Source: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=56686
Timestamp: 2017-11-18 17:39:45+00:00

Document:
Concepto 17 de 2013 Oficina Jurídica Nacional
Fecha de Expedición: 17/06/2013
CONCEPTO No. 17 DE 2013
OJN-C-017-2013
Bogotá D.C., 17 de junio de 2013
Asunto: Concepto
Contratos de leasing y renting para infraestructura mobiliaria
Posibilidad de que la Universidad Nacional de Colombia contrate a través del leasing financiero
En respuesta a la solicitud que se hiciera a esta Oficina sobre la "viabilidad jurídica de suscribir un contrato bajo la modalidad de leasing" para el uso de bienes muebles y con la finalidad de mantener operativa y funcionalmente infraestructura mobiliaria, incluir el mantenimiento y reparación y garantizar la adquisición de estos; al tiempo que no se requiera realizar inversiones, limitadas por los insuficientes recursos en cada vigencia fiscal; emito concepto jurídico en los siguientes términos:
- Contrato de leasing operativo
- Contrato de leasing financiero
- Contrato de renting
- Operaciones de crédito público interno
- Constitución Política de 1991
- Ley 56 de 1985
- Ley 80 de 1993 -Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-
- Ley 781 de 2002
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 913 de 1993
- Decreto 2681 de 1993
- Decreto 3480 de 2003
- Decreto Reglamentario 734 de 2012
- Decreto Ley 1210 de 1993 -Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Colombia-
- Resolución 1952 de 2008 de Rectoría -Manual de convenios y contratos-
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 6462 del 13 de diciembre de 2002. Magistrado ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Concepto 5001 del 2005.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Concepto 25103 de 2007.
- Departamento Nacional de Planeación. Subdirección de Crédito. Manual de operaciones de crédito público. Bogotá, Septiembre de 2002.
Superintendencia Bancaria. Circular Externa 7 de 1996.
- Superintendencia Financiera. Concepto 2001041346-0 del 28 de agosto de 2001.
- Superintendencia Financiera. Concepto 2007028013-001 del 22 de junio de 2007.
- Superintendencia Financiera. Concepto 2007039517-001 del 30 de agosto de 2007.
- Superintendencia Financiera. Concepto 2007049014-001 del 30 de octubre de 2007.
- Superintendencia Financiera. Concepto 2010027830-002 del 1º de junio de 2010.
- Superintendencia Financiera. Concepto 25197 del 11 de julio de 2012.
-Jorge Luis Ochoa Mejía. El renting una nueva alternativa para la empresa en Colombia.
¿Cuáles son las figuras contractuales que permiten que la Universidad Nacional de Colombia acceda a infraestructura mobiliaria, sin requerir la realización de inversiones, limitadas por la insuficiencia de recursos en cada vigencia fiscal?
Los contratos de leasing operativo, financiero o de renting reúnen las características para que la Universidad Nacional de Colombia acceda a infraestructura mobiliaria, evitando la realización de inversiones.
1. Contrato de leasing financiero y operativo - Contrato de renting
De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, contratos como el leasing o el renting son atípicos, es decir, el legislador no se ha encargado de regularlos autónomamente1.
Sin embargo, el Gobierno, amparado en la potestad de intervenir el mercado financiero, se encargó de prever algunos aspectos del contrato de leasing financiero, más con una finalidad orgánica en el derecho público financiero, que como una forma de disciplinar el negocio jurídico en sí mismo considerado, como bien lo dijo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia2.
Fue así como el Decreto 913 de 1993 estableció que las entidades financieras pueden celebrar el contrato de leasing financiero bajo ciertas condiciones y, por esta consagración normativa, el contrato de leasing en su modalidad financiera es uno de los pocos contratos atípicos que tiene tal punto de reglamentación.
Por otra parte, el contrato de leasing operativo -que un tipo de leasing que interesa aquí por las mismas consideraciones que el renting- alcanzó a ser previsto en el artículo 5º de dicho Decreto 913 de 1993, aceptando que fuera permitido para las entidades financieras, pero sin darle un desarrollo normativo.
En ese sentido, será necesario brindar una sinopsis de las características que tiene cada una de las figuras contractuales enunciadas, para que una vez conocidas, se identifique aquella que mejor se adapta a las necesidades de la Institución.
Locador - Locatario
Arrendador - Arrendatario
Locador es un intermediario3.
Arrendador es fabricante del bien4
Arrendador no es fabricante del bien5
Opción de compra excepcional o solo si es por el valor comercial6
No tiene opción de compra, solo puede pedirse sustitución o renovación del bien7
Canon incluye amortización del precio de adquisición, interés del capital invertido para adquirir el bien y costos o rendimientos ordinarios8
Canon incluye importe de la cuota de arrendamiento y mantenimiento y reparación del bien
Canon solo incluye importe de la cuota de arrendamiento, seguros, capacitación para el uso de equipos y mantenimiento y reparación del bien9
Gestión del locador no incluye mantenimiento, reparación, riesgos técnicos y de obsolescencia
Gestión del arrendador incluye reparación, riesgos técnicos y de obsolescencia
Gestión del arrendador incluye servicio de mantenimiento, seguro y sustitución en caso de averías o siniestro10
Frente al contrato de leasing o arrendamiento financiero, el Decreto 913 lo definió como "la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra" (subrayado fuera del texto).
Por otra parte, la jurisprudencia11 ha establecido que el leasing financiero es distinto al leasing operativo, principalmente por la opción de compra que es una facultad en el primero y una posibilidad remota en el segundo.
Igualmente, aunque el renting tiene características similares al leasing, la Superintendencia Financiera y la doctrina12 los ha entendido como contratos diferentes, criterio acogido por esta Oficina, debido a que luego de la observación de ofertas en el mercado colombiano, el renting es ofrecido por entidades no fabricantes del bien. Adicionalmente, esta modalidad excluye tajantemente la opción de compra.
Así las cosas, el contrato de leasing operativo es aquel contrato en el que una persona natural o jurídica, denominada arrendadora, entrega a otra, llamada arrendataria, la tenencia de un bien para su uso y goce a cambio de un pago o renta periódica13. Por su parte, el renting es un contrato de arrendamiento de bienes muebles por necesidades ocasionales o temporales14 destinado a la explotación de los mismos15.
1. Contratación de leasing operativo y renting con la Universidad
Si bien el contrato de leasing operativo y el de renting son distintos, comparten la atipicidad y la asimilación que ha hecho la doctrina al contrato clásico de arrendamiento de bienes muebles, tal como está regulado en los artículos 1973 al 2035 del Código Civil, la Ley 56 de 1985 y el Código de Comercio. Por ende, puede concluirse que son de naturaleza mercantil16.
Así las cosas, no están regulados en la contratación estatal. En ella solo se prevé la modalidad de selección directa para los contratos de arrendamiento de inmuebles (literal i) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 del 2007 y artículo 3.4.2.6.1 del Decreto Reglamentario 734 del 2012).
Debido a ello y a nuestra autonomía para definir nuestro régimen de contratación, debe atenderse los términos de la Resolución 1952 del 2008 de Rectoría -Manual de convenios y contratos- para determinar la forma de contratar.
En primer lugar, según la cuantía que finalmente se convenga, dependiendo de las necesidades de la Universidad, se requerirá de una invitación directa, si aquella es superior a diez (10) y hasta de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el artículo 28 de la Resolución 1952.
Si la cuantía es superior a ochenta (80) y hasta de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, será necesario presentar una invitación directa o, cuando la naturaleza del bien o servicio así lo exija, pública, tal como lo indica el artículo 35 de la Resolución 1952.
Así mismo, resulta obligatorio cumplir los demás requisitos que exige el Manual de convenios y contratos para cada una de las modalidades contractuales que según su cuantía son órdenes contractuales menores, órdenes contractuales superiores y contratos.
¿Cuáles son las condiciones para que la Universidad Nacional de Colombia pueda celebrar un contrato de leasing financiero?
Las condiciones para que la Universidad Nacional de Colombia pueda celebrar un contrato de leasing son aquellas que se han establecido para las operaciones de crédito público.
1. Leasing financiero
Debido a que la solicitud plantea una inclinación por sustituir la forma actual en que se adquieren equipos y bienes muebles en la Universidad, se describirá sucintamente las características del leasing financiero, que es la única de las modalidades contractuales que cuenta con la opción de compra, como característica consustancial.
Para la Superintendencia Financiera, la característica estructural y sobresaliente del contrato de leasing financiero es la función de financiación, en la medida en que provee recursos para llevar a cabo planes de inversión y de consumo17.
En efecto, este contrato conlleva una operación de financiamiento a favor del locatario y a cargo de una institución financiera.
Por otro lado, se subraya la prohibición legal de que estas compañías asuman el mantenimiento de bienes entregados en este contrato. A pesar de ello, la entonces Superintendencia Bancaria señaló, en la Circular Externa 7 de 1996, que con la proscripción se busca que las compañías no se obliguen a actividades ajenas a su objeto social reglado, por lo que es posible que se comprometan a hacer esos mantenimientos o reparación de activos entregados en arrendamiento financiero, pero bajo la celebración de un contrato de esa naturaleza. Es decir, es una finalidad que escapa al objeto del contrato de leasing financiero, no obstante puede estar consagrada en otro tipo de modalidades contractuales.
Atendiendo esta última precisión, deben ser examinadas con prudencia las obligaciones que pacten el mantenimiento de estos bienes, no sin antes advertir que existen otras opciones como el denominado renting18 o leasing operativo, antes descritos, que sí comprenden el mantenimiento.
2. Operaciones de crédito público
En el ámbito de la contratación estatal, se previó una figura contractual que responde a la naturaleza crediticia o financiera, por cuanto brinda la posibilidad de pagar a plazo los bienes, servicios o recursos que obtengan las entidades públicas, denominada operaciones de crédito público.
Así las cosas, el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 -Estatuto General de Contratación de la Administración Pública- indica que se consideran operaciones de crédito público "las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago".
Por su parte, el Decreto 2681 de 1993 que le da desarrollo a esta ley las define como "actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago".
Este tipo de contratos se encuentran regulados por el legislador, en virtud de la facultad para conceder al Gobierno autorizaciones en la celebración de contratos, negociación de empréstitos y enajenación de bienes nacionales, en los términos que la consagra el numeral 9º del artículo 150 de la Constitución Política.
De igual forma, fueron clasificadas por el artículo 2º del Decreto 2681 de 1993 en operaciones de crédito público interno o externo. Son internas las que se celebran exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagadas en moneda legal colombiana y externas, todas las demás.
A su vez, dentro de las operaciones de crédito internas fueron consagradas unas modalidades, descritas en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 2681 de 1993, que son los contratos de empréstitos, los créditos de proveedores, los títulos de deuda pública y el otorgamiento de garantías.
3. Asimilación del leasing financiero a operaciones de crédito público
Cuando el arrendamiento de los bienes adquiridos bajo un esquema de financiación es celebrado entre particulares se denomina leasing financiero, no así cuando quien contrata es una entidad pública.
En esos casos, se está bajo la presencia de un contrato estatal que supone acudir a la normativa en contratación administrativa, toda vez que nuestro Manual de convenios y contratos no se encarga de regularlo y con justa razón, pues se trata de la celebración de acuerdos entre entidades del sector financiero y entidades públicas, en las que el Estado tiene un principal interés de regulación.
Debido a ello y, en parte, por la naturaleza crediticia de la que goza el leasing financiero, este ha sido asimilado en la contratación estatal a una operación de crédito público.
En ese sentido, el contrato de leasing es un "contrato asimilado a las operaciones de crédito público", toda vez que de él surgen obligaciones de plazo para su pago, materializadas en el desembolso de cánones que recibirá la compañía de leasing del usuario por el uso y goce del bien19.
Y se resalta su característica de asimilado a las operaciones de crédito público, sin que pueda encuadrarse en alguna modalidad específica (empréstito, crédito de proveedores, títulos de deuda pública y otorgamiento de garantías), debido a la consagración expresa en el artículo 4º del Decreto 2681 de la presencia de "actos asimilados a operaciones de crédito público". De esta forma, el leasing participa de la contratación estatal bajo una denominación distinta y unas reglas precisas.
4. Condiciones para que las universidades realicen operaciones de crédito público
Desde la expedición de la Ley 781 del 2002 fue más contundente la autorización legal para que las universidades pudieran utilizar la figura de la operación de crédito público, toda vez que fueron incluidas en el artículo 7º. Lo mismo sucedió en el Decreto 3480 del 2003.
Como lo establecen estas disposiciones, el endeudamiento de la Nación y sus entidades territoriales y descentralizadas está condicionado a la demostración de capacidad de pago. Para los entes universitarios autónomos, este Decreto 3480 adscribió unas condiciones especiales para acreditar esta capacidad de pago.
Adicionalmente, en virtud de que por el artículo 7º de la Ley 781 se hace referencia a las disposiciones del Decreto 2681, son también aplicables las condiciones que establece este para los actos asimilados a operaciones de crédito público, descritas específicamente el inciso tercero del artículo 4º.
El entendimiento de esta norma por parte del Departamento Nacional de Planeación20, máximo orientador de la planeación nacional y responsable de velar por la eficiente asignación del gasto público, deriva en la definición de dos procesos para ser celebrado el contrato de operación de crédito público:
- Si son actos asimilados a operaciones de crédito público con plazo menor a un año, se requerirá únicamente la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito público.
- Ello es así por cuanto el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 -norma a la que se hace alusión en el artículo 4º del Decreto 2681 de 1993- determina que las operaciones internas solo requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Si son actos asimilados a operaciones de crédito público con plazo mayor a un año, deben aplicarse los procesos para la gestión de créditos externos o internos de acuerdo con la entidad estatal contratante.
De acuerdo con la descripción del proceso que hace el Decreto 2681 de 1993 y aclarando que la ley no establece un término máximo como plazo para la operación de crédito público interno, es necesario que previamente a la contratación se cuente con:
- Solicitud de la entidad que comprenda una descripción completa del proyecto o programa, el impacto de las inversiones, la concordancia y relevancia de las inversiones, el motivo por el que se desea utilizar los recursos, el plan de financiamiento, la evaluación de fuentes alternativas de financiamiento y la información financiera.
- Concepto de la Dirección Nacional de Planeación sobre la viabilidad, con fundamento en un análisis técnico, económico, social y financiero del proyecto y de la entidad prestataria.
- Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizando la suscripción del contrato.
En todo caso, armonizando las condiciones que establecen el artículo 2º del Decreto 3480 del 2003, las disposiciones del Decreto 2681 de 1993 para las operaciones de crédito interno de entidades descentralizadas del orden nacional y con ayuda de las directrices del Departamento Nacional de Planeación21, esta Oficina expone como pasos necesarios para que la Universidad Nacional de Colombia suscriba esta clase de contratos con plazos superiores a un año:
1. Solicitar autorización a la las directivas para realizar la operación. En este caso, el Consejo Superior Universitario autoriza al Rector para celebrar el contrato.
2. Solicitar la autorización al Departamento Nacional de Planeación para la celebración del contrato con la respectiva justificación e información financiera. Se debe establecer con qué se garantiza el contrato: pignoración, contribuciones o ingresos corrientes. En cualquiera de los casos debe mediar una certificación del funcionario competente de la Universidad que así lo certifique.
3. Emisión del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, basado en el estudio técnico y en el análisis financiero.
4. Entrega de minutas del contrato que se vaya a celebrar para que sean aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5. Calificación satisfactoria de la capacidad de pago de la Universidad emitida por una calificadora de riesgo autorizada.
6. Entrega del concepto del Departamento Nacional de Planeación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que emita una resolución autorizando a la Universidad para contratar.
En esa medida, es conveniente que al momento en que se realice la negociación, la operación tenga un mayor grado de avance en su preparación para que una vez firmado el contrato pueda empezar la ejecución del proyecto o programa. Igualmente, debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Hacienda también revisa que se cuente con las apropiaciones presupuestales requeridas para iniciar la ejecución del programa. Finalmente, la operación debe ser publicada en el Diario Oficial, por considerarse a las universidades como entidades descentralizadas del orden nacional, y ser registrada en el Ministerio de Hacienda.
5. Modalidad de selección directa y competencia para la celebración del contrato
Luego de esclarecer la metodología y procedimientos especiales que requiere la suscripción de este contrato frente a las entidades financieras y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, es forzoso precisar que por tratarse de un contrato regulado en detalle por el ordenamiento jurídico externo, no se acude a nuestro Manual de convenios y contratos -Resolución 1952 del 2008 de Rectoría-.
En ese sentido, la Ley 80 de 1993 en el parágrafo 2º de su artículo 41 previó que la celebración de operaciones de crédito público se haría a través de la contratación directa y así se consagró también en el artículo 30 del Decreto 2681 de 1993, posición corroborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los conceptos 5001 del 2005 y 25103 del 2007. De esa forma, la transparencia que garantiza acudir a un proceso de selección se suple con el proceso que se requiere seguir ante el Departamento Nacional de Planeación y dicho Ministerio.
Por otra parte, la competencia para suscribir este tipo de contratos no está prevista en nuestro Manual de convenios y contratos, pero atendiendo a que la normativa externa requiere una autorización de las directivas para su celebración, será el Rector como representante legal de la Universidad y responsable de su dirección administrativa quien lo suscriba, previa autorización del Consejo Superior Universitario, según el artículo 13 del Decreto 1210 de 1993.
Finalmente, teniendo en cuenta que se está ante una operación asimilada a una de crédito público no se requiere autorización de vigencias futuras, porque "en principio son una operación de ingreso y no de gasto, a pesar de que tengan asociado un pago posterior para la amortización del crédito" tal y como lo ha indicado la Superintendencia Financiera en los conceptos 25103 del 14 de septiembre del 2007 y 25197 del 11 de julio del 2012.
1. Los contratos de leasing operativo, leasing financiero y renting son opciones con la que cuenta la Universidad para acceder a bienes muebles, sin requerir las inversiones que están limitadas presupuestalmente.
2. Los contratos de leasing operativo y renting, contrario al leasing financiero, sí incluyen el mantenimiento y reparación, aunque no la opción de compra, y el renting, además, comprende el aseguramiento de equipos.
3. La forma de contratación del leasing operativo o renting debe seguir las directrices del Manual de convenios y contratos, toda vez que son atípicos, no tienen consagración en la contratación estatal y forma parte de nuestra autonomía contractual su encuadramiento en los procedimientos contractuales internos.
4. Ahora bien, como la solicitud insinúa la importancia de adquirir dichos bienes, se señala con detenimiento que la figura del leasing o arrendamiento financiero prevé la adquisición.
Sin embargo, una de sus limitaciones es que las compañías de financiamiento no pueden asumir el mantenimiento de los bienes entregados, por lo que este contrato no tiene dentro de sus ventajas la inclusión del mantenimiento y reparación.
La decisión por una modalidad u otra debe responder a las necesidades de la Universidad, atendiendo al costo beneficio que pueda resultar su escogencia.
5. Las operaciones de crédito público, por su parte, son actos o contratos para dotar a una entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas en las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.
Estas pueden ser internas cuando se celebran exclusivamente entre residentes del territorio nacional para ser pagadas en moneda legal colombiana, y externas, el resto.
Igualmente, son modalidades de las operaciones de crédito público la contratación de empréstitos, los créditos de proveedores, los títulos de deuda pública y el otorgamiento de garantías.
6. El contrato del leasing financiero se comprende dentro de los "actos asimilados a operaciones de crédito público" y no corresponde propiamente a las modalidades de estas operaciones (empréstitos, crédito de proveedores, títulos de deuda pública y otorgamiento de garantías), pues no comparten las mismas características. Sin embargo, como lo señala el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se asimila a las operaciones de crédito público, debido a su función de financiación.
7. En armonía con los decretos 2681 de 1993 y 3480 del 2003 y las directrices del Departamento Nacional de Planeación en el Manual de operaciones de crédito público del 2002, es necesario que se surtan estos pasos para que la Universidad pueda realizar el contrato de leasing financiero:
Primero. Solicitud de autorización del Rector al Consejo Superior Universitario para celebrar el contrato.
Segundo. Solicitar la autorización del Departamento Nacional de Planeación para la celebración del contrato con la respectiva justificación e información financiera, la garantía del contrato y la certificación de esta.
Tercero. Concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.
Cuarto. Aprobación de minutas del contrato por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Quinto. Calificación satisfactoria de la capacidad de pago de la Universidad, emitida por una calificadora de riesgo autorizada.
Sexto. Entrega del concepto de la Dirección Nacional de Planeación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que este emita una resolución que autorice la contratación.
Debe aclararse que legalmente no existe un término máximo como plazo para las operaciones de crédito público interno.
8. Para el contrato de leasing financiero, atendiendo a que es una operación de crédito público, se está de acuerdo con que la contratación sea directa, tal como lo señala el parágrafo 2º de artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Por otra parte, la competencia para celebrar este contrato no está delegada en autoridad alguna de la Universidad en el Manual de convenios y contratos, por lo que se entiende que es un contrato que debe suscribir el Rector, en virtud de que es el representante legal y responsable de la dirección administrativa de la Institución.
Vale la pena aclarar que la respuesta a esta solicitud se efectúa de acuerdo a la competencia fijada en el artículo 9º del Acuerdo 070 de 2012 del Consejo Superior Universitario, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.
1.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia 6462 del 13 de diciembre del 2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
3. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto 2001041346-0 del 28 de agosto del 2001.
5. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2007028013-001 del 22 de junio del 2007.
6. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2007049014-001 del 30 de octubre del 2007.
7. OCHOA MEJÍA, Jorge Luis. El renting una nueva alternativa para la empresa en Colombia. Página 6.
8. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2010027830-002 del 1º de junio del 2010
9. OCHOA MEJÍA, Jorge Luis. Op. Cit. Página 12.
11. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil Op. Cit.
12. Ibídem. Página 4.
13. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2007049014-001 del 30 de octubre del 2007
14. OCHOA MEJÍA, Jorge Luis. Página 5.
15. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2007028013-001 del 22 de junio de 2007
16. OCHOA MEJÍA, Jorge Luis. Página 5
17. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2007039517-001 del 30 de agosto del 2007. Leasing, operación de financiemiento.
18. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto2007028013-001 del 22 de junio de 2007.
19. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Concepto 5001 del 2005.
20. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Subdirección de Crédito. Manual de operaciones de crédito público. Bogotá, septiembre del 2002. Páginas 51 y siguientes.
21. Ibídem. Página 71.

References: Resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 41
 artículo 30
 artículo 13
 resolución 
 artículo 41
 artículo 9