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Timestamp: 2018-03-20 05:57:06+00:00

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El texto refundido de la Ley de Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008 nos había regalado una perla. Aunque el suelo rural esté situado junto a la más prósopera de las ciudades, su valor nunca podía exceder del doble del que resulta de capitalizar las rentas reales o pontenciales. Decía: “El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización”. En la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014 se declara inconstitucional el inciso “un máximo del doble”, por lo que las sentencias que se empiezan a dictar aplican esta doctrina y los tribunales aplican el factor de corrección que equitativamente consideran que es de aplicación, para evitar que el expropiado reciba una indemnización distinta de la que se corresponde con el valor de bien.
En la sentencia que inserto a continuación se aplica un factor de corrección “10”.
Sentencia 6 5 2015
Quienes compraron acciones de Bankia saben que pueden pedir la devolución del dinero más sus intereses, pero no se han de demorar, pues en cuestión de semanas prescribirá o caducará el derecho a llevar a efecto esa reclamación.
El fundamento básico para pedir la devolución de las cantidades invertidas en este producto financiero intoxicado está en la “DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ACERCA DEL ERROR COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.- El consentimiento válidamente prestado es un requisito esencial de la validez de los contratos y así el artículo 1265 del Código Civil declara la nulidad del consentimiento prestado por error, en los términos que establece el artículo 1266 que dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer – además de sobre la persona, en determinados casos – sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de ella que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo sentencias de 4 de enero de 1982 295/1994, de 29 de marzo, entre otras muchas -, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato – artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil. La jurisprudencia del TS, en relación a los requisitos que ha de reunir el mismo para ser invalidante, tiene declarado en doctrina reiterada, recogida entre otras muchas en su sentencia de 17 de julio de 2006 con amplia cita de precedentes, que “es preciso, por una parte, que sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste ( Sentencias de 12 de julio de 2002 , 24 de enero de 2003 y 12 de noviembre de 2004 ); y, además, y por otra parte, que sea excusable, esto es, no imputable a quien los sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración ( Sentencias de 18 de febrero y de 3 de marzo de 1994 , que se citan en la de 12 de julio de 2002 , y cuya doctrina se contiene, a su vez, en la de 12 de noviembre de 2004 ; también , Sentencias de 24 de enero de 2003 y 17 de febrero de 2005 ).Las recientes sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2012 y del 29 de Octubre del 2013 ( ROJ: STS 5479/2013) reiteran la doctrina jurisprudencial recogida también en la sentencia AP , Valencia sección 9 del 12 de Junio del 2013 ( ROJ: SAP V 3372/2013 ) y la más reciente de 30 de diciembre del 2013 .TERCERO .- INFORMACIÓN Y CARGA DE LA PRUEBA. La doctrina jurisprudencial esta recogida en reciente sentencia del STS, Civil sección 1 del 07 de julio de 2014 ( ROJ: STS 2660/2014): La doctrina fijada por esta Sala en la STS nº 840/2013 , en el marco normativo de la Directiva MiFID -cuya transposición al ordenamiento jurídico español se efectuó por la Ley 47/2007 que introdujo el contenido de los actuales artículos 78 y siguientes LMV, luego desarrollados por el RD 217/2008 – es plenamente aplicable al presente recurso dada la fecha en la que se llevó a cabo la contratación litigiosa (el 6 de junio de 2008), por lo que deben ser rechazadas, ya desde este momento, las alegaciones del motivo primero sobre la inaplicación al caso de esas normas por razones de vigencia. La disposición transitoria primera de la Ley 47/2007 (no la disposición final primera como erróneamente aduce el banco recurrente) estableció que las entidades que prestaran servicios de inversión deberían adaptar sus estatutos, programas de actividades y reglamentos internos de conducta a lo dispuesto en esa ley y en su normativa de desarrollo en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la misma, lo que tuvo lugar, según su disposición final sexta, el día siguiente a su publicación en el BOE, esto es el 21 de diciembre de 2007; no se contempla en esa norma, en contra de lo que se interpreta por el banco recurrente, la suspensión de su entrada en vigor durante los seis meses que se conceden a las entidades financieras para su adaptación interna a la nueva normativa, ni excusa a estas de su inmediata observancia. Según declaró esta Sala en la STS nº 840/2013 , la habitual desproporción que existe entre la entidad que comercializa servicios financieros y sus clientes, derivada de la asimetría informativa sobre productos financieros complejos, es lo que ha determinado la necesidad de una normativa específica protectora del inversor no experimentado, que tiene su último fundamento en el principio de la buena fe negocial, a la que ya se había referido esta Sala en la STS nº 244/2013, también del Pleno, de 18 de abril de 2013, recurso nº 1979/2011 , en la que -aunque dictada en un proceso sobre un contrato de gestión discrecional de cartera de inversión concertado antes de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva MiFID- se analizó el alcance de las obligaciones del profesional respecto del inversor y, en concreto, el elevado estándar de información exigible a la empresa que presta el servicio de inversión. Ahora esta Sala debe reiterar en la presente sentencia los criterios de interpretación y aplicación de esa normativa sobre el alcance de los deberes de información y asesoramiento de la entidad financiera en la contratación con inversores minoristas de productos complejos como es el swap y su incidencia en la apreciación de error vicio del consentimiento. De acuerdo con esa línea jurisprudencial, el cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa, como una consecuencia del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que se contienen en el artículo 7 CC , y para el cumplimiento de ese deber de información no basta con que esta sea imparcial, clara y no engañosa, sino que deberá incluir de manera comprensible información adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión y también orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias ( art. 79 bis LMV, apartados 2 y 3 ; art. 64 RD 217/2008 ). En el presente caso lo que se ha de probar es si la información contractual sobre la solvencia de la entidad titular de las acciones se correspondía con la realidad, o si como alega la actora, no reflejaba una imagen fiel en tanto que los datos contables de la entidad no se correspondían con su verdadera situación económica. En cuanto a la carga de la prueba del correcto asesoramiento e información en el mercado de productos financieros debe pesar sobre el profesional financiero, (ver sentencia AP, Valencia sección 6 del 12 de Julio del 2012; ROJ: SAP V 3458/2012 ) respecto del cuál la diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica de un ordenado empresario y representante leal en defensa de sus clientes ( Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2005 ), lo cual es lógico por cuanto desde la perspectiva de éstos últimos (los clientes) se trataría de probar un hecho negativo como es la ausencia de dicha información (AP Valencia 26- 04-2006). La SAP, Valencia sección 9 del 16 de Mayo del 2013 ( ROJ: SAP V 2821/2013 ) reitera la doctrina jurisprudencial y así dice que: la carga de la prueba de la información recae en la entidad bancaria (como hemos declarado, entre otras en Sentencias de 19 de abril y 1 de julio de 2011 ) y la carga de la prueba del error de consentimiento recae sobre la parte que lo alega, para lo cual se hace necesario el examen de la prueba practicada en cada proceso.
Bamkia ocultó su verdadera situación financiera, que era la de insolvencia, aparentando ser por el contrario una empresa lider en el sector. Y así consiguió convencer a miles de clientes para que invirtieran sus ahorros en sus acciones.
Tasas judiciales suprimidas para las personas físicas
El Gobierno de España suprime la obligación de pagar tasas judiciales a las personas individuales, sea cual fuere su potencial económico. Lo mismo da que sea una persona sin capacidad económica que un potentado. Está bien, porque ya se había acostumbrado España a gozar de un sistema de justicia sin tener que pagar el usuario el precio o valor del servicio público. Cierto es que desde que se estableció la tasa judicial siendo Ministro de Justicia Gallardón se notó que los justiciables en muchas ocasiones preferían perder sus derechos que litigar, porque a la inversión que suponía la contratación de un Procurador, un Abogado y en ocasiones un Perito -o varios-, el coste del poder de representación procesal, el de la expedición de certificaciones, etc. se añadía la tan poco apreciada tasa judicial, que venía a rematar el círculo para disuadir definitivamente al que aspiraba a pedir Justicia, quien por sentirse acosado por tanto gasto prefería decidir dejar en el olvido su acción.
Segunda y última liquidación complementaria
Se produce con frecuencia una arbitrariedad no permitida por el derecho cuando tras la autoliquidación de un impuesto, se abre un expediente para la comprobación de valores, y pasa el expediente a un tasador público poco preocupado por hacer las cosas bien.
Es nada facil saber con exactitud cuánto vale un bien, pues este depende de muchos factores, siendo los más difíciles de demostrar aquellos que tienen carácter subjetivo, como por ejemplo la determinación a la baja que se produce cuando el vendedor tiene muchas prisas por vender, o necesidad perentoria de convertir el bien en dinero; o en el caso del comprador cuando el bien le resulta especialmente apetecible por algún motivo personal, como por ejemplo que perteneciera en el pasado a su familia y quiere recuperarlo.
Esos factores no se tienen en cuenta por los tasadores de la Administración, y en el primer caso como en el segundo, por estas y otras razones más, se originan transtornos de naturaleza fiscal a sendos contratantes.
Un caso muy frecuente que origina gran incertidumbre en el obligado tributario a soportar las consecuencias de esa valoración complementaria, es la aplicación de un factor que se debe razonar y si no se hace la tasación es nula. Es el referido al razonamiento del coeficiente de la intensidad de operaciones en el mercado, que influye en el precio real.
La particularidad de no razonarlo. como he dicho. es la anulación de la liquidación complementaria. La Administración puede empezar de nuevo, pero si por segunda vez incurre en el mismo defecto el técnico tasador, en ese caso decae el derecho a realizar una tercera liquidación complementaria, adquiriendo firmeza la autoliquidación.
He aquí una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo de Castilla La Mancha en la que he intervenido como recurrente: Resolucion 22 12 14
Nulidad de sanción del Ayuntamiento de Madrid
Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ejerce su potestad sancionadora desenfrenadamente, sin parar a pensar que eso no conviene a la Sociedad.
Multar con cifras desmesuradas a personas con escasos recursos no soluciona el problema que trata de evitar sino que se crea otro de mayor intensidad social, cual es la indignación ciudadana.
No seré yo quien anime a los jóvenes a beber alcohol, ni en la calle ni establecimientos, pero sí defiendo que si se abre un expediente sancionador, éste debe ser respetuoso con el derecho de defensa del ciudadano y no se le puede originar indefensión.
Leyendo el formulario de imprenta del acta de infracción que rellenan a mano “in situ” los Agentes de la Policía Municipal de Madrid, se vé perfectamente que quien los ha diseñado, traicionándole el subconsciente, induce al al funcionario denunciante para incluya en el bolentín a todo aquél que se halle en el lugar donde “se” está bebiendo, sin cerciorarse previamente si estaba realmente bebiendo una concreta bebida alcohólica, sin exigirle recoger una muestra para analizar en el laboratorio municipal, ni recabar prueba alguna sobre la que se sostenga la imputación. Todas las bebidas tradicionalmente alcohólicas tienen hoy su versión “sin alcohol” y no puede quedar descartado que sea éste último tipo de bebida si nadie la analiza en un centro especializado, de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid número 33 ha dictado la sentencia que se puede leer a continuación, razonando muy certeramente los motivos que conducen a la estimación de recurso. En este asunto he intervenido como defensor del recurrente.
Sentencia 27 01 2015

References: Real Decreto 
 artículo 1265
 artículo 1266
 artículo 1261
 artículo 7
 resolución