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Timestamp: 2017-08-22 16:35:59+00:00

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Guatemala: la democracia rota, el genocidio maya y la Teología de la Liberación. – Historias de la otra Historia
eladio1982 en El asedio al Santuario de Sant…
Guatemala: la democracia rota, el genocidio maya y la Teología de la Liberación.
Mural “La Gloriosa Victoria”, del mexicano Diego Rivera, alusivo a la intervención norteamericana en el derrocamiento del presidente democrático de Guatemala Jacobo Arbenz.
En 1944 Guatemala, un pequeño país centroamericano, convertido posiblemente en el ejemplo más típico de “república bananera” por el dominio que sobre las instituciones nacionales ejercía la empresa norteamericana United Fruit Company, llevaba a cabo una revolución democrática que durante los diez años siguientes significó una gran esperanza para las clases populares -entre ellas, la mayoría indígena maya- del país. Todo “volvió a su cauce” en 1954 cuando un golpe de Estado con la intervención de los Estados Unidos, en cuyo gobierno había muchas figuras cercanas a una United Fruit -y cuyos intereses se veían afectados por la reforma agraria emprendida por el gobierno guatemalteco-, inauguraba una nueva y larga etapa de dictadura o de dominio del ejército en la vida pública. La aparición de las guerrillas, unificadas en los primeros años 1980, y la durísima respuesta a las mismas por parte de los sucesivos gobiernos devinieron en masacres sobre la población civil rural y en una política de genocidio y reagrupamiento forzoso de los mayas para quitar a la guerrilla su base social. En medio de esta situación, en Guatemala, como en otros países de América Central, sacerdotes y misioneros desarrollaron una conciencia y un activismo social que se alejaba de los planteamientos tradicionales de la Iglesia. Nacía así la Teología de la Liberación. Este es un resumen de aquellos años de desolaciones, pero también de esperanzas.
GUATEMALA: EL PAÍS DE “EL SEÑOR PRESIDENTE”
Hablar de literatura guatemalteca en español es hablar de Miguel Ángel Asturias, su más afamado escritor. Y hablar de Miguel Ángel Asturias es hablar de su novela “El señor presidente”, el retrato de un hombre y una época en la que el despotismo, la corrupción y los abusos crónicos del país comenzaron a asociarse con el establecimiento en Guatemala de una todopoderosa empresa extranjera. Se trata del período de dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y la instalación en el país del quetzal de la United Fruit Company, también conocida por su acrónimo UFCO. En los años de Estrada Cabrera la UFCO comenzará a consolidarse poco menos que como un Estado dentro del Estado, con numerosas hectáreas de tierra (llegará a poseer 234.000 hectáreas), además de ser la propietaria de los ferrocarriles, la electricidad, los telégrafos y el mayor puerto comercial del país. La situación de United Fruit en Guatemala, aun con ser la más ventajosa para sus intereses y la más escandalosa para amplias capas de la población, no era única en Centroamérica y el Caribe. UFCO poseía numerosas plantaciones y era dueña de otras instalaciones en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Cuba o República Dominicana, que respondían también al calificativo de “repúblicas bananeras”, y en donde la compañía estadounidense cultivaba plátanos, azúcar, cacao o palma africana (para la obtención de aceite), entre otros productos.
El gobierno de Estrada Cabrera, sin embargo, no había sido el primero que había plantado las raíces de la desigualdad en Guatemala. Desde su independencia en 1821, formando parte primero de México, luego de las efímeras Provincias Unidas de Centroamérica (remedo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la actual Argentina) y, ya desde 1847, como estado separado, la minoría dirigente, criolla y liberal, había caminado por la misma senda por la que habían seguido sus colegas del resto de América Latina, con contadas excepciones como las de Gervasio Artigas en la Provincia Oriental (hoy el Urugay independiente) o Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay. El librecambismo que frenaba la industrialización del país (exportado desde Estados Unidos, aun cuando sus estados manufactureros/industriales del Norte eran proteccionistas en aquellos primeros tiempos de la industrialización norteamericana), la consolidación de una burguesía terrateniente a costa de la apropiación de terrenos comunales que habían sido desde tiempos ancestrales explotados y cultivados por los indígenas mayas y la explotación de los mismos a través del trabajo forzado, instaurado por el gobierno de Justo Rufino Barrios y perfeccionado, ya en sus años de gobierno dictatorial (1931-1944), por Jorge Ubico y sus leyes contra la vagancia, contribuyeron a crear una masa de desheredados frente a una minoría privilegiada. Diferencia ligada, además, a cuestiones étnicas (la mayoría de los pobres eran mayas, la mayoría de los ricos eran blancos o mestizos) y a un apartheid político de hecho que dejaba a los mayas sin capacidad de intervención en la vida pública.
Antes de la Revolución de Octubre de 1944 que inauguraría la efímera democracia guatemalteca, el dictador Jorge Ubico había mostrado sus simpatías por el fascismo europeo y nipón. Puestas ya al borde de la derrota estas fuerzas en la SGM, el impulso democratizador y antifascista del que participaban conjuntamente demócratas liberales, católicos sociales, socialistas o comunistas en Europa iba a aglutinarse también en forma de fuerzas heterogéneas en Guatemala -estudiantes universitarios, maestros, trabajadores y un sector de jóvenes oficiales del ejército- para impulsar el cambio de régimen hacia una democracia avanzada. Estados Unidos, que en tiempos anteriores hubiera hecho valer la “Doctrina Monroe” para intervenir en lo que consideraba su patio trasero, estaba demasiado sumergido en el esfuerzo bélico como para preocuparse entonces por lo que pudiera suceder en un pequeño país centroamericano. Además, la Guerra Fría y su lógica implacable aún no habían aparecido.
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: LOS GOBIERNOS DE ARÉVALO Y ARBENZ
Recibimiento al doctor Juan José Arévalo, primer presidente de la Guatemala democrática posterior a la Revolución de 1944.
El triunfo de la revolución democrática y la caída de Ubico el 20 de octubre de 1944 llevaron a la convocatoria de elecciones libres y a la promulgación de una nueva Constitución, democrática esta vez, lo que resultaba toda una novedad en la historia de la nación centroamericana. Al poco del exitoso levantamiento popular contra la dictadura se constituyó una Junta Revolucionaria de Gobierno y las elecciones pronto tuvieron lugar. El profesor Juan José Arévalo, hasta entonces exiliado en Argentina, fue elegido presidente de la República (1945-1951) y llevó a cabo una serie de reformas estructurales encaminadas a la transformación de un país en situación cuasi feudal en un Estado moderno. En su gobierno, su sucesor y también participante en la revuelta cívico-militar de octubre, el joven oficial Jacobo Arbenz Guzmán, ocupaba la cartera de Defensa.
La transformación democrática de Guatemala se alejaba de los fantasmas que posteriormente explotarían el gobierno estadounidense y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la intención de los sucesivos gobiernos de la nación centroamericana de convertir al país en una “cabeza de playa” para la invasión soviética de América y de conducirla a un régimen comunista. El gobierno de Arévalo, quien hablaba de un “socialismo espiritual”, derogó las degradantes leyes de trabajo forzoso que se cebaban con los trabajadores indígenas; promulgó un Código de Trabajo que establecía la negociación colectiva para la fijación de salarios y condiciones laborales; fijó el salario mínimo en ochenta centavos diarios frente a los cinco anteriores y proclamó el derecho de huelga, de asociación política, de sindicación y el fin de la censura de prensa.
El nuevo régimen, que había desarrollado elementos básicos de la democracia clásica como la separación de poderes, y del Estado del bienestar, desarrollando la seguridad social y elevando los presupuestos destinados a sanidad y educación, dio un paso significativo también en cuestiones de política exterior, más aún en unos años en que la Guerra Fría estaba comenzando a desarrollarse y la defensa del “mundo libre” acogía en su seno a personalidades que distaban mucho de defender la democracia y la libertad en su propio país. El gobierno guatemalteco mantuvo en las relaciones diplomáticas un fuerte compromiso con los ideales democráticos y obvió reconocer a aquellos gobiernos resultantes de golpes de estado con objeto de aislar a las dictaduras militares. Así, al igual que México o Yugoslavia, el régimen democrático de Guatemala se negó a reconocer al régimen de Franco, manteniendo relaciones sólo con los representantes de la República Española en el exilio. El destino de ambas democracias, la guatemalteca y la republicana española, que guardan tantos paralelismos en su intento de transformación institucional y social, será al final el mismo.
Jacobo Arbenz Guzmán, militar y político de ascendencia suiza, participante activo en la Revolución de 1944, accedió a la presidencia de la República de Guatemala en 1951.
En marzo de 1951, tras la victoria en las elecciones, Jacobo Arbenz es elegido presidente y sustituye a Arévalo en la alta magistratura de la nación. Hijo de Hans Jakob Arbenz, un farmacéutico suizo emigrado a Guatemala, y una mujer de la alta sociedad de la ciudad de Quetzaltenango, Octavia Guzmán, y casado desde 1938 con María Cristina Vilanova, una aristócrata salvadoreña, los elementos del capitalismo terrateniente y del mundo de los negocios guatemaltecos esperaban que el joven coronel, participante en la revolución de 1944 y en el gobierno anterior, derogara buena parte de las medidas que el doctor Arévalo había desarrollado en los años anteriores. Para terminar de completar el para ellos esperanzador currículum del gobierno arbencista, en lo que parecía presentarse como la oportunidad de rescatar a Guatemala del desviacionismo izquierdista, en las carteras de Agricultura y Economía figuraban respectivamente Nicolás Brol, terrateniente de Quetzaltenango (ciudad natal de Arbenz) y amigo personal del presidente que parecía representar los intereses de la oligarquía finquera, y Roberto Fanjul, un próspero comerciante también paisano de Arbenz, que era según informaciones de la embajada de EE.UU. un reconocido anticomunista. Sin embargo, ambos acabarían frustrando aquellas esperanzas al alinearse fielmente con el nuevo presidente en su política de reformas, que profundizaban lo realizado en la anterior etapa de gobierno. Entre ellas, la más destacada sería la reforma agraria, cuya implementación se realizaría a través del histórico decreto 900.
Las reformas de Arbenz seguirían la senda reformista previa y buscaban ampliarla a un sector que hasta entonces había gozado de ellas de un modo marginal, el campesinado guatemalteco. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras mientras que un 22% controlaban el 70%. La UFCO norteamericana era dueña de más del 50 % de las tierras cultivables del país, pero sólo cultivaba el 2,6% (United Fruit utilizaba una campaña de apropiación de tierras que privaba de recursos a miles de campesinos, impidiendo cualquier tipo de justicia y de democracia agraria: comprar a bajo precio grandes cantidades de tierra para evitar que surgieran competidores y mantener así su monopolio sobre la producción frutícola, conservando extensas zonas agrícolas sin cultivar con la excusa de que sequías o huracanes le obligaban a mantener en reserva grandes extensiones de terreno en desuso). El propósito de Arbenz, como el de su predecesor, era transformar la economía guatemalteca en una economía capitalista moderna y acabar con los monopolios privados y la asfixiante dependencia externa. La reforma agraria pretendía crear un campesinado próspero. No obstante, la polarización política que se había comenzado a vivir en los tiempos de Arévalo iba a revelarse con toda intensidad en la época en que el coronel revolucionario asumiera el poder. Ya el jefe del Estado Mayor, coronel Arana, vinculado a la derecha, había intentado derrocar a Arévalo mediante un golpe de Estado y tras las elecciones que dieron como ganador a Arbenz hubo movimientos de oficiales dirigidos hacia Estados Unidos o la Nicaragua de Somoza para contar con su apoyo en aras de acabar con el gobierno. En esta coyuntura, el nuevo presidente, a pesar de su carácter nacionalista y moderado, tuvo que contar en muchas ocasiones con el apoyo del comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que dirigía a la mayor parte de los sindicatos de trabajadores y campesinos del país, lo que daría alas a los rumores de sobre el comunismo del presidente. El fundador del PGT, José Manuel Fortuny, era íntimo amigo suyo: ambos compartían la necesidad de sacar a Guatemala y a su pueblo del ostracismo y Fortuny veía en Arbenz a un militar alejado del estereotipo del militar centroamericano.
El programa del nuevo gobierno se centró en tres grandes proyectos: la construcción de la presa hidroeléctrica de Jurún-Marinalá, la construcción del puerto de Santo Tomás de Castilla y la reforma agraria. Los dos primeros -junto al inicio de la carretera del Pacífico al Atlántico- eran dos grandes desafíos al poder de la UFCO en el país y a su monopolio sobre la electricidad y el tráfico marítimo. Santo Tomás de Castilla iba a competir directamente con Puerto Barrios, único puerto comercial guatemalteco en el Atlántico y propiedad de la UFCO a través de su compañía filial Great White Fleet, poseedora de una potente flota mercante en el área del Caribe y América Central. Pero sin duda, lo que más temor causó a la multinacional estadounidense y suscitó a la postre la reacción del gobierno de Washington fue el Decreto 900 de 17 de junio de 1952 que establecía la reforma agraria. Esta reforma establecía la expropiación, indemnización mediante, de las tierras ociosas de los grandes latifundios, lo cual afectaba de forma especial a la UFCO. Quedaban fuera de la aplicación del Decreto 900 las fincas menores de 90 hectáreas, las que tuvieran una superficie menor a 200 ha. y se encontraran cultivadas en al menos dos tercios de su extensión y las grandes extensiones en producción. Asimismo, numerosas fincas de propiedad estatal fueron asimismo objeto de reparto entre los campesinos.
Fotografía de la revista LIFE de un cartel promocional de la reforma agraria (Decreto 900) guatemalteca.
En cifras, la cantidad de terreno afectado por la reforma agraria guatemalteca entre 1952 y 1954 se sitúa en torno a las 436.600 hectáreas, de las cuales 156.000 pertenecían a United Fruit (un 71 por ciento de sus tierras, lo cual es mucho, pero no llega a ser el total que mantenía incultas, que ascendían al 85% de sus propiedades), que fueron repartidas entre 138.000 familias campesinas, la mayoría indígenas -que conformaban el grueso del campesinado sin tierra local-. Esto da como resultado que aproximadamente medio millón de personas se beneficiaron del proceso mientras este tuvo lugar, para un país que contaba entonces con tres millones de habitantes.
Otras características del proceso reformista en el campo durante el gobierno arbencista fueron el apoyo financiero estatal a los nuevos propietarios mediante la concesión de créditos; el impulso a nuevas formas de poder local y de democracia en el campo que desafiaban las estructuras de poder vigentes, a través de la creación de Comités Agrarios Locales que en muchos casos se constituyeron como activos foros de participación política, lo que, para un campesinado indígena hasta entonces excluido de la misma, representaba una novedad y un gran avance en la reivindicación de sus derechos; y el pago a los antiguos propietarios de las indemnizaciones a través de bonos del Estado y según el valor que habían declarado en sus libros tenían las propiedades, lo cual llevaría al presidente norteamericano Eisenhower a lanzar una acusación contra Arbenz que se volvía contra el propio sistema estadounidense de libre empresa y su más poderoso representante local, United Fruit: Dwight Eisenhower acusaría al presidente guatemalteco de cometer un atropello ¡al tomar en serio los libros de contabilidad de la UFC!, reclamando una indemnización veinticinco veces más elevada que la propuesta (cuando la propia compañía había declarado un valor veinticinco veces menor para pagar una vigésimo quinta parte de impuestos: ¿dónde estaba la honestidad de los businessmen blancos y protestantes que defendían la democracia, el mundo libre y el capitalismo como el mejor mundo posible?). El gobierno arbencista, consciente de la debilidad fiscal del Estado guatemalteco, y al mismo tiempo de que esa debilidad procedía de que terratenientes y empresas habían escamoteado sus obligaciones fiscales o presionado para que el sistema fiscal fuera francamente favorable a sus intereses, decidió pagar con la misma moneda a quienes habían trampeado en sus obligaciones.
Si bien la política reformista estaba beneficiando a la gran mayoría indígena y campesina de la población (en el período de Arbenz se incrementaron también las matriculaciones en escuelas tanto primarias como secundarias), estaba obrando en pro de los intereses del país contra un monopolio que impedía una política coherente de transportes (la construcción de la carretera al Atlántico, por ejemplo, que competía con el ferrocarril bananero de la IRCA, filial de United Fruit) y detraía ingentes cantidades de divisas para mantener la dependencia energética externa (la presa de Jurún trataba de hacer frente a la estadounidense EBASCO, que no utilizaba los recursos hidráulicos del país, sino que generaba energía con plantas accionadas con combustibles importados) e incluso la reforma agraria estaba beneficiando a las clases medias (leal al régimen democrático) y estaba teniendo impactos positivos en consumo, producción e inversión privada interna, el gobierno de Eisenhower iba a situarse del lado de aquellos que en la CIA y en el interior de Guatemala proclamaban que Arbenz y los suyos eran títeres comunistas. El New Deal no era materia de exportación.
El escritor mexicano Carlos Fuentes resume, efectivamente, que buena parte de las leyes de los gobiernos de Arévalo y Arbenz estaban basadas en leyes progresivas estadounidenses establecidas durante los años del New Deal. La Ley de Seguridad Social guatemalteca provenía de la similar ley norteamericana y el Código de Trabajo seguía las pautas de la Wagner Act estadounidense. La reforma agraria, paradójicamente, había estado inspirada por los trabajos del célebre presidente estadounidense Abraham Lincoln y podía perfectamente encontrar similitudes con las desarrolladas durante la revolución mexicana de 1910, la de la República Popular encabezada por el conde Mijaly Karoly en Hungría tras la PGM o en la que tuvo lugar bajo el mandato del ministro republicano Mariano Ruiz Funes tras el triunfo del Frente Popular en España en febrero de 1936, todas ellas poco relacionadas con el régimen soviético. Fuentes, además, alude a que Arbenz llamó a todas las fuerzas políticas del país a colaborar en un proyecto de futuro para Guatemala destinado a consolidar la democracia y llevar el progreso a todos los guatemaltecos, no sólo (como hasta entonces) a una minoría privilegiada. Cuando la izquierda, especialmente el Partido Guatemalteco del Trabajo, le mostró su apoyo, hizo un llamamiento a la derecha para sumarse. “Ésta, como los conservadores ante la reforma mexicana, prefirieron acudir al apoyo extranjero -pretextando que Arbenz era, en efecto, un títere del comunismo internacional.” Si algo hay de perverso en esta historia es que con Arbenz, pues, la profecía de autocumplimiento parecía asegurada: se dice que Arbenz es comunista, la derecha se aleja de él por miedo al contagio, sólo le apoya la izquierda -o los comunistas-, y al vérsele rodeado sólo por los comunistas (que fue lo que sucedió, pues, como observa Luis Linares, el rechazo del resto de partidos a su política modernizadora le llevó a la alianza con el PGT) se puede concluir sin temor que, como se había predicho, Arbenz es comunista. Y los Estados Unidos tenían razón al fomentar su derrocamiento: era necesario quitar de en medio esa “cabeza de playa soviética” que era Guatemala, era necesario evitar la “teoría del dominó” y que a Guatemala le siguieran detrás Honduras, El Salvador, Nicaragua… y México.
Pero las profecías de autocumplimiento se revelan puras insuficiencias a la luz de las investigaciones, y hasta sacerdotes venidos de la España franquista imbuidos de nacional-catolicismo y una forma muy tradicional de entender las misiones pudieron, al poco de llegar al país y entender la realidad social guatemalteca, comprender que lo que pasaba en el país y en Centroamérica era muy diferente. Así lo entendió Luis Gurriarán, sacerdote español, un referente para los campesinos indígenas y uno de los primeros exponentes de lo que luego se llamaría la Teología de la Liberación, en un breve lapso de tiempo tras aterrizar en Guatemala en 1961: “tardaría un tiempo en averiguar que la “terrible dictadura” [de Arbenz] era, en realidad, el único período democrático que había vivido Guatemala en toda su historia […] La verdad es que hasta la llegada de ese coronel [Castillo Armas] el país vivió diez años de auténtica democracia que comenzó, entonces sí, cuando fue derrocada la terrible dictadura de Jorge Ubico”. La estrategia de la “guerra fría”, como se ve, era capaz de alterar el lenguaje y sus propios significados.
Iba a ser la Iglesia guatemalteca precisamente, anclada en posturas preconciliares y en un lenguaje y una ideología ferozmente anticomunistas, uno de los primeros agentes en lanzar la campaña contra el gobierno de Arbenz. Haciendo uso de su influencia en la sociedad, y alineándose con los intereses no sólo de los terratenientes locales, sino también de la UFCO, la jerarquía eclesiástica local se sumó a la campaña de desprestigio hacia el gobierno y lanzó la suya propia, auxiliar, la “Campaña católica de peregrinación nacional contra el comunismo”. La idea partió del arzobispo de Guatemala Mariano Rossell Arellano, quien como muchos individuos pertenecientes a las clases altas guatemaltecas se vio decepcionado al ver que Arbenz profundizaba en lugar de corregir las políticas reformistas de Arévalo (entre ellas, declarar el carácter laico del Estado y de la enseñanza). Rossell, quien ya venía utilizando las publicaciones de la Iglesia para la diatriba pública contra el gobierno, se lanzó desde 1950, a partir de la consagración de su santuario, a la utilización del símbolo católico nacional del Cristo de Esquipulas para convertirlo en símbolo del anticomunismo y contra el gobierno de Arbenz. En 1953 una talla en bronce del Cristo de Esquipulas ya era el estandarte de la campaña lanzada por el arzobispo, y al año siguiente los golpistas liderados por Castillo Armas derrocaban al gobierno bajo la imagen del Cristo guatemalteco. Incluso fue nombrado “Comandante en Jefe” de las fuerzas del Movimiento de Liberación Nacional, las fuerzas insurreccionales contra el régimen democrático, en una imagen tan surrealista como que la de los Regulares marroquíes del ejército franquista portando crucifijos y estampas de la Virgen.
Pero la ayuda divina no podía garantizar la victoria de las fuerzas rebeldes, así que fue necesaria la más prosaica venida de los Estados Unidos. Ya fuera porque se trataba de afianzar el dominio de una UFCO, la gran perjudicada por la reforma agraria realizada por Jacobo Arbenz -al perder unas tierras a las que, al final, no estaba dando tampoco ningún uso- que tenía conexiones con el poder en Washington, pues los hermanos Dulles, uno abogado de la compañía y otro miembro del consejo directivo de la UFCO, eran altos cargos de la administración Eisenhower (un extremo que hoy día parece descartado); ya fuera porque a la administración Eisenhower no le interesaba un experimento democrático que les parecía, si no comunista, la antesala del comunismo en la región o siquiera un rasgo de independencia que no deseaban que cobrara cuerpo en su “patio trasero”, la embajada norteamericana, la CIA -a cuyo frente estaba Allen Dulles, hermano del secretario de Estado- y el gobierno de Washington, a través de John Foster Dulles y Departamento de Estado, ayudaron de manera excelente al derrocamiento del sistema democrático guatemalteco.
John Peurifoy, el anticomunista y belicoso embajador norteamericano en Guatemala.
El primer golpe, moral en este caso, de la secuencia de acoso a Arbenz por parte de la administración norteamericana se produjo en marzo de 1954 en la X Conferencia Interamericana de Caracas. El secretario estadounidense Foster Dulles, un enemigo declarado del comunismo y un fuerte macartista, promovió una resolución anticomunista que iba dirigida, aunque sin citarla, a Guatemala. Al mismo tiempo, Carlos Castillo Armas, un antiguo colaborador del jefe de Estado Mayor coronel Francisco Javier Arana, próximo a los grupos de derecha, que permanecía en Honduras desde la muerte de Arana en un tiroteo -y que desencadenó el golpe contra Arévalo en 1950- y que se encontraba exiliado en Honduras era apoyado por la CIA con instrucción militar, armamento y dinero para la formación de un ejército que derrocara a Arbenz, en el que se incluía a elementos de la extrema derecha centroamericana, pero también a personajes oscuros sacados de quién sabe qué bajos fondos. “Armas, dotado con grandes medios, no tardó en congregar en torno a sí un escuadrón de lo más variopinto. Había expresidiarios colombianos, narcotraficantes puertorriqueños, y un largo etcétera que bien valía para repasar toda la actividad criminal latinoamericana. El gobierno de Guatemala, consciente de la gravedad de la situación, trató de ofrecer un “pacto de amistad” que rápidamente fue rechazado por Honduras.” (Adrián Albiac). Estados Unidos, escribe el Príncipe de Asturias de las Letras Carlos Fuentes, había decidido mandar por la borda los antiguos principios de “buena vecindad” que el gobierno de Roosevelt -y continuado aún por Truman- habían patrocinado en América y se lanzó de nuevo a la reconquista neocolonial del continente. A esta reconquista ayudaba la actividad del embajador estadounidense en Guatemala, John Peurifoy, que organizaba a militares golpistas en la propia Ciudad de Guatemala y va disponiendo de las “listas negras” de aquellos políticos que han de ser detenidos y asesinados. Peurifoy, que ya había realizado extraordinarios servicios anticomunistas en Grecia durante la guerra civil en el país heleno (en la que el gobierno monárquico derechista rescató los campos de concentración en su lucha contra las guerrillas izquierdistas del ELAS, cuya actividad fue extraordinaria para la salida de los nazis del territorio griego, y los Estados Unidos emplearon el napalm que luego se haría famoso en Vietnam), fue enviado al país centroamericano en noviembre de 1953, cuando Castillo Armas y la CIA ya estaban reclutando soldados en Honduras. No puede decirse que no llegara en el momento oportuno.
La resolución presentada en Caracas fue contestada por el canciller guatemalteco Guillermo Torriello, en un apasionado discurso en que explicaba el rechazo a la resolución anticomunista al ir dirigida contra Guatemala su soberanía nacional. Aunque el discurso arrancara aplausos del auditorio, la presión de los Estados Unidos y la necesidad de mantener las relaciones comerciales -la dependencia asfixiante, podría decirse- llevó a la aprobación de la resolución estadounidense, con el voto contrario de Guatemala y las abstenciones de México y Argentina en virtud del principio de no injerencia (“La abstención argentina se posicionaba en marco de la doctrina de la tercera posición, con el fin de desarrollar un proyecto político de autonomía heterodoxa, en donde el país no debía combatir al comunismo con las armas sino más bien atacar las condiciones socio-económicas de humillación a la que estaban sumergidos los pueblos latinoamericanos”, escribe Nabih Y. Samsón), lo que costó al gobierno de Buenos Aires una devaluación del peso.
Este voto favorable a la resolución estadounidense llevó a la aplicación de un embargo comercial sobre Guatemala. El cerco se estrechaba sobre el gobierno arbencista, que en mayo tenía que soportar el lanzamiento de pasquines de propaganda de la CIA a través de aviones que surcaban el cielo del país animando a la rebelión, aprovechando la debilidad de la Fuerza Aérea nacional. Un mes después, el 18 de junio, Castillo Armas desde Tegucigalpa “la rebelión nacional contra el gobierno comunista” guatemalteco con el Cristo de Esquipulas por delante y cuatro grupos de 480 soldados. Las fuerzas rebeldes se encuentran apoyadas por una guerra psicológica que a través de mensajes radiofónicos lanzados desde la embajada norteamericana por los golpistas en la capital, a través de Lionel Sisniega Otero, aumentaba el número de las fuerzas rebeldes convirtiendo al ejército casi de juguete de Castillo Armas en una revolución popular que iba sumando adeptos según iba penetrando en el territorio guatemalteco.
No era cierto. Los rebeldes, que habían tenido la inteligencia de evitar combates con las fuerzas leales al gobierno y utilizaban saboteadores norteamericanos para cortar las líneas de comunicación, sufrieron varias derrotas severas que podían haber hecho perfectamente que Guatemala resistiera de por sí la invasión del grupo de Castillo Armas. Pero para Arbenz y los oficiales del ejército, el problema residía en la posibilidad de que, una vez derrotados los rebeldes, los Estados Unidos intervinieran directamente, tal y como había amenazado el embajador Peurifoy -que por aquellos días iba visiblemente armado con una pistola, demostrando que más que un agente diplomático era un agente de la agencia de inteligencia estadounidense o un oficial del ejército norteamericano-. El rumor de un desembarco anfibio norteamericano en Honduras hizo temer lo peor, y los oficiales del ejército permanecieron primero pasivos -una guarnición entera del ejército llegó a rendirse ante Castillo en la ciudad de Chiquimula- y posteriormente pidieron la renuncia del presidente, que se hizo efectiva el 27 de junio de 1954 en un discurso radiofónico a la nación. Cedió el poder a Carlos Enrique Díaz, en la esperanza de que la democracia y las conquistas sociales que se habían obtenido en aquellos diez años se mantuvieran. No fue así. Díaz cedió el poder en pocos días a Castillo Armas y la CIA y Estados Unidos lograron sus objetivos. Arbenz partió en avión desde el aeropuerto capitalino de La Aurora para un largo exilio, cuya primera etapa fue México, para más tarde instalarse durante unos pocos meses en Suiza, el país natal de su padre.
Carlos Castillo Armas, con la banda presidencial guatemalteca, cargo que desempeñó de 1954 hasta su asesinato en 1957.
Las reacciones en los Estados Unidos fueron poco menos que de euforia. El presidente Einsehower felicitó a la CIA por la limpieza de una operación destinada a sacar al “ogro comunista” de Centroamérica, que finalmente no había resultado tan fiero -ni tan comunista-. A la esposa del belicoso embajador en Guatemala, Jane Peurifoy, se le atribuyó un épico poema en el “que se mostraba optimistic porque Guatemala ya no era communistic”, como describe el padre Luis Gurriarán. Para el “recuerdo” quedan también las declaraciones del propio gobierno de Washington, retorciendo la realidad sin rubor alguno: “El futuro de Guatemala está en manos del pueblo guatemalteco; está en manos de líderes fieles a Guatemala, los que no se convirtieron en agentes de un despotismo ajeno que trató de llevar a Guatemala a un mal fin. Estos eventos son un glorioso nuevo capítulo en la gran tradición de las Américas”.
SUIZA Y EL CHE GUEVARA TAMBIÉN ESTÁN EN GUATEMALA
Suiza sería una breve etapa en el largo y ajetreado exilio de Jacobo Arbenz, que le llevaría a residir además de en la Confederación Helvética y el mencionado México, en Francia, Checoslovaquia, la URSS (en Moscú consiguió educación para sus hijos), Uruguay y Cuba, hasta su fallecimiento final el 27 de enero de 1971 en Ciudad de México. Para entonces la relación con su mujer estaba más que deteriorada después de varias crisis -se ha llegado a especular con que un motivo de la renuncia que presentó durante la sublevación de Castillo Armas se debió a que se encontraba bajo de moral tras haber sabido que su esposa tenía un amante-, su hija Arabella, que permanecía en París estudiando interpretación, se había suicidado a causa de un desengaño amoroso, y él se encontraba bajo los efectos de una fuerte depresión y tenía problemas con el alcohol. Por entonces mantenía contactos con la guerrilla de las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) y la estrecha relación de amistad con José Manuel Fortuny, el fundador del Partido Guatemalteco del Trabajo, que se forjara en los días de la presidencia del profesor Arévalo.
Suiza por entonces, a pesar de su afamada y proclamada neutralidad, se plegó a los intereses de EE.UU. y a los propios prejuicios anticomunistas del gobierno de Berna, complicando mucho las cosas al depuesto presidente guatemalteco. Todavía en la época de la presidencia de Arbenz, las autoridades suizas siguieron la política de embargo comercial decretada en Caracas a raíz de la resolución promovida por Estados Unidos, y suspendió las exportaciones de armas. “Suiza sacrificó sus intereses comerciales en aras de unas buenas relaciones con Estados Unidos”, escribe el profesor Ivo Rogic. “La reforma agraria de Arbenz, que también había afectado a los intereses de varios ciudadanos suizos, fue percibida negativamente por la diplomacia helvética. Diversos diplomáticos suizos en Latinoamérica secundaron en Berna la idea de que existía un riesgo inminente de que el comunismo se apoderara de Guatemala y generara un efecto dominó en la región”. Si Suiza había suspendido sus exportaciones, EE.UU. sí que exportaba, en este caso a Suiza, la teoría del dominó que se haría conocida en África, el Cono Sur y especialmente el sureste asiático a raíz de la guerra de Vietnam y la extensión de los bombardeos a los vecinos reinos de Laos y Camboya.
Tan buenas querían ser las relaciones con Eisenhower y su administración que para el gobierno helvético lo ocurrido en junio de 1954 en el país centroamericano había sido, como se afirmaba en Washington, el derrocamiento de un régimen comunista y la restauración del Orden y la Libertad. El propio embajador de Suiza en Ciudad de Guatemala afirmaba que Arbenz era un agente del Kremlin y que tras el golpe se había puesto fin a un “régimen de terror” y a un estado totalitario, celebrando la llegada al poder de Armas, quien se llegó a reunir con el secretario de la embajada. No es de extrañar, por ello, que Suiza pusiera numerosas trabas a Arbenz durante su permanencia en territorio helvético: vigilado por la policía federal, con personal cercano a él -como su traductor y el jefe de la oficina de correos de Zermatt, la localidad donde residía con su familia- como informantes de la policía; con informaciones difamatorias sobre su persona transmitidas de la junta militar guatemalteca a Berna por el propio embajador suizo en el país centroamericano; recibiendo la negativa de las autoridades helvéticas de prorrogar su visado de permanencia de tres meses; y, finalmente, sin poder solicitar la nacionalidad suiza porque habría llevado aparejada la renuncia a la guatemalteca -algo que Arbenz no estaba dispuesto a asumir-, lo que daba por finalizada la estancia del expresidente y su familia en el país centroeuropeo. Sólo en 1960, cuando las autoridades suizas dejaron de considerarlo una amenaza, pudo permanecer en el país durante cuatro años. Para entonces, ya había recorrido numerosas partes del globo y se encontraba sólo y con graves problemas con la bebida.
Hubo, eso sí, una honrosa excepción que afirmaba lo contrario de lo que mantenía su gobierno y su embajador. Se trataba del observador de Suiza ante la ONU (la Confederación Helvética no ha pasado a ser un Estado miembro de Naciones Unidas hasta fechas recientes, y entonces tenía el estatus de “estado observador”) y titular del Comité Ejecutivo de UNICEF, August Lindt. Lindt preparó una serie de informes para el Ministerio de Asuntos Exteriores federal “en los que explicaba y compartía los argumentos de Jacobo Arbenz. Además, condenaba la campaña propagandística de Estados Unidos y dejaba claro que solo encubría la defensa de los intereses económicos de la UFC [UFCO]” (Ivo Rogic). Lindt justificaba la política de Arbenz en razón de una necesidad legítima de combatir la desigualdad y fomentar el desarrollo económico del país, así como de desvincularlo del comunismo, además de denunciar las maniobras de Washington contra Guatemala, de las que era testigo, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sus informes sirvieron de poco, aunque llevaron al ministro Max Petitpierre a protestar verbalmente ante la embajadora norteamericana en Berna por las maniobras que Lindt había hecho constar en sus escritos.
El proceso revolucionario-democrático guatemalteco había despertado el interés y la solidaridad de los militantes de izquierda de América Latina, muchos de ellos presentes en la propia nación centroamericana, bien en calidad de exiliados o como curiosos que deseaban participar en los cambios que tenían lugar allí. Uno de ellos era un joven médico argentino que respondía al nombre de Ernesto Guevara. Quien en el futuro iba a ser conocido como el “Che”, el más famoso guerrillero y organizador de guerrillas de Latinoamérica, desde Cuba a Bolivia pasando por el Congo, donde los antiguos colonizadores belgas y los Estados Unidos habían derrocado al carismático Patrice Lumumba, llegó a Guatemala a principios de 1954, donde trataba de ejercer como médico del Estado. Allí conoció a su primera esposa, Hilda Gadea, que trabajaba para el gobierno de Arbenz; a la familia del exiliado nicaragüense Edelberto Torres y a algunos cubanos participantes en el asalto fallido al cuartel Moncada, entre ellos Ñico López, con quien forjaría una gran amistad.
Placa del monumento conmemorativo al Che Guevara en Santa Clara (Cuba), en la que puede leerse la reflexión hecha por él a raíz de los acontecimientos que vivió en Guatemala.
En Guatemala, donde la presión sobre el gobierno de Arbenz se hacía cada vez más insostenible, trabajó en su libro “La función del médico en América Latina”, en el que abogaba por la función transformadora, revolucionaria, de la práctica médica y del profesional. Cuando tuvo lugar el golpe, Guevara, quien cada vez asumía un mayor compromiso político y sus simpatías por el comunismo aumentaban, se ofreció como voluntario para defender Ciudad de Guatemala. Tras el triunfo de Castillo Armas, permaneció un tiempo en la clandestinidad y escondido en la embajada argentina antes de partir a México con algunos de los compañeros que había conocido allí. El “Che”, como los revolucionarios cubanos que habían visto la caída de Árbenz, entendieron entonces que para doblegar a las dictaduras de América Latina y el imperialismo norteamericano en aquellos lugares sólo cabía la lucha armada. Empezaba entonces la preparación, en tierras mexicanas, de la revolución cubana.
Lo que vino después sobre Guatemala fue la guerra civil más cruenta, silenciosa y larga que se ha vivido en una república centroamericana, más que en el ya de por sí devastador conflicto de El Salvador o la lucha de la “contra” nicaragüense sostenida por los Estados Unidos contra los sandinistas. La revocación de las normativas laborales, los derechos de creación y actividad sindicales y la restauración de las tierras a sus antiguos propietarios, sucedidas inmediatamente del triunfo de la sublevación, inauguraban una etapa larga y conflictiva en la que se sucedían gobiernos militares a través de golpes de Estado y gobiernos civiles muy mediatizados por la presencia constante en la escena pública del ejército guatemalteco, incluyendo la formación de partidos políticos próximos o la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para combatir a la guerrilla.
Los pueblos indígenas, que habían visto sepultada la esperanza que suponía para ellos el acceso a la tierra con la reforma agraria de Arbenz y la extensión de la sanidad y la educación, volvían a una etapa de “apartheid” político y económico. Las élites criollas que habían gobernado el país desde su independencia iba a mezclar el racismo con una política de exterminio con el objeto de suprimir la base social del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) -los tres grupos guerrilleros del país, coordinados desde 1982 en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)- y forzar a aquellos a su rendición. El terrorismo de Estado devino en una auténtica catástrofe humana, a la que se sumaban la incapacidad gubernamental -bien por no poder o por no querer implicarse en la resolución de los problemas de la amplia mayoría pobre e indígena del país- para resolver otras como la pobreza, el analfabetismo o la insalubridad. Una incapacidad que, como recuerda el padre Luis Gurriarán, se demostró palpablemente con motivo del terremoto de 1976, en el que murieron 25.000 personas y un millón quedaron sin hogar, dando lugar a emigraciones masivas.
Un ejemplo de la situación que se vivía en el campo guatemalteco lo da el sacerdote a partir de sus primeras experiencias, tras su llegada en 1961 -tras el asesinato de Castillo Armas en 1957, la presidencia es ocupada ahora por el general Ydígoras Fuentes, quien en los últimos meses de gobierno de Arévalo ya tratara de convencer a la CIA para intervenir contra el régimen democrático, y no tarda en ofrecer el territorio guatemalteco como base para una intervención contra el nuevo régimen revolucionario de Cuba- a una zona campesina guatemalteca. Los campesinos mayas de la zona del Altiplano guatemalteco, donde se había establecido inicialmente la misión del padre Gurriarán y que practicaban una agricultura de subsistencia, bajaban todos los años a las extensas fincas de la costa del Pacífico, en las que se cultivaba café, algodón o caña de azúcar, a alquilarse temporalmente como mano de obra barata, por entre 25 y 50 centavos de quetzal al día, una cantidad miserable.
Lo duro de aquello era que ni siquiera podía servirles para ahorrar, sino que en muchas ocasiones sólo servía para acrecentar las deudas que la familia tuviera (anticipos entregados por los intermediarios, gastos de transporte, descuento de la manutención o empleo del salario para pagar la comida de los hijos, que no podían dejarse solos en pueblos que quedaban deshabitados en la temporada de recogida en las fincas…), además de para acumular problemas de salud. Según el testimonio del padre Gurriarán, quien bajó a trabajar a la costa para saber cómo funcionaba el asunto, “yo estaba en la plenitud de mi juventud y nunca he sido un hombre débil ni enclenque. Pero aquel trabajo era insoportable, inhumano. No sólo el trabajo; las condiciones de vida en la finca, donde incluso la comida era infame […] Les daban lo peor, lo más barato, lo que sobraba, quizá, de las cosechas destinadas al mercado.
Trabajábamos más de diez horas, algunos más de catorce y dormíamos en el suelo todos juntos, sin la menor intimidad […] Por la noche nos contaban que el trabajo en las azucareras y los algodonales era más duro todavía. Primero, por la falta de agua y porque las galeras, si las había, ni siquiera tenían paredes. Segundo, porque aquí [en los cafetales] trabajábamos a la sombra […] mientras que el corte de la caña y del algodón era a pleno sol: un sol agobiante y un calor infernal […] Una o dos veces al mes, el patrón ordenaba fumigar la finca con avionetas: la finca entera, con todos los mozos dentro. El veneno les caía por encima mientras estaban trabajando. Ese veneno, pringoso y maloliente, era causa directa de la muerte de muchos de los niños…”
Situaciones como las descritas iban a fomentar, por un lado, el activismo político y social de los indígenas, apoyados por una iglesia local que iba a ir haciéndose cada vez más próxima al compromiso político en favor de las comunidades pobres, y por otro la lucha guerrillera, estimulada por las propias condiciones internas de desigualdad, maltrato al pobre y al maya, dictadura y corrupción, como por los acontecimientos de países vecinos, como Nicaragua, donde en 1979 el Frente Sandinista depuso la dictadura dinástica de la familia Somoza. Al mismo tiempo, tenía lugar la reacción de los sucesivos gobiernos contra campesinos desarmados y guerrilleros sin distinción y con la misma brutalidad deleznable. Los campesinos y trabajadores indígenas, que volverían a organizarse en sindicatos como el Comité de Unidad Campesina (fundado en 1978) después de mucho tiempo de prohibición y clandestinidad tras la derogación de la normativa de los años de Arévalo y Arbenz, iban a ser torturados y asesinados por el ejército o los paramilitares, aunque sus actividades tuvieran poco que ver con la actividad armada, en una actuación genocida que se inició con la campaña del coronel Arana -posterior general y presidente de la República- en el Oriente guatemalteco, bajo la presidencia del abogado democristiano Julio César Méndez Montenegro. Aunque Méndez Montenegro había sido aupado al poder con el apoyo de una Iglesia guatemalteca que ya era entonces muy activa en su militancia por los pobres, la mediatización del ejército en la vida política se hizo notar en la campaña militar desarrollada en Oriente. Aunque el objetivo era desarticular a las FAR, algo que casi se consiguió en su totalidad (aunque con posterioridad se reconstituirían), las matanzas de Arana segaron la vida de 6.000 personas.
Las matanzas cometidas por el ejército en Guatemala contra la población maya se cobraron la vida de 150.000 personas, además de 50.000 desaparecidos y centenares de miles de desplazados internos y a campos de refugiados en el exterior, sobre todo al vecino México.
Aquello, sin embargo, no fue más que un anticipo de lo que se viviría después. En 1978, el acceso del general Fernando Romeo Lucas García, tras unas elecciones fraudulentas (como muchas de las elecciones que habían tenido lugar previamente en Guatemala) abría el período más duro de la represión militar y de los “escuadrones de la muerte”. La represión empezó a cebarse no sólo con la guerrilla y con la base social de la misma, el campesinado indígena, que efectivamente observaba a los guerrilleros primero con simpatía al ver que su comportamiento era mucho mejor que el de los soldados y luego en franca solidaridad, al entender los motivos de su lucha (hasta el punto de que entre perecer sin luchar a manos de los soldados o hacerlo enrolado en las filas guerrilleras, muchos de esos campesinos no dudaron en empuñar las armas o en emigrar a las zonas controladas por la guerrilla, las conocidas como Comunidades de Población en Resistencia o CPR). También comenzó a hacerlo con los religiosos, maestros y profesionales que habían abandonado sus vidas cómodas dentro o fuera de Guatemala para compartir y cambiar las condiciones de vida junto a unos “indios locos” que habían decidido dejar de aguantar. El padre de Rigoberta Menchú, la premio Nobel de la Paz de 1992; junto a numerosos sacerdotes y misioneros católicos, evangélicos y protestantes, incluyendo el del propio arzobispo de Ciudad de Guatemala, Juan Gerardi, y promotor del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica guatemalteca, en 1998, murieron víctimas de la violencia del Estado o sus agentes extraoficiales.
El reguero de violencia acontecido desde 1962 -año de la aparición de las FAR, surgidas a partir de un fracasado levantamiento militar- y 1996 -en que, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, el presidente Álvaro Arzú y la coordinadora guerrillera, la URNG, establecen la paz con derechos políticos y sociales para la mayoría indígena y la integración de los guerrilleros en la vida política- dejó 150.000 muertos y 50.000 desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, promovida por Naciones Unidas, entregó un clarificador informe de doce tomos, tres años más tarde, en que se reflejaba con total nitidez a quién había que achacar las culpas de aquella indescriptible era de sangre de más de treinta años: el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos cometidas en esas tres décadas en Guatemala fueron realizadas por los aparatos de seguridad del Estado; el 3%, por la guerrilla y el 4 por ciento restante, de imputación dudosa. Son cifras muy similares a las dadas por Juan Gerardi en su día (90%-10% para Estado y guerrilla, respectivamente), lo que sin duda influyó, como todo su proyecto de esclarecimiento de la verdad y su lucha contra la desigualdad desde su puesto, en su asesinato.
Hablar de violencia y de genocidio en Guatemala es hablar de un hombre: Efraín Ríos Montt. Ríos Montt, un militar de carrera que había sido instructor militar y había ascendido al generalato en 1972, cuando contaba con 46 años recientemente cumplidos, había perdido las elecciones de 1974 habiendo sido presentado como un candidato de la izquierda, en las elecciones fraudulentas que dieron el triunfo a otro general, Eugenio Laugerud. Enviado como agregado militar a la embajada guatemalteca en España, Ríos Montt comienza su transformación en un personaje siniestro, comenzando por su toma de contacto con la secta cristiana de la Iglesia del Verbo, remedo de la californiana Gospel Outreach.
Efraín Ríos Montt, en el centro, en el momento de acceder al poder tras el golpe de marzo de 1982.
La Gospel Outreach había llegado a Guatemala con motivo del terremoto de 1976, al igual que otras muchas, como denuncia Luis Gurriarán, no verdaderamente interesadas en la situación de los pobres y en su modificación, como postulaba la Teología de la Liberación -de la que más adelante nos ocuparemos-, sino en la prédica de la resignación, en una espiritualidad exenta de conexión con la realidad y, por supuesto, en la ganancia de adeptos y de cuestaciones de caridad en el “mundo rico” que le permitieran desarrollar su actividad en las áreas más desfavorecidas. Alineada con la derecha religiosa, la Iglesia del Verbo había establecido contacto en Guatemala con la alta sociedad guatemalteca, y Ríos Montt, que ya aleccionaba a los soldados en materia religiosa en sus tiempos de instructor en la Escuela Politécnica militar de Guatemala, mezcló las características de dictador, genocida y predicador televisivo en la misma persona.
Tras el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 que le aupó al poder, este “reborn christian” (cristiano renacido) a quien ya se le acusaba de haber cometido atrocidades en la década de los setenta, pisó el acelerador de la represión: en el año y medio que duró su etapa de gobierno, 17.000 indígenas mayas perdieron la vida con motivo de la actividad contrainsurgente de la dictadura. Edgar González Ruiz nos resume algunas características de este buen aliado de Ronald Reagan, el presidente de EE.UU. y que no tardó en reconocer al gobierno de Montt apenas hubo dado el golpe: “Estableció el estado de sitio, con lo que prohibió toda actividad política y retrasó así el proceso de convocar a elecciones; estableció los tribunales del fuero especial, donde, con el pretexto de evitar venganzas, jueces y acusadores ocultaban su identidad al juzgar a los guerrilleros, y anunció la implantación de nuevos impuestos.
Creó además la organización paramilitar denominada Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), señalada como participante en matanzas cometidas durante el enfrentamiento con la guerrilla. En diciembre de 1982, Ríos Montt le dijo al presidente Ronald Reagan que “no había refugiados en los campamentos de México” sino sólo guerrilleros, con lo cual apoyaba la política de persecución contra esos refugiados al considerarlos como elementos desestabilizadores para México y para Guatemala.”
Ríos Montt, que había ofrecido una tramposa amnistía a los grupos guerrilleros que fue rechazada, se había convertido en un excéntrico líder convencido de que desempeñaba una misión divina al frente del gobierno en Guatemala. Comenzó a estar rodeado de asesores de la Iglesia del Verbo en las labores gubernamentales, daba directrices moralizantes a los funcionarios y ministros y los domingos por la noche aparecía en la televisión para ofrecer un discurso a la nación preñado de enseñanzas religiosas. Durante la visita del propio papa Juan Pablo II a Guatemala, Ríos Montt se dirigió a él en términos similares a como que se dirigiría un líder religioso a otro.
Finalmente, Ríos Montt acabaría siendo derrocado en agosto de 1983 en un golpe militar, similar al que había perpetrado él un año y medio antes, por su ministro de Defensa general Mejía Víctores. Montt, de todos modos, siguió influyendo en la vida política del país a través del partido Frente Revolucionario Guatemalteco, llegando a ser elegido presidente del parlamento en 1994 y colocando a dos presidentes de la República vinculados a él, Serrano Elías en 1990 y Otto Pérez Molina veinte años más tarde.
Tuvo que iniciarse el siglo XXI para que, tras la presentación de la primera demanda ante la ONU por parte de Rigoberta Menchú, Luis Gurriarán y su grupo de exiliados guatemaltecos del régimen de Ríos Montt, la impunidad de que disfrutaba se terminara. En 1999, Menchú presentó su demanda ante el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional española, contra Ríos Montt y otros altos cargos del Estado por genocidio, torturas y terrorismo de Estado. La inmunidad parlamentaria, la violencia con que se emplearon sus seguidores y la complicidad de los mecanismos del estado guatemalteco impidieron su procesamiento y condena, hasta el punto de que en 2013, bajo la presidencia de su cercano colaborador Pérez Molina, Ríos Montt fue condenado por los tribunales guatemaltecos a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero la Corte Constitucional revocó la condena.
A principios del siglo XXI, la situación social y económica de Guatemala dista mucho de la transformación proyectada por la revolución democrática de 1944 y los gobiernos de Arévalo y Arbenz. La democratización del país debe convivir con una herencia de violencia política que extiende su larga sombra de más de treinta años hasta el día de hoy, con problemas añadidos como el de la violencia de las pandillas juveniles -las maras- y la respuesta también violenta de los aparatos de seguridad del Estado hacia aquellas. La emigración hacia Estados Unidos vía México se convierte en una peligrosa salida para un país en el que la posesión de la tierra sigue registrando cifras asombrosas de desigualdad: el 85 por ciento de la tierra está en manos del 15 por ciento de la población y el 3 por ciento de las grandes fincas suponen el 65 por ciento del total de la superficie cultivada. La corrupción sigue presente en la esfera institucional, donde existen alianzas entre los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado y miembros de los partidos políticos, así como entre los primeros y la policía. La pobreza y el analfabetismo no han descendido, y ello con el consiguiente efecto de cebarse sobre una población maya que, a pesar de poseer derechos políticos, sigue teniendo las dificultades de antaño para prosperar económicamente, además de continuar sufriendo discriminación por motivos raciales. El 80 por ciento de los guatemaltecos vive en o por debajo del umbral de pobreza -un 90% en el caso de los indígenas- y sólo un 2% de la población controla más de la mitad de la riqueza del país. Una situación que se vuelve todavía más insostenible con la aplicación de medidas liberalizadoras de la economía y con la privatización al calor de la globalización capitalista. Quizá la reciente elección como presidente del cómico Jimmy Morales -un reflejo de la desafección por la política-, que ha prometido recuperar los valores de la revolución civil de 1944, sirva para modificar la situación.
En mayo del pasado año, las calles de Ciudad de Guatemala se llenaron de manifestantes en protesta contra la política del presidente Pérez Molina, “protegido” de Ríos Montt, forzándole a dimitir y a la convocatoria de elecciones.
LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: UN SACERDOCIO MILITANTE POR LOS POBRES
La violencia política y social de Guatemala y de otros países de América Central tuvo además unas nuevas víctimas, insólitas con respecto a épocas anteriores: los sacerdotes, religiosas, misioneros y laicos vinculados a la Iglesia que realizaban sus trabajos en las comunidades rurales y principalmente indígenas. En los años sesenta y setenta, en el seno del catolicismo y a partir del Concilio Vaticano II -iniciado por Juan XXIII y finalizado en el período de papado de Pablo VI-, se produjo un cambio de paradigma por el que la Iglesia debía pasar a estar no ocupada solamente en los asuntos espirituales y celestiales de los fieles, sino ocuparse también de lo terrenal, las vicisitudes cotidianas de las parroquias y comunidades donde se desarrollaba su acción. Asimismo, la nueva actitud tolerante de la Iglesia, que abría el diálogo con otras confesiones religiosas, espoleó a feligreses y religiosos con actitudes progresistas.
Se iba a producir un movimiento esperanzador que se reflejó en Europa, sobre todo en la Europa meridional -España, Francia, Portugal, Italia- en los llamados “curas obreros”, que iban a aproximarse a los movimientos sociales y políticos de izquierda y que iba a tener su importancia en las postrimerías de la dictadura franquista española, al abrir un terreno hasta entonces dominado por la ideología oficial del nacional-catolicismo y la ortodoxia represiva a un sector de la oposición dominado por la juventud, los trabajadores organizados clandestinamente o las asociaciones de vecinos.
Esta ruptura entre las viejas convenciones y la nueva corriente iba a generar el rechazo de los sectores más inmovilistas no sólo de la Iglesia, sino también de la sociedad y de la política, poniendo en el punto de mira a los religiosos “postconciliares”, progresistas, y que en España se iba a reflejar con las amenazas escritas en los muros que rezaban “curas rojos a Moscú” o el asalto por parte de las fuerzas del orden a algunas parroquias en las que se celebraban asambleas de trabajadores en huelga -con el corolario de los sangrientos “hechos de Gasteiz” en Vitoria en marzo de 1976-. Pero donde más se reflejó esta divergencia, y con mayor violencia y mayor número de víctimas fue en América Latina, donde nació el concepto de la Teología de la Liberación.
Los religiosos de dentro y fuera de América Latina trabajaban en comunidades inmersas en unas condiciones terribles de injusticia y desigualdad. El padre Gurriarán recuerda que, antes del Vaticano II, ya los propios religiosos latinoamericanos o que trabajaban allí habían tomado conciencia de la realidad en que vivían y de la necesidad de actuar sobre ella para cambiarla y de que el Evangelio se tornara palabra viva que diera esperanza y medios de acción. Más que el Concilio, lo que influyó en Latinoamérica fueron las conferencias autóctonas de Medellín (1968) y Puebla (1979), bases de la Teología de la Liberación. En términos simples, la Teología de la Liberación unía las enseñanzas del cristianismo con el análisis marxista, pero sobre el terreno lo que significaba era una opción preferencial por la causa de los pobres. Los sacerdotes, religiosas y misioneros obraban menos en términos de liturgia y enseñanza de la religión sobre una población que, como explica el propio padre Gurriarán, ya estaban bastante convertidos al catolicismo desde los tiempos de la conquista española. Su preocupación era la de hacer llegar a las comunidades la voz de Jesús como una esperanza en un mañana terrenal, no espiritual, mejor, y para ello se pusieron a trabajar con ellos en la construcción de escuelas, centros médicos, organización de cooperativas, en defensa de sus intereses colectivos como agricultores, como indígenas, como mujeres…
Los religiosos que trabajaban con los miembros de una comunidad no se arrogaban el papel de líderes, sino que eran partícipes de una colectividad que tomaba sus decisiones en asamblea, elegía democráticamente a los miembros de los equipos directivos y trabajaba de forma cooperativa. Los practicantes de la nueva teología, abiertos al diálogo, eran tolerantes con los ritos indígenas y contribuyeron al mantenimiento del sincretismo entre las ancestrales costumbres y los usos de la religión católica, y fueron los primeros en denunciar las políticas de opresión y de injusticia contra unas poblaciones que en muchos casos representaban -como en Guatemala- la mayoría del país.
Juan Gerardi, arzobispo de Guatemala, murió asesinado en 1998. Fue el principal impulsor del informe sobre la violencia registrada en Guatemala durante los más de treinta años de guerra soterrada en el país.
El activismo social de los religiosos de la Teología de la Liberación les puso pronto en la mirilla de los regímenes militares que regían en los países de la región, especialmente en América Central, donde la actividad contra las guerrillas implicó la más terrible violencia política de aquel período y se dirigió indiscriminadamente contra civiles, activistas desarmados y guerrilleros en lucha. En forma de círculo vicioso, la actividad por los pobres, por mejorar sus condiciones de vida y situarse de su lado en las reivindicaciones que estos realizaban colocaba a los religiosos a ojos del poder como revolucionarios y marxistas peligrosos. Al ser discriminados, amenazados, perseguidos y, llegado el caso, asesinados por los aparatos de seguridad, oficiales y extraoficiales, del Estado, y por contra respetados por la guerrilla, no era raro que los religiosos de la Liberación acabaran por convertirse en colaboradores de la guerrilla, compartir su lucha e incluso enrolarse en sus filas. Cuando triunfó la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, hubo muchos casos de religiosos que trabajaron con los sandinistas en sus programas de alfabetización y sanidad. El propio Luis Gurriarán, después de haber estado en Estados Unidos con el equipo denunciante del régimen de Ríos Montt en la ONU, regresó clandestinamente a Guatemala y siguió realizando su trabajo en el norte del país, en la región de Ixcán, al lado de una de las Comunidades de Población en Resistencia protegida por la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres. E incluso nos cuenta que, al igual que muchos de sus antiguos feligreses empuñaron las armas, conoció a religiosos españoles que se enrolaron en la guerrilla y murieron en combate por una causa que consideraban justa, como otros que, sin necesidad de empuñar un fusil, fueron asesinados por combinar sus creencias religiosas con la lucha contra la injusticia. El arzobispo de Guatemala, Juan Gerardi; el arzobispo de El Salvador, Óscar Romero; Hermógenes López, Andrés Ignacio Lanz; José Mª Gran, Bill Woods…
El padre Ernesto Cardenal fue uno de los integrantes del gobierno sandinista tras el triunfo de la Revolución en Nicaragua y uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación.
Una ayuda extra a esa caza de religiosos “revolucionarios” la otorgó el pontífice Karol Wojtyla, Juan Pablo II, tras su acceso al trono de Pedro en el Vaticano en 1981. Apoyándose en el ortodoxo cardenal Joseph Ratzinger, su sucesor con el nombre de Benedicto XVI, al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, condenó la Teología de la Liberación. Según algunos, su ceguera anticomunista le impidió ver que la Teología servía para denunciar a las dictaduras militares y para la causa de los derechos humanos, pensando que se trataba de un “caballo de Troya” marxista en el seno de la Iglesia, dedicando todos sus esfuerzos a combatirla. Para otros, sin embargo, se trataba de la clásica forma de pensar de un pontífice conservador que de puertas para fuera se presentaba como abierto y dialogante, incluso atractivo para los jóvenes, pero que al mismo tiempo instauró el “pensamiento único” dentro de la Iglesia.
Sea como fuere, la beatificación del papa Wojtyla disgustó a muchos por el pasado oscuro que ha sido silenciado al calor de esa beatificación: la complicidad con los escándalos sexuales del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel; su silencio sobre la represión en Chile, Guatemala o Argentina, países que visitó en tiempos de los gobiernos de Pinochet, Ríos Montt y Videla y a quienes dio la comunión y su condena a una Teología de la Liberación que suponía la esperanza para miles de pobres de América Latina. El arzobispo chileno Tomás Balduino cree que Juan Pablo II creó una Iglesia “mucho más clerical, masculina, ortodoxa, centralizadora, sin visión de pueblo de Dios”. Leonardo Boff, brasileño, teólogo de la Liberación condenado por el Vaticano en 1984 a un año de silencio, considera que “se convenció de que el peligro en Latinoamérica era el marxismo, cuando el verdadero peligro siempre ha sido el capitalismo salvaje y colonialista con sus élites antipopulares y retrógradas”.
Sin embargo, para Boff existe una esperanza. A pesar de que Juan Pablo II y su sucesor, Benedicto XVI, fueron papas conservadores y ortodoxos convencidos de que el peligro estaba encarnado por el marxismo y que la Teología de la Liberación era un aliado del mismo, “La teología está viva en aquellas iglesias que hicieron la opción por los pobres y la justicia social, en aquellas iglesias que tienen comunidades de base, que trabajan con los sin tierra, con los negros, con los indios”.
Una esperanza similar cabe asimismo esperar respecto a Guatemala. Las comunidades formadas por el padre Gurriarán y los indígenas sin tierra que le acompañaron al norte del país en los años sesenta siguen funcionando. Muchos de esos campesinos de Guatemala, México y América están adscritos a otra esperanzadora asociación, ésta a nivel global, la Vía Campesina, desde la que los pequeños campesinos de muchos continentes pelean por una agricultura sostenible, de pequeña escala y menos dependiente de pesticidas y fertilizantes químicos, y por tanto, de las multinacionales del sector empeñadas en una nueva “revolución verde”, toda vez que la primera ya demostró su fracaso. Un camino, como el de la reforma de Arbenz de hace más sesenta años, repleto de dificultades. Pero tal vez sólo aquello que no se hace resulta fácil.
Una imagen esperanzadora: la cooperativa agrícola de mujeres “4 Pinos” en Guatemala, símbolo de un futuro en el que la tierra, la soberanía alimentaria y la dignidad de los pueblos están en marcha.
Carlos Santos Gurriarán, “Guatemala. El silencio del gallo. Un misionero español en la guerra más cruenta de América”, Barcelona, Debate, 2007.
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18 enero, 2016 eladio1982	América Latina, Catolicismo, Democracia, Dictadura, EE.UU., Genocidio, Guatemala, Imperialismo, Personajes, Reforma social

References: resolución 
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