Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/631932-regl-2018-1795-ue-de-20-nov-procedimiento-y-los-criterios-para-la-aplicacion.html
Timestamp: 2019-08-18 13:07:24+00:00

Document:
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1795 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2018, por el que se establecen el procedimiento y los criterios para la aplicación de la prueba de equilibrio económico con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
Publicado en DOUEL núm. 294 de 21 de Noviembre de 2018
Artículo 4 Notificación de un nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros planificado
Artículo 5 Plazo para la solicitud de la prueba de equilibrio económico
Artículo 6 Contratos de servicio público con derechos exclusivos
Artículo 7 Requisitos de información para la prueba de equilibrio económico
Artículo 9 Procedimiento para la prueba de equilibrio económico
Artículo 10 Contenido de la prueba de equilibrio económico y criterios de evaluación
Artículo 11 Resultado de la prueba de equilibrio económico
Artículo 12 Cooperación entre los organismos reguladores competentes respecto de un nuevo servicio internacional de transporte de viajeros propuesto
Vista la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (1) , y en particular su artículo 11, apartado 4, párrafo segundo,
(1) La Directiva 2012/34/UE, modificada por la Directiva (UE) 2016/2370 (2) , ha supuesto la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte ferroviario de viajeros con miras a la realización del espacio ferroviario europeo único. Este hecho puede tener implicaciones de cara a la organización y financiación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros prestados en virtud de un contrato de servicio público. Los Estados miembros pueden introducir en su legislación la posibilidad de denegar el acceso a la infraestructura cuando el equilibrio económico de tales contratos de servicio público corra el riesgo de verse comprometido por los nuevos servicios de libre acceso de transporte ferroviario de viajeros.
(2) Por otra parte, es posible que, dadas sus características específicas, como aspectos relacionados con la calidad, los horarios, los destinos a los que se presta servicio o los clientes potenciales, estos servicios no entren en competencia directa con los servicios públicos y, por tanto, no tengan más que una incidencia mínima en el equilibrio económico de un contrato de servicio público. Además, cabe la posibilidad de que se generen efectos de red positivos para los operadores de servicios públicos o que se produzcan beneficios netos para los pasajeros o incluso beneficios para la sociedad en general que deberían tenerse en cuenta.
(3) Así pues, es preciso conciliar, por una parte, los intereses legítimos de los operadores que ejecutan un contrato de servicio público y de las autoridades competentes, y, por otra, los objetivos globales de realizar el espacio ferroviario europeo único y cosechar sus beneficios para la sociedad en sentido amplio. A tal efecto, la prueba de equilibrio económico tiene la finalidad de armonizar estos intereses contrapuestos.
(4) El Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece que, en contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público en lo referente a la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros, pueden otorgarse a los operadores compensaciones económicas o derechos exclusivos, o ambos. Sin embargo, la concesión de derechos exclusivos a los operadores ferroviarios no debe dar lugar al cierre de los mercados nacionales de transporte ferroviario de viajeros.
(5) Estos derechos exclusivos no han de excluir el derecho de acceso de las demás empresas ferroviarias, salvo que la prueba de equilibrio económico ponga de manifiesto que, habida cuenta del valor de los derechos exclusivos, el nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros tendría un efecto negativo considerable en la rentabilidad de los servicios prestados en virtud del contrato de servicio público o en el coste neto de la prestación de los servicios para la autoridad competente, o ambos, según las disposiciones de reparto de riesgos que se hayan acordado en el contrato de servicio público.
(6) Únicamente debe solicitarse una prueba de equilibrio económico respecto de los servicios de transporte ferroviario de viajeros que no se presten en virtud de un contrato de servicio público y que, bien sean totalmente nuevos, bien impliquen una modificación sustancial de un servicio ya existente. Esta noción engloba también los servicios comerciales prestados por el mismo operador que ejecuta el contrato de servicio público.
(7) Corresponde al organismo regulador determinar si una modificación propuesta de un servicio de transporte ferroviario de viajeros debe considerarse sustancial. El aumento de la frecuencia o del número de paradas podría considerarse una modificación sustancial. La variación de los precios no debe considerarse una modificación sustancial, a menos que no sea coherente con el comportamiento normal del mercado y, en su caso, con el plan empresarial presentado al organismo regulador en el momento en que se llevó a cabo la anterior prueba de equilibrio económico.
(8) La decisión del organismo regulador ha de incluir una evaluación de los beneficios netos para los clientes que ofrecería el nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros a corto y medio plazo, y tomar en consideración la información técnica facilitada por el administrador de infraestructuras acerca de los requisitos de infraestructura pertinentes y los efectos previstos en el rendimiento de la red y en el uso óptimo de la capacidad por todos los solicitantes.
(9) Asimismo, el organismo regulador debe estar facultado tanto para evaluar las posibles repercusiones del nuevo servicio de transporte de viajeros como para evaluar si estas repercusiones serían sustanciales y, por ende, comprometerían el equilibrio económico del contrato de servicio público existente.
(10) A fin de evitar que se interrumpa un servicio de transporte ferroviario de viajeros ya iniciado y ofrecer seguridad jurídica a este nuevo servicio con respecto a su posibilidad de funcionar, es conveniente limitar el plazo durante el que se puede solicitar una prueba de equilibrio económico y vincularlo al momento de la notificación por el candidato de su interés en explotar un nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros.
(11) Para que sea admisible, la solicitud de prueba de equilibrio económico ha de incluir la justificación de que el nuevo servicio propuesto comprometería el equilibrio económico del contrato de servicio público.
(12) Con miras a garantizar la seguridad jurídica para todas las partes implicadas y permitir que el administrador de infraestructuras tramite las solicitudes de capacidad de conformidad con el procedimiento descrito en el capítulo IV, sección 3, de la Directiva 2012/34/UE, el organismo regulador debe tomar una decisión sobre el equilibrio económico dentro de un plazo predeterminado y, en cualquier caso, antes del final del plazo para la recepción de solicitudes de capacidad fijado por el administrador de infraestructuras con arreglo al anexo VII, punto 3, de la Directiva 2012/34/UE.
(13) No obstante, si en el momento en que se recibe la notificación del solicitante hay un contrato de servicio público en proceso de licitación y se ha solicitado una prueba de equilibrio económico, el organismo regulador puede decidir que se suspenda el examen de la solicitud relativa al nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros durante un tiempo determinado a la espera de la adjudicación del nuevo contrato de servicio público. La duración máxima de la suspensión debe ser de doce meses desde la recepción de la notificación del solicitante o hasta que el proceso de licitación haya concluido, lo que ocurra primero.
(14) Se ha de considerar que se compromete el equilibrio económico de un contrato de servicio público cuando el nuevo servicio propuesto vaya a tener un efecto negativo sustancial en el nivel de beneficio para el operador de servicio público o cuando su explotación conlleve un aumento sustancial del coste neto para la autoridad competente.
(15) A la hora de valorar si un efecto es sustancial, el organismo regulador debe tener en cuenta criterios como si el nuevo servicio puede poner en peligro la viabilidad y la continuidad del servicio público, bien porque la ejecución del contrato público no sería económicamente viable para el operador de servicio público, bien porque la ejecución de este contrato acarrearía un incremento sustancial del coste neto para la autoridad competente.
(16) Más allá del análisis económico, el organismo regulador también ha de valorar y tomar en consideración los beneficios netos para los clientes a corto y medio plazo, así como toda repercusión de cara al rendimiento de la red y el uso de capacidad. El organismo regulador debe tener en cuenta la información técnica facilitada por el administrador de infraestructuras acerca de los requisitos de infraestructura pertinentes, los efectos previstos en el rendimiento de la red y el uso óptimo de capacidad por parte de todos los solicitantes.
(17) El análisis económico debe centrarse en la repercusión que tendrá el nuevo servicio propuesto en el contrato de servicio público en su integridad, en particular en los servicios específicamente afectados, a lo largo de toda su duración, habida cuenta del valor de cualquier derecho exclusivo que se haya concedido. No ha de aplicarse estrictamente o de forma aislada ningún umbral cuantificado predefinido en relación con el perjuicio ni establecerse umbral alguno de este tipo en la legislación nacional. La evaluación debe basarse en una metodología objetiva adoptada por el organismo regulador tomando en consideración las características específicas del transporte ferroviario en el Estado miembro de que se trate.
(18) Si el organismo regulador concluye que el nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros podría comprometer el equilibrio económico del contrato de servicio público, este organismo habrá de indicar en su decisión, cuando proceda, los cambios que se podrían introducir en el nuevo servicio para que fuera posible conceder el acceso. Por otra parte, el organismo regulador puede emitir recomendaciones dirigidas a la autoridad competente en lo que respecta a otras posibles condiciones que permitirían conceder el acceso, en particular a la luz de su análisis de los beneficios netos que el nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros generaría para los clientes.
(19) Si la solicitud de acceso se refiere a un nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros según se define en el artículo 3, punto 36, de la Directiva 2012/34/UE y el análisis económico objetivo del organismo regulador demuestra que el nuevo servicio tendría una repercusión negativa sustancial en el equilibrio económico de un contrato de servicio público, dicho organismo regulador debe determinar las condiciones que permitirían conceder el acceso de conformidad con el artículo 11 bis de la Directiva 2012/34/UE.
(20) El organismo regulador, al llevar a cabo sus actividades relacionadas con la prueba de equilibrio económico, no ha de divulgar la información confidencial o delicada a efectos comerciales que reciba de las partes. En particular, debe eliminar tal información de la decisión que publique. Todas las decisiones de los organismos reguladores, incluidas las relacionadas con el carácter confidencial de la información recibida, pueden ser objeto de recurso judicial con arreglo al artículo 56, apartado 10, de la Directiva 2012/34/UE.
(21) Cuando la prueba de equilibrio económico se lleve a cabo respecto de un nuevo servicio internacional de transporte de viajeros, sin perjuicio del principio de independencia de los organismos reguladores en la toma de decisiones que se formula en el artículo 55, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE, los organismos reguladores afectados han de intercambiar información y cooperar para llegar a una solución razonable del asunto.
(22) Es preciso que los organismos reguladores intercambien las mejores prácticas en lo referente a la aplicación de la prueba de equilibrio económico con miras a ir adaptando su metodología con el paso del tiempo y establecer una metodología coherente en todos los Estados miembros, que podría estar amparada por el artículo 57, apartado 8, de la Directiva 2012/34/UE.
(23) El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 869/2014 de la Comisión (4) establece los criterios y procedimientos para la aplicación de la prueba del objetivo principal y la prueba de equilibrio económico en el caso de los nuevos servicios internacionales de transporte ferroviario de viajeros. No obstante, a raíz de la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte ferroviario de viajeros, la prueba del objetivo principal se ha quedado obsoleta, y ahora procede aplicar los mismos criterios y procedimientos a todos los servicios nuevos de transporte ferroviario de viajeros, independientemente de si son nacionales o internacionales. Debe, por tanto, derogarse el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 869/2014.
(24) Dado que el artículo 10 y el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE son de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, pero no para los servicios ferroviarios que entren en funcionamiento antes del 12 de diciembre de 2020, es necesario que siga aplicándose el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 869/2014 después del 1 de enero de 2019, si bien únicamente en el caso de los nuevos servicios de transporte ferroviario de viajeros cuya fecha de inicio prevista sea anterior al 12 de diciembre de 2020. La aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 869/2014 ha de estar supeditada a la condición de que los solicitantes presenten sus notificaciones dentro de un plazo que deje un margen de tiempo razonable para llevar a cabo el proceso de autorización y programación, de manera que los servicios puedan efectivamente entrar en funcionamiento antes del 12 de diciembre de 2020.
(25) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 62, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE.
3) «contrato de servicio público»: el contrato de servicio público según se define en el artículo 2, letra i), del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 en el ámbito del transporte ferroviario;
4) «autoridad competente»: la autoridad competente según se define en el artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1370/2007;
6) «derecho exclusivo»: el derecho que se define en el artículo 2, letra f), del Reglamento (CE) n.º 1370/2007.
En aquellos casos en que una autoridad competente haya concedido derechos exclusivos a la empresa ferroviaria encargada de ejecutar un contrato de servicio público de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, la existencia de tales derechos no excluirá la posibilidad de conceder acceso a un solicitante a efectos de la explotación de un nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros, siempre y cuando este acceso no comprometa el equilibrio económico del contrato de servicio público.
2) cuando proceda, el método y los datos usados para calcular la incidencia financiera neta con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 y su anexo;
4. El organismo regulador valorará la importancia de la incidencia teniendo en cuenta, en particular, las disposiciones contractuales vigentes entre la autoridad competente y la empresa ferroviaria que ejecuta los servicios públicos, incluido, en su caso, el nivel de compensación determinado con arreglo al anexo del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 o de resultas de una licitación, así como de todo mecanismo para el reparto de riesgos, como los riesgos relacionados con el tráfico y los ingresos.
a) señalará, según corresponda, los cambios que se pueden introducir en el nuevo servicio de transporte ferroviario de viajeros, como la modificación de la frecuencia, los surcos, las paradas intermedias o la programación, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones para la concesión del derecho de acceso de acuerdo con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2012/34/UE, y/o
b) podrá, cuando proceda en vista de los beneficios para los clientes a que se refiere el artículo 10, apartado 5, letra a), del presente Reglamento, emitir recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes respecto de otros cambios no relacionados con el nuevo servicio de transporte de viajeros que permitan garantizar el cumplimiento de las condiciones para la concesión del derecho de acceso.
Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 869/2014, con efecto desde el 12 de diciembre de 2020. Únicamente se aplicará a las notificaciones de solicitantes recibidas después del 1 de enero de 2019 si se presentan con suficiente antelación para que los nuevos servicios ferroviarios de transporte de viajeros puedan comenzar antes del 12 de diciembre de 2020.
Directiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que modifica la Directiva 2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias (DO L 352 de 23.12.2016, p. 1).
Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 869/2014 de la Comisión, de 11 de agosto de 2014, sobre nuevos servicios de transporte ferroviario de viajeros (DO L 239 de 12.8.2014, p. 1).

References: artículo 11

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 62
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 10