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Summary report on the high-level panel discussion on the question of the death penalty in Spanish
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II. Observaciones y declaraciones de apertura
III. Contribuciones de los miembros de la mesa redonda
A. La importancia de los órganos regionales e intergubernamentales para promover la abolición de la pena de muerte
B. Observaciones generales sobre el recurso a la pena de muerte
C. Los derechos de las víctimas de delitos y el mito de la disuasión
D. La opinión pública y la función de los dirigentes políticos
E. La aplicación de las normas y salvaguardias de derechos humanos
F. Las repercusiones de la pena de muerte en otras personas
G. La ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
H. La función de los tribunales internos, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas
A/HRC/30/21
Tema 2 y 3 de la agenda
Mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 26/2 del Consejo de Derechos Humanos. Contiene un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte que se celebró el 4 de marzo de 2015 durante el 28º período de sesiones del Consejo. El propósito de la mesa redonda era continuar el intercambio de puntos de vista sobre la cuestión de la pena de muerte y examinar las iniciativas regionales destinadas a abolir la pena de muerte y las dificultades existentes.
En cumplimiento de su resolución 26/2, el 4 de marzo de 2015, en su 28º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos celebró su primera mesa redonda de alto nivel bienal sobre la cuestión de la pena de muerte. El propósito de la mesa redonda era intercambiar puntos de vista sobre la cuestión de la pena de muerte y examinar las iniciativas regionales destinadas a abolir la pena de muerte y las dificultades existentes a ese respecto.
La mesa redonda estuvo presidida por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Joachim Rücker; su apertura corrió a cargo del Subsecretario General de Derechos Humanos, Ivan Šimonović; y fue moderada por la ex-Presidenta de la Confederación Suiza, Ruth Dreifuss. Participaron en la mesa redonda Sylvie Zainabo Kayitesi, Presidenta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Stavros Lambrinidis, Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos; Tracy Robinson, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Mohammed Bedjaoui, miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; y Sara Hossain, miembro de la Comisión Internacional de Juristas.
En sus observaciones introductorias, el Sr. Rücker celebró como un gran logro que unos 160 países de todo el mundo no aplicaran la pena de muerte, la hubieran abolido o hubieran dictado una moratoria, y destacó el avance que ello representaba teniendo en cuenta que en 1948 solo se encontraban en esas circunstancias 14 países. También señaló que, en virtud del derecho internacional, la pena de muerte podía imponerse exclusivamente por los delitos más graves, y únicamente tras la celebración de un juicio imparcial, entre otras salvaguardias.
En sus declaraciones de apertura, el Subsecretario General de Derechos Humanos describió diversas iniciativas regionales destinadas a abolir la pena de muerte y expresó su confianza en que esas iniciativas contribuyeran a la tendencia más amplia a escala mundial. América fue la primera región en que se abolió la pena de muerte: Venezuela fue la pionera en 1867 y, desde entonces, muchos otros países han seguido su ejemplo. Así se llegó a la aprobación, en 1990, del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. En África, tras la aprobación en 2014 de la Declaración de la Conferencia Continental sobre la Abolición de la Pena de Muerte en África (Declaración de Cotonú), se estaba considerando la posibilidad de elaborar un protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a la abolición de la pena de muerte. En Europa, en los años noventa, el Consejo de Europa había establecido como requisito para la adhesión la abolición de la pena de muerte, y en los últimos 16 años no se había ejecutado ninguna sentencia de muerte en ninguno de los 47 Estados miembros. En Asia y el Oriente Medio, las instituciones nacionales de derechos humanos, los parlamentos, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas estaban trabajando activamente para abolir la pena de muerte. A ese respecto, el Subsecretario General señaló que, en noviembre de 2014, el representante de Indonesia ante la Comisión Intergubernamental de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) sobre los Derechos Humanos, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión Europea, había organizado una reunión regional sobre la moratoria del uso de la pena de muerte en la región. También señaló que, en diciembre de 2014, la Comisión Consultiva para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos de Argelia, junto con el ACNUDH, había organizado una reunión regional en Argel sobre la eliminación gradual de la pena de muerte en el Oriente Medio y la región del Norte de África.
El Subsecretario General celebró que, en los seis meses anteriores a la mesa redonda, se hubiera abolido la pena de muerte en el Chad, Fiji y Madagascar, y que la resolución más reciente de la Asamblea General relativa a una moratoria de la aplicación de la pena de muerte (resolución 69/186) hubiera sido respaldada por un total sin precedentes de 117 países. No obstante, advirtió que seguían existiendo dificultades: pese a la tendencia general hacia la abolición, algunos Estados habían decidido mantener o restablecer la pena de muerte, y otros continuaban imponiendo la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. A ese respecto, el Subsecretario General cuestionó la utilidad de la pena de muerte como elemento disuasorio, y señaló que no existían pruebas de que disuadiera a nadie de cometer delitos. Alentó a los Estados Miembros a que centraran su labor de prevención de la delincuencia en reforzar sus sistemas de justicia, ya que con demasiada frecuencia se ejecutaba a los meros operarios pobres y marginados del narcotráfico, y no a los jefes. Asimismo, instó a los Estados Miembros a que no se fiaran de las encuestas de opinión que mostraban una preferencia por el mantenimiento de la pena de muerte, ya que la opinión pública podía estar basada en concepciones erróneas del efecto disuasorio y la imparcialidad de la aplicación de la pena de muerte. Se había demostrado empíricamente que, cuanto mejor informada estaba una población, menos apoyaba la pena de muerte. El orador apeló a los Estados que mantenían la pena de muerte a que proporcionaran pública y oportunamente datos precisos sobre su aplicación y estadísticas sobre la delincuencia. El Subsecretario General concluyó calificando la pena de muerte de castigo inhumano y obsoleto e instó a los Estados Miembros a que trabajaran juntos para mejorar la eficacia de los sistemas de justicia sin recurrir a la ejecución de inmigrantes, miembros de minorías y personas pobres o con discapacidad a fin de demostrar su voluntad de combatir la delincuencia.
En sus observaciones introductorias como moderadora de la mesa redonda, la Sra. Dreifuss afirmó que, habida cuenta del creciente número de Estados abolicionistas, la humanidad había avanzado considerablemente hacia la abolición universal de la pena de muerte. Señaló que la realidad de la pena de muerte resultaba evidente: iba acompañada de altos niveles de discriminación social, no disuadía de la comisión de delitos y no existía vínculo alguno entre su mantenimiento y la disminución de la violencia en una sociedad. Observó que el intercambio de experiencias y la mayor concienciación sobre la pena de muerte habían contribuido a que regiones y continentes enteros del mundo la hubieran eliminado.
En respuesta a las preguntas formuladas por la moderadora, la Sra. Kayitesi se refirió a cuestiones relacionadas con el avance hacia la abolición de la pena de muerte en África desde 1999, año en que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó una resolución en que instaba a los Estados partes en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a que establecieran una moratoria de la pena de muerte y los alentaba a abolir dicha pena.
La Sra. Zainabo Kayitesi señaló que en 2005 la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos había creado un grupo de trabajo sobre la pena de muerte en África, encargado de hacer efectivo el artículo 4 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que consagraba el derecho a la vida. Además, la Comisión había llevado a cabo un estudio sobre la pena de muerte en África, en el que recomendó la elaboración de un protocolo adicional de la Carta por el que se aboliera la pena de muerte1. La Comisión había revisado el proyecto de protocolo de la Carta en febrero de 2015, y estaba previsto que se aprobase durante una reunión ordinaria de la Comisión antes del fin de 2015. La Sra. Zainabo Kayitesi subrayó que el proyecto de protocolo colmaba una laguna jurídica de la Carta y constituiría un útil instrumento regional en el camino hacia la abolición universal de la pena de muerte. Además, se organizaron una serie de conferencias regionales en las que se reunieron Estados, instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, autoridades académicas y representantes de la Unión Africana. En la Conferencia Continental sobre la Abolición de la Pena de Muerte en África celebrada a finales de 2014 en Benin, se había aprobado una declaración sobre la abolición de la pena de muerte en África, conocida como la Declaración de Cotonú2. La Sra. Zainabo Kayitesi también destacó que la Comisión había aprobado dos resoluciones en las que se instaba a los Estados a que establecieran moratorias y a que abolieran la pena de muerte, en 19993 y 20084 respectivamente.
La Sra. Zainabo Kayitesi celebró los considerables avances hacia la abolición universal en África e indicó que, mientras que en 1999 habían abolido la pena de muerte 10 países y 11 mantenían moratorias de facto, en la actualidad 19 países africanos habían abolido la pena y 23 mantenían moratorias de facto. También señaló que 10 países africanos habían ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. La ratificación más reciente había sido la del Gabón.
En respuesta a las preguntas formuladas por la moderadora, el Sr. Lambrinidis se centró en cuestiones relacionadas con las bases jurídicas y filosóficas de la política de la Unión Europea sobre la abolición universal de la pena de muerte.
El Sr. Lambrinidis hizo hincapié en la firme adhesión de Europa a la abolición de la pena de muerte sin condiciones ni reservas. Destacó que la abolición era un requisito para la adhesión de un Estado a la Unión Europea, ya que definía los valores europeos. También rechazó los intentos de considerar el debate sobre la abolición desde una perspectiva cultural, y, a ese respecto, aludió a la diversidad de las culturas de los miembros del Consejo de Europa y señaló que muchos países culturalmente diferentes de todas las regiones del mundo habían abolido la pena de muerte. En opinión del Sr. Lambrinidis, los países que habían soportado terribles atrocidades solían ser conscientes de la crueldad que cometerían si ellos mismos impusieran la pena de muerte. En ese contexto, se refirió al Holocausto en Europa y a la firme voluntad de las naciones europeas de impedir que se repitiera, la cual había contribuido al firme posicionamiento de Europa a favor de la abolición. Indicó además que, a medida que los pueblos de Europa dejaban atrás las dictaduras, se percataban de que los jueces podían cometer errores y de que en ocasiones se vulneraban los principios fundamentales de las garantías procesales. Por consiguiente, cuando estuviese autorizada la pena de muerte, las decisiones irreversibles sobre la vida o la muerte no debían dejarse en manos de ninguna institución estatal, incluido el poder judicial. El Sr. Lambrinidis señaló también que el riesgo era aún mayor en los Estados que no eran abiertos y democráticos, o en que los jueces y demás oficiales del sistema de administración de justicia no estaban suficientemente formados. Concluyó haciendo hincapié en que la pena de muerte vulneraba la dignidad de todas las personas. Todos los Estados y todas las personas debían defender su dignidad mediante la abolición de la pena de muerte.
En respuesta a las preguntas formuladas por la moderadora, la Sra. Robinson se refirió a cuestiones relacionadas con las medidas regionales adoptadas en América para abolir la pena de muerte, y las dificultades a las que se habían enfrentado los Estados antes de ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, aprobado en 1990.
La Sra. Robinson observó que casi la mitad de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) habían ratificado el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había publicado un informe sobre la pena de muerte titulado “La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición”. Además, a petición de un tercio de los Estados miembros de la OEA, en 2013 y 2014 la Comisión había celebrado audiencias para intercambiar opiniones sobre la necesidad de abolir la pena de muerte en todos los Estados miembros de la Organización.
La Sra. Robinson informó al Consejo de Derechos Humanos de que Suriname había anunciado recientemente que estaba en vías de abolir la pena de muerte. Señaló que los Estados Unidos de América eran el único país de la región en que se seguían llevando a cabo ejecuciones. Sin embargo, incluso en los Estados Unidos se había observado últimamente un cambio de la opinión pública con respecto a la pena de muerte y había disminuido el número de ejecuciones. Alrededor de un tercio de los estados habían abolido la pena de muerte. La Sra. Robinson indicó también que uno de los principales motivos para el mantenimiento de la pena de muerte en varios Estados de América era la herencia colonial. No obstante, se había avanzado considerablemente. De los 14 países americanos de habla inglesa, 13 mantenían la pena de muerte, si bien en esos países se habían observado grandes progresos. La Sra. Robinson subrayó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había contribuido a reducir el número de condenas a muerte dictadas en la región. En el Caribe anglófono no se había ejecutado ninguna sentencia desde 2008, y en muchos otros países de la región del Caribe no había ningún recluso condenado a muerte. Con respecto a una declaración del Fiscal General de un Estado del Caribe, señaló que los derechos humanos estaban fuertemente arraigados y se fomentaban en la región. Recomendó que, como primera medida, se pusiese fin a las ejecuciones en los Estados Unidos y se estableciesen moratorias de jure en los países que ahora mantenían moratorias de facto. Además, instó a los países del Caribe a que se abstuvieran de utilizar procesos de reforma constitucional para frenar el avance hacia la abolición de la pena.
En respuesta a las preguntas formuladas por la moderadora, el Sr. Mohammed Bedjaoui se centró en cuestiones relacionadas con los progresos logrados de cara a la abolición en el Oriente Medio y Norte de África desde la aprobación de la Carta Árabe de Derechos Humanos el 22 de mayo de 2004.
El Sr. Bedjaoui afirmó que, si bien la Carta Árabe de Derechos Humanos, vigente desde 2008, no abolía la pena de muerte, restringía su uso y establecía algunas salvaguardias, entre otras la obligación de que la condena fuera dictada por un tribunal competente. Solo permitía la pena capital para los delitos más graves. El Sr. Bedjaoui señaló que, aunque el derecho internacional no abolía de manera inequívoca la pena de muerte, en los 20 últimos años cada vez más Estados se habían mostrado partidarios de la abolición de la pena, incluidos Estados de la región del Norte de África, en particular Argelia. También destacó que los dirigentes debían contribuir a la abolición. Afirmó que la sociedad civil del mundo árabe había adquirido gran dinamismo y podía influir en sus dirigentes. Indicó que, lamentablemente, la pena de muerte solía estar vinculada a regímenes autoritarios. La democratización del mundo árabe brindaría oportunidades para hacer efectivos los derechos humanos de todos en la región, independientemente de las diversidades y las identidades, entre otras cosas mediante la abolición de la pena de muerte.
En respuesta a las preguntas formuladas por la moderadora, la Sra. Hossain se refirió a cuestiones relativas a las tendencias regionales hacia la abolición de la pena de muerte en Asia, las preocupaciones por los derechos humanos en relación con el mantenimiento de la pena de muerte en varios Estados de la región y los obstáculos que dificultaban la abolición de la pena de muerte en la región de Asia.
La Sra. Hossain subrayó que Asia era la única región del mundo en la que no existía ningún instrumento regional de derechos humanos ni ningún mecanismo regional para impulsar el cambio. No obstante, señaló que la gran mayoría de las ejecuciones se llevaban a cabo en un número reducido de Estados y que existía una tendencia perceptible hacia la abolición: varios países de Asia habían abolido la pena de muerte para todos los delitos en los últimos años, y varios habían ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Otros países habían anunciado oficialmente su intención de reducir progresivamente el ámbito de aplicación de la pena de muerte, en particular conmutando las penas de muerte por penas de cadena perpetua. En otros países se estaba debatiendo la posibilidad de abolir la pena de muerte y se estaba revisando la legislación que la autorizaba. Muchos países no habían llevado a cabo ejecuciones durante varios años. Diversos tribunales de la región habían establecido salvaguardias relativas a la situación de los condenados a muerte o declarado inconstitucional la pena de muerte obligatoria. Se habían enmendado las leyes de procedimiento penal para exigir la grabación en audio o vídeo de los interrogatorios, lo que ofrecía salvaguardias contra los errores judiciales. En algunos países se había ordenado que todas las sentencias de muerte fueran revisadas por tribunales supremos. La Sra. Hossain también puso de relieve que existían ejemplos de iniciativas de reforma en toda la región, de los que otros países podrían aprender.
La Sra. Hossain subrayó asimismo que, si bien en virtud del derecho internacional la pena de muerte podía imponerse únicamente por los delitos más graves, en Asia se seguía imponiendo por actos correspondientes al ámbito de las relaciones sexuales consentidas, tanto hetero como homosexuales. Señaló que, en algunos países, la conversión de una religión a otra o la renuncia a una religión se consideraban delitos punibles con la pena capital. Resultaba preocupante que en algunos países la legislación siguiera disponiendo el uso obligatorio de la pena de muerte.
La Sra. Hossain también destacó otros problemas, en particular la vulneración de las normas sobre la imparcialidad del juicio, el acceso limitado a abogados, la falta de representación efectiva y de intérpretes cualificados, la ausencia de actas de los procedimientos, las prácticas injustas e incoherentes en la imposición de penas, la frecuente falta de consideración de las circunstancias atenuantes, la falta de independencia del poder judicial y la imposición de la pena de muerte por tribunales especiales. La pena de muerte seguía aplicándose en grado desproporcionado a personas que vivían en la pobreza. Muchos países de toda la región no contaban con sistemas eficaces de asistencia letrada, lo que resultaba particularmente problemático en los casos de pena de muerte. La Sra. Hossain también expresó preocupación ante las condenas injustas, el secretismo que rodeaba a las ejecuciones y el método de ejecución. No obstante, reiteró que en un número creciente de países las posiciones y los debates estaban evolucionando de conformidad con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, incluidas las disposiciones constitucionales.
IV. Resumen del debate
Durante la fase interactiva de la mesa redonda, hicieron uso de la palabra las siguientes delegaciones: Singapur (en nombre de un grupo de Estados), Timor-Leste (en nombre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa), Argentina, Australia, Austria, Noruega, Bélgica, Albania, Turquía, Paraguay, Países Bajos, Brasil, Federación de Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, República de Moldova, Jamaica, Argelia, México, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Portugal, Liechtenstein, Irlanda, Indonesia y Sudán. También contribuyeron al debate las siguientes organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales: Unión Europea, Organización Internacional de la Francofonía, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Malasia, Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, Verein Sudwind Entwicklungspolitik, Penal Reform International, Familia Franciscana Internacional, Amnistía Internacional, Comité Mundial de Consulta de los Amigos y Commonwealth Human Rights Initiative5.
Varios delegados destacaron la posible utilidad de los instrumentos regionales como catalizadores del cambio sobre el terreno. Podrían contribuir a la prohibición del comercio de las sustancias utilizadas para las ejecuciones, así como del suministro de asistencia técnica en relación con esas sustancias. Algunos delegados también subrayaron que los mecanismos subregionales y los órganos intergubernamentales podrían facilitar el avance hacia la abolición de la pena de muerte. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa señaló que la abolición de la pena de muerte reforzaba la seguridad y el continuo desarrollo y consolidación de los derechos humanos. En 2003, el Consejo de Ministros de la Comunidad había aprobado una resolución sobre los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte en la que se expresaba el compromiso de sus miembros de trabajar por la abolición universal de la pena de muerte y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ese compromiso había sido renovado en 2013 mediante la aprobación de una resolución relativa a la promoción y la protección de los derechos humanos en la Comunidad. La Organización Internacional de la Francofonía manifestaba su adhesión a la abolición de la pena de muerte mediante sus actividades de concienciación destinadas a distintas redes francófonas de abogados, jueces, tribunales constitucionales e instituciones nacionales de derechos humanos.
Muchas delegaciones expresaron su oposición a la pena de muerte y afirmaron que constituía una violación de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida. Una delegación recordó una cita de Martin Luther King: “las tinieblas no pueden combatirse con tinieblas”6. Varios Estados indicaron que en sus constituciones nacionales se consagraba el derecho a la vida, en virtud del cual se prohibía la imposición y la ejecución de la pena de muerte, y que todos los Estados tenían el deber de proteger ese derecho. Otras delegaciones señalaron que era fundamental que los Estados interpretaran el derecho a la vida de manera amplia.
Varios Estados explicaron que se oponían a la pena de muerte porque vulneraba la dignidad de los condenados, así como la dignidad de la humanidad en general. Afirmaron que el carácter definitivo y cruel de la pena capital resultaba intrínsecamente incompatible con el derecho a la vida. Subrayaron que la abolición de la pena de muerte contribuía al desarrollo y consolidación progresivos de los derechos humanos. Algunos delegados observaron que entre los argumentos racionales a favor de la abolición de la pena de muerte figuraban la falta de pruebas de que disuadiera de la comisión de delitos, el hecho de que en la práctica discriminaba entre quienes podían permitirse una buena defensa judicial y quienes no y el riesgo de matar a personas inocentes, que resultaba intolerable en una sociedad civilizada. Además, varios delegados describieron la pena de muerte como una de las peores formas de castigo cruel, inhumano y degradante.
Algunos Estados subrayaron que no existía un consenso internacional sobre la abolición de la pena de muerte. Observaron que todos los Estados tenían el derecho soberano e inalienable a decidir sobre su sistema judicial y penal, sin la injerencia de otros Estados. Por consiguiente, correspondía a cada país decidir sobre la cuestión de si mantener o abolir la pena de muerte y determinar los tipos de delitos por los que se podía aplicar, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de sus sociedades y las amenazas particulares a las que se enfrentaban. Otros Estados, sin embargo, rechazaban esos argumentos, y algunos afirmaban que la pena de muerte constituía una denegación de justicia. Varios expertos y delegados señalaron que en el avance hacia la abolición de la pena de muerte se respetaba la soberanía de los Estados. A ese respecto, instaron a los Estados que mantenían la pena de muerte a que reconocieran sus propias disposiciones constitucionales sobre los derechos humanos, en particular sobre los derechos a la vida y a la dignidad humana, y afirmaron que dichos compromisos constitucionales debían ser centrales en los debates sobre la pena de muerte. También señalaron que, si bien la pena de muerte podía estar permitida en algunas legislaciones nacionales, su práctica debía analizarse cuidadosamente a la luz de los compromisos nacionales en materia de derechos humanos y de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos.
Algunos participantes afirmaron que la pena de muerte se inscribía en el ámbito de la justicia penal, y no en el de los derechos humanos, y que sostenía sus sistemas de justicia penal con el fin de garantizar la paz, la seguridad y los derechos humanos de sus ciudadanos. Varios delegados y expertos rechazaron esa argumentación y destacaron que existía una creciente concienciación de la universalidad de los derechos humanos, que, por consiguiente, pertenecían a toda la humanidad. El sistema de justicia penal de un país debía basarse en los derechos humanos y respetar las obligaciones que incumbían al país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Consideraban que el enfrentamiento entre la justicia penal y los derechos humanos no constituía un argumento convincente, ya que, en el fondo, eran mutuamente complementarios.
Varios delegados reconocieron los importantes avances logrados hasta la fecha mediante la aprobación de cinco resoluciones sobre una moratoria del uso de la pena de muerte (resoluciones de la Asamblea General 62/149, de 2007, 63/168, de 2008, 65/206, de 2010, 67/176, de 2012 y 69/186, de 2014), la más reciente de las cuales había sido aprobada en diciembre de 2014 con un total sin precedentes de 117 votos a favor, y con 95 copatrocinadores. En ella se hacía un llamamiento a todos los Estados para que, entre otras cosas, establecieran una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte. No obstante, los expertos advirtieron que las moratorias entrañaban riesgos. En ocasiones, el hecho de que existiera una moratoria inducía a los jueces a imponer la pena de muerte con mayor facilidad, ya que suponían que, en cualquier caso, el condenado no sería ejecutado. Por tanto, convenía abolir la pena de muerte en todas las circunstancias.
C. Los derechos de las víctimas de delitos y el mito de
Algunos delegados se refirieron a los derechos de las víctimas de delitos para justificar el mantenimiento de la pena de muerte. Consideraban inaceptable que se instara a la protección de los derechos de quienes habían cometido delitos atroces y, a la vez, no se tuvieran en cuenta los derechos de las víctimas de esos delitos. Ante ese argumento, varios delegados y expertos exhortaron a los Estados a que procuraran que se escuchara la opinión de las víctimas en cuyo nombre se imponía la pena de muerte y se tomara en consideración en el proceso de eliminación gradual de la pena de muerte. A ese respecto, se pusieron de relieve varias iniciativas que promovían la participación de las víctimas de delitos y sus familiares en el proceso de abolición. Varios delegados también destacaron que en investigaciones procedentes de diversas regiones se había constatado que no todos los familiares de las víctimas estimaban que matando a los culpables se resolvería su situación. Muchos de ellos no querían que se impusiera la pena de muerte, sino que esperaban que se hiciera justicia de manera efectiva y eficaz. Los datos estadísticos de un país de América mostraban que, pese a la obligatoriedad de la pena de muerte por asesinato y otros delitos, en ese país solo se registró un 5% de las condenas por asesinato. Por último, la tendencia a la abolición podría crear un espacio para el diálogo y mejorar el respeto de los derechos de las víctimas.
Algunos delegados señalaron que la pena de muerte seguía siendo un importante elemento disuasorio contra los delitos más graves. Subrayaron que los derechos de los delincuentes siempre debían ponderarse frente a los derechos de las víctimas y sus familiares y los derechos generales de la comunidad a vivir en paz; y que el Estado tenía la responsabilidad de proteger la vida de los ciudadanos inocentes y, al mismo tiempo, garantizar que se hiciera justicia a las víctimas y sus familiares. Varios delegados y expertos refutaron esa alegación y se refirieron a numerosas investigaciones que demostraban que la pena de muerte no tenía ningún efecto disuasorio sobre la delincuencia. Señalaron la necesidad apremiante de combatir la impunidad para reprimir la delincuencia. La impunidad era una de las mayores preocupaciones en muchas regiones del mundo. Las víctimas querían que se hiciera justicia, y los esfuerzos debían centrarse en la eficacia judicial. En otras palabras, los Estados tenían la obligación de obrar con la debida diligencia, llevar a cabo investigaciones adecuadas y procurar que se encontrara, detuviera y enjuiciara a los culpables. También recomendaron que las autoridades combatieran de manera eficaz las causas profundas de la delincuencia. La irreversibilidad de una ejecución en sí misma constituía un argumento a favor de la abolición de la pena de muerte.
Algunos delegados informaron de que en sus países se seguía utilizando la pena de muerte a causa de la opinión pública, que se mantenía favorable a la imposición de la pena de muerte por delitos graves. Ante ese argumento, varios expertos y delegados subrayaron que la opinión pública no era definitiva ni estática. Era probable que cambiase cuando las personas estuvieran mejor informadas sobre la cuestión. La opinión pública prevalente un día no coincidía necesariamente con las opiniones de la mayoría al día siguiente. A ese respecto, en un estudio realizado en un país de América se había concluido que el porcentaje de apoyo a la pena de muerte entre la población había disminuido drásticamente del 89% al 35% tras informar a esa población de que a veces se ejecutaba a personas inocentes.
También se puso de relieve la función de los líderes políticos, que tenían que estar mejor informados e impulsar el cambio de la opinión pública. Los expertos proporcionaron al respecto algunos ejemplos de la influencia de los dirigentes nacionales sobre el discurso público. Aunque la opinión pública en Grecia era muy favorable a la pena de muerte cuando los exdictadores griegos fueron condenados a muerte en 1974, el Primer Ministro decidió conmutar la condena por la pena de cadena perpetua. Esa decisión generó un cambio de la opinión pública y, en última instancia, llevó a la abolición de la pena de muerte en Grecia. En Francia, aunque la abrumadora mayoría de la población se mostraba a favor de la pena de muerte en 1981, la abolición, decidida por el entonces Presidente de la República, dio lugar a un cambio de la opinión pública. Los oradores hicieron hincapié en que la abolición de la pena de muerte requería liderazgo, visión de futuro y valentía.
E. La aplicación de las normas y salvaguardias de
Varias delegaciones subrayaron que los Estados que seguían aplicando la pena de muerte debían procurar que los condenados gozaran de la plena protección prevista en los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y las salvaguardias del Consejo Económico y Social para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte7. A ese respecto, algunos delegados de Estados que mantenían la pena de muerte explicaron que en sus países se respetaban los derechos y las salvaguardias cuando se imponía dicha pena, entre otras cosas mediante la celebración de juicios imparciales, y que la pena de muerte solo se imponía por los “delitos más graves”, según determinaba cada Estado teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. No obstante, varias delegaciones se mostraron preocupadas por los casos en que la pena de muerte se imponía contraviniendo las normas y salvaguardias relativas a un juicio imparcial en una serie de Estados de diversas regiones. Lamentaron que no siempre se respetaran las salvaguardias internacionales pese a estar universalmente reconocidas. Expresaron preocupación, en particular, por la imposición de la pena de muerte por delitos que no alcanzaban el grado de máxima gravedad con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, las disposiciones sobre la pena de muerte obligatoria vigentes en algunos países, la aplicación arbitraria de la pena de muerte en secreto, las condiciones inhumanas y degradantes en que se recluía a los presos condenados a muerte, el uso de sustancias no reglamentadas en la composición de las inyecciones letales, las ejecuciones públicas, el aumento del número de ejecuciones en ciertos países, la ampliación de la gama de categorías de delitos punibles con la pena de muerte en algunos países, la aplicación de la pena de muerte a niños, personas con discapacidad y otros grupos especialmente vulnerables, la reanudación de las ejecuciones tras decenios de moratorias de facto en algunos Estados y la falta de prevención de los errores judiciales. Algunas delegaciones también destacaron la necesidad de analizar las repercusiones sociales y económicas de la pena capital.
Algunos delegados se mostraron preocupados por que las personas acusadas de delitos punibles con la pena de muerte a menudo no recibían la asistencia de intérpretes cualificados. Además, muchos de los acusados no tenían acceso a un abogado ni a representación legal efectiva, y no existían sistemas adecuados de asistencia letrada. En muchos países, el poder judicial no era independiente, dictaba sentencias injustas e incoherentes y no tenía en cuenta las circunstancias atenuantes. También resultaban preocupantes el hecho de que en ocasiones se permitiese a tribunales especiales imponer la pena de muerte, la inexistencia de actas de los procesos y la falta de la debida notificación de la hora y la fecha de las ejecuciones.
Varios delegados manifestaron preocupación por el hecho de que algunos Estados que mantenían la pena de muerte hubieran ampliado las categorías de delitos por los que se podía, o en algunos casos debía, aplicar la pena de muerte, y de que algunos de esos delitos no alcanzaran el grado de máxima gravedad con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. También señalaron que en algunos Estados, en la mayoría de los casos, las penas de muerte impuestas y las ejecuciones llevadas a cabo tenían que ver con delitos relacionados con las drogas, lo que contravenía el derecho internacional de los derechos humanos al no alcanzar esos delitos el grado de máxima gravedad. En ese contexto, se destacó que el siguiente período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, que se celebraría en 2016, brindaría la oportunidad de examinar la cooperación internacional en la adopción de enfoques alternativos para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes.
Varios delegados observaron asimismo que la pena capital no tenía ningún efecto disuasorio en la lucha contra el terrorismo y lamentaron que algunos Estados hubieran ampliado la aplicación de la pena de muerte a los casos de delitos relacionados con el terrorismo. Expresaron profunda preocupación por las atrocidades cometidas por el Estado Islámico del Iraq y el Levante y otros grupos terroristas en distintas partes del mundo, y subrayaron que debía hacerse todo lo posible para luchar contra el terrorismo y obligar a los responsables a rendir cuentas de sus actos, pero toda medida destinada a combatir esas amenazas debía ser congruente con los valores comunes de la justicia y los derechos humanos. Las leyes que definían el terrorismo de manera imprecisa contravenían los derechos humanos. Señalaron también que, claramente, la pena de muerte no disuadía de la comisión de actos de terrorismo, ya que, al ser ejecutados, los terroristas se convertían en mártires.
Varios delegados expresaron preocupación por la falta de respeto de los derechos de las personas que eran condenadas a la pena de muerte fuera de su país. A ese respecto, se informó a los miembros de la mesa redonda de que la Argentina había presentado una petición de habeas corpus en el estado de Texas (Estados Unidos de América) en respuesta a las violaciones flagrantes de los derechos de un ciudadano argentino que estaba condenado a muerte desde 1996.
Varias delegaciones señalaron que un número reducido de países seguían aplicando la pena de muerte con una frecuencia alarmante. Por ejemplo, se observó que, al parecer, en 2014 habían sido ejecutadas en la República Islámica del Irán al menos 753 personas (A/HRC/28/70, párr. 13). Los delegados también expresaron preocupación por que recientemente varios países de diversas regiones, como el Afganistán, Gambia, la India, Indonesia, el Japón, Jordania, el Pakistán y Papua Nueva Guinea, habían puesto fin a moratorias de larga data o reanudado las ejecuciones. Varios oradores dijeron que estos hechos ponían de manifiesto la necesidad de mantener y reforzar la determinación de eliminar la pena de muerte.
Con referencia a las opiniones expresadas por académicos del mundo musulmán, se señaló que, en virtud de los principios islámicos del perdón, la redención, la clemencia y la absolución, la pena de muerte resultaba incompatible con el islam. No se ajustaba a los criterios u objetivos fundamentales del castigo según los principios islámicos, en particular los de servir como posible elemento disuasorio, instaurar la paz en el seno de la sociedad y actuar como correctivo.
Algunos delegados abordaron la cuestión de las repercusiones más amplias de la pena de muerte en otras personas y mencionaron, en particular, que debían tenerse en cuenta los derechos humanos de los hijos de las personas condenadas a muerte o ejecutadas. También se señaló que el Consejo de Derechos Humanos prestaba cada vez mayor atención a esa cuestión. En concreto, el Consejo había reconocido la importancia de proteger los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas en su resolución 22/11, y, además, había organizado una mesa redonda sobre el tema (véase A/HRC/25/33). A ese respecto, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos había subrayado los efectos psicológicos negativos que la pena de muerte tenía en los hijos y otros familiares de los condenados a muerte. Los Estados debían hacer más accesible y transparente el proceso de petición de clemencia para las víctimas de la pena de muerte y sus familiares.
Se destacó asimismo que, según algunas investigaciones, el uso de la pena de muerte tenía importantes repercusiones negativas en otras personas, entre ellas los abogados que defendían a la persona condenada, los funcionarios de prisiones encargados de los presos en espera de ejecución y los familiares de las víctimas de delitos. Se observó, por ejemplo, que los funcionarios de prisiones asignados al pabellón de los condenados a muerte sufrían traumas a largo plazo, los abogados de las personas ejecutadas padecían depresión y los hijos de personas condenadas a muerte también sufrían traumas.
Con respecto a las ejecuciones de madres de niños de corta edad, los expertos hicieron referencia al artículo 30 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, que prohibía la imposición de la pena de muerte a madres de lactantes y niños de corta edad8. En la observación general núm. 1 de la Carta se aclaraba que los Estados partes no debían eludir su compromiso de no imponer la pena de muerte a mujeres embarazadas esperando hasta después de que hubieran dado a luz para pronunciarse9.
Varias delegaciones destacaron la importancia del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y pidieron su ratificación. Hasta marzo de 2015, el Protocolo había sido ratificado por 81 Estados. Se hizo hincapié en que era necesario aumentar el número de ratificaciones o adhesiones al Protocolo para avanzar hacia la abolición universal de la pena de muerte. Se señaló que la Federación de Rusia estaba considerando la posibilidad de adherirse al Protocolo.
H. La función de los tribunales internos, las instituciones
nacionales de derechos humanos y otras partes
Varios delegados recomendaron que se analizaran los casos en los que los tribunales nacionales habían intentado interpretar las disposiciones constitucionales sobre derechos humanos de manera coherente con las normas regionales e internacionales de derechos humanos, creando así valiosas fuentes de jurisprudencia sobre la pena capital. Dicho análisis podría ayudar a promover el debate sobre la abolición de la pena de muerte y la armonización de los regímenes de pena de muerte a nivel internacional. Se puso de relieve un fallo de 1995 del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, en el que el Tribunal había declarado que la pena de muerte era inconstitucional y había afirmado que los derechos a la vida y a la dignidad eran los más importantes de todos los derechos humanos y la fuente de todos los demás derechos personales, y que la defensa de una sociedad basada en el reconocimiento de los derechos humanos exigía que esos dos derechos se valorasen por encima de todos los demás10. Por consiguiente, al mantener un castigo que revelaba una falta de respeto por la dignidad humana y por el valor de la vida humana, el Estado había contribuido a la degeneración de la fibra moral de la sociedad. El Estado, como modelo para la sociedad, tenía que tomar la iniciativa no solo en la promoción del respeto de la ley, sino también en la demostración de respeto por la vida y la dignidad humanas.
Varios delegados subrayaron que diversas partes interesadas, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, las organizaciones políticas, los parlamentarios, los órganos religiosos, las instituciones y redes académicas y los sindicatos, debían contribuir a promover la abolición de la pena de muerte. Se hizo hincapié en que el ACNUDH debía defender la causa de la abolición divulgando información fáctica, aumentando la concienciación y favoreciendo la comprensión de las repercusiones de la pena de muerte y proporcionando asistencia técnica. También se destacó la función de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y del Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en la promoción de la abolición mundial11.
En sus observaciones finales, los miembros de la mesa redonda subrayaron que la comunidad internacional tenía la responsabilidad de avanzar hacia la abolición universal de la pena de muerte. Los Estados tenían que proteger la dignidad humana en el marco de la protección general de los derechos humanos de todos. Aboliendo la pena de muerte, los Estados otorgaban un lugar central a la dignidad humana. Se afirmó asimismo que la causa de la abolición también debía contar con apoyo político y técnico.
Los miembros de la mesa redonda reiteraron que los mecanismos regionales debían desempeñar su función con eficacia. Al estar más cerca del terreno y comprender mejor el contexto regional, se hallaban en una situación idónea para alentar a los Estados que mantenían la pena de muerte a que respetaran los derechos humanos. El ejemplo de Europa demostraba que las organizaciones regionales y multilaterales resultaban fundamentales para avanzar hacia la abolición. Una de las principales enseñanzas de Europa era que la abolición solo podía lograrse aumentando la concienciación y fomentando el intercambio de ideas entre los países y las sociedades. Las experiencias de África, América, Asia y el Oriente Medio ponían de manifiesto que era posible avanzar gradualmente hacia la abolición mediante el diálogo y las actividades de promoción y que la pena de muerte no estaba vinculada a ninguna cultura o religión determinada.
Los miembros de la mesa redonda también recomendaron que continuaran las investigaciones, en particular sobre el perfil socioeconómico de las personas a las que se aplicaba la pena de muerte, para evaluar hasta qué punto resultaban importantes la pobreza y la falta de representación letrada y de acceso a la justicia.
La impunidad alimentaba el apoyo popular a la pena de muerte. A ese respecto, lo que se necesitaba era un discurso racional y sereno que tuviera en cuenta las diferentes perspectivas, incluidas las opiniones de las víctimas de delitos. Los miembros de la mesa redonda también pusieron de relieve que la lucha contra la impunidad solo podía tener éxito si las leyes nacionales eran efectivas y se aplicaban en la práctica.
Los miembros de la mesa redonda observaron asimismo que la falta de información sobre el uso de la pena de muerte no permitía a las víctimas y otras partes interesadas supervisar y cuantificar las prácticas que se seguían en algunos países. Los Estados debían proporcionar información completa sobre las condenas y las ejecuciones efectivas. La persona condenada, los abogados, los familiares y otros interesados también tenían derecho a ser informados sobre la ejecución.
Los miembros de la mesa redonda destacaron que los Estados que habían abolido la pena de muerte, y los que habían establecido una moratoria, debían seguir intercambiando información con los Estados que continuaban aplicándola. Celebraron que varios Estados abolicionistas se hubieran ofrecido a compartir sus experiencias, e instaron a los Estados que mantenían la pena de muerte a que reflexionaran sobre esas enseñanzas. En ese contexto, los miembros de la mesa redonda pusieron de relieve la función que desempeñaban el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de las Naciones Unidas, en particular los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y los procedimientos especiales, para promover debates sobre la abolición universal de la pena de muerte.
1  “Study on the question of the death penalty in Africa”, presentado por el Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte en África, de conformidad con la resolución ACHPR/Res.79 (XXXVIII) 05; aprobado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su 50º período ordinario de sesiones (24 de octubre a 7 de noviembre de 2011), Banjul (Gambia).
2  Puede consultarse en: www.achpr.org/news/2014/07/d150.
3  Resolución ACHPR/Res.42 (XXVI) 99.
4  Resolución ACHPR/Res.136 (XXXXIIII) 08.
5  Por falta de tiempo, no se pronunciaron las declaraciones de las siguientes delegaciones: Chile, China, Costa Rica, Consejo de Europa, Ecuador, Egipto, Fiji, Grecia, Santa Sede, Italia, Marruecos, Nepal, Nueva Zelandia, Nigeria, Polonia, Rwanda, España, Suiza, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Alulbayt Foundation. Todas las declaraciones pueden consultarse en la secretaría del Consejo de Derechos Humanos.
6  Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr., 1986.
7  Las salvaguardias fueron aprobadas el 25 de mayo de 1984 por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/50.
8  Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (documento de la Organización de la Unidad Africana CAB/LEG/24.9/49 (1990), que entró en vigor el 29 de noviembre de 1999), art. 30 e).
9  Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, observación general sobre el artículo 30 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, párr. 56, disponible en: www.refworld.org/pdfid/545b49844.pdf.
10  Sudáfrica, Tribunal Constitucional, State v. Makwanyane and Another, 1995 (6) BCLR 665.
11  El sexto Congreso Mundial contra la Pena de Muerte se celebrará en Noruega en 2016.
GE.15-12084 (S) 060815 070815
*1512084*

References: resolución 
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 artículo 4
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 artículo 30
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