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Timestamp: 2020-01-26 06:39:32+00:00

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Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de León n.º 2, por la que suspende la inscripción de una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo con aprobación del convenio regulador. - Doctrina Administrativa - VLEX 521790818
Publicado en: BOE, 29 de Julio de 2014
CONVENIO REGULADOR DE UN DIVORCIO: Es perfectamente posible que se incluya en el convenio regulador la liquidación de la vivienda familiar de la que sean titulares por mitades indivisas y con carácter privativo los ex cónyuges, sin exigirse escritura pública.
En el recurso interpuesto por doña M. R. G., en su propio nombre y derecho, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de León número 2, don Eugenio Rodríguez Cepeda, por la que suspende la inscripción de una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo con aprobación del convenio regulador.
Se presenta en el Registro testimonio de la sentencia de 16 de mayo de 2013 del Juzgado de Primera Instancia número 10 (Familia) de León, dictada en procedimiento de divorcio 395/2013, por la que se aprobó el convenio regulador de 7 de marzo de 2013. De éste resulta que la vivienda familiar se adjudica en propiedad a la esposa. Según resulta del Registro, la citada vivienda está inscrita a nombre de los dos ex cónyuges, por mitad y pro indiviso, por haberla adquirido en estado de solteros.
Presentado testimonio de la citada sentencia en el Registro de la Propiedad de León número 2 el día 18 de marzo de 2014, causando el asiento de presentación número 1691 del Diario 79, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «(…) Hechos: 1. Presentado el documento señalado al principio en la fecha expresada en el encabezamiento, causó el asiento del Diario que igualmente se indica. Dicho testimonio viene acompañado de otro que incluye el convenio regulador citado y se les ha añadido una diligencia del Servicio Territorial de Hacienda de la Junta de Castilla y León, fechada el 2 de julio de 2013, acreditativa de su presentación a efectos tributarios. No existiendo presentados con anterioridad títulos contradictorios, procede entrar en su calificación. 2. Se acompaña certificación del Registro Civil de La Pola de Gordón, según la cual el matrimonio se celebró el 4 de noviembre de 2000 y la sentencia de divorcio se inscribió marginalmente el 10 de junio de 2013. 3. Consultado el Registro resulta que la finca objeto del convenio regulador situada en la demarcación de este Registro, a saber, registral 20252 de San Andrés del Rabanedo (número 1 del inventario), aparece inscrita en dominio a favor de don M. C. L. y doña M. R. G., por mitad y proindiviso, al haberla adquirido en estado de solteros según escritura autorizada el 31 de marzo de 2000 por el notario de León don José Luis Crespo Mayo, número 1090 de protocolo. Fundamentos de Derecho: Único.–No siendo ganancial la finca urbana sita en el municipio de San Andrés del Rabanedo que se incluye en el inventario, no puede inscribirse por medio del convenio regulador el reparto que se hace con adjudicación de dicha finca a la esposa, ya que el artículo 90 del Código Civil prevé la liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio. Como dijo la Dirección General de los Registros y del Notariado (véase Resolución de 22 de diciembre de 2010, BOE de 21/02/2011, y otras anteriores citadas en ésta como la de 3 de junio de 2006, 31 de marzo de 2008, 22 de marzo de 2010, y seguida por la de 19 de enero de 2011), las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación, constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. Cierto que en la Resolución de 11 de abril de 2012 se puede apreciar un cierto cambio de criterio cuando se trata de la vivienda familiar y los cónyuges la incluyan como ganancial en el inventario del convenio regulador, pero en el caso ahí resuelto, para evitar la escritura pública de aportación a gananciales de dicha vivienda, el único argumento dado por el Centro Directivo es el principio de economía procesal, demasiado endeble a juicio del que suscribe, con todos los respetos, para quebrar una doctrina registral previa harto consolidada sin que se haya producido, en el medio tiempo, alguna novedad al respecto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo o una reforma legislativa expresa que obliguen a cambiar de criterio. En virtud de lo cual, he decidido suspender la inscripción del documento al principio referido por el defecto de no ser el convenio regulador aprobado por sentencia de divorcio título hábil para liquidar bienes no gananciales. Contra esta calificación (…) León, 31 de marzo de 2014. El registrador (firma ilegible). Fdo.: Eugenio Rodríguez Cepeda».
La anterior nota de calificación fue recurrida ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por doña M. R. G., mediante escrito de 16 de abril de 2014, con arreglo a las siguientes alegaciones: «(…) Primera.–D.ª M. R. G. solicitó en fecha 3 de febrero de 2014 la inscripción del convenio regulador aprobado en Sentencia de 16 de mayo de 2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Familia de León, procedimiento de divorcio nº 395/2013, y en concreto respecto a la adjudicación a la esposa de la vivienda familiar sita en la calle (…) de Trobajo del Camino, municipio de San Andrés del Rabanedo. Junto a la solicitud se presentó la siguiente documentación: – Testimonio del Convenio Regulador de fecha 7 de marzo de 2013. – Testimonio de la sentencia nº 278/2013 de fecha 16 de mayo de 2013 recaída en procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo número 395/2013, aprobando expresamente el anterior convenio regulador suscrito por los cónyuges. La vivienda objeto de inscripción, constituyó el hogar familiar durante toda la duración del matrimonio, celebrado el 7 de noviembre de 2000, aunque fue adquirida en estado de solteros según consta en escritura pública de fecha 31 de marzo de 2000. En esta misma fecha constituyeron hipoteca sobre dicha vivienda que ha sido satisfecha con haberes gananciales. La vivienda que, como se ha dicho, ha sido siempre el domicilio conyugal, fue incluida por los cónyuges en el activo de la sociedad de gananciales en el documento de su liquidación, así como también incluyeron en el pasivo la hipoteca que gravaba el inmueble. Conforme doctrina aplicable a este supuesto, así como sucesivas Resoluciones de la propia Dirección General de los Registros y Notariado, la cesión de la propiedad de la vivienda no constituye un negocio autónomo independiente, sino que, por el contrario, ha tenido lugar en un convenio de liquidación de gananciales simultáneo al divorcio, examinado y aprobado en su integridad judicialmente, de forma que se ha de tomar, como punto de partida, que las previsiones adoptadas en un convenio de liquidación necesario, siempre que constituyan el contenido propio de dicho convenio, producen plenos efectos jurídicos, una vez aprobados judicialmente. Segunda.–Deniega el registrador la inscripción del convenio regulador aduciendo que no es título hábil para liquidar bienes no gananciales. Menciona incluso la Resolución de 11 de abril de 2012 que resuelve un caso similar a favor de la inscripción en virtud del principio de economía procesal para considerarla no suficiente «para quebrar una doctrina registral previa harto consolidada sin que se haya producido, en el medio tiempo, alguna novedad al respecto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo o una reforma legislativa expresa que obliguen a cambiar de criterio». Sin embargo, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha venido resolviendo a favor de la inscripción en supuestos similares desde esa última Resolución de 2012, como así se plasma en la Resolución de 19 de diciembre de 2013 que menciona como vistas en sus fundamentos de Derecho: Resoluciones de 3 y 5 de septiembre de 2012, 9 de marzo, 26 de junio y 9 de julio de 2013. Dando por reproducidas las consideraciones realizadas en esta Resolución de 19 de diciembre de 2013, de las que cabe destacar las siguientes: – Respecto al principio de legalidad que rige el derecho registral, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales, y la exigencia de escritura pública en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, no cabe ninguna duda de que los testimonios de resoluciones judiciales que expidan los secretarios judiciales son documentos públicos. – Con relación a los convenios reguladores de la nulidad separación o divorcio, la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye título inscribible para la práctica registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los artículos 100 del RH y 522 de la LECivil, que hace referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la legislación registral, manifestando «Este Centro Directivo así ha entendido que forma parte de las operaciones de liquidación la atribución de la vivienda familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los cónyuges por adquisición realizada antes del matrimonio pues en este supuesto su evidente afección a las necesidades del matrimonio justifica sobradamente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimonial (Resoluciones de 11 de abril y 7 de julio de 2012)». – Determina, finalmente, la Dirección General que en este supuesto no se trata de un trasvase injustificado de un patrimonio privativo a otro, lo cual exigiría escritura pública: «En el presente expediente, la aplicación de esta doctrina lleva a la estimación del recurso, pues, por la vía de la homologación de una transacción judicial producida en un declarativo ordinario en el que se liquida la sociedad de gananciales se aprueba un convenio, aportado por la partes, en el que fijan, distribuyen y adjudican el haber ganancial que hubo entre los mismos, y, más en concreto, se trata de una vivienda que constituyó el domicilio familiar y, aunque se adquirió por mitad y proindiviso antes del matrimonio, se financió con un préstamo hipotecario que los interesados consideran a cargo de la sociedad de gananciales. El propio Tribunal Supremo, en Sentencia de 31 de octubre de 1989 destaca la relevancia que tiene para la vivienda familiar adquirida en estado de soltero el hecho de que se haya amortizado con fondos gananciales derivados de un préstamo hipotecario durante el matrimonio, lo que permite confirmar que es adecuada la conexión de los fondos gananciales empleados en la adquisición de la vivienda familiar con las adjudicaciones que en este caso se realizan con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales incluyendo la finca adquirida en pro indiviso en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación, adjudicándola a uno de los titulares en compensación por otros bienes gananciales que se adjudican al otro titular.» A lo anteriormente expuesto, se ha de tener en cuenta la aplicación del principio de economía procesal, ya que se trata de un bien adquirido proindiviso antes del matrimonio, satisfecho la mayor parte del préstamo hipotecario con el que se financió su adquisición durante la sociedad de gananciales. De no admitir su inclusión en el convenio regulador, procedería la determinación del crédito de la sociedad de gananciales contra el patrimonio privativo de los cónyuges (arts. 1354, 1355, 1357, 1358 y 1359 del Código Civil) y la necesidad de un nuevo procedimiento judicial en que cada cónyuge hiciese valer sus derechos y concluyera con la división de la cosa común… En León, a 16 de abril de 2014 (firma ilegible)».
El registrador emitió informe el día 21 de abril de 2014, ratificándose íntegramente en el contenido de la nota de calificación impugnada y remitió el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 90, 91, 95, 96, 97, 103, 400, 609, 1205, 1255, 1279 y 1280 del Código Civil; 44 y siguientes, 249, 250, 769, 770, 771, 774, 777, 806 y 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 2, 3, 18 y 118 de la Ley Hipotecaria; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de octubre de 1988, 21 de diciembre de 1999, 6 de marzo de 2001, 5 de diciembre de 2002, 20 de febrero de 2004, 21 de marzo de 2005, 21 de enero de 2006, 5 de junio de 2008, 14 de mayo y 18 de noviembre de 2009, 22 de diciembre de 2010, 11 de abril, 7 de julio y 5 de diciembre de 2012, 9 de marzo, 26 de junio y 19 de diciembre de 2013 y 8 de mayo de 2014 (2.ª).
Se debate en el presente recurso si es inscribible un testimonio de sentencia dictada en procedimiento de divorcio que aprueba el convenio regulador aportado a los autos, en el que se contiene, entre otros extremos, la liquidación de la disuelta sociedad de gananciales. En dicho convenio se inventaría en el activo de la sociedad conyugal la vivienda familiar. Dicha vivienda se adjudica a la esposa, asumiendo ésta el pago de la parte pendiente del préstamo hipotecario que grava la finca.
El registrador suspende la inscripción de la adjudicación de la vivienda porque, partiendo del dato de que aquélla figura inscrita en el Registro a nombre de ambos esposos por mitades indivisas con carácter privativo, por compra en estado de solteros, entiende que no siendo ganancial la finca no puede inscribirse por medio de convenio regulador el reparto que se hace con adjudicación de dicha finca a la esposa, ya que el artículo 90 del Código Civil prevé la liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio. Subyace pues en la calificación la consideración de que la liquidación de una sociedad de gananciales, por su propia naturaleza, sólo puede comprender bienes gananciales, sin que al afectar a bienes privativos pueda entenderse que tiene por causa la liquidación de la sociedad consorcial.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (vid. por todas Resolución de 9 de marzo de 2013), la calificación registral, tratándose de documentos judiciales, como es la sentencia de aprobación de un convenio regulador, no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los artículos 100 del Reglamento Hipotecario y 523.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hace referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la legislación registral.
Precisando más los límites de la citada doctrina, la Resolución de 22 de marzo de 2010, reiterando otros pronunciamientos anteriores de este mismo Centro Directivo, y nuevamente confirmada por la Resolución de 11 de abril de 2012, ha señalado que respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. artículo 1323 del Código Civil), nada se opone a que estos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. Pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en ocasiones, un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación –a su favor– de bienes privativos del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de esta, con su propia causa.
Del mismo modo, y de forma congruente con lo anterior, es también doctrina reiterada de esta Dirección General (vid., Resoluciones citadas en los «Vistos») que son válidos y eficaces cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges, y, por ende, entre sus patrimonios privativos y el consorcial (vid. artículo 1223 del Código Civil), siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera de los medios legítimos previstos al efecto (vid. artículo 609 del Código Civil), entre los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes, no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y características. Estos desplazamientos patrimoniales se someterán al régimen jurídico determinado por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los límites legales (cfr. artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del Código Civil. En todo caso, han de quedar debidamente exteriorizados y precisados en el título inscribible los elementos constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial, y especialmente su causa, que no puede presumirse a efectos registrales (vid. artículos 1261.3 y 1274 y siguientes del Código Civil). La especificación de la causa es imprescindible para acceder a la registración de cualquier acto traslativo, tanto por exigirlo el principio de determinación registral, como por ser presupuesto lógico necesario para que el registrador pueda cumplir con la función calificadora, y después practicar debidamente los asientos que procedan (vid. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 y 193.2 de su Reglamento, y Resoluciones de 20 de febrero de 2003, 10 de marzo de 2004, 8 de junio de 2009, 29 y 31 de marzo de 2010 y 19 de enero y 29 de julio de 2011).
Todo lo cual lleva a estimar el recurso contra la calificación (basada en la premisa de que la liquidación de la sociedad de gananciales sólo puede comprender bienes gananciales), al ser perfectamente posible que se incluya en el convenio regulador la liquidación de la vivienda familiar de la que sean titulares por mitades indivisas y con carácter privativo los ex cónyuges, según se ha razonado.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la calificación registral en los términos que resultan de los fundamentos de Derecho anteriores.
Madrid, 26 de junio de 2014.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.
Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación extendida p...
SAN, 12 de Julio de 2006
SAP Barcelona 285/2007, 14 de Mayo de 2007

References: artículo 90
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
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 artículo 90
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 artículo 1323
 artículo 1223
 artículo 609

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