Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201237.html
Timestamp: 2019-03-26 04:20:21+00:00

Document:
as2016201237
Auto Supremo: 1237/2016
Sucre: 28 octubre 2016
Expediente: SC-183-15-S
Partes: Deysi Mabel Rojas Ledezma c/ Nicanor Torrez Mendoza, Patricia Franchevich Aguilera, Marcela Aguilera Pizarro y presuntos propietarios.
Proceso: Ordinario, usucapión decenal y cancelación de registro en Derechos Reales.
Distrito: Cruz.
VISTOS: El recurso de casación y nulidad de fs. 411 a 414 vta., interpuesto por Deysi Mabel Rojas Ledezma, contra el Auto de Vista Nº 38/2015 de 02 de octubre de 2015 de fs. 390 a 391 y vta. pronunciado por la Sala Tercera Civil y Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal y cancelación de registro en Derechos Reales, seguido por la recurrente contra Nicanor Torrez Mendoza, Patricia Franchevich Aguilera, Marcela Aguilera Pizarro y presuntos propietarios, con reconvención de las dos últimas personas por indemnización, pago de daños, perjuicios y costas procesales, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble; la respuesta de fs. 417 a 418 vta., al recurso de casación; el Auto de concesión de fs. 419 y demás antecedentes.
I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 19/2015 de 20 de febrero de 2015 de fs. 355 a 359, declaró IMPROBADA la demanda principal de fs. 9 a 10 vta., ampliada a fs. 23 a 24; PROBADA la demanda reconvencional de indemnización y pago de daños, perjuicios y costas procesales, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble de fs. 78 a 81 interpuesta por Patricia Franchevich Aguilera y Marcela Aguilera Pizarro; IMPROBADA las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, falta de legitimidad para demandar, improcedencia, etc. opuestas por la actora principal (fs. 105 a 106); en su mérito ordenó a la actora principal, desocupe y entregue el inmueble sito en UV. 5 Manzana Nº 16, a sus propietarias y sea a tercero día de ejecutoriada la sentencia, bajo prevención de lanzamiento; condenó a la demandante principal al pago de daños y perjuicios a cuantificarse en ejecución de sentencia.
I.2.- En contra de la indicada Sentencia, la demandante principal, interpuso recurso de apelación y en conocimiento del mismo, la Sala Tercera Civil y Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 38/2015 de 02 de octubre de 2015 de fs. 390 a 391 y vta., CONFIRMÓ la Sentencia con el siguiente fundamento:
Indica que no son evidentes los argumentos vertidos en el recurso de apelación, ya que el Juez de instancia habría realizado la valoración de las pruebas conforme al art. 1286 y 1289 del Código Civil y las demandadas reconvencionistas con la prueba de fs. 51-52 y de 71 a 72 demostraron su derecho propietario sobre el inmueble motivo de litigio, aspecto que les asiste demandar la reivindicación del mismo; que dicho inmueble cuenta con construcciones antiguas que no fueron realizada por la actora, sin que las fotografías de fs. 5 a 7 y 130 a 137 puedan desvirtuar el derecho de las actuales propietarias, siendo la misma demandante quien durante la inspección judicial habría afirmado que ingresó al inmueble a título de cuidante de la Sra. Mirian Montaño, teniendo la calidad de simple detentadora, aspecto que no le permite usucapir el bien inmueble; en base a esos antecedentes procede a confirmar la sentencia por considerarla correcta, indicando además que dicha resolución fue pronunciada dentro del plazo establecido por ley.
En contra del referido Auto de Vista, la actora principal Deysi Mabel Rojas Ledezma interpuso recurso de casación y nulidad solicitando se declare fundado su recurso, disponiendo la nulidad del Auto de Vista y de la Sentencia de primera instancia y deliberando en el fondo case declarando probada su demanda y sea en estricta aplicación del art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:
II.1.- Del contenido del recurso se resume lo siguiente:
En el Punto II del memorial de impugnación, la recurrente refiere “interponer recurso de nulidad”, demandando la nulidad de oficio de todo lo actuado hasta el vicio más antiguo por infracción de los arts. 3 num. 1), 58 y 90 del Código de Procedimiento Civil; refiere que a partir de fs. 120 todos los actuados realizados por los abogados de las demandadas son nulos por carecer de representación; indica que los abogados para obtener la sentencia se valieron de pruebas que nunca fueron legalmente presentadas por las demandadas y que su persona por memorial de fs. 105 a 106 denunció fraude procesal solicitando el rechazo de los memoriales y que el Juez A quo simplemente se limitó a correr traslado; en base a esos antecedentes refiere que de acuerdo al art. 17.I de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial corresponde al Tribunal de casación disponer la nulidad de oficio, indicando que serían aplicables los A.S. Nº 160/2012 y 479/2012.
En el Punto III del memorial bajo el denominativo de “interpone recurso de casación en el fondo”, nuevamente denuncia la violación de los arts. 3, 58, 90, 92-IV del Código de Procedimiento Civil, los que serían causal de casación conforme al art. 253 num. 1), 2) y 3) del mismo adjetivo civil, y haciendo referencia a la falta de representación de los abogados de las demandadas, acusa interpretación errónea del art. 5, violación y aplicación indebida del art. 3 y 90 e indebida aplicación del art. 99, todos del Código de Procedimiento Civil.
Refiere que el Juez A quo en la apreciación de la prueba habría incurrido en error de hecho al admitir prueba presentada por los abogados sin personería, aspecto que habría reclamado como fraude procesal y no fue subsanado, tampoco mereció reparación por parte del Tribunal Ad quem cuando fueron reclamadas en su recurso de apelación; seguidamente procede a describir detalles de los supuestos errores que se habría cometido en la tramitación del proceso y en la valoración de la prueba en la emisión de la sentencia de primera instancia.
En el Punto IV del memorial, nuevamente refiere “interponer recurso de casación en la forma” por las causales del art. 254 inc. 1), 4) y 7) del C.P.C. denunciando al Ad-quem omisión de pronunciamiento a sus argumentos de su recurso de apelación, entre estos indica que la sentencia fue dictada fuera de plazo, reiterando en lo demás la falta de representación de los abogados de las demandadas.
En base a esos argumentos en su petitorio concluye indicando que interpone recurso de nulidad y/o casación solicitando se declare fundado su recurso disponiendo la nulidad del Auto de Vista y de la Sentencia de primera instancia y deliberando en el fondo CASE declarando probada su demanda y sea en estricta aplicación del art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
II.2.- De la respuesta al recurso:
La parte demanda ratifica sus argumentos de su demanda reconvencional y de la contestación a la apelación, resaltando el hecho de que la actora principal durante la audiencia de impacción judicial voluntariamente habría confesado de la existencia de la construcción en el inmueble que habita y que ingresó al mismo por autorización de Mirian Montaño a título de cuidante, aspecto que se encontrarían ratificado por la confesión judicial provocada de fs. 332; con relación a la falta de representación de sus personas, indica que es falso ya que desde inicio acreditaron su representación y concluye solicitando se declare infundado el recurso.
Tomando en cuenta que existen deficiencias notorias en el planteamiento del recurso de casación; se expone a continuación la doctrina aplicable para al caso de autos.
En el Auto Supremo Nº 532/2014 de 19 de septiembre 2014, se indicó lo siguiente:
“Se ha establecido en reiterados autos supremos que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical de carácter extraordinario equiparable a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme se encuentra establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, se lo hace estrictamente por errores de procedimiento o por incongruencia en la estructura de la resolución, denominado en doctrina error “in procedendo”, cuya finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, en este último caso siempre y cuando se hubieren violado las formas esenciales de su tramitación sancionadas expresamente con nulidad por la ley; en el recurso de casación en la forma solo está permitido acusar la infracción de normas adjetivas o procedimentales y no así las normas de carácter sustantivo.
En tanto que el recurso de casación en el fondo procede por errores de fondo en la resolución del litigio denominado también “error in judicando” y está orientado a que el Tribunal de casación revise el aspecto sustancial de la resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido a través de la emisión de una nueva resolución que lo reemplaza resolviendo el fondo de la controversia en base a la correcta compulsa de la prueba y la aplicación o interpretación de la ley sustantiva; valga la redundancia aclarar que en este tipo de recurso no corresponde acusar la infracción de las normas procedimentales o adjetivas las cuales como se tiene dicho están reservadas para el recurso de casación en la forma; por ello y debido a razones de orden lógico, no se puede interponer recurso de casación en el fondo contra una resolución anulatoria, por cuanto el Juez o tribunal que emite este tipo de resolución (anulatoria) lo hace por aspectos estrictamente formales o de procedimiento sin ingresar a considerar el aspecto sustancial o fondo del asunto.
En cada uno de los recursos, los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil respectivamente y cumplir con el mandato del artículo 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; esas especificaciones se realizarán ya sea de las leyes sustantivas o adjetivas de acuerdo al tipo de recurso que se interponga y deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
En cuanto al petitorio en uno u otro recurso también difiere; en caso de ser interpuesto al mismo tiempo ambos recurso (forma y fondo), no se puede terminar solicitando simplemente porque se case la resolución recurrida o se anule la misma, la petición tendrá que ser de manera alternativa acorde al planteamiento de cada recurso porque los fundamentos y la finalidad que persiguen son diferentes, los cuales debe realizarse diferenciándose claramente el uno con respecto del otro.
Por otra parte, es preciso señalar que toda impugnación o recurso judicial se encuentra estructurado de dos componentes esenciales que son la causa petendi y el petitium y para que pueda ser atendido en su verdadera dimensión, debe existir la suficiente coherencia en todo su contenido; la causa petendi es el motivo por el cual se recurre y está integrado por el elemento fáctico y normativo, los cuales deben ser precisados y fundamentados adecuadamente por el recurrente; mientras que el petitium es la solicitud expresa, clara y concreta que se realiza en el recurso; ambos componentes (causa petendi y petitium) están directamente vinculados con la finalidad del recurso lo que en doctrina se conoce como el “nexo o relación de causalidad”; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium, mismo que no sólo debe ser claro, sino sobre todo coherente con el fundamento que sustenta la pretensión; en ese sentido se tiene establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus reiterados fallos plasmados en sentencias y autos constitucionales, entre estos en la SCP 1456/2013 y AC 0099/2012-RCA”.
El recurso extraordinario de casación se encuentra puesto a disposición de las partes litigantes para atacar el fallo de segunda instancia, esto en razón de que la resolución que precede a dicho fallo ya fue objeto de revisión por el Ad quem en función al recurso ordinario de apelación; por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos específicos conforme lo establecía el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil y lo establece hoy el art. 274.I, num. 3) de la vigente Ley Nº 439 Código Procesal Civil, siendo estos aspectos que la distinguen del resto de los recursos ordinarios.
En el caso presente, la parte recurrente inicialmente en el Punto II de su memorial de impugnación refiere interponer recurso de nulidad demandando la nulidad de oficio de todo lo actuado hasta el vicio más antiguo; en el Punto III indica que interpone recurso de casación en el fondo por las tres causales que establecía el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, y el Punto IV nuevamente refiere interponer recurso de casación en la forma al amparo del art. 254 inc. 1, 4 y 7) del mismo adjetivo civil; en los tres puntos referidos del memorial de impugnación de manera improvisada incursiona sobre aspectos de forma cuestionado la representación de la parte demandada denunciando contra el operador judicial de primera instancia la infracción de normas procesales referidas a esa temática y a los deberes que le concierne como juzgador, indicando que se habría admitido prueba que nunca fue legalmente presentada por las demandadas y sobre esa base se habría dictado la sentencia y respecto al Auto de Vista simplemente se limita a indicar que el Ad-quem habría incurrido en omisión de pronunciamiento sobre esas supuestas irregularidades procesales.
Sin embargo, revisado los antecedentes procesales se advierte que los argumentos de forma traídos en etapa de casación como es la falta de representación de las demandadas y la supuesta admisión ilegal de prueba propuesta por las mismas, no fueron reclamados oportunamente a través de los medios idóneos que establecía el Código de Procedimiento Civil como son las excepciones previas de impersonería en los apoderados y los recursos de impugnación respecto al tema probatorio, ni mucho menos los argumentos referidos fueron motivo de reclamo en el recurso ordinario de apelación deducido contra la sentencia de primera instancia (salvo la denuncia extemporánea de dicho fallo), en cuya impugnación la parte recurrente cuestionó aspectos de fondo solicitando la revocatoria de la sentencia y en ningún momento pretendió la anulación de dicha resolución y menos del proceso como pretende actualmente.
Los argumentos referidos, al no haber sido motivo de reclamo en el recurso de apelación, definitivamente no pueden ser reclamados en el recurso de casación cuestionando al Ad quem de haber incurrido en omisión de pronunciamiento o falta de reparación de las supuestas irregularidades procesales, toda vez que el Tribunal de segunda instancia tiene delimitada su competencia para resolver la impugnación y es en función precisamente de los argumentos del recurso de apelación, no pudiendo obligársele a incursionar en otros temas que no formaron parte de la impugnación y consiguientemente este Tribunal se encuentra impedido de ingresar a considerar los reclamos planteados.
Al margen de lo señalado, la recurrente incurre en franca discordancia entre los argumentos descritos en su recurso de casación con relación a su petitorio; pues en el primero denuncia aspectos de orden estrictamente procesal encaminados según su criterio a la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia y del proceso en sí, sin embargo en su petitorio termina solicitando se proceda a la casación (sin especificar cuál de las resoluciones) y se dé estricta aplicación al art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, al extremo de haber aparentemente planteado tres tipos de recursos de casación con los mismos argumentos (recurso de nulidad, recurso de casación en el fondo y recurso de casación en la forma) cuando la ley procesal solo reconoce dos (forma y fondo), lo que definitivamente le torna de incoherente, confuso y deficiente el planteamiento del recurso, denotando total falta de conocimiento de este medio extraordinario de impugnación, aspecto que es atribuible al profesional que patrocina a la recurrente.
Debe tenerse presente que conforme a la doctrina que se halla expuesta en la presente resolución, toda impugnación o recurso judicial se encuentra estructurado de dos componentes esenciales que son la causa petendi y el petitium y para que pueda ser atendido en su verdadera dimensión, debe existir la suficiente coherencia en todo el contenido del recurso; la causa petendi es el motivo o razón por el cual se recurre y está integrado por el elemento fáctico y normativo, los cuales deben ser precisados y fundamentados adecuadamente por el recurrente; mientras que el petitium es la solicitud expresa, clara y concreta que se realiza en el recurso; ambos componentes (causa petendi y petitium) están directamente vinculados con la finalidad del recurso lo que en doctrina se conoce como el “nexo o relación de causalidad”; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium, mismo que no sólo debe ser claro, sino sobre todo coherente con el fundamento que sustenta la pretensión recursiva; aspectos que en el caso presente se hallan totalmente contrapuestos, siendo este otro motivo que impide ingresar a analizar el recurso planteado.
Finalmente, con relación a la respuesta al recurso de casación, la parte demandada y reconvencionista debe tener presente los fundamentos expuestos en la presente resolución.
Por todo lo anteriormente señalado, el recurso resulta improcedente, correspondiendo emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.I num. 4) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.I num. 4) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de nulidad y casación interpuesto por Deysi Mabel Rojas Ledezma, contra el Auto de Vista Nº 38/2015 de 02 de octubre de 2015 de fs. 390 a 391 y vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil y Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Con costas y costos a la recurrente conforme dispone el art. 223. V num. 1) con relación al art. 224, ambos de la Ley Nº 439.

References: resolución 
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 artículo 258
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