Source: http://ajl.cl/2016/05/unificacion-de-jurisprudencia-notarias-conservadores-y-archveros/
Timestamp: 2017-12-12 13:49:15+00:00

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Unificación de Jurisprudencia – notarías, conservadores y archveros | Asesoría Jurídica Laboral Unificación de Jurisprudencia – notarías, conservadores y archveros
Unificación de Jurisprudencia – notarías, conservadores y archveros
Fallo : 12.707-2011.
– DEMANDA EN PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN GENERAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO ÍNTEGRAMENTE RECHAZADA; CONCEPTO DE EMPRESA NO PUEDE SER APLICADO RESPECTO DE PERSONAL DE NOTARÍAS, CONSERVADORES Y ARCHIVEROS.-
– EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES EN SENTENCIAS ACOMPAÑADAS AUNIFICACIÓN Y DE AUTOS NO DETERMINA ACOGER RECURSO, PUES LÍNEA INTERPRETATIVA DE SEGUNDO GRADO APARECE AJUSTADA A DERECHO.-
– CONCEPCIÓN DE NOTARÍA DIFIERE OSTENSIBLEMENTE DE CONCEPTO Y FINALIDADES DE EMPRESA CONCEBIDA POR LEGISLADOR LABORAL, SIENDO DE ELLO QUE NUEVA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO TITULAR NO ASUMA OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DE SU ANTECESOR.-
– MODIFICACIÓN INTRODUCIDA A CÓDIGO DEL TRABAJO POR LEY Nº 20.510, NO OPERA EN CASO DE AUTOS, AL SER POSTERIOR A DEMANDA.-
– LEGISLACIÓN QUE AGREGÓ A NOTARÍAS Y CONSERVADORES EN CÓDIGO DEL TRABAJO NO INNOVÓ EN CUANTO A CONTINUIDAD LABORAL DE SU ARTÍCULO 4 INCISO 2º.-
– NOTARIOS, CONSERVADORES Y ARCHIVEROS SON AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y POR ENDE NO SON NI DIRIGEN EMPRESAS, FORMANDO PARTE SUS FUNCIONARIOS DEL ESCALAFÓN SECUNDARIO DEL PODER JUDICIAL.-
– LEY Nº 19.945 TUVO POR FINALIDAD QUE TRABAJADORES DE NOTARIOS TUVIERAN DERECHO A SINDICALIZARSE, CUESTIÓN QUE IMPLICA QUE HACER EXTENSIVO ESTATUTO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO DEBE ENTENDERSE EN FORMA LÓGICA CON DEMÁS NORMATIVA QUE PUEDA REGULAR DICHA MATERIA.-
– CONCEPTO DE EMPRESA Y CONTINUIDAD LABORAL ES APLICABLE A NOTARIOS, NO ADVIRTIÉNDOSE ERROR ALGUNO EN SENTENCIA DE PRIMER GRADO (VOTO EN CONTRA).-
– LEY Nº 20.510 VINO SÓLO A REAFIRMAR SITUACIÓN YA VIGENTE, HACIENDO PERFECTAMENTE APLICABLE CONCEPTO DE EMPRESA A NOTARÍAS (VOTO EN CONTRA).-
CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES, ARTÍCULO 399.-
CÓDIGO DEL TRABAJO, ARTÍCULOS 1 INCISO 4º, 3 INCISO 3º Y 4 INCISO 2º.-
LEY Nº 19.759, MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, AL DERECHO DE SINDICACIÓN, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y A OTRAS MATERIAS QUE INDICA.-
LEY Nº 19.945, INTERPRETA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO HACE APLICABLE SUS NORMAS A TRABAJADORES DE LOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES, NOTARÍAS Y ARCHIVEROS.-
LEY Nº 20.510, MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DEL PERSONAL DE NOTARÍAS Y CONSERVADORES.-
“Que de lo expuesto queda de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones sobre una misma materia de derecho, a saber, la aplicación del concepto de empresa a las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, y con ello el principio de continuidad establecido en el artículo 4 del Código del Trabajo, a los funcionarios de tales oficios y, el carácter de la modificación introducida por la Ley Nº 20.510, por lo que, se hace necesario dilucidar la contradicción constatada.” (Corte Suprema, considerando 6º).
“Que, como puede advertirse, la concepción de una notaría difiere ostensiblemente de la definición y finalidades de la empresa otorgada y concebida por el legislador laboral, misma que no puede subsumirse en el citado concepto, de manera tal, que el cambio de la persona que sirve como titular uno de estos oficios no importa un cambio o modificación en los términos del inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo, pues tal norma no es aplicable a estos auxiliares de la administración de justicia, antes de la entrada en vigencia de la modificación introducida por la Ley Nº 20.510, razón por la cual, el nuevo designado no asume las obligaciones laborales y/o previsionales que hayan sido de cargo de su antecesor correspondiéndole sólo dar cumplimiento a aquellas contraídas en su ejercicio.” (Corte Suprema, considerando 9º).
“Que, por otra parte, conviene tener presente lo que esta Corte ha dispuesto, respecto de la Ley Nº 19.945, de 15 de mayo de 2004, ya que si bien ésta fijó el alcance del inciso cuarto del artículo 1º del Código del Trabajo, en la redacción introducida por la Ley Nº 19.759, de 5 de octubre de 2001, no es menos cierto que esa disposición no innovó en lo que respecta a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo, relativa al cambio de dominio, posesión o mera tenencia de una empresa, de modo que ella sigue no siendo aplicable a las situaciones en que produce el nombramiento de nuevos titulares o interinos en cargos de Notarios, Conservadores y Archiveros, pues ellos no son ni dirigen “empresas”, en los términos que encierra la definición otorgada por el artículo 3º inciso tercero del Código citado, en la medida que todos ellos tienen cargos de Auxiliares de la Administración de Justicia, con funciones de ministros de fe pública e integran, en tal carácter, el Escalafón Secundario del personal del Poder Judicial.” (Corte Suprema, considerando 10º).
“Que también se hace necesario dejar constancia que la motivación del legislador para dictar la Ley interpretativa Nº 19.945, estuvo radicada en el derecho a sindicación de los empleados de tales oficios y en la continuidad de los servicios de los mismos. Así se desprende de la lectura de las actas pertinentes, de manera tal que, la finalidad de hacer regir la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones para los trabajadores que allí laboran, debe entenderse en forma lógica y en la medida en que dicha aplicación sea pertinente y armónica con la restante legislación que pueda regular la situación de que se trata.” (Corte Suprema, considerando 11º).
“Que, en consecuencia, si bien se constata la disconformidad denunciada en cuanto a la interpretación y aplicación dada a los preceptos analizados en la sentencia atacada, en relación a aquellas de que dan cuenta las copias de las sentencia dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en los antecedentes rol Nº 62-2011 y 4194-2007 que se acompañan, ello no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía del presente recurso invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el fondo, por cuanto la línea de razonamientos esgrimidos por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para fundamentar su decisión de acoger la pretensión de la demandada se ha ajustado a derecho, de tal forma que el arbitrio intentado deberá ser desestimado.” (Corte Suprema, considerando 13º).
“Que, tal como fue sostenido en el voto disidente del fallo que se revisa, la Ley Nº 20.510 tuvo por finalidad reafirmar una situación ya existente, pues, con la modificación introducida por la Ley Nº 19.945, interpretativa del artículo 1º del Código del Trabajo, a los trabajadores de las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales les eran aplicables las normas del Código del Trabajo, dentro de las cuales se encuentran aquellas relativas al concepto de empresa y continuidad laboral.” (Corte Suprema, voto en contra de las Ministros Sras. Pérez y Maggi, considerando 1º).
“Que, en consecuencia, la sentencia de primera instancia no ha incurrido en el error denunciado por la demandada a través de su recurso de nulidad, ya que resulta evidente, que a las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, con los artículos 1, 3 y 4 del Código del Trabajo, les resulta aplicable el concepto de empresa y con ello el principio de continuidad laboral; de esta forma, aquellos que presten servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, no podrán verse afectados por el cambio de la persona que sirve el cargo de Notario, Conservador o Archivero, criterio que fue refrendado por la Ley Nº 20.510 de 28 de abril de 2010.” (Corte Suprema, voto en contra de las Ministros Sras. Pérez y Maggi, considerando 2º).
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gabriela Pérez P., Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., el Ministro Suplente señor Alfredo Pfeiffer R., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V.
Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil once.
En estos autos Rol Ingreso de esta Corte Nº 324-2011, provenientes del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, se ha interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia de veinticinco de julio de dos mil once, dictada por doña Ximena Cárcamo Zamora, en los autos RIT Nº O-863-2010 de ese Tribunal, en que se hizo lugar a la demanda subsidiaria y, declarando que el despido de que fueron objeto los demandantes el día 24 de septiembre de 2010 fue injustificado, ordenó el pago de las sumas correspondientes a la indemnización sustitutiva de aviso previo e indemnización por años de servicio, más el incremento del 50% por las sumas que para cada uno de los seis demandantes señala, más reajustes e intereses legales, con costas.
El recurso de nulidad ha sido interpuesto por el abogado don Sergio Reyes Cajas, en representación de la demandada doña Marcela Tavolari Oliveros, y en él se solicita se invalide la sentencia recurrida dictándose sentencia de reemplazo en los términos que indica. Fundamenta el recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto estima que la sentencia se ha dictado con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y, en subsidio, en la causal del artículo 478 letra b) del mismo cuerpo legal, esto es, en haber sido pronunciada con infracción manifiesta a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
PRIMERO: Que el abogado don Sergio Reyes Cajas, en representación de la parte demandada, doña Marcela Tavolari Oliveros, dedujo recurso de nulidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto estima que el fallo recaído en estos antecedentes ha sido pronunciado con infracción de ley que ha influido sustancialmente en su parte dispositiva. En subsidio, aduce la causal del artículo 478 letra b) del mismo cuerpo legal.
SEGUNDO: Que respecto de la primera causal, el recurrente sostiene que en la sentencia se ha infringido manifiestamente la ley Nº 20.510, de 28 de abril de 2011, que modificó a contar de esa fecha el artículo 4º del Código del Trabajo, en relación con el artículo 9º del Código Civil. Añade que se ha infringido también, por equivocada e improcedente aplicación, las disposiciones de los artículos 3, 4 y 7 del Código del Trabajo, la primera que define el concepto de “empresa” para los efectos de la legislación laboral y seguridad social; la segunda, el principio de continuidad de la empresa; y, la tercera, que define lo que en nuestro derecho constituye un contrato individual del trabajo.
TERCERO: Que fundando su recurso, la demandada sostiene que la sentenciadora resuelve la cuestión sometida a su consideración, estableciendo la continuidad de la relación laboral de los demandantes con la recurrente, a la luz del artículo único de la ley Nº 20.510, tal como lo deja expresamente establecido en el considerando vigésimo del fallo impugnado, que reproduce. Sin embargo, sostiene que la disposición legal señalada resultaba absolutamente inaplicable al caso de autos, toda vez que fue dictada cuando habían transcurrido ya más de 7 meses desde la fecha en que los mismos demandantes señalan como término de la relación laboral -24 de septiembre de 2010- y en la que, por consiguiente, no tenían la calidad de “trabajadores” de la Notaría y Archivero servido por su representada.
CUARTO: Que, continuando con su planteamiento, el recurrente sostiene que asentado lo anterior, las únicas normas aplicables al caso de autos son aquellas existentes y vigentes a la fecha de producirse el conflicto materia de autos, de acuerdo a las cuales, aduce, no resultan aplicables el concepto de “empresa” del artículo 3º del Código del Trabajo ni el principio de continuidad laboral que establece el artículo 4º del mismo cuerpo legal, para quien dejó su oficio de Notario en la ciudad de Llay Llay, y asumió como Notario y Archivero en esta ciudad, ya que la aplicación de tales disposiciones a los oficios señalados sólo se encuentran consagradas en la ley Nº 20.510, que como ya se dijo, fue publicada y comenzó a regir a partir del 28 de abril de 2011.
QUINTO: Que de acuerdo al recurrente, al proceder del modo indicado, la sentencia infringe además el artículo 9º del Código Civil, en cuanto dispone “que la ley solo puede disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo”. Agrega que, si bien el inciso segundo de esa norma establece que las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas a éstas, refiriéndose a las leyes interpretativas, no es el caso que nos ocupa porque la ley Nº 20.510 no tiene ese carácter, pues cuando el legislador ha querido dictar una ley interpretativa, fijando el sentido y alcance de otra norma, lo ha dicho expresamente, tal como ocurrió con la Ley Nº 19.945, de 25 de mayo de 2004, que fijó el alcance del inciso cuarto del artículo 1º del Código del Trabajo, en la redacción introducida por la ley Nº 19.759, de 5 de octubre de 2001, que transcribe.
SEXTO: Que respecto de la Ley Nº 19.945, sostiene que ésta jamás tuvo el propósito de hacer aplicable a los trabajadores de notarías, conservadores y archiveros el principio de continuidad de la relación laboral de la empresa, como parece entenderlo la magistrado de primer grado, sino que tuvo finalidades distintas, prueba de lo cual son los innumerables fallos pronunciados por la Excma. Corte Suprema dictados con posterioridad a dicha ley de los cuales cita aquél de fecha 20 de abril de 2007, dictada en la causa Rol 6145-2005. A mayor abundamiento, sostiene que si así hubiera sido, carecería de sentido que 7 años después se hubiere dictado la ley Nº 20.510, con el mismo objeto.
SÉPTIMO: Que respecto de los artículo 3º y 4º del Código Trabajo, estima que la infracción se produce al concluir la sentenciadora que tales disposiciones resultan aplicables al caso de autos, no obstante que a la fecha de haber concluido la relación laboral que sirve de fundamento a este juicio, no existía la modificación introducida por la ley Nº 20.510. Al efecto, explica que los conceptos de “empresa” y de “continuidad laboral”, a la fecha de término de la relación laboral, no resultaban aplicables, lo que ha sido recogido por la jurisprudenciareiterada de nuestros altos tribunales, en las que se ha establecido que atendidas las especiales particularidades y naturaleza jurídica de las Notarías, Archiveros y Conservadores, en modo alguna ellas pueden encuadrarse en el concepto de empresa del artículo 3º del Código del Trabajo, y por ello no les son aplicables el principio de continuidad de la empresa consagrado en el artículo 4º de ese cuerpo legal.
Añade que uno de los elementos propios, inherentes y esenciales de una empresa, es la posibilidad de modificar por la sola voluntad del empresario, su dominio, posesión o mera tenencia, y precisamente esa facultad y posibilidad es la que da origen al fundamento del principio de continuidad establecido en el artículo 4º del Código del Trabajo, como una forma de salvaguardar los derechos de los trabajadores ante dichas situaciones, facultad de las que carecen quienes sirven tales oficios ya que los cargos son servidos en virtud de un nombramiento efectuado por la autoridad pertinente, de acuerdo a la normativa legal vigente y no por haberse adquirido el dominio de ellos. Agrega, además, que tampoco se adquiere por los Notarios, Archiveros y Conservadores la facultad de determinar libremente el valor de sus productos, bienes o servicios, por cuanto éstos están fijados por aranceles establecidos por la autoridad estatal, como tampoco la posibilidad de establecer sucursales. Finalmente, expresa que todas estas ideas han sido recogidas en forma reiterada por la Excma. Corte Suprema.
OCTAVO: Que respecto de esta causal, el recurso también denuncia infracción al artículo 7º del Código del Trabajo, la que se habría producido al estimar la sentenciadora del grado que existió relación laboral entre los actores y la recurrente, por cuanto a su juicio, siendo la prueba de cargo de los actores, éstos no rindieron prueba suficiente para acreditarlo. Por el contrario, sostiene que su parte habría acreditado que no existió tal relación laboral.
NOVENO: Que en cuanto a la causal subsidiariamente invocada, el recurso sostiene que se configura por cuanto la sentencia recurrida acoge la demanda respecto de su representada, estimando que ésta es continuadora del empleador de los demandantes, dando por acreditada la existencia de una relación laboral entre ellos, por los días 23 y 24 de septiembre de 2010, y concluyendo que habían sido despedidos de su trabajo por la demandada el día 24 de ese mismo mes, no obstante que no existen antecedentes graves, precisos, concordantes y conexos que permitan concluir ni remotamente la existencia de dicha relación laboral, dando lugar a la acción de despido injustificado, ordenando al pago de las indemnizaciones sustitutiva por falta de aviso previo y por años de servicio, no obstante que aún en el caso de haber existido el referido vínculo no se rindió prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un despido y menos injustificado, lo que constituye el requisito necesario para el pago de esas indemnizaciones.
DÉCIMO: Que para resolver acertadamente el recurso, conviene consignar que el fallo impugnado ha dado por establecido los siguientes hechos:
a) Que todos los demandantes celebraron contrato de trabajo en las fechas anotadas con el entonces Notario y Archivero Judicial titular, don Julio Lavín Ahumada.
b) Que el 13 de mayo de 2010, por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se ordenó notificar con esa misma fecha a don Julio Lavín Ahumada, el cese de sus funciones en calidad de Notario y Archivero Judicial titular de Valparaíso.
c) Que don Gonzalo Mahan Marchese se desempeñó en carácter de Notario y Archivero Judicial en calidad de interino, según designación de la Presidenta Subrogante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Dinorah Cameratti Ramos, contenida en el Decreto Económico Nº 482 de 18 de mayo de 2010, desempeñándose en el cargo luego de aceptarlo y jurar ante la Juez Titular del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso con igual fecha.
d) Que a la fecha en que asumió el cargo en carácter de interino don Gonzalo Mahan Marchese, los contratos de trabajo con los demandantes, celebrados con el Sr. Julio Lavín Ahumada, se encontraban vigentes y continuaron estándolo por todo el tiempo en que hasta el 22 de septiembre de 2010 se desempeñó el Sr. Mahan en el cargo de Interino aludido.
e) Que la abogado Marcela Tavolari Oliveros fue designada Notario y Archivero titular de Valparaíso el 3 de septiembre de 2010 por Decreto Nº 706 del Ministerio de Justicia y que lo asumió el 23 de septiembre de igual año, aceptando el cargo y jurando desempeñarlo fielmente, lo que hizo ante la Juez Titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, doña Patricia Montenegro.
UNDÉCIMO: Que respecto de la causal principal del recurso, es decir, aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo y que dice relación con la infracción de ley que se atribuye a la sentencia, la discusión se ha centrado en determinar dos situaciones jurídicas:
a) La retroactividad o irretroactividad de la Ley Nº 20.510.
b) La aplicación del concepto de empresa y el principio de continuidad laboral contenidos en el Código del Trabajo, a quienes prestan funciones en Notarías, Archiveros Judiciales y Conservadores.
DUODÉCIMO: Que para dilucidar la primera de la cuestiones planteadas, es a su vez necesario determinar la naturaleza de la Ley Nº 20.510, en atención a que si se trata de una ley interpretativa debe entenderse incorporada a aquella que interpreta de acuerdo al expreso mandato del inciso segundo del artículo 9º del Código Civil, y, en consecuencia, su vigencia está dada por la fecha de la primera. En cambio, si la norma señalada no revista tal carácter, debe entenderse que sólo puede regir las situaciones que se produzcan con posteridad a su vigencia.
DÉCIMO TERCERO: Que para desentrañar tanto la naturaleza de la ley Nº 20.510, como su vigencia, resulta conveniente recurrir, en primer término, a su historia fidedigna. De acuerdo a ella, esta norma surge de la moción parlamentaria efectuada por el Diputado Osvaldo Andrade Lara el 1º de julio de 2010, en los siguientes términos: “En nuestro sistema jurídico la situación de los trabajadores que prestan servicios en los oficios de notarios, conservadores y archiveros, ha sido objeto de permanente preocupación tal como se desprende de las reformas introducidas por la ley núm. 19. 759 de 2001 y la ley núm. 19.945, de mayo de 2004. Esta última, si bien ha establecido que las normas del Código del Trabajo son aplicables a este grupo de trabajadores, la jurisprudencia ha resuelto de un modo diverso la interpretación de tales normas al no considerar a estos oficios en el concepto de empresa”. Y agrega: “Es por estas razones que resulta aconsejable efectuar las modificaciones a objeto de ratificar las decisiones de la autoridad administrativa en el sentido de entender a tales oficios como los empleadores de estos trabajadores, tal como la propia asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales ha manifestado”. Asimismo, al informar a la Cámara de Diputados sobre el proyecto, el Diputado Andrade sostuvo que: “el fondo conceptual de la moción presentada y la posterior indicación aprobada, apunta a establecer que a estos trabajadores, al ser regidos por el Código del Trabajo, deben necesariamente aplicárseles las disposiciones contenidas en el artículo 4º ya mencionado”.
DÉCIMO CUARTO: Que respecto a la retroactividad o irretroactividad de la ley, pueden citarse las intervenciones efectuadas por el Diputado don Manuel René García, en el primer trámite constitucional ante la Cámara, en la que expresó: “Por desgracia, lo digo con mucha desilusión, ningún proyecto tiene efecto retroactivo. Luego, a miles de funcionarios no se les podrá arreglar el problema. Lo lamentamos tremendamente, porque era muy preocupante la situación de una persona que llevaba muchos años en este trabajo y quedaba totalmente desprotegida. Sobre todo, porque la gente de las notarías, conservadores y archivos trabaja por generaciones, por años ahí”.
Asimismo, en el informe de la Comisión del Trabajo se expresó que intervinieron como invitados a la Comisión del Senado los representantes del Sindicato de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, y del Sindicato Nacional Interempresa de Notarías, Conservadores y Archiveros Judiciales, quienes explicaron la situación laboral que actualmente les afecta, así como también expusieron sus observaciones en torno al proyecto de ley en estudio y formularon sus planteamientos sobre la materia. Y a este respecto señalaron que a su juicio: “sería necesario que, además, esta nueva normativa fuera establecida con carácter retroactivo, toda vez que, de ese modo, sus disposiciones también alcanzarían a las situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia”. A este respecto, el informe indica que: “la Comisión tuvo presente las siguientes consideraciones. En primer término, recordó que, con anterioridad, ya se han dictado normas tendientes a esclarecer cuál es el régimen jurídico que rige las relaciones laborales de los trabajadores que prestan servicios en notarías, archivos y conservadores. Así, mediante la ley Nº 19.759, fue incorporado el inciso final del artículo 1º del Código del Trabajo, estableciendo expresamente que dichos trabajadores “se regirán por las normas de este Código.”. Luego, la ley Nº 19.945, aclarando el sentido y alcance de la mencionada disposición, reiteró que estos trabajadores están sujetos al régimen laboral del Código del Trabajo. De este modo, la norma del citado artículo 1º, más su ley interpretativa, deberían ser suficientes para ilustrar la resolución de los asuntos que en este orden se promuevan a nivel judicial” y añadió: “Sin embargo, a raíz de la interpretación y aplicación que de estas normas han hecho nuestros tribunales de justicia, ha sido necesario proponer y analizar este nuevo proyecto de ley, a fin de esclarecer otra vez esta materia. No obstante, dicha iniciativa legal contempla al efecto una norma que no ha sido concebida con carácter retroactivo, y sus disposiciones, por tanto, sólo regirán para lo futuro, sin afectar a las situaciones acaecidas con anterioridad a su establecimiento. A mayor abundamiento, de acuerdo a nuestro sistema jurídico procesal, los casos sometidos a la consideración judicial deben ser resueltos conforme a las normas vigentes a la época en que las respectivas demandas son interpuestas y acogidas a tramitación y, por consiguiente, la nueva normativa -hoy en proyecto-, no incidiría en la resolución de las mismas”.
DÉCIMO QUINTO: Que de lo expresado en los motivos que anteceden se pude concluir que la ley Nº 20.510 no tuvo la intención de interpretar el artículo 1º del Código del Trabajo, ya que de acuerdo a lo expresado por quienes intervinieron en su tramitación, tal tenor ya había sido interpretado por la ley Nº 19.945, como también que no estuvo en la intención del legislador dar a su artículo único algún efecto de carácter retroactivo.
DÉCIMO SEXTO: Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que la ley 19.945, de 25 de mayo de 2004, señaló expresamente que su finalidad era interpretar el inciso cuarto el artículo 1º del Código del Trabajo dándole su verdadero alcance.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que asentado lo anterior, cabe entonces determinar si de acuerdo a las normas del Código del Trabajo, vigentes al 24 de septiembre de 2010- fecha en la que se habría puesto término a la relación laboral que los actores sostienen habría existido entre ellos y doña Marcela Tavolari Oliveros- es o no posible considerar a la Notaría y Archivero Judicial como “empresa”, en los términos del artículo 3º del mismo cuerpo legal, para así hacer aplicable la continuidad que establece el artículo 4º de ese mismo Código.
DÉCIMO OCTAVO: Que ha sido resuelto en forma reiterada por lajurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que “no es posible subsumir en el concepto de empresa a una Notaría, ello pues se ha sostenido que la concepción de una Notaría difiere de la definición y finalidades de la empresa otorgada y concebida por el legislador laboral, la que, además, ciertamente es susceptible de actor jurídicos de transferencia o transmisión, frente a los cuales la ley ha pretendido proteger los derechos de los trabajadores relativamente a su vigencia o continuidad, con el objeto de que ellos no se vean afectados por los cambios en el dominio, posesión o mera tenencia de la unidad económica que representa una empresa y, por consiguiente, tampoco la fuente de trabajo de aquéllos”.
DÉCIMO NOVENO: Que, también la Excma. Corte Suprema ha sostenido que: ” una notaría, como se dijo, no puede subsumirse en el concepto de empresa, ya consignado, de manera que la circunstancia de que el titular de uno de estos oficios se altere no importa un cambio o modificación en los términos del inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo, norma que no es aplicable a estos auxiliares de la administración de justicia, razón por la cual el nuevo designado no asume las obligaciones laborales y/o previsionales que hayan sido de cargo de su antecesor, correspondiéndole sólo dar cumplimiento a aquéllas contraídas en su ejercicio”.
VIGÉSIMO: Que, por otra parte, la Excma. Corte Suprema ha decidido que: “si bien la Ley Nº 19.945, de 15 de mayo de 2004, fijó el alcance del inciso cuarto del artículo 1º del Código del Trabajo, en la redacción introducida por la Ley Nº 19.759, de 5 de octubre de 2001, no es menos cierto que esa disposición no innovó en lo que respecta a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo, relativa al cambio de dominio, posesión o mera tenencia de una empresa, de modo que ella sigue no siendo aplicable a las situaciones que produce el nombramiento de nuevos titulares o interinos en cargos de Notarios, Conservadores y Archiveros, pues ellos no son ni dirigen empresas, en los términos que encierra la definición otorgada por el artículo 3º inciso tercero del Código citado, en la medida que todos ellos tienen cargos de Auxiliares de la Administración de Justicia, con funciones de ministros de fe pública e integran, en tal carácter, el Escalafón Secundario del personal del Poder Judicial”.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, también ha puntualizado la Excma. Corte Suprema que: “la motivación del legislador para dictar la Ley interpretativa Nº 19.945, estuvo radicada en el derecho a sindicación de los empleados de tales oficios y en la continuidad de los servicios de los mismos. Así se desprende de la lectura de las actas pertinentes. Sin embargo, la finalidad de hacer regir la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones para los trabajadores que allí laboran, debe entenderse en forma lógica y en la medida en que dicha aplicación sea pertinente y armónica con la restante legislación que pueda regular la situación de que se trata. No por eso debe entenderse que pueda producirse la desprotección de esos dependientes, desde que están en condiciones de hacer valer sus derechos frente a su empleador -en el evento que culmine el ejercicio de éste- conforme a las reglas generales de terminación de los contratos de trabajo y así se ha resuelto en relación con ellos”. Pueden verse, en lo que concierne a jurisprudencia existente sobre la materia, los fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en las causas roles 4161-2005 y 6648-2005, y por la Corte de Apelaciones de Concepción en causas roles 666-2009 y 136-2010.
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que a la luz de lo razonado en los considerandos precedentes, cabe concluir que la reforma introducida por la ley 19.759 al artículo 1º del Código del Trabajo, así como la ley interpretativa Nº 19.945, en cuya virtud los trabajadores que prestan servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de dicho Código, y se les aplica la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones, que emana del Código del Trabajo y leyes complementarias; no tuvieron el alcance de calificar a tales Oficios de “empresa”, según el concepto que atribuye a ésta el artículo 3º del Código del ramo para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, lo que se ve reforzado por la propia ley 20.510, que tampoco atribuyó el carácter de empresa a los referidos Oficios, sino que, únicamente, estableció que el principio de continuidad laboral -que a diferencia del concepto de empresa, se establece en el artículo 4º y no 3º del Código del Trabajo-, sería aplicable a los trabajadores de notaría, archiveros y conservador, al disponer que no se alterarán los derechos y obligaciones emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, en el caso de cambio de la titularidad en la respectiva notaría, archivo y conservador, norma que de acuerdo a lo ya razonado, carece de efecto retroactivo, siendo inaplicable, por lo tanto, a las relaciones laborales que hubieran existido con anterioridad a su entrada en vigencia.
VIGÉSIMO TERCERO: Que de los argumentos vertidos hasta ahora sólo cabe concluir que bajo el estatuto de las normas vigentes al 24 de septiembre de 2010, no es posible la aplicación de los conceptos de empresa y de continuidad laboral contenidos en los artículos 3º y 4º del Código del Trabajo a la situación materia de autos, como tampoco resulta pertinente otorgar retroactividad a la Ley Nº 20.510, y al haberlo hecho así, aplicando a los actores el nuevo inciso final del artículo 4º del referido Código, en circunstancias que aquél sólo empezó a regir a partir del 28 de abril de 2011, el fallo recurrido ha incurrido en infracción de ley que sólo puede ser reparada con la invalidación de la sentencia, pues ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde el momento que es en base a tales normas la sentenciadora del tribunal a quo ha acogido la demanda interpuesta en la presente causa.
VIGÉSIMO CUARTO: Que, en concepto de los sentenciadores, también la sentencia del tribunal a quo ha infringido el artículo 7º del Código del Trabajo, que establece que el contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada. En efecto, en base a las pruebas rendidas en la causa y siendo la existencia de una relación laboral un hecho sustancial y pertinente controvertido, la sentencia recurrida, en sus considerandos vigésimo tercero y cuarto, teniendo únicamente presente que se habría producido la continuidad en la relación laboral entre los demandantes y la demandada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Código del Trabajo, ha dado por establecido que hubo contrato de trabajo entre las partes del juicio, conculcándose de esta manera el referido artículo 7º del Código del ramo, pues como ha quedado claramente establecido en los considerandos precedentes, nunca existió relación laboral entre las partes del juicio, lo que equivale a decir que no hubo contrato de trabajo que generara obligaciones laborales de la demandada respecto de los demandantes, de manera que, estableciendo la sentencia del tribunal a quo lo contrario, fundado en un principio inaplicable al caso de autos, como es el de la continuidad laboral, efectivamente se ha infringido el mentado artículo 7º, con sustancial influencia en lo dispositivo del fallo al disponer éste el pago de prestaciones laborales sin que haya existido una relación derivada de un contrato de trabajo.
VIGÉSIMO QUINTO: Que atendido lo expresado en los considerandos precedentes, resulta innecesario e inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la causal de nulidad deducida en forma subsidiaria.
Por estas consideraciones, citas legales y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 477, 478, 480 y 482 del Código del Trabajo, se acoge el recurso de nulidad deducido por el abogado don Sergio Reyes Cajas, en representación de la demandada doña Marcela Tavolari Oliveros, en contra de la sentencia de veinticinco de julio de dos mil once, dictada por doña Ximena Cárcamo Zamora, en los autos RIT Nº O-863-2010 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, la que en consecuencia se invalida, y teniendo presente la naturaleza de la causal acogida, se reemplaza por la que se dicta a continuación.
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Gómez, quien estuvo por rechazar el recurso de nulidad, en atención a los siguientes argumentos:
1º) Que, a juicio del disidente la ley Nº 20.510 tuvo por finalidad reafirmar una situación ya existente, lo que se puede advertir de lo expresado por el entonces Diputado señor Andrade al presentar su moción, en la que, según se reprodujo en el motivo décimo tercero, ya la modificación introducida a la ley 19.945 de mayo de 2004 había hecho aplicables las disposiciones del Código del Trabajo a los trabajadores de las Notarías, Conservadores y Archiveros Judiciales, lo que fue ratificado por la intervención efectuada por la Senadora señora Rincón quien en la discusión en la Sala señaló que el inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo establece lo siguiente: “Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores”. Y Añadió que lo que se pidió- la Cámara de Diputados lo aprobó en septiembre del año pasado- fue agregar el siguiente inciso final al artículo 4º:”De igual forma, en el caso de los trabajadores mencionados en el inciso final del artículo 1º, no se alterarán los derechos y obligaciones emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, en caso de cambio de la titularidad en la respectiva notaría, archivo o conservador”. Y finalizó expresando: “No es más que una aclaración de lo que ya existe”.
2º) Que, en las condiciones anotadas fluye que, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley en comento, ya con la modificación introducida por la ley Nº 19.945, interpretativa del artículo 1º del Código del Trabajo, a los trabajadores de las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales les eran aplicables las normas del Código del Trabajo, dentro de las cuales se encuentran aquellas relativas a la continuidad laboral.
3º) Que, basta para el disidente reproducir el texto íntegro de la Ley Nº 19.945 de 25 de mayo de 2004, que por su artículo 2º declaró interpretado el inciso cuarto del artículo 1º del Código del Trabajo en el siguiente sentido: Declárese interpretado el inciso cuarto del artículo 1º del Código del Trabajo en el siguiente sentido: “Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código.”, debe interpretarse y aplicarse de forma tal que la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones, que emana del Código del Trabajo y leyes complementarias, resulte aplicable a los trabajadores que laboran en los oficios de notarías, archiveros o conservadores”.
4º) Que el sentido de la ley fue claro en hacer aplicable a los trabajadores -como los demandantes- de notarías, archivo y conservadores, “la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones que emanan del Código del Trabajo”, por lo que no puede excluirse el concepto de empresa, ni las modificaciones en el dominio, posesión o, mera tenencia de estos, desde que la utilización de legislador de los giros “totalidad”, “manifestaciones” y “expresiones” carecerían de congruencia y finalidad interpretativa, cono fue su propósito en el año 2004. Entonces, la actual Ley Nº 20.510, como dijo la H. Senadora Rincón, es una aclaración de lo que ya existe.
Respecto de la interpretación de los Tribunales Superiores de Justicia de Chile resulta útil reproducir lo expresado en la Comisión del Trabajo, “Sin embargo, los integrantes de la Comisión estuvieron contestes en que el texto y el espíritu de la ley dicen lo contrario, al igual que la intención del legislador, ya que siempre ha estado en vista la idea de que estos trabajadores, en cuanto tales, sí están cubiertos por las normas del Código del Trabajo y, en consecuencia, están protegidos por sus disposiciones, las que les son plenamente aplicables ” y la ya citada H. Senadora Rincón refirió “El problema es que se han producido fallos disímiles en los tribunales, porque el nuevo titular de una notaría, por ejemplo, no por tener relación con sus trabajadores, los despide.”, al votar la iniciativa cuya aprobación por el Senado fue unánime.
5º) Que, en consecuencia, la sentencia impugnada no ha incurrido en el yerro jurídico que se le atribuye, pues se ha aplicado correctamente lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y 4º del Código del Trabajo a los hechos establecidos en ella, sin que al fijar estos hubiere infringido de manera manifiesta las “normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”, como lo había denunciado el recurrente en la segunda causal no desarrollada en el fallo.
Redacción de la Ministro Carolina Figueroa Chandía y del voto disidente su autor.
Rol I.C. Nº 324-2011.
Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones, Sr. Gómez, Sra. Figueroa y Abogado Integrante Sr. Reyes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Por economía procesal, se reproduce la sentencia recurrida, con excepción de sus motivos, vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto, que se eliminan.
Primero: Que tal como se señalara en la sentencia anulatoria, no es posible hacer aplicable a la situación materia de autos lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 20.510, es decir, el nuevo inciso final del artículo 4º del Código del Trabajo, pues por tratarse de una norma que no tiene carácter interpretativo, sólo puede regir las situaciones posteriores a su vigencia, tal como lo indica el artículo 9º del Código Civil, esto es, a partir del 28 de abril de 2011.
Segundo: Que el artículo 3º del Código del Trabajo dispone que: “Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa, toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”. Es decir, la empresa ha sido concebida como la coordinación de ciertos elementos orientada a la obtención de finalidades de variada índole y que posee una personalidad propia, caracterizándose fundamentalmente por la independencia e iniciativa para la consecución de los fines productivos o de servicio que le son propios.
Tercero: Que, por su parte, el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales prescribe: “Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende.” y los artículos 400 y 401 se refieren, a su vez, a los lugares y al número de notarías que deben existir en relación al territorio jurisdiccional y a las funciones de los notarios; por último, el artículo 492 establece que estos auxiliares de la administración de justicia gozarán de los emolumentos que les correspondan con arreglo al respectivo arancel.
Cuarto: Que de las normas antes transcritas puede concluirse que la concepción de una Notaria y/o un Archivo Judicial, no puede subsumirse dentro del concepto de empresa para fines laborales y de seguridad social, desde que sus organización y fines difieren del concepto de empresa que establece el artículo 3º citado, en cuanto estos oficios carecen de los elementos inherentes y esenciales de empresa y que se manifiestan tanto en la forma en que se adquiere la calidad de Notario o Archivero, en los aranceles que han de cobrar, así como la forma de administrar el Oficio, por lo que se rechazará la demanda interpuesta en contra de doña Marcela Tavolari Oliveros.
QUINTO: Que por las mismas consideraciones antes vertidas, tampoco resulta procedente acoger la demanda en cuanto se ha deducido en contra de don Gonzalo Mahan Marchese, quien se desempeñó como notario y archivero judicial interino hasta la designación de la titular doña Marcela Tavolari Oliveros.
Y visto lo dispuesto en los artículos 453 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, 1, 4, 7, y 446 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:
I.- Que se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Fisco de Chile y en consecuencia se niega lugar a la demanda principal, en todas sus partes.
II.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda subsidiaria interpuesta en contra de don Gonzalo Mahan Marchese.
III.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda subsidiaria interpuesta en contra de doña Marcela Tavolari Oliveros.
IV.- Que no se condena en costas a los actores por estimar que tuvieron motivo plausible para litigar.
V.- Devuélvase a los intervinientes los documentos incorporados y exhibidos que se guardan en custodia, debiendo retirarlos en el plazo de 60 días corridos contado desde que la sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de destrucción.
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Gómez por los motivos expresados en su disidencia del fallo invalidatorio.
Se deja constancia que el Ministro Sr. Gómez estimó inoportuno dictar el fallo de reemplazo, toda vez que el artículo 478 inciso segundo del Código del Trabajo restringe dicho actuar a los capítulos que el mismo precepto señala y, en la especie, la causal acogida en una de las hipótesis del artículo 477 del Código laboral, por lo que debe remitirse los autos al tribunal de la instancia para que el juez no inhabilitado, dicte la correspondiente sentencia una vez concluido el estadio probatorio.
Regístrese y comuníquese, en su oportunidad.
Santiago, once de diciembre de dos mil doce.
En estos autos RUC Nº 1040047888-6 y RIT Nº O-863-2010, del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, don Nilson Opazo Luna, doña Marta Cecilia Vergara Fernández, doña Verónica del Pilar Becerra Fuentes, don Miguel Andrés Herrera Ibacache, doña Teresa Elizabeth Vergara Fernández y don Víctor Orlando Esteban Rivera Aguirre dedujeron demanda en contra del Fisco de Chile, y en subsidio en contra de don Gonzalo Mahan Marchese y de doña Marcela Tavolari Oliveros, a fin que se declaren injustificados sus despidos y se les condene, al pago de las indemnizaciones y demás prestaciones adeudadas, más reajustes, intereses y costas.
Evacuando el traslado conferido, los demandados, solicitaron el rechazo de la acción.
Por sentencia definitiva, de veinticinco de julio de dos mil once, aparejada a fojas 1 y siguientes, se acogió la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el Fisco de Chile, se rechazó en todas sus partes la acción subsidiaria interpuesta en contra de Gonzalo Mahan Marchese, acogiéndose la demanda subsidiaria, sólo en cuanto se declaró injustificado el despido de los actores y se condenó a la demandada Marcela Tavolari Oliveros a pagar a cada uno de ellos las indemnizaciones por falta de aviso previo y por años de servicios, con el recargo del 50% referido en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, con reajustes, intereses y costas.
En contra de la referida sentencia, la demandada Marcela Tavolari Oliveros interpuso recurso de nulidad, alegando en lo pertinente, la causal de infracción de ley establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por la infracción manifiesta de la Ley Nº 20.510 de 28 de abril de 2011, que modificó a contar de esa fecha el artículo 4 del citado Código, en relación con el artículo 9 del Código Civil, infringiendo, además, los artículos 3, 4 y 7 del Código del ramo.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo del recurso de nulidad reseñado, por resolución de veintiocho de noviembre del año dos mil once, escrita a fojas 115 y siguientes de estos antecedentes, lo acogió, declarando que la sentencia recurrida es nula, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo que desestimó la demanda en todas sus partes, sin costas.
En contra de la resolución que falló el recurso de nulidad, la demandante dedujo, a fojas 188, recurso de unificación de jurisprudencia solicitando que esta Corte lo acoja, deje sin efecto la sentencia recurrida y dicte una de reemplazo en unificación de jurisprudencia, estableciendo que a los trabajadores de las Notarías, Conservadores y Archiveros, se les aplica el concepto de empresa y el principio de continuidad contemplados en los artículos 3 y 4 del Código del Trabajo, respectivamente, criterio que se ve reforzado con la modificación incorporada al citado cuerpo legal a través de la Ley Nº 20.510 de 28 de abril de 2010.
Segundo: Que la unificación de jurisprudencia pretendida en estos autos por la demandante exige dilucidar el sentido y alcance que corresponde atribuir a los artículos 3 y 4 del Código del Trabajo, y determinar si a las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales les es aplicable el concepto de empresa y el principio de continuidad laboral. Asimismo, determinar si la Ley Nº 20.510 es una ley interpretativa de la normativa laboral o si tiene efecto retroactivo.
Tercero: Que el recurrente sustenta su recurso en que la interpretación del texto aludido verificada por los Ministros de la Corte de Apelaciones ha sido errada en cuanto han decidido que no procede considerar a las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales como empresa en los términos en que aparece definida por el legislador, y que por ende, no se les aplica a los funcionarios que prestan servicios en tales oficios el principio de continuidad laboral, precisando además, que la Ley Nº 20.510 de 28 de abril de 2011 no tiene efecto retroactivo ni tampoco el carácter de interpretativa de preceptos laborales, resultando inaplicable al caso lo dispuesto en el nuevo inciso final del artículo 4 del Código del Trabajo. Explica que dicha interpretación se aparta de la que ha sostenido la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencias recaídas en las causas rol Nº 62-2011 y 4194-2007, en las que se afirma que de conformidad con los artículos 1 inciso final y 4 inciso segundo del Código laboral,los derechos de los trabajadores de una notaría no se alteran o extinguen por el mero hecho de cambiar la titularidad del notario que la sirve, circunstancia que se vio refrendada con lo dispuesto en la Ley Nº 20.510, resultando claro conceptualizar a los oficios como empresa y también el carácter interpretativo de la citada ley.
Cuarto: Que de la lectura de los fallos dictados por la Corte de Apelaciones de Santiago antes reseñados, aparece que en éstos efectivamente los jueces del fondo han decidido que procede considerar a las Notarías como una empresa en los términos en que ésta fue definida por el legislador en el artículo 3 del Código del Trabajo, y que por ende, el cambio que se pueda producir del funcionario que sirve el cargo de Notario no alterará los derechos y obligaciones de los trabajadores que prestan servicios en tales oficios, de conformidad a lo previsto por el artículo 4 inciso segundo del Código citado.
Quinto: Que, por el contrario, en la sentencia recurrida se decidió que una Notaría y/o Archivo no pueden subsumirse dentro del concepto de empresa para fines laborales y de seguridad social, desde que, su organización y fines difieren de aquellos establecidos en la definición dada por el legislador, en cuanto éstos carecen de los elementos inherentes y esenciales de la empresa, circunstancia que se manifiesta, tanto en la forma como se adquiere la calidad de Notario o de Archivero, en los aranceles que han de cobrar, así como de la forma de administrar el oficio, no resultando, por ende, aplicable el principio de continuidad laboral. Además, se deja establecido que la modificación incorporada por la Ley Nº 20.510 de 28 de abril de 2011, no tiene efectos retroactivos, ni el carácter de interpretativa de la ley laboral.
Sexto: Que de lo expuesto queda de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones sobre una misma materia de derecho, a saber, la aplicación del concepto de empresa a las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, y con ello el principio de continuidad establecido en el artículo 4 del Código del Trabajo, a los funcionarios de tales oficios y, el carácter de la modificación introducida por la Ley Nº 20.510, por lo que, se hace necesario dilucidar la contradicción constatada.
Séptimo: Que para decidir sobre lo planteado pertinente resulta entonces anotar que, tal como se dejó asentado en el motivo décimo del fallo impugnado, los demandantes celebraron contratos de trabajo con el Notario y Archivero Judicial titular de Valparaíso, don Julio Lavín Ahumada, mismo que cesó en sus funciones el 13 de mayo de 2010, cargo en el que luego doña Marcela Tavolari Oliveros fue designada como titular el día 3 de septiembre del referido año, asumiendo sus funciones el día 23 del mismo mes.
Octavo: Que, para al resolución del asunto, se debe tener en cuenta el concepto de empresa contenido en el artículo 3º del Código del Trabajo que señala: “Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada.” Por otro lado, el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales prescribe: “Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende”, refiriéndose, además, los artículos 400, 401 y 492 del citado Código, a los lugares y al número de notarías que deben existir en relación al territorio jurisdiccional, las funciones de los notarios, explicitándose que éstos son auxiliares de la administración de justicia que gozarán de los emolumentos que les correspondan con arreglo al respectivo arancel.
Noveno: Que, como puede advertirse, la concepción de una notaría difiere ostensiblemente de la definición y finalidades de la empresa otorgada y concebida por el legislador laboral, misma que no puede subsumirse en el citado concepto, de manera tal, que el cambio de la persona que sirve como titular uno de estos oficios no importa un cambio o modificación en los términos del inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo, pues tal norma no es aplicable a estos auxiliares de la administración de justicia, antes de la entrada en vigencia de la modificación introducida por la Ley Nº 20.510, razón por la cual, el nuevo designado no asume las obligaciones laborales y/o previsionales que hayan sido de cargo de su antecesor correspondiéndole sólo dar cumplimiento a aquellas contraídas en su ejercicio.
Décimo: Que, por otra parte, conviene tener presente lo que esta Corte ha dispuesto, respecto de la Ley Nº 19.945, de 15 de mayo de 2004, ya que si bien ésta fijó el alcance del inciso cuarto del artículo 1º del Código del Trabajo, en la redacción introducida por la Ley Nº 19.759, de 5 de octubre de 2001, no es menos cierto que esa disposición no innovó en lo que respecta a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 4º del Código del Trabajo, relativa al cambio de dominio, posesión o mera tenencia de una empresa, de modo que ella sigue no siendo aplicable a las situaciones en que produce el nombramiento de nuevos titulares o interinos en cargos de Notarios, Conservadores y Archiveros, pues ellos no son ni dirigen “empresas”, en los términos que encierra la definición otorgada por el artículo 3º inciso tercero del Código citado, en la medida que todos ellos tienen cargos de Auxiliares de la Administración de Justicia, con funciones de ministros de fe pública e integran, en tal carácter, el Escalafón Secundario del personal del Poder Judicial.
Undécimo: Que también se hace necesario dejar constancia que la motivación del legislador para dictar la Ley interpretativa Nº 19.945, estuvo radicada en el derecho a sindicación de los empleados de tales oficios y en la continuidad de los servicios de los mismos. Así se desprende de la lectura de las actas pertinentes, de manera tal que, la finalidad de hacer regir la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones para los trabajadores que allí laboran, debe entenderse en forma lógica y en la medida en que dicha aplicación sea pertinente y armónica con la restante legislación que pueda regular la situación de que se trata.
Duodécimo: Que de lo expuesto sólo cabe concluir que los ministros recurridos, al acoger el recurso de nulidad, dieron correcta aplicación a las normas que resuelven la materia.
Décimo tercero: Que, en consecuencia, si bien se constata la disconformidad denunciada en cuanto a la interpretación y aplicación dada a los preceptos analizados en la sentencia atacada, en relación a aquellas de que dan cuenta las copias de las sentencia dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en los antecedentes rol Nº 62-2011 y 4194-2007 que se acompañan, ello no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía del presente recurso invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el fondo, por cuanto la línea de razonamientos esgrimidos por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para fundamentar su decisión de acoger la pretensión de la demandada se ha ajustado a derecho, de tal forma que el arbitrio intentado deberá ser desestimado.
Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso deunificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, a fojas 188, en relación con la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de veintiocho de noviembre del año dos mil once, escrita a fojas 115 y siguientes de estos antecedentes.
Acordado lo anterior con el voto en contra de las Ministras señora Pérez y señora Maggi, quienes fueron del parecer de acoger el recurso de unificación dejurisprudencia interpuesto por la parte demandante y dictar sentencia de reemplazo sin nueva vista, pero separadamente, desestimando el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones:
1º) Que, tal como fue sostenido en el voto disidente del fallo que se revisa, la Ley Nº 20.510 tuvo por finalidad reafirmar una situación ya existente, pues, con la modificación introducida por la Ley Nº 19.945, interpretativa del artículo 1º del Código del Trabajo, a los trabajadores de las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales les eran aplicables las normas del Código del Trabajo, dentro de las cuales se encuentran aquellas relativas al concepto de empresa y continuidad laboral.
2º) Que, en consecuencia, la sentencia de primera instancia no ha incurrido en el error denunciado por la demandada a través de su recurso de nulidad, ya que resulta evidente, que a las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, con los artículos 1, 3 y 4 del Código del Trabajo, les resulta aplicable el concepto de empresa y con ello el principio de continuidad laboral; de esta forma, aquellos que presten servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, no podrán verse afectados por el cambio de la persona que sirve el cargo de Notario, Conservador o Archivero, criterio que fue refrendado por la Ley Nº 20.510 de 28 de abril de 2010.
Redacción a cargo de la Ministra señora Gabriela Pérez Paredes.
Rol Nº 12.707-2011.
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Recurso de unificación de jurisprudencia. Semana corrida. Remuneración mixta.
Corte Suprema. Recurso de unificación de jurisprudencia. Semana corrida. Remuneración[...]

References: ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 399
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 477
 artículo 478
 artículo 477
 artículo 478
 artículo 4
 artículo 9
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 artículo 4
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 artículo 1
 artículo 3
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 artículo 4
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 artículo 7
 artículo 477
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 1
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 artículo 1
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 artículo 3
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