Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-00666-de-mayo-14-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_f308ca15fbc84bb4891a2df66358d369&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-18 11:57:15+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2015-00666 de mayo 14 de 2015
SENTENCIA 2015-00666 DE 14 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:RECUERDAN CÓMO SE SUSTENTAN LA NULIDAD Y LA IMPUGNACIÓN EN LA ACCIÓN DE TUTELA. EL CONSEJO DE ESTADO DETERMINÓ QUE LA CONTESTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE UNA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE MOTIVAR POR SÍ SOLA LA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN. ACLARÓ, ASÍ MISMO, QUE DEBE SEÑALARSE EN CUÁL DE LAS CAUSALES DEL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DEL 2012) BASA SU REQUERIMIENTO. PARA LA CORPORACIÓN, NO SE OBSERVA CÓMO LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE UNOS DOCUMENTOS QUE TAMPOCO FUERON DEFINITIVOS PARA LA DECISIÓN PUDO HABER VICIADO DE NULIDAD EL PROCESO DE TUTELA. ADICIONALMENTE, ANOTÓ QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 32 (INCISO 2º) DEL DECRETO 2591 DE 1991 Y EL 320 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, EL JUEZ QUE CONOCE DE LA IMPUGNACIÓN DEBE COMPARAR LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE CON EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. EN ESTE CASO EL ACTOR TAMPOCO CUMPLE CON EL REQUISITO DE CONCENTRARSE EN LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ DE PRIMER GRADO, DICE EL FALLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, JUEZ DE PAZ, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ELECCIÓN, AMPARO CONSTITUCIONAL, SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL
Sentencia 2015-00666 de mayo 14 de 2015
Radicación 250002336000201500666-01
1. Cuestión previa - La solicitud de nulidad.
De otra parte el actor no concretó en cuál de las causales de nulidad taxativas enlistadas en el artículo 133 del Código General del Proceso se pudo haber incurrido en el trámite de la solicitud de tutela. No obstante, revisadas estas, la Sala no aprecia de qué manera se pudo haber incurrido en nulidad y vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del accionante por el hecho de haberse presentado de manera extemporánea unos documentos que, como se dijo en el párrafo precedente, no resultaban necesarios para que el juez determinara la improcedencia de la acción por existir otro mecanismo de defensa judicial.
Para iniciar con el estudio de la impugnación, la Sala considera necesario precisar que los recursos que se proponen contra las decisiones dictadas por los jueces en primera instancia, tienen por finalidad que el superior funcional de estos las examine y, de considerarlo necesario, las reforme o revoque.
Conforme con lo anterior, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, consagra en el artículo 31(7) la posibilidad de impugnar los fallos de tutela dictados en primera instancia.
Por su parte el artículo 32(8) ídem, en el inciso segundo prevé que el juez que conozca de la impugnación debe estudiar su contenido y cotejarlo con el acervo probatorio y el fallo objeto de revisión.
A su vez el Código General del Proceso, aplicable para interpretar las disposiciones sobre el trámite de la acción tutela en todo aquello que no le sea contrario(9), dispone en el artículo 320(10) que el recurso de alzada tiene por objeto que el juez examine la decisión de primera instancia con sujeción a los reparos concretos formulados por el impugnante.
Conforme al anterior recuento normativo, es evidente que cuando se impugna una sentencia de tutela y esta se sustenta, corresponde al juez de segunda instancia: (i) estudiar los argumentos expuestos en la impugnación con sujeción a los reparos que allí se formulen y compararlos con el fallo, pues resulta diáfano que si las explicaciones no se dirigen a controvertir la decisión recurrida o no guardan relación con la misma, corresponde al ad quem confirmar la decisión de primera instancia.
En el asunto bajo estudio la Sala confirmará la sentencia dictada el 13 de marzo de 2015 por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues comparados los argumentos de la impugnación con el escrito inicial de tutela y lo decidido en el fallo, se aprecia de manera evidente que el señor Gámez Soto no controvierte la citada decisión judicial pues como quedó sintetizado en el capítulo denominado “La impugnación” de esta providencia se trató de una solicitud de nulidad procesal que, se reitera, no se dirigen a desvirtuar los argumentos con los cuales el Tribunal a quo negó el amparo solicitado.
1. NO ACCEDER a la solicitud de nulidad presentada por el señor Miguel Humberto Gámez Soto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
3. NOTIFICAR esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión” (Negrita fuera de texto).
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71” (Negrita fuera de texto).

References: ARTÍCULO 133
 ARTÍCULO 32
 artículo 133
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 320
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 71