Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/20161213-I.html
Timestamp: 2019-10-19 05:03:27+00:00

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Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4679-I, martes 13 de diciembre de 2016
De los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Antonio Tarek Abdala Saad, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Hortensia Aragón Castillo, mediante las cuales solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones
De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil
De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia debido a los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles presentadas el 2 de septiembre de 2016 en Uruapan, Michoacán
De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil ante el inminente riesgo de deslaves y afectaciones de caminos, con el propósito de que la población extreme precauciones
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Sedesol a efecto de que en los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan en el programa de inclusión social Prospera, en las reglas correspondientes se confiera prioridad a las que tienen uno o más integrantes con discapacidad
De la Cámara de Senadores, con la cual devuelve para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda
Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Con proyecto de decreto, por el que se derogan el inciso c), fracción II, del artículo 2o.; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o., y IV del artículo 8o.; y el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI
Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 2016.
La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita el retiro de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
• Que reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Deuda Pública
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2016.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente que sea retirada de los registros parlamentarios la iniciativa que adiciona y reforma el artículo 11 y reforma la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, presentada por el suscrito el 20 de octubre de 2016 y turnada para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 6 de diciembre de 2016.
Diputado Tarek Abdala Saad (rúbrica)
La que suscribe, diputada federal Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita respetuosamente el retiro de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo, ambas turnadas a la Comisión de Infraestructura:
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus competencias, verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan con la mayor brevedad.
• Por el que se exhorta al gobierno del estado de México a que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo la construcción del libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, en conexión con la autopista Atizapán-Atlacomulco.
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención brindada a la presente solicitud.
Sirva la presente para extenderle un cordial saludo y solicitarle respetuosamente que con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se retire la siguiente proposición con punto de acuerdo, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 29 de noviembre de 2016 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, la Conaliteg y los directores de las escuelas de educación básica a desarrollar programas para reutilizar los libros de texto gratuitos.
Lo anterior, para los efectos y las acciones legislativas a que haya lugar.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1873, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/149/2016, suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual informa sobre la atención brindada al punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.
Ciudad de México, 6 de diciembre de 2016.
Me refiero a su oficio número SELAP/300/2083/16, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de septiembre del presente, que se transcribe a continuación, en su parte conducente:
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales n circules el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en atención ciudadana o de emergencia.
Al respecto, me permito informar1e que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, mismo que se comunicó a la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para difundir y promocionar el Día Mundial sin Automóvil, informando esta última que para promover la protección al medio ambiente del Ciudad de México y en apoyo a la economía de sus trabajadores, aunado a la difusión de ese día internacional se cuenta con 11 rutas de transporte para acercarlos a sus hogares y evitar, con ello, el uso desmedido del automóvil.
Rafael Ardían Avante Juárez (rúbrica)
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1884 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/1503/2016 suscrito por el licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esta secretaría a emitir la Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan, del estado de Michoacán de Ocampo.
Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/2074/16, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe para pronta referencia:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación General de Protección Civil, para que en conjunto emitan la Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo.”
Al respecto, hago de su conocimiento que en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la Secretaría de Gobernación (Segob) emite Declaratorias de Desastre Natural, mediante las cuales se autorizan recursos económicos, destinados a la restitución parcial o total de los daños ocasionados por la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores en la infraestructura pública de los sectores de competencia federal o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en la Ciudad de México, así como también la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por tales fenómenos.
Ahora bien, para la emisión de las Declaratorias de Desastre Natural en comento –y por ende la autorización de recursos con cargo al Fonden–, el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales1 en concordancia con los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales2 , establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada (ITF) autorizada para ello3 , el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar, dentro de los tres primeros días hábiles siguientes a la ocurrencia del fenómeno en cuestión y en términos de las reglas generales, una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, suscrita por el titular Ejecutivo estatal, dirigida a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que deberá manifestar la descripción del fenómeno, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la ITF respectiva como afectados por el fenómeno, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.
No se omite señalar que la competencia de esta Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos respecto a la operación del Fonden se circunscribe a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos en mención, por lo cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega o distribución de los recursos autorizados, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.
Visto lo anterior, se comunica atentamente que el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no solicitó la emisión de ninguna Declaratoria de Desastre Natural por el fenómeno natural perturbador que se detalla en el oficio que nos ocupa, motivo por el cual no se inició el procedimiento de acceso a los recursos con cargo al Fonden para la reconstrucción de la infraestructura y/o vivienda que, en su caso, hubiera resultado dañada en esa demarcación territorial por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador de referencia.
Sin embargo, esta Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra atenta a brindar el apoyo inmediato a través del Fonden respecto de aquellos fenómenos naturales perturbadores que se pudieran registrar en el estado de Michoacán de Ocampo, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello se disponen en la normativa aplicable.
1 Publicado en Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de 2010.
2 Publicado en Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2011.
3 La Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el caso de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el caso de incendios forestales, o bien el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el caso de fenómenos geológicos.
En alcance a mi oficio número SELAP/300/2547/16, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CNPC/1506/2016 suscrito por el licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, mediante el cual complementa la información al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Coordinación a poner en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur ante los riesgos de las inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros provocadas por el huracán Newton.
Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/2111/16, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por la diputada María Guadalupe Murguía, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe para pronta referencia:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil ponga en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de dichas entidades federativas ante el inminente riesgo de inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros; e implementen una eficaz campaña de información con el propósito de que la población extreme precauciones.
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicie programas emergentes para atender carreteras y caminos rurales devastados en diversos municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, que se han visto afectados por el huracán Newton.
”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, garantice el abasto de alimentos a las familias damnificadas en diversos municipios de los Estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, que se han visto afectados por el huracán Newton.”
Al respecto, hago de su conocimiento que en atención al punto de acuerdo en mención se solicitó la intervención de los ciudadanos titulares estatales de Protección Civil de las entidades federativas de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, precisadas en el segundo y tercer punto del acuerdo que nos ocupa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil.
Como parte de sus actividades las Coordinaciones Estatales de Protección Civil ponen en marcha operativos especiales para cada temporal de lluvias y ciclones tropicales en la que se prevé la participación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de instituciones privadas. Sin -olvidar que en conjunto desarrollan acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el establecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo a las capacidades de cada una de los estados y sus municipios.
Por citar un ejemplo, en el estado de Jalisco durante el presente temporal de lluvias, se monitoreo la presencia de las precipitaciones al igual que los ciclones tropicales desde la formación de una depresión hasta un huracán, ante la amenaza del fenómeno se incrementa el patrullaje y la información de manera verbal, así como la entrega de trípticos en los municipios susceptibles de afectación, invitando a la población más vulnerable a evacuar sus viviendas e inmuebles o presencia de un evento destructivo como el caso que nos ocupa, en el que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realiza la difusión de acciones y recomendaciones preventivas ante la presencia de los fenómenos perturbadores que afectan al estado de Jalisco, mediante campañas a través de redes sociales, reuniones de trabajo para los operativos de coordinación institucional, entrega de trípticos informáticos, ruedas de prensa, emisión de boletines, y entrevistas, donde se da a conocer ¿Qué hacer en temporal de lluvias y ciclones tropicales?, recomendación para la prevención de muertes durante el temporal de lluvias, prevención de accidentes en cuerpos de agua, entre otras.
Cabe mencionar que ante la presencia del huracán Patricia categoría 5, que afectó las costas norte, sur y zonas serranas el pasado 23 de octubre de 2015, el ciudadano gobernador del estado de Jalisco encabezó el operativo antes, durante y después del impacto del fenómeno y donde gracias a la excelente coordinación interinstitucional se registró saldo blanco y no se tuvieron pérdidas humanas.
En el mismo sentido través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se han llevado a cabo las siguientes acciones que contribuyen mitigar el riesgo de inundación a nivel nacional:
• A través del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), se ha logrado fortalecer la identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos.
• Se ha publicado información sobre la amenaza por inundaciones para diferentes zonas del país.
• Diseño y elaboración de 32 infomapas a nivel estatal, que incluyen recomendaciones específicas para las autoridades de diversos niveles de gobierno, así como información sobre lluvias, ciclones tropicales, deslizamiento de laderas y vulnerabilidad social.
• Implementación de una aplicación sobre los infomapas, bajo la plataforma del ANR, desarrollando una herramienta que permite la visualización del nivel de peligro a nivel municipal a través de dispositivos móviles, así como la enumeración de acciones preventivas.
• Desarrollo de una aplicación para la visualización de eventos, integrando el monitoreo de sismos, el volcán Popocatépetl y el seguimiento de la trayectoria de ciclones tropicales.
• Actualización de los aplicativos del ANR con la finalidad de integrar la perspectiva de género a los análisis de exposición. Asimismo, se ha segmentado a los grupos de población más vulnerables (menores de 12 años y mayores de 60 años).
• Con el fin de evaluar el impacto de la tormenta tropical Earl, se desplegó un equipo con un dron que documentó la extensión y la intensidad del impacto en varias comunidades de Huauchinango, Puebla, para poder determinar el nivel de peligro en predios destinados a la reubicación de vivienda ubicada en zonas de riesgo.
• El Cenapred cuenta con información documental sobre diferentes fenómenos naturales, tales como lluvias, inundaciones, ciclones tropicales y tormentas severas, la cual incluye medidas de prevención y autoprotección para la población en riesgo, disponible en el apartado “publicaciones” del portal de internet y se actualiza frecuentemente con nuevas publicaciones.
http:www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/busca_disponi bles
• En los últimos años, se ha impulsado la producción de la serie “Infografías” que, además de estar disponibles para su consulta y descarga en el apartado de publicaciones, se difunden a través de las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como de Sistema Nacional de Protección Civil y sus redes sociales.
• Entre los más de 40 títulos de infografías, están los relacionados con los riesgos hidrometeorológicos, que son altamente recomendables para que la población y autoridades estatales y municipales tomen en cuenta medidas preventivas y de autoprotección. Particularmente las de ciclones tropicales incluyen el Sistema de Alerta Temprana establecido para fines de alertamiento. Cabe mencionar que recientemente se han elaborado versiones traducidas a distintas lenguas nacionales, entre las que se puede mencionar: Mazateco de San José Independencia. Mixteco de San Juan Mixtepec. Mixteco de Santa Inés de Zaragoza, Mixteco de Santo Tomás Ocotepec. Náhuatl de Atlixtac. Náhuatl de Tehuipango y Tsotsil de Chenalhó.
• Los ejemplares más demandados se estarán distribuyendo entre las Coordinaciones y/o Secretarías Estatales de Protección Civil, dando prioridad a aquellas cuyas comunidades que se encuentren en mayor riesgo de inundaciones, deslaves, deslizamiento de laderas y/o desbordamiento de ríos.
Finalmente esta Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra atenta a brindar el apoyo inmediato a cualquier solicitud que se pudiera presentar previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello se disponen en la normativa aplicable, sumándose a la tarea imprescindible de fortalecer e impulsar las acciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-8-2336, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/8026/2016 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al Programa de Inclusión Social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.
Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/311/2178/16, por el cual remitió el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al Programa Inclusión Social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.
Al respecto, adjunto copia simple de oficio número CNP/l101/2016, signado por la ingeniera Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, mediante el cual se da contestación al Punto de Acuerdo de referencia.
Licenciado Antonio Musi Veyna, (rúbrica)
En atención a su similar número DG.510.11/7043/2016, de fecha 9 de noviembre del año en curso, relativo al “acuerdo parlamentario que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan a Prospera, Programa de Inclusión Social, en las reglas para tal propósito, se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad”, me permito adjuntar al presente los comentarios realizados al respecto por esta coordinación nacional.
Asimismo, amablemente le solicito que, a través de su conducto, pueda ser remitida esta información a la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.
Coordinadora Nacional de Prospera
En primer lugar, resulta pertinente destacar que Prospera reconoce el trato igualitario y está convencido que la promoción de mejores condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos sociales es un elemento sustantivo que demanda la participación de todas las instituciones del Gobierno de la República.
Específicamente en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, se identifica la necesidad de promover políticas y acciones que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.
En este sentido, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, Prospera está desarrollando un piloto de atención de personas con discapacidad en el estado de San Luis Potosí, con la finalidad de otorgar un apoyo monetario a los integrantes con discapacidad de las familias beneficiarias del Programa, dicho piloto se realiza de manera conjunta con Conadis, el DIF Nacional y DIF San Luis Potosí, por lo que en estos momento Prospera atiende e incluye a estas personas con discapacidad para el beneficio de las familias más vulnerables.
Prospera es instrumento de política pública orientado a las personas que se encuentran en situación de pobreza; sin embargo, en relación con los criterios de elegibilidad de las familias beneficiarias, la incorporación del criterio resulta positiva, fundamentalmente, de cara a la instalación, por parte presidente Enrique Peña Nieto, del Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el pasado mes de mayo de 2016.
Por tanto, a partir de la publicación de las Reglas de Operación 2017 se incluye, en su numeral 3.2.1., un criterio para priorizar la incorporación de hogares con Personas con Discapacidad, quedando como sigue:
3.2.1. Criterios y Requisitos de Elegibilidad:
Las familias elegibles para ingresar o reingresar al Programa son aquellas cuyo ingreso mensual per cápita estimado es menor a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LBMa).
3) Hogares con integrantes con alguna discapacidad, de conformidad con lo señalado en la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Así, el criterio incluido en las Reglas de Operación de Prospera se refiere a la prioridad para incorporar al padrón a familias con integrantes con discapacidad, siempre que el hogar hubiese resultado elegible mediante la metodología de focalización de Prospera.
Con la incorporación de dicho criterio de prioridad, el Programa avanza en la perspectiva de discapacidad en programas sociales, tal como lo refiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 28:
(...) Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
(...) b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la inclusión social de los beneficiarios con discapacidad, sin perder de vista el objetivo de Prospera, el cual es atender a familias cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación; por lo que el Programa incluye a todos los integrantes del hogar, incluyendo a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado por el Senado de la República, en sesión celebrada en esta fecha.
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Asimismo, incorporará al programa citado en el párrafo anterior, los mecanismos y componentes de los programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción y al proceso de comercialización de productos agropecuarios que realicen los pequeños productores del sector social, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta Ley.
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
CS-LXIII-II-1P-122
Por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda
Artículo Único. Se reforman los artículos 61, segundo párrafo, y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.
Artículo 73. Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
CS-LXIII-II-1P-121
Por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
XXI. Inapesca: Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición respecto al Instituto Nacional de Pesca, cuyo nombre se modifica por virtud de este decreto, se entenderán referidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c) fracción II del artículo 2o.; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o.; la fracción IV del artículo 8o. en todos sus incisos; y el artículo 18-A, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El suscrito, senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c) fracción II del artículo 2o.; fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3o.; fracción IV del artículo 8o. en todos sus incisos y el artículo 18-A, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente
Las telecomunicaciones constituyen un instrumento estratégico para impulsar el desarrollo económico, aumentar la productividad y competitividad del país, y contribuir a la equidad social.
Y este fue precisamente uno de los primeros sectores en el que se concretaron los cambios estructurales impulsados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el inicio de la actual administración, para la transformación del país.
Indudablemente, se trata de un sector que registra una importante dinámica de crecimiento, y cuya participación en la economía supera 5 por ciento, con tasas de crecimiento superiores a las de la economía nacional.
Con todo, los retos de penetración, cobertura, brecha digital y competencia del sector son formidables. El acceso a servicios de telecomunicaciones en México es aún limitado para gran parte de la población. Nos encontramos en los últimos lugares en penetración de banda ancha entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante tal escenario, el Poder Ejecutivo presentó la Reforma de Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de la Unión, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de junio de 2013.
Su propósito fundamental es incentivar la competencia efectiva en todos los sectores de las telecomunicaciones con el objetivo de asegurar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el territorio nacional, así como contar con precios adecuados para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
Son actividades económicas que, por un lado, producen insumos estratégicos para el incremento de la productividad de las empresas y, por el otro, son instrumentos que propician el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas, el cual representa el eje rector de la reforma.
La reforma constitucional se basó en cuatro ejes centrales: incorporación de nuevos derechos a la Constitución; creación de nuevos órganos reguladores con autonomía constitucional; un nuevo modelo de organización industrial para las telecomunicaciones, la radio, la televisión y nuevas reglas para la procuración de la competencia económica; así como mandatos para emprender políticas públicas para el desarrollo del sector.
Derivado de la reforma, el Congreso de la Unión expidió un solo ordenamiento legal que regula de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y demás adecuaciones legislativas complementarias, el cual fue publicado en el DOF por el Ejecutivo federal el 14 de julio de 2014.
Sin duda, se trata de una de las reformas más ambiciosas en esta nueva era y la que mayor impacto económico y social, que ya se está traduciendo en beneficios concretos en el bolsillo de las familias mexicanas.
A la distancia, los resultados de la reforma de telecomunicaciones han permitido sentar las bases para que nuestro país se integre plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento; elevar la competencia e incrementar la inversión y el cabio tecnológico en el sector; disminuir los precios de los servicios y mejorar su calidad; incidir en los niveles de penetración del servicio de banda ancha inalámbrica, lo que significa que cada vez más mexicanos tengan acceso a Internet y aprovechen los beneficios que esta tecnología ofrece; entre otros...
Los esfuerzos y efectividad de las nuevas condiciones en el sector han sido reconocidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, al señalar a principios de 2015 que la regulación de México era significativamente menos restrictiva, lo que implica que nuestro país se sitúa por debajo del promedio de la OCDE1 , toda vez que el nuevo marco legal es más favorable para el desarrollo del sector.
En síntesis, nos encontramos inmersos en un proceso en el que se busca democratizar los servicios de telecomunicaciones, siempre en beneficio de la población, principalmente la que habita en las zonas más rezagadas del territorio nacional.
Ahora bien, cabe mencionar que en el Paquete Económico de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en la Ley del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), un gravamen con una tasa de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, Internet y tv de paga), por lo que este impuesto se cobra directamente a los usuarios y consumidores de dichos servicios.
El IEPS es un impuesto indirecto que tiene como objetivo gravar el consumo final de determinados bienes y servicios. En México, el IEPS se divide en petrolero que corresponde al aplicado a la gasolina y el diésel; y en no petrolero que corresponde al gravamen en tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas y saborizadas, cervezas, sorteos, apuestas y servicios de telecomunicaciones, que son considerados como bienes y servicios suntuarios o de lujo.
Cabe mencionar que el IEPS en los servicios de telecomunicaciones, excluye a la telefonía rural, pública y servicios de interconexión, así como aquellos servicios empaquetados de internet, a través de redes fijas y móviles, siempre y cuando se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones en la factura y cuyo monto no exceda 30% del total de las contraprestaciones que se facturen en forma conjunta.
El IEPS a los servicios de telecomunicaciones no solo es costoso para la población, también ha sido un factor de freno a la penetración de los servicios y con una mínima capacidad recaudatoria. Durante el periodo 2010-2014, este impuesto ha permanecido con la misma tasa impositiva, con una recaudación que se presenta en la siguiente tabla:
Recaudación del IEPS en los Servicios de Telecomunicaciones
Recaudación: 5 mil 885 millones de pesos
Porcentaje de ingresos tributarios: 0.47 por ciento
Recaudación: 7 mil 966 millones de pesos
Porcentaje de ingresos tributarios: 0.37 por ciento
Recaudación: 6 mil 37 millones de pesos
Recaudación: 7 mil 589 millones de pesos
Porcentaje de ingresos tributarios: 0.26 por ciento
Recaudación: 7 mil 198.0 millones de pesos
Porcentaje de ingresos tributarios: 0.30 por ciento
Se prevé que la recaudación deberá ser menor en años subsiguientes debido a las bondades de la reforma en telecomunicaciones, que ya son una realidad para la población mexicana, destacando las siguientes: i) La desaparición de los cargos por larga distancia nacional a partir de enero de 2015 y ii) la desaparición del roaming nacional en telefonía móvil.
Aunado a lo anterior, este impuesto genera un costo social dado que equivale a una tasa impositiva de 19.5 por ciento, al aplicarse el impuesto al valor agregado (IVA) del 16 por ciento al precio neto de IEPS de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones (artículo 18 de la Ley del IVA), por lo que las telecomunicaciones tienen un gravamen de 3.48 puntos por arriba de la tasa general del IVA.
De igual forma, dicho impuesto grava el acceso a Internet dado que el IEPS se aplica a todo concepto de renta por línea de acceso a las diferentes redes de telecomunicaciones, por lo que el acceso a los servicios de banda ancha en efecto es gravado.
Considero que el IEPS a los Servicios de Telecomunicaciones es un impuesto regresivo, dada la actual tendencia de penetración de los servicios móviles y de acceso a Internet a estratos de cada vez menor nivel de ingresos. Sin embargo, es necesario destacar un dato relevante en torno a la proporción que representa la contribución de este impuesto sobre el ingreso de las familias mexicanas: un hogar en el quintil superior de la distribución del ingreso paga cerca de un décimo de lo que paga un hogar en quintiles en el extremo inferior de la distribución por los servicios de telecomunicaciones.
En este sentido, derogar el IEPS a las telecomunicaciones permitiría un mayor acceso a los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación, permitiendo de esta manera, continuar cerrando la brecha digital, tanto geográfica como de ingreso, con una política incluyente en el acceso general a los servicios de telecomunicaciones y que los nuevos servicios que aparezcan en el mercado no tengan obstáculos impositivos extraordinarios que desincentiven su uso.
La nueva legislación en materia de telecomunicaciones traerá esquemas novedosos de tarifas y precios en los servicios actuales y futuros, que solo deben estar sujetos al IVA, como único impuesto indirecto aplicable, de tal forma que permita democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Federal en la materia.
Sumado a ello, cabe recordar que el artículo 6o., inciso b), de nuestra Constitución Política, establece que: I. “El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales” y II. “Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, claridad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.
Es indispensable maximizar los beneficios sociales que brindan las redes de telecomunicaciones, a través de la ejecución de políticas públicas eficaces, que permitan aumentar la cobertura y la calidad de los servicios para un mayor número de mexicanos, que contribuya a mejorar su nivel de vida.
Por tal motivo, se propone derogar el inciso c) de la fracción III del artículo 2o. para derogar el impuesto a los servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, se derogan también las fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3o.; la fracción IV del artículo 8o.; y el artículo 18-A.
En mérito de todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Único. Se derogan el inciso c) fracción II del artículo 2o.; fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3o.; fracción IV del artículo 8o. en todos incisos y el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
IV. (Se deroga.)
Artículo 18-A. (Se deroga.)
1 Estudios económicos de la OCDE: México 2015.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de diciembre de 2016.

References: artículo 72
 artículo 106
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 77
 artículo 4
 artículo 77
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 77
 artículo 79
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 106
 ARTÍCULO 106
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 artículo 179

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 artículo 123
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