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Timestamp: 2018-11-22 10:36:33+00:00

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El Parlamento Andaluz facilita la regularización de viviendas situadas en parcelaciones en suelo no urbanizable
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Ley 6/2016, de 1 agosto, modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
Fue antecedente de la nueva Ley 6/2016 el Decreto 2/2012, de 10 enero, que reguló el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicho Decreto tenía como objeto regular los requisitos y procedimientos que faciliten la integración de tales edificaciones y asentamientos en la ordenación urbanística de cada municipio, reconociéndoles la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Al amparo del Decreto 2/2012, los municipios iniciaron procedimientos para regularizar las edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable.
Sin embargo, encontraron grandes dificultades para regularizar las edificaciones que se sitúan en parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable, dado que, al no existir una limitación del plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística (artículo 185.2.A de la LOUA), a dichas edificaciones no se les podía reconocer la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Para eliminar tal incertidumbre, la nueva Ley 6/2016 modifica el artículo 185.2.A de la LOUA (entre otros).
A raíz de esta modificación, el plazo para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto a la citadas edificaciones será de 6 años desde su terminación, en lugar del plazo ilimitado anteriormente previsto, salvo las excepciones indicadas en el artículo 185.2.B), para las que se mantiene la inexistencia de límite temporal.
En conclusión, tras la aprobación de la Ley 6/2012, respecto a la las edificaciones de uso residencial situadas en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable, una vez transcurrido el plazo de 6 años desde su terminación, se podrá instar el reconocimiento del régimen asimilado al de fuera de ordenación.
Aprobación parlamentaria de medidas que permiten el aumento del plazo de vigencia de las concesiones portuarias existentes.
Costas y Puertos • Comments (0)
Las medidas aprobadas permiten solicitar la ampliación de las concesiones portuarias existentes hasta 50 años, y en algunos supuestos hasta 75 años.
El pasado día 17 de octubre se publicó en el BOE la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. Esta Ley confirma con alguna pequeña diferencia las medidas aprobadas por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, publicado en el BOE del pasado día 5 de julio.
La Ley introduce novedades en el ámbito fiscal, laboral, de la Seguridad Social. Impulsa medidas para avanzar en la liberalización de necesidades financieras del sector público y ayudar a la financiación de las empresas y al fomento del comercio minorista y la unidad de mercado. Asimismo, la Ley introduce novedades en materia aeroportuaria y portuaria.
Centrémonos aquí en las novedades en materia de puertos. El capítulo II, relativo a la mejora de la competitividad en el sector portuario e incremento de la inversión privada en infraestructuras portuarias, modifica el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
La reforma considera que las nuevas inversiones en infraestructura portuaria requieren períodos de amortización más largos, para homogeneizar los plazos máximos de concesión en España con los existentes en los puertos europeos, y para incrementar la competitividad de las empresas concesionarias. Así, las medidas van dirigidas a:
Incrementar el plazo de las concesiones demaniales portuarias hasta un límite máximo de 50 años.
Introducir un nuevo sistema de prórroga extraordinaria en función de la contribución para la financiación de infraestructuras de conectividad portuaria.
Creación de un Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.
Levantamiento de la prohibición de uso hotelero de las infraestructuras portuarias en desuso y que forman parte del Patrimonio Histórico.
De esta forma se aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones portuarias que se otorguen de 30 a 50 años. También se prevé la posibilidad de aumentar el plazo de vigencia de las concesiones ya existentes.
Así es, la Ley 18/2014 introduce en el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante una Disposición Transitoria Décima que establece que las Autoridades Portuarias podrán ampliar el plazo de vigencia cuando lo solicite el concesionario, previo informe favorable de Puertos del Estado.
Para ello los concesionarios deben comprometerse debe asumir, al menos, uno de los siguientes compromisos:
Realizar una inversión autorizada por la Autoridad Portuaria, siempre que esa inversión mejore la productividad, introduzca nuevas tecnologías que incrementen la productividad, o mejore la eficiencia energética o la calidad ambiental.
Contribuir económicamente a financiar infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte, así como las mejoras de dichas redes que favorezcan la competitividad de los puertos.
Reducir al menos un 20% las tarifas máximas por la prestación de servicios portuarios, en el caso de que el concesionario preste estos servicios.
El acuerdo de ampliación y la fijación del plazo máximo deberá motivarse teniendo en cuenta criterios como: el tiempo restante de la concesión; el volumen de la inversión realizada y de la inversión a realizar; la vida útil de dicha inversión; la memoria económico financiera de la concesión en el momento de la concesión inicial y en el momento de la solicitud de ampliación; la contribución al desarrollo de infraestructuras de conexión y/o una rebaja de la tarifa por los servicios.
El compromiso que asuman los concesionarios no puede ser inferior a la mayor de las cantidades resultantes de las siguientes operaciones:
Valor de la concesión sin prórroga en el momento de la solicitud – Valor de la concesión prorrogada.
20% de la inversión inicial actualizada.
La ampliación no podrá ser superior a 2/5 del plazo inicial, así con carácter general la prórroga junto con el plazo inicial no podrá ser superior a 50 años.
No obstante, cuando el concesionario haya asumido el compromiso de contribuir económicamente a la financiación de infraestructuras terrestres la prórroga, unida al plazo inicial, podrá alcanzar 75 años y podrá solicitarse siempre que se hayan ejecutado los niveles de inversión comprometidos con un mínimo del 20% de la inversión inicial actualizada.
El plazo para solicitar la ampliación del plazo de vigencia finalizará el próximo día 5 de julio de 2015.
La solicitud deberá ir acompañada de determinados requisitos y memorias justificativas establecidas en la Norma.
¿Se ha logrado la corrección de desigualdades entre los agentes del tráfico alimentario?
Agroalimentario, Sin categoría • Comments (0)
Con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria se ha pretendido establecer medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, con el fin de corregir desequilibrios en las relaciones comerciales de los agentes que intervienen en la misma.
El pasado 3 de enero entró en vigor La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley de la cadena alimentaria), entre otros objetivos, pretende solucionar los desequilibrios que se vienen produciendo entre los distintos operadores de la cadena alimentaria a lo largo del tiempo.
Dice el preámbulo de la Ley que la alimentación y gastronomía españolas son parte de las tradiciones del pueblo español y son reconocidas en todo el mundo por su calidad. También el sector agrícola juega un papel fundamental en la economía española, sobre todo si tenemos en cuenta la extensión del país, y que el clima es muy adecuado. Sin embargo este sector padece ciertos desequilibrios importantes que han empeorado con el contexto de crisis económica. Los distintos operadores en este sector no se encuentran en pie de igualdad.
Por un lado, los productores, en su mayoría pequeños empresarios que forman una red bastante atomizada. Por otro, se encuentran los miembros de la industria agroalimentaria, que actúan en la fase intermedia. Pueden ser pequeños empresarios o grandes multinacionales. Las diferencias entre todos estos actores del tráfico alimentario producen diferencias a la hora de celebrar contratos ya que una gran multinacional no tiene el mismo poder de negociación que un empresario pequeño. Ello permite la existencia de ciertas prácticas abusivas, contrarias a la libre competencia y a la prohibición de la competencia desleal, pilares fundamentales de la Unión Europea (UE).
Precisamente la Ley nace como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito de las instituciones europeas, que se enfrentan a un problema agrario similar en todo el territorio de la UE. Destacan así la creación del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria a finales de 2011 o la publicación en enero de 2013 por la Comisión Europea del Libro Verde sobre las prácticas comerciales desleales en la distribución alimentaria y no alimentaria. Estos esfuerzos comunitarios sirven de base para la actual ley aprobada.
Además de corregir las grandes diferencias existentes en la cadena alimentaria, esta norma persigue mejorar la competitividad empresarial eliminando opacidades y prácticas abusivas, y repercutir en beneficio de los consumidores.
La Ley se compone de un Título I que alude a aspectos generales de la misma como ámbito de aplicación, fines perseguidos, definición de ciertos conceptos o articulación de relaciones entre las Administraciones públicas competentes puesto que no se trata de materia de exclusiva competencia del Estado. Su ámbito subjetivo abarca a todos los operadores de la cadena alimentaria, mayoritas, minoritas, pymes,…etc.
Su ámbito de aplicación objetivo se define positivamente: se aplica a todas las relaciones comerciales entre los citados operadores, fundamentalmente a través de los contratos alimentarios y de integración realizados por los mismos. También se define de forma negativa, ya que se excluyen ciertas operaciones realizadas por cooperativas agrícolas y aquellas hechas con operadores del transporte, consumidores finales y en el ámbito de la hostelería.
Determinados tipos de contratos se ven sometidos a ciertos requisitos formales. Para que estén sometidos es necesario que cumplan dos circunstancias acumulativas: que el importe del contrato supere los 2.500 euros y que se dé una situación de desequilibrio. Se considera que existe situación de desequilibrio en los siguientes casos: que uno de los operadores tenga la condición de pyme y el otro no; que uno sea productor primario; y que se dé una situación de dependencia económica de uno respecto del otro.
Estos contratos deberán formalizarse por escrito, bajo pena de sanción administrativa si no se hace así, antes de la realización de las prestaciones consensuadas en el mismo. Se exige también que el contrato contenga una serie de menciones mínimos (identificación de partes, objeto, precio, duración,…). Lo que se pretende es crear un mecanismo para reforzar la posición jurídica de la parte más desfavorable.
También se regula la realización de subastas y la obligación de conservar la documentación contractual durante un período de dos años.
El título II de la Ley regula las prácticas abusivas, cuya comisión se castiga con la imposición de una sanción administrativa. En concreto, la ley se refiere a tres tipos de prácticas:
1. La modificación unilateral de las condiciones del contrato. Se prohíbe esta práctica, salvo que exista mutuo acuerdo de las partes para llevar a cabo la modificación. Tampoco se permiten los pagos adicionales al margen del precio convenido en el contrato, salvo contadas excepciones enumeradas en el texto.
2. Los operadores podrán suministrarse recíprocamente la información comercial sensible sólo en la proporción que permita llevar a cabo con éxito las operaciones entre ellos.
3. Los operadores están obligados en sus tratos con los consumidores a gestionar tanto sus marcas como las de otros operadores, evitando la realización de prácticas contrarias a la libre competencia o que supongan actos de competencia desleal.
En el Título III se regulan las buenas prácticas en este ámbito. Lo que se pretende es que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, las CCAA y las organizaciones del sector agroalimentario, elaboren un código de buenas prácticas, de adscripción voluntaria mediante la apertura del correspondiente registro. Se trata de un supuesto de autorregulación. La inscripción en el registro tiene una serie de efectos prácticos, como la posibilidad de recibir ciertas subvenciones por parte del Ministerio de Agricultura. El Título IV crea el llamado Observatorio de la Cadena Alimentaria, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que asume las funciones del antiguo Observatorio de Precios de los Alimentos. Entre sus funciones, destaca el seguimiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios. Promueve el conocimiento y adhesión de los distintos operadores al código de buenas prácticas. Y comunica a las autoridades competentes los incumplimientos de la ley hechos por los operadores de la cadena alimentaria. La composición y funcionamiento de este órgano se remite a desarrollo reglamentario.
El Título V se refiere al régimen sancionador, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones. Respecto del incumplimiento de la obligación de formalización de los contratos, se establece una presunción iuris tantum, que admite la prueba en contrario, de que la responsabilidad recae sobre el operador más fuerte.
El Título VI contiene medidas para mejorar la vertebración de la cadena alimentaria. Entre otras, destaca la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Este organismo autónomo se encarga de gestionar ciertos sistemas de información y control de los mercados de productos alimentarios. También se encarga de incoar el procedimiento sancionador, ejerciendo las funciones propias de un órgano instructor. Una vez finalizada la instrucción, podrá proponer a la autoridad competente ya sea nacional o autonómica, la resolución que proceda, o elevar denuncia a la Comisión Nacional de la Competencia.
Dado que únicamente han trascurrido 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, entendemos que todavía es pronto para pronunciarnos sobre si le Norma ha logrado su objetivo.
Emilia Gómez Osborne
TASSARA&BILBAO
Aprobada la aportación obligatoria para la mejora de la calidad de las producciones de ibérico.
Agroalimentario, Medio Ambiente • Comments (1)
El BOE del pasado día 18 de enero de 2014 publicó la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente AAA/22/2014, de 9 de enero, por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para la mejora de la trazabilidad y calidad de las producciones de cerdo ibérico y coadyuvar al cumplimiento de la norma de calidad del ibérico, durante la campaña 2013/2014.
La citada Orden extiende al conjunto del sector del ibérico el Acuerdo adoptado por la ASICI en la sesión de la Asamblea General de 12 de abril de 2013. Recordamos en este punto, que el artículo 8 de la Ley 38/1994, de 30 diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, establece que acuerdos relativos a determinadas materias, adoptados en el seno de organizaciones interprofesionales con amplio respaldo, puedan extenderse al conjunto de operadores y productores del sector o producto.
El acuerdo que extiende la Orden al conjunto del sector del cerdo ibérico, implica que los productores y transformadores deberán contribuir con una aportación económica a la mejora de la calidad de los productos ibéricos y a fomentar el cumplimiento de la norma de calidad del ibérico.
Nueva normativa sobre Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) prepara el Anteproyecto de la Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de ámbito supra-autonómico.
La norma que elabora el MAGRAMA regula las entidades de gestión (Consejos Reguladores) de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP), cuyo ámbito se extienda a más de una comunidad autónoma. En la nueva norma los Consejos Reguladores tendrán obligatoriamente personalidad jurídica propia y contarán con un órgano de gobierno, donde estarán representados de forma paritaria todos los interese económicos que participen en la obtención del producto, además deberán ser autorizados por el MAGRAMA.
También la norma en elaboración preverá la posibilidad de que los Consejos Reguladores se constituyan como corporaciones de derecho público a la que se le puede delegar el ejercicio de determinadas funciones.
Aunque las normativas autonómicas ya otorgaban tal naturaleza jurídica a los Consejos de Reguladores (por ejemplo, la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía), supone una novedad que ello se establezca para las entidades de gestión de DOP y IGP de ámbito supra-autonómico. Continue Reading
El Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención Ambiental
Medio Ambiente • Comments (0)
El pasado día 17 de enero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, con el que se garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales.
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que transpuso la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, establece en el Ordenamiento Jurídico español un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, basado en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga”.
Según fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes, modifica la citada norma con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva, así como de simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo.
Muestra de lo anterior es la introducción del artículo 348 Bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 25/2011, que entró vigor el día 2 de octubre de 2011, y tuvo que ser suspendido sólo nueve meses más tarde (día 23 de junio de 2012) por la Ley 1/2012 de 22 de junio1. Dicho precepto otorgó a los socios la posibilidad de separación por falta de reparto de dividendo, y en la práctica su aplicación ha sido controvertida durante su periodo de vigencia. Continue Reading
Aprobación del Real Decreto de Venta de Medicamentos a Distancia
Se ha aprobado recientemente el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica
Esta norma incorpora al Derecho español la Directiva 2011/62/UE [1] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE (“Código de Medicamentos de Uso Humano”) por la que se establece un código comunitario de medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Continue Reading

References: artículo 185
 artículo 185
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 348
 Real Decreto 
 Real Decreto