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Timestamp: 2019-10-21 16:04:14+00:00

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﻿ Sentencia 2006-00243 de marzo 12 de 2015
SENTENCIA 2006-00243 DE 12 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DELIMITADO POR EL CONCEPTO DE RECREACIÓN SOCIAL. SE PRECISA QUE LA RECREACIÓN SOCIAL ES UNA DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA PAGAR EL SUBSIDIO FAMILIAR, REPRESENTADA EN ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN O DELEITE, Y QUE, EN EL CONTEXTO DE LA LEY 21 DE 1982, PRETENDE ALIVIAR LA CARGA DE LAS ACTIVIDADES LABORALES, PROPICIANDO ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO PARA EL TRABAJADOR QUE TIENE DERECHO AL SUBSIDIO Y PARA LOS INTEGRANTES DE SU NÚCLEO FAMILIAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO, IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS, LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO UNIFICADO DE FONDO DE POBRES
Sentencia 2006-00243 de marzo 12 de 2015
Radicación: 760012331000200600243 01
Número interno: 18505
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Valle del Cauca - Comfamiliar ANDI.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala decide sobre la pretensión de nulidad de los actos administrativos que se relacionan a continuación:
— Las resoluciones 364, 365, 366, 367, 368 y 369 del 30 de septiembre de 2005, mediante las que el Municipio de Yumbo liquidó el impuesto de espectáculo públicos de que trata la Ley 181 de 1995 a cargo de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar ANDI por los años 1999 a 2004. Además, impuso la sanción por no declarar, liquidó los intereses de mora y actualizó las obligaciones.
— Las resoluciones 373, 374, 375, 376, 377 y 378 del 4 de noviembre de 2005, mediante las que el jefe de la División Rentas de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Yumbo resolvió el recurso de reposición interpuesto contra cada una de las liquidaciones de aforo antes referidas en el sentido de revocar la decisión de actualizar las obligaciones y confirmar, en lo demás, los actos recurridos.
— Las resoluciones 379, 380, 381, 382, 383 y 384 del 4 de noviembre de 2005, mediante las que el secretario de Hacienda del Municipio de Yumbo resolvió el recurso de apelación interpuesto contra cada una de las liquidaciones de aforo, y las confirmó en los términos de las resoluciones 373, 374, 375, 376, 377 y 378 del 4 de noviembre de 2005.
Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que el Municipio de Yumbo insistió en que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, porque, según dijo, los actos administrativos demandados se expidieron en el curso de un proceso administrativo de cobro coactivo. Que, por esa razón, no eran pasibles de control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque, según el artículo 835 del estatuto tributario, en el proceso de cobro administrativo coactivo solo son demandables las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución.
La Sala considera que la excepción es improcedente por las siguientes razones:
INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.
El procedimiento administrativo de cobro coactivo está regulado en el Título VIII del estatuto tributario y tiene por objeto el cumplimiento de obligaciones fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones.
Este procedimiento, según lo ha precisado la Sala(6), materializa la jurisdicción coactiva tributaria, en orden a compeler el cumplimiento persuasivo de las obligaciones tributarias determinadas en cualquiera de los títulos ejecutivos previstos en el artículo 828 del estatuto tributario(7), de tal manera que la base de la ejecución es, precisamente, el título previamente constituido.
Si la deuda debe existir antes de la ejecución es porque se encuentra plena y completamente configurada.
Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, de conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario son títulos ejecutivos. Según la providencia que se reitera, las liquidaciones oficiales de aforo son actos definitivos que pueden demandarse en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de que no se pague el tributo y que, por esa omisión, el responsable pueda ser ejecutado, vía cobro coactivo(8).
Las resoluciones 364, 365, 366, 367, 368 y 369 del 30 de septiembre de 2005 son liquidaciones oficiales de aforo mediante las que se determinó el impuesto de espectáculos públicos a cargo de la demandante y se impuso la sanción por no declarar, que una vez confirmadas por los actos que resolvieron los recursos interpuestos, se tornaron en actos definitivos y, por tanto, ejecutables vía procedimiento administrativo de cobro coactivo.
En consecuencia, no es cierto que mediante los actos administrativos demandados se haya iniciado el procedimiento administrativo de cobro pues, como se advirtió, este presupone la existencia de un título ejecutivo, que para el caso de la controversia, son las liquidaciones oficiales de aforo objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
De esa manera, no está probada la excepción de inepta demanda propuesta por el Municipio de Yumbo.
En concreto, la Sala debe decidir si la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar ANDI era sujeto pasivo del impuesto de espectáculos públicos en el Municipio de Yumbo.
La Sala considera que la demandante no era sujeto pasivo del impuesto de espectáculos públicos. Para sustentar esta tesis, hará una breve referencia a los antecedentes del impuesto de espectáculos públicos y al hecho generador de este tributo. Luego, analizará la labor que ejercen las cajas de compensación familiar a fin de precisar si las actividades que desarrollan son constitutivas del hecho generador del impuesto de espectáculos público. Finalmente, analizará el caso concreto.
3.2.1.1. Del impuesto de espectáculos públicos - antecedentes. Reiteración jurisprudencial(9).
La Ley 1ª de 1967, “Por la cual se provee a la reconstrucción de las zonas devastadas por el incendio de Quibdó, y la ayuda de los damnificados por este mismo suceso”, creó por un término de cuatro meses y “con destino exclusivo a la reconstrucción de la Ciudad de Quibdó” un impuesto sobre el 10 % sobre espectáculos públicos de cualquier clase.
El impuesto creado por la Ley 1ª de 1967, como se explica a continuación, se hizo permanente y se facultó al Gobierno Nacional para reglamentar el recaudo y entregarlo a las Juntas Administradoras de Deportes.
La Ley 49 de 1967, “mediante la cual la Nación coopera con la celebración de los VI Juegos Deportivos Panamericanos”, ordenó que el recargo del 10% sobre el valor de cada boleta de entrada a espectáculos públicos establecido por la Ley 1ª de 1967, continuaría cobrándose en el territorio del Valle del Cauca durante los años de 1968 a 1972 inclusive. El producto de dicho recargo se debía consignar en la Tesorería General de la República, a órdenes del Comité Organizador de dicho evento deportivo.
La Ley 47 de 1968, “por la cual la Nación coopera a la celebración de los IX Juegos Nacionales” hizo extensivo a todo el territorio nacional el impuesto de que trata la Ley 49 de 1967 y expresó que el producto de este gravamen sería destinado en el Distrito Especial, los departamentos, intendencias y comisarías, exclusivamente al fomento del deporte.
También dispuso que el producido del gravamen sería invertido en los Departamentos del Valle del Cauca y Tolima, exclusivamente en la preparación, construcción de obras y realización de los VI Juegos Panamericanos y IX Juegos Nacionales, respectivamente.
Ley 30 de 1971, “por la cual la Nación contribuye a la realización de los primeros juegos deportivos de los Territorios Nacionales y de los X y XI juegos deportivos nacionales”, hizo extensivo a todo el territorio Nacional el impuesto a que se refiere la Ley 49 de 1967.
El Decreto 21 de 1972 reglamentó la Ley 30 de 1971 y determinó qué se entiende por espectáculos públicos así:
Para los efectos contemplados en el presente Decreto, se entiende por espectáculos públicos, entre otros, los siguientes: exhibiciones cinematográficas, actuaciones de compañías teatrales, corridas de toros, carreras de caballos y concursos ecuestres, ferias exposiciones, riñas de gallos, ciudades de hierro y atracciones mecánicas, carreras y concursos de autos, exhibiciones deportivas, y las que tengan lugar en circos, estadios y coliseos, corralejas y demás sitios en donde se presenten eventos deportivos, artísticos y de recreación, todo mediante el pago de la respectiva entrada.
La Ley 49 de 1983, “Por la cual se establece el régimen disciplinario en el deporte”, estableció que “El recaudo de los impuestos a espectáculos públicos de que trata la Ley 47 de 1968, se hará por los recaudadores o tesoreros departamentales, intendenciales, comisariales y del Distrito Especial de Bogotá y se llevará a un fondo especial a órdenes de las respectivas Juntas Administradoras Seccionales de Deportes”.
El Decreto 839 de 1984, reglamentario de la Ley 49 de 1983, estableció que el recaudo del impuesto de espectáculos públicos se puede efectuar a través de las Tesorerías de las respectivas Juntas Administradoras Seccionales de Deportes, cuando las necesidades del servicio lo requieran, previa solicitud escrita y motivada del Director Ejecutivo Seccional.
Finalmente, la Ley 181 de 1985, “por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte”, precisó que el impuesto a espectáculos públicos a que se refieren la Ley 47 de 1968 y la Ley 30 de 1971 es el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor.
3.2.1.2. Del hecho generador del impuesto de espectáculos públicos. Reiteración jurisprudencial.
La Sala ha dicho que si bien las normas que establecieron el impuesto de espectáculos públicos no señalan con precisión el hecho que lo genera en sus aspectos objetivos y subjetivos, sino que se limitan a señalar la tarifa aplicable para liquidar el tributo sobre el valor de cada boleta de entrada al espectáculo, lo cierto es que de su redacción logra deducirse que el hecho generador no es otro que la realización de espectáculos públicos por los que se cobra una boleta de entrada(10).
Si bien la demandante alegó que el Acuerdo 16 de 2004, “Estatuto Tributario de Yumbo” se limitó a señalar que el impuesto de espectáculos públicos hacía parte de las rentas municipales, y que como el concejo municipal no lo ha regulado, el municipio demandando no estaba facultado para cobrarlo, la Sala no analizará ese particular en consideración a que, independientemente de la regulación local, las actividades de recreación social que desarrollan las cajas de compensación familiar no son espectáculos públicos para los efectos del impuesto en discusión, según pasa a explicarse.
3.2.1.3. De las Cajas de Compensación Familiar y las actividades que desarrollan. Reiteración jurisprudencial.
La Ley 21 de 1982, “por la cual se modificó el régimen de subsidio familiar”, creó las cajas de compensación familiar como personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, en la forma prevista en el Código Civil, que cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
A las cajas de compensación familiar les corresponde organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar que, según el artículo 1º de la Ley 21 de 1982, es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental es aliviar la carga económica que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad(11).
De conformidad con el artículo 62 Ley 21 de 1982, las obras y programas sociales que se deben emprender para atender el pago del subsidio familiar, se ejecutan en las siguientes áreas y orden de prioridades: i) salud; ii) programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y otros que compongan la canasta familiar para ingresos bajos; iii) educación integral y continuada; capacitación y servicios de biblioteca; iv) vivienda; v) crédito de fomento para industrias familiares y vi) recreación social
La recreación social, ha precisado la Sala, es una de las áreas de servicio establecidas en la ley para pagar el subsidio familiar, representada en actividades de diversión o deleite, y que, en el contexto de la Ley 21 de 1982, pretende aliviar la carga de las actividades laborales, propiciando espacios de esparcimiento para el trabajador que tiene derecho al subsidio y para los integrantes de su núcleo familiar(12).
Para efecto de los servicios prestados en desarrollo de las obras y programas sociales, la Ley 21 de 1982 autorizó la fijación de tarifas progresivas para los trabajadores beneficiarios, al tiempo que abrió la posibilidad de prestar dichos servicios a personas distintas de las señaladas en los artículos 18 y 27 ibídem, con tarifas no subsidiadas.
En la providencia que se reitera, la Sala precisó que, desde la anterior perspectiva, los eventos deportivos, artísticos o cualquier otra clase, presentados al interior de los centros recreativos de las cajas de compensación familiar constituyen servicios de recreación con los que aquellas pagan el subsidio familiar a sus afiliados.
Que, en esas condiciones, tales actividades no generan, per se, el impuesto de espectáculos públicos, sobre el valor de cada boleta de ingreso que pagan los trabajadores usuarios de esos servicios y sus familias.
Por esa razón, advirtió, que concluir lo contrario requeriría un prolijo material probatorio del que pudiera constatarse concreta y fehacientemente que dichos eventos desbordan la naturaleza y finalidad social del subsidio familiar y que no se dirigen única y exclusivamente a satisfacer las necesidades recreativas de quienes tienen derecho a ese subsidio, ya sea como afiliados o beneficiarios de los mismos.
3.2.1.4. El caso concreto. Aplicación del precedente.
Para decidir el caso concreto se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:
— La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar ANDI es una entidad privada sin ánimo de lucro, organizada como corporación que cumple funciones de seguridad social y es vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar(13).
— El 30 de septiembre de 2005, la División de Rentas de la Tesorería Municipal de Yumbo profirió liquidación de aforo del impuesto de espectáculos públicos de que trata la Ley 181 de 1995 por los años 1999 a 2004 a cargo de Comfandi en los siguientes términos(14):
Año Resol. Impuesto Intereses Sanción Actualización Total
1999 365 32.019.269 48.598.593 64.038.591 19.130.324 163.786.777
2000 364 31.196.400 40.056.465 62.392.800 14.427.581 148.073.246
2001 366 37.601.900 39.292.226 75.203.800 12.965.337 165.063.263
2002 367 40.839.100 32.404.504 81.678.200 10.178.681 165.100.485
2003 368 45.075.200 25.059.205 90.150.400 7.555.588 167.840.393
2004 369 38.625.200 11.992.781 77.250.400 3.725.845 131.594.226
Total 941.458.390
— El 31 de octubre de 2005, la demandante interpuso recurso de reposición, y, en subsidio, el de apelación, contra las resoluciones antes referidas(15).
— El 4 de noviembre de 2005, el jefe de la División Rentas de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Yumbo, previa interposición del recurso de reposición, mediante las resoluciones 373, 374, 375, 376, 377 y 378, modificó las liquidaciones de aforo para revocar la decisión de actualizar las obligaciones y confirmó, en lo demás, los actos recurridos así(16).
Año Resol. Impuesto Intereses Sanción Total
1999 365 32.019.269 48.598.593 64.038.591 144.656.453
2000 364 31.196.400 40.056.465 62.392.800 133.645.665
2001 366 37.601.900 39.292.226 75.203.800 152.097.926
2002 367 40.839.100 32.404.504 81.678.200 154.921.804
2003 368 45.075.200 25.059.205 90.150.400 160.284.805
2004 369 38.625.200 11.992.781 77.250.400 127.868.381
Total 873.475.034
— El 9 de noviembre de 2005, el secretario de Hacienda del Municipio de Yumbo, previa interposición del recurso de apelación, mediante las resoluciones 379, 380, 381, 382, 383 y 384, confirmó las liquidaciones de aforo en los términos de las resoluciones referidas en el numeral anterior(17).
La entidad demandante alegó que no es sujeto pasivo del impuesto de espectáculos públicos en el Municipio de Yumbo porque no realizó actividades que pudieran ser catalogadas como espectáculos públicos. Que, las actividades que desarrolla en los centros recreacionales ubicados en esa jurisdicción son una forma de pago del subsidio familiar a sus afiliados y que el cobro por el ingreso a las instalaciones está autorizada por la ley.
Por su parte, el municipio demandado sostuvo que el cobro de una entrada a las instalaciones de los centros de recreación de la caja de compensación para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales, constituye el hecho generador del impuesto de espectáculos públicos, de acuerdo con lo previsto en las normas que regulan el tributo.
Como lo señaló la Sala al resolver un asunto análogo al que convoca la presente controversia “el hecho de que se cobre por la entrada a los centro de recreación de propiedad de las Cajas de Compensación no implica que las actividades que se realizan en esas instalaciones sean objeto del impuesto de espectáculos públicos”(18).
Por eso, en esas condiciones se requiere que se demuestre que dichas entidades llevaron a cabo actividades que puedan ser catalogadas como un espectáculo público, distintas de aquellas que son propias del objeto de las cajas de compensación familiar.
De la naturaleza jurídica de Comfandi se colige que los centros recreacionales que posee en el municipio demandado están destinados al servicio recreativo y de bienestar de los trabajadores afiliados, que pagan tarifas diferenciales, teniendo en cuenta los niveles de remuneración; tarifas que tienen como propósito cubrir los costos de operación y mantenimiento de los mencionados centros de recreación(19).
Si bien en los centros recreacionales de Comfandi pudieron realizarse espectáculos públicos de las características señaladas en la Ley 181 de 1995, el municipio no aportó evidencias de la ocurrencia de aquellos eventos que puedan catalogarse como espectáculos públicos, pues las cajas de compensación familiar no tienen como función la realización de espectáculos públicos sino la prestación del servicio de recreación a sus afiliados y sus familias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982.
Por tanto, en consideración a que no obran pruebas en el expediente que demuestren que durante los años 1999 a 2004, en los centros recreacionales de la demandante ubicados en el Municipio de Yumbo, se realizaron actividades que se consideren espectáculos públicos, se confirmará la decisión del Tribunal de anular los actos administrativos demandados.
b. Del restablecimiento del derecho.
En la demanda, la demandante pidió que, a título de restablecimiento del derecho, se hicieran las siguientes declaraciones:
CONDENAR al Municipio de Yumbo - Valle del Cauca a reintegrar a COMFANDI las sumas de dinero que por concepto del cobro y ejecución de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones precitadas haya adelantado en contra de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI (COMFANDI).
Las restituciones a las que sea condenado por este concepto el Municipio de Yumbo - Valle del Cauca, deberán efectuarse dentro del término legal o en el plazo que la sentencia ordene, por la suma de dinero que llegare a hacer efectiva en contra de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI (COMFANDI), debidamente indexada por el cobro ilegal de un tributo del que no es sujeto pasivo.
CONDENAR al Municipio de Yumbo - Valle del Cauca a reconocer y cancelar, igualmente a favor de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI (COMFANDI), los intereses sobre las restituciones de las pretensiones tercera y cuarta, en el caso de que haya lugar a estas.
CONDENAR al Municipio de Yumbo - Valle del Cauca a reparar los daños materiales y morales que en la eventualidad del ilegal cobro o ejecución de dicho tributo genere a la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI (COMFANDI), a la justa tasación dentro del proceso y con base en los elementos probatorios aportados.
La sentencia favorable con la que se ponga fin al presente proceso se hará efectiva en la forma y en los términos de los artículos 175, 176, 177 y 178 de Código Contencioso Administrativo.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la pretensión prevista en el numeral quinto, referida a la indemnización de perjuicios. Y, respecto de las pretensiones previstas en los numerales, tercero, cuarto y sexto, dijo que las concedía, en los siguientes términos:
2.2. CONDENAR al MUNICIPIO DE YUMBO a reintegrar a COMFANDI las sumas de dinero (debidamente indexadas y con los intereses de ley generados hasta la fecha del reintegro) que haya pagado esta con ocasión de los actos administrativos demandados.
3. ORDENAR dar cumplimiento al presente fallo acorde a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
Como se puede apreciar, la sentencia apelada, en realidad, no resolvió la pretensión propuesta por el demandante en el sentido de que se condenara al municipio demandado a reintegrar a COMFANDI las sumas de dinero que por concepto del cobro y ejecución de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones precitadas haya adelantado en contra de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI.
El Tribunal ordenó al Municipio que reintegrara la suma que la demandante “haya pagado” con ocasión de los actos demandados, pretensión que nunca fue propuesta, razón más que suficiente para revocar los numerales 2.2 y 3 de la sentencia apelada. Además, porque, así hubiera pedido la devolución de lo presuntamente pagado, en el expediente no hay prueba de que el demandante haya pagado suma alguna por concepto del impuesto de espectáculos públicos por los años 2000 a 2005. El derecho afectado por los actos administrativos que liquidaron de aforo el impuesto de espectáculos públicos presuntamente debido y no pagado por la demandante se restablece, in natura, mediante la declaración de que el contribuyente no está obligado a pagar el impuesto, tal como lo precisó el a quo en el numeral segundo de la sentencia apelada.
Ahora bien, habida cuenta de que el a quo no se pronunció sobre lo pretendido por la parte actora, en el recurso de apelación adhesiva interpuesto insistió en que se condenara al Municipio de Yumbo a reintegrar las sumas que cobró en el proceso administrativo de cobro coactivo, “previa deducción de lo devuelto”. Y que se condene a esa entidad territorial a pagar intereses de mora compuestos, liquidados de conformidad con el artículos 3º de la Ley 1066 de 2006 porque, según dijo, esos son los intereses que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que se deben reconocer en los casos de pagos de lo no debido. La parte actora no apeló la sentencia en cuanto negó el reconocimiento de los perjuicios sufridos por los presuntos daños materiales y morales causados “en la eventualidad del ilegal cobro o ejecución de dicho tributo”. Tampoco apeló la decisión del Tribunal de no condenar en costas. Por lo tanto, la Sala se referirá a la pretensión del reintegro de las sumas “cobradas” en el proceso de cobro coactivo.
La Sala considera que esa pretensión es improcedente, por las siguientes razones:
Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de que el Municipio de Yumbo inició el proceso de cobro por el impuesto de espectáculos público liquidado en los actos administrativos demandados. En el curso de ese proceso, el municipio decretó el embargo de la suma de $ 1.113.203.573.
La parte actora demandó al municipio demandado en acción de tutela por violación del debido proceso, por haber decretado el embargo. El Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali, mediante sentencia del 16 de mayo de 2006, le amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Tesorería Municipal de Yumbo que devolviera de manera inmediata a la caja de compensación familiar los dineros embargados, como medida transitoria con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, mientras se define la demanda interpuesta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo(20).
La Sala precisa que, la medida provisional que tomó el juzgado no fue de devolución, en estricto sentido, sino de levantamiento de la medida embargo. Por lo tanto, no se configuró, como alegó el demandante, un pago de lo no debido, porque nada pagó la caja de compensación familiar. En consecuencia, no es pertinente condenar al municipio a que reintegre ningún dinero, y menos a que pague intereses de mora.
De hecho, bastaba que la demandante probara al municipio demandado que demandó las liquidaciones de aforo para que, en cumplimiento del parágrafo del artículo 837 del estatuto tributario, el municipio ordenara levantar las medidas cautelares.
Por lo tanto, no es necesario adoptar ninguna otra medida para hacer permanente la medida transitoria que adoptó el juez de tutela, toda vez que, anuladas las liquidaciones de aforo que fundamentaron el cobro coactivo, el municipio queda imposibilitado de expedir una nueva orden de embargo de las cuentas de la Caja de Compensación Familiar.
1. CONFÍRMANSE los numerales 1º y 2.1 de la sentencia del 19 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar ANDI, contra el Municipio de Yumbo.
2. REVÓCANSE los numerales 2.2 y 3 de la sentencia apelada. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.
6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, C.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. 11 de febrero de 2014. Radicado 760012331000200602985 01 (18503). Demandante: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFANDI. Demandado: MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN.
7 Artículo 828. TÍTULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:
9 Sobre el particular ver la sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS del 18 de marzo 2010, radicación 25000-23-27-000-2004-02066-01(16535). Actor: ANA MARÍA SÁNCHEZ GUEVARA. Demandado: SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
10 Ibídem sentencia del 11 de febrero de 2014. Op. cit. 4.
13 Folios 3, C.A.A.
14 Folios 4 al 27, C.A.A.
15 Folios 40 al 93, C.A.A.
16 Folios 94 al 140, C.A.A.
17 Folios 154 al 189, C.A.A.
18 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, C.P. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. 29 de noviembre de 2012, radicado 170012331000200900205 01 (18581). Actor: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS. Demandado: MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS.
19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, C.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ (E). 4 de abril de 2013, radicado 170012331000200900216 01 (18718). Actor: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS. Demandado: MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS.
20 Folios 486 al 508, C.P.

References: artículo 835
 artículo 828
 artículo 828
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 837
 Artículo 828