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Timestamp: 2020-08-14 01:58:09+00:00

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Superintendencia de Sujetos No Financieros emite nueva reglamentación para abogados y contadores públicos autorizados
viernes, 24 julio 2020 por webmaster
Panamá, 24 de julio de 2020.
Mediante el Acuerdo JD-01-2020, publicado en Gaceta Oficial No. 29076 del 24 de julio de 2020, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) ha establecido un conjunto de nuevos lineamientos y directrices a los abogados y contadores públicos autorizados, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen algunas de las actividades sujetas a supervisión contempladas en la Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
A continuación, resumimos algunos puntos relevantes sobre esta nueva reglamentación:
Acceso a la información de clientes
El artículo 3 del Acuerdo JD-01-2020 establece que los abogados y contadores públicos autorizados supervisados por la SSNF en el ejercicio de las actividades profesionales supervisadas, deberán, a requerimiento de la SSNF, entregar un listado de clientes clasificados en términos cualitativos y cuantitativos, atendiendo al enfoque basado en riesgo. Los clientes con los cuales se haya terminado la relación comercial deberán ser incluidos en tal listado con explicación del motivo de la terminación de la relación comercial.
Durante la supervisión, se deberán suministrar los documentos que sustenten la relación con cada cliente (incluyendo contratos, acuerdos, convenios, etc.), así como documentación de las medidas de debida diligencia y de control aplicadas.
Medidas de Debida Diligencia
Los artículos 6 y 7 del Acuerdo JD-01-2020 establecen los requisitos de las medidas de debida diligencia (ampliada o reforzada) para los casos de persona natural y persona jurídica, que deberán requerir los contadores públicos autorizados y abogados, en los escenarios que la Ley 23 de 2015 requiera la aplicación de tal medida en atención de casos de alto riesgo.
La nueva reglamentación también establece un listado de los clientes que pueden ser objeto de medidas simplificadas en el marco de las actividades profesionales supervisadas ejercidas por abogados y contadores públicos autorizados, lo cual es algo que no había sido regulado en el reglamento anterior.
Directores o Apoderados
Los abogados y contadores públicos autorizados deberán, por requerimiento, revelar a la SSNF la identidad de las personas que utilizan para designar u ofrecer los servicios de directores nominales (nominees) a sus clientes.
El Acuerdo JD-01-2020 derogó y dejó sin efecto la Resolución JD-14-2015 y sus modificaciones, que constituían la reglamentación original aplicable a las actividades profesionales reguladas.
Para más información o asesoría relacionada con este tema favor contactar a:
Asociado Senior, Morgan & Morgan
Publicado en Pablo Epifanio, 2020, Press Room, Publicaciones
Viabilidad legal de la firma electrónica en la República de Panamá
martes, 05 mayo 2020 por webmaster
Dada la declaratoria de emergencia decretada por la pandemia del virus SARS-COV-2 que produce la enfermedad COVID-19, y el distanciamiento social que es imperante para controlar la epidemia sanitaria, todas las herramientas tecnológicas que estén disponibles para que las empresas puedan operar remotamente son de vital importancia.
Desde el año 2008, existe en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 51 de 22 de julio de 2008 “Que define y regula los documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y de certificación de firmas electrónicas y adopta otras disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico”, la cual fue enmendada por la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012 (en adelante, la “Ley 51 de 2008”) y reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 684 de 18 de octubre de 2013.
La Ley 51 de 2008, define “Firma Electrónica” como “método técnico para identificar a una persona y para indicar que esa persona aprueba la información que figura en un mensaje de datos o documento electrónico”.
En efecto, la firma electrónica es válida en Panamá como forma de suscribir o consentir a un acuerdo, documento o negocio jurídico siempre que se cumplan con dos (2) condiciones, establecidas en el artículo 8 de la Ley 51 de 2008: “(i) que se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación, y (ii) que el método es confiable y apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado”.
Es importante aclarar que la firma electrónica es distinta en su naturaleza a la firma digitalizada que frecuentemente es utilizada al compartir documentos firmados en forma manuscrita, vía correo electrónico en formatos Portable Document Format (PDF). En ese sentido, la Ley 51 de 2008 define firma digitalizada o escaneada como “Imagen del trazado de la firma manuscrita, es decir, que es el resultado de su escaneo. Este tipo de firma no es en ningún caso una firma electrónica calificada.”
Ahora bien, la Ley 51 de 2008 más allá de darle validez legal a la firma electrónica -distinto a la firma digitalizada- siempre que se cumplan las dos condiciones antes citadas, da la posibilidad de elevar el estándar de eficacia y efecto jurídico de “pleno derecho” a la firma electrónica, creando la llamada “firma electrónica calificada”.
El artículo 8 antes referido establece que los dos requisitos para que una firma electrónica sea legalmente válida, se darán por satisfechos cuando ambos estén presentes, pero se presumirán de pleno derecho en el caso de que se esté en presencia de una firma electrónica calificada y por tanto en la emisión intervenga un prestador de servicios de certificación autorizado por la Dirección Nacional de Firma Electrónica.
¿Pero que es una “firma electrónica calificada”?
La Ley 51 de 2008 la define como “Firma electrónica cuya validez es respaldada por un certificado electrónico calificado que:
Permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio posterior de los datos firmados.
Está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere.
Ha sido creada utilizando dispositivos seguros de creación de firmas electrónicas, los cuales mantiene el firmante bajo su control exclusivo.
Ha sido creada a través de la infraestructura de un prestador de servicios de certificación registrado ante la Dirección Nacional de Firma Electrónica”
Efectivamente, para que una firma electrónica calificada se genere se necesita de la participación de un tercero independiente denominado un “Prestado de Servicios de Certificación”, que se encargará de ofrecer una vinculación entre un dispositivo que pueda mediante un algoritmo validar plenamente la identificación del firmante y su consentimiento al acto al que le añade su firma electrónica mediante un programa informático. Este tercero independiente deberá estar registrado ante la autoridad reguladora de todo lo relacionado a firmas electrónicas en la República de Panamá, a saber: La Dirección Nacional de Firmas Electrónicas, la cual está adscrita al Registro Público de Panamá de conformidad con la Ley 82 del 9 de noviembre de 2012.
Hoy en día en Panamá, los interesados en contar con una firma electrónica calificada pueden hacer el registro de la misma ante la Dirección Nacional de Firmas Electrónicas quien como autoridad reguladora y registradora, ha habilitado el registro de tales firmas.
La firma electrónica calificada como está definida anteriormente confiere el mayor nivel de certeza legal de que el firmante es la persona indicada en el certificado y que su consentimiento fue otorgado mediante un mensaje de datos. De este modo, la Ley 51 de 2008 la equipara a una autenticación ante Notario Público, lo cual, para todos los efectos, se entiende que da fe pública de su legitimidad. No obstante, la firma electrónica calificada no conferirá fe pública con respecto a su fecha, a menos que esta conste a través de un sellado de tiempo, otorgado por un prestador de servicios de certificación registrado. El sellado de tiempo o timestamping es un mecanismo en línea que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo. Para tener fe pública de la fecha de otorgamiento del documento suscrito electrónicamente, debe incorporarse un mecanismo de sellado de tiempo que simultáneamente certifique la fecha en que se otorgue, en adición a la firma electrónica calificada.
Es importante tener presente, que para efectos de empresas que cuenten con colaboradores que deseen contar con firmas electrónicas calificadas en representación de aquella, el Artículo 15 de la Ley 51 de 2008, establece que “los certificados electrónicos de personas jurídicas son solicitados para dispositivos electrónicos utilizados en una empresa, como computadoras, servidores, entre otros, y podrán ser solicitados por sus administradores y representantes legales con poder suficiente.” La empresa no obstante, podrá establecer las restricciones y limitación que estime pertinentes a cada firmantes, para el uso de la firma electrónica de la empresa. Es importante indicar que la Ley 51 de 2008 establece expresamente, que si un firmante utiliza la firma electrónica de una empresa violando las restricciones o limitaciones impuestas por la empresa, ésta última solo quedará vinculada frente a terceros si los reconoce o ratifica o se hubieran celebrado en su beneficio. En cuanto a la responsabilidad de las personas naturales que utilicen la firma electrónica en representación de una persona jurídica, en caso de que se celebraré algún acto transgrediendo los límites establecidos para la firma electrónica en detrimento de los intereses de la persona jurídica, los efectos de dichos actos recaerán sobre la persona natural que cuenta con acceso o el dispositivo de creación de la firma electrónica, quien a su vez podrá interponer acciones legales contra el tercero que efectivamente haya mal utilizado la firma electrónica de la persona jurídica, si fuese el caso.
A pesar de que legislación pertinente existe desde el año 2008, ha habido poco desarrollo práctico y, poco o nulo, a nivel jurisprudencial por parte de los tribunales panameños. Probablemente por tal falta de desarrollo jurisprudencial las empresas se resisten a implementar la firma electrónica como método para suscribir documentos legales por la incertidumbre de como los jueces y autoridades jurisdiccionales de Panamá pueden llegar a interpretar las disposiciones de la Ley 51 de 2008. No obstante, dada las circunstancias actuales, las herramientas tecnológicas incluyendo la firma electrónica, sin duda es una opción contemplada en nuestra ley que nos da la posibilidad de ser más eficientes y competitivos en el respectivo mercado en el cual nos desenvolvamos, y precisamente por esto, es impostergable que las autoridades de los distintos órganos del Gobierno avalen y acojan las disposiciones de la Ley 51 de 2008, de manera que haya certeza jurídica respecto a su uso y los distintos participantes de la economía implementen su utilización, para mitigar los efectos de la crisis sanitaria que vivimos.
Pablo Epifanio, Asociado Senior, Morgan & Morgan
Publicado en Banking and Commercial Law_covid_esp, Pablo Epifanio, Publicaciones
Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group en una reestructuración corporativa y posterior venta de su negocio a Willis Europe BV
jueves, 12 marzo 2020 por webmaster
Panamá, 12 de marzo de 2020. Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group, un grupo empresarial con subsidiarias que se dedican al corretaje de seguros en la región centroamericana que operan a lo largo de seis países (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), en una reestructuración corporativa y posterior venta de su negocio a Willis Europe BV, una compañía constituida bajo las leyes de los Países Bajos y subsidiaria de Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), una firma global líder en consultoría y corretaje. La transacción incrementará el alcance, la escala y el talento de Willis Towers Watson en la región latinoamericana, tanto para el segmento de Riesgo Corporativo y Corretaje (CRB), como para Capital Humano y Beneficios (HCB).
Esta fue una transacción transfronteriza que involucró a las jurisdicciones de Estados Unidos de América, Islas Vírgenes Británicas, Las Bahamas, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Ricardo Arias, Francisco Arias y Roberto Vidal, socios; Pablo Epifanio, asociado senior; y Miguel Arias, asociado, participaron en esta transacción.
Publicado en expertise, Francisco Arias, Mergers & Acquisitios, Pablo Epifanio, Ricardo Arias, Roberto Vidal
miércoles, 04 marzo 2020 por webmaster
Pablo Epifanio, Senior Associate, Morgan & Morgan
The stock market is undoubtedly one of the most important economic forces in the world. Every year, billions of dollars are moved through stock exchange operations, and year after year, in most jurisdictions, the stock market is promoted as a tool for financing or capturing capital for issuers and as an investment for thousands of participants seeking to place their funds in higher yield investments.
Thus, it is not unreasonable to foresee that although the stock market has had such a positive and important purpose, and in which transactions are increasingly sophisticated and complex, may be used for illicit purposes, particularly those related to financial crimes, including laundering of assets, financing of terrorist groups, among others.
This article succinctly analyzes the implications and scope of the compliance measures established in Agreement 6-2015 adopted by the Superintendency of the Securities Market of Panama, based on Law 23 of April 27, 2015, by which measures are being taken to prevent money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction (the “Compliance Act”).
Regulatory Framework for Compliance Measures in Panama
The Compliance Act approved in 2015, regulated by Executive Decree No. 363 of August 13, 2015, which adopts measures that allow entities regulated under it to prevent the use of their platforms and businesses for purposes related to the crimes of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
The Compliance Act classifies those regulated entities: regulated non-financial entities, regulated financial entities and professional activities subject to supervision. The Compliance Act within the regulated financial entities includes the majority of the participants in the securities market, establishing that the provisions of the same apply to:
a) Self-regulated organizations;
b) Securities Firms;
c) Investment Managers;
d) Pension Fund Management;
e) Unemployment Fund Management;
f) Investment Companies;
g) Self-Managed Investment Companies;
h) Investment Advisers; and
i) Administrative Service Providers of the Securities Market.
An important fact to note is that the Compliance Act, Executive Decree 363 and Agreement 6-2015 do not include the issuers of securities registered with the Superintendency of the Securities Market within their scope of application. This is likely to be the case, since most of the essential intermediaries to carry out a public offering and issuance of securities are subject to regulations, including custodians, payment agents, brokerage firms and investment advisors, they are, in short, those that have a direct relationship with investors. At the same time, the issuer would unlikely be able to properly and efficiently apply due diligence measures to investors with whom it usually does not have direct contact.
The Compliance Act seeks more than anything to establish the regulatory framework applicable to regulated entities in order to facilitate the adequate identification of customers with a risk-based approach, detect funds of illicit origin, establish guidelines regarding the due diligence that regulated entities must applied to their customers, in terms of the application of the “know your customer” policy and encourage the adoption of risk policies.
For the purposes of accurately understanding the applicable legislation on compliance, it is important to keep in mind the definition of “customer” under the Compliance Act: “natural or legal person, as defined by the legal provisions that apply for each economic or professional activity indicated in the Law, with which the regulated financial entities, regulated non-financial entities and activities carried out by professionals subject to supervision establish, maintain or have maintained, in an usual or occasional manner, a contractual, professional or business relationship for the supply of any product or services inherent to its activity.”
Lastly, the Compliance Act empowers the respective regulatory authorities for the activities carried out by the different regulated entities to oversee the compliance with the Compliance Act and adopt regulations that adjust to the reality of each regulated activity.
Sectoral Regulation Applicable to the Securities Market
The Superintendency of the Securities Market has adopted Agreement 6-2015 of August 19, 2015 (the “Agreement 6-2015”), through which it issued the provisions applicable to regulated financial entities supervised by the Superintendency of the Securities Market, to the prevention of the crimes of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
The regulated financial entities supervised by the Superintendency of Securities Market under Agreement 6-2015 have the obligation to maintain due diligence and care in their operations in order to reasonably prevent such operations from being carried out with funds from activities related to the crimes of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Thus, the regulated entities under the supervision of the Superintendency of the Securities Market must have the mechanisms, policies and methodologies required to manage the risk of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, taking in consideration factors such as: the risk profile of the activity exercised by the regulated entity, the profile and types of customers of the regulated entitity, the products and services offered by the regulated entity, the distribution or commercialization channels used by the regulated entity, the location of the facilities of the regulated entity, of its customers and final beneficiaries, and the risk of the custodian or correspondent services of the regulated entity.
For the evaluation of the factors described above, regulated entities must apply a “risk-based approach”, which is nothing more than an understanding of the level of risk according to their nature, in order to focus their efforts effectively. Thus, regulated entities subject to supervision must classify their customers by applying a risk-based approach to: (i) high risk customers, (ii) moderate risk customers and (iii) low risk customers; and they should review this classification at least once a year. With this approach in mind, the regulation gives certain entities flexibility to assess the risks in the services they provide, so that they can apply reinforced measures against major risks, basic measures against usual risks and simplified measures against minor risks, managing and / or mitigating risks, as the case may be.
Agreement 6-2015 specifically establishes the minimum information and documentation that should be requested and verified from customers, both for natural and legal persons, as part of the simplified due diligence that regulated entities subject to supervision of the Superintendency of the Securities Market must apply, which include: complete general information, a copy of the customer’s identification, bank and commercial references, support of funds, detail of activities to which he / she is dedicated, among others.
For the purposes of simplified due diligence in the case of legal persons, Agreement 6-2015 seeks to fully identify the final beneficiary of the legal entity and imposes measures and requirements to be obtained from each customer that is a legal entity for that purpose. For the purposes of the final beneficiary, Agreement 6-2015 states that it shall be understood as such, any natural person who individually or by common agreement with other persons, directly or indirectly, is the owner or has the right to exercise the vote with respect to ten percent (10%) or more of the issued and outstanding shares of a legal entity. In addition to the foregoing, the following must also be fully identified: (i) in the case of companies: the administrators, representatives, attorneys-in-fact and signatories of the legal entity; (ii) in the case of private interest foundations: the members of the founding council, founder and protector; and in the case of trusts: the trustee and the trustor.
B. Full-Range or Enhances Due Diligence.
Agreement 6-2015 establishes that regulated entities under it will have to apply full-range or enhanced due diligence measures for their customers or activities that may represent a high risk, in order to deepen the information of this type of customers. The Superintendency of the Securities Market, as well as other regulators of activities under the Compliance Act, has issued a guide of indicators of suspicious operations and activities in order that the regulated entities can identify high risk customers and timely apply the measures of full-range due diligence.
Among the types of customers that should be subject to full-range or enhanced due diligence, we have, among others:
a) Natural or legal persons or related business persons with natural or legal persons domiciled or incorporated in jurisdictions considered high risk by national or foreign organizations;
b) Individuals or legal entities that appear in national or foreign lists related to the prevention of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction;
c) Politically exposed persons (PEP), close relatives and close collaborators;
d) Legal persons that receive or offer the correspondent service, with special attention to those domiciled in jurisdictions that have not effectively implemented the recommendations regarding the prevention of money laundering, terrorist financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction;
e) Businesses with a high volume of operations in cash or quasi-cash; and
f) Businesses with a high volume of international transfers to and from countries and high-risk countries that have not implemented the recommendations regarding the prevention of money laundering crimes, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction.
When applying full-range or enhanced due diligence measures, regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market shall require the same information and minimum documentation established for simplified due diligence, and in addition shall: (i) obtain the approval of senior management at the beginning of the business relationship; (ii) update the records of information and documentation, at least one (1) time each semester; (iii) continuous intensified monitoring throughout the commercial relationship and / or (iv) apply any other measure determined by the senior management of the regulated entity.
C. Simplified Due Diligence
Simplified due diligence is the most basic policy, procedures and measures defined in the Compliance Act that may be applied by regulated entities to their customers, and are only applicable if in accordance with the risk policies of the regulated entities, based on a risk approach, it is determined that the customers to apply it are of low risk.
Executive Decree No. 363, which regulates the Compliance Act, expressly establishes the simplified due diligence measures allowed to regulated entities:
a) Reduce the documentary review process;
b) Reduce the frequency of customer identification updates; and
c) Reduce the monitoring of the business relationship and the scrutiny of operations that do not exceed the minimum amount established by supervisory bodies.
Although it does not appear so, simplified measures significantly reduce the economic and managerial burden of due diligence measures for regulated entities, especially in cases where it is evident that the business relationship is not or can not be used for illicit purposes.
An important point to be highlighted is Article 28 of the Compliance Act that establishes that the regulated entities – whether they are intermediaries or not in the securities market – will apply simplified due diligence measures to their customers that are legal persons and are listed in a stock exchange recognized by the Superintendency of the Securities Market. That is, to the issuers of common shares or participation quotas, which are duly registered in the Superintendency of the Securities Market and listed on a stock exchange, simplified due diligence measures will be applied by law. Therefore, regulated intermediaries may apply their simplified due diligence measures to their issuing customers, provided that the before mentioned comply with the conditions established in Article 28 of the Compliance Act.
The main purpose of the compliance regulation in question is based more than anything on prevention, that is why in cases where a customer of a regulated entity does not facilitate compliance with the relevant measures of due diligence, the regulated entity may not open the account or start the business relationship or make the proposed transaction.
D. Financial and Transactional Profile
Agreement 6-2015 establishes that any new account or commercial relationship must comply with the evaluation of the financial and transactional profile of the customer, in order to measure the risk of the products or services offered. For these purposes, “financial profile” means “the result of the analysis of a set of socioeconomic and demographic characteristics and variables that are presented by a customer and verified by the regulated entity at the time of opening the account or beginning of the business relationship; and that it must be enriched with updated and historical information, with the purpose of establishing the common practice that the customer will maintain with the regulated entity.”
Basically, the analysis and processing of the financial documentation required in the course of the simplified or enhanced due diligence measures gives rise to the financial profile that the regulated entity must develop for each customer. On the other hand, the “transactional profile” refers to the “contrast between the financial profile and the frequency and capacity of a customer’s actual transaction in one or several periods of time.”
In conclusion, the obligation of each regulated entity supervised by the Superintendency of the Securities Market is to perform an analysis based on criteria in terms of capacity and financial transaction volume of each customer and then make the contrast between said analysis and the reality of each case.
E. Obligations Regarding Employees
Agreement 6-2015 establishes two important obligations in regards to the employees of the regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market: the first obligation is to have a “Know Your Employee” policy, which seeks that regulated entities have personnel selection procedures and supervise the behaviour of their employees, especially those who perform positions related to customer management, fund management, control of information and other important controls. It is also important that regulated entities establish a profile of this type of employees, which shall be updated at least once a year.
The second obligation of the regulated entities in regards to their employees is the obligation to carry out continuous and specific trainings at least once a year, to the employees with roles related to the management, communication and handling of customer and supplier relationships, receipt of funds, transaction processing, product design and services, compliance, risk, human resources, technology and internal auditing in a way that allows them to be updated on the different types, cases and regulations of money laundering, terrorism financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
F. Reports to the Financial Analysis Unit
One of the most important tools that the Compliance Act and the Agreement 6-2015 gives to the regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market are the Suspicious Operations Reports (ROS) and the Unusual Operations Reports (ROI) to the Financial Analysis Unit (UAF). Many times we tend to use these terms as synonyms when they are different and have different implications.
“Suspicious operation” is understood as an operation that can not be justified or sustained against the financial or transactional profile of the customer or that which may be related to illicit purposes. On the other hand, “unusual operation” is understood to be one that is not consistent with a financial or transactional profile declared by the customer or that exceeds the parameters set by the regulated entity in the due diligence process performed on the customer, and that consequently must be justified.
Thus, unusual operation means in short an alert for the regulated entity that the operation is not regular, based on the expected behavior of the customer or exceeds the criteria set for the customer in terms of financial capacity or volume of transactions, and the customer must be required to sustain the operation. Suspicious operation, on the other hand, is one that has no way to be justified or that can reasonably be considered to be linked to the crimes of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Executive Decree No. 363 that regulates the Compliance Act establishes that the regulated entities must have measures that allow the timely detection of unusual operations in order to analyze them and rule out or corroborate the unusual operation. Unusual operations that can not be corroborated or verified according to the customer’s profile may be reported by the regulated entity as suspicious transactions.
In addition, operations suspected of being related to the crimes of money laundering, financing of terrorism, financing of the proliferation of weapons of mass destruction shall be reported as suspicious transactions to the Financial Analysis Unit within 15 calendar days from the detection of the event, transaction, operation or control failure.
In addition, the regulated entities have the obligation to report transactions in cash or quasi-cash, for amounts exceeding the sum of Ten Thousand Dollars (US$10,000.00), legal currency of the United States of America, within the first 10 business days of each month. “Quasi-cash” means, for these purposes, cashier’s checks, travel checks, orders issued to bearer, multiple endorsements, blank endorsements, and other negotiable documents.
All reports to the Financial Analysis Unit must be made through the compliance officer, who will be the liaison person with said entity in regards to the regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market.
G. Controls and Corporate Governance
Agreement 6-2015 establishes the obligation for regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market to adopt, through its Board of Directors, a Prevention Manual that must be reviewed at least one (1) time a year and must contain at least:
1) Mechanism, policies and methodologies for administration and policies for mitigating the risk of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction;
2) The classification of customers according to the risk-based approach;
3) The “Know Your Customer” policy;
4) The “Know Your Employee” policy;
5) The periodicity of the reviews and updating of the information and documentation of the customers;
6) Policies relating to correspondent relations;
7) Policies relating to customers or high-risk activities;
8) Policies regarding the confidentiality and protection of information;
9) Contingency plans for information retrieval in cases of disasters;
10) Internal control policies;
11) Norms of self-evaluation of the degree of risk and good practices for the prevention of the crimes of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction;
12) Ethical norms and standards;
13) The liaison person with the Financial Analysis Unit;
14) Management of ROS and other reports to the Financial Analysis Unit;
15) Formation of the Ethics and Compliance Committee and the Audit Committee.
Regarding the Ethics and Compliance Committee, Agreement 6-2015 provides that all regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market must have one to approve the opening of accounts or the commencement of business relations for customers or activities requiring full-range or enhanced due diligence measures to be carried out, and the follow-up to this type of high risk customers. This committee must be formed by at least three (3) members of the Board of Directors. The Ethics and Compliance Committee must also plan, coordinate and ensure compliance with current regulations on the prevention of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Likewise, Agreement 6-2015 provides that all regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market must have an Audit Committee that is responsible for the execution, evaluation and effectiveness of the internal control systems of the regulated entity, in order to monitor the internal measures and softwares used in relation to the protection of information, prevention of unlawful acts and compliance with current regulations on the prevention of money laundering crimes, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction.
H. Protection and Updating of Information
All regulated entities supervised by the Superintendency of the Securities Market must update the information and documentation of their customers at least one (1) time per year for all customers and one (1) time per semester for customers subject to full-range or enhanced due diligence measures. At the same time, they must safeguard the information, documentation and records of the operations carried out, for a minimum period of five (5) years from the termination of the commercial relationship with the customer.
I. Sanctions
The Compliance Act classifies sanctions in two types: Generic Sanctions and Specific Sanctions. Generic sanctions are those established by said Law for breaches of the provisions of the Compliance Act or its sectoral regulations, including as such Agreement 6-2015, for which there is no specific sanction, which will consist of a fine of US$5,000.00 to US$1,000,000.00. Specific Sanctions are those applicable to specific breaches of the Compliance Act or its sectoral regulations, as regulated by the regulatory authority of the respective activity. The Superintendency of the Securities Market has not regulated the specific sanctions to date, for which generic sanctions (fines) will be applied pursuant to article 60 of the Compliance Act.
The fines imposed for breaches of the Compliance Act may be collected through the coercive jurisdiction of each supervisory body, or through the coercive collection process before the General Revenue Directorate. These fines are without prejudice to any civil or criminal liability that may arise.
Executive Decree No. 363 provides a clear picture in terms of the seriousness of the infractions, since it lists some breaches as infractions with minor severity, medium severity and maximum severity. This allows the regulated entity to identify the level of severity of the sanction for the non-compliances listed.
Finally, Executive Decree No. 363 gives the supervisory bodies of each activity the right to cancel, withdraw, restrict or remove licenses, Certificates of Competence or other authorizations from regulated entities that violate the provisions in force regarding compliance, subject to the verification of the sanctioning processes that correspond.
It is a true and lawful translation into English of the original document written in Spanish. Panama, March 12, 2018. Michelle Williams – Authorized Public Translator – Resolution No. 5775 of November 12, 2014, Republic of Panama.
Publicado en Pablo Epifanio, Press Room, Publications, startups_resources
Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en relación con el primer financiamiento otorgado a una empresa Fintech en Panamá
miércoles, 29 enero 2020 por webmaster
Panamá, 29 de enero de 2020. Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation como fiduciario de garantía de una línea de crédito otorgada por un fondo de inversión privada a Adelantos Capital Corp.
Adelantos Capital Corp. es la primera institución financiera en Panamá que desarrolla toda su operación a través de medios electrónicos, y se dedica a otorgar microcréditos en el país bajo una Licencia de Empresa Financiera otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.
La transacción fue el primer financiamiento otorgado a una empresa Fintech en la República de Panamá.
Pablo Epifanio, asociado senior, representó a Morgan & Morgan en esta transacción.
Publicado en Banking Law, expertise, Pablo Epifanio
Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración del primer programa rotativo de bonos verdes corporativos emitidos en la República de Panamá
martes, 03 septiembre 2019 por webmaster
3 de septiembre de 2019. Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de la primera oferta pública en la República de Panamá que consiste en un programa de rotativo de bonos verdes corporativos emitidos por Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI), por un monto de hasta US$ 200,000,000.00. Los Bonos Verdes se han registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se cotizarán en la Bolsa de Valores de Panamá. MMG Bank actuó como Estructurador y adquirió la responsabilidad de fungir como Custodio y Agente de Pago de los bonos verdes.
Los bonos verdes son aquellos que se utilizan exclusivamente para financiar proyectos que tienen un impacto ambiental y/o climáticos positivo. Los fondos provenientes de esta emisión están destinados a proyectos verdes y desarrollos sostenibles.
CIFI es una entidad financiera no bancaria con mayor experiencia en el financiamiento de proyectos de infraestructura y energía en América Latina y El Caribe. Los accionistas de CIFI incluyen instituciones financieras multilaterales, bancos y fondos estatales de desarrollo.
Los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de MMG Bank Corporation en Panamá y con los miembros del Departamento de Finanzas de CIFI.
Ricardo Arias, socio, y Pablo Epifanio, asociado, participaron en esta transacción.
Publicado en expertise, Pablo Epifanio, Ricardo Arias, Securities and Capital Markets
Morgan & Morgan asesoró a Banco La Hipotecaria, S.A. en el registro y emisión de bonos de préstamos hipotecarios por un monto de hasta US$60 millones
viernes, 22 marzo 2019 por webmaster
Banco La Hipotecaria, S.A., como fiduciario del Decimocuarto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios (un fideicomiso emisor constituido según las leyes de Panamá), registró Bonos de Préstamos Hipotecarios en tres tramos por un monto de hasta US$60,000,000 ante la Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá, cuyos Bonos fueron colocados exitosamente a través de la Bolsa de Valores de Panamá. Los pagos adeudados a los tenedores de los Bonos de Préstamos Hipotecarios están garantizados por un fideicomiso de garantía constituido según las leyes de Panamá. Los activos del fideicomiso de garantía están compuestos por préstamos hipotecarios otorgados a residentes de Panamá por el Banco La Hipotecaria, S.A., un banco de licencia general que se dedica a la emisión y titularización de préstamos hipotecarios en Panamá. BG Trust, Inc., una filial de Banco General, S.A., es el fiduciario del fideicomiso de garantía. Banco General, S.A. está actuando como agente de pago, registro y transferencia de los Bonos y BG Valores, S.A. actuó como agente colocador y puesto de bolsa local de los Bonos.
Esta transacción fue una titularización transfronteriza porque los préstamos hipotecarios emitidos en Panamá se vendieron a un fideicomiso de garantía constituido de conformidad con las leyes de Panamá para garantizar los Bonos de Préstamos Hipotecarios, cuya Serie A fue adquirida por un fideicomiso en los Estados Unidos de América constituido por Banco La Hipotecaria, como fideicomitente, y Citibank, como fiduciario. Dicho fideicomiso emitió certificados fiduciarios en una oferta de valores según la Regla 144A/Regulación S. Los pagos adeudados a los inversionistas en virtud de los certificados fiduciarios se benefician de una garantía otorgada por The Overseas Private Investment Company (OPIC), una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Los Bonos de Préstamos Hipotecarios Serie B y Serie C fueron adquiridos por inversionistas locales en Panamá.
Los socios Ricardo Arias y Roberto Vidal, y los asociados Ana Carolina Castillo, Pablo Epifanio y Cristina De Roux, participaron en la transacción.
Publicado en 2019, Ana Castillo, Cristina De Roux, expertise, Pablo Epifanio, Roberto Vidal, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets-es
Morgan & Morgan asesoró a Retail Space Holdings Corp. en su registro como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria y en la oferta de Acciones Comunes Clase B
. Morgan & Morgan actuó como asesor legal de Retail Space Holdings Corp., en el proceso de constituirse en una Sociedad de Inversión Inmobiliaria que cumple con los requisitos para gozar del régimen fiscal especial previsto en el Parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal de Panamá. Para los efectos antedichos, Morgan & Morgan asesoró a Retail Space Holdings Corp., en su registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (“SMV”), la oferta y colocación de sus Acciones Comunes Clase B a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”) y su registro ante la Dirección General de Ingresos (“DGI”) del Ministerio de Economía y Finanzas.
MMG Bank Corporation actuó como Estructurador, Agente Colocador, Puesto de Bolsa, Custodio y Agente de Pago, Registro y Transferencia de Retail Space Holdings Corp. y MMG Asset Management, Corp. fue designada como Administrador de Inversiones de Retail Space Holdings Corp. Morgan & Morgan trabajó de cerca con Retail Space Holding Corp., MMG Bank Corporation y MMG Asset Management en la definición de los términos y condiciones definitivos de sus Acciones Clase B objeto de la oferta pública.
Las Sociedades de Inversión Inmobiliaria que están registradas ante de la SMV, BVP y la DGI y que cumplen con los requisitos establecidos en el Código Fiscal y otras regulaciones aplicables, están exentos del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a una tasa del 25% a nivel corporativo. Los tenedores de acciones una Sociedad de Inversión Inmobiliaria que cumplen con los requisitos pagan ISR sobre las distribuciones que reciben de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, a las tarifas establecidas en el Código Fiscal. Sin embargo, las Sociedades de Inversión Inmobiliaria están obligadas a retener el 10% del monto distribuido al momento de realizar cada distribución, en concepto de adelanto del ISR, retención esta que el tenedor de acciones podrá optar por considerar como el ISR definitivo.
Retail Space Holdings Corp., es una empresa holding tenedora de acciones de compañías subsidiarias que, a su vez, son propietarias de plazas comerciales a lo largo y ancho de la República de Panamá.
Ricardo Arias y Roberto Vidal, socios, y los asociados Pablo Epifanio y Ana Cristina Castrellón, participaron en este proceso.
Publicado en 2019, Ana Castrellon, Pablo Epifanio, Ricardo Arias, Roberto Vidal, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets-es
Morgan & Morgan asesoró a Banco La Hipotecaria, S.A. en la estructuración de su primer programa de bonos garantizados (covered bonds)
martes, 18 diciembre 2018 por webmaster
Morgan & Morgan asesoró a Banco La Hipotecaria, SA (BLH) en la estructuración de su primer programa de bonos garantizados (covered bonds) bajo el cual BLH puede emitir bonos garantizados de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 en serie, periódicamente, hasta un monto nominal máximo agregado de US$200,000,000. El emisor de los bonos garantizados es BLH y los bonos son obligaciones directas de BLH con doble recurso a un grupo de hipotecas residenciales otorgadas a deudores en Panamá cedidas por BLH a un fideicomiso de garantía panameño, con BG Trust, Inc., una filial de Banco General, S.A., actuando como fiduciario de garantía de los mismos.
El grupo de hipotecas cedidas por BLH al fideicomiso de garantía panameño debe cumplir con ciertos requisitos y criterios de elegibilidad. KPMG ha sido contratado como supervisor de activos para revisar periódicamente las hipotecas y confirmar si cumplen con dichos requisitos o no. BG Trust, Inc., como fiduciario del fideicomiso de garantía, tiene derecho a recibir, a través de BLH como administrador de los préstamos, todos los pagos de capital e intereses que los deudores del grupo de hipotecas están obligados a pagar en virtud de los contratos de préstamo. Si BLH cumple con ciertas condiciones, puede solicitar al fiduciario de garantía devolver a BLH los pagos de intereses (pero no el principal) recibidos por el fiduciario de garantía de los deudores. En el caso de que BLH incumpla con sus pagos de intereses o capital bajo los bonos garantizados, los flujos generados por el grupo de hipotecas se utilizarán para pagar intereses y capital a los tenedores de bonos garantizados y el grupo de hipotecas puede incluso ser vendido por el fiduciario de garantía y los ingresos de dicha venta se utilizarían para pagar intereses y capital adeudado bajo los bonos garantizados.
Los ingresos netos de la emisión de cada serie de bonos garantizados serán aplicados por BLH para sus fines corporativos generales. Brean Capital actuó como agente y estructurador exclusivo de la emisión de los bonos garantizados. Los bonos garantizados no se han registrado conforme a las leyes bursátiles de los Estados Unidos, Panamá o cualquier otra jurisdicción y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, Panamá u otras jurisdicciones sin su registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro.
Los socios Ricardo Arias y Kharla Aizpurúa Olmos, y el asociado Pablo Epifanio, participaron en la transacción.
Publicado en 2018, expertise, Kharla Aizpurua, Pablo Epifanio, Ricardo Arias, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets-es
lunes, 23 julio 2018 por webmaster

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 15
 Artículo 706