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Timestamp: 2016-05-28 05:50:20+00:00

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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci�n y sostenibilidad de la Administraci�n Local - 221064 - Portal Asesor�a y Empresas Thomson Reuters
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LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACI�N Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACI�N LOCAL (BOE DEL 30)
Art. primero. Modificaci�n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local
Art. segundo. Modificaci�n del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
Primera. R�gimen aplicable a la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco
Segunda. R�gimen aplicable a la Comunidad Foral de Navarra
Tercera. Competencias auton�micas en materia de r�gimen local
Cuarta. Especialidades de las Ciudades de Ceuta y Melilla
Quinta. Reg�menes especiales de Madrid y Barcelona
Sexta. Comarcas
S�ptima. Colaboraci�n con las Intervenciones locales
Octava. Cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a otras Administraciones P�blicas
D�cima. Convenios de colaboraci�n entre el Estado y las Entidades Locales
Und�cima. Compensaci�n de deudas entre Administraciones por asunci�n de servicios y competencias
Duod�cima. Informaci�n en materia de tutela financiera
Decimotercera. Consorcios constituidos para la prestaci�n de servicios m�nimos
Decimocuarta. R�gimen jur�dico especial de determinados consorcios
Decimoquinta. Asunci�n por las Comunidades Aut�nomas de las competencias relativas a la educaci�n
Decimosexta. Cabildos y Consejos Insulares
Decimos�ptima. Apertura de lugares de culto
Primera. Asunci�n por las Comunidades Aut�nomas de las competencias relativas a la salud
Segunda. Asunci�n por las Comunidades Aut�nomas de las competencias relativas a servicios sociales
Tercera. Servicios de inspecci�n sanitaria
Cuarta. Disoluci�n de entidades de �mbito territorial inferior al Municipio
Quinta. Entidades de �mbito territorial inferior al Municipio en constituci�n
Sexta. R�gimen transitorio para los consorcios
S�ptima. R�gimen transitorio de los funcionarios de Administraci�n Local con habilitaci�n de car�cter estatal
Octava. R�gimen transitorio para el personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares
Novena. R�gimen transitorio para los Directores Generales de las Entidades Locales
D�cima. Aplicaci�n de las limitaciones referidas al n�mero de personal eventual y cargos p�blicos con dedicaci�n exclusiva
Und�cima. Mancomunidades de municipios
Primera. Modificaci�n del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de R�gimen Local
Segunda. Modificaci�n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n
Tercera. Modificaci�n de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible
Cuarta. Modificaci�n del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
Quinta. T�tulo competencial
LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACI�N Y SOSTENIBILIDAD
DE LA ADMINISTRACI�N LOCAL (BOE DEL 30)�Pre�mbulo La reforma del art�culo 135 de la Constituci�n espa�ola, en su nueva redacci�n
dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio
rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones
P�blicas. En desarrollo de este precepto constitucional se aprob�
la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la
normativa b�sica en materia de Administraci�n local para la adecuada
aplicaci�n de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera o eficiencia en el uso de los recursos p�blicos locales.
Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organizaci�n y funcionamiento
de la Administraci�n local as� como mejorar su control econ�mico-financiero.Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta a�os
desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local, y con m�s de una veintena de modificaciones
de su texto original, cabe se�alar que ha llegado el momento de
someter a una revisi�n profunda el conjunto de disposiciones relativas
al completo estatuto jur�dico de la Administraci�n local.Con este prop�sito se plantea esta reforma que persigue
varios objetivos b�sicos: clarificar las competencias municipales para
evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones
de forma que se haga efectivo el principio �una Administraci�n una
competencia�, racionalizar la estructura organizativa de la Administraci�n
local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario
m�s riguroso y favorecer la iniciativa econ�mica privada evitando
intervenciones administrativas desproporcionadas.Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales
y avanzar en el principio �una Administraci�n una competencia�, se
trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre
Administraciones hasta ahora existentes.En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de R�gimen Local, dise�� un modelo competencial que ha dado
lugar a disfuncionalidades, generando en no pocos supuestos situaciones
de concurrencia competencial entre varias Administraciones P�blicas,
duplicidad en la prestaci�n de servicios, o que los Ayuntamientos
presten servicios sin un t�tulo competencial espec�fico que les
habilite y sin contar con los recursos adecuados para ello, dando
lugar al ejercicio de competencias que no tienen legalmente atribuidas
ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre Administraciones.
El sistema competencial de los Municipios espa�oles se configura
en la praxis como un modelo excesivamente complejo, del que se derivan
dos consecuencias que inciden sobre planos diferentes.Por una parte, este sistema competencial municipal hace
que se difumine la responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio
y se confunda con los �mbitos competenciales propios de otras Administraciones
P�blicas, generando, en no pocas ocasiones, el desconcierto de los
ciudadanos que desconocen cu�l es la Administraci�n responsable
de los servicios p�blicos.Por otra parte, existe una estrecha vinculaci�n entre
la disfuncionalidad del modelo competencial y las haciendas locales.
En un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos
sobre consolidaci�n fiscal son de m�xima prioridad, la Administraci�n
local tambi�n debe contribuir a este objetivo racionalizando su
estructura, en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando
su sostenibilidad financiera.Precisamente esta estrecha vinculaci�n determina que resulte
justificada, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
STC 233/99, la cita conjunta de los t�tulos competenciales recogidos
en el art�culo 149.1.14.�, sobre Hacienda general y Deuda del Estado,
y en el art�culo 149.1.18.�, sobre Bases del r�gimen jur�dico de
las Administraciones P�blicas. En este sentido, el Tribunal Constitucional
ha justificado no solo la cita conjunta de ambos t�tulos, sino con
car�cter limitado la prevalencia del referido a la Hacienda general
en supuestos determinados. As�, ha precisado que dado que frecuentemente
la regulaci�n de la Hacienda local estar� llamada a incidir sobre
dicho r�gimen jur�dico, solo de manera puntual podr� el Estado regular
con car�cter exclusivo tal materia haciendo prevalecer el otro t�tulo
competencial a que hace referencia en la actualidad, el art�culo 1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esto es, el de la
Hacienda general del art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n. As� ocurrir�, en efecto,
en aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por objeto
la regulaci�n de instituciones comunes a las distintas Haciendas
o de medidas de coordinaci�n entre la Hacienda estatal y las Haciendas
de las Corporaciones Locales. O tambi�n cuando su finalidad sea
la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales
garantizada por el art�culo 142 de la Constituci�n, en cuanto presupuesto
indispensable para el ejercicio de la autonom�a local constitucionalmente
reconocido en los Constituci�n. Constituci�n Espa�ola de 27 de diciembre de 1978
Art. 137. Organizaci�n territorial del Estado
Constituci�n. Constituci�n Espa�ola de 27 de diciembre de 1978
Art. 140. Autonom�a de los municipios
Art. 141. Provincias: gobierno y administraci�n aut�noma
art�culos 137, 140 y 141 de la Constituci�n.As�, la pol�tica presupuestaria de todos los poderes p�blicos,
incluidos los locales, deber� adecuarse a los principios rectores de
y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del art�culo 135 de la Constituci�n.Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su
competencia de reforma de la Administraci�n local para tratar de
definir con precisi�n las competencias que deben ser desarrolladas
por la Administraci�n local, diferenci�ndolas de las competencias estatales
y auton�micas. En este sentido, se enumera un listado de materias
en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias
propias, estableci�ndose una reserva formal de ley para su determinaci�n,
as� como una serie de garant�as para su concreci�n y ejercicio.
Las Entidades Locales no deben volver a asumir competencias que
no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiaci�n
adecuada. Por tanto, solo podr�n ejercer competencias distintas
de las propias o de las atribuidas por delegaci�n cuando no se ponga
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecuci�n simult�nea
del mismo servicio p�blico con otra Administraci�n P�blica. De igual
modo, la estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa
la celebraci�n de convenios entre administraciones y la eliminaci�n
de duplicidades administrativas.Por otra parte, la delegaci�n de competencias estatales
o auton�micas en los Municipios debe ir acompa�ada de la correspondiente
dotaci�n presupuestaria, su duraci�n no ser� inferior a los 5 a�os
y la Administraci�n que delega se reservar� los mecanismos de control
precisos para asegurar la adecuada prestaci�n del servicio delegado.Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar
el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares
o entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante la coordinaci�n
por las Diputaciones de determinados servicios m�nimos en los municipios
con poblaci�n inferior a 20.000 habitantes o la atribuci�n a �stas
de nuevas funciones como la prestaci�n de servicios de recaudaci�n
tributaria, administraci�n electr�nica o contrataci�n centralizada
en los municipios con poblaci�n inferior a 20.000 habitantes, su
participaci�n activa en la elaboraci�n y seguimiento en los planes
econ�mico-financieros o las labores de coordinaci�n y supervisi�n,
en colaboraci�n con las Comunidades Aut�nomas, de los procesos de
fusi�n de Municipios.A este respecto, cabe se�alar que por primera vez se introducen
medidas concretas para fomentar la fusi�n voluntaria de municipios
de forma que se potencie a los municipios que se fusionan ya que
contribuyen a racionalizar sus estructuras y superar la atomizaci�n
del mapa municipal.Entre estas medidas de incentivo se encuentran el incremento
de su financiaci�n, la preferencia en la asignaci�n de planes de
cooperaci�n local o de subvenciones, o la dispensa en la prestaci�n
de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional.
Adem�s, si se acordara entre los municipios fusionados alguno de
ellos podr�a funcionar como forma de organizaci�n desconcentrada,
lo que permitir�a conservar la identidad territorial y denominaci�n
de los municipios fusionados aunque pierdan su personalidad jur�dica.
Por �ltimo, estas medidas de fusiones municipales incentivadas,
que encuentran respaldo en la m�s reciente jurisprudencia constitucional,
STC 103/2013, de 25 de abril, supondr�n, en definitiva, que los
municipios fusionados percibir�n un aumento de la financiaci�n en
la medida en que los municipios de menor poblaci�n recibir�n menos
financiaci�n.Asimismo, se incluye una revisi�n del conjunto de las
entidades instrumentales que conforman el sector p�blico local,
una racionalizaci�n de sus �rganos de gobierno y una ordenaci�n
responsable de las retribuciones del personal al servicio de las
Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jur�dica
de su relaci�n con la Administraci�n.Los antecedentes inmediatos de la reestructuraci�n del
sector p�blico local son los acuerdos entre el Gobierno de la Naci�n y
las Entidades Locales de 7 de abril de 2010 y de 25 de enero de
2012. El primero, m�s gen�rico, definido como acuerdo marco con
las Entidades Locales sobre sostenibilidad de las finanzas p�blicas
2010-2013, establec�a la aprobaci�n por parte de dichas entidades
de un plan de racionalizaci�n de las estructuras de sus respectivos
sectores p�blicos, administrativos y empresariales, con el objetivo
de mejorar la eficiencia y reducir el gasto p�blico. El segundo,
definido como acuerdo de reordenaci�n y racionalizaci�n del sector
p�blico instrumental local y de control, eficiencia y reducci�n
del gasto p�blico gestionado por el mismo, persegu�a disciplinar
la actividad de las Administraciones P�blicas sin menoscabo de la
calidad de los servicios que prestan. Para ello consideraba como
eje principal las medidas de reducci�n de la dimensi�n del sector
p�blico local, lo que implicaba la necesidad de controlar su actividad
y racionalizar su organizaci�n.En ese contexto, se trata de impedir la participaci�n
o constituci�n de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando
est�n sujetas a un plan econ�mico-financiero o a un plan de ajuste.
En cuanto a las existentes que se encuentren en situaci�n deficitaria
se les exige su saneamiento, y, si �ste no se produce, se deber�
proceder a su disoluci�n. Por �ltimo, se proh�be, en todo caso,
la creaci�n de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir
unidades controladas por otras, que, a su vez, lo est�n por las
Entidades Locales. Esta prohibici�n, motivada por razones de eficiencia
y de racionalidad econ�mica, obliga a la disoluci�n de aquellas
que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el
plazo previsto.Por otra parte, se introducen nuevas medidas dirigidas
a la racionalizaci�n organizativa e integraci�n coordinada de servicios que,
junto a las ya previstas en el art�culo 21 de la Ley Org�nica de 2/2012, de 27 de abril, deber�n incluirse
en los planes econ�mico-financieros de las Entidades Locales.Asimismo, como medida de transparencia, se establece la
obligaci�n de determinar el coste efectivo de los servicios que
prestan las Entidades Locales, de acuerdo con criterios comunes,
y se dispone su remisi�n al Ministerio de Hacienda y Administraciones
P�blicas para su publicaci�n. Esta medida se considera un paso fundamental
en la mejora de la informaci�n disponible, eliminando asimetr�as,
para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administraci�n,
y contribuir� de forma permanente al aumento de la eficiencia. En
este sentido, con la publicaci�n agregada de la informaci�n de todos
los costes efectivos de los servicios prestados por todas las Entidades
Locales el Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas contribuye
a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia de conformidad
con el art�culo 7 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.Para lograr un control econ�mico-presupuestario m�s riguroso,
se refuerza el papel de la funci�n interventora en las Entidades
Locales. De este modo, a partir de ahora el Gobierno fijar� las
normas sobre los procedimientos de control, metodolog�a de aplicaci�n,
criterios de actuaci�n, as� como derechos y deberes en el desarrollo
de las funciones p�blicas necesarias en todas las Corporaciones
locales. Con ello, se viene a cubrir un vac�o legal y se hace posible
la aplicaci�n generalizada de t�cnicas, como la auditor�a en sus
diversas vertientes, a las Entidades Locales en t�rminos homog�neos
a los desarrollados en otros �mbitos del sector p�blico. Para ello,
se contar� con la participaci�n de la Intervenci�n General de la
Administraci�n del Estado.Asimismo, con el objeto de reforzar su independencia con
respecto a las Entidades Locales en las que prestan sus servicios los
funcionarios con habilitaci�n de car�cter nacional, corresponde
al Estado su selecci�n, formaci�n y habilitaci�n as� como la potestad
sancionadora en los casos de las infracciones m�s graves.Este planteamiento supondr� una mayor transparencia en
la informaci�n econ�mico financiera de las Entidades Locales, lo que
contribuir�, sin lugar a dudas, a mejorar la toma de decisiones
por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo
que tienen encomendado constitucionalmente.Consecuencia de ello, se estima oportuno clarificar y
deslindar el diferente �mbito de actuaci�n que es consustancial
a unas y otras funciones. As�, mientras que las propias del r�gimen
de intervenci�n y fiscalizaci�n quedan sujetas a par�metros de control y
fiscalizaci�n interna de la gesti�n econ�mico-financiera y presupuestaria,
las correspondientes a la actuaci�n del cargo electo quedan basadas
necesariamente en aspectos de oportunidad o conveniencia.En la l�nea de garantizar la profesionalidad y la eficacia
de las funciones de control interno, la Ley tambi�n regula el r�gimen de
los funcionarios de administraci�n local con habilitaci�n de car�cter
nacional.Finalmente, para favorecer la iniciativa econ�mica privada,
evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita
el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad
econ�mica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden
claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales
que ven�an heredados del pasado y que recaen sobre sectores econ�micos
pujantes en la actualidad.La presente Ley tiene como objeto principal modificar
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del R�gimen Local, as� como el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, se derogan,
entre otras, la disposici�n adicional segunda y la disposici�n transitoria s�ptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico
del Empleado P�blico, y se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico
Com�n, para incluir una nueva disposici�n adicional.Y del mismo modo, la presente Ley quiere contribuir a
dar un nuevo impulso a los objetivos y a los mandatos a los que
responda la vigente Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminaci�n
y Accesibilidad Universal de 2003 y, en particular, a la eliminaci�n
de barreras y obst�culos que puedan limitar la plena integraci�n,
la participaci�n, el acceso a la informaci�n y la igualdad de oportunidades
de las personas que padecen discapacidad.Por otra parte, la Ley incluye una serie de disposiciones
adicionales y de disposiciones transitorias, destacando aquellas
que se refieren a la asunci�n por las Comunidades Aut�nomas de las
competencias relativas a la salud y a servicios sociales, que quedan
referenciadas al que ser� el nuevo sistema de financiaci�n auton�mica
y de las Haciendas Locales.La Ley se cierra con una disposici�n derogatoria �nica
y seis disposiciones finales que aluden, entre otros elementos,
a los t�tulos competenciales en virtud de los que se aprueba esta
Ley y a su inmediata entrada en vigor.Art�culo primero. Modificaci�n de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local, queda modificada como sigue:Uno. El apartado 1 del art�culo 2 queda
redactado del siguiente modo:�1. Para la efectividad de la autonom�a
garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislaci�n
del Estado y la de las Comunidades Aut�nomas, reguladora de los
distintos sectores de acci�n p�blica, seg�n la distribuci�n constitucional
de competencias, deber� asegurar a los Municipios, las Provincias
y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente
al c�rculo de sus intereses, atribuy�ndoles las competencias que
proceda en atenci�n a las caracter�sticas de la actividad p�blica
de que se trate y a la capacidad de gesti�n de la Entidad Local,
de conformidad con los principios de descentralizaci�n, proximidad,
eficacia y eficiencia, y con estricta sujeci�n a la normativa de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.� Dos. El apartado 2 del art�culo 3 queda redactado del
siguiente modo:�2. Gozan, asimismo, de la condici�n de Entidades Locales:a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios,
instituidas por las Comunidades Aut�nomas de conformidad con esta
Ley y los correspondientes Estatutos de Autonom�a.b) Las �reas Metropolitanas.c) Las Mancomunidades de Municipios.� Tres. El art�culo
7 queda redactado del siguiente modo:�1. Las competencias de las Entidades Locales
son propias o atribuidas por delegaci�n.2. Las competencias propias de los Municipios,
las Provincias, las Islas y dem�s Entidades Locales territoriales
solo podr�n ser determinadas por Ley y se ejercen en r�gimen de
autonom�a y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la
debida coordinaci�n en su programaci�n y ejecuci�n con las dem�s
Administraciones P�blicas.3. El Estado y las Comunidades Aut�nomas,
en el ejercicio de sus respectivas competencias, podr�n delegar
en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.Las competencias delegadas se ejercen en
los t�rminos establecidos en la disposici�n o en el acuerdo de delegaci�n, seg�n
corresponda, con sujeci�n a las reglas establecidas en el art�culo
27, y prever�n t�cnicas de direcci�n y control de oportunidad y
eficiencia.4. Las Entidades Locales solo podr�n ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegaci�n cuando
no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto
de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislaci�n de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y no se incurra en un supuesto de ejecuci�n simult�nea del mismo
servicio p�blico con otra Administraci�n P�blica. A estos efectos,
ser�n necesarios y vinculantes los informes previos de la Administraci�n
competente por raz�n de materia, en el que se se�ale la inexistencia
de duplicidades, y de la Administraci�n que tenga atribuida la tutela
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.En todo caso, el ejercicio de estas competencias
deber� realizarse en los t�rminos previstos en la legislaci�n del
Estado y de las Comunidades Aut�nomas.� Cuatro. Se modifica el apartado 3 y se a�ade un nuevo
apartado 4 al art�culo 10 con la siguiente redacci�n:�3. En especial, la coordinaci�n de las
Entidades Locales tendr� por objeto asegurar el cumplimiento de
la legislaci�n de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.4. Las funciones de coordinaci�n ser�n compatibles
con la autonom�a de las Entidades Locales.� Cinco. Se modifica el art�culo 13 que queda redactado
como sigue:�Art�culo 13.1. La creaci�n o supresi�n de municipios,
as� como la alteraci�n de t�rminos municipales, se regular�n por
la legislaci�n de las Comunidades Aut�nomas sobre r�gimen local,
sin que la alteraci�n de t�rminos municipales pueda suponer, en
ning�n caso, modificaci�n de los l�mites provinciales. Requerir�n
en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del
Consejo de Estado o del �rgano consultivo superior de los Consejos
de Gobierno de las Comunidades Aut�nomas, si existiere, as� como
informe de la Administraci�n que ejerza la tutela financiera. Simult�neamente
a la petici�n de este dictamen se dar� conocimiento a la Administraci�n
General del Estado.2. La creaci�n de nuevos municipios solo
podr� realizarse sobre la base de n�cleos de poblaci�n territorialmente
diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios
resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos
suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales
y no suponga disminuci�n en la calidad de los servicios que ven�an
siendo prestados.3. Sin perjuicio de las competencias de
las Comunidades Aut�nomas, el Estado, atendiendo a criterios geogr�ficos,
sociales, econ�micos y culturales, podr� establecer medidas que
tiendan a fomentar la fusi�n de municipios con el fin de mejorar la
capacidad de gesti�n de los asuntos p�blicos locales.4. Los municipios, con independencia de
su poblaci�n, colindantes dentro de la misma provincia podr�n acordar
su fusi�n mediante un convenio de fusi�n, sin perjuicio del procedimiento
previsto en la normativa auton�mica. El nuevo municipio resultante
de la fusi�n no podr� segregarse hasta transcurridos diez a�os desde
la adopci�n del convenio de fusi�n.Al municipio resultante de esta fusi�n le
ser� de aplicaci�n lo siguiente:a) El coeficiente de ponderaci�n que resulte
de aplicaci�n de acuerdo con el art�culo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementar� en
0,10.b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la
capacidad tributaria que le corresponda en ning�n caso podr� ser
inferior al m�s elevado de los valores previos que tuvieran cada
municipio por separado antes de la fusi�n de acuerdo con el art�culo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.c) Su financiaci�n m�nima ser� la suma de
las financiaciones m�nimas que tuviera cada municipio por separado
antes de la fusi�n de acuerdo con el art�culo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.d) De la aplicaci�n de las reglas contenidas
en las letras anteriores no podr� derivarse, para cada ejercicio,
un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el art�culo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.e) Se sumar�n los importes de las compensaciones
que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen
y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Econ�micas
de la disposici�n adicional d�cima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, actualizadas en los mismos t�rminos que los ingresos
tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, as� como
la compensaci�n adicional, regulada en la disposici�n adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos
t�rminos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio
respecto a 2006.f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios
m�nimos de los previstos en el art�culo 26 que le corresponda por
raz�n de su aumento poblacional.g) Durante, al menos, los cinco primeros
a�os desde la adopci�n del convenio de fusi�n, tendr� preferencia
en la asignaci�n de planes de cooperaci�n local, subvenciones, convenios
u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podr�
prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.La fusi�n conllevar�:a) La integraci�n de los territorios, poblaciones
y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales,
materiales y econ�micos, del municipio fusionado. A estos efectos,
el Pleno de cada Corporaci�n aprobar� las medidas de redimensionamiento
para la adecuaci�n de las estructuras organizativas, inmobiliarias,
de personal y de recursos resultantes de su nueva situaci�n. De
la ejecuci�n de las citadas medidas no podr� derivarse incremento
alguno de la masa salarial en los municipios afectados.b) El �rgano del gobierno del nuevo municipio
resultante estar� constituido transitoriamente por la suma de los
concejales de los municipios fusionados en los t�rminos previstos
en la Ley Org�nica 5/1985, de 19 de junio, del R�gimen Electoral
General.c) Si se acordara en el Convenio de fusi�n,
cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podr� funcionar
como forma de organizaci�n desconcentrada de conformidad con lo
previsto en el art�culo 24 bis.d) El nuevo municipio se subrogar� en todos
los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio
de lo previsto en la letra e).e) Si uno de los municipios fusionados estuviera
en situaci�n de d�ficit se podr�n integrar, por acuerdo de los municipios fusionados,
las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren
liquidables en un fondo, sin personalidad jur�dica y con contabilidad
separada, adscrito al nuevo municipio, que designar� un liquidador
al que le corresponder� la liquidaci�n de este fondo. Esta liquidaci�n
deber� llevarse a cabo durante los cinco a�os siguientes desde la
adopci�n del convenio de fusi�n, sin perjuicio de los posibles derechos
que puedan corresponder a los acreedores. La aprobaci�n de las normas a
las que tendr� que ajustarse la contabilidad del fondo corresponder�
al Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, a propuesta
de la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado.f) El nuevo municipio aprobar� un nuevo
presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopci�n
del convenio de fusi�n.5. Las Diputaciones provinciales o entidades
equivalentes, en colaboraci�n con la Comunidad Aut�noma, coordinar�n
y supervisar�n la integraci�n de los servicios resultantes del proceso
de fusi�n.6. El convenio de fusi�n deber� ser aprobado
por mayor�a simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La
adopci�n de los acuerdos previstos en el art�culo 47.2, siempre
que traigan causa de una fusi�n, ser� por mayor�a simple de los
miembros de la corporaci�n.� Seis. Se modifica la letra f) del apartado 2 del art�culo
16 en los siguientes t�rminos:�f) N�mero de documento nacional de identidad
o, trat�ndose de extranjeros:- N�mero de la tarjeta de residencia en
vigor, expedida por las autoridades espa�olas, o en su defecto,
n�mero del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte
en vigor expedido por las autoridades del pa�s de procedencia, trat�ndose de
ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Uni�n Europea, de
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo
o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se
extienda el r�gimen jur�dico previsto para los ciudadanos de los
Estados mencionados.- N�mero de identificaci�n de extranjero
que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades
espa�olas o, en su defecto, por no ser titulares de �stos, el n�mero
del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del pa�s de
procedencia, trat�ndose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos
en el inciso anterior de este p�rrafo, salvo que, por virtud de
Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un r�gimen espec�fico
de exenci�n de visado en materia de peque�o tr�fico fronterizo con
el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso,
se exigir� el correspondiente visado.� Siete. Se incluye un nuevo art�culo 24 bis con la siguiente
redacci�n:�Art�culo 24 bis.1. Las leyes de las Comunidades Aut�nomas
sobre r�gimen local regular�n los entes de �mbito territorial inferior
al Municipio, que carecer�n de personalidad jur�dica, como forma
de organizaci�n desconcentrada del mismo para la administraci�n de
n�cleos de poblaci�n separados, bajo su denominaci�n tradicional
de caser�os, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos,
pedan�as, lugares anejos y otros an�logos, o aquella que establezcan
las leyes.2. La iniciativa corresponder� indistintamente
a la poblaci�n interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este
�ltimo debe ser o�do en todo caso.3. Solo podr�n crearse este tipo de entes
si resulta una opci�n m�s eficiente para la administraci�n desconcentrada
de n�cleos de poblaci�n separados de acuerdo con los principios
previstos en la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.� Ocho. El art�culo 25 queda redactado como sigue:�1. El Municipio, para la gesti�n de sus
intereses y en el �mbito de sus competencias, puede promover actividades
y prestar los servicios p�blicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los t�rminos previstos
en este art�culo.2. El Municipio ejercer� en todo caso como
competencias propias, en los t�rminos de la legislaci�n del Estado
y de las Comunidades Aut�nomas, en las siguientes materias:a) Urbanismo: planeamiento, gesti�n, ejecuci�n
y disciplina urban�stica. Protecci�n y gesti�n del Patrimonio hist�rico.
Promoci�n y gesti�n de la vivienda de protecci�n p�blica con criterios
de sostenibilidad financiera. Conservaci�n y rehabilitaci�n de la
edificaci�n.b) Medio ambiente urbano: en particular,
parques y jardines p�blicos, gesti�n de los residuos s�lidos urbanos
y protecci�n contra la contaminaci�n ac�stica, lum�nica y atmosf�rica
en las zonas urbanas.c) Abastecimiento de agua potable a domicilio
y evacuaci�n y tratamiento de aguas residuales.d) Infraestructura viaria y otros equipamientos
de su titularidad.e) Evaluaci�n e informaci�n de situaciones
de necesidad social y la atenci�n inmediata a personas en situaci�n
o riesgo de exclusi�n social.f) Polic�a local, protecci�n civil, prevenci�n
y extinci�n de incendios.g) Tr�fico, estacionamiento de veh�culos
y movilidad. Transporte colectivo urbano.h) Informaci�n y promoci�n de la actividad
tur�stica de inter�s y �mbito local.i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio
ambulante.j) Protecci�n de la salubridad p�blica.k) Cementerios y actividades funerarias.l) Promoci�n del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupaci�n del tiempo libre.m) Promoci�n de la cultura y equipamientos
culturales.n) Participar en la vigilancia del cumplimiento
educativas correspondientes en la obtenci�n de los solares necesarios
para la construcci�n de nuevos centros docentes. La conservaci�n,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros p�blicos de educaci�n infantil, de educaci�n
primaria o de educaci�n especial.�) Promoci�n en su t�rmino municipal de
la participaci�n de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible
de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones.3. Las competencias municipales en las materias
enunciadas en este art�culo se determinar�n por Ley debiendo evaluar la
conveniencia de la implantaci�n de servicios locales conforme a
los principios de descentralizaci�n, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera.4. La Ley a que se refiere el apartado anterior
deber� ir acompa�ada de una memoria econ�mica que refleje el impacto sobre
los recursos financieros de las Administraciones P�blicas afectadas
y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe
prever la dotaci�n de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar,
en ning�n caso, un mayor gasto de las Administraciones P�blicas.Los proyectos de leyes estatales se acompa�ar�n
de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas en
el que se acrediten los criterios antes se�alados.5. La Ley determinar� la competencia municipal
propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribuci�n simult�nea
de la misma competencia a otra Administraci�n P�blica�.Nueve. El art�culo 26 queda redactado como sigue:�1. Los Municipios deber�n prestar, en todo
caso, los servicios siguientes:a) En todos los Municipios: alumbrado p�blico,
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los n�cleos
de poblaci�n y pavimentaci�n de las v�as p�blicas.b) En los Municipios con poblaci�n superior
a 5.000 habitantes, adem�s: parque p�blico, biblioteca p�blica y
tratamiento de residuos.c) En los Municipios con poblaci�n superior
a 20.000 habitantes, adem�s: protecci�n civil, evaluaci�n e informaci�n
de situaciones de necesidad social y la atenci�n inmediata a personas
en situaci�n o riesgo de exclusi�n social, prevenci�n y extinci�n
de incendios e instalaciones deportivas de uso p�blico.d) En los Municipios con poblaci�n superior
a 50.000 habitantes, adem�s: transporte colectivo urbano de viajeros
y medio ambiente urbano.2. En los municipios con poblaci�n inferior
a 20.000 habitantes ser� la Diputaci�n provincial o entidad equivalente
la que coordinar� la prestaci�n de los siguientes servicios:a) Recogida y tratamiento de residuos.b) Abastecimiento de agua potable a domicilio
y evacuaci�n y tratamiento de aguas residuales.c) Limpieza viaria.d) Acceso a los n�cleos de poblaci�n.e) Pavimentaci�n de v�as urbanas.f) Alumbrado p�blico.Para coordinar la citada prestaci�n de servicios
la Diputaci�n propondr�, con la conformidad de los municipios afectados, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas la forma de prestaci�n,
consistente en la prestaci�n directa por la Diputaci�n o la implantaci�n
de f�rmulas de gesti�n compartida a trav�s de consorcios, mancomunidades
u otras f�rmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios
el mencionado Ministerio decidir� sobre la propuesta formulada que
deber� contar con el informe preceptivo de la Comunidad Aut�noma
si es la Administraci�n que ejerce la tutela financiera.Cuando el municipio justifique ante la Diputaci�n
que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que
el derivado de la forma de gesti�n propuesta por la Diputaci�n provincial
o entidad equivalente, el municipio podr� asumir la prestaci�n y
coordinaci�n de estos servicios si la Diputaci�n lo considera acreditado.Cuando la Diputaci�n o entidad equivalente
asuma la prestaci�n de estos servicios repercutir� a los municipios
el coste efectivo del servicio en funci�n de su uso. Si estos servicios
estuvieran financiados por tasas y asume su prestaci�n la Diputaci�n
o entidad equivalente, ser� a �sta a quien vaya destinada la tasa
para la financiaci�n de los servicios.3. La asistencia de las Diputaciones o entidades
equivalentes a los Municipios, prevista en el art�culo 36, se dirigir�
preferentemente al establecimiento y adecuada prestaci�n de los
servicios m�nimos.� Diez. El art�culo 27 queda redactado como sigue:�1. El Estado y las Comunidades Aut�nomas,
en los Municipios el ejercicio de sus competencias.La delegaci�n habr� de mejorar la eficiencia
de la gesti�n p�blica, contribuir a eliminar duplicidades administrativas
y ser acorde con la legislaci�n de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.La delegaci�n deber� determinar el alcance,
contenido, condiciones y duraci�n de �sta, que no podr� ser inferior
a cinco a�os, as� como el control de eficiencia que se reserve la
Administraci�n delegante y los medios personales, materiales y econ�micos,
que �sta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones
P�blicas.La delegaci�n deber� acompa�arse de una
memoria econ�mica donde se justifiquen los principios a que se refiere
el p�rrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el
gasto de las Administraciones P�blicas afectadas sin que, en ning�n
caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas.2. Cuando el Estado o las Comunidades Aut�nomas
deleguen en dos o m�s municipios de la misma provincia una o varias competencias
comunes, dicha delegaci�n deber� realizarse siguiendo criterios
homog�neos.La Administraci�n delegante podr� solicitar
la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes
para la coordinaci�n y seguimiento de las delegaciones previstas
en este apartado.3. Con el objeto de evitar duplicidades
administrativas, mejorar la transparencia de los servicios p�blicos
y el servicio a la ciudadan�a y, en general, contribuir a los procesos
de racionalizaci�n administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la
Administraci�n del Estado y las de las Comunidades Aut�nomas podr�n
delegar, siguiendo criterios homog�neos, entre otras, las siguientes
competencias:a) Vigilancia y control de la contaminaci�n
ambiental.b) Protecci�n del medio natural.c) Prestaci�n de los servicios sociales,
promoci�n de la igualdad de oportunidades y la prevenci�n de la
violencia contra la mujer.d) Conservaci�n o mantenimiento de centros
sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Aut�noma.e) Creaci�n, mantenimiento y gesti�n de
las escuelas infantiles de educaci�n de titularidad p�blica de primer
ciclo de educaci�n infantil.f) Realizaci�n de actividades complementarias
en los centros docentes.g) Gesti�n de instalaciones culturales de
titularidad de la Comunidad Aut�noma o del Estado, con estricta
sujeci�n al alcance y condiciones que derivan del art�culo 149.1.28.� de la Constituci�n Espa�ola.h) Gesti�n de las instalaciones deportivas
de titularidad de la Comunidad Aut�noma o del Estado, incluyendo
las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario
lectivo.i) Inspecci�n y sanci�n de establecimientos
y actividades comerciales.j) Promoci�n y gesti�n tur�stica.k) Comunicaci�n, autorizaci�n, inspecci�n
y sanci�n de los espect�culos p�blicos.l) Liquidaci�n y recaudaci�n de tributos
propios de la Comunidad Aut�noma o del Estado.m) Inscripci�n de asociaciones, empresas
o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Aut�noma
o de la Administraci�n del Estado.n) Gesti�n de oficinas unificadas de informaci�n
y tramitaci�n administrativa.o) Cooperaci�n con la Administraci�n educativa
a trav�s de los centros asociados de la Universidad Nacional de
Educaci�n a Distancia.4. La Administraci�n delegante podr�, para
dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar
instrucciones t�cnicas de car�cter general y recabar, en cualquier
momento, informaci�n sobre la gesti�n municipal, as� como enviar
comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanaci�n
de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las
directrices, denegaci�n de las informaciones solicitadas, o inobservancia
de los requerimientos formulados, la Administraci�n delegante podr�
revocar la delegaci�n o ejecutar por s� misma la competencia delegada
en sustituci�n del Municipio. Los actos del Municipio podr�n ser
recurridos ante los �rganos competentes de la Administraci�n delegante.5. La efectividad de la delegaci�n requerir�
su aceptaci�n por el Municipio interesado.6. La delegaci�n habr� de ir acompa�ada
en todo caso de la correspondiente financiaci�n, para lo cual ser�
necesaria la existencia de dotaci�n presupuestaria adecuada y suficiente
en los presupuestos de la Administraci�n delegante para cada ejercicio
econ�mico, siendo nula sin dicha dotaci�n.El incumplimiento de las obligaciones financieras
por parte de la Administraci�n auton�mica delegante facultar� a
la Entidad Local delegada para compensarlas autom�ticamente con
otras obligaciones financieras que �sta tenga con aqu�lla.7. La disposici�n o acuerdo de delegaci�n
establecer� las causas de revocaci�n o renuncia de la delegaci�n.
Entre las causas de renuncia estar� el incumplimiento de las obligaciones
financieras por parte de la Administraci�n delegante o cuando, por
circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad
de su desempe�o por la Administraci�n en la que han sido delegadas
sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo
de renuncia se adoptar� por el Pleno de la respectiva Entidad Local.8. Las competencias delegadas se ejercen
con arreglo a la legislaci�n del Estado o de las Comunidades Aut�nomas.� Once. Se suprime el contenido del art�culo 28.Doce. Se introduce un nuevo art�culo 32 bis con la siguiente
redacci�n:�Art�culo 32 bis. Personal Directivo
de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.El nombramiento del personal directivo que, en su caso,
hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deber� efectuarse
de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia,
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Aut�nomas,
de las Entidades Locales o con habilitaci�n de car�cter nacional
que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo
A1, salvo que el correspondiente Reglamento Org�nico permita que,
en atenci�n a las caracter�sticas espec�ficas de las funciones de
tales �rganos directivos, su titular no re�na dicha condici�n de
funcionario.�Trece. Se modifica el art�culo 36, que queda redactado
de la siguiente forma:�1. Son competencias propias de la Diputaci�n
o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las
leyes del Estado y de las Comunidades Aut�nomas en los diferentes
sectores de la acci�n p�blica y, en todo caso, las siguientes:a) La coordinaci�n de los servicios municipales
entre s� para la garant�a de la prestaci�n integral y adecuada a
que se refiere el apartado a) del n�mero 2 del art�culo 31.b) La asistencia y cooperaci�n jur�dica,
econ�mica y t�cnica a los Municipios, especialmente los de menor
capacidad econ�mica y de gesti�n. En todo caso garantizar� en los
municipios de menos de 1.000 habitantes la prestaci�n de los servicios de
secretar�a e intervenci�n.c) La prestaci�n de servicios p�blicos de
car�cter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento
o, en su caso, coordinaci�n de la prestaci�n unificada de servicios
de los municipios de su respectivo �mbito territorial. En particular,
asumir� la prestaci�n de los servicios de tratamiento de residuos
en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevenci�n
y extinci�n de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando
�stos no procedan a su prestaci�n.d) La cooperaci�n en el fomento del desarrollo
econ�mico y social y en la planificaci�n en el territorio provincial,
de acuerdo con las competencias de las dem�s Administraciones P�blicas
en este �mbito.e) El ejercicio de funciones de coordinaci�n
en los casos previstos en el art�culo 116 bis.f) Asistencia en la prestaci�n de los servicios
de gesti�n de la recaudaci�n tributaria, en periodo voluntario y
ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gesti�n financiera de los
municipios con poblaci�n inferior a 20.000 habitantes.g) La prestaci�n de los servicios de administraci�n
electr�nica y la contrataci�n centralizada en los municipios con
poblaci�n inferior a 20.000 habitantes.h) El seguimiento de los costes efectivos
de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando
la Diputaci�n detecte que estos costes son superiores a los de los
servicios coordinados o prestados por ella, ofrecer� a los municipios su
colaboraci�n para una gesti�n coordinada m�s eficiente de los servicios
que permita reducir estos costes.i) La coordinaci�n mediante convenio, con
la Comunidad Aut�noma respectiva, de la prestaci�n del servicio
de mantenimiento y limpieza de los consultorios m�dicos en los municipios
con poblaci�n inferior a 5000 habitantes.2. A los efectos de lo dispuesto en las
letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputaci�n o entidad
equivalente:a) Aprueba anualmente un plan provincial
de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal,
en cuya elaboraci�n deben participar los Municipios de la Provincia.
El plan, que deber� contener una memoria justificativa de sus objetivos
y de los criterios de distribuci�n de los fondos, criterios que
en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que
estar� el an�lisis de los costes efectivos de los servicios de los
municipios, podr� financiarse con medios propios de la Diputaci�n
o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones
que acuerden la Comunidad Aut�noma y el Estado con cargo a sus respectivos
presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los
Estatutos de Autonom�a y de las anteriormente asumidas y ratificadas
por �stos, la Comunidad Aut�noma asegura, en su territorio, la coordinaci�n
de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto
en el art�culo 59 de esta Ley.Cuando la Diputaci�n detecte que los costes
efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores
a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluir�
en el plan provincial f�rmulas de prestaci�n unificada o supramunicipal
para reducir sus costes efectivos.El Estado y la Comunidad Aut�noma, en su
caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y
condiciones en su utilizaci�n o empleo y tendr�n en cuenta el an�lisis
de los costes efectivos de los servicios de los municipios.b) Asegura el acceso de la poblaci�n de
la Provincia al conjunto de los servicios m�nimos de competencia
municipal y a la mayor eficacia y econom�a en la prestaci�n de �stos
mediante cualesquiera f�rmulas de asistencia y cooperaci�n municipal.Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades
equivalentes podr�n otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus
recursos propios para la realizaci�n y el mantenimiento de obras
y servicios municipales, que se instrumentar�n a trav�s de planes
especiales u otros instrumentos espec�ficos.c) Garantiza el desempe�o de las funciones
p�blicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la
selecci�n y formaci�n de su personal sin perjuicio de la actividad
desarrollada en estas materias por la Administraci�n del Estado
y la de las Comunidades Aut�nomas.d) Da soporte a los Ayuntamientos para la
tramitaci�n de procedimientos administrativos y realizaci�n de actividades
materiales y de gesti�n, asumi�ndolas cuando aqu�llos se las encomienden.� Catorce. El art�culo 45 queda sin contenido.Quince. El art�culo 55 queda redactado como sigue:�Art�culo 55.Para la efectiva coordinaci�n y eficacia
administrativa, la Administraci�n General del Estado, as� como las
Administraciones auton�mica y local, de acuerdo con el principio
de lealtad institucional, deber�n en sus relaciones rec�procas:a) Respetar el ejercicio leg�timo por las
otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que
del mismo se deriven para las propias.b) Ponderar, en la actuaci�n de las competencias
propias, la totalidad de los intereses p�blicos implicados y, en
concreto, aquellos cuya gesti�n est� encomendada a otras Administraciones.c) Valorar el impacto que sus actuaciones,
en materia presupuestaria y financiera, pudieran provocar en el
resto de Administraciones P�blicas.d) Facilitar a las otras Administraciones
la informaci�n sobre la propia gesti�n que sea relevante para el
adecuado desarrollo por �stas de sus cometidos.e) Prestar, en el �mbito propio, la cooperaci�n
y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar
para el eficaz cumplimiento de sus tareas.� Diecis�is. El art�culo 57 queda redactado como sigue:�Art�culo 57.1. La cooperaci�n econ�mica, t�cnica y administrativa
entre la Administraci�n local y las Administraciones del Estado
y de las Comunidades Aut�nomas, tanto en servicios locales como
en asuntos de inter�s com�n, se desarrollar� con car�cter voluntario,
bajo las formas y en los t�rminos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios
administrativos que suscriban.De cada acuerdo de cooperaci�n formalizado
por alguna de estas Administraciones se dar� comunicaci�n a aquellas
otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo,
a los efectos de mantener una rec�proca y constante informaci�n.2. La suscripci�n de convenios y constituci�n
de consorcios deber� mejorar la eficiencia de la gesti�n p�blica,
eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislaci�n
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.3. La constituci�n de un consorcio solo
podr� tener lugar cuando la cooperaci�n no pueda formalizarse a
trav�s de un convenio y siempre que, en t�rminos de eficiencia econ�mica,
aqu�lla permita una asignaci�n m�s eficiente de los recursos econ�micos.
En todo caso, habr� de verificarse que la constituci�n del consorcio
no pondr� en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de
la Hacienda de la Entidad Local de que se trate, as� como del propio
consorcio, que no podr� demandar m�s recursos de los inicialmente
previstos.� Diecisiete. Se incluye un nuevo art�culo 57 bis con la
siguiente redacci�n:�Art�culo 57 bis.
Garant�a de pago en el ejercicio de competencias delegadas.1. Si las Comunidades Aut�nomas delegan
competencias o suscriben convenios de colaboraci�n con las Entidades
Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de
pago a cargo de las Comunidades Aut�nomas, ser� necesario que �stas
incluyan una cl�usula de garant�a del cumplimiento de estos compromisos
consistente en la autorizaci�n a la Administraci�n General del Estado
a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan
por aplicaci�n de su sistema de financiaci�n. La citada cl�usula
deber� establecer, en todo caso, los plazos para la realizaci�n
de los pagos comprometidos, para la reclamaci�n por parte de la
Entidad Local en caso de incumplimiento por parte de la Comunidad
Aut�noma de la obligaci�n que hubiere contra�do y para la comunicaci�n
a la Administraci�n General del Estado de haberse producido dicho
incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se
pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y
Administraciones P�blicas a la que se refiere el apartado 3 de este
art�culo. Para la aplicaci�n de esta cl�usula no ser� precisa la
autorizaci�n previa a la que hace referencia la disposici�n adicional
septuag�sima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el a�o 2013.2. Los acuerdos de delegaci�n de competencias
y convenios de colaboraci�n que, a la entrada en vigor de la presente norma,
hayan sido objeto de pr�rroga, expresa o t�cita, por tiempo determinado,
s�lo podr�n volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en
los mismos la cl�usula de garant�a a la que hace referencia el apartado
anterior. Esta norma ser� de aplicaci�n a aquellos acuerdos que
se puedan prorrogar, expresa o t�citamente, por vez primera con
posterioridad a la citada entrada en vigor.3. El procedimiento para la aplicaci�n de
las retenciones mencionadas en el apartado 1 anterior y la correspondiente
puesta a disposici�n a favor de las Entidades Locales de los fondos
retenidos a las Comunidades Aut�nomas se regular� mediante Orden
del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas a la que
se refiere la disposici�n adicional septuag�sima segunda de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el a�o 2013.� Dieciocho. Se introduce un nuevo art�culo 75 bis con la
siguiente redacci�n:�Art�culo 75 bis.
R�gimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales
y del personal al servicio de las Entidades Locales.1. Los miembros de las Corporaciones Locales
ser�n retribuidos por el ejercicio de su cargo en los t�rminos establecidos en
el art�culo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinar�n,
anualmente, el l�mite m�ximo total que pueden percibir los miembros
de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos
y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan
derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situaci�n
de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza
de la Corporaci�n local y a su poblaci�n seg�n la siguiente tabla:�
�Los miembros de Corporaciones locales de
poblaci�n inferior a 1.000 habitantes no tendr�n dedicaci�n exclusiva.
Excepcionalmente, podr�n desempe�ar sus cargos con dedicaci�n parcial,
percibiendo sus retribuciones dentro de los l�mites m�ximos se�alados
al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.2. Sin perjuicio de la regla general establecida
en el apartado anterior, en el caso de las retribuciones de los
Presidentes de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes,
tendr�n un l�mite m�ximo por todos los conceptos retributivos y asistencias
que ser� igual a la retribuci�n del tramo correspondiente al Alcalde
o Presidente de la Corporaci�n municipal m�s poblada de su provincia.En el caso de los Cabildos y Consejos Insulares,
sus Presidentes tendr�n un l�mite m�ximo por todos los conceptos
retributivos y asistencias referenciado a la retribuci�n del tramo
correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporaci�n municipal
m�s poblada de su provincia, seg�n la siguiente tabla:�
M�s de 150.000
Alcalde o Presidente de la Corporaci�n
municipal m�s poblada de su provincia.
70% del Alcalde o Presidente de
la Corporaci�n municipal m�s poblada de su provincia.
50% del Alcalde o Presidente de
�Los concejales que sean proclamados diputados
provinciales o equivalentes deber�n optar por mantener el r�gimen
de dedicaci�n exclusiva en una u otra Entidad Local, sin que en
ning�n caso puedan acumularse ambos reg�menes de dedicaci�n.3. Solo los miembros de la Corporaci�n que
no tengan dedicaci�n exclusiva ni dedicaci�n parcial percibir�n
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los �rganos
colegiados de la Corporaci�n de que formen parte, en la cuant�a se�alada
por el Pleno de la misma.4. En el marco de lo establecido en la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, y en el art�culo 93.2 de esta Ley,
las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podr�n establecer
un l�mite m�ximo y m�nimo total que por todos los conceptos retributivos
pueda percibir el personal al servicio de las Entidades Locales
y entidades de ellas dependientes en funci�n del grupo profesional
de los funcionarios p�blicos o equivalente del personal laboral,
as� como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado de cada a�o.� Diecinueve. Se introduce un nuevo art�culo 75 ter con
la siguiente redacci�n:�Art�culo 75 ter.
Limitaci�n en el n�mero de los cargos p�blicos de las Entidades
Locales con dedicaci�n exclusiva.1. De conformidad con lo establecido en
el art�culo 75 de esta Ley, la prestaci�n de servicios en los Ayuntamientos
en r�gimen de dedicaci�n exclusiva por parte de sus miembros deber�
ajustarse en todo caso a los siguientes l�mites:a) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n inferior a 1.000 habitantes, ning�n miembro podr� prestar
sus servicios en r�gimen de dedicaci�n exclusiva.b) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 1.001 y 2.000 habitantes, solo un miembro
podr� prestar sus servicios en r�gimen de dedicaci�n exclusiva.c) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros
que podr�n prestar sus servicios en r�gimen de dedicaci�n exclusiva
no exceder� de dos.d) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros
no exceder� de tres.e) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros
no exceder� de cinco.f) En Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podr�n
prestar sus servicios en r�gimen de dedicaci�n exclusiva no exceder�
de siete.g) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros
no exceder� de diez.h) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros
no exceder� de once.i) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros
no exceder� de quince.j) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros
no exceder� de dieciocho.k) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros
no exceder� de veinte.l) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes, los miembros
no exceder� de veintid�s.m) En los Ayuntamientos de Municipios con
poblaci�n comprendida entre 700.001 y 1.000.000 habitantes, los
miembros que podr�n prestar sus servicios en r�gimen de dedicaci�n
exclusiva no exceder� de veinticinco.n) En los Ayuntamientos de Municipios de
Madrid y Barcelona, los miembros que podr�n prestar sus servicios
en r�gimen de dedicaci�n exclusiva no exceder�n, respectivamente,
de cuarenta y cinco y de treinta y dos.2. El n�mero m�ximo de miembros que podr�n
prestar sus servicios en r�gimen de dedicaci�n exclusiva en las
Diputaciones provinciales ser� el mismo que el del tramo correspondiente
a la Corporaci�n del municipio m�s poblado de su provincia.3. En los Cabildos y Consejos Insulares
el n�mero m�ximo de miembros que podr�n prestar sus servicios en
r�gimen de dedicaci�n exclusiva se determinar� en funci�n del siguiente
criterio: en las islas con m�s de 800.000 habitantes se reduce en
2 respecto al n�mero actual de miembros de cabildo, y en las de
menos de 800.000 habitantes el 60% de los cargos electos en cada
Cabildo Insular.� Veinte. Se modifica el art�culo 84 bis que queda redactado
como sigue:�Art�culo 84 bis.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo
anterior, con car�cter general, el ejercicio de actividades no se
someter� a la obtenci�n de licencia u otro medio de control preventivo.No obstante, podr� exigirse una licencia
u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades
econ�micas:a) Cuando est� justificado por razones de
orden p�blico, seguridad p�blica, salud p�blica o protecci�n del
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad,
y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentaci�n
de una declaraci�n responsable o de una comunicaci�n.b) Cuando por la escasez de recursos naturales,
la utilizaci�n de dominio p�blico, la existencia de inequ�vocos
impedimentos t�cnicos o en funci�n de la existencia de servicios
p�blicos sometidos a tarifas reguladas, el n�mero de operadores econ�micos
del mercado sea limitado.2. Las instalaciones o infraestructuras
f�sicas para el ejercicio de actividades econ�micas solo se someter�n
a un r�gimen de autorizaci�n cuando lo establezca una Ley que defina
sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar da�os
sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud
p�blicas y el patrimonio hist�rico y resulte proporcionado. La evaluaci�n
de este riesgo se determinar� en funci�n de las caracter�sticas
de las instalaciones, entre las que estar�n las siguientes:a) La potencia el�ctrica o energ�tica de
la instalaci�n.b) La capacidad o aforo de la instalaci�n.c) La contaminaci�n ac�stica.d) La composici�n de las aguas residuales
que emita la instalaci�n y su capacidad de depuraci�n.e) La existencia de materiales inflamables
o contaminantes.f) Las instalaciones que afecten a bienes
declarados integrantes del patrimonio hist�rico.3. En caso de existencia de licencias o
autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administraci�n,
la Entidad Local deber� motivar expresamente en la justificaci�n
de la necesidad de la autorizaci�n o licencia el inter�s general concreto
que se pretende proteger y que �ste no se encuentra ya cubierto
mediante otra autorizaci�n ya existente.� Veintiuno. Se suprime el apartado 3, y se modifica el
apartado 2 del art�culo 85, que queda redactado como sigue:�2. Los servicios p�blicos de competencia
local habr�n de gestionarse de la forma m�s sostenible y eficiente
de entre las enumeradas a continuaci�n:A) Gesti�n directa:a) Gesti�n por la propia Entidad Local.b) Organismo aut�nomo local.c) Entidad p�blica empresarial local.d) Sociedad mercantil local, cuyo capital
social sea de titularidad p�blica.Solo podr� hacerse uso de las formas previstas
en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa
elaborada al efecto que resultan m�s sostenibles y eficientes que
las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deber�n
tener en cuenta los criterios de rentabilidad econ�mica y recuperaci�n
de la inversi�n. Adem�s, deber� constar en el expediente la memoria
justificativa del asesoramiento recibido que se elevar� al Pleno
para su aprobaci�n en donde se incluir�n los informes sobre el coste
del servicio, as� como, el apoyo t�cnico recibido, que deber�n ser
publicitados. A estos efectos, se recabar� informe del interventor
local quien valorar� la sostenibilidad financiera de las propuestas
planteadas, de conformidad con lo previsto en el art�culo 4 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.B) Gesti�n indirecta, mediante las distintas
formas previstas para el contrato de gesti�n de servicios p�blicos
en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.La forma de gesti�n por la que se opte deber�
tener en cuenta lo dispuesto en el art�culo 9 del Estatuto B�sico del Empleado
P�blico, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta
al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios
p�blicos.� Veintid�s. Se modifica el apartado 2 del art�culo 85 ter
que queda redactado como sigue:�2. La sociedad deber� adoptar una de las formas previstas
en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura
de constituci�n constar� el capital que deber� ser aportado por
las Administraciones P�blicas o por las entidades del sector p�blico
dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.�Veintitr�s. El art�culo 86 queda redactado como sigue:�1. Las Entidades Locales podr�n ejercer
la iniciativa p�blica para el desarrollo de actividades econ�micas,
siempre que est� garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y
oportunidad de la medida habr� de justificarse que la iniciativa
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto
de la Hacienda municipal debiendo contener un an�lisis del mercado,
relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad
y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia
empresarial.Corresponde al pleno de la respectiva Corporaci�n
local la aprobaci�n del expediente, que determinar� la forma concreta de
gesti�n del servicio.2. Se declara la reserva en favor de las
Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios esenciales:
abastecimiento domiciliario y depuraci�n de aguas; recogida, tratamiento
y aprovechamiento de residuos, y transporte p�blico de viajeros,
de conformidad con lo previsto en la legislaci�n sectorial aplicable.
El Estado y las Comunidades Aut�nomas, en el �mbito de sus respectivas
competencias, podr�n establecer, mediante Ley, id�ntica reserva
para otras actividades y servicios.La efectiva ejecuci�n de estas actividades
en r�gimen de monopolio requiere, adem�s del acuerdo de aprobaci�n
del pleno de la correspondiente Corporaci�n local, la aprobaci�n
por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma.3. En todo caso, la Administraci�n del Estado
podr� impugnar los actos y acuerdos previstos en este art�culo,
con arreglo a lo dispuesto en el Cap�tulo III del T�tulo V de esta
Ley, cuando incumplan la legislaci�n de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.� Veinticuatro. El art�culo 92 queda redactado como sigue:�Art�culo 92. Funcionarios
al servicio de la Administraci�n local.1. Los funcionarios al servicio de la Administraci�n
local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico
del Empleado P�blico, por la restante legislaci�n del Estado en
materia de funci�n p�blica, as� como por la legislaci�n de las Comunidades
Aut�nomas, en los t�rminos del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n.2. Con car�cter general, los puestos de
trabajo en la Administraci�n local y sus Organismos Aut�nomos ser�n
desempe�ados por personal funcionario.3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios
de carrera al servicio de la Administraci�n local el ejercicio de
las funciones que impliquen la participaci�n directa o indirecta
en el ejercicio de las potestades p�blicas o en la salvaguardia
de los intereses generales. Igualmente son funciones p�blicas, cuyo
cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que
impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en
desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para
la mejor garant�a de la objetividad, imparcialidad e independencia
en el ejercicio de la funci�n.� Veinticinco. Se incluye un nuevo art�culo 92 bis con la
siguiente redacci�n:�Art�culo 92 bis.
Funcionarios de administraci�n local con habilitaci�n de car�cter
nacional.1. Son funciones p�blicas necesarias en
todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa
est� reservada a funcionarios de administraci�n local con habilitaci�n
de car�cter nacional:a) La de Secretar�a, comprensiva de la fe
p�blica y el asesoramiento legal preceptivo.b) El control y la fiscalizaci�n interna
de la gesti�n econ�mico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad,
tesorer�a y recaudaci�n.No obstante, en los municipios de gran poblaci�n
se tendr� en cuenta lo dispuesto en el T�tulo X de la presente Ley
y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulaci�n contenida
en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de R�gimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que
se regula el R�gimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente.2. La escala de funcionarios de administraci�n
local con habilitaci�n de car�cter nacional se subdivide en las
siguientes subescalas:a) Secretar�a, a la que corresponden las
funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior.b) Intervenci�n-tesorer�a, a la que corresponden
las funciones contenidas en el apartado 1.b).c) Secretar�a-intervenci�n a la que corresponden
las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 1.b), salvo la
funci�n de tesorer�a.3. Los funcionarios de las subescalas de
Secretar�a e Intervenci�n-tesorer�a estar�n integrados en una de
estas dos categor�as: entrada o superior.4. El Gobierno, mediante real decreto, regular�
las especialidades de la creaci�n, clasificaci�n y supresi�n de
puestos reservados a funcionarios de administraci�n local con habilitaci�n
de car�cter nacional as� como las que puedan corresponder a su r�gimen
disciplinario y de situaciones administrativas.5. La aprobaci�n de la oferta de empleo
p�blico, selecci�n, formaci�n y habilitaci�n de los funcionarios
de administraci�n local con habilitaci�n de car�cter nacional corresponde
al Estado, a trav�s del Ministerio de Hacienda y Administraciones
P�blicas, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.6. El Gobierno, mediante real decreto, regular�
las especialidades correspondientes de la forma de provisi�n de
de car�cter nacional. En todo caso, el concurso ser� el sistema
normal de provisi�n de puestos de trabajo. El �mbito territorial
de los concursos ser� de car�cter estatal.Los m�ritos generales, de preceptiva valoraci�n,
se determinar�n por la Administraci�n del Estado, y su puntuaci�n
alcanzar� un m�nimo del 80% del total posible conforme al baremo
correspondiente. Los m�ritos correspondientes a las especialidades
de la Comunidad Aut�noma se fijar�n por cada una de ellas y su puntuaci�n
podr� alcanzar hasta un 15% del total posible. Los m�ritos correspondientes
a las especialidades de la Corporaci�n local se fijar�n por �sta,
y su puntuaci�n alcanzar� hasta un 5% del total posible.Existir�n dos concursos anuales: el concurso
ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario ser� convocado
por la Administraci�n del Estado. Las Corporaciones locales con
puestos vacantes aprobar�n las bases del concurso ordinario, de acuerdo
con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en
el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuar�n las
convocatorias, remiti�ndolas a la correspondiente Comunidad Aut�noma
para su publicaci�n simult�nea en los diarios oficiales.Excepcionalmente, los puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administraci�n local con habilitaci�n
de car�cter nacional podr�n cubrirse por el sistema de libre designaci�n,
en los municipios incluidos en el �mbito subjetivo definido en los art�culos
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, as� como las Diputaciones
Provinciales, �reas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares
y las ciudades con estatuto de autonom�a de Ceuta y Melilla, entre
funcionarios de la subescala y categor�a correspondiente. Cuando
se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones
contenidas en el apartado 1.b) de este art�culo, ser� precisa la
autorizaci�n expresa del �rgano competente de la Administraci�n
General del Estado en materia de Haciendas locales.Igualmente, ser� necesario informe preceptivo
previo del �rgano competente de la Administraci�n General del Estado
en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios
que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b)
de este art�culo y que hubieran sido nombrados por libre designaci�n.En caso de cese de un puesto de libre designaci�n,
la Corporaci�n local deber� asignar al funcionario cesado un puesto de
trabajo de su mismo grupo de titulaci�n.7. Las Comunidades Aut�nomas efectuar�n,
de acuerdo con la normativa establecida por la Administraci�n del
Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitaci�n
de car�cter nacional, as� como las comisiones de servicios, acumulaciones,
nombramientos de personal interino y de personal accidental.8. Los funcionarios deber�n permanecer en
cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un m�nimo de dos
a�os para poder participar en los concursos de provisi�n de puestos
de trabajo o ser nombrados con car�cter provisional en otro puesto de
trabajo, salvo en el �mbito de una misma Entidad Local.Excepcionalmente, antes del transcurso de
dicho plazo, se podr�n efectuar nombramientos con car�cter provisional
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, siempre
que existan razones y circunstancias que requieran la cobertura
del puesto con car�cter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad
de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido
en el p�rrafo anterior.Reglamentariamente se establecer�n las circunstancias
excepcionales que justifiquen la solicitud de un nombramiento provisional,
debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, el posible perjuicio o
menoscabo que se generar�a en la Entidad Local en la que se ocupe
el puesto en el momento de la solicitud.9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones
P�blicas existir� un Registro de funcionarios de administraci�n
local con habilitaci�n de car�cter nacional integrado con las Comunidades
Aut�nomas, donde se inscribir�n y anotar�n todos los actos que afecten
a la vida administrativa de estos funcionarios.10. Son �rganos competentes para la incoaci�n
de expedientes disciplinarios a los funcionarios de administraci�n
local con habilitaci�n de car�cter nacional los siguientes:a) El �rgano correspondiente de la Corporaci�n
donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le imputan,
cuando pudieran ser constitutivos de falta leve.b) La Comunidad Aut�noma respecto a funcionarios
de corporaciones locales en su �mbito territorial, salvo cuando
los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy
graves tipificadas en la normativa b�sica estatal.c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones
P�blicas cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos
de faltas muy graves, tipificadas en la normativa b�sica estatal.El �rgano competente para acordar la incoaci�n
del expediente lo ser� tambi�n para nombrar instructor del mismo
y decretar o alzar la suspensi�n provisional del expedientado, as�
como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoaci�n.La instrucci�n del expediente se efectuar�
por un funcionario de carrera de cualquiera de los Cuerpos o Escalas
del Subgrupo A1 de titulaci�n, incluida la Escala de Funcionarios
con Habilitaci�n de car�cter nacional, que cuente con conocimientos
en la materia a la que se refiera la infracci�n.11. Son �rganos competentes para la imposici�n
de sanciones disciplinarias a los funcionarios de administraci�n
local con habilitaci�n de car�cter nacional los siguientes:a) El Ministro de Hacienda y Administraciones
P�blicas, cuando la sanci�n que recaiga sea por falta muy grave,
tipificada en la normativa b�sica estatal.b) La Comunidad Aut�noma, cuando se trate
de imponer sanciones de suspensi�n de funciones y destituci�n, no
comprendidas en el p�rrafo anterior.c) El �rgano local competente, cuando se
trate de imponer sanciones por faltas leves.La sanci�n impuesta se ejecutar� en sus
propios t�rminos, a�n cuando en el momento de la ejecuci�n, el funcionario
se encontrara ocupando un puesto distinto a aquel en el que se produjeron
los hechos que dieron lugar a la sanci�n.La sanci�n de destituci�n implicar� la p�rdida
del puesto de trabajo, con la prohibici�n de obtener destino en
la misma Corporaci�n en la que tuvo lugar la sanci�n, en el plazo
que se fije, con el m�ximo de seis a�os, para las faltas muy graves, y
de tres a�os para las faltas graves.La sanci�n de suspensi�n de funciones tendr�
una duraci�n m�xima de seis a�os, para las faltas muy graves, y
de tres a�os para las faltas graves.� Veintis�is. Se modifica el art�culo 100.1, que queda redactado
como sigue:�1. Es competencia de cada Corporaci�n local
la selecci�n de los funcionarios con la excepci�n de los funcionarios
con habilitaci�n de car�cter nacional.� Veintisiete. Se introduce un nuevo art�culo 103 bis con
la siguiente redacci�n:�Art�culo 103 bis.
Masa salarial del personal laboral del sector p�blico local.1. Las Corporaciones locales aprobar�n anualmente
la masa salarial del personal laboral del sector p�blico local respetando
los l�mites y las condiciones que se establezcan con car�cter b�sico
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.2. La aprobaci�n indicada en el apartado
anterior comprender� la referente a la propia Entidad Local, organismos,
entidades p�blicas empresariales y dem�s entes p�blicos y sociedades
mercantiles locales de ella dependientes, as� como las de los consorcios
adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislaci�n
b�sica de r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas y de
las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:a) Que se constituyan con una aportaci�n
mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este
apartado.b) Que su patrimonio fundacional, con un
car�cter de permanencia, est� formado en m�s de un 50 por 100 por
bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.3. La masa salarial aprobada ser� publicada
en la sede electr�nica de la Corporaci�n y en el Bolet�n Oficial
de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Aut�noma uniprovincial
en el plazo de 20 d�as.� Veintiocho. Se introduce un nuevo art�culo 104 bis con
la siguiente redacci�n:�Art�culo 104 bis.
Personal eventual de las Entidades Locales.1. Las dotaciones de puestos de trabajo
cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos
deber�n ajustarse a los siguientes l�mites y normas:a) Los Municipios de poblaci�n entre 2.000
a 5.000 habitantes podr�n excepcionalmente contar con un puesto
de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando
no haya miembros de la corporaci�n local con dedicaci�n exclusiva.b) Los Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podr�n incluir
en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un
n�mero que no podr� exceder de uno.c) Los Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podr�n incluir
n�mero que no podr� exceder de dos.d) Los Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podr�n incluir
n�mero que no podr� exceder de siete.e) Los Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podr�n incluir
n�mero que no podr� exceder de la mitad de concejales de la Corporaci�n
local.f) Los Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podr�n incluir
n�mero que no podr� exceder del n�mero de concejales de la Corporaci�n
local.g) Los Ayuntamientos de Municipios con poblaci�n
superior a 500.000 habitantes podr�n incluir en sus plantillas puestos de
trabajo de personal eventual por un n�mero que no podr� exceder
al 0,7 por ciento del n�mero total de puestos de trabajo de la plantilla
de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos,
los entes que tengan la consideraci�n de Administraci�n p�blica
en el marco del Sistema Europeo de Cuentas.2. El n�mero de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales
ser� el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporaci�n
del Municipio m�s poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos
y Cabildos insulares, no podr� exceder de lo que resulte de aplicar
el siguiente criterio: en las islas con m�s de 800.000 habitantes,
se reduce en 2 respecto al n�mero actual de miembros de cabildo,
y, en las de menos de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos
en cada Cabildo o Consejo Insular.3. El resto de Entidades Locales o de sus
organismos dependientes no podr�n incluir en sus respectivas plantillas,
puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.4. El personal eventual al que se refieren
los apartados anteriores tendr� que asignarse siempre a los servicios
generales de las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado.
Solo excepcionalmente podr�n asignarse, con car�cter funcional,
a otros de los servicios o departamentos de la estructura propiade
la Entidad Local, si as� lo reflejare expresamente su reglamento
org�nico.5. Las Corporaciones locales publicar�n
semestralmente en su sede electr�nica y en el Bolet�n Oficial de
la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Aut�noma uniprovincial
el n�mero de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.6. El Presidente de la Entidad Local informar�
al Pleno con car�cter trimestral del cumplimiento de lo previsto
en este art�culo.� Veintinueve. Se modifica el art�culo 109, que queda redactado
como sigue:�1. La extinci�n total o parcial de las
deudas que el Estado, las Comunidades Aut�nomas, la Seguridad Social
y cualesquiera entidades de Derecho p�blico dependientes de las
anteriores tengan respectivamente con las Entidades Locales, o viceversa,
podr� acordarse por v�a de compensaci�n, cuando se trate de deudas
vencidas, l�quidas y exigibles.Lo previsto en este apartado se aplicar�
de conformidad con lo dispuesto en la normativa espec�fica de la
Seguridad Social y de la Hacienda P�blica en materia de compensaci�n
de deudas.2. La extinci�n total o parcial de las deudas
de derecho p�blico que las Comunidades Aut�nomas y cualesquiera
otras entidades de Derecho p�blico dependientes de ellas tengan
con las entidades de Derecho p�blico o sociedades vinculadas, dependientes
o �ntegramente participadas por las Entidades Locales, o viceversa,
vencidas, l�quidas y exigibles.� Treinta. Se incluye un nuevo art�culo 116 bis con la siguiente
redacci�n:�Art�culo 116 bis.
Contenido y seguimiento del plan econ�mico-financiero.1. Cuando por incumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda p�blica o de
la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen
su plan econ�mico-financiero lo har�n de conformidad con los requisitos
formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones
P�blicas.2. Adicionalmente a lo previsto en el art�culo 21 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluir� al menos
las siguientes medidas:a) Supresi�n de las competencias que ejerza
la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas
por delegaci�n.b) Gesti�n integrada o coordinada de los
servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir
sus costes.c) Incremento de ingresos para financiar
los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.d) Racionalizaci�n organizativa.e) Supresi�n de entidades de �mbito territorial
inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato
anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria
o con el objetivo de deuda p�blica o que el per�odo medio de pago
a proveedores supere en m�s de treinta d�as el plazo m�ximo previsto
en la normativa de morosidad.f) Una propuesta de fusi�n con un municipio
colindante de la misma provincia.3. La Diputaci�n provincial o entidad equivalente
asistir� al resto de corporaciones locales y colaborar� con la Administraci�n
que ejerza la tutela financiera, seg�n corresponda, en la elaboraci�n
y el seguimiento de la aplicaci�n de las medidas contenidas en los
planes econ�micos-financiero. La Diputaci�n o entidad equivalente
propondr� y coordinar� las medidas recogidas en el apartado anterior
cuando tengan car�cter supramunicipal, que ser�n valoradas antes
de aprobarse el plan econ�mico-financiero, as� como otras medidas
supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el
seguimiento de la fusi�n de Entidades Locales que se hubiera acordado.� Treinta y uno. Se a�ade un nuevo art�culo 116 ter con
la siguiente redacci�n:�Art�culo 116 ter.
Coste efectivo de los servicios.1. Todas las Entidades Locales calcular�n
antes del d�a 1 de noviembre de cada a�o el coste efectivo de los
servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidaci�n
del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas
de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio
inmediato anterior.2. El c�lculo del coste efectivo de los
servicios tendr� en cuenta los costes reales directos e indirectos
de los servicios conforme a los datos de ejecuci�n de gastos mencionados
en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones
P�blicas se desarrollar�n estos criterios de c�lculo.3. Todas las Entidades Locales comunicar�n
los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio
de Hacienda y Administraciones P�blicas para su publicaci�n.� Treinta
y dos. Se modifica la letra m) y se a�ade una nueva letra n) al
apartado 1 del art�culo 127 con la siguiente redacci�n:�m) Designar a los representantes municipales
en los �rganos colegiados de gobierno o administraci�n de los entes,
fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que
el Ayuntamiento sea part�cipe.n) Las dem�s que le correspondan, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.� Treinta y tres. Se modifica el apartado 3 del art�culo
130 que queda redactado como sigue:�3. El nombramiento de los coordinadores
generales y de los directores generales, atendiendo a criterios
de competencia profesional y experiencia deber� efectuarse entre
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Aut�nomas,
que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1,
salvo que el Reglamento Org�nico Municipal permita que, en atenci�n
a las caracter�sticas espec�ficas de las funciones de tales �rganos
directivos, su titular no re�na dicha condici�n de funcionario.� Treinta y cuatro. Se modifica la disposici�n adicional segunda, que queda redactada
como sigue:�Disposici�n adicional
segunda. R�gimen foral vasco.Las disposiciones de la presente Ley, de
acuerdo con la Constituci�n y el Estatuto de Autonom�a para el Pa�s
Vasco, se aplicar�n en los Territorios Hist�ricos de Araba/�lava,
Gipuzkoa y Bizkaia, sin perjuicio de las siguientes peculiaridades:1. De acuerdo con la disposici�n adicional primera de la Constituci�n y con lo dispuesto
en los Constituci�n. Constituci�n Espa�ola de 27 de diciembre de 1978
Art. 37. Derecho a la negociaci�n colectiva
art�culos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco,
los Territorios Hist�ricos de Araba/�lava, Gipuzkoa y Bizkaia organizar�n
libremente sus propias instituciones y dictar�n las normas necesarias
para su funcionamiento, amparando y garantizando, asimismo, las
peculiaridades hist�ricas de las Entidades Locales de sus territorios,
sin que les sean de aplicaci�n las contenidas en la presente Ley
en materia de organizaci�n provincial.2. Los Territorios Hist�ricos de Araba/�lava,
Gipuzkoa y Bizkaia ejercer�n las competencias que les atribuyen
el Estatuto Vasco y la legislaci�n interna de la Comunidad Aut�noma
que se dicte en su desarrollo y aplicaci�n, as� como las que la
presente Ley asigna con car�cter general a las Diputaciones provinciales.3. En el ejercicio de las competencias que
el Estatuto y la legislaci�n de la Comunidad Aut�noma que se dicte
en su desarrollo y aplicaci�n les asignen, corresponde a las Instituciones
Forales de los Territorios Hist�ricos el desarrollo normativo y
ejecuci�n de la legislaci�n b�sica del Estado en las materias correspondientes,
cuando as� se les atribuyan.4. Cuando las Instituciones Forales de los
Territorios Hist�ricos realicen actividades en campos cuya titularidad
competencial corresponde a la Administraci�n del Estado o a la Comunidad
Aut�noma, les ser�n de aplicaci�n las normas de esta Ley que disciplinen
las relaciones de las Diputaciones provinciales con la Administraci�n
del Estado y la Administraci�n Aut�noma, en su caso, siempre y cuando
dichas actividades las ejerciten en calidad de Diputaciones provinciales
ordinarias, y no como Instituciones Forales de acuerdo con su r�gimen
especial privativo, en cuyo caso solo ser�n de aplicaci�n tales
normas cuando desarrollen o apliquen la legislaci�n b�sica del Estado
o invadan las competencias de �ste.5. En materia de Hacienda las relaciones
de los Territorios Hist�ricos con la Administraci�n del Estado se
ajustar�n a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba
el concierto econ�mico con la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco.
Las funciones que los art�culos 7.4 y 26.2 atribuyen a la Administraci�n
que ejerza la tutela financiera, ser�n ejercidas en el Pa�s Vasco
por sus Instituciones competentes de conformidad con el art�culo 48.5 de la mencionada Ley 12/2002, de 23 de mayo.6. Los Territorios Hist�ricos del Pa�s Vasco
continuar�n conservando su r�gimen especial en materia municipal
en lo que afecta al r�gimen econ�mico-financiero en los t�rminos
de la Ley del Concierto Econ�mico, sin que ello pueda significar
un nivel de autonom�a de las Corporaciones Locales vascas inferior
al que tengan las dem�s Corporaciones Locales, sin perjuicio de
la aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 115 de la presente
Ley y de las competencias que a este respecto puedan corresponder
a la Comunidad Aut�noma.A dichos efectos, las Diputaciones Forales
desarrollar�n los criterios de c�lculo de conformidad con lo establecido
en el art�culo 116 ter de esta Ley recibiendo la comunicaci�n del
coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales de
sus respectivos territorios.Asimismo, en relaci�n con el art�culo 116
bis de esta Ley, en ejercicio de las facultades de tutela financiera,
corresponder� a las Diputaciones Forales la aprobaci�n, concretando
las reglas necesarias para su formulaci�n, de los planes econ�mico-financieros
de sus respectivas corporaciones, de conformidad con la normativa
dictada al efecto por el Estado.Igualmente, de acuerdo con lo previsto en
la disposici�n transitoria cuarta de la Ley 27/2013 de racionalizaci�n
y sostenibilidad de la Administraci�n Local, las entidades de �mbito
territorial inferior al municipio comunicar�n a las Instituciones
Forales sus cuentas y ser�n estas Instituciones Forales quienes
acuerden su disoluci�n si as� procede en aplicaci�n de la mencionada
disposici�n.7. En el �mbito de la Comunidad Aut�noma
del Pa�s Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administraci�n local
con habilitaci�n de car�cter nacional prevista en el art�culo 92
bis y concordantes de esta Ley, se aplicar� de conformidad con la disposici�n adicional primera de la Constituci�n, con el art�culo 149.1.18.�
de la misma y con la Ley Org�nica 3/1979, de 18 de diciembre, por
la que se aprueba el Estatuto de Autonom�a para el Pa�s Vasco, teniendo
en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal
ser�n ostentadas por las instituciones competentes, en los t�rminos
que establezca la normativa auton�mica, incluyendo la facultad de
convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas
vacantes en el mismo, as� como la facultad de nombramiento de los
funcionarios, en dichos concursos.8. El porcentaje de baremo reservado al
Estado en el art�culo 92 bis.6 se establece en el 65 por 100, atribuy�ndose
un 30 por 100 del total posible a las instituciones competentes
de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco para que fije los m�ritos que
correspondan al conocimiento de las especialidades jur�dicas y econ�mico-administrativas
que se derivan de sus derechos hist�ricos y especialmente del Concierto
Econ�mico.Dentro del 5 por 100 restante, la Corporaci�n
Local interesada podr� establecer libremente los m�ritos espec�ficos
que estime convenientes en raz�n a las caracter�sticas locales.9. En el convenio que se establecer� entre
Instituciones que tengan encomendada la formaci�n de este personal
en el �mbito nacional y el Instituto Vasco de Administraci�n P�blica
(IVAP) para la formaci�n por este �ltimo de los funcionarios a que
se refiere el art�culo 92 bis de esta Ley, la Comunidad Aut�noma
del Pa�s Vasco podr� incluir materias o disciplinas propias de sus
espec�ficas peculiaridades, con la �nica condici�n del cumplimiento
de los requisitos m�nimos de orden acad�mico que con car�cter general
est�n establecidos para las cuestiones de exigencia com�n en todo
el Estado, nunca superiores a los que rijan para el propio Instituto
Nacional de Administraci�n P�blica.10. El control y la fiscalizaci�n interna
de la gesti�n econ�mico-financiera y presupuestaria y la contabilidad,
tesorer�a y recaudaci�n de las Diputaciones Forales se organizar�
libremente por �stas en el marco del Concierto Econ�mico sin que sea
de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 92 bis de la presente
Ley.11. En el marco de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y en virtud de las competencias y facultades que
en materia de r�gimen local y financiaci�n local les confiere la disposici�n adicional primera de la Constituci�n Espa�ola, el Estatuto de Autonom�a,
la Ley del Concierto Econ�mico y la disposici�n adicional segunda
de la Ley de Bases de R�gimen Local, los �rganos forales de los
Territorios Hist�ricos vascos determinar�n los l�mites m�ximos totales
del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros
de las Corporaciones Locales, del personal eventual y del resto
de personal al servicio de las Corporaciones Locales y su sector
p�blico y de los funcionarios con habilitaci�n de car�cter nacional.
La determinaci�n de tales retribuciones atender� a los principios
y estructura establecidos, en su caso, por la legislaci�n estatal.� Treinta y cinco. Se modifica el apartado 3 y se incluye
un nuevo apartado 4 a la disposici�n adicional quinta, con la siguiente redacci�n:�3. Dichas asociaciones, en el �mbito propio
de sus funciones, podr�n celebrar convenios con las distintas Administraciones
P�blicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art�culo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
podr�n actuar como entidades colaboradoras de la Administraci�n
en la gesti�n de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias
las Entidades Locales y sus organismos dependientes.Las asociaciones de Entidades Locales podr�n
adherirse al sistema de contrataci�n centralizada estatal regulado
en el art�culo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos t�rminos
que las Entidades Locales.Conforme a lo previsto en el art�culo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico, estas asociaciones
podr�n crear centrales de contrataci�n. Las Entidades Locales a
ellas asociadas, podr�n adherirse a dichas centrales para aqu�llos
servicios, suministros y obras cuya contrataci�n se haya efectuado
por aqu�llas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido,
para la preparaci�n y adjudicaci�n de los contratos de las Administraciones
P�blicas.4. Las asociaciones de Entidades Locales
de �mbito estatal con mayor implantaci�n en todo el territorio ostentar�n
la representaci�n institucional de la Administraci�n local en sus
relaciones con la Administraci�n General del Estado.� Treinta y seis. Se modifica la disposici�n adicional novenaque queda redactada
novena. Redimensionamiento del sector p�blico local.1. Las Entidades Locales del art�culo 3.1
de esta Ley y los organismos aut�nomos de ellas dependientes no
podr�n adquirir, constituir o participar en la constituci�n, directa
o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios,
fundaciones, unidades y dem�s entes durante el tiempo de vigencia
de su plan econ�mico-financiero o de su plan de ajuste.Las entidades mencionadas en el p�rrafo
anterior durante el tiempo de vigencia de su plan econ�mico-financiero
o de su plan de ajuste no podr�n realizar aportaciones patrimoniales
ni suscribir ampliaciones de capital de entidades p�blicas empresariales
o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiaci�n.
Excepcionalmente las Entidades Locales podr�n realizar las citadas
aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato
anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda p�blica y su per�odo medio de pago a proveedores no supere en
m�s de treinta d�as el plazo m�ximo previsto en la normativa de
morosidad.2. Aquellas entidades que a la entrada en
vigor de la presente Ley desarrollen actividades econ�micas, est�n
adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera
de las Entidades Locales del art�culo 3.1 de esta Ley o de sus organismos
aut�nomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondr�n
del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para
aprobar, previo informe del �rgano interventor de la Entidad Local,
un plan de correcci�n de dicho desequilibrio. A estos efectos, y
como parte del mencionado plan de correcci�n, la Entidad Local de
la que dependa podr� realizar aportaciones patrimoniales o suscribir
ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio
presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda p�blica
y su per�odo medio de pago a proveedores no supere en m�s de treinta
d�as el plazo m�ximo previsto en la normativa de morosidad.Si esta correcci�n no se cumpliera a 31
diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo m�ximo de los seis
meses siguientes a contar desde la aprobaci�n de las cuentas anuales
o de la liquidaci�n del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, seg�n
proceda, disolver� cada una de las entidades que contin�e en situaci�n
de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedar�n autom�ticamente
disueltas el 1 de diciembre de 2015.Los plazos citados en el p�rrafo anterior
de este apartado 2 se ampliar�n hasta el 31 de diciembre de 2015
y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades
en desequilibrio est�n prestando alguno de los siguientes servicios esenciales:
abastecimiento domiciliario y depuraci�n de aguas, recogida, tratamiento
y aprovechamiento de residuos, y transporte p�blico de viajeros.Esta situaci�n de desequilibrio financiero
se referir�, para los entes que tengan la consideraci�n de Administraci�n
p�blica a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad
de financiaci�n en t�rminos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras
que para los dem�s entes se entender� como la situaci�n de desequilibrio
financiero manifestada en la existencia de resultados negativos
de explotaci�n en dos ejercicios contables consecutivos.3. Los organismos, entidades, sociedades,
consorcios, fundaciones, unidades y dem�s entes que est�n adscritos,
vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de
Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del art�culo 3.1 de
esta Ley o de sus organismos aut�nomos, no podr�n constituir, participar
en la constituci�n ni adquirir nuevos entes de cualquier tipolog�a,
independientemente de su clasificaci�n sectorial en t�rminos de
contabilidad nacional.4. Aquellos organismos, entidades, sociedades,
consorcios, fundaciones, unidades y dem�s entes que a la entrada
en vigor de esta Ley no est�n en situaci�n de super�vit, equilibrio
o resultados positivos de explotaci�n, estuvieran controlados exclusivamente
por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del
Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las Entidades Locales
del art�culo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos aut�nomos deber�n
estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades
Locales del art�culo 3.1 de esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos
casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley e iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidaci�n en el plazo
de tres meses a contar desde la fecha de disoluci�n. De no hacerlo,
dichas entidades quedar�n autom�ticamente disueltas transcurridos
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.En el caso de que aquel control no se ejerza
con car�cter exclusivo las citadas unidades dependientes deber�n
proceder a la transmisi�n de su participaci�n en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor de esta Ley.Los plazos para el cambio de adscripci�n,
vinculaci�n o dependencia, la disoluci�n y para proceder a la transmisi�n
de la correspondiente participaci�n citados en los dos p�rrafos
anteriores de este apartado 4 se ampliar�n en un a�o m�s, cuando las
entidades en desequilibrio est�n prestando alguno de los siguientes
servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuraci�n de
aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte
p�blico de viajeros.� Treinta y siete. Se modifica la Disposici�n adicional
duod�cima que queda redactada como sigue:�Disposici�n adicional
duod�cima. Retribuciones en los contratos mercantiles y de alta
direcci�n del sector p�blico local y n�mero m�ximo de miembros de
los �rganos de gobierno.1. Las retribuciones a fijar en los contratos
mercantiles o de alta direcci�n suscritos por los entes, consorcios,
sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector p�blico
local se clasifican, exclusivamente, en b�sicas y complementarias.Las retribuciones b�sicas lo ser�n en funci�n
de las caracter�sticas de la entidad e incluyen la retribuci�n m�nima
obligatoria asignada a cada m�ximo responsable, directivo o personal
contratado.Las retribuciones complementarias, comprenden
un complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de
puesto retribuir�a las caracter�sticas espec�ficas de las funciones
o puestos directivos y el complemento variable retribuir�a la consecuci�n
de unos objetivos previamente establecidos.2. Corresponde al Pleno de la Corporaci�n
local la clasificaci�n de las entidades vinculadas o dependientes
de la misma que integren el sector p�blico local, en tres grupos,
atendiendo a las siguientes caracter�sticas: volumen o cifra de
negocio, n�mero de trabajadores, necesidad o no de financiaci�n
p�blica, volumen de inversi�n y caracter�sticas del sector en que
desarrolla su actividad.Esta clasificaci�n determinar� el nivel
en que la entidad se sit�a a efectos de:a) N�mero m�ximo de miembros del consejo
de administraci�n y de los �rganos superiores de gobierno o administraci�n de
las entidades, en su caso.b) Estructura organizativa, con fijaci�n
del n�mero m�nimo y m�ximo de directivos, as� como la cuant�a m�xima
de la retribuci�n total, con determinaci�n del porcentaje m�ximo
del complemento de puesto y variable.3. Las retribuciones en especie que, en
su caso, se perciban computar�n a efectos de cumplir los l�mites
de la cuant�a m�xima de la retribuci�n total. La cuant�a m�xima
de la retribuci�n total no podr� superar los l�mites fijados anualmente
en la Ley de presupuestos generales del Estado.4. El n�mero m�ximo de miembros del consejo
de administraci�n y �rganos superiores de gobierno o administraci�n
de las citadas entidades no podr� exceder de:a) 15 miembros en las entidades del grupo
1.b) 12 miembros en las entidades del grupo
2.c) 9 miembros en las entidades del grupo
3.5. Sin perjuicio de la publicidad legal
a que est�n obligadas, las entidades incluidas en el sector p�blico
local difundir�n a trav�s de su p�gina web la composici�n de sus
�rganos de administraci�n, gesti�n, direcci�n y control, incluyendo
los datos y experiencia profesional de sus miembros.Las retribuciones que perciban los miembros
de los citados �rganos se recoger�n anualmente en la memoria de
actividades de la entidad.6. El contenido de los contratos mercantiles
o de alta direcci�n celebrados, con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Ley, deber� ser adaptados a la misma en el plazo de
dos meses desde la entrada en vigor.La adaptaci�n no podr� producir ning�n incremento,
en relaci�n a su situaci�n anterior.Las entidades adoptar�n las medidas necesarias
para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento interno a
lo previsto en esta Ley en el plazo m�ximo de tres meses contados
desde la comunicaci�n de la clasificaci�n.7. La extinci�n de los contratos mercantiles
o de alta direcci�n no generar� derecho alguno a integrarse en la
estructura de la Administraci�n Local de la que dependa la entidad
del sector p�blico en la que se prestaban tales servicios, fuera
de los sistemas ordinarios de acceso.� Treinta y ocho. Se incorpora una nueva disposici�n adicional decimosexta con la siguiente redacci�n:�Disposici�n adicional
decimosexta. Mayor�a requerida para la adopci�n de acuerdos en las
Corporaciones Locales.1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de
la Corporaci�n Local no alcanzara, en una primera votaci�n, la mayor�a
necesaria para la adopci�n de acuerdos prevista en esta Ley, la
Junta de Gobierno Local tendr� competencia para aprobar:a) El presupuesto del ejercicio inmediato
siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.b) Los planes econ�mico-financieros, los
planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere
la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.c) Los planes de saneamiento de la Corporaci�n
Local o los planes de reducci�n de deudas.d) La entrada de la Corporaci�n Local en
los mecanismos extraordinarios de financiaci�n vigentes a los que
se refiere la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, y, en particular,
el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en
el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones p�blicas y de apoyo
a Entidades Locales con problemas financieros.2. La Junta de Gobierno Local dar� cuenta
al Pleno en la primera sesi�n que se celebre con posterioridad a
la adopci�n de los acuerdos mencionados en el apartado anterior,
los cuales ser�n objeto de publicaci�n de conformidad con las normas generales
que les resulten de aplicaci�n.�
Art�culo segundo. Modificaci�n del Texto
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.—El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado
como sigue:Uno. Se incluye un nuevo art�culo 193 bis con la siguiente
redacci�n:�Art�culo 193 bis.
Derechos de dif�cil o imposible recaudaci�n.Las Entidades Locales deber�n informar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas y a su Pleno,
u �rgano equivalente, del resultado de la aplicaci�n de los criterios
determinantes de los derechos de dif�cil o imposible recaudaci�n con
los siguientes l�mites m�nimos:a) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que
corresponde la liquidaci�n, se minorar�n, como m�nimo, en un 25
por ciento.b) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que
corresponde la liquidaci�n, se minorar�n, como m�nimo, en un 50
por ciento.c) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores
al que corresponde la liquidaci�n, se minorar�n, como m�nimo, en
un 75 por ciento.d) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores
al que corresponde la liquidaci�n, se minorar�n en un 100 por ciento.� Dos. Se modifica el art�culo 213 que queda redactado como
sigue:�Art�culo 213.
Control interno.Se ejercer�n en las Entidades Locales con
la extensi�n y efectos que se determina en los art�culos siguientes
las funciones de control interno respecto de su gesti�n econ�mica,
de los organismos aut�nomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes,
en sus modalidades de funci�n interventora, funci�n de control financiero,
incluida la auditor�a de cuentas de las entidades que se determinen
reglamentariamente, y funci�n de control de la eficacia.A propuesta del Ministerio de Hacienda y
Administraciones P�blicas, el Gobierno establecer� las normas sobre
los procedimientos de control, metodolog�a de aplicaci�n, criterios
de actuaci�n, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios
de los informes de control, que se deber�n seguir en el desarrollo
de las funciones de control indicadas en el apartado anterior.Los �rganos interventores de las Entidades
Locales remitir�n con car�cter anual a la Intervenci�n General de
la Administraci�n del Estado un informe resumen de los resultados
de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el
plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas
en el p�rrafo anterior.� Tres. El art�culo 218 queda redactado como sigue:�Art�culo 218.
Informes sobre resoluci�n de discrepancias.1. El �rgano interventor elevar� informe
al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de
la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, as� como un
resumen de las principales anomal�as detectadas en materia de ingresos. Dicho
informe atender� �nicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio
de la funci�n fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad
o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.Lo contenido en este apartado constituir�
un punto independiente en el orden del d�a de la correspondiente
sesi�n plenaria.El Presidente de la Corporaci�n podr� presentar
en el Pleno informe justificativo de su actuaci�n.2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando
existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podr� elevar
su resoluci�n al �rgano de control competente por raz�n de la materia
de la Administraci�n que tenga atribuida la tutela financiera.3. El �rgano interventor remitir� anualmente
al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados
por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporaci�n
contrarios a los reparos formulados, as� como un resumen de las
principales anomal�as detectadas en materia de ingresos. A la citada
documentaci�n deber� acompa�ar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporaci�n local.� Cuatro. Se modifica la disposici�n adicional octava que queda redactada
octava. R�gimen foral vasco.1. Los Territorios Hist�ricos del Pa�s Vasco
la aplicaci�n de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local, y de las competencias que a este respecto
puedan corresponder a la Comunidad Aut�noma.Las instituciones vascas podr�n, en sus
respectivos �mbitos competenciales, atribuir competencias como propias
a los municipios de sus respectivos territorios, con sujeci�n, en
todo caso, a los criterios se�alados en los apartados 3, 4 y 5 del art�culo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
R�gimen Local.2. De conformidad con la disposici�n final tercera de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y de la cl�usula subrogatoria prevista
en el art�culo 48 quinto de la Ley del Concierto Econ�mico con el
Pa�s Vasco, los Territorios Hist�ricos recibir�n los informes a
que se refieren los art�culos 193 bis y 218 de la presente Ley.
Asimismo, los �rganos interventores de las administraciones locales
del Pa�s Vasco remitir�n tambi�n al Tribunal Vasco de Cuentas P�blicas,
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas,
los informes a que se refiere el art�culo 218 de la presente Ley.3. De conformidad con la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, y de la cl�usula
subrogatoria prevista en el art�culo 48 quinto de la Ley del Concierto
Econ�mico con el Pa�s Vasco, las Diputaciones Forales en sus respectivos
�mbitos territoriales ser�n las competentes para formalizar convenios
con las Entidades Locales para reforzar la autonom�a y eficacia
de los �rganos responsables del control y fiscalizaci�n interna
de la gesti�n econ�mico-financiera, contable y presupuestaria de
las citadas Entidades Locales.� Cinco. Se a�ade una nueva disposici�n adicional decimoquintacon el siguiente contenido:�Disposici�n adicional
decimoquinta. Gesti�n integrada o coordinada de servicios.Cuando la Diputaci�n o entidad equivalente
acredite en un informe que el acuerdo de dos o m�s municipios para
la gesti�n integrada de todos los servicios municipales que sean
coincidentes conlleva un ahorro de al menos el 10% respecto el coste efectivo
total en el que incurr�a cada municipio por separado, el coeficiente
de ponderaci�n que resulte de aplicaci�n a cada municipio de acuerdo
con el art�culo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incrementar� en
0,04. De la aplicaci�n de esta regla no se podr� derivar, para cada
ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto
en el art�culo 123 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.� DISPOSICIONES
ADICIONALESDisposici�n adicional primera. R�gimen aplicable
a la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco.—1. Esta Ley se aplicar� a la Comunidad Aut�noma del Pa�s
Vasco en los t�rminos establecidos en el art�culo 149.1.14.� y 18.�
y disposici�n adicional primera de la Constituci�n, sin perjuicio de
las particularidades que resultan de la Ley Org�nica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba
el Estatuto de Autonom�a para el Pa�s Vasco, de la disposici�n final tercera de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, y de las dem�s normas que actualicen
los derechos hist�ricos de los territorios forales. En su aplicaci�n,
y sin perjuicio de las facultades de coordinaci�n y tutela que les
corresponden, la competencia para decidir sobre la forma de prestaci�n
de servicios a la que se refiere el art�culo 26.2 de la Ley de Bases
de R�gimen Local corresponder� a las Diputaciones Forales previa
conformidad de los municipios afectados.2. La metodolog�a para valorar el coste de los servicios
transferidos en las materias enunciadas en la Disposici�n adicional decimoquintay en las Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Racionalizaci�n y sostenibilidad de la Administraci�n Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Racionalizaci�n y sostenibilidad de la Administraci�n Local
Disposiciones transitorias primera, segunda y
tercera se llevar� a cabo por las Instituciones competentes de la
Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco, atendiendo las directrices y
principios que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Disposici�n adicional segunda. R�gimen aplicable
a la Comunidad Foral de Navarra.—1. La presente Ley se aplicar� a la Comunidad Foral de
Navarra en los t�rminos establecidos en el art�culo 149.1.14.� y
18.� y disposici�n adicional primera de la Constituci�n, sin perjuicio de
las particularidades que resultan de la Ley Org�nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci�n
y Amejoramiento del R�gimen Foral de Navarra, y de la disposici�n final tercera de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. En su aplicaci�n, y sin perjuicio de
las facultades de coordinaci�n y tutela que les corresponden, la
competencia para decidir sobre la forma de prestaci�n de servicios
a la que se refiere el art�culo 26.2 de la Ley de Bases de R�gimen
Local corresponder� a la Comunidad Foral de Navarra.2. La Comunidad Foral de Navarra, podr�, en su �mbito
competencial, atribuir competencias como propias a los municipios de
su territorio as� como del resto de las Entidades Locales de Navarra,
con sujeci�n en todo caso, a los criterios se�alados en los apartados
3, 4 y 5 del art�culo 25 de la Ley reguladora de las Bases de R�gimen
Local.3. Las funciones que los art�culos 7.4 y 26.2 de esta
Ley atribuyen a la Administraci�n que ejerce la tutela financiera,
corresponder�n a la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con
lo previsto en la disposici�n adicional s�ptima del Convenio Econ�mico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 25/2003, de 15 de julio.4. De conformidad con la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y con la disposici�n adicional s�ptima de la Ley 25/2003, de 15 de julio, la Comunidad Foral
de Navarra recibir� tambi�n los informes emitidos, en cumplimiento
de la normativa b�sica, por los �rganos interventores de las Entidades
Locales de Navarra, para su remisi�n inmediata al Ministerio de
Hacienda y de Administraciones P�blicas. Asimismo, los �rganos interventores
de las Entidades Locales de Navarra, remitir�n tambi�n dicha informaci�n
a la C�mara de Comptos, sin perjuicio de las competencias atribuidas
al Tribunal de Cuentas.5. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 116
ter de la Ley reguladora de las Bases de R�gimen Local, la Comunidad Foral
de Navarra, desarrollar� los criterios de c�lculo del coste efectivo
de los servicios que prestan las Entidades Locales de Navarra, recibiendo
la comunicaci�n de dicho coste.6. En el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y en virtud de las competencias reconocidas a Navarra, a las que
se hace referencia en el punto primero de esta disposici�n, la Comunidad
Foral de Navarra determinar� los l�mites m�ximos totales del conjunto
de las retribuciones y asistencias de los miembros de las Corporaciones
Locales, del personal eventual y del resto del personal al servicio
de las mismas y su sector p�blico. La determinaci�n de tales retribuciones
atender� a los principios y estructura establecidos, en su caso,
por la legislaci�n estatal.
Disposici�n adicional tercera. Competencias
auton�micas en materia de r�gimen local.—1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicaci�n a todas
las Comunidades Aut�nomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas
en materia de r�gimen local asumidas en sus Estatutos de Autonom�a,
en el marco de la normativa b�sica estatal y con estricta sujeci�n
a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera
y racionalizaci�n de las estructuras administrativas.2. En el caso de las Comunidades Aut�nomas con un sistema
institucional propio, las referencias de esta Ley a las Diputaciones
provinciales se entender�n efectuadas a los entes locales supramunicipales
previstos en los correspondientes Estatutos de Autonom�a a los que
se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperaci�n
a los municipios y prestaci�n de servicios p�blicos locales.3. La aplicaci�n de esta Ley en la Comunidad Aut�noma
de Arag�n se realizar� teniendo en cuenta el r�gimen especial de organizaci�n
institucional previsto en su Estatuto de Autonom�a en materia de
r�gimen local, en virtud del cual, la Comunidad Aut�noma aplicar�
las competencias previstas en esta Ley en los distintos niveles
de la administraci�n con sujeci�n a la Constituci�n, al contenido
b�sico de esta Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera y racionalizaci�n de las estructuras administrativas.
Disposici�n adicional cuarta. Especialidades
de las Ciudades de Ceuta y Melilla.—1. La organizaci�n y funcionamiento de las instituciones
de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla se regular�n de acuerdo
con lo previsto en la Ley Org�nica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonom�a
de Ceuta, la Ley Org�nica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonom�a de
Melilla y por las normas de desarrollo dictadas en virtud de la
potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas, no rigi�ndose,
en el citado �mbito, por lo dispuesto en la normativa de r�gimen
local.2. Corresponde a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el
marco de las Leyes Org�nicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, y de las normas reglamentarias
dictadas en su desarrollo, determinar la forma de gesti�n de los
servicios p�blicos con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, responsabilidad,
lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos p�blicos,
de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y dem�s normativa
estatal que resulte de aplicaci�n a las Ciudades con Estatuto de
Autonom�a.3. En el �mbito de las competencias enumeradas en los
art�culos 21 y 22 de las citadas Leyes Org�nicas 1/1995 y 2/1995,
de 13 de marzo, cuando no exista legislaci�n sectorial estatal espec�fica,
las Asambleas de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad reglamentaria,
podr�n tipificar infracciones y determinar las sanciones correspondientes
por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones de
acuerdo con criterios m�nimos de antijuridicidad basados en la intensidad
de la perturbaci�n, de los da�os o del peligro causados. Las sanciones
que puedan imponerse por la comisi�n de las conductas infractoras
podr�n consistir en multas o prohibiciones, por tiempo razonable
y proporcionado, bien del ejercicio de actividades, incluso de las
autorizadas o comunicado, bien del acceso a equipamientos, infraestructuras
e instalaciones.Respecto a las competencias de r�gimen local atribuidas
a las Ciudades por el art�culo 25 de sus respectivos Estatutos, siempre que se trate
de garantizar la adecuada ordenaci�n de las relaciones de convivencia
y del uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones
y espacios p�blicos, las Asambleas de Ceuta y Melilla podr�n tipificar
infracciones e imponer sanciones en los t�rminos del T�tulo XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local.4. Las Ciudades de Ceuta y Melilla podr�n llevar a cabo
actuaciones de cooperaci�n con relaci�n a materias que sean competencia
del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los correspondientes Convenios
de Colaboraci�n. Asimismo, ambas Ciudades y la Administraci�n General
del Estado podr�n celebrar Convenios de Colaboraci�n referidos a
competencias estatutariamente asumidas en virtud de los respectivos
Estatutos de Autonom�a, conforme a lo establecido en la disposici�n adicional decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico
de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.5. Las normas de eficacia general dictadas por las Asambleas
de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria
que disponen para el desarrollo de las competencias previstas en
el apartado 1 del art�culo 21 de las Leyes Org�nicas 1/1995 y 2/1995,
de 13 marzo, de Estatutos de Autonom�a, conforme a lo establecido
en el apartado 2 del mismo precepto, se llevar� a cabo en los t�rminos
establecidos en la legislaci�n general del Estado, sin que sea necesaria
una norma estatal espec�fica previa.
Disposici�n adicional quinta. Reg�menes
especiales de Madrid y Barcelona.—Las disposiciones de esta Ley son de aplicaci�n a los
municipios de Madrid y Barcelona, sin perjuicio de las particularidades
de su legislaci�n espec�fica y con estricta sujeci�n a los principios
Disposici�n adicional sexta. Comarcas.—Las previsiones de esta Ley se aplicar�n respetando la
organizaci�n comarcal en aquellas Comunidades Aut�nomas cuyos estatutos
de autonom�a tenga atribuida expresamente la gesti�n de servicios
Disposici�n adicional s�ptima. Colaboraci�n
con las Intervenciones locales.—1. La Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado
podr� asumir, previa la formalizaci�n del oportuno convenio con
la Entidad Local interesada, la realizaci�n de actuaciones de apoyo
encaminadas a reforzar la autonom�a y eficacia de los �rganos responsables
del control y fiscalizaci�n interna de la gesti�n econ�mico-financiera,
contable y presupuestaria en el �mbito de las Entidades Locales.2. En el convenio deber� preverse la contraprestaci�n
econ�mica que habr� de satisfacer la Entidad Local al Estado y que podr�
dar lugar a una generaci�n de cr�dito de conformidad con lo dispuesto
en la legislaci�n presupuestaria.3. Suscrito el convenio mencionado en el apartado primero,
la Intervenci�n General podr� encomendar la realizaci�n de dichas
actuaciones de apoyo t�cnico a la Intervenci�n Delegada, Regional
o Territorial que en cada caso se determine.
Disposici�n adicional octava. Cumplimiento
de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social
transferidos a otras Administraciones P�blicas.—En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 81.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, relativo a la obligaci�n
de asumir por subrogaci�n el pago de las obligaciones tributarias
que afecten a los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad
Social que figuren adscritos o transferidos a otras Administraciones
P�blicas o a entidades de derecho p�blico con personalidad jur�dica
propia vinculadas o dependientes de las mismas por parte de �stas,
la Tesorer�a General de la Seguridad Social comunicar� al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Publicas dicho incumplimiento en
cuanto tenga conocimiento del mismo, a los efectos de que se proceda
a la retenci�n de los recursos al sujeto obligado para hacer frente a
dichos pagos en los t�rminos en que se establezca legalmente.
Disposici�n adicional novena. Convenios
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.—1. Los convenios, acuerdos y dem�s instrumentos de cooperaci�n
ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley,
por el Estado y las Comunidades Aut�nomas con toda clase de Entidades
Locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiaci�n destinada a
sufragar el ejercicio por parte de �stas �ltimas de competencias
delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los Ley 7/1985, de 2 de abril. Bases de r�gimen local
Art. 25. Materias en las que el municipio ejercer� competencias
Ley 7/1985, de 2 de abril. Bases de r�gimen local
Art. 27. Delegaci�n de competencias en los Municipios
art�culos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del R�gimen Local, deber�n adaptarse a lo
previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este
plazo sin haberse adaptado quedar�n sin efecto.2. La adaptaci�n a las previsiones de esta Ley de los
instrumentos de cooperaci�n suscritos por las Entidades Locales
para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional
de Educaci�n a Distancia deber� realizarse en el plazo de tres a�os
desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptaci�n de los
instrumentos de cooperaci�n, la financiaci�n de las Administraciones
locales a los centros asociados no se extender� a los servicios
acad�micos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley.
Disposici�n adicional d�cima. Convenios
de colaboraci�n entre el Estado y las Entidades Locales.—Los convenios de colaboraci�n que el Estado celebre con
las Entidades Locales para la obtenci�n y mantenimiento de la informaci�n
que debe suministrarles para la aplicaci�n de los tributos locales
se regular�n por lo dispuesto en su normativa espec�fica. Dichos
convenios, que podr�n celebrarse en r�gimen de encomienda de gesti�n,
de delegaci�n de competencias o mixto, no comportar�n la transferencia
de medios materiales ni personales, ni contraprestaci�n econ�mica
de ning�n tipo entre las partes por cuanto permiten mejorar la recaudaci�n
tributaria de las Entidades Locales que los suscriben.
Disposici�n adicional und�cima. Compensaci�n
de deudas entre Administraciones por asunci�n de servicios y competencias.—Realizada la asunci�n de los servicios y competencias
a la que se refieren las Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Racionalizaci�n y sostenibilidad de la Administraci�n Local
disposiciones transitorias primera y segunda,
en sus respectivos apartados segundos, las Comunidades Aut�nomas,
con referencia a cada Municipio de su �mbito territorial, la comunicar�n
al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, junto con
el importe de las obligaciones que tuvieren reconocidas pendientes
de pago a los citados Municipios, al objeto de la realizaci�n, en
los t�rminos que se determinen reglamentariamente, de compensaciones
entre los derechos y las obligaciones rec�procos, y el posterior
ingreso del saldo resultante a favor de la Administraci�n P�blica
a la que corresponda, y, en su caso, recuperaci�n mediante la aplicaci�n
de retenciones en el sistema de financiaci�n de la Administraci�n
P�blica que resulte deudora.
Disposici�n adicional duod�cima. Informaci�n
en materia de tutela financiera.—Las Comunidades Aut�nomas con competencias en materia
de tutela financiera publicar�n trimestralmente, a trav�s de sus
respectivos portales web, un informe comprensivo de la documentaci�n,
informes, actos, resoluciones y solicitudes presentados por las
Entidades Locales en cumplimiento de aquellas competencias de tutela
financiera, as� como de las resoluciones adoptadas al respecto por
la Comunidad Aut�noma.Dicho informe y �stas resoluciones ser�n igualmente comunicadas
al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas.
Disposici�n adicional decimotercera. Consorcios
constituidos para la prestaci�n de servicios m�nimos.—El personal al servicio de los consorcios constituidos,
antes de la entrada en vigor de esta Ley, que presten servicios
m�nimos a los que se refiere el art�culo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de R�gimen Local, podr� integrarse por quienes no sean personal
funcionario o laboral procedente de una reasignaci�n de puestos
de trabajo de las Administraciones participantes en el consorcio.
Disposici�n adicional decimocuarta. R�gimen
jur�dico especial de determinados consorcios.—Lo previsto en la disposici�n adicional vig�sima de la
P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, no resultar�
de aplicaci�n a los consorcios, constituidos antes de la entrada
en vigor de esta Ley, que: no tengan la consideraci�n de Administraci�n
P�blica a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, est�n participados por
Entidades Locales y entidades privadas, no est�n incursos en p�rdidas
durante dos ejercicios consecutivos y no reciban ni hayan recibido
subvenciones de las Administraciones P�blicas en los cinco ejercicios
anteriores al de entrada en vigor de esta Ley con independencia
de las aportaciones a las que est�n obligados los entes consorciados.
Estos consorcios, en tanto se mantengan todas las condiciones mencionadas,
se regir�n por lo previsto en sus respectivos Estatutos.
Disposici�n adicional decimoquinta. Asunci�n
por las Comunidades Aut�nomas de las competencias relativas a la
educaci�n.—Las normas reguladoras del sistema de financiaci�n de
las Comunidades Aut�nomas y de las haciendas locales fijar�n los
t�rminos en los que las Comunidades Aut�nomas asumir�n la titularidad
de las competencias que se prev�n como propias del Municipio, a�n
cuando hayan sido ejercidas por �stas, por Diputaciones Provinciales
o entidades equivalentes, o por cualquier otra Entidad Local, relativas
a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes
en la obtenci�n de los solares necesarios para la construcci�n de
nuevos centros docentes, as� como la conservaci�n, mantenimiento
y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros p�blicos de educaci�n infantil, de educaci�n primaria o
de educaci�n especial, para lo que se contemplar� el correspondiente
traspaso de medios econ�micos, materiales y personales.
Disposici�n adicional decimosexta. Cabildos
y Consejos Insulares.—1. La aplicaci�n de esta Ley a los Cabildos Insulares Canarios
se realizar� en los t�rminos previstos en su legislaci�n espec�fica
y con estricta sujeci�n a los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.2. La aplicaci�n de esta Ley a los Consejos Insulares
de las Illes Balears se realizar� en los t�rminos previstos en su
legislaci�n espec�fica y con estricta sujeci�n a los principios
Disposici�n adicional decimos�ptima. Apertura
de lugares de culto.—Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones
o comunidades religiosas deber�n acreditar su personalidad jur�dica
civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas,
emitido al efecto, en el que constar� la ubicaci�n del lugar de
culto que se pretenda constituir. Obtenida esa certificaci�n, su
tramitaci�n se ajustar� a lo dispuesto en el art�culo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urban�stica
TRANSITORIASDisposici�n transitoria primera. Asunci�n
salud.—1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con
las normas reguladoras del sistema de financiaci�n auton�mica y
de las Haciendas Locales, las Comunidades Aut�nomas asumir�n la
titularidad de las competencias que se preve�an como propias del
Municipio, relativas a la participaci�n en la gesti�n de la atenci�n
primaria de la salud.Las Comunidades Aut�nomas asumir�n la titularidad de estas
competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido
realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades
equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.2. En el plazo m�ximo de cinco a�os desde la entrada en
vigor de esta Ley, las Comunidades Aut�nomas asumir�n de forma progresiva,
un veinte por cien anual, la gesti�n de los servicios asociados
a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior.A estos efectos la Comunidad Aut�noma, elaborar� un plan
para la evaluaci�n y reestructuraci�n de los servicios.3. En todo caso, la gesti�n por las Comunidades Aut�nomas
de los servicios anteriormente citados no podr� suponer un mayor
gasto para el conjunto de las Administraciones P�blicas.4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende
sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Aut�nomas de
delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales
o entidades equivalentes, de conformidad con el art�culo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local.5. En los t�rminos previstos en el apartado 1, y de acuerdo
con las normas reguladoras del sistema de financiaci�n de las Comunidades
Aut�nomas y de las Haciendas Locales, cada a�o que transcurra, dentro
del per�odo de cinco a�os anteriormente mencionado, sin que las
Comunidades Aut�nomas hayan asumido el desarrollo del veinte por
cien de los servicios previsto en esta disposici�n o, en su caso,
hayan acordado su delegaci�n, los servicios seguir�n prest�ndose
por el municipio, Diputaci�n Provincial o entidad equivalente con
cargo a la Comunidad Aut�noma. Si la Comunidad Aut�noma no transfiriera
las cuant�as precisas para ello se aplicar�n retenciones en las
transferencias que les correspondan por aplicaci�n de su sistema
de financiaci�n, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa
Disposici�n transitoria segunda. Asunci�n
por las Comunidades Aut�nomas de las competencias relativas a servicios sociales.—1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los t�rminos
previstos en las normas reguladoras del sistema de financiaci�n
auton�mica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Aut�nomas
asumir�n la titularidad de las competencias que se preve�an como
propias del Municipio, relativas a la prestaci�n de los servicios
sociales y de promoci�n y reinserci�n social.Las Comunidades Aut�nomas asumir�n la titularidad de estas
equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.2. En el plazo m�ximo se�alado en el apartado anterior,
y previa elaboraci�n de un plan para la evaluaci�n, reestructuraci�n e
implantaci�n de los servicios, las Comunidades Aut�nomas, en el
�mbito de sus competencias, habr�n de asumir la cobertura inmediata
de dicha prestaci�n.3. En todo caso, la gesti�n por las Comunidades Aut�nomas
Bases del R�gimen Local.5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposici�n,
en los t�rminos previstos en las normas reguladoras del sistema de
financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas y de las Haciendas Locales,
las Comunidades Aut�nomas no hubieren asumido el desarrollo de los
servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones
Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o en su
caso, no hubieren acordado su delegaci�n, los servicios seguir�n
prest�ndose por el municipio con cargo a la Comunidad Aut�noma.
Si la Comunidad Aut�noma no transfiriera las cuant�as precisas para
ello se aplicar�n retenciones en las transferencias que les correspondan
por aplicaci�n de su sistema de financiaci�n, teniendo en cuenta
lo que disponga su normativa reguladora.
Disposici�n transitoria tercera. Servicios
de inspecci�n sanitaria.—En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, las Comunidades Aut�nomas prestar�n los servicios relativos
a la inspecci�n y control sanitario de mataderos, de industrias
alimentarias y bebidas que hasta ese momento vinieran prestando
Disposici�n transitoria cuarta. Disoluci�n
de entidades de �mbito territorial inferior al Municipio.—1. Las entidades de �mbito territorial inferior al Municipio
existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley
mantendr�n su personalidad jur�dica y la condici�n de Entidad Local.2. Con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades
de �mbito territorial inferior al Municipio deber�n presentar sus
cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la
Comunidad Aut�noma respectiva para no incurrir en causa de disoluci�n.3. La no presentaci�n de cuentas por las entidades de
�mbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes
del Estado y de la Comunidad Aut�noma respectiva ser� causa de disoluci�n.
La disoluci�n ser� acordada por Decreto del �rgano de gobierno de
la Comunidad Aut�noma respectiva en el que se podr� determinar su
mantenimiento como forma de organizaci�n desconcentrada.La disoluci�n en todo caso conllevar�:a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad
disuelta quedar� incorporado en el Ayuntamiento en cuyo �mbito territorial
est� integrada.b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de �mbito
territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos
Disposici�n transitoria quinta. Entidades
de �mbito territorial inferior al Municipio en constituci�n.—El n�cleo de poblaci�n que antes del 1 de enero de 2013
hubiera iniciado el procedimiento para su constituci�n como entidad
de �mbito territorial inferior al Municipio, una vez que se constituya,
lo har� con personalidad jur�dica propia y con la condici�n de Entidad
Local y se regir� por lo dispuesto en la legislaci�n auton�mica
Disposici�n transitoria sexta. R�gimen transitorio
para los consorcios.—Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento
de la entrada en vigor de esta Ley deber�n adaptar sus estatutos
a lo en ella previsto en el plazo de un a�o desde la entrada en
vigor de esta Ley.Si esta adaptaci�n diera lugar a un cambio en el r�gimen
jur�dico aplicable al personal a su servicio o en su r�gimen presupuestario,
contable o de control, este nuevo r�gimen ser� de aplicaci�n a partir
del 1 de enero del a�o siguiente.
Disposici�n transitoria s�ptima. R�gimen
transitorio de los funcionarios de Administraci�n Local con habilitaci�n
de car�cter estatal.—En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el
art�culo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de R�gimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria
referida a los funcionarios incluidos en el �mbito de aplicaci�n
del citado art�culo.Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios
de Administraci�n Local con habilitaci�n de car�cter estatal iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuar�n su
tramitaci�n y se resolver�n de acuerdo con la normativa vigente
en el momento de su iniciaci�n.Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitaci�n
de car�cter estatal, se entender�n hechas a la Escala de funcionarios
de Administraci�n Local con habilitaci�n de car�cter nacional.
Disposici�n transitoria octava. R�gimen
transitorio para el personal directivo de las Diputaciones, Cabildos
y Consejos Insulares.—El r�gimen previsto en el art�culo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local ser� de aplicaci�n a los nombramientos que
se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Disposici�n transitoria novena. R�gimen
transitorio para los Directores Generales de las Entidades Locales.—Lo previsto en el apartado tercero del art�culo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Disposici�n transitoria d�cima. Aplicaci�n
de las limitaciones referidas al n�mero de personal eventual y cargos
p�blicos con dedicaci�n exclusiva.—1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos
de estabilidad presupuestaria y deuda p�blica, y adem�s su per�odo
medio de pago a los proveedores no supere en m�s de 30 d�as el plazo
m�ximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicar�, con
car�cter excepcional, los l�mites previstos en los art�culos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del R�gimen Local hasta el 30 de junio de 2015.2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado
anterior, ser� verificado por la Secretar�a General de Coordinaci�n
Auton�mica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones
P�blicas, que, en virtud de la informaci�n comunicada por las Entidades
Locales al mencionado Ministerio, publicar� una lista de las Entidades
Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior.3. La excepci�n prevista en esta disposici�n podr� aplicarse
a las Entidades Locales que cumplan con los requisitos mencionados
en el apartado primero en el momento de la entrada en vigor de esta
Ley y se mantendr� su aplicaci�n hasta el 30 de junio de 2015 en
tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados.4. En ning�n caso, las Entidades Locales en las que concurran
los requisitos a los que se refiere esta disposici�n, podr�n incrementar
el n�mero total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos
p�blicos con dedicaci�n exclusiva respecto al que dispon�an a 31
Disposici�n transitoria und�cima. Mancomunidades
de municipios.—En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, las mancomunidades de municipios deber�n de adaptar sus
estatutos a lo previsto en el art�culo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de R�gimen Local, para no incurrir en causa de disoluci�n.Las competencias de las mancomunidades de municipios estar�n
orientadas exclusivamente a la realizaci�n de obras y la prestaci�n
de los servicios p�blicos que sean necesarios para que los municipios
puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados
en los Ley 7/1985, de 2 de abril. Bases de r�gimen local
Art. 26. Servicios que deben prestar los Municipios
art�culos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de R�gimen Local.El expediente para la disoluci�n ser� iniciado y resuelto
por el �rgano de Gobierno de la Comunidad Aut�noma, y en todo caso
conllevar�:a) Que el personal que estuviera al servicio de la mancomunidad
disuelta quedar� incorporado en las Entidades Locales que formaran
parte de ella de acuerdo con lo previsto en sus estatutos.b) Las Entidades Locales que formaran parte de la mancomunidad
disuelta quedan subrogadas en todos sus derechos y obligaciones.
DISPOSICION DEROGATORIADisposici�n derogatoria. Derogaci�n
normativa.—A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a o contradigan
lo en ella establecido. En particular, quedan derogadas la disposici�n adicional
segunda y la disposici�n transitoria s�ptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico
del Empleado P�blico.
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de R�gimen Local.—Se modifica el apartado segundo del art�culo 97 del texto
refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de R�gimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que queda redactado
en los siguientes t�rminos:�2. Para la ejecuci�n efectiva en r�gimen
de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto
en el art�culo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de R�gimen Local, se requerir� el cumplimiento de los tr�mites
previstos en el n�mero anterior referidos a la conveniencia del
r�gimen de monopolio y se recabar� informe de la autoridad de competencia
correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado
d) deber� ser optado por mayor�a absoluta del n�mero legal de miembros
de la Corporaci�n.Reca�do acuerdo de la Corporaci�n, se elevar�
el expediente completo al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma. El
Consejo de Gobierno de �sta deber� resolver sobre su aprobaci�n
en el plazo de tres meses.Si se solicitase dictamen del Consejo de
Estado o del �rgano consultivo superior del Consejo de Gobierno
de la Comunidad Aut�noma, donde existiese, no se computar� el tiempo
invertido en evacuar la consulta.� Disposici�n final segunda. Modificaci�n
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las
Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.—Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico
Com�n para incluir una nueva disposici�n adicional, la vig�sima,
con la siguiente redacci�n:�Disposici�n adicional
vig�sima. R�gimen jur�dico de los consorcios.1. Los estatutos de cada consorcio determinar�n
la Administraci�n p�blica a la que estar� adscrito, as� como su
r�gimen org�nico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto
en los siguientes apartados.2. De acuerdo con los siguientes criterios
de prioridad, referidos a la situaci�n en el primer d�a del ejercicio
presupuestario, el consorcio quedar� adscrito, en cada ejercicio
presupuestario y por todo este periodo, a la Administraci�n p�blica
que:a) Disponga de la mayor�a de votos en los
�rganos de gobierno.b) Tenga facultades para nombrar o destituir
a la mayor�a de los miembros de los �rganos ejecutivos.c) Tenga facultades para nombrar o destituir
a la mayor�a de los miembros del personal directivo.d) Disponga de un mayor control sobre la
actividad del consorcio debido a una normativa especial.e) Tenga facultades para nombrar o destituir
a la mayor�a de los miembros del �rgano de gobierno.f) Financie en m�s de un cincuenta por cien
o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por
el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportaci�n del fondo patrimonial
como la financiaci�n concedida cada a�o.g) Ostente el mayor porcentaje de participaci�n
en el fondo patrimonial.h) Tenga mayor n�mero de habitantes o extensi�n
territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto
est�n orientados a la prestaci�n de servicios, a las personas, o
al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.3. En el supuesto de que participen en el
consorcio entidades privadas sin �nimo de lucro, en todo caso el
consorcio estar� adscrito a la Administraci�n p�blica que resulte
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.4. Los consorcios estar�n sujetos al r�gimen
de presupuestaci�n, contabilidad y control de la Administraci�n
p�blica a la que est�n adscritos, sin perjuicio de su sujeci�n a
lo previsto en la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevar� a cabo una
auditor�a de las cuentas anuales que ser� responsabilidad del �rgano
de control de la Administraci�n a la que se haya adscrito el consorcio.
Los consorcios deber�n formar parte de los presupuestos e incluirse
en la cuenta general de la Administraci�n p�blica de adscripci�n.5. El personal al servicio de los consorcios
podr� ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una
reasignaci�n de puestos de trabajo de las Administraciones participantes,
su r�gimen jur�dico ser� el de la Administraci�n p�blica de adscripci�n
y sus retribuciones en ning�n caso podr�n superar las establecidas
para puestos de trabajo equivalentes en aqu�lla.� Disposici�n final tercera. Modificaci�n
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible.—Se modifica el apartado 1 del art�culo 36 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible, en los siguientes t�rminos:�1. En el supuesto de que las Entidades
Locales incumplan la obligaci�n de remitir al Ministerio de Hacienda
y Administraciones P�blicas toda la informaci�n relativa a la liquidaci�n
de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con
lo establecido en el art�culo 193.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretar�a General
de Coordinaci�n Auton�mica y Local, proceder� a retener a partir
del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella
liquidaci�n, y hasta que se produzca la regularizaci�n de la citada
remisi�n, as� como la de las liquidaciones de los ejercicios a los
que resulta de aplicaci�n la presente norma, el importe de las entregas
a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de
la participaci�n en los tributos del Estado que les corresponda.Asimismo, en el supuesto de que las Entidades
Locales incumplan la obligaci�n de remitir al Tribunal de Cuentas
la informaci�n a la que se refiere el art�culo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podr� retener
el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones
definitivas de la participaci�n en los tributos del Estado que les
corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligaci�n de
remisi�n. Para que la anterior retenci�n, o suspensi�n de la misma,
se pueda practicar ser� necesaria una comunicaci�n del Tribunal
de Cuentas a la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y
Local.A estos efectos, ser� objeto de retenci�n
la cuant�a resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros
y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, as� como las retenciones a las que se refiere
la disposici�n adicional cuarta del mencionado texto
refundido.� Disposici�n final cuarta. Modificaci�n del
el Texto Refundido de la Ley de Suelo.—Se incorpora un nuevo apartado 5 al art�culo 39 con la
siguiente redacci�n:�5. Excepcionalmente, los municipios que
dispongan de un patrimonio p�blico del suelo, podr�n destinarlo
a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre
que se cumplan todos los requisitos siguientes:a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad
Local del a�o en curso y liquidado los de los ejercicios anteriores.b) Tener el Registro del patrimonio municipal
del suelo correctamente actualizado.c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente
contabilizadas las partidas del patrimonio municipal del suelo.d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la
Corporaci�n Local en el que se justifique que no es necesario dedicar
esas cantidades a los fines propios del patrimonio p�blico del suelo
y que se van a destinar a la reducci�n de la deuda de la Corporaci�n Local,
indicando el modo en que se proceder� a su devoluci�n.e) Que se haya obtenido la autorizaci�n
previa del �rgano que ejerza la tutela financiera.El importe del que se disponga deber� ser
repuesto por la Corporaci�n Local, en un plazo m�ximo de diez a�os,
de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo
del Pleno para la devoluci�n al patrimonio municipal del suelo de las
cantidades utilizadas.Asimismo, los presupuestos de los ejercicios
siguientes al de adopci�n del Acuerdo deber�n recoger, con cargo
a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el p�rrafo
anterior.� Disposici�n final quinta. T�tulo competencial.—Esta Ley se dicta al amparo de los t�tulos competenciales
recogidos en los apartados 14 y 18 del art�culo 149.1 de la Constituci�n.
Disposici�n final sexta. Entrada en vigor.—La presente Ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de
su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.Por tanto, Mando a todos los espa�oles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

References: Real Decreto 
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