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Timestamp: 2019-06-24 19:56:18+00:00

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Cataluña | Els passos perduts
El 14% d’escoles de primària i el 10,2% de secundària utilitzen el castellà a matèries no lingüístiques
Posted on 22 Octubre 2013 by thervasf
Aquestes són les dades oficials que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha facilitat al Parlament de Catalunya.
“El castellà es va utilitzar parcialment o total en la im­partició de matèries no lingüístiques, en 332 centres dels que impartien educació primària a Catalunya durant el curs 2012-2013, la qual cosa suposa un 14% del total.
Del total de centres que impartien educació secundà­ria obligatòria a Catalunya, durant el curs 2012-2013, 127 centres han impartit alguna matèria o algunes ma­tèries, parcialment o total en castellà, la qual cosa su­posa un 10,2% del total.
A l’educació primària determinats centres empren el castellà (parcialment o total) per impartir alguna de les àrees següents: Matemàtiques, Coneixement del medi natural, social i cultural, Educació artísti­ca, Educació física i Educació per a la ciutadania i els drets humans.
A l’educació secundària obligatòria determinats cen­tres empren el castellà (parcialment o total) per impar­tir alguna de les matèries següents:Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Biologia i geologia, Física i química, Ciències socials, geografia i història, Educació física, Tecnologia, Educació visu­al i plàstica, Música, Educació per a la ciutadania i els drets humans i Educació eticocívica.
És difícil, d’altra banda, fer estimacions globals, tenint en compte que les diferents àrees o matèries, compor­ten horaris diferents i que normalment l’ús del castellà com a llengua vehicular de manera parcial o total, té lloc en un determinat nivell (un curs a l’ESO; un curs o un cicle a la primària).Pel que fa al nombre d’alumnes que cursen matèries en castellà, cal destacar que és la totalitat dels alumnes del centres citats.”
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Las deslealtades del gobierno español con la Generalitat. El informe del gobierno catalán
La deslealtad del Estado respecto a Cataluña
Introducción …………………………………………………………………………………………………..
1- Lengua, educación, cultura, protección social y valores democráticos……………………..
a) Lengua …………………………………………………………………………………………….
b) Educación …………………………………………………………………………………………..
d) Protección social…………………………………………………………………………………..
e) Valores democráticos …………………………………………………………………………….
2- Incumplimientos del Estado y conflictividad institucional ………………………………………
a) Relaciones bilaterales……………………………………………………………………………..
b) Traspasos ………………………………………………………………………………………..
c) Participació en organismos y procesos de decisión estatales ……………………..
d) Balance de la conflictividad institucional …………………………………………………..
e) Relación de sentències recientes del TC a las cuales el Estado no ha dado cumplimiento ……………………………………………………………………………………….
f) Recentralització legislativa y administrativa……………………………………………..
3- Cuantificación dlos incumplimientos del gobierno central (deslealtad y otras) ……….
a) Deuda de la Estat en inversiones en infraestructuras ………………………………….
b) Reducción de los ingresos finalistas del Estat ………………………………………….
c) Relación de la normativa y medidas estatals con impacto sobre los ingresos o el gasto de la Generalitat ………………………………………………
Anexo 1 – Liquidación delm odel de financiación ……………………………………………….
Anexo 2 – Reparto injusto del objetivo de déficit ………………………………………….
Anexo 3 – Inversión regionalitzada respecto del PIB ……………………………………………….
Annex 4 – Inversión ejecutada respecto de la inversión presupuestada …………………………
Anexo 5 – Déficit fiscal……………………………………………………………………………………
El objetivo de este informe es presentar el grado de cumplimiento del principio de lealtad institucional del Estado hacia Cataluña, con las correspondientes desigualdades que genera; hacer un balance, que no pretende ser exhaustivo, de los principales incumplimientos del Estado y de la vulneración de las competencias de la Generalitat; y cuantificar el volumen de deudas pendientes, que hacen más difícil la situación financiera del Gobierno de la Generalitat.
El principio de lealtad institucional queda recogido tanto alE statut de autonomía de Cataluña (EAC) como la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), y se define cómo: “la determinación del impacto positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido tengan sobre las comunidades autónomas (CCAA), tanto en materia de ingresos, como en materia de novse obligaciones de gasto”.
Pero resulta evidente que el principio de lealtad institucional tiene también una dimensión que va más allá del cómputo directo de ingresos y de gastos, puesto que también se relaciona con la lealtad institucional que tiene que presidir la colaboración interadministrativa y el respecto a la distribución competencial que establece la Constitución española (CE), tal como ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones el mismo Tribunal Constitucional (TC).
El Tribunal Constitucional sostiene que el principio de sujeción estipulado en el artículo 9.1 de la CE implica que todos los poderes públicos tienen un deber de lealtad “en el ejercicio de sus propias competencias de modo que no obstaculice el ejercicio de lasajenas ”. (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4) Igualmente, el Consejo Consultivo, en el Dictamen núm. 279, de 29 de enero de 2007, afirmó, resumiendo la jurisprudencia constitucional, que:
“La lealtad se expresa como obligación de respetar mutuamente las respectivas competencias (…), que impone, tanto en el Estado como las Comunidades Autónomas, la obligación de ejercer sus competencias respectivas respetando las que corresponden en el otro poder público”. (F V.2.C)”
Por otro lado, hay que tener presente -y este documento lo pone de manifiesto con muchos ejemplos concretos- que la cronificació de una actuación desleal por parte del Estado, comporta una vulneración directa de el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos. Dedo de otro modo, la deslealtad institucional practicada por el Estado español tiene como principal consecuencia directo para la ciudadanía el incremento de desigualdades y discriminación entre los ciudadanos por razón del territorio donde viven. El caso del principio de ordinalitat lo pone de manifiesto de manera penetrante: mientras que en Cataluña la capacidad tributaria de sus conciudadanos está claramente por encima de la media estatal, los recursos públicos porc a pitadisponibles son claramente inferiores a los de la media.
Para analizar y describir el nivel de deslealtad institucional del Estado español y las desigualdades que genera, el presente informe se ha dividido en tres ámbitos de análisis:
1) Un primero, que detalla la actuación de lgobierno de l’Estado al rehacerència a la lengua, laeducación, la cultura, la protección social y los valores democráticos. Las conclusiones que se derivan son:
– El Sido no ha tenido ninguna voluntad de mostrar la plurinacionalidad y la diversidad lingüística que lo integran, sin desarrollar ni favorecer ninguna normativa que permita la presencia del catalán en ninguna institución estatal ni internacional. No se ha permitido, desde el inicio de la T ransició, la presencia del catalán a lasC orots españolas -Congreso y Senado- ni su equiparación en y gualtatde condiciones respeto d el castellano, tanto con respecto a la relació con laA dministraciógeneral de laEstat cómo con la A dministracióde justicia. No se ha favorecido tampoco la presencia del catalán enoro ganismes internacionales, como puede ser el uso del catalán al Parlamento Europeo. Y, más recientemente, cuando se impulsa la ‘Marca España, y al margen de la Constitución, se ha querido definir el castellano como lengua española, menystenint que hay otras lenguas españolas (artículo 3 CE).
– La aprobación del Anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación (LOMCE) manifiesta el menysteniment del gobierno del Estado por la lengua y la cultura catalanas enla enseñanza, e imposibilita la continuidad del modelo deescuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística.
– El progresivo abandono de la cultura catalana en los presupuestos generales del estado y la inequívoca apuesta de Madrid, ante Barcelona, como centro cultural de referencia a nivel del Estado.
– La contínuada actuación invasiva del Estado por el que hace referencia a las políticas de bienestar, añadida a la cronificació de la deslealtad institucional compuerta que no se respete el principio de igualdad y que elG overn de la Generalitat disponga de menos recursos para el desarrollo de políticas sociales.
– Desde la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, que previamente había sido referendat por el pueblo de Catalunya, hasta el recurso contra la Resolució 5/X del Parlamento de Cataluña, que aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, el Estado se ha opuesto a cualquier voluntad de modificar por vías democráticas y legales el actual estatus político de Cataluña.
2) Un segundo ámbito, que analiza el nivel de lealtad institucional del Estado, desde la perspectiva del marco competencial y el respecto al autogobierno. Y que se hace patente en:
– La paralización de las relaciones bilaterales y la negativa a convocar la Comisión Bilateral Generalitat-Sido y otras comisiones mixtas previstas para hacer posible el desarrollo del Estatuto.
– La negativa a negociar y aprobar los traspasos pendientes de ser desarrollados que quedan definidos en el actual EAC, así como a desarrollar otras previsiones de este Estatuto que el TC consideró legítimas.
– El incumplimiento reiterado de sentencias firmes del Tribunal Constitucional y de las salas del contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, como pueden ser la cesión de la política de becas o la descentralización de la gestión del 0,7% del IRPF.
– El elevado volumen de recursos y conflictos de constitucionalidad que el gobierno de la Generalitat seha visto obligado a presentar para defender la propia Constitució y el marco competencial que se deriva.
– El desarrollo de normativa estatal que dificulta la actividad ordinaria de los diferentes departaments del Gobierno y que afecta los costes de su gestión.
– El impulso de una batería de iniciativas legislativas de signo claramente recentralitzador y el impulso de una reforma administrativa que, bajo el pretexto de la eficiencia, pretende atribuir a la Sido competencias o funciones reservadas a la Generalitat.
3) Un tercer ámbito de análisis que cuantifica el volumen de las deudas de la Sido respete Cataluña y muestra la arbitrariedad y carencia de equidad del actual sistema de financiación. Situación que, añadida al persistente déficit fiscal, supone una gran dificultad para las finanzas de la Generalitat. Este último ámbito se podría resumir en:
– La cuantificación actual de los incumplimientos del gobierno central es de 9.375,7 millones de euros.
– El actual modelo de financiación no respeta el principio de ordinalitat y sitúa Cataluña por debajo de la media en recursos porcan pita. Cataluña pasa de la tercera posición en términos de capacidad tributaria, a la desene en términos de recursos porcan pita.
– La deslealtad del Gobierno Central también se ha manifestado en el reparto injusto de los objetivos de déficit. Una distribución que ha penalizat las administraciones locales y autonómicas, principales prestamistas de los servicios a las personas y garantes del modelo d’sido del benestar.
1- Lengua, educación, cultura, protección social y valores democráticos
Els ataques y desconsideraciones constantes a la lengua catalana se manifiestan por varias vías:
– Uso del catalán a las instituciones europeas. Después de un proceso negociador entre los veinticinco estados miembros, el 13 de junio del 2005 el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó unas conclusiones que recogen la posibilidad de un uso oficial limitado, en las instituciones y los organismos comunitarios, de lenguas que no sean las que tienen la consideración de lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones europeas. El 2012 todavía se mantienen las dificultades de cumplimiento de los acuerdos administrativos subscritos hasta ahora por el Gobierno del Estado con los diferentes organismos que tendrían que permitir, en general, que se hicieran en catalán la publicación de los actos adoptados mediante codecisió del Parlamento Europeo y el Consejo, las intervenciones orales en las sesiones del Consejo y, si se tercia, otras instituciones o órganos de la Unión y, finalmente, las relaciones por escrito entre los ciudadanos españoles que lo quieran y los órganos e instituciones de la Unión.
• Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Consejo de la Unión Europea, firmado el 7 de noviembre de 2005.
• Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Comité de las Regiones, firmado el 16 de noviembre de 2005.
• Acuerdo administrativo entre el Reino de España y la Comisión Europea, firmado el 21 de diciembre de 2005.
• Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Comité Económico y Social Europeo, firmado el 7 de junio de 2006.
• Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Defensor del Pueblo Europeo, firmado el 30 de noviembre de 2006.
• Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado el 27 de abril de 2009.
– Contenciosos permanentes que buscan afectar el corpus normativo de la lengua catalana para menguar sus efectos:
• 5 leyes impugnadas por razones lingüísticas y todavía con contencioso abierto (o ccità,educación, consumo, cine y acogida).
• 8 sentencias (2012).
– Favorables: 2 (sobre laemisión de Tv3 en el territorio valenciano)
× Suspensión cautelar y anulación del uso preferente del Reglamento de ús de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona (2)
× Contra el catalán como lengua vehicular y de acogida en el segundo ciclo de la enseñanza infantil
× Conocimiento de las lenguas oficiales en la A dministracióde justicia y como requisito de acceso a la carrera judicial (2)
× Conocimiento del catalán en pruebas selectivas de funcionarios locales
– Fons estatal de promoción de películas en catalán: El artículo 36 de la Ley 55/2007, del cine, especifica que con la voluntad de atender el fomento y la protección del uso de las lenguas cooficiales diferentes a la castellana en la cinematografía y el audiovisual se establecerá un fondo de ayudas o créditos específicos que serán transferidos en su integridad a los organismos competentes de las comunidades autónomas. La dotación que tiene que recibir, según la ley, cada comunidad a utònomacon lengua cooficial tiene que ser anualmente equivalente a la suma de aportaciones que esta comunitat haya destinado en el ejercicio anterior para el apoyo y el fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en lengua cooficial diferente del castellano. El funcionamiento descrito a la normativa se puso en marcha el 2008 y las transferencias Ministerio de Cultura/Departamento de Cultura por este concepto en este periodo son las siguientes:
Justificación al Ministerio de la inversión en VOC del Departamento de Cultura
Subvención concedida al Departamento de Cultura por el Ministerio correspondiente a la inversión en VOC realizada
La aprobación de la Llei orgánica de mejora de la calidad de la educación (LOMCE), elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, supone una flagrante invasión competencial en materia educativa y la voluntad de desmantelar el sistema de inmersión lingüística propio de Cataluña.
En relación con esta ley, el Consejo Escolar de Cataluña manifestó que es “una normativa que menysté la lengua y la cultura catalanas en la enseñanza y que imposibilita la continuidad de la escuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística al establecer la segregación de los alumnos por razones de lengua. La propuesta ministerial, en definitiva, es inconsistente con la realidad educativa catalana, es incompatible con el marco estatutario vigente, expresa la voluntad intervencionista de alterar sustancialmente el sistema educativo e impide que con la educación se puedan satisfacer de manera adecuada las expectativas de futuro del alumnado de Cataluña” (declaración del Consejo escolar de Cataluña en defensa del modelo catalán de inmersión lingüística aprobada en la sesión plenaria del 12 de diciembre de 2012 al Palaciode la G eneralitat).
Principales puntos conflictivos que comporta la aprobación de la LOMCE:
La nueva regulación del uso de las lenguas se opone frontalmente al régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña, previsto a la Ley de educación y al Estatuto de autonomia.Nuestro modelo coincideix a grandes rasgos con el que a lsuyo día se fijó a la Ley 7/1983, de normalización lingüística de Cataluña, y cumple el mandato legal de garantizar el pleno dominio de las lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria, de acuerdo con Marc europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.
Esta oposición llega en su punto que, en contra de la opinión del Consejo de Estado (Dictamen 172/2013, de 18 de abril), se prevé expresamente que si la Generalitat no garantiza una razonable oferta docente sostenida con fondos públicos donde el castellano sea utilizado como lengua vehicular, los padres podrán escolarizar sus hijos en un centro privado donde exista esta oferta y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá íntegramente estos gastos de escolarización, que descontará de futuras transferencias a la Generalitat.
A pesar de que el artículo original donde se regula el uso de las lenguas estaba pensado básicamente para Cataluña, en su tramitación parlamentaria se ha aceptado una enmienda presentada por el grupo Unión, Progreso y Democracia, que es extraparlamentary en Cataluña, para añadir el redactado siguiente: “El castellano se lengua vehicular de la enseñanza en todo lo Estado y las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo cono sus estatutos”.
En todas las etapas educativas, la nueva estructura de la LOMCE, contravenint la Constitución y el Estatuto dea utonomia,sitúa a diferente nivel la lengua castellana, que se considera asignatura troncal (como las matemáticas, la primera lengua extranjera o la física y química) y la lengua catalana, que se considera asignatura de libre configuración autonómica (la educación física, la religión o valores éticos también se pueden cursar en este bloque de asignaturas).
La LOMCE introduce cambios profundos en el modelo de distribución de competencias educativas entre el Estado y las comunidades autónomas que se ha desarrollado durante treinta años, cambios que representan una recentralització contraria a la letra y al espíritu constitucional. Se amplían los ámbitos en los cuales el Estado se reserva la facultad de establecer normativa básica y su alcance (cómo es el caso de la formación profesional dual y la definición de currículum), de tal manera que se reducen con severidad las competencias de desarrollo y ejecución autonómicas.
El cambio de modelo educativo reduce las competencias autonómicas a aspectos residuales, muy inferiores a los que hasta ahora han setat reconocidos por el Estatuto de autonomia y por las anteriores leyes orgánicas educativas, desde la LOECE (1980), la LODE (1985), la LOGSE (1990), la LOPAGCD (1995) y la LOE (2006).
La evaluación general del sistema educativo pasa a ser competencia exclusiva del Estado. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece las características de las pruebas, las diseña y establece el contenido, y queda reservado para las comunidades autónomas sólo la realización material de las pruebas, en contra del que establece la doctrina constitucional, que se ha pronunciado en el sentido que la unidad y homogeneidad de la prueba no implica ni ha implicado nunca identidad absoluta de los contenidos del examen a superar por los estudiantes.
El artículo 127 del Estatuto de autonomia de Cataluña otorga en Cataluña competencia exclusiva en materia de cultura. Reiteradamente, el Gobierno de la Generalitat ha manifestado la necesidad de suprimir un ministerio sin razón de ser. Esta posición ha sido avalada por la Eurocámara en un informe aprobado a mano levantada (15.1.2013) en que se insta els gobiernos europeos a clarificar responsabilidades entre niveles administrativos para evitar duplicidades y garantizar los fondos necesarios a las diferentes líneas políticas.
Además de este hecho, podemos enumerar varias acciones del Estado que lesionan de manera clara el ámbito cultural catalán:
– Los últimos cuatro presupuestos del Estado han consolidado una tendencia a la baja global del 46,4% de las aportaciones a los grandes equipamientos culturales catalanes.
Hay que tener en cuenta, además, que el importe que constaba en los PGE’s del MACBA para el 2012 todavía no se ha hecho efectivo.
– Cataluña ha resultado claramente más castigada que Madrid en la reducción del gasto en cultura en los PGE.
Variación 2011-2014 %
– Hasta el 2013, el presupuesto del Ministerio de Cultura recogía una serie de subvenciones directas a acontecimientos culturales de larga trayectoria en Cataluña que incerraban desde festivales de verano a mercados empresariales del ámbito cultural. Este apoyo ha desaparecido en su práctica totalidad.
– Con la supresión de la partida de la capitalidad de Barcelona se intensifica un agravio comparativo entre Barcelona y Madrid. Con la Carta de Barcelona, se establecía la creación de una partida presupuestaria destinada al reforzamiento de Barcelona como capitalidad cultural. En los últimos tres años, esta partida se ha visto reducida hasta su desaparición.
– El tratamiento recibido por Barcelona y Madrid en los PGE, respecto de la aportación a las grandes infraestructuras culturales, demuestra una apuesta inequívoca del Estado para hacer de Madrid el único centro cultural del Estado español generando un desierto cultural al resto del país.
Comparativa aportaciones a equipamientos culturales
– Los PGE del 2014 consolidan y no corrigen la desprogramació de varias inversiones del Estado en Cataluña en la construcción de grandes equipamientos culturales que, en unas ocasiones, profundizan déficits históricos y, en otros, ponen en peligro la conservación y la exposición de los bienes culturales.
Paralización de las grandes obras: la Biblioteca Provincial de Barcelona, el Archivo Provincial de Girona y el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona.
Biblioteca Provincial de Barcelona. Suprimida la anualidad 2013 de 500.000 euros. Además, retrasan dos años la finalización del proyecto. Paraliza un proyecto iniciado el año 2006. No prevé inicy ar-lohasta el 2016. Acontece la única provincia de la Estat sin Biblioteca provincial.
Archivo Provincial de Girona. Suprimida ya la partida en el 2013 de 100.000 euros. Retraso en el inicio de una larga reivindicación histórica que sustituiría un edificio con graves carencias estructurales.
Desaparición de las partidas nominativas para proyectos concretos (puente de Besalú, Algodonera de Igualada, Museo del Paisaje).
– “Papeles de Salamanca”: A día de hoy todavía resta pendiente el regreso de gran parte de la documentación confiscada, a pesar de que han transcorregut más de 30 años de las primeras solicitudes de devolución de la documentación sustraída de Cataluña durante la Guerra Civil y más de siete años de la aprobación de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos confiscados con motivo de la Guerra Civil.
d) Protección social
La cronificació de una actuación desleal por parte del Estado comporta una vulneración directa de el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos. En este sentido y en materia de protección social se observan con preocupación los asuntos siguientes:
1.- El incumplimiento reiterado por parte del Estado de las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y de lass alas del contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, (en los términos que se detallan más adelante) que reconocen y declaran la competencia de la Generalitat de Cataluña sobre la actividad de fomento en las materias de servicios sociales, familia, voluntariado, juventud, políticas de género e integración de personas inmigradas.
A pesar de la reiterada jurisprudencia, el Estado sigue ejerciendo esta actividad de fomento regulando y convocante de forma centralizada las subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF, y en general en materia de servicios sociales e igualdad, integración de personas inmigradas y políticas de género.
2.- El incumplimiento por parte del Estado cuando ignora las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración. Se ve con preocupación el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la institución del Defensor del Pueblo en relación con el artículo 9 apartados 2, 4 y 5 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas en Cataluña, dado que este precepto en su conjunto garantiza el aprendizaje tanto de la lengua catalana cómo de la castellana a este colectivo.
Así mismo, la Dirección general de los Registros y del Notariat excluye el informe de arraigo emitido por la Generalitat para acreditar esta circunstancia en los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
3.- Ámbito relativo a la dependencia y promoción de la autonomía personal. La regulación estatal, con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de laa utonomia personal y a tencióa las personas en situación de dependencia, invade las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña en materia de servicios sociales. Una ley, además, mal financiada ya desde su aprobación y que, con el tiempo, se ha acentuado con un reparto de la financiación cada vez más desigual y con más cargas para Catalunya (las aportaciones actuales del Govern de la Generalitat representan el 80% de la financiación todal). El año 2012 y mediante la Llei de presupuestos generales del Estat, este suspendió unilateralmente el nivel acordado de la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia, con una menor financiación, por lo tanto, de más de 48 miliones y que ha obligado en el Gobierno de la Generalitat a interponer un recurso de inconstitucionalidad.
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonom ía y Atenciónn a la Dependencia, donde se tendrían que debatir y acordar los objetivos, los medios y los recursos para la aplicación de los servicios y las prestaciones de este sistema, ha acontecido un órgano de coordinación y no de cooperación, con la Estat en una posición de supremacía, y estela de ser el órgano de cooperación institucional entre las administraciones públicas competentes que configuró la Ley 39/2006.
En este sentido, se constata, además, que en los últimos tres años las reuniones del Consejo se han reducido significativamente.
4.- Reducción del nivel de financiación del Estado para contribuir al gasto administrativa correspondiente a la gestión de las pensiones, en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social, que se atribuye a la Generalitat de Cataluña. En los últimos años se ha reducido más del 64%.
5.- La nueva Estrategia para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio de 2013 y que quiere ser un instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia machista, implica todas las administraciones y poderes públicos, e invade las competencias de la Generalitat. Los 25 años de políticas públicas de mujeres del Gobierno de la Generalitat nos sitúan en un estado de desarrollo, coordinación y consolidación de las políticas públicas para erradicar la violencia masclista muy superior al que laEstrategia española propone.
6.- El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, a pesar de tener un carácter programático y sin valor normativo, no deja de incidir en las competencias que la Generalitat tiene en materia de infancia y adolescencia con carácter exclusivo de acuerdo con el artículo 166 del EAC. En este sentido, el más preocupante es que en este Pla se asignan partidas presupuestarias en el Estado para la consecución de políticas de infancia y adolescencia mientras que estos crèdits se tendrían que destinar a las comunidades a utònomesque tienen asignada la cómopetència exclusiva en materia deinfancia y adolescencia.
7.- El documento que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Estado (CORA) ha elaborat sobre la reforma de las administraciones públiques plantea la eliminación de duplicidades de órganos con las Comunidades Autónomas, dado que se propone que determinados servicios o actividades de la Administración autonómica sean prestados por un órgano estatal, planteando así que determinados órganos estatales asuman funciones realizadas por órganos autonómicos, con la correspondiente supresión de estos. Hay que tener en cuenta que la propuesta de supresión afecta órganos que tienen atribuidas funciones sobre materias que son competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. A guisa de ejemplo, podríamos citar la propuesta de supresión del Observatorio de los derechos de la Infancia de la Generalitat para que sea asumido por el Observatorio (estatal) Público de la Infancia.
8.- En materia de accesibilidad, hay que destacar que al amparo del artículo 149.1.1 CE, el Estado ha aprobado a lo largo de los últimos años más de 10 normas de carácter básico que determinan las medidas de accesibilidad a los varios ámbitos del entorno (edificación, urbanismo, servicios, transportes, etc.).
Estas normas estatales afectan de forma relevante las competencias de la Generalitat de Cataluña atribuidas por la EAC en materias directamente relacionadas con la accesibilidad (servicios sociales, vivienda, infraestructuras del transporte y de las comunicacions, obras públicas, ordenación del territorio, transportes, etc.).
Así mismo, implican cambios relevantes sobre los elementos de accesibilidad realizados en Cataluña progresivamente desde hace 25 años y significan un impacto sustancial de gasto, de difícil asunción en los términos establecidos y plazo exigido. La situación se agrava por el hecho que cabe de estas normas se ha acompañado de dotación presupuestaria ni se ha proveído ningún programa que apoye para su despliegue.
9..- En materia de adopción internacional, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, ha acontecido una herramienta del estado para controlar las decisiones de las comunidades autónomas en este ámbito.
Al amparo de esta ley, en especial de su arte. 4, las decisiones de las entidades públicas en aspectos como la tramitación de adopciones en los diferentes países, la valoración de la apertura de nuevos países y la elección de la vía de tramitación de las adopciones, se ve condicionada a la consideración previa del correspondiente órgano de coordinación institucional de las administraciones públicas sobre la adopción internacional formato por los responsables de la Dirección general de Servicios para la Familia y la Infancia, del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
En este sentido, los últimos acuerdos interautonòmics muestran la tendencia que el Ministeri tiene a no permitir a las CCAA la tramitación de adopciones a los diferentes países según su propia valoración y en ejercicio de las propias competencias, así como a limitar la apertura de nuevos países de origen y el número de entidades acreditadas o las propias vías de tramitación de las adopciones.
e) Valores democráticos
Sentencia del T ribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña
En gran parte, el origen de la situación actual que vive Cataluña viene dada por la rotura de las reglas de juego y del acuerdo político entre partes, que supone la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña.
Un proceso que, después de la aprobación por parte del Parlamento, las cámaras españolas y la validación en referéndum por el pueblo de Cataluña, es invalidado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que supone la rotura de las reglas de juego del que hasta el momento habían sido intentos de ensambladura de Cataluña en el marco del Estado. Y una sentencia que, en definitiva, violentaval principio democrático porque se imponía a aquello que a las urnas y por vía de referéndum el pueblo de Cataluña había decidido.
Para valorar la STC, el presidente Montilla encargó a un grupo de expertos elInforme sobre la STC que resuelve el recurso de inconstitucionalidad” presentado por 50 diputados y senadores del Partido Popular contra el Estatuto de a utonomiade Cataluña, informe que llegó a las conclusiones siguientes:
1.La sentencia debilita significativamente la función constitucional del Estatuto de autonomía y sustituye su papel en el bloque de la constitucionalidad por el del Tribunal mismo.
2.La sentencia trata, a menudo, el Estatuto como una ley meramente autonómica, a través de la cual la comunidad autónoma pretendería imponer a la Sido obligaciones y mandatos, y olvida que es una norma estatal fruto de un pacto político entre la Generalitat y el Estado.
3.La sentencia no aplica su reiterada doctrina sobre el principio de deferencia hacia el legislador que, en este caso, todavía tenía que ser aplicado de forma más exquisita por la función constitucional del Estatuto y por el plus de legitimidad que deriva del procedimiento de elaboración y aprobación. Más bien el contrario, la sentencia está impregnada de una prevención injustificada respete el contenido del Estatuto de autonomía.”
No aceptación de la propuesta de Pacto fiscal acordado por el Parlamento de Cataluña
El presidente Rajoy rechazó cualquier negociación de la propuesta de Pacto fiscal aprobado por cerca de dos tercios del Parlamento de Cataluña. Así se hizo patente el día 20 de setembre de 2012 en una reunión con elp residente de la Generalitat donde el Presidente del Gobierno español le trasladó la negativa rotunda a abrir ningún tipo de negociación.
El modelo de financiación propia para Cataluña preveía la gestión de todos los tributos, la plena capacidad de la Agencia Tributaria de Cataluña, capacidad normativa total de la Generalitat sobre todos los impuestos, una aportación pactada con el Estado por los servicios que presta en Cataluña y otra en concepto de solidaridad con el resto de territorios, sin que perder, pero, posiciones en Cataluña.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite el 8 de mayo de 2013 el recurso del Gobierno del Estado español contra la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlamento el 23 de enero. Por primera vez, desde el año 1978, el Constitucional ha suspendido un acuerdo de un parlamento autonómico. De todos modos no ha quedado claro cuál es el efecto práctico de la suspensión, ni les conseqüèncise directas de una hipotética il·legalización, puesto que sólo se trata de una declaración institucional sin consecuencias jurídicas.
El Gobierno del Estado recorrió la Declaración al TC al considerar que el texto del Parlamento -donde es reivindica en Cataluña como subjecte político y jurídico soberano – la CE, prescindiendo de hecho que se trata de una resolución de carácter político y sin efectos jurídicos.
Antes de decidir admitir a trámite el recurso, el TC preguntó en el Parlamento qué de las dos declaraciones a favor del derecho a decidir aprobadas era la vigente: si la Declaración de Soberanía -la recorrida-, o la aprobada el 13 de marzo, que se limitaba a instar el Gobierno a abrir negociaciones con el Estado para hacer efectivo el derecho a decidir, sin hablar de soberanía. La respuesta de la presidencia del Parlamento –de acuerdo con sus servicios jurídicos- fue que ambas son válidas, sin ninguna contradicción entre ellas.
Inicialmente, el Gobierno del Sido había dicho que la declaración en cuestión no tenía efectos jurídicos y que, por lo tanto, no tenía sentido recorrerla. Más tarde pero, pidió un informe a laabogacía del Estado, que determinó que había materia para recorrer, y otro dictamen al Consejo de Estado, también favorable, a pesar de que hubo votos particulares. El Consejo de Ministros tomó la decisión definitiva de recorrer el día 1 de marzo de 2013, pidiendo la suspensión de la resolución.
Recusación del presidente del Tribunal Constitucional
El Gobierno acordó el día 30 de julio de 2013 pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de losCobos , en los procedimientos de recurso de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los cuales es parte el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que se encuentran en proceso de tramitación ante este órgano.
La decisión del Consejo Ejecutivo llegaba después de que el Gabinete Jurídico de la Generalitat considerara que la militancia del presidente del TC al Partido Popular permitía apreciar una causa objetiva de pérdida de imparcialidad y de interés en las causas en las cuales tiene que intervenir en procedimientos que afectan el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Con posterioridad, el pasado 25 de septiembre de 2013 también se pidió la recusación del presidente del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad que había acordado presentar contra diferentes artículos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
El Tribunal Constitucional desestimó la recusación presentada por el Gobierno de la Generalitat por una mayoría de nouno votos favorables, en contra de la cual se emitieron dos votos particulares.
Banalización del totalitarismo y el nazismo
Desde la manifestación de la 11 de septiembre de 2012, que llenó las calles de Barcelona con 1,5 millones de personas que reclamaban que Cataluña acontezca un nuevo estat de Europa, y después de las elecciones del 25 de noviembre de aquel año, que configuraron un Parlamento de Cataluña con una amplia mayoría favorable a la celebración de una consulta en que los catalanes puedan decidir el futuro político del país, han acontecido recurrentes las acusaciones de totalitarismo contra las instituciones, los partidos y la sociedad catalana en su conjunto.
Esta mayoría social se presenta de manera fal•laç por parte de algunos políticos y medios de comunicación como una situación totalitaria y nazi. Se obvia descaradamente el carácter rotundamente pacífico, democrático e inclusivo de este movimiento, absolutamente alejado de ningún supremacisme y concentrado en algo tan poco totalitario como reclamar que un conflicto se resuelva votante. La banalización que se hace de los términos totalitarismo y nazismo llega al absurdo de hacerse desde tribunas como las instituciones democráticas y los medios de comunicación catalanes, especialmente los de titularidad pública, donde si los que hacen esta acusación estuvieran la verdad no podrían acceder de ninguna forma.
La reiteración de las falsas acusaciones de totalitarismo sólo puede tener como objetivo el descrédito y la deslegitimación de las instituciones públicas catalanas, donde el pueblo de Cataluña ha decidido libremente que estén mayoritarios los partidarios de hacer la consulta sobre el futuro de Cataluña. La frivolització del nazismo y de sus consecuencias es una injusticia y un atentado a la democracia y al buen nombre de quienes lo tienen que soportar.
Se dóna la circunstancia, además, que si el nazismo hizo víctimas a la Península Ibérica fueron mayoritariamente catalanas. Cataluña misma se puede considerar víctima. Apoyando y patrocinando el alzamiento del general Franco el 1936; bombardeando bárbaramente Barcelona, Lleida, Granollers y otras muchas villas y ciudades catalanas, convertidas en bancos de pruebas de los bombardeos sobre la población civil indefensa; entregando el presidente de Cataluña, Lluís Companys, al régimen franquista porque fuera fusilado después de un simulacro de proceso; encarcelando, vejando, torturando y haciendo trabajar hasta la muerte muchos miles de catalanes a los campos nazis de exterminio. Nunca Cataluña ni su Govern han sido aliados de los nazis; nunca el catalanismo ha tenido una manifestación de signo totalitario ni ha defendido la dictadura. Si de caso, Cataluña, los catalanes y el catalanismo han sido víctimas, como tantos otros millones de europeos, con quienes aquellos catalanes mezclaron su sangre. Así lo explica un catalán, Joaquim Amat-Piniella, de quien este año se celebra el centenario, en el que se considera una de las diez mejores obras literarias sobre el holocausto, KL Reich.
Convertir la víctima en verdugo y presentar la mayoría democrática como un totalitarismo són recursos bajos y de juego sucio. Esta banalización del totalitarismo no ha encontrado la hostilidad que sería deseable por parte de laA dministració del Estado. Mientras que por parte de la Generalitat de Cataluña se ha pedido insistentemente una reacción de reprobación por parte de los poderes del Estado español, o directamente -en el marco de las competencias existentes- se ha pedido también la actuación formal del CAC, en la medida que son medios audiovisuales los que a menudo acogen y amplifican estas declaraciones de banalización, hay que hacer notar que desde la perspectiva del gobierno español sólo ha habido condenas puntuales, pero sin una actuación contundente en el campo jurisdiccional. Este hecho contrasta con el que se ha producido por una resolución sin efectos jurídicos que apel·la -entre otros- a principios como el de la democracia o de la legalidad (Resolución 5/X sobre la Declaración de soberanía). El gobierno español no ha actuado ni en los casos de los medios de comunicación ni en los aquellos donde militantes o cargos de partidos políticos han comparado directamente el presidente de la Generalitat con Hitler, y e l movimiento soberanista con el nazismo. Las reclamaciones de soluciones violentas tampoco han encontrado la respuesta suficiente del Estado. Tampoco la respuesta de los poderes estatales ha tenido la contundencia necesaria a hechos sí declaradamente y explícitamente totalitarios, como el asalto y las agresiones a la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, la 11 de septiembre pasado, que se han resuelto con multas de importes desproporcionadamente bajos.
2- Incumplimientos del Estado y conflictividad institucional
El artículo 3.1 del Estatuto de autonomia de Cataluña , que trae por título “Marc Político”, establece que las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Sido, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad.
a) Relaciones bilaterales
El Gobierno del Estado ha provocado la parálisis de las relaciones bilaterales con la Generalitat. La Comisión Bilateral Generalitat-Sido -marco general y permanente de relación entre ambos gobiernos que se tiene que reunir al menos dos veces el año- no se ha reunido desde el julio de 2011. Todo y las reiteradas propuestas de la Generalitat, el Estado se opone a reunir este órgano para desplegar las previsiones del Estatuto que se mantienen vivas y sólo aceptaría reunirlo con finalidades de análisis de actuaciones futuras.
Esta situación afecta el resto de comisiones mixtas, así como la Junta de Seguridad, órgano de coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales respectivos que no se reúne desde el año 2009. En el caso de la Comisión Mixta de Transferencias, órgano responsable de negociar los traspasos, el Estado no ha renovado su representación, del todo desactualitzada, a pesar de los recordatorios formulados por la Generalitat desde el año 2010.
Además, el Gobierno estatal ha incomplert de forma manifiesta los acuerdos adoptados a la última Comisión Bilateral. Destaca la carencia de liquidación de la DA 3a de el Estatuto y el acuerdo sobre la transferencia de la titularidad de los grandes hospitales y otros inmuebles de la Seguridad Social que gestiona la Generalitat. La previsión legal introducida a la Ley de la Seguridad Social lo demoraba en el tiempo, pero fue derogada antes de que llegara a entrar en vigor.
b) Traspasos
Desde el año 2011 no se ha hecho ningún traspaso ni se ha ampliado ninguno. La situación está estancada principalmente por los motivos siguientes:
la posición política poco favorable al autogobierno exhibida por el Gobierno del Partido Popular (posición que se ha traducido en un incremento de la conflicitivitat competencial y en acciones políticas y legislativas que denotan una clara voluntad recentralitzadora y que dificulta hasta obstaculizarla totalmente la negociación de los traspasos pendientes).
la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada contra el Estatuto deA utonomiade Cataluña (doctrina que ha debilitado el fundamento estatutario de algunos traspasos)
la coyuntura de crisis económica actual (coyuntura que complica todavía más el logro de una valoración económica justa de las funciones y servicios objeto bisiestos y que ha obligado el Gobierno de la Generalitat a no aceptar ningún traspaso que no cuente con una valoración económica suficiente).
Traspasos con ponencia técnica abierta parados
Estado y Generalitat acordaron formalmente la apertura de ponencias técnicas para estudiar y negociar varios traspasos pendientes, trámite que supone el inicio de las conversas, pero el Gobierno estatal se ha opuesto a iniciar las negociaciones. Se trata de las materias siguientes, todas ellas previstas al Estatuto:
Titularidad de los inmuebles de la Tesorería general de la Seguridad Social adscritos a la Generalitat.
Ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el ocupació y elFP para la ocupación; mútues de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Autorización de laboratorios farmacéuticos y fabricantes de productos sanitarios y de cosméticos.
Funciones sobre las dársenas deportivas y pesquerías situadas en puertos estatales.
Titularidad del inmueble Palau del lugarteniente.
Edificio del Registro Civil de Barcelona y el Instituto Nacional de Toxicología.
Hay que decir que con anterioridad a la celebración de la darrera Comisión Bilateral de 19.7.2011, última que se ha celebrado, se había llegado a un punto muy avanzado en la negociación de dos traspasos que han quedado igualmente parados:
Reclamaciones economona-administrativas (funciones relativas a entidades de crédito, cooperativas de crédito, entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y entidades físicas y jurídicas del mercado asegurador).
Becas y ayudas al estudio universitario y no universitario.
Justo es decir que algunos de estos traspasos tienen negociaciones pendientes abiertas desde el año 2004, y con sentencias del TC favorables a la Generalitat (caso de las becas, por ejemplo, el traspaso de las cuales continúa abierto desde el 1994).
Con respecto al número de ámbitos o materias susceptibles bisiestas pendientes de ser desarrollados son:
Archivo Histórico Provincial de Barcelona.
Fons propios de Cataluña situados al Archivo de la Corona de Aragón y al Archivo Real de Barcelona.
Fons bibliográficos de carácter histórico de las bibliotecas provinciales.
Museo Arqueológico de Tarragona.
Medios personales y materiales para el ejercicio de las funciones correspondientes a servicios referentes en los mercados de valores.
Funciones y servicios relativos a los órganos economicoadministratius para la revisión de los tributos cedidos a la Generalitat en su totalidad.
Evaluación de la calidad de las universidades.
Funciones y servicios relativos al nombramiento de los procuradores de los tribunales que tomen posesión en Cataluña.
Ampliación de funciones y medios personales y materiales en materia de justicia.
Autorización del traslado de residuos desde o hacia terceros países que no pertenecen a la Unión Europea.
Servicios anejos a los puertos y gestión del dominio público en los recintos portuarios.
Inspección de embarcaciones y seguridad marítima.
Organización y g estió del patrimoni que integra la asistencia sanitaria y los servicios sociales del sistema de la Seguridad Social.
Funciones y servicios de la Seguridad Social.
Funciones no traspasadas del Instituto Social de Marina.
Inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas a la Seguridad Social así como las competencias de inspección y sanción en las mismas materias.
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona.
Funciones no traspasadas en el ámbito del trabajo y la ocupación.
Gestión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Funciones de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Cuadro de traspasos a comunidades autónomas y ampliaciones de traspasos aprobados en la X legislatura estatal
Font: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Última actualización de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
c) Participación en organismos y en procesos de decisión estatales
El Estatuto previó que la Generalitat tenía que designar o participar en los procesos de designación de los miembros de varias instituciones estatales, desde el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Radio o Televisión o los Paraderos de Turismo, hasta los miembros de los órganos de dirección de organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o los organismos que eventualmente los sustituyeran.
El Tribunal Constitucional, a la STC 31/2010, configuró esta participación como simplemente potestativa, es decir, como una posibilidad en manso de las instituciones del Estado.
Pero la carencia de voluntad de desarrollar el Estatuto, incluso allá donde sería posible, también ha impedido articular esta vía de participación de la Generalitat en organismos del Estado, mecanismo que habría supuesto estrechar vínculos y favorecer el diálogo y la colaboración institucional.
d) Balance de la conflictividad institucional
Este apartado repasa los conflictos competenciales que desde la sentencia contra el Estatuto dictada el 28 de junio de 2010 hasta finales del mes de septiembre del 2013 se han sucedido entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estat.
La conflictividad competencial que se plantea entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña se formaliza ante el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) mediante recursos de inconstitucionalidad, respecto de las normas con rango de ley, y conflictos positivos de competencia, respecto de las normas reglamentarias y actos administrativos.
Estos procesos de conflictividad no representan la totalidad de los procesos ante el TC en los cuales es parte el Gobierno de la Generalitat, pero sí conforman un conjunto especialmente significativo para el autogobierno de Cataluña.
El 29 de junio de 2010, el día siguiente del día en que el TC dictó la Sentencia 31/2010, con la qual resolvió el recurso de los diputats del Grupo parlamentario popular al Congreso contra el EAC, el Gobierno de la Generalitat era parte en 75 de estos procedimientos pendientes de Sentencia del TC.
Con posterioridad a la s entència mencionada el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha planteado 34 nueces procediments de recurso y de conflicto competencial.
Del total, el TC ha resuelto 60 con el resultado siguiente:
26 Sentencias favorables.
11 Sentencias parcialmente favorables.
3 Sentencias parcialmente desfavorables.
16 Sentencias desfavorables.
4 Interlocutorias que declaran la desaparició del objeto del proceso.
Resten pendientes de resolución 38 recursos de in constitucionalidad y conflictos de competencia planteados por la Generalitat y 10 de planteados por el Estado.
Detalle de los 34 procedimientos de recurso y conflicto competenciales, que sehan planteado después de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, en las IX y X legislaturse.
13 recursos de inconstitucionalidad que la Generalitat ha interpuesto contra el Estado.
13 conflictos de competencia que la Generalitat ha interpuesto contra laEstat.
8 recursos de inconstitucionalidad que el Estado ha interpuesto contra la Generalitat.
– Generalitat/Sido 13 recursos de inconstitucionalidad:
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas cono empresas y autónomos contraídas miedo las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, miedo la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, miedo la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad economía.
– Generalitat/Sido – 13 conflictos positivos de competencias:
Pla de Socorro Binacional del Túnel de Perthus de la Línea de Alta Velocidad Perpiñán-Figueres.
Real decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, miedo el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de acuerdo cono lo establecido lo Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, miedo el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y miedo el que se deroga lo Reglamento (CEE) número 339/2003.
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, miedo el que se aprueba lo Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, miedo el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.
Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, miedo el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.
Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programa sde cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del Impuesto sobre la Lava de las Personas Físicas.
Orden SSI/1209/de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad.
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, miedo la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para actividades culturales que fomentan la comunicación cultural, correspondientes al año 2012.
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, miedo el que se desarrolla el contrato para la formación y lo aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, miedo el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 enero, miedo el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos miedo los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, miedo el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y miedo el que se derogan lo Reglamento (CE) número 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, miedo la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar miedo mutuas de accidentas de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de actividades para el año 2013.
– Sido/Generalitat – 8 recursos inconstitucionalidad:
Recurso de inconstitucionalidad 8912/2010, contra determinados artículos de la Ley 4/2010, del 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum.
Recurso de inconstitucionalidad 4460/2011, contra determinados artículos de la Ley 35/2010, de la 1 de octubre, del occitano, aranés al Aran.
Recurso de inconstitucionalidad 5491/2012, contra el artículo 114 de la Ley 9/2011, del 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña, por el cual se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto ley 1/2009, del 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña .
Recurso de inconstitucionalidad 6777/2012, contra los artículos 59 y 64.4 y el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, del 3 de agosto.
Recurso de inconstitucionalidad 6687/2012, contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley 2/2012, del 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.
Recurso de inconstitucionalidad 7208/2012, contra los artículos 16 y 41 de la Ley 5/2012, del 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (incluye el establecimiento del euro por receta).
Recurso de inconstitucionalidad 7279/2012, contra el Decreto ley 5/2012, del 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.
Recurso de inconstitucionalidad 630/2013, contra determinados artículos de la Ley 8/2004, del 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto ley 4/2012, del 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoció.
A estos recursos de inconstitucionalidad, hay que añadir el procedimiento relativo a la impugnación de disposiciones autonómicas 1389/2013, instado por el Gobierno del Estado al impugnar la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la cual se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Se trata de una impugnación muy sorpresiva si se tiene en cuenta que la Resolución 5/X no tiene contenido normativo ni efectos jurídicos directos, lo cual pone de relieve la voluntad del Gobierno central de poner todos los obstáculos posibles al proceso que se sigue en Cataluña a favor del derecho a decidir.
Hay que contemplar por otro lado los conflictos planteados por órganos o sujetas diferentes del Gobierno del Estado contra leyes del Parlamento y los recursos planteados por este contra leyes del Estado.
– Interpuestos por órganos o sujetas diferentes del Gobierno delEstado – 6 recursos de inconstitucionalidad:
Recurso de inconstitucionalidad 6352/2010, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra determinados artículos de la Ley 10/2010, del 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas a Cantalunya.
Recurso de inconstitucionalidad 7418/2010, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el artículo 128.1 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
Recurso de inconstitucionalidad 7611/2010, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra determinados artículos de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cantalunya.
Recurso de inconstitucionalidad 7454/2010, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra determinados artículos de la Ley 20/2010, del 7 de julio del cine.
Recurso de inconstitucionalidad 7722/2010, interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular contra el artículo 1 de la Ley 28/2010, del 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008.
– Interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el Estado – 1 recurso de inconstitucionalidad:
Recurso de inconstitucionalidad 1808/2013 contra la Ley del Estado 16/2012, del 27 de diciembre, por la cual se adoptan varias medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica .
e) Relación de sentències recientes del TC a las cuales el Estado no ha dado cumplimiento
Podemos destacar un conjunto de Sentencias recientes que han reconocido la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión de subvenciones para finalidades de asistencia y servicios sociales, doteades con presupuesto del Estado.
Se trata, por ejemplo, de las siguientes:
– STC 70/2013 de 14 de marzo, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del Impuesto sobre la Lava de las Personas Físicas.”
– STC 52/2013, de 28 de febrero, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del impuesto sobre la lava de las personas físicas.”
– STC 26/2013, de 31 de enero, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio, miedo la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvencionas a entidades locales para el desarrollo de programas innovadoras a favor de la integración de inmigrantes, y Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, miedo la que se convoca la concesión de subvencionas a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadoras a favor de la integración de inmigrantes.”
– STC 21/2013, de 31 de enero, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/892/2006, de 23 de marzo, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvencionas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales cono cargo a la asignación tributaría del Impuesto sobre la Lava de las Personas Físicas.”
– STC 243/2012, de 17 de diciembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad.”
– STC 227/2012, de 29 de noviembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvencionas a municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadoras a favor de la integración de inmigrantes.”
– STC 226/2012, de 29 de noviembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, miedo la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvencionas para el desarrollo de proyectos de innovación en los Servicios Sociales.”
– STC 177/2012, de 15 de octubre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden SAS/2080/2009, de 21 de julio, miedo la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas de la Secretaría General de Política Social y Consumo.”
– STC 178/2011, de 8 de noviembre, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la “Orden TAS/893/2005, de 17 de marzo, miedo la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencionas sometidas al régimen general de subvencionas del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.”
– STC 154/2013, de 10 de septiembre de 2013, ha resuelto el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat en relación con la Resolución de 14 de julio de 2008, por la quual se convocan subvenciones públicas para la habilitación de plazas de alojamiento.
Hay también otros casos, como la Sentencia 89/2012, de 7 de mayo, que resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat respecto de la “Resolución de 13 de marzo de 2008 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, miedo la que se convocan ayudas para 2008, dentro del programa de espacios escénicos de nueva generación.” La Sentencia, que reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión de las ayudas en Cataluña, tampoco han tenido cumplimiento, puesto que el Estado, a pesar de que no ha mantenido aquella línea de subvenciones, lo ha reproducido en parte y ha modificado en parte la regulación del objeto, de forma que persiste a no reconocer la competencia de la Generalitat. Esto ha dado lugar a un nuevo conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat respecto de la “Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, miedo la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomentan la comunicación cultural, correspondientes al año 2012” que sigue el mismo criterio de gestión y concesión centralizada de las ayudas desde el Ministerio.
A menudo el TC tarda años a dictar lse sentències y cuando reconocen la competencia de la Generalitat resulta que ya hace años que la disposición sidoal dejó de tener efectos. Incluso esto ha sucedido en algunos casos en los cuales las s entències se dictan en un plazo relativamente más breve. Es el caso de lase ntència 150/2012, de 5 de julio, que a pesar de haber resuelto unos recurso de inconstitucionalidad que planteó hace pocos años el Gobierno de la Generalitat en relación con el “Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, miedo el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”, consecuencia es que la orden competencial queda definido a favor de la Generalitat pero, de momento, sin ninguna aplicación efectiva.
En materia de becas y ayudas de carácter general por estudis universitarios y de nivel mediano, el TC dictó la Sentencia 188/2001, de 20 de diciembre, en la cual resolvió el Conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat contra la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, y reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión. El Estado ha modificado en parte el modelo de gestión pero todavía no ha dado pleno cumplimiento a la delimitación de competencias que estableció entonces el TC. De hecho, la Generalitat planteó también posteriormente el conflicto contra el “Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, miedo el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas”, que encara se encuentra pendiente de sentència.
En materia de formación contínua en las a dministracionspúblicas, el TC ha dictado la Sentencia 7/2013, de 17 de enero, en la cual ha estimado en buena parte el conflicto que planteó el Gobierno de la Generalitat contra la “Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, miedo la que se ordena la publicación del IV Acuerdo de Formación Continúa enl as Administraciones Públicas.” De momento el Estado todavía no ha dado cumplimiento a la Sentencia a pesar de que se han mantenido reuniones de trabajo con el Ministerio.
La STC 245/2012 de 18 de diciembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad que planteó el Gobierno de la Generalitat respecto de la “Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.” y reconoció que el Estado no puede integrar en su red todos los servicios que presta RENFE y, por lo tanto, que tendrá que redefinir su red ferroviaria aplicando los criterios constitucionales relativos al ámbito territorial supraautonòmic del servicio ferroviario y al interés general de la obra pública, respetando también los criterios estatutarios, de forma que las líneas y los servicios ferroviarios que se prestan sólo dentro de Cataluña corresponden a la Generalitat. De momento el Estado todavía no ha redefinido la red ferroviaria y los servicios de acuerdo con la Sentencia.
Sigue incumpliéndose sistemáticamente la antigua sentencia dlos años 90 sobre el Plan Futuras que obliga el Estado a una territorialització de los fondos destinados a subvenciones turísticas a empresas e instituciones. Cada año aparecen nuevas convocatorias y distribuciones de fondos en materia de turismo.
f) Recentralització legislativa y administrativa
En los últimos años el Estado ha impulsado una batería de iniciativas legislativas de signo claramente recentralitzador con la voluntad de sustraer capacidad de decisión normativa y facultades de gestión a las comunidades autónomas. En algunos casos, no se han respetado los acuerdos logrados con la Generalitat para introducir previsiones especiales para Cataluña en atención a las competencias exclusivas de la Generalitat.
En la actualidad destacan:
– Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado
El Gobierno del Estado también impulsa una reforma administrativa, basada en el llamado Informe CORA, con el objetivo de eliminar las duplicidades institucionales y administrativas detectadas. Su visión es que la existencia de estas duplicidades siempre es responsabilidad de las comunidades autónomas y las invita a suprimir órganos o a dejar de prestar servicios para confiarlo todo a órganos del Estado.
Propone, entre otras medidas recentralitzadores, eliminar las figuras del Síndico de Agravios, la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, la Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria (AQU), el Meteocat, el Centro de Estudios de Opinión o el Instituto Cartográfico de Cataluña.
El informe no apuesta por los mecanismos previstos por la Constitución para corregir las disfunciones del reparto competencial (artículo 150.2, traspasos), sino para introducir un principio nuevo e inconcreto (una Administración, una competencia), contrario en las previsiones constitucionales.
3- Cuantificación dlos incumplimientos del gobierno central (deslealtad y otras)
El principio de lealtad institucional está establecido al Estatuto dea utonomia de Cataluña, a la Ley orgánica de financiación de las comunidades a utònomes(LOFCA) y a la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y se define cómo:
“La determinación del impacto positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido tengan sobre las CCAA, tanto en materia de ingresos, como en materia de nuevas obligaciones de gasto.”
El objeto de este apartado es el de identificar aquellas normas estatales que tienen incidencia sobre el presupuesto de la Generalitat, es decir, que tienen una repercusión o bien en los ingresos o bien en los gastos. La evaluación del impacto de las diferentes normas y actuaciones estatales tendría que permitir delimitar los mecanismos de ajuste necesarios y la compensación por parte del Estado.
– El principio de lealtad institucional en el s modelos de financiación del año 2001 y 2009
En el acuerdo de financiación del año 2001 se introdujo por primera vez el concepto de la lealtad institucional entendido como la determinación del importe positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por la Sido pueden tener sobre los presupuestos de las CCAA tanto en materia de ingresos, como en materia de gastos.
Desde el establecimiento del principio de lealtad institucional, el Departamento de Economía de la Generalitat ha trabajado en la identificación y valoración de las normas estatales que pueden tener incidencia en su presupuesto. En un estudio que incluía los años 2001 al 2005, el importe estimado del coste de las medidas estatales para las finanzas de la Generalitat era de 1.084 M€ anuales, sin tener en cuenta materias actualmente tan importantes como por ejemplo el coste de la dependencia (entonces todavía no se había aprobado la ley de la dependencia).
A guisa de síntesis se podría afirmar que el coste para la Generalitat de las medidas aprobadas por la Sido equivalía a un 5% del presupuesto consolidado de cada ejercicio.
Por el contrario, el Estado sólo ha compensado la eliminación del impuesto de patrimonio y con respecto al resto de las medidas, según establece la ley de financiación, se han conosiderat cubiertas por parte de la Estat con los recursos adicionales que se prevén en el modelo de financiación. Por lo tanto, el importe de este mayor gasto continúa siendo asumida por la Generalitat.
El principio de lealtad institucional también queda recogido en el modelo de financiación de 2009.
– Estimación del coste de la lealtad institucional
A la hora de cuantificar el coste de la lealtad institucional, hay que tener presente aquellas medidas anteriores al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de 2009 y las medidas posteriores a la entrada en vigor del mencionado acuerdo.
Entre 2001 y 2009, hay que recordar que, según estimaciones del Gobierno de la Generalitat, el coste anual de la lealtad institucional para Cataluña equivalía a un 5% de su presupuesto consolidado, lo cual para el año 2009 significó un total de 1.849 M€ sin tener en cuenta la aplicación de la Ley de la dependencia.
A partir del año 2009, la estimación del coste anual de la lealtad institucional, de acuerdo con el expuesto en el apartado segundo, supone un importe aproximado de:
Lealtad institucional en el ámbito de la salud: 252,7 M€
Lealtad institucional en el ámbito de la hacienda: 90 M€
Lealtad institucional en el ámbito de la dependencia: 235 M€
El coste de la lealtad institucional para la Generalitat al año 2012 es de:
5% de 37.025: 1.851,2 M€ (presupuesto consolidado)
Costes añadidos 2009: 577,7 M€
A continuación se presenta una primera recopilación de normas y actuaciones del Estado que desde la Generalitat de Cataluña se considera que tienen que ser analizadas enter mes de lealtad institucional. También se incluyen aquellas actuaciones que, a pesar de no derivar propiamente de una norma estatal, sí que son decisiones estatales que tienen una repercusión en las obligaciones de gasto de la Generalitat, y que, por lo tanto, tienen un impacto presupuestario.
Actualmente estamos en disposición de cuantificar los incompliments del Gobierno Central en:
Deuda del Estado en inversiones en infraestructuras
(cifra reconocida por el Ministerio de Fomento como deuda pendiente)
(Si se abonara esta deuda, eliminaría deudas en concepto de la DA3a de la EAC)
Reducción de los ingresos finalistas provenientes del Estado
(comparativa liquidación presupuesto 2010 – liquidación presupuesto 2012)
Medidas estatales que suponen un incremento de gasto
Medidas estatales que suponen un decrement de los ingresos
a) Deuda de laEstat en inversiones en infraestructuras
La deuda de la Estat en inversiones en infraestructuras sube a 5.748 M€. Se trata de una cifra reconocida por el Ministerio de Fomento como deuda pendiente, y que en caso de abonarse supondría la liquidación de las deudas que acumula el estado en concepto de la Disposición Addicional Tercera del Estatuto de autonomia de Cataluña.
b) Reducción de los ingresos finalistas del Estat
La disposición adicional 41 de la ley 39/2010, de Presupuestos generales del Estado para el 2011 y la disposición adicional 30 de laL lei 2/2012 de Presupuestos generales del Estado para el 2012 condicionaban la firma de convenios entre el sector público estatal y el sector público autonómico al cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las comunidades autónomas. En la ley de Presupuestos generales del Estado para el 2013 también se condicionan, por primera vez, todas las subvenciones del sector público estatal al sector público autonómico (de acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria).
Concretamente, al amparo de la normativa de estabilidad presupuestaria, la ley 17/2012 de Presupuestos generales del Estado para el año 2013 establece que, durante el año 2013, la concesión o modificación de subvenciones o la suscripción, prórroga o modificación de convenios entre el sector público estatal y el sector público de las comunidades autónomas que hayan incomplert su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto para los ejercicios 2011, 2012 o 2013 o presenten riesgo de incumplimiento, requerirán con carácter previo a su autorización de un informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos informes serán necesarios siempre que estas subvenciones o convenios:
Comporten una transferencia de recursos del sector público estatal al autonómico
Impliquen un compromiso de realización de gasto por parte de la comunidad autónoma.
Entre la liquidación 2010 y la liquidación 2012, la Generalitat de Cataluña ha visto una reducción de los ingresos finalistas provenientes del Estado de 672,6M€. La principal reducción se concentra en los programas de ocupación y formación de trabajadores que se han reducido 258M€, seguido de los programas de educación y búsqueda 141,7M€ y las ayudas de apoyo a la dependencia y en programas sociales 121,8M€.
c) Relación de la normativa estatal y medidas estatales con impacto sobre los ingresos o el gasto de la Generalitat
Se lista a continuación, sin voluntad de ser exhaustivo, una relación de normativa y medidas estatales que tienen impacto sobre los ingresos o los gastos de la Generalitat:
Liquidación de la Disposición Adicional 3a de el Estatuto. Se tendría que concretar el compromiso del Estado en relación con la liquidación de la Disposición Adicional 3a de el Estatuto correspondiente al año 2008 (759 millones de euros) que se tenía que haber ingresado el año 2011 y acordar el importe correspondiente en la liquidación de los ejercicios 2009 y 2010 (previstos en 211 y 719 millones de euros, respectivamente) que se tendrían que ingresar el 2012 y el 2013. En total se añadimos las previsiones por el 2011 y el 2012 suman 3.529 millones de euros.
Los objetivos de déficit establecidos por el Ministerio de Hacienda para las CA incumplen reiteradamente la ley de estabilidad presupuestaria, comportando un mayor esfuerzo para las CA. La Generalitat ha presentado al Ministro de Hacienda un requerimiento contra los objetivos de déficit del conjunto de las CA per al periodo 2013-2016. En caso de tener estos objetivos de déficit, la Generalitat no tendría que hacer ningún sobreesforç de reducción del gasto o de obtención de nuevos ingresos
O bjectius impuestos -1,3% -1,0% -0,7% -0,2%
Objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria -2,5% -2,2% -1,6% -1,1%
Per a l2014 esta decisión arbitraria representa no poder disponer de 2.400 M€.
Negativa (o mayores dificultats) del Gobierno del Estado para renovar los convenios con la Generalitat, puesto que esta supera el objetivo de déficit. La normativa estatal exige que en caso de incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda se requiera un informe previo del Ministerio de Hacienda por la suscripción de convenios con el Estado y por el otorgamiento de subvenciones.
Financiación para instituciones científicas singulares. No se han cumplido los compromisos existentes en relación a mb las Instalaciones Científico-técnicas Singulares (ICTS) y las infraestructuras europeas: no se ha creado el consorcio CBATEG Mouse Clinic, ni el Centro de Biología Estructural ni tampoco hay una hoja de ruta priorizada para las infraestructuras europeas.
El Real decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de ocupación alartículo 3 amplía las operaciones exentas del impuesto de actos jurídicos documentados a la constitución de sociedades y al aumento del capital. Se ha estimado que para la Generalitat puede suponer una pérdida de recaudación de 90 M€.
Pendiente todavía de evaluar el impacto económico en términos de lealtad de la LOMCE, la Ley orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la ley de economía sostenible, que modifica, entre otros, la Ley orgánica 5/2002 de las calificaciones y de la formación profesional, en la disposición adicional quinta establece que los centros sostenidos con fondos públicos que ofrecen enseñanzas de formación profesional y para la ocupación, tendrán que someter a evaluación todas las acciones formativas que lleven a cabo. Se entiende, pues, que se genera una nueva actividad a desarrollar por estos centros educativos.
Financiación en Cataluña de la actividad que realizan los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del Servicio Estatal de Salud a los pacientes catalanes. Hasta ahora sólo se paga los desplazados otras comunidades.
Transferencia a las CCAA del patrimonio de la Seguridad Social (SS) para la prestación de servicios sanitarios. Si las CCAA tuvieran la titularidad del patrimonio, podrían utilizar estos activos en I’establecimiento de fórmulas para financiar las inversiones. necesarias para mantener en correcto sido las infraestructuras y la mejora de la imagen real de las cuentas sanitarias. La Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social preveía finalizar esta transferencia y así finalizar estos traspasos. Con la ley de Presupuestos Generales del Estado del 2013, pero, el Estado derogó esta disposición eliminando la posibilidad de finalizar el traspaso.
Financiación de la deuda histórica con la SS de los centros hospitalarios concertados por deudas anteriores al año 1995. Importe total: 472 MEUR.
Ley orgánica 2/2010, de 2 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Supone unona ampliación de los supuestos que dan derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos disponibles hasta el momento muestran, por un lado, un notable incremento de los abortos y, de la otra, una fuerte concentración de estos en la sanidad pública, puesto que la ampliación de los supuestos facilitan su cobertura por parte del sector público. La ampliación de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo se estima que ha supuesto un coste addicional de 7,8 M€ para el año 2011.
La Ley 42/2012, de 30 de diciembre, por la cual se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias ante el tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de productos del tabaco, ha supuesto una modificación de la cartera de servicios que representa un gasto sanitario adicional de 13-16 M€, en concepto de farmacia y apoyo psicológico.
El mantenimiento de los implantes cocleares que hasta el momento no estaban incluidos a la cartera de servicios supone un coste adicional de 0,5 M€.
Coste del Plan de Salud Bucodental que se inicia el año 2008 para los niños de entre 7 y 15 años. Hasta el 2013 el Estado financiará el 50% de los niños que entren anualmente en el programa. Se calcula que a partir del año 2013 el coste total de este programa será de 4,6 M€.
Ampliación de las prestaciones en el ámbito de la protección de la salud por parte de la Comisión de Salud Pública -como por ejemplo la introducción de nuevas vacunas y medicamentos antivirales con un coste de unos 18 M€- sin la intervención de la Comisión de Prestaciones.
Facturación del coste total de los desplazados. La compensación a cargo del Fondo de Cohesión Sanitaria del año 2012 fue de casi 11 M€, unos 53 M€ menos que la estimación de su coste real (alrededor de 64 M€).
Recuperación de la aportación a la industria farmacéutica, que el año 2009 con la aprobación de la Ley 28/2009 se vinculó a la investigación y ha supuesto dejar de recibir unos 22,4 M€ anuales.
Financiación del medicamento Dabigatran para la prevención de la ictus y de la embolia sistemática (66,0 M€).
Financiación del medicamento Boceprevir para la infección crónica de la hepatitis C (coste 35,5 M€).
Deuda con Cataluña en materia de infraestructuras de 5.748 M€ (reconocido por la ministra de Fomento el 13/02/2012).
Pla de Cercanías 2008-2015. Grado de execució baixíssim, de la orden de un 9% de una inversión inicial prevista de 4.000 M€.
Protocolo sobre la red viaria 2005-2012. La Generalitat ha ejecutado el 70% de la inversión (3.500 M€), mientras que el Ministerio de Fomento sólo el 28% de un total de 3.200 M€. Se considera necesario priorizar el vial de acceso al Puerto de Barcelona por camiones; el Cuarto Cinturón hasta Terrassa; el enlace A-2/AP-7 en Catellbisbal; el A-2 en las comarcas de Girona; el A-27 en el tramo Valls-Montblanc; y la variante de Vallirana de la N-340 (iniciada el 2003), entre otros.
Financiación del transporte público. La aportación del Estado se ha ido reduciendo anualmente y desde el 2010 en un 12% por el que hace referencia al Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolita de Barcelona. El Estado no participa en la financiación de los consorcios de transporte de Girona, Tarragona y Lleida.
En materia de vivienda, malgrat la evolución de los PGE en materia de subvenciones por adquisición y rehabilitación de viviendas, donde en los últimos años Cataluña tiene un peso alrededor de 15% sobre el conjunto de las CCAA, a julio de 2013 hay subvenciones pendientes de abonar a los promotores de viviendas de protección oficial (186 promociones) por importe de 98,47 MEUR.
Incumplimiento de las aportaciones a los centros culturales de referencia reduciendo la aportación por encima de la reducción mediana del Estado.
La no participación económica de la AGE en el Instituto Ramon Llull. La aportación del Estado al Instituto Cervantes es de 110,46 millones de euros, la cual se hace a través del Ministerio de Asuntos Extranjeros.
Territorialització de las ayudas y subvenciones de la Unión Europea y del Estado. Se pide la transferencia de dinero con carácter inmediato puesto que los objetivos vienen marcados por la UE. Actualmente hay que esperar que el Ministerio apruebe la normativa y limita la disponibilidad de los fondos. Interpuesto un recurso de inconstitucionalidad.
Negociación PAC 2013-2020. Se quieren aplicar criterios que perjudican Cataluña.
Negociación Fundes Estructurales Sector Pesquero. Se quieren aplicar criterios que no tienen en cuenta la flota de litoral.
Asignación tributaria del 0,7% del IRPF a favor de entidades y proyectos de interés social. Aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que estima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña y que permitirá que Cataluña gestione las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado social que proceden del IRPF. Según la sentencia, es competencia de la Sido la regulación de los aspectos centrales de estas subvenciones, es decir, el objeto y la finalidad de las ayudas, su modalidad técnica, las personas beneficiarias y los requisitos esenciales de acceso. Pero es competencia de la Generalitat su gestión, es decir, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos.
Menores extranjeros no acompañados. Incumplimiento de las órdenes de repatriación. Aunque las competencias son del Estado, la tutela legal es de la Generalitat de Cataluña. La no-ejecución de las órdenes de repatriación de estos menores comporta un impacto económico importante para el Departamento de Bienestar Social y Familia.
La financiación de la Ley de la dependencia supone un incumplimiento de lque establece la misma ley, en la cual se preveía que la aportación de la Sido seria equivalente en la aportación de las comunidades autónomas. En efecto, según datos de la Generalitat, el año 2010, la financiación de la dependencia se distribuyó de la manera siguiente:
334,97 M€ Sido (29,85%)
97,56 M€ Usuarios (8,69%)
El año 2011, este desequilibrio se ha acentuado todavía más como consecuencia de la reducción de la aportación estatal:
258,44 M€ Sido (20,07%)
122,24 M€ Usuarios (9,49%)
Por lo tanto es la menor aportación de la Sido el que obliga la Generalitat a hacer un mayor esfuerzo, si es posible. Este sobreesforç el año 2011 ha estado de 235 M€.
Per al 2012 los datos son las siguientes:
243,54 M€ Sido (18,00%)
180,34 M€ Usuarios (13,33%)
Centros Especiales de Trabajo: La política de ayudas, y por lo tanto las modalidades y cuantías de los programas de subvenciones para CET, las fija la normativa de carácter estatal, y corresponde a la Generalitat de Cataluña su ejecución. La normativa actual dicta la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) para todas las personas con discapacitado. Desde julio de 2009 hasta diciembre de 2011, como medida extraordinaria se subvencionó el 75% SMI para las personas con discapacitado de especiales dificultades. Las necesidades de gasto de estas políticas activas son de 73’45 M€. El Estado sólo en finanza 44’28 (Acuerdo Conferència Sectorial julio 2013), la diferencia de 27M€ tiene que financiarse con recursos propios de la Generalitat.
Este porcentaje de cobertura, entorno al 40%, tiene que cubrirse con recursos propios cada año.
Los años 2010 y 2011 la aportación propia fue superior al 40%.
Renta Mínima de Inserción: la reducción efectuada por el gobierno en materia de cobertura a los parados (tanto en los subsidis, como en las prestaciones, ha producido un incremento exponencial de la demanda de la Renta Mínima de Inserción. Se produce de facto un incumplimiento en la competencia estatal de cobertura a los parados, y produce mayor gasto en la competencia autonómica de servicios sociales, sin financiar las nuevas demandas producidas por el cambio normativo.
Cámaras: Se ha reclamado al Ministerio de Industria en julio de 2011, con motivo de la publicación del RDL 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de ocupación, y también con la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible, la supresión del Recurso Cameral Permanente, que es la principal fuente de financiación de las Cámaras. Este hecho tiene un impacto directo con los servicios que se prestan a las empresas pero también en las finanzas de la Generalitat.
La cuantificación del impacto económico de la supresión del Recurso Cameral Permanente, en una visión 2011-2014 supone una pèrdua de flujos económicos para la promoción económica por valor de 33,6M € añales ( 84.672.000 € de 2011 a 2014)
Transferencia a la Generalitat las cantidades correspondientes procedentes de los rendimientos de las cuentas de depósitos judiciales que se generan en su favor (arte. 104.e del EAC) (Hay pendiente de resolverse el recurso de inconstitucionalidad con el núm. 870-2003 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat contra el artículo 70 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de la orden sobre generación de crédito del Ministerio de Justicia procedentes de los rendimientos de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. En este recurso se reclamaba la reversión de los intereses derivados de la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales al Tesoro de la Generalitat.
La Ley o rgànica5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley o rgànica10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece en su disposición adicional segunda que el Gobierno, en colaboración con las comunidades a utònomescon competencia en la materia, establecerá en el plazo de un año un sistema de registro electrónico para las faltas.
Impago de la gestión de las becas y las ayudas al estudio. Mediante convenios de colaboración, y a la espera del correspondiente traspaso, la Generalitat ha asumido desde el año 2005 la gestión de los procedimientos de otorgamiento de becas y ayudas al estudio universitario y no universitario. En estos convenios, el Sido remitía la cuantificación y la liquidación de los costes de gestión al momento de la aprobación del traspaso, el cual todavía no se ha producido. No hay acuerdo sobre la cuantificación del coste de la gestión soportada hasta ahora por la Generalitat. No obstante y esto, en el Convenio subscrito para el curso 2011-2012 se previó que los gastos de gestión se evaluaba en un 1% del importe total de las becas y las ayudas concedidas aquel curso, sin que este importe pudiera ser superior a 1.410.877 euros. Ni este importe –que se tenía que liquidar antes de finalizar el ejercicio 2012- ni los meritados anteriormente no se han liquidado a la Generalitat.
En definitiva, el resumen de la situación actual a septiembre 2013 es el siguiente
Anexo 1. Liquidación del modelo de financiación
Segúnmb los datos presentados por elM inisteri de Hacienda y Administraciones Públicas, la liquidación del modelo de financiación del 2011 volvió a situar Cataluña por debajo de la media en recursos recibidos.
El año 2011, Cataluña fue la tercera comunidad autónoma en aportación de recursos tributarios al sistema de financiación autonómica, pero la decena en recursos porcan pita recibidos un golpe aplicado el modelo de redistribución vigente:
– A la hora de pagar impuestos, Cataluña se sitúa 19 puntos por encima de la media de las comunidades de régimen común, mientras que la posterior redistribución de los recursos la sitúa seis décimas por debajo de la media.
– Se confirma así la tendencia del año 2010, cuando Cataluña también cayó de la tercera a la décima posición. Sólo se situó por encima de la media el primer año de aplicación del modelo.
En total, el año 2011 Cataluña recibió 16.912 millones, un 3% menos que el año anterior.
De otra b anda, una visión general de la evolución de todas las comunidades autónomas pone de manifiesto:
– Los mecanismos de redistribución que utiliza el Estado español fomentan un reparto arbitrario de los recursos: mientras que Cataluña pierde siete posiciones, otras comunidades con una capacidad tributaria muy por debajo de la mediana han recibido más recursos per cápita que Cataluña.
– La evolución de los recursos de cada comunidad autónoma no tiene ninguna relación con el comportamiento de su economía. En los tres años de aplicación del modelo, se observa que Cataluña, con un crecimiento del PIB (2,9%) superior a la mediana (1,4%), recibe una financiación que crece a un menor ritmo (1,7%) que al conjunto de comunidades autónomas (7,5%).
Anexo 2. Reparto injusto del objetivo de déficit presupuestario
Ahora hace poco más de dos años (abril del 2011), se partía del supuesto que las comunidades autónomas disponían de un tercio del objetivo de déficit total de las administraciones públiques, comparable con el gasto de la cual son responsables. Así, el límite de déficit para el 2013 era en total del 3% del PIB, del cual el1,1% correspondía a las autonomías.
El julio del 2012, pero, se rompe esta filosofía y, en el marco del CPFF, se oficializa la distribución de los objetivos de déficit para el 2013 decidida por el Estado. El déficit conjunto de las AAPP del 4,5% del PIB se distribuye con un 3,8% del PIB por el Estado y un 0,7% del PIB para las autonomías. Así pues, el límite de las autonomías baja en relación a mb la 1,1% vigente hasta entonces y se sitúa muy por debajo de la 1,5% (un tercio del total). Cataluña vota en contra.
A lo largo del primer semestre de 2013, se debate como repartir entre los diferentes niveles de la administración un posible relaxament de los objetivos de déficit. A mediados del mes de junio, la Comisión Europea aprueba una ampliación generalizada en los objetivos de déficit de los países comunitarios para los próximos años, concedint-le en España un margen hastal 6,5% del PIB.
En menos de una semana, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba la distribución del límite del 6,5%: 1,3% del PIB para las comunidades autónomas y 5,2% para la Administración Central, incluida la SS.
Programa Estabilidad 2011-2014
Programa Estabilidad 2012-2015
Programa Estabilidad 2013-2016
En una nueva reunión del CPFF de finales de julio se comunican los objetivos individuales de las comunidades autónomas para el 2013, que para Cataluña es del 1,58% del PIB.
Así pues, Europa ha concedido más margen a los objetivos de déficit para España a través de sucesivas revisiones, pero el Gobierno central se lo ha ido apropiando. Alabril del 2011, la proporción de déficit asignada a las comunidades autónomas para el 2013 era superior al tercio, mientras que hoy es de una quinta parte.
Además, tal como se puede ver en el cuadro siguiente, esta proporció todavía mengua más a lo largo del periodo 2014-2016, llegando este último año a un magro -0,2% del PIB (1/14 parte del -2,8% total), muy lejos del margen que correspondería a las comunidades autónomas segúnmb las mismas leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados (cifras en verde).
Tal como las cifras demuestran, el Estado persiste en una distribución injusta y asimétrica del objetivo de déficit entre los diferentes niveles delA dministració, siempre favorable a los intereses de quienes la determina (A dministraciócentral).
Anexo 3. Inversión regionalitzada respete d el Producto Interior Sucio (PIB) y la población
La inversión del Estado en Cataluña siempre ha sido por debajo del que le correspondería de acuerdo con su aportación al PIB y al peso de su población.
La evolución de la inversión regionalitzada dels Presupuestos Generales del Estado muestran una disminución progresiva del porcentaje de inversión regionalitzada en Cataluña, y siempre lejos de su peso económico dentro del Estado:
Gráfico 1. Comparativa entre el porcentaje deinversión presupuestada en Cataluña respecto de ltotal estatal (al cocer) y porcentaje de participación de Cataluña en el PIB estatal (en rojo).
En termas de inversión por habitante, en el periodo 2000-2014 sólo el año 2003 se equiparó la representatividad de Cataluña con su población dentro del Estado:
Gráfico 1. Comparativa entre el porcentaje de inversión presupuestada en Cataluña respeto el total estatal (al cocer) y pes de la población catalana respete el total estatal (en lila).
Sy atendemos sólo los Presupuestos generales del Estado de 2014, el porcentaje de inversión que el Estado prevé hacer en Cataluña se reduce al 9,6% del total regionalitzat, la mitad de su peso dentro del Estado (18,9%). Además, Cataluña es la región con mayor déficit entre % de PIB y % de inversión (-9,2%) y la quarta por la cola en inversión porcan pita.
Anexo 4. Inversión ejecutada respecto de la inversión presupuestada
L´Estado destinará en Cataluña 944 M€ de inversión el 2014, un 25% menos que el 2013, mientras que la inversión a tot el Estado ha caído sólo un 8 % de media. Es decir, la caída de inversión en Cataluña es 3 golpes superior que la media estatal.
Pero no sólo se tiene que contemplar el presupuesto de un año, sino el que se ha previsto hacer, (el que realmente se ha acabado invirtiendo) y durante un periodo largo de tiempo.
La liquidación del presupuesto del grupo Fomento en Cataluña ha sido históricamente muy por debajo de la inversión inicialmente prevista en Cataluña. Esta diferència ha sido todavía más grande en los años con presupuestos más expansivos. Sólo ha variado la tendencia el último año liquidado, el 2012, en elqu al el importe liquidado es superior al presupuestado, a pesar de que la diferencia es muy pequeña.
En el periodo 2001-2012, el porcentaje de ejecución del grupo Fomento en Cataluña ha sido 7,5 puntos menos que el conjunto de comunidades autónomas. Esto coloca Cataluña en la cuarta comunidad por la cola en porcentaje de ejecución.
Anexo 5. Déficit fiscal
En virtud de la Ley 10/2012 de 25 de julio, de publicación de las balanzas fiscales, el consejero de Economía presentó a finales de mayo la balanza fiscal[1] de Cataluña con la Administración central del año 2010. Los cálculos se han hecho siguiendo las dos aproximaciones metodológicas estándares: la del flujo monetari y la del flujo del beneficio, y neutraliza nt el efecto que el ciclo económico tiene sobrel a situación financiera del sector público central.
público centra
Según el método del flujo monetario[2], el déficit fiscal de Cataluña el año 2010 fue de 16.543 M€, equivalentes al 8,5% del PIB de Cataluña.
Según el método del flujo del beneficio[3] el déficit fiscal catalán el año 2010 fue de 11.258 M€, que representan un 5,8% del PIB de Cataluña.
Saldo de la balanza fiscal 2010
Gasto que el Adm.Central realiza en Cataluña
Ingresos totales que aporta Cataluña al Adm.Central
Saldo balanza fiscal de Cataluña con la Adm.Central
% sobre el PIB de Cataluña
En términos porcentuales, según el método del flujo monetario Cataluña aporta el 19,4% del total de ingresos de la Administración central y recibe el 14,2% del gasto total del Estado. Por lo tanto, Cataluña contribueje con una proporción superior a su peso en el PIB estatal (18,6% el año 2010) y, en cambio, recibe una fracción de gasto que no llega al peso de su población sobre el conjunto del Estado (16%). Si se calcula la balanza fiscal sin la Seguridad Social (paro incluido), el gasto recibido en Cataluña cae del 14,2% hasta el 11,3%.
Si se comparan los datos de la balanza fiscal de Cataluña con la Administración Central (flujo monetario) desde el 1986, se observa:
La persistencia del déficit fiscal, con valores que oscilan entre el -6,7% y el -10,1% del PIB.
El déficit fiscal entre el 1986 y el 2010 se sitúa de media en el -8,1% del PIB.
Aun así, si se observa el déficit fiscal por persona, el saldo fiscal (en términos reales, base 2010) se ha doblado en los últimos 24 años, pasando de los 1.092€/persona a los 2.260€/persona.
[1] La balanza fiscal mide el efecto redistributivo entre territorios de la política fiscal de la Administración central, es decir, muestra la diferencia entre el gasto que el Estado realiza en un territorio y el volumen de ingresos que en detreu para financiar el conjunto del gasto público central. Existe déficit fiscal cuando los ingresos detrets en un territorio superan los gastos que se destinan a sus ciudadanos, es decir, hay una salida limpia de recursos fiscales.
[2] El método del flujo monetario mide el impacto económico generado por la actividad de la Administración central en el territorio y es especialmente relevante en tiempo de crisis y paro.
[3] El método del flujo beneficio mide el impacto de la actuación de la Administración central sobre el bienestar de los residentes en un territorio. Requiere más supuestos y aproximaciones.
Posted in Política	Tagged Artur Mas, catalanes, Cataluña, Informe, Informe deslealtades

References: artículo 9
 artículo 36
 artículo 127
 artículo 9
 artículo 166
 artículo 149
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 artículo 3
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 artículo 70