Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Confcol/capitu15.htm
Timestamp: 2019-03-23 09:25:12+00:00

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En el esquema de negociación de la Paz, uno de los temas es si se incluye o no a los militares dentro de una serie de beneficios jurídicos a la hora de firmar un Acuerdo. Se parte de la idea que un agente del Estado no es igual a un guerrillero y, por lo tanto, no puede ser tratado de la misma manera. Las fuerzas armadas son, constitucionalmente, el brazo legítimo del uso exclusivo de la fuerza por parte del Estado -en términos “westfalianos” y “bodinianos” 482-, aunque ese uso exclusivo de la fuerza no contempla cometer excesos ni delitos, sino velar por los intereses de la Nación.
Cuando los miembros de la fuerza pública rompen con ese mandato, deben ser castigados, atendiendo a la lógica del derecho. La idea es si el castigo debe ser igual para ambas partes, fuerzas regulares y guerrilla o se deben o pueden hacer diferencias. La clave de esto, se encuentra en que, fuerzas legítimas o no, nadie está habilitado para ejercer la fuerza más allá de la legítima defensa 483. Tratándose de un conflicto, alimentado durante más de cincuenta años, por un sinnúmero de causas que movilizan la demanda social, vuelve complejo establecer responsabilidades.
Los militares han pedido que les den exactamente los mismos beneficios que a los eventuales guerrilleros desmovilizados. El Presidente Juan Manuel Santos, a principios del 2014, confirmó que la firma de la Paz, comportará beneficios para los Agentes del Estado que se encuentren en problemas judiciales por sus comportamientos durante la guerra 484. Ello no debe implicar el error de incurrir en la “autoamnistía”, un exabrupto jurídico que tendría repercusiones a la luz de lo que el Derecho Internacional contempla.
En países como Argentina, en que ha habido numerosos golpes de Estado militar, las fuerzas armadas se han ido autoamnistiando, e incluso un Gobierno civil, como el de Carlos Saúl Menem (1989-1999), luego de juicios a las cúpulas militares, ordenados durante el Gobierno de Raúl Alfonsín en la década de los ‘80, basándose en el criterio de “punto final” y “obediencia debida” de los juicios de Núremberg y Tokio, estableció una amnistía en aras de la pacificación interna. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner el Congreso de la Nación -Parlamento- anuló las leyes de “punto final” y “obediencia debida” en el 2003, retrotrayendo la situación legal a 1986, considerando asimismo a las “leyes del perdón” -adoptadas durante el período de Carlos Menem- como inaplicables a los delitos de lesa humanidad y anti-constitucionales 485. Luego, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la justicia utilizó estos elementos para dar lugar a juicios, no sólo a las Juntas militares, sino también a niveles inferiores en los que se hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Una de las quejas de las fuerzas armadas y algunos sectores en Argentina ha sido que la guerrilla “Montoneros” no ha sido llevada a juicio en condiciones de paridad.
Si se confiesa la Verdad, se imparte un mínimo de justicia, se Repara a las víctimas y se garantiza la No Repetición. Razonable, además, acorde con el conflicto degradado de parte y parte. Pero esto implica, por parte de las fuerzas armadas, aceptar hechos y responsabilidades. Esta hipótesis se acercaría al criterio aplicado por el Gobierno de Nelson Mandela en Sudáfrica en 1995 486.
Los Grales. Juan Pablo Rodríguez y Jaime Lasprilla, Comandantes de las fuerzas militares y del ejército, declararon que 2014 era el año de la Paz por la vía del diálogo o de la salida militar. En una guerra asimétrica, lograr el aniquilamiento total del enemigo es imposible, pero sí se puede mantener la presión que se ha desarrollado a través del plan “Espada de Honor”, para diezmar estos grupos terroristas hasta lograr que no se haga el menor daño al pueblo colombiano. Los soldados jamás bajarán la guardia.
Según el Gral. Jaime Lasprilla, para el país es claro que el ejército ha sido abierto a la Fiscalía y a los organismos de control para realizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Prueba de eso es la cantidad desafortunada de oficiales, suboficiales y soldados que se encuentran en centros de reclusión militar producto del respeto que las fuerzas armadas tienen hacia la justicia.
Según la Fiscalía, hay más de dos mil doscientas investigaciones por falsos positivos, con cuatro mil uniformados procesados, de los que se establecieron ochocientos noventa condenas.
Para el Gral. Juan Pablo Rodríguez, las fuerzas armadas siempre están actuando en situaciones de campo difíciles dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, y por eso requieren una protección jurídica para que sus hombres actúen sin temor contra los grupos terroristas. Las fuerzas armadas siempre han respaldado las negociaciones de Paz, pero debe ser una Paz con dignidad, donde no haya sometimiento para el pueblo colombiano y no se negocien sus fuerzas armadas, ya que son vitales para el futuro de la nación. Los peligros a futuro son de otro orden. No se pueden ceder los espacios que se han ganado para proteger a la población, porque no sería una Paz digna, sino con presión.
Los aspectos de Justicia Transicional los maneja el Gobierno y los organismos judiciales, para que se cumplan con los estándares internacionales. Las fuerzas armadas, confían en el buen juicio de las instituciones encargadas del tema. Si las FARC se desmovilizan, entregan sus armas, se reinsertan a la vida civil y vuelven a ser ciudadanos de bien, el ejército los protegerá como a cualquier colombiano.
Las fuerzas militares son un “patrimonio del Estado” 487 no negociable y sometido a un proceso de transformación. En caso de que el Gobierno contemple una ley de Justicia Transicional, los miembros de las fuerzas armadas, tendrán los mismos beneficios de los grupos al margen de la ley, partícipes del conflicto. Las fuerzas armadas siempre han sido respetuosas de los Derechos Humanos y del DIH y nunca han tenido como política su violación. Si se presentó un conflicto ahí tienen que estar los Agentes del Estado que por alguna u otra razón, y de manera involuntaria en el marco del conflicto, hayan tenido situaciones especiales por las cuales puedan resultar comprometidos con la justicia. Esto no es igualar a las fuerzas armadas con la guerrilla. La comparación es imposible. En un momento dado, dentro de ese marco del conflicto, si hubo desaciertos presentados por alguno de los dos deben ser analizados dentro de ese contexto de la Ley Transicional. No sería justo que para unos haya beneficios y para otros no, cuando lo que se busca es la reconciliación y la Paz duradera que va a llegar a través de estos beneficios jurídicos.
Se ha pedido que si van a existir beneficios para grupos al margen de la ley, pues los miembros de las fuerzas armadas también deben tenerlos. Si hay beneficios jurídicos que se incluyan en una ley de Justicia Transicional, los miembros de las fuerzas armadas que hayan cometido errores también 488 deben ser merecedores de ellos, pues actuaron para proteger al Estado 489, independientemente de que la Constitución establezca que si el servidor público incurre en ese tipo de acciones es doblemente responsable, pues tiene armas del Estado 490.
El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que luego de la firma de un eventual proceso de diálogo con las FARC, la Justicia Transicional también cobijaría a los militares que se han visto envueltos en crímenes de guerra, aunque precisó, que no serían incluidos quienes son, o han sido, juzgados por “parapolítica”:
“La Constitución permite que entren en el marco de una Justicia Transicional, y el esquema jurídico, solo debe excluir un tipo de delitos, los falsos positivos los demás, es decir las muertes en combate, en donde haya ejercicio excesivo de la fuerza, incluso en caso de muertes extrajudiciales, homicidio en personas protegidas, delitos que pudieron haber incurrido los militares durante el conflicto pueden entrar en el marco de la Justicia Transicional”.
Los casos de falsos positivos, al tratarse de “un montaje no entrarían en este tipo de justicia”. Los militares que eventualmente sean cobijados con estos procesos “no necesariamente pueden estar en proceso de juzgamiento, también puede que ya hayan sido juzgados”. Jamás se colocará en el mismo nivel a militares y a ex-militares “no podemos comparar, bajo ninguna circunstancia, la actividad legítima de los miembros de la fuerza pública con las de la guerrilla, no podemos poner en el mismo nivel a unos y a otros. Para que entre a funcionar la Justicia Internacional no debe haber funcionado la justicia colombiana. Si acá se hace un proceso serio con unas condenas, así estas sean, inclusive, cometidas por militares, terminan en penas alternativas diferentes a las privativas desde que se haga un proceso serio, sería un gran blindaje de la justicia y las fuerzas armadas” 491.
Lo que no deja en claro el Fiscal General, es si “el montaje de los falsos positivos”, ha sido hecho por los militares que cometieron esos delitos, o si se trata de un montaje para inculpar a militares inocentes que actúan en defensa del país. Cuando se trata estos temas, debería quedar en claro que lo que se busca es la justicia y no atacar a instituciones. Un militar que comete un delito 492, debe ser juzgado aunque pertenezca a una institución establecida constitucionalmente; de eso se trata la justicia 493.
Cámara de Representantes Aprueba Reforma Constitucional sobre Fuero Militar
En primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se adoptó el proyecto de Acto Legislativo Nro. 192 del 2012, por el que se reformaron los Artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia 494.
Artículo 1. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:
“Articulo 116. (...) Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal y que ejercerá de manera preferente las siguientes funciones:
El Tribunal de Garantías estará integrado de manera equilibrada por un número impar de Magistrados que incluya a miembros de la fuerza pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tendrán el mismo período de estos últimos y estarán sometidos a las mismas inhabilidades.
Una ley estatutaria establecerá el mecanismo de composición y postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales”.
Artículo 3. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así:
“Articulo 221. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.
En ningún caso la Justicia Penal Militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, del delito de genocidio ni de delitos que de manera específica, precisa y taxativa defina una ley estatutaria. Salvo los delitos anteriores, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares 495.
Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la fuerza pública, ocurre algún hecho que pueda ser punible y aplicando las reglas constitucionales y legales existentes no puede determinarse la jurisdicción competente, una Comisión de coordinación mixta integrada por representantes de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción penal militar, constatará inmediatamente los hechos y preliminarmente remitirá la actuación a una de las dos jurisdicciones, sin perjuicio de las facultades asignadas al órgano encargado de definir el conflicto de competencias. La ley estatutaria regulará la composición de la comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinaria y penal militar, las autoridades que pueden solicitar su intervención y los plazos que deberá cumplir.
Los miembros de la fuerza pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la fuerza pública”.
Frente a este tipo de medidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, como Human Right Watch, plantearon que un fuero militar especial, favorece la impunidad, y el objetivo, es juzgar delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, tales como los “falsos positivos” 496.
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió con vehemencia el proyecto de reforma constitucional de Justicia Penal Militar. Ante la Comisión Primera del Senado, donde se debatía el proyecto, dijo que era necesario que se permita que los miembros de las fuerzas armadas “estén adaptados y armonizados” bajo el contexto del Derecho Internacional Humanitario. La reforma es indispensable porque el riesgo de los miembros de las fuerzas militares en su actividad “es muy alto no solo por el tipo de amenaza sino por los riesgos profesionales; está en juego la vida de hombres y mujeres de esas instituciones”. Defendió que existieran centros especializados para que sean recluidos los militares que eventualmente terminen condenados, porque los uniformados persiguen a organizaciones criminales y no se puede permitir que terminen pagando penas en los mismos lugares de quienes persiguieron anteriormente.
La reforma adoptada 497:
Crea un fuero carcelario para militares con el fin de que no terminen detenidos con delincuentes comunes.
Crea el tribunal de garantías donde se busca una composición equilibrada entre miembros de la fuerza pública y miembros de la población civil.
Crea la defensoría técnica militar adscripta al Ministerio de Defensa y un fondo para alimentar económicamente la misma defensoría.
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en relación con las insistentes reformas al Fuero Penal Militar, afirmó que no se busca la impunidad sino tener una justicia especializada fuerte.
La organización no gubernamental Centro Internacional para la Justicia Transicional, con sede en Nueva York 498, calificó al proyecto como innecesario e injustificado. En un documento, advierte que las propuestas incluidas en la iniciativa del Senado de Colombia, además de innecesarias, pueden atentar contra la integridad de los objetivos de la Justicia Transicional en el contexto colombiano, en momentos en que se busca un proceso de Paz con las FARC.
Llama la atención el hecho de que Colombia, siendo un Estado que forma parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, genuinamente considere que las acusaciones de crímenes de guerra solamente pueden ser investigadas de manera efectiva por una jurisdicción militar, no queda claro por qué aceptó el ejercicio de la jurisdicción por parte de una corte internacional civil.
El objetivo fundamental de los mecanismos de Justicia Transicional, es impulsar medidas de rendición de cuentas por violaciones masivas a los Derechos Humanos, que recuperen la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos.
La justicia ordinaria no es solamente la más adecuada, sino también es más apropiada que la justicia militar para llevar a cabo las investigaciones de crímenes complejos.
La base legal para la definición de competencias también presenta fallas, ya que una misma conducta puede constituir tanto un Crimen de Guerra como un Crimen de Lesa Humanidad.
El proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar aumenta la probabilidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación en Colombia.
Los que promueven la reforma, argumentan que la justicia militar es el escenario judicial apropiado para tratar crímenes de guerra debido, principalmente, a que el sistema de justicia militar está más capacitado para entender e investigar las acusaciones sobre violaciones que ocurren durante las operaciones militares. Ese argumento tiene fallas y plantea interrogantes acerca de las verdaderas razones para impulsar la propuesta de reforma.
1. La comunidad internacional ha sustentado de manera consistente, que los tribunales civiles deben ser quienes investiguen y enjuicien los crímenes de guerra.
La tendencia en la lucha contra la impunidad de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio se ha construido a lo largo de los últimos veinte años sobre la creencia de que la justicia ordinaria es apta y está equipada para investigar y enjuiciar estos tres tipos de crímenes. El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia investigó y enjuició individuos por crímenes de guerra, así como por crímenes de lesa humanidad y de genocidio. La mayoría de sus condenas fueron por crímenes de guerra. El Tribunal es considerado como uno de los ejemplos más exitosos de instituciones dedicadas a la lucha contra la impunidad. Ha contado con la participación de algunos investigadores y fiscales que tenían experiencia militar, pero el carácter del Tribunal era totalmente civil, no militar. Es el mismo caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
El Tribunal Especial para Sierra Leona, creado por la ONU después de la guerra civil en ese país, fue un tribunal híbrido que incluyó personal nacional e internacional. Siendo un tribunal civil, también investigó y procesó crímenes de guerra.
La clara convicción de la comunidad internacional es que no solamente es posible, sino que además es exigible que los crímenes de guerra sean investigados y enjuiciados por y ante autoridades civiles. Colombia se adhirió de manera voluntaria a esta visión y creencia.
En América Latina, países como Guatemala, Perú y Argentina han demostrado que las cortes civiles tienen la capacidad de enjuiciar exitosamente crímenes de guerra, razón por la que no es aceptable el argumento de que este enfoque sea sólo para las cortes y tribunales internacionales.
2. El argumento a favor de las reformas no tiene sentido desde el punto de vista técnico:
a) El asesoramiento y la experiencia en temas militares pueden ser obtenidos por las cortes civiles, de la misma manera en que son obtenidos para otras áreas de actividad especializada. Así como sucede en cualquier área de actividad relativamente especializada. En casos complicados de fraude, es sensato que los investigadores y fiscales busquen los consejos de auditores forenses. En contiendas civiles complicadas que involucran demandas por daños en áreas de experticia muy precisa, es común que las jurisdicciones recurran a expertos que puedan explicar y tratar los aspectos técnicos que se necesitan para que los jueces puedan decidir con fundamento, de manera informada. La complejidad de la materia o la especialización, no es una razón para concluir que el sistema de justicia civil es incapaz de administrar justicia de manera efectiva. En muchos juicios en el ámbito nacional, se cuenta con expertos militares que proporcionan evidencia ante las cortes ordinarias. Cuando se necesita una explicación con base en un mayor nivel de competencia y conocimiento especializado, esta puede ser presentada de la misma manera que se haría en cualquier otro campo. Sostener que las operaciones militares son, de algún modo, más complejas o difíciles de entender que otros temas que la justicia civil trata a diario, representa una mistificación injustificada de su complejidad. Esta es claramente la postura de la comunidad internacional y parece ser la visión del Estado colombiano al aceptar la competencia del Estatuto de Roma.
b) La investigación y el enjuiciamiento en los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad son altamente complejos. Quienes respaldan la reforma a la Justicia Penal Militar, aceptan sin discusión que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados ante cortes civiles pero que los crímenes de guerra deben ser juzgados por cortes militares. El argumento esencial es que un nivel de especialización militar es necesario para la investigación y el procesamiento penal de crímenes de guerra. Sin embargo, no pareciera verse como necesario para el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. La investigación de crímenes de lesa humanidad requiere probar que el conflicto fue el resultado de un patrón de conducta sistemática o generalizada en contra de la población civil y que el acusado tenía conocimiento de dicho ataque. El Estatuto de Roma agrega un elemento adicional: tiene que ser demostrado que el ataque en contra de la población civil fue fruto de una política del Estado o de una organización que promovió una política. Para procesar penalmente los crímenes de lesa humanidad de manera exitosa, los fiscales civiles tendrían que probar que dicha política existió. Los medios técnicos que se requieren para asegurar este tipo de evidencia incluyen frecuentemente, si no siempre, un grado alto de entrenamiento y habilidad. Los fiscales tendrían también que establecer la base del crimen, es decir, una muestra de casos que indique los resultados de la aplicación de la política y del ataque en contra de la población civil, en términos de matanzas, violaciones sexuales, tortura, etc. Los fiscales civiles tendrían, entonces, que encontrar evidencia persuasiva -también llamada “evidencia de vínculos”- que conecte a todos aquellos individuos que planearon y ordenaron las actividades hasta su ejecución, aun cuando no hubieran participado directamente en ella. En general, el procesamiento penal del genocidio es considerado más complejo que el de los crímenes de lesa humanidad. Requiere la prueba de que ciertos actos fueron cometidos con la intención de destruir un grupo protegido, total o parcialmente. Como en el caso de los crímenes de lesa humanidad, se requiere la conformación del crimen base, la búsqueda de evidencia que vincule a aquellos que llevaron a cabo los ataques con quienes los planearon y la evidencia de que el acto fue planeado con la intención de destruir a un grupo en particular.
c) Mientras que algunos crímenes de guerra presentan cierto grado de complejidad legal, en general son menos complejos que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Comparada con la del genocidio y la de los crímenes de lesa humanidad, la investigación de los crímenes de guerra suele ser relativamente más sencilla. Debe probarse que un conflicto existía en el momento en que el acto fue cometido y que el acto tenía un nexo suficiente con ese conflicto. Existen algunos temas complejos que pueden surgir en el transcurso de la investigación de crímenes de guerra. Uno de ellos es el de la proporcionalidad, es decir si las vidas civiles que se perdieron como resultado de la acción militar pueden ser consideradas proporcionales a la ventaja militar legítima que se buscaba. De igual manera, pueden surgir complejidades al establecer si se dio aviso efectivo, con la debida antelación, a la población civil que podía ser afectada por el ataque militar. Asimismo, se presenta una complejidad legal considerable al establecer si hubo o no un grupo que participó de forma activa en el conflicto. Si bien estas son cuestiones verdaderamente complejas, han sido tratadas adecuadamente por cortes civiles cuando fueron asistidas por expertos militares o especialistas en Derecho Internacional Humanitario que integraron los equipos de investigaciones y/o que proporcionaron evidencia como expertos. La mayoría de las acusaciones de crímenes atroces, como las ejecuciones extrajudiciales, la matanza de prisioneros, la tortura de los detenidos y las violaciones sexuales de los civiles, no presentan los mismos niveles de complejidad técnica y legal que el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, probar casos de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales en el contexto del conflicto armado suele ser similar a probar el delito de homicidio y, en general, es más simple que la investigación y enjuiciamiento de los graves crímenes antes mencionados. Es necesario recordar que durante décadas las Cortes civiles de Colombia han juzgado los crímenes de los paramilitares y, en mayor medida, los de la guerrilla. En estos casos no suelen considerarse temas de proporcionalidad u otros relacionados con la participación activa en las hostilidades. Los temas que se investigan son muy similares a casos de ejecución extrajudicial, violencia sexual y otros y, sin embargo, nunca se ha sugerido que las cortes civiles no estén en capacidad de juzgar correctamente estos crímenes debido al desconocimiento de los temas propios del conflicto armado interno o de los aspectos técnicos de las tácticas de los grupos armados ilegales.
3. Las reformas a la Justicia Penal Militar, pueden llevar a una mayor confusión, en el caso de que exista una colisión de competencias entre el fuero civil y el militar, y deba crearse una Comisión que decida el fuero apropiado. Una de las complejidades que se pueden presentar es, que un mismo acto violento puede constituir tanto un crimen de guerra como un crimen de lesa humanidad. En esta situación, con la imputación de crimen de lesa humanidad se anularía inmediatamente la jurisdicción militar.
Tomemos por ejemplo el fenómeno de los “falsos positivos”:
Si se prueba que soldados participaron en la ejecución extrajudicial de prisioneros u otros civiles, es claro que estos podrían ser condenados por homicidio como crimen de guerra. Si se prueba que oficiales superiores ordenaron, planificaron o instigaron los crímenes, ellos podrían ser procesados como co-autores o como cómplices, y los hechos, como crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, una investigación militar sobre ejecuciones extrajudiciales como presuntos crímenes de guerra no podría llevar a una acusación de crímenes de lesa humanidad, aun en el caso en que las ejecuciones extrajudiciales hayan formado parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil.
4. En términos generales, las jurisdicciones militares alrededor del mundo no están formadas para investigar el crimen organizado, también llamado “crimen de sistema”. Reciben capacitación en temas de disciplina y órdenes militares, y están entrenados para investigar principalmente violaciones de la conducta militar. Esto no presenta dificultades cuando las investigaciones tratan crímenes de guerra que no revisten mayor complejidad. Sin embargo, cuando se trata de crímenes que involucran a oficiales superiores en la presunta planificación de crímenes sistemáticos, la complejidad técnica es mayor y la independencia institucional se convierte en una cuestión central. Esto no significa que la justicia militar sea incapaz de llevar a cabo investigaciones efectivas e imparciales. Significa que los investigadores militares, por lo general, no tienen la misma experiencia en la investigación de crímenes complejos que los investigadores civiles, y que la percepción de parcialidad institucional puede bien dañar la credibilidad de los esfuerzos, inclusive los de buena fe, para procesar penalmente estos crímenes.
5. Imparcialidad e independencia.
El sentido común, dicta las razones por las que los oficiales de una institución no son los más apropiados para investigar las acusaciones de crímenes de sistema en contra de sus oficiales superiores. El Derecho Internacional para la protección de los Derechos Humanos, ha desarrollado los conceptos de imparcialidad práctica y estructural. Los organismos encargados de investigar, tienen que estar estructuralmente separados de los organismos que están acusados de los crímenes y deben ser independientes de la supervisión de estos. Esta independencia debe ser real y no puede estar sujeta a la presión por parte de otros grupos, aun cuando se trate de una línea de mando distinta de la de aquellos que estén llevando a cabo la investigación. Esto no significa que la justicia militar no tiene ninguna cabida. Significa que su aplicación se torna cada vez más complicada y dudosa, en la medida en que los presuntos crímenes involucren a oficiales superiores y víctimas civiles.
6. Es necesario considerar los efectos negativos de las reformas propuestas a la integridad de la Justicia Transicional en Colombia. El objetivo fundamental de los mecanismos de Justicia Transicional es impulsar medidas de rendición de cuentas por violaciones masivas a los Derechos Humanos que recuperen la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos. La Justicia Transicional no es un “atajo” que se negocia o se manipula para permitir que algunas personas se liberen de la responsabilidad por sus acciones. Más bien, constituye un conjunto de políticas y medidas diseñadas para hacer frente a las complejidades de la justicia en un contexto de atrocidades masivas y de recursos limitados para enfrentarla. Cualquier reforma al Fuero Penal Militar crearía, inevitablemente, demoras y confusión. Asimismo, aumentaría las sospechas acerca de que el propósito subyacente no es el de garantizar una adecuada investigación técnica y un eficaz procesamiento penal, sino el de controlar su alcance y limitar su progreso. Cualquier cambio, por lo tanto, no contribuiría a desarrollar una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones y, por el contrario, podría debilitar aún más la confianza actual que existe en ellas.
7. Posibilidades de lenidad u otros tipos de beneficios relacionados con la sentencia.
Si lo que se busca es garantizar que los militares reciban sentencias más leves u otro tipo de beneficios, la forma correcta de abordar esto, en el marco de la Justicia Transicional, es mediante un debate público y transparente. Esto otorgaría la legitimidad necesaria para establecer los beneficios apropiados, si existiera alguno, en las sentencias condenatorias contra los miembros de la fuerza pública por crímenes graves en el contexto del conflicto armado. Las justificaciones para otorgarles beneficios judiciales a los paramilitares, y posiblemente a la guerrilla también, no son válidas en el caso de los militares. Uno de los principales argumentos ha sido que dichos beneficios pueden actuar como un incentivo efectivo para la desmovilización y la reintegración a la legalidad. Sin embargo, este no es ni relevante ni pertinente en el caso de los militares, ya que no se trata de la desmovilización de la fuerza pública. Vale la pena recordar que en otros países este tipo de beneficios ha sido acordado para miembros de fuerzas armadas, porque se temía que sin medidas como estas, la integridad del Estado quedaría en riesgo. Seguramente, este no es el caso de Colombia. Por otro lado, dado que uno de los objetivos centrales de la Justicia Transicional es el de restablecer la confianza en las instituciones públicas encargadas de proteger los Derechos Humanos, cualquier decisión de proporcionar beneficios a aquellos miembros de las fuerzas armadas que son responsables penalmente de crímenes graves tendría que tomar muy en cuenta su mayor grado de responsabilidad en virtud de su deber de protección y garantía de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, como reconoce el Marco Jurídico para la Paz. Si no, podría resultar en un profundo debilitamiento de la confianza ciudadana en el Estado. De allí que las razones para justificar los beneficios a los miembros de las fuerzas armadas acusados de cometer graves crímenes deban ser debatidas públicamente. En todo caso, la aplicación de este tipo de beneficios deberá darse exclusivamente en el ámbito de la justicia ordinaria y por parte de operadores judiciales civiles.
Si el objetivo es encontrar un tipo de justicia que sea valorada como imparcial y justa para todos, en el contexto del proceso de Paz, el tema debe debatirse abiertamente. Las propuestas para reformar la Justicia Penal Militar, son incompatibles con los objetivos de la Justicia Transicional e inapropiadas para servir a los intereses de los ciudadanos colombianos que buscan la creación de un nuevo modelo en el que las instituciones estatales protejan de manera efectiva los Derechos Humanos y rindan cuentas cuando fallan en este cometido 499.
El Derecho Internacional Humanitario y el Fuero Penal Militar
Pese a los cuestionamientos de diversos organismos internacionales, incluyendo la ONU y la CIDH de la OEA, José Miguel Vivanco, Director de Human Right Watch, o en el ámbito interno, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, las voces de desacuerdo de los parlamentarios del Polo Democrático, o algunos legisladores de los partidos Liberal, Verde o de la U; el Gobierno y su bancada apelaron a la “soberanía legislativa”, aprobando la ampliación del Fuero Penal Militar.
Con la suposición de que cualquier acción en que incurran los miembros de la fuerza pública, son actos del servicio y serán conocidos por los tribunales marciales -excepto los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, que irían a la justicia ordinaria- el acto legislativo que reforma la Justicia Penal Militar fue aprobado por el plenario del Senado, por cincuenta y cuatro votos a favor y cinco en contra.
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, adujo la tesis “de recuperar el sentido de la seguridad jurídica”. Ante los temores de que con esta iniciativa se podía abrir camino a la impunidad para aquellos miembros del ejército involucrados en falsos positivos, tratos inhumanos o crueles, detenciones arbitrarias, mutilaciones, acceso carnal violento y toda suerte de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, invocó la “soberanía legislativa” afirmando que “es el Congreso el que toma las decisiones y no por imposición; lo hacemos nosotros por una convicción absoluta y estoy seguro de que la norma que va a salir va a garantizar que no va a haber impunidad en Colombia”.
El coordinador de ponentes, Senador Juan Manuel Galán, sostuvo que:
“El fuero busca la salvaguarda de la institución militar, incluso sobre aquellos militares y policías que a través de conductas delictivas buscan debilitar a una gran mayoría que tiene como función principal defender nuestra soberanía y la existencia y seguridad del Estado”.
Galán le hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que asuma el compromiso de defender la legitimidad del Estado y la institucionalidad, como órgano de cierre incluso en los proceso contra uniformados.
“El derecho de los Derechos Humanos a diferencia del Derecho Internacional Humanitario se aplica en tiempos de Paz y no se aplica en tiempos de conflicto. Por eso, una cosa es aplicar el fuero militar en tiempos de Paz y otra en tiempos de conflicto. Nuestra fuerza pública está enfrentando un conflicto armado interno, por eso debe ser juzgada y se le debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que es el que rige para los conflictos armados”.
El Senador Juan Carlos Vélez Uribe, defensor del proyecto, recalcó que:
“Nuestros soldados y policías no son ningunos criminales, son héroes de la patria. Lamentablemente les hemos venido recortando sus garantías por decisiones de la Corte Constitucional y de organizaciones internacionales. Esta es la oportunidad para devolverles sus derechos”.
El Senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar, señaló que:
“No se puede aprobar que los Derechos Humanos y el DIH sean potestad de la Justicia Penal Militar, sería una vergüenza que tendrá que afrontar el Congreso. Eso está proscripto en los tratados internacionales”.
Existen contradicciones procesales en el proyecto, puesto que:
“Si el sistema penal acusatorio no se aplica en la Justicia Penal Militar, ¿cómo puede haber un Juez de garantías si es una figura propia de este sistema?” Es equivocado hacer un índice de delitos en la Constitución.
El Tribunal de Garantías Penales, tendrá la competencia de servir de Juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se lleve a cabo contra miembros de la fuerza pública. Se encargará de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho magistrados: cuatro miembros de la fuerza pública en retiro y cuatro miembros que serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno.
El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón defendió la reforma. La seguridad de los miembros de la fuerza pública redunda en seguridad para todo el pueblo colombiano.
“Las fuerzas militares y de policía son los principales defensores de Derechos Humanos del país, pues ellos juran con su vida defender la Constitución y la ley”.
El mismo juramento hacían y hacen los miembros de las fuerzas armadas en Argentina, sin embargo, durante la dictadura militar de 1976 a 1983, cometieron crímenes de lesa humanidad, cuya impunidad duró años incluso con la complicidad de Gobiernos civiles, hasta que se pudieron llevar a cabo juicios. La realidad de los Derechos Humanos en América Latina y particularmente para el caso de Argentina, se debe a la participación activa de la sociedad civil, fundamentalmente por las “Madres de Plaza de Mayo” a las que se agregaron las “Abuelas” y posteriormente los “Hijos”. Debido a esta participación, con renuencia, posteriormente, fueron respondiendo -no necesariamente en todos los casos- los Gobiernos con legislaciones apropiadas. Hablo de la Argentina, pero podría bien hacer referencia a situaciones similares en Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, en las décadas de los ’60, ’70 y ’80, con fuerzas armadas que operaron más como “árbitros” de los sistemas políticos, en función de los intereses económicos y de seguridad de la potencia hegemónica, en el marco del conflicto global Este-Oeste con eje en la guerra fría, que en defensores de la seguridad e intereses del país 500.
El Ministro de Defensa Pinzón insiste en que la reforma al Fuero Penal Militar no será una ventana a la impunidad. Se ha logrado un texto equilibrado, respetando los acuerdos internacionales que tiene Colombia:
“La justicia de las víctimas no puede pasar por la injusticia contra los miembros de la fuerza pública”.
La reforma crea un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la fuerza pública. Este fondo estará bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional. En el proyecto se incluyó que los miembros de la fuerza pública cumplan la detención preventiva en centros de reclusión especializados. Cumplirán igualmente la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la fuerza pública. El proyecto especifica que los casos penales que se llevan a cabo contra los miembros de la fuerza pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en ésta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un período de un año para identificar todos los procesos que se lleven a cabo contra los miembros de la fuerza pública y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria.
El Gral. Alejandro Navas señaló que el objetivo es reforzar el aparato judicial. El ejército se comprometió a trabajar en el fortalecimiento del aparato judicial para lograr posicionarlo como una justicia independiente.
El Comandante del ejército, Sergio Mantilla dijo:
“Estamos trabajando en lograr una justicia que brille, que sea reconocida por su independencia y que vuelva a tener el lugar preponderante que tuvo alguna vez en la historia. Se está en una revisión completa, en cabeza del Ministerio de Defensa. Tenemos una serie de recursos para la construcción de un edificio independiente, donde se garantice que los que están ahí son solo los de Justicia Militar” 501.
El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del acto administrativo suscripto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General para investigar presuntos delitos en operaciones militares denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”. El alto tribunal consideró que dentro de una operación militar se pueden presentar, ocasionalmente, situaciones que no guardan relación con el servicio, pero no por ello debe ser la Fiscalía la que asuma su conocimiento o determine a qué jurisdicción le debe corresponder su investigación.
En el acto firmado el 14 de junio del 2006 por los entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, y el Fiscal, Mario Iguarán Arana, se establecía el procedimiento que se debía seguir para investigar las muertes que se presenten con ocasión de las operaciones que realizan las fuerzas militares. Dicha disposición dejaba en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la facultad para decidir si la investigación de un hecho era competencia de la Justicia Penal Militar o de la justicia ordinaria.
“Luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación realice sus labores de inspección, búsqueda, recolección y aseguramiento de las evidencias físicas en el lugar de los hechos, así como las entrevistas de los posibles testigos, estos funcionarios deberán remitir sus informes, ya no a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, sino al Juez de Instrucción Penal Militar para que éste defina la competencia para conocer el proceso”.
La Procuraduría General había manifestado que el procedimiento establecido en las normas demandadas, era violatorio del debido proceso de quienes podrían verse investigados y juzgados, en un procedimiento y por un Juez distinto al que establece la Constitución y la Ley. Para el Ministerio Público era necesario definir expresamente el procedimiento a seguir tanto por la Fiscalía General de la Nación como por el Ministerio de Defensa Nacional, con ocasión de la comisión de delitos de homicidio simple y de homicidio en persona protegida en desarrollo de las operaciones propias de las fuerzas militares en las que se amerita la inspección técnico científica de los lugares donde ocurren los hechos. Ante esto se consideró como determinante el establecimiento de las competencias de los funcionarios para efectos de optimizar la investigación judicial sobre la legalidad de tales acciones y especialmente para esclarecer la aplicación y vigencia del Fuero Penal Miliar en cada caso particular. Se indicó que el hecho de señalar para definir quién tiene la competencia para llevar a cabo una investigación, sobrepasa los alcances naturales y jurídicos de los actos administrativos y las competencias constitucionales y legales de los funcionarios que lo profirieron.
La sentencia declaró la nulidad de los numerales 4, 5 y 6 del Acto Administrativo “Apoyo a la Justicia Penal Militar”. Los numerales anulados establecían:
“5. Que el Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata asumirá las diligencias a prevención, atendiendo lo previsto en la Carta Política, en concordancia con el artículo 250 ibídem; del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal y la sentencia C-358 de 1997 de la Honorable Corte Constitucional.
“6. De ser evidente la existencia de los factores subjetivos y funcionales que justifican el reconocimiento del fuero instituido en el artículo 211 de la Constitución en concordancia con el artículo 250 de la Carta Fundamental, el fiscal de la justicia ordinaria decidirá con prontitud el traslado de la investigación a la Justicia Penal Militar en cuyo caso se mantendrá el apoyo técnico científico del CTI; si no se evidencian los factores enunciados, continuará conociendo la Fiscalía General de la Nación, informando de esta situación a la Justicia Penal Militar” 502.
El Director de Human Rigths Watch aseveró que el Ministro Pinzón reconoció que el objetivo del Fuero Penal Militar era que los “falsos positivos” fueran de la competencia de la Justicia Penal Militar. Al tipificar la ejecución extrajudicial como un nuevo delito, no se puede aplicar a casos preexistentes de falsos positivos. Es decir que los casos por homicidio agravado en persona protegida por los que están procesados la mayoría de militares, quedarían en manos del juzgamiento de la justicia castrense.
“El Ministro Pinzón nos ha enviado dos cartas sobre el Fuero Militar. En la carta que acabamos de recibir hoy, a través de la Embajada de Colombia en Washington, el Ministro Pinzón realiza aseveraciones desconcertantes que nos generan serias preocupaciones. Por ejemplo, asegura que el propósito de las reformas al Fuero Militar es evitar que casos de falsos positivos sean investigados y juzgados por la Fiscalía. Textualmente, afirma que el objetivo de las reformas al fuero es generar todo tipo de mecanismos para evitar que los casos en tratamiento y por tratarse, que corresponden a los mal llamados falsos positivos sean de conocimiento de la justicia ordinaria”.
La carta dice textualmente que:
“Nadie puede ser investigado y acusado por un delito inexistente al momento de cometer la conducta, luego los hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, no serán calificados como ‘ejecución extrajudicial’”.
“El Ministro de Defensa, al no distinguir entre falsos positivos y bajas en combates, genera serias dudas sobre la capacidad de la Justicia Penal Militar -una rama del Ministerio de Defensa- para investigar y juzgar abusos militares” 503.
Para el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero también otro de buscar la Paz. El Marco Legal para la Paz está bien direccionado, pues permite que, en desarrollo del concepto de Justicia Transicional, se otorguen beneficios penales a quienes se desmovilicen. La Paz es un derecho fundamental que puede limitar otros derechos.
Algunos opinan que, las posiciones ideológicas y jurídicas diversas que sostienen la Procuraduría del Dr. Ordóñez y la Fiscalía General frente al proceso de Paz difieren abismalmente. El modelo que le está planteando al país la Procuraduría, que en el Derecho Penal Internacional y los Derechos Humanos es maximalista, implica que todos los delitos y todos los autores en un conflicto armado tienen que ser investigados y sancionados; en la experiencia de Justicia Transicional ha demostrado su fracaso. Tratar de investigar a todos los responsables, conduce a la impunidad. Ningún sistema penal en el mundo, frente a estos grandes casos de macro-criminalidad -hablando de violaciones masivas a los Derechos Humanos, que en el caso colombiano son más de trescientos mil-, puede abarcarlos. El enfoque debe ser minimalista, que va en el sentido de que se deben utilizar los criterios de selectividad, los que han sido utilizados por tribunales como la Corte Penal Internacional. Hay que enfocar la investigación, acusación y juzgamiento en los máximos responsables 504. Ese es el modelo que ya se incluyó en la Constitución con el Marco Legal para la Paz. No se está en un proceso de sometimiento a la justicia, sino de negociación. Eso implica un reconocimiento de que las FARC tienen un status político -por la insurgencia- porque están vinculadas a una concepción tradicional del siglo XIX que es el delito político. Hay que abrirles espacios de participación democrática para que busquen los mismos fines de consecución de reformas sociales, pero con métodos no violentos. Se está preparando a la Fiscalía para investigar los delitos cometidos por las FARC, desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional. Se va a determinar si las investigaciones en curso contra las FARC obedecen o no a planes sistemáticos de ataques contra la población civil o de ataques generalizados. Si en este proceso se llega a comprobar que es así, se harán acusaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los máximos responsables. Hasta ahora, la justicia colombiana no ha declarado por sentencia en firme como delito de lesa humanidad y crímenes de guerra las conductas de las FARC. Mientras no se firme un Acuerdo, se seguirán impulsando los procesos y acusando y, si es el caso, por delitos de guerra y de lesa humanidad. La situación judicial hoy es que no han sido condenados por delitos de lesa humanidad y de cara al proceso de Paz podrían participar, porque es la única excepción que trae la Constitución.
Si cae el Marco Legal para la Paz en la Corte Constitucional, sería un golpe muy duro para la Paz, porque este nuevo marco de Justicia Transicional que se incluyó en la Constitución en el 2012, corrige todos los defectos del proceso de desmovilización con las autodefensas -paramilitares-, impulsado por el Gobierno del ex-Presidente Uribe, en el que no ha habido ni Verdad, ni Justicia, ni Reparación. Si se llega a caer, sería una herida de muerte para el proceso de Paz. La Corte debe declarar su exequibilidad, porque el debate en este momento es si substituye o no el modelo constitucional existente. Eso es lo que sostiene el Procurador, pero no es así.
Hay una jurisprudencia muy decantada en la Corte, que establece que cuando hay una colisión entre el derecho fundamental a la Paz y los derechos a la verdad, justicia, y reparación, estos últimos pueden ser limitados en ciertos casos.
Si Timochenko llega al Congreso y la Fiscalía encuentra posteriormente que participó en delitos de lesa humanidad, es un tema que debe solucionar la ley estatutaria que debe desarrollar el Marco para la Paz. Esa ley deberá prever ese tipo de casos y darle una solución. No habrá impunidad. El Procurador tiene una concepción de la justicia penal propia del idealismo alemán del siglo XVIII. En el mundo moderno se han abierto espacios, en especial después de la segunda guerra mundial, sobre un concepto diferente de justicia, que es el de justicia restaurativa. Se entiende que la prisión y la concepción retributiva de la pena no es la única forma de hacer justicia y existen modelos distintos para hacerla. El Marco para la Paz busca un equilibrio entre verdad, justicia y reparación. A los máximos responsables hay que llevarlos a una sanción penal y ahí el Estado ya tiene la posibilidad, bajo ciertos requisitos, de suspender la ejecución de la pena. El Estatuto de Roma que dio nacimiento a la CPI, estableció que los Estados tienen el deber y la obligación de investigar, acusar y juzgar las graves acusaciones a los Derechos Humanos. Pero si se hace un análisis serio de esa norma, hay que entender que ésta puede ser relativizada en aras de la Paz. Existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero hay otro principio que también se desprende del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es el de la Paz. En casos de colisión de principios de Derecho Internacional, se debe resolver con una metodología que han utilizado todos los tribunales en materia de Derechos Humanos, que es la teoría de la ponderación.
Hay que bajar a la realidad y no andar pensando en la utopía, como fue la desmovilización de las autodefensas, que se quiso investigar absolutamente todo y lo que se montó fue un sistema frágil, con serias deficiencias. Se debe considerar el mandato constitucional que estableció unas reglas del juego y un modelo de Justicia Transicional, que en este momento está vigente porque la Corte no ha declarado, y muy probablemente no lo va a hacer, la inconstitucionalidad del acto legislativo del Marco para la Paz. Si se está pensando en una solución negociada y una Paz verdadera, esa Paz no se la puede construir, ni a espaldas de los militares ni de las víctimas. Tienen que entrar todos los actores del conflicto, incluyendo los militares y tienen que hacerlo a través de un marco de Justicia Transicional especial para los que han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos.
Otro de los elementos importantes del Marco para la Paz es que permite que existan marcos diferenciados para las autodefensas, para la guerrilla y para los miembros de la fuerza pública. Le corresponde al Congreso, con una ley estatutaria, determinar hasta dónde llegan esos marcos 505.
Establecer “marcos diferenciales” implicaría permitir justicias diferenciales, a partir de calificaciones de cada una las partes consideradas en esos marcos. ¿Acaso el papel para el que se crea el Estado, no es para que este se encargue de que haya un trato equitativo, sin privilegios para ningún sector o individuo y una justicia por igual para todos 506?
Críticas a las Reformas al Fuero Penal Militar
En el informe de Naciones Unidas para el 2013, se advierte que el proyecto de ley estatutaria de reforma al Fuero Militar, parte de una “noción distorsionada del Derecho Internacional Humanitario”.
El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, también declaró que este proyecto no garantiza justicia a las víctimas de la fuerza pública.
Las objeciones de la ONU son tres:
1) Las ejecuciones extrajudiciales, llamadas perversamente “falsos positivos”;
2) la imperiosa necesidad de definir si será la Fiscalía el organismo competente encargado de investigar los casos relacionados con el “uso de violencia letal”; y
3) el posible carácter retroactivo de la norma.
El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Colombia, Todd Howland, declaró:
“Es importante que cualquier cambio sea de conformidad con las obligaciones que el Estado colombiano tiene con los Derechos Humanos… Se debe analizar la reforma pensando en mecanismos de justicia postconflicto”.
Amnistía Internacional también se sumó a las voces críticas del proyecto, al advertir el riesgo de que graves crímenes cometidos por agentes estatales se mantengan en la impunidad:
“Habida cuenta del control constante que las fuerzas armadas ejercen sobre las etapas iniciales de la investigación criminal, se les facilitará el definir las violaciones de Derechos Humanos como actos legítimos de conflicto, sometidos, por tanto, a la jurisdicción militar”.
Marcelo Pollack, investigador para Colombia de Amnistía Internacional, señaló que la aprobación demostraría que:
Colombia no está dispuesta a investigar y enjuiciar de forma genuina los delitos de Derecho Internacional. Pocas personas “han comparecido ante la justicia por estas violaciones y abusos de Derechos Humanos, y la ley propuesta protegerá a las fuerzas de seguridad de Colombia del procesamiento ante tribunales civiles… La aprobación podría llevar a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a intervenir e investigar ella misma los delitos de Derecho Internacional cometidos en el país desde el 2002”.
Es igualmente llamativo que justamente cuando se está negociando un Acuerdo de Paz con las FARC, que según las partes avanza exitosamente, al mismo tiempo se esté configurando una nueva plataforma para la guerra, mediante la cual, so pretexto de combatir a la guerrilla -que quizás dentro de un tiempo esté desmovilizada- se busca blindar a las fuerzas militares para que puedan desarrollar “sus acciones ofensivas” sin mayor control ni obstáculos jurídicos, en aras de garantizar impunidad por sus crímenes.
Frente a las ejecuciones extrajudiciales, denominadas errónea y perversamente “falsos positivos”, la ONU recomienda:
Que sean tipificados como homicidios y que “la competencia de investigar y juzgar los ‘falsos positivos’ del pasado, esté claramente radicada en los entes competentes de la rama judicial, para lo que se debe impedir a toda costa que estos procesos pasen a la Justicia Penal Militar”.
Para el Fiscal General Eduardo Montealegre:
“Los temas de falsos positivos no se van a resolver solamente con categorías existentes como homicidio en persona protegida u homicidio agravado, sino que va a entrar como un nuevo marco de protección la ejecución extrajudicial. No hay ningún riesgo de que conductas de ese tipo pasen a la Justicia Penal Militar, porque cuando se cometen falsos positivos no tienen relación con el servicio”.
De ahí que a partir de la sanción de la ley, existirán tres tipos penales para sancionar los “falsos positivos”:
a) homicidio en persona protegida;
b) homicidio agravado; y
c) ejecuciones extrajudiciales.
Las que tendrán una pena entre los treinta y tres y los cincuenta años de prisión.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), señaló:
El proyecto de ampliación y reglamentación del Fuero Penal Militar propone un nuevo procedimiento penal y una reforma al Código Penal, creando nuevos delitos como el de ejecución extrajudicial, que se encontraba tipificado como homicidio en persona protegida y enmarcado en los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH.
“Esta nueva tipificación podría llevar a que los llamados ‘falsos positivos’ que se cometieron antes, no se entiendan como ejecuciones extrajudiciales, de tal manera que más adelante se presenten dificultades para judicializar a los responsables de estos delitos”.
José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch insistió en alertar a este respecto, señalando que:
Los homicidios conocidos como “falsos positivos” podrían terminar en la Justicia Penal Militar porque la definición del delito de ejecución extrajudicial es nueva, lo que podría llevar a que los defensores de los acusados por “falsos positivos” aleguen que el delito que se les imputa es otro (homicidio agravado o en persona protegida) y que por lo tanto no es uno de los “excluidos” de la jurisdicción militar. Además, el principio de legalidad no permite juzgar retroactivamente casos preexistentes.
Respecto del Artículo 20, relativo a la “proporcionalidad en los ataques” cuando la fuerza pública toma la iniciativa, donde se indica que “no se entenderá como desproporcionado un ataque por el simple hecho de contar con superioridad numérica o de armas”, la ONU solicitó que se aclare:
“En casos del uso de violencia letal, la Fiscalía debe ser la autoridad que determine si los hechos son constitutivos de un delito, o no reúnen los elementos de una conducta delictiva, o si la conducta estaba justificada”.
La ONU pidió que la aplicación del fuero no se haga de forma retroactiva, y se garantice que los casos del pasado sean “investigados y juzgados según el derecho vigente en el momento de la comisión de la conducta” 507.
Reformas al Fuero Penal Militar
Posición del Gobierno, Otros Actores y Organizaciones
El Jefe de la Cartera de Defensa, manifestó que la reforma al Fuero Penal Militar se hizo al amparo del DIH, que es la protección de los civiles por fuera de las hostilidades del conflicto armado. Frente a los temores que suscitó el artículo que establece el “blanco legítimo”, está claro que se fijaron algunas condiciones para actuar de manera previa en todas las operaciones.
Un “blanco legítimo” es un grupo armado con ciertos parámetros: Violencia inusitada contra la población civil o las entidades del Estado. Tiene mando y control unificado. Debe haber superado la capacidad del Estado. Frente a los civiles, sólo la fuerza pública actuará aduciendo que es “blanco legitimo” en la medida en que esa población esté actuando en defensa del grupo armado.
En cada caso específico se entrará a revisar cómo proceder para no perjudicar a los colombianos.
“Los miembros de los grupos armados precisamente tratan de disfrazarse de civiles para adelantar sus acciones con mayor efectividad”.
Los casos de “falsos positivos”, fueron cometidos por uniformados que “deshonraron a la institución. Si algo quedó claro desde el primer momento, es que conductas como ésta, quedan para siempre en la justicia ordinaria”. En la reforma constitucional se dejó claro que los casos de lesa humanidad, genocidio y violencia sexual, entre otros, no serán de conocimiento de la justicia militar. “Vale la pena recordar que aquello que va a la justicia militar está armonizado con el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
El Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, dijo que este cambio al Fuero Militar:
“Significa seguridad jurídica y cero impunidad. Yo creo que las fuerzas militares necesitan confianza y seguridad jurídica, además de que no haya impunidad en los ‘falsos positivos’ y ese es el propósito del Gobierno Nacional con esta ley”.
El Representante -Diputado- Oscar Fernando Bravo, ponente del proyecto en la Cámara, dijo que:
“Nunca hemos pensado en impunidad para los militares, y al contrario hemos empezado por exceptuar desde la misma Constitución una serie de delitos que nunca podrán ser investigados por la justicia castrense y que seguirán en la justicia ordinaria”.
Varios delitos que puedan cometer eventualmente los uniformados, que estén evidentemente por fuera de los actos de servicio, seguirán siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación.
“Delitos que cometan militares de lesa humanidad, genocidio, delitos sexuales y falsos positivos no serán juzgados por la justicia militar sino por la Fiscalía General de la Nación como cualquier delincuente”. En caso de duda, se establece que será un Tribunal de Garantías, integrado por cuatro miembros de la misma fuerza pública en retiro y cuatro jueces ordinarios elegidos por el Presidente de la República mediante una terna, el encargado de decidir qué competencia judicial asume el caso en disputa. En el articulado, se definen criterios de obligatorio cumplimiento en el escenario del combate, como el respeto a la dignidad humana, la distinción entre combatientes y población civil, la proporcionalidad, la necesidad militar y la seguridad jurídica, siempre y cuando los actos se den en el marco de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. En el Artículo 49 quedó planteada la independencia de la justicia castrense del mando militar. “Los miembros de la fuerza pública en servicio activo que formen parte de la línea de mando, no podrán ejercer funciones en la Justicia Penal Militar o policial” 508.
Según los tratados internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario, los delitos que los militares y policías cometan contra la ciudadanía, se juzgan por la ciudadanía misma a través de la justicia ordinaria. Para mantener la disciplina en los cuarteles, hay jueces militares para juzgar los delitos militares, que son aquellas conductas que no son delito, si las realiza un civil, como el adormecimiento del centinela o la insubordinación del soldado contra su superior. Así lo han establecido diferentes constituciones de Colombia desde el inicio de la República, como la de Cundinamarca de 1811 y la de Nueva Granada de 1832, que el proyecto cita, sin caer en cuenta de que contradicen su tesis central, porque prescribían que los miembros de la fuerza armada en guarnición estarían sometidos al fuero militar “solamente en los delitos puramente militares”.
En relación con la reforma al Fuero Penal Militar, la Representante -Diputada- Angela María Robledo, consideró que había dudas sobre el Artículo 10 que habla de “blancos legítimos”, ya que posibilitaría abrir fuego contra personas que pierden su condición de civiles por considerárseles miembros de un grupo armado.
Los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Angela María Robledo y Guillermo Rivera, demandaron la inconstitucionalidad de la Reforma del Fuero Penal Militar ante la Corte Constitucional:
“Tenemos enormes dudas sobre la constitucionalidad de esta Ley estatutaria, no está bien definido el tema de blanco legítimo” y ello hace que la población civil se convierta en objetivo militar. “El concepto de blanco militar es tan general que se podría perder la protección a la población civil” 509.
Organismos Internacionales No Gubernamentales de Derechos Humanos
Respecto de la reforma al Fuero Penal Militar, el Director de Human Rights Watch, aseguró que su aprobación abre la puerta a la impunidad en ejecuciones extrajudiciales.
Los procesados por “falsos positivos” que están siendo juzgados por el delito de homicidio agravado u homicidio en persona protegida, alegarían, con la aprobación del fuero militar, que no se acogerán a una investigación por ejecución extrajudicial e invocarían su traslado a la justicia militar. Respecto de la cantidad de civiles que utilizan los guerrilleros para sus actividades ilegales, los límites se pudieron haber considerado en la misma propuesta de reforma. “Existe un manual de operaciones de las fuerzas militares, que elaboró el Presidente Juan Manuel Santos cuando era Ministro de Defensa. Se trata de un modelo que está tan bien hecho, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), lo utiliza a nivel mundial, allí se contemplan conceptos, parámetros, decisiones claras (…) si se hubiera tomado en consideración, hoy no estaríamos en esta discusión” 510.
La Corte Constitucional de Colombia, escuchando la argumentación de varios parlamentarios, declaró inconstitucional la propuesta del Gobierno Santos-Pinzón llamada por ellos “Ley del Fuero Militar”, aprobada en el Parlamento colombiano por la mayoría del Partido de Gobierno Unido (Liberal-Conservador), junto a los parlamentarios “uribistas”.
Dejó de esta manera afuera la teoría militar de los “blancos legítimos”, la de los “falsos positivos impunes juzgados por militares”, y la vieja concepción de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de poner la Justicia Militar por encima de la Justicia Civil para combatir al “enemigo interno” 511.
Nuevo Avance sobre el Fuero Penal Militar
El Senado, en plenaria, aprobó nuevo proyecto sobre Fuero Penal Militar, en el segundo de ocho debates, generando nuevos rechazos por diferentes sectores.
El Senador de La U, Armando Benedetti Villaneda, dijo:
“El proyecto tiene vicios graves de impunidad frente a los falsos positivos. Muchos de esos procesos de falsos positivos mientras se determina si son de justicia ordinaria o de justicia penal militar van a prescribir”.
Lo que se ha aprobado y justificado es “la impunidad”.
“No está claro qué es un falso positivo ni una ejecución extrajudicial, hay sentencias internacionales que dicen que este tipo de delitos no pueden pasar a la Justicia Penal Militar y eso no se tuvo en cuenta, y mientras esto se reglamenta y se pone en marcha van a prescribir muchos de esos procesos”.
La Senadora de la Alianza Verde, Claudia López Hernández, dijo:
“Es evidente que el propósito es impunidad para pasar de la justicia ordinaria a la justicia penal militar los más de tres mil cuatrocientos casos de falsos positivos. Ni siquiera, una cosa tan elemental, se permitió aclarar los tipos penales a los que sí aplica o no este proyecto. Ha dicho el Gobierno que este proyecto ha sido asesorado por ex-Presidentes de la Corte Constitucional y de verdad, qué vergüenza que altos magistrados ni siquiera le digan al Gobierno qué tipos penales existen y qué tipos penales no existen. Las ejecuciones extrajudiciales no existen en el ordenamiento jurídico colombiano, porque en realidad lo que existe es el homicidio agravado y en persona protegida… si se hubiera hecho al menos esa aclaración sabríamos si van a pasar o no a la justicia ordinaria”.
La Senadora del Partido Liberal, Viviane Morales Hoyos, dijo que la reforma al Fuero Militar:
“No le hace bien a la democracia y al Estado de Derecho de Colombia, porque contiene una serie de vaguedades, que serían muy peligrosas de quedar consagradas en el ordenamiento jurídico”. Este proyecto al extender el Fuero Militar, va en contra de los avances jurídicos de Colombia de los últimos veinte años, porque “se está disminuyendo la obligación del Estado Colombiano de investigar y juzgar la violación de los derechos humanos por parte de autoridades independientes e imparciales”. Lo peor de la iniciativa es que la única excepción que se hace para que opere la justicia ordinaria es la de los delitos de lesa humanidad, entendido entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones, la violencia sexual 512.
Posición de Naciones Unidas
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó preocupación, a través de una carta dirigida al Congreso, por las iniciativas de ampliación al Fuero Penal Militar:
“Si bien el Estado colombiano ha impulsado varias reformas legales que contribuyen al respeto y la promoción de los Derechos Humanos, durante los últimos dos años se han presentado al menos siete propuestas legislativas que pretenden ampliar el alcance constitucional del Fuero Penal Militar y Policial. Ello va en contra del espíritu y el contenido de los derechos a las garantías y a la protección judicial efectiva, consagrados en los principales tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, y desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales sobre la materia”.
Las actuales iniciativas en materia de Fuero Penal Militar, recogen los principales problemas de las iniciativas que fueron aprobadas y declaradas inexequibles por la Corte Constitucional: favorecen la impunidad para los miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, ponen en riesgo los derechos de las víctimas y faltan a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en dicha materia.
“Los proyectos de actos legislativos amplían la competencia de la Justicia Penal Militar en dos aspectos: en primer lugar, invierten la regla general de competencia en razón de la materia, al otorgarle la facultad, no sólo para investigar delitos que atentan contra bienes jurídicos militares, sino todos aquellos que no estén expresamente excluidos, que son, por regla general, de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En segundo lugar, le otorgan competencia para conocer de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
La Oficina en Colombia de Naciones Unidas manifiesta su preocupación, porque los proyectos en curso consideran actos de servicio, conductas que pueden resultar delictuales, permitiendo que sean conocidas y juzgadas por la justicia castrense. El hecho de que la Justicia Penal Militar conozca de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, viola las normas internacionales. Investigaciones por ejecuciones extrajudiciales o casos de violencia sexual terminarán en manos de jueces militares 513.
Las Fuerzas Armadas Pueden ser Juzgadas con la Misma Vara que los Guerrilleros
La legislación internacional les confiere el status de “combatientes” a los miembros de la fuerza pública, en tanto que a los guerrilleros los considera “civiles que toman parte activa y permanente en las hostilidades”. Por eso los asimila jurídicamente a combatientes, sin que lleguen a serlo.
El trato dado por la guerrilla a los secuestrados, el uso de armas no convencionales, el reclutamiento de menores, el ataque a zonas no permitidas o la comisión de masacres, forman parte de los delitos de los guerrilleros que se deben castigar. Pero también deben ser castigados los casos de desaparición forzada, las torturas, los ataques indiscriminados a poblaciones o los falsos positivos, cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
El problema no es jurídico, porque ya existen las bases legales e institucionales suficientes, para que los beneficios y los castigos que se apliquen a los guerrilleros que firmen la Paz, sean aplicados a los militares que incurrieron en violaciones similares durante el conflicto armado. Incluso, hay antecedentes históricos, como el Decreto 2184 de 1953, con el que el Gobierno de la época, amnistió a los militares antes de indultar a los guerrilleros, que luego fue ampliado con el Decreto 2062 de 1954, reconociendo grados y sueldos a los militares condenados o procesados por “delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado”.
Colombia, desde mediados de los ‘70, acogió los Convenios de Ginebra, en los que se comprometió a respetar y hacer respetar las reglas de la guerra. Veinte años después, la adhesión e incorporación a la legislación interna del Tratado de Roma, sometió al país a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que, con carácter subsidiario y complementario, investigará y castigará los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que se hayan cometido, para el caso de que en el país no se quiera o no se pueda investigar y castigar esos crímenes.
Con la adhesión, se estaba asumiendo el compromiso de perseguir estos delitos en todo el territorio, no permitir su prescripción, o que sean objeto de indultos o amnistías. Se buscaba que los actores armados, combatientes y civiles en armas, mantuvieran un mínimo respeto por los códigos de la guerra. Que ese status les daba beneficios, pero en caso de que no respetaran las reglas, también les imponía castigos. Se trataba de preservar la vida de los ciudadanos a los que -en virtud del acogimiento- se les dio la condición de “población protegida”.
Este compromiso adquirió un componente importante de obligación jurídica y política, en el momento en que la Corte Suprema de Justicia conceptuó que Colombia estaba ante un conflicto no internacional, pues se cumplen los rasgos característicos de este conflicto en términos del tipo de contendientes, el territorio en disputa y la estructura jerárquica y funcional de las partes en confrontación. Está tan arraigado el término en la Corte, que ya lo ha utilizado en distintas sentencias en el 2004, 2006 y 2007.
Todo esto implicaba que, una vez que se levantara la reserva de siete años respecto del Tratado de Roma que creó la CPI, pedida por el Gobierno colombiano para investigar y castigar los crímenes de guerra, de la misma manera que a la guerrilla se le dio carácter de combatiente, a las fuerzas armadas se las reconoció como “parte en conflicto”, como uno de los contendientes que deben someterse a las reglas de la guerra y a los castigos que tiene su incumplimiento 514.
482 Jean Bodin es quien estableció el concepto y los componentes de la soberanía del Estado “westfaliano”. Touchard, Jean, Historia de las Ideas Políticas, (Madrid, Tecnos, 1969), Traducción de J. Pradera, Tercera Edición, págs. 227-232.
483 Sobre el tema de la “legítima defensa” ver, Dallanegra Pedraza, Luis, El Derecho Internacional y los Límites de la Violencia, en Revista “Reflexión Política”, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. 11, Nro 21, Jun. 2009, ISSN 0124-0781, págs. 6-28.
484 Los militares en la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-3-2014, http://www.elespectador.com/opinion/editorial/los-militares-Paz-articulo-478099.
485 Ver Ventura, Adrián, Fueron anuladas las leyes del perdón, en Diario La Nación, Buenos Aires, 15-6-2005, http://www.lanacion.com.ar/713067.
486 Nelson Rolihlahla Mandela, Long Walk to Freedom, (Canadá, Little Brown and Company, 1994-1995), ISBN: 0-316-54585 - 6 (hc), 0-316-54818 - 9 (pb), Part 10: Talking with the enemy.
487 Llama la atención el concepto de “patrimonio del Estado” por parte del Presidente Santos. En cualquier país democrático, las fuerzas armadas son una institución, que debe cumplir con los roles constitucionales y las leyes que en su consecuencia se dictan.
488 Resulta muy difícil llegar a la conclusión que un “falso positivo” se pueda tratar como un “error involuntario”.
489 Aseguran Comandantes de las fuerzas militares y del ejército: “2014 es el año de la Paz, por la razón o por la fuerza”, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/2014-el-ano-de-Paz-razon-o-fuerza-articulo-478081.
490 Constitución de 1991, Art. 6: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
491 Fiscal propone Justicia Transicional para los militares luego de proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-propone-justicia-transicional-los-militares-lueg-articulo-496483.
492 Los “falsos positivos” son delitos considerados judicialmente como “ejecución extrajudicial”.
493 Teniendo en cuenta los criterios planteados por Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988).
494 Ministerio de Justicia de Colombia, Fuero Penal Militar, http://www.minjusticia.gov.co/Library/Resource/Documents/ProyectosAgendaLegistaliva/Fueropenalmilitar3874.pdf.
495 Salvo que las guerrillas no sean consideradas “actores en un conflicto” y sólo sean calificadas como “organizaciones al margen de la ley o criminales”: ¿Qué tribunal conocerá de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de las guerrillas? ¿Por qué diferentes tribunales para el mismo tipo de infracciones, más allá de que sean llevadas a cabo por diferentes actores en el conflicto?
496 Plantean Revolcón a Proyecto de Fuero Militar para evitar Impunidad, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-391821-plantean-revolcon-proyecto-de-fuero-militar-evitar-impunidad.
497 Ver: Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-346654-reforma-justicia-militar-servira-actuar-contra-terrorismo-mindef
498 http://ictj.org. info@ictj.org.
499 La reforma al fuero militar en Colombia contradice los objetivos de la Justicia Transicional: Análisis del Comité Internacional para la Justicia Transicional, Noviembre 2012, http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Colombia-FueroMilitar-Spanish-2012.pdf.
500 Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43 (Septiembre-Diciembre del 2008), ISSN: 1665-0565, págs. 79-121.
501 Resulta muy difícil imaginarse a la “justica independiente” con la “justicia militar”. Al ser las fuerzas armadas una institución constitucional, no puede tener -salvo en los casos que estén vinculados a aquellas conductas en la función de servicio que no serían consideradas delito en la vida civil- una justicia especial, diferente de la ordinaria.
502 En base al trabajo de Molano Jimeno, Alfredo, Aprobada ampliación del fuero militar, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-391980-aprobada-ampliacion-del-fuero-militar. También, “El fuero militar no es para la impunidad”: Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-391882-el-fuero-militar-no-impunidad-congreso. Igualmente, Fuero militar, aprobado en último debate en Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-391921-fuero-militar-aprobado-ultimo-debate-congreso. Asimismo, El reto es que la Justicia Penal Militar brille por su independencia: Ejército, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-392002-el-reto-justicia-penal-militar-brille-su-independencia-ejercito. Además, Gobierno acude a “soberanía legislativa” en fuero military, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-391861-Gobierno-acude-soberania-legislativa-fuero-militar. También, Anulan acuerdo firmado entre Gobierno y Fiscalía por Justicia Penal Militar, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-391932-anulan-acuerdo-firmado-entre-Gobierno-y-fiscalia-justicia-penal.
503 Vivanco responde con nuevas críticas la carta del Ministro de Defensa, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-429378-vivanco-responde-nuevas-criticas-carta-del-ministro-de-defensa.
504 Este es el modelo Núremberg y Tokio, que países como Argentina han abandonado, al juzgar a quienes cometieron crímenes en todos los niveles, no sólo en las cúpulas.
505 En base al trabajo de García Segura, Hugo y Laverde Palma, Juan David, “Sin Marco para la Paz, el proceso queda herido de muerte”, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-4-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-415944-sin-marco-Paz-el-proceso-queda-herido-de-muerte.
506 Pensando en los términos de Freud, Sigmund, “El Malestar en la Cultura”, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988).
507 Maya, Maureén, Naciones Unidas Objeta el Proyecto de Ley Estatutaria del Fuero Militar, en Nasaacin.org, 15-6-2013, http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5827-naciones-unidas-objeta-el-proyecto-de-ley-estatutaria-del-fuero-militar. También, http://viva.org.co/cajavirtual/svc0355/articulo08.html.
508 ‘Blanco legítimo’ incluido en fuero militar tiene condiciones: Mindefensa, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-428488-blanco-legitimo-incluido-fuero-militar-tiene-condiciones-mindefe. También, Nuevo fuero militar, aprobado en último debate en el Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-428295-nuevo-fuero-militar-aprobado-ultimo-debate-el-congreso. Igualmente, Nuevas reglas de juego para las FF.AA., en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/articulo-428418-nuevas-reglas-de-juego-ffaa. Asimismo, ‘Militares podrían abrir fuego contra civiles que consideren guerrilleros’, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428477-militares-podrian-abrir-fuego-contra-civiles-consideren-guerrill. Además, “Procesados hoy por falsos positivos alegarían su traslado a la justicia militar”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428480-procesados-hoy-falsos-positivos-alegarian-su-traslado-justicia-m.
509 ‘Blanco legítimo’ incluido en fuero militar tiene condiciones: Mindefensa, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-428488-blanco-legitimo-incluido-fuero-militar-tiene-condiciones-mindefe. También, Nuevo fuero militar, aprobado en último debate en el Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-428295-nuevo-fuero-militar-aprobado-ultimo-debate-el-congreso. Igualmente, Nuevas reglas de juego para las FF.AA., en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/articulo-428418-nuevas-reglas-de-juego-ffaa. Asimismo, ‘Militares podrían abrir fuego contra civiles que consideren guerrilleros’, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428477-militares-podrian-abrir-fuego-contra-civiles-consideren-guerrill. Además, “Procesados hoy por falsos positivos alegarían su traslado a la justicia militar”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428480-procesados-hoy-falsos-positivos-alegarian-su-traslado-justicia-m.
510 ‘Blanco legítimo’ incluido en fuero militar tiene condiciones: Mindefensa, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-428488-blanco-legitimo-incluido-fuero-militar-tiene-condiciones-mindefe. También, Nuevo fuero militar, aprobado en último debate en el Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-428295-nuevo-fuero-militar-aprobado-ultimo-debate-el-congreso. Igualmente, Nuevas reglas de juego para las FF.AA., en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/articulo-428418-nuevas-reglas-de-juego-ffaa. Asimismo, ‘Militares podrían abrir fuego contra civiles que consideren guerrilleros’, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428477-militares-podrian-abrir-fuego-contra-civiles-consideren-guerrill. Además, “Procesados hoy por falsos positivos alegarían su traslado a la justicia militar”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428480-procesados-hoy-falsos-positivos-alegarian-su-traslado-justicia-m.
511 La Moral Inmoral, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 24-10-2013, http://anncol.eu/index.php/opinion/106-archivo-editorial-anncol/4812-oct-24-la-moral-inmoral-editorial-de-anncol-sobre-la-caida-del-fuero-militar. También, Demandantes y Víctimas hablan sobre la Inexequibilidad de la Reforma al Fuero Penal Militar, en Nasaacin.org, 23-10-2013, http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6402-demandantes-y-v%C3%ADctimas-hablan-sobre-la-inexequibilidad-de-la-reforma-al-fuero-penal-militar. Igualmente, El fuero y el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-fuero-y-el-proceso-de-Paz-articulo-454428. Asimismo, Corte Constitucional notificó oficialmente fallo que tumbó Fuero Penal Militar, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-notifico-oficialmente-fallo-tumbo-articulo-454650.
512 Fuero militar ¿Impunidad en Falsos Positivos?, en Diario El Espectador, Bogotá, 30-10-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/fuero-militar-impunidad-falsos-positivos-articulo-524915.
513 Por ampliación del fuero militar: Las advertencias de Naciones Unidas, en Diario El Espectador, Bogotá, 30-10-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/advertencias-de-naciones-unidas-articulo-524956.
514 En base a información del Artículo de Ibáñez, Augusto J., Medellín T., Pedro, Los Militares y los Acuerdos de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-militares-y-los-acuerdos-de-Paz-articulo-532454.

References: Artículo 1
 artículo 116

Artículo 3
 artículo 221
 artículo 250
 artículo 45
 artículo 211
 artículo 250
 Artículo 20
 Artículo 49
 Artículo 10