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Timestamp: 2019-09-19 06:49:20+00:00

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﻿ SENTENCIA 11960 DE ABRIL 10 DE 2003
SENTENCIA 11960 DE 10 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:LA CONFESIÓN CALIFICADA TAMBIÉN DA DERECHO A REBAJA DE PENA. CUANDO SEA DE DECISIVA UTILIDAD PARA LA JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CONFESIÓN, CLASES DE CONFESIÓN, CONFESIÓN JUDICIAL, DISMINUCIÓN DE LA PENA, FLAGRANCIA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:379 DE JULIO DE 2003, PÁG.1286
Sentencia 11960 de abril 10 de 2003
LA CONFESIÓN CALIFICADA TAMBIÉN DA DERECHO A REBAJA DE PENA
CUANDO SEA DE DECISIVA UTILIDAD PARA LA JUSTICIA
EXTRACTOS: «2. De acuerdo con el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (modificado por el 38 de la Ley 81 de 1993), que era la norma vigente para cuando se profirió el fallo impugnado, la reducción de pena allí prevista procedía siempre y cuando la confesión se produjera durante la primera versión del imputado ante el funcionario judicial y que no se tratara de un caso de flagrancia.
Al referirse a la disposición, la Corte de manera reiterada estimó que para la configuración de la flagrancia no era necesario que la persona sorprendida al momento de cometer la conducta punible fuera aprehendida en el acto o momentos después con objetos o huellas de los cuales apareciera fundadamente que momentos antes lo hubiera realizado, sino que bastaba que fuera vista en ese instante por una o varias personas (o filmada) y resultara identificada o individualizada (1) .
(1) Cfr., entre otras: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Prov. - Casación, dic. 1º de 1987, M.P., Dr. RODOLFO MANTILLA JÁCOME; prov.- Casación, nov. 16 de 1988, M.P., Dr. JAIME GIRALDO ÁNGEL; prov.- Casación, sep. 9 de 1993, M.P., Drs. ÉDGAR SAAVEDRA ROJAS y JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA; prov.- Casación – 9.602, ago. 19 de 1997, M.P., Dr. JORGE CÓRDOBA POVEDA; sent. Casación – 10.282 , may. 20 de 1998, M.P., Dr. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA; Sent. Casación – 10.567, ago. 17 de 1999, M.P., Dr. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA; Sent. Casación – 10.554, dic. 3 de 1999, M.P., Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN, y Sent. Casación – 9.847, dic. 15 de 1999, M.P., Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL.
Frente a la disposición comentada, a la vez, la Sala consideró en múltiples oportunidades que para que operara la reducción punitiva allí prevista, así no se mencionara expresamente la condición –como sí se hacía en el artículo 301 del decreto 050 de 1987—, era indispensable que la confesión se constituyera en el fundamento de la condena (2) .
Cfr., entre otras: Corte Suprema de Justicia. Prov. Casación, sep. 29 de 1993, M.P. Guillermo Duque Ruiz; Sent. Casación – 9.256, mar. 11 de 1997, M.P. Dídimo Páez Velandia; sent. Casación – 10.230 , ene. 28 de 1999, M.P.Fernando Arboleda Ripoll; Sent. Casación 14.092, mar. 3 de 1999, M.P. Carlos Augusto Gálves Argote; Sent. Casación – 10.567, ago.17 de 1999, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda; Sent. Casación – 10.915, nov.11 de 1999, M.P. Jorge Ánibal Gómez Gallego; Sent. Casación – 12.225, mar. 3 de 2000, M.P. Carlos E. Mejía Escobar; Sent. Casación – 11.303, jun. 6 de 2000, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y Sent. Casación – 11.165, jul. 24 de 2001, M.P. Herman Galán Castellanos.
Adicionalmente se estimó en la sentencia del 25 de mayo de 2000 (3) , lo cual ha sido reiterado por la Corte frente al artículo 283 del Código de Procedimiento Penal de 2000 (4) , que la expresión “confesare el hecho” consagrada en la norma, significaba la admisión por parte del procesado de la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable, en consideración a que la palabra “hecho” en derecho penal tiene la connotación de “hecho punible”. Y se agregó en la misma decisión que “la confesión calificada por circunstancias que excluyen la responsabilidad no permite la disminución de pena a que se refiere el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal”, pues la norma apunta “en forma exclusiva, a la confesión simple y, eventualmente, a la calificada por razones diversas de las anteriores”.
(3) Corte Suprema de Justicia. Sent. Casación – 11.400, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.
(4) Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: de enero 31 de 2002, M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego; de febrero 14 de 2002, M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego; del 14 de marzo de 2002, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; del 11 de julio de 2002, M.P. Fernando Arboleda Ripoll; y del 30 de enero de 2003, M.P. Marina Pulido de Barón.
3. Es claro, de acuerdo con lo anterior, que el recurrente tenía la carga de demostrarle a la Corte que en la sentencia se declaró que el procesado confesó el hecho, que lo hizo en su primera versión ante las autoridades judiciales, que no se trató de un caso de sorprendimiento en flagrancia y que la confesión fue el fundamento de ese pronunciamiento, pues tales eran los requisitos que debían confluir para que procediera la rebaja de la sexta parte de la pena impuesta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal de 1991 y los criterios de interpretación fijados por la Corte. Pero no lo hizo así. Se limitó sólo a señalar que su representado confesó calificadamente el delito y a afirmar, aunque después diga que no se acogieron sus términos, que el fallo se edificó sobre la confesión, sin acreditar la veracidad de ésta afirmación, que sin ninguna duda le implicaba una referencia obligatoria al contenido de la sentencia.
El casacionista, en fin, no demostró el error denunciado y la Corte, por el carácter dispositivo del recurso, no puede completar la demanda, que fue lo que hizo el Agente del Ministerio Público con desbordamiento del principio de limitación que rige la casación y que igualmente lo vincula, como en repetidas oportunidades lo ha señalado la Sala.
El Procurador, en efecto, arribó a la conclusión de que procedía la rebaja de pena por confesión, luego de aportar una serie de razones en contra de la posición jurisprudencial de la Corte sobre la figura jurídica de la flagrancia y de intentar persuadir acerca de que el descuento de pena no podía condicionarse a que la confesión fuera el fundamento del fallo. Son argumentos que ni siquiera insinuó el demandante y que, de todas maneras, frente a la legislación vigente para cuando fueron planteados –pues respecto de la actual es una discusión que carece de objeto como se verá enseguida—, no comparte la Sala y se sustenta para ello en los razonamientos que muchos años antes del concepto expresó en diferentes decisiones y que ha mantenido hasta la fecha, como lo evidencian la gran cantidad de determinaciones en las que se ha examinado el tema de la rebaja de pena por confesión de acuerdo con el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal de 1991.
4. El actual artículo 283 del Código de Procedimiento Penal incluyó como requisitos para tener derecho a la sexta parte de reducción punitiva los siguientes:
•• Que no se trate de una hipótesis de flagrancia.
•• Que la confesión se produzca durante la primera versión del imputado ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal. Y,
•• Que sea el fundamento de la sentencia.
Esta norma y la noción de flagrancia consignada en el artículo 345 ibídem, de acuerdo con la cual para que la misma tenga ocurrencia es indispensable la captura, deja fuera de lugar la discusión planteada por el Procurador, pues en las actuales condiciones la definición legal de flagrancia coincide con su tesis y la exigencia atinente a que la confesión sea el fundamento del fallo, inferida por vía de interpretación jurisprudencial, quedó explícita en el Código de Procedimiento Penal de 2000.
5. Esta variación legislativa, sin embargo, no produce ningún efecto sustancial en el caso examinado, pues aunque es verdad que de cara a la nueva normatividad la situación del procesado no es de flagrancia, ya que su captura se produjo en virtud de mandato judicial más de 4 meses después del día de los hechos, también lo es que su confesión no se constituyó en el fundamento de la sentencia, como claramente se colige del contenido de los fallos de instancia, que hacen una unidad jurídica inescindible.
En el del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pamplona se mencionan los testimonios de Hermes Ramón Barón, Luis Arturo Avellaneda Leal y Jaime Barón Benítez, los cuales presenciaron cuando Uriel Areniz Alvernia huía del lugar de la tragedia, diciéndole al último que había causado el homicidio porque la mujer lo había ofendido. Igualmente los de José Angel Ortega Jerez y Carmen Esmilda Ortega Jerez, hermanos de la occisa, quienes se refieren a la discusión previa que tuvo lugar entre el procesado y la víctima, atribuyéndole al primero ser el autor del crimen. Se sirvió el fallador, igualmente, de la prueba indiciaria derivada de la circunstancia de haberse dado a la fuga el inculpado inmediatamente después de los hechos y de las contradicciones en las que incurrió en sus intervenciones procesales.
De cualquier manera, un examen del proceso es indicativo de que las evidencias obtenidas antes de la indagatoria del acusado, permitieron establecer lo que finalmente declaró la sentencia que sucedió y, sin ninguna duda, con prescindencia de lo que confesó la decisión hubiera sido la misma.
6. Encuentra la Sala oportuno señalar que la expresión “confesare su autoría o participación en la conducta punible que se investiga”, consagrada en el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal de 2000, no guarda correspondencia con la locución “confesare el hecho” prevista en el 299 del Estatuto de 1991 y en concordancia con la cual la Corte ha concluido que no opera la rebaja de pena por confesión cuando ésta sea calificada por circunstancias excluyentes de la responsabilidad penal.
Esa modificación no la cree gratuita la Corte. Si la expresión “confesare el hecho”, como efectivamente se interpretó, permitía identificar hecho con hecho punible y por ende descartar la rebaja punitiva frente a casos en los que no confesara el imputado una conducta típica, antijurídica y culpable, la circunstancia cierta de que la jurisprudencia anterior a la reforma penal de 2000 (5) admitiera la posibilidad de rebaja de pena en casos de confesión calificada (6) , cuando sin ella no se hubiera podido condenar al procesado, aunado a la circunstancia de que una de las pretensiones del cambio legal fue la adecuación de las normas procesales a los desarrollos de la jurisprudencia, conduce a deducir que el querer del legislador estuvo en la orientación de permitir la rebaja punitiva aún frente a eventos de confesión calificada, cuando la misma resultara de utilidad decisiva para la justicia.
(5) Los proyectos de Código Penal y de Procedimiento Penal, cada uno con su respectiva exposición de motivos, fueron presentados al Presidente del Senado el 4 de agosto de 1998 por el Fiscal General de la Nación de entonces.
(6) Corte Suprema de Justicia. Sent. Casación – 8.012, sep. 29 de 1993, M.P. Guillermo Duque Ruiz; sent. Casación, jul. 28 de 1994, M.P. Guillermo Duque Ruiz; Sent. Casación – 9.869, nov. 20 de 1996, M.P. Ricardo Calvete Rangel; Sent. Casación – 9.602, ago.17 de 1999, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda.
Son ilustrativas de esa conclusión los siguientes apartes de las decisiones de la Sala antes citadas, del 29 de septiembre de 1993 y del 20 de noviembre de 1996. Se dijo en la primera:
“…tampoco procede la rebaja de pena en comento, cuando se trata de una confesión calificada o cualificada, en virtud de la cual sólo se admite la autoría de la conducta, pero se niega toda responsabilidad penal aduciendo cualquier circunstancia excluyente de ésta, porque en tal caso, se ha sostenido antes y se reitera ahora, si la confesión hubiera sido fundamento de la sentencia, ésta forzosamente habría tenido que ser absolutoria. Pero si es condenatoria, ello se debe a que los encargados de administrar justicia acudieron a otros elementos de juicio que les permitieron establecer la materialidad del hecho y la responsabilidad de su autor, desechando por completo la confesión vertida. Y si esto es así, claro es que la confesión también en este caso es inútil para la investigación, y por ello no puede beneficiarse a un confesante que en vez de colaborar con la justicia, por el contrario le exigió un mayor desgaste y esfuerzo, ya que tuvo que entrar a desvirtuar todas las afirmaciones mentirosas que planteaban una circunstancia excluyente de responsabilidad que a la postre se desestimó por inexistente.
Mas a lo anterior estima la Sala que debe hacérsele una consideración adicional: si el Juez para proferir su condena, no podía de ninguna manera prescindir por completo de la confesión, no es posible negar que esta sirvió de sustento a la sentencia y que por tanto fue de decisiva utilidad para la justicia, que sin ella no habría podido condenarlo.
La anterior situación —finaliza la cita— podría presentarse, por ejemplo, en la hipótesis de una confesión calificada con excluyentes de responsabilidad, si únicamente gracias a la asunción de autoría hecha por el acusado pudo condenársele, ya que sin este reconocimiento, la justicia sólo habría podido establecer las circunstancias del hecho pero jamás la identidad del responsable. Es verdad que en este caso también los funcionarios judiciales tuvieron que hacer un mayor esfuerzo para desvirtuar la excluyente mentirosa planteada por el procesado, pero también es cierto que el esfuerzo no resultó inútil porque gracias a éste y a la colaboración del acusado, así haya sido parcial, se pudo condenar al responsable. Para la Sala es claro que en este caso, la confesión fue fundamento de la sentencia, porque sin ella, así fuera sólo en lo atinente con la admisión de la autoría, no se habría podido proferir la condena”.
Y lo que sigue es lo que se dijo en la segunda:
“…es oportuno evocar que la Sala ha dicho que en algunos casos, pese a tratarse de confesiones calificadas en donde se acepta la autoría del hecho pero se niega su antijuridicidad o culpabilidad, es posible reconocer la rebaja de pena por confesión si gracias a ella fue que se pudo establecer quién fue el autor del hecho…”.
Confesar la autoría o la participación en la conducta punible, entonces, no es equivalente a confesar la responsabilidad penal, de lo cual no deja ninguna duda el contenido del inciso 2º del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal (7) . Y si se tiene en cuenta —como se extrae de los antecedentes jurisprudenciales transcritos— que lo que tradicionalmente se ha discutido es si la rebaja punitiva procede solamente cuando se admite la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, o si es posible hacerlo también cuando únicamente se acepta la realización de la conducta típica, que es como usualmente se ha entendido la autoría, se deduce que el legislador adoptó la opción de permitir la rebaja de pena frente a los dos tipos de confesión, aunque condicionándola al hecho de que se constituya en el fundamento de la sentencia condenatoria.
(7) Dice la norma: “La aceptación de la autoría o coparticipación por parte del imputado en la versión rendida dentro de la investigación previa tendrá valor de confesión”.
Y debe advertirse que se trata de una decisión legislativa adecuada. Sin perder de vista que la razón para disminuir la sanción con sustento en la confesión es la colaboración con la justicia y el ahorro consecuencial de esfuerzo jurisdiccional en la reconstrucción de lo sucedido, esos mismos efectos, así sea excepcionalmente, se obtienen cuando una persona confiesa su autoría o participación en su primera versión ante el funcionario judicial y aunque aduce una circunstancia de exclusión de responsabilidad, sin esa confesión no hubiera podido ser condenada. Piénsese, por ejemplo, en todos aquellos casos en los cuales se desconocen los autores o partícipes de la conducta punible y donde la investigación preliminar, que tiene como una de sus finalidades recaudar las pruebas indispensables para lograr su individualización o identificación, no ha logrado ese cometido. Y que en tales circunstancias, mucho después del cometimiento del hecho y quizás ya archivado el caso por falta de pistas para seguir, una persona se presenta ante el Fiscal y confiesa la autoría del crimen, aduciendo una circunstancia excluyente de responsabilidad. El funcionario, ceñido a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Procedimiento Penal, practica las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de ese relato y averiguar las circunstancias de la conducta punible, arribando a la conclusión a través de medios de prueba logrados gracias a la confesión, de que la persona –en efecto— realizó la conducta típica y que, además, es responsable penalmente de ella.
Es indiscutible que en un evento así la confesión calificada ha sido “de decisiva utilidad para la justicia” en cuanto ha permitido su realización y resultaría injusto en tales circunstancias, por ende, no rebajarle la pena a quien sin duda alguna ha prestado una colaboración definitiva para la solución del caso. Y esta posibilidad, como se advirtió, no la impide el actual artículo 283 del Código de Procedimiento Penal, en el cual no quedó limitada la rebaja de pena a la denominada confesión simple, sino que la permite igualmente frente a la confesión calificada, a condición, eso sí, en los dos casos, que sea el fundamento de la sentencia. De esta manera la Corporación recoge los antecedentes en contrario, debiendo entenderse que se opera un cambio de jurisprudencia en los precisos términos aquí expuestos.
7. Esta última exigencia, que finalmente es la que determina la concesión de la rebaja punitiva cuando se reúnen las demás exigencias legales, merece una aclaración. Que la confesión sea el fundamento de la sentencia no significa, como a veces se entiende, que constituya su soporte probatorio determinante. Si así fuese, la norma de la reducción punitiva sería virtualmente inaplicable pues si la ley impone verificar el contenido de la confesión (art. 281 CPP), es normal que al hacerlo se logren otros medios de prueba con la aptitud suficiente para fundamentar el fallo. El significado de la exigencia legal está vinculado es, como lo ha señalado la Corte, a la utilidad de la confesión. Y si se considera que su efecto reductor de la pena se condiciona a que tenga ocurrencia en la primera versión y en casos de no flagrancia, la lógica indica que fundamenta la sentencia si facilita la investigación y es la causa inmediata o mediata de las demás evidencias sobre las cuales finalmente se construye la sentencia condenatoria.
8. El cargo, pues, por las razones ya dichas, no puede prosperar en lo que tiene que ver con la denuncia relativa a la falta de aplicación del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal de 1991».
(Sentencia de casación, 10 de abril de 2003. Radicación 11.960. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

References: artículo 299
 artículo 301
 artículo 283
 artículo 299
 artículo 299
 artículo 299
 artículo 283
 artículo 345
 artículo 283
 artículo 324
 artículo 281
 artículo 283
 artículo 299