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Timestamp: 2017-12-15 23:26:40+00:00

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Sobre la constitucionalidad de barrer la vía pública. Resultados de la encuesta y otra pregunta | José Roldán Xopa
También se opina que la disposición podría expresarse con mejor técnica (Píndaro Albondiguilla), o bien, que si viola reserva de ley o es desproporcionada, según sea las peculiaridades del caso, podría ser reprochable constitucionalmente (Parejo).
Este pequeño ejercicio muestra que ante una pregunta que plantea un dilema sobre la constitucionalidad, nos lleva a tomar posiciones y que usualmente existen desacuerdos. En los procesos de toma de decisiones jurídicas, las razones se apoyan en cuestiones tales como la tradición jurídica, las teorías, o simplemente en preferencias.
Así, en un tribunal se presenta una propuesta de solución, se discute, se argumenta y finalmente se toma una decisión. En este caso el método es binario: constitucional o inconstitucional. Dependiendo del tipo de proceso, puede haber otras: por ejemplo, sobreseimiento o desestimación.
Pero finalmente, cualesquiera que sean las razones, tiene que decidirse y la regla es la mayoría. En un tribunal, por ejemplo la Corte mexicana, si se trata de un caso individual en amparo se decide por mayoría; si se trata de una declaratoria general de invalidez (expulsión de una norma del orden jurídico o efectos generales parciales) derivada de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia, se requiere una mayoría calificada (8 de 11).
En un caso como el que se ha expuesto, la decisión mayoritaria se inclinaría por la inconstitucionalidad.
En un precedente referido por Alex Sánchez, el tema fue tratado en un amparo. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió en el mismo sentido:
MULTA POR NO BARRER LA CALLE FUNDADA EN REGLAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA. CONTRAVIENE AL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL.
Si bien es cierto que el Municipio está facultado para elaborar reglamentos, ello no le permite contravenir al artículo 5o. constitucional, que establece en su párrafo tercero, que: “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena …”. Al imponer al particular la obligación de barrer las banquetas y parte de la calle, en horario que corresponda, frente a su domicilio, tal proceder no constituye una coadyuvancia con la autoridad municipal, conforme lo establece el artículo 18 del Reglamento de Limpia del Municipio de Tijuana, Baja California, sino una delegación total en los particulares, de la prestación del servicio público encomendada a la autoridad municipal, por tratarse de la vía pública, como lo dispone claramente el artículo 115, constitucional, en su fracción III, inciso c), que dice en la parte que interesa: “Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: … c) Limpia … Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre los Ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda, para lo cual deberán aplicar las contribuciones aportadas al efecto.”.
Amparo en revisión 74/95. Presidente Municipal del XIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 28 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria: Magaly Herrera Olaiz.
La resolución anterior, bajo las reglas previas a las reforma del 2010 en materia de amparo y derechos humanos, beneficiarían solamente al “justiciable”, “dolido” o “quejoso”, como se le dice en la jerga. Con las nuevas reglas, si se resuelve “la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva”, la Corte lo enviará a la autoridad que emite la norma (el Ayuntamiento) para que supere el problema de inconstitucionalidad. Ante la omisión, la Corte hará una declaratoria general de invalidez si se integra una mayoría de ocho votos.
Hasta aquí las cosas y suponiendo que una decisión como la anterior no solamente decide el caso concreto, sino que también puede llegar a tener efectos generales, viene una segunda pregunta:
¿Una decisión como la anterior es garantista, propersona y decidida de acuerdo a los derechos humanos?
§ 7 respuestas a Sobre la constitucionalidad de barrer la vía pública. Resultados de la encuesta y otra pregunta
diciembre 7, 2012 en 1:21 pm
Estimado Profesor Roldán:
Me parece por demás ingenioso el ejercicio. Demuestra, como usted adelantó en “La Silla Rota”, que al final la “Constitución” es eso que la SCJN dice que dice la CPEUM. No pienso responder, por ahora, si la decisión que menciona es garantista, pro persona y demás.
Sus reflexiones más bien me recordaron algo que se abordó tangencialmente el año pasado en este mismo blog: La pregunta de si efectivamente el control difuso trae, como pregona la SCJN, descentralización de la justicia. Este tema se tocó sólo superficialmente cuando discutimos nuestras diferencias en torno a la mal llamada “fórmula Otero” (en la cual usted ve un potencial para reducir tensión social y un servidor en cambio sólo un incentivo al trato desigual bajo la mismas reglas constitucionales).
Una de las cosas sobre las cuales ya no profundizamos más fue sobre las reacciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados a la resolución de la SCJN en el expediente “Varios 912/2010” (o, mejor dicho y aunque no se reconozca expresamente, a la sentencia del magistrado Arenas en el caso Nuevo León). Éstas confirman,estimo, que el entusiasmo del Dr. Cossío en su artículo “La descentralización de la justicia” http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/55209.html no estaba del todo justificado.
¿Por qué? Hubo dos inciativas distintas de ley reglamentaria del control difuso después de la publicación de la resolución “Varios 912/2010”. Si nos fijamos en los mecanismos que proponen ambas (la primera del ahora Procurador Murillo Karam et al. de Noviembre de 2011 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/11/asun_2814027_20111103_1320339631.pdf, la segunda del ex diputado Cárdenas Gracia de febrero de este año http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/feb/20120202-VII/Iniciativa-19.html) claramente se ve que los anteriores legisladores estaban más preocupados por no dejar escapar “presuntos culpables” que por descentralizar el control de constitucionalidad/convencionalidad en México. Ambas iniciativas prevén mecanismos en que las decisiones de un tribunal ordinario que ejerza el control difuso (igual si es de convencionalidad o de constitucionalidad) sean revisadas por un tribunal colegiado de circuito a petición del Procurador General de la República. El mecanismo está basado en las famosas “revisiones fiscales” y representa, por así decirlo, un amparo directo para la autoridad. En tanto que la resolución ordinaria no tendrá efectos mientras el colegiado no decida sobre la validez de la norma general (o bien el Procurador se rehuse a impugnar la decisión), la decisión final siempre recaerá en un órgano federal.
De este modo, si casi todas las sentencias ordinarias ya podían ser impugnadas en amparo ante un tribunal federal (las reformas de 2011 no modificaron esto gran cosa) y, aquellas pocas que no (como la del caso Nuevo León), a raíz de estas iniciativas ya serán objeto de revisión federal, entonces el control difuso provocó todo menos descentralización judicial. Como se puede observar, el que ahora haya 32 circuitos judiciales en México (uno por cada estado) es, contrariamente a lo que se cree, una quimera centralizadora en beneficio del Poder Judicial de la Federación; no implica en modo alguno que se esté fortaleciendo a la justicia de las entidades federativas. En tanto que las últimas modificaciones al amparo tampoco traen reglas de deferencia hacia los tribunales ordinarios (al contrario, por una razón de economía procesal se eliminó el “amparo para efectos” y ahora habrá nuevos órganos llamados Plenos de Circuito que quitarán chamba a la Corte), no dejarán de ser los órganos de la federación (ojo, no la SCJN) los que determinen el contenido de las leyes de las entidades.
Que esto sea mejor para traer certeza en el orden jurídico, yo lo dudo. En todo caso -y por lo que hace al tema que aquí nos ocupa- esto NO es descentralización de la justicia. Si descentralización judicial fuera lo que queremos como país y sociedad (yo sí, pero lo dejo al aire por que quizás alguno no), entonces tenemos que cambiar radicalmente lo que la centraliza. Eso se llama -y ahí empiezan otra vez nuestras dificultades- el juicio de amparo.
Pero queda pendiente la respuesta: ¿Le parece garantista y propersona?
diciembre 7, 2012 en 7:54 pm
Esa es la pregunta de los $64,000. El garantismo y el pro persona son conceptos que se manejan en México así nada más como si TODOS los litigios representaran el binomio clásico individuo vs. autoridad y como si todo eso se pudiera resolver a priori. Cuando uno extiende los derechos fundamentales a regular también situaciones horizontales (o sea, individuo vs. individuo o individuo vs. grupos de individuos) entonces la utilidad de esos criterios se diluye en gran medida. En tanto que no hay (ni debe haber) una jerarquización indefectible de los diferentes derechos fundamentales, el tribunal se verá obligado a realizar una ponderación en cada caso concreto, pero será sumamente difícil que se pueda determinar a priori si la restricción a un derecho fundamental es válida o no. Tratar los derechos fundamentales como libertades absolutas (en mucha medida así funciona todavía el amparo) da lugar a muchísimos procesos para lo mismo, el interés público queda en el olvido y, a fin de cuentas, la ley (en sentido amplio) se le aplica sólo al incauto. Saludos Profe.
diciembre 7, 2012 en 7:58 pm
Gracias Alfredo. Tu respuesta va a tono con el blog Sapere aude
diciembre 7, 2012 en 8:14 pm
Gracias. Si gusta entonces borre lo de la descentralización que nada más distrae y saca del tema. Luego lo volveré a traer a colación :-).
Mtro. Alejandro Sánchez García dice:
diciembre 8, 2012 en 5:32 pm
Estimado y fino Maestro Roldán Xopa:
En torno al precedente Jurisprudencial Mexicano: <>.
Efectivamente aún y cuando bajo el principio de relatividad, fue declarado inconstitucional el artículo 8 del Reglamento de Limpia del Municipio de Tijuana, Baja California, dicha declaración no es propia de un sistema Constitucional Garantista, pues violenta el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre el Deber del Estado Mexicano de adoptar disposiciones de derecho interno, no sólo legislativas y reglamentarias <>, esto es, Políticas Públicas, presupuestarias y de fiscalización, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades. Lo anterior implica un mandado a las administraciones públicas que por omisión no actúan para contar con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cubrir la prestación de dicho servicio público de barrido y limpia de las calles públicas.
Mtro. Alejandro Sánchez García.
febrero 7, 2013 en 1:18 am
Es interesante la pregunta, al grado que no logro dilucidar el problema que se pretende evidenciar; no obstante, intentaré aproximarme. Por mucho tiempo, en diferentes épocas, los abogados han luchado por eliminar los efectos de la “fórmula Otero”, en la medida en que no parecían existir argumentos suficientes para impedir el beneficio de una sentencia protectora a la generalidad de la población.
Es cierto que detrás de ello existe un debate entre los diferentes paradigmas de la justicia constitucional, la verticalidad y la homogeneidad de los principios, frente a los conceptos originales de democracia (sí, me refiero a ese viejo debate ejemplificado hace no mucho tiempo por Carbonell y Salazar). Sin embargo, me parece que hoy día dicho debate se ha decantado por una visión de la Constitución, -si se me permite la expresión- garantista y pro personae (con todo el debate que ello implica dejar de lado, como la relatividad de los derechos). Esto es, sí, es cierto, existen fórmulas para la elaboración de normas generales, pero estas se encuentran limitadas por un conjunto de principios y reglas (los primeros optimizables y no definidos completamente) que tutelan una esfera mínima de derechos de las personas.
El papel que juegan los órganos de la justicia federal (y ahora, todos los jueces si se piensa en términos de control convencional, y el expediente 912) es, a mi modo de ver, el definición de los alcances de forma casuistica de los derechos (en última instancia al Pleno de la SCJN, por ello la necesidad de contar con 8 votos para la declaratoria general, aunque no sé si debemos necesariamente temer a la pluralidad de interpretaciones).
Tremenda responsabilidad, sí. Por ello creo que un fallo que responda a estas exigencias, y que cumpla con los requisitos de razonabilidad (fundando y motivando, entre otras) se ajustaría a los cánones que refiere en su pregunta.
¿Es correcta la interpretación del Tribunal Colegiado? Quizá no lo sepamos, pero si creemos en el paradigma, lo menos que debemos exigir es que sea “plausible”.
(Aprovecho para felicitarlo por el espacio de discusión). Saludos.
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Para Alexy sería inconstitucional »
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