Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23966
Timestamp: 2019-10-20 11:35:17+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 79/2014
SENTENCIA 79/2014, de 28 de mayo
(BOE núm. 153, de 24 de junio de 2014)
ECLI:ES:TC:2014:79
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro González-Trevijano, don Enrique López y López, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de marzo de 2010, el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, en nombre y representación de don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya (en adelante, ERC), interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se menciona en el encabezamiento.
a) Los recurrentes interpusieron una demanda civil solicitando la protección de su derecho al honor, el cual habría sido vulnerado por el periodista don Federico Jiménez Losantos y la cadena radiofónica Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares (en adelante, COPE), por las afirmaciones vertidas por el citado periodista en diversos tramos de su programa de radio “La Mañana”, los días 13, 14 y 15 de junio, 1 de julio y 18 de noviembre de 2005.
“Carod-Rovira dice que piensa emprender acciones legales contra el Partido Popular y contra los organizadores de la manifestación del sábado en Salamanca por las amenazas de muerte que se profirieron en esa marcha contra él. El líder de Esquerra ha tachado a los populares de chulos de barrio y de franquistas sin escrúpulos y les ha acusado de hacer escarnio de la libertad y de la democracia. Asegura que acudirá a los tribunales para hacerles callar y para acabar con la impunidad con la que amparan, dice, su odio, su racismo y su xenofobia contra Cataluña.”
“[N]o sé si es que piensa el ladrón que todos son de su condición y piensa que el PP también está lleno de pistoleros sin arrepentir como lo está la Esquerra Republicana,‘ y si te atreves Roviretxe, llévame a los Tribunales y vamos a repasar cuántos terroristas de Terra Lliure tienes en tu partido, con su historial y actividades. Empezando por Puigcercós; ¿era terrorista o sólo era el brazo político de los terroristas? Este Otegi de la ETA catalana.”
“[E]stos socios de la ETA en Perpiñán, en lugar de tener que responder de su fechoría, de por qué pactaron con la ETA de matar en Madrid y no en Barcelona, en Zaragoza y no en Lérida, en Valencia y no en Gerona, encima se permiten utilizar la justicia contra los que nos atrevemos a criticar sus fechorías. Encima presumiendo”
“[E]l héroe de Perpiñán, el amigo de Josu Ternera”
“El número 2 de Esquerra, Joan Puigcercós, ha atribuido los insultos de la manifestación del sábado a la impotencia que sufre el Partido Popular ante la fuerza de los republicanos y ha asegurado que es mejor que los populares se manifiesten a que den golpes de Estado. No obstante, les ha acusado de mantener una actitud guerra civilista.
Ha habido una manifestación absolutamente pacífica pidiendo que no expolie el gobierno del PSOE, ¡del PSOE! no de Roviretxe creo, que no rompa el Archivo de Salamanca.”
“[M]e alegra mucho que comuniquen que Puigcercós, que era el jefe político de Terra Lliure, el Otegi de la época, ... no sé si estará reconstruyendo algún comando Madrid, no sé”.
b) La demanda interpuesta por los hoy recurrentes en amparo fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona mediante Sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006 que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor. Valoró el juzgador de instancia que las manifestaciones realizadas atañen a personajes públicos, de una gran repercusión mediática, y que dentro de ello se dedican a la vida política, y que las mismas, aun cuando son en extremos determinados sumamente duras, hirientes e incluso desorbitadas en su intensidad emotiva, atañen a extremos y hechos de relevancia pública relacionados con la actuación pública de sus destinatarios, por lo que da preeminencia al ejercicio de la libertad de expresión en el conflicto planteado.
c) Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por los demandantes, que correspondió conocer a la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
d) Contra dicha resolución se interpuso por parte de los demandados, don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, recurso de casación ante la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.
3. En la demanda de amparo se aduce que la Sentencia de 26 de enero de 2010 de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha procedido a dar cobertura a una serie de declaraciones carentes de cualquier ápice de veracidad (infringiéndose así el deber de diligencia exigido al informante), además de ser totalmente injuriosas y ofensivas vulnerando así su derecho al honor (art. 18 CE).
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de mayo de 2011, acordó admitir a trámite la demanda de amparo. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitieran respectivamente certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación 783-2007, al rollo de apelación 892-2006 y al procedimiento ordinario 976-2005.
5. Posteriormente, mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 31 de enero de 2012, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE y se procedió a dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6. La representación procesal de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE presentó su escrito de alegaciones con fecha de registro de este Tribunal de 20 de febrero de 2012.
7. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 21 de febrero de 2012, interesó que se estimara el amparo solicitado. Tras exponer los antecedentes de la cuestión, entra a delimitar el objeto del amparo, constatando que la demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 26 de enero de 2010, al estimar que la misma habría vulnerado el derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE) de los demandantes.
El ejercicio legítimo a disentir y criticar las posiciones políticas mantenidas por el Gobierno y los demandantes de amparo no autoriza, según el Ministerio Fiscal, a utilizar expresiones y verbalizar juicios de valor totalmente despectivos e injuriosos, dirigidos no sólo contra los demandantes de amparo sino, de forma generalizada e indiscriminada, contra los cuadros dirigentes de un partido político, así como contra sus militantes, afiliados y simpatizantes y ello le lleva a concluir que las expresiones fueron totalmente innecesarias y, en este punto, trae a colación lo afirmado en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Lindon, Otchakovsfa-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, §57. El Fiscal concluye interesando de este Tribunal que se dicte Sentencia otorgando el amparo solicitado por vulneración del derecho al honor (art. 18.1 CE) de los recurrentes.
8. Los recurrentes de conformidad con el art. 52.1 LOTC presentaron escrito de alegaciones el 1 de marzo de 2012 y niegan la necesidad del planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones, toda vez que la vulneración del derecho fundamental al honor, no lo produce ex novo la resolución del Tribunal Supremo, sino que dicha vulneración ya había sido producida por una resolución anterior, cuyos argumentos hace suyos la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010.
9. Por providencia de 23 de mayo de 2014 se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia dictada el 26 de enero de 2010 por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y la revoca, declarando la conformidad a derecho de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor de los hoy demandantes de amparo.
2. La parte demandada en este proceso de amparo opone como óbice procesal la falta de agotamiento de la vía judicial previa, en concreto, y con base en la doctrina del ATC 200/2010, de 21 de diciembre, por no haberse interpuesto por los recurrentes incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con carácter previo a la interposición del recurso de amparo constitucional.
3. El adecuado tratamiento de este recurso requiere que se analice, en primer lugar, la alegación planteada por la parte demandada relativa a que los partidos políticos estarían excluidos del ámbito de protección derivado del reconocimiento constitucional del derecho al honor (art. 18.1 CE).
En relación al ámbito de la protección constitucional del derecho al honor, la STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 6, expresaba que “el significado personalista que el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas las de substrato personalista, y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa.”
En aplicación de la doctrina reproducida, no cabe excluir a los partidos políticos de la protección que dimana del derecho al honor frente a aquellas afirmaciones y expresiones que los difamen o los hagan desmerecer en la consideración ajena. Así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al aceptar que la protección de la reputación y el honor (art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos) se predique también respecto de los partidos políticos (vid. STEDH caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, §§ 42, 44, 47 y 60).
4. Entrando ya en el fondo de la cuestión controvertida, ésta se centra en determinar si el Tribunal Supremo (y antes el Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona) ha realizado una adecuada ponderación de los derechos fundamentales implicados, partiendo de la precisión inicial, tal y como hemos reiterado, que la función de este Tribunal en los casos de colisión de derechos fundamentales sustantivos no se limita a examinar la suficiente motivación de las resoluciones judiciales frente a los que se demanda su amparo desde el prisma del art. 24 CE, pues en el ejercicio de su competencia como garante máximo de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, en supuestos como el presente, debe resolver el eventual conflicto entre el derecho a comunicar información veraz o el de expresarse libremente y el derecho al honor, determinando si, efectivamente, se han vulnerado aquellos derechos atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos (por todas, STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 3).
5. Aplicando la doctrina precedente a la cuestión planteada, la emisión de valoraciones aparece indisolublemente unida a la atribución de unos hechos de carácter noticiable consistentes en la descripción de la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Catalunya y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA.
Al respecto debe indicarse que, incluso desde el canon propio de la libertad de expresión, cuando una declaración equivale a un juicio de valor, debe basarse en una base factual suficiente como indica la STEDH de 22 de octubre de 2007 (caso Lindon y otros contra Francia, ya citada) y en este caso es un hecho admitido que se celebró efectivamente la reunión en Perpiñán en enero de 2004 y entre otras conjeturas que se trasladaron a la opinión pública por algún medio de comunicación, una de ellas era que se había alcanzado el pacto que se indica por el demandado, pues así fue publicado en el diario “ABC” en la edición impresa de 30 de enero de 2004. Por tanto, los hechos que apoyan el juicio de valor del periodista tenían una base efectiva que cabe considerar suficiente y eran conocidos del público en general, pero al tratarse de un juicio crítico o valoración personal de aquellos hechos, y al realizarse tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido y de que se hubiese informado ampliamente de tales eventos por los medios de comunicación, su enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información.
6. En efecto, de acuerdo con nuestra jurisprudencia “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).
En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).
De acuerdo con esta doctrina “quedarán amparadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público” (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5). Así, “el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de ‘pensamientos, ideas y opiniones’, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas” (entre otras muchas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4, 9/2007, FJ 4; y STEDH caso Castells c. España, § 46).
7. Es preciso, en consecuencia, efectuar aquí la ponderación entre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y el derecho al honor (art. 18.1 CE), para lo cual será necesario analizar las concretas manifestaciones vertidas por el recurrente.
Así, lo ha considerado igualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha recordado que “los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un hombre político”, a diferencia de un simple particular, puesto que se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la totalidad de los ciudadanos; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia (SSTEDH de 26 de abril de 1979, caso Sunday Times; 8 de julio de 1986, caso Lingens c. Austria; 28 de agosto de 1992, caso Schwabe y 26 de abril de 1995, caso Prager y Oberschlick).
8. En el supuesto que ahora nos ocupa es posible afirmar que muchas de las expresiones vertidas en el programa radiofónico pueden ser consideradas especialmente hirientes y desabridas. En efecto, las continuas referencias a los recurrentes como aliados, socios o amigos de ETA lo son, como también lo son las referencias a los terroristas sin arrepentir que habrían ingresado en el partido político Esquerra Republicana de Catalunya y expresan la opinión de que se trata, por un lado de una crítica a la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA y por otro una crítica o valoración de lo ocurrido en 1991 donde la propia página web de ERC se refiere a que “a raíz de la evolución y clarificación del panorama político, Terra Lliure se replantea su estrategia abandonando la lucha armada e impulsando el ingreso a ERC de sus militantes y de buena parte de los que formaban Catalunya Lliure”.
En ese contexto, y como ya hemos afirmado en otras ocasiones, especialmente cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean “especialmente molestas o hirientes” (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.
Esta fundamentación se ajusta a la doctrina interpretativa que hemos expuesto, ya que los juicios de valor del periodista se construyen alrededor de una base fáctica suficiente, pues el pacto que afirma que se produjo fue un hecho trasladado a la opinión pública en algún medio de comunicación y las expresiones vertidas se vinculan al juicio de valor que se emite por parte del periodista. Es cierto que tales expresiones se sitúan en los límites de lo admisible por su marcado carácter hiriente y desmesurado, pero las manifestaciones realizadas en los programas radiofónicos examinados se encuentran amparadas por la libertad de expresión, por cuanto que se enmarcan en un debate nítidamente público y de notorio interés, fueron pronunciadas por un periodista y se referían a la actividad de dirigentes políticos en cuanto tales, lo que amplía los límites de la crítica permisible, por tratarse de un debate de relevante interés general, lo que comporta un riesgo de que los derechos subjetivos de personas públicas puedan resultar afectados por dichas opiniones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (en este sentido, STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8 in fine, con cita de la STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2).
9. Los razonamientos expuestos conducen a confirmar los criterios manifestados por la sentencia recurrida y a denegar el recurso de amparo interpuesto.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2343-2010 al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita.
1. Como tuve oportunidad de manifestar a lo largo de las deliberaciones del presente proceso constitucional, disiento de la decisión adoptada por la mayoría. Dentro del máximo respeto hacia el parecer de mis compañeros de Sala, entiendo, por las razones que de inmediato expondré, que el fallo debió de declarar la lesión del derecho al honor de los recurrentes (art. 18.1 CE)
2. Es cierto, como dice la Sentencia, que este Tribunal Constitucional ha subrayado, como la realidad enseña y los Tribunales que conocen de vulneraciones de derechos fundamentales reconocen, que no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una fusión o, al menos, mezcla de ambos. La formulación de pensamientos necesita con frecuencia apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de meras noticias no se presenta en ocasiones en un estado químicamente puro, integrando algunos elementos valorativos, dotados de una vocación conformadora de opinión (así lo recogen, entre muchas otras, las Sentencias que cita el texto aprobado: SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2; y 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4).
Sin embargo, no es impertinente recordar, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido declarando (por ejemplo, STEDH de 22 de octubre de 2007, caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia), que existen límites a la libertad de expresión cuando los juicios de valor acarrean imputaciones de hecho. En semejantes situaciones, la declaración, incluso cuando equivalga a un juicio de valor, debe contar con una base fáctica suficiente para no resultar lesiva o, formulado el juicio desde otro ángulo, para resultar lícita.
3. Unas imputaciones del tenor transcrito no pueden en modo alguno dejar de calificarse como atribuciones de “hechos”, dotadas de una indudable relevancia pública y de una indiscutible gravedad, que hubieran debido de ser enjuiciadas con los criterios propios del canon de la libertad de información veraz del art. 20.1 d) CE (diligencia en la averiguación de los hechos). Es cierto, como sostiene la Sentencia aprobada y ya se ha recordado, que no siempre es fácil escindir la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos; pero lo relevante en el caso a examen, a mi parecer, no es tanto que los juicios de valor y los hechos confluyan, como a menudo acontece, sino —y es afirmación que quiero enfatizar— que los hechos que se afirman son total y definitivamente condicionantes de la crítica efectuada. Tan es así que, si fueran abiertamente falsos o se hubieran presumido sin la diligencia propia de la veracidad informativa, esa crítica estaría huérfana del menor sostén argumentativo, entrando de lleno en el reino de la mera fantasía especulativa; máxime cuando alguna de esas declaraciones describen conductas que podrían calificarse como delictivas (articular comandos terroristas o pactar con una organización terrorista el lugar dónde realizará sus atentados, por ejemplo). Por ello, el canon de la veracidad propio de la libertad de información debería de haber entrado necesariamente en juego, en contra de lo que dice la sentencia aprobada. Por todo ello, el presente amparo responde a un tipo mixto, encuadrable en los arts. 20.1 a) y 20.1 d), en su colisión conflictiva con el art. 18.1 CE.
4. Tampoco comparto el juicio que efectúa la mayoría desde el prisma del art. 20.1 a) CE. Por lo pronto, porque es imprescindible dotar al reconocimiento constitucional de los partidos políticos, como instituciones básicas de nuestro Estado social y democrático de Derecho, de una doble consecuencia en los supuestos en los que concurren las libertades del art. 20 CE y el derecho al honor.
5. En mi criterio y a la vista del supuesto enjuiciado, la única posibilidad de justificar ese tipo de juicios de valor hubiera acaecido mediante la debida acreditación, siquiera indiciariamente, con diligencia de averiguación y contraste, de la conexión causal entre crítica efectuada e información transmitida (hechos). En otro caso, a falta de la más mínima expresión de diligencia, no se puede aceptar la equiparación o vinculación de un partido democrático y de sus dirigentes con una organización ilegal y terrorista. Con afirmaciones de semejante tenor, es la existencia del propio Estado social y democrático de Derecho la que queda comprometida y denigrada.
Número y fecha BOE [Núm, 153 ] 24/06/2014
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2343-2010
Promovido por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de protección del derecho al honor en relación con las opiniones y expresiones formuladas en diversos programas de la cadena radiofónica COPE.
En diversos programas de radio, un periodista realizó declaraciones sobre una supuesta vinculación entre los recurrentes en amparo, en su carácter de miembros del partido Esquerra Republicana de Cataluña, y la organización terrorista ETA, a partir de la reunión de un dirigente de ese partido político (entonces Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña) con representantes de ETA, afirmando que habrían concertado un pacto en virtud del cual la organización no atentaría en el territorio de Cataluña y sí en otros territorios. La demanda civil interpuesta por los hoy recurrentes en amparo, alegando vulneración a su derecho al honor, fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, cuya sentencia fue luego revocada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona. Finalmente, en vía de casación, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo declaró que no existía intromisión en el derecho al honor de los recurrentes en amparo, considerando que las afirmaciones del periodista eran ejercicio de la libertad de expresión en virtud del carácter de personajes públicos de los afectados y la relevancia pública de los hechos.
Se deniega el amparo y se confirma el criterio de la sentencia recurrida. Las declaraciones vertidas por el periodista demandado configuran juicios de valor construidos alrededor de una base fáctica suficiente, pues el pacto supuestamente concertado fue un hecho trasladado a la opinión pública en un medio de comunicación. Si bien las expresiones del periodista se sitúan en los límites de lo admisible por su carácter hiriente y desmesurado, se trata de manifestaciones amparadas por la libertad de expresión, por cuanto se enmarcan en un debate nítidamente público y de notorio interés, fueron pronunciadas por un periodista y se referían a la actividad de dirigentes políticos en cuanto tales. La sentencia enjuicia los hechos desde la perspectiva del canon correspondiente a la libertad de expresión y no al derecho a informar en virtud de un criterio temporal: se trata de un juicio crítico efectuado más de un año y medio después de producirse los hechos. Al tratarse de un debate de relevante interés general, se amplían los límites de la crítica permisible, lo que comporta un riesgo de que los derechos subjetivos de personas públicas puedan resultar afectados, pues así lo requiere una sociedad democrática.
La especial trascendencia constitucional del recurso se aprecia en atención a que las cuestiones suscitadas permiten perfilar y aclarar aspectos de la doctrina constitucional sobre titularidad del derecho al honor de un tipo concreto de personas jurídicas como son los partidos políticos. Además, no se requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad porque nos encontramos ante un proceso cuyo el objeto consiste en el estudio de la lesión directa de un derecho sustantivo.
Las manifestaciones realizadas en los programas radiofónicos examinados, si bien se sitúan en los límites de lo admisible por su carácter hiriente y desmesurado, se encuentran amparadas por la libertad de expresión, por cuanto que se enmarcan en un debate público y de notorio interés, fueron pronunciadas por un periodista y se referían a la actividad de dirigentes políticos en cuanto a tales, lo que amplía los límites de la crítica permisible y comporta un riesgo de que los derechos subjetivos de personas públicas puedan resultar afectados, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (SSTC 107/1988, 110/2000) [FJ 8].
Los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública (SSTC 159/1986, 41/2011; SSTEDH casos Sunday Times, de 26 de abril de 1979, Prager y Oberschlick, 26 de abril de 1995) [FFJJ 7, 8].
Incluso desde el canon propio de la libertad de expresión, cuando una declaración equivale a un juicio de valor, debe basarse en una base factual suficiente (STEDH caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre) [FJ 5].
La confluencia conflictiva entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor debe resolverse a través de un análisis de ponderación en el que ha de tomarse en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión y la necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones que afecten a la organización colectiva [FJ 5].
El art. 20 CE, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza la formación y existencia de una opinión pública libre que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática (STC 235/2007; SSTEDH casos Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000) [FJ 6].
La distinción entre la libertad de expresión y el derecho a comunicar información tiene importancia a la hora de determinar la legitimidad de su ejercicio, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término ‘información’, en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo ‘veraz’ (SSTC 104/1986, 50/2010) [FJ 4].
Doctrina sobre el contenido del derecho a la libertad de expresión (SSTC 6/1981, 9/2007; STEDH caso Castells c. España, de 23 de abril de 1992) [FJ 6].
Aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste, no es patrimonio exclusivo de las mismas y dada la propia sistemática constitucional, el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas [FJ 3].
No cabe excluir a los partidos políticos de la protección que dimana del derecho al honor frente a aquellas afirmaciones y expresiones que los difamen o los hagan desmerecer en la consideración ajena (STEDH caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre) [FJ 3].
Doctrina sobre la protección constitucional del derecho al honor de las personas jurídicas (SSTC 214/1991, 139/1995) [FJ 3].
Cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa del derecho, el reconocimiento o no de su lesión, consecuencia de la revocación de las Sentencias de las instancias previas, no requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad, al estar ayuno de los fines para los que fue previsto, puesto que consistiría en la pretensión de una reconsideración sobre el fondo de la resolución con argumentos semejantes a los ya empleados en la vía judicial, incluso en el caso de que la vulneración tenga lugar en virtud de la última resolución que cierra la vía judicial (STC 216/2013; ATC 200/2010) [FJ 2].
El carácter subsidiario del recurso de amparo ha quedado sobradamente garantizado, pues el asunto pasó por tres instancias judiciales, en cada una de las cuales hubo ocasión de examinar las alegadas lesiones de derechos fundamentales y no cabe sino concluir que el recurrente no estaba obligado a promover, además, el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 LOPJ frente a la Sentencia de casación impugnada [FJ 2].
Artículo 18, f. 3, VP
Artículo 18.1, ff. 3, 7, VP
Artículo 20, ff. 4, 6, VP
Artículo 20.1 d), f. 4, VP
Artículo 241.1 (redactado por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre), f. 2
Artículo 241.1 in fine (redactado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), f. 2
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de octubre de 2007 (Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia)
§ 60, f. 3
Cargos públicos de representación políticaCargos públicos de representación política, ff. 6 a 8
Contenido de la libertad de expresiónContenido de la libertad de expresión, f. 3
Crítica a personajes públicosCrítica a personajes públicos, ff. 6 a 8
Crítica políticaCrítica política, ff. 6 a 8
Críticas públicasCríticas públicas, ff. 6 a 8
Honor de personas jurídicasHonor de personas jurídicas, f. 3
Límites a la libertad de expresiónLímites a la libertad de expresión, f. 3, VP
Opinión pública libreOpinión pública libre, 6, 7, VP
Ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresiónPonderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión, ff. 4 a 8
Veracidad de la informaciónVeracidad de la información, f. 6, VP
Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos HumanosDoctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ff. 3, 5, 8
PeriodistasPeriodistas, ff. 4 a 8

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 241

Artículo 241
in fine