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Timestamp: 2018-05-27 09:19:24+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2633/2005, 20-12-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2633/2005 de 20 de Diciembre de 2006
Núm. Resolución: 00/2633/2005
Son ajustadas a derecho las providencias de apremio impugnadas, sin que el error de hecho en las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición, pues no existía garantía, produzca que la interposición de la reclamación económico-administrativa tenga efectos suspensivos. No se ha producido confusión del interesado, pues las resoluciones indican que la suspensión automática a la que se refiere se produce "al haber aportado garantía", cosa que no se había realizado. Tampoco se ha producido indefensión, pues no se ha anulado ni restringido ninguna oportunidad de defensa.
En la Villa de Madrid, a 20 de diciembre de 2006 en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por D. ... con domicilio en ..., contra la resolución de 28 de abril de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., por la que se desestima la reclamación interpuesta contra la resolución de 21 de noviembre de 2003, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra providencias de apremio por importes de 719.903,16 € y de 17.465,46 €.
PRIMERO: El interesado interpuso recursos de reposición contra dos liquidaciones del Impuesto Especial de Hidrocarburos, por importes de 599.919,66 € y 14.544,55 €, practicadas por la Dependencia Regional de Aduanes e Impuestos Especiales de ... Ambos recursos fueron desestimados por resoluciones de 19 de agosto de 2003. En ambas resoluciones se incluye el párrafo siguiente "Contra el presente acuerdo podrá interponer, en el plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., sito en ... que dará lugar, en caso de plantearse, a la suspensión automática de la ejecución de la liquidación tributaria al haber aportado garantía, y sin que pueda ejecutarse hasta que sea firme en vía administrativa". No consta que estas resoluciones hayan sido objeto de reclamación económico-administrativa.
SEGUNDO: Ante la falta de pago de las liquidaciones citadas se dictaron las providencias de apremio ... por el concepto de I.E.H. 1999-2002 por importe total de 719.903,16 €, y ... por el concepto de I.E.H. 2002 por importe total de 17.465,46 €, ambas notificadas el 19 de septiembre de 2003. Contra ellas el interesado interpuso recurso de reposición, alegando que tal y como se indicaba en las resoluciones de 19 de agosto de 2003 había interpuesto reclamación económico-administrativa contra las liquidaciones originarias con fecha 17 de septiembre de 2003. El recurso fue desestimado por resolución de 21 de noviembre de 2003 de la Dependencia Regional de Recaudación, porque solicitado informe a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, contesta en escrito de 12 de noviembre de 2003 que "la pretendida suspensión alegada por el contribuyente no existe y se debe a un error propio del proforma utilizado, puesto que examinado el expediente se constata que no aportó garantía alguna para responder de las cantidades exigidas. Detectado el error pasamos a notificarlo al contribuyente, considerando que esta nueva comunicación no repercute en la ejecutividad del acto administrativo del acuerdo de liquidación al no haber ofrecido el contribuyente la necesaria garantía para suspender la deuda". No se da por tanto ninguno de los motivos de impugnación del procedimiento de apremio establecidos en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación. La notificación del error se produce por resoluciones de 18 de noviembre de 2003.
TERCERO: Disconforme el interesado con la resolución anterior, interpuso reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que fue desestimada por resolución de 28 de abril de 2005 en la que después de referirse a la normativa reguladora que afecta al caso, argumenta que "Es cierto que la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales ha incurrido en un error al dictar las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición pues, como ella misma reconoce, no existía garantía, por lo que la interposición de reclamación económico administrativa no produce efecto suspensivo alguno. No obstante, el error padecido por la Administración no da lugar al efecto pretendido por el reclamante, pues no concurre ninguna causa de suspensión y ello es sobradamente conocido por el reclamante que como sujeto pasivo y obligado principal al pago de la deuda sabía que no había aportado garantía alguna para obtener la suspensión de la ejecución de las liquidaciones recurridas".
CUARTO: La resolución anterior fue notificada el día 13 de junio de 2005, y contra ella el interesado interpone recurso de alzada mediante escrito del siguiente día 14 de julio, en el que insiste en su alegación de que las deudas apremiadas fueron suspendidas, y que en todo caso la Administración podría haber adoptado las resoluciones de rectificación de errores de hecho y después dictar las providencias de apremio, de manera que no se habría inducido al interesado a confusión, poniéndolo en situación de indefensión total. Considera del todo improcedente que se pretenda que tenga la obligación de interpretar o conocer sobradamente el sentido de las resoluciones dictadas por la Administración cuando por su tenor literal manifiestan lo contrario de lo que pretenden o al menos crean confusión. Solicita que se declare las providencias de apremio impugnadas no ajustadas a derecho al haberse dictado contra el tenor literal de unas resoluciones dictadas por la propia Administración tributaria.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si fue procedente dictar las providencias de apremio impugnadas.
SEGUNDO: No es necesario transcribir la normativa que ya recoge la resolución del Tribunal Regional, a la que nos remitimos; lo que interesa es determinar si el error de hecho cometido por la Administración tiene los efectos que el interesado pretende. Para ello, consideremos qué efectos tendría un error de hecho pero desfavorable al interesado. Así por ejemplo, un error aritmético que determinase una mayor cuantía de la deuda tributaria. Suponiendo que se hubiese iniciado el procedimiento ejecutivo por impago en periodo voluntario y se hubiese detectado el error una vez exigida la deuda con el correspondiente recargo de apremio, el interesado exigiría, y con toda razón y derecho, que la corrección del error se hiciese no sólo en la liquidación originaria, sino también en el importe del recargo, es decir, que la rectificación tuviese efecto desde el momento en que el error se cometió, no desde el momento en que se rectificó. Del mismo modo, en el caso que nos ocupa, la rectificación del error tiene efecto desde el momento que se cometió, y así es correcto y conforme a derecho que ante la falta de pago en periodo voluntario se dictasen las providencias de apremio. Y es que la rectificación de errores no afecta a la validez del acto rectificado ni a la de los actos que se derivan de él, porque el error de hecho no produce efectos jurídicos, como pretende el interesado.
TERCERO: Por otra parte, no se acepta que se haya producido ni confusión ni indefensión del interesado. No puede producirse confusión porque en el texto de las resoluciones de 19 de agosto de 2003 se indica claramente que la suspensión automática a la que se refiere se produce "al haber aportado garantía", cosa el interesado no había hecho en ningún momento y no puede alegar desconocimiento sobre ello. Además, la suspensión automática se refería al supuesto de que se interpusiese reclamación económico-administrativa contra las liquidaciones originarias, lo que no ha acreditado el interesado ni le consta a este Tribunal Central. En cuanto a la indefensión, no se incurre en ella por parte de la Administración por cuanto no se ha anulado ni restringido ninguna oportunidad de defensa del interesado, particularmente la que pueda ejercer ante el Tribunal de Justicia competente. A este respecto se señala además que no constan impugnadas las resoluciones de rectificación del error de hecho cometido.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1210/2005, 18-02-2010
Orden: Administrativo Fecha: 18/02/2010 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Recurso: 1210/2005
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 139/2000, 23-01-2004
Orden: Administrativo Fecha: 23/01/2004 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Gota Losada, Alfonso Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 139/2000
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 5317/1998, 10-12-2003
Orden: Administrativo Fecha: 10/12/2003 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Rouanet Moscardo, Jaime Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 5317/1998
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 73/2014, 09-12-2014
Orden: Administrativo Fecha: 09/12/2014 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Arozamena Laso, Angel Ramon Num. Recurso: 73/2014
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 418/2014, 13-07-2015
Orden: Administrativo Fecha: 13/07/2015 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Mangas Gonzalez, Ernesto Num. Recurso: 418/2014
Resolución de TEAF Navarra, 970378, 21-12-1999
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 21/12/1999 Núm. Resolución: 970378
Resolución de TEAF Navarra, 970827, 17-10-2000
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 17/10/2000 Núm. Resolución: 970827

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 artículo 99
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