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Timestamp: 2018-04-25 01:13:04+00:00

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NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE DECOMISO Y RECUPERACIÓN DE ACTIV…
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NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE DECOMISO
Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
1. NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE DECOMISO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Francisco Jiménez-Villarejo Fernández (1) Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Penal y Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Universidad de Talca (Chile) rcarnevali@utalca.cl RESUMEN ABSTRACT Novedades legislativas en materia de decomiso Spanish legal novelties on confiscation and assets y recuperación de activos recovery in the fight against organised crimeLa transposición de la Decisión Marco relativa al de- The implementation of the Framework Decision oncomiso del producto, instrumentos y bienes relaciona- Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumen-dos con el delito, de 25 de febrero de 2005, que inspira talities and Property of 25 February 2005, whichla aproximación de los instrumentos legales contem- commands harmonisation throughout the Europeanplando el decomiso ampliado a lo largo de los Estados Union Member States of legal instruments coveringmiembros de la Unión Europea, juega un papel im- extended powers of confiscation, play important partportante en la actual política criminal nacional en la in the current domestic policy of fighting organizedlucha contra la criminalidad organizada mediante la crime by depriving offenders of the proceeds as wellprivación de los productos, así como los instrumentos as instrumentalities of crime, as a fulfillment of thedel delito a los delincuentes, como una realización del ‘crime does not pay’ concept. Despite mutual recog-concepto «que el delito no resulte provechoso». Aun- nition is one on the basis principles established in theque el reconocimiento mutuo es uno de los principios Treaty of Lisbon for the International Cooperation,básicos establecidos en el Tratado de Lisboa para la implementation at national level and later applicationcooperación internacional, la implementación a nivel remains incomplete with regard to Framework Deci-nacional y posterior aplicación de las Decisiones Mar- sions 2003/577/JHA and 2006/783/JHA as a result ofco 2003/577/JAI y 2006/783/JAI permanece incom- a lack of clarity and coherence in the texts and thepleta como consecuencia de una falta de claridad y cohabitation with mutual legal assistance conventions.coherencia en los textos y su cohabitación con conve- This paper analyses the novelties of the Spanish leg-nios de asistencia mutua. Este artículo analiza las no- islation on confiscation from a substantive and proce-vedades de la legislación española en decomiso desde dural perspective, in particular our law No. 4/2010 onun punto de vista material y procesal, en concreto la the application of the principle of mutual recognitionLey 4/2010 para la ejecución en la Unión Europea de to confiscation orders and the national transposition ofresoluciones judiciales de decomiso y la transposición the AROs 2007 Council Decision.a la normativa nacional de la Decisión de 2007 sobrelas Oficinas de Recuperación de Activos (AROs). Key Words: Confiscation, organized crime, extended powers of confiscation, civil confiscation, patrimonialPalabras clave: Decomiso, crimen organizado, de- investigation, mutual recognition, mutual legal assist-comiso ampliado, confiscación civil, investigación ance, recovering assets, AROs.patrimonial, reconocimiento mutuo, asistencia mutua,recuperación de activos, AROs. (1) Fiscal Delegado de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial deMálaga y punto de contacto de la Red Judicial Europea. – 91 –
2. Revista de Derecho Penal SumarioI. INTRODUCCIÓN: UNA NUEVA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINA- LIDAD ORGANIZADA.II. NUEVA REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMI- NALES.III. EL DECOMISO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.IV. RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS RESOLUCIONES DE DECOMISO EN EL ÁMBI- TO DE LA UNIÓN EUROPEA.V. ANÁLISIS DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DECISIÓN MARCO 2006/783/JAI EN NUES- TRA LEY 4/2010, DE 10 DE MARZO. 1. Autoridades competentes. A) Autoridades judiciales de emisión españolas. B) Autoridades judiciales de ejecución españolas. C) Papel de la autoridad central. D) Intervención del Ministerio Fiscal. 2. Transmisión por las autoridades judiciales españolas de una resolución de decomiso para su ejecución en otro estado miembro de la UE. A) Documentación y modo de transmisión. B) Transmisión a más de un Estado. C) Transformación del decomiso. D) Terminación de la ejecución. Reparto de gastos.VI. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE DECOMISO DICTADAS POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EU- ROPEA 1. Aplicación del principio de doble incriminación. 2. Reconocimiento y ejecución. 3. Denegación del reconocimiento y ejecución.VII. OFICINAS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS.I. INTRODUCCIÓN: NUEVA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADADurante demasiado tiempo la atención del proceso penal y los esfuerzos de la políticacriminal giraron en torno a su elemento punitivo del delito. El objetivo del proceso penalera lograr la imposición de penas a los delincuentes, generalmente privativas de libertad, y – 92 –
3. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosestaba dirigido, en esencia, a la sanción del delito y, no tanto, a la recuperación de los ac-tivos ilícitamente obtenidos por aquellos. Al producto del delito se llegaba, al final, tras lainvestigación de los hechos criminales y como consecuencia lógica de dicha investigacióncriminal, siendo inusual que el itinerario investigador y procesal fuera el inverso. Hay que reconocer que, a diferencia del importante papel que tenía la confiscaciónen la legislación aduanera, hasta hace relativamente poco tiempo el decomiso merecíaescasa atención en nuestro Derecho Penal y era materia por desarrollar en el DerechoProcesal Penal. De ahí que su referencia en escritos de acusación y sentencias penalesfuera, puramente formal, casi una coletilla en los escritos de acusación y en las sentencias.Afortunadamente, bajo la influencia del modelo norteamericano (2) y siguiendo las medidaspreconizadas desde instrumentos internacionales (3), este escenario está cambiando y pode-mos comprobar cómo desde las Instituciones Comunitarias, profundamente preocupadaspor la lucha contra las diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada, se vieneatribuyendo una gran relevancia a la localización, seguimiento, incautación y confiscación,no solo dentro de las fronteras de cada Estado, sino también en la dimensión transfronteri-za del decomiso de bienes de origen delictivo. Así, la Unión Europea fijó como objetivo enel programa de la Haya (4), y lo ha consolidado en el de Estocolmo (5), una línea de trabajodirigida a estrangular financiera y patrimonialmente a las organizaciones criminales hastaconseguir su «muerte civil». Incidiendo en el principio de «que el delito no resulte provechoso» y teniendo en cuen-ta que la criminalidad organizada existe y actúa, esencialmente, por ánimo de lucro, laComisión de la Unión Europea resume, en un lúcido comunicado (6), la legislación puestaen marcha subrayando la importancia del decomiso y la recuperación de bienes de origendelictivo como las herramientas más eficaces en la lucha contra dicha manifestación crimi-nógena a fin de reducir su influencia y producir un efecto disuasorio. Utilizando un símil militar, la lucha contra la criminalidad organizada, en vez de basarúnicamente su estrategia en hacer el mayor número de prisioneros de guerra, debería, con-siderar igualmente, el ataque de los centros logísticos del enemigo, inutilizando los sumi-nistros de las tropas enemigas. Con ello, conseguiríamos una mayor eficacia en el resultadofinal deseable, que no es otro que la erradicación de la criminalidad organizada, al tiempoque se optimizarían nuestros propios recursos materiales y humanos. En ese sentido, la lo- (2) Prof. Dr. J.A.E. VERVAELE, Catedrático de Derecho penal económico y financiero, Facultad de Derecho deUtrecht, en el artículo doctrinal «El embargo y la confiscación como consecuencia de los hechos punibles en el Derechode los Estados Unidos». (3) En primer lugar el artículo 5 del Convenio de UN firmado en Viena de 1988, sobre confiscación de los be-neficios de la droga. (4) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2005, Programa de LaHaya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de lalibertad, la seguridad y la justicia [COM (2005) 184 final – Diario Oficial C 236 de 24.9.2005]. (5) Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (DOUE C 115/01,4.5.2010). (6) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de noviembre de 2008, Productosde la delincuencia organizada: garantizar que «el delito no resulte provechoso» [COM (2008) 766 final – no publicadaen el Diario Oficial]. – 93 –
4. Revista de Derecho Penalcalización, el seguimiento, la incautación o embargo provisional y la final confiscación delos medios, instrumentos y productos del delito, probablemente sea la mejor y más efectivamanera de combatir el crimen organizado mermando, de manera inexorable, su capacidadoperativa. A todo ello se debe sumar el valor añadido que supone la posibilidad de ponerlos recursos y activos decomisados al servicio del Estado de Derecho aumentando sus me-dios para ganar esta compleja y pertinaz guerra. Como acertadamente destaca la Circular de la Fiscalía General del Estado núm.4/2010, de 23 de diciembre, en la actualidad, la investigación patrimonial tiene especialinterés en el ámbito del proceso penal por los siguientes motivos: en primer lugar, porquees necesaria para asegurar el pago de las genéricamente denominadas responsabilidadespecuniarias, que incluyen la responsabilidad civil —ex delicto— derivada de la infracciónpenal, las costas procesales y la multa; en segundo lugar, porque a través de la concreciónde determinados flujos y movimientos patrimoniales se pueden obtener los elementos pro-batorios de la realización de diversas infracciones; y, en tercer lugar, porque la investiga-ción criminal, en ocasiones, estará orientada a la localización de bienes relacionados con laactividad delictiva, con el objetivo de proceder a su incautación, actuación que constituyeun instrumento de primer orden para hacer frente a diversas manifestaciones delictivas, enparticular a las realizadas por grupos organizados, por cuanto incide directamente en lasganancias ilícitamente obtenidas con las que éstos se financian. La primera de las indicadasfinalidades tiene por objeto la localización de bienes de origen lícito para el afianzamientode las expresadas responsabilidades pecuniarias, mientras que las dos últimas constituyenla investigación del patrimonio relacionado con la actividad criminal (7). El contenido de la confiscación, y las medidas de aseguramiento que le preceden, hadesplazado el acento, en muchos sistemas legales de nuestro entorno, de su inherente yrelativamente sencilla finalidad de conservación de elementos probatorios, característica ypropia del instrumentum sceleris y del objetum sceleris (8), hacia la más compleja finalidadde obtener y recuperar la propiedad de los bienes procedentes de las ganancias del delito (7) Pese a que en ocasiones puede existir un solapamiento, entre las actuaciones de investigación patrimonialorientadas a la realización de la responsabilidad civil derivada del delito y las dirigidas a la determinación de los bienesrelacionados con la actividad delictiva, nuestra jurisprudencia, desde la STS núm. 56/1997, de 20 de enero, ha señaladoque el comiso de los instrumentos y de los efectos del delito que constituía una «pena accesoria» en el antiguo artículo48 del CP de 1973, se configura en el nuevo Código Penal como una «consecuencia accesoria» de la pena (artículo 127CP de 1995). En cualquier caso, «en ambos Códigos, por tanto, es cosa distinta de la responsabilidad civil “ex delicto”(…). La responsabilidad civil constituye una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que seaexaminada en el proceso penal, y nada impide que, por ello, su conocimiento sea deferido, en su caso, a la jurisdiccióncivil. El comiso, por el contrario, guarda una directa relación con las penas y con el Derecho sancionador, en todocaso, con la lógica exigencia de su carácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición». Hastala más reciente STS núm. 202/2007, de 20 de marzo, en el mismo sentido expresa que los decomisos sólo podrán con-siderarse correctos si los bienes decomisados hubieran sido adquiridos con dinero procedente en su totalidad del delito(...), bien directamente, bien indirectamente, esto es, a través de las transformaciones que hubiera podido experimentarese dinero ilícito como consecuencia de negocios y operaciones posteriores (decomiso subrogatorio). (8) Siguiendo la clasificación tradicional en la materia que distingue entre la aprehensión-confiscación de losinstrumentos con los cuales ha sido cometida la infracción (instrumentum sceleris), del objeto del delito (objetum scele-ris) y del producto y los beneficios del delito (productum sceleris). Como subraya GASCÓN INCHAUSTI, Fernando,profesor de la Universidad Complutense en «Mutuo reconocimiento de resoluciones judiciales en la Unión Europea ydecomiso de bienes», en la normativa supranacional, como en nuestro ordenamiento jurídico, estas tres figuras recibenun tratamiento unitario, si bien en los sistemas jurídicos germánicos se distingue entre Einziehung, en relación con las – 94 –
5. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos(productum sceleris). Con ello, se ha introducido una investigación independiente y sepa-rada de la causa principal en la que se aceptan, incluso, excepciones a las reglas procesalesque rigen el proceso principal (como la alteración de la carga de la prueba). La confiscationorder en otros sistemas legales, como los de common law, alcanza un carácter reparatorioy preventivo en su pretensión de evitar que volvieran a ser utilizados para la comisión denuevas infracciones, que, por diluir su naturaleza sancionadora, no forma ya necesariamen-te parte de la pena impuesta en la sentencia definitiva a ejecutar (9). En cumplimento de esta estrategia europea, se va abriendo paso en nuestro país unanueva regulación del decomiso armonizada desde el punto de vista material y basada en elprincipio de reconocimiento mutuo y libre circulación de las resoluciones judiciales queacuerden embargos y ulteriores decomisos en su dimensión transnacional. Prueba de ello lapodemos encontrar en la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminaly la ley de implementación de la Decisión marco de ejecución de resoluciones judicialesde decomiso, ambas aprobadas durante el año 2010. La reforma vino de mano de la LO5/2010, de 22 de junio (10), que introduce una extensa reforma en el Código Penal de 1995,basada, en gran medida, en la aproximación normativa impulsada desde la construcción delespacio judicial europeo, de ahí que su disposición final sexta, referida a la «incorporaciónde Derecho de la Unión Europea» expresamente relaciona la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instru-mentos y bienes relacionados con el delito, que ha dado lugar a la reforma del artículo127 del Código Penal, si bien, incomprensiblemente, olvida mencionar la Decisión Marco2008/841/JAI, de 24 de octubre, del Consejo de la Unión Europea sobre la Lucha contra laDelincuencia Organizada, entre los nueve instrumentos que menciona en relación con losnuevos delitos de grupos y organizaciones criminales. Por otro lado, la Ley 10/2010, de 10de marzo (11), para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso,de naturaleza procesal y que persigue facilitar el reconocimiento y ejecución de resolucio-nes extranjeras de decomiso en condiciones de igualdad a las nacionales, utilizando paraello el principio de reconocimiento mutuo. Finalmente, coincidiendo con estas novedades de la normativa sustantiva y procesal,y como consecuencia de las exigencias prácticas de éstas y las recomendaciones de Bru-dos primeras manifestaciones —para referirse al decomiso de los efectos e instrumentos delictivos— y Verfall —paradesignar la privación de las ganancias ilícitas—. (9) En ese sentido el Auto de 19 de julio de 2010, dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enel Expediente 4bis/2010, procedente del Exhorto internacional del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbellaen relación con la orden de confiscación de bienes dictada por un Tribunal de Nueva York en resolución diferente yseparada de la propia sentencia, considera que a la ejecución de ésta en España sería de aplicación la regla competencialdel artículo 65.2 de la LOPJ que lo atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aclarando, definitivamente,la inicial duda surgida en el marco de la asistencia mutua tradicional, ya que en el nuevo sistema surgido del recono-cimiento mutuo la competencia correspondería al Juzgado de lo Penal del lugar donde radiquen los bienes o resida lapersona afectada, de acuerdo con el nuevo apartado 4 del artículo 89 bis de la LOPJ reformada por la Ley Orgánica3/2010, de 10 de marzo. (10) BOE núm. 152, miércoles 23 de junio de 2010. (11) BOE núm. 61, jueves 11 de marzo de 2010. – 95 –
6. Revista de Derecho Penalselas (12), se ha previsto la creación de una nueva estructura organizativa para facilitar lalocalización y recuperación de activos, en lo que se ha dado en denominar las Oficinas deRecuperación de Activos (AROs). Así, el nuevo artículo 367 septies de la Ley de Enjui-ciamiento Criminal, introducido en el apartado tercero de la mencionada disposición finalsexta de la LO 5/2010, igualmente en relación con actividades delictivas cometidas en elmarco de una organización criminal (no con la generalidad de los delitos), encomienda sulocalización, conservación, administración y realización a una Oficina de Recuperaciónde Activos que, actuando por decisión y supervisión de la autoridad judicial, tendrá laconsideración de Policía Judicial y que actualmente se encuentra pendiente de desarrolloreglamentario.II. NUEVA REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALESEl limitado ámbito material del novedoso decomiso ampliado y de la proyectada oficina derecuperación de activos vinculados a los delitos relacionados con la criminalidad organiza-da ha exigido del legislador español abordar, finalmente, la esperada e inaplazable reformadel Código Penal en esta materia. De ahí que merezca la pena hacer un breve repaso delalcance de ésta. En efecto, como respuesta a necesidades de política criminal de primer orden queexigen combatir adecuada y eficazmente las distintas manifestaciones de la criminalidadorganizada y como muestra de la colonización normativa inherente a los compromisosinternacionales, entre las novedades más relevantes introducidas por la reforma operadaen el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se encuentra la creaciónun régimen punitivo más riguroso en el nuevo Capítulo VI en el Título XXII del Libro II,que comprende los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter, bajo la rúbrica «De las orga-nizaciones y grupos criminales». Con esta nueva regulación se pretende superar el actualmarco normativo, en el que el delito de asociación ilícita, recogido en el artículo 515 delCódigo Penal (13), resultaba a todas luces inidóneo para castigar los fenómenos de crimi-nalidad organizada, dado su insuficiente e insatisfactoria definición típica y consecuentedéficit de taxatividad. Como señala LUZÓN CANOVAS, María (14), no existiendo hastaahora ningún otro tipo penal del que echar mano para hacer frente a la criminalidad orga- (12) Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismosde recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos deldelito o de otros bienes relacionados con el delito. (13) Sistemáticamente situado dentro del Título XXI , de «Delitos contra la Constitución» en el Capítulo IV«De los Delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas», en sintonía con su origenhistórico que se remonta a nuestro primer Código Penal de 1822, donde junto a la criminalidad común «De las cua-drillas de malhechores, y de los que roban caudales públicos o interceptan correos o hacen daños en bienes o efectospertenecientes al Estado o al común de los pueblos» tipificaba «las facciones y parcialidades, y de las confederacionesy reuniones prohibidas», castigando tanto las organizaciones criminales («cuadrillas de malhechores»), como las aso-ciaciones que, no siendo propiamente criminales, perseguían «cualquier otro objeto contra el orden público» (comosociedades secretas, masones, etc.) contrarias o alejadas de los objetivos del Estado. (14) LUZÓN CANOVAS, María, «La tipificación penal de la organización y el grupo criminal. Problemas con-cursales», publicado en la Revista-La Ley de julio de 2011. – 96 –
7. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosnizada, la conocida «asociación ilícita», amplió forzadamente sus contornos, pasando a seruna especie de «cajón de sastre» (15). Si este remedio no se compadece con los principiosdel Derecho penal, menos aún su utilización cuando no era posible comprobar los delitosfinales cometidos. Por ello, la utilización extensiva del delito de la asociación ilícita se fuecorrigiendo en una jurisprudencia que limitaba su aplicación a la modalidad de asociaciónpara delinquir vinculada al terrorismo o a la perturbación del orden público y la subversióndel orden constitucional. De ahí que la nueva regulación, vigente desde diciembre de 2010,viene a delimitar la aplicación adecuada de la asociación ilícita en convivencia con losnuevos tipos de organización y grupo criminal (16). Hasta ahora, la Instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado, sobre atribucionesy organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacio-nados con la corrupción y sobre la actuación de los Fiscales especialistas en delincuenciaorganizada, nos proporcionaba un concepto de delincuencia organizada a partir de las de-finiciones asumidas por algunas disposiciones legales internas (artículo 282 bis, apartado4, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), por los Convenios Internacionales de los queEspaña es parte y por la jurisprudencia de nuestros tribunales, basado en la concurrenciade cuatro elementos cardinales: a) pluralidad de personas; b) estructura interna, establecidanormalmente en torno a la existencia de criterios de jerarquía (también disciplina) interna ydivisión o distribución funcional; c) vocación de cierta permanencia temporal, y d) actua-ción concertada o «voluntad colectiva» en la comisión de delitos (17). En el marco normativo supranacional, verdadero impulsor y promotor de las iniciativasnacionales en esta materia, podemos encontrar definiciones de «organización delictiva» yde «asociación estructurada» en dos relevantes instrumentos internacionales. En primerlugar, cronológicamente hablando, nos encontramos con la Convención de las NacionesUnidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000 (18).A nivel de la Unión Europea, la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, delConsejo de la Unión Europea sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada (19), quepersigue la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en la lucha contra (15) La STS 1075/2006, de 23 de octubre, consideraba que un grupo de «descuideras» no puede ser conside-rado asociación ilícita, porque este concepto entronca con el derecho de asociación constitucionalmente reconocidoy porque bajo esa rúbrica se han ubicado hechos tan relevantes como las organizaciones terroristas, de manera que elprincipio de proporcionalidad impide su aplicación a la pequeña delincuencia insidiosa. (16) En un ejercicio de interpretación auténtica el legislador, en el Apartado XXVIII del Preámbulo de la LO5/2010, nos ofrece un criterio de distinción entre la existente y mantenida asociación ilícita y las nuevas formas deagrupación criminal. Así, partiendo de la incapacidad del delito de asociación ilícita «para responder adecuadamente alos diferentes supuestos de agrupaciones y organizaciones criminales», señala que «Las organizaciones y grupos crimi-nales no son realmente “asociaciones” que delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamentedelictiva, carentes en muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, o dotadas de tal apariencia con el exclusivopropósito de ocultar su actividad y buscar su impunidad». (17) En la línea jurisprudencial mantenida en numerosas sentencias, entre otras las SSTS 326/2010, de 13 deabril; 480/2009, de 22 de mayo; 50/2007, de 19 de enero y, por todas, la STS núm. 415/2005, de 23 marzo. (18) Firmada por España el día 13 de diciembre de 2000 y cuya ratificación se produjo mediante Instrumentode 1 de septiembre de 2003. (19) L 300/42, Diario Oficial de la Unión Europea 11.11.2008 cuya transposición se realiza en la LO 5/2010, de22 de junio, aunque su disposición final sexta no la mencione. – 97 –
8. Revista de Derecho Penalla delincuencia transfronteriza, a fin de evitar el efecto llamada de los sistemas legales másbenévolos o con lagunas en esta normativa. En la nueva versión del Código Penal de 1995, actualizado en la LO 5/2010, por unlado, el artículo 570 bis ofrece una definición auténtica de organización criminal al esta-blecer, en el párrafo segundo del apartado 1, que «se entiende por organización criminal laagrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefini-do, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con elfin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas», des-tacando, en dicha figura delictiva, la nota de permanencia y estabilidad en el concepto deorganización, de modo que la unión no ha de ser esporádica sino que ha de tener duraciónen el tiempo y debe estar vinculada por lazos estables o permanentes. Debemos destacarque el legislador español ha ido más allá de lo establecido en los textos internacionales,extendiendo el ámbito de aplicación de este delito no sólo a la comisión de delitos gravesy menos graves, sino también a la comisión reiterada de faltas, por ser la lucha contra estetipo de pequeña delincuencia una de las finalidades político-criminales de la reforma. El legislador define las conductas típicas de la organización criminal distinguiendo dosclases de autores merecedores de distinto reproche penal. Así, se diferencia la responsabili-dad penal de los que promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren (20) laorganización, frente a los que meramente participaren activamente en la organización, forma-ren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma (21). En cuanto a los subtipos agravados el artículo 570 bis del Código Penal, en su apartadosegundo, establece, en función de las características de la organización, los siguientes: a) Cuando la organización esté formada por un elevado número de personas. b) Cuando la organización disponga de armas o instrumentos peligrosos. c) Cuando la organización disponga de medios tecnológicos avanzados de comuni- cación o de transporte. d) Especial gravedad y naturaleza del delito planificado. Recogiendo la definición de «asociación estructurada» del artículo 1 de la DecisiónMarco 2008/841/JAI y del «grupo estructurado» del artículo 2 del Convenio de Palermo (20) Hasta ahora la jurisprudencia ha calificado la conducta como de dirección, cuando el sujeto posea capacidadde adopción autónoma de decisiones (SSTS 31-3-2010 y 21-01-2009). (21) El artículo 2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, sobre delincuencia organizada, incluyela participación activa entre las conductas relacionadas con una organización delictiva, si bien remite a las legislacionesdomésticas para su concreta tipificación, señalando entre las conductas que han de ser tipificadas por los Estados lafacilitación de información o de medios materiales, el reclutamiento de nuevos participantes, así como toda forma definanciación de sus actividades. En ese sentido la STS de 31-03-2010 aclara que: «los integrantes de la banda, orga-nización o grupo —que se suelen denominar miembros activos— son las personas que intervienen activamente en larealización de sus objetivos, esto es, la comisión de delitos de manera organizada. La intervención activa no equivaletanto a la futura autoría o coparticipación en los delitos, sino más bien ha de hacerse equivalente a cualquier inter-vención causal relevante y dolosa en el proceso de preparación y ejecución de alguno de ellos. Así será integrantes—miembros activos— los autores de los delitos que la banda, organización o grupo lleven a cabo, los partícipes de losmismos y también los que intervienen en su preparación, e igualmente las conductas de encubrimiento cuando revelenun carácter permanente». – 98 –
9. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosy como una figura de carácter residual frente al de organización criminal, el Código Penaldefine residualmente el grupo criminal en el artículo 570 ter 1 in fine del Código Penalcomo la unión («formación no fortuita») de más de dos personas que, sin reunir alguna oalgunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior,tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concer-tada y reiterada de faltas. Basta, pues, la no concurrencia de uno de los elementos estructu-rales del tipo de organización delictiva, para que nos encontremos ante un grupo criminal.Por otro lado, el artículo 570 ter CP distingue la respuesta punitiva a partir de la naturalezay gravedad de las infracciones criminales que el grupo pretenda cometer.III. EL DECOMISO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOLEl desarrollo normativo de la institución del comiso surge de la lucha contra el narcotráfico,con la Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, de reforma del Código penal. El Código penalde 1995 reproduce, en los artículos 127 y 374, la normativa anterior de los artículos 48 y344 bis.c) del Código penal de 1973, sin embargo, fue con ocasión de la reforma operada porla Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, cuando, siguiendo las directrices suprana-cionales, se modificó el ámbito y alcance del comiso, incorporando a nuestro ordenamientojurídico importantes innovaciones como la extensión del comiso a los bienes, medios o ins-trumentos con los que se haya preparado el delito así como a las ganancias provenientes deéste, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar, inclusosi se hubieran transmitido a un tercero, salvo que éste los hubiera recibido legalmente debuena fe. También se incorporó la posibilidad de que, con carácter subsidiario, se decreteel comiso de otros bienes de los criminalmente responsables por el valor equivalente al deaquellos cuyo decomiso no fuera posible, o la de acordar dicha consecuencia accesoria, auncuando no se impusiere pena alguna, en los casos de exención o extinción de la responsabi-lidad criminal, siempre que se demuestre la situación patrimonial ilícita. Como consecuencia de la última y relevante reforma operada por la Ley Orgánica5/2010, de 22 de junio, además de incorporar en el artículo 127 CP (22) un nuevo apartadoen que se prevé la posibilidad de acordar el comiso, dentro de ciertos límites punitivos, enel caso de delitos imprudentes, el legislador español ha implementado de nuevo una de lasposibilidades u opciones de decomiso ampliado reguladas en la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero, relativa al decomiso de productos, instrumentos y bie-nes relacionados con el delito, a fin de conseguir una eficaz lucha contra la delincuenciaorganizada. Para facilitar la aplicación del comiso ampliado, se establece la presunciónde considerar que proceden de actividades delictivas aquellos patrimonios cuyo valor seadesproporcionado con respecto a los ingresos legales de todas y cada una de las personascondenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o delitode terrorismo. (22) La nueva regulación general del comiso sigue recogida en el artículo 127 CP, cuyas normas ubicadas en elLibro I del Código Penal, son también de aplicación a los supuestos de comiso previsto en la parte especial del citadotexto legal (artículos 319, 374, 385 bis y 431) y en las leyes especiales (artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12de diciembre, de Represión del Contrabando), sin perjuicio de la aplicación preferente de estas normas por razón de laespecialidad si existe contradicción entre unas y otras. – 99 –
10. Revista de Derecho Penal La citada Decisión Marco 2005/212/JAI establece, en su artículo 3.2, que cada Es-tado miembro tomará las medidas necesarias para que se pueda proceder al decomiso,ofreciendo para ello tres opciones en las que se amplían los poderes de decomiso, siendola tercera de dichas opciones aquella por la cual cuando (…) se tenga constancia de queel valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de lapersona condenada y un órgano judicial nacional, basándose en hechos concretos, estéplenamente convencido de que los bienes en cuestión provienen de la actividad delictivade la persona condenada. Con base en dicho instrumento el legislador español ha optadopor transponer dicha opción en nuestra Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, añadiendoun segundo párrafo en el apartado primero del artículo 127 del siguiente tenor: «El Juezo Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y gananciasprocedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o gru-po criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo. A estos efectos se entenderá queproviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas con-denadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terroristao por un delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingre-sos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas». Esta reforma legal, siendonovedosa, es limitada ya que extiende exclusivamente a la criminalidad organizada elcriterio sentado por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en fecha 5 de oc-tubre de 1998, a propósito de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, porel que acordó considerar que el comiso de las ganancias a que se refiere el artículo 374del C. Penal debería extenderse a las ganancias de operaciones precedentes a la concretaoperación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedenciadelictiva y se respete, en todo caso, el principio acusatorio. Dicha jurisprudencia podíahaber dado pie a una regulación del decomiso ampliado con un ámbito material de apli-cación más ambicioso. En cualquier caso, el legislador clarifica nuestra regulación estableciendo una pre-sunción iuris tantum acerca del origen de dicho patrimonio, susceptible, en todo caso, deser enervada mediante prueba en contrario que acredite o justifique el origen lícito delpatrimonio cuestionado, o, al menos, que no procede de actividades criminales llevadasa cabo en el marco de una organización, grupo criminal o terrorista o derivadas de la rea-lización de un delito de terrorismo. Asimismo, debemos recordar que dicha presunciónlegal no afecta en sí misma al derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya queno incide ni en el núcleo de la acción delictiva objeto de enjuiciamiento, ni en la imputa-ción de dicha acción a persona concreta y determinada (23). Sin perjuicio de las diversas cuestiones debatidas en relación con los nuevos tipos deagrupación criminal y su convivencia con la coautoría o la conspiración para delinquiro los problemas concursales, así como aspectos de la confiscación derivados de la varie-dad de sistemas legales y la necesidad de ser eficaces en la recuperación transnacionalde bienes, como las dificultades para reconocer las denominadas confiscaciones civiles,que, sin duda, darán lugar a ríos de tinta, permítanme que me centre en la relación de ladelincuencia organizada y las novedosas modalidades de decomiso ampliado. (23) Vid. SSTC núm. 219 y 220/2006, de 3 de julio. – 100 –
11. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosIV. RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS RESOLUCIONES DE DECOMISO EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEAUna vez lograda la armonización normativa en torno al concepto de decomiso y, en parti-cular, respecto de los poderes ampliados de decomiso, la Decisión Marco 2006/783/JAI delConsejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimientomutuo de resoluciones de decomiso, tuvo como objetivo desarrollar la medida núm. 19 deldocumento programático, aprobado en diciembre de 2000 (24) bajo el título de Programade medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de lasresoluciones judiciales en materia penal, por el que se persigue reforzar la seguridad jurí-dica en el seno de la Unión Europea mediante la libre circulación de resoluciones penalesinterlocutorias y definitivas en su espacio judicial, armonizando para ello aspectos sustan-tivos y procesales del Derecho penal de cada Estado miembro. Así, entre otras 24 medidasidentificadas, en el tercer apartado de resoluciones condenatorias, la medida núm. 19 abo-gaba por «Estudiar... en particular, si los motivos de denegación de la ejecución de unaresolución de confiscación que cita el artículo 18 del Convenio de 1990 (25) resultan todosellos compatibles con el principio del reconocimiento mutuo». Dicho convenio de 1990 esel instrumento normativo más utilizado en el ámbito europeo, hasta el punto de que todoslos Estados miembros de la Unión Europea lo han ratificado. Éste obliga a sus signatariosa reconocer y ejecutar las resoluciones de decomiso dictadas por otra Parte, o a someteruna solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una resolución de decomisoy, en caso de que se conceda, ejecutarla. Sin duda el talón de Aquiles de este instrumentointernacional lo encontramos en las causas de denegación del mencionado artículo 18. LasPartes pueden denegar las solicitudes de decomiso, entre otros motivos, si el delito en elque se basa la solicitud no constituye un delito con arreglo a la legislación de la Parte o sien la legislación de la Parte requerida el decomiso no está previsto respecto del tipo de de-lito al que hace referencia la solicitud requerida (con lo que el principio de doble incrimi-nación rige en toda su extensión, proyectándose, incluso, en su dimensión más específicade la doble tipicidad del propio decomiso). De ahí que el Consejo de la Unión Europea seplanteara un nuevo instrumento normativo, a fin de reducir los motivos de denegación deejecución entre los Estados miembros y suprimir el sistema de conversión de la resoluciónde decomiso como medida nacional. La idea central de la que parte la Unión Europea es que cualquier lucha eficaz contrala delincuencia organizada debe pasar por neutralizar su principal objetivo de obtención debeneficios económicos, mediante el seguimiento, el embargo preventivo, la incautación y eldecomiso de los productos del delito. Para ello, no basta con garantizar el reconocimientomutuo dentro de la Unión Europea de medidas legales temporales como el embargo preven-tivo y la incautación. Utilizando un símil taurino, hace falta «rematar la faena», completan-do dicha acertada estrategia frente a la delincuencia económica mediante la extensión delprincipio de reconocimiento mutuo a resoluciones definitivas de las autoridades judiciales (24) Programa de medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resolucio-nes judiciales en materia penal (2001/C 12/02), publicado en el DOCE el 15 de enero de 2001. (25) Convenio del Consejo de Europa (ETS 141) de 8 de noviembre de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento,embargo y decomiso de los productos del delito («Convenio de 1990»). – 101 –
12. Revista de Derecho Penaleuropeas, como es la que acuerda el decomiso de los productos del delito. Por ello, laDM de 6 de octubre de 2006 está íntimamente relacionada, no solo con la Decisión marco2005/212/JAI, de 24 de febrero de 2005, sobre el decomiso de los instrumentos y productosdel delito y de bienes relacionados con el delito, sino también con la DM de 22 de julio de2003 sobre embargo preventivo y aseguramiento de elementos probatorios, dado que el ase-guramiento de los bienes es requisito indispensable para la eficacia de un ulterior decomiso.El propósito de la Decisión marco de 2005 es puramente armonizador de la regulación sus-tantiva, procurando que todos los Estados miembros tengan normas efectivas que regulenel decomiso ampliado de los productos del delito lo más aproximadas, entre otros aspectos,en materia de inversión de la carga de la prueba del origen de los bienes en posesión de unapersona condenada por delito relacionado con la delincuencia organizada. Desde un punto de vista sustantivo, la armonización normativa del decomiso fue acome-tida por la Decisión Marco de 24 de febrero de 2005 de manera cronológicamente anterior ala aprobación del mecanismo de reconocimiento mutuo de dichas resoluciones (26), contienela definición armonizada de lo que debe ser el decomiso en todos los países miembros dela Unión Europea, junto a la determinación de aquellos delitos que deben llevar necesaria-mente incorporada la sanción de decomiso. La obligación de previsión de decomiso delequivalente y de la posibilidad de consideración del decomiso ampliado está también incor-porada a esa Decisión Marco. Pese a que la lógica hubiera recomendado su incorporaciónprevia al Código Penal español, diversas vicisitudes en el proceso legislativo de la reformadel Código Penal han propiciado su retraso, de manera que no vio la luz hasta la LO 5/2010,de 22 de junio, de reforma del Código Penal (su nuevo artículo 127) (27), a lo que debemossumar seis meses de vacatio legis, por lo que la previa armonización material se retrasóhasta la Navidad de 2010 respecto de la ya vigente Ley 4/2010 de ejecución en la UE de lasresoluciones judiciales de decomiso. La falta de sincronización en el proceso legislativo hasido evidente, lo que, sin duda, no ha favorecido su correcto conocimiento y aplicación. Por otro lado, y desde el punto de vista procesal, debe tenerse en cuenta la apuntadaíntima relación de esta Ley 4/2010 con la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia enla Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en pro-cedimientos penales y la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la Leypara la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento depruebas en procedimientos penales, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, delPoder Judicial, de transposición de la Decisión Marco de 22 de julio de 2003, relativa a laejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y ase-guramiento de pruebas. Efectivamente, el decomiso es una medida definitiva que, aunquepuede ser adoptada en ocasiones de forma independiente, en muchos casos irá precedidode la correspondiente medida provisional de embargo, que podría haber sido ejecutada enejecución de las disposiciones de la Ley 18/2006. Desde el punto de vista activo, el propiocertificado modelo a emitir anexo a la ley y a la Decisión Marco, incorpora en el apartado (26) Como indicaba el Informe del Consejo Fiscal al anteproyecto: Es evidente que la transposición de las dispo-siciones de esta Decisión Marco de 2005, que armoniza la regulación material del decomiso, debe favorecer posterior-mente su reconocimiento mutuo. Ninguna otra medida puede fomentar más la confianza mutua que la constatación deque la definición material de esta medida es uniforme en las legislaciones penales de todos los países miembros. (27) BOE núm. 152, del miércoles 23 de junio de 2010. – 102 –
13. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosf) esta previsión solicitando a la autoridad emisora que concrete si existió embargo pre-vio, la fechas de transmisión, autoridad y número de referencia (28), además, el artículo 6.1exige a la autoridad judicial española de emisión que recabe «los antecedentes al Juez deInstrucción a los efectos de continuar su tramitación», siendo dichos antecedentes los queobren en la propia causa. Igualmente, desde el punto de vista de la actuación pasiva de lasautoridades españolas, cuando se trate de ejecutar una orden extranjera, parece imprescin-dible garantizar la coordinación con posibles actuaciones previas, en tanto que los bienescuyo decomiso se solicita al Juez de lo Penal competente han podido ser objeto de embargoprevio por el Juzgado de Instrucción del lugar donde se encuentren los bienes, en ejecuciónde una decisión extranjera transmitida de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2006,habida cuenta que para el embargo es competente el Juez de Instrucción (artículo 3.2 Ley18/06). Dicha información deberá ser proporcionada al Juez de lo Penal en el certificado.Sin perjuicio de ello, y siguiendo la recomendación del informe del Consejo Fiscal al ante-proyecto, la Ley 4/2010 indica expresamente la obligación del Juez de lo penal de recabarla información y antecedentes necesarios del Juez de Instrucción que hubiere acordado unamedida cautelar o de aseguramiento provisional en ejecución de una orden de embargopreventivo, coordinando su actuación con él. Así el artículo 15.1 in fine establece categóri-camente que el reconocimiento o ejecución de la orden de decomiso «sucederá, en su caso,a las medidas que sobre los mismos bienes se hubieran acordado en aplicación de la Ley18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embar-go y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales». Lo expuesto es consecuencia de la diversificación normativa existente en materia derecuperación de activos procedentes del delito en la Unión Europea. En efecto, mientras queen los instrumentos de asistencia mutua (convenios de 1990 y 2005) el embargo preventivoy la confiscación van de la mano y se regulan conjuntamente, nos encontramos con su regu-lación fragmentada y separada en los instrumentos de reconocimiento mutuo (Decisionesmarco de 2003 y 2006). A ello se une que la Decisión marco de embargo preventivo regulaconjuntamente el aseguramiento de prueba cuya transmisión se regula limitadamente endenominado Exhorto Europeo de prueba de la Decisión marco de 2008, mezclando medidascautelares patrimoniales con elementos probatorios, propios del denominado por J. VOGEL«Derecho a la Prueba Transnacional». Todo ello genera un déficit de seguridad jurídica quedebe ser superado por una nueva Directiva de embargo preventivo y confiscación que regulecon visión global esta materia de manera similar a la Propuesta de Directiva de la Orden Eu-ropea de Investigación (29) en relación con las diligencias probatorias. Este marco normativoreinante en el espacio judicial europeo resulta aún más desconcertante si tenemos en cuentaque coexisten en su vigencia y aplicación los instrumentos clásicos de asistencia mutua y losnovedosos de reconocimiento mutuo, pese a responder a planteamientos muy diferentes. (28) En el citado Informe del Consejo Fiscal se indica que es posible que los bienes decomisados cuya ejecuciónse pretende en un país de la Unión Europea hayan sido sometidos previamente a embargo en el extranjero y es probableque la orden de emisión del embargo proceda de un juez distinto, puesto que el orden lógico sería que el Juez de Ins-trucción haya acordado el embargo que será ratificado como decomiso por el Juez o Tribunal sentenciador. (29) Aunque la traducción española de la Propuesta de Directiva se refiere al «exhorto europeo de investigaciónen materia penal» [Bruselas, 29 de abril de 2010 (03.05), (OR. en), doc. 9145/10] y utiliza el acrónimo EEP, entiendoque se compadece más con el principio de reconocimiento mutuo la utilización de la palabra ORDEN en vez de EX-HORTO para referirse a la resolución judicial cuyo reconocimiento y ejecución se pretende. – 103 –
14. Revista de Derecho Penal La falta de previsión y de visión global de las autoridades comunitarias y acumulaciónde instrumentos normativos aplicables surgidos de sistemas que debieran ser incompati-bles en esta efervescente construcción del espacio de justicia europeo, está dando lugar aldesuso de normas recién transpuestas debido a un preocupante ius shopping de los ope-radores jurídicos y su consecuente necesidad de reforma, en lo que podíamos llamar unaverdadera «obsolescencia normativa», si bien, no demasiado programada.V. ANÁLISIS DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DECISIÓN MARCO 2006/783/JAI EN NUESTRA LEY 4/2010, DE 10 DE MARZOLa finalidad de la Decisión marco es establecer las normas en virtud de las cuales las auto-ridades judiciales españolas deberán transmitir a las autoridades competentes de la UniónEuropea o reconocer y ejecutar en su territorio una resolución firme de decomiso impuestacomo consecuencia de una infracción penal (artículo 1.1 y 2 de la Ley 4/2010). El textode nuestra ley opta por una definición idéntica de resolución de decomiso a la que se con-tiene en el artículo 2 de la Decisión Marco que se traspone —que se corresponde tambiénesencialmente con la definición de la DM de 2005—: «Se entenderá por resolución de de-comiso la sanción o medida firme impuesta por un órgano jurisdiccional a raíz de un pro-cedimiento relacionado con una o varias infracciones penales que tenga como resultadola privación definitiva de bienes…». La gran pregunta que nos podemos hacer es si dichadefinición permite la ejecución en España de las resoluciones de decomiso dictadas no solopor tribunales penales, sino también por tribunales civiles o administrativos, en relacióncon un procedimiento penal (30), es decir, incluso sin que exista sentencia condenatoria o,simplemente, que la infracción penal sea una mera referencia. Por otro lado, la ley reproduce la definición de los bienes o efectos que pueden ser ob-jeto de decomiso de forma que, además de recoger los instrumentos o el producto del delitoo su equivalente, lo que se corresponde con la actual definición del artículo 127.1 y 2 de (30) Resulta muy interesante la problemática derivada de las solicitudes de auxilio internacional para la ejecu-ción de resoluciones de decomiso emitidas en procesos denominados de «recuperación civil» propios del common law,como el previsto en el artículo 5 de la Ley de Ganancias del Crimen de 2002 («POCA») del Reino Unido que permiteobtener la recuperación de bienes sin necesidad de acusación o condena penal previa de su titular. La confiscación civilin rem o NCB («Non conviction basis forfeiture»), que el artículo 54(1) (c) de la Convención de las Naciones Unidascontra la Corrupción de 2003 insta a los Estados parte a incluir en su legislación nacional a fin de facilitar el decomisode activos ilícitamente obtenidos cuando no pueda formularse acusación. A diferencia de la penal que tiene naturalezasancionadora, la confiscación civil se basa en la ficción jurídica de que la propiedad misma, y no el propietario, haviolado la ley. Por lo tanto, el procedimiento se dirige contra el objeto o la cosa implicada en alguna actividad ilegal es-pecificada por la ley. El artículo 11 del Convenio de 1990, en su apartado 1, al regular la obligación de adoptar medidasprovisionales prevé que «A solicitud de otra parte en la que se haya iniciado un procedimiento penal o un procedimien-to con fines de confiscación cada parte tomará las medidas provisionales necesarias...», lo que parece admitir que elembargo preventivo adoptado por un Juez civil en un procedimiento de confiscación civil entraría a priori en el ámbitoobjetivo de aplicación de dicho instrumento internacional, sin perjuicio de la facultad que tiene el Estado requerido dedenegar finalmente dicha asistencia con base en una de las causas de denegación prevista en la larga lista del artículo18, concretamente en el apartado 4, letra d).1. Asimismo, el artículo 2 de la DM de 6 de octubre de 2006 —que secorresponde esencialmente con la definición de la DM de 2005—, no habla de procedimiento penal «Se entenderá porresolución de decomiso la sanción o medida firme impuesta por un órgano jurisdiccional a raíz de un procedimientorelacionado con una o varias infracciones penales que tenga como resultado la privación definitiva de bienes…». – 104 –
15. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosnuestro Código Penal, alude a aquellos bienes que puedan ser objeto de decomiso en virtudde los supuestos de potestad de decomiso ampliada prevista en los supuestos alternativosdel artículo 3.2 de la Decisión Marco de 2005, cuya incorporación a nuestra legislacióninterna se produjo con la publicación de la reforma del Código Penal operada por la LO5/2010, de 22 de junio, en donde opta por la presunción de procedencia de actividades de-lictivas en supuestos de patrimonio desproporcionado respecto a los ingresos legales (31), sibien solo aplicable al decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias proceden-tes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal oterrorista, o de un delito de terrorismo. A destacar la previsión separada del artículo 3.2, letra d) de la Ley 4/2010, al admitirla posible ejecución (punto de vista pasivo exclusivamente) de cualquier otro supuesto dedecomiso ampliado, concretamente a los que se refiere el artículo 3.3 de la DM de 2005,es decir, el decomiso de allegados, al extender el decomiso a bienes adquiridos por ter-ceros relacionados de forma especial con el condenado, que la DM plantea a los Estadosdejándoles plena libertad para valorar si lo incorporan o no a sus ordenamientos (32). Dichaprevisión extensa de los bienes a los que afecta la resolución de decomiso llama la atencióndado que contrasta con lo establecido en el artículo 19.g) de la ley nacional que contem-pla, como motivo obligatorio de denegación de la ejecución, que el decomiso hubiera sidoadoptado precisamente en los supuestos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo3, para aquellos supuestos en los que el juez considere incompatible con los derechos y (31) La LO 5/2010 de Reforma del Código Penal (BOE núm. 152, de 23 de junio) completa la regulaciónexistente del comiso permitiendo a los jueces y tribunales acordar el decomiso respecto de aquellos efectos, bienes,instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo cri-minal o terrorista. Para facilitar la medida, se establece una presunción de procedencia de actividades delictivas cuandoel valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los ingresos legales de todas y cada una de las personascondenadas por delitos cometidos en el seno de la organización criminal. Asimismo, en cumplimiento de la DecisiónMarco 2005/212/JAI se faculta a los jueces y tribunales a acordar el comiso cuando se trate de un delito imprudente quelleve aparejado en la ley la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año. En ese sentido, se modificael artículo 127.1, que queda redactado como sigue: «1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevaráconsigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya pre-parado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformacionesque hubieren podido experimentar... El Juez o Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentosy ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terro-rista, o de un delito de terrorismo. A estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio detodas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización criminal cuyo valorsea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. (...) 4. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aun cuando nose imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en esteúltimo caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. 5. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las respon-sabilidades civiles del penado si la Ley no previera otra cosa, y, si no lo son, se les dará el destino que se dispongareglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán». (32) Efectivamente, el apartado 3 del artículo 3 de la DM de 2005 prevé que «Cada Estado miembro podrá es-tudiar además la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan proceder, conforme a las condicionesfijadas en los apartados 1 y 2, al decomiso, total o parcial, de bienes adquiridos por los allegados de la persona deque se trate y de bienes transferidos a una persona jurídica sobre la que la persona de que se trate ejerza un controlefectivo individualmente o junto con sus allegados. La misma regla será de aplicación si la persona interesada recibeuna parte considerable de los ingresos de la persona jurídica». – 105 –
16. Revista de Derecho Penallibertades fundamentales reconocidos en la Constitución Española, en una redacción queno favorece, precisamente, la seguridad jurídica. En cualquier caso, no debemos perder de vista que dicha aplicación extensiva de unafigura no prevista en nuestra legislación interna está limitada al reconocimiento del deco-miso de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivascometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista.1. Autoridades competentesA) Autoridades judiciales de emisión españolasEl artículo 4.1 de la Ley 4/2010 atribuye la competencia activa a la autoridad judicial (Juezo Tribunal) (33) competente para ejecutar una resolución de decomiso en España. Sin embar-go, la redacción habla de «Juez o tribunal competentes para su ejecución», en realidad, encuanto que se trata de la emisión de una decisión de decomiso, el Juez o Tribunal al que serefiere el precepto es el competente para su adopción que, una vez acordado el decomisoy ante la imposibilidad de ejecutarlo en España, remite la decisión para su ejecución en unpaís de la Unión Europea. La redacción podría ser más adecuada si se aludiera «al Juez oTribunal competente para adoptar la medida de decomiso en España», que es el que debetransmitirla a la autoridad judicial de ejecución en Europa. Para localizar la autoridad ju-dicial competente: como en la totalidad de los instrumentos de reconocimiento mutuo seprevé el recurso a la RJE (artículo 6.2 PL).B) Autoridades judiciales de ejecución españolasDe manera acertada y desviándose de la designación efectuada con relación al embargopreventivo a los Juzgados de Instrucción (34), el artículo 4.2 del Proyecto atribuye la com-petencia para la ejecución a los «Juzgados de lo Penal» del lugar donde se encuentren losbienes objeto de decomiso. Sin embargo, en garantía de la eficacia en la obtención de losbienes (tal y como recoge la Decisión Marco), se establece como fuero alternativo el domi-cilio del condenado, cuando no pueda concretarse el lugar donde se encuentran los bienesy en tanto no se localicen en otro lugar. Momento en que podría acordarse por el Juez de loPenal que recibió la solicitud la remisión a este otro para su ejecución. A efectos prácticos, sería conveniente que en la información facilitada por España ala Secretaría General del Consejo de la Unión Europea al tiempo de la notificación de latransposición de la ley española, a diferencia de lo realizado respecto del embargo pre- (33) De acuerdo con el Informe de evaluación de la Comisión de 23.08.2010 COM (2010) 428, algunos Estadosmiembros han designado autoridades judiciales strictu sensu o al Ministerio público competente territorialmente parala emisión y/o ejecución (AT, CZ, IE HU, LV, PL, PT, SI and RO). En otros Estados miembros la autoridad central hasido designada como autoridad de emisión/ejecución, como FI (Legal Register Centre), DK (Minister of Justice) y NL(Public Prosecutor in Leeuwarden). (34) Criterio adoptado en la LO 5/2006, de 5 de junio, que les atribuyó a los Juzgados de Instrucción la ejecuciónde las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmitidas por un órgano judicial de un Estado miembro dela Unión Europea, que las hubiere acordado en un proceso penal. – 106 –
17. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosventivo en enero de 2009 (35), en relación con las autoridades competentes de ejecución, sehaga referencia a los Juzgados de lo Penal en términos más acertados (tal vez, «DistrictCourts»), a fin de evitar las confusiones a las que algunas traducciones puedan dar lugar.Asimismo, podría hacerse referencia a los Juzgados Decanos o cualquier otra Oficina Co-mún de Ejecución que sea creada en el nuevo diseño de la Oficina Judicial abordado enel marco de la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de evitar dilacionesy confusiones innecesarias en la tramitación, toda vez que las autoridades extranjeras notienen, necesariamente, conocimiento de la existencia y organización competencial o dereparto de asuntos de los órganos judiciales españoles.C) Papel de la autoridad centralQueda reducido a la fase de ejecución, concretamente en materia de reembolso (artículo12) y reparto de bienes decomisados (artículo 24), sin perjuicio de lo previsto en la dispo-sición adicional en relación con la recopilación de datos estadísticos.D) Intervención del Ministerio FiscalTanto el Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de ley, como el Informe del CGPJ, co-incidían en resaltar la necesidad de dar entrada y regular convenientemente la intervencióndel Ministerio Fiscal en el procedimiento nacional de reconocimiento mutuo de las reso-luciones que impongan el decomiso de bienes. Pese a no haber sido legalmente designadoel Fiscal autoridad judicial competente de emisión o ejecución y, por lo tanto, no tenercompetencias o intervención directa en el reconocimiento y ejecución de las resolucionesimponiendo sanciones pecuniarias, la defensa ante los órganos jurisdiccionales españolesde la legalidad plasmada en el principio de reconocimiento mutuo, como variante suprana-cional (36), tal y como mantiene MORÁN MARTÍNEZ, Rosana, del principio de legalidadnacional, cuya salvaguarda le encomienda el artículo 124 de la Constitución Española yla expresa atribución constitucional de la defensa de los derechos fundamentales de losciudadanos (37), así como su especialización en materia de cooperación internacional, leotorgan una legitimación reforzada no solo para recurrir (lo que ya le reconoce el artículo19.1 de la ley) sino para informar en el plazo de siete días con carácter previo y precepti-vo todas las solicitudes de ejecución de decomiso (artículo 15.1 de la ley) a fin de evitarque se puedan interpretar de forma incorrecta las normas que incorporan este principio odichos derechos, así como en el ejercicio de su función de «velar por el cumplimiento de (35) La Cover Note publicada el 24 de febrero de 2009 (26.02) (OR. en, es) 6448/09 COPEN 33, se refiere vagae imprecisamente a «The criminal court which has jurisdiction». (36) En Inglaterra y Gales el papel de la Crown Prosecution Service, en la euro-orden se centra en defender y re-presentar el interés de la autoridad judicial de emisión de acuerdo con lo dispuesto en la Secc. 191 de la Extradition Act2003 y la Attorney General´s Assignment de 10.12.96, considerado también en el R v Director of Public Prosecution exparte Thom [1996] Crim. L.R. 116 (<http://www.cps.gov.uk./legal/section2/chapter_c.htm>). (37) Frente a la idea de una construcción del espacio judicial europeo por policías y Fiscales prescindiendo de laparticipación o de la consideración a los ciudadanos, he de recordar que la función del Ministerio Fiscal español no sereduce a una labor meramente investigadora o acusadora en el proceso penal, sino que se justifica y fundamenta en ladefensa de la legalidad y de los derechos fundamentales. – 107 –
18. Revista de Derecho Penallas resoluciones judiciales que afecten al interés público y social» (38), entre las que, indu-dablemente, se encuentran las que impongan el decomiso de bienes. Con ello, por fin, un texto normativo de implementación de medidas de reconoci-miento mutuo establece el traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal para que por éstese emita informe previo a la adopción de la decisión judicial, favorable o desfavorable alreconocimiento o ejecución de la resolución de decomiso, colmando una reivindicaciónreiterada del Consejo Fiscal en sus informes a los anteproyectos anteriores de acuerdo conlo previsto en el artículo 14 de su EOMF y en el artículo 20 de la Ley de Gobierno.2. Transmisión por las autoridades judiciales españolas de una resolución de decomiso para su ejecución en otro Estado miembro de la UEEl Título II de la ley regula la «Transmisión por las autoridades judiciales españolas deresoluciones de decomiso para su ejecución en otro Estado miembro de la UE» y en suartículo 6 cubre las previsiones del artículo 4 FD, estableciendo la transmisión directa entreautoridades competentes y exigiendo que la resolución a ejecutar sea firme y que tengamotivos fundados de que los bienes objeto de decomiso se encuentran en dicho Estado. Afalta de dichos motivos fundados de localización de los bienes, el apartado 3 del artículo3 señala como fuero alternativo el del domicilio de la persona jurídica o sede social de lapersona jurídica. Como he comentado anteriormente, siguiendo la sugerencia del Informe del ConsejoFiscal, nuestra ley establece la adecuada coordinación y relación cuando la emisión de unaorden de decomiso haya sido precedida de una orden previa de embargo por aplicación dela Ley 18/2006, de 5 de junio. En este caso, «el Juez de lo Penal recabará los antecedentesal Juez de Instrucción a los efectos de continuar su tramitación», garantizando la eficaciade las medidas. En ese sentido, el propio certificado modelo incorpora en el apartado f)esta previsión solicitando a la autoridad emisora que concrete si existió embargo previo, lafechas de transmisión, autoridad y número de referencia.A) Documentación y modo de transmisiónEl artículo 7 de la Ley 4/2010 recoge la documentación que se debe transmitir y otroslimitados requisitos formales de la transmisión. De ese modo, la copia certificada de lasentencia que imponga la medida de decomiso cuya ejecución se pretende, o el auto espe-cífico dictado en la ejecutoria en impulso de su ejecución, deberá remitirse acompañadodel certificado cuyo modelo figura en el anexo de la ley, el cual irá firmado por la autoridadjudicial penal española que haya dictado dicha resolución, debiendo solamente traducirsedicho formulario al idioma del Estado de ejecución o el alternativamente permitido por sulegislación y que se refleje en la notificación realizada a la Secretaría General del Consejode la UE. (38) Artículo 3.9.º de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Minis-terio Fiscal. – 108 –
19. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos No contempla nuestra legislación con carácter general y, antes de la trasmisión de unaorden de decomiso, la convocatoria de vista o audiencia alguna, ya que retrasaría el pro-cedimiento innecesariamente. Si bien pudiera pensarse que la observancia de la necesariacontradicción haría recomendable dicha previsión, tanto en relación con terceros de buenafe como en previsión de posibles denegaciones por vulneración de derechos y garantíasprocesales, la realidad de nuestro ordenamiento jurídico procesal penal es bien distinta.En efecto, si bien en el orden jurisdiccional civil la audiencia del demandado es el criteriogeneral (artículo 733 LEC) que admite excepciones, en el orden penal no es precisa la pre-via audiencia del afectado. Este presupuesto y la urgencia del caso determinan que resulteadecuado no conceder audiencia previa al afectado. En cualquier caso, la oposición de lasmedidas afectadas podrá hacerse valer a través de los recursos propios del orden penal(artículo 13.1 de la Ley 4/2010). Por último, destacar que el artículo 7.2 de la ley española concreta (39) la posibilidad detransmitir la orden utilizando correo certificado, fax, medios informáticos o telemáticos.B) Transmisión a más de un EstadoLa Decisión Marco pretende, en esencia, facilitar y asegurar la ejecución del decomiso acor-dado, por ello parte de la posibilidad de remisión simultánea y sucesiva de la orden a variosEstados. En el artículo 5.1 de la Decisión Marco se establece que la resolución de decomisosólo puede transmitirse «simultáneamente» a un solo Estado miembro excepto los supues-tos previstos en los números 2 y 3 de dicho artículo. La Decisión marco en el apartado 3 deeste artículo 5 permite la transmisión simultánea de la orden de decomiso de cantidades dedinero cuando la autoridad judicial competente considere que hay motivos específicos parahacerlo. La mención posterior a supuestos tasados a título de ejemplo que se contemplanen la Decisión marco no añade nada al concepto por lo que considero es innecesaria sumención en la ley nacional. Incluso puede observarse que la indicación a modo de ejemplodel supuesto a) a que los bienes no hayan sido embargados con arreglo a la Ley 18/2006provoca cierta confusión. En tanto que se trata de cantidades de dinero, es posible imaginarsupuestos en que se haya dado un embargo parcial y, pese a todo, quepa la transmisiónsimultánea, por ello la ley, recogiendo una sugerencia del Informe del Consejo Fiscal, seplantea el caso de que exista una cuenta embargada por esta vía en un país y, sin embargo, lacantidad no sea suficiente para cubrir el importe total decomisado, previendo, en este caso,que el certificado se transmita simultáneamente a otro país donde haya sido localizada otracuenta, exista o no un embargo anterior. En realidad lo que se busca con las indicaciones dela Decisión Marco es que no se decomise dos veces el mismo importe y no se sobrepase lacantidad sometida a decomiso, pero ello no impide que el Juez transmita la orden de deco-miso de cantidades dinerarias a dos Estados, cuando la primera cuenta, embargada o no, nocontenga la suficiente cantidad para que se ejecute completamente el decomiso acordado. Es por ello que nuestra ley, no obstante reproducir casi literalmente el artículo 5 de laDM, establece en su artículo 8, apartado 3, la posibilidad de la remisión de forma sucesiva (39) El artículo 4.2 de la Decisión Marco 2006/783/JAI se refiere a la transmisión «por cualquier medio quepueda dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecución establecer su autenticidad». – 109 –
20. Revista de Derecho Penala los Estados en los que se presuma se encuentran los bienes del condenado, cuando nofuera posible llevar a cabo la transmisión simultánea y siempre que no se haya cumplido ensu totalidad la resolución de decomiso (posibilidad no contemplada en la DM).C) Transformación del decomisoEl artículo 10 de la ley prevé que la autoridad judicial española «solicitará» a la autoridadcompetente del Estado de ejecución, para el caso de que el decomiso del bien localizadoen el extranjero no fuera posible por cualquier circunstancia (40), que éste adopte la forma deobligación de pago de una cantidad de dinero equivalente al valor del bien de que se trate.Dicha previsión es preceptiva para el Juez español pese a que, debe ser el decomiso por elvalor equivalente una figura ya armonizada (41). La redacción preceptiva contenida en nuestraley es más ajustada al principio de reconocimiento mutuo que la propia Decisión marco,ya que ésta, en su artículo 7.2, considera la transformación del decomiso como una meraposibilidad que deben valorar las autoridades judiciales de ejecución en caso de que su le-gislación lo permita pese a la previa aproximación normativa recomendada en la DecisiónMarco 2001/500/JAI, de 26 de junio, respecto del decomiso del valor equivalente.D) Terminación de la ejecución. Reparto de gastosLos artículos 11 a 13 de la ley se refieren a los efectos de la terminación de la ejecuciónsolicitada por la autoridad española. En primer lugar, obliga racionalmente a la autoridadespañola que emitió y transmitió la decisión a informar a la autoridad de ejecución en elcaso de que, por cualquier motivo, no fuera necesario continuar con la ejecución. En cuanto al reparto de gastos entre Estados en el caso de que hayan sido sustanciales oexcepcionales, el artículo 12 de la ley, siguiendo la recomendación del Informe del ConsejoFiscal y lo dispuesto en el artículo 20 de la Decisión Marco, establece la comunicación en-tre la autoridad judicial española y el Ministerio de Justicia, cuando ésta reciba una comu-nicación de la autoridad del Estado de ejecución sobre gastos especiales que ha conllevadola ejecución de la resolución de decomiso, a efectos de un posible acuerdo sobre el repartode los costes con el Estado de ejecución. Evidentemente, la judicialización implícita en elprincipio de reconocimiento mutuo no se extiende a su participación en los acuerdos sobrereparto de gastos, de manera que resulta acertado mantener dicha competencia en la órbita (40) La regulación española del decomiso en el artículo 127.2 del CP no contiene ninguna disposición que per-mita al juez realizar esta transformación salvo en el caso de que el bien sobre el que haya recaído la medida no pudieraser decomisado. Sólo en este caso se permite, incluso se aconseja, el decomiso del equivalente, pero debe darse esa con-dición. De ahí que el Informe del Consejo Fiscal recomendare que se hiciera constar dicha circunstancia como requisitoprevio para dicha solicitud alternativa, si bien la solicitud transeuropea no se articula dentro de la discrecionalidad delJuez sino como preceptiva una vez se cumplan las condiciones legales. (41) La LO 15/2003, de 23 de noviembre, reformó la redacción del artículo 127 del Código Penal introduciendoel apartado 2 con el siguiente tenor literal «Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes se-ñalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a loscriminalmente responsables del hecho», con ello se recogió en nuestra legislación la recomendación de aproximacióndel Derecho penal contenida en la Decisión Marco 2001/500/JAI, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capi-tales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito. – 110 –
21. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosdel Ministerio de Justicia como autoridad central en materia de cooperación judicial inter-nacional y gestor de los recursos de la Administración de Justicia.VI. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE DECOMISO DICTADAS POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA1. Aplicación del principio de doble incriminaciónTanto la Decisión Marco como la Ley 4/2010 respetan el mismo sistema de lista adoptadapara la orden europea de detención y entrega. Se acoge, por tanto, la obligación de reco-nocimiento, sin necesidad de doble incriminación, cuando se trate de hechos subsumiblesen la lista de categorías delictivas que se describe en la propia Decisión y la ley nacionalsiempre que estén castigadas con penas privativas de libertad cuya duración máxima seade, al menos, tres años. Para el resto de las infracciones no incluidas en la lista o que no superen el umbral pu-nitivo del artículo 14.1 de la Ley 4/2010, se opta, congruentemente, por la misma soluciónadoptada en la Ley 18/2006 —artículo 10.2— al exigir el control de doble incriminación,de manera que las certificaciones de decomiso emitidas por delitos no comprendidos en lalista deberán ser denegadas con carácter preceptivo. Este criterio fue el propugnado por elConsejo Fiscal en su informe a fin de conseguir unidad en la aplicación de la norma, limi-tando la excesiva discrecionalidad judicial que supuso la Ley 3/2003 que regula la ordeneuropea de detención y entrega que las incluyó entre las causas de denegación facultativa[artículo 12.2.a)].2. Reconocimiento y ejecuciónLos siguientes artículos de la ley (artículos 15 a 19) concretan la forma en que el Juez delo Penal competente debe ejecutar el decomiso acordado por la autoridad extranjera o lasrazones por las que puede denegar la ejecución. El sentido del principio de reconocimientomutuo supone que la decisión de decomisar ya ha sido tomada en este caso por la autoridadjudicial extranjera competente y lo que se solicita es su ejecución. No podemos sino subra-yar que a la tercera va la vencida (42), ya que, finalmente, el legislador ha decidido recogerla recomendación del Consejo Fiscal del informe previo del Ministerio Público que yapropuso para la Ley 18/2006 sobre embargo preventivo y la Ley 1/2008, en relación conlas sanciones pecuniarias. Ello, indudablemente, supone una mejora en la técnica legisla-tiva seguida hasta ahora respecto de dichas leyes de implementación de instrumentos dereconocimiento mutuo. La inclusión del informe preceptivo y previo del Ministerio Fiscalen la primera semana desde la recepción del certificado por el Juez de lo Penal competente, (42) La Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega no llegó a ser informada porel Consejo Fiscal, ya que hasta el RD 232/2005, de 4 de marzo, no se incluyó entre sus competencias la de informarlos anteproyectos de ley que pudieran afectar a la estructura, organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal loque hizo que su informe se incluyera entre los previstos en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, delGobierno. – 111 –
22. Revista de Derecho Penalademás de garantizar el principio de legalidad en su dimensión europea, supone un valorañadido desde el punto de vista de la proporcionalidad de la medida. En ese sentido, cabe destacar igualmente como un acierto, que el artículo 15 de la leyhaga referencia expresa al Auto, como resolución motivada con la que el Juez de lo Penalha de decidir el reconocimiento y ejecución de la medida de decomiso. Aunque en generalel decomiso en la legislación española es acordado en sentencia, sin embargo, siendo unaautoridad extranjera la que acuerda el mismo, la decisión española no debe exigir una nue-va sentencia, sino un pronunciamiento razonado acordando el despacho de la ejecución através de auto, lo que, además, se corresponde con la previsión del artículo 21 dedicado alos recursos y lo dispuesto en el artículo 17.1. Por otro lado, para asegurar la eficacia de la decisión y que la ejecución se realice, sinmás trámite, se compadece totalmente con el principio de reconocimiento mutuo la nece-sidad de señalar un plazo razonable al juez para que resuelva el auto ejecutando el deco-miso o dicte el auto rechazando su ejecución por los motivos expresamente previstos. Porconsiguiente, el artículo 15 señala el plazo de quince días, lo que parece satisfacer dichaexigencia, desde el punto de vista de la actuación del Juez de lo Penal, si bien resulta pocorealista contemplando la ejecución en su conjunto, es decir, hasta la realización efectivade los bienes y la disposición de las cantidades bloqueadas y consignadas, teniendo encuenta las dificultades que podemos encontrar en la realización de los bienes inmuebles.Se compadece escasamente con la finalidad de la ley y la propia realidad a la que ésta hade aplicarse, que no exista en esta Ley 4/2010 precepto alguno que tenga en consideraciónla legislación hipotecaria. Cuando se produzca la necesidad de decidir respecto a resoluciones de decomiso con-currentes, el artículo 17 recoge todas las circunstancias que menciona la Decisión Marco,estableciendo como orden de preferencia para adoptar la decisión, principalmente y poreste orden, la existencia de un embargo preventivo, la gravedad relativa y el lugar de lainfracción, las fechas de las resoluciones respectivas y las fechas de su transmisión. Habidacuenta de que el decomiso se ejecutará conforme a las normas españolas (artículo 18 de laLey 4/2010), el orden de prioridad afortunadamente establecido siguiendo la recomenda-ción del Informe del Consejo Fiscal, restará discrecionalidad al Juez a la hora de ejecutarlos certificados recibidos, y con ello evitará ulteriores impugnaciones, al tiempo que per-mitirá orientar a la autoridad emisora sobre las posibilidades de éxito de su solicitud.3. Denegación del reconocimiento y ejecución (43)Respecto a los motivos de no reconocimiento recogidos en el artículo 19 de la Ley 4/2010,si bien no incorpora motivos adicionales de denegación y transpone fielmente los motivos (43) De acuerdo con el Informe de evaluación de la Comisión de 23.08.2010 COM (2010) 428, el artículo 8 de laDM prevé un número de causas de denegación facultativas para los Estados miembros, dado que supone una restriccióndel principio de reconocimiento mutuo, por las que los mismos podrán elegir entre recogerlas en su legislación o no,incluso someter su aplicación a condiciones más rigurosas que las establecidas en dicho precepto (STJCE, 6 octubre2009, caso C-123/08, Wolzenburg, OJ C 116 de 09.05.2008, p. 18), entre ellas entra la opción de nuestro legisladortrasformando en preceptivas las causas inicialmente recogidas en la DM como facultativas. Concluyendo que las nume-rosas causas adicionales no previstas en la DM incorporadas por los Estados miembros en sus legislaciones nacionalesmuestran claramente que la implementación del artículo 8 de la DM es insatisfactoria. – 112 –
23. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activosdel artículo 8.1 de la DM, opta por considerar obligatorios para el Juez todas las causas queen el artículo 8 de la Decisión Marco se recogen como facultativas. Con ello el legisladornacional pretende evitar la inseguridad jurídica inherente a la judicialización descentraliza-da derivada del principio de reconocimiento mutuo y el riesgo de atomización de las causasde denegación cara al exterior. El artículo 19.1.e) se refiere al condenado, estimo que dada la regulación del vigente127.3 CP sería más adecuada la referencia a la persona afectada a la que se refiere el ar-tículo 8.2 de la Decisión marco. Esta referencia es igualmente aplicable a la mención alcondenado del artículo 21 en cuanto a la legitimación para recurrir. En general, no se recogen en la legislación española causas de denegación adicionalesa las previstas en la DM. El motivo 19.1, letra i), en realidad traspone el 8.1 de la DM. Serecogen de manera más detallada y desarrollada causas como el ne bis in idem del artículo8 DM [artículo 19.1, letra a)] y las relacionadas con el condenado en ausencia [artículo19.1, letra e)] (44). Asimismo, se recoge expresamente la causa de denegación referida alos derechos de las partes interesadas (terceros de buena fe), artículo 19.1, letra d). Seadvierte que no existe mención alguna a la previsión contenida en el artículo 8.3 de laDecisión Marco en relación con la posible denegación por el juez de la ejecución de de-cisiones de decomiso ampliado, que se correspondan con otras opciones del artículo 3.2DM 2005/212/JAI no recogidas en el Código Penal español. La inexistencia de motivo dedenegación basado en este apartado obliga al Juez español a ejecutar cualquier decomisoacordado en atención a las posibilidades de decomiso ampliado que plantea la DM de 2005en el apartado 2 del artículo 3. Respecto de reconocimiento excepcional de resoluciones dedecomiso ampliado de personas allegadas, como quiera que dicha posibilidad no ha sidorecogida expresamente en el Código Penal, el legislador condiciona su reconocimientoy ejecución a que no sean incompatibles «con los derechos y libertades fundamentalesreconocidos en la Constitución», como filtro judicial mínimo indispensable, si bien la dis-crecionalidad prevista hubiera requerido de una mayor concreción, al dejar en manos delJuez de lo Penal ni más ni menos que certificar la calidad constitucional de una decisiónadoptada por una autoridad judicial europea.VII. OFICINAS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOSJunto a la regulación del derecho sustantivo y procesal, aparecen elementos instrumentalesy organizativos dirigidos a facilitar la localización de activos y el intercambio de informa-ción entre Estados en esta materia como las nuevas oficinas de recuperación de activos.Concretamente, la Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre (44) En cuanto a la causa de denegación referida a las sentencias dictadas en ausencia de la persona en cuestión(«en rebeldía») cuando ésta no tuvo la posibilidad de recurrir u oponerse, la redacción del artículo 19.1, letra e), delproyecto de ley español es más extensa que el artículo 8.2, letra e), de la Decisión Marco 2006/783/JAI ya que el retrasoen la implementación ha permitido incorporar las mejoras previstas en la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejode 26 de febrero de 2009 por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI,2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicacióndel principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia delimputado. – 113 –
24. Revista de Derecho Penalcooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembrosen el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienesrelacionados con el delito, pretende favorecer la ejecución de los decomisos acordados y,especialmente, la localización de los bienes y productos delictivos en los diferentes Esta-dos. Esta Decisión establece en su artículo primero que: «Cada Estado miembro creará o designará un organismo nacional de recuperación de ac- tivos a fin de facilitar el seguimiento y la identificación de los productos de actividades delictivas y otros bienes relacionados con el delito que puedan ser objeto de una orden de embargo preventivo, incautación o decomiso dictada por una autoridad judicial competente en el curso de un proceso penal, o, en la medida que lo permita el Derecho nacional del Estado miembro afectado, de un proceso civil». Anteriormente la Unión Europea había creado una Red (CARIN) (Camden Assets Re-covery Inter-Agency Network). Esta red informal se fundó en La Haya los días 22 y 23 deseptiembre de 2004. Constituye una red de profesionales y expertos que pretende reforzarel conocimiento común de los métodos y técnicas en el ámbito de la identificación, em-bargo, incautación y decomiso transfronterizo de los productos procedentes del delito yde otros bienes relacionados con él. Las nuevas oficinas de recuperación de activos, AROs(Asset Recovery Offices), vienen a otorgar base jurídica a los trabajos e intercambios deinformación que se comenzaron a ejecutar en la Red CARIN. El objetivo de estas AROs se describen con gran minuciosidad en la comunicación quela Comisión dirigió al Consejo y el Parlamento el 20 de noviembre de 2008 sobre «Produc-tos de la delincuencia organizada. Garantizar que el delito no resulte provechoso»: Lasoficinas deben actuar como puntos de contacto nacionales para las actividades relacionadascon el decomiso. Les corresponde promover mediante una cooperación reforzada, el se-guimiento más rápido posible de los bienes de origen delictivo. En concreto, estas oficinasdeberían poder cooperar efectivamente con las unidades de inteligencia financiera y conlas autoridades judiciales. En este documento la Comisión propone oficinas con estructuramultidisciplinar que comprenda policías y autoridades judiciales, aduaneras, etc. La ofici-na debe ser capaz de ejercer sus funciones y compartir información con las otras oficinasAROs sin límites derivados del secreto profesional. Las oficinas deben ser los puntos decontacto de las solicitudes de otros países. Deben también realizar estadísticas sobre losembargos y decomisos. Por otro lado, la UE completa todo este plan con acciones dirigidas a la concienciaciónde las autoridades judiciales en la necesidad de actuar en este campo incrementando losesfuerzos procesales dirigidos a la incautación de los bienes y patrimonios tras la condenay también procurando el adelanto de la actuación a través de la incautación o embargo pre-vio. Para ello se requiere buscar fórmulas que faciliten la localización de estos bienes y elintercambio de información sobre cuentas y patrimonios. El nuevo programa de Estocolmoinsiste en esta línea de trabajo y exhorta a los Estados miembros a «mejorar sus capaci-dades de investigación financiera utilizando todos los instrumentos legales disponibles, amejorar la coordinación entre las unidades de inteligencia financiera en la lucha contra elblanqueo de capitales, a establecer una base de datos en Europol sobre operaciones sos-pechosas; a movilizar y coordinar fuentes de información para identificar transacciones – 114 –
25. Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activossospechosas de efectivo y confiscar el producto del delito; y a facilitar el intercambio delas mejoras prácticas en la prevención y aplicación de la ley, en particular en el marco dela red de agencias de recuperación de activos y de la red europea anticorrupción». En nuestro país, el Ministerio de Justicia envió un oficio a la Fiscalía General del Esta-do en fecha 12 de enero de 2009 en el que comunicaba la necesidad de nombrar puntos decontacto en relación con dos Decisiones Marco de la UE. Por un lado, la Decisión de 2007sobre oficinas de recuperación de activos y, por otro, la Decisión 2008/852/JAI relativa alnombramiento de puntos de contacto para la red contra la corrupción. En el oficio se comu-nicaba, también, que el Ministerio del Interior ya había designado al Centro de Inteligenciacontra el Crimen Organizado (CICO) como oficina de recuperación de activos pero habidacuenta que la Decisión Marco de 2007 establece «No obstante lo dispuesto en el apartado1, cada Estado miembro podrá crear o designar, con arreglo a su Derecho nacional, dosorganismos de recuperación de activos», se estimaba oportuno solicitar de la Fiscalía ladesignación de un punto de contacto. Respondiendo a este oficio se propuso el nombra-miento de la Fiscalía Anticorrupción para la Decisión Marco 2008, a la vez, se proponía ala Fiscalía Antidroga como oficina de recuperación de activos en relación con la DecisiónMarco de 2007, habida cuenta de que es una de las Fiscalías con mayor actividad en estosaspectos y conscientes de que se solicitaba una oficina para trabajar junto a la ya designadaCICO. Esta elección inicial y urgente se realizó sin perjuicio de abrir ulteriormente unareflexión conjunta sobre la posible necesidad de creación de un organismo u oficina decarácter mixto. Formalmente, por oficio de la REPER de 19 de marzo de 2009, se designó,a los efectos del artículo 1.3 de la Decisión Marco de 2008 (es decir, como oficina de re-cuperación de activos), al CICO y a la Fiscalía Antidroga. En la práctica, sin embargo, laoficina que realmente funciona operativamente en este ámbito es la UDEF (el CICO, querealiza la labor de punto de contacto, aunque tiene esas funciones para el extranjero, norealiza esas funciones a nivel nacional. De ese modo, la Policía Judicial recibe las peticio-nes extranjeras, las tramita y contesta y, a la vez, mantiene la estadística. El CICO envía pe-riódicamente a la Fiscalía Antidroga las estadísticas a través de la Oficina de Localizaciónde Activos y Relaciones Internacionales, UDEF Central Brigada de Blanqueo de Capitales.Tal vez por ello, finalmente, el Gobierno español ha optado por radicar orgánicamente estaoficina en el Ministerio del Interior. En ese sentido, la disposición final de la LO 5/2010,en su apartado 3, radica, finalmente, la Oficina de Recuperación de Activos en la PolicíaJudicial añadiendo a la LECRIM un nuevo artículo 367 septies (45) . Con ello se pretendedar repuesta a la necesidad de un órgano instrumental, centralizado y especializado, que (45) «El Juez o Tribunal, a instancia del Ministerio Fiscal, podrá encomendar la localización, conservación,administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivascometidas en el marco de una organización criminal a una Oficina de Recuperación de Activos. Dicha Oficina tendrála consideración de Policía Judicial, y su organización y funcionamiento, así como sus facultades para desempeñarpor sí o con la colaboración de otras entidades o personas las funciones de conservación, administración y realizaciónmencionadas en el párrafo anterior, se regularán reglamentariamente. Asimismo, la autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras sesustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmentepor la Oficina de Recuperación de Activos o, a través de ella, por cualquier otra unidad de la Policía Judicial encargadade la represión de la criminalidad organizada. El producto de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias a los que se refiere este apartado po-drá asignarse total o parcialmente de manera definitiva, en los términos y por el procedimiento que reglamentariamente – 115 –

References: resolución 
 artículo 5
 artículo48
 artículo127
 resolución 
 artículo 65
 artículo 89
 artículo 367
 artículo 515
 artículo 570
 artículo 570
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 570
in fine
 artículo 570
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 3
 artículo 127
 artículo 374
 artículo 18
 resolución 
 artículo 18
 artículo 127
 artículo 6
 artículo 15
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 127
 artículo 5
 artículo 54
 artículo 11
 artículo18
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 19
 artículo3
 artículo 127
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 artículo 124
 artículo19
 resolución 
 artículo 14
 artículo 20
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo3
 artículo 7
 Artículo 3
 artículo 7
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 4
 resolución 
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 20
 resolución 
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 14
 artículo 22
 artículo 15
 resolución 
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 21
 artículo8
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 367