhorabuena a los presidentes, respectivamente, del Consejo General de Colegios Economistas de España y del Consejo Superior de Colegios Oficiales Titulares Mercantiles de España, por los esfuerzos que han desarrollado para que esta proposición de ley haya sido posible.
En cuanto al texto de la proposición, quiero hacer referencia a dos aspectos principales. En primer lugar quiero destacar sobre todo el consenso de todos los grupos parlamentarios tanto en la redacción, formulación y presentación de la proposición de ley como en el debate y la posición de todos los grupos para su aprobación final en el Congreso, y lo repetiremos en unos minutos en el Senado. El consenso —no hace falta decirlo, así lo entendemos todos, estoy convencido— es y será uno de los activos más valiosos con los que va a nacer el consejo general de economistas, así como la posterior unificación de las organizaciones colegiales territoriales de economistas y titulares mercantiles.
El segundo aspecto al que quería referirme es que, a pesar de las fechas en las que vivimos —las anteriores a la disolución del Parlamento de España— y aunque pudieran sugerir otra cosa, lo cierto es que la tramitación de esta proposición de ley y también el procedimiento establecido en su texto para la creación del consejo general de economistas es ante todo un proceso coherente y ordenado, no es un proceso precipitado como hemos visto tantas veces, incluso en su tramitación legislativa. Repito, es un proceso coherente y ordenado que permite anticipar el buen fin de la tarea que se inicia. Como se explica en la exposición de motivos: esta tarea no tiene otro objetivo que la mejora en la eficacia en la prestación de servicios de estos profesionales y a estos profesionales.
Por último, señor presidente, señoras y señores senadores, quiero concluir mi intervención deseando lo mejor a todos ustedes en este tránsito de la IX a la X Legislaturas, tránsito breve, aunque en esta ocasión hemos asistido a un anuncio previo que lo ha hecho aparentar algo más largo de lo adecuado. En cualquier caso, lo que sí deseo es que la próxima legislatura —aparte de que su situación personal responda a sus expectativas—, responda más al espíritu de consenso que se refleja en esta proposición de ley —de consenso— y no al espíritu que ha caracterizado a la anterior —y, por supuesto, la previa—, en la cual el enfrentamiento y el debate en muchos casos sobre cuestiones irrelevantes nos ha conducido no solo a la esterilidad sino también a la situación en que nos encontramos.
Señorías, ¿se puede aprobar la proposición de ley por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley sobre la creación del Consejo General de Economistas.
Señorías, me van a permitir que antes de levantar la sesión, como he escuchado tantas despedidas, ahora me despida yo.
Señorías, gracias por su ayuda, por su dedicación y sobre todo por el comportamiento, que, aunque a veces haya podido ser más tenso, siempre han tratado de defender cada uno sus posturas, aunque muchas veces evidentemente la pasión nos lleva a gritar un poco más de lo debido. Pero yo, sinceramente, les quiero decir, señorías, que me siento profundamente agradecido a su labor, a su comportamiento, y por lo fácil que me lo han puesto, dentro de la dificultad que ustedes saben que tienen estas cosas.
Termina mi vida parlamentaria hoy, pero sinceramente les tengo que decir —y les voy a pedir— que aquellos, allá donde estemos, que tenemos la responsabilidad de lo que vayamos a hacer que sepamos que tenemos un gran país, que tenemos que trabajar por él, que los ciudadanos es lo que nos exigen, y que sepamos que, por encima de las diferencias ideológicas, hay un interés común, que es lo que nos están reclamando los ciudadanos; que pensemos en clave de ciudadanía mucho más que en clave de lo que representamos cada uno. Creo que este es, en definitiva, el sentimiento que invade o está dentro de la Cámara territorial, Cámara que representa esa diversidad territorial de lo que es España. Ahora bien, también representa el componente ideológico plural que tenemos. Y debemos convivir con ambas cosas, con lo que representa esa diversidad y, sobre todo también, con lo que representa esa pluralidad, entendiendo que vivimos en un gran país que es España y que cada uno tiene la libertad de defenderla como entienda, desde sus legítimas posturas —que lo tiene que hacer—, pero sabiendo que, por encima de todo, están los ciudadanos que nos están exigiendo y reclamando esa dedicación y ese servicio que nos toca hacer como políticos. Hoy, desgraciadamente, la política está un tanto separada de lo que nos reclaman los ciudadanos. De eso, seguramente, seremos responsables todos, porque todos tendremos una parte de responsabilidad, ahora bien, no me cabe ninguna duda de que todos nosotros, cada uno, en
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lo que le corresponde, ha puesto lo mejor de sí mismo para hacer más digno lo que hacemos y para darle sentido a una labor tan importante y que, sobre todo, cambia las cosas. No podemos perder esa pasión que hay que tener por la política y por dedicar lo mejor de nosotros mismos a resolver los problemas de la gente. Por encima de todo eso es lo que nos exigen los ciudadanos.
Esto es lo que yo reclamaría a los próximos senadores y senadoras que estarán aquí en la próxima legislatura. No tengo ninguna duda de que lo harán con lo que otros hayamos dejado, porque en definitiva cada uno ha dejado su impronta, pero todos sabemos que tenemos que aprender de aquellos que llegan y también de aquellos que se marchan.
Por eso, gracias y hasta siempre.
Se levanta la sesión, señorías. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores senadores puestos en pie.)

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 90
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 134
 artículo 90
 artículo 12
 artículo 31
 artículo 12
 artículo 31
 artículo 44
 resolución 
 artículo 90
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 4
 resolución 
 artículo 7