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Timestamp: 2017-07-24 12:50:32+00:00

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Sentencia del STJ :: Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
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Ushuaia Río Grande 2 Tolhuin 2 Ushuaia 2 Tolhuin 1 Río Grande 1 A.P.O.C. SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL s/AMPARO SINDICAL
Cámara de Apelaciones Sala Civil, Comercial y del Trabajo
CAUSA: 06982/14 FECHA: 10 de Junio de 2014
A.P.O.C. SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL s/AMPARO SINDICAL
Derecho Laboral – Tutela Sindical – Licencia Gremial – Concesión – Revocación de la Concesión – Empleo Público – Contrato de Trabajo – Condiciones de Trabajo – Confirmación de Sentencia –
TEXTO COMPLETO DEL FALLO: SENTENCIA DEFINITIVA Nº 80/14.
En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 10 días del mes de junio del año dos mil catorce, reunidos los señores jueces de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la actuaria para entender en el recurso de apelación interpuesto en los autos Nro. 5992 provenientes del Juzgado de primera del Trabajo del Distrito Judicial Sur, caratulados “A.P.O.C. SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL s/AMPARO SINDICAL”, en trámite por ante este Tribunal de Alzada bajo el Nº 6982/14 se certifica que se llegó al acuerdo resultante de la siguiente deliberación y debate (conf. art. 47.2 CPCC):
1º.- El juez Francisco Justo de la TORRE dijo:
I.- El señor juez de primera instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur rechazó la demanda interpuesta por la secretaria general de la Asociación Empleados de Organismos de Control (APOC), destinada a restablecer las condiciones de trabajo a tenor de lo dispuesto en los arts. 48 y 52 de la ley 23551.
Para decidir como lo hizo y en lo sustancial, el a quo sostuvo que la resolución N° 152/11, emanada de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en virtud de la cual se dejó sin efecto el permiso gremial durante los días lunes, miércoles y viernes desde las 12,00 h. a las 15,00 h. con goce de haberes, otorgado mediante resolución N° 150/10, no implicaba una modificación de las condiciones laborales de la trabajadora sino que, sólo variaba el ejercicio propio de la representación gremial. Sin costas (art. 78.2 CPCC).
No obstante desestimar infracción al art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, el magistrado también descartó que la resolución N°152/11 haya afectado la libertad sindical. A tal fin, sostuvo que dicho acto administrativo fue dictado en el marco de lo dispuesto por el decreto 2441/98 que aprobó en su anexo I la “Metodología de relación entre las Asociaciones Sindicales y el Estado Provincial”, en el que se regulaba la franquicia horaria que motivó la presente contienda. A este respecto, precisó que la resolución 152/11 que dejó sin efecto -su anterior 150/10- las horas crédito por razones funcionales, no lucía arbitraria.
II.- A fs. 410/5vta. la actora Elisa Catalina Dietrich interpone recurso de apelación. Luego de efectuar un relato sucinto de los antecedentes de la causa expresa agravios. En primer lugar y en prieto resumen, se queja de que el juez haya considerado que las horas crédito gremiales no son un elemento integrante de las condiciones de trabajo. Afirma que la supresión de la franquicia horaria dispuesta por la resolución 152/11 importó una violación al art. 52 de la ley 23551. Para ello, sostiene que el a quo no analizó los alcances y efectos de la garantía o tutela sindical. Cita doctrina y jurisprudencia en abono de su postura.
De seguida, señala que la resolución N° 150/10 al conferirle la franquicia horaria “a fin de abocarse a tareas inherentes a su cargo”, si bien constituye un acto de manifestación de voluntad unilateral de la Administración su génesis respondió a un acuerdo bilateral de voluntades, e importó el establecimiento de una determinada condición de trabajo. Asimismo, destaca que dicho acto administrativo confirió un derecho adquirido que no podía ser revocado unilateralmente.
III.- Corrido el traslado de ley, no es contestado por la parte accionada.
IV.-1.- En orden a la cuestión traída a conocimiento soy de opinión que corresponde confirmar el decisorio apelado porque constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa1.
Sin perjuicio de ello, incumbe precisar que los jueces no están obligados a pronunciarse respecto de la totalidad de los agravios invocados por las partes, sino sólo respecto de aquellos que resulten conducentes a la solución del caso2.
A tal fin debe ponderarse como extremo conducente, aquél pertinente, útil, que incide con suficiente importancia en el curso de la litis, siendo su prueba necesaria porque dependiza la verificación y convicción que el juez puede alcanzar3.
IV.2.- Sentado lo anterior, corresponde en primer lugar reseñar brevemente los antecedentes de hecho y de derecho que permitirán desarrollar los fundamentos del pronunciamiento confirmatorio, así:
a) la agente Dietrich por nota del 15-04-10 y en su carácter de secretaria general de APOC solicita, “… permiso gremial para ser usufructuado los días lunes, miércoles y viernes de cada mes, en el horario de 12:00 a 15:00 horas”, a fin de “… abocarme a las múltiples tareas y gestiones inherentes a mi cargo …” en el marco de la Comisión paritaria que se desarrollaba en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia (fs. 101);
b) frente al requerimiento efectuado, el presidente del Tribunal de Cuentas en función de lo prescripto en el art. 44 inc c de la ley 23551, resuelve otorgar las horas crédito solicitadas (el 21-05-2010) en atención a los motivos expresados en la nota de elevación (fs. 11);
c) con posterioridad, el 05-05-11 por acto administrativo N° 152/11 el titular del organismo de contralor resuelve dejar sin efecto la anterior resolución de Presidencia y en su mérito dispuso que la franquicia horaria para el futuro sería aprobada en conformidad al procedimiento establecido en el decreto 2441/98; dicho acto administrativo tuvo su causa en la nota interna presentada por el vocal abogado doctor Longhitano y su motivación consignó la perdida de virtualidad de las razones por las cuales se habían concedido, y necesidades de servicio de contralor en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda, en conformidad a la nota interna presentada por la auditora fiscal Vanina Reina. Asimismo recalcó que, el reglamento interno de la comisión paritaria había establecido constituirse con una periodicidad de dos veces al mes, con lo cual no correspondía la franquicia horaria concedida por resolución 150/10 por espacio de tres veces a la semana (fs. 102/3)
Resumidos brevemente los antecedentes relevantes obrantes en la causa, corresponde el tratamiento de los hechos conducentes para la dilucidación de la contienda planteada.
Al respecto, coincido en lo sustancial con las consideraciones formuladas por el colega de anterior instancia vinculadas al alcance del concepto condiciones de trabajo, como presupuesto fáctico de violación de la cláusula 52 de la ley de asociaciones sindicales.
No cabe duda que condiciones de trabajo se refiere a la estructura relacional del contrato de trabajo de empleo público, cuyos elementos constitutivos están dados por la calificación profesional del agente, la remuneración y el lugar y horario de trabajo.
Desde esta perspectiva, le está vedado al Estado empleador, en principio, disponer modificaciones unilaterales que afecten dicha estructura relacional.
Sin embargo, la concesión de horas crédito a los trabajadores alcanzados por el beneficio estatuido en el art. 44 inc. c de la ley 23551, no constituye un elemento esencial de la estructura relacional sino que configura un elemento accidental que no afecta al núcleo insusceptible de modificación unilateral. En otras palabras, es un factor coyuntural vinculado a la condición gremial del trabajador acreedor al beneficio que no se incorpora al contrato de trabajo, pero tiene la virtualidad de modificar, y por el lapso del mandato, en algunos casos, parcialmente la prestación laboral.
En las condiciones expresadas, cabe desestimar que la resolución 152/11 haya modificado las condiciones de trabajo en los términos exigidos por el art. 52 de la ley 23551.
IV.3.- Consideraciones análogas sirven para descartar la configuración de un derecho adquirido al amparo del art. 17 de la Constitución Nacional que invoca la recurrente. Es que, el desempeño de funciones sindicales es una condición accidental sujeta a plazo, y la concesión de un crédito horario otorgado a título precario y sujeto a razones de servicio y al mantenimiento de las condiciones fácticas que lo motivaron, no importa un derecho adquirido con los alcances pretendidos.
En tal orden de ideas y en conformidad a las prescripciones contenidas en el decreto 2441/98 y su anexo I, no cabe hesitar que el dictado de la resolución 150/10 por la cual se autorizó la franquicia horaria extraordinaria cuya revocación se cuestiona, significó el otorgamiento de un derecho condicionado que surgió del mismo acto administrativo.
A mi modo de ver, el acto administrativo que concedió el crédito horario fue otorgado y condicionado por los motivos expuestos por la peticionante, es decir, para desarrollar “… tareas inherentes a su cargo” y en el ámbito de la Comisión paritaria que se desarrollaba en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Con tal comprensión, el acto administrativo impugnado que revocó el anterior al explicitar su motivación destacó la desaparición del presupuesto fáctico en virtud de cual se había concedido la franquicia horaria, al consignar que la Comisión paritaria negociadora en su reglamento interno había establecido que sus reuniones se llevarían a cabo dos veces al mes. Asimismo, dejó expresamente establecido que razones funcionales debidamente justificadas ameritaban el dictado de la nueva resolución de Presidencia.
No puedo soslayar a los fines de descalificar los argumentos de la recurrente los fundamentos que expuso al solicitar la franquicia horaria, desarrollar “…tareas y gestiones inherentes a mi cargo…” en el marco de la Comisión paritaria que se desarrollaba en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia (fs. 101). Pierde sustento su postura defensista a poco que se valore el agravio expuesto, en la medida en que no se entiende la necesidad gremial de continuar con la franquicia horaria tres veces por semana, cuando la Comisión paritaria de la que participa se reúne dos veces al mes.
A este respecto, repárese en que el derecho consagrado en el art. 44 inc. c) de la ley 23551 no constituye una prerrogativa personal del dirigente sindical, sino que se trata un instrumento para el adecuado y más eficiente ejercicio de su función. Pretender otorgarle a ese beneficio un carácter personal y no funcional es desnaturalizar el instituto.
En tales condiciones, cuadra señalar que la resolución 152/11 es un acto administrativo regular en tanto importó la revocación de un derecho que fue otorgado expresa y válidamente a título precario (art. 114 LPA). Tal precariedad, resulta de los propios términos y alcances de la petición realizada por la agente en función gremial y del acto administrativo dictado en su consecuencia, el cual otorgó, reitero, un derecho precario y condicionado al mantenimiento de las circunstancias fácticas existentes al momento de su dictado. Ello sin perjuicio de las atendibles razones de servicios invocadas y acreditadas en la resolución 152/11.
Sin otro fundamento el agravio expuesto deviene huérfano de argumentos en tanto no se ha configurado un menoscabo a un derecho adquirido (art. 17 CN).
V.- Con arreglo a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación y en su mérito confirmar el pronunciamiento dictado, sin costas por no haber mediado oposición.-
2º.- El juez Ernesto Adrián LÖFFLER dijo:
En este orden, debo manifestar que comparto el criterio sustentado por el magistrado ponente en primer término, ello por razones análogas a las expuestas en su voto (art. 178 CPCC).
3º.- La jueza Josefa Haydé MARTÍN dijo:
Por compartir los fundamentos y solución propuesta por el vocal ponente adherimos, votando en los mismos términos.
I.- RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la accionante a fs. 410/415 vta. y en su mérito, MANTENER la sentencia de grado de fs. 402/407 vta en todos sus términos, de conformidad con las consideraciones esbozadas a lo largo del considerando.
II.- SIN COSTAS en la presente instancia por no haber mediado oposición (art. 78.2 CPCC).
III.- MANDAR se copie, registre, notifique, remita a la instancia de grado y cumpla.
Firman: doctores Francisco Justo de la TORRE, Ernesto Adrián LÖFFLER y Josefa Haydé MARTIN.
Registrado al Tº III de Sentencias Definitivas, Fº 539/42.
Secretaria: doctora Marcela CIANFERONI
1 Fallos 256:101; 258:15; 261:263; entre otros.
2 Fallos 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; entre otros.
3 Gozaíni, Osvaldo, “El acceso a la justicia y el derecho de daños”, en Revista de Derecho de Daños-II, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 192.
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