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Timestamp: 2019-09-19 14:56:35+00:00

Document:
Resolución de TEAF Álava, 26-09-2003 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 26 de Septiembre de 2003
Núm. Resolución: R030038
La liquidación del IRPF del 2001 y el acta de inspección derivadas de una actividad comercial son nulas porque el acta no desvirtúa la presunción de que el titular del establecimiento dado de alta en IAE es quien ordena y dirige el negocio; ni menciona, ni acredita documentalmente las operaciones o partidas comprobadas. No es prueba suficiente, por sí sola, para eliminar las pérdidas declaradas, el afirmar que el titular no puede disponer de tiempo o que las facturas y movimientos de cuentas carecen de entidad económica.
En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de septiembre de dos mil tres. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 52/03 interpuesta por D. , con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle , contra la resolución del Jefe de la Sección de IRPF, de 13 de enero de 2003, que aprueba la liquidación nº 2003/300.254, ejercicio 2001, derivada de acta de inspección; cuantía: 16.242,46 €.
Primero.-Los actos impugnados son consecuencia de actuaciones inspectoras que finalizan en acta de disconformidad del 19 de diciembre de 2002, suscrita por el contribuyente, en la que el actuario hace constar que las pérdidas (46.448,36 €) derivadas de la actividad de desarrollada en la ciudad de Burgos no son imputables al sujeto pasivo.
Segundo.-Contra la liquidación de la Oficina del impuesto, que asume la propuesta del actuario después de las alegaciones del afectado y determina la deuda complementaria arriba indicada, el inspeccionado interpone la presente reclamación en demanda de su anulación. A este efecto reitera sus alegaciones de la fase anterior, que se concretan en lo siguiente: a) el negocio lo inició después de adquirir en traspaso el local de la calle , el 13 de diciembre de 2000; b) el 31 de diciembre se dió de alta en la Seguridad Social como empresario respecto de la trabajadora del comercio, por la que ha venido presentando en la AEAT las correspondientes declaraciones de retenciones de IRPF; c) satisface el IAE municipal bajo el epígrafe ; d) presenta en Álava las preceptivas declaraciones del IVA; e) su esposa no reside en Burgos y es funcionaria del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, conforme acredita con la nómina del mes de abril que aporta; y f) el 1 de enero de 2000 modificó su anterior contrato de enseñante y lo sustituyó por otro de 'jubilación parcial' hasta el 3 de julio de 2002 (aporta copia). De todo ello concluye que los razonamientos del inspector carecen de fundamento, y que, como máximo, la comprobación podría dar lugar a una estimación indirecta.
Primero.-La cuestión a resolver se circunscribe a si las actuaciones de comprobación de los rendimientos de un negocio de , iniciado a principios de año y sito en Burgos, han acreditado suficientemente que los mismos no son imputables a su titular, residente en Vitoria-Gasteiz, conclusión que el reclamante niega al impugnar la correspondiente liquidación por el IRPF del ejercicio 2001 en la que no se admiten las pérdidas declaradas.
Segundo.-Ni el Jefe de la Sección del impuesto ni el actuario niegan los hechos que han quedado recogidos en los cuatro primeros apartados del Antecedente de Hecho Segundo, sino que fundamentan sus respectivas decisión y propuesta en lo siguiente:
'...ha integrado entre sus rentas las derivadas del ejercicio de una actividad de en la ciudad de Burgos, en la que reside de manera efectiva su esposa, Dª , desde el año 1997...No lleva contabilidad, ni Libros-Registro adecuados...No se ha podido detectar,...entre los...soportes documentales (extractos bancarios) aportados, la generación de flujos financieros...en una cuantía mínimamente razonable...Según sus declaraciones y de acuerdo con las más elementales reglas de criterio humano, no dirige la actividad de manera habitual, personal y directa, puesto que su actividad como profesor le absorbe la mayor parte de su tiempo, aplicando lo que le queda a controlar y dirigir la(otra)actividad de ...'.
Por otro lado, la documentación del expediente acredita: 1) la adquisición del traspaso del local en que venía funcionando el negocio desde 1963, mediante escritura y por un precio de 45.075,91 €, sin existencias, con el compromiso de permanecer el tiempo mínimo de un año; 2) el alta en el IAE para ejercer la actividad en ese local presentada en el Ayuntamiento de Burgos el 21 de diciembre de 2000, en cuyo impreso indica como domicilio del titular uno del municipio de V (Burgos); 3) el cambio de empresario en la Seguridad Social respecto de la trabajadora en funciones de dependienta; 4) la baja de la esposa en el censo de contribuyentes de IRPF de la Hacienda Foral alavesa en 1997; y 5) la baja en el IAE el 30 de septiembre de 2002.
Tercero.-A partir de estos hechos la Administración ha llegado a la conclusión que ha quedado expuesta: que las rentas negativas de esta actividad no pueden ser imputables al sujeto pasivo inspeccionado de acuerdo con las previsiones del artículo 12 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del IRPF, artículo que dispone, en su primer párrafo, que los rendimientos empresariales se considerarán obtenidos por quien ordene personal, habitual y directamente los medios y el personal afectos a la actividad; y en el segundo, que se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades económicas.
La discrepancia radica en la correlación entre estos dos apartados, esto es, si la presunción de ejercicio (apartado segundo) que resulta de la titularidad arrendaticia, laboral y fiscal ha sido desvirtuada por hechos de los que resulte con claridad meridiana que quien realiza la ordenación directa y por cuenta propia (apartado primero) es otra persona distinta de quien aparece como titular; o que además de éste coadyuvan otra u otras personas con el mismo poder de dirección y organización; o incluso que el mentado negocio es inexistente o simulado.
Cualquiera de estas tres situaciones y alguna más puede darse en un supuesto como éste, pero la prueba de cuál de ellas es la real o la verdad material corresponde a la Administración, y a la Inspección en concreto, pues la presunción establecida en el artículo invocado juega a favor del titular y le descarga de incorporar un valor añadido fáctico hasta que la prueba de otro hecho no consiga destruir el juicio de probabilidad que enlaza los dos supuestos de hecho, el cierto (titularidad) y el deducido (ejercicio efectivo).
Cuarto.-No se puede considerar prueba bastante a estos efectos el indicio racional de que es excesiva la capacidad de trabajo que afirma su titular como para atender un negocio nuevo distante cien kilómetros, pues estas circunstancias, no acompañadas de una prueba de cuál es realmente el tiempo de trabajo o el horario como enseñante, o la estimación de cuál es el tiempo usual y razonable que debe exigir una actividad de este tipo, son válidas también precisamente para fundamentar las pérdidas; tampoco puede darse por cierto que sea la esposa quien realmente regente el comercio, pues además de que el actuario no lo afirma, para ello habría sido preciso probar que por alguna circunstancia no trabaja como funcionaria, o no puede o no quiere figurar como titular frente a terceros; y finalmente, para dar por cierto que el inspeccionado es ajeno al mismo habría que tener acreditado que las operaciones declaradas en el IVA solo corresponden a la actividad de o son irrelevantes, o que, en último caso, y vista su escasa duración de veintiún meses, que el mismo tenía otra finalidad encubierta ajena a la usual de obtención de renta.
Como quiera que las actuaciones inspectoras ni mencionan ni documentan cifra alguna distinta de las declaradas, que no se han incorporado declaraciones o expedientes de otros impuestos, y que todos los antecedentes manejados deben constar en las presentes actuaciones porque se han solicitado por dos veces, hay que concluir que la liquidación carece de base fáctica suficiente para ser confirmada, pues la Inspección ha dejado de aplicar lo dispuesto en el artículo 116 de la Norma Foral General Tributaria de 31 de mayo de 1981('La Administración...tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier...explotación...a quien figure como tal en un Registro Fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario')sin haberse provisto para ello de la necesaria prueba que le era exigida por el art. 115.1('las presunciones establecidas por las Normas Forales pueden destruirse por la prueba en contrario...'), obligación que le incumbía por prescripción del número 2 y siguientes del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, conforme a los cuales cada parte soporta la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprende el efecto jurídico correspondiente a la pretensión que acciona.
Quinto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado procede estimar la presente reclamación y anular todo lo actuado a partir del momento inmediato anterior al levantamiento del acta.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 52/03 interpuesta por D. contra la resolución del Jefe de la Sección de IRPF, de 13 de enero de 2003, que aprueba la liquidación nº 2003/300.254, ejercicio 2001, derivada de acta de inspección,RESUELVEESTIMAR la misma, anular los actos impugnados y todo lo actuado a partir del momento inmediatamente anterior a la formalización del acta, a fin de que la Oficina Liquidadora resuelva lo que proceda sobre la autoliquidación, con o sin actuaciones de comprobación.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 116
 artículo 217
 resolución