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Timestamp: 2019-02-17 06:50:46+00:00

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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Mayo de 2014 (caso Baistrocchi, Gualberto Arturo c/Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/Demanda contencioso administrativa) - Jurisprudencia - VLEX 704594113
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Mayo de 2014 (caso Baistrocchi, Gualberto Arturo c/Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/Demanda contencioso administrativa)
Presidente: Kogan-Genoud-Soria-Domínguez-Borinsky-Mancini
En la tarea de interpretar la ley ha de tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persigue y que, con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente,... (ver resumen completo)
En la ciudad de La Plata, a 21 de mayo de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., G., S.,D., B., M.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.025, "Baistrocchi, G.A. contra Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo). Demanda Contencioso Administrativa".
El actor, por apoderada, promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires -Poder Ejecutivo- (fs. 8 a 15), impugnando por ilegítima la Resolución 681/99 del Instituto Obra Médico Asistencial, por la que se desestimó su pretensión de desafiliación al régimen del Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) y de la Resolución 1174/99, por la que se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto anterior.
Solicitó asimismo se declare "la inaplicabilidad o ilegitimidad de la aplicación" a su respecto de los arts. 16 y 17 de la ley 6982 (Orgánica del I.O.M.A.), entendidos como exigencia de afiliación obligatoria del actor -en su carácter de funcionario miembro del Ministerio Público provincial- a la obra social indicada.
Finalmente, pidió la reparación de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de la ilegitimidad de los actos aquí impugnados, estimados en base a las retenciones salariales que le fueran efectuadas por tal concepto, a partir de la fecha en que formulara el reclamo.
Corrido el traslado de ley se presentó a juicio la Fiscalía de Estado, que al contestar la demanda (fs. 23 a 28) solicitó su rechazo, sosteniendo la legalidad de los actos impugnados.
Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba actora y los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de ser resuelta, por lo que corresponde plantear y votar la siguiente
A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:
Explica el actor que reclamó ante el I.O.M.A. la desafiliación de esa obra social provincial, con fundamento en la ley 12.061, que dispuso la equiparación de los miembros del Ministerio Público -que integra- con los jueces provinciales, en cuanto a los derechos e inmunidades de que estos últimos gozan.
Indica que la demandada denegó la petición efectuada sosteniendo que el art. 17 de la ley 6982 únicamente excluye de la obligatoriedad de afiliación a los "jueces" y tal exclusión no está referida a aquellos funcionarios que se encuentran equiparados en nivel jerárquico, remunerativo y de trato con aquéllos, aun cuando gocen de sus mismos derechos e inmunidades y consideró que tal norma no debe ser interpretada extensivamente.
Señala que, a su entender, los actos administrativos cuestionados resultan ilegítimos pues han resuelto la cuestión aplicando literal y aisladamente el art. 17 de la ley 6982, "... con absoluta prescindencia del sistema jurídico en el cual dicha norma debe interpretarse en cuanto a su esencia axiológica y a su efectiva vigencia para el caso".
Sostiene que la ley 11.571 -Presupuesto Gral. de la Administración Provincial para el Ejercicio 1994- sólo efectuaba una equiparación salarial de los integrantes del Ministerio Público con los jueces, pero que con la sanción de la Ley del Ministerio Público -12.061- la cuestión ha tenido definición normativa. Ello, porque el art. 4º de la citada ley, con particular referencia a equiparación y estabilidad, establece que los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos e inmunidades que los jueces.
Por último, destaca que la ley mentada establece claramente en su art. 97 la derogación de todas las disposiciones legales que se le opongan.
En resumen, afirma que la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público ha implicado la derogación de la obligatoriedad de afiliación de los integrantes de aquél al I.O.M.A.; la inaplicabilidad del art. 16 de la ley 6982 a dichos funcionarios y la necesaria interpretación, en el sentido propiciado, del art. 17 de la ley 6982, comprensiva de los miembros del Ministerio Público.
Por otra parte, manifiesta que el fundamento del art. 17 de la ley 6982 (del I.O.M.A.) es el principio constitucional de la intangibilidad de la remuneración, consagrado en el art. 110 de la Constitución nacional para los jueces y en el art. 120 para los miembros del Ministerio Público.
Considera que, si bien la Constitución provincial no tiene una cláusula que consagre expresamente la intangibilidad de las remuneraciones, se ha sostenido la operatividad del principio constitucional y la obligatoriedad de su aplicación en la provincia y ha sido reconocida por decreto 1053/1994.
Para el caso de que se considere vigente la exigencia del art. 16 de la ley 6982, plantea la inconstitucionalidad de la norma, por limitar irrazonablemente la equiparación de derechos e inmunidades que el ordenamiento jurídico en vigor reconoce a los miembros del Ministerio Público respecto de los jueces y considera irritados -por una interpretación de estas características- su derecho de propiedad; la garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley.
Al contestar la demanda (fs. 23 a 28) el señor F. de Estado solicita su rechazo, con los siguientes argumentos:
A través de la ley 6982 se creó un sistema de obra social abierta y arancelada para el personal de la Administración Pública, para satisfacer los requerimientos de salud en el ámbito provincial. El art. 16 establece la obligatoriedad de la incorporación al sistema, que constituye la regla para los agentes estatales de la provincia de Buenos Aires. Dicha regla está excepcionada en los únicos y exclusivo supuestos previstos por el art. 17, dentro de los cuales no está comprendido el Ministerio Público. Sus integrantes no son funcionarios de cargos electivos ni jueces.
Más allá de la equiparación, que a afectos del desenvolvimiento de sus funciones hace la ley 12.061, median diferencias sustanciales entre el rol que desempeñan los jueces y el que cabe a los miembros del Ministerio Público. Pretender incluir a sus miembros por vía de equiparación funcional a los jueces en materia asistencial implica distorsionar los claros términos de la norma, que de modo especial ha regulado un beneficio excepcional dentro del sistema asistencial provincial, beneficio que, por su propio carácter, no puede ser interpretado extensivamente. Si la ley sólo se refiere a "jueces" y no a "funcionarios equiparables" ha habido una clara intención del legislador de circunscribir la excepción sólo a aquéllos.
Las razones de solidaridad que inspiran el sistema requieren la permanencia y contribución de los miembros beneficiarios para su mantenimiento, para no tornar ilusorios los derechos del grupo social que se pretende beneficiar.
El derecho a la no afiliación obligatoria al I.O.M.A. emana de una norma de carácter especial, razón por la cual no corresponde entender que pueda ser modificada por una norma posterior de carácter general como es la ley 12.061.
Las argumentaciones sostenidas por el actor no logran conmover la validez constitucional de las normas cuestionadas, de las que surge la existencia de un fin público y la adecuación de los medios utilizados, resultando un instrumento apto para el resguardo del sistema asistencial delineado por el legislador.
La declaración de inconstitucionalidad de una norma importa siempre un acto de extrema gravedad institucional que debe ser considerada últimaratiodel ordenamiento jurídico, razón por la cual un planteo de esta índole debe contener un sólido desarrollo argumental.
La intangibilidad de la remuneración del actor no se encuentra afectada por aportar al I.O.M.A., en la medida en que una mínima proporción de la retribución es la que se destina al sistema.
En el caso en que se considerara que el doctor B. tiene derecho a no afiliarse obligatoriamente al I.O.M.A., la indemnización por daños y perjuicios deviene igualmente improcedente, toda vez que no se ha demostrado en autos el perjuicio que generaría el derecho a su reconocimiento.
De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surgen los siguientes datos de interés:
A. Con fecha 22-IV-1999 el actor inició ante el I.O.M.A. el expediente 2914-8887, solicitando su desafiliación a la obra social provincial, por haber sido equiparado al cargo de juez de 1ª instancia. La petición se glosa a fs. 1/3.
B. La Asesoría General de Gobierno dictaminó en forma adversa a la petición formulada (fs. 6/7). En igual sentido se pronunció la Comisión de Asuntos Legales y el Directorio del I.O.M.A. (fs. 9 y 9 vta.).
C. Por Resolución 0681/99 del I.O.M.A. (8-VII-1999) se rechazó la petición de desafiliación (fs. 13). La notificación se glosa a fs. 14 y 14 vta.
D. El 5-VIII-1999 el actor planteó recurso de revocatoria contra el acto administrativo mencionado (fs. 1/2 alc. 1, agregado como fs. 16).
E. Previos dictámenes jurídicos (fs. 19/21) con fecha 10-XII-1999, por Resolución 1174/99 del I.O.M.A. se rechazó el recurso planteado, siendo tal acto notificado al interesado (fs. 34 y 34 vta.).
Expuestos de tal modo los antecedentes delsub lite,recuerdo que el actor no solamente peticiona que se ordene al I.O.M.A. que proceda a desafiliarlo, sino que también pretende que le sean indemnizados los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del acto impugnado, cuantificados en todas las sumas que obligatoriamente le fueron descontadas en concepto de aportes a la obra social de la que pretende desvincularse.
En síntesis: el accionante ha esgrimido una pretensión de anulación y otra por cuya vía pretende la reparación de determinados perjuicios que -según aduce- ha debido soportar.
A.L. debo señalar que al tiempo de dictarse sentencia ha perdido actualidad el tratamiento de la primera pretensión articulada en la demanda.
En efecto: el doctor G.A.B., Defensor Oficial del Departamento Judicial de San Isidro y por tal razón integrante del Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, peticionó su desafiliación al I.O.M.A. el 22-IV-1999 (fs. 1/3, expediente administrativo 2914-8887/99) con fundamento en su equiparación a los jueces efectuada por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
B. La Ley Orgánica del Ministerio Público fue promulgada por decreto 4515/97 el 19-XII-1997 y publicada en el Boletín Oficial 23.513 el 8-I-1998.
C. Agotada la instancia administrativa con resultado desfavorable, la demanda en análisis se interpuso el 29-XII-1999 (ver cargo de fs. 15 vta., expediente judicial).
D. Con fecha 23-VIII-2001 el entonces Procurador de esta Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución 1251, a través de la cual en vista de la equiparación de derechos e inmunidades de los miembros del Ministerio Público con los conferidos a los jueces del Poder Judicial dispuesta por el art. 4 de la ley 12.061 y con fundamento en el principio de igualdad consagrado por el art. 11 de la Constitución provincial, resolvió que correspondía hacer extensiva a los miembros del Ministerio Público enumerados por el art. 9 de su Ley Orgánica la mentada prerrogativa existente en el art. 17º de la ley 6982, Orgánica del Instituto de Obra Médico Asistencial.
De tal modo, se autorizó a la Subsecretaría de Administración a hacer lugar a las peticiones de desafiliación al I.O.M.A. que efectuaran los miembros del Ministerio Público comprendidos en el art. 9 de la ley 12.061.
E. En el mismo sentido, esta Corte provincial, por Resolución 1119 -Secretaría General- del 12-IV-2000, citando precedentes en los que el I.O.M.A. había hecho lugar a peticiones de desafiliación, autorizó a la Subsecretaría de Administración a hacer lugar a las peticiones de desafiliación que efectuaran los secretarios del Tribunal.
F. Con posterioridad, la Resolución 0165 de esta Suprema Corte, del 13-III-2002, confirió idéntica autorización a favor de los subsecretarios del Tribunal.
G. Lo anteriormente reseñado pone de manifiesto que, tanto los miembros del Ministerio Público comprendidos en el art. 9 de la ley 12.061, cuanto los secretarios y subsecretarios de la Suprema Corte de Justicia provincial, dada la equiparación con los jueces establecida legalmente y con sustento en la garantía de igualdad ínsita en la Constitución de la Provincia (art. 11) han sido autorizados, desde las fechas indicadas más arriba, a peticionar y obtener su desafiliación del I.O.M.A.
Ello implica que, si bien es cierto que lo dispuesto lo ha sido por vía de resoluciones administrativas, no lo es menos que algunos de tales actos administrativos han sido suscriptos por los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia provincial; otros involucran directamente a funcionarios de jerarquía similar a la del actor y el resultado es precisamente el pretendido por éste: no ser obligado a afiliarse al Instituto de Obra Médico Asistencial.
De tal modo, el demandante ha visto satisfecha su petición por fuera del proceso y, por tanto, la pretensión originaria de desafiliarse de la obra social se ha tornado insustancial.
Sobre el punto, creo necesario destacar que ninguna influencia sobre la cuestión puede tener la entrada en vigencia de las recientes modificaciones introducidas por la ley 13.965 al régimen de afiliación al I.O.M.A. (arts. 16 y 17, ley 6982), en tanto, sin perjuicio de que ahora se enumera en forma taxativa a los funcionarios y magistrados que pueden afiliarse facultativamente, está claro que el actor consolidó su situación bajo el amparo de normas anteriores y la naturaleza de la cuestión no admite la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones (arts. 3, Código Civil y 39 inc. 3°, Constitución de la Provincia).
H. Sin perjuicio de lo reseñado, es menester recordar que el doctor B. solicitó la indemnización por los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del mantenimiento de la situación de afiliación obligatoria, a los que ha cuantificado en el total de las sumas que le fueran descontadas en su momento en concepto de obra social obligatoria, cuya actualización también pretende.
Considero que esta pretensión también debe ser desestimada, toda vez que el demandante no ha explicado, ni siquiera someramente, cuáles han sido los perjuicios que la afiliación al I.O.M.A. le ha producido, ni cuáles los daños que le fueran inflingidos como consecuencia del mantenimiento de la obligación de afiliación.
Es que la prueba del daño corre por cuenta de quien lo reclama, no siendo suficiente la mera posibilidad de su existencia (doctr. causa B. 48.918, "Elemec S.A.", sent. del 17-IV-1984).
Antes bien, entiendo que el haber permanecido bajo la cobertura de la obra social del I.O.M.A. en ningún modo pudo haber ocasionado al actor consecuencias dañosas que ameriten su reparación.
Muy por el contrario, la cobertura puesta a su disposición por el I.O.M.A. ha coadyuvado a hacer efectiva la garantía del acceso a la salud establecida por el art. 36, ap. 8, de la Constitución provincial.
Ello, puesto que una cosa es decir que alguien tiene derecho a optar por la obra social a la que desea estar incorporado y otra muy distinta es imputar perjuicios -no especificados, ni menos aún demostrados- al hecho de permanecer en calidad de afiliado obligatorio a la obra social provincial.
Por lo demás, la existencia de una relación de causa-efecto entre el hecho que se le imputa a la Administración y el daño producido es una condición indispensable para que se pueda atribuir a aquélla el deber de resarcir ese daño (causa B. 55.544, "Suartyc S.A.", sent. del 28-IX-2005).
J. Si el accionante no ha acreditado la ocurrencia de consecuencias dañosas para su parte, ni tampoco ha demostrado fehacientemente la relación causal entre tales situaciones desfavorables y su permanencia como afiliado obligatorio del I.O.M.A., naturalmente debe concluirse en que no resultan acreditados en elsub liteperjuicios que ameriten ser reparados.
A la cuestión planteada, voto por lanegativa.
Costas por su orden (arts. 78 inc. 3in fine, ley 12.008, conf. mod. ley 13.101 y art. 17, ley 2961).
1. El señor G.A.B., en su carácter de Defensor Oficial del Departamento Judicial San Isidro, promovió demanda contencioso administrativa procurando la anulación de la resolución 681/99 dictada por el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial mediante la cual se denegó su solicitud de desafiliación de dicho sistema de salud.
Asimismo requirió de este Tribunal la declaración de inaplicabilidad a su respecto de los arts. 16 y 17 de la ley 6982, como también la reparación de los daños que alega haber sufrido.
Los fundamentos aducidos por el accionante, pueden válidamente resumirse en que el art. 4 de la ley 12.061 estableció que los miembros del Ministerio Público tenían los mismos derechos e inmunidades que los jueces provinciales, determinando además en su art. 97 la derogación de cualquier normativa que se opusiese a la misma.
A partir de allí colige que la sanción de la legislación mencionada tuvo efecto derogatorio sobre el art. 16 de la ley 6982, y subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad del citado precepto en cuanto limita irrazonablemente la equiparación a los magistrados locales dispuesta por la ley citada, quebrantando dicha igualdad.
1. El art. 17 de la normativa en análisis determina categóricamente la exclusión de la obligatoriedad que fija el art. 16, a aquellos funcionarios cuyo cargo sea electivo, los jueces del Poder Judicial, los cuales podrán solicitar su afiliación voluntaria al I.O.M.A., la que será resuelta por el directorio.
La exégesis legal no refiere directamente al cargo que ocupa el aquí accionante.
Sin embargo, el señor B. invoca el art. 4 de la ley 12.061 que prevé que los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos e inmunidades que los jueces.
Entiendo que este plano de la impugnación es precisamente en donde se estructura el debate que permite componer la presente controversia.
Por tal motivo corresponde dilucidar, si el concepto de asimilación utilizado por la Ley del Ministerio Público tiene la amplitud de alcanzar a la regla general de adscripción al ente demandado.
Ciertamente, por expresa voluntad del Legislador provincial puede considerarse el concepto con la extensión que pretende el actor, toda vez que el cargo que reviste el demandante es susceptible de la parificación anunciada.
Tales conclusiones no se desvanecen con la sanción de la ley 13.965.
El art. 16 determina el régimen de afiliación obligatoria, aclarando que las excepciones al mismo serán las que expresamente se prevén y que en modo alguno resultan extensivas a cargos distintos de los enunciados.
Por su parte el art. 17 -en lo pertinente- fija que los legisladores, los jueces del Poder Judicial, el Procurador y Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia podrán solicitar su afiliación en forma facultativa.
Es decir, el nuevo texto dado a los citados arts. 16 y 17 no contempla de manera expresa la posibilidad de excluir del régimen de afiliación a los miembros del Ministerio Público, con lo cual debe valorarse el impacto de la nueva legislación sobre los contenidos del art. 4 de la ley 12.061.
Entiendo, como adelanté, que no existen dificultades en la armonización de ambos textos, posibilitando la afiliación facultativa de los funcionarios mencionados.
De los fundamentos que informan la ley 13.965 se desprende que el motivo por el cual los jueces del Poder Judicial se encuentran exceptuados de la obligatoriedad obedece a garantizar su independencia e intangibilidad de su remuneración.
Concretamente se consideró que: "La última previsión se complementa con la contenida en el artículo 17 bis propuesto ('... Quedan excluidos de la obligatoriedad que fija el art. 16, los legisladores, los jueces del Poder Judicial, el procurador y el Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia alcanzados por dicho régimen en razón de ejercer funciones de docencia o investigación...'), pues en esta inteligencia se busca que los legisladores y magistrados que posean cargos docentes o vinculados a la investigación (únicos que pueden ejercer sin incompatibilidad con sus funciones) alcanzados por el régimen de afiliación obligatoria al IOMA se vean exceptuados de la misma, de modo tal que la adhesión facultativa aquí propiciada siempre esté en cabeza de los mismos, incluso ante la superposición de regímenes que puedan implicar en algún caso una afiliación compulsiva. De esta forma se busca impedir cualquier afectación a la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, garantizándose por ende la inexistencia absoluta de presiones político-partidarias o económico-sociales sobre los funcionarios que los integran, o que puedan vincularse con la intangibilidad de sus remuneraciones".
Es decir, el sistema de obligatoriedad valora a los efectos de las excepciones la garantía de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, y por ende la inexistencia absoluta de presiones político-partidarias o económico-sociales sobre los funcionarios que los integran, o que puedan vincularse con la intangibilidad de sus remuneraciones.
Tales detalles son precisamente los que ha tenido en cuenta el art. 4 de la ley 12.061, de modo que mal puede entenderse derogado por la ley 13.965, si precisamente dichos extremos son los que ahora se han querido proteger.
Adicionalmente, señalo que existen -a la fecha de esta decisión- en el ámbito de la Legislatura local distintos proyectos legislativos en el mismo sentido que el expuesto precedentemente.
Por ello concluyo que el personal que integra el Ministerio Público provincial -cuyos cargos se encuentran comprendidos en la regla de parificación fijada en el art. 4 de la ley 12.061- tiene igual habilitación que con el texto anterior al dado por la ley 13.965.
Finalmente en lo que se vincula con el reclamo de pago de los daños que el actor aduce haber sufrido, adhiero a las consideraciones que brindara la señora J. doctora K. en su exposición.
Con el alcance señalado, voto parcialmente por laafirmativa.
El conflicto suscitado en elsub examinedebe encauzarse a través de una exégesis de las normas en juego que armonice su contenido antes que conduzca a una confrontación irreconciliable. En tal conjunción, ha de jugar un papel relevante la ponderación de los principios jurídicos en los que el propio legislador se asentó para la conformación de los textos legales que aquí lucen en aparente contradicción.
El sistema de afiliación voluntaria al ente asistencial provincial, en cuanto respecta a los jueces del Poder Judicial, tanto en el texto original del art. 17 de la ley 6982, como luego de la reforma introducida por la ley 13.965 (B.O. del 10-II-2009), encuentra su razón de ser en la necesidad de garantizar su independencia e intangibilidad de las remuneraciones (v. Fundamentos de la ley 13.965).
Tales prerrogativas, de rango constitucional (arts. 176 y 180, C.. prov. y 110, C.N.), han sido reconocidas a los integrantes del Ministerio Público -bien que con los alcances propios de su función- por los arts. 2 y 4 de la ley 12.061, en consonancia con los lineamientos establecidos por el art. 189 de la Constitución provincial, que los sitúa formando parte del Poder Judicial de la Provincia. A su vez, no sólo son objeto de designación con los mismos requisitos y procedimientos que los aplicados a los jueces (art. 175 de la Const. prov.) sino que conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y solamente podrán ser suspendidos o removidos, de acuerdo con el procedimiento de enjuiciamiento previsto en el art. 182 de la Constitución de la Provincia.
Esta singular situación institucional, aun en su confronte con lo establecido en el art. 16in finede la ley 6982 (texto conf. ley 13.965) no puede ser interpretada en forma aislada (doc. C.S.J.N.,in re:S. 231. XLV., "S., R. c/ Estado Nacional - AFIP s/ acción declarativa de certeza", sent. de 28-IX-2010). Por el contrario, cabe recordar que en la tarea de interpretar la ley ha de tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persigue y que, con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (C.S.J.N., Fallos 327:1507; 329:2876; entre otros).
Establecida la gravitación de tales principios en la especie -que por cierto garantizan un rol institucional y no privilegios personales (doc. C.S.J.N., Fallos 315:2386; 319:1352 y 322:752)- sólo resta aclarar que su compatibilidad con el principio de solidaridad que inspira el sistema de afiliación obligatoria al I.O.M.A., ha sido objeto de juicio por el propio legislador, sin que corresponda a esta Corte -atento el alcance con que se plantea esta controversia- emitir opinión sobre el punto.
Consecuentemente, y dejando sentado que no he suscripto las Resoluciones S.C.B.A. 1119/00 y 165/02, adhiero al voto del doctor G., prosperando la pretensión impugnatoria deducida en autos.
En cuanto a las demás pretensiones articuladas en la demanda, comparto los fundamentos y solución propuesta por la doctora Kogan (punto IV, aps. H., I. y J.).
Con el alcance que surge de la presente, voto por laafirmativa.
El señor Juez doctorD.,por los mismos fundamentos del señor Juez doctor G., votó también por laafirmativa.
El señor Juez doctorB.,por los mismos fundamentos del señor Juez doctor S., votó también por laafirmativa.
El señor Juez doctorM.,por los mismos fundamentos del señor Juez doctor G., votó también por laafirmativa.
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda anulando la Resolución 681/99 del Instituto Obra Médico Asistencial, por la que se desestimó la pretensión de desafiliación al régimen del Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) del accionante y la Resolución 1174/99, por la que se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra ese acto.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2961; 78 inc. 3º,in fine, ley 12.008, texto según ley 13.101).
R. y notifíquese.
FEDERICO GUILLERMO DOMINGUEZ RICARDO BORINSKY
FERNANDO LUIS MARIA MANCINI
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 30 de Diciembre de 2015 (caso TANNURE, JOSE ALBERTO c/ ANSES s/REAJUSTES POR MOVILIDAD)
Sentencia nº 102526 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Provincia de Jujuy, de 8 de Febrero de 2018

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