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Timestamp: 2019-05-26 01:02:17+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 45-398, de 20/04/2012
cve: BOCG_D_10_45_398
El Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX) y el Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 11 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2012.�Miguel Zerolo Aguilar y Narvay Quintero Castañeda.
De Don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX) y de Don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 11.3.
El actual contenido del párrafo número 3 quedaría como sigue:
«Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica y social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. De igual forma, podrá incurrirse en déficit de acontecer una situación laboral con un alto índice de tasa de paro y que, a estos efectos, habrá de justificarse en un índice regional situado cinco puntos por encima de la media estadística nacional. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.»
Junto a las circunstancias anteriores, situaciones de desempleo en tales porcentajes pueden requerir por parte de las Administraciones Públicas la realización de actuaciones dirigidas a superar tal situación que impliquen nuevos gastos presupuestarios y que por ello incurran en superar el déficit estructural indicado en el punto 2.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 12.5.
Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 12 que queda redactado en los siguientes términos:
«5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto, salvo los procedentes de fondos finalistas, se destinarán a reducir el nivel de deuda pública. No obstante, aquellas Comunidades Autónomas que su deuda pública se sitúe por debajo del 95% de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, podrán destinar los mayores ingresos señalados a financiar actuaciones dirigidas a fomentar el crecimiento y el empleo.»
Permitir que aquellas Comunidades Autónomas que a lo largo del ciclo económico hayan saneado sus cuentas y de ese modo hayan reducido su nivel de endeudamiento puedan utilizar las políticas de gasto como un estabilizador, acometiendo políticas de gasto que permitan impulsar su actividad económica en coherencia con una coyuntura desfavorable.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 15.5.
Se añade un nuevo párrafo segundo del apartado 5 del artículo 15, con la siguiente redacción:
«Las variables incluidas en el cuadro económico de horizonte plurianual a que hace referencia el párrafo anterior se expresarán términos de contabilidad nacional y contabilidad regional.»
Se trata de una información necesaria e imprescindible para el establecimiento del objetivo de estabilidad de las distintas Administraciones Públicas, así como los individuales de cada Comunidad Autónoma.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 16.
Se da una nueva redacción al artículo 16 con la siguiente redacción:
«1. Aprobados por el Gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en las condiciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley, El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formulará una propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas.
2. Oídas cada una de las Comunidades Autónomas sobre la propuesta, y formuladas alegaciones por éstas en el plazo improrrogable de 15 días, el Gobierno previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se pronunciará a su vez en igual plazo desde la recepción de la propuesta en la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, fijará la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una ellas.
3. Para la fijación de los objetivos de estabilidad individuales de las Comunidades Autónomas se tendrá en cuenta, la previsión de evolución del PIB per cápita regional y la tasa de paro regional, el saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediatamente posterior y su nivel de endeudamiento.
4. Establecida así la propuesta de objetivos, el Gobierno solicitará la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas con el objeto de debatir y aprobar los contenidos de los objetivos de cada Comunidad Autónoma.
Los objetivos, finalmente, habrán de aprobarse por mayoría de sus miembros. De no ser así, el Gobierno en el plazo máximo de un mes, formulará nueva propuesta sometiéndose a igual procedimiento. De reiterarse la situación, los objetivos se remitirán al Congreso para su aprobación por el Pleno.»
Que las Comunidades Autónomas, previa a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera puedan, y de manera bilateral con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, realizar consideraciones sobre la propuesta formulada.
Por otra parte, el texto del artículo presenta una total ausencia de criterios referenciados a cada una de las Comunidades Autónomas para el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que podría dar lugar a que la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas esté, o bien sustentada en criterios no apropiados (los del artículo 15) o en otros no regulados en la ley. Y ello en coherencia con el mandato constitucional, que dispone que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo y regulará la distribución de los límites de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas. En este sentido también se ha manifestado el dictamen del Consejo de Estado, al indicar que al no existir criterio alguno para la asignación del objetivo de estabilidad de las Comunidades Autónomas se produce una laguna que debería colmarse, teniendo en cuenta el carácter de no vinculantes de los informes del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La enmienda, finalmente pretende situar a la Comisión General de las Comunidades Autónomas en un trámite importante que sigue al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que ha de corresponderle como expresión de una auténtica cámara de representación territorial. Es indudable la oportunidad de debatir contenidos de gran importancia para estas administraciones aprovechando la existencia de un foro que corrobore, más representativamente, los acuerdos manifestados en el CPFF.
Queda así perfeccionada la posición de la Comisión General al abundar en la cooperación multilateral entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas y se hace, en el caso que nos ocupa, precisando mejor el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el contexto general del proyecto de ley.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 19.
El artículo 19 queda como sigue:
«Artículo 19. Advertencia de riesgo de incumplimiento.
1. En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma e informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2. Si el riesgo se aprecia en una corporación local, de la advertencia se dará cuenta a la Comunidad Autónoma a la que pertenece la corporación y a la Comisión Nacional de Administración Local.
3. La Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si no se adoptan las medidas para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21.»
Las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen diferente configuración constitucional, con autonomía política unas y con autonomía administrativa las otras; por eso, es necesario diferenciar el régimen de aplicación de estas medidas en cada caso. De tratarse de una comunidad autónoma habrá de dar entrada al mecanismo de coordinación que establece el artículo 135 CE como garantía de que los principios de estabilidad presupuestaria se desarrollan con respeto de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Por otra parte, debe evitarse cualquier mención que implique una posición de ascendencia jerárquica entre un órgano de la Administración del Estado, como es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las instituciones representativas de una comunidad autónoma.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 25.
El artículo 25 queda como sigue:
En caso de incumplimiento del plan económico financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.»
No resultan procedentes las penas pecuniarias, que vienen a ser como repartir entre los ciudadanos los incumplimientos de sus gestores. El depósito en el Banco de España está afecto a tales penalidades y por lo tanto tampoco procede. La Constitución contempla los mecanismos y las garantías para salvar los incumplimientos graves y es base suficiente para cualquier medida sin que tengan que desarrollarse alternativas con el objetivo concreto de la estabilidad presupuestaria.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 29.
Se da una nueva redacción al artículo 29.
«Artículo 29. Escenario presupuestario plurianual.
1. Las Administraciones Públicas elaborarán un escenario presupuestario plurianual en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
2. Los escenarios presupuestarios plurianuales abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.»
Ya desde la derogada Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se acuñó la expresión de «escenarios presupuestarios plurianuales» para designar la previsión plurianual cifrada referida a los ingresos y gastos que, con carácter previo al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, debía elaborar el Ministerio de Hacienda (artículo 12). Dichos «escenarios presupuestarios plurianuales» constituían la materialización del principio de «plurianualidad» establecido en el artículo 4 de este cuerpo normativo. Con la inclusión de dicha exigencia de programación presupuestaria plurianual en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los «escenarios presupuestarios plurianuales» han adquirido carta de naturaleza a nivel normativo.
Es por ello, que en tanto que este principio de «plurianualidad», así como los restantes principios rectores de la política presupuestaria del sector público contemplados en aquella norma, es de aplicación a las Comunidades Autónomas con arreglo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, la obligación de elaborar los «escenarios presupuestarios plurianuales» se ha venido acogiendo también en la normativa presupuestaria autonómica en tanto que aplicación material de tal principio, que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, le dedica el artículo 26 del Capítulo I (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN POR OBJETIVOS) del Título II (DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
De lo anterior se deduce que, habiendo adquirido carta de naturaleza la expresión «escenarios presupuestarios plurianuales» acuñada por la normativa estatal y autonómica para designar la programación presupuestaria plurianual, la regulación que el artículo 29 del APLO hace del «marco presupuestario a medio plazo» debe entenderse referida a los «escenarios presupuestarios plurianuales», porque, de otra manera, carece de sentido que el propio texto normativo mantenga esta expresión en la disposición final segunda.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 32.
Se añade un nuevo párrafo 2, numerando el ahora único con el número 1, en el artículo 32 con la siguiente redacción:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Comunidades Autónomas que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y su deuda pública se sitúe por debajo del 95% de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, podrán destinar el mismo a financiar gasto no consolidable para la realización de actuaciones dirigidas a fomentar el crecimiento y el empleo.»
Permitir que aquellas Comunidades Autónomas que cumplan con los objetivos de disciplina presupuestaria y de sostenibilidad financiera fijados, puedan acometer políticas de gasto que permitan impulsar la actividad económica y la creación de empleo en consonancia con su situación económica.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.
El primer apartado no es más que una reiteración de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, por consiguiente, adolece de falta de sistemática y de lógica jurídica, puesto que entra en competencia dialéctica con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a la que explícitamente remite.
La supresión del segundo apartado parece necesaria en cuanto la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior para salvar la ley de presupuestos suspendida supone una auténtica distorsión del ejercicio presupuestario, condicionado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el levantamiento de la suspensión o a la aprobación de una ley parcial o integral de rehabilitación presupuestaria. El presupuesto es un documento económico con propósitos integrados y la eventual impugnación de algunas de sus disposiciones para ser sustituidas interinamente con las de un ejercicio cerrado no ayuda al propósito de estabilidad presupuestaria sino que lo retrotrae a momentos anteriores en que pudiese estar incluso más lejano. Más lógico sería entender que el artículo 161.2 CE no está pensado para la impugnación y suspensión de los presupuestos de las comunidades autónomas en virtud del perjuicio que ocasiona en el funcionamiento económico de éstas.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.1.b).
Se modifica la letra b) del apartado 1, de la disposición transitoria primera, con la siguiente redacción:
«1. b) El déficit estructural del conjunto de las Administraciones Públicas se deberá reducir un 0,8 por ciento del Producto Interior nacional en promedio anual. Esta reducción se distribuirá entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, en función de los porcentajes de déficit estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012.»
Permitir que la distribución de la reducción del déficit estructural se distribuya no sólo entre Administraciones (Administración General del Estado y Administraciones de las Comunidades Autónomas), sino de forma individual entre las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.
Se añade una disposición final nueva, como quinta bis con el siguiente texto:
«Disposición final quinta bis. Ley 22/2009, de 18 de diciembre por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Se suprime el tercer párrafo de la disposición adicional segunda de la esta Ley.»
Se pretende corregir una incongruencia entre los párrafos 1 y 3 de la citada disposición adicional que está llevando a que no se cumpla con lo establecido en el Estatuto de autonomía de Canarias Art. 46, ni el el régimen económico y fiscal de Canarias, así como tampoco en la propia Ley de financiación de las Comunidades Autónomas.
El sistema de financiación pretende una financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas de sus servicios públicos básicos. Y por otro lado el REF pretende compensar las desventajas estructurales, y mayores costes asociados, que suponen en canarias la lejanía, la fragmentación, la insularidad y lo reducido de sus mercados.
La inclusión de la disposición se realizó mediante enmienda, que pretendía dejar claro que el REF no afectaría al sistema de financiación para Canarias. Cosa que queda meridianamente clara con el primer párrafo y una aplicación del resto del sistema legal, La aplicación que se está produciendo de la norma es contraria a la justificación que se argumentó para la enmienda aceptada por el Congreso.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 31 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2012.�Joan Saura Laporta y Jordi Guillot Miravet.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 3.3.
Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 3 del artículo 3.
«3. Reglamentariamente se establecerán los criterios para medir la posición de equilibrio financiero.»
Necesidad de aclarar cómo debe medirse la citada posición de equilibrio financiero. Por ejemplo, puede entenderse que una sociedad mercantil local está en equilibrio financiero cuando su coeficiente de liquidez es igual o superior a 1, cuando su cuenta de resultados arroja beneficios, cuando su neto patrimonial es positivo, cuando no tiene pérdidas acumuladas, cuando no tiene deudas o su importe es inferior al valor de su inmovilizado, etc.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 3. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 3.
«La situación de equilibrio o superávit prevista en los apartados anteriores permitirá, en todo caso, la existencia de desviaciones presupuestarias dirigidas a garantizar el mantenimiento y mejora de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales. En estos supuestos, la estabilidad presupuestaria se alcanzará, en su caso, por la combinación de aumentos de ingresos o reducciones de gasto que no tengan esa naturaleza fundamental.»
Se propone preservar una financiación suficiente para sanidad, educación y servicios sociales básicos, al ser servicios públicos fundamentales. Son además gastos esenciales para el desarrollo económico del país y, por tanto, para fortalecer también los ingresos del Estado y su sostenibilidad financiera.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 4.2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 4.
«2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea y sin perjuicio, en ningún caso, de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 4.
Se añade un artículo nuevo después del artículo 4.
«Principio de suficiencia en los ingresos.
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de suficiencia en los ingresos. Corresponde al Gobierno, respetando en todo caso el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, promover las actuaciones precisas para mejorar la suficiencia del sistema tributario y potenciar su equidad y progresividad.
2. Las reformas en materia tributaria para mejorar la suficiencia y progresividad del sistema se orientarán a financiar prioritariamente el aumento del gasto en protección social hasta situarlo en los parámetros medios de la Unión Europea y a contribuir a mejorar la distribución de la renta.
3. El Gobierno propiciará los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal y situando como prioridad la reducción de la economía sumergida en España.»
Necesidad de establecer el principio de suficiencia en los ingresos como principio fundamental de la gestión presupuestaria. La estructura y suficiencia de los ingresos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas guardan íntima relación y ahora está pasando factura el coste de las sucesivas reformas desfiscalizadoras en los impuestos directos adoptadas por distintos gobiernos a favor del ciclo económico. En este contexto, además, el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6.
Se modifica el título del artículo 6.
«Artículo 6. Principio de publicidad y transparencia de la información.»
En coherencia con otra enmienda.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 6.
«Toda información en poder de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley será pública. La denegación de acceso a cualquier tipo de información será excepcional y únicamente podrá fundamentarse por los motivos tasados en la ley de transparencia y buen gobierno.
Las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley pondrán a disposición del público un registro de todos los documentos que poseen y asegurarán el acceso fácil y gratuito a la información sobre sus funciones, responsabilidades y aquella información trascendente que les corresponda, sin necesidad de que dicha información les sea solicitada. La información será actual, clara y estará escrita en lenguaje sencillo.»
Se propone explicitar el principio de publicidad de la información, según el cual el secreto y la denegación de la información han de ser la excepción, e incidir en la cuestión de la proactividad: han de ser las administraciones quienes pongan a disposición del ciudadano toda la información de forma sencilla y rápida.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7.1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 7.
«1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizando en todo momento la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7.2.
«2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público, destinando los recursos disponibles con carácter prioritario al mantenimiento y mejora de los servicios públicos fundamentales.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 7 con la siguiente redacción:
«El modelo de control interno del gasto público se orientará a garantizar la transparencia y eficacia de la función fiscalizadora, a reforzar el control permanente y la auditoría, a impedir que la naturaleza jurídica de cualquier institución pública altere o disminuya los términos del control del gasto al que se vea sometida, a publicitar la actividad desarrollada y facilitar el acceso a los datos económicos comprobados, a informar de cualquier tipo de subvención que concedan instituciones públicas y privadas, y a desarrollar herramientas tendentes a clarificar la información de las cuentas públicas.»
La correcta asignación y utilización de los recursos públicos exige un modelo de control interno del gasto público eficiente y transparente. Es, en particular, importante que los informes de control financiero y auditoría realizados por los órganos de control interno de las administraciones sean públicos, así como las actividades desarrolladas, de forma que todos los ciudadanos tengan acceso a los datos económicos comprobados y puedan conocer cómo y en qué se gastan los fondos públicos.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 11.2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 11.
«2. Con carácter general, el conjunto de Administraciones Públicas no podrá incurrir en un déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, superior al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera superior.
El importe del déficit estructural no podrá superar, en cómputo total y anual, el 0,20 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para el Estado, el 0,25 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para el conjunto de las Comunidades Autónomas y el 0,05 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para las Entidades Locales.»
El proyecto de ley establece el «déficit cero» estructural como el principio rector de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, déficit que podrá ser superado sólo en situaciones excepcionales por el Estado y las Comunidades Autónomas o alcanzar hasta el 0,4 % del PIB en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo. Se propone establecer con carácter general el 0,5 % del PIB que es, además, la referencia que establece la UE como límite al déficit público estructural, y su distribución por administraciones.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 11.3.
Se modifica el apartado 3 del artículo 11.
«3. El conjunto de Administraciones Públicas podrá alcanzar un déficit estructural de hasta el 1 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas sea igual o inferior al 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales.
Así mismo, el conjunto de Administraciones Públicas podrá incurrir en un déficit estructural superior al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, cuando el Congreso de los Diputados aprecie, por mayoría simple, que se dan alguna de las siguientes circunstancias:
b) Una tasa de variación real del Producto Interior Bruto inferior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo a la que se refiere el artículo 12 de esta Ley, o una tasa de
desempleo superior a la tasa promedio de desempleo de la Unión Europea, medidas ambas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).
En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia que originó la desviación.»
El proyecto de ley establece el «déficit cero» estructural como el principio rector de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, déficit que podrá ser superado sólo en situaciones excepcionales por el Estado y las Comunidades Autónomas o alcanzar hasta el 0,4 % del PIB en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo. Se propone establecer con carácter general el 0,5 % del PIB que es, además, la referencia que establece la UE como límite al déficit público estructural, y la posibilidad de superarlo hasta el 1 % del PIB cuando la deuda pública sea igual o inferior al 60 % del PIB. Además, el límite podrá superarse, en particular, cuando la economía se encuentre por debajo de su crecimiento medio o con una tasa de paro superior al promedio comunitario. Por último, es razonable que sea la mayoría simple el criterio para apreciar las circunstancias por parte del Congreso.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 11.4.
Se suprime el apartado 4 del artículo 11.
En coherencia con otras enmiendas, las corporaciones locales podrán incurrir en déficit estructural.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 11.5.
Se modifica el apartado 5 del artículo 11.
«5. Las Administraciones de Seguridad Social podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, el déficit estructural admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 12.1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 12.
«1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, salvo que la tasa de desempleo española sea superior a la tasa promedio de desempleo de la Unión Europea, en cuyo caso el gasto computable podrá superar la tasa de referencia de crecimiento hasta que desaparezca dicha circunstancia.»
La regla que establece el proyecto de ley, que el gasto crezca en función de lo que lo haga la economía, y aún excluyendo el gasto por desempleo como estabilizador automático, puede ser contraproducente en situaciones económicas complicadas en las que el desempleo es elevado y, en general, en una economía con dotaciones de capital público e infraestructuras sociales insuficientes.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 12.2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 12.
«2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, o los gastos corrientes correspondientes a los capítulos 1 a 4 del presupuesto en el caso de las Corporaciones locales, el gasto en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.»
Se propone eliminar la expresión «no discrecional» en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, por ser confusa.
Además, sería más coherente, al menos en el caso de las Corporaciones locales, la sustitución del término «empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales» por el mucho más comprensible de «los gastos corrientes correspondientes a los capítulos 1 al 4 del presupuesto», importe que, aún no coincidiendo exactamente con el de los «empleos no financieros», se aproximaría bastante y el efecto perseguido es el mismo; y ello, sin necesidad de un cálculo complejo, que requeriría conocimientos especializados del SEC 95, y para el cual, lógicamente, los interventores y secretarios-interventores de las EELL no han sido preparados, ni la estructura presupuestaria en vigor contiene la información precisa.
EEl Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 12.5.
Se modifica el apartado 5 del artículo 12.
«5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán prioritariamente a reducir el nivel de deuda pública cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas supere el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales.»
El exceso de ingresos sobre lo previsto ha de dedicarse a las políticas de gasto que políticamente se estimen oportunas. Puede establecerse la prioridad de reducir deuda cuando ésta supere el 60 % del PIB.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 13.1.
Se modifican los dos últimos párrafos del apartado 1 del artículo 13.
«1. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 30 por ciento para la Administración central, 24 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 6 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Si, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea, resultase un límite de deuda distinta al 60 por ciento, el reparto del mismo entre Administración central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales respetará las proporciones anteriormente expuestas.
El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 24 por ciento de su Producto Interior Bruto regional.»
Se propone una distribución más equitativa de los esfuerzos de sostenibilidad financiera entre Administraciones Públicas, buscando proporciones más ajustadas a la distribución competencial del gasto público. Es importante considerar, en particular, que las Comunidades Autónomas son las responsables de la mayor parte de las políticas sociales de gasto y de una parte importante de las políticas de impulso a la actividad económica.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 13.2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 13.
«2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar operaciones que, en términos netos, incrementen su endeudamiento.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 13.
Se añade un nuevo artículo después del artículo 13.
«Prioridad absoluta del gasto en servicios públicos fundamentales.
El pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.»
Este proyecto de ley establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Se propone que la prioridad corresponda al gasto en servicios públicos fundamentales.
En otra enmienda se propone que el Gobierno promueva la reforma del artículo 135 de la Constitución para remediar lo que es una disposición de marcado carácter antisocial.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 14.
Se modifica el artículo 14.
«Artículo 14. Pago de la deuda pública.
Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad frente a cualquier otro gasto, a excepción del preciso para garantizar la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21.1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 21.
«1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el plazo máximo de tres años el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.»
Se propone que el plazo fijado en este artículo se amplíe a tres años, ya que es de difícil cumplimiento que un plan económico-financiero permita la recuperación de la senda establecida en los objetivos o el cumplimiento de la regla de gasto en un año. Esto es particularmente cierto para el caso de Administraciones Locales, con poca autonomía para poder generar nuevos recursos.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 25.1.b.
Se modifica el primer párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 25.
«1. b) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España que no excederá del 0,1 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal y que se adaptará a las circunstancias de la Administración Pública responsable del incumplimiento. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.»
La medida coercitiva que establece el proyecto de ley es excesiva. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM prevé la posibilidad de que el Tribunal de Justicia condene al Estado incumplidor al pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva adaptada a las circunstancias, que no excederá del 0,1 % del PIB.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 27.3.c.
Se modifica la letra c) del apartado 3 del artículo 27.
«3. c) Estados de ejecución trimestrales de ingresos y gastos de las Corporaciones Locales, o en su caso balance de comprobación de sumas y saldos de las entidades dependientes que no estuvieran sometidas a la disciplina presupuestaria.»
Tanto la liquidación de ingresos y gastos como el balance y la cuenta de resultados se realizan, por definición, con carácter anual y no trimestral, por lo que exigir que se realicen con periodicidad trimestral
contravendría el TRLRHL (Arts. 191 y 192), la orden EHA/4041/2004 sobre el Modelo normal de contabilidad local y el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Debería considerarse, además, que la mayoría de las EELL, y muy especialmente las de pequeña dimensión, al no disponer de equipo técnico suficiente difícilmente podrán suministrar la información actualizada trimestral requerida, por lo que los datos incluidos en los estados de ejecución que suministren serían poco significativos.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 32.
Se modifica el artículo 32.
En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a garantizar y mejorar la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales y, posteriormente, a reducir el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
«Disposición adicional nueva. Reforma del modelo de financiación local.
1. El Gobierno impulsará un acuerdo político e institucional dirigido al fortalecimiento de la suficiencia financiera y la autonomía política de los municipios de acuerdo al principio de subsidiariedad.
2. El acuerdo contemplará una reforma estructural de la financiación local orientada a lograr la suficiencia y autonomía en la financiación de los servicios públicos locales, identificando y reconociendo las necesidades de financiación derivadas de gastos impropios asumidos por los municipios y actualizando el sistema previsto en el artículo 142 de la Constitución en base a criterios de suficiencia, nivelación, corresponsabilidad fiscal y solidaridad.
3. En el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de nueva ley de financiación local.»
La financiación de los municipios es una de las grandes asignaturas pendientes de la Democracia española, porque el principio de autonomía política reconocido en la Constitución española para ser real y efectivo debe ir acompañado de la correspondiente autonomía financiera que permita ejercer responsablemente el autogobierno ante la ciudadanía.
Esta cuestión es ahora una prioridad porque las reformas están imponiendo a las Corporaciones Locales, ya de por si acuciadas por el incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación, el equilibrio presupuestario.
«Disposición adicional nueva. Normativa presupuestaria.
El Gobierno tomará las medidas oportunas para adaptar la normativa presupuestaria local, autonómica y estatal a la normativa europea en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.»
Algunas referencias a la normativa europea que hace este proyecto de ley remiten a la macrocontabilidad o contabilidad de agregados, y los presupuestos forman parte del área de la microcontabilidad o contabilidad de unidades individuales. Será preciso adaptar la normativa presupuestaria local, autonómica y estatal a la normativa de la contabilidad nacional.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.1.
Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria primera.
«1. En 2032 deberán cumplirse los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de esta Ley, para lo cual:
a) La ratio de deuda pública sobre el PIB para cada Administración se reducirá al ritmo necesario en promedio anual para alcanzar, en cualquier caso, el límite establecido en el artículo 13 de esta Ley.
b) El déficit estructural del conjunto de Administraciones Públicas se reducirá al ritmo necesario en promedio anual con una distribución entre las distintas Administraciones Públicas en función de los porcentajes de déficit estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012.»
El proyecto de ley fija el año 2020 como límite para cumplir los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sin embargo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM establece que cuando la proporción entre la deuda pública y el PIB rebase el 60 % ha de reducirse a un ritmo medio de una veinteava parte al año como referencia. Esto supone 20 años de margen.
La flexibilidad en esta cuestión es fundamental, considerando la diversa situación de partida de nuestras administraciones en términos de endeudamiento, la importancia de las políticas sociales cuya responsabilidad es de las Comunidades Autónomas, y la dureza de la crisis económica.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.4.
Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria primera.
«4. En 2020 y 2028 se revisarán las sendas de reducción de la deuda pública y del déficit estructural, para alcanzar en 2032 los límites previstos en los artículos 11 y 13 de esta Ley, al efecto actualizarlas según la situación económica y financiera.»
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria tercera.
Se modifica la disposición transitoria tercera.
«Disposición transitoria tercera. Autorizaciones de endeudamiento.
Hasta 2032, excepcionalmente, si como consecuencia de circunstancias económicas extraordinarias resultara necesario para garantizar la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales», (resto igual).
Mejora técnica y en coherencia con otras enmiendas.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.
«Disposición transitoria nueva. Reforma del artículo 135 de la Constitución Española.
En los dos meses siguientes a la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma del artículo 135 de la Constitución Española para eliminar en su apartado 3 la prioridad absoluta del pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones.»
El apartado 3 del artículo 135 es frontalmente antisocial al establecer que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho.
El Senador Joan Saura Laporta (GPEPC) y el Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final séptima.
Se modifica el segundo párrafo de la disposición final séptima.
«No obstante, los límites previstos en los artículos 11 y 13 de esta Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2032.»
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 15 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2012.�El Portavoz Adjunto, Antonio Gutiérrez Limones.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.
Se propone la modificación del artículo 2, con la siguiente redacción:
2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público vinculados o dependientes de la Administración del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas o de las entidades locales y no comprendidos en el número anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.»
De conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación del Proyecto de Ley debe hacer referencia a las categorías vigentes en el ordenamiento interno por lo que es más correcto seguir lo dispuesto en el actual Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y artículos 2 y 3 de la Ley General Presupuestaria.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.2.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 3, con la siguiente redacción:
«2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en la normativa europea.»
La situación de equilibrio o superávit presupuestario debe hacer referencia a la computada en función de la capacidad de financiación a lo largo del ciclo económico, tal como establece el apartado 2 del artículo 11 del Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que presenta el «déficit ajustado al ciclo».
Igualmente, en coherencia con la normativa europea, el apartado 3 del artículo 3 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, establece la siguiente definición: «“saldo estructural anual de las administraciones públicas” se entenderá el saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter temporal».
De hecho, la novedad más relevante que incorporó la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006, en coherencia con la normativa europea, fue la adaptación de la política presupuestaria al ciclo económico, lo que exigía obtener superávit en situaciones en las que la economía creciese por encima de su potencial para destinarlo a compensar déficits registrados cuando la economía creciese por debajo de su potencial.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.2.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 11, con la siguiente redacción:
«2. Lo dispuesto en el apartado 1 anterior se considerará respetado si el déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, sin computar las medidas excepcionales y temporales, no supera, en el conjunto de Administraciones Públicas, el 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 0,32 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresados en términos nominales para la Administración central y 0,18 por ciento del Producto Interior Bruto regional expresados en términos nominales para cada una de las Comunidades Autónomas.
Cuando la ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto este muy por debajo del 60 por ciento y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos, se podrá
alcanzar un déficit estructural máximo del 1 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, en el conjunto de Administraciones Públicas, para fomentar el crecimiento potencial de la economía española. Este límite de déficit estructural se distribuirá en la proporción equivalente a los porcentajes previstos en el párrafo anterior.»
El Acuerdo Político prevé que la Ley Orgánica fijará en un 0,4 % del Producto Interior Bruto el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del 2020, y permite superar este límite en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria. Pero el Gobierno ha modificado estos términos en su Proyecto de Ley Orgánica, al establecer que ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, es decir, impone una déficit del 0,0 % del Producto Interior Bruto, limitando ese margen del 0,4 % sólo para el caso de que el déficit se combine con reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea. Sin embargo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria contempla un límite de déficit estructural del 0,5 % del Producto Interior Bruto sin ningún condicionante de reformas estructurales (articulo 3). Asimismo, el Tratado europeo establece que «cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado esté muy por debajo del 60 % y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a medio plazo podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1 % del producto interior bruto a precios de mercado.»
De hecho, la diferencia de criterio entre el Proyecto de Ley y el Tratado ha sido destacada, asimismo, por el Consejo de Estado en su dictamen, que observa textualmente en su página 33:
«Conviene subrayar la diferencia existente —y la exigencia en que se justifica— entre el porcentaje de déficit estructural admitido por el Tratado para poder considerar que los presupuestos están equilibrados o en superávit y el porcentaje establecido con equivalente finalidad en el anteproyecto. Así, el artículo 3.1.b) del Tratado afirma que la regla de equilibrio o superávit presupuestario “se considera respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado”. Mientras que el artículo 11.2 del anteproyecto admite que “en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior”.»
Asimismo, la situación descrita exige tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 135 de la Constitución Española, que literalmente establece: «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros».
Por otro lado, según el apartado 2 del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido a la Administración Central y a las Comunidades Autónomas, en relación con su Producto Interior Bruto. Respecto a esta exigencia constitucional, lo único que dice el Proyecto de Ley Orgánica, y en disposición transitoria, es que la reducción del déficit estructural se distribuirá entre el Estado y las Comunidades Autónomas en función de los porcentajes de déficit estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012. El carácter transitorio de la previsión y la referencia a una mera situación de hecho —1 de enero de 2012—, impide considerar que tal regulación satisfaga las exigencias del artículo 135 de la Constitución y las del Acuerdo Político, que contiene una distribución del límite de déficit estructural entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas del 0,26 % y 0,14 %, respectivamente.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.3.
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 11, con la siguiente redacción:
«3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán superar el límite de déficit estructural, cuando el Congreso de los Diputados aprecie, por mayoría absoluta de sus miembros, que se dan alguna de las siguientes circunstancias:
b) Recesión económica, definida como una tasa de crecimiento real del Producto Interior Bruto negativa, observada o prevista.
En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.»
El apartado 4 del artículo 135 de la Constitución contiene expresamente que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. A la hora de enumerar las circunstancias excepcionales por las que los límites del déficit estructural se podrán sobrepasar se deberá tener en cuenta no sólo una recesión económica observada, sino también las previsiones de un crecimiento real negativo de la economía española para que la política fiscal pueda anticiparse y limitar la recesión económica.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.5.
Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 11, con la siguiente redacción:
«5. Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario. Excepcionalmente podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sin perjuicio de la posible utilización de las Reservas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o del Fondo de Prevención y Rehabilitación. En este caso, el déficit estructural máximo admitido para la Administración Central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.»
La finalidad de esta enmienda es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se utilice como última opción. Las referencias que se hacen en el artículo 11.5 al posible déficit estructural de las Administraciones de Seguridad Social y su financiación por parte del citado Fondo de Reserva no tienen en cuenta los recursos que podría utilizarse de las Reservas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o del Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.6.
Se propone la modificación del apartado 6 del artículo 11, con la siguiente redacción:
«6. El Gobierno por Real Decreto aprobará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural, que tendrá en cuenta la posición cíclica de la economía española, la influencia de la situación cíclica en los ingresos y los gastos públicos y la normativa europea de estabilidad presupuestaria.»
Según el artículo 11.6 del Proyecto de Ley Orgánica para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria y se habilita en la disposición transitoria segunda al Ministerio de Economía y Competividad que desarrollará en los 3 meses siguientes a la aprobación de este Proyecto de Ley la metodología prevista para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas y la tasa de referencia de crecimiento.
La simple remisión a la normativa europea no da cumplimiento a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, que establece expresamente en la letra b) del apartado 5 que la Ley Orgánica regulará dicha materia. Como mínimo, argumenta el dictamen del Consejo de Estado, deben incorporarse las líneas generales de esta metodología y la previsión sobre el procedimiento a seguir para el cálculo del déficit estructural para su posterior desarrollo reglamentario mediante Real Decreto.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.3.
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 12, con la siguiente redacción:
«3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que tomará en consideración el crecimiento medio del PIB, expresado en términos nominales, durante 9 años, y una tasa
de inflación de referencia, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.»
El artículo 12 del Proyecto de Ley recoge la regla de gasto contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, no define cómo se calculará la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española, al corresponder al Ministerio de Economía y Competitividad su determinación de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en su aplicación de su normativa.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.6.
Se propone la modificación del apartado 6 del artículo 15, con la siguiente redacción:
Si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo se someterá a nueva votación del Congreso, aprobándose si éste lo ratifica por mayoría simple.»
La supresión de la regla que contiene la actual Ley General de Estabilidad Presupuestaria por el Proyecto de Ley de la regla que se propone en esta enmienda puede propiciar una situación de bloqueo parlamentario.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18.3.
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 18, con la siguiente redacción:
«3. El Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, propondrá la revisión del sistema aplicando el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.»
El Gobierno puede proponer la revisión de los parámetros fundamentales del sistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, pero sin sustraer la competencia que a las Cortes Generales corresponde en esta materia.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25.1.b.
Se propone la modificación del primer párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 25, con la siguiente redacción:
«b) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,1 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.»
Las medidas coercitivas del Proyecto de Ley Orgánica contienen, entre otras, un depósito del 0,2 % del PIB nominal en caso de incumplimiento del plan económico financiero o del plan de reequilibrio de la administración correspondiente. Sin embargo, el recientemente aprobado Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UEM, prevé en su artículo 8.2 que esta cuantía del régimen sancionador no excederá del 0,1 % de su PIB. Por ello, en coherencia con la normativa europea de referencia, se debería modificar el Proyecto de Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25.2.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 25, con la siguiente redacción:
«2. Si transcurrido un plazo de 9 meses desde la constitución del depósito siguen sin adoptarse las medidas necesarias, el Gobierno podrá acordar la creación, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar al Gobierno, previa audiencia a la administración correspondiente, una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas y aprobadas por el Gobierno serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.
No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en esta Ley hasta que dichas medidas hayan sido implementadas.»
La comisión de expertos no puede aprobar unilateral y autónomamente las medidas a aplicar máxime tomando en consideración las graves consecuencias que pueden derivarse de las mismas.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.
Se propone la supresión del artículo 26.
El artículo 26 prevé la aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución que expresamente contempla que:
El precepto no figuraba en el anteproyecto que fue dado a conocer en su momento, por lo que está claro que sólo con posterioridad se ha decidido su inclusión en la iniciativa legislativa finalmente presentada. Conteniendo el Proyecto de Ley Orgánica las previsiones específicas para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, incluso mediante la adopción de medidas coercitivas, la aplicación del artículo 155 de la CE constituye una extralimitación evidente y, lo que es peor, sin un objetivo claro pues no se alcanza a vislumbrar que otras medidas pueden aplicarse en esta materia y distintas de las que se prevé en el propio Proyecto de Ley Orgánica.
En cuanto a las medidas relativas a las Entidades Locales, la argumentación es análoga pues las normas reguladoras de las mismas ya prevén las consecuencias correspondientes para los incumplimientos más graves.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27. Apartado nuevo.
Se propone la adición de un nuevo apartado 7, con la siguiente redacción:
«7. Con periodicidad semestral, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas comparecerá ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad y de deuda pública, así como de los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de las Administraciones Públicas.»
Posibilitar el control parlamentario en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.
Se propone la modificación de la disposición transitoria primera, con la siguiente redacción:
a) La ratio de deuda pública sobre PIB para cada Administración se reducirá ritmo necesario en promedio anual para alcanzar, en cualquier caso, el límite establecido en el artículo 13 de esta Ley. A estos efectos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º La regla de gasto contenida en el artículo 12 de la presente Ley se aplicará minorando en 1 punto porcentual la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.
2.º Cuando la ratio de deuda sobre el PIB supere el valor de referencia del 60 por ciento se reducirá la diferencia, al menos, una veinteava parte en promedio anual, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. La reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB se distribuirá en la proporción equivalente a los porcentajes previstos en el artículo 13.1 de esta Ley.
b) El déficit estructural del conjunto de Administraciones Públicas se deberá reducir un 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional en promedio anual. Esta reducción se distribuirá entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en función de los porcentajes de déficit estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012.
4. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de reducción de la deuda pública y del déficit estructural, para alcanzar en 2020 los límites previstos en los artículos 11 y 13 de esta Ley, al efecto de actualizarlas según la situación económica y financiera.»
La senda para la reducción del déficit y del volumen de deuda pública que contiene el Proyecto de Ley Orgánica carece de realismo y es inconsistente con la política fiscal que necesita la economía española.
La disposición transitoria primera contiene una regla de gasto de carácter pro-cíclico, al estar referenciada a la tasa de crecimiento real del PIB de la economía española, y no a la tasa de crecimiento potencial de referencia, como se recoge en el artículo 12 del Proyecto de Ley. Esta regla limita la capacidad de la política fiscal para estabilizar la economía y, además, no tiene en cuenta el aumento o reducción de los ingresos a la hora de calcular la tasa de crecimiento del gasto.
El periodo transitorio se debe establecer cumpliendo las obligaciones derivadas de la normativa europea, permitiendo una política fiscal que sea compatible con la capacidad de crecimiento y creación de empleo de la economía española.
Se propone la modificación de la disposición transitoria segunda, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda. Desarrollo de la metodología para calcular el déficit estructural, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas y la tasa de referencia de crecimiento.
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará el Real Decreto previsto en el artículo 11.6 sobre la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. En el mismo plazo, el Ministerio de Economía y Competitividad desarrollará la aplicación de la metodología prevista, en el apartado 2.b) del artículo 21 sobre el cálculo de las previsiones tendenciales y en el artículo 12 sobre la tasa de referencia de crecimiento.»
El Proyecto de Ley carece de precisión y concreción sobre la metodología y el procedimiento que se va a utilizar para calcular la fase del ciclo económico y el déficit estructural, previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, que establece expresamente en la letra b) del apartado 5 que la Ley Orgánica regulará dicha materia. Como mínimo, argumenta el dictamen del Consejo de Estado, deben incorporarse
las líneas generales de esta metodología y la previsión sobre el procedimiento a seguir para el cálculo del déficit estructural para su posterior desarrollo reglamentario mediante Real Decreto.
Esta cuestión es de suma importancia puesto que el saldo estructural no es una magnitud directamente observable sino que tiene que ser estimado. Aunque hay muchos procedimientos para calcularlo, todos constan de dos elementos: el primero consistente en la determinación de la posición cíclica de la economía, y el segundo en la determinación de la influencia de la situación cíclica en los ingresos y los gastos públicos (sensibilidad). Una vez estimada la parte cíclica del saldo, por diferencia con el saldo observado se obtendrá el saldo estructural que, al corregir la influencia del ciclo en el saldo observado, da una indicación más adecuada del carácter restrictivo o expansivo de la política fiscal que se está aplicando en cada ejercicio.
Por ello, es necesario eliminar las posibles discrecionalidades del Gobierno a la hora de elaborar la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. Las estimaciones del PIB potencial de un año se modifican con nuevos datos, las revisiones del PIB de los años anteriores y con las de los pronósticos, cualquiera que sea el método que se utilice. Por tanto, existe un cierto margen de error sobre la orientación exacta de la política fiscal sobre todo en los años más actuales. Por este motivo, la metodología a aplicar debe ser de aplicación simple; además, debe ser trazable, para que la rendición de cuentas con la ciudadanía sea sencilla y debe ser comparable con los procedimientos europeos establecidos para implementar la nueva gobernanza económica.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (Eaj-Pnv) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2012.—La Portavoz Adjunta, Rut Martínez Muñoz.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (Eaj-Pnv) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.2.
Se propone la siguiente adición en el texto del artículo 3.2:
«Artículo 3.2 … Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural a lo largo del ciclo.»
Dotar de sentido económico al artículo 3.2.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (Eaj-Pnv) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.2.
Se propone sustituir el texto del Proyecto por éste del siguiente tenor:
«Artículo 11.2. De cara a mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo las Administraciones Públicas mantendrán sus objetivos presupuestarios a medio plazo dentro de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, y, en su caso, realizarán los ajustes anuales necesarios tendentes a su cumplimiento.»
Reconducir el texto de la Ley hacia los límites estrictos del Pacto de Estabilidad.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (Eaj-Pnv) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.1.
Se propone la siguiente adición en el texto del artículo 12.1, y en lo sucesivo:
«Artículo 12.1 … economía española. Debe entenderse por tasa de referencia la del PIB potencial.»
No se indica qué es la tasa de referencia sino sólo qué es a medio plazo y que viene dada en un informe que seguirá criterios de la Comisión Europea. En realidad, para que la regla tenga sentido, dicha tasa debe remitirse al PIB potencial, de manera que si los gastos crecen con esa regla, y los ingresos tienen una elasticidad unitaria respecto al PIB potencial entonces se mantiene el saldo estructural. Ese es el sentido de la regla.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (Eaj-Pnv) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.4.
Se propone la siguiente redacción del segundo párrafo del punto 4 de dicho artículo:
«Si las Comunidades Autónomas cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública el Estado deberá autorizar, en todo caso, la realización de operaciones de crédito y emisiones de deuda.»
Si una Comunidad Autónoma está autorizada por Ley para emitir deuda y cumple la legislación de estabilidad, el Gobierno se atendrá a ello para autorizar las emisiones (no discrecionalidad). Se trata de que se atenga a ello, no de que meramente lo tenga en cuenta.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2012.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria tercera.
Excepcionalmente, si como consecuencia de circunstancias económicas extraordinarias resultara necesario para garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, podrán concertarse operaciones de crédito por plazo superior a un año y no superior a diez, sin que resulten de aplicación las restricciones previstas en el apartado dos del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Las operaciones que se concierten bajo esta excepción deberán ser autorizadas en cualquier caso por el Estado, quién apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta disposición.»
Reducir la limitación temporal dado que ya se establece que se trata de una medida excepcional.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 14 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25.1.
b) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España por un importe máximo equivalente al 0,1 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal atendiendo al grado de incumplimiento. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento, el Consejo de Política Fiscal y Financiera podrá acordar que el depósito se convierta en multa coercitiva.
Las medidas coercitivas del punto 1.b sólo podrán aplicarse una única vez en un mismo ejercicio.
En la determinación de dicha sanción también se tendrá en cuenta el peso de la administración autonómica en el conjunto de las administraciones públicas.»
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria establece en su artículo 8.1 que en caso de incumplimiento de los mecanismos correctores el asunto será sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 8.2 se establece que éste podrá condenar al estado miembro incumplidor a una sanción «que no excederá del 0,1% de su producto interior bruto».
En consecuencia, una adecuada transposición de dicho precepto comporta:
1) que la sanción que pueda aplicarse a una comunidad autónoma no sea el 0,2% del PIB, es decir el doble del importe que el Tribunal de Justicia de la UE puede aplicar como máximo al Estado, sino que tenga como límite máximo el aplicable al Estado.
2) que en la determinación del importe de la sanción a las CCAA se tenga en cuenta el peso de la administración autonómica en el conjunto de las administraciones del Estado, de lo contrario, en un hipotético caso de incumplimiento de los mecanismos correctores en proporciones equivalentes por parte del Estado y de las CCAA, la sanción de hasta el 0,1% del PIB que impusiera el Tribunal de Justicia de la UEM podría recaer íntegramente sobre las CCAA.
3) explicitar que La sanción será proporcional al riesgo advertido y en ningún caso podrá ser superior a éste.
Por otra parte, se explicita que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera quien ponga las sanciones, así como la imposibilidad de que se pueda obligar a constituir más de un depósito en un mismo ejercicio, aunque sea por conceptos diferentes.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.1. Párrafo 2.º
Las medidas superan de mucho las previstas por la normativa europea y atentan a la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.3.
Las disposiciones relativas a las corporaciones locales ya están contempladas en la propia Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27.2.
2. Antes del 1 de octubre de cada año las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 115 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales remitirán…» (resto igual)
Facilitar el cumplimiento de la ley adecuándola a los medios de que disponen los pequeños municipios
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28.4.
4. La información obrante en la central a que se refiere este artículo estará, a disposición del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, así como de todas las administraciones que lo soliciten.»
Permitir que todas las administraciones tengan acceso a la misma información, de forma que el criterio de transparencia se aplique al conjunto de administraciones.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 30.1.
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y tampoco tendrá en cuenta la parte del gasto de las comunidades autónomas y corporaciones locales financiado con las liquidaciones positivas del modelo de financiación y de los fondos de convergencia, así como los derivados de cambios en el modelo de financiación.»
Equiparar el concepto de gasto computable de las Comunidades Autónomas al que se considera para la Administración Central.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 32.
En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a la constitución de un Fondo de Reserva que se podrá utilizar para la cancelación de la deuda o para no realizar nuevas apelaciones al crédito cuando cumpla el objetivo de deuda pública. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.»
Reducir la exigencia de la norma que es mucho más estricta que la normativa europea y reduce substancialmente el margen de maniobra de las administraciones autonómicas.
Fijar normas diferentes y más estrictas que las determinadas por el propio Tratado de Estabilidad comportaría renunciar a algunos de los instrumentos que la economía española va a necesitar para impulsar su propio crecimiento y creación de empleo.
En el caso de las corporaciones locales, y a los efectos de esta ley, se entenderá que existe superávit, cuando el resultado presupuestario ajustado sea positivo y el remanente de tesorería para gastos generales también resulte positivo. En dicho caso, las corporaciones locales que superen el límite de endeudamiento establecido, deberán destinar el remanente positivo de tesorería para gastos generales a reducir el endeudamiento neto.»
Se establece que en caso de producirse superávit en la liquidación presupuestaria, éste se destine a reducir el endeudamiento neto, lo que supone una limitación al principio de autonomía política de cada Administración local. Se debería permitir que la Corporación que esté dentro del marco de endeudamiento permitido pueda destinar su remanente de tesorería a finalidades igualmente prioritarias.
Parece más congruente con la realidad de las Corporaciones Locales que esta obligación se atenúe, con un porcentaje, con el establecimiento de unos tramos, con un calendario de eliminación de endeudamiento (esta sería muy aconsejable) o con la fórmula que se considere más oportuna.
Por otra parte, con el actual redactado de la ley no se establece a qué tipo de superávit se está refiriendo. Así, por ejemplo, en los estados contables y presupuestarios podrían existir diversos superávits:
Superávit en términos del SEC 95:
Ingresos no financieros menos gastos no financieros
Superávit en términos del resultado presupuestario:
Antes de ajustes
Después de ajustes
Superávit en términos del remanente de tesorería
Remanente de tesorería total (o antes de ajustes)
Remanente de tesorería para gastos generales (o después de ajustes)
Para evitar situaciones de injusticia comparativa respecto a los acreedores por obligaciones ya vencidas, se sugiere que esta definición sea de correspondiente al remanente de tesorería para gastos generales.
La redacción del primer párrafo del artículo 32 podría resultar incluso contradictoria con la del artículo 12, pues una cosa son «los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto», y otra es que «la liquidación presupuestaria se sitúe con superávit».
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 5.
Tal como se explicita en las enmiendas a los artículos 25 y 26, las medidas sancionadoras previstas en aquellos artículos se exceden en mucho a las que exige la propia Unión Económica y Monetaria Europea para los estados miembros, por lo que de aplicarse constituirían un abuso de posición de control que vulneraría la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
«Disposición Adicional (nueva). Adaptación de la Ley de Haciendas locales.
El Gobierno, en el plazo de 3 meses aprobará un Proyecto de Ley de modificación de la Reguladora de las Haciendas Locales con el fin de adaptar su contenido a lo establecido en la presente Ley, especialmente en lo que hace referencia a las Operaciones de Crédito y al Título de Presupuesto y Gasto Público.»
La presente ley choca frontalmente con los principios establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo que atañe a la financiación de la inversión. Según ésta, el endeudamiento local sólo puede destinarse a la inversión y de hecho es una de las vías principales de financiación de la inversión local, sin embargo, con la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria, la obligación de equilibrar cuentas para las administraciones locales, sin excepciones, plantea un importante interrogante sobre cómo van a financiar la inversión en el futuro.
Por otra parte, si el Estado o las CCAA tienen como referente del endeudamiento su deuda respecto al PIB, este referente no sirve para las CCLL, los límites de endeudamiento de las Corporaciones Locales (3% PIB) deben poder ser cuantificables en otros términos, por ejemplo, en relación a sus ingresos corrientes.
«Disposición Adicional (nueva). Adecuación a las corporaciones locales.
a) Destino del superávit para las Corporaciones Locales.
En el supuesto de Corporaciones Locales que estén dentro del marco de endeudamiento permitido, cuando la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit consolidado, en términos de remanente de tesorería para gastos generales, éste podrá destinarse a reducir endeudamiento o a otras finalidades prioritarias.
b) Adecuación reglamentaria a las corporaciones locales:
Reglamentariamente y en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente ley el Gobierno procederá a ajustarla a las especificidades de las corporaciones locales. En particular, establecerá un indicador substitutivo del endeudamiento de las corporaciones locales respecto el PIB, en términos de porcentaje de endeudamiento sobre presupuesto de la corporación local.»
El Proyecto de Ley no ha tenido en cuenta las especificidades de las corporaciones locales, de modo que se hace necesario clarificar ciertas cuestiones fundamentales para éstas.
En primer lugar, el tipo de superávit debido a que, en los estados contables y presupuestarios locales, podrían existir diversos superávits: en términos del SEC 95, del resultado presupuestario o del remanente de tesorería, siendo el más oportuno para evitar situaciones de injusticia comparativa respecto a los acreedores por obligaciones ya vencidas, el remanente de tesorería para gastos generales. También debe hacerse referencia a si el superávit local se mide en términos individuales o consolidados, pues pudiera darse el caso de que, por ejemplo, un ayuntamiento o diputación provincial tuviese superávit, pero sus organismos autónomos dependientes tuviesen déficit, con lo que la liquidación en términos consolidados podría ser deficitaria aunque en términos individuales se alcanzase el superávit.
En segundo lugar, es necesario permitir cierta flexibilidad a las entidades locales en la reducción del endeudamiento neto cuando se produzca superávit en la liquidación presupuestaria y cuando estén dentro del marco de endeudamiento, pues un mayor grado de rigidez supone extralimitarse respecto a los márgenes establecidos por el Tratado de la UEM.
En tercer lugar, es preciso adecuar ciertas magnitudes, como el porcentaje de endeudamiento respecto el PIB a magnitudes más fácilmente evaluables para las corporaciones locales.
«Disposición Adicional (nueva). Modificación del artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Se modifica el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, que queda redactado del siguiente modo:
Cuando el beneficiario sea una comarca, o una entidad supramunicipal tendrán también la consideración de beneficiario, siempre que en la solicitud de subvención no se indique lo contrario, todos los organismos municipales o miembros asociados integrantes de la comarca o entidad supramunicipal que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero.»
Clarificar la redacción del artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, reconociendo en el caso de que el beneficiario de la subvención sea una persona jurídica que a su vez sea una entidad supramunicipal, que los miembros u organismos municipales asociados integrantes de la entidad supramunicipal tendrán también la consideración de beneficiarios, siempre que se comprometan o efectúen la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.
«Disposición transitoria segunda. Desarrollo de la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas y la tasa de referencia de crecimiento.
En los 3 meses siguientes a la aprobación de esta Ley, el Ministerio de Economía y Competitividad desarrollará la aplicación de la metodología prevista en el apartado 2.b) del artículo 21 sobre el cálculo de las previsiones tendenciales, y en el artículo 12 sobre la tasa de referencia de crecimiento. Previamente a la aprobación de la metodología el Ministerio de Economía y Competitividad informará a los miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrán quince días para pronunciarse sobre la misma.»
Incluir las Comunidades Autónomas en el proceso de decisión.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 23 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.1.
1. Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España
de acuerdo con la normativa europea, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.
Para determinar la imputación de responsabilidades se tendrá en cuenta el cumplimento por parte de cada administración de los compromisos adquiridos entre ellas mediante las consignaciones presupuestarias previstas en las respectivas leyes de presupuestos.
Las desviaciones causadas por una reinterpretación de las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sólo comportarán responsabilidades si se comunicaron previamente a la aprobación de los presupuestos anuales».
Son numerosas las transferencias entre administraciones, por lo que, en caso de incumplimiento del compromiso de déficit por parte de una de las administraciones, debe descontarse la parte del incumplimiento que se produce por culpa de otra administración al incumplir los compromisos o por motivos metodológicos por reinterpretación de las normas aplicables.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.2.
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, la deuda pública de las Comunidades Autónomas y los títulos-valores de carácter equivalente emitido por éstas estarán sujetos, en lo no establecido en la presente Ley, a las mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.»
Una vía evidente de abaratamiento de los costes soportados por las haciendas de las CCAA es extender la garantía estatal a la deuda de las comunidades autónomas y permitir que éstas tengan derecho a compartir los beneficios que de ello se deriven. Ello ya estaba previsto en el punto 5 del artículo 14 de la LOFCA el 1986, antes de la modificación efectuada en 2006.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.
3. Las entidades vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran derivado. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los principios de esta Ley, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales deberán dictar las medidas de reequilibrio necesarias con afectación sobre los presupuestos de las entidades de su competencia.»
Dar a las entidades dependientes o vinculadas el mismo tratamiento que a las restantes administraciones, en la parte de responsabilidad que les corresponda, concretando también para las mismas la responsabilidad en la asunción de los compromisos y principios derivados de esta Ley, y habilitando expresamente al Estado, las CCAA y las corporaciones locales para que puedan actuar en garantía de los mismos sobre las entidades de su competencia.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.a.
a) Valorar, conjuntamente con las administraciones afectadas el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de administraciones públicas y acordar las medidas compensatorias cuando dicho impacto lo requiera, de acuerdo con el artículo 2.1.g) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de setiembre de financiamiento de las comunidades autónomas.»
Clarificación del principio de lealtad institucional y de la necesidad de colaboración entre las diferentes administraciones afectadas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9. Letra nueva.
f) Ejecutar aquellas consignaciones presupuestarias que habiliten el abono de los acuerdos adoptados en las comisiones bilaterales de la administración central y de la administración de una comunidad autónoma, de las cuales dependa la correcta previsión de ingresos para el ejercicio legítimo de las competencias y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.»
En cumplimiento del principio de lealtad institucional, se incorpora un nuevo apartado por el cual se clarifica la necesaria exigibilidad de la ejecución de las consignaciones correspondientes a acuerdos aprobadas por las comisiones bilaterales.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.2.
2. El conjunto de administraciones públicas y ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, la norma de equilibrio presupuestario o de superávit se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5% del producto interior bruto a precios de mercado.»
En lo que atañe a la modificación propuesta del apartado 2, la Reforma del artículo 135 de la Constitución establece en su punto 2 que «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en
un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros», en consecuencia, corresponde a la presente Ley transponer exactamente la norma de equilibrio presupuestario fijado en el artículo 3.1.b) del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.
Por lo que refiere a la modificación del apartado 3, su justificación reside en la necesaria inclusión de las Comunidades Autónomas en el proceso de decisión.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.3.
3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural, cuando el Congreso de los Diputados aprecie, por mayoría absoluta de sus miembros previo informe preceptivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y resolución del Parlamento autonómico correspondiente, que se dan alguna de las siguientes circunstancias.»
En lo que atañe a la modificación propuesta del apartado 2, la Reforma del artículo 135 de la Constitución establece en su punto 2 que «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros», en consecuencia, corresponde a la presente Ley transponer exactamente la norma de equilibrio presupuestario fijado en el artículo 3.1.b) del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.
Una vez finalizado el período transitorio establecido en la disposición transitoria primera:
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, la parte del gasto financiado con las liquidaciones positivas del sistema de financiación y de los fondos de convergencia, así como los derivados de cambios en el modelo de financiación y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán a la constitución de un Fondo de Reserva que se podrá utilizar para la cancelación de la deuda o para no realizar nuevas apelaciones al crédito cuando se cumpla el objetivo de deuda pública.»
La modificación del apartado 2 busca equiparar el concepto de gasto computable de las Comunidades Autónomas al que se considera para la Administración Central.
Por lo que se refiere a la modificación del apartado 5, la primera parte trata de ajustar la exigencia de la norma a lo establecido en la normativa europea. Fijar normas diferentes y más estrictas que las determinadas por el propio Tratado de Estabilidad comportaría renunciar a algunos de los instrumentos que la economía española va a necesitar para impulsar su propio crecimiento y creación de empleo.
Es más, la norma tal y como está redactada puede generar situaciones contradictorias al obligar a la reducción de la deuda en ejercicios con déficit.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.2.
2. Se entenderá …/…financiación.
En el caso de las Diputaciones Provinciales no se consideraran a efectos del cálculo del gasto computable las modificaciones de crédito financiadas con remanente líquido de tesorería».
Las diputaciones provinciales a menudo financian inversiones de carácter plurianual en los municipios con remanentes líquidos de tesorería lo cual incide positivamente sobre su tesorería a la vez que permite adaptar la financiación a la realidad de ejecución de las inversiones por parte de los municipios.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.5.
En el caso de las administraciones locales el remanente de tesorería para gastos generales que resulte positivo, se destinará a reducir el nivel de deuda pública, siempre que ello no suponga un coste adicional en concepto de comisiones o gastos bancarios.»
Se excluye la posibilidad de destinar los ingresos que se obtuvieran por encima de lo previsto a otras necesidades que no sea la reducción del nivel de deuda pública.
Un Ayuntamiento con mayores ingresos pero con remanente negativo, tendría que dedicar un teórico excedente de ingresos a amortizar anticipadamente préstamos bancarios a largo plazo cuyo vencimiento aún no se ha producido, en detrimento de los proveedores de bienes y servicios.
Obligaría a la correspondiente incorporación de remanentes de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente, sin un ingreso que lo respalde (pues, en su caso, el incremento de ingresos sobre lo previsto no tendría la categoría de «ingreso afectado»), lo cual iría en contra de lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública.
Si la Administración pública que ha tenido este incremento de ingresos por encima de lo previsto no tiene deuda financiera (caso de algunos ayuntamientos y de la mayoría de los organismos autónomos), no podría cumplir con esta disposición, pues es materialmente imposible reducir el nivel de una deuda inexistente.
La no concreción del concepto de ingresos supone que se puede efectuar una interpretación en sentido global, o individual es decir a nivel de capitulo y articulo, en este último caso las consecuencias a las haciendas locales pueden resultar extremadamente negativas. Y en el caso de compatibilizarse con remanente negativo del ejercicio pueden ser muy graves e incluso inviabilizar financieramente la corporación local.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.1.
Este límite se distribuirá proporcionalmente entre las administraciones en base a los datos oficiales de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo publicados por el Banco de España para el cuarto trimestre del 2011 de forma que el esfuerzo sea proporcional para todas las administraciones.
2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública, no podrá realizar operaciones que, en términos netos, incrementan su endeudamiento.»
Resulta absolutamente necesario ajustar el esfuerzo de contención de la deuda pública de cada administración, proporcionalmente a su situación vigente. En este sentido señalar que hay una elevada correlación entre el superior endeudamiento de determinadas comunidades con las diferencias en el calendario y proceso de descentralización de competencias asumidas. Las comunidades que asumieron antes las competencias de sanidad y educación están hoy más endeudadas.
La modificación del apartado dos, responde a una mejora técnica.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.2.
Evitar medidas, no previstas por el Tratado de Estabilidad de la UEM, que podrían provocar colapsos en el funcionamiento de alguna administración pública, especialmente en su aplicación a corto plazo,
impidiendo que las administraciones puedan generar proceso alguno de impulso al crecimiento y el empleo, tal como también demanda la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.1.
1. En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Dichos objetivos estarán expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del 1 de marzo de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá las respectivas propuestas de objetivos al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, que deberán emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de recepción de las propuestas en la Secretaría General del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y en la secretaria de la Comisión Nacional de Administración Local.»
Inclusión de las Comunidades Autónomas en el proceso de decisión y ajuste de las fechas al calendario de elaboración de los presupuestos de las CCAA.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.5.
Este informe será elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España y al Consejo de Política Fiscal y Financiera y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Contendrá el cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, la previsión de evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española prevista en el artículo 12 de esta Ley y el saldo cíclico de las administraciones públicas, distribuido entre sus subsectores.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.6.
Si los objetivos fueran rechazados el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento con la previsión de estar aprobados antes del 31 de mayo.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.
A partir de la mencionada propuesta, el Gobierno previo informe de Consejo de Política Fiscal y Financiera que deberá pronunciarse en el plazo improrrogable de quince días desde la recepción de la propuesta en la Secretaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas y cada una de ellas. Dicho objetivo se negociará bilateralmente entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los representantes de cada Comunidad Autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y deberán tener en cuenta, en cualquier caso, la situación económica, el nivel de competencias asumido, el nivel de endeudamiento, así como las necesidades o el déficit de infraestructuras o equipamientos necesarios.»
Inclusión de un proceso bilateral con las Comunidades Autónomas en la decisión de los objetivos que permita situaciones diferenciadas, tal y como prevé la normativa actual de estabilidad presupuestaria (Ley Orgánica 3/2006).
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.2.
2. Antes del 1 de marzo de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los presupuestos iniciales de las administraciones públicas. Igualmente, el informe recogerá el cumplimiento de la regla de gasto de los presupuestos de la Administración central y de las Comunidades Autónomas».
Ajustar las fechas al calendario de elaboración de los presupuestos de las CCAA.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18.2.
Responde a la necesidad de reducir la exigencia de la norma que es mucho más estricta que la normativa europea, especialmente durante el periodo transitorio.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.1.
1. En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma. Formulada la advertencia el Gobierno dará cuenta de la misma para su conocimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si la advertida es una Comunidad Autónoma, y a la Comisión Nacional de Administración Local, si es una Corporación Local. Dicha advertencia se hará pública para general conocimiento y se formulará a partir de criterios claramente tipificados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Previamente a la formulación de la advertencia se requerirá informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.»
Inclusión de las Comunidades Autónomas en el proceso de decisión y clarificar los motivos que pueden dar lugar a advertencia.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 20. 3.
3. En los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con Comunidades Autónomas incumplidoras y que exijan una aportación de recursos por parte de la Administración incumplidora, precisará, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»
Clarificar que los convenios o subvenciones que afectan negativamente al déficit son los que suponen una aportación de la Comunidad Autónoma.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23. 3.
Si la Comunidad Autónoma no presenta el nuevo plan en el plazo requerido o el Consejo considera que las medidas contenidas en el mismo no son suficientes para alcanzar los objetivos, se podrán aplicar las medidas coercitivas previstas en el artículo 25 previa audiencia de la Administración responsable. La sanción será proporcional al riesgo advertido y en ningún caso podrá ser superior a éste.»
Incorporar la audiencia previa a la administración responsable y permitir la modulación de la sanción en función del riesgo advertido.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. 4.
4. En caso de que el informe correspondiente al segundo semestre verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se podrán aplicar las medidas coercitivas del artículo 25 previa audiencia de la Administración responsable. La sanción será proporcional al riesgo advertido y en ningún caso podrá ser superior a éste.»
Introducir la proporcionalidad de la sanción al riesgo de incumplimiento.

References: artículo 107
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 107
 Artículo 15
 artículo 15
 artículo 107
 Artículo 16
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 107
 Artículo 19
 artículo 19
 artículo 135
 artículo 107
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 Artículo 29
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 107
 Artículo 32
 artículo 32
 artículo 13
 artículo 107
 artículo 161
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 3
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 artículo 107
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 107
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 107
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 107
 Artículo 6
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 artículo 107
 Artículo 7
 artículo 7
 artículo 107
 Artículo 7
 artículo 107
 Artículo 7
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 Artículo 11
 artículo 11
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 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 135
 artículo 107
 Artículo 14
 artículo 14
 artículo 107
 Artículo 21
 artículo 21
 artículo 107
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 Artículo 27
 artículo 27
 artículo 107
 Artículo 32
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 142
 artículo 107
 artículo 13
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 107
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 135
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 135
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 107
 Artículo 15
 artículo 15
 artículo 107
 Artículo 18
 artículo 18
 artículo 107
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 107
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 Artículo 26
 artículo 26
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 artículo 155
 artículo 155
 artículo 107
 Artículo 27
 artículo 107
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 21
 artículo 12
 artículo 135
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 14
 artículo 107
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 Artículo 25
 artículo 8
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 Artículo 26
 artículo 107
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 Artículo 30
 artículo 107
 Artículo 32
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 artículo 12
 artículo 107
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 107
 artículo 21
 artículo 12
 artículo 107
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 Artículo 8
 artículo 107
 Artículo 8
 artículo 14
 artículo 107
 Artículo 8
 artículo 107
 Artículo 9
 artículo 2
 artículo 107
 Artículo 9
 artículo 107
 Artículo 11
 artículo 135
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 11
 resolución 
 artículo 135
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 107
 Artículo 15
 artículo 107
 Artículo 15
 artículo 12
 artículo 107
 Artículo 15
 artículo 107
 Artículo 16
 artículo 107
 Artículo 17
 artículo 107
 Artículo 18
 artículo 107
 Artículo 19
 artículo 107
 Artículo 20
 artículo 107
 Artículo 23
 artículo 25
 artículo 107
 Artículo 24
 artículo 25