Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-639-96.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:35:46+00:00

Document:
T-639-96
Peticionarios: Martha Haydee Villamizar Jaimes, Mario de Jesús Carranza Alfonso Clara Inés Prieto Acosta, Fabriciano Pedraza, Juan Bautista Calderón Cabana, Germán Jiménez Delgado, Humberto Villalba Rodríguez, María Virginia Puerto Camacho, Jorge Eliecer Guzmán Sabogal, Amparo Marín Arias, contra la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social y la señora Yolanda Rodríguez de Pinillos.
Procedencia: Tribunal Superior de Santafé de Bogotá D.C. -Sala Laboral-
Santafé de Bogotá, D.C. veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
En los procesos de tutela radicados bajo los números T-100.559 y T-100.563, adelantados por los demandantes contra la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social y la doctora Yolanda Rodríguez de Pinillos, en su calidad de subdirectora general de Prestaciones Económicas de dicha entidad, y que fueron acumulados por la Sala de Selección de la Corte Constitucional, mediante auto del 26 de junio de 1996, para decidirse en una misma Sentencia al encontrar unidad de materia entre sí.
Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión las acciones de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
Los actores por medio de apoderado judicial, interpusieron las acciones de tutela ante los Juzgados Tercero (3°) y Decimoprimero (11°) Laborales del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., en contra de la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social y la doctora Yolanda Rodríguez de Pinillos, por presunta violación de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social; consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 48 de la Constitución Política.
Igualmente, solicita que se condene a la doctora Yolanda Rodríguez de Pinillos a pagar a los actores los daños y perjuicios, causados con la revocatoria de los actos que concedieron las pensiones de invalidez.
I. Las decisiones judiciales
1. Sentencias de primera instancia proferidas por los Juzgados Tercero (3°) Decimoprimero (11°) Laborales del Circuito de Santafé de Bogotá D.C.
3. Sentencias de segunda instancia
3.1. Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. Sala Laboral.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., en Sentencia del 28 de mayo de 1996, decidió confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero (3°) Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. en el proceso de tutela instaurado por los señores Martha Haydee Villamizar Jaimes, Mario de Jesús Carranza Alfonso y Clara Inés Prieto Acosta, por considerar que la acción de tutela no está concebida como una manera de pretermitir los procedimientos judiciales ordinarios o especiales previstos por la ley, pues no se trata de una acción paralela a ellos, sino subsidiaria.
3.2. Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. Sala Laboral conformada por las magistradas doctoras Carmen Elisa Gnecco Mendoza, Elizabeth Ramírez Garzón y Graciela Moreno de Rodríguez, en el proceso de tutela No. T-100.563.
En Sentencia proferida el 29 de mayo de 1996, dicha Sala, decidió revocar la Sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Decimoprimero (11°) Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. el 19 de abril de 1996, para resolver la tutela impetrada por los señores Fabriciano Pedraza, Juan Bautista Calderón Cabana, Germán Jiménez Delgado, Humberto Villalba Rodríguez, María Virginia Puerto Camacho, Jorge Eliecer Guzmán Sabogal, Amparo Marín Arias, por considerar que si bien es cierto el artículo 73 del C.C.A. prevé la posibilidad de revocar directamente los actos administrativos cuando ocurren por medios ilegales, no lo es menos que el artículo 74 del mismo ordenamiento dispone que tal revocatoria cuando se trate de actos de carácter particular y concreto, deberá comunicarse al particular para que éste cuente con la posibilidad de defenderse, presentando pruebas y controvirtiendo las que se aporten.
A folio 59 del expediente No. T-100.559, se encuentra dicho oficio dirigido al Juez Tercero Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., donde informa que una vez hechas las averiguaciones de rigor al interior de la entidad, se pudo determinar que se habían reconocido varias pensiones de invalidez con fundamento en certificados de valoración falsos, hecho por el cual se formuló la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, que la entidad acusada pudo detectar que entre los documentos presuntamente falsos, se encontraban aquellos aportados por los señores Clara Inés Prieto Acosta, Mario de Jesús Carranza Alfonso y Martha Haydee Villamizar Jaimes para obtener su pensión de invalidez.
A folio 64 del expediente T-100.559, se encuentra dicha comunicación donde el citado funcionario afirma: "Con el presente me permito certificar que revisados los archivos existentes en esta División y los de Cajanal Seccional Cundinamarca y Santafé de Bogotá, no existe sustentación alguna que indique haberse expedido concepto de invalidez del referenciado (a); así mismo cabe anotar que la firma estampada en el mencionado documento no coincide con la habitual del jefe de la División de Salud Ocupacional."
A folio 105 del expediente T-100.559 se encuentra el citado informe, dirigido a la jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación, informando que a la citada unidad le correspondieron los sumarios iniciados en contra de los señores Mario de Jesús Carranza Alfonso y Martha Haydee Villamizar Jaimes, por el presunto delito de fraude procesal.
5. Pruebas recaudadas por la Sala Novena de Revisión.
Por Auto de septiembre 19 de 1996, esta Sala ordenó oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que informara si contra los actores de las presentes tutelas se había formulado denuncio penal y de ser así, en que estado se encontraban dichas diligencias.
Por medio de Auto del 9 de octubre de 1996, esta Sala solicitó a la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, información acerca del trámite seguido por esa entidad para el reconocimiento de las pensiones de invalidez de los demandantes en las presentes acciones de tutela; si ellos se encargaron personalmente de tramitar su pensión ante esa dependencia luego de obtener el certificado de valoración médica de la División de Salud Ocupacional y qué tipo de controles tiene implementados la entidad demandada para verificar que los documentos aportados sean los genuinamente expedidos por las correspondientes dependencias oficiales.
La subdirectora de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante oficio SGPE No. 3719 del 18 de octubre de 1996, informó a esta Sala que el trámite ordinario para el reconocimiento de una pensión se inicia una vez recibida la petición, se verifica si el solicitante a recibido con anterioridad otra clase de prestación de la entidad, luego se envía la solicitud al Grupo de Convenios Interinstitucionales, donde se hace la liquidación y se proyecta el acto administrativo que resuelve la petición, el cual firma la subdirectora de Prestaciones Económicas y de allí se envía al Grupo de Organizaciones y Notificaciones, donde se lleva el control del trámite de los recursos -si los hubiere- o se envía al Grupo de Nómina para que se incluya el nombre del beneficiario en la nómina general de pensionados.
2. Revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y concreto.
2.1. Criterios Doctrinales.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el tema de la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto, sosteniendo que, en principio, estos son irrevocables salvo que medie el consentimiento expreso y escrito de su titular, lo cual obedece a "razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la Administración a través de un acto administrativo".(Sentencia T-347 de 1994, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
En consecuencia, el acto creador de situaciones individuales no puede ser revocado sin el consentimiento de su titular, pues tal actuación está expresamente prohibido por la Ley. para que pueda darse tal revocatoria, es necesario que "la propia Administración evite el quebrantamiento de la norma superior de derecho" acudiendo a la acción contenciosa en donde, "además de la nulidad del acto, se obtenga el restablecimiento del derecho conculcado."(Sentencia 584 de 1992. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero)
"Así las cosas, hay que decir que los actos administrativos, cuando hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrán ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito del titular salvo, cuando resulten del silencio administrativo positivo, se den las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso-Administrativo, o fuere evidente que el acto se produjo por medios ilegales. En el caso a estudio, es manifiesta la oposición a la Constitución y a la ley de la Resolución No. 8 de 1968, pues fue expedida por una Dependencia que carecía de competencia para autorizar que se construyera un condominio privado sobre el espacio público; es claro también que no está de acuerdo con el interés público, pues es deber del Estado, no solo: "velar por la integridad del espacio público...", sino también, y en virtud del mismo Artículo 82 de la Constitución, "...y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular". Además, le causa agravio injustificado a los ciudadanos, que se vienen viendo privados del uso de una franja del espacio público, irregularmente ocupada. Y, aunque no obra en el proceso la prueba plena que permita afirmar que es evidente que el acto se produjo por medios ilegales, sí hay al menos motivos para sospecharlo." (Sentencia T-230 de 1993, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).(subrayas fuera de texto).
"Empero, en el caso sub exámine, se configura una de las excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral del acto de reconocimiento del derecho, referente a la utilización de medios ilegales para la obtención del acto de que trata el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. Consta en el expediente que de acuerdo con la investigación administrativa adelantada por la Seccional Magdalena del Instituto de Seguros Sociales 'No existió vínculo laboral entre FABIO PASTOR ALVAREZ y la Empresa CANTERAS DEL NORTE y/o DARIO PASTOR ALVAREZ, Patronal 0201710085, comprobándose la configuración de una afiliación fraudulenta, por lo cual ordena descontar las semanas cotizadas a través de este patronal desde su afiliación (folio 11).
"En estas circunstancias no se encuentra quebrantada la norma en referencia y por consiguiente los derechos fundamentales invocados, pues la demandada si podía ante esta circunstancia, revocar en forma unilateral el acto administrativo de reconocimiento pensional como lo hizo por medio por medio de la Resolución que ordeno suspender el pago de la pensión de vejez, la cual goza de la presunción de legalidad que ampara los actos de la administración, resolución que en este caso solamente puede por consiguiente ser anulada por la jurisdicción competente, con el lleno de los requisitos legales pertinentes" (Sentencia T-376 de 1996, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
"De manera pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, según el cual 'Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores...' porque indudablemente se da la primera de las causales que da lugar a la revocatoria directa. A juicio de la Sala esta interpretación consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos." (Sentencia del 6 de mayo de 1992, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda.).
También en Sentencia del 27 de julio de 1994, la Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda del Consejo de Estado, en relación con el mismo tema sostuvo:
"Advierte la Sala que la resolución acusada no se fundamenta en que el acto revocado hubiese sido proferido como consecuencia de maniobras ilegales, circunstancia que, según las voces del art. 73 sí podría dar lugar a la revocatoria oficiosa del acto de carácter particular y concreto aún sin el consentimiento del particular afectado: la resolución solamente invoca como motivo de la revocatoria un posible agravio injustificado a los trabajadores involucrados, por no haberse culminado una investigación por "retención de salarios por los descuentos efectuados a los trabajadores del turno comprendido entre las 4:30 P.M. y las 12:30 del día 1°. de diciembre de 1989". hecho que en forma alguna es imputable a la empresa, pues se trata de una omisión de la misma administración.".
Analizando las circunstancias específicas del caso bajo estudio, esta Sala de Revisión considera que la tutela solicitada no puede ser concedida, por cuanto la Caja Nacional de Previsión Social actuó conforme a las disposiciones consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, el cual en su inciso 2°, como se ha señalado, establece la posibilidad para la Administración de revocar sus propios actos administrativos de carácter particular y concreto, cuando estos sean producto de un acto ilegal, obviamente, con acatamiento a las normas del debido proceso. En este caso, luego de una visita practicada por la Procuraduría General de la Nación a la Subdirección de Prestaciones Económicas de la entidad, el organismo de control pudo establecer que algunas de las pensiones de invalidez fueron concedidas con fundamento en documentos falsos, entre las que se encontraban las de los demandantes.
De ahí que la entidad acusada adelantara una investigación interna, donde, luego de un estudio minucioso de los documentos aportados como soporte para obtener las pensiones de invalidez, concluyó que, en efecto, de los certificados de invalidez presentados por los actores para obtener su pensión, no había copia en los archivos de la entidad. Además, el propio director de la División de Salud Ocupacional de la Caja Nacional de Previsión Social, quien debió suscribir esos certificados, dado que era la autoridad competente para ello, aseguró en el trámite de la investigación interna: "Con el presente me permito certificar que revisados los archivos existentes en esta División y los de Cajanal Seccional Cundinamarca y Santafé de Bogotá, no existe sustentación alguna que indique haberse expedido concepto de invalidez del referenciado (a); así mismo cabe anotar que la firma estampada en el mencionado documento no coincide con la habitual del jefe de la División de Salud Ocupacional."
No puede esta Sala de Revisión, por lo demás, entrar a estudiar lo referente a la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación y que sirvió de fundamento para aquella realizada por la Caja Nacional de Previsión Social, así como tampoco puede inmiscuirse en las diligencias que adelanta la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de las denuncias penales presentadas contra los peticionarios y en cumplimiento de lo ordenado por la Carta Política en los artículos 250 y 277, pues además de que dichas actuaciones no han sido cuestionadas por los actores, no son materia de estudio dentro de la presente acción y pertenecen a la órbita de competencia de dichas autoridades.
Primero: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., el día 28 de mayo de 1996, para resolver el proceso de tutela radicado con el número T-100.559, cuyos actores son: Fabriciano Pedraza, Juan Bautista Calderón Bautista, Germán Jiménez Delgado, Humberto Villalba Rodríguez, María Virginia Puerto Camacho, Jorge Eliecer Guzmán Sabogal, Amparo Marín Arias, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. -Sala Laboral- el 29 de mayo de 1996,para resolver el proceso de tutela radicado con el número T-100.563, y en su lugar NEGAR la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, solicitada por los señores Martha Haydee Villamizar Jaimes, Mario de Jesús Carranza Alfonso y Clara Inés Prieto Acosta, por las razones expuestas en el presente fallo.
Tercero: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia a los Juzgados Tercero (3°), y Decimoprimero (11°) Laborales del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Santafé de Bogotá D.C., doce de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en uso de sus
1. Que en el numeral de la parte resolutiva de la Sentencia T-639 de 1996 se expresó lo siguiente:
“PRIMERO CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., el día 28 de mayo de 1.996, para resolver el proceso de tutela radicado con el número T-100.559, cuyos actores son: Fabriciano Pedraza, Juan Bautista Calderón Bautista, Germán Jiménez delgado, Humberto Villalbla Rodríguez, María Virginia Puerto Camacho, Jorge Eliecer Guzmán Sabogal, Amparo Marín Arias, por las razones expuestas en esta providencia”. (Subrayado por fuera del texto original).
2º. Que, así mismo, en el numeral segundo de la misma sentencia se consignó lo siguiente:
“SEGUNDO REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., - Sala Laboral el 29 de mayo de 1996, para resolver el proceso de tutela radicado con el número T-100.563, y en su lugar NEGAR la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, solicitada por los señores Marta Haydee Villamizar Jaimes, Mario de Jesús Carranza Alfonso y Clara Inés Prieto Acosta, por las razones expuestas en el presente fallo”(Subrayado por fuera del texto original).
3º. Que por un error de transcripción en la parte resolutiva de las sentencias, los nombres de los peticionarios que corresponden al expediente T-100.563 fueron relacionados en el expediente T-100.559, y viceversa; y que por lo tanto, debe hacerse la relación correcta de nombres y expedientes.
“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de SantaFé de Bogotá, D.C., el día 28 de mayo de 1996, para resolver el proceso de tutela radicado con el número T-100.559, cuyos actores son: Martha Haydee Villamizar Jaimes, Mario de Jesús Carranza Alfonso y Clara Inés Prieto Acosta, por las razones expuestas en esta providencia”.
“SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., - Sala Laboral el 29 de mayo de 1996, para resolver el proceso de tutela radicado con el número T-100.563, y en su lugar NEGAR la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, solicitada por los señores Fabriciano Pedraza, Juan Bautista Calderón Cabana, Germán Jiménez Delgado, Humberto Villalba Rodríguez, María Virginia Puerto Camacho, Jorge Eliecer Guzmán Sabogal, Amparo Marín Arias, por las razones expuestas en el presente fallo.”

References: artículo 34
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 69
 Resolución 
 Artículo 82
 artículo 73
 Resolución 
 resolución 
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 artículo 73
 artículo 36