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Timestamp: 2018-09-19 11:46:31+00:00

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﻿ SENTENCIA T-265 DE MAYO 23 DE 2016
SENTENCIA T-265 DE 23 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO SÍ TRASGREDE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. SE PRECISA, QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y ESPECÍFICAMENTE EL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL, CONSTITUYE UNA FORMA DE VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SUPRA NACIONALES. POR UN LADO, SE EXPLICA QUE AL TRATARSE DE UN GRUPO POBLACIONAL HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADO CUYO ROL EN LA SOCIEDAD HA SIDO TRADICIONALMENTE EXCLUYENTE Y RESTRICTIVO EN EL PLENO EJERCICIO DE CIERTAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, LA EVOLUCIÓN EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CONLLEVA LA ESTRICTA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE CONTENGA REGULACIONES DISCRIMINATORIAS. Y, POR EL OTRO, EN TANTO HA SIDO RECONOCIDO QUE LA VIOLENCIA CONTRA ELLAS, ENTENDIDA COMO CUALQUIER ACCIÓN O CONDUCTA BASADA EN SU GÉNERO QUE CAUSE MUERTE, DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O SICOLÓGICO, COMO SUCEDE CON LOS ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO, MENOSCABA O ANULA EL GOCE DE SUS DERECHOS HUMANOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ACOSO LABORAL, DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN A LA MUJER, ACOSO SEXUAL, DERECHOS DE LA MUJER, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Sentencia T-265 de mayo 23 de 2016
Ref.: expediente T-5193952.
Bogotá D.C., veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.
Yo cerré la puerta pero no le puse seguro y me senté frente al escritorio de él y él en su puesto, no sé qué me susurró él desde su puesto y me dijo que esa puerta no tenía seguro, se levantó y aseguró la puerta, se devolvió al puesto de él y estando de pie se baja la cremallera del pantalón y saca sus genitales y me dice que le haga sexo oral entonces yo le dije que qué le pasaba y el de una vez me dice que pasara al baño, yo le dije que no, que él estaba loco y me levanté, cogí la carpeta y el me hace una señal desde el baño diciéndome que no responde lo que me va a pasar, yo abrí la puerta y salí de la oficina, la tiré duro y él se quedó en la parte del baño (…)”(1).
1.1.6. Sobre los referidos acontecimientos de hostigamiento y amenazas expuestos por la accionante ante esas entidades la Sala extrae lo siguiente(2):
(iv) Por otro lado, la accionante anexó una entrevista de Cecilia Orozco Tascón realizada el 11 de noviembre de 2012 para el diario El Espectador, donde manifestó, entre otros hechos, que aunque tenía el apoyo de casi todos sus compañeros, sintió mucha presión laboral cuando llegó el nuevo jefe jurídico, quien parecía estar enterado de lo sucedido por las frases que pronunciaba. Por ejemplo, en voz alta, decía que “a los enemigos hay que combatirlos con atentados para sacarlos del camino” y aclaraba que hablaba en sentido figurado. También hacía comentarios burlones sobre el acoso sexual diciéndoles a otras compañeras que no entraran a su oficina porque de pronto alguien iba a decir que él las estaba acosando(3).
“[D]entro del radicado disciplinario IUC D-2013-119-566228 (Personería 52874-12) que se adelanta en contra del disciplinado Camilo Andrés Paramo Zarta, por queja impetrada por la señora Marisol Gamba y/o Stella García Núñez, les informo que NO fueron reconocidas como representantes de la presunta víctima ni sujeto procesal dentro del radicado de la referencia de conformidad con el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 y la sentencia C-014 de 2004. Igualmente su solicitud de pruebas será atendida dentro del marco legal, decisión que se le comunicará oportunamente”(4).
Ahora bien, en garantía del derecho que le asiste a la peticionaria a obtener información de este órgano de control, ordenará remitir copia de la petición, del presente auto y las piezas procesales que sean del caso a los jueces administrativos para lo de su competencia. (…)”(5).
Para cerrar este capítulo es importante señalar que en materia disciplinaria constituye falta aquella acción y omisión del servidor público que esté descrita en la ley y esté provista de ilicitud sustancial, lo que de suyo nos coloca en el plano de los deberes funcionales del servidor público, situación que difiere ostensiblemente del tema penal; si bien es cierto, este Despacho es del mismo criterio esbozado en las consideraciones de su escrito, es claro que la Ley 1257 de 2008 decanta, entre otras formas de violencia, la sexual de género, si se permite el término, a situaciones que están íntimamente relacionadas al conflicto armado en Colombia las cuales tienen que ver con infracciones al DIH, a los DH y al DIDH, por lo que invito muy respetuosamente a la solicitante a revisar sus conceptos ya que al parecer se encuentran desenfocados y distantes de la situación fáctica puesta a consideración de este operador disciplinario, el cual acepta con beneficio de inventario y como obligación derivada de su función misional disciplinaria, que los parámetros de la norma en cita le son aplicables por extensión a los procesos originados en contextos como el que nos ocupa (…)”(6).
1.2.4.5. El 5 de abril de 2013 la Procuraduría remitió ante los jueces administrativos las decisiones sobre la expedición de copias del proceso disciplinario para su pronunciamiento ante la insistencia presentada por la señora Stella García Núñez, cuyo conocimiento correspondió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca(7). En providencia del 30 de mayo de 2013 ese cuerpo colegiado ordenó que se autorizaran las copias solicitadas, bajo el argumento de que el expediente administrativo en un proceso verbal disciplinario es reservado hasta cuando se profiera el auto que cita a audiencia y, en el caso concreto, el proceso ya se encontraba al Despacho para fallo, razón por la cual para ese momento la información contenida en el expediente ya no era reservada(8).
En conclusión, al no existir certeza sobre la existencia de la falta disciplinaria y de la presunta responsabilidad del disciplinado en la comisión de los hechos, que fueron reprochados en la acusación disciplinaria del 26 de noviembre de 2012, este Despacho lo absolverá por duda razonable”(9).
Así las cosas, advierte esta Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa que el papel desempeñado por la señora Stella García Núñez en esta actuación no es la de quejosa, en sentido estricto, sino sobre quien al parecer recayó la presunta conducta; y tampoco ostenta la calidad de víctima, toda vez que la falta disciplinaria investigada no constituye violaciones del derecho internacional de los derechos humanos ni del derecho internacional humanitario”(10).
1.3.1. Mediante escrito radicado el 3 de junio de 2015(11) la accionante manifiesta que se ha visto enfrentada a una multiplicidad de vulneraciones a sus derechos con posterioridad a la denuncia que interpuso por el acoso sexual del cual fue víctima. Además, sostiene que desde diciembre de 2012, cuando el Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá terminó su contrato, no ha podido conseguir un empleo o los ingresos que le permitan su sostenimiento y el de su madre.
1.3.3. Comienza por señalar que la ley 1257 de 2008(12) no tiene en su contenido ninguna restricción en cuanto a su aplicación a las distintas formas y ámbitos en los que se comenten actos de violencia sexual, lo que quiere decir que “no cuenta con la restricción alegada por la Procuraduría acerca de que su aplicación se limita a los casos de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado”.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folio 113).
— Copia de la historia clínica sobre la evaluación de siquiatría de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folios 114 a 119).
— Copia de la denuncia penal interpuesta el 10 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez contra el señor Camilo Andrés Paramo Zarta, por el delito de acoso sexual. (Cuaderno principal, folios 50 a 54).
— Acta de la visita administrativa realizada el 11 de octubre de 2012 por la Personería I Delegada para la Vigilancia Administrativa en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 43 a 49).
— Queja presentada el 13 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Veeduría Distrital de Bogotá, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 69 a 71).
— Queja presentada el 19 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Procuraduría General de la Nación, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 55 a 57).
— Queja presentada el 19 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Personería I Delegada para Asuntos Disciplinarios, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 62 a 64).
— Queja presentada el 19 de octubre de 2012 por la señora Stella García Núñez ante la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en la cual solicita que se inicie una investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en su contra. (Cuaderno principal, folios 66 a 68).
— Respuesta emitida el 1º de noviembre de 2012 por la Personería I Delegada para Asuntos Disciplinarios a la petición de investigación por el delito de acoso sexual presuntamente cometido por Camilo Andrés Paramo Zarta en contra de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folios 75 a 78).
— Copia de la entrevista realizada el 11 de noviembre de 2012 por la periodista Cecilia Orozco Tascón a la señora Stella García Núñez para el diario El Espectador, titulada “Quieren destruirme por denunciar”. (Cuaderno principal, folios 37 a 42).
— Copia del correo electrónico enviado el 25 de febrero de 2013 por un funcionario de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá a la Corporación Sisma Mujer, mediante el cual le informan la decisión de no reconocer a la señora Stella García Núñez como sujeto procesal. (Cuaderno principal, folio 81).
— Respuesta emitida el 7 de marzo de 2013 por parte de la EPS Famisanar a la solicitud de la historia clínica de la señora Stella García Núñez que hiciera la Procuraduría I Distrital a esa entidad, en la cual informa que ese documento debe ser solicitado directamente por el paciente en la IPS en la cual es atendido. (Cuaderno principal, folios 72 a 74).
— Escrito presentado por la apoderada de la señora Stella García Núñez ante la Procuraduría I Distrital de Bogotá, mediante el cual solicita que se adopten las medidas necesarias para prevenir que en el curso de la investigación disciplinaria se acuda prejuicios y estereotipos de género. (Cuaderno principal, folios 83 a 85).
— Insistencia en la solicitud de copias del expediente contentivo del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, radicada por la apoderada de la señora Stella García Núñez el 22 de marzo de 2013. (Cuaderno principal, folio 82).
— Respuesta a la solicitud de copias del expediente contentivo del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, emitida el 3 de abril de 2013 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 86 y 87).
— Respuesta a la solicitud de adopción de las medidas necesarias para prevenir que en el curso de la investigación disciplinaria se acuda prejuicios y estereotipos de género, emitida el 3 de abril de 2013 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 88 a 92).
— Solicitud de reconocimiento como sujeto procesal dentro de la investigación disciplinaria, presentada el 20 de mayo de 2013 por la apoderada de la señora Stella García Núñez ante la Procuraduría I Distrital. (Cuaderno principal, folios 96 a 100).
— Providencia del 30 de mayo de 2013 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve el recurso de insistencia de solicitud de copias presentado por la apoderada de la señora Stella García Núñez. (Cuaderno principal, folios 101 a 106).
— Oposición radicada el 8 de julio de 2013 por la apoderada de la señora Stella García Núñez a la solicitud de la historia clínica que hiciera la Procuraduría I Distrital a la EPS Famisanar. (Cuaderno principal, folios 58 a 61).
— CD correspondiente a la audiencia de fallo realizada el 15 de octubre de 2014 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá dentro del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta. (Cuaderno principal, folio 107).
— Copia del fallo proferido el 15 de octubre de 2014 por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá dentro del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta. (Cuaderno principal, folios 138 a 183).
— Auto proferido el 27 de noviembre de 2014, mediante el cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se abstiene de dar trámite al recurso de apelación presentado en contra del fallo proferido el 15 de octubre de 2014 por la Procuraduría I Distrital de Bogotá, dentro del proceso disciplinario instaurado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta. (Cuaderno principal, folios 109 a 112).
— Respuesta proferida el 25 de octubre de 2015 por la Personería de Bogotá a la petición de la accionante sobre las presuntas irregularidades en las que incurrió Jairo Rubio Victoria, funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al no adelantar las gestiones pertinentes ante la denuncia realizada el 21 de septiembre de 2012 por los presuntos hechos de acoso sexual(13).
2. Trámite en sede de revisión
Visto lo anterior, la Sala Sexta de Revisión, a través del Auto 071A de 2016(14) declaró la nulidad de las actuaciones surtidas en el trámite de la tutela subsiguientes al auto mediante el cual fue seleccionado para su revisión y repartido al magistrado sustanciador; y vinculó al señor Camilo Andrés Paramo Zarta para que se pronunciara sobre los hechos expuestos por la accionante en la tutela y allegara los medios probatorios que considerara pertinentes para ejercer su derecho de defensa y contradicción.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. Reiteración de jurisprudencia(15)
4.1. El artículo 86 de la Constitución Política(16) prevé la acción de tutela como un mecanismo constitucional para la defensa inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La misma norma dispone que ese instrumento de amparo es de carácter subsidiario y residual, lo que significa que procede solo en los casos en que el ciudadano no cuente con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos.
La citada disposición establece una excepción a dicho carácter subsidiario, al señalar que la acción de tutela es procedente, aun cuando el accionante cuente con otra vía judicial, en los casos en que se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(17). Asimismo, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Estatutario 2591 de 1991 adiciona otra excepción según la cual la acción de tutela es procedente cuando el mecanismo no sea eficaz, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
La jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado esta última excepción al principio de subsidiariedad, al disponer que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo de protección, en los eventos en que si bien el actor cuenta con otras instancias judiciales para la protección de sus derechos, estos últimos no son idóneos ni eficaces para tal fin(18).
Sin embargo, la Corte no quiso significar con ello que sea posible desplazar los mecanismos ordinarios dispuestos por el legislador para la protección de los derechos fundamentales, ni permitir que la acción de tutela se convierta en un mecanismo paralelo o ajeno a las vías con que cuentan los ciudadanos como medios de defensa. Una interpretación de este tipo conduciría a desfigurar el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección y negar el papel del juez ordinario en idéntica tarea(19).
En ese sentido, este Tribunal ha precisado que, en primer lugar, “cuando el juez de tutela deba decidir en relación con la vulneración o amenaza de un derecho fundamental habrá de verificar si existe o no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto”(20). Es preciso que los jueces constitucionales estudien las particularidades propias de cada caso concreto para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial alterno, más allá de la simple existencia del mismo y sin olvidar que con ello no puede suplantarse la competencia del juez ordinario. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:
“Sin embargo, y con el primordial objetivo de preservar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo de protección jurídica de los derechos fundamentales, en numerosas ocasiones y de manera constante se ha manifestado por la jurisprudencia constitucional que es necesario realizar un análisis sustancial, y no simplemente formal, al evaluar la existencia de mecanismos ordinarios para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado. En este sentido se ha insistido en que dicha evaluación no debe observar únicamente que el ordenamiento prevea la existencia de recursos o acciones para la solución por la vía jurídica de determinada situación, sino que en el contexto concreto dicha solución sea eficaz en la protección del derecho fundamental comprometido”(21)
Lo anterior significa que el otro mecanismo de defensa judicial al que hace referencia el artículo 86 de la Constitución debe tener, por lo menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos fundamentales que por su naturaleza tiene la acción de tutela(22). En otras palabras, el otro medio de defensa judicial ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr que la protección sea inmediata(23).
No obstante, se ha sostenido que, de manera excepcional, la tutela procede contra los actos de dicha naturaleza bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que procederá “contra las actuaciones administrativas, cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez constitucional podrá suspender la aplicación del acto administrativo, mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”(24); y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción judicial ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los bienes jurídicos involucrados(25).
5. Naturaleza y características del proceso disciplinario
5.1. Esta Corporación ha señalado que el derecho disciplinario comprende, por un lado, el “poder disciplinario”, entendido como la facultad en virtud de la cual el Estado está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas; y por el otro, el “derecho disciplinario en sentido positivo”, esto es, el conjunto de normas a través de las cuales se ejerce ese poder disciplinario(26).
En la sentencia C-252 de 2003 la Corte realizó importantes consideraciones sobre el fundamento constitucional y la naturaleza de la imputación disciplinaria, explicando que los servidores públicos deben cumplir la Constitución y la ley, ponerse al servicio de los intereses generales y desarrollar los principios de la función administrativa(27). Sobre el particular señaló:
(i) Autoridad administrativa o judicial: el artículo 2º de la ley 734 de 2002(28) señala que, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Consagra igualmente que el titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.
(ii) Sujetos procesales: el artículo 89(29) dispone que pueden intervenir en la actuación disciplinaria como sujetos procesales, el investigado y su defensor, y el Ministerio Público cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República, esto es, cuando no es la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa.
(iii) El quejoso: es la persona que pone la falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad. No es un sujeto procesal y de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 90 de la ley 734 de 2002(30), su intervención se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.
6. Justificación de la limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario. Reiteración de jurisprudencia
6.1. En la sentencia C-014 de 2004 esta Corporación estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 123 y 125(31), parciales, de la ley 734 de 2002, referentes a la revocatoria de los fallos sancionatorios en un proceso disciplinario.
Una persona que actúa en calidad de víctima o perjudicado en un proceso penal puede concurrir como titular de los derechos conculcados con la conducta punible que es investigada y al mismo tiempo hacerlo en calidad de sujeto procesal, y tiene la facultad de intervenir para que se garanticen sus derechos al conocimiento de la verdad, a la realización de la justicia y a la reparación del daño. Por el contrario, no puede concurrir en el proceso disciplinario porque este “remite a una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales y no en la vulneración de derechos de terceros”; y de allí que “aparte de las faltas expresamente consagradas por la ley, la responsabilidad disciplinaria se genere por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y en la ley”(32). En otras palabras:
“Así, mientras la imputación penal parte de la vulneración de bienes jurídicos relacionados con derechos de terceros, la imputación disciplinaria desvalora la vulneración de los deberes funcionales a cargo del servidor público. Por ello, mientras en el proceso penal un particular puede invocar la calidad de víctima o perjudicado y acceder a él en calidad de sujeto procesal, los particulares, si bien pueden tener a acceso al proceso disciplinario, tienen un acceso limitado ya que sus facultades se apoyan en el interés ciudadano de propender por la defensa del ordenamiento jurídico, mas no en la vulneración de un derecho propio o ajeno”(33). (Negrita fuera de texto).
En numerosos pronunciamientos(34) esta Corporación ha hecho énfasis en la lucha histórica de las mujeres por reclamar el reconocimiento de su estatus como personas y ciudadanas, y de sus derechos a la dignidad humana, a la igualdad formal y material, a administrar sus propios bienes, a participar de manera activa en el ejercicio y control del poder político, entre muchas otras garantías que permitan “hacer factible su aparición visible, concreta, consciente, autónoma y libre en la vida familiar, social, económica, política, cultural y jurídica de conformidad con su propia mirada”(35).
Desde sus inicios, el derecho civil fue sumamente restrictivo con el papel de la mujer al punto de contener disposiciones que establecían, por ejemplo, la restricción de su ciudadanía, que para proceder al divorcio bastaba con el adulterio de la mujer frente al amancebamiento que se exigía del hombre, se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, la potestad marital otorgaba al marido derechos y obligaciones sobre la persona y bienes de la mujer, el marido tenía la representación legal y el manejo exclusivo de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la mujer, e incluso se obligaba a esta a tomar el apellido de su marido agregándole el suyo precedido de la partícula “de” indicativa de pertenencia(36). O como sucedió en el ámbito laboral, al ser excluidas del trabajo asalariado y sometidas a prejuicios sociales que las confinaban a las tareas del hogar, difundiendo de esta forma una imagen de la mujer “como ser económicamente dependiente y por tal motivo sometida a la autoridad de los padres o del marido”(37).
Ahora bien, la evolución en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su rol en la sociedad actual -evidente en la protección reforzada de la mujer embarazada y la preservación de su estabilidad laboral; la existencia de un conjunto de medidas afirmativas adoptadas por el legislador con el fin de obtener la igualdad real, en especial, aquellas aprobadas para amparar a las madres cabeza de familia; la garantía del derecho a desarrollar su personalidad libres de imposiciones y de presiones injustificadas; el derecho a gozar de las mismas oportunidades que los hombres y el amparo de sus derechos sexuales y reproductivos-, entre otros, proscriben cualquier norma que contenga regulaciones basadas en estereotipos o tratos discriminatorios, aunque, claro está, ello no significa que todo trato diferenciado a favor de la mujer esté constitucionalmente prohibido(38).
7.2. La violencia contra la mujer como una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
El artículo 1º señala que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El respeto por la dignidad humana contenido en esta norma, según ha sido interpretado por esta Corporación, “exige reconocer en las mujeres igual dignidad a la que durante mucho tiempo solo se reconoció en los hombres. Requiere que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto y consideración, no como resultado de un acto de liberalidad o condescendencia sino porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como personas y ciudadanas titulares de derechos cuya garantía está amparada en forma reforzada por lo ordenamientos jurídico interno e internacional”(39).
Así como sucedió en el plano del derecho interno, a nivel internacional los primeros documentos y declaraciones fueron durante mucho tiempo formulados desde una perspectiva excluyente de los intereses de las mujeres, y aunque los logros en un inicio fueron precarios, tal situación comenzó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y posteriormente en 1966 cuando se aprobaron los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Sociales Económicos y Culturales(40).
(ii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(41): artículo 3º, que consagra que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos; y el artículo 26, el cual dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
(iii) Convención Americana sobre Derechos Humanos(42): artículo 1º, que señala que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; y artículo 24, según el cual todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.
(iv) La Organización Internacional del Trabajo también contiene instrumentos que pregonan por la no discriminación en el lugar de trabajo. Tal es el caso del Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958(43), cuyo artículo 1º define dicho concepto como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
(vi) La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979(44). El Preámbulo de la Convención hace alusión a que los Estados partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad de goce de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; y pone de presente que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta su participación en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Este instrumento internacional también consagra, en su artículo 2º, que es compromiso de los Estados “seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”.
(vii) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el día 9 de junio de 1994(45), define como violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 1). Así mismo, señala que se entiende que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: (i) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; (ii) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y (iii) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2).
7.3.2. Por otro lado, el 27 de febrero de 2013 la Organización Internacional del Trabajo presentó un informe sobre “Acoso sexual en el trabajo y masculinidad. Exploración con hombres de la población general: Centroamérica y República Dominicana”, en el cual expuso las siguientes consideraciones(46):
7.4. La Corte Constitucional también se ha pronunciado en sede de control abstracto sobre la violencia contra la mujer como un acto de violencia que constituye una vulneración a los derechos humanos. Por ejemplo, en la sentencia C-335 de 2013 estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º (parcial) de la ley 1257 de 2008(47), en virtud del cual todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deben reconocer las diferencias y desigualdades sociales en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en la sociedad, entre otras, a través de la implementación de medidas para el fomento de la sanción social(48). Sobre el tema que ocupa a la Sala señaló:
“Por su parte, la violencia contra la mujer se entiende como ‘todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada’(49). La violencia contra la mujer tiene diversas modalidades que han sido definidas por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas:
8. Obligación del Estado de garantizar una adecuada labor probatoria en los casos de acoso sexual(50)
8.1. Según se expuso en acápites precedentes, el acoso sexual es una de las manifestaciones de violencia y discriminación contra la mujer que tiene serias implicaciones en quienes lo sufren. En el ámbito laboral puede generar consecuencias psicológicas (baja de la motivación, autoestima, etc.), estrés y, en muchas ocasiones, el abandono del empleo.
La gravedad de esta clase de conductas y la afectación de múltiples derechos que como consecuencia de ellas se genera ha propiciado que el Estado adquiera una serie de obligaciones a nivel internacional, como abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer(51), y actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar este tipo de agresiones(52).
En materia de investigación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que se viola la debida diligencia cuando la respectiva investigación no se lleva a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. Bajo ese entendido, esta obligación implica ordenar, practicar y valorar pruebas fundamentales(53). Sobre el particular también se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostener que la debida diligencia exige: (i) adelantar una investigación oportuna, completa e imparcial; (ii) fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas que tengan un seguimiento judicial consistente(54); (iii) garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los funcionarios públicos involucrados en el procesamiento en estos casos(55); (iv) institucionalizar la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades responsables de investigar los actos de violencia y discriminación”(56); y (v) diseñar protocolos para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluya una descripción de la complejidad en las pruebas, y el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada, que incluya pruebas científicas, psicológicas, físicas y testimoniales(57).
9.1. Breve presentación del asunto
(i) El 21 de febrero de 2012 la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá llevó a cabo la audiencia pública en la que se escuchó la versión libre y descargos al señor Camilo Andrés Paramo Zarta, así como los argumentos defensivos y las peticiones probatorias del apoderado, y se incorporaron varios documentos pertinentes para la investigación. En esa misma etapa procesal la Procuraduría decidió negativamente sobre la petición de reconocimiento como víctima de la señora Stella García Núñez, presentada por su apoderada. Esta decisión fue notificada mediante correo electrónico a la accionante el 25 de febrero de 2012, en el que además se le informó que lo referente a la solicitud de pruebas y copias sería atendido dentro del marco legal y comunicado oportunamente(58).
Sin embargo, es preciso recordar lo señalado en la parte considerativa de esta providencia, en cuanto a que la tutela procede contra los actos de carácter particular y concreto bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción judicial ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los bienes jurídicos(59). Según se explicó, la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, porque el medio debe ser idóneo, esto es, materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y debe ser un eficaz; es decir, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho.
No obstante vale la pena indicar que, si bien es cierto, mediante la sentencia C-014 de 2004 es posible el reconocimiento como víctima o afectados con la conducta, en los términos y para los efectos que prevé esta decisión del Alto Tribual Constitucional, se encuentra limitada a conductas que se relacionan con la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que resulta diferente a las conductas que fueron investigadas en este proceso; así las cosas y bajo esta perspectiva es claro que no es posible el reconocimiento de la señora García Núñez como víctima y de la Doctora Rodríguez Peña para actuar en este proceso; empero, conforme el marco normativo en que se sustentan estas consideraciones, el Despacho dispuso citar a la quejosa, a fin de notificarle la decisión que aquí se adoptará, con el fin de que, si fuere el caso, recurrirla (sic) si está en desacuerdo con la misma, pudiendo ejercer su legítimo derecho a controvertirla, como establece la ley disciplinaria, lo cual podrá efectuar en esta audiencia, para lo cual se concederá el uso de la palabra”(60). (Resaltado fuera de texto).
9.3.4. La Corte encuentra que los actos administrativos previamente citados solamente hacen referencia a que no es posible acceder a la solicitud de reconocimiento de sujeto procesal de la accionante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la ley 734 de 2002(61) y en la sentencia C-014 de 2004, providencia en la que se explica que ese reconocimiento se encuentra limitado, de manera excepcional, a los casos en los que la falta disciplinaria reviste tal gravedad que atenta contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario. En parecer de la autoridad administrativa, tal excepción no se presenta en el proceso administrativo que fue de su conocimiento.
Como corolario de lo anterior, esta Delegada se abstendrá de conocer el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 15 de octubre de 2014 de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, bajo el entendido de que la señora Stella García Núñez no actuó como quejosa y, en atención a ello, no le era dable impugnar la decisión de absolución proferida a favor del señor Camilo Andrés Páramo Zarta”(62). (Resaltado fuera de texto).
1. REVOCAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015) por el Juzgado 40 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la emitida el veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), dentro de la acción de tutela interpuesta por la Corporación Sisma Mujer, como representante judicial de la señora Stella García Núñez, contra la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría General de la Nación. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al debido proceso, en los términos expuestos en esta providencia.
2. DEJAR SIN EFECTO las actuaciones realizadas en el proceso disciplinario 2012-401043 adelantado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta desde la etapa procesal siguiente a la audiencia de descargos realizada el 21 de febrero de 2013 en la cual la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá determinó que no se reconocería la calidad de sujeto procesal a la señora Stella García Núñez, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.
3. ORDENAR a la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta decisión, emita un nuevo pronunciamiento en el cual reconozca a la señora Stella García Núñez como sujeto procesal dentro del proceso disciplinario 2012-401043 adelantado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, atendiendo las consideraciones y criterios de interpretación expuestos en esta providencia sobre los mandatos constitucionales e instrumentos internacionales sobre la violencia contra la mujer como una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Una vez realice ese pronunciamiento, deberá continuar con las etapas de ese proceso disciplinario, de conformidad con lo señalado en el numeral anterior.
4. ADVERTIR a la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá que debe desplegar una actividad probatoria exigente y diligente dentro del proceso disciplinario 2012-401043 adelantado en contra del señor Camilo Andrés Paramo Zarta, que conduzca al esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento por la señora Stella García Núñez.
1 Denuncia por acoso sexual presentada por Stella García Núñez contra Camilo Andrés Paramo Zarta ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acoso sexual. Cfr. Cuaderno principal, folios 50 a 54.
2 Cfr. Cuaderno principal, folios 55 a 57 y 62 a 68.
3 http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/quieren-destruirme-denunciar-articulo-386359
4 Correo electrónico remitido por la Procuraduría Primera Delegada a la Corporación Sisma Mujer. Cfr. Cuaderno principal, folio 81.
5 Auto mediante el cual la Procuraduría Primera Distrital resuelve sobre solicitud de expedición de copias del proceso disciplinario. Cfr. Cuaderno principal, folios 86 y 87.
6 Respuesta a la solicitud referente a la adopción de las medidas necesarias dirigidas a prevenir la revictimización y la concurrencia de prejuicios y estereotipos de género en la investigación disciplinaria. Cfr. Cuaderno principal, folios 88 a 92.
7 Lay 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, artículo 26: “Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada”.
8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Fallo del 30 de mayo de 2013. Cfr. Cuaderno principal, folios 101 a 106.
9 Procuraduría Primera Distrital de Bogotá. Fallo de primera instancia proferido el 15 de octubre de 2014 dentro del proceso disciplinario instaurado por Stella García Núñez contra Camilo Andrés Paramo Zarta. Cfr. Cuaderno principal, folios 138 a 183.
10 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Auto mediante el cual se abstiene de dar trámite al recurso de apelación. Cfr. Cuaderno principal, folios 188 a 194.
11 Cfr. Cuaderno principal, folios 1 a 32.
12 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
13 Este medio probatorio fue allegado por la accionante durante el trámite de revisión de la acción de tutela adelantado en esta Corporación y remitido al Despacho del magistrado sustanciador el 1º de diciembre de 2015 por parte de la Secretaría General de la Corte Constitucional.
14 Según la constancia emitida por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 8 de abril de 2016, el Auto 071A de 2016 fue notificado por medio del estado núm. 129/16 el día 7 de abril de 2016.
15 El fundamento normativo y jurisprudencial de este acápite se encuentra sustentado en las sentencias T-097 de 2014, T-404 de 2014 y T-079 de 2015.
16 ARTÍCULO 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
17 La jurisprudencia de la Corte ha señalado que un perjuicio se considera irremediable cuando: “de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b)grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable”. Ver sentencias, T-1316 de 2011, T-494 de 2010, T-232 de 2013, entre muchas otras.
18 Sobre la eficacia e idoneidad del mecanismo judicial ordinario, esta corporación ha explicado que el mismo debe “ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho”. Ver la sentencia T-003 de 1992, reiterada en la sentencia T-232 de 2013.
19 Sentencia T-235 de 2012.
20 Sentencia T-432 de 2002. Reiterado en la sentencia T-972 de 2014.
21 Sentencia T-235 de 2012.
22 Sentencia T-414 de 1992. Reiterado en la sentencia SU-355 de 2015.
24 Sentencia T-958 de 2011.
25 Sentencia T-232 de 2013.
26 Sentencia C-014 de 2004.
27 En esa oportunidad la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 48, numeral 48, y 51, inciso 3°, de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, que consagra como falta gravísima consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Esta Corporación señaló que el hecho de que el legislador tome la decisión de configurar como falta disciplinaria asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes constituye un ejercicio legítimo de la facultad de configuración que a aquél le asiste en esa materia. Resaltó que un servidor público o un particular que cumple funciones públicas no está en capacidad de dirigir su voluntad y su inteligencia al normal desenvolvimiento de su órbita funcional si acude a trabajar bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes, lo que constituye una clara infracción de sus deberes funcionales. Precisó que “la legitimidad de esas faltas disciplinarias no se deriva del estado mismo de embriaguez del sujeto disciplinable o del hecho de encontrarse bajo el efecto de estupefacientes sino de la manera como tales estados interfieren los deberes funcionales del servidor público. Es decir, tal legitimidad se infiere no en razón de esos estados implícitamente considerados sino del hecho que el sujeto asiste al trabajo encontrándose en ellos”. Con fundamento en estos y otros argumentos declaró exequibles las normas demandadas.
28 “Artículo 2. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria. La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta”.
29 “Artículo 89. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal”.
30 “Artículo 90. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales podrán: 1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas. 2. Interponer los recursos de ley. 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y 4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado”.
31 Artículo 123. Competencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional. Parágrafo. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente. (Se subrayan las expresiones acusadas)
32 Sentencia C-014 de 2004.
34 Al respecto pueden consultarse las sentencias C-410 de 1994, C-731 de 2000, C-355 de 2006, C-804 de 2006, entre muchas otras.
35 Cfr. Sentencia C-804 de 2006.
36 Cfr. Sentencias C-410 de 1994 y C-731 de 2000.
37 Cfr. Sentencia C-410 de 1994.
38 Cfr. Sentencia C-804 de 2006.
40 Cfr. Sentencia C-804 de 2006.
41 Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
42 Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
43 Aprobado mediante la Ley 22 de 1967.
44 Aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 y vigente en el país a partir del 19 de febrero de 1982.
45 Aprobada mediante la Ley 248 de 1995.
46 Organización Internacional del Trabajo. Acoso sexual en el trabajo y masculinidad. Exploración con hombres de la población general: Centroamérica y República Dominicana. San José, 2013. Discriminación, acoso sexual, género, trabajadoras, acoso laboral, América Central, República Dominicana. 04.02.7 ISBN 978-92-2-327377-4. Proyecto Verificación de Implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco. Consultar http://www.ilo.org/sanjose/programas-y-proyectos/verificaci%C3%B3n-implementaci%C3%B3n-libro-blanco/WCMS_210223/lang--es/index.htm.
47 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
48 La Corte declaró exequible la expresión “medidas para fomentar la sanción social” demandada, al considerar que constituye un desarrollo directo de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Señaló que los mecanismos de control social informal son plenamente válidos en un Estado social de Derecho, porque no implican la privación de derechos fundamentales, sino que simplemente tienen por objeto aplicar estímulos o desestímulos a conductas socialmente relevantes; y aclaró que las “sanciones sociales” a las que se refiere la expresión demandada no se dirigen a la descalificación de personas en concreto, ni a la afectación de sus derechos, sino que se trata de medidas para reforzar la desaprobación social de conductas de discriminación y violencia contra las mujeres.
49 Artículo 1º de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
50 Sobre el particular pueden consultarse las sentencias T-843 de 2011 y T-878 de 2014.
51 El artículo 2.d de la CEDAW dispone que los estados partes deben “Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación”, prohibición que comprende también la violencia contra las mujeres en tanto una forma de discriminación.
52 En su Observación General múm. 19, el Comité de la CEDAW afirma: “(…) los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de otro lado, afirmó en el caso Campo Algodonero: “(…) las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía.” González y otras (Campo Algodonero) vs. México, 2009. Párr. 280.
53 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, 2009. Párr. 289 y ss.
54 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. P. 124.
55 Cfr. Ibídem, p. 124.
56 Cfr. Ibídem, p. 125.
57 Cfr. Ibídem, p. 125.
58 Cfr. Cuaderno principal, folio 81.
59 Sentencia T-232 de 2013.
60 Cfr. Cuaderno principal, folios 138 y 139.
61 ART. 89.—SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.
ART. 90.—FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales podrán: 1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas. 2. Interponer los recursos de ley. 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y 4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado. PAR.—La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión.
62 Cfr. Cuaderno principal, folio 111.

References: artículo 89
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 26
 ARTÍCULO 86
 artículo 174
 Artículo 123
 Artículo 1
 artículo 2
 artículo 174