Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00019-de-abril-12-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e220fb46dd9f002ee0430a010151002e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 09:04:19+00:00

Document:
AUTO 2013-00019 DE 12 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO A LA IGUALDAD, EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:503 DE NOVIEMBRE DE 2013. PG.2069
Solicitante: Édgar Murcia Rodríguez
Referencia: Solicitud de extensión de jurisprudencia
“PRIMERO: El día 29 de abril de 2011, sin un acto administrativo formal conforme con las reglas del procedimiento administrativo, el municipio de Barrancabermeja autorizó la realización de la III valida departamental de moto velocidad en el sitio conocido como circuito de villa olímpica, el cual se llevó a cabo de 10:00 am hasta las 5:00 pm.
SEGUNDO: El 25 de abril de 2012, la secretaría de gobierno según oficio SG-PERM-0041-2012, concedió el permiso para la realización de la III valida departamental de moto velocidad, sin realizar un estudio formal y de caracterización de seguridad y viabilidad para los participantes y espectadores.
TERCERO: Según certificado sin radicado, sin análisis situacional, por parte de Clopad - Comité local para la prevención y atención de desastres de Barrancabermeja, fechado el día 24 de abril de 2012, se estableció que el representante de la realización de la válida, presentó los siguientes soportes: Certificado de bomberos, certificado de defensa civil colombiana, copia oficio de la policía, copia de la secretaría de gobierno, copia del ejército, concepto de viabilidad del ITTB, plan de contingencia croquis del recorrido, certificado de reciclaje del magdalena medio, visto bueno de Inderba, certificado de la liga de Santander de motociclismo. Por tal motivo el Clopad otorgó el visto bueno para lo referido a la valida en la fecha y hora señalada, sin verificar como era su obligación, que se contara con la prevención de riesgos y accidentes en el lugar de los hechos.
SEXTO: El señor Édgar Murcia Rodríguez, espectador de las validas, según su narración comenta que se encontraba en el separador de la vía donde se realizaba la carrera, observando la misma, con permiso de los organizadores, cuando de un momento a otro vio que una moto se dirigía hacia su humanidad sin control, golpeándolo en las piernas y arrojándolo unos metros hacia atrás, siendo las once am aproximadamente cuando sucedieron los hechos, semi inconsciente y con dolor, se dio cuenta que bomberos lo recogió.
SÉPTIMO: Según certificación de bomberos voluntarios de fecha 15 de mayo de 2012, se establece textualmente lo siguiente: “… Teniendo un de paso (sic) a las 12:00 por accidente de tránsito, transportando al señor Édgar Murcia, c.c. 91.428.068 de 46 años, presentó un politraumatismo fractura abierta de tibia y peroné, más fractura cerrada de fémur, fue trasladado a la clínica la magdalena…”.
El 30 de octubre de 2012, el señor Édgar Murcia, mediante apoderado, en ejercicio de la petición de que trata el artículo 102 del CPACA, presentó solicitud de extensión de jurisprudencia ante el municipio de Barrancabermeja, argumentando que se encontraba en la misma situación fáctica y jurídica de la estudiada en la sentencia de fecha 7 de abril del 2011, proferida por el Consejo de Estado, Subsección A, con ponencia del Magistrado Mauricio Fajardo Gómez, que resolvió la acción de reparación directa promovida por Alicia Margoth Montilla y otros, en contra del municipio de San Lorenzo, y la Nación - Policía Nacional, en la que se condenó al Estado por la muerte del señor Baudilio Alberto Flórez, en hechos ocurridos el 9 de agosto de 1998 en la municipalidad de San Lorenzo.
“Así mismo, (sic) se aprecia de la sentencia invocada en la solicitud, que la misma corresponde a un recurso de apelación interpuesto en las instancias ordinarias de la jurisdicción contencioso administrativa, sobre un caso particular, generando efectos únicamente inter partes, y no vinculando de forma erga hommescomo lo haría una sentencia unificada la cual resulta de establecer una posición por la Sala Plena frente a la posible confrontación de existir entre una posición del Consejo de Estado —Sala Plena— frente a una decisión adoptada en las instancias ordinarias de esta misma jurisdicción, lo cual mientras no se surta un recurso extraordinario la decisión unificada las decisiones cobijarían únicamente a las partes en litigio sin poder hacer extensible sus efectos a situaciones similares, una vez se unifique el fallo por la Sala Plena.
Así, concluyendo, se tiene entonces que para el caso que nos cobija esbozado en la solicitud del Dr. Escudero, la Sentencia allegada y soporte de la solicitud, proferida por la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Fechada 07 de abril de 2011, radicación 52001-23-31-000-1999-00518-01 (20750), cuyo actor es Alicia Margoth Montilla y otros, en contra del municipio de San Lorenzo y otro, dentro de la demanda de reparación directa, si bien existe similitud en el caso debatido con el caso propuesto a la administración, el fallo acudido responde a una situación particular y concreta, emitido en una de las secciones dentro de las instancias ordinarias del procedimiento administrativo, y no es el resultado de haber agotado las instancias y adicional interponer los recursos extraordinarios, para que la Sala Plena confronte e imponga el fallo unificado frente a casos similares.
Por lo anterior no es de recibo de este despacho acceder a las pretensiones del solicitante ya que no aplica la sentencia invocada por no ser la misma una Sentencia de unificación jurisprudencial emitida por la Sala Plena de la jurisdicción contenciosa administrativa, y no poder extender sus efectos sus efectos interpartes al caso que nos cobija, por lo cual se rechaza la petición de la extensión de jurisprudencia, sin que sea necesario analizar los otros requisitos que impone el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011” (fls. 197 y 198, cdno. ppal.).
Pues bien, previo al estudio en concreto de la solicitud elevada por el interesado, resulta pertinente llevar a cabo un análisis decantado de la figura que hoy ha sido puesta a consideración, siendo ésta la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado por parte de las autoridades, lo que será evacuado en los siguientes términos, veamos:
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, si bien, conservó gran parte las instituciones del Decreto 1 de 1984 y el organigrama dual en materia administrativa y contenciosa, fue innovador en lo que respecta a la figura de la jurisprudencia como fuente de derecho, en otras palabras, rompió un paradigma en esta jurisdicción, al incluir en su compendio normativo disposiciones que propugnan por la aplicación de la jurisprudencia a determinadas situaciones y bajo determinados presupuestos, cosa que obliga no solo a los que administran justicia, sino a las autoridades administrativas en los asuntos de su competencia.
Ahora bien, el avance normativo antes expuesto, obedece a razones que revisten una gran importancia, los que marcaron la razón de ser de este giro legislativo. Es decir, lo que ahora viene a ser codificado, resulta de un proceso paulatino de cambio de mentalidad en la cultura jurídica imperante, trabajo que se ha venido ejecutando con más rigor desde la Constitución de 1991, y en especial, por el ejercicio de la Corte Constitucional en su labor interpretativa al confrontar el texto constitucional con las normas jurídicas sometidas a estudio; así como también, al resolver problemas jurídicos derivados de la acción de tutela. Y este trabajo ha consistido, en cuestionar el sistema de fuentes tradicional; el que tiene a la constitución y la ley, como único marco de acción normativo para ser aplicado, a la hora de resolver conflictos de tipo judicial y administrativo, sistema que nos identifica por excelencia, al ser éste el adquirido históricamente, como consecuencia del derecho continental o codificador.
Ahora bien, el ordenamiento contencioso, consciente de la necesidad de un control jurisdiccional a este tipo de decisiones administrativas, dio viabilidad a un mecanismo de tipo judicial, para que el solicitante de la extensión de jurisprudencia ante la autoridad competente acuda al Consejo de Estado, a fin de que éste estudie el pronunciamiento adoptado, y si lo hallare procedente, ordene a la autoridad administrativa el extender los efectos de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Es éste, el que trata el artículo 269 del CPACA, que reza lo siguiente:
(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
(2) Folios 5-10, cuaderno principal.
(3) Constitución de 1991, artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
(4) CPACA, artículo 1º—Finalidad de la parte primera. Las normas de esta Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.
(5) CPACA, artículo 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
(6) Folio 198, cuaderno principal.

References: artículo 102
 artículo 102
 artículo 269
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 270
 artículo 36
 artículo 11