Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25838
Timestamp: 2020-02-20 13:23:40+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 6/2019
SENTENCIA 6/2019, de 17 de enero
ECLI:ES:TC:2019:6
1. Mediante oficio firmado por el Letrado de la Administración de justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, de fecha 16 de junio de 2017, que tuvo entrada en el registro de este Tribunal Constitucional el 26 de junio de 2017, se remitió testimonio: (i) de las actuaciones del procedimiento sobre Seguridad Social núm. 125-2016 seguido ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada; (ii) del rollo correspondiente al recurso de suplicación núm. 535-2017, promovido por la entidad demandada en la instancia contra la Sentencia dictada por el Juzgado a quo, cuyo conocimiento recayó en la Sala de lo Social arriba indicada; (iii) de la providencia dictada por esta última, abriendo trámite de audiencia a las partes a los efectos del artículo 35.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) y (iv) del Auto dictado por la misma Sala el 14 de junio de 2017, acordando el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad en relación con el último inciso del artículo 152, apartado 2, de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en la redacción dada a dicho precepto por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión, del artículo 24.1 de la Constitución española.
a) Con fecha 22 de marzo de 2016 se presentó ante el Servicio común general de registro y reparto de los Juzgados de Ponferrada, por la representación procesal de doña Elena Peral Abella, escrito de demanda en reclamación de complemento de prestaciones de incapacidad temporal contra, entre otros, la empresa Garnica Facility Services Limpec 21, S.A.
b) La entidad demandada Garnica Facility Services Limpec 21, S.A., actuó en el proceso bajo la representación y defensa de don Joan López González, graduado social y colegiado núm. 685 del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona.
c) Se sustanció el correspondiente procedimiento, con celebración del acto del juicio donde la actora manifestó su desistimiento respecto, únicamente, de los codemandados Fremap y Cespa Gestión de Residuos, S.A.
g) El 15 de noviembre de 2016, el Letrado de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social competente, dictó diligencia de ordenación por la que resolvió que “transcurrido el plazo legalmente previsto sin que conste la interposición de recurso frente a 25 de octubre de 2016 Sentencia [sic], declaro firme el/la mismo/a, y acuerdo el archivo de estas actuaciones”.
h) El representante procesal de la entidad demandada presentó escrito el 16 de noviembre de 2016, interponiendo recurso de reposición contra la anterior diligencia de ordenación. En lo que aquí importa destacar, el núcleo de sus alegaciones se contienen en su página primera, donde refiere que “si bien, al parecer, la sentencia fue puesta en el sistema LexNet el día 26 de octubre de 2016, por este firmante no ha sido recibido nunca aviso alguno por ningún medio de este hecho, ni tampoco ha sido avisado por la aplicación móvil de la plataforma LexNet cuyo malfuncionamiento [sic] es continuo según se dirá y probará, siendo que no se entró en este sistema LexNet hasta el día 10 de noviembre ya que su uso no es normal ni habitual en el conjunto del Estado y siendo que los únicos Juzgados de lo Social que vienen comunicando las notificaciones a este profesional por vía LexNet son los de Ponferrada, ya que incluso en la Comunidad Autónoma de Cataluña donde está ubicado el despacho profesional del firmante y se encuentra colegiado, no se utiliza el sistema LexNet ni ningún otro sistema electrónico para los actos de comunicación de los Juzgados y Tribunales de lo Social. Precisamente el hecho de que no sea habitual la notificación vía LexNet conlleva que la entrada a dicho sistema no se efectúe de modo continuado, más tomando en consideración que, en este caso concreto, tampoco se recibió, por el firmante, previo aviso relativo a la existencia de notificación alguna, que de haber sido recibida hubiera conllevado por parte del profesional firmante, el inmediato acceso al sistema LexNet para efectividad de la notificación. Es por lo anterior que, declarada la firmeza sin el previo aviso de la existencia de la notificación y sin la propia notificación de la sentencia, entiende esta parte que la resolución que declara la firmeza vulnera los artículos 53 a 63 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, el artículo 162 de la Ley de enjuiciamiento civil y, en todo caso, el artículo 24 de la Constitución española que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva y a la prohibición de que pueda producirse indefensión”.
i) En la misma fecha, 16 de noviembre, el mismo representante procesal de la empresa Limpec 21, S.A., presentó escrito anunciando el propósito de interponer recurso de suplicación contra la Sentencia de 25 de octubre de 2016. En dicho escrito se contiene también un párrafo de redacción casi idéntica al otro que acaba de indicarse, en cuanto a formular queja por no haber recibido aviso de la notificación de la Sentencia, teniendo también como fecha de tal notificación la del 10 de noviembre de 2016. Esto es, cuando conforme ya expuso en aquel recurso de reposición, accedió a su buzón del sistema Lexnet.
j) El recurso de reposición fue admitido a trámite por diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado a quo, de 17 de noviembre de 2016. Dado traslado del escrito a la actora en la instancia, esta se opuso al recurso aduciendo que la Sentencia fue notificada a las partes a través de la plataforma Lexnet el 26 de octubre de 2016, al menos precisa que así fue en su caso, aunque “evidentemente desconoce cuándo han recibido la notificación el resto de las partes”.
“La resolución recurrida no vulnera la Ley de jurisdicción social, ni la LEC ni el artículo 24 de la Constitución, si bien, y dado que todas las implantaciones tecnológicas nuevas pueden producir disfunciones; y en aras únicamente de evitar indefensiones, se estima el recurso de reposición interpuesto contra aquella”.
l) Notificada esta última diligencia de ordenación el 15 de diciembre de 2016, el representante procesal de la entidad Limpec 21, S.A., presentó escrito de interposición de recurso de suplicación contra la Sentencia de instancia, el 28 de diciembre de 2016.
“Apreciándose en el escrito de formalización del recurso, que por ‘Otrosí digo’ se designa a efectos de notificaciones el domicilio de la procuradora Dña. María Rosario Alonso Zamorano, y no obstante también el del firmante —Graduado Social D. Joan López González— a través del Sistema de notificaciones digitales, y visto que éste tiene firma digital, acuerdo: Realizar las notificaciones a la parte recurrente, a través del Sistema Lexnet, y dirigidas al G. Social expresado”.
“[L]a omisión del aviso queda en principio subsanada con la apertura del buzón Lexnet el día 10 de noviembre, momento en el que se accede a la comunicación judicial. El recurrente anuncia el recurso de suplicación el día cuarto hábil desde el acceso al buzón, lo que implica que lo habría hecho dentro de plazo si computásemos como día de notificación el día 10 de noviembre, para lo cual habríamos de inaplicar el inciso cuestionado del artículo 155.2 de la Ley de enjuiciamiento civil”.
“En conclusión, si no existiera el inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil que dice que la falta de práctica del aviso no impide que la notificación sea considerada plenamente válida, el resultado sería que el anuncio del recurso se habría efectuado en plazo, pero si esta Sala aplica lo dispuesto expresamente en dicha norma, hemos de considerar que la falta de aviso no afecta a la validez de la comunicación y el recurso se anunció fuera de plazo. Por tanto esta Sala entiende que se supera el juicio de relevancia necesario y existiendo dudas razonables sobre la constitucionalidad del inciso referido, procede elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación dicho inciso… por posible vulneración del artículo 24 de la Constitución española”.
o) Por escrito de 22 de mayo de 2017, el Fiscal presentó sus alegaciones. Pese a indicar en su encabezamiento los datos correctos del recurso, el escrito no obstante se refirió al posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el “artículo 47.1 b) de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social”, apreciando que ese precepto podría haber vulnerado “conforme establece la providencia… lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Constitución”, concluyendo que “no se opone” a dicho planteamiento.
p) A su vez, la representación procesal de la actora en la instancia presentó escrito de alegaciones el 31 de mayo de 2017, donde sostuvo que no era necesario el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto del último inciso del artículo 152.2 LEC, dado que “con la plataforma del Ministerio de Justicia no se envían a nuestro email ningún tipo de avisos sobre las comunicaciones pendientes y ello no produce en ningún profesional una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, pues ello únicamente comporta, según observa unos párrafos antes, que se les obligue a “entrar en el sistema todos los días o al menos cada tres o cuatro días, que son aquellos de los que disponemos para que la comunicación se entienda realizada”.
q) También el 31 de mayo de 2017, la representación procesal de la entidad recurrente en suplicación presentó escrito de alegaciones pronunciándose a favor del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Así, tras afirmar que se “adhiere íntegramente al planteamiento que se cita en la providencia de 12 de mayo de 2017”, la cual resume, el escrito afirma además, de un lado, que en el ámbito de las Administraciones públicas también se ha desarrollado un sistema de notificaciones electrónicas que incluye un procedimiento de aviso previo mediante “correo electrónico o mediante mensaje telefónico SMS”; y, de otro lado, que anteriormente, cuando las notificaciones se efectuaban por correo postal, “en caso de ausencia en el domicilio profesional el cartero dejaba aviso en el buzón físico del destinatario, que daba constancia de la existencia de una notificación que quedaba en depósito por el plazo de unos días en la oficina de Correos, pasados los cuales era rechazada y devuelta al Juzgado de origen”. Añade que “para la efectiva defensa y, en el presente caso, para la necesaria tutela judicial … es preciso conocer la notificación de la sentencia de instancia y, para ello, se requiere de un aviso que dé a conocer la disponibilidad en el buzón Lexnet de la notificación procesal que se pretende comunicar por el Juzgado de lo Social, sin cuyo concurso se puede entender que esa sentencia ni siquiera existe ya que la parte no tiene ninguna constancia de ella por medio alguno, pese a facilitar los medios para la cumplimentación del aviso”, ya que facilitó previamente una dirección de correo electrónico para que se efectuasen los avisos.
3. Con fecha 14 de junio de 2017, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, dictó Auto acordando “elevar al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por el artículo único, apartado 17 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que dice: ‘La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida’, por su eventual incompatibilidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución española. Todo ello en los términos expuestos en los fundamentos de este auto y por depender de la resolución de esta cuestión que ahora planteamos el sentido del fallo de la sentencia que ha de dictarse en este recurso de suplicación, afectando a la admisibilidad misma del recurso”.
“En este caso la notificación fue remitida por Lexnet correctamente al buzón electrónico del graduado social que representa a la empresa recurrente y este abrió dicha notificación, que contenía todos los elementos exigibles legalmente para la misma, lo cual también está fuera de discusión. Lo controvertido es cuál sea la fecha en la que debe tenerse por realizada tal notificación, a efectos de computar los plazos para el anuncio del recurso de suplicación.
Lo que determina por ello la admisión o no del recurso de suplicación en este caso, esto es, si el anuncio del recurso se llevó a cabo dentro o fuera del plazo procesal de preclusión del trámite, es si ha de tomarse como fecha de notificación el 31 de octubre o el 10 de noviembre, lo que a su vez depende de que la falta del obligatorio aviso de puesta a disposición de la notificación determine la nulidad de la notificación de la sentencia o no afecte a la validez de la misma”.
La doctrina del Tribunal Constitucional (resumida por ejemplo en sentencia 104/2008) nos dice que puede constituir una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) la vulneración del régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial. De tal manera que la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación procesal sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de su existencia (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4, y las allí citadas). Si bien es necesario precisar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5, y 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4).
“1. Admitir a trámite la cuestión que, mediante las anteriores actuaciones, plantea la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso de suplicación núm. 535-2017, en relación con el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por el artículo único, apartado diecisiete de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE.
5. Publicar la incoación de la cuestión en el ‘Boletín Oficial del Estado’”.
5. El 11 de septiembre de 2017 se recibió en el registro de este Tribunal, escrito del Presidente del Senado, de 5 de septiembre de 2017, con traslado del acuerdo de la Mesa de la Cámara adoptado en la misma fecha, dándose por personada en el procedimiento “y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.
6. Con idéntica finalidad tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 11 de septiembre de 2017, escrito de la Presidenta del Congreso de los Diputados, de 5 de septiembre de 2017, con traslado del acuerdo adoptado en la misma fecha por la Mesa de dicha Cámara para su personación en el procedimiento y ofrecer su colaboración, a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
En el apartado I de alegaciones, se realiza una síntesis de los hechos más relevantes del proceso a quo; se reproduce la norma cuestionada por el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad; y se razona el cumplimiento de los requisitos legales para su elevación ante este Tribunal (trámite de audiencia a las partes, aplicabilidad y relevancia de aquel precepto al caso concreto). Seguidamente se consideran correctas las explicaciones del Auto en torno, de un lado, a que el órgano judicial estaba obligado a realizar sus notificaciones telemáticas al Graduado Social que ha representado a la empresa demandada, dada su condición de profesional de la justicia, por el sistema Lexnet; y de otro lado a que conforme las normas que ordenan el funcionamiento de las notificaciones electrónicas en el proceso laboral, la aplicación al caso del inciso del artículo 152.2 LEC cuestionado, “puesto en relación con toda la regulación”, es relevante para dilucidar la inadmisibilidad del recurso de suplicación por extemporáneo, teniendo en cuenta la falta previa de un aviso sobre la notificación efectuada a su buzón de Lexnet fijando el plazo para interponer dicho recurso, y que tal aviso se configura por la norma como obligatorio.
En el apartado II del escrito, el Fiscal General del Estado pasa revista a la doctrina constitucional dictada sobre la eficacia de las comunicaciones procesales y su protección a través del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con el fin de asegurar la posibilidad de actuación de las partes en el proceso, y cuya lesión produce por tanto indefensión (con cita de las SSTC 12/2000, de 18 de febrero; 50/2017, de 15 de junio; 28/2010, de 27 de mayo; 37/1990, de 23 de mayo, y 6/2017, de 16 de enero —en ese orden—); a menos que se acredite la falta de diligencia o pasividad de la parte o del profesional que la representa o defiende (se citan las SSTC 268/2000, de 13 de noviembre, y 294/2000, de 11 de diciembre); por lo cual, no todo defecto o irregularidad en la práctica de un acto de comunicación tiene relevancia constitucional sino solamente cuando causa indefensión por circunstancia no imputable a la parte (con cita de las SSTC “117/1983, de 12 de diciembre; 77/1997, 143/1998, 176/1998; 26/1999, de 8 de marzo, y 78/1999, de 26 de abril”).
El aviso así regulado no satisface tampoco la exigencia de la doctrina constitucional, de “acreditar la fecha y hora de salida y de puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido (STC 58/2010, de 4 de octubre)”. Incluso el aviso es “prescindible, porque la forma y el contenido de la comunicación procesal no se ven afectados en lo más mínimo por la existencia o el eventual uso de esta herramienta”. De allí que, añade, el preámbulo de la Ley 42/2015, condiciona la posibilidad de recibir el aviso “a que sea posible su uso”, sin olvidar el carácter optativo que tiene para el interesado el facilitar un dispositivo, correo electrónico o servicio de mensajería, para que se le haga llegar aquél, “quedando excluida esta posibilidad del carácter ineludible del resto de la regulación”. Por otro lado, determinadas normas procesales imponen a las partes para poder ver el contenido del acto de comunicación recibido, la recepción electrónica de este último “sirviendo únicamente el aviso al que hace referencia el último inciso del artículo 152.2 para recordar el cumplimiento de esa obligación”.
10. La secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal Constitucional dictó diligencia de ordenación el 26 de septiembre de 2018, acordando: “Librar atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, a fin de que, a la mayor brevedad posible se remita certificación del Letrado de la Administración de justicia sobre los siguientes extremos: 1) Que la Sentencia dictada el 25 de octubre de 2016, en el procedimiento de seguridad social núm. 125-2016, fue notificada al buzón de Lexnet del representante procesal de la empresa Limpec 21, S.A., Graduado Social don Joan López González, en fecha 26 de octubre de 2016. 2) Que no fue enviado ningún aviso relativo a la notificación de la Sentencia (art. 152.2, párrafo tercero LEC), a la dirección de correo electrónico facilitada por dicho profesional. 3) Que dicho profesional accedió a la notificación de la Sentencia en su buzón de Lexnet, en fecha 10 de noviembre de 2016”.
11. Con fecha 3 de octubre de 2018, al no tenerse constancia de haberse recibido ninguna respuesta del Juzgado a quo, la secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal reiteró el anterior requerimiento, mediante diligencia de ordenación en la que, antes de reiterar los tres puntos de información objeto de solicitud, indicó que la certificación fuera remitida por “el Letrado de la Administración de justicia, tras la consulta de los datos en el expediente judicial electrónico del procedimiento de seguridad social núm. 125-2016, al que dicho Juzgado tiene en todo momento acceso (arts. 26 y siguientes de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de justicia)”.
12. Al día siguiente, 4 de octubre de 2018, tuvo entrada en el registro de este Tribunal un escrito del Letrado de la Administración de justicia “de la Upad [Unidad Procesal de Apoyo Directo] social de Ponferrada y, por ende, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada”, en respuesta a los datos solicitados, afirmando:
13. La secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal, dictó diligencia de ordenación el 4 de octubre de 2018, acordando incorporar a las actuaciones “la comunicación y documentación que acompaña, remitidos vía fax, por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, y dar traslado mediante copia, a los efectos oportunos al Abogado del Estado y Fiscal General del Estado”.
1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, plantea en su Auto de 14 de junio de 2017 una cuestión de inconstitucionalidad, por posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en la redacción dada al mismo por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil:
a) El artículo 152.2 LEC, incluyendo el inciso último cuestionado, dispone tras la modificación legal indicada lo siguiente:
El mencionado precepto resulta de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social, ante el que se ha sustanciado la causa judicial a quo, por la remisión efectuada por el artículo 53.1 de la ya citada Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS).
c) En el trámite de alegaciones llevado a cabo ante este Tribunal, ex artículo 37.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), tanto el Abogado del Estado de manera implícita, como el Fiscal General del Estado expresamente, además de apreciar el cumplimiento por la Sala de lo Social de los requisitos formales de los artículos 35.1 y 37 LOTC para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (tratarse de una norma con fuerza de ley, haberse sustanciado correctamente el trámite de audiencia a las partes y elevarse la cuestión en el momento procesalmente oportuno), afirman que la norma cuestionada resulta aplicable y relevante para la resolución del problema procesal planteado en el proceso a quo, el de la inadmisión del recurso de suplicación por anunciarlo de manera extemporánea.
2. A los efectos que importa destacar para la resolución de la presente cuestión, en lo concerniente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE y los actos de comunicación procesales, este Tribunal ha establecido los siguientes parámetros de control:
“En efecto, en relación a la naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva tiene declarado este Tribunal que se trata de un derecho prestacional y de configuración legal, de modo que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador, respetando el contenido esencial del derecho, haya querido articular, pues es a él a quien le incumbe configurar el marco en el cual ha de desarrollarse la actividad judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercite el derecho fundamentalmente ordenado a la satisfacción de las pretensiones” (SSTC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 4; 116/1986, de 8 de octubre, FJ 3; 175/1988, de 3 de octubre, FJ 1, y 113/1989, de 22 de junio FJ 3).
b) La misma exigencia de configuración legal se predica respecto de los actos de comunicación procesales. Así, para el orden social, hemos dicho en la STC 118/1993, de 29 de marzo:
“La tutela judicial como principio constitucional con un enunciado abstracto, aun cuando las más importantes de sus facetas hayan sido recogidas explícitamente en el mismo texto, adquiere consistencia y se configura concretamente por obra de las leyes de enjuiciamiento respectivas, que son el desarrollo de tal derecho en los distintos sectores jurisdiccionales, a cuyas características ha de ser adaptado. Hay, sin embargo, determinadas actuaciones judiciales cuya función es común y común ha de ser su diseño, que por ello se incluyen en la Ley Orgánica del Poder Judicial a modo de ‘parte general’ del régimen de los órganos jurisdiccional y procesal en el libro III, donde reciben acogida las notificaciones (arts. 270-272), con remisión explicita a las normas procesales propias de cada orden judicial, que en el presente es la [entonces vigente] Ley de procedimiento laboral (Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril) y sin olvidar la función supletoria de la Ley de enjuiciamiento civil por su carácter matriz y residual respecto de los demás sectores. Los tres componen el grupo normativo con relevancia para perfilar el derecho fundamental invocado como cobertura del amparo que se nos pide”.
c) En relación con los actos de comunicación, nuestra doctrina es reiterada acerca de su importancia para la efectividad no solamente del derecho de acceso a la jurisdicción (entre otras, SSTC 148/1995, de 16 de octubre, FJ 2; 6/2008, de 21 de enero, FJ 2, y 180/2015, de 7 de septiembre, FFJJ 4 y 7), sino también del derecho al recurso legalmente previsto, en relación con el cual hemos declarado que “para evitar que se produzca la indefensión prohibida por el artículo 24.1 CE, que se caracteriza, precisamente por una privación o limitación del derecho de defensa (SSTC 48/1984, 181/1994 y 39/1995, entre otras), el derecho constitucional a los recursos no sólo garantiza su posible interposición sino que se trata de una garantía efectiva en orden a la tutela judicial, a cuyo fin adquieren una especial trascendencia los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, tanto respecto de quienes aún no lo son y han de ser emplazados como respecto de aquellos a los que ha de darse traslado de las resoluciones judiciales a los efectos de un posible recurso contra las mismas (SSTC 9/1991, 126/1991 y 17/1992, entre otras muchas)” (STC 229/1998, de 1 de diciembre, FJ 4).
d) La protección constitucional, por tanto, se proyecta específicamente sobre aquellos actos de comunicación que ha regulado el legislador y que pueden considerarse por tanto como tales: “el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 CE, garantiza el derecho de acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y de ejercitar la defensa de los derechos e intereses legítimos, con respeto de los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales lo que impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en el cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal, cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, citaciones, emplazamientos, y en su caso, requerimientos, llegan a sus destinatarios dándoles así la oportunidad de actuar en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la indefensión” (STC 334/1993, de 15 de noviembre, FJ 2).
a) Aparece ante todo el artículo tercero de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de enjuiciamiento civil, que modificó el artículo 261 de la LEC 1881 entonces vigente, con el fin de prever, en su párrafo tercero, que “cuando lo aconsejen circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier otro medio idóneo de comunicación, adoptándose las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del actual quedará constancia en autos”.
b) Importa destacar de las normas mencionadas de la LOPJ y de la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, que la doctrina de este Tribunal ha declarado de manera reiterada que en el ámbito de las comunicaciones por medios técnicos y electrónicos, la constancia fehaciente tanto del hecho de la recepción del acto de comunicación por el destinatario y su fecha, como del contenido del acto, constituye una garantía insoslayable cuya inobservancia acarrea la nulidad de este último. Y de haber traído ello consigo la pérdida de trámites procesales para alguna de las partes, la vulneración de su derecho a no padecer indefensión (art. 24.1 CE):
(i) Así lo hemos dicho a propósito del fax como aparato de transmisión de notificaciones escritas (en papel), permitiendo su uso pero con la debida verificación de aquellos extremos, en las SSTC 268/2005, de 24 de octubre y 58/2010, de 4 de octubre. En el fundamento jurídico 3 de esta última explicamos que “en cumplimiento de la remisión que el artículo 271 LOPJ realiza a las leyes procesales, la Ley de enjuiciamiento civil (LEC)… contempla también la utilización del correo y el telégrafo (arts. 152.1.2 y 160 LEC) así como de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos (art. 162.1 LEC). Así pues, ninguna duda ofrece la idoneidad material del fax como medio de comunicación procesal… Ahora bien, para atender a las exigencias derivadas del artículo 24.1 CE, la eficacia de los actos de comunicación procesal realizados a través de cualquier medio técnico se supedita a que quede en las actuaciones ‘constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado’ (art. 152.2 LEC), o lo que es igual, que quede garantizada ‘la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron’ (art. 162.1 LEC), previsión a la que atiende el vigente artículo 160.1 LEC …. El incumplimiento o deficiente realización de tales prescripciones comportará la ineficacia del acto de comunicación procesal en la medida en que se coloque al interesado en una situación de indefensión proscrita por el artículo 24.1 CE, esto es, salvo que hubiese tenido conocimiento extraprocesal de su contenido o el incumplimiento fuese imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4, y las allí citadas)”.
(ii) Justamente por carecer de tales garantías, hemos declarado que la transmisión de una notificación de manera verbal, a través de una llamada telefónica, evidencia “su inidoneidad en sí misma considerada para lograr el fin que se persigue con las comunicaciones procesales”, conforme con las exigencias de los antedichos artículo 271 LOPJ, y artículos 152 y 162 LEC. Preceptos que garantizan la “autenticidad de la comunicación y de su contenido y… constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. No cumple tales exigencias, evidentemente, la comunicación telefónica sin más”: STC 94/2005, de 18 de abril, FJ 4.
c) En el proceso laboral, el desarrollo sectorial del artículo 271 LOPJ fue asumido por el artículo 56.4 de la Ley de procedimiento laboral (LPL) de 1990 (texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril), que dispuso que las comunicaciones procesales (citaciones, notificaciones emplazamientos y requerimientos, según su artículo 55) podían practicarse por “el servicio de telégrafo o por cualquier otro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos”; bien que: “Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos”. Dicha previsión pasó con idéntico texto y numeración a la Ley de procedimiento laboral de 1995 (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que aprueba su texto refundido).
4. El párrafo tercero del artículo 152.2 LEC, en el que se inserta el inciso final objeto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, es un precepto fruto del conjunto de normas dictada en los últimos años para avanzar en el objetivo de modernizar la administración de justicia en España, entre otras medidas y en lo que aquí importa considerar, mediante la generalización de los sistemas telemáticos (internet) en la práctica de los actos de comunicación en los distintos tipos de procesos, entre ellos el laboral. Las notas más destacadas de esa regulación, por lo que concierne sobre todo a la actuación de los profesionales de la justicia como receptores de tales actos de comunicación, son las siguientes:
Tanto el derecho de opción, como en su caso el cumplimiento de la obligación, de utilizar estos medios electrónicos por los interesados que no sean profesionales de la justicia, quedó fijada legalmente a partir del 1 de enero de 2017 (disposición transitoria cuarta, apartado 3; y disposición final duodécima, apartado 2, de la Ley 42/2015).
(iii) Como excepción, no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto al acto de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en el artículo 155.1 LEC, los cuales “se harán por remisión al domicilio de los litigantes”, regla que también opera en el proceso laboral (art. 53.1 LJS) y de hecho así se hizo en la causa a quo.
e) Hay, además, otra consecuencia relevante en orden a la salvaguarda de la seguridad jurídica en el proceso y el derecho a no padecer indefensión (art. 24.1 CE) en torno a los canales electrónicos habilitados en la Administración de justicia, dentro de los cuales está Lexnet. Se trata de la certidumbre en el cómputo de los plazos procesales, a partir de la notificación del acto: de un lado, el artículo 135.1 LEC preceptúa que el recibo que “automáticamente” se emita de la transmisión de escritos y documentos, “con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación”, servirá para tener aquellos “por presentados a todos los efectos”.
5. El inciso cuestionado en el Auto de 14 de junio de 2017 cierra el enunciado del párrafo tercero del artículo 152.2 de la LEC, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, dando carta de naturaleza o funcionalidad a una nueva obligación del órgano judicial, como es el envío “al destinatario” de un aviso respecto del hecho del acto de comunicación que previamente le ha sido transmitido por vía electrónica. Varios aspectos deben ser resaltados del mencionado párrafo tercero, el cual exige una lectura unitaria y no separada de sus distintos incisos.
f) Todo lo cual explica, en el caso de la reforma del artículo 152.2, párrafo tercero LEC, que lo buscado no fuera realmente “reforzar” el nivel de atención de quienes ejercen en juicio la representación procesal de las partes, algo por lo demás innecesario al estar estos obligados desde siempre, por su actividad, a ser diligentes en la recepción y traslado de los actos de comunicación que conciernen a sus representados, sea en papel o electrónicamente. Así, lo que hasta hace poco tiempo se llevaba a cabo en un salón de procuradores, o en la dirección del despacho profesional (abogados, graduados sociales, etc.), ahora se practica en el buzón virtual de Lexnet de todos los profesionales, directamente o en el caso de los procuradores a través de la plataforma brindada por su consejo general (conforme a los convenios suscritos con las administraciones de justicia).
6. Llegados a este punto, nos encontramos en disposición de enjuiciar los motivos esgrimidos por el Auto que plantea la presente cuestión de constitucionalidad, en relación con el último inciso del artículo 152.2, párrafo tercero, LEC, en la redacción dada al mismo por el artículo único, apartado 17, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, postulando a su parecer que el mismo resulta vulnerador del derecho fundamental a no padecer indefensión del artículo 24.1 CE.
b) La doctrina constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión, como bien precisa el Auto que intenta invocarla en sostén de su tesis, ha sido dictada a propósito de los actos de comunicación, y el aviso del artículo 152.2, párrafo tercero, LEC no lo es, por lo que dicha doctrina no le resulta aplicable justamente. No debe olvidarse en este punto, que el artículo 24.1 CE es un derecho de configuración legal, como ya se ha recordado en el anterior fundamento jurídico 2 de esta Sentencia. Por eso mismo tampoco resulta aplicable aquí, como defiende el Auto que promueve la cuestión, el régimen de denuncia y en su caso subsanación de actos de comunicación nulos, ex artículo 166 LEC.
Por otro lado, ya se ha dicho que la utilización del sistema Lexnet resulta claramente mayoritaria en las Administraciones de justicia competentes, pero en aquellas Comunidades Autónomas que disponen de otros sistemas, el modo de funcionamiento resulta similar. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la que parece querer referirse el Auto que promueve la cuestión respecto del Graduado Social actuante en el proceso a quo, hemos visto que precisamente la recepción electrónica de las notificaciones —supuesto planteado en el proceso a quo— se efectúa a través, también, del sistema Lexnet, lo que por tanto es conocido por los profesionales de la justicia que actúan allí.
Cabe precisar, ante todo, que la manifestación del principio de confianza legítima a la que alude el Auto promotor de la cuestión, no guarda relación con aquella relacionada con los perjuicios derivados de cambios normativos, en concreto y por ejemplo, “la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles”, con menoscabo de la seguridad jurídica del artículo 9.3 CE, sobre la cual tenemos asentada doctrina reiterada (por todas, STC 51/2018, de 10 de mayo, FJ 5, y las sentencias que ahí se citan),
Tampoco se trata de la confianza legítima que deriva, ya en el terreno jurisdiccional, de las actuaciones precedentes de un órgano de justicia en el mismo proceso o en otros similares, susceptibles de configurar un criterio previsible de proceder, el cual sin embargo deja de seguirse sin razón que lo justifique y con menoscabo de la posición de una de las partes, lo que también hemos reputado como una quiebra de aquel principio, con vulneración de un derecho fundamental (entre otras, SSTC 58/2000, de 28 de febrero, FJ 4; 135/2008, de 27 de octubre, FJ 4, y 13/2017, de 30 de enero, FJ 2).
Más tiene que ver lo que esgrime el Auto con una aplicación razonable de las normas jurídicas procesales otorgantes de derechos, obligaciones y cargas a las partes, cuya inobservancia determina la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que entonces “sufre la confianza legítima generada por los términos en que fue conformada la realidad jurídica en el proceso”. Así lo hemos apreciado, por ejemplo, (i) respecto de aquellas normas que garantizan el principio de contradicción dentro de un proceso [STC 278/2006, de 25 de septiembre, FJ 3 b)]; o (ii) las que configuran el carácter tasado de los recursos extraordinarios contra sentencias y autos, y por tanto lo que en ellos se puede debatir y lo que no (entre otras, SSTC 53/2005, de 14 de marzo, FJ 5; 56/2007, de 12 de marzo, FJ 5; 205/2007, de 24 de septiembre, FJ 6, y 176/2016, de 17 de octubre, FJ 3, todas para el recurso de suplicación; y STC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 5, para el de casación). Solo como excepción, hemos admitido la invocación del referido principio cuando la garantía no está prevista legalmente, pero goza de reconocimiento reiterado previo por jurisprudencia de este Tribunal (STC 119/1999, de 28 de junio, FJ 5).
1. Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3323-2017.
Considero que todo este proceso de razonamiento no ha permitido identificar de una manera adecuada el conflicto constitucional que, desde la perspectiva del artículo 24.1 CE, plantea el precepto cuestionado. La cuestión relevante no es si este aviso se configura legalmente o no como un acto de comunicación al que se puedan vincular unos u otros efectos procesales. Tampoco lo es si, a priori, resulta desproporcionada la carga que sobre las partes o sus representantes tiene el sistema de comunicaciones telemáticas y la necesidad de establecer mecanismos precautorios. Igualmente, no me parece lo esencial la eventual frustración de una expectativa legítima, moduladora del deber de diligencia de la parte como elemento esencial en la valoración de la existencia de una posible indefensión.
Don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 3323-2017
Se enjuicia la constitucionalidad de un inciso de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, en relación con la validez de las notificaciones electrónicas. La ley prevé que la oficina judicial realice un aviso a los destinatarios de las notificaciones electrónicas, en el que se comunique que la notificación ha sido enviada a su portal Lexnet. No obstante, el inciso cuestionado dispone que la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
Se desestima la cuestión. La sentencia afirma que no existe ningún precepto legal que condicione el despliegue de los efectos de la notificación a la efectiva realización del aviso, por ser este último de carácter accesorio a la notificación judicial en sentido estricto. La sentencia declara que la utilización diaria del portal Lexnet no supone una carga desproporcionada para procuradores, abogados y graduados sociales, sino una tarea normal y esperable que es consecuencia del ejercicio de su profesión y, por ello, que el inciso cuestionado no produce indefensión.
Artículo 152.2 último inciso (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre)
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), f. 6, VP
Artículo 24.1, ff. 1 a 4, 6, VP
Artículo 40.2, f. 6
Artículo 37.3 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 1
Artículo 3 , f. 3
Artículos 270 a 272, f. 2
Artículo 56.4, f. 3
Artículo 6.1.5, f. 4
Artículo 135 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), f. 4
Artículo 135.1 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), ff. 4, 6
Artículo 135.2 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), f. 6
Artículo 149 (redactado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre), f. 5
Artículo 152.2 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), ff. 3, 4
Artículo 152.2 párrafo tercero (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), ff. 1, 4 a 6, VP
Artículo 152.2 último inciso (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), ff. 1, 5, 6, VP
Artículo 152.3.2 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), f. 3
Artículo 154 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), f. 4
Artículo 162, f. 3
Artículo 166.2 , f. 1
Artículo 262 (redactado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre), f. 4
Artículo 273.1 (redactado por la Ley 42/2015 de 5 de octubre), f. 4
Artículo 15, apartado 79, f. 5
Ley 18/2011, de 5 de julio. Regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia
Artículo 5.2 b), f. 4
Artículo 5.2 c), f. 4
Artículo 33.1 párrafo segundo, f. 4
Artículo 33.5, f. 4
Disposición transitoria cuarta, apartado 2, f. 4
Disposición final duodécima, apartado 2, f. 4
Artículo 56.5, f. 3
Artículo único, apartado 17, ff. 1, 6
Disposición transitoria cuarta, apartado 3, f. 4
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. Comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet
Artículo 14 a), f. 4
Artículo 14 b), f. 4
Artículo 17.5, f. 4
Artículo 19.2, ff. 4, 6
Administración electrónicaAdministración electrónica, ff. 3 a 6
Comunicaciones electrónicas en la Administración de justiciaComunicaciones electrónicas en la Administración de justicia, ff. 3 a 6
Derecho a la tutela judicial sin indefensiónDerecho a la tutela judicial sin indefensión, Respetado, ff. 2 a 6
Notificación por correo electrónicoNotificación por correo electrónico, ff. 3 a 6
Actos procesales de comunicaciónActos procesales de comunicación, ff. 3 a 6
Efectos de la notificaciónEfectos de la notificación, ff. 3 a 6
Recepción de la notificaciónRecepción de la notificación, ff. 3 a 6

References: artículo 35
 artículo 152
 artículo 24
 resolución 
 artículo 162
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
 artículo 155
 artículo 152
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 24
 resolución 
 artículo 152
 artículo 24
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 53
 artículo 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 261
 artículo 271
 artículo 24
 artículo 160
 artículo 24
 artículo 271
 artículo 271
 artículo 56
 Real Decreto 
 artículo 55
 artículo 152
 artículo 155
 artículo 135
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 24
 artículo 152
 artículo 24
 artículo 166
 artículo 9
 artículo 24

Artículo 152

Artículo 9

Artículo 24

Artículo 40

Artículo 37

Artículo 3

Artículo 56

Artículo 6

Artículo 135

Artículo 135

Artículo 135

Artículo 149

Artículo 152

Artículo 152

Artículo 152

Artículo 152

Artículo 154

Artículo 162

Artículo 166

Artículo 262

Artículo 273

Artículo 15

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 56

Real Decreto 

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 19