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Timestamp: 2019-12-11 19:14:13+00:00

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Sistema universal: Organización de las Naciones Unidas - Nociones generales de administracion de la suprema corte...
Sistema Regional de protección: Organización de los Estados Americanos- OEA
CUARTO EJE: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Definición internacional del alcance y contenido de la obligación
Normativa involucrada Normas supranacionales en juego en el control de convencionalidad
Normas internas sobre las que se ejerce el control de convencionalidad
QUINTO EJE: ACCESO A LA JUSTICIA El Acceso a la Justicia como Derecho
Una aproximación al concepto de Acceso a la Justicia
Algunos obstáculos para el ejercicio del derecho de Acceso a la Justicia
El Acceso a la Justicia en la República Argentina
Descripción de los mecanismos de Acceso a la Justicia en el Poder Judicial de Mendoza
Sistema universal: Organización de las Naciones Unidas
En el sistema universal de las Naciones Unidas se ha establecido un sistema de vigilancia de la aplicación de los Derechos Humanos basado en dos tipos de mecanismos.
Por un lado, los mecanismos convencionales, que son los Comités creados en virtud de los propios tratados, que vigilan la adhesión de los Estados Partes a las normas internacionales establecidas en dichos documentos. Entre los Comités que existen actualmente podemos mencionar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos del Niño, Comité contras las Desapariciones Forzadas, inter alia.
Por otro lado, los mecanismos extra-convencionales que dependen del Consejo de los Derechos Humanos y constituyen un sistema de verificación independiente del marco de los tratados. Los mecanismos específicos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para afrontar situaciones concretas en los países o cuestiones temáticas a nivel global, son los llamados procedimientos especiales. Estos procedimientos pueden estar integrados por una persona –denominada “Relator Especial”, “Representante del Secretario General” o “Experto Independiente”–, o por un grupo de trabajo compuesto por cinco miembros.
Existe igualmente un mecanismo de evaluación de la situación de los Derechos Humanos en la totalidad de los Estados parte de la ONU: el Examen Periódico Universal. Este procedimiento garantiza que todos los Estados serán evaluados cada 4 años en relación con el nivel de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y tendrá como resultado un informe con recomendaciones a los diferentes Estados.
El sistema regional interamericano de Derechos Humanos coexiste con el sistema y los mecanismos de las Naciones Unidas. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos –SIDH- tiene como base normativa varios instrumentos, entre los que mencionamos: Carta de la Organización de Estados Americanos; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Utiliza además, a los efectos de definir el contenido y alcance de las obligaciones de los Estados, otros instrumentos del derecho internacional –como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del niño- y normas de soft law.
Este sistema se basa fundamentalmente en la labor de dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericana. Sin embargo, existen varios organismos especializados que son parte fundamental de la protección y promoción de los derechos, la Comisión Interamericana de Mujeres; el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.
b.1- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se creó para la protección y promoción de los Derechos Humanos. Su mandato surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la propia Carta de la OEA. Tiene su sede en Washington D.C. (Estados Unidos) y es apoyada por una Secretaría Ejecutiva que trabaja de manera permanente, conducida por un Secretario Ejecutivo y un Secretario Ejecutivo Adjunto.
Conforman la Comisión siete expertos o expertas independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA para períodos de cuatro años, reelegibles por un mandado consecutivo.
Esta Comisión tiene tanto funciones políticas como cuasi-jurisdiccionales.
Entre las primeras se encuentran su facultad para realizar visitas in loco, emitir informes temáticos sobre situación de Derechos Humanos –generales o específicos- en los diferentes países de la región, celebrar audiencias temáticas, pedir información a los Estados sobre situaciones generales de Derechos Humanos o específicas, emitir comunicados de prensa, incidir en la formación de las y los agentes estatales, realizar tareas de promoción de los Derechos Humanos, inter alia.
Entre las funciones cuasi jurisdiccionales se encuentra la del tratamiento de casos contenciosos o peticiones individuales o la de adopción de medidas urgentes de protección.
Respecto del primero de los supuestos identificados, la Comisión recibe denuncias de cualquier persona, grupo de personas u organizaciones no gubernamentales legalmente establecidas con relación a violaciones a derechos cometidas en el territorio de cualquier Estado de la región americana.
Ante las denuncias recibidas, la Comisión Interamericana inicia un proceso contencioso entre los o las denunciantes y el Estado denunciado. Durante este procedimiento, la Comisión busca que las partes puedan llegar a una solución amistosa de su controversia, pero en el caso de no ser ello posible concluye el proceso de investigación y formula sus conclusiones y recomendaciones en un informe preliminar de carácter reservado.
Estas recomendaciones son comunicadas al Estado denunciado. En el caso de incumplimiento –y si el Estado ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tramitar casos en su contra– la Comisión puede someter el caso al conocimiento de la Corte IDH.
Si el Estado no ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, o si la Comisión finalmente decide no enviar el caso al conocimiento de ésta, entonces la Comisión analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones. De los resultados de este análisis, emite un segundo informe, definitivo, en el que establece sus conclusiones finales y las recomendaciones finales para que el Estado corrija su conducta y repare a la víctima. Conjuntamente, realiza un seguimiento pudiendo publicar dicho informe como mecanismo de sanción para el Estado.
En segunda instancia, la Comisión puede adoptar medidas urgentes de protección, que reciben el nombre de Medidas Cautelares.
Estas podrán ser ordenadas por iniciativa propia o a solicitud de parte. Tales medidas, podrán guardar, o no, conexidad con una petición o caso y deberán estar relacionadas con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano (cfr. Artículo 25 del Reglamento de la CIDH).
b.2- Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1978 con la entrada en vigor de la Convención Americana. De esta manera, la Corte IDH tiene su base legal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual brinda las pautas básicas sobre su estructura, funcionamiento y competencia. Es integrada por siete jueces o juezas, cada uno de los cuales es nominado y elegido por las partes de la Convención Americana para un período de seis años, reelegible por un período consecutivo.
La Corte tiene dos tipos de competencia: la consultiva y la contenciosa.
En lo que respecta a su competencia contenciosa, puede ser ejercida a través de la elevación de un caso que sólo podrá ser realizado por la Comisión Interamericana o el Estado parte. El proceso contencioso se sustanciara entre el Estado y la representación de quienes ya fueron declaradas víctimas por parte de la Comisión Interamericana.
El proceso se sustanciará con una parte escrita y otra parte oral. En la sentencia, la Corte analiza la responsabilidad del Estado, y en caso afirmativo, dispone las medidas de reparación –las cuales deben ser interpretadas en sentido amplio y comprenden tanto medidas de satisfacción como garantías de no repetición-. La decisión final que adopte es obligatoria para los Estados y el cumplimiento de la sentencia es supervisado directamente por la Corte.
Dentro de la competencia contenciosa se encuentra también la facultad de ordenar, previa solicitud de la CIDH, medidas provisionales. Se solicitan para casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.
Estas podrán ser solicitadas tanto por la Comisión Interamericana como por particulares cuando éstos fueren víctimas en un caso en sustanciación ante la Corte.
La Corte también tiene competencia consultiva. Los Estados miembros de la OEA, así como los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, tienen la facultad de consultar a la Corte acerca de la interpretación de las normas de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los Estados americanos. Así también, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, la Corte está legitimada para darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Los documentos que emite la Corte en ejercicio de esta competencia reciben el nombre de Opiniones Consultivas.
El control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado se ajustan, principalmente, a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que funda la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por medio de la cual se crea también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Este control desempeña un doble papel, por un lado es represivo, puesto que obliga a los jueces nacionales a inaplicar las normas internas (incluso las constitucionales) opuestas al referido Pacto, y a la interpretación que sobre dicho Pacto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, es constructivo, también los obliga a interpretar el derecho doméstico de conformidad al Pacto y a su interpretación por la Corte Interamericana. Es la interpretación armonizante o adaptativa del derecho local con el Pacto y la exégesis dada al Pacto por la Corte Interamericana. Ello conduce a desechar las interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a la manera en que fue entendido por la Corte Interamericana” (Ábalos, 2014, pp. 929).
Debe entenderse que este Control se extiende también a las demás convenciones interamericanas de Derechos Humanos que habilitan la competencia de la Corte Interamericana y que establecen obligaciones para el Estado Argentino, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas o la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Así, el Control de Convencionalidad es una herramienta para el respeto, la garantía y la efectivización de los derechos reconocidos y amparados en el sistema interamericano de protección de derechos fundamentales.
El fundamento de fondo radica en el hecho de que cuando un Estado ratifica un tratado internacional de Derechos Humanos, sus jueces y juezas también están sometidos a los compromisos asumidos en la oportunidad. Ello les obliga a velar porque el efecto útil del instrumento internacional –en el caso, la Convención Americana o demás tratados interamericanos- no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin (cfr. Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs. Chile).
En concreto, hablamos de un “bloque de convencionalidad” que debe ser interpretado y aplicado por los jueces y juezas provinciales y nacionales, motivando el desarrollo del contraste normativo y habilitando, de resultar procedente, la instancia de declaratoria de inconvencionalidad de una norma u otra disposición nacional.
Las obligaciones estatales vinculadas a la ejecución de este control surgen a partir de la construcción jurisprudencial que a su respecto desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes pronunciamientos, a partir del año 2006. Veamos.
En el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza con el desarrollo de las particularidades de este instituto, estimando que “…la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
En similar sentido, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, la Corte IDH dispuso que dicho control de convencionalidad debe ejecutarse ex officio. En la oportunidad, señaló que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones...”. Este criterio es repetido en el caso Boyce y posteriormente en el caso Radilla Pacheco5.
Por su parte, el Juez Interamericano García Ramírez ha señalado en su voto razonado en el Caso Tibi “[e]n la especie, al referirse a un “control de convencionalidad” la Corte Interamericana ha tenido a la vista la aplicabilidad y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Sin embargo, la misma función se despliega, por idénticas razones, en lo que toca a otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los Derechos Humanos de los que es parte el Estado: Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera. De lo que se trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos internacionales contraídos por el Estado, que generan para éste determinados deberes y reconocen a los individuos ciertos derechos”.
En los apartados siguientes, dispone que “el control de constitucionalidad, como valoración y decisión sobre el acto de autoridad sometido a juicio, se encomienda a un órgano de elevada jerarquía dentro de la estructura jurisdiccional del Estado (control concentrado) o se asigna a los diversos órganos jurisdiccionales en lo que respecta a los asuntos de los que toman conocimiento conforme a sus respectivas competencias (control difuso)[…] De manera semejante a la descrita [,] existe un “control de convencionalidad” depositado en tribunales internacionales –o supranacionales–, creados por convenciones de aquella naturaleza, que encomienda a tales órganos de la nueva justicia regional de los Derechos Humanos interpretar y aplicar los tratados de esta materia y pronunciarse sobre hechos supuestamente violatorios de las obligaciones estipuladas en esos convenios, que generan responsabilidad internacional para el Estado que ratificó la convención o adhirió a ella […] Dentro de la lógica jurisdiccional que sustenta la creación y operación de la Corte, no cabría esperar que ésta se viese en la necesidad de juzgar centenares o millares de casos sobre un solo tema convencional –lo que entrañaría un enorme desvalimiento para los individuos–, es decir, todos los litigios que se presenten en todo tiempo y en todos los países, resolviendo uno a uno los hechos violatorios y garantizando, también uno a uno, los derechos y libertades particulares. La única posibilidad tutelar razonable implica que una vez fijado el “criterio de interpretación y aplicación”, éste sea recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurídico: a través de políticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y eficacia a los pronunciamientos de la Corte constituida –insisto– merced a la voluntad soberana de los Estados y para servir a decisiones fundamentales de éstos, explícitas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos convencionales internacionales.
Posteriormente la Corte amplía la obligación del control de convencionalidad a todos los agentes de ejercicio del Estado en el caso Fernández Ortega al expresar que “las autoridades internas están sometidas al imperio de la ley (…) Pero cuando un Estado es parte de un tratado (…) todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel”6. Esta tesitura se repite en el caso Rosendo Cantú. En el caso Gomes Lund se agrega la frase “el poder judicial, en tal sentido, esta internacionalmente obligado a ejercer un control de convencionalidad”7.
Luego en el caso Cabrera García y Montiel Flores, se establece que “los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad”8. Y al resolver Atala Riffo y niñas vs. Chile, la Corte establece que: “Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ´control de convencionalidad´ entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”9.
Finalmente, y teniendo en consideración la estructura local de administración de justicia y responsabilidades jurídicas, se destaca un último razonamiento del mencionado Juez Interamericano, por cuanto señala que “[e]ste “control de convencionalidad”, de cuyos buenos resultados depende la mayor difusión del régimen de garantías, puede tener –como ha sucedido en algunos países– carácter difuso, es decir, quedar en manos de todos los tribunales cuando éstos deban resolver asuntos en los que resulten aplicables las estipulaciones de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
En función de lo señalado, los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; debiendo ejercer ex oficio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. Para ello, no tan sólo se deberá contrastar la norma cuestionada con la letra de las convenciones antes mencionadas sino que, además, se deberá considerar la interpretación que del referido tratado hubiere realizado su intérprete último, la mencionada Corte Interamericana.
Por otra parte, conforme la Convención de Viena sobre los Tratados (art. 26), los Estados parte de la CADH deben cumplir de buena fe con sus obligaciones convencionales y no pueden invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones convencionales.
Es decir, cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales. Por ende, el derecho doméstico debe adecuar sus normas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos –también en conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del mencionado tratado-.
Normas supranacionales en juego en el control de convencionalidad
Conforme señalamos anteriormente, el juez o Tribunal interno debe controlar ex oficcio si la normativa o el derecho interno resulta conteste o si es contrario u opuesto a los objetivos, fines y tenor literal del corpus iuris interamericano, entendiendo al mismo como un estándar mínimo de protección.
Entre las normas internacionales que podemos citar se encuentran el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, etc.; instrumentos que integran el copus iuris convencional de los Derechos Humanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su art. 1.1, que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna…”
Y en su art 2, establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en los siguientes términos: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
Como vemos, el Estado asume la obligación de adecuar sus normas de derecho interno a la Convención y a los demás Tratados de Derechos Humanos.
Esto implica que si esta normativa, cualquiera sea su naturaleza, no garantizan debidamente las libertades fundamentales enunciadas por el derecho internacional, la Nación debe adecuarlas, modificarlas, suprimirlas, o adoptar las que corresponda.
Pero esta la obligación de garantizar los Derechos Humanos no sólo está dirigida al Poder legislativo, sino que el Poder Judicial tiene un papel muy importante que cumplir.
Conforme sostiene Víctor Abramovich, la incorporación de los principales tratados de Derechos Humanos al régimen constitucional implicó una ampliación en el reconocimiento de derechos fundamentales exigibles en el sistema legal. Estos nuevos principios influyeron directamente en numerosas decisiones judiciales. En algunos casos se declararon inconstitucionales leyes del Congreso por su contradicción con los tratados. En otras ocasiones, los tribunales se basaron directamente en los tratados para determinar la existencia y el alcance de determinados derechos. En otros, los tribunales declararon inconstitucionales algunas normas del código procesal penal por limitar el derecho a apelar condenas, derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, una de las modalidades de actuación de los jueces, debe darse a través del control de convencionalidad.
QUINTO EJE: ACCESO A LA JUSTICIA
Es obligación principal de los Estados crear sistemas de garantías para la protección, restitución y reparación de Derechos Humanos en caso de que sean violados por actos imputables a sus funcionarios o a particulares que pudieren comprometer la responsabilidad estatal. Es decir que los Estados deben brindar la institucionalidad que garantice una administración de justicia eficiente a todos sus habitantes.
El derecho humano de acceso a la justicia es reconocido y consagrado en los siguientes instrumentos internacionales, que a la vez están incorporados al ordenamiento argentino a través del art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional: Declaración Universal de DDHH (art. 10); Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVIII); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14 inc. 1); Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH (arts. 8 y 25); y Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6).
En nuestro continente el derecho humano de acceso a la justicia emana de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los que establecen un mandato para los Estados de crear mecanismos institucionales que garanticen la protección de los derechos fundamentales en el derecho interno.
Artículo 8- Garantías Judiciales: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Artículo 25- Protección Judicial: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Los referidos artículos además de establecer el derecho de acceso a la justicia, también consagran derechos específicos que deben ser respetados en los procesos judiciales y administrativos, siendo éstos: el derecho al debido proceso legal, el derecho a un plazo razonable, el derecho a un juez imparcial, el derecho a contar con un recurso efectivo.
Acceso a la justicia tiene diversas acepciones, las que básicamente hacen referencia a la posibilidad de acudir a un órgano (judicial o administrativo) facultado para la resolución de los conflictos.
Según el alcance de esa posibilidad se entiende al acceso a la justicia en un sentido estricto o amplio. De acuerdo con el primero el acceso a la justicia es un derecho que permite acceder a un tribunal judicial independiente, imparcial y con competencia previamente asignada por ley de acuerdos a los principios del debido proceso.
El sentido amplio de acceso a la justicia comprende el sentido estricto y refiere a la posibilidad real de contar con instrumentos judiciales o administrativos previstos en el ordenamiento jurídico que permita la posibilidad de solucionar jurídicamente conflictos.
Entendemos el acceso en su concepción amplia, es decir, como el derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas o cualquier otra razón, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas por medio de toda clase de mecanismo eficaz que permita solucionar un conflicto (Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, 2005) y no se limite al inicio de una instancia judicial. Conviene aclarar que los diferentes mecanismos de acceso a la justicia no judiciales no desplazan o remplazan a los órganos judiciales.
El moderno enfoque del acceso a la justicia analiza las barreras que tienen las personas para llegar a los tribunales, pero también las dificultades para obtener una solución a los conflictos en un tiempo razonable.
Sin dudas el principal obstáculo para los sectores en situación de vulnerabilidad son las barreras económicas. Además, asumir el costo que tiene un proceso, generalmente en condiciones de desigualdad, tiene implícito otro obstáculo que es la dilación de los procesos, que a veces termina con la resistencia de los económicamente más vulnerables que se ven forzados a lograr acuerdos poco beneficiosos.
Asimismo, constituye un impedimento para acceder a la justicia el excesivo rigor formal y el requisito de la representación necesaria de un abogado para actuar en un proceso.
Otra dificultad al momento de acceder a la justicia es la ausencia de una cultura jurídica que impide a las personas conocer sus derechos y los instrumentos para hacerlos valer. También es un obstáculo cultural la escasa formación en Derechos Humanos de los operadores del sistema judicial, lo que repercute negativamente en las personas más humildes, como así también es una barrera el lenguaje técnico jurídico.
Otros obstáculos lo constituyen la arquitectura de los edificios judiciales, pensada más en términos de funcionalidad profesional que en acceso público ciudadano; y la ubicación de los tribunales lo que dificulta el acceso de la población alejada de los principales centros urbanos.
Como señalamos supra, el derecho de acceso a la justicia tiene recepción normativa en el ordenamiento legal. Sin embargo, las políticas públicas de reforma judicial no lo contemplan como prioritario al momento de su diseño, o lo enfocan desde un sentido tradicional, entendiendo que el acceso a la justicia se garantiza con la promoción de mejoras cuantitativas de los recursos judiciales.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, mediante Acordada NRO. 24.023, del 6 de febrero de 2012, adhirió a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” elaboradas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizadas en Brasilia en marzo de 2008.
De las Reglas de Brasilia adoptamos el marco teórico para la condición de vulnerabilidad.
Se consideran en condición de vulnerabilidad, aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Este documento engloba un conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitirán a dichas personas la realización de sus derechos.
Las Reglas de Brasilia, contienen tres aspectos importantes a tener en cuenta como operadores/as de justicia respecto del acceso a la justicia.
En primer lugar la garantía del debido proceso, esto es un proceso justo y la tutela efectiva cuando ha sido violado un derecho humano fundamental. En segundo lugar, acciones positivas del Estado a los fines de evitar barreras que permitan acceder a los derechos fundamentales humanos, esto puede ser de índole económica, social, cultural, educativos; y en tercer lugar las barreras que encuentran determinados grupos vulnerables para acceder a la justicia.
Los y las operadores/as judiciales deben brindar un servicio que se caracterice por su eficiencia, eficacia, celeridad en los procesos, en especial aquellos en los que participen personas en estado de vulnerabilidad, allanando las barreras los limitan para en el acceso a la justicia o en el efectivo amparo y ejercicio de los derechos de las y los administrados.
A continuación desarrollaremos específicamente el marco normativo del derecho del acceso a la justicia en la República Argentina.
Nuestra Constitución Nacional, históricamente ha tenido una concepción de índole liberal, tutelando derechos tales como la vida, la libertad, la propiedad a todos los habitantes.
La reforma constitucional de 1994, incorporó principios generales en relación a la protección de los Derechos Humanos, tales como, la solidaridad, participación, no discriminación, contemplando acciones positivas por parte del Estado a tales fines. Así mismo estableció como ley suprema conjuntamente con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
El derecho de acceso a la justicia, no se encuentra expresamente contemplado en el texto constitucional,
No obstante ello, encontramos el acceso a la justicia implícitamente en el principio del debido proceso legal que se encuentra normado por el art. 18 de la Constitución Nacional el que establece: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita por autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Dentro del plexo normativo constitucional el derecho de acceso a la justicia es concebido como uno de los supuestos que deben existir para que el proceso sea realmente efectivo, de esta manera y más allá del art. 18 de la Constitución Nacional que recepta el debido proceso legal, existen otros artículos que tácitamente contemplan el acceso a la justicia.
El art. 14 de la Carta Magna hace referencia al derecho de petición ante las autoridades: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber:…de peticionar a las autoridades…”:
Asimismo la reforma constitucional de 1994 contribuyó con diversas normas respecto del acceso a la justicia, más allá de los instrumentos internacionales, otorgó herramientas fundamentales en torno a este derecho, así el art. 43 donde expresamente se contempla el proceso subjetivo constitucional de amparo, habeas data y habeas corpus.
A ello sumamos los arts. 41 y 42 de la Constitución Nacional, los que tutelan los derechos de intereses difusos o colectivos.
Como corolario de lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta la normativa que rige el acceso a la justicia, es que consideramos que debemos incorporar en nuestra labor diaria todos los operadores del sistema de justicia, respuestas institucionales a este derecho, asumiendo un compromiso ético con el respeto a los Derechos Humanos fundamentales.
En el Poder Judicial de Mendoza existen diferentes canales de acceso a la justicia. Algunos tienen base normativa como los Juzgados de Paz, las Defensorías Públicas de Pobres y Ausentes o los métodos alternativos de resolución de conflictos; en tanto otros, tienen origen en Acordadas de la Suprema Corte de Justicia como la descentralización de la Justicia de Familia, los móviles de información o la línea gratuitas de otorgamiento de turnos, la oficina de violencia, asistencia a víctimas, entre otros.
A continuación, haremos una breve descripción de las vías de acceso a la justicia al Poder Judicial de Mendoza conforme al mapa de acceso a la justicia elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ver mapa de acceso a la justicia en Argentina en www.csjn.gov.ar).
Por medio de la Acordada NRO. 24.842, de fecha 15 de marzo de 2013, se creó la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia bajo dependencia de la Suprema Corte de Justicia, con sede en la Primera Circunscripción Judicial y actividad en las restantes circunscripciones.
Sus oficinas se encuentran ubicadas en el edificio NRO. 1 del Poder Judicial, 2° Piso, ala norte, puertas 11, 12 y 14.
Informar y orientar a los ciudadanos en situaciones que deriven de conflictos vinculados a la violación de Derechos Humanos;
Promover la observancia y defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito del Poder Judicial;
Fomentar y afianzar relaciones y mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial y organismos públicos y del sector no estatal dedicado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos;
Asegurar el acceso a la justicia de todos los habitantes de la Provincia, especialmente aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad;
Atender, informar y derivar a las personas que acuden a la Administración de Justicia por problemas referentes a los Derechos Humanos;
Atender las consultas que se deriven de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de Derechos Humanos;
Formular las recomendaciones que se estimen convenientes para el afianzamiento de los principios fundamentales de los Derechos Humanos;
Informar y orientar a las víctimas sobre sus derechos, como así también garantizar asistencia, acompañamiento y reparación;
Supervisar el régimen de ejecución de la pena para garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad;
Garantizar el acceso efectivo a la justicia a las personas integrantes de los pueblos originarios de la provincia, como así también a niños, niñas y adolescentes;
Formular a la Suprema Corte de Justicia las sugerencias que se consideren convenientes para el afianzamiento de los principios fundamentales de los Derechos Humanos y de la mejor atención a las víctimas;
Difundir y capacitar a los operadores del Poder Judicial en los principios fundamentales de los Derechos Humanos;
Coordinar líneas de acción y articular tareas en el ámbito intrainstitucional con el Ministerio Público Fiscal, la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra las Mujeres y la Coordinación General del Cuerpo de Mediadores.

References: Artículo 25
 artículo 1

Artículo 8

Artículo 25
 resolución 
 resolución