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VII.- CONCLUSIONES - Comunidades autónomas y competencias sobre las universidades
Comunidades autónomas y competencias sobre las universidades
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A la vista de todo lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que:
El artículo 27.10 de la Constitución española reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la ley establezca, habiéndose configurado la mencionada autonomía universitaria -según la doctrina del Tribunal Constitucional- como un derecho fundamental.
El afirmar que la autonomía universitaria del artículo 27.10 de nuestro Texto Constitucional es un derecho fundamental supone que el legislador al desarrollarlo deberá respetar su "contenido esencial", y, por tanto, su capacidad para constreñirlo o moldearlo restrictivamente es muy limitada.
Las competencias en el ámbito universitario están compartidas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades. En consecuencia, se produce una doble limitación del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma: por un lado, debido a una mayor incidencia de la normativa básica del Estado en el nivel universitario (artículos 149.1.1, 149.1.15, 149.1.18 y 149.1.30); y, por otro lado, a causa de la asunción de competencias por las Universidades, como consecuencia de la autonomía de éstas consagrada en el último apartado del artículo 27 de la Constitución. Además, debemos tener presente la incidencia del Consejo de Universidades.
La legislación que incide en el ámbito universitario no se circunscribe a la Ley de Reforma Universitaria y a sus normas de desarrollo, por el contrario debe tenerse muy en cuenta la legislación estatal y, en su caso, las legislaciones emanadas de las comunidades Autónomas. Todo ello constituye el bloque normativo en cuyo marco ha de situarse la atribución y el ejercicio de las competencias universitarias.
Esta concurrencia de competencias introduce una nota de inseguridad jurídica para los componentes de la comunidad académica. Efectivamente, una vez delimitados los bloques normativos que inciden en el ámbito universitario, hay que iniciar la labor de precisar la norma jurídica aplicable al caso concreto utilizando la interpretación y las técnicas jurídicas de jerarquía y distribución de competencias. Todo ello con el objetivo de desenredar el entramado normativo.
Las Universidades, por las vías judiciales pertinentes, podrán impugnar los actos y disposiciones sin rango de la ley de las Comunidades Autónomas.
Como reverso de lo anteriormente expuesto, haya que indicar que los actos y disposiciones que las Universidades adopten y aprueben podrán ser controlados por las Comunidades Autónomas, en los supuestos que incidan en su ámbito de competencias.
La autonomía no es radicalmente incompatible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias de las Universidades, siempre que se configure de forma extremadamente restrictiva y en casos de extrema gravedad. Es incuestionable, en cambio, que repugna jurídicamente que las decisiones adoptadas en su ámbito de competencias puedan ser objeto de algún control de oportunidad.
La realidad nos muestra que se han producido mayores conflictos cuando la competencia en el ámbito universitario ha sido asumida por la Comunidad Autónoma (v.gr. aprobación de Estatutos, nombramiento de Rector, etc.).
Almagro, Junio 1994
Cfr. TORRES DEL MORAL, Antonio: Principios de Derecho Constitucional español, +tomo Ediciones, Madrid, 1998, vol. I, pág. 364.
Preámbulo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma Universitaria (Boletín Oficial del Estado núm. 209, de 9 de septiembre de 1983).
La disposición final tercera del mencionado Texto Legal establece: "Tienen carácter de Ley Orgánica los preceptos que se contienen en los títulos preliminar, 4º y 8º de la presente Ley, así como esta disposición final tercera"; es decir, los artículos 1 a 4, el título "Del estudio en la Universidad" -arts. 25 a 32-, el título "De las Universidades privadas" -arts. 57 a 59- y la transcrita disposición final tercera. No tienen este carácter los artículos 27, apartado 6, y 32 de esta Ley, según la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1987, de 27 de febrero.
Cfr. ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel: "En torno al concepto de autonomía universitaria. (A propósito de algunos caracteres del régimen universitario español. En especial, sus implicaciones funcionariales)" en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 51, 1986, pág. 367.
Cfr. BLAS ARITIO, Francisco de Asís: "La distribución de competencias de L.R.U.: Análisis de situaciones"(ponencia presentada en las Jornadas sobre Autonomía Universitaria que el Consejo de Universidades celebró en Palma de Mallorca los días 21 y 22 de septiembre de 1989) en Boletín de Información Universitaria (monografía La autonomía Universitaria), diciembre 1989, pág. 118.
En este sentido, Jesús LEGUINA VILLA y Luis ORTEGA ÁLVAREZ ("Algunas reflexiones sobre la autonomía universitaria" en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 35, 1982, pág.549) afirman que "la autonomía implica una determinada libertad de autodisposición sobre los asuntos o materias que afectan a los intereses propios o peculiares del ente en cuestión. Lo que significa, obviamente, por vía negativa, que los órganos generales del Estado no ejercen, ni pueden ejercer, la totalidad del poder público".
Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: "La autonomía universitaria" en Revista de Administración Pública, núm. 117, 1988, pág. 21.
Un detenido análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encontramos en: OLIVER ARAUJO, Joan y REUNÉS VIVES, Jerónimo: L`autonomia universitària de la Universitat de les Illes Balears.(Un cometnari al canvi d`Estatuts ), Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1990, en especial su capítulo I, págs. 17-35; OLIVER ARAUJO, Joan: "Alcance y significado de la "autonomía universitaria" según la doctrina del Tribunal Constitucional" en Revista de Derecho Político, nüm. 33, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1991, págs. 77.98; SANCHEZ BLANCO, Angel: "El derecho fundamental a la autonomia universitaria"(comunicación en las jornadas de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado) en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 22, 1988, págs. 155-168; SOUVIRÍN MORENILLA, Jose María: La universidad española. Claves de su definición y régimen jurídico institucional, Universidad de Valladolid, 1988; LEGUINA VILLA, Jesús: "La autonomía universitaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional"(ponencia presentada en las Jornadas sobre Autonomía Universitaria que el Consejo de Universidades celebró en Palma de Mallorca los Días 21 y 22 de septiembre de 1989) en Boletín de Información Universitaria (monografía La Autonomía Universitaria), diciembre 1989, págs. 131-145; LOPEZ-JURADO ESCRIBANO, Francisco de borja: La autonomía de las Universidades como derecho fundamental: La construcción del Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1991; MARTINEZ VAL, José María: "La autonomía universitaria ante el Tribunal Constitucional" en Revista General de Derecho, núms. 541-542, vol. I, págs. 6439-6460.
La Sentencia 26/1987, de 27 de febrero, fue dictada por el Pleno del Tribunal constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Diez-Picazo, y Ponce de Leon, don Antonio Truyol Serra, don Fernando Garcia-Mon y Gonzalez Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Diaz Eimil, don Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo Ferrer, don Jesus Leguina Villa y don Luis Lopez Guerra, magistrados. Hay tres votos particulares formulados por los magistrados don Luis Diez-Picazo y Ponce de Leon, don Francisco Rubio Llorente (al que se adhiere don Eugenio Diaz Eimil) y don Angel Latorre Segura.
La Sentencia 55/1989, de 23 de febrero, fue dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Gloria Begué Cantón, Presidenta, y don Ángel Latorre Segura, don Fernando Garcia-Mon y Gonzalez-Regueral, don Carolos de la Vega Benayas, don Jesus Leguina Villa y don Luis Lopez Guerra, magistrados. No hay votos particulares.
La Sentencia 106/1990, de 6 de junio, fue dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Francisco Rubio Lloresnte, don Antonio Truyol Serra, Don Fernando Garcia-Mon y Gonzalez Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Diaz Eimil, don Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesus Leguina Villa, don Luis Lopez Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodriguez Bereijo y don Vicente Gimeno Sendra, magistrados. No hay votos particulares.
Dentro de la línea doctrinal que se niega a conceptuar la autonomía universitaria como un derecho fundamental y se inclina, más o menos decididamente, por la tesis de la garantía institucional, pueden verse los siguientes trabajos: FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: "Artículo 27" en Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978 (dirigidos por öscar Alzaga Villaamil), Edersa, Madrid, 1983, tomo III, pág. 197; LINDE PANIAGUA, Enrique: "La autonomia universitaria" en Revista de Administración Pública, núm. 84, 1977, pág 369; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; Tomás-Ramón: La autonomía universitaria: Ämbito y límites, Civitas, Madrid, 1982, pág. 50; ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel: "En torno...", op. cit., págs. 370 y 372; SANCHEZ BLANCO, Angel: "El derecho...", op. cit., esp. gágs. 159-161.
En contraste con la anterior interpretación, otros autores entienden que, tras la Constitución de 1978, la consideración de la autonomía universitaria como un derecho fundamental es un punto de partida insoslayable. Así, LEGUINA VILLA, Jesús y ORTEGA ÁLVAREZ, Luis: "Algunas reflexiones...", op. cit., págs. 550-551; CODINA VALLVERDÍ, José Ramón: "Introducción" al tomo II de Legislación universitaria (Estatutos de las Universidades), Consejo de Universidades, Editorial Tecnos, Madrid, 1986, pág. IX; NIETO, AlejandroX "Autonomía política y autonomía universitaria" en Revista del Departamento de Derecho Político, núm. 5, invierno 1979-1980, pág. 89.
En el proceso constitucional provocado por el recurso de inconstitucionalidad número 794/1983, el representante del Gobierno Vasco y el Abogado del Estado mantuvieron, en este punto, posiciones antagónicas. El primero sostuvo que la autonomía universitaria es un derecho fundamental, en tanto que el segundo argumentó a favor de la tesis de la garantía institucional.
De acuerdo con el primer párrafo del artículo 53 de la Constitución, los derecho y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título primero "vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derecho y libertades".
Sentencia 26/1987, de 27 de febrero, antecedente 3º.2 y fundamentos jurídicos 2º y 3º.
Voto particular que formula el magistrado don Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN a la Sentencia 26/1987, de 27 de febrero, que decide el recurso de inconstitucionalidad número 794/1983.
Cfr. LEGUINA VILLA, Jesús: "La autonomía universitaria...", op. cit., págs. 131 y sig.
Argumentando a favor de relativizar la opción garantía institucional-derecho fundamental, el Tribunal añade:X "Podría, pues, eludirse el tema para dar respuesta a las impugnaciones concretas que hace el recurso, porque lo que la Constitución protege desde el ángulo de la garantía institucional es el núcleo básico de la institución, entendido -siguiendo la Sentencia de este Tribunal 32/1981, de 28 de julio- como preservación de la autonomía "en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la consciencia social en cada tiempo y lugar". U no es sustancialmente distinto lo protegido como derecho fundamental puesto que, reconocida la autonomía de las Universidades "en los términos que la ley establezca" (art. 27.10 de la CE), lo importante es que mediante limitaciones o sometimientos que la conviertan en una proclamación teórica, sino que respete "el contenido esencial" que como derecho fundamental preserva el artículo 53.1 de la Constitución" (fund. juríd. 4º stc 26/1987).
Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987, de 27 de febrero, fundamento jurídico 4º.
El magistrado don Luis DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, en el Voto particular que formula a la Sentencia 26/1987, no comparte la idea de que exista un derecho fundamental a la autonomía universitaria, en los términos en que esta Sentencia lo reconoce, y está más cerca de la tesis de la garantía institucional. El Magistrado don Francisco RUBIO LLORENTE, en el Voto particular que formula a la Sentencia 26/1987 (al que se adhiere el magistrado don Eugenio Diaz Eimil), afirma: "Las instituciones jurídicas no cambian necesariamente de naturaleza en función de cuál sea su protección procesal, y una garantía institucional no deja de serlo por el hecho de estar protegida por el recurso de amparo. (...) Las garantías institucionales... no son, en la doctrina que establece estas distinciones, sino variedades de los derecho fundamentales (...). De hecho, sin embargo, la definición de la autonomía universitaria como derecho fundamental... es utilizada para convertirla en una especie de proyección inconcreta de un derecho fundamental nuevo, el de libertad académica, cuyo sujeto no es ya la Universidad, sino otra entidad carente de personalidad jurídica, que es llamada comunidad universitaria, y para eludir el análisis de la remisión que el artículo 27.10 de la Constitución hace a los términos que la ley establezca".
El Tribunal Constitucional define la autonomía universitaria en nuestro sistema constitucional como un derecho fundamental en base a cuatro argumentos o consideraciones: a) el argumento del locus, ubicación o encuadramiento; b) el argumento gramatical; c) el argumento de la voluntad del constituyente; y d) el argumento teleológico o finalista.
Preámbulo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria (Boletín Oficial del Estado, núm. 209, de 9 de septiembre de 1983).
Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992, pág. 130. En cuanto al problema de su denominación, también pude verse el libro del profesor Andrés RIBAS MAURA: El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1988, págs. 21-25.
Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco: Derecho Administrativo Español, EUNSA. Pamplona, 1993, pág. 346.
Dejamos aparte los procedimientos excepcionales de interés singular.
Cfr. VIVIER PI-SUÑER, Carles: Constitución. Conocimiento del Ordenamiento Constitucional, Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1985, pág. 152.
Cfr. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: Fundamentos de Derecho Administrativo I Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid, 1988.
Cfr. LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, Francisco de Borja: La autonomía de las Universidades..., op. cit., pág. 66.
Las competencias del Estado en materia de enseñanza universitaria se fundamentan en los siguientes preceptos constitucionales: Art. 27.10 ("Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los Términos que la ley establezca") y art. 149.1, apartados 1, 15, 18 y 30 ("149.1: 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. (...) 15ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica (...) 18ª Las bases del régimen estatuario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; de todas las Administraciones Públicas. (...) 30ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia").
Cfr, CHAVES GARCÍA, José Ramón: Organización y gestión de las Universidades Públicas, PPU, Barcelona, 1993, págs. 255-256.
Cfr. BLAS ARITIO, Francisco de Asís: "La distribución de competencias...", op. cit., pág. 117.
Cfr. CHAVES GARCÍA, José Ramón: La Universidad Pública española: configuración actual y régimen jurídico de su profesorado, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1991, pág. 35.
Cfr. DIEGO CASALS, Juan Luis: Las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de educación, HAEE/IVAP, Oñati, 1989, pág. 122.
Cfr. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Francisco J.: "Organismos representativos: las Universidades" en Los organismos autónomos en el Derecho Público español: tipología y régimen jurídico, INAP, 1987, pág. 419.
Cfr. LEGUINA VILLA, Jesús y ORTEGA ÁLVAREZ, Luis: "Algunas reflexiones...", op. cit., págs. 558 y 559; y LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, Francisco de Borja: La autonomía de las Universidades..., op. cit., págs. 68 y 69.
Cfr. LÓPEZ GUERRA, Luis: "La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de educación" en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 7, enero-abril 1983, pág. 333.
Art. 16 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco; art. 15 de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cataluña; art. 31 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia; art. 47 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de integración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; y art. 34 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias; y art. 35 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía par la Comunidad Valenciana (Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias de competencias a Valencia.
Lo más destacable de la Ley Orgánica 9/1992 es quizá lo siguiente: a) Se equiparan sustancialmente (sic) las competencias de las Comunidades del artículo 143 con las del artículo 151.2 de la Constitución. b) Resuelve los problemas que planteaba el hecho de la falta de homogeneidad entre los Estatutos del 143, que se manifestaba incluso en diferencias de terminología. c) Se emplea el vocablo "transferencia", con lo que parece que se quiere resolver el problema que plantea el 150.2 de la Constitución -que habla de "transferir o delegar"- de si se regula en él una o dos instituciones distintas: transferencia de titularidad o transferencia del simple ejercicio. Sin embargo, y a la vista de lo que dice el artículo 21, parece que en esta fase hay una mera transferencia de ejercicio únicamente. d) Se hace una transferencia general de competencias (común para todas las Comunidades del 143), y, además, transferencias específicas para determinadas Comunidades Autónomas. e) La transferencia general se ordena distinguiendo tres tipos de competencias: exclusivas, de desarrollo y ejecución, y de ejecución únicamente. con esto se confirma lo que algunos habían sostenido desde los inicios del proceso constitucional: que asumir una competencia con carácter exclusivo implica asumir potestad legislativa en esta materia. Así pues, hay competencias en que se permite legislar a esas Comunidades del 143, competencias en que pueden sólo dictar reglamentos y actos jurídicos (en su caso, materiales) de aplicación, y competencias respecto de las que sólo pueden producir actos de aplicación. Cfr. GONZALEZ NAVARRO, Francisco: Derecho Administrativo..., op. cit., págs. 359 y 360.
Art. 18 de la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias; art. 26 de la Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo, sobre reforma del Estatuto de Cantabria; art. 12 de la Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo, de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja; art. 16 de la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; art. 41 de la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón; art. 37 de la Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; art. 13 de la Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Extremadura; art. 15 de la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de Marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares; art. 30 de la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid; y art. 27 bis de la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Castilla-León.
También ocurrirá lo mismo en Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha aun no siendo uniprovinciales.
También ocurrirá lo mismo en Madrid aún siendo uniprovincial.
El Consejo de Universidades está regulado en el título III de la L.R.U. (arts. 23-24). Le corresponden las funciones de ordenación, coordinación, planificación, propuesta y asesoramiento en materia de educación superior (art. 1 del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Universidades). Está compuesto por los siguientes miembros: a) el Ministro del Gobierno que tiene a su cargo las competencias en materia de enseñanza universitaria, que presidirá el Consejo; b) los responsables de la enseñanza universitaria en los consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de enseñanza superior; c) los Rectores de las Universidades públicas; d) quince miembros, nombrados por un período de cuatro años, entre personas de reconocido prestigio o especialistas en los diversos ámbitos de la enseñanza universitaria y de la investigación, designados del siguiente modo: cinco por el Congreso de los Diputados, cinco por el Senado y cinco por el Gobierno. Cuando el Consejo de Universidades, o alguno de sus órganos, delibera acerca de asuntos que conciernen a las Universidades privadas, los Rectores de las Universidades afectadas son convocados a la sesión correspondiente.
Cfr. PARADA VAZQUEZ, José Ramón: Derecho Administrativo. II Organización y empleo público, Marcial Pons, Madrid, 1991, pág. 237, bajo el epígrafe "Entes públicos con autonomía constitucionalmente garantizada. Supuestos autogestionarios".
En cuanto a la naturaleza jurídica de los Estatutos de las Universidades, hay que decir que el Tribunal Constitucional ha sostenido, con sólidos argumentos, que se trata de reglamentos autónomos. En efecto, "los Estatutos, aunque tengan su norma habitualmente en la Ley de reforma Universitaria, no son, en realidad, normas dictadas en su desarrollo; son reglamentos autónomos en los que se plasma la potestad de autoordenación de la Universidad en los términos que permite la Ley". Precisamente por ello, como han destacado tanto el Consejo de Estado en diversos dictámenes como el Tribunal Constitucional en la Sentencia 55/1989, "a diferencia de lo que ocurre con los reglamentos ejecutivos de leyes que para ser legales deben seguir estrictamente el espíritu y la finalidad de la ley habilitante que les sirve de fundamento, los Estatutos se mueven en un ámbito de autonomía en que el contenido de la Ley no sirve sino como parámetro controlador o límite de la legalidad del texto. Y, en consecuencia, sólo puede tacharse de ilegal alguno de sus preceptos si contradice frontalmente las normas legales que configuran la autonomía universitaria, y es válida toda norma estatutaria respecto de la cual quepa alguna interpretación legal" (Sentencia 55/1989, de 23 de febrero, fund. juríd. 4º).
Ahora bien, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y Precios Públicos enb su disposición adicional quinta - adaptación de la Ley Orgánica 11/1983- establece: "A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las tasas académicas y demás derechos a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria, tendrán la consideración de precios públicos y se fijarán y regularán de acuerdo con lo establecido en el citado artículo".
Cfr. MARTINEZ VAL, José María: "La autonomía universitaria...", op. cit., pág. 6454.
Cfr. BLAS ARTITIO, Francisco de Asís: "La distribución de competencias...", op. cit., pág. 120.
En especial, respecto al régimen jurídico del profesorado universitario (el artículo 44.1 de este mismo precepto determina: "El profesorado universitario se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación de funcionarios que le sea de aplicación y, en su caso, por las disposiciones de desarrollo de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos de su Universidad") y del personal de administración y servicios (el artículo 49.3 de la mencionada L.R.U. indica: "El personal de Administración y Servicios se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación de funcionarios que le sea de aplicación y, en su caso, por las disposiciones de desarrollo de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas y por los Estatutos de su Universidad") de las Universidades.
Dejamos de lado, con la finalidad de centrar el objeto de nuestra ponencia, los conflictos que puedan surgir entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Los cuales han llegado y, sin duda, seguirán llegando al Tribunal Constitucional. Así, entre otros pronunciamientos y aparte del que dio origen a la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1987, debemos destacar: a) La Sentencia del Tribunal Constitucional núm 146/1989, de 21 de septiembre (ponente Antonio Truyol Serra), que decalra que el Real Decreto 1888/1984, de 26 de diciembre, que regula los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, no infringe las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. b) La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 235/1991, de 12 de diciembre (ponente Vicente Gimeno Sendra), que estima parcialmente los conflictos positivos de competencia acumulados promovidos por el Gobierno del País Vasco y por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario. En efecto, la mencionada Sentencia declara que "los arts. 9.7 (en cuanto prohibe el incremento de profesorado), 10.1 (en cuanto especifica el contenido del calendario académico, lo relativo a su aprobación por el Coseno Social y exigencia de que conste en el tablón de anuncios) y 16.1 (en cuanto que atribuye la inspección del funcionamiento de los servicios de la Universidad al Servicio de Inspección) del Real Decreto 898(1985, de 30 de abril, sobre Regímenes del Profesorado Universitario, invaden las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña". c) La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 90/1992, de 11 de junio (ponente Carlos de la Vega Benayas), que desestima los recursos de inconstitucionalidad acumulados planteados por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y por el Presidente del Parlamento de Cataluña contra determinados artículos de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (en concreto, los arts. 1, 6, 7, 12, 13, 14.a y 16 y la disposición adicional 5ª del mencionado Texto legal).
Cfr. AGUILÓ LÚCIA, Lluís y MARCO ABATO, Marcos: "Autonomía universitaria y autonomía territorial" ponencia presentada en congreso de Estado de las autonomías: balance y perspectivas, Gerona, 1989, 17 folios mecanografiados, pág. 11.
De esta forma, debemos considerar superada la tesis que estimaba que, siendo la Universidad un órgano de la Administración del Estado y, no obstante, de tener reconocida personalidad jurídica, su alcance sólo jugaba con plenitud de efectos en las relaciones con terceros, o externas, y limitadamente frente a la Administración del Estado a la que está adscrita a través del mecanismo jurídico de la tutela.
El profesor José Ramón PARADA VÁZQUEZ (Derecho administrativo, op. cit., pág. 217) se refiere a las Universidades como "entes públicos con autonomía constitucionalmente garantizada"; y el profesor Francisco J. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID ("Organismos...", op. cit. pág. 497) las conceptúa como "organismos autónomos representativos".
Sobre esta última vía tutelar puede verse la excelente monografía del profesor Joan OLIVER ARAUJO: El recurso de amparo, Universidad de las Islas Baleares, 1986. También resulta útil consultar el trabajo de Ängel SÁNCHEZ BLANCO: "El derecho...", op. cit., pág. 162
Cfr. LEGUINA VILLA, Jesús: "La autonomía...", op. cit., págs. 6-7.
Así, el artículo 22 de la tantas veces aludida Ley de Reforma Universitaria establece: "Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa".
Cfr, BLAS ARITIO, Francisco de Asís: "La distribución de competencias...", op. cit., pág. 121.
Sentencia 26/1987, de 27 de febrero, fundamento jurídico 4º.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 106/1990, de 6 de junio precisó que: "La competencia de las Universidades para elaborar sus propios Estatutos y demás normas de funcionamiento interno es, sin duda, una garantía de la autonomía universitaria, y así lo establece y proclama el art. 3.1 y 2.a de la L.R.U., pero ello no supone, en modo alguno, que pueda desorbitarse esa competencia del ámbito de funcionamiento interno que le es propio hasta el extremo de configurarla como una facultad tan absoluta que venga a constituir obstáculo insuperable al ejercicio de las potestades que confieren la constitución y, en su caso, los Estatutos de Autonomía al Estado y a las Comunidades Autónomas para crear, organizar y modificar las estructuras básicas universitarias en la manera que estimen más adecuada a la buena gestión del servicio público de la enseñanza superior, siempre que con tal ejercicio no se impida a las Universidades su potestad de autonormación interna de dichas estructuras, en cuya previa existencia encuentran su posibilidad de ejercicio y a la cual, por consiguiente, viene éste condicionado".
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Aprueba reglamento de la ley 19. 848 Que regula el proceso de reprogramación de las deudas mantenidas con los fondos solidarios de...
Vista su Decisión, de 14 de marzo de 2012, sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato...

References: artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 143
 artículo 151
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 54
 artículo 44
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22