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﻿ Sentencia 13817 de marzo 27 de 2003
SENTENCIA 13817 DE 27 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS CASOS DE CUSTODIA Y RETENCIÓN DE PERSONAS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO.
Sentencia 13817 de marzo 27 de 2003
Rad.: 05001 23 25 000 1993 3817 01
Número interno 13.817
Actor: María Oliva Echeverry Posada
Demandado: Nación (Policía Nacional)
Sentencia indemnizatoria
Bogotá, D.C., Veintisiete de marzo de dos mil tres.
I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, el día 4 de abril de 1997 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sección Segunda), mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda y se condenó en costas al actor (fls. 177 y ss.).
La presentó el día 11 de noviembre de 1993 el apoderado judicial de María Oliva Echeverry de Calle, Héctor José, Dorance de Jesús, Marleny del Socorro, Nery de Jesús, Omar de Jesús, Luis Fernando y Javier Dionisio Calle Echeverry y la dirigió contra la Nación Colombiana (fls. 40 y ss.).
“1.1. La Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional (Fuerza Pública), es responsable de la totalidad de los daños y perjuicios de índole moral y material que se han ocasionado a los hoy actores: María Oliva Echeverry de Calle, Héctor José, Dorance de Jesús, Marleny del Socorro, Nery de Jesús, Omar de Jesús, Luis Fernando y Javier Dionisio Calle Echeverry. Con motivo de la muerte violenta de su hijo y hermano: Miguel Ángel Calle Echeverry, acontecida en la ciudad de Medellín, el día 21 de agosto de 1993, muerte atribuible a la Nación colombiana por falta o falla en el servicio público de policía.
1.2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Nación Colombiana —Ministerio de Defensa— Policía Nacional (Fuerza Pública), a pagar a cada uno de los actores señalados en el numeral anterior las siguientes indemnizaciones:
1.2.1. Perjuicios morales.
1.2.1.1. A María Oliva Echeverry de Calle (madre del occiso), por el equivalente en pesos, a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de mil gramos de oro fino. El gramo de oro a la fecha de presentación de la demanda se cotiza a un valor de $ 10.200, o sea que los 1.000 gramos tienen un valor de $ 10.200.000.
1.2.1.2. A Héctor José, Dorance de Jesús, Marleny del Socorro, Nery de Jesús, Omar de Jesús, Luis Fernando y Javier Dionisio Calle Echeverry (hermanos del occiso), por el equivalente en pesos a la fecha de ejecutoria de la sentencia de mil gramos de oro fino. El gramo de oro a la fecha de presentación de la demanda se cotiza a un valor de $ 10.200, o sea que siendo 7 los hermanos, son 7.000 gramos oro que tienen un valor de setenta y un millones cuatrocientos mil pesos m/cte. Total perjuicios morales:
— Para la madre de la víctima $ 10.200.000
— Para los hermanos $ 71.400.000
— Total $ 81.600.000
Son ochenta y un millones seiscientos mil pesos m/cte.
1.2.2. Perjuicios materiales.
1.2.2.1. Daño emergente: Con ocasión de las honras fúnebres del hoy occiso Miguel Ángel Calle Echeverry, se efectuaron los siguientes gastos:
A. Con factura 27891-93 de fecha 21-08-93, se canceló a favor de funeraria San Vicente, por concepto de gastos fúnebres, la suma de $ 525.600 (quinientos veinticinco mil seiscientos pesos m/cte.).
1.2.2.2. Lucro cesante: Miguel Ángel Calle Echeverry antes de su sensible fallecimiento se desempeñaba laboralmente como profesor y devengaba la suma de $ 350.000, mensuales, con los cuales el 25% los dejaba para sus gastos personales y el 75%, o sea la suma de $ 262.500, contribuía a los gastos de su hogar y a apoyar a su madre.
Los montos por lucro cesante, tienen los siguientes valores arrojados en los cálculos de la prueba pericial consignada en este libelo a saber:
Indemnización vencida: $ 791.444
Indemnización futura: $ 46.004.995
1.2.2.3. Por intereses.
La condena respectiva será actualizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y se reconocerán los intereses legales desde la fecha en que ocurrieron los hechos, hasta que se dé cabal cumplimiento a la sentencia que de fin al proceso.
Todo pago, así lo expresará la sentencia, se imputará primero a intereses.
1.3. La parte demandada, dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 41 a 44).
En lo fundamental se destacan los siguientes:
1. Miguel Ángel Calle Echeverry es hijo de María Oliva Echeverry de Calle, y hermano de Héctor José, Dorance de Jesús, Marleny del Socorro, Nery de Jesús, Omar de Jesús, Luis Fernando y Javier Dionisio Calle Echeverry, los demandantes.
2. Fue retenido, el día 20 de agosto de 1993, por cuatro agentes al servicio de la Fiscalía General de la Nación, quienes practicaron un allanamiento en el inmueble de su domicilio, calle 51 27 30 apartamento 201, del barrio Buenos Aires, de la ciudad de Medellín; dichos agentes encontraron fármacos de uso doméstico, como droga para la presión arterial de su madre y algunos otros tranquilizantes que utilizaba para sus depresiones.
3. La sobrina de Miguel Ángel, Milena Francelly González Calle, enterada de la captura de su tío fue a las oficinas de la fiscalía, ese mismo día, y le llevó almuerzo; estuvo aproximadamente a la una de la tarde.
4. El detenido estuvo en dicho lugar hasta las 4 p.m. y luego fue trasladado a las instalaciones de la Alpujarra, al 10 piso oficinas del Fiscal 54 de patrimonio económico donde le tomaron una declaración y suspendieron la diligencia para reanudarla el lunes 23 siguiente; luego fue llevado a las oficinas de la Policía Nacional, en Belén, donde funcionan los calabozos del F2, y puesto a órdenes de esas autoridades.
5. Para ese momento el detenido gozaba de excelente estado de salud, como así lo saben la sobrina y el abogado de la procuraduría, doctor Juan Felipe Trespalacios, quien practicó visita de rutina en ese centro de detención.
6. Los hermanos del occiso intentaron ingresar al centro de reclusión pero no se les permitió la entrada. Y una de las hermanas de Miguel Ángel y la madre de éste fueron el día siguiente a llevarle el desayuno pero no les permitieron el ingreso; y horas más tarde, a la 1 p.m., les manifestaron que Miguel Ángel se había suicidado.
7. Por esos hechos cursa investigación en la procuraduría delegada para los derechos humanos y se hicieron publicaciones en el diario El Colombiano.
8. Esa muerte obedece a una falla del servicio porque conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado las autoridades tienen un deber de resultado ante la falta de guarda y vigilancia del retenido, al tenor de los artículos 2º Constitucional y 6º de la Ley 74 de 1968, pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Se citó la sentencia de 22 de noviembre de 1979, de la Sección Tercera en la cual se indica que el Estado sólo se exonera demostrando causa extraña.
9. El Estado quebrantó los procedimientos de retención porque no implementó todas las medidas de seguridad que protegieran la integridad del retenido; inobservó los reglamentos en lo atinente a control y vigilancia frente a capturas y la vigilancia de los retenidos o detenidos en los centros de reclusión (reglamento de vigilancia urbana y rural).
10. La muerte de Miguel Ángel le ha causado a los demandantes —madre y hermanos— menoscabo moral y material. Él ayudaba económicamente a la madre, con las entradas que recibía de las actividades docentes de medicina y enfermería, en varios establecimientos de Medellín (Cedcecómputo), por las cuales recibía aproximadamente $ 350.000; y los demandantes tuvieron que pagar el sepelio (fls. 45 a 51).
El tribunal admitió la demanda el 19 de noviembre de 1997 (fl. 77) y luego de notificada la Nación colombiana del auto admisorio de la demanda promovida en su contra, su apoderado en el memorial de contestación se opuso a la prosperidad de las pretensiones procesales; sobre los hechos afirmó, en su mayoría, que no le constan y sobre los demás dijo que pueden ser ciertos, pero deben probarse (fls. 80 y 81).
Dentro del término de adición de la demanda el apoderado de los actores hizo solicitud la cual fue admitida el día 15 de marzo de 1994 (fl. 83).
Las pruebas fueron decretadas el 13 de julio siguiente; y se convocó a audiencia de conciliación el 22 de enero de 1996, la cual resultó frustrada por falta de acuerdo (fls. 86, 157).
En la etapa de alegatos de conclusión allegaron escritos todos los sujetos procesales. La demandante reiteró lo expresado en la demanda y a continuación expuso el porqué estima que los hechos configuradores de la responsabilidad están probados; refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado y solicitó decisión favorable a las súplicas de la demanda (fls. 164 a 168).
La parte demandada es del criterio que el fallo que se dicte debe ser adverso a las súplicas de los actores porque el daño no es imputable al Estado sino a la autodeterminación de la propia víctima quien se dio a la maña, después de ser detenido, de quedarse con una correa para luego suicidarse; que el hecho relativo a que no hayan dejado entrar al establecimiento de detención a la sobrina del occiso, se debe a que en ese momento se diligenciaba el levantamiento del cadáver. Citó la providencia inhibitoria de la fiscalía, que se apoyó en el hecho exclusivo de la víctima (fls. 169 a 171).
El agente del Ministerio Público igualmente solicitó fallo desestimatorio a la demanda y, apoyándose en la transcripción del auto inhibitorio dictado por la fiscalía, expresó que no existió omisión atribuible al demandado porque el hecho de muerte de Miguel Ángel Calle Echeverry tiene su causa en la culpa de éste; que en nada tienen que ver los antecedentes jurisprudenciales citados en la demanda, porque no existe ninguna prueba que revelara a la administración un mal estado psíquico del detenido (fls. 172 a 176).
Denegó las súplicas de la demanda porque el hecho demandado estuvo vinculado causalmente en la conducta exclusiva de la propia víctima; acogió los argumentos dados por el demandado y por la agencia del Ministerio Público; en tal sentido citó el auto inhibitorio de la fiscalía que se fundamentó en la culpa exclusiva de la víctima; destacó que la actuación del Estado no fue irregular desde ningún punto de vista, y que así se deduce de la declaración recibida en este proceso, al abogado de la procuraduría encargado de ejercer vigilancia en el centro de reclusión, entre otros. Hizo referencia a los regímenes de responsabilidad por falla, probada y presunta, y concluyó que la imputabilidad del daño se debe a la propia conducta de la víctima (fls. 177 a 191).
E. Recurso de apelación.
La parte actora no compartió la sentencia de primera instancia y por lo tanto la apeló para que sea revocada; estima que está acreditado que cuando Miguel Ángel Calle Echeverry fue detenido se encontraba “en excelentes condiciones de salud”; que habiendo sido trasladado a los calabozos de Belén donde funciona el F2 fue observado en perfecto estado físico, el mismo día 20 de agosto de 1993 a las 7 p.m., por el abogado de la Procuraduría de Derechos humanos; que cómo es posible que si en este juicio atestiguó Milena Francelly González, quien dijo que al día siguiente de la detención la madre y hermana de Miguel Ángel fueron a las 10 de la mañana a visitar a éste, no se les permitió su ingreso y no se les dijo de la muerte, y a la 1 p.m. sí se les dijo que aquel había fallecido. Criticó el examen probatorio realizado por el tribunal y concluyó que parece ser que sólo examinó las pruebas aducidas por el demandado, y para exonerarlo, y destacó que si se mira la conducta irregular del demandado, por no haberle quitado al detenido la correa y los cordones de los zapatos y no haberlo vigilado, se puede definir que el Estado incurrió en falla del servicio. Finalmente citó sentencia del Consejo de Estado, proferida por la Sección Tercera el día 10 de abril de 1977 (exp. 11.513, actor: Jaime Narváez Cardona) relativa a la responsabilidad del Estado cuando se incumplen las obligaciones de resultado, respecto de detenidos (fls. 201 a 203).
F. Actuación de segunda instancia.
El recurso se admitió el 2 de septiembre de 1997; y el día 26 siguiente se ordenó dar traslado a las partes para la presentación de alegatos; la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 204, 207 y 216).
El demandado es del criterio que el fallo apelado debe confirmarse por cuanto, como en él se estudió, la muerte de Miguel Ángel Calle Echeverry se debió exclusivamente a la culpa de éste, situación en la cual se basó la providencia de la fiscalía para dictar fallo inhibitorio (fl. 209). El día 28 de enero de 2003, el consejero Ricardo Hoyos Duque manifestó impedimento para conocer del asunto porque conoció de este en primera instancia, el cual fue aceptado por auto de la Sala del día 30 siguiente (fls. 219 a 221).
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sección 2ª), el día 4 de abril de 1997, por medio del cual se denegaron las súplicas de la demanda y se condenó en costas al actor.
El estudio versará sobre los siguientes puntos:
• Calidad de los demandantes.
• Prueba trasladada.
• Responsabilidad del Estado en los casos de custodia y retención de personas.
• Caso concreto y crítica probatoria.
A. Calidad invocada por los demandantes.
En relación con la víctima directa, Miguel Ángel Calle Echeverry, la señora Oliva Echeverry demostró ser madre de este (documentos públicos, fls. 3 y 4) y los señores Héctor José, Dorance de Jesús, Marleny del Socorro, Nery de Jesús, Luis Fernando, Javier Dionisio Calle Echeverry y Omar de Jesús probaron su condición de hermanos de la misma persona (documentos públicos, fls. 6 a 10 y 76).
Como en el proceso existen pruebas que no se practicaron en éste sino en otro, se estudiará el punto, antes de entrar en la materia apelada, para ver cuál es el material probatorio apreciable.
B. Prueba trasladada.
En el juicio obran copias autenticadas de las actuaciones judiciales adelantadas por la Unidad de Fiscalía Primera Permanente con sede en Medellín, relacionadas con el levantamiento del cadáver de Miguel Ángel Calle Echeverry y las averiguaciones sobre las circunstancias de la muerte, así mismo como de las actuaciones que por el mismo hecho, de esa muerte, llevó a cabo la Unidad Investigativa Regional de Policía Judicial Sijin Meval y la Fiscalía 127 Unidad Tercera de Previas por la Sección de Policía Judicial e Inteligencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En esas copias se contienen documentos públicos y testimonios que serán valorados porque cumplen los supuestos legales para su valoración pues la Nación aceptó en la contestación de la demanda las pruebas “pedidas por la parte actora, siempre que resulten conducentes, legal y oportunamente allegadas al expediente” (fls. 82, 86, 81), expresión que da a entender que las admite y por lo tanto las tiene por contradichas.
Sobre ese punto, cabe recordar que la Sala precisó, el día 26 de octubre de 2000 y lo reiteró el 14 de febrero 2002, que cuando las pruebas (documentales y testimoniales) han sido practicadas en otro juicio y las mismas se trajeron al nuevo o por solicitud de una de las partes contra quien se aducen y esta se adhiere o las acepta, o conjuntamente por aquellas si son valorables:
“Considera la Sala que por lealtad procesal no pueden las partes aceptar que una prueba haga parte del acervo probatorio y en caso de que la misma le resulte desfavorable, invocar las formalidades legales para su admisión (1) . La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si esta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al tallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto no es la protección del derecho sustancial (C.P. art. 228)” (2) .
(1) Sentencia de septiembre de 1997, expediente: 9.666.
(2) Sentencias proferidas dentro de los expedientes 13.116 (el día 26 de octubre de 2000) y 13.236 (el día 14 de febrero de 2002. Actor: Crispina Aguja de Culma y otros).
Además y en relación particular con la prueba documental pública trasladada también se apreciará por qué no fue tachada de falsa en la correspondiente oportunidad procesal y por qué se presume auténtica de conformidad como lo establece la ley (CPC, arts. 289, 252 y 264). En seguida se entrará en el tema de responsabilidad planteado en la demanda.
C. Responsabilidad del Estado en los casos de custodia y retención de personas.
La custodia estatal cuando retiene personas es un deber de autoridad pública; quien padece la pérdida de libertad —temporal o de hecho o de derecho, como medida de cautela pública o no, o absoluta como consecuencia de una condena— no pierde los derechos que por la naturaleza humana le son propios, inherentes o intrañables. Es claro que si el Estado que le sobrevino al hombre, pues es éste el que le dio existencia (causa originaria), entre sus cometidos están el de la preservación de vida humana y la de su integridad (norma positiva).
Si no existiera norma expresa sobre esos deberes del Estado de preservación e integridad de la vida humana (funciones constituidas) también se deducirían de la misma Carta Fundamental cuando prohíbe, sin excepción, de una parte, los tratos crueles y degradantes y, de otra parte, la pena de muerte (arts. 2º y 12).
2. Evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Esta sección en materia de daños ocurridos durante la detención estatal de personas ha aplicado la responsabilidad subjetiva por falla (por conductas irregulares de acción o de omisión) y los regímenes objetivos por “presunción de responsabilidad” y “objetivo” simple —sin presunción—. En la actualidad se aplica, por regla general, el objetivo simple, salvo que en la demanda se afirme falla del servicio, evento en el cual se deberá analizar la imputación de irregularidad para averiguar si ella tiene existencia. Pero si estudiado el caso se deduce que no existe anomalía administrativa, de todas maneras se tendrá que analizar el asunto bajo el régimen de responsabilidad objetiva, es decir por el resultado.
A continuación se hará referencia a varias sentencias de esta corporación en las cuales se explican aquellos distintos regímenes:
Por régimen de falla probada:
• En sentencia proferida el día 21 de enero de 1993 (3) :
(3) Sección Tercera. Expediente 7725. Actor: Denis Mejía Varela.
“Las autoridades debían protección y seguridad al prisionero, en su integridad corporal y mental. En otros términos, por encontrarse “a buen recaudo” de las autoridades de prisión, éstas debían custodiarla y cuidaría para mantenerle en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba el detenido al momento de la privación de la libertad. Cualquier daño en la salud que llegasen a presentar las personas privadas de su libertad, por acción u omisión de las autoridades que las vigilan y controlan, se adecua al concepto de falla de la administración y por consiguiente surge la obligación de indemnizarlas; desde luego que se presenta un daño antijurídico de los previstos en el artículo 90 de la Carta Política”. (resaltado por fuera del texto original)
En sentencia de 2 de junio de 1994 (4) :
(4) Sección Tercera. Expediente 8784. Actor: Omaira Jiménez de Vallejo y otros.
“La falla del servicio se presentó por la falta de protección al detenido, estando este privado de su libertad. En la materia que embarga la atención de la corporación esta ha venido predicando que, respecto de los reclusos, los establecimientos penitenciarios asumen una obligación de seguridad, que es de resultado, y no de medios. Este enfoque jurídico lleva a concluir que la administración tiene la obligación de devolver al detenido, en el momento en que recupere su libertad, en el mismo estado de salud que tenía cuando lo recluyó, salvo los deterioros normales y explicables que pueda presentar su salud, a la luz de la ciencia médica. Si así no ocurre, se produce un daño antijurídico, fuente de la obligación de indemnizar el daño causado, a la luz del artículo 90 de la Constitución Nacional, salvo que el centro de imputación jurídica demandado logre demostrar un hecho eximente de responsabilidad”. (resaltado fuera de texto)
• En sentencia del día 10 de junio siguiente, año 1994, se dijo (5) :
(5) Sección Tercera. Expediente 9667. Actor: Fernando Emilio Sánchez y otros.
“La responsabilidad de la administración en la muerte del recluso aparece claramente comprometida como consecuencia de la falla en el servicio, la cual se concreta en el incumplimiento del deber de vigilancia que tiene el Estado, sobre los lugares de reclusión. Le corresponde a la administración velar por la integridad física de los internos y evitar que éstos posean armas y ese deber fue incumplido en la cárcel del distrito judicial”. (resaltado por fuera del texto original).
Por presunción de responsabilidad:
• En sentencia de 24 de junio de 1998 (6) :
(6) Sección Tercera. Expediente 10530. Actor: Mirelda Acosta Vásquez.
“Como la muerte del señor (...) se presume causada por el incumplimiento de los deberes que el Estado tenía con él, correspondía a la entidad demandada probar la existencia de una causa extraña para exonerarse de responsabilidad. En efecto, el Ministerio de Defensa, a través de su apoderado adujo como causa extraña que el señor Salas había muerto como consecuencia de un infarto. No obstante ese hecho exceptivo no fue demostrado en forma fehaciente. De otra parte, el Decreto Reglamentario 786 de 1990, vigente para la época de los hechos establece en el artículo 7º “Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínguese de manera especial las siguientes: Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquéllas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas”. Obra constancia en el expediente dada por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Cesar, en el sentido de que “revisados los archivos de esta oficina en la fecha 15 de agosto de 1992, no aparece solicitud, ni protocolo de necropsia a nombre de (...)”. Pero, además, la entidad demandada a quien correspondía demostrar la causal exonerativa de responsabilidad no afirmó que se haya realizado la necropsia ni apartó copia del acta respectiva. Todos estos elementos conducen a la Sala a la conclusión de que no fue desvirtuada la presunción de responsabilidad que pesaba sobre los organismos de seguridad del Estado, en relación con los daños sufridos por el detenido que se encontraba bajo su custodia.
Por responsabilidad meramente objetiva —sin presunción de responsabilidad—.
• Después de proferida la última sentencia transcrita se reconsideró la aplicación de la “presunción de responsabilidad” y, en consecuencia, se hicieron precisiones para abandonar dicha presunción y para aplicar, por regla general, el régimen de responsabilidad objetiva simple, por el resultado. Así se dijo en sentencia dictada el día 10 de agosto de 2001 (7) :
(7) Sección Tercera. Expediente 12.947. Actor: Mercedes Ruiz de García y otros.
“En el caso específico de los daños causados a quienes se encuentran privados de la libertad por orden de autoridad competente, la jurisprudencia de esta corporación había aplicado el régimen de “presunción de responsabilidad”, según el cual, la sola demostración de que la víctima no ha sido reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresó como detenido, permitía imponer al Estado el deber de reparar el daño causado: lo anterior, teniendo en cuenta que, frente a un detenido, las autoridades asumen una obligación de resultado consistente en respetar su vida y su integridad tanto personal como psíquica (Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera, 28 de nov./95, exp. 8873, 12 de sep./96, exp. 10.869, 22 de ago./96, exp. 10.726).
Así mismo, se precisó que la exoneración de responsabilidad del demandado procedía únicamente si acreditaba la ocurrencia de una causa extraña, que puede consistir en fuerza mayor o en el hecho exclusivo y determinante de un tercero, así como de la propia víctima (Sent. de nov. 4/93, exp. 8335).
Del análisis de las características descritas, se evidencia la aplicación de un régimen objetivo, por cuanto se prescinde del elemento subjetivo —falla del servicio— como elemento de la responsabilidad; bajo esta perspectiva, una vez demostrados el daño y la relación causal por parte del demandante, la entidad pública demandada solo puede exonerarse acreditando la existencia de una causa extraña”.
B. Caso concreto y crítica probatoria.
1. Falla del servicio.
Como a pesar de que generalmente el régimen jurídico aplicable en los casos de responsabilidad del Estado en la custodia de personas retenidas es el objetivo (por resultado) inicialmente se estudiará el caso, por el de falla porque en el escrito de demanda se reprochó el proceder del demandado, toda vez que se le imputó, jurídicamente, el incumplimiento por omisión en el deber de protección y seguridad de la víctima.
En la responsabilidad por falla probada deben establecerse los siguientes elementos y las siguientes cualidades: Hecho dañoso y falencia en su ocurrencia; daño antijurídico y nexo de causalidad eficiente y determinante.
La falla imputada a la Nación se describió así:
En el capítulo de pretensiones: “muerte atribuible a la Nación colombiana por falta o falla en el servicio público de policía” (fl. 41).
En el capítulo de hechos:
“3.5. El profesor Calle Gutiérrez fue dejado en excelentes condiciones de salud en la cárcel de Belén” (fl. 46).
“3.8. Siendo aproximadamente la 1 p.m. volvieron al centro de reclusión Marlene del Socorro y María Oliva Echeverry de Calle, y cual su sorpresa, y obviamente extrañeza al enterarse por parte de los agentes del F2, de la Policía Nacional, que su hermano e hijo Miguel Ángel Calle Echeverry, había amanecido muerto, argumentando las autoridades policivas de turno: que se había suicidado ahorcándose la noche anterior” (fl. 46).
“3.11. No se requiere hacer un gran esfuerzo mental para concluir que la muerte violenta del profesor Miguel Ángel Calle obedeció a una falta o falla en el servicio público de policía portas razones que concreto a continuación: (...) 3.11.2. Una vez el joven profesor quedó en poder de las autoridades, éstas tenían la obligación constitucional y legal de dar buen trato al capturado y de otra parte velar por la integridad física del mismo, lo que nunca aconteció” (fl. 48).
Y en la crítica que se realizó frente al proceder estatal se afirmó que hubo inobservancia de los reglamentos, en lo atinente al control y a la vigilancia de capturas y de detenidos en el centro de reclusión (fl. 51). Ahora se examinará qué hechos se demostraron. Procesalmente se averiguó:
• La muerte de Miguel Ángel Calle Echeverry que sucedió el día 21 de agosto de 1993 (registro civil de defunción, documento público, fl. 5).
La causa de la muerte, violenta, por anoxia mecánica (ahorcamiento por correa). En el acta de levantamiento del cadáver se informa: “cabeza dirigida hacia lo alto, los pies flexionados sobre el piso, cuerpo pendiendo de una cuerda o correa de cuero color negro que se aprecia atada al cuello y con amarre en el extremo superior asido a los barrotes de la reja de la celda, la mano izquierda colgante a lo largo del cuerpo, derecha agarrotada a los barrotes de la reja y a la altura del hombro (...). Se aprecia zurco profundo alrededor de cuello y en toda la extensión y diámetro de éste, ocasionado por presión y contacto de soga o correa de cuero, con amoratamiento de rostro, lengua entredientes sobresaliendo al exterior cuyo aspecto y detalles permiten deducir un posible delito de suicidio por ahorcamiento. La víctima se encuentra además cubierta por un cobertor (...) tendido éste que impide desde la parte exterior de la celda observar hacia adentro y visualizar la posición del cuerpo del finado” (fls. 5, 107 a 110).
• Las circunstancias que rodearon la muerte son las siguientes:
De lugar: Miguel Ángel se encontraba retenido, al momento de los hechos, se encontraba retenido y encarcelado sólo en una celda con barrotes, en los calabozos del F2 de la Estación Belén Sijin Meval en Medellín (documento público, fls. 107 a 110).
Circunstancias de tiempo: Ingresó al F2 a las 6 p.m. del día anterior a la muerte, es decir el 20 de agosto de 1993; fue traído por el CTI y sindicado por el delito de falsedad y usurpación de funciones públicas; luego fue trasladado a la Cárcel Judicial de Bellavista, por orden de la Unidad 5ª de patrimonio y con cargo a la Fiscal 54 delegada quien adelantaba la investigación respectiva (documento público fls. 107 a 110).
Circunstancias de modo:Ingreso del recluso. Fue recibido en el F2 por el agente encargado de calabozos William Correa, quien durante la diligencia de levantamiento del cadáver narró que antes de llevar a Miguel Ángel al calabozo le permitió utilizar los servicios de baño de las instalaciones y luego de la requisa ordinaria, que se le hace a todos los retenidos o personas que ingresan al lugar, lo aseguró en su celda (fls. 107 a 110). El mismo agente, en declaración rendida ante la fiscalía, reiteró que antes de la requisa de rigor Miguel Ángel le pidió un baño y que cuando salió comenzó “a hacerle la requisa minuciosa que siempre se la hace a los retenidos, le pregunté que si tenía cordones, correa y me dijo que no tenía, entonces le requisé los bolsillos, la camisa y no le encontré nada anormal, entonces lo metí al calabozo, me dijo que lo metiera solo” (fls. 111 a 113).
Condiciones anímicas de Miguel Ángel durante su reclusión, desempeño del guardia y condiciones de normalidad durante el transcurso de la noche. Durante la realización del acta de levantamiento se interrogó a varios de los retenidos quienes coincidieron en afirmar que vieron y conversaron con el occiso y que todo estaba normal; señalaron que se acostaron a dormir y durante la noche no escucharon ni vieron anomalía o irregularidad en el trato o servicio, por parte del personal de guardia, y que sólo se enteraron de la muerte cuando en la mañana lo encontraron así, en la celda (fls. 107 a 110). El agente Correa al declarar ante la fiscalía informó en forma cronológica lo siguiente:
Después de que encerró a Miguel Ángel en el calabozo vio que “ahí estuvo un rato arrecostado pensando” y luego “me pidió que le trajera una gaseosa y yo fui y se la traje”, a las 9 p.m. de ayer le pidió que lo sacara al baño y así lo hice con otros retenidos y luego todos volvieron a las celdas, en forma normal;
A las 11 p.m. pasé revista y Miguel Ángel estaba parado ahí en el rinconcito de la celda junto a la reja, le dije que qué le pasaba y me dijo que no tenía sueño, que más tarde se dormía, entonces le dije que si le traía una cobija, pues estaba sin cobija, me dijo que sí y se la traje (...);
A la 1 a.m. de hoy le pasé revista otra vez, estaba bien, lo vi ahí recostado en el camarote, pero despierto, le pregunté que por qué no se dormía, me dijo que no tenía sueño, yo lo dejé tranquilo y pasé revista por las demás celdas observando que no hubiera nada anormal y así cada hora seguí pasando revista;
A las 2 a.m. pasé revista y Miguel Ángel estaba despierto todavía, se recostó contra la reja y estuvo ahí pensando, me miraba todo raro, como ido, le dije que se acostara y me dijo que “tranquilo”, no me expresó más nada y en las otras celdas algunos dormían y otros estaban también despiertos;
A las 3 a.m. más o menos volví a pasar revista y vi a Miguel Ángel continuaba junto a la reja con la cobija ahí colgada del barrote, pero no estaba tapado del todo, me miró pero no me dijo nada, yo tampoco le hablé, me limité a contar que estuvieran todos los retenidos en sus celdas y de ahí me fui para las sala de reseñas”.
A las 6 a.m. regresé y saqué a dos retenidos para que me ayudaran a hacer el aseo. Finalmente indicó que él no observó en Miguel Ángel comportamiento anormal ni que estuviera bajo los efectos del licor o droga; que físicamente lo vio bien aunque un poco triste y durante la noche y la madrugada de guardia todo transcurrió normal; no se escucharon ni ruidos extraños o pedidos de auxilio (fls. 107 a 110, 111 a 113).
Esa precisión de normalidad del ambiente en el transcurso de la noche y de la madrugada fue corroborada por el dicho de los reclusos que atestiguaron sobre los hechos, quienes coinciden en afirmar que no escucharon ni vieron anormalidad y en que el trato del agente Correa para con ellos era amable (testimonios de Javier Augusto Mesa Álvarez, José Ignacio Muñoz, Juan Manuel Medina, Mauricio Alexander Álvarez Meneses, Carlos Arcenio San Martín, Daniel Alberto Correa, Giovanni Pamplona, Gustavo Adolfo López, Francisco Martínez y Jesús Antonio Palacio fls. 126 a 129 vto. 132, 134 y vto. 136 a 138).
Frente a las circunstancias anímicas de Miguel Ángel obran dentro del proceso dos testimonios.
Del doctor Juan Felipe Trespalacios Barrientos quien para la época se desempeñaba como abogado comisionado de la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental y en ejercicio de su competencia visitó a los reclusos en las instalaciones del F2, en las horas de la noche, del día anterior al de la muerte de Miguel Ángel, como lo corrobora la declaración del agente de guardia. Del testimonio se concluye que la víctima se encontraba solo en la celda; que no había sido maltratado, estaba tranquila y en buen estado de salud pues así se lo dijo a dicho abogado; que incluso el jefe de calabozos de apellido Correa le estaba consiguiendo una cobija; mandó a comprar unos “mecates” para consumirlos en la celda; que la familia estaba enterada de su detención, por una sobrina; que Miguel Ángel no se hallaba en estado depresivo o de ansiedad y que incluso le comentó que era profesor de enfermería y que lo habían detenido por unos volantes o por unos libros de medicina (fls. 96 a 100).
Y testimonio de Milena Francely González Calle quien precisó ser sobrina de la víctima. Informó que visitó a su tío el día anterior a los hechos y estuvo con él casi toda la tarde, que le sintió tranquilo y que él mismo le dijo que se sentía bien y que no estaba preocupado, que no había hecho nada malo. Recordó que para ese entonces sólo sufría de gripe y que su estado anímico era de felicidad porque iba a volver a empezar a dictar clases de primeros auxilios. Lo describió como una persona alegre, comprensiva, trabajadora y estudiosa, noble, no era vicioso (fls. 100 a 103).
Forma como se encontró muerto a Miguel Ángel. El agente Correa dijo que a las 6 a.m., en compañía de dos reclusos, procedió a asear el lugar y que los primeros en darse cuenta de lo acontecido fueron los reclusos que le colaboraban con el aseo pues cuando pasaron por el pasillo vieron la celda y se percataron de la existencia del cuerpo en el sitio de la reja, tocándolo y viendo que estaba frío, y por tanto dieron aviso; estos dos reclusos José Ignacio Muñoz Puerta y Mauricio Alexander Álvarez Meneses, corroboraron la afirmación del agente (documento público fls. 107 a 110; testimonios 127 y vto. y 129 y vto.).
Y el mismo agente Correa en la declaración rendida ante la fiscalía corroboró lo anterior cuando afirmó: “José Ignacio (retenido) se fue adelante por el patio izquierdo, de ahí entré yo con el otro Mauricio (retenido) y le dije que faltaba el aseo de los baños y de allí para allá donde está la celda en que estaba Miguel Ángel y me quedé junto al baño, entonces Mauricio vio que Miguel Ángel no estaba bien, pues estaba junto a la reja y entonces lo tocó y yo vine y lo miré, estaba todo tapado con la cobija que la tenía colgada desde lo alto y para ello abrí la reja, lo miré y vi que estaba muerto, lo vi que estaba colgado ahí de la reja con una correa” (111 a 113).
Esa narración de circunstancias por el agente Correa coinciden, de una parte, con el informe administrativo que a sus superiores (documento público, fls. 115 y 116) y, de otra, las relativas a como se encontró el cadáver coinciden también con los testimonios de los reclusos Javier Augusto Mesa Álvarez, José Ignacio Muñoz, Juan Manuel Medina y Mauricio Alexander Álvarez Meneses, Carlos Arcenio San Martín, Gustavo Adolfo López, Francisco Martínez (fls. 126 a 219 vto.; 132; 136 a 137).
Condiciones del cadáver y del sitio de la muerte. En el acta de levantamiento se lee que el fiscal no observó indicios de ultraje o torturas “hecho que se descarta si se considera además que al desprender el cadáver del sitio, éste presentaba sus prendas de vestir en orden, sin muestras de maltrato” (fls. 107 a 110). Frente a este punto el testimonio de Milena Francely González Calle (quien se afirmó como sobrina de la víctima) dijo que observó el cadáver de Miguel Ángel y que “tenía señales de ahorcamiento, un golpe en el lado derecho del pómulo, tenía como un raspón en la frente y las manos estaban como raspadas como golpeadas, en su pecho también tenía como de pronto cuando le dan un latigazo, fue lo que más me llamó la atención” (fls. 100 a 103). No obstante, tal dicho no coincide con el examen de necropsia que medicina legal realizó, en el cual se informó que el cadáver sólo presenta las lesiones generadas por el ahorcamiento como protusión de la lengua, cianosis en cara y cuello, surco oblicuo pálido por encima del cartílago tiroides, hemorragias en musculatura anterior del cuello y paratraqueales, pulmones con hemorragias leves y lesiones por la evolución crónica (fls. 142 a 144).
Circunstancias instrumentales
Se probó que Miguel Ángel murió por ahorcamiento, con una correa de cuero. En este punto la fiscalía interrogó al agente guardia Correa: ¿por qué si Miguel Ángel fue requisado previo a ser encarcelado sin que se observara que portaba instrumento apareció muerto de esa manera con una correa? A lo cual respondió: “Yo no recuerdo si llegó con correa o no pero acá en el F2 hay una consigna de que no se les debe dejar pasar correas, ni cordones, ni llaves, yo creo que él la dejó en el baño porque antes de yo requisarlo él me pidió permiso para entrar al baño y yo lo dejé entrar y cuando lo requisé no le vi correa” (fl. 111 a 117).
Como se observa de los anteriores medios probatorios, si bien se demostró la ocurrencia de la muerte al interior de una celda del F2, a la cual Miguel Ángel había ingresado el día anterior al de la muerte, no se probó la conducta falente imputada al Estado, pues los documentos y declaraciones testimoniales informan que la Nación no contrarió sus deberes sobre el procedimiento de requisa (ver testimonios de Carlos Flórez Pérez y Francisco Martínez fls. 135 vto. a 137) y el tratamiento al detenido, por parte de los guardias y compañeros de reclusión.
Por otra parte, la Sala advierte que si bien la parte demandante da a entender que Miguel Ángel sufría de un estado mental depresivo y que fue capturado por portar fármacos (hecho 3.2 de la demanda) no se demostró, procesalmente, que la víctima, al momento de la detención, sufriera de problemas mentales pues tal condición ni fue puesta en conocimiento de las autoridades ni se evidenció del comportamiento que Miguel Ángel observó durante su detención y que le permitiera al Estado prever que el recluso pudiera inferirse daño y, por tanto, requiriera cuidados especiales, más allá de lo normal, a fin de proteger su integridad física.
Igualmente la Sala observa que no resulta cierta la afirmación del hecho 3.2 de la demanda —de que Miguel Ángel fue detenido por portar en su casa fármacos de uso doméstico, que eran de su madre— porque las pruebas señalan hecho distinto como que él fue remitido por el CTI a los calabozos del F2 por el delito de falsedad en documento público y usurpación de funciones y que incluso la Fiscalía General de la Nación ordenó a la Sijin con fecha de 20 de agosto de 1993 mantener en el calabozo a Miguel Ángel para que en la próxima remisión se le enviara a la cárcel de varones de Bellavista (documentos públicos, fls. 118 y 119).
Desde otro punto de vista tampoco se probó falla en el servicio, consistente en que en el centro de reclusión no se despojó a Miguel Ángel (la víctima) de una correa, pues se probó que éste la dejó la correa —antes de la requisa— en el baño, y luego de que fue requisado volvió al baño y la tomó. Estas circunstancias tienen entonces causa ajena y por tanto no son entonces imputables al demandado.
No probada falla en el servicio, se estudiará el caso dentro del siguiente régimen de responsabilidad.
2. ¿Responsabilidad por el resultado?
Es sabido que en la responsabilidad extracontractual y en virtud del principio iura novit curia “el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante” (8) . Por lo tanto el caso se analizará, nuevamente, pero bajo el régimen objetivo, por el resultado de la reclusión. Se caracteriza, como ya se explicó antes, porque está desprovisto del estudio de conducta subjetiva del demandado.
(8) Sentencia proferida el día 14 de febrero de 1995. Consejera Ponente: Consuelo Sarria Olcos. Expediente S-123. Actor: Jorge Arturo Herrera Velásquez.
Particularmente teniendo en cuenta toda la comunidad probatoria, se aprecia fácilmente que el hecho de muerte de Miguel Ángel tuvo su causa en el hecho exclusivo de este mismo (víctima), situación que permite concluir que el daño demandado no tuvo su causa en conducta del demandado. Ya se vio antes, por indicios debidamente probados, que fue la propia víctima quien se autoeliminó. Igualmente la Fiscalía General de la Nación también llegó a la misma conclusión, en la investigación que realizó, al no encontrar elementos tipificantes del delito de homicidio de Miguel Ángel; así lo dijo en la resolución inhibitoria dictada el día 25 de noviembre de 1993:
“Tanto los agentes del orden que debieron adelantar la investigación interna de carácter disciplinario, como la propia fiscalía permanente que llevó a cabo la diligencia de levantamiento del cadáver de Miguel Ángel Calle, pudieron establecer que todo se debió a decisión personal y exclusiva de él de quitarse la vida por mano propia, sin que en tal determinación hubiera mediado ningún otro motivo o circunstancias que hubiera precipitado ese actuar en la mente o voluntad del fallecido trágicamente” (fls. 148 a 151).
Por lo tanto tal situación, ajena al demandado, no permite colegir que el daño es imputable a la Nación colombiana, es decir que el nexo de causalidad entre la conducta imputada y prueba y el daño sufrido por los demandantes se enerva.
Finalmente se concluye que la conclusión del estudio del tribunal resulta acertado, como lo corroboró el Consejo de Estado en el estudio realizado bajo los dos títulos jurídicos: de falla y objetivo por resultado.
El a quo condenó en costas a la parte demandante, toda vez que para la fecha de la sentencia se encontraba vigente el artículo 171 original del Código Contencioso Administrativo (antes de la expedición de la L. 446/98).
Pero en este nuevo momento, cuando se dicta sentencia de segunda instancia, está vigente otra disposición procesal, contenida en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que es de aplicación inmediata por ser de orden público, en la cual se indica como supuesto de hecho necesario para imponerlas la temeridad de alguna de las partes; y como no se probó conducta subjetiva de alguna de las partes se habrá de revocar ese numeral del fallo apelado y en consecuencia se modificará.
MODIFÍCASE la sentencia del día 4 de abril de 1997 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda. En su lugar se dispone:

References: artículo 178
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 7
 resolución 
 artículo 171
 artículo 55