Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-031-19.htm
Timestamp: 2019-06-17 02:32:36+00:00

Document:
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Notificación personal
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Contenido y alcance/LEGISLADOR-Facultad para establecer diferentes modelos y alternativas de trámites judiciales
El Legislador puede definir las reglas mediante las cuales se deberá adelantar cada proceso, que incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de (i) fijar nuevos procedimientos, (ii) determinar la naturaleza de actuaciones judiciales, (iii) eliminar etapas procesales, (iv) establecer las formalidades que se deben cumplir, (v) disponer el régimen de competencias que le asiste a cada autoridad, (vi) consagrar el sistema de publicidad de las actuaciones, (vii) establecer la forma de vinculación al proceso, (viii) fijar los medios de convicción de la actividad judicial, (ix) definir los recursos para controvertir lo decidido y, en general, (x) instituir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes. Como se observa, esta función le otorga al legislativo la posibilidad de privilegiar determinados modelos de procedimiento o incluso de prescindir de etapas o recursos en algunos de ellos.
AMPLIA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
El Legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración legislativa para establecer procedimientos. Así, la jurisprudencia constitucional también ha señalado que el ejercicio de esta facultad está sometida a límites precisos, atinentes a que las normas procesales sean compatibles con la Constitución. Estos límites pueden agruparse en cuatro categorías, a saber: (i) la fijación directa, por parte de la Constitución, de determinado recurso o trámite judicial; (ii) el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y particularmente de la administración de justicia; (iii) la satisfacción de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
PROCESO MONITORIO-Procedencia y trámite/PROCESO MONITORIO-Objeto/PROCESO MONITORIO-Estructura/PROCESO MONITORIO-Naturaleza jurídica/PROCESO MONITORIO-Jurisprudencia constitucional/PROCESO MONITORIO-Características/PROCESO MONITORIO-Elementos/PROCESO MONITORIO-Notificación personal
La Sala concluye que el Legislador prevé el proceso monitorio como un trámite declarativo especial, que tiene por objeto llenar el vacío existente en el reconocimiento y ejecución de obligaciones dinerarias de mínima cuantía que, en virtud de su informalidad, no están respaldadas en un título ejecutivo. Esto a través de un procedimiento simplificado, ágil y de carácter mixto, que si bien tiene carácter declarativo, luego puede tornarse en trámite de ejecución cuando el demandado acepta la existencia de la obligación luego de proferido el auto de requerimiento de pago. Con todo, en aras de proteger el derecho al debido proceso del deudor, en especial en su contenido de contradicción y defensa, la Corte identifica como contrapartida a dicha naturaleza simplificada la exigencia de la notificación personal, excluyéndose tanto otras formas de notificación, al igual que la representación mediante curador ad litem.
DERECHO DE DEFENSA-Garantía del debido proceso
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION-No son absolutos y pueden ser limitados por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial
PROCESO MONITORIO-Obligación de notificación personal
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS-Intensidad del juicio de razonabilidad y proporcionalidad/INTENSIDAD DEL JUICIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional
OBLIGACION DE NOTIFICACION PERSONAL EN PROCESO MONITORIO-Juicio de proporcionalidad
3.1.Los demandantes consideran que la disposición acusada desconoce los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
3.2. En primer lugar, los accionantes analizan si existe cosa juzgada constitucional frente a la norma acusada, por cuanto la misma ha sido objeto de pronunciamientos previos por parte de esta Corporación. Mencionan que respecto del proceso monitorio, la Corte se ha pronunciado en tres oportunidades con las sentencias C-726 de 2014, C-159 de 2016 y C-095 de 2017, declarando la exequibilidad de la norma en las dos primeras sentencias e inhibiéndose frente a los cargos de la última sentencia citada.
3.3. En tercer lugar, los accionantes plantean por qué es problemático que la notificación por aviso haya sido prohibida, si se tiene en cuenta que la notificación personal es la primera que hay que agotar en el marco de la mayoría de los procesos civiles. Pues bien, a juicio de los demandantes, la principal dificultad se presenta en los casos en los que el demandado no comparece al juzgado, tras haber sido enviada la comunicación para que se notifique personalmente ante la justicia. En ese sentido, afirman que la interpretación de la norma demandada, según la cual se prohíbe el aviso en el proceso monitorio, perjudica el avance del proceso y tendrá la potencialidad de paralizarlo de manera indefinida, pues según ellos no existe otra forma de notificar el requerimiento de pago, y hasta que dicho trámite no se surta, será imposible continuar adelantando el proceso.
1. Determinar el grado de eficacia de la notificación personal y por aviso en los procesos declarativos y ejecutivos de la jurisdicción ordinaria civil colombiana.
2. Comprobar qué medio de notificación resulta más efectivo a la hora de poner en conocimiento del demandado el auto que admite la demanda, el que libra el mandamiento de pago o el requerimiento de pago, en la jurisdicción ordinaria civil colombiana.
3. Establecer si en los recientes procesos monitorios adelantados ante dichos despachos, la prohibición de la notificación por aviso ha obstaculizado la continuidad de los mismos en la jurisdicción ordinaria civil colombiana.
3.4.En cuarto lugar, los accionantes se refirieron directamente a las razones por las que consideran vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia. Según ellos, esta garantía propende por la existencia de canales y vías jurisdiccionales efectivas que le permitan a las personas resolver sus controversias, considerando que este derecho no se agota con la mera existencia de tales medios judiciales, sino que exige que los mismos sean diseñados de manera tal que puedan adelantarse y terminarse efectivamente y en términos cortos.
3.5.En cuarto lugar, los demandantes argumentaron que la prohibición de este medio de comunicación de la providencia judicial en el proceso monitorio trae consigo un sacrificio de los fines del proceso. Por lo anterior, realizaron un análisis de la línea jurisprudencial de esta Corporación, respecto de la importancia que revisten los diversos medios de notificación supletivos y subsidiarios en distintos tipos de procesos judiciales y sobre todo el civil, por lo que consideraron que la Corte, a través de la interpretación que limita la notificación por aviso en el proceso monitorio, contrarió su jurisprudencia y se obstaculizó de manera indefinida e injustificada el proceso hasta que no se logre la notificación personal del demandado.
3.6.Finalmente, se realizó un análisis comparativo de la notificación en el proceso monitorio, particularmente con los ordenamientos jurídicos de Alemania, Francia, Italia, España, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, en las que, según los actores, no se restringe la comunicación del requerimiento o mandamiento de pago a un solo tipo de notificación y menos aún a uno que implique obligatoriamente la comparecencia física del demandado en las instalaciones del juzgado, ya que en muchos de los casos esa diligencia se lleva a cabo en el domicilio de este, e incluso, en algunos eventos procede la notificación mediante edictos.
4.1.Universidad Externado de Colombia
4.2.Instituto Colombiano de Derecho Procesal
4.4.Universidad de Antioquia
4.5. Ministerio de Justicia y del Derecho
4.6.Universidad Libre de Colombia
4.7.Intervenciones ciudadanas
4.7.1. Intervención del ciudadano Carlos Alberto Colmenares Uribe
4.7.2. Intervención del ciudadano Nelson Enrique Rueda Rodríguez
5.1. En primer lugar, el Ministerio Público procedió a analizar si en el presente caso existe cosa juzgada constitucional sobre el asunto de la referencia. Con respecto a la identidad de norma demandada, relacionada con el proceso monitorio regulado en el estatuto procesal, identificó las siguientes sentencias: C-726 de 2014, C-159 de 2016, C-067 de 2016 y C-095 de 2017. A su vez, evidenció que en la sentencia C-726 de 2014 se demanda la misma disposición y se examina el contenido de los artículos 419 y 421 del CGP, siendo este último la norma demandada en el presente proceso.
5.2.En segundo lugar, como fue mencionado anteriormente, la Procuraduría General procedió a analizar si el pronunciamiento de esta Corporación frente a la exclusión de la notificación por aviso hacía parte de la ratio decidendi de la sentencia C-726 de 2014, por lo que identificó en el escrito los argumentos que hacían parte de la misma y se refirió expresamente a la notificación personal al demandado en el proceso monitorio.
5.3. En tercer lugar, la Procuraduría General se refirió a la aplicación del juicio de igualdad en el presente caso. No obstante, dicha argumentación no será resumida por cuanto este cargo fue rechazado en auto del 26 de octubre de 2017 de la Magistrada ponente y no se interpuso recurso de súplica.
5.4. Finalmente, la intervención del Ministerio Público señaló que no se evidencia la violación de los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, por cuanto el demandante que pretenda el reconocimiento de un crédito, cuenta con un proceso ordinario para que en la misma jurisdicción, se declare la existencia de la obligación en su favor y a cargo del deudor y se constituya el título ejecutivo, dentro del cual tiene todas las garantías y puede dar aplicación de las formas de notificación subsidiaria, con las mismas consecuencias jurídicas del proceso monitorio.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de una expresión contenida en el artículo 421 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, “[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, pues se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de textos normativos que hacen parte de una ley de la República.
6. Con base en lo expuesto, la Corte debe resolver dos problemas jurídicos. En primer lugar, deberá determinarse si ¿de la disposición demandada se sigue la norma restrictiva sobre la cual se sustenta el cargo propuesto? En segundo término y en caso que la respuesta al anterior asunto sea afirmativa, la Sala deberá determinar si ¿la proscripción de la notificación supletoria por aviso del auto de requerimiento de pago al deudor impone una barrera injustificada para el acceso a la justicia y viola la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva?
16. En la sentencia C-746 de 2014[33] se estudió la constitucionalidad de los artículos 419 y 421 del CGP, sobre procedencia y trámite del proceso monitorio. En esta discusión, la Corte determinó que era compatible con la Constitución y en particular con los derechos de contradicción y defensa, que el auto de requerimiento para pago y la sentencia no tuviesen recursos. Para ello, en primer término, la Sala expuso los aspectos centrales sobre la naturaleza jurídica del proceso monitorio, en tanto trámite judicial simplificado y expedito para el reconocimiento y ejecución judicial de obligaciones dinero de mínima cuantía, que precisamente por su monto deben contar con un mecanismo ágil para su cobro. Dentro de ese estudio y a partir de los antecedentes legislativos correspondientes, la Corte enfatizó en dos aspectos: la finalidad social del proceso monitorio, que busca dar respuesta judicial al cobro de obligaciones suscritas informalmente entre los ciudadanos, no documentadas en títulos ejecutivos. La simplificación propia del proceso monitorio, “cuestión esta que lo hace completamente distinto al tradicional proceso ordinario y al ejecutivo, ya que tiene como base la celeridad de las actuaciones y por eso, en su estructura la notificación personal desempeña una función fundamental de garantía del debido proceso.” (Subrayas no originales).
18. La sentencia C-159 de 2016[36] analizó un problema jurídico diferente, esta vez vinculado al presunto tratamiento discriminatorio injustificado, derivado del hecho que del proceso monitorio proceda respecto de obligaciones dinerarias, más no de respecto de obligaciones de hacer. Esta circunstancia, a juicio de los demandantes en aquella ocasión, vulneraba tanto el principio de igualdad como el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto los acreedores de las mencionadas obligaciones se verían privados del mecanismo ágil y simplificado de reconocimiento y ejecución judicial que ofrece el proceso monitorio.
21. Es por ello que el derecho de acceso a la administración de justicia también se ha denominado como el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el Estado no solamente está en la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder al aparato judicial a través de su participación en los procesos establecidos para ese propósito, sino que también implica que “a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”. [40]
Como tal, el propósito de dicha garantía es evitar la posible arbitrariedad de las autoridades estatales o que se condene injustamente a la parte pasiva de la controversia, pues se asegura la participación activa o la representación de quien se pueda ver afectado por las decisiones adoptadas en el marco de un determinado proceso. [45]
24. En concordancia con lo anterior, el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma integrante del bloque de constitucionalidad, establece que “[toda] persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”[46] (Subrayas y negrillas fuera del texto original)
Para estudiar la constitucionalidad de las medidas legislativas que regulan los procedimientos, la Corte ha establecido que la intensidad del juicio de razonabilidad y proporcionalidad (ordinaria, intermedia y estricta), depende del grado de afectación y de impacto que el derecho a acceder a la justicia y al debido proceso que implique la norma en cuestión. Así, por ejemplo, en la sentencia C-1195 de 2001 la Corte utilizó un test intermedio al concluir que la restricción que determinan las normas demandadas (los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001) imponían una restricción significativa, al imponer un plazo de tres meses dentro del cual las partes debían acudir a una audiencia de conciliación, antes de llevar la controversia ante la jurisdicción.[53] En el mismo sentido, la sentencia C-372 de 2011,[54] que revisó la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, definió la intensidad del juicio de constitucionalidad a utilizar, teniendo en cuenta el amplio margen de configuración del legislador para reglamentar procedimientos judiciales y, a la vez, la posible restricción de derechos fundamentales alegados en el caso concreto, ante lo cual se escogió un juicio intermedio.[55] La sentencia concluyó con la declaratoria de inexequiblidad de los artículos 45 y 47 de la Ley 1395 de 2010.[56] De forma similar, la sentencia C-034 de 2014 decidió evaluar la norma con un juicio ordinario (leve, deferente con el legislador) al considerar que “el ámbito de regulación al que se refiere es el diseño de procedimientos administrativos, uno de aquellos en los que la Constitución prevé mayor amplitud para las opciones legislativas; y, de otra parte, que las garantías del debido proceso, aunque inexcusables en todos los asuntos en que se definan situaciones jurídicas concretas de los ciudadanos, adquieren cierto grado de flexibilidad en tales procedimientos”.[57] Recientemente, la sentencia C-086 de 2016, al resolver una demanda sobre el artículo 167 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- concluyó, luego de aplicar un juicio de razonabilidad leve, que “el principio del onus probandi como exigencia general de conducta prevista por el Legislador en el Código General del Proceso no se refleja como irrazonable ni desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos: ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo.” [58] También recientemente, en la sentencia C-493 de 2016, respecto de una disposición (Art. 10) de la Ley actualmente examinada, la Corte decidió aplicar un juicio de intensidad leve, para evaluar la norma que dispone la obligación de sustentar el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia laboral, en el momento mismo de su presentación en la audiencia. La Corporación consideró que el legislador cuenta con una amplia facultad discrecional en la configuración de los procedimientos judiciales en materia laboral, en particular en lo que se dirige a perseguir el principio de oralidad, que ha sido definido como un eje rector de la jurisdicción laboral.[59]
[60] “l tipo de test a observar obedecerá a la clase de valores, principios y derechos constitucionales expuestos por el Legislador en su decisión. Así, el test será: (i) leve cuando las medidas legislativas se refieren a materias económica, tributarias, de política internacional o aquellas en las que el Legislador cuente con un amplio margen de configuración normativa, para lo cual bastara que el fin buscado y el medio utilizado no estén prohibidos constitucionalmente y que el instrumento utilizado sea adecuado para la consecución del fin perseguido; (ii) intermedio cuando se trate de valorar medidas legislativas en las que se pueda afectar un derecho constitucional no fundamental. Este juicio es más riguroso y comprende no solo la determinación de la conveniencia del medio, sino también la conducencia para la materialización del fin perseguido con la norma objeto de examen y (iii) estricto cuando la medida tenga una mayor proximidad a los principios, derechos y valores superiores, en cuyo caso, se efectúa un estudio integro de proporcionalidad.” Sentencia C-793 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[62] Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

References: artículo 241
 artículo 421
 artículo 8
 artículo 48
 artículo 167
 Artículo 306