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ARBO Segunda Época Asociación de Registradores Bienvenido OliverInicioBienvenido OliverQuienes SomosBlogNoticiasEntrevistasBlog HISTORIA DE UNA AMBICIÓN ILEGÍTIMA O EL DERECHO DE ASIMILACIÓN DE LOS ADSCRITOS.
Publicado el 4 de Febrero del 2012 A) A MANERA DE INTRODUCCIÓN.
Cito varias sentencias y resoluciones, algunas de éstas absolutamente clandestinas, también hago referencia a informes y decisiones administrativas de mero trámite. Igualmente me referiré a hechos inverosímiles. De todo ello tengo pruebas documentales. Por increíble que parezca lo que sigue, apelo al buen criterio de los lectores: deben considerar que estamos en terreno de adscritos y, cuando media la asimilación, la frontera que lo separa del sentido común es infranqueable. B) EL DERECHO DE ASIMILACIÓN Y SU VIGENCIA.
b) La Ley 30/1.984 y su desarrollo reglamentario.- La Ley 30/1.984, de 2 de Agosto, sobre medidas de reforma de la función pública, sancionó en su disposición adicional novena: “Uno. Se crean en la Administración del Estado los siguientes Cuerpos de funcionarios:… 4. Cuerpo Superior de Letrados del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Abogados del Estado, Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia, Letrados de la Dirección General de Registros y Notariado y Letrados del Consejo de Estado…”. Por su parte la disposición derogatoria única, tras recoger una serie de abrogaciones explícitas, ordenaba: “…2. Asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente Ley…”. Luego a partir de la entrada en vigor de la misma quedaron derogadas todas las normas legales y reglamentarias sobre los Letrados, incluidos los arts. 263 LH y 462 RH, porque mantener la vigencia de la asimilación sin cuerpo funcionarial, es negar la eficacia de la ley que lo extingue al no haberse reconocido a todos los miembros del nuevo cuerpo. Tema distinto es que la Ley 30/1.984 carece de efectos retroactivos, por lo que la derogación por ella operada no priva absolutamente de vigencia a la normativa abrogada, que la conserva para regular los derechos adquiridos bajo su vigencia.
1) La abrogación en 1.958 del mecanismo tácito de derogación normativa.- Para justificar la vigencia en 1.997 del art. 263 LH, expresamente invocan los autores el art. 129/3 de la derogada LPA de 1.958, entonces en vigor, al sancionar: "...No podrá formularse ninguna propuesta de nueva disposición sin acompañar al proyecto la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, y sin que en la nueva disposición se consignen expresamente las anteriores que han de quedar total o parcialmente derogadas". La interpretación que el trabajo hace de la norma trascrita es, cuando menos, llamativa: "...Por tanto, la ley prohibía el sistema de derogaciones indeterminadas, prohibición que subsistió hasta la entrada en vigor de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Esta prohibición, por tanto, estaba vigente en la fecha de la aprobación y publicación de la Ley 30/1984, de 29 de agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, y en la misma no se incorporó, como hubiese sido obligatorio para los autores del proyecto de haberse querido derogar los preceptos relativos al derecho de asimilación, Disposición Derogatoria alguna respecto del artículo 263 de la Ley Hipotecaria y concordantes.- Tampoco ha sido derogado tal precepto en las recientes reformas de la Ley Hipotecaria operadas por las Leyes 7/1998, de 13 de abril, 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, ni por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad. Añádase que si en otros ámbitos fue frecuente el incumplimiento de la prohibición de la cláusula derogatoria indeterminada, no es éste el caso de la legislación hipotecaria que ha seguido siempre la regla de la derogación expresa (vid. v. gr., en la reciente reforma citada, la Disposición Derogatoria única de la Ley 24/2001, que deroga expresamente los párrafos 1 y 2 del artículo 253 de la Ley Hipotecaria)...".
2) Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 2.000.- En un alarde de absoluta indiferencia hacia la inteligencia de los eventuales lectores del trabajo, afirman sus autores que constituye un hito jurisprudencial en el reconocimiento del derecho de asimilación a los adscritos. O, lo que es igual, que con ella el alto tribunal "enmienda la plana" al Consejo de Estado. Pero como una cosa es predicar y otra dar trigo, nada tiene que ver lo que el TS dice con lo que los adscritos quieren hacerle decir. En efecto, por dicha Sentencia la Sección 7ª de la Sala de lo contencioso decide el recurso interpuesto por un Corredor de Comercio contra el Real Decreto 1.786/1.997. En este orden quiero recordar que ni tal disposición hace referencia al derecho de asimilación ni, en la trascripción recensionada que de la demanda hace la Sentencia en el SEGUNDO de sus Fundamentos, el recurrente (un Corredor de Comercio despechado por no permitirle acceder a la asimilación) plantea cuestión alguna que lo implique, por lo que el intento de involucrarlo en sus pronunciamientos no es sino nuevo motivo para alegrar y solazar el espíritu con "otra de adscritos". Juzgue el lector con lo que sigue.
En efecto, la trascripción de los fundamentos de la demanda que hace la decisión judicial en el SEGUNDO de los suyos dice literalmente: "...los razonamientos con que intenta sustentar su impugnación consisten en dirigir a la disposición que combate los siguientes reproches: ... IV.– La infracción, por parte de la norma reglamentaria impugnada, de la normativa legal en materia de función pública.- Bajo ese reproche genérico lo que se censura de manera concreta es lo siguiente: ... –la inobservancia de la Disposición Adicional Novena de la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública –LMRFP–, en lo que establecía sobre que, tras la supresión del antiguo Cuerpo Facultativo de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sus funciones quedaban atribuidas en exclusiva al Cuerpo de Abogados del Estado...". Luego lo que el TS dice en el texto pretendidamente "asimilatorio" es que, aun cuando la Ley 30/1.984 hubiese atribuido a los Abogados del Estado las funciones del extinto cuerpo de Letrados de la DGRN, la atribución no resulta contradicha por el RD 1.786/1.997, pues la referencia debe hacerse a la Ley que legitima tal reglamento, al art. 127 de la nº 13/1.996, por lo que de haber contradicción se dará entre ésta y la del 84, que se solventará con la vigencia de la posterior (art. 2/2 Cc).
Tanto en vía administrativa como judicial, quien suscribe ha padecido que al reproche de clandestinidad alegado se opusiera la inclusión de los adscritos en los escalafones de los Anuarios como si, de alguna manera, el conocimiento abstracto del fallo de una decisión pudiese suplir las exigencias formales que la ley impone para tener notificado lo decidido. En efecto, la citada ley procedimental común dice en su art. 58/2 que "...Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos...", cosa que no cumple la inclusión en el escalafón del Anuario. Pero es que, aún en el hipotético caso de que lo cumpliese, y pudiese servir como notificación siempre sería defectuosa por omitir contenidos esenciales, y respecto de ellas dice el art. 58/3: “…Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o interpongan el recurso procedente…”. f) Resolución de la DGRN 2 de Enero de 2.001.- Con la hipocrita invocación de que las Sentencias resolutorias de los recursos interpuestos contra el Real Decreto 1.876/1.997 y las tres Órdenes Ministeriales se habían pronunciado favorablemente al derecho de asimilación de los adscritos, a instancia de éstos, el CD hace firme lo provisionalmente decidido en 1.998 y, a partir de ahí, comienzan los problemas en cuanto los adscritos pretenden hacer valer su usurpada condición en los concursos.
Del procedimiento y de la Rón que le pone fin, se puede decir lo mismo que de lo procedido y resuelto en 1.998: reina en ambos casos la mas absoluta clandestinidad, que se mantiene hasta el día de la fecha. En este caso concreto los adscritos pretenden lo contrario invocando que la Rón de 2.001 fue publicada en el Anuario, a lo que sólo cabe objetar que tal medio no tiene virtualidad notificadora según la Ley 30/1.992. g) Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 19 de Enero de 2.004.- A partir de 2.002, o cumplidos cinco años de servicios efectivos en la adscripción, los adscritos comienzan a desembarcar en los concursos y, por razones obvias, éstos se tornan tan conflictivos que la Secretaría de Estado del Ministerio decide tomar cartas en el asunto revisando de oficio lo resuelto por el CD en 1.998 y 2.001.
1) Los informes obrantes en el expediente de revisión.- En la tramitación del procedimiento se pidieron dos informes, obrantes en el expediente, que, una vez mas, los adscritos silencian porque vuelven a poner de relieve lo ilegal de su asimilación. a') Dictamen del Consejo de Estado de 15 de Enero de 2.004.- Evacuado como trámite necesario en el procedimiento de revisión de oficio de las Resoluciones de 1.998 y 2.001 (art. 102//1 Ley 30/1.992), el alto organismo consultivo se pronuncia por segunda ven en contra de la legalidad de reconocer la asimilación a los adscritos.
Por si aún quedaran dudas, la sentencia de casación expresa el FALLO diciendo: "...No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, contra Sentencia de 24 de Marzo de 2.006, dictada en el recurso 332/04, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 3ª), que queda firme...". Luego es firme la nulidad de la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 19 de Enero de 2.004 por incompetencia de ésta para acordarla, único extremo en que puede ser confirmada. Pero la firmeza no comporta como consecuencia necesaria ni la legalidad de asimilar a los adscritos ni, por tanto, la validez de las Resoluciones de la DGRN de 1.998 y 2.001, pues sobre tales extremos no se pronuncia la Audiencia Nacional, ni, por tanto, puede pronunciarse el TS al confirmar en casación la sentencia de instancia.
Entre otras cosas, para introducir equilibrio en tan morganática coyunda, el RD 253/2.011 ha suprimido la posibilidad de renunciar a la adscripción, previniendo en su art. 8 que "Los Notarios y Registradores adscritos a la Dirección General deberán estar en servicio activo en sus respectivos Cuerpos mientras dure su adscripción, que en todo caso tendrá un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la toma de posesión y renovable una sola vez por un periodo de dos años a través de la correspondiente participación en el concurso de méritos en igualdad de condiciones con los restantes interesados, resultando el plazo de seis años el límite absoluto de tal régimen de colaboración...". Pero además agregó en el siguiente art. 11: "Los Notarios y los Registradores podrán ser removidos de su puesto por el titular del Ministerio de Justicia a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado antes del plazo indicado en el artículo 8 del presente real decreto y por justa causa relativa al cumplimiento de los deberes de su destino en el centro directivo. El expediente, que requerirá la audiencia del interesado, deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses y la resolución que en el mismo recaiga pondrá fin a la vía administrativa.- Además, los Notarios y Registradores adscritos podrán ser removidos cuando sea aprobada una nueva organización de las actividades desempeñadas por los mismos o una nueva administración de las citadas plazas en la Dirección General de los Registros y del Notariado". En suma, parece como si en 2.011 se contemplase la adscripción como un mal necesario, impuesto por un precepto legal, cuyos desastrosos efectos para el CD había que minimizar de alguna manera, y lo hizo el Gobierno quitándoles competencias, ya que habían demostrado no estar preparados para asumirlas, y limitando el plazo de duración, pues no hay peor cosa que "un mal matrimonio".
Para que no exista duda ninguna sobre la clase de recurso interpuesto y lo pretendido con su interposición, trascribo literalmente la rúbrica y el petitum del escrito de interposición. Dice el encabezamiento del recurso: "Recurso de alzada que se interpone ante el EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA contra las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 29 de Octubre de 1.998 y 2 de Enero de 2.001, por las que decide la asimilación a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de determinados Notarios adscritos al Centro Directivo, así como la de 8 de Septiembre de 2.009, por la que resuelve el concurso ordinario para la provisión de Registros vacantes nº 277". Por su parte el petitum expresa: "...Por lo que antecede SUPLICO a V.E. que tenga por interpuesto el recurso de alzada a que se refiere este escrito contra las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de Octubre de 1.998, 2 de Enero de 2.001 y 8 de Septiembre pasado, y, por las causas y motivos expuestos en los precedentes FUNDAMENTOS, la resuelva, previa suspensión de la eficacia de los pronunciamientos recurridos, declarando: 1º) La nulidad de pleno derecho de lo resuelto en las tres decisiones impugnadas, limitada en cuanto a la última a las tres designaciones de Notarios adscritos para cubrir los tres Registros vacantes que se les asignan; 2º) Y, subsidiariamente pero con idéntico alcance, las declare nulas...".
La Rón va precedida de una rúbrica del siguiente tenor literal: "Vistos los recursos... formulados... contra la Resolución de 8 de Septiembre de 2.009..." (folio 123 del expediente). Como no podía ser menos, y en estricta congruencia, cierra la parte dispositiva diciendo: "...a propuesta de la Secretaría General Técnica -que, reitero, no obra en el expediente administrativo remitido a la Sala-... solo cabe desestimar los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de 8 de Septiembre de 2.009...". La falta a la verdad no es azarosa, el autor material de lo resuelto sabía perfectamente que se impugnaban tres Resoluciones. Avalan lo afirmado dos datos extraídos de la propia Rón, al que debe añadirse un tercero recogido del informe de la DGRN que acabo de referenciar. En efecto: 1º) La propia Resolución dice literalmente en el pár. 2º del Antecedente PRIMERO: "...Condición -la de Registrador en los Notarios adscritos- que los recurrentes consideran ilegal al tener su fundamento en las Resoluciones... de 29 de Octubre de 1.998 y 2 de Enero de 2.001, contra las que también recurren y consideran nulas de pleno derecho por los motivos y consideraciones que exponen y que se dan por reproducidas a todos los efectos..."; 2º) El siguiente Antecedente TERCERO de la misma: "...Los ahora recurrentes, con ocasión de la Resolución de 8 de Septiembre de 2.009..., pretenden recurrir la legalidad de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 29 de Octubre de 1.998 y 2 de Enero de 2.001, por entender que son nulas de pleno derecho..."; y 3º) El informe de que tuve conocimiento en vía judicial aconsejaba al órgano llamado a decidir la alzada, cuando aun se tramitaba como tal, desestimarla respecto de las Rones de 1.998 y 2.001 por haber devenido firmes después de catorce años, como si el tiempo pudiera sanar los vicios causados por la indebida inactividad de la Administración al omitir notificar a los interesados lo que legalmente debió serlo.
Y es que pasar a ser "bien de Estado", u ocupar un status ínsito en el campo de los intereses públicos y generales de nuestra comunidad jurídica, pasa una factura que debe ser pagada por la Administración, como servidora del bien común según el art, 103/1 CE, diga lo que diga el legislador. No importa que concursen la adscripción porque quieren y sabiendo que van a perder económicamente, pues la generosidad administrativa compensará las cicaterías del legislador constituyendo derechos subjetivos al margen del ordenamiento. Tampoco, como dicen algunos resentidos, tiene recorrido el que la adscripción se retribuya conforme a un trabajo que les hace otro, es normal por la dedicación de los adscritos a menesteres tan elevados que convierten la adscripción en casi un sacerdocio, siendo mera consecuencia necesaria, pero siempre accesoria, el que los adscritos no deban peregrinar por los pueblos y puedan vivir en Madrid. Del mismo modo resulta accesorio el que pasen semanas sin que aparezcan por sus despachos en el CD, el que eso reproche ignora que estamos en otro nivel en que los mejores han sido rigurosamente seleccionados tras superar un concurso, y ganar los recursos correspondientes, y en él la dedicación de un minuto a la adscripción hace por seis meses del trabajo de cualquier Notario o Registrador en sus oficinas, por mas abnegado que fuere. En suma, y como se puede comprobar, ubicarse en el campo de los intereses públicos no representa mas que inconvenientes para los adscritos, por lo que alguna pequeña ventaja había de darle la Administración (art. 103/1 CE), la ampare o no el legislador, y esa no puede ser el reconocimiento permanente ni de carácter honorífico, sino algo mucho mas material y tangible como es la asimilación. Tampoco en este punto dudo que, con unas páginas mas, los autores del trabajo hubieran pedido con toda justicia, y siempre desinteresadamente, la compatibilidad de la actividad asimilada con la ganada por oposición, o méritos propios. Es demanda justa a la que la Administración no puede volver la espalda, pues compensaría con creces la pérdida de retribuciones que con una sola supone pagar un "negro", sin olvidar la función social que cumpliría retribuir a otro por el ejercicio de la actividad asimilada. Así son las cosas en la alturas, aunque los espíritus mezquinos no quieran comprenderlas y vean como filibusteros a quienes los postergan con el desembarco clandestino en sus escalafones funcionariales.

References: artículo 263
 artículo 253
 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
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 artículo 8
 real decreto 
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 Resolución 
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 Resolución 
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