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Timestamp: 2019-06-25 13:28:59+00:00

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﻿ Luces y sombras del Real Decreto-Ley (y IV) |
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REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL 3 DE AGOSTO DE 2018 (RD 9/2018)
Era evidente: el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero exigía, entre otras cosas, reformas legislativas y adopción de medidas urgentes. ¡Era evidente para llevar a cabo acciones pedidas a gritos por la sociedad ante los asesinatos machistas, ante la protección eficaz de las victimas!
Y el Gobierno ha reaccionado aprobando determinadas medidas y reformas mediante el Real Decreto, acción prevista en las leyes que permite medidas y reformas sin contar con los órganos legislativos. Y en el Real Decreto el Gobierno justifica las razones y motivos de esta acción. En mi opinión, las razones y motivos están con claridad expuestos y razonados.
Al presentar lo dispuesto en el Real Decreto señalé algunas “sombras”; es decir, elementos mejorables; es decir, decisiones que se toman y que ofrecen dudas, incluso problemáticas jurídicas, también cierta confusión con normas vigentes.
Hoy, pasado cierto tiempo de reflexión y leídas algunas críticas y reacciones, ha llegado el momento, así lo pienso, de señalar algunas “sombras”. Desde luego, con la clara intención de que se reflexione y se mejore lo que se haya de mejorar. Y con un propósito firme por mi parte: todo lo que se haga para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad, para proteger a las mujeres víctimas es poco. Pero…¡despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas!.
Eso sí…que existan posibles sombras, no quiere decir que no existan luces.
¿Cómo se va a proteger a la mujer si no se actúa sobre el agresor?
Acreditación de las situaciones de violencia de género (reforma articulo 23 Ley Integral)
“Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género”.
En la exposición de Motivos del Real Decreto se señala que un tanto por ciento muy numeroso de mujeres asesinados no habían presentado denuncia previa. También es notable el tanto por ciento de mujeres maltratadas que no denuncian judicialmente su situación. Por temor, por amenazas, por no tener recursos económicos para la atención de sus hijos, por dependencia emocional, por …diversos motivos. Y esas mujeres, victimas de violencia machista que no dan el paso hacia la salida de su situación mediante la denuncia, necesitan ayuda, reinserción, recursos, protección. Esa es la razón de la reforma acerca de la acreditación como víctima.
Es verdad que las jueces tienen la sensación de que no están ayudando a esas mujeres. Pero, ¿lo soluciona el real decreto? Para tratar de arreglarlo determina la posibilidad de que una mujer sea reconocida como víctima sólo con los informes de equipos de los servicios sociales municipales y acceder así a ayudas económicas, sociales y psicológicas.
Pero donde hay una maltratada reconocida como tal, tiene que haber un maltratador sin que lo haya dictaminado un juez, y es ahí donde han saltado las alarmas. Dice el Colegio de Abogados de Madrid: «Cabe pensar que limita la presunción de inocencia o las garantías de defensa de todos aquellos que resulten investigados, ya que podrán verse procesados por un delito de violencia de género, a partir de una ‘acreditación de una situación de violencia’ que no haya sido emitida por una autoridad judicial competente.”
Y añado: ¿Están suficientemente especializados los servicios sociales municipales o autonómicos? Sin esa especialización cabe la posibilidad de acreditaciones de ser victima sin suficientes indicios, sin hondura.
Y otra pregunta y duda: ¿Cómo se va a proteger a la mujer si no se actúa sobre el agresor? ¿Y como se actúa ante el agresor sin intervención judicial?
Una cosa clara: hay que proteger a la mujer, hay que ayudarle a encontrar la salida, a que recupere su libertad y dignidad. Pero…hay que hacerlo con respeto a las leyes, con profesionalidad acreditada
En uno de mis artículos sobre el Real Decreto ya me refería a este tema. Quienes están mas cercanos a las victimas, son esenciales en su recuperación, en su protección, en la ayuda. Añadiré solamente, insistiendo en ello: hay que formar hondamente a los servicios municipales y autonómicos, a los policías locales. ¡Sin la debida formación…nos quedaremos en buenas intenciones! Por cierto, esta medida del Real Decreto precisa desarrollo inmediato.
¡Sin la debida formación…nos quedaremos en buenas intenciones!
Modificación del artículo 156 del Código Civil.
“Se añade un nuevo párrafo segundo en el artículo 156 del Código Civil con la siguiente redacción: Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos”.
A este respecto son varias las dudas y críticas entre juristas y expertos: ¿Modificar un articulo del Código Civil mediante un Real Decreto? ¿Cabe una intervención judicial para determinar la necesidad de la terapia psicológica?
Una cuestión: ¿carece el Gobierno de expertos jurídicos como para que las medidas que se tomen estén adecuadas a las normas legales? Es decir, para evitar posibles chapuzas.
Y si existen lagunas o errores jurídicos…¡corríjase!.
Y al igual que en el Pacto de Estado se llegó a un acuerdo unánime, hágase lo mismo ahora.
Si de verdad queremos igualdad y dignidad para las mujeres, autentica democracia en nuestra sociedad, que los grupos políticos y otros grupos se olviden de “politiqueos”, de “postureos”, “banderías”, “victorias o derrotas”…¡por encima de todo ello, está la igualdad y la dignidad!.
Y esa realidad no depende de “ismos”…depende de la voluntad de construir una sociedad democrática.
Si algo hay que cambiar algunas normas jurídicas, se cambia, pero con respeto a la legalidad existente.
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 156
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