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Timestamp: 2019-01-18 20:43:16+00:00

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﻿ SENTENCIA 110011102000200600219 DE MAYO 10 DE 2006
SENTENCIA 110011102000200600219 DE 10 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:VIGILANCIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA. DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA. LA MORA JUDICIAL SE JUSTIFICA CUANDO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBADAS Y OBJETIVAMENTE INSUPERABLES QUE PERMITAN DETERMINAR LA IMPOSIBILIDAD DE ADOPTAR OPORTUNAMENTE LAS DECISIONES CORRESPONDIENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, MÉDICO
REVISTA TUTELA N°:81 DE SEPTIEMBRE DE 2006, PG.1561
Sentencia 110011102000200600219 01/178.1.06 de mayo 10 de 2006
Rad.: 110011102000200600219 01/178.1.06
Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil seis.
Procede la Sala a resolver la impugnación incoada contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2006, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela promovida por el ciudadano Fernando López Mora contra la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, en su condición de magistrada de la Sala Administrativa de ese Consejo Seccional.
El ciudadano Fernando López Mora instauró acción de tutela contra la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, teniendo como fundamento los hechos sintetizados en la sentencian impugnada así:
“El accionante acude al ejercicio del amparo constitucional en procura de la defensa del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la accionada en el trámite de una vigilancia judicial administrativa oficiosa, que se realizó a finales del año pasado, en virtud de la cual fueron expedidas las resoluciones VPSA-022-055 de noviembre 18 de 2005 ‘por la cual se resuelve una vigilancia judicial administrativa’ y la VPSA-033-005 de diciembre 22 de 2005 ‘por la cual se resuelve un recurso de reposición contra un acto administrativo emitido en virtud vigilancia judicial administrativa’.
Considera el accionante que la funcionaria verificadora de la mencionada vigilancia judicial administrativa, incurrió en vía de hecho al no decretar las pruebas que solicitó a saber: los testimonios de los médicos que lo atendieron durante su enfermedad, la verificación de las 30 sesiones de quimioterapia que le fueron practicadas en el Instituto Oncológico de Caldas, ION, así como, la hospitalización de la que fue objeto en la Clínica de La Presentación de Manizales por el término de una semana; y menos aún evaluar los certificados que anexó para demostrar su crítico estado de salud, los cuales arrojaron como resultado un diagnóstico de ‘cáncer de cólon ascendente’ y la posterior ‘extracción de la vesícula’, todo porque la funcionaria verificadora, consideró que tales pruebas resultaban improcedentes, al no existir ninguna licencia por enfermedad debidamente acreditada en el investigativo”.
Con fundamento en los anteriores hechos, el actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado, y como consecuencia de ello, “se conceda el recurso de apelación ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y en caso de que se mantenga la sanción impuesta, se ordene que cese transitoriamente los efectos de las resoluciones que se profirieron, hasta tanto la jurisdicción contencioso administrativa resuelva sobre la legalidad o no de tales actos administrativos...”; también pidió “que si dentro de la tramitación de la actuación se considera que la accionada ha incurrido en conductas de prevaricato y otro delito que sancione el Código Penal y el Disciplinario, se ordene expedir las respectivas copias para su investigación” (fls. 287 a 289).
El 14 de marzo de 2006, el magistrado ponente de la Sala a quo admitió la acción de tutela, dispuso su notificación y la práctica de varias pruebas (fls. 109 a 112).
Durante el trámite de la acción constitucional se presentaron las siguientes intervenciones:
4.1. La doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, manifestando que la acción de tutela se derivó de la vigiliancia judicial administrativa practicada al despacho del doctor Fernando López Mora, magistrado del Tribunal Superior de Manizales, que culminó con la expedición de dos actos administrativos, mediante los cuales “se declaró la configuración de acciones y omisiones contrarias a la pronta administración de justicia en 26 procesos a despacho para fallo con términos vencidos y en consecuencia se dispuso la anotación de un punto menos por cada uno de ellos, —como lo establece el Acuerdo 88 de 1996— del resultado de la calificación del factor rendimiento de su evaluación de servicios contenida en el Acuerdo 1392 de 2003... En el segundo acto administrativo, se modificó dicha decisión al comprobarse que durante el trámite del recurso el funcionario tomó algún tipo de decisión en quince (15) de los veintiséis (26) procesos y en consecuencia, solo se ordenó la disminución de once (11) puntos de su calificación”.
Resaltó, que no decretó por inconducentes las pruebas solicitadas por el accionante durante el trámite de la vigilancia administrativa (1) , pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, “para que los quebrantos de salud de un funcionario sean la causa de separación de sus funciones se requiere: a) Que exista una licencia no remunerada, vale decir, un acto administrativo expedido por el nominador y b) Que la licencia se derive de una incapacidad por enfermedad”, y al indagar tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la dirección seccional de administración judicial, no se encontró el otorgamiento de tales licencias, razón por la cual considera que el actor olvidó, “que sus circunstancias individuales, o la omisión del trámite de la licencia no remunerada, no solo constituye un derecho para cuidar de su salud sino un deber como funcionario para que con los quebrantos que aducía, no afectara el cumplimiento de los términos procesales, pues así como el mismo exige que se le respete el debido proceso, las partes involucradas en los procesos tramitados en su despacho: ‘tienen derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas...’ (C.N., art. 29)”.
De otra parte indicó, que no concedió el recurso de apelación incoado por el actor contra las citadas resoluciones, porque la segunda instancia solo es exigible respecto de las sentencias judiciales y no sobre los actos administrativos, “y ello es así por cuanto a diferencia de las sentencias judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada, los actos administrativos pueden ser demandados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía gubernativa”. Además, la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó en el oficio PSA06-751 del 17 de febrero de 2006, que no era “el órgano competente para... resolver... los recursos de apelación relacionados con la práctica de la vigilancia judicial administrativa” (fls. 237 a 241).
4.2. El doctor Jaime Zárete Saab, director de la unidad de administración de la carrera judicial, en términos generales se refirió a la competencia que tienen las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, para evaluar a los magistrados de los tribunales, la forma como se efectúa la calificación del factor eficiencia o rendimiento y los efectos de las vigilancias judiciales administrativas en la valoración de ese factor. Finalmente señaló, que la Sala Administrativa Superior, en sesión del 14 de octubre de 1997 determinó, “que contra las decisiones adoptadas por un magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, en cumplimiento del Acuerdo 88 de 1997, no procede recurso de apelación” (fls. 251 a 255).
4.3. En versión libre rendida por la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, además de lo expuesto en precedencia agregó, que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, la vigilancia judicial administrativa es una función propia de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, reglamentada por el Acuerdo 88 de 1997, asignándosele al magistrado verificador la facultad de decidirla, declarando la existencia de actuaciones contrarias a la pronta administración de justicia; esa decisión tiene como efecto o consecuencia, una anotación para que sea tenida en cuenta al momento de evaluarse el factor eficiencia o rendimiento del respectivo funcionario.
Agregó, que la evaluación del factor eficiencia o rendimiento está reglamentada en el Acuerdo 1392 de 2002 y en el caso del accionante, la decisión por ella emitida tiene efectos sobre la evaluación que debe realizarse durante el período 2005-2006, calificación que se llevará a cabo en abril y mayo de 2007.
En virtud de lo anterior, la Sala Administrativa de esa seccional efectuará el cálculo matemático que arrojará como resultado la calificación del factor eficiencia o rendimiento, decisión que deberá ser notificada al doctor López Mora, quien podrá interponer los recursos de ley, y la Sala Administrativa del Consejo Superior “al momento de establecer el puntaje del factor eficiencia o rendimiento decidirá o no si aplica la anotación que dispuso este despacho al tomar la decisión de declarar la existencia de actuaciones contrarias a la pronta administración de justicia”.
En consecuencia de lo anterior, indicó la doctora Díaz Buitrago, el accionante no solo tiene a su disposición otro medio de defensa judicial, sino que también puede impugnar la evaluación integral de servicios y el puntaje que finalmente obtenga por el factor eficiencia o rendimiento.
Por último, aportó copia del fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual declaró improcedente una acción de tutela promovida por el Juez Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá contra la Sala Administrativa de esa corporación, en un asunto relacionado con una vigilancia judicial administrativa (fls. 270 a 286).
5. Decisión de primera estancia.
Con sentencia del 28 de marzo de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, declaró improcedente la acción de tutela promovida por el doctor Fernando López Mora, por considerar que en el trámite de la vigilancia judicial administrativa efectuada por la magistrada Flor Eucaris Díaz Buitrago, no se advierten actuaciones que puedan calificarse como vías de hecho, “toda vez que en dicho trámite se brindó al funcionario todas las oportunidades para que planteara su defensa conforme al marco legal y reglamentario vigente, no incurriendo aquella en tal desafuero, porque su decisión, estuvo ajustada a los dictados del derecho, es decir, no obedeció a un acto arbitrario, caprichoso o voluntarista por parte de ella”.
Resaltó la Sala a quo, que si bien es cierto la citada magistrada no decretó las pruebas solicitadas por el accionante, relacionadas con su precario estado de salud, también lo es que tal decisión se fundamentó en lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, al establecerse probatoriamente... que se desempeña como magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales desde el 3 de febrero de 1997, “y que ha estado al frente de este despacho durante los últimos ocho años y medio sin que aparezcan en su hoja de vida, licencias no remuneradas o remuneradas, así como licencias por incapacidad para el año 2005”.
Además, si la accionada no tuvo en cuenta la justificación esgrimida por el actor, en el sentido de que su estado de salud le impedía despachar oportunamente los asuntos de su despacho, fue porque “no acreditó el otorgamiento de licencias que lo separaran temporalmente del servicio por enfermedad, tal y como lo dispone el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, única situación administrativa prevista en la ley para evitar que la administración de justicia se afecte por enfermedad de un servidor judicial”.
La colegiatura a quo resaltó que le asiste a la accionada al explicar “que el funcionario que se encuentre en tal situación, es decir, en delicado estado de salud, que amerite un cuidadoso y prolongado tratamiento médico-hospitalario, debe legalizar la respectiva incapacidad tramitando la licencia remunerada, norma que tiene una doble finalidad: ‘por una parte que el servidor judicial cuente con el reposo y cuidado médicos que demanda su situación de enfermedad y, por otra, que no exista parálisis en la administración de justicia al contar con el respectivo reemplazo, pues uno de los efectos de dicha licencia es la separación temporal del funcionario del cargo que ejerce’, actuación que omitió, el doctor López Mora, de ahí, que razonadamente la funcionaria verificadora haya concluido ‘que al existir norma legal expresa para el reconocimiento de licencia por enfermedad, y acreditada la omisión del funcionario al respecto, no puede tenerse como justificación de la situación de atraso los quebrantos de salud y, por tanto resultan innecesarias las pruebas que en ese sentido pretende hacer valer el funcionario’, atraso que al tenor del artículo 6º del Acuerdo 88 de 1997 no debe ser producto de la acción u omisión del funcionario, a lo cual contribuyó el doctor López Mora, ‘al omitir tramitar en las respectivas oportunidades las licencias por enfermedad que pretendió hacer valer como eximente a su favor’”.
Indicó además el juez constitucional de primer grado, que no resultaba aventurado señalar que el atraso judicial y el incumplimiento de los términos procesales, en que incurrió el doctor López Mora, “no obedeció en esencia a sus quebrantos de salud, sino a su omisión para solicitar las licencias por enfermedad e incapacidades por la misma razón, que hubieran permitido en tal evento, de un lado, la suspensión de dichos términos, y de otro la designación de un funcionario que atendiera el despacho mientras permaneciera en tal situación, o en último caso, la redistribución del reparto de negocios entre los demás integrantes de la Sala, procurando así evitar que se configuran acciones u omisiones contrarias a la pronta administración de justicia”.
Finalmente resaltó la improcedente de la acción de tutela por no presentarse perjuicio irremediable, pues los actos atacados “no contienen sanción alguna en su contra, como equívocamente lo afirma en su solicitud de amparo, toda vez que en tales actos, se hizo a penas (sic) una anotación, si se quiere, recomendación, para que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al momento de efectuar la evaluación integral del funcionario, con base en los porcentajes de los diferentes factores, entre ellos, el de eficiencia o rendimiento, tenga en cuenta o no dicha anotación. Y en el hipotético caso que la llegare a acoger, el afectado, pueda recurrir tal acto, de lo que deviene que en el asunto bajo examen, no existe un perjuicio irremediable, ni se está en presencia de una urgencia manifiesta de protección a derechos fundamentales que amerite remedio inmediato, ‘ni se observa tal gravedad que amerite remedio inmediato, como tampoco es inminente el presunto daño, pues sobre esto último, su temor es que a futuro se le califique con un punto menos que pueda redundar en su estabilidad laboral, cosa que aún no ha sucedido, por lo menos en las vigilancias administrativas que obran en el plenario’, tal y como lo ha decidido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver sobre acciones de tutela, en caso similares (sic) al que se analiza en esta instancia” (no especificó los procesos) (fls. 287 a 307).
El doctor López Mora impugnó la anterior decisión, insistiendo en la vulneración a sus derechos fundamentales, por las circunstancias anotadas en precedencia (fls. 347 a 351).
La Constitución Política de 1991, asignó en su artículo 86 a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.
El doctor Fernando López Mora, magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, promovió acción de tutela contra la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, porque en el trámite de una vigilancia judicial administrativa, le vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso y defensa, al no tener en cuenta ni valorar unas pruebas por él solicitadas y aportadas, relacionadas con graves quebrantos de salud que padeció durante el año 2005.
Durante el trámite de la acción constitucional, se allegó copia del proceso contentivo de la vigilancia judicial administrativa practicada al despacho del actor por la magistrada accionada, en el cual se observa lo siguiente:
3.1. Mediante oficio VPSA-147-05 del 29 de septiembre de 2005, dirigido por la magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, al doctor Fernando López Mora, magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, en virtud de la vigilancia judicial administrativa de carácter oficioso que adelantaba a su despacho, en la cual había efectuado visita de recolección de información el 22 de septiembre anterior, relacionó 38 procesos, advirtiéndole que “algunos se encuentran con términos vencidos y/o la segunda instancia ha excedido ampliamente los términos legales que gravitan negativamente en la oportuna administración de justicia”.
Por tal razón, “como se configuran actuaciones y omisiones contrarias a la pronta administración de justicia, le pongo en conocimiento que puede hacer uso de la facultad otorgada en el inciso final del artículo 4º del Acuerdo 88 de 1997 (2) , para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del recibo de la presente, explique, desvirtúe o justifique la tardanza en que ha incurrido en la evacuación de los asuntos bajo su responsabilidad y si es del caso, aduzca las pruebas y consideraciones que estime pertinentes... ” (subrayado y negrilla fuera del texto) (fls. 126 a 128).
3.2. La anterior petición fue respondida por el doctor López Mora, resaltando además del daño en uno de los equipos de la oficina y el cúmulo de trabajo, graves quebrantos en su salud, pues luego de diversas consultas con diferentes médicos, el 18 de febrero de 2005 se le diagnosticó “cáncer de colón (sic) ascendente... tenía obstruido el colón (sic) en un 75%, razón por la cual debía someterse a una cirugía, la aplicación de 30 sesiones de quimioterapia, las cuales terminó el 23 de septiembre de esa anualidad, y le implantaron un catéter “para la aplicación de dicho tratamiento”.
Por la quimioterapia estuvo hospitalizado entre el 27 y el 2 de octubre de 2005, y además, le salió un tumor en la mano izquierda, el cual no había sido operado por encontrarse bajo de defensas. Finalmente indicó: “Si desea confirmar lo dicho solicito comunicarse con los respectivos médicos y las clínicas de los cuales he dado su teléfono” (fls. 129 a 132).
3.3. Con oficio VPA-160-05 del 13 de octubre de 2005, la doctora Díaz Buitrago le comunicó al magistrado López Mora, que recibidas las explicaciones, “este despacho dará aplicación al artículo 34 del Código Contencioso Administrativo (3) según el cual dentro de las actuaciones administrativas se podrán decretar pruebas o allegar informaciones, de oficio, para ser tenidas en cuenta con las solicitadas por usted, al momento de determinar si hay lugar a aplicación de los efectos del Acuerdo 88 de 1997 consistente en la disminución de un punto en la evaluación del factor rendimiento por cada acción u omisión contraria a la pronta administración de justicia. Para tal efecto, se tendrá en cuenta... Las decisiones de fondo adoptadas por usted en los procesos objeto de vigilancia... La verificación detallada de los expedientes... La planeación de labores al interior del despacho... La información estadística... Los recursos con los que cuenta actualmente el despacho... Otros aspectos que durante el recaudo del material probatorio estime este despacho” (fl. 134).
3.4. La doctora Díaz Buitrago ofició a la oficina de talento humano de la dirección seccional de administración judicial y a la Corte Suprema de Justicia, para determinar si el accionante había remitido incapacidades médicas para su descuento, o se le habían otorgado licencias por enfermedad (fls. 136 y 137).
3.5. Mediante Resolución VPSA-022-005 del 18 de noviembre de 2005, la doctora Díaz Buitrago declaró que en 26 procesos a cargo del magistrado López Mora “se configuran acciones y omisiones contrarias a la pronta administración de justicia y en consecuencia, hay lugar a aplicar los efectos del Acuerdo 88 de 1997 previstos en los artículos 8º y 9º”, como consecuencia de lo anterior, ordenó la compulsa de copias para ser investigado disciplinariamente, y dispuso “la anotación de un punto menos por cada uno de los veintiséis (26) procesos... en la calificación del factor eficiencia o rendimiento de que trata el Acuerdo 1392 de 2002 que obtenga el doctor Femando López Mora por el período 2005-2006, a efecto de que sea tenida en cuenta por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al momento de consolidar la calificación integral respectiva”.
En el acápite considerativo la magistrada accionada consignó: “Si bien el funcionario justificó la tardanza en la solución de los asuntos a su cargo por quebrantos de salud, no se acreditó el otorgamiento de licencias que lo separaran temporalmente del servicio por enfermedad, tal y como lo dispone el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, única situación administrativa prevista en la ley para evitar que la administración de justicia se afecte por enfermedad de un servidor judicial”. Agregó además, que entre el 11 de enero y el 31 de octubre de 2005, el doctor López Mora disfrutó de 15,5 días de permiso, lo cual significaba “que en un período laborado de 198 días... ha estado ausente el 7,8% por ciento de su oficina, suma considerablemente alta si se tiene en cuenta la situación de atraso que registra, lo que sin duda, ha incidido en ella”.
Por último indicó, que contra esa decisión procedía el recurso de reposición, “quedando agotada la vía gubernativa, como lo establece la Circular 12 de marzo 22 de 2000 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (fls. 164 a 176).
3.6. El doctor López Mora interpuso reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, insistiendo en sus quebrantos de salud y aportando copia de parte de su historia clínica, solicitando la práctica de pruebas y pidiendo la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para hacer procedente la alzada (fls. 178 a 213).
3.7. Mediante auto del 28 de noviembre de 2005, la doctora Díaz Buitrago ordenó la práctica de algunas pruebas, tales como verificar si se había adoptado alguna decisión en los 26 procesos relacionados; diligencias preferentes, adicionales a las acciones de tutela realizadas por el magistrado y “cualquier otra información que la (sic) funcionaria (sic) judicial solicite en el término probatorio y que le permita ejercer su derecho de defensa y contradicción, o que surjan de las anteriores, siempre y cuando sean conducentes, pertinentes y necesarias” (fl. 214).
3.8. Con Resolución VPSA-033-005 del 22 de diciembre de 2005, la doctora Díaz Buitrago decidió revocar parcialmente “la Resolución VPSA-022-005 de noviembre 18 de 2005”, declarando que en once (11) procesos a cargo del magistrado López Mora “se configuran acciones y omisiones contrarias a la pronta administración de justicia y en consecuencia, hay lugar a aplicar los efectos del Acuerdo 88 de 1997 previstos en los artículos 8º y 9º”, como consecuencia de lo anterior, mantuvo la compulsa de copias y dispuso “ la anotación de un punto menos por cada uno de los once (11) procesos... en la calificación del factor eficiencia o rendimiento de que trata el Acuerdo 1392 de 2002 que obtenga el Dr. Fernando López Mora por el período 2005-2006, a efecto de que sea tenida en cuenta por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al momento de consolidar la calificación integral respectiva”.
En sus consideraciones la magistrada indicó: “En cuanto a la justificación... del atraso de su despacho por quebrantos de salud, es necesario reiterarle que esta situación está prevista en el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, norma según la cual quien se encuentre incurso en dicha situación debe legalizar la respectiva incapacidad médica tramitando la aprobación de una licencia no remunerada, norma que tiene una doble finalidad: por una parte, que el servidor judicial cuente con el reposo y cuidados médicos que demanda su situación de enfermedad y, por otra, que no exista parálisis en la administración de justicia al contar con el respectivo reemplazo, pues uno de los efectos de dicha licencia es la separación temporal del funcionario del cargo que ejerce... Como se acreditó.
Resaltó, que el accionante omitió tramitar ante la Corte Suprema de Justicia la autorización de licencia no remunerada, “limitándose a ausentarse de su despacho en virtud de permisos remunerados, que bajo ninguna circunstancia interrumpen los términos procesales. En ese sentido, al existir norma legal expresa para el reconocimiento de licencia por enfermedad, y acreditada la omisión del funcionario al respecto, no pueden tenerse como justificación de la situación de atraso los quebrantos de salud y, por lo tanto, resultan innecesarias las pruebas que en ese sentido pretende hacer valer el funcionario. Ahora bien, el Acuerdo 88 de 1997 dispone en su artículo 6º que durante el trámite la vigilancia judicial se debe verificar que la situación de atraso no sea producida por la acción u omisión del funcionario y, como se ha visto, el Dr. López Mora contribuyó al incumplimiento de los términos procesales que aquí se examina (sic), al omitir tramitar en las respectivas oportunidades las licencias por enfermedad, que hoy pretende hacer valer como eximente a su favor”.
Finalmente señaló, que contra esa decisión no procedía recurso alguno, “quedando agotada la vía gubernativa, como lo establece la Circular 12 de marzo 22 de 2000 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (fls. 224 a 231).
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela y perjuicio irremediable.
Los artículos 6º y 8º del Decreto 2591 de 1991 disponen, que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual ha sido definido por el Máximo Tribunal Constitucional, como “el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho, que una vez producida es irreversible y por tanto no puede ser retomado a su estado anterior”; y, según la misma corporación, nos encontramos frente a un perjuicio de esta naturaleza, “cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima”.
En desarrollo de este tema, la referida Corte ha sostenido (4) que la acción de tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable cuando concurren los siguientes requisitos: i) El perjuicio es inminente, esto es, que “amenaza o está por suceder prontamente”; ii) las medidas que se requieran para conjurarlo deben ser urgentes; iii) el perjuicio debe ser grave, la gravedad “obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas”; y, iiii) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela es impostergable, pues “tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad... Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos”.
Si bien en el asunto sub examine a simple vista se observa, que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, también lo es que la acción de tutela resulta procedente, por evidenciarse una manifiesta vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso y defensa del accionante, los cuales, además, ponen en riesgo su permanencia en la carrera judicial y por ende su estabilidad laboral.
Por lo tanto, resulta evidente la inminencia del perjuicio así como la urgencia de las medidas para conjurarlo, por cuanto no solo está en riesgo la estabilidad laboral del actor, sino que sus derechos fundamentales de dignidad humana y salud, en conexidad con la vida se encuentran comprometidos, pues una posible calificación insatisfactoria, como consecuencia de la decisión adoptada por la magistrada accionada, pone en riesgo la fuente de sus ingresos, situación que indudablemente se reflejaría, no solo en la falta de recursos para granjearse una vida digna, sino la consecuente pérdida de su afiliación a la entidad de salud que le presta la atención médica en la desafortunada enfermedad que padece.
La vulneración a esos derechos, el perjuicio irremediable ocasionado al accionante, así como la necesidad de medidas urgentes para conjurarlo, se desprenden de las siguientes consideraciones:
4.1. En primer lugar se tiene que, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, a las Salas Administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, les corresponde “ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta rama”.
4.2. En desarrollo de esta función, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 88 de 1999, “por el cual se reglamenta el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996”, definiendo la vigilancia judicial como “un mecanismo administrativo de carácter permanente, establecido por la ley para asegurar que las labores de los funcionarios y empleados de la rama judicial se desarrollen de manera oportuna y eficaz, y es diferente de la función jurisdiccional disciplinaria...”.
El inciso final del artículo 4º del acuerdo en cita indica: “Si apareciere acreditada la existencia de una actuación u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia en los términos del presente reglamento, esta se pondrá en conocimiento del funcionario o empleado a quien se atribuye, mediante comunicación debidamente sustentada y suscrita por el magistrado que conoce del asunto...”, y el canon 5º ibídem señala que el funcionario requerido dispondrá de cinco días “para explicar, justificar o desvirtuar los hechos de que trata la misma, y para aducir las pruebas y consideraciones que estime pertinentes” (subrayado y negrilla fuera del texto).
Evacuado lo anterior, el artículo 6º ejusdem ordena que el magistrado que conoce del asunto, “evaluará las explicaciones del funcionario o empleado requerido, analizará las pruebas y decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate... Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido , todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas” (subrayado y negrilla fuera del texto).
Finalmente, el artículo 8º del mentado acuerdo contempla que “toda actuación inoportuna e ineficaz del servidor público determinada en desarrollo de las diligencias de que trata este acuerdo, será tenida en cuenta por el respectivo evaluador para efectos de la calificación del factor eficiencia o rendimiento de que trata el Acuerdo 198 de 1996 de esta Sala, así: por cada anotación un punto menos. Así mismo, incidirá en el otorgamiento de los estímulos y distinciones contemplados en el artículo 155 (5) de la Ley 270 de 1996 , y determinará la no aplicación del Acuerdo 106 de 1996” (subrayado y negrilla fuera del texto).
Como puede verse, la vigilancia judicial ejercida por las Salas Administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, comporta una actuación de índole administrativo, con resultados negativos para los funcionarios o empleados cuyo desempeño sea contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia, los cuales repercuten en la calificación del factor calidad, e inciden en el otorgamiento de los estímulos y distinciones.
Estas actuaciones administrativas no se encuentra exentas de la aplicación del debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, derecho fundamental que brilló por su ausencia en el asunto sub examine, por cuanto la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, no tuvo en cuenta las pruebas aportadas ni practicó las solicitadas por el doctor Fernando López Mora para justificar el incumplimiento de los términos procesales en los asuntos sometidos a su conocimiento, limitándose simplemente a señalar que tales probanzas resultaban innecesarias.
En efecto, aun cuando el doctor López Mora demostró que padeció graves quebrantos de salud durante el año 2005, que condujeron a una intervención quirúrgica por cáncer de cólon, la aplicación de 30 sesiones de quimioterapia y la implantación de un catéter, entre otras molestias, la doctora Díaz Buitrago no tuvo en cuenta esos hechos, y como consecuencia de la vigilancia judicial administrativa practicada al despacho del actor, mediante Resolución VPSA-033-005 del 22 de diciembre de 2005, declaró que en once procesos a su cargo, se configuraban acciones y omisiones contrarias a la pronta administración de justicia, razón por la cual ordenó la anotación de un punto menos por cada litigio, en la calificación del factor eficiencia o rendimiento que debe realizar la Sala Administrativa de esta corporación al accionante para el período 2005-2006.
Según la magistrada accionada, el doctor López Mora omitió tramitar ante su superior funcional la licencia no remunerada prevista en el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, porque de acuerdo con esa disposición, el funcionario o empleado judicial que padezca quebrantos de salud, “debe legalizar la respectiva incapacidad médica tramitando la aprobación de una licencia no remunerada, norma que tiene una doble finalidad: por una parte, que el servidor judicial cuente con el reposo y cuidados médicos que demanda su situación de enfermedad y, por otra, que no exista parálisis en la administración de justicia al contar con el respectivo reemplazo”.
Además de la omisión en tramitar la licencia no remunerada, indicó la tutelada, el doctor López Mora se limitó a ausentarse del despacho con permisos remunerados, que bajo ninguna circunstancia interrumpen los términos procesales. Por lo tanto, “al existir norma legal expresa para el reconocimiento de licencia por enfermedad, y acreditada la omisión del funcionario al respecto, no pueden tenerse como justificación de la situación de atraso los quebrantos de salud y, por lo tanto, resultan innecesarias las pruebas que en ese sentido pretende hacer valer el funcionario...”.
No obstante lo señalado por la funcionaria accionada, la Sala observa que el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, dispone que los funcionarios y empleados judiciales pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas: “1. En servicio activo , que comprende el desempeño de sus funciones, la comisión de servicios y la comisión especial... 2. Separados temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: en licencia remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar”. A su vez, el canon 142 ibídem, señala que los mismos servidores “ tienen derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua según lo solicite el interesado...” (subrayado y negrilla fuera del texto).
Como puede verse, contrario a la sorprendente deducción hecha por la magistrada accionada, la licencia no remunerada constituye un derecho de los funcionarios y empleados judiciales y no un deber; además, en manera alguna puede afirmarse que si un servidor presenta quebrantos en su salud y no es incapacitado por la entidad que le presta ese servicio, tiene la obligación de solicitar licencia no remunerada hasta que sus padecimientos desaparezcan, tal como lo entiende la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, pues se estaría obligando a renunciar a su remuneración, vulnerando de paso otros derechos fundamentales.
Ahora, cierto es que el derecho de acceso a la administración de justicia implica también que se imparta pronta y oportunamente, y la mora judicial es una forma de violar el derecho fundamental al debido proceso, pues como bien lo indicó la Corte Constitucional, “la decisión judicial tardía comporta en sí misma una injusticia, en cuanto, mientras no se la adopte, los conflictos planteados quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse, y no son resarcidos los perjuicios ya causados por una determinada conducta o por la persistencia de unas ciertas circunstancias, ni impartidas las órdenes que debieran ejecutarse para realizar los cometidos del derecho en el asunto materia de debate, por lo cual la adopción de las providencias judiciales que permitan el avance y la definición de los procesos corresponde a un derecho de las partes, o de las personas afectadas, y a una legítima aspiración colectiva —la de asegurar el funcionamiento de la administración de justicia—, cuya frustación causa daño a toda la sociedad” (6) .
No obstante, el mismo Tribunal Constitucional resaltó, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 superior, la mora judicial que nuestra Carta condena es aquella que tiene un origen injustificado, y la justificación, “que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable , que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión”, y esas causas de justificación “deben ser fijadas en la ley, razón por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretación del funcionario de turno ” (subrayado y negrilla fuera del texto).
Esa corporación, al examinar la constitucionalidad del principio de celeridad previsto en el artículo 4º (7) de la ley estatutaria de la administración de justicia, advirtió: “... la sanción al funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de responsabiliad , tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable... Para lograr los anteriores cometidos, naturalmente deberán respetarse las prescripciones propias del debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa para explicar las razones por las cuales se incurrió en mora injustificada en el trámite de los asuntos judiciales (8) (subrayado y negrilla fuera del texto).
Pues bien, en el asunto sub examine, durante el trámite de la vigilancia judicial administrativa, el doctor Fernando López Mora le puso de presente a la accionada los graves quebrantos de salud que sufrió durante el año 2005, aportando incluso copia de su historia clínica para demostrar que padeció cáncer de cólon y como consecuencia de esa enfermedad tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y 30 sesiones de quimioterapia.
No obstante tal situación, la doctora Díaz Buitrago al momento de resolver la vigilancia judicial, no tuvo en cuenta esos hechos, no valoró las pruebas aportadas por el accionante y tampoco practicó las solicitadas. Por el contrario, determinó que en once procesos a su cargo se configuraban acciones y omisiones contrarias a la pronta administración de justicia y como consecuencia de ello ordenó la anotación de once puntos menos en el factor eficiencia o rendimiento dentro de la calificación de servicios que debe efectuarse para el período 2005-2006.
Y la citada magistrada no tuvo en cuenta esas probanzas, por considerar que el accionante debió solicitar una licencia no remunerada para recuperarse de sus quebrantos de salud, determinación con la cual se incurrió en una vía de hecho, por cuanto además de exigir obligaciones o deberes que el ordenamiento jurídico no consagra, le vulneró su derecho defensa y por ende el debido proceso.
En efecto, según la jurisprudencia transcrita en precedencia, la mora judicial se justifica cuando se presentan situaciones probadas y objetivamente insuperables, que permitan determinar la imposibilidad de adoptar oportunamente las decisiones correspondientes; en tales situaciones se ubica la fuerza mayor y el caso fortuito, es decir, aquel fenómeno revestido de imprevisibilidad e irresistibilidad, como por ejemplo una enfermedad grave.
No obstante la procedencia y existencia de tal justificación, la accionada omitió valorar si esas graves circunstancias de salud que padecía el actor, justificaban el incumplimiento de los términos en los asuntos sometidos a su conocimiento, y en forma caprichosa, con fundamento en su errada interpretación, concluyó que si el actor estaba enfermo debió solicitar una licencia no remunerada, cuando tal obligación, se insiste, no está consagrada en la Ley 270 de 1996, como equivocadamente lo entendió.
Además, una interpretación como la hecha por la doctora Díaz Buitrago, permite colegir que si un empleado o funcionario judicial presenta algún quebranto en su salud y como consecuencia del mismo debe someterse a un tratamiento médico, aunque el galeno no considere necesario una incapacidad por el término que dure el tratamiento, debe solicitar una licencia no remunerada mientras se restablece su salud, aunque esa exigencia no se encuentre contemplada en el ordenamiento jurídico e implique la renuncia a percibir una remuneración de la cual deriva su sustento y el de su familia.
No debe olvidarse que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6º superior, “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, y el canon 121 ibídem indica: “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, tema sobre el cual, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de señalar “que pueden presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos ejercen sus atribuciones separándose totalmente de los mandatos de dicho ordenamiento, en abierta o abultada contradicción con él, en forma tal que en vez de cumplirse la voluntad objetiva del mismo se aplica la voluntad subjetiva de aquellos y como consecuencia, bajo la apariencia de actos estatales, se configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía de hecho , con la cual se vulneran o amenazan derechos fundamentales de las personas y que da lugar al otorgamiento de la acción de tutela (9) (subrayado y negrilla fuera del texto).
Tal es la situación que se presenta en el asunto sub lite, en la cual, se reitera, la citada funcionaria además de omitir pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por el doctor López Mora y valorar las que él allegó, estableció un deber no consagrado en la ley estatutaria de la administración de justicia para los funcionarios o empleados judiciales, como es la obligación de solicitar una licencia no remunerada para someterse a un tratamiento médico. Por lo tanto, la accionada se apartó de las normas aplicables para realizar su propia voluntad, olvidando que el Estado social de derecho, mediante la aplicación del debido proceso, pretenden que la imposición de una sanción sea el resultado de un proceso adelantado con las debidas formalidades, garantías y seguridad jurídica, y no de un acto arbitrario, producto de la voluntad caprichosa de la administración.
Así las cosas, la Sala encuentra que la magistrada Flor Eucaris Díaz Buitrago, vulneró los derechos fundamentales del debido proceso y defensa del doctor Fernando López Mora, y puso en riesgo otros como la dignidad humana y salud en conexidad con la vida, razón por la cual se concederá el amparo solicitado, y como consecuencia de ello se dejará sin valor ni efecto la Resolución VPSA-033-005 del 22 de diciembre de 2005.
En virtud de lo anterior, la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago deberá oficiar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que en la calificación de servicios que debe realizar al doctor Fernando López Mora para el período 2005-2006, no se tenga en cuenta lo relacionado con los once puntos menos en el factor eficiencia o rendimiento.
De otra parte, resulta procedente aclarar que la orden de dejar sin valor ni efecto la resolución emitida por la accionada, releva a la Sala de efectuar cualquier consideración sobre los demás puntos de impugnación, relacionados con la procedencia del recurso de apelación contra el citado acto administrativo, así como el hecho de no haberse tenido en cuenta el mal estado de un computador adjudicado al despacho del actor.
REVOCAR la sentencia impugnada, proferida el 28 de marzo de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas. En su lugar, se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales vulnerados por la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, magistrada de la Sala Administrativa de ese Consejo seccional al doctor Fernando López Mora.
Como consecuencia de lo anterior, se deja SIN VALOR NI EFECTO la Resolución VPSA-033-005 del 22 de diciembre de 2005, emitida por la doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, quien deberá oficiar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para lo pertinente, acorde con lo expuesto en el acápite considerativo de esta providencia.
ENVIÉSE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente, no asistió con excusa—Fernando Coral Villota, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Rubén Darío Henao Orozco—Jorge Alonso Flechas Díaz—Temistocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.
(1) Tales pruebas se referían “al testimonio de los médicos que lo atendieron durante su enfermedad, las treinta... sesiones de quimioterapia o su hospitalización por espacio de una semana en la Clínica de La Presentación... Los certificados médicos que acompañó para demostrar su estado de salud y que debieron ser tenidos en cuenta”.
(2) El inciso dispone: “Si apareciere acreditada la existencia de una actuación u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia en los términos del presente reglamento, esta se pondrá en conocimiento del funcionario o empleado a quien se atribuye, mediante comunicación debidamente sustentada y suscrita por el magistrado que conoce del asunto. El anterior trámite no podrá exceder del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha del reparto”.
(3) La norma señala: “Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado”.
(4) Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(5) La norma dispone: “Los funcionarios y empleados que se distingan en la prestación de sus servicios, en los términos del reglamento, se harán acreedores a los estímulos y distinciones que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
(6) Sentencia T-292 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(7) La norma dispone: “La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar... Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria”.
(8) Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(9) Sentencia T-590 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería.

References: artículo 135
 artículo 101
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 34
 Resolución 
 artículo 135
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 artículo 135
 artículo 6
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 155
 artículo 29
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 artículo 135
 artículo 135
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 6
 Resolución 
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