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Timestamp: 2013-12-08 16:49:43+00:00

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La Confirmación del Acto Jurídico, desde una perspectiva Nacional e Internacional | Carlos Armando Gallardo Abanto
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La Confirmación del Acto Jurídico, desde una perspectiva Nacional e Internacional
Circulo Académico de Estudios del Derecho “KREIS RECHT’S”
Monografía recompilativa sobre, Confirmación de Actos jurídicos, visto desde la perspectiva jurídico-doctrinaria nacional y haciendo una breve comparación con legislaciones internacionales, dada por diversos autores en sus obras de Derecho Civil parte General, Contratos, Tratados y Acto Jurídico.
El presente trabajo está realizado con la ayuda de libros lo cual la convierten en compilación de buena fuente debido a que sus autores son personajes de prestigio y de buen nivel en el campo del derecho .Por consiguiente cabe mencionar de manera expresa que el tema a llevarse a cabo se trata de cierta parte que conforma el acto jurídico, este son hechos voluntariamente realizados por el hombre con la intención de producir efectos jurídicos o consecuencias de derecho. Teniendo en cuenta que el acto jurídico es la fuente creadora del derecho civil y que necesariamente se convierte en un tema esencial para nuestro estudio y análisis que mediante esta monografía les brindaremos.
Así como en el amplio campo del derecho, en el administrativo por ejemplo ciertas resoluciones (Nombramientos de funcionarios), se confirman o ratifican, hay tambien la confirmación del acto jurídico.
La confirmación empero solo funciona respecto a los actos jurídicos anulables, puesto que los nulos ya no surten efectos, y constituye una declaración de voluntad en cuanto a un acto jurídico con determinado vicio pero sacándolo del mismo, convalidándolo o rectificándolo, la confirmación se expresa si consta de manera escrita y es tacita si se ejecuta de forma deliberada total o parcialmente el acto jurídico que se pretende impugnar.
En nuestra legislación la confirmación del acto jurídico, por la doctrina lo consideran un acto integrador, en las diversas percepciones legislativas de la doctrina ya sea española, argentina e italiana lo consideran un acto jurídico unilateral bajo el principio de la “Conservación de los Actos Jurídicos”.
Confirmación o convalidación es el acto por el cual se da validez a otro, que el deudor puede atacar por acción de anulabilidad. Difiere de la transacción, pues ésta supone de las partes un abandono recíproco de derechos o pretensiones, en tanto que la confirmación emana de una sola de las partes, que renuncia a su derecho a atacar la convención, sin estipular nada en su provecho.
También difiere del simple reconocimiento. “Lógicamente el simple reconocimiento tiene por fin y por efecto únicamente constatar la existencia de una obligación y ello no implica necesariamente la voluntad de cambiarla, de fortificarla, en tanto que la confirmación, como lo acabamos de decir, tiene por finalidad y por efecto reparar los vicios que pueden afectar a la obligación y hacerlos desaparecer” (Demolombe).
Tampoco es confundible con la novación. “El efecto de la novación es crear una obligación nueva que reemplaza a la antigua; la confirmación, al contrario, tiene por objeto solamente reparar los vicios de la obligación a la cual ella concierne” (Aubry y Rau).
El término ratificación se suele emplear como sinónimo de convalidación. Pero también es empleable en otra acepción especial, como aprobación que uno presta a un acto celebrado por otro, en nombre del primero; ratihabitio mandato a equiparatur.
La confirmación sólo es procedente tratándose de los actos anulables, no de los nulos, pues quod ab initio vitiosum est, non potest tractu convaleceré. La voluntad de las partes no puede desplazar el régimen legal, que no acepta la validez de un negocio; desplazamiento que se produciría si a aquél se pudiera por una ratihabitio, atribuirle eficacia. De lo único que se podría hablar en tal caso, sería del consentimiento de un nuevo negocio.
La confirmación es un acto jurídico mediante el cual se expurga a otro acto jurídico inválido del vicio de que adolecía y en razón del cual era pasible de nulidad.
a)	La confirmación es un acto unilateral de quien podría anular el acto convalidado; es por lo tanto, un acto consecuencial, y él es irrevocable (Carmona).
Es unilateral, pues no requiere la participación del otro agente en el negocio, a quien la confirmación viene a beneficiar. Su intervención sería inocua. Aunque unilateral, es una declaración recepticia enderezada al conocimiento y para el interés de persona determinada, cabalmente la otra persona vinculada por el acto confirmado. El carácter consecuencial del acto confirmativo se presenta obviamente, toda vez que qui confirmat nihil dat. El acto confirmante es meramente adyacente al convalidado, no es autónomo, no crea nuevas vinculaciones jurídicas, concretándose sólo a redimir el acto anterior de sus defectos. “Si el acto confirmativo está concebido en términos que otorgan al primer acto un efecto diferente de aquél que primitivamente estaba destinado a producir, no podría ser una confirmación, sino una nueva convención o un nuevo acto, independiente del primero, que se rige por reglas diferentes” (Carmona).
b)	La confirmación es irrevocable, por lo mismo que es una declaración de voluntad de tal naturaleza que emitida ya no está en poder del emitente el recogerla y dejarla sin valor.
c)	Sólo el negocio impugnable, pero aún no declarado nulo, es susceptible de convalidación. Una vez declarado nulo un acto, no puede revivir por una confirmación del mismo; lo único que puede ocurrir entonces, es la producción de una nueva declaración de voluntad.
Si el acto es en virtud de varias causales anulable, y se produce confirmación sólo con respecto a una de ellas, la impugnabilidad de aquél por las otras causales no desaparece.
Así una venta efectuada con dolo y además con violencia, de ser confirmada en cuanto a lo primero, no por ello queda indemne a que sea impugnable por lo segundo. La confirmación obra limitativamente al supuesto considerado en el negocio confirmativo.
Si el negocio es por uno y otro contrayente impugnable, la confirmación hecha por uno de ellos sólo tiene su efecto en lo que a él respecta: el otro contrayente podría incoar la acción de nulidad que le incumbiría.
3.	REQUISITOS.
Para la validez de la confirmación se requiere que ella no contenga el defecto del cual depura al acto; o sea, que haya desaparecido la incapacidad del agente, esté descubierto el error o el dolo, haya cesado la violencia, se tenga conocimiento de la simulación o el fraude, según los casos. Tampoco el acto confirmatorio debe contener otro defecto, considerado como causa de nulidad
4.	EFECTOS.
El efecto de la confirmación es mantener de modo firme la eficacia del acto, el cual así ya no puede ser atacado. Tal eficacia, por otra parte, se considerará concomitante al nacimiento mismo del acto, por lo que resulta impropio hablar de la retroactividad de los efectos de la confirmación, pues qui confirmat nihil dat.
Se comprende, naturalmente, que en lo que se refiere a su contenido, el acto confirmativo prevalecerá para el mejor conocimiento de la voluntad de las partes, sobre el acto confirmado. Los efectos ya producidos se mantienen, por lo tanto.
5.	CLASES
A.	CONFIRMACION EXPRESA
La confirmación expresa es la que se realiza por escrito. Coincidimos con Borda en que no hay confirmación expresa verbal. Consiguientemente, la confirmación expresa se constituye en un acto formal, ya que ella debe hacerse por escrito. La confirmación en cuanto acto meramente declarativo, produce efectos retroactivos. Pero esto sólo en cuanto a las partes a que concierne el acto confirmado y para tercero la confirmación no es oponible.
La confirmación por lo demás no perjudica a terceros, ya que como se enseñaba desde Bartolo, actus medius interveniens, impedit ratihabitionem trahi retro en praeiudiciumii cui ius intermedio tempore quaesitum fit.
Véase un clásico ejemplo, consignado por Foignet: un menor ha vendido un inmueble a Primus. Llegado a su mayoría vende ese mismo inmueble a Secundus; después, confirma la primera venta. Esta confirmación no puede perjudicar a Secundus, que habiendo tratado con él que antes era menor, había adquirido un derecho irrevocable a prevalerse de la nulidad de la primera venta. Se trata, en consecuencia, de proteger a un sucesor a título particular, que adquirió un derecho real sobre la cosa, que se transmitió por un acto anulable, antes que la confirmación tenga lugar; derecho que resultaría destruido o amenazado si la confirmación le fuera oponible, desde que se consolidaría el derecho del contratante que adquirió la cosa mediante el acto anulable.
Así se justifica la regla protectora de los terceros, pues cuando una persona concede un derecho sobre una cosa, sobre la cual ya ha dispuesto en todo o en parte, pero que puede hacer entrar en su patrimonio por el ejercicio de una acción de nulidad o rescisión, renuncia por ello, en provecho del cesionario a tal derecho, a la facultad que tiene por una confirmación de despojarse del beneficio de esta acción; ya que no se puede suponer que había querido reservarse el medio de hacer caer posteriormente el derecho que transmitía con toda validez: ello significaría imputarle un dolo (Baudry-Lacantinerie y Barde).
Por tercero debe entenderse el adquirente de un derecho a título singular; los sucesores a título universal del renunciante no pueden invocar la calidad de terceros. Sólo el adquirente de un derecho real sobre el objeto goza del beneficio de no serle oponible el efecto de la confirmación; los acreedores quirografarios no gozan de tal beneficio.
El art. 230, C.C. 1984 menciona simplemente al tercero, sin agregar ninguna calificación sobre si la adquisición hecha por éste haya sido de buena fe y a título oneroso. La mala fe consistirá en que el tercero tuviera conocimiento de que el transferente del derecho ya había dispuesto de él en favor de la persona con quien aquél pactara antes, aunque mediante un acto invalidable. Podría pensarse que la salvaguarda del tercero no puede tener lugar sino cuando él mismo haya procedido de buena fe, pues si tuvo conocimiento de que sobre la cosa ya había dispuesto el cedente, estaría obrando deslealmente contra éste, sin que empeciera que el título del mismo fuera impugnable, pues la definitiva situación del negocio depende sólo de ese transferente, que puede anular el acto. Desde este punto de vista si el tercero quisiera proceder con sagacidad, debería antes asegurarse que el acto primitivo realizado por el transferente no va a ser ratificado, exigiendo el planteamiento de la nulidad o una declaración de renuncia o confirmación.
No obstante las anteriores reflexiones, pensamos que la decisión debe ser otra, como diremos después. No creemos que tenga trascendencia el que la adquisición por el tercero sea a título oneroso. No hay un damno vitando en el otro contrayente (aquel a que no concierne el negocio que se confirma por uno de los contrayentes) que justifique la protección de la respectiva persona, pues ésta no puede invocar sino un título precario, falible, que estaba expuesto al riesgo de la anulación. El haber dispuesto de la misma cosa que fuera objeto del primer negocio anulable, importa una renuncia de ratificación.
Esto nos parece lo fundamental en relación al punto. Por ello juzgamos que aun en el caso de que el tercero sea un adquirente de mala fe, la confirmación del acto no le perjudica. El tercero en todo caso pudo confiar en que el acto no se iba a confirmar, pues de sobrevenir esto, su autor estaría asumiendo una actitud contradictoria consigo mismo; de un lado transmitiendo un derecho a dicho tercero y del otro reconociendo ese mismo derecho en distinto sujeto, el conegociante del acto confirmado. Con la cesión al tercero, el transferente transmitió un derecho a firme, en lo que respecta a la situación de la cosa, en cuanto al cedente y al cesionario y al anterior adquirente por el acto anulable. O lo que vendría importar lo mismo: hay que estimar que con la cesión se comprendería el derecho de impugnar el acto por el tercer cesionario, que podía entablar la acción anulatoria a mérito del art. 222, C.C. 1984, lato sensu, en concordancia con el art. IV [art. VI, T. P., C.C. 1984].
La cuestión del peso de la prueba no puede suscitar dudas. La existencia de la causal de nulidad corresponde al que reclama esta última; sobre él no recae la prueba de la no existencia de una confirmación (pues la prueba negativa no es exigible), sino que es a la otra parte a quien correspondería demostrar la producción de la confirmación, originante de la desaparición de la causal de impugnación.
B.	CONFIRMACIÓN TÁCITA “La confirmación es tácita cuando la obligación es ejecutada voluntariamente, siendo quien la ejecuta capaz y conocedor del vicio, y cuando la ejecución haya sido en época en que la obligación pudiese ser válidamente confirmada” (Beltjens).
La razón por la cual la ley reputa que el acto ha sanado del mal que le aquejaba en la hipótesis de la ratificación indirecta que disciplina el art. 231, C.C. 1984, estriba en que con un comportamiento unívoco y concluyente como el considerado, se impone la eliminación automática de la impugnación, “por aquel principio de coherencia e incompatibilidad que impide a cada uno en las relaciones entre los miembros sociales, ir contra el acto propio” (Betti).
El carácter voluntario en la ejecución es esencial, para que exista realmente el propósito deliberado de renunciar a la nulidad. Es decir, que el deudor debe tener conocimiento del vicio de que adolecía el acto. Es obvio que para que la confirmación tácita se repute eficaz, ella no debe contener el propio vicio del acto que se confirma, ni ninguno otro que sea causal de nulidad; la exigencia de que la confirmación sea un acto intachable, vale tanto tratándose de la expresa como de la tácita.
Y es necesario también que la ejecución haya sido efectuada voluntariamente, es decir, no de modo forzado. Por lo tanto no se presentaría la figura, si el deudor cumple su obligación únicamente para sustraerse a los efectos de la persecución del acreedor. Y no es de importancia que el deudor haga entonces protesta o reserva (Toullier).
Como muy bien lo dice el artículo, no precisa que el cumplimiento sea total. La convalidación tácita es una cuestión de hecho, consistente en que resulta demostrada la voluntad de renunciar al derecho de anular el acto. No se trata, pues, de una cuestión cuantitativa, sino apreciativa, y por lo tanto una ejecución parcial puede ser bastante para que haya ratificación tácita. La apreciación misma del hecho que comporta tal ratificación, corresponde al juez. “Es imposible –dice Huc– indicar en una fórmula general cuáles son los actos de ejecución que implican renuncia al derecho de accionar por causa de nulidad. Todo lo que se puede decir es que estos hechos deben ser inequívocos y suponer necesariamente la voluntad de mantener la obligación”.
Giorgi sobre el particular manifiesta: “La confirmación por acto de cumplimiento de la obligación exige rigurosamente la prueba de voluntad y capacidad de confirmar. En efecto, si bastase cualquier acto de cumplimiento para confirmar la obligación invalidada, el remedio que ofrece la acción rescisoria sería una promesa vana, porque el ejercicio de la acción hace suponer un contrato cumplido. De donde, bajo el aspecto de los requisitos intrínsecos, la confirmación por cumplimiento no difiere en nada de la expresa. Cumple la obligación quien entrega o hace la prestación, paga, consigna, hace lo que promete, recibe la cosa o la suma debida; transmite a otros los derechos provenientes del contrato, mejora o transforma la cosa recibida, la consume o la destruye. Por el contrario, no siempre se puede decir que cumpla, quien se ofrece a cumplir, o quien sufre la ejecución o el cumplimiento; quien pide o concede una dilación; quien da una garantía fiduciaria o real. Semejantes casos pueden considerarse como cumplimiento dirigido a confirmar, sólo excepcionalmente, cuando las circunstancias de que van acompañados tengan relación única con la intención de cumplir el contrato”.
El transcurso del tiempo para entablar la acción rescisoria contra el acto anulable, no debe considerarse como una confirmación tácita del mismo, desde que se permite que en cualquiera época el obligado se oponga a la acción que ejerza el pretensor para la ejecución del acto, por aplicación de la regla de temporalia ad agendum, perpetúa ad excipiendum. La opinión que se sustenta en tal sentido, que el transcurso del tiempo para incoar la acción de nulidad sin haberla incoado, importa la confirmación del acto, nos parece así sostenible. ¿Cómo compatibilizar la presunta voluntad del deudor, de dar validez al acto, con el medio que le franquea la ley, de oponerse a la ejecución del mismo?
La cuestión en sí, por lo demás, resulta superada por el Código, que declara que la excepción de nulidad prescribe dentro del plazo señalado para la acción de nulidad.
¿Sólo la ejecución deliberada, será prueba de confirmación del acto? La fórmula del art. 231, C.C. 1984 es restrictiva. ¿Y si un contrayente con conocimiento del vicio, demanda del otro el cumplimiento de lo convenido? Aquí habría indudablemente el propósito de una confirmación del acto; pero no se acomodaría a la fórmula limitativa del art. 231, C.C. 1984. Habría, empero, que hacer la interpretación en el sentido que el acto había sido confirmado.
Un caso especialmente mencionado de confirmación es el del art. 1286, C.C. 1984, que dice que la obligación anulable puede ser confirmada por novación. La confirmación, sea expresa o tácita, no exige el concurso de la parte en cuyo favor se hace. Es lo que prevé el art. 1064 del Código argentino. “La razón es –dice el codificador argentino, inspirándose en Aubry y Rau– porque se presume que esta parte hubiese ya dado con anticipación su adhesión a la confirmación, en el momento en que el acto fue celebrado”. La ratificación, siendo renuncia a un derecho, es efectivamente un acto unilateral. Perjudica a quien hace la renuncia y favorece a la otra parte; es, pues, indiferente a la voluntad de la última.
Capítulo II: Marco Jurídico
1.	CONFIRMACIÓN EXPRESA
ARTÍCULO 230º.- Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la acción de anulación mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo.
La postura relacionada con el agotamiento de todos los medios y recursos posibles para otorgar validez al acto jurídico que adolece de algún vicio o anomalía estructural que lo torna nulo o anulable, o para mantener la vigencia del acto que al momento de nacer o durante su ejecución padece de algún problema que afecta su eficacia, se remonta a la conocida posición de Pothier basada en el principio de conservación del contrato, en cuya virtud la actividad negocial debía mantenerse en vigor lo más que fuera posible con el objeto de ver realizado el fin económico y práctico perseguido por quienes lo celebraron.
Al parecer el legislador del Código Civil de 1984 ha tenido muy en cuenta el referido principio de conservación, pues éste se refleja a lo largo del articulado en diversas hipótesis y circunstancias. De este parecer es también un sector importante de la doctrina nacional, al sostener que la filosoffa general seguida por el Código está encaminada a la preservación o cumplimiento de la palabra comprometida, constituyendo una tendencia moderna en este sentido (ARIAS-SCHREIBER).
Cabe señalar, sin embargo, que cuando se alude a que se trata de una tendencia moderna no quiere decir que antiguamente no existiesen mecanismos o figuras destinadas a la subsanación o preservación de los actos jurídicos, sino que aquellas no estaban concebidas dentro de un marco filosófico general que irradiara todo el sistema, presentándose en forma aislada mediante excepciones y hechos convalidatorios, en épocas anteriores a la generación de la Teoría General del Contrato y de la Teoría General del Acto Jurídico.
En la actualidad, por el contrario, y en especial a lo largo del texto del Código Civil, se percibe cómo es que existe, en efecto, la propensión a cautelar la validez y vigencia del acto jurídico y de sus efectos, pudiendo enumerarse una serie de manifestaciones concretas del principio de conservación, entre las cuales se encuentra por supuesto la confirmación, que es una figura concebida con anterioridad a la época de formulación de la Teoría General del Acto Jurídico, legislada inicialmente en la parte de contratos por algunos Códigos como el peruano de 1852 (aunque bajo el nomen iurís de “ratificación” que actualmente se emplea para otros supuestos) hasta su incorporación a la temática sobre acto jurídico, como ocurrió en el caso peruano desde el Código de 1936 para asentarse ahora en los artículos 230, 231 Y 232 del Código Civil de 1984.
Es pertinente precisar que, a nuestro parecer, la conservación de los actos jurídicos se puede dar en dos órdenes de circunstancias: a nivel de subsanación ya nivel de preservación.
En el primer caso, se trata de conceder validez a un acto que al momento de su celebración padece de algún defecto estructural o relativo a su eficacia, que ordinariamente lo hace in merecedor de tutela jurídica; no obstante, se permite “salvarlo” en aras de proteger un interés mayor, siempre que la gravedad del defecto no sea de tal magnitud que colisione con las bases del ordenamiento jurídico y el orden público. En el segundo caso, se trata básicamente de un tema de imposibilidad o incumplimiento en la fase de ejecución de las prestaciones que integran el objeto del acto, siendo que, no obstante estas eventualidades, se opta por buscar la forma de hacerlo viable.
Queda claro que la confirmación del acto jurídico se ubica dentro del primer supuesto, el de subsanación, existiendo una tendencia terminológica que prefiere emplear como vocablo genérico el de “convalidación” para aludir a “todo hecho o acto que haga desaparecer la impugnabilidad de un acto jurídico” (VIDAL RAMíREZ), y que deja constancia de que la confirmación es una de sus especies, es decir una modalidad que tiene por finalidad únicamente la subsanación de los actos afectados con vicios o causales de anulabilidad o nulidad relativa.
En la doctrina nacional hay discrepancia en cuanto a la identificación de la confirmación con la convalidación a título de sinonimia (LEÓN BARANDIARÁN) Y en cuanto a la distinción de la confirmación como una de las maneras de convalidar (LOHMANN, VIDAL RAMIREZ), siendo esta última posición la más aceptada.
En este sentido, se puede afirmar que existen otras modalidades de la convalidación de los actos jurídicos que, en cuanto a su concepción, forma, naturaleza jurídica y campo de aplicación, difieren de la confirmación, pero coinciden con ésta en cuanto a sus efectos, pues todas ellas tienen por finalidad subsanar los defectos de un acto para que sea considerado como válido y/o eficaz, como es el caso de la renuncia expresa o tácita a incoar la acción de anulabilidad, la prescripción extintiva y la caducidad. Asimismo, la conversión es también una forma o modalidad de convalidación aunque aplicable a los actos que padecen vicios o causales de nulidad absoluta. Y, así también, pueden ser catalogados como mecanismos con efectos convalidantes, la ratificación de los actos jurídicos celebrados con deficiencias de representación y la rectificación o corrección de los actos que presentan errores materiales, entre otros.
La confirmación, a diferencia de otras figuras o instituciones jurídicas, no está definida en el Código Civil, empero la doctrina se ha ocupado de ella conceptuándola como aquella modalidad de convalidación que consiste en la celebración de un acto jurídico que tiene por finalidad consolidar la validez de otro acto celebrado anteriormente y que desde su celebración venía afectado por una causal de nulidad relativa o anulabilidad. Estas causal es se detallan en el artículo 221 del Código Civil y son las siguientes: incapacidad relativa del agente, vicios de la voluntad (error, dolo, violencia e intimidación), simulación relativa, y otras causas establecidas expresamente en la ley para las cuales se asigna la sanción de anulabilidad.
Se trata, pues, de un acto de voluntad, de un acto o negocio jurídico con fines de saneamiento para consolidar la validez de otro que nació defectuoso por efecto de una causal de anulabilidad, y cuya validez precaria o incierta y desde luego su suerte, dependen precisamente de la voluntad confirmatoria o, en su caso, del ejercicio de la acción de anulabilidad.
Mediante la confirmación se corrobora la declaración anterior, manifestándose la voluntad de sentirse vinculado por el negocio originariamente viciado (LOHMANN). La confirmación no es la mera renuncia a cuestionar la validez del acto, esto es, a incoar la acción de anulabilidad, como se verá al comentar el artículo 231, sino más que eso, se trata de un acto positivo expreso o tácito por el que se subsana el vicio que afectaba al acto, lo cual la ley permite porque considera que el vicio no es trascendental, es decir no es de una magnitud tal que impida a los interesados actuar como si el vicio no hubiera existido (LOHMANN).
De estas nociones conceptuales y del propio texto del artículo 230 bajo comentario, se pueden advertir las principales características de la confirmación, tales como:
a) Es un acto jurídico que tiene por finalidad específica y concreta sanear un acto celebrado con anterioridad que se encuentra afectado por alguna de las causales de anulabilidad antes descritas. Técnicamente no hay duda de que la confirmación constituye un acto jurídico en tanto declaración de voluntad, pero su carácter es sui generis, pues si nosceñimos a la definición contemplada en el artículo 140 del Código Civil no encajaría estrictamente en ella, ya que no es una declaración de voluntad destinada a crear una relación jurídica, ni a modificarla, regularla o extinguirla; por eso algunos autores prefieren denominarlo acto integrativo (VIDAL RAMIREZ).
b) La confirmación no procede para sanear actos viciados por causales de nulidad absoluta, pues estos actos son nulos e insubsanables y en nuestro sistema ni siquiera pueden ser salvados por vía de conversión, ya que el Código Civil no regula esta última figura.
c) Es un acto jurídico accesorio y necesariamente posterior, o de segundo grado (GARIBOTTO), es decir que no podría existir el acto confirmatorio si previamente no existiera el acto viciado, descartándose toda posibilidad de una confirmación antelada o coetánea a la celebración del acto viciado, pues -aunque referida a la renuncia-tal imposibilidad se desprende del artículo 218 del Código Civil que legisla sobre la nulidad de la renuncia anticipada a la acción de anulabilidad que se funde en error, dolo, violencia o intimidación; si bien la referencia es a los vicios de la voluntad, a nuestro juicio debe entenderse como regla general para todos los casos, máxime si para confirmar no solo debe conocerse exactamente y con precisión la causal o vicio, sino que además la voluntad confirmatoria debe expresarse en un estado absolutamente exento de anomalías o circunstancias que puedan generar una declaración no querida.
Así, por ejemplo, son nulas las cláusulas que se suelen introducir en algunos contratos, tal como se ha observado en la práctica, según las cuales “las partes declaran [que el presente contrato] no presenta vicios de error, dolo, violencia o intimidación, renunciando expresamente a las acciones derivadas de aquellos y confirmando la validez del presente acto en caso de existir los mismos” (u otras de redacción semejante). Está claro que la renuncia expresada es nula por aplicación del artículo 218 del Código Civil, pero también lo es la pretendida confirmación coetánea, ya que la misma se estaría efectuando probablemente bajo el influjo de un vicio que no le permite al sujeto decidir adecuadamente si en efecto quiere el acto o si en circunstancias normales hubiera preferido ejercer la acción de anulabilidad.
d) Es un acto jurídico unilateral practicado por quien es titular de la acción de anulabilidad, es decir por quien se ve afectado por el acto viciado y no por quien se beneficia de él. Sobre este punto se ha opinado, con toda razón, que no es un acto simplemente unilateral, sino que es unilateral recepticio -puesto que es necesario que se ponga en conocimiento de la otra parte o del beneficiario la voluntad de confirmar por los efectos que dicha confirmación implica- aun cuando el Código nacional omita esta precisión que se considera relevante y sería de gran utilidad que se reglamentara (LEON BARANDIARAN, LOHMANN, VIDAL RAMíREZ).
e) Es un acto jurídico celebrado con manifestación de voluntad expresa (artículo 230) o tácita (artículo 231). Si la voluntad confirmatoria se declara en forma expresa, debe ser necesariamente ins’trumentada, entendiendo por esto que sea documentada (volveremos sobre este punto al tratar el artículo 232), Si la voluntad confirmatoria se declara en forma tácita debe entonces haber ejecución total o parcial del acto (volveremos sobre este punto al tratar el artículo 231).
f) En el acto jurídico confirmatorio debe dejarse constancia o mención específica del acto que se quiere confirmar, así como la causal de anulabilidad que lo afectaba -la cual se conoce fehacientemente- con expresa mención de que este vicio es subsanado u obviado a efectos de otorgar validez al acto confirmado. Cabe precisar que si el acto padece de varios vicios, todo; ellos deben ser subsanados a efectos de otorgar la validez plena que se busca con la confirmación, pues de subsanarse algún o algunos vicios y otros no, el acto jurídico no podría considerarse confirmado, siendo aún impugnable por invocación de los vicios no subsanados.
g) El acto jurídico confirmatorio tiene efectos retroactivos a la fecha de celebración del acto que se confirma, como lógica consecuencia de los efectos que se buscan con la confirmación, por eso se le cataloga como acto declarativo (VIDAL Ramírez). Si bien ésta es una característica que no fluye del texto legal, ha sido admitida por la doctrina y por la legislación comparada; y en todo caso se puede adoptar por aplicación analógica de la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 222 del Código Civil, según el cual “el acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo declare”, de modo que si la sentencia judicial consolida la nulidad con efecto ex tunc, entonces la confirmación consolida la validez con ese mismo efecto. Además no podría ser de otro modo, toda vez que los actos anulables no son considerados inválidos ab initio, sino más bien válidos con una validez por consolidar (Vid. LEÓN BARANDIARÁN, LOHMANN, VIDAL RAMIREZ).
En el caso de la confirmación expresa de que trata el artículo 230 del Código Civil, se deja constancia de que solo al titular de la acción de anulabilidad le corresponde la facultad de decidir u optar por la confirmación, lo cual por razones obvias es aplicable a toda clase de confirmación, pues de ningún modo podría tener tal facultad la persona que se beneficia con el vicio del acto.
De otro lado, se agrega que la confirmación debe constar instrumentalmente, lo cual supone que el artículo 230 se refiere al uso de cualquiera de los medios directos a que se alude en los artículos 141 y 141-A del Código (con excepción obviamente del medio oral), siempre que la manifestación pueda concretarse materialmente; en tal sentido se pueden usar medios manuales, mecánicos, electrónicos, ópticos u otros análogos, que permitan obtener versiones impresas de la declaración confirmatoria. No obstante lo indicado, la forma del acto confirmatorio que impone el artículo 230 se entiende como una formalidad ad probationem, en armonía con lo establecido por el artículo 144, pues no se contempla la sanción de nulidad.
El instrumento a que se refiere el párrafo precedente debe contener esencialmente tres cosas para que proceda la confirmación: la mención o identificación precisa del acto que se quiere confirmar, la causal o causal es de anulabilidad que lo afectan y la manifestación expresa de confirmarlo para cuyo efecto se declara la subsanación del vicio (artículo 230 in fine).
Se ha sostenido, por otro lado, que la confirmación expresa también puede efectuarse ,mediante manifestación de voluntad que no conste instrumentalmente, utilizándose para tal efecto la expresión oral (VIDAL RAMIREZ, quien la denomina confirmación expresa no formal y afirma que está legislada en el artículo 231 del Código); empero nos permitimos discrepar de esta opinión, pues a nuestro entender la posibilidad de que la confirmación se produzca oralmente no está contemplada en dicha norma, pues ésta regula la confirmación tácita (que se explica al comentar el artículo 231), y mucho menos en el artículo 230 que exige instrumentalización de la declaración confirmatoria.
Como último punto relacionado con el artículo 230 del Código Civil, cabe mencionar los alcances o efectos de la confirmación con relación a terceros, toda vez que el texto de la norma se inicia precisamente aludiéndolos. En efecto, el artículo 230 señala que “salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado…”. En buena cuenta la norma en cuestión prevé la oponibilidad al acto confirmatorio, esto es, la posibilidad de que un tercero que ha adquirido algún derecho de quien confirma un acto anulable (derecho adquirido obviamente antes de la confirmación y conectado necesariamente con el objeto del acto viciado), puede oponerse para que no le afecten o alcancen los efectos propios del acto confirmatorio.
La protección vía oponibilidad a favor de los terceros que plantea el artículo 230, al parecer funcionaría en hipótesis verdaderamente muy remotas, pues el tercero habría de haber adquirido el derecho en forma tan precaria y sin ningún elemento de seguridad jurídica, que luego tenga que verse afectado por una eventual confirmación al punto que no tenga más defensa que únicamente la oponibilidad antes referida.
2.	CONFIRMACIÓN TÁCITA
ARTÍCULO 231º.- El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad.
Al comentar el artículo 230 del Código Civil se han puesto de relieve las características de la confirmación, quedando establecido que el acto confirmatorio puede contener la voluntad de saneamiento declarada en forma expresa o manifestada en forma tácita. De esta última se ocupa el presente artículo, empero también se incluye en esta norma una mención a la “confirmación” vía intención de renuncia (pudiendo inclusive presentarse una renuncia propiamente dicha) a la acción de anulabilidad, lo cual es un tema aparte.
Que la confirmación sea tácita, o mejor dicho, que la manifestación de voluntad en el acto confirmatorio sea tácita, supone aplicar lo que sobre el particular establece el artículo 141 del Código Civil, según el cual la manifestación es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia.
Si bien la manifestación de voluntad tácita es un tema de ardua discusión por la diversidad de sus variables y por la cercanía que tiene con la frontera de la manifestación expresa y con el silencio en algunos supuestos específicos, por lo menos la doctrina coincide que las actitudes o comportamientos propios de una actuación tácita son los que la doctrina denomina ‘acta concludentia o hechos concluyentes e inequívocos que revelan con certidumbre una voluntad determinada. Aplicado esto al ámbito de la confirmación, puede afirmarse que en este caso la actitud o comportamiento tácito tiene que ver con la ejecución total o parcial del acto anulable (viciado) por parte de quien es titular de la acción de anulabilidad, en armonía con lo que indica el artículo 231.
No compartimos por ello, nuevamente, la opinión de Vidal Ramírez quien considera, por Iey razones que expone, que el supuesto de ejecución total o parcial del acto anulable, constituye una confirmación expresa no formal.
Por otra parte” si el acto es ejecutado, en lo que le corresponde, solo por la contraparte y no por el titular de la acción anulatoria, no podrá desde luego hablarse de confirmación tácita, debido a que habría sido ejecutado por quien no tiene facultad de optar por la confirmación o por el ejercicio de la acción de anulabilidad.
Cabe señalar que la ejecución no siempre supondrá un hecho positivo y material del confirmante, sino eventualmente y dependiendo del caso concreto, podrá significar también una abstención. En otras palabras, el titular de la acción anulatoria puede confirmar el acto afectado por causal de anulabilidad con un hecho positivo, es decir entregando o haciendo algo (prestación de dar o de hacer) como no haciendo nada (prestación de no hacer); esto último no se ha de confundir con la renuncia a la acción de anulabilidad.
Un caso particular de confirmación tácita es el contemplado en el artículo 1286, segundo párrafo, del Código Civil, según el cual si la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, conociendo el vicio, asume la nueva obligación (Vid. LEON BARANDIARAN). En este supuesto, si bien el acto que generó la obligación original se extingue por efecto de la novación, dicha extinción se produce respecto de un acto subsanado, ya que las partes no asumirían la nueva obligación si aún existiera la posibilidad de impugnar el primer acto.
De otro lado, y en referencia a lo estipulado en el artículo 231 del Código, cabe señalar que dicha norma exige como requisito que el confirmante (titular de la acción) conozca la causal de anulabilidad en el momento que ejecuta las prestaciones que le corresponden y que forman el objeto de las obligaciones a que ha dado lugar el acto jurídico viciado.
De suyo, tratándose de una confirmación tácita, aparece como altamente subjetivo el hecho que deba conocerse la causal que vicia el acto, pero es necesario e inexorable que así sea puesto que, en caso contrario, la sola ejecución con prescindencia del conocimiento de la causal supondría confirmar un acto que el titular de la acción de anulabilidad no deseaba confirmar. En otras palabras, quien celebra un acto anulable y lo ejecuta sin conocer la causal que lo afecta no está en rigor confirmando el acto, sino solo procediendo como si el acto fuera válido, de modo que siempre tiene expedita la acción de anulabilidad que podrá ejercer o no, según su conveniencia, en el momento que conozca la causal de anulabilidad. En suma, el conocimiento o no de la causal es el dato determinante que permite al interesado o afectado por el acto viciado, optar por confirmarlo (expresamente conforme al artículo 230 o tácitamente, vía ejecución, según el artículo 231) o, si así lo decide, solicitar la nulidad invocando la causal de anulabilidad, en cuyo caso esta elección suprime automáticamente la posibilidad de confirmar el acto viciado.
Asimismo, el artículo 231, como se dijo antes, hace también referencia a la confirmación por vía de intención de renuncia (pudiéndose producir en efecto la renuncia), es decir a que el acto viciado queda también confirmado si quien tiene la posibilidad de invocar la acción de anulabilidad (el titular de la acción) decide no hacerlo, o existen hechos que inequívocamente ponen de manifiesto la intención de renunciar a la acción. Hay discusión en la doctrina acerca de que esta circunstancia suponga un verdadero acto de confirmación, debido a que ésta supone la declaración de voluntad expresa o tácita de otorgar valor jurídico, cosa que no ocurre con la presunción de renuncia o con la renuncia propiamente dicha. En efecto, se ha sostenido que la confirmación tiene como propósito hacer patente una voluntad relacionada con el mantenimiento del acto anulable, lo que implica una actitud positiva de continuar vinculado jurídicamente pese a la existencia de la causal de anulabilidad.
La renuncia no tiene esta connotación que solo es propia de una auténtica confirmación, pues con aquélla (con la renuncia) no se busca convalidar el acto enel sentido de mantener vigentes y continuar con las obligaciones asumidas o con los derechos que se adquieren, y menos de dotar al acto viciado de un valor jurídico que no tenía o que, mejor dicho, no estaba consolidado. La renuncia es simplemente una actitud del sujeto de no querer hacer valer el derecho de impugnación (LOHMANN). Otros autores, en contra de la posición antes referida, manifiestan que la confirmación o es una renuncia o supone una renuncia a la acción anulatoria (VIDAL RAMIREZ, ENNECCERUS, COVIELLO).
Con mayor razón, está más lejos de la confirmación la simple presunción de renuncia, que es a la que expresamente se refiere el artículo 231. En este caso ni siquiera hay voluntad manifestada de renunciar a la acción de anulabilidad, sino solo se infiere ésta de una actitud de quien podía haber accionado, y esto de ningún modo puede ser calificado como confirmación. Merece aquí, por consiguiente, implementarse un cambio normativo para excluir a la presunción de renuncia -y desde luego extensible a la renuncia-del ámbito de la confirmación, pues se trata de una circunstancia ajena a este concepto, como ocurre también con otras figuras como, por ejemplo, la prescripción de la acción de anulabilidad, que si bien puede dar lugar a hacer firme el acto viciado, no por ello es un supuesto de confirmación.
En efecto, si quien es titular de la acción para impugnar un acto anulable deja transcurrir el plazo de prescripción de dicha acción, no está confirmando el acto, solo ha operado un mecanismo que por otros fundamentos consolida la validez del mismo. En resumen, la presunción de renuncia, la renuncia y el simple transcurso del plazo prescriptorio o de caducidad no constituyen confirmación, aun cuando no se puede negar que en cierto modo tengan un efecto convalidante, por lo que no cabe duda de que se trata de otras modalidades de convalidación cuyo efecto es, al igual que la confirmación, la conservación de las relaciones jurídicas.
“Los artículos 230 y 231 del Código Civil permiten la confirmación del acto jurídico en caso de anulabilidad del mismo, y la demandada no solo no ha interpuesto la acción de anulación que le correspondería, sino que ella y la recurrente han ejecutado la compraventa en forma tot~ y al confirmar la compraventa, se ha puesto claramente de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad”.
Caso N92670-2001 Callao, publicada el 31/072002. Diálogo con la Jurisprudencia N9 48. Setiembre 2002. Pág. 145)
“Si la demandante negó el origen de la deuda contraída frente al demandado, y negó sustraerse del cumplimiento de ella, en consecuencia se colige que vino cumpliendo las prestaciones contenidas en los contratos materia de nulidad, no habiéndose cuestionado con anterioridad la inscripción de las garantías reales pese a su publicidad. Por tanto, se ha producido la ratificación tácita del acto jurídico por la conducta indubitable y las circunstancias que mostró la empresa demandante”.
Caso N9 1626-01 Lima, publicada el 01/04/2002. Diálogo con la Jurisprudencia N943. Abril 2002. Pág.122)
“Si bien en el momento de celebración del contrato de compraventa el representante de la demandada no tenía poder para celebrar dicho contrato, posteriormente sí se le otorgó dicha facultad de acuerdo con la copia literal del Registro de Personas Jurídicas. Al respecto los artículos 230 y 231 del Código Civil permiten la confirmación del acto jurídico en el caso de anulabilidad del mismo y la demandada no solo no ha interpuesto la acción de anulación que le correspondería, sino que ella y el recurrente han ejecutado el contrato en forma total. En este caso la demandada al confirmar la compraventa, ha puesto claramente de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad”.
Caso tr- 2656-2001 Lima, publicada el 02/05/2002. Diálogo con la Jurisprudencia N945. Junio 2002. Pág. 142) 3.	FORMALIDAD DE LA CONFIRMACIÓN ARTÍCULO 232º.- La forma del instrumento de confirmación debe tener iguales solemnidades a las establecidas para la validez del acto que se confirma.
En ese sentido, la norma del artículo 232 -en concordancia con la del artículo 230-sugiere que la confirmación expresa siempre ha de constar documentalmente. En efecto, el artículo 230 dispone que la confirmación se realizar “mediante instrumento que contenga.”, esto es, que conste por escrito o por cualquier otro medio que patentice la declaración de voluntad confirmatoria. Y el artículo 232 complementa esta regla señalando que la forma (formalidad) de dicho instrumento (el de confirmación) debe tener las mismas solemnidades exigidas (por la ley) para la validez del acto que se confirma.
Cabe precisar que la propia formalidad del acto confirmatorio que se menciona en el artículo 232 es una de carácter ad probationem, pues, en armonía con lo señalado en el artículo 230, no se sanciona con nulidad su inobservancia, de modo que si esto último ocurre, el acto confirmatorio pese a todo mantiene plena validez. Como ejemplo se cita el caso de un contrato de compraventa respecto del cual las partes pueden elegir la forma que estimen conveniente, y si lo celebraron por escritura pública y la compraventa debe ser confirmada porque adolece de algún vicio, entonces el acto confirmatorio debe igualmente constar en escritura pública; de no ser así el acto confirmatorio subsiste, no es nulo, y puede ser acreditado con los medios de prueba reconocidos por el Código Procesal Civil (VIDAL RAMIREZ).
En cambio, al acto viciado puede haberle correspondido, según mandato de la ley, formalidad ad solemnitatem o ad probationem, o puede haberse tratado de un acto con libertad de forma. Está claro que si el vicio es por el incumplimiento de la formalidad ad solemnitatem el acto es nulo y no puede ser confirmado; pero si se ha cumplido la formalidad ad solemnitatem y el vicio es de otra índole, al confirmar el acto debe observarse la misma formalidad solemne que le corresponde, pues así lo manda el artículo 232 del Código Civil.
Si, por ejemplo, se constituye una hipoteca o se efectúa una donación de bien inmueble, en ambos casos observando la formalidad solemne de escritura pública que le corresponde por prescripción de los artículos 1098 Y 1625 del Código Civil, respectivamente; pero esos actos adolecen de un vicio como el error o el dolo, el acto confirmatorio debe celebrarse con la misma solemnidad antes mencionada (escritura pública), empero, como se dijo antes, de no hacerse así la confirmación se considera efectuada, ya que no hay sanción de nulidad.
En tema de formalidad de la confirmación mayor discusión genera el artículo 230, antes comentado, pues en éste se expresa que la confirmación se efectúa “mediante instrumento”, lo que da lugar a que se interprete como que la confirmación siempre y necesariamente se instrumental iza, inclusive para el acto anulable respecto del cual la ley~ ha exigido formalidad alguna para su celebración, en cuyo caso en el acto confirmatorio se empleará cualquier tipo de instrumento. Por ejemplo, si la ley no imponía al acto de compraventa viciado una formalidad específica y las partes usaron la verbal, la confirmación de todos modos debe ser documentada, por aplicación del artículo 230, pero con libertad para escoger el tipo de instrumento. Puede pensar se que este acto no tendría por qué ser instrumental izado, ya que el artículo 232 que complementa al artículo 230- solo opera para actos formales (LOHMANN), sin embargo, parece plausible documentar la confirmación en casos como éste, puesto que no solo supone mayor seguridad, sino que permite dejar constancia indubitable de la declaración de voluntad confirmatoria, así como de la identificación del acto que se confirma y de la causal de anulabilidad que lo afecta y que el declarante manifiesta conocer y convalidar, todas estas exigencias contempladas en el artículo 230 del Código Civil.
Art: 230: Referencias:
Digesto, lib. IV, tít. 4, fr. 3, 51; lib. XIV, tít. 6, frs. 7, 5, 16; Codex, lib. II, tít. 20, número 2 y 4; tít. 3, número 29; artículos 1388, Código de Francia; 696 de Portugal; 1310 y 1313 de España; 141 y 444 de Alemania; 1059 de Argentina; 1693 de Chile; 1570 de Uruguay; 1677 de México; 2283 de Perú; 148 de Brasil; 31 de Suiza; 31 de Turquía; 115 y 116 de China; 119, 122, 124 de Japón; 1444, 1445 (1309) de Italia; 1351, ap. 3, de Venezuela.
ARIAS-SCHREIBER, Max. Exégesis del Código Civil de 1984, tomo 1, Contratos parte general. Ed. Gaceta Jurídica SA, Lima, 2000; LEON BARANDIARÁN, José. Actojurídico, Ed. Gaceta Jurídica Editores S.R.L., Lima, 1999; VIDAL RAMIREZ, Fernando. El acto jurídico, Ed. Gaceta JurídicaS.A. Lima, 2002; LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. El negocio jurídico. Ed. Grijley. Lima, 1994; SERRANO, Eduardo. La confirmación de los negocios jurídicos. Ed. Tecnos. Madrid, 1976; GARIBOTTO, Juan Carlos. Actos jurídicos, invalidez y convalidación. Ed. Carozzo. Buenos Aires, 1986; ALBALADEJO, Manuel. El negocio jurídico. Ed. Bosch. Barcelona, 1958; STOLFI, Giuseppe. Teoría del negocio jurídico. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1959; MURO ROJO, Manuel. ConseNación y conversión del acto jurídico, en Gaceta Jurídica. Tomo 15. Ed. Gaceta Jurídica Editores S.R.L. Lima, marzo 1995.
Art. 231: Referencias:
Digesto, lib. L, tít.17, fr.145; arts.1338, C. de Francia; 1311 de España; 125 de Japón; 1063 de Argentina; 1678 de México; 150 de Brasil; 2283 de Perú; 1351, 2ª parte, de Venezuela; 144, 2ª parte (1309), de Italia.
ARIAS-SCHREIBER, Max. Exégesis del Código Civil de 1984, tomo 1, Contratos parte general. Ed. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2000; LEON BARANDIARÁN, José. Acto jurídico, Ed. Gaceta Jurídica Editores S.R.L., Lima, 1999; VIDAL RAMIREZ, Fernando. El acto jurídico, Ed. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2002; LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. El nego-cio jurídico. Ed. Grijley. Lima, 1994; SERRANO, Eduardo. La confirmación de los n”Jgocios jurídicos. Ed. Tecnos. Madrid, 1976; GARIBOTTO, Juan Carlos. Actos jurídicos, invalidez y convalidación. Ed. Carozzo. Buenos Aires,1986; ALBALADEJO, Manuel. El negocio jurídico. Ed. Bosch. Barcelona, 1958; STOLFI, Giuseppe. Teoría del negocio jurídico. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1959; MURO ROJO, Manuel. Conservación y conversión del acto jurídico, en Gaceta Jurídica. tomo 15. Ed. Gaceta Jurídica Editores S.RL Lima, marzo 1995.
Art. 232: DOCTRINA
Marco Jurídico Comparado entre legislaciones internacionales y sus leyes de referencia al tema
1)	En el Caso Argentino:
A.	Confirmación: Definición.
El concepto expresado resulta de lo dispuesto en el art. 1059: “La confirmación es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparece los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad”.
B.	Comparación con la Ratificación, el Reconocimiento y la Novación.
Conviene distinguir la confirmación, de otros actos jurídicos con los cuales presenta alguna analogía, tales como la ratificación, el reconocimiento y la novación.
Se diferencia de la ratificación, en cuanto ésta importa la aceptación de lo manifestado por otro a nombre nuestro sin autorización para ello, con lo cual no se abre opinión acerca de la validez de la manifestación. En cambio la confirmación se refiere a una manifestación antecedente propia o hecha por representante autorizado, de la que se desea expurgar los vicios existentes en ella.
También se distingue del reconocimiento, por cuanto éste consiste en la admisión de la exactitud de ciertos hechos sin entrar en la consideración de su valor. Ciertamente toda confirmación implica un reconocimiento, pero a la inversa todo reconocimiento no supone confirmación i n bls.
Por último, la novación extingue una obligación precedente mediante la formación de una nueva, en tanto que la confirmación no hace nacer una obligación nueva, sino que refiriéndose a la ya existente la sanea de los vicios que la invalidaban.
C.	Actos susceptibles de confirmación.
Los actos susceptibles de confirmación son los que padecen de mera nulidad relativa.
Así resulta del art. 1058 que dice: “La nulidad relativa puede ser cubierta por confirmación del acto “. Por el contrario, el art. 1047, “in fine”, dispone: “La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación”.
Este régimen tiene un fundamento inconmovible. La nulidad absoluta constituye la sanción más rigurosa, y como está instituida en resguardo del interés público, no puede ser renunciada por la vía de la confirmación. En cambio la nulidad relativa es una nulidad de protección, tiene siempre un destinatario: la persona en cuyo beneficio se ha establecido la sanción de nulidad. Lógicamente el particular beneficiado puede renunciar al beneficio y confirmar el acto 112.
D.	Forma y especies de confirmación.
Atendiendo a su forma, “la confirmación puede ser expresa o tácita” (art. 1061).
a.	Confirmación Expresa.
La confirmación expresa es la que se realiza por escrito. Coincidimos con Borda en que no hay confirmación expresa verbal . Consiguientemente, la confirmación expresa se constituye en un acto formal, ya que ella debe hacerse por escrito, con los requisitos exigidos por el art. 1061, que continúa diciendo: “El instrumento de confirmación expresa debe contener, bajo pena de nulidad:
1°) la sustancia del acto que se quiere confirmar; 2°) el vicio de que adolecía; y 3°) la manifestación de la intención de repararlo”.
De aquí se sigue que la forma necesaria de la confirmación expresa es la escrita con las indicaciones señaladas, todo ello bajo pena de nulidad. Pero todavía, si el acto a que se refiere la confirmación es de aquellos que deben celebrarse bajo una forma instrumental determinada, entonces la confirmación para ser válida debe revestirse de la misma forma que corresponde al acto confirmado.
Es lo que dispone el art. 1062: “la forma del instrumento de confirmación debe ser la misma y con las mismas solemnidades que estén exclusivamente establecidas para el acto que se confirma”.
En cuanto a la sanción aplicable por omisión de la forma adecuada, se ha entendido que es la nulidad del instrumento114. Nosotros pensamos que corresponde hacer una distinción según que el acto que se quiera confirmar sea o no formal. En el primer caso en que la confirmación debe ajustarse a la misma forma que corresponda al acto que se desea confirmar (conf. arts. 1062 y 1184, inc. 10), la omisión de la forma importa la nulidad de la confirmación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1044, cláusula 3″. Si en cambio, el acto que se confirma no es formal, tampoco lo es la respectiva confirmación, pudiendo ésta acreditarse por cualquier medio de prueba.
b.	Confirmación Tácita.
Según el art. 1063 “la confirmación tácita es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial, del acto sujeto a la acción de nulidad”.
Dos observaciones caben al respecto: En primer lugar, para que el efecto convalidatorio se produzca es menester que la ejecución del acto inválido sea voluntaria, por lo que la ejecución forzada mediante un procedimiento judicial no obtiene ese resultado. En segundo lugar, el artículo indica la forma típica de confirmación tácita pero no excluye otras que permitan inducir asertivamente la intención de confirmar el acto inválido, v.gr., la venta de una cosa adquirida por un título nulo o anulable.
En general se estima que los actos de disposición en tales circunstancias importan confirmación; en cambio los actos de administración no tienen ese significado, salvo lo que resulte de las circunstancias del caso 115.
Según lo que hemos dicho en el n° 2059, la confirmación tácita sólo es eficaz cuando el acto que se confirma no es formal, pues entonces la parte interesada puede elegir la forma que le parece más adecuada. Por el contrario, siendo formal el acto confirmable, la confirmación debe atenerse a la misma forma de dicho acto, por lo que la confirmación tácita carece en ese caso de función convalidatoria.
E.	Prueba de la confirmación.
A quien alega la confirmación le incumbe la prueba de ella, la cual puede rendirse por cualquier medio. A su vez, probada la existencia de la confirmación, quien invoque la carencia de eficacia convalidatoria por falla de la forma adecuada deberá rendir la prueba de su aserción.
F.	Requisito de fondo.
Para que la confirmación produzca su efecto sanante no basta que ella revista las condiciones de forma adecuadas, sino que es indispensable la concurrencia de los requisitos de fondo señalados por la ley.
A este respecto dice el art. 1060: “Los actos nulos o anulables no pueden ser confirmados por las partes que tengan derecho a demandar o alegar la nulidad, antes de haber cesado la incapacidad o vicio de que ella provenía, y no concurriendo ninguna otra que pueda producir la nulidad del acto de confirmación”.
La disposición transcripta muestra los dos requisitos sustanciales de la confirmación: 1°) que haya desaparecido la causa de la invalidez primitiva, v.gr., que haya cumplido la edad de veintiún años la persona que ha otorgado un acto jurídico durante su minoridad y que por ello es nulo; 2°) que no concurra en la misma confirmación una nueva causa de invalidez, pues si así fuera, ella quedaría destituida de su efecto propio consistente en la sanción del acto inválido primitivo.
G.	Naturaleza de la Confirmación.
Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica la confirmación es un acto jurídico unilateral.
1) Es un acto jurídico porque su autor la realiza con el fin inmediato de establecer una relación jurídica válida (conf. art. 944) o mejor dicho de liberar a la relación existente del peligro de aniquilación.
2) Es unilateral, porque basta para crearla la voluntad de una sola persona, en el caso la que es titular de la acción de nulidad. Acerca de esto dice el art. 1064: “La confirmación, sea expresa o tácita, no exige el concurso de la parte a cuyo favor se hace”.
Este carácter es bien comprensible, ya que siendo potestativo del titular de la acción de nulidad relativa (véase supra, n° 1983) el derecho de hacer aplicar esa sanción, reviste el mismo carácter la renuncia que se haga de dicho derecho. Por lo demás, como enseñan Aubry y Rau, se presume que la otra parte ha dado por anticipado su adhesión a la confirmación, en el momento en que el acto fue celebrado. Del carácter unilateral de la confirmación, se siguen dos consecuencias importantes: 1*) no puede ser revocada ulteriormente, puesto que el efecto sanante de ella se produce por la sola declaración de la voluntad del confirmante y queda consumido con ella; 2a) cuando se instrumenta por escrito privado no requiere doble ejemplar.
H.	Efectos de la confirmación entre las partes y en relación a los terceros.
La cuestión de la fecha a partir de la cual produce su efecto sanante la confirmación, se presenta diversamente según se considere la situación de las partes del acto inválido, o de los terceros.
a) Con relación a las partes del acto inválido la confirmación remonta sus efectos expurgatorios del vicio causante de la nulidad, a la fecha de celebración de dicho acto. Es así que expresa el art. 1065: “La confirmación tiene efecto retroactivo al día en que tuvo lugar el acto entre vivos, o al día del fallecimiento del disponente en los actos de última voluntad.”.
Esta retroacción se explica por cuanto la confirmación se identifica con el acto inválido precedente. Su efecto consiste en expurgar a este acto del vicio que lo invalidaba, por lo que necesariamente debía proyectar su influencia sobre todo el lapso transcurrido desde que dicho acto pudo ser eficaz.
El precepto transcripto fija los dos momentos de esa posible eficacia. Tratándose de actos entre vivos, la retroacción de la confirmación remonta a la fecha de celebración, por cuanto a partir de entonces comienza la existencia de tales actos (conf. art. 951). En cambio cuando la confirmación se refiere a disposiciones de última voluntad, ella opera a partir del fallecimiento del disponente, pues esa es la fecha en que tales disposiciones comienzan a existir (conf. art. 952). En definitiva la confirmación se identifica con el acto confirmado, y consiguientemente opera coetáneamente con dicho acto.
b) Ocurre diversamente respecto de los terceros a quienes puede afectar la confirmación, previniendo el art. 1065, cláusula final, que “este efecto retroactivo no perjudicará los derechos de terceros”.
Ello significa que si en el intervalo transcurrido entre la celebración del acto inválido y la confirmación, se ha constituido un derecho a favor de un tercero, que es enteramente válido en vista de la nulidad del acto primitivo, la confirmación ulterior de este acto, no obstante su natural efecto retroactivo entre las partes, no afecta para nada la situación del tercero. Ejemplo: Si A, menor de edad, constituye una hipoteca a favor del acreedor B, y luego ya llegado a la mayoría, grava el inmueble con otra hipoteca a favor del acreedor C, la situación de primer rango que corresponde a C por la nulidad de la primera hipoteca no le puede ser quitada por la confirmación que de ésta haga después A.
En el supuesto mencionado la eficacia de la confirmación se desdobla: frente a las partes del acto inválido A y B, ella funciona desde la fecha del mismo, y por tanto A no podrá ya negar a B su carácter de acreedor hipotecario; frente a los terceros, la confirmación no altera sus derechos, por lo que el acreedor B no puede arrebatar al acreedor C el rango preferente que éste tenía establecido en su favor.
Finalmente, cabe hacer notar que la situación de los sucesores universales de las partes y de los acreedores quirografarios de éstas queda regida por los principios generales. Aquéllos no son terceros y consiguientemente no pueden beneficiarse con lo dispuesto en el art. 1065, cláusula final. En cuanto a los acreedores quirografarios no tienen constituido ningún derecho propio que pueda ser lesionado por la confirmación; si, por el contrario ésta se efectúa en fraude o perjuicio de su derecho entonces, pueden impugnarla por la vía de la acción pauliana o revocatoria 118. Es siempre el juego normal de los principios generales.
2)	En el ámbito español como negocio jurídico:
A.	La Confirmación
Significado de la confirmación. ‘Esta figura de la confirmación, manifiesta una de las características del mecanismo peculiar de la anulabilidad. En poder del protegido se ha dejado la posibilidad de que el negocio siga en vida o sea anulado; facultad que se completa con la de poder sanarle, haciendo que desaparezca el vicio o vicios de que adoleciera. La confirmación se ha pensado que coincide en sus efectos con el no ejercicio de la acción de nulidad ; pero su alcance es más amplio, ya que significa la purificación del negocio de los vicios de que adolecía, con lo que el negocio obtiene su plena validez (art. 1.313) .
La confirmación no es un negocio jurídico, en el sentido propio de este término . Es una declaración negocial que afectará al negocio ya existente, unido al cual vendrá a corroborarlo o afirmarlo . Manifestación del poder confiado al protegido, no tendrá que contar para su ejercicio con la aceptación o con la condición en que se encuentre la otra parte o interesado (artículo 1.312) .
Requisitos de la confirmación. Para que pueda darse la confirmación se necesita:
1° Que el negocio adolezca de un vicio sanable. Se excluyen por el Código expresamente los contratos que no reúnan los requisitos expresados en el artículo 1.261 (art. 1.310). Tampoco son confirmables los ejecutados contra lo dispuesto en la Ley (art. 4.°); incluidos aquellos que carezcan de una forma considerada esencial (negocios formales) y los que tengan un objeto o una causa ilícitas. Es decir, los que estén afectados de nulidad absoluta. Además, no podrán ser confirmados los negocios declarados nulos por haberse ya ejercitado la acción de anulación.
2° Que la causa de nulidad haya cesado.
3° Que la causa de nulidad sea conocida por quien confirma.
Estos dos últimos requisitos los señala el Código al definir la confirmación tácita (art. 1.311); pero han de entenderse implícitamente incluidos en el concepto de confirmación expresa. Así, por ejemplo, no será válida la confirmación obtenida mientras continúa la situación de violencia, se ignora el error, no se ha descubierto el dolo por el contratante, por su representante legal o causahabiente, ni tampoco cuando se tuvo en cuenta un vicie, existiendo varios. Con lo que también se advierte que la declaración confirmativa no ha de adolecer de vicio de la voluntad.
4.° Que el confirmante tenga la capacidad necesaria para celebrar el negocio que confirma. Por ejemplo, el menor emancipado no podrá confirmar la venta de un inmueble hasta que no alcance la mayoría.
B.	El ejercicio de la confirmación.
Podrá confirmar el mismo que podría ejercitar la acción de nulidad (protegido, representante legal, sucesor hereditario); poder en el que tampoco (como respecto de la acción de nulidad y por las mismas razones, podrán subrogarse los acreedores. El Código ha creído conveniente destacar el carácter unilateral de la confirmación, diciendo que “no necesita el concurso de aquel de los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción de nulidad” (art. 1.312). También ha prescindido de toda forma, formalidad o especial comunicación al otro contrayente, para la eficacia de la confirmación. Dice que ésta puede ser expresa o tácita; y tan sólo respecto de la tácita indica cuándo se entenderá existente. Añade que la confirmación tácita se dará “cuando, con conocimiento de la causa de la nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviera derecho a invocarla ejercitase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo” (artículo 1.311). Amplitud de términos que habrá de repercutir en la confirmación expresa, haciendo que sea eficaz cualquier forma de manifestación de la voluntad.
-	Doctrina del Tribunal Supremo.
Lo dispuesto sobre la confirmación tácita abre la posibilidad de interpretar la conducta del protegido con arreglo a la buena fe, con lo que se podrá impedir, en muchos casos, que aquél abuse de su situación. El Tribunal Supremo, con prudencia y sentido de la realidad, ha entendido el adverbio “necesariamente*’ del artículo 1.311 en el sentido del “enlace preciso y directo” entre la conducta seguida y la voluntad confirmatoria (comp. art. 1.253). Ha considerado que hay confirmación tácita cuando se ejercitan en beneficio propio las acciones derivadas del negocio anulable (S. 7 junio 1897), se reciben cantidades o plazos del precio (S. 25 junio 1908, 3 julio 1923), se dispone de los bienes recibidos (S. 25 mayo 1940), por el hecho de que el Ayuntamiento consigne lo por él debido en su presupuesto (S. 16 abril 1912), por el hecho de que el marido presencie lo realizado por su mujer o se aproveche de ello (S. Tribunal C. Z. R. 6 marzo 1945; S. T. S. 10 marzo 1956). Respecto al caso análogo de ratificación de mandato insuficiente o nulo, se entiende hay ratificación tácita cuando el mandante, sin hacer uso de la acción de nulidad por él ejercitable, acepte en su provecho los efectos de lo ejecutado sin su autorización, poniendo con ello de manifiesto su consentimiento concordante con el tercero (S. T. S. 15 junio 1966).
C.	Efectos de la confirmación.
En la doctrina antigua se usaba con imprecisión el término’ de nulidad, no distinguiéndose bien los supuestos de declaración de nulidad y los de anulabilidad o rescisión; lo que naturalmente se traduce en que se den conceptos contrarios de la confirmación. Se dan definiciones que parecen referidas a los casos de nulidad absoluta, y según las que el negocio confirmado nace de nuevo, es otro, ya desde ahora válido por la confirmación . También hay otras, según las que la confirmación viene a fortificar el mismo antiguo negocio, haciéndolo plenamente válido; las que corresponderían a los supuestos de contratos anuíanles .
El Código civil ha puesto fin a la incertidumbre sobre el respectivo significado propio del nuevo negocio válido, según que sea hecho para salvar en lo posible la nulidad absoluta del anterior y la figura bien diferente de la confirmación del negocio anulable. Para lo que hubo de abandonar el criterio de los redactores del Proyecto de 1851 . El negocio que se confirma es un negocio viciado, con un vicio de los que invalidan con arreglo a la Ley (artículo 1.300); pero no será un,negocio nulo hasta que así sea declarado judicialmente. Tiene una validez dependiente de la voluntad del protegido, incierta y precaria, pero suficiente para justificar el llamado efecto real de la confirmación; es decir, el de producir una “sanatio in radice”, con la consecuencia de que la validez del negocio confirmado podrá oponerse eficazmente a quienes pretendan haber obtenido derechos que lo contradigan, antes de la confirmación .
El Código establece que: “la acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente” (artículo 1.309). Señala claramente, además, que tiene efecto retroactivo o “ex tune”, diciendo: “La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración” (art. 1.313).
-	Doctrina del Tribunal Supremo
El concepto de la confirmación ha sido precisado, comparándolo con el de ratificación (art. 1.259). Se ha puesto de relieve que en el supuesto de la confirmación el contrato existe, por darse en él todos los requisitos esenciales, que “los contratos confirmables tienen virtualidad desde que se perfeccionan”, “en tanto no sean impugnados por la única (parte) que podría hacerlo”, deduciendo de ello que no sólo “la confirmación ha de tener efecto francamente retroactivo, por imperio de lo expresado en el artículo 1.313 del C. c, sino porque también es lógico que así sea, desde el momento en que la confirmación no afecta para nada a la perfección del contrato, sino a la purificación de los vicios de que adolecía” (S. 25 junio 1946); también, en el mismo sentido, sobre la distinción entre confirmación y ratificación (S. 14 diciembre 1940, 7 julio 1944 y 4 enero 1947).
El art. 230, C.C. 1984 menciona simplemente al tercero, sin agregar ninguna calificación sobre si la adquisición hecha por éste haya sido de buena fe y a título oneroso. La mala fe consistirá en que el tercero tuviera conocimiento de que el transferente del derecho ya había dispuesto de él en favor de la persona con quien aquél pactara antes, aunque mediante un acto invalidable. Podría pensarse que la salvaguarda del tercero no puede tener lugar sino cuando él mismo haya procedido de buena fe, pues si tuvo conocimiento de que sobre la cosa ya había dispuesto el cedente, estaría obrando deslealmente contra éste, sin que empeciera que el título del mismo fuera impugnable, pues la definitiva situación del negocio depende sólo de ese transferente, que puede anular el acto. Desde este punto de vista si el tercero quisiera proceder con sagacidad, debería antes asegurarse que el acto primitivo realizado por el transferente no va a ser ratificado, exigiendo el planteamiento de la nulidad o una declaración de renuncia o confirmación. No obstante las anteriores reflexiones, pensamos que la decisión debe ser otra, como diremos después. No creemos que tenga trascendencia el que la adquisición por el tercero sea a título oneroso. No hay un damno vitando en el otro contrayente (aquel a que no concierne el negocio que se confirma por uno de los contrayentes) que justifique la protección de la respectiva persona, pues ésta no puede invocar sino un título precario, falible, que estaba expuesto al riesgo de la anulación. El haber dispuesto de la misma cosa que fuera objeto del primer negocio anulable, importa una renuncia de ratificación.
	Llambias, Jorge J – Tratado De Derecho Civil Parte General – Tomo II. Argentina.
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