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Timestamp: 2019-07-19 22:39:31+00:00

Document:
Empleo. Ayudas y subvenciones. Defensor del Pueblo
Reintegro de las bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social por la formación impartida a los trabajadores..
Reintegro de las bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social por la formación impartida a los trabajadores.
Queja número: 15011236
En lo que se refiere a las cuestiones generales referentes a la formación a demanda, dadas las novedades sobre el registro de entidades de formación establecidas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se considera procedente esperar a que culminen los trabajos ya iniciados para el necesario desarrollo reglamentario.
En cuanto al expediente concreto que afecta al señor (…), ha de recordarse que al interesado se le exigió la devolución de las bonificaciones aplicadas en la cuota de la Seguridad Social por el curso de formación realizado por una empleada en el año 2011 (expediente…) y procedió a su reintegro pese a estar disconforme con esta exigencia.
Se trataba de un curso de formación a distancia denominado «Tapas imprescindibles de la cocina española» y los motivos por los que se estimó no conforme la bonificación fueron SG017 «descontada la bonificación aplicada al haberse detectado en la actuación de seguimiento que la formación no se ha impartido y/o desarrollado de acuerdo a la calidad requerida en la normativa» y SG019 «Descontada la bonificación practicada al comprobarse la no acreditación del tutor para esta acción formativa (formación a distancia/teleformación)».
1. La entidad que impartió estas acciones formativas figuraba en la Web de la Fundación Tripartita en el Catálogo de Entidades Organizadoras. La Fundación Tripartita indicaba en la misma página Web que las entidades incluidas, además de haber autorizado su inclusión de forma explícita, debían poseer experiencia como entidad organizadora del sistema de bonificaciones, y no haberse detectado actuaciones irregulares o incidencias en la gestión de las bonificaciones.
2. El artículo 9 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, establece los centros y entidades que pueden impartir formación para el empleo, y entre ellos enuncia «los centros o entidades de formación que impartan formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, siempre que se hallen inscritos en el registro que establezca la administración competente».
La normativa de aplicación adolecía de cierta falta de control previo de los requisitos que debían cumplir los centros y entidades de formación para desarrollar su actividad y de consecuencias legales ante las irregularidades detectadas en su funcionamiento. A este respecto puede apuntarse que en los casos examinados por esta institución, referidos a bonificaciones aplicadas a los años 2011 y 2012, el resultado de «no conforme» con las bonificaciones aplicadas se ha debido a deficiencias en la impartición de las acciones formativas atribuibles a las entidades de formación, pero no consta que se hayan derivado consecuencias para las entidades de formación responsables.
La orden tampoco establece obligaciones de la administración respecto del control de los requisitos que deben cumplir los centros y entidades de formación para el desarrollo de su actividad. La orden sí contempla un control de la administración durante el desarrollo de la actividad y un control ex post (artículo 30), a fin de verificar la ejecución de la acción formativa, el número de participantes, contenido, instalaciones y medios, la entrega de diploma y la documentación justificativa de los costes de la formación. En el caso de la teleformación, modalidad en la que se ha impartido la acción formativa examinada en la presente queja, este control se extiende además a la comprobación de entregas de material, controles de seguimiento del aprendizaje y verificación de soportes didácticos y de la asistencia tutorial.
La cuestión, a juicio de esta institución, estriba en determinar qué incidencias, anomalías o irregularidades en la impartición de la acción formativa pueden considerarse responsabilidad de la empresa en la ejecución de la acción formativa, determinantes de una aplicación indebida de la bonificación, con la consecuencia de la reclamación administrativa de las cantidades constitutivas de la bonificación.
La Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se regula específicamente la formación a demanda, sí enuncia las obligaciones de la empresa beneficiaria en su artículo 5, con el inciso de que se trata de obligaciones de las empresas «además de las previstas en otros artículos de la presente orden». Estas obligaciones se refieren a criterios de contabilidad que permitan conocer los gastos de ejecución, someterse a actuaciones de control, mantener durante cuatro años a disposición de los órganos de control la documentación justificativa de la formación y hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social en el momento de aplicarse la bonificación.
6. Esta institución considera que en supuestos como el examinado, en el que la empresa beneficiaria de la bonificación ha contratado para la impartición de la formación a una entidad externa que tiene como actividad principal la gestión de la formación en empresas y que figuraba en la Web de la Fundación Tripartita en el Catálogo de Entidades Organizadoras, la obligación de reintegro de la bonificación por bonificación indebida o fraudulenta debe estar circunscrita a los supuestos en los que se aprecie una actuación fraudulenta de la empresa en la participación de los trabajadores en la acción formativa o incumplimientos de las obligaciones que expresamente le imponen el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, pero no puede extenderse a irregularidades en la impartición de la acción formativa referidas a la correcta ejecución de la acción formativa, cualificación del tutor para impartirla, suficiencia de controles de aprendizaje o material pedagógico facilitado a los participantes en la acción formativa, como ocurre en este caso.
Se trata de cuestiones que podrán (o deberán) ser, en su caso, objeto de control previo por parte de la administración, o irregularidades que, detectadas durante el desarrollo de la acción formativa o en un control posterior, podrán tener las consecuencias que se estime oportunas respecto del centro de formación con la imposición en su caso de las sanciones que resulten procedentes, o incluso en cuanto al otorgamiento de diploma acreditativo de la formación recibida, pero no pueden determinar la obligación de devolución de las bonificaciones aplicadas por la empresa beneficiaria. Y ello porque la empresa que facilita formación a sus trabajadores ha actuado de buena fe en la impartición de esta acción formativa y porque las irregularidades se refieren a cuestiones de índole pedagógica y metodológica cuyo conocimiento y control escapa de las posibilidades de la empresa. Extender la responsabilidad de la empresa en la ejecución de la acción formativa al control de estos aspectos de la formación equivale a imponerle una obligación de muy difícil cumplimiento, incluso manteniendo la máxima diligencia, y a todas luces excesiva.
En atención a lo anterior, se estima que la administración no ha interpretado debidamente las obligaciones de la empresa de la que es titular el señor (…) establecidas en la normativa de aplicación respecto de la ejecución de la acción formativa. Razones de equidad obligan a la administración a interpretar las obligaciones de la empresa que facilita formación a sus trabajadores mediante la contratación con una entidad externa en los términos expuestos en este escrito y a no atribuir al resultado de «no conforme» de las acciones formativas la consecuencia de la exigencia de devolución de las bonificaciones aplicadas por la formación que de buena fe ha procurado el señor (…) a sus trabajadores.
Promover las actuaciones oportunas a fin de que se mantengan las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social aplicadas por la empresa (…) en el ejercicio de 2011, por entender que la empresa ha actuado de buena fe y ha cumplido diligentemente con las obligaciones concretas de control de las acciones formativas que le impone el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.
Agradeciéndole de antemano la acogida que dispense a esta SUGERENCIA y a la espera del informe que sobre su aceptación ha de ser remitido a esta institución, según prevé el ya citado artículo 30.1. de la Ley Orgánica 3/1981,

References: artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 30