Source: http://alumnosmdag.blogspot.com/2010/10/
Timestamp: 2018-07-20 03:14:13+00:00

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Derecho Administrativo Global: octubre 2010
"Y VOLVIÓ A SUCEDER"
En la madrugada del 17 de junio de este año el cabo Sergio Colombil, de 28 años, disparó sobre el adolescente Diego Bonefoi en el barrio Boris Furman de Bariloche. Eran las 4:30. El cabo y otros dos policías perseguían a chicos con bultos que –luego se confirmó– eran objetos robados. Bonefoi corría y miraba de costado a su perseguidor. La bala de 9 milímetros le atravesó la cabeza de izquierda a derecha. Tenía 15 años, como sus acompañantes. Al procesar al policía, el juez Gaimaro Pozzi le imputó homicidio calificado por abuso de la función policial. Un chico que huía sin oponer resistencia –merituó– no representaba un peligro que justificara usar el arma. Pero tomó nota de la escasa instrucción de tiro que había recibido el policía; que el seguro del arma reglamentaria no funcionaba y el percutor era tan celoso que se disparaba con sólo tocarlo; la cartuchera no era para esa arma; fallaba la adherencia del cierre y las correas que debían sujetarla al muslo. La situación, entendió, era peligrosa para toda persona que se acercara al cabo.
Poco antes de la medianoche del sábado 23 de octubre, el sargento Silvano Meza, de 40 años, acudió con un colega ante el llamado de un vecino que alertaba por adolescentes cerca de la escuela del barrio Lavalle, en Viedma. Sucedió lo lógico: los jóvenes corrieron. Guillermo Trafiñanco, de 16 años, pasó el cerco de la escuela. El sargento Meza lo siguió. Instantes después, con el chico en el piso, le disparó por la espalda con la 9 milímetros causándole la muerte. Meza, que ya tenía dos denuncias por apremios, no declaró ante el juez. El chofer del patrullero argumentó que aquel corría y el arma se le disparó.
No cuesta recordar hechos igualmente terribles. Como el asesinato en 2006 de Pablo Huenteleo, de 22 años, cuando estaba ebrio, desarmado y detrás de su madre, en la puerta de su casa de Valcheta. Acababa de discutir y golpear a su novia. Para notificarlo de esa denuncia lo buscaba el agente Rogelio Flores, que lo mató de dos tiros. Inicialmente Flores fue condenado a 12 años de prisión por homicidio en abuso de su función policial, pero el STJ cambió la tipificación por "homicidio en exceso de legítima defensa", por lo cual –condenado a seis años– el agente espera en libertad que el fallo quede firme.
Desde el punto de vista penal, cada uno de estos sucesos debe ser evaluado por separado. Corresponde a los jueces merituar las circunstancias, las pericias, los testimonios...
Pero, en lo político, son eslabones indubitables de que la Policía de Río Negro comete demasiados errores fatales. Y que los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen responsabilidad sobre la fuerza no han hecho lo suficiente por corregirlos.
No resulta difícil ubicar en el tiempo el comienzo y las causas del deterioro técnico y moral de la Policía de Río Negro. No fue un fenómeno fortuito. Ocurrió como resultado de la intervención de la política en la designación de los jefes de Policía, en lugar de privilegiarse la capacitación profesional y la aptitud personal para el cargo.
De todo se ha visto en Río Negro en los últimos quince años: jefes adulones, con menos formación que la Plana Mayor, predispuestos a admitir compra de equipamiento inadecuado, con tendencia a aplicar premios y castigos por adhesiones personales y no por razones de servicio...
La declinación fue constante, fueran los jefes escasamente formados –como Carlos Ramos, Héctor Elosegui o Víctor Cufré– o vulnerables a los mandatos políticos –como Rogelio Lardapide–.
Durante todo este lapso, fueron pasados a retiro obligatorio varios de los oficiales superiores mejor formados, fuera por el ascenso precipitado de gente con rango menor o por la decisión política de desactivar el funcionamiento de los controles institucionales en las áreas administrativas o de servicio.
Paralelamente, los sumarios administrativos y las causas judiciales se archivaban para los amigos, sin medir los efectos en la calidad de la fuerza y en el ánimo de quienes procuraban profesionalizar la institución. Cansados de ver protección e impunidad, ya nadie denunció nada. Y hoy cuesta establecer la diferencia entre policías honestos y corruptos, entre aptos e improvisados.
En ese terreno fangoso flota la investigación que la Justicia de Río Negro sigue aún sobre los varios policías investigados por promover o facilitar la corrupción o la prostitución de menores, encubrir la trata, abusar de su autoridad o incumplir sus funciones protegiendo a proxenetas de Roca y Valle Medio.
Si bien el sobreseimiento dictado por la jueza Marisa Bosco derivó en que el expediente fuera girado en su mayor parte a la Justicia Federal de Roca, todavía son muchos los elementos que esperan resolución en jurisdicción provincial. Entre ellos, el caso del comisario a quien las evidencias señalan como amigo y cliente habitual de uno de los locales, cuyo dueño está siendo investigado por trata de personas y violación a leyes de profilaxis y migraciones.
Es probable que, para Miguel Saiz, la problemática policial sea uno de los aspectos menos afines a su vocación jurídica civilista. También lo es que haya cultivado con Víctor Cufré una amistad tan fuerte y sincera que lo impulse a no tomar decisiones que puedan afectarlo. Hasta es posible suponer que el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, haya ganado semejante confianza en el poco tiempo que lleva en el gabinete.
Pero es obvio que el gobernador comete un error al no tomar cartas en el asunto.
En principio, falta con ello el respeto a las víctimas de la brutalidad o la incapacidad de efectivos de la Policía. Pero, principalmente, priva a su gestión –y a los rionegrinos– de la posibilidad de contar con una Policía capacitada científica y jurídicamente, comprometida con la comunidad y trabajando en coordinación con otros organismos sociales, educativos y de atención de la salud del Estado provincial, en lugar de avergonzar por defecto o por exceso.
No se pueden dejar de destacar las siguientes declaraciones del Secretario de Seguridad de la Provincia, insertas en la nota del Diario Río Negro de fecha 31/10/2010 titulada "Cufré fustiga y lanza desafíos a la dirigencia política": "Un arrebato similar tuvo hace algunos meses atrás durante otra reunión en Viedma, también acompañado por Larreguy, con empresarios y miembros del Consejo Local de Seguridad. Allí consideró que la policía estaba acotada en su accionar al tener que "respetar los derechos humanos". Aquellas afirmaciones sorprendieron pero, todos silenciaron cualquier reacción." (AV)
en 10/31/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: derechos humanos, responsabilidad del estado
DERECHOS HUMANOS EN CHINA: TRAS EL NOBEL DE LA PAZ, DETUVIERON A LA LÍDER DE LAS MADRES EN TIANANMEN
Liu Xiaobo dedicó el galardón a las mujeres que buscan justicia para sus hijos, que fueron asesinados en 1989. Ahora se supo que la policía envió a prisión a Ding Zilin.
Por Leandro Dario para Diario Perfil
Todo el dolor. Ding Zilin lidera a las Madres de Tiananmen,
tiene 74 años y esta semana se supo que fue detenida en China.
Cansada, con sus 74 años a cuestas, Ding Zilin se resiste a bajar los brazos. La líder de las Madres de Tiananmen volvió a estar esta semana en la mira de las fuerzas de inteligencia del gobierno chino, luego de que Liu Xiaobo fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz y le dedicara el reconocimiento a los familiares de los asesinados en 1989, cuando reclamaban una apertura democrática. Debido al cerrojo informativo que aplica el gobierno de Hu Jintao, recién este martes se conoció que Zilin y su marido, Jiang Peikun, fueron detenidos la semana pasada, pocos días después que Xiaobo recordara a los muertos de Tiananmen.
“El control es enorme sobre todas las organizaciones sociales que para el gobierno son integradas por disidentes. Las medidas de castigo pueden ser el arresto preventivo o domiciliario y el envío a campos de reeducación”, afirmó a PERFIL el investigador del Conicet Sergio Cesarín. El Premio Nobel a Liu disparó un verdadero efecto dominó, una serie de persecuciones sobre los disidentes, entre los que se destacó la detención de Zilin. Con su testimonio, la líder de las Madres asiáticas recuerda constantemente la masacre de 1989, en la que al menos tres mil estudiantes fueron asesinados. “Todo lo que signifique el mantenimiento de la memoria es un problema político para el Partido Comunista Chino”, confió Cesarín.
Inmersas en contextos históricos y políticos distintos, pero en un paralelo ineludible con las Madres de Plaza de Mayo, las mujeres agrupadas alrededor de Zilin se constituyeron en uno de los movimientos más importantes en la búsqueda de justicia en China. Con seis intentos de suicidios en su haber, la líder de la organización se comprometió a no descansar hasta lograr justicia. Jiang Jielian fue asesinado a balazos mientras se dirigía a la plaza de Tiananmen en bicicleta la madrugada del 4 de junio de 1989. El joven de 17 años llevaba una pancarta de apoyo a las manifestaciones. El mensaje era claro y conciso: “Incluso si caen, podrán contar con nosotros”.
Tras 21 años de lucha, Ding confesó que no desistirá hasta que China reconozca los crímenes: “No quiero morir sin ver que se hizo justicia con mi hijo”.
Aunque las madres quieren que las autoridades “digan la verdad” y dejen de calificar a la masacre como un “incidente contrarrevolucionario”, el gobierno chino las arrestó en reiteradas ocasiones y las presionó. “Yo soy afortunada. Sé cómo y dónde mataron a mi hijo. Otras no tienen esa suerte”, aseguró Zilin en 2009, al revelar que la gran mayoría de los estudiantes muertos continúan desaparecidos.
“Los universitarios que protagonizaron los sucesos de Tiananmen tenían las manos vacías y la población no los apoyaba. Se presentaron ante el ejército, que estaba armado hasta los dientes y dispuesto a aplastarlos”, aseguró el escritor Gao Xingjian, premiado con el Nobel de Literatura en 2000. Aunque ese galardón fue el antecedente de la nominación de Xiaobo, poco cambió en China durante los últimos años. Las madres de Tiananmen, honrando a sus hijos, aún disparan cada 4 de junio la misma pregunta: “¿Cuánto tiempo debemos esperar para encontrar justicia?”
Fuente:http://www.diarioperfil.com.ar/ Edición Impresa del domingo 24 de octubre de 2010
en 10/29/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 10/28/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: EL PRESUPUESTO DEL ESTADO NACIONAL
El Caso Morales: Implicancias Jurídicas, Políticas y Económicas
Por Dolores Lavalle Cobo para La Ley
En el año 2006 el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados cuyo propósito consistía en obtener la aprobación de la ampliación del Presupuesto Nacional en relación con el monto máximo y originalmente establecido para la colocación de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales destinados a cancelar pasivos suscitados en tal año, bajo la denominación del rubro “proveedores”. Durante el debate del proyecto en la Cámara se verificó la omisión de información acerca de la identificación de los “proveedores”, mediante la cual se requería una suma excesivamente abultada, millonaria. No obstante, el proyecto fue aprobado y girado a la Cámara de Senadores.
En la Cámara Alta, algunos integrantes de los bloques minoritarios de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también constataron la falta de información necesaria para evaluar la legalidad y pertinencia del proyecto de ley, indispensables para su aprobación. Para subsanar esta carencia, los legisladores Morales y Sanz presentaron pedidos de informes al Ministerio de Economía a fin de tomar conocimiento del detalle de quienes eran los beneficiarios de los pagos de las sumas de dinero consignados en el rubro “proveedores”, los cuales no fueron atendidos por tal organismo. A pesar de los reiterados requerimientos acerca de la información relativa a la identificación de los “proveedores”, el Ministerio de Economía se mantuvo en silencio.
La negativa a enviar la información requerida tuvo como consecuencia que los bloques minoritarios y otros legisladores se negaran a emitir un dictamen de Comisión y en consecuencia, a tratar el proyecto en el recinto parlamentario, alegando que se menoscababa el debido ejercicio de su obligación de contralor y supervisión parlamentaria, así como el resguardo de los intereses económicos del Estado Nacional y de la ciudadanía. Finalmente, el proyecto no fue debatido.
Posteriormente, como resultado del fracaso en el tratamiento del proyecto de ley en el Senado, se les comunicó a los legisladores que el total de la ampliación solicitada por el Estado Nacional tenía como propósito la cancelación de pasivos contraídos con un supuesto acreedor privado: el Grupo Greco [1]. La novedad impulsó la presentación de un pedido de información al Ministerio de Economía utilizando una herramienta legal, el decreto 1.172/03 de acceso a la información pública. El pedido no fue cumplimentado en los plazos establecidos por el decreto, diez días hábiles, mas un plazo similar en caso de que la institución requerida solicite una prórroga. La omisión del Ministerio de Economía en dar respuesta al pedido motivó la presentación judicial de una acción de amparo por mora (art. 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), habilitada por el decreto 1.172/03 en el artículo 14.
El Ministerio de Economía respondió a la demanda justificando la negativa en la excepción del artículo 16, inciso f) del decreto mencionado, -información preparada por los asesores jurídicos para el armado de la estrategia legal-, argumento rechazado por la Justicia en primera y segunda instancias, ordenando a la demandada a entregar la documentación requerida por la actora. La información fue retirada debidamente.
Por otra parte, con posterioridad a la sentencia de Cámara, el Ministro de Economía creó un Grupo de Trabajo (“GT”) en el ámbito de la Secretaría Legal y Administrativa con el propósito de concentrar en una sola oficina pública toda la documentación que permitiera determinar los créditos y pasivos entre el Estado Nacional y el Grupo Greco. Del estudio realizado por el GT se obtuvo como conclusión que el Estado Nacional es acreedor –en lugar de deudor- del grupo empresario, lo que dio origen a la presentación de una acción en sede penal.
Gentileza Dra. Dolores Lavalle Cobo
En la entrada, al final, el fallo completo: fuente:http://www.laleyonline.com.ar/
en 10/27/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Por Marcela Gamebrini para la revista de cine El Amante
Argentina, 2010, 86´, dirigida por Enrique Piñeyro.
Después de Whisky Romeo Zulu y Fuerza Aérea Sociedad Anónima, Piñeyro vuelve a la carga con otra película de denuncia. Efectiva y contundente, El Rati Horror Show despliega todas las estrategias posibles que hacen de la película un buen documental. En este caso, Piñeyro denuncia el aparato policial y su connivencia con los jueces y otros mecanismos del poder, como por ejemplo los medios o la educación. A partir del caso Carrera, denominado como “La masacre de Pompeya”, la película logra a partir de mucho, muchísimo material de archivo establecer un parámetro que no sólo tiene que ver con la justicia, sino con la ética y la moral de los aparatos del Estado. Interesante es el uso que el director hace de las nuevas tecnologías, porque su efectividad es absoluta: las imágenes de los noticieros, las inmensas maquetas animadas, los expedientes, la presencia inefable de las computadoras dan una fuerte impresión de realidad. Muchas de las secuencias de la película quedan flotando en la memoria un tiempo después de haberla visto, por la contundencia de sus imágenes y de sus juicios, como por ejemplo la escena en la que en el medio del campo Piñeyro –con rifle en mano– explica cómo una bala impacta en un cuerpo. El impacto del Rati es profundo, y ésa es una de las muchas virtudes de la película, el poder de estallar en la conciencia del espectador de manera certera y precisa. Hay un cine que queda flotando en la memoria de quien la ve, puede ser por la musicalidad que destila, por aquello que cuenta, por cómo lo cuenta, por el registro poético o documental o por otras cosas íntimas y privadas; pero hay cine que es una experiencia inolvidable. Sin duda Piñeyro lo logra otra vez, a pesar de sus errores y con sus muchos aciertos, con su valentía para enfrentar ciertos temas, para instalar en la sociedad ciertos debates, para decir aquello que todos sabemos pero que nadie se anima a decir. Odio caer en este tonto lugar común del discurso de la crítica pero el Rati Horror Show sí que es una “película necesaria”.
Fuente:http://www.elamante.com/
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Etiquetas: bafici, cine, debido proceso, películas descargar
PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES: ASISTENCIA A FAMILIAS POBRES. DERECHO A LA VIVIENDA. INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DE MACRI
Expte. nº 6153/08 “Ministerio Público – Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”
Visto: los autos indicados en el epígrafe,
1. A fs. 1/19 la Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad, Dra. Laura C. Musa, interpuso la acción prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCABA para que se declare la invalidez constitucional y pérdida de vigencia de diversas normas del decreto nº 960/08 que modificó el programa de “Atención para Familias en Situación de Calle” aprobado por el decreto nº 690/06.
La accionante sostiene que las disposiciones reglamentarias mencionadas “implican retrocesos en la política pública destinada a proteger el derecho a la vivienda adecuada” y, por ello, vulneran los arts. 14 bis, 16, 28, 31, 75, incs. 22 y 23, y 99 inc. 2, de la Constitución Nacional; el artículo 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los arts. 2, 4 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 5 inc. e de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; el artículo 14 inc. 22 de la Convención por la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres; los arts. 10, 11, 17, 20, 31 y 39 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la ley nacional nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la ley nº 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1 vuelta y 2 vuelta).
Etiquetas: derecho a la vivienda digna, derechos humanos
en 10/21/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 10/19/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: derecho comparado, derecho internacional
en 10/18/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 10/16/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
"Factótum es una revista online de filosofía editada por la Asociación Cultural Factótum (Salamanca, España). Su equipo editorial está formado por doctores, doctorandos y antiguos alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Dicha Facultad ha financiado los primeros números de la revista; también ha facilitado labores de gestión y difusión.
Los números de Factótum son monográficos y están abiertos a la participación. El tema de cada monografía se hace público en la web de la revista. Los textos recibidos son evaluados mediante revisión ciega por pares. Todos los contenidos son de libre acceso."
en 10/13/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 10/12/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 10/10/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 10/09/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Diario Clarín del 19/09/10
Por MARCELO ALEGRE, PROFESOR DE DERECHO Y FILOSOFIA, FAC. DERECHO, UBA
El gobierno provincial, monitoreado desde el gobierno nacional, persiste en alzarse contra la Corte, planteando un conflicto institucional inédito en democracia y de consecuencias impensables; los argumentos descalificatorios hacia la Corte son propios de un pedido de juicio político; y en el Congreso se discuten varios proyectos de intervención federal.
Hablemos de federalismo, no de feudalismo . La principal objeción jurídica a la orden de la Corte niega la naturaleza federal del caso. Pero ese carácter es indudable: el Art. 116 de la Constitución dice que “Corresponde a la Corte ... el conocimiento y decisión de todas las causas ... sobre puntos regidos por la Constitución”; y el Art. 5° ordena: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; ... que asegure su administración de justicia.” La Corte no transgredió ni la autonomía de la provincia ni el federalismo, que es un sistema de distribución del poder que protege la democracia a nivel local y que ampara a los ciudadanos de las provincias contra la arbitrariedad del poder central, pero también de la arbitrariedad de los poderes locales.
Si en un contexto de anomia los argumentos jurídicos son insuficientes para alterar el rumbo del poder, tal vez sirva una consideración política: este desafío a la Corte es autodestructivo para el Gobierno. No impugno aquí una supuesta visión crispada de la política. De hecho no hay dos formas de hacer política, una confrontativa y otra dialoguista. Toda construcción política combina confrontación (con algunos) y diálogo (con otros) y el Gobierno sabrá cómo elige sus estrategias, pero cabe notar que esta disputa presenta riesgos especiales.
Fuente:http://marceloalegre.blogspot.com/
en 10/08/2010 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: derecho constitucional, federalismo, política argentina
La Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, obtuvo una nueva victoria jurídica, esta vez en un caso de defensa de derechos de las personas con discapacidad. La Clínica patrocinó a la asociación REDI, un grupo social que coordina a distintas organizaciones de defensa de las personas con discapacidad, en un amparo colectivo judicial contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa recolectora de residuos Cliba. La Sala I de la Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (integrada por los jueces Balbin, Corti y Weinberg) confirmó un fallo de primera instancia que condenó a los demandados por incumplir normas de la Constitución de la Ciudad y de una ley que establecen la obligación de que las empresas prestadoras de servicios públicos contratadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben contar entre su personal a un 5% de personas con discapacidad.
Etiquetas: derechos de las personas con discapacidad, servicios públicos

References: resolución 
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 14