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Timestamp: 2020-03-29 23:39:42+00:00

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En los últimos días le han sobrado exegetas al artículo 98 de la Constitución General de la República. En particular a su párrafo tercero, de apenas 32 palabras, adicionado en su redacción actual a dicho precepto el 22 de agosto de 1996. A la letra dice ese párrafo lo siguiente: «Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado».
Obviamente el interés de estos últimos días por dar con la interpretación correcta de ese breve texto constitucional obedece a la súbita —que no necesariamente inesperada— renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte. Es natural que así sea cuando se presenta una renuncia a ese elevado cargo, y más si al renunciante le faltaban alrededor de once años para concluirlo para luego disfrutar de por vida un jugoso haber de retiro.
Cabe señalar que en su carta de renuncia enviada al presidente de la república, el hoy ex ministro de la Corte no menciona causa alguna —ni grave ni no grave— para renunciar al cargo, salvo que se quiere ir. A pesar de esa omisión tan grande, consistente en no exponer la «causa grave», el Presidente le consedió su aceptación y también el Senado su aprobación.
Procede también recordar que según declaración del senador Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política de la llamada Cámara Alta, el señor Medina Mora fue invitado, «por interpósita persona», a acudir al Senado o a su Comisión de Gobernación a exponer la causa grave de su renuncia, y se negó. Pues a pesar de ello; es decir, sin conocer los senadores la causa que motivó al ministro a renunciar, éstos, por abrumadora mayoría de 111 votos, se la aprobaron.
Para justificar esa omisión y su par de consecuencias —la aceptación presidencial y la aprobación senatorial—, se ha tejido de inmediato una serie de teorías, casi todas expuestas por constitucionalistas improvisados. De quienes han opinado, el único verdaderamente entendido en el tema, el ministro (en retiro) de la Corte, Ramón Cossío, ha dicho que se trata de un verdadero desastre atentatorio de las instituciones. Punto.
¿Quése ha dicho y escrito para intentar salvar lo insalvable? Que el ex ministro sícomunicóverbalmente al Presidente la causa grave que lo orillóa dimitir. Nada hay que lo acredite, más bien todo hace suponer que ni remotamente fue así.
Y de haber sido, cómo explicar entonces que en una república moderna y abierta a la transparencia, el Presidente se haya «guardado en su real pecho» tal información, que al menos debió haber comunicado al Senado. Y que por supuesto no hizo —porque, de entrada, la hipótesis carece de sustento—, a pesar de lo cual recibió una amplia aprobación de los senadores. Muchos de éstos, por cierto, aunque afirmaran desconocer la causa grave no dada a conocer por Medina Mora ¡aprobaron su renuncia! Vaya pues.
Por cierto, y toda vez que en cualquier momento se puede presentar el caso, cabe señalar que en su texto vigente la Constitución Política de Coahuila no contiene un precepto equivalente al artículo 98 de la Constitución General de la República, por cuanto hace a la renuncia al cargo del magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia.
Pero en su texto original la Carta Magna de Coahuila, de 1918, sí previó tal supuesto. Su artículo 138 decía así: «El cargo de Magistrado solamente es renunciable por causa grave que calificará el Congreso».
Casi siete décadas después, en enero de 1984, a iniciativa del entonces gobernador José de las Fuentes Rodríguez, el mencionado artículo 138 fue modificado para hacer referencia a un supuesto diferente: el de la remoción de los magistrados y ya no el de la presentación de su renuncia al cargo. Como se observa, remoción y renuncia son conceptos diferentes.
Hoy, el artículo 138 de la Constitución local de Coahuila no hace referencia a ninguna de las dos mencionadas figuras (remoción o renuncia), sino a los requisitos que deben reunir los magistrados al ser nombrados.
A pesar de lo anterior, cabe precisar que el artículo 67, fracción XVIII, de la Constitución local, establece como atribución del Congreso del Estado «conocer de las renuncias .... de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia....», pero sin señalar que dichas renuncias deben estar motivadas por causa grave, como sí decía originalmente la Constitución de Coahuila al promulgarse en febrero de 1918.
Por último, a esa eventualidad de la renuncia de los magistrados hace rápida alusión la fracción I del artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal.

References: artículo 98
 artículo 98
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 67
 artículo 164