Source: https://es.scribd.com/doc/142671476/Proyecto-de-Ley-Serv-de-Comunicacion-Audiovisual
Timestamp: 2018-06-19 16:47:30+00:00

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Cargado por Observa El Observador
Esta Ley tiene por objeto establecer la regulación básica de la prestación de servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual. Se entiende por Servicio de Comunicación Audiovisual a un servicio cultural o cultural y económico que proporciona, una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión. Comprende, por tanto, una o más programaciones, con su respectivo formato; cada una de ellas entendida como la planificación y organización, en forma coherente, de una serie de programas de radio o televisión. No son objeto de regulación en esta Ley: a. Los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo internet. b. Las redes y servicios de telecomunicaciones que transporten, difundan o den acceso a un servicio de comunicación audiovisual, así como los recursos asociados a esos servicios y los equipos
técnicos necesarios para la recepción de los mismos, que estarán sujetos a lo dispuesto en la normativa sobre telecomunicaciones. c. Los servicios de telecomunicaciones y de comercio electrónico a los que se acceda a través de un servicio de comunicación audiovisual. d. La difusión de contenidos audiovisuales limitada al interior de un inmueble o un consorcio de propietarios, u otros de circuito cerrado limitados a espacios o centros comerciales o sociales de una entidad o empresa.
A efectos de esta Ley se entiende por: Ámbito de cobertura de un Servicio de Comunicación Audiovisual : es el territorio desde el cual es posible la recepción en condiciones técnicas satisfactorias de los contenidos difundidos por ese servicio. En los servicios de radiodifusión, el ámbito de cobertura sólo comprenderá el territorio autorizado. Área de servicio de un Servicio de Comunicación Audiovisual : es el territorio autorizado. Audiovisual u Obra audiovisual : es el contenido producido en base a sonidos, imágenes, o imágenes en movimiento (video), en forma separada o combinados, con o sin sincronismo entre ellos. Auspicio, Patrocinio: es la forma de mensaje publicitario que supone una relación de una marca, producto o servicio con un contenido de programación. Cuando se auspicia un programa o espacio, se incluye la
mención a la marca, producto o servicio en la presentación y cierre del programa o espacio. Autopromoción, Promoción: es la publicidad del prestador del servicio que informa sobre la programación, programas, paquetes de programación determinados, incluyendo avances de los contenidos de la señal, a lo largo de su programación. Autorización: es el acto administrativo que habilita a una determinada persona física o jurídica para prestar servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico. Canal: es la porción del espectro radioeléctrico o banda determinada por la Autoridad Competente, identificada por las frecuencias de inicio y fin o portadora y ancho de banda, que se utiliza para difundir una o más señales de radio y televisión. Concesión de derechos de uso de espectro radioeléctrico : es el acto administrativo que habilita a una determinada persona física o jurídica al uso de una porción del Espectro Radioeléctrico para brindar los servicios de comunicación audiovisual correspondientes por dicho medio. Coproducción: es la producción realizada conjuntamente entre el titular de un servicio de comunicación audiovisual y una productora independiente en forma ocasional, en la que ninguna de las partes aporta menos del 30% (treinta por ciento) del presupuesto de la producción establecido en el contrato.
Difusión primaria: es el acto de comunicación pública inicial por el cual se ponen a disposición del público, mediata o inmediatamente, los contenidos de una señal de radio o televisión. Emisión en cadena: es la difusión simultánea de los mismos contenidos audiovisuales por diferentes servicios de comunicación audiovisual, con distintos ámbitos de cobertura, y se asimila, a efectos de esta Ley, a la conformación de un nuevo servicio, cuyo ámbito de cobertura será el del conjunto de los servicios de comunicación audiovisual que lo distribuyan. A estos efectos se entiende que hay difusión simultánea de un contenido cuando los horarios de difusión del mismo sean total o parcialmente coincidentes. Emplazamiento de producto: es una forma de publicidad consistente en la utilización de productos o servicios y mención o referencia a marcas como parte natural del guion del programa. Se diferencia de la telepromoción porque no existe una promoción de los productos, servicios o marcas, ni de ninguna de sus características o supuestas virtudes. Ficción televisiva: es el género televisivo dedicado a la narración de relatos inventados. Su realización se basa en un guion dramático, con la participación de actores, directores y guionistas entre otros. Entre otras realizaciones, la ficción televisiva incluye películas para televisión, miniseries, series, y telenovelas. Guía electrónica de programas: es la información en soporte
electrónico sobre los programas individuales de cada uno de las señales de radio o televisión, con capacidad para dar acceso directo a dichas señales.
Licencia: es el acto administrativo que habilita a una determinada persona física o jurídica para prestar servicios de comunicación audiovisual satelitales o que no utilicen espectro radioeléctrico. Medios de comunicación: son los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público . Mensaje publicitario: es toda forma de mensaje de una institución, empresa pública o privada o de una persona física en relación con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, que sea emitido por un servicio de comunicación audiovisual a cambio de una contraprestación, con objeto de promocionar el suministro de bienes o prestación de servicios, o la información de derechos y obligaciones, entre otros. Los mensajes publicitarios incluyen los spots publicitarios, y el emplazamiento de producto, el auspicio, la tele-promoción, la tele-venta y otras formas de publicidad no tradicional. Música nacional: es aquella en la que el compositor, el autor de la letra o su intérprete son personas de nacionalidad uruguaya (natural o legal) independientemente del lugar en que la misma haya sido grabada o el origen de su producción fonográfica. Por intérprete nacional se entiende al director, solista o acompañantes destacados. Obra audiovisual de producción independiente : es aquella cuya empresa productora, titular mayoritaria de los derechos patrimoniales sobre la obra, carezca de cualquier asociación o dependencia, directa o indirecta con titulares de servicios de comunicación audiovisual .
Audiovisual para abonados: es el conjunto de señales o grilla, incluídas en la oferta de menor precio, que un prestador de Servicios de Comunicación Audiovisual para abonados ofrece a los clientes. Película cinematográfica: es aquella obra audiovisual que posee una duración de 60 (sesenta) minutos o superior, documental o de ficción destinada a ser estrenada en salas de exhibición cinematográfica. Prestador de un servicio de comunicación audiovisual : es sinónimo de titular de un servicio de comunicación audiovisual. Producción independiente: es la realizada por una empresa que, no siendo titular de servicios de comunicación audiovisual, no pertenece ni trabaja exclusivamente para un titular de servicios de comunicación audiovisual y tiene la independencia intelectual, y la capacidad profesional y técnica, para producir programas con estándares profesionales. Programa: es un conjunto de emisiones de contenidos sonoros o audiovisuales, organizadas secuencialmente, y que pueden ser periódicas, que se agrupan bajo un título común y que ofrecen contenidos a modo de bloque constituyendo una unidad temática. Programas de producción nacional: son los producidos por personas físicas o jurídicas con domicilio constituido en la República que reúnan por lo menos una de las siguientes condiciones: a) Se realicen total o parcialmente en el territorio de la República Oriental del Uruguay; y que la mayoría de los técnicos y artistas intervinientes
en la producción y realización de los mismos, sin contar los extras, sean residentes en el país o ciudadanos uruguayos. b) Que el Instituto del Cine y el Audiovisual de Uruguay le haya expedido el Certificado de Nacionalidad de Obra Terminada. Programación: es la planificación y organización en forma coherente, de una serie de programas. Su ubicación y ordenación en el tiempo, en el interior de un cuadro de referencia se denomina parrilla de programación, los cuales se difunden en un determinado período de tiempo o ciclo de emisión. Publicidad encubierta: es el mensaje publicitario cuyo formato o modo de emisión esté intencionalmente diseñado para confundir o engañar a la audiencia en cuanto al objetivo de promocionar un producto, servicio o marca. Publicidad no tradicional: es el mensaje publicitario emitido fuera de la tanda publicitaria. Incluye el auspicio, el micro de programa, el microespacio, el publirreportaje, el emplazamiento de productos, la telepromoción, la tele-venta, y la participación en los créditos, entre otros. Publicidad subliminal: es la publicidad que, mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, puede actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Radio: es la trasmisión a distancia de programas sonoros.
Radiocomunicación: es toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas. Radiodifusión: es la radiocomunicación unilateral cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general. Estas emisiones pueden comprender programas de radio, programas de televisión u otro género de informaciones. Radiodifusión abierta: es una modalidad de radiodifusión en que la emisión de los contenidos está concebida para una recepción libre y gratuita. Radiodifusión para abonados, o mediante acceso condicional o por suscripción: es una modalidad de radiodifusión en que la recepción de manera inteligible de los contenidos difundidos se debe realizar a través de un dispositivo físico o lógico que restringe su acceso a los receptores autorizados. Radiodifusión de televisión: es la radiodifusión de programas de video con los sonidos asociados. Radiodifusión sonora o Radiodifusión de radio : es la radiodifusión de programas únicamente de sonidos. Retransmisión: es la puesta a disposición del público de una señal de radio o televisión, cuando los contenidos de dicha señal ya están siendo objeto de difusión primaria y el nuevo acto de difusión se limita a la recepción de los mismos para volver a ponerlos a disposición del público simultáneamente, de manera íntegra y sin alteraciones.
Señal de radio o de televisión : es una programación para Radio o Televisión y que está asociada a un formato determinado. Señales temáticas: son aquellas que dedican, como mínimo, el 90% (noventa por ciento) de su programación específicamente a un solo género. Entre otros los géneros pueden ser informativos, musicales, deportivos, infantiles, documentales o de ficción. Servicio de Comunicación Audiovisual: es un servicio cultural o cultural y económico, que proporciona una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión. Comprende, por tanto, una o más programaciones, con su respectivo formato; cada una de ellas entendida como la planificación y organización, en forma coherente, de una serie de programas de radio o televisión. Servicio de comunicación audiovisual abierta o en abierto : es una modalidad de servicios de comunicación audiovisual en que la emisión de los contenidos está concebida para una recepción libre y gratuita. Servicio de comunicación audiovisual para abonados, o mediante acceso condicional o por suscripción : es el servicio de comunicación audiovisual que se realiza por el prestador del servicio de comunicación audiovisual en que la recepción de manera inteligible de los contenidos difundidos se debe realizar a través de un dispositivo físico o lógico que restringe su acceso a los receptores autorizados. Servicio de radio: sinónimo de Radio.
Servicio de radiodifusión: es el servicio de comunicación audiovisual que utiliza la radiocomunicación y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones de radio o televisión o de otro género. Servicio de televisión: sinónimo de Televisión. Servicio de televisión abierta : es una modalidad de televisión en que la emisión de los contenidos está concebida para una recepción libre y gratuita. Servicio de televisión para abonados, o mediante acceso
condicional o por suscripción : es una modalidad de televisión en que la recepción de manera inteligible de los contenidos difundidos se debe realizar a través de un dispositivo físico o lógico que restringe su acceso a los receptores autorizados. Tanda publicitaria: es el espacio entre el corte de la programación y su reinicio en el que se emiten mensajes publicitarios y de autopromoción de la señal. Telecomunicación: es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Tele-promoción: es una forma de publicidad que inserta un mensaje publicitario dentro de un programa o lo asocia al mismo, utilizando su mismo decorado, personas, ambientación, utilería y/o vestuario. Se
distingue tele-promoción interna, cuando es dentro del programa, de la tele-promoción externa, cuando el mensaje se emite dentro de la tanda publicitaria. Tele-venta: es el espacio o programa que ofrece productos o servicios de forma directa al público, cuya compra puede efectivizarse a través de una llamada telefónica o cualquier otra forma de contacto remoto con el anunciante. Televisión: es la trasmisión a distancia de programas de video con los sonidos asociados. Titular de derechos de emisión: es la persona física o jurídica que posee la autorización del realizador de un programa o evento, para realizar su difusión al público. Titular de un servicio de comunicación audiovisual : es la persona física o jurídica que obtiene una autorización estatal para prestar un servicio de comunicación audiovisual en las condiciones establecidas en la misma.
Quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley: a. Los titulares de servicios de comunicación audiovisual establecidos en Uruguay, tal como están definidos en esta Ley. b. Los titulares de señales de radio o televisión que se encuentren establecidos en Uruguay o cuyas señales o servicios sean difundidos por los servicios incluidos en el literal a) de este artículo.
establecidos en Uruguay que comercialicen sus servicios de manera parcial o total en Uruguay. Se consideran establecidos en Uruguay a los servicios de comunicación audiovisual y a las señales audiovisuales que tengan su sede principal en Uruguay o que la composición de su oferta de programas y señales audiovisuales esté dirigida principalmente al mercado uruguayo.
TITULO II - PRINCIPIOS DE LA REGULACION
Audiovisual Los servicios de comunicación audiovisual, en tanto servicios culturales son, a la vez, de índole económica como cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben considerarse únicamente por su valor comercial. Los servicios de comunicación audiovisual son un elemento estratégico para el desarrollo nacional. Los servicios de comunicación audiovisual son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información, preexistentes a cualquier intervención estatal. Por tanto, le son aplicables los instrumentos internacionales referidos tanto a la protección y promoción de la libertad de expresión como a la diversidad de expresiones culturales tales como la Convención sobre Diversidad de Expresiones Culturales de UNESCO, así como los emanados de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.
Los servicios de comunicación audiovisual son de interés público ya que constituyen uno de los principales medios de información social, permiten el ejercicio del derecho a comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de la ciudadanía, la difusión de valores
como la identidad y la diversidad cultural, y el apoyo a la educación; componiendo un sistema esencial para promover la convivencia, la integración social, la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos. Podrán ser prestados por personas físicas o personas jurídicas privadas y públicas, estatales y no estatales, en régimen de autorización o licencia y en las condiciones establecidas en esta ley y la reglamentación respectiva.
Principios y fines de la prestación de los Servicios de
Comunicación Audiovisual De conformidad con el interés público de estos servicios, la programación de los mismos se orientará por los siguientes principios y finalidades: a) Ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones. b) Garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones. c) Facilitación del debate democrático y promoción de la participación democrática en los asuntos públicos. d) Elaboración y fomento de la producción de contenidos y aplicaciones nacionales mediante el empleo de recursos humanos nacionales: artísticos, profesionales, técnicos y culturales. e) Difusión y promoción de la identidad nacional, así como de la pluralidad y diversidad cultural de Uruguay. f) Promoción del conocimiento de las producciones culturales uruguayas, las artes, la ciencia, la historia y la cultura. g) No discriminación en consonancia con los términos establecidos por la Ley N° 17.817 de 6 de diciembre de 2004. h) Apoyo a la integración social de grupos sociales vulnerables.
Alcance y límites de la potestad regulatoria del Estado
La potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. El ejercicio de las facultades del Estado frente a los medios de comunicación debe hacer posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión y nunca será utilizado como una forma de censura indirecta.
radioeléctricas El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el acceso equitativo al mismo por parte de toda la sociedad constituye un principio general de su administración. No existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación y el uso de frecuencias.
Comunicación Audiovisual El Estado regulará los servicios de comunicación audiovisual garantizando los derechos establecidos en la presente ley, en base a los siguientes principios:
a) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad es un objetivo primordial de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, de esta Ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado. b) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los servicios de comunicación audiovisual, de modo que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determina con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento. c) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento, transferencias y caducidad de las autorizaciones y licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.
Diversidad y pluralismo en el sistema de servicios de
comunicación audiovisuales El Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisuales, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios, así como reconociendo y promoviendo la existencia de servicios de comunicación audiovisual comerciales, públicos y comunitarios.
Acceso universal a la radio y la televisión
El Estado debe garantizar el acceso universal, así como el uso y apropiación de los servicios de radiodifusión abierta y gratuita de radio y televisión como parte de una estrategia integral para lograr el objetivo de asegurar la inclusión social de toda la población y el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.
Desarrollo de la industria de contenidos audiovisuales
y aplicaciones El Estado debe promover el desarrollo de capacidades de las industrias nacionales de contenidos audiovisuales y aplicaciones, fomentando la identidad cultural del país, la producción nacional y su comercialización al exterior, impulsando la innovación, la investigación, la generación de empleo de calidad y la descentralización, valiéndose de los avances tecnológicos, el desarrollo de políticas públicas activas y regulatorio apropiado. un entorno
TITULO III - DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, los titulares, los periodistas y los demás trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Está prohibida la censura previa, interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual.
Los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Las presiones directas o indirectas ejercidas sobre los comunicadores son incompatibles con la libertad de expresión, así como la utilización del poder y los recursos económicos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a libertad editorial, lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación, de conformidad a las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes a la comunicación audiovisual y a los fines y principios de esta ley.
Derecho a emitir mensajes publicitarios
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen el derecho a emitir mensajes publicitarios, incluyendo publicidad tradicional y no tradicional, dentro de los límites establecidos por la presente ley.
audiovisuales Los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen el derecho a contratar, en forma exclusiva, los derechos de emisión de contenidos audiovisuales, sin perjuicio de lo establecido en esta ley referido a los eventos de interés general.
Uso compartido de un canal
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual podrán asociarse para compartir un canal para la emisión de sus señales.
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual podrán ofrecer, de manera complementaria y accesoria a su programación de televisión, servicios como ser teletexto y guía electrónica de programas, así como otros servicios interactivos autorizados de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
TÍTULO IV – DERECHOS DE LAS PERSONAS
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.
audiovisual El derecho a la libertad de expresión comprende el derecho de todas las personas a fundar, instalar y operar cualquier clase de servicio de comunicación audiovisual, dando cumplimiento a los requisitos y procedimientos resultantes de las normas respectivas.
Transparencia información respecto de los procedimientos de
Toda persona tiene derecho a: a) Solicitar otorgamiento, revocación y renovación de las autorizaciones y licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual en el marco de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008. El Estado, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 18.381, tiene la obligación de transparencia activa respecto, entre otras, a la información sobre autorizaciones y licencias otorgadas de servicios de comunicación audiovisual, debiendo prever la adecuada organización,
sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un fácil acceso a los interesados. b) Que los mensajes publicitarios estén claramente diferenciados del resto de los contenidos audiovisuales. Todas las formas de comunicación comercial deben estar claramente diferenciadas de los programas mediante mecanismos acústicos u ópticos según los criterios generales establecidos por la autoridad competente. Quedan excluidos de este inciso los mensajes publicitarios definidos como emplazamiento de producto. c) Conocer la identidad de los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, así como sus socios o accionistas y las empresas que forman parte de su grupo económico, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 42.- y siguientes de la presente Ley. d) Conocer la programación con una antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a 3 días, en forma gratuita, permanente y accesible, para lo cual el prestador de servicios de comunicación audiovisual deberá instrumentar los mecanismos que la hagan posible tales como el uso de guía electrónica de programas, uso de páginas web u otras que la tecnología permita. La programación sólo podrá ser alterada por sucesos ajenos a la voluntad del prestador del servicio audiovisual o por acontecimientos sobrevenidos de interés informativo o de la programación en directo y deberá disponer de mecanismos de aviso apropiados de que la programación ha sufrido modificaciones de última hora. Los horarios anunciados de los programas deberán ser respetados por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, con un margen de tolerancia máximo de 10 (diez) minutos, salvo fundadas causas de fuerza mayor.
Declárase de interés general la promoción de los derechos culturales de todos los habitantes de la República, comprendiendo la efectiva realización de las capacidades creativas individuales y colectivas, la participación y disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones, en un marco de diversidad y democratización cultural, muy especialmente a través de los servicios de comunicación audiovisual.
Usuarios y consumidores de servicios de comunicación
audiovisual a) Toda persona tiene derecho a que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual brinden información clara, veraz y suficiente respecto de los productos y servicios que ofrecen. La autoridad competente podrá requerirles la información necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho. b) La contratación de servicios de comunicación audiovisual, así como su rescisión luego de cumplidos los plazos contractuales, es libre y no requerirá más cargos a las partes que los estipulados en el mismo contrato. No se admitirán cargos por rescisión que dependan del plazo no ejecutado del contrato luego de haberse cumplido el primer año del contrato originario.
El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en el proceso de elaboración y seguimiento de las políticas públicas para los servicios de comunicación audiovisual.
Los servicios de comunicación audiovisual deben ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad, impidiendo difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales. No podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad, discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica. CAPITULO II – DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES credo, ideología, filiación política o condición socio-económica; impidiendo la difusión de
De conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional e instrumentos internacionales, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, asegurando la aplicación de normas que den efectividad a esos derechos en su relación con los servicios de comunicación audiovisual.
Deber de promoción
Reconociendo la importante función que desempeñan los medios de comunicación, en especial los servicios de comunicación audiovisual, para el efectivo ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otras acciones el Estado, en particular a través del Consejo de Comunicación Audiovisual y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería:
a) Incentivará a los medios a difundir programas y servicios que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. b) Impulsará su participación en los medios de comunicación. c) Desarrollará planes de educación para los medios. d) Promoverá la realización de investigaciones, cursos, seminarios y otros para abordar la relación entre medios e infancia. e) Desarrollará mecanismos de acceso a fondos públicos para la producción de contenidos audiovisuales y aplicaciones interactivas de calidad especializadas. f) Estimulará las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y la creación de mecanismos de autorregulación de los medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su privacidad en cualquier circunstancia y muy especialmente en oportunidad en que sus derechos ó su integridad física y moral estén siendo o hayan sido vulnerados. Lo mismo aplica en el contexto de hechos delictivos, así como en circunstancias donde se discutan su tutela, guarda, patria potestad o filiación. En todos los casos, los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su individualización.
Horarios de protección
Establécese el horario de protección a niños, niñas y adolescentes todos los días de la semana desde las 6:00 a las 22:00 horas.
Los programas, los mensajes publicitarios y la autopromoción emitidos en este horario por los servicios de comunicación audiovisual abiertos, los servicios de comunicación audiovisual para abonados en sus señales propias, y las señales de radio y televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por servicios de comunicación audiovisual para abonados, deberán ser aptos para todo público y deberán favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar. Se podrán establecer dentro de este horario recomendaciones y guías para informar y orientar a la población sobre la programación en estos temas, en función de franjas de edad. Debe evitarse, en el horario antedicho, la exhibición de programas que promuevan actitudes o conductas violentas, morbosas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten el esoterismo, los juegos de azar o las apuestas. Sin perjuicio de la información de los hechos, la programación emitida durante el horario de protección a niños, niñas y adolescentes no deberá incluir: a) Violencia excesiva, entendida como violencia explícita utilizada de forma desmesurada o reiterada, en especial si tiene resultados manifiestos de lesiones y muerte de personas y otros seres vivos (asesinatos, torturas, violaciones, suicidios o mutilaciones). b) Truculencia, entendida como la presentación de conductas ostensiblemente crueles o que exalten la crueldad, o que abusen del sufrimiento, del pánico o del terror, o que exhiban cadáveres o resultados de crímenes en forma abierta y detallada.
c) Apología, exaltación y/o incitación de la violencia y las conductas violentas, del delito o las conductas delictivas. d) Pornografía, entendida como la exhibición de materiales, imágenes o sonidos de actos sexuales, o reproducciones de los mismos, con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. e) Exhibición de escenas con actos sexuales explícitos, o de partes sexuales de manera obscena o degradante, o de elementos de prácticas sadomasoquistas. f) Apología, exaltación o incitación de la pornografía, la explotación sexual o los delitos sexuales. g) Exhibición de consumo explícito y abusivo de drogas legales e ilegales. h) Apología, exaltación o incitación al consumo de drogas o al narcotráfico. i) Presentación como exitosas o positivas a las personas o los personajes adictos a drogas o que participan del narcotráfico. j) Contenidos que exalten, promuevan o inciten a actos o conductas discriminatorias con base en edad, género, opción sexual, raza, etnia, religión, filiación político-partidaria o condición socioeconómica. En ningún caso estas pautas deben interpretarse como una imposibilidad de informar, analizar y discutir, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos, sobre situaciones de violencia, sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana u otros abordajes sobre la realidad uruguaya; ni sobre temas relacionados a la sexualidad; ni sobre temas relacionados a las drogas legales e ilegales; ni sobre temas relacionados a la discriminación; todos ellos en sus más variadas dimensiones. En particular, las presentes directivas no deben ser
interpretadas como una limitación a las expresiones surgidas en sede de debate político o durante manifestaciones políticas, aun si ellas pudieran considerarse agresivas o hirientes para las autoridades públicas o actores políticos y partidarios. Los programas no aptos para todo público deberán estar debidamente señalizados con signos visuales y sonoros al comienzo y durante su transmisión, y se deberá asegurar que los servicios interactivos, tales como las Guías Electrónicas de Programas, incluyan la información que advierta de manera suficiente y veraz del contenido del programa a efectos de la protección de niños, niñas o adolescentes. La señalización de los programas deberá realizarse ajustándose al patrón que oportunamente el Poder Ejecutivo aprobará, en base a la propuesta del Consejo de Comunicación Audiovisual. Los servicios de televisión para abonados deberán habilitar gratuitamente mecanismos cifrados de acceso para posibilitar el control parental de las señales que no están sujetas a estas disposiciones. Las señales con programación exclusiva para adultos no podrán estar nunca en abierto.
Publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes
En atención a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los mensajes publicitarios no deberán producirles perjuicio moral o físico. En consecuencia, su emisión tendrá las siguientes limitaciones: a) No debe incitar directamente a los niños, niñas y adolescentes a la compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad;
b) No debe animar directamente a los niños, niñas y adolescentes a que persuadan a sus padres o terceros para que compren productos o servicios publicitados, ni prometerles premios o recompensas por ganar nuevos compradores; c) No puede ser presentada de una manera que se aproveche de la lealtad de niños, niñas y adolescentes, o de su confianza, sobre todo en los padres, profesores u otras personas. No puede socavar la autoridad de estas personas y su responsabilidad; d) No podrá incitar a la violencia, a la comisión de actos delictivos, al consumo de drogas legales e ilegales o a cualquier forma de discriminación; e) Las figuras, muñecas y similares que son elementos importantes en programas infantiles no pueden aparecer en la publicidad de productos de especial interés para niños y niñas. Entidades relacionadas con los programas infantiles no pueden hacer publicidad de productos de especial interés para niños y niñas; f) Los productos o servicios especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes, como los juguetes, deben mostrarse en forma comprensible y no deberán inducir a error sobre las características de los mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño, la niña y el adolescente para utilizarlas sin producir daño para sí o a terceros. Cuando el uso o los resultados del producto elementos extras (por descrito ejemplo, requieren baterías), de uno o varios debe estar esto
claramente indicado. Cuando un producto es parte de una serie, esto debe ser indicado, así como la forma de obtener los restantes productos de la serie; g) No puede innecesariamente presentar a niños, niñas y adolescentes en situaciones peligrosas, alentarlos o incitarlos a permanecer o
entrar en zonas peligrosas con productos peligrosos o poniéndose en situaciones peligrosas; h) No deberá discriminar ni promover valores o roles estereotipados que fomenten la discriminación por género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otro tipo; i) No puede comprometer valores sociales, por ejemplo, dar la impresión de que la posesión, uso o consumo de un producto concederá al niño, niña o adolescente ventajas físicas, sociales o psicológicas sobre otros, o que no poseer, usar o consumir dicho producto pueda tener el efecto opuesto; j) No puede estar concebida para proporcionar a niños, niñas y adolescentes la impresión de que la imposibilidad de poseer, usar o consumir un producto dado los hará menos privilegiados que a otros niños, niñas y adolescentes, o exponerlos al desprecio o al ridículo; k) La referencia del precio no puede dar a niños, niñas y adolescentes una idea poco realista del valor del producto. Ningún anuncio puede sugerir que el producto anunciado es fácilmente accesible para cualquier familia; l) Deberá tener especialmente en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a publicidad de alimentos con altos contenidos de grasa, sal o azúcares; m) Está prohibida la emisión de publicidad no tradicional en los programas infantiles con excepción del emplazamiento de productos y el auspicio.
adolescentes Respecto a los mensajes publicitarios protagonizados por niños, niñas y adolescentes son aplicables los artículos 184 y 185 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823). También deberán ser tenidos en cuenta los siguientes requisitos: a) No pueden participar en mensajes publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier producto perjudicial para la salud física o mental, así como aquéllos que atenten contra su dignidad o integridad física, psicológica o social; b) Los niños y niñas menores de 13 (trece) años de edad solo pueden aparecer en anuncios de televisión donde la apariencia es un elemento natural del ambiente representado, o necesario con el fin de demostrar el uso de productos relacionados con ellos; c) Los niños y niñas menores de 13 (trece) años no podrán aparecer recomendando, u ofrecer testimonios que respalden, productos o servicios de cualquier naturaleza, excepto servicios públicos de salud, educación o similares. CAPITULO III - DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
comunicación audiovisual Las personas con discapacidad, para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información en igualdad de oportunidades que las demás personas, tienen derecho a la accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual.
Art. 35.visual
Accesibilidad de personas con discapacidad auditiva y
a) Los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por servicios para abonados, deberán brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas ó audio descripción, en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. b) El Poder Ejecutivo, asesorado por el Consejo de Comunicación Audiovisual, fijará la aplicación progresiva y los mínimos de calidad y cobertura exigibles para el cumplimiento de estas obligaciones.
Estímulo a la accesibilidad audiovisual
El Poder Ejecutivo facilitará y promoverá el desarrollo de tecnologías apropiadas, la producción de contenidos nacionales, la formación de profesionales y la investigación en accesibilidad audiovisual para apoyar el cumplimiento de estas obligaciones y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y visual. CAPITULO IV – DERECHO AL ACCESO A EVENTOS DE INTERES GENERAL
Derecho de acceso a eventos de interés general
El derecho a la información incluye el derecho del público a acceder a la recepción a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto, en directo, en simultáneo y de manera gratuita, de determinados eventos de interés general para la sociedad.
En caso de emitirse por televisión, los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales, y en instancias clasificatorias para los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo. Para estos eventos quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos en aquellas localidades del territorio nacional donde no se cumpla esta condición. En estos casos, y cuando no exista ningún otro prestador interesado en la emisión, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido en el artículo precedente, siempre que sea técnicamente posible y en la modalidad de retransmisión. El Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá, mediante resolución fundada y previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual, incluir eventos adicionales en esta modalidad.
Condiciones de la emisión o retransmisión de eventos
de interés general La contraprestación económica por la cesión total o parcial de los derechos será libremente pactada entre las partes y, si éstas no llegaran a un acuerdo, se someterá la resolución del conflicto al Poder Ejecutivo. En el supuesto de que ningún titular de servicio de radiodifusión de televisión abierta estuviera interesado en adquirir los derechos de emisión o retransmisión, al precio y en las condiciones fijadas por dicho organismo, el titular de los derechos deberá autorizar al Sistema Nacional de Radio y Televisión Público la retransmisión del evento en forma gratuita. Esta retransmisión deberá realizarse en forma ininterrumpida, incluyendo los
mensajes publicitarios incorporados en la señal entregada por el titular de los derechos. En el supuesto de que el organizador del evento no esté establecido en Uruguay, la obligación de acceso recaerá sobre el titular de los derechos exclusivos que asuma la retransmisión en directo. CAPITULO V - DERECHOS DE LOS PERIODISTAS
Actividad de los periodistas y trabajadores de los
Servicios de Comunicación Audiovisual La actividad de los periodistas y trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual, será promovida y ejercida con los derechos, responsabilidades y garantías establecidos por la Constitución y las leyes, en particular por lo dispuesto en la Ley N° 16.099 de 3 de noviembre de 1989 y en la Ley N° 18.515 de 26 de junio de 2009, en lo que le sean aplicables.
Los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento.
TITULO V – DIVERSIDAD Y PLURALISMO
CAPITULO I – GARANTIAS Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO
Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas. Es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control.
Art. 43.de
Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual transparencia en la titularidad de los servicios de
Créase el Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual con el objeto asegurar comunicación audiovisual y en el que se incluirá información de los titulares que tengan autorización, licencia o registro para prestar dichos servicios, con las características que oportunamente fijará el Consejo de Comunicación Audiovisual. El Registro será público, se mantendrá actualizado permanentemente y estará disponible a la población por medios electrónicos con carácter gratuito. Se incluirán en el Registro: a) Los titulares de autorizaciones y licencias para operar en Uruguay de los distintos tipos de servicios de comunicación audiovisual. b) Los titulares de señales de radio o televisión establecidas en Uruguay.
c) Los representantes nacionales de los titulares de servicios de comunicación audiovisual no establecidos en Uruguay, que se difundan o distribuyan a través de un servicio de comunicaciones electrónicas bajo jurisdicción uruguaya y que comercialicen sus servicios o vendan publicidad en territorio nacional. d) Los representantes nacionales de los titulares de señales de radio o televisión no establecidos en Uruguay cuya difusión o distribución se realice por un servicio de comunicación audiovisual establecido en Uruguay.
Limitaciones a la titularidad de servicios de radio y
televisión abierta Una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de 3 (tres) autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de 2 (dos) para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias (AM, FM, TV), en todo el territorio nacional. Se entiende que una persona física o jurídica privada es titular parcialmente de una autorización para prestar servicios de radiodifusión abierta cuando no es el único titular de ella, sino que la comparte con otra u otras personas físicas o jurídicas, a título personal o en forma societaria, o es dueño de acciones o cuotas de una sociedad titular de una autorización de radiodifusión o integra un grupo económico que tiene personas o empresas que son titulares de dichas autorizaciones. Asimismo, se considerará que una persona física o jurídica privada es titular, total o parcialmente, de la autorización para prestar servicios de
radiodifusión abierta cuando realice actos relativos a dicha titularidad a través de interpuesta persona. Las nuevas autorizaciones para servicios de radiodifusión de radio abierta en la banda de FM y de televisión abierta de los sectores comercial y comunitario tendrán alcance, a lo sumo, departamental. Para el caso del departamento de Montevideo se considerará el Área Metropolitana, según la define el Instituto Nacional de Estadísticas. La URSEC velará en su identificación de canales radioeléctricos y parámetros de transmisión por el cumplimiento de este punto dentro de las posibilidades que brinde la tecnología.
Limitaciones a la titularidad de servicios de televisión
para abonados Una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada, con la titularidad total o parcial de más de 6 (seis) autorizaciones o licencias para prestar servicios de televisión para abonados en el territorio nacional ni más de 1 (una) autorización o licencia para un mismo o similar ámbito de cobertura local. El número de 6 (seis) autorizaciones o licencias será reducido a 3 (tres) en el caso que una de las autorizaciones o licencias incluya el departamento de Montevideo. Se entiende que una persona física o jurídica privada es titular parcial de una autorización o licencia para prestar servicios de televisión para abonados cuando no es el único titular de ella, sino que la comparte con otra u otras personas físicas o jurídicas, a título personal o en forma societaria, o es dueño de acciones de una sociedad titular de una autorización o licencia de televisión o integra un grupo económico que
tiene personas físicas o jurídicas que son titulares de dichas autorizaciones o licencias. Asimismo, se considerará que una persona física o jurídica privada es titular, total o parcialmente, de una autorización o licencia para prestar servicios de televisión para abonados cuando realice actos relativos a dicha titularidad a través de interpuesta persona.
Limitaciones a la cantidad de suscriptores de servicios
de televisión para abonados El total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento) del total de hogares con televisión para abonados de todo el país. El total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de hogares con televisión para abonados de cada territorio donde existan otras autorizaciones o licencias alcance. En ambos casos el total de hogares con televisión para abonados se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadísticas. de menor
Incompatibilidades para la propiedad de servicios de
comunicación audiovisual Las personas físicas o jurídicas que son titulares totales o parciales de servicios de comunicación audiovisual no podrán ser, a su vez, titulares
totales o parciales de cualquier permiso, autorización o licencia para prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos, sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que puedan celebrar con prestadores de estos servicios, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta o para abonados mediante soporte físico.
Control del régimen de incompatibilidades
El Consejo de Comunicación Audiovisual podrá recomendar la adopción de medidas por parte del Poder Ejecutivo, que tengan como objetivo garantizar el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el presente Capítulo. Las personas físicas y jurídicas que se propongan ejecutar un acto o negocio que pudiere resultar contrario a lo dispuesto en el régimen de limitaciones a la titularidad de autorizaciones y licencias podrán formular la correspondiente consulta al Consejo de Comunicación Audiovisual acerca de la compatibilidad con lo establecido en la presente ley. La consulta deberá incluir todos los datos necesarios para apreciar la naturaleza y los efectos de la actuación y en particular, los datos identificativos de las partes que intervienen. El Consejo de Comunicación Audiovisual emitirá un informe en el plazo de sesenta días desde la entrada en su registro de la consulta. Dicho informe habrá de versar acerca de la adecuación o no del acto o actuación a lo
dispuesto en esta Ley y podrá aconsejar aquellas modificaciones o fijar aquellas condiciones que sean precisas para que el acto o la actuación satisfagan dicha adecuación. Sin perjuicio de la sanción que, en su caso, pueda imponerse, los actos o contratos ejecutados en contra de lo dispuesto en el presente capítulo serán absolutamente nulos. Cuando, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas derivadas de operaciones de concentración empresarial, sucesión en caso de fallecimiento u otras formas análogas de transferencia, se incumpliere lo dispuesto en las previsiones de la ley en materia de requisitos, limitaciones, incompatibilidades y condiciones de titularidad o registros, el titular o adquirente dispondrá de un plazo de 12 (doce) meses para adecuarse a las disposiciones de la presente norma. Durante este plazo, las personas físicas y jurídicas en las que concurra la circunstancia indicada en el párrafo anterior no podrán ejercer los derechos correspondientes a las acciones que hayan adquirido y aquéllas y las sociedades en las que participe, quedarán inhabilitadas para participar en concursos para el otorgamiento de autorizaciones, licencias o registros para la prestación de servicios de comunicación audiovisual previstos en la ley. Lo establecido en este apartado y en el anterior, se entiende sin perjuicio de la aplicación de la normativa en materia de defensa de la competencia, en todo aquello en lo que no resulte contrario a lo dispuesto en esta Ley.
comunitaria Los límites a la concentración para el caso de servicios de radiodifusión comunitarios son los establecidos en la Ley 18.232 de 22 de diciembre de 2007.
Retransmisión de señales de radio o televisión
Todo servicio de radiodifusión de radio o televisión privado que retransmita en forma reiterada o permanente los programas originados por otras señales de radio o televisión respectivamente, deberá solicitar la autorización del Consejo de Comunicación Audiovisual. Los servicios de radiodifusión de radio o televisión privados no podrán exceder el 70% (setenta por ciento) de su tiempo de emisión diario en la retransmisión de otra señal de radio o televisión respectivamente. El Poder Ejecutivo podrá autorizar un porcentaje de tiempo de retransmisión diario mayor en base a informe fundado del Consejo de Comunicación Audiovisual, con la limitación de que esta excepción no podrá autorizarse en más de 2 (dos) casos por cada señal original. CAPITULO II – PROMOCION DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL NACIONAL
Promoción de la producción nacional de televisión
Los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país deberán incluir en
su programación programas de producción nacional de acuerdo a los siguientes criterios: a) Servicios de TV comerciales: Al menos el 60% (sesenta por ciento) de la programación total emitida por cada servicio deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad, y la autopromoción. Un porcentaje de esta programación, que será determinado en la reglamentación, será de producción local o propia atendiendo a la diferente realidad de la TV del Interior y Montevideo. b) Servicios de TV públicos: Al menos el 60% (sesenta por ciento) de la programación total emitida deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad, y la autopromoción. c) Pautas comunes a servicios de TV comerciales y públicos: Al menos el 30% (treinta por ciento) de la programación nacional establecida en los párrafos anteriores deberá ser realizada por productores independientes, no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% (cuarenta por ciento) de ese porcentaje en un mismo servicio de radiodifusión de televisión. Un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberán ser estrenos de ficción televisiva y o películas cinematográficas, y de ésta, al menos un 50% (cincuenta por ciento) deberá ser de producción independiente. Para cumplir con este requisito el comienzo de la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas, lo que no aplicará para el caso de ficción destinada a niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta
programación, se deberá programar al año como mínimo dos películas cinematográficas de producción nacional, y, en este caso, cada hora de programa se contabilizará como cuatro a los efectos del cálculo del porcentaje. Estos requisitos mínimos podrán ser incrementados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de Comunicación Audiovisual. Un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberán ser programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre otros. Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) deberá estar dedicado a industrias creativas nacionales. Para cumplir con este requisito el comienzo de la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas. Para los programas nacionales educativos o de ficción dirigidos específicamente a niños, niñas y adolescentes cada hora de programa se contabilizará como una y media a los efectos del cálculo del porcentaje. El valor de las repeticiones de los programas de producción nacional a los efectos del cálculo del porcentaje será establecido presente ley. d) Señales de TV temáticas: La reglamentación de la presente Ley adaptará la regulación de contenidos nacionales antedichos de manera específica para señales de TV temáticas. en forma decreciente (primera repetición, segunda, tercera y subsiguientes) en la reglamentación de la
Promoción de la producción nacional de radio
Los servicios de radiodifusión de radio abierta, los servicios para abonados en sus señales radiales propias, y las señales de radio establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país deberán emitir al menos 30% (treinta por ciento) de música de origen nacional del total de su programación musical. Esto comprende autores, compositores o intérpretes nacionales, en los diversos géneros musicales existentes. En el caso de radios temáticas musicales, de perfil claramente definido, se deberá instrumentar un programa o programas o selecciones musicales diarios, que cubran dos horas de emisión como mínimo, destinados a la difusión de producciones de músicos nacionales que encuadren dentro del perfil establecido por la emisora. Los mismos deberán ser emitidos entre las 08:00 y las 23:00 horas, sin perjuicio de repetición en otros horarios.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar las exigencias establecidas en este capítulo en forma progresiva y diferenciada por lugar geográfico o tipo de servicio, a propuesta del Consejo de Comunicación Audiovisual.
Promoción del sector de comunicación audiovisual el Programa “Fondo de Promoción del Sector de
Créase en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", quien lo administrará, Comunicación Audiovisual” con el fin de fomentar y promover el desarrollo de la industria audiovisual. El programa se abrirá con dos proyectos: uno para gastos de funcionamiento y otro para inversión.
El fondo se financiará con los recursos establecidos en el Art. 172.- y en el Art. 173.- de la presente Ley.
TÍTULO VI – DISEÑO INSTITUCIONAL
CAPITULO I – COMPETENCIAS
Competencias Poder Ejecutivo de Comunicación Audiovisual es competencia
exclusiva del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, fijar la política nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. Compete directamente al Poder Ejecutivo: a) Aprobar convenios con entidades extranjeras relativos a los Servicios de Comunicación Audiovisual; b) Otorgar las Concesiones, Licencias y Autorizaciones necesarias para la prestación de Servicios de Comunicación Audiovisual, en particular para el funcionamiento de estaciones de radiodifusión de amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM), televisión abierta y televisión para abonados; previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. También se requerirá informe previo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) cuando el servicio utilice espectro radioeléctrico o una red de telecomunicaciones propia, de acuerdo a lo previsto por el artículo Art. 111.- de la presente norma; c) Renovar, revocar y declarar la caducidad de Licencias y Autorizaciones para prestar Comunicación Audiovisual; d) Autorizar las transferencias de la titularidad de servicios de comunicación audiovisual; las Concesiones, los Servicios de
e) Fijar los precios que deberán abonar los Servicios de Comunicación Audiovisual, por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas; f) Aplicar las sanciones en los casos de infracciones graves y muy graves. g) Convocar, a través llamados públicos audiovisual y la del Consejo de Comunicación Audiovisual, los y abiertos a interesados respectiva concesión de en obtener una uso de espectro para brindar servicios de comunicación
radioeléctrico en caso de corresponder; h) Aprobar los pliegos de bases y condiciones para la selección de interesados en prestar Servicios de Comunicación Audiovisual; i) Autorizar excepciones al límite de tiempo diario de retransmisión de señales de radio; j) Aprobar el listado de eventos de interés general; k) Demás competencias atribuidas expresamente en la presente Ley;
Competencias MIEM-DINATEL
En materia de Servicios de Comunicación Audiovisual es competencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (MIEMDINATEL): a) Realizar propuestas y asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación de la Política Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus instrumentos, tales como formulación de proyectos de ley y decretos, en lo relacionado con el marco regulatorio del sector; b) Asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas y criterios para el otorgamiento de concesiones, licencias y autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual;
c) Dictaminar preceptivamente en los procedimientos de concesión, autorización, transferencia, renovación, revocación y declaración de caducidad de las Concesiones, Autorizaciones y Licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual y de aplicación de sanciones en el caso de infracciones graves o muy graves; d) Asesorar preceptivamente en el procedimiento de establecimiento del listado de eventos de interés general; e) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en materia de convenios internacionales u otros aspectos comprendidos en su competencia o conexos con ella.
Competencias URSEC al Poder Ejecutivo y al Consejo de Comunicación
En materia de servicios de comunicación audiovisual le compete: a) Asesorar Audiovisual en todo lo relativo a la utilización, control, fiscalización o supervisión del espectro radioeléctrico y los parámetros técnicos de operación de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen dicho recurso, así como en todo otro asunto dentro del ámbito de sus competencias, cuando así lo dispongan las normas vigentes y toda vez que así se lo requieran dichos organismos; b) Controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y cobertura de los servicios comunicación audiovisual, en los aspectos tecnológicos de los mismos. c) Fiscalizar y controlar el uso del espectro radioeléctrico por parte de los servicios de comunicación audiovisual; d) Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de Radio y de Televisión; e) Aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas dentro del marco de sus competencias, según lo dispuesto por la Ley
17.296 de 21 de febrero de 2001 en la redacción dada por la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010; f) Cumplir toda otra tarea que le sea cometida por la ley o por el Poder Ejecutivo. CAPITULO II – CONSEJO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su capacidad de avocación, el Consejo de Comunicación Audiovisual, que será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su reglamentación en todo lo que no se encuentre bajo la competencia del Poder Ejecutivo o de la URSEC.
Actúa en función del interés general, protege y promueve el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y los derechos culturales de todas las personas y de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en cumplimiento de los marcos legales vigentes, concibiendo a estos servicios como un elemento estratégico para el desarrollo nacional.
a) Elaborar su reglamento interno de funcionamiento, el que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo; b) Monitorear las políticas y gestión de los medios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), creado por la presente Ley, y de los medios públicos en general, formular recomendaciones y velar por el
cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos en esta Ley y su reglamentación; c) Estudiar y monitorear el funcionamiento, y promover y estimular el desarrollo del sector. d) Velar por la promoción de la alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la finalidad de fomentar la adquisición de la máxima competencia mediática por parte de la población. e) Desarrollar un observatorio audiovisual sistematizando los datos estadísticos principales referentes a las empresas, agentes y consumidores del sector, tanto a escala nacional como internacional.
a) Asesorar al Poder Ejecutivo y a sus organismos competentes aportando insumos para la formulación, instrumentación y aplicación de la política de comunicación audiovisual; b) Hacer cumplir la presente de ley, él sus reglamentaciones, y los actos las disposiciones emanadas mismo jurídicos
habilitantes de la prestación de servicios, dentro de su competencia y sin perjuicio de las competencias propias del Poder Ejecutivo y de la URSEC en la materia; c) Fiscalizar el respeto a los derechos de las personas; d) Asesorar, participar en la elaboración y monitorear las políticas para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los servicios de comunicación audiovisual; e) Elaborar los reglamentos y pliegos de bases y condiciones que regirán los llamados a interesados en prestar servicios de comunicación audiovisual, con el asesoramiento técnico de la URSEC, y el asesoramiento no vinculante de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual;
f) Previa autorización del Poder Ejecutivo, realizar los llamados públicos y abiertos a interesados en obtener una autorización o licencia para brindar servicios de comunicación audiovisual y la respectiva concesión de uso de espectro radioeléctrico en caso de corresponder; g) Convocar, junto a la URSEC cuando corresponda, las consultas o audiencias públicas previstas en la presente ley y las que estime necesario, dando debida publicidad a las mismas; h) Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y los compromisos asumidos por los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual en los aspectos legales, administrativos, de contenidos y en el Proyecto Comunicacional; i) Mantener vínculos internacionales con entidades de similar competencia, proponer al Poder Ejecutivo la participación en organismos internacionales y asesorarlo en materia de convenios internacionales, dentro de su ámbito de acción; j) Asesorar en los procedimientos de concesión, autorización, transferencia, renovación, revocación y declaración de caducidad de las Concesiones, Autorizaciones y Licencias para prestar servicios comprendidos dentro de su competencia, los que deberán basarse en los principios generales de publicidad, igualdad y no discriminación; k) Dictar normas e instrucciones particulares sobre el funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia, con arreglo a lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en la presente ley, pudiendo requerir a los prestadores públicos y privados información que sea relevante para el cumplimiento de sus fines;
l) Proteger los derechos de usuarios y consumidores, de acuerdo a las previsiones de la Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000, en los servicios comprendidos dentro de su competencia; m) Aplicar sanciones a las infracciones leves establecidas en el capítulo correspondiente de la presente ley; n) Mantener actualizados los registros de acceso público creados por esta ley; o) Recibir de los titulares de servicios de comunicación audiovisual sus balances anuales con contabilidad suficiente y auditada en el tiempo y forma que dispondrá la reglamentación, los que serán tratados en los términos que establece la ley 18.331 de 11 de agosto de 2008; p) Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante; q) Implementar mecanismos para la solución arbitral de las diferencias que se susciten entre agentes del mercado de los servicios de comunicación audiovisual; r) Vigilar el cumplimiento de los cometidos del SNRTV y la adecuación de los recursos públicos asignados para ello; s) Convocar anualmente a la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual a los efectos de presentarle un informe de gestión; t) Recomendar al Poder Ejecutivo nuevos eventos de interés general para la sociedad, a incluir en los alcances y con las condiciones del Art. 38.- de la presente Ley y fiscalizar que el ejercicio de los derechos exclusivos para la emisión o retrasmisión de dichos eventos, no perjudique el ejercicio del derecho al acceso a los mismos;
u) Cumplir toda otra tarea que le sea cometida por la Ley o por el Poder Ejecutivo.
Institucionalidad funcionará en el ámbito de la
El Consejo de Comunicación Audiovisual
Comisión de Planeamiento y Presupuesto -literal O) de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República- y actuará con autonomía técnica. Se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Recibirá asesoría técnica de URSEC, la que seguirá teniendo potestad de fiscalización técnica de los servicios de comunicación audiovisual. Podrá comunicarse directamente con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás órganos del Estado. Ajustará su actuación a los principios generales y reglas de procedimiento administrativo vigentes para la Administración Central. Sus actos administrativos podrán ser recurridos de conformidad con lo que disponen los artículos 317 y concordantes de la Constitución de la República y artículo 4 y concordantes de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987. Para el cumplimiento de sus cometidos el Consejo de Comunicación Audiovisual dispondrá de los siguientes recursos: a) las tasas y precios que perciba de los operadores públicos o privados que desarrollen actividades comprendidas en su competencia; b) el producido de las multas que aplique; c) las asignaciones que le sean atribuidas por disposiciones presupuestales; d) los legados y las donaciones que se efectúen a su favor; e) todo otro que le sea asignado o que resulte de su gestión.
El Consejo de Comunicación Audiovisual estará dirigido por una Comisión integrada por 5 (cinco) miembros, incluyendo un presidente. El presidente tendrá a su cargo la representación del Consejo de Comunicación Audiovisual. La Comisión tendrá la calidad de ordenador secundario de gastos y pagos.
Los integrantes de la Comisión deberán acreditar experiencia, calificación o idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y no podrán tener vínculos directos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión y hasta por un año luego de finalizada la misma. Será de aplicación para estos cargos las inhibiciones dispuestas en los artículos 200 y 201 de la Constitución y no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese. Los titulares de los referidos cargos tendrán derecho a percibir el subsidio consagrado por el artículo 5 de la Ley 15.900 del 21 de octubre de 1987, con las modificaciones del artículo único de la Ley 16.195 de 16 de julio de 1991, en los términos y condiciones allí dispuestos. Cuando al momento de su designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de su aceptación y por todo el tiempo que actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, con las modificaciones introducidas por el artículo 43 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.
Estarán comprendidos en la obligación establecida en el artículo 10 y concordantes de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.
De los 5 (cinco) miembros de la Comisión, 3 (tres), incluyendo el presidente, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a 2/3 (dos tercios) de los integrantes de dicha Cámara. De los restantes, uno será delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minería y el otro del Ministerio de Educación y Cultura.
Los integrantes de la Comisión, salvo los delegados ministeriales, desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación total y por un plazo de 6 (seis) años, pudiendo ser prorrogable por única vez consecutiva por un período no mayor a 6 (seis) años. Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.
Podrán ser destituidos por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros en los casos de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.
La retribución mensual del Presidente del Consejo será equivalente a un 80% (ochenta por ciento) de la otorgada al Subsecretario de Estado mientras que la de los restantes integrantes de la Comisión será equivalente a un 70% de dicha retribución, salvo los delegados ministeriales quienes mantendrán su cargo y retribución dentro del ministerio correspondiente. CAPITULO III - COMISIÓN HONORARIA ASESORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (CHASCA)
Comunicación Audiovisual (CHASCA) Créase la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa del Consejo de Comunicación Audiovisual. Será consultada preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias, y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras. Adicionalmente, la misma podrá generar asesoramientos no vinculantes en todos los temas referidos a la presente Ley.
La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual estará integrada por catorce miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), quien la presidirá; un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC); un representante de la Universidad de la República; un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el MEC que posean las
carreras de Comunicación; dos representantes de los titulares de servicios de comunicación audiovisuales comerciales; dos representantes de los titulares de servicios de comunicación audiovisuales comunitarios; dos representantes de los trabajadores de los servicios de comunicación audiovisuales; dos representantes de la industria de producción de contenidos audiovisuales; un representante de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión; y un miembro no Legislador designado por la Asamblea General, todos ellos con sus respectivos suplentes.
La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá como cometidos: a) Elaborar su reglamento de funcionamiento interno, el que deberá ser aprobado por el Consejo de Comunicación Audiovisual; b) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias; c) Participar de la elaboración de las pautas para implementar los criterios de evaluación de las solicitudes presentadas; d) Emitir opinión en todos los trámites y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, en relación con todos los aspectos de la solicitud y su conformidad con las obligaciones establecidas en esta ley; e) Velar por la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se sustancien en dichos procedimientos, siempre que el estado del mismo lo permita;
f) Recomendar los medios idóneos para la difusión y publicidad de las solicitudes; g) Presidir las audiencias públicas previstas en la presente ley, convocadas por el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC); h) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple con las condiciones y compromisos dispuestos en la presente ley; i) Elevar al Poder Ejecutivo propuestas de candidatos a integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual; j) Recibir una vez al año un informe pormenorizado de gestión del Consejo de Comunicación Audiovisual.
La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual elaborará de acuerdo a lo previsto en el literal a del artículo anterior su propio reglamento de funcionamiento interno, debiendo considerar que el quórum mínimo para funcionar no será inferior a seis miembros; que en ausencia del representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la presidencia será ejercida por el representante del Ministerio de Educación y Cultura; que los informes que elabore haciendo constar sus observaciones serán fundados; que si los mismos no resultan de la opinión unánime de sus miembros deberá entregarse el informe correspondiente a la mayoría acompañado de el o los informes correspondientes de la o las minorías, y que en caso de empate, el presidente tendrá voto doble.
frecuencia con que se realizarán las sesiones, las cuales se documentarán mediante acta. La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual sesionará en las dependencias del Consejo de Comunicación Audiovisual quien proveerá el presupuesto y recursos humanos, administrativos y técnicos necesarios para su funcionamiento.
Comunitaria y de la Comisión Honoraria Asesora Independiente La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) sustituye al Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), creado por Ley 18.232 de 22 de diciembre de 2007, y a la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), creada por Decreto 374/008 de 4 de agosto de 2008; pasando a ejercer los cometidos y las funciones de los mismos. CAPITULO IV – OMBUDSMAN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Instituyese el Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual con el cometido de defender y promover los derechos de las personas reconocidos en esta Ley.
El Ombudsman tendrá los siguientes cometidos: a) Defender y promover los derechos de las personas hacia y ante los servicios de comunicación audiovisual;
b) Promover la extensión y universalización del acceso de los ciudadanos a los servicios de comunicación audiovisual; c) Velar por la prestación con regularidad, continuidad y calidad de los servicios; d) Velar por las condiciones que aseguren la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en base a información clara, veraz y suficiente; e) Recibir y tramitar denuncias sobre el eventual apartamiento de los servicios de comunicación audiovisual regulados por esta Ley, respecto de las disposiciones que reconocen y garantizan el derecho de las personas.
Para el cumplimiento de sus fines, el Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá las siguientes atribuciones: a) Recibir las quejas, opiniones y sugerencias del público y los canalizará previo conocimiento con el fin de asegurarse del impacto que las mismas tienen sobre el medio objeto de la iniciativa; b) Solicitar a los titulares o administradores de los servicios de comunicación audiovisual y los organismos estatales competentes, la información necesaria para cumplir con sus cometidos; c) Asesorar a las personas, usuarios y consumidores sobre sus derechos y los medios de defensa de los mismos; d) Comunicarse directamente con los titulares o administradores de los servicios de comunicación audiovisual para tratar de solucionar los eventuales apartamientos de la normativa; e) Comunicar y derivar a los organismos competentes, las situaciones que a su juicio y debidamente fundadas, constituyan infracciones a
lo dispuesto en la presente ley a los efectos de que se implementen las acciones correspondientes; f) Ejercer la representación de intereses colectivos e intereses difusos ante cualquier órgano jurisdiccional o administrativo, así como frente a cualquier organismo público o entidad privada y cualquier órgano competente en la materia, sea éste de carácter nacional o internacional. En los procedimientos en los que el Ombudsman ejercite una acción en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en los órganos jurisdiccionales, no se requerirá caución, atendidas las circunstancias del caso, así como la entidad económica y la repercusión social de los distintos intereses afectados; g) Formular y proponer iniciativas, reglamentaciones, leyes, etc. que crea necesario para el adecuado y justo funcionamiento del sistema de comunicación audiovisual; h) Realizar audiencias públicas con la citación a los directamente afectados en todo tema que considere conveniente; i) Formar un registro de las denuncias recibidas, presentar informes periódicos y públicos, y elaborar un informe anual de actuación que deberá ser presentado a la Asamblea General. Este informe deberá contener nacional; j) Podrá brindar informes extraordinarios a la Asamblea General cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen; k) Toda otra acción dirigida a promover y defender los legítimos intereses de las personas, los usuarios y los consumidores de acuerdo a los términos establecidos en la Ley; las acciones desarrolladas, las recomendaciones y soluciones encontradas y ser publicado en medios de difusión
l) Asesorar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en su función de contralor del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, así como en la elaboración de leyes y decretos atinentes a los Servicios de Comunicación Audiovisual, en cuanto le fuere requerido por dichos Poderes.
Acciones frente a la Administración
El Ombudsman no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones. Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para el dictado de actos y resoluciones. Las recomendaciones formuladas por el Ombudsman no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa a la que se dirige deberá, dentro de los 30 (treinta) días de notificada de las mismas, dar respuesta por escrito, particularmente de las razones que le asistan para no seguirlas. Si el Ombudsman no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión. Si dentro de los 60 (sesenta) días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades hubiere. o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las
Los cometidos y atribuciones del Ombudsman serán ejercidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada por la Ley N° 18.446 de 24 de diciembre de 2008.
TÍTULO VII – DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMERCIALES
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual deben asegurar la continuidad en la prestación del servicio autorizado durante todo el período de vigencia de la autorización o licencia en las condiciones técnicas autorizadas y respetando los compromisos de programación presentados en su oportunidad. Para el caso de los servicios que utilicen espacio radioeléctrico toda modificación de los equipos de trasmisión, así como de las condiciones de funcionamiento de los mismos requerirá la previa autorización de la URSEC o el Poder Ejecutivo, según corresponda .
Uso de canales radioeléctricos
Los titulares de autorizaciones para instalar y operar servicios de comunicación audiovisual que utilicen espectro radioeléctrico deberán utilizarlo exclusivamente para la finalidad que se establezca en las autorizaciones respectivas y ajustándose a la normativa aplicable. Los titulares también deberán ajustarse a los adelantos de la tecnología de forma de lograr el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. El Poder Ejecutivo deberá velar porque la utilización del espectro radioeléctrico sea realizada de la manera más eficiente posible. Las concesiones de uso de espectro radioeléctrico se otorgarán respetando las
limitaciones del espectro, los convenios internacionales y la disponibilidad del mismo. Cuando la tecnología disponible habilite que en el mismo canal
radioeléctrico se permita la difusión simultánea de varias señales de radio o de televisión, el derecho de uso de la banda de frecuencias asignada podrá atribuirse a un único titular o, de forma compartida, a varios titulares, en las condiciones técnicas que se autoricen oportunamente. Los titulares a los que se hayan asignado el derecho de uso de dicho espectro no podrán destinarlo a prestar otros servicios distintos de aquellos para los cuales se les ha extendido la respectiva autorización. Los titulares a los que se haya asignado el derecho de uso de un canal radioeléctrico para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión no podrán ceder, arrendar o transferir de ninguna manera a terceros, sea directa o indirectamente, el uso de todo o parte del canal asignado.
El Sistema Nacional de Radio y Televisión Público (SNRTVP), y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), individual o conjuntamente si así lo acuerdan, serán los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión de radiodifusión a titulares de servicios de radiodifusión abierta de radio y de televisión que no dispongan de ella. Ambos organismos podrán cobrar un precio por este servicio, el cual deberá ser razonable, estableciendo un tarifario basado exclusivamente en
las categorías: Público, Comercial y Comunitario, el cual deberá ser elevado al Poder Ejecutivo para su aprobación.
Plazos de instalación y puesta en funcionamiento
De manera expresa y previa a autorizar la prestación de un servicio de comunicación audiovisual, el Poder Ejecutivo establecerá los plazos para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio, los cuales podrán ser prorrogados en casos debidamente justificados y por un tiempo no mayor a la mitad del plazo inicial. En el caso de incumplimiento del plazo quedará sin efecto la autorización respectiva y el interesado perderá, sin derecho a reclamo de clase alguna, el importe correspondiente al depósito de garantía mencionado en el Art. 113.-.
Art. 83.modificar
Modificaciones sus características o las condiciones de funcionamiento
El Poder Ejecutivo podrá cambiar un canal radioeléctrico ya asignado o autorizadas, cuando convenios o acuerdos internacionales, cambios tecnológicos o motivos de interés general así lo hicieren necesario, debiendo en esos casos brindarse acceso a un nuevo canal radioeléctrico si así se requiriere, estableciendo condiciones de funcionamiento lo más similares posibles a las del servicio de comunicación audiovisual original.
La cantidad de horas diaria mínima de emisión de los servicios de radiodifusión abierta no podrá ser menor a 12 horas en ningún caso, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 18.232 para los Servicios de Radiodifusión Comunitaria.
Los servicios de radiodifusión abierta estarán obligados a emitir un aviso que identifique al servicio al comienzo y al fin de cada período de operación diario y cada hora tan cerca del comienzo de la misma como sea posible. Los servicios de comunicación audiovisual deberán dar a conocimiento público el nombre de los titulares del servicio en un lugar de fácil acceso de su página web ó hacerlo durante su transmisión diaria dentro de los horarios centrales e informativos. En el caso de que se tratare de una persona jurídica se deberá especificar además de la razón social, el nombre de todos los integrantes de la sociedad que posean como mínimo, el equivalente al 2% (dos por ciento) del capital social.
Cadenas oficiales
Los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país están obligados a integrar las cadenas de trasmisión simultánea que determine el Poder Ejecutivo.
Contraprestaciones servicios de televisión para abonados en sus
Los titulares de servicios de radio, los titulares de servicios de televisión abierta, los titulares de señales propias y las señales de televisión cuya programación sea establecida en Uruguay y que sean difundidas o distribuidas por servicios
para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país, deberán incluir las siguientes contraprestaciones: a) Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, convivencia, seguridad vial y derechos humanos, por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Comunicación Institucional, creada por el artículo 55 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008, recepcionará las solicitudes correspondientes y ejercerá la resolución del Presidente de la República, previa coordinación de las mismas a efectos de tramitar su autorización mediante intervención del Ministerio de Industria, Energía y Minería Dichas campañas no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza. b) Brindar espacios gratuitos para publicidad electoral, según lo establecido en el Capítulo VII del presente Título.
Los servicios de comunicación audiovisual deberán garantizar un nivel aceptable de recepción en la zona de cobertura asignada. En caso de que se constaten omisiones, la URSEC dará un plazo de 3 (tres) meses a partir del cual solicitará al Poder Ejecutivo, la suspensión del servicio, hasta que se regularice debidamente la anomalía o anomalías comprobadas.
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen el deber de remitir a las autoridades competentes cuantos datos y documentos les requieran en el ejercicio de sus competencias. La información así obtenida será tratada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.331 de 11 agosto de 2008. Asimismo, deberán permitir y facilitar a los servicios de inspección el acceso a las instalaciones y equipos, así como el examen de toda la documentación que resulte imprescindible para el ejercicio de sus tareas de supervisión y control.
Las instalaciones desde donde operen los servicios de comunicación audiovisual podrán ser inspeccionadas, en cualquier momento, por funcionarios de la URSEC autorizados especialmente a tales efectos, tanto sea de oficio o a pedido de los propios titulares de los servicios. En este último caso, todos los gastos que demanden dichas inspecciones, serán de cargo de los mismos. En cualquier caso, si surgieran inconvenientes para el normal desarrollo de las inspecciones como consecuencia de la oposición de los titulares de los servicios, debidamente comprobada, se dará lugar a la suspensión inmediata de las emisiones. Todos los servicios de comunicación audiovisual deberán contar con servicio telefónico y tener en todo momento al frente de la operación a personas con autoridad suficiente para cumplir con las disposiciones
emanadas de la URSEC en uso de sus facultades y obligaciones de contralor y fiscalización. CAPÍTULO II - REGULACION PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
La prestación de los servicios de comunicación audiovisual al amparo de esta Ley, requerirá disponer de previa autorización o licencia para instalarse o iniciar su actividad, incluso si se tratase de servicios en carácter provisorio o experimental. En caso de servicios que utilicen espectro radioeléctrico, sean gratuitos o pagos, deberán contar con la respectiva concesión de uso de espectro radioeléctrico y su correspondiente asignación de canal radioeléctrico. La autorización o licencia para prestar un servicio de comunicación audiovisual regulado en esta Ley será independiente de la concesión, autorización o licencia que, en su caso, sea necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones que transporte las señales portadoras de los contenidos audiovisuales, la que se regirá por la legislación de telecomunicaciones vigente. La concesión, autorización o licencia para prestar servicios de
telecomunicaciones no habilitará por sí misma para prestar servicios de comunicación audiovisual. Los servicios de comunicación audiovisual requerirán de la correspondiente autorización o licencia, conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, atendiendo al régimen de incompatibilidades estatuido en el Art. 42.- y siguientes, en cuanto corresponda.
Carácter de la autorización o licencia
Las autorizaciones o licencias para la instalación y funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual serán otorgadas por el Poder Ejecutivo y con carácter del personal, mismo por cuanto y la definición de de la programación y contenidos del servicio, así como la conducción, operación funcionamiento corresponderá será exclusiva responsabilidad de aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas. También éstas serán las únicas autorizadas a designar a las personas a que se refiere el Art. 99.- de esta Ley. Cuando los autorizados sean dos o más personas, físicas o jurídicas, y se encuentren dentro de la hipótesis prevista por el artículo 1° de la Ley No. 16.060 de 4 de setiembre de 1989, deberán adoptar alguna de las formas establecidas en los capítulos II y III de dicha Ley. Cuando las personas jurídicas autorizadas sean sociedades por acciones, las mismas deberán tener el carácter nominativo y la responsabilidad corresponderá a aquellos accionistas cuya titularidad de las acciones haya sido autorizada por el Poder Ejecutivo. También éstos serán los únicos accionistas autorizados a designar, en representación de la sociedad, las personas a las que se refiere el Art. 99.- de esta Ley. Las autorizaciones y licencias para la instalación y funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual se otorgarán con una cobertura geográfica asociada (área de servicio), la cual será a nivel de localidad, departamental o nacional. Se entiende como cobertura a nivel de localidad tanto la planta urbana como la zona sub-urbana y rural de influencia de la localidad en cuestión. Para los casos de los servicios de radiodifusión se
establecerán los parámetros técnicos de funcionamiento para que la transmisión cubra en condiciones de buena recepción el área de cobertura asignada al servicio, lo que eventualmente puede implicar sobrepasar en algunos casos el límite geográfico, dadas las características de la propagación de las ondas radioeléctricas. Para los casos de los servicios que no utilicen espectro radioeléctrico, los proyectos técnicos correspondientes deberán asegurar una apropiada cobertura del área de servicio autorizada.
La prestación de los servicios de comunicación audiovisual deberá ser realizada por el titular de la licencia o autorización correspondiente y no podrá ser delegada. Será considerada delegación de la prestación del servicio: a) Vender o ceder a cualquier título espacios para terceros de la programación propia más allá de los siguientes límites: 25% (veinticinco por ciento) de la programación a un mismo tercero y 75% (setenta y cinco por ciento) en total. En todo caso, un aumento de los espacios vendidos o cedidos respecto a lo comprometido en el Proyecto Comunicacional deberá contar con la autorización del Consejo de Comunicación Audiovisual; b) Acordar con un tercero la comercialización del abono al servicio en exclusividad.
El Proyecto Comunicacional presentado por el titular a efectos de obtener la autorización o licencia para prestar un servicio de comunicación audiovisual es parte integral de la misma.
Al postularse en un llamado, el interesado deberá presentar un Proyecto Comunicacional que detalle la propuesta del servicio prevista, el que deberá incluir, al menos, toda la información solicitada por el pliego de condiciones de la convocatoria indicando, entre otros aspectos: el plan de programación a desarrollar; cantidad, tipo y géneros de señales audiovisuales propias que ofrecerá; cantidad y tipo de producción audiovisual nacional y local propia; compromiso de creación de empleos directos y de cumplimiento de las garantías laborales; participación de productores servicio; los independientes y empresas nacionales de la industria compromisos en materia de pautas publicitarias; los audiovisual en la cadena de producción y difusión relacionada con su compromisos de atención a las personas con discapacidades auditivas y visuales, incluyendo el porcentaje de programación accesible mediante sub-titulado, lengua de señas y audio-descripción; los antecedentes como empresario de la comunicación; y interactivos que incluirá en su propuesta. En caso de obtenerse la autorización o licencia el titular del servicio asumirá la obligación de dar cumplimiento al correspondiente proyecto comunicacional presentado. Toda modificación al proyecto comunicacional originalmente autorizado deberá ser previamente autorizada por el Consejo de Comunicación Audiovisual y, para aquellos casos que la reglamentación determine, también por el Poder Ejecutivo, so pena de la aplicación de la sanción correspondiente, de acuerdo al grado de apartamiento del proyecto original.
Gratuidad de la radiodifusión abierta
Los servicios de radiodifusión abierta serán de recepción gratuita, sin perjuicio de la posibilidad de comercializar servicios interactivos de valor agregado conexos a los contenidos audiovisuales, de conformidad con el alcance de las autorizaciones o licencias obtenidas y de la normativa específica aplicable.
Requisitos de personas físicas audiovisual deberán cumplir, como mínimo, con los
Las personas físicas aspirantes a titular o titulares de un servicio de comunicación siguientes requisitos: a) Ser ciudadanos naturales o legales, en ejercicio de la ciudadanía; b) Estar domiciliados real y permanentemente en la República y preferentemente en la localidad donde se prestará el servicio. Las ausencias reiteradas o prolongadas del país, constituirán -salvo justificación adecuada al respecto- presunción de carencia de domicilio real y permanente en la República, lo que dará mérito a que el Consejo de Comunicación Audiovisual gestione ante el Poder Ejecutivo la revocación de las autorizaciones o licencias concedidas; c) Acreditar capacidad económica, de acuerdo con la categoría del servicio de comunicación audiovisual que se proyecte instalar; d) Efectuar el depósito de garantía de mantenimiento de solicitud, cuyo importe y plazos de devolución fijará el Poder Ejecutivo. e) Presentar el presupuesto de inversión y costos para instalar y operar el servicio, así como su plan de negocios; f) Acreditar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar;
g) Declarar si personalmente, o alguna de las empresas o personas de su grupo económico tienen participación en otros servicios de comunicación audiovisual y, en caso afirmativo, indicarla detalladamente. h) Presentar el proyecto comunicacional y de servicios que se comprometen a brindar a la población, de conformidad con lo previsto en el Art. 94.-
En ningún caso podrán ser titulares de una autorización o licencia, las personas físicas o jurídicas que se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes: a) Ser deudor moroso ante el Estado y, en general, las que estén comprendidas en cualquiera de las prohibiciones generales para contratar con el mismo. b) Estar incapacitado o inhabilitado, civil o penalmente, para contratar o ejercer el comercio; c) Aquéllas que, habiendo obtenido anteriormente autorización o licencia para la prestación de servicios de radiodifusión u otros servicios de comunicación audiovisual, con independencia de su ámbito de cobertura, hayan sido sancionadas en los últimos cinco años por la comisión de una infracción muy grave, con la revocación de su autorización o licencia. d) Aquéllas personas que, por sí o a través de empresas o personas integrantes de un mismo grupo económico, infrinjan los límites a la concentración que impone la presente Ley. e) Haber sido condenados por delitos de lesa humanidad. f) Ser juez, legislador, policía o militar en actividad, o desempeñar cargos políticos o de particular confianza.
g) Ser cónyuge o concubino, pariente por afinidad o consanguineidad, en línea recta, o colateral hasta el segundo grado; de titulares de servicios de comunicación audiovisual.
Requisitos de personas jurídicas audiovisual deberán cumplir, como mínimo, con los
Las personas jurídicas aspirantes a titular o titulares de un servicio de comunicación siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituida en el país. b) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo Art. 96.literales c a h y no encontrarse comprendida en las inhabilitaciones dispuestas en el Art. 97.- literales a a d. c) Cada socio o accionista, con los incisos a, b y g del artículo Art. 96.y el artículo Art. 97.d) Si se tratara de sociedades por acciones, dichas acciones serán nominativas y sus titulares personas físicas. e) No tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras. f) No ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria. Para el caso de los servicios de comunicación audiovisual para abonados, y cuando el titular sea una sociedad por acciones, se admitirá que los requisitos establecidos en los literales c, d y e precedentes sean cumplidos por los accionistas que representen, como mínimo, el 51% (cincuenta y un porciento) del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 51% (cincuenta y un por ciento) siempre que este
porcentaje no signifique ceder directa o indirectamente el control de la voluntad societaria.
Excepciones a los requisitos de las personas jurídicas.
Las condiciones establecidas en los literales c, d, e y f y en el último inciso del artículo precedente, no serán aplicables a aquéllos servicios de comunicación audiovisual cuyos titulares hayan obtenido la autorización o licencia correspondiente con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.
En todos los casos en que se designen directores, administradores, gerentes o personal similar de dirección, en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción comunicación 97.-. audiovisual, tales y orientación deberán del servicio de cumplir con las personas
exigencias establecidas en los artículos Art. 96.- literales a a c y g, y Art.
Transferencia de la autorización o licencia
A efectos de transferir, ceder, vender, donar o realizar cualquier otro negocio jurídico que implique, directa o indirectamente, un cambio, total o parcial, en la titularidad de las autorizaciones o licencias se requerirá aprobación del Poder Ejecutivo, previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual. El procedimiento comenzará con la presentación ante el Consejo de Comunicación Audiovisual de la solicitud del futuro adquirente, quien deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Ley para ser titular, y obligarse a mantener o mejorar, durante toda la
vigencia de la autorización o licencia, el Proyecto Comunicacional y servicios asumidos por el anterior titular. Una vez presentada la solicitud, el Consejo elaborará un informe para elevar al Poder Ejecutivo, el que sólo podrá ser efectuado una vez realizada la consulta o audiencia pública, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Para la elaboración del informe, el Consejo de Comunicación Audiovisual dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días corridos, vencido el cual deberá elevar la solicitud al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo evaluará la solicitud y se pronunciará sobre la propuesta de transferencia total o parcial de la titularidad del servicio. En el caso en que el Poder Ejecutivo dicte resolución favorable a la realización del negocio, los interesados dispondrán de un plazo máximo de 4 (cuatro) meses, contado a partir de la notificación de la resolución respectiva, para el otorgamiento del negocio definitivo, condicionando sus efectos a la posterior aprobación por el Poder Ejecutivo. El referido negocio deberá ser acreditado en forma fehaciente ante el mencionado Poder, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, dentro de dicho plazo, so pena de caducidad de la autorización conferida. Acreditado el negocio de transferencia y previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual, el Poder Ejecutivo dictará la resolución correspondiente, la cual tendrá efectos constitutivos. A partir de la notificación del acto administrativo mencionado el adquirente tomará a su cargo el servicio de comunicación audiovisual.
En caso de hacerlo en forma previa al dictado del acto, será pasible de las sanciones previstas en el capítulo correspondiente. Las autorizaciones o licencias originarias no podrán ser transferidas dentro de los primeros 5 (cinco) años de haber sido otorgadas, ni dentro de los 2 (dos) años luego de haber sido autorizada su transferencia o renovación. Esta restricción no será de aplicación para el caso de transferencia por fallecimiento. La realización de una transferencia sin la correspondiente y previa resolución favorable provocará la nulidad absoluta de la misma, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren. La comprobación de la realización de cualquier acto que permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de comunicación audiovisual esté a cargo de persona no autorizada habilitará la revocación de la autorización o licencia otorgada para prestar el servicio. La concesión de uso de espectro radioeléctrico vinculada a un servicio de comunicación audiovisual solo podrá transferirse en forma conjunta con la autorización del servicio de comunicación audiovisual. No está permitido ningún negocio jurídico sobre la concesión de uso de espectro en forma independiente. Los servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública, los universitarios intransferibles. y los comunitarios y otros sin fines de lucro, son
En los casos de fallecimiento de un titular, socio o accionista, la situación será tramitada por la Administración como una transferencia a favor de los herederos o sucesores; sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa vigente en materia societaria y de las clausulas contractuales correspondientes en los acuerdos constitutivos de sociedades.
Disolución de la sociedad titular
En caso de disolución de la sociedad autorizada a la prestación del servicio, es obligación de los socios su comunicación al Consejo de Comunicación Audiovisual en el plazo de 72 (setenta y dos) horas de acaecida la causal correspondiente (artículo 159 de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989). La disolución aparejará la extinción de la autorización, de conformidad con lo previsto por el de la presente Ley.
Arrendamiento del Servicio
No se podrá realizar el arrendamiento de un servicio de comunicación audiovisual a un tercero.
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir las siguientes obligaciones: a) Estar al día en el pago de los precios y tributos a que estuvieran obligados por la prestación del servicio; b) Brindar toda la información solicitada por las autoridades para el debido cumplimiento de sus cometidos; c) Conservar el contenido de los programas difundidos durante un plazo, como mínimo, de 3 (tres) meses a contar desde la fecha de su
emisión, a efectos de facilitar su inspección por las autoridades competentes en caso que sea necesario y ajustado a derecho. d) Todas aquellas que la presente Ley ponga a su cargo.
Prohibición de censura indirecta
Queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento o renovación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales.
Deber de oferta no discriminatoria
Los titulares de servicios de radiodifusión de televisión abierta podrán ofrecer sus señales para ser incorporadas por servicios de televisión para abonados en su grilla de señales. Esta oferta deberá ser no discriminatoria a nivel de cobertura geográfica: la señal debe ser ofrecida en igualdad de condiciones a todos los servicios de televisión para abonados que tengan similar área de cobertura.
Los servicios de televisión para abonados deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia en su paquete básico, que operará en las mismas condiciones que esta ley establece para los servicios de televisión abierta. En el caso de servicios satelitales la señal propia deberá ser de producción nacional. En el caso de servicios para abonados del interior del país el presente requisito podrá ser cumplido mediante una señal departamental o regional que no incluya al departamento de Montevideo.
Deber de transportar
Los servicios de televisión para abonados deberán incluir, dentro de su paquete básico, las señales del Sistema Nacional de Radio y Televisión, en lugares adecuados de su grilla de señales. Los servicios de televisión para abonados no satelitales también deberán incluir, dentro de su paquete básico, las señales de los servicios de radiodifusión de televisión abierta, comerciales, públicas o comunitarias, cuya área de cobertura sea similar a su área de prestación de servicio, en los formatos que su tecnología lo permita. Esta obligación no generará derechos de compensación de ningún tipo para los titulares de los servicios de radiodifusión de televisión abierta.
Los titulares de servicios de televisión para abonados que posean señales propias podrán ofrecer sus señales para ser incorporadas por servicios de televisión para abonados en su grilla de señales. Esta oferta deberá ser no discriminatoria a nivel de cobertura geográfica: la señal debe ser ofrecida en igualdad de condiciones a todos los servicios de televisión para abonados que tengan similar área de cobertura. CAPÍTULO III - AUTORIZACION PARA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL QUE UTILICEN ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
Procedimientos para otorgar autorizaciones
Como principio general, el Poder Ejecutivo otorgará las autorizaciones para brindar servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen
espectro radioeléctrico, mediante la realización de un llamado público y abierto. El mismo, deberá contar con informe técnico previo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) identificando los canales radioeléctricos y demás parámetros técnicos; la realización de una consulta pública y la evaluación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA).
El Poder Ejecutivo realizará un llamado público y abierto a interesados en obtener una autorización para brindar el servicio de comunicación audiovisual no satelital que utilice espectro radioeléctrico, la respectiva concesión de uso del espectro radioeléctrico y la asignación de canal. El mismo, podrá ser convocado cuando la Administración lo considerare conveniente o cada 5 (cinco) años siempre que hayan interesados en brindar el servicio y existan canales radioeléctricos vacantes y disponibles para destinar al mismo, garantizando la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de la República, en las condiciones establecidas en la reglamentación correspondiente. El plazo de 5 (cinco) años mencionado en el inciso precedente, se contará desde el último llamado para la misma localidad o similar área de cobertura.
La convocatoria del llamado será realizada por el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Comunicación Audiovisual y exigirá la previa identificación, por parte de URSEC, de las frecuencias disponibles en el correspondiente plan técnico de la banda a utilizar, así como las condiciones técnicas para
el uso total o parcial del o los canales radioeléctricos, y los plazos para la instalación y operación del servicio autorizado. El pliego de condiciones que regirá el llamado será elaborado por el Consejo de Comunicación Audiovisual, con el asesoramiento técnico de la URSEC y el asesoramiento no vinculante de la CHASCA, y será aprobado por el Poder Ejecutivo. En la convocatoria se especificarán claramente los requisitos exigidos, las obligaciones a prestar en caso de obtener la autorización, los antecedentes a ser considerados y los criterios de evaluación que se utilizarán para valorar las distintas propuestas. La Administración podrá exigir a los solicitantes el pago por la compra de las bases del llamado y la constitución de una garantía que responda del cumplimiento de los compromisos asumidos en su oferta, la cual será devuelta en los tiempos y condiciones que se establecerán oportunamente.
En caso de haber más interesados que frecuencias disponibles se abrirá una etapa de selección mediante concurso público entre quienes hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del llamado. En caso de existir un único postulante para una frecuencia, la propuesta del Consejo de Comunicación Audiovisual se elevará a consideración del Poder Ejecutivo, a fin de autorizar su funcionamiento y concesionar el uso de la frecuencia o de las frecuencias si se da adecuado cumplimiento a los criterios de evaluación exigidos por el Art. 116.- y luego de la realización
de los mecanismos de consulta y audiencia públicas establecidos en esta Ley. El Poder Ejecutivo dictará resolución fundada denegando u otorgando las licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual. Si ninguno de los interesados acredita los requisitos exigidos o, de hacerlo, no logran obtener un mínimo de los criterios exigidos, se podrá dejar sin efecto el llamado.
De conformidad con los principios de transparencia y publicidad, el Consejo de Comunicación Audiovisual dará a conocer públicamente la nómina de postulantes para cada llamado. En cualquiera de los casos referidos en el artículo anterior, el Consejo de Comunicación Audiovisual realizará un proceso de consulta pública cuyo alcance y características se determinarán por la reglamentación que se dicte oportunamente, el que podrá incluir una audiencia pública, preferentemente en la localidad donde se realiza el llamado. Las opiniones recogidas en estas consultas podrán ser tomadas en consideración para la evaluación de los postulantes, sin que tengan carácter vinculante. También se realizará un proceso de consulta pública en los procedimientos de transferencia y renovación, el que podrá incluir la realización de una audiencia pública.
Las propuestas recibidas se valorarán teniendo en cuenta, al menos, los siguientes criterios de evaluación: a) Que provengan de personas físicas o jurídicas que no sean titulares de otros servicios de comunicación audiovisual que utilicen espectro radioeléctrico para promover la diversidad en la propiedad de dichos servicios; b) Que favorezcan la prestación de servicios a la comunidad de una determinada área de cobertura mediante la oferta de una diversidad de señales o programas que no brinden otros medios; c) Que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local a través de espacios destinados a estimular y difundir programas de producción local, propia e independiente; d) Que incluyan la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión; e) Que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y de calidad; f) Que incluyan programación con contenido accesible para personas con discapacidades auditivas y visuales mediante sub-titulado, lengua de señas y audio-descripción, y el porcentaje de este tipo de programación respecto al total; g) Que posean antecedentes en la prestación de servicios de comunicación audiovisual similares, de los que surja la capacidad técnica del postulante para la prestación del servicio. Las capacidades técnica y económica para la realización del proyecto serán analizadas como condiciones de admisibilidad para postular efectivamente a obtener una autorización, y no como criterios de evaluación para seleccionar entre distintos postulantes.
El Poder Ejecutivo dictará resolución fundada denegando u otorgando las licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual. En este último caso, el Consejo de Comunicación Audiovisual procederá a registrar a los titulares en el Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Duración de las autorizaciones
Las autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, y su correspondiente concesión de uso de espectro radioeléctrico, se otorgarán por un plazo de 10 (diez) años para servicios de radiodifusión de radio y de 15 (quince) años para servicios de radiodifusión de televisión. Las renovaciones serán, en ambos casos, por períodos de 10 (diez) años.
La autorización podrá renovarse, previa solicitud del interesado que deberá presentarse al menos 12 (doce) meses antes del vencimiento del plazo y siempre que, al momento de presentarla, el titular: a) Mantenga todos los requisitos exigidos por esta ley, incluyendo expresamente los compromisos de programación y servicios que brindará de obtener la extensión de su autorización; b) Haya dado pleno cumplimiento durante toda la vigencia de la autorización de las condiciones y compromisos asumidos en oportunidad del otorgamiento de la autorización; c) Se haya emitido informe técnico favorable de URSEC señalando la ausencia de limitaciones en relación con la planificación del espectro; d) No mantenga deudas con la Administración;
e) No haya sido objeto, durante la duración de la autorización, de 3 (tres) o más sanciones graves firmes por incumplimiento en sus obligaciones. Como parte de la evaluación del cumplimiento de los literales a) y b) anteriores, podrá celebrarse una audiencia pública no vinculante y se realizará preceptivamente una consulta a la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA). Ambas actividades las llevará adelante el Consejo de Comunicación Audiovisual, quién elevará el correspondiente informe al Poder Ejecutivo, para que éste adopte resolución. Las renovaciones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, por un plazo de 10 (diez) años cada vez. A los efectos del dictado de la resolución se tomará en cuenta el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y económicos del solicitante y se analizará la gestión de la autorización realizada por el interesado en la renovación en cuanto a los compromisos y obligaciones asumidos. Asimismo se tendrá en cuenta la disponibilidad de espectro, la existencia de otros interesados en el área de cobertura de la prestadora, se examinará la evolución del sector, y se determinará si la renovación de la autorización puede perjudicar la diversidad y pluralidad del sistema de medios. La primera renovación será concedida siempre que no exista una evaluación negativa del cumplimiento del plan comunicacional. Las siguientes renovaciones serán concedidas siempre que no exista una evaluación negativa del cumplimiento del plan comunicacional y siempre que no existan nuevos interesados pre-calificados para los cuales no queden disponibles canales dentro de los reservados.
El permisario deberá respetar el cumplimiento de los compromisos presentados, durante todo el período de la autorización y en este contexto serán evaluados En los supuestos de que no se solicite la prórroga o no se pueda configurar la misma por las razones expuestas, 6 (seis) meses antes del vencimiento de la autorización, el Poder Ejecutivo deberá haber convocado un nuevo llamado abierto y público de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y su reglamentación”.
La autorización quedará sin efecto por el vencimiento del plazo, por disolución de la sociedad titular o por el fallecimiento o incapacidad superviniente cuando se tratare de una única persona física y no se hubiere efectuado reclamo de parte de los herederos, de acuerdo a lo establecido en los artículos Art. 101.- y Art. 120.- de la presente Ley. La autorización podrá dejarse sin efecto igualmente a petición motivada del titular cuando, por circunstancias sobrevenidas, imprevisibles o ajenas a su voluntad, se considere carente de la idoneidad o capacidad necesaria para continuar prestando el servicio. La extinción de la autorización solo producirá efectos cuando así lo resuelva el Poder Ejecutivo. Si en cualquier momento se comprobara la imposibilidad de brindar el servicio por razones debidas o relacionadas con los titulares del mismo, las autorizaciones se considerarán caducadas.
Comunicación Audiovisual En el caso de fallecimiento de la persona física titular total de la autorización, para mantener la continuidad del servicio se podrá autorizar a sus sucesores la administración transitoria de la emisora. Los sucesores a quienes se autorice la administración transitoria de la emisora deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Art. 96.- literales a, b, c y g de la presente norma y se verán obligados al cumplimiento de todas sus disposiciones así como las establecidas en la autorización respectiva y la normativa aplicable. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los casos de autorizaciones conferidas a personas individuales, en los que por fallecimiento, incapacidad u otras causas similares, no quedare ninguna persona autorizada al frente del servicio, los sucesores, curador o representante del autorizado deberán dar cuenta al Consejo de Comunicación Audiovisual de la situación en el término de 72 (setenta y dos) horas, estando a la resolución provisional que éste adopte para procurar mantener el servicio en funcionamiento, sin perjuicio de la resolución definitiva que dicte el Poder Ejecutivo. En el caso de personas jurídicas constituidas por varios integrantes, si falleciere alguno de los socios, la conducción del servicio será de responsabilidad del resto de los integrantes, hasta que se regularice la situación.
Limitación para autorizaciones
El Poder Ejecutivo no podrá otorgar nuevas concesiones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión, durante el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis
meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales establecidas en el numeral 9º del artículo 77 de la Constitución de la República. CAPÍTULO IV - LICENCIA PARA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL QUE NO UTILICEN RECURSOS ESCASOS
Procedimiento para otorgar licencias
Cuando se trate de servicios de comunicación audiovisual satelitales o que utilicen medios físicos para su distribución, las licencias para brindar dichos servicios se otorgarán a través de llamados públicos que podrán realizarse cuando la Administración lo considerare conveniente o en respuesta a la solicitud de interesados en obtener una licencia siempre que hayan pasado al menos 5 (cinco) años desde el último llamado para la misma localidad o similar área de cobertura, una vez cumplidos los requisitos exigidos en esta Ley y la reglamentación correspondiente.
La solicitud para obtener una licencia deberá presentarse ante el Consejo de Comunicación Audiovisual y en ella se hará constar la información prevista en la presente Ley o sus reglamentaciones para dar cuenta de los requisitos exigidos.
Art. 124.Corresponde
Evaluación de las solicitudes al Consejo de Comunicación Audiovisual examinar la
información presentada para evaluar el debido cumplimiento de los requisitos. Una vez analizados los mismos y verificado su cumplimiento, elevará informe al Poder Ejecutivo a los efectos de la realización del llamado público a interesados en prestar el servicio de comunicación audiovisual en cuestión.
El mismo será convocado por el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Comunicación Audiovisual. Luego de analizar las propuestas presentadas al llamado, evaluar la viabilidad técnica y económica de los proyectos, y solicitar sus respectivos informes a la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) y a la URSEC, el Consejo de Comunicación Audiovisual tomará definición y elevará el informe con sus conclusiones al Poder Ejecutivo con el proyecto de resolución propuesto para su consideración. En base al informe del Consejo de Comunicación Audiovisual, el Poder Ejecutivo dictará resolución fundada denegando u otorgando las licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual. En este último caso, el Consejo de Comunicación Audiovisual procederá a registrar a los titulares en el Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La licencia quedará sin efecto por disolución de la sociedad titular o por el fallecimiento o incapacidad superviniente cuando se tratare de una persona física. Podrá dejarse sin efecto igualmente a petición motivada del titular cuando, por circunstancias sobrevenidas, imprevisibles o ajenas a su voluntad, se considere carente de la idoneidad o capacidad necesaria para continuar prestando el servicio. La extinción de la licencia solo producirá efectos cuando así lo resuelva el Poder Ejecutivo. CAPÍTULO V - SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN
Las señales de radio o televisión establecidas en Uruguay requerirán registro previo ante el Consejo de Comunicación Audiovisual, que tendrá como efecto habilitar su difusión. También podrán registrarse señales de radio o televisión no establecidos en Uruguay. Quedan exceptuadas de esta obligación aquellas señales extranjeras de titularidad pública. La difusión primaria, por un servicio de comunicación audiovisual establecido en Uruguay, de una señal de radio o televisión no registrada, hará responsable editorial de dicha señal o servicio, a efectos de la legislación uruguaya, al titular del servicio de comunicación audiovisual que realice la difusión primaria.
Limitaciones a la titularidad de señales
No podrán ser titulares de señales de radio o televisión aquellos que hayan sido titulares de una señal que hubiere sido sancionada con la prohibición de continuar su actividad por la comisión de una infracción muy grave.
Art. 128.un
Inscripción en el registro autorizado de la misma, acompañada de la
La solicitud de inscripción deberá ser presentada por el titular de la señal o representante correspondiente documentación acreditante. Una vez presentada la solicitud el Consejo de Comunicación Audiovisual evaluará la misma y en caso de no existir causal de impedimento debidamente fundada, procederá a su inscripción dentro del plazo de 30 días corridos a contar de su presentación. Si no se resolviera dentro del término indicado la solicitud se tendrá por aceptada en forma provisoria, procediéndose a su inscripción en el registro en esa calidad.
En el caso de que la titularidad de las señales coincida con la titularidad del servicio de comunicación audiovisual que las difunde, la inscripción procederá de oficio al momento de otorgar la autorización o licencia del servicio, sin perjuicio de la obligación de comunicar al Consejo de Comunicación Audiovisual los cambios en las señales incluidas en el mismo, en el plazo que establezca la reglamentación.
La extinción de los efectos del registro y, por lo tanto, de la habilitación para efectuar la difusión o distribución de la señal, se producirá: a) Por renuncia del interesado. b) Por resolución de la autoridad de aplicación si concurriere alguna de las siguientes causas: Por la suspensión ininterrumpida del ejercicio de la actividad durante el plazo de un año. Como consecuencia de la comisión de una infracción que lleve aparejada la revocación del registro.
Art. 130.Uruguay
Obligaciones de los titulares de señales establecidas en
El contenido de las señales de radio y de televisión establecidas en Uruguay deberá respetar los principios y valores constitucionales, y regirse por lo dispuesto en la presente Ley y en las demás que le sean aplicables, en particular en lo relativo a la publicidad, protección de consumidores y usuarios, derecho al honor, a la intimidad y derecho de rectificación, así como por los Convenios Internacionales suscritos por Uruguay en estas materias. CAPITULO VI - PUBLICIDAD
Tiempo y espacio destinado a publicidad
Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de 15 (quince) minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y 15 (quince) minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. En ningún caso estos tiempos serán acumulables. Se deberá incluir en el cálculo del tiempo máximo previsto el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los 15 (quince) segundos. No se computarán dentro del tiempo publicitario expresado: a) El anuncio promocional de los programas de la emisora (autopromoción) ni los comunicados oficiales o campañas de bien público; b) La publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida; c) La publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos. Los mensajes publicitarios sobreimpresos en la televisión (texto inscriptos sobre figuras) no deben ocupar más de 1/16 (un dieciseisavo) de la pantalla ni exceder de las 8 (ocho) menciones de 10 (diez) segundos cada una, por hora, no acumulables.
Condiciones de emisión de publicidad
En defensa del usuario y consumidor de servicios de comunicación audiovisual y en atención a su condición de medios de interés público los servicios deberán cumplir con las siguientes condiciones de emisión de la
publicidad comercial, además de las establecidas en los artículos correspondientes de la presente Ley para la protección de niños, niñas y adolescentes, la normativa vigente en materia de salud pública y otras: a) Los mensajes publicitarios se deberán emitir con igual volumen de audio que el resto de la programación. Cada tanda publicitaria televisiva se deberá iniciar y concluir con el signo identificatorio de la señal, a fin de distinguirla del resto de la programación. b) Los mensajes publicitarios en televisión deben respetar la integridad del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman. La transmisión de películas cinematográficas y documentales podrá ser interrumpida una vez por cada periodo previsto de 30 (treinta) minutos. c) Las transmisiones de eventos deportivos por televisión únicamente podrán ser interrumpidas por spots publicitarios aislados cuando el evento se encuentre detenido. En dichas transmisiones, dispongan o no de partes autónomas, se podrán insertar mensajes publicitarios siempre que permitan seguir el desarrollo del evento. d) En los servicios de radiodifusión abierta no se podrán emitir señales dedicadas exclusivamente a emitir mensajes publicitarios. e) Quedan prohibidas la emisión de publicidad encubierta y de publicidad subliminal.
Alcance de las disposiciones
Las anteriores disposiciones serán aplicables a los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país.
CAPITULO VII - PUBLICIDAD ELECTORAL
Art. 134.Declárase
Del acceso gratuito a la publicidad electoral de interés nacional para el afianzamiento del sistema
democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país. Los servicios referidos, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 17.045 de 14 de diciembre de 1998, otorgarán espacios gratuitos en las campañas electorales correspondientes a las siguientes elecciones: a) de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Presidente y Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral (párrafo primero del inciso primero del numeral 9° del artículo 77 de la Constitución de la República), en adelante denominadas “elecciones nacionales” b) de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas (párrafo final del inciso primero del numeral 9° del artículo 77 de la Constitución de la República), en adelante denominadas “elecciones departamentales y locales” c) de nueva elección de Senadores y Representantes luego de disolución de las Cámaras (artículo 148 de la Constitución de la República), si se realizare, en adelante denominadas “elecciones legislativas complementarias” d) en el caso de segunda elección de Presidente y Vicepresidente de la República (inciso primero del artículo 151 de la Constitución de la
República),
“elección
complementaria de Presidente y Vicepresidente de la República” e) en las elecciones internas de los partidos políticos (numeral 12 del artículo 77 de la Constitución de la República y Ley 17063, de 24 de diciembre de 1998 y siguientes), en adelante denominadas “elecciones internas ”; las elecciones internas de candidatura presidencial y órganos deliberativos nacionales con funciones electorales se denominan en adelante “elecciones internas nacionales” y las elecciones internas de órganos deliberativos departamentales con funciones electorales se denominan “elecciones internas departamentales”. Los espacios gratuitos se otorgarán durante todo el período autorizado para realizar publicidad electoral, de conformidad con el Art. 1° de la Ley 17.045, de 14 de diciembre de 1998, debiéndose emitir por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de ellos en horarios centrales. En el caso previsto en el literal b) del párrafo segundo del artículo 95 de la presente ley, la obligación rige para los servicios comprendidos en el área autorizada correspondiente a la respectiva circunscripción única departamental. La reglamentación del Poder Ejecutivo podrá extender esta obligación a otro u otros departamentos contiguos.
Art. 135.En los
Distribución entre los lemas casos de elecciones nacionales y elecciones legislativas
complementarias, los espacios gratuitos serán distribuidos entre los lemas en función de los votos obtenidos por cada uno de ellos en las inmediatamente anteriores elecciones nacionales. Corresponderá en cada servicio un segundo diario por lema, por cada 0,018% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el país.
En el caso de elección complementaria de Presidente y Vicepresidente de la República, se otorgará un tiempo total igual al concedido a la totalidad de los lemas en las inmediatamente precedentes elecciones nacionales. Dicho tiempo se distribuirá en partes iguales entre ambas fórmulas presidenciales. En el caso de elecciones departamentales y locales, los espacios gratuitos serán distribuidos entre los lemas en función de los votos obtenidos por cada uno de ellos en las inmediatamente anteriores elecciones departamentales y locales. Corresponderá en cada servicio un segundo diario por lema, por cada 0,018% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el departamento. En el caso de elecciones internas, los espacios gratuitos serán distribuidos entre los lemas, de la siguiente manera combinada: a) una parte, destinada a las elecciones internas nacionales, en función de los votos obtenidos por cada uno de los lemas en las inmediatamente anteriores elecciones nacionales, correspondiendo en cada servicio un segundo diario por lema, por cada 0,012% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el país b) y otra parte, adicional a la anterior, destinada a las elecciones internas departamentales, en función de los votos obtenidos por cada uno de los lemas en las inmediatamente anteriores elecciones departamentales y locales, correspondiendo en cada servicio un segundo diario por lema, por cada 0,006% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el departamento.
Los lemas que no hubiesen participado en la elección inmediatamente anterior respectiva, obtendrán los mismos espacios gratuitos que el lema que hubiese obtenido la menor cantidad de votos en el ámbito correspondiente. La distribución de los espacios entre los lemas será efectuada por la Corte Electoral, la que reglamentará el presente artículo.
Art. 136.En los
Distribución dentro de los lemas casos de elecciones nacionales, elecciones legislativas
complementarias y elecciones internas nacionales, los espacios concedidos a cada lema serán distribuidos internamente respetando en lo posible la proporción de votos existente dentro del mismo lema en la elección de miembros de la Cámara de Senadores de la elección inmediatamente anterior. No se tendrán en cuenta las listas que no hubiesen obtenido representación parlamentaria en una u otra cámara. En las elecciones nacionales del tiempo total asignado a cada lema corresponderá el 25% a la fórmula presidencial y el 75% a las listas de candidatos a la Cámara de Senadores. En las elecciones internas nacionales, del tiempo total asignado a cada lema corresponderá el 50% a la precandidatura presidencial y el 50% a las listas de candidatos al Órgano Deliberativo Nacional con funciones electorales. En los casos de elecciones departamentales y locales, y de elecciones internas departamentales, los espacios concedidos a cada lema serán distribuidos internamente respetando en lo posible la proporción de votos
existente dentro del mismo lema en la elección de miembros de la Junta Departamental de la elección inmediatamente anterior. No se tendrán en cuenta las listas que no hubiesen obtenido representación en la respectiva Junta Departamental. En las elecciones departamentales y locales del tiempo total asignado a cada lema corresponderá el 50% a las listas de candidatos a intendente y el 50% a las listas de candidatos a la Juntas Departamental. En las elecciones internas departamentales, el tiempo total asignado a cada lema se distribuirá entre las listas de candidatos al Órgano Deliberativo Departamental. Para establecer la proporción de votos a la Cámara de Senadores de la elección inmediatamente anterior, deberá tenerse en cuenta la adhesión que manifiesten los senadores y diputados, siguiendo el siguiente procedimiento: a) La adhesión la harán los senadores electos por la respectiva lista de candidatos a la Cámara de Senadores y los diputados electos por listas insertas en hojas de votación que hubiesen llevado la referida lista de candidatos a la Cámara de Senadores. La adhesión de cada senador tendrá un valor de 3,3 veces respecto a la adhesión de cada diputado b) Será formulada por los senadores y diputados respectivos, que ocupen el cargo en carácter de titular a la fecha de formulación de la adhesión, la cual deberá realizarse entre los 20 y los 30 días anteriores al comienzo de los términos de publicidad electoral previstos en la Ley 17.045 de 14 de diciembre de 1998 c) La adhesión deberá realizarse hacia listas de candidatos a la Cámara de Senadores en los casos de elecciones nacionales y elecciones legislativas complementarias, y en el caso de elecciones internas nacionales hacia
Deliberativo Nacional con funciones electorales. Para establecer la proporción de votos a la Junta Departamental de la elección inmediatamente anterior, deberá tenerse en cuenta la adhesión que manifiesten los miembros de la Junta Departamental, siguiendo el siguiente procedimiento: a) La adhesión la harán los miembros de la Junta Departamental electos por la respectiva lista de candidatos b) Será formulada por los miembros de la Junta Departamental que ocuparen el cargo en carácter de titular a la fecha de formulación de la adhesión, la cual deberá realizarse entre los 20 y los 30 días anteriores al comienzo de los términos de publicidad electoral previstos en la Ley 17.045 de 14 de diciembre de 1998 c) La adhesión deberá realizarse hacia listas de candidatos a la Junta Departamental en los casos de elecciones departamentales, y en el caso de elecciones internas departamentales hacia listas de candidatos al Órgano Deliberativo Departamental con funciones electorales La distribución de los espacios entre los lemas será efectuada por la Corte Electoral, la que reglamentará el presente artículo.
Inclúyense a los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país, en las previsiones establecidas en los Arts. 3º, 4º y 5º de la Ley 17.045 de 14 de diciembre de 1998.
CAPITULO VIII - AUTORREGULACION ÉTICA
Autorregulación ética
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual deben regir sus actividades conforme a códigos públicos de normas éticas, los cuales pueden ser de carácter individual de un titular o de carácter colectivo. El contenido de dichos códigos será determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley.
Publicidad de los códigos de normas éticas
Los códigos de ética de los servicios de comunicación audiovisual deben ser puestos en conocimiento del público, a través de páginas web y otros soportes.
TÍTULO VIII – DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PUBLICOS
CAPITULO I – DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PUBLICOS
Los medios de comunicación audiovisual públicos son servicios públicos cuya gestión y titularidad reside en entidades públicas estatales o no estatales, nacionales, departamentales, educativas, universitarias u otras. Los medios públicos tendrán preferencia sobre los particulares en cuanto a la asignación de canales radioeléctricos ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio, así como en todo lo relativo a las demás condiciones de instalación y funcionamiento. CAPITULO II – SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICO DE URUGUAY
Creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión
Público de Uruguay Créase el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público de Uruguay (SNRTVP) como persona pública no estatal con el cometido de: 1) administrar, dirigir y operar los servicios de radiodifusión de radio y de televisión públicos; 2) brindar programaciones de radio y televisión abierta para todos los habitantes de la República de acuerdo a los siguientes objetivos:
a) Facilitar el ejercicio del derecho a la información a todos los habitantes de la República; b) Respetar y promover los valores de la paz, la democracia, la integración y justicia social, la no discriminación, y la protección del medio ambiente; c) Promover el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, con especial atención a los derechos de las minorías, de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes; d) Fomentar actitudes de respeto y estima hacia la diversidad humana, contra toda discriminación, apoyando la inclusión social de los grupos sociales vulnerables, como las personas con discapacidad; e) Garantizar y promover el debate democrático de ideas y el pluralismo de opiniones e informaciones en su programación; f) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso; g) Proteger y promover las identidades nacionales y la diversidad cultural; h) Garantizar una visión integradora hacia los colectivos de ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, sus familias y descendientes; i) Promover la producción y el conocimiento de las artes, la ciencia, la tecnología, la historia y la cultura; j) Fomentar y apoyar la producción y la difusión de la producción audiovisual y otras expresiones culturales nacionales; k) Apoyar la educación formal y no formal de la población a través de su programación y en coordinación con los organismos estatales responsables.
3) todos los cometidos que las distintas leyes, decretos y resoluciones establecieron de cargo de la de la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Ministerio de Educación y Cultura, pudiendo ejercer todas las facultades determinadas en los mismos, por lo que toda remisión efectuada en dicha normativa a tales Unidades deberá entenderse efectuada al SNRTVP.
El SNRTVP se comunicará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura y sus órganos serán el Consejo Directivo del SNRTVP, la Dirección de Radio Nacional de Uruguay y la Dirección de Televisión Nacional de Uruguay. El SNRTVP está exonerado de todo tipo de tributos, excepto las contribuciones de seguridad social. Los bienes del SNRTVP son inembargables.
Respecto de su funcionamiento, y en todo aquello que no esté previsto expresamente por la presente ley, se regirá por las normas que regulan la actividad privada, especialmente en lo que refiere al estatuto de su personal y a la celebración de contratos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. El SNRTVP estará sometido al control de la Auditoría Interna de la Nación y del Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 199 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996, en redacción dada por el artículo 146 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006.
Presentará una copia de sus estados contables, dentro de los 90 (noventa) días del cierre del ejercicio, ante la Auditoría Interna de la Nación. Esta Auditoría efectuará los controles sobre dichos estados en forma selectiva, de acuerdo con las conclusiones que se obtengan de la información proporcionada. Anualmente publicarán estados que reflejen su situación financiera, los cuales deberán estar visados por el Tribunal de Cuentas.
El Sistema Nacional de Radio y Televisión Público de Uruguay dispondrá, para su instalación, funcionamiento y el pleno cumplimiento de sus objetivos y obligaciones, de los siguientes recursos: a) Las partidas que se le asignen con cargo a Rentas Generales y lo dispuesto por leyes o decretos con destino a la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Ministerio de Educación y Cultura. En caso de insuficiencia, el SNRTVP presentará una propuesta anual de asistencia del Estado que se financiará con cargo a Rentas Generales y estará sujeta a las disposiciones del Tesoro. b) Los frutos naturales y civiles de sus bienes. c) La totalidad de los ingresos que obtenga por la venta de sus servicios o productos. d) Las donaciones, herencias y legados que reciba. Los bienes recibidos se aplicarán en la forma indicada por el testador o donante y de conformidad a los fines del servicio.
Donaciones al SNRTVP
Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar a los beneficios establecidos por el Artículo 462 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la
redacción dada por el Artículo 579 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, a las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y del Impuesto al Patrimonio, por las donaciones que realicen al Sistema Nacional de Radio y Televisión Público de Uruguay (SNRTVP), con destino al cumplimiento de sus cometidos.
Consejo Directivo del SNRTVP
El SNRTVP será dirigido por un Consejo Directivo, que estará integrado por tres miembros (Presidente, Vicepresidente y Vocal), designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas de acuerdo con lo previsto por el Art. 151.- de la presente Ley, por mayoría absoluta de los integrantes de dicha Cámara. Su cometido es elaborar y aprobar las políticas generales que orienten el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión Público (SNRTVP) para el cumplimiento de los cometidos y obligaciones del organismo establecidos en esta ley y su reglamentación. Le compete asimismo: a) Reglamentar los servicios, competencias y funciones respecto del personal y de recursos materiales del SNRTVP. b) Aprobar el reglamento de su propio funcionamiento. c) Aprobar el presupuesto del SNRTVP y elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento. d) Mantener relaciones con autoridades públicas nacionales y extranjeras, entidades privadas y particulares, pudiendo a tal efecto otorgar mandatos generales o especiales.
e) Delegar las atribuciones que estime pertinentes en los Directores Nacionales.
Art. 148.Directivo.
Representación del SNRTVP
La representación del SNRTVP será ejercida por el Presidente del Consejo
Directores Nacionales del SNRTVP
Los Directores Nacionales del SNRTVP serán responsables de elaborar, a efectos de su aprobación por el Consejo Directivo, y ejecutar los planes anuales de gestión de los medios bajo su dirección. Una vez aprobado el plan anual de gestión por el Consejo Directivo Nacional del SNRTVP podrán adoptar las medidas necesarias, incluido el ordenamiento de gastos, para dirigir la operación y funcionamiento cotidiano del servicio a su cargo, para lo que contarán con amplia autonomía técnica y editorial. Deberán rendir informes trimestrales al Consejo Directivo, justificando las medidas adoptadas y cómo ellas se ajustan a los planes de gestión y las políticas generales aprobadas.
Tanto los integrantes del Consejo Directivo como los Directores Nacionales desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación total y por un plazo de 5 (cinco) años, pudiendo ser prorrogable por única vez consecutiva por un período no mayor a 5 (cinco) años. Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.
Los consejeros y directores nacionales deberán acreditar experiencia, calificación o idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y no podrán tener vínculos directos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión y hasta por un año luego de finalizada la misma. Será de aplicación para estos cargos las inhibiciones dispuestas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República y no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese. Los titulares de los referidos cargos tendrán derecho a percibir el subsidio consagrado por el artículo 5 de la Ley 15.900 del 21 de octubre de 1987, con las modificaciones del artículo único de la Ley 16.195 del 16 de julio de 1991, en los términos y condiciones allí dispuestos.
Los integrantes del Consejo Directivo del SNRTVP podrán ser destituidos por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros en los casos de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano, para lo que deberá contar con la conformidad de la mayoría de votos de la Cámara de Senadores o, en su receso, con el de la Comisión Permanente. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictara resolución definitiva dentro de los 90 (noventa) días, el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada, a los efectos de la destitución.
Los Directores Nacionales podrán ser removidos de su cargo por unanimidad de los integrantes del Consejo Directivo.
En caso de sustituciones temporarias de alguno de los miembros del Consejo del SNRTVP actuará como suplente el Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura.
La retribución mensual del Presidente del Consejo será equivalente a un 80% (ochenta por ciento) de la otorgada al Subsecretario de Estado mientras que la de los restantes integrantes del Consejo será equivalente a un 70% (setenta por ciento) de dicha retribución.
Todas las entidades del SNRTVP deberán observar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para el control ciudadano y parlamentario de su actuación. Deberán contar con un Código de Ética y criterios de gestión y programación que sean explícitos y públicos. A tales efectos deberán rendir cuentas anualmente, ante la Cámara de Senadores sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 144.-.
El patrimonio del SNRTVP estará constituido por todos los bienes inmuebles, muebles y derechos afectados a la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Ministerio de Educación y Cultura, todos los que estuviesen asignados a su servicio o jurisdicción en la actualidad, así como los que se adquieran o reciban en el futuro a cualquier título. El SNRTVP tomará a su cargo todas las deudas y
obligaciones contraídas por dichas Unidades, así como sus servicios, recibiendo los fondos o recursos afectados a las mismas.
Funcionarios del SNRTVP
Los funcionarios públicos, presupuestados o contratados, que a la fecha de promulgación de la presente Ley revistaren funciones en la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Ministerio de Educación y Cultura, podrán pasar a desempeñar tareas en el SNRTVP o ser redistribuidos en otras reparticiones de la Administración Pública. A tales efectos, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la instalación de la persona pública no estatal creada por la presente ley, el Ministerio de Educación y Cultura dispondrá el pase en comisión de dicho de personal por 6 (seis) meses prorrogables por igual plazo, al término del cual el Instituto seleccionará, mediante criterios objetivos, a quienes vaya a incorporar, teniendo presente la experiencia y los méritos de los mismos. Los funcionarios seleccionados podrán optar entre desempeñar tareas en el instituto con garantías de sus derechos o ser redistribuidos dentro de la Administración Central, de acuerdo al siguiente detalle: a) Cuando el funcionario seleccionado manifieste su voluntad de incorporarse al SNRTVP, deberá suscribir el correspondiente contrato de trabajo y renunciar a la función pública. No obstante, el funcionario seleccionado podrá solicitar licencia sin goce de sueldo por hasta seis meses en el cargo público y suscribir un contrato a prueba con el SNRTVP por igual término; al cabo de ello, de no acordarse la incorporación al mismo y la renuncia a la función pública, perderá la calidad de seleccionado y pasará a regirse por lo dispuesto en el literal b).
Una vez incorporado el funcionario definitivamente al Instituto, su cargo o función será automáticamente suprimido. b) Los funcionarios no seleccionados o los que optaren por no incorporarse a la institución creada podrán ser redistribuirlos por el Ministerio de Educación y Cultura dentro de sus Unidades Ejecutoras o declarados excedentes para su redistribución por la ONSC, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigenteA partir de la vigencia de la presente ley y hasta tanto el Consejo Directivo designe a los Directores Nacionales, ejercerán todas sus funciones los actuales titulares de la Dirección de la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Ministerio de Educación y Cultura. Hasta tanto no se dicte el reglamento de los servicios a que refiere el Art. 147.- regirá, en cuanto no sea incompatible con la naturaleza jurídica del SNRTVP, la normativa vigente en la suprimida Unidad, sobre funcionamiento y organización interna.
a) El SNRTVP está obligado a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo, dentro del término de 150 (ciento cincuenta) días contados a partir del día siguiente de presentada la misma. Si no se resolviera dentro del término indicado la petición se entenderá desechada, configurándose denegatoria ficta. b) Las resoluciones del Consejo del SRNTVP podrán ser impugnadas por razones de mérito o de legitimidad mediante el recurso de revocación, que deberá interponerse dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el mismo órgano.
Una vez interpuesto el recurso el Consejo dispondrá de 30 (treinta) días hábiles para instruir y resolver el asunto configurándose denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo. c) Cuando se tratare de resoluciones dictadas por órganos sometidos a la jerarquía del Consejo Directivo, conjunta y subsidiariamente con el recurso de revocación ante dichos órganos, podrá interponerse el recurso jerárquico para ante el Consejo. En este caso, vencido el plazo de 30 (treinta) días hábiles del recurso de revocación o recayendo resolución expresa sobre el mismo, se deberá franquear, automáticamente, el recurso subsidiariamente interpuesto. El recurso jerárquico deberá resolverse en el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir la resolución expresa del recurso de revocación o de operada la denegatoria ficta por el vencimiento del plazo previsto para dicho recurso. d) Denegado el recurso de revocación o el de revocación y jerárquico en su caso; el recurrente podrá interponer únicamente por razones de legitimidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil. La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado. El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.
TITULO IX – DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIOS
Los servicios de comunicación audiovisual comunitarios que utilicen espectro radioeléctrico, serán otorgados y prestados de conformidad con los requisitos, procedimientos, criterios y límites establecidos en la Ley N° 18.232 del 22 de diciembre de 2007. Para el otorgamiento de autorizaciones se requerirá el dictamen preceptivo del Consejo de Comunicación Audiovisual.
Las referencias a la Unidad Reguladora de Servicios de
Comunicaciones (URSEC), efectuadas en los artículos 12 y 17 literales D) y G) de la Ley N° 18.232, se considerarán realizadas al Consejo de Comunicación Audiovisual, sin perjuicio de las demás competencias establecidas por la presente Ley, a favor de dicho organismo.
TÍTULO X – INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO I – INFRACCIONES
Corresponderá al Estado a través del Poder Ejecutivo, la URSEC o el Consejo de Comunicación Audiovisual, según corresponda, el control, la supervisión, el ejercicio de la potestad sancionatoria y la imposición de las obligaciones previstas en esta Ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y siguientes de la presente Ley.
Art. 162.graves.
Las infracciones previstas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy
Serán infracciones muy graves: a) La prestación de servicios de comunicación audiovisual sin disponer de la correspondiente autorización o licencia; b) La delegación de la prestación del servicio, con las consideraciones del Art. 93.-; c) El incumplimiento superviniente de los requisitos exigidos para ser titular de servicios de comunicación audiovisual o del régimen de incompatibilidades establecido en la presente. De esta infracción serán responsables las entidades titulares de la licencia o autorización cuando la misma refiera a la propia sociedad o a socios que representen más del 10% (diez por ciento) de las acciones o cuotas sociales.;
d) El incumplimiento de los límites y las obligaciones establecidas para garantizar la diversidad e) El falseamiento de los y el pluralismo y limitar e impedir la requisitos exigidos para obtener la concentración excesiva, previa advertencia; autorización o licencia para la prestación del servicio; f) La transferencia de la titularidad del servicio de comunicación audiovisual o señal, o de las acciones o cuotas de la sociedad titular de la autorización o licencia sin autorización del Poder Ejecutivo; g) Por no haber instalado o iniciado las emisiones dentro del plazo fijado al otorgarse la autorización o licencia; h) Por suspensión de las emisiones, sin que medien causas de fuerza mayor debidamente justificadas, durante treinta días en el plazo de un año; i) La difusión de programación cuya inscripción en el Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual haya sido cancelada por incluir contenidos que infringen de manera grave y reiterada los principios y valores constitucionales; j) La negativa, resistencia u otra conducta deliberada que impida, dificulte o retrase el ejercicio de las facultades de inspección de la Administración; k) La reiteración de infracciones graves en el plazo de 3 (tres) años. l) La difusión, de manera reiterada, de programación en violación a la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en esta Ley; m) El incumplimiento grave, reiterado o sostenido de los compromisos y obligaciones asumidos al obtener la autorización o licencia , cuando mediando intimación de la autoridad competente, el sujeto no procediere a su cumplimiento;
n) El incumplimiento reiterado de los mínimos de contenidos que se establecen en la presente ley como forma de promoción de la industria audiovisual; o) El incumplimiento reiterado de la obligación de difundir las campañas de bien público o cadenas oficiales; p) El incumplimiento reiterado de las resoluciones vinculantes dictadas por las autoridades de aplicación y de fiscalización y control, en ejercicio de sus competencias; q) El incumplimiento reiterado de la obligación de atender los requerimientos de información dictados por la autoridad competente en cada caso. La conducta se considerará reiterada cuando se suscite en tres o más oportunidades en el correr de 3 (tres) años contados desde la constatación de la última infracción.
Serán infracciones graves: a) El no pago por más de 3 (tres) períodos de los precios o tributos a los que estuviere obligado; b) El incumplimiento de las obligaciones correspondientes al registro o el falseamiento de los datos aportados, cuando no constituya infracción muy grave; c) El incumplimiento de las obligaciones asumidas al otorgarse la autorización o licencia , cuando no constituya infracción muy grave; d) La violación de las obligaciones en materia del respeto a los derechos de las personas establecidas en los artículos de esta Ley cuando no constituya una infracción muy grave;
e) La violación de las obligaciones en materia de promoción de la producción audiovisual nacional establecidas en los artículos de esta Ley cuando no constituya una infracción muy grave; f) La difusión de programación por servicios de radio o de televisión cuyo titular no haya cumplido la obligación de registro o cuya inscripción haya sido cancelada, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave de acuerdo con el apartado anterior; g) El incumplimiento de la obligación de atender un requerimiento de información dictado por las autoridades de aplicación, fiscalización y control, en ejercicio de sus competencias; h) El incumplimiento de una resolución dictada por las autoridades de aplicación, fiscalización y control, en ejercicio de sus competencias; i) La comisión de una infracción leve, cuando el infractor hubiere sido sancionado, en el plazo de 1 (un) año a contar de la constatación de la misma, por dos o más infracciones leves, graves o muy graves; j) El incumplimiento de los mínimos de contenidos que se establecen en la presente ley como forma de promoción de la industria audiovisual; k) El incumplimiento de la obligación de difundir las campañas de bien público o cadenas oficiales; l) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por las autoridades de aplicación y de fiscalización y control, en ejercicio de sus competencias; m) El incumplimiento de la obligación de atender los requerimientos de información dictados por la autoridad competente en cada caso; n) Realizar actos de colusión o incurrir en otras prácticas anticompetitivas; o) Por no haber constituido garantía cuando le fuese exigible o por no haberla repuesto en el supuesto de ejecución total o parcial.
Serán infracciones leves las acciones u omisiones contrarias a las obligaciones establecidas en esta Ley que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, siempre que no impliquen un perjuicio grave a los derechos fundamentales protegidos por la presente norma. CAPITULO II – SANCIONES
La comisión de infracciones dará lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las cuales se graduarán según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia: a) Observación. b) Apercibimiento. c) Las establecidas en los actos jurídicos habilitantes de la prestación de la actividad. d) Decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria a las demás previstas. e) Multa. f) Suspensión de hasta noventa días en la prestación de la actividad. g) Revocación de la concesión, autorización, licencia o registro.
Art. 167.lo siguiente:
La cuantía de la sanción que se imponga se graduará teniendo en cuenta, a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.
b) El perjuicio económico y repercusión social que le ocasiona a los usuarios y consumidores las infracciones. Dicha repercusión se ponderará tanto por la audiencia potencial del servicio de televisión o radio como por el de la audiencia promedio real total de radio o televisión en el horario durante el cual se produjo la infracción, si éste fuera de aplicación. c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción. El monto máximo de la multa será de 50.000 (cincuenta mil) Unidades Reajustables. Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en la presente ley, constituyen título ejecutivo a todos sus efectos. La elaboración del cuadro de graduación de la sanción de multa que tendrá como base los criterios previstos en la presente Ley a los efectos de garantizar su adecuada aplicación por la administración, será objeto de la reglamentación que se dicte oportunamente.
Revocación de autorización o licencia
La autorización o licencia podrá ser revocada por las siguientes causas: a) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para ser titular b) El o, cuando de mediando los requerimiento, exigidos no para se hubiesen la subsanado en plazo; falseamiento requisitos obtener autorización o licencia; c) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades cuando la infracción la cometa el titular de la autorización o licencia y, en el
caso de sociedades, los titulares que tengan el control societario de la misma; d) Por la transferencia total de la titularidad del servicio sin autorización previa del Poder Ejecutivo; e) Por la comisión de una infracción muy grave cuando el mismo sujeto hubiere sido sancionado en el plazo de un año por la comisión de una o más infracciones muy graves; f) Por no haber instalado o iniciado las emisiones dentro del plazo fijado al otorgar la autorización o licencia; g) Por suspensión de las emisiones, sin que medien causas de fuerza mayor debidamente justificadas, durante treinta días en el plazo de un año; h) Por no haber constituido garantía cuando le fuese exigible o por no haberla repuesto en el supuesto de ejecución total o parcial; i) Por el incumplimiento grave, continuado o reiterado de los compromisos y obligaciones asumidos al obtener la autorización o licencia. En los casos de prestación de un servicio de comunicación audiovisual sin estar autorizado para ello, la infracción será sancionada con multa y el cese de las emisiones, y se incautará el equipamiento de transmisión o difusión utilizado para ello.
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Las resoluciones firmes que determinen sanciones a los servicios de comunicación audiovisual serán públicas y, en razón de la repercusión pública de la infracción cometida, podrán llevar aparejada la obligación de difundir en el servicio sujeto de la sanción, en los términos que determine la autoridad competente, la parte resolutiva de las mismas.
En todos los casos, la aplicación de sanciones se realizará con ajuste a los principios del debido proceso y de la razonable adecuación de la sanción a la infracción.
Art. 171.-
Las infracciones muy graves prescribirán a los 6 (seis) años, las graves a los 3 (tres años) y las leves al año de su comisión.
TÍTULO XI – COSTO DE LICENCIAS Y PRECIO POR USO DE ESPECTRO
Art. 172.-
Todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual para abonados satelitales o que utilicen medios físicos para su distribución, deberán abonar anualmente el costo de renovación de su licencia. Este costo se calculará en base a 2,10 UI (dos con diez unidades indexadas) por abonado por mes. El 100% de lo recaudado por este concepto se destinará al “Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual” establecido por el Art. 54.-.
Precio por derecho de uso de espectro radioeléctrico
De conformidad con lo establecido por el literal e), del artículo 94 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001, en la redacción dada por el artículo 142 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual comerciales que utilicen espectro radioeléctrico, excluyendo los satelitales, abonarán mensualmente, por concepto de precio por el derecho a la utilización y aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas, los montos que se detallan a continuación, donde h es el número de habitantes del área de servicio según el último Censo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad Base por Uso de Espectro (UBUE) es la unidad base que se toma para el cálculo, cuyo monto se ajustará anualmente y que inicialmente se fija en el equivalente en pesos a 153 UI (ciento cincuenta y tres unidades indexadas).
Servicios de radiodifusión de radio: Servicios con área de servicio exclusivamente en el Interior del país: • Montevideo: • • 3,5 x UBUE Exonerados
Servicios con área de servicio en el Interior del país que cubre
Servicios con área de servicio en Montevideo: 3,5 x UBUE
Servicios de radiodifusión de televisión: Servicios con área de servicio en el Interior del país: • • • • • Exonerados si h ≤ 20.000 15 x UBUE si 20.000 < h ≤ 50.000 35 x UBUE si 50.000 < h ≤ 300.000 350 x UBUE si 300.000 < h
Servicios con área de servicio en Montevideo: 550 x UBUE
Servicios de televisión para abonados (por cada canal de 6 MHz asignado): Servicios con área de servicio en el Interior del país: • • • • • 2 x UBUE si 0 < h ≤ 2.000 5 x UBUE si 2.00 < h ≤ 5.000 (h / 10.000 + 4,5) x UBUE si 5.000 < h ≤ 30.000 (h / 20.000 + 6) x UBUE si 30.000 < h
Servicios con área de servicio en Montevideo: 80 x UBUE
Los titulares de servicios de radiodifusión estarán exonerados de este pago durante los primeros 3 (tres) años de obtenida la concesión de uso de
espectro originaria, en caso que no hayan contado en el pasado con otra concesión para uso de espectro en la misma categoría de servicio (radio o televisión). Lo abonado por este concepto por los titulares de servicios de
comunicación audiovisual comerciales que utilicen espectro radioeléctrico, excluyendo los satelitales, se aplicará a los destinos indicados por el Art. 142 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. En lo referente a la parte administrada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, según el texto del referido artículo, la misma formará parte del “Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual” establecido por el Art. 54.-.
Art. 174.-
Adecuación a la normativa anti-concentración
En caso de existir situaciones actuales que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley superen los límites de concentración definidos, los titulares de servicios de comunicación audiovisual deberán transferir las autorizaciones o licencias necesarias para no superar el límite de concentración establecido, para lo cual dispondrán de 5 (cinco) años a partir de la vigencia de esta Ley para haber culminado efectivamente la transferencia.
Art. 175.-
Adecuación a la normativa de incompatibilidad
Los titulares de los servicios alcanzados por las disposiciones del Art. 47.de la presente Ley tendrán un plazo de 12 (doce) meses para ajustarse a lo establecido en él.
Adecuación a la normativa de retransmisión de señales
de radio o televisión Los servicios de radio o televisión que superen los límites establecidos en el Art. 50.- tendrán 12 (doce) meses para adecuarse a la normativa. El mencionado plazo será contado a partir del sorteo público que el Consejo de Comunicación Audiovisual realizará para determinar cuáles
quedarán comprendidos en la excepción establecida en el citado artículo, correspondiente a la señal original que estén retransmitiendo. Los sorteos se realizarán, a razón de uno por cada señal de radio o televisión original, entre aquellos que no hayan desistido expresamente de su aspiración a estar incluidos en la excepción.
Adecuación a la normativa de señales propias
Los servicios de televisión para abonados tendrán un plazo de 12 (doce) meses para cumplir lo establecido en el Art. 108.- de la presente Ley.
Art. 178.El Consejo
Clasificación indicativa de obras audiovisuales de Comunicación Audiovisual deberá desarrollar, en
coordinación con el INAU, un nuevo marco para la clasificación indicativa de las obras audiovisuales en relación a la edad mínima del telespectador recomendada, de acuerdo a los nuevos formatos y tipos de contenidos de la comunicación audiovisual actual. Ambos organismos también elaborarán una propuesta de normalización de los signos visuales y sonoros a utilizar para señalizar los programas, la que será elevada por el Consejo de Comunicación Audiovisual al Poder Ejecutivo para su aprobación.
Art. 179.-
Presupuesto inicial del SNRTVP
Hasta tanto se sancione el primer presupuesto del SNRTVP, se faculta a la Contaduría General de la Nación a transferir los créditos presupuestales que fueron sancionados para la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" del Ministerio de Educación y Cultura; a favor de la persona pública no estatal creada por la presente Ley, con el mismo destino con el que fueron asignados.
Art. 180.-
Inscripción de señales que ya se encuentran emitiendo
Las señales que ya se encuentren emitiendo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, o los Servicios de Comunicación Audiovisual ya autorizados cuya titularidad coincida con las señales, deberán presentarse a efectos del Registro de los mismos, previsto en el Art. 128.- , en el plazo que establezca el Consejo de Comunicación Audiovisual.
TITULO XIII – DISPOSICIONES FINALES
Art. 181.-
Derógase el Decreto Ley N° 14.670 de 23 de junio de 1977, el Decreto Ley N° 15.671 del 8 de noviembre de 1984, los artículos 15 y 16 de la Ley N° 18.232 de 22 de diciembre de 2007 y las demás disposiciones modificativas y concordantes, así como toda norma que se oponga a las disposiciones de la presente Ley.
Art. 182.-
No serán de aplicación a los efectos de los tributos creados en esta Ley, las exoneraciones genéricas de tributos dispuestas por otras leyes, salvo las que expresamente prevean su exoneración. Todo lo cual rige sin perjuicio de las exoneraciones establecidas por normas constitucionales y sus leyes interpretativas.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del plazo de 120 (ciento veinte) días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
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References: artículo 5
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 10
 artículo 55
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 77
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 151
 artículo 77
 artículo 95
 Artículo 199
 artículo 146
 Artículo 462
 Artículo 579
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 94
 artículo 142