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Timestamp: 2019-03-20 07:01:12+00:00

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Martes, 13 Octubre 2015 15:51
Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto.
Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz” En desarrollo de las “Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera”, se presentan las iniciativas correspondientes a la segunda propuesta referida al “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz”: 1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz – PLANPAZ”. 2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPAZ. 3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPAZ. 4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN). 5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPAZ. A continuación sus desarrollos: 1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz (PLANPAZ)”. Las Partes formularán el “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz (PLANPAZ)”, el cual constituye una condición indispensable para garantizar la no repetición y contribuir a generar las condiciones reales y materiales para la paz estable y duradera. El PLANPAZ tendrá origen constitucional; será desarrollado a través de una ley de carácter especial, que responderá a la situación extraordinaria y de Final, así como a los compromisos asumidos por las Partes para su implementación. El PLANPAZ tendrá una vigencia no inferior a diez años. En las materias en las que sea posible, el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo gobierno, así como los planes de desarrollo de los entes territoriales deberán armonizarse con el PLANPAZ. 2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPAZ. El PLANPAZ será diseñado con fundamento en los mandatos constitucionales y legales derivados del desarrollo normativo de todos los acuerdos, incluidos los necesarios para garantizar el proceso de normalización integral y social, en general, y de las FARC-EP, en particular, que deberá acompañar la firma del Acuerdo final. Además de cimentarse en la definición de propósitos y objetivos correspondientes a la provisión de garantías de no repetición y de construcción de paz estable y duradera, el PLANPAZ comprenderá las definiciones de política económica, social y ambiental necesarias para su implementación. Así mismo, contendrá el diseño de la institucionalidad especial de paz requerida para su cumplimiento. El PLANPAZ estará conformado por todos los programas y principales proyectos de inversión, derivados del conjunto de acuerdos pactados, cada uno de los cuales deberán tener una estimación de su valor global. 3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPAZ El PLANPAZ tendrá un plan financiero que deberá especificar el valor total estimado del Plan, así como los recursos necesarios para su ejecución, señalando de manera precisa las principales fuentes de financiación. Así mismo, contendrá un Plan plurianual de inversiones a través del cual se identificarán los recursos que deberán incorporarse en el presupuesto general de la nación del respectivo año. El Plan plurianual de inversiones se refiere a los programas y proyectos de inversión contenidos en el PLANPAZ. 4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN). Con el propósito de diseñar el PLANPAZ, de hacerle seguimiento y evaluar periódicamente su ejecución, y de proponer los ajustes a que hubiere lugar, así como de contribuir a garantizar la participación social y ciudadana en la construcción de la paz, se conformará la “Comisión Nacional de Plan (CONAPLAN)”. La Comisión estará integrada por representantes del gobierno de turno y por representantes de las FARC-EP o del movimiento político que emerja de ellas, en igualdad de condiciones. Así mismo por representantes de las organizaciones sociales, los gremios económicos, los entes territoriales y la academia. Las Partes definirán los aspectos específicos de la conformación y el funcionamiento de la Comisión. 5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPAZ Las FARC-EP participarán en forma activa y decidida en el PLANPAZ. El diseño y la implementación conjunta con las comunidades de sus programas y proyectos serán concebidos como parte de las acciones reparadoras frente a las víctimas del conflicto, con las que se encuentra comprometida toda la organización. En ese sentido, el PLANPAZ deberá articularse con las definiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC EP.
Published in Paz
Jueves, 29 Octubre 2015 23:32
Published in Actualidad Social
Jueves, 19 Noviembre 2015 17:19
Lunes, 23 Noviembre 2015 16:38
Policías de Bogotá se graduadas en género y derechos de las mujeres.
Policías de Bogotá se gradúan de proceso de formación en género y derechos de las mujeres
Este lunes 23 de noviembre a partir de las 11:00 a.m. en el auditorio de la Policía Metropolitana de Bogotá-MEBOG (Av. Caracas No. 6 - 51), se llevará a cabo el evento de clausura del “Taller de formación en género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y competencias de la Policía en atención a mujeres víctimas de violencias”. Con la articulación entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer- SDMujer y la Secretaría Distrital de Integración Social, se realizó este proceso de formación con policías de 19 Estaciones de Bogotá y con diferentes direcciones de la MEBOG.
Jueves, 26 Noviembre 2015 15:19
Jueves, 26 Noviembre 2015 15:24
Escrito por: WLDARICO FLOREZ –PEÑA
Presidente Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA. Bogotá
“Yo diría que el machismo, tanto en los hombre como en las mujeres, no es más que la usurpación del derecho ajeno. Así de simple” GABO
“La única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman la dirección del mundo. Creo que la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de diez mil años.
Los hombres hemos menospreciado y ridiculizado la intuición femenina y por otro lado, a lo largo de la historia hemos santificado nuestras ideologías, casi todas absurdas o abominables…
Invertir los poderes es un asunto de vida o muerte” GABO
La reclamación de los derechos dela mujer en estos momentos de DIALOGOS DE PAZ, requiere el apoyo y esfuerzo de la sociedad para alcanzar una equidad de género, nuestra propuesta apunta a que este debate sirva para empoderar a las mujeres e inspirar a la sociedad a comprometerse con la justicia de género.
Miremos por ejemplo que la Conferencia Mundial sobre mujeres a introducido importantes elementos progresista sobre la igualdad de género, pero aun así las desigualdades de género persisten y en la actualidad hay un ambiente económico y político menos favorable para promover la igualdad.(4ª. Conferencia Mundial sobre Mujeres celebrada en Beijing), es decir hoy podemos decir debemos promover la justicia de genero a través de los diálogos de paz de la Habana.
Pues en esa plataforma de acción de Beijing de 1995, se incluyó por primera vez como temática la participación delas mujeres en la construcción de la paz.
Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU (Resolución 1325 de 2000), introdujo el tema de la participación de las combatientes y solicito adoptar la perspectiva de género en las diferentes etapas de negociación y aplicación delos acuerdo de paz. Asimismo, solicito a los estados miembros fijar directrices, con fundamento en la buenas practicas, “para atender las necesidades y contribuciones de las mujeres y las niñas en los programas de desarme, desmovilización y reintegración” .en el caso de Colombia lo podemos observar en el documento CONPES 3554 de 2008 que aborda el tema de la mujer excombatiente.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza con este documento quiere abrir un debate con todos los colegas abogados, feministas, defensores de derechos humanos entre otros, en la idea de realizar un foro para que de una manera transversal en nuestras audiencias e intervenciones apliquemos de una manera creativa la justicia de genero enriquecida con todos los convenios y tratados leyes nacionales sobre los derechos de la mujer (Ley 1257 del 2008) y sobre todo el bloque de constitucionalidad que nos habla el artículo 93 de la carta política del 91.
Necesitamos implementar un enfoque diferencial de Género en la administración de justicia, como lo ha manifestado la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T-967 del 2014 que “… advierte que es necesario reconfigurar los patrones culturales de discriminatorios ylos estereotipos de género presentes aun en los operadores de justicia en Colombia”
En esa sentencia también dijo la Corte que “…deja en claro la existencia de una dinámica disfuncional en la pareja, evidenciando en un funcionamiento celotípico, en el cual se da un manejo hegemónico del poder basado en el género, en esta caso machista, que se complementa a su vez con la acomodación de la mujer en un funcionamiento que implica pasividad y dependencia”
Se trata pues de desterrar la violencia y discriminación contra la mujer y visibilizar en el lenguaje la violencia domestica psicológica al interior del hogar en este caso dijo el alto tribunal. Para promover nuevos marcos interpretativos en perspectivas de género para que en adelante se aplique un enfoque diferencial de género al decidir cualquier asunto. (Juan Carlos Lancheros Gamez, Articulo Ámbito Jurídico 23 de febrero de 2015)
Creemos que la experiencia acumulada por las organizaciones feministas, algunas sentencias de la honorable corte constitucional (Sentencia C-652/97, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia C-
595/96 M.P.: Jorge Arango Mejía, Sentencia C-371/94, M.P.; José Gregorio Hernández Galindo) sindicatos y organizaciones civiles, han desarrollado metodologías y herramientas que se puede llevar acabo como experiencias para el foro y constituyen un acervo importante que podemos utilizar para el fortalecimiento de esta importante lucha por la justicia de género.
Con el foro debemos pretender experiencias de los resultados e investigaciones que han desarrollado diversas organizaciones que tiene que ver también de una manera protuberante con factores asociados a la violencia intrafamiliar.
También buscamos como objetivo del foro establecer características y condiciones para aplicar la justicia de género que debe ubicarse también como ya se dijo anteriormente en la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil y buscar soluciones para establecer una verdadera política pública de prevención. Buscamos también que mediante una aproximación a través de un estudio podamos establecer las manifestaciones externas más importantes del fenómeno, buscando la compresión de los diversos sectores que allí intervienen para erradicar definitivamente a través de una política pedagógica y cultural sobre la materia.
Desde luego que debemos evaluar lo que el Estado Colombiano ha venido realizando sobre este tema y mirar qué posibilidades hay para que podamos apropiarnos de elementos jurídicos muy positivos que ahondaremos más adelante; pues es clave entender que se debe hacer un abordaje del marco jurídico sobre la justicia de género de lo que hay hasta el momento de parte del Estado y que creemos debe ser conocido a fondo por las organizaciones feministas.
Por ejemplo las Comisarías de Familia y Casas de Justicia, tienen importantes aportes sobre la materia que conjugan elementos de la dinámica familiar dentro del contexto socioeconómico y cultural en que se encuentran inmersas las familias que se ven involucradas en la violencia de género y también configuraciones críticas a nivel de los sectores sociales, estratos, localidades, entre otros, así podremos entender las diferentes manifestaciones violentas al interior de la familia y proponer formas novedosas de la aplicación de la justicia de genero desde lo particular a lo general.
El enfoque que le demos en el foro nos permitirá proponer facetas alternativas para comprender el problema y buscarle soluciones colectivas desde las distintas perspectivas teóricas de las organizaciones feministas para contribuir a la construcción de una compresión integral del problema.
En el caso de las prisioneros políticas es muy importante destacar el último Boletín DESDE ADENTRO, en cual se expone de una manera descarnada la grave situación que plantean las compañeras LILIANY PATRICIA OBANDO, DORIS SUAREZ GUZMAN y algunos familiares, donde destacan la discriminación y subordinación que tradicionalmente viven la mujeres y como se exacerba en la prisión la violencia de género, como el ejercicio de la sexualidad altamente controlada y que compromete lo más íntimo del ser femenino en las pocas y sexistas ofertas de trabajo y estudio, en la escasas posibilidades para ejercer su decisión de ser madres en el duro tratamiento penitenciario y judicial. Lo más grave de todo es que en la prisión las mujeres se vuelven invisibles. (Artículo de Liliany)
En las cárceles la violencia contra la mujer se consolida en una venganza legalizada que se nutre de la ignorancia jurídica y normativa de las mujeres. Por eso y por necesidad, dócilmente aceptan ser manos baratas en trabajos de maquila con pagos de miseria y les dicen que deben ser agradecidas por el favor de ser explotadas.(artículo de Doris).
Gladys destaca que “…El conflicto armado ha impregnado el cuerpo y la vida de la mujer en Colombia quedando en ella tatuada la humillación a la que es sometida, ya que ha sido utilizada como botín de guerra en esclava sexual para infiltrar a los enemigos, violentada sexualmente y asesinada en ocasiones en presencia de su familia, lo anterior en la mayoría de los casos por paramilitares y lo que es peor aún por integrantes de las fuerzas militares quienes llegan como buitres y violan nuestras niñas, las torturan y someten a tratos inhumanos y degradantes..”
Un informe de la Procuraduría de 2006, advirtió que un porcentaje significativo de mujeres privadas de la libertad han sido procesadas por delitos cometidos cuando eran integrantes de diferentes organizaciones armadas ilegales. Algunas de ellas son postuladas a la Ley 975 de 2005, otras no se han desmovilizado y están sindicadas o han sido condenadas.
En la normatividad nacional, el enfoque de género se introdujo por primera vez en el Decreto 3011 de 2013, que reglamento las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012. Con ello, dicho enfoque quedo incluido en el programa especial de Resocialización de los Postulados al Proceso de Justicia y Paz, a cargo del Inpec, en el marco dela justicia transicional.(Observatorio de Proceso de Desarme, Universidad Nacional de Colombia).
También queremos destacar en este artículo que Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos, instalaron este domingo en La Habana (Cuba), en el marco de sus Diálogos de Paz, una subcomisión para abordar la equidad de género y en particular la situación de la mujer en Colombia.
La delegada del Gobierno Nacional, Nigeria Rentería, también Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, dijo a la prensa que el objetivo de la nueva subcomisión será "revisar y garantizar, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género".
Por su parte, Victoria Sandino, en representación de las FARC, destacó la "justa necesidad de incorporar una mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación de los acuerdos de paz", pues las mujeres colombianas, "además de la discriminación" y la "explotación laboral", "son víctimas de múltiples formas de violencia".
La subcomisión, que integrarán cinco delegados de cada parte, aún por definir, se conformó en una sesión encabezada por los negociadores de paz del gobierno colombiano, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, y de las FARC-EP, Iván Márquez, realizada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba.
Una fuente del gobierno citada por la agencia AFP indicó que la subcomisión, el tercer grupo técnico que crean en La Habana en el marco de los diálogos, celebrará en los próximos días una reunión para "definir su agenda".
Queremos terminar esta aproximación a la justicia de género destacando algunos elementos jurídicos de la Legislación colombiana que es muy importante manejar para poder abordar con nuevas perspectivas el tema.
Por ejemplo la constitución política de 1991 contiene importantes aportes jurídicos sobre la materia que resalta los derechos fundamentales y mecanismos de protección y dota también de elementos que permiten su permanente renovación y los retos para la ciencia jurídica; miremos por ejemplo el decreto 2820 de 1974 norma conocida en Colombia como el “Estatuto de la igualdad jurídica de los sexos”, disposición que como su nombre lo indica, consagro la igualdad absoluta entre los sexos y elimino la llamada “potestad marital”, figura que convertía al hombre en rey supremo de la familia,
sus designios y sus haberes; la sociedad Colombiana aún no comprende el alcance de la norma y ello ha sido un factor que en parte ha impedido erradicar muchos y reiterados eventos de violencia
También el artículo 42 de la carta política del 91 destaca “Las relaciones familiares de basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus integrantes”. De allá de deriva la consecuencia lógica de la sanción, a cualquier forma de violencia que destruya la armonía y la unidad familiar, cuyo desarrollo legal se encuentra en la ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, y reglamentada a su vez por el Decreto 652 del 2001.
Otra forma de violencia que podemos destacar es la que se establece en materia de alimentos, en el Código Civil señala que se deben alimentos al cónyuge ya sea durante la convivencia o separado de cuerpos o divorciado sin su culpa, a los descendientes, ascendientes, hijos y padres adoptantes, y a los hermanos.
Como puede apreciarse en Colombia se presenta un alto grado de vulnerabilidad de las mujeres que obedece a factores externos que compromete su bienestar y que implica, en términos constitucionales una “debilidad manifiesta” que debe ser amparada por el Estado y que a la luz de los artículos 13 y 47 de la Carta Política de 91, resulta definitivo para la orientación de las políticas de atención a la violencia contra la mujer.
La Ley 294 de 1996 establece importantes medidas de protección a la víctima de violencia o maltrato como ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, o la de abstenerse a cualquier lugar donde se encuentre la víctima, la de prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico, el pago de los gastos por dicho tratamiento entre otras medidas de protección e incluso cuando haya incumplimiento de estas medidas que constituyen delito al agresor se le revocara la excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando. Así lo destaca el artículo 229 que tiene prevista una pena de prisión de 1 a 3 años.
Pero es importante también en este aspecto jurídico destacar la conciliación como un mecanismo que ha contribuido a la solución de estos problemas sin embargo hay que profundizar en las medidas
pedagógicas para establecer una verdadera cultura de dialogo que soporte la erradicación de la violencia contra la mujer y es aquí donde los aportes de la subcomisión de género de los diálogos de la Habana, Cuba con las FARC-EP puede hacer grandes y verdaderos aportes a la justicia de género; reformando aspectos de la constitución de 91 de una manera radical, buscando métodos alternos y creando nuevas instituciones que tracen políticas públicas, planes y programas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en Colombia.
Un papel muy importante de la mujer en su condición de víctima en el conflicto armado, también se puede destacar, ya que ella ha sido protagonista activa históricamente en cada uno de los diversos episodios de la guerra.
Es a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de diversos instrumentos internacionales que se ha venido promoviendo la igualdad de género y se ha hecho énfasis en la necesidad de eliminar la discriminación contra la mujer y empoderarla en espacios públicos y organizativos.
Podemos ir concluyendo que el conflicto armado que nos atrapa desde hace ya seis décadas y que en ese marco la cultura patriarcal también se ha hecho sentir; es precisamente una posibilidad para
entrar a buscar soluciones radicales y salir de la cultura patriarcal esclavizante de una vida económica o la manera de ejercer poder y control a través de subculturas patriarcales que se conservan en algunas organizaciones de izquierda y solo así un nuevo cambio en la configuración de nuestra lucha puede llevar a derrotar el patriarcado.
Este 25 de noviembre es el día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y como complemento del artículo LA JUSTICIA DE GENERO Y LOS DIALOGOS DE LA HABANA queremos introducir tres nuevos elementos a tener en cuenta:
1. L a Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las naciones unidas
2. Derechos de la mujer
3. Aspectos para los diálogos de La Habana, Cuba
La mencionada Resolución es muy importante que las partes negociadoras en los diálogos de la habana la observen como un instrumento que debe aplicarse en su integridad para construir y afianzar el proceso de paz, para lo cual se debe designar mujeres en todos los niveles de la negociación como representantes especiales y con una visión de género.
En cuanto a los derechos de la mujer el Estado colombiano está en la obligación de garantizar todos los derechos que están en la carta del 91, así como los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados; es decir que tales derechos deben materializarse a través de políticas públicas de género en todos los niveles de la estructura del estado Colombiano.
En cuanto a los aspectos para los diálogos de La Habana sugerimos los siguientes ítems:
1. Tener en cuenta la agenda del acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable.
2. Estudiar las normas de la constitución del 91 y leyes al respecto
3. La situación de la mujer en el conflicto armado interno en Colombia.
4. Resultados desde una perspectiva de género
5. Las prisioneras políticas como sujetos de derechos en el conflicto armado colombiano.
6. Las prisioneras de guerra de las FARC-EP, ELN y PRISIONERAS POLITICAS.
7. ¿Porque crear una Sala Accidental de Genero en la Jurisdicción Especial para La Paz?
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Encabezada por la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y demás organizaciones regionales indígenas del País se inició desde el 22 de noviembre una marcha hacia la capital colombiana. Desde ese día los indígenas realizan concentraciones de los pueblos, comunidades, autoridades indígenas y sectores sociales y populares en el Centro de Armonización de Gualanday Resguardo Munchique los Tigres Zona Norte del Cauca. El lunes 23 de noviembre comenzó el desplazamiento con una caravana a partir de las 3 a.m. hacia la Ciudad de Bogotá y el martes 24 adelantaron reuniónes con sectores sociales y populares para reflexionar y proyectar la reactivación de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del 2008.
La movilización de los indígenas de diferentes sectores del departamento del Cauca hasta la ciudad de Bogotá, según ellos tiene por objetivo la defensa de la Jurisdicción Especial Indígena, el Derecho a la Movilización y la Protesta Social. El Recorrido cerrará con la realización de una Audiencia Pública, donde levantaran nuevamente la voz para denunciar la vulneración de los derechos por parte del Gobierno Nacional. De igual forma se conoció que los indígenas buscaran que Feliciano Valencia quede en libertad sea exonerado de cualquier tipo de señalamiento.
La agenda de la marcha nacional incluye además los siguientes aspectos y propuestas:
25 de noviembre de 2015: Marcha hacia la Plaza Bolívar de la Ciudad de Bogotá con tres propósitos; Defensa de la Jurisdicción Especial Indígena y la protesta social, y la NO violencia contra la Mujer.
26 de noviembre de 2015: Audiencia Pública en la Plaza Bolívar de Bogotá
27 de noviembre de 2015: Regreso a los territorios de Origen
Según los reportes de la prensa regional este ejercicio colectivo y comunitario está en el marco de la unidad con la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y demás organizaciones regionales indígenas del País que juntos caminarán la palabra en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Santos y en exigencia de garantías y respeto a nuestros derechos fundamentales como pueblos.
Además solicitan a los organismos nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos como la ONU, MAP-OEA, Defensoría del Pueblo entre otras, para que acompañen estas justas reclamaciones del movimiento indígena del Cauca, junto con otros pueblos y organizaciones indígenas, así como de sectores sociales y populares del País.
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Miércoles, 30 Diciembre 2015 14:34
FARC-EP en Firma Histórica Acuerdo sobre víctimas
1. Firmado Histórico Acuerdo sobre víctimas
2. Uruguay y Argentina respaldan proceso de Paz de La Habana
3. Apoyo a los diálogos de La Habana desde todas las regiones de Colombia
4. y nuestras secciones Redes Sociales, Minuto Deportivo y Recomendado
Se requiere una pronta rectificación
No corresponde al momento afectar la esperanza de paz. Es necesario vigorizar la prudencia y la confianza, es lo que conviene al bien supremo de la paz.
Por Rubén Zamora, guerrillero de las FARC-EP
Entre las acciones que el gobierno debe rectificar prontamente, está la captura masiva de campesinos realizada por unidades militares en los departamentos del Meta y Huila, para solo dar dos ejemplos. En La Uribe, Meta, en los primeros días de diciembre, el Ejército capturó a trece campesinos sin ningún acervo probatorio. El testaferrato, del que se les acusa, es una burda patraña para expulsar pobladores de un territorio que históricamente han ocupado, que legítimamente les pertenece, aunque aún sean tierras de la nación, según lo establece la ley.
Profundizar la Revolución Bolivariana para consolidar la paz de Colombia y de Nuestra América
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 17 de 2015
Hoy 17 de diciembre, a 185 años del paso a la eternidad del Libertador, Bolívar está más vivo que nunca y su espada sigue desenfundada en las luchas por la paz, la autodeterminación de Los pueblos y el socialismo en toda Nuestra América. Sus enseñanzas y ejemplo siguen forjando y dirigiendo hoy a millones de bolivarianos en todo el continente que hemos tomado el arresto de continuar su gesta contra la tiranía y el oprobio, y nos declaramos orgullosamente herederos de su lucha revolucionaria.
Delincuencia y delitos de clase
Por: Julián Subverso, integrante de la delegación de paz de las FARC-EP
Es común escuchar en los noticieros, en programas y leer en libros y diarios, palabras como terroristas, delincuentes, criminales, para referirse a la lucha de resistencia de los pueblos y a los integrantes de estas resistencias. Está claro: El fin es deslegitimizar. De eso ya hemos hablado.
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Miércoles, 30 Diciembre 2015 17:31
Corte Suprema absuelve a juez que sentenció a
Ecopetrol pagar $ 541 mil millones a ex trabajadores
.- Los cargos patrocinados por la Fiscalía General llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a condenar con cien meses de prisión al ex juez 23 Bernardo Morales Casas.
.- La Corte Suprema de Justicia lo absolvió de los cargos, por ser infundados.
La Corte Suprema de Justicia ha puesto fin al proceso penal que cursaba contra el ex–juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, BERNARDO MORALES CASAS, a quien absolvió de los cargos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad ideológica, que cinco años atrás ECOPETROL había formulado en contra de este funcionario judicial. De paso revocó la sentencia condenatoria que diez meses antes había emitido la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El caso contra el juez MORALES CASAS se originó porque a este funcionario correspondió conocer en el año 1997 un Proceso de Rendición de Cuentas que los ex-trabajadores de la petrolera agrupados en el fondo FONCOECO promovieron contra ella, quienes alegaban desconocer las sumas correspondientes al 3% de las utilidades anuales de ECOPETROL que desde 1962 su Junta Directiva había aprobado entregar como participación para ellos y que para 1997 aún no habían sido concretadas. Luego de múltiples vicisitudes, el 16 de Diciembre de 2005 el Juez MORALES CASAS dictó sentencia y en ella resolvió el incidente de objeción a un dictamen propuesto por la demandante FONCOECO, declarando que la petrolera estatal adeudaba a sus ex-trabajadores una suma superior a $541 mil millones de pesos.
Esta suma fijada por el juez en su sentencia fue establecida por un auxiliar de la justicia dentro del trámite de un dictamen pericial practicado durante el mencionado proceso civil, dictamen que al no haber sido oportunamente objetado por el apoderado de la demandada ECOPETROL quedó en firme, por lo que en la sentencia proferida por MORALES CASAS resultó acogido.
La petrolera estatal interpuso todo tipo de recursos e incidentes tratando de controvertir el resultado del dictamen pericial, pero el juez MORALES CASAS los desestimó aduciendo e insistiendo que ya había vencido la oportunidad legal para objetar el resultado de la pericia. Meses después esta determinación del juez fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Ante ello ECOPETROL optó por denunciar penalmente al juez MORALES CASAS a quien acusó de haber incurrido en los delitos de prevaricato por acción, por omisión y falsedad ideológica pues –alegó la petrolera– el juez obró dolosamente no solo cuando acogió sin reservas el dictamen pericial, sino porque pese a sus reclamos se abstuvo de modificar la decisión tomada, sindicándolo además de haber afirmado falsamente que sí se había notificado el auto que ordenó correr traslado del dictamen pericial a la demandada ECOPETROL. Tales cargos, patrocinados por la Fiscalía General de la Nación, fueron acogidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá quien en sentencia de primera instancia proferida en Febrero 24 de 2015 condenó al juez a pagar una pena de cien meses de prisión, una multa de setenta salarios mínimos legales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Como la sentencia fue apelada por la defensa de MORALES CASAS así como por el Ministerio Público, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver la apelación y pese a la oposición que presentó tanto la Fiscalía como ECOPETROL, encontró inadecuados los planteamientos condenatorios de la Sala Penal del Tribunal Superior y en su lugar estableció que el juez inculpado,“a pesar de considerar que ECOPETROL no debía rendir cuentas a FONCOECO porque la demandante no estaba legitimada para exigirlas ni ostentaba el derecho aducido, el juez MORALES CASAS debió, por orden del superior jerárquico, tramitar la rendición de cuentas”.
Más adelante dijo también la Corte en su reciente fallo que “El Tribunal considera doloso que MORALES CASAS no aceptara la tesis del apoderado de ECOPETROL sobre la ausencia de notificación del auto que ordenó el traslado del dictamen. Sin embargo ese argumento carece de fundamento porque la evidencia documental copiada señala que sí se concretó la notificación, pues el proveído ostenta la constancia impuesta por el secretario del juzgado, donde se consigna su inclusión en el estado 153 del 30 de Agosto de 2004, sello y firma que no ha sido cuestionadas o tachadas de falsedad material o ideológica… Con todo, si se considera que incurrió en una falencia en la elaboración del aviso, la misma no es atribuible al juez sino a la secretaria encargada por disposición legal de esa labor, acorde con lo estatuido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.”
La absolución con que la Corte Suprema de Justicia benefició al juez BERNARDO MORALES CASAS no solo ha puesto fin a una situación judicial que venía generando preocupación e incertidumbre en los jueces civiles cuando éstos en su diaria labor quedan forzados a proferir fallos que no favorecen a una de las partes litigantes, sino que también marca un favorable cierre definitivo en torno al examen de la conducta de un juez que se vio envuelto en una causa penal promovida por quien no resultó beneficiada con la determinación que hubo de tomar dentro de un proceso civil que venía conociendo.
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References: artículo 93
 artículo 42
 artículo 229
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 321