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Timestamp: 2017-11-22 13:15:20+00:00

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Decreto 84/2010, de 27 de mayo, por el que se regula el Programa Aluga, para el fomento del alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Galicia. TÍTULO III. Procedimiento de selección y relación arrendaticia
Procedimiento de selección y relación arrendaticia
1. La selección de arrendatarios y la adjudicación de viviendas incorporadas al Programa Aluga, se realizará entre las unidades familiares y de convivencia inscritas o anotadas en la Sección 4ª del Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los siguientes principios y criterios:
- Publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad.
- Sistema aleatorio y automático de selección.
- Prioridad del ayuntamiento indicado como preferente en la solicitud de inscripción o anotación, sin perjuicio, en su caso, de participar en los procedimientos de adjudicación de viviendas situadas en los ayuntamientos señalados como subsidiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2º del Decreto 1/2010, de 8 de enero. No obstante lo anterior, a efectos de las viviendas ofertadas en el Programa Aluga, se considerarán demandantes insuficientes cuando el número de inscritos sea inferior a 10.
- Máxima adecuación de las viviendas a las preferencias, características y composición de la unidad familiar o de convivencia.
- Correspondencia de la renta del alquiler con el nivel de ingresos de la unidad familiar o de convivencia, según lo señalado en el artículo 24º de este decreto.
2. A su vez, tendrán prioridad para participar en los procedimientos de selección y adjudicación de viviendas, las unidades familiares o de convivencia con ingresos anuales ponderados que no superen 2,5 veces el IPREM. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género se mantendrá la prioridad aunque supere dicho límite de ingresos.
En el caso de que no existan demandantes de los anteriores en número suficiente que se ajusten a las características de la vivienda, podrán participar en el procedimiento de selección las unidades familiares o de convivencia con ingresos de más de 2,5 y hasta 3,5 veces el IPREM.
3. Dentro de cada uno de los tramos de ingresos referidos en el apartado anterior, tendrán prioridad para ser adjudicatarios las unidades familiares o de convivencia pertenecientes a los colectivos prioritarios y cualificados definidos en los artículos 21º y 22º de este decreto.
4. Para la determinación del orden de prelación entre los seleccionados se tendrán en cuenta las siguientes preferencias o prioridades:
- Preferencia de la inscripción frente a anotación.
- Prioridad por antigüedad de la inscripción o, en su caso, de la anotación en la Sección 4ª: demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento incorporada al Programa Aluga.
- Si después de aplicar los criterios anteriores resultara algún empate, se resolverá por sorteo entre las unidades familiares o de convivencia con la misma antigüedad en la demanda.
5. Para la adjudicación de viviendas disponibles tendrán prioridad las viviendas desocupadas como consecuencia de la resolución de un contrato de arrendamiento anterior acogido al Programa Aluga. En los demás casos, se tendrá en cuenta la fecha de la solicitud de incorporación de la vivienda al Programa Aluga, así como la demanda existente en relación con las características de la misma.
Artículo 31 Procedimiento de selección de arrendatarios y adjudicación de viviendas
1. Para cada vivienda incorporada al Programa Aluga se realizará un procedimiento específico de selección de potenciales arrendatarios.
2. El IGVS, con carácter previo, publicará en su página web la fecha de los procedimientos de selección, con indicación de la localización, características y precio tasado de la renta mensual de la vivienda que se va a adjudicar.
3. La selección de potenciales arrendatarios se realizará entre las unidades familiares o de convivencia inscritas o anotadas en la Sección 4ª del Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los principios y criterios de prioridad y preferencia señalados en el artículo 30º.
4. La unidad tramitadora podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de las unidades familiares o de convivencia que resulten seleccionadas y, en su caso, requerir la documentación que sea precisa para la comprobación de las circunstancias alegadas.
5. Una vez seleccionadas y comprobado el cumplimiento de los requisitos, se elaborará la lista de potenciales arrendatarios, procediendo a la adjudicación provisional de la vivienda y las correspondientes reservas, por orden de prelación, hasta un máximo de diez.
6. En el plazo de siete días hábiles desde que sea comunicada la adjudicación provisional, el titular de la unidad familiar o de convivencia deberá aceptar dicha adjudicación de modo expreso; de rechazarla o no dar respuesta en dicho plazo, se podrá seleccionar como adjudicataria provisional a la siguiente de la lista de reserva. En el caso de que después de la aceptación de la adjudicación provisional no llegue a suscribir el contrato de alquiler en el plazo o fecha que se le señale, se procederá de igual modo.
7. Una vez aceptada la adjudicación provisional, se citará a las partes para que comparezcan ante el centro de acompañamiento y asesoramiento del Programa Aluga, con la documentación requerida para la formalización del contrato de arrendamiento, en los términos indicados en el capítulo II de este título.
8. Una vez firmado el contrato de arrendamiento, la adjudicación definitiva de la vivienda se publicará en la página web del IGVS.
9. La elaboración de las listas de potenciales arrendatarios, la comunicación de las adjudicaciones provisionales, así como la aprobación de la adjudicación definitiva les corresponderá a las jefas o jefes de la correspondiente área provincial del IGVS.
10. Las resoluciones de adjudicación definitiva que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su notificación, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 32 Excepciones al procedimiento ordinario de adjudicación
1. Podrán exceptuarse del procedimiento ordinario de adjudicación previsto en el artículo anterior, aquellas viviendas que se destinen a satisfacer necesidades específicas y urgentes de vivienda, en situaciones de emergencia que impliquen pérdida de la vivienda o cualquier otra situación que se determine por resolución del/la presidente/a del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
2. En particular, procederá la adjudicación directa de viviendas en régimen de arrendamiento incorporadas al Programa Aluga, para satisfacer las necesidades de vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género, en los términos y por el procedimiento, preferente y sumario, que se establezca en las normas de desarrollo de este decreto.
3. Asimismo, a petición de parte interesada, por resolución motivada del/la director/a general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, a propuesta de la jefa o jefe de la correspondiente área provincial del IGVS, podrá acordarse la adjudicación directa de una vivienda cuando por causas extraordinarias o excepcionales una vivienda alquilada en el marco del programa deje de servir para el uso al que se destina antes de que hayan transcurrido los cinco primeros años del contrato de arrendamiento y, a su vez, se aprecie una necesidad urgente e inaplazable de vivienda, por las circunstancias concurrentes en el caso concreto.
4. Con carácter de excepción, las personas con dependencia o discapacidad oficialmente reconocida inscritas en la Sección 4ª del registro podrán proponer la incorporación de una vivienda para que le sea arrendada dentro del programa, cuando por sus limitaciones físicas o sensoriales requieran de una especial adaptación o cuando otra circunstancia o condición evidencie la necesidad de la vivienda para la adecuada atención de sus necesidades cotidianas, y siempre que en el programa no existan viviendas adaptadas a sus necesidades.
Una vez incorporada la vivienda al programa de acuerdo con el procedimiento establecido en el título I de este decreto, en caso de que resulten acreditadas las circunstancias alegadas, así como la idoneidad y adaptación de la vivienda, se formalizará el contrato de arrendamiento según lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 8 del artículo anterior y en el capítulo II de este título.
5. La tramitación, instrucción y la propuesta de resolución de los procedimientos de adjudicación directa se realizará por las áreas provinciales del IGVS.
6. La competencia para resolver le corresponderá al/a la director/a general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Las resoluciones que se dicten pondrán fin a la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su notificación, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Contrato de arrendamiento y relación arrendaticia
Artículo 33 Formalización del contrato de arrendamiento
1. El contrato de arrendamiento será formalizado por escrito en el modelo-tipo que facilite el IGVS, se firmará por la arrendadora y la arrendataria, por triplicado ejemplar, en las dependencias del correspondiente centro de acompañamiento y asesoramiento del Programa Aluga, y quedará sujeto a las prescripciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.
Al contrato de arrendamiento se adjuntará el inventario de la vivienda, firmado por ambas partes en prueba de su conformidad con el estado y condiciones de ocupación de la vivienda, así como una declaración responsable de todas las personas integrantes de la unidad familiar o de convivencia que residirán en la vivienda.
2. Los contratos de arrendamiento que se suscriban al amparo del Programa Aluga, tendrán efectos a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de su formalización.
3. En el momento de la formalización del contrato, el arrendatario hará entrega de la fianza en cuantía equivalente a una mensualidad de la renta. La parte arrendadora deberá proceder a su depósito en el correspondiente servicio del IGVS, en la misma fecha de la firma del contrato, entregando una copia del resguardo para el archivo en el correspondiente expediente.
4. La arrendadora deberá facilitar los datos de la cuenta bancaria de la que sea titular, donde quiere que se le ingrese la renta mensual, así como el importe de las subvenciones que, en su caso, le puedan ser concedidas.
5. El centro de acompañamiento y asesoramiento del Programa Aluga informará a los firmantes del contrato de las subvenciones a que puedan tener derecho en el marco del Programa Aluga, así como de los plazos y documentación que deben presentar en cada caso, prestándoles el apoyo preciso para la presentación de las solicitudes.
Artículo 34 Condiciones básicas del contrato de arrendamiento
1. Serán requisitos y condiciones necesarias que deberán de constar de modo expreso en los contratos que se suscriban al amparo del Programa Aluga las siguientes:
a) La vivienda deberá destinarse a domicilio habitual y permanente de la arrendataria y de los componentes de su unidad familiar o de convivencia, durante toda la vigencia del contrato.
b) No tener relaciones de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la arrendadora, o, en su caso, no ser socio o partícipe de la persona jurídica que actúa como arrendadora.
c) La arrendataria, excepto por causa de fuerza mayor, deberá ocupar la vivienda en el plazo de un mes desde la fecha de efectos del contrato de arrendamiento.
d) La arrendataria no podrá ceder ni subarrendar, total o parcialmente, la vivienda.
e) El contrato de arrendamiento tendrá una duración inicial de un año y se prorrogará obligatoriamente por períodos anuales hasta alcanzar una duración de cinco años, excepto que la arrendataria manifieste a la arrendadora con 45 días de antelación, como mínimo, a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
f) La renta pactada no podrá ser superior a la tasada por el IGVS y podrá ser actualizada anualmente aplicando la variación porcentual del índice general nacional del sistema de índices de precios de consumo (IPC), de acuerdo con el establecido en el artículo 18 de la Ley de arrendamientos urbanos.
g) La renta deberá abonarse en pagos mensuales anticipados, dentro de los diez primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria titularidad del IGVS que se designe al efecto. La falta de pago será causa de resolución del contrato.
h) Los gastos generales para el adecuado mantenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades serán a cargo de la arrendadora, incluyendo en este concepto el pago de las cuotas de la comunidad de propietarios, así como el importe del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
i) Los pagos de los suministros de la vivienda serán a cargo de la arrendataria.
j) La prohibición de la percepción de sobreprecios o cantidades distintas a la renta del alquiler pactada en el contrato de arrendamiento.
k) La arrendataria deberá cumplir los deberes impuestos por la Ley de arrendamientos urbanos, en especial, los relativos al uso y conservación de la vivienda; así como respetar y observar las normas esenciales de convivencia y los estatutos y normas de régimen interno de la comunidad de propietarios.
l) Las obras de reparación necesarias para la conservación de la vivienda serán a cargo de la arrendadora, excepto las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda, que serán a cargo de la arrendataria.
m) En el caso de venta de la vivienda, el nuevo adquirente tendrá que respetar el contrato de arrendamiento durante el período inicial y sus prórrogas obligatorias y, a su vez, para beneficiarse de los servicios del programa deberá aceptar expresamente las condiciones de la puesta a disposición. En el caso de que no se acepten expresamente dichas condiciones, procederá la devolución de la subvención de obras y actuaciones de reforma percibidas por la vendedora en la parte proporcional al tiempo que falte para el cumplimiento del plazo inicial de puesta a disposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19º y 52º de este decreto.
2. Serán causas de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1 anterior y las demás causas previstas en la Ley de arrendamientos urbanos. En todo caso, en el contrato de arrendamiento deberán constar de modo expreso las siguientes causas de resolución:
a) La falta de ocupación de la vivienda en el plazo de un mes desde la fecha de efectos del contrato de arrendamiento.
b) El incumplimiento de la obligación de pago de la renta según lo establecido en el apartado anterior.
c) Causar graves desperfectos en la vivienda o incumplir las normas esenciales de convivencia.
d) La no realización por la arrendadora de las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad y de servir para el uso al que se destina.
3. La arrendadora quedará obligada a ejercer su derecho de resolución contractual en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados a), c), d), g), k) del número 1 de este artículo. De no hacerlo podrá ser excluida del Programa, por incurrir en la causa de baja de las viviendas prevista en el artículo 19º.1 c) de este decreto.
4. La resolución del contrato de arrendamiento deberá ser comunicada al centro de acompañamiento y asesoramiento del Programa Aluga, como mínimo, con 45 días de antelación.
5. Si el contrato de arrendamiento quedara resuelto a instancia o por causa imputable a la arrendataria antes de finalizar el período de los cinco años de puesta a disposición, el titular de la vivienda deberá formalizar un nuevo contrato de arrendamiento en el marco del Programa Aluga; en otro caso, procederá la devolución de la subvención de obras y actuaciones de reforma en la parte proporcional al tiempo que falte para el cumplimiento del citado plazo, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 19º y 52º de este decreto.
Artículo 35 Sistema de cobro y pago de la renta
1. La arrendataria deberá ingresar la renta del alquiler o la parte que le corresponda, en el caso de ser beneficiaria de la subvención a las personas inquilinas prevista en este decreto, en la cuenta bancaria del IGVS designada al efecto, dentro de los diez primeros días de cada mes.
2. Una vez comprobado el ingreso de la parte correspondiente a la persona inquilina, el IGVS ingresará el importe de la subvención en una cuenta propia y procederá al pago íntegro del precio de la renta al titular de la vivienda dentro de la última quincena de cada mes, mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la arrendadora.
No obstante lo anterior, la renta de la primera mensualidad del contrato de arrendamiento podrá ser abonada junto con la correspondiente a la segunda mensualidad.
3. En el caso de impago o demora en el pago de la renta por parte de la arrendataria, su cobro quedará cubierto durante un período de hasta doce (12) mensualidades, mediante la suscripción por la arrendadora de un seguro de impago de rentas con la entidad previamente seleccionada por el IGVS.
La prima de la garantía por impago de rentas será a cargo de la arrendadora y su importe se descontará del precio de la renta en la misma o en la mensualidad anterior a la correspondiente a su pago; a tales efectos el IGVS procederá a la gestión del pago de la prima sin integrar tales cantidades en su patrimonio.
En estos supuestos de demora o impago, la arrendataria será responsable del pago íntegro de la renta estipulada.
4. Después de la celebración del primero contrato de arrendamiento en el marco del programa, en los períodos de desocupación de la vivienda, el pago del importe equivalente a la renta quedará cubierto por la correspondiente garantía, durante un período de hasta cuatro mensualidades, para lo que el IGVS podrá concertar el oportuno seguro.

References: artículo 11
 artículo 24
 resolución 

Artículo 31
 artículo 30
 artículo 116

Artículo 32
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 116

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 

Artículo 35