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﻿ Sentencia 2003-02050 de mayo 10 de 2012
SENTENCIA 2003-02050 DE 10 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA. ANTES DE EXPEDIDO EL DECRETO 155 DEL 2004, LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CAR) PODÍAN ESTABLECER LA TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA, PUES A PARTIR DE ESA NORMA SE FIJARON OTRAS REGLAS PARA ESA DETERMINACIÓN. DE ESTA FORMA, RECORDÓ QUE LA SENTENCIA C-1063 DEL 2003, QUE DECLARÓ INEXEQUIBLES LAS NORMAS QUE LE ASIGNARON AL GOBIERNO NACIONAL EL CÁLCULO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTA TASA, NO PRIVÓ DE FUNDAMENTO LEGAL NI CONSTITUCIONAL LOS ACTOS QUE CON ANTERIORIDAD LA LIQUIDARON. EN ESA MEDIDA, COMO SE TRATABA DE UNA SITUACIÓN CONSOLIDADA, LAS AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES PODÍAN FIJAR LA TARIFA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS
Sentencia 2003-02050 de mayo 10 de 2012
Ref.: Expediente 2003-02050-01
Recurso de apelación contra la sentencia de 1º de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La demandada en su recurso de apelación insiste en que la tasa que por utilización de agua pagó la actora, antes de que la Corte Constitucional se pronunciara mediante la Sentencia C-1063 de 11 de noviembre de 2003, que declaró la inexequibilidad de los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974, que le asignaron al Gobierno Nacional el cálculo y establecimiento de las tasas por el uso de aguas, era una situación jurídica consolidada, que se sustentó en el Acuerdo 8 de 2000 de la junta directiva de la CAR, que en ese momento gozaba de la presunción de legalidad.
Por lo anterior, debe la Sala referirse primero al Acuerdo 8 de 2000, expedido por la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que la actora solicita que se inaplique por inconstitucional, para luego estudiar la legalidad de la cuenta 2308 de 15 de abril de 2003 y de los actos que la confirmaron.
En relación con la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo 8 de 2000, la Sala ya se pronunció mediante la sentencia tantas veces mencionada, de 27 de febrero de 2003 (Exp. 2002-0057-01 (7698), C.P. Olga Inés Navarrete), por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda de declarar la nulidad del Acuerdo 8 de 2000, expedido por la CAR, en la cual se hizo referencia a las normas que la actora en el presente caso trajo a colación como violadas, posición que la sección ha mantenido en diferentes providencias a las que se referirá posteriormente.
Dijo la Sala en la sentencia de 27 de febrero de 2003:
“En esencia, la censura que plantea el demandante contra el acuerdo acusado es la falta de competencia de la CAR para fijar las tasas por la utilización del agua, por cuanto dicha función es del resorte del Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, cuyo texto es como sigue:
“ART. 43.—Tasas por utilización de aguas. La utilización por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas (el resaltado no es del texto).
“PAR.—Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación o riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto”.
No desconoce la Sala que, en efecto, el artículo 43 atribuye al Gobierno Nacional la función de fijar las tasas a cobrar por concepto de la utilización de aguas, no obstante lo cual debe tenerse en cuenta lo prescrito en el artículo 9º del Decreto 632 de 1994, expedido con base en el artículo 116, literal k), de la Ley 99 de 1993, que autorizó al Presidente de la República para proferir las disposiciones necesarias relacionadas con la transición institucional originada por la nueva estructura legal bajo la cual funcionará el nuevo sistema nacional del ambiente.
“ART. 9º—En los eventos en que la ley subordine la realización de actividades, actuaciones administrativas y en general permisos, licencias o autorizaciones a reglamentos que deba proferir el Gobierno Nacional y hasta tanto estos se expidan, se continuarán aplicando las normas que regulan tales materias, en cuanto no sean contrarias a la Ley 99 de 1993”.
Frente a la norma anterior, el actor alega que la competencia allí atribuida debió ser ejercida dentro de los términos previstos en el artículo 1º, ibídem, que establece:
“ART. 1º—Las entidades del sistema nacional ambiental, asumirán las nuevas funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, en la medida en que se determinen las dependencias que deben asumir esas funciones. Ese proceso se adelantará en forma gradual y coherente, de modo que no se causen traumatismos institucionales que afecten a los recursos naturales o al medio ambiente.
“Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, tenían a su cargo el ejercicio de competencias que se asignan a otras entidades integrantes del SINA, continuarán ejerciéndolas hasta cuando estas últimas lo asuman, con excepción de las que le compete ejercer de manera privativa al Ministerio del Medio Ambiente.
“Esta transición se hará dentro de los plazos previstos en la Ley 99 de 1993. En los casos no previstos en ella, la transición se hará dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto”.
Sobre el particular, la Sala considera que al no haberle señalado el legislador en el artículo 43 de la Ley del Medio Ambiente al Gobierno Nacional un término dentro del cual debía expedir el decreto que fijara las tasas por concepto de la utilización del agua, no podía el Decreto 632 de 1994 fijarle un límite temporal, pues, al hacerlo, contraría la ley.
Ahora bien, antes de entrar a regir la Ley 99 de 1993 correspondía al Inderena, de conformidad con el artículo 284, numeral 21, del Decreto 1541 de 1978, fijar el valor de las tasas que están obligados a pagar quienes utilicen las aguas y sus cauces en virtud de permiso o concesión (art. 232, lit. a), ib.), entidad cuya supresión y liquidación fue ordenada mediante el artículo 98 de la Ley del Medio Ambiente.
Dicha función de fijar el valor de las tasas por el uso del agua, de acuerdo con el artículo 285 del Decreto 1541 de 1978, se ejercerá “... igualmente por las entidades públicas a quienes por ley corresponda la administración y manejo de las aguas...”, lo cual significa que aún antes de que se suprimiera el Inderena bien podía la CAR, creada inicialmente por la Ley 3ª de 1961 como la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, fijar el monto de las tasas por la utilización del agua, dado que de acuerdo con el artículo 4º, literal d), ibídem, le corresponde, “Administrar, en nombre de la Nación, las aguas de uso público en el área de su jurisdicción, para lo cual se le delegan las facultades de conceder, reglamentar, suspender o regularizar el uso de las aguas superficiales o subterráneas, así como también los permisos para explotar los bosques y los lechos de los ríos, todo dentro de las disposiciones legales...”, precepto que debe ser armonizado con el artículo 7º, literal g), ibídem, que dispone que es función de la junta directiva de la CAR, “establecer cuáles de los servicios prestados por la corporación deben ser retribuidos por medio de tasas, y fijar su cuantía y modo de exigirlas...” (resalta la Sala).
Comoquiera que con la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 dicha competencia fue otorgada al Gobierno Nacional (art. 43), hasta tanto las nuevas entidades no asuman sus competencias, continuarán ejerciendo tales funciones las entidades que lo venían haciendo, según lo dispuso, se reitera, el artículo 1º del Decreto 632 de 1994.
Lo anterior, por cuanto no es lógico pensar que durante el régimen de transición no quede en autoridad alguna la competencia para fijar las tasas por la utilización del agua, como tampoco lo es pensar que mientras el Gobierno Nacional no expida la reglamentación de que trata el artículo 43 de la Ley del Medio Ambiente las corporaciones autónomas regionales dejen de percibir los ingresos que por concepto de dichas tasas legalmente les corresponden, máxime cuando las mismas “... se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974”, esto es, para investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales; planear su utilización; proyectar aprovechamientos de beneficio común; proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas; y cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento.
Adicionalmente, la Sala considera necesario señalar que si bien es cierto que en sentencias de 11 de junio de 1998, Exp. 3897, actora, Gloria Esperanza Perea Alvis, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa y de 23 de septiembre de 1999, actor, Ever Antonio Navarro Ruíz y otra, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo dejó dicho que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, “... de conformidad con los artículos 31, numeral 13, 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, carecía de competencia para fijar las tasas previstas en la resolución..., pues para ello debía esperar que el Ministerio del Medio Ambiente como el Gobierno Nacional fijaran, respectivamente, las bases mínimas para el cobro de las tasas retributivas y compensatorias y el monto de las tasas por utilización de aguas...” (el resaltado no es del texto), también lo es que en dichas oportunidades no se planteó como tema de discusión el régimen de transición contenido en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 632 de 1994, el que en esta oportunidad sí lo fue, pues sirvió de sustento al acto acusado, el cual una vez analizado no puede llevar a conclusión distinta a la de que desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 se encontraba legalmente establecida la tasa por la utilización del agua (D.L. 2811/74, art. 159), lo cual significa que no fue creada por la Ley del Medio Ambiente y que su cobro viene desde tiempo atrás, siendo inadmisible, por lo tanto, entender que lo que pretendió el legislador fue suspender su recaudo y que la utilización del recurso hídrico fuera gratuito, situación a la que se vería avocada la CAR al no poder fijar las tarifas. Tampoco se tuvo en cuenta que en la materia rigen dos conceptos diferentes: tarifa mínima y monto de la tasa por utilización mínima del agua, competencias que, respectivamente, corresponden en su orden al Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales (resalta la Sala).
También considera oportuno esta corporación referirse al fallo de la Sección Quinta de 29 de septiembre de 2000, proferido dentro de la acción de cumplimiento ACU-165, C.P. Roberto Medina López, en el que se llegó a la conclusión de que corresponde al Gobierno Nacional —Presidente de la República y Ministro del ramo—, expedir el correspondiente decreto fijando el monto de la tasa mínima por el uso del agua tomada de la fuente natural para consumo humano, riego o cualquiera otra actividad industrial o agropecuaria, conclusión con la cual se encuentra de acuerdo esta sección, con las siguientes salvedades: que hasta tanto el Gobierno Nacional no expida dicha reglamentación bien puede la CAR fijar la tarifa de las tasas, y que una vez expedida la reglamentación por parte del Gobierno Nacional respecto de la fijación de las tarifas por la utilización del agua de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca deberá ajustar a dicha reglamentación las tasas establecidas mediante el acuerdo acusado.
Además, que luego de casi diez años de vigencia de la Ley 99 de 1993 se requiere que el Gobierno Nacional cumpla con la atribución a que se ha hecho referencia.
Finalmente, la Sala precisa que si bien es cierto que el acto acusado incluyó dentro de su motivación el artículo 58 de la Ley 508 de 1999, que modificó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en el sentido de que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente fijar las tasas a cobrar por la utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, también lo es que dicha ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-557 de 2000, por lo que no existe, a tenor de dicha norma, como competencia privativa del Ministerio del Medio Ambiente, el establecer la tarifa mínima por el uso del agua y, por lo tanto, tal tarea no entra dentro de la excepción de que trata el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 632 de 1994, reglamentario de la Ley 93 de 1993”.
Para la época en que se expidieron los actos particulares acusados, esto es la cuenta 2308 de 15 de abril de 2003, y las resoluciones que la confirmaron, 610 de 21 de marzo y 742 de 16 de 2003, el Gobierno Nacional no había expedido la reglamentación de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993(2), luego la CAR, de conformidad con la sentencia transcrita, podía fijar dicha tarifa de la tasa por la utilización de agua, lo que en efecto hizo mediante el Acuerdo 8 de 2000.
Ahora bien, tal como lo señaló la sección en el fallo de 27 de febrero de 2003, “antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 se encontraba legalmente establecida la tasa por la utilización del agua (D.L. 2811/74, art. 159), lo cual significa que no fue creada por la Ley del Medio Ambiente y que su cobro viene desde tiempo atrás, siendo inadmisible, por lo tanto, entender que lo que pretendió el legislador fue suspender su recaudo y que la utilización del recurso hídrico fuera gratuito, situación a la que se vería avocada la CAR al no poder fijar las tarifas”.
Es cierto que, como lo afirma la actora, en fecha posterior a la expedición de los actos particulares acusados que fijaron la tarifa de la tasa por utilización de aguas, mediante Sentencia C-1063 de 11 de noviembre de 2003, la Corte Constitucional se pronunció sobre los artículos 159 y 160 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente - Decreto-Ley 2811 de 1974, declarando su inexequibilidad.
Dichos artículos rezaban:
c) Proyectar aprovechamientos de beneficio común:
d) Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas y,
Para declarar la inexequibilidad de las disposiciones transcritas, la Corte Constitucional argumentó la violación al principio de legalidad tributaria. Al efecto, adujo la referida sentencia:
“Frente a las tasas y contribuciones especiales la Corte considera que tanto el “sistema” como el “método”, referidos en el artículo 338 de la Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar que los órganos de representación popular desatiendan un expreso mandato superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser (resalta la Sala).
“Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar los elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que a las autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros previamente indicados.
“Una exigencia muy fuerte sobre la determinación del método y del sistema prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia ley estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una excesiva indeterminación dejaría en manos de las autoridades administrativas la regulación absoluta de ese elemento, en contravía del principio de legalidad, concretado en el de la predeterminación del tributo y la representación popular. Lo que la ley exige es, más que la simple enunciación de criterios, la definición de una cierta manera de proceder en la articulación de esos criterios.
“18. Ahora bien, la anterior exigencia no implica que la ley, las ordenanzas o los acuerdos, necesariamente deban utilizar las palabras “sistema” y “método” como fórmulas retóricas sacramentales, porque el criterio definitorio será siempre de carácter material. Ello se explica en virtud de la prevalencia del derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas hermenéuticas frente a cualquier clase de norma En consecuencia, “basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes”.
7. El demandante acusa los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974 porque a su juicio vulneran el principio de legalidad tributaria, al crear una tasa por la utilización de aguas con fines lucrativos sin determinar sus elementos constitutivos y al delegar la fijación de su tarifa en el Gobierno Nacional sin determinar el sistema y el método para definir los costos del servicio prestado por la autoridad ambiental y la forma de hacer su reparto entre los usuarios.
En cuanto al sujeto activo, es decir, el acreedor de la relación obligacional tributaria, titular del derecho patrimonial correspondiente y por tanto con la carga de recaudar el monto de la tasa y darle la destinación legal, no está contemplado en las normas acusadas pero está señalado en el artículo 31, numeral 13, de la Ley 99 de 1993, en virtud del cual las corporaciones autónomas regionales ejercerán la función de “recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente”, y 66 de la misma ley, conforme al cual “los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1'000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano (...)”.
Respecto de la tarifa, que consiste en la magnitud o cuantía que se aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el monto del tributo, ambas disposiciones impugnadas contemplan la delegación al Gobierno Nacional para que la fije, pero no cumplen el requisito constitucional de determinar el sistema y el método para definir los costos del servicio prestado por la autoridad ambiental y la forma de hacer su reparto entre los usuarios, lo cual se explica por la circunstancia de ser normas anteriores a la iniciación de la vigencia de la actual Constitución Política y no estar contenida dicha exigencia en la Constitución de 1886 (resalta la Sala).
Por estas razones, el cargo por violación del principio de legalidad tributaria está llamado a prosperar”.
Para el presente caso, se tiene que el Acuerdo 8 de 2000 y los actos que fijaron la tasa por uso del agua tuvieron como sustento legal, entre otros, el artículo que posteriormente fue declarado inexequible.
Sobre el particular, esta sección, en providencia de 29 de abril de 2010 (Exp. 2004-00108-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), denegó la pretensión de declarar la nulidad del Acuerdo 8 de 2000, en la cual reiteró lo expresado en la sentencia de 27 de febrero de 2003. En esa oportunidad, así discurrió la Sala:
“Al respecto, la Sala advierte que la declaratoria de inexequiblidad de los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974 no ocasiona el decaimiento del Acuerdo 8 de 2000, pues si bien tales artículos disponen que la utilización de aguas con fines lucrativos dará lugar a tasas que serán fijadas por el Gobierno Nacional, no son las únicas normas que sirven de fundamento a tal acuerdo y no corresponden a aquellas invocadas por la CAR para sustentar su facultad de fijar las tarifas de tasas por utilización de aguas en el territorio de su jurisdicción” (resalta y subraya la Sala).
Ahora bien, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 155 de 2004, reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y con base en dicha reglamentación, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 240 de 2004, fijó las tarifas mínimas de la tasa por utilización de aguas. Una vez entraron en vigencia los actos administrativos citados, correspondía a la CAR llevar a cabo las modificaciones pertinentes para ajustar el Acuerdo 8 de 2000 a las nuevas disposiciones.
Lo anterior no implica que deba declararse la nulidad del Acuerdo 8 de 2000, pues este fue expedido conforme a las normas que regían para la fecha de su expedición y tuvo vigencia mientras el Gobierno Nacional disponía la reglamentación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentación que una vez expedida, ocasionaba la derogatoria tácita de aquellos artículos del acuerdo que le resultaran contrarios” (resalta y subraya la Sala).
En reciente sentencia, la Sección Primera al decidir un recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 8 de julio de 2004, a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las resoluciones 474 y 1344 de 2000, por medio de las cuales la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca liquidó la tasa de utilización de aguas a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, y ordenó su pago, revocó la sentencia apelada, y en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
Dicha providencia, de fecha 7 de julio de 2011 (Exp. 2001-00176-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), consideró:
“En los alegatos de conclusión que el apelante presentó en la segunda instancia manifestó que esta corporación ha señalado en varias sentencias, entre otras en la de 27 de febrero de 2003, Expediente 7689, que la corporación autónoma demandada si tiene competencia para fijar las tarifas de las tasas por el uso de agua con fundamento en la Ley 3ª/61(3) y en el Decreto 2811/74.
... es cierto que esta sección profirió la sentencia comentada, mediante la cual negó la nulidad del Acuerdo 8 de 2000, “por medio del cual se aprueban las tarifas de la tasa por utilización de agua”, acuerdo que sirvió de fundamento a los actos demandados en este proceso.
En dicha sentencia se estudió el cargo de falta de competencia de la CAR para establecer las tarifas de la tasa por uso de aguas y se llegó a la conclusión de que el artículo 43 de la Ley 99/93 asignó esa competencia al Gobierno Nacional, pero dispuso que hasta tanto las nuevas entidades no asumieran sus competencias continuarían ejerciendo tales funciones las entidades que lo venían haciendo.
Como en la fecha de expedición del acuerdo las nuevas entidades no habían ejercido esa competencia, le correspondía entonces a la CAR fijarlas en atención a que el Decreto 1541/78 había establecido que la función de fijar las tasas por el uso de aguas se ejercerá “igualmente por las entidades públicas a quienes por ley corresponda la administración y manejo de las aguas” y dicha administración le había sido encomendada a la CAR por los artículos 4º y 7º de la Ley 3ª/61; criterio que esta sección reiteró en sentencia de 29 de abril de 2010, Expediente 2004-00108-01”.
Es claro entonces que de conformidad con el Acuerdo 8 de 2000, la CAR sí podía establecer la tasa por utilización de agua de la EAAB, para el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003, porque, como se observó, la reglamentación de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se emitió mediante el Decreto 155 de 22 de enero de 2004, “Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones”, por lo que a partir de la entrada en vigencia, el día 23 de enero en que fue publicado, las autoridades ambientales competentes, deben regirse por esta norma, y en el caso particular la CAR, debió ajustar el Acuerdo 8 de 2000.
Luego existe cosa juzgada en relación con la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo 8 de 2000, expedido por la CAR.
Para aplicar dicho acuerdo, la CAR no requería consultar previamente a la EAAB, pues se trataba de cumplir con una norma tributaria y no de imponerle una sanción, luego en este sentido no se violó el debido proceso; además, contra la liquidación que se efectuó mediante la cuenta de cobro 2308 de 15 de abril de 2003, procedieron los recursos de reposición y apelación (fl. 77) los cuales fueron respondidos mediante las resoluciones acusadas 610 de mayo 21 (fls. 78 a 88) y 742 de 16 de junio de 2003 (fls. 91 y 92), luego tampoco se violó el debido proceso ni el derecho a la defensa, ni se le desconoció a la actora el principio de contradicción.
La actora pretende subsidiariamente la nulidad de los actos que liquidaron la tasa por uso de aguas, para lo cual aduce diferentes argumentos y solicita que se tengan en cuenta testimonios y peritajes que reposan en el expediente, sobre los cuales, en general, la Sala encuentra las siguientes inconsistencias y hace las siguientes observaciones:
— En su escrito de demanda, dice la actora “Para el remoto evento que esa h. corporación llegara a la conclusión de que no es procedente inaplicar por inconstitucional el Acuerdo 8 de 2000 de la CAR, también procede la declaratoria de nulidad de los actos acusados como se solicita en las pretensiones subsidiarias, ya que estos estarían afectados de falsa motivación al apalancarse sobre el Acuerdo 8 de 2000, acto que es contrario a normas superiores”.
— Pretende la actora volver sobre las normas constitucionales y legales, que en su criterio fueron violadas, pero como ya se observó, la norma aplicable era el Acuerdo 8 de 2000, por lo que la nulidad que solicita la actora de los actos administrativos particulares de la CAR, por medio de los cuales se cobró a la EAAB la tarifa de la tasa por utilización de aguas, debe hacerse frente a este acto administrativo.
— La actora intenta fundamentar la ilegalidad del cobro de la tasa por uso de agua durante el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003, en normas que no eran las aplicables al caso, pues se basó en el convencimiento del decaimiento del Acuerdo 8 de 2000, con motivo de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 159 y 160 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Por lo anterior, la actora explica sus razones frente a los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 y lo reglamentado en el Decreto 155 de 2004, siendo que este último es un acto posterior al acto acusado.
Ahora, dado que las partes, el peritaje solicitado por la actora, el testimonio obrante a folios 209 a 215 y el peritaje solicitado por la demandada (fls. 357 a 361), se refieren a la aplicación del mencionado Acuerdo 8 de 2000, debe la Sala examinarlos, para dilucidar si la cuenta de cobro que la CAR presentó a la EAAB, estuvo ajustada a este, o si por el contrario lo quebrantó, para lo cual se hace necesario transcribirlo.
El texto del Acuerdo 8 de 2000, en lo pertinente de la parte resolutiva (anexo al documento soporte), es el siguiente:
“Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR
(Por medio del cual se aprueban las tarifas de la tasa por utilización de aguas)
ART. 1º—Aprobar las tarifas de la tasa por utilización de aguas, en virtud de permiso o concesión, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en el territorio de jurisdicción de la CAR, que han sido calculadas de acuerdo con las siguientes fórmulas y se encuentran expresadas en las tablas y rangos que se indican también a continuación, y su forma de aplicación:
a) Criterio general de participación de la tasa por utilización de aguas, como fuente de financiación de los costos del servicio CAR.
ΣT anual usuario 1.... T anual usuario n CSCar
T anual usuario: Tasa anual pagada por cada usuario.
CSCar: Costo anual de los servicios CAR
b) Costo anual de los servicios CAR:
CSCar =ΣI1 Y1... In yn
I: Asignación presupuestal de los proyectos de inversión en un año determinado.
Y: Porcentaje de participación de los componentes relacionados con conservación, restauración, manejo integral de las cuencas hidrográficas, desarrollo de sistemas y tecnologías ahorradoras del recurso, programas de investigación e inventario sobre el recurso, comunicación educativa sobre el uso racional del agua y sistemas de monitoreo y control, en el respectivo proyecto de inversión para el mismo año.
c) Fijación de la tarifa por usuario (por metro cúbico).
tu = CO x kA x kSE x kDR x kPR,
tu: Tarifa por usuario (por metro cúbico).
CO: Costo de oportunidad del recurso.
kA: Coeficiente asociado a la aridez.
kSE: Coeficiente asociado a la condición socioeconómica.
kDR: Coeficiente asociado a la disponibilidad del recurso.
kPR: Coeficiente asociado a la presión sobre el recurso.
kPR: (CO x kA x kSEx kDR)Qc/Qm
Qc: Caudal concedido.
Qm: Caudal medio del período seco de la fuente superficial, o caudal de recarga para aguas subterráneas.
d) Fijación de la cuantía trimestral de la tasa por usuario (Tu).
Tu = tu x Vtnm
Vtnm: Volumen trimestral captado en metros cúbicos
e) Equivalencia entre caudal y volumetría
1 Lit/seg = 7.776 metros cúbicos trimestrales
PAR. 1º—En caso de que no exista medidor del volumen de agua captado, el cálculo de las tarifas de la tasa se hará con base en el volumen de agua otorgado en el permiso o concesión respectivo, hasta cuando se instale aquel.
PAR. 2º—Para fines de aplicación, los cuatro (4) primeros factores determinantes de la fórmula enunciada en el literal c) del presente artículo, constituirán la denominada tarifa básica en la jurisdicción municipal o distrital = CO x kA x kSE x kDR, cuyos valores resultantes se ajustarán al peso ($), entendiéndose que las cifras con fracción decimal igual o inferior a 0.5 se aproximarán a la unidad anterior y las cifras con fracción decimal superior a 0.5 se aproximarán a la unidad posterior (tabla 1 del presente acuerdo).
PAR. 3º—Para fines de aplicación del factor kPR, el cual permite establecer la denominada “Tarifa por usuario de acuerdo con la presión individual sobre el recurso”, los valores resultantes se enmarcarán dentro de los rangos establecidos en la tasa 2 del presente acuerdo, entendiéndose que para los usuarios cuya presión sobre el recurso sea inferior a 0.1% la tarifa correspondiente equivaldrá a la respectiva tarifa básica en la jurisdicción municipal o distrital.
PAR. 4º—Cuando el valor de la presión sobre el recurso sea igual o superior al 60%, se aplicará directamente la fórmula establecida en el literal c) del presente artículo, para fines de la determinación de la respectiva tarifa por usuario de acuerdo con la presión individual sobre el recurso.
PAR. 5º—Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 21, expedido el 23 de diciembre de 1992 por la junta directiva de la CAR, mantendrán su vigencia en relación con el período contado a partir del 1º de febrero de 1993 hasta la iniciación de la vigencia del presente acuerdo, respecto de las empresas de servicios públicos contempladas en las mismas.
Tarifas básicas en la jurisdicción municipal o distrital
= CO x kA x kSE x kDR
Nº Municipios Coeficiente por aridez Coeficiente por NBI Coeficiente por disponibilidad del recurso Tarifa $/m3
1 Buenavista 0.4 0.3 0 4 3
2 Caparrapí 0.4 0.3 0.4 3
3 El Peñón 0.4 0.3 0.4 3
4 La Palma 0.4 0.3 0.4 3
5 La Vega 0.4 0.3 0.4 3
6 Paime 0.4 0.3 0.4 3
... Le siguen otros municipios ... ...
105 Zipaquirá 0.5 0.5 0 8 12
Costo de oportunidad $ 60.00
Rangos de tarifas por usuario de acuerdo con la presión individual sobre el recurso = co x kA x kSE x kDR x kPR
En %Qm/Qc
($) Tarifa básica
($) Presión sobre
(%) Tarifa
3.0 De 0.1 hasta menos de 10.0 3.2 4.0 De 0.1 hasta menos de 10.0 4.3
De 10.0 hasta menos de 20.0 3.5 De 10.0 hasta menos de 20.0 4.9
De 20.0 hasta menos de 30.0 3.9 De 20.0 hasta menos de 30.0 5.6
De 30.0 hasta menos de 40.0 4.4 De 30.0 hasta menos de 40.0 6.5
De 40.0 hasta menos de 50.0 4.9 De 40.0 hasta menos de 50.0 7.4
De 50.0 hasta menos de 60.0 5.5 De 50.0 hasta menos de 60.0 8.5
5.0 De 0.1 hasta menos de 10.0 5.4 6.0 De 0.1 hasta menos de 10.0 6.5
De 10.0 hasta menos de 20.0 6.3 De 10.0 hasta menos de 20.0 7.8
De 20.0 hasta menos de 30.0 7.4 De 20.0 hasta menos de 30.0 9.3
De 30.0 hasta menos de 40.0 8.7 De 30.0 hasta menos de 40.0 11.1
De 40.0 hasta menos de 50.0 10.2 De 40.0 hasta menos de 50.0 13.3
De 50.0 hasta menos de 60.0 12.0 De 50.0 hasta menos de 60.0 16 0
7.0 De 0.1 hasta menos de 10.0 7.7 12.0 De 0.1 hasta menos de 10.0 13.5
De 10.0 hasta menos de 20.0 9.3 De 10.0 hasta menos de 20.0 17.2
De 20.0 hasta menos de 30.0 11.3 De 20.0 hasta menos de 30.0 22.1
De 30.0 hasta menos de 40.0 13.7 De 30.0 hasta menos de 40.0 28.4
De 40.0 hasta menos de 50.0 16.7 De 40.0 hasta menos de 50.0 36.4
De 50.0 hasta menos de 60.0 20.2 De 50.0 hasta menos de 60.0 46.6
ART. 2º—Los usuarios podrán solicitar un ajuste de la tarifa, de acuerdo con la calidad del agua en el punto de captación. Para establecer la tarifa ajustada ta se aplicará el factor de ajuste por calidad del recurso aCR, de conformidad con la siguiente fórmula y tomando en cuenta los valores señalados en la tabla 3 del presente acuerdo.
ta = Tarifa por usuario de acuerdo con la presión individual sobre el recurso x aCR Donde, Ta: Tarifa ajustada por usuario (por metro cúbico)
ACR : Factor de ajuste por calidad del recurso.
Valores del factor de ajuste por calidad del recurso = Acr
Nivel de DB05 en el punto de
(en mg/litro) aC R
Menor o igual a 1.0 inclusive 1.00
Mayor de 1.0 y hasta 2.0 inclusive 0.99
Mayor de 2.0 y hasta 3.0 inclusive 0.98
Mayor de 3.0 y hasta 4.0 inclusive 0.97
Mayor de 4.0 y hasta 5.0 inclusive 0.96
Mayor de 5.0 y hasta 6.0 inclusive 0.95
Mayor de 6.0 y hasta 7.0 inclusive 0.94
Mayor de 7.0 y hasta 8.0 inclusive 0.93
Mayor de 8.0 y hasta 9.0 inclusive 0.92
Mayor de 9.0 y hasta 10.0 inclusive 0.91
Mayor de 10.0 y hasta 11.0 inclusive 0.90
Mayor de 11.0 y hasta 12.0 inclusive 0.89
Mayor de 12.0 y hasta 13.0 inclusive 0.88
Mayor de 13.0 y hasta 14.0 inclusive 0.87
Mayor de 14.0 y hasta 15.0 inclusive 0.86
Mayor de 15.0 y hasta 16.0 inclusive 0.85
Mayor de 16.0 y hasta 17.0 inclusive 0.84
Mayor de 17.0 y hasta 18.0 inclusive 0.83
Mayor de 18.0 y hasta 19.0 inclusive 0.82
Mayor de 19.0 y hasta 20.0 inclusive 0.81
Mayor de 20.0 y hasta 21.0 inclusive 0.80
Mayor de 21.0 y hasta 22.0 inclusive 0.79
Mayor de 22.0 y hasta 23.0 inclusive 0.78
Mayor de 23.0 y hasta 24.0 inclusive 0.77
Mayor de 24.0 y hasta 25.0 inclusive 0.76
Mayor de 25.0 y hasta 26.0 inclusive 0.75
Mayor de 26.0 y hasta 27.0 inclusive 0.74
Mayor de 27.0 y hasta 28.0 inclusive 0.73
Mayor de 28.0 y hasta 29.0 inclusive 0.72
Mayor de 29.0 y hasta 30.0 inclusive 0.71
Mayor de 30.0 0.70
ART. 3º—Los usuarios de aguas subterráneas podrán solicitar un ajuste de la tarifa, de acuerdo con la profundidad del pozo. En dicho evento, para establecer la nueva tarifa se multiplicará el factor de ajuste por explotación de aguas subterráneas aEAS, cuyos valores se señalan en la tabla 4 del presente acuerdo, por la tarifa obtenida en virtud de la aplicación de los artículos primero y segundo, según el caso.
Valores del factor de ajuste por explotación de aguas subterraneas = aEAS
Profundidad del pozo a EAS
Hasta 100 metros inclusive 1.00
Mayor a 100 hasta 200 metros inclusive 0.95
Mayor a 200 hasta 300 metros inclusive 0.90
Mayor a 300 hasta 400 metros inclusive 0.85
Mayor a 400 hasta 500 metros inclusive 0.80
Mayor a 500 0.75
ART. 4º—Las tarifas establecidas en los artículos anteriores se incrementarán automáticamente a partir de 1º de enero de cada año, aplicando el menor valor entre: a) Incremento equivalente al índice de precios al consumidor, IPC, promedio nacional, certificado por el DANE, para los doce (12) meses inmediatamente anteriores. b) Incremento nominal del costo anual de los servicios CAR, CSCar, de que trata el literal b) del artículo anterior (sic)(4), calculado mediante comparación entre las asignaciones presupuestales del año que se inicia y las del año inmediatamente anterior.
...” (se resaltan las disposiciones sobre las cuales la actora presenta observaciones e inconformidades, en su aplicación).
Las inconformidades de la actora en la aplicación del cuerdo, consisten en:
Se refiere la actora a inconsistencias entre los memorandos internos de la CAR de fecha 15 y 21 de abril (fls. 173 y 174), dirigidos por el subdirector de patrimonio ambiental a la subdirectora administrativa y financiera, relacionados con el cálculo del volumen correspondiente a la concesión del caudal derivado del río Bogotá hacia la planta de Tibitoc; en estos documentos se dice que para el cálculo respectivo se utilizó el caudal concedido de seis metros cúbicos por segundo, el cual se estableció según uno de los memorandos en 57’024.400 metros cúbicos en el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003 y en el otro por 47’174.400 metros cúbicos, empero, para el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2002 y el 12 de marzo de 2003, luego no se observa tal inconsistencia, pues es evidente que se trata de período diferente en tanto el primero va hasta el 31 de marzo y el segundo 20 días menos.
Otra de las inconformidades de la actora que hace relación al cálculo del volumen de agua, tiene que ver con el hecho de que este se calculó, sobre la base del caudal concedido de 6 metros cúbicos por segundo, para lo cual adujo la CAR que la EAAB no cuenta aún con medidores en las bocatomas, tal como se exige en la Resolución 1288 de 2002, empero la legalidad de esta resolución no se ha discutido en el proceso, ni la misma obra en el expediente.
La inconformidad de la actora, en este caso, se centra en que no se establecieron exactamente los volúmenes realmente captados del río Bogotá y se aplicó una metodología contraria a la ley. No explicó a cual ley se refiere.
Lo que observa la Sala, en cuanto a la inconformidad expuesta en el párrafo anterior, es que el Acuerdo 8 de 2000, en el parágrafo primero del artículo primero, dispone: “En caso de que no exista medidor del volumen de agua captado, el cálculo de las tarifas de la tasa se hará con base en el volumen de agua otorgado en el permiso o concesión respectivo, hasta cuando se instale aquel”. Cabe advertir que no existe prueba en el sentido de que existiera dicho medidor, y la Sala encuentra razonable la explicación dada por la CAR en la Resolución 610 de 21 de mayo de 2003, que dio respuesta al recurso de reposición, en los siguientes términos:
“Ratificamos el contenido del Acuerdo 8, artículo primero, parágrafo primero: “En caso de que no exista medidor del volumen de agua captado el cálculo de la tasa se hará con base en el volumen de agua otorgado en el permiso o concesión respectivo, hasta cuando se instale aquel” (resaltado de la CAR).
No se acepta que el bombeo sea equivalente a los volúmenes captados por cuanto la planta de Tibitoc cuenta con sistema de almacenamiento interno, en el cual se dispone del agua para ser utilizada en cualquier momento. En el esquema de la tasa de uso se cobra al usuario los volúmenes derivados de la corriente, es decir el agua que el usuario extrae del río, limitando su utilización aguas abajo; en este caso la empresa de acueducto dispone del agua una vez ingresa por la bocatoma y la utiliza de acuerdo con sus planes operativos”(5).
Por ello, no prospera este cargo.
Los otros motivos de inconformidad de la actora, hacen relación: a) Caudal medio del período seco, b) Ajuste por calidad del recurso, c) Factor aplicable para actualizar el valor de la tarifa y d) Presión sobre el recurso.
El peritaje del señor Botero Guzmán, señala en cuanto al ítem a) que la CAR establece el valor más alto de los posibles escenarios, pero no explica el concepto del quebrantamiento ni lo confronta con lo que dispone el Acuerdo 8 de 2000 en su artículo primero; en cuanto al ítem b) se limita a decir que no se tuvieron en cuenta la calidad del agua y los costos de la potabilización del agua, pero no sustenta su dicho. En cuanto al factor aplicable para actualizar el valor de la tarifa mencionada en el ítem c), menciona que los servicios de la CAR decrecieron por lo que la tarifa debió ser ajustada a ello y no mantenerse de acuerdo con el IPC, como lo dispone el artículo 4º. En cuanto al ítem d), no hace ninguna referencia, pues no estaba contemplado en el cuestionario que le presentó la actora.
La demandada objetó el anterior dictamen pericial (fls. 283 a 287), porque se trata de errores de hecho, que consisten en dar por probado hechos no demostrados, por lo que solicitó decretar un nuevo peritaje.
La actora mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2006 (fls. 289 a 291), solicitó al a quo, desechar las objeciones de la demandada, insistiendo en que “el objeto de la pericia era determinar si el sistema y método establecidos en el Acuerdo 8 de 2000 de la CAR se ajustaban a los lineamientos de los artículos 42 y 43 de la Ley 99, puesto que es argumento de la demanda que la CAR no se ajustó a los lineamientos legales” y agregó “a continuación se muestra el resultado del ejercicio de cálculo de la tarifa con base en la reglamentación hoy vigente: Decreto 155 de 2004 (que reglamenta el artículo 43 de la Ley 99, tasa por utilización de aguas, y Resolución 240 de 2004 (por el cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas” y pide que se tengan como prueba estas normas.
De lo expresado en el peritaje y en la solicitud de la actora de desechar las objeciones de la parte demandada, se tiene que el primero es vago y los hechos que afirma el perito para señalar que se violó el Acuerdo 8 de 2000, no se demuestran. Además, ambos nuevamente se refieren a las normas que en su criterio debieron fundamentar este acuerdo, que como ya se ha dicho insistentemente, no fueron las que lo sustentaron, sino que se trata de normas anteriores a la expedición de la Ley 99 de 1993.
El tribunal decretó la práctica del nuevo dictamen pericial, con cargo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para lo cual se nombró al ingeniero López González, quien con respecto a la aplicación al caso concreto de lo previsto en el Acuerdo 8 de 2000, menciona, respecto a los ítems a) a d) a los que la Sala se refirió en párrafos anteriores, como aquellos sobre lo cuales la actora muestra su inconformidad con la tarifa señalada por la CAR.
Anota el perito, respecto de cada ítem:
a) En relación con el cálculo del caudal medio del período seco, señaló el perito:
“... para establecer el período seco de un cuerpo de agua, se puede realizar el promedio de los meses en los que el valor del caudal medio esté por debajo del caudal medio de la respectiva serie registrada. Es decir si se tienen los registros promedios de los meses, por ejemplo de junio = 7.620 julio = 8.065 y agosto = 7.453 como valores de caudales medios mensuales, se suman los tres valores .... = 23.12. Este resultado se promedia o sea se divide por 3 obteniéndose 7.707 m3/seg, como promedio de caudal de período seco...”.
Conceptúa el perito que la CAR, mediante oficio 2003-0000-04078-9 de 4 de abril de 2003, dirigido a la EAAB (fls. 175 a 177) explicó que calculó el caudal medio del período seco (QM) del río Bogotá a la altura de la planta de Tibitoc, para lo cual “se tuvieron en cuenta los registros históricos del período comprendido entre 1987-2002... Basado en los registros de valores medios mensuales de caudales. ... Conforme a lo descrito se realizó el promedio de los tres meses (ver tabla 1).
Si bien el concepto del perito no es explícito en indicar si la forma y método de cálculo del caudal medio del período seco (Qm) del río Bogotá fue establecida de conformidad con el acuerdo, de lo anterior se puede inferir que sí lo fue, o por lo menos no controvirtió la forma como la CAR estableció los caudales medios y los períodos secos.
Por ello no prospera este cargo.
b) En cuanto a la calidad del agua, el perito señaló que la incidencia que tiene esta variable en el cálculo de la tarifa es un descuento al valor de la misma; únicamente se refiere a lo expresado por la CAR en el oficio que envió a la EAAB, 2003-000-04078-9 de 4 de abril de 2003 en el cual le responde su inquietud, “Para el análisis de calidad de agua de los ríos Bogotá y Teusacá, el pasado 26 de marzo se realizó el muestreo para determinar la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales en los puntos de Tibitoc y Teusacá con vehículos del acueducto y con muestreador de la CAR, de acuerdo con lo concertado en reunión realizada entre la EAAB y la CAR. En cuanto a la aplicación del factor de ajuste por calidad del recurso. Este se realizó previa entrega de los resultados de laboratorio por parte del usuario, antes de la finalización de un trimestre de facturación”.
De la lectura de la Resolución 610 de 2003, por medio de la cual la CAR resolvió el recurso de reposición, la entidad menciona que es necesario que realice la aplicación del ajuste por calidad del recurso, teniendo en cuenta que posee tanto la muestra como los resultados necesarios para ello y que “para facilitar la comprobación, se anexan los resultados DB05, obtenidos por el laboratorio del acueducto”.
Para la Sala el cargo no está llamado a prosperar, pues la actora participó en el análisis de calidad y ella misma entregó los resultados.
c) Factor aplicable para actualizar el valor de la tarifa. Señala el perito que de conformidad con el artículo cuarto del Acuerdo 8 de 2004, para determinar el incremento de las tarifas de la tasa por utilización de aguas, se debe tener en cuenta el menor valor entre el IPC del año anterior y el incremento nominal del costo anual de los servicios; el perito afirma que el menor valor a aplicar era el último factor.
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que en la Resolución 610 de 2003, que dio respuesta al recurso de reposición en la vía gubernativa, la CAR explicó razonablemente, que:
“... si optamos por la menor de las dos alternativas previstas en el citado artículo 4º, y habiendo dado como resultado un número negativo, la lógica consecuencia es que no puede haber lugar a incremento, ya que no existe un aumento nominal del costo anual de los servicios de la CAR, pero en manera alguna que ello nos haga derivar en el contrasentido que supone determinar el incremento mediante un “decremento”, como equivocadamente sostiene el recurrente.
En consecuencia y teniendo en cuenta que el incremento de que trata el Acuerdo 8 de 2000 se refiere específicamente a un incremento cuando a ello hubiere lugar y no a una variación propiamente dicha (sic) se mantiene la tarifa y no hay lugar a su decremento...).
d) Como ya se dijo, el perito no se refiere al ítem d).
Ahora, si en gracia de discusión, se entendiera que algunos factores para la determinación de la tasa por uso del agua, no fueron aplicados exactamente como lo dispuso el Acuerdo 8 de 2000, lo cierto es que no existen parámetros para disminuir la suma cobrada, ni ello fue solicitado, porque se repite, la actora basó los argumentos de la demanda en la inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo 8 de 2000, tanto así que cuando solicita que se amplíe y aclare el concepto del perito López González (fls. 372 a 375), pide que se haga a doble columna para que se compare el sistema y método previstos en la Ley 99 de 1993 y en el Acuerdo 8 de 2000; que se indiquen los fundamentos técnicos que determinan los diferentes coeficientes, esto último pretendiendo desvirtuar, sin probarlo, el documento técnico soporte del Acuerdo 8 de 14 de febrero de 2000.
Vale la pena mencionar que el testimonio rendido por el señor Niño Parra (fls. 209 a 215), ingeniero civil, en ese momento investigador de la CAR desde noviembre de 2002, se refiere a la metodología que utilizó la CAR para expedir el Acuerdo 8 de 2000, sin que se observe la utilización de factores subjetivos o arbitrarios y sin soporte técnico en su expedición, como lo afirma, sin probarlo ni concretarlo, la actora.
Lo cierto es que la EAAB, no desvirtuó la tarifa de la tasa por utilización de agua que le impuso la CAR, para el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003.
Por todo lo anterior, la Sala revocará el fallo apelado, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de este proveído.
REVÓCASE la sentencia de 1º de agosto de 2007, proferida por la Sección Cuarta —Subsección “A”— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, de dispone:
1. DECLÁRASE de oficio probada la excepción de cosa juzgada, en relación con el Acuerdo 8 de 2000, de conformidad con las consideraciones de esta providencia.
(2) Dicha regulación se emitió tan solo a partir del Decreto 155 de 2004, con las directrices definidas en la Ley 99 de 1993.
(3) Esta ley creó la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los valles de Ubaté y Chiquinquirá, denominación que fue modificada por el artículo 33 de la Ley 99/93.
(4) El literal b) al que se refiere este artículo, debe ser del artículo primero con el que concuerda, además porque el artículo tercero no tiene literal b).
(5) Ver folios 86 y 87 del cuaderno principal.

References: artículo 43
 artículo 159
 artículo 43
 artículo 9
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 284
 artículo 98
 artículo 285
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 159
 artículo 43
 artículo 58
 artículo 43
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 338
 artículo 31
 artículo 43
 Resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 43
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 33