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Timestamp: 2013-05-24 22:23:15+00:00

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NYR. Informe n� 157. BOE de octubre de 2007.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 157. (BOE de OCTUBRE de 2007)
Demarcaci�n Registral
Dem. Registral Catalu�a
Pa�s Vasco: cupo
TC: Ley Suelo
Embargo admvo.
Calificaci�n e impuestos
Actas para Juntas
* Jos� F�lix Merino Escart�n, registrador de la propiedad de La Orotava (Tenerife).
* Francisco M�nguez Jim�nez, inspector de finanzas, adscrito a la D. G. Tributos. Madrid.
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MADRID. Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernizaci�n del Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid.
Esta Ley est� compuesta por dos t�tulos.
En el T�tulo I se contienen medidas de reforma del Gobierno y de la Administraci�n auton�micos, sobre todo realzando la figura de los Viceconsejeros.
El T�tulo II establece determinadas reformas en la acci�n administrativa, especialmente en cuanto al planeamiento y la ordenaci�n del urbanismo en la Comunidad de Madrid, modific�ndose la Ley del Suelo auton�mica. Destaquemos:
- Se limita a tres alturas m�s �tico la construcci�n de los nuevos desarrollos urban�sticos.
- Se introduce un nuevo procedimiento de aprobaci�n de los Avances de los Planes Generales y de Sectorizaci�n, en el que ser� preceptivo y vinculante un Informe de Impacto Territorial emitido por el Consejo de Gobierno.
- Se prev� la posibilidad de atribuir las competencias de planeamientos a la Consejer�a correspondiente en caso de incumplimientos graves por parte de los municipios.
- Se contempla la posibilidad de construir determinadas instalaciones en los suelos rurales, incluy�ndose las de car�cter deportivo en los suelos de uso agr�cola.
- Se eleva el rango de los �rganos competentes para aprobar definitivamente los diferentes instrumentos urban�sticos, atribuy�ndose al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la competencia respecto a los Planes Generales y de Sectorizaci�n, as� como sus modificaciones y revisiones.
- Se suprime la figura del agente urbanizador, por considerar que durante su existencia no ha demostrado su eficacia, pudiendo sus funciones entrar en colisi�n con el derecho de propiedad.
- Se proh�ben convenios urban�sticos de planeamiento, para intentar fortalecer la independencia de los ayuntamientos y su transparencia.
- Se regula la declaraci�n de utilidad p�blica e inter�s social de las obras hidr�ulicas de inter�s general de la Comunidad de Madrid y de las obras de soterramiento de las l�neas el�ctricas.
- Se establece la prohibici�n de graffitis y pintadas en la v�a p�blica, sin perjuicio de la habilitaci�n por los Ayuntamiento de espacios para realizar graffitis de valor art�stico.
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CORREOS. LEY 23/2007, de 8 de octubre, de creaci�n de la Comisi�n Nacional del Sector Postal.
Esta Ley, en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaci�n de los Servicios Postales, trata de conseguir que el sector postal se rija por los principios de libre competencia, transparencia e igualdad de trato. Para ello, se crea la Comisi�n Nacional del Sector Postal, como �rgano independiente y especializado encargado de resolver, o arbitrar en su caso, los conflictos entre los operadores postales y de cuidar de los intereses de los usuarios.
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MINISTERIO FISCAL. LEY 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Org�nico del Ministerio Fiscal.
El art�culo 124 de la Constituci�n atribuye al Ministerio Fiscal la misi�n de promover la acci�n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter�s p�blico tutelado por la ley
Se abordan ahora una serie de modificaciones sustanciales en el vigente Estatuto Org�nico del Ministerio Fiscal para adaptarlo al desarrollo social, econ�mico y tecnol�gico de estos 25 �ltimos a�os y al Estado de las Autonom�as.
Son objetivos declarados de la Ley:
A) Dotar al Ministerio fiscal de mayor autonom�a. Para ello, entre otras medidas, se modifica el r�gimen de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, que deber� someterse a una comparecencia ante una Comisi�n del Congreso de los Diputados antes de ser nombrado por el Rey y se introducen causas objetivas de cese. Tambi�n se potencian las funciones de la Junta de Fiscales de Sala.
B) Reformar su estructura dando un mayor juego a la figura del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Tambi�n se introduce la Unidad de apoyo como �rgano integrado por Fiscales y funcionarios, que queda encargado de labores de asistencia a la Fiscal�a General del Estado; se incorpora en esta Ley la figura de la Fiscal�a Jur�dico Militar, como �rgano del Ministerio Fiscal, y se regula como novedad la figura del Fiscal de Sala Delegado.
C) Lograr una mayor eficiencia, impulsando la especializaci�n. Se trata de refundir la naturaleza, organizaci�n y funcionamiento de las dos Fiscal�as especiales que pasan a llamarse Fiscal�a Antidroga, y Fiscal�a Anticorrupci�n y contra la Delincuencia Organizada.
D) Adecuar su organizaci�n territorial al Estado de las Autonom�as. Se crea la figura del Fiscal Superior de la Comunidad Aut�noma, que viene a sustituir a los actuales Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Aut�nomas, que pretende articular en un v�rtice colegiado esa dimensi�n territorial del Fiscal, cuyo reflejo org�nico hasta ahora ha sido exclusivamente radial.
E) Obtener un despliegue territorial m�s eficiente, para lo que se introducen cambios en la organizaci�n a nivel provincial, as� como en la articulaci�n territorial de la especializaci�n de la Fiscal�a a trav�s de las correspondientes secciones. Se sustituye la cl�sica denominaci�n de Fiscal�a de la Audiencia Provincial por la de Fiscal�a Provincial, pues tambi�n presta servicio al conjunto de los juzgados y tribunales de la provincia.
La estructura infraprovincial se basa en dos nuevas figuras: las Fiscal�as de �rea (para los lugares que, sin ser capital de provincia, presenten aglomeraciones importantes de poblaci�n) y las Secciones Territoriales de las Fiscal�as Provinciales (para otros lugares que por su lejan�a de la sede provincial o por cualquier otro motivo exijan una presencia del Fiscal no sujeta a permanentes desplazamientos). Esta infraestructura est� pensada para permitir en el futuro una eventual asunci�n de la direcci�n de la investigaci�n penal por parte de los Fiscales.
Se trata tambi�n de articular criterios para evitar conflictos derivados de la �doble dependencia� de la Fiscal�a Especial y territorial, atendiendo, sobre todo, al grado de dedicaci�n, exclusiva o compartida, del Fiscal delegado y al Decreto de nombramiento.
F) Dentro de la organizaci�n de la Carrera Fiscal, se intenta potenciar la movilidad y la temporalidad en el desempe�o de los cargos.
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ARGENTINA. ENTRADA en vigor del Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica Argentina, firmado el 28 de enero de 1997, hecho en Buenos Aires el 21 de marzo de 2005.
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FACTURACI�N ELECTR�NICA. Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedici�n de facturas por medios electr�nicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administraci�n General del Estado u organismos p�blicos vinculados o dependientes de aqu�lla y sobre la presentaci�n ante la Administraci�n General del Estado o sus organismos p�blicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares.
Objeto: Mediante esta orden se establecen unos est�ndares y condiciones t�cnicas uniformes en la emisi�n y remisi�n de facturas que afecten a la Administraci�n General del Estado y a los organismos p�blicos vinculados, y la regulaci�n de la forma de prestar el consentimiento cuando la Administraci�n sea destinataria de las facturas.
Consentimiento: Cuando un Departamento ministerial u organismo p�blico preste el consentimiento para recibir facturas en soporte electr�nico, tal consentimiento tendr� car�cter general y se extender� a todos los supuestos en los que sea destinatario de facturas con los formatos aprobados. Cabe tambi�n que las Administraciones P�blicas, en determinados supuestos, puedan establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando s�lo medios electr�nicos para la remisi�n de facturas electr�nicas.
Firma electr�nica. La autenticidad del origen e integridad del contenido de las facturas electr�nicas se garantizar� mediante la exigencia de firma electr�nica avanzada.
P�gina web: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pondr� a disposici�n de los usuarios, a trav�s de la p�gina web www.facturae.es, las herramientas necesarias para asegurar la convertibilidad y compatibilidad de formatos.
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CANARIAS, BALEARES, CEUTA Y MELILLA. TR�FICO DE PASAJEROS. Real Decreto 1340/2007, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificaci�n en las tarifas de los servicios regulares de transporte a�reo y mar�timo, para los residentes en las Comunidades Aut�nomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Este real decreto tiene por finalidad la adaptaci�n del Real Decreto 1316/2001 a:
- Los cambios que se han producido en relaci�n con la emisi�n de billetes en el transporte a�reo, disgregando los cargos por emisi�n del concepto �nico de tarifas a�reo. Dichos cargos se incluyen en la base bonificable.
- Y al nuevo sistema de acreditaci�n de la residencia establecido con car�cter general al suprimirse la tarjeta de residente para los ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, siendo sustituida por el certificado de registro expedido por el Registro Central de Extranjeros.
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BIENES INMUEBLES. VALORACI�N. Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoraci�n de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
La Orden modificada establece normas para el c�lculo del valor de tasaci�n de bienes inmuebles y de determinados derechos reales para las finalidades contempladas en su �mbito de aplicaci�n, as� como para la elaboraci�n de informes y certificados en los que se formalizar�.
Dichas normas pretenden potenciar la calidad t�cnica y formal de las valoraciones con el objetivo �ltimo de proteger mejor los intereses de terceros en su condici�n de inversores o asegurados.
�mbito de aplicaci�n. El valor de tasaci�n ha de utilizarse para alguna de las finalidades siguientes:
a) Garant�a hipotecaria de cr�ditos o pr�stamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de t�tulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y constructores a que se refiere el art�culo 2 del Reglamento del Mercado Hipotecario.
b) Cobertura de las provisiones t�cnicas de las entidades aseguradoras.
c) Determinaci�n del patrimonio de las instituciones de inversi�n colectiva inmobiliarias.
d) Determinaci�n del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones.
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MODELOS 110, 111 Y 190 I.R.P.F. Orden EHA/3020/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueban el modelo 190 para la declaraci�n del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades econ�micas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, los dise�os f�sicos y l�gicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador, se determinan el lugar y la forma de presentaci�n del mismo, y se modifica la Orden EHA/30/2007, de 16 de enero, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 de declaraci�n-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades econ�micas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.
- Qui�nes est�n obligados a presentarlo.
- Formas de presentaci�n: impreso, forma telem�tica o teleproceso.
- Plazo, lugar y procedimiento de presentaci�n.
- Requisitos y procedimiento para la presentaci�n telem�tica.
- Presentaci�n por teleproceso.
- Presentaci�n: telem�tica.
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COMUNICACIONES ELECTR�NICAS. LEY 25/2007, de 18 de octubre, de conservaci�n de datos relativos a las comunicaciones electr�nicas y a las redes p�blicas de comunicaciones.
Objeto de la Ley: La regulaci�n de la obligaci�n de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestaci�n de servicios de comunicaciones electr�nicas o de redes p�blicas de comunicaci�n, as� como el deber de cesi�n de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a trav�s de la correspondiente autorizaci�n judicial. .
Qu� datos: Los datos de tr�fico y de localizaci�n sobre personas f�sicas y jur�dicas y los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.
Exclusi�n. Se excluye del �mbito de aplicaci�n de esta Ley el contenido de las comunicaciones electr�nicas, incluida la informaci�n consultada utilizando una red de comunicaciones electr�nicas.
Sujetos obligados: Los operadores que presten servicios de comunicaciones electr�nicas disponibles al p�blico o exploten redes p�blicas de comunicaciones conforme a la Ley General de Telecomunicaciones.
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MERCADO DE VALORES. Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relaci�n con los requisitos de transparencia relativos a la informaci�n sobre los emisores cuyos valores est�n admitidos a negociaci�n en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Uni�n Europea.
Este Real Decreto regula los requisitos relativos al contenido, publicaci�n y difusi�n de la informaci�n regulada sobre los emisores de valores admitidos a negociaci�n en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Uni�n Europea cuando Espa�a sea Estado miembro de origen.
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CALENDARIO LABORAL 2008. Resoluci�n de 9 de octubre de 2007, de la Direcci�n General de Trabajo, por la que se publica la relaci�n de fiestas laborales para el a�o 2008.
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SEGUROS PRIVADOS. Real Decreto 1361/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de supervisi�n del reaseguro, y de desarrollo de la Ley Org�nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en materia de factores actuariales.
Mediante este Decreto se completa la incorporaci�n de la Directiva 2005/68/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro al Derecho espa�ol de seguros, fundamentalmente en aspectos t�cnicos.
Por otro lado, el art�culo 71.1 de la Ley Org�nica 3/2007 proh�be la celebraci�n de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de c�lculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, aunque permite que reglamentariamente se puedan fijar los supuestos en los que sea admisible determinar diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones, cuando el sexo constituya un factor determinante de la evaluaci�n del riesgo. Esos supuestos se fijan ahora.
Se protege de manera especial la situaci�n de embarazo y, en consecuencia:
- En el acceso a bienes y servicios, ning�n contratante podr� indagar sobre la situaci�n de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protecci�n de su salud.
- Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificar�n diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. PDF (6 p�gs. - 113 KB.)
C�DIGO T�CNICO DE LA EDIFICACI�N. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento b�sico �DB-HR Protecci�n frente al ruido� del C�digo T�cnico de la Edificaci�n y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C�digo T�cnico de la Edificaci�n.
Este Documento B�sico �DB-HR Protecci�n frente al ruido� no ser� de aplicaci�n a las obras de nueva construcci�n y a las obras en los edificios existentes que tengan solicitada la licencia municipal de obras el 24 de octubre de 2007
PDF (54 p�gs. - 2658 KB.) Correcci�n de errores.
MEDIO AMBIENTE. LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Objeto: Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los da�os medioambientales, de conformidad con el art�culo 45 de la Constituci�n y con los principios de prevenci�n y de que �quien contamina paga�.
Un operador es cualquier persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada, que desempe�e una actividad econ�mica o profesional o que, en virtud de cualquier t�tulo, controle dicha actividad o tenga un poder econ�mico determinante sobre su funcionamiento t�cnico.
En su texto no se hace, salvo error u omisi�n, referencia espec�fica a una actividad notarial o registral concreta.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos espa�olas y se regulan los medios de apoyo a la comunicaci�n oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
A) Reconocer y regular la lengua de signos espa�ola como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en Espa�a que libremente decidan utilizarla, y de la lengua de signos catalana en su �mbito de uso ling��stico
B) La regulaci�n de los medios de apoyo a la comunicaci�n oral destinados a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Relaciones con las Administraciones P�blicas. Las Administraciones P�blicas competentes promover�n la prestaci�n de servicios de int�rpretes en lengua de signos espa�ola y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades aut�nomas si las hubiera, en el caso de que as� se solicite previamente, para las personas que sean usuarias de la misma, al objeto de facilitar las relaciones de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas con las Administraciones P�blicas.
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PA�S VASCO. LEY 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Econ�mico con la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco.
Esta modificaci�n se basa en la disposici�n adicional segunda del Concierto por la que, en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jur�dico tributario del Estado que afectase a la concertaci�n de los tributos, se produjese una alteraci�n en la distribuci�n de las competencias normativas que afecte al �mbito de la imposici�n indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se proceder� a la pertinente adaptaci�n del Concierto Econ�mico.
Entre las novedades que motivan esta modificaci�n est�n la introducci�n del r�gimen del grupo de entidades en la normativa reguladora del IVA, el incremento de las competencias normativas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos; la introducci�n en el sistema tributario estatal del Impuesto sobre el Carb�n, y la devoluci�n del Impuesto sobre Hidrocarburos a profesionales, agricultores y ganaderos en determinados supuestos
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PA�S VASCO. LEY 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodolog�a de se�alamiento del cupo del Pa�s Vasco para el quinquenio 2007-2011.
El Concierto Econ�mico entre el Estado y el Pa�s Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su art�culo 50, apartado uno, que cada cinco a�os, mediante Ley de las Cortes Generales y previo acuerdo de la Comisi�n Mixta del Concierto Econ�mico, se proceder� a aprobar la metodolog�a de se�alamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el Concierto Econ�mico, as� como a aprobar el cupo del primer a�o del quinquenio.
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***DEMARCACI�N REGISTRAL. Orden JUS/3132/2007, de 23 de octubre, por la que se dictan normas para la interpretaci�n y ejecuci�n del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcaci�n de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Objeto (art.1): Esta Orden desarrolla el apartado primero de la disposici�n final segunda del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, que dice as�: 1. Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las normas que sean necesarias para interpretar y ejecutar el presente Real Decreto y, en especial, lo relativo a fechas de funcionamiento independiente de los Registros y regulaci�n del per�odo de transici�n hasta el funcionamiento independiente.
Provisi�n de plazas (art.2). Las plazas creadas ir�n a cuatro concursos ordinarios a celebrar los a�os 2007, 2008, 2009 y 2010, seg�n la siguiente relaci�n:
- A�o 2007: 169 Registros enumerados en el anexo I. Representan el 68,42% de todos.
- A�o 2008: 32 Registros enumerados en el anexo II. Representan el 12,96%.
- A�o 2009: 27 Registros enumerados en el anexo III. Representan el 10,93%.
- A�o 2010: 19 Registros enumerados en el anexo IV. Representan el 7,69%.
Registros cubiertos en el concurso de traslados (art.3). Los Registros funcionar�n con independencia desde el momento de la toma de posesi�n del nuevo titular. Con independencia significa:
- Con su correspondiente Libro Diario y
- Asumiendo cada Registrador el despacho de los t�tulos de su distrito hipotecario
Registro en los que no haya tomado posesi�n el nombrado en propiedad. De acuerdo con el art�culo 490 del Reglamento Hipotecario, el Registrador afectado continuar� con el desempe�o de ambos registros transitoriamente ya que en los supuestos de creaci�n de un registro por divisi�n o segregaci�n de otro, su efectividad no tendr� lugar hasta que tome posesi�n el nombrado en propiedad.
Plazo para traslado de los libros (art. 4): Lo fijar� la DGRN, siendo como m�ximo de un mes, conforme al art. 484 RH.
Nuevas capitalidades (art.5). Cuando en Registros de la Propiedad se establezcan nuevas capitalidades, el plazo de traslado del Registro a la localidad correspondiente no podr� ser superior a seis meses, computado �ste desde la entrada en vigor de la presente Orden.
Divisi�n material. Si el Registro inicial est� desempe�ado por dos o m�s titulares en r�gimen de divisi�n personal, se entiende por titular m�s antiguo o m�s moderno el que corresponda con arreglo al escalaf�n del Cuerpo, conforme al art. 486 RH.
Entrada en vigor: el 31 de octubre de 2007.
Ver O.M. 13 de febrero de 2013: deroga art. 2, aplaza y reagrupa. PDF (6 p�gs. - 195 KB.) Correcci�n de errores.
***DEMARCACI�N REGISTRAL: CATALU�A. Orden de 23 de octubre de 2007, del Departamento de Justicia, por la que se dictan normas para la ejecuci�n del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcaci�n de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Esta Orden es muy similar a la anterior. Las plazas creadas ir�n a tres concursos ordinarios a celebrar los a�os 2007, 2008 y 2009, seg�n la siguiente relaci�n:
- A�o 2007: 29 Registros enumerados en el anexo I. Representan el 49,15% de todos.
- A�o 2008: 15 Registros enumerados en el anexo II. Representan el 25,42%.
- A�o 2009: 15 Registros enumerados en el anexo III. Representan el 25,42%.
Entrada en vigor: tambi�n el 31 de octubre de 2007, pues el d�a 30 se public� en el DOGC.
PDF (2 p�gs. - 67 KB.) DOGC
CATALU�A. LITORAL. Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraci�n del Estado a la Generalitat de Catalu�a en materia de ordenaci�n y gesti�n del litoral (autorizaciones e instalaciones mar�timas).
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**CONTRATACI�N ADMINISTRATIVA. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico.
- Regular la contrataci�n del sector p�blico.
- Determinar el r�gimen jur�dico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinci�n de los contratos administrativos.
Estructura. Sus 309 art�culos se integran en:
- Titulo preliminar. Dedicado a disposiciones generales.
- Libro I. Configuraci�n general de la contrataci�n del sector p�blico y elementos estructurales de los contratos.
- Libro II. Preparaci�n de los contratos.
- Libro III. Selecci�n del contratista y adjudicaci�n de los contratos.
- Libro IV. Efectos, cumplimiento y extinci�n de los contratos administrativos.
- Libro V. Organizaci�n administrativa para la gesti�n de la contrataci�n.
- Aparte, concluye con 33 disposiciones adicionales, 7 transitorias, una derogatoria, 12 finales y tres anexos.
�mbito objetivo de aplicaci�n.
- Se aplica a los contratos del sector p�blico, entendiendo por tales los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jur�dica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el art�culo 3. Se ha de tener en cuenta la D. F. 7� para determinar cu�ndo un precepto forma parte de la legislaci�n b�sica a los efectos de que se pueda extender su aplicaci�n a Comunidades Aut�nomas o Entidades Locales.
- Los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector p�blico que celebren otras personas f�sicas o jur�dicas sujetos a una regulaci�n armonizada
- Los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras p�blicas en los casos del art�culo 250.
- En el art. 4 se enumeran los negocios y contratos excluidos entre los que est�n la relaci�n de servicio de los funcionarios p�blicos y los contratos regulados en la legislaci�n laboral.
Tipos contractuales. Son de destacar
- Los contratos de obras,
- el contrato de concesi�n de obras p�blicas,
- el contrato de gesti�n de servicios p�blicos,
- el contrato de suministro,
- el contrato de servicios,
- el contrato de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector privado y
- Casos. Tendr�n car�cter administrativo, siempre que se celebren por una Administraci�n P�blica:
a) Los contratos de obra, concesi�n de obra p�blica, gesti�n de servicios p�blicos, suministro, y servicios (con excepciones), as� como los contratos de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector privado.
b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tr�fico espec�fico de la Administraci�n contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad p�blica de la espec�fica competencia de aqu�lla, siempre que no tengan expresamente atribuido el car�cter de contratos privados.
- Normativa. Se regir�n, en cuanto a su preparaci�n, adjudicaci�n, efectos y extinci�n, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicar�n las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
- Jurisdicci�n. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser� el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparaci�n, adjudicaci�n, efectos, cumplimiento y extinci�n de los contratos administrativos.
- Casos. Tendr�n la consideraci�n de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector p�blico que no re�nan la condici�n de Administraciones P�blicas. Tambi�n cualesquiera otros contratos distintos de los enumerados antes como contratos administrativos. - Normativa. Se regir�n, en cuanto a su preparaci�n y adjudicaci�n, en defecto de normas espec�ficas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplic�ndose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, seg�n corresponda por raz�n del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinci�n, estos contratos se regir�n por el derecho privado. - Jurisdicci�n.
a) Corresponder� al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relaci�n con la preparaci�n y adjudicaci�n de los contratos privados de las Administraciones P�blicas y de los contratos sujetos a regulaci�n armonizada, incluidos los contratos subvencionados.
b) El orden jurisdiccional civil ser� el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relaci�n con los efectos, cumplimiento y extinci�n de los contratos privados. Este orden jurisdiccional ser� igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparaci�n y adjudicaci�n de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a esta Ley que no tengan el car�cter de Administraci�n P�blica, siempre que estos contratos no est�n sujetos a una regulaci�n armonizada. Del articulado de los diversos libros, a continuaci�n se alude a determinados preceptos que aluden a actividades notariales o registrales:
- Art�culo 44. Empresas no comunitarias. �2. Para celebrar contratos de obras ser� necesario, adem�s, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espa�a, con designaci�n de apoderados o representantes para sus operaciones, y que est�n inscritas en el Registro Mercantil. - Art�culo 48. Uniones de empresarios. 1. Podr�n contratar con el sector p�blico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaci�n de las mismas en escritura p�blica hasta que se haya efectuado la adjudicaci�n del contrato a su favor.
- Art�culo 61. Acreditaci�n de la capacidad de obrar. 1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jur�dicas se acreditar� mediante la escritura o documento de constituci�n, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro p�blico que corresponda, seg�n el tipo de persona jur�dica de que se trate. - Art�culo 62. Prueba de la no concurrencia de una prohibici�n de contratar. 1. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podr� realizarse mediante testimonio judicial o certificaci�n administrativa, seg�n los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podr� ser sustituido por una declaraci�n responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario p�blico u organismo profesional cualificado.
- Art�culo 64. Solvencia econ�mica y financiera. 1. La solvencia econ�mica y financiera del empresario podr� acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:� b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podr�n aportar, como medio alternativo de acreditaci�n, los libros de contabilidad debidamente legalizados. - Art�culo 140. Formalizaci�n de los contratos. 1. Los contratos que celebren las Administraciones P�blicas deber�n formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez d�as h�biles, a contar desde el siguiente al de la notificaci�n de la adjudicaci�n definitiva, constituyendo dicho documento t�tulo suficiente para acceder a cualquier registro p�blico. No obstante, el contratista podr� solicitar que el contrato se eleve a escritura p�blica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
- Art�culo 209. Cesi�n de los contratos 2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deber�n cumplirse los siguientes requisitos:... d) Que la cesi�n se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura p�blica.
- La fundamental es la del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a excepci�n de los art�culos 253 a 260.
- Parte de determinados art�culos de la Ley de Bases del R�gimen Local (21, 22, 33, 34, 88 y 127).
- Determinados art�culos �o parte de ellos- del Texto Refundido de la Ley de R�gimen Local (art�culos 23, 24, 28, 89, 95, 112, 113, 115, 116 y del 118 al 125).
Entrada en vigor: el 1� de mayo de 2008, menos la disposici�n transitoria 7� que lo hace el 1� de noviembre de 2007.
Ver el Texto Refundido de 2011. PDF (101 p�gs. - 735 KB.)
CONTRATACI�N P�BLICA. Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contrataci�n en los sectores del agua, la energ�a, los transportes y los servicios postales.
Esta ley tiene como objeto la regulaci�n del procedimiento de adjudicaci�n de los contratos de obras, suministro y servicios cuando contraten organismos de derecho p�blico o empresas p�blicas y las entidades contratantes que, sin ser organismos de derecho p�blico o empresas p�blicas, tengan derechos especiales o exclusivos, que operen en los sectores de actividad relacionados con el agua, la energ�a, los transportes y los servicios postales, cuando su importe sea igual o superior a 422.000 euros en los contratos de suministro y servicios y a 5.278.000 euros en los contratos de obras.
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LEY DEL SUELO. Recursos de inconstitucionalidad n.� 6963-2007, n.� 6964-2007, n.� 6965-2007 y n.� 6973-2007, en relaci�n con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo. El 6963 lo interpone el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut�noma de Madrid contra los art�culos 6 a), 10 b), 11.2, 15, 16.1.b), y 34, disposiciones adicionales primera y novena y disposici�n transitoria cuarta
El 6964, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut�noma de La Rioja contra los art�culos 1, 2, 10, 11.2, 14, 15.6, 17.5 y 33 y disposici�n adicional sexta, apartado 1, disposici�n transitoria primera y disposici�n final primera.
El 6965-2007, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra los art�culos 6.a), 8.1, 10 b), 16.1.b) y 3, 22, 25.2 y 3, 26.1, 29.1.c) y disposici�n transitoria primera.
Y el 6973-2007, el Gobierno de Canarias contra los arts. 1; 2.2; 3.1; 6; 8.1 �ltimo p�rrafo; 9.3; 10.a) y b); 11.2, 4, y 5; 14.1; 15.3, 4 y 5; 16.1 c); disposici�n adicional primera; disposiciones transitorias segunda y cuarta y disposici�n final primera, apartado primero.
Ver art�culos afectados.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Recurso de inconstitucionalidad n.� 6729-2007, en relaci�n con el art�culo 16.1 y 3 de la Ley Org�nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacci�n dada al mismo por los apartados seis y siete del art�culo �nico de la Ley Org�nica 6/2007, de 24 de mayo.
El recurso esta presentado por Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y va contra el art�culo 16.1 y 3 de la Ley Org�nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacci�n dada al mismo por los apartados seis y siete del art�culo �nico de la Ley Org�nica 6/2007, de 24 de mayo.
Estos son los textos: Art�culo 16.
Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional ser�n nombrados por el Rey, a propuesta de las C�maras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el art�culo 159, 1, de la Constituci�n.
Los Magistrados propuestos por el Senado ser�n elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas en los t�rminos que determine el Reglamento de la C�mara.
Dos�.
Tres. La designaci�n para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se har� por nueve a�os, renov�ndose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producir� la elecci�n del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el art�culo 9. Si el mandato de tres a�os para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovaci�n del Tribunal Constitucional, tal mandato quedar� prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovaci�n se produzca y tomen posesi�n los nuevos Magistrados.
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PERMISOS DE RESIDENCIA. Sentencia de 25 de septiembre de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se desestima la cuesti�n de ilegalidad planteada por la Secci�n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relaci�n con los art�culos 51.2, en el inciso en que establece que para la concesi�n de los permisos de residencia ser� necesario que no existan razones de �seguridad p�blica� que lo impidan, y 74.1, letras h) y k), del Reglamento de ejecuci�n de la Ley Org�nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
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OPOSICIONES NOTAR�AS. Resoluci�n de 1 de octubre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba con car�cter provisional la lista de admitidos y excluidos para tomar parte en la oposici�n libre para obtener el t�tulo de Notario convocada por Resoluci�n de 12 de julio de 2007.
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OPOSICI�N ENTRE NOTARIOS. Resoluci�n de 10 de octubre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba con car�cter definitivo la lista de admitidos para tomar parte en la oposici�n entre Notarios, convocada por Resoluci�n de 12 de julio de 2007.
El Notario de Madrid don Elio N��ez Garc�a.
El Notario de Sevilla, don Jos� Luis Vivancos Escobar.
205. CONVENIO EN SUSPENSI�N DE PAGOS. PERMITE INSCRIBIR ADJUDICACI�N EN EXPEDIENTE DE APREMIO. R. 17 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 9 de octubre de 2007. Particular- Registro de la Propiedad de Villena. Vinculante.
Supuesto planteado: Se pretende inscribir una adjudicaci�n de bienes inmuebles dictada en expediente administrativo de apremio, cuando sobre la finca figura inscrito un convenio reca�do en un expediente de suspensi�n de pagos.
El Registrador se opone ya que �Inscrito el convenio de la suspensi�n de pagos, corresponde a la Comisi�n de control y seguimiento velar por el inter�s de todos los acreedores, por lo que deber� aclararse en el t�tulo ahora calificado si el expediente de apremio se ha entendido con la citada Comisi�n de acreedores a fin de que, en su caso, pudiera oponerse a la ejecuci�n aislada y al cobro privilegiado, si fueran improcedentes, o intervenir en las operaciones de aval�o y subasta�
La Direcci�n, recordando su propia doctrina sobre los efectos del convenio, se�ala que �una vez que se alcanza dentro del expediente de la suspensi�n de pagos, un convenio entre el deudor y sus acreedores, y que �ste es aprobado judicialmente, el suspenso recobra su capacidad de obrar, de manera que en adelante su plena capacidad no tiene otras limitaciones que las definidas exclusivamente en dicho convenio, las cuales en cuanto excepcionen la libre actuaci�n del deudor y propietario, son de interpretaci�n estricta� y, existiendo Convenio (R.16-06-01) se pueden inscribir adjudicaciones como consecuencia de la ejecuci�n aislada de unos cr�ditos si se acredita cualquiera de estos dos extremos:
a) Que las actuaciones ejecutivas se han llevado a cabo con intervenci�n del �rgano que seg�n el Registro hab�a de tener facultades dispositivas en inter�s de todos los acreedores y a fin de que esta Comisi�n hubiera podido oponerse a la ejecuci�n aislada y al cobro privilegiado si fueran improcedentes, o bien, haber intervenido en otro caso, en las diligencias de aval�o y subasta:
b) Que, no obstante, se ordene practicar la inscripci�n por resoluci�n judicial dictada en procedimiento adecuado con intervenci�n en �l de quienes, seg�n el registro, resulten ser interesados o del �rgano colectivo instituido por �stos para velar por los intereses comunes en cuesti�n.
Puesto que no se deduce en el presente expediente que en el convenio pactado se le hubiera impuesto alguna limitaci�n al suspenso, se estima el recurso. (MN)
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*206. ANOTACI�N EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NO PUEDE EJECUTARSE POR DESCUBIERTOS POSTERIORES NO ANOTADOS. R. 18 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 9 de octubre de 2007. Particular- Registro de la Propiedad de Villena.
Hechos: Sobre una finca figuran los asientos siguientes: con fecha 13/02/01 anotaci�n de suspensi�n de pagos; con fecha 6/06/02, anotaci�n de embargo ordenada en procedimiento de apremio administrativo para responder de 133500 � de principal y, posteriormente, con fecha 10/10/02, inscripci�n del convenio de suspensi�n pagos. Ahora se presenta mandamiento de cancelaci�n de cargas dictado en el expediente administrativo, resultando de la Certificaci�n de la adjudicaci�n que el importe de las deudas ascendi� a 478356.02 � y que el importe de la adjudicaci�n fue 275000�, por lo que no hubo sobrante.
El Registrador deniega la cancelaci�n por que �No es posible la cancelaci�n ordenada en el t�tulo calificado, ya que el precio obtenido por el remate no puede aplicarse directa y exclusivamente al pago de la totalidad de los cr�ditos de la ejecutante, anotados y no anotados. Y porque al ser la Anotaci�n de embargo posterior a la de suspensi�n de pagos, sin que conste el car�cter privilegiado del cr�dito, ni acreditar su inclusi�n, en el grupo de los que gozan de derecho de abstenci�n (art�culo 12-1��F L.S.P.), no corresponde al Registrador decidir si el cr�dito anotado tiene o no preferencia, por ser cr�dito de la masa, cuesti�n �sta que deber� ventilarse en las mismas actuaciones de la suspensi�n de pagos. Y en todo caso, el eventual exceso del remate sobre la cantidad que motiv� la providencia para cuya efectividad se practic� la anotaci�n preventiva de embargo letra B, deber� depositarse, sujeto al cumplimiento de las obligaciones nacidas del convenio de la suspensi�n de pagos�.
La Direcci�n entiende que de acuerdo con el Reglamento de Recaudaci�n de la Seguridad Social no se procedi� correctamente al ir acumulando al expediente de apremio todas las certificaciones de descubierto que posteriormente se expidieron contra el mismo deudor, sino que debieron, (arts. 87.1 y 2,, 93, 103 y 104 RGRSS) por cada actuaci�n de embargo, expedir diligencia de embargo, especificando el concepto a que corresponde el d�bito e importe total a que se afecta el inmueble, remitiendo Mandamiento para la pr�ctica de la Anotaci�n en el Registro de la Propiedad. Es decir: �la anotaci�n preventiva de embargo no surte efecto respecto de los d�bitos no anotados, por no haber sido incluidos en la diligencia de embargo, ni por tanto, en el mandamiento de embargo, lo cual armoniza con los principios generales en sede de tercer�as, preferencias credituales, concurrencia de ejecuci�n, y es la �nica respetuosa con el principio de tutela jurisdiccional de los derechos.�. En consecuencia la Direcci�n confirma la calificaci�n, en el sentido de que la adjudicaci�n s�lo podr�a hacerse en pago del propio cr�dito perseguido, cr�dito que se detall� en la diligencia de embargo inicial y determin� el embargo trabado, cuya anotaci�n se practic�, sin tomar en consideraci�n esos otros eventuales cr�ditos contra el deudor no incluidos,deneg�ndose la cancelaci�n de las cargas posteriores en tanto no se acredite el dep�sito a favor de los titulares respectivos de la diferencia entre el precio del remate y el importe de la deuda (m�s recargos y costas), que motiv� la diligencia de embargo.
Respecto a la alegaci�n del recurrente de que la anotaci�n de suspensi�n de pagos est� caducada y que la anotaci�n de embargo es anterior a la inscripci�n del convenio, se�ala que la inscripci�n del convenio trae causa de la AP de suspensi�n, y se practic� estando vigente dicha anotaci�n, debi�ndose pasar por lo acordado en dicho convenio. (MN)
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208. INSCRIPCI�N DEL DERECHO DE USO: REQUISITOS. R. 19 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 11 de octubre de 2007. Particular � Registro de Majadahonda, n.� 2. Vinculante.
Hechos: Se solicita la inscripci�n de una sentencia reca�da en proceso de divorcio, por la que se revoca la inicial atribuci�n del uso de la vivienda familiar a la esposa, asign�ndolo al marido. La adquisici�n de la propiedad de la vivienda por la esposa se produjo despu�s de la sentencia que reconoce el uso al otro, pero al presentarse este t�tulo ya estaba inscrita.
El Registrador atiende a la situaci�n de propiedad vigente cuando se dict� el fallo y centra su nota de calificaci�n en la extinci�n de un contrato de arrendamiento previo a favor del usuario.
La DGRN estima el recurso, pues entiende que no afecta dicho pasado arrendamiento al t�tulo que se califica.
Recalca la conveniencia de la inscripci�n del derecho de uso, cuando sea posible, porque limita las facultades dispositivas del propietario de la finca y se evita la aparici�n de eventuales terceros que pudieran invocar la protecci�n que dispensa el art�culo 34 de la Ley Hipotecaria.
Analiza, a continuaci�n, el derecho de uso constituido y considera, sin entrar en su discutida naturaleza real o personal, que re�ne los requisitos para ser inscrito: - Se reconoce en un proceso de crisis matrimonial.
- Es a favor del c�nyuge no propietario de la vivienda (si se atribuyera al que ya es due�o la inscripci�n del uso ser�a innecesaria; R. 6 de julio de 2007).
- Inscripci�n registral de la vivienda a favor del otro c�nyuge (si lo estuviera a favor de tercero el uso no ser�a inscribible, pues las resultas del proceso de separaci�n o divorcio s�lo pueden alcanzar a los c�nyuges (Rr.28 de noviembre de 2002 y 28 de mayo de 2005).
No es obst�culo para inscribir que la adquisici�n sea posterior al fallo si, cuando el fallo judicial se presenta en el Registro la finca est� ya inscrita a nombre de la esposa. (JFME)
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211. INMATRICULACION DE FINCA POR CERTIFICACI�N ADMINISTRATIVA DE COMUNIDAD DE REGANTES. R. 22 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 15 de octubre de 2007. Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes- Registro de Reus, n.� 1.
Se pretende la inmatriculaci�n de una finca por medio de Certificaci�n administrativa de una Comunidad de Regantes (en cuanto Corporaci�n de Derecho P�blico) en base al art�culo 206 L.H. que es denegada por el Registrador, por cuanto la finca ya est� inmatriculada, al menos en parte.
La DGRN se�ala que la certificaci�n administrativa a que se refieren los arts. 206 LH y 303 y ss. RH no puede servir para inscribir fincas ya inscritas en todo o en parte y confirma la denegaci�n. (AFS)
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212. DONACION POR EL OBISPADO DE UN TEMPLO CAT�LICO. R. 25 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 15 de octubre de 2007. Don Federico Cabello de Alba Jurado, Notario de Paredes de Nava (Palencia) - Registro de Frechilla (Palencia). Vinculante.
Se trata de una Donaci�n del Obispado de Palencia de un templo (Iglesia de San Juan, de Paredes de Nava), con derecho de reversi�n parcial al donante.
La DGRN revoca la nota y se�ala:
.- Que la necesidad de inscripci�n previa en el Registro de Entidades Religiosas de las Iglesias, obviamente no se refiere a los templos f�sicos ni dem�s bienes inmuebles de las entidades religiosas, sino a las entidades religiosas en s� mismas, como personas morales o jur�dicas, pues la Registradora pretend�a que estuviera inscrita la propia Iglesia donada.
.- Que la condici�n de representante de la Di�cesis (en este caso un administrador diocesano por vacante del obispo) est� suficientemente justificada en la escritura y cubierta por el juicio notarial sobre la suficiencia de sus facultades representativas y que ning�n canon exige que la autoridad concedente de la licencia deba seguir ostentando tal condici�n en el momento de hacerse efectiva la enajenaci�n.
. Que aparecen cumplidos todos los requisitos exigidos (licencias, autorizaciones, justa causa, tasaci�n) por el C�digo de Derecho Can�nico para la enajenaci�n de los bienes de la di�cesis (c�nones 1290 a 1298).
.- Que es posible estipular una reversi�n parcial de la donaci�n, ya que el car�cter generalmente dispositivo de las normas del C�digo Civil en materia de Derecho patrimonial (cfr., por todos, los arts. 6 y 1112 C.c.) se manifiesta de forma acusada en materia de reversi�n, donde expresamente el art. 641 C.c. permite estipularla para cualquier caso y circunstancias. (AFS)
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*213. INSCRIPCION DE EXCESO DE CABIDA Y ACTA NOTARIAL COMPLEMENTARIA. CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE ANTIG�EDAD DE LAS OBRAS. R. 21 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 20 de octubre de 2007. Notario de �beda �Registro de Orcera.
Se pretende la inscripci�n de un exceso de cabida que se declara sobre una finca urbana la cual pasa de 144 m2 a 242 m2; se acompa�a un Acta de Notoriedad relativa al exceso tramitada conforme al antiguo art�culo 209 del Reglamento Notarial, sin citaci�n de colindantes ni publicaci�n de anuncios, con un certificado catastral concordante, pero con un certificado de t�cnico del que resulta una superficie menor (223 m2).
La DGRN resume las posibilidades de inscripci�n de los excesos de cabida as�: .- Con certificado catastral, de t�cnico, o la mera manifestaci�n del titular, seg�n el exceso sea superior al 20% de la superficie inscrita, inferior al 20 % pero superior al 5%, o menor que el 5%. Este supuesto no es objeto de an�lisis en la presente resoluci�n, aunque se sobreentiende que dichos documentos son complementarios a un t�tulo declarativo del exceso.
.- Con los requisitos exigidos por el art�culo 298 del Reglamento Hipotecario para una inmatriculaci�n de finca, es decir: t�tulo �entiendo que traslativo- de declaraci�n del exceso, m�s el t�tulo traslativo previo que refleje el exceso, m�s el certificado catastral, o, alternativamente al t�tulo previo, Acta de Notoriedad tramitada conforme al art�culo 209 del Reglamento Notarial, que con anterioridad a la reforma de Febrero de 2007 no exig�a citaci�n a colindantes y publicaci�n de edictos. La notoriedad ha de ir referida no solo a la existencia e identificaci�n del exceso, sino tambi�n a la titularidad de la finca con dicho exceso por el anterior titular.
.- Por la v�a prevista en el art�culo 53 de la Ley 13/96 relativo a la concordancia Catastro- Registro, que -recordemos- es para los casos en que la rectificaci�n de la cabida o el cambio de alguno de los linderos fijos hacen dudar de la identidad de la finca. Es decir, al t�tulo declarativo del exceso habr� que acompa�ar un Acta de Presencia y Notoriedad, con los requisitos exigidos por el art�culo 203 de la Ley Hipotecaria pero con las siguientes peculiaridades: ha de ser adem�s de Presencia, debe de incorporar plano de situaci�n y certificado de t�cnico y no necesita, sin embargo, de su aprobaci�n judicial
En el caso concreto el notario tramita el Acta conforme al art�culo 209 del Reglamento Notarial, y el registrador exige requisitos previstos en art�culo 203 de la Ley Hipotecaria (citaci�n de colindante y edictos). La DGRN reconoce, efectivamente, que el Acta Notarial est� bien tramitada por el art�culo 209, pero, sin embargo, le achaca dos defectos:
1).- que no queda suficientemente identificado el exceso de cabida, pues se solicita respecto de la diferencia entre 144 y 242 m2, pero se aporta un plano de un t�cnico que solo justifica hasta 223 m2, (sin embargo se solicita por el requirente y se declara por el notario la notoriedad respecto de 242 m2).
2).- que no se acredita y declara la notoriedad de la titularidad de la finca con el exceso respecto del anterior propietario (defectos que, sin embargo, no hab�a puesto el registrador).
Por otro lado se declara una obra antigua y se aporta un certificado de antig�edad de la obra existente en dicha finca que no expresa el n�mero total de m2 construidos, y la superficie ocupada de la parcela, requisitos que no cumple el citado certificado, por lo que se confirma el defecto. (AFS)
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214. DACI�N EN PAGO DE DEUDA POR TERCERO CON PACTO DE RETRO. R. 24 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 22 de octubre de 2007.Interesada- Registro de Santa Cruz de Tenerife, n.� 1. Vinculante.
Una empresa A reconoce una deuda preexistente con otra empresa B. En pago de esa deuda, una tercera empresa, C, transmite una finca a la acreedora B, pero con un pacto de retro convencional en su favor, de forma que, si la deuda se pagara por cualquiera antes de 10 meses, C podr�a ejercitar el derecho de retro.
Pasados dichos 10 meses, la escritura se presenta en el Registro de la Propiedad, denegando la inscripci�n la registradora porque entiende que el pacto de retro encubre un pacto comisorio.
La DGRN ordena inscribir ya que no puede presumirse el fraude, y adem�s en el caso concreto la deuda es preexistente, el titular del derecho de retro es diferente del deudor, y finalmente nunca lleg� a ejercitarse dicho derecho en plazo, por lo que ha caducado. (AFS)
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215. CANCELACI�N DE HIPOTECA POR CADUCIDAD. ART. 82-5 LH. COMPUTO DEL PLAZO. R. 26 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 23 de octubre de 2007. Interesado -Registro de la Propiedad de Murcia n� 6.
Hechos: Figura inscrita en el Registro una hipoteca unilateral constituida en 1983. En una primera inscripci�n se constituye la hipoteca a favor de diversos acreedores en garant�a de deudas contra�das por �operaciones realizadas hasta ahora y de las que nacen los cr�ditos existentes en la actualidad y ... las... que en el futuro se puedan concertar entre las partes hasta un m�ximo...�. Se establece tambi�n que �el plazo de duraci�n de todas las operaciones hasta ahora concertadas y las que en el futuro se puedan concertar no podr� nunca exceder de cinco a�os a partir de esta fecha.� Posteriormente accedi� al Registro una escritura de rectificaci�n de la primera por la que se reconocen los cr�ditos garantizados.
Se presenta en el Registro instancia por la que se solicita la cancelaci�n de la hipoteca por haber transcurrido el plazo de prescripci�n (contado desde la fecha de la escritura de hipoteca) se�alado por la legislaci�n civil, y de conformidad con el art. 82-5 LH.
El Registrador deniega la cancelaci�n por entender que el �dies a quo� del plazo de prescripci�n es el d�a en que la prestaci�n pactada debi� ser satisfecha, es decir, trascurrido el plazo m�ximo cinco a�os desde la constituci�n de la hipoteca.
El interesado recurre alegando que todos los cr�ditos garantizados estaban vencidos, por lo que el plazo ha de empezar a contarse desde la fecha de la escritura de constituci�n de la hipoteca.
La DG desestima el recurso porque de la inscripci�n se deduce con claridad que el plazo de cinco a�os no era s�lo para las nuevas obligaciones, que luego no se contrajeron, sino tambi�n para las existentes porque, si no fuera as�, al aclarar la escritura rectificatoria que no existen m�s obligaciones que las inicialmente relacionadas, se hubiera modificado el plazo, lo que no se hizo.(JCC)
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216. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDAR EL TRACTO. CITACI�N AL TITULAR REGISTRAL EN INSCRIPCIONES DE MENOS DE 30 A�OS. CALIFICACI�N DE DOCUMENTOS JUDICIALES. R. 27 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 23 de octubre de 2007. Interesado-Registro de la Propiedad de Getafe n� 1.
Hechos: Se presenta en el Registro testimonio de Auto judicial en que se declara justificado el dominio sobre una finca a los efectos de la reanudaci�n del tracto sucesivo interrumpido de la misma.
El Registrador suspende la inscripci�n por no especificarse que el titular registral (inscripci�n de menos de 30 a�os de antig�edad) ha comparecido en el expediente sin formular oposici�n o, caso de no haber comparecido, que fue citado tres veces, una al menos personalmente (art. 202-3 LH).
Presentado de nuevo el citado testimonio, adicionado en el sentido de hacer constar que se hizo la notificaci�n al titular registral (una sociedad an�nima) en la persona de D. X, el Registrador vuelve a suspender por no expresarse si la notificaci�n se hizo tres veces ni acreditarse la relaci�n entre la persona f�sica notificada y la jur�dica titular registral
El interesado recurre alegando extralimitaci�n del Registrador.
La DG desestima el recurso en base al art�culo 202 LH (es evidente que no se realizaron tres notificaciones), dejando claro, una vez m�s, que el Registrador en estos casos no se extralimita,pues la calificaci�n registral de los documentos judiciales, consecuencia de la eficacia �erga omnes� de la inscripci�n� y de la proscripci�n de la indefensi�n (art. 24 CE) abarca no a la fundamentaci�n del fallo pero s� a la observancia de aquellos tr�mites que establecen las leyes para garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervenci�n prevista por las mismas para evitar su indefensi�n.
En cambio, en cuanto a la relaci�n entre la persona f�sica notificada y la jur�dica titular registral, al haber sido apreciada por el Juez, no puede el Registrador ponerla en entredicho. (JCC)
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*217. CALIFICACI�N PREVIA A LA LIQUIDACI�N DE IMPUESTOS. R. 28 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 23 de octubre de 2007. Notario autorizante � Registro n� 7 de Bilbao.
Hechos: se presenta para inscribir copia electr�nica de escritura, sin que se acredite la liquidaci�n del impuesto.
El Registrador, respecto de dicho t�tulo, presentado telem�ticamente, �comunica que no practica operaci�n alguna quedando suspendido el plazo de calificaci�n e inscripci�n, de acuerdo al art�culo 255 de la Ley Hipotecaria, por no haber sido liquidado el impuesto correspondiente�. El encabezado del escrito de notificaci�n al Notario autorizante reza as�: �comunicaci�n de la realizaci�n de la calificaci�n�
El Notario recurre alegando fundamentalmente que la calificaci�n no est� motivada, sin pie de recursos y que la DGRN exige que sea unitaria, no pudiendo someter el t�tulo a calificaciones sucesivas, incluso en aquellos supuestos en los que no se le haya acreditado el pago, exenci�n o no sujeci�n del impuesto que grava el acto y que ha de cumplir las Resoluciones del Centro Directivo en aplicaci�n del principio de jerarqu�a normativa
a) Estima que se trata de una verdadera calificaci�n. En un procedimiento reglado, como es el registral, la decisi�n del registrador acerca del destino del t�tulo que se presenta ha de poder ser objeto de revisi�n, para evitar una posible indefensi�n, y, por ello, considera que el acto no puede ser sino una calificaci�n.
b) La calificaci�n ha de ser motivada, entendiendo que deber�a de haberse argumentado acerca de las razones por las que el art�culo 255 de la Ley Hipotecaria justifica su acuerdo y deben de incluirse los medios de impugnaci�n. . c) El Notario tiene la consideraci�n de presentante ex lege siendo el art�culo 112.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, seg�n su redacci�n actual, preferente alart�culo 6 de la Ley Hipotecaria
d) La copia notarial no puede ser sustituida por la actuaci�n o certificaci�n expedida por ning�n otro funcionario
En cuanto al fondo, considera que la calificaci�n debe de ser unitaria, no siendo posibles calificaciones sucesivas. Por ello, a la vez que se hace referencia a la liquidaci�n de impuestos, deben de a�adirse los dem�s defectos, con sus correspondientes motivaciones. Entiende que ello es as� pues se han de aplicar al procedimiento registral las garant�as propias de cualquier procedimiento administrativo; en aras del principio de celeridad y en beneficio de la agilidad del tr�fico jur�dico y de su seguridad, siendo los registradores funcionarios p�blicos sujetos a jerarqu�a de la Direcci�n General y titulares de una oficina p�blica
1�.- Dice literalmente el art�culo 255 de la Ley Hipotecaria que �podr� extenderse el asiento de presentaci�n antes de que se verifique el pago del impuesto; mas, en tal caso, se suspender� la calificaci�n y la inscripci�n u operaci�n solicitada y se devolver� el t�tulo al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto.� Creo que dicho art�culo es sumamente claro e �in claris non fit interpretatio�. Adem�s, en todo caso puede considerarse especial, por raz�n de la materia, con respecto a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, al igual que el Centro Directivo consider� en esta Resoluci�n el art�culo 112 de la Ley 24/2001 como especial respecto al 6 de la Ley Hipotecaria.
2�.- He de reconocer que muchos de los argumentos de la DGRN en defensa de la calificaci�n unitaria son razonables. Ahora bien, dichos argumentos, en mi opini�n, se vuelven en contra si se pretende exigir la pr�ctica de la calificaci�n a�n antes de la liquidaci�n de impuestos, pues, ello invierte la valoraci�n normal de los documentos. Me explico:
Lo normal es que las escrituras est�n bien hechas, y que se inscriban una vez se ha pasado por Hacienda. Lo patol�gico es que tengan defectos y entonces, obviamente, se tiene que redactar nota de calificaci�n con todos ellos y debidamente razonada.
En cambio, con la calificaci�n previa al pago del impuesto, se convierte a la inmensa mayor�a de las escrituras en patol�gicas. Y sobre esa inmensa mayor�a tendr�a que recaer la correspondiente nota de calificaci�n, las debidas notificaciones, la espera de la llegada de los acuses de recibo, la pr�rroga de los correspondientes asientos de presentaci�n y la b�squeda de sus conexos para a su vez prorrogarlos. No creo que eso suponga agilizar el tr�fico ni darle seguridad, sino todo lo contrario: genera engorrosa burocracia, es un semillero de errores, reduce tremendamente la productividad del personal de las oficinas registrales (a los que se les enzarza en formalidades, drenando tiempo para el despacho) y se compadece mal con la obligaci�n general de calificar e inscribir todos los documentos en quince d�as.
3�. Creo deducir que la Resoluci�n no es estimatoria propiamente, porque no revoca ning�n defecto. En mi opini�n tiene contenidos m�s propios de una Instrucci�n o Circular pues en ella no se debate sobre si se da un defecto determinado o no.
4�.- Quiz�s la soluci�n pr�ctica que ser�a respetuosa con el criterio de la DG -que exige con toda justicia la calificaci�n unitaria-, con la redacci�n literal del art�culo 255 y, sobre todo, con el sentido com�n, es la de notificar fehacientemente al Notario la pr�ctica del asiento y esperar a que se acredite que el t�tulo se ha liquidado para practicar la calificaci�n unitaria, que en lo mayor�a de los casos ser� positiva, por lo que generar� su inscripci�n sin soluci�n de continuidad. (JFME)
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218. CALIFICACI�N PREVIA A LA LIQUIDACI�N DE IMPUESTOS. R. 29 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 23 de octubre de 2007. Notario autorizante � Registro n� 7 de Bilbao.
*219. EL R�GIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL LEGAL NO PRECISA SER ACREDITADO DOCUMENTALMENTE. R. 1 de octubre de 2007, DGRN. BOE de 23 de octubre de 2007. Notario de Sta Coloma de Gramanet- Registro de la Propiedad n� 2 de Badalona. Vinculante.
Hechos: Se formaliza una escritura de herencia en la que la viuda e hijos del causante, reconocen que una de las fincas inventariadas, se encontraba err�neamente inscrita con car�cter ganancial, cuando la hab�a adquirido la viuda para s�, dado que su r�gimen era el de separaci�n de bienes, legal en Catalu�a.
Registrador: El Registrador rechaza la inscripci�n ya que se debe acreditar fehacientemente que el r�gimen legal del matrimonio era el de separaci�n de bienes, y no se acredita la adquisici�n de la vecindad civil catalana (parece que la viuda no llevaba viviendo el Catalu�a m�s de 10 a�os), y adem�s la misma hab�a nacido en Vera (Almer�a).
Notario: El Notario se apoya sobre todo en el Acta de Declaraci�n de Herederos que �l mismo hab�a formalizado, en la que se declaraba probado que el causante ten�a vecindad civil catalana y que el matrimonio estaba sujeto al r�gimen de separaci�n de bienes. Alegaba adem�s apoy�ndose en el derogado art 12 c.c. que en la fecha del matrimonio, la esposa segu�a la condici�n del marido, y que �sta era la de catal�n.
Destaca luego la eficacia del acta de notoriedad de declaraci�n de herederos, manifestando que acredita los hechos en que se funda y adem�s declara qui�nes son los herederos intestados del causante. La misma tiene la naturaleza de los actos jurisdiccionales y como tal debe ser calificada por el registrador, y se apoya para ello en la Rs de 11 de marzo de 2000. Si el notario declara probado la vecindad catalana del causante y que su matrimonio estaba sujeto al r�gimen de separaci�n, dada la vecindad del marido al tiempo del matrimonio, este juicio tiene eficacia probatoria dentro del acta y debe ser eficaz al menos a efecto de la escritura de partici�n.
Direcci�n General: Estima el recurso y hace una serie de manifestaciones muy importantes:
1.- La determinaci�n del car�cter de los bienes que figura en el Registro es una cualidad que no es fija, sino cambiante, en funci�n de que se acredite con posterioridad a la inscripci�n, el car�cter privativo de un bien, aunque el mismo estuviera inscrito como ganancial, y de la misma forma que ese cambio se puede hacer en el caso de confesi�n de privatividad, la misma soluci�n hay que adoptar cuando el r�gimen alegado es un r�gimen legal (en este caso el de separaci�n de bienes propio del Dcho Catal�n).
2.- El r�gimen econ�mico matrimonial legal, a efecto de su constancia registral no necesita ser justificado documentalmente, pues deriva de la propia ley, al contrario de lo que acontece con un r�gimen convencional.
3.- En el presente caso, basta adem�s para la rectificaci�n el consentimiento de los titulares registrales, en este caso, la esposa y causahabientes del marido, aparte de que no existen terceros con derecho inscrito que puedan ser perjudicados.
4.- Adem�s en este caso, se acompa�a un acta de declaraci�n de herederos, donde el notario, al emitir un juicio de notoriedad, declara que es notorio que el causante ten�a vecindad catalana despu�s de m�s de 10 a�os residiendo en Catalu�a (circunstancia �sta de la vecindad que debe quedar acreditada en el acta, para determinar la ley sucesoria aplicable) y este juicio del notario est� protegido por los principios de veracidad, integridad y legalidad que derivan de la fe p�blica del instrumento notarial, en cuanto los realiza bajo su responsabilidad y quedan al margen de la calificaci�n registral y s�lo se pueden revisar en un procedimiento judicial.
COMENTARIO: La verdad es que la coexistencia en Nuestro Pa�s de vecindades civiles diversas, unidas a reg�menes econ�micos matrimoniales diferentes, y el aumento de su n�mero y conflictividad como consecuencia de la multitud de nuevos reg�menes matrimoniales extranjeros, consecuencia de la inmigraci�n, nos ha convertido a los notarios y registradores espa�oles en unos expertos en esta materia. La cuesti�n es que al declararse inconstitucional el anterior art 12 del c.c. y modificarse el art 15, seg�n los cuales la mujer segu�a la condici�n del marido y el r�gimen del matrimonio era el de la vecindad del marido el tiempo del matrimonio, era una regla clara y segura, que hoy, tras su derogaci�n, nos sume en un mar de dudas. El nuevo art 9.2 tiene hasta cinco puntos de conexi�n para saber cu�l es la ley que rige los efectos del matrimonio, lo cual nos lleva a hacer en cada caso un peque�o examen, para tratar de determinar el r�gimen econ�mico de los compradores de una vivienda.
La soluci�n que de la DG creo que es la que casi todos est�bamos aplicando: cuando alguien alega que est� sujeto a un r�gimen legal determinado, bien de su vecindad alegada o de su nacionalidad, hemos de aceptarlo, dado que la prueba es pr�cticamente imposible. Y m�s, si como es el caso, ambos c�nyuges est�n de acuerdo, en el cambio de car�cter de los bienes, o lo est�n el viudo y los herederos del fallecido, parece que hay que aceptar lo que ellos determinen, siempre que no haya terceros perjudicados. (JLN)
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*192. HIPOTECA MOBILIARIA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL: PLAZO DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACI�N GARANTIZADA. INMUEBLE HIPOTECADO CON PACTO DE EXTENSI�N DE RESPONSABILIDAD A LOS BIENES MUEBLES. R. 3 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 2 de octubre de 2007. Acreedor hipotecario�Registro Bienes Muebles de Huesca. Vinculante.
Hechos: Se trata de una escritura de hipoteca mobiliaria sobre maquinaria industrial que, seg�n acuerdo de calificaci�n, adolece de un doble defecto: 1.Por una parte no consta el plazo para la devoluci�n del capital garantizado y 2. Por otra el inmueble en el que est� instalada la maquinaria industrial, seg�n el Registro, est� hipotecado con pacto de extensi�n de la hipotecaa los bienes muebles instalados en el mismo (Art. 111 de la LH). Se recurre alegando simplemente que el plazo consta en un anexo de la escritura y que en la hipoteca inmobiliaria se excluy� expresamente de la misma la maquinaria ahora hipotecada.
Doctrina: La DG, previa aclaraci�n de que se trata de una superposici�n de garant�a, asume en su totalidad las alegaciones del recurrente y revoca ambos defectos del acuerdo de calificaci�n.
Comentario: Aunque ambos defectos, tanto en su formulaci�n por la registradora, como en su revocaci�n por la DG, son claros, queremos incidir en el segundo por el problema que plantean las hipotecas mobiliarias de establecimiento mercantiles o de maquinaria industrial cuando el inmueble en el que se sit�an est� hipotecado, -lo que casi siempre ocurre, sobre todo en el caso de la maquinaria industrial-, con pacto de extensi�n de la responsabilidad hipotecaria a los muebles conforme al art. 111 de la LH. Efectivamente, cuando el Registro de Hipoteca Mobiliaria se llevaba en los Registros de la Propiedad, caso del recurso en que se trata de un Registro mixto, propiedad y mercantil, era elemental detectar la hipoteca inmobiliaria y denegar la mobiliaria en virtud de la prohibici�n contenida en el art. 2de la LHM. Pero cuando en el a�o 2001 se separan ambos registros y se traslada la competencia de las hipotecas mobiliarias a los Registros de Bienes Muebles provinciales, el problema se complica pues al no estar normalmente a cargo del Registrador de Bienes Muebles el archivo del Registro de la Propiedad en el que est� inscrito el inmueble, le es de todo punto imposible el saber si dicho inmueble est� o no hipotecado en el Registro. Ante este problema caben, en principio dos soluciones:
1. Solicitar que a la escritura de hipoteca mobiliaria se acompa�e una certificaci�n del Registro de la Propiedad acreditativa de la libertad de cargas de lo hipotecado. Y
2. Inscribir la hipoteca mobiliaria sobre la base de la manifestaci�n que debe hacerse en la escritura acerca del hecho de que los bienes hipotecados no lo han sido anteriormente.
La primera soluci�n es la m�s segura pero carece de todo apoyo legal y reglamentario, de forma que si los interesados se niegan a aportar la certificaci�n del Registro de forma voluntaria, es muy dif�cil fundamentar un acuerdo de calificaci�n en dicho sentido. Reconoci�ndolo as�, en el Proyecto existente en la DGRN sobre el Rto del Registro de Bienes Muebles se impone, como uno de los requisitos de la inscripci�n de la hipoteca mobiliaria en los casos debatidos, el que se acompa�e la referida certificaci�n.
Por tanto, parece que la escritura debe inscribirse simplemente con la manifestaci�n de que los bienes no est�n previamente hipotecados y ser� en el momento de practicar en el Registro de la Propiedad la nota exigida en los art�culos 24 y 25 del Rto de HMPSDP, sobre la base del art. 75 de la Ley, cuando el interesado, en su caso, tendr� conocimiento de que su hipoteca es segunda y podr�, a la vista de ello, adoptar las medidas de aseguramiento o rescisi�n que estime procedentes. Y todo ello sin perjuicio de que en una posterior reforma legislativa se suprima la prohibici�n de segundas hipotecas del art. 2 y 55 de la LHM, por responder en su d�a, seg�n la Exposici�n de Motivos de la Ley a puras razones de prudencia legislativa y no a la propia naturaleza de la instituci�n. (JAGV)
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193. CONSTITUCI�N DE SOCIEDAD LIMITADA: NO ES NECESARIO CONSIGNAR EL NIF DE UN FUNDADOR MENOR DE CATORCE A�OS. R. 4 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 2 de octubre de 2007.
Notario de Sonseca, don Francisco Javier Morillo Fern�ndez �Registro Mercantil de Toledo. Vinculante.
Hechos: Se exige, para la inscripci�n de la constituci�n de sociedad limitada, en el acuerdo de calificaci�n, que conste el NIF de uno de los fundadores de dos a�os de edad, el cual est� debidamente representado por sus padres, respecto de los cuales s� consta el NIF correspondiente. Se basa el acuerdo calificatorio en el art. 254.2 de la LH (redacci�n Ley 36/2006) por la remisi�n que hace el art. 80 del RRM.
El Notario autorizante recurre alegando, en esencia, que seg�n las leyes que disciplinan la obtenci�n del DNI, los menores de catorce a�os, salvo excepciones (empresarios y profesionales), no est�n obligados a tener NIF y respecto de ellos se entiende que lo ser� el de sus representantes legales.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n y sin entrar de lleno en la procedencia o no de la remisi�n establecida en el art. 80 del RRM, dice que dada la finalidad de la norma y el hecho de que la normativa notarial y registral no tienen como finalidad modificar las leyes relativas a la obtenci�n del NIF o del DNI y a que no habr�a ninguna garant�a adicional con un NIF del menor distinto del de sus padres, no es necesario la consignaci�n del NIF en el caso debatido.
Comentario: Varias conclusiones parecen extraerse de esta resoluci�n:
1. Es dudoso que la remisi�n que hace el art. 80 del RRM a la legislaci�n hipotecaria se extienda, sin m�s, a todo el contenido de la Ley Hipotecaria y de su Rto. Efectivamente, el art. 80 del RRM, �ltimo de los dedicados a la publicidad formal, se remite al Rto Hipotecario en todo lo no previsto en el t�tulo de que se trata que no es otro que el T�tulo Primero, relativo a la Organizaci�n y Funcionamiento del Registro Mercantil. Por tanto, fuera de estas materias, no parece que pueda predicarse una aplicabilidad total de la Ley y Rto Hipotecario, en lo que sea compatible, al Registro Mercantil.
2. Claramente no es aplicable la exigencia del NIF de los menores de catorce a�os a la constituci�n de sociedades y por extensi�n, en aumentos o reducciones de capital, en aquellos casos en que es necesario reflejar en la inscripci�n a los aportantes.
3. Parece que la exenci�n de la obligatoriedad del NIF a dichos menores, ser� tambi�n aplicable a las inscripciones que se practiquen en el Registro de la Propiedad, pues, el fundamento legal de dicha exenci�n, ser�a el mismo que en el Registro Mercantil.
4. Finalmente, quiz�s, toda la doctrina expresada en esta resoluci�n deba ser sometida a revisi�n a la vista del art.19.2 del RD 1065/2007 de 27 de Julio que aprueba el Rto de Gesti�n, Inspecci�n y Procedimiento de Aplicaci�n de los Tributos, seg�n el cual los menores de 14 a�os que no tengan DNI para sus operaciones con trascendencia tributaria deber�n obtener obligatoriamente un n�mero de identificaci�n fiscal propio y no cabe duda de que el fundador de una sociedad menor de catorce a�os, aunque no sea empresario, puede obtener unos dividendos o beneficios que es posible que le obliguen a realizar declaraciones ante la AEAT. El Reglamento entrar� en vigor el 1� de enero de 2008. (JAGV)
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194. DEPOSITO DE CUENTAS. SOCIEDAD AN�NIMA. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. R. 9 de julio de 2007, DGRN. BOE de 5 de octubre de 2007. Hotel Ritz de Barcelona�Registro Mercantil de Barcelona n � IX.
Hechos: Se convoca Junta general de una sociedad an�nima por publicaci�n en el BORME de 30 de Mayo para su celebraci�n el 29 de Junio siguiente. La Registradora suspende la inscripci�n por no cumplir el anuncio la antelaci�n de un mes requerida por el nuevo art. 97 del TRLSA. Se recurre alegando simplemente que el c�mputo del plazo debe ser por d�as.
Doctrina: La DGRN, sobre la base de su doctrina ya sentada en anteriores resoluciones, confirma la nota de calificaci�n, estableciendo que el plazo de un mes del art. 97 del LSA se computa de fecha a fecha y por tanto el �ltimo d�a del plazo, en este caso el 30 de Junio, es el primer d�a v�lido para la celebraci�n de la Junta. En definitiva que �el plazo se cumple en igual fecha del mes correspondiente�. (JAGV)
*195. DEP�SITO DE CUENTAS. SI LA SOCIEDAD PUEDE PRESENTAR BALANCE ABREVIADO, AUNQUE TENGA NOMBRADO E INSCRITO UN AUDITOR CON CAR�CTER VOLUNTARIO, NO ES OBLIGATORIO SU INFORME PARA EL DEP�SITO DE CUENTAS. R. 10 de julio de 2007, DGRN. BOE de 5 de octubre de 2007. Sociedad�Registro Mercantil de Albacete. Vinculante.
Hechos: Se suspende el dep�sito de cuentas de una sociedad por no acompa�arse el informe del auditor de cuentas, como consecuencia de estar dicho auditor inscrito en la hoja abierta a la sociedad, aunque la misma, seg�n resulta del contexto del recurso, pod�a presentar balance abreviado. Se recurre alegando precisamente que el art. 366.5� del RRM s�lo exige el informe de auditor�a cuando la sociedad est� obligada a verificaci�n contable o existe auditor nombrado a solicitud de la minor�a.
Doctrina: La DGRN, cambiando su anterior doctrina establecida en resoluci�n de 25 de Agosto de 2005, revoca la nota de calificaci�n, declarando terminantemente que si la sociedad no est� obligada a verificaci�n contable por poder presentar balance abreviado, aunque tenga inscrito un auditor con car�cter voluntario, no est� obligada al dep�sito del informe de auditor�a.
Comentario: La DG, con esta resoluci�n, vuelve a la buena doctrina pues lo fundamental, a los efectos de exigir o no el informe de los auditores, es que la sociedad pueda o no presentar balance abreviado. El hecho, que puede obedecer a m�ltiples razones, de que la sociedad tenga un auditor inscrito, no puede hacer que la sociedad tenga forzosamente que depositar el informe que, en su caso, le haya realizado dicho auditor. Es m�s, consideramos que puede inducir a confusi�n el hecho de que, sin estar obligada, deposite el informe del auditor pues ello puede hacer pensar a los terceros que la sociedad de que se trata alcanza las cifras de balance que son las necesarias para estar obligada a la auditor�a, sin que ello sea as�, am�n tambi�n de la posibilidad de que el informe del auditor pueda igualmente inducir a confusi�n, en cuanto a los t�rminos en que el mismo est� formulado, al no ser un informe obligatorio y por tanto no estar sujeto dicho auditor a las responsabilidades que se derivar�an del aut�ntico informe de auditor para la sociedad obligada a ello.
La DG, para justificar su cambio de postura, alude a que en el caso contemplado en la resoluci�n de 2005, tampoco se acompa�aba el informe de gesti�n, ni la certificaci�n de los acuerdos de la Junta y la certificaci�n de que las cuentas auditadas se corresponden con las depositadas. Pero es que, si la sociedad puede presentar balance abreviado, no est� obligada, obviamente, a presentar informe de gesti�n ni tampoco la certificaci�n de correspondencia de cuentas depositadas y auditadas. Por tanto, el defecto de la resoluci�n de 2005, debi� haber sido, exclusivamente, la falta de certificaci�n aprobatoria de las cuentas y en ning�n caso el de falta del informe de auditor�a.
Ya en su momento, al comentar esta resoluci�n, expresamos nuestro desacuerdo con la misma. Me remito, al respecto, a dicho comentario, inserto en esta web, a la citada resoluci�n de 25 de Agosto de 2005. (JAGV)
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*196. DEPOSITO DE CUENTAS DE SOCIEDADES MUNICIPALES: NO EST�N EXCEPTUADAS DEL INFORME DE AUDITOR�A. R. 27 de agosto de 2007, DGRN. BOE de 5 de octubre de 2007. Aguas del Campo de Gibraltar, S.A.�Registro Mercantil de C�diz.
Hechos: Se presenta el dep�sito de cuentas de una sociedad exclusivamente municipal y dedicada a la gesti�n de un servicio p�blico. Se suspende el dep�sito por no acompa�arse el informe de auditor�a, previa inscripci�n del nombramiento de auditor en el Registro. Se recurre alegando el car�cter municipal de la sociedad, incluida por tanto en el �mbito de las administraciones p�blicas y por tanto exceptuada de auditor�a seg�n la DA 1�.3 y 3� de la Ley de Auditor�a.
Doctrina: Se confirma la nota de calificaci�n pues, seg�n el art.89 del Rto. de Servicios de las Corporaciones Locales, las sociedades de capital p�blico destinadas a la gesti�n directa de servicios econ�micos se rigen por las norma que disciplinan las sociedades mercantiles. Por ello su norma reguladora es la LSA, con independencia de la intervenci�n interna que imponga la legislaci�n de Haciendas Locales. (JAGV)
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197. DEPOSITO DE CUENTAS. SOCIEDAD AN�NIMA. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. R. 29 de agosto de 2007, DGRN. BOE de 5 de octubre de 2007. Sociedad Europartner � Registro Mercantil de Madrid XV.
Similar a la R de 9 de Julio de 2007, n�mero 194.
Lo �nico curioso de esta resoluci�n y que por su novedad rese�amos, es que el acuerdo calificatorio conten�a otros dos defectos- falta de facultades del certificante y no salvar enmiendas y raspaduras-, lo cuales, a pesar de no haber sido recurridos, son confirmados por la resoluci�n de la DG. (JAGV)
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198. DEPOSITO DE CUENTAS. CIERRE DE HOJA. NO PUEDE ADMITIRSE UN DEP�SITO DE CUENTAS SIN ESTAR PREVIAMENTE DEPOSITADAS LAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. R. 12 de julio de 2007, DGRN. BOE de 6 de octubre de 2007. Sociedad Indusolder�Registro Mercantil de Madrid XVII.
Hechos: Se suspende el dep�sito de cuentas de una sociedad por estar cerrado el Registro por falta de dep�sito de cuentas anteriores de conformidad con el art. 378 del RRM.
Se recurre y, aparte de alegar que la calificaci�n est� fuera de plazo ya que se present� el 28 de Julio y se calific� el 15 de Noviembre y de que falta la expresi�n de la conformidad de los cotitulares en el Registro, se argumenta el recurso diciendo que el dep�sito no es una inscripci�n y que por tanto no le es aplicable el art. 378 del RRM.
Doctrina: Se confirma la nota de calificaci�n del Registrador dado que aunque ni la Ley ni el Rto. utilizan la expresi�n de inscripci�n para referirse al dep�sito ello es irrelevante dada la existencia del Libro de dep�sito de cuentas respecto del cual s� se utiliza la palabra asiento e inscripci�n.
En cuanto a las otras alegaciones del recurrente la DG dice que la calificaci�n est� dentro de plazo pues se practic� el 5 de octubre y por tanto dentro de los 60 d�as h�biles(sic) de la vigencia del asiento de presentaci�n aunque ello se entiende sin perjuicio de la rebaja arancelaria correspondiente. Y en cuanto a la falta de conformidad de los cotitulares dice que dicha conformidad consta en el expediente.
Comentario: La DG reitera su doctrina de considerar que el cierre del Registro por falta de dep�sito de cuentas se aplica tambi�n al propio dep�sito de cuentas de los ejercicios sucesivos. En definitiva que en este punto rige, aparte del cierre, el principio de tracto de forma que sin estar depositado un ejercicio no podr�n depositarse los siguientes. No obstante entiendo que en materia de dep�sito de cuentas tambi�n debe ser aplicable la reapertura de la hoja de la sociedad en los t�rminos previstos en el propio art. 378.7 del RRM, es decir por certificaci�n del �rgano de administraci�n haciendo constar simplemente la causa por la que no se ha realizado el dep�sito de cuentas de un determinado ejercicio.
Lo que llama la atenci�n de esta resoluci�n es que la DG, para considerar que la calificaci�n est� hecha dentro de plazo, hable de los 60 d�as h�biles siguientes al asiento de presentaci�n, olvidando que tanto el asiento normal en el Libro Diario, como el asiento de presentaci�n de las cuentas anuales, tienen un plazo distinto al del Registro de la Propiedad, siendo el del primero de dos meses computados de fecha a fecha y el del segundo de cinco meses, igualmente computados de fecha a fecha. (JAGV)
199. DEPOSITO DE CUENTAS. JUNTA GENERAL. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA. R. 28 de agosto de 2007, DGRN. BOE de 6 de octubre de 2007. Sociedad Perdiz de Somontes, S.A.�Registro Mercantil de Madrid VIII.
Hechos: El defecto apreciado por el Registrador a una certificaci�n de acuerdos de Junta General de una sociedad an�nima aprobatoria de las cuentas anuales, se concretaba a que no se acompa�aba uno de los anuncios de convocatoria de la Junta General. Sin embargo el recurrente lo que alega es que el anuncio se public� el 30 de mayo, celebr�ndose la Junta el 30 de Junio y por ello lo hab�a sido en el plazo requerido por el art. 97 de la LSA.
Doctrina: La DG, en una relativamente confusa resoluci�n como hemos visto, reitera su doctrina acerca de la antelaci�n en el plazo de convocatoria de la Junta general de las sociedades an�nimas, pero con una curiosa variante. En las anteriores resoluciones (Vid. R. 194 y 197 de esta web de 9 de Julio y de 29 de Agosto de 2007), dec�a que el plazo conclu�a a las cero horas del mismo d�a del mes siguiente a la convocatoria. En cambio en esta dice que concluye a las 24 horas de dicho d�a. Por tanto considera que la Junta debi� celebrarse el d�a uno de Julio, desestimando el recurso y confirmando el acuerdo calificatorio.
Comentario: Como apuntamos se trata de una resoluci�n algo confusa pues el defecto se�alado por el registrador no se corresponde con el recurso interpuesto y por tanto tampoco con la resoluci�n del la DG. No obstante, considerando que el defecto es, en definitiva, el resuelto por la DG, tambi�n resulta llamativo que en una resoluci�n de fecha anterior y en otra de fecha inmediatamente posterior, la DG sostenga posturas contradictorias. Parece que la postura que debe prevalecer es la de las otras dos resoluciones, cuya doctrina adem�s se toma de otras anteriores que defendieron la validez de la Junta celebrada en el mismo d�a del mes siguiente al del anuncio. Sin embargo para nosotros, como ya defendimos en su d�a al comentar el nuevo art. 97 de la LSA, lo que exige dicho precepto es una antelaci�n m�nima de un mes y dicha antelaci�n no se cumple mientras dicho mes no haya transcurrido por completo y por tanto para que la Junta fuera v�lida deber�a celebrarse al d�a siguiente de la misma fecha del mes siguiente al que se public� el anuncio.
En definitiva que en nuestra opini�n la resoluci�n m�s acertada es esta que comentamos, pues recoge, tanto el c�mputo perfecto del plazo del plazo del mes, como el respeto a la antelaci�n exigida por el art. 97 de la LSA. Sin embargo, a�n expresando nuestras dudas, creemos que la DG, en su doctrina claramente mayoritaria, se inclina por la soluci�n opuesta. Esperemos a pr�ximas resoluciones para comprobar si todo es debido a un simple error o se trata de un cambio de direcci�n en la soluci�n del problema por parte de la DG. (JAGV)
200. DEPOSITO DE CUENTAS. SOCIEDAD AN�NIMA. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. R. 30 de agosto de 2007, DGRN. BOE de 6 de octubre de 2007. Sociedad Lliber Invesment � Registro Mercantil de Madrid XVI. Similar a la R de 9 de Julio y 29 de Agosto de 2007, n�mero 195 y 197.
Lo �nico curioso de esta resoluci�n y que por su novedad rese�amos, es que el acuerdo calificatorio conten�a otros dos defectos- falta de facultades del certificante y no salvar enmiendas y raspaduras-, lo cuales, a pesar de no haber sido recurridos, son confirmados por la resoluci�n de la DG.
Comentario: En esta resoluci�n se vuelve a la doctrina, y con argumentos de peso, por lo que, pese a nuestra opini�n, parece m�s correcta la de la DG, de considerar v�lida la Junta celebrada el mismo d�a del mes siguiente al del anuncio de convocatoria. Vemos por tanto que la resoluci�n precedente no responde a un cambio de criterio de la DG, sino a lo que creemos un simple error. (JAGV)
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201. DEPOSITO DE CUENTAS. SI EXISTE AUDITOR NOMBRADO A INSTANCIAS DE LA MINOR�A, NO PUEDEN DEPOSITARSE LAS CUENTAS SIN SU INFORME. R. 31 de agosto de 2007, DGRN. BOE de 6 de octubre de 2007. Sociedad Emilio Santa Catalina Agencia de Seguros�Registro Mercantil de Alicante.
Hechos: Se suspende el dep�sito de cuentas de una sociedad, por no acompa�ar el informe de auditor�a. Del expediente resulta que exist�a un nombramiento de auditor nombrado por el Registro Mercantil a instancia de la minor�a (Cfr. art. 205.2 TRLSA). Se recurre por la sociedad alegando su desconocimiento del nombramiento de auditor efectuado.
Doctrina: La DG confirma con rotundidad el acuerdo calificatorio, ratificando su doctrina de que si existe auditor nombrado a instancia de la minor�a, no es posible el dep�sito de cuentas de la sociedad, sin que se acompa�e su informe, sea cual sea la causa por la que no se haya realizado la auditor�a. A m�s abundamiento resulta del expediente de nombramiento de auditor que todas las resoluciones dictadas en el expediente fueron debidamente notificadas y en concreto la del nombramiento de auditor lo fue por correo certificado devuelto por la sociedad y en �ltimo t�rmino en el BOP. (JAGV)
202. DEPOSITO DE CUENTAS. SI EXISTE AUDITOR NOMBRADO A INSTANCIAS DE LA MINOR�A, NO PUEDEN DEPOSITARSE LAS CUENTAS SIN SU INFORME. R. 1 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 6 de octubre de 2007. Sociedad Vulcano Inmuebles�Registro Mercantil de Alicante.
Id�ntica a la de 31 de Agosto de 2007, n�mero 201. (JAGV)
203. DEP�SITO DE CUENTAS. SI LA SOCIEDAD PUEDE PRESENTAR BALANCE ABREVIADO, AUNQUE TENGA NOMBRADO E INSCRITO UN AUDITOR CON CAR�CTER VOLUNTARIO, NO ES OBLIGATORIO SU INFORME PARA EL DEP�SITO DE CUENTAS. R. 6 de julio de 2007, DGRN. BOE de 8 de octubre de 2007. Sociedad�Registro Mercantil de Bilbao. Vinculante.
Similar a la de 10 de Julio de 2007, n�mero 195. (JAGV)
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*204. DEPOSITO DE CUENTAS. EN LA HOJA DE LA SOCIEDAD CONSTA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA, LOS ACUERDOS SON INEFICACES SI NO CONSTAN EN ACTA NOTARIAL. R. 11 de julio de 2007, DGRN. BOE de 8 de octubre de 2007. Sociedad T�cnicas e Implantaciones Urban�sticas�Registro Mercantil de Orense.
Hechos: Se deniega el dep�sito de cuentas de una sociedad por no constar los acuerdos en acta notarial, dado que existe en la hoja abierta a la sociedad una nota marginal de solicitud de levantamiento de acta notarial de la Junta por parte de un socio. Se recurre alegando que para el d�a de la Junta fue imposible encontrar notario en la localidad que pudiera levantar el acta notarial de referencia y que el socio solicitante aprob� el acta de la Junta.
Comentario: S�lo rese�ar la diferencia existente en este punto, puesta de relieve en el acuerdo de calificaci�n, entre las sociedades an�nimas y las limitadas. Para las primeras rige el art. 104 del RRM en virtud del cual la nota marginal acreditativa de la solicitud de acta notarial tiene una vigencia de tres meses, pasados los cuales se cancela pudiendo acceder los acuerdos sociales al Registro aunque no consten en acta notarial. En cambio para las sociedades limitadas rige el art.194 del RRM, el cual, dando a la sociedad la posibilidad de oponerse, por motivos tasados, a la extensi�n de dicha nota, establece, si la nota se practica, la imposibilidad de inscripci�n de los acuerdos adoptados en la Junta si no constan en acta notarial. (JAGV).
207. EMPRESARIO INDIVIDUAL: NO ES POSIBLE LA INSCRIPCI�N DE UN PODER DE UN EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA ACTUAR CONJUNTAMENTE CON EL PODERDANTE. R. 17 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 11 de octubre de 2007. Interesado�Registro Mercantil de Ja�n.
Hechos: Se trata de un empresario individual del transporte que otorga poder a un tercero, pero con la limitaci�n de que las facultades otorgadas se deben ejercitar mancomunadamente con el poderdante. El Registrador suspende la inscripci�n al carecer de sentido la concesi�n del poder, pues el empresario tiene todas las facultades sin firma de nadie y el apoderado no puede ejercer sus facultades sin la firma del empresario que podr�a hacerlo solo. Se recurre alegando la Orden de 24 de Agosto de 1999, -ya derogada por la Orden de 20 de Marzo de 2007, como aclara la DG, aunque su contenido en este punto es id�ntico el de la derogada y el de la vigente- que establece que para llevar la direcci�n efectiva de una empresa de transportes se deben tener conferidos poderes generales solidarios o mancomunados.
Doctrina: La DG confirma el acuerdo calificatorio diciendo que, �para que pueda hablarse de apoderados mancomunados, deber� conferirse el poder de representaci�n a m�s de una persona, pues si esa mancomunidad consiste en la necesidad de actuaci�n conjunta del apoderado con el poderdante, el mandato es completamente in�til.... pues el apoderado nada puede hacer por s� s�lo, en tanto que el comerciante individual puede hacer todo sin el concurso del apoderado�.
Comentario: Ante esta resoluci�n nos preguntamos: �Era realmente in�til el poder conferido? �Podemos pensar que un empresario, con la competitividad tan grande que existe en el mercado, hace algo in�til y sin sentido para la llevanza efectiva de su empresa? En pura t�cnica jur�dica el poder era efectivamente in�til y sin sentido y desde este punto de vista compartimos plenamente tanto el acuerdo calificatorio como la resoluci�n de la DG. Pero desde el punto de vista empresarial pensamos que el poder no era in�til y sin sentido. La raz�n de ser de este poder est� en lo que la Orden FOM 734/2007 de 20 de Marzo llama �capacitaci�n profesional� para llevar la direcci�n efectiva de una empresa de transporte (Cfr. art. 10 y 12 de la Orden citada). Para conseguir esta capacitaci�n profesional son necesarias unas oposiciones y por tanto obtener un t�tulo que habilite para la direcci�n de la empresa. Pues bien, ocurre con frecuencia que el titular o empresario del transporte, sea persona f�sica, como ocurre en este caso, o sea persona jur�dica por propia definici�n, no tiene esa capacitaci�n profesional y por tanto para la llevanza efectiva de su empresa necesitan una persona que tenga el t�tulo correspondiente y a la que deben dotar de poderes generales en su propio nombre, empresario individual, o en representaci�n de la sociedad, empresario social. Llegados a este punto a nadie se le escapa que estamos ante un problema de confianza del empresario en su apoderado. Si la tiene total es claro que le conferir� los poderes generales de que ser trate. Pero si esa confianza no es total es evidente que deber� mancomunar la representaci�n conferida. Y aqu� esta la raz�n de ser del poder conferido y de muchos que se confieren en esas circunstancias. Si no se admite mancomunar el poder con el empresario individual o con el administrador �nico de la sociedad, el titular de la empresa deber� buscar a dos personas, una de ellas con capacitaci�n profesional, para conferirles el oportuno poder con la consecuencia de que sus gastos de funcionamiento se ver�n aumentados y su competitividad se ver� reducida. Y esta es la raz�n fundamental de conferir el poder mancomunado con el titular o administrador de la sociedad: reducir costes de funcionamiento, manteniendo el control del apoderado y garantizando la buena marcha de la sociedad. Por ello termino pregunt�ndome: �A qui�n perjudica un poder de esta naturaleza? �Da inseguridad en el tr�fico mercantil? �Puede crear confusi�n entre los terceros que contraten con el apoderado que act�a de forma conjunta con el administrador o empresario individual? �Son nulos de pleno derecho o anulables los actos realizados por el apoderado y el empresario o administrador?La respuesta a estas preguntas, que a mi juicio deben ser negativas, nos puede dar la contestaci�n a si son o no in�tiles o sin sentido los poderes conferidos en la forma contemplada en la resoluci�n que comentamos. (JAGV)
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209. SOCIEDAD AN�NIMA. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. R. 20 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 11 de octubre de 2007. Sociedad � Registro Mercantil de Madrid I.
Similar a las RR de 9 de Julio y 29 y 30 de Agosto de 2007, n�mero 194,y 197 y 200. (JAGV)
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210. SOCIEDAD AN�NIMA. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. C�MPUTO DEL PLAZO. SUS POSIBLES REPERCUSIONES EN EL ASIENTO DE PRESENTACI�N EN EL REGISTRO MERCANTIL. R. 21 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 12 de octubre de 2007. Sociedad � Registro Mercantil de Madrid I.
Similar a las RR de 9 de Julio, 29 y 30 de Agosto de 2007 y 20 de Septiembre de 2007, n�meros 194, 197, y 200 y 209.
Comentario: Con esta resoluci�n se puede dar por cerrada la pol�mica sobre el c�mputo del plazo de un mes de antelaci�n en la convocatoria de la Junta general establecido en el nuevo art. 97 del TRLSA. Por tanto la Junta convocada determinado d�a de un mes puede celebrarse v�lidamente el mismo d�a del mes siguiente a aquel en que se haya efectuado la convocatoria, pues el mes finaliza a las cero horas de ese mismo d�a.
Sin embargo esta forma de computar los plazos por meses, puede tener una repercusi�n inesperada en el c�mputo del plazo de dos o cinco meses de vigencia del asiento de presentaci�n en el Registro Mercantil que establece el art. 43 del RRM. Efectivamente, al computarse de fecha a fecha siempre se ha considerado que el �ltimo d�a del plazo, es decir el d�a equivalente a aquel en que se practic� el asiento de presentaci�n, era v�lido para practicar la inscripci�n dentro de la vigencia del asiento. Ahora, si seg�n el c�mputo establecido por el TS y asumido por la DG,el plazo finaliza a las cero horas del mismo d�a en que se puso el anuncio o en que se practic� el asiento de presentaci�n, ese d�a ya no debe ser d�a h�bil para practicar la inscripci�n pues el asiento de presentaci�n ha caducado.
Por ello, quiz�s, esta forma de c�mputo de los plazos por meses, deba llevar a una revisi�n del sistema inform�tico del Registro Mercantil, si este sistema considera que el mismo d�a del mes siguiente o siguientes al que se practic� el asiento de documentos o de cuentas es d�a h�bil para la pr�ctica de la inscripci�n. (JAGV)
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220. RECTIFICACI�N DE ERRORES. DEPOSITO DE CUENTAS. JUNTA GENERAL. ANTELACI�N EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA. R. 15 de octubre de 2007, DGRN. BOE de 29 de octubre de 2007. Sociedad Perdiz de Somontes, S.A.�Registro Mercantil de Madrid VIII.
Se trata de una rectificaci�n de errores de la Resoluci�n de 28 de Agosto de 2007, resumida bajo el n�mero 199 de esta web, y en la que se subsanan los errores advertidos en dicha resoluci�n consistentes en no considerar inscribibles los acuerdos adoptados en una Junta General de sociedad an�nima celebrada el mismo d�a del mes siguiente a aquel en que se public� el �ltimo de los anuncios de convocatoria. Al comentar dicha resoluci�n, y las siguientes sobre la misma cuesti�n, ya apuntamos la posibilidad de que la doctrina derivada de esta resoluci�n, que se apartaba de la seguida por la DG en otras resoluciones, se pudiera deber a un error material. Efectivamente se trataba de un puro error material, que queda corregido, y por tanto, plenamente confirmada su doctrina sobre la validez de la Junta celebrada el mismo d�a del mes siguiente al d�a en que se publica �ltimo anuncio de la convocatoria. (JAGV)
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Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el de 2007. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en archivo aparte.
10. NOTIFICACI�N DE LA CALIFICACI�N NEGATIVA DE DOCUMENTO PRESENTADO TELEM�TICAMENTE. En las escrituras que se tramitan �ntegramente de forma telem�tica, con presentaci�n telem�tica de la liquidaci�n, la nota de calificaci�n negativa en caso de defectos puede mandarse perfectamente al Notario remitente con firma electr�nica reconocida.
Pero se plantea el problema de que el programa inform�tico parece que no genera un acuse de recibo con fecha concreta, sino simplemente cuando el notario confirma la recepci�n en el programa aparece una �S�, sin que se haga constar cual es la fecha en que se ha recibido el acuse.
Se plantea entonces desde cu�ndo debe el Registrador prorrogar el asiento de presentaci�n y si debe seguir notificando la calificaci�n por los medios tradicionales, ya sea fax o correo certificado.
Ya se ha indicado que la notificaci�n al notario de la nota o acuerdo con los defectos procede en todo caso, incluso en el de que la tramitaci�n inicialmente telem�tica haya pasado a papel, en cuyo caso, la notificaci�n de defectos, sin embargo, habr� de hacerse por medios telem�ticos.
En el presente caso, debe tenerse presente para el c�mputo de los plazos el art. 12.5 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizaci�n de t�cnicas electr�nicas, inform�ticas y telem�ticas por la Administraci�n General del Estado.
Conforme al mismo, una vez puesta la notificaci�n a disposici�n del notario, lo que en el programa colegial aparecer� como un env�o sin error, si no se produce el acceso del mismo en los diez d�as naturales siguientes, se entender� rechazada la misma y continuar� el procedimiento conforme al art. 59.4 LRJAPPAC.
De ese modo el c�mputo de la pr�rroga del asiento de presentaci�n se iniciar� desde el momento de tal rechazo o del acceso por el notario en un momento previo dentro de los indicados diez d�as naturales.
N� de consulta: V1511-07.
Materia: Tributaci�n de los Complejos Inmobiliarios.
En el supuesto de hecho de la consulta se va a constituir un complejo inmobiliario privado compuesto por nueve edificios con nueve fases de edificaci�n y determinados elementos comunes del complejo inmobiliario, y otros elementos comunes de cada edificio en r�gimen de propiedad horizontal, sin alteraci�n de la titularidad ni en elementos privativos ni comunes.
Responde la Direcci�n General que si la mancomunidad que se pretende constituir no tiene m�s finalidad que la administraci�n de elementos y zonas comunes de las distintas comunidades de propietarios, ya existentes, quedando excluida la actividad empresarial y, en consecuencia, la posible tributaci�n por la modalidad operaciones societarias. Tampoco origina tributaci�n en Actos Jur�dicos Documentados, por no concurrir el requisito de que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa evaluable, pues al limitarse a ser meras normas o reglas de administraci�n, en nada se modifica el contenido o �mbito de la propiedad de los titulares de los pisos individuales con relaci�n a la situaci�n anterior a la existencia del complejo inmobiliario.
La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid, Los Realejos, Lugo, Puerto de la Cruz, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino y Arucas, a 6 de noviembre de 2007.

References: Real Decreto 
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