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Timestamp: 2019-07-17 18:39:38+00:00

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Acuerdo y Sentencia 80/2003 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 80/03
“M. P., A. S/PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días dieciocho del mes de agosto del año dos mil tres, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Manuel Silvio Rodríguez, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Gloria M. Estigarribia de Carballo, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “M. P., A. S/PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD”.-
¿Son nulas las sentencias recurridas?
En caso contrario, ¿son justas?
A la primera cuestión planteada, el preopinante doctor Silvio Rodríguez dijo: Son dos las sentencias recurridas, la S.D. N° 326 del 22/10/02 y la S.D. N° 364 del 11/11/02, esta última aclaratoria de la primera. Como los impugnantes por la vía de los recursos son sujetos procesales diferentes, por razones propedéuticas deviene pertinente analizar por separado ambas resoluciones desde el punto de vista de la nulidad.
S.D. N° 326 del 22/10/02
Antes de entrar a considerar la primera cuestión, me parece pertinente verter algunas apreciaciones sobre la pretensión planteada en autos y determinar si la parte accionante tiene o no legitimación activa para actuar en este proceso como tal. En efecto, los consortes Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler se presentan a solicitar la pérdida de la patria potestad de los señores Enrique Daniel Medina y Anne Jennifer Pineda Cardozo, padres biológicos y matrimonial del niño A.M.P. (fs. 10/15). El nexo parental entre los progenitores y el niño en relación al cual se peticiona la pérdida de la patria potestad se halla acreditado con los certificados de matrimonio y de nacimiento obrantes en autos (fs. 28/29).
El artículo 260 del C.M., durante cuya vigencia se inició esta acción (15/02/01, fs. 13 vlto.), prevé lo siguiente: "El procedimiento en la jurisdicción de menores será escrito y sumario. Podrá ser iniciado a instancia del propio menor, de sus padres, del Ministerio Público o de quienes tengan un interés legítimo en hacerlo. Podrá igualmente ser iniciado de oficio por el Juez competente".
En el caso de autos, por resolución adoptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del Cuarto Turno en la audiencia realizada el 13/10/98 (fs. 1), el Juzgado rechazó la restitución del niño A.M.P solicitada por el señor Enrique Daniel Medina y, al mismo tiempo, otorgó la guarda y la custodia del niño a la madre y a los señores Alodia de Dahler y Wolfgang Dahler. Anteriormente, por acta labrada ante el Juzgado de Paz de La Recoleta el 11/08/98 (fs. 3), la señora Anne Jennifer Pineda entregó a su hijo al matrimonio antes mencionado, quedando bajo responsabilidad de dichos consortes el cuidado y la atención del niño, e inclusive autorizando a los cuidadores de su hijo a que inicien los trámites correspondientes encaminados a la adopción plena de A.M.P.
De acuerdo con estos datos, lo que quedó en claro es que la guarda fue concedida en forma conjunta a la señora Anne Jennifer Pineda y al matrimonio constituido por los señores Alodia de Dahler y Wolfgang Dahler, situación que en cierto modo resulta comprensible teniendo en cuenta la edad que en ese entonces tenía la señora Anne Jennifer Medina (17 años) y que a la sazón residía en el domicilio de la señora Alodia de Dahler.
Por otra parte, como la guarda fue resuelta de la manera ya vista, es de suponer y así quedó manifestado en la audiencia de referencia, que la medida iba a tener un carácter temporal. En otros términos, la autorización para gestionar la adopción plena del niño A. hecha ante un Juzgado de Paz solamente tiene que ser tomada como una intención de la madre, ya que si la manifestación se hubiera hecho ante el Juzgado competente necesariamente se le debía haber impreso al juicio los trámites que corresponden al Juicio de Estado de Adopción previsto en el artículo 21 de la Ley N° 1.136/97, ley ya vigente en ese tiempo.
Quiere decir, pues, que la pérdida de la patria potestad peticionada en base a la disposición contenida en el artículo 105 inc. "b" del C.M. se hallaba plenamente justificada en razón de que, en este caso, lo que constituye el componente básico del interés superior del niño es la definición de su situación jurídica (Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Efectivamente, resultaría inadmisible una guarda otorgada sine die, creándose vínculos de afectividad entre el niño y sus guardadores quedando en suspenso pero con efecto contrario el ejercicio de la patria potestad por parte de la madre. De modo que, desde este punto de vista y en mi opinión, es manifiesto e indudable que se halla configurado el requisito del interés legítimo al cual hace alusión la norma del C.M. de los guardadores en haber iniciado este juicio. Si bien es cierto que este aspecto no se puso en discusión, a mi entender era imprescindible dejarlo dilucidado, pues tiene que ver con la legitimación activa que les corresponde a los señores Alodia de Dahler y Wolfgang Dahler para estar en este proceso en calidad de actores.
Aclarado convenientemente este punto, y entrando ya en materia, la parte resolutiva de la sentencia recurrida contiene tres apartados que ameritan ser estudiados en particular, a fin de un pronunciamiento sobre cada uno de ellos desde la óptica de la nulidad. El primer apartado dispone cuanto sigue: "Hacer lugar a la tacha de los testigos Graciela Beatriz Cardozo Natalicio, María Teresa Leiva, Eligio Froilán Granada y el señor Eliseo Ruiz Díaz deducida por la parte demandada en virtud de los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución".
Respecto al incidente de tacha de los testigos antes mencionados la fundamentación del Juzgado ha consistido en las siguientes expresiones: "Que asimismo el Juzgado puede notar que los testigos señores Eliseo Ruiz Galeano y América Yolanda de Cáceres, cuyas declaraciones han sido ofrecidas tanto en el juicio de tenencia como en el de pérdida de patria potestad, claramente al dar lectura a las actas agregadas en autos de ambos procesos, se puede percibir la dirección totalmente opuesta de sus manifestaciones, contradictorias en un proceso y otro, en referencia a la señora Jennifer. Que igualmente la misma señora América Yolanda de Cáceres fue la testigo en el acto de entrega ante el Juzgado de Paz de La Recoleta de su hijo A.P.M.".
Conviene advertir de entrada que el incidente de tacha de testigos implica una terminología y alcances empleados en el Código de Enjuiciamiento Civil ya derogado (Art. 206) y las tachas se hallan divididas en absolutas y relativas (Arts. 205 y 207). Tachar a un testigo, una vez admitida por el Juzgado, significa o es sinónimo de restar eficacia probatoria a su declaración. En cambio, según el C.P.C. actualmente en vigencia, en su artículo 342 dispone que: "Dentro del plazo de prueba, las partes podrán alegar y probar, por vía de incidente, acerca de la idoneidad de los testigos. El Juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de sus declaraciones".
Quiere decir, pues, que la tacha de testigos resuelta por el Juzgado no se compadece en absoluto con la regla contenida en la preceptiva transcrita y, en su caso, lo que debió haber hecho es simplemente explicitar las razones –como en parte lo hizo– por las cuales la declaración de aquellos fueron estimadas inválidas como medio probatorio y no decidir conforme a un concepto ya perimido en la parte resolutiva de la sentencia. En puridad, la a quo no tuvo en cuenta ninguna de las declaraciones testificales ofrecidas por la parte actora por diversos motivos, limitándose a la tacha de cuatro personas fuera de los cánones que el ritual contiene, ya que el incidente de tacha de testigos ni siquiera fue sustanciado conforme a la regla enunciada en el artículo 183 del C.P.C. No obstante, como en definitiva se trata de la valoración de pruebas testificales lo que se ha objetado por la vía del recurso de nulidad, en mi opinión, es un tema que debe enfocarse al estudiar el fondo de la cuestión, es decir, a través del recurso de apelación también interpuesto. Por consiguiente, por lo menos respecto a este apartado, soy del parecer que resultan inviables los argumentos del nulidiscente para una declaración en tal sentido.
El segundo apartado de la sentencia en revisión dispone cuanto sigue: "Hacer efectivo el apercibimiento decretado por providencia del 21 de mayo del 2001, en el sentido por tener por confeso a Anne Jennifer Medina Cardozo, a tenor del pliego presentado a fs. 165 de autos, excluyendo las posiciones quinta, séptima y decimosegunda por considerarlas el Juzgado improcedentes". Este apartado sí es evidentemente nulo por las siguientes razones:
En la audiencia en que se absuelva posiciones, estas, algunas e incluso todas, pueden ser desechadas de oficio por el Juez o a pedido de parte (Art. 285 del C.P.C.). Por otro lado, las posiciones pueden ser ampliadas por el ponente y también por el Juez (Art. 289 del C.P.C.) y en cualquiera de estos casos, tanto la decisión del Juez desestimando posiciones, admitiendo otras nuevas o la oposición a algunas debe ser materia de resolución en el momento de la audiencia, en la inteligencia de que cada una de estas decisiones del Juzgado pueden ser apelables por la parte que se considera afectada a fin de que en la Instancia Superior se pueda confirmarlas o revocarlas. En el caso de autos, al no presentarse la absolvente en la audiencia señalada para el diligenciamiento de la prueba confesoria, mal podría el Juzgado posteriormente desestimar posiciones por considerarlas improcedentes, ya que de esta forma se estaría conculcando el principio constitucional de la defensa en juicio de las personas (Art. 16 de la C.N.). Por otra parte, la forma en que el Juzgado resolvió dejar de lado las posiciones enumeradas en el apartado cuestionado contradice sin duda los principios de bilateralidad y contradicción que caracterizan a este medio probatorio.
En síntesis, el Juzgado debió hacer lugar al apercibimiento decretado lisa y llanamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 282 del C.P.C. y, en todo caso, determinar en la sentencia el valor de las diferentes posiciones de conformidad con las prescripciones del artículo 302 del C.P.C., pero no excluirlas sin haber dado a las partes la posibilidad de cuestionar dichas exclusiones en el momento procesal oportuno, que era precisamente en el diligenciamiento de la prueba confesoria, y no en otro, tal como se ha resuelto en el caso de autos.
El cuarto apartado dice: "Disponer la suspensión de la patria potestad ejercida por el señor Enrique Daniel Medina sobre su hijo A.M.P.". Este apartado también es nulo por no responder al principio de congruencia establecido en el artículo 15 inc. "b" del C.P.C. Efectivamente, en la demanda se solicitó específicamente la pérdida de la patria potestad el señor Enrique Daniel Medina sobre su hijo A.M.P. en base al Art. 105 inc. "b" del C.M. y, en cambio, el Juzgado dispuso la suspensión sin explicitar ningún motivo. Es decir, no hay relación entre la pretensión incoada y lo resuelto en el apartado en cuestión. En este sentido, si bien el Juzgado no se halla obligado a fallar necesariamente conforme a la petición presentada por la parte demandante, al no denegarla y resolver sobre otra cuestión no planteada sin dar una razón suficiente para ello, incurre en la violación del principio antes enunciado. Por lo demás, resulta harto evidente que las causantes de la suspensión de la patria potestad son muy distintas a las enunciadas como pérdida de la patria potestad, de suerte tal que no puede haber confusión posible respecto a este punto. De modo que, de acuerdo con las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar al recurso de nulidad contenido en la expresión de agravios del representante convencional de los accionantes (fs. 320/325).
S.D. N° 364 del 11/11/02
La parte resolutiva de esta sentencia dispone: "No hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por la señora Anne Jennifer Pineda de Medina y la agente fiscal Mercedes Gómez Fleitas, en relación a la S.D. N° 326 de fecha 22 de octubre del 2002, en los autos caratulados Alejandro Medina Pineda s/pérdida de la patria potestad, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución".
En el recurso de aclaratoria interpuesto lo que se ha peticionado es un pronunciamiento del Juzgado sobre la restitución solicitada por la señora Anne Jennifer Pineda de Medina, juicio tramitado ante el Juzgado de igual clase y jurisdicción del Segundo Turno. Para tomar tal determinación se alegó que el juicio sobre restitución no fue sustanciado y ni siquiera fue instada la prosecución de los trámites por la parte interesada. En estas condiciones, el Juzgado consideró que una decisión sobre la materia constituiría una extralimitación en sus facultades, ya que con ello se estaría rompiendo los límites naturales del recurso de aclaratoria.
Entiendo que este apartado es nulo por los motivos que seguidamente se explican: En el juicio caratulado "Alejandro Medina Pineda s/restitución" (glosado por cuerda separada al presente juicio), la señora Anne Jennifer Medina Cardozo peticionó la restitución de su hijo A.M.P. (fs. 11/17) y, en el escrito de responde, la señora Alodia Rodríguez de Dahler interpuso la excepción de litispendencia (fs. 26/27). Finalmente, el Juzgado dictó la S.D. N° 134 del 17 de abril del 2002 (fs. 30), resolución en virtud de la cual se ordenó la acumulación del expediente de restitución al de pérdida de patria potestad de conformidad a las normas que reglan lo relativo a la acumulación de los procesos (Art. 121 inc. "c", 122, 123 y 127 del C.P.C.).
En consecuencia, habiendo quedado firme la sentencia de referencia, el Juzgado necesariamente debía pronunciarse sobre la pérdida de la patria potestad y la restitución respecto al mismo niño, desde la óptica que supone la restitución en el C.M. En efecto, si se admitiera la pérdida de la patria potestad obviamente no tendría andamiaje la restitución, y viceversa, de desecharse la pérdida de la patria potestad, necesariamente debiera hacerse lugar a la restitución por tratarse de pretensiones contrapuestas que no admiten otra forma de solución jurisdiccional. Entonces, el apartado recurrido, aunque no se haya fundado a su respecto el recurso de nulidad, no queda más remedio que declararla de oficio por haberse dictado contrariando las normas que hacen referencia a la acumulación de los procesos, en especial la previsión contenida en el artículo 127 del C.P.C. En otras palabras, el Juzgado estaba obligado a fallar resolviendo también sobre la restitución como consecuencia de la aludida acumulación y que quedó firme en el juicio como acto procesal.
Ahora bien, las nulidades declaradas no obstan a que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo de las dos cuestiones debatidas: La pérdida de la patria potestad pretendida contra los accionados y, como consecuencia de ello, resolver asimismo sobre la restitución peticionada por la señora Anne Jennifer Pineda, todo esto de conformidad a precedentes en la materia y a lo dispuesto en el Art. 406 del C.P.C.
A su turno, la doctora Alicia Beatriz Pucheta de Correa dijo:
Apartado N° 1 de la S.D. N° 326 del 22/10/02
Recurso de Nulidad interpuesto por el representante convencional de los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler contra el primer apartado de la parte resolutiva de la S.D. 326 del 22/10/02, en la parte que resuelve: Hacer lugar al incidente de tacha de los testigos Graciela Beatriz Cardozo Natalicio, María Teresa Leiva, Elio Froilán Granada y el señor Eliseo Ruiz Díaz deducida por la parte demandada en virtud a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.
Comparto la fundamentación del colega preopinante de que resultan inviables los argumentos del nulidiscente respecto al apartado uno de la resolución antedicha y agrego que en el caso de autos, si bien la Juzgadora no imprimió el trámite previsto en el artículo 342 del C.P.C. en concordancia con el artículo 183 del citado código, en la providencia de fecha 22 de mayo del 2001, en los autos agregados por cuerda separada caratulados: "Incidente de tacha de testigos planteado por el abogado César Báez Samaniego en el Juicio: Alejandro Medina Pineda s/pérdida de patria potestad", resolvió tener presente para el momento de dictar sentencia invocando el artículo 342 del C.P.C. Nótese que la parte que hoy impugna el apartado uno de la resolución arriba mencionada consintió el procedimiento seguido por la Aplicadora al no haber planteado los resortes procesales pertinentes en esta instancia. Consecuentemente, en las resultas a las cuales se arribe en el presente caso se analizará respecto a si en el fallo de Primera Instancia se apreciaron o no las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la declaración de los testigos que obran en autos de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, resulta inviable el recurso de nulidad interpuesto por improcedente.
Apartado 2 de la S.D. N° 326 del 22/10/02
Segundo apartado de la S.D N° 326 del 22/10/02 en el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado por providencia del 21 de mayo del 2001, en el sentido de tener por confeso a Anne Jennifer Pineda Cardozo, a tenor del pliego presentado a fs. 165 de autos excluyendo las posiciones: quinta, séptima y decimosegunda por considerarlas el Juzgado improcedentes: Me adhiero a las fundamentaciones del colega preopinante en cuanto a que si bien no se planteó recurso de nulidad contra el apartado dos de la sentencia ya mencionada, corresponde declarar la nulidad de este apartado por haberse conculcado el principio constitucional de la defensa en juicio, artículo 16 de la C.N., pues donde hay indefensión hay nulidad. Adviértase que el Juzgado oficiosamente desestimó las posiciones arriba citadas por considerarlas improcedentes. En conclusión, el Juzgado debió hacer lugar al apercibimiento decretado en el artículo 282 del C.P.C. y en concordancia con el artículo 302 del C.P.C. apreciar conjuntamente con las demás pruebas y de acuerdo con los principios de la sana crítica dicha prueba (ver A.I. N° 251 del 29/08/01 fs. 183, dictado por este Tribunal).
Apartado 4 de la S.D. N° 3.626 del 22/10/02:
Me adhiero a los argumentos del colega preopinante respecto a que habiendo la Juzgadora dispuesto en este apartado la suspensión de la patria potestad ejercida por el señor Enrique Daniel Medina sobre su hijo A.M.P., se ha conculcado el principio de congruencia expresamente previsto en los incisos c) y e) del artículo 159 del C.P.C. Nótese que la parte demandante peticionó en el escrito inicial de demanda la pérdida de patria potestad contra el señor Enrique Daniel Medina; sin embargo, la Juzgadora no adecuó su decisión a dicha pretensión.
Declarada la nulidad del cuarto apartado, corresponde resolver en lo concerniente a la pérdida de la patria potestad en relación al accionado Enrique Daniel Medina y precisar si se han probado las causales invocadas contra este por la parte demandante (artículo 105 incisos b y c del CM). Comparto al igual que mi colega preopinante que el señor Enrique Daniel Medina demostró un total desinterés e indolencia a las resultas del presente proceso, ya que a pesar de haber sido notificado debida y legalmente, como se constata con las cédulas de notificación obrantes a fs. 17, 100, 164 vlto. de autos, de las etapas procesales como la de traslado de la demanda y apertura de la causa a prueba, y a todo lo largo del procedimiento, adoptó una actitud contumaz e indolente, a lo cual se debe agregar que la madre del niño A.M.P. manifestó a fs. 54, 63, que incluso ya durante el embarazo el mismo no se preocupó de asistir a la misma en los gastos propios que demanda la atención prenatal y una vez nacido no asistió al niño en cuestión desentendiéndose personal y económicamente del mismo, rehusando así el cumplimiento que como progenitor posee de asistir alimentaria y espiritualmente o afectivamente al hijo, debiendo la señora Ana Jennifer Pineda ocuparse solitariamente en forma exclusiva durante el tiempo de embarazo de solventar sus propias necesidades de madre en gestación y luego del nacimiento del niño. Por lo antedicho corresponde declarar la pérdida de la patria potestad del niño A.M.P. contra su progenitor Enrique Daniel Medina, de conformidad al inciso b) del artículo 105 del C.M.
S.D N° 364 del 11 de noviembre del 2002:
Estimo que corresponde, a mi criterio, declarar nula esta resolución, pero no por las razones declaradas por mi apreciado colega de sala, doctor Silvio Rodríguez, sino porque existiendo una sentencia de tenencia a favor de la demandada de su hijo A. por la S.D. N° 1.028 de fecha 22 de setiembre de 1999, corresponde ejecutar dicha sentencia por ser una consecuencia natural de la misma, que involucra el ejercicio de la patria potestad por parte de la progenitora cuyo efecto personal de la patria potestad es que el hijo viva con su madre.
A su turno, la doctora Clara Estigarribia de Carvallo dijo: Que se adhiere al voto de los colegas que anteceden por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el preopinante doctor Silvio Rodríguez dijo:
S.D. N° 326 del 22/10/02:
Declarada la nulidad del cuarto apartado de la sentencia en revisión, lo primero que debe resolverse es lo concerniente a la pérdida de la patria potestad en relación al accionado Enrique Daniel Medina. Precisar si a su respecto se hallan probadas las causales de pérdida de la patria potestad previstas en el artículo 105, incs. "b" y "c" del C.M. tal como se ha planteado en esta demanda.
En este sentido, la propia codemandada es la que, a través de diferentes manifestaciones, da una respuesta positiva a la cuestión. Entre ellas podrían extractarse las siguientes: a) En el acta asentada ante el Juzgado de Paz de La Recoleta el 18/05/98 (fs. 4), la señora Anne Jennifer Pineda denunció que su esposo, el señor Enrique Daniel Medina, la había abandonado desde el mes de noviembre/97, dejando sin posibilidades de sustento a ella y a su hijo A.M.P., a cuyo parto ni siquiera asistió. b) En su declaración prestada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del Cuarto Turno el 13/10/98 (fs. 1), la señora Anne Jennifer Pineda dijo que su marido no solamente la golpeaba, sino que también le tomaba fotos desnuda para luego repartírselas a sus amigos. c) En el juicio de tenencia promovido por la señora Anne Jennifer Pineda el 29/04/99 se repiten estas mismas aseveraciones, haciéndose hincapié en el absoluto desinterés del padre en el cumplimiento de su deber alimentario y en su carácter violento e iracundo, e incluso que había pedido dinero a cambio del bebé (fs. 54/55). d) En el juicio sobre tenencia el demandado Enrique Daniel Medina fue declarado rebelde por A.I. N° 35 del 24/05/99 (fs. 61). e) En el presente juicio también ocurrió lo mismo, ya que, solicitada por los accionantes la declaración de rebeldía de Enrique Daniel Pineda (fs. 85), por providencia del 16/04/01 (fs. 99), si bien el Juzgado no resolvió exactamente como corresponde desde el punto de vista formal, en el aludido proveído dio por decaído el derecho que tenía el nombrado accionado para contestar la demanda y, notificado legalmente según cédula de notificación obrante en autos (fs. 100), no se molestó en tomar intervención en el juicio. Por otra parte, por A.I. N° 93 del 26 de mayo del 2003, dictado por este Tribunal, se le dio por decaído el derecho que tenía para contestar la expresión del representante convencional de los demandantes (fs. 347).
Según lo dispone el artículo 69 del C.P.C., la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos afirmados por quien obtuvo la declaración. En el caso de autos, aunque no se haya declarado expresamente la rebeldía tal como fue solicitado, notificado el demandado que se le dio por decaído el derecho para contestar la demanda y de la providencia que decreta la apertura de la causa a prueba (fs. 100), en mi opinión, la notificación fehaciente de las respectivas providencias viene a suplir la deficiencia procesal en lo que respecta a la declaración de rebeldía no resuelta por el Juzgado. Abona esta conclusión la actitud del señor Enrique Daniel Medina adoptada en esta Instancia. Resumiendo, la posición de indiferencia ante un juicio donde nada menos se ha pedido la pérdida de la patria potestad en relación a su hijo, indica con elocuencia que no ha tenido ningún interés en ejercer el derecho que tenía como progenitor y mucho menos el deber que emerge de la patria potestad, esto último según las declaraciones de su propia esposa, declaraciones que concuerdan con los argumentos sostenidos en el escrito de demanda.
De acuerdo con la enunciación de las actuaciones procesales que anteceden, resulta evidente que el señor Enrique Daniel Medina nunca se preocupó por la suerte de su hijo A., quien en sus cinco años jamás tuvo conciencia de que tenía o tiene un padre biológico ni recibió ninguna ayuda material o algún tipo de cuidado de su parte. Por consiguiente, soy de parecer que en lo que atañe al señor Enrique Daniel Medina se dan los presupuestos requeridos para declarar la pérdida de la patria potestad en relación a su hijo A.M.P., de conformidad a los términos del artículo 105 inc. "b" del C.M.
En cuanto a la pérdida de la patria potestad referente a la codemandada Anne Jennifer Pineda, la cuestión amerita previamente algunos comentarios doctrinarios sobre la materia. Así, por un lado, la Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que los Estados Partes velarán para que el niño no sea separado de sus padres, excepto cuando, a reserva judicial, las autoridades competentes determinen de acuerdo con la ley y el procedimiento que la separación sea necesaria en el interés superior del niño. Entre las causas mencionadas están el maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño (Art. 9). De acuerdo con este mandato de la Convención, lo que debe priorizarse es el mantenimiento del niño dentro de su familia nuclear o la ampliada, concepto incorporado en los artículos 21 y 22 de la Ley de Adopciones. Por otro lado, de adoptarse una determinación contraria a este principio, se le debe dar un contenido que dé legitimidad al principio de igual rango según el cual cualquier medida que se tome respecto al niño la consideración primordial debe ser proteger el interés superior del mismo (Art. 3 de la Convención). Se trata, pues, de un razonamiento que necesariamente implica una línea de argumentaciones encaminadas a elegir en cada caso concreto la preeminencia de un principio sobre otro; todo esto dentro del contexto del principio constitucional según el cual, en caso de conflicto, los derechos del niño tienen carácter prevaleciente (Art. 54 in fine del C.M.). Se está, por ende, dentro del plano axiológico del razonamiento judicial para tomar una resolución en el caso de autos, cosa no muy fácil por cierto.
Como punto de partida, no sería ocioso mencionar que la pérdida de la patria potestad conlleva su ejercicio un derecho y un deber de los padres en cuanto a los hijos, en beneficio de estos, naturalmente. Al menos, esto es lo que se deduce de las disposiciones concordantes de los artículos 68 y 71 del C.M. Obviamente, el acento en el derecho debe imponerse ante la posible injerencia de terceros y, asimismo, acentuarse el deber cuando su incumplimiento en todos los aspectos se pone en tela de juicio. El deber lleva implícito, básicamente, el de criar, educar y alimentar a los hijos, tal como claramente lo disponen los artículos 71 del C.M. y el 53 de la C.N.
Dentro de este entorno legal, constitucional y doctrinal, se tienen a mano los elementos de juicio necesarios para definir si el tercer apartado de la sentencia recurrida, en el que se desestima la acción incoada por los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler contra la señora Anne Jennifer Pineda, acción en la que se pretende la pérdida de la patria potestad de la demandada en relación a su hijo A.M.P. y, de paso, valorar adecuadamente la prueba confesoria respetando el criterio de la sana crítica, cuestión decidida en el segundo apartado declarado nulo.
Al plantearse la demanda por parte de los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler contra la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo, fundamentaron la pretensión de la pérdida de la patria potestad, en base a los sgtes. argumentos: a) Que la señora Anne Jennifer nunca se preocupó por la atención de sus hijos, alegando en este aspecto que la accionada vivió en casa de los mismos desde el mes de setiembre/98 hasta el mes de marzo/99, mes en que se retiró y fue a vivir en Ciudad del Este, posteriormente, entre los meses de mayo y junio, la demandada volvió al domicilio de los demandantes para pedir ayuda económica, habilitándole un copetín para que pueda administrarlo y pueda mantenerse, negocio que no llegó a producir lo necesario ya que la señora Anne Jennifer se sentaba a beber bebidas alcohólicas con sus amigos en el mismo copetín hasta altas horas de la madrugada, volviendo al domicilio de la familia Dahler para dormir todo el día. b) Que esta actitud de la accionante en el manejo de su vida privada constituía un mal ejemplo para su hijo y, por tanto, ante la imposibilidad de que la accionada adopte una posición de responsabilidad respecto a la atención de su hijo, se vieron en la necesidad de promover dicha acción (fs. 10/13).
En su escrito de contestación, la señora Anne Jennifer Pineda solicitó el rechazo de la demanda en base a los argumentos que siguen: 1) Que solamente por problemas económicos que tuvo en su oportunidad dejó a su hijo A. al cuidado de los accionantes, situación de la cual ahora se aprovechan para promover la demanda sobre pérdida de la patria potestad sin fundamento alguno. 2) Que fue por consejo y responsabilidad de los demandantes que manifestó la intención de dar a su hijo en adopción. 3) Que la intención del presente juicio es que el señor Wolfgang Dahler reciba un aumento de su jubilación por parte del gobierno alemán. 4) Que siempre se interesó por su hijo, presentando como instrumental de ello una manifestación hecha ante escribanía de la señora Adelaida Rodríguez de Granada, hermana de la señora Alodia Rodríguez de Dahler. 5) Que desde su lugar de trabajo en Hernandarias en la casa de la señor Adelaida siempre se comunicó telefónicamente con su hijo. 6) Que en julio del 2000 hizo las paces con su madre y habiendo mejorado su estatus económico trató de recuperar a su hijo del cuidado de los accionantes, ocasión en que estos le propusieron trabajar en el copetín Mbocayá, prometiéndole un salario de G. 600.000 mensuales, suma que se redujo posteriormente a G. 90.000, considerando finalmente que se trató de una maniobra para no desprenderse de la custodia de su hijo. 7) Que en el mes de febrero del 2001 recibió la visita de la abogada Carmen Coronel, quien le propuso que diera su hijo en adopción a la familia Dahler. En resumen, que jamás tuvo la voluntad de renunciar a la patria potestad sobre su hijo A. (fs. 77/84).
Antes de entrar a analizar las pruebas aportadas en el presente juicio, deviene pertinente aclarar que el onus probandi, cuando se trata de refutar los hechos alegados por la parte demandante con otros hechos, la misma carga procesal la tiene la parte demandada. En el caso de autos, de acuerdo con el informe de la Actuaria (fs. 164 vlto.), la parte demandada no produjo ninguna prueba. Por lo tanto, forzosamente para el examen de las pruebas solo podrán ser tenidas en cuenta las diligenciadas por los actores y las instrumentales presentadas por la accionada con el escrito de responde. Por otra parte, según numerosos precedentes, este Tribunal sentó el criterio de que las testificales de personas cercanas al niño no pueden dejar de valorarse por tratarse justamente de testigos que, ya sea por relación de parentesco o amistad, son los que podrían aportar la verdad real acerca de sus circunstancias. Por lo demás, el artículo 315 del C.P.C. establece claramente las personas que no pueden ser ofrecidas como testigos, de suerte que, aparte de estas exclusiones, el Juzgador se encuentra en libertad de valorar la declaración de cualquier testigo que no esté contemplado en la preceptiva más arriba citada y de conformidad a la regla enunciada en el artículo 342 del citado cuerpo legal.
Indudablemente que en el caso de autos lo que se discute y se tiene que resolver es sobre un problema humano y, consecuentemente, lo primero que hay que dejar en claro es que el sujeto de derechos es el niño A.M.P. En este aspecto, cabría partir de un indiscutible axioma: la conformidad o el rechazo del ser concebido se vuelve manifiesto desde el primer momento en que los padres tienen conciencia de ello. En el caso del niño A., resulta obvio que su padre biológico no lo aceptó nunca, circunstancia que incide negativamente en la psiquis del feto, que vivencia a través de la madre las demostraciones de afecto o de un sentimiento contrario o indiferencia. Felizmente para el niño, encontró desde bebé un núcleo familiar que le permitió desarrollarse dentro de un clima propicio y que en gran medida habrá disminuido las secuelas psicológicas de tener padres separados y, para colmo, en manos de quien no era su progenitora. De modo que, el centro de atención al resolverse sobre la pérdida de la patria potestad lo que debe primar es la conveniencia o no para el niño de la admisión o la denegación de la petición de los accionantes, sin perder de vista que el ejercicio de la patria potestad también es un derecho inherente de la demandada como ser humano.
La duda que hay que despejar, pues, es si el comportamiento de la señora Anne Jennifer Pineda respecto a su hijo es susceptible de una conclusión negativa en cuanto al interés por su hijo y si es comprobable mediante las probanzas de autos. En este menester, apetece intentar llegar a un conocimiento del perfil psicológico y humano de la misma. En este contexto, tomando como punto de partida la audiencia del 13 de octubre de 1998 (custodia del niño a la familia Dahler) y el inicio del presente juicio, el 22 de febrero del 2001 (fs. 15 vlto.), son dos años y dos meses el lapso dentro del cual se tiene que juzgar la conducta de la madre en conexión con las causales por las cuales se peticiona la pérdida de la patria potestad. Naturalmente, no es lo mismo dos años en la vida de un niño que en la vida de un adulto. Para un niño, la convivencia continuada desde los 10 meses con una familia y su entorno y por el tiempo antes indicado, no puede significar lo mismo en cuanto a sus efectos que con respecto a una persona ya adulta.
En este sentido, queda fuera de toda duda que, alegando factores económicos para mantener a su hijo, la señora Anne Jennifer Pineda lo entregó en guarda provisoria a su hermana Graciela Beatriz Cardozo Natalicio, mediante acta labrada ante el Juzgado de Paz de la Recoleta el 16 de agosto de 1998, contando aquella con 16 años de edad (fs. 2). Posteriormente, la guarda fue otorgada a los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del Cuarto Turno el 13 de octubre de 1998 (fs. 1). En la audiencia se dejó entrever que las relaciones entre la señora Anne Jennifer Pineda y su madre no eran muy buenas, razón por la cual quizá no recurrió a la misma para los primeros cuidados del bebé. Pero, en definitiva, surgen dos conclusiones preliminares. En primer lugar, que el niño no tuvo acogida dentro de su familia ampliada, como lo dispone la Convención, y en segundo lugar, que las condiciones económicas de la accionada fueron las determinantes para que entregara a su hijo en guarda a diferentes personas en menos de dos meses. Estas conclusiones son irrebatibles, porque se basan en instrumentos públicos ofrecidos como pruebas por ambas partes. En realidad, en esta última audiencia se especificó que la demandada ya vivía con su hijo en el domicilio de la familia Dahler.
En la demanda se sostuvo que la accionada vivió en la casa de la familia Dahler desde el mes de setiembre/98 a marzo/99, mes en que fue a residir en Ciudad del Este. En el escrito de responde se alegó que la demandada residió en la casa de los Dahler desde setiembre/98 hasta noviembre/99, sin que recibiera remuneración salvo el alojamiento y comida para ella y su hijo (fs. 80). Esta contraposición de fechas tiene su aclaración en el dato que seguidamente se expone. En el juicio de tenencia, ofrecido como prueba instrumental por la accionada, consta un certificado de trabajo expedido por la librería esotérica "El Séptimo Rayo", fechado el 20 de abril de 1999 (fs. 30), en el que figura que la señora Anne Jennifer Pineda prestó servicio en dicha librería desde el mes de octubre/97. Quiere decir, pues, que de acuerdo con esta instrumental que obra en el expediente y que la accionada no puede objetar, da lugar a las siguientes conclusiones. Primero, que en el tiempo en que dio en guarda a su hijo, la misma tenía un trabajo con un sueldo de G. 600.000 mensual. Segundo, que vivía en el domicilio de la familia Dahler, pero no en calidad de empleada. Tercero, que resulta más creíble la versión de los accionantes en el sentido de que la señora Anne Jennifer Pineda, por un motivo u otro, dejó de residir en la casa de la familia Dahler desde el mes sostenido en la demanda, siendo indiferente si fue o no a Ciudad del Este. Cuarto, que teniendo su fuente de trabajo no trató de independizarse y hacerse responsable personalmente de su hijo, como legal y constitucionalmente se hallaba obligada.
Haciendo abstracción de las consideraciones que anteceden y siempre de acuerdo con la posición asumida por la demandada en el presente juicio, se tiene que desde el mes de diciembre/99 fue a vivir en Hernandarias, en la casa de la señora Adelaida Rodríguez de Granada, hogar donde trabajada y desde el cual siempre llamaba por teléfono a la casa de la familia Dahler y visitaba a su hijo los fines de semana. En el escrito de contestación no se especifica hasta cuándo estuvo al servicio de la familia Granada, pero si a partir del mes de julio/00 la accionada hizo las paces con su madre y estaba en condiciones de atender a su hijo con la ayuda de la abuela, es de suponer que estuvo en Hernandarias hasta el mes de junio o julio/00. La pregunta que en este caso amerita respuestas claras es saber por qué dejó de laborar en la casa de la familia Granada y, asimismo, a qué actividad se dedicó desde entonces y hasta el presente, teniendo en cuenta que lo que se pretende es la restitución de su hijo.
En cuanto a la primera interrogante, la respuesta la da el testigo Elio Froilán Granada, testigo tachado por el Juzgado sin fundamento alguno, y quien en su declaración manifestó que la señora Anne Jennifer Pineda mostraba un comportamiento de manipulación e impropia, haciendo alusión a que la misma en más de una ocasión volvió a su casa en estado etílico, hasta que se vio en la necesidad de decirle que ya no la quería encontrar en su casa por constituir un mal ejemplo para sus hijos adolescentes (fs. 136). Es más, cuando fue preguntado por el abogado César Báez Samaniego si durante el tiempo en que la accionada sirvió en su casa estudiaba o no en una institución de enseñanza, el testigo fue terminante al responder
que fue aquella la que se sirvió de su casa. No hay motivos para descalificar a este testigo, y si decidió tal como lo hizo fue para preservar la moral de sus hijos, y su declaración coincide con otras declaraciones, tal como se verá posteriormente.
En cuanto a la segunda interrogante, según lo informa la asistente social Hilda Houdin Aguirre (fs. 159), al constituirse en la casa de la madre de la señora Anne Jennifer Pineda el 30 de mayo del 2001, aquella dijo que no sabía en qué colegio estudiaba su hija y que trabaja en limpieza, pero no sabía con quién o para quién. Extraña respuesta para una madre reconciliada con la hija. Al parecer, la indiferencia de la señora Dorila Cardozo no era solamente para con su nieto A., sino también con respecto a su hija A. J. puesto que se trataba de actividades que para una madre normal necesariamente debían ser conocidas. Ciertamente, más adelante se pudo entrevistar a la accionada y ésta manifestó que estaba cursando el 5° curso en el instituto privado Syme y que durante la mañana trabaja en limpieza percibiendo una remuneración de G. 10.000 por limpieza en casas de familia. Es loable el ansia de superación de la demandada, pero si desde julio/00 hizo las paces con su madre y con recursos para mantener a su hijo dentro de una casa confortable, lo que llama la atención es que ya en ese tiempo no planteó judicialmente la restitución de su hijo.
Estas elucubraciones nos conducen a otro episodio en la vida de la accionada introducida en el proceso y en el cual nuevamente aparecen afirmaciones contrapuestas. En el escrito de demanda se sostiene que entre los meses de mayo o junio/00 la señora Anne Jennifer Pineda se presentó nuevamente en la casa de los accionantes porque no tenía dónde vivir y, ante esta situación, aquellos le proporcionaron la posibilidad de explotar por su cuenta un copetín para su propia subsistencia (fs. 12). En cambio, en el escrito de contestación, la accionante manifestó que ya estando en condiciones de hacer frente a la responsabilidad de hacerse cargo de su hijo –tal como se aclaró en el párrafo anterior– y presentarse a reclamar el retiro de su hijo, la familia Dahler le ofreció trabajar en el copetín Mbocayá, donde trabajó durante una semana con la promesa de remuneración de G. 600.000 mensual, que se redujo después a G. 90.000. Por este motivo la accionada consideró que se trataba de una maniobra de los demandantes para no entregarle a su hijo (fs. 81). En esta contraposición de afirmaciones, independientemente de cuánto tiempo trabajó en el copetín y aun admitiendo que haya sido por una semana, de nuevo surge la interrogante dejada en suspenso con anterioridad. Por qué la accionada, si consideraba este ofrecimiento de los Dahler como una estratagema para no devolverle a su hijo, a partir de ese momento no solicitó judicialmente la restitución de su hijo. En mi opinión, se nota fehacientemente una actitud de incoherencia por parte de la accionada, comprobada en virtud de las consideraciones que anteceden. Aquí no interesa tanto la incoherencia procesal, sino la que deviene de la posición asumida por la madre en relación a su hijo.
En este aspecto, se presentó con el escrito de contestación un acta de intimación notarial solicitada por la señora Anne Jennifer Pineda el 20 de febrero del 2001 (fs. 20/21), medio a través del cual la peticionante pretendía que se aclare si la familia Dahler se oponía o no a que visite a su hijo A. En respuesta a la intimación notarial, la seora Alodia de Dahler contestó que la madre puede visitar a su hijo las veces que quiera siempre y cuando se respeten las horas de descanso. En puridad, esta instrumental, que de por sí le habrá costado dinero a la accionada, no tiene ninguna incidencia para las resultas de autos. En vez de emplear este medio con un fin de por sí inocuo, simplemente ya se hubiera recurrido a la instancia judicial para pedir directamente la restitución de su hijo. Nótese que entre el mes de junio/00 o julio/00, tiempo probable en que la accionada trabajó una semana en el copetín Mbocayá, a febrero/01, fecha del acta notarial, transcurrieron más de seis meses sin que la accionada realizase ningún tipo de gestión jurisdiccional para remediar su situación, si tenía realmente esta intención, claro está.
Engarzado a estas consideraciones, de acuerdo con el informe de la psicóloga forense Norma Asela Espínola del 31/mayo/01 (fs. 156), la señora Anne Jennifer Pineda, que ese tiempo estaba sin ocupación, presentaba, entre otros resultados, conflicto con la figura materna y que en ese momento no se encontraba capacitada para ejercer su rol de madre. Por otro lado, en el informe de la psicóloga Andrea O. de Contrera, del 14/junio/02, las conclusiones después de un año fueron similares a la primera, pero con agregado que vale la pena mencionar: Que la señora Anne Jennifer Pineda en un momento quiere una cosa y luego cambia radicalmente (fs. 273). Este resultado del test psicológico da la pauta de que el comportamiento de la accionada en lo que respecta a su hijo ha respondido a un desequilibrio en su personalidad y que hoy, con 20 años de edad, tiene el mismo perfil humano y psicológico que cuando tuvo su bebé a los 15 años. Esta misma característica es la que se puede notar en su actividad privada y laboral. En otros términos, las incoherencias en la posición asumida por la accionada y demostradas en el análisis de las constancias de autos coincide plenamente con los resultados de los estudios psicológicos realizados con la misma. De modo que válidamente puede inferirse que en un momento quiere recuperar a su hijo y en otro no, o lo que es lo mismo, que al tener a su hijo no estaba preparada para ejercer su rol de madre, situación que no ha cambiado para nada en el presente.
Dentro de estos mismos parámetros se puede catalogar la posición asumida en el proceso en lo concerniente a la prueba confesoria. Para el diligenciamiento de esta prueba, en la que bien podría dar respuestas que le fueran favorables, primeramente la accionada se presentó sin su cédula de identidad, motivo por el cual no se llevó a cabo la audiencia (fs. 141). Posteriormente, directamente se negó a absolver posiciones (fs. 141 vlto.). Tal como puede apreciarse, la contradicción en la actitud asumida ante una prueba tan importante es la demostración más acabada de que las conclusiones de los estudios psicológicos responden exactamente a la personalidad de la accionada, que en un momento quiere una cosa y en otro cambia de opinión sobre la misma cosa.
Y a propósito de la prueba confesoria, como se dijo, la accionante se negó a absolver posiciones, de suerte que se tiene que hacer lugar al apercibimiento decretado de conformidad con los términos del artículo 282 del C.P.C., en concordancia con el Art. 302, 1ª parte, del mismo cuerpo legal; es decir, tenerla por confesa relacionando este medio de prueba con las otras producidas en el juicio.
Así, en la 6ª posición se afirmó que la accionada, con posterioridad a la entrega de su hijo mediante el acta labrada ante el Juzgado de Paz de la Recoleta no cambió ni se arrepintió de su decisión. La posición era clara en cuanto a su significado y tiene relación directa con la cuestión debatida. Por tanto, como está en concordancia con las conclusiones antes mencionadas, solamente resta tenerla por confesa respecto a esta posición.
En la 7ª posición se afirmó que la demandada no solicitó judicialmente la anulación de su decisión o la restitución de su hijo. También en cuanto a esta posición se la tiene que tener por confesa, ya que está en armonía con las consideraciones vertidas con anterioridad sobre el mismo punto.
En la posición 15ª se afirmó que el señor Elio Granada la echó de su casa por mala conducta. La confesión respecto a esta posición debe ser admitida porque coincide con la declaración testifical del señor Elio Granada sobre el particular.
En general, estas son posiciones clave que tienen relación directa con los hechos articulados en la demanda: el desinterés manifiesto de la señora Anne Jennifer en ejercer su rol de madre y la conducta errática de la misma en lo que se refiere a los trabajos que tuvo y en los cuales nunca se mantuvo mucho tiempo, incluyendo su permanencia al frente del copetín Mbocayá. En síntesis, que la inestabilidad de la accionada en cuanto a sus fuentes de trabajo, como la librería "El Séptimo Rayo", empleada de la familia Granada, sus tareas de limpieza dejadas para hacerse cargo del copetín Mbocayá, aunque por breve tiempo, y actualmente sin ocupación demostrada, ha quedado comprobado fehacientemente como un hecho indubitable dentro del proceso y está en íntima conexión con los estudios psicológicos ya vistos.
En conexión con la prueba confesoria adquiere relevancia la declaración testifical de la señora Graciela Beatriz Cardozo Natalicio, hermana de la señora Anne Jennifer Pineda (fs. 121/122). De acuerdo con la versión de esta testigo, también tachada por la a quo porque la misma estuvo presente en el acta de entrega ante el Juzgado de la Recoleta –que en lo que a mí respecta no es razón suficiente para invalidar su declaración–, la accionada no se preocupaba por la atención del niño A. Por el contrario, el cuidado del chico quedaba en sus manos o de su cuñada Cristina Quintana, ya que la madre nunca se encontraba en la casa. La relación entre las hermanas se resquebrajó cuando la declarante se enteró de que Anne Jennifer Pineda trató de vender a su hijo. Asimismo, manifestó que no puso ningún problema para entregar en guarda al niño a la familia Dahler, ya que constituía una solución al problema de manejar su vida a su entera libertad. En síntesis, que la criatura era más bien un obstáculo para su vida privada.
En este contexto, la testigo María Teresa Leiva manifestó que la accionada se levantaba a mediodía y tomaba sol medio desnuda en la casa de la familia Dahler (fs. 125). Quizá esta declaración no tenga tanta relevancia, pero si la propia demandada dijo que su esposo le tomaba fotos desnuda, tal actitud denota que tales tomas fotográficas contaban con su anuencia, lo cual demuestra con certeza que tenía sesgos de una exhibicionista. Por otra parte, la testigo Cristina Isabel Quintana (fs. 128/129) manifestó que la señora Anne Jennifer Pineda se preocupaba más del cuidado de su cuerpo y no de su hijo, a quien lo dejaba solo llorando, dejándolo encerrado en una pieza oscura. Inclusive, esta testigo afirmó que la accionada trató de vender a su hijo. Asimismo, la testigo Claudelina Ozuna de Müller (fs. 194) hizo hincapié en que la accionada volvía de 5:00 a 6:00 de la mañana a la casa de los Dahler en estado de ebriedad y con los zapatos en la mano, y que en el copetín Mbocayá se pasaba bebiendo con sus amigos. Finalmente, el testigo Lucio Almirón (fs. 200), su declaración concuerda con la 10ª posición de la prueba confesoria en lo que concierne a que también la accionada trabajó un tiempo en el Chaco's Pub, otro lugar de trabajo que la demandada tuvo entre los meses de junio y julio/99. Sería innecesario transcribir cada una de las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora, pero de la lectura de todas ellas puede inferirse que están ligadas, en mayor o menor grado, en coincidencia con las otras pruebas ya analizadas.
En contrapartida a estas pruebas concordantes entre sí, si bien es cierto que la señora Adelaida Rodríguez de Granada, hermana de la señora Alodia de Dahler, manifestó por escritura pública que Anne Jennifer Pineda venía los fines de semana para ver a su hijo (fs. 23), este hecho no fue probado. En efecto, la nombrada testigo mal podría saber desde Hernandarias –su lugar de residencia– si la accionada realmente venía a ver a su hijo y, en su caso, conocer el comportamiento de aquella en la casa de los Dahler. Tampoco fue probado el hecho de que la profesional Carmen Coronel le propuso el tema de la adopción de su hijo por parte de los Dahler, así como tampoco fue demostrado lo de las llamadas telefónicas para saber acerca de su hijo y, ni qué decir, en cuanto al hecho de que la finalidad tenida en vista por el señor Wolfgang Dahler era la de aumentar su jubilación por parte del gobierno alemán. En fin, como se dijo, la parte demandada no aportó en el proceso ninguna prueba a favor de la posición asumida en el proceso, quedando como afirmaciones unilaterales el esclarecimiento de hechos tan importantes y graves como los más arriba comentados.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, y desde el punto de vista exclusivamente procesal, me permite concluir sin ningún género de dudas que la parte accionante demostró sobradamente el desinterés de la señora Anne Jennifer Pineda en relación a su hijo A., o lo que es lo mismo, la abdicación voluntaria en el cumplimiento de su obligación como madre y que, en rigor de verdad, constituye básicamente la causal de abandono, tal como se halla regulado en el C.M.
Dentro de este contexto, lo que hay que definir es cuál es el contenido que se le tiene que dar al principio del Interés Superior del Niño, en este caso, el de A.M.P. Por una parte, si no se hace lugar a la pérdida de la patria potestad, se estaría conculcando el derecho del niño a tener una vida estable desde el punto de vista emocional y, si actualmente tiene cinco años sin haber conocido al padre biológico, más una relación discontinua con la madre, una decisión contraria trastrocaría irremediablemente toda su vida. Por otra parte, jamás se sabría a ciencia cierta si la actitud de la madre va a cambiar con el tiempo, aun en la hipótesis de seguir una terapia psicológica permanente, y ni hablar del tiempo que el niño se acostumbrará a una convivencia familiar totalmente ajena a la que actualmente tiene, ya que es como un hermano de los hijos de la señora Alodia Dahler, todo esto sin mencionar que tampoco tuvo nunca un acercamiento con la familia ampliada de la madre.
Aquí no se trata de estatus económicos diferentes, como se dio a entender en la contestación de la demanda. En efecto, si en este momento la accionada tuviera la suerte de ganar la lotería nacional y se volviera millonaria, el cambio en la vida del niño seguiría siendo igual en cuanto a sus efectos. En otros términos, tampoco podría saberse con certeza cuál va a ser el lapso necesario para que el niño se recupere psicológicamente con el cambio en su vida. Esto está fehacientemente demostrado en hijos de padres con buena posición económica y entre quienes se discute la custodia de un niño. Entonces no se trata de un problema que pasa por la condición acomodada de los guardadores y la condición humilde de la accionada. La cuestión pasa por la inestabilidad psicológica de esta y su impacto en la vida del niño. Naturalmente, esta línea de razonamientos se exponen al margen de lo que procesalmente ha quedado demostrado en el juicio.
En síntesis, si se parte de la base de que el niño es el sujeto de derechos en este proceso y que este derecho debe tener prevalencia sobre otro derecho por disposición constitucional, a mi entender en el caso de autos el derecho a ejercer el derecho emergente de la patria potestad debe ceder ante el derecho del niño a tener un a vida emocionalmente estable y con un futuro que no esté sujeto a los vaivenes de una madre no preparada para asumir su rol como tal. En definitiva, soy de parecer que esta es la conclusión que otorga plena vivencia y legitimidad a la protección acabada del Interés Superior del Niño y se adecua perfectamente a las prescripciones de los artículos 9 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y al artículo 54 de la C.N., sin olvidar la disposición contenida en el artículo 105 Inc. "b" del C.M. Por consiguiente, doy mi voto por la revocatoria de esta cuestión.
S.D. N° 364 del 11/11/02:
La restitución de su hijo solicitada por la señora Anne Jennifer Pineda, con posterioridad al juicio de pérdida de patria potestad, amerita algunos comentarios adicionales. En primer lugar, el juicio debió haberse planteado al contestarse la demanda y no después, ya que, como lo sostuve con anterioridad, es una pretensión oponible a la pérdida de la patria potestad. En efecto, carecería de sentido denegar la pérdida de la patria potestad e iniciar otro solicitando la restitución, al menos concebida la restitución desde la óptica del C.M. En segundo lugar, no puede soslayarse el estudio psicológico del niño A.M.P. practicado por PRADEP, medida dispuesta por el Juzgado ya como medida de mejor proveer (fs. 261). Según el resultado de este estudio, el niño se halla seguro en compañía de sus hermanos y siente rechazo y peligro ante la figura materna biológica. Esta situación del niño es fácilmente entendible si se tiene en cuenta la poca o casi nula relación con la madre biológica, tal como ha quedado demostrado en el proceso antes analizado.
Engarzado a estas consideraciones, necesariamente tiene que convenirse que la actitud como madre se la tiene o no, siendo irrelevante la edad en que el niño fue concebido. La verdadera madre puede serlo a los 15, a los 20 o a los 30 años de edad, y hará lo imposible para retener a su hijo. Si alguna experiencia me han dado las famosas adopciones internacionales en su momento es que hay madres, y esta es una realidad indiscutible, que muchas no han deseado la maternidad, por un motivo u otro. Generalmente se quiere argumentar la carencia económica como un factor preponderante para que se concedan guardas o se proponga dar a un hijo en adopción. En mi opinión, esto es una falacia. La que realmente tiene sentimientos maternos no soportará ni admitirá nunca estar separada de su hijo. En el caso de autos, la señora Anne Jennifer Pineda, quien tuvo su bebé a los 15 años y ahora tiene 20, tuvo tiempo suficiente para asumir su papel de madre, pero no hizo ningún esfuerzo para mantener a su hijo con su trabajo ni tuvo la voluntad de recuperarlo o intentar algún tipo de relacionamiento por los medios legales correspondientes, salvo la restitución que obligadamente planteó ante el inicio del juicio sobre pérdida de patria potestad. Caso contrario, lo más seguro es que el niño estaría en la misma situación que ahora quiere remediar, aunque tardíamente.
En base a los razonamientos expuestos precedentemente y coherente con la determinación a la que he llegado en el juicio sobre pérdida de patria potestad, no tengo más remedio que concluir que la restitución peticionada por la señora Anne Jennifer Pineda debe ser desestimada. Reconozco que esta decisión no es del todo de mi agrado, pero como no soy un Juez de conciencia sino de derecho no me queda otra alternativa que atenerme a lo estricta y realmente probado en el proceso. En cuanto a las costas, estimo que estas deben imponerse en ambas instancias en el orden causado, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos en litigio y en la que cada parte asumió una posición en consonancia con la situación creada y que dio motivo para que se incoaran ambos juicios. Por lo demás, me parece que no sería justo imponer las costas a la accionada en razón de que lo que se resolvió tiene que ver con la vinculación jurídica entre madre e hijo, aspecto humano que no puede pasarse por alto en este tipo de juicio. En resumen, considero que las cuestiones sometidas a consideración de este Tribunal deben resolverse de la siguiente manera: 1) No hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto contra el primer apartado de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002. 2) Declarar la nulidad del segundo y cuarto apartados de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002. 3) Declarar nula la S.D. N° 364 del 11 de noviembre del 2002. 4) Hacer lugar a la pérdida de la patria potestad peticionada por los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler contra el señor Enrique Daniel Medina en relación al niño A.M.P. 5) Hacer efectivo el apercibimiento decretado por providencia del 21 de mayo del 2001 y, en consecuencia, tener por confesa a la accionada Anne Jennifer Pineda a tenor del pliego de posiciones presentado en autos. 6) Revocar el tercer apartado de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002. 7) No hacer lugar a la restitución solicitada por la señora Anne Jennifer Pineda contra los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler en relación al niño A.M.P. 8) Costas en esta Instancia en el orden causado. Así voto.
A su turno, la doctora Alicia Pucheta de Correa dijo:
Apartado 3 de la S.D. N° 326 del 22/10/02:
El Juzgado no hizo lugar a la demanda de pérdida de la patria potestad promovida por los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler, contra la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo en relación a su hijo A.M.P., por no hallarse mérito suficiente en el presente proceso.
Atento a las constancias obrantes en autos, opino que debe ser confirmado el apartado 3 de la sentencia apelada, razón por la cual disiento de las resultas a que llegó el apreciado colega preopinante de sala, doctor Silvio Rodríguez, por las razones que paso a fundamentar:
En primer lugar lo que cabe es analizar si en el caso específico de autos fueron demostradas las causales de pérdida de patria potestad, en un juicio controvertido, dada la naturaleza de dicha acción (que implica sanción) y los efectos que produce la misma (inalterabilidad). Así la pérdida de patria potestad no podrá decretarse sin hechos de evidente gravedad, no basaría un cumplimiento más o menos irregular, una mayor o menor dedicación.
Los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler impetraron concretamente como causales de pérdida de patria potestad contra la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo con relación a su hijo biológico A.M.P. los incisos b) por abandono de su hijo, y c) por dar ejemplos o consejos inmorales o colocarlos a sabiendas en lugares peligrosos para la vida, la salud o la moral de su hijo (artículo 105 del C.M.).
Conviene clarificar igualmente que los demandantes invocaron, asimismo, el artículo 104 in fine del C.M.; sin embargo, la disposición legal citada corresponde a causas de suspensión y no de pérdida de patria potestad, por lo que no corresponde entrar a examinarla, en atención a que el objeto de la petición fue el de pérdida de patria potestad; consecuentemente, me ceñiré a analizar y a pronunciarme necesaria y únicamente respecto a los incisos b y c del artículo 105 del C.M.
Las fundamentaciones de los demandantes contra la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo en el escrito inicial de demanda son los siguientes:
Que Anne Jennifer Pineda Cardozo, luego de ser abandonada por su marido y ante los malos tratos y constantes amenazas de las cuales seguía siendo objeto por parte del mismo y por no poder mantener a su hijo otorgó la guarda provisoria del mismo a su hermana, la señora Graciela Beatriz Pineda Cardozo, incluso le autoriza a que se traslade con el mismo al Brasil. Pero luego esta última, por motivos de trabajo, no pudo hacerse cargo más del niño, razón por la cual Anne Jennifer Cardozo, en ese entonces con 16 años, hace entrega de su hijo A.M.P. a los demandantes, conviviendo también aquella (Annie Jennifer Cardozo) con su hijo y los actores en el mismo domicilio, pero que esta estadía por parte de la madre biológica del niño ya individualizado fue de corta duración, ya que la misma acostumbraba a ausentarse por varias semanas de la casa de los demandantes, sin indicar el motivo, ni el lugar donde se encontraría.
Sostienen igualmente los demandantes que Anne Jennifer Pineda Cardozo permaneció con ellos en su casa luego que fuera abandonada por su esposo aproximadamente desde el mes de setiembre de 1998 hasta el mes de marzo de 1999, en que se retiró y fue a vivir a Ciudad del Este. Luego entre los meses de mayo y junio del 2000 vuelve al domicilio de los actores a solicitar ayuda económica, razón por la cual los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler le alquilan un salón a la vuelta de su domicilio para administrar un copetín y mantenerse con lo producido. Pero que la demandada no solo no administró correctamente el negocio, sino que a la noche se sentaba a beber bebidas alcohólicas con sus amigos en el copetín hasta altas horas de la madrugada, donde terminaba el día en total estado de ebriedad y se dirigía al domicilio de la familia Dahler a dormir todo el día. Al corto tiempo, ya debido al mal manejo del copetín y a su ebriedad consuetudinaria, la misma abandonó el negocio. Por último, los demandantes alegaron que la señora Anne Jennifer Pineda nunca se preocupó de su hijo, pues nunca acompañó a la señora Dahler a las consultas médicas aun cuando el hijo se encontraba delicado de salud.
Opino que en autos no quedó constatado el abandono por parte de la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo respecto a su hijo biológico A.M.P., atento a las razones que se pasan a fundamentar:
El Código del Menor no conceptualiza o define el abandono, solo enumera en forma cerrada los casos en que se considera en estado de abandono material o moral a los menores en el artículo 221 del citado código: a) cuando no tengan hogar, carezcan de vigilancia, vivan en la mendicidad o de la caridad pública, b) cuando se hallen al cuidado de padres o guardadores bajo cualquier título, que sean ebrios consuetudinarios, drogadictos, mentalmente incapaces o de conducta inmoral o que los indujeren a la mendicidad u otra forma de vida reñida con la moral y las buenas costumbres o a atentar contra el orden público, c) cuando no reciban o se les impida recibir educación escolar correspondiente a su edad o ellos mismos voluntariamente faltaren a la asistencia y a los deberes escolares, y d) las menores que hallándose grávidas están privadas de la atención adecuada. Nótese que el niño A.M.P. no se encuentra en las casuísticas arriba mencionadas.
Respecto a los hechos que aducen los demandantes contra la actora, como situaciones de abandono, conviene precisar que el hecho de que la demandada por acta ante el Juzgado de Paz de la Recoleta en fecha 6/08/98 decidió entregar a su hijo A.M.P. en guarda provisoria a su hermana y tía del niño, la señora Graciela Beatriz Cardozo Natalicio, el ciado hecho no configura abandono en atención a que justamente el cuidado de una tía no implica abandono, dado los lazos de parentesco que excluyen la posibilidad de desamparo, de lo cual se infiere que el niño sería bien atendido y viviría dentro de su familia ampliada. Por otra parte, esta medida fue eminentemente transitoria y breve, pues desde la fecha antedicha solo transcurrieron cinco días (ver acta labrada en el Juzgado de Paz de la Recoleta en fecha 11/08/98) para que el citado niño sea entregado a los actores, pero quedando la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo a residir con su pequeño hijo en el domicilio de aquellos. Por ende, no existió desprendimiento físico entre el niño y su madre biológica.
Los demandantes manifestaron que la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo en marzo de 1999 se retiró de la casa y fue a vivir a Ciudad del Este y luego, entre los meses de mayo y junio del 2000, volvió al domicilio de los actores a solicitar ayuda económica. Sin embargo, la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo en el escrito de responde manifestó que estuvo viviendo con su hijo en casa de los demandantes hasta noviembre de 1999 y fue a Ciudad del Este, previo acuerdo entre las hermanas Alodia Rodríguez de Dahler y Adelaida Rodríguez de Granada, a trabajar en el domicilio de esta última, hasta julio del 2000 (siete meses) durante el cual alega que siempre llamaba por teléfono y se trasladaba casi todos los fines de semana al lugar donde se encontraba su hijo. Para corroborar dicho aserto arrimo el acta de manifestación por acto público de la señora Adelaida Rodríguez de Granada (fs. 23), Primer Tomo de estos autos. Igualmente coincide con las afirmaciones de la demandada en el acta obrante a fs. 236 Tomo II.
El apelante argumenta que la Juzgadora solo valoró las pruebas de la parte demandada, y no ha valorado suficientemente las pruebas de la parte actora, incluso a varias de ellas les restó eficacia, por ejemplo la tacha irregular de los testigos. Además, otras testificales rendidas por la parte demandante ni siquiera fueron mencionadas por la Juzgadora en su resolución, pero, sin embargo, exaltó indebidamente como una prueba máxima la única declaración en acta por escribanía aportada por la parte demandada, incluso por encima de la confesoria de la señora Anne Jennifer Pineda Cardozo.
Respecto a las quejas por parte del impugnante conviene precisar que: "? la Juez no está obligada a referirse minuciosamente a todas las pruebas producidas; así puede omitir el examen de aquellas diligencias que conceptúe innecesarias para su fallo, o las que refute ineficaces, pero no puede prescindir de un hecho fundamental para la decisión (Alsina), Ac. N° 29, 12/V/1961". El Juicio Ordinario - Francisco Bazán. Con relación a la confesoria de la demandada, nótese que se trata de una confesión judicial ficta, razón por la cual no hace plena prueba, a diferencia de la espontánea, motivo por el cual sería apreciada por la Juez juntamente con las demás pruebas, de acuerdo con los principios de la sana crítica (artículo 302 del C.P.C.).
El apelante insiste en que arrimó como prueba la declaración de 10 testigos; al respecto conviene precisar que para valorar las testificales no se toma en cuenta la cantidad sino la calidad en la declaración de los testigos y sobre todo si les consta personalmente y la forma en que dan la razón de sus dichos. A lo cual se debe agregar que las pruebas obrantes en autos no se consideran prueba de las partes, sino del Juzgado.
Pasaremos a analizar la declaración de los testigos:
Graciela Beatriz Cardozo Natalicio (fs. 121/122): hermana de la demandada encontrándose en línea de parentesco en segundo grado consanguíneo colateral, razón por la cual sus declaraciones no pueden tener objetividad.
María Teresa Leiva (fs. 125): nótese que la citada testigo en la pregunta dirigida a la misma a fs. 125 vlto. de autos demostró animosidad contra la demandada cuando afirmó que le pichaba que la demandada agarrara toda la casa. A lo cual se debe sumar que en ningún momento de su declaración precisó día, mes y año.
Cristina Isabel Quintana (fs. 128): la citada forma parte del entorno familiar de la demandada, a lo cual se agrega que lo manifestado data de agosto de 1998, sin embargo, atento al acta del Juzgado de Paz de la Recoleta de fecha 11 de agosto de 1998, la demandada y su hijo A. se encontraban ya residiendo en el domicilio de los demandantes.
Elio Froilán Granada (s. 136/137): nótese que este es cónyuge de Adelaida Rodríguez de Granada, que declaró en el acta notarial presentada por la demandada en la cual desvirtúa las afirmaciones de su esposo.
América Yolanda Cáceres de Aquino (fs. 192/193): adviértase que esta testigo en el expediente sobre tenencia del niño A. afirmó que la demandada tenía un comportamiento bueno, que nunca le vio salir ni llegar fuera de hora a su casa; consecuentemente, ante la situación de que en los autos de pérdida de patria potestad contra la misma haya declarado en contra de la conducta de Anne Jennifer Pineda resta seriedad a su declaración para las resultas de autos.
Claudelina Ozuna de Müller (fs. 194): en la razón de sus dichos no aclaró día, mes ni año, razón por la cual no puede ser considerada dicha declaración como de peso para las resultas de autos.
Norma Aracelli Rizo de Barragán (fs. 197): de la declaración de la misma, al igual que las dos testigos más arriba individualizadas, no especificó día, mes ni año, lo que le resta credibilidad a sus afirmaciones.
Lucio Almirón (fs. 200): atento a la lectura de las declaraciones del citado no se advierte haber precisado que los anteriores testigos día, mes y año a los efectos de dar sustento serio para corroborar lo afirmado por la parte demandante.
María Graciela Franco Amarilla (fs. 211): esta declaración no se encuentra corroborada por otra prueba de peso a los efectos de demostrar ineptitud, inhabilidad o falta de idoneidad grave de la demandada que amerite la declaración de pérdida de patria potestad.
Eliceo Ruiz Díaz (fs. 214): este testigo al igual que la testigo arriba citada Yolanda Cáceres de Aquino en el expte. de tenencia argumentó que la demandada tenía un buen comportamiento y que trabajaba a la mañana y a la tarde; sin embargo, en el expediente de pérdida de patria potestad declara en contra de la demandada. Esta situación de contradicción resta seriedad a las afirmaciones del mismo.
Prueba de estudios psicológicos:
El apelante se queja porque la a quo no tomó en cuenta el perfil psicológico de la demandada obrante a fs. 156 de autos. Sobre el punto conviene precisar que la Juzgadora tiene facultad por la ley para apartarse de un dictamen pericial y apoyarse en otro dictamen de la misma naturaleza. Así, a fs. 273 se encuentra el estudio psicológico de otro perito en el cual no se trasluce que la demandada tenga causa grave de inhabilidad e ineptitud psicológica que haga temer por la seguridad física o psíquica de su hijo.
Por las razones antedichas, considero que atento a los estudios psicológicos no existe una razón de peso que haga viable el despojo de un hijo de la madre, más aun como en el caso de autos como la demandada no expuso a su hijo a abandono material y tampoco lo institucionalizó. En el caso de autos, considerando que la demandada tuvo un embarazo precoz, antes que separarle del hijo hay que tratar de darle apoyo emocional para que el vínculo materno filial se robustezca a los efectos priorizar la permanencia del niño en su ámbito natural, que es su familia nuclear, y en defecto de esta la ampliada. Así lo sacraliza la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (ratificada por nuestro país por Ley N° 57/90): "? La inserción del niño en su familia es un elemento clave de la temática de los derechos del niño, y varios artículos de la Convención lo abordan, desde ángulos distintos. El artículo 7 (1) reconoce el derecho del niño desde su nacimiento... a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En el mismo sentido, el artículo 8 consagra el derecho del niño a preservar las relaciones familiares como elemento de su derecho a la identidad? (Daniel O'Donnel. La Convención sobre los Derechos del Niño: Estructura y Contenido).
"? Existe una total coincidencia en cuanto a que la familia es el ambiente más adecuado para el normal desarrollo del ser humano. Es por ello que casi todas las constituciones contienen una norma que declara la obligación estatal de velar por el fomento social de la familia a efectos de asegurar su permanencia e integridad (Adela Reta. La atención estatal del menor desprotegido: nuevas tendencias).
En definitiva, de las disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño se infiere que la familia es el ámbito natural en el cual todo niño debe crecer, fundado en la convicción del valor del grupo familiar, basado esencialmente en el derecho a su identidad biológica, es decir, que no pierda su vínculo de parentesco con su familia de sangre o de origen.
De ahí que la familia es en principio insustituible, y como lo expresa la Convención (artículo 9) el niño tiene derecho a no ser separado de sus padres, salvo en su caso excepcionalmente; por ejemplo, en caso de ausencia física de los padres, o de su total o grave incapacidad para el cumplimiento de los deberes inherentes a su calidad de tales, o sea objeto de maltrato o descuido grave por parte de sus padres.
Del estudio psicológico de fs 273 no se comprueba que la demandada haya puesto a su hijo A. en las casuísticas arriba mencionadas.
Prueba de estudio socioambiental
Respecto a esta prueba, el apelante insiste en lo declarado por la madre de la demandada; conviene precisar que por la línea de parentesco lo dicho por la progenitora de Anne Jennifer no puede ser tenido en cuenta por estar en la línea consanguínea en línea directa, 1er. grado, lo que la hace inhábil, puesto que el mismo Código Procesal Civil la excluye (Art. 315 del C.P.C.).
En cuanto a esta prueba, como ya lo hemos apuntado más arriba, tratándose de una confesión ficta no hace plena prueba, a diferencia de la espontánea.
En conclusión, atento a las razones apuntadas, a las disposiciones legales citadas, a los artículos 53, 54, 55 de la C.N. en el que se privilegia el ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores, asimismo se protege a la maternidad, con lo cual se está protegiendo el derecho de la madre; y en cuanto al principio del interés superior del niño, que posee raigambre constitucional, en el caso particular de autos, se basa en el respeto al vínculo familiar del niño a su familia nuclear o ampliada, directrices que las encontramos en los Arts. 8, 9 y concordantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país por la Ley 57 del año 1990, que se aplica en el caso concreto de autos en forma vinculante, de conformidad a la norma del Artículo 137 de la Constitución Nacional; se invoca asimismo los artículos 17, 18 y 19 del Pacto de San José de Costa Rica, corresponde confirmar el punto 4 de la sentencia apelada por no haberse comprobado la causal b) abandono, como tampoco la causal c) ejemplos o consejos inmorales o colocarlos a sabiendas en lugares peligrosos para la vida, salud o moral del hijo, del artículo 105 del C.M. Así nótese que no se ha probado en autos en forma fehaciente inconducta o perversión contra la demandada que coloque a su hijo con su actitud en situación de peligro físico o psíquico.
Considero igualmente oportuno mencionar que, atento a las constancias de autos, los demandantes han obstaculizado de una u otra manera la restitución del niño a su progenitora, a lo cual se suma un hecho que a mi criterio resulta aun más grave, como el de no haber insuflado en el niño A. la identidad materna y afectiva para con esta, así encontramos que atento a los informes obrantes a fs. 251, 257 y 261, los demandantes han influenciado con su conducta y actitud a que el niño no tenga bien definida ni clara la identidad materna biológica, así por un lado el niño identifica muy bien a la demandada como su "madre Jenny", pero por otro lado la señora Alodia Rodríguez de Dahler asume dicha figura, lo que hace que se produzca una confusión en la mente del niño respecto a su verdadera identidad biológica.
Por ora parte, atento a la actitud de la demandada con el acta realizada en el Juzgado de Paz de la Recoleta el 28 de marzo de 1998 sumado a la denuncia realizada ante la comisaría 11 en fecha 5 de junio de 1998, al expediente de restitución contra el padre de su hijo de fecha 13 de octubre de 1998 y a la sentencia de tenencia de fecha 22 de setiembre de 1999 y a todas las actividades que realizó en el expediente de restitución contra los hoy demandantes agregado por cuerda separada a estos autos, demuestra la actitud sistemática demostrada por la demandada para no ser separada de su hijo A., a pesar de su falta de recursos económicos, como se comprueba al estar representada por la defensora de pobres tanto en el expediente de tenencia como en el de restitución. Cabe acotar igualmente que la falta de recursos económicos no es condición determinante para que un niño sea sustraído de su familia de sangre. A lo cual se agrega que atento al certificado de nacimiento de A., la demandada procedió al reconocimiento de inscripción de su hijo pudiendo hacerlo el señor Enrique Daniel Medina. En conclusión, corresponde confirmar el punto tercero de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002.
S.D. N° 364 del 11 de noviembre del 2002:
Que, a mi criterio, habiéndose dictado como última resolución respecto a la situación jurídica del niño A., en cuanto a que en virtud de la S.D. N° 1.028 del 22 de setiembre de 1999 se le otorgó la tenencia del citado niño a su progenitora Anne Jennifer Pineda Cardozo, ejerciendo como lógica consecuencia el ejercicio de la patria potestad, corresponde la restitución del niño individualizado a la demandada, pues uno de los efectos personales derivados de la patria potestad se encuentra el que el niño A. debe vivir con su progenitora arriba nombrada.
A su turno, la doctora Clara Estigarribia de Carballo dijo:
En cuanto al recurso de apelación interpuesto, luego de un minucioso análisis como lo requiere el expediente en estudio, por las consecuencias definitivas e irreversibles de la pérdida de la patria potestad, he llegado a la conclusión de que en autos no se ha probado el abandono alegado por la parte autora, sino por el contrario, pese a su corta edad y al escaso recurso económico con que contaba la madre del niño A.M.P., se ha ocupado del bienestar de su hijo, como consta a fs. 2 y 3 de autos respectivamente. No ahondaré en el examen de las pruebas para no caer en una repetición innecesaria, ya que la doctora Alicia Pucheta de Correa lo ha hecho en su momento, por lo que mi voto es en el mismo sentido y por los mismos argumentos; es decir, estoy por la confirmatoria del tercer apartado de la S.D. N 326 del 22 de octubre del 2002. Asimismo, comparto el criterio de los doctores Silvio Rodríguez y Alicia Beatriz Pucheta de Correa en lo que respecta a la cuestión de fondo, del cuarto apartado de la misma sentencia, y hago míos sus fundamentos. En cuanto a la S.D. N° 364 del 11 de noviembre del 2002, me adhiero al voto de la doctora Alicia Beatriz Pucheta de Correa por sus mismos fundamentos. Es mi voto.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 80
Asunción, 18 agosto de 2003
NO HACER LUGAR al recurso de nulidad interpuesto contra el Primer apartado de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002.
DECLARAR NULOS el Segundo y Cuarto apartados de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002.
DECLARAR NULA la S.D. N° 364 del 11 de noviembre del 2002.
CONFIRMAR el tercer apartado de la S.D. N° 326 del 22 de octubre del 2002.
HACER LUGAR a la pérdida de la patria potestad peticionada por los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler contra el señor Enrique Daniel Medina en relación al niño A.M.P.
HACER LUGAR a la restitución solicitada por la señora Anne Jennifer Pineda contra los señores Alodia Rodríguez de Dahler y Wolfgang Dahler en relación al niño A.M.P.
Manuel Silvio Rodríguez
Gloria M. Estigarribia de Carballo

References: artículo 260
 resolución 
 artículo 21
 artículo 105
 artículo 342
 artículo 183
 resolución 
 artículo 282
 artículo 302
 artículo 15
 resolución 
 artículo 127
 resolución 
 artículo 342
 artículo 183
 artículo 342
 resolución 
 artículo 16
 artículo 282
 artículo 302
 artículo 159
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 69
 artículo 105
in fine
 resolución 
 artículo 315
 artículo 342
 artículo 282
 artículo 54
 artículo 105
 artículo 104
in fine
 artículo 105
 artículo 221
 artículo 7
 artículo 8
 Artículo 137
 artículo 105
 resolución