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Timestamp: 2019-08-20 06:33:18+00:00

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STC 132/1992, 28 de Septiembre de 1992 - Jurisprudencia - VLEX 15356433
STC 132/1992, 28 de Septiembre de 1992
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.627/1990
1. La interpretación de las normas procesales y su aplicación al caso concreto es, en principio y como regla general, competencia exclusiva de los órganos judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia, si bien tales operaciones son excepcionalmente revisables en amparo cuando constituyan lesiones específicas de las garantías del procedimiento constitucionalizadas en el art. 24 C.E. [F.J. 2]. 2. En ningún caso cabe transformar el contenido del derecho en una mera carga procesal hasta el punto de devenir en un obstáculo insalvable que impida el ejercicio de otro derecho fundamental, como es el acceso al recurso; por el contrario, la exigencia a la parte de tener un defensor acentúa la obligación de los poderes públicos de garantizar la efectiva designación de Letrado. Por ello hemos afirmado que puede originarse una situación de indefensión constitucionalmente prohibida si no se suspende el curso del proceso hasta que al litigante carente de medios económicos le sea nombrado un Letrado por el turno de oficio, y también que no es admisible hacer depender de una institución ajena a las partes el efectivo cumplimiento de los requisitos capaces de determinar, en su caso, la inadmisión de los recursos [F.J. 2]. 3. Reiteradamente hemos declarado que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 C.E.); el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido que determina la pérdida de algún recurso legal sea manifiestamente arbitraria o irrazonable, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial [F.J. 2].
Sentencia citada en: 585 sentencias, 19 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 1.627/90, promovido por el Defensor del Pueblo contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de mayo de 1990, en autos sobre prestaciones de desempleo. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal del día 27 de junio de 1990 el Defensor del Pueblo interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 1990.
a) En Sentencia de 18 de enero de 1989 la entonces Magistratura de Trabajo de Melilla desestimó las demandas interpuestas por el Graduado Social don José A. S. en representación de don Luis M. G. y otros contra el Instituto Social de la Marina y don Juan C. C. en reclamación sobre prestaciones de desempleo. Dicha Sentencia fue notificada al representante de los actores el siguiente día, 19 de enero.
b) El día 24 de enero de 1989 el señor A. S. anunció el propósito de sus representados de interponer recurso de suplicación contra la referida Sentencia, designando para su formalización al Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla don Andrés V. N. Por proveído de la misma fecha la Magistratura tuvo por anunciado en tiempo y forma el recurso y acordó entregar las actuaciones al mencionado Letrado para que pudiera formalizar el recurso, dentro del plazo de los diez días sucesivos a la entrega de los autos, lo que se le notificó el siguiente día, 25 de enero de 1989.
En esta última fecha los recurrentes designaron un segundo Letrado, doña Asunción M. C. para la formalización -conjunta o separada- del recurso, petición a la que se accedió en providencia de 26 de enero de 1989, aunque en el expediente no consta que esta providencia fuese notificada a la Letrada doña Asunción Collado Martín, pues no aparece el acuse de recibo de la misma.
c) En escrito de 31 de enero de 1989 el Letrado inicialmente designado renunció a hacerse cargo de la asistencia técnica de los actores alegando que los interesados no se habían puesto en contacto con él y no le constaba su voluntad de recurrir, lo que se les notificó por providencia de 1 de febrero siguiente.
d) El día 2 de febrero de 1989 los demandantes solicitaron la designación de Letrado del turno de oficio, alegando la imposibilidad de satisfacer los honorarios mínimos de 100.000 pesetas que, según la norma 116 del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, debe exigir todo Letrado designado para formalizar un recurso de suplicación, cualquiera que sea su cuantía, cuando no hubiera intervenido ningún Letrado en el acto del juicio.
Por providencia de la Sección Cuarta de 10 de diciembre de 1990 se acordó incorporar al proceso el escrito de 27 de noviembre de 1990 remitido por don José A. S. y no haber lugar a tenerlo en la forma comparecida, toda vez que, aparte de no hacerlo en la forma prevista en el art. 89.1 LOTC, sus representados ya lo estaban por el Defensor del Pueblo.
6. El Ministerio Fiscal interesó asimismo la concesión del amparo. A su juicio, los argumentos de los órganos judiciales que sustentan la caducidad del recurso, examinados en el contexto fáctico en que se produjeron, suponen una interpretación enervante, formalista y desproporcionada de las normas procesales en juego, que vulnera el derecho al recurso protegido por el art. 24.1 C.E. Ciertamente, es en el momento de anunciar la interposición de un recurso de suplicación cuando se precisa la designación -de oficio o a instancia propia- de Letrado. Pero la petición de designación de Letrado de oficio debió interrumpir el plazo que la Ley de Procedimiento Laboral concede para formalizar el recurso, por las siguientes consideraciones: a) asegurar el derecho de defensa y asistencia letrada en relación con el derecho al recurso (apartados 1 y 2 del art. 24 C.E.); b) para formalizar el recurso la Magistratura debe poner los autos a disposición del Letrado designado y desde entonces debe computarse el plazo de diez días (art. 154, in fine, L.P.L.), y así lo ha declarado una constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 57/1984, 3/1986, 177/1989, 33/1990 y 34/1990); c) en el caso presente la solicitud de nombramiento de Abogado de oficio no obedecía a criterio o maniobra dilatoria alguna, sino a la imposibilidad de satisfacer la minuta mínima de honorarios establecida por el Colegio de Abogados de Melilla en su norma 116.
Por su parte, imputar negligencia a los actores -como arguye la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia-, por no haber interesado la intervención del segundo Letrado por ellos designado y que no había renunciado a la defensa es puro formalismo enervante y desproporcionado, pues fue la propia Magistratura de Trabajo la que de facto excluyó tal posibilidad accediendo, a instancia de la parte actora, a la designación de Letrado de oficio, única posición viable dada la causa que motivó la petición.
1. Antes de adentrarnos en el examen de la queja suscitada, importa recordar que cuando se impugna en amparo constitucional una resolución judical confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de considerarse también recurridas las precedentes decisiones confirmadas, aunque no lo hayan sido expresamente (SSTC 182/1990, 197/1990, 79/1991 y 179/1991). Por tanto, si bien la demanda formalmente sólo se dirige contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 1990, debe entenderse asimismo formulada contra el Auto del referido Tribunal de 22 de marzo de 1990 y contra los Autos de la Magistratura de Trabajo de Melilla de 10 y 21 de febrero de 1989.
Con esta precisión el objeto del recurso se circunscribe a esclarecer si las resoluciones judiciales impugnadas vulneraron o no el artículo 24.1 C.E. al declarar desierto el recurso de suplicación anunciado en su día por considerar que el plazo de interposición no quedaba interrumpido por la solicitud de los recurrentes, tras la previa renuncia de uno de los Letrados libremente designado por ellos, de que se les nombrara Abogado adscrito al turno de oficio, ante la imposibilidad de satisfacer incluso la cuantía mínima de honorarios profesionales fijada en las normas colegiales. Nuevamente se nos plantea, pues, una presunta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, aquí frustrado por una determinada interpretación del cómputo de los plazos procesales que estima irrelevante la sobrevenida petición de nombramiento de Letrado por el turno de oficio para formalizar el recurso. Aparecen así involucradas materias sobre las que existe una consolidada doctrina de este Tribunal y que conviene evocar en lo pertinente.
2. El art. 24.1 C.E. se satisface mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra una causa legal y así lo acuerde el órgano judicial en una aplicación razonada de la misma (STC 42/1992). Incluye también el derecho de acceso a los recursos, siempre que se cumplan los requisitos y presupuestos legalmente establecidos, cuya observancia es asimismo un imperativo constitucional, pues no responden al capricho puramente ritural del legislador, sino a la necesidad de ordenar el proceso a través de ciertas formalidades objetivas establecidas en garantía de los derechos e intereses legítimos de las partes intervinientes, y sólo cuando estas exigencias, por su formalismo enervante o rigorismo desproporcionado, obstaculicen de modo excesivo e irrazonable el acceso al recurso puede considerarse que la decisión de inadmisión ha vulnerado el derecho fundamental. Ello significa que la interpretación de las normas procesales y su aplicación al caso concreto es, en principio y como regla general, competencia exclusiva de los órganos judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia, si bien tales operaciones son excepcionalmente revisables en amparo cuando constituyan lesiones específicas de las garantías sustanciales del procedimiento constitucionalizadas en el art. 24 C.E. (STC 41/1992).
En coherencia con la preceptiva intervención de Letrado ante el extinto Tribunal Central de Trabajo (art. 10, párrafo cuarto), su nombramiento debía efectuarse ante la Magistratura de Trabajo en el momento de anunciar el recurso de suplicación y si el trabajador recurrente no lo designaba expresamente, se le nombraba de oficio por la Magistratura (art. 184). En cualquier caso y a fin de interponer el recurso, el órgano judicial acordaba poner los autos a disposición del Letrado designado para que en el plazo de una audiencia se hiciera cargo de los mismos y formalizara el recurso en el de los diez días siguientes; en el supuesto de que el Letrado recurrente hubiese sido designado por el turno de oficio, la única especialidad contemplada era la posibilidad de excusar su intervención manifestando, dentro del plazo de los tres días siguientes al de la audiencia concedida para retirar el procedimiento, que consideraba improcedente el recurso (arts. 154, párrafo segundo, y 155). Sin duda, pues, el dies a quo para interponer el recurso es el de la notificación al Letrado del proveído en el que se participa que los autos están a su disposición, norma plenamente congruente con su imperativa intervención en esta fase del procedimiento.
Esta es, por lo demás, la solución prevista en el artículo 21.5 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, en cuya virtud la solicitud de designación de Abogado por el turno de oficio por parte de los beneficiarios del régimen público de Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones, así como la paralización del curso de los autos, en su caso, y la acogida para el cómputo del plazo de veinte días establecido en el recurso de amparo cuando el demandante solicita el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio (STC 191/1991).
4. Las decisiones judiciales impugnadas sustentan también la caducidad del recurso en la marginación de un segundo Letrado libremente designado por los recurrentes y que expresamente no excusó su intervención. Ahora bien, importa resaltar que no consta en las actuaciones que al segundo Letrado le fuera notificada la providencia de 26 de enero de 1989 por la que la Magistratura de Trabajo aceptó su designación por los recurrentes para que conjunta o separadamente formalizaran el recurso de suplicación. Ni se practicó diligencia alguna con este segundo Letrado tras la renuncia del primero, pues la providencia de 1 de febrero de 1989, en la que se tienen por hechas las manifestaciones de renuncia de éste tampoco le fue notificada a aquél. Y tras la solicitud de los recurrentes para que se designase Letrado por el turno de oficio, presumiblemente por estimar que la misma exigencia de honorarios profesionales concurría igualmente en el segundo Letrado por ellos designado, la Magistratura de Trabajo prescindió de tal designación y a lo solicitado por los recurrentes mediante su providencia de 3 de febrero de 1989; resolución que prefigura el posterior curso de las actuaciones al contener la advertencia de ser improrrogable y perentorio el plazo para formalizar el recurso aun si la designación del Letrado por el turno de oficio no podía producirse dentro de dicho plazo o éste carecía de tiempo hábil para formalizar el recurso. Por ello, cabe estimar, en definitiva, que la actuación de la Magistratura de Trabajo colocó a los recurrentes en una situación en la que era previsible que quedaran vulnerados su derecho a la asistencia de Letrado y el acceso a los recursos al inducirles a utilizar un cauce procesal en condiciones inapropiadas, error del órgano judicial que, salvo que también sea imputable a la negligencia del interesado -aquí ausente [antecedente 2, d)]-, no puede producir efectos jurídicos negativos en la esfera del justiciable impidiéndole el acceso al recurso (SSTC 43/1983, 172/1985, 180/1987, 117/1990, 190/1990 y 186/1991).
1. Declarar la nulidad de los Autos de la Magistratura de Trabajo de Melilla de 10 y 21 de febrero de 1989 recaídos en el procedimiento núm. 310/88 y la de los Autos de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de marzo y 23 de mayo de 1990, dictados en el recurso núm. 8.615/89-4.
2. Reconocer a los demandantes que anunciaron la interposición de recurso de suplicación su derecho a la tutela judicial efectiva.
3. Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al referido Auto de 10 de febrero de 1989, a fin de que el Juzgado de lo Social de Melilla sustancie el recurso de suplicación anunciado.
ATC 82/2008, 26 de Marzo de 2008
SAP Sevilla, 3 de Mayo de 2000
ATS, 7 de Febrero de 2017
STSJ Castilla y León 158/2008, 13 de Marzo de 2008

References: in fine
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 21
 resolución