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Timestamp: 2018-05-25 13:11:22+00:00

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Sala Constitucional TSJ Venezuela SEÑALA LÍMITES DEMOCRÁTICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SlideSearchEngine.com
Sala Constitucional TSJ Venezuela SEÑALA LÍMITES DEMOCRÁTICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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1. EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente n.° 16-0153 Magistrado Ponente: ARCADIO DELGADO ROSALES Consta en autos que, el 17 de febrero de 2016, los ciudadanos GABRIELA FLORES YNSERNY, DANIEL AUGUSTO FLORES INSERNY y ANDREA CAROLINA FLORES YNSERNY, abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-11.565.951, 12.415.314 y V-16.660.601, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 90.713, 131.006 y 131.221, en ese orden; actuando en nombre propio, presentaron ante esta Sala, “con fundamento en lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con los criterios adoptados en las sentencias dictadas por esta Sala bajo los Nros.1077-2000, 1347-2000, 1387-2000, 1415-2000, 226-2001, 346-2001 y 731-2013, RECURSO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. El 23 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
2. Efectuado el examen correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir, previas las consideraciones siguientes: I DE LA DEMANDA Como fundamento de su pretensión, los solicitantes de autos señalan lo siguiente: Ha sido un hecho público y comunicacional que, durante los últimos meses, la Asamblea Nacional, a través de diversas comunicaciones emanadas de su Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente y de las diferentes Comisiones Parlamentarias, ha solicitado a las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional su comparecencia; tales solicitudes han sido fundamentadas en las competencias de control, investigación y fiscalización del órgano legislativo previstas en los artículos 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley sobre el Régimen, para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, a los fines de investigar o indagar sobre materias que son competencias propias del Poder Ejecutivo Nacional. Tales normas establecen lo siguiente: ―Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento. Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las
3. informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.‖ Al hilo de lo anterior, resulta pertinente señalar que, si bien es cierto que se ha comunicado públicamente que la Asamblea ha ―invitado‖ a los altos funcionarios a comparecer ante ese órgano, no es menos cierto que no ha precisado el objeto real de la convocatoria y se ha limitado a indicar que tales comparecencias tienen como finalidad ―reunirse para discutir el futuro económico del país‖, ―dialogar con ellos para tomar decisiones para solucionar los problema que afectan al país‖ ―aclarar dudas al país‖ así como para la elaboración de diagnósticos sobre la situación actual del país en torno a cada uno de los sectores productivos y, como consecuencia, el diseño de políticas públicas y líneas de acción administrativa a ser desarrolladas por el Poder Ejecutivo en el tema debatido. Las circunstancias narradas producen incertidumbre en dos aspectos fundamentales: Por una parte, respecto al cumplimiento del precepto establecido en el artículo 244 constitucional que establece la obligación que tiene en particular cada Ministro, de presentar, ante la Asamblea Nacional y dentro de los primeros sesenta (60) días del año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del Despacho en el año inmediatamente anterior. Tal precepto hace surgir una duda razonable respecto a si, conforme a los artículos 222 y 223 Constitucionales, la Asamblea Nacional se estaría adelantando en solicitar la comparecencia de estos funcionarios, cuando la misma Constitución, en su artículo 244, establece el lapso para que dichas autoridades rindan la memoria razonada y suficiente sobre la gestión de su despacho del año inmediatamente anterior. El otro aspecto relevante reposa en la incertidumbre que surge con relación a si, puede la Asamblea Nacional, con fundamento en las funciones de control y vigilancia establecidas en la Carta Fundamental, exigir la comparecencia de tales funcionarios para discutir el futuro económico del país y diseñar las políticas públicas y líneas de acción administrativa a ser desarrolladas por el Poder Ejecutivo, funciones estas últimas que el Texto Constitucional, en sus artículos 226, 238, 239 y 242, le otorga, de manera exclusiva y excluyente, al Poder Ejecutivo cuando le asigna competencia para dirigir la acción de gobierno. En orden con lo anterior, debe indicarse que, la duda planteada cobra mayor relevancia cuando observamos el contenido del numeral 3 del artículo 187 Constitucional, que establece la competencia del Poder Legislativo para ejercer funciones de control sobre el Poder Ejecutivo en los términos que a continuación se transcriben: ―Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados
4. en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.‖ Del contenido de la norma que antecede, en concordancia con los artículos 222 y 223, cuya interpretación se solicita a la luz del presunto objeto de la convocatoria, surgen grandes incertidumbres respecto a si, puede la Asamblea, dentro de su función de control y vigilancia, convocar a los altos funcionarios a fin de ―diagnosticar y diseñar políticas públicas‖ o como lo expresó el Diputado Elías Mata para ―…reunirnos y discutir el futuro económico del país‖ cuando pareciera que el mecanismo constitucional que ejerce la Asamblea va dirigido a interpelar e investigar a los funcionarios públicos para la determinación de sus responsabilidades políticas por actuaciones concretas en su gestión administrativa. Las interpelaciones, investigaciones y preguntas han sido concebidas como mecanismos de control posterior, vale decir que, dichas acciones se llevan a cabo una vez que la actividad administrativa se ha desarrollado y ha producido efectos y tienen diversas formas de tramitarse, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional vigente y en la Ley, sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional. Las interpelaciones, por su parte, se realizan personalmente, luego de convocatoria expresa y deben versar sobre temas específicos que se encuentren directamente vinculados con la gestión administrativa de un determinado funcionario; las investigaciones son un poco más genéricas y no requieren de la presencia de la persona investigada, quien podrá ser requerida en caso de ser necesario. Por su parte, las preguntas se harán por escrito y se responderán de la misma manera; tal y como se realizan las posiciones juradas y los juramentos decisorios, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvando las diferencias propias, por tratarse de deposiciones de funcionarios públicos. Ahora bien, las investigaciones parlamentarias deben propender a la revisión de las actuaciones materiales desarrolladas por el Ejecutivo y la determinación de responsabilidades políticas, administrativas, patrimoniales e incluso penales, de darse el caso, tal y como consagran los artículos 139 y 140 de nuestra Carta Magna, circunstancia que da lugar al planteamiento de si, puede la Asamblea Nacional, dentro de las competencias narradas, diagnosticar y diseñar las políticas públicas a ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo o si, por el contrario, debe la Asamblea Nacional ajustar su actuación al control posterior que prevén los artículos 222 y 223 Constitucionales, visto que la competencia para crear políticas públicas, dirigidas al desarrollo de su actividad administrativa, corresponde de forma exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo Nacional. En el mismo orden, los acontecimientos se han desarrollado de una forma tan dinámica, que hace imperiosa la necesidad de una decisión urgente por parte de ese Máximo Tribunal, que establezca y determine, de manera clara y precisa, el contenido y alcance de la función de control y vigilancia ejercida por el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, a fin de evitar que las acciones realizadas por el Poder Legislativo Nacional desnaturalicen
5. los fundamentos constitucionales y deontológicos de la separación de poderes en los términos desarrollados en la Carta Magna. Otro aspecto de vital importancia que podría resultar contrario al ordenamiento jurídico y al normal desenvolvimiento del Sistema de Justicia reposa en la incertidumbre en cuanto al alcance del contenido de los artículos 136 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la luz de los artículos 222 y 223 constitucionales toda vez que, según el artículo 136 no parece extensible la competencia de la Asamblea Nacional para declarar la responsabilidad política de las altas autoridades del Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Judicial, específicamente a este último Poder en virtud del contenido del referido artículo 265 Constitucional que no establece expresamente la concurrencia de los Magistrados ante la Asamblea Nacional, en los términos señalados por dicho órgano legislativo. Las normas citadas establecen lo siguiente: ―Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.‖ ―Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca‖. A la luz de las normas citadas y visto la pretensión de la Asamblea surge la duda respecto a la posible intención de obstaculizar a los Poderes Ejecutivo y Judicial –y de ser el caso el Poder Municipal y el Poder Estadal, si así lo decidiere- en el desarrollo de sus competencias en armonía y en su competencia para fijar las directrices para solucionar los problemas cotidianos y emergentes del país, lo cual podría dar lugar a la contravención de lo establecido en el único aparte del artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero a los órganos que incumbe su ejercicio, colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. De tal forma que, a juicio de quienes suscriben, las pretensiones del Poder Legislativo sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial no les permitirían dar cumplimiento con las competencias y atribuciones que la Constitución, expresamente, le otorgó. En iguales términos pareciera evidenciarse que la Asamblea Nacional busca socavar la credibilidad en la imparcialidad e independencia del árbitro judicial al señalar reiteradamente que el Alto Juzgado no le favorecerá por razones
6. políticas, lo cual podría soslayar las verdaderas razones jurídicas y éticas de sus funciones. Las recientes actuaciones de la Asamblea Nacional respecto de las ―invitaciones‖ y convocatorias a comparecer realizadas por ese órgano a altos funcionarios del Ejecutivo Nacional y los constantes señalamientos sobre posibles investigaciones contra las máximas autoridades del Poder Judicial han generado incertidumbre acerca del ejercicio de las competencias de control y fiscalización del máximo Órgano Legislativo Nacional, tanto en lo material o sustancial, como en aquello referido a las formalidades para tal ejercicio, aplicable o no por extensión a los órganos de administración de justicia. En efecto, la creación de una Comisión Especial encargada de revisar el nombramiento de Magistrados, Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia y la posibilidad de ―investigaciones‖ plantean también incertidumbre respecto a si estas convocatorias aplican igualmente al Poder Judicial en el marco o fuera de la Comisión Especial que podría burlar el contenido del artículo 265 de la Constitución y el procedimiento investigativo que de él se deriva concatenado con a la audiencia previa a que se hace referencia en la misma. Insistimos, la creación de la citada Comisión Especial y la posibilidad cierta de ordenes de comparecencia contra los funcionarios del Poder Judicial, tal como se viene haciendo contra el Ejecutivo Nacional fuera del marco del artículo 265 Constitucional estaría conspirando contra el normal funcionamiento de la administración de justicia y el normal desarrollo de tan esencial función garantista de la paz social, lo que podría generar una clara extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional y un eventual abuso de poder al no tener la precisión necesaria para adelantar citaciones para comparecencias concretas, en una clara contradicción constitucional entre la Constitución y el articulado que establece dicho régimen infectado en la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos. En el mismo sentido, resulta necesario, reiterar lo ya señalado respecto a que las investigaciones desarrolladas por el Poder Legislativo, deben propender a la revisión de actuaciones materiales desarrolladas por el Ejecutivo y la determinación de responsabilidades, políticas, administrativas, patrimoniales, no así contra el Poder Judicial, que igualmente debe ser interpretado a favor de la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas de la República, quienes tienen mecanismos jurisdiccionales directos para establecer la responsabilidad a que haya lugar, de tal manera que se genera el planteamiento respecto a cómo puede haber control político en el marco de investigaciones o interpelaciones contra un Poder Público que tiene entre sus prohibiciones expresamente por ley cualquier actividad en ese sentido y que está llamado en todo caso como tercero imparcial a garantizar la paz social, los derechos humanos y el respeto a las garantías constitucionales vengan del órgano político que vengan. Las circunstancias narradas generan una duda razonable no solo para los funcionarios que han sido convocados y el Ejecutivo Nacional en el cumplimiento de sus responsabilidades, sino además para la población en general, quienes nos encontramos a la deriva entre el poder efectivamente otorgado a la Asamblea Nacional para ejercer el control, vigilancia y fiscalización de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo y una aparente
7. capacidad de intervenir en la acción de gobierno y el diseño e implementación de políticas públicas nacionales, además de la posibilidad de investigación e intervención que pretende dicha Asamblea contra los representantes de la Máxima Instancia Judicial de la República, con miras, incluso, a remover a sus autoridades al margen de la Constitución. omissis Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, solicitamos a esta Sala Constitucional declare con lugar el presente recurso de interpretación constitucional y despeje las incertidumbres interpretativas de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de su competencia como su máximo y último interprete y guardián de su uniforme sentido y aplicación, conforme a lo establecido el artículo 335 eiusdem. Asimismo solicitamos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sea tramitado el presente recurso como un asunto de mero derecho y se proceda a dictar sentencia sin relación ni informes. II DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer el presente recurso de interpretación y, al respecto, observa: En sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio León”, esta Sala Constitucional determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem. Al respecto, esta Sala Constitucional como máximo y último interprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia n.º 1415 del 22 de noviembre de 2000, caso: “Freddy Rangel Rojas‖, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia n.º 1860 del 5 de octubre 2001, caso: “Consejo Legislativo del Estado Barinas‖), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio León‖) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia n.º 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: “Alfredo Peña‖).
8. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la doctrina comentada, estableciendo expresamente en su artículo 25.17, la competencia de esta Sala para: “Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional”. Así las cosas, se observa que la petición de los recurrentes de autos estriba en interpretar los artículos 136, 222, 223 y 265 del Texto Fundamental, sobre la base de las alegaciones formuladas; por lo que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados, con lo previsto en el artículo 335 Constitucional y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su conocimiento. Así se declara. III DE LA ADMISIBILIDAD Con relación a la admisibilidad de la solicitud de autos, la Sala estima conveniente reafirmar su doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se halla sujeta esta especial demanda (Vid., entre otras, sentencias números 1.077/2000, 1.347/2000, 2.704/2001 278/2002), y observa que los solicitantes actúan en su condición de integrantes del sistema de justicia, como ciudadanos interesados en el adecuado funcionamiento de los poderes públicos y en la vigencia efectiva de los derechos políticos que incumben a todos los electores y electoras dentro de una democracia participativa, y que, en fin, la presente solicitud no se encuentra incursa en ninguna de esas causales de inadmisibilidad, así como tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara. IV MERO DERECHO Y URGENCIA DEL ASUNTO Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de interpretación formulada, los cuales se
9. vinculan a la actual situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala declara que la presente causa es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución. En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con ocasión de la presente solicitud de interpretación de los artículos 136, 222, 223 y 265 del Texto Fundamental, desde la perspectiva que plantean los solicitantes en esta oportunidad, esta Sala, resuelve sistematizar la presente motiva en cuatro temas: 1.- DIVISIÓN POLÍTICA Y PODER PÚBLICO, 2.- CONTROL PARLAMENTARIO, 3.- DE LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015, 4.- DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN PARA LA COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICOS O LOS Y LAS PARTICULARES ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL O SUS COMISIONES, Y DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 1.- DIVISIÓN POLÍTICA Y PODER PÚBLICO El artículo 16 del Texto Fundamental se refiere de forma directa a la división política cuando dispone lo siguiente: Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios.
10. La división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía municipal y la descentralización político administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo. Por su parte, el artículo 136 eiusdem inicia las disposiciones fundamentales sobre el Poder Público, en los siguientes términos: Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Al respecto, la Exposición de Motivos de la Constitución señala lo siguiente: El presente título referente al Poder Público adquiere especial significación dado que se propone rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones, recuperando la moral pública y la eficiencia y eficacia de la función administrativa del Estado, características complementarias e indispensables para superar la crisis de credibilidad y de gobernabilidad que se ha instaurado en el país en los últimos tiempos. En las Disposiciones Generales, en primer lugar se consagra la conocida distribución vertical del Poder Público: Poder Municipal, Estadal y Nacional; colocados en este orden según su cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa. En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público Nacional se incorporan, además de las funciones tradicionales, la innovación de los denominados Poder Electoral y Poder Ciudadano. La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto social y político en el cual se deben dar signos claros del respeto a la independencia y autonomía funcional de la que deben gozar los órganos encargados de desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la recuperación de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados como el de los procesos electorales; así como el de la función contralora y la defensa de los derechos humanos. Se consagra, igualmente, una división de las funciones que corresponden a cada rama del Poder Público, tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas, se establece
11. un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollarlas para la mejor consecución de los fines generales del Estado. Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el Poder Público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley. La usurpación de autoridad, consistente en la invasión del Poder Público por parte de personas que no gocen de la investidura pública, se considera ineficaz y los actos dictados se consideran nulos. En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tanto el abuso de poder, la desviación de poder, así como la violación de la Constitución y la Ley. Esta disposición es una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cual su consagración en esta Constitución implica generar los mecanismos legales para su aplicación efectiva. Finalmente, en las disposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de derecho público moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones. (…) El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la Constitución, al implicar fundamentalmente, división de los poderes del Estado, imperio de la Constitución y las leyes como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva, de los derechos humanos y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el Poder Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capítulo III del Título V de la Constitución, configurándolo como uno de los poderes del Estado. En el referido Capítulo, la Constitución, con fundamento en el principio de soberanía, declara que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.
12. (…) Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador Simón Bolívar, la Constitución rompe con la clásica división de los poderes públicos y crea los Poderes Ciudadano y Electoral. El primero de ellos se inspira, en parte, en el Poder Moral propuesto por El Libertador en su Proyecto de Constitución presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El Poder Electoral por su parte, encuentra su inspiración en el Proyecto de Constitución que El Libertador redactó para Bolivia en 1826. El Libertador concibió el Poder Moral como la institución que tendría a su cargo la conciencia nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de que pudiera purificarse lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos. Con ello Simón Bolívar quería fundar una República con base en un pueblo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque esas "son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano". El Poder Moral del Libertador tenía entre sus misiones velar por la educación de los ciudadanos en cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la Constitución; a las instituciones republicanas, sobre la base de que "si no hay un respeto sagrado por la patria por las leyes por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo". Inspirada en esas ideas y adaptándolas a nuestro tiempo, la Constitución crea el Poder Ciudadano, el cual se ejercerá por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. El Poder Ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Para lo cual se les asignará una partida anual variable dentro del presupuesto general del Estado. En general, los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo la prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Además, deben velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. De igual forma, deben promover en el ámbito de sus competencias, la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo, todo ello conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes. (…)
13. Como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, se crea una nueva rama del Poder Público, el Poder Electoral, ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral que tiene por objeto e regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. Para dimensionar su contenido es necesario integrar las disposiciones en este Capítulo V del Título V con las establecidas en el Capítulo IV de los Derechos Políticos y del Referendo Popular perteneciente al Título III del nuevo texto constitucional. El nuevo esquema conlleva una modificación sustancial en la práctica electoral sobre la cual se edificó el anterior modelo, desde la concepción del sufragio como derecho, hasta la consagración de nuevas formas de participación que trascienden con creces a la simple formulación de propuestas comiciales. Se expresa esta nueva concepción a través de la implementación de instituciones políticas como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente; el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones revisten el carácter de vinculante, entre otros. Son estos, entonces, los novedosos medios que le garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejercicio de su soberanía. En tal sentido, resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la intermediación de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto, de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional. En general, se atribuye al Poder Electoral la facultad atinente a la constitución, renovación y cancelación de asociaciones con fines políticos, lo que viene relacionado con el origen o nacimiento de dichas organizaciones al mismo tiempo que con su funcionamiento y desarrollo, el cual se sujeta al estricto respeto de los mecanismos de consulta democrática y participativa consagrados en la Constitución, a los cuales deben igualmente sujetarse los estatutos que regulen la vida de estas instituciones. (…) En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vías de hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos, a su funcionamiento, el nuevo texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, debe reiterarse que la Exposición de Motivos no tiene carácter normativo ni vinculante, pero sí pudiera ser orientador en tanto sea coherente con el
14. fundamento material del Texto Fundamental y con las normas que lo integran. Al respecto, en sentencia 93 del 6 de febrero de 2001, esta Sala asentó lo siguiente: ―…la Exposición de Motivos del Texto Fundamental, hace referencia a la potestad revisora extraordinaria que ostenta esta Sala. Sin embargo, antes de analizar lo establecido en la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe esta Sala aclarar la naturaleza de ese documento, en el sentido que lo expresado en el mismo se consulta sólo a título referencial e ilustrativo para el análisis de la norma constitucional, ya que él constituye un documento independiente al Texto Constitucional propiamente dicho y, no siendo parte integrante de la Constitución, no posee carácter normativo. No puede entonces fundamentarse en la Exposición de Motivos la justificación jurídica para interpretar una modificación, ampliación o corrección de lo expresado en el Texto Fundamental. No puede igualmente otorgarse un carácter interpretativo de la Constitución a la Exposición de Motivos cuando la misma Constitución le otorga dicho carácter expresamente a esta Sala. La Exposición de Motivos constituye simplemente una expresión de la intención subjetiva del Constituyente, y tiene el único fin de complementar al lector de la norma constitucional en la comprensión de la misma. Esta Sala, no obstante, dentro de su carácter de máximo intérprete de la Constitución establecido en el artículo 335 del Texto Fundamental, puede señalar lo establecido en la Exposición de Motivos como soporte de su interpretación y otorgarle carácter interpretativo a lo establecido en ésta o, sencillamente, desechar o no considerar lo establecido en tal documento, en aras a la interpretación progresiva del Texto Fundamental”. Por su parte, en sentencia n° 1415 del 22 de noviembre de 2000, esta Sala señaló lo siguiente: ―…el artículo 136 de la Carta Magna establece la distribución del Poder Público en las siguientes ramas: ―el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. (A su vez) El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral‖. En cuanto a la coordinación que debe darse entre las ramas del Poder Público en el ejercicio de sus funciones, sigue diciendo dicho artículo: ―Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado‖. Seguidamente, respecto del Poder Público, la Ley Suprema de la República consagra en su artículo 137 el principio de sujeción del mismo a la Constitución (en correspondencia con sus artículos 7, 334, 335 y 336): Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
15. Al respecto, así como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y los demás Poderes Públicos también lo están, al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, por imperativo de los principios de supremacía constitucional y de racionalidad; de allí que cualquier intento de ultraje a tales normas constitucionales, constituya una afrenta al propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas; valores que sólo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de la Constitución, única herramienta válida para apreciar la verdad, evitar manipulaciones y contrarrestar acciones ilícitas. El autor David Beetham, en la obra El parlamento y la democracia en el siglo veintiuno: una guía de buenas prácticas (Unión Interparlamentaria, Ginebra, 2006), señala lo siguiente: Como institución central de la democracia, encarnan la voluntad del pueblo en el gobierno y son vector de su aspiración a que la democracia responda verdaderamente a sus necesidades y ayude a resolver algunos de los problemas más acuciantes de su vida cotidiana. Como órgano electo que representa a la sociedad en toda su diversidad, el poder legislativo tiene la responsabilidad específica de conciliar expectativas e intereses conflictivos de diversos grupos y colectividades a través de los medios democráticos del diálogo y la conciliación. En su función legislativa, los parlamentos deben adecuar la legislación de una sociedad a sus necesidades y circunstancias, que cambian con rapidez. (…) Los expertos difieren a veces acerca de la lista precisa de dichas funciones, pero las que se indican a continuación parecen recoger un amplio consenso: ■ legislar; ■ aprobar los ingresos y los gastos públicos, por lo general en el contexto del presupuesto nacional; ■ ejercitar control sobre los actos, políticas y agentes del poder ejecutivo; ■ ratificar tratados y supervisar la actividad de los órganos relativos a los tratados; ■ debatir de temas de importancia nacional e internacional; ■ recibir quejas y rectificar abusos; ■ aprobar enmiendas constitucionales. Por lo que hace a estas funciones, el aporte parlamentario a la democracia consiste en desempeñarlas de forma eficaz, no sólo a través de una organización eficiente de sus labores, sino haciéndolo de forma tal que respondan a las necesidades de todos los sectores de la sociedad. …
16. La democracia en la práctica requiere a menudo un arbitraje entre normas o valores contrastados, que no pueden ser potenciados simultáneamente. Por ende, los parlamentos deben facilitar la acción legislativa del gobierno, además de examinar y enmendar los proyectos de ley; las inmunidades parlamentarias, si bien pueden proteger a los legisladores, pueden asimismo ocultar delitos potenciales; el lugar adecuado que cabe dar a las iniciativas individuales puede perturbar el programa y la organización de las labores parlamentarias; unos sistemas electorales basados en las circunscripciones pueden facilitar el acceso de los representantes a sus electores, pero también crear parlamentos que no sean en su conjunto representativos en diversos aspectos. Hay muchas otras tensiones y casos en los que se debe arbitrar. Los comentarios enviados por los parlamentos, que reseñamos en diversos capítulos de este texto, lo ponen claramente de manifiesto. … Cabe destacar que siempre ha habido normas de conducta para los parlamentarios, si bien se limitaban en general a comportamientos que inciden en el buen orden de las actividades parlamentarias mismas. En casi todos los parlamentos, se prohíben las expresiones o comportamientos considerados como insultantes o amenazantes para otro legislador, que obstaculicen la libertad de debate o de votación, o que falten el respeto a la presidencia. Además de estas cuestiones de orden interno y de decoro, siempre se ha entendido y dado por sentado que los parlamentarios son elegidos para defender el interés público y no su interés personal u otros intereses particulares. Lo que es nuevo es que diversos parlamentos consideran necesario explicitar este principio en un conjunto de normas y códigos de conducta que se hacen públicos y están destinados a incrementar la confianza en la probidad parlamentaria. El preámbulo del Código oficial de conducta de Canadá ilustra el propósito usual de tales instrumentos: 1. reconocer que la función de parlamentario es un mandato público; 2. mantener la confianza del público en la probidad de cada parlamentario y el respeto y confianza que la sociedad deposita en la institución parlamentaria en su conjunto; 3. mostrar al público que todos los parlamentarios están sometidos a normas que colocan el interés público por encima de sus intereses privados y establecer un sistema transparente que permita al público verificar que así sea; 4. indicar de forma más clara a los parlamentarios cómo conciliar sus intereses privados con sus obligaciones públicas; 5. fomentar el consenso entre los parlamentarios estableciendo reglas comunes y medios de asesoría independiente e imparcial para responder a interrogantes relacionados con la buena conducta. … Si bien la «eficacia» no es a primera vista uno de los valores característicamente democráticos, se vuelve tal cuando las funciones desempeñadas son necesarias para el funcionamiento del proceso democrático: legislación, control del Poder Ejecutivo, control financiero, etc. (…) los
17. parlamentos deben encontrar un equilibrio entre la cooperación y el control cara al Poder Ejecutivo electo; el obstruccionismo puro redunda rara vez en interés de la ciudadanía. … En este inicio del siglo XXI, las sociedades y sus gobiernos enfrentan ingentes desafíos. Si bien éstos difieren, por su índole e intensidad, en los distintos países, todos los gobiernos por igual deben hacer frente a nuevas presiones (sobre la economía, el medio ambiente, la salud, la seguridad humana) con políticas y programas que incrementen el bienestar de la población en vez de menoscabarlo o comprometerlo. Ello constituye un reto para la creatividad humana y para la capacidad de una sociedad de cooperar y de obrar en pro de un propósito común. Como hemos observado en este estudio, los parlamentos, además de sus necesarias funciones legislativas, de control y otras, tienen atributos específicos que les permiten contribuir en gran medida a enfrentar estos problemas: ■ representan al pueblo en toda su diversidad y pueden hablar en su nombre; ■ pueden dar al conocer al público las opciones y dilemas que enfrenta el gobierno y contribuir a su educación en esta materia, ■ constituyen un foro nacional de opinión que permite hacer surgir y debatir distintas opciones y propuestas políticas; ■ el hecho de que utilicen el diálogo para zanjar diferencias les confiere una función especial en lo tocante a la resolución de conflictos, a nivel de la sociedad como a nivel político; ■ les incumbe particularmente la protección y promoción de los derechos humanos, económicos y sociales tanto como civiles y políticos. Estos atributos distintivos de los parlamentos hacen a la esencia misma de la democracia: respeto de la diferencia en base al valor igual de cada persona, y solución de diferendos de opinión y de interés por medio del diálogo y del debate, de modo tal que se puedan llevar a la práctica, con el consentimiento de todos, las medidas comunes necesarias. En un mundo en rápida mutación, entre los diversos diálogos que ocupan el campo legislativo y político, cobra particular importancia el que se desarrolla entre el pasado y el futuro de una sociedad: cómo crear el futuro sin destruir las características del pasado que hacen a la identidad del país, considerando el pasado como una fuente de cambio fecundo en lugar de percibirlo como un mero obstáculo al progreso. Por lo que hace a la democracia, ello significa, como señala el documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, que «no habrá un modelo único», sino una serie de variaciones en torno a ciertas normas y procedimientos fundamentales, de conformidad con la tradición política de cada país, diversidad de la que dan amplio testimonio los ejemplos citados en el presente volumen. … (En http://www.ipu.org/pdf/publications/democracy_sp.pdf) Como puede apreciarse, el Poder Legislativo Nacional constituye un poder fundamental para los Estados y las sociedades, de forma similar a los otros poderes; pero al igual que el resto de poderes constituidos, está sometido a la Constitución y a
18. otros límites, tal como se desprende del Texto Constitucional patrio y de otras tantas Constituciones. Así, por ejemplo, las Constituciones de Colombia y de Panamá, dos casos geográficamente próximos a Venezuela, disponen, en cuanto, a prohibiciones constitucionales expresas al Poder Legislativo Nacional (tal como lo hacen otros tantos países), lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Artículo 136.- Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: 1. Inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. Omissis CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: omissis 2. Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado. omissis De tales citas de leyes fundamentales del Derecho comparado se coligen límites esenciales de las actuaciones legislativas, destacando la prohibición de intromisión en asuntos que competen privativamente a otros órganos o autoridades, lo cual garantiza el desarrollo armónico del Poder Público. 2.- CONTROL PARLAMENTARIO Respecto de las atribuciones de la Asamblea Nacional, el artículo 187 Constitucional dispone lo siguiente: Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.
19. 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta. 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca. 4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia. 5. Decretar amnistías. 6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. 7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional. 9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. 10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra. 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. 12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley. 13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. 14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes. 15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o Presidenta de la República, de las dos
20. terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno. 16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados. 17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución. 19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan. 20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. 21. Organizar su servicio de seguridad interna. 22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país. 23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa. 24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley. Por su parte, con relación a las atribuciones de la Comisión Delegada, el artículo 196 del Texto Fundamental prevé lo siguiente: Artículo 196. Son atribuciones de la Comisión Delegada: 1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto. 2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la República para salir del territorio nacional. 3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales. 4. Designar Comisiones temporales integradas por miembros de la Asamblea. 5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea. 6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada.
21. 7. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. Al respecto, la Exposición de Motivos de la Constitución señala lo siguiente: El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Nacional cuya estructura unicameral responde al propósito de simplificar el procedimiento de formación de las leyes; reducir los costos de funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicación de órganos de administración y control y la duplicación de comisiones permanentes, entre otras cosas. Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo… Como puede apreciarse, y aquí lo reconoce este máximo tribunal de la República, el Poder Legislativo Nacional tiene funciones de control político, a través del cual puede encausar sus pretensiones, eso sí, siempre dentro del orden constitucional y jurídico en general, pues ello no sólo es garantía de estabilidad de la Nación y democracia, sino de respeto a los derechos fundamentales. Concretamente, los artículos 187.3, 222, 223 y 224 del Texto Fundamental, estrechamente vinculados entre sí, pues el primero prevé una competencia de la Asamblea Nacional (187.3) que luego desarrollan los otros dos (222 y 223), disponen lo siguiente: Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: … 3.- Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca. … Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar
22. al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento. Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los y las particulares; a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce. Artículo 224. El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de la Asamblea Nacional o de sus Comisiones. Así pues, al interpretar de forma gramatical, lógica, histórica e integral tales disposiciones, se observa que la Constitución le atribuye la competencia de control político a la Asamblea Nacional, “sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”; control sobre funcionarios públicos o funcionarias públicas del Gobierno y Administración Pública Nacional (sujetos de acción política y, por ende, de control político, dentro del marco jurídico), en los términos previstos en la Constitución y el resto del orden jurídico. En efecto, como puede apreciarse, al delimitar de forma expresa las atribuciones de la Asamblea Nacional, la Constitución dispone que corresponde a ese órgano “Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley” –Art. 187.3 Constitucional- (Resaltado añadido). Así pues, siguiendo la tradición constitucional, el constituyente reconoció que el Poder Legislativo Nacional, además de desplegar su labor principal: la cual es legislar, también podrá ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, es decir, sobre el Poder Ejecutivo Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley, es decir, en el marco de los principios cardinales de autonomía y colaboración entre órganos del Poder Público, para alcanzar
23. los fines del Estado (ver, p. ej, arts. 3 y 136 Constitucional); apreciación que resulta de una lógica ponderación entre las referidas normas constitucionales. Ello así, la disposición competencial en cuestión limita el control de la Asamblea Nacional al Poder sobre el cual históricamente ha tenido competencia de control político, es decir, al Ejecutivo Nacional; al cual, a su vez, la Constitución le asigna funciones de control sobre aquella, incluso la medida excepcional prevista en el artículo 236.21, es decir, disolver la Asamblea Nacional, para evitar graves perturbaciones al ejercicio de las competencias constitucionales que a su vez corresponden al Gobierno y a la Administración Pública, en perjuicio del bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas, y, en fin, para proteger el funcionamiento constitucional del Estado y la colectividad en general. Sobre tal aspecto, la Exposición de Motivos de la Constitución expresa lo siguiente: ―Una acción de gobierno que no cuente con cierto aval del Legislativo conllevaría, en algún momento, a la posibilidad de que la Asamblea Nacional aprobara un voto de censura sobre el Vicepresidente con el cual quedaría automáticamente removido de su cargo. Pero, como equilibrio de este poder de control político de la Asamblea Nacional y para que la remoción constante de Vicepresidentes no se convierta en una práctica obstruccionista, la Constitución sabiamente consagra la facultad del Presidente de convocar a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional cuando ésta remueva por tercera vez un Vicepresidente dentro de un período presidencial de seis años. Esta facultad es de ejercicio discrecional por el Presidente. Este doble control entre el Legislativo y el Ejecutivo constituye un sistema de equilibrio del poder que permite, además, las salidas institucionales a las crisis políticas o crisis de gobierno, incrementando el nivel de gobernabilidad de la democracia. Así se posibilita un rango de estabilidad político-institucional para la democracia y se evitan las salidas extrainstitucionales‖. Con relación a algunas de esas normas, la Exposición de Motivos de la Constitución, señala lo siguiente: Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo en un sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario, como el nuestro. Destacan la función legislativa, la función de control político sobre la Administración Pública Nacional y sobre el Gobierno, las autorizaciones y, en particular, los mecanismos de control del órgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al Vicepresidente y a los Ministros, cuyo procedimiento es especial y requiere de
24. votación calificada. Otros mecanismos de control son las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones. La Asamblea Nacional podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla efectiva. Los funcionarios públicos están obligados a asistir a las comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que éstas requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación incumbe también a los particulares, sin perjuicio de los derechos y garantías que la Constitución consagra. El valor probatorio de los resultados obtenidos en ejercicio de esta función será establecido de conformidad con la ley. El voto de censura, dado por las tres quintas partes de los diputados, da lugar a la remoción del Vicepresidente o de los Ministros, según sea el caso. En el caso de la remoción del Vicepresidente, en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, la Constitución faculta al Presidente de la República, como un mecanismo de equilibrio democrático, para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas dentro de los sesenta días siguientes a la disolución para elegir una nueva legislatura, todo lo cual se hará mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. No podrá disolverse la Asamblea Nacional en el último año de su período constitucional. En cuanto al control sobre los diputados, se busca el ejercicio efectivo y eficiente de la función parlamentaria, al tiempo que obliga a la vinculación con las entidades federales y el pueblo. El Estado requiere un desarrollo legislativo acorde con los cambios del país y un eficiente control sobre la Administración Pública y el Gobierno. De allí que el ejercicio de la función parlamentaria sea a dedicación exclusiva, salvo las excepciones establecidas. Los diputados están obligados a mantener vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias, informándolos acerca de su gestión y la de la Asamblea; que rindan cuenta anualmente de la gestión y que estén sometidos al referendo revocatorio del mandato, con la consecuencia inmediata, en caso de producirse, de no poder ejercer cargos de elección popular dentro del período siguiente. Sobre ese control político-parlamentario, esta Sala, en sentencia n° 2230, del 23 de septiembre de 2002, siguiendo una interpretación histórica, teleológica y armónica con los principios de autonomía del Poder Judicial, así como también con el resto de Poderes distintos del Ejecutivo Nacional (Gobierno y Administración Pública Nacional), refirió que el referido control político previsto en los artículos 187.3 y desarrollado en los artículos 222, 223 y 224 eiusdem, se circunscribe a este último, en el marco de la Constitución y la Ley, sin mencionar al Poder Judicial (y al resto de Poderes Públicos, para los cuales rige otro sistema y alcance de controles previstos en la Constitución, incluso respecto del propio Legislativo Nacional), salvo en lo que respecta al control previo e interorgánico para elegir magistrados y magistradas (verificación por parte de la Asamblea Nacional, junto a otros órganos del Poder Público, concretamente,
25. junto al Poder Judicial y al Poder Ciudadano, durante el proceso respectivo, referido el cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad), así como también a la remoción interinstitucional de los mismos, en el marco de lo previsto en el artículo 265 Constitucional, único supuesto de control posterior, por parte de esa Asamblea, sobre aquellos funcionarios que ostentan el periodo constitucional más amplio de todos: doce -12- años (art. 264 Constitucional), siguiendo la tradición constitucional en ese sentido; soportada en la necesidad y en el imperativo de no someter a este árbitro del Estado y de la sociedad, a los cambios en la correlación de fuerzas a lo interno del Parlamento: Ente esencialmente político; para no incidir negativamente en la independencia e imparcialidad de aquel y, sobre todo, en el mantenimiento del Estado Constitucional de Derecho. Así, en la referida sentencia n° 2230, del 23 de septiembre de 2015, esta Sala asentó lo siguiente: I Desde que este Tribunal Supremo de Justicia se instaló, a partir del año 2000, incluso antes que se dicten sentencias, el mismo ha sido objeto de declaraciones públicas, de quienes incoan acciones personalmente o como apoderados de los accionantes, donde ―conminan‖ al Tribunal a sentenciar a su favor , ya que de no hacerlo y tener la acción incoada trascendencia política, la Sala o el Tribunal son genuflexos al Presidente, órganos auxiliares del Poder Ejecutivo, y algunos obrando como ―perdonavidas de pacotilla‖, hasta han llegado a decir que le están dando a los Magistrados la oportunidad ―de lavarse la cara‖ o de reivindicarse. Todas estas antiéticas menciones, violatorias del artículo 51 del Código de Ética Profesional del Abogado, cuando los solicitantes son abogados, no han hecho mella alguna en el criterio de los Magistrados, quienes han sentenciado conforme a sus conciencias, y considera la Sala, que Magistrados que se dejen intimidar por expresiones de este tipo, provengan de quien provengan: de los particulares, del Jefe del Estado, de miembros del Ejecutivo, etc, no merecen, ser Magistrados. En consecuencia, no es motivo de amparo, ni ningún derecho constitucional del Tribunal Supremo como ente, o de sus miembros, se ve vulnerado, por expresiones en contra del Tribunal o los Magistrados, los cuales tienen como correctivo a este tipo de actuación, la posibilidad de intentar las acciones penales y civiles que les correspondan, tanto al ente como tal, como a sus componentes. Ellos serán los que busquen correctivos a las situaciones que los perjudiquen, sin que nadie pueda subrogarse en sus derechos e intereses.
26. II Señalado lo anterior, debe la Sala examinar el segundo de los pedimentos del accionante, cual es que se ordene al Ejecutivo paralizar cualquier investigación contra los Magistrados. Al respe
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References: artículo 335
 artículo 32
 artículo 4
 Artículo 223
 artículo 244
 artículo 244
 artículo 187
 artículo 136
 artículo 265
 artículo 136
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 335
 artículo 335
 artículo 336
 artículo 25
 artículo 335
 artículo 133
 artículo 7
 artículo 98
 artículo 145
 artículo 16
 Artículo 16
 artículo 136
 Artículo 136
 artículo 5
 artículo 335
 artículo 136
 artículo 137
 Artículo 137
 resolución 
 Artículo 136
 artículo 187
 Artículo 187
 artículo 196
 Artículo 196
 Artículo 187
 Artículo 222
 Artículo 223
 Artículo 224
 artículo 236
 artículo 265
 artículo 51