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Timestamp: 2019-09-15 18:19:27+00:00

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Del estado de excepcionalidad a la insurrección política y social
Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de marzo de 2014 y en el blog "Clemente Polo" el 28 de marzo de 2014.
Mas con Forcadell examinando las nuevas mercancías
Desde hace ya bastantes años vivimos en Cataluña una situación que bien puede calificarse como estado de excepcionalidad. Aunque ciudadanos de una sociedad aparentemente democrática, donde nuestros derechos están recogidos en la Constitución que aprobaron la inmensa mayoría de los españoles en 1978, entre ellos el 90,5 % de los catalanes, su ejercicio se ve restringido en la práctica por normas aprobadas por el Parlamento de Cataluña que los limitan y desnaturalizan, bien porque contemplan sanciones económicas contra quienes los ejercen, bien porque imponen a los ciudadanos la obligación de solicitar individualmente al gobierno catalán su deseo de ejercerlos, solicitudes que el gobierno catalán se jacta de ignorar incluso cuando están respaldadas por sentencias judiciales firmes. Si este estado de cosas ya nos ha rebajado a los catalanes a ser ciudadanos de segunda, los acontecimientos vividos en los últimos meses apuntan a que la situación puede empeorar considerablemente. No tengo una bola de cristal pero voy a describirles un escenario al que otorgo una alta probabilidad de que se materialice en los próximos meses.
Desestabilizar la economía española
Ante la imposibilidad de celebrar legalmente la consulta anunciada para el próximo 9 de noviembre, el presidente Mas intentará que los líderes de los partidos que apoyan la consulta se integren en su gobierno. Lo más probable, sin embargo, es que forzado por ERC, Mas tenga que disolver el Parlament y convocar elecciones plebiscitarias para que sea el nuevo ejecutivo, presidido por ERC, el encargado de formar un gobierno de unidad nacional. En ambos casos, el Parlament aprobará una resolución instando al gobierno a declarar unilateralmente la independencia. A Omnium Cultural, a la Assemblea Nacional Catalana (que ha tomado el testigo de la Coordinadora Nacional de les Consultes per la Independència) y a los medios de comunicación directa o indirectamente controlados por las administraciones públicas catalanas se les encomendará la tarea de movilizar a los ciudadanos para dejar patente en la calle el amplio respaldo social con que cuenta.
El propósito de esta estrategia de hechos consumados no es otro que modificar la posición de los miembros de la Comisión y del Consejo de la UE, hasta ahora nada receptivos a la aventura independentista del gobierno catalán. Dicho de otro modo, lo que pretenden el gobierno catalán y los partidos que lo sustentan es provocar inestabilidad en la cuarta economía de la eurozona y la quinta de la UE para que los atemorizados Comisarios y los Presidentes europeos insten al gobierno español a buscar una salida negociada con los insurrectos. Las referencias a los conflictos de Bosnia, Kosovo y ahora Ucrania, como ejemplos a seguir, son frecuentes en los planteamientos del gobierno, los partidos y las organizaciones independentistas de Cataluña.
Entretanto, el proceso para imponer su modelo de “nuevo país para todos” continúa avanzando a toda máquina. El gobierno catalán continúa impulsando, a través del Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, la creación de nuevas ‘estructuras de estado’. Además, se ha puesto en marcha una campaña de desinformación a nivel internacional sobre la situación actual de Cataluña que, quiero recordar, es una de las regiones con mayor PIB per capita de España y de la UE. Los aparatosos e infructuosos viajes internacionales, los artículos que publica y las entrevistas que concede a la prensa internacional el presidente Mas, forman también parte de esta campaña de desinformación en la que también participa activamente otra de las estructuras de estado, el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), encargado, según puede leerse en su página de Internet, de informar “a los principales decisores políticos y económicos a nivel europeo e internacional del proceso democrático que se ha iniciado en Cataluña. El derecho a decidir del pueblo de Cataluña se debe poder ejercer en libertad, sin coacciones ni amenazas, dentro de la Europa del siglo XXI”.
Para el consumo interno, el gobierno catalán continúa promoviendo y financiando generosamente simposios, exposiciones y espectáculos que falsean la historia de Cataluña y trasladan a la opinión pública la noción de que Cataluña fue un Estado independiente hasta 1714, como ha afirmado recientemente y sin rubor una de las plumas al servicio de la causa. ¡Lástima que ninguna cancillería europea se enterara de un hecho tan notorio! Por su parte, la ANC que hasta hace pocas semanas solicitaba que se adelantara la consulta a mayo y se proclamara la independencia el 11 de septiembre de 2013, sigue difundiendo la especie de que Cataluña está oprimida por el Estado español que “no ayuda a los habitantes de Cataluña y perjudica notoriamente sus posibilidades de mantener e incrementar su nivel de vida y bienestar que la capacidad productiva e intelectual del país permitiría, disminuyendo y limitando conscientemente las potencialidades de nuestro desarrollo económico y social”. Cuando uno piensa que fueron los historiadores catalanes quienes acuñaron el término “Cataluña, la fábrica de España”, para indicar el papel fundamental que jugó el mercado español en el desarrollo de las manufacturas y la industrialización de Cataluña, produce vergüenza que alguien pueda afirmar tales disparates sin ser motivo de mofa.
El desacato al orden constitucional y el incumplimiento de las leyes del Estado y las sentencias judiciales constituyen ya hoy el principal problema político y social de España. Y todo apunta a que la situación se agravará en los próximos meses cuando el gobierno y el Parlamento de Cataluña, coordinadamente con los Ayuntamientos y organizaciones como la ANC y Omnium Cultural, llamen a la insurrección a los ciudadanos en su intento de convertir el desafío secesionista en un grave problema internacional.
Consejera de Educación del gobierno de Cataluña
Ésta es ya su única baza y el único punto del programa de un gobierno que va a lograr un récord difícil de igualar en democracia: no haber presentado un sólo presupuesto en los plazos previstos al efecto.
Respuestas políticas y sociales al desafío independentista
Campaña de Omnium Cultural a favor de la independencia
Las embestidas del régimen nacional-independentista han abierto ya una dolorosa fractura en la sociedad catalana y en la española, sin parangón desde la II República, y es al gobierno español y a las Cortes a quienes compete desplegar la respuesta institucional para hacer frente a la insurrección política y social que se avecina. Para evitar improvisaciones, el gobierno tiene que tener listas las medidas legales, económico-financieras y de otro tipo que adoptará para restablecer el orden constitucional, si el gobierno de Cataluña declara unilateralmente la independencia.
Aunque Mas y Junqueras se permiten hablar en nombre de todos los catalanes sin pedirnos permiso y se postulan como comisarios políticos para imponernos su modelo cuasi-totalitario de sociedad (“una lengua, una cultura y una nación”), lo cierto es que el ansia de libertad y el apoyo a la Constitución han crecido imparablemente en la sociedad civil catalana desde septiembre de 2005.
Pocas personas ecuánimes se atreverían a negar los enormes beneficios económicos que ha reportado a los catalanes formar parte de España desde hace 300 años y, de poco sirve negarlo, porque he ahí que la ‘expoliada’ Cataluña figura entre las regiones más prósperas de la UE. Pocas son también las personas sensatas dispuestas a romper el pacto por la convivencia que, además de garantizar la igualdad de todos los españoles, ha propiciado el período más largo de prosperidad de nuestra historia. Y muchos los ciudadanos catalanes que asumimos con naturalidad la riqueza que supone la pluralidad lingüística y cultural presente en Cataluña, y que estamos decididos a que nadie ponga fronteras a los afectos y las complicidades que unen a los catalanes con el resto de los españoles. Les mantendré puntualmente informados del despertar de la sociedad civil catalana que quiere ser también española.
Publicado por Puerta Brandemburgo en 8:30 3 comentarios:
Declaración de soberanía, derecho a decidir y reforma constitucional
La anulación parcial de la Declaración de soberanía y del derecho a decidir, del Parlamento de Cataluña, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 no debería causar sorpresa y, de hecho, se trata de la resolución esperada desde el primer día. Desde el secesionismo, con las trampas argumentales habituales, se ha pretendido insistir en que se trataba de una mera declaración política y que, por lo tanto, escapaba al control judicial. En definitiva, y como ya suele ser costumbre, no se acepta la decisión porque no se adapta a sus deseos. Veamos qué ha cuestionado el TC y sus argumentos básicos.
En el punto primero de la Resolución se establecía: “Primero. Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.”. El TC señala que la Resolución, y la declaración de soberanía que contiene, era susceptible de crear efectos jurídicos, ya que podía entenderse como el reconocimiento en favor del Parlamento de Cataluña o del Gobierno de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de su condición de Comunidad Autónoma.
De hecho, esa era la indisimulada intención de la declaración de soberanía: situar al Parlamento de Cataluña como ente soberano -y, en lo posible, también al Gobierno de la Generalidad-, lo cual podría legitimar en un futuro una convocatoria unilateral de referéndum o incluso una declaración de independencia. Este es el razonamiento de fondo, aunque por el secesionismo se pretenda vestir bajo un ropaje de mera declaración política y luego se declare falsamente indignado por una más que previsible anulación. Si examinamos el Diario de Sesiones y el debate previo a la aprobación de la declaración, el mismo Oriol Pujol (CDC) pretendió despojar a la declaración de efectos jurídicos, pero no pudo evitar decir que "Avui fem un acte de sobirania amb la declaració" ("Hoy hacemos acto de soberanía con la declaración"). ¿Alguien de verdad puede mantener que se pretendían unos efectos meramente políticos o programáticos, sin mayor trascendencia, con una afirmación tan clara como la del sr.Pujol? ¿No se esgrimiría en un futuro la declaración de soberanía con argumentos y efectos jurídicos? En resumen, el TC anula una declaración que tenía como finalidad legitimar una eventual actuación del Parlament al margen de la Constitución y de la legalidad vigente, puesto que con la Resolución aprobada y la declaración de soberanía de Cataluña en un futuro se podría mantener que el Parlamento de Cataluña, si es soberano, se considera a sí mismo como poder constituyente legitimado para declarar la independencia de forma unilateral, ya que no estaría vinculado por la legalidad que se deriva de la Constitución. Así lo entiende también el TC: “El reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación española”.
Es por eso que, frente a esa clara intención, el TC declara lo que todos ya sabíamos: que en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, sin que pueda atribuírsele la cualidad de soberano a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción del pueblo español. No se trata de una novedad o de una excentricidad jurídica, pues ya en anteriores Sentencias el TC había afirmado que la titularidad de la soberanía nacional reside en exclusiva en el pueblo español. Si a ello le sumamos la indiscutible voluntad de crear efectos jurídicos, la anulación del punto primero de la Resolución era totalmente previsible.
La segunda cuestión relevante objeto de la Sentencia es la interpretación del TC sobre la posibilidad de ejercer el denominado "derecho a decidir". Algunas interpretaciones defienden que se ha abierto la posibilidad de llevar a cabo la “consulta” y que en el caso de que el resultado fuera favorable a la independencia ello obligaría a abrir el proceso de reforma constitucional. Nada más lejos de la realidad, puesto que el TC ha señalado con claridad el cauce procedimental por el que debería llevarse a cabo y que no es otro que una iniciativa de reforma constitucional, previa a cualquier paso susceptible de producir una secesión.
Es cuestión generalmente aceptada que nuestra Constitución carece de límites materiales frente a la reforma y que, por tanto, permite su revisión total. Y hace ya muchos años que se escribió por Manuel Aragón (en “Constitución y Democracia”), que la Constitución no proscribe las ideologías separatistas, que únicamente están obligadas a hacer valer sus objetivos por las vías que la Constitución proporciona.
Con estas bases, la Sentencia recuerda que en nuestro ordenamiento constitucional caben cuantas ideas quieran defenderse y que, por lo tanto, puede reformarse la Constitución en su integridad y que el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable.
Es decir, que el intento de consecución de la secesión requiere la reforma constitucional. La pretendida “consulta” desea intentar la secesión, por lo que carece de encaje constitucional si no se lleva a cabo una reforma de la Carta Magna, que el Parlamento de Cataluña podría plantear. Así de claro. Quienes defienden que el TC ha abierto la posibilidad de "consulta" para después iniciar el proceso de reforma constitucional olvidan que la "consulta" en sí misma asume una atribución de soberanía que, si solo se celebra en Cataluña, no le corresponde porque es incompatible con la soberanía nacional -residente en el conjunto del pueblo español- y la indisolubilidad de la Nación española. Por lo tanto, la reforma constitucional es el único camino posible para llegar a un referéndum secesionista.
¿Es complicado este proceso de reforma? Un proceso de modificación constitucional como el que se debería acometer resulta complejo, pero resulta inadmisible -jurídica, política y moralmente- que esa complejidad se use como excusa para evitar plantear el debate democrático de la manera que procede, que no es otro que iniciar un proceso de reforma constitucional. Soslayar este cauce procedimental sólo se comprende si bajo el supuesto “derecho a decidir” se lee “independencia”, a la cual se quiere llegar por cauces que desbordan la legalidad y la lealtad constitucional.
Pese a la claridad, lógica y coherencia de la Sentencia, la táctica secesionista ha sido la habitual ante un resultado desfavorable: deslegitimar la decisión y descalificar a los Magistrados del TC, ante la imposibilidad de ofrecer argumentos sólidos que contradigan los fundamentos jurídicos y la total ausencia de voluntad de iniciar un proceso de modificación del orden constitucional por la vía correspondiente. Las trampas argumentales suelen acompañar la retórica secesionista -se afirma que no se permite votar, pero ni siquiera se intenta seguir el cauce legal-, y se continúa en la senda de la deslealtad por quienes afirman estar por el "diálogo" (principio que contiene la Resolución impugnada), pero fijan fecha y preguntas basándose en un "derecho a decidir" del que el TC ha indicado que requiere una reforma de la Constitución.
Publicado por Puerta Brandemburgo en 11:52 No hay comentarios:
Etiquetas: declaración de soberanía, Derecho a decidir, Manuel Aragón, Oriol Pujol, Tribunal Constitucional
Sonia Sierra fue entrevistada para el diario francés La Dépêche du Midi y aparece en el siguiente artículo de Henri de Laguérie mencionando la labor de Puerta de Brandemburgo. Se puede leer el texto en este enlace.
Publicado por Puerta Brandemburgo en 19:48 No hay comentarios:
Etiquetas: Henry de Laguérie, La Depeche du Midi, Sonia Sierra
Por ejemplo, la existencia de un expolio fiscal por parte de España sobre la base del cálculo de las balanzas fiscales (los bien conocidos 16.000 millones de euros o el equivalente al 8.5% del PIB catalán) parecía haberse convertido en la piedra angular para convencer de la necesidad de la independencia de Cataluña a un porcentaje importante de la población catalana que por cuestiones puramente identitarias no se habría planteado tal posibilidad. Efectivamente, a nadie le gusta que le roben la cartera (desde luego a mí no) y menos en épocas de crisis económica. Pero, claro, cuando pasó la sorpresa inicial se empezaron a escuchar voces alertando, o al menos matizando, que las cuentas no salían y que el tal expolio no estaba tan claro si se analizaban las cuentas en detalle. Ahora parece que la “injusticia” hacia Cataluña se limitaría a entre el 1.5% y el 2% del PIB o alrededor de 4.000 millones de euros (si añadimos el coste de los servicios prestados por el Estado y eliminamos el efecto derivado de que en Cataluña se pagan más impuestos debido a su nivel comparativamente mayor de renta). Solo recordar que las ayudas financieras del Estado a Cataluña para la financiación del déficit de la Generalitat y el pago de facturas a proveedores han sido del orden de 25.000 millones de euros en los últimos dos años. Curiosamente, en las últimas semanas, incluso los más fervorosos impulsores del proceso soberanista parecen haber arrumbado el famoso “España nos roba” al rincón de lo pernicioso y renegado de su paternidad; vamos, que el lema salió a la luz pública por generación espontánea.
Aparte del reconocimiento internacional y su ingreso en la ONU (objetivos de orden político para asegurar su propia existencia como Estado independiente) que solo serían posibles con una secesión acordada con el resto de España, el primer objetivo de orden económico de una Cataluña independiente para “normalizar” su situación debería ser acceder a la OMC (Organización Mundial de Comercio) y, accesoriamente, a la OMA (Organización Mundial de Aduanas) dada la importancia de las exportaciones en la economía catalana. Primero de todo, para conseguir la cláusula MFN (Nación Más Favorecida) para sus exportaciones a terceros países y evitar, así, la imposición de aranceles prohibitivos a las mismas; y, segundo, como paso necesario para poder negociar y firmar un Acuerdo de Asociación con la UE, con el fin de poder tener acceso al Mercado Único Europeo y como antesala a su ingreso en la UE. El único problema es que uno de los pilares fundamentales de la OMC es, precisamente, la “libertad de tránsito” de mercancías en el marco del comercio internacional (por ejemplo, desde Portugal a Francia, “en tránsito” por España) que proscribe la imposición de cualquier tipo de impedimento a las mercancías en tránsito salvo aquellos encaminados a evitar el tráfico ilegal de las mismas (fraude, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc.).
Este artículo fue publicado en Crónica Global (11/03/14)
Publicado por Puerta Brandemburgo en 12:33 6 comentarios:
Etiquetas: Banco Central Europeo, Josep Lluís Carod-Rovira, Suiza, UE, Xavier Sala-i-Martin
Publicado por Puerta Brandemburgo en 7:30 No hay comentarios:
Nacionalismo e intelectualidad: ¿Verdad o agitación (política)?
Artículo de José Rosiñol publicado en Periodista Digital.
· Jordi Barbeta: “…los números (en referencia a las “balanzas fiscales”) puedes hacerlos servir como te dé la gana…”
· Jordi Basté: “…esto ¿también vale para Sala i Martín (en referencia al economista de cabecera del independentismo)?...”
Continuando con el artículo el Sr. Cardús nos dice que “…hacer la consulta que los catalanes exigen a sus políticos… eso olvida de dónde arranca todo el proceso. La petición de diálogo político de Catalunya con España arranca con Pasqual Maragall y su propuesta de reforma del Estatut…” y “…la petición de diálogo, después de cuatro años de deliberación humillante, obtuvo otro no en junio del 2010 por parte del Constitucional…”, es sorprendente que sean “catalanes” (yo soy catalán y no veo la necesidad de hacer esta consulta) quienes “exijan a sus políticos” seguir adelante con el proceso debido al tan enarbolado agravio de la sentencia del Alto Tribunal respecto al Estatut de 2006, sin embargo el referéndum tuvo una exigua participación del 48,85% y unos votos favorables del 73,9%...esto es, a favor de dicho estatuto solo votó el 36,1% del censo electoral…una cifra muy próxima al apoyo actual al independentismo ¿será una casualidad?, ¿no será que el verdadero origen sigue siendo, como en 2006, una minoría hipertrofiada gracias al aparato de manipulación mediática al servicio de la Causa?
Publicado por Puerta Brandemburgo en 9:39 1 comentario:

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