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Timestamp: 2018-12-11 04:36:23+00:00

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Boletín 08/2012
Doctor DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO
Muchas expectativas e inquietudes ha generado la implementación de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Más allá del acondicionamiento infraestructural y de tecnología de la salas de audiencias y de los despachos judiciales, son varios los motivos que las generan, uno de ellos es el componente de oralidad en lo contencioso administrativo que tanto jueces como litigantes deben entrar a asumir; ello dentro del contexto de una jurisdicción caracterizada por muchas décadas bajo el desarrollo de procesos por el sistema esencialmente escritural. Es natural que en dicho contexto ciertas competencias orales, de síntesis argumentativa y de análisis de situaciones en cortos períodos de tiempo (como sucederá dentro de las diferentes audiencias) requieren ser fortalecidas. Es por ello que el reto para el abogado pero principalmente para el fallador, es bastante grande. Bajo el nuevo esquema el juez pasa a ser un sujeto visible, controvertible de manera directa y en algún caso cuestionado de manera inmediata. Ello le implicará usar sus destrezas a favor de una justicia pronta sin perder de vista la garantía sobre los derechos sustanciales que está llamado a proteger. Es indudable que la eficacia de la nueva normatividad dependerá en gran medida de una voluntad férrea encaminada hacia el respeto del derecho, de un conocimiento expedito sobre las normas y la jurisprudencia y, finalmente, de una destreza en competencias básicas por parte del aplicador del derecho; fortalezas que, entre otras cosas, las facultades de derecho del país deben asumir como eje transversal de formación de sus pensum académicos, de los cuales se exige reflejen los cambios jurídicos de un entorno, hoy en día, bastante mutable. El desafío para la Jurisdicción es grande pero la misma ha escrito una historia que también lo es. ¡Éxitos en dicho empeño a nuestra querida e inquebrantable Jurisdicción Contenciosa Administrativa! ¡Sabemos que saldrá avante!
El presente número del Boletín del Tribunal Administrativo del Cauca es contentivo en gran parte de sentencias de constitucionalidad a las cuales se ha dedicado con esmero parte de nuestra Corporación en estos meses mientras, de manera paralela se tramitan los procesos que llevaran a las primeras sentencias bajo el nuevo sistema de la Ley 1437 de 2011. De todas maneras, los procesos que comenzaron su trámite bajo la vigencia del anterior Código Contencioso Administrativo continúan bajo ese régimen y, por lo tanto, sus sentencias seguirán incorporándose en nuestras ediciones. De dicha producción están encargados los Despachos de los Magistrados Carmen Amparo Ponce Delgado, Pedro Javier Bolaños Andrade y Magnolia Cortés Cardozo, mientras que en desarrollo del nuevo sistema se encuentran los Despachos de los Magistrados Carlos Hernando Jaramillo Delgado, Naún Mirawal Muñoz Muñoz y David Fernando Ramírez Fajardo.
Esta edición contiene un total de treinta y seis (36) pronunciamientos de la Corporación e incluye un escrito doctrinal que reflexiona sobre el procedimiento contencioso administrativo bajo la Ley 1437 de 2011, de autoría del Doctor Juan Carlos Expósito Vélez, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (España) y profesor e investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado en Bogotá D.C., el cual fue publicado en la Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 6, segundo semestre de 2011, pp. 25-45.
Esperamos que el contenido de esta edición les sea de máxima utilidad y que nuestro Boletín continúe erigiéndose como herramienta necesaria de consulta para los análisis de casos de nuestros lectores.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.
1. HABEAS CORPUS/ Su aplicación es residual/ Toda petición relacionada con la libertad del actor debe ser tramitada exclusivamente en la Jurisdicción Ordinaria, dentro del proceso penal. 20120010101. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
2. ACCIÓN POPULAR/ Espacio público/Galería del Barrio Bolívar/Incongruencia entre lo pedido y lo decidido en la sentencia apelada/El litigio no se centra en si hay una invasión del espacio público que haga necesario ordenar la reubicación de los vendedores ambulantes/Revoca decisión del a quo/ Derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público/El acervo probatorio no demuestra su vulneración. 19001333100320100058801. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
3. ACCIÓN POPULAR/ Cerramiento y mantenimiento de lotes sin edificar/Corresponde al Municipio adelantar los trámites pertinentes para que los particulares dueños de los mismos cumplan con la respectiva normatividad. 19001333100420110008401 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz
4. TUTELA/ Debido proceso/Trámite para obtención de la tarjeta militar/Exoneración del pago de la cuota de de compensación militar para inscritos en el Sisben/ Artículo 6 de la Ley 1184 de 2008. 19001230000020120032800. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
5. TUTELA/ Derecho a la salud/ Las entidades accionadas no rehusaron la prestación del servicio/Revoca sentencia del a quo. 190013331005201200013101. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
6. TUTELA/ Internos/ Visitas familiares/El recluso debió acudir inicialmente al centro de reclusión y no primeramente a la tutela/ Falta de elementos probatorios sobre vulneración del derecho. 19001333100320120005501 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
7. TUTELA/ Internos/ Traslados/ Es competencia del INPEC/Núcleo familiar - hijos/No se ve afectado en razón de la reclusión penitenciaria. 19001333100520120004201 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
8. TUTELA/ Derecho de petición/ Hecho superado/Improcedencia de la tutela para obtener el reconocimiento de una pensión sanción/No se demostró perjuicio irremediable/Debe acudirse a la vía ordinaria. 19001233100220120011601 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
9. TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Para buscar la nulidad de la elección de un concejal/Debió acudirse al medio de control de nulidad electoral. 19001230000020120034900 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
10. TUTELA/ Internos/ Prótesis dentales/Confirma decisión del a quo que concedió. 1900123000002012006100 MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
11. TUTELA/ Derecho a la salud/ Preponderancia de la orden del médico tratante sobre la situación de que el medicamento se encuentre excluido del Plan de Servicios de las Fuerzas Militares. 19001230000020120032500. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
12. TUTELA/ Desvinculación del servicio de mujer embarazada/Fuero de maternidad vs. derecho de quien ganó concurso notarial por mérito/Ponderación. 19001333100520120008601 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
13. TUTELA/ Ayuda humanitaria/ Reasignación de turnos/Precedente de la Corte Constitucional referido a la prevalencia de la condición de madre cabeza de familia de la actora y a la discapacidad que padece su hijo/Modifica decisión del a quo. 19001333100420120013001 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. Tutela/ Derecho de petición/ Sobre reconocimiento de auxilio funerario/ Es competente la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGP, desde el 08 de noviembre de 2011. 19001333100420120005801 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. TUTELA/Desplazados/ Ayudas humanitarias/ Vulneración del mínimo vital/No se informó la fecha en la cual podía reclamarse la prórroga de la ayuda humanitaria/El no reclamar el subsidio dentro de término, no significa que el actor deje de cumplir con los requisitos para su reclamación. 19001230000020120038600. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
16. TUTELA/Concurso público/ El aportar el título de bachiller era una exigencia de la convocatoria que no se entiende subsumida en la acreditación del título de tecnólogo. 19001230000020120036000. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
17. TUTELA/ Derecho a la salud/ Enfermedad de Parkinson/ Forma parte de los procedimientos establecidos para tratar las afecciones del sistema nervioso contenidas en el artículo 59 del Acuerdo 029 de 2011 y, por lo tanto, se encuentra incluido en el POS S/ Acuerdo 032 de 2012 unificó los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado para personas entre 18 y 59 años de edad. 19001333100220120011801. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
18. TUTELA/Improcedencia de la acción/ Para buscar que el Gobierno Nacional, reglamente el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA. 19001230000020120033600. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
19. TUTELA/Improcedencia/ Para subsanar situaciones procesales dentro de un proceso ordinario. 190023300000201200038300 MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
20. TUTELA/Debido proceso/ Cobro realizado por empresa de energía eléctrica/ La entidad accionada debe dar trámite a los recursos interpuestos por vía gubernativa/Revoca decisión del a quo. 19001333100720120002201 MP/Carmen Amparo Ponce Delgado.
21. TUTELA/Derecho de petición/De Consulta/ Ley 1437 de 2011. 19001230000020120035700. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado
22. TUTELA/Improcedencia/ Para controvertir actos administrativos de nombramiento/ Situación de pre-pensionable/ Debe acudirse a la vía ordinaria/No se afectó mínimo vital. 19001230000020120034700. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
23. TUTELA/ Rechazo de solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida no vulnera derechos fundamentales en el sub judice/ La prohibición que establece el artículo 13 de la ley 100 de 1993 literal e), está relacionada solamente con el requisito de la edad para obtener el derecho de pensión/ Confirma decisión del a quo. 19001333100120120005201. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
24. TUTELA/ Interno/ Traslado de patio/ A Ex funcionario de la Policía Nacional/No correspondió a un actuar caprichoso de la administración. 19001333100820120004401. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
25. TUTELA/ Pensión de invalidez/Procedencia/ Vulneración del debido proceso administrativo por parte del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa. 201234300. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
26. TUTELA/ Debido proceso/ Pago de la bonificación por Mindefensa/Concede. 19001230000020120035600. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
27. TUTELA/ Improcedencia/ Para subsanar situaciones procesales dentro de un proceso de jurisdicción coactiva/Revoca decisión del a quo. 19001333100620120011701. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
28. TUTELA/Internos/Derecho a la salud/ Competencias del INPEC, de la EPS y de la Aseguradora/Servicios pos y NO pos/Modifica decisión de primera instancia. 19001333100820120008901. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
29. REPARACIÓN DIRECTA/Privación Injusta de Libertad/Representación de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. 19001333100220070025900. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
30. REPARACIÓN DIRECTA/ Accidente de tránsito/No se probó nexo causal/Los particulares debieron respetar las normas de tránsito/No hay responsabilidad administrativa por parte del municipio/Hecho de un tercero y culpa de la víctima como eximentes. 19001230000120070008200. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
31. REPARACIÓN DIRECTA/ Descuento ilegal de cesantías realizado por el FNA/ El hecho de que la entidad haya aceptado el descuento realizado a las cesantías del actor, no hace presumir los perjuicios causados en tanto no son un hecho notorio/Debe demostrarse el perjuicio. 19001333100420040244101. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
32. REPARACIÓN DIRECTA/ Indebida escogencia de la acción/ Pretensión dirigida a declarar que la entidad demandada está obligada a reconocer y ordenar el pago de las incapacidades/Se debió interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho.19001333100420040255701. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
33. REPETICIÓN/ Definición de situación jurídica de investigado penalmente por un Fiscal Especializado/Detención preventiva sin beneficio de libertad/Decisión revocada/El demandado actuó convencido de la legalidad de la decisión adoptada, sin que se infiera un actuar consciente y voluntario encaminado a desconocer el derecho a la libertad del investigado. 1900123000120050164600. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pensión Gracia/ Los servicios prestados por un docente de carácter nacional no tienen vocación para acreditar el requisito de haber laborado por más de veinte años. 19001230000120080028600. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
35. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Desvinculación del servicio/ Desviación de poder/Faltan elementos probatorios/Confirma sentencia del a quo. 20040181401. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
36. SALVAMENTO DE VOTO/ La decisión no debió ser la de declarar improcedente la tutela, sino la falta de legitimación en la causa para instaurar la acción de tutela/No se acompañó en el escrito de tutela el poder para actuar. 19001230000020120038300. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
Magistrado Ponente: DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO
Sentencia: 12 de julio de 2012
Expediente: 20120010101
Tema tratado: Su aplicación es residual/ Toda petición relacionada con la libertad del actor debe ser tramitada exclusivamente en la Jurisdicción Ordinaria, dentro del proceso penal.
“El Despacho A quo declara improcedente la acción constitucional invocada, dada su naturaleza subsidiaria, esto si se tiene en cuenta que dentro del proceso penal no se han agotado los medios otorgados por el legislador para atacar la decisión contraria a los intereses del actor. De la Inspección realizada al proceso se desprende que el actor, se encuentra actualmente privado de la libertad, en obedecimiento a una pena de prisión, puesto por una autoridad competente, quien luego de un proceso penal concluyó su responsabilidad penal frente a los hechos investigados. Proceso penal que gozó de las ritualidades propias del juicio penal, incluidos los recursos que en este caso el privado de la libertad tiene a su favor. Razón por la cual, toda petición relacionada con la libertad del actor constitucional, debe ser tramitada exclusivamente en la Jurisdicción Ordinaria, dentro del proceso penal y no bajo la invocación de la acción constitucional. De lo anteriormente expuesto, es entendido que lo solicitado a través de esta vía constitucional no puede ser de recibo por no ser el medio idóneo para definir la petición de libertad y por ser aquella una acción de carácter residual”.
Sentencia: 26 de julio de 2012
Expediente: 19001333100320100058801
Tema tratado: Espacio público/Galería del Barrio Bolívar/Incongruencia entre lo pedido y lo decidido en la sentencia apelada/El litigio no se centra en si hay una invasión del espacio público que haga necesario ordenar la reubicación de los vendedores ambulantes/Revoca decisión del a quo/ Derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público/El acervo probatorio no demuestra su vulneración.
“Como se puede observar, el actor no formuló una petición para que se ordenara la recuperación del espacio público aludiendo a su ocupación por vendedores ambulantes en el sector del Barrio Bolívar, señalando esa conducta como trasgresora de los derechos colectivos; por el contrario plantea es una vulneración de derechos por una reubicación de la Galería que el actor dice se pretende efectuar para en su lugar ubicar una biblioteca. Por ende el litigio y los argumentos de la defensa no se centran en si hay una invasión del espacio público que haga necesario ordenar la reubicación de los vendedores ambulantes. En este orden de ideas se hace ostensible la incongruencia entre lo pedido y lo decidido en la sentencia apelada en cuanto a la realización de actividades para la recuperación de las vías de las carreras 5 y 6 y las calles 2N y 1N, evitando que en adelante se vuelva a ocupar por parte de vendedores ambulantes, para que la misma sea destinada para el uso peatonal, toda vez que este supuesto de hecho no fue discutido por las partes demandante y demandada, variando sustancialmente el contenido de la conducta trasgresora de los derechos colectivos invocados. Por tanto, se revocará el numeral segundo de la sentencia recurrida. Respecto a la orden dictada por el Juez A-quo, para que el Municipio de Popayán dé cumplimiento al Acuerdo No. 31 de 1993, creando la Junta Mixta para la recuperación, manejo y desarrollo de las plazas de mercado de la ciudad, invirtiendo los beneficios que resultan del funcionamiento de las plazas de mercado en las mismas, presentando el balance de ingresos y egresos de las plazas de mercado, de manera trimestral, se observa en que a juicio del Juez ello es necesario para evitar la vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. Sin embargo, para que prospere una pretensión de tal entidad por violación a los derechos colectivos señalados, debería demostrarse una destinación indebida de los recursos públicos o un acto de corrupción, amañado o irregular de los beneficios resultantes de la Galería; pero como conforme al acervo probatorio no se demuestra tal hecho, no es factible inferir la vulneración de esos derechos. Ahora, en la forma en que el Juez fundamenta este punto particular de la destinación de los recursos, da a entender que lo que se configura es el presunto incumplimiento de un acto administrativo sin que se pruebe una conexidad real y no meramente hipotética con la violación a los derechos colectivos invocados, lo que podría llevar a inferir que lo planteado por el Juez hace parte de un análisis propio del marco de una acción de cumplimiento y no de una acción popular”.
Expediente: 19001333100420110008401
Tema tratado: Cerramiento y mantenimiento de lotes sin edificar/Corresponde al Municipio adelantar los trámites pertinentes para que los particulares dueños de los mismos cumplan con la respectiva normatividad.
“…concluye la Sala que le asiste razón al apelante en el sentido de manifestar, que en concordancia con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Popayán, contenido en el Acuerdo 06 de 2002, la obligación de cerramiento y mantenimiento de los lotes sin edificar, corresponde a una carga de los propietarios de dichos inmuebles. No obstante ello, la obligación de hacer cumplir lo dispuesto en las normas específicas del tema bajo estudio, a la luz de lo establecido en la Constitución Política de Colombia, sí corresponde al Municipio de Popayán, en cabeza del señor Alcalde, quien representa la primera autoridad administrativa de policía. Bajo esta premisa, es el Municipio de Popayán quien debe propender y adelantar todos los trámites administrativos pertinentes, para que los propietarios de los lotes no edificados de la Urbanización Santa Catalina II, den cumplimiento a las obligaciones legales que les corresponden, en especial de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial; luego entonces la Sala comparte la orden impartida en el numeral “1” del numeral “SEGUNDO” de la sentencia de primera instancia…”
Sentencia: 03 de julio de 2012
Expediente: 19001230000020120032800
Tema tratado: Debido proceso/Trámite para obtención de la tarjeta militar/Exoneración del pago de la cuota de de compensación militar para inscritos en Sisben/ Artículo 6 de la Ley 1184 de 2008.
“Una vez vencida la vigencia de la tarjeta provisional suministrada al actor, éste se acercó nuevamente ante el Distrito Militar número Veinte a fin de conseguir la expedición de la tarjeta militar definitiva; frente a ello, lo funcionarios de tal entidad le indicaron que debía pagar la denominada cuota de compensación militar y procedieron a expedirle las órdenes de pago con fecha 9 de abril de 2012 por valor de $ 977.000 (fl. 14) por concepto de cuota de compensación militar y de $85.000 (fl. 15) por el costo de los trámites de la tarjeta militar. Debido a lo anterior, el demandante envió un derecho de petición ante la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Distrito Militar Número Veinte radicado el día 2 de mayo de 2012, solicitando la exoneración de la cuota de compensación arguyendo que su familia era de escasos recursos puesto que únicamente dependían de los ingreso de su padre, y además se encontraba censado dentro del Nivel 3 del SISBÉN (fl. 9), para lo cual allegó ante la entidad una certificación expedida por el Administrador de la Base de Datos del SISBÉN del Municipio de Silvia – Cauca (fl. 16). No obstante, la entidad no acreditó haber emitido respuesta alguna ante la petición del actor. De conformidad con lo anterior, encuentra la Sala que el demandante no cuenta con una situación económica favorable en tanto, el hecho de haber sido censado como Nivel 3 en la encuesta del Sisbén, permite concluir que no está en la posibilidad de asumir la cuota de compensación establecida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993. Ahora bien, evidencia la Sala que el Distrito Militar Número Veinte, a pesar de haber sido informado de que el actor se encontraba incluido en el nivel 3 del Sisbén 3, a través del derecho de petición que radicó el día 2 de mayo de 2012, no procedió a dar aplicación al artículo 6 de la Ley 1184 de 2008 al momento de emitir la orden de pago de la cuota de compensación por valor de $972.000, en virtud de la cual se establece la exoneración de la cuota de compensación para aquellas personas que, como el actor, se encuentren inscritos en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. Así, se colige por esta Sala de decisión que la entidad demandada no ha respetado el derecho fundamental al debido proceso administrativo del actor, puesto que, a pesar de que el informó a entidad que está exonerado del pago de la cuota de compensación militar por pertenecer al nivel 3 del Sisbén, no ha sido emitida una respuesta en relación con la expedición de su tarjeta militar; luego entonces, la Sala tutelará tal derecho fundamental y ordenará a la entidad demandada valorar nuevamente la documentación remitida por el actor y explique las bases legales por medio de las cuales se fije la cuantía de los valores exigidos para la expedición de la libreta militar, a fin de que el interesado pueda interponer los recursos a los que haya lugar en caso de que le sea desfavorable”.
Sentencia: 31 de julio de 2012
Expediente: 190013331005201200013101
Tema tratado: Derecho a la salud/ Las entidades accionadas no rehusaron la prestación del servicio/Revoca sentencia del a quo.
“Con base en todo lo anterior, al evidenciar que los hechos en los cuales se basa la tutela no se encuentran demostrados sumariamente, pues si bien se probó que la paciente necesitaba una serie de tratamientos, que en parte ya se habían realizado, lo cierto es que ninguna de las entidades accionadas había rehusado su prestación, como está debidamente probado, lo cual fuerza a concluir que los derechos fundamentales de la accionante no se habían conculcado y por ende hace que la acción de tutela sea improcedente. En otras palabras, la vulneración del derecho fundamental de la salud como sustento de la presente acción de tutela no existe, pues de un lado SALUD VIDA no debía proveer el tratamiento, y por otro, la Secretaría Departamental de Salud del Cauca no ha sido requerida para que proporcione el mismo a la accionante”.
Sentencia: 16 de julio de 2012
Expediente: 19001333100320120005501
Tema tratado: Internos/ Visitas familiares/El recluso debió acudir inicialmente al centro de reclusión y no primeramente a la tutela/ Falta de elementos probatorios sobre vulneración del derecho.
“Por ende, en este caso no se analiza que lo afirmado en el escrito de tutela y la falta de respuesta del INPEC sobre el aspecto concreto de las visitas, sean suficientes para dar por cierto que al actor se le impide la visita de sus hijos por no exhibir un tiquete de transporte a efectos de entregarles el carnet de ingreso, cuando ni siquiera se demuestra que el actor tenga tales hijos menores de edad, que ellos residan en otra parte y que efectivamente se exija un requisito como el manifestado por el señor (….) para permitirles la visita familiar. Tampoco se evidencia que el actor haya puesto de presente esta inconformidad al centro de reclusión, sino que directamente acude a la tutela informando esta situación, todo lo cual permite inferir que no hay elementos de juicio contundentes que permitan establecer la violación del derecho a la unidad familiar y en consecuencia se revocarán los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia impugnada y en su lugar se denegará el amparo solicitado”.
Sentencia: 27 de julio de 2012
Expediente: 19001333100520120004201
Tema tratado: Internos/ Traslados/ Es competencia del INPEC/Núcleo familiar - hijos/No se ve afectado en razón de la reclusión penitenciaria.
“Si bien es cierto, los niños y niñas tienen derecho a una familia y a no ser separados de ella, a que se les brinde cuidado, amor, educación, recreación entre otros, aspectos que deben ser brindados por su núcleo familiar que puede estar conformado por sus padres únicamente, por uno de ellos o a falta de los mencionados, sus abuelos, tío y demás; y para el presente caso los presuntos hijos se encuentran con su madre quien tiene la obligación de velar para que se les garanticen sus derechos, no pudiendo ser brindados por el actor, por encontrarse recluido en un establecimiento penitenciario, a causa de haber cometido hechos delictivos de gran afectación social como lo es el homicidio, secuestro extorsivo, fabricación y porte de armas y municiones y el hurto, que lo llevó a separarse de su núcleo familiar por un tiempo, pero sin prohibirle la comunicación con los mismos. En consideración a lo expuesto se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia”.
Sentencia: 10 de julio de 2012
Expediente: 19001233100220120011601
Tema tratado: Derecho de petición/ Hecho superado/Improcedencia de la tutela para obtener el reconocimiento de una pensión sanción/No se demostró perjuicio irremediable/Debe acudirse a la vía ordinaria.
“Revisadas las pruebas allegadas al proceso se tiene que, frente a la vulneración del derecho de petición, se configura un hecho superado, dada la respuesta y notificación por parte de Ferrocarriles Nacionales del recurso de posición interpuesto por la actora en contra de la Resolución No. 2442 de 2011(visible a folio 43). En razón a lo anterior la Sala deberá confirmar la ocurrencia de hecho superado frente al derecho de petición. En relación a la pretensión de reconocimiento de la pensión sanción a través de la acción de tutela, se debe resaltar que dicha acción procede de manera subsidiaria y residual, cuando no exista un mecanismo legal para la protección de los derechos. En el caso particular la accionante cuenta con otro mecanismo idóneo para el reconocimiento del derecho alegado, como es el acudir a la vía ordinaria laboral, dada su condición de Trabajadora Oficial. En igual sentido, para que proceda la acción de tutela hay que analizar si se configura la existencia de un perjuicio irremediable, el cual como se mencionó requiere un mínimo de evidencia, que lo demuestre. En el caso que nos ocupa, la accionante no demostró ningún tipo de condición especial que le permita a esta Sala, tutelar el derecho solicitado de manera transitoria”.
Sentencia: 23 de julio de 2012
Expediente: 19001230000020120034900
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Para buscar la nulidad de la elección de un concejal/Debió acudirse al medio de control de nulidad electoral.
“¿Es procedente estudiar por vía excepcional de tutela la nulidad de la elección de un concejal, teniendo en cuenta que existe otro mecanismo de defensa judicial y que el mismo se encuentra afectado del fenómeno de caducidad? (…) La respuesta al problema jurídico planteado es negativa, toda vez que mal haría esta Corporación en estudiar de fondo el caso, cuando efectivamente, en la oportunidad procesal pertinente, el actor dejó vencer los términos para cumplir con su carga. Dicha aseveración cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que a la fecha, la acción natural para el estudio del sub examine, cual es el medio de control de nulidad electoral – en vigencia de la Ley 1437 de 2011-, se encuentra por mucho afectada del fenómeno de caducidad. Dicho de otra manera, lo que pretende la parte actora es revivir los términos procesales a través de esta vía, circunstancia que hacía improcedente el mecanismo de amparo al tenor de lo previsto por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, para suplir de esta manera con las cargas procesales que dejó de ejecutar”.
Sentencia: 11 de julio de 2012
Expediente: 1900123000002012006100
Tema tratado: Internos/ Prótesis dentales/ Concede/Confirma decisión del a quo.
“Es claro que el accionante carece de varias piezas dentales y para ello el médico tratante ordenó como tratamiento idóneo prótesis dentales. Ahora bien, al no poseer el actor sus piezas dentarias completas, ese solo hecho incide en la masticación y trituración de los alimentos, lo que obviamente genera a la postre un problema en las condiciones en su salud y en su comunicación con los demás, situación que no ha sido tratada de manera efectiva por la entidad demandada, violando con dicha omisión el derecho fundamental a la salud, el cual incide directamente sobre su dignidad humana, pues dificulta el desarrollo del sujeto como persona dentro del entramado social. Teniendo en cuenta que no existe prueba a través de la cual se demuestre que la entidad está realizando los procedimientos para garantizar el tratamiento al accionante, así como tampoco se evidencia la respuesta a las solicitudes elevadas, la Sala estima que se debe confirmar la sentencia”.
Expediente: 19001230000020120032500
Tema tratado: Derecho a la salud/ Preponderancia de la orden del médico tratante sobre la situación de que el medicamento se encuentre excluido del Plan de Servicios de las Fuerzas Militares.
“En este contexto, encuentra la Sala que la entidad demandada denegó el suministro del medicamento denominado Bupremorfina parches requeridos por el señor (…) sin justificación, pues no existe argumento alguno para que no haya sido suministrado el medicamento y sólo se le haya sugerido el estudio de otros similares. Tal situación se torna más gravosa, si se tiene de presente las especiales condiciones en las que se encuentra el señor GONZÁLEZ y que le impiden valerse por sí mismo para realizar cualquier actividad física. Corolario de lo antedicho, la Sala encuentra acreditada la necesidad del amparo de los derechos fundamentales, y por ende del suministro de los medicamentos excluidos del Plan de Servicios de Salud de las Fuerzas Militares, y en consecuencia se dará preponderancia a la orden librada por el médico tratante. De igual manera, dada la negligencia de la entidad demandada de cumplir con sus deberes, y atendiendo a la prestación de una atención integral de salud en los términos que ha señalado la jurisprudencia constitucional, se ordenará a la entidad demandada que se surta el tratamiento integral y entregue sin dilaciones injustificadas los implementos –tales como pañales- y medicamentos que los médicos tratantes prescriban para las patologías TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO SEVERO, HIDROCEFALÍA, MENINGITIS, VEJIGA NEUROGÉNICA y demás complicaciones que el estado de CUADRIPLEJÍA le pueda generar al actor”.
Sentencia: 25 de julio de 2012
Expediente: 19001333100520120008601
Tema Tratado: Desvinculación del servicio de mujer embarazada/Fuero de maternidad vs derecho de quien ganó concurso notarial por mérito/Ponderación.
“Comprende la Sala que en el caso en estudio, debe darse lugar a la ponderación que la Corte Constitucional en casos similares ha realizado, en relación con los derechos de la señora (…) por su calidad de mujer embarazada que tiene un cargo en provisionalidad, y que por ende goza del fuero de maternidad, frente al derecho que le asiste al señor (…), por ser él quien en virtud de la lista de elegibles tiene derecho a ser designado en la Notaría Única del Círculo de Caldono. De conformidad con la posición fijada por el Tribunal Constitucional en la sentencia T 088 de 2010, Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, y que se constituye en un precedente fáctico imperativo para la Sala en relación con el asunto que se decide, se tiene claro que la desvinculación de la señora (…) de la Notaría Única del Círculo de Caldono -realizada durante el estado de embarazo-, implica no sólo la vulneración de los derechos fundamentales de la actora, sino además los del niño que lleva en su vientre; luego entonces, tal como se advirtió en la citada jurisprudencia, se debe dar prelación a los derechos fundamentales de estos dos sujetos especiales de protección, extendiendo el amparo hasta que cese el fuero de maternidad, después de lo cual podrá el señor (…) tomar posesión como Notario Único del Círculo de Caldono. Finalmente, no quiere decir lo anterior que en la decisión exista un desconocimiento de los derechos que le asisten al señor (…), puesto que los mismos tienen completa vigencia, pero debido a las especiales condiciones de la señora (…) sólo podrán efectivizarse hasta después de los tres meses subsiguientes al parto. En vista de ello, la orden de protección de los derechos de la actora debe estar encaminada a suspender los efectos administrativos del nombramiento en propiedad del señor (…) durante la vigencia del fuero de maternidad de la actora; situación que de modo alguno puede confundirse con la pérdida de efectos del acto administrativo en cuestión. Así las cosas, la Sala comparte la decisión tomada en la primera instancia, en cuanto la misma concedió el amparo de los derechos fundamentales de la demandante y del niño que está por nacer, y además ordenó la suspensión de los efectos administrativos del nombramiento en propiedad del señor (…); razón por la que se confirmará”.
Sentencia: 19 de julio de de 2012
Expediente: 19001333100420120013001
Tema tratado: Ayuda humanitaria/ Reasignación de turnos/Precedente de la Corte Constitucional referido a la prevalencia de la condición de madre cabeza de familia de la actora y a la discapacidad que padece su hijo/Modifica decisión del a quo.
“….la Sala considera que de acuerdo con el precedente de la Corte Constitucional, el numeral segundo de la sentencia impugnada debe ser modificado, en el sentido de, ordenar a la entidad accionada que en el término de cuarenta y ocho horas reasigne el turno dado a la señora María Cecilia para que reciba la ayuda humanitaria, teniendo en cuenta la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T – 182 de 2012, esto es, considerando la condición de madre cabeza de familia de la actora y la discapacidad que padece su hijo. Adicionalmente la Sala observa la necesidad de ordenar a una autoridad concreta el cumplimiento de la orden de tutela y no sólo de manera genérica a la entidad demandada como lo hizo el Juez A-quo, para efectos de lograr una mayor efectividad en caso de que no se acate el fallo y se deban adelantar las actuaciones sancionatorias pertinentes para lograr que se cumpla con la decisión; por esta razón la orden de tutela se impartirá de manera específica a la DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, quien fue notificada a través de la Unidad Territorial Cauca de la presente acción – fol. 19-.”
Expediente: 19001333100420120005801
Tema tratado: Derecho de petición/ Sobre reconocimiento de auxilio funerario/ Es competente la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGP, desde el 08 de noviembre de 2011.
“Así las cosas, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensiónales y prestaciones económicas, como el auxilio funerario, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011 le corresponden a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, pues con anterioridad a esa fecha quien se encarga de esos asuntos es CAJANAL, hasta tanto la UGPP asuma la totalidad de funciones que le correspondía a esa entidad. Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el proceso tenemos que la accionante elevó a CAJANAL una petición el 30 de octubre de 2.007, la cual volvió a realizar el 10 de junio de 2.008, por tanto de conformidad con la normatividad anteriormente referida es claro que la UGPP, es incompetente para resolver sobre las peticiones debido a su fecha de presentación. Se resalta que no existe prueba que CAJANAL haya enviado documentación alguna a la UGPP, tal como lo indica ésta en el escrito de impugnación. Ahora bien, la decisión del A quo es acertada al afirmar que aun cuando el no pago del auxilio funerario no tenga la entidad de vulnerar el derecho al mínimo vital de la accionante, lo cierto es que se le ha violentado el derecho de petición pues no se le había brindado una repuesta sobre la petición del reconocimiento y pago del auxilio funerario que reclamaba”.
Sentencia: 30 de julio de 2012
Expediente: 19001230000020120038600
Tema tratado: Desplazados/ Ayudas humanitarias/ Vulneración del mínimo vital/No se informó la fecha en la cual podía reclamarse la prórroga de la ayuda humanitaria/El no reclamar el subsidio dentro de término, no significa que el actor deje de cumplir con los requisitos para su reclamación.
“De esta manera, y en los términos de la H. Corte Constitucional, considera la Sala que se configura la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital del accionante, al no habérsele informado en decida forma la fecha en la cual podía reclamar el dinero girado por concepto de prórroga de ayuda humanitaria. En consonancia de lo anterior, si se tiene en cuenta que según lo manifestado por la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS, al actor se le tendría que realizar un nuevo proceso de caracterización y volverlo a colocar en turno de espera, cuando ya se concluyó que el señor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ, cumple con los requisitos para ser beneficiario de la prórroga de la ayuda humanitaria, para esta Corporación, dicha posición atenta contra la finalidad de protección inmediata de la ayuda humanitaria, pues no tiene lógica que tenga que repetirse tal valoración, cuando el actor ya cumplió con los requisitos establecidos para dicho trámite. Concluir de una manera diferente, implicaría aceptar, que por el solo hecho de que pasaren los 30 días sin que el actor reclame el subsidio concerniente a la ayuda humanitaria para la población desplazada, se presuma que el beneficiario deja de cumplir con los requisitos que ya fueron estudiados y avalados por la entidad accionada”.
Expediente: 19001230000020120036000
Tema tratado: Concurso público/ El aportar el título de bachiller era una exigencia de la convocatoria que no se entiende subsumida en la acreditación del título de tecnólogo.
“La señora (…), interpone acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, al debido proceso y acceso a la función pública, al ser desvinculada de la Convocatoria 001 de 2005, bajo el argumento de que al no anexar el diploma de bachiller, incumplió con los requisitos mínimos exigidos para el empleo. Revisadas las pruebas allegadas al proceso, se tiene que, respecto al incumplimiento de los requisitos exigidos por el perfil, la accionante si bien no aportó el diploma de bachiller, si lo hizo respecto del diploma de Tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera, en consecuencia, se verificó los requisitos exigidos por el SENA, para el ingreso a los cursos técnicos profesionales o tecnólogos y se constató que, los aspirantes deben acreditar la aprobación del grado once. En el caso particular, se puede concluir que, la accionante al obtener el título de tecnólogo, debió previamente acreditar su título de bachiller”.
Expediente: 19001333100220120011801
Tema tratado: Derecho a la salud/ Enfermedad de Parkinson/ Forma parte de los procedimientos establecidos para tratar las afecciones del sistema nervioso contenidas en el artículo 59 del Acuerdo 029 de 2011 y, por lo tanto, se encuentra incluido en el POS S/ Acuerdo 032 de 2012 unificó los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado para personas entre 18 y 59 años de edad.
“Teniendo en cuenta que la enfermedad de párkinson (padecida por el Agenciado) “es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central” y que la ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA BILATERAL, “es un tratamiento quirúrgico usado para tratar una variedad de síntomas neurológicos invalidantes más comúnmente los síntomas debilitantes de la enfermedad de Parkinson, tales como el temblor, la rigidez, el agarrotamiento, el movimiento lento y los problemas para caminar que incluye la implantación de un dispositivo médico llamado a un marcapasos cerebral, que envía impulsos eléctricos a partes específicas del cerebro”, se puede deducir que este procedimiento hace parte de los procedimientos establecidos para tratar las afecciones del sistema nervioso contenidas en el artículo 59 del Acuerdo 029 de 2011 y que por lo tanto se encuentra incluido en el POS S. De lo anterior se concluye que el tratamiento requerido por el Señor (…) “ESTIMULACION PROFUNDA CEREBRAL BILATERAL” se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud descrito en el Acuerdo 029 de 2011, como ya se dejó visto, más, teniendo en cuenta que mediante Acuerdo 032 de 2012, la Comisión unificó los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado para personas entre 18 y 59 años de edad, (rango de edad en el cual se encuentra el agenciado) y que por lo tanto es la EPS S SALUD VIDA la entidad competente para cubrir dicho procedimiento”.
Expediente: 19001230000020120033600
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Para buscar que el Gobierno Nacional, reglamente el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA.
“La Sala considera que las pretensiones de la parte actora, no son propias de ser resueltas a través de la acción de tutela, puesto que lo que se busca es que el Gobierno Nacional a través de los organismos pertinentes, reglamenten en forma precisa el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA, situación que desborda los límites de esta acción constitucional, la cual, conforme a los precedentes jurisprudenciales ya descritos, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. En este orden de ideas, si lo que busca la entidad accionante es el cumplimiento de leyes o de actos administrativos u otras normas con fuerza material de ley, la acción pertinente es la acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la constitución Política y regulada en la ley 393 de 1997, o si lo que pretende es que la normatividad existente desaparezca por encontrarla contraria a la constitución o la ley, las acciones pertinente serían la acción de inconstitucionalidad, si busca demandar la inexequibilidad de una ley o de un decreto con Fuerza de Ley, conforme al artículo 241 numerales 3 y 5 de la Constitución Política, o la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, si se trata de demandar un decreto reglamentario proferido por el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 237 de la constitución Política y el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Expediente: 190023300000201200038300
Tema tratado: Improcedencia/ Para subsanar situaciones procesales dentro de un proceso ordinario.
“Igualmente, no probó la tutelante la eventual configuración de un perjuicio irremediable, para enfocar la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto el fondo del asunto se traduce en que una entidad pública no ha aportado una prueba documental, sin que ello conlleve per se la existencia o configuración de un perjuicio y por tanto la acción constitucional deviene improcedente, en atención a que busca subsanar una situación procesal dentro de un proceso ordinario, para el cual se encuentran previstas diferentes herramientas que permiten controvertir las distintas actuaciones de las partes. Ahora bien, siendo que el asunto primigenio (reparación directa), se encuentra en curso, queda a potestad del juez administrativo al tenor legal, tomar las medidas conducentes a que efectivamente se arrime la prueba al expediente, mas no como lo pretende la parte actora, traer dicha prueba bajo una respuesta de derecho de petición en este momento procesal, situación que se torna improcedente bajo la luz del artículo 29 constitucional, tal y como esta Sala lo consideró en antecedente citado por la Juez de Primera Instancia”.
Sentencia: 09 de julio de 2012
Expediente: 19001333100720120002201
Tema tratado: Debido proceso/ Cobro realizado por empresa de energía eléctrica/ La entidad accionada debe dar trámite a los recursos interpuestos por vía gubernativa/Revoca decisión del a quo.
“En el presente caso, el actor considera que las entidades accionadas están violando sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al no dar trámite a los recurso de reposición y subsidio apelación interpuestos por el mismo contra la decisión contenida en el acto administrativo emitido por la Compañía Energética de Occidente el día 29 de diciembre de 2011 (Fl. 16), y al negarse por parte de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios el recurso de queja.(…) En efecto, precisa la Sala que lo pretendido por el actor con la acción de tutela, no es controvertir el acto administrativo que niega la reclamación presentada frente a los conceptos facturados desde el mes de junio hasta noviembre de 2011 por la empresa, sino lograr que las entidades demandadas den trámite a los recursos interpuestos contra el acto mencionado con el fin de agotar la vía gubernativa, y por tanto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no surge como medio idóneo para tal efecto como lo consideró el A quo, toda vez que para acudir a la misma se requiere agotar la vía gubernativa, que se reitera las entidades negaron al actor. En ese entendido, la presente acción resulta ser procedente. (…)”
Sentencia: 17 de julio de 2012
Expediente: 19001230000020120035700
Tema tratado: Derecho de petición/De Consulta/ Ley 1437 de 2011
“…la respuesta fechada 19 de junio de 2012 no satisface de manera plena el derecho de petición toda vez que no se atienden de forma completa los requerimientos del actor y si bien es importante cumplir con los términos que las normas indican para suministrar una respuesta, esta debe absolver plenamente lo planteado por el peticionario, con claridad y congruencia respecto a lo solicitado. Es decir, no basta con cumplir el término para emitir una respuesta, sino que además esta debe tener unas características materiales que permitan cumplir con los fines y objeto del derecho de petición. La Sala precisa que cuando la entidad no pueda resolver las peticiones dentro de los 30 días siguientes a su recibo –al tratarse de una consulta como en el caso concreto, en los términos del numeral 2º del art. 14 de la ley 1437 de 2011-, ello se debe informar al interesado señalando a la vez la fecha en que se resolverá, teniendo en cuenta que debe ser un plazo razonable que no podrá exceder del doble del término inicialmente fijado para resolver (art. 14 de la Ley 1437 de 2011 y regulado en el artículo 6 del Decreto 01 de 1984)”.
Expediente: 19001230000020120034700
Tema tratado: Improcedencia/ Para controvertir actos administrativos de nombramiento/ Situación de pre-pensionable/ Debe acudirse a la vía ordinaria/No se afectó mínimo vital.
“La accionante el 29 de mayo de 2012 solicitó al Director General del ICBF que se le aplicara el Decreto 3905 de 2009 y la Ley 790 de 2002 dada su condición de prepensionable, ordenando su permanencia en el cargo de directora regional hasta que sea incluida en la nómina de pensionados del ISS, puesto que ya radicó los documentos exigidos (…) Visto lo anterior, la Sala considera que en el caso bajo estudio no es procedente la acción de tutela, a pesar de que la actora advierte que al cambiar de cargo, se le afectaría el promedio salarial para la liquidación de su pensión de jubilación en tanto que el valor del salario de profesional universitario, código 2044, grado 09, es menor al salario que ella percibía en el cargo de directora regional, código 0042, grado 18 del ICBF, toda vez que tal hecho, contrario a lo afirmado por la accionante, no constituye un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que aquella sigue percibiendo un salario mensual, y al ser empleada continúa realizando el respectivo aporte para pensión, con lo cual se le garantiza su mínimo vital y que pueda adquirir el reconocimiento de dicha prestación social. Además la señora (….) cuenta con otro mecanismo de defensa para la protección de sus derechos, esto es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa que resulta idóneo por cuanto de acuerdo con el artículo 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, quien presenta una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede solicitar como medida cautelar, suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3° del artículo 230), decisión que debe ser tomada por el juez o magistrado competente, aplicando un procedimiento que cuenta con términos perentorios, lo cual garantiza la celeridad en su trámite y decreto”.
Expediente: 19001333100120120005201
Tema tratado: Rechazo de solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida no vulnera derechos fundamentales en el sub judice/ La prohibición que establece el artículo 13 de la ley 100 de 1993 literal e), está relacionada con el solamente requisito de la edad para obtener el derecho de pensión/ Confirma decisión del a quo.
“….la Sala considera que en el caso concreto, se evidencia que al momento de radicar la primera solicitud de cambio de régimen el 04 de octubre de 2007, la señora Carmen Elena Montenegro contaba con 47 años, 7 meses y 14 días de edad y por ende, según su intención de pensionarse en los términos del Régimen de Prima Media, esto es lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 es decir, con 55 años y 1000 semanas cotizadas, y que al momento de solicitar el traslado ya se encontraba incursa en la prohibición legal del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que fue declarada constitucional y relacionada con la imposibilidad de trasladarse de régimen pensional cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. (Subraya la Sala). Es importante para la Sala resaltar que la prohibición que establece el artículo 13 de la ley 100 de 1993 literal e), está relacionada con el requisito de la edad para obtener el derecho de pensión de que trata el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y NO con el cumplimiento de los dos requisitos, es decir, edad y semanas cotizadas como lo ha asegurado la accionante en el escrito de impugnación. Por lo anterior la decisión de rechazar la solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida no vulnera los derechos fundamentales de la accionante y por el contrario, se ajusta al ordenamiento jurídico; en este orden de ideas se confirmará el fallo impugnado”.(resaltas del texto original)
Expediente: 19001333100820120004401
Tema tratado: Interno/ Traslado de patio/ A Ex funcionario de la Policía Nacional/No correspondió a un actuar caprichoso de la administración.
“Si bien es cierto, el actor refiere que la medida de cambio de patio corresponde a un exceso por parte de la administración, con el que se desconoció la calidad de ex funcionario –Policía Nacional- y la protección a la que éstos por mandato legal y constitucional tienen derecho, teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente, para esta Corporación es claro que, contrario sensu a lo planteado por la parte actora, la medida de cambio de patio, no obedece bajo ningún precepto a un actuar caprichoso de la administración. Teniendo en cuenta que el Pabellón No. 1 – en el que se encuentra actualmente recluido-, está destinado a albergar internos que posean cualidades especiales, descritas en el artículo 29 de la ley 65 de 1993 y funcionarios o exfuncionarios de la fuerza pública, concluye la Sala que tal decisión sólo responde al cumplimiento de lo reglado en la Resolución No. 20 de marzo 8 de 2012 “Por la cual se reforma la Resolución No. 19 del 27 de abril de 2005 “Reglamento interno del Establecimiento Penitenciario de Popayán”” , es decir, a la de prevenir atropellos a sus derechos fundamentales, evitando ubicarlo en un patio distinto al que debe estar”.
Expediente: 201234300
Tema tratado: Pensión de invalidez/Procedencia/ Vulneración del debido proceso administrativo por parte del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa.
“Revisado el expediente y las pruebas allegadas a él, la Sala encuentra que la acción impetrada es procedente por la violación por parte de la entidad accionada, al derecho fundamental al debido proceso administrativo, dado que la Resolución N°1470 del 20 de abril de 2012, expedida por el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, que le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al actor, tuvo como fundamento la Evaluación de la Junta Médica Laboral N° 29135 del 5 de marzo de 2009, sin tener en cuenta la última Evaluación de esta misma junta distinguida con el N° 44482, del 15 de junio de 2011 la cual finalmente, le reconoció una disminución de la capacidad laboral de 91.72% al accionante. De igual manera, de la contestación de la demanda se evidencia, que la Resolución N° 020 del 14 de junio de 2011 expedida por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, que declaró la ineficacia del artículo 1° del Acta de la Junta de Evaluación Médica laboral N° 29135 del 5 marzo de 2009, en la cual se declaró inicialmente una pérdida de capacidad laboral del 68,32%, fue enviada al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio el 10 de julio de 2012, es decir, dos meses después de proferir la Resolución que decidió negar la pensión de invalidez, motivo por el cual esta negativa tuvo como fundamento un acto que ya no tenía la entidad para producir efectos jurídicos. Esta actuación violatoria del debido proceso administrativo por parte de la entidad accionada, vulnera de contera el derecho a la dignidad humana y el mínimo vital de una persona que como el accionante, padece un grado extremo de invalidez”.
Expediente: 19001230000020120035600
Tema tratado: Debido proceso/ Pago de la bonificación por Mindefensa/Concede
“(…) Considera la accionante que con la demora en el pago de la bonificación prevista en la Directiva Permanente No. 16 del 23 de julio de 2007, emanada del Ministerio de Defensa Nacional ($2.149.400) se le está vulnerando su derecho al debido proceso (…) En este caso considera la Sala que ha trascurrido tiempo suficiente para que el accionado hubiere resuelto y agotado todo el trámite para previo a su cargo (disponibilidad presupuestal, estudio del caso, etc) para proceder al pago de la bonificación, o en su defecto informar el avance del trámite, vulnerándose el derecho al debido proceso de la actora. Se le debe indicar el turno que le corresponde y el último agotado, para que la Actora tenga una expectativa fundada de su reclamación y pueda hacerle el seguimiento”..
Sentencia: 24 de julio de 2012
Expediente: 19001333100620120011701
Tema tratado: Improcedencia/ Para subsanar situaciones procesales dentro de un proceso de jurisdicción coactiva/Revoca decisión del a quo.
“En desacuerdo se encuentra la parte actora con la sentencia de primera instancia que no tuteló el derecho fundamental del debido proceso administrativo al considerar que hubo indebida notificación del mandamiento de pago proferido dentro del proceso de jurisdicción coactiva (…) Proferida la sentencia de primera instancia, la Coordinadora de Jurisdicción Coactiva del Instituto Nacional de Vías –INVIAS- dictó el Auto No. 34 del 04 de junio de 2012 por medio del cual ordena seguir adelante la ejecución, secuestro y remate del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-18363 dentro del proceso coactivo No. 5139. En la primera actuación dentro del proceso, los apoderados pudieron haber evitado la convalidación de la irregular notificación, solicitando la nulidad por dicha causal, sin embargo no se hizo y el escrito contentivo de excepciones sólo fue allegado el 18 de abril de 2012, esto es, en forma extemporánea, lo que jurídicamente se traduce en una ausencia de contestación, circunstancia que no puede entrar a suplir la acción de tutela. El auto que ordena la ejecución, si bien no es susceptible de recurso alguno, si lo es de control jurisdiccional de conformidad con el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, que comenzó a regir el 02 de julio de 2012, por lo que desde esta otra arista tampoco se cercena el derecho de defensa a los actores y la acción de tutela se torna improcedente”.
Expediente: 19001333100820120008901
Tema tratado: Internos/Derecho a la salud/ Competencias del INPEC, de la EPS y de la Aseguradora/Servicios pos y NO pos/Modifica decisión de primera instancia.
“Ahora bien, respecto de las competencias de cada una de las entidades vinculadas al presente proceso, se observa que cada una debe adelantar gestiones para poder tratar las afecciones del demandante, debido a que CAPRECOM EPS debe suministrar todos los tratamientos que se encuentren incluidos en el POS-S, y reportar cuales son los que el actor necesita pero que corresponden a contenidos no POS-S. El INPEC debe cotizar ante una IPS o un profesional de la salud que cuente con las calidades para poder suministrar el servicio no POS, y además reportarlos ante la Aseguradora QBE S.A.; para que ésta finalmente emita los respectivos respaldos económicos, y así se produzca la prestación del servicio. En ese sentido, la Sala comparte la decisión tomada en la primera instancia, en tanto la misma concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor, no obstante, se halla que la orden de protección no se podía impartir únicamente a CAPRECOM EPS, pues ésta se encarga de prestar los servicios incluidos en el POS-S, y prescribir los no POS, a fin de que el INPEC inicie los trámites para contratar con una IPS o profesional de la salud para la prestación del servicio requerido por el interno, los cuales finalmente pagará la Aseguradora QBE S.A. Es decir, debió impartir la orden a cada una de las entidades vinculadas al presente proceso, por tanto estima la Sala que la sentencia de primera instancia efectivamente desconoció parcialmente el marco de competencias aplicables al sub lite”.
Expediente: 19001333100220070025900
Tema tratado: Privación Injusta de Libertad/Representación de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.
“Respecto al tema, podemos indicar que en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (ley 270 de 1996), la representación judicial de la Nación – Rama Judicial, para todo tipo de procesos se fijó en el Director Ejecutivo de Administración Judicial; pero, en tratándose de la Fiscalía General de la Nación, dicha representación varió a partir de la vigencia del artículo 49 de la ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, conforme al cual, si bien por regla general esa representación en materia contencioso administrativa sigue en cabeza del Director Ejecutivo de Administración Judicial, ahora el Fiscal General lleva la representación de la Nación - Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, en tratándose de la persona jurídica denominada Nación, se tiene que ésta es una sola, quien en la relación jurídico-procesal de este asunto, ocupa la posición de demandada, pero, por determinación del legislador, ha de estar representada de modo diferente según sea la rama de poder, órgano o dependencia a quien de manera específica se atribuya el acto objeto de juzgamiento, ó el hecho, omisión u operación administrativa en que se funde la demanda de responsabilidad extracontractual que se le impute al Estado. Es así, como en el caso sub examine, se atribuye la detención y/o privación injusta de la libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación; en ese sentido la demanda estuvo bien dirigida, por ser la Nación la persona jurídica a quien se imputan los hechos señalados como fuente de los perjuicios reclamados, representada por el Fiscal General de la Nación a quien finalmente también se le notificó la admisión de la demanda, en consecuencia se encuentra legitimada en la causa por pasiva”.
Expediente: 19001230000120070008200
Tema tratado: Accidente de tránsito/No se probó nexo causal/Los particulares debieron respetar las normas de tránsito/No hay responsabilidad administrativa por parte del municipio/Hecho de un tercero y culpa de la víctima como eximentes.
“Teniendo de presente los hechos probados arriba relatados, y la contextualización de éstos con las normas de tránsito referidas, no puede llegarse a conclusión distinta a la de que en el sub judice no se configura el nexo de causalidad entre el daño sufrido por la parte actora y la falla en el servicio que se le atribuye al Municipio de Miranda; toda vez que la falta de señalización por parte de esa entidad territorial no fue la causa eficiente de la ocurrencia del accidente, en tanto los conductores de los vehículos colisionados debían de todas formas detenerse preventivamente a verificar si había uno que tuviera prelación por venir desde la derecha. Lo anterior conduce a esta Sala de decisión a concluir que, frente al Municipio de Miranda, no hay una adecuada relación de causalidad respecto de los hechos que dieron lugar al daño y los perjuicios alegados por la parte demandante, en tanto, a pesar de la no existencia de la señalización, era obligación del conductor del tractor y de los motociclistas respetar las normas de tránsito preestablecidas, siendo el primero el causante principal del accidente y los segundos favorecedores de las condiciones del mismo. Luego entonces, no puede atribuirse responsabilidad administrativa a esta entidad territorial, bajo los hechos y conductas de terceros ajenos a ella. Así las cosas, se comprende que están probadas la concurrencia de las eximentes de responsabilidad del hecho de un tercero -atribuible al conductor del tractor-, y de culpa de la víctima, toda vez que los motociclistas transitaban a alta velocidad sin los elementos protectores reglamentarios, que rompen el nexo causal entre la falla atribuida y el perjuicio ocasionado al demandante. Situación de la que se desprende la negación de las pretensiones en contra del Municipio de Miranda – Cauca”.
Expediente: 19001333100420040244101
Tema tratado: Descuento ilegal de cesantías realizado por el FNA/ El hecho de que la entidad haya aceptado el descuento realizado a las cesantías del actor, no hace presumir los perjuicios causados en tanto no son un hecho notorio/Debe demostrarse el perjuicio.
“Del anterior documento, se infiere que el Fondo Nacional del Ahorro, en el mes de octubre del año 2002, efectivamente realizó un descuento de las cesantías del señor (…) por el valor de $373.584.oo, dinero que posteriormente fue reintegrado según se observa en el extracto individual de cesantías del actor, junto con una suma de dinero por el valor de $34.854.oo, para un total de $ 408.436.oo; en este orden, se encuentra acreditado si bien la entidad realizó un descuento en las cesantías del actor, la misma procedió a reintegrar el dinero debidamente actualizado, de donde se colige que el actor no sufrió pérdida financiera por el retiro temporal del dinero de su cuenta. Ahora, precisa la Sala que a pesar de que se acreditó el hecho consistente en el descuento realizado a las cesantías del demandante, no se logró demostrar los daños o perjuicios causados con ocasión al mismo. Al respecto sostiene el apoderado de la parte actora que el sólo hecho de que la entidad haya aceptado el descuento ilegal realizado a las cesantías del actor, hace presumir los perjuicios causados en tanto son un hecho notorio y que en virtud del inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no requiere ser probado. Pues bien, considera la Sala que el daño alegado por el apelante no puede entenderse como un hecho notorio que no requiere prueba, dado que no cumple con los requisitos para considerarse como tal”.
Expediente: 19001333100420040255701
Tema tratado: Indebida escogencia de la acción/ Pretensión dirigida a declarar que la entidad demandada está obligada a reconocer y ordenar el pago de las incapacidades/Se debió interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
“De conformidad con lo anterior, resulta claro que la pretensión dirigida a declarar que la entidad demandada está obligada a reconocer y ordenar el pago de las incapacidades, se encuentra ligada a la declaratoria de ilegalidad del acto que negó dicho pago, dado que el daño que se reclama en la demanda tiene como causa una decisión administrativa y no una omisión de la administración como lo alega el actor. En este orden entonces, comparte la Sala la decisión adoptada por el A quo, en tanto es evidente que hubo una indebida escogencia de la acción, pues la acción que debió intentar el actor, era la de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del acto administrativo que dispuso negar el pago de las incapacidades, y no como erradamente lo hizo, la de Reparación Directa, siendo preciso recordar que el manejo de las acciones no depende del libre albedrío del actor, sino ante todo de la situación fáctica y jurídica que se ha presentado”.
Expediente: 1900123000120050164600
Tema tratado: Definición de situación jurídica de investigado penalmente por un Fiscal Especializado/Detención preventiva sin beneficio de libertad/Decisión revocada/El demandado actuó convencido de la legalidad de la decisión adoptada, sin que se infiera un actuar consciente y voluntario encaminado a desconocer el derecho a la libertad del investigado.
“En ese sentido, la Sala considera que el (…), en su calidad de Fiscal Décimo Especializado del Cauca, en cumplimiento de sus funciones definió la situación jurídica del investigado por el delito de hurto, Sr.(…), después de realizar un análisis ponderado de las pruebas recaudadas en el asunto y de referirse a la figura jurídica denomina flagrancia y cuasiflagrancia, para concluir que conforme las normas vigentes para la fecha de los hechos (Decreto 2700 de 1991), se cumplían con los requisitos para ordenar la detención preventiva sin beneficio de libertad del implicado. Decisión que posteriormente fue objeto del recurso de apelación desatado por la Unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en la cual el funcionario judicial nuevamente realizó un estudio de flagrancia y cuasiflagrancia, para concluir que en ese caso no se presentaban; y en consecuencia, declaró la nulidad de lo actuado y ordenó la libertad los investigados. En consideración a lo anterior hay lugar a deducir que cuando el fiscal demandado adoptó la decisión relacionada con la restricción de la libertad, hizo uso de la hermenéutica jurídica o interpretación de las normas en el caso concreto, de tal manera que el demandado actuó convencido de la legalidad de la decisión adoptada, sin que se infiera un actuar consciente y voluntario para desconocer el derecho a la libertad del investigado penalmente, pues, su actuación, se repite, se derivó de la estricta aplicación de la normatividad vigente por parte de dicho operador jurídico. Para la Sala, el hecho de que el operador judicial que resuelve el recurso de apelación, revoque la decisión adoptada en primera instancia, no constituye por sí solo hecho constitutivo de dolo o culpa grave en los términos legales definidos por el Código Civil, norma aplicable en este caso, pues ello equivaldría a establecer una responsabilidad objetiva”.
Sentencia: 12 de junio de 2012
Expediente: 19001230000120080028600
Tema tratado: Pensión Gracia/ Los servicios prestados por un docente de carácter nacional no tienen vocación para acreditar el requisito de haber laborado por más de veinte años.
“Con la certificación examinada, se establece que el demandante prestó sus servicios por más de 20 años, como docente de carácter nacional y de carácter nacionalizado, siendo vinculado a este último, en fecha posterior al 31 de diciembre de 1980. Por lo tanto, resulta claro que el actor no cumple con los requisitos requeridos para el reconocimiento de la pensión gracia. Ahora bien, alega la parte demandante que el señor Clever Renato Guzmán Bermeo tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, en tanto se desempeñó como docente en el campo de enseñanza primaria y en el de normalista, tiempos de servicios que considera son válidos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia. Pues bien, al respecto debe precisar la Sala que las normas que regulan la pensión gracia, “no se limitan a los maestros de primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre y cuando la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional y la misma se haya efectuado hasta el 31 de diciembre de 1980. En este orden, precisa la Sala que los servicios prestados por un docente de carácter nacional, no tienen vocación para acreditar el requisito de haber laborado por más de 20 años para la obtención de la pensión gracia, puesto que de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 2º, del artículo 15 de la ley 91 de 1989, en tal caso, el interesado debe ajustarse a los requisitos previstos en esta norma. Así entonces, dado que en el presente asunto no se cumple con los requisitos exigidos en la ley, no tiene el actor derecho al reconocimiento de la pensión gracia consagrada en la ley 114 de 1913. En consecuencia, se procederá a denegar las súplicas de la demanda”.
Expediente: 20040181401
Tema tratado: Desvinculación del servicio/Desviación de poder/Faltan elementos probatorios/Confirma sentencia del a quo.
“De la prueba documental aportada al proceso y susceptible de ser valorada, considera la Sala que no se logra determinar la existencia de la causal de desviación de poder señalada por la Sra. Liliana Campo Granados, en atención a que sólo demuestra la situación administrativa de ésta durante el tiempo que estuvo vinculada en la entidad demandada. No se logra demostrar ni siquiera de manera indirecta la afirmación hecha por la accionante de que la expedición del acto obedeció a razones diferentes al buen servicio, sin que se logre establecer claramente a cuales se refiere. Se tiene que para declarar la existencia del vicio de desviación de poder, como alude a ese aspecto interno o intelectual de quien expidió el acto, era menester que se allegara al fallador una prueba indiciaria o indirecta que valorada con todo el acervo probatorio, permitiera vislumbrar esa finalidad contraria a la moralidad administrativa o al derecho, en la que incurre quien expide el acto, pues solamente se cuenta con los testimonios aludidos anteriormente, de los cuales se refieren al desempeño laboral de la demandante, de tal manera que no se logra determinar o probar la causal de nulidad alegada”.
Expediente: 19001230000020120038300SV
Tema tratado: La decisión no debió ser la de declarar improcedente la tutela, sino la falta de legitimación en la causa para instaurar la acción de tutela/No se acompañó en el escrito de tutela el poder para actuar.
“En el caso en estudio, la accionante no acompañó con el escrito de tutela el poder para actuar y en esa medida no estaría legitimada en la causa para instaurar la acción de tutela, ni siquiera si se considera que tenía poder para representar a los interesados en la resulta del derecho de petición, en la acción de reparación directa instaurada en el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión. En este sentido se dirige el presente salvamento de voto, al considerar que la decisión que debió adoptarse en el caso en comento no debió ser la de declarar improcedente la tutela por considerar que este mecanismo no es el idóneo para introducir una prueba documental a un proceso ordinario de reparación directa, sino la de declarar la falta de legitimación por activa debido a la carencia de poder para actuar por parte de la accionante”.
Tema tratado: Comentarios a la Ley 1437 de 2011 en lo Contencioso Administrativo.
“El contencioso subjetivo es uno de los aspectos que ha sufrido modificaciones con ocasión de la expedición de la Ley 1437 de 2.011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin embargo no todas ellas resultan tan trascendentales como se advierte a priori. Una lectura prima facie detallada de los hoy llamados Medios de Control (tal como lo indica el título III de la parte segunda de la Ley 1437 de 2.011) nos dará la oportunidad de conocer a ciencia cierta las transformaciones realizadas y, eventualmente, nos aventuraremos a plantear posibles consecuencias de las redacciones de los artículos 138, 140 y 141 del nuevo Código”.

References: Artículo 6
 artículo 59
 artículo 13
 Artículo 6
 artículo 22
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 87
 artículo 241
 artículo 237
 artículo 135
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 229
 artículo 230
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 29
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 101
 artículo 99
 artículo 49
 artículo 149
 artículo 177
 artículo 85
 artículo 15