Source: http://fte-energia.org/E113/11.html
Timestamp: 2018-01-23 17:48:19+00:00

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Los privatizadores tienen prisa
Hoy sábado 11 de octubre, los partidos políticos representados en el Senado iniciarán la discusión de los primeros cuatro dictámenes sobre las iniciativas de reforma energética. Empezarán violando a la Constitución al aprobar la participación privada en las actividades del sector, el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos privados, y la regulación (privatización) de las fuentes alternas a los hidrocarburos, es decir todas. Esos dictámenes deben ser rechazados porque son inconstitucionales y contrarios al interés de la nación.
Habrá participación del capital privado
Las negociaciones entre las cúpulas parlamentarias de los partidos políticos se han intensificado. PRI, PAN y FAP hablan de acuerdos para una reforma “si privatización ni contratos de riesgo”. Eso dicen, pero proponen lo contrario. Los dictámenes no difieren mucho de las iniciativas.
La voracidad privatizadora de la propuesta inicial de Calderón se ha reducido pero no extinguido. Por ahora, el PAN ha desistido “la participación del capital privado en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos” (Morett G., en www.mileniodiario 8 oct 2008). Pero, a cambio, TODOS los partidos aceptarán “la participación privada en exploración, sobre todo en aguas profundas, pero no se permitirá que se pague con renta petrolera”. La exploración en las aguas profundas es lo que interesa a las transnacionales, allí está el objetivo geopolítico del imperialismo. Respecto a cómo se pague está por verse porque los contratos que se acostumbra firmar para esos propósitos NO incluyen lo que los partidos digan.
Desde ahora, los términos propuestos para los contratos son lesivos. Según los senadores, “se contratarán a empresas privadas nacionales o extranjeras y se les pagará por el trabajo, por lo que Petróleos Mexicanos asumirá el riesgo económico en caso de que no se obtengan resultados; es decir, habrá certidumbre financiera (sic) a las empresas que deseen explorar”. ¡Esos son contratos de riesgo, en los cuales, éste será asumido solamente por Pemex!
Coincidencias “conceptuales”
Desde el martes 7 de octubre, las comisiones habían concluido la revisión de las iniciativas energéticas, siempre entre cuatro paredes. Con relación a Pemex, está aprobado que se otorguen contratos, lo cual, contraviene a la Constitución. La “salida” que encontraron los senadores es “diseñar un régimen especial para las adquisiciones y contratos, que no estarán sujetos a la nueva ley de obras y adquisiciones” que el FAP rechazó en abril pasado.
Los senadores Francisco Labastida (PRI), Rubén Camarillo (PAN) y Graco Ramírez (PRD) “aseguraron que los contratos contendrán un clausurado especial en el que se especificarán las condiciones necesarias para desechar los llamados contratos de riesgo”. (Mercado A., en www.mileniodiario.com 7 oct 2008).
Los senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM “manifestaron su disposición para construir un dictamen único” (sic), luego de que “en privado Labastida les manifestó su preocupación por sacar adelante esta reforma ante la delicada situación económica internacional”. Graco Ramírez dijo que “lo fundamental ya está resuelto en términos conceptuales” (sic). “Ahora vamos a trabajar en el texto y ahí veremos las coincidencias, que son quizá más de las que pensamos, pero conceptualmente hemos encontrado esas coincidencias. Hemos dicho que un acuerdo PRI-PAN sería como siempre; un acuerdo PRI-PAN-PRD y partidos del frente sería un acuerdo trascendente para el país (sic), y es posible”, remarcó.
Labastida dijo que, “en materia de contratos, el acuerdo de todos los partidos es crear un régimen especial y específico para el sector petrolero”. Es decir, en ningún momento se ha discutido la inconstitucionalidad de otorgar contratos a los particulares sino el procedimiento. La salida es “un régimen especial” pero, de que habrá contratos en Pemex, los habrá.
También habrá “autonomía de gestión”
Al miércoles 8 de octubre, se había “negociado” que se utilicen las Afores (sic) para financiar a Pemex y estaba pendiente lo relativo a la reforma al sistema de pensiones en la paraestatal que, dijeron, “daría al Estado un ahorro de 6 puntos del Producto Interno Bruto” (PIB). Es decir, sin ser tema de la reforma, se está discutiendo “eliminar” las jubilaciones para privatizarlas. Eso sería algo que, seguramente, harán con reforma o sin ésta, exactamente como ocurrió ya en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dicen dio un ahorro de 5 puntos al PIB. En este caso, los charros SUTERM firmaron el acuerdo, en el caso de Pemex lo harán los charros del STPRM.
Otro punto de acuerdo es el relacionado con la “autonomía de gestión” para Pemex, propuesta compartida por todos los partidos en sus respectivas iniciativas. El PAN estará de pláceme. La diferencia respecto a los consejeros que se incorporarían al Consejo de Administración de Pemex fue “resuelta”: el PAN cedió (sic) y, esos consejeros, serán nombrados por el Ejecutivo pero “ratificados” por el Senado como lo proponían el PRI y el FAP.
Una de las preocupaciones de los legisladores es “buscar constitucionalmente (sic), sin violar los tratados internacionales, la manera de obligar a empresas extranjeras que le vendan a Pemex a establecerse en México para generar empleos”. Esos legisladores causan lástima. En vez de prohibir el contratismo, piden migajas que ni siquiera serán cumplidas. Una propuesta en las comisiones es pedirles a esas empresas que “al menos un porcentaje de las ganancias lo inviertan en México”. ¡Ridículo!, por decir menos.
Privatizar para apoyar al megafraude financiero
La noche del jueves 9 de octubre, se dieron a conocer los primeros cuatro predictámenes referidos a: Ley para el aprovechamiento sustentable de energía; Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Ley para la transición energética y energía renovable, y el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Gómez R., Ramos J., en El Universal, 9 oct 2008).
El mismo día, Labastida se refirió al anuncio de Calderón respecto al “plan” anticrisis que éste presentó donde incluye la construcción de una refinería y la supuesta cancelación de los Pidiregas. Por supuesto, dijo que eso “no entorpece el curso que llevan las reformas en materia energética”, al contrario, “Pemex hizo siete (sic) refinerías que están funcionando, y obviamente podía conseguir tecnología (sic), y hay recursos disponibles" (sic). El priísta no sabe que habla, Pemex NO tiene siete sino seis refinerías.
Sobre los Pidiregas, opinó que la eliminación de éstos permitirá que “el gobierno se libere del compromiso de ese pago, para que lo asuma sola la paraestatal y, así, con recursos disponibles, 78 mil millones de pesos, se financien proyectos como el programa carretero, la red ferroviaria, para infraestructura educativa, de salud, seguridad, campo, vivienda, actividades deportivas, turismo y apoyo a pequeñas y medianas empresas” (Ramos J., Gómez R. en El Universal 9 oct 2008). De esta manera, explicó que la “cancelación” de los Pidiregas no es tal pues Pemex asumirá esa deuda.
Agustín Carstens, secretario de hacienda de Calderón, fue más explícito al declarar que “mas de 300 mil millones de pesos de la deuda actual de los Proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto, mejor conocidos como Pidiregas, quedaría cancelada si la Cámara de Diputados aprueba la propuesta de que una cantidad similar pase a formar parte del endeudamiento de Petróleos Mexicanos” (Zúñiga J.A., en La Jornada 10 oct 2008). Desde luego, afirmó que esto “no interfiere en la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo”. Al contrario, “es perfectamente complementaria con la reforma energética”.
El más reciente informe oficial sobre la deuda generada por los Pidiregas indica que, al término del primer semestre de 2008, el saldo del endeudamiento causado por el uso de este mecanismo ascendía a 661 mil 495.9 millones de pesos; de tal manera que, la mitad de ella, pasaría a formar parte de la deuda (sic) de Pemex; esto es, unos 300 mil millones de pesos o más, según sea el tipo de cambio en que esté contratada.
Así, el gobierno del PAN, apoyado por el PRI, se esmera en salir al auxilio de los grandes defraudadores financieros impulsando la privatización de Pemex. Es evidente que Calderón, Labastida, Carstens y otros trabajan para el imperialismo pues, las transnacionales petroleras también participan en el mercado financiero.
El PAN pretendía que el viernes 10 se discutieran los predictámenes, lo que no fue aceptado por el PRI y el FAP. El PAN seguía oponiéndose “a que se fije a la paraestatal un límite de hasta 40 por ciento de ingeniería e insumos nacionales en todas sus compras y contratación de obras” (Becerril A., Ballinas V., en La Jornada 10 oct 2008).
No obstante, Labastida señaló que estaban cerca de un acuerdo en lo que se refiere a contratación con empresas privadas (sic) y aseguró que se intenta “hacer un traje a la medida de Pemex”, con una figura de contratos incentivados, “que no son de riesgo” (sic). ¿Cómo no van a ser de riesgo si dichos contratos se definirían en el curso de su ejecución?, por eso les llaman “incentivados”. El “traje” no es a la medida de Pemex sino de las transnacionales.
Los dictámenes empezarían con el veneno
Los cuatro dictámenes iniciales son inconstitucionales y, los restantes, también.
1- El primer veneno de la privatización está en las reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativo a las atribuciones de la secretaría de energía (Sener). Al respecto, TODOS los partidos presentaron básicamente la misma propuesta que ya habían aprobado en la sesión del Senado del 17 de abril en una votación de 94 votos a 0 (cero).
Las reformas se refieren a otorgarle a la Sener atribuciones para “promover la participación de los particulares en las actividades del sector energético”, “otorgar concesiones, autorizaciones y permisos a los particulares” y “regular las fuentes alternas a los hidrocarburos”. TODAS estas atribuciones son explícitamente anticonstitucionales.
Para el PAN y PRI no hubo ni hay ningún problema porque su política es privatizadora. Para el FAP, sin embargo, hay una seria contradicción entre el discurso y las propuestas.
En 2007, fueron Graco (PRD), Núñez (PRD) y Dante (Convergencia) quienes impulsaron la iniciativa a instancias del cabildeo llevado a cabo por Labastida, quien “los convenció”. Al formular la iniciativa energética del FAP, “los sabios” dejaron intacta la propuesta de reformas al artículo 33, solamente pidieron “vigilar” que la participación privada se ajuste a las leyes aplicables, es decir, las leyes inconstitucionales y privatizadoras. En ningún momento propusieron que se respetara la Constitución, eso solamente lo dicen en las declaraciones a los medios. “Vigilar” que se viole la Constitución NO expresa los sentimientos de la nación y es, incluso, una propuesta ridícula.
En ese artículo 33 también se propone que la Sener determinará la plataforma de producción de hidrocarburos y el ritmo de reposición de las reservas, así como, la cuantificación de las mismas. Al quitarle esas funciones a Pemex, se motiva la reforma a su correspondiente Ley Orgánica, pero no nada más.
2- Al otorgarle a la Sener las funciones de “regulación” energética para la participación privada y el otorgamiento de permisos privados, los senadores le dan entrada a la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo (CNRP), instrumento diseñado expresamente para “regular” todas las actividades estratégicas de Pemex. En las iniciativas del PRI y el PAN hay coincidencia al respecto. El FAP se suma porque, al apoyar las reformas al artículo 33 antes mencionado, se está aceptando a esa CNRP, así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entidades que contravienen a la Constitución.
3- La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables es una propuesta del PVEM, para el uso de éstas fuentes a cargo del sector privado, basándose en las actuales disposiciones inconstitucionales a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), formuladas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), la Ley de la CRE y nuevas disposiciones todas privatizadoras. Se trata de una aberración al proponer negocios privados, incluyendo hasta el Sol, como si tuvieran la propiedad privada del mismo.
El FAP aparenta “desacuerdo” en que se permita generar electricidad a partir de energías renovables a “persona física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional”. Los legisladores del FAP no han leído a la LSPEE, o bien, aparentan oponerse débilmente porque, la propuesta del PVEM, debe ser rechazada en su totalidad.
4- La Ley para el Financiamiento de la Transición Energética, propuesta por el PRI, se refiere a la creación de un Fideicomiso que ni siquiera se ha definido. El FAP propuso la creación de un Instituto de Energías Renovables, que tampoco definió.
Iniciarían la traición parlamentaria a la nación
Los panistas Rubén Camarillo, Fernando Elizondo, Juan Bueno Torio y Jorge Ocejo insistieron el jueves 9 en que ya se votaran los anteproyectos “más sencillos”, en los que sí hay consenso. Es obvio, al reformar al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo demás será una consecuencia. No se trata de aprobar las “más sencillos”, el caso del artículo 33 es clave y violatorio de la Constitución.
Pablo Gómez y Arturo Núñez, ambos del PRD, pidieron tiempo para consultar con los expertos. Ojala lo hagan y los éstos los “asesoren bien”. Al final, se acordó que las comisiones volverán a reunirse este sábado por la tarde para discutir los anteproyectos de dictamen. De manera que hoy podría ser un día aciago, los senadores de todos los partidos podrían aprobar los primeros dictámenes energéticos pri-va-ti-za-do-res; sería el inicio de la traición a la nación.
Después, seguirían los dictámenes a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo, Ley Orgánica de Pemex y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Para ser congruentes, en éstos se afirmarán las decisiones “conceptuales” privatizadoras.
Los dictámenes, incluso su aprobación, no quieren decir que la reforma energética neoliberal ya se aprobó. Faltaría el procedimiento parlamentario en el Senado y, luego, en la otra Cámara. La reforma todavía se puede impedir. Sin embargo, TODOS los partidos parecen confabulados para aprobar una privatización energética no constitucional.
La situación tendería a ser más difícil porque la resistencia civil sería desarmada al oponerse a lo mismo que propusieron (en su nombre) los “expertos” y políticos del propio FAP, mediante “negociaciones” entre las cúpulas, al margen de la propia resistencia. No obstante, es pertinente el llamado a resistir y oponerse a esos “acuerdos”. (b263, 11 oct 2008).

References: artículo 33
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 Artículo 27