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Timestamp: 2019-03-22 06:51:28+00:00

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﻿ Sentencia 1998-00171 de marzo 26 de 2009
SENTENCIA 1998-00171 DE 26 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:VALORACIÓN ADUANERA. AL NO SER POSIBLE APLICAR EL MÉTODO UNO DE VALORACIÓN, NI LOS MÉTODOS SUBSIGUIENTES, RESULTA PROCEDENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO 1220 DE 1996, SE DEBE TENER EN CUENTA OTROS CRITERIOS RAZONABLES PARA DETERMINAR EL VALOR DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO ADUANERO, VALORACIÓN ADUANERA
Sentencia 1998-00171 de marzo 26 de 2009
Ref.: Expediente 1998-00171
Actora: Tiendas Mitad de Precio Ltda.
Recurso de apelación contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la unidad administrativa especial —Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales— DIAN, contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de las resoluciones 007 de 29 de enero de 1997 de liquidación oficial de revisión de valor proferida por la división de liquidación de la DIAN de Cartagena; y 0001 de 14 de enero de 1998, proferida por la División Jurídica de la misma entidad, mediante la cual confirmó la resolución anterior.
I.1. Tiendas Mitad de Precio Ltda., mediante apoderado presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1. Son nulas las resoluciones 007 de 29 de enero de 1997 y 001 de 14 de enero de 1998, mediante la cual se efectuó la liquidación oficial de revisión por parte de la DIAN de Cartagena.
2. Que como consecuencia de la declaratoria anterior y a título de restablecimiento del derecho se disponga la “inexequibilidad” de la liquidación oficial y de la imposición de la sanción; se ordene a la Nación reintegrar los valores que eventualmente tuviere que pagar la actora por concepto de la sanción, en forma actualizada de acuerdo con el IPC, desde el momento de la causación hasta la fecha del fallo definitivo; y que los intereses que se generen sean comerciales durante los primeros seis meses de la ejecutoria de la sentencia y moratorios después de este término.
1. Que el 8 de julio de 1996 el intermediario aduanero Alfonso Senior y Cía. Ltda., presentó la declaración 20411003053333-9 para amparar la importación de 20.153, 46 kilogramos de Jersey, tejido de punto, con posición arancelaria 60.02.49.00.00, originarios de Estados Unidos de América.
2. Afirma que la mercancía fue importada bajo el régimen de importación del plan Vallejo, que trata el artículo 172 del Decreto 444 de 1967, de conformidad con los registros de importación 03196 y 03388 del Incomex.
3. Anota que presentó la factura proforma 4807 del 27 de marzo de 1996, expedida por el proveedor Today’s Textiles, Inc, como documento soporte de la declaración de importación y según lo establecido en el artículo 32 literal b) del Decreto 1909 de 1992.
4. Indica que en la citada factura comercial 4807 se determinó como valor FOB de transacción entre comprador y vendedor la suma de US $ 55.538,75. Este valor fue el mismo que se declaró en el documento de importación en las casillas 41 y 62 del formulario respectivo.
5. Sostiene que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2615 de 1993, se procedió a determinar el valor en aduana de la mercancía importada, incrementando el precio de transacción con los gastos de los fletes y seguros causados con ocasión de la operación. De manera que el valor por kilogramo declarado era equivalente a US $ 2,76.
6. Expresa que durante el proceso de importación, la división operativa, mediante acta de 9 de julio de 1996 rechazó el levante de los bienes, por cuanto no se justificó la diferencia entre el precio declarado y el consignado en la Circular 0068 de 1996, en el cual se señala la suma de US $ 50,38 por kilogramo. Que el 28 de octubre de 1996 se concedió el levante de la mercancía importada mediante Acta 0205.
7. Que por Auto 007 de 29 de enero de 1997, se profirió la liquidación oficial de revisión de valor, sobre la declaración de importación, en la cual se impuso una sanción por un valor de $ 307’603.919, correspondiente al 30% del mayor valor en aduanas fijado por la oficina liquidadora.
8. Señala que de una simple lectura del Auto 007, se infiere que la causal que sirvió de fundamento alude a la falta de un requisito formal, cual es el abono de la firma del cónsul, sin que esa oficina haya entrado a analizar ni controvertir el valor de transacción contenido en la factura comercial 4807.
9. Informa que el 27 de febrero se interpuso el recurso de reconsideración contra la Resolución 007 de 1997; y el 14 de enero de 1998, mediante la Resolución 001 se confirmó la liquidación oficial.
10. Sostiene que de la lectura de los actos administrativos se observa que no guardan congruencia alguna entre sí, pues sus decisiones se fundamentan en consideraciones completamente diferentes.
Que, contrariamente a lo afirmado en la Resolución 001 de 1998, no se llevó a cabo ninguna investigación para desvirtuar y desconocer el valor aduanero de las mercancías declaradas en el formulario de importación 20411003053333-9, correspondiente al precio de transacción contenido en la factura comercial 4807, como tampoco se tuvieron en cuenta las listas de precios del proveedor debidamente consularizadas y selladas por la Cámara de Comercio Americana.
1. Afirma que la administración vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que no respetó el debido proceso y el derecho de defensa, pues el fundamento de hecho y de derecho de los actos administrativos difiere, ya que mientras que la Resolución 007 de 1997 argumenta la falta de un requisito formal, como el abono de la firma del cónsul, el acto que la confirma se basa en elementos de juicio completamente disímiles.
2. Que, además, se vulneró la Ley 170 de 1994, en virtud de que “...las autoridades aduaneras desconocieron en forma arbitraria y caprichosa, los elementos probatorios aportados por la sociedad Tiendas Mitad de Precio, los cuales ni siquiera fueron analizados ni controvertidos en la vía gubernativa, contrariando así las normas que sobre valoración aduanera han sido acogidas en nuestro régimen jurídico” (fl. 8).
3. Sostiene que también se violaron los artículos 209 y 83 de la Constitución Política y 64 del Decreto 1909 de 1992, puesto que en el caso en examen, la autoridad aduanera contrariando los postulados de la eficacia y moralidad, así como la presunción de buena fe de la actora, desechó sin justificación alguna los documentos que acreditaban el valor aduanero de las mercancías. “...con esta arbitraria decisión se puso en entredicho la rectitud y honradez de la sociedad, para concluir que los precios pactados entre ella y su proveedor, no eran reales, por lo cual debían ser ajustados a unos valores abstractos, fijados en una resolución de precios mínimos” (fl. 14).
4. Agrega que la multa impuesta a través de los actos administrativos demandados, vulnera el artículo 64 del estatuto aduanero, ya que es inequitativo y contrario a todo principio de justicia la imposición de cargas públicas, gravando a la actora con una pena superior a los trescientos millones de pesos, “...por la importación de unas mercancías que, por expresa disposición legal, se encuentran exentas del pago de tributos aduaneros” (fl. 14).
I.4. La DIAN por medio de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a las pretensiones de la parte actora adujo, principalmente, lo siguiente:
Que las normas aduaneras son normas de derecho público que imponen obligaciones especiales a los particulares cuyo cumplimiento es obligatorio.
Trae a colación el texto del artículo 32 del Decreto 1220 de 1996, así:
“... ante la existencia de una controversia de valor, se origina en razón a que el valor declarado es inferior al precio de referencia o el inspector, con base en datos objetivos y cuantificables, tuviere dudas de la veracidad o exactitud de dicho valor, se autorizará el levante si el declarante justifica documentalmente la diferencia del valor o constituye una garantía por la suma en discusión, la cual deberá ser liquidada y aceptada por la división operativa...” (fl. 80).
Indica que el artículo 35, ibídem, señala que:
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá efectuar ajustes de valor permanente, cuando las adiciones o deducciones a que se refiere el artículo 8º del Acuerdo del valor del GATT de 1994, se deban efectuar en forma repetida en cada importación realizada en igualdad de circunstancias por un mismo importador. Así mismo podrá revisar el ajuste de valor permanente, cuando cambien los hechos o circunstancias comerciales que motivaron su determinación o de acuerdo a la periodicidad o circunstancias determinadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” (fl. 80).
Explica que la Circular 0068 de 1996 estableció para mercancías idénticas o similares la suma de US $ 50,38 Kilogramo, muy superior al declarado por el importador en su declaración de importación 20411003053333 que fue de US $ 2,76 por kilogramo.
Aduce que el valor determinado por la Circular 0068 de 1996, fue utilizado como un parámetro para efectuar la correcta valoración de la mercancía importada.
Sostiene que de los hechos y consideraciones expuestas, se deduce que el importador no acreditó las condiciones de venta que permitieran justificar el valor real de la transacción.
Finaliza su exposición expresando que la actora no acredita, si por la naturaleza de la mercancía, o situaciones especiales del mercado o cualquier otro motivo se pudo afectar el precio, por lo que la prueba aportada (factura de venta), no demuestra por sí sola que ante tanta diferencia de precios para mercancías idénticas o similares, importadas en un mismo momento, sea el valor real de la transacción (fl. 81).
El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de los actos administrativos acusados; ordenó el reintegro de los valores que eventualmente tuviere que pagar la demandante por concepto de la sanción impuesta, y ordenó la actualización de la condena en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, aplicando el IPC.
Para adoptar tal decisión, razonó, principalmente, de la siguiente manera:
Que el demandante enmendó el error inicialmente cometido, al interponer el recurso de reconsideración, presentando la factura 4807 con el abono de la firma por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 12 de febrero de 1997, tal como puede apreciarse a folios 158, 159 y 160 del expediente.
Agrega, que en consecuencia debió tomarse en cuenta este soporte probatorio para valorar las mercancías.
Luego de analizar las diferentes normas existentes para la valoración aduanera de mercancías importadas, argumentó que el importador presentó ante la aduana una factura comercial en original, debidamente consularizada y abonada sin errores, enmendaduras o muestras de adulteración; y así también, presentó ante la aduana otras pruebas que aunque consularizadas no fueron abonadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tales como la lista de precios del proveedor (fls. 144 a 146), copias de otras facturas del proveedor al mismo y otros importadores (fls. 147 a 154); y que aún cuando no pueden ser valoradas por si solas como plena prueba, en conjunto con la factura mencionada sí pueden dar una idea a la demandada de que el precio en ella relacionado corresponde al precio realmente pagado o por pagar, y por lo tanto no puede desecharse el método de valor de transacción del artículo 1º del GATT 1994 (fl. 231).
Agrega, que valorar las mercancías por un método diferente al de valor de transacción, contraviene las normas contenidas en la Ley 170 de 1994, Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1995 y el Decreto 1220 de 1996.
Aclara que si el precio relacionado en la factura es muy inferior al tenido en cuenta para la elaboración de la lista de precios contenidos en la Resolución 0068 de 1996 (según criterio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), entonces, debió observarse que las normas de valoración no se utilizarán para resolver casos relacionados con dumping o subsidios, sino que estos deberán resolverse según la normatividad prevista para ello artículo 21, Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (fl. 231).
Sostiene que es aceptable el criterio de la demandante, al señalar que mediante la declaración de importación posterior 2041003053351-1 de 15 de julio de 1996, lo único que se hizo fue ajustar el valor de la transacción al impuesto por la DIAN, con el fin de evitar un reclazo en el levante de las mercancías y cumplir las metas del plan Vallejo.
Que, en consecuencia, no puede desecharse entonces por esa razón, el método de valor de transacción para valorar las mercancías” (fl. 231).
Que la sentencia prohíja una situación irregular, ya que es evidente que el importador Tiendas Mitad de Precio, al presentar la declaración de importación 2041003053333-9 de 8 de julio de 1996, con el fin de nacionalizar 20.153,46 kilogramos de Jersey, clasificado por la subpartida arancelaria 60.02.49.00.00, declaró un valor de US $ 2.76 por kilogramos, que resulta diferente al establecido en la Circular 0068 de 1996, para mercancías idénticas y del mismo país de origen de US $ 50.38 por kilogramo.
Sostiene que se trata de una operación aduanera subvalorada o subfacturada “... que resulta ser más reprochable en empresas que utilizan el sistema especial de importaciones - exportaciones, ‘plan Vallejo’, como es el caso de la demandante. Que si bien es cierto no paga tributos aduaneros al importar las mercancías, sí adquieren unos compromisos de exportación con el Gobierno Nacional, para lo cual constituyen unas garantías o pólizas de seguros, que se harán efectivas en caso de incumplimiento de esos compromisos. El incumplimiento y la efectividad de la garantía dependerán del valor de las mercancías importadas y por lo tanto sí es importante que ese valor declarado se ajuste a la realidad” (fl. 30).
Agrega que no está de acuerdo con el valor probatorio de la factura 4807 de 17 de marzo de 1997, por cuanto no fue allegada en debida forma ni en la oportunidad procesal establecida por el legislador aduanero, además, porque no puede ser tomado en cuenta para calcular el valor de la mercancía importada, debido a la exagerada diferencia que presenta frente a la lista de precios de referencia establecida en la Circular 0068 de 1996.
Anota que según la legislación aduanera la oportunidad procesal para aportar dicho documento como soporte válido del valor de la mercancía era el momento de la inspección o dentro de los cinco días siguientes a la práctica de esta diligencia.
Añade que el artículo 30 del Decreto 1909 de 1992, adicionado por el artículo 2º del Decreto 1812 de 1995, estableció como causal de rechazo de levante el hecho de que el declarante no entregue el original de los documentos soportes de que trata el artículo 32 de la misma norma.
Reitera que la DIAN no aceptó como valor en aduanas el presentado por el importador en la factura 4807, por encontrarse muy por debajo del precio establecido en la Circular 0068. Este procedimiento se ajustó a la ley aduanera, porque el artículo 16 del Decreto 1220 de 1996 establece que: “Cuando se tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos contenidos en la factura comercial o demás documentos soportes, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 9º de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Afirma que las explicaciones y los documentos aportados por el interesado no fueron suficientes para desvirtuar la duda que genera la desproporción entre el precio declarado y el de referencia establecido en la aludida Circular 068.
Señala que se acudió a lo previsto en el artículo 25 del Decreto 1220 de 1996, en el sentido de que aplicando en forma flexible los primeros cinco métodos no era posible determinar el valor en aduanas de la mercancía. Lo anterior explica que se haya tomado la Circular de precios de referencia 068 de 1996.
Finaliza su exposición indicando que no se trata de un problema de dumping o subsidios, que son figuras diferentes de la subvaloración o subfacturación, sino de la pretensión de nacionalizar una mercancía con unos precios muy bajos, para beneficiarse en caso de incumplir con los compromisos de exportación.
La Resolución 00001 de 14 de enero de 1998, por medio de la cual la DIAN Cartagena resolvió un recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión de valor 00007 de 29 de enero de 1997 (fls. 33 al 38, cdno. 1) sostiene:
“De conformidad con el inciso segundo del artículo 1º, 12 y 13 de la Resolución 932 de 1994, el inspector comisionado niega el levante de las mercancías amparadas con la declaración de importación 2041003053333-9 del 8 de julio de 1996, por cuanto la posición arancelaria declarada 60.02.49.00.00 estaba incluida en la Circular de precios de referencia 0068 de 1996, la cual indicaba un precio sensiblemente superior al declarado”.
Con base en el texto citado, se concluye que el funcionario a través de un simple cotejo entre el valor declarado y el valor señalado en los precios de referencia, procede a negar el levante de la mercancía.
En ese orden de ideas se debe observar la definición de precio de referencia contenida en la Ley 170 de 1994 así:
“Precio de referencia. El precio establecido mediante circular por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, tomado con carácter indicativo para controlar durante el proceso de inspección, el valor declarado para mercancías idénticas o similares. Este precio podrá ser tomado como base de valoración en el control posterior, siempre y cuando no existan mejores elementos de juicio para la valoración de las mercancías, una vez se hayan agotado rigurosamente los métodos del 1 al 5, del Acuerdo del valor del GATT.”
Según lo dispuesto en la norma citada, se infiere que para aplicar el precio de referencia se deben tener en cuenta los siguientes presupuestos:
— Se deben haber agotado rigurosamente los métodos de 1 al 5 del Acuerdo de valor del GATT.
El primer método para determinar el valor en aduana según el Acuerdo del GATT, es el de valor de transacción, el cual es el más importante sistema de determinación del valor en aduana, en cuya aplicación se parte del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías; solo cuando no es posible aplicar este método se recurrirá en orden sucesivo a los siguientes, hasta encontrar el primero que permita determinarlo. Uno de los requisitos esenciales para su aplicación, es que exista venta, es decir la transferencia de la propiedad de una mercancía a cambio de una suma de dinero o título representativo del mismo.
Así mismo, y por su parte el Decreto 1220 de 1996 en sus artículos 15 y 16 definen lo relacionado con los términos “precio pagado o por pagar” y “factura comercial”, así:
“ART. 15.—Precio pagado o por pagar. Comprende todos los pagos realmente efectuados o por efectuarse, como condición de la venta de las mercancías importadas, por el comprador al vendedor, o por el comprador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor. El precio que aparece en factura del vendedor se denomina pago directo y el pago que hace el comprador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor, se denomina pago indirecto”.
“ART. 16.—Factura comercial. El precio expresado en la factura comercial podrá ser tomado como base de valoración, siempre y cuando corresponda al efectivamente pagado o por pagar directamente al vendedor y esté soportado en documento original.
Al respecto el tribunal al revisar el expediente verificó que el error en que incurrió la parte del demandante, en cuanto a que presentó la copia de la factura 4807 de marzo 17 de 1996 fue superado por el importador Tiendas Mitad de Precio Ltda., en el trámite administrativo de agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto, y como se ve a folio 158, 159 y 160 del expediente, al interponer recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión de valor 0007 el 29 de enero de 1997, allegó al expediente la misma factura consularizada, pero esta vez con el abono de la firma por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 12 de febrero de 1997.
No obstante lo anterior y de conformidad con el artículo 16 del Decreto 1220 de 1996, la Sala observa que el a quo pasó por alto la exigencia legal de que la factura debió presentarse en documento original.
Este elemento resulta relevante, en la medida que al no presentarse la factura original, mal podría el funcionario público aplicar el primer método de valoración, dando vía libre a la aplicación del segundo método, es decir el método del “valor de transacción de mercancías idénticas”.
Al no ser posible aplicar el método uno de valoración, ni los métodos subsiguientes, resultó procedente, con fundamento en el artículo 25 del Decreto 1220 de 1996, tener en cuenta otros criterios razonables para determinar el valor de las mercancías importadas por Tiendas Mitad de Precio Ltda., es decir los precios de referencia y por lo tanto el proceder de la administración fue ajustado a la ley.
Es preciso resaltar, que la Sala en otras oportunidades, entre ellas, en sentencia de 28 de febrero de 2002 (Exp. 6876. Actora: Konalka Ltda., C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), se pronunció en relación con la aplicación del método de valoración de mercancías, así:
“...Según se desprende del texto de los actos acusados y de los antecedentes administrativos, lo que determinó que a la actora se le abriera investigación y posteriormente se le formulara una “liquidación oficial de revisión de valor” respecto de la mercancía importada..., fue el hecho de que el valor de las mismas arrojaba duda sobre su veracidad o exactitud...”.
(...). “En la demanda los cargos descansan en un indebida aplicación del método utilizado por la administración para establecer el valor de las mercancías pues, a juicio de la actora, debió tenerse en cuenta el valor de la transacción y observarse el texto del artículo 65 del Decreto 1909 de 1992, en el sentido de que la demandada debió confrontar productos similares del mercado.
El artículo 9º de la Decisión 378 sobre “valoración aduanera”, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invoca, entre otros, como sustento de los actos cuestionados, prevé:
“Cuando haya sido presentada una declaración y la aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas...”.
“... Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del valor del GATT de 1994...”.
“El artículo 16 del Decreto 1220 de 1996, “por el cual se establecen disposiciones para la aplicación de las normas sobre valoración aduanera del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y de las decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, que guarda estrecha relación con la norma transcrita, es del siguiente tenor:
Este documento debe ser expedido por el proveedor, o el exportador de la mercancía. No debe presentar borrones, enmendaduras o muestra de alguna adulteración.
Cuando se tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos contenidos en la factura comercial o demás documentos soporte, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 9º de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Conforme se evidencia del escrito obrante a folios 116 a 118 del cuaderno de antecedentes, contentivo del recurso de reconsideración, la actora en la vía gubernativa insistió en que la factura cambiaria de compraventa que se anexó a la declaración de importación claramente demostraba que el valor declarado es el “valor real de la transacción”.
Ello significa que a la aduana no se le presentaron otros documentos u otras pruebas que respaldaran la factura de compraventa en cuanto confirmaran que el valor declarado representaba la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, según los términos de las disposiciones reseñadas, por lo que, necesariamente, habrían de persistir, como en efecto sucedió, las dudas razonables que adujo tener la administración, y, por ende, el valor de la transacción, que corresponde al método 1 de valoración previsto en el artículo 12 del citado Decreto 1220 y que reclama la actora, no podía tener aplicación.
“ART. 12.—Método para determinar el valor en aduana. Los métodos para determinar el valor en aduana según el Acuerdo del valor del GATT de 1994, son los siguientes:
1. Método 1. Método del valor de transacción. Se regirá por lo dispuesto en los artículos 1º y 8º del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y sus notas Interpretativas.
2. Método 2. Método del valor de transacción de mercancías idénticas. Se regirá por el artículo 2º del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y su nota Interpretativa.
3. Método 3. Método del valor de transacción de mercancías similares. Se regirá por el artículo 3º del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y su nota Interpretativa.
4. Método 4. Método deductivo. Se regirá por el artículo 5º del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y su nota interpretativa.
5. Método 5. Método del valor reconstruido. Se regirá por el artículo 6º del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y su nota interpretativa.
6. Método 6. Método del último recurso. Se regirá por el artículo 7º del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y su nota interpretativa”.
Ahora, la demandada en los actos acusados explica las razones por las cuales los métodos subsiguientes, esto es, los del 2 al 5 no fueron aplicados y frente a ellas la actora ni en la vía gubernativa ni en esta instancia jurisdiccional aportó o solicitó medio probatorio alguno tendiente a desvirtuarlas.
En efecto, según la DIAN , los métodos 2 y 3 no tenían aplicación ya que la actora es la única importadora de ese tipo de mercancías, por lo que no hay lugar a que existan otros importadores para determinar el valor con base en mercancías idénticas o similares; el método deductivo tampoco se aplica, pues el importador no dio respuesta satisfactoria a la información solicitada, referente a aspectos generales de la transacción, el valor comercial de los bienes en el mercado interno, para así poder deducir de dicho precio los elementos extraños al valor y llegar al que realmente se hubiera pagado; y el método 5 tampoco se tuvo en cuenta, porque su aplicación está suspendida conforme a la Decisión 378 (fl. 13).
Y en aplicación del método 6 acudió a otra fuente de información, esto es, a la lista de precios del fabricante para la misma mercancía y momento aproximado al de la valoración, presentada ante el cónsul de Colombia en Boston, de donde pudo establecer que los valores contenidos en la factura de compraventa base de la declaración de importación eran considerablemente inferiores, lo que corrobora que las dudas tenían suficiente asidero y justificaban la formulación de la “liquidación oficial de revisión de valor”, tendiente al reconocimiento del valor de los tributos, atendiendo al verdadero valor de la mercancía.
Lo anterior descarta la violación del artículo 65 del Decreto 1909 de 1992, que por falta de aplicación plantea la actora, pues esta disposición prevé que la determinación de los tributos aduaneros y la imposición de sanciones debe fundarse en los hechos que aparezcan probados en el proceso, como ocurrió en este caso, según quedó visto; y que corresponde al investigado la carga de aportar los documentos que acrediten que la importación se realizó conforme a las normas correspondientes y, como ya se vio, la administración desvirtuó la veracidad de los datos contenidos en la factura de compraventa de la mercancía importada, por lo que se descarta que la importación de la actora se hubiera ajustado a las normas aduaneras...”.
Consecuente con lo que ha quedado reseñado, estima la Sala que la demandada aplicó el método adecuado de valoración, en la medida en que las explicaciones y los documentos aportados por la actora no ofrecían la convicción que se requiere para desvirtuar la duda que genera la desproporción en los precios, de ahí que bien podía acudir a la Circular de precios de referencia 068 de 1996.
Por lo anterior, la sentencia apelada debe revocarse para disponer, en su lugar, la denegatoria de las pretensiones de la demanda.
REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, se dispone: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2009.

References: ARTÍCULO 25
 resolución 
 artículo 172
 artículo 32
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 32
 artículo 35
 artículo 8
 artículo 178
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 25
 artículo 65
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 65