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Timestamp: 2018-02-23 04:18:24+00:00

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MUY INTERESANTE: APLICACIONDEL TERMINO "CONYUGES" EN EL DERECHO EUROPEO A EFECTOS DE LA LIBERTAD DE RESIDENCIA DE LOS CIUDADANOS Y MIEMBROS DE LA FAMILIA EN PERSONAS DEL MISMO SEXO
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198383&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=889403
Se plantea como oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el concepto de «cónyuge», en el sentido de la Directiva 2004/38, en el contexto de un matrimonio celebrado entre dos hombres. Este ejercicio es delicado dado que, aunque el matrimonio es una institución jurídica,y se discute dentro del marco específico y limitado de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, la definición del concepto de «cónyuge» que se adopte afectará necesariamente a la propia identidad de los hombres y mujeres de los que se trata —y por tanto a su dignidad—, así como a la concepción personal y social que tienen los ciudadanos de la Unión del matrimonio, que puede variar...
Asociaþia Accept
Inspectoratul General pentru Imigrãri,
Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea Constituþionalã (Tribunal Constitucional, Rumanía)]
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Directiva 2004/38/CE — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Concepto de "cónyuge" — Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir en el territorio de la Unión — Matrimonio entre personas del mismo sexo — Falta de reconocimiento del matrimonio por el Estado de acogida — Artículo 3 — Concepto de "otro miembro de la familia" — Artículo 7 — Derecho de residencia por más de tres meses — Artículos 7 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»
1. La presente petición de decisión prejudicial versa sobre el artículo 2, punto 2, letra a), el artículo 3, apartados 1 y 2, letras a) y b), y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. (2)
(2) Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados o contraídos en el extranjero por ciudadanos rumanos o por extranjeros no gozarán de reconocimiento legal en Rumanía. [...]
15. Mediante escrito de 11 de enero de 2013, la Inspectoratul General pentru Imigrãri (Inspección General de Inmigración, Rumanía) resolvió desfavorablemente sobre su solicitud. Según dicho organismo, no podía concederse la prórroga del derecho de residencia temporal de un nacional estadounidense por reagrupación familiar con arreglo a lo dispuesto en la legislación rumana en materia de inmigración, en relación con las demás normas pertinentes en la materia.
16. El 28 de octubre de 2013, los Sres. Coman y Hamilton interpusieron, junto con la Asociaþia Accept, un recurso contra la resolución de la Inspección General de Inmigración ante el Judecãtoria Sectorului 5 București (Juzgado de Primera Instancia del Sector 5 de Bucarest, Rumanía).
18. El 18 de diciembre de 2015, el Judecãtoria Sectorului 5 București (Juzgado de Primera Instancia del Sector 5 de Bucarest) sometió el asunto a la Curtea Constituþionalã (Tribunal Constitucional, Rumanía) para que éste se pronunciara sobre dicha cuestión. Este último tribunal estimó que el presente asunto tenían únicamente por objeto el reconocimiento de los efectos de un matrimonio legalmente contraído en el extranjero entre un ciudadano de la Unión y su cónyuge del mismo sexo, nacional de un tercer país, en virtud del derecho a la vida familiar y del derecho a la libre circulación, interpretados desde el punto de vista de la prohibición de la discriminación por razón de la orientación sexual. En este contexto, expresó dudas sobre la interpretación que procedía dar a diversos conceptos utilizados por la Directiva 2004/38, leídos a la luz de la Carta y con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») relativa al derecho a la vida familiar. Por consiguiente, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial.
19. Por tanto, mediante resolución de 29 de noviembre de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de diciembre de 2016, la Curtea Constituþionalã (Tribunal Constitucional) decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
21. Asimismo, todos ellos, salvo el Gobierno de los Países Bajos, participaron en la vista celebrada el 21 de noviembre de 2017. El Gobierno letón y el Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, Rumanía), que no habían presentado observaciones escritas, también pudieron exponer sus argumentos en dicha vista.
22. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38 define a los beneficiarios de esta Directiva como «cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como [...] los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él». (4)
29. Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente siguen siendo pertinentes, dado que la interpretación de las disposiciones a las que se refiere la petición de decisión prejudicial puede ser útil para el enjuiciamiento del asunto del que conoce la Curtea Constituþionalã (Tribunal Constitucional).
57. Por este motivo, me parece actualmente superada la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 31 de mayo de 2001, D y Suecia/Consejo (C‑122/99 P y C‑125/99 P, EU:C:2001:304), según la cual «el término "matrimonio", según la definición admitida en general por los Estados miembros, designa una unión entre dos personas de distinto sexo». (36)
62. En efecto, aunque el TEDH confirma de manera reiterada la libertad de los Estados de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo, (46) dicho Tribunal estimó, al principio de la década de 2010, que era «artificial mantener el planteamiento de que, a diferencia de las parejas de distinto sexo, las del mismo sexo no pueden disfrutar de "vida familiar" a los efectos del artículo 8 [del CEDH]». (47) Desde entonces, esta interpretación se ha visto confirmada en múltiples ocasiones. (48) El TEDH también ha confirmado que el artículo 8 del CEDH imponía a los Estados la obligación de ofrecer a las parejas homosexuales la posibilidad de obtener un reconocimiento legal y la protección jurídica de su pareja. (49)
64. Pues bien, según el TEDH, aunque «la protección de la familia tradicional p[uede] constituir, en determinadas circunstancias, un objetivo legítimo [...], [dicho Tribunal] considera que, en el ámbito de que se trata, esto es, la concesión de un permiso de residencia por motivos familiares al miembro de la pareja extranjero y homosexual, no puede constituir una razón "particularmente sólida y convincente" que pueda justificar, en las circunstancias del caso de autos, una discriminación por razón de la orientación sexual». (52)
75. Esta decisión interpretativa está tanto más justificada cuanto que es acorde con otro objetivo de la Directiva 2004/38, enunciado en su considerando 31, que señala que los Estados miembros deben aplicar la Directiva 2004/38 «sin discriminar entre los beneficiarios de la presente Directiva por razones como [...] la orientación sexual». Pues bien, una definición del término «cónyuge» que se limitara al matrimonio heterosexual daría lugar inevitablemente a situaciones de discriminación por razón de la orientación sexual. (61)
96. El Tribunal de Justicia también ha tenido que señalar que los Estados miembros disponían de un «amplio margen de apreciación en lo que respecta a la elección de los factores que han de tenerse en cuenta[, en el bien entendido de que] el Estado miembro de acogida debe velar por que su legislación contenga criterios que sean conformes con el sentido habitual del término "facilitará" [...] y que no priven a dicha disposición de su efecto útil». (72)
98. Por una parte, la negativa a estimar la solicitud de entrada y de residencia de un nacional de un tercer Estado, del mismo sexo que el ciudadano de la Unión Europea con el que haya contraído matrimonio con arreglo a las leyes de un Estado miembro, no puede basarse exclusivamente o de manera decisiva en su orientación sexual, a riesgo de infringir los artículos 7 y 21 de la Carta. (73) A este respecto, «aunque la protección de la familia tradicional puede constituir, en determinadas circunstancias, un objetivo legítimo en virtud del artículo 14 [del CEDH que prohíbe la discriminación], el Tribunal [Europeo de Derechos Humanos] considera que, en el ámbito del que se trata, esto es, la concesión de un permiso de residencia por motivos familiares aun miembro de la pareja extranjero y homosexual, no puede constituir una razón "particularmente sólida y convincente" que pueda justificar, en las circunstancias del caso de autos, una discriminación por razón de la orientación sexual». (74)
100. A tenor de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Curtea Constituþionalã (Tribunal Constitucional, Rumanía) de la siguiente manera:
«1) El artículo 2, punto 2, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de "cónyuge" comprende a un nacional de un tercer Estado del mismo sexo que el ciudadano de la Unión Europea con el que ha contraído matrimonio.
3) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que puede aplicarse a la situación de un nacional de un tercer Estado, del mismo sexo que el ciudadano de la Unión con el que ha contraído matrimonio con arreglo a las leyes de un Estado miembro, ya sea en calidad de "otro miembro de la familia", ya sea como "pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada".
– si bien los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación en lo que respecta a la elección de los referidos criterios, no obstante éstos han de ser conformes con el sentido habitual del término "facilitará" y no privar a esta disposición de su efecto útil, y
6 Véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de marzo de 2014, O. y B. (C‑456/12, EU:C:2014:135), apartados 50 y 61; de 10 de mayo de 2017, Chavez-Vilchez y otros (C‑133/15, EU:C:2017:354), apartados 54 y 55, y de 14 de noviembre de 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862), apartados 46 y 61, así como, respecto del Reglamento (CEE) n.º 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), la sentencia de 11 de diciembre de 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771), apartado 39.
11 Véanse, en este sentido, TEDH, sentencias de 7 de noviembre de 2013, Vallianatos y otros c. Grecia, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73; de 21 de julio de 2015, Oliari y otros c. Italia, CE:ECHR:2015:0721JUD001876611, § 169, y de 23 de febrero de 2016, Pajiæ c. Croacia, CE:ECHR:2016:0223JUD006845313, § 65. La realidad de la vida de pareja de los Sres. Coman y Hamilton con anterioridad a su «consolidación» en un Estado miembro de la Unión permite distinguir su situación de las que dieron lugar a la sentencia de 12 de marzo de 2014, O. y B. (C‑456/12, EU:C:2014:135).
21 La reflexión formulada por Silvia Pfeiff en el marco de un estudio detallado sobre la «portabilidad del estatuto personal» es extrapolable a los efectos de la Directiva 2004/38. Según esta autora, «e] argumento principal que se opone al reconocimiento del matrimonio homosexual se refiere a la voluntad de proteger el matrimonio tradicional. No obstante, el reconocimiento del matrimonio homosexual extranjero no perjudica directamente al matrimonio tradicional del Estado del foro. No impide que las parejas heterosexuales contraigan matrimonio. Tampoco permite que las parejas homosexuales contraigan matrimonio en el Estado de acogida. El efecto del reconocimiento del matrimonio homosexual extranjero se limita, por tanto, a las parejas afectadas y no perjudica a la superestructura» (Pfeiff, S., La portabilité du statut personnel dans l’espace européen, Bruylant, Coll. Europe(s), 2017,especialmente n.º 636, p. 572; el subrayado es mío).
23 Apartado 99 y punto 2 del fallo de la sentencia; el subrayado es mío. Véase también la sentencia de 17 de abril de 1986, Reed (59/85, EU:C:1986:157). En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, respecto de la interpretación del concepto de «cónyuge» en el sentido de la norma anterior a la Directiva 2004/38 [es decir, el Reglamento (CEE) n.º 1612/68] que, «al utilizar la palabra "cónyuge", [este] Reglamento contempla[ba] exclusivamente una relación fundada en el matrimonio», excluyendo una relación de «persona que mantiene una relación estable» (apartado 15).
28 Véase la Posición común (CE) n.º 6/2004 aprobada por el Consejo el 5 de diciembre de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva 2004/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, C 54 E, p. 28). Si bien el Consejo no precisa la jurisprudencia a la que alude, la Comisión remite, en su propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros [COM(2003) 199 final], a la sentencia de 31 de mayo de 2001, D y Suecia/Consejo (C‑122/99 P y C‑125/99 P, EU:C:2001:304), apartado 34.
30 Este riesgo y la dificultad más general de determinar la intención del legislador llevan, por lo demás, a conceder un papel secundario a la interpretación histórica. Véase, en este sentido, Titshaw, Sc., «Same-sex Spouses Lost in Translation? How to Interpret "Spouse" in the E.U. Family Migration Directives», Bodson University International Law Journal, 2016, vol. 34:45, pp. 45 a 112, especialmente pp. 76 a 78.
39 La cuestión de si se debía modificar la constitución para consagrar en ésta que, de acuerdo con la ley, dos personas pudieran contraer matrimonio sin distinción de sexo fue planteada a los irlandeses mediante un referéndum el 22 de mayo de 2015. De un total de 1 935 907 votantes, 1 201 607 votaron a favor de la propuesta, es decir, el 62,07 % (véanse los resultados publicados en el Iris Oifigiúil de 26 de mayo de 2015, n.º 42, pp. 1067 a 1069: www.irisoifigiuil.ie/archive/2015/may/Ir260515.PDF).
41 Salvo error por mi parte, el matrimonio entre personas del mismo sexo está autorizado, a día de hoy y como mínimo, por vía legislativa en Canadá (Civil Marriage Act, S.C. 2005, c. 33); en Nueva Zelanda [Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act 2013, 2013 N.º 20]; en Sudáfrica (Civil Union Act, 2006, Act N.º 17 of 2006); en Argentina [Ley 26.618 (Ley de Matrimonio Igualitario)]; en Uruguay (Ley N.º 19.075, Matrimonio Igualitario), o también en Brasil (Resolução n.º 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça) y, por vía jurisprudencial, en México (sentencia del Tribunal Supremo n.º 155/2015, de 3 de junio de 2015), en los Estados Unidos [sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2015, «Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health, y al», 576 U.S. (2015)], en Colombia (sentencia del Tribunal Constitucional SU-214/16 de 28 de abril de 2016, asunto T 4167863 AC) o también en Taiwán [sentencia del Tribunal Constitucional de la República de China (Taiwán) de 24 de mayo de 2017, J.Y. Interpretation N.º 748, sobre las demandas consolidadas de Huei-Tai-12674 y Huei-Tai-12771].
43 El considerando 31 de la Directiva 2004/38 señala expresamente que la Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta. El órgano jurisdiccional remitente también invoca los artículos 9 (Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia), 21 (No discriminación) y 45 (Libertad de circulación y de residencia) de la Carta. No me parece que el artículo 9 de la Carta sea pertinente. En efecto, por una parte, las consideraciones de las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17) dedicadas a dicho artículo precisan que si bien «[s]u redacción [...] se ha modernizado[, respecto del artículo 12 del CEDH,] para abarcar los casos en los que las legislaciones nacionales reconocen vías distintas a la del matrimonio para fundar una familia[, e]ste artículo ni prohíbe ni impone el que se conceda estatuto matrimonial a la unión de personas del mismo sexo» (el subrayado es mío). A este respecto, la libertad de los Estados miembros se ve confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2016, Parris, C‑443/15, EU:C:2016:897, apartado 59) y del TEDH (véase, en particular, TEDH, sentencia de 9 de junio de 2016, Chapin y Charpentier c. Francia, CE:ECHR:2016:0609JUD004018307, §§ 38 y 39). Por otra parte, en el presente asunto los Sres. Coman y Hamilton pudieron ejercer ese derecho en Bélgica. La libertad de circulación consagrada en el artículo 45 de la Carta, por su parte, se ve precisada en la Directiva 2004/38. Examinaré la influencia de este derecho sobre la interpretación del concepto de «cónyuge» al realizar el examen del objetivo perseguido por la Directiva 2004/38.
48 Véanse, en este sentido, TEDH, sentencias 7 de noviembre de 2013, Vallianatos y otros c. Grecia, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73; de 23 de febrero de 2016, Pajiæ c. Croacia, CE:ECHR:2016:0223JUD006845313, § 64; de 14 de junio de 2016, Aldeguer Tomás c. España, CE:ECHR:2016:0614JUD003521409, § 75, y de 30 de junio de 2016, Taddeucci y McCall c. Italia, CE:ECHR:2016:0630JUD005136209, § 58.
53 Véanse, en este sentido, TEDH, sentencias de 23 de febrero de 2016, Pajiæ c. Croacia, CE:ECHR:2016:0223JUD006845313, §§ 59 y 84, y de 30 de junio de 2016, Taddeucci y McCall c. Italia, CE:ECHR:2016:0630JUD005136209, § 89.
61 Véase, en este sentido, Titshaw, Sc., «Same-sex Spouses Lost in Translation? How to Interpret "Spouse" in the E.U. Family Migration Directives», Bodson University International Law Journal, 2016, vol. 34:45, pp. 45 a 112, especialmente p. 106.
63 Véase, en este sentido, Titshaw, Sc., «Same-sex Spouses Lost in Translation? How to Interpret "Spouse" in the E.U. Family Migration Directives», Bodson University International Law Journal, 2016, vol. 34:45, pp. 45 a 112, especialmente pp. 83 y 111.
64 La influencia de la libre circulación, del derecho al respeto de la vida familia y de la prohibición de la discriminación sobre el concepto de «cónyuge» en el sentido del artículo 2, punto 2, letra a), de la Directiva 2004/38 es generalmente determinante en el análisis de la doctrina. La conclusión a la que llegan los autores consultados es similar a la mía. Véase, en particular, Tryfonidou, A., «EU Free Movement Law and the Legal Recognition of Same-Sex Relationships: the Case for Mutual Recognition», Columbia Journal of European Law, 2015, vol. 21, pp. 195 a 248; Bell, Chl. y Baèiæ Selanec, N., «Who is a "spouse" under the Citizens’ Rights Directive? The prospect of mutual recognition of same-sex marriages in the EU», European Law Review, 2016, vol. 41, n.º 5, pp. 655 a 686; Borg-Barthet, J., «The Principled Imperative to Recognise Same-Sex Unions in the EU», Journal of Private International Law, 2012, pp. 359 a 388, y Bonini Baraldi, M., «EU Family Policies Between Domestic "Good Old Values" and Fundamental Rights: The Case of Same-Sex Families», Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2008, vol. 15, n.º 4, pp. 517 a 551.
73 Véanse, en este sentido, TEDH, sentencias de 23 de febrero de 2016, Pajiæ c. Croacia, CE:ECHR:2016:0223JUD006845313, §§ 59 y 84, y de 30 de junio de 2016, Taddeucci y McCall c. Italia, CE:ECHR:2016:0630JUD005136209, § 89.

References: Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 7
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 45
 artículo 2