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Timestamp: 2018-03-17 12:44:15+00:00

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Tema 9. Procedimiento Contencioso-Administrativo [122551] | Actividad de las Administraciones (UPF) | Unybook
Tema 9. Procedimiento Contencioso-Administrativo (2017)
Tema 9. Procedimiento Contencioso-Administrativo
Apuntes de la clase Actividad de las Administraciones impartida por Andrés Betancor y contrastada con su libro.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com TEMA 9. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO La jurisdicción se ejerce a través del procedimiento establecido por la ley cuyo diseño obedece a la exigencia de dispensar la máxima garantía para alcanzar la tutela judicial, por lo que las exigencias formales obedecen al criterio o principio espiritualista (dispensar tutela y no el cumplimiento estricto de lo formal).
Existen dos vertientes de análisis del procedimiento: el estático, para sus elementos, y el dinámico, relativo a los trámites, donde encontramos 4 tipos de procedimientos: 1.
Procedimiento (ordinario) en primera o única instancia.
 Juzgados para conocer asuntos, en general, cuya cuantía no supere los 30.000 € (art. 78.1 LJCA).
4. Procedimiento en vía de recurso contra sentencias: Apelación y Casación.
PROCEDIMIENTO: ELEME NTOS GENERALES El proceso es una institución jurídica en la que unas partes controvierten en relación con el Derecho para obtener amparo judicial. La controversia se procede ante un tercero imparcial, el Juez, y encontramos, procesalmente, dos partes: la demandante y al demanda. A la que se puede sumar la codemandada.
PARTES: DEMANDANTE Y DEMANDADA Cabe, en primer lugar, hablar de la capacidad procesal, es decir, la capacidad de ser parte de un proceso que tienen ambas partes. Concretamente, el art. 18 L29/1998 señala quien tiene capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo: 1.
Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, “cuando la Ley así lo declare expresamente.” PARTE DEMANDANTE. ART. 19 L29/1998 Es la parte que “demanda” la acción de la justicia en relación a una pretensión que suscita respecto de cierta actuación de la Administración, condición que deriva de las relaciones que la ley prevé entre la actuación objeto del recurso y la esfera de derechos o intereses del reclamante, la legitimación activa.
El articulo 19 L29/1998enumera todas aquellas persones físicas y jurídicas con legitimización activa y el artículo 20 L29/1998 enumera supuestos en los que se prohíbe a algunas de las persones legitimadas la interposición de recurso contra la actividad de la Administración.
Una excepción del artículo indicado, es la de las entidades de derecho público a las que la ley “haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha administración”. Es el caso de la comisión nacional de los mercados y de la competencia (art. 27 L20/2013) Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PARTE DEMANDADA. ART. 21 L29/1998 Es, usualmente, la Administración “contra cuya actividad se dirija el recurso” (art. 21.1 a) L29/1998), condición, pues, que es fruto de la autoría de la acción objeto de recurso.
Se puede añadir aquí el codemandado, que pueden ser, según el art. 21.1 L29/1998: b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
El art. 21.2 menciona ciertas reglas para ser considera parte demandada en el supuestos del art. 21.1 a).
OBJETO DEL RECURSO: ACTIVIDAD IMPUGNABLE DISPOSICIONES GENERALES Según el art. 26 L29/1998, el reglamento:  Se puede impugnar de manera directa, es decir, cuando se considere contrario a la ley.
 Se puede impugnar de manera indirecta, es decir, se impugna el acto derivado de la aplicación de éste considerado ilegal.
Además, el artículo 26.2 dispone que “la falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación…”.
En el caso que la competencia para anular el acto y anular el reglamento sea del mismo Tribunal, éste dictará sentencia anulando el acto y la disposición que aquél ha aplicado. Por consiguiente, el Tribunal pronuncia un doble fallo anulatorio (art. 27.2 L29/1998) En el caso que el Tribunal sea competente para anular el acto pero no la disposición, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal (art. 27.1 y arts. 123 a 126 Ley 29/1998).
Por último caso, TS anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma (art. 27.3 L L29/1998).
Todo esto, es aplicable a los Decretos legislativos, “cuando excedan los límites de la delegación”(art. 1 L29/1998).
ACTOS ADMINISTRATIVOS Los actos deben cumplir todos los requisitos formales de los artículos 25.1 L29/1998 para ser objeto de recurso contencioso: 1.
Actos expresos o presuntos de la Administración pública.
Actos que pongan fin a la vía administrativa (art. 114 L39/2015).
Actos definitivos o de trámite. Los actos de trámite sólo podrán ser objeto de recurso si (1) deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; (2) determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento; (3) producen indefensión; o (4) perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (art. 25.1 L29/1998).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com “La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento” (art. 112.1 L39/2015).
“No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma” (art. 28 L29/1998).
INACTIVIDAD MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN Se produce cuando la Administración está constreñida de manera imperativa a hacer algo y, sin embargo, no lo hace, pero no se trata de un supuesto de silencio para la resolución (inactividad formal), si no del no complimiento de obligaciones impuestas por normas, actos, contrato o convenios.
La inactivad, sin embargo, no es objeto de recurso directo, ya que el intereso deberá agotar ciertos trámites en los dos supuestos existentes de inactividad (art. 29 L29/1998): 1.
Cuando la Administración tiene una obligación de hacer en relación a una disposición general que no precise de actos de aplicación o un acto, contrato o convenio administrativo, los interesados deberán (1) reclamar el cumplimiento de dicha obligación, (2) y si en un plazo de 3 meses desde la fecha de reclamación la Administración no cumple o no se llega a un acuerdo, (3) los interesados pueden deducir recurso.
Cuando la Administración tiene una obligación de hacer en relación a un acto administrativo firme o definitivo (1) los afectados podrán solicitar su ejecución; (2) la Administración tiene un plazo de 1 mes, desde la petición, para ejecutarlo; (3) agotado dicho plazo sin ejecución, se podrá formular recurso, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el art. 78 de la L29/1998.
VIA DE HECHO Es cuando la Administración pasa a la acción sin cobertura jurídica (sin resolución), incumpliendo et art. 97 L39/2015.Según el artículo 30 L29/1998 regula como imputar dicha vía según la gravedad de la ilegalidad: 1.
El interesado puede formular requerimiento a la Administración, intimando la cesación de la actuación material. A la Administración se le reconoce un plazo de diez días para atender el requerimiento. Si no se produce el cese, podrá deducir el recurso.
Puede deducir directamente recurso contencioso-administrativo, sin necesidad de la intimación.
OBJETO DEL PROCESO: PRETENSIONES DE LAS PARTES Las pretensiones, las peticiones que formulan las partes en relación a la actividad objeto de impugnación, delimitan el objeto del proceso. Las pretensiones deben ser congruentes: 1.
Si se impugnan disposiciones o actos administrativos, el demandante podrá pretender “la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación” y “el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda” (art. 31 L29/1998).
Si se impugna la inactividad material de la Administración, “el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas” (art. 32.1).
Si se impugna la vía de hecho, el demandante podrá pretender que (1) se declare contraria a Derecho, (2) se ordene el cese de dicha actuación y (3) se adopten, en su caso, las demás medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda (art. 32.2 L29/1998).
Así, “los órganos… juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición” (art. 33.1 L29/1998). Aunque le Tribunal puede por la vía del debate de las partes partícipes de su opinión favorable a la ampliación de motivos y preceptos, en los términos indicados (art. 33.2 L29/1998).
PROCEDIMIENTO EN PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA INICIACIÓ ESCRITO DE INTERPOSICIÓN. ART 43-51 LJCA Es aquel escrito que el demandante manifiesta su voluntad de impugnar la actuación de la Administración.
Requisitos del escrito Art. 45.1 L29/1998. “El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso“.
Art. 45.5. “El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda…” El escrito de interposición deberá venir acompañado de los documentos enumerados en el mismo artículo 45, entre los que se incluyen: los que acrediten la representación, la legitimidad y la identificación del objeto de recurso.
Plazos del escrito El plazo varía en función de la actuación de la Administración impugnada, según el art. 46 L29/1998:  Si se trata de disposiciones o actos expresos, el plazo es de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
o Si se hubiera interpuesto el recurso potestativo de reposición, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
 Si el acto es presunto, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
o La Sentencia del TC 52/2014, de 10 de abril de 2014 ha interpretado que: “la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA”.
 En caso de inactividad, 2 meses una vez vencido los plazos de 3 meses, en caso de prestación concreta y de 1 mes, en caso de actos firmes, para que la Administración resuelva la reclamación administrativa, según el artículo 29 LJCA.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com  En caso de vía de hecho: 10 (con requerimiento previo) o 20 (sin requerimiento previo) días; En el caso que la Administración sea la recurrente:  El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
 En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer el será de dos meses. “…el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado” en el supuesto del art. 44.1 L28/1998.
Consecuencias procesales La consecuencia más importe es la puesta en marcha del procedimiento, pero antes el Tribunal deberá comprobar que el escrito reúne los requisitos para tal efecto, pidiendo al interesado subsanar los defectos en un plazo de 10 días; si no lo hace, el Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones (art. 45.3 LJCA).
Las consecuencias asociadas a la interposición, en tiempo y forma, son las siguientes:  Publicación en periódico oficial, si lo solicita el recurrente y a su costa, del anuncio de la interposición del recurso. El Secretario Judicial podrá acordarlo de oficio (art. 47 LJCA).
 Requerimiento del expediente por parte del Secretario Judicial y orden de emplazamiento de los interesados por parte de la Administración con un plazo de 9 días (art. 48, 49.1y 50.3 LJCA).
o La remisión del expediente debe hacerse en un plazo de 20 días. Transcurrido el plazo sin haber remitido el expediente, se reiterará la reclamación y, si no se remite en un plazo de 10 días, se desencadenan las medidas de ejecución forzosa (multas coercitivas, apremio y Ministerio Fiscal)  art. 48 LJCA.
 El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente. Y se entenderá personada por el envío del expediente (art. 50 LJCA).
 Examen de la admisión del recurso interpuesto: a la vista de la interposición y el expediente el Tribunal puede inadmitir el recurso si faltan elementos esenciales para continuar el procedimiento (jurisdicción, competencia, legitimación, inimpugnabilidad, caducidad del plazo), si resulta evidente no hay vía de hecho o no hay obligación que cumplir o si se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme (art. 51 LJCA).
MEDIDAS CAUTELARES La adopción de estas medidas por parte del Tribunal está regulada en los artículos 129 y ss. Ley 29/1998.
¿Quién la solicita? El demandante que considera que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer peligrar la finalidad del recurso.
¿Cuándo? Normalmente, en el escrito de interposición se solicita la adopción de medidas cautelares, aunque se puede solicitar en cualquier estado del proceso, salvo que se trate de un recurso contra disposición general: deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.
¿Qué medidas? “Cualquier medida que asegure la efectividad de la sentencia”. Hay que tener en cuenta que el hecho que se adopte de manera usual, la suspensión de la eficacia no quiere decir, y aún menos excluir, que se puedan adoptar otras medidas de aseguramiento.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ¿Cómo se adoptan? El órgano jurisdiccional las adoptará aplicando los criterios que la Ley detalla y a través del procedimiento regulado.
Según el art. 130 LJCA el Tribual deberá efectuar una “previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto” y, entonces, se adoptaran cuando “la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”, en cambio se “podrá denegarse cuando… pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero”.
En el caso de inactividad material o de vía de hecho, la Ley contempla un régimen específico y más favorable (art. 136.1): “La medida cautelar se adoptará salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos artículos o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderará en forma circunstanciada.” El procedimiento de adopción de las medidas tiene como requisito esencial la audiencia de la parte demandada durante un plazo que no excederá de 10 días (art. 131 LJCA). El Tribunal las acordará por auto.
Las medidas estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado (art. 132.1 LJCA).
En caso de posibles perjuicios: se adoptaran las medidas adecuadas para evitar o paliar perjuicios. Y, también, caución (art. 133 LJCA). Tendrán un inmediato cumplimiento (art. 134.1 LJCA).
Por último, la Ley provee las denominadas medidas provisionalísimas para en circunstancias de especial urgencia. Adopción, sin oír a la parte contraria, en el plazo de 2 días (art. 135 LJCA). En el plazo de tres días, se celebrará la comparecencia de todas las partes sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada. Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal dictará auto, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.
DESARROLLO DEMANDA Y CONSTESTAC IÓN. ART. 52-59 LJCA La finalidad de la demanda y contestación es la formalización de las pretensiones de las partes.
La demanda se presentará cuando el Secretario del Tribunal remita al demandante el expediente administrativo y habrá de deducirse en el plazo de veinte días. En el caso de no presentarse, “el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto” (art. 52.2 LJCA).
Escrito de contestación a la demanda se formulara en un plazo de veinte días con previa entrega del expediente. La contestación se formulará primero por la Administración y luego por las demás partes, si hay, en un mismo plazo y sin entrega, pero sí copia, del expediente (art. 54 LJCA).
Problema del expediente incompleto  art. 55 LJCA.
¿Cómo se ha de formular la demanda y la contestación? Requisitos formales comunes (art. 56 LJCA):  Consignación separada de hechos y fundamentos de derecho. Podrá ser coincide o no con los formulados en la vía administrativa previa Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com  Concreción de las pretensiones (podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración).
 Acompañados de documentos. Más tarde, no se admitirán salvo el demandante para desvirtuar alegaciones contenidas en la contestación a la demanda.
Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso. El órgano jurisdiccional resuelve estimando o desestimando las alegaciones (alegaciones previas art. 58).
En el caso de desestimar las alegaciones previas y seguir con el procedimiento, el Secretario judicial declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61 en los supuestos del art. 57 LJCA.
PRUEBA. ART. 60 Y 61 LJCA La petición de prueba se hará por medio de “otrosí” en los escritos de demanda y de contestación. Deberán expresarse los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan. No obstante, el recurrente podrá también pedirlo dentro del plazo de cinco días siguientes al de traslado del escrito de contestación a la demanda.
El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes en cualquier momento antes de que el pleito sea declarado concluso.
La práctica de la prueba se deberá hacer en un plazo de treinta días siguiendo los arts. 281 y ss de la LEC. Así, los medios de prueba se encuentran el art. 299 LEC.
Las únicas singularidades relevantes introducidas por la Ley 29/1998 son las siguientes: 1.
En los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, “corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad”  alteración de la carga de la prueba.
VISTA O CONCLUSIONES. ART. 62-66 LCJA Es un trámite potestativo y su finalidad es formular de manera oral (vista) o escrita (conclusiones) las últimas alegaciones de las partes a la vista de las formuladas por las otras (réplica) y la prueba practicada.
Así, el trámite se realizará si en hay solicitud de las partes por medio de “otrosí” en los escritos de demanda o de contestación, o por medio escrito una vez concluso periodo de prueba.
En ausencia de solicitud, el órgano jurisdiccional podrá acordarla, sólo excepcionalmente, atendida la índole del asunto (art. 62.4 LJCA).
Si se acordarse la vista o las conclusiones: a) Práctica de la vista: se da la palabra a las partes para que de forma sucinta expongan sus alegaciones.
El Juez podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.
b) Escrito de conclusiones: las partes presentan unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones. Plazo de 10 días sucesivos para los demandantes y los demandados.
Aunque el Tribunal podrá tratar otros motivos relevantes para el fallo y distintos de los allegados, pero deberá ponerlo en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.
Una vez celebrada la vista o presentadas las conclusiones, pleito queda concluso (art. 64.4 LJCA) TERMINACIÓN TERMINACIÓN ANTICIPADA. ART. 51 Y 74-77 LJCA Inadmisión del recurso (art. 51 ljca) Cuando, a juicio del juzgador, constare de modo inequívoco y manifiesto uno de los supuestos del art. 51 LJCA.
Desistimiento del demandante (art. 74 LJCA) Apartamiento del recurso de aquél que lo ha promovido, el demandante.
Allanamiento de los demandados (art. 75 LJCA) Reconocimiento de las pretensiones del recurrente.
Satisfacción extraprocesal (art. 76 LJCA) Reconocimiento total en vía administrativa por la Administración de las pretensiones del demandante.
Conciliación o transacción entre las partes (art. 77 LJCA) A instancia del Tribunal, sobre reconocimiento de hechos o documentos o la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia en materia susceptible de transacción y, en particular, cuando se trate de estimación de cantidad. Podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.
SENTENCIA. ART. 67-73 LJCA La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso.
CONTENIDOS DE LA SENTENCIA Nos podemos encontrar con dos supuestos: (1) un fallo de inadmisibilidad del recurso; o (2) otro sobre el fondo de la controversia suscitada lo que supondrá la estimación del recurso o su desestimación.
El contenido estimatorio en relación con las distintas pretensiones será: “Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada (inactividad).” Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com EFECTOS: ALCANCE DE LA SENTENCIA Es el alcance subjetivo del fallo, que inicialmente tendrá efecto limitado a las partes, aunque puede afectar a más sujeto e incluso puede tener efectos erga omnes.
Sentencias declaratoria de la inadmisibilidad o desestimación: sólo efectos entre las partes.
Sentencias estimatorias que anulan disposiciones o actos producirán efectos para todas las personas afectadas: sentencias firmes que anulan disposiciones tienen con efectos generales desde el día de la publicación del fallo en el mismo periódico oficial en que se publicó la disposición anulada. El efecto erga omnes no será retroactivo. Sin embargo, hay una excepción: si “la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.” Sentencias estimatorias que reconocen una situación jurídica individualizada: sólo producirá efectos entre las partes. La excepción son los de los supuestos de los art. 110 y 111 L29/1998.
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA La L29/1998 distribuye poderes y deberes en relación con la ejecución de las sentencias:      La potestad para hacer ejecutar las sentencias corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso –administrativo que haya conocido del asunto en primera o única instancia.
Las partes están obligadas a cumplir la sentencia en la forma y términos que en éstas se consignen.
Obligación de todas las personas y entidades a colaborar para la debida y completa ejecución de las sentencias.
El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad, salvo que careciese de competencia, de actos y disposiciones contrarios a las sentencias que la Administración dicte para eludir su complimiento.
Si la Administración realiza alguna actividad contraria al fallo, el Juzgador, a instancia de los interesados “procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento”.
El procedimiento de ejecución se iniciará con la comunicación en el plazo de diez días desde la sentencia firme al órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo en un plazo de 2 meses.
Finalmente, con carácter general, la Ley regula el denominada incidente de ejecución, trámite que tiene como objeto resolver cualquier cuestión respeto a al ejecución del fallo.
EJECUCIÓN FORZOSA DE LA SENTENCIA Transcurrido el pazo para la ejecución, “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar [la] ejecución forzosa.” En primer lugar, la ejecución forzosa se inicia por escrito y la habilitación de los medios puede ser tanto general como particular. De manera general el artículo 112 señala que transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado. Y de manera singular:  Multas coercitivas de 150.000€ a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com  Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder (art. 410 CP).
El requisito imprescindible para la efectividad de estos medios es: la identificación de la autoridad, funcionario o agente al que se le notifica personalmente que deben ejecutar el fallo, así como que, antes de procederse a la ejecución forzosa, se le apercibe.
Finalmente, la ley contempla la habilitación específica de ciertos medios de ejecución en atención al contenido del fallo y las pretensiones:    Cumplimiento de una Sentencia que condena a la Administración al pago de cantidad líquida (art. 106 LJCA).
Cumplimiento de una Sentencia que anula acto o disposición (art. 107 LJCA).
Cumplimiento de una Sentencia que condena a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto (art. 108 LJCA).
IMPOSIBILIDAD E INEJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN Como regla general: “No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo” (art. 105.1 L29/1998).
Puede ocurrir, excepcionalmente:   El supuesto de “imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia” (art. 105.2).
Expropiación forzosa de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia: son causas de utilidad pública o de interés social, el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional (art. 105.3).
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. ART. 78 LCJA Juzgados de lo contencioso y, en su caso, Juzgados Centrales de lo Contencioso.
Objeto: cuestiones de personal, extranjería e inadmisión peticiones de asilo, disciplina deportiva y todos los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000€.
Fase inicial de carácter escrito:    Se inicia mediante demanda.
El juez examina la demanda a los efectos de su admisión y ordena simultáneamente tres trámites: traslado al demando, la reclamación del expediente y la citación a las partes para la vista oral.
Una vez recibido el expediente se le dará traslado a las partes para que formulen, en su caso, las alegaciones oportunas en la vista.
Fase de vista oral: se llevará a cabo, en su caso, la prueba.
El juez dictará sentencia dentro de los diez días siguientes.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 1. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona: arts. 114 y ss.
2. Cuestión de ilegalidad: arts. 123 y ss.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com 3. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos de Corporaciones o entidades públicas: arts. 127 y ss.
4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado: arts. 127 bis y ss.
5. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos: art. 127 RECURSOS CONTRA SENT ENCIAS Nos centraremos en los recursos de apelación y casación, pero debemos tener en cuenta la existencia de los recursos contra providencias y autos (art. 79 y 80 LJCA).
RECURSO DE APELACIÓN. ART. 81-85 LJCA Características relevantes: - Su resolución corresponde al superior jerárquico del órgano judicial que adoptó la sentencia objeto de recurso.
La revisión que podrá llevar a cabo este órgano es plena (en contraposición al recurso de casación).
El apelante, el que está legitimado para interponer el recurso de apelación, sólo puede ser aquél que fue parte demandante o demandada en el proceso en el que se dictó la sentencia objeto de recurso.
RESOLUCIONES RECURRIBLES Contra Sentencias de los Juzgados Contenciosos Administrativos (provinciales y centrales), salvo aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros o materia electoral.
En todo caso:     Las que declaren la inadmisibilidad del recurso (aun exceden de 30.000€).
Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
Las que resuelvan litigios entre Administraciones.
Quien resolverá el recurso será:   TS de Justicia contra las sentencias de los Juzgados del contencioso administrativo.
Audiencia Nacional contra las sentencias de los Juzgados Centrales.
EFECTOS DE LA INTERP OSICION DE RECURSO El recurso de apelación es devolutivo (el conocimiento del asunto se entrega al órgano judicial que conoce el recurso) y suspensivo de la eficacia de la sentencia.
No obstante, cabe la posibilidad de la denominada ejecución provisional (art. 84), excepto si: - - La ejecución pudiera producir perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder de aquéllos.
No se podrá acordar cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PROCEDIMIENTO Admisión del recurso ante el juzgado contra cuya sentencia se interpone el recurso “Se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso”.
Si el escrito reúne los requisitos y la sentencia es apelable, “el Secretario judicial dictará resolución admitiendo el recurso, contra la que no cabrá recurso alguno, y dará traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, puedan formalizar su oposición”.
El apelado podrá, oponerse a la admisión, al recurso o, incluso, adherirse a la apelación si considera que la sentencia le resulta perjudicial.
Las partes formularan escrito y el Juzgado “elevará los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo competente, que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisión del recurso o sobre el recibimiento a prueba”.
TRIBUNAL AD QUEM Decidirá sobre (1) la discutida admisión de la apelación y la práctica de la prueba solicitada; (2) la celebración de vista o la formulación de conclusiones; y (3) el dictado de la sentencia. En este último caso, deberá hacerlo en el plazo de diez días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia.
La sentencia estimará o desestimará el recurso. Esto supondrá la confirmación o la revocación de la sentencia apelada. La revocación supondrá que el Tribunal producirá una nueva sentencia con todas las consecuencias y efectos puesto que ha tenido un conocimiento pleno del asunto (efecto devolutivo).
RECURSO DE CASACIÓN. ART. 86-93 LJCA Tiene naturaleza de recurso extraordinario; no es una segunda o tercera instancia, hecho que se traduce en unas restricciones procesales: sentencias recurribles, motivos en atención a los que el recurso es admisible y limitación del conocimiento por parte del Tribunal que conoce el recurso. Lo ventila el TS.
SENTENCIAS RECURRIBLES  Sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala C-A de la Audiencia Nacional y por las Salas C-A de los TSJ (art. 86 LJCA); también cabe contra ciertos autos de tales Salas (art. 87 LJCA).
 En el caso de las sentencias de los Juzgados, sólo serán recurribles las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.
 En el caso de las sentencias de los TSJ el recurso deberá fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o DUE que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la CA será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ (recurso de casación autonómico).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com En ningún caso cabrá el recurso de casación contra sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.
PRETENSIÓN Se pretenden cuestiones de Derecho que conduzcan a la anulación de la sentencia o auto impugnado, con exclusión de las cuestiones de hecho.
Excepción art. 93.3 LJCA: la revisión de hechos sólo se podrá producir cuando el TS lo considere necesario a los efectos de la correcta resolución de la controversia jurídica. En tal caso, sólo podrá completar los hechos probados con otros que aparecen justificados en las actuaciones pero que no fueron tomados en consideración.
MOTIVACIÓN: INTERÉS CASACIONAL El requisito de admisión es el interés casacional, que será apreciado por el propio TS caso o caso, aunque la ley destaca circunstancias en las que el TS “podrá apreciar” existencia del interés casacional (objetivo): a) Resolución contradictoria.
f) Resolución contradictoria con la JTJUE.
b) Resolución gravemente dañosa.
g) Disposición de carácter general.
c) Afectación a un gran número de situaciones.
h) Convenio entre Administraciones.
d) Debate sobre validez constitucional de una ley.
i) Procedimiento especial de protección de DDFF.
e) Doctrina constitucional errónea.
Existen también circunstancias en las que el Tribunal ha de “presumir” el interés casacional: a) b) c) d) e) No exista jurisprudencia.
Se aparta deliberadamente de la jurisprudencia.
Anula disposición de carácter general.
Actos o disposiciones gubernamentales.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PROCEDIMIENTO Preparación. ART. 89 En primer lugar, la preparación: 1.
Tiene lugar ante la Sala de instancia que dictó la sentencia objeto del recurso La interposición ha de producirse en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre.
Están legitimados para la interposición del recurso aquellos que fueron parte en el proceso en el que la sentencia se dictó “o debieron haberlo sido”.
El escrito de preparación ante la Sala de consiste en un escrito donde el recurrente deberá acreditar (el cumplimiento de requisitos formales), identificar (las normas o la jurisprudencia infringidas y, en su caso, la naturaleza estatal o europea del Derecho infringido) y justificar (relevancia de la infracción, así como, especialmente, el interés casacional objetivo) que el recurso cumple con los requisitos establecidos en la Ley.
En tercer lugar, la Sala de instancia hace una comprobación motivada del cumplimiento de los requisitos formales:  La Sala podrá considerar que el recurso anunciado no cumple los requisitos por los que acuerda, por auto, no tener por preparado el recurso, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo.
 Si se cumplieran los requisitos, mediante auto se “tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo. Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión”.
Por último, a preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
admisión. ART. 90 El control de la admisión gira alrededor del interés casacional objetivo por el TS.
En primer lugar, los autos de admisión (1) precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo y (2) identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación.
En segundo lugar, las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de las circunstancias enumeradas en el art. 90.4 LJCA.
Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. La decisión del Tribunal Supremo es definitiva. No cabe revisión alguna.
interposición del recurso. ART 92 Admitido el recurso, llega la fase de fundamentar las pretensiones con razones de hecho y de Derecho.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com En primer lugar, se hace saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de la admisión, para presentar en el TS el escrito de interposición del recurso de casación.
En segundo lugar, el escrito de interposición del recurso de casación deberá cumplir con los requisitos expuestos en el artículo 92.3: (1) el requisito formal y (2) el requisito sustantivo.
En tercer lugar, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el BOE los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.
En cuarto lugar, si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido, la Sección de la Sala de lo C-A del TS competente para la resolución del recurso acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
En quinto lugar, si el escrito cumpliese los requisitos, se dará traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de treinta días. En este escrito no podrá pretenderse la inadmisión del recurso.
En sexto lugar, la sección competente decidirá, una vez transcurrido el plazo de oposición, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, celebrar vista “salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo”.
Sentencia. ART. 93 La sentencia se habrá de dictar en el plazo de diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.
En contenido más habitual será (1) la fijación de la interpretación de las normas estatales o del DUE sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del TS; y (2) la resolución de las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos.
Aunque el objeto de consideración pro el TS son las cuestiones de Derecho, podrá haber “integración de los hecho” (art. 93.3). En el caso que los “nuevos” hechos sean contradictorios con los admitidos por el tribunal de instancia  substitución (puede haber revisión).
Por último, las costas: - Costas de instancia (art. 139): en primera o única instancia, así como en vía de recurso, las costas recae sobre la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones o desestimado totalmente el recurso.
Excepción: el Tribunal puede apreciar (y razonar) que no se aplique dicha regla en si concurren circunstancias que no la hace aconsejable como.
- Costas de casación: cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. “No obstante, podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima” (art. 93.4).
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References: artículo 20
e contrario
 artículo 26
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 artículo 30
 artículo 45
 resolución 
 artículo 29
 artículo 61
 artículo 112
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 artículo 92
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