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Timestamp: 2020-02-24 00:16:23+00:00

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Manual_mineria Artesanal y Pequenia Mineria | Minería | Perú
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Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS
A LA MINERÍA ILEGAL
César A. Ipenza Peralta
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Lima, junio de 2012
MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales El objetivo del Programa es que las decisiones referidas a recursos naturales, conservación, desarrollo y paisaje urbano se realicen de acuerdo con consideraciones ambientales y sociales, respetando los derechos de los ciudadanos, y con
criterios de interés nacional y de largo plazo. Asimismo, que los ciudadanos utilicen herramientas legales y mediáticas para hacer valer sus derechos a un ambiente saludable. Las líneas de acción del Programa son el empoderamiento ciudadano
(a través de la promoción de herramientas para el ejercicio pleno de derechos y el fortalecimiento de capacidades), la
investigación académica (a través de publicaciones, estudios rápidos y la promoción del debate) y la incidencia política
(a través del cabildeo, la participación en colectivos y las campañas mediáticas).
Programa de Conservación El Programa de Conservación de la SPDA, trabaja a nivel nacional e internacional en el desarrollo y aplicación de instrumentos legales para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, especialmente a través del establecimiento y gestión de áreas naturales protegidas, la promoción de la conservación privada y comunal, y el manejo de los recursos forestales no maderables.
Citación: Ipenza Peralta, César A. (2012) Manual para entender la Pequeña Minería y la Minería Artesanal y los Decretos Legislativos vinculados a la Minería Ilegal. SPDA, Lima, Perú.
Autor: César A. Ipenza Peralta Corrección estilo: Eleana Llosa Edición: Juan Luis Dammert Bello y César A. Ipenza Peralta Gráficos: SPDA y Energiminas Imagen de Portada: Alternativa, Thomas Müeller, Antonio Brack Diseño y Diagramación: Aldo Gonzales - IMASUMAQ Impresión: IMASUMAQ, Jr. Huancavelica 641 Of. 101 - Lima 01
© Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Presidente: Jorge Caillaux Director Ejecutivo: Pedro Solano Prolongación Arenales 437, San Isidro, Lima Teléfono: (+511) 6124000 www.spda.org.pe www.actualidadambiental.pe www.conservacionprivada.org www.biopirateria.org www.legislacionanp.org.pe www.legislacionforestal.org www.legislacionambientalspda.org.pe
“Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fundación Gordon y Betty Moore, Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), Amazon Conservation Association (ACA) y la Red Anticorrupción de Madre de Dios. Las opiniones aquí expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente la opinión de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos, ni del resto de instituciones que contribuyeron con la impresión de esta publicación".
Primera edición, junio del 2012 Tiraje: 1, 000 ejemplares Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 201206336 ISBN: 978-9972-792-75-5
4 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
MINERÍA FORMAL PEQUEÑA Y ARTESANAL: DEFINICIONES, REQUISITOS, CONTRATOS
CAPÍTULO 1 LA MINERÍA FORMAL
1.1. ¿Qué beneficios le trae a un minero pasar a ser minero formal?
1.2. ¿Qué es un pequeño minero (PM) y qué es un minero artesanal (MA)?
1.2.1. Pequeño minero (PM)
1.2.2. Minero artesanal (MA)
1.2.3. Requisitos adicionales para pequeños mineros y mineros artesanales en cuanto a utilización de equipos y materiales
1.3. ¿Cuáles son los requisitos para acreditar la condición de pequeño minero (PM)?
1.4. ¿Cuáles son los requisitos para acreditar la condición de minero artesanal (MA)?
1.5. ¿Cómo puede formalizarse el minero que no tiene concesión y está operando en la concesión de un tercero?
1.5.1. ¿Qué es y cómo debe formularse el acuerdo o contrato de explotación con un concesionario?
1.5.2. ¿Puede un titular minero celebrar más de un acuerdo o contrato de explotación?
1.5.3. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para formalizar o hacer válido este contrato de explotación?
1.5.4. Cuando se firma un contrato de explotación, ¿quién se hace responsable del cumplimiento de las normas ambientales durante el desarrollo de las actividades mineras artesanales?
1.5.5. ¿En qué casos no se puede celebrar un contrato de explotación de este tipo?
1.5.6. ¿Cómo se puede dar por terminado un contrato ya formalizado?
1.5.7. Requisitos adicionales para lograr la formalización mediante convenio o contrato
CAPÍTULO 2 LA DIFERENCIA ENTRE MINERO ILEGAL Y MINERO INFORMAL
CAPÍTULO 3 REQUISITOS PARA EL INICIO DE UNA OPERACIÓN MINERA FORMAL: EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
3.1. Proceso para poder iniciar la exploración o la explotación
3.2. Pautas para elaborar y lograr la aprobación del EIA-sd y la DIA y la autorización para iniciar la actividad
3.3. Términos de referencia básicos para los Estudios de Impacto Ambiental semi-detallado (EIA-sd)
3.4. Contenido mínimo de la evaluación preliminar: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
3.5. Petitorio minero, concesión minera, derechos superficiales y proceso de compraventa de tierras
3.6. Participación ciudadana
3.7. El proceso de formalización del pequeño minero y del minero artesanal
3.8. Sanciones por el incumplimiento de obligaciones ambientales para la pequeña minería y la minería artesanal
CAPÍTULO 4 OTROS TEMAS DE INTERÉS: RECURSOS GENERADOS AL ESTADO Y USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
4.1. Recursos generados por la minería: origen, distribución y utilización
4.2. Uso y manejo de mercurio
4.3. Uso y manejo de cianuro
6 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
DECRETOS LEGISLATIVOS SOBRE MINERÍA ILEGAL
CAPÍTULO 5 DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA ILEGAL
5.1. Decreto Legislativo N° 1100. Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias
Madre de Dios: Un caso excepcional de aplicación de los decretos legislativos para los mineros dentro de las zonas permitidas para minería. El Decreto Supremo Nº 006-2012-EM
5.2. Decreto Legislativo N° 1101. Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal
5.3. Decreto Legislativo N° 1102. Incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal
5.4. Decreto Legislativo N° 1103. Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal
5.5. Decreto Legislativo N° 1104. Modifica la legislación sobre pérdida del dominio
5.6. Decreto Legislativo N° 1105. Establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal
5.7. Decreto Legislativo N° 1106. Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado
5.8. Decreto Legislativo N° 1107. Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de las maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad
8 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
E n el marco de competencias delegadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo promulgó una serie de decretos legislativos que regulan la interdicción de la minería ilegal en el país. En estos decretos se regulan los procedimientos para la interdicción a nivel nacional; se establecen medidas para el forta-
lecimiento de la fiscalización ambiental; se establecen medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos y maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la actividad minera; se modifica la legislación sobre pérdida de dominio y se dan lineamientos para la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado; se establecen disposiciones para el proceso de formalización; e incluso se tipifican delitos con penas privativas de libertad de entre cuatro y doce años para esta actividad.
Es decir, se ha generado un nuevo marco legal para combatir a la minería ilegal en el país y, en los casos posibles, promover su formalización. Si bien el principal incentivo para tomar cartas en el asunto ha sido el desastre ambiental y social ocasionado por esta actividad en Madre de Dios, la legislación es aplicable en todo el país. Parece acertado actuar con decisión para otras realidades que no alcanzan los niveles dra- máticos de Madre de Dios, pero que pueden llegar a ellos si no se toman medidas preventivas para frenar su expansión. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que los impactos en la Amazonía son diferenciados y, en muchos sentidos, más graves que en el resto del territorio, por lo que incluso se debe evaluar la posibilidad de desarrollar una legislación específica para esta región del país.
Una dificultad que debió superar este proceso legislativo fue la de diferenciar entre minería informal y mi- nería ilegal. Esta diferenciación fue criticada en su momento, pero en retrospectiva resulta sensata la idea de separar la paja del trigo y no meter en el mismo costal a los mineros ilegales y a los mineros informales, ofreciendo alternativas a estos últimos, aislando a los abiertamente ilegales y evitando además que ambos hagan causa común en contra de las medidas dictadas. La gran interrogante es cuál es el criterio de dife- renciación, ya que el solo hecho de tener voluntad de formalización no puede convertir a un minero ilegal en informal, ya que hay situaciones que sencillamente no pueden formalizarse. En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, ha sido positivo alcanzar un consenso, gremio minero incluido, en que la actividad debe ser erradicada de zonas como la Reserva Nacional Tambopata y su zona de amortiguamiento. Con esta precisión, no hay lugar a malentendidos y se frena la expansión de la minería en zonas particularmente ricas en bio-
diversidad. Pero habrá que hilar fino en el denominado “corredor minero”, donde no puede haber minería si no se cuenta con la autorización de los titulares de la superficie para realizar las operaciones mineras. Es decir, no podrá “formalizarse” una invasión o una actividad en un predio agrícola o forestal en el que el titular no está de acuerdo con la realización de minería en el territorio de su propiedad. Por otro lado, el cumplimiento de la certificación ambiental seguirá siendo un requisito indispensable.
Los decretos legislativos suponen un avance importante, pero no pasan de ser un punto de partida. Ha- blando tan solo en términos legales, hay que tener en cuenta que esos decretos legislativos están siendo complementados por decretos supremos, principalmente del sector Energía y Minas, que en algunos casos van en contra del espíritu de castigar actividades abiertamente ilegales y destructoras, generando ventanas de oportunidad para que continúe el negocio de comercialización de oro sin cumplir con el requisito de certificación ambiental. Este es, por ejemplo, el caso del Decreto Supremo Nº 012-2012-EM que otorga a la empresa pública Activos Mineros SAC el encargo especial de comprar el oro proveniente de la minería artesanal y pequeña.
Pero decimos que este es solo el punto de partida no solo porque todavía están por aparecer normas com- plementarias, sino porque el desafío principal estará en la implementación de estas normas, existentes o por venir. En realidad, si el Estado hubiera hecho cumplir las normas anteriores a los decretos legislativos señalados, la actividad minera ilegal e informal tendría actualmente una escala mucho menor. No existirían, por ejemplo, los campamentos mineros en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El problema con este tipo de minería ha sido históricamente el hecho de que no ha cumplido –y no se le ha obligado a cumplir– con la legislación nacional en materia ambiental, laboral, tributaria, etc. De nada servirá tener un marco legal exigente y completo si no hay capacidades para implementarlo, supervisar su cumplimiento y sancionar a quienes no llevan a la práctica los requisitos establecidos por ley. Es en este punto donde están los principales cuellos de botella. Los gobiernos regionales, que tienen competencias en pequeña minería y minería artesanal, han demostrado serias deficiencias para promover la formalización y ordenamiento de esta actividad. El gobierno central, por su parte, a la fecha no ha demostrado mucho más que algunos operativos de destrucción de dragas y desalojos, además de la muy positiva voluntad de avanzar con los decretos en cuestión. Si estos decretos no se implementan en el plazo más corto posible, con estrategias claras y fortaleciendo la presencia del Estado y el imperio de la ley en el territorio, tendremos procesos de formalización eternos que serán lo mismo que nada.
En ese contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha venido desarrollando diferentes líneas de acción para hacerle frente al problema de la minería ilegal, específicamente en la Amazonía peruana: la adecuación del marco legal e institucional vinculado con la actividad; la sensibilización de la población; el fortalecimiento de capacidades de organizaciones públicas y privadas; y, finalmente, y no por eso menos importante, la salvaguarda del interés ciudadano, referida a la protección y defensa a través de acciones legales de los derechos de las personas afectadas por la expansión minera. Es esta última línea la que nos llevó a instalar en 2010 un Consultorio Jurídico Gratuito en Madre de Dios, que a partir del año 2012 viene siendo replicado en Loreto.
10 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
La publicación de este Manual para entender la pequeña minería y la minería artesanal y los decretos legis- lativos vinculados a la minería ilegal contribuye con esta estrategia integral orientada al ordenamiento de la actividad minera y está dirigida a los diferentes actores vinculados con la problemática minera, ya sean mineros, autoridades, personas afectadas por la actividad y público en general interesado en esta problemá- tica. Este manual presenta un análisis detallado de los requisitos de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú, la diferencia entre minería ilegal e informal, los contenidos de los recientes decretos legislativos de la interdicción y otros temas de interés.
Se trata de un insumo muy útil para orientar a los diferentes actores involucrados sobre el marco legal de esta actividad económica en el país y será un referente central en un proceso que, como dijimos, recién comienza.
Juan Luis Dammert B. Director Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
12 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
E n los últimos años, la evolución hacia un aumento en los precios internacionales de los minerales, es- pecíficamente el del oro, ha sido considerable, El aumento del precio del oro se debe a un incremento de la demanda y a que la oferta es relativamente rígida, ya que este metal precioso se ha convertido en
un valor seguro en momentos de incertidumbre como el actual, en el cual hay muchas turbulencias finan- cieras. Además, frente a un dólar que pierde valor permanentemente, la compra de oro es una forma de huir hacia la calidad. Así, los bancos centrales de muchas economías de países emergentes se están deshaciendo de dólares estadounidenses y comprando otros activos, como el oro, con lo cual practican una estrategia diversificadora e inteligente en relación a sus reservas. Aunque no hay una explicación clara, se observa que el precio del oro sufre cambios generalmente a la par que los experimenta el precio internacional del pe- tróleo. Ello se debe a que los inversores consideran la posesión de este metal como una protección ante las tensiones inflacionistas que generan los elevados precios del combustible. Así, por ejemplo, durante el año 2007 el precio del oro creció un 31% (su máximo aumento anual desde 1979) y era cotizado a 876 dólares la onza; hoy en día (mayo del 2012), el precio por una onza de oro es de 1.561,60 dólares.
Esta situación ha presionado para que las llamadas minería artesanal y pequeña minería crezcan como nunca antes en nuestra historia y para que dicha actividad trascienda su situación como minería formal y de subsistencia, de manera que en muchos casos se configure como “minería informal” o “minería ilegal”, lo cual tiene diversas aristas y formas de abordar. Esto ha generado confusiones y dificultades para entender el tema, sin embargo, para abordar tanto la pequeña minería como la minería artesanal debemos entender bajo qué marco legal se desenvuelven estas actividades y qué hace a uno u otro productor minero salir de la informalidad o ingresar a la ilegalidad.
El presente documento: Manual para entender la pequeña minería y la minería artesanal y los decretos legislativos vinculados a la minería ilegal pretende ser un instrumento orientador para los mineros que quieren desarrollar la actividad de manera legal y formal. Por ello, se brinda indicaciones y procedimientos para llegar a ser un minero legal o un verdadero minero artesanal o pequeño minero. Por otro lado, se pre- tende ayudar a entender las peculiaridades de esta actividad tanto a actores que no la desarrollan como a autoridades en los distintos niveles de gobierno. En efecto, a partir de este manual se puede lograr una base con la cual exigir el cumplimiento de las normas e impulsar el desarrollo de la actividad minera respetando los derechos de terceros y el patrimonio de la nación, que es nuestro patrimonio natural –el de todos los
peruanos–, el cual no debe verse afectado por malas prácticas. Finalmente, consideramos que este manual contribuye a garantizar el Estado de derecho en nuestro país.
No podemos dejar de reconocer los diversos esfuerzos iniciados desde el año 2010 por el Ministerio del Am- biente y la emisión del Decreto de Urgencia N° 012-2010 que declaraba de interés nacional el ordenamiento minero del departamento de Madre de Dios, y que ha sido la base legal para la posterior consolidación y emisión de decretos legislativos relacionados a la minería ilegal a nivel nacional.
Asimismo, si bien es cierto que hoy en día se han enfocado gran parte de los esfuerzos del gobierno en enfrentar la ilegalidad de esta actividad en el departamento de Madre de Dios, no podemos negar que vein- tiuno de las veinticinco regiones del Perú tienen presencia de minería ilegal e informal, hecho que nos debe llevar a replantear el accionar del Estado, en lo cual el tema normativo juega un rol y es una herramienta más, dentro del proceso de enfrentamiento de la ilegalidad. Los sectores con competencia directa en los diversos temas relacionados a la minería ilegal e informal deben empezar a asumir sus roles en los distintos niveles de gobierno, debiendo apostar por reforzar capacidades y acompañar a los gobiernos regionales para que asuman sus funciones en el marco de sus competencias.
Creemos que los diversos decretos legislativos recientes suman a este proceso, sin embargo, desde los espacios comprometidos con ello debemos impulsar su implementación, ya que las normas por sí solas no cumplen su objetivo: son una herramienta y hay que usarla y exigir a las autoridades su cumplimiento, lo cual solo se da a través de su conocimiento.
Este manual está dividido en dos grandes partes. La primera caracteriza la pequeña minería y la minería artesanal, así como explica los requisitos para desarrollar la actividad minera de manera legal y formal; y la segunda está destinada a explicar las implicancias de cada uno de los decretos legislativos emitidos en el marco de la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para legislar en materia de minería ilegal entre el 22 de diciembre de 2011 y el 22 de abril de 2012.
Finalmente quisiera agradecer a todos los profesionales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, especialmente a Pedro Solano, Juan Luis Dammert, Silvana Baldovino, Carmen Heck, Jimmy Carrillo, Jaime Tranca, Claudia Godfrey, Manuel Ruiz, Simy Benzaquén, Alan Díaz, Vanessa Morales, Elizabeth Quispe y Alan Sánchez; a Liz Viccelli y Michael Valqui del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la UPCH, a Loyola Escamilo de Pronaturaleza, a Patricia Quiñones de SER, a Patricia Rojas de Cooperaccion y a Lizet Pebes de Energiminas, por su ayuda, comentarios y aportes a este instrumento que pretende ser una contribución al proceso de diálogo y al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y a las institu- ciones que han hecho posible este documento como ACCA, ACA, PROETICA, Gordon and Betty Moore Foun- dation, Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, así como a la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), financiada por USAID.
14 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
Certificado de Operación Minera
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos
Entidades de Fiscalización Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado
Minero artesanal o minería artesanal
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (en inglés: Material Safety Data Sheets)
Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Pequeño minero o pequeña minería
Pequeño productor minero o pequeña producción minera
Pequeño minero artesanal o pequeña minería artesanal
Registro Nacional de Bienes Incautados
Sistema universal de coordenadas (en inglés: Universal Transverse Mercator)
16 MANUAL PARA ENTENDER LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL
MINERÍA FORMAL PEQUEÑA Y ARTESANAL:
DEFINICIONES, REQUISITOS, CONTRATOS
Ser minero formal o legal, en primer lugar, permite cumplir con nuestro país, ya que es una obligación de todo ciudadano respetar las normas. Así, podemos considerar como minero formal a quien cumple con la ley, es decir, a quien ha realizado todos los trámites para serlo, lo cual le permite acceder a beneficios. Tales trámites son los siguientes:
• Presentación de solicitud de la concesión
• Obtención de un título de concesionario minero
• Elaboración y aprobación de un instrumento de gestión am- biental: Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado (EIA- sd), Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), este último aún en proceso de aprobación.
Adicionalmente se debe ejecutar:
• Operación en zonas permitidas para el desarrollo de la minería
• Operación cumpliendo los requisitos legales para ser conside- rado pequeño minero o minero artesanal
De esta manera, un minero formal es aquel que cumple con los
requisitos y las condiciones legales para serlo. Los requisitos son:
tener una concesión minera, sea como minero artesanal (MA) o como pequeño minero (PM) (hasta 1.000 ó 2.000 hectáreas, res- pectivamente) y obtener una certificación ambiental (EIA-sd, DIA
o IGAC), entre otros. Mientras que las condiciones son: no operar
en zonas prohibidas o hacerlo en zonas permitidas para la minería
y evitar la contaminación de los ríos con mercurio, entre otras.
18 PRIMERA PARTE
LA MINERÍA FORMAL
¿Qué beneficios le trae a un minero pasar a ser minero formal?
Ser minero formal brinda los siguientes beneficios al productor minero:
» Ser propietario de los derechos mineros garantiza que el titular pueda dejar en herencia a su familia el patrimonio y la inversión que ha logrado acumular.
» El derecho minero incrementa su valor en el mercado ya que los títulos formalizados pueden ser ne- gociados sin restricciones.
» Obtener seguridad jurídica, es decir, eliminar la posibilidad de permanentes conflictos con otros mine- ros y con terceros.
» Incentivar su inversión, pues al perder el temor de ser desalojado, intervenido, interdictado o denun- ciado, el propietario de la concesión se preocupa por hacer mejoras e invertir en servicios y acciones de salubridad, lo que aumenta el valor del derecho.
» Incorporarse al sistema crediticio, porque la propiedad minera puede ser utilizada para cumplir el re- quisito de garantía hipotecaria o el de garantía genérica e incluso el de domicilio.
» Tener derecho a recibir capacitación tecnológica, operativa y de administración.
» Adquirir legalmente accesorios de voladura y explosivos (previa autorización de la Dicscamec (Direc- ción General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos), así como químicos peligrosos, como mercurio y cianuro de sodio.
» Acceder a condiciones mínimas en el aspecto laboral, de salud y seguridad.
» Conservar el ambiente y la salud de las personas que trabajan en la concesión minera.
Además, al acreditarse como PM o MA, se obtiene beneficios como:
» No pagar regalías.
» Realizar un pago menor por concepto de derecho de vigencia.
» Pagar multas menores que el régimen general.
» Adquirir compromisos ambientales adecuados establecidos en los instrumentos de gestión ambiental.
20 PRIMERA PARTE
¿Qué es un pequeño minero (PM) y qué es un minero artesanal (MA)?
Según la Ley N° 27651 (modificada por el Decreto Legislativo Nº 1040 y los Decretos Legislativos Nº 1100 y Nº 1101), estos tipos de mineros son definidos como:
Pequeño minero es la persona o personas que:
a. En forma individual como persona natural o como conjunto de personas naturales o como personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales.
b. Poseen cualquier título de hasta 2.000 hectáreas (ha) entre denuncios, petitorios y concesiones mineras.
c. Poseen, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor a 350 toneladas métricas (Tm) por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de capacidad instalada es de hasta 1.200 Tm diarias; finalmente, en yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada es de 3.000 metros cúbicos (m3) diarios.
d. Ver, además, el punto 1.2.3.
La condición de pequeño productor minero (PPM) se acredita ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos (Minem) mediante la presentación de una declaración jurada bienal, es decir, cada dos años.
Minero artesanal es la persona o personas que:
a. En forma individual como persona natural o como conjunto de personas naturales o como personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la ex- plotación y/o beneficio directo de minerales; además, realizan sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos.
b. Poseen cualquier título de hasta 1.000 ha entre denuncios, petitorios y concesiones mineras o han sus- crito acuerdos o contratos con los titulares mineros, según lo establece el Reglamento de la Ley General de Minería.
c. Poseen, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor a 25 Tm por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de capacidad instalada es de hasta 100 Tm diarias; finalmente, en yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada es de 200 m3 diarios.
La condición de productor minero artesanal (PMA) se acredita ante la Dirección General de Minería del Mi- nem mediante la presentación de una declaración jurada bienal (es decir, cada dos años).
Tanto los PM como para los MA, adicionalmente y en virtud al Decreto Legislativo Nº 1100 tienen que cumplir ciertos requisitos, ya no solo relacionados con la extensión de la concesión o el material removido, sino a equipos, maquinaria, insumos, instalaciones, etc. que no pueden utilizar. Se trata de los siguientes:
» Dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua: ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. Son considerados como equipos similares: las unidades móviles o portá- tiles que succionan materiales de los lechos de ríos, lagos y cursos de agua con fines de extracción de oro u otros minerales; las dragas hidráulicas, dragas de succión, balsas gringo, balsas castillo, balsas draga, tracas y carancheras; otros que cuentan con bomba de succión de cualquier dimensión y que tienen incorporada o no una zaranda o canaleta. Además, cualquier otro artefacto que ocasione efecto o daño similar.
» Los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de actividades mineras ile- gales, tales como cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras y perforadoras neu- máticas, camiones cisterna que proveen combustible o agua y otros equipos que sin perjuicio de su potencia, tamaño, volumen o capacidad de carga estén destinados al mismo fin.
» Instalación y uso de chutes, quimbaletes, molinos y pozas de cianuración para el procesamiento de mineral; motobombas y otros equipos, sin perjuicio de su potencia, tamaño, volumen o capacidad de carga y que se utilizan en el desarrollo de actividades mineras ilegales.
22 PRIMERA PARTE
¿Cuáles son los requisitos para acreditar la condición de pequeño minero (PM)?
En virtud al Decreto Supremo Nº 005-2009-EM, para acreditarse como PM el solicitante debe presentar el formulario de Declaración Jurada Bienal. Este formulario debe contener lo siguiente (ver también el cuadro 1):
a. En caso de que el solicitante sea una persona natural: nombre completo, número de DNI, número de RUC, domicilio y correo electrónico; de ser el caso, el nombre y número de DNI de su cónyuge.
En caso de que el solicitante sea una persona jurídica: denominación, número de RUC, copia de ins- cripción en la Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), domicilio, correo electrónico y vigencia del poder de su representante legal; además, nombre y número de DNI de este y datos registrales referidos al otorgamiento de facultades.
b. Listado de todos los derechos mineros cuyas áreas deben ser computadas para efecto de su calificación, identificándolos por su nombre, sustancia, código único y copia de la inscripción registral correspon- diente.
c. Declaración de que el solicitante tiene la intención de dedicarse habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales y, en caso de tratarse de una persona jurídica, declarar que la misma se encuentra conformada por personas naturales, salvo en el caso de las cooperativas o centrales de cooperativas que cumplan lo establecido en el artículo 2º de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Producción Minera (PPM) y de la Producción Minera Artesanal (PMA).
d. Copia del comprobante de depósito del derecho de tramitación en la correspondiente cuenta bancaria.
Requisitos para acreditar la condición de pequeño productor minero (PPM)
Condición de PPM
Reconocimiento de condición de PPM. Esta condición se acredita ante la Direc- ción General de Minería del Minem mediante declaración jurada bienal.
Nombre completo, nú- mero de DNI, número de RUC, domicilio y correo electrónico. De ser el caso, nombre y número de DNI de su cónyuge.
Denominación, número de RUC, copia de inscrip- ción en la Sunarp, domicilio, correo electrónico y vigencia del poder de su representante legal. Además, nombre del representante legal, número de DNI y datos registrales referidos al otorgamien- to de facultades.
Declaración de que el solicitante tiene la in- tención de dedicarse habitualmente a la ex- plotación y/o beneficio directo de minerales.
Declaración de que la persona jurídica se encuen- tra conformada por personas naturales, salvo en el caso de cooperativas o centrales de cooperati- vas que cumplan lo establecido en el artículo 2º de la Ley de Formalización y Promoción de la PPM y la PMA.
Listado de derechos mineros con áreas computadas para su calificación; in- cluyendo: nombre, sustancia, código único y copia de la inscripción registral.
Depósito del dere- cho de tramitación
Copia del comprobante de depósito del derecho de tramitación en la corres- pondiente cuenta bancaria.
Elaboración César A. Ipenza (SPDA).
24 PRIMERA PARTE
¿Cuáles son los requisitos para acreditar la condición de minero artesanal (MA)?
En virtud al Decreto Supremo Nº 005-2009-EM, para acreditarse como minero artesanal, el solicitante debe presentar el formulario de Declaración Jurada Bienal. Este formulario debe contener lo siguiente (ver tam- bién el cuadro 2):
En caso de que el solicitante sea una persona jurídica: denominación, número de RUC, copia de ins- cripción en la Sunarp, domicilio, correo electrónico y vigencia del poder de su representante legal; además, nombre y número de DNI de este y datos registrales referidos al otorgamiento de facultades.
c. En caso de que la solicitud haya sido sustentada en la celebración de un contrato de explotación, se debe indicar los datos de inscripción de dicho contrato e identificar los derechos mineros de terceros, señalando su nombre, el código único de la concesión minera y el nombre, DNI o RUC y domicilio de su titular y sus datos de inscripción.
d. Tratándose de personas naturales, incluir la declaración de que se dedican a la actividad minera arte- sanal como medio de sustento; en el caso de personas jurídicas, la declaración de que las actividades realizadas son el medio de sustento para los socios que la integran. Asimismo, en ambos casos se debe- rá declarar que las actividades mineras son realizadas mediante equipos básicos y métodos manuales.
e. La calificación de PMA procede solamente respecto de los derechos mineros, capacidad instalada y actividades mineras artesanales realizadas en el ámbito de circunscripción provincial o de circunscrip- ciones provinciales colindantes sobre las que se extienden sus actividades.
f. Copia del comprobante de depósito del derecho de tramitación en la correspondiente cuenta bancaria.
Requisitos para acreditar la condición de pequeño minero artesanal (PMA)
La condición de PMA se acreditará ante la Dirección General de Minería del Minem mediante declaración jurada bienal.
Declaración de que la persona jurídica se encuen- tra conformada por personas naturales, salvo en el caso de cooperativas o centrales de cooperati- vas que cumplan lo establecido en el artículo 2º de la Ley de Formalización y Promoción de PPM y PMA.
26 PRIMERA PARTE
¿Cómo puede formalizarse el minero que no tiene concesión y está operando en la concesión de un tercero?
El minero que viene operando o realizando actividad minera en concesiones de terceros sin contar con la calificación de PM o MA ni con la autorización de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del gobierno regional (GORE) puede lograr formalizarse a través de la suscripción de un contrato de explo- tación con el titular de la concesión minera. Esto, adicionalmente, le permite disminuir la contaminación ambiental, evitar la disposición inapropiada de residuos o relaves contaminados, fomentar el empleo formal, eliminar el trabajo infantil, evitar pérdida de mineral e incrementar el valor del mineral extraído.
Este contrato de explotación se puede realizar siempre que el titular de la concesión esté de acuerdo y que las actividades mineras a realizar sean artesanales.
Este acuerdo o contrato de explotación es un documento que suscribe el titular de una concesión minera con un minero o un conjunto de mineros que realizan actividades mineras artesanales, por medio del cual el concesionario autoriza a dicho(s) minero(s) artesanal(es) a extraer minerales de una parte o de toda el área de su concesión a cambio de una contraprestación.
Los acuerdos que contiene el contrato de explotación deben establecerse por común acuerdo entre el o los mineros artesanales y el titular de la concesión minera, señalando mínimamente lo siguiente:
» Identificación del área autorizada de explotación, cuyos vértices deben estar precisados mediante coor- denadas UTM.
» El plazo del acuerdo, es decir, la vigencia del contrato de explotación durante la cual el titular de la concesión autoriza al o los mineros artesanales a trabajar en el área asignada.
» Las condiciones de la contraprestación brindada a favor del titular minero.
» Las condiciones acordadas para la autorización del área.
» Las causales o situaciones que originarían el dar por terminado dicho contrato.
¿Puede un titular minero celebrar más de un acuerdo o contrato de explotación?
Sí, el titular de una concesión minera puede celebrar uno o más acuerdos o contratos de explotación sobre diferentes partes de su derecho minero.
De conformidad con la Ley General de Minería, el contrato de explotación debe inscribirse en los Registros Públicos (Sunarp), a fin de que lo acordado entre el concesionario minero y el o los mineros artesanales tenga plenos efectos frente al Estado y a terceros. Para ello se deben dar los siguientes pasos:
a. Acudir a un notario público y solicitarle que eleve el contrato a escritura pública.
b. Para preparar la escritura pública el notario requerirá contar con la minuta del contrato y el pago de los derechos registrales.
c. Una vez que esté lista la escritura pública del contrato de explotación, dirigirse a la oficina de Registros Públicos en la que el titular minero celebró el contrato e inscribió su concesión minera y solicitar la inscripción registral del contrato de explotación.
1.5.4. Cuando se firma un contrato de explotación, ¿quién se hace responsable del cumpli- miento de las normas ambientales durante el desarrollo de las actividades mineras artesanales?
Antes de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1105, las partes que suscribían el acuerdo o contrato de ex- plotación respondían solidariamente por el cumplimiento de las normas ambientales. Es decir, si se producía algún daño al ambiente como consecuencia de las actividades mineras artesanales, tanto el o los mineros
artesanales como el titular de la concesión eran responsables frente a la autoridad, solidariamente, por tales
Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº 1105 establece en su artículo 6° que “mediante la suscripción del contrato de cesión minera, conforme se encuentra establecido en la ley de la materia, el sujeto de forma- lización que lo suscriba se sustituye en todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente”. Además, “mediante la suscripción del acuerdo o contrato de explotación, el titular del derecho minero quedará libe- rado de la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que asume el minero interesado en su formalización”.
28 PRIMERA PARTE
Es decir, actualmente es el minero que realiza las labores o actividades mineras quien tiene la responsabili- dad y se excluye al titular de cualquier responsabilidad solidaria.
Existen dos casos contemplados en el Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la PM y MA en los cuales se prohíbe la celebración de un acuerdo o contrato de explotación, los cuales se enuncian a continuación:
a. En caso de invasiones a derechos mineros de terceros con petitorios pendientes de resolver.
b. Cuando se trata de derechos mineros pertenecientes a un PMA. Es decir, un PMA titular de una conce- sión minera no puede celebrar un contrato de explotación con otro PMA para autorizar la extracción de minerales de su concesión o de parte de ella.
En el contrato suscrito por el titular de la concesión y el o los mineros artesanales se deben señalar las cau- sales o situaciones que originarían el hecho de darlo por terminado.
Adicionalmente, si la autoridad comprueba la existencia de incumplimientos a las normas ambientales, tales incumplimientos se convierten también en causal de resolución automática del contrato, por mandato de la autoridad.
El proceso para lograr la formalización en este caso particular tiene algunos requisitos adicionales a los ya señalados. Se trata de los siguientes, los cuales se muestran también en el gráfico 1:
a. Suscripción del contrato entre el titular de la concesión y el minero o mineros que realizan la actividad.
b. Calificación como minero artesanal ante de Dirección General de Minería del Minem.
c. Acreditación ante la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH) del GORE.
d. Certificación ambiental, es decir, tener aprobado el EIA-sd, la DIA o el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) cuando se cuente aprobado este último instrumento ambiental aplicable para activi- dades en curso.
e. Contar con el Certificado de Operación Minera (COM).
Proceso de formalización con contrato o acuerdo de explotación
Suscripción del
Calificación como
minero artesanal
por el Minem
ante la DREMH
Operación Mine-
ra (COM)
30 PRIMERA PARTE
LA DIFERENCIA ENTRE MINERO ILEGAL Y MINERO INFORMAL
N ormalmente, cuando hablamos de una persona que incumple con la ley, es cuando nos referimos a alguien ilegal. Sin embargo, nuestra legislación en estos momentos resulta sumamente contradic- toria, más aun las últimas normas relacionadas a minería. Por tanto, cabe la necesidad de presentar
las diferencias entre minería ilegal y minería informal a fin de entender los diversos contextos y definiciones
y, teniéndolos en cuenta, proceder a realizar los trámites para desarrollar una actividad minera formal, sea artesanal o pequeña minería.
El cuadro 3 presenta una comparación entre las definiciones que brindan diferentes decretos legislativos y decretos supremos recientes sobre la minería ilegal y la minería informal.
Si bien es cierto que mediante el Decreto Supremo N° 006-2012-EM se pretendió dar una solución a los conflictos y protestas sociales en relación a la minería ilegal e informal, lo mismo que a raíz de la emisión de los decretos legislativos que analizamos en la segunda parte de este manual. Sin embargo, hay que señalar que el Decreto Supremo N° 006-2012-MEM, que aprueba medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100, es exclusi- vamente para el Departamento de Madre de Dios, por tanto, presenta una situación excepcional y no algo a aplicarse en todo el territorio nacional.
Semejanzas y diferencias entre las definiciones de minería ilegal y minería informal en las normas recientes
La interdicción o prohibición aplica para aquella persona que realiza minería ile- gal, es decir, la persona que opera:
Solo con petitorios mineros.
No se define minería informal, aun- que esta se puede considerar como minería ilegal.
Regula la inter-
dicción de la minería ilegal en toda la Repú- blica y establece medi- das complementarias.
Con concesión sin tener certificación ambiental aprobada (EIA-sd, DIA o IGAC).
Sin tener todas las autorizaciones soli- citadas.
Se configura delito de minería ilegal
Incorpora al có-
cuando una persona realiza exploración, explotación, extracción u otros actos si- milares con recursos minerales metálicos
digo penal los delitos
de minería ilegal.
no metálicos en los siguientes casos:
Sin contar con autorización de la auto- ridad administrativa competente (GORE para la pequeña minería y minería ar- tesanal).
Causando o pudiendo causar perjuicio, alteración o daño al ambiente, la calidad ambiental o la salud ambiental.
Decreto Supremo Nº 006-2012-EM. Aprueba medidas complemen- tarias para la formali- zación de la actividad minera en las zonas comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100.
Comprende la actividad minera llevada a
Comprende la actividad minera que, teniendo características de minería
cabo por personas naturales o jurídicas
grupos de personas organizadas para
tal fin, actividad que se realiza sin cum- plir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que la rigen y que se ubica en zonas no autorizadas para su ejercicio.
ilegal, se realiza en zonas autoriza- das para la actividad minera.
Quienes la realizan han iniciado un proceso de formalización en los pla- zos y modalidades establecidos en las normas sobre la materia.
32 PRIMERA PARTE
Decreto Legislativo Nº 1105. Establece dispo- siciones para el pro- ceso de formalización de las actividades de pequeña minería y mi- nería artesanal.
Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica o grupo de personas organizadas a través de una o más de las siguientes condiciones:
Usando equipo y maquinaria que no co- rresponde a las características de la acti- vidad minera que desarrolla (PPM o PMA).
Actividad minera que es realizada a través de una o más de las siguien- tes condiciones:
Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarro- lla (PPM o PMA).
Sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, téc- nico, social y medioambiental que rigen dichas actividades.
Sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades.
Que realiza esta actividad en zonas don- de está prohibido su ejercicio.
Que se realiza en zonas no prohibi- das para la actividad minera y por persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas para ejer- cerla que hayan iniciado un proceso de formalización conforme se esta- blece en este dispositivo.
Sin perjuicio de lo anterior, toda activi- dad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera se considera ilegal. Esta defini- ción sustituye la definición de minería ilegal contenida en el artículo 3º del De- creto Legislativo Nº 1100.
Decreto Legislativo N° 1107. Establece medidas de control y fiscalización en la dis- tribución, transporte y comercialización de maquinarias y equi- pos que puedan ser utilizados en la mi- nería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha ac- tividad.
Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas para ejercerla a través de una o más de las siguientes condiciones:
No se define minería informal.
Usando equipo y maquinaria que no corresponden a las características de la actividad minera que desarrolla.
Que la realizan en zonas en las que está prohibido su ejercicio.
34 PRIMERA PARTE
REQUISITOS PARA EL INICIO DE UNA OPERACIÓN MINERA FORMAL: EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
Proceso para poder iniciar la exploración o la explotación
Antes que nada, es importante saber que el haber obtenido un título de concesión no autoriza de por sí a realizar actividades mineras de exploración ni de explotación. Previamente el concesionario deberá realizar el siguiente proceso:
a. Gestionar la aprobación del Instituto Nacional de Cultura (INC) o del Ministerio de Cultura de las de- claraciones, autorizaciones o certificados necesarios para el ejercicio de las actividades mineras. Como consecuencia este ministerio emite el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) como forma de aprobación (este requisito está exceptuado para los mineros de la zona permitida para minería en el departamento de Madre de Dios en virtud al Decreto Supremo N° 006-2012-EM).
b. Tramitar la certificación ambiental que emite la autoridad ambiental competente con sujeción a la normas de participación ciudadana. Para ello, los pequeños mineros y los mineros artesanales deberán presentar la DIA, el EIA-sd o el IGAC (ver el cuadro 4) a la Dirección Regional competente. Al final de este capítulo se puede ver el gráfico 4 que describe el proceso de tramitación de la certificación ambiental.
Obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial o culminar el procedimiento de servidumbre administrativa, conforme a la reglamentación sobre la materia.
d. Obtener las demás licencias, permisos y autorizaciones que son requeridos en la legislación vigente, de acuerdo con la naturaleza y localización de las actividades que se va a desarrollar.
¿En qué casos se presenta cada instrumento de gestión ambiental?
Casos en los que se presenta
Cuando la ejecución del proyecto no origina impactos ambientales de carácter significativo.
Cuando la ejecución del proyecto puede originar impactos ambientales mode- rados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables.
Es un instrumento (aún en diseño y en proceso de aprobación) aplicable a nivel nacional para los procesos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1105, El IGAC está definido como el instrumento de gestión am- biental para actividades de pequeña minería y minería artesanal en curso y en proceso de formalización y tiene como objetivo adecuar dichas actividades a las obligaciones ambientales a las que están orientadas, principalmente, a re- ducir los niveles de degradación y contaminación generada por sus emisiones, efluentes o prácticas no sostenibles. Asimismo, establece obligaciones para el titular para prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales, según correspondan. También contiene el cronograma de inversiones, plazos intermedios y finales, indicadores y demás actividades, los cuales son sujetos a la fiscalización y la sanción respectiva.
36 PRIMERA PARTE
Pautas para elaborar y lograr la aprobación del EIA-sd y la DIA y la au- torización para iniciar la actividad
En el EIA-sd y la DIA se describen en forma detallada las condiciones ambientales y sociales que existen antes del inicio del proyecto, lo mismo que las operaciones que se podrían hacer, los posibles impactos que pueden ser ocasionados por el proyecto y las medidas necesarias para prevenir, minimizar, rehabilitar y controlar la contaminación. De esta manera, en el EIA-sd se debe hacer una descripción del proyecto, la cual debe incluir lo siguiente:
a. Fotografías, mapas y planos del lugar donde se desea realizar el proyecto minero.
b. Listado de las actividades que se desea hacer para el desarrollo de proyecto y que podrían generar contaminación ambiental.
c. Indicar todas las alternativas de acciones para evitar que la actividad minera genere contaminación ambiental.
d. Elaborar un Plan de Contingencia, en caso de fallar en lo anterior.
e. Prever cómo va a quedar el área después de realizado el proyecto.
La DREMH –que tiene la función de aprobar los EIA-sd y DIA para la pequeña minería y la minería artesanal y fiscalizarlas– debe estudiar las diferentes alternativas que da la empresa o el minero y elegir aquellas que son viables para ser desarrolladas en el área del proyecto, lo cual depende muchas veces de la naturaleza del área (si se usa para agricultura o ganadería o consiste de zonas desérticas). Este proceso se realiza con permanente consulta o participación de la ciudadanía a través de audiencias públicas y talleres.
Una vez que se sabe que el proyecto es viable ambientalmente y que ha sido puesto en conocimiento de la población mediante audiencias y talleres, el EIA-sd o la DIA es aprobado por la DREMH (ver el gráfico 2). Sin embargo, en el caso de que el proyecto no resulte viable ambientalmente, el estudio no será aprobado y por lo tanto el proyecto no se puede realizar.
Proceso de aprobación de un EIA-sd y de un DIA
Plazo de 30 días a partir de
Este proceso consta de:
Evaluación, autorización
Plazo de 40 días
Plazo de 30
subsanación de
Plazo de 20
ambiental para la DIA
3.- Asignación de categoría
EIA-sd o EIAD, cuando
corresponda, y aprobación
de TdR
Plazo total del proceso:
• DIA: 30 días
• EIA-sd: 90 días
Fuente: Reglamento SEIA.
Teniendo el EIA-sd o la DIA aprobados, se solicita autorización para dar inicio a la etapa de explotación. Para esto se deben entregar los planos finales de construcción del proyecto completo, en los cuales se incluyen todas las instalaciones (mina, botaderos de desmonte, relavera, etc.).
Luego de acreditar todos los requisitos, la DREMH (en caso de la PM y MA) otorgará autorización para que se inicie la operación de la planta y un COM para comprar los explosivos necesarios.
Es importante señalar que el Estado garantiza el derecho de propiedad de cada terreno superficial y que para el caso de la minería no existe expropiación de tierras. Por ello, debe existir un acuerdo sobre el uso de terrenos superficiales entre el titular minero y el dueño del terreno superficial.
38 PRIMERA PARTE
Términos de referencia básicos para los Estudios de Impacto Ambien- tal semi-detallado (EIA-sd)
La presentación de un EIA-sd o una DIA debe hacerse de conformidad con el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-Minam. En este reglamento se establecen los términos de referencia básicos para los EIA-sd. De conformidad con el anexo III del mencionado reglamento, los términos de referencia básicos para el EIA- sd deben incluir:
Debe ser un instrumento que permita a los interesados formarse una idea clara, integral y exacta del pro- yecto de inversión que se va a ejecutar, lo mismo que de los impactos ambientales que generaría y de la estrategia de manejo ambiental respectiva. La información incluida debe ser comprensible por personas no expertas en materias técnicas. Asimismo, debe tener la tabla de contenido o el índice completo del EIA-sd.
Considera la descripción del proyecto de inversión en sus diferentes etapas: planificación, construcción, operación, mantenimiento y abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución. También con- tiene los componentes, acciones, actividades u obras, según lo indicado a continuación:
a. Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre y la identificación legal y administrativa del proponente.
b. El marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y administrativos de carácter ambiental que tienen relación directa con el proyecto, especialmente aquellos referentes a la protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales e histórico-culturales, el cumpli- miento de normas de calidad ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos naturales, entre otros.
c. El objetivo y la justificación del proyecto.
d. La localización geográfica y política del proyecto en coordenadas UTM, refrendada con cartografía a escala apropiada.
e. La envergadura del proyecto, estableciendo su área de influencia (directa e indirecta) en función de los impactos ambientales potenciales que se generarán.
f. El tiempo de vida útil del proyecto y el monto estimado de la inversión.
g. La descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su respectivo cronograma.
h. La descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las características del terreno, inclu- yendo las acciones empleadas para la recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.
i. La descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y requerimientos de materiales, ma- quinarias, equipos, campamentos, personal y requerimientos logísticos que sean necesarios; así como también las vías de acceso para llegar al emplazamiento.
j. La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las diferentes fases del proceso de producción o transformación; los recursos naturales, las materias primas y los insumos químicos, entre otros que se utilizarán en los procesos de extracción, producción o transformación; su origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control para su transporte, almacenamiento y manejo; la cantidad de producción diaria, mensual y anual de productos terminados e intermedios; las características de efluentes, emisiones y residuos sólidos generados; la cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso, entre otros.
k. La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que implementará el proponente del proyecto de inversión en dicha etapa.
III. Línea base.
Este aspecto debe contener las características del área o lugar donde se ejecutará el proyecto, precisando la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes elementos, solo en la medida en que sean afectados por el proyecto:
a. La descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, identificando y definiendo su área de influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro y microlocalización, así como la ubicación con relación a un área natural protegida y/o a su zona de amortiguamiento, de ser el caso. La propuesta de identificación y evaluación del área de influencia será ratificada o modificada por la autoridad competente al dar la conformidad a los términos de referencia respectivos.
b. La descripción del medio físico, en cuanto a sus características y dinámica. Además, se debe incluir, cuan- do sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:
40 PRIMERA PARTE
» Meteorología, clima y zonas de vida.
» Geología y geomorfología.
» Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balance hídrico.
» Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.
» Calidad del aire, suelo y agua.
» Otras actividades existentes en el área del proyecto.
» Otros aspectos que la autoridad competente determine.
c. La descripción del medio biológico, en cuanto a sus características y dinámica. Además, se debe incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:
» Diversidad biológica y sus componentes.
» Flora y fauna (terrestre y acuática), indicando su abundancia, distribución y estado de conservación según los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo.
» Ecosistemas frágiles, los cuales comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bos- ques de neblina y bosques relictos.
» Áreas Naturales Protegidas (ANP) o zonas de amortiguamiento.
» Unidades paisajísticas en el área del proyecto.
» Aspectos o factores que amenazan la conservación de los hábitats o ecosistemas identificados.
d. La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, cultural y antropológico de la po- blación ubicada en el área de influencia del proyecto. Además, se debe incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:
» Índices demográficos, sociales, económicos, de ocupación laboral y otros similares.
» Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las comunidades involucradas.
» Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en consideración su aptitud y la tenen- cia de tierras.
e. La presencia de restos arqueológicos, históricos y culturales en el área de influencia del proyecto.
f. La identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico aso- ciados al área de influencia del proyecto.
g. La elaboración de la cartografía general (mapas de ubicación y temáticos, entre otros) y los diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto.
IV. Plan de Participación Ciudadana.
El titular deberá elaborar este plan tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas
sectoriales y el Título IV del D. S. Nº 002-2009-Minam, según corresponda. Se debe presentar en el acápite correspondiente del EIA-sd los resultados debidamente sustentados del desarrollo de este plan, en los cua- les se evidencien las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participación de las autori- dades, población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas en las diferentes etapas de elaboración del EIA-sd.
Adicionalmente y también de acuerdo a lo establecido en el D. S. Nº 002-2009-Minam, cuando la autoridad competente determine la procedencia de la realización de la audiencia pública, el Plan de Participación Ciudadana debe contener el informe consolidado de las observaciones formuladas por la ciudadanía du-
rante dicho proceso. El informe solo incluirá las opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones
o ampliaciones de información efectuadas por la población y las entidades representativas de la sociedad
civil acreditadas, destacando la forma cómo se dio respuesta a ellas en el proceso de elaboración del EIA-sd.
V. Caracterización del impacto ambiental.
Se debe tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto en todas sus fases y durante todo su periodo de duración.
Para tal fin, se deberá identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán, así como los riesgos inducidos derivados de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y/o cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologías de evaluación aceptadas inter- nacionalmente, debiendo velar por lo siguiente:
a. Analizar la situación ambiental determinada en la línea base, comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente producto de la implementación del proyecto.
b. Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos y evaluar los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de las personas.
42 PRIMERA PARTE
c. Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de modelos matemáticos para la determinación de impactos negativos y positivos y la definición de um- brales de dichos impactos.
d. Considerar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) vigentes. En ausencia de regulación nacional sobre la materia, emplear los estándares de nivel internacional que el Ministerio del Ambiente (Minam) apruebe para tal fin.
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta los aspectos siguientes:
a. El medio físico, que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del suelo, las condiciones hidroló- gicas y edafológicas, la generación de niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos electromagnéticos y de radiación y el deterioro de la calidad de aire, agua y suelo.
b. El medio biológico, que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres y acuáticos, el hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia.
c. El aspecto social, económico y cultural, especialmente de variables que aporten información relevante sobre la calidad de vida de las comunidades o poblaciones afectadas y sobre los sistemas de vida y cos- tumbres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales.
d. La inserción en algún plan de ordenamiento territorial o en un área bajo protección oficial.
e. La caracterización del área de influencia en relación a la infraestructura existente, por ejemplo: infraestruc- tura vial, férrea, aeroportuaria y de equipamiento, áreas de recreación y espacios urbanos, entre otros.
f. Potencialidad de las tierras y uso actual de suelo.
g. El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de singularidad o de especial valor.
h. Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social que tengan relación directa con el pro- yecto o la actividad, los cuales serán determinados por la autoridad competente.
Para establecer la valoración de los impactos ambientales, se considerarán como criterios el carácter positi- vo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo de ocurrencia de los probables impactos, su extensión respecto del territorio, su duración con relación al tiempo que tendrá el impacto, así como la reversibilidad del ecosistema para regresar a sus condiciones naturales.
Estrategia de manejo ambiental.
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del proyecto durante el periodo de duración de la actividad minera, de conformidad con la Ley Nº 27446, su reglamento y otras normas complementarias aplicables. La estrategia de manejo ambiental debe incluir como mínimo lo siguiente:
a. Plan de Manejo Ambiental, que identifique y caracterice todas las medidas que el titular del proyecto realizará para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados.
b. Plan de Vigilancia Ambiental, que incluya los mecanismos de implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medi- das contenidas en el Plan de Manejo ambiental, considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño. Asimismo, este plan incluirá el programa de monitoreo ambien- tal, el cual señalará las acciones de monitoreo para el cumplimiento de los límites máximos permisibles u otros establecidos en las normas nacionales vigentes o en las normas de nivel internacional.
c. Plan de Contingencias, que considere las medidas para la gestión de riesgos y las respuestas a even- tuales accidentes que afecten la salud, ambiente e infraestructura; este plan se debe elaborar para las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, si este último procediere.
d. Plan de Abandono o Cierre, que contenga las acciones a realizar cuando se termine el proyecto, de manera que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes de su inicio. Este plan se efectuará de acuerdo a las características del proyecto y las disposiciones que determine la autoridad competente.
e. Cronograma y presupuesto para la implementación de esta estrategia de manejo ambiental.
f. Cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los planes establecidos en la estrategia de manejo ambiental, así como la identificación del responsable y los costos asociados.
VII. Empresa consultora y nombres y firma de los profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del EIA-sd.
Este punto es un requisito formal y debe detallarse en el siguiente orden: nombre de la empresa y sus datos en general, nombres y firmas de los técnicos que realizaron el estudio, entre otros datos.
44 PRIMERA PARTE
VIII. Otras consideraciones que determine la autoridad competente.
En este punto el GORE puede solicitar algunos requisitos específicos propios de la realidad local o del con- texto en el que se desarrolla la actividad en la región.
IX. Anexos. Estos deben permitir corroborar la información generada para la realización de acti- vidades y tareas del equipo de profesionales, información que está contenida en el EIA-sd.
Los anexos también pueden contener otros antecedentes de interés que sean útiles para la comprensión del documento. Por ejemplo, el titular del proyecto debe presentar: la cartografía del lugar de emplazamiento de la acción señalando el área de influencia, la escala y la simbología adecuada para una correcta interpre- tación; la copia de los resultados de los análisis emitidos por el laboratorio; las hojas de cálculos realizados; también fotografías y videos, entre otros documentos.
Contenido mínimo de la evaluación preliminar: la Declaración de Im- pacto Ambiental (DIA)
También la presentación de una DIA debe hacerse de conformidad con el anexo VI del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-Minam. En este reglamento se establece el contenido mínimo para la evaluación preliminar en una DIA, el cual debe consistir en lo siguiente:
I. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la evaluación preliminar
a. Proponente (persona natural o jurídica)
» Nombre o razón social
» Número de RUC
» Domicilio legal
» Calle y número
b. Titular o representante legal
» Nombres completos
» Número de DNI
En caso de tratarse del representante legal, deberá acreditarse mediante documentos legalizados.
c. Entidad autorizada para la elaboración de la evaluación preliminar
En el caso de persona natural
46 PRIMERA PARTE
» Número de registro en el Minam
» Profesión
En el caso de persona jurídica
» Razón social
» Profesionales que la conforman (nombres y profesiones)
» Tipo de proyecto a realizar: nuevo ( ) ampliación ( )
» Monto estimado de la inversión
» Ubicación física del proyecto
» Avenida, calle o jirón y número
» Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial
» Parque o área industrial (si corresponde)
» Superficie total y cubierta (ha o m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración, logística, mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros)
» Tiempo de vida útil del proyecto
» Situación legal del predio (compra, venta, concesión, otra)
» Copia de la(s) habilitación(es) correspondiente(s) y de la documentación que acredite la zonifica- ción y la inscripción en Registros Públicos.
Croquis de ubicación del predio a escala 1: 5.000
» Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar ampliación)
» Planos de edificaciones existentes
b. Características del proyecto
Toda la información declarada en este apartado referido a las características (que se enumeran más adelante), cuando se trate de proyectos nuevos, deberá dividirse en las siguientes etapas:
1. Etapa de planificación. Detallar las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto, tales como: desbroce, desbosque, demolición y movimiento de tierras, entre otras.
2. Etapa de construcción. Detallar las construcciones a desarrollar y el plazo previsto para su ejecu- ción, lo mismo que las diferentes etapas del proceso constructivo, señalado mediante diagramas de flujos (ver el gráfico 3):
» Las entradas: requerimientos de maquinaria, equipos, agua, combustible, energía y personal, entre otros
» Las salidas: residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones y radiaciones, entre otros.
3. Etapa de operación. Detallar los procesos, subprocesos y actividades necesarias para obtener el producto y/o productos del proyecto.
Detallar mediante un diagrama de flujo (ver el gráfico 3) los requerimientos y los residuos durante la operación:
» Requerimientos o entradas: recursos naturales, insumos, equipos, maquinarias, personal y ener- gía para cada proceso y subproceso y para cada producto y/o subproducto.
» Residuos o salidas: residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones y otros que se generarán en cada uno de los procesos y subprocesos.
4. Etapa de mantenimiento. Detallar las actividades necesarias durante la etapa de mantenimiento o mejoramiento del proyecto de inversión.
5. Etapa de abandono o cierre. Detallar las actividades que se van a llevar a cabo en la etapa de cierre.
Para esta etapa también se debe desarrollar un diagrama de flujos (ver el gráfico 3) respecto a los re- querimientos de maquinaria, equipos energía y personal; lo mismo que los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos y vibraciones, entre otros, que se producirán.
Señalar los programas para restituir el área a sus condiciones originales (de ser pertinente).
48 PRIMERA PARTE
GRÁFICO 3. Modelo de diagrama de flujo
Las características a desarrollar para estas etapas se detallan a continuación y, en resumen, son: in- fraestructura de servicios, vías de acceso, materias primas e insumos, procesos, productos elaborados, servicios, personal, efluentes, residuos sólidos, manejo de sustancias peligrosas, emisiones atmosféri- cas, generación de ruido, vibraciones y radiaciones y otro tipo de residuos.
1. Infraestructura de servicios. Señalar si el lote o terreno donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con:
» Red de agua potable
» Sistema de alcantarillado
» Red eléctrica
» Red de gas natural
» Sistema municipal de captación de aguas de lluvia
2. Vías de acceso. Señalar si existen vías de acceso principales o secundarias para llegar al emplazamien- to del proyecto; indicar si son asfaltadas, afirmadas u otras, así como su estado de conservación.
3. Materias primas e insumos. Indicar los recursos naturales, materias primas e insumos químicos que se utilizarán:
» Recursos naturales. Señalar si, dentro de sus procesos o subprocesos, el proyecto utilizará recur- sos naturales que se encuentran en el área de influencia del proyecto (ver el cuadro 5).
» Materias primas. Señalar si dentro de sus procesos o subprocesos el proyecto utilizará insumos químicos como materia prima (ver el cuadro 6).
CUADRO 5. Tipos de recursos naturales a utilizar
Cantidad (por día, semana, mes o año)
CUADRO 6. Insumos químicos a utilizar como materias primas
Cantidad mensual (en kilos, toneladas, litros, metros cúbi- cos, etc.)
1. Adjuntar MSDS (Hoja de seguridad) de las sustancias químicas a usar.
2. Para declarar el insumo químico se debe referir a la Ley Nº 28256, su reglamento y modificatorias. Señalar la forma como los productos químicos van a ser transportados y almacenados, lo mismo que las medidas
establecidas para su manipulación.
50 PRIMERA PARTE
» Insumos químicos. Señalar si dentro de sus procesos o subprocesos el proyecto utilizará insu- mos químicos para la obtención de productos o subproductos (ver el cuadro 7).
CUADRO 7. Insumos químicos a utilizar
1. Adjuntar MSDS de las sustancias químicas a usar.
2. La información sobre insumos químicos consignada se refiere a la Ley Nº 28256, su reglamento y modificatorias. Señalar, la forma como los productos químicos van a ser transportados y almacenados y las medidas establecidas para
4. Procesos. Señalar los procesos y subprocesos que desarrollará el proyecto en cada etapa, indicando en cada uno de ellos las materias primas, insumos químicos, energía, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirán (ver el cuadro 8).
CUADRO 8. Etapas del proceso y los subprocesos
ceso o
subpro-
bustión)
Se deberán adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos y señalar el periodo de producción (diario, semanal, mensual y anual, en la siguiente forma: día/semana/mes/año).
Productos elaborados. Señalar los estimados de la producción total anual y mensual de cada pro- ducto (litros, kilogramos, unidades, etc.).
6. Servicios. Para el desarrollo del proyecto, indicar los servicios requeridos.
» Consumo, caudal (m3/seg) diario, mensual, anual.
» Fuente: red de agua potable, superficial (río, canal de riego) y/o subsuelo.
» Consumo mensual.
» Potencia requerida.
» Fuente.
» Red de distribución.
» Fuente propia (generación hídrica o térmica: diesel, gas).
» En el caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y las medidas de seguridad.
7. Personal. Señalar la cantidad de personal que trabajará en el proyecto en cada etapa.
» Etapa de construcción
» Etapa de operaciones
» Etapa de mantenimiento
» Personal permanente
» Personal temporal
» Turnos de trabajo
Señalar si el personal vivirá en campamentos o si se desplazará diariamente a su domicilio. Si es en campamento, indicar el tiempo de permanencia en el proyecto.
8. Efluentes y/o residuos líquidos. Efectuar la diferenciación entre aguas, residuos líquidos domésti- cos y residuos líquidos industriales.
» Señalar el caudal diario, semanal, mensual y anual.
» Señalar las características que tendrá el efluente:
» Nivel de toxicidad
» Señalar si el proyecto contempla la construcción de sistema de tratamiento primario, secundario
y/o terciario.
Nota: En caso de contar con planta de tratamiento, señalar en el plano la ubicación prevista para ella, así como las especificaciones de su diseño y la calidad del efluente.
52 PRIMERA PARTE
Indicar dónde se verterán los residuos líquidos.
» Pozo séptico o subsuelo
» Acequia de regadío
» Cauce de río
» Laguna, lago, océano
Para conocer el grado de dispersión del efluente en el cuerpo receptor, es necesario conocer las carac- terísticas existentes en el cuerpo de agua y cuál será su comportamiento ante la descarga del efluente.
Residuos sólidos. Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima se generarán (domésticos, industriales, tóxicos y peligrosos), señalando las cantidades aproximadas.
» Residuos sólidos: cantidad, características físicas y químicas
» Residuos semisólidos: volumen, características físicas y químicas
» Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones
» Destino final previsto
» Forma de transporte al destino final.
Manejo de sustancias peligrosas. Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas o si estas se generarán como producto del proceso.
» Tipo de sustancias peligrosas que se usarán o generarán.
» Cantidad.
» Tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final.
Emisiones atmosféricas. Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas y si serán fuentes fijas y/o fuentes móviles.
» Estimar el volumen de emisiones (sean olores, humos, material particulado o gases, indicando su composición química) en función al tipo de proceso o subproceso y al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (indicando el tipo de combustible que se utilizará y el consumo diario).
» Determinar cómo se comportará la pluma de dispersión. Para ello se debe conocer las caracte- rísticas climáticas de la zona, las cuales permiten definir el grado de dispersión de las emisiones atmosféricas.
» Especificar si como parte del proceso productivo se generarán emisiones difusas.
» Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de fuentes fijas y móviles
Generación de ruido. Señalar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto; indi- car las fuentes de generación y el nivel de decibeles previstos. Señalar los medios que se utilizarán para tratar los ruidos.
13. Generación de vibraciones. Señalar si se generarán vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto; indicar las fuentes de generación, su intensidad, duración y alcance probable. Señalar los mecanismos que se utilizarán para tratar las vibraciones.
14. Generación de radiaciones. Señalar si se generará algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del proyecto. Señalar los sistemas de tratamiento para controlarlas.
15. Otros tipos de residuos. Especificar cualquier otro tipo de residuos que generará el proyecto y los mecanismos a utilizar para controlarlos.
El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los límites máximos permisibles sectoriales y los estándares de calidad ambiental para las características numeradas del 9 al 16. Si no existiera regulación nacional, usar como referencia los límites establecidos por instituciones de derecho internacional público. A partir de esta información se podrá determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos permisibles.
III. Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico.
Efectuar una caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico del ámbito de influencia del proyecto.
El titular deberá elaborar este plan tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Título IV del D. S. Nº 002-2009-Minam, según corresponda.
V. Descripción de los posibles impactos ambientales.
Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales impactos ambienta- les y sociales que se estima van a ser generados por el proyecto (ver el cuadro 9).
54 PRIMERA PARTE
CUADRO 9. Posibles impactos ambientales en las etapas de desarrollo del proyecto
VI. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales.
Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados (ver el cuadro 10).
CUADRO 10. Medidas de prevención, mitigación o corrección en las etapas de desarrollo del proyecto
VII. Plan de Seguimiento y Control.
Desarrollar el Plan de Seguimiento y Control para las medidas de mitigación establecidas, así como para el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Este plan debe permitir verificar el cumplimiento de la legislación nacional correspondiente.
VIII. Plan de Contingencias.
Indicar los planes de contingencia que se implementarán para controlar los riesgos.
IX. Plan de Cierre o Abandono.
Elaborar este plan, el cual debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto.
Presentar el cronograma de ejecución del Plan de Seguimiento y Control, señalando la periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. De ser factible, presentar esta infor- mación en un diagrama Gantt (ver el cuadro 11).
CUADRO 11. Ejemplo de diagrama Gantt
XI. Presupuesto de implementación.
Se debe entregar el presupuesto establecido para la implementación del Plan de Seguimiento y Control; su ejecución deberá estar de acuerdo con el cronograma de ejecución.
56 PRIMERA PARTE
Petitorio minero, concesión minera, derechos superficiales y proceso de compraventa de tierras
La solicitud de inicio de trámite para el otorgamiento de una concesión minera es denominada petitorio
minero. Obtener respuesta a este petitorio minero no constituye derecho, es decir que aún no se cuenta con
la aprobación formal para el inicio de actividades y no se pueden iniciar las operaciones solo con esta soli-
citud. El empezar a ejecutar actividades en esta etapa constituye un delito penado conforme a los decretos
legislativos explicados más adelante.
La concesión minera es un derecho (no una autorización) que el Estado otorga para que una persona natural
o una empresa, pueda realizar exploraciones y explotaciones de un recurso natural que pertenece al Estado.
La concesión minera sobre un territorio es diferente e independiente del terreno superficial donde se en- cuentra; por tal motivo, el titular minero no es el dueño del terreno, a menos que lo compre.
Si un titular minero quiere hacer uso de los terrenos superficiales, debe llegar a un acuerdo voluntario con los propietarios, para ello puede proponerles diferentes alternativas, como por ejemplo:
» Compraventa del terreno y pago en efectivo.
» Alquiler o servidumbre del terreno para su uso temporal a cambio del pago de una compensación.
» Cambio de tierra (en otro lugar) más una compensación económica (en dinero).
» Realización de proyectos de desarrollo (construcción de postas médicas, escuelas, etc.) que beneficien a toda la comunidad.
Para que sea aplicable el alquiler o servidumbre, el titular minero debe garantizar que al terminar el tiempo fijado va a devolver el terreno al propietario en las mismas condiciones en las cuales lo recibió.
En caso de que el concesionario vulnere el derecho de propiedad y el titular se vea afectado, este tiene todo el derecho de acudir directamente o a través de un representante a la autoridad más cercana (Policía Nacional, Fiscalía de la Nación, municipalidad, Defensoría del Pueblo, etc.) para formular una denuncia sin costo alguno.
La población involucrada en la actividad minera tiene derecho a participar en forma individual o colectiva en los procesos de definición y en la aplicación de medidas, acciones o toma de decisiones de la autoridad competente relativas al aprovechamiento sostenible de los recursos minerales.
La participación ciudadana tiene por finalidades las siguientes:
» Poner a disposición de la población involucrada información oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución.
» Promover el diálogo y la construcción de consensos.
» Conocer y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones y aportes respecto de las actividades mineras.
La autoridad competente considera todo lo anterior para la toma de decisiones en los procedimientos ad- ministrativos a su cargo. Al Estado le corresponde garantizar este derecho a la participación ciudadana en el subsector minero.
La participación ciudadana se efectiviza en las distintas etapas de la actividad minera, es decir, desde el otorgamiento de la concesión minera y luego durante la exploración, la explotación y el cierre de la mina.
58 PRIMERA PARTE
El proceso de formalización del pequeño minero y del minero artesanal
Debemos entender la formalización como un proceso que permite a un minero pequeño o a un minero artesanal contar con todas las autorizaciones legales para llevar a cabo su actividad, desde la solicitud del petitorio minero en zonas permitidas y la obtención de la concesión dentro del marco legal permitido para la pequeña minería y la minería artesanal, hasta obtener posteriormente la certificación ambiental. Una vez cumplidos todos los requisitos, recién se puede operar.
¿Qué institución del Estado es la encargada de llevar a cabo el proceso de formalización?
» En el caso de Madre de Dios (según el Decreto Supremo N° 006-2012-EM), la responsabilidad de la formalización está a cargo de la denominada Comisión de Formalización que realiza el proceso para las zonas permitidas para minería de este departamento. Esta comisión estará presidida por un repre- sentante de Energía y Minas, y conformada además por el sector Ambiente y el sector Agricultura y el Gobierno Regional de Madre de Dios.
» Para tal fin, la comisión deberá implementar procedimientos que facilitarán este proceso, como ha- bilitando una Ventanilla Única, así como impulsando la mayor participación de todas las entidades del Estado que tienen responsabilidad en el tema minero y promoviendo mayor articulación entre el gobierno central y el gobierno regional.
» En el resto del país, de acuerdo con el marco legal, corresponde en principio a los GORE lo referente a pequeña minería y minería artesanal e ilegal. Por lo tanto, se requiere que ellos articulen sus trabajos con las diversas instancias del Poder Ejecutivo, a fin de cumplir con sus obligaciones y competencias asignadas.
» En ese sentido, es importante comentar que el artículo15 del Decreto Legislativo Nº 1105 (que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería arte- sanal) señala la creación de la Ventanilla Única como herramienta para la agilización de los trámites de formalización. De esta manera, el minero podrá realizar los trámites y solicitar información sobre su proceso de formalización. Se ordena, además, que el Minem, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional del Agua, en coordi- naciones con los Gobiernos Regionales, deben ejecutar las acciones necesarias a fin de que se brinden servicios de formalización a través de la Ventanilla Única.
Asimismo, el artículo 16 del mencionado decreto legislativo ordena a que el Minem en coordinación con los gobiernos regionales lleve a cabo las acciones necesarias para ejecutar el proceso de formalización a través de sus oficinas desconcentradas, las que podrán encargarse de una o más regiones.
Solo las constancias o documentos emitidos por instituciones del Estado son válidas para el proceso de formalización. Los carnets de asociaciones y federaciones no son considerados en este proceso.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que todo minero formal debe:
» Presentar estadística mensual hasta el día 10 de cada mes (al GORE).
» Presentar la declaración anual consolidada (a la Dirección General de Minería del Minem).
» Acreditar su producción y/o inversión mínima (a la Dirección General de Minería del Minem).
» Pagar el derecho de vigencia al Ingemmet (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico).
Sanciones por el incumplimiento de obligaciones ambientales para la pequeña minería y la minería artesanal
El incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables referidas al desarrollo de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal se sancionará de acuerdo a la escala aprobada recientemente mediante Decreto Legislativo Nº 1101 (artículo 7°). Este decreto deroga las siguientes normas:
» El artículo 13º de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, Ley 27651, en lo que se refiere a las multas y penalidades por infracciones ambientales aplicables a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.
» Los numerales 52.1 al 52.9 del artículo 52º del Reglamento de la Ley de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-2005-EM y sus normas modificatorias.
» El literal 66.3 del artículo 66º del Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-EM, en lo aplicable a los pequeños productores mineros o productores mineros artesa- nales.
Las sanciones y medidas complementarias que señala el Decreto Legislativo Nº 1101 son las que se detallan en el cuadro 12, esto sin perjuicio de las acciones de interdicción que correspondan de acuerdo a la nor- mativa vigente.
60 PRIMERA PARTE
CUADRO 12. Infracciones, sanciones y medidas complementarias por incumplimiento de medidas ambientales en la tierra para la pequeña minería y la minería artesanal
Realizar actividades sin contar previamente con la certificación ambiental correspondiente (resolución aprobatoria del instrumento de gestión ambiental aplicable).
C.I., C.B., P.O., R.I.E., S.T.A., S.D.A., C.I.G.A.
10 a 40 UIT
Incumplir lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado.
Incumplir las normas de protección ambiental aplicables.
Cometer infracciones relacionadas al Plan de Cierre de Pasivos Ambientales y al Plan de Cierre.
S.T.A., S.D.A.
Nota * Las siglas usadas significan lo siguiente:
C.I.: Cierre de instalaciones C.B.: Comiso de bienes P.O.: Paralización de obras R.I.E.: Retiro de instalaciones y/o equipos S.T.A.: Suspensión temporal de actividades S.D.A.: Suspensión definitiva de actividades
C.I.G.A.: Cumplimiento con lo establecido en el instrumento de gestión ambiental
Además de las sanciones pecuniarias, la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) competente emitirá una medida complementaria o administrativa que busque restablecer la calidad ambiental afectada así como la protección de la salud de las personas.
La reincidencia de infracciones, dentro de los dos años siguientes de haber quedado firme o consentida la resolución que impuso la sanción anterior al mismo titular, determina la sanción de cierre de instalaciones.
El incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables referidas a la autorización de uso de área acuática que sea utilizada se sancionará de acuerdo a la escala señalada en el cuadro 13, sin perjuicio de las acciones de interdicción que correspondan de acuerdo a la normativa vigente.
CUADRO 13. Infracciones, sanciones y medidas complementarias por incumplimiento de medidas ambientales en áreas acuáticas
Ocupar áreas acuáticas navegables sin contar previamente con la respectiva autorización
5 a 25 UIT
P.O., R.I.E., S.T.A., S.D.A.
P.O.: Paralización de obras R.I.E.: Retiro de instalaciones y/o equipos S.T.A.: Suspensión temporal de actividades S.D.A.: Suspensión definitiva de actividades
Según se señala, estas sanciones se aplican sin perjuicio de la facultad sancionadora de la Dicapi (Dirección General de Capitanías y Guardacostas), de la Autoridad Nacional del Agua, de la Autoridad Portuaria Nacional y de otras entidades en el ámbito de sus respectivas competencias, así como de la vigencia de las escalas de infracciones y sanciones que aplican dichas entidades. Adicionalmente a las sanciones pecuniarias aplica- bles, la EFA competente emitirá la respectiva medida complementaria o administrativa aplicable que busque asegurar que el uso del área acuática se realiza contando con la autorización respectiva.
62 PRIMERA PARTE
Proceso de obtención de la certificación ambiental para operar como
pequeño minero o como minero artesanal
Pago a la
DISA (S/.)
DREMH:
de verti-
de la ALA
ALA (S/.)
Contratar un profesional acreditado por la DREM para diseñar EIA-sd, DIA
Sernanp si
técnica al
concesión”
La DREMH
“Título de
si es ZA
El Ingemmet
revisa en Lima
Levantar las
Presentar al Ingemmet o la DREMH las coordenadas del área escogida
de petitorio
Presentar a la DREM la declaración jurada bienal para
ser categorizado como PPM o PMA
(S/. Pago
adelantado)
64 PRIMERA PARTE
RECURSOS GENERADOS AL ESTADO Y USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Recursos generados por la minería: origen, distribución y utilización
El desarrollo de las actividades mineras genera gradualmente recursos que son distribuidos a los gobiernos locales y regionales, así como a la población del lugar donde se encuentra ubicada la concesión minera.
Los principales ingresos que la actividad de la pequeña minería y minería artesanal genera se refieren al derecho de vigencia y a la penalidad.
» Derecho de vigencia: es el monto que pagan los titulares mineros para solicitar una concesión minera y mantenerla vigente. Se efectúa anualmente del 1º al 30 de junio.
» Penalidad: es el monto que deben pagar los titulares mineros por no haber cumplido con alcanzar la producción mínima.
Estos ingresos se distribuyen y se usan conforme lo enunciado en el cuadro 14.
CUADRO 14. Forma de distribución y de uso de los principales ingresos del Estado generados por la PPM y la PMA
Gobiernos locales: 75% Gobiernos regionales: 25%
• Mejora de servicios del Estado
Debido a que el desarrollo de la actividad minera en una región es temporal, es necesario que las auto- ridades locales y regionales identifiquen prioridades en la utilización de estos recursos generados con el objetivo de:
a. Atender necesidades básicas: escuelas, hospitales, obras de agua y/o desagüe, electrificación, etc.
b. Consolidar la capacidad de producción para autoconsumo mediante la construcción de reservorios de agua, accesos y caminos, almacenes de productos, etc.
c. Incrementar la capacidad productiva de las actividades económicas cotidianas (agricultura, ganadería y manufactura) mediante su tecnificación, para generar excedentes que puedan ser comercializados en el mercado local y conseguir así ingresos adicionales.
66 PRIMERA PARTE
Uso y manejo de mercurio
El mercurio es un metal líquido, de color plateado, muy pesado, inodoro y ligeramente volátil a temperatura de ambiente; no se destruye fácilmente y mantiene sus propiedades. El mercurio usado inadecuadamente es un elemento altamente peligroso para los seres vivos y contaminante para el ambiente.
El vapor del mercurio penetra fácilmente la membrana del alvéolo pulmonar y pasa a la sangre, absorbién- dose un 80% de la cantidad inhalada. Esta vía de entrada es la más importante en el campo de la salud humana.
El uso de mercurio en la actividad de la PM y la PA está permitido, pero su manipulación debe ser muy cuidadosa.
Actualmente, la comercialización de mercurio está regulada en virtud al Decreto Legislativo Nº 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, para lo cual es ha autorizado a la Sunat el control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de mercurio, así como su distribución hacia y desde el territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado.
El uso inadecuado del mercurio perjudica a la salud e incluso puede causar la muerte. Es por esta razón que está prohibido el trabajo de personas menores de 18 años de edad en las actividades concernientes a la PM
y la MA, según la Ley Nº 28992.
La gravedad de los perjuicios en la salud que causa el mercurio depende del nivel o tiempo de exposición, como se explica a continuación:
» Bajos niveles o exposiciones cortas: daño pulmonar, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de presión arterial o el ritmo cardiaco, prurito o irritación de la vista.
» Altos niveles de exposición: daño en el cerebro y los riñones y en el desarrollo del feto durante el periodo de gestación. El sistema nervioso en general es muy susceptible a la exposición a mercurio.
» Existen formas de evitar la exposición al mercurio, siendo las principales las siguientes:
» No almacenar mercurio junto con alimentos ni bebidas.
» No comer ni fumar en lugares donde se trabaje con mercurio.
» Evitar el contacto de mercurio con la piel.
» Mantener bien cerrados los recipientes que contienen mercurio. Tales recipientes, además, deben tener una pequeña cantidad de agua dentro para evitar la formación de gases mercuriosos.
» Los implementos que se utilizan para trabajar con mercurio deben emplearse exclusivamente para eso; no utilizarlos para otras actividades.
» Mantener limpios los lugares donde se trabaja con mercurio, evitando los derrames.
» La principal medida a adoptar ante la exposición al mercurio es inyectar el antídoto, es decir, nitrato de arilo (que se vende en ampollas inyectables).
68 PRIMERA PARTE
Uso y manejo de cianuro
El cianuro es una sustancia química compuesta principalmente por carbono y nitrógeno. Los tipos más conocidos de cianuro son el cianuro de hidrógeno y el cianuro de sodio. El cianuro de sodio (NaCN) es un sodio blanco, cristalino y muy venenoso. Su uso inadecuado perjudica la salud e incluso puede causar la muerte.
El uso de cianuro en la actividad de la PM y la PA está permitido, pero su manipulación debe ser muy cui- dadosa.
Hoy en día la comercialización de cianuro está regulada en virtud al Decreto Legislativo Nº 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, para lo cual se ha autorizado a la Sunat el control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de cianuro, así como su distribución hacia y desde el territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado.
La peligrosidad de la manipulación de cianuro en el trabajo minero es otra de las razones por las cuales el trabajo de personas menores de 18 años de edad en las actividades concernientes a PM y MA está prohibido por la Ley Nº 28992.
La gravedad de los perjuicios en la salud que causa el cianuro depende del nivel o tiempo de exposición, como se explica a continuación:
» Bajos niveles o exposiciones cortas: dificultades respiratorias, dolores al corazón, vómitos, alteraciones a la presión sanguínea, dolores de cabeza y alteraciones a la glándula tiroides.
» Altos niveles de exposición: daños al cerebro y al corazón; eventualmente puede causar la muerte.
Las formas en que se produce la exposición contaminante a cianuro son inhalación, ingestión y contacto con la piel. Frente a ellas se debe actual de la siguiente manera:
» Llevar a la víctima a un lugar ventilado.
» Suministrarle nitrito de amilo.
» Suministrarle oxígeno.
» Trasladar a la víctima al centro hospitalario más cercano.
» Inducir el vómito si la víctima está consciente.
» Suministrarle nitrato de arilo.
» Hacerle beber 100 gramos de carbón activado mezclado con 300 ml de agua (una taza llena aproxi- madamente).
c. Contacto con la piel
» Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
» Suministrar nitrato de arilo a la víctima.
70 PRIMERA PARTE
DECRETOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS A MINERIA ILEGAL
1. Decreto Legislativo N° 1099. Aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.
2. Decreto Legislativo N° 1100. Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias.; además, el Decreto Supremo Nº 006-2012-EM, que aprueba medidas complementarias para la for- malización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el anexo 1 de este Decreto Legislativo Nº 1100.
3. Decreto Legislativo N° 1101. Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal.
4. Decreto Legislativo N° 1102. Incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal.
5. Decreto Legislativo N° 1103. Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
6. Decreto Legislativo N° 1104. Modifica la legislación sobre pérdida del dominio.
7. Decreto Legislativo N° 1105. Establece disposiciones para el proceso de forma- lización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.
8. Decreto Legislativo N° 1106. Promueve la lucha eficaz contra el lavado de acti- vos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
9. Decreto Legislativo N° 1107. Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que pue- dan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.
72 PRIMERA PARTE
74 SEGUNDA PARTE
DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA ILEGAL
E s pertinente señalar que el antecedente y la base para los decretos legislativos relacionados en materia
de minería ilegal, ha sido el Decreto de Urgencia N° 012-2010, que declaró de interés nacional el or-
denamiento minero del departamento de Madre de Dios, emitido en febrero del 2010 y posteriormente
ampliado mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2011 y modificado por el Decreto de Urgencia 007-2011, y que fuera posteriormente remplazado con carácter de permanente con el Decreto Legislativo 1100, este decreto de urgencia, permitió concebir lo que hoy en día y en virtud de los decretos legislativos la figura de interdicción a la minería ilegal.
En ese sentido, el 22 de diciembre de 2012, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 29815, mediante la cual se delegan facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materias de minería ilegal. De acuerdo a ello se establecen dos materias específicas sobre las que se viene legislando:
1. Interdicción de la minería ilegal (entendiéndose por “interdicción” las acciones de prohibirla o vetarla, es decir, impedir la realización de actividades ilegales. En la práctica se trata de decomisar bienes, ma- quinarias, equipos e insumos prohibidos o de ponerlos a disposición del gobierno nacional; asimismo de destruir o demoler bienes, maquinarias, equipos y dragas, entre otros, que por sus características o situación no resulte viable su decomiso).
2. Lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal, relacionada a un nuevo marco legal para lo siguiente: la persecución penal de quienes realizan esta actividad ilegal, afectan al ambiente y se encuentran incursos en actividades criminales de grave afectación social, lo mismo que investigación a personas en lavado de activos, regulación y modificación del proceso de pérdida del dominio para am- pliar sus alcances a los delitos vinculados a minería ilegal y regulación de la distribución y transporte de los insumos para el desarrollo de esta ilegal actividad, entre otros.
Fruto de esta ley, se emitieron decretos legislativos que regulan y dan un nuevo panorama sobre la materia. Tales decretos son de implicancia directa en regiones amazónicas como Madre de Dios. En este capítulo pre- tendemos analizarlos y responder preguntas que se vienen generando en diversos espacios. Los siguientes son los principales decretos legislativos generados por el Poder Ejecutivo a la fecha 1 :
Decreto Legislativo N° 1099. Aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.
Decreto Legislativo N° 1100. Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias.; además, el Decreto Supremo Nº 006-2012-EM, que aprueba medidas com- plementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el anexo 1 de este Decreto Legislativo Nº 1100.
Decreto Legislativo N° 1101. Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal.
Decreto Legislativo N° 1102. Incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal.
Decreto Legislativo N° 1103. Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
Decreto Legislativo N° 1104. Modifica la legislación sobre pérdida del dominio.
Decreto Legislativo N° 1105. Establece disposiciones para el proceso de formalización de las activida- des de pequeña minería y minería artesanal.
Decreto Legislativo N° 1106. Promueve la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos rela- cionados a la minería ilegal y crimen organizado.
Decreto Legislativo N° 1107. Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.
1 23 de abril de 2012.
76 SEGUNDA PARTE
En lo que sigue se resumen y analizan estos decretos, en la perspectiva de hacer accesible su contenido al lector de este manual. El primer decreto mencionado, Decreto Legislativo Nº 1099, solo se aplica en el departamento de Puno 2 y por ello no nos extendemos en comentarlo.
Sin embargo es pertinente resaltar que estos decretos, son elementos y herramientas que contribuyen a enfrentar la minería ilegal, pero que requiere de diversos actores y acciones coordinadas en todos los niveles del Estado a fin de asumir y dar una solución seria y de largo plazo.
2 Si bien es cierto que por primera vez este tipo de normas relacionadas a minería ilegal mencionan el tema de interdicción (que será explicado en mayor detalle en el Decreto Legislativo Nº 1100), este decreto declara de necesidad pública e interés nacional las acciones de interdicción de la minería ilegal en Pampa Blanca, Vizcachani, Ananea y Chaquiminas en el distrito de Ananea (provincia de San Antonio de Putina), en Anccocala en el distrito de Cuyo Cuyo (provincia de Sandia), en Huacchani en el distrito de Crucero (provincia de Carabaya), en la cuenca del río Ramis; en el distrito de Cojata (provincia de Huancané), en la cuenca transfronteriza (con Bolivia) del río Suches; y en otros ámbitos, como Lechemayo Chico, Carmen y Loromayo (provincia de Carabaya). El decreto también se refiere a la remediación ambiental de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la recuperación y conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
Decreto Legislativo N° 1100. Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias
En primer lugar, hay que señalar que esta medida inicialmente se iba a dar para quienes desarrollen minería ilegal, es decir, para aquellas personas que operan solo con petitorios mineros o con concesión, sin tener certificación ambiental aprobada (EIA-sd o DIA) o sin tener todas las autorizaciones solicitadas. Es decir, se iba a considerar minería ilegal a la realizada cuando no se cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación y las autoridades.
Sin embargo, con la dación del Decreto Legislativo Nº 1105, se establecen disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, redefiniendo la minería ilegal y definiendo la minería informal en los siguientes términos.
» Minería ilegal. Es la actividad minera ejercida por una persona natural o jurídica o por un grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que se encuentre en una o más de las tres situacio- nes siguientes: a) usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (PPM o PMA); b) no cumpliendo con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades; c) realizando la actividad minera en zonas en las que está prohibido su ejercicio.
Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que está prohibido el ejerci- cio de actividad minera se considera ilegal.
Esta definición contenida en el Decreto Legislativo Nº 1105 sustituye entonces a la definición de mine- ría ilegal contenida en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1100.
» Minería informal. Es la actividad minera realizada usando equipo y maquinaria que se encuentra en una o más de las siguientes situaciones: a) no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (PPM o PMA); b) no cumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades; c) es realizada en zonas no prohibidas para la actividad minera por una persona natural o jurídica o por un grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización conforme se establece en este decreto legislativo.
Con esta medida, el Estado peruano busca garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio cultural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. Además, se declara que el Estado promueve el ordenamiento y la formalización con inclusión social de la minería a pequeña escala.
78 SEGUNDA PARTE
La interdicción se refiere a acciones concretas destinadas a identificar, reprimir, prohibir o vetar de manera inme- diata, en la práctica y en el marco de la presente norma. Supone pues la realización de las siguientes acciones:
» Identificación de los mineros ilegales por parte del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos y de los gobiernos regionales.
» Decomiso de los bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos, así como prohibición de la rea- lización de las actividades ilegales conforme al decreto legislativo. Quienes realicen estas actividades serán puestos a disposición del Estado, a fin de formular denuncia penal y aplicar el Decreto Legislativo N° 1102. De esta manera se incorporan al Código Penal los delitos de minería ilegal.
» Destrucción o demolición de bienes, maquinarias o equipos citados en el artículo 5°, que por sus características o situación no resulte viable su decomiso.
¿Qué significa que las acciones de interdicción se ejecuten sin perjuicio de las acciones admi- nistrativas, civiles o penales a que hubiera lugar?
Significa que quien ejerza la minería ilegal es responsable por los daños al ambiente, a la salud de las per-
sonas, a la propiedad privada o del Estado, al fisco y demás que se generen por dicha actividad, por tanto, se podrá accionar en su contra para lograr una reparación civil, una sanción administrativa (como cancelación
o suspensión de la concesión) o una sanción penal a través de una denuncia por la comisión de delitos de minería ilegal y contra el ambiente.
¿Quiénes llevan a cabo la interdicción?
Este proceso será ejecutado por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Defensa
a través de la Dicapi.
Asimismo, podrán solicitar acción de interdicción los procuradores (quienes dependen del Ministerio de Justicia) de las regiones y las municipalidades (provinciales y distritales).
¿Qué necesita el Ministerio Público, la PNP o el Ministerio de Defensa para ejecutar las accio- nes de interdicción?
Para actuar en este sentido, ellos deben solicitar al Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos o al gobier- no regional lo siguiente:
» La relación detallada de los titulares mineros que cuentan con autorización de inicio o reinicio de operación minera.
» La relación de maquinaria autorizada para tal fin y la de sus propietarios.
¿Quién proporciona esta información para las acciones de interdicción?
El Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos o el gobierno regional correspondiente, en el ámbito geo- gráfico de su competencia, son los obligados a remitir la información antes indicada a esas tres entidades encargadas de la ejecución de las acciones de interdicción.
El plazo máximo para enviar dicha información es de quince días hábiles contados a partir de la solicitud. El no cumplir con esto acarrea responsabilidad funcional.
¿Quiénes pueden solicitar la ejecución de las acciones de interdicción?
Pueden solicitar o activar la ejecución de las acciones de interdicción, las siguientes entidades:
» El Ministerio Público
» La Policía Nacional del Perú
» Los procuradores públicos del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos o del Ministerio del Ambiente
» El procurador público regional o el procurador público de la respectiva municipalidad provincial o distrital
¿Cuál es la participación del Ministerio Público en las acciones de interdicción?
El Ministerio Público o la Fiscalía de la Nación siempre tendrán participación en las acciones de interdicción de la siguiente manera:
» En la ejecución de las acciones de interdicción
» Al solicitar que se ejecuten las acciones de interdicción.
¿Cómo deben ser estas intervenciones de interdicción?
La ejecución de estas acciones de interdicción se realizará con la presencia del representante del Ministerio Público (el fiscal), quien levantará el acta respectiva con indicación de los medios probatorios correspon- dientes, pudiendo ser medios fílmicos o fotográficos, así como con la descripción de las circunstancias que determinaron la aplicación de dichas medidas.
80 SEGUNDA PARTE
Dichas acciones de interdicción se realizarán sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar, que están destinadas a preservar el cuidado de bienes jurídicos protegidos por el Estado que son afectados por el desarrollo de actividades ilegales.
Es decir, además de las acciones de interdicción, es posible que se haga una denuncia penal por realizar minería ilegal y por la comisión de delitos ambientales.
¿Qué equipos prohíbe la norma?
La norma es clara y prohíbe el uso de dragas y otros artefactos y equipos similares para todos los cursos de agua, ríos, lagos, cochas, espejos de aguas, humedales y aguajales. Así mismo prohíbe los bienes, maqui- narias, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de minería ilegal. Adicionalmente, hay que señalar que, de acuerdo a la tipificación de delitos de minería ilegal, en forma agravada se considera a quien use dragas y equipos similares, por tanto, estos se encuentran prohibidos en el desarrollo de la actividad mi- nera (artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1100 y artículo 307-B, en cuanto a formas agravadas del Decreto Legislativo 1102).
¿Qué son “equipos similares”?
En el contexto de este decreto legislativo, equipos similares son considerados los siguientes:
» Las unidades móviles o portátiles que succionan materiales de los lechos de ríos, lagos y cursos de agua con fines de extracción de oro u otros minerales.
» Las dragas hidráulicas, dragas de succión, balsas gringo, balsas castillo, balsas draga, tracas y caran- cheras.
» Otros equipos que cuentan con bomba de succión de cualquier dimensión, tengan o no incorporada una zaranda o canaleta.
» Cualquier otro artefacto que ocasione un efecto similar.
¿El Estado promoverá algunas acciones para el ordenamiento de la fiscalización?
Sí, se trata de diferentes acciones promovidas por el Estado para la fiscalización. Son las siguientes:
» En la pequeña minería y en la minería artesanal, adopción de métodos de extracción que protejan la salud humana y eviten la contaminación ambiental; además, promoción de la utilización de métodos gravimétricos u otros que no utilicen mercurio ni sustancias tóxicas.
» Promoción y participación en la formalización de la minería en pequeña escala, es decir, la minería artesanal y la pequeña minería.
» Recuperación de zonas degradadas por la minería ilegal. Para este efecto, mediante un decreto supre- mo refrendado por el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos y por el Ministerio del Ambiente, se elaborará y aprobará el Plan de Recuperación de Impactos Ambientales generados por la minería ilegal así como por la pequeña minería y la minería artesanal; esto en el marco del proceso de recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal, para lo cual se realizarán las acciones necesarias. Además, de ser el caso, se gestionarán los recursos para tales efectos a través de la empresa Activos Mineros SAC.
» En los casos donde la actividad minera ilegal haya producido desbosque, el Plan de Recuperación de Impactos Ambientales que se elabore incluirá necesariamente un Plan de Reforestación.
» Otorgamiento de autorización de inicio o reinicio de operaciones sin el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento del derecho minero; certificación ambiental o aprobación del instrumento de gestión ambiental aplicable (instrumento de gestión ambiental correctivo); derecho de usar el terreno superfi- cial correspondiente al área en donde se ejecutarán las operaciones.
» Acciones de control del desempeño funcional de sus servidores y de los funcionarios públicos para que no incurran en actos de corrupción.
¿Qué acciones de remediación ambiental realizará el Estado?
El Estado promoverá la participación de la empresa estatal Activos Mineros SAC para remediar los pasivos ambientales mineros originados por la actividad minera ilegal.
Activos Mineros SAC podrá participar, además, en la remediación de los pasivos a que se refiere el artículo 20º del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 059- 2005-EM y sus modificatorias, asumiendo, cuando corresponda, el derecho de repetición a que se refiere el artículo 22º del mismo reglamento.
¿Qué rol juega la Sunarp en este proceso?
La Sunarp deberá emitir disposiciones administrativas que permitan regular los bienes inscribibles y los actos obligatorios en el registro de bienes muebles vinculados a la actividad minera, particularmente para la pequeña minería y la minería artesanal, para lo cual viene recientemente mediante Resolución N° 106-2012-SUNARP/SN aprobó el Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles.
82 SEGUNDA PARTE
Cuando se efectúe el decomiso de los bienes utilizados en las actividades de minería aurífera ilegal, se pre- sumirá, salvo prueba en contrario, la responsabilidad administrativa y/o civil que corresponda de aquellas personas que figuren como propietarias o titulares del bien registrado ante la Sunarp.
¿Qué rol juega el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en este proceso?
El Osinfor implementará de manera inmediata acciones extraordinarias de fiscalización en las concesiones forestales a fin de verificar que los titulares de las mismas no hayan incurrido en actividades de minería ilegal, la hayan promovido al asociarse con la misma o hayan permitido su realización no autorizada dentro del área de su concesión.
En caso de constatar que el titular incurrió en actividades de minería ilegal o la promovió, el Osinfor decla- rará la caducidad de la concesión forestal correspondiente.
¿Qué rol cumplirán el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organis- mo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Ministerio de Trabajo?
A raíz de la modificación del artículo 14º de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, debemos señalar lo siguiente:
Los gobiernos regionales tienen la función de fiscalizar a la pequeña minería y la minería artesanal. Cuando no se trata de pequeña minería o minería artesanal, corresponde al OEFA, Osinergmin y el Ministerio de Tra- bajo asumir el rol fiscalizador, ya que se estaría hablando en principio de mediana minería o gran minería.
¿Dónde se puede desarrollar minería artesanal y pequeña minería en el Departamento de Madre de Dios?
El anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100, titulado: “Zonas de pequeña minería y minería artesanal en el Departamento de Madre de Dios”, toma como base el Decreto de Urgencia N° 012-2010 y declara detallada- mente las zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios en las que sí se podrá realizar actividad minera, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 5 de este dispositivo.
De esta manera, en las zonas del departamento de Madre de Dios no comprendidas en el anexo 1 no se otorgarán concesiones mineras ni se ejecutarán actividades de exploración, explotación o beneficio.
¿Qué pasa con los derechos otorgados o solicitados en el departamento de Madre de Dios antes de la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 012-2010?
Los titulares de concesiones mineras otorgadas antes de la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 012-2010 (febrero del 2010), así como los de petitorios solicitados antes de la entrada en vigencia de dicha norma en áreas declaradas como zonas de exclusión minera, podrán realizar actividades de exploración, explotación y/o beneficio, si previamente cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, con la opinión técnica favorable del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, así como con los otros requisitos que establecen las normas respectivas.
El instrumento de gestión ambiental (EIAsd o DIA) referido en el párrafo anterior, solo será aprobado si cumple con los siguientes requisitos:
a. Métodos de extracción que no afecten el objeto del presente decreto legislativo.
b. Métodos para la recuperación del mercurio con el uso de retortas y otros equipos.
c. Métodos que no establezcan el uso de artefactos o equipos prohibidos.
d. En el caso en que el derecho minero se superponga a concesiones forestales maderables y no made- rables, concesiones para ecoturismo, concesiones de reforestación y concesiones para conservación, se deberá contar con la opinión técnica favorable de la autoridad nacional competente con la finalidad de evitar la degradación de recursos naturales diferentes al mineral, así como la afectación a la cobertura vegetal, lo mismo que al uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y la biodiversidad.
e. En el caso en que el derecho minero se superponga a áreas naturales protegidas o a sus zonas de amortiguamiento, se deberá contar con la opinión técnica favorable del Sernanp.
La aprobación del instrumento de gestión ambiental sin los requisitos antes mencionados conlleva la res- ponsabilidad administrativa del funcionario que lo aprobó.
Aprobado el instrumento de gestión ambiental y para desarrollar la actividad minera, el titular está obligado a lo siguiente:
a. Contar con el derecho de usar el terreno superficial correspondiente al área en donde va a ejecutar las actividades mineras, de acuerdo a la legislación vigente.
b. Ejecutar todas las medidas dispuestas en el instrumento de gestión ambiental correspondiente, en los plazos y términos aprobados por la autoridad.
c. Adoptar medidas y buenas prácticas para prevenir, controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar o reparar, según corresponda, los impactos y efectos negativos generados por su actividad.
d. Ejecutar las medidas de cierre y postcierre correspondientes en forma progresiva.
84 SEGUNDA PARTE
¿Qué ocurre si los gobiernos regionales no cumplen con su función de fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal?
Si los gobiernos regionales no cumplen esta función entonces se genera una suerte de presión, que ya existía pero no estaba expresada en una norma textualmente, sobre su responsabilidad en la fiscalización de la pequeña minería, la minería artesanal y la minería ilegal, en virtud de la cual, ahora el OEFA cuando supervise el cumplimiento de estas obligaciones del GORE y se evidencie un incumplimiento tiene que:
» Comunicar a la Contraloría para que inicie las acciones de control pertinente.
» Realizar coordinaciones con la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales a fin de iniciar las acciones legales pertinentes para que se denuncie al funcionario o funcionarios responsables por in- acción, entre otras acciones.
¿Quién es quién en la interdicción de la minería ilegal?
En el cuadro 15, a continuación, se menciona a las entidades y autoridades responsables de hacer cumplir este decreto legislativo, lo mismo que su rol y responsabilidades.
CUADRO 15. Instituciones y autoridades encargadas de la interdicción de la minería ilegal, roles y responsabilidades
Osinfor; dependiente de la PCM (Pres- idencia del Consejo de Ministros)
Fiscalizar de manera inmediata las concesiones forestales y verificar si sus titulares incurrieron en actividades de minería ilegal o la promovi- eron, a fin de declarárseles la caducidad de la concesión.
Sunarp; organismo descentralizado autónomo del sector justicia
Emitir disposiciones para regular los bienes inscribibles y los actos ob- ligatorios en el Registro de Bienes Muebles vinculados a la actividad minera; esto hará posible identificar la responsabilidad de las personas que figuren como titulares de bienes y que permitan el desarrollo de la minería ilegal.
OEFA, organismo adscrito al Min- isterio del Ambiente; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y Osinergmin, dependiente de la PCM
En virtud a la modificación del artículo 14 de la Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, se adiciona a estos organismos facultades de fiscalización y sanción, conjuntamente con los GORE.
Fiscalía de la Nación, Ministerio del Interior (Policía Nacional del Perú) y Ministerio de Defensa (Dicapi)
Responsables de incautar y decomisar bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos, así como de destruir los bienes prohibidos (dragas, equipos similares y maquinarias, etc.), previa remisión de informe del GORE y el Minem a su solicitud.
Procuradurías del Minam, del Minem, de los gobiernos regionales y de las mu- nicipalidades provinciales y distritales
Activar y solicitar adicionalmente acciones de interdicción a la Policía Nacional, la Dicapi y la Fiscalía.
Gobiernos regionales y Minem
A solicitud de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dicapi, deberán remitir en un plazo de quince días hábiles, bajo responsabilidad y con carácter de declaración jurada, información y relación detallada de los titulares mineros que cuenten con autorización, así como la relación de la ma- quinaria autorizada para tal fin y sus propietarios.
Cuando se identifiquen víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso, el Ministerio Público le remitirá comunicación a efectos de que atiendan y recuperen a dichas personas, para lo cual deberá prever acciones necesarias, como casas-hogar y albergues.
Iniciar las acciones de control pertinentes una vez que el OEFA les remita el informe que señala la inacción o incumplimiento por parte del GORE de sus obligaciones de fiscalización.
Iniciar, en coordinación con el OEFA, las acciones legales o denuncias contra funcionarios del GORE en virtud al título XIII del Código Penal.
Elaboración: César A. Ipenza (SPDA).
5.1.1. Madre de Dios: Un caso excepcional de aplicación de los decretos legislativos para los mi- neros dentro de las zonas permitidas para minería. El Decreto Supremo Nº 006-2012-EM
Este decreto supremo aprueba medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100.
Luego de las protestas y los conflictos sociales generados por la dación del Decreto Legislativo Nº 1100, el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos emitió el Decreto Supremo N° 006-2012-EM que tiene como obje- tivo establecer medidas complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera en las zonas del departamento de Madre de Dios comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100, anexo denominado “Zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios”
86 SEGUNDA PARTE
En este D. S., tenemos una “aclaración” de definiciones, las cuales establecen:
» Minería ilegal. Comprende las actividades mineras que se realizan sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas para su ejercicio, las que son llevadas a cabo por personas naturales o jurídicas o por grupos de personas organizadas para tal fin.
» Minería informal. Es aquella actividad minera que, teniendo características de minería ilegal, se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera; quienes la llevan a cabo han iniciado un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidos en las normas sobre la materia.
El proceso para formalizarse dentro del área comprendida en el anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100 podrá ser iniciado y continuado por quienes:
» Realizan la actividad con derecho a usar el área que ocupan bajo cualquiera de las formas a las que se refiere la Ley Nº 27651.
» Se encuentran registrados en el Registro Regional Minero Aurífero del departamento de Madre de Dios, oficializado por Resolución Directoral Regional Nº 109-2011/GOREMAD/GRDE/DREMH de fecha 28 de diciembre de 2011.
Este proceso se desarrollará en un plazo de doce meses, contados a partir de la vigencia de este dispositivo, es decir, desde el 16 de marzo de 2012 hasta el 16 de marzo de 2013.
Requisitos para el inicio del proceso de formalización
» Presentar al Gobierno Regional de Madre de Dios en un plazo no mayor de sesenta días de publicado el presente decreto supremo, la Declaración de Compromiso tal y como aparece en el formato incluido en el anexo 1 del D. S. Nº 006-2012-EM (ver el cuadro 16). Dicha declaración será materia de registro por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios y tendrá una vigencia máxima de diez meses, plazo en el cual se aplicarán los mecanismos simplificados de formalización bajo el principio de Ventanilla Única. La Declaración de Compromiso deberá ser comunicada al Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, bajo responsabilidad, sin cuyo requisito carecerá de validez.
» En el caso de que el Gobierno Regional de Madre de Dios verifique el incumplimiento de los requisitos establecidos por ley y los compromisos suscritos por parte del interesado en la Declaración de Compro- misos, se procederá a la cancelación de la mencionada declaración y de su inscripción en el registro.
Reglas a ser aplicadas en el proceso de formalización en relación a la presente norma
» No será exigible la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el área comprendida en el anexo Nº 1 del Decreto Legislativo Nº 1100, siendo suficiente la presentación de una Declaración Jurada sujeta a fiscalización posterior.
» Se acompañará a la solicitud:
› La Declaración de Compromisos a que se hace referencia en el anexo 1 del Decreto Supremo 006- 2012-EM (cuadro 16), así como el documento que acredite que el solicitante es propietario o está au- torizado por el o los propietarios del 100% de las acciones y derechos del predio para utilizar el o los terrenos superficiales donde se realizará la actividad. Este documento tiene que estar debidamente inscrito en la Sunarp; en su defecto se presentará el testimonio de escritura pública. Si la concesión se ubicara en terreno eriazo del Estado en zona no catastrada, no será necesario este requisito.
La Ventanilla Única como herramienta de agilización de trámites
Se establece adicionalmente el uso de la Ventanilla Única como herramienta para la agilización de los trámites de formalización de la actividad minera, herramienta desde la cual los interesados podrán realizar los trámites y solicitar información sobre su proceso de formalización. El Ministerio de Energía, Minas e Hi- drocarburos y la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios, dispondrán las acciones necesarias para efectos de brindar sus servicios relacionados con la formalización mediante la Ventanilla Única.
La Ventanilla Única no implica la modificación de las competencias que por ley tiene cada una de las enti- dades mencionadas.
CUADRO 16. Instituciones y autoridades encargadas de la interdicción de la minería ilegal, roles y responsabilidades
con domicilio en con Documento Nacional de Identidad
provincia y depar-
, tamento de Madre de Dios, a efectos del procedimiento iniciado para la obtención de la autorización de inicio/reinicio
con DNI/RUC Nº
, debidamente representado por
de actividades de explotación minera de
(indicar escala), me comprometo a lo siguiente:
» Al cumplimiento y ejecución de todas las medidas dispuestas en el instrumento de gestión ambiental que se apruebe como parte del proceso de formalización.
88 SEGUNDA PARTE
» A adoptar medidas y buenas prácticas para prevenir, controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar o reparar, según corresponda, los impactos y efectos negativos generados por la actividad que desarrolle, antes y luego de concluido el proceso de formalización.
» A desarrollar actividades mineras en los términos que sea otorgada la autorización de inicio, cumpliendo con las condiciones establecidas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM y demás disposiciones establecidas en la legislación vigente.
Asimismo, declaro lo siguiente:
a. Que las maquinarias que se utilicen para el desarrollo de las actividades mineras a mi cargo están registradas en la Sunarp, de conformidad con el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1100.
b. Que me comprometo a presentar dentro del plazo establecido para el proceso de formalización de la actividad minera en las zonas del departamento de Madre de Dios comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100, los requisitos establecidos en la legislación vigente para el otorgamiento de autorización de inicio/reinicio de actividades de explotación minera.
c. Que conozco la legislación en materia minera ambiental que regula las actividades que pretendo desarrollar; en tal sentido, me someto a las acciones de fiscalización que se generen por el incumplimiento de dichas normas.
La presente declaración tiene carácter de Declaración Jurada. El Gobierno Regional de Madre de Dios o el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos podrán verificar de oficio la autenticidad de las declaraciones, los documentos y la información proporcionada por el administrado.
En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, la información o la documentación presentada por el inte- resado se perderá el beneficio de la formalización.
Madre de Dios, (fecha)
La presente Declaración de Compromisos, con el sello y firma del Director Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios como constancia de su verificación y recepción, constituye la certificación de que la persona que la suscribe ha iniciado el proceso de formalización de la actividad minera en las zonas del depar- tamento de Madre de Dios comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100.
Firma y sello del Director Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos Gobierno Regional de Madre de Dios
(1) En caso de que se trate de una persona jurídica, el solicitante debe precisar en este punto la acreditación de su
representación indicando: Poder inscrito en la Partida Nº de Dios.
del Registro de Personas Jurídicas de Madre
Decreto Legislativo N° 1101. Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal
Este decreto legislativo tiene por finalidad –de acuerdo a su artículo 1°– establecer medidas destinadas al
fortalecimiento de la fiscalización ambiental de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal, como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y para asegurar la gestión responsable de los recursos
La fiscalización ambiental comprende, entre otras, acciones en materia de supervisión, fiscalización y san- ción de dichas actividades mineras en el marco de lo establecido en el artículo 11º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
¿Quiénes deben aplicar este decreto legislativo?
Se señala que quienes son responsables de aplicarlo son las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), es decir, en el tema de minería artesanal y pequeña minería:
» Los gobiernos regionales, en cuanto a fiscalización en general.
» La Dicapi, en lo relacionado a la autorización de uso de áreas acuáticas (fluviales y lacustres).
» Asimismo, esta norma comprende bajo su ámbito al OEFA adscrito al Ministerio del Ambiente en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).
¿Qué es lo que deben hacer las autoridades o las EFA para poder cumplir con esta norma?
Deben cumplir con lo siguiente:
a. Identificar a los administrados sujetos a fiscalización bajo su ámbito de competencias, por ejemplo, a través de un padrón.
b. Adoptar las medidas necesarias para contar con los recursos económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental.
c. Contar con instrumentos legales, técnicos y otros requeridos para el adecuado ejercicio de sus funciones.
d. Contar con personal capacitado en materia de fiscalización ambiental aplicable a su ámbito de compe- tencias.
90 SEGUNDA PARTE
¿Qué es lo que se fiscalizará en materia ambiental en la pequeña minería y la minería artesanal?
Los titulares de operaciones de la pequeña minería y minería artesanal son responsables por:
» Los impactos ambientales de las actividades a su cargo, incluida la rehabilitación ambiental, para lo cual deberán contar con un EIAsd o con una DIA, cuando corresponda.
» Cumplir con los compromisos asumidos en dichos instrumentos, que contienen los elementos fisca- lizables.
» No obstaculizar el ejercicio de las acciones de fiscalización ambiental de las que sean objeto, para lo cual permitirán el acceso de los representantes de las EFA competentes y brindarán la información requerida para el cumplimiento de tales funciones.
¿Cómo se realizan las supervisiones de las EFA?
Las EFA (del GORE y de la Dicapi) realizan estas supervisiones en forma regular y con carácter permanente respecto de las actividades de pequeña minería y minería artesanal bajo su ámbito de competencias.
Las supervisiones deben ser comprendidas en sus respectivos Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa), los que deben ser presentados ante el OEFA, en el marco de lo dispuesto en la Resolu- ción de Presidencia del Consejo Directivo Nº 070-2010-OEFA/PCD.
Adicionalmente, en caso de denuncias, contingencias ambientales u otras circunstancias que así lo ameriten se deben ejecutar supervisiones especiales, no programadas.
¿Cómo se informa acerca de estas supervisiones?
Se elaboran reportes de la ejecución de tales supervisiones, que son una parte de las actividades contenidas en el Planefa respectivo. Esto se hace de manera trimestral y de acuerdo al formato especial enviado por el OEFA. En este reporte se informará el cumplimiento de las acciones programadas así como los resultados alcanzados en la mejora del estado de la calidad ambiental derivado de tales acciones.
Las EFA tienen un plazo de diez días útiles luego de terminado cada trimestre para realizar la presentación del reporte correspondiente.
¿Qué pasa si los GORE no presentan el informe trimestral al OEFA?
El incumplimiento en la presentación del reporte indicado así como en la ejecución de las supervisiones programadas será informado semestralmente por el OEFA a la Contraloría General de la República para la adopción de las medidas de control que correspondan. Adicionalmente, el OEFA realizará coordinaciones con la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales para formular la denuncia penal respectiva.
¿Cuál es el procedimiento si se identifican situaciones de grave riesgo ambiental?
Ante la verificación de situaciones de grave riesgo ambiental, y en base al informe técnico que al respecto emita la EFA (del GORE o de la Dicapi), se podrá disponer previamente:
a. La adopción de medidas administrativas previas al inicio del procedimiento sancionador, medidas des- tinadas a asegurar la protección del ambiente y la preservación de la salud de las personas con la fina- lidad de disponer la paralización de actividades y la realización de acciones de remediación ambiental de carácter inmediato.
b. Se podrá imponer sanciones por infracciones, calificadas como:
» Muy graves
Para ello se tomarán en consideración los siguientes criterios específicos:
i. La afectación o riesgo a la salud de la población
ii. Los beneficios económicos obtenidos por el infractor
iii. La gravedad de los daños generados
iv. Las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción
v. Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente
vi. La reincidencia
vii. Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados
¿Cómo se sanciona administrativamente el incumplimiento de las obligaciones ambientales en la tierra?
Además de las acciones de interdicción (incautación o destrucción), el incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables en la tierra referidas al desarrollo de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal se sancionará de acuerdo a la escala que se presenta en el cuadro 17.
92 SEGUNDA PARTE
CUADRO 17. Infracciones, sanciones y medidas complementarias por incumplimiento de medidas ambientales en la tierra para la pequeña minería y la minería artesanal

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 resolución 
 artículo 3
 artículo 9
 resolución 
 artículo15
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 52
 artículo 66
 resolución 
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 307
 artículo 20
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 91
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 11