Source: http://afar2rep.org/Noticias/2005/ratificacion_senado.htm
Timestamp: 2018-07-20 07:05:55+00:00

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El Senado ratifica la devolución a Cataluña de los 'papeles' de Salamanca
El Estado entregará los documentos a la Generalitat en el plazo máximo de tres meses
El pleno del Senado ha ratificado hoy el proyecto de ley por el que se restituyen a Cataluña los documentos del Archivo de Salamanca incautados durante la Guerra Civil y que estaban custodiados en el Archivo General de Salamanca. Además, se creará un Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Tras el rechazo del veto presentado por el PP y de las 44 enmiendas de este partido, PNV e IU, el texto ha quedado definitivamente aprobado. El siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el retorno de los legajos a Cataluña. El proyecto, que ha contado con el único voto en contra del PP, ha sido aprobado como llegó del Congreso, donde obtuvo el visto bueno el 15 de septiembre, y entrará en vigor una vez se publique en el BOE. A partir de entonces, el Estado tiene tres meses para restituir a la Generalitat la documentación de sus órganos, de su administración y de sus entidades, así como la del Parlamento catalán, que fueron incautados en 1938. El texto es el aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de abril, con la incorporación de una enmienda del PSOE en virtud de la cual las personas naturales o jurídicas de carácter privado a las que se les devuelvan documentos deberán tener "residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña".
La Ley establece también un plazo de un año para la creación y puesta en funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, en el que se integrarán los fondos del actual Archivo de la Guerra Civil, que tiene prevista una inversión plurianual de 11,2 millones de euros. El debate ha contado con la presencia de la consejera catalana de Cultura, Caterina Mieras, y de miembros de la Comisión de la Dignidad, en tanto que los senadores del PP han exhibido pegatinas contra la ley. En la defensa del veto del PP, el senador Juan Van-Halen ha lamentado la ausencia de la ministra de Cultura, Carmen Calvo. También ha denunciado la falta de sensibilidad del Gobierno, que se comprometió a dialogar con todas las partes pero "sólo lo ha hecho con el tripartito catalán".
Las críticas del PNV
A su juicio, "es muy peligroso abrir el melón territorial y este proyecto de ley lo ha hecho", a la vez que ha asegurado que "no cierra heridas sino que las mantiene abiertas". En la defensa de las 19 enmiendas del PP, el senador José Muñoz Martín ha calificado la ley de injusta y contradictoria, "un desaguisado" fruto de la presión de ERC. La senadora socialista María José Navarro ha asegurado que la ley supone "un acto de justicia", que "cicatriza heridas históricas y devuelve la dignidad a los incautados", y ha considerado que el patrimonio común estará bien custodiado y conservado en Cataluña. Ha pedido al PP que no haga demagogia y evite la tentación de enfrentar a los territorios.
Por CiU, la senadora Rosa Aleixandre ha lamentado que "el retorno de unos documentos fruto de un expolio se haya convertido en un enfrentamiento entre comunidades" y ha pedido "cerrar las heridas de una vez", ya que "el cuerpo de este país tiene demasiadas cicatrices". El senador del PNV Francisco Javier Maqueda, que ha defendido las 15 enmiendas de su grupo, ha criticado que se ignore al País Vasco y se ha preguntado por qué el Gobierno apoya la devolución a Cataluña y no a otras comunidades. "El PP por lo menos es claro: nada para nadie, pero ustedes (en referencia al PSOE) nos engañan, siempre nos prometen cosas que no cumplen", ha dicho el senador vasco.
En la misma línea se ha manifestado el senador de IU Eduardo Cuenca Cañizares quien, en la defensa de las diez enmendas de su grupo, ha criticado la "cerrazón" del PSOE al no asumir su petición de que se abra un proceso similar para otras comunidades e instituciones públicas, partidos, etc.. "Abusan de nuestra responsabilidad porque saben que no vamos a oponernos a esta ley, pero tomamos buena nota de ese abusar de nuestra generosidad y compromiso", ha advertido. Por la Entesa Catalana de Progrés, Miquel Bofill ha asegurado que los documentos devueltos "van a ser objeto de conservación con más cariño si cabe que hasta ahora", ha denunciado el "origen monstruoso" del Archivo de Salamanca y ha pedido ir "enterrando el franquismo".
*Fuente: El País. 3 de Noviembre de 2005
C. E. C. - Madrid
La votación de ayer concluye, al menos desde el punto de vista legal, un lento proceso de más de 27 años de negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno central. En alguna ocasión, fruto de los pactos con los nacionalistas catalanes de CiU, éste llegó a firmar la promesa de devolución sin que nunca se cumpliera. Al final ha sido el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) quien ha logrado cerrar el acuerdo. La consejera catalana de Cultura, Caterina Mieras, señaló ayer en el Senado que tanto la devolución como la creación, contemplada en la ley, de un Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca "refuerza el Estado de derecho y la democracia".
Los documentos reclamados, que ocupan 507 cajas, fueron incautados por las tropas franquistas a la Generalitat y otras instituciones para depositarlos en Salamanca, en un organismo llamado Delegación Central para la Recuperación de Documentos, con un objetivo claro: servir de base para las investigaciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el órgano principal de represión de la dictadura. Los textos legales pasaron con la democracia a depender del Ministerio de Cultura y finalmente, en 1999, se creó en Salamanca el Archivo General de la Guerra Civil.
La primera promesa llegó en 1995, cuando el Gobierno socialista firmó con CiU la devolución. La polémica provocada en Castilla y León frenó la iniciativa. El PP también negoció con sus socios de CiU entre 1996 y 2000, pero en 2002, ya con mayoría absoluta, la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, rechazó el traslado.
En mayo de 2004, el pleno del Congreso aprobó la negociación, y el 23 de diciembre de ese año un comité de expertos integrado por juristas, historiadores y archiveros se pronunció a favor de devolver los documentos.
*Fuente: El País. 4 de Noviembre de 2005
DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (S. 621/000030) (C. D. 121/000035).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Flores. (Rumores.) Señorías, ruego que guarden silencio o salgan del hemiciclo para que podamos dar comienzo a la presentación del dictamen. (Los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular levantan sus micrófonos, en los que se exhibe una pegatina que dice: «Archivo de la Guerra Civil. Salamanca. Por la unidad "para que nada se pierda"».) Puede empezar, señoría.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica. A este proyecto, que se tramita por el procedimiento ordinario, se han presentado una propuesta de veto por el Grupo Parlamentario Popular y 44 enmiendas por los distintos grupos parlamentarios. La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 26 de octubre, adoptando los siguientes acuerdos. Primero, rechazar la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular. Segundo, rechazar las enmiendas números 1 a 10, del señor Cuenca Cañizares y la señora López Aulestia, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; las números 11 a 25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y las números 26 a 44, del Grupo Parlamentario Popular, aceptando como dictamen, por tanto, el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Para su debate ante el Pleno se han formulado tres votos particulares, manteniendo el veto y las enmiendas presentadas que a continuación del mismo se defenderán. Señorías, con estas palabras creo que haber resumido fielmente la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo. Nada más, señor presidente. Señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Empezamos, a continuación, por el debate de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa del mismo, tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor presidente, señorías, siento la ausencia de la señora ministra de Cultura, que probablemente esté haciendo declaraciones o rodando el spot en favor de la campaña de la lectura. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia). Éste es una tema del que hemos hablado varias veces en esta Cámara y es importante. El Grupo Parlamentario Popular presenta un veto por razones de fondo, por razones de forma y por razones de insensibilidad del Gobierno. Trataré de argumentar estas tres razones. Razones de fondo. El Gobierno no ha defendido el patrimonio documental común de los españoles. La salida del Archivo de la Guerra Civil es un error. Debería haber sido precisamente el Gobierno desde su responsabilidad quien defendiera la unidad de archivo. Señorías, ésta es la primera ley de cultura que viene a la Cámara, y no es en defensa del patrimonio cultural, podría ser una ley de libros, de museos, de archivos, de música, no, es una ley que justamente atenta contra el patrimonio común cultural de los españoles. Ya sabemos que las mociones sobre cultura no se han cumplido y ahora nos traen esta ley peculiar. Señor presidente, señorías, hay que custodiar la memoria histórica --todos estamos en ello-- sin trocearla, siguiendo los dictados de la Unesco. La Comisión de la Unesco se reunió en París después de caer la utopía del llamado socialismo real --aquéllos eran también archivos de la represión-- y también se reunió tras la reunificación de Alemania y llegó a la conclusión de un principio de unidad de archivo. Por supuesto no vamos a negar el origen del Archivo de Salamanca porque es negar la realidad; es doloroso, es repugnante y naturalmente no es tranquilizador. Pero, señorías, prácticamente el origen de los archivos es muy diverso. Habría que preguntarse cómo se han iniciado otros archivos, desde el Archivo de Indias hasta cualquier archivo histórico, pues a veces su gestación es dolorosa. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el Archivo de la Inquisición y si los descendientes de las víctimas de la Inquisición, entre otros, yo mismo, nos presentáramos en el mismo a recoger los papeles de nuestros antepasados. El Archivo de la Guerra Civil se crea en 1999 y también se creó entonces el Centro de Estudios y Documentación. El Gobierno crea ahora el centro documental de la memoria histórica, cuando lo que tenía que haber hecho era dotar de personal --y adecuadamente-- al centro que ya existe. La creación de este centro nos suena a una cortina de humo
para que no fuera sólo un proyecto de ley sobre el traslado del Archivo de Salamanca. La andadura de esta iniciativa en su etapa prelegislativa fue controvertida. La decisión ya estaba tomada sin que se votase lo que vamos a hacer esta mañana. Los socialistas lo habían votado con sus socios, y santas pascuas. Y de ahí pasamos a la segunda razón de nuestro veto: la forma. El Gobierno tiene la iniciativa parlamentaria --¡no faltaría más!--, pero no ha cuidado las formas. Hubo una resolución del Congreso de los Diputados, de 18 de mayo de 2004, en la que se comprometieron a que hubiese informes técnicos y a llegar a una solución en todo caso dialogada. Ya sabemos cómo dialogan sus señorías socialistas: el diálogo quedó en nada. La Real Academia de la Historia hizo un informe negativo, a consulta de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León no fue consultada, pese a que se determinaba que lo sería en la resolución del Congreso. Una resolución de las Cortes de Castilla y León se ignoró, y sus señorías socialistas en las Cortes de Castilla y León votaron a favor de ella. No se consultó a la Junta Superior de Archivos; la ministra dijo que no era competente, pero la orden de marzo de 1996 de dicha junta dice claramente que es una junta consultiva de la Administración y que su informe es preceptivo. Al Patronato del archivo tampoco se le consultó, y debería haberse hecho, según el Real Decreto de 12 de marzo de 1999, que creaba el archivo. Tampoco se ha acompañado el proyecto de los informes preceptivos sobre necesidad y oportunidad y antecedentes, como marca la Ley 50/1997. Para paliar tantas lagunas y en contestación a una pregunta escrita ante el Congreso, el Gobierno adujo razones de urgencia. ¿Qué urgencia? Se lo diré: la urgencia del tripartito, que ha urgido muchas veces al Gobierno con la finura y delicadeza que acostumbra, y que puede definirse como el estilo Carod. Por cierto, como el informe de la Junta Superior de Archivos es perceptivo, no podía eximirse de él a ninguna propuesta sobre fondos archivísticos, aunque se estimase de urgencia. Ustedes no han actuado con urgencia por el interés general, sino por su interés político, de partido: por la debilidad de este Gobierno. Tercera razón del veto: la insensibilidad del Gobierno. Ustedes, señores del Gobierno, se comprometieron a dialogar con las partes afectadas --Resolución del Congreso de los Diputados, con el voto favorable socialista, de 18 de mayo, ya mencionada--, pero no han dialogado con nadie; bueno, sí: con el tripartito catalán. Un buen número de intelectuales, reunidos en Salamanca, firmaron un documento apoyando que no se trasladase el archivo; ni caso, ni les recibió la ministra, y al alcalde de la ciudad le ningunearon. Tampoco han tenido en cuenta 90.000 firmas de ciudadanos de Castilla y León, apoyando la unidad de archivo. Tampoco les han llegado los ecos de la manifestación que, cívicamente, recorrió las calles de Salamanca. ¿Qué le dicen al Gobierno aquellas bellas frases, que le sonarán, de que un Gobierno es responsable y escucha a los ciudadanos, y que hay que gobernar con la gente y no contra la gente? Ahora las pancartas son otras, y no contienen insultos por cierto, pero ustedes no escuchan a los ciudadanos y gobiernan contra la gente; esta es la realidad. La señora ministra se basa en la opinión de una comisión de expertos, pero no han nombrado una comisión de expertos de consenso: han sido sus expertos, y en el seno de la comisión nunca se produjo una votación admitida por todos; no digo una votación favorable, sino una cuya celebración fuera admitida por todos. Una comisión de expertos debe ser lo más neutral posible, como el jurado de un premio literario, pongo por caso. Deberíamos pedirle a la señora ministra que le pregunte a su hermano, escritor que acaba de ser distinguido con un premio, si hubiera podido estar en el jurado la señora ministra. No sería lógico, porque no sería neutral. Hubiera sido un jurado casero, y la comisión de expertos fue casera a más no poder. En la comisión de expertos figuraba el profesor Mayor Zaragoza que, últimamente, aparece en todas las salsas, como la señora Bardem --bueno, en todas las salsas, no; sólo en las que les conviene--, y que, curiosamente, fue director de la Unesco y avaló la resolución de la misma protegiendo la unidad de archivos. Una mutación personal; las consecuencias de todo esto. Tuve ocasión de preguntarle a la señora ministra en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara por qué tomaba esta decisión que troceaba el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y por qué no lo habían hecho gobiernos de distinto signo durante los últimos 25 años. No me contestó. Supongo que ella se cree más lista que sus antecesores; o acaso es más inconsciente del melón que abre. Digo que supongo que se cree más lista, por sus declaraciones, cuando dijo: pienso mucho, muchísimo, y llego a la certeza; ¡qué envidia! Yo creo que no es más lista que sus antecesores, pero sí está entre la espada y la pared. Depende de las delicadas y finísimas presiones del tripartito. Claro que gobiernos anteriores en minoría no sucumbieron a la presión. No; definitivamente, no es más lista que sus antecesores; tiene menos cintura política, a mi modesto entender. Entiendo a las comunidades autónomas o ayuntamientos que, año tras año, solicitan documentos u otros elementos dispersos de su patrimonio cultural. Lo entiendo. Gobiernos de nuestro partido en autonomías también solicitaron documentos, e incluso apoyaron lo que esta ley concede. A ellos les entiendo. Es un imperativo sentimental, y lo entiendo. A la que no entiendo es a la ministra y al Gobierno actual que lo concede. Una autonomía puede tener el tirón sentimental de pedirlo, pero el Gobierno de la nación tiene el deber de no concederlo, de defender el patrimonio común de los españoles. Es su responsabilidad, y esa responsabilidad no la ha sabido o no la ha podido ejercer este Gobierno. El Gobierno abre un melón arriesgado, como lo abre aprobando el traslado de La Dama de Elche --ahora la dama errante-- a Elche. Entiendo el interés de esa ciudad, legítimo, pero entiendo menos el deber del Gobierno que cuenta con un informe negativo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Abrir un melón siempre es un riesgo --por eso ha pasado al lenguaje cotidiano lo de abrir un melón--. Acabamos
de abrir un melón en el que todo vale en las pretensiones territoriales, y parece que aquí no ha pasado nada. Si el presidente pudo decir en esta Cámara --por cierto, la señora ministra de Cultura también-- que el término nación es puro relativismo, ya me lo creo todo. Abrir el melón es abrir el banderín de enganche para que todas las autonomías, después de los papeles de Salamanca, empiecen a pedir papeles o trozos del patrimonio cultural común, y el Gobierno no tendrá argumentos válidos para negarse. Eso es como lo de los transportistas, que se negocia mal, y luego vienen los agricultores, los pescadores, y acabarán pidiendo trato singular los viajantes de comercio porque gastan mucho en gasolina. Y la propia Castilla y León podría pedir el gran patrimonio disperso que tiene, entre otros lugares, en Cataluña. Abrir el melón es muy peligroso, y este proyecto de ley abre el melón. Un día, enarbolando esta ley, se presentarán delante de un museo unos señores y harán de «ocupas», como en el municipio granadino de Jun, donde andan a la greña porque unos señores ocuparon unas viviendas enarbolando uno de los borradores rectificados de la señora Trujillo. Un día ya no nos asombraremos de nada. La señora ministra dijo en esta Cámara que esto no es un conflicto, que es una discusión. También dijo que cerraba heridas. Creo --y lo siento de corazón-- que no cierra heridas y que, en todo caso, es una discusión que supone un conflicto. No cierra heridas, sino que las mantiene abiertas. Esto de los conceptos es importante. Estamos ahora en un momento en que los conceptos, entre algunos políticos, han caído en un descrédito. Creo que los conceptos sirven y siempre tienen detrás algo importante, sobre todo cuando se refieren al patrimonio, a expolios, a lo que estamos hablando aquí. Por todo esto, y porque nos parece un error desde el fondo a la forma, y por la falta de sensibilidad que ha evidenciado el Gobierno, presentamos este veto para el que sin mucha esperanza --realmente con nula esperanza-- pido el apoyo de sus señorías. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador. En turno en contra tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar mi intervención, como hice en la Comisión de Cultura, manifestando la satisfacción de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, ante la tramitación de este proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica, ya que mediante este proyecto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apuesta por dar una solución definitiva a las continuas reivindicaciones de devolución de estos papeles incautados en Cataluña para cerrar así una herida histórica que realmente todos lamentamos y, además, con el compromiso de la creación en Salamanca de un centro de referencia nacional e internacional que sea un verdadero archivo de la memoria. Aunque soy consciente de que a estas alturas del trámite parlamentario ya todos conocemos las motivaciones que nos llevan a debatir el contenido de este proyecto de ley --motivaciones que están expuestas en su preámbulo--, que conocemos las circunstancias históricas que originaron estas reivindicaciones, estas peticiones de devolución de papeles, y que también conocemos el largo historial parlamentario de estas solicitudes, quiero comenzar mi intervención recordando esa proposición no de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo de 2004 mediante la cual se instaba al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a fin de alcanzar un acuerdo que permitiera resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que, como decíamos, está recogida en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Como consecuencia de este mandato parlamentario, y asimismo por los motivos reseñados, el Gobierno consideró procedente aprobar una norma con rango de ley que permitiera el restablecimiento de esas situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalitat de Cataluña y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, salvaguardando al mismo tiempo, en razón de ese interés histórico y cultural, la integridad del archivo y los documentos y fondos que en él se custodian. Estoy segura de que todos coincidimos en reconocer esa dificultad, esa complejidad, el apasionamiento y la emotividad que caracterizan, no sólo hoy sino también en el pasado, todos los intentos de resolución de esta reclamación de devolución de esos documentos. Nos encontramos, pues, ante un asunto delicado y controvertido. El Grupo Parlamentario Popular mantiene en este Pleno del Senado un veto a este proyecto de ley, y objeta el texto en su conjunto y por escrito basándose en cuatro razones: en que hace incuria técnica en la fase prelegislativa; en que se ignoran las funciones de conservación del patrimonio histórico, que son propias del Gobierno; en que hay parcialidad por parte del legislador; y en que en el articulado se crea la máxima inseguridad jurídica. Oralmente, y en esta tribuna, el senador Van-Halen nos resumía este veto basándose en tres razones: por su fondo, por su forma y por el sentimiento general de expolio y del daño que se genera. Señorías, además de argumentar en esos términos el veto al proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular aprovecha también esta ocasión que le brinda el Pleno del Senado para intentar continuar confundiendo en cierto modo a la opinión pública creando controversia con sus declaraciones en un intento de obtener rédito electoral. Por ello queremos decirle, señor Van-Halen, que no compartimos esas razones que usted nos ha presentado, que no estamos de acuerdo con las reflexiones de su grupo ni con esa particular visión de la situación que tienen ustedes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por esos motivos
argumentaré en contra de esa propuesta de veto para justificar nuestra posición. Acusan ustedes de incuria técnica la expresión «prelegislativa». Quiero recordar a sus señorías que el primer paso del Gobierno, tras la aprobación de esa proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que es origen de la ley que hoy estamos tratando, fue convocar al Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, el cual acordó en pleno la creación de ese comité de expertos que usted comentaba para que dictaminara, desde una perspectiva multidisciplinar, sobre la posible restitución. Ese comité de expertos se estructuró en grupos de trabajo desde esa perspectiva histórica, jurídica y archivística, y quiero subrayar que entre sus conclusiones se consideran justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos documentales a la Generalitat, aconsejan el establecimiento de un proceso administrativo a seguir y señalan la necesidad de transformación del actual archivo estatal ampliando las instalaciones y los servicios. En la justificación al veto usted también nos decía que se debería haber tenido en cuenta la opinión de la Junta Superior de Archivos de la Junta de Castilla y León, la de los informes de la Academia de la Historia, etcétera. Señorías, el artículo 22 de la Ley de Gobierno exige que dentro del procedimiento de elaboración de proyectos se elabore un anteproyecto acompañado de una memoria y de los estudios e informes sobre la necesidad y la oportunidad del mismo, así como también el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento. Pero aparte de estos informes, no prevé ningún otro que deba acompañarlo. En cuanto a títulos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas, no cabe ninguna duda de que el Archivo General de la Guerra Civil tiene la consideración de archivo de titularidad y gestión estatal, es decir, es competencia exclusiva del Estado según consta en el artículo 149.1.28ª de la Constitución, y que, por tanto, es un órgano adscrito al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con lo cual no resulta preceptivo informe o participación en la elaboración de ese anteproyecto de otra administración autonómica o local. No obstante, aprovecho que estamos hablando de la Junta de Castilla y León para recordarles lo que dice el artículo 17 de la Ley de archivos y patrimonio documental de Castilla y León. Dice en su punto 1º «La Administración Autonómica fomentará la compra y cesión de fondos documentales del Patrimonio Documental castellano-leonés que se encuentren dentro o fuera del territorio de la Comunidad para su integración en los archivos del Sistema». Y en su punto 2 dice: «La Consejería de Cultura y Bienestar Social velará por la reintegración a la Comunidad Autónoma de los documentos de su Patrimonio Documental que se encuentren depositados fuera de su territorio, bien sea obteniendo los documentos originales, o bien copias en cualquier tipo de soporte.» Convendrán conmigo, señorías, que resulta paradójico que se diga que no se entiende o no se ha escuchado a la Junta de Castilla y León, cuando teniendo este artículo en su propia ley de archivos, parece que sería lógico que entendiesen que lo que ellos quieren para sí, también sean otros quienes lo reclamen. También quiero recordar que esta proposición no de ley de 18 de mayo de 2004, aprobada en el Congreso de los Diputados, y el mandato que de ella se deriva, se refiere al proceso de diálogo y no a la presentación de un proyecto de las Cortes para su aprobación como ley, ya que éste debe seguir las previsiones de la ley del Gobierno y de los reglamentos parlamentarios. Por lo que se refiere al informe de la Junta Superior de Archivos, quiero recordar que se trata de un órgano consultivo de la Administración General del Estado, que depende del Ministerio de Cultura y cuyas funciones --también las voy a leer-- son: Elevar al titular del Departamento las propuestas que considere convenientes para la mejor investigación, conservación, enriquecimiento, protección y difusión de los bienes integrantes del patrimonio documental y de los archivos y, en general, asesorar e informar sobre cuantos asuntos relativos a las materias enumeradas en el apartado anterior le sean consultadas por el titular del Departamento en los términos de la citada ley y sus normas de desarrollo, motivo por el cual, señorías, entenderán que estas funciones de asesoramiento y de información las ejerce a solicitud del titular del Departamento y también de cualquier órgano o entidad de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que tengan a su cargo la protección del patrimonio documental y de los archivos. Así pues, queda claro que según esta normativa y en contra de su opinión, los informes de este órgano colegiado adscrito al Ministerio de Cultura no son preceptivos ni tampoco vinculantes. Señoría, acusa usted al Gobierno de incumplir el deber de velar por la conservación y defensa del patrimonio común y nos lo dicen pegando ustedes en este patrimonio común un montón de pegatinas. Es un mal ejemplo, es justamente lo contrario de lo que ustedes proponen. Ademas, considero que es una falta de respeto para los trabajadores de esta Cámara, que luego tendrán que retirar las pegatinas de los micrófonos, una a una, cuando acabe todo. (Protestas en los escaños del grupo Parlamentario Popular.) Lo siento. También acusan ustedes al Gobierno de romper la unidad del archivo. No podemos coincidir ya que, por lo que se refiere al traslado de la documentación institucional y al igual que sucede en cualquier traspaso de funciones y servicios del Estado a una comunidad autónoma, la nueva administración titular se subroga los derechos y obligaciones que antes tenía la Administración General del Estado. Entendemos que la Generalitat integrará esos documentos en sus archivos y que cuidará, por supuesto, de que cumplan las previsiones que en esa materia y en cuanto a su conservación y visita pública y demás señalan no solamente la normativa autonómica, sino también la Ley del Patrimonio Histórico Español. Por ello, señorías, estamos seguros, no lo duden, de que ese patrimonio común continuará estando bien conservado y bien custodiado. Nos hablan también de catastrofismo, de ruptura de la unidad de archivo, de vulneración de criterios científicos o de las recomendaciones de la Unesco. Pensamos que no solamente no son ciertas estas afirmaciones, sino que además
llevan este catastrofismo al punto de vincular la unidad del archivo a la unidad de España. En este sentido, quiero recordarles que el comité de expertos dijo textualmente que no puede hablarse de ruptura de la integridad de archivos si una parte de los originales de sus fondos de origen y procedencia distinta al de los demás fondos se remitiera a otra institución, con las consiguientes obligaciones de conservación, consulta y, en su caso, excepcionalmente acceso a originales. Por lo que se refiere a la restitución de documentos a particulares, la ley articula el derecho de restitución de estos documentos injustamente sustraídos. En la propia ley queda claro que la devolución de los originales no atenta contra la función ordinaria del archivo, esa función de consulta de documentos, ya que se prevé que en todo caso quede depositada en el archivo una copia o un duplicado de esos documentos restituidos que tendrán la consideración de copia auténtica en los términos previstos en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones públicas. Señorías, los tiempos evolucionan, estamos en el siglo XXI y con ayuda de las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de microfilmación y de digitalización cada vez va a ser menos necesario que los documentos y los investigadores coincidan físicamente en un archivo para investigar. Acusa también al Grupo Parlamentario Popular en el veto de que hay parcialidad del legislador, ya que únicamente regula un caso concreto. Señorías, entendemos que, siendo el espíritu de esta ley el de conciliar los derechos de la Generalitat y de los particulares a la restitución con la conservación del Patrimonio, se opta por acotar al máximo la documentación que es susceptible de ser restituida, de modo que ésta sea únicamente la documentación incautada por la Delegación del Estado para la recuperación de la documentación que se custodia en Salamanca. En el caso de que se ampliara esa medida relativa a los documentos de la guerra civil custodiados en otros archivos e instituciones, sí que se produciría un desmantelamiento notable del patrimonio cultural. Lo que propone este proyecto de ley es justamente lo contrario: agrupar todos esos documentos en un nuevo centro documental de la memoria histórica. Fíjense, además, que el procedimiento para la restitución también es muy restrictivo. Tras un primer acto de identificación de los documentos que fueron incautados a particulares, se abre el plazo de un año para que éstos soliciten la restitución siempre que exista una identificación precisa, se acredite la titularidad documental en el momento de la incautación y, en su caso, la condición de sucesor legítimo de personas físicas o jurídicas con estos derechos. El procedimiento para los particulares de Cataluña será aprobado y puesto en marcha por el Gobierno catalán, con sujeción a las previsiones de la ley, y para el resto de las comunidades autónomas será aprobado por el Gobierno español, pero también sujetándose a esos mismos requisitos. En este último caso, la restitución podrá llevarse a cabo, además, por aquellas comunidades autónomas que así lo soliciten. En cualquier caso, señorías, no creo que podamos hablar de parcialidades. No es un problema ideológico, no es un problema territorial. No creemos que se trate de cosas de unos o de cosas de otros. Además, consideramos que mantener esas afirmaciones es un intento de dividir y confrontar a la sociedad en asuntos tan delicados. Por último, el veto del Grupo Parlamentario Popular acusa de que en el articulado se crea la máxima inseguridad jurídica. Nos decían en la justificación del veto que hay indeterminación con respecto a lo que se delega a Cataluña, indefinición en el carácter de la comisión mixta prevista e imprecisión en el futuro del centro documental de la memoria. Sin embargo, entendemos que el ámbito subjetivo de los documentos sí que queda claro en el artículo 2. En cuanto a la indefinición de la comisión mixta Estado-Generalitat, no entendemos bien cuál puede ser el reproche que hacen ustedes en esta enmienda de veto. Consideramos que es correcto y que, además, es aconsejable que una norma con rango de ley prevea únicamente la existencia de esta comisión, dejando otros aspectos más concretos para que los acuerden las partes, pues al tratarse de un órgano interadministrativo de colaboración entre dos administraciones distintas no tendría razón de ser la participación de otras instituciones o administraciones ya que la restitución de esos documentos institucionales afecta únicamente a la Generalitat que era la institución que existía en el momento de la incautación, y cuyo Estatuto de Autonomía fue abolido por la ley de 5 de abril de 1938, en la que se declararon revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución y los servicios que le habían sido cedidos previamente y que, por último, fue restaurada con derogación expresa de esa ley de 1938 mediante un real decreto ley en 1978. En cuanto al centro documental de la memoria, entendemos que es suficiente que la ley únicamente se refiera a su creación y objeto principal ya que se trata de un archivo estatal, es decir, de un órgano del ministerio y lo correcto es que su regulación más concreta y detallada figure en su norma de creación, ya que al tener un carácter nacional deberá ser aprobada mediante real decreto, según la Ley del Patrimonio Histórico Español. Lógicamente, en el desarrollo parlamentario de la ley para trasladar a la actividad administrativa el contenido de sus disposiciones, se regularán otros aspectos como el de la defensa de los documentos en cuanto a bienes del Patrimonio Histórico o de regularización pormenorizada del procedimiento de devolución. Señorías, lamento haber tenido que ir tan rápida para poder exponer todos estos argumentos que quería emplear en esta primera intervención. Como he comentado al comienzo, el Grupo Parlamentario Popular, en la presentación del veto, ha hecho más consideraciones a las que me referiré posteriormente en el turno de portavoces por falta de tiempo en éste. En cualquier caso, quiero que tengan en cuenta las argumentaciones que he manifestado. Por todo lo expuesto anteriormente, señorías, por el consenso que la aprobación de este proyecto de ley necesita y por el cumplimiento de ese doble objetivo de restitución a la Generalitat y de creación del centro documental de la memoria histórica, el Grupo Parlamentario Socialista
votará en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Comienza el turno de portavoces. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) No hacen uso de la palabra. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente, señorías. Intentaré fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria en relación con el veto presentado a este proyecto de ley. No vamos a reproducir los argumentos empleados por nuestro grupo en la Comisión de Cultura cuando se dictaminó el proyecto de ley. En aras de la fluidez del debate damos por reproducidos esos argumentos y manifestamos nuestro voto contrario al veto presentado en este caso por el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, nuestro apoyo a la ley. En la comisión apoyamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, defendidas por el senador Maqueda, y seguimos manteniendo que esas enmiendas son positivas, mejoran la ley, amplían el ámbito de misma y, sobre todo, señorías, entendemos que existe una enmienda con la que ojalá se pudiera hacer una transaccional firmada por los grupos que apoyen el proyecto de ley, la número 10 de Izquierda Unida, defendida por el senador Cuenca Cañizares en su día en la comisión. Nos gustaría que todos hiciéramos un esfuerzo de consenso porque indudablemente estoy seguro de que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos estaría de acuerdo con una transaccional sobre esa enmienda número 10 de Izquierda Unida. Seguimos pensando que la unidad de archivos en el siglo XXI se puede mantener por las tecnologías que existen en este momento. El senador que les habla y que representa a una isla periférica de Canarias defiende que los archivos insulares no deben traspasar el ámbito insular para ir a un archivo provincial, sino que deben permanecer en esa isla y que, por tanto, con las nuevas tecnologías se pueden llevar las copias en el formato que se desee a cualquier lugar que pueda ser requerido para su estudio por la comunidad científica. Lo mismo ocurre con la Generalitat de Cataluña, pues en los papeles de Salamanca existen documentos que fueron traídos --por no utilizar otra expresión-- desde la isla de La Palma, documentos que pertenecen a la sociedad palmera y que entiendo que con la posibilidad que se abre con esta ley --y por ese motivo defendemos la enmienda número 10 de Izquierda Unida-- deben volver al territorio de donde nunca debieron salir. Señorías, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley y, por tanto, votaremos en contra del veto. Por supuesto, seguiremos apoyando las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos que ya respaldamos en comisión y sobre todo, repito, nos gustaría que todos hicieran un esfuerzo de consenso con la enmienda número 10 de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, iniciamos hoy el penúltimo paso parlamentario de una larga y penosa historia, una andadura que dura prácticamente 27 años, durante los cuales se han dicho tantas cosas, que queda poco nuevo por decir, como hemos podido comprobar en las intervenciones anteriores. El azar ha hecho que hoy coincida en el tiempo con el trámite parlamentario del nuevo Estatut de Cataluña, una nueva andadura, el inicio de una nueva etapa que tampoco debería ser traumática. Ayer --y son palabras de Artur Mas--, la Cataluña real, la de carne y hueso, la de la tierra de oportunidades para quienes las han querido aprovechar, una sociedad que aspira a ser más abierta, más convivencial, tierra de aluviones y sedimento, mezcla de gentes de toda procedencia, protagonistas de un proyecto común, solidario como los demás, esta Cataluña es la que ayer inició la andadura del nuevo Estatut. Pero volviendo al nuevo proyecto de ley diré que hemos invertido tanto tiempo en debates que poco puede decirse hoy ya. De lo que sí estamos convencidos es de que hoy es el principio del fin; desde el retorno de la Generalitat de Cataluña en 1977, cuando por primera vez se reclaman estos documentos al Estado, propietario de ellos, la historia ha sido larga; innumerables has sido las peticiones, ya desde 1978; por ejemplo, en el Parlamento, Congreso y Senado, por miembros no sólo de nuestro Grupo Parlametario, de los que destacaría, por cierto, la realizada por don Manuel Fraga Iribarne en 1980, cuando, formando parte de Coalición Democrática, presentó un proyecto de ley en este sentido; o las reiteradas peticiones del Gobierno en la Generalitat a los distintos gobiernos de España, destacando momentos como la decisión tomada en Consejo de Ministros presidido por Felipe González, en 1995, que cediendo a las peticiones del entonces presidente de la Generalitat, el honorable Jordi Pujol, decide el retorno de los documentos. ¡Qué cerca estuvieron de nosotros en aquellos momentos! Pero la negativa de un alcalde Socialista de Salamanca por motivos electorales lo impidió. También durante los primeros meses del Gobierno de don José María Aznar, cuando la ministra de Cultura crea una comisión de estudio --y estamos hablando de 1996--, se pudo acabar el problema. No fue así. Se ha recorrido un largo camino para llegar hasta la resolución del Pleno del Congreso del 18 de mayo de 2004, que dio lugar al presente proyecto redactado por la comisión de la dignidad. Veintisiete años durante los cuáles, como agua sobre piedra, sin hacer ruido, hemos ido reclamando lo que era nuestro, parte de nuestra historia cotidiana, de nuestra memoria, de nuestro dolor, de nuestro pasado,
consiguiéndolo a veces, como cuando esta Cámara, siendo presidente el excelentísimo señor Laborda, consiguió que la Biblioteca Nacional devolviera exactamente 5.600 fotografías pertenecientes al «Comissionat de Propaganda» de la Generalitat, a través del conseller Guitar, fruto de la moción del senador Joaquim Ferrer, de Convergència i Unió, que fue aprobada por unanimidad de esta Cámara ya que todo el Pleno la apoyó. Se devolvieron el 7 de mayo de 1990, señorías, y no ocurrió nada. Madrid no levantó olas de protesta, ni pancartas ni manifestaciones, y no era la primera vez. En 1981, 127 pinturas que habían experimentado vicisitudes similares fueron devueltas a la Generalitat. Señorías, nunca se debió politizar la cuestión hasta el extremo que se ha hecho. Ha sido lamentable que el retorno de unos documentos, fruto de un expolio y utilizados para la represión durante nuestra guerra civil, retorno que hubiese servido para cerrar heridas todavía abiertas y rencores todavía vigentes, se haya convertido en un enfrentamiento entre comunidades, nada más lejos de lo propuesto. Artur Mas decía ayer en el Congreso: No hay ni un sólo ámbito de interés general español en el que Convergència i Unió no haya colaborado a fondo, casi tanto como el que más, sin excepción. Lo hemos hecho --ustedes lo saben, en esta Cámara son testigos-- por responsabilidad, pero también por convicción, padres de la Constitución y defensores de la misma. Salamanca fue sencillamente la depositaria de nuestros documentos, como lo podía haber sido cualquier capital española. No hay nada contra Salamanca, ni contra nadie, señorías, si de algo debemos estar orgullosos todos es de haber realizado una transición sin venganzas, aunque a algunos les pese. Quizá les pesa porque no han soportado en carne propia ni en su familia las consecuencias de la guerra ni la represión posterior. Una guerra fratricida, como son todas las guerras civiles y como lo fue la nuestra. Por desgracia, las venganzas sólo traen venganzas y odios dentro de las mismas familias. Nosotros logramos, al menos eso creíamos, superar odios y venganzas y empezar de nuevo. Es difícil encontrar en la actualidad una sola familia en todo el territorio español en la que alguno de sus miembros no estuviera implicado de forma activa en el bando de los vencedores o en el de los vencidos. Es igualmente difícil encontrar una familia que no haya sufrido en carne propia o en la de alguno de sus miembros persecución, cárcel, exilio o muerte. Entonces ¿a quién vamos a vengar? ¿Contra quién estamos luchando? Señorías, cerremos heridas de una vez, no abramos nuevas, el cuerpo de este país tiene demasiadas cicatrices. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Por favor!) Por favor ¡qué! (Rumores) El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego guarde silencio, por favor.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Votaremos en contra del veto del Partido Popular porque no estamos de acuerdo con sus planteamientos, porque creemos que es un nuevo error que sólo sirve para enfrentarnos los unos a los otros, porque mezcla propiedad y cuadros de museos con productos de expolio durante una contienda y porque lo hace voluntariamente, no por error ni por ignorancia, algunos dirían que con mala fe. Nosotros hubiésemos deseado que no fuese así, que la forma hubiese sido distinta, pero tampoco la forma utilizada por ustedes para evitar el retorno nos parece correcta. Hubiésemos deseado que un partido que fue y que será --porque esto es un democracia-- Gobierno de España, la una, no la separe, la haga fuerte y sólo es fuerte si estamos todos en ella. Por último, quiero pedir a todos los grupos políticos que en esta etapa no haya ni vencedores ni vencidos, las guerras civiles sólo tienen perdedores, y esta vez, para variar, deberíamos ser todos vencedores. Aprendamos de la historia, porque un pueblo que no acepta su historia y no la conoce está condenado a repetirla. Por ello, no sólo apoyaremos decididamente la realización del archivo de la historia de Salamanca sino que utilizaremos todos los instrumentos parlamentarios a nuestro alcance para que se haga en los plazos previstos y para que se le dote de las nuevas tecnologías que le permitan ser centro de referencia de todo el Estado español, para estudiosos propios y de todo el mundo que aglutinen en él nuestra historia desde vertientes políticas, sociales y económicas, dentro y fuera de nuestras fronteras, con alianzas que fueron, quizás, erróneas, de una vez por todas para que las futuras generaciones dispongan de un lugar donde aprender de nuestros errores y no los repitan. (Aplausos.) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el señor Maqueda El señor MAQUEDA LAFUENTE: «Egun on danori». Buenos días a todos y a todas, señorías. Señor presidente, estamos ante el proyecto de ley de los archivos de Salamanca, muy importante para nuestro grupo, y posteriormente en el turno de defensa de las enmiendas comentaré por qué son importantes las reivindicaciones que desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hacemos. A este proyecto de ley se ha presentado un veto por el Grupo Parlamentario Popular que, como ya comentamos en la Comisión de Cultura, mi grupo no va a apoyar. En esta breve intervención voy a hacer un poco de historia para situarnos, es decir, qué son estos papeles, qué son estos archivos de Salamanca, y cómo se ha gestionado desde sus inicios. No es algo que venga de ahora; allá por el año 1978 --como recordé en la Comisión de Cultura-- en esta Cámara, el senador vasco don Manuel de Irujo ya reclamaba la devolución de los archivos de Salamanca al País Vasco. Y ahora nos encontramos con un proyecto de ley en el que se ignora absolutamente al País Vasco y únicamente se centra, por motivos que después comentaré, en Cataluña. Quiero recordar que el antiguo centro de recuperación de documentos, domiciliado en la calle Gibraltar, 2, en Salamanca, fue creado para recepcionar y clasificar aquellos
documentos que eran capturados a medida que el ejército franquista iba ocupando nuevos territorios durante la guerra. Ésta es la historia del archivo: fotografías, publicaciones, etcétera. Sobre la base de estos documentos --también hay que recordarlo porque es importante-- se abrieron aproximadamente tres millones de fichas personales que durante varias décadas --no olvidemos que la historia es muy reciente-- sirvieron de información a los tribunales y a los servicios del Estado. El material procedente de Euskadi es muy rico y abarca desde periódicos, revistas, boletines aparecidos durante la guerra en esa zona a multitud de documentos, de correspondencia, etcétera de muy variado tipo, personales, institucionales, etcétera; igualmente, hay cosas anteriores a la guerra incluidos en dicho archivo. El grueso del material se halla en el apartado denominado Bilbao Político-Social, pero también se han analizado otros que contienen documentos clasificados en Barcelona Político-Social, Madrid Político-Social, en menor medida Santander Político-Social, Asturias Político-Social, y Valencia Político-Social. Por no alargarme en este turno, quiero recordar --también se comentó en la mencionada comisión-- que este archivo estuvo cerrado durante muchos años y bajo custodia por funcionarios de la Guardia Civil retirados. Hace menos de 10 años se abrió por primera vez a particulares, con muchísimas restricciones y dificultades, para consultar los documentos que allí se encontraban. Ahora se consiente más fácilmente la investigación, e incluso se puede fotografiar y fotocopiar lo que se desee. Pero no todos los ciudadanos de Salamanca opinan como aquí se ha manifestado, y posteriormente me referiré a la reunión celebrada con el alcalde de Salamanca. Siempre han existido y existirán personas con honor. Muchas personas nos han llamado, hemos hablado con ellas, y nos apoyan. Pero este apoyo no es de ahora; y como muestra voy a leer una breve carta enviada por un doctor de Salamanca en el año 1983, José María Muñoz de Partearroyo, quien se dirigía a nuestro entonces «lehendakari», Carlos Garaikoetxea, diciéndole lo siguiente: Señor presidente, habiendo llegado a nuestro conocimiento que un ex ministro del primer Gobierno Vasco había regresado a España, es lo que nos ha movido a dirigirnos a usted para comunicarle que desde hace 45 años obra en mi poder una pequeña carpeta, cuya fotocopia adjunto, la cual contenía un bloc de anotaciones del que fuera presidente del antes mencionado gobierno vasco, José Antonio Aguirre Lecube, el cual dejó abandonados los objetos sobre su mesa de despacho oficial cuando tuvo que salir. Pero esa pequeña carpeta, que me la donó un jefe del Ejército, que estaba a las órdenes inmediatas de Franco, hoy puede ser fácilmente reconocida e identificada por el ya octogenario ex ministro. Hacemos esta aclaración por si algún organismo oficial de esa autonomía tuviera algún interés en ella. Quiero decir con esto, señorías --y termino mi intervención--, que la reivindicación, como luego diré en el turno de defensa de las enmiendas, no es de ahora; data de tiempos antiguos, y creemos que es justo que lo que se quitó y expolió en su día vuelva a sus legales propietarios. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Gràcies, senyor president. Permetin-me que saludi la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i els membres del seu departament que lÆacompanyen, que amb la seva presència avui aquí posen de manifest la significació que té per a la nostra més alta institució nacional i per al poble català la restitució als seus legitims propietaris del poc que resta dÆallò que els fou arrabassat a punta de pistola. Alhora vull saludar la Comissió de la Dignitat que ha catalizat les energies de la societat catalana, dÆamics demòcrates de tot lÆEstat, també de Salamanca, de personalitats i professors universitaris de tot el món que han fet possible aquesta llei.» Señor presidente, permítame --decía-- que salude a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña y a los miembros de su departamento que la acompañan, que con su presencia hoy aquí ponen de manifiesto la significación que tiene para la más alta institución nacional catalana y para el pueblo catalán la restitución, a sus legítimos propietarios, de lo poco que queda de aquello que se les arrebató a punta de pistola. También saludamos a la «Comissió de la Dignitat», que durante estos últimos años ha catalizado las energías de la sociedad catalana, de amigos demócratas de todo el Estado, significativamente también de Salamanca, de personalidades y profesores universitarios de todo el mundo que han hecho posible esta ley. Dado que la justificación del veto que debatimos es prácticamente idéntica a la de la enmienda a la totalidad que presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, yo también me voy a remitir al texto que redactó para aquella ocasión la «Comissió de la Dignitat», con el apoyo de los grupos parlamentarios de Iniciativa per Catalunya-Verds, de Esquerra Republicana de Catalunya, de Convergéncia i Uniò y de los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya, no tri, sino cuatripartito, señor Van-Halen. Dice la «Comissió de la Dignitat»: queremos que salga adelante esa ley que se ha ido perfilando en los últimos meses, y lo queremos por varias razones: en primer lugar, para saldar una deuda largos años pendiente con la justicia histórica. En este sentido, tengan ustedes por seguro que miles de familias, entidades, sindicatos, partidos e instituciones catalanas y no catalanas van a sentir una profunda emoción al ver que al final se hace justicia sin perjuicio de nadie. En segundo lugar, nuestra posición quiere coincidir en la necesidad de cumplir con un hito que se había quedado, inexplicablemente, marginado en el camino. Si bien la transición democrática, como proceso pactado común, se había planteado la creación de un Estado donde ya no se
tuviera que hablar más de vencidos y vencedores, sabido es que todavía quedaron áreas sin democratizar del todo. Esta laguna quedaba, por ejemplo, en el campo de la archivística y en la recomposición de centenares de archivos diezmados por la requisa realizada debido a la guerra, para ponerlos al servicio de la persecución política y hacerlo según recomiendan los cánones de la archivística internacional, amparados por la Unesco, porque ahí usted se equivoca, señor Van-Halen: la Unesco recomienda hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, la existencia de lo que en su día fuera un depósito policial, planeado por golpistas con apoyo logístico nazi (Rumores.), sí, señores, pieza clave de unas operaciones de incautaciones y represión sin precedentes en la reciente memoria europea, sin precedentes, para muchos quedaba como herida abierta de la derrota. Celebramos que esta ley, que recoge los anhelos de largas décadas de buena parte del pueblo catalán, permitirá hacer justicia y devolver los originales que en mala hora se incautaron. Tengan todos la absoluta certeza de que estos documentos van a seguir siendo objeto de conservación, uso documental y estudio histórico, incluso con más esmero y cariño, si cabe, que hasta ahora. A la vez, hay que recordar que de todo ello quedará copia en el Archivo General de la Guerra Civil, donde hasta hoy ha estado confinado. Saludamos también que se quede en Salamanca un gran centro para trabajar en la memoria histórica reciente. Es necesario realizar un gran esfuerzo para que los verdaderos archivos de la guerra y la represión franquista sean puestos a la luz para conocer y estudiar aquellos hechos tan reprobables. Este esfuerzo es también un acto necesario de reafirmación democrática, de justicia y de reconocimiento hacia las víctimas de aquella barbarie. No quisiéramos acabar sin romper una lanza a favor de la reconciliación y el acercamiento entre los pueblos que debe derivarse de este caso. Por encima de los intentos de politizarlo, queremos hacer llegar nuestro más fraternal abrazo a todos esos sectores populares, universitarios, intelectuales y políticos, salmantinos y de Castilla y León, y no han sido pocos, que han sabido ver que aquí no eran miserables rivalidades territoriales las que estaban en juego, como algunos han querido hacer creer, sino la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la dignidad de muchas personas e instituciones. Hasta aquí el texto de la «Comissió de la Dignitat» que Entesa Catalana de Progrés hace suyo. Antes de acabar, quisiera recordar a los senadores del Grupo Parlamentario Popular que el «Parlament» de Cataluña por unanimidad, es decir, también con el Partido Popular --ahora ni tri, ni cuatri, sino pentapartito--, aprobó una resolución para que se hicieran --abro comillas-- las actuaciones pertinentes ante el Gobierno del Estado para que éste retorne antes del final de esta legislatura a sus legítimos propietarios, entre los cuáles está la Generalidad de Cataluña, la documentación expoliada por el régimen franquista y que actualmente está depositada en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca --cierro comillas--. Eso lo pedían en junio de 2004. Pues bien, estamos en noviembre de 2005, las actuaciones pertinentes han dado su fruto y tenemos una ley que cumple el requerimiento del Parlamento catalán. Parece que ha sido una gestión eficaz de la cual deberíamos felicitarnos todos, incluso el Partido Popular de Cataluña, ¿no? Y sobre todo hay que felicitar a la sociedad catalana porque esa unanimidad del Parlamento catalán es un reflejo de lo que en esta cuestión reclama toda la sociedad civil catalana. Hágase justicia, repárese lo poco que aún puede repararse, restitúyanse los papeles, háganse copias para que continúe la actividad investigadora en Salamanca. Es decir, vayamos enterrando el franquismo, que ya es hora, y vivamos en paz y libertad, no mantengamos heridas abiertas. Es una cuestión de dignidad democrática para todos los ciudadanos de este Estado y, también, una cuestión de dignidad nacional para Cataluña. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Així doncs, per dignitat democràtica i per dignitat nacional, rebutgem aquest veto i ens pronunciem rotundament a favor del retorn a Catalunya dels papers i documents expoliats». Por dignidad democrática y por dignidad nacional, rechazamos el veto y nos pronunciamos rotundamente a favor del retorno a Cataluña de los papeles y documentos expoliados. «Gràcies, senyor president». (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista se suma al saludo de bienvenida del senador Bofill a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Señorías, aunque entiendo que la posición de nuestro grupo parlamentario ya ha quedado fijada en mi anterior intervención, no obstante, quiero utilizar la posibilidad que me ofrece el turno de portavoces para reiterar los argumentos que hemos dado a favor del proyecto de ley y, también, para aludir a algunos aspectos a los que no he podido hacer referencia en mi anterior intervención por falta de tiempo, así como para sumarme a las argumentaciones a favor que han esgrimido los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Señorías, esta ley supone un acto de justicia y soluciona un contencioso que recorre todo el proceso democrático como un alma en pena. Una ley de conciliación, de concordia, que repara agravios, que cicatriza heridas históricas y que, en definitiva, devuelve la dignidad a los incautados. El senador Van-Halen en su intervención ha calificado al centro documental de la memoria histórica como una cortina de humo, y hay que decir que no, que no estamos de acuerdo. Supone una inversión de más de 12 millones de euros, que dotará al Archivo de Salamanca de más espacios, más medios tecnológicos, más personal, más fondos originales y digitalizados que en estos momentos se encuentran dispersos por España y en otros países. En realidad,
se convertirá en un centro de referencia nacional e internacional de la memoria histórica sobre la República, la Guerra Civil, la represión, el exilio y la transición política. No es una cortina de humo, como podemos ver ya reflejado en los próximos presupuestos, con una partida bastante importante. Señorías, es una ley con la que nadie pierde, una ley de interés general. Gana Cataluña, gana Salamanca, ganamos todos. Pero el Grupo Popular no sólo ha hecho referencia a este centro documental de la memoria histórica, sino que, como decía, también ha hecho ocasión para hacer consideraciones con las que continuar confrontando. Por ello, quiero insistir en que en el contenido de la ley no hay conflicto ideológico, no hay conflicto territorial. No nos gusta esa confrontación y ese enfrentamiento que parecen ustedes querer provocar entre Cataluña y Castilla y León. Insisto también en que no nos gusta el catastrofismo que vincula esa unidad de archivo a la unidad de España, como leíamos en las pancartas de la manifestación de Salamanca. En este sentido, quiero pedirles que se tranquilicen, ya que tanto la unidad del archivo como la unidad de España están a salvo. Señorías, el Grupo Popular ha acusado a la señora ministra --no nos extraña ya-- y al Gobierno, en general, de falta de sensibilidad y de falta de diálogo por no atender a los requerimientos de los ciudadanos que se manifestaron en Salamanca, de ningunear a su alcalde. En fin, sería fácil entrar a considerar la manifestación de Salamanca por sí sola o como parte integrante de esa serie de manifestaciones que ustedes protagonizaron en la primavera, con los autobuses que fletaron, la preparación mediática que hicieron de ella, etcétera. También nos acusaba el senador Van-Halen de que el Gobierno ha sido irresponsable ya que ha iniciado esta tramitación legislativa. Queremos manifestar que opinamos todo lo contrario, que es un Gobierno valiente y un Gobierno con voluntad, que tiene la firme decisión de cerrar heridas, como hemos dicho anteriormente, y poner solución así a ese contencioso que recorre todo el período democrático, al tiempo que, como también hemos comentado, consolida el centro documental de la memoria histórica. En definitiva, señorías, queremos dejar claro que no podemos hacer demagogia con asuntos tan delicados como el que nos ocupa. Cuando hablamos de los papeles de Salamanca, hablamos para muchos ciudadanos de algo más que de papeles, hablamos de una horrible Guerra Civil, que no enfrentó territorios, enfrentó a personas, una guerra que fue fratricida, un expolio, una represión, ajusticiamientos y muerte, hablamos de vencedores y vencidos. Y consideramos que es un asunto tan delicado porque afloran los sentimientos de las personas y de las colectividades. Por eso, decía que no podemos hacer demagogia. Debemos evitar caer en crispación, evitar la tentación de caer en controversias, evitar la tentación de enfrentar a los territorios y, mucho menos, señorías, hacer electoralismo. Enfrentar a los territorios, agitar esas pasiones colectivas, eso sí que de verdad es abrir un melón, senador Van-Halen, por lo que debemos cuidar nuestro lenguaje, debemos evitar ser negligentes con nuestros mensajes y transmitir ni más ni menos que la normalidad y la paz que envuelve a cualquier procedimiento democrático. Debemos ser ni más ni menos que políticamente responsables. En definitiva, señorías, todas estas son razones para votar en contra del veto que hoy nos presenta el Grupo Popular en esta Cámara. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente. Voy a empezar por las últimas palabras de mi querida amiga y colega, la senadora Navarro, del Grupo Socialista. Dice que el Partido Popular desata pasiones colectivas. No voy a entrar en la cuestión en profundidad. Pero, estando sentada en esos bancos, si dice que el Grupo Popular desata pasiones colectivas en referencia a estos documentos, póngase usted vídeos en su casa de hace un par de años. La senadora Navarro ha leído un informe del Gobierno, cosa que me parece bien, y ha dicho que no le gusta nuestro veto. Realmente, no nos ha sorprendido. Estamos haciendo una escenificación de lo que vimos ayer en la otra Cámara, todos contra uno, pero estas cosas pasan. Me ha sorprendido una de las intervenciones, la realizada por una persona a la que, como ella sabe bien, estimo mucho, la senadora Aleixandre. Nos ha hablado del pasado y ha dicho con muy buena fe --a mí casi me enternece, porque soy de lágrima fácil-- que hay que acabar con vencedores y vencidos y con los enfrentamientos y que hay que mirar para adelante y no para atrás. Desde luego, comparto su buena voluntad y considero que no se puede acusar al Grupo Parlamentario Popular de propiciar el desenterramiento del «guerracivilismo», pero mire usted en otros ámbitos y a lo mejor encuentra a los responsables. Ya que ha hecho alusión al debate de ayer --de hecho, es la primera persona de esta Cámara que lo ha comentado--, le recomiendo que se lea el debate celebrado en el mes de mayo del año 1932, que supongo que conoce, con intervenciones como las de Ortega y Azaña, que sin duda hoy en día serían tildados de representantes del Partido Popular y no de otros grupos. Como ustedes saben bien, el proyecto de Estatuto del año 32, en palabras de Azaña, salió del Parlamento catalán con la palabra Estado en su primer artículo y acabó hablando de la región catalana dentro del Estado de la República Española. O sea, en todas partes cuecen habas. También decía el señor Azaña que él entendía el sentimiento legítimo de esos catalanes que tenían una sensibilidad especial, pero que también había que entender el sentimiento del resto de españoles de otras partes de España que tenían otra sensibilidad especial, y precisamente dos cosas que se han dicho aquí me han recordado ese argumento. Por una parte, el señor Maqueda ha manifestado algo muy grave que no me hubiera gustado escuchar pues,
cuando se ha referido a las personas que quieren que la totalidad del archivo permanezca en Salamanca, ha dicho que gracias a que existen y existirán personas con honor. Yo no lo hubiera expresado nunca en esta Cámara siendo un representante de los ciudadanos, porque presupone que el honor está en los que coinciden con su señoría y el deshonor en los otros. Si yo fuera usted lo retiraría porque no querría que apareciera publicado en el «Diario de Sesiones» como mis palabras. Por otra parte, el senador Bofill ha leído un texto de la llamada Comisión de la Dignidad. Respetando la dignidad de los señores que la componen y de los textos que elaboran, evidentemente, la dignidad no sólo les pertenece a ellos sino que está muy repartida entre más personas. Por lo visto no coinciden el senador Bofill y la señora Aleixandre en la necesidad de superar el pasado violento, porque otra vez lo ha sacado a colación el señor Bofill. Se habla mucho de golpismo y pienso que hay que condenarlo en toda su intensidad. Salir en el año 1934 a dos balcones, uno enfrente de otro, de la Plaza de San Jaime a proclamar el «Estat Català» y enviar una nota conminatoria al capitán general para que se entregue, a mí me parece golpismo, aunque a lo mejor a ustedes no. Yo condeno todos los golpismos y no sólo algunos. Creo que el señor Bofill no ha estado demasiado atinado al recordar los hechos de violencia porque yo tenía familia en Barcelona, y la sigo teniendo, y algunos se quedaron por el camino. No vamos a desenterrar historias desagradables porque, como ha dicho la senadora Aleixandre con toda la razón del mundo, en la generación anterior de todas nuestras familias hubo enfrentamientos. Vamos a procurar no hacerlo nosotros y, sobre todo, no desenterrar el pasado; aunque algunos sean partidarios de ello, nosotros no. Me preocupa lo de abrir el melón, broma que ha hecho la senadora socialista. En la intervención del señor Maqueda ya se ha abierto el melón porque ha dicho que en el año 1977 ya se pedían legítimamente, por supuesto, dada su especial sensibilidad y sentimiento, documentos del País Vasco. Me parece muy bien y, de hecho, ha contado una historia enternecedora, pero si abrimos ese melón que sea para todos. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, a penas se oye a quien está interviniendo.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente. ¿Cómo sentaría a otras instituciones que, por ejemplo, Castilla y León solicitase la documentación que hay en el Museo Marès procedente, aunque no de forma clara, de Castilla y León? Hay un libro, cuya lectura recomiendo a sus señorías, titulado «El museo de la niebla», de un catedrático de literatura llamado Gonzalo Santonja, que enumera parte de lo que, procediendo de Castilla y León, está en otras comunidades e instituciones. Yo creo que la decisión del Gobierno es un disparate. No trato de convencer a sus señorías, que ya están convencidas de lo contrario, pero el tiempo, muy probablemente, nos dará la razón. La senadora socialista ha dicho que se ha acabado con el problema definitivamente. Señora senadora, Herodes acabó con el problema de la gripe de los niños, pero acabó liquidándolos. Verdaderamente, no me parece que el modo de solucionar el problema sea liquidarlo. Eso de solución final nos suena fatal y no me parece que se deba trasladar a estas cosas ni a ninguna. Dice la senadora socialista que lo que planteaba la resolución del Congreso de los Diputados del año 2004 era el diálogo con la Generalitat, pero cuando dos personas están de acuerdo eso es un monólogo. Lo que se ofrecía en la resolución era el diálogo con todas las partes afectadas: la parte de destino, la Generalitat, y la parte de salida, la Junta de Castilla y León. Eso sí hubiera sido un diálogo, lo otro es un monólogo; dos personas que están de acuerdo pueden dialogar, pero ese diálogo tiene muy poca salsa. La senadora socialista ha hablado de las técnicas del siglo XXI, que permiten hacer reproducciones (Rumores.)...
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor. No se oye nada y me imagino que quienes están en las tribunas oirán muchísimo menos. Por lo tanto, rogaría que guardemos silencio. El debate es lo suficientemente importante como para que estemos todos atentos.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente. A las técnicas del siglo XXI se han referido la senadora socialista y el senador de Coalición Canaria. Es evidente, pero él quiere que en La Palma se queden los documentos originales y enviar las copias a otro sitio. (Risas.) Evidentemente, las técnicas de reproducción son muy fieles, pero ¿por qué tienen que salir los documentos originales de Salamanca y no reproducciones muy fieles como a las que se refería nuestro compañero de Canarias? Parece como si nosotros quisiéramos unirnos a la unidad de archivo, tal y como ha dicho la senadora Aleixandre, y eso sí me inquieta. Parece que queremos unir la unidad de archivo a la unidad de España y que nos sentimos como el Cid Campeador defendiendo la unidad de España. Lo que hay que defender es lo que dice la Constitución, aunque cada vez tengo menos fe, porque ayer escuché cosas que, para una aficionado a la Historia como puedo ser yo, me divirtieron mucho. Por ejemplo, el hecho de que el presidente del Gobierno invocara la palabra nación, diciendo que Calderón y Cervantes hablaban ya de la nación catalana, es una de las cosas más pintorescas que he oído en mi vida, porque todo el mundo sabe... (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se perciben) Sí, pero el presidente del Gobierno lo hacía suyo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Todo el mundo sabe que el término nación en tiempos de Calderón y Cervantes no se entendía como se entendió a partir del siglo XVIII. A mi me avergüenza mucho lo que dijo el señor Zapatero, porque yo no soy... (Rumores. --Protestas)
El señor PRESIDENTE: Yo le pediría que terminara, porque ha concluido su tiempo y todavía queda otro turno de portavoces en el turno de las enmiendas.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Termino en un minuto. Quiero decir que el término nación en esa acepción se utilizaba para decir: fulanito es de tal nación, es decir, es natural de ese lugar; igual que se decía tonto de nación, y no señalo a nadie, que quiere decir tonto de nacimiento. O sea que nación en tiempos de Calderón y Cervantes significaba nacimiento. Por tanto, decir de alguien que era de nación catalana significaba que nació en Cataluña. Cualquiera que haya leído ocho libros de la época lo sabe. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Al tema, al tema.) A mí me preocupa mucho que el presidente de mi Gobierno, porque es mi presidente, no lo sepa, sobre todo, siendo de Castilla y León, que tiene una tradición de hablar bien. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: No lo sabes tú.) En definitiva, siento mucho que ustedes no apoyen este veto, lo que para nosotros es un error. Sólo me queda saludar muy afectuosamente a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, a quien no conocía, que veo se encuentra en la tribuna. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 117; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Pasamos al debate de los votos particulares. Voto particular del senador Cuenca Cañizares, y de la senadora López Aulestia, enmiendas números 1 a la 10. (Rumores.) Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares. Señorías, ruego abandonen el hemiciclo o guarden silencio para poder continuar el debate. (Pausa.) Señoría, puede comenzar.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente. Señorías, estamos en un momento importante, que forma parte de la restitución de la memoria histórica. Además, es uno de los primeros pasos que se van dando en todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica en nuestro país. (Rumores.) Nosotros ya hemos manifestado, tanto en el Congreso como hoy rechazando el veto del Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio. Si no quieren escuchar, pueden salir del hemiciclo, que estarán más cómodos. El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente. Además, señorías --entre paréntesis--, cuanto más rápido sea al debate, más pronto podrán las señorías que viven fuera desplazarse.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Estaba diciendo que hemos presentado diez enmiendas para intentar mejorar el texto. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando: estamos hablando de devolver unos archivos, unos documentos que fueron incautados, expoliados --si se acepta la palabra--, robados a la Generalitat. Consideramos que es un hecho importante, y hace un momento hemos rechazado el veto del Partido Popular. Insisto, estamos ante una ley que habla de devolver unos documentos a la Generalitat. Somos conscientes de ello y asumo esa responsabilidad. Pero, señorías, ya que estamos de acuerdo con la devolución de los documentos incautados en la Guerra Civil a la Generalitat, que es un hecho específico, con estas diez enmiendas pretendemos también que se contemple la posibilidad de que otras comunidades u otras entidades puedan reclamar también la devolución de los documentos que les fueron incautados en la Guerra Civil. Estamos hablando de que otras comunidades que, al igual que la comunidad catalana, vieron usurpada, expoliada parte de su memoria, aprovechando la oportunidad de la restitución a la Generalitat de Catalunya puedan contemplar también ese derecho. Hemos presentado un conjunto de enmiendas, algunas simplemente para mejorar el texto, entendemos que técnicamente se mejoraba el borrador del proyecto; y otro grupo pequeño para hablar de una comunidad, en este caso de Euskadi, parte de cuyo patrimonio y memoria histórica también fue expoliado. Posteriormente me quiero centrar en la enmienda número 10, que puede resumir en una las diez que hemos presentado. Además, señor presidente, anuncio que queremos votarla por separado del conjunto de las diez enmiendas que presentan los dos senadores de Izquierda Unida. Al defender la enmienda número 10, señorías, les llamo a la reflexión; les llamo a tener en cuenta lo siguiente. Hemos dicho que debatimos una ley que habla de Cataluña, de restituir la memoria y de devolverle a Cataluña lo que le fue incautado. Pues bien, nuestra enmienda pretende que quede una puerta abierta a la posibilidad de que, al cabo de un año, otras comunidades puedan reclamar lo suyo, si lo creen conveniente. Hay al menos tres comunidades --Euskadi, la Comunidad Valenciana y Asturias-- que están en situación similar a la de Cataluña, y que podrían demandar la devolución de los documentos que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Y hay también herederos legítimos y personas jurídicas, como partidos políticos y sindicatos, en la misma situación. Hay formaciones políticas como el Partido Comunista de España, centrales sindicales como la Unión General de Trabajadores o la Confederación Nacional del Trabajo, y entidades y asociaciones que
deberían tener igualmente la posibilidad de reivindicar, demandar o solicitar la devolución, custodia y administración de los documentos que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Llegados a este punto, señorías, no comprendo la cerrazón del grupo que sustenta al Gobierno, del Partido Socialista; no la entiendo. No entiendo por qué no puede ser admitida esta enmienda número 10. Es una enmienda que abre la puerta a la posibilidad de actuar, pasado un año y de acuerdo con las acciones que ha puesto en marcha la ley para una comunidad. No entendemos por qué el Partido Socialista no acepta esta enmienda para posibilitar que otras comunidades y otras personas jurídicas hagan lo mismo que aquella comunidad. Por otra parte, señorías, esta no es materia para una moción. Esto es muy serio como para hablar de mociones. Hace un momento se me ha ofrecido la posibilidad de que presentemos una moción. ¿Cómo que una moción? ¿Por qué no puede tener el asunto el mismo protagonismo que tiene el debate de esta ley? Señorías del Partido Socialista, lo voy a decir en manchego para que se me entienda: ustedes abusan de nuestra responsabilidad. Saben que no pondremos en peligro la aprobación de esta ley; saben que no nos iremos con esos señores ni a sus posiciones. Por eso se aprovechan. Sin embargo, tomamos buena nota; habrá más días. Hoy ejerceremos nuestra responsabilidad, y apoyaremos esta ley, como lo hemos hecho al votar en contra del veto; se acepte o no la enmienda número 10. De todos modos, insisto en que tomamos buena nota. La nuestra no es una formación política que presenta mociones o pide a Dios o a no sé quién que haga algo; no. Hemos planteado el asunto en el momento adecuado. Es una cuestión de justicia que otras comunidades y personas jurídicas puedan tener el mismo derecho. Además, nuestra enmienda propone diferirlo durante un año: un año después. Sabemos de qué estamos discutiendo y a qué nos referimos al aprobar esta ley. Sabemos que esta ley se refiere a una identidad histórica: Cataluña; pero no pasa nada si una disposición transitoria --según nuestra enmienda-- deja abierta la posibilidad de que otras comunidades hagan lo mismo. No entendemos, pues, su cerrazón, por mucho que nos digan que ya está, que es posible, que lo estudiarán, que ya lo verán, o que habrá otras leyes. ¿Es que vamos a promulgar tantas leyes como comunidades o personas jurídicas se sientan afectadas? ¡No parece lógico! No parece lo más adecuado, por economía procesal. Insisto en que Izquierda Unida no tiene ninguna duda sobre el proyecto de ley: votará a favor, se incorporen o no las 10 enmiendas, se incorpore o no la enmienda número 10. No obstante, ya les digo que tomamos buena nota del abuso --entre comillas-- de nuestra generosidad y de nuestro compromiso. Nos reafirmamos en lo que hemos dicho, pero esto empieza a agotarnos. No se nos puede llamar los lunes y los martes para no sé qué cosas, y pensar los miércoles que, como no nos vamos a ir con el Partido Popular, ajo y agua. No iremos por ese camino, señorías. Por eso apelamos a la memoria histórica y al compromiso, y solicitamos que la enmienda número 10 se vote de forma separada. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y para defender las enmiendas 11 a 25, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. Señorías, antes de entrar en el debate quiero hacer una aclaración al señor Van-Halen. Yo procuro ser respetuoso con todo el mundo, y he dicho que siempre han existido y existirán personas con honor. Ni me refería a él ni me refería a nadie en particular. No creo que deba retirar nada de lo dicho y sigo manteniéndolo. Existirán y han existido personas con honor. Señor Van-Halen, nosotros no le hemos llamado la atención cuando nos ha mandado al psicólogo por defender cuestiones como el euskera. Repase los diarios de sesiones. En cuanto la carta --que dice usted que es un cuento-- mandada por este doctor, que tuvo 45 años en poder sus documentos y que vivía en Salamanca --repito, don José María Muñoz de Partearroyo--, si a usted le parece un cuento quédese con los cuentos y siga leyendo la historia del siglo XVII. Vamos con las enmiendas. A este proyecto de ley se han presentado 44 enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Grupo Parlamentario Popular. En la sesión de la comisión del pasado día 26 de octubre no se aprobó ninguna, como era de esperar. Nuestro grupo va a pedir a esta Cámara el apoyo a las enmiendas que mantenemos vivas, en concreto las enmiendas números 11 a 25, y antes que nada quiero plantear a sus señorías una pregunta y una reflexión. La pregunta es la siguiente: ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno apoyan la devolución de los documentos a Cataluña y no a Euskadi y a otras comunidades, como ha dicho el senador Cuenca? Queremos una respuesta clara y concreta. No se nos ha dado ningún argumento en la Comisión y hasta el momento tampoco hemos recibido ningún argumento por parte de la representante socialista. Queremos que expliquen a los ciudadanos vascos y a las ciudadanas vascas por qué una vez más nos vuelven a castigar. Si ustedes no lo explican nosotros sí lo vamos a explicar. Señores socialistas, a ustedes les da igual tratar como ciudadanos de tercera al Parlamento vasco, y al lehendakari, y no se dan cuenta de que con esta actitud están humillando a todo un pueblo, el pueblo vasco. Ayer en el Congreso nos dieron una muestra más de ese talante. Admiten a trámite en comisión el estatuto catalán, y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con el estatuto vasco? ¿Qué pasó el 1 de febrero? El 1 de febrero se permitieron sentar a nuestro lehendakari, al máximo representante de todos los vascos y de todas las vascas, en el gallinero, dejándolo sólo en una esquina, y ayer, en la butaca de patio, con una alfombra roja y con una mesa muy bonita, sentaron a tres
representantes del Gobierno catalán. Igual trato. La respuesta es clara: ustedes necesitan a los catalanes y no nos necesitan a nosotros. El PP, el Grupo Parlamentario Popular, por lo menos es claro: nada para nadie, ni estatutos, ni archivos de Salamanca, ni visitas para recibir al lehendakari, ni nada de nada para nadie. Pero ustedes nos engañan. Siempre nos prometen cosas. El año pasado les recuerdo que en esta Cámara sacaron adelante la Ley de estabilidad presupuestaria, que luego se encargaron de suprimir, y nos engañaron con unas promesas que no cumplieron nunca. Yo soy de la opinión de que este año nos van a volver a engañar, pero no se preocupen. Nosotros somos coherentes --se lo demostramos el otro día al Partido Popular apoyando dos mociones en las que por una vez se han vuelto autonomistas--, tenemos buena memoria y además el camino es largo, no somos para un día. Aunque sea una evidencia este trato desigual que recibimos los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas, nuestro grupo va a seguir denunciandolo, pero a la vez vamos a seguir siendo coherentes a la hora de desarrollar nuestro trabajo. No se preocupen. Aunque insisto, tomamos nota. Nos sorprende y nos decepciona la posición del Partido Socialista, y también la de algunos otros grupos, y no me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Popular, que mantiene, como he dicho, su coherencia. Lo dicho también: tomamos nota. Intentamos sacar adelante una enmienda transaccional, la presentada por los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, la número 10. Todos estábamos de acuerdo en la comisión menos el PP, pero el Partido Socialista no quiso fijar un plazo, en principio, de un año, para comprometerse a devolver los documentos incautados. Por otro lado, encima tenemos que aguantar que se diga que el Partido Socialista nos mima. Lo dice hoy un senador del Partido Popular en un artículo de opinión publicado en el diario económico «Expansión» cuando interpreta que el Gobierno socialista tiene que tener contento al PNV. Se refería a los presos y a los títulos que, según él, regalaba la universidad pública vasca, la Euskal Herriko Unibersitatea. Pues miren ustedes, no es que no nos tengan contentos, es que estamos tan encantados que pactan con ustedes en Euskadi, caso insólito --se lo tenemos que repetir siempre que podamos para que se sepa en toda España--, siempre que necesitan desalojarnos, como lo han hecho, de diputaciones y de ayuntamientos o para torpedear las iniciativas que presentamos en el Parlamento vasco. Ya es hora de que todos nos vayamos quitando la careta y de que hablemos claro. A nadie van a engañar con estas actitudes. Ustedes, la derecha y la izquierda, tienen dos terrenos de juego claramente delimitados: uno, el Estado español, dos, el País Vasco. No voy a profundizar en sus intereses comunes ni en sus estrategias, porque no es el momento, pero tratan ustedes de destruirnos, como han hecho con otros nacionalismos. Pero tengan clara una cosa: nosotros los vascos somos diferentes. No nos van a doblegar ni nos van a comprar ni los unos ni los otros. Unirán sus fuerzas a su manera, como en este caso del proyecto de ley de los archivos de Salamanca, y con el silencio no entendible de otros grupos, como he dicho, nos van a dejar prácticamente solos. Desde aquí quiero dar las gracias a algunos grupos que nos han manifestado su apoyo porque entienden justa esta reivindicación. Pero no se confíen. Como el pequeño David, vamos a seguir luchando seguros de alcanzar la victoria con las únicas armas que tenemos y que son la verdad y la razón. En nuestras enmiendas no solicitamos nada nuevo, únicamente reclamamos la restitución a las instituciones autonómicas y forales de Euskadi de los documentos incautados durante la Guerra Civil, y lo he dicho antes, no es de ahora. En el año 1977 ya el senador don Manuel Irujo lo reclamaba. Existen numerosos documentos en los archivos de Salamanca, como he indicado antes, que fueron arrebatados a ciudadanos y ciudadanas y a instituciones vascas. Los de los particulares volverán, según este proyecto de ley, y los otros deben volver por justicia. Y ahora un comentario a la enmienda número 25. En virtud de la actualización del régimen foral contemplada en la disposición primera de la Constitución --esa Constitución en que se amparan cuando quieren y cuando no la olvidan--, a partir de la entrada en vigor de la ley las secciones históricas de los archivos de protocolos de los notarios en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco formarán parte del patrimonio cultural vasco. Por tanto, no estamos pidiendo nada que venga de Salamanca; estamos pidiendo que esos archivos formen parte del patrimonio cultural vasco y se tengan que constituir en archivos de titularidad pública vasca. No entendemos por qué tampoco esto se admite. Señorías, termino diciendo que no queremos ningún enfrentamiento con nadie: ni con los castellano-leoneses, ni mucho menos con los ciudadanos de Salamanca. Así lo manifestó nuestro portavoz, Joseba Zubia, y yo en fechas recientes al alcalde de Salamanca. Ahora bien, nadie nos puede negar la propiedad de lo que nos pertenece y se nos ha expoliado. Si a los catalanes se les da, ¿por qué no a nosotros? A lo mejor es que los vascos no tenemos la habilidad negociadora de los catalanes. ¡Qué le vamos a hacer! Ahora bien, quiero dejar bien clara una cosa: si se restituyen a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que están custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, lo cual nos parece muy justo y lo apoyamos, pero no se hace exactamente lo mismo con los documentos incautados al pueblo vasco, nosotros iremos a buscarlos. «Eskerrik asko». Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente. Señorías, decía el otro día en el comisión, y repito ahora, que si esta es una Cámara de reflexión, yo pediría a sus señorías que reflexionasen previamente antes de votar no ya el veto, al que se han opuesto, sino incluso las enmiendas que presenta el Partido Popular. Que reflexionasen además en un día que parece adecuado para este proyecto
de ley que traemos hoy aquí, que ha sido convocado en el día de los difuntos, porque hoy tristemente vamos a celebrar un desaguisado cultural. Desde nuestro punto de vista, la ley que se nos presenta es una ley injusta y discriminatoria, que contraviene el mandato constitucional al Gobierno de la nación de defender su patrimonio. Y recordé, y lo vuelvo a recordar ahora, el informe de la abogacía del Estado en el contencioso contra la Junta de Castilla y León, sibilinamente silenciado en un principio por el Ministerio de Cultura, en el que se manifestaba que el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, junto con el de Simancas, el de la Real Chancillería de Valladolid, el Archivo de Indias de Sevilla y la Corona de Aragón son piezas fundamentales de ese patrimonio y, en consecuencia, exigen la exclusiva titularidad y gestión de dicho Estado. Una ley también en contra de los técnicos, de la Real Academia de la Historia, del criterio de la UNESCO sobre los archivos de represión --sí, sobre archivos de represión--, de los archiveros --en palabras de Carlos Travesí, no hay ni un solo argumento archivístico que avale la salida de documentos-- y de la opinión de tres gobiernos de la nación, los de la UCD, el PSOE y el PP, los que han existido desde que se instauró la democracia en España hasta la llegada del actual Gobierno PSOE y tripartito, que no sé si es de coalición o de sumisión. Voy a pasar por encima la historia, que ya se ha referido y todos conocemos, de este archivo, tristemente iniciado en mayo y abril de 1937, con unas oficinas realmente siniestras y que acaba finalmente con el informe de la Junta Superior de Archivos en 1996, sobre la base del mandato previo del Congreso de los Diputados de 28 de mayo del mismo año, mandato del Congreso de los Diputados por unanimidad --y fíjense ustedes, aquí lo que estamos, en definitiva, es volviendo a jugar un partido cuyo resultado no nos gustó a algunos y se repite unos años después--, con la creación, el 12 de marzo de 1999, del Archivo General de la Guerra Civil Española. Básicamente este archivo --y todos ustedes lo conocen-- es un archivo de fichas creado a partir de lo confiscado y de lo que también llevaban a cada una de las ciudades por donde iban pasando y por el impulso de la guerra el bando republicano. De aquí que muchas de las célebres 507 cajas no contengan ni documentos catalanes ni de la Generalitat. Pero también es preciso señalar que en los años 1937 y 1938 se produce una asunción de competencias de la Generalitat por parte del Gobierno de la II República, por lo que parte de estos archivos, que podría pensarse que corresponden a la Generalitat, corresponden realmente al Gobierno de la II República. El Grupo Parlamentario Popular, como ha hecho siempre, defiende el criterio técnico y racional que es el de la reconciliación frente a los impulsos sentimentales, que pueden tener su justificación en cuanto a la petición por impulso del corazón, pero que no puede ser la explicación para el otorgamiento de la razón desde el Gobierno, cuya obligación está en defender el patrimonio común de todos y cada uno de los españoles y porque en materia de Estado antes que la restitución está el servicio público, y este archivo sigue siendo un archivo fundamental para conocer la II República Española. Pretendemos, y este es el motivo de las enmiendas, una ley general y no específica y concreta, como la presentada que además es discriminatoria y confusa, como la presentada y que, como no podía ser menos, será el comienzo de nuevas solicitudes y peticiones, como ya se ha visto a través de las intervenciones de los anteriores portavoces, porque instaura la existencia de dos tipos de españoles: los de primera, a los que se les entregarán documentos de un archivo de la nación, y los otros de segunda, a los que se les niega esa posibilidad, como si los gobernantes del Estado, puestos a destruir una unidad archivística, repartiendo documentos del acervo común como si de bienes propios se tratase, estuvieran legitimados para determinar beneficiarios o castigados, según obliguen los pactos del Gobierno de turno. Y como es injusta, abre el camino a las reivindicaciones. Y no quiero hablar ahora de las justas peticiones de reivindicaciones con respecto no a materia archivística y no a materia de museos, sino con respecto a lo que puede ser el patrimonio cultural. Y en eso mi región y mi ciudad tiene mucho que decir y no voy a hacer mención ahora de las 159 obras, al menos el 17 por ciento de un museo existente en Barcelona, y esas sí que no son ni «digitables» ni «fotocopiables» porque son piedras. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y me van a permitir que cite, copiándolas, algunas frases con las que me siento totalmente identificado en mis planteamientos. Cito: De lo que se trata aquí es de resolver un problema y no de crearlo. No puede en modo alguno compartirse que la simple devolución de un documento constituya reparación alguna o cierre de heridas. Ello haría, señorías, imposible la misma existencia de los archivos, así como la conservación de la memoria colectiva de un pueblo, en este caso por acumulación, de todos los documentos conservados en el Archivo de Salamanca del pueblo español. Aquí no discutimos titularidades dominicales, por lo tanto, es claramente un archivo de titularidad y gestión estatal. Un archivo, como parte de la memoria colectiva de un pueblo, aún cuando contenga secuencias de hechos luctuosos que hay que superar --que nunca olvidar-- deben radicarse --repito-- como unidad, con todas estas razones, en un solo sitio. Creemos que en este caso y por las competencias descritas, este lugar debe ser Salamanca. Estas frases, señorías, son suyas, son del Partido Socialista, son del discurso de su portavoz, a la sazón de mi paisano --no sé si lo seguirá siendo todavía--, el señor Caldera, en el Congreso de los Diputados el 14 de junio de 1994. (Un señor senador pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, del señor Caldera, el mismo que un año después, en 1995, gritaba "No pasarán" en la manifestación promovida por el alcalde socialista en Salamanca, aquel que decía que las cajas del archivo no saldrían si no era con él dentro y que contaba, según las palabra del señor Caldera, con todo su apoyo nítido, claro y sin reservas en su defensa de la unidad de los documentos. Pero además era --supongo, porque ya no debe de serlo-- persona que no
tenía por costumbre desdecirse cuando los criterios corresponden a un análisis sosegado. Es curioso cómo estando tan de acuerdo en los argumentos y en el análisis para mantener la unidad de un archivo de la nación, sito en la ciudad de Salamanca, tengamos ahora que pedirles que reflexionen ante este desaguisado fruto de la presión y exigencia política de un partido que, lógicamente, no presta su apoyo a una investidura con carácter gratuito; y la frase no es mía, la aseveración no es mía, es de quien lidera ese partido y ustedes ya conocen, un partido que representa a un 2,5 por ciento de los votantes españoles y que no cree en la unidad de archivos y que tampoco cree en la unidad España. Es legítimo que así lo manifieste si lo piensa, porque estamos en una democracia, pero lo que no es legítimo y lo que es vergonzante es que ustedes accedan a ello. Por esas razones, por el intento de hacer primar criterios técnicos y políticos, es por lo que se han presentado las enmiendas. De la 26 a la 40, básicamente, van en la línea de mantener por un lado el cambio de título, que sería un título general. Segundo, mantener un procedimiento reglado y objetivado. Tercero, un método de seguridad jurídica y, finalmente, potenciar lo existente. Incidiré, finalmente, si me lo permiten, en tres enmiendas: la 40, la 43 y la 44. Como en la comisión, también pediré para ellas un voto separado. La enmienda 40 ratifica ese carácter científico. En ella se solicita el informe previo de la Junta Superior de Archivos y de los patronatos u órganos rectores de las instituciones a las que se demanden fondos documentales. Pero es que, además, lo que se demuestra con esta enmienda es la incoherencia del Partido Socialista, porque lo que pedimos es lo mismo que el Gobierno ha legislado mediante un decreto el 24 de junio de este año para otros archivos de la nación, como es el Archivo General de Indias, que exige la emisión de informe previo y preceptivo por parte del pleno de su patronato sobre cualquier propuesta de salida de fondos. Y lo pedimos, además, las señorías del Grupo Socialista y de los demás grupos, por coherencia con una igualdad de tratamiento ante la ley, porque si el archivo de la Guerra Civil es un archivo de Estado --y así se nos ha dicho, y se nos ha negado por el ministerio que fuese un planteamiento autonómico, aunque la ministra dijo lo contrario respecto al de Medinaceli--, no hay razón para que en este archivo de la nación no sea preceptivo el informe previo del patronato, como exige ese artículo quinto para el Archivo de Indias. Además, al omitir esto, se vulnera el artículo 4.2 del decreto de creación del archivo de la Guerra Civil, e incluso se vulnera el acuerdo del Congreso de los Diputados de 18 de mayo de 2004. Me pregunto si aquí también está patente lo de españoles de primera y de segunda, y si existe alguna razón para medir con distinta vara a unos y a otros, porque incluso respecto al archivo de Juan de Juni, de Ciudad Rodrigo, la señora ministra dice que tiene que opinar el patronato y no el ministerio. Distinta vara en cada sitio. Las enmiendas números 43 y 44, que sustituirán las disposiciones adicionales primera y segunda, tratan de potenciar lo ya existente desde su creación por el Real decreto 426, de 12 de marzo de 1999. Nos parece muy bien que se quiera dotar con mayor presupuesto y mayores medios a lo existente, pero para ello no es necesario tergiversar la realidad de su existencia aparentando una nueva creación ex novo con «shows» y palmeros incorporados del ampulosamente denominado archivo de la memoria compartida, petulante redundancia absurda porque todo archivo y todo museo son por naturaleza una memoria compartida. Incluso, para mayor vergüenza, la ministra del ramo se permite la licencia de aseverar que esta recreación de algo ya existente daría mucha dignidad a Salamanca, olvidándose sin duda esta señora --que pretende meter esos 4.000 metros que necesita en 2.444, incluyendo las galerías, no sé cómo lo hará, en el Palacio de Orellana que denomina colindante al colegio de San Ambrosio, pero que se encuentra a la misma distancia que este Senado del Palacio de Congresos-- olvida sin lugar a dudas --digo-- que Salamanca lleva y le lleva a ella muchos siglos de dignidad y de categoría cultural. Dar mejores dotaciones presupuestarias al archivo existente nos parece excelente, pero no tergiversar la realidad. Un archivo existente que desde su creación, y especialmente desde el convenio de 1983, ha enviado a la Generalitat toda la documentación digitalizada y microfilmada que ahora se reclama, lo que ocurre es que ahora lo que se piden son los originales, y si da lo mismo, como dicen, yo pregunto, por qué no se llevan las copias y dejan los originales, porque desde luego en la biblioteca de la Universidad no da lo mismo llevarse un incunable que dejar una fotocopia. Reflexionen, pues, sus señorías, y me dirijo especialmente a los bancos del Partido Socialista: Recuerden sus argumentos de hace unos años; acuérdense de las frases del presidente de una conocida fundación que hace unos meses decía en Salamanca que en este archivo hay bastantes más fondos de la UGT que de la Generalitat y que razones históricas, técnicas y científicas aconsejan tanto su unidad, como su actual ubicación. Acuérdense de estas palabras y también de los buenos consejos que daban con respecto al espíritu de la Constitución de 1978 --y en estos bancos hay algunos de los que entonces la hicieron y que probablemente en este momento estén olvidando ese espíritu--, y apelo especialmente a la coherencia de los senadores de Castilla y León para que recuerden la resolución que por unanimidad se acordó en las Cortes de Fuensaldaña en marzo de 1994, en la que se instaba al Gobierno resultante del proceso electoral --obviamente no pensaban que eran ustedes-- a respetar el acuerdo adoptado por el Patronato del Archivo Histórico Nacional del 22 de julio de 2002, expresando nuestra firme oposición al deseo de la Generalitat de romper la unidad del Archivo de Salamanca. En beneficio, pues, de la justicia, de la razón y también de su propia coherencia y dignidad, acepten estas enmiendas. En caso contrario, asuman la responsabilidad del comienzo de la disolución de un archivo de la nación de cara a la historia. Y termino recordando --es curioso, nunca pensé que esto fuera aplicable-- las célebres frases que un rector vasco-salmantino, don Miguel de Unamuno --como él se gustaba llamar, vasco-salmantino--, pronunció el 12 de
octubre de 1936 en nuestro paraninfo: Venceréis, pero no convenceréis. Convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo más que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo tan sólo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego. Desde el punto de vista del BNG, en este debate subyacen dos visiones diferentes de España. De un lado, una visión cerrada, uniformista que apelando a la unidad de España, lo que hace es enfrentar a unas comunidades con otras; una visión de España que, amparándose en supuestos argumentos técnicos y científicos, ignora cuál debe ser el criterio científico fundamental: si los documentos fueron robados o expoliados deben ser devueltos al lugar de origen; una visión de España que, apelando a la unidad del archivo, obvia que se va a dejar una reproducción digital de los documentos costeada por la propia Generalitat de Cataluña y que se va a dar un impulso al archivo, creando un centro documental de la memoria histórica. Frente a esto el Bloque Nacionalista Galego aboga por una visión del Estado respetuosa con su diversidad, respetuosa con la historia plural de los pueblos que lo componen; una visión del Estado donde se asuma que las instituciones catalanas, vascas y gallegas también son Estado, así como el respeto a la legitimidad histórica de las mismas; una visión del Estado donde se respete el derecho de cada pueblo a conocer su propia historia. Por este motivo manifiesto que el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la enmienda número 10 de Izquierda Unida y también las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En cualquier caso, se incorporen estas enmiendas o no, va a dar su apoyo a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. ¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quieren hacer uso de la palabra? (Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente. (La señora Aleixandre i Cerarols pronuncia palabras en catalán.) Bienvenida, consejera Midas, bienvenidos miembros de la Comisión de la Dignidad, ignoraba que estuvieran en la sala. A veces estamos tan cerca y a veces tan lejos. Señor presidente, señores senadores, mis disculpas por el voto erróneo en la votación anterior. Si estuviéramos en Galicia diríamos que las «meigas», que no existen pero haberlas haylas, han hecho su aparición. Lo siento. Señor Van-Halen, yo he hablado de conocer la historia, toda la historia, la del 32, la del 34 y la del 36. Llegamos al 36 por algo y deberíamos conocer no la historia oficial que han intentado enseñarnos durante 30 o casi 40 años, no, ni la oficial que algunos quieren implantar ahora, toda la historia. La Segunda Guerra Mundial empezó cuando se firmó la primera; cuando se firmó la rendición de la Primera Guerra Mundial se inició la segunda. Esto podía haber pasado en España si no hubiéramos sido capaces de aprender de nuestra historia. Señor Van-Halen, seguramente conoce más de Azaña que yo. Mi obligación sería conocerlo, aunque sólo fuera por la relación que tuvo con un miembro de mi familia. Voy a ser muy breve en lo que se refiere a las enmiendas. Algunos hubiésemos deseado que al mismo tiempo que se cierra este triste capítulo, se hubiese hecho igual con el País Vasco, con Valencia y, como ha dicho el senador Maqueda, con Asturias, sería justo, pero parece que habrá que esperar. No es justo, y menos para algunos que han practicado con el ejemplo. Hace tres años el lehendakari Ibarretxe devolvió personalmente documentos semejantes depositados en París y custodiados después de la retirada del ejército alemán por el PNV durante más de 40 años y, señorías, ningún vasco se rasgó las vestiduras. Por ello, nuestro voto a sus enmiendas será favorable, pues creemos que debe ser así por coherencia. Votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto porque no están en nuestra línea ni teórica, ni técnica, ni ideológica. Hubiésemos deseado llegar a una transaccional, pero parece que es imposible. Y votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Popular porque lo que pretenden es hacer real el veto. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo. Vamos a votar a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, como hicimos en la comisión. Nos parece adecuada la solicitud del senador Cuenca de votar la número 10 por separado. Votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y aprovecho para dar las gracias a los grupos que han manifestado el apoyo a la proposición y felicitar a los catalanes por el logro que van a conseguir con esta ley de recuperar sus archivos. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: «Gràcies, senyor president». El debate de esta ley ha puesto de manifiesto que ha llegado la hora de recuperar la memoria histórica del siglo XX del Estado español. Esta ley es un buen inicio porque subyace en ella el reconocimiento del carácter ilegítimo del régimen franquista, y es aquí donde les debe doler a algunos que quieren evitar condenar el régimen franquista y su origen criminal y mantener escondidas a las víctimas. Justamente por el motivo contrario, creo que es de justicia que hoy me refiera al alcalde de Salamanca, Casto Prieto Carrasco, también profesor de la Facultad de Medicina de Salamanca, fusilado por los sublevados en 1936. Fue de las primeras víctimas del golpe de Estado. En 1939 le tocó el turno a Cataluña y empezó la requisa de bienes y documentos. En Salamanca se acumularon unas 1.000 toneladas de documentos, se procesaron algunas toneladas y se destruyeron muchas más. Se acumularon tres millones de fichas personales para la represión en un país de apenas 28 millones de habitantes. Éste es el origen monstruoso de ese archivo que alguien tuvo aún la desfachatez no hace mucho, en una comisión del Senado, de llamar ejemplar. Ni lo era ni lo es. Al contrario de lo que se dice, es justamente esta ley la que, al tiempo que restituye los documentos originales a sus legítimos propietarios sienta las bases para que empiece a existir realmente un gran centro de documentación de la memoria histórica. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular pretenden desnaturalizar esta ley y, por tanto, son inaceptables. Quiero hacerles notar que aquí no estamos todos contra uno sino uno contra todos, que es muy distinto. Ése es su problema. Esta ley es ejemplar para nosotros. Recuerda que el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya en 1977 es anterior a la Constitución y de ahí la legitimación de la devolución de los papeles, cuyo restablecimiento supuso también el renacimiento del derecho de sus instituciones a recuperar su memoria histórica y sus archivos. Viene a recordar que la legitimidad de la Generalitat de hoy se enraíza en la historia, también en la más reciente de la Generalit republicana, y actualmente es la única institución en el Estado español que enraíza su legitimidad en la República, lo cual es algo a tener en cuenta; quizá habría que hacer reformas legislativas para avanzar en este sentido. Esta ley es justa pero limitada. Los grupos enmedantes Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tienen cierta razón. Es una ley limitada porque no restituye a los ayuntamientos la documentación que les fue incautada; tampoco se restituye la documentación incautada en el País Valencià, donde una parte de la sociedad civil se movilizó junto a la Comissió de la Dignitat para recuperarla; no se ha dado satisfacción a la más que legítima reivindicación de las instituciones vascas, que ha de ser considerada en próximas iniciativas legislativas, como han de serlo también todas las reclamaciones de instituciones y personas víctimas del expolio y la represión franquista; de ahí que sea muy conveniente la tramitación de otras iniciativas, como la demasiadas veces retrasada ley de memoria histórica. Al mismo tiempo, es bueno recordar que la disposición adicional primera de esta ley que hoy aprobaremos abre la puerta para que las comunidades autónomas reclamen documentos y efectos incautados en condiciones similares. En consecuencia con lo expuesto, y porque esta ley es fruto de un pacto en el Congreso de los Diputados que queremos respetar, y aun estando de acuerdo con la mayoría de enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no vamos a aceptarlas. Para finalizar, debemos felicitarnos todos. Lo que fue arrebatado por la fuerza de las armas será restituido a sus legítimos propietarios por la fuerza de los votos de este Parlamento ,después de un debate libre y democrático. «Esperem tenir-los per Nadal a Catalunya. Visca la democracia. Gràcies, senyor president.» (Aplausos) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente. Señorías, debatimos una vez más en el Pleno las enmiendas de los grupos parlamentarios Izquierda Unida, Senadores Nacionalistas Vascos y Popular. Dado que en la Comisión de Cultura ya argumentamos el sentido de nuestro voto en contra de la totalidad de las enmiendas presentadas, que mantenemos hoy, no voy a entrar de nuevo a detallar el porqué de cada uno de los razonamientos, ya que el senador que lo desconozca y tenga interés en ello podrá leerlo en el «Diario de Sesiones». Así, quiero aprovechar mi intervención en este turno de portavoces para contestar a las alusiones que los diferentes grupos parlamentarios han hecho al Grupo Parlamentario Socialista como grupo que sustenta el Gobierno. Quiero comenzar mi intervención recordando algunos aspectos a los que me he referido en el turno en contra del veto del Grupo Parlamentario Popular. Y digo recordar porque sé que todos los conocemos, pero considero imprescindible tenerlos en cuenta, pues así podrán comprender mejor nuestro posicionamiento, ya que a través de ellos se van a responder algunas de las preguntas formuladas por el senador Cuenca Cañizares o por el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Quiero recordar el título del proyecto de ley que hoy nos ocupa: De restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica. También quiero subrayar que el espíritu de este proyecto de ley es conciliar los derechos de la Generalitat y de los particulares a la restitución con la conservación del patrimonio, y por ello queda acotada al máximo en este proyecto
de ley la documentación susceptible a restituir, de modo que sea única y exclusivamente la documentación incautada por la DERD. Igualmente, quiero insistir en el carácter institucional de la reclamación de la Generalitat. No se trata de repartir por todo el territorio el contenido del archivo de la guerra civil, sino devolver a una institución, que ya existía en 1936, los documentos que le fueron expoliados injustamente. Hay que recordar también que este proyecto deriva del mandato parlamentario de la proposición no de ley aprobada el 18 de mayo de 2004 en el Congreso de los Diputados, y de la existencia de esas recomendaciones del comité de Expertos. Señorías, es conveniente que tengamos muy en cuenta estas referencias para entender y comprender, en la medida de lo posible, nuestro voto. El senador Cuenca nos ha hablado de cerrazón. Ha dicho que tenemos una postura muy cerrada al no entender su defensa de las enmiendas, en especial de la número 10. Teniendo en cuenta estas referencias que le acabo de mencionar, no sé de qué forma calificar su postura, pero sí le pediría que intentase entender el debate que hoy asumimos. Ha dicho su señoría que abusamos de su responsabilidad, de su generosidad y de su compromiso, y que toma nota. Nosotros no abusamos de su responsabilidad, sino que cada uno debe saber asumir la que le corresponde. Tenemos bastante con asumir la nuestra, y no nos hacemos cargo de la de otros. Por tanto, señor Cuenca, vote según su responsabilidad. El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos decía que no tenía respuesta a que el Grupo Parlamentario Socialista devolviera documentación a Cataluña y no a otras comunidades. He dicho al comienzo de mi intervención --y si hubiera prestado atención a mis argumentaciones lo sabría, señoría-- que el mandato de la proposición no de ley del Congreso de los Diputados es el origen del proyecto de ley que hoy debatimos. También decía su señoría que resultaban castigados por el proyecto. Hablar hoy de castigos cuando lo que intentamos con esta ley es justamente lo contrario, esto es, reparar, acabar con agravios, con situaciones que todos lamentamos, no nos parece de recibo, porque no creemos que se intente castigar a nadie, sino iniciar el final de un agravio. Nos hablaba su señoría de ciudadanos de tercera: el pueblo vasco. Una mención similar ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular --ciudadanos de primera y de segunda--, pero francamente para nosotros no hay ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, sino que la igualdad de los ciudadanos es un principio constitucional que no podemos dejar de respetar, ni tampoco nos amparamos en la Constitución Española cuando nos viene bien. Siempre debemos ampararnos en la Constitución, señoría. Igualmente comentaba su señoría que tomaba toma; no sé si ese tomar nota por parte de los grupos o esa buena memoria de la que han hecho gala se traduce en una amenaza. En cualquier caso, nosotros también tomamos nota de sus reivindicaciones, y créanme que entendemos sus argumentos, pero en el ámbito de la ley que hoy nos ocupa se recoge lo que hoy debatimos, y no podemos ir más allá, que, en cualquier caso, supone un gran avance. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se refería a las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Ha quedado claro también en nuestras intervenciones iniciales que el Archivo General de la Guerra Civil tiene la consideración de archivo de titularidad y gestión estatal, le guste o no a la Junta de Castilla y León. Pretender algo que no sea constitucional, no es nuestro problema. Nuevamente se ha referido su señoría a unos y a otros; nos ha recordado frases de nuestro compañero, el señor Caldera, pero ésos eran otros momentos en la historia, en los que no había ese mandato parlamentario, no había una ley que debatir; en cualquier caso, señoría, en cuanto a frases de compañeros, cada uno tenemos los nuestros. En mis intervenciones anteriores no he nombrado ni al señor Fraga ni al señor Piqué ni a doña Esperanza Aguirre, que viajó a Salamanca y prometió la creación de un centro de documentación, que no cumplió; la señora Aguirre, que en su etapa de ministra de Cultura también prometió que devolvería los documentos a Cataluña cuando fuera posible, y que tampoco cumplió; no sabemos si sería por el celo de proteger el patrimonio histórico y no sacar los documentos del territorio nacional, como le hemos escuchado decir en algunas ocasiones. También le recordaría algunas de las frases de su compañero de filas, señor Lanzarote, alcalde de Salamanca --aparte de que ordenó vallar el archivo--, como, por ejemplo, «lo diga quien lo diga, el archivo no se mueve», o «los salmantinos van a impedir, incluso físicamente, la salida de cualquier papel». Son actitudes y reflexiones tan poco democráticas que nos sorprenden. Hablaba su señoría de coherencia, y citaba a Unamuno. Yo les pediría un poco de respeto por Unamuno; no le metan en sus historias de grupo. Ha hablado de vencer, de convencer; ha dicho: venceréis y no convenceréis. Señoría, estamos en sede parlamentaria, y aquí vencemos intentando convencer; aquí vencen las mayorías parlamentarias, aunque la palabra vencer parece que usted la atribuye más --como su compañero Lanzarote-- a la fuerza física, y desde luego nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por lo que se refiere a citas, yo le podría recordar, por ejemplo, una de William Shakespeare, en la que dice que la memoria es la conciencia del espíritu, y a nosotros la conciencia se nos va a quedar muy tranquila hoy si se aprueba este proyecto de ley. Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que apoyan este proyecto de ley, y felicitar a todas las personas, instituciones, consejerías, asociaciones, que han trabajado a lo largo de estos años para conseguir lo que hoy esperamos que salga de esta Cámara por mayoría parlamentaria y no por la fuerza. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, seré muy breve porque realmente ya está casi todo dicho sobre este asunto. Voy a contestar telegráficamente a los distintos portavoces. Por deferencia, empezaré saludando a la señora consejera de Cultura. Agradezco mucho que esté presente en un debate importante para Cataluña y para toda España. Lamento profundamente que no esté la ministra responsable del ramo, como lamento también que no esté mi compañero Caldera. Ya está el senador Castro que, lógicamente, fue compañero suyo en las manifestaciones de hace años y, por tanto, supongo que le transmitirá todo lo que hemos dicho aquí. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le diría que repasara sus citas, porque lo de la defensa física y la guardia urbana con los mosquetones o las pistolas no fue de mi compañero, el señor Lanzarote, y actual alcalde de la ciudad, sino de su compañero, el señor Málaga, actual delegado del Gobierno por méritos propios, después de haber sido alcalde de la ciudad de Salamanca. Repase sus citas porque no las tiene bien tomadas, señoría. Yo no voy a entrar en la historia, ni en los personajes, pero ya que ha aludido a mi compañero Piqué, que está pasando una temporada complicada en Barcelona, me gustaría mucho que los senadores de Castilla y León defendiesen lo que consideran suyo de la misma forma que él. Tengo verdadera envida, me gustaría tener senadores como el señor Piqué en Castilla y León, así de coherentes y así de valientes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señoría, esta tierra de donde procedo es lo que Sánchez-Albornoz llamó tierra de hombres libres. Por tanto, no me hable usted de ataduras, no me hable de dignidad, lo mismo que decía la ministra, porque de eso sabemos mucho en esta tierra. Y ya le he dicho que también sabemos mucho del patrimonio que está desperdigado por toda España y que hasta ahora no hemos empezado a reivindicar. Probablemente ahora se empiece a abrir otra triste pauta para el patrimonio cultural español. Y aquí hemos tenido una prueba de ello con las intervenciones de los portavoces del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Mixto, que han iniciado ese camino. Un camino que se ha abierto a través de una ley absolutamente incoherente e injusta, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Pero tampoco podemos votar las enmiendas que han presentado estos grupos parlamentarios porque sería una incoherencia, puesto que lo que nosotros decimos es, precisamente, que hay que tener en un solo archivo de la nación española todo ese patrimonio correspondiente a la Guerra Civil, para que sirva a los estudiosos, conozcan lo que fue esa triste realidad y no vuelva a suceder. Y fíjese usted que hablo de un archivo sito en Salamanca por motivos históricos, porque yo no estoy reivindicando --que también podríamos hacerlo y decir por qué está allí y por qué se iría a otro lado--, aquí hemos defendido la unidad del archivo y nunca se ha planteado que ese archivo de Salamanca se pudiera haber trasladado íntegramente a otro sitio. Como usted sabe, en la provincia de Ciudad Real hay un museo marítimo y no se ha reivindicado su existencia en Cádiz o en Vigo. Es decir, lo que estamos pidiendo es que no se desmiembre un archivo de la nación española, que no se cuartee, que no se rompa un archivo español. La incoherencia de esta ley lleva a muchos temas concretos. Probablemente su votación, señora Aleixandre, es un acto fallido porque, a lo mejor, estaba pensando que esta no es la ley más adecuada. Los psicólogos saben que estas cosas ocurren de cuando en cuando. Pero fíjese, esta es una ley tan imperfecta que nos vamos a encontrar con la incoherencia de que documentación incautada en Madrid a entes de Cataluña, incluso de la Generalitat, no se podrá reclamar. Esta ley es así de absurda, tiene que ser uno residente. Uno se podrá encontrar algo tan absurdo como que mis nietas catalanas, como no residen en este momento en Barcelona, no podrán reclamar documentos de sus antepasados. O yo mismo, residente en Salamanca, que tengo el archivo allí al lado, no podré reclamar para mí-y creo que tengo el mismo derecho que la Generalitat a llevarse documentos-- las fichas que pueda haber de mi familia y saber la razón por la que mi padre estuvo seis años en la cárcel de Salamanca, por ejemplo. Fíjese usted en la incoherencia de esta ley. Pero nosotros defendemos no desde el rencor, como algunos han dicho... (El señor Bofill Abelló hace gestos negativos) Sí, sí, usted ha rezumado rencor. Por desgracia, es así. Eso es lo que vemos algunos, y ése no es el camino. Nosotros defendemos un archivo de la nación española sito en cualquier lugar y que las circunstancias históricas nos lo han llevado a Salamanca. A partir de ahora se abre otra nueva etapa y espero que, a pesar de las pautas que nos dan, sea para bien de España. Y no sé si lo que se ha repetido en el debate acerca de que los documentos irán a otra parte de la nación española será una realidad, porque he leído el proyecto de Estatut y ahí no se dice exactamente esto. No sé si esos documentos van a otra parte de la nación española o dónde van. Ojalá me equivoque. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas que acabamos de debatir. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 9 del senador Cuenca Cañizares y la senadora López Aulestia. Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, nueve; en contra, 228; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Pasamos, a continuación, a votar la enmienda número 10. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 17; en contra, 220; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. A continuación, votamos las enmiendas números 11 a 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 216; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. A continuación, votamos las enmiendas números 40, 43 y 44 del Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 115; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 114; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Pasamos a votar el dictamen en bloque. Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 129; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica. (Fuertes y prolongados aplausos desde los escaños de todos los grupos parlamentarios a excepción de los del Grupo Parlamentario Popular.) Gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
*Fuente: Boletín del Senado. 3 de Noviembre de 2005
Los papeles de la represión franquista

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 149
 artículo 17
 artículo 2
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 resolución 
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 resolución 
 artículo 4
 Real decreto 
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