Source: http://empresarial.carpioabogados.com/mercado
Timestamp: 2017-09-19 18:52:32+00:00

Document:
CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS
Published in ACCESO AL MERCADO
CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 1. Principio de Promoción del Desarrollo Humano: 2. Principio de Moralidad:…
Viernes, 10 Abril 2015 20:32
1. Cláusula general.-
2. Condición de ilicitud.-
4. Listado enunciativo de actos de competencia desleal
5. Actos que afectan la transparencia del mercado
6. Actos de engaño.-
7. Actos de confusión.-
8. Actos indebidos vinculados con la reputación de otro agente económico
9. Actos de explotación indebida de la reputación ajena.-
10. Actos de denigración.-
11. Actos de comparación y equiparación indebida.-
12. Actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena
13. Actos de violación de secretos empresariales.-
14. Actos de violación de normas.-
15. Actos de sabotaje empresarial.-
16. Actos de competencia desleal desarrollados mediante la actividad publicitaria
17. Actos contra el principio de autenticidad.-
18. Actos contra el principio de legalidad.-
19. Actos contra el principio de adecuación social.-
20. DISPOSICIONES QUE ORIENTAN LA EVALUACIÓN DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL DESARROLLADOS MEDIANTE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA
21. Libertad de expresión empresarial
24. Uso de licencias publicitarias.-
25. Criterios para la determinación de responsabilidad
26. Interpretación de la publicidad.-
27. Control posterior.-
28. Asignación de responsabilidad.-
29. DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
30. La Comisión.-
31. La Secretaría Técnica.-
32. El Tribunal.-
33. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
34. De la Postulación
35. Requisitos de la denuncia de parte.-
36. Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de parte.-
37. Resolución de inicio del procedimiento.-
38. De las Medidas Cautelares
39. Requisitos para el dictado de medidas cautelares.-
40. De la Instrucción
41. Período de prueba.-
42. Medios de prueba.-
43. a) Documentos;
44. b) Inspecciones; y,
45. c) Pericias.
46. Improcedencia de medios probatorios.-
47. Actuaciones de instrucción.-
48. De la Información Pública y Confidencial
49. Información confidencial.-
50. De la Conclusión del Procedimiento en Primera Instancia
51. Conclusión del período de prueba.-
52. El Informe Técnico.-
53. a) Referencia sobre los hechos que considera probados;
54. b) Consideración sobre la existencia o no de la infracción administrativa imputada; y,
55. c) Propuesta de medidas correctivas que considere necesarias, de ser el caso.
56. La Audiencia de Informe Oral.-
57. Preclusión en la presentación de pruebas.-
58. Resolución final.-
59. Del Procedimiento en Segunda Instancia
60. Recurso de apelación.-
61. Interposición del recurso de apelación.-
62. Tramitación del recurso de apelación.-
63. Resolución del Tribunal.-
64. Cuestionamiento a las resoluciones del Tribunal.-
65. Prescripción de la Infracción
66. SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
67. Parámetros de la sanción.-
68. Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción.-
69. a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;
70. b) La probabilidad de detección de la infracción;
71. c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal;
72. d) La dimensión del mercado afectado;
73. e) La cuota de mercado del infractor;
74. f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o usuarios;
75. g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y,
76. h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.
77. Prescripción de la sanción.-
78. Medidas Correctivas
79. Multas coercitivas
Viernes, 10 Abril 2015 20:34
1. Acuerdo Antidumping: el Acuerdo Relativo a la Aplicación de Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el cual forma parte de los “Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay” aprobados por el Congreso Constituyente Democrático mediante Resolución Legislativa Nº 26407.
2. Acuerdo sobre Subvencione: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el cual forma parte de los “Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay” aprobados por el Congreso Constituyente Democrático mediante Resolución Legislativa Nº 26407.
4. Determinación de la existencia de dumping.-
5. Subvenciones - Concepto y requisitos de la subvención.-
6. Determinación de la existencia de daño o amenaza de daño
7. Definición de rama de producción nacional
8. Procedimiento Administrativo de Investigación
9. Solicitud e inicio de la Investigación
11. Compromisos relativos a los precios
12. Fin de la investigación sin imposición de medidas
13. Establecimiento y cobro de Derechos Antidumping o Compensatorios
14. Procedimientos de Examen de Derechos definitivos
15. Recursos Administrativos
Miércoles, 01 Julio 2015 02:30
Opinión previa a la transformación de sucursal de empresa extranjera
Estabilidad monetaria como competencia compartida con la Superintendencia de Banca y Seguros
EL SISTEMA MONETARIO Y LA EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS
RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA
Directorio del Banco Central de Reserva.
No necesidad de motivar nombramiento de directores
Cuestionamiento de actos de la SBS
PROTECCIÓN DEL AHORRO Y DEL CRÉDITO
Como derecho constitucional y garantía institucional
Como derecho subjetivo constitucional
Como garantía institucional
Obligación de protección, garantía y fomento del Estado
Necesidad de estabilidad monetaria y del sistema financiero
Coordinación de funciones con el Banco Central de Reserva
La soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del sistema monetario son resguardados por el Banco Central de Reserva, a partir del ejercicio de diversas competencias, entre las que se encuentran regular la moneda y el crédito en el sistema financiero (artículos 83 y 84 de la Constitución).
El deber previsto en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de recabar opiniones del BCR en determinadas oportunidades, tiene sustento directo en el núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades derivado de la incidencia mutua entre las funciones que la Constitución ha conferido a cada una de ellas, es decir, de la incidencia mutua entre la estabilidad del sistema financiero y bancario, y la estabilidad del sistema monetario.
La razón por la que (...) se considera imprescindible solicitar previamente la opinión previa del BCR en los supuestos de transformación de una sucursal de una empresa financiera extranjera, en una empresa constituida en el Perú, no reside en lo que teóricamente esta transformación pueda representar, sino en lo que en la práctica pueda generar. Y es que una cosa es lo que una empresa del sistema financiero anuncie que pretende hacer y otra lo que en los hechos su solicitud concreta implique.
Cierto es que desde un punto de vista teórico, en principio, una simple transformación societaria no da lugar a una variación en las operaciones que pueda incidir sobre la estabilidad monetaria, pero es preciso que ello sea corroborado por un estudio y una posterior opinión técnica de todas las entidades constitucionalmente competentes; en este caso, no solo la SBS, sino también el BCR.
En interpretación conforme a la Constitución del artículo 21 de la LOSBS, es competencia del BCR emitir opinión previa, en los supuestos en que empresas del sistema financiero del exterior soliciten la transformación de sus oficinas en el país ya autorizadas y en operación, en empresas con personería jurídica propia.
A la luz de lo establecido en el artículo 84 de la Constitución, la función reguladora en materia financiera es ejercida por el BCR. No obstante, es importante resaltar que, en dicha tarea, debe contar con la cooperación y coordinación de la SBS, al constituir órganos constitucionales con funciones relacionadas con la moneda y la Banca, que (...) se relacionan de manera intrínseca. Es a través de la participación de ambas entidades que se garantiza la estabilidad económica financiera y el orden público económico, por lo que nuestro modelo financiero supone –bajo criterios de cooperación entre poderes y órganos públicos– una labor racional e integrada de ambos entes, siendo que sus competencias requieren articularse permanentemente con un importante grado de coordinación, sin perjuicio de la autonomía que constitucionalmente les ha sido reconocida (artículos 84 y 87).
La soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del sistema monetario son resguardados por el BCR, a partir del ejercicio de diversas competencias, entre las que se encuentran regular la moneda y el crédito en el sistema financiero (artículo 83 y 84 de la Constitución).
Si bien constitucionalmente no se ha establecido expresamente las competencias que les corresponde al gobierno nacional dentro del proceso de descentralización, hay algunas que pueden vislumbrarse a partir de las funciones de los poderes, o por determinación explícita del constituyente, como puede ser el caso de la moneda.
No todo acto administrativo expedido al amparo de una potestad discrecional, siempre y en todos los casos, debe estar motivado. Así sucede, por ejemplo, con la elección o designación de los funcionarios públicos (Defensores del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Presidente y Directores del Banco Central de Reserva, Contralor de la República y otros) cuya validez, como es obvio, no depende de que esté motivada.
El Directorio del BCR conviene en autorizar la presentación de la demanda en contra de la SBS. De esta forma (...) no existe duda respecto de la voluntad de la institución, formalizada por su propio Directorio, de cuestionar jurisdiccionalmente determinados actos llevados a cabo por la SBS.
Dicho precepto constitucional artículo 87 establece: “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía”. A (…) través de dicha cláusula de la Norma Suprema, se ha reconocido el ahorro en cuanto derecho constitucional y como garantía institucional.
El artículo 87 de la Constitución reconoce al ahorro como un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el Estado se encuentra, de un lado, prohibido de apropiarse arbitrariamente de él, y de otro, obligado a fomentarlo y garantizarlo.
En cuanto derecho subjetivo constitucional tiene, prima facie, una estructura semejante a lo que sucede con cualquier derecho de carácter reaccional: garantiza que el Estado no se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también participa de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas aquellas medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento y garantía del ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el derecho de ahorro tiene directamente como sujeto obligado al Estado, en forma indirecta, el mismo derecho constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las “empresas que reciben ahorros del público”.
El artículo 87 de la Constitución reconoce al ahorro como una garantía institucional que auspicia la protección del ahorrista en el sistema financiero.
Como garantía institucional, esto es, en cuanto instituto constitucionalmente garantizado, impide que el Estado pueda legislativamente suprimirla o vaciarla de contenido. Tal garantía no solo tiene una vertiente negativa, en el sentido de prohibir su supresión o vaciamiento de contenido, sino también una vertiente positiva, pues, como expresa la primera parte del artículo 87 de la Constitución, impone al Estado el deber de fomentarla y garantizarla.
La protección y fomento del ahorro supone un amplio margen de maniobrabilidad de parte del Estado. Sin embargo, en este caso, los límites a las políticas públicas se expresan, de un lado, en no suprimir o vaciar de contenido a la institución del ahorro (deber de garantizar), y, de otro, en cuidar en grado extremo que tales políticas públicas no supongan un entorpecimiento u obstaculización irrazonable o desproporcionada de su práctica (deber de fomento).
Como el ahorro está constituido por un conjunto de imposiciones de dinero que realizan las personas naturales y jurídicas en las empresas del sistema financiero, el factor de real relevancia para determinar el cumplimiento del Estado de su obligación de garantizar y fomentar el ahorro, sería el análisis de la ley que, por mandato directo del propio artículo 87 de la Carta Fundamental, tiene reservada la regulación de las obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público, así como de la labor que cumple la Superintendencia de Banca y Seguros en el control de las empresas bancarias, conforme a las prescripciones previstas en dicha ley. Así, el cumplimiento de la labor estatal de fomento y garantía del ahorro no puede apreciarse a partir de una medida aislada como la imposición de un tributo sobre la transferencia de los montos contenidos en una cuenta de ahorro, sino a la luz del conjunto de medidas y regulaciones asumidas por el aparato estatal y orientadas a garantizar la cabal eficacia del artículo 87 de la Constitución.
Para efectos de una debida protección del ahorrista, resulta fundamental la estabilidad del sistema bancario o financiero, dependiente, a su vez, de la estabilidad de la moneda. Y analizadas las cosas desde la perspectiva inversa, es también claro que es poco lo que se podría hacer para garantizar la estabilidad monetaria con un sistema bancario y financiero indebidamente supervisado.
El artículo 87 de la Carta Fundamental dispone que la Superintendencia de Banca y Seguros tiene por función ejercer el control de las empresas bancarias y de seguros y de todas aquellas otras empresas que reciben ahorro y/o depósitos del público. Así pues, la finalidad de la SBS, tal como viene configurada por el artículo 345 de su Ley Orgánica, consiste en proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros.
Considerando que la política crediticia es un importante instrumento de conducción económica, el Estado debe ejercer su papel de regulación y vigilancia del sistema bancario, de modo que se torna imperativo que se revise la normatividad atinente a la creación y constitución de los bancos y sus actividades.
Sin perjuicio de las exclusivas competencias previstas en la regulación orgánica del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros, se proyecta desde la propia Constitución la obligación de que se respete un núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades.
El deber previsto en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de recabar opiniones del Banco Central de Reserva en determinadas oportunidades, tiene sustento directo en el núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades derivado de la incidencia mutua entre las funciones que la Constitución ha conferido a cada una de ellas, es decir, de la incidencia mutua entre la estabilidad del sistema financiero y bancario, y la estabilidad del sistema monetario.
Ello cobra sentido en tanto de la adecuada toma de decisiones de la SBS depende en buen grado la posibilidad del BCR de asegurar el equilibrio monetario.
Procedimiento por prácticas de dumping o subvenciones
Jueves, 09 Abril 2015 14:05
El procedimiento de investigación por prácticas de dumping (o procedimiento antidumping) es un procedimiento administrativo a través del cual se determina si existen importaciones de mercancías en condiciones de discriminación de precios que causen daño, amenaza de daño o retraso a una rama de producción nacional en un periodo determinado. Si este es el caso, el procedimiento concluye con la aplicación de un derecho antidumping. Al igual que el procedimiento antidumping, el procedimiento por subvenciones también es un procedimiento administrativo, sin embargo, tiene por finalidad determinar la existencia una subvención y si ésta causó daño a la rama de producción nacional. Si este es el caso, el procedimiento concluye con la aplicación de una medida compensatoria.
Este procedimiento de investigación tiene por finalidad determinar si las importaciones de un producto, independientemente del país del cual procedan, aumentan en tal cantidad y se realizan en condiciones que causen o amenazan causar daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. Al finalizar la investigación, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios –que actúa exclusivamente como autoridad investigadora– emitirá un Informe Técnico junto con sus recomendaciones para la aplicación o no de la medida de salvaguardia, las cuales serán puestas en conocimiento de una Comisión Multisectorial conformada por los Ministros de Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas y del sector al que pertenezca la rama de producción nacional afectada, quienes, en conjunto, finalmente decidirán si se deben aplicar o no las medidas de salvaguardia.
Procedimientos que tienen por finalidad cuestionar el cobro de derechos antidumping o compensatorios efectuado por la Administración Aduanera (Aduanas) o solicitar la devolución de los derechos antidumping o compensatorios definitivos pagados indebidamente o en exceso.
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) contiene una descripción clara y taxativa de todos los requisitos necesarios para la tramitación de los procedimientos de investigación a cargo de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, así como la calificación de cada procedimiento (evaluación previa o automática). Además, precisa, en cada caso, la base legal que sustentan los procedimientos de investigación, los formularios que serán empleados en cada procedimiento de investigación y los supuestos en que procede el pago por derecho de tramitación (tasas), con indicación del monto y forma de pago.
Son los pagos por derecho de tramitación efectuados por los administrados para cada uno de los procedimientos de investigación que se tramitan ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.
Tasa (S/.)
Equivalencia de la UIT (%)
Procedimiento de investigación por Prácticas de Dumping o Subvenciones o de Examen de derechos definitivos
40% UIT (S/. 1420,00) a la presentación de la Solicitud y el monto restante, equivalente a 60% UIT (S/. 2130,00), se abonará vía reintegro, únicamente si la Comisión ordena el inicio del procedimiento
Procedimiento sobre Medidas de Salvaguardia General y de Transición
40% UIT (S/. 1420,00) a la presentación de la solicitud y el monto restante, equivalente a 60% UIT (S/. 2130,00), se abonará vía reintegro, únicamente si la Comisión ordena el inicio de la investigación
PUBLICIDAD COMERCIAL 3.1. Ámbito de aplicación objetiva de la ley Las normas de la ley de publicidad, el…

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 84
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 345