Source: https://www.scribd.com/document/106327357/T-773-09
Timestamp: 2018-12-13 11:52:18+00:00

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Modelo de Amparo Indirecto Civil Promovido Por Tercero Extraño
Sentencia T-773/09 ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad ACCION DE TUTELA-No procede en principio para cuestionar dictámenes emitidos por las
juntas de calificación de invalidez ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para cuestionar dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez DEBIDO PROCESO EN EL TRAMITE ANTE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Reiteración de jurisprudencia REGLAS BASICAS EN LA ACTUACION DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DICTAMENES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Motivación técnico-científica de la decisión DEBIDO PROCESO-Vulneración ya que en el dictamen de la junta de calificación de invalidez no existió motivación técnico científica en la fecha de estructuración de la invalidez La Sala analizará si la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor al determinar que la fecha de estructuración de su invalidez fue el veintiséis (26) de julio de 2004. Advierte la Sala que en efecto ello es así, en primer lugar, ya que en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral no existe ningún tipo de motivación técnico-científica en relación con la fecha fijada como estructuración de la invalidez. VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Concepto VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-El dictamen de pérdida de capacidad del actor y por la cual se le negó el derecho a la pensión de invalidez, es violatorio del debido proceso ACCION DE TUTELA-Orden a la junta de calificación de invalidez de expedir un nuevo dictamen en cuanto a la fecha de estructuración de invalidez Referencia: expediente T-2.316.604
Acción de tutela instaurada por Juana María Dueñas Villamil como agente oficiosa de su padre Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO SIERRA PORTO ANTONIO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en la acción de tutela instaurada por Juana María Dueñas Villamil como agente oficiosa de su padre Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. I. ANTECEDENTES El pasado doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009), la ciudadana Juana María Dueñas Villamil, como agente oficiosa de su padre1 Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana,
1 Condición acreditada mediante el registro civil que obra en el folio 15, cuaderno 1.
cotizó novecientas dieciocho (918) semanas al Instituto de Seguros Sociales (ISS)4 entre el veintitrés (23) de octubre de 1974 y el veinticinco (25) de junio de 19925. 3 . De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente. lo que lo llevó a iniciar este trámite en el año 20058.. 2. no podía realizar sin la asistencia de terceros ninguna labor que implicara el más mínimo esfuerzo muscular”7. 5 Folio 17. 4 Folio 25. no podía manejar un esferográfico o un lápiz. en general. en su opinión. cuaderno 1. no podía levantarse de una silla sin ayuda. cuaderno 1. 7 Folio 2. cuaderno 1.316. 8 Folios 2 y 42. cuaderno 1.604 al debido proceso. 3 Folio 16.Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez. solicitó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca que evaluara la pérdida de capacidad laboral del señor Dueñas con el fin de determinar si tenía 2 Folio 14. la accionante sustenta su pretensión en los siguientes Hechos 1. de 66 años2. no podía abrir o cerrar las manos de manera normal. en virtud de ello. 4. no podía vocalizar correctamente al hablar y. cuaderno 1. a la temprana edad de cuarenta y nueve (49) años. Relata que el señor Dueñas “no podía caminar por sí sólo.. a la seguridad social y de petición los cuales.Según afirma la actora. no podía sostener un libro en sus manos.Indica la actora que en aquel tiempo su padre no solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de invalidez. fue la incapacidad para trabajar que le produjo la enfermedad denominada “distrofia muscular”6.. cuaderno 1.durante diecisiete (17) años y ocho (8) meses3 y. pues contaba con medios económicos para vivir decorosamente. situación que ha variado radicalmente en los últimos años a causa de su enfermedad y de los costos cada vez más elevados de su tratamiento. han sido vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. 6 Folio 1.. 3. la razón del retiro de su padre en 1992.Expediente T-2. mediante resolución 061. trabajó para Bancolombia -antes Banco de Colombia.El veintiséis (26) de enero de 2005 el Instituto de Seguros Sociales. no podía subir y bajar escaleras. cuaderno 1.
763. cuaderno 1. el Instituto de Seguros Sociales negó el reconocimiento de la pensión de invalidez al señor Dueñas con fundamento en que. .40% lo que lo hace inválido. tomado como estructuración de su invalidez. En virtud de lo expresado. Puntualizó que el veintiséis (26) de julio de 2004. 11 Folios 25-26. producto de la distrofia muscular generalizada que padece. le es aplicable el artículo 1 de la ley 860 de 2003 que reformó el artículo 39 de la ley 100 de 1993 en lo relativo a los requisitos de esta prestación. 9 Folio 12..El catorce (14) de marzo de 2005 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca determinó que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del señor Dueñas. 5.59911. cuaderno principal. se le concedió la indemnización sustitutiva por valor de $35. según su fecha de estructuración de invalidez. a través de la resolución 004486. esta normatividad exige cotizar cincuenta (50) semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. exigencia con la cual no cumple pues ninguna de las 918 semanas que tiene cotizadas al sistema fue aportada en ese lapso. 10 Folios 22-24. Contra el dictamen no se interpuso recurso de reposición ni apelación. Argumentó que la fecha de estructuración de la invalidez determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca es “inexacta y arbitraria” pues en la historia clínica constan certificaciones de dos médicos que han tratado al paciente durante toda su enfermedad en las que se reseña que la padece desde diciembre de 1991.Con base en el concepto anterior. es del 69. En concreto. la hermana del señor Dueñas – Aura Dueñas Rodríguez-. 6.. solicitó que se ordenara la revisión del caso por parte de la oficina de medicina laboral del ISS con el fin de establecer la verdadera fecha de estructuración de la invalidez y con ella analizar el cumplimiento de los requisitos para la pensión de invalidez12. Como consecuencia de lo anterior. corresponde tan sólo a la fecha en la cual uno de los médicos suscribió uno de los referidos documentos. cuaderno 1. el nueve (9) de febrero de 2006. Así mismo. cuaderno 1. 7.derecho a una pensión de invalidez9.El veintisiete (27) de febrero de 2006. interpuso en su nombre recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. 12 Folios 33-36.. concluyó que la enfermedad es de origen común y que la fecha de estructuración de la invalidez fue el veintiséis (26) de julio de 200410.
La debilidad ha venido progresando (…) lo más llamativo se encuentra en la marcha la cual es de tipo miopático. la cual ha sido progresiva hasta llevarlo en la actualidad a una incapacidad prácticamente completa”13. 5 . Hay abolición de reflejos osteo musculares en forma generalizada (…) En la actualidad la marcha esta más limitada debe hacerlo con apoyo. en los meses siguientes. cuaderno 1. dentro de los documentos valorados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca obra una carta del médico neurólogo Eduardo Palacios dirigida a la oficina de medicina laboral del ISS.316. fechada el veintinueve (29) de noviembre de 2004. cuaderno 1. subir y bajar escaleras. sólo puede hacerlo en computador.”. También se encuentran otros dos documentos. experto en rehabilitación. esta vez suscritos por el médico cardiólogo Adolfo de Francisco Zea: uno de fecha veintiséis (26) de julio de 2004 y otro calendado el quince (15) de octubre de 2004. con disminución de la masa muscular de los antebrazos y de las manos y trastornos de los músculos lumbares con dificultad para los cambios de posición y para la marcha. Hay una marcada limitación que le impide desarrollar sus actividades habituales tales como vestirse. quien estimó su discapacidad en 70%. en ese entonces. imposibilidad para flexionar los dedos de las manos. en la que hizo un resumen de la historia clínica: “Paciente conocido en Diciembre de 1991. difícil sin apoyo. escribir etc.Expediente T-2. hay paresia facial bilateral. Su queja principal. En el segundo informó que “El doctor Pardo Ruiz viajó hace varios años a los Estados Unidos para radicarse allí e infortunadamente no dejó encargado a ninguno de sus colegas de sus archivos médicos (…) Por 13 Folio 43. Este proceso ha continuado incrementándose con el curso de los años y su incapacidad actual es total. pararse de su silla. caminar por sí solo. Fue visto en consulta por el doctor Jorge Pardo. la voz es débil con disfagia. hay una ligera atrofia de la musculatura del antebrazo y de las manos. de 100%”14. casi imposibilidad para escribir. Concluyó que “Desde que conozco a este paciente en 1991 presenta una importante debilidad muscular generalizada. Se inicia por debilidad de la voz posteriormente de las manos y en unos seis meses se comprometen también las extremidades inferiores. En el primero afirmó que ha “venido controlando médicamente al doctor Horacio Dueñas desde septiembre 28 de 1982 (…) época en la cual presentó un cuadro sugestivo de Pericarditis Viral (…) A mediados de 1992 (…) aparecieron signos clínicos de Distrofia Muscular Progresiva. las cuales son débiles con marcada debilidad para cerrarlas. consiste en debilidad muscular de 10 años de evolución. Atrofias generalizadas. 14 Folio 45.604 En efecto. tendencia a pie caído bilateralmente.
reiterando que la fecha de estructuración de la invalidez contenida en él es “inexacta y contradice la historia clínica (…) y los documentos suscritos por los médicos que durante años lo han tratado”18.. solicitud de revocatoria directa del dictamen de pérdida de la capacidad laboral expedido en el caso de su hermano. de los cuales a la fecha no figuran reintegros”17. cuaderno 1.Por solicitud de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca19. presentó en su nombre. dirigida al ISS.. que es simplemente la fecha de la historia clínica en que se hace alusión a la enfermedad diagnosticada ya en 199216”. ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. 17 Folio 32. En consecuencia la llamada estructuración de la enfermedad se estableció en 1992.599. correspondientes a la Resolución No. cuaderno 1. o varios años antes. 10. 8. el ISS resolvió negativamente el recurso de reposición. cuaderno 1. cuaderno principal. . Al recurso se adjuntó una nueva carta firmada el veinticuatro (24) de febrero de 2006 por el médico cardiólogo Adolfo de Francisco Zea.El catorce (14) de enero de 2008.El trece (13) de febrero de 2008 la hermana del señor Dueñas –Aura Dueñas Rodríguez-. 16 Folios 48 y 49.2002 (sic) y en esa fecha el Paciente ya era un INVALIDO 15 Folio 47. 19 Folio 14.C. mediante resolución 000469. Además de reiterar las razones expuestas en la resolución recurrida.. petición que hasta el momento no ha sido resuelta.esas razones no es posible disponer (…) del historial clínico del doctor Dueñas en lo que hace referencia a su padecimiento neuromuscular”15. 9.763. 18 Folios 37-42. 004486 de 09 de febrero de 2006. y no en julio 26 de 2004. y Cundinamarca” y que “obra certificado del Grupo de Nómina de Pensionados y Novedades a la Nómina en donde consta que en nómina de marzo de 2006 ingresó el valor de $35. adujo que “en el expediente pensional no se encuentra escrito alguno mediante el cual el asegurado hubiese presentado reclamación alguna al dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D. cuaderno 1. el veinte (20) de septiembre de 2008 el médico neumólogo Álvaro Morales González informó que ha “revisado la H Clínica [del señor Dueñas] que se abrió por primera vez el día ENERO 8. en la que indica que el señor Dueñas “en 1992 ya presentaba cambios físicos musculares evidenciables a la clínica que le producían la discapacidad que señalamos el doctor Pardo Ruiz y yo mismo.
el cuatro (4) de noviembre de 2008. sostiene que la mencionada determinación no fue motivada de ninguna forma cuando ha debido estar justificada con argumentos científicos25. 12.Expediente T-2. 7 .. en los meses y años siguientes se incrementó hasta hacerse total”22. 22 Folio 44. cuaderno 1. Además. Para llegar a este grado de invalidez el paciente a esa fecha ya tenía que tener VARIOS AÑOS DE EVOLUCIÓN (…) En la actualidad el Sr. mediante resolución 3183. cuaderno 1. el médico cardiólogo Adolfo de Francisco Zea les dirigió una carta en la que expresó que “la distrofia muscular progresiva se instaló a mediados de 1992. HIPOXEMICO E HIPERCAPNICO consecuencia de una enfermedad muscular con severo compromiso de los músculos respiratorios. El error se concreta en la fijación de la fecha de estructuración de la invalidez –veintiséis (26) de julio de 2004. Así mismo. 23 Folios 27-30. cuaderno 1.Aduce la actora que el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca en el caso de su padre viola su derecho al debido proceso al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico. 25 Folios 4 y 10. cuaderno principal. El veinticuatro (24) de noviembre de 2008. 21 Folio 15.más de 14 horas diarias para poder vivir ADEMAS de uso de Oxigeno medicinal en horas en la cuales no se encuentra conectado al sistema mecánico de ventilación”20. los cuales sugieren una fecha muy anterior -1992-24. DUEÑAS requiere de ayuda mecánica – VENTILACIÓN POR CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA PERMANENTE POR METODO CPAP. Una evaluación del doctor Jorge Pardo Ruiz (…) especialista en rehabilitación. 24 Folio 3.pues tal conclusión proviene de una falta de adecuada valoración probatoria de los conceptos médicos que obraban en el expediente. por requerimiento de la Junta antes nombrada21. Indica también que la errada fijación de la fecha de estructuración de la invalidez vulnera a su vez el derecho a la seguridad social de su padre 20 Folio 50. estimó la discapacidad en 70% en ese año de 1992.604 RESPIRATORIO (…) la Ventilación Voluntaria máxima era de MENOS DEL 50%. 11. cuaderno 1. Esta anormalidad lo define como insuficiente respiratorio crónico en grado SEVERO. el ISS confirmó en sede apelación la decisión de negar el reconocimiento de la pensión de invalidez al señor Dueñas sin argumentos adicionales23.316. cuaderno 1.
Por último. cuaderno 1. a causa de la falta de la pensión. puede tardar varios años29. . cuaderno 1. ninguno de los dos demandados se pronunció sobre la acción de tutela de 26 Folios 2 y 3. De igual forma. estima desconocido el derecho fundamental de petición de su progenitor pues la Junta demandada no ha dado respuesta a la solicitud de revocatoria directa que se le planteó desde el trece (13) de febrero de 200828. Desde hace algún tiempo. 28 Folio 4. Respuesta de la entidad demandada 15. además. 27 Folio 4. con base en el nuevo dictamen.Respecto de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial arguye la accionante que este se revela ineficaz en vista de que la carencia de recursos económicos de su familia y el estado de postración de su padre les impide asumir los costos del sostenimiento y del tratamiento médico del mismo mientras es decidido el proceso ordinario laboral. solicitó ordenar al ISS que. cuaderno 1. lo cual. Así mismo. En consecuencia pidió ordenar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca emitir un nuevo dictamen sobre la fecha de estructuración de la invalidez de su padre respetando las pruebas que obran en el expediente “según las cuales la estructuración tuvo lugar durante los años de 1991 y 1992”.. cuaderno 1. a su padre se le están violando los derechos a la vida y a la dignidad humana ya que “en la actualidad (…) carece de recursos económicos propios que le permitan atender sus necesidades básica.A pesar de haber sido notificados por el juez de primera instancia. (…) sobrevive gracias a la buena voluntad de una hermana suya (…)”27.pues derivó en que el ISS se negara a reconocerle la pensión de invalidez26. 30 Folio 11. 13. soy su única hija y hoy en día me encuentro desempleada.Con fundamento en los hechos narrados. Solicitud de Tutela 14. cuaderno 1. considera que. por lo cual no tengo un ingreso permanente que me permita cubrir los elevado costos de su enfermedad. 29 Folio 7. Juana María Dueñas Villamil solicitó la protección de los derechos fundamentales de Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez... proceda al reconocimiento de la pensión de invalidez30.
luego mal podría este Juez de tutela entrar a advertir una vía de hecho. ni los conceptos de los (…) médicos (…) en todos los cuales se manifiesta que la incapacidad se estructuró durante los años 1991 y 1992. 32 Folios 58 y 59.. tuteló el derecho fundamental de petición al haber transcurrido más de doce (12) meses desde la solicitud de revocatoria directa sin que aún se conociera decisión alguna. cuaderno 1. como pretende la Junta Regional de Calificación de Invalidez. es decir. La única fecha que tuvo en cuenta la Junta Regional para determinar cuándo se había estructurado la invalidez. Decisiones judiciales objeto de revisión Sentencia de primera instancia 16. razón por la cual ordenó a la Junta demandada responderla dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del fallo33. A pesar de lo anterior. no se estructura. 9 .El Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá resolvió negar el amparo al considerar que el ISS no había incurrido en la violación de los derechos fundamentales al debido proceso. 55 y 57. que de repente. Lo mismo concluyó respecto de esta última con el argumento de que “se conoce que contra el dictamen procedían los recursos de reposición y apelación. cuaderno 1.Expediente T-2. Impugnación 17. a la vida. a la dignidad humana y a la seguridad social ya que su proceder se había ajustado al dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. y que no se tuvieron en cuenta su historia clínica.604 la referencia31. 33 Folios 59 y 60.La actora impugnó el fallo de primera instancia con el argumento de que “la distrofia muscular.. por parte de la Junta en cita. desconociéndose el material probatorio allegado en su momento”32.316. que no es otra que la fecha en que dicho Resumen se expidió y que naturalmente no 31 Folios 54. cada una de las cuales no superó los diez minutos y durante las cuales no se realizó ningún chequeo médico. en un día preciso. fue la fecha que aparece en la parte superior del Resumen de la Historia Clínica de mi padre suscrito por el doctor Francisco Zea. los cuales no fueron interpuestos por el hoy accionante. Ha de destacarse que la citada fecha fue establecida únicamente con base en dos brevísimas entrevistas hechas a mi padre por dos médicos de la citada Junta. cuaderno 1. mi padre se convirtió en un inválido el 26 de julio de 2004.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia. bástenos observar la respectiva calificación que se emitió el 14 de marzo de 2005”. por no decir que revivir términos administrativos dejados vencer (…)”35. cuaderno 2. Agregó que “la actora no solamente dejó abandonado a su suerte el ejercicio que le correspondía frente a la decisión de la junta de calificación. . sino que además. 36 Folios 12-13.. una comunicación por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca en ella no se informa nada acerca de la decisión tomada respecto de la solicitud de revocatoria directa36. Pruebas solicitadas en el trámite de revisión 19. tampoco ejerció dentro del término legal las acciones ante lo Contencioso Administrativo y es precisamente dicho silencio. cuaderno principal. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1.tiene nada que ver con la fecha de estructuración de la invalidez”34. que después de más de cinco (5) años. como lo era.En vista de que en el expediente no se tenía información sobre la respuesta ofrecida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca a la solicitud de revocatoria directa ordenada por el juez de primera instancia y confirmada por el de segunda. 35 Folios 15-17. el Magistrado Sustanciador. con iguales consideraciones respecto del derecho de petición. estimó que “se denota la falta de inmediatez en el ejercicio de la acción (…) así. solicitó tal información a la junta demandada. y como resultado obvio.Esta Corte es competente para revisar estos fallos de tutela de 34 Folio 9. el primero (1) de octubre de 2009. pretende a través de la presente acción romper el mismo. II. En cuanto a los demás derechos fundamentales presuntamente vulnerados. la demandante acude (…) cuatro (4) años después de haberse generado la supuesta afrenta a los derechos fundamentales. cuaderno 2. Sentencia de segunda instancia 18.. A pesar de que se recibió. mediante auto del dieciocho (18) de septiembre de 2009. la interposición contra el mismo de los recursos de la vía gubernativa.
precisamente. Problema jurídico 2.604 conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional. la Sala se pronunciará entonces sobre los siguientes tópicos: (i) el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y sus excepciones en materia de dictámenes de pérdida de la capacidad laboral.. no ha resuelto la solicitud de revocatoria directa del dictamen de pérdida de capacidad laboral elevada el trece (13) de febrero de 2008. el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes. a la dignidad humana y a la seguridad social tienen su origen en lo anterior pues la razón por la cual el ISS se negó a reconocerle al señor Dueñas la pensión de invalidez se basó. los cuales son la existencia de otro mecanismo de defensa judicial y la ausencia de inmediatez. (iii) el debido proceso en los trámites seguidos ante las juntas de calificación de invalidez. Ello porque las pretendidas vulneraciones a los derechos fundamentales a la vida.316. antes de dar respuesta a este primer cuestionamiento es necesario despejar dos interrogantes relativos a la procedencia de la acción de tutela de la referencia. (ii) el requisito de la inmediatez. 3. El principio de subsidiariedad de la acción de tutela y sus excepciones en materia de dictámenes de pérdida de la capacidad laboral. la Sala advierte que el primer problema jurídico a resolver consiste en determinar si la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca violó el derecho fundamental al debido proceso de Horacio Dueñas al indicar como fecha de estructuración de su invalidez el veintiséis (26) de julio de 2004 con supuesto desconocimiento de su historia clínica y ausencia de motivación. en el dictamen de la Junta demandada que se acusa de violatorio del debido proceso.A fin de resolver el asunto. El segundo problema jurídico que la Sala deberá abordar estriba en analizar si la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca violó el derecho fundamental de petición del señor Dueñas debido que. 11 .Expediente T-2. hasta el momento.. (iv) el derecho de petición en materia pensional y (v) el caso concreto.En atención a lo expuesto. Sin embargo.
Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez. 38 “Esta acción [la de tutela] sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. Lo 37 Sentencias T-859 de 2004. la Sala Cuarta de Revisión concluyó que el proceso ordinario laboral no era idóneo y eficaz en el caso de una persona a la cual se le había suspendido el pago de su pensión de invalidez en virtud de que una junta de calificación de invalidez.. lo cual deberá ser analizado por el juez de tutela atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante41. pues existe un escenario judicial concreto para resolver los conflictos que surjan a propósito de expedición de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral. para cuestionar los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez. el secretario representará a la junta como entidad privada del régimen de Seguridad Social Integral. La razón para ello es el carácter subsidiario que posee el mecanismo judicial previsto en el artículo 86 de la Constitución38. 40 Sentencias T-859 de 2004. T-436 de 2005 y T-108 de 2007.Sin embargo. cual es la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social según los artículos 11 y 40 del Decreto 2463 de 2001 “Por el cual se reglamenta la integración. entre otras. Para efectos del proceso judicial. Artículo 40: “Controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez. recursos y trámites de las juntas de calificación de invalidez se realizarán conforme al presente decreto y sus actuaciones no constituyen actos administrativos”. . 39 Artículo 11: “(…) Los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez no son actos administrativos y sólo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral”. en la sentencia T-108 de 2007. con base en el artículo 86 de la Constitución. T-436 de 2005 y T-108 de 2007. 41 Sentencias T-436 de 2005 y T-108 de 2007. en principio. serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral. con violación del debido proceso. entre otras. también ha indicado dos excepciones a la regla general de la improcedencia. salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación37. mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente.. financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez”39. determinó que su incapacidad laboral había disminuido de forma tal que ya no alcanzaba el porcentaje a partir del cual la legislación otorga tal prestación.4. la acción de tutela no procede. En primer lugar. la acción de tutela procederá como mecanismo definitivo en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto. la jurisprudencia de esta Corporación40. Los procedimientos. 5. Por ejemplo.
procederá como mecanismo transitorio. cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable para lo cual también resulta necesario considerar la situación concreta del solicitante42. en una caso análogo al anterior..-. a pesar de que su enfermedad se había manifestado desde los dos (2) años. como fundamento para la procedencia del amparo. 6. hipertensión arterial. De forma similar. la consecuente imposibilidad de obtener un trabajo y la ausencia de otro ingreso que le permitiera procurarse una subsistencia digna para él y su familia. Aunado a lo anterior. “no se trata (…) de un debate jurídico en torno a la calificación misma de la invalidez del accionante. la Sala Novena de Revisión estimó que era procedente conceder el amparo de forma definitiva en vista de que el medio judicial ordinario no era lo suficientemente expedito en relación con la urgencia de la protección que ameritaba una persona a la que repentinamente se le despojó de una pensión de invalidez que venía disfrutando.En segundo lugar. lo que le impide laborar y por ende procurarse un ingreso propio.604 anterior. 13 . en la sentencia T-859 de 2004.316. de forma tal que lo que se buscaba no era que el juez de tutela variara el porcentaje de incapacidad laboral sino que ordenara que la junta de calificación expidiera un nuevo dictamen con observancia del derecho al debido proceso. a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz. De todo lo anterior se infiere que la afectada se encuentra frente a un perjuicio irremediable que hace viable 42 Sentencia T-859 de 2004. sino de una omisión de los procedimientos respectivos que afecta los derechos fundamentales del actor”. resaltó también la Sala el hecho de que. Así. En esta oportunidad.Expediente T-2. resuelto mediante sentencia T-436 de 2005. insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores. debido a su edad -62 años-. la Sala Novena de Revisión consideró que era procedente conceder el amparo en forma transitoria a una persona con discapacidad mental calificada como inválida a quien se le había negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con base en que la fecha de estructuración de la invalidez determinada por la junta de calificación era posterior a la muerte de su padre. Se indicó que “ni la accionante ni su representada disponen de recursos suficientes para asumir por su cuenta el tratamiento médico (…) sin el cual su salud y calidad de vida amenazan con deteriorarse más. su estado de salud –sufría de varios padecimientos tales como artrodesis de tobillo y rodilla. etc. en realidad. dermatosis. es importante recordar que (…) es una persona con una discapacidad física mayor al cincuenta (50%) por ciento.
la Constitución Política impone al Estado la obligación de ejercer un trato diferente respecto de estas personas a fin de garantizar. resulta acorde con los principios y valores constitucionales favorecer a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. cuando quiera que los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados constitucional y legalmente. de lo contrario. se desdibuja su naturaleza 43 Sentencias T-859 de 2004 y T-108 de 2007.. Así mismo. física o mental.El artículo 86 de la Constitución Política. se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y. Tal deber se deduce de los principios y valores constitucionales. mediante un procedimiento preferente y sumario. En efecto. en concordancia con el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991. El requisito de la inmediatez 8. . el deber de sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”44. de conformidad con el artículo 2º de la Constitución. 7. 44 Sentencia T-859 de 2004. Así mismo.Adicionalmente. se entiende que la solicitud de amparo debe ser elevada dentro de un término razonable y proporcionado a partir del momento en que acaeció el hecho presuntamente vulnerador de los derechos que se quieren hacer valer. la efectividad de los principios.. por si misma o por quien actúe en su nombre. la jurisprudencia constitucional43 ha estimado que en este tipo de casos los requisitos de procedibilidad excepcional de la acción de tutela deben ser analizados de manera menos estricta por cuanto se encuentran involucrados los derechos fundamentales de personas en situación de debilidad manifiesta por su discapacidad física o psíquica. derechos y deberes consagrados en la Constitución. las cuales son sujetos de especial protección. Así pues. la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. pues. del contenido del artículo 13 Superior se deriva la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica. Lo anterior se justifica “en virtud del deber positivo en cabeza del Estado y sus diferentes organismos de tomar las medidas necesarias y favorables para que las personas con discapacidad física o mental puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los demás.la protección de sus derechos fundamentales”. consagra la acción de tutela como un mecanismo que tiene toda persona para reclamar ante los jueces.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2463 de 2001. del origen de la invalidez y de su fecha de estructuración. que las juntas de calificación de invalidez “(…) son verdaderos órganos públicos pertenecientes al sector de la seguridad social que ejercen una función pública pese a que los miembros encargados de evaluar la 45 Al respecto. la evaluación técnico-científica del grado de pérdida de la capacidad laboral.. pues la inmediatez en ningún caso puede entenderse como una suerte de caducidad que la Constitución no ha previsto para el mecanismo contenido en el artículo 86 de la misma. argumento que se refuerza en el caso de los derechos pensionales que son irrenunciables (artículo 53 de la Constitución). Al respecto. autónomos. en sede de constitucionalidad. ni prestaciones sociales. 9. la Sala Plena ha precisado. 15 . entre otras. de carácter privado. T-855 de 2008 y T-129 de 2008.Expediente T-2. cuyos integrantes. 46 Ver sentencia T-158 de 2006 47 Ver sentencias T-1059 de 2007. las juntas de calificación de invalidez son “organismos de creación legal. El debido proceso en los trámites seguidos ante las juntas de calificación de invalidez 10. mediante un dictamen. sólo tienen derecho a los honorarios establecidos en el presente decreto”. T-481 de 2004.En últimas. la razón de ser de la exigencia de la inmediatez estriba en que la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales y la necesidad urgente de su protección se pone en duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó46 Empero. designados por el Ministerio de Protección Social. las sentencias T-1694 de 2000. la jurisprudencia constitucional también ha considerado que no es procedente alegar la inmediatez en la interposición de la acción de tutela cuando el juez constitucional puede constatar que el desconocimiento del derecho fundamental alegado efectivamente subsiste a pesar del paso del tiempo47. no devengan salario. entre otras.316. sin personería jurídica (…)”. T-712 de 2003. T-1122 de 2002.604 como mecanismo de protección inmediata de derechos que se han visto comprometidos o se encuentran ante la amenaza inminente de serlo45..Las juntas de calificación de invalidez tienen por objeto realizar. la cual sirve como fundamento para que las entidades correspondientes decidan respecto del reconocimiento de las pensiones de invalidez. “no tienen el carácter de servidores públicos. siguiendo esta misma lógica. T-873 de 2001. sin ánimo de lucro.
como se dijo. financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez-.En cuanto al procedimiento que rige la forma como deben adoptar sus decisiones.y por el Decreto 2463 de 2001 -por el cual se reglamenta la integración. Concretamente. éste se encuentra contenido en los artículos 38 a 43 de la Ley 100 de 1993. fecha de estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral”. artículo 40 del Decreto 2463 de 2001. lo que guarda plena correspondencia con el artículo 31 del Decreto 2463 de 2001 que prescribe que éstos “deben contener las decisiones expresas y claras sobre el origen. esta Corte ha indicado que los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez “debe ser motivados. a saber: i) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el tratamiento y 48 Sentencia C-1002 de 2004. El cumplimiento de las normas mencionadas por parte de la juntas de calificación de invalidez. 49 En igual sentido.. las cuales. 50 Sentencias T-436 de 2005. cumplen funciones públicas relacionadas con el derecho fundamental a la seguridad social.pérdida de capacidad laboral sean particulares”48. Como corolario de lo anterior. 11. desarrollados por el Decreto 917 de 1999 -que corresponde al Manual Único para la Calificación de la Invalidez. ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como parte integrante del derecho fundamental al debido proceso de las personas que están surtiendo ante las mismas los trámites para la calificación de su invalidez50. . entre otras. la disposición antes mencionada concluye que “los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez no son actos administrativos”. en el sentido de manifestar las razones que justifican en forma técnicocientífica la decisión”51. “al revisar estas preceptivas. [la jurisprudencia constitucional ha destacado] la aplicación de las siguientes reglas básicas en la actuación de las juntas de calificación de invalidez. T-108 de 2007 y T-328 de 2008. 51 Sentencias 424 de 2007 y T-108 de 2007. De manera general. por lo que no pueden ser demandados ante la justicia contencioso administrativa sino ante la jurisdicción laboral ordinaria precisamente por su gran incidencia en el reconocimiento de las prestaciones por invalidez del sistema de seguridad social49.
Al efecto. del pensionado por invalidez o del aspirante a beneficiario por discapacidad o invalidez. También ha recalcado que: (iii) “Los dictámenes que emitan las juntas de calificación. los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal. equipos o elementos. 9° del Decreto 917 de 1999 y arts. comisiones. 17 . En el igual sentido. así como a los empleadores y a las instituciones prestadoras de los servicios de salud que hayan atendido al afiliado. tales como certificado de cargos y labores. realización de actividades. 28 ibid. 53 Sentencia T-424 de 2007.604 rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. deben contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión [según el artículo 9° del decreto 2463 de 2001 que] (…) indica que los fundamentos de hechos son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia. previo estudio de los antecedentes clínicos y/o laborales. entre otros. para la evaluación correspondiente o delegar en uno de sus miembros la práctica de la evaluación o examen físico.)”52. las sentencia T-424 de 2007 y T-328 de 2008. Ordenar la presentación personal del afiliado. uso de determinadas herramientas. Solicitar a las entidades promotoras de salud. a las administradoras de riesgos profesionales y a las administradoras de fondos de pensiones vinculados con el caso objeto de estudio. y en general. los antecedentes e informes que consideren necesarios para la adecuada calificación”54. cuando sea necesario. en varias 52 Sentencia T-436 de 2005. aparatos. 54 Ibídem.. 23 y 25-3 del Decreto 2463 de 2001).Con base en la línea jurisprudencial reseñada. (iv) “A las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez les corresponde [de conformidad con el artículo 14 Decreto 2463 de 2001]. valoraciones o exámenes médicos periódicos. lesión o condición en estudio y que los fundamentos de derecho son todas las normas que se aplican al caso de que se trate”53.316.Expediente T-2. reportes. (…) emitir los dictámenes. a tal solicitud se debe allegar el certificado correspondiente (art. contratos de trabajo. estadísticas o testimonios. 12. ii) Valoración completa del estado de salud de la persona cuya invalidez se dictamina o se revisa. que se relacionen con la patología. subordinación. lo cual incluye historias clínicas. al pensionado o al beneficiario. sentencia T-328 de 2008. para lo cual las juntas deben proceder a realizar el examen físico correspondiente antes de elaborar y sustanciar la respectiva ponencia (art. En similar sentido.
(iii) no informó acerca de la realización del proceso de rehabilitación integral que hubiera recibido el accionante o sobre la improcedencia del mismo. Además. la conducta a seguir es .45%. en la sentencia T-328 de 2008. Dijo: “no tiene sentido establecer como fecha de estructuración de la invalidez de una persona que presenta una enfermedad mental con las características de la que padece la accionante. según otras pruebas aportadas por la accionante ha venido evolucionando notablemente desde sus dos años de edad. al parecer. En especifico. cabe advertir que para efectos de establecer la fecha de estructuración de la enfermedad. Al respecto. la Sala Novena de Revisión cuestionó la fecha de la estructuración de la invalidez establecida por una junta de calificación por haber sido determinada sin tener en cuenta las pruebas. (ii) no aportó información acerca de porqué al proferir el dictamen no valoró en su integridad el estado de salud del peticionario sino tan solo una de las patologías y. indicó que la junta (i) no acreditó que el accionante hubiera sido sometido a examen físico. Recientemente. finalmente. ocasión en la que la junta demandada tampoco tuvo en cuenta todas las patologías que sufría el peticionario ni ofreció sustentación alguna respecto de su exclusión. recordó a la junta accionada que. en caso de no tener certeza sobre el diagnóstico de la accionante. deben tenerse en cuenta pruebas como la historia clínica del afectado y demás exámenes practicados. la Sala Segunda de Revisión consideró que el hecho de no tener en cuenta todos los exámenes médicos realizados al actor para determinar el porcentaje de la incapacidad laboral y no justificarlo desconoce el derecho al debido proceso. la misma Sala Novena estimó que una junta de calificación había vulnerado el derecho al debido proceso al fijar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral pues pretermitió algunas partes del procedimiento reglamentario y existían falencias en la motivación.oportunidades distintas Sala de Revisión han detectado violaciones del derecho al debido proceso por parte de las juntas de calificación de invalidez. la cual le representa una pérdida de capacidad laboral del 71. En la sentencia T-859 de 2004. casi en la misma fecha en la cual se realiza el diagnóstico y máxime cuando se trata de una enfermedad de origen común que. lo cual es exigido por las normas reglamentarias para darle trámite a las solicitudes de certificación de pérdida de capacidad laboral. en el presente caso no se valoraron”. A similares conclusiones arribó la Sala Cuarta de Revisión en la sentencia T-108 de 2007. En la sentencia T-436 de 2005. los cuales.
sentencias T-1089 de 2001. aduce que la junta antes mencionada también le violó el derecho fundamental de petición pues hasta el momento no ha resuelto la solicitud de revocatoria directa del dictamen de pérdida de capacidad laboral elevada el trece (13) de febrero de 2008. la fecha de estructuración de su invalidez.En el presente asunto. Caso concreto 13. salvo que se interponga de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable. la hija del señor Horacio Dueñas considera vulnerado el derecho fundamental de su padre al debido proceso por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca entidad que determinó. en principio.219 de 2001.. Ser puesta en conocimiento del peticionario. facultad contemplada en los artículo 13-7 y 36 del Decreto 2463 de 2001. la acción de tutela no procede. se dispone la Sala a resolver el caso concreto. con los siguientes requisitos: 1. T249 de 2001 y T-377 de 2000.604 ordenar la práctica de exámenes complementarios. pues el artículo 86 de la Constitución prescribe que ésta sólo procederá cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial idóneo. configurándose así un desconocimiento a sus derechos fundamentales a la vida. como ya se señaló. en forma supuestamente errónea y arbitraria. El derecho de petición en materia pensional De manera reiterada. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”55. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación. 19 . En el mismo sentido. en vez de simplemente omitir la dolencia en el dictamen. “la respuesta que se dé al peticionario debe cumplir. por lo menos. la Corte ha protegido los derechos de las personas que elevan peticiones para el reconocimiento de sus derechos pensionales. Así mismo. De conformidad con dicha jurisprudencia. T. Con base en las anteriores consideraciones generales. entre muchas otras. precisa y congruente con lo solicitado. en forma clara.316. Resolver de fondo.. para atacar los 55 Sentencias T-328 de 2008. 2. 3. la dignidad humana y la seguridad social. 14. Ser oportuna. lo que derivó en que el Instituto de Seguros Sociales le negara la pensión de invalidez.Expediente T-2.La primera verificación que se debe realizar en este caso es la relativa a la procedibilidad de la acción de tutela.
a juicio de la Sala. Lo anterior parecería imponer la negación de las pretensiones de la presente acción de tutela pues ésta última no puede ser usada para revivir términos fenecidos. según el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Como está probado en el expediente. 57 ARTICULO 2o. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria.dictámenes de pérdida de la capacidad laboral pues existe para ello un escenario judicial concreto -la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social-. cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. el dictamen realizado por la junta demandada que presuntamente desconoce el derecho fundamental al debido proceso fue emitido el catorce (14) de marzo de 200556 y la prescripción en materia laboral es de (3) años. por la edad. No obstante. sujeto de especial protección en razón de su edad -66 años58. Al respecto. 58 Folio 14. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados. Tal es el estado 56 Folios 22-24. En efecto. sufre desde hace varios años de una distrofia muscular generalizada que le impide realizar sus actividades habituales59 y lo ha llevado a un estado de invalidez –su porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 69. 61 Folio 50. cuaderno 1. 60 Folios 22-24. el mecanismo judicial referido no aparece como adecuado y la tutela de la referencia es procedente de forma definitiva.40%60-. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. resulta innegable que. cuaderno 1. cuaderno 1. por lo que éste fenómeno se configuró el catorce (14) de marzo de 2008. lo que implica para esta Sala analizar la existencia de alguna de las dos excepciones al principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Sin embargo. estado de salud y situación económica del señor Dueñas. en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 4. los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. producto del cual en la actualidad requiere de ayuda mecánica y de oxigeno medicinal para respirar61. cuaderno 1. proceso en el cual también puede discutir el dictamen proferido por la junta de calificación. observa la Sala que el señor Dueñas ya no cuenta con este mecanismo judicial ordinario pues ha operado la caducidad de la acción laboral. . COMPETENCIA GENERAL. estima la Sala que Horacio Dueñas dispone aún de otra vía judicial ordinaria cual es demandar ante la justicia laboral la resolución por medio de la cual el ISS le niega la pensión de invalidez57.y de su invalidez física. beneficiarios o usuarios. Para el juez constitucional no deben ser ajenas las difíciles circunstancias económicas y de salud por las que ha estado atravesando Horacio Dueñas. cuaderno 1. 59 Folio 43.
604 de postración de Horacio Dueñas que se ha visto obligado a actuar siempre por medio de su hermana y de su hija. ya se demostró que la jurisprudencia constitucional ha indicado que en este tipo de casos los requisitos de procedibilidad excepcional de la acción de tutela deben ser analizados de manera menos estricta por cuanto se encuentran involucrados los derechos fundamentales de personas en situación de debilidad manifiesta por su discapacidad física o psíquica64. 21 . lo que se justifica “en virtud del deber positivo en cabeza del Estado y sus diferentes organismos de tomar las medidas necesarias y favorables para que las personas con discapacidad física o mental puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los demás (…). En efecto. derechos y deberes consagrados en la Constitución. Con antelación se reseñaron algunos casos en los cuales esta Corporación tomo en consideración las variables mencionadas para llegar a ésta conclusión63. 62 Folio 4. 64 Sentencias T-859 de 2004 y T-108 de 2007. Allí. ésta última aduce que prácticamente viven de la caridad de su tía pues tanto ella como su padre carecen de recursos económicos propios que les permitan atender sus necesidades básicas y de salud62. del contenido del artículo 13 Superior se deriva la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica. se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y. De particular importancia resulta la sentencia T-426 de 2005 en la que la Sala Novena de Revisión destacó el hecho de que. lo que coadyuva a la procedencia del amparo. la efectividad de los principios. Además. cuaderno 1. 63 Sentencias T-436 de 2005 y T-108 de 2007. 66 Similares consideraciones ha hecho esta Corte en el caso de los funcionarios nombrados en provisionalidad que son declarados insubsistentes sin motivación alguna. física o mental.316. Debe recordarse que el objetivo de la presente acción es lograr que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca expida un dictamen respetuoso del derecho al debido proceso del mismo. Adicionalmente. 65 Sentencia T-859 de 2004. en particular. como en este asunto. Así mismo. el deber de sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”65. con una motivación científica susceptible de ser controvertida ante la justicia laboral66. de conformidad con el artículo 2º de la Constitución. la Constitución Política impone al Estado la obligación de ejercer un trato diferente respecto de estas personas a fin de garantizar. se ha ordenado a la Administración justificar su decisión con el fin de que estar personas puedan acudir a la justicia contencioso administrativa para rebatir las razones de su empleador. no se busca que el juez de tutela modifique el dictamen sino que ordene a la junta de calificación expedir uno nuevo con observancia del debido proceso.Expediente T-2.
cuaderno 1. Advierte la Sala que en efecto ello es así. en adelante la Sala analizará si la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Dueñas al determinar que la fecha de estructuración de su invalidez fue el veintiséis (26) de julio de 2004. En el documento que obra en los folios 22 a 24 del cuaderno 1. . ya que en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral no existe ningún tipo de motivación técnico-científica en relación con la fecha fijada como estructuración de la invalidez.. aunque es cierto que han pasado mas de cuatro (4) años desde la emisión del dictamen. también lo es que ello no se debe a la desidia del señor Dueñas en la gestión de sus intereses. No comparte la Sala el criterio antedicho ya que.Superadas las cuestiones acerca de la procedibilidad. 68 Folios 33-36. una vez expedida la resolución del Instituto de Seguros Sociales por medio de la cual se le negaba el derecho pensional el nueve (9) de febrero de 200667. en primer lugar.15. En efecto.Ahora debe verificar la Sala si se cumple con otro de los requisitos de procedencia de la acción de tutela: la inmediatez. En cuanto al recurso de reposición la entidad mencionada se tardó un año y once meses69 y para el de apelación se tomó diez meses más70. cuaderno 1. 71 Folios 27-30. precisamente. Nótese que la última decisión al respecto fue tomada sólo tres (3) meses antes de la interposición de la acción de amparo71. cuaderno 1.. Como se indicó con anterioridad. cuaderno 1. simplemente se lee: “fecha de estructuración de la invalidez: julio 26 de 2004”. cuestionamientos que fueron resueltos por el ISS de forma exageradamente retardada.catorce (14) de marzo de 2005-. 70 Folios 27-30. lo que desestima la ausencia de inmediatez. Ello por cuanto el juez de segunda instancia negó el amparo bajo el argumento de que esta exigencia no se encontraba satisfecha en vista de que el dictamen que se ataca fue expedido hace más de cuatro (4) años . 69 Folio 32. cuaderno 1. 16. la equivocación y la arbitrariedad presuntamente cometidas por la junta de calificación en la fijación de la fecha de estructuración de la invalidez. esta Corte ha señalado que los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez “deben 67 Folios 25-26. interpuso los recursos de reposición y apelación el veintisiete (27) de febrero de 200668 alegando.
se encuentran “todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia.Expediente T-2. De lo anterior se desprende que estos documentos no pueden ser simples formatos en los cuales se llenan para el caso los espacios en blanco. existen dentro del expediente varios conceptos de médicos tratantes que sugieren que la fecha de estructuración de la invalidez podría ser muy anterior73. resulta sumamente extraño que la fecha escogida por la junta demandada coincida con la de una carta enviada por el médico cardiólogo Adolfo de Francisco Zea al ISS en la cual hace un resumen de la historia clínica del paciente74. tales como certificado de cargos y labores. cuaderno 1. Lo cual es reafirmado por el artículo 9° del decreto 2463 de 2001 que indica que. realización de actividades. 23 . comisiones. aparatos. 74 Folio 45. parte del derecho fundamental a la seguridad social. lo que guarda plena correspondencia con los artículos 31 y 9 del Decreto 2463 de 2001 que prescriben. reportes. fecha de estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral” y “los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión”. que “para efectos de establecer la fecha de estructuración de la enfermedad. uso de determinadas herramientas. lo cual indica que el dictamen carece de fundamento probatorio. En segundo lugar. esta sólo es la fecha de suscripción del documento y no tiene incidencia alguna en la fecha de estructuración de la invalidez. contratos de trabajo. lo cual incluye historias clínicas. deben tenerse en cuenta pruebas como la historia clínica del afectado y demás exámenes practicados (…)”. en el sentido de manifestar las razones que justifican en forma técnico-científica la decisión”72.316. como es obvio. que éstos “deben contener las decisiones expresas y claras sobre el origen. con mayor razón si se trata de un tema tan trascendental como la fecha de estructuración de la invalidez de la cual depende el régimen legal aplicable por lo que puede hacer la diferencia entre el reconocimiento o la negación de una pensión de invalidez. en su orden. 73 Folios 43-50. subordinación. cuaderno 1. los cuales no fueron considerados ni refutados con argumentos científicos o técnicos por la junta. equipos o elementos.604 ser motivados. y en general. Como aduce la peticionaria. valoraciones o exámenes médicos periódicos. en la sentencia T-859 de 2004. 72 Sentencias 424 de 2007 y T-108 de 2007. los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal. cada una de estas opciones deben estar fundamentadas expresamente en un criterio técnico o médico. dentro de los fundamentos de hecho del dictamen. Ya dijo la Corte.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que este fenómeno opera cuando “(…) la decisión judicial (i) se bas[a] en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas. en especial el derecho fundamental al debido proceso administrativo” (subrayado fuera del texto original)77. entre otros. lesión o condición en estudio”75.. . 76 Sentencia T-1094 de 2007. que fue precisamente lo que aconteció en el presente asunto con la única diferencia de que no fueron autoridades administrativas las que originaron el error sino particulares que ejercen funciones públicas. que se relacionen con la patología.. quienes provocan un actuar equivocado de la Administración que vulnera los derechos fundamentales de las personas involucradas.La comprobación de que el dictamen de pérdida de capacidad es violatorio del derecho fundamental al debido proceso produce una vía de hecho por consecuencia en las resoluciones expedidas por el ISS mediante las cuales se negó el derecho a la pensión de invalidez al señor Dueñas pues el primero fue el fundamento de las segundas.estadísticas o testimonios. la Sala de Revisión revocará el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en la acción de tutela instaurada por Juana María Dueñas Villamil como agente oficiosa de su padre Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales y 75 Al respecto. así ésta sea negativa. 18. Bien puede decirse que ésta no es procedente debido a que los dictámenes no son actos administrativos. sentencias T-086 de 2007 y T-705 de 2002. en aquellos eventos en los cuales la decisión de la Administración es resultado de la inducción al error de que es víctima el funcionario que la profiere.Además.De acuerdo con lo anterior. pero de ello no se sigue que la persona no tenga derecho a que se le dé una respuesta oportuna y de fondo. la Sala encuentra demostrada una violación al derecho fundamental de petición por parte de la junta accionada pues hasta el momento no ha resuelto la solicitud de revocatoria directa del dictamen de pérdida de capacidad laboral elevada el trece (13) de febrero de 2008. en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales. En estos casos el acto es producto de la actuación negligente de las autoridades administrativas.. 77 Sentencia 1094 de 2007. 17. y (ii) que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental”76. Así mismo ha precisado que “este concepto puede ser igualmente aplicable a las actuaciones administrativas. ver sentencia T-424 de 2007. En el mismo sentido. 19.
por lo que se limitará a advertir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca que debe responder las peticiones que se le presenten en las forma y términos que establecen la Constitución. De igual forma. incurable79 y el hecho indicativo de que. cuaderno 1. en lo relativo a la fecha de estructuración de la invalidez. la ley 78 Folios 43-50. 79 Folio 43. a la temprana edad de cuarenta y nueve (49) años. desde 1992. Allí la junta tendrá que tomar en consideración los diferentes conceptos de los médicos tratantes que obran en el expediente quienes sugieren que la fecha de estructuración de la invalidez del señor Horacio Dueñas pudo darse entre finales de 1991 y 199278.Expediente T-2. cuaderno 1. 25 . estima innecesario ordenar su contestación en vista de las órdenes que anteriormente se anunciaron.316. y ordenará a la misma expedir un nuevo dictamen en torno a este asunto con estricta observancia del debido proceso de conformidad con los fundamentos jurídicos 11 y 16 de la presente sentencia. a pesar de concluir que se presenta una violación al derecho fundamental de petición. dejará sin efectos el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido el catorce (14) de marzo de 2005 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca en el caso del señor Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez. la Sala dejará sin efectos las resoluciones 004486 del nueve (9) de febrero de 2006. La Sala. 000469 del (14) de enero de 2008 y 318311 del veinticuatro (24) de noviembre de 2008 expedidas por el Instituto de Seguros Sociales. mediante las cuales se le negó el derecho a la pensión de invalidez al señor Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez. y ordenará al Instituto de Seguros Sociales que. En el caso de que la prestación sea reconocida esta entidad tendrá que prever mecanismos para que de forma gradual se compense el dinero entregado al señor Horacio Dueñas en virtud de la indemnización sustitutiva si es que éste dinero ya le fue entregado. expida un nuevo acto administrativo analizando los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez en su caso. En consecuencia. así como la naturaleza de la enfermedad de la cual sufre la cual es degenerativa y. al parecer. se retiró de su actividad laboral debido a su enfermedad. una vez en firme el dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez.604 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca y concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso de éste último.
a la temprana edad de cuarenta y nueve (49) años. 81 Folio 43. así como la naturaleza de la enfermedad de la cual sufre la cual es degenerativa y. RESUELVE Primero. DECISION En mérito de lo expuesto. Allí tendrá que tomar en consideración los diferentes conceptos de los médicos tratantes que obran en el expediente quienes sugieren que la fecha de estructuración de la invalidez del señor Horacio Dueñas pudo darse entre finales de 1991 y 199280. en lo relativo a la fecha de estructuración de la invalidez. al parecer. un nuevo dictamen en torno a la fecha de estructuración de la invalidez con estricta observancia del debido proceso de conformidad con los fundamentos jurídicos 11 y 16 de la presente sentencia. para en su lugar CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de éste último.DEJAR SIN EFECTOS el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido el catorce (14) de marzo de 2005 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca en el caso del señor Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez. desde 1992. En consecuencia. . DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones 004486 del nueve (9) de febrero de 2006.. cuaderno 1. la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. incurable81 y el hecho indicativo de que. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.REVOCAR por las razones expuestas el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en la acción de tutela instaurada por Juana María Dueñas Villamil como agente oficiosa de su padre Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. III. Segundo. dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo.y la jurisprudencia constitucional.. se retiró de su actividad laboral debido a su enfermedad. 000469 del (14) de enero de 2008 y 318311 del 80 Folios 43-50. Tercero. cuaderno 1. ORDENAR a Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca expedir.
316. dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. Notifíquese.Expediente T-2. Cuarto: ADVERTIR a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca que debe responder las peticiones que se le presenten en las forma y términos que establecen la Constitución. líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. un nuevo acto administrativo analizando los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez en el caso del señor Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez.604 veinticuatro (24) de noviembre de 2008 expedidas por el Instituto de Seguros Sociales. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que. comuníquese. expida. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado JUAN CARLOS HENAO PÉREZ Magistrado JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado 27 . la ley y la jurisprudencia constitucional. En consecuencia. publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. mediante las cuales se le negó el derecho a la pensión de invalidez al señor Horacio Alberto Elías Dueñas Rodríguez. Quinto: Por Secretaría General. una vez en firme el dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez. En el caso de que la prestación sea reconocida esta entidad tendrá que prever mecanismos para que de forma gradual se compense el dinero entregado al señor Horacio Dueñas en virtud de la indemnización sustitutiva si es que éste dinero ya le fue entregado.
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