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EXPERIENCIA DE LEXUM EN LA DIFUSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA - PDF
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Gabriel Henríquez Villanueva
1 EXPERIENCIA DE LEXUM EN LA DIFUSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Véronique Abad* 1. Introducción La difusión libre del derecho en Internet ahora ha llegado a ser una práctica habitual, fundamental para los juristas del mundo entero. Esta situación constituye un claro progreso para la democracia, contribuyendo a la transparencia del sistema judicial y a informar a la población entera. El derecho ya no está reservado a una elite de eruditos, y ahora todos pueden tener acceso a la ley y a las sentencias y así participar en los grandes debates de la sociedad. 1 Sin olvidar que de este modo, todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos documentos para ejercer sus derechos. Además, la publicidad de las sentencias contribuye al respeto de las leyes. Efectivamente, cuando un delincuente ve su nombre manchado en la plaza pública, su honor y su reputación sufren, y esto puede incitar a toda la población a respetar las leyes. Finalmente, la difusión de la jurisprudencia enriquece el debate doctrinal, siendo los tribunales los intérpretes de los textos legislativos. La difusión en Internet, inscribiéndose en esta lógica, aprovecha los avances de las tecnologías de la información, 2 como la velocidad, la rapidez, la exhaustividad potencial, etcétera. Sin embargo, este nuevo método para dar a conocer al público la jurisprudencia plantea muchas cuestiones. En efecto, las sentencias contienen frecuentemente numerosas informaciones personales sobre las partes. Ahora bien, si la presencia de estas informaciones en las sentencias es legítima, muchas personas podrían verse afectadas por su difusión en Internet, violando así su derecho a la privacidad. Efectivamente, estos datos pueden ser recogidos y utilizados para fines potencialmente perjudiciales. Por ejemplo, una empresa podría efectuar investigaciones en Internet para informarse sobre un candidato al empleo y eventualmente encontrar su sentencia de divorcio, conteniendo sus datos financieros y todas las alegaciones, verídicas o no, que su ex cónyuge habría podido hacer, lo que podría influenciar su decisión. Además, no debemos desatender todos los riesgos de suplantación de identidad, ya que las sentencias pueden contener todas las informaciones necesarias para estas prácticas ilícitas. Finalmente, las capacidades de un motor de búsqueda no tienen ni punto de comparación con las de un jurista en una biblioteca o las de una secretaria del tribunal; la investigación es más rápida y eficaz. Sin embargo, no debemos presumir la deshonestidad de la población de internautas, y debemos reconocer que las informaciones contenidas en las sentencias pueden ser pertinentes para usos legítimos sin perjudicar a la dignidad de quienquiera que sea. 3 El equilibrio entre el principio fundamental de la publicidad de las sentencias y la necesidad, también esencial, de proteger el derecho a la privacidad, existía hasta hace poco. Sin embargo, debemos reconocer que este compromiso favorecía el respeto del derecho a la privacidad, ya que los documentos, aunque fueran públicos en teoría, en la práctica su búsqueda resultaba costosa y difícil. Esto era denominado oscuridad práctica. 4 Este equilibrio fue desechado por el advenimiento de la difusión por Internet, debe ser redefinido. Tendrá que ser específico para cada sistema jurídico, reflejando sus propios valores intrínsecos, particularmente la pirámide de las normas que está en vigor en cada país. Así, los sistemas de common law serán menos propensos a comprometer la integridad de una sentencia, suprimiendo los nombres de las partes, ya que la jurisprudencia una posición más importante en la pirámide de las normas que en los países de derecho civil, por ejemplo. En Canadá, la organización LexUM, difunde gratuitamente las fuentes del derecho en Internet, desde hace varios años, y se enfrenta a esta problemática a diario. En primer lugar, presentaremos este sitio, para abordar la experiencia de LexUM en relación con la anonimización y los otros medios para preservar la privacidad de las partes, y por fin, estudiaremos la situación en Quebec y en Ontario, dos provincias con legislaciones muy diferentes. 2. Presentación de LexUM/CanLII
2 LexUM es una división del Centre de Recherche en Droit Public (Centro de Investigación en Derecho Público) de la Universidad de Montreal, dedicado a la difusión del derecho por Internet. LexUM ha puesto en línea desde el verano de 2000 el sitio CanLII.org [http://www.canlii.org], gracias a una iniciativa de la Federación de los Órdenes Profesionales de Juristas del Canadá. Cada abogado paga un importe mínimo cada año para contribuir a mantener el sitio. CanLII.org difunde gratuitamente las leyes y la jurisprudencia, federales y provinciales. Los expedientes y los procedimientos no forman parte de los documentos publicados. CanLII.org es una biblioteca virtual que agrupa las sentencias de todas las audiencias provinciales (cours d appel) y de la mayoría de los tribunales de Canadá. Ahora, hay aproximadamente sentencias accesibles en el sitio que proceden, en general, de las secretarías de los tribunales o de los sitios oficiales de los tribunales, cuando tienen uno. El proceso está parcialmente informatizado a fin de permitir la publicación de una media de 800 sentencias a la semana. Los juristas que trabajan para CanLII.org son unos observadores privilegiados, están enfrentados día a día a la variedad de las situaciones y de las leyes federales y provinciales canadienses. Efectivamente, las provincias han aprobado legislaciones diferentes en relación a la publicación de las sentencias que contienen informaciones consideradas como sensibles, sin olvidar la existencia de reglas de procedimiento especificas para cada jurisdicción. En efecto, las sentencias, en principio, son públicas como ha sido consagrado por la jurisprudencia. 5 Pero, en realidad, nos encontramos con prácticas muy diferentes debido a los contextos jurídicos existentes para cada tribunal. Por ejemplo, varios tribunales, como la Audiencia Provincial de Saskatchewan (Court of Appeal of Saskatchewan), proporcionan a CanLII.org todas las sentencias pronunciadas en materia de derecho de familia en su versión integral. En cambio, el Court of Queen s Bench of Alberta desde junio, 2002 y el tribunal superior de British-Columbia no quieren que las sentencias en materia familiar sean difundidas sin anonimización, y las sentencias de este tipo no son enviadas a CanLII.org. Esto demuestra una evolución en su política al respecto. Finalmente, la Audiencia Provincial de British-Columbia (Court of Appeal of British-Columbia) recientemente ha decidido anonimizar las sentencias en materia familiar, 6 aunque hasta ahora las publicará íntegramente. Así pues, los juristas de CanLII.org reflexionan con regularidad sobre los problemas planteados por la publicación de las sentencias en Internet, especialmente sobre la vulnerabilidad de las informaciones personales que contienen y sobre los problemas relacionados con la discordancia de las legislaciones aplicables en Canadá. 3. Experiencia de LexUM/CanLII Al enfrentarse habitualmente a los problemas de privacidad que resultan de la publicación de la jurisprudencia, LexUM ha desarrollado algunas prácticas en relación con la anonimización, pero se ha implicado también en la producción de normas para la preparación de las sentencias y pone ahora su experiencia a disposición de los tribunales que la solicitan. Por otro lado, no debemos desatender las potencialidades de los medios técnicos, que si están bien utilizados, pueden resultar un apoyo de gran valor con el fin de preservar una cierta privacidad en la red La anonimización Primero, tenemos que precisar que LexUM es un difusor y no un editor. Por eso, ninguna intervención sobre el contenido de las sentencias es efectuada durante el proceso de publicación, aunque un tribunal lo pida expresamente. Esto significa que ninguna anonimización es realizada en las sentencias recibidas por el equipo. Esto no significa que ninguna sentencia sea anonimizada en el sitio web; al contrario, según las disposiciones federales, ciertas sentencias pueden ser afectadas con una prohibición de publicación, o sea que las informaciones sobre los testigos o las víctimas no deben ser reveladas. Así pues, el artículo 486 del Código Penal 7 confiere a los jueces el poder de decidir que las audiencias no serán públicas. El párrafo 3º de este mismo artículo dispone que para las sentencias relativas a una agresión sexual o a unos actos contrarios a las buenas costumbres, el juez puede
3 pronunciar una ordenanza prohibiendo la publicación o la difusión de todas formas de identidad de un demandante o la de un testigo o unas informaciones que permitirían identificarla. En estos casos, los nombres de las víctimas y de los testigos tienen que ser sustituidos por sus iniciales. Además, estas disposiciones pueden justificar la anonimización del nombre del agresor, especialmente cuando hay un lazo de parentesco con la víctima, e incluso la dirección de su domicilio. Ninguna regla general puede ser deducida con precisión, en cuanto al volumen de informaciones a eliminar, cada caso es único y se necesita un análisis específico cada vez. Así, decir que la víctima trabaja en una peluquería no trendrá consecuencias en algunas hipótesis, aunque, en otros casos, su profesión podrá ser un elemento que permita identificarla, especialmente cuando ejerce su profesión en una pequeña comunidad cuyo nombre es conocido y donde es la única que tiene este oficio. Este trabajo de anonimización es realizado por los tribunales, quienes nos envían las sentencias anonimizadas. Sin embargo, la situación en Quebec es un poco excepcional, ya que las sentencias proceden del sitio de SOQUIJ, 8 una sociedad estatal (de la Couronne), bajo la autoridad del Ministerio de Justicia, y que difunde gratuitamente la jurisprudencia de los tribunales de Quebec, anonimizando las sentencias que lo necesitan. Por otra parte, hay que precisar que el equipo editorial de LexUM no procede habitualmente a anonimizar las sentencias. Aunque a veces, de forma informal y gratuita, procede al análisis no sistemático en casos concretos durante el proceso de publicación de las sentencias como apoyo a los tribunales que participan en el proyecto. En efecto, el proceso de publicación pide que los juristas abran cada documento recibido a fin de identificar y de extraer los metadatos necesarios. La política del sitio CanLII.org precisa que ninguna verificación del contenido de las sentencias debe ser realizada, salvo en lo referente al tratamiento informático. 9 Se considera que las sentencias procedentes de fuentes fiables como las secretarías de los tribunales, fueron previamente verificadas por personas competentes y, como consecuencia, son publicables directamente. Sin embargo, si ninguna verificación sistemática del contenido es realizada, los juristas se encuentran en una posición que les permite detectar las sentencias que podrían, eventualmente, plantear un problema. Abriendo las sentencias para hacer el trabajo de edición, es decir, atribuyendo un título, identificando el número del procedimiento (escribanía) y la fecha de la sentencia, los juristas pueden ver si la resolución judicial forma parte de las que podrían ser calificadas de potencialmente problemáticas. Efectivamente, el equipo editorial, a fin de apoyar el trabajo de los tribunales, ha clasificado un cierto número de categorías de sentencias que merecen una vigilancia aumentada, como las sentencias en materia de familia, y las pronunciadas en materia de agresión sexual o en las que hay menores implicados. 10 Estas sentencias entonces pueden ser rápidamente examinadas y si un problema es descubierto, los juristas podrán tomar la decisión de no publicar inmediatamente la sentencia, sino que remiten a la secretaría del tribunal que lo envió en principio. Los tribunales decidirán qué es lo más adecuado, bien publicar la sentencia en su forma original, o anonimizarla, o no enviarla nuevamente. En ningún caso, los juristas de CanLII toman la iniciativa de corregir o de modificar el documento, esta prerrogativa pertenece exclusivamente a los jueces y a los que trabajan en los tribunales. Por esto, un diálogo es mantenido entre los tribunales y el equipo editorial de LexUM, lo que presenta al menos dos ventajas. Primero, LexUM no modifica arbitrariamente el equilibrio entre el derecho a la privacidad y el principio de la publicidad de la jurisprudencia, que es específico en cada provincia y, al contrario, se esmera en preservarlo. Sobre todo, este intercambio permite la sensibilización de los tribunales en relación con la problemática planteada por la publicación de la jurisprudencia en la red, y contribuye a una cierta normalización en este campo. Cabe señalar que los juristas de LexUM quedan a disposición de sus interlocutores para todas las preguntas o sugerencias que eventualmente puedan llevar a una evolución de las prácticas Las normas de preparación de las sentencias LexUM ha adoptado un enfoque activo en relación a la cuestión de las restricciones de publicación de las sentencias. Se basa en el principio de que las personas que ocupan una posición privilegiada para anonimizar las sentencias, son las que trabajan en los tribunales ya que están situadas en el lugar de producción de aquéllas. Por esta razón, LexUM elabora estándares de preparación de las sentencias;
4 más precisamente, trabaja en la redacción de la Guía Canadiense para la Preparación Uniforme de las Sentencias. 11 Esta Guía establece normas a fin de normalizar la edición de las resoluciones de los tribunales que desean utilizarla. Las normas presentan ventajas a la hora de publicar electrónicamente porque permiten una mejor difusión en soportes como Internet, así como una reducción de los plazos y de los costes de publicación. Por último, la información contenida en las sentencias está mejor estructurada, lo cual resulta esencial en materia de anonimización. Efectivamente, la Guía propone el balizaje de las informaciones en las sentencias con etiquetas normalizadas. 12 Exactamente, una etiqueta normalizada enuncia las menciones relativas a las restricciones de difusión. 13 Se trata de informar a los lectores de la existencia y de la extensión de las restricciones que pesan sobre la comunicación o la publicación de una sentencia. Al insertar este tipo de información inteligible por los sistemas informáticos, resulta más fácil asegurarse de que las decisiones que están difundidas son únicamente aquellas que deben ser publicadas. Del mismo modo, de allí en más es posible identificar las que podrían ser calificadas como problemáticas. Así, la Guía propone la inserción de datos estandarizados a fin de calificar el grado de la publicidad de la sentencia, como el dato publicación restringida, que debería ser seguido de los fundamentos jurídicos sobre los cuales se apoya, por ejemplo el artículo 486 (3) del Código Penal. LexUM apoya también la aplicación de una norma de referencia neutra 14 para los tribunales canadienses. Como el modelo de referencia neutra contiene el título de la sentencia, ésta no puede ser utilizada para garantizar un grado suplementario de privacidad publicando la jurisprudencia. Sin embargo, en caso de que una sentencia sea identificada como problemática, posteriormente a su publicación, la referencia neutra permitiría reconocerla más fácilmente y cambiarla por una versión más adecuada El savoir faire de LexUM Los esfuerzos constantes del equipo LexUM han permitido la elaboración de un savoir faire que puede resultar muy valioso para los tribunales que desean beneficiarse de todas las ventajas que supone la publicación numérica. Así, los tribunales de Nova-Scotia han contratado a LexUM como consultor para desarrollar su sistema de administración y de publicación de sus sentencias por Internet. Una importante parte del proyecto reside en la identificación y la gestión de las sentencias cuya publicación está restringida. Con respecto a la identificación de las sentencias problemáticas, fue establecido que los tribunales deberían hacer la lista de todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que podrían restringir o impedir su publicación. Después, aplicando los principios de la Guía Canadiense para la Preparación Uniforme de las Sentencias, un dato estandardizado debería ser incluido en la sentencia. En el caso específico de Nova-Scotia, LexUM ha aconsejado la inserción en el documento de información que permite la administración de los documentos potencialmente problemáticos, con arreglo al grado de prohibición y de su duración. Las sentencias que no plantean ningún problema podrán ser publicadas automáticamente; las que exigen una anonimización, podrán ser incluidas en un directorio dedicado a su tratamiento, el cual sería accesible únicamente a los empleados de los tribunales. Incluso, LexUM ha propuesto líneas directrices para la anonimización, especialmente adecuadas a las sentencias de Nova- Scotia. Así, contratando los servicios de LexUM, los tribunales de Nova-Scotia se aseguran de beneficiarse de un conocimiento informático y jurídico que les permite administrar los datos personales incluidos en la jurisprudencia publicada en la red Las soluciones técnicas El contenido de las sentencias publicadas en Internet puede ser protegido por la técnica. Como lo demuestra Laurence Lessig, el código informático genera reglas en Internet, porque la arquitectura que crea autoriza o no las actividades o las utilizaciones. 15
5 Con esta lógica, la legislación de Quebec impone la utilización de medidas informáticas a fin de proteger las informaciones personales que son accesibles en Internet. Efectivamente, según los términos del artículo 24 de la Ley Relativa al Marco Jurídico de las Tecnologías de la Información, 16 la utilización de funciones de búsqueda extensivas en un documento tecnológico que contiene informaciones personales y que, por una finalidad particular, es público debe de ser restringido a esta finalidad. Para hacer esto, la persona responsable del acceso a este documento debe tener en cuenta de la utilización de los medios técnicos eficaces a este fin. Puede, además, en virtud de los criterios del párrafo 2 del artículo 69, establecer las condiciones para la utilización de estas funciones de búsqueda. Ya hemos evocado la cuestión de la finalidad de la difusión de la jurisprudencia en Internet para subrayar la idea de que contribuye al debate democrático y a la elaboración del derecho. Esta finalidad es incompatible con utilizaciones más prosaicas, como informarse sobre el pasado familiar de un empleado potencial o sobre la historia de las infracciones de un vecino. Bajo esta perspectiva, LexUM se ha comprometido a conciliar concretamente este principio de finalidad con el de publicidad de las sentencias. La solución (antes de la aprobación de la ley) fue la de prohibir la indexación externa de las sentencias. Prácticamente eso se traduce por la utilización de un programa llamado robots.txt que, puesto en el directorio principal del sitio, señala al motor de búsqueda cuáles son los archivos que pueden ser leídos y cuáles son de acceso restringido. La utilización de tal solución tecnológica es bastante simple 17 y muy eficaz porque permite que una investigación en Google, por ejemplo, no dé resultados relacionados con el pasado judicial de una persona, procedente de un sitio protegido por el robots.txt. Por ejemplo, el archivo robots.txt se puede parecer a esto: # robots.txt for (URL del sitio) User-agent: * Disallow: (nombre del directorio) (...) Se podría objetar que los internautas deseando informarse sobre otros podrían utilizar el motor de búsqueda interno del sitio CanLII.org, y así conseguir las informaciones personales contenidas en las sentencias. Sin embargo, tal búsqueda no podría ser efectuada con otro programa, sino únicamente por una intervención humana, y esto limita, después de todo, el volumen de informaciones desviadas de su finalidad. Además, tenemos que tener en cuenta que esta solución es particular para la situación canadiense, porque refleja el equilibrio específico de Canadá, entre el derecho a la privacidad y el principio fundamental de la publicidad de la jurisprudencia, fuente de derecho colocada muy alto en la píramide de las normas de Kelsen. Otro sistema jurídico podría considerar esta solución como insuficiente, si concede una menor autoridad a la jurisprudencia y si garantiza un derecho a la privacidad más extenso. En cuanto a la utilización de técnicas informáticas a fin de realizar el proceso de anonimización, esta posibilidad es evocada con frecuencia, pero debe ser utilizada con precauciones y en ocasiones muy concretas que deben ser examinadas en cada caso, y prodríamos preguntarnos, por ejemplo, cómo un programa informático podría diferenciar entre los nombres de las partes y el del juez, en caso de que éste fuera similar. Además, la anonimización es un ejercicio delicado, que debe estar hecho con precauciones. Efectivamente, sólo es efectivo si no deja subsistir ningún elemento permitiendo la identificación de las personas. Ahora bien, los nombres y las direciones de las partes no son las únicas informaciones personales contenidas en las sentencias. Las profesiones de las partes así como las circunstancias de la infracción, sobre todo si ésta fue muy difundida por los medios de comunicación, pueden a veces revelar la identidad de las partes. Así, quitar sistemáticamente todos estos datos podría suponer una alteración inútil de la sentencia. Todo esto nos induce a considerar la utilización de los medios técnicos de anonimización con precaución, a verlos más bien como un complemento a la edición manual.
6 Y además, las legislaciones varían en cada provincia, lo que crea diferencias en cuanto al volumen de informaciones anonimizadas en las sentencias de cada provincia. Con el fin de ilustrar estas disparidades, vamos a presentar los sistemas jurídicos de dos provincias cuyos enfoques difieren uno del otro. 4. Ejemplos prácticos El principio de publicidad de las sentencias es consagrado por los textos tanto en Quebec como en la totalidad de Canadá. El Tribunal Supremo de Canadá (la Cour Suprême du Canadá) ha explícitamente precisado que el secreto es la excepción y la publicidad es la regla. Eso fomenta la confianza del público en la probidad del sistema judicial y la comprensión de la administración de la justicia. Por regla general, la susceptibilidad de las personas en juego no justifica que el público sea excluido de los procedimientos judiciales. 18 Sin embargo, el Tribunal Supremo ha también admitido que una disposición legislativa obligando al tribunal a ordenar un mandato de no-publicación en los casos de agresión sexual era constitucional 19 y que las restricciones a la publicidad de las sentencias introducidas por el artículo 486 del Codigo Penal no eran contrarias a las disposiciones de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades; 20 del mismo modo, ha reconocido la existencia en common law del poder discrecional de los tribunales de ordenar la no publicación. 21 Las provincias pueden así aprobar leyes a fin de proteger la privacidad de las víctimas o de los testigos, o de garantizar la buena administración de la justicia. Cada provincia tiene una historia judicial que le es propia cuyas leyes son su reflejo. Esto se traduce en una disparidad de las disposiciones judiciales aplicables en cada jurisdicción. Las dos provincias canadienses que son las más prolíficas en materia de produción de jurisprudencia son Quebec y Ontario. Concentraremos nuestro análisis en sus legislaciones y las consecuencias prácticas para la anonimización que derivan de éstas Quebec En Quebec, el artículo 44 de la Carta de Derechos y Libertades de la Persona, 22 como la Carta Canadiense, 23 dispone que cada persona tiene derecho a la información en la medida de lo que está previsto por la ley. La jurisprudencia ha precisado que el principio del acceso a la información debe recibir una interpretación amplia y liberal con el fin de llegar al objetivo de nitidez perseguido por el legislador. 24 El artículo 474 del Código de Procedimiento Civil 25 confirma este principio diciendo que la sentencia debe ser inscripta sin demora en el registro del tribunal, la secretaría del tribunal conserva el original y expide copias a petición. Así, Quebec consagra el principio de publicidad de las sentencias y también el derecho a la privacidad. Éste es garantizado por el artículo 5º de la Carta. En cuanto a los datos nominativos, compete a la Ley sobre el Acceso a los Documentos de los Organismos Públicos y sobre la Proteción de las Informaciones Personales, 26 que introduce el principio de finalidad de la recogida de los datos. Por consecuencia, algunas limitaciones serán aplicadas a la publicidad de las sentencias. Por lo tanto, una serie de disposiciones legislativas garantiza el equilibrio entre estos dos derechos fundamentales. Primero, el tribunal puede ordenar que la audiencia sea a puerta cerrada, en el interés de la moral o del orden público. 27 Además, el artículo del Código de Procedimiento Civil permite al juez impedir la difusión de una sentencia, especialmente cuando un niño está implicado. Por otro lado, el artículo 83 de la Ley sobre la Protección de la Juventud 29 prohíbe la publicación de informaciones que permiten identificar a un niño o a sus padres, cuando son partes del juicio. Además, el artículo 51 de la Ley sobre el Curador Público 30 dispone que el expediente de una persona que está representada por el curador público o cuyos bienes administra es confidencial, y tiende a proteger, a las personas incapacitadas. Por último, los nombres de las personas afectadas por las decisiones pronunciadas por la sección de asuntos sociales no deben aparecer en la sentencia, según el artículo 90 de la Ley sobre la Justicia Administrativa. 31 Estas disposiciones tienen como objetivo seleccionar a las personas consideradas como más vulnerables y anonimizar las sentencias donde están implicadas. La selección de las sentencias se hace
7 automáticamente con los números de procedimiento que permiten establecer una indicación inicial sobre la sensibilidad de las informaciones contenidas, con arreglo a la división y del tribunal originales. Las sentencias de los tribunales de Quebec que son publicadas en CanLII.org proceden de SOQUIJ que, como ya hemos dicho, realiza la tarea de anonimización. De este modo los nombres de las partes son extraídos de las sentencias, así como las direcciones, las fechas de nacimiento, la edad de los niños y, eventualmente, la identificación del cadastro. Generalmente, todas las sentencias en materia de derecho familiar, procediendo del Tribunal Superior y de la Sala de la Juventud de los tribunales de Quebec son anonimizadas. Tenemos que añadir también las sentencias de las salas en lo penal que son afectadas por una prohibición de publicación según el artículo 486 del Código Penal. El volumen total es, en consecuencia, bastante importante Ontario En Ontario, el artículo 135(1) de la Ley sobre los Tribunales Judiciales 32 garantiza que las audiencias de los tribunales son públicas. El párrafo 3º precisa que la divulgación de informaciones relativas a una audiencia a puerta cerrada no constituye un desacato al tribunal, a menos que el tribunal lo prohíba categóricamente. Según la doctrina, 33 esta disposición debe ser interpretada como destinada a fortalecer el principio según el cual el público tiene derecho a ser informado de las actividades de los tribunales. Este principio de publicidad de las sentencias tiene pocas excepciones en el caso de Ontario, y la jurisprudencia ha confirmado su gran alcance, constatando que hay un fuerte interés público en favor de la publicidad de los procedimientos 34 y que salvo en las más excepcionales circunstancias, los procedimientos tien en que ser abiertos al público. 35 Además, según los términos del artículo 137 (1) de la Ley sobre los Tribunales Judiciales, cualquiera que ha pagado los derechos previstos puede examinar un documento ante la secretaría del tribunal. Esta disposición intensifica el carácter público de las sentencias de Ontario ante el derecho a la privacidad. El artículo 2º (1) de la Ley sobre el Acceso a la Información y de Protección de la Privacidad 36 define la noción de informaciones personales, y el artículo 21 precisa los casos en que la privacidad prevalece sobre el derecho de acceso a los documentos. La parte III de la ley trata específicamente de la protección de la privacidad, pero allí una vez más, no se trata de un derecho general, sino de disposiciones relativas a la colecta y a la conservación de informaciones personales por la administración de Ontario, pero que no se aplica en este caso, ya que el artículo 37 deja fuera del campo de aplicación de la ley las informaciones que son conservadas a fin de constituir un documento accesible por todos, como las sentencias. Sin embargo, aunque el derecho a la privacidad no cuente con una protección tan fuerte como aquella que está garantizada por la legislación de Quebec, el sistema de Ontario conlleva algunas disposiciones que instauran un cierto equilibrio entre el principio de publicidad de las sentencias y el derecho a la privacidad de las partes. En primer lugar, en algunas ocasiones, una persona que solicita un cambio de apellido podrá pedir que éste sea confidencial. En estos casos el cambio es hecho para impedir que la persona sufra un grave perjuicio; 37 el juicio no sera público, y no será publicado en el sitio web. Del mismo modo, los expendientes y las sentencias de adopción son confidenciales y serán transmitidos únicamente a ciertas personas determinadas por el artículo 161(3) de la Ley sobre los Servicios a la Juventud y a la Familia que precisa también en su artículo 45(8) que ninguno debe publicar ni pronunciar públicamente aquellas informaciones que identifican a un niño que testifica, que participa en una audiencia o a sus padres o a un miembro de su familia, 38 cuando este niño está bajo el amparo de los servicios de una sociedad de ayuda para la juventud. Excepto en estas situaciones en particular, la única y verdadera excepción al derecho de acceso está establecida por el artículo 486 del Código Penal. Este texto es de origen federal, por lo que estas situaciones son aplicables tanto al caso de Quebec como al de Ontario. Según los primeros párrafos de este artículo, el juez tiene ciertos poderes para decidir si las audiencias no serán públicas, especialmente cuando se trata de casos relativos a las agresiones sexuales o cuando la seguridad de la nación se ve afectada. Pero vimos ya que en esta provincia, que la audiencia no sea publica no significa que la sentencia no lo será. El artículo 486 (3) 39 comenta que por estas decisiones, el juez puede pronunciar
8 una ordenanza prohibiendo publicar o de difundir de cualquier modo, la identidad de una víctima o la de un testigo o informaciones que permitieran de identificarla. Así, los apellidos de las víctimas y de los testigos serán suprimidos y sustituidos por las iniciales: y además, estas disposiciones pueden justificar la anonimización del apellido del agresor, especialmente cuando existe un lazo de parentesco con la víctima. El principio de publicidad de las sentencias es comprendido muy ampliamente en Ontario. Debemos hacer una distinción entre las sentencias de la audiencia provincial (Court of Appeal) y las del tribunal superior (Superior Court). Tratándose de la Audiencia Provincial, encontramos en su sitio en Internet las sentencias en materia de derecho familiar, en su totalidad, con todas las informaciones personales que pueden contener, así como las alegaciones más o menos verídicas que no han sido demostradas en el proceso. El equipo editorial de CanLII.org recibe las sentencias por correo electrónico, y la anonimización de las afectadas por una prohibición de publicación es hecha por los tribunales. En cuanto al tribunal superior, el enfoque es diferente. No publica las sentencias por sí mismo, sino que las envía al equipo LexUM que se ocupa de difundirlas. Además, un esbozo de política editorial parece perfilarse en la práctica. En efecto, LexUM recibe y publica las decisiones desde el verano de 2002, a excepción de aquellas en materia familiar que están archivadas, puesto que son consideradas como sensibles por el tribunal. Estamos en presencia de una brecha en el derecho de acceso a los documentos públicos; aquí no se trata de anonimizar las sentencias sino de no difundirlas ni publicarlas! Esta solución es más drástica que la de Quebec, pero, hay que señalar que estas disposiciones son recientes, se inscriben en el marco de una toma de conciencia más general en Ontario de los problemas relacionados con la gestión de las bases de datos que contienen informaciones personales. 40 Efectivamente, un Proyecto de Ley sobre la Protección de Datos Personales 41 está en elaboración actualmente, y aunque su campo de aplicación sea solamente el sector privado, probablemente tendrá influencia en la difusión de la jurisprudencia. El tiempo lo dirá. 5. Conclusión La presentación de las disposiciones legislativas en vigor en dos provincias canadienses nos permite evaluar los diferentes planteos en lo que respecta al tratamiento de las informaciones personales contenidas en las sentencias. Sin embargo, aunque sean de orígenes diferentes (legislativas o editoriales), tienden a un objetivo similar: una cierta protección de los datos personales contenidos en las sentencias publicadas en Internet. Quizás asistamos a una cierta uniformización de las prácticas en Canadá. Por la inmejorable situación de Canadá para observar la diversidad de las prácticas, el equipo LexUM está interesado al respecto, por eso, se trata de armonizar las prácticas y de desarollar los estándares al nivel de ese país, a fin de que todos los cuidadanos puedan beneficiarse de una protectión mínima, adecuada a la difusión en Internet de la jurisprudencia, y a la vez, respetando los equilibrios preexistentes en cada provincia para no impedir de forma indebida el acceso libre a las sentencias. En efecto, no se trata de revolucionar el mundo jurídico y sus principios fundamentales, sino de adaptar éstos a la nueva realidad generada por Internet. Legislación citada Canadá BIBLIOGRAFÍA Charte Canadienne des Droits et Libertés, partie I de la Loi Constitutionnelle de 1982 (L.R.C., 1985), App. II, nº 44, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.V. c. 11). Code Criminel, L.R. 1985, c. C-46. Quebec Charte des Droits et Libertés de la Personne, L.R.Q., c. C-12.
9 Code Civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64. Code de Procédure Civile, L.R.Q., c. C-25. Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l Information, L.Q., C-32, 21/6/2001. Loi sur L Accès aux Documents des Organismes Publics et sur la Protection des Renseignements Personnels, L.R.Q., c. A-2.1. Loi sur la Justice Administrative, L.R.Q., c. J-3. Loi sur la Protection de la Jeunesse, L.R.Q., c. P Loi sur le Curateur Public, L.R.Q, c. C-81. Ontario Loi sur les Tribunaux Judiciaires, L.R.O. 1990, c. C. 43. Loi sur L Accès à l Information et la Protection de la Vie Privée, L.R.O. 1990, c. F.31. Loi sur le Changement de Nom, L.R.O, 1990, c. C-7. Loi sur les Services à l Enfance et à la Famille, L.R.O., 1990, c. C-11. Projet de Loi 2002 sur la Protection des Renseignements Personnels. Jurisprudencia citada Quebec Commission de la fonction publique du Québec c. Héroux (1989) C.A.I. 338 (C.Q.). Wilson & Lafleur Inc. c. Société québécoise d information juridique, 17/4/2000, [2000] J.Q. nº 1215, Cour d Appel du Québec, District de Montréal. Ontario McCreadie v. Rivard, 6 W.D.C.P. (2d.) 453 (Ont. Gen. Div.). Ontario (Solicitor General) v. Ontario (Assistant Information & Privacy Commissioner) (1993), 12 Admin. L.R. (2d.) 300, imputado por 18 Admin. L.R. (2d.) 50, apelación ante la Cour Suprême du Canadá rechazada por (1994), 20 Admin. L.R. (2d.) 145n. Monografías ADIJ: L information juridique: contenu, accessibilité et circulation. Défis politiques, juridiques, économiques et techniques, Actes du Congrès International, París, 22-23/10/1998. LESSIG, L.: Code and other laws of cyberspace, Basic Books, Nueva York, SECRETARIAT DU CONSEIL DE GESTION: Législation ontarienne sur l accès à l information et à la protection de la vie privée. Notes explicatives, 1/1/1992, Publications Ontario, Toronto. SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, BARREAU DU QUÉBEC: Développements récents en droit de l accès à l information, n 173, Yvon Blais, Cowansville, WATSON, G. D., y MCGOWAN, M.: Ontario civil procedures, Carswell, Scarborough, Artículos BARRAU DU QUÉBEC: Mémoire du Barreau du Québec sur le rapport de la Commission d accès à l information intitulé: vie privée et transparence administrative au tournant du siècle, septiembre 1997, Service de la Recherche et de la Législation. : Les exceptions au droit d accès, Service de la Recherche et de la Législation, abril : Mémoire sur le projet de loi 451 portant sur la loi sur l accès du secteur public et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Service de la Recherche et de la Législation, septiembre : Pour une politique sur l accès et la diffusion de l information juridique, Service de la Recherche et de la législation, enero 1996.
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11 * Editor asociado de LexUM/CanLII, Université de Montreal, Canadá. 1 Véase OUIMET, André: L accès aux documents: développements, rebondissements et amendements, en Développements récents en droit de l accès à l information, Yvon Blais, Cowansville, Véase POULIN, Daniel: Le monde canadien de l information juridique: du recueil au Web, Actes du Congrès International de l ADIJ, L information juridique: contenu, accessibilité et circulation. Défis politiques, juridiques, économiques et techniques, París, 22-23/10/ Véase TRUDEL, Pierre: L accès aux documents publics: des ajustements pour assurer la transparence de l état en réseau, en Développement récents en droit de l accès à l information, nº 173, Yvon Blais, Cowansville, CAIDI, Stéphane, y SALVAS, Bertrand: Diffusion des jugements et vie privée : le point de vue d IIJCan, Actes de la 4 e Conférence Internationale pour le Droit, Montreal, 2/10/ Véase P.G. Nouvelle Écosse c. MacIntyre [1982] 1 R.C.S. 175 y Société Radio-Canada c. Nouveau Brunswick (Procureur général) [1996] 3 R.C.S. 480, disponible en 6 Véase 7 Code Criminel, L.R., 1985, chap. C-46, disponible en 8 Véase 9 Véase 10 Véase CAIDI, y SALVAS: ob. cit. 11 Véase 12 Las informaciones identificadas son: fecha, números del procedimiento y del expediente, número único de referencia neutra cuando hay uno, y el título. 13 Véase el punto 7.8 de la Guía, disponible sobre 14 Véase 15 Véase LESSIG, Laurence: Code and other laws of cyberspace, Basic Books, Nueva York, Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de L Information, L.Q., C-11 (disponible en 21/6/2001, artículo 24: l utilisation de fonctions de recherche extensive dans un document technologique qui contient des renseignements personnels et qui, pour une finalité particulière, est rendu public doit être restreinte à cette finalité. Pour ce faire, la personne responsable de l accès à ce document doit voir à ce que soient mis en place les moyens technologiques appropriés. Elle peut en outre, eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 21 de l article 69, fixer des conditions pour l utilisation de ces fonctions de recherche. 17 Véase p. ej., 18 Véase P.G. Nouvelle Écosse c. MacIntyre, cit., nota 5, le secret est l exception et que la publicité est la règle. Cela encourage la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l administration de la justice. En règle générale, la susceptibilité des personnes en cause ne justifie pas qu on exclue le public des procédures judiciaires. 19 Véase Canadian Newspaper Co. c/canada (Procureur général) [1988] 2 R.C.S. 122, disponible en 20 Parte I de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C., 1985), App. II, nº 44, Anexo B de la Loi de 1982 sur le Canada, (1982, R.V. c. 11). Sobre la validez de las disposiciones del artículo 486 del Código Penal, véase Société Radio-Canada c/nouveau-brunswick (Procureur général). 21 Véase Dagenais c/société Radio-Canada [1994] 3 R.C.S. 835, disponible en 22 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, disponible en 12/tout.html. El artículo 44 dice: toute personne a droit à l information dans la mesure prévue par la Loi. 23 El artículo 2 b) de la Carta Canadiense de los Derechos y de las Libertades protege la libertad de expresión, la libertad de prensa y de los otros modos de comunicación ( la liberté d expression, [Y] la liberté de la presse et des autres moyens de communication ), y podemos deducir de esto que garantiza también su equivalente, el derecho de recibir la información. La Carta prevé también, en su artículo 11 d) que cada inculpado tiene el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y el derecho de ser juzgado pública y equitativamente ( par un tribunal indépendant et impartial et le droit à un procès public et équitable ). 24 Véase Commission de la fonction publique du Québec c. Héroux (1989) C.A.I. 338 (C.Q.), e principe d accès à l information doit recevoir une interprétation large et libérale de façon à atteindre l objectif de limpidité poursuivit par le législateur. 25 Code de Procédure Civile, L.R.Q., chap. C-25, disponible en El artículo 474 dice que le jugement doit être inscrit sans délai dans les registres du tribunal; le greffier conserve la minute et en délivre des expéditions sur demande. 26 Loi sur L Accès aux Documents des Organismes Publics et sur la Protection des Renseignements Personnels, L.R.Q., c. A-2.1, disponible en 27 Véase el artículo 13 del Codigo de Procedimientos Civiles (Code de Procédure Civile, cit. en nota 25) le tribunal peut ordonner le huis clos dans l intérêt de la morale ou de l ordre public. 28 Este artículo dice : Aucune information permettant d identifier une partie à une instance ou un enfant dont l intérêt est en jeu dans une instance ne peut être publiée et diffusée, à moins que le tribunal ou la loi ne l autorise ou que cette publication et cette diffusion ne soient nécessaires pour permettre l application d une loi ou d un règlement. En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, pour le temps et aux conditions qu il estime justes et raisonnables, la publication ou la diffusion d informations relatives à une audience du tribunal. 29 Loi sur la Protection de la Jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 (disponible en el artículo 83 dice que que Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d identifier un enfant ou ses parents parties à une instance ou un enfant témoin à une instance dans le cadre de la présente loi, à moins que le tribunal ne l ordonne ou que la
12 publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l application de la présente loi ou d un règlement édicté en vertu de celle-ci. 30 Loi sur le Curateur Public, L.R.Q, chap. C-81, disponible en el artículo 51 dice que le dossier d une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 31 Loi sur la Justice Administrative, L.R.Q., chap. J-3, disponible en 32 Loi sur les Tribunaux Judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C43, disponible en 33 Véase WATSON, Garry D., y MACGOWAN, Michael: Ontario civil procedures, Carswell, Scarborough, 1997, p McCreadie v. Rivard, 6 W.D.C.P. (2d.) 453 (Ont. Gen. Div.), there is a strong public policy in favor of openness of the courts proceedings. 35 Ontario (Solicitor General) v. Ontario (Assistant Information & Privacy Commissioner), (1993), 12 Admin. L.R. (2d.) 300, imputado por 18 Admin. L.R. (2d.) 50, apelación ante la Cour Suprême du Canada rechazada por (1994), 20 Admin. L.R. (2d.) 145, except in the most exceptional circumstances, proceedings before the courts must be open to the public 36 Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée, L.R.O., 1990, chap. F.31, disponible en 37 Artículo 8 (2) de la Loi sur le Changement de Nom, L.R.O, 1990, chap. C-7, disponible en 38 Loi sur les Services à L Enfance et à la Famille, L.R.O., 1990, chap. C-11, disponible en El artículo 45(8) dice que nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d identifier un enfant qui témoigne, qui participe à une audience ou qui fait l objet d une instance, ou son père ou sa mère, son père ou sa mère de famille d accueil ou un membre de la famille de l enfant. 39 Después del artículo 486 (3), el juez peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l identité d un plaignant ou celle d un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir. 40 Esto se materializa también en las prácticas de los tribunales de Prince Edward Island, de British-Columbia y de Alberta. 41 Projet de Loi 2002 sur la Protection des Renseignements Personnels, disponible en
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