Source: https://economiazero.com/se-declara-nulo-por-usura-un-contrato-de-tarjeta-de-credito-de-bankinter-de-un-usuario-de-ez/
Timestamp: 2020-08-15 14:57:48+00:00

Document:
Se declara nulo un contrato de tarjeta de crédito de Bankinter por usura
« BBVA es condenada a la nulidad de un contrato de tarjeta con una TAE del 25,34 % por usurario
Un Juzgado de La Laguna declara la nulidad de una tarjeta de crédito de Wizink suscrita por un usuario de EZ »
Se declara nulo por usura un contrato de tarjeta de crédito de Bankinter de un usuario de EZ
El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de Bankinter de un usuario de EZ por usurario.
La demandante firmó con la entidad financiera un contrato de tarjeta de crédito en el que se imponía un interés con una TAE del 26,82 %, mientras que la TAE media en España de los créditos de consumo era de 10,48 % en el año 2008, año de firma del contrato.
Además, la entidad financiera redacto unilateralmente el contrato de tarjeta revolving, incluyendo una cláusula de comisión por reclamación, imponiéndosela al usuario de EZ sin aportar ninguna información al respecto.
Ante lo dispuesto, cabe afirmar que el contrato de tarjeta establecido por la entidad es abusivo y desproporcionado con las circunstancias del caso, por tanto, usurario.
Tras la estimación de la demanda, la Magistrada-Juez del caso, declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes con fecha 8 de febrero de 2008 por usurario y condena a la demandada, BANKINTER CONSUMER FINANCE S.A., a la retribución a la actora de la cantidad pagada por esta, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado, más los intereses legales.
Asimismo, declara la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación del contrato, condenando a la entidad a la retribución a la demandante de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.
Las costas causadas son expresamente impuestas a la entidad financiera.
Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, Letrada colaboradora con Economía Zero, ha sido la encargada de dirigir el presente litigio ante el Juzgado.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE ALCOBENDAS
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 531/2019
Demandado: BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.
SENTENCIA Nº 5/2020
Dña. XXXXXX Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas ha visto los presentes autos del Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con el número 531/19 a instancia de la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXXX contra la entidad financiera BANKINTER CONSUMER FINANCE S.A. en ejercicio de una acción de declaración de nulidad.
PRIMERO: Por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra la entidad financiera BANKINTER CONSUMER FINANCE S.A., solicitando previa alegaciones de hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenatoria frente a la parte demandada.
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se le dio traslado a la parte demandada para que contestara en el término ele veinte días. Contesto a la demanda solicitando una sentencia desestimatoria de la pretensión del demandante, alegando para ello los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación.
Contestada la demanda, se convoca a las partes a la celebración de la audiencia previa que tuvo lugar el día 20 de enero de 2020, las partes fueron exhortadas para llegar a un acuerdo y no manifestando su conformidad, y a continuación se propusieron los medios de prueba por las partes y se admitieron las que se consideraron pertinentes.
Y admitiéndose solo la prueba documental en aplicación del artículo 429.8 de la LEC quedaron las actuaciones para dictar sentencia.
TERCERO: Se han observado en la tramitación de este juicio los términos y prescripciones legales.
PRIMERO: Se ejercita por la parte actora acción de declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito firmado con la entidad financiera BANKINTER CONSUMER FINANCE S.A. alegando que el demandante contrató una tarjeta Oro Línea Directa con nº XXXXXX sin informarle de las condiciones generales del contrato firmado.
El demandante es consumidor y se le impuso un interés elevado y de carácter usuario un tipo TAE del 26,82 %, mientras que el TAE medio en España de los créditos de consumo era de 10,48 % en el año 2008.
En el caso de las tarjetas revolving la entidad financiera redacto unilateralmente el contrato incluyendo la cláusula que estimó pertinente, imponiéndosela al cliente sin mayor información.
Por todo ello se solicita se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por contener interés usurario firmado entre las partes en fecha 8 de febrero de 2008 y se condene a la demandada a restituir al demandante la totalidad de los intereses remuneratorios abonados más los intereses legales devengados de dichas cantidades y la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación del contrato de tarjeta Oro Línea Directa suscrito entre las partes el 8 de febrero de 2008 con el nº XXXXXXX y se condene a la entidad a restituir al demandante las comisiones cobradas más los intereses legales devengados de dichas cantidades y costas.
La parte demandada se opone a la demanda, alegando los siguientes hechos, que no procede nulidad alguna ya que la modalidad de las tarjetas revolving es una cómoda herramienta de pago para acceder a una financiación de forma rápida y siempre libremente escogida por el cliente siendo el que decide la modalidad de pago, con pagos aplazados a través de una cuota fija o con un porcentaje de deuda, además de que a medida que la deuda va siendo saldada, ese dinero vuelve a estar a disposición del cliente convirtiendo este medio de pago en una vía de financiación similar a una línea de crédito, lo que se conoce como crédito rotativo.
El tipo de interés para las tarjetas de crédito no es desproporcionado, con lo que no procede declaración de abusividad, siendo modificado el contrato en octubre de 2009 doc. nº 4, así como posteriores modificaciones doc. nº 5, utilizando la tarjeta durante 11 años con absoluta normalidad.
Solicitando por todo ello la desestimación de la demanda interpuesta y costas.
SEGUNDO: Entrando en el fondo del asunto, efectivamente la ineficacia -como reacción sancionadora del ordenamiento jurídico frente a un negocio jurídico irregular- de los contratos viene determinada por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:
a.- Porque se hayan traspasado los límites que señala el ordenamiento jurídico -articulo 1255 del Código Civil para el juego de la autonomía de la voluntad.
b.- Porque el negocio jurídico carezca de los requisitos esenciales del artículo 1261 del Código Civil o de los que el ordenamiento jurídico imponga por razón del tipo negocial concreto.
c.- Porque el negocio jurídico omite cualquiera de los elementos que su naturaleza o tipo exige.
d.- Porque el negocio jurídico tenga por objeto cosas fuera del comercio de los hombres o servicios que sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres -artículo 1271 del Código Civil.
e.- Porque el negocio jurídico adolezca de una causa ilícita en el sentido del artículo 1275 del Código Civil.
f.- Porque el negocio jurídica carezca ele la forma exigida.
En la presente resolución deben resolverse dos cuestiones: la primera, si las cláusulas contenidas en el contrato suscrito entre las partes, son nulas por abusivas, atendiendo a la condición o no de consumidor del demandado, y la segunda, qué efectos debe tener en este procedimiento una decisión estimatoria de esa nulidad total del contrato.
Se entiende como cláusula abusiva, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE:
2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión«.
La abusividad de determinadas cláusulas en este tipo de contrato de préstamo ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así como por nuestro Tribunal Supremo.
Este último, en una importante Sentencia de 22 de abril de 2015 se pronunció en el sentido siguiente: «tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, lo que es lo mismo, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
Es más, la jurisprudencia del Tribunal ele Justicia ele la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) que desarrolla la Directiva 93/13/CEE ha resaltado la importancia que en el sistema de Derecho comunitario tiene el control de abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores.
La STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-488111, caso Asbeek Brusse y de Man Garabito, ha declarado que el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE es una disposición de carácter imperativo, equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público, y que dicha Directiva en su totalidad constituye una medida indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta (apartados 43 y 44).
En conclusión, el cumplimiento de los fines perseguidos por la Directiva 93/13/CEE ha forjado como un principio de interés general del Derecho de la Unión la supresión ele las cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico, para conseguir un mercado libre de situaciones de desequilibrio contractual en perjuicio de los consumidores.
Este interés general, situado en el terreno de los principios y por encima del interés particular de cada consumidor en cada caso concreto, es el que justifica la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas, y que, como veremos más adelante, tal desvinculación deba ser apreciada de oficio por los órganos judiciales en una dimensión que entronca con el orden público comunitario.
La protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores es un principio esencial del ordenamiento jurídico (artículo 169 TFUE), que debe actuar particularmente frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos«.
No se discute la condición de consumidor del demandante.
En este supuesto es ilustrativa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 24 de enero de 2019:
«En supuestos prácticamente idénticos al que ahora se enjuicia, las sentencias de esta Sección de 26 de junio de 2017 y de 17 de enero de 2018 recordaban la del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 que compendia la doctrina del propio tribunal expresada en anteriores resoluciones, en particular, la sentencia de 18 de junio de 2012 y también la de 2 de diciembre de 2014.
Esas tres modalidades, conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908, son las de (i) interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso, (ii) situación angustiosa del prestatario, y (iii) entrega de menor cantidad ele la aparente.
Basta que se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, ele modo que no es preciso que haya siclo aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, inexperiencia o limitación ele facultades mentales.
Según la sentencia, esto es lo que se quería decir en las SSTS 406/2012 de 18 de junio, y 67712014, de 2 de diciembre, cuando se enfatizaban los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la LRU.
La modalidad de contrato usurario propiamente dicho se caracteriza porque contiene la estipulación de «un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso», como resulta, como se ha dicho del primer párrafo del artículo 1 de la Ley de julio de 1908 – es distinta la modalidad de contrato leonino, que se define por tratarse de un préstamo aceptado por el prestatario a causa «de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales-».
En concreto la referida sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 considera usurario por excesivo un interés remuneratorio TAE del 24,60 % contenido en un crédito de consumo tipo tarjeta revolving de julio de 2001.
El caso enjuiciado presenta grandes similitudes con el resuelto por dicha sentencia de casación.
III. Pues bien, según resulta de la estadística que publica el Banco de España con informaciones procedentes de las propias entidades objeto de supervisión, el tipo de interés legal del dinero en España estaba situado para los años 2010 y 2011 en un 4 %, mientras que el tipo de interés de referencia para los créditos al consumos otorgados por entidades bancarias en la anualidad de 2010, según se desprende de la tabla estadística aportada por la demandada, fue del 9,80 %.
No ha ofrecido Cofidis Hispania E.F.C., S.A. la más mínima explicación del interés remuneratorio que en su día impuso a Dña. XXXXXX (21,90 % anual), y que rebasa claramente el duplo del «interés normal del dinero» para ese tipo de operaciones.
Tampoco identifica la entidad apelada la razón ele excepción justificativa de la estipulación ele un interés «manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso», puesto que nada se indica acerca de un supuesto acusado riesgo de la operación justificativo del tipo del 21,90 % anual.
En suma, la operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:
1º/ el interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;
2º/ la entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la Sra. XXXXXX.
En realidad, Cofidis Hispania E.F.C., S.A. ni siquiera afirma que para la concesión del crédito a la demandada apelante se practicase evaluación previa alguna del riesgo de la operación, siendo así que la Circular 4/2004 del Banco de España -y antes la Circular número 13/1993- impone a las entidades de crédito unas determinadas políticas y procedimientos -adecuadamente justificados y documentados- para la concesión de crédito (exige el máximo cuidado y diligencia en el estudio riguroso e individualizado del riesgo de crédito de las operaciones), basados primordialmente en «la capacidad de pago del prestatario para cumplir, en tiempo y forma, con el total de las obligaciones financieras asumidas» (tratándose de particulares debe atenderse de modo principal a su fuente primaria de renta habitual), y en la fijación de una política de precios orientada a cubrir «los costes de financiación, de estructura y riesgo de crédito inherente a cada clase de operaciones de crédito ofertadas».
En definitiva, como expresara la ya centenaria sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1912, la usura concurre «cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital» (en esa misma línea se inscribe la STS de 22 de febrero de 2013), y en el presente caso nada sugiere que el riesgo ele insolvencia ele la cliente exigiera un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito superior al doble del interés de mercado en las financiaciones de consumo.
En consecuencia, el carácter usurario del contrato determina su nulidad de pleno derecho, lo que acarrea el efecto de que Dña. XXXXX deberá únicamente reintegrar el capital recibido de la prestamista en aquella parte que no hubiere sido devuelta por medio de las cuotas mensuales satisfechas, sea en concepto de capital propiamente dicho o de abono de intereses, tocio lo cual habrá de determinarse en ejecución de sentencia«.
Teniendo como base la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y examinado el contrato doc. nº 2 de la contestación a la demanda, se fijó un TAE de 26,82 %, y debemos considerar que el interés fijado y no pactado era superior al interés de mercado para los préstamos de consumo.
Y ello es así porque la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, fijo como parámetro de comparación o límite para declarar usurarios los intereses remuneratorios, que los pactados duplicaran el normal de mercado aplicable a los préstamos al consumo a la fecha de concertar el contrato.
E incluso en caso contrario considera esta Juzgadora que no es necesario ese parámetro de duplicidad, de forma que si el pactado excede notoriamente de los mismos aunque no alcance ese parámetro de la duplicidad, en la fecha de concertarse el contrato, siendo notablemente superior al del mercado para los préstamos al consumo, ha de considerarse manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.
La entidad financiera que concedió la tarjeta revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.
La operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 ele la Ley de usura de julio de 1908:
1 º/ el interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones ele consumo;
2º/ la entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la demandante.
Por todo ello debe de ser estimada la demanda declarando nulo el contrato de tarjeta de crédito firmado por contener un tipo de interés usurario y todo ello origina unos actos jurídicos con lo que correspondería devolver al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales.
Se solicita así mismo la nulidad de las comisiones cobradas en concepto de reclamación, nos encontramos ante un contrato de adhesión.
Sobre las comisiones reclamadas como consecuencia de cada una de las cuotas impagadas, de comisión por gastos de impago debe entenderse como abusivo y absolutamente desequilibrado entre los derechos de las partes, en detrimento del consumidor, fijar de forma añadida una determinada cantidad por la devolución de las cuotas impagadas.
En ningún caso ha de ser soportado y repercutido al deudor ni otras comisiones encaminadas a la misma finalidad.
Por todo ello la demanda debe de ser estimada.
TERCERO: Estimada la demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, se imponen las costas causadas a la parte demandada.
Que estimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad financiera BANKINTER CONSUMER FINANCE S.A. y debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Oro Línea Directa suscrito entre las partes el 8 de febrero de 2008 con el nº XXXXXX por tipo de interés usurario con todos los efectos jurídicos correspondientes y debo condenar y condeno a la parte demandada que devuelva al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales y la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación del contrato de tarjeta Oro Línea Directa suscrito entre las partes el 8 de febrero de 2008 con el nº XXXXXX y se condene a la entidad a restituir al demandante las comisiones cobradas más los intereses legales devengados de dichas cantidades y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.
Notifiques esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso ele apelación.
junio 16th, 2020 | Etiquetas: Bancos, Bankinter, Reclamar a bancos, Sentencias Bankinter, Sentencias Bankinter Revolving, Sentencias Revolving, Tarjetas revolving | Categorías: Bancos

References: artículo 429
 artículo 1261
 artículo 1275
 resolución 
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 394