Source: https://www.scribd.com/document/269352815/sentencia-estipulativa3
Timestamp: 2019-04-20 02:59:11+00:00

Document:
sentencia estipulativa3
Formacion Basic Para La Mag Act 14
Fallo de inconstitucionalidad (pago de multa previa para reclamar)
Guia de Garantias Constitucionale 1
INP N '1722-2013-PA/ir
PEDRO ANGEOI RiOS BAtYVISTA
lin lima. a los 3 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del "tribunal
Tucional. integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de
Taboada y 1 spinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Angeolo Ríos
musta contra la resolución de rojas 148, de fecha 24 de enero de 2013, expedida por
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lima, que declara infundada la
III recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Provisional (ONP), con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución 417-200660.DP/ONP, de fecha 12 de abril de 2006; y que, en consecuencia, se le restituya la
pensión de invalidez que le (be otorgada mediante Resolución 80177-2004ONINIXIIDL 19990, con el pago de los devengados, los intereses legales y los costos
pm e esal es.
1g emplazada contesta la demanda, y solicita que sea declarada improcedente o
infundada. debido a que se ordenó suspender la pensión de invalidez al advcrtirse, en el
proceso de fiscalización y verificación posterior, una serie de irregularidades en los
documentos que habría presentado el actor con la finalidad de obtener la pensión.
II Noveno Juzgado Constitucional, con fecha 5 de marzo de 2012, declara
lindada la demanda, por considerar que no es factible declarar la suspensión de la
pensión de invalidez en sede administrativa. Ello por existir únicamente supuestos
indicios de irregularidades no comprobados de manera contundente, vulnerándose de
este modo el derecho a la pensión y seguridad social del actor.
La Sala Superior competente revoca la apelada y, reformándola, declara
infundada la demanda por estimar que la emplazada decidió suspender la pensión
porque el recurrente no acudió a la evaluación médica a la cual se encuentra obligado;
añadiendo que, ante el incumplimiento del pensionista de una exigencia de carácter
sustancial. como es el presentarse a la evaluación médica, la suspensión de la pensión
no implica una violación del derecho a la pensión.
Consideraciones del Tribunal Constitucional . pese a que sí acudió a la evaluación médica. mediante Resolución 417-200600.1 Argumentos del demandante I s_ Mani ()esta que mediante la Resolución 80177-2004-0NPIDC/D1.DPIONI) (rojas 4).3 de la Constitución) 2. 2. se le restituya cl pago de la referida pensión. CTI el que se encuentra comprendido el derecho a una debida motivación. por haberse determinado que se encuentra incapacitado para trabajar en forma permanente. solicita el pago de los devengados. 2.ey 19990. 2.DIVONP.0 RIOS BAUTISTA IN DA MENTOS Delimitación del petitorio FI recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución 417-2006-CiO. 19990.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP N' 1722-2013-PA/TC [AMA PI DRO ANGFOI .2 A rgum cotos de la demandada Sostiene que ordenó suspender la pensión de invalidez del actor al advertir. en e] proceso de fiscalización y ven dcación posterior.3. No obstante. una serie de irregularidades en los documentos que éste habría presentado en la vía administrativa con la finalidad de obtener la referida pensión. Por lo tanto. se ha vulnerado su derecho constitucional al debido proceso.cy 19990. alegando que no se ha sometido a las evaluaciones médicas correspondientes para comprobar su estado de invalidez. y no lo sometió a los análisis y radiografías que ésta ordena. con fecha 12 de abril de 2006. de fecha 28 de octubre de 2004 (rojas 3). mediante la cual se dispuso la suspensión de su pensión de validez otorgada de conformidad con lo dispuesto en el Decreto I. los intereses legales y los costos procesales. Sobre la afectación del derecho al debido proceso (artículo 139. la ONP decidió suspender el pago de su pensión de invalidez definitiva. Asimismo. de t'echa 12 de abril de 2006. se le otorgó pensión de invalidez con arreglo al Decreto I. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 19990. Sostiene también que de la esquela de citación se advierte que la Comisión Médica no fue nombrada confiarme a los protocolos de ley. lin 'consecuencia.
el respeto -por parte de la administración pública o privada. que “(. El derecho constitucional al debido proceso. En la de carácter ¡orinad. como principio constitucional. en toda circunstancia. el Tribunal ha establecido en la sTc. 0023-2005AI/ 1C. está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos..TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LXP N " 1722-2013-PA/PC I IMA PI I)RO A NGI:01 . a lin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. por lo que respecta al contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso. electoral y militar) y que pueden ser extendidos. sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. también constituye aplicable al procedimiento administrativo.) 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional" Mcha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. procedimiento legislativo.fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a iodo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria. Así el debido proceso administrativo supone.jurídico 3 ha subrayado que "El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y.. incluidos los administrativos.. arbitraje y relaciones entre particulares. están garantizados. reconocido en la Constitución Política de 1993 establece en el inciso 3) del artículo 139 que ''Son principios y derechos de la Melón jurisdiccional: (.3. por lo tanto. a los cuales se refiere el articulo 139 de la Constitución (juez natural. Al respecto.) los derechos .) este contenido presenta dos expresiones: la formal y la . . y en cl fundamento . derecho de defensa. etc. no solo en el seno de un proceso judicial. que 7_1 el debido proceso.)" (énfasis agregado).. en lo que 'itere aplicable.sustantiva. a lodo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo. los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las . Posteriormente.. juez imparcial e independiente... y de acuerdo con reiterada jurisprudencia de este mismo Tribunal.de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada.". el Tribunal ha expresado en el fundamento jurídico 2 de la STC 4289-2004-AA/TC. con relación al debido proceso en sede administrativa. fundamento jurídico 43.0 RÍOS BAUTISTA I derecho a un debido proceso en sede administrativa 2. constitucional. entre otros)': y en el fundamento jurídico 48 que "(.1.
el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EX)) N. el poder público está sometido al Derecho. el procedimiento preestablecido. tales como las que establecen el juez natural. están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" (subrayado agregado). En el Estado constitucional democrático. La motivación de la actuación administrativa..' 1722-2013-PAnc: 11M A PEDRO ANGICOLO RÍOS BAUTISTA krmalidades estatuidas. es decir. que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. a su vez. Consiste en el derecho a la certeza. que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. el frihunal ha precisado que el derecho al debido proceso comprende. tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado. el Tribunal ha señalado: "La motivación de las decisiones administrativas notiene referente constitucional directa No obstante. Jaz de derechos constitucionales que forman parte de su estándar mínimo. se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático de derecho. entre otras cosas. adquiere especial relevancia verificar si se ha respetado el derecho a la motivación como parte integrante del derecho al debido procedimiento ad mini strativo. etre los cuales se encuentra el derecho a la motivación. y en su expresión sustantiva. en la SIC 21922004-AA/CC. lo que supone. [. que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. en los siguientes términos: 11 derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. es decir. párrafos 3.. 33 4. el derecho de defensa y la motivación. de ser el También ha tenido la oportunidad de expresar su posición en la SIC 000912005-PA/le. las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación. la fundamentación con los razonamientos en que se apoya. La motivación como parte integrante del debido procedimiento administrativo En lo que atañe a la motivación de los actos administrativos. Para lograr este objetivo. es una exigencia ineludible para todo tipo de actos . En el presente caso. fundamento jurídico 9. 5514-2005-PA/Te. 5 al 8. entre otras. criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC.
lin atención a éste. presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. al adoptar la decisión.. 1722-20 I3-PA/TC LIMA PEDRO ANGE01.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL II IlII1III FM' N. De modo que motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo.3. A SU Ve/. "Los administrados gozan de lodos los derecho y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. (subrayado abrogado) 2. exponer en fOrmst sucinta pero suficiente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada -. Sobre el particular. Ley del Procedimiento Administrativo General.".7. o cuando el órgano administrativo. ha determinado que "(.cy 27444. sobre los requisitos de validez de los actos administrativos. y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad. A ello. reconoce que.9. no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad.8. el inciso 1. IM esa medida.. imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. en el fundamento jurídico 40 de la STC 8495-2006-PA/TC. Adicionalmente. señala que el debido procedimiento es uno de los principios que deben inspirar al procedimiento administrativo. sino. precisa que 'El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento .. Así. la falta de fundamento racional suficiente de Una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo_ 2. en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabil idad y no arbitrariedad de la decisión administrativa_ C.) un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia (. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento juridico-administrativo.3.4 de la Ley 27444. que comprende el derecho a exponer sus argumentos.0 RÍOS 13AUTISTA administrativos. fundamentalmente..3. 2.0171i77iSil"CliiVa. el articulo 3.2 del artículo IV del Título Preliminar de la I.
pi-cc:opina que "las autoridades y personal al servicio de las entidades. -.0 IBOS BAUTISTA Jurídico'. contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto ". se suspenderá el pago de la pensión de invalidez mientras persista en su actitud. incluyendo su motivación 2. Capítulo II.3. se resistiese a someterse a las comprobaciones de su estado o a observar las medidas de recuperación. sobre la motivación del acto administrativo.111 artículo 35 del Decreto Ley 19990 establece que "Si cl pensionista de invalidez di flcultase o impidiese su tratamiento.3 Aro son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de jUndamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad. exige a la Administración que la notificación contenga "El texto íntegro del acto administrativo.4. suspension.3 II. rehabilitación o reorientación profesional. cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta.. son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación. vaguedad. Respecto a la suspensión de la pensión de invalidez 3. en el artículo 239. en caso de (. 6.1 La motivación deberá ser expresa.C. por ende.) Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia". Por último. se negase a cumplir las prescripciones médicas que se le impartan. independientemente de su régimen laboral o contractual. el artículo 24. y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.1. decisiones o informes obrantes en el expediente. el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado. 1J. c IQ Abundando en la obligación de motivar. j e11 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RXI3 NE 1722-2013-PA/TC LIMA PEDRO ANGE01.. en el Título V. . 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes. c. señala: "6. la Ley 27444. a condición de que se le identifique de modo certero.3 4 zuCA D6.12. . incurren en jaita administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y. denominado "Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública". y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto". la reincidencia. sin derecho a reintegro". mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico. .1 de la Ley N° 27444. incluso cuando se hubiera efectuado una motivación por remisión. y en el artículo 6.
no presenta documento alguno que permita acreditar que cumplió con asistir a la evaluación médica notificada mediante esquela. DRO ANOR01. mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP realice en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3. no se presentó a las evaluaciones médicas necesarias para comprobar su estado de invalidez. el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto ley 19990 señala que. sin derecho a reintegro. es claro que la ONP resolvió suspender el pago de la pensión de invalidez de conformidad con lo establecido por el artículo 35 del Decreto Ley 19990. I4. Sin embargo. lin el caso de autos consta en la Resolución 80177-2004-0NP/DC/D4 19990 (fojas 3) que la ONP le otorgó al demandante la pensión de invalidez definitiva en mérito al Certificado de Invalidez de fecha 5 de julio de 2004. .DP/ONP. un neumólogo y un cardiólogo. habiendo transcurrido el plazo previsto. en caso de enfermedad terminal o irreversible. conforme lo señala él mismo en su escrito de presentación de la demanda. sostiene que la ()NI' ordena suspender su pensión de invalidez de manera arbitraria. respectivamente. de fecha 24 de mayo de 2011.0 RiOSI3AUTISTA 13. debido a que mediante notificación de fecha 8 de marzo de 2006. a lo largo del presente proceso. contraviniendo los protocolos médicos y científico. y no una Comisión Médica conformada por un traumatólogo. No obstante. y en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas por el artículo 44 de la Ley 27444 y la Ley 28532. normas que establecen. se le indicó que debería someterse a las evaluaciones que correspondan.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I . Así las cosas. Fluye de autos que el demandante.3. se advierte que la emplazada ordenó suspender el pago de la pensión de invalidez del actor. la facultad de fiscalización y suspensión de pago cuando el asegurado o pensionista no acuda a las evaluaciones médicas que se le programen. de fecha 12 de abril de 2006 (fojas 4). De la Resolución 417-2006-00. 3. Respecto a la comprobación periódica del estado de invalidez.1 de la Ley 27444.14 de la Ley 28532 y el artículo 32. que en esencia está regulada para la incapacidad de carácter temporal. ya que al acudir a la citación solo había un médico.15. en aplicación del artículo 35 del Decreto Ley 19990. emitido por el Centro de Salud Materno Infantil José Agudo Tollo El Tambo. 2. no se exigirá dicha comprobación periódica. cabe precisar que dicho supuesto únicamente excluye la comprobación periódica. según el cual se determinó que su incapacidad era de naturaleza permanente.XP N ° 1722-2013-PA/Te IMA PI.17. No obstante. Señala aquello en base a que del expediente administrativo se advierte que no existe tal evaluación médica.
sociales y económicos.y de garantía y promoción -positivas.1. políticos. 0009-2005-Al. se ha verificado que la suspensión de la pensión del demandante no ha sido arbitraria. no se ha acreditado la vulneración del derecho al debido proceso administrativo. Sobre 3a afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constituciúni Argumentos del demandante Salda que al privársele arbitrariamente de percibir la pensión de invalidez que se le otorgó con carácter definitivo.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL L'XP N 1722-2013-PA/TE 1 IMA 1 EDRO ANGID1. acumulados. De esta forma se supera la visión tradicional que suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles. . toda vez que se ordenó suspender su pensión por haberse resistido a ser sometido a las comprobaciones de su estado de invalidez. el tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la pensión: Tiene la naturaleza de derecho social -de contenido económico-.0 RÍOS BAUTISTA En consecuencia. y debe ser otorgado en el marco del Sistema de seguridad social reconocido en el artículo 10 de la referida Norma Fundamental. para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la 'procura existencial'. Por tal motivo.2. Argumentos de la demandada Sostiene que no se ha vulnerado el derecho a la pensión del demandante. en el que se encuentra comprendido el derecho a una debida motivación. 3. la cual le permitía sostener a su familia. En el fundamento jurídico 32 de la STC 1417-2005-PA/TC. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho. impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos determinados leeislativamente. se ha vulnerado su derecho ala pensión.3. 0007-2005-M.por parte del Estado" re 0050-2004-Al .3. ld derecho fundamental a la pensión se encuentra reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política. 3.2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 3. 00512004-Al / 0004-2005-M. atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas. fundamento 74). 3.
lo cual no implica una violación del derecho a la pensión. de conformidad con lo establecido por el artículo 35 del Decreto Ley 19990. Este derecho fundamental también comporta el derecho de las personas a no ser privadas de modo arbitrario e injustificado de la pensión: de ahí que corresponda garantizar. frente a la privación arbitraria e irrazonable.5. Al respecto. 11 contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido por tres elementos. En lo que se refiere a no ser privado de modo arbitrario e injustificado de la pensión. el Tribunal. el goce de este derecho (. 3 3. la Constitución de 1993 garantiza el acceso de las personas a una pensión que les permita llevar una vida en condiciones de dignidad. Mediante el derecho fundamental a la pensión.4.) en concordancia con el principio de dignidad humana y con valores superiores como la igualdad y solidaridad. se puede inferir que la Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental a la pensión. A mayor abundamiento. Se desprende de la resolución cuestionada que la ONP suspendió el pago de la pensión de invalidez del actor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 XP N " 1722-2013-PA/TC LIMA PEDRO ANGEOLO RÍOS BAUTISTA 3. el cual adquiere relevancia porque asegura a las personas llevar una vida en condiciones de dignidad e igualdad.14 de la Ley 28532. el Tribunal debe señalar que la reactivación de pago de la pensión de invalidez se encuentra condicionada al resultado de la revaluación médica que confirme el estado de invalidez del demandante. toda vez que el demandante no cumplió con acudir a la evaluación medica. ha precisado: h.6.3. Por lo tanto. a saber: el derecho de acceso a una pensión: el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella.). constituye la consecuencia prevista legalmente por el incumplimiento por parte del pensionista de invalidez de una exigencia de carácter sustancial para la percepción de la pensión. y. 3. en el fundamento jurídico 107 de la STC 00050-2004.. el derecho a una pensión mínima vital.11. . la suspensión de pago de la pensión no es una decisión irrazonable de la entidad emplazada../TC y otros acumulados. cabe precisar que el hecho de que la emplazada haya solicitado al demandante someterse a una nueva evaluación de su estado de salud no constituye una afectación de su derecho a la pensión: más bien es una acción necesaria para garantizar el otorgamiento de las pensiones conforme a ley. 3. y en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas por el artículo 3.3.. además de los derechos fundamentales a la vida y al bienestar. Por el contrario.
el Tribunal Constitucional. así como el derecho a la pensión del demandante. Publíquese y notifiquese. MIRANDA CANALES SARDON DE TABOADA ESPINOSA-SALDAÑA BARRER ica: MUNOZ . Por estos Fundamentos. del derecho a la motivación de las resoluciones administrativas).3. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda. consecuencia. al no haberse acreditado la vulneración del derecho al debido proceso administrativo (y en particular.7.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL II EXP N' 1722-2013-PArrc LIMO PEDRO ANGLOLO RIOS BAUTISTA 3. no se ha acreditado la vulncración del derecho a la pensión del recurrente.
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 artículo 35
 artículo 239
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 35
 resolución 
 artículo 3