Source: https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/cierre-medios-con-metralleta-mano
Timestamp: 2020-04-06 21:42:15+00:00

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Cierre de medios, con metralleta en mano | Plan V
Cierre de medios, con metralleta en mano
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La realidad parece desmentir las afirmaciones del canciller Guillaume Long, quien ante un Comité de la ONU en Ginebra, defendió al Gobierno de Rafael Correa.
El cierre de 17 medios y la clausura temporal de otro muestran de cuerpo entero cómo el gobierno ha ejercido la censura y la agresión medios de comunicación, en varias ocasiones con efectivos policiales y armas en ristre. Sin embargo, el gobierno le dijo a la ONU, este 27 y 28 de junio, que ni un solo medio ha sido cerrado en el Ecuador.
El canciller Guillaume Long afirmó en Ginebra, Suiza, ante los 18 expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que este gobierno nunca ha clausurado un medio. No es cierto. No ha clausurado un medio con metralleta en mano, como se hacía en tiempos de las botas. Pero ahora, en tiempo de votos, lo hace con la ley en una mano y la metralleta en la otra. Las víctimas han sido radios y televisoras pequeñas, de provincias especialmente, que mantenían cierta posición crítica al régimen. A las instalaciones de estos medios entraron tropas armadas pateando hasta al perro para llevarse los equipos, cerrar sus puertas y silenciar su voz.
Con los medios grandes no se han atrevido a acciones tan radicales porque son más visibles. A un canal nacional no llegaron con tropa a desmantelarlo, solo le cerraron técnicamente por tres días y punto.
Medios impresos no han sido clausurados ni cerrados con metralleta en mano, pero fuerzas poderosas indujeron a los anunciantes (del Estado y privados) a no darles publicidad y les asfixiaron económicamente. Por esta causa, algunos tuvieron que cerrar.
Estos abusos físicos y artimañas vienen dándose desde el inicio de este gobierno, antes de que se dictara la Ley de Comunicación que agregó sanciones. Vea en esta ayudamemoria cómo el gobierno cerró los medios.
Clausura violenta de radios y confiscación de equipos: La voz de la esmeralda oriental, Canela
17 de septiembre 2010. Wilson Cabrera, periodista y propietario de la estación radial “La Voz de la Esmeralda Oriental Canela”, de Macas, capital de la provincia amazónica Morona Santiago, denunció que en esta fecha el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió “negar la renovación del contrato de concesión suscrita el 28 de agosto del 2000…”, por haber sido sancionado por una falta administrativa al "operar una estación repetidora para las ciudades de Pablo VI y Huamboya, provincia de Morona Santiago, sin contar con la autorización correspondiente". Cabrera negó que hubiera operado las repetidoras.
Creía que la decisión del CONATEL se debía a presiones políticas de Vethowen Chica, asambleísta del partido de gobierno, Alianza PAIS, cuya gestión ha criticado en su programa “Primera Plana”. Chica admitió rivalidades con el radiodifusor, pero negó haber incidido para la decisión del CONATEL
Sin que aún hubiera resolución de este organismo, el 3 de abril 2011 llegó personal de la Intendencia General de Policía a clausurar la radio Canela, la voz de la esmeralda oriental.
El periodista insistió en su apelación, esta vez, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin que aún hubiera resolución de este organismo, el 3 de abril 2011 llegó personal de la Intendencia General de Policía a clausurar la radio. Wilson Cabrera contó que en el operativo cortaron los cables y retiraron los equipos transmisores del cerro.
Dueños de medios de comunicación y periodistas, gremios de trabajadores, de educadores, comerciantes, ganaderos, artesanos y federaciones indígenas salieron el 6 de abril del 2011 a expresar públicamente su rechazo a la clausura.
El 23 de octubre del 2011, Wilson Cabrera integraba la delegación de víctimas y actores de la sociedad civil que solicitaron y obtuvieron la primera Audiencia Temática sobre Libertad de Expresión en el Ecuador en el 143er Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Como tal debía viajar a Washington DC, pero fue impedido por migración del aeropuerto diciendo que tenía una orden de arraigo interpuesta en el año 2007 por el Comando Provincial del Guayas. El periodista se sorprendió porque nunca ha ido a esa provincia.
El 3 de abril 2013, se cumplieron dos años de la clausura de la radio y Cabrera resolvió difundir por las redes sociales los vídeos del violento operativo. A las pocas horas recibió una notificación: se había reactivado el proceso penal en su contra por haber operado la radio durante 10 años, sin autorización.
Radio de Santa Elena clausurada por "incitar a protestas"
26 de mayo 2011. Radio Amor, de Santa Elena, provincia en el sur del Litoral, fue clausurada durante seis horas por, supuestamente, incitar a un grupo de motociclistas y conductores a protestar en las calles.
Según narración del diario El Universo, los locutores de la radio realizaban su trabajo entrevistando a las personas que laboraban con sus moto-taxi y moto-amiga, cuando sorpresivamente llegó un grupo de uniformados comandados por la intendenta de Policía de Santa Elena, Kennia Carcache, para clausurar la emisora.
Al conocer el asunto, los choferes que participaban en la protesta organizaron una caravana con más de 500 personas que llegó a la gobernación de Santa Elena para exigir la reapertura de la radio que se dio previo al pago de una multa de $14 dólares y $100 dólares para levantar el sello de clausura.
Radio clausurada en El Oro tenía línea crítica
7 de enero del 2012. Miembros de la policía Judicial y de la Fiscalía clausuraron e incautaron los equipos transmisores de la radio Perla Orense que funcionaba en el cantón el Guabo de la provincia de El Oro, en la frontera con el Perú.
Guillermo Serrano, director jurídico de la empresa D'Nany & Services, operadora de la frecuencia 89.5 FM, radio Perla Orense, cuya concesión pertenecía a la compañía Bananera Filadelfia SA, denunció la violencia usada. "Los agentes allanaron el lugar a la fuerza rompiendo vidrios, mesas, dieron patadas y golpes y se llevaron las cosas".
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) había resuelto el 24 de septiembre de 2010 "revertir al Estado la mencionada frecuencia" por una mora superior a seis meses en el pago correspondiente al arrendamiento de la concesión. Serrano admitió que cayeron en mora, pero "al momento que se emitió la resolución de reversión de la frecuencia, ya no se debía un solo centavo".
Creía que la acción fue una represalia porque han sido críticos del gobierno local y la gestión del alcalde del Guabo, John Franco Aguilar, del partido de gobierno, Alianza País.
Retiran frecuencia a canal del Consejo Provincial de Morona Santiago por línea política
23 de mayo del 2012. El Gobierno Provincial de Morona Santiago, provincia amazónica minera situada al sureste del país, tenía su canal de televisión Telesangay. El 8 de agosto del 2011, mediante la resolución RTV-589-15-CONATEL-2011, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones notificó al prefecto Felipe Marcelino Chumpi, dirigente shuar, la decisión de declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato de concesión de Telesangay por "incumplimiento en la instalación que, de conformidad con el Reglamento, concediere al Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones".
Ll intendente regional de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, Fabián Brito, llegó con el fiscal, el intendente de policía y un piquete de 50 policías...
En una entrevista concedida a Ecuadoradio el 23 de agosto del 2011, el prefecto, que milita en el partido de oposición Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie) aseguró que la decisión tenía un trasfondo político.
El 23 de mayo del 2012, Telesangay fue clausurada. Eduardo Bernardi, asistente de producción del canal, contó a Fundamedios que pasadas las 09h00 llegó a la estación el intendente regional de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, Fabián Brito, con el fiscal, el intendente de policía y "un piquete de 50 policías. Ellos pedían permiso para retirar un equipo transmisor con el fin de levantar la señal del satélite (...) simultáneamente, también procedieron a retirar los equipos repetidores que estaban ubicados en Cinco Cerros".
Radio clausurada en Sucumbíos
23 de mayo del 2012. La intendencia general de policía, con el fiscal y funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones clausuraron e incautaron los equipos de la radio El Dorado, de Nueva Loja, capital de la fronteriza provincia amazónica Sucumbíos.
Según Otto Flores, administrador de la radio, lo hicieron porque tenía seis meses sin pagar la concesión de la frecuencia. La deuda sería de 72 dólares. Desde el 2010 había un juicio en el contencioso administrativo, pero la clausura se dio sin notificación alguna".
Radio y televisora del Napo clausuradas tenían línea crítica
24 de mayo del 2012. Autoridades de la intendencia de Policía y de la Superintentencia de Telecomunicaciones (Supertel) decomisaron los equipos y clausuraron a la estación televisiva Lidervisión, del Tena, y Radio Líder, de Archidona, las dos ciudades en la provincia amazónica del Napo, al nororiente del Ecuador.
El propietario de las frecuencias de radio y TV, Edison Chávez, dijo que el acto se dio porque ambos medios cayeron en mora de seis meses en el pago del arriendo de la concesión. Sin embargo, el caso fue apelado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y, según la ley, mientras no se pronunciase esta entidad, no podían clausurar. Los policías "hicieron el allanamiento, rompieron todo, se llevaron el transmisor, como una dictadura. Pusieron candado y dejaron todo cerrado", relató el radiodifusor. Chávez ve en el acto una retaliación política porque estos medios han sido críticos con las autoridades.
Radio de Ambato de posición crítica, clausurada
6 de junio del 2012. Autoridades de la Intendencia General de Policía, Fiscalía y Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), con un piquete de 50 policías, ingresaron abruptamente a radio Net de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua, en la Sierra central, para clausurarla. Marco Armas, gerente de la estación, dijo: "no hicimos resistencia. Sin embargo, ellos tumbaron la pared y puertas en donde se encontraban los equipos de transmisión".
La acción fue por mora en el pago de seis de arrendamiento de la frecuencia, pero dijo que fue ilegal porque los valores adeudados ya habían sido cancelados y existía un proceso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo que aún no se pronunciaba. Por lo tanto, no procedía la clausura.
Armas que había sido militante del partido Izquierda Democrática, dijo que su medio ha sido pluralista, pero muy crítico con las autoridades locales, por lo que no descartó que el cierre sea político.
Histórica y popular Radio Cosmopolita de Quito clausurada luego de entrevistar a Lucio Gutiérrez
11 de junio del 2012. La popular Radio Cosmopolita, "La Pantera 960 AM", de Quito, que por 59 años se constituyó en tribuna de los sectores populares, fue clausurada y sus equipos decomisados por el intendente de Pichincha y delegados de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).
Fernando Guanoluisa, director de la radio, aseguró a Fundamedios que "como si fuéramos delincuentes llegaron con unos 15 elementos del GOE (Grupo de Operaciones Especiales) y la Policía, a querer llevarse toditos los equipos, sean o no sean de radio".
El argumento para el cierre fue mora en el pago del arrendamiento de la frecuencia. El hecho estaba conociéndolo el Tribunal Contencioso Administrativo que aún no se había pronunciado.
Para el director de la emisora, la verdadera razón para la clausura sería que hace tres semanas, durante el programa La Hora de las Organizaciones Sociales, se entrevistó al expresidente y mayor opositor del gobierno, Lucio Gutiérrez.
Dos radios clausuradas en El Oro posiblemente por motivos políticos
12 de junio del 2012. Autoridades de la Intendencia General de Policía, Fiscalía y Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) clausuraron y decomisaron los equipos de las estaciones de radio RU Matriz Cadena Sur Ecuador 1200 AM, de Machala, y K-mil, de Huaquillas. Las dos ciudades están ubicadas en El Oro, provincia fronteriza con Perú.
Según Erwin Guerrero, gerente de RU Matriz Cadena Sur, que estuvo en el aire 35 años, al decomiso llegaron las autoridades con unos 30 policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Policía Judicial. El argumento fue mora en pago del arrendamiento de la frecuencia. En realidad debían seis meses de arriendo ($40 mensuales) pero nunca llegó una notificación al concesionario,
Boanerges Ugarte, quien fuera alcalde de la ciudad de Machala y es simpatizante del opositor Partido Social Cristiano (PSC).
A la emisora K-Mil 89.5 FM, de Huaquillas, la clausuraron e incautaron los equipos por "no operar técnicamente de acuerdo al contrato de concesión".
El propietario de la radio, Fernando Echeverría Bonilla, manifestó que la concesión fue por 10 años y no quieren renovársela aduciendo que la distancia designada para la ubicación de la antena y los estudios de la radio es de 1200 metros, pero según el informe de la Supertel se encuentra a 3349 metros. El radiodifusor dijo que "hay mala intención y corrupción en este informe porque el departamento de planeamiento urbano de la municipalidad local dice lo contrario".
Radio de ex diputado de Cotopaxi, cerrada
13 de junio del 2012. Radio Impacto, de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, al sur de Quito, de propiedad de Roosevelt Icaza, ex diputado, fue clausurada por autoridades de la superintendencia de telecomunicaciones, de la intendencia y un fiscal que llegaron con una tropa policial para llevarse los equipos.
Juan Rojas, abogado de la Supertel, dijo que "la radio mantenía deudas con el Estado". Roosevelt Icaza opinó que la clausura fue "abusiva, ilegal e inconstitucional" porque ya había saldado todas las deudas.
Radio Morena, de opositor al gobierno, clausurada con violento operativo
31 de octubre del 2012. El 6 de julio del 2012, en la tarde, 30 policías entraron violentamente a radio Morena FM, de Guayaquil, para cortar la señal y llevarse sus equipos. Mientras lo hacían sus empleados gritaban: "¡No nos callarán, carajo!" y "¡Abajo la dictadura!" Y los locutores de la estación narraban lo que ocurría en las instalaciones de la radio. Ante el reclamo de los trabajadores, los policías lanzaron gas lacrimógeno. Hubo gritos. Quejándose por las molestias que el químico les ocasionaba, los locutores seguían relatando los sucesos. "Los trabajadores no tenemos porqué ser perseguidos ni porqué ser rociados con gas", decían al aire, desde la frecuencia 540 AM y a través de internet, tras el cierre de la frecuencia FM.
La clausura se dio porque el Consejo Nacional de Telecomunicaciones resolvió no renovar la frecuencia a radio Morena FM.
La clausura se dio porque el Consejo Nacional de Telecomunicaciones resolvió no renovar la frecuencia a radio Morena FM, aduciendo que los administradores de las frecuencias 98.1 en Guayaquil, 94.5 en Portoviejo y 98.1 en Santa Elena, no cumplieron con "los dos requisitos que determinan los artículos 9 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, y el artículo 20 del Reglamento General… al no operar técnicamente de acuerdo al contrato de concesión y por mantener una deuda de ocho meses por el uso del espectro”.
La frecuencia estaba a nombre de Pastora Morán, madre de Luis Almeida Morán, quien administraba la radio y era asambleísta de Sociedad Patriótica, uno de los partidos opositores de Correa, liderado por el ex presidente Lucio Gutiérrez. Fue quien puso en el Congreso una demanda política en contra del ministro Ricardo Patiño por los ‘Pativideos’.
Cuando se dio la clausura, Almeida, exhibiendo documentos a la prensa, dijo: "Aquí están los originales de todo lo que hemos pagado hasta el mes de julio del año pasado y de allí ya no comenzaron a cobrar porque así es parte del abuso, entonces, consignamos en un juzgado". A su criterio, la decisión del juez de ratificar el retiro de la frecuencia se dio por órdenes del Consejo de la Judicatura con directivos escogidos por el gobierno. "Eso hace la dictadura de Correa y el país tiene que saber que lo que quieren ellos es dejar una sola radio, un solo periódico y un solo canal de televisión", agregó.
Ecotel TV, gobierno le quita equipos de trasmisión e impide funcionar por internet
5 de diciembre del 2013. Con un operativo policial el gobierno allanó las instalaciones de EcotelTv, en Loja, ubicada en la frontera sur del Ecuador, para incautar algunos equipos de la extinta emisora EcotelRadio. La emisora dejó de funcionar en agosto de este año, cuando un operativo similar retiró los equipos transmisores de las repetidoras, sin embargo, ha funcionado por internet en los mismos estudios que fueron protegidos por un escudo humano hace cuatro meses.
Ramiro Cueva, director de la radiodifusora narró que cerca de la 1:00 de la madrugada llegaron funcionarios de la Fiscalía, Superintendencia de Telecomunicaciones y efectivos policiales entre los que se encontraban miembros del Grupo de Operaciones especiales (GOE) y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) con un despliegue de seguridad, de aproximadamente 200 personas. “Llegaron con fusiles de asalto, observamos a distancia cómo rompían las cadenas de seguridad de la parte exterior, las seguridades de las puertas exteriores e interiores.
Según el director de la emisora, la Ecotel Radio ya no funciona en el espectro radioeléctrico desde el 8 de agosto cuando fueron incautados sus transmisores, por lo que le llama la atención lo que pretendían hacer con el operativo “de una radio que ya no existe”. “No entendemos qué era lo que buscaban, allanaron todo el canal, desde el control máster, el control técnico, hasta las oficinas administrativas; buscaban documentos, quisieron llevarse computadoras”.
Teleamazonas: Correa pidió su cierre definitivo
29 de agosto del 2009. El presidente Rafael Correa pidió un nuevo proceso judicial en contra de la estación de televisión, Teleamazonas, para que quede "definitivamente clausurada" por la difusión del audio de una conversación entre una asambleísta de izquierda (Partido Socialista) y Correa, a quien ella le manifestaba su preocupación por ciertos cambios en el texto final de la Constitución.
La grabación fue difundida por Fernando Balda, ex dirigente del partido oficialista y actual militante de Sociedad Patriótica (SP), mientras le hacían una entrevista.
Correa dijo que la grabación es "clandestina", por tanto, el canal violó el Reglamento a la Ley de Radiodifusión al transmitirlo. El literal h) de las Infracciones considera una infracción técnica: “reproducir videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no autorizadas a grabar por parte del que o los que aparecieren involucrados o intervengan en el video o grabación, de manera que se afecte el derecho a la intimidad y al honor de las personas consagrados en la Constitución Política de la República”.
Correa agregó que “no se puede grabar clandestinamente una conversación, peor aún al Presidente en su despacho, eso atenta contra la seguridad nacional".
Pero el sábado 5 de septiembre Correa dijo lo contrario: pediría una suspensión de Teleamazonas por 90 días porque incurrió en una falta administrativa.
Carlos Jijón, director de noticias del canal, escribió en un artículo que el presidente Correa "no tiene atribuciones para ordenar el cierre de un canal" y que la grabación clandestina "no afecta a la integridad de ninguna de las personas” que participaron en la grabación de audio. Se trataba de una conversación del mandatario con ministros y asambleístas.
El secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, dijo que “Teleamazonas puede ser multada por esa falta, pero no clausurada”. Pero el sábado 5 de septiembre, Correa dijo lo contrario: pediría una suspensión de Teleamazonas por 90 días porque incurrió en una falta administrativa.
22 de diciembre del 2009. Este día, el noticiero ‘Hora 7’, conducido por Jorge Ortiz, fue interrumpido por una ‘cadena’ ordenada por el gobierno para cuestionar las opiniones del periodista acerca de las cifras de inversión social presentadas por el gobierno en spots de TV. El 3 de diciembre 2009, en la madrugada, un artefacto explosivo estalló en las instalaciones del canal. Jorge Ortiz dijo que actos como éstos "no callarán al canal". Y como no quería “callar”, el 22 de diciembre 2009 le sacaron del aire.
Fue al siguiente día de la cancelación de la frecuencia a Radio la Voz de Arutam que las autoridades no pudieron cerrarla por las amenazas de una movilización indígena nacional. La Superintendencia de Telecomunicaciones suspendió por tres días la emisión de Teleamazonas. Así dio cumplimiento al pedido que el presidente Correa hiciera el 29 de agosto del 2009.
La decisión se sustentó en el proceso administrativo abierto en contra del canal, en junio del 2009, por transmitir declaraciones de moradores que advertían la posibilidad de daños en la pesca, en la isla Puná (Guayas), por las labores de exploración de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.
El canal salió del aire luego de poner en su pantalla un comunicado que decía: “Última hora: La Superintendencia de Telecomunicaciones ordenó suspender tres días la señal de Teleamazonas. Teleamazonas acata esta orden bajo protesta porque no cumple con los requisitos legales".
23 de diciembre del 2009: “Esto es una decisión administrativa común y corriente, como cuando se clausura un burdel, o cualquier cosa”, dijo Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República sobre el cierre Teleamazonas. Ante la crítica de los periodistas, respondió que el dueño del canal, Fidel Egas, "se trata del banquero más poderoso del país, esa es la diferencia". Mientras eso decía su funcionario de confianza, Correa defendía la medida pero negaba haber ordenado la clausura del medio.
La reacción ciudadana se vio en manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país. Hasta la medianoche, cientos de ciudadanos se apostaron con velas en las afueras de Teleamazonas.
24 de diciembre del 2009. Desde las 7:30 el gobierno se dedicó a interrumpir los noticieros televisivos para difundir cadenas nacionales con la justificación del acto y respaldando a la Superintendencia, “organismo independiente que ha cumplido con el debido proceso”. De paso se burlaban de opiniones, como las de Alfonso Espinosa de los Monteros, de Ecuavisa, para quien el cierre de Teleamazonas significaba la vulneración de una tradición democrática del país.
29 de diciembre del 2009. Un equipo periodístico de Teleamazonas fue agredido en el norte de Quito por desconocidos. Sucedió cuando la periodista Ana María Cañizares, el camarógrafo Manuel Tumbaco y el asistente Carlos Quimzo, se dirigían al canal después de una cobertura en el Palacio Legislativo. El carro en el que circulaban fue interceptado por otro, del cual descendieron dos sujetos que empezaron a golpear los vidrios del vehículo.
El camarógrafo empezó a grabar el ataque y los desconocidos iniciaron un ataque a él y su asistente, hasta romper el lente de la cámara. La presencia de transeúntes ahuyentó a los sujetos que escaparon.
La Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha sorprendió al determinar que la suspensión de la transmisión de Teleamazonas dictada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, quebrantó nueve derechos constitucionales.
Ante la denuncia de los hechos, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, manifestó su preocupación por la situación que están viviendo los periodistas de Teleamazonas. Pidió se investigue rápidamente este ataque y reiteró que la manera de evitar las agresiones de grupos intolerantes contra medios y periodistas, es el impulso de una cultura de respeto y tolerancia por el pensamiento diverso. Sobre el cierre temporal del canal dijo que "la suspensión temporal o definitiva de las emisiones de cualquier medio de comunicación como resultado de una sanción administrativa, en cualquier Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es objeto de atención especial, en consideración al impacto y a la relevancia que una decisión de esta naturaleza podría tener para el ejercicio de la libertad de expresión". En consecuencia, esa oficina ha solicitado al Estado de Ecuador información especial sobre este caso que está estudiando.
1 de febrero del 2010. La Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha sorprendió al determinar que la suspensión de la transmisión de Teleamazonas dictada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, quebrantó nueve derechos constitucionales: el derecho al debido proceso y a la defensa, así como a la libertad de pensamiento, de comunicación e información, a los derechos a la tutela judicial efectiva, al principio de legalidad o reserva legal, de jerarquía normativa, al trabajo y a la presunción de inocencia.
Por lo tanto, esta Sala dispuso que la Superintendencia de Telecomunicaciones indemnice a la televisora por concepto de pérdida de los ingresos que afectaron a Teleamazonas por la suspensión de su señal durante 72 horas.
5 de febrero del 2010. El presidente Correa afirmó que el fallo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, a favor de Teleamazonas es "otra muestra del grado de descomposición" de la justicia del país y del "poder inmenso" al que su gobierno se enfrenta: "el informativo y financiero". Dijo que su proyecto político "se está enfrentando con el poder más grande que ha tenido Ecuador y América Latina: la prensa, que de una y otra manera ha tratado de boicotear los cambios que se están dando".
24 de febrero del 2010. Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejaron sin efecto las multas a Teleamazonas por difundir las imágenes de una corrida de toros fuera de horario permitido y por presentar una nota en vivo sobre un supuesto centro clandestino del CNE en Guayaquil.
4 de marzo del 2010. El presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Glas (al momento vicepresidente de la república), anunció un recurso de casación para impedir la ejecución de estas resoluciones y advirtió: “¡Cuidado algunos jueces se arrodillan al poder mediático o al poder económico! Hay algunos jueces caretucos. Llama la atención la actuación diligente de los jueces”.
6 de marzo del 2010. El presidente Correa agregó a lo dicho por su subalterno, que el fallo de esa Sala era una “barbaridad” que evidenciaba la “corruptela total” de los jueces. Y repitió su discurso: “Estamos enfrentando a los dos poderes más grandes, poder informativo y financiero, pero no nos vamos a dejar amedrentar”.
Revista Vanguardia: asaltada y acosada
3 de julio del 2009. La revista Vanguardia, de Quito, puso énfasis en la denuncia de actos irregulares en los diferentes gobiernos, obvio, incluido el de Correa. La noche de este día, contó Juan Carlos Calderón, director editorial, el empleado de una pizzería llegó a la sede de la revista para entregar su producto a los periodistas que aún estaban trabajando. Atrás de él ingresaron cuatro hombres. Una vez adentro, amarraron los pies y las manos de los periodistas y diseñadores, amenazándoles de muerte.
17 de diciembre del 2010. Este día, pasadas las 17:45 (hora local), las oficinas de la revista Vanguardia fueron desalojadas y embargados sus bienes. En la acción participaron 15 miembros del GIR (Grupo de Intervención y Rescate, un equipo de élite de la Policía), armados con fusiles automáticos,cuatro patrulleros de Policía y las cámaras de dos canales de TV en poder del Estado. Lo hicieron con una orden firmada por Pedro Delgado, presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN y primo del presidente Correa, según lo comprobó el director de la revista, Juan Carlos Calderón. El argumento fue mora en el arrendamiento del inmueble que había sido incautado por el Estado a la banca cerrada y era administrado por la AGD.
Coincidencialmente, en su edición No. 269, Vanguardia había publicado información sobre declaraciones de bienes de Fernando Alvarado, secretario de comunicación, y de su hermano, Vinicio, secretario de la administración. Durante el embargo se llevaron servidores, computadoras y equipo de diseño, rebuscaron las carteras y bolsillos del personal. Calderón dijo que por suerte la edición de la revista que estaba por publicarse, ya había sido enviada a la imprenta. También manifestó su satisfacción porque lograron recuperar una copia de la información contenida en los discos duros de los ordenadores incautados.
Pedro Delgado, presidente del fideicomiso AGD-CFN fue el ejecutor del allanamiento y secuestro de los bienes de la revistax Vanguardia.
Pedro Delgado, presidente del fideicomiso AGD-CFN y ejecutor del secuestro de los bienes de la revista reiteró en una entrevista publicada por el periódico digital estatal El Ciudadano, "que no se puede dejar de lado el cobro a una empresa que vende sus productos y que recauda por publicidad".
Martes 31 de julio del 2012. La revista Vanguardia preparaba una denuncia sobre el argentino Gastón Duzac que recibió un préstamo de 800.000 dólares de una financiera del Estado con garantía de otras empresas del estado administradas por el primo del presidente, Pedro Delgado, quien aparecía en fotos con Duzac.
De manera sorpresiva y violenta, este día llegaron a las instalaciones de la revista funcionarios del Ministerio de lo Laboral, con numerosos policías de élite, para llevarse las computadoras por un supuesto incumplimiento de obligaciones laborales por 22.000 dólares.
Iván Flores, editor general narró: "De la manera más abrupta se llevaron toda la información y el material que nos sirve para trabajar".
Para el allanamiento no presentaron ninguna orden de autoridad competente. "La notificación se realizó ayer y en el entendido legal se tiene tres días para responder. Actuaron sin respaldo judicial. Ahora un ministerio de Estado suple funciones de un sistema judicial", dijo el editor de Vanguardia.
En el operativo se detuvo violentamente al asesor legal de la revista, Carlos del Pozo, porque en el intento de evitar la vulneración de los derechos de sus defendidos, cerró una puerta remordiendo los dedos de un elemento de la Policía.
27 de junio del 2013. Se conoció la decisión de los directivos de cerrar la revista Vanguardia.
Trascendió que tomaron esa resolución por la reciente aprobación de la Ley de Comunicación en el país. Juan Carlos Calderón, director de la revista, confirmó a Fundamedios la noticia que ocurrió tres días después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Comunicación.
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101527510#.V3BZZ9LhDMw
Diario HOY, asfixiado económicamente
1 de junio del 2013. El diario HOY de Quito tenía periodistas críticos del gobierno que resultaban incómodos a la ‘revolución’. Entre ellos, José Hernández y Roberto Aguilar. Durante su ‘sabatina’ el presidente Correa amenazó al editor de dontenidos del diario, Roberto Aguilar, reconocido por sus crónicas sobre personajes y hechos políticos narrados con ironía.
Aparentemente eran muy leídas por Correa, porque en el segmento "La amargura de la semana" (que dedica a los periodistas) dijo: "Veamos la crónica de diario HOY, propiedad del presidente de la SIP. Una crónica de su periodista Roberto Aguilar, un amargado que se metió en el colegio de mis hijos y si lo vuelve a hacer..., si se mete en mi vida privada, se va a encontrar conmigo, este tipo".
El 3 de mayo del 2014, el presidente Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano N° 372, tildó a diario HoOY de ser un medio “irresponsable”, “de lo peor” que habría tergiversado declaraciones suyas con el fin de “hacer daño” y “para ver si de repente le pegan un balazo al Presidente”.
El jefe de Estado dijo esto por un titular publicado por el medio, a propósito de unas declaraciones suyas sobre el caso de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes se encontraban ocultos en la Amazonía tras ser sentenciados a prisión por supuestamente haber injuriado a Correa. El titular del HOY decía: Aquí no hay que negociar nada, hay que hacerles respetar la autoridad. Correa desmintió haber dicho eso durante un conversatorio con los medios. “Es falso” y “trastoca” las declaraciones. Y expuso un video que decía textualmente: "Y por supuesto, no se puede ceder ante esta barbaridad. Sería un precedente nefasto. Aquí no hay que negociar nada. Lo que hay que hacer es respetar el Estado de derecho, respetar la autoridad legítimamente constituida. Hay que respetar una sentencia de los tribunales del Ecuador”.
El 4 de julio del 2014, la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom) resolvió sancionar a diario HOY con una multa de USD 57 800.
27 de junio del 2014. Diario HOY anunció, a través de un comunicado, su decisión de suspender definitivamente la edición impresa diaria del rotativo luego de 32 años de circulación, el cual será reemplazado por una edición digital a partir del 30 de junio.
Su director, Jaime Mantilla, atribuyó la decisión, a “la gradual pérdida de libertades que experimentamos, la auto censura impuesta por la vigencia de la ley de Comunicación, los ataques directos e indirectos contra la prensa independiente han venido creando desde hace más de siete años un escenario totalmente adverso para el desarrollo de un diario plural, libre, independiente, abierto a las distintas corrientes de opinión”. En ese sentido, el director del periódico admitió estar experimentando dificultades para financiar sus operaciones, pues además de los problemas mencionados, se suma, por ejemplo, la cancelación de contratos de impresión especialmente de textos escolares.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) calificó de “falsa” esta versión y señaló: “Resulta aventurado, por decir lo menos, que hoy se pretenda adjudicar a la vigencia de la Ley (de Comunicación) los desaciertos administrativos del rotativo que llevaron a la suspensión de su edición impresa”.
El 4 de julio del 2014, la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom) resolvió sancionar a diario HOY con una multa de USD 57 800 por supuestamente incumplir con la difusión del tiraje de 17 ediciones comprendidas entre mayo y junio de este año. Esto ocurría a los seis días del anuncio del rotativo de suspender la circulación de su edición impresa.
El 21 de agosto del 2014, la Superintendencia de Compañías anunciaba el cierre de 700 compañías que "reincidieron durante dos años en pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social, de acuerdo a los estados financieros 2012 y 2013, y que no presentaron descargos que pudieran demostrar que subsanaron la causal de disolución". Entre esas estaba Edimpres, empresa editora de diario HOY.
28 de agosto del 2014. Los 154 trabajadores de diario HOY acudirán a las instalaciones rotativo quiteño hasta el 31 de agosto del 2014, luego de ese día quedarán en el desempleo. Este es uno de los efectos colaterales, tras el cierre de la empresa y la intervención de la Superintendencia de Compañías, escribió diario El Comercio.
La liquidación de Edimpres, a la que pertenece dicho rotativo, provocará la extinción de la versión digital de diario HoOY así como su edición impresa del fin de semana y, con esto, se da fin a 32 años de ejercicio periodístico.
El gobierno no se ocupó solo de forzar la desaparición del diario, también pretendió borrar su historia y una época importante de la historia del país. Juan Tibanlombo, antiguo editor general de diario HOY, reveló a través de su cuenta personal de Twitter, que el gran archivo digital de noticias del rotativo, llamado Explored, considerado uno de los más grandes e importantes del Ecuador, fue sacado de la red.
La Hora de Manabí cierra por impactos de la Ley de Comunicación
El 31 de julio del 2014, la edición regional de diario La Hora Manabí (provincia costera ubicada a 329 km de Quito) anunció que dejará de circular tras 16 años de difusión. Las "restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su reglamento", así como la falta de libertad de prensa, la censura y los pocos anunciantes son algunas de las razones esgrimidas por el medio para su cierre.
En su editorial titulado Un sentido adiós, el medio relata que hace 16 años "sembraron la semilla de un sueño" y que, a pesar de los problemas, aseguran que "eran otros tiempos; primaba la libertad de información sin cortapisas, una publicidad oficial equilibrada y una empresa privada sin temores ni compromisos, lo que permitía que los medios pudieran subsistir".
En ese sentido, el medio agrega: "Hoy las cosas han cambiado. No hay libertad de prensa, ronda sin tapujos la censura y autocensura" y añade que "alejados de la publicidad oficial, con muy pocos anunciantes que no tengan temor al poder central y publiciten en los medios, con desproporcionadas condiciones y costos laborales, regulaciones, confiscaciones, impuestos sin conocer la realidad económica de las empresas, y así estas se ven impedidas de solventar sus gastos. Si añadimos las restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su reglamento, la labor de prensa es imposible".
La edición regional de La Hora circulaba desde mayo de 1998.
Diario Meridiano suspende edición impresa por falta de publicidad
El 15 de agosto del 2014, el diario El Meridiano de Guayaquil –ciudad costera ubicada a 400 Km al Sur de Quito- anunció el cierre de su edición impresa tras 31 años de presencia en el periodismo ecuatoriano. Problemas económicos relacionados con la falta de publicidad, sobre todo de los avisos judiciales, fueron las razones esgrimidas para dejar de imprimir el diario que continuaría publicándose en su versión digital.
En un editorial titulado Ante el País, publicado en su última edición impresa y reproducido en su página digital, el periódico aseguró que “razones económicas llevó a la Junta de Accionistas de Darelme a tomar la drástica decisión de dejar de imprimir el diario afectado por los altos costos de los insumos frente al descenso de la asistencia publicitaria, privada, judicial y pública. Aun así, superamos esta dura situación y estoicamente proseguimos hasta que cumplimos más de tres décadas de servicio ciudadano”.
Fuentes: medios de comunicación y Alertas de Fundamedios.

References: resolución 
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 artículo 20
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