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Timestamp: 2017-07-28 10:50:30+00:00

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Varios Mundos para vagabundos/as: Congreso suspende garantías constitucionales en Honduras
Congreso suspende garantías constitucionales en Honduras
miércoles, 1 de julio de 2009¡Congreso suspende garantías constitucionales en Honduras! Departamento de Divulgación y Prensa del Comité de Familiares deDetenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Tegucigalpa.-(miércoles 1 de julio 2009).- A petición del presidentede facto Roberto Micheletti, el Congreso Nacional aprobó hoy undecreto que suspende las garantías constitucionales de la ciudadaníay que pondría en peligro las vidas de quienes exigen la repatriacióndel presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.Las garantías estarán suspendidas mientras dure el toque de queda queha sido implantado hasta segunda orden en horario de 10:00 de lanoche a 5:00 de la mañana y que se hizo efectivo desde el 30 dejunio, fecha en que el presidente constitucional de Honduras ManuelZelaya fue capturado y expulsado a San José Costa Rica.El decreto fue aprobado en un solo debate (ya que se mocionó paradispensar los primeros dos debates) por los diputados y diputadas alCongreso Nacional, a excepción del partido Unificación Democrática(UD) a través de la diputada Doris Gutiérrez, que es la única que haasistido a las sesiones.Los derechos constitucionales suspendidos por la Cámara Legislativason el 71, 78, 79, 81 y 99 de la Constitución de la República.El artículo 71 establece que ninguna persona puede ser detenida niincomunicada por más de 72 horas sin ser puesta a la orden de laautoridad competente para su juzgamiento.La violación a este derecho individual violenta el principio delegalidad porque dejaría "indefinido el tiempo de detención de unciudadano o ciudadana. Esta acción ha sido calificada por el Comitéde Familiares de Detenidos Desaparecidos como una violacióngravísima, no solo a la legislación vigente sino ante la comunidadinternacional.Por otra parte el artículo 78 sostiene que se garantizan laslibertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrariasal orden público y a las buenas costumbres.En este aspecto, la suspensión de esta garantía debería ser bajociertos parámetros, pero el decreto aprobado por el legislativo,mediante iniciativa del presidente de facto Roberto Micheletti, limitaría la libertad de reunión pacífica, sin armas y lamanifestación pública.Aspectos, que no están contemplados en la Constitución como facultaddel Consejo de Ministros ni del presidente de la República, ni estátampoco contemplado dentro de la Convención Americana sobre DerechosHumanos.Expertos en el tema, consideran que el derecho a reunirsepacíficamente (artículo 79) que tienen los ciudadanos y ciudadanas esun derecho universal, por lo que no se entiende por qué el PoderLegislativo a iniciativa del presidente Micheletti lo hayan limitadobajo el argumento de preservar la tranquilidad y seguridad ciudadana.En la Cámara Legislativa se ha suspendidoel derecho de los ciudadanosy ciudadanas a circular libremente, salir, entrar y permanecer en elterritorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar domicilio oresidencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que laley señala.Este derecho, es un derecho humano fundamental que genera ciertaduda, si puede ser o no limitado o el permanecer en el domicilio quees otra de las garantías que se pretende restringir con estapropuesta de decreto.Un experto consultado sobre la suspensión del artículo 71constitucional, sostuvo que de acuerdo a la Convención Americanasobre Derechos Humanos se estaría violentando el artículo 27 numeral2 que establece que existen algunos derechos y garantías que nopueden ser limitadas.Tal es el caso del reconocimiento a la persona humana como tal, elderecho a la vida, a que se respete la integridad física, la libertady seguridad personal. También a no ser sometido a una detención oencarcelamiento de manera arbitraria que es uno de los aspectostorales que tocaría el decreto en mención.Por otro lado, el experto que pidió mantener su nombre en anonimato,añadió que el derecho a ser llevado sin demora ante la autoridadcompetente se estaría violando y que directamente también ataca eseartículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.La Convención también establece en su artículo 6, el derecho arecurrir ante un tribunal para que se decida en torno a la legalidadde la detención, se ve también comprometida con la aprobación delvirtual decreto.Asimismo conforme al artículo 9 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos, el derecho a no ser detenido más que por delitos oacciones que la misma ley interna las señale como delito, estábásicamente prohibido.Por otro lado, el experto apuntó que "creo que se cometería tambiénuna violación flagrante a la Constitución, puesto que la mismaestablece que una medida de este tipo solo puede ser dictada en casode una invasión y no estamos en un caso de invasión al territorionacional"."Una perturbación grave de la paz generada por esa invasión, lo cualno tiene tampoco alcances o una calamidad general, supuestos que demomento no veo y si consideramos que el presente Consejo de Ministrosde hecho y no de derecho o sea un Consejo de Ministros de facto, notiene básicamente esa atribución", sostuvo.Refiriéndose a la suspensión del artículo 99 constitucional queestablece que el domicilio es inviolable y que ningún ingreso oregistro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lohabita, el experto dijo que "básicamente esa garantía quedaría alibre arbitrio de quienes nos están gobernando actualmente ybásicamente del ejército y policía".Añadió que "es una discrecionalidad bastante amplia que opera muy encontra de los ciudadanos y ciudadanas que durante el toque de queda(de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana) podemos estar en nuestrodomicilio y perfectamente pueden amparados en eso, cualquier elementode la autoridad sacarnos"."Pueden entrar a nuestras casas, pueden detenernos el tiempo queellos quieran y básicamente eso sería una arbitrariedad enorme. Nadiepuede andar en la calle durante el toque de queda y ni siquiera en sudomicilio, porque este derecho se ve comprometido con los alcances deeste decreto", advirtió el defensor de derechos humanos y profesionaldel derecho.Consultado si estarían en peligro dirigentes y dirigentas delmovimiento social que en su momento apoyaron la encuesta de opinióndel presidente Manuel Zelaya, el abogado expresó que "si usted hacelectura de los antecedentes con los cuales fue detenido el presidenteZelaya, estaríamos en la misma situación, sería una regla similaraplicable a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país honestos,que quizás no tenemos vinculación para nada con el actual conflicto"."El ejemplo de lo que aconteció el domingo pasado en la casa delpresidente, sería un ejemplo de la forma de actuar que dejaría, dellegar a aprobarse un decreto de este tipo", señaló. La aprobación del decreto que conculca las garantías constitucionalesde la ciudadanía hondureña estaría recibiendo la condenainternacional en las próximas horas.Se conoció que el gobierno de Dinamarca ha solicitado que se habilitela Corte Penal Internacional (CPI) para que revise este tipo deactuaciones que en su mayoría han sido ejecutadas por miembros delejército."El rechazo internacional volvería nuevamente a ser unánime y elEstado de Honduras quedaría como un estado violador de los derechoshumanos, violador de las garantías elementales de cualquier ciudadanoy ampliaría aún más la fuerza coercitiva que los estados en estemomento, están haciendo como medida de presión para eliminar elgobierno que ha dado el golpe de Estado".Consultado en torno al peligro de presentarse torturas ydesapariciones forzadas a raíz de la aplicación del decreto porfuerzas policiales y militares, el experto señaló que "bueno, con unadiscrecionalidad como la que se está pretendiendo, por ejemplo con elingreso al domicilio va un allanamiento, probablemente va unadetención, esa detención que no va a poder ser comunicada a laautoridad competente, queda a discrecionalidad de poder depositar alas personas en cualquier lugar y no en los centros de detenciónoficialmente reconocidos por la ley; en fin yo creo que ahí tenemoscolateralmente un sinnúmero de violaciones graves a los derechoselementales de las personas". La madrugada del domingo 28 de junio de 2009, alrededor de las 5:00de la mañana, en la colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa,Distrito Central, un comando policial irrumpió intempestivamente enla residencia del mandatario y arrestó al presidente Zelaya. Posterior a la captura efectivos militares lo trasladaron hacia labase de la Fuerza Aérea, desde donde el mandatario fue trasladado enavión a San José Costa Rica.El procedimiento utilizado por policías y militares ha sidocuestionado y criticado tanto a nivel nacional como internacional yel gobierno de "hecho" (facto) de Roberto Micheletti no está siendoreconocido internacionalmente.A partir de la expulsión del país del presidente constitucional de laRepública Manuel Zelaya, se han presentado una serie demultitudinarias manifestaciones en las principales ciudades del paísque han recibido la brutal represión de las fuerzas policiales ymilitares y que han dejado decenas de personas heridas y centenaresde detenidas.La orden de reprimir a la ciudadanía que exige la repatriación deZelaya, ha venido directamente del presidente Roberto Micheletti queasestó el golpe de Estado apoyado por el Congreso Nacional, lasfuerzas policiales y los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, juntoa los grupos de poder, temerosos a la encuesta popular que pretendíarealizar el presidente Zelaya.La encuesta popular buscaba la opinión del pueblo en torno a instalaruna cuarta urna en el proceso eleccionario de noviembre próximo, conmiras a instalar una Asamblea Nacional Constituyente que creara unanueva constitución.En las últimas horas se ha informado que el presidente Manuel ZelayaRosales estaría arribando al país el próximo sábado acompañado delSecretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) yde la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner que actuaría comoobservadora del organismo continental que en un comunicado condenó elgolpe de Estado y solicitó la restitución del presidente ManuelZelaya.-----------------------------------

References: artículo 71
 artículo 78
 artículo 71
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 99