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Absolucion en Proceso Por Delito de Calumnia Para Zozimo
Accidente Trabajo Jurisprudencia
Cecilia Sánchez Romero Directora del Digesto de Jurisprudencia
Resoluciones De La Sala Tercera
1. Abuso De Autoridad - Detención de vehículo y posterior traslado a los
planteles del MOPT sin permitirle al conductor su remoción.
2. Agresión Con Arma - Alcance del concepto "objeto contundente" - Uso de
3. Daño Moral - Carácter facultativo del pronunciamiento.
4. Daño Moral - Indemnización prudencial.
5. Daño Moral - Necesaria demostración de su naturaleza y consecuencias
habidas o posibles.
6. Daño Moral - Procedencia en toda infracción punible que cause daños a
intereses de orden moral.
7. Defensa Putativa - Error de prohibición con efecto exculpante - Deber de
indemnizar civilmente.
8. Delito Culposo - Sustitución de los conceptos negligencia, imprudencia e
impericia - Elementos de la tipicidad en el delito culposo.
9. Desobediencia A La Autoridad - Desacato a orden de derribo - Imposibilidad de impedir la ejecución de una sentencia interdictal.
10. Desobediencia A La Autoridad - Incumplimiento de resolución de la Sala Constitucional que no contiene mandato preciso y concreto no configura este delito.
11. Dolo - Análisis de su contenido en la legislación costarricense.
12. Emoción Violenta - Elementos básicos.
Error De Derecho - Análisis de su contenido - El concepto culpabilidad es
altamente graduable.
14. Error De Hecho - Análisis de la estructura sistemática seguida por el
15. Estado De Necesidad - Necesaria congruencia entre el tipo objetivo y el
tipo subjetivo de la permisión.
16. Estimulación O Promoción Al Consumo No Autorizado De Drogas -
Imposibilidad de relacionar conducta con operaciones de trasiego de drogas.
17. Evasión - Necesidad de una efectiva y real detención.
18. Homicidio - Análisis del dolo eventual.
19. Homicidio Culposo - Examen de los elementos objetivos y subjetivos del
20. Homicidio Culposo - Responsabilidad de conductores partícipes en competencias de velocidad o piques.
21. Hurto Agravado - Agravación por uso de llave verdadera requiere una
conducta conexa con el hurto encaminada a obtener la llave venciendo su protección.
22. Hurto Simple - Las sumas que corresponden al impuesto de ventas no
pueden integrarse al valor de los bienes sustraídos antes de su venta para
establecer el requisito del artículo 208 del Código Penal.
23. Legitima Defensa - Análisis de los requisitos.
24. Ley De Psicotrópicos - Contenido de las conductas estipuladas en el
25. Medida De Seguridad - Cuando se comprueba la existencia de imputabilidad disminuida, se debe absolver y aplicar la respectiva medida de seguridad.
26. Negociaciones Incompatibles -Contenido de la acción punible prevista
27. Pena De Inhabilitación - La cancelación de licencia para conducir
vehículos solo se puede ordenar ante los supuestos establecidos legalmente.
Preterintencionalidad - Homogeneidad de las lesiones jurídicas.
Responsabilidad Civil - Necesaria relación de causalidad entre la
conducta del agente y el daño causado.
30. Responsabilidad Civil- Responsabilidad solidaria del propietario del
31. Responsabilidad Civil - Subsistencia a pesar de sentencia absolutoria.
32. Responsabilidad Civil Del Estado - Homicidio cometido por guardia
rural en funciones propias de su cargo.
33. Robo Agravado - Diversos actos de violencia para realizar la sustracción.
34. Teoría Del Dominio Del Hecho - Valoración en relación con el tipo penal
que se interpreta.
35. Tipicidad Culposa - Análisis de resultado - La licitud de la conducta no
puede ser el punto de partida del tipo culposo.
36. Usurpación - Concurso en la modalidad de delito continuado entre
usurpación por despojo violento y turbación de la posesión.
37. Usurpación - La amenazas pueden producirse para mantenerse en el
hecho de la usurpación.
38. Acción Civil Resarcitoria - Notificación a personas jurídicas.
39. Acción
41. Acta Del Debate - Requisitos - Innecesaria consignación de manifestaciones de testigos
42. Admisibilidad Del Recurso De Casación - Alcances del control de
admisibilidad que corresponde al tribunal a quo.
43. Condenatoria En Costas Al Estado - Imposibilidad de separar la
obligación de reparar daños y perjuicios del pago de costas.
Correlación Entre Acusación Y Sentencia - Alcances.
Costas - No existe motivo alguno para privilegiar al
exoneración del pago de costas.
46. Demandado Civil - Posibilidad de asignarle un defensor público.
47. Demandado Civil - Validez de las notificaciones realizadas al imputado
que tiene la condición de demandado civil.
48. Denuncia - Validez como acto procesal a pesar de la abstención posterior
del denunciante como testigo.
declaración por muerte del testigo.
50. Derecho De Abstención - Inexistencia para la concubina.
51. Intereses Legales - Obligación de fundamentar la condenatoria a su
52. Juramentación Del Funcionario - Doctrina del funcionario de hecho.
53. Lectura
posteriormente provoca nulidad
54. Lectura De La Sentencia - Convocatoria verbal con hora estimada para
la lectura es una cortesía para las partes.
55. Lectura De La Sentencia - Improcedencia de la nulidad por inasistencia
de parte del Tribunal a la lectura integral.
56. Lectura De La Sentencia - La ausencia de algunos jueces al momento de
la lectura no afecta derechos básicos de las partes.
57. Lectura De La Sentencia - La firma tardía de uno de los jueces, no
provoca desintegración del tribunal.
58. Lectura De La Sentencia - La omisión de lectura integral por inasistencia
de las partes no genera nulidad alguna.
59. Lectura De La Sentencia - La omisión de lectura por inasistencia de las
partes no ocasiona nulidad.
60. Lectura De La Sentencia - Lectura de fallo que consta en borrador no
causa afectación a los intereses del imputado.
61. Lectura De La Sentencia - Posibilidad de que la Sala analice en cada
caso las deficiencias relativas a la lectura de sentencia.
Motivación De La Sentencia - Requisitos necesarios.
63. Pena - Omitir las razones para fijar la suma a pagar por concepto de
multa, ocasiona una falta de fundamentación del fallo.
64. Prueba Indiciaria - Requisitos para su valoración.
65. Prueba Sobre Propiedad De Vehículos - Validez de carta-venta con
66. Prueba Testimonial - Posibilidad de valorar testimonio policial sobre lo
escuchado de manera casual.
67. Querella - Imposibilidad de impugnar el sobreseimiento dictado en favor
del querellado.
68. Querella - La omisión de solicitar pena impide recurrir en casación.
69. Querella - Requisitos para recurrir en casación -Formas de actuación
previstas en el proceso de querella.
70. Recurso De Casación - Necesaria separación de cada motivo con sus
71. Recurso De Revocatoria- Interposición no suspende los términos para
los demás recursos que procedan.
72. Reacusación - Rechazo arbitrario de prueba tendiente a demostrar
73. Sentencia - Nulidad por dictado a pesar de acción de inconstitucionalidad
74. Tentativa De Suicidio - Competencia de los juzgados penales.
1. Abuso De Autoridad - Detención de vehículo y posterior traslado a los planteles del MOPT sin permitirle al conductor su remoción.
"La juzgadora calificó la actuación del oficial de tránsito como constitutiva del delito de abuso de autoridad, y el recurrente reprocha -por la forma pero conviene examinarlo- que nunca podría calificarse de abusiva aquella conducta, porque la ofendida se aparcó mal en esa carretera, y el artículo 85 de la Ley de Tránsito prohíbe detener vehículos en las calzadas de la carretera, lo cual se
encuentra sancionado en el articulo 112 inciso d) ibídem. Por esa razón, concluye el recurrente, la sentencia irrespeta las reglas de la sana crítica porque
la conducta del oficial fue legal. Sin entrar a examinar si la ofendida aparcó o
no el vehículo contraviniendo las leyes de tránsito, pero partiendo del supuesto de que ello fuere cierto, aún así no existe ninguna razón viable para tener por
justificada la conducta del imputado, porque su actuación arbitraria no se centra en haber confeccionado un "parte de tránsito" cuando no debía hacerlo, hecho del que la acusada puede defenderse ante la respectiva autoridad jurisdiccional que conozca de la infracción, sino fundamentalmente porque procedió a detener el vehículo en que viajaba la ofendida sin justificación alguna y lo trasladó a los planteles de la Dirección General de Tránsito utilizando un vehículo grúa, sin darle ninguna oportunidad a su víctima de
retomar el automotor. En realidad en ello se evidencia un absoluto menosprecio
a los derechos constitucionales de los ciudadanos, cuando los oficiales de
tránsito y los conductores de las grúas que los acompañan, se llevan un vehículo aún cuando su conductor esté dispuesto a quitarlo -suponiendo que está mal aparcado-. En ello consiste la actuación arbitraria del acusado, según
los términos del artículo 329 del Código Penal, y peor aún cuando trasladan el vehículo sin importarles que lleva personas dentro, pues en este último caso no sólo se configura (concurso ideal) el delito de abuso de autoridad, sino también
el de privación de libertad agravada (artículo 19,2 inciso 4° del Código Penal),
que tiene una sanción de dos a diez años de prisión, y además exponen a los ciudadanos a un peligro inminente para su integridad física, al llevárselos dentro del vehículo remolcado como si se tratara de simples objetos. Definitivamente constituye una grave y arbitraria actuación la del funcionario público que prevaliéndose de su posición de autoridad decomisa un vehiculo a un ciudadano, sin que exista alguna causa legal que así lo autorice, supuestamente para mantener despejadas las vías, en aquellos casos en que el propio conductor está dispuesto a quitarlo del lugar y llevárselo. Esa autorización legal no existe, siquiera, cuando el oficial de tránsito constata alguna infracción a las disposiciones relativas al estacionamiento de vehículos en vías públicas. En este sentido es conveniente reafirmar que la ley de tránsito vigente no autoriza decomisar y trasladar vehículos en esas circunstancias. Y aún debe agregarse que tampoco lo permite el texto aprobado recientemente y por segunda vez en la Asamblea Legislativa, pues la nueva ley condiciona el traslado de vehículos a que el conductor no esté presente, o que estándolo, las condiciones mecánicas del automotor le impiden circular, o que el conductor no quiera trasladarlo o no pueda hacerlo por alguna circunstancia determinada
(ebriedad, herido en el accidente, etc.). En efecto, el artículo 140 de ese texto legal que pronto se publicará en el Diario Oficial La Gaceta dispone que " EI retiro de circulación de un vehículo procederá exclusivamente en los siguientes casos: a) Cuando obstruya vías y aceras, se estacionen frente a paradas de servicio público, rampas de minusválidos, hidrantes, salidas de emergencia, entradas a garajes y estacionamientos, siempre y cuando no esté presente su conductor. b) Cuando las condiciones mecánicas le impidan circular y en cualquiera de las situaciones del inciso anterior, cuando el conductor se niegue
cuando concurra alguna otra circunstancia razonable que le impida al conductor
estos supuestos se exige la imposibilidad del conductor para trasladar el
vehículo (por estar ausente o por alguna otra razón), para disponer el acarreo por parte de las grúas al servicio de la Dirección de Tránsito, en los casos en que supuestamente se encuentre mal estacionado el vehículo. Este tema también ha sido objeto de examen reiterado en la Sala Constitucional, la cual
ambulatoria y el respeto a la propiedad privada resultan ser bienes jurídicos preponderantes en relación con el respeto a las órdenes emanadas de las autoridades, de manera tal que si el cumplimiento de una orden de ésta índole
puede lograrse sin menoscabar el respeto de aquéllos
Administración, actuar de esa forma. En el presente caso el recurrente se encontraba dentro de su vehículo, pero a causa de una maniobra que pretendía realizar para ingresar a un parqueo, causó seria perturbación al tránsito de los automotores, ello ameritaba la actuación de la autoridad para que se hiciera el parte correspondiente por infracción a la legislación que regula la circulación vial en las ciudades, pero nunca el traslado del vehículo a la Dirección General
de Tránsito. pues con el simple retiro del automotor del lugar, a lo que estaba anuente el recurrente se lograba quitar el obstáculo que impedía la normalización de la circulación vial. El traslado del vehículo, sólo está legalmente autorizado en los casos en que no existe otra forma menos drastica para lograr quitar el obstáculo a la circulación o el peligro para la seguridad de conductores, viajantes o transeúntes (artículos 4, 70, 85, 86 y 90 de la Ley de Tránsito). El retiro del vehículo sólo lo autoriza la Ley de Tránsito en aquellos casos en que ha sido dejado abandonado en la vía pública o cuando se encuentre mal estacionado, sin que el responsable del automotor acepte
haber actuado el recurrido sin
quitarlo, o no se encuentre en el lugar
autorización legal, ello hace que su actuar resulte contrario a lo reglado en el artículo 11 de la Constitución Política y en tal razón la afectación que realizó, al libre desplazamiento por el territorio nacional a que tiene derecho F. Q. es "
(Sentencia de la Sala Constitucional N~ 456-92 de 9 hrs. del 21 de
febrero de 1992)." 1993. Sala Tercera De La Corte, N° 129-F de las 9,20 hrs.
es obligación de la
ha señalado con carácter vinculante y erga omnes, que "
llevarlo hasta el lugar de detención
Como puede apreciarse, también en
a trasladarlo o si se encuentra físicamente incapacitado para conducir
Agresión Con Arma - Alcance del concepto "objeto contundente" -
Uso de sombrilla.
"En el único motivo del recurso por el fondo, la impugnante reclama la errónea aplicación del artículo 140, y la inobservancia del número 374.1, ambos del
Código Penal. Razona el reproche, en punto al "objeto contundente" que debe concurrir para la configuración del delito de agresión con arma, previsto por el mencionado 140. Dice que cuando en este artículo se habla de " objeto contundente, se está pensando en objetos que aumenten considerablemente el poder ofensivo del agresor, se aplica a instrumentos más poderosos que los miembros del cuerpo humano, nunca una pequeña sombrilla de aluminio
Basado en lo anterior solicita se revoque la sentencia de mérito y se
la absuelva de toda pena y responsabilidad. El reproche debe rechazarse. Cuando la norma 140 del Código Penal utiliza la terminología "objeto contundente", introduce en el tipo un elemento normativo que requiere de una valoración jurídica dependiente del intérprete. Objeto contundente es el que, utilizado para un acometimiento, podría producir un daño en el cuerpo de la persona y dejar o no evidencia externa. Entonces, jurídicamente entendida, la contundencia de una cosa se debe en primer lugar a la finalidad de quien la emplea, esto es para golpear a la víctima; y en segundo término, a la posibilidad de que tal uso pueda causar un daño en los términos antes dichos. La contundencia no puede depender de un aumento del poder ofensivo, que naturalmente tiene quien utiliza el objeto, pues tal razonamiento conduciría a absurdo. En el caso que nos ocupa, una sombrilla sí es un objeto contundente cuando es utilizada para golpear a una persona, porque -además de la finalidad con que es empleada- es un instrumento idóneo para causar un daño en el cuerpo de la víctima." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 543F de las 8,50 hrs. del 13 de noviembre.
"Como único motivo de su recurso por el fondo, el licenciado [
acusa violación de los artículos 1045 del Código Civil
y 125 del Código Penal de 1941, vigente según ley N 0 4891 de 8 de noviembre de 1981, aduciendo disconformidad con la suma fijada por el a quo en concepto de daño moral, por considerar que la suma acordada es insignificante y no guarda relación con el severo daño moral sufrido por la ofendida. El reclamo no es de recibo. Al respecto debe señalarse que tal indemnización pecuniaria, la
puede acordar prudencialmente el juzgador, de tal suerte que por ser un pronunciamiento facultativo, no se incurre en ninguna infracción, siempre que se esté en ese campo dentro de lo razonable, según las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido, y no otra cosa tomó en cuenta la señora Juez para fijarla en la suma de cien mil colones, en reconocimiento del sufrimiento moral de la víctima ante un hecho que a su
judicial de la ofendida (
], apoderado
juicio lesiona no solo materialmente de su cuerpo sino también su psique." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 478-F de las 8,45 hrs. del 16 de octubre.
"Indica el señor representante del Demandado Civil que el Tribunal no podía haber fijado el daño moral si no hubo prueba para acreditar esta partida, violándose por falta de aplicación el artículo 67 y 398 del Código de Procedimientos Penales. El reclamo debe declararse sin lugar, subrayando, como ya lo ha hecho el Voto Número 474-F de las 8:50 hrs. del 13 de septiembre de 1991, que la indemnización por daño moral la puede acordar prudencialmente el juzgador si no hubiese base suficiente para fijarla por medio de peritos, de tal suerte que por ser un pronunciamiento facultativo, no se incurre en ninguna infracción, siempre que se esté en ese campo dentro de lo razonable, según las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido. El cálculo prudencial se define como "el que se hace a bulto, con aproximación y sin buscar la exactitud" (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, decimoctava edición, Editorial Espasa Calpe 5. A., pág. 229), exactitud que de por sí, dada la naturaleza de la cuestión, es imposible de lograr en tratándose de la estimación del daño moral que pueden sufrir los sujetos a causa de un hecho ilícito. En el caso sub-examine, el tribunal tomó en cuenta la forma en que falleció el ofendido, muerte violenta e injustificada que indudablemente hizo nacer la necesidad de una reparación por daño moral. Ahora bien la estimación se hace en una suma indemnizatoria que es razonable ya que el dinero no puede desempeñar la función de equivalencia (propia de la indemnización de los daños patrimoniales), sino tan solo la función de satisfacción, por ser la única que conviene a la reparación de los daños morales (al respecto, véase Orgaz, Alfredo: "El Daño Resarcible", Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1967, páginas 188-189). En consecuencia, debe declararse que la suma fijada por el a quo resulta suficiente para tal finalidad y que por lo tanto debe mantenerse tal fijación, declarando sin lugar el reclamo del señor Representante del Estado." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 596-F de las 9,10 hrs. del 11 de diciembre.
5. Daño Moral - Necesaria demostración de su naturaleza consecuencias habidas o posibles.
"En el motivo admitido del recurso planteado por el Apoderado Judicial de los actores civiles, se alega la violación del artículo 125 del Código Penal de 1941. Argumenta el recurrente que el a quo debió haber concedido la indemnización solicitada por concepto de daño moral, pues se acreditó en sentencia la incapacidad sufrida por los ofendidos. No lleva razón el impugnante. Ya esta Sala ha señalado que "El daño moral es la lesión que sufre una persona en su
honor, reputación, afectos, sentimientos, o intereses de orden moral por la acción de un delito. Desde esta perspectiva debe de entenderse que esta clase de daño no se traduce en una pérdida económica, pues en realidad lo que hiere es un derecho extrapatrimonial, ya que ofende el orden interno de la víctima al dejarle secuelas que la hacen sentirse en un plano inferior a los demás en lo relativo a la valoración que de ella se puede hacer. Esta situación significa un sufrimiento psíquico, una posible limitación para el trabajo, alguna molestia en la sociedad y un dolor moral al encontrar que no recobra del todo la condición, que puede ser aún física, con que contaba con anterioridad al delito. Por ello esta pena debe ser reconocida económicamente. En el campo moral puede ser que el ofendido se sienta más agraviado que con la pérdida material que la acción ilícita le haya aparejado. Por este motivo, la reparación del daño moral en nuestra legislación no está limitada únicamente a los casos en que se afecta la honra, dignidad u honestidad de las personas, sino que su reconocimiento también está abierto para los hechos en que se produce un daño a los intereses "
de orden moral; artículo 125 del Código Penal de 1941
(N° 28 de las 9:10
horas del 28 de enero de 1987). Si bien es cierto la norma indicada en la cita autoriza al juzgador a cuantificar o determinar prudencialmente la indemnización pecuniaria del daño moral -si no hay medio para determinarlo a través de un peritaje-, la misma norma exige que se tenga en cuenta a esos efectos las naturalezas y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido, lo cual deja ver lógicamente que esta disposición supone como antecedente necesario e indispensable la efectiva constatación del daño moral en sí. Esto significa que no basta la comisión de un delito, incluso de lesiones como en el presente caso, para que haya un daño moral reparable. Para que tal daño sea indemnizable (ya sea estimado por medio de peritos o prudencialmente) primero debe ser demostrada su naturaleza y consecuencias habidas o posibles, lo cual no hizo la parte actora ante el a quo, lo que impide acoger el motivo en cuestión. Sin lugar el reclamo." (Hay voto salvado). 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 394-F de las 9,15 hrs. del 7 de septiembre.
Voto Salvado De Los Magistrados González Álvarez Y Castro Monge:
"Los suscritos Magistrados se permiten disentir con respeto de las razones expuestas en el voto de mayoría de esta Sala, que declara sin lugar el recurso interpuesto por el fondo, por las siguientes razones: Sin que los suscritos compartamos ese criterio, es conveniente señalar que existe un sector de la doctrina y la jurisprudencia que, con una tesis radical, estiman que el daño moral no es susceptible de ser apreciado por medio de pruebas, y que ello debe determinarlo el juzgador en cada caso concreto. En tal sentido se afirma que" es indemnizable el daño moral en el delito; aquél no necesita probarse, existe por el propio acto jurídico y debe apreciarse teniendo en cuenta el desprestigio de la víctima en su reputación y molestias causadas. En el caso, delito contra el patrimonio, si bien no hay agravio a la reputación personal, lo mismo debe indemnizarse sin que pueda llegar a un enriquecimiento ilícito (CC Tucumán, 27/5/65, JA, 1966-I-496)."(Rubianes, Carlos J. Código Peiuil y su interpretación jurisprudencial, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tomo III; 1977, página 28). Para conceder indemnización por daño moral no es necesario la prueba de su
efectiva existencia o extensión, pues siempre es indemnizable en dinero (arts. 1078 y 1086, C.Civ) (CC Cap., 13/9/46, Fallos, 7-363)" (Rubianes, op.cit. tomo I; página 100). En igual sentido, para Brebbia queda al mismo tiempo demostrada la existencia de un daño moral sin necesidad de entrar a considerar qué especial repercusión física o psíquica tuvo el hecho y admite que debe ser materia de apreciación especial por el Juez, en cada caso, la magnitud o importancia del agravio moral ocasionado, rechazando la prueba en cuanto a la existencia pero no en cuanto a la extensión. Cfr.La prueba del daño moral, en Juris 3, p. 297 y 55. Para Minozzi, A. Il danno non patrimoniale, Milano 1917- la prueba de los daños morales existe in re ipsa." (Brebbia y Minozzi citados por Mossete Iturraspe, Jorge. Responsabilidad por daños. Buenos Aires, Editora Ediar, Tomo II B; 1981, página 184).
Para la situación costarricense es necesario afirmar, en primer término, que compartimos el criterio de la mayoría al afirmar que el daño moral constituye
una lesión que sufre una persona en su honor, reputación, sentimientos, afectos o intereses de orden moral de carácter general a consecuencia de un delito. En otros términos, y como lo dice la mayoría con cita del voto de esta Sala (N° 28 del 28 de enero de 1987), se trata de un sufrimiento psíquico más amplio que la afectación al honor, no limitado sólo a esos delitos, sino ampliado a cualquier daño a intereses de orden moral. Lo anterior significa que ese daño psíquico también comprende el sufrimiento de una persona por las lesiones que ha recibido a consecuencia de un hecho delictivo, por el dolor padecido por la sola producción de heridas, y por el sufrimiento aflictivo durante todo el período de convalecencia de las heridas físicas recibidas. Por esa razón, bien afirmó la
Sala en el voto que cita la mayoría, que "
sufrimiento psíquico, una posible limitación para el trabajo, alguna molestia en
situación significa un
la sociedad y un dolor moral al encontrar que (el ofendido) no recobra del todo la condición, que puede ser aún física, con que contaba con anterioridad al
, (véase el voto antes citado).
aun cuando sea sólo transitoriamente y por un período concreto
En segundo lugar también compartimos con la mayoría que para la situación costarricense se hace indispensable demostrar la existencia del daño moral en cada caso concreto, y que aquella tesis amplia que exime de prueba (citada en el Considerando Primero de este voto salvado) puede admitirse sólo en cuanto al monto del daño, según fijación prudencial hecha por el juzgador, aún en ausencia de pruebas en ese sentido, de conformidad con el artículo 125 del Código Penal de 1941, que señala en lo conducente que: "La reparación del
consistirá en una indemnización pecuniaria que, si no hubiese
base suficiente para fijarla por medio de peritos, la determinará el Juez prudencialmente, según las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido". De tal manera que en principio, independientemente del delito de que
se trate, bastará a los efectos de indemnizar el daño moral, con estar en preselicia de los aspectos citados, sin que sea necesaria la constatación del monto del daño moral mediante prueba, por lo cual resulta suficiente sin más, que acreditada la existencia de ese tipo de daño, el juzgador pueda valorarlo
prudencialmente fijando su monto respectivo para efectos de indemnización. Lo que se tutela, aquí, a juicio de los suscritos, es que la parte ofendida vea reparada la lesión moral de que fue objeto, como consecuencia de la angustia sufrida en ese plano ya sea por el dolor físico, las limitaciones resultantes, el periodo de convalecencia, la divulgación que se dio al suceso. Etc., que no estaban presentes antes de ocurrir el ilícito. Este tipo de dolor por su propia naturaleza, no es siempre factible de ser apreciado a través de prueba directa, ya que en la mayoría de los casos, queda en el fuero interno del perjudicado, por lo que el tribunal está en la obligación de analizar las circunstancias contenidas en los hechos, con el objeto de determinar la magnitud del daño.
añadir en cuanto se refiere al
Como bien se afirma en doctrina "
daño no patrimonial, que la falta de prueba deriva siempre de su imposibilidad
imposibilidad es inherente a la naturaleza de este daño, por lo
que tan sólo puede ser liquidado por el juez a través de su valoración
prueba de la entidad cuantitativa del daño impone la prueba de
la medida pecuniaria del objeto del daño, o sea, del interés afectado, lo cual es inconciliable con la naturaleza del interés no patrimonial; por lo que mediante la
prueba no puede proyectarse en el mundo del conocimiento material una relación (medida pecuniaria) que en su realidad objetiva, repugna a la
limitadamente admite el
naturaleza del interés no patrimonial
legislador el resarcimiento del daño no patrimonial, exige que su medida se obtenga por medio de criterios equitativos de valoración efectuados por el juez. Es facultad propia de valoración equitativa el extender el resarcimiento más allá de la esfera patrimonial, confiriendo relevancia jurídica también al daño no patrimonial." (De Cupis, Adriano. El daño. Barcelona, Editorial Bosch, 2° edición italiana traducida por Martínez Sarríon, Ángel; 1975, páginas 557y 558).
En el caso de autos el señor Juez tuvo por cierto que a consecuencia de un
accidente de tránsito, del que declaró autor responsable al imputado (
incorporados (…),que dice que sufrió heridas contusocortantes en antebrazo izquierdo, otra en la pierna izquierda, y en el codo derecho, así como también sufrió trauma toráxico, que duele a los movimientos respiratorios, lesiones que lo incapacitaron para sus ocupaciones habituales por treinta días. De acuerdo
con la sentencia de mérito dicho ofendido, en su carácter de actor civil, solicitó la suma de ciento cincuenta mil colones por daño moral. El señor Juez rechazó
esa partida porque "
las lesiones producidas no dejan secuelas, como también evidente durante la "
Este razonamiento es
absolutamente ilegal, y desconoce en forma total el artículo 125 del Código Penal de 1941 que define el daño moral y establece las bases para fijar su monto, en primer término porque las secuelas permanentes producidas por unas lesiones recibidas con ocasión de un hecho delictivo, no constituyen un presupuesto para que pueda acordarse una indemnización por daño moral, así como tampoco es admisible la tesis de que no procede el daño moral cuando no haya una afectación permanente. Conforme se indicó el daño moral cubre también aquel sufrimiento que, aunque pasajero, experimentó la víctima al convalecer de las lesiones recibidas con ocasión del hecho delictivo. En segundo
audiencia, la inexistencia de una aflicción moral
evidenció de los dictámenes médicos legales (…) que
sufrió las lesiones descritas en los dictámenes médicos
lugar, tampoco es admisible la tesis del juzgador, al afirmar que no concedía la indemnización del daño moral porque no apreció durante el debate que la víctima estuviere padeciendo algún sufrimiento moral, pues ese rubro es indemnizable aún cuando a la fecha del debate la víctima se hubiere recuperado. Lo que se indemniza es el sufrimiento efectivo que se ocasionó a la victima durante algún tiempo o permanentemente. Los hechos probados del juzgador permiten apreciar que el actor civil sufrió lesiones que lo incapacitaron por treinta días, y como todo ser humano también sufre dolor y aflicción cuando le causan lesiones, debe concluirse que si se demostró el daño moral con base en esos hechos y correspondía al juzgador fijar su monto, conforme a la norma que se reclama violada en el recurso. Por lo anterior los suscritos votamos por declarar con lugar el recurso, casar la sentencia en cuanto denegó esa partida y en su lugar acogerla en su totalidad, con costas a cargo de los demandados." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 394-F de las 9,15 hrs. del 7 de septiembre.
6. Daño Moral - Procedencia en toda infracción punible que cause daños a intereses de orden moral.
"Como quinto motivo del recurso por cl fondo se acusa la violación del artículo 125 del Código Penal de 1941 y 632, 719 y 1045del Código Civil, por cuanto la sentencia impugnada condena al imputado a pagar al ofendido la suma de cien mil colones, "sin decir por qué razón". Agrega el recurrente que el referido artículo 125 establece un "numerus clausus" en materia de reparación de daño moral, puesto que enumera las infracciones contra la honra, la dignidad ola honestidad, delitos que lesionan intereses de orden moral, y que en el caso que
nos ocupa se trata de un delito de usurpación, en donde el interés protegido es
la propiedad o el patrimonio, pero no intereses de orden moral y no se afecta
con este delito la honra, el honor o la dignidad de la persona. Este reclamo no es atendible. En primer lugar, el recurrente cuestiona con su argumentación la fundamentación de la condena por daño moral, cuestión cuyo examen resulta impertinente por esta modalidad del recurso de casación; debió el impugnante encausar su disconformidad con la motivación mediante el respectivo reclamo por vicios in procedendo. Por otra parte, la reparación del daño moral, según la ley y la jurisprudencia nacionales (Sala Tercera, V-176 F de las 17 hrs del 25 de septiembre de 1984 y V-28 F de las 9:10 hrs. del 28 de enero de 1987, entre otras) procede no sólo en los delitos contra la honra, la dignidad o la honestidad sino en toda infracción punible que cause daños a intereses de
orden moral. Así, se ha dicho que "Todo delito produce en la víctima un mayor
o menor sufrimiento originado en el dolor, en la disminución de la capacidad
intelectual, en las alteraciones o deformaciones físicas, en la variación de las condiciones económicas, sociales, familiares" (Sala Tercera, V-153 Fde las 9:40 hrs. del 27 de mayo de 1988). Como en el presente caso el actor civil y ofendido, quien era a la fecha de los hechos profesor universitario, fue
compelido a hacer abandono del inmueble por el acusado (
arbitrarios que no le permitían al ofendido gozar libremente de la posesión del
inmueble y sus áreas comunes, es comprensible que eso significara un sufrimiento de naturaleza psíquica para el actor civil, a causa del "stress, angustia, incomodidad, temor e inseguridad" que generó la conducta del imputado al ofendido, por lo que resolvió bien el a quo al fijar una partida independiente por ese daño." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 474-F de las 11,05 hrs. del 9 de octubre.
7. Defensa Putativa - Error de prohibición con efecto exculpante - Deber de indemnizar civilmente.
inminente agresión por parte del ofendido. Las amenazas que el ofendido había hecho contra el imputado y su madre, incluso mostrando una arma y señalando
que lo iba a matar, sin lugar a dudas contribuyó a que el imputado lo calificara como su enemigo y se sintiera amenazado de muerte al momento en que se encontraron, en un bar, cuando el ofendido hizo un ademán como si intentara sacar algún objeto de sus ropas. En contraste con la forma de actuar de (el ofendido) antes de los hechos de examen, (el imputado) nunca hizo nada en su contra, ya verbal ya físicamente como para pensar que atentaría contra la vida de (el ofendido), pese a que éste era imputado en un proceso penal por robo
en perjuicio de la madre de aquél (
fuera de la ley, por parte de (el acusado) en contra de (el ofendido), antes por el contrario, se sometió a derecho al esperar el resultado del proceso en que la
señora (madre del imputado) se decía víctima de un robo por parte del ahora ofendido. Por estos antecedentes -que no son ajenos al caso- al encontrarse en
a muy corta distancia, y hacer el ofendido un
ademán como si fuera a sacar algo de entre sus ropas, provocó que (el imputado), razonable e invencible pero falsamente, creyera ser objeto de una agresión con arma cortante por parte de [el ofendido]. Razonablemente porque, como se dijo, el ofendido amenazó de muerte a1 imputado y otras personas exhibiendo un arma blanca; invenciblemente, ya que no era aceptable esperar una primera acción de [el ofendido] que pusiera en peligro su vida (según creía) con el, esperado acometimiento; y falsamente, porque el hoy occiso no portaba arma alguna al momento en que el imputado le disparó. Empero, creyendo que se defendía, [el imputado] disparó contra [el perjudicado] y le dio muerte. Lleva razón el recurrente, cuando alega que se trata de una «defensa putativa», prevista en el artículo 34 del Código Penal; pues esta tiene lugar cuando objetivamente no existe agresión ilegítima, pero, en la psiquis del agente hay una falsa representación de la realidad y cree que es objeto de tal acometimiento, en circunstancias en que no podía pensar otra cosa.
la Soda y Restaurante [
No era de esperar por ello una actuación
actuó bajo la falsa creencia de que sería objeto de una
acusado (
Con relación a lo expuesto, esta Sala en resolución V446-F, de las 15:40 hrs. del 25 de septiembre de 1992, dijo -entre otras cosas- que el problema de «justificación putativa», regulado por el párrafo segundo del artículo 34 del Código Penal, no es un error de tipo excluyente del dolo sino un error de
prohibición con efecto exculpante, porque suprime el conocimiento de la ilicitud. Como parte de un prolijo análisis, en aquella oportunidad se indicó: El problema de la falsa suposición de permisos o justificantes no es un problema que queda sin solución ya que al estar redactado el artículo 35 del Código Penal de manera tan amplia (ubicando el problema sobre el desconocimiento de la punibilidad de lo que se realiza), hace que los problemas de error sobre justificantes se
resuelvan amparados a un problema de error de prohibición
directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a pena, lo que puede suceder cuando: a) El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la Norma; b) el (sic) sujeto que actúa considera que el Ordenamiento Jurídico le concede un" permiso para su actuación; c) El sujeto que actúa piensa que está dentro del
ámbito de una causa de justificación cuando en realidad no lo está
actúo bajo un error de prohibición porque
creyó que concurría en el hecho una agresión contra la que ejercía la legítima defensa; pero en realidad no hubo acometimiento en su contra. Es precisamente el tercer caso de los enumerados por el fragmento transcrito. Al excluir la conciencia de la ilicitud y con ella la culpabilidad, se excluye la pena y así debe declararse, absolviendo al imputado de toda responsabilidad de tipo penal. Sin embargo, resultando la acción típica y antijurídica (aunque no culpable), se ha configurado un injusto penal que trae como consecuencia el deber de indemnizar civilmente a la víctima o sus herederos. Por lo anterior el "recurso debe declararse con lugar en lo que al pronunciamiento de naturaleza penal se refiere, pero no en cuanto a las consecuencias civiles." 1993. Sala Tercera De La Corte, N° 52-F de las 9,45, hrs. del 29 de enero.
presente asunto el imputado (
quiere significar
8. Delito Culposo - Sustitución de los conceptos negligencia, imprudencia e impericia - Elementos de la tipicidad en el delito culposo.
"La Sala ha venido sustituyendo los antiguos conceptos civiles de negligencia, imprudencia e impericia, para la definición legal de la conducta culposa. La principal razón de esta escogencia se sustentó en el hecho de que estos conceptos, lejos de ayudar a la aplicación de la Ley, suelen llevar al analista a serios problemas lógicos de definición. De estos problemas, quizá el más importante es la imposibilidad de diferenciar entre imprudencia y negligencia, ya que no es posible encontrar una conducta "imprudente" que no sea "negligente". Así, el análisis judicial se hace ex-post facto con las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedió el hecho investigado, pero, en este nuevo suceso, se pone al sujeto a actuar conforme a todo el deber de cuidado que le corresponde acorde con sus condiciones personales, oficio, profesión o arte que hayan concurrido a caracterizar su comportamiento dirigido al fin intrascendente para el Derecho. Si después de semejante examen el resultado siempre se produce (el resultado contrario a Derecho) la conducta analizada resulta atípica del delito culposo. En el caso contrario, si la conducta verificada de acuerdo a este marco hipotético, hace que el resultado no se
produzca, la conclusión que se deduce es que la conducta que infringió el deber de cuidado fue idónea para producir el resultado y, por ende, resulta típica del delito culposo que se esté investigando. En el Código Penal de Costa Rica, el
delito de lesiones culposas y de homicidio culposo obligan al analista a "valorar
la magnitud del daño" y "el grado de culpa", es decir, que debe establecerse,
también, una relación de determinación entre el Resultado (componente de azar) y el grado de culpa, el cual sólo puede medirse en cada caso, ya que ni el
mismo Código hace una definición, ni tampoco establece ningún límite, salvo la derivación natural del principio de legalidad: principio de culpabilidad. Otro límite fundamental para el examen de la culpa en Costa Rica es la detección del Resultado y del deber de cuidado que ha de haberse tomado para evitarlo.
Los elementos de la tipicidad en el delito culposo: En el caso que nos ocupa el problema del conocimiento y de la voluntad de la acción realizada tienen una importancia trascendental, al punto que estos aspectos son los que distancian
la solución de un mero problema de infracción al deber de cuidado. El tipo
culposo también tiene aspectos de voluntad y conocimiento; no obstante, no
son similares a aquellos indispensables para la tipicidad dolosa. En primer lugar,
en el aspecto volitivo, que sí existe en el tipo culposo, se analiza la voluntad del
sujeto para realizar el fin programado, con los medios predispuestos al efecto.
En cuanto al conocimiento, el tipo culposo parte de un aspecto cognoscitivo que
concreta en una mera posibilidad, nunca es un conocimiento efectivo ya que
lo fuera la conducta no es culposa sino dolosa, adicionalmente, en este
mismo aspecto, el juez debe analizar la posibilidad de conocer la peligrosidad
de la conducta y de prever el resultado conforme a ese conocimiento. De esta manera, al igual que en la tipicidad dolosa, el tipo culposo requiere una congruencia entre los elementos subjetivos y objetivos que si no se verifica en la especie producirá el efecto de convertir la conducta analizada en atípica. Esto último puede suceder tanto porque el resultado es absolutamente imprevisible
o está más allá de la capacidad de previsibilidad del sujeto (ignorancia
invencible). En el problema jurídico que nos ocupa resulta más que evidente que el sujeto no puede alegar una posibilidad de conocimiento sobre la posibilidad de que el suceso se verifique, ya que dado el medio empleado para detener el vehículo éste permite hacer un cálculo de efectos concomitantes que permiten preveer el resultado lesiones o muerte, resultado que el sujeto acepta como posible, sabe que no podrá evitarlo y percute dos veces su arma impactando igual número de veces el vehículo." 1992. Sala Tercera De La Corte, n° 596-F de las 9.10 hrs. del 11 de diciembre.
"El carácter de la orden emanada del Tribunal Superior Civi1, y las posibilidades del error de tipo: En lo que se refiere al valor de la sentencia del Tribunal Superior Civil, y el valor de eficacia preclusiva que la misma tiene, en lo que interesa para establecer los aspectos del error de tipo que se producen en la
especie, vale la pena detenerse en una valoración del alegato del recurrente en el sentido de considerar que la Ley le permitía suspender los efectos de la
orden judicial de derribo. De un análisis de la orden contenida en la resolución
judicial del Tribunal Supe rior de (
misma como cosa juzgada formal, ya que sólo tiene efectos para el proceso en que fue emitida, esto es, en un proceso interdictal cuya razón de existencia es para proteger de manera sumaria e inmediata la posesión. La protección que
realizan los interdictos está planteada para que, con carácter de urgencia, se proteja al poseedor de cualquier ataque a su derecho de propiedad o posesión.
tuvo en cuenta la aplicación de las disposiciones
concernientes a los interdictos incluidas en el Código de Procedimientos Civiles (ya derogado), el cual estaba vigente durante la tramitación del juicio.
Conforme a las disposiciones de este Código, concretamente los artículos 682, 683 y 686, resulta evidente el interés del legislador de que las medidas tendientes a cortar el riesgo que pueda ofrecer el mal estado de un edificio o cosa ruinosa se ejecuten de inmediato; en el caso del artículo 684 ibídem el derribo debe hacerse a cuenta del dueño de la cosa que dé motivo al interdicto
o del arrendatario de la misma. El artículo 686 es todavía más claro en el
sentido de que, en caso de apelación de la resolución, el a quo, antes de enviar
el expediente en apelación, deberá decretar de oficio y hacer que se ejecuten
las medidas de precaución que estime necesarias, incluso la demolición total o parcial de la cosa, si no pudiere demorarse sin grave ni inminente riesgo (cosa
incluso el Tribunal a que podía conocer más bien de un interdicto que ya ha surtido efectos por razón de la urgencia o del peligro que la edificación o la cosa ruinosa representan, por lo que el interés del demandado triunfante en la segunda instancia debe ser que se le cancelen los daños y perjuicios ocasionados por un derribo o demolición ilegal. De la lectura de este articulado del Código de Procedimientos Civiles queda muy claro que la orden de derribo no puede ser suspendida, si la misma luego se dictamina como ilegal; sea en la apelación, sea un ordinario aparte, la pretensión del actor (demandado perdidoso con la declaratoria del interdicto) es la de que se le cancelen los daños y perjuicios, pero en modo alguno puede pensarse que el ordinario suspende los efectos de la resolución pues el legislador fue claro en que la
razón de este tipo de interdictos es tutelar, con carácter de urgente, la posesión
y la seguridad de transeúntes y vecinos. Esta misma tendencia se sigue en el
actual Código Procesal Civil. Como el mismo artículo 457 del Código Procesal Civil lo dice, las cuestiones definitivas sobre el derecho de propiedad o posesión no pueden discutirse en la vía interdictal la cual está concebida como una fase procesal sumaria de protección de esos derechos; cualquier discusión sobre la existencia del derecho, por ejemplo, sería materia de un juicio ordinario. Por esta razón la resolución que declare con lugar un interdicto, y la que resuelva en apelación sobre la legalidad de la decisión del a quo, tienen valor de cosa juzgada formal para el proceso interdictal que fue interpuesto. Esta sistemática de protección a la posesión y a la propiedad manifiesta una intención del legislador de acudir en inmediata protección de aquél que se sienta perturbado en el ejercicio de su derecho de propiedad o posesión, por lo que la ejecución inmediata de lo que la resolución ordena es una forma de darle garantía de
que no ocurría en la litis civil interpuesta por el Lic. (
resulta que es indudable el valor de la
El Tribunal de (
efectividad a la protección que esta vía sumaria contempla. No hay manera de impedir la ejecución de un interdicto una vez firme porque su razón de ser es proteger de manera urgente e inmediata la posesión. Esto resulta claro de la definición legislativa establecida para los procesos sumarios. Debe observarse, en primer lugar, que el proceso interdictal es un proceso sumario de los que establece el artículo 432 del Código Procesal Civil (inciso 3), no obstante, de una lectura del procedimiento general de dichos procesos, así como de las disposiciones especiales previstas para ellos, se nota que el legislador, expresamente, solo consignó la posibilidad de suspensión del proceso sumario en demandas cuya pretensión es la ejecución de un título con tal carácter (artículos 438 a 447 del C.P.C.). En efecto, el artículo 445 ibídem establece, en el proceso ejecutivo, la posibilidad de suspensión de la sentencia cuando la misma sea revisada en un proceso ordinario o abreviado, siempre y cuando se rinda garantía suficiente, a satisfacción del juez, que cubra el principal, ambas costas y los daños y perjuicios. Este proceso ordinario o sumario, con los efectos suspensivos que establece el artículo 445 C.P.C., debe establecerse antes de que se entreguen los bienes adjudicados en remate. Así las cosas, y de una revisión del total de disposiciones de este Capítulo II sobre el proceso sumario no es posible entresacar una voluntad legislativa de conceder esta
suspensión a los otros procesos, especialmente al interdictal. Nótese además que el artículo 463 C.P.C., para el caso del interdicto de amparo de posesión en esencia manifiesta la actitud legislativa de que la orden judicial a este respecto debe ser ejecutada. Es así como en la sentencia estimatoria se deberá ordenar mantener en posesión al actor y se le ordenará al demandado que se abstenga de perturbar la posesión bajo el apercibimiento de que una conducta contraria a la orden será perseguida por el delito de desobediencia a la autoridad y se le condenará al pago de daños y perjuicios. Luego, en la sentencia del Tribunal
aplicando las disposiciones del Código de Procedimientos
Civiles (ya derogado) entre otras cosas, se observa que se le dio cabida a
Superior de (
criterios propios de un amparo del derecho de vista, el cual permanecía subyacente a las reclamaciones del actor, y el cual fue indebidamente canalizado por el demandante, y que, siendo procedente, según el Tribunal,
debía reconocerse. Abundando en otros razonamientos para la declaratoria del interdicto de obra nueva, el Tribunal estima que también puede existir en la especie una acción de tutela del bien del dominio público constituido por la playa del estero de Mata de Limón, ya que la afectación producida por la obra "…compromete intereses comunes defendibles por cualquier particular, máxime el interés legítimo del actor habida cuenta su inmediata vecindad con la edificación espúrea, razón que de suyo es suficiente para el acogimiento del
interdicto de obra nueva instada
De lo dicho se desprende que el Tribunal, por la vía de declarar
con lugar el interdicto de obra nueva, realizó una doble protección, por un lado
la demolición inmediata de lo
edificado" (
del derecho de posesión del actor y, por el otro, el eventual interés de los ciudadanos de tener una playa pública, con libre acceso en la parte que así lo conceden las leyes de orden público que regulan las zonas marítimo terrestres. De aquí que la orden judicial no sea puramente estética como lo indica el recurrente, sino que también iba en tutela del derecho en peligro del actor.
El error de tipo que se produjo en la especie: Sin embargo, resulta evidente que
en el Voto N° 300-C-91 (
derribo que debía obedecerse por las razones indicadas en el mismo fallo, no siendo atendible ninguna suspensión de esa orden, ya que el Ordenamiento Jurídico (el vigente en esa época y el posterior Código Procesal Civil) no contempla, expresamente, esa posibilidad. Los acusados actuaron creyendo en un plazo de cumplimiento que su propio abogado (conocedor de la Legislación' Civil y Procesal Civil) creyó que existía. De ahí que lo que se produce en la especie sea claramente que los acusados supusieron, falsamente por supuesto, que contaban con un plazo para cumplir la orden, plazo dentro del cual se tramitaría el juicio ordinario donde se discutiría el fondo del asunto, y dentro del cual no se les podría obligar a ejecutar la orden del Tribunal. Por esta misma razón, el error recae sobre las circunstancias que hacen que el delito exista según su descripción, en efecto, obsérvese que el tipo penal del 305 exige un dolo de "desobediencia de una orden impartida por un funcionario". Este dolo requiere una voluntad de desobedecer conociendo que la orden es de inmediato cumplimiento (como ya lo ha dicho la jurisprudencia de esta Sala y quedó consignado en el análisis correspondiente de este fallo) y, además, conociendo que la orden emana de "funcionario público" competente ("en el ejercicio de sus funciones"). Como se puede ver, el error de tipo en el que incurrieron los acusados lo fue sobre el "inmediato" cumplimiento de la orden, creyendo falsamente que tenían un plazo para cumplir, cuando éste en realidad no existía. Por existir este error sobre una de las circunstancias que debían conocerse a nivel del dolo (tipo subjetivo) resulta que se cumplen los requisitos que se han analizado para que se dé un error de tipo. Ahora bien, cabe destacar que esta Sala considera que el error es de carácter invencible, ya que los acusados cumplieron con todo el deber de cuidado que les era exigible, esto es que tomaran consejo de un profesional en derecho que les indicara sobre los pasos a seguir en relación con las consecuencias jurídicas de la orden emanada del Tribunal Superior de (…). Siendo así no se les puede exigir que superaran un falso conocimiento o ignorancia que el mismo profesional en derecho estaba propiciando al creer, de modo erróneo, que el ordenamiento jurídico establece una posibilidad de suspensión de la orden que en realidad no existe. En consecuencia, se dan los presupuestos necesarios para la existencia de un error de tipo invencible (artículo 34 del Código Penal), y el juzgador a quo dejó de aplicar, en este caso lo dispuesto por el artículo 34 del Código Penal, por lo que procede declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por el fondo. Se casa la sentencia impugnada y en aplicación del derecho sustantivo, se declara atípica la conducta de (…) y de (…); siendo así se absuelve de toda pena y responsabilidad a los acusados por el delito de desobediencia que se les venía atribuyendo en perjuicio de la Autoridad Pública. No obstante lo expuesto, y como corolario de las valoraciones hechas sobre la orden emanada por la autoridad judicial, se mantiene la obligación de cumplir con el derribo de la obra dispuesto por el Tribunal Superior de (…), en el Voto No. 300-C-91, que declara con lugar el interdicto, advirtiéndole a aquéllos que de no hacerlo por su cuenta, otros podrán efectuarlo con el costo a su cargo y demás exigencias que en la vía correspondiente podrían imponérseles." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 446-F de las 15,40 hrs. del 25 de septiembre.
se giró una orden de
del Tribunal Superior de (
Afirma el recurrente que para que se configure el incumplimiento o
desobediencia a que se refiere el mencionado artículo 71, es necesario que la orden emanada por la Sala Constitucional sea clara y específica "y que le prevenga al obligado, las consecuencias jurídicas que le acarrearían su
lo cual no se observa -en su criterio- en la resolución que
dio origen a la presente causa, como lo reconoce el propio juez al decir que en ningún momento se le dijo al encartado, en forma expresa, que en caso de no acatar la orden dispuesta podía ser acusado del delito de Desobediencia, por lo que debe aplicarse el principio del "indubio pro reo". Efectivamente le asiste razón. El hecho básico que se tuvo por demostrado es que a consecuencia de un paro de labores efectuado por empleados de la Municipalidad del Cantón de (…), el Ejecutivo Municipal despidió a algunos de los que habían participado en ese movimiento. Que en razón de ello, los afectados interpusieron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo al estimar que se estaba violando su derecho al trabajo, por lo que esta Sala dio trámite a la referida demanda, en resolución de las diez horas del veintidós de agosto de 1990, firmada por el Magistrado Instructor Dr. Rodolfo Piza Escalante, que le fue debidamente notificada al funcionario de cita. Que en esa resolución se indicaba que conforme al artículo 43 de la Ley de Jurisdicción Constitucional el recurso interpuesto suspendía los efectos del acto administrativo impugnado, pese a lo cual el imputado se abstuvo de reintegrar a los ofendidos en sus puestos, a la espera de lo que en definitiva se resolviera. Que producto de esa acción, aquéllos estuvieron por espacio de casi seis meses sin empleo, por lo que debieron desempeñarse en otras labores, hasta que por voto 129-91 del 16 de enero de 1991 la Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó mantenerlos en sus cargos, lo que sí fue cumplido por el Ejecutivo dicho. ( Según puede observarse, la resolución de la Sala Constitucional que acordó tramitar el recurso de amparo que dio origen a la presente causa -y que puede ser estimada como de "mero trámite"- ciertamente no contiene una "orden" en el sentido que usa ese término el artículo 305 del Código Penal (relativo al delito de Desobediencia), pues lo que hace es referir a lo dispuesto por una norma (art. 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional), agregando inclusive que la suspensión de pleno derecho del acto impugnado se produce " salvo que esta Sala, en casos de excepcional gravedad disponga su ejecución o la continuidad de su ejecución, a solicitud de la Administración o aún de oficio cuando la suspensión causa o amenace causar perjuicios ciertos o inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado y mediante las cautelas que considere necesarias para proteger los derechos y libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual "
resolución del recurso a su favor
todo lo cual hace más difuso e
incumplimiento" (
indirecto el carácter de la advertencia derivada de la ley de cita. En efecto, para conceder tutela penal a una "orden" impartida por un funcionario público (en este caso de la más alta autoridad jurisdiccional de nuestra Nación) es indispensable que sea clara la conminación de ella y la existencia de un deber
positivo de acatamiento, pues debe tratarse de un mandato preciso y concreto que provenga de la propia autoridad citada hacia el correspondiente destinatario ( y no v.g. genéricamente por remisión de la ley, como ocurre en el presente asunto) (Respecto del carácter directo, expreso y claro de la orden o mandato, ver, entre otros, las obras de: Núñez, R., Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Lerner, Arg. 1977, ps. 397-398; Soler, S., Derecho Penal Argentino, Ed. T.E.A., Arg. 1976, ps. 108-109; Breglia Arias y Gauna, Código Penal Anotado; Ed. Astrea, Arg. 1987, ps. 855-856). Debe tenerse presente que muchas normas jurídicas imponen la obligación de hacer o de no hacer, y no por ello su incumplimiento se traduce en el delito de Desobediencia que señala el mencionado artículo 305 ibid, pues la orden a que esta norma se refiere, debe provenir de un funcionario público y no exclusivamente de la ley (que desde luego así lo faculta), ya que en dicha figura no se tutela la función legislativa sino la autoridad pública como sujeto. Lo anterior no significa en modo alguno que esta Sala avale la conducta del imputado, sino tan solo que - de acuerdo con el cuadro fáctico acreditado en la sentencia de mérito- no constituye el delito de comentario, conforme se examinó, independientemente de otras consecuencias (por ejemplo de orden civil) que pueden derivarse. Por todo lo expuesto se declara con lugar el recurso por violación de ley sustantiva y resolviendo el fondo del asunto, se absuelve de toda pena y responsabilidad (penal) (al imputado) por el delito de Desobediencia que se le atribuyó cometido en perjuicio de la Autoridad Pública. 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 496-F de las 11,30 hrs. del 23 de octubre.
"El problema del dolo en el Código Penal Costarricense: En la Sección V del Código Penal costarricense, bajo el epígrafe "Culpabilidad", en nueve artículos, se ordenan una serie de circunstancias de la más variada índole, las cuales no todas se refieren a cuestiones de culpabilidad (o de "reprochabilidad") sino que también trata otros fenómenos e instituciones jurídico-penales que tiene funciones y resultados propios de estratos de análisis distintos a los de la culpabilidad. En primer lugar, la existencia del artículo 30 define una relación que resulta lógica en la sistemática del Código entre el hecho tipificado en la Ley y el dolo, culpa o preterintención que forman parte del aspecto de intención (subjetivo) que es necesario para la realización de lo descrito en el tipo penal. Resulta fundamental para el análisis judicial de cualquier conducta encuadrable en un tipo penal que se estudie el aspecto volitivo y cognitivo de la intención del sujeto activo, esto por cuanto el artículo 30 del Código Penal establece una relación irrescindible entre el hecho tipificado (denominado en doctrina tipo objetivo) y el aspecto intencional del mismo (dolo, culpa o preterintención). Tal aspecto queda también reafirmado con la existencia del artículo 31 del Código Penal, el cual, al definir el significado legal del dolo, indica que el mismo es una voluntad realizadora del hecho tipificado, esto es, que el dolo no se entiende aparte del hecho tipificado, sino que está dentro de ese hecho, tanto para efectos de descripción (labor legislativa) como para los efectos del análisis
típico (labor judicial). De esta manera, es que se comprende cuál fue la actitud que tuvo el legislador penal costarricense al diseñar la estructura de la intención en el Código. Es evidente que quiso definir el dolo como una voluntad pero una voluntad que supone conocimiento, pues no se puede tener voluntad de lo que no se conoce. En este sentido, y siempre dentro de la estructura legal de la conducta dolosa, tenemos que si el dolo es el querer la realización del hecho típico (tipo objetivo), el conocimiento del dolo es un conocimiento de los elementos del tipo objetivo (elementos del hecho tipificado en la nomenclatura utilizada por el legislador). Este conocimiento no puede ser potencial, es decir, una posibilidad de conocimiento; el conocimiento que requiere el dolo es un conocimiento efectivo, aún de la probabilidad de que el resultado se produzca y no se evite el mismo (artículo 31 en relación al artículo 18 del Código Penal, sobre el mismo criterio pueden ser consultados, entre otros, los siguientes autores: Bacigalupo (Enrique), Manual de Derecho Penal. Parte General, Bogotá, Temis-Ilanud, 1984, pp. 102-114 Zaffaroni (Eugenio Raúl), Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1985, pp. 403-426), Shöene (Wolfgang), El Orden Jurídico Penal, San José, Costa Rica, Juricentro, 1992, especialmente el primero y segundo capítulos, sobre el problema de la intención en los delitos de omisión). Esta toma de posición del legislador
costarricense tiene una implicación importante en la solución de problemas relacionados con el conocimiento que requiere el dolo. En este sentido, y de acuerdo con una lectura exacta y apegada al texto legislativo, no se podría observar en el dolo el conocimiento de la antijuridicidad, aspecto que se trataría en el juicio de reproche (estrato de análisis posterior al análisis del injusto). Esa fue la verdadera voluntad legislativa, tal y como se desprende de una lectura atenta de los artículos 30, 31, 34 y 35 del Código Penal (en este sentido se ha pronunciado la doctrina nacional, ver: Issa El-Khoury Jacob (Henry) y otro, Metodología de Resolución de Conflictos Jurídicos en Materia Penal, San José, Costa Rica, 1991, pp. 84-87, en especial resulta de interés el planteamiento sobre el dolo como manifestación de una voluntad realizadora del tipo, pp. 107- 110; Dall'anese Ruiz (Francisco), El Dolo, San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, pp. 17-21)." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 446-
F de las 15,40 hrs. del 25 de septiembre.
"(…) es conveniente anotar que el Código Penal hace referencia a la emoción violenta en varias disposiciones, como por ejemplo en los artículos 29, 127, 140
y el 113 inciso 1º invocado en el recurso, pero no contiene una definición de lo
que debe entenderse por tal. Ya esta Sala con anterioridad ha afirmado, con cita de doctrina, que existe emoción violenta cuando se presenta una conmoción impulsiva en el ánimo del autor, causada por una ofensa a sus sentimientos que proviene muchas veces de la propia víctima, que relajando el pleno gobierno de sus frenos inhibitorios, lo conduce a la acción homicida. Para tales efectos no es suficiente el estado de emoción, sino que es imprescindible que tenga un grado tal que, por su violencia, arrastre al autor. Ello no significa
que tal estado prive al autor de la conciencia de la criminalidad de su conducta o de la dirección de ella, pues no se trata de un caso de inimputabilidad, sino de una situación de menor responsabilidad criminal. En consecuencia, para que sea aplicable la norma de comentario se necesita no sólo que el encausado al momento del suceso se encuentre emocionado, alterado síquicamente, sino además que esa alteración sea violenta, grave, que se trate de un verdadero impulso desordenadamente afectivo, capaz de hacerlo perder el control de sí mismo y hacerlo realizar un acto que en circunstancias normales no hubiere hecho. (Votos Nº 172-f de 16:50 hrs. del 20 de diciembre de 1983; y Nº 194-F de 10 hrs. del 24 de julio de 1987, Sala Tercera). Es conveniente agregar que el estado de emoción violenta requiere de dos elementos básicos. Un elemento interno o subjetivo que consiste en la alteración psíquica violenta e irreflexiva antes descrita, pero también es indispensable la presencia de un elemento externo u objetivo que podemos ubicar como la causa eficiente e idónea que provoque ese estado de alteración psíquica. "Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos -ha precisado esta Sala- no hacen excusable el pretendido estado de emoción violenta que alega el recurrente como atenuante, toda vez que no se constata una causa eficiente que pudiera generar en el imputado una emoción de carácter violento, sino una causa fútil (a saber, el acoso y las recriminaciones justas o injustas que hizo el ofendido al encartado, en un evidente y alto grado de intoxicación alcohólica) que no es suficiente para motivar y hacer comprensible una emoción de esa índole " (Voto Nº 681-F de 8:55 hrs. del 13 de diciembre de 1991, Sala Tercera. En igual sentido véase voto 154-f de 9:05 hrs. del 8 de mayo de 1992). En otros términos, la emoción violenta es un concepto jurídico que requiere de un estado de alteración psíquica, pero también de una causa idónea generalmente provocada por la propia víctima o por circunstancias atribuibles a ella, de tal magnitud que hacen perder el control normal al agresor, quien llega a comportarse de una manera distinta y agresiva. También la doctrina ha señalado la necesidad de que exista ese factor externo (causa eficiente) para que pueda configurarse esa causa de atenuación de la responsabilidad penal (Entre otros véase Levene, Ricardo (h). El delito de homicidio, 3ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1977, pp. 328 y 330; Lozano Delgado, Jorge Augusto. Aspectos sustanciales y procesales del delito de homicidio emocional. En "Derecho Penal y Criminología", Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad Externado de Colombia, Vol. VIII, Nº 25, Ediciones Librería Profesional, 1985, pp. 70 y ss.; entre otros). 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 500-F de las8,50 hrs. del 30 de octubre.
13. Error De Derecho - Análisis de su contenido - El concepto culpabilidad es altamente graduable.
"El error de derecho del artículo 35 del Código Penal: El artículo 35 del Código Penal costarricense, en su redacción establece que: "No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena". Hay dos elementos de esta definición legal que interesan. En primer lugar, el
epígrafe del artículo: "Error de derecho", y en segundo lugar el factor de la "creencia" de que el "hecho" no está sujeto a pena. El epígrafe del artículo responde a una vieja distinción doctrinaria, como ya se ha explicado, ya hoy en desuso, que planteaba que la teoría del error se podía dividir en dos partes, por un lado el "error de hecho" y, por el otro, el "error de derecho". Esta distinción en la definición que plantea el Código es evidentemente inútil ya que hoy es posible demostrar con claridad que el error de tipo (aquél que recae sobre los elementos del tipo objetivo) puede ser de hecho o de derecho, lo mismo, un error de prohibición puede provenir de un falso conocimiento o ignorancia del hecho que genera una situación que creemos justificada o sobre la norma que prohíbe la conducta. Por ello, la doctrina prefiere referirse al error de tipo (ubicado su análisis en la tipicidad) y el error de prohibición (ubicado su análisis en la culpabilidad). La distinción moderna, aparte que ubica los problemas en su correcta fase de análisis, logra traer coherencia sobre la ubicación del análisis del dolo en el tipo, eliminando la necesidad de buscar una "ceguera del derecho" dentro de la culpabilidad. Cuando el Código Penal dice en el artículo 35 que el error invencible debe recaer sobre la situación o "hecho" que se realiza no está sujeta a pena, quiere significar directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a pena, lo que puede suceder cuando: a) El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la Norma; b) el sujeto que actúa considera que el Ordenamiento Jurídico le concede un permiso para su actuación; c) El sujeto que actúa piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación cuando en realidad no lo está. Estos tres supuestos están incluidos en la fórmula legal concebida por el Código, por lo que no parece haber problema alguno para incluir aquí los elementos del error de prohibición directo e indirecto. En esta nomenclatura, plenamente compatible con nuestro Código, el error directo recae sobre el conocimiento de la Norma prohibitiva (el "No quitarás el terreno a otro ciudadano", norma penal antepuesta al tipo penal de usurpación, por ejemplo), mientras que el error indirecto, viene a significar la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga, y los problemas de justificación putativa. Finalmente, estarían contenidos los aspectos del error de comprensión, tipo cualificado de error que afecta la comprensión de la antijuridicidad. Cuando es invencible siempre impide la comprensión de la antijuridicidad, pero también impide esta comprensión ya sea porque afecta el conocimiento; o, en otros casos, dicho conocimiento existe pero no puede exigirse la comprensión de la antijuridicidad. El error de comprensión funciona en aquellos casos donde el sujeto que actúa le es posible conocer que su conducta está prohibida y que carece de permisos, pero, a pesar de eso, no le es exigible la internalización de ese conocimiento. Desde este punto de vista, el error de comprensión es una forma de error invencible de prohibición. El error de comprensión puede ser "culturalmente condicionado" cuando el sujeto que actúa pertenece a una cultura diferente a la del grupo que genera la norma, ha interiorizado valores y pautas diferentes a las de aquél grupo, y a pesar de que le es exigible conocerlos no podemos exigirle que las interiorice, que las haga suyas. Por supuesto que éste es, en primer lugar, un problema de prueba, y también de valoración judicial de una serie de factores como lo son la educación formal del sujeto, el tipo de legislación que ha de ser
conocida (en cuanto a la oscuridad de su descripción), el grupo cultural al que pertenece, el grado de conocimiento (antropológico y sociológico) acumulado en relación a las pautas de conducta y a los valores de ese grupo, etc., todos estos aspectos vuelven a subrayar la necesidad de establecer el "concepto" de culpabilidad como un concepto altamente graduable, referido a las condiciones
personales del sujeto que realizó el injusto. Asimismo esta graduación se refiere
a la medición judicial del reproche para los efectos de la fijación de la pena,
lugar donde corresponde examinar esta problemática del error de prohibición, que como ya lo dice el artículo 35 del Código Penal se refiere a un problema de
punibilidad. En efecto, el párrafo segundo del artículo 35 da la pauta cuando
refiere al error de derecho vencible e indica que en una hipótesis de este
tipo de error "
a lo que establece el artículo 79." Así resulta evidente que aunque la
nomenclatura utilizada en el artículo 34 es la de que el error de hecho produce que el sujeto "No es culpable", es claro que el legislador, porque lo dice en el mismo artículo, quiso decir que desaparecía el dolo, de otro modo no tendría sentido, para el caso de error vencible "de hecho", dejar vigente la tipicidad
culposa cuando exista esta tipicidad paralela a la descripción dolosa. De ahí que
la expresión "no es culpable" del artículo 34 es un lapsus legislativo que bien
puede soslayarse para darle coherencia al sistema del Código. Iguales
argumentos pueden utilizarse para conceder que en el caso del artículo 35 C.P.
el legislador quiso ubicarlo como un problema del estrato de análisis de
reprochabilidad, pues, casualmente, al referirse al problema del error de derecho vencible, la consecuencia sistemática es que la pena debe atenuarse de acuerdo al artículo 79. Tal redacción no deja duda sobre la intención del legislador de que los problemas del mal llamado "error de derecho" tuvieran como efecto reducciones del reproche, reducciones que resultan plenamente compatibles con la fundamentación de la culpabilidad en aspectos de comprensión del carácter ilícito del hecho y de la capacidad de determinación conforme a tal comprensión que contiene el artículo 42 del Código Penal. Este último artículo a pesar de referirse al problema de la imputabilidad (que de todos modos es aceptado por la doctrina que informa el Código como un
pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo
problema de culpabilidad) indica que el sujeto debe, a contrario sensu, tener capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho (área de acción del "error de derecho" y la capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión (área de acción de todos los supuestos que limitan el umbral mínimo de autodeterminación del sujeto, como por ejemplo el estado de necesidad inculpante)." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 446-F de las 15,40 hrs. del 25
14. Error De Hecho - Análisis de la estructura sistemática seguida por el legislador.
"El error de hecho del artículo 34 del Código Penal: Para los efectos de plantear claramente la estructura de la teoría del error en el Código Penal, tema medular de esta Casación por el fondo, y problema que ha representado numerosas
dificultades a los efectos de la resolución de problemas de tipicidad, es que resulta necesario encuadrar la estructura de la sistemática seguida por el legislador en los artículos 34 y 35 del Código Penal, a fin de armonizarla con lo establecido por el legislador en los artículos 30 y 31 del Código Penal, en la forma que se indicó en el aparte inmediatamente anterior. La tendencia seguida por el Código en esta materia, es decir, en lo que se refiere al conocimiento requerido en la voluntad realizadora del hecho tipificado (artículo 31 del Código Penal), es que si el dolo requiere el conocimiento de los elementos que integran el tipo objetivo (las exigencias para que el delito exista según su descripción), presupone que el autor haya previsto el curso causal y la producción del resultado típico. Sin esta previsión no se puede hablar de dolo. Esta previsión legislativa es congruente con los postulados sobre el dolo que esta Sección del Código establece. Quizá la vieja nomenclatura utilizada en los artículos 34 y 35 del Código Penal llaman a confusión y a no pocos mal entendidos, sin embargo, resulta claro que estos artículos se refieren a problemas y a estratos de análisis judicial totalmente distintos. El Código recogió la distinción entre error de hecho (error facti) y error de derecho (error juris) que tenía enorme vigencia en América Latina y España a inicios de los años setenta. Esta diferencia fue recogida por el Código Penal Tipo para América Latina y con su adopción en el Código Penal de Costa Rica, se heredaron algunos de los profundos problemas de distinción que tal clasificación propone. Y es que ese planteamiento trae una principal confusión que es la de deslindar qué es el "hecho" y qué es el "derecho" sobre los que debe recaer el error, pues la razón de ser de este deslinde era tratar de separar el error de derecho con el error de derecho penal, este último, según la vieja discusión, no excusaba al agente de su conducta. Sin embargo, con la construcción legislativa que tiene nuestro Código (distinta a la del Código Argentino que involucra en una misma fórmula a los estados de inconsciencia, error y de ignorancia del hecho no imputable) estos problemas de distinción no son tan arduos. Afortunadamente el legislador penal costarricense tuvo el buen tino de consignar una tesis de distinción que supera
los problemas iniciales y ésta es la de definir el error de derecho (artículo 35 del
invencible de lo que se realiza no está sujeto a
es decir, que es el falso conocimiento o ignorancia de que lo que se
Código Penal) como el "
realiza no está prohibido, sea esto provocado por error sobre el hecho (por ejemplo que la relación sexual extramarital con mujer casada no es delito - en un país donde se castiga penalmente el adulterio- o que se tiene una causa de justificación que en realidad no existe). Quizá el único problema, no tan serio para efectos de los análisis que se proponen en esta resolución, es la ubicación del error sobre las causas de justificación o de los permisos en la segunda parte del artículo 34 del Código Penal. Este problema tiene interés, ya que la doctrina moderna prefiere hablar del problema de las justificantes como de un error sobre la prohibición (error de prohibición indirecto). La génesis de esta discusión, tal y como la receptamos en América, se dio con el advenimiento de la teoría conocida como "rígida de la culpabilidad", de cuño exclusivo de las tesis sobre la acción sostenidas por Welzel (Neues Bild, p. 70 y Lehrbuch, parágrafo 22, III, 1, f, citado por Baumann (Jürgen), Derecho Penal, Conceptos Fundamentales y Sistema, Buenos Aires, Depalma, 1981, pp. 246-247), las cuales llevan a sostener que los errores sobre las justificantes significan una
exclusión del reproche y no del dolo. Esta tesis parece ser producto de los efectos de la doctrina de la teoría rígida de la culpabilidad (para algunos finalista), tal y como era explicada por alguna parte de la doctrina alemana (ver Baumann, op. cit., pp. 247-248), sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán de los años sesenta (fallos número 3, 107 y 195, citados por Baumann, op. cit., pp 247 y 248), adoptando una teoría limitada de la culpabilidad (debemos entender no finalista), aceptaba que pudiese haber un error de prohibición (sobre el derecho) en el caso de quien cree erróneamente que le asiste un permiso que en realidad el ordenamiento jurídico no le concede. La importancia de esta discusión se inicia cuando se comprueba que el error sobre las justificantes no elimina el dolo de la conducta del autor, ni siquiera elimina la antijuridicidad (porque la relación de contradicción con el ordenamiento jurídico permanece vigente), sino que hace que el reproche, es decir, el análisis de la culpabilidad deba hacerse sobre la capacidad de comprensión de la antijuridicidad, problema que es distinto y con consecuencias de no punibilidad del injusto en el caso de error invencible. No obstante el aparente problema de ubicación del segundo párrafo del artículo 34 del Código Penal, debemos ser conscientes que la falsa suposición de atenuantes no elimina el aspecto volitivo y de conocimiento de la acción del autor, ya que éste desea y conoce que realiza el hecho típico, su falso conocimiento e ignorancia consiste en suponer que tiene una causa de justificación que en realidad no existe. No se puede hablar aquí de un error de hecho con las consecuencias que tiene en el Código Penal, porque sería desaplicar para el caso concreto lo dicho sobre la definición del dolo que establece con claridad el artículo 31 C.P. El problema de la falsa suposición de permisos o justificantes no es un problema que queda sin solución ya que al estar redactado el artículo 35 del Código Penal de manera tan amplia (ubicando el problema sobre el desconocimiento de la punibilidad de lo que se realiza), hace que los problemas de error sobre justificantes se resuelvan amparados a un problema de error de prohibición. En todo lo demás, el artículo 34 del Código Penal consigna, solamente, problemas de tipicidad, de manera que quien se encuentre en un supuesto de error de tipo, en realidad actúa sin dolo, por lo que si su error es vencible se le castigaría por la conducta culposa si ésta se encuentra descrita paralelamente a la tipicidad dolosa (artículo 34 C.P.). De todo lo dicho anteriormente, se puede fácilmente colegir que el error sobre las circunstancias previstas en el tipo objetivo (y que tienen que conocerse a nivel de tipo subjetivo) es un fenómeno que determina la ausencia de dolo cuando, habiendo una tipicidad objetiva no existe o es falso el conocimiento de los elementos requeridos por el tipo objetivo. Como lo dice el artículo 34: el error
(falso conocimiento o ignorancia) de hecho debe recaer sobre "
exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción
casos de error de tipo desaparece la finalidad típica, es decir, la voluntad de realizar el tipo objetivo y al no haber ese querer no hay dolo y por ende la conducta es atípica. Lo anterior, porque si el dolo es querer la realización del tipo objetivo, si el sujeto no sabe que lo está realizando no puede existir ese querer. Los efectos del error de tipo dependen de si éste es evitable (o vencible) o inevitable (o invencible). El error invencible además de la tipicidad dolosa elimina también la posibilidad de la tipicidad culposa. El error vencible, si
bien no da lugar a una tipicidad dolosa sí puede dar lugar a una tipicidad culposa (artículo 34 del Código Penal)." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 446-F de las 15,40 hrs. del 25 de septiembre.
15. Estado De Necesidad - Necesaria congruencia entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo de la permisión.
"(…) el estado de necesidad previsto en el artículo 27 del Código Penal funciona como una causa de justificación que implica ponderar bienes jurídicos en una situación de peligro. Por supuesto que la mencionada ponderación puede recaer sobre bienes jurídicos y también sobre deberes. El sujeto debe lesionar el bien jurídico menor para salvar el bien jurídico de mayor entidad, por ello, y esto debe decirse claramente, es posible que el sujeto se equivoque en el aquilatamiento y escogencia de los bienes jurídicos en juego, sobre todo, tomando en cuenta la situación de conflicto extremo dentro de la cual suele presentarse la necesidad a actuar. Como es posible que suceda esta "equivocación" o "error" sobre los bienes jurídicos es que la doctrina ha aceptado, casi de manera unánime, que pueda producirse un error de prohibición indirecto en estos casos y sea de aplicación lo establecido en el artículo 35 del Código Penal por ser éste un problema de reprochabilidad del injusto al autor. Cuando el sujeto actuante se ha equivocado y ha lesionado un bien jurídico de mayor jerarquía que el que deseaba proteger (jurídicamente de menor entidad), el injusto queda completo, es decir, la conducta es típica y antijurídica, lo que sucede es que el reproche de ese injusto o se reduce (en el caso de error vencible) o desaparece (en el caso de error invencible de prohibición). De esta manera, también el error de prohibición, desde que es un problema de culpabilidad, comparte la naturaleza jurídica de todas las otras causas de exclusión del reproche: la de ser una inexigibilidad de otra conducta, solo que funciona en el primer nivel de análisis de la reprochabilidad: la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho (artículo 42 del Código Penal, ver Voto 409-F-92 de esta Sala). Mediante el estado de necesidad puede justificarse la defensa de cualquier bien jurídico (la legislación no establece límites), el mencionado bien jurídico puede consistir en una relación de disponibilidad propia o ajena (pueden defenderse bienes jurídicos propios o de terceros). No obstante, para que la mencionada causa de justificación nazca a la vida jurídica es necesario que exista una congruencia entre el tipo objetivo de la permisión y el tipo subjetivo de ella. En otras palabras, deben concurrir los requisitos objetivos señalados en el artículo 27 del Código Penal: una situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno, que el peligro sea actual o inminente, que no haya sido provocado voluntariamente por el justificado, que no sea evitable de otra manera, y que exista la necesidad de una ponderación de bienes para escoger la defensa de aquél más importante, y, además, aspectos de conocimiento del sujeto actuante que coincidan con esos elementos objetivos de la justificante. La valoración jerárquica de bienes es propia -exclusivamente- del tipo permisivo contemplado en el artículo 27 del Código Penal, la legítima defensa (artículo 28 del Código Penal), por ejemplo,
no requiere el examen de los bienes jurídicos en concurrencia o peligro sino que son otros sus requisitos objetivos y subjetivos los que la ley le ha previsto. Estos requisitos objetivos deben concurrir necesariamente junto con requisitos de carácter subjetivo. A este suceso de concurrencia es a lo que se refiere la doctrina como tipo permisivo congruente. En el análisis judicial del tipo subjetivo de la permisión se debe constatar que el sujeto sabía que existía la situación de peligro, que la lesión al bien jurídico era inevitable puesto que era la única forma para defender el bien jurídico dadas las circunstancias, que era consciente que se actuaba para defender el bien jurídico de mayor jerarquía y, por supuesto, que su acción no fue la que provocó el peligro que hace necesaria la actuación lesionadora del bien jurídico de menor jerarquía. A estas circunstancias de carácter personal se les denomina tipo subjetivo de la permisión y deben coexistir junto con las objetivas (tipo objetivo). Si solo se dan los requisitos objetivos pero no hubo una actuación con previsión y conocimiento de los elementos subjetivos ya indicados, no se da la causal en estudio y por ende la conducta no resulta justificada. La finalidad que interesa al derecho penal es la de evitar el mal mayor, sin tener mayor interés, por ejemplo, que quien ejerce la causa de justificación, tenga otra clase de motivaciones. Tampoco es relevante si el necesitado efectivamente logró la evitación del mal mayor, basta con que la acción iniciada (ex ante) hubiera sido adecuada para evitar la afectación del bien jurídico mayor. El juez hace este análisis del tipo objetivo y subjetivo de la permisión ex post facto y, por ello, debe tomar en cuenta las circunstancias que rodearon el hecho (ex ante) a fin de observar no sólo la objetividad de la situación de peligro y la necesidad de la conducta desplegada, sino también la inexistencia de otra salida jurídicamente válida dentro de la circunstancialidad propia del evento en examen. En el caso planteado a esta Sala no existe comprobación en el cuadro fáctico demostrado por el a-quo que hayan concurrido los elementos objetivos y subjetivos de la justificante que ya se han expuesto, antes bien se denota, y como bien lo explica el juez de mérito (…), que el supuesto "peligro" que la imputada "ponderó" fue el haber sido desalojada por su madre, desconociéndose si ese desalojo no fue provocado voluntariamente y, además, resulta claro que delinquir no era la única vía posible para salvaguardar los bienes jurídicos en peligro ya que perfectamente pudo haber solicitado en alquiler alguna casa o pedido alojamiento en los lugares que para ese propósito se habían instalado temporalmente en la provincia que había sido recientemente asolada por el evento sísmico de aquellos días. De lo expuesto resulta que no se verificó un estado de necesidad en la especie ni hay ningún hecho probado que permita determinar que pudo haber existido un error de prohibición indirecto en el comportamiento de la imputada, lo que hubiera recaído en una posible disminución del reproche, siendo, por las circunstancias, perfectamente vencible la representación errónea y equivocada de los aspectos de justificación que se pretendían hacer evidentes en la declaración indagatoria de la imputada en el debate." 1993. Sala Tercera De La Corte, N° 13-F de las 9,30 hrs. del 8 de enero.
16. Estimulación O Promoción Al Consumo No Autorizado De Drogas - Imposibilidad de relacionar conducta con operaciones de trasiego de drogas.
"El Defensor Público del imputado (
de mérito aplicó incorrectamente el artículo .18 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y Actividades conexas, al condenar a su defendido por el delito de Transporte de Marihuana para el Tráfico imponiéndole la pena de ocho años de prisión, en lugar de contemplar su caso dentro del artículo 20 de la misma ley, el cual fue, en consecuencia, inobservado. Este último precepto establece que "siempre que la acción no esté más severamente penada, se impondrá prisión de cuatro a ocho años a quien, por cualquier medio, estimule o promueva el consumo no autorizado de las drogas y productos a los que se refiere esta ley". El hecho básico que el a quo tuvo por acreditado es que al presentarse el encartado en horas de la noche a
y hacérsele el registró de
argumenta que la sentencia del tribunal
la caseta de entrada de la Unidad de Admisión de (
rutina (pues disfrutaba del beneficio del artículo 55 del Código Penal que le
permitía trabajar de día y regresar por la noche a ese centro de reclusión) se le decomisó en la pretina de su pantalón, una cajetilla de cigarros que llevaba oculta conteniendo 10.50 gramos de picadura de marihuana con la que se
). Agrega
droga el acusado pretendía ingresaría a la
pueden elaborar aproximadamente 52 cigarrillos tamaño promedio (
el tribunal sentenciador que "
Unidad de Admisión precitada con el consiguiente peligro de transmisión a otros reclusos con los que el imputado iba a tener contacto en el módulo a él "
asignado para que pasara la noche
impugnante en cuanto alega que el artículo 18 de la Ley mencionada establece el ilícito de transporte de drogas (entre otros verbos que caracterizan conductas punibles incluidas por el legislador en dicha norma) cuando se determine que esa acción va dirigida al trasiego o tráfico, siendo que en el presente asunto tal
circunstancia no se demostró ni el tribunal analiza que ese haya sido el propósito [del imputado], pues limitó su razonamiento a examinar el peligro que para los demás reclusos adictos a la droga suponía el pretendido ingreso
de ésta por parte suya (
considera esta Sala que debe estarse a la situación más favorable al imputado, esto es como se alega- que su conducta se encuadra dentro del contexto referido por el artículo 20 ibid, relativo al estímulo o promoción al consumo de drogas, ya que, según se explicó, no se estableció que el fallido acceso al centro de reclusión de la picadura de marihuana que aquél portaba subrepticiamente fuere para su venta o comercio. Es cierto, como lo afirman los juzgadores, que si el, imputado manifestó no ser adicto a droga alguna, debe suponerse que no era para su propio consumo sino para ser entregada a otras personas (inclusive a sus propios compañeros de módulo); pero derivar de ahí que lo hacía con el fin de comerciarlos para establecer que en la especie se trata de un transporte para el tráfico resulta una interpretación un tanto extrema si se tiene en cuenta que la cantidad de picadura decomisada no es significativa (más si se observa que el propio tribunal habla de su eventual entrega entre los compañeros adictos del centro penitenciario). Así entonces, desde la perspectiva de que el comportamiento [del imputado] configura un
Efectivamente le asiste razón al
Ante esa configuración del cuadro fáctico,
hecho aislado que el cuadro fáctico no relacionada con operaciones de trasiego de drogas de los cuales se tuvieren noticia o de comercialización de éstas dentro de la Unidad de Admisión referida, debe estimarse que su acción se dirigía a la promoción o facilitación del consumo (estímulo) de quienes son adictos a la marihuana, pues no existen otros elementos de juicio que permitan la interpretación en el sentido que lo hace el a quo. Con fundamento en lo expuesto y dadas las particulares características que se han examinado, se
declara con lugar el recurso por violación de ley sustantiva y se casa la sentencia impugnada. Resolviendo el fondo del asunto se recalifican los hechos
autor responsable del delito de Estimulación o Promoción al
y se declara a [
consumo no autorizado de Drogas en perjuicio de la Salud Pública ( Sala Tercera De La Corte, N° 41-F de las 9,15 hrs. del 22 de enero.
defensor público del imputado, en el recurso por el fondo
estima que se violó el artículo 324 del Código Penal, porque en su criterio es ilegítima la condena por evasión en virtud de que su defendido estaba ubicado en el Régimen de Confianza, donde disfrutaba de una serie de permisos de salida del centro penitenciario. En apoyo de su tesis hace referencia a una resolución de esta Sala y a doctrina argentina. Al respecto es conveniente señalar que esta Sala, en la resolución número 146-F de las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, indicó que para configurar el tipo penal de evasión es indispensable que la persona se sustraiga a la acción de la justicia pero estando detenida, es decir que se evada estando sometida efectivamente a una custodia real, directa e inmediata, de los funcionarios públicos, y que tal situación no se presenta cuando el interno aprovecha un permiso de salida otorgado por los propios funcionarios que lo custodian, para no regresar al penal, ya que en tales supuestos aún cuando se evada no lo hace bajo la condición necesaria de un estado de detención real. Conviene agregar ahora, para la resolución del presente caso, que lo anterior no significa que todos los internos sometidos al "Régimen de Confianza" del sistema penitenciario estén exentos del delito de evasión sólo por el hecho de disfrutar de permisos de salida. En efecto, para determinar ese delito se configura es indispensable examinar las condiciones en las cuales se realiza la fuga. Si se trata de un interno que aprovechó un permiso de salida para no regresar al penal, tendríamos que concluir que la evasión se produjo cuando el sujeto no estaba sometido a una efectiva y real detención (como condición física necesaria) y que, por tanto, falta uno de los elementos del tipo penal para configurar el ilícito de comentario; pero si el interno se encuentra ubicado en un Centro de Confianza, y elude la vigilancia y la seguridad interna a la que está sometido, que por lo general es mínima en esos lugares, con el fin de evadirse, tenemos que concluir que en este último caso si se tipifica el delito de evasión porque la acción se despliega en momentos en que se encontraba bajo una efectiva y real custodia, es decir en una situación física de detención, independientemente de que en otros momentos hubiere
"E1 licenciado [
disfrutado de permisos de salida. En el presente caso, de acuerdo con los hechos probados, el imputado se fugó del Centro de Confianza precisamente
porque se le había negado por razones disciplinarias el permiso de salida, para
lo cual aprovechó que el vigilante (
Televisión" del Centro. En esas circunstancias el imputado se evadió estando detenido, lo cual configura el ilícito por el que fue condenado. En relación con la doctrina argentina que se cita en el recurso debe indicarse que el Código Penal
de ese país no contiene la figura de evasión simple que si describe nuestro Código Penal, por ello los argentinos señalan que para configurar ese ilícito es indispensable el uso de fuerza o violencia, requisitos que nuestro Código exige para la evasión calificada, pero no para la evasión simple descrita en el tipo penal que se aplicó. Por todo lo expuesto el recurso debe declararse sin lugar." 1992. Sala Tercera De La Corte, N 2 504-F de las 9,10 hrs. del 30 de octubre.
se introdujo un momento en "Sala de
"El tipo penal de homicidio simple (artículo 111 del Código Penal) es una conducta dolosa que puede ser cometida, como lo establece el articulo 31 ibídem, tanto por dolo directo como por dolo eventual cuando el sujeto al menos prevé como posible el resultado y lo acepta. Se trata de una hipótesis doride un sujeto programa la causalidad para obtener la finalidad y se representa posibles resultados concomitantes de su conducta; ante esa representación si el sujeto actúa admitiendo las posibilidades que sobrevengan esos resultados, ya se dan los requisitos necesarios para que se verifique un dolo eventual. Por supuesto, que para el análisis del dolo directo o eventual el juez debe ubicar los aspectos de conocimiento y de voluntad que se manifestaron en la acción para poder cuadrar el tipo subjetivo de la conducta. Esto mismo es lo que hace el Tribunal, cuando luego de desechar la falta al deber de cuidado, plantea lo siguiente en relación a los elementos del dolo:
encontramos en presencia de una conducta dolosa, enmarcable dentro
del llamado dolo eventual, donde la posibilidad del resultado se acepta y la acción es compatible o reflejo de la intención de querer causar un daño , quien dispara un arma de tanto alcance y poder ofensivo, a la parte trasera de un vehículo ocupado por varias personas en su cabina, no podría nunca justificar que su intención fuera la de simplemente lesionar y, como
consecuencia no buscada, se lograra el lamentable resultado que nos mantiene "
Los juzgadores establecieron que el sujeto debió haberse
representado que acciónar un arma de tanto poder como la que tenía en ese momento y utilizarla para disparar contra un vehículo en movimiento en un lugar habitado debía prever, a lo menos como posible, que pudiera producirse
un homicidio como de hecho ocurrió, el agente demostró un amplio desprecio por el resultado que podría producirse, como el mismo Tribunal lo indicó, cuando hizo dos disparos sobre el vehículo para aparentemente lograr que se detuviera. Indudablemente que el medio empleado para lograr el fin querido implicaba un conocimiento de circunstancias concomitantes que derivaban inexorablemente a la posible realización de un hecho típico tan lamentable
como el sucedido. El Tribunal, si bien es cierto lo hace sin guardar el orden establecido aquí, pero comprendiendo la necesidad de su estudio, también cumple con el análisis de la antijuridicidad cuando indica que " ninguna circunstancia llegó a motivar tal hecho, porque sería ilógico pensar, que ante una frase grosera para la integridad moral de un individuo -muchas veces acostumbrado a percibirla en virtud de sus funciones de guardia civil- "
juzgadores, en completa concordancia con los hechos tenidos por probados demuestran que, desde el punto de vista del elemento conativo (volitivo) del dolo, el acusado actúo con una representación de la realización del hecho punible como posible. Es cierto que el dolo eventual no se mantiene simplemente con esta representación de la posibilidad sino que ésta se
determine como probable (siguiendo la tesis definitoria seguida por el a quo que es plenamente compatible con el artículo 31 del Código Penal). En otras palabras, el autor debe representarse que el resultado tiene un alto grado de posibilidades de verificarse y aún así actúa con plena indiferencia acerca de si el resultado se produce o no. El Tribunal tiene por probado que el autor montó en
que lo hizo cargar
el arma con que realizaba su trabajo, un arma de fuego tipo fusil ametralladora,
marca Colt, modelo M-16, calibre 5:56 milímetros
alejaba como a una distancia de unos cien metros aproximadamente, le disparó "
sobre el vehículo; por el medio utilizado y su alto poder ofensivo debió representarse a nivel del conocimiento del dolo la alta probabilidad de que se produjera el resultado lesivo para el bien jurídico, cosa que ocurre. En la doctrina se ha postulado una excepción para esta regla, cuando el sujeto, aunque sea temerariamente, actúa y a pesar de la representación de la probabilidad piensa que "de todos modos el resultado no se producirá", sin embargo, éste no es el caso porque cuando el acusado levantó el arma y percutió dos veces, dada la distancia y el tipo de arma utilizada lo probable era que impactara el vehículo y que el tipo de bala utilizada, con alto poder de penetración, pudiera causar lesión al bien jurídico en este caso la vida o la integridad corporal de los ocupantes. Con esto se quiere sostener que no solo se tomó en cuenta para tener configurado el dolo eventual la probabilidad de la realización del tipo, sino que también el acusado tomó en cuenta la posibilidad de lesión del bien jurídico, contó con ella y se conformó con ella." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 596-F de las 9,10 hrs. del 11 de diciembre.
La intención del autor es clara en el sentido de disparar
cierta cólera, que tomó la calle cayéndose en el camino, "
constituya un acto permitido por el ordenamiento jurídico,
19. Homicidio Culposo - Examen de los elementos objetivos y subjetivos del delito culposo.
"La Licda. (
las 9:30 hrs. del 30 de julio de 1982, donde la Sala, según estima la recurrente falló un caso parecido descartando la hipótesis del dolo eventual. En punto a esta cita jurisprudencial, y solo para efectos de clarificar el criterio de la nueva conformación de la Sala, es que resulta necesario explorar los diversos criterios
en sustento de la tesis que formula, menciona el Voto No. 81 de
que se han tenido en cuenta para desechar, en este caso sub-judice, la tesis del homicidio culposo, de manera que integrando ambos fallos puedan entresacarse los elementos necesarios para explicar los elementos del tipo culposo, verificar su existencia o inexistencia y ubicar el ámbito de la acción dolosa con respecto al peligro previsible como conocimiento efectivo actual o actualizable. En primer lugar debe tenerse en cuenta que este voto de 1982 consideraba el análisis del tipo culposo tal y como lo planteaba el autor Sebastián Soler en cuanto a la valoración de la ilicitud inicial. Como ya se ha dicho, esta postura ya no puede justificarse por las contradicciones que la misma ofrece en punto al tipo subjetivo y objetivo del delito culposo, las cuales no pueden partir de una licitud inicial del comportamiento del agente ya que la infracción al deber de cuidado no es amparada por el Ordenamiento Jurídico. Resulta más correcto, desde el punto de vista de la estructura del homicidio culposo y de las lesiones culposas, figuras que establecen los requisitos interpretativos para la graduación de la pena en estos ilícitos, que se examine los elementos objetivos y subjetivos del delito culposo, no partiendo de la licitud inicial de la acción sino de la anticipación de un fin intrascendente para el Derecho, la realización de una causalidad necesaria para obtener ese fin y la infracción al deber de cuidado que genera un segundo resultado que interesa al Ordenamiento Jurídico (este segundo resultado es el que determina el alcance de la tipicidad culposa). En este análisis resulta fundamental la observación del tipo objetivo del tipo culposo, esto es, que la acción cause el resultado típico y que la causalidad haya sido defectuosamente programada, es decir, que la selección de medios para producir el resultado haya sido defectuosa y que constituya una violación al deber de cuidado, y que en el resultado medie una relación de determinación en donde la infracción al deber de cuidado haya sido determinante para la producción del resultado (análisis judicial ex-post con la conducta adecuada al deber de cuidado). Haciendo este análisis ex-post, resulta claro que en el caso que actualmente interesa el autor no ha hecho una programación defectuosa de la causalidad propia de un delito culposo, sino que ha escogido un medio altamente lesivo para obtener una finalidad (detener el vehículo) que obliga a prever el otro resultado posible (lesiones o muerte) como otra conducta que puede producirse con el desencadenamiento de la causalidad que implica su acción (disparar sobre un vehículo en movimiento). El autor evidentemente podía actualizar este conocimiento que resulta efectivo y acepta la posible casación de ese otro resultado. En segundo lugar, el analista debe poner especial cuidado al tipo subjetivo, en donde basta que el sujeto no haya deseado producir el resultado (componente de azar) que lesiona el Bien Jurídico penalmente tutelado), y que si el resultado típico es aceptado como posible por el sujeto activo, éste haya sobrevenido con una causalidad diferente a la programada, y, por supuesto, diferente a la voluntad final realizadora de la conducta intrascendente al Derecho. La voluntad y conocimiento del acusado en esta causa no permiten establecer que éste no haya deseado producir el resultado, ya que a nivel del tipo subjetivo doloso que se le reprocha el debió haber aceptado como posible que podía producirse el resultado con la causalidad que había desatado con su acción, de manera que el resultado no se produce por una causalidad diferente a la programada, por lo que por esta razón también desaparece la culpa. El juez debe valorar también que el
resultado típico y la causalidad sean previsibles para el sujeto activo. Debe ponerse especial interés en dilucidar si el sujeto activo pudo conocer la peligrosidad de la conducta desplegada con relación al bien jurídico en cuestión. Resulta más que evidente que en el caso que nos ocupa el acusado tenía una previsibilidad a título de efectos concomitantes de la causalidad desatada, de manera que la conducta no demuestra una infracción al deber de cuidado sino una programación propia del dolo eventual." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 596-F de las 9,10 hrs. del 11 de diciembre.
"En el recurso por el fondo el señor defensor alega violados los artículos 1, 2, 45 y 177 del Código Penal, así como el 39 de la Constitución Política. Afirma el
recurrente que la conducta de su defendido [
del delito de homicidio culposo, pues nunca atropelló a los ofendidos. En este motivo el sefior defensor realiza una extensa exposición de lo que constituye la autoría y la coautoría en delitos culposos, para concluir por la impunidad [de su
vehículos venían uno junto al otro realizando una competencia de velocidad; en
segundo lugar que se trataba de una carretera angosta y muy transitada por peatones; en tercer lugar que ambos imputados solían realizar esas competencias en otras ocasiones, pese a la queja de los vecinos por el alto grado de probabilidad de que se produjera un atropello; que el día de los
intervenía en esa
competencia de velocidad llevando dentro del vehículo a cinco personas más, es decir sobrecargado; entre otras circunstancias fácticas. Pero además de lo anterior, y constituye quizá lo más relevante para atribuirle responsabilidad
penal a [el co-imputado], el Tribunal tuvo por cierto que el percance se produjo
trató de rebasar al vehículo conducido por
el [otro] encartado, [el co-imputado] maniobró para tratar de esquivar un hoyo pronunciado que por el carril izquierdo por el que conducía existía, que provoca
que el encartado [
vehículos, orillándose hacia su derecha, pero pierde el control debido al exceso
de velocidad y su impericia, y su vehículo se va dentro del caño y se mete en parte de la acera derecha del mismo lado donde se encuentran sentados los aquí ofendidos, a unos ocho metros de éstos, a quienes golpea y arrastró con
atropello se produce por causa directa e inmediata atribuible a la conducta de ambos conductores, quienes con absoluto menosprecio al deber de cuidado, por un lado, optaron por realizar esa competencia de velocidad, en las condiciones dichas, en una calle angosta y transitada; y por otro, ambos evidentemente intervienen en la pérdida del control del vehículo color celeste, que fue el que atropelló a los ofendidos, pues uno lo conducía [el imputado], y el otro que participaba en la competencia intentó rebasarlo y a la vez pretendió
maniobre para tratar de evitar la colisión entre ambos
conducido por el aquí encartado [
por una conducta atribuible a ambos, puesto que "
hechos circulaban a excesiva velocidad; que el imputado [
En primer término el Tribunal tuvo por cierto que ambos
es impune, pues no fue autor
De los hechos anteriores claramente se desprende que el
esquivar un hoyo, lo que hizo que [el imputado] maniobrara el vehículo celeste para no colisionar con quien pretendía adelantarlo, lo cual unido a su impericia en la conducción de vehículos, por el exceso de velocidad y las condiciones de la carretera en que hacían esa competencia, provocó definitivamente el atropello del que resultaron tres personas muertas. Se trata de una conducta realizada por ambos, pues sus faltas se sumaron una a otra, y en conjunto constituyeron la causa directa del atropello, al extremo de que no podemos desligar la conducta de uno y la del otro para obtener el resultado lesivo. Por lo expuesto es que las argumentaciones de la defensa no son de recibo, porque parten de que [el co-imputado] en ningún momento desvió el vehículo de [el imputado], cuando el fallo señala otra cosa, y al desconocer otros hechos fundamentales en los que se hizo descansar su responsabilidad penal. De acuerdo con esa descripción se trata de una conducta dolosa atribuible a ambos en calidad de coautores, de conformidad con el artículo 45 del Código Penal, pues la falta al deber de cuidado evidenciada en la conducta de ambos configura la acción culposa a que se refiere el articulo 117 ibídem. Lo anterior no significa que la Sala estime correcta la solución del caso con base en la teoría sobre el dominio del hecho a que hizo referencia el Tribunal, sino que se trata del concurso de dos actuaciones que sumada una a la otra constituyeron la falta al deber de cuidado que provocó el resultado lesivo conforme ya se dijo." 1993. Sala Tercera De La Corte, N ° 58-F de las 9,05 hrs. del 5 de marzo.
21. Hurto Agravado - Agravación por uso de llave verdadera requiere una conducta conexa con el hurto encaminada a obtener la llave venciendo su protección.
interpone Recurso de Casación, por un único motivo de fondo,
en virtud de considerar inobservados los artículos 30, 31 y 208 del Código Penal. Fundamenta su reclamo en que la aplicación hecha por el Tribunal de Mérito del artículo 209 del Código Penal resulta incorrecta toda vez que no concurren en la especie los elementos del tipo objetivo correspondientes a la agravación del hurto, concretamente el "uso de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida". Estima el recurrente que el Tribunal de
"El acusado [
Mérito no puede agravar el hurto que fue realizado ya que la tutela del tipo penal, en su circunstancia de calificación contenida en el inciso tercero del
artículo 209, implica que hay una tutela adicional para el propietario que es víctima de un desapoderamiento de sus bienes junto con una privación de la llave que da acceso a dichos bienes, contra su voluntad, sin negligencia alguna
de su parte y "sin exponerlos voluntariamente a riesgo alguno" [
si la llave que permitió el hurto, estaba oculta en una piedra, detrás de la casa
de la ofendida, lugar que él conocía bien ya que había cohabitado con la señora
hay una renuncia voluntaria a la protección de dicha llave por parte del
propietario de los bienes. Cita en sustento ,de su tesis la explicación hecha por
el tratadista Sebastián Soler sobre esta agravación donde este último considera que el ladrón que actúa de la manera dicha, no se lleva la llave ni la toma con ánimo rem sibi habendi, aspecto que parece estar involucrado en la voluntad
]. De allí que
legislativa consignada en la redacción del artículo 209 del Código Penal. Solicita que se case la sentencia y aplicando el artículo 208 de este último Cuerpo de Leyes proceda la Sala a realizar el juicio de tipicidad como corresponde. El Señor Fiscal General de la República, contestando la audiencia conferida [ ], considera que le asiste razón al acusado en su alegación pues estima que si bien la tesis sostenida por Soler no es compartida por otros sectores de la Doctrina, "…es de mucho peso la consideración de que el objeto protegido por
la agravante es la voluntad de protección, a la que, en este caso, la ofendida
renunció al dejar la llave al fácil alcance del imputado, que había sido puesto al
]. El recurso
tanto del sitio donde solía ocultarse, evidentemente no para él" [
de casación debe ser declarado con lugar; para llegar a esta decisión la Sala ha tomado como punto de partida el análisis del tipo objetivo del artículo 208 y del artículo 209 inciso 3, así como la necesidad político-criminal de la tutela del bien jurídico en el tipo calificado, a continuación las razones que sustentan el criterio expuesto:
La circunstancia agravatoria contenida en el artículo 209, inciso 3 del
Código Penal: El artículo 209 del Código Penal contiene, en siete incisos, diversas circunstancias de agravación del hurto, siendo algunas de ellas objetos materiales de la acción delictiva que agravan la conducta, o elementos accesorios de circunstancia, de medio o de modo que tienen el mismo efecto calificante. En el caso del inciso tercero la redacción legislativa atiende a un medio utilizado para obtener acceso al lugar donde se encuentran los bienes que serán desapoderados por el autor, así se agrava la conducta si se utiliza
"ganzúa, llave falsa… o
o retenida". La calificante aquí prevista atiende a un criterio político-criminal
evidente cual es la tutela mayor de la propiedad cuando se pretende un
desapoderamiento utilizando, entre otras cosas, una llave verdadera que poseía
el dueño y que ya no posee por una conducta adicional que realiza el autor
para obtener una especial ventaja que le garantice el éxito de su programación criminal. Indudablemente, este último aspecto, requiere una configuración especial del aspecto de voluntad y de conocimiento del dolo de hurtar que
incluye la previsión de esta conducta adicional para obtener la llave, venciendo
la cautela y diligencia de la víctima en la custodia de este instrumento. Esta
segunda conducta no configura un nuevo delito, aunque materialmente si lo sea, en virtud de que se produce un concurso aparente de tipos penales que el Código resuelve con una subsidiaridad en el artículo 209, misma que tiene como resultado la agravación de la pena del hurto. En otras palabras, la agravación se produce al requerir el hurto otra acción conducente para obtener la llave verdadera, segunda actividad que se calcula a nivel de los medios necesarios para la realización de lo descrito en el tipo y que acarrea un nuevo cálculo de efectos concomitantes en la conducta del autor y, por ende, en su plan criminal (artículo 31 del Código Penal). No se resuelve el problema con un concurso real o material ya que concurren dos tipos que sí se excluyen uno al otro y obliga a aplicar las reglas de la subsidiaridad a fin de reprochar un injusto que acarrea una pena que la Ley ha subordinado para responder a la mayor protección del Bien Jurídico en cuestión, en este caso, la propiedad. Esta mayor tutela se explica ya que el hurto es una figura donde destaca una acción
la llave verdadera que hubiera sido sustraída, hallada
de desapoderamiento realizada sin daño en las cosas o en las personas, es decir, una acción realizada de tal manera que logra su objetivo o meta sin menoscabo o daño de otros bienes jurídicos, tal y como sí ocurre en el robo simple (212, inciso 3) donde el legislador previó una mayor pena para el apoderamiento que lesione otro bien jurídico como lo es la integridad corporal ("violencia sobre las personas"). En consecuencia, para que se produzca la agravación que prevé y sanciona el artículo 209, inciso 3, requiere que el autor haya realizado una conducta conexa con el hurto encaminada a lograr la obtención de la llave, en este caso verdadera, venciendo al efecto las protecciones que haya impuesto la víctima para la custodia de la llave. Este criterio gana cada vez más fuerza en el Derecho Comparado y en las perspectivas de Reforma Penal donde es posible notar una tendencia legislativa hacia el castigo de un mayor injusto constituido por el afán de "penetrar" al lugar donde se encuentran los objetos a ser apoderados, que revela, a su vez, una mayor "peligrosidad" y "capacidad de conducta delictiva" en el autor. En otras palabras, y citando el ejemplo de la Reforma Argentina de 1984, el legislador ha puesto un elemento subjetivo especial en la agravante que nos ocupa obligando a valorar la intención del autor de "penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la sustracción", quizá percibiendo los hondos problemas interpretativos que obligarían a estimar frecuentes los errores de subsunción judicial. También el Proyecto de Código Penal Español de 1992, en su artículo 238, donde se ha definido como llave falsa también aquella que es legítima y que es "obtenida por un medio que constituya una infracción penal", la consecuencia de la utilización de este medio acarrea una mayor pena, lo que implica un mayor injusto y por ende un mayor reproche.
El abuso de confianza y la circunstancia agravatoria del hurto: Una vieja tendencia doctrinal, de marcada connotación peligrosista, perfila el abuso de confianza como un elemento exterior que permite deducir "un plus de actuación" que obliga a aplicar el elemento calificante del hurto, obligando, en casos como el presente, a pesar de existir una relación de convivencia (interrumpida) entre el autor y la víctima, que dicha relación no justifica o legitima el acceso a la llave siendo, por ello, cualquier apoderamiento de esa índole, una sustracción. Sin embargo, ya esta tesitura se encuentra en franca decadencia, principalmente por la crítica que ha recibido de sus detractores quienes encuentran en ella raíces de un derecho de autor. De todos modos el cuadro fáctico que se encuentra demostrado en la especie orienta más bien hacia una interpretación típica más favorable al acusado. Esta interpretación tiene tres elementos indispensables para fundarse: a) en primer lugar, es cierto que la llave no se encuentra a disposición de cualquier persona, pero ha de notarse que el imputado no es cualquier persona, se trata de un individuo que tuvo cercanía afectiva con la ofendida, cercanía que incluso llevó a un conocimiento legítimo del lugar de custodia de la llave, de la combinación de la caja de seguridad que se encontraba en la casa y de la existencia de valores en dicho hogar; b) que la llave, en las condiciones en que era mantenida, seguía demostrando una voluntad de custodia en relación con otras personas ajenas a la familia, pero no en concreto con el acusado, ya que el conocimiento que él tenía de este lugar era legítimo en un principio, no desapareciendo esta
legitimidad por las desavenencias entre la pareja; c) que anteponer un "abuso de confianza" como circunstancia agravatoria seria acoger, para el caso concreto, una interpretación in malam partem en contra del acusado, es cierto que su entrada en la casa de habitación fue clandestina, y demostró un alto grado de desprecio por la relación que se había iniciado con la víctima, así como por la confianza que se la había depositado, pero esos malos propósitos y actitudes no pueden concurrir para crear un "dolo malo" que integre el tipo penal, a fin de encontrar una sustracción adicional que en realidad no se ha dado. El cuadro fáctico corresponde a una situación sentimental de un hombre que demuestra grandes carencias afectivas, y que ha realizado una conducta moralmente reprochable, pero que no configura el dolo especializante que requiere el hurto agravado en su circunstancia tercera.
"La imposibilidad de aplicar la agravante del inciso 3 del 209 en el caso sub-judice: Tal y como lo expone el señor Fiscal General al contestar la audiencia referida, y de las consideraciones que anteceden, es notoria una apetencia legislativa dirigida a tomar en cuenta la "voluntad de protección" que demuestra el dueño de la llave al poner una serie de obstáculos que tienen como fin la custodia de esa llave, mismos que deben ser vencidos por la acción dolosa del sujeto. En el caso que nos ocupa, y partiendo del cuadro fáctico demostrado por el a quo, se nota claramente que el autor se aprovechó de la confianza que le había sido otorgada por la víctima, quien, entre otras cosas, le indicó dónde custodiaba la llave, logrando de manera sencilla el ingreso al inmueble pero no realizando una conducta adicional para vencer la "protección" ideada por el propietario para dificultar ese acceso toda vez que habla renunciado a una tutela semejante desde el momento en que la puso en un lugar de fácil acceso, sin violencia y sin dificultades junto con un "extraño" (que no lo era en realidad) que conocía del lugar de custodia desde el momento que cohabitó con la (ofendida) ganando su cariño y confianza. No encuentra la Sala, como ya se expuso en el considerando anterior, esa segunda infracción penal que requiere la utilización de la agravante y, de allí, el reproche de un injusto más grave al acusado, y por ello se debe proceder a realizar un juicio de tipicidad de la conducta en la figura simple siendo ésta la configurada por el autor tanto a nivel de tipo objetivo como también de tipo subjetivo (dolo de hurto del artículo 208 del Código Penal). En consecuencia procede declarar que el delito de hurto concurrió en su forma simple, imponiéndole por ese hecho la pena de tres años de prisión, con base en las razones expresadas en la sentencia recurrida, así como también tomando en consideración la naturaleza de los hechos, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron, en especial la magnitud de los mismos, y algunas de las características personales del imputado que se infieren de la sentencia. De oficio y con fundamento en los artículos 59, 60, 61 y 62 del Código Penal, se le concede al acusado el beneficio de condena de ejecución condicional de la pena por un período de cuatro años, haciéndole saber que si durante ese período comete un nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, se le revocará el beneficio. Asimismo, la gracia se condiciona a que durante el período de prueba no visite ni frecuente la casa de la ofendida, bajo el mismo
apercibimiento." (Hay voto salvado). 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 606-F de las 9,10 hrs. del 18 de diciembre.
Los suscritos Magistrados se permiten disentir con respeto de las razones expuestas en el voto de mayoría de esta Sala, en cuanto declara con lugar el
recurso por el fondo, con base en las siguientes razones: En el presente caso se
tuvo por cierto que el imputado [
dos meses con la ofendida haciendo abandono de la casa de esta última el
catorce de agosto de mil novecientos noventa, "
, presentó a la casa de la ofendida, quien no se encontraba en ese momento, c) Que aprovechando dicha circunstancia, el encartado ingresó primero al predio exterior de la vivienda, ya que conocía la combinación del candado que se encontraba en el portón de ingreso a la misma, y con posterioridad al interior de ella, utilizando una llave que tanto la ofendida como sus hijas, dejaban debajo de una piedra, ubicada en la parte trasera de la vivienda, situación que el imputado conocía perfectamente por haber cohabitado con la ofendida y sus hijas. d) Que una vez dentro de la vivienda, abrió la caja de seguridad, propiedad de [la ofendida], y quien le había enseñado la combinación para la apertura de la misma procediendo a sustraerle doscientos
Que el día quince de
agosto, sea un día después de haberse ido de la casa el encartado
convivió por un período aproximado de
veinticinco mil colones, que en ella se encontraban y que esta había sacado del Banco días atrás para reparar un vehículo de su propiedad y cubrir algunos otros gastos, así como cinco camisas y ropa interior nueva en cantidad indeterminada, propiedad del esposo de la ofendida, que había fallecido meses
antes [
por el delito de Hurto Agravado y sin embargo, la mayoría de la Sala casa la sentencia, al estimar que ese hecho constituye un hurto simple, por cuanto si bien "el autor se aprovechó de la confianza que le había sido otorgada por la
víctima, quien, entre otras cosas, le indicó dónde custodiaba la llave, logrando de manera sencilla el ingreso al inmueble pero no realizando una conducta adicional para vencer la "protección" ideada por el propietario para dificultar ese acceso toda vez que había renunciado a una tutela semejante desde el momento en que la puso en un lugar de fácil acceso, sin violencia y sin dificultades junto con un "extraño" (que no lo era en realidad) que conocía del lugar de custodia desde el momento que cohabitó con la [perjudicada] ganando su cariño y confianza". Los suscritos estimamos que en el presente caso existe el delito de hurto agravado, por cuanto la acción desplegada por el sentenciado se tipifica adecuadamente en el artículo 209 inciso 3) del Código Penal, que
regula "Si se hiciera
la llave verdadera que hubiere sido sustraída,
Con base en esos hechos el Tribunal Superior condenó al imputado
hallada o retenida;". En efecto, el encartado penetró clandestinamente a la vivienda de la ofendida aprovechándose de la confianza que le había sido otorgada, en razón de lo cual tenía conocimiento del lugar en donde se localizaba la llave de acceso y una vez adentro, procedió a sustraer diversos bienes, aprovechando la circunstancia de que la ofendida y sus hijas se encontraban fuera de la casa. Cierto que el encartado no necesitó vencer ninguna otra protección ideada por la víctima (en resguardo de sus bienes),
pero tal circunstancia obedecía a la relación que había entre ambos y en consecuencia esto no justifica modificar la calificación jurídica como lo señala la mayoría, por cuanto la relación entre el imputado y la ofendida era de confianza y en tal sentido, estamos en presencia de un abuso de confianza por parte del primero en relación con la segunda, debiéndose destacar que incluso cuando se hurta la llave que se ha dejado dentro de una maceta, (supuesto que se puede equiparar al caso en estudio donde la llave fue dejada debajo de una piedra), el
sujeto que sustrae esa llave "
patrimonial y la esfera de custodia de la víctima; y, por lo demás, al cometer el
agravante" (ver Núñez,(Ricardo C.) citado por Chiappini, (Julio O.). Hurto y hurtos agravados. Rosario, Editora Zeus; 1982, página 86). No se puede estimar que no hubo protección especial de la cosa, en primer lugar porque la llave en si misma constituía una protección o aseguramiento y en segundo
lugar, por cuanto la llave no se encontraba a disposición de quien quisiera usarla o sea, no estaba a disposición de cualquier persona. De manera que estamos, a juicio de los suscritos, en presencia del delito de hurto agravado en aquellos supuestos en que la llave "se encuentra en un lugar escondido que revela la voluntad del tenedor de permitir su uso sólo a aquellas personas que conocen legítimamente aquel escondite" (Creus,(Carlos). Derecho Penal, Parte especial. Buenos Aires, Editorial Astrea, Tomo 1, 2da.edición; 1988, página
la agravante concurre si la llave no ha sido dejada
."(Damianovich de Cerredo, (Laura
T. A.). Delitos contra la propiedad. Buenos Aires, Editorial Universidad; 1983,
página 101). Por último, en cuanto a la falta de necesidad de violencia para tener acceso a la llave como bien se afirma, ""No es necesario que la llave se guarde de manera que para su obtención deba ejercerse violencia, lo que excede la noción de hurto; basta con su ilegítimo apoderamiento" (CNCrimCorr, Sala 1, 13/6/85, c. 29.101, "García Marín, Alcides W.", s/p)" (Breglia Arias,(Omar). Código Penal y leyes complementarras. Buenos Aires, Editorial Astrea, 2da.edición actualizada; 1987, página 537). Por todo lo expuesto, con respeto nos apartamos del criterio de mayoría y votamos por declarar sin lugar el recurso por el fondo." 1992. Sala Tercera De La Corte, N° 606-F de las 9,10 hrs. del 18 de diciembre.
433), o sea "
negligentemente al alcance de cualquiera,
perfectamente que está violando la reserva
la peligrosidad, el plus de actuación, que caracteriza la
22. Hurto Simple - Las sumas que corresponden al impuesto de ventas no pueden integrarse al valor de los bienes sustraídos antes de su venta para establecer el requisito del artículo 208 del Código Penal.
"En su único motivo de casación por la forma, el abogado defensor licenciado
artículos 106, 395.2 y 400.4 del Código de Procedimientos Penales. Argumenta el recurrente que no fue tomada en cuenta una certificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, relativa al porcentaje de utilidades e impuesto de ventas del whisky, lo que -según dice- resulta determinante en el presente caso, pues restando los montos de esos rubros a la suma total estimada por el
denuncia el agravio de falta de fundamentación por quebranto de los
perito, el valor real de costo de la botella de licor que se trató de sustraer resulta inferior a ¢1.000.oo (mil colones 00/100). Señala que al tratar de
un bien cuyo valor está por debajo de esta
cantidad, la acción deviene atípica porque -deja sobreentendido- no existe tentativa de hurto menor (arts. 73 y 384.1 del Código Penal); y de aquí lo decisivo de valorar en sentencia la mencionada certificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

References: resolución 
 artículo 208
 artículo 85
 artículo 329
 artículo 140
e contrario
 artículo 11
 artículo 140
 artículo 67
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 34
 resolución 
 artículo 34
 artículo 35
 resolución

 artículo 684
 artículo 686
 resolución 
 artículo 457
 resolución 
 resolución 
 artículo 432
 artículo 445
 artículo 445
 artículo 463
 artículo 34
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 artículo 305

resolución 
 artículo 305
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 79
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 79
 artículo 42
 artículo 34
 resolución 
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 20
 artículo 55
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 324
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 45
 artículo 209

artículo 209
 artículo 209
 artículo 208
 artículo 208
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 238
 artículo 208
 artículo 209
 artículo 208