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Timestamp: 2013-05-23 06:27:05+00:00

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Proyecto de Ley 77 de 08-08-2012 | Normatividad - actualicese.com
Formulario 210 DR Naturales Impuesto a la Equidad CREE Incapacidad Hijo Oportunidad Morosos Impuestos Copropiedades Proyecto de Ley 77 de 08-08-2012
ARTICULO 1. DEL CONTADOR PROFESIONAL El Artículo 1° de la Ley 43 de 1990 quedará así: “Del Contador Profesional". Se entiende por Contador Profesional la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional, estará facultada para realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, según se establece a continuación: El Contador Profesional encargado de dar aseguramiento sobre la información financiera se denominará Contador Público y estará facultado para dar fe pública de los hechos propios de su profesión y dictaminar sobre estados financieros, así como ejercer cualquier actividad propia de la profesión. El Contador Público deberá ser independiente del ente auditado, de sus accionistas y de las entidades gubernamentales responsables del control y vigilancia de dicho ente.
El Contador Profesional, preparador de estados financieros para poder certificar los mismos, deberá cumplir con las exigencias de pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya. ARTICULO 2. DE LA INSCRIPCIÓN. Para obtener la inscripción como Contador Profesional se requiere el lleno de los requisitos señalados en el Artículo 3° de la Ley 43 de 1990, excepto que la experiencia que debe acreditar en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y bajo supervisión de Contador Profesional, será de tres años adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos, esta exigencia aplicará tanto para el contador público como para el contador profesional privado . PARÁGRAFO. La inscripción como Contador Profesional deberá certificarse cada tres años, acreditando en la forma señalada por el Gobierno Nacional, el haber asistido a cursos de educación continua con una extensión no inferior a 80 horas en ese período, en universidades o en centros de educación no formal aprobados por la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya. Para el caso específico de los Contadores Públicos deberá acreditarse la asistencia a cursos de educación continuada en temas relacionados con estándares internacionales de aseguramiento y auditoría, así como en estándares internacionales de información financiera. CAPÍTULO II
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONTADURÍA PÚBLICA ARTÍCULO 3. CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Facultase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses contados a partir de la aprobación de la presente ley transforme la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, donde quedarán integrados el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
ARTÍCULO 4. DE LOS BIENES Y RECURSOS. Son bienes de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título. ARTÍCULO 5. Constituyen recursos de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, los derivados de: 1. El trámite de inscripción en el registro profesional de los contadores públicos, personas naturales, y las sociedades de profesionales de contadores públicos. 2. La expedición de certificaciones. 3. La venta de impresos y publicaciones. 4. Las donaciones. 5. La organización de eventos académicos y demás actividades inherentes a sus funciones. 6. Los derechos por presentación de pruebas para la habilitación o acreditación profesional.
PARÁGRAFO 1°.Los dignatarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán de dedicación exclusiva a esta actividad, de tiempo completo y harán parte de las respectivas plantas de personal y, a ellos así como a los funcionarios y asesores de esta entidad, se les aplicarán en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, reglas para manejo de conflictos de interés y demás normas consagradas en la Ley 734 de 2002 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Los dignatarios no podrán ejercer la profesión durante su encargo, con excepción de la docencia. PARÁGRAFO 2°. El presidente del CTCP será elegido entre sus miembros por un año, pudiendo ser reelegido.
ARTÍCULO 16. La Sala contará para el desarrollo de su función con contadores públicos y abogados, cuya cantidad y perfil serán definidos por el Consejo Directivo de la UACP. Previo un programa anual, que deberá ser aprobado por el TCP, la Sala establecerá los sujetos de evaluación para el año, sin perjuicio de realizar inspecciones no programadas de acuerdo con las circunstancias. Los planes de inspección, los procedimientos a desarrollar y los informes a producir, serán establecidos formalmente por la Sala y aprobados por el TCP. ARTÍCULO 17. La Sala no podrá imponer sanciones. Si de sus informes se derivan incumplimientos legales o técnicos de los contadores o firmas de contadores evaluados, los profesionales a cargo del trabajo deberán preparar ponencia para ser presentada a la Sala Disciplinaria, que se encargará del proceso a partir de ese momento. ARTÍCULO 18. REGIMEN DISCIPLINARIO. El Tribunal de la Contaduría Pública ejercerá la facultad disciplinaria respecto de los contadores públicos, para la investigación y sanción de las faltas disciplinarias gravísimas, graves y leves, tal como se definen en esta Ley.
Los contadores profesionales, no están obligados a informar hechos irregulares cuando éstos ya hayan sido conocidos por quienes tienen interés jurídico en conocerlos, o por las autoridades competentes. El revisor fiscal o auditor externo, no incurre en culpa cuando su incumplimiento se derive de la negativa a darle acceso oportuno a la información completa, o porque ésta se le oculte o tergiverse. El revisor fiscal o auditor externo, tienen deber de guardar secreto sobre los asuntos conocidos en ejercicio de su profesión, salvo en las materias, en las oportunidades y respecto de las personas a las que la ley y los contratos dan en forma expresa el derecho a recibir informes de ellos. El revisor fiscal o auditor externo, no serán responsables cuando se utilice un informe suyo para fines distintos de los previamente determinados por las normas legales o, en su caso, acordados con el contratante.
ARTÍCULO 22. DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS CONTADORES PÚBLICOS: Son faltas disciplinarias las siguientes: a. haber sido condenado por delitos contra la fe pública o la propiedad por razón del ejercicio de sus funciones; b. haber ejercido cualquiera de sus funciones durante el tiempo en que se le falló una sanción de suspensión o cancelación de la inscripción como contador público;
l. utilizar la persona jurídica como instrumento para la comisión de delitos contra la fe pública. PARAGRAFO 1°. También se consideran faltas graves las mencionadas en el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
PARÁGRAFO 2°. Para las personas jurídicas elegidas para la revisoría fiscal o la auditoría externa así como para las personas naturales elegidas o designadas para actuar como revisor fiscal o auditor externo, cuando se mencionen las normas sobre la manera de ejercer la profesión o las de la ética profesional o las normas legales o jurídicas vigentes, tales expresiones deberán entenderse referidas a los estándares de aseguramiento y auditoría. En materia de faltas disciplinarias, no existe responsabilidad objetiva; toda sanción implicará la prueba de la culpa por parte del Estado.
ARTÍCULO 23. SANCIONES POR FALTAS DISCIPLINARIAS: El Tribunal de la Contaduría Pública podrá imponer las siguientes sanciones: a. Amonestación;
d. Cancelación. Las multas se liquidarán con base en el salario vigente en la fecha en la cual se hubiesen cometido los hechos.
La sanción de cancelación sólo podrá imponerse en caso de reincidencia, a menos que se trate de falta gravísima, caso en el cual podrá imponerse la suspensión aunque no existan sanciones previas. Para los efectos de esta ley, reincidencia se entiende como la imposición de dos (2) sanciones ejecutoriadas en un periodo de tres (3) años consecutivos, los cuales se contarán a partir de la ejecutoria de la primera sanción tenida en cuenta para la reincidencia, en los términos de este artículo. La sanción de suspensión no podrá ser superior a un (2) años. La sanción de cancelación podrá ser levantada a los diez (10) años o antes y deberá ser adoptada por unanimidad de los miembros del Tribunal de la Contaduría Pública. El registro de las sanciones disciplinarias ejecutoriadas será por un término máximo de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción. Vencido dicho término se cancelará el dato negativo existente en los registros que lleve la autoridad disciplinaria.
ARTÍCULO 24. DEL PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS. 1. Del procedimiento de las actuaciones administrativas disciplinarias: Las actuaciones administrativo disciplinarias que adelante el Tribunal de la Contaduría Pública en ejercicio de su función disciplinaria atenderán los principios señalados en este artículo. Los vacíos de procedimiento de esta Ley se deben llenar en primera instancia con el Código Contencioso Administrativo y en su defecto con las normas del Código Único Disciplinario, esto es, la Ley 734 de 2002.
2.2 Diligencias previas. Se practicarán diligencias previas para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al posible responsable. Dichas diligencias no excederán de seis (6) meses, al cabo de los cuales cesará el proceso o se decidirá abrir investigación. Este término es perentorio y su incumplimiento será considerado causal de mala conducta. 2.3 Investigación disciplinaria formal.La decisión de apertura de investigación se notificará de forma personal al investigado; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio. Para la determinación de las faltas disciplinarias se deberán practicar las pruebas de acuerdo con las disposiciones que las regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. A las actuaciones del Tribunal de la Contaduría Pública en esta materia no se podrá oponer reserva; sin embargo, los documentos que se obtengan seguirán amparados por la reserva que la Constitución y la ley establezca respecto de ellos y el investigado tendrá acceso al expediente en cualquier momento con el deber así mismo de guardar la reserva aplicable sobre los documentos que allí reposen.
La investigación disciplinaria tendrá un término de seis (6) meses, prorrogables, por una sola vez, por tres (3) meses más. 2.4 Formulación de cargos. Si se considera que los hechos investigados constituyen una posible falta disciplinaria, se formularán los cargos correspondientes a los presuntos infractores mediante acto motivado, contra el cual no procede recurso alguno.
2.5 Período probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que no los cumplan y se ordenará de oficio las que se consideren pertinentes, mediante acto motivado que señalará el término para su práctica, 2.6 Valoración probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza de la falta disciplinaria, la índole de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen disciplinario;
El acto administrativo que cierre la investigación y corra traslado al investigado o a su apoderado se notificará personalmente o en su defecto por edicto emplaza torio. 2.8 Decisión de la actuación administrativa disciplinaria. La decisión que se adopte por el Tribunal de la Contaduría Pública se notificará personalmente; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio. La Sala Disciplinaria podrá fallar sobre los casos de faltas leves y graves e imponer sanciones de amonestación o multa. Para el efecto, podrá utilizar, según la gravedad, un sistema oral, para lo cual emitirá el reglamento respectivo que deberá ser aprobado en sala plena. Los procesos que impliquen sanciones de suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, deberán ser decididos en sala plena. Contra los fallos emitidos tanto por la Sala Disciplinaria como por la Sala Plena obra el recurso de reposición. Contra los fallos de la Sala Plena obra también el de apelación. 2.9 Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones adelantadas deberá efectuarse en la dirección que aparezca registrada en el Tribunal de la Contaduría Pública o en la que haya indicado el investigado en su primera intervención.
Se notificarán personalmente el auto de apertura de diligencias previas, el auto de apertura de investigación formal, el pliego de cargos, el auto de archivo definitivo, la decisión de primera y segunda instancia, el acto administrativo que decide los recursos interpuestos, así como el acto administrativo que decide solicitudes de pruebas y de nulidad. En su defecto estos actos administrativos se notificarán por edicto emplazatorio. La notificación de pliegos de cargos y de la decisión final de la actuación administrativo disciplinaria, deberá hacerse personalmente dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la expedición del acto. Durante ese lapso se enviarán al interesado dos (2) citaciones con intervalo de diez (10) días. Si vencido este periodo de tiempo no fuera posible hallar al investigado, se notificará por edicto que permanecerá fijado en lugar visible de la entidad por espacio de diez (10) días.
En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la realización del último acto, En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar.
ARTÍCULO 25. REGIMEN DE INTEGRACION NORMATIVA. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en su orden las siguientes normas: Ley 43 de 1990.
ARTÍCULO 27. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – Autorizase al Presidente de la República, para hacer los traslados, suspensiones y creaciones de los cargos que sean necesarios en las diferentes entidades que tocan con esta ley con el fin de optimizar las funciones, consultando los principios de eficiencia, eficacia y economía.
ARTÍCULO 29. DE LA VIGENCIA: Esta ley rige desde su promulgación y deroga el artículo 56 de la ley 43 de 1993 y todas las disposiciones que le sean contrarias. Gabriel Zapata Correa Senador de la República
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 Artículo 3
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 ARTÍCULO 5

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 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 22
 Artículo 48

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 29
 artículo 56
 Resolución