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Timestamp: 2018-08-17 20:26:46+00:00

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Resolución Nº 15.335
BUENOS AIRES, 21 de febrero de 2006.-
RESOLUCION Nº 15.335
VISTO el presente expediente Nº 1169/2002 “STANDARD & POOR’S /P INTERNATIONAL RATINGS LLC SUCURSAL ARGENTINA s/ ANALISIS DE DICTAMENES BANK BOSTON N.A. SUCURSAL ARGENTINA Y CITIBANK N.A. SUCURSAL ARGENTINA N.A.y lo dictaminado a fs. 463/472 y;
Que la COMISION NACIONAL DE VALORES – en lo sucesivo CNV- con fecha 04 de Noviembre de 2004 mediante la Resolución Nº 14.942 instruyó sumario a “STANDARD & POOR´S INTERNATIONAL RATINGS LLC. SUCURSAL ARGENTINA” –en lo sucesivo “S &P”-- a sus representantes legales a la época de los hechos Srta. Catherine DAICOFF, Sres. Michael SHINAL, Eduardo Enrique REPRESAS y Alfredo Lauro ROVIRA, a los miembros del Consejo de Calificación Sres. Juan Pablo DE MOLLEIN, Cristian KRÖSSLER y Gabriel CARACCIOLO, en orden a la posible infracción al art. 4º del Cap. XVI de las NORMAS (N.T. 2001) al haberse verificado que el 15 de Julio de 2002 calificó el Programa Global de Obligaciones Negociables Series Senior y Subordinada por un monto de hasta u$s 1.500.000.000 perteneciente a Citibank N.A. Sucursal Argentina con “raAAA” cuando el informe de los Auditores sobre los Estados Contables no expresaron opinión sobre los Estados Contables al 31.12.01.
Que asimismo, en la misma fecha -15 de Julio de 2002- calificó el Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto de u$s 500.000.000 perteneciente a BankBoston N.A. Sucursal Argentina con “raAAA” cuando el informe de los Auditores sobre los Estados Contables no emitieron opinión sobre los Estados Contables al 31 de diciembre de 2001.
Que en ambos casos la calificadora de acuerdo al Manual de Metodologías de Calificación de Títulos de Deuda aprobado por la CNV, en las oportunidades que los dictámenes de los Auditores Externos tuvieran abstención de opinión u opinión adversa, establecían que se debían calificar los valores negociables con categoría “E”.
Que en dicho sumario se fijó fecha para la realización de la audiencia preliminar prevista en el art. 12 último párrafo de la Ley Nº 17.811 según art. 8º del Decreto Nº 611/01 para el día 04 de Enero de 2005.
Que a los efectos del debido proceso los sumariados fueron debidamente notificados con fechas 09 y 11 de noviembre de 2004, solicitaron a fs. 404 prórroga para efectuar sus descargos, lo cual le fue conferido por disposición del Conductor del sumario el 17 de Noviembre de 2004 y a fs. 416 reclamaron la concesión de un nuevo periodo que también le fue concedido por disposición del Conductor del Sumario con fecha 02 de Diciembre de 2004.
Que a fs. 430 “S&P”, presentó su descargo, al que se adhirieron a fs. 442 el Sr. Alfredo ROVIRA; a fs. 445 el Sr. Juan Pablo DE MOLLEIN, a fs.447 el Sr. Michael SHINAL, y a fs. 449 la Sra. Catherine DAICOFF.
Que a fs. 454 “S&P” así como los demás sumariados, dejaron constancia de su incomparecencia a la audiencia señalada para el día 04 de enero de 2005, por entender que a su juicio no existen hechos controvertidos en las actuaciones, que hicieran necesario dicha medida.
Que a los efectos de la descripción de los cargos efectuados a “S&P” corresponde remitirse a la nomenclatura y definiciones para la calificación de títulos de deuda detallados en los antecedentes del Manual de Procedimientos de Títulos de Deuda, calificaciones institucionales y mixtas presentado por “S&P” el cual fue registrado en la CNV a través de la Resolución Nº11.908, y en el que posteriormente se efectuaron modificaciones en las definiciones de las “Calificaciones Institucionales” lo cual fue receptado por la Resolución Nº 14.122.
Que en el punto referido al procedimiento de calificación de títulos de mediano y largo plazo en la categoría “E” el Manual dice concretamente: “Será calificado en la categoría “E” todo título emitido por sociedades que se encuentran en una o mas de las siguientes situaciones: a)…b) Cuando los dictámenes de los auditores externos tengan abstención de opinión u opinión adversa cuyas causas subsistan a la fecha de la calificación…”
Que a pesar de lo señalado, la calificación de títulos de deuda efectuadas por la entidad el 15 de Julio de 2002 sobre el “Programa Global de Obligaciones Negociables Senior y Subordinadas hasta u$s 1.500.000.000 de Citibank y del Programa Global de Obligaciones Negociables hasta u$s 500.000.000 de BankBoston fue “raAAA”, que en la escala de calificaciones de “S&P” es la mas alta para la República Argentina.
Que a todo esto el art. 4º del Decreto 656/92 dispone: “Las sociedades calificadoras de riesgo deberán revisar en forma continua las calificaciones que efectúen. Las sociedades que proporcionen el servicio de calificación deberán informar a la autoridad de control y hacer públicos sus dictámenes en la forma y con la periodicidad que determine la CNV. Corresponderá a la autoridad de aplicación establecer el procedimiento a seguir en el supuesto de que, autorizada una emisión en los términos del presente decreto, faltare posteriormente alguna de las calificaciones originalmente existentes”.
Que por su parte el art. 4º del Cap. XVI de las NORMAS (N.T. 2001) tiene establecido que: “La calificación de los valores negociables u otros riesgos prevista por el Decreto Nº 656/92 deberá basarse en los procedimientos descriptos en el manual registrado previamente ante la Comisión…”.
Que en este contexto normativo, y dada las calificaciones efectuadas por “S&P” aparecen en principio quebrantadas dichas disposiciones y concretamente la contemplada en el art. 4º del Cap. XVI de las NORMAS (N.T 2001) de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 14.942 de instrucción del sumario .
Que en sus descargos la calificadora sostiene entre otros argumentos que los estados contables y financieros de un emisor no constituyen la única fuente de información tenida en cuenta por “S&P” para arribar a su opinión sobre la calidad crediticia del emisor.
Que de acuerdo al criterio expuesto por “S&P” la CNV al regular los casos de asignación de calificación “E” contiene una redacción lo suficientemente flexible para permitir a las calificadoras determinar si han recibido toda la información necesaria para emitir una opinión calificadora.
Que así sostiene la entidad sumariada, que la interpretación de las normas contenidas en las metodologías de calificación registradas por las calificadoras no puede llevarse a cabo de manera literal, tal que torne a las mismas en modelos o estructuras rígidas y sin margen de opinión para la calificadora, requiriendo su modificación cada vez que cualquiera de esas normas deba ser aplicada en el contexto de circunstancias extraordinarias y no previstas. La interpretación razonable de una norma no implica en ningún caso tornarla “letra muerta” particularmente cuando tal norma está siendo interpretada o aplicada a circunstancias distintas de las imperantes al tiempo de su redacción.
Que no obstante, la calificadora reconoce que la inclusión de una leyenda en los respectivos informes de calificación y publicaciones –informando por qué “S&P” no estaba calificando “E” a los programas de Citibank y BankBoston no obstante la abstención de opinión de los auditores-, podría haber ayudado a clarificar este aspecto, aunque concluye que, la no inclusión de dicha leyenda no puede implicar infracción a sus metodologías de calificación.
Que al asignar según la entidad bajo sumario, su calificación el 15.07.02 a los Programas de Citibank y BankBoston, “S&P” tomó en consideración toda la información que estimó relevante para opinar respecto de la calidad crediticia de tales emisiones y sobre la base de una completa y razonable interpretación de sus metodologías de calificación, concluyó que la calificación “E” no era aplicable a una situación en la cual los Auditores Externos se abstenían de opinar por razones distintas a las que hubieran de otro modo determinado tal calificación, lo cual fue determinante para aplicar a los programas la categoría “raAAA”.
Que así “S&P” considera haber dado cumplimiento a las metodologías de calificación registradas llevando a cabo todos los pasos y analizado los elementos de juicio para arribar a una opinión fundada sobre la calidad crediticia de las entidades calificadas.
Que en atención a dichos fundamentos, “S&P” considera que el cargo atribuido a la entidad a través de la Resolución sumarial debería ser desestimado, en atención a las especiales circunstancias que conformaron la situación económico-financiera del país en aquel momento, y en especial ante la ausencia de daño.-
IV) La responsabilidad de la calificadora.
Que las sociedades calificadoras creadas por el Decreto Nº 656/92 poseen como objeto social, calificar riesgos, títulos valores, obligaciones negociables o cualquier otro título convertible en acciones destinado a ser ofrecido públicamente mediante los procedimientos descriptos en el Manual de Procedimientos que la misma haya registrado en la CNV.
Que a los efectos de la calificación, las entidades deben considerar en sus dictámenes los datos que surjan de los balances de la sociedad emisora, como los demás antecedentes obtenidos por la calificadora.
Que así, el dictamen calificador debe mencionar las fuentes de información –no incluye la confidencial (art.16 Dec.656/92)- que fueron tomadas en cuenta para la obtención de los datos utilizados.
Que en este contexto, y previo a rebatir los argumentos de la defensa corresponde destacar que art. 13 del Decreto Nº 656/92 dice concretamente: “Los títulos representativos de deuda se calificarán en categorías que serán denominadas respectivamente con las letras A, B, C, D y E. A fin de emitir la calificación el consejo deberá examinar entre otros aspectos, la solvencia y la capacidad de pago de la emisora, la rentabilidad, calidad gerencial y de organización de la empresa, el contexto económico en el que opere, las características del instrumento, su liquidez en el mercado, las garantías y demás información disponible para su calificación. La calificación A, B, C, y D deberá utilizarse para los títulos emitidos por emisoras que hayan cumplido satisfactoriamente los requisitos de información exigidos por las normas vigentes y las necesidades de la sociedad calificadora. La calificación A corresponderá a los títulos de mejor calidad y mas bajo riesgo. En un orden decreciente. La calificación D corresponderá a los títulos de menor calidad y menor riesgo. La calificación E deberá ser conferida a los títulos de las emisoras que no hayan cumplido debidamente los requisitos de información impuestos por las normas vigentes y necesarios para la calificación del título.” (El subrayado nos pertenece).
Que asimismo, el art. 14 del Decreto 656/92 dice: “En todos los casos la calificación original y las efectuadas con posterioridad en los términos del art. 4º deberán otorgarse de acuerdo a los antecedentes provistos por la empresa que solicita el servicio de calificación y aquellos obtenidos de fuentes propias por la sociedad calificadora, conforme a la metodología y manual de procedimientos aprobados por el Organismo de control”.
Que bajo este plexo normativo, corresponde analizar los descargos efectuados por la entidad calificadora a cuyo efecto analizaremos el que se refiere a las fuentes de información, cuando sostiene que los estados contables y financieros de un emisor no constituyen la única fuente de información tenida en cuenta para arribar a una opinión sobre la calidad crediticia del emisor.
Que es evidente que los estados contables y financieros de un emisor no constituyen el único elemento de calificación, sino que de acuerdo a la previsión legal, debe estarse a la solvencia y capacidad de pago de la entidad calificada, a su rentabilidad, a su calidad gerencial y de organización, así como al contexto económico en el que desarrolla su actividad, su liquidez en el mercado, etc.
Que ahora bien, si la calificadora pretende por este argumento poner énfasis en la situación económico-financiera vivida por el País a partir de diciembre de 2001 -- innegablemente una circunstancia extraordinaria, la cual no era ajena para muchos analistas económicos y en todo caso hasta previsible--, como justificativo del encuadramiento efectuado respecto de las obligaciones negociables, no puede soslayar que los cambios que puedan producirse en los diferentes ámbitos relacionados con la actividad (modificaciones de precios, aumento de retenciones, alteraciones de los mercados, cambios legislativos, etc) son riesgos inherentes a la actividad desarrollada en las bolsas y mercados de comercio o de valores de cualquier país del mundo.
Que por lo tanto, no es argumento valedero la situación económica y financiera vivida por el País, para justificar un proceder que vulnera estrictas disposiciones legales y normativas de la CNV cuando expresamente por imposición legal, debía tener en cuenta el contexto económico en el cual se desarrollaba la calificación. En todo caso, la conclusión que surge del proceder de la entidad calificadora, es precisamente contrario al que afirma, ya que si hubiera valorado las previsiones del art. 13 del Decreto Nº 656/92 necesariamente hubiera arribado a una conclusión distinta.
Que en su línea argumental, la calificadora sostiene que la CNV al regular los casos de asignación de calificación “E” contiene una redacción lo suficientemente flexible para permitir a las calificadoras determinar si han recibido toda la información necesaria para emitir una opinión a los fines de la calificación.
Que sobre este aspecto tampoco parece acertado el descargo, ya que si bien el art.13 “in fine” del Decreto Nº 656/92 sostiene que la calificación “E” debe ser conferida a los títulos de las emisoras que no hayan cumplido debidamente los requisitos de información impuestos por las normas vigentes y necesarios para la calificación del mismo, dicha norma debe ser compatibilizada con la que resulta del art. 23 del mismo cuerpo normativo (Decreto Nº 656/92) que establece: “…en caso que la información provista por la empresa fuera insuficiente los títulos deberán calificarse como “E”, sin información suficiente”.
Que de acuerdo entonces a la normativa expuesta, ya sea que la entidad cuyos programas eran calificados hubiera dado ó no información, o habiéndola dado no hubiera sido suficiente como para formar opinión, la calificación debía efectuarse con la letra “E” y el aditamento “sin información suficiente”.
Que en el descargo efectuado “S&P” aduce que la interpretación de las normas contenidas en las metodologías de calificación registradas por las calificadoras, no puede llevarse a cabo de manera literal, de manera tal que torne a dichas metodologías en un modelo o estructura rígida y sin margen de opinión para la calificadora, requiriendo su modificación cada vez que cualquiera de esas normas deba ser aplicada en el contexto de circunstancias extraordinarias y no previstas.
Que quien califica riesgos debe estar al procedimiento previamente elaborado en su Manual de actuación, lo cual no permite una vez que el Organismo de contralor detectó la infracción, invocar que no se atuvo a su manual de procedimientos porque ocurrió un riesgo que no tenía previsto, o bien, que de acuerdo a su interpretación no debía calificarse de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos, ya que ello implicaría en el primer caso poner en duda la capacidad técnica de la propia entidad, y en el segundo, la intencionalidad manifiesta de no dar cumplimiento a las normativa establecida al efecto.
Que por tal motivo, si bien las normas escritas pueden ser interpretadas, ello debe ser efectuado de acuerdo al sentido literal y al espíritu de las mismas, pero nunca en sentido contrario, ya que no es aceptable en un Estado de Derecho, tener normas escritas para luego interpretarlas según las circunstancias o de acuerdo a las conveniencias económicas del cliente de turno.
Que ello no puede ser de otro modo, ya que la CNV debe actuar en el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual obviamente no puede quedar librado a la discrecionalidad y arbitrio de la sociedad calificadora.
Que asimismo la entidad sumariada, entiende que tomó en consideración todas y cada una de las informaciones que consideró relevantes para opinar respecto de la calidad crediticia de tales emisiones, sobre la base de una completa y razonable interpretación de sus metodologías de calificación, y que concluyó que la calificación “E” no era aplicable a una situación en los cuales los Auditores Externos se abstenían de opinar por razones distintas a las que hubieran de otro modo determinado tal calificación, calificando de tal forma a los programas como “raAAA”.
Que partiendo de la argumentación de esta defensa, si efectivamente la calificadora tomó en consideración todas las informaciones relevantes y efectuó un correcto análisis de las circunstancias socio-económicas del País en aquel momento, y en circunstancias que los auditores externos se abstenían de opinar, no se interpreta cómo calificó a los programas como “raAAA”, calificación –como ya hemos señalado- que es la mas alta de la escala de calificaciones locales para la República Argentina de “S&P”, afirmando a su vez que la capacidad del emisor de hacer frente a los compromisos financieros, era sumamente fuerte.
Que son entonces evidentes las contradicciones en que incurre la defensa en sus descargos, por un lado intenta sustentar su posición en la situación del país a fines de 2001 y principios de 2002, y por otro validar las razones por las cuales a su juicio las entidades calificadas estaban en condiciones tales que impedían catalogarlas con letra “E”, cuando los propios Auditores ante la situación reinante no emitían opinión sobre los estados contables.
Que en este estado, cabe destacar que la CNV por imperio del Decreto Nº 656/92 y del art. 4º del Cap. XVI las NORMAS (N.T.2001) actúa con el objeto de cumplir la finalidad tenida en mira por el P.E.N. para su dictado, que es la transparencia de los mercados, que -por otra parte- los propios sumariados han consentido en la medida que no han cuestionado las facultades el Organismo, ni las normas aplicables.
Que no resulta casual entonces, que la propia Jurisprudencia de los Tribunales del País, al referirse a situaciones como las que nos ocupan en las presentes actuaciones haya dicho que: “…dado los intereses en juego y las modalidades propias del ámbito que se regula es lógico la exigencia de múltiples recaudos establecidos a veces por la misma ley y otras en las reglamentaciones de la COMISION NACIONAL DE VALORES que tienden al control, eficacia, seguridad y transparencia de los mercados. Ello hace que el incumplimiento de los mismos configuren como infracciones (art. 10 de la Ley Nº 17.811) mas allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar, ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal (C.F.A. Mendoza Sala B 01.09.00 Expte. Nº 66184-B-3743 Bolsa de Comercio de San Juan s/Verificación” 28.08.95).
Que en atención a lo expuesto, pierde total relevancia la argumentación de la falta de perjuicio ya que, como queda dicho, nos encontramos ante una reglamentación de carácter formal a la que deben someterse quienes intervienen en el sistema y, su quebrantamiento ya sea por acción u omisión, constituye una falta sancionable en los términos del art.10 de la ley 17.811.
Que por tal motivo, se interpreta que las entidades calificadoras de riesgo, que se encuentran bajo el contralor de la CNV deben necesariamente dar cumplimiento a la normativa respectiva en sus calificaciones ateniéndose a su Manual de Procedimientos, ya que la función de calificar no es un simple negocio destinado exclusivamente a producir dinero, sino que la función primordial que poseen dichas entidades es la de dar una opinión veraz, efectiva y calificada de los estados contables de las empresas, conjuntamente con el análisis de los demás elementos de juicio que da cuenta el art. 13 del Decreto Nº 656/92, lo cual resulta de fundamental importancia a los efectos de que el potencial inversor adopte los debidos recaudos para direccionar su inversión.
V) Modificaciones al Manual de Procedimientos
Que con posterioridad a las modificaciones introducidas en las definiciones de las “Calificaciones Institucionales” aprobadas por la Resolución Nº 14.122, “S&P” solicitó ante esta CNV el registro de una nueva versión de los “Criterios de Calificación de Deuda / Calificaciones Institucionales”, que fue aprobada por Resolución Nº 14.514 del 22 de mayo de 2003.
Que en el año 2004, “S&P” registró otra modificación de los “Criterios de Calificación: Títulos de Deuda / Calificaciones Institucionales – Calificación Institucional de Entidades receptoras de depósitos de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones – Calificación de Líneas de Crédito tomadas por Compañías con Entidades Financieras locales o del exterior”, lo cual fue aprobado por Resolución Nº 14.896 del 02 de septiembre de 2004.
Que estas nuevas modificaciones al Manual de Procedimientos de “S&P” deben ser consideradas como circunstancias atenuantes de la sanción a aplicar, en atención a que esa entidad calificadora con posterioridad, modificó la parte pertinente del Manual que diera lugar a la instrucción del sumario.
Que por todo lo expuesto, debe tenerse por probada la infracción al art. 4º del Cap. XVI de las NORMAS (N.T. 2001), y destacarse que los administradores de la calificadora no han producido prueba tendiente a demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, como el deber de controlar la actividad del consejo de calificación y por ende dar cumplimiento a la obligación del buen hombre de negocios que le impone el art. 59 en función del art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales y el art. 24 del Decreto Nº 656/92, razón por la cual habrá de aplicarse a la entidad y a los sumariados la sanción de multa prevista por el art. 10 inc. b) de la Ley Nº 17.811.
Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 10 y 12 de la Ley Nº 17.811
ARTICULO 1º.- Aplicar a “STANDARD & POOR’S INTERNATIONAL RATING LLC. SUCURSAL ARGENTINA” la sanción de multa por valor de pesos VEINTE MIL ($ 20.000) la que será solventada en forma solidaria por los directores a la época de los hechos investigados Sra. Catherine DAICOFF, Sres. Michael SHINAL, Eduardo Enrique REPRESAS, y Alfredo Lauro ROVIRA y los miembros del Consejo de Calificación, Sres. Juan Pablo DE MOLLEIN, Cristian KRÖSSLER y Gabriel CARACCIOLO en orden a la comprobada infracción al art. 4º del Cap. XVI de las NORMAS (N.T.2001).
ARTICULO 2º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES dentro del plazo de quince (15) días hábiles. En caso de que el pago se efectivice fuera del término estipulado, la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los intereses correspondientes (art. 10 bis del Decreto Nº 677/01).
ARTICULO 3º.- Regístrese, notifíquese con copia autenticada de la presente resolución a todos los sumariados y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para su publicación en el Boletín Diario de esa Institución, e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar
FIRMADO: Narciso MUÑOZ – Presidente; Dr. Emilio FERRE – Director; Dr. José Luis PUNGITORE - Director.

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