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Timestamp: 2019-11-18 07:18:43+00:00

Document:
STC 97/2003, 2 de Junio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 184636
STC 97/2003, 2 de Junio de 2003
Número de Recurso: 2134/98
En el recurso de amparo núm. 2134/98 promovido por doña Ángela R.H., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistida por el Abogado don Alberto Durán Ruiz de Huidobro, contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio de Justicia de 30 de septiembre de 1996, y la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de marzo de 1998, aclarada por Auto de 18 de mayo de 1998, que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 1902/96 promovido contra la citada resolución administrativa. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 11 de mayo de 1998 y registrado en este Tribunal el siguiente día 13 de mayo, la Procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de doña Ángela R.H., interpuso recurso de amparo constitucional contra la resolución administrativa y Sentencia citadas en el encabezamiento.
Mediante Resolución de 30 de septiembre de 1996, el Subsecretario del Ministerio de Justicia dispuso el traslado en comisión de servicios de la demandante de amparo, funcionaria del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, desde el puesto de programador de segunda que ocupaba en la Secretaría General de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado a otro en el Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Cuentas, al objeto de poder atender las necesidades advertidas en este último Servicio "en orden a la adaptación de los medios ofimáticos a los equipos existentes".
Contra esta resolución, que consideraba constituía en realidad una sanción encubierta justificada, además, en unas imputaciones falsas sobre el supuesto desempeño desleal de sus funciones, la demandante de amparo interpuso ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurso contencioso-administrativo por el cauce regulado en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, alegando la lesión de los siguientes derechos constitucionales: 1) derecho a permanecer en los cargos públicos con arreglo a lo dispuesto en las leyes, reconocido en el art. 23.2 CE; 2) derecho a no ser discriminado por razón de sexo; 3) el derecho al honor; 4) derecho a la libertad de expresión; 5) derecho al principio de legalidad en materia sancionadora; y 6) derecho a la defensa. En el escrito de formalización de la demanda, la actora, por medio de otrosí, solicitó el recibimiento a prueba del proceso, especificando los puntos de hecho sobre los que habrían de versar, tal y como exigía el art. 74 LJCA de 1956, entonces vigente.
Por Auto de fecha 16 de junio de 1997, la Sección Novena de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró no haber lugar al recibimiento a prueba interesado en la demanda, al considerar que los puntos de hecho propuestos coinciden, "en esencia, [con] los datos fácticos que constan en el expediente administrativo", y, principalmente, "por no haberse negado la autenticidad o legitimidad de los hechos de la demanda y por estimar la Sección que su práctica es intranscendente e irrelevante a los fines de la resolución de este proceso". Frente a este Auto, la demandante dedujo recurso de súplica denunciando el carácter formulario y estereotipado del modelo utilizado por la citada Sección para dictar la citada resolución judicial, "que no guarda relación con el objeto del proceso" y carece, por tanto, de la imprescindible y suficiente motivación, y la infracción, por esta razón, del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
Mediante escrito fechado el 16 de marzo de 1998, la demandante se opuso al Auto anterior, solicitando su anulación por infringir el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley que garantiza el art. 24.1 CE, "al haberse dictado por una Sala que ha alterado su composición sin que previamente se haya notificado a esta parte tal circunstancia". En el citado escrito la demandante solicitaba subsidiariamente que la Sala acordara el recibimiento a prueba del pleito como diligencia para mejor proveer.
Lo que no impidió que ya antes, el día 25 de marzo de 1998, la Sección Novena, constituida ahora por cinco Magistrados, dictara Sentencia, desestimando íntegramente la demanda deducida, y rechazara, por tanto, todas las infracciones de derechos constitucionales alegadas en la demanda y que la Sentencia concluye advirtiendo se fundan en una versión de los hechos "que no aparece corroborada por circunstancia alguna, no habiéndose obtenido en el expediente administrativo ningún dato que opere como indicio al respecto, siendo absolutamente distintas las razones argüidas por [las] partes".
Por nueva providencia de 5 de mayo de 1998, la citada Sección acordó admitir a trámite el recurso de súplica que había quedado pendiente de resolución y dar traslado del mismo a las partes para alegaciones.
Paralelamente a las actuaciones que acaban de recordarse y que tienen por objeto común los cambios producidos en la composición del órgano judicial, el día 17 de abril de 1998, la demandante solicitó la aclaración de la Sentencia a fin de que la Sala indicara, de un lado, "si es o no firme y, en su caso, los recursos procedentes", y, por otro, quién es la "entidad codemandada" a que alude la Sentencia en sus antecedentes de hecho.
Por Auto de 18 de junio de 1998, la Sección Novena desestimó el recurso de súplica interpuesto contra su providencia anterior de 16 de marzo de 1998, y, en su virtud, acordó rechazar la petición de nulidad de actuaciones deducida por la demandante, al estimar que la falta de notificación del cambio en la composición de la Sala no constituye por sí solo motivo bastante para acordarla, y advirtiendo que contra esta resolución cabía interponer recurso de casación. Lo que así efectivamente hizo la demandante mediante escrito fechado el 17 de julio de 1998.
También con la misma fecha de 17 de julio de 1998, la demandante interpuso nuevo recurso de súplica, ahora frente a la providencia de 19 de mayo de 1998, denunciando al amparo del art. 248 LOPJ el cauce impropio utilizado por la Sección para advertir que contra su Sentencia no cabía interponer recurso de casación; lo que considera debió hacerse en el Auto de aclaración dictado y no, por tanto, mediante simple providencia. Un nuevo recurso que la demandante advierte se interpone siguiendo las indicaciones de la propia Sección y al objeto de forzar el agotamiento de la vía judicial que eventualmente permita en su caso acudir a la vía de amparo ante este Tribunal Constitucional.
El día 30 de octubre de 1998, la Sección dicta un nuevo Auto y otra providencia. Por el primero declara el error en que había incurrido al conceder a las partes la posibilidad de interponer recurso de casación contra su Auto de 18 de junio de 1998, que ahora advierte era firme e insusceptible de recurso de casación en aplicación del art. 93.2 a) LJCA. Por esta razón, anula en este extremo el citado Auto, que declara firme, y rechaza, en consecuencia, tener por preparado el recurso de casación anunciado por la demandante. Por la segunda, inadmite a trámite el recurso de súplica deducido por la demandante frente a su providencia de 19 de mayo de 1998, que señala carecía "de contenido material, limitándose a suministrar a la interesada cierta información".
Mediante escrito fechado el 11 de diciembre de 1998, la demandante interpuso un nuevo recurso de súplica impugnando el anterior Auto de 30 de octubre, al que imputa ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, tanto porque declara de oficio una nulidad parcial que no había sido solicitada por las partes, como porque lo hace sin dar audiencia. También advierte que este nuevo recurso se interpone nuevamente a fin de "no dejar consentidas resoluciones judiciales radicalmente injustas" que pudieran vedar el paso al amparo constitucional.
En la demanda de amparo se solicita la anulación de la Resolución del Subsecretario del Ministerio de Justicia de 30 de septiembre de 1996 y de la Sentencia de 25 de marzo de 1998, que confirmó la legalidad de la citada resolución administrativa, desestimando el recurso deducido por la demandante en la vía judicial.
Mediante providencia de 14 de junio de 1999, la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que en el plazo de diez días remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 1902/96 y emplazase a quienes hubiesen sido parte en el citado proceso contencioso, con excepción de la parte de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a estos efectos de copia de la demanda presentada. Igualmente ordenó, conforme a lo solicitado por la demandante, formar la correspondiente pieza separada de suspensión, y por nueva providencia también de fecha 14 de junio de 1999, conceder al Ministerio Fiscal y a la solicitante de amparo plazo común de tres días para que formulasen alegaciones al respecto.
El día 28 de junio de 1999, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en la pieza de suspensión. En él, luego de recordar brevemente los hechos que fundamentan la demanda y subrayar que la petición de suspensión se contrae únicamente a la condena en costas decidida por la Sentencia, interesa su desestimación habida cuenta que el perjuicio alegado es de naturaleza económica y, por tanto, en su caso, fácilmente reparable, por lo que estima ha de prevalecer el interés general que está comprometido en la ejecución de las resoluciones judiciales.
Mediante Auto de 15 de julio de 1999 la Sala Primera acordó denegar la suspensión solicitada, por considerar que la condena al pago de las costas procesales no hace perder al amparo su finalidad ni, como advirtiera el Ministerio Fiscal, comporta un perjuicio patrimonial irreversible, aparte de que nada ha acreditado la solicitante que haga pensar razonablemente que el pago de las costas procesales arriesgue la disposición de los recursos mínimos necesarios para la subsistencia de la recurrente.
Por providencia de 13 de septiembre de 1999, la Sala, teniendo por recibido el testimonio de las actuaciones remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como el escrito del Abogado del Estado, a quien se tiene por personado y parte en el recurso, acordó, con arreglo a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas y conceder a las partes personadas plazo común de veinte días para alegaciones.
El Abogado del Estado, mediante escrito registrado con fecha 4 de octubre de 1999, solicitó la desestimación del amparo. Para ello parte de subrayar el reproche de desviación de poder que anima todo el planteamiento de la demanda y que considera está huérfano de cualquier fundamento o indicio razonable. De hecho, en su opinión, no faltan precisamente datos que niegan en forma más que concluyente la verosimilitud de semejante queja. A tal efecto, destaca la condición, nunca discutida por la propia demandante, de funcionaria experta en informática y ofimática; o el hecho, igualmente indiscutido, de la oportunidad y conveniencia de contar con especialistas de este tipo para atender la instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos informáticos y ofimáticos del servicio jurídico del Tribunal de Cuentas; como nada, en fin, considera el Abogado del Estado, ha argumentado tampoco la recurrente acerca de que su nuevo destino le haya resultado particularmente ingrato o gravoso. Circunstancias, todas ellas, que confirman la bondad y la sinceridad de la causa invocada en el acto que dispuso su traslado, y que nada tiene que ver con los ocultos designios vindicativos o represaliadores que le atribuye la demandante por razón de la imputación de "espionaje", que dice recibió, según lo probaría, por lo demás, el hecho, difícilmente comprensible de seguir semejante hipótesis, de que su traslado fuera precisamente al servicio jurídico del Tribunal de Cuentas, al que cabe suponer maneja una información mucho más sensible que la que es propia del departamento de estudios en el que hasta entonces trabajaba la recurrente. Por esta razón, esto es, con la eliminación de cualquier atisbo de desviación de poder en la resolución administrativa, decae con ello también, a juicio del Abogado del Estado, la posibilidad de considerar la lesión de los múltiples derechos constitucionales que la recurrente atribuye a la citada resolución administrativa, al estar conectados causalmente a la apreciación de la citada tacha de ejercicio desviado de la potestad de organización.
El día 18 de octubre de 1999 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones de la demandante de amparo, que reitera los argumentos de la demanda, insistiendo en la relevancia constitucional del vicio de desviación de poder que llamativamente luce en la resolución administrativa que dispuso su traslado, y renovando las tachas constitucionales que atribuye a la Sentencia que confirmó su legalidad .
El 27 de octubre de 1999 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, en el que, tras anotar los hechos más relevantes del caso y recordar los motivos de amparo aducidos por la demandante, analiza a continuación cada uno de ellos siguiendo el mismo orden en que están individualizados en la demanda. Comienza, así, rechazando la queja relativa a la vulneración del Juez ordinario predeterminado por la ley, porque, en su opinión, la demandante no ha acreditado en qué forma el cambio de designación del Magistrado Ponente o la sorpresiva formación de la Sala que dictó la sentencia por cinco Magistrados en lugar de los tres habituales, le habría generado un perjuicio material en sus posibilidades de defensa.
Por providencia de 29 de mayo de 2003 se señaló para votación y fallo de la presente Sentencia el día 2 de junio del mismo año.
La demandante de amparo impugna la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo de 1998, desestimatoria del recurso interpuesto contra la Resolución del Subsecretario de Justicia de 30 de septiembre de 1996, que también recurre en amparo, y que dispuso su traslado desde el puesto que hasta entonces desempeñaba en el Gabinete de Estudios de la Secretaría General de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, a otro en el Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Cuentas.
Según es fácil comprobar, la queja sustancial de la presente demanda de amparo, al igual que sucediera con la alegada en la vía judicial, es la desviación de poder en que supuestamente habría incurrido la Administración al ordenar el traslado de la demandante, intentando disfrazarlo bajo la cobertura formal de una medida de organización justificada en las necesidades del servicio. Un vicio de legalidad ordinaria al que la demandante anuda sin embargo, como ya antes hiciera en la demanda contencioso-administrativa, la lesión de derechos constitucionales y considera que la Sentencia impugnada no sólo no habría reparado oportunamente sino que habría sancionado con carácter definitivo al dar por buenas las razones aducidas por la Administración para justificar el controvertido traslado. Aunque al hacerlo la citada resolución judicial haya incurrido a su vez en las quiebras constitucionales del art. 24 CE que antes se han recordado.
Con arreglo a este planteamiento y siguiendo el mismo orden propuesto en la demanda, bajo la invocación formal del art. 24.2 CE, la demandante de amparo denuncia, en primer lugar, la lesión del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley por un doble motivo: como consecuencia de que, sin previa advertencia ni justificación, el Tribunal designara nuevo Magistrado Ponente; y por razón de la inopinada e injustificada composición de la Sala sentenciadora por cinco Magistrados en lugar de los tres habituales.
La recurrente aduce, en segundo lugar, la infracción del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que garantiza el art. 24.2 CE. Y en prueba de ello, luego de subrayar el carácter urgente de la tramitación del recurso interpuesto en la vía judicial, significa las paralizaciones que habría sufrido el proceso por causas imputables exclusivamente al órgano judicial, que ni siquiera, añade, ha resuelto a la fecha de la presentación de la demanda de amparo todas las cuestiones planteadas.
Tres son, en particular, como certeramente advierte el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, los retrasos que por vía de hipótesis justificarían en el criterio de la demandante la tacha que consideramos. En primer lugar, el retraso que se habría producido desde que el día 6 de noviembre de 1997 la funcionaria demandante presentó el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, hasta que, mediante providencia de 4 de febrero de 1998, el Tribunal le concedió, con traslado del expediente administrativo, trámite para formalizar la correspondiente demanda. En segundo lugar, el producido hasta que el día 27 de febrero de 1998, el citado órgano judicial dictó Auto resolviendo el recurso de súplica interpuesto con fecha de 4 de julio de 1997 contra el Auto denegatorio del recibimiento a prueba del pleito. Y, por último, el que el Tribunal no hubiera resuelto, al tiempo de presentación de la presente demanda de amparo, el recurso de súplica deducido el 1 de abril de 1998 contra su resolución anterior de 16 de marzo, desestimatoria de la nulidad de actuaciones interesada por la recurrente mediante escrito del mismo día 16 de marzo de 1998.
Son claras también las razones que impiden estimar la queja que denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial por razón del vicio de incongruencia omisiva que atribuye a la Sentencia impugnada. Ninguno de los tres motivos aducidos a tal fin en la demanda alberga, en efecto, base suficiente para fundamentar la citada queja constitucional.
En línea con este planteamiento, la demandante denuncia también que los razonamientos empleados por la Sentencia para rechazar que el acto administrativo impugnado en el proceso lesionara los derechos fundamentales alegados en la demanda contencioso-administrativa no satisfacen el deber de motivación de las resoluciones judiciales a que obligan los arts. 24.1 y 120 CE.
Menor vigor tiene, con todo, la queja de la recurrente que, bajo la invocación igualmente del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), denuncia la arbitrariedad y la contradicción en que entiende habría incurrido la Sentencia al admitir parcialmente la versión de los hechos de la demanda para acabar luego negando que esos mismos hechos hubieran quedado probados. Aparte de la escasa argumentación de la demanda en este aspecto, no podemos aceptar el planteamiento de la funcionaria demandante. Basta, en efecto, leer la resolución judicial impugnada para comprobar que el Tribunal utiliza el relato fáctico de la demanda como argumento dialéctico con el que reforzar su tesis desestimatoria, pero sin llegar nunca a admitirlo, como muy bien, por otra parte, se cuida de advertir el propio órgano judicial en los dos pasajes de la Sentencia que a tal fin subraya la recurrente en su demanda de amparo.
Esta conclusión desestimatoria no alcanza, sin embargo, a la alegación relativa al carácter injustificado de la decisión judicial que por dos veces denegó el recibimiento a prueba del pleito solicitado en el proceso administrativo, y que es el reproche central de la queja de la recurrente que, bajo la invocación formal del art. 24.2 CE, denuncia la vulneración del derecho a utilizar las pruebas pertinentes para su defensa.
Como ya consta en los antecedentes, la demandante en el proceso a quo, seguido por el cauce especial de la Ley 62/1978 para protección de derechos fundamentales, instó el recibimiento a prueba conforme a lo prevenido en el art. 74 de la aplicable Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, a la sazón la de 27 de diciembre de 1956, y ateniéndose a los requisitos exigidos por dicho precepto, de tal manera que mediante "otrosí digo" expresó los puntos o extremos de hecho sobre los que habría de versar la prueba, tales como los siguientes:
Convocatoria a dicha comparecencia a través del Ilmo. Sr. Secretario General.
Celebración de la comparecencia.
Contenido de la comparecencia: imputaciones falsas e ignominiosas a mi representada en el transcurso de la misma.
Envío de dos cartas por D. Emilio J.A., anterior Director General del Servicio Jurídico del Estado, al actual Director, en relación con los hechos de la demanda.
Estado de gravidez de la Sra. R.H. en la fecha de la comparecencia ante el Ilmo. Sr. Director General del Servicio Jurídico del Estado el día 30 de septiembre de 1996.
Publicidad de las imputaciones y conocimiento de las mismas por el personal que presta sus servicios en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y por otros funcionarios."
Pues bien, la simple lectura de los Autos que eliminaron la fase probatoria, impidiendo así a la funcionaria demandante la acreditación del presupuesto fáctico sobre el que construía su alegato sobre la imputada desviación de poder, pone de manifiesto que se pronunciaron en un plano de generalidad y abstracción, sin atender a los precisos e individualizados datos que, afirmados por la demandante, no fueron aceptados por la Administración demandada ni por el Ministerio Fiscal, como tampoco atendieron dichas resoluciones judiciales a la relevancia que la prueba de aquéllos hubiera tenido para la adecuada decisión del proceso administrativo y para emitir pronunciamiento sobre la validez del acto administrativo de traslado con todos los elementos de convicción posibles, incluido el fin desviado del acto administrativo impugnado.
Pues bien, a este respecto hemos de partir de la premisa irrefutable de la disconformidad de las partes acerca de los hechos y aseveraciones de la recurrente que fundaron su pretensión anulatoria en el recurso contencioso-administrativo. Y hemos de recordar también que la indicada apreciación judicial de falta de relevancia de la prueba descansa en una pura y simple afirmación apodíctica: "por estimar la Sección que su práctica es intrascendente e irrelevante a los fines de la resolución de este proceso" (fundamento jurídico primero del Auto denegatorio de 16 de junio de 1997), estimando suficiente al efecto la prueba documental obrante en las actuaciones, y así el Auto desestimatorio de la súplica afirma en su fundamento jurídico primero y único que "con los documentos unidos tanto al expediente como al presente procedimiento, es suficiente la aportación de los datos que constan para dilucidar la pretensión de la parte recurrente".
La tesis del Abogado del Estado, que considera suficientes los datos que constaban en el expediente administrativo, corroborados por la certificación aportada con la contestación a la demanda (expedida por el Secretario General del centro directivo de referencia) para justificar la atribución temporal de funciones asignada a la funcionaria demandante por la Resolución del Subsecretario del Ministerio de Justicia de 30 de septiembre de 1996, no puede compartirse. En efecto, tal tesis encuentra respaldo argumental en que los hechos objeto de la prueba solicitada no concernían, en rigor, a ninguna circunstancia o extremo susceptibles de fundar la alegada desviación de poder, sino que simplemente buscaban revelar la supuesta intención encubierta o motivación psicológica de la autoridad administrativa que acordó el controvertido traslado, hipótesis ésta que el representante de la Administración estatal demandada consideraba inverosímil y, lo que es más decisivo, insuficiente por sí misma para fundar la desviada finalidad de la resolución administrativa que dispuso el traslado. Esta tesis de la Abogacía del Estado, invocada en el proceso administrativo a quo en defensa de la corrección jurídica del acto administrativo impugnado, reviste un matiz reduccionista del ámbito del litigio, en los términos planteados por la funcionaria afectada por la atribución de funciones impugnada, pues, según dicha representación procesal, lo único realmente decisivo para ejercer el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa era comprobar si la resolución administrativa contaba con el respaldo de una adecuada causa legal, pero en ningún caso dicho control debiera extenderse a constatar, si con independencia de la formal cobertura del acto impugnado, éste escondía una real y verdadera motivación espuria, como era la que con insistencia venía sosteniendo, con base en un detallado relato de hechos, la funcionaria demandante. Con base en tal entendimiento concluía el Abogado del Estado que el recibimiento a prueba del litigio no era pertinente por irrelevante y, en consecuencia, la Sala procedió con acierto al rechazarlo.
Hemos de insistir en que la tesis de la irrelevancia de la prueba, sustentada por el representante de la Administración demandada, no es convincente. Desde luego, asiste la razón a éste cuando entiende que el vicio de desviación de poder no puede fundarse en opiniones meramente subjetivas, ni en simples conjeturas sobre las recónditas intenciones que pretendidamente habrían motivado la emanación del acto administrativo recurrido.
Las consideraciones expuestas conducen a calificar como irrazonables y arbitrarias las decisiones judiciales que denegaron el recibimiento del proceso a prueba, con la consiguiente indefensión que tal denegación causó a la recurrente. Pues, efectivamente, al modo de lo sucedido en el caso examinado en la STC 14/1997, de 28 de enero, no se trata de que la Sala denegara específicos y concretos medios de prueba por considerarlos impertinentes, sino que denegó sin más la apertura del período probatorio en el proceso contencioso-administrativo. Con ello impidió totalmente el ejercicio del derecho a la prueba por parte de la demandante, lo que, ciertamente, resultaba imprescindible para poder acreditar la versión de los hechos sostenida por la recurrente denunciando la existencia de desviación de poder y desvirtuar, en su virtud, las razones de la Administración. En este sentido, cabe citar la STC 33/2003, de 13 de febrero, FJ 9.
Aunque ciertamente todo lo anterior constituye base suficiente para considerar infringido el derecho constitucional a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, que garantiza el art. 24.2 CE, ello, en puridad de principios, no sería suficiente para otorgar el amparo solicitado. Pues a tal fin no basta con que la denegación del recibimiento a prueba del proceso sea, en efecto, una decisión irrazonable y arbitraria, sino que es preciso también que la falta de actividad probatoria haya causado a la recurrente una real y efectiva indefensión; lo que obliga a que el solicitante de amparo fundamente que la decisión del pleito hubiera podido ser de distinto signo de haberse admitido y practicado la prueba objeto de controversia.
Lo antes razonado conduce al otorgamiento del amparo solicitado. Procede, en consecuencia, la anulación de los Autos de 16 de junio de 1997 y 17 de febrero de 1998, éste confirmatorio en súplica del anterior, que denegaron el recibimiento a prueba del proceso administrativo y, lógicamente, también la de la Sentencia dictada el 25 de marzo de 1998, aclarada mediante Auto de 18 de mayo siguiente, en cuanto dictada en un proceso en el que se vulneró el derecho fundamental de la demandante en amparo a utilizar en su defensa los medios de prueba pertinentes, restableciéndola en el mismo mediante la retroacción de las actuaciones procesales al momento de la apertura del oportuno periodo probatorio. Ello no significa, obvio es decirlo, que nuestro pronunciamiento afecte a la pertinencia de las pruebas propuestas y la valoración de las admitidas y practicadas, extremos cuya determinación incumbe de modo exclusivo a la potestad jurisdiccional de la Sala sentenciadora, pues como señalara la STC 14/1997, antes citada, la fuerza probatoria debe dilucidarse "en el momento posterior de valorar las pruebas pertinentes en el proceso, pero no en el anterior de decidir acerca de la apertura del periodo probatorio".
Otorgar el amparo solicitado por doña Ángela R.H., y en consecuencia:
Reconocer el derecho fundamental de la demandante a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE).
Anular los Autos dictados por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Aadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fechas 16 de junio de 1997 y 17 de febrero de 1998, así como la Sentencia de 25 de marzo de 1998, aclarada por Auto de 18 de mayo de 1998, dictados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1902/96.
Retrotraer las actuaciones judiciales al momento procesal del recibimiento a prueba del mencionado recurso contencioso-administrativo.
ATS, 22 de Noviembre de 2004
STS, 10 de Febrero de 2004
STS 1048/1998, 18 de Noviembre de 1998

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