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Timestamp: 2019-12-07 03:31:26+00:00

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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 405939118
PRIMERO. Por oficio recibido el dieciséis de febrero de dos mil diez, en la Oficina del Servicio Postal Mexicano de Mexicali, Baja California, R.M.M., en su carácter de Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, promovió controversia constitucional en representación de dicho Estado, en la que demandó la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
1.	Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
2.	Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
1.	El dieciséis de noviembre de dos mil seis, se publicó en la Gaceta Oficial, la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal.
2.	El veintinueve de diciembre de dos mil nueve, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
a)	Las normas impugnadas vulneran el principio federal, porque imponen a los Estados de la República obligaciones no previstas en la Norma Fundamental
b)	Las normas impugnadas vulneran lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Federal
El artículo 122 constitucional dispone, en su Base Primera, fracción V, inciso h), que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la facultad de legislar en las materias civil y penal, en los términos del Estatuto de Gobierno que, en su artículo 44, establece que las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa se sujetarán a lo dispuesto en las leyes generales que dicte el Congreso de la Unión.
En este contexto, se emite el Código Civil Federal, que prevé, en por un lado, que sus disposiciones regirán en toda la República en asuntos del orden federal (artículo 1°) y, por otro, que cualquier condición contraria a la perpetuidad de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta (artículo 147).
Las normas impugnadas, al contravenir las disposiciones del referido Código, vulneran lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno y, en consecuencia, el artículo 122 de la Constitución Federal.
c)	La recta interpretación del artículo 4° constitucional, incluso, en términos sociológicos, permite concluir que el Estado mexicano protege a la familia heteroparental
d)	La naturaleza de la tutela constitucional a la organización y desarrollo de la familia heteroparental
e)	El reconocimiento jurídico de otros grupos sociales no debe menoscabar la relevancia de la familia heteroparental, como modelo celular de la sociedad mexicana
f)	Contra el interés superior del niño, el artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal permite que las uniones civiles de personas del mismo sexo puedan adoptar
Haciendo posible que un menor se integre a un grupo, del que no puede afirmarse, en términos científicos generales, que satisfaga los requisitos para proporcionarle un ambiente apropiado para su armonioso desarrollo, el legislador del Distrito Federal incumplió su deber de proveer lo necesario a la satisfacción del óptimo desarrollo integral de los niños, que le impone el artículo 4° constitucional. Además, vulneró elprincipio de igualdad, según el cual no debe darse un trato igual a situaciones diferentes.
g)	La posibilidad de que parejas de personas del mismo sexo puedan adoptar se opone a la realización del modelo familiar privilegiado por el Constituyente
h)	Al equiparar una unión de personas del mismo sexo con el matrimonio, el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal otorga un trato inequitativo y contrario a la protección constitucional de la familia
La propia Constitución confirma que el matrimonio debe ser contraído por personas de distinto sexo. El carácter esencial que tiene para el matrimonio el ser contraído por personas de diferente sexo, se desprende, igualmente, de lo establecido por el artículo 30, apartado B, fracción II, de la Norma Fundamental, que prevé que adquieran la nacionalidad mexicana por naturalización "la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos". Por el acomodo de las palabras "varón" y "mujer", debe entenderse que personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, lo cual se deduce de la aplicación de la tesis emitida por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, de rubro "INTERPRETACIÓN DE LA LEY.".
i)	Al permitir que una pareja de personas del mismo sexo contraiga "matrimonio", el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal discrimina a una constelación de parejas de personas de distinto sexo
j)	Existe una tendencia internacional a negar a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio
A través de un estudio de derecho comparado que toma como base los casos de Alemania, Costa Rica y Francia, se concluye que, aun cuando algunos países lo han aceptado, no existe consenso internacional a favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
QUINTO. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diez, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 13/2010 y, por razón de turno, designó como instructor al M.S.A.V.H..
En contra de la anterior determinación, el Estado de Baja California, por conducto de la delegada nombrada por el Procurador General de Justicia, interpuso recurso de reclamación, al que correspondió el número 14/2010-CA, del que conoció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, mediante resolución de treinta de junio de dos mil diez, determinó que dicho recurso era procedente y fundado, lo que dio lugar a la revocación del auto recurrido.
1.	Del análisis de la evolución histórica del concepto y la institución de la familia, se concluye que el modelo de familia y de matrimonio que predominó en la cultura occidental, tanto en el terreno de los hechos como en el de los principios, partió del supuesto de que la autoridad del esposo estaba por encima de la de la esposa. Esto se modificó jurídicamente en México, a partir de mil novecientos setenta y cuatro. Las relaciones de pareja se basaron, sobre todo, en la comunidad de vida, que constituyó la realidad de la familia, protegida por normas y derechos de carácter público.
2.	No existe un concepto de familia, ni un modelo ideal de familia, en la Constitución Federal. De la lectura del artículo 4° constitucional, se desprende que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, sin que se advierta la regulación de uno solo de sus modelos, ni mucho menos el establecimiento de un modelo ideal.
3.	En los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tampoco se prevé una definición de familia. De esta manera, queda de manifiesto que no existe una definición o concepto ideal generalmente aceptado de la familia.
4.	De la revisión de la legislación de todos los Estados de la República, se advierte que no existe una definición o concepto de familia y, mucho menos, un concepto uniforme de lo que debe entenderse como tal, sin que pueda concluirse, con fundamento en algún precepto de la Constitución Federal, que, por esta razón, resultan inconstitucionales.
b)	El matrimonio
1.	El concepto "garantía institucional" se emplea en la doctrina extranjera para aludir a una esencia o núcleo esencial que la propia doctrina atribuye a ciertas instituciones, entre ellas, el matrimonio y la familia.
2.	En México, a diferencia de lo que ocurre en la doctrina extranjera, el concepto "garantía institucional" ha sido utilizado en forma mucho más acotada y precisa, en virtud de que el concepto no se encuentra en el texto constitucional. Es aplicado exclusivamente para casos en que el texto constitucional explícito determina las características de las instituciones jurídicas que el legislador ordinario deberá, en todo momento, respetar.
3.	Un estudio sobre la constitucionalidad del matrimonio desde la perspectiva de la no discriminación, lleva a cuestionarse si la norma general impugnada es expansiva o restrictiva de derechos. Si es expansiva, habría de determinarse el derecho respecto del cual es expansiva, al haberse concluido previamente que el matrimonio no es una "garantía institucional". La única forma de encontrar una respuesta es analizándolo a la luz del artículo 1° constitucional, en cuanto al derecho a no ser discriminado.
4.	Al preguntarse si es correcto que constitucionalmente el matrimonio sea definido como la unión entre un hombre y una mujer, debe concluirse que, al igual que en el caso de la familia, al no existir un solo modelo de matrimonio, no puede pretenderse que éste deba constituirse exclusivamente entre personas de diferente sexo.
5.	Asimismo, debe señalarse que no existe consenso en los instrumentos internacionales, en el sentido de que el matrimonio deba celebrarse sólo entre un hombre y una mujer. Los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el Preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, sino dejan abierta la posibilidad de que las normas de cada Estado lo decidan.
6.	Derivado de lo anterior, no existen bases para sostener que una familia sólo puede constituirse a través del matrimonio entre heterosexuales.
c)	El procedimiento legislativo que tuvo como resultado la redacción actual del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal
En el caso, se acreditóque la prohibición implícita para que personas del mismo sexo contrajeran matrimonio, implicaba una violación al derecho fundamental a la no discriminación por razón de preferencias.
d)	La adopción y los derechos de los menores
e)	Los efectos de los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo en el resto de las entidades federativas
a)	La reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal no vulnera la esfera de competencia del Estado de Baja California, pues el artículo 121 constitucional evita que los sistemas jurídicos locales se puedan traslapar o extender más allá de su propio territorio o jurisdicción, estableciendo una serie de reglas y principios necesarios que, además de impedir que los efectos de las leyes locales se propaguen hacia otras entidades federativas, permiten la armonización de dichos sistemas jurídicos.
b)	El artículo 121 de la Constitución Federal establece una limitación a la función legislativa del legislador local, consistente en que, en ejercicio de su función, no podrá imponer obligaciones o crear derechos fuera del ámbito de su territorio.
De esta forma, al no tenerse que ejecutar actos en el territorio del Estado de Baja California, derivados de la reforma a los artículos cuya invalidez se demanda, no es posible que se vulnere su esfera de atribuciones, pues, como se ha señalado, dichas normas sólo surtirán efectos dentro del territorio del Distrito Federal.
c)	Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Federal, todos los Estados deben reconocer la validez de los actos del estado civil ajustados a las leyes expedidas por uno de ellos, dicho reconocimiento no implica que tales actos surtan sus efectos en todos los Estados de la Federación, sino, por el contrario, sólo surtirán efectos dentro del territorio del Estado en el que fueron celebrados, en este caso, en el Distrito Federal.
d)	El artículo 4° de la Constitución Federal garantiza la protección de la familia, sin referirse a un modelo determinado. En este sentido, no puede admitirse que la Constitución proteja un solo modelo de familia, pues lo que mandata es la protección de la familia como tal, al ser indudablemente la base primaria de la sociedad, sea cual sea la forma como se constituya, y esa protección es la que debe garantizar el legislador ordinario.
e)	Una interpretación progresiva del precepto constitucional en cuestión, a través de un estudio comparativo de las condiciones jurídicas que prevalecían al momento de expedirse determinadas normas, en relación con las existentes actualmente, permite constatar que el concepto de familia ha ido cambiando con el paso del tiempo, sin que esto hubiese incidido sobre la necesidad de protegerla.
f)	La protección de la familia, como "garantía institucional", es competencia del legislador ordinario. En el caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cumplió con el mandato contenido en el artículo 4° de la Constitución Federal, pues, como se ha señalado, la realidad social es cambiante, lo que ha venido a replantear el concepto de familia que, en ningún momento, es definido por la Constitución, correspondiendo, por tanto, al legislador ordinario, conocer y proteger los distintos modelos de familia que, en un momento dado, se manifiestan dentro del ámbito espacial de validez en el que le corresponde legislar.
g)	La disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 4° constitucional, tiene por objeto proteger la organización y el desarrollo de la familia. En este sentido, no es dable afirmar que tal protección sólo debe otorgarse a la familia heteroparental, pues, en ningún momento, se prevé un mandato en este sentido. La interpretación constitucional, por tanto, debe ser correspondiente con la realidad social y tendiente a tutelar las múltiples diferencias que caracterizan a una sociedad.
h)	El que la procreación siga siendo un elemento importante en las relaciones humanas, no puede llevar a sostener que la celebración del matrimonio debe ser únicamente entre personas de distinto sexo, dado que su finalidad primordial es la procreación. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 156 del Código Civil para el Distrito Federal, respecto de la dispensa al impedimento consistente en la impotencia incurable para la cópula, si la situación es conocida y aceptada por el otro contrayente.
i)	Si bien es cierto, la familia es uno de los grupos sociales primarios, las funciones que se encomiendan a dicha institución no se reducen a la procreación de nuevos individuos, puesto que la relación jurídica matrimonial ha dejado de vincularse únicamente con este fin, sosteniéndose ahora, primordialmente, en lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y compromiso mutuo, de quienes desean tener una vida en común y fundar una familia.
j)	La familia no es un concepto jurídico, sino sociológico. En este sentido, los fenómenos sociales han dado como resultado que la familia se modifique y que actualmente existan diversos modelos familiares que, si bien no corresponden al modelo tradicional, no pueden dejar de reconocerse como familia, al existir lazos consanguíneos, afectuosos, de lealtad, ayuda mutua y protección, entre quienes los integran.
k)	En la Convención sobre los Derechos del Niño, se define el "interés superior" como la plena satisfacción de los derechos del niño o el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizarle un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.
l)	Como se ha señalado, de ninguna disposición de la Constitución, se desprende que el Constituyente haya intentado definir la familia y, mucho menos, que haya pretendido tutelar sólo un modelo de familia en específico, pues el mandato contenido en el artículo 4° es claro, al garantizar la protección de la familia como tal. Tratándose de derechos fundamentales, la interpretación constitucional siempre debe hacerse en correspondencia con la realidad social y debe tender no sólo a su mayor protección, sino a amparar las diferencias que caracterizan a una sociedad basada en la pluralidad.
m)	Previamente se mencionó que el matrimonio ha dejado de vincularse a la idea de la procreación, lo que obliga a reconocer otros tipos de familia, de acuerdo con la realidad social actual. Esta característica es, simplemente, una de muchas posibles, tales como los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y compromiso mutuo, de quienes quieren establecer una vida en común. Por este motivo, el matrimonio no es ajeno a la familia constitucionalmente entendida.
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Estado de Baja California y el Distrito Federal.
Sin que sea óbice a lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala en el recurso de reclamación número 14/2010-CA derivado de la presente controversia constitucional, ya que la materia de análisis en dicho recurso se limitó a determinar si se actualizaba o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que llevara a desechar de plano la demanda, concretamente, la falta de interés legítimo del actor, como lo consideró el Ministro instructor; por lo que, el hecho de que la Segunda Sala haya estimado que dicha causa de improcedencia no era manifiesta e indudable, en modo alguno puede resultar vinculante para el Tribunal en Pleno al dictar sentencia definitiva, pues, en ésta tiene la facultad plena de examinar el asunto y, por ende, la procedencia del mismo, al ser una cuestión de estudio oficioso, conforme al último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia.
VIII.	En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.
I.	De lascontroversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
e)	Un Estado y el Distrito Federal;
1.	En la controversia constitucional 9/2000, resuelta en sesión de dieciocho de junio de dos mil uno, por mayoría de diez votos, determinó que el agravio planteado por el promovente debía entenderse como un interés legítimo para acudir a la controversia, traducido en la afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto que consideran lesivo. Así también, que dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en que se encuentra, la cual necesariamente debe estar tutelada legalmente para que pueda demandarse su estricta observancia.
2.	Derivado de la controversia constitucional 5/2001, resuelta en sesión de cuatro de septiembre de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, se amplió el concepto de interés legítimo, al determinar que, mediante la controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para dirimir cuestiones que impliquen violaciones a la Constitución Federal, aun cuando no se alegue la invasión de esferas de competencia de la entidad o poder que la promueve, siempre y cuando exista un principio de afectación.
3.	En la controversia constitucional 328/2001, resuelta en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil tres, por mayoría de nueve votos, volvió al criterio referido en primer término, restringiendo con ello los alcances del concepto analizado. Concretamente, en este asunto, se resolvió que la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados constituye una prerrogativa para su buen funcionamiento, por lo que si con motivo de la resolución dictada en un procedimiento de juicio político instaurado en contra de alguno de sus integrantes, se afecta la esfera jurídica del citado Poder, éste cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional.
4.	En la controversia constitucional 33/2002, resuelta en sesión de veintinueve de junio de dos mil cuatro, por unanimidad de nueve votos, determinó que cuando la norma impugnada no afecta, en modo alguno, el ámbito de atribuciones de la entidad actora y tal circunstancia revela, de forma clara e inobjetable, la improcedencia de la vía, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo, sino sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia y 105, fracción I, de la Constitución Federal, así como en las tesis de jurisprudencia transcritas en los numerales 1 y 2 que anteceden, que se refieren sustancialmente a la existencia de un principio de agravio.
En el caso, el Estado de Baja California promueve controversia constitucional en contra del Distrito Federal, demandando la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, reformados por virtud del Decreto expedido por la Asamblea Legislativa y publicado en la Gaceta Oficial, el veintinueve de diciembre de dos mil nueve, por lo que, dada la naturaleza de la normatividad impugnada, en tanto se trata de normas generales en materia civil a aplicar en el territorio de la entidad emisora(1) y, atento a que lo que se impugna es la manera en que en dicha entidad se define la institución civil del matrimonio como la unión de dos personas, permitiendo, por ende, que se celebre entre personas del mismo sexo, así como la consecuencia de que dichas uniones puedan adoptar, se estima que dichas disposiciones no afectan, en modo alguno, el ámbito de atribuciones del Estado actor y, por tanto, es evidente la inviabilidad de la acción, conforme al último de los criterios plenarios referidos.
A.	RESPECTO DEL ARTÍCULO 146 DEL CCDF
La fracción IV del artículo 121 constitucional establece que "Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros". Este precepto obliga a toda entidad federativa, incluyendo la que represento, a reconocer y otorgar validez al matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el Distrito Federal y hacerlo para todos los efectos jurídicos, sin considerar lo establecido al respecto en sus correspondientes legislaciones.
La emisión y promulgación del referido artículo 146 del CCDF, por consiguiente, es susceptible de afectar la esfera de atribuciones de la entidad federativa que represento, imponiéndole un nuevo deber jurídico: reconocer el matrimonio entre personas de igual sexo celebrado en el Distrito Federal de conformidad con aquel precepto, de conformidad con el artículo 121, fracción IV, de la Constitución. Reconocimiento que se contrapone al marco jurídico que represento, así como a sus respectivos intereses, lo que constituye el interés legítimo para promover la presente demanda de controversia constitucional, como ha indicado el Pleno de este Tribunal Constitucional, en la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (Actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, Número 61, Página 61: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. (Se transcribe)".
"	MATRIMONIO: El artículo 143 del Código Civil del Estado de Baja California establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil; por su parte, el artículo 144 del mismo cuerpo normativo, señala que cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.
"	ADOPCIÓN: Los artículos 388 y 389 del Código Civil para el Estado de Baja California, disponen que la adopción realizada por más de una persona sólo puede darse respecto de parejas jurídicamente en matrimonio y que cuando uno de los concubinos desee adoptar de forma individual, deberá contar con el consentimiento del otro.
"	DERECHO PENAL: En los artículos 75, 327 y 335 del Código Penal para el Estado de Baja California, se presentan hipótesis en que se impone o excluye la responsabilidad o punibilidad penales, por la comisión de determinados actos entre personas vinculadas matrimonialmente.
"	DERECHO LABORAL: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California tendría que admitir el matrimonio entre personas de igual sexo que autoriza el artículo 146 del CCDF, en los supuestos de diversas disposiciones laborales que hacen referencia al vínculo matrimonial (artículos 47, fracción II, 51, fracción II y 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo).
"	DERECHO FISCAL: El artículo 75 Bis -B de la Ley Hacendaria Municipal del Estado, que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, establece una exención al pago de dicho tributo, en tratándose de donaciones (sic) inmuebles entre cónyuges.
Además de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, antes referida, sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, derivado de la tesis XVI/2008, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Página 1897: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN. (Se transcribe)".
Mi representado tiene entonces interés legítimo en promover esta controversia constitucional contra el artículo 146 del CCDF, debido a que esta disposición jurídica, relacionada con la fracción IV del artículo 121 constitucional, es susceptible de imponer a sus autoridades -especialmente, las jurisdiccionales- la obligación de reconocer la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el Distrito Federal, para cualquier efecto jurídico.
De cualquier manera, como lo anterior también constituye la esencia del segundo concepto de invalidez dirigido en esta demanda contra las normas impugnadas, debe declararse la procedencia de esta controversia, según ha sostenido el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia número 82, visible en la página 69 del Tomo I, Materia Constitucional, del A. al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SISE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. (Se transcribe)".
B.	RESPECTO DEL ARTÍCULO 391 DEL CCDF
De conformidad con los artículos 388 y 389 del Código Civil del Estado de Baja California, la adopción únicamente puede otorgarse a favor de más de una persona, cuando éstas se hallen jurídicamente unidas por matrimonio; asimismo, en el artículo 143 del mismo cuerpo normativo, señala que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil.
El matrimonio y la "sociedad de convivencia" (regida según el concubinato) constituyen un determinado "estado civil" de las personas, que las autoridades de mi representado estarían obligadas a reconocer para todos los efectos, de conformidad con la fracción IV del artículo 121 constitucional. Uno de tales efectos es el relativo al procedimiento de adopción, en el que, según la legislación de mi representado, pueden ser favorecidos los cónyuges y los concubinos. Por consiguiente, de acuerdo con dicho precepto constitucional, en relación con las normas impugnadas en esta demanda, mi representado estaría obligado a tratar a las parejas de personas de idéntico sexo que estén vinculadas por matrimonio o "sociedad de convivencia" de la misma manera que las conformadas por personas de diferente sexo, casadas o en concubinato, y conceder a aquéllas (luego del procedimiento respectivo) la posibilidad de adoptar menores de edad, aunque ello no esté previsto en su esfera natural de atribuciones, sino le haya sido impuesto por las normas generales contra las que se dirige esta controversia.
No obstante, como se ha señalado, este Tribunal considera que, contrario a lo estimado por el actor, no le asiste un interés legítimo para acudir a la presente vía, toda vez que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 122,(2) 124(3) y 121(4) constitucionales, no es posible admitir que un Estado, vía controversia constitucional, pretenda impugnar per se las leyes expedidas por otra entidad en ejercicio de sus competencias residuales, porque no se corresponden con su normatividad e, inclusive, con lo que, a su parecer, preceptúa la Norma Fundamental, pues ello, en modo alguno, constituye un problema de invasión de esferas competenciales.
La circunstancia de que el Estado de Baja California regule de otra manera un determinado acto del estado civil, no constituye un interés legítimo para combatir las medidas legislativas que, en la misma materia, adopten otras entidades, entre ellas, el Distrito Federal, ya que se trata de ámbitos competenciales propios, sin que en modo alguno le competa asumir el carácter de "vigilante" del marco constitucional o legal respecto de las leyes de los demás estados que regulen los actos del estado civil celebrados en éstos.
305.	En este sentido, respecto de los efectos que de un acto del estado civil deriven, este Pleno considera que, necesariamente, el reconocimiento de validez del acto también los comprende; empero, innegablemente se pueden presentar múltiples efectos que podrían derivar de ese acto y que pueden no estar previstos en otras legislaciones estatales, por lo que dichos actos del estado civil no alcanzarían quizás los efectos plenos que sí les otorga la legislación bajo la cual se emitieron y, de ahí, presentarse un conflicto.
306.	Ahora bien, aun cuando estos conflictos que eventualmente podrían presentarse deberán resolverse por las vías o medios legales correspondientes, atendiendo a las reglas que las propias legislaciones estatales o el Código Civil Federal establecen, ello de ninguna manera puede llevarse al extremo de que, en una entidad, derivado de la diversidad en su regulación, se limite el reconocimiento de validez de un acto del estado civil a una cuestión formal, diluyendo de tal manera la institución de que se trate -matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción, divorcio, etcétera-, que pierda todo sentido el reconocimiento de validez que mandata el artículo 121, párrafo primero y fracción IV, constitucional.
I.	Impugnaciones relacionadas directamente con vulneración de diversos derechos fundamentales
1.	La naturaleza jurídica de la controversia es ser un medio de control constitucional para resolver conflictos entre órganos del Estado. El sistema de análisis de este medio consiste en evaluar a cuál de las partes en el proceso corresponde la atribución sujeta a discusión o si el ejercicio de sus competencias exceden o no sus atribuciones.
2.	La finalidad de la controversia constitucional es salvaguardar el orden constitucional y, en específico, verificar que no exista invasión de competencias de un órgano u orden de gobierno por otro de éstos.
3.	En la controversia constitucional se puede analizar la violación a cualquier norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de determinar si existe o no la quiebra del principio de división de poderes o de las competencias definidas en el máximo ordenamiento.
4.	El accionante de la controversia constitucional no cuenta con interés legítimo para hacer valer violaciones a derechos fundamentales. Alegar esas infracciones solamente procede cuando éstas estuvieran relacionadas con la posible afectación a las competencias del promovente de la controversia constitucional.
5.	Los conceptos de invalidez hechos valer en la controversia constitucional deben tender a evidenciar una afectación a las atribuciones de los órganos del Estado, por ende, su finalidad no es exponer violaciones a los derechos de los gobernados, sin relación con infracciones al orden competencial constitucional.
6.	El ejercicio de la impugnación a las violaciones a derechos fundamentales corresponde a los gobernados mediante el juicio de amparo.
1.	La norma controvertida causa perjuicio a la personas que ofrecen servicios de salud de carácter privado, al imponer la obligación de prestar atención médica a las víctimas del delito lo que corresponde al poder público, situación que viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues se impone una carga impositiva con la obligación de proporcionar atención médica y psicológica a esas víctimas. Además, se impone un gravamen, al obligar a las instituciones privadas de salud a capacitar a sus trabajadores en la atención a las víctimas del delito.
2.	La norma viola garantías, porque remite a los artículos 112 y 112-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para que se sustenten en éstos las sanciones por el incumplimiento de la norma oficial, sin tomar en cuenta que éstos han sido declarados inconstitucionales por el Alto Tribunal.
3.	Se viola la garantía de igualdad, porque la norma tachada fomenta que se contrate personal que no sea objetor de conciencia y limita a las personas que sí lo son para obtener un trabajo o conservarlo, lo que se traduce en discriminación causada por sus opiniones y puntos de vista.
4.	La norma atacada por inconstitucional no respeta el artículo 5° constitucional, cuando en ésta se precisan las sanciones civiles, penales o administrativas que son consecuencia del incumplimiento en que incurren de los trabajadores de salud por omitir ofrecer el anticonceptivo de emergencia a las víctimas de ciertos delitos. La violación al precepto constitucional se actualiza porque la norma lleva a limitar la libertad de trabajo, lo cual sólo puede acontecer como consecuencia de una determinación judicial, cuando se ataquen derechos de terceros o por una resolución gubernativa, cuando se ofendan derechos de la sociedad.
De lo anterior se advierte que ya este Pleno ha dejado establecido que no es posible desvirtuar la naturaleza de la controversia constitucional para autorizar la impugnación de violaciones a derechos sustantivos, cuando no se vinculen con un principio de agravio a la esfera competencial del actor; aunado a que, como ya señalamos, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, este Pleno precisó que los conflictos eventuales derivados de los efectos del reconocimiento de validez otorgado a un acto del estado civil, en todo caso, deberán resolverse a través de la vía de control concreto correspondiente, por lo que, en modo alguno, la improcedencia de la presente vía deja en estado de indefensión a los matrimonios celebrados entre parejas del mismo sexo conforme a la legislación civil del Distrito Federal, máxime que también este Pleno estableció en la referida acción de inconstitucionalidad que dicha legislación civil no contraviene principio constitucional alguno, reconociendo, por consiguiente, su validez, así como que en términos del artículo 121 Constitucional los estados deben reconocer la validez de tales actos del estado civil, lo que comprende también sus efectos.
294.	De conformidad con nuestro sistema federal, es necesario partir de que las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, pero gozando de una independencia limitada, en tanto deben respetar en todo momento el Pacto Federal (artículos 40 y 41 de la Constitución Federal). En función de ello, están las facultades que las entidades federativas tienen reservadas, esencialmente, en materia legislativa.
295.	En ese tenor, este Tribunal considera, en primer lugar, que el artículo impugnado (artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal) no genera una situación inconstitucional, es decir, no viola ningún precepto de la Constitución, derivado de que, como ocurre en el caso, el Distrito Federal establezca una ley y genere actos del estado civil que, aun cuando evidentemente van a tener repercusiones en otras entidades federativas, tal como acontece con cualquier otro acto del Registro Civil en nuestropaís, ello rompa con el sistema federal, pues, precisamente, derivado del federalismo, se presenta una gran producción normativa, que no será, ni tiene que ser constitucionalmente uniforme. El hecho de que, en una entidad, se regule de determinada manera una institución civil, no significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar, como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para legislar en sentido diverso a las restantes.
296.	El artículo 121, fracción IV, condiciona el reconocimiento de validez de los actos del estado civil a que se ajusten a la legislación del Estado donde se celebran, mas no a que se ajusten a las leyes de los demás Estados o que no las contravengan. De lo dispuesto en el citado precepto constitucional, no se desprende, de ninguna manera, que sea la posición "prevalente" del Estado receptor frente a la de la entidad emisora, la que deba llevar al reconocimiento de validez de los actos del estado civil. Por el contrario, lo que prevalece es que un acto del estado civil ajustado a las leyes de una entidad, debe ser reconocido en las demás.
297.	Ante la producción normativa de las entidades y los diversos actos públicos, registros y procedimientos judiciales que se celebran o efectúan conforme a esa normatividad, son los referidos principios los que están insertos en el esquema del sistema federal que nos rige como nación y que permite su armonización.
298.	Así, en un sistema federal encontramos diversos órdenes jurídicos encargados de la producción normativa -federal, estatal, municipal- que, por ende, derivan en un gran número de leyes, que responden a sus propias circunstancias y necesidades, lo cual innegablemente lleva a que no exista uniformidad en las normas que las entidades federativas expiden para regular materias a ellos reservadas o expresamente otorgadas, como ocurre con el Distrito Federal, lo que da lugar a una multiplicidad de criterios normativos que deben ser armonizados y regulados por la legislación que los propios entes territoriales promulguen al respecto, correspondiendo a la Federación únicamente regular la manera de probar los actos a los que se refiere el párrafo primero del artículo 121, encontrándose condicionada en todo caso, por las propias reglas que ya establece este numeral. De ahí que las facultades de la Federación en ese rubro, se encuadran en una cuestión meramente adjetiva, esto es, la facultad normativa del Poder Legislativo Federal está sujeta tanto al imperativo contenido en la primera parte del párrafo primero del artículo 121, como a las bases que se establecen en sus cinco fracciones, más no está referida a qué actos o cuáles de sus efectos tendrían validez o no, en sí mismos.
299.	En el caso, adquieren especial relevancia las reglas que establecen las propias fracciones I y IV del numeral 121 constitucional, a saber: "I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él", y "IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros."
300.	De la primera fracción, se advierte, sin lugar a duda, una prohibición de extraterritorialidad de las normas que se expidan en un Estado de la Federación respecto de otro, lo cual, en el caso, nos lleva a señalar, en forma irrefutable, que el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal sólo tiene obligatoriedad en ese territorio, en virtud de que cada entidad legisla para su propio ámbito territorial, mas no para uno diverso -como, además, lo reitera el artículo 1° del citado ordenamiento civil-. Empero, las leyes y los derechos subjetivos creados por las mismas sí deben aplicarse y/o producir efectos, al tratarse de leyes y actos emitidos legalmente por un Estado. Lo anterior se corrobora, si atendemos a las diversas normas de solución de conflictos que las propias entidades o el Congreso de la Unión -en el Código Civil Federal- han previsto.
301.	Así pues, la expedición del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal e, incluso, el reconocimiento de su constitucionalidad por esta Suprema Corte, no obliga a los Estados a adoptar una medida legislativa idéntica o similar; sin embargo, la regla contenida en la fracción IV del referido artículo 121 de la Norma Fundamental, referente a que los actos del estado civil que se encuentran ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros, implica el reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil -como puede ser el relativo al nacimiento, al reconocimiento de hijos, a la adopción, al matrimonio, al divorcio y a la muerte-, que se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, será válido en las demás, aun cuando no se corresponda con su propia legislación.
302.	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121, fracción IV, los actos nacidos constitucional y legalmente válidos respecto del estado civil de las personas en cualquiera de las entidades -Distrito Federal o Estados- deben ser válidos y considerados válidos en las demás, lo que no podría ser de otra forma, dado que, de lo contrario, se llegaría al extremo de que una persona esté casada o divorciada, o tenga hijos, propios o adoptivos en el Distrito Federal, pero no en otra entidad, cuando esta última regule dichas figuras de manera diversa. Es en este punto donde adquiere relevancia y sentido el mandato contenido en el artículo 121 constitucional.
303.	Ahora, si bien, efectivamente, podrán presentarse determinadas situaciones cuando en el resto de las entidades federativas no se reconocen determinadas figuras o no las regulan de forma idéntica o similar, ello no vulnera nuestro régimen federal, dado que, partiendo de lo señalado en cuanto a que no existe obligación alguna para que los Estados, en ejercicio de sus facultades legislativas, deban guardar una uniformidad, sino únicamente respetar la Norma Fundamental, no puede aceptarse que la emisión de una norma general por parte del legislador local, por el hecho de no corresponderse con la legislación de otra entidad, pueda, de suyo, romper con el federalismo, como alega el accionante, pues, precisamente, a partir de éste, es que los Estados tienen la atribución de legislar en determinadas materias.
304.	Es el propio artículo 121 el que, en aras de salvaguardar el federalismo y la seguridad jurídica de los gobernados, prevé el deber constitucional para los demás Estados de otorgar dicho reconocimiento, constituyéndose, por tanto, en una verdadera cláusula de federalismo que, en sí misma, soluciona un conflicto normativo, sin que pueda aceptarse que lo origine.
C.	El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
V.-	La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
h).-	Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; (...)
I.	Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
II.	Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
III.	Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
IV.	Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.
V.	Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serás (sic) respetados en los otros.

References: artículo 122
 artículo 122
 artículo 44
 artículo 122
 artículo 4
 artículo 391
 artículo 4
 artículo 146
 artículo 30
 artículo 146
 resolución 
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 146
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 156
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 46
 artículo 105
 resolución 
 artículo 20
 ARTÍCULO 146
 artículo 121
 artículo 146
 artículo 121
 artículo 143
 artículo 144
 artículo 146
 artículo 75
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 artículo 121
 ARTÍCULO 391
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 artículo 31
 artículo 5
 resolución 
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 146
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 artículo 121
 artículo 121
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