Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632049.html
Timestamp: 2019-03-18 17:47:28+00:00

Document:
as201632049
Auto Supremo Nº 49/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.246/2015.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 148 a 151, interpuesto por Fabiola Consuelo Salazar Calle, Directora Ejecutiva del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE, impugnando el Auto de Vista Nº 178/2014-SSA-I, de 17 de septiembre de 2014 de fs. 141, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo social seguido por el Fondo Complementario de Seguridad Social Municipal de La Paz en liquidación, contra Mirtha Angélica Loza Mendoza, el auto de fs. 154 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo social, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la resolución Nº 351/2012, de 24 de agosto de fs. 112 a 113, declarando improbada las excepciones formuladas por la parte coactivada mediante memorial de fs. 27. Sin embargo, habiéndose pagado el monto total demandado, dispuso el levantamiento de retención de fondos en las cuentas bancarias que pudiera tener la señora Mirtha Angélica Loza Mendoza, dispuesta dentro la presente causa por la suma de Bs.9.305.42.
Contra dicha resolución, la parte recurrente, formuló recurso de apelación de fs. 119 a 121, que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 178/2014-SSA-I, de 17 de septiembre de 2014, cursante a fs. 141, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la resolución Nº 351/2012, de 24 de agosto, de fs. 112 a 113.
El auto de vista referido, motivó el recurso de casación, interpuesto por el Fondo Complementario de Seguridad Social Municipal de La Paz, representada por Fabiola Consuelo Salazar Calle, con los fundamentos expuestos en el memorial cursante de fs. 148 a 151 de obrados.
CONSIDERANDO II: Que, planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:
Si bien es cierto que los medios de impugnación configuran instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia y que, por principio y naturaleza todo acto jurisdiccional es impugnable conforme prevé el art. 180.II e la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, es también evidente que en algunos casos, la ley proclama de manera absoluta o relativa la limitación impugnativa o, que ella resulta de la misma estructura judicial.
En efecto, el art. 255 del Código de Procedimiento Civil (CPC), establece de manera categórica, las resoluciones que son recurribles de casación, señalando así: “(RESOLUCIONES CONTRA LAS CUALES PROCEDE EL RECURSO DE CASACION). Habrá lugar al recurso de casación contra las resoluciones siguientes: 1) Autos de Vista que resolvieren en apelación, las sentencias definitivas en los procesos ordinarios, ejecutivos, sumarios, concursales y de árbitros de derecho. 2) Autos de Vista que resolvieren una declinatoria de jurisdicción, decidieren una excepción de incompetencia o anularen el proceso. 3) Autos de Vista referentes a autos interlocutorios que pusieren término al litigio. 4) Autos de Vista que declararen haber lugar o no a oír a un litigante condenado en rebeldía. 5) Sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por las Cortes Superiores del Distrito”.
A su vez, el art. 262 del CPC, complementado por el art. 26 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997), prevé: “(COMPETENCIA PARA NEGAR LA CONCESIÓN DEL RECURSO). El tribunal o juez de segundo grado deberá negar la concesión del recurso de casación y declarar ejecutoriada la sentencia o auto recurrido, en los siguientes casos: 3) Cuando el recurso no se encuentre previsto en los casos señalados por el art. 255”.
Resulta pertinente resaltar también lo previsto en el art. 90 del CPC, el cual dispone: “I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”. Normativa de la que se infiere que, un fallo de alzada que no esté comprendido dentro los señalados, no es impugnable a través de la demanda de puro derecho, como es el recurso de casación.
En la especie, el Auto de Vista Nº 178/2014-SSA-I, de 17 de septiembre de 2014, de fs. 141, recurrido de casación, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 351/2012, de 24 de agosto de 2012, cursante a fs. 112 a 113, que declaro improbada las excepciones formuladas por la parte coactivada, mediante memorial de fs. 27, disponiendo el levantamiento de retención de fondos de la coactivada por la suma de Bs.9.305,42.-, resolución que no se encuentra comprendida en ninguno de los cinco incisos del citado art. 255 del CPC, porque no resolvió la apelación contra una sentencia definitiva, tampoco una declinatoria de jurisdicción, una excepción de incompetencia o anuló el proceso; no se trata de un auto de vista que se refiera a un auto interlocutorio que puso fin al litigio, menos se trata de un auto de vista que declaró haber lugar o no a oir a un litigante condenado en rebeldía y finalmente, tampoco se trata de una sentencia definitiva pronunciada en primera instancia.
Bajo esos parámetros, se concluye que el Auto de Vista Nº 178/2014-SSA-I, de 17 de septiembre de 2014 de fs. 141, que resolvió la Resolución Nº 351/2012, de 24 de agosto de 2012, no es una resolución susceptible de ser impugnada a través del recurso de casación, precisamente, por no estar comprendida dentro de las resoluciones consignadas en el art. 255 del adjetivo civil, en cuyo caso el tribunal de alzada, debió aplicar lo previsto por el art. 262.3) del mismo cuerpo normativo, normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el art. 90 del Adjetivo Civil anotado; y al no haber obrado de esa manera, ha concedido indebidamente el recurso planteado por el recurrente, pese a su manifiesta improcedencia.
Por estas razones se concluye que este tribunal no tiene abierta su competencia para resolver el fondo del recurso indebidamente planteado, correspondiendo fallar en función a lo previsto en los arts. 271.1) y 272.1) del CPC, aplicable por permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 148 a 151.

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