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DICTAMEN 138/2013. (Sección 2ª) - PDF
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Pascual Coronel Salas
1 DICTAMEN 138/2013 (Sección 2ª) La Laguna, a 18 de abril de Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.R.G., en nombre y representación de la entidad mercantil T.E., S.L., por daños ocasionados en los vehículos de su propiedad, matrículas, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de grúa municipal (EXP. 113/2013 ID) *. FUNDAMENTOS I 1. Se dictamina la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Los Realejos, al serle presentada una reclamación por daños que se alegan causados por el funcionamiento de la grúa municipal. 2. La solicitud de dictamen ha sido formulada por el Alcalde del citado Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 12.3 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 3. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio para el resarcimiento de daños causados por el funcionamiento de un servicio público, que reconoce el artículo de la Constitución y que regulan los artículos 139 y siguientes de la LRJAP-PAC. 4. En el análisis de la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución a efectuar son de aplicación, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común * PONENTE: Sr. Lazcano Acedo.
2 Consejo Consultivo de Canarias (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, normativa básica no regulada por la Comunidad Autónoma aun teniendo competencia para ello. Asimismo, es de aplicación el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y la normativa aplicable al servicio público de referencia. II 1. El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación formulado en fecha 28 de julio de 2011, con Registro de Entrada del 2 de agosto de En el citado escrito se alega que la entidad T.E., S.L., como titular dominical de los vehículos ( ), fueron depositados en las dependencias de la empresa G.T.P., a efectos de su exposición y venta. A finales del año 2007, los citados vehículos fueron utilizados sin consentimiento de la propietaria por lo que ésta presenta denuncia ante la Policía Nacional del Puerto de la Cruz. Como consecuencia, los automóviles fueron recuperados por el servicio de grúa municipal y depositados en dependencias del Ayuntamiento referido, trasladándose la afectada al mismo a efectos de realizar el oportuno reconocimiento de los vehículos. Sin embargo, la afectada alega que fue informada de que a principios del año 2011 los citados automóviles habían sido trasladados unilateralmente del depósito a un solar propiedad del servicio público de grúas G.T., donde se encontraron desvalijados y desguazados, sin que puedan ser reparados. Como consecuencia de los hechos descritos, la afectada ha sufrido daños económicos por lo que solicita a la corporación local concernida que le indemnice con la cantidad que asciende a ,00, cuantía que se corresponde con el valor venal de los indicados vehículos en diciembre de Al citado escrito la afectada adjunta documental propuesta a efectos probatorios, consistente en certificado emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico, Atestados efectuados por la Guardia Civil y pericial mecánica. 3. En lo que respecta a la tramitación de su fase instructora, constan los siguientes documentos: - Documentación acreditativa de la representación. - Fichas de Tráfico de los vehículos dañados. DCC 138/2013 Página 2 de 6
3 Consejo Consultivo de Canarias - Denuncia ante la Comisaría de Policía de Puerto de la Cruz el 18 de diciembre de Comparecencia e informe de la Policía Local de Los Realejos el 28 de enero de 2-11 y oficio de la misma de 8 de febrero de Informes técnicos de valoración de los vehículos, - Comparecencia del adjudicatario del servicio implicado ante la Policía Local el 8 de febrero de Certificado de la secretaría general del Ayuntamiento de Los Realejos de la adjudicación del contrato, el 30 de diciembre de 2004, de Gestión del Servicio de retirada de vehículos de la vía pública por medio de grúa y Gestión del depósito y Custodia de los mismos en las instalaciones municipales. - Certificado de la empresa G.T. como entidad adjudicataria de la retirada de vehículos de la vía pública y posterior custodia de los mismos en el municipio de Los Realejos, identificando los vehículos de referencia y la correspondiente cantidad adeudada por el propietario de los mismos a 1 de octubre de Partes de servicio de los tres vehículos en la fecha 18 y 22 de diciembre de 2007, día en el que se efectuó el traslado de los mismos por el servicio al depósito municipal. - Trámite de vista y audiencia del expediente a las partes implicadas en el caso, notificada correctamente e, igualmente, efectuando las afectadas del procedimiento las alegaciones oportunas. - Informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre el valor venal de los vehículos afectados, a 21 de mayo de Así como, informe sobre el coste de la inspección pericial efectuada. 4. El 12 de marzo de 2013, se emitió la Propuesta de Resolución, con lo que se ha incumplido el plazo de seis meses legalmente establecido para dictar resolución expresa, con las consecuencias legales, administrativas y económicas, que comporta, lo que no obsta el deber jurídico de resolver. Página 3 de 6 DCC 138/2013
4 Consejo Consultivo de Canarias III 1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación presentada por el interesado, si bien con cita de jurisprudencia sobre la responsabilidad del contratista, cual es el caso. 2. El propietario de la entidad adjudicataria del contrato de gestión del servicio público municipal, G.T., contraparte afectada del procedimiento, acredita fehacientemente el estado de los vehículos en momento anterior a su traslado al depósito. Así, se verifica de forma eficiente que en el momento en el que se retiraron los vehículos de la vía pública ya presentaban desperfectos, confirmando tal hecho los partes del servicio practicado; sin embargo, trasladados de sitio por el concesionario, los vehículos, por negligencia in vigilando, a principio del año 2011 se encontraban en un estado deplorable, desvalijados y aún más estropeados por el transcurso del tiempo a la intemperie. 3. Los informes técnicos de peritación, efectuados el 5 de diciembre de 2012 ; acreditan para los vehículos la siguiente valoración: - Vehículo 1 (...), valor fiscal de la Administración tributaria canaria 5.400,00 euros. - Vehículo 2 (...), valor fiscal 8.544,00 euros. - Vehículo 3 (...), valor fiscal 6.600,00 euros. Estos tres valores sumados son los que a nuestro juicio corresponde satisfacer al reclamante. 4. Es doctrina reiterada de este Organismo, en línea con jurisprudencia en su momento mayoritaria de los Tribunales, que, tratándose de la prestación de un servicio público, existe relación directa entre el titular de su gestión, una Administración Pública, y los usuarios, debiendo aquélla responder por la misma, sea directamente efectuada o no, en este caso por un contratista o concesionario. Por eso, la Administración ha de indemnizar siempre al interesado, no siendo propiamente parte del procedimiento de responsabilidad el contratista en caso de contrato para la prestación indirecta del servicio, y mucho menos la aseguradora de dicha Administración, que ni siquiera debe intervenir hasta que, siempre después de intervenir este Organismo, se resuelva el procedimiento de responsabilidad y se declare el derecho indemnizatorio del interesado o se abone a éste la indemnización. DCC 138/2013 Página 4 de 6
5 Consejo Consultivo de Canarias Por lo demás, ha de tramitarse el mencionado procedimiento de presentarse la correspondiente reclamación de indemnización, sin perjuicio de poder recabar informes del contratista o, incluso, de la aseguradora municipal. Y, desde luego, de proceder la indemnización y abonarse ésta, la Administración puede repetir contra el contratista, pero en el procedimiento específico al efecto y, es claro, con distinto fundamento, pues se aplica entonces la legislación contractual, estándose a sus reglas de distribución de responsabilidad entre las partes del contrato por daños a terceros y, por ende, de acuerdo con los términos del contrato. Y es que, a juicio de este Organismo, el procedimiento previsto en el art. 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ahora en el correspondiente del de la Ley de Contratos del Sector Público tiene una finalidad diferente, aunque proceda seguir con el de responsabilidad patrimonial de considerarse responsable la Administración. No obstante, ha de reconocerse que reciente jurisprudencia, en particular del Tribunal Supremo, crecientemente mayoritaria y alterando la predominante hasta hace escasos años, considera que, en caso de contratación para la gestión de un servicio público, en el sentido lato que éste sigue teniendo, al menos a efectos de responsabilidad patrimonial, se ha de aplicar la norma contractual correspondiente y, por tanto, seguirse el procedimiento correspondiente antes indicado, siendo parte el contratista a los efectos procedimentales oportunos. Pero entonces, el procedimiento, sometido a las reglas de tramitación pertinentes, ha de concluir con la resolución de la Administración determinando la existencia de daño indemnizable o no y, de existir, la parte del contrato responsable y la determinación de la indemnización a abonar por aquélla al interesado, cuyo derecho indemnizatorio se reconoce. Consecuentemente, de ser el contratista considerado responsable por serle imputable el daño generado a tercero, acreditado el mismo y fijada la responsabilidad consiguiente según la regla de distribución prevista al respecto antes incluida y siempre teniendo presente los términos y objeto del contrato, la PR, tras fundamentar lo expresado, ha de determinar la cantidad que debe abonar el contratista al tercero lesionado en la ejecución del contrato. Y ello, sin perjuicio de que, de no poderse determinar la parte responsable o no estar el contratista en condiciones de efectuar el abono, debiendo prevalecer el Página 5 de 6 DCC 138/2013
6 Consejo Consultivo de Canarias derecho indemnizatorio garantizado constitucional y legalmente, ha de hacerlo la Administración, con repetición ulterior y en cuanto sea posible contra el contratista. En definitiva, en este supuesto y habiéndose tramitado el procedimiento de responsabilidad, pertinentemente a la vista de la solicitud presentada, debiera resolverse en la forma primeramente expuesta. Así, reconocido por la propia Administración la existencia de lesión al interesado, que ha sufrido daño por desperfectos diversos y determinados en su vehículo, ha de estimarse la reclamación y asumir la responsabilidad la Administración titular del Servicio, abonando la indemnización procedente al interesado y repitiendo, según se ha explicitado, contra el concesionario. En su defecto, la Administración ha de resolver en todo caso de acuerdo con la norma contractual aplicable al caso y, por tanto, por las mismas razones antes indicadas, ha de reconocer la exigencia de responsabilidad y el derecho indemnizatorio consiguiente del interesado y, en consecuencia, determinar qué corresponde al concesionario el abono de la indemnización, salvo que deba hacerlo ella de concurrir un supuesto para ello de los indicados precedentemente. CONCLUSIÓN La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada, no se considera conforme a Derecho, debiéndose proceder según se razona en el Fundamento III.4. DCC 138/2013 Página 6 de 6
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 artículo 12
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 artículo 54
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 Resolución 
 artículo 86
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