Source: https://jurisprudencia.cladem.org/mexico/Comite_de_Derechos_Humanos_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:51:17+00:00

Document:
1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en octubre de 1982.1
El Comité de Derechos Humanos no emitió recomendaciones específicas;
El Comité examinó el informe inicial de México (CCPR/C/22/Add.1) en sus sesiones 386ª, 387ª y 404ª, celebradas el 13 y el 26 de octubre de 1982 (CCPR/C/SR.386, 387 y 404).
En relación con el artículo 2 del Pacto se hizo notar que, con arreglo a la Constitución Mexicana, En caso de conflicto, las disposiciones de la Constitución Federal, de las leyes federales y del Pacto prevalecerían sobre toda disposición en contrario que pudiera haber en las leyes propias de cada uno de los Estados de la Federación mexicana, y se preguntó que disposiciones prevalecerían si se diese un conflicto entre el Pacto y la Constitución Federal o alguna ley federal, si existía jurisprudencia mexicana sobre este punto y si el pacto se invocaba alguna vez en la práctica y, en caso afirmativo, si se habían dictado fallos judiciales a este respecto. Considerando que era en el plano estatal o municipal donde más probablemente podrían producirse violaciones de los derechos humanos, se preguntó de qué medios de control disponía el Estado Federal para garantizar el respeto de los derechos humanos por las autoridades estatales. A este respecto varios miembros solicitaron más información sobre el procedimiento de amparo, en particular sobre la amplitud de su esfera de aplicación, sobre su efectividad en la práctica, sobre lo que podía significar en la práctica para un campesino mexicano y si éste podía interponer por sí mismo ese recurso o si necesitaba la asistencia de un letrado y, en ese caso, si era un procedimiento costoso. Se preguntó también si el procedimiento de amparo era aplicable a toda acción de la policía, así como en el caso de personas desaparecidas, y si podían recurrir a él personas que desearan afirmar sus derechos en virtud del Pacto, qué órgano existía para hacer cumplir los fallos judiciales y si había en México instituciones privadas o públicas encargadas de la promoción y defensa de los derechos humanos.
Refiriéndose al artículo 3 del Pacto, los miembros del Comité señalaron que el informe era muy breve y se limitaba a la referencia del artículo pertinente de la Constitución que consagraba el principio de igualdad ante la ley. Se señaló que este principio no era más que un aspecto de la igualdad entre los sexos y su enunciado en la constitución no era suficiente para convertirlo en igualdad real. Refiriéndose a otro artículo de la constitución que disponía que el Presidente de México hubiera de ser, entre otras cosas, hijos de padres mexicanos por nacimiento, un miembro se preguntó si eso era compatible con el principio de igualdad consagrado en el Pacto. Se solicitó información sobre los porcentajes respectivos de hombres y mujeres en las instituciones educacionales, en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Gobierno y en las profesiones liberales y sobre las medidas tomadas para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres y en particular para informar a estás ultimas de sus derechos en virtud del Pacto.
Por lo que respecta al artículo 6 del Pacto, los miembros señalaron la falta de información en el informe sobre varios aspectos del derecho a la vida, tales como las medidas necesarias para reducir la mortalidad infantil actualmente alta y combatir la criminalidad. Se preguntó por qué no se consideraba el aborto como una medida de planificación de la familia, reconocida en la Constitución.
Al hacer observaciones sobre el artículo 10 del Pacto, los miembros solicitaron información sobre la protección de las personas detenidas en lugares distintos de las cárceles. Tomando nota de que la Constitución castigaba “toda molestia que se infiere sin motivo legal”, un miembro preguntó si existían motivos legales para molestar a un preso en virtud del sistema jurídico mexicano. Se preguntó también cuál era la autoridad responsable de supervisar las cárceles para menores y qué facultades poseían los inspectores.
Por lo que respecta al artículo 14 del Pacto, se solicitó más información sobre la composición del poder judicial, el origen social de los jueces, las condiciones de nombramiento y destitución y sobre el acceso del hombre de la calle a la administración de justicia. Tomando nota de que según el Código Penal de México se presumía la “intención delictuosa”, los miembros expresaron el deseo de que se diera una explicación de esa disposición que parecía estar en contradicción con el principio de presunción de la inocencia enunciado en el Pacto. Se preguntó también, si se podía ejercer en la práctica el derecho de toda persona declarada culpable de un delito, incluida la vagancia, de apelar a un tribunal superior.
En relación con los artículos 23 y 24 del Pacto se solicitó más información sobre los derechos y obligaciones de los cónyuges, en particular en esferas tales como derechos de propiedad, divorcio y sucesión; sobre la actitud de los jueces en relación con el adulterio y sobre la igualdad de derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio y de los hijos nacidos de matrimonio.
Al hacer observaciones sobre el artículo 26 del Pacto y con referencia al artículo 1 de la Constitución mexicana, un miembro pregunto si existían otras leyes o disposiciones que ofrecieran protección especial contra los tipos de discriminación mencionados en el artículo 2 del Pacto y si se habían tomado medidas positivas para evitar situaciones discriminatorias.
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en noviembre de 1988.2
El Comité examinó el segundo informe periódico de México (CCPR/C/46/Add.3) en sus sesiones 849a. a 853a., celebradas del 31 de octubre al 2 de noviembre de 1988 (CCPR/C/SR.849 a 853).
No discriminación e igualdad entre los sexos
Con respecto a esa cuestión, los miembros del Comité preguntaron si el artículo 364 del Código Penal era aplicable a los casos de no discriminación y, de ser así, pidieron ejemplos de los tipos de delitos y la frecuencia de los procesos en virtud de esa disposición. También querían saber en qué aspectos estaban limitados los derechos de los extranjeros en comparación con los de los ciudadanos, e hicieron preguntas acerca de la proporción entre los hombres y las mujeres matriculados en las enseñanzas secundaria y superior y en el Congreso a raíz de las elecciones legislativas de julio de 1988. Además, se preguntó hasta qué punto se había conseguido la igualdad con respecto a los bienes matrimoniales y si uno de los cónyuges tenía la posibilidad de recurrir a la justicia en caso de desacuerdo. Algunos miembros desearon también saber qué diferencia existía entre los términos “los mexicanos” y “los ciudadanos mexicanos” utilizados en su informe, y se interrogaron al respecto sobre el significado de la condición establecida en la Constitución según la cual eran ciudadanos de la República los que, entre otras cosas, tuvieran “un modo honesto de vivir”. Además, se pidió que se aclarara la aparente contradicción entre el artículo 33 de la Constitución, que otorgaba al Ejecutivo la facultad de hacer abandonar el territorio nacional a un extranjero, y el artículo 14 del Pacto.
Observando que muchas de las muertes ocurridas estos últimos años en México estaban relacionadas con conflictos sobre tierras, algunos miembros preguntaron cuál era la política que aplicaba el Gobierno de México para poner fin a esos conflictos y resolver los problemas de tierras. También se pidieron aclaraciones sobre el elevado número de periodistas muertos en circunstancias misteriosas. Los miembros solicitaron asimismo más información sobre el porcentaje de casos de asesinato que la policía no había logrado resolver; sobre los controles impuestos a la policía; sobre las relaciones entre la policía y, el poder judicial; sobre los delitos considerados “políticos”; y sobre todas las disposiciones adoptadas, en su caso, para que las denuncias relativas a desapariciones o asesinatos se remitieran al órgano competente. Además, se solicitó información sobre las disposiciones legales relativas a la protección del nasciturus y sobre las nuevas técnicas de fecundación artificial
Trato de los presos y otros detenidos
Con respecto a esa cuestión, los miembros del Comité preguntaron si había habido alguna denuncia durante el período examinado de torturas o tratos inhumanos presuntos y, en tal caso, si habían sido investigadas esas denuncias por las autoridades y con qué resultados; si había habido algún proceso en virtud de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura desde que esa Ley entró en vigor en 1986; si había habido alguna denuncia acerca de la detención arbitraria de campesinos con motivo de conflictos sobre tierras y, en tal caso, si habían sido investigadas esas denuncias y con qué resultados; si se cumplían las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y si eran conocidas y accesibles a los presos las normas y directrices pertinentes; cuál era el período máximo durante el cual las personas podían estar detenidas en espera de juicio; cuánto tiempo se tardaba, después de la detención, en informar a la familia de una persona detenida; y cuánto tiempo transcurría entre el momento de la detención y el momento en que el detenido podía ponerse en contacto con su abogado. Los miembros del Comité solicitaron asimismo información complementaria acerca del uso del castigo corporal en virtud de los artículos 24 y 56 del Código Penal y sobre la compatibilidad del recurso a ese procedimiento con el artículo 7 del Pacto, y solicitaron información sobre el internamiento en instituciones distintas de las prisiones y por otras razones que no fueran delictivas. Además, los miembros solicitaron información acerca de las prácticas relativas a la detención preventiva, la libertad bajo fianza, la libertad bajo palabra y condicional, y sobre la suspensión de la ejecución de una sentencia.
Con respecto a esta cuestión, los miembros del Comité pidieron que se aclarara la referencia en el párrafo 286 del informe a “algunas de las normas y procedimientos tradicionales en materia de prevención, procuración y administración de justicia” que resultan inoperantes e ineficientes. Preguntaron también si se había adoptado alguna reforma importante en virtud del actual Plan Nacional de Desarrollo Quinquenal; qué garantías había de la independencia del poder judicial; cómo estaba organizado el Colegio de Abogados; la disponibilidad de asistencia letrada gratuita para los delincuentes sin medios; los recursos de que disponían las personas que denuncian violaciones de sus derechos o libertades, y si se designaba un abogado defensor tanto en casos penales como civiles.
En lo referente a esa cuestión, los miembros del Comité manifestaron el deseo de recibir información sobre las diferencias que existen entre la condición y los derechos de los hijos nacidos de Matrimonio y los nacidos fuera de matrimonio; sobre la legislación y práctica relativas al empleo de menores, y si había diferencias a ese respecto entre las zonas urbanas y las rurales; y sobre cualquier caso de niños víctimas de malos tratos físicos y sobre las medidas que se habían Adoptado para impedir esas violaciones en el futuro. Un miembro señaló a la atención la importancia de la inscripción inmediata de un niño después de su nacimiento y preguntó si el plazo de seis meses concedido a los padres o a los abuelos para declarar el nacimiento de un niño era compatible con el artículo 24 del Pacto.
3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1994.3
El Comité examinó el tercer informe periódico de México (CCPR/C/76/Add.2) en sus sesiones 1302ª a 1305ª (CCPR/C/SR.1302 a SR.1305) celebradas los días 28 y 29 de marzo de 1994, y aprobó las observaciones siguientes:
El Comité recomienda al Estado Parte que dote a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los poderes necesarios para un funcionamiento eficaz, totalmente independiente de las autoridades políticas y administrativas, que le permita recurrir ante las autoridades judiciales competentes cuando compruebe la existencia de violaciones de derechos garantizados por el Pacto.
4º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas en julio de 1999.4
El Comité examinó el cuarto informe periódico de México (CCPR/C/123/Add.1) en sus sesiones 1762ª y 1763ª (CCPR/C/SR.1762 y 1763) celebradas el 16 de julio de 1999 y aprobó las observaciones siguientes en sus sesiones 1771ª a 1773ª, celebradas el 22 y 23 de julio de 1999.
C. Motivos de preocupación y recomendaciones del Comité5
El Comité considera motivo de suma preocupación que no todas las formas de tortura estén necesariamente cubiertas por la ley en todos los Estados mexicanos y que no exista un órgano independiente para investigar el importante número de quejas sobre actos de tortura y de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. También es motivo de preocupación que los actos de tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo no hayan sido investigadas, que las personas responsables de estos actos no hayan sido sometidas a juicio y que las víctimas o sus familias no hayan sido indemnizadas. El Estado debe tomar las medidas necesarias para que se cumplan cabalmente los artículos 6 y 7 del Pacto, incluyendo las acciones para recurrir contra la tortura en todos los Estados mexicanos.
El Comité deplora también la situación de los niños de la calle que se agrava cada vez más. Estos niños son los que afrontan mayores riesgos frente a la violencia sexual y están expuestos a las prácticas de tráfico sexual. El Estado debe tomar medidas efectivas para la protección y rehabilitación de dichos menores, conforme al artículo 24 del Pacto, incluyendo medidas para poner fin a la prostitución, la pornografía infantil y la venta de niños.
El Comité está preocupado por el nivel de violencia que existe contra las mujeres, incluyendo los muchos casos denunciados de secuestro y asesinato que no han conducido a arrestos o procesamiento de los culpables y las numerosas alegaciones de violación o tortura perpetradas por las fuerzas de seguridad a las mujeres detenidas, que éstas no se atreven a denunciar. El Estado Parte debe tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres, asegurar que no se ejerza ninguna presión sobre las mismas para disuadirlas de denunciar tales violaciones y asegurar que todas las alegaciones de abusos sean investigadas y que los autores de estos actos sean llevados a la justicia.
El Comité está preocupado por las informaciones de que las mujeres mexicanas que buscan empleo en las empresas extranjeras en las fronteras de México (“maquiladoras”) sean sometidas a pruebas de embarazo y deban responder a preguntas personales indiscretas, y de que se hayan suministrado a algunas empleadas drogas anticonceptivas. Asimismo le preocupa que estas alegaciones no hayan sido objeto de investigaciones serias. Deben tomarse medidas para investigar todas estas alegaciones con el fin de asegurar que las mujeres cuyos derechos a la igualdad y al respeto a la vida privada han sido violados de esta manera, tengan acceso a recursos y para prevenir que tales violaciones vuelvan a producirse.
El Estado Parte debería adoptar medidas para asegurar igualdad de oportunidades para las mujeres, su plena participación en igualdad de condiciones en la vida pública y la eliminación de todas las restantes normas discriminatorias, en materia de matrimonio, divorcio y segundo o ulteriores matrimonios.
5º Observaciones finales sobre el quinto informe presentado por el Estado adoptadas el 23 de marzo de 2010.6
El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para dar pleno efecto a las recomendaciones adoptadas por el Comité. 8
El Comité acoge con satisfacción la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRa., el establecimiento de un proyecto piloto para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia (casas de justicia., así como el compromiso del Estado parte de adaptar sus medidas para proteger a las mujeres contra la violencia a las características culturales y sociales de las respectivas regiones. Sin embargo, el Comité observa con preocupación la persistencia de la violencia contra la mujer, incluida la tortura y los malos tratos, la violación y otras formas de violencia sexual y violencia doméstica, y el escaso número de sentencias dictadas en este sentido. También le preocupa que la legislación de algunos estados no ha sido completamente armonizada con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues en los estados no se prevé el establecimiento de un mecanismo de alerta sobre la violencia por motivos de género ni se prohíbe el acoso sexual (arts. 3, 7 y 24 del Pacto).
Tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados está en plena consonancia con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información sobre casos de violencia contra la mujer, la creación de un mecanismo de alerta sobre la violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual;
Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; proporcionar a la FEVIMTRA la autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios estatales y federales;
Llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces y castigar a los autores de actos de violencia contra la mujer, en particular garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades estatales y federales;
Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las mujeres víctimas de la violencia;
Continuar la realización de cursos de capacitación sobre derechos humanos y género para los funcionarios policiales y el personal militar;
Tomar medidas preventivas y de sensibilización y poner en marcha campañas educativas para cambiar la percepción del papel de la mujer en la sociedad.
El Estado parte debe armonizar la legislación sobre el aborto en todos los estados en consonancia con el Pacto y asegurar la aplicación de la Norma Federal 046 (NOM-046) en todo su territorio. Asimismo, debe tomar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados para que no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que puedan poner en riesgo su vida (art. 6 del Pacto).
Suplemento No. 40 (A/38/40), 15 de septiembre de 1983↩
Suplemento No. 40 (A/44/40), 29 de septiembre de 1989↩
CCPR/C/79/Add. 32, 18 de abril de 1994↩
CCPR/C/79/Add.109, 27 de julio de 1999↩
CCPR/C/MEX/CO/5, 7 de abril de 2010↩
Las recomendaciones se encuentran en Observaciones Finales Comité de Derechos Humanos↩

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 364
 artículo 33
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 24
 artículo 24