Source: https://it.scribd.com/document/406512161/Cas-1673-2017-Nacional
Timestamp: 2020-07-13 22:35:13+00:00

Document:
Cas.1673-2017-Nacional | Derecho penal | Ley procesal
SalvaSalva Cas.1673-2017-Nacional per dopo
Cas.1459-2017Lambayeque
SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN N.° 1673-2017 NACIONAL
Falta de motivación suficiente Tanto el auto de vista superior recurrido como el de primera instancia carecen de la debida motivación, por lo que resulta pertinente declarar la nulidad de ambos y retomar los actos procesales a la audiencia de prisión preventiva, a fin de que otro juzgado de investigación preparatoria emita la resolución respectiva.
AUTOS y VISTOS: en audiencia pública, el
recurso de casación interpuesto por el fiscal superior, contra el auto de
vista del tres de noviembre de dos mil diecisiete, que revocó la
resolución de primera instancia del veintinueve de septiembre de dos
mil diecisiete, que declaró fundado el requerimiento de prisión
preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público contra
los procesados Elizabeth Amanda Palomino Córdova, Elizabeth Teresa
Segura Marquina, Gonzalo Bernardino Chevarría Jiménez y Vicente Díaz
Arce, por el plazo de treinta y seis meses, en la investigación que se les
sigue por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y
asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado; y, reformándola,
declararon infundado el pedido fiscal y les impusieron comparecencia
Primero. De autos se tiene que, mediante la resolución del
veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 340), el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal
Nacional declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva,
solicitado por el Ministerio Público, e impuso mandato de prisión
preventiva contra Vicente Díaz Arce, Elizabeth Amanda Palomino
Córdova, Elizabeth Segura Marquina y Gonzalo Bernardino
Chevarría Jiménez, por el plazo de treinta y seis meses, en la
investigación que se les sigue por los delitos de lavado de activos y
asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado.
Segundo. Contra dicha decisión, los procesados afectados (foja 385,
432, 452 y 484) interpusieron sus respectivos recursos de apelación
(concedidos a foja 532), los que fueron reiterados y desarrollados en la
audiencia de apelación de auto del veintisiete de octubre de dos
mil diecisiete (foja 544), tras la cual, la Primera Sala Penal de
Apelaciones Nacional emitió la resolución superior del tres de
noviembre de dos mil diecisiete (foja 552), con la que revocó el auto
de primera instancia que dispuso mandato de prisión preventiva
contra los procesados; y, reformándola, declaró infundado el
pedido del representante del Ministerio Público para imponer contra
los imputados mandato de comparecencia simple.
Tercero. En mérito de ello, el titular de la acción penal interpuso recurso
de casación (foja 586), que fue concedido por la Sala Superior y remitido a
esta Suprema Instancia para su calificación respectiva.
Cuarto. El auto de calificación, del trece de julio de dos mil dieciocho (foja
103 del cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), precisó:
[E]ste Supremo Tribunal considera pertinente conocer el fondo del asunto, a fin de desarrollar doctrina jurisprudencial respecto del tema planteado, esto es, determinar los parámetros de motivación mínima cuando se considere que los elementos de convicción debatidos en audiencia no son graves ni fundados, a fin de evitar falacias de atención selectiva. Del mismo modo, si la inconcurrencia de los procesados a las citaciones fiscales y policiales se puede constituir en un peligro procesal, y si la información brindada por el colaborador eficaz –a nivel de etapa preliminar y en requerimientos de medidas cautelares– es válida para sustentar una prisión preventiva siempre y cuando se haya corroborado a nivel indiciario [sic].
De este modo, corresponde realizar el análisis del caso, conforme a
lo habilitado por el auto de calificación antes referido.
§ III. Análisis del caso
Quinto. El auto de primera instancia, que declaró fundado el
requerimiento de prisión preventiva, dividió los temas materia de
análisis en seis aspectos y señaló sobre estos:
5.1. Respecto a la existencia o no de una presunta organización
criminal, comenzó afirmando la existencia de una organización
criminal con apoyo de otra organización conocida como el
“Clan Orellana”. Así, señaló que los cabecillas en el presente
caso serían Vicente Díaz Arce y su esposa Elizabeth Amanda
Palomino Córdova, mientras que Elizabeth Segura Marquina y
Gonzalo Chavarría Jiménez resultan ser los abogados del área
legal de la organización. Ello lo sustentó en mérito de:
a) La Declaración del CELAV número 16-2015 (señalado en distintas
fechas y preguntas) en la que, de modo general, refirió que la
finalidad de la organización criminal fue el saneamiento de
propiedades inmuebles; para lo que, se asesoraron de Ludith
Orellana, por encargo de Rodolfo Orellana, situación que se
materializó para la inscripción de la galería Santa Lucía.
b) Declaración de Pedro Guzmán Molina, respecto a trámites
de inscripción registral a pedido de Ludith Orellana, por
encargo de la procesada Elizabeth Palomino Córdova.
c) Declaración de Pedro Landa Niada, en la que se hace
referencia a su pertenencia a la red Orellana como testaferro y
que habría participado también en un acto jurídico simulado a
favor de Elizabeth Palomino Córdova (recepción y devolución de
d) Declaración de Wilmer Arrieta Vega, quien como testaferro
habría recibido dinero, al igual que en el caso anterior.
e) Declaración de Patricia Pilar Rojas Rocha, quien señaló que
otro procesado de apellido Vásquez Ríos trabajó como
árbitro para los procesos fraudulentos del clan Orellana y que
tuvo reuniones en casa de Palomino Córdova con Segura
Marquina y Gonzalo Chavarría, que eran sus abogados de
f) Reporte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que corrobora
la versión de esta colaboradora, que es la piedra angular para
sostener la existencia de la organización criminal. Sobre Arrieta
Vega, señala que es uno de los testaferros de esta
organización, quien sin tener actividad económica cierta
habría recibido USD 980 000.00 y USD 650 000.00 (novecientos
ochenta mil y seiscientos cincuenta mil dólares americanos).
g) Carta de Scotiabank sobre dos cheques girados a nombre de
Wilmer Arrieta Vega (señalado como testaferro del clan Orellana) por
parte de la empresa Corporación Inmobiliaria e Inversiones E&V
S. A. C., vinculada con los esposos Díaz-Palomino.
h) Acta de deslacrado de control de visitas al “Bunker Orellana”
en la cual se indicó: “Tenemos a Palomino Córdova y Segura
Marquina quienes van con la finalidad de solicitar servicio de saneamiento para estos inmuebles que deseaban inscribir a registros
i) Audiencia de presentación de cargos, auto de procesamiento,
disposición de la carpeta fiscal, respecto de los procesados
involucrados por los delitos de fraude procesal, estelionato,
asociación ilícita y falsificación de documentos.
j) Luego de los elementos antes señalados, refirió que: “Esto quiere
decir que la versión prestada por esta colaborada tiene determinada base
este despacho más adelante se va a
ocupar solamente de tres de ellos que a juicio de este despacho son los más
corroborativa y a nivel periférico [
k) Hizo referencia a la adquisición de varios vehículos lujosos y
constitución de varias personas jurídicas (Empresa Construcciones e
Inversiones V&E S. A. C., Empresa Corporación Inmobiliaria e Inversiones E&V S. A. C., Compañía Inmobiliaria Constructora y Administradora Santa Lucía S. A., Inversiones Inmobiliarias y Servicios Múltiples V&V S. A. C., Edificaciones & Consultorías RR&E S. A. C., Inversiones Inmobiliarias RR&JJ S. A. C., Construcciones e Inversiones JEDEDIAS S. A. C. e Inversiones Generales ESTEFI
YAVEH S. A. C.).
Teniendo como proyecto criminal, la apropiación de bienes inmuebles y que
para llevar a cabo este proyecto [
Orellana. También contaron con aparatos, empresas, testaferros y con un
equipo de abogados que se habrían dedicado a exclusividad quienes
recurren al asesoramiento del Clan
habrían laborado dentro del “bunker” que habría funcionado en el domicilio de Palomino Córdova al igual que el Clan Orellana para sanear inmuebles
utilizando contratos falsificados, fraudes, procesales, incurriendo
estelionato entre otros.
5.2. En cuanto a la configuración de la apariencia de buen derecho
sobre los delitos imputados a los cuatro procesados, refirió que: “El
Ministerio Público ha invocado varios inmuebles, este despacho va a invocar a
título de ejemplo la situación de tres”, siendo estos:
a. 35 stands en las galerías de Santa Lucía, que fueron vendidos
por dicha compañía inmobiliaria a diversas personas. Sin
embargo, los procesados falsificaron documentos en
representación de la compañía inmobiliaria y transfirieron los
stands a favor de dos empresas vinculadas a Díaz Arce y
Palomino Córdova. Luego transfirieron dichas propiedades o
las hipotecaron para evitar la devolución a sus dueños,
quienes accionaron en la vía civil para recuperarlas. Ello está
i. Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la
que se transfirieron acciones de Bruno Díaz a Isidro Honorio
Cornejo Corrales, se aprobó la renuncia de Bruno Díaz y
Franklin Percy Fajardo como gerente y subgerente, y se
aprobó el nombramiento de Isidro Cornejo Corrales; se
indicó que “teniéndose a la vista dicha acta se verifica a primer[a]
vista que existe divergencia de las firmas que aparecen en RENIEC, por
lo que existe una alta posibilidad de que fueran falsificadas”.
ii. Testimonio de Bruno Díaz Squindo, quien señaló que Díaz
Arce elaboró un libro falso, se volvió a nombrar como
gerente general y se transfirió treinta y tres inmuebles, pero
que se trataría de una operación simulada. Corroborado
con un dictamen pericial grafotécnico (fojas 515 a 527), que
concluyó que las firmas obrantes no son auténticas.
iii. Sentencia Casatoria número 2066-2013, que declara nulo
el contrato de compraventa de seis de enero de dos mil
diez; demandas de nulidades de actos jurídicos por los
stands identificados con los números 113, 20, 503, 206 y 415.
iv. Testimonial de Santos Eleuterio Vergara Espinoza, en
referencia a la situación del stand número 206.
v. El Juzgado indicó: “Tenemos varias declaraciones de Castillo Palomino,
Bravo Cerda, Díaz Vera, Salomón Murillo, entre otros”.
vi. Elementos de convicción sobre actos posteriores de
conversión: Contrato de compraventa (foja 564), transferencia
a favor de Palomino Córdova (foja 569) y transferencia de
inmueble a una empresa vinculada a Palomino (foja 573).
b. Los pisos siete (terraza) y nueve (azotea) de Galerías Santa Lucía;
pertenecen a la Junta de Propietarios de la compañía Santa
Lucía, siendo que Díaz Arce y Palomino Córdova se hicieron
consignar como sus representantes, falsificando fechas y la
firma de un notario; tras ello, los transfirieron a favor de Palomino
Córdova y, para sanear los inmuebles e inscribirlos en Registros
Públicos, contactaron con la red Orellana; fue así que
modificaron el reglamento del edificio, adicionaron clausulas
arbitrales, lo que conllevó una solución de disputa en el fuero
arbitral que les favoreció, para independizar dichos inmuebles a
nombre de Palomino Arce, quien los transfirió a una de sus
empresas. A pesar de ello (y de un ulterior desalojo judicial) los
verdaderos dueños recurrieron a la vía del amparo que declaró
ineficaz el laudo arbitral y ordenó la devolución de los espacios
a su favor. Ante ello, los procesados arrendaron los bienes de
forma forzosa por diez años y los inscribieron en Registros
Públicos para evitar su restitución. Lo anterior se demuestra con:
i. Carta de notario de Lima Manuel Noya de la Piedra, quien
negó su firma y sello en los documentos adjudicados a su
ii. Declaración del CELAV número 16-2015 sobre la
participación de los procesados, trámites y acciones que
llevaron a cabo y su vinculación con el clan Orellana.
Este colaborador proporcionó el proyecto de la cláusula
arbitral, reglamento de la cláusula arbitral de la azotea,
de la terraza, del laudo arbitral y de las cédulas de
notificación de los laudos arbitrales, del título archivado y
de la partida de la azotea, terraza y matriz.
iii. Carta de notario Gálvez Succar, que proporcionó el
kardex en el que consta la protocolización del laudo que
se corrobora con el cuadro Excel.
iv. Declaraciones de Miriam Barcárcel, Rojas Rocha,
Vásquez Ríos y Deza Córdova.
v. Sobre los actos de conversión: título archivado sobre la
transferencia hecha por Palomino, demanda de amparo a
favor de los agraviados, que deja sin efecto el laudo arbitral
a favor de Palomino Córdova y los documentos sobre
arrendamiento a terceros por diez años.
5.3. En cuanto al cumplimiento de la prognosis de la pena, se tomó
en cuenta la pena privativa de la libertad conminada mínima
de ocho años, y respecto a la configuración del peligro
procesal se señaló:
i. Arraigo familiar: lo da por acreditado, pero toma con
reservas el arraigo domiciliario, por cuanto el domicilio
señalado sería también el lugar donde realizan actividades
sobre su plan delictivo.
ii. Arraigo económico: se tomó con las reservas por cuanto este
se originó de sus ilícitas actividades dentro de la organización
criminal y bajo el mismo modus operandi del clan Orellana.
iii. Arraigo patrimonial: este aspecto se toma con las reservas
del caso, en virtud de que sus bienes habrían sido
adquiridos de manera ilegal.
iv. Comportamiento procesal: se indicó que Díaz Arce eludiría la
justicia, porque no concurrió a citaciones policiales (dos veces),
solicitó una pericia psiquiátrica sobre Vásquez Ríos (que sería un
acto de obstaculización), solicitó la reprogramación de su
declaración instructiva sin justificar su falta y no presentó un
libro de actas que le fue requerido. Respecto a Elizabeth
Palomino Córdova, tampoco concurrió a citaciones policiales
(cuatro veces), planteó un habeas corpus a favor de Alberto
Vásquez Ríos en la Carpeta Fiscal número 27-2014, pese a que
este no ratificó dicha demanda. Todo lo cual evidencia la
voluntad de obstrucción de la investigación y posibilidad de
evasión de la justicia.
i. Se acreditó el arraigo domiciliario y familiar; sin embargo,
en el caso del arraigo económico y laboral, se evaluó con
reserva, puesto que se dedica al rubro legal, pero
excediendo su actuar neutral y poniéndolo al servicio de
una red criminal.
ii. Sobre Elizabeth Segura Marquina, se indicó que no
concurrió a: una citación policial, acta de citación, acta
de inconcurrencia y constancia de inconcurrencia.
iii. En cuanto a Gonzalo Bernardino Chevarría Jiménez, se
precisó que “en su caso concreto, [en cuanto a la] prescripción, no
habría concurrido a las diligencias programadas”.
5.4. Respecto al principio de proporcionalidad, se indicó que dada las
posiciones de cada uno de los procesados en la organización
criminal, no se garantiza que otra medida resulte idónea,
necesaria o proporcional para satisfacer la finalidad de la
investigación y garantizar su presencia en ella.
5.5. En cuanto al plazo de la medida, se señaló la prudencia de los
treinta y seis meses solicitados, debido a que la formalización se
hizo por el mismo término, habiéndose programado una serie de
Sexto. Ahora bien, la Sala Penal de Apelaciones consideró como
argumentos para dejar sin efecto el auto de primera instancia, que:
6.1. Hizo hincapié en la Sentencia Plenaria Casatoria número 01-
2017/CIJ-433, que hace referencia a la existencia de diversos
estándares o grados de sospecha que deben ser superados para
justificar la realización de diversas actuaciones procesales. Así,
advirtió que para la adopción de la prisión preventiva, no se exige
la certeza sobre la imputación (como en la sentencia), empero, sí
debe existir un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los
hechos (mayor que para la acusación y formalización). Para ello, debe
sustentarse la medida requerida con toda la información
oralizada y acopiada hasta el momento de su requerimiento.
6.2. Refirió que la actividad de esta organización se realizó con la
instrumentalización de una serie de ocho personas jurídicas
mencionadas y del requerimiento de prisión preventiva, se hizo
mención a nueve inmuebles afectados. Posteriormente, sintetizó
(nombró) los elementos de la existencia de organización criminal
(fundamento jurídico 3.2.1.), así como de los bienes inmuebles, con la
participación de los imputados (fundamento jurídico 3.2.2.).
6.3. En mérito a ello, alertó que en el juzgado solo se hizo referencia a
tres de los nueve casos sin emitir pronunciamiento, por lo que el
Colegiado Superior solo se pronunciará en dichos extremos. Al
respecto, cuestionó que el juez de garantías, para efectos de
acreditar la existencia de la organización criminal, centrara su
razonamiento alrededor de la declaración de un colaborador
eficaz, que debió ser corroborada en un procedimiento especial
y sustentado debidamente por el representante del Ministerio
6.4. Empero, las declaraciones del CELAV número 16-2015 no fueron
corroboradas de acuerdo con el procedimiento especial, lo que
se aprecia debido a que el fiscal superior solo acompañó dichas
declaraciones con un cuadro Excel, sin presentar las
corroboraciones que verifiquen, comprueben o sustenten la
información de relevancia penal, así como los documentos que
pudo entregar.
6.5. A pesar de que el juez señaló como elementos varias
declaraciones y documentos, “estos actos de corroboración han sido
tenidos en cuenta por iniciativa del propio juez”; además, los elementos de
convicción presentados para la prisión preventiva son los mismos
que sirvieron de sustento a la formalización de la investigación
preparatoria, sin que se hayan agregados nuevos.
6.6. La actitud corroborativa de oficio del juez evidencia una
sustitución indebida de funciones, pues no se cumplió con la
corroboración, conforme al procedimiento de colaboración
eficaz, y se invirtió la finalidad de corroboración, ya que la
declaración del colaborador sirvió para corroborar los
elementos de convicción que ya obraban en autos.
6.7. Por ello, concluyó que no se configura sospecha grave, por
cuanto la declaración del colaborador eficaz no fue
corroborada de forma debida y legal.
6.8. Sobre los inmuebles objeto de delito se expuso
desordenadamente y sin seguir orden lógico alguno en los
fundamentos que sustentaron la apariencia de buen derecho; es
más, al señalar el término: “a modo de ejemplo”, da por cierta la
imputación respecto de todos los inmuebles, a pesar de que solo
se pronunció por tres, lo que denota un prejuicio.
6.9. No se acreditó, con alta probabilidad, la existencia de una
organización criminal, por lo que no sería lógico afirmar la
pertenencia de los procesados cabecillas a ella, ni se señaló la
concreta participación de los abogados integrantes, pues la
referencia a abogados de confianza no puede ser criminalizada.
6.10. El requerimiento fiscal tampoco es muy claro al respecto y no
cuenta con alguna actuación de estos.
6.11. Las alegaciones de la Fiscalía respecto a que los procesos de los
delitos fuentes fueron archivados por dilación de los procesados,
no fueron corroboradas con elementos de convicción objetivos.
Sobre el peligro procesal, afirmó que no es de recibo lo señalado
por la apelada, por cuanto no existen elementos de convicción
suficientes, así como tampoco lo hay respecto a que la solicitud
de pericia psiquiátrica o la demanda de habeas corpus tengan
carácter dilatorio, por cuanto, si no lo tuvieran, serían
desestimadas en sede constitucional.
6.12. Por último, precisó que no basta solamente la inconcurrencia del
investigado a las citaciones policiales para acreditar peligro de
obstaculización, por cuanto su declaración es discrecional y se
ampara en el derecho de no autoincriminación.
Séptimo. En ese sentido, dado que la presente casación fue admitida y
se interpuso contra la resolución de vista, se debe señalar lo siguiente:
7.1. La imputación contra los procesados, si bien parte de que estos
operaron como parte de una organización criminal para cometer
los delitos materia de autos, no se limita únicamente a la
constitución de dicha organización criminal. En mérito a ello,
apreciamos que la Sala Superior únicamente basó su análisis en la
apariencia del buen derecho o en elementos suficientes de
acreditación para la prisión preventiva sobre los elementos de
convicción de dicha organización criminal y dejó de lado por
completo aquellas que también hacían referencia a los delitos en
sí mismos, tales como lavado de activo mediante actos de
conversión y transferencia, sobre los que la Sala Superior no se
pronunció. Cabe recordar que, dada la significancia del caso de
autos y de su complejidad, no puede agotarse un
pronunciamiento desde su inicio y evitar analizar todos los
elementos de una decisión de primera instancia, por el mero
hecho de no pasar los estándares de solo un aspecto de la
imputación fiscal, como si esta fuera de exclusión. Para ello, debe
recordarse que, aún en el hipotético caso de que no se
configuren los requisitos para demostrar la existencia de una
organización criminal, puede persistir la corroboración de las
conductas atribuidas a sus miembros, tal y como se hizo en el
7.2. Además, la Sala Superior también fijó su atención en la
declaración de un solo colaborador eficaz, como si fuese el único
de los elementos desarrollado por el auto de primera instancia,
cuando el auto abordó un conjunto de elementos de convicción
referidos a las acciones desplegadas para adquirir bienes
inmuebles de terceros agraviados que, posteriormente, ingresaron
o fueron transferidos a empresas vinculadas a los imputados, para
ingresar a su patrimonio. Pese a lo cual, aun cuando se excluyera
del análisis y valoración la versión del colaborador eficaz,
persistirían los demás elementos de convicción para que sean
valorados oportunamente respecto a su pertinencia y fuerza
acreditativa, y que la Sala tenía la obligación de analizar, a fin de
emitir una resolución suficientemente motivada.
7.3. De este modo, conforme lo señaló la titular de la acción penal en
su recurso de casación, podría atribuirse a la Sala Superior el
haber llevado a cabo una argumentación o motivación de
falacia selectiva, lo que puede comprobarse en autos, debido a
que el Colegiado Superior escogió centrarse en solo un aspecto
de la imputación y sobre un elemento de convicción concreto
(dentro del apartado de los suficientes elementos que acreditan los hechos),
que declaró no probados para, automáticamente, descartar el
resto de la imputación y los demás elementos de convicción
sustentados por el titular de la acción penal e indicados por el
7.4. Al respecto, resulta curioso que la Sala Superior refiera en su
resolución que el requerimiento fiscal no fue muy claro sobre la
existencia de la organización criminal, al no contar con alguna
actuación probatoria de esta, sin hacer más precisión que su sola
afirmación, tomando en cuenta que el requerimiento de la
Fiscalía cuenta con más de trescientas hojas de las que no hizo
detalle adecuado para demostrar su afirmación.
7.5. En mérito a ello, esta Sala Suprema considera que la Sala Superior
no efectuó un adecuado control de apelación sobre el auto de
Octavo. En cuanto a los argumentos del Superior jerárquico sobre la
declaración de un colaborador eficaz y su corroboración en el proceso,
8.1. Efectivamente, el proceso de colaboración eficaz resulta uno de
cuerda separada o incidental en el cual un procesado o testigo
declara sobre algún hecho que revele la comisión de ilícitos
penales pertinentes para su esclarecimiento, que tendrá por
finalidad buscar ser beneficiado con supuestos de rebaja punitiva
o de calificación sobre su responsabilidad (si es que así se desprende).
Para ello, se recibe la declaración del postulante a colaborador
en un primer momento y, posteriormente, debe ser corroborada
dentro del mismo procedimiento especial (sin que, paralelamente,
ingrese al principal). Una vez llevado a cabo lo señalado
previamente, se establece el acuerdo de colaboración, que será
presentado ante el juez de investigación para su aprobación.
8.2. Sin embargo, debe saberse distinguir cuándo una declaración de
colaborador eficaz sirve para demostrar un hecho en sí, o cuándo
sirve para corroborar (junto con otros elementos de convicción) hechos
imputados, tal como cualquier otra declaración testimonial. Así,
en el primer caso, resulta evidente que se requiere que lo
señalado por el declarante se encuentre corroborado dentro del
propio cuaderno de colaboración eficaz, mientras que, si se
tratarse de una declaración corroborativa más, del grupo de
testimoniales, podrá ser suficiente lo indicado, en tanto guarde
relación con estas (aunque solo a efectos de ratificación, no para beneficio
del proceso de colaboración eficaz).
8.3. Asimismo, de acuerdo con el numeral 2, del artículo 476-A del
Código Penal (modificado por la Ley número 30737, del doce de marzo de
dos mil dieciocho, que por ser ley procesal, es de aplicación instantánea) se
colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte al proceso o procesos
declarante”.
Igualmente, el artículo 481-A de la norma adjetiva señaló: “1. Los
elementos de convicción recabados en las diligencias de corroboración
podrán ser empleados para requerir medidas limitativas de derechos o
medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos al proceso especial
de colaboración eficaz. 2. La declaración del colaborador también podrá ser
empleada para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad,
salvaguardando que la información utilizada no permita su identificación. En
estos casos, deberá acompañarse de otros elementos de convicción, rigiendo
el numeral 2 del artículo 158 1 .
8.4. En
corroboración) puede servir por sí sola para constituirse como
sustento probatorio, siempre que se acompañe con otros
elementos que la corroboren (no siendo ello de exclusividad a las propias
de su proceso especial sino también a cualquier otra incorporada al principal).
8.5. De este modo, no resulta cierto lo referido por la Sala Superior, al
considerar que el juez de primera instancia se atribuyó funciones
1 En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.
que no le corresponden, por valorar de oficio elementos de
convicción para acreditar lo señalado por el colaborador eficaz;
debido a que, conforme con lo señalado precedentemente, el
juez de garantías tiene todas las facultades y atribuciones para
analizar el universo de elementos que se le presenten,
entendiendo aquellas como corroborativas entre sí, sin advertirse
Noveno. De otro lado, sí debemos coincidir con la Sala Superior al
descartar peligro de obstaculización por inconcurrencias de los
procesados a citaciones de nivel policial o fiscal en atención a que:
9.1. El artículo 270 del Código Procesal Penal requiere para la
configuración del peligro procesal que el procesado: “1. Destruya,
modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba. 2. Influya para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Induzca a otros a realizar tales comportamientos”.
9.2. Así, el hecho concreto de no acudir a las citaciones policiales o
fiscales no incide absolutamente en ninguno de los supuestos
antes señalados para considerarse como peligro de
obstaculización.
9.3. Además, no debe olvidarse que aunque los investigados decidan
no acudir a declarar, pueden ordenarse los apercibimientos que
autoriza la norma procesal para su convocatoria y
apersonamiento forzoso.
9.4. Empero, una vez conducidos a las instancias pertinentes, nada
obsta para que estos decidan no declarar, en uso irrestricto de su
derecho a no autoincriminación o de guardar silencio (sin que ello
sea entendido como aceptación tácita).
9.5. Así, si bien los procesados tienen el deber y obligación de
concurrir a las citaciones pertinentes (bajo los apremios de Ley), el no
hacerlo no constituye peligro de obstaculización, debido a que la
norma procesal cuenta con herramientas para su satisfacción.
9.6. En todo caso, dicha inconcurrencia puede ser valorada como
indicativo de peligro de fuga, bajo el aspecto de su
comportamiento durante el proceso u otros (numeral 4 del artículo 269
de la norma adjetiva), siempre que sea debidamente sustentada y
Décimo. En mérito a los fundamentos señalados precedentemente (salvo
el noveno), este Colegiado Supremo concluye que la resolución superior
recurrida en casación tampoco cumple con una debida motivación
que sustente su decisión para revocar el auto de primera instancia que
declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra los procesados,
por lo que la misma deberá ser dejada sin efecto.
Undécimo. No obstante, lo antes señalado, también se hace necesario
evidenciar ciertas observaciones sobre los argumentos y la valoración
efectuadas por el juez de primera instancia. Al respecto:
11.1. Se hizo referencia a la declaración de Pedro Landa Niada, sin
indicar su contenido, solo una interpretación de lo que este
11.2. A pesar que en este tipo de delitos el reporte de la UIF resulta
elemento de convicción fundamental para determinar el delito
de lavado de activos, no se desarrolló sus análisis ni conclusiones.
11.3. Cuando se hizo mención al “Acta de deslacrado de control de visitas al
Bunker Orellana” no se precisó la constancia de dicho elemento de
convicción ni su incorporación al presente caso.
11.4. El juez de garantías no explicó los motivos por los que decidió
realizar solo el análisis de tres inmuebles y no de todos, como se
señaló en el requerimiento de prisión preventiva, pues esto pudo
deberse al modus operandi, que en todos los casos se llevó a
cabo de manera similar, pero que resultaba más evidente en los
descritos, y, al no ser explicado, deviene en inmotivado.
11.5. Resulta inaceptable que el juez de investigación preparatoria
realice análisis valorativos sobre la falsedad de firmas en mérito de
su solo contraste visual, sin referirse in extenso a las conclusiones
de una pericia grafotécnica.
11.6. Se indicó enunciativamente las declaraciones de Castillo
Palomino, Bravo Cerda, Díaz Vera, Salomón Murillo, Miriam
Barcárcel, Rojas Rocha, Vásquez Ríos y Deza Córdova, sin que se
precise qué dicen y qué demuestran al caso de autos.
11.7. Cuando se analizó el peligro procesal sobre Gonzalo Bernardino
Chevarría Jiménez, no se hizo precisión sobre los fundamentos de
su decisión (respecto a la prescripción que no resulta clara).
11.8. En cuanto al plazo de la medida, no se mencionó ni precisaron
cuáles son las diligencias a llevarse a cabo tras la formalización, ni
su complejidad y relevancia para sustentar el total de los treinta y
seis meses solicitados.
11.9. Inclusive, el juez de investigación preparatoria obvió (por error
material) consignar el nombre del procesado Díaz Arce en la parte
resolutiva del auto de prisión preventiva.
Duodécimo. A pesar de que este Colegiado Supremo estima pertinente
dejar sin efecto la resolución superior que revocó la prisión preventiva
contra los procesados, tampoco podemos actuar de instancia y
confirmar el auto de primera instancia, en vista de las numerosas
observaciones detalladas en el considerando precedente, que
evidencian una inadecuada y deficiente motivación que resulta
vulneradora y contraria al deber de motivación de las resoluciones
judiciales a que se encuentran obligados tanto la Sala Superior como el
juez de investigación preparatoria, a fin de analizar detalladamente
cada uno de los elementos de convicción presentados (documental y
testimonial, entre otros) y demás requisitos para una correcta determinación
de la prisión preventiva (o su descarte). Por lo que resulta justificado que,
tanto el auto de vista como el de primera instancia, sean dejados sin
efecto, a fin de que se lleve a cabo una nueva audiencia de la medida
de prisión preventiva, por otro juez de investigación preparatoria, en la
que, posteriormente, se emita una decisión debidamente
fundamentada en ley y derecho, decisión que se sustenta,
adicionalmente (y que deberá ser también tomada en cuenta por los órganos de
instancia en lo pertinente), en la ejecutoria vinculante derivada de la
Casación número 626-2013/Moquegua, del treinta de junio de dos mil
Por estos fundamentos, los jueces integrantes de esta Sala Suprema:
I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el
fiscal superior; en consecuencia, CASARON el auto de vista del tres
de noviembre de dos mil diecisiete, que revocó la resolución de
primera instancia del veintinueve de septiembre de dos mil
diecisiete, que declaró fundado el requerimiento de prisión
preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público,
contra los procesados Elizabeth Amanda Palomino Córdova,
Elizabeth Teresa Segura Marquina, Gonzalo Bernardino Chevarría
Jiménez y Vicente Díaz Arce, por el plazo de treinta y seis meses, en
la investigación que se les sigue por la presunta comisión de los
delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en
perjuicio del Estado; y, reformándola, declararon infundado el
pedido fiscal y les impusieron comparecencia simple.
II. DECLARARON NULO el auto de primera instancia del veintinueve de
septiembre de dos mil diecisiete, que declaró fundado el
requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante
III. ORDENARON que se lleve a cabo una nueva audiencia de prisión
preventiva de primera instancia, en la que otro juez de
investigación preparatoria emita la resolución correspondiente,
conforme a ley y derecho.
IV. DISPUSIERON que se remitan las actuaciones al Tribunal Superior,
para que se proceda conforme a lo dispuesto. Hágase saber a las
partes procesales apersonadas en esta Sede Suprema.
Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza, por periodo
vacacional de la señora jueza suprema Chávez Mella.
PT/ran
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 artículo 481
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