Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/05/17/condena-para-agente-policial-que-garantizaba-zona-liberada-para-la-explotacion-sexual-de-mujeres/
Timestamp: 2018-12-16 11:19:11+00:00

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Condena para agente policial que garantizaba ‘zona liberada’ para la explotación sexual de mujeres – AL DÍA | ARGENTINA
I) Que tiene comienzo la presente causa en fecha 15 de octubre de 2.011, cuando el Comisario Principal Jorge Krenz hace saber al Juzgado en lo Penal de Instrucción Distrito Judicial N° 12 de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que habían recibido en esa dependencia -vía fax- un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Rosario, mediante el cual comunicaban que el día anterior se había hecho presente Silvina Mabel del Valle, quien relató haber observado en el baño de la estación de servicios YPF ubicada en la Autopista Rosario-Santa Fe cercana al peaje de la localidad de San Lorenzo, a varias mujeres vestidas, maquilladas y con gestos y actitudes propias de quienes ejercen la prostitución.
Agregó la denunciante que al salir del baño las jóvenes fueron empujadas por una mujer al interior de un vehículo Renault 19 dominio UUW-018 que se retiró del lugar con dirección a la ciudad de Rosario. (fs. 1/4).
La situación descripta fue ratificada por del Valle ante el Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 12 de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe (fs.25/26).
Posteriormente se incorporó informe elaborado por la Tropa de Operaciones Especiales mediante el cual hicieron saber que el titular del rodado era Matías Daniel Gómez, quien residía en Barrio Eva Perón, casa 185 de esta ciudad, junto a su hermano Martín y su madre Zunilda Guadalupe Godoy. Asimismo informan que según comentarios de vecinos, los nombrados reclutarían mujeres, a quienes entrevistarían en ese domicilio o telefónicamente, actividad en la que participa Mariela Sandoval, pareja de Godoy (fs. 32/33).
A partir de la obtención e intervención de la línea telefónica utilizada por Godoy y Sandoval, concluyó el Juez instructor que los nombrados reclutarían mujeres de diferentes edades para trasladarlas a Puerto General San Martín, por lo que en fecha 12 de junio de 2012 declaró la incompetencia material de la justicia provincial, remitiendo las actuaciones al Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad (fs. 114/116).
Recibidas las mismas en esa sede se ordenó que la investigación quede bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1, cuyo representante dispuso una serie de medidas tendientes a comprobar la existencia de los presuntos hechos ilícitos, sus autores, modus operandi y las posibles víctimas, otorgando para ello intervención a las Tropas de Operaciones Especiales de la policía de esta provincia y posteriormente a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas (fs. 121 y vta.y 128).
A partir de la información volcada en sucesivos memorandums (intervención de la línea telefónica, fotos y observación en el domicilio de los principales investigados y en los lugares en los que presuntamente se realizaría la explotación sexual), se pudo constatar que los responsables de la actividad investigada era – presuntamente- Zunilda Guadalupe Godoy, Mariela Alejandra Sandoval y Martín Oscar Gómez, quienes se encargaban de captar mujeres de diferentes edades para su posterior traslado desde la ciudad de Santa Fe hacia las localidades de Puesto General San Martín y San Lorenzo, con fines de explotación sexual.
Asimismo, surgió la probable participación de un empleado policial identificado como R. A. M. D., quien se encargaría de garantizar el libre desarrollo de la actividad ilícita, liberando la zona para que la explotación sexual se lleve a cabo. Posteriormente se pudo corroborar que el nombrado prestaba servicios en la Comisaría 5ta. de Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo, aportando que utilizaría el número de celular 0341 155831017 (fs. 131/132, 134/147, 215 vta.).
En virtud de lo informado, a pedido del fiscal federal, el juez instructor dispuso la requisa de las personas y de los vehículos en los en los cuales se estarían llevando a cabo las maniobras ilícitas y ordenó la intervención del teléfono celular que utilizaría D. (fs.274/278).
Ante ello, el 24 de junio del año 2.013 personal perteneciente a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas -en presencia de los testigos de actuación- interceptó en la rotonda de ingreso a Avenida Circunvalación Oeste de esta ciudad, el automóvil Chevrolet Corsa II, dominio GDD-371, en el que se trasladaban Milagros María Itatí Godoy, María Alejandra Miranda, ángela Valeria Gómez, Mirta Alejandra Romero, Paula María del Valle Gómez y Lorena Paola Alegre.
De la requisa efectuada sobre el vehículo interceptado se incautaron, entre otros elementos, un monedero con treinta preservativos y papeles con nombres de mujeres y números varios. Seguidamente procedieron a la detención del conductor, identificado como Martín Oscar Gómez (fs. 286/290 y vta.).
Siendo las 22:45 horas se presentaron espontáneamente en la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas Zunilda Godoy y Mariela Sandoval, quedando en ese momento detenidas (fs. 321/322).
II) Recibidas las actuaciones en el Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, se les recepcionó declaración indagatoria (fs. 374/376, 377/378 vta. y 379/381) y testimonial a las presuntas víctimas (fs. 385/398 vta.).
A partir de la reproducción de las grabaciones de las comunicaciones efectuadas desde la línea de teléfono celular utilizada por R. A. M. D., se ordenó su detención y se le recibió indagatoria (fs. 465/466 vta.).
En fecha 4 de junio de 2.013, el juez instructor resolvió procesar a Zunilda Guadalupe Godoy, Mariela Alejandra Sandoval y Martín Oscar Gómez, siendo requerida la elevación de la causa a juicio el 13 de diciembre del mismo año.
Continuada que fuera la instrucción en relación a D., durante el transcurso de la misma se dispuso la prórroga de la intervención telefónica del teléfono utilizado por el nombrado y su detención (fs.428/429 vta.), la que se efectivizó el 2 de julio de 2013, recibiéndosele indagatoria ese mismo día (fs. 465/466 vta.) y por resolución del 4 de julio de 2013 se dispuso su procesamiento (478/487vto.).
En la continuidad del proceso, se agregó cuerpo de transcripciones de las llamadas entrantes y salientes del teléfono intervenido (fs. 632/704).
En virtud del recurso interpuesto por la defensa (fs. 526/534), la Excma. Cámara de Apelaciones de Rosario declara la nulidad parcial del procesamiento con prisión preventiva de D. (fs. 806/814).
Luego, por resolución n° 703/13 se dictó la falta de mérito del nombrado y se dispuso su inmediata libertad (fs. 818/823), apelada por el fiscal federal (fs. 850/853) la CFAR declara la nulidad de la resolución referida (fs. 1111/1114) y mediante decisorio del 9 de Julio de 2014 se dictó su sobreseimiento (fs. 1118/120 vta.). Apelado éste por el representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 1124/1129), la CFAR resolvió revocarlo mediante Acuerdo del 24/10/2014 (fs. 1146/1150 vta.).
En virtud de las recomendaciones efectuadas en dicho Acuerdo, el 16 de diciembre se libró orden de detención contra D. (fs. 1158) y se le recibió nuevamente declaración indagatoria (1329/1331).
Mediante resolución de fecha 7 de septiembre de 2015 se dispuso: “I- Dictar el procesamiento de R. A. M. del L. D.(.) por considerarlo presunto autor del delito de asociación ilícita agravada por ser jefe de la organización (artículo 210 del código penal); II.- Disponer auto declarativo de falta de mérito (.) por la presunta comisión del delito de recibir personas con fines de explotación, agravado por tratarse de más de tres víctimas y por ser el imputado miembro de una fuerza policial y por encontrarse entre las víctimas menores de edad al momento de los hechos; todo ello en grado de tentativa; conforme las previsiones del artículo 145 bis, con las agravantes contempladas en los incisos 4) y 7) y último párrafo del artículo 145 ter, y las disposiciones del artículo 42 del código penal; de conformidad con el artículo 309 del código procesal penal de la nación. III.- convertir en prisión preventiva la detención que viene sufriendo el nombrado” (fs. 1341/1351).
Ante ello, el fiscal federal interpuso recurso de apelación contra el punto II de la resolución referida (fs. 1358/1362 vta.), mientras que la defensa del imputado hizo lo propio en relación a los puntos I y III del decisorio (fs. 1363/1368).
Así las cosas, la Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, mediante Acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2015, resolvió: “1.- Revocar el punto II de la resolución del 7/9/2015 (.) que dictó el auto de falta de mérito en favor de R. A. M. del L. D. por el delito de trata de personas. 2.- Confirmar parcialmente el punto I (.) modificando la calificación legal a la figura del primer párrafo del artículo 210 del Código Penal. 3.- Confirmar el punto III.”.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2015 fue procesado como presunto autor del delito de recibir personas con fines de explotación, conforme las previsiones del art. 145 bis, con las agravantes contempladas en los inciso 4 y 7 y último párrafo del art. 145 ter, y las disposiciones del art. 42 del CP (fs.1481/18484).
En fecha 17 de marzo de 2016 el fiscal federal de 1ra. instancia formuló requerimiento de elevación a juicio por el delito de trata de personas (art. 145 bis del CP), agravado porque en la comisión del delito p articiparon más de tres personas y por la calidad de miembro de una fuerza de seguridad -policial- conf. art. 145 ter, incisos 5 y 7 del CP), bajo el amparo de la ley 26.842 (fs. 1507/1517).
No habiéndose interpuesto excepción u oposición, por decreto de fecha 4 de abril de mayo de 2016 se ordenó la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la causa (fs. 1520).
IV) Radicada ante este Tribunal (fs. 1.525), sus integrantes se inhibieron para intervenir, en virtud de las previsiones del art. 55 inc. 1 del CPPN (fs. 1529 y vta.), quedado luego conformado por los Dres. Omar Digerónimo, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider.
Habiéndose citado a las partes a juicio (fs. 1.538), se glosaron informes médico del procesado (fs. 1.541) y del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 1458/1551).
En fecha 16 de febrero del corriente año se llevó a la cabo la audiencia preliminar -en cumplimiento de la regla cuarta de la Acordada N° 1/12 de la CFCP (fs. 1588 y vta.) y por decreto glosado a fs. 1595 fue proveída la prueba oportunamente ofrecida (fs. 1552/1154 y 1586/1587), la que fue recepcionada a fs. 1604/1633, 1635/1671, 1673/1682, 1687/1690, 1691/1693 y fs. 1697/1698.
En ese estado, se presentó el fiscal general Dr. Martín I. Suárez Faisal y solicitó se imprima a la causa el trámite del juicio abreviado -previsto en el art. 431 bis del CPPN-, acompañando la conformidad del imputado, asistido por su defensor (fs. 1760/1761 y vta.).
Ante ello, el 9 de noviembre del corriente año se llevó a cabo la audiencia de conocimiento de visu correspondiente (fs.1763 y vta.).
En razón de lo expuesto, la causa se encuentra en condiciones de ser definitivamente resuelta; y, CONSIDERANDO:
I.- Que el fiscal general solicitó -mediante escrito de fs. 1761 y vta.- que se imprima al proceso el trámite del juicio abreviado previsto en el art. 431 bis del CPPN, acompañando acta labrada en su despacho, en la que consta la conformidad del procesado, asistido por su defensor, Dr. J. Q. (fs. 1760).
II.- Se encuentra probado que en el segmento temporal transcurrido desde el 14 de octubre de 2013 – fecha en que fue formulada la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones- hasta el día 24 de junio de 2013, un número indeterminado de mujeres eran trasladadas desde la ciudad de Santa Fe a las localidades de Puerto General San Martín y San Lorenzo, con fines de explotación sexual.
Asimismo se encuentra probado que la persona que la recibía a las mujeres -previamente captadas por terceras personas- era R. A. M. del L. D., quien se encargaba de liberar la zona para que pudieran aguardar a los clientes, valiéndose de su condición de funcionario policial, ya que en dicho ámbito territorial cumplía funciones, recibiendo por ello una contraprestación monetaria.
Arribo a ello luego de analizar los elementos probatorios colectados en la causa, consistentes en la comunicación de denuncia remitida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe (fs. 6), la declaración testimonial de Silvia Mabel del Valle ante el Juzgado en lo Penal de Instrucción No 12 de San Lorenzo (fs. 25/26), las diligencias investigativas realizadas por las Tropas de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe (fs. 32/38, 49/100, 123/124, 127 y vta. Y 134/151 vta., las constancias de labor prevenciones de la Dirección Especial de Prevención y Sanción DEL Delito de Trata de Personas (fs. 131/133, 211/217 vta., 242/244 y 247/255), la declaración testimonial del comisario inspector de dicha fuerza policial (fs.265/266 vta.), el acta de procedimiento de fs. 288/290 vta. y las transcripciones de las escuchas telefónicas de la línea utilizado por D. (fs. 635/646 y 650/722).
Las pruebas mencionadas resultan ser contestes y congruentes, y al merituarlas una por una y en su conjunto, me permiten sin ningún tipo de dudas reconstruir y tener por cierto los hechos precedentemente expuestos y admitidos por el procesado en el acuerdo firmado con el fiscal general.
III.- Comprobada la existencia de la conducta ilícita investigada, corresponde analizar la responsabilidad que le cabe al procesado por el delito que se le reprocha, anticipando mi opinión respecto a que existen indicios graves y concordantes que establecen la directa participación de D. en los hechos detallados.
Resultan fundamentales los informes de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, en los cuales se establece la relación del imputado con Godoy, Sandoval y Gómez, quienes ya fueron condenados por los mismos hechos. En dichos informes se sindica a D. como al empleado policial con quienes se relacionaban los nombrados para evitar inconvenientes a la hora del arribo a los lugares donde llevaban a las mujeres para que ejerzan la prostitución, agregando que D. recibía semanalmente una cantidad estimativa de ochocientos pesos por dicha labor (fs. 131/133).
Lo informado por escrito fue ratificado por Mónica Viviani, comisario inspector de esa Dirección, quien en su declaración agregada a fs. 265/266 vta. manifestó que D.”era la persona que organizaba la distribución de los diversos puntos de explotación, que luego le asignaba a cada regenteador, determinando así mismo el tiempo en que se desarrollaba dicha explotación en el sitio establecido”.
Asimismo, resultan determinantes las transcripciones de los mensajes y las llamadas entrantes y salientes del teléfono celular del procesado, que obran agregadas al presente -y a las cuales me remito en honor a la brevedad-.
En las condiciones expuestas, ha quedado conformado un panorama convictivo que otorga credibilidad a la admisión de responsabilidad penal en los hechos y autoría que efectuara R. D. ante el fiscal general, y que se encuentra plasmada en el acta pertinente.
IV.- Determinada la autoría y responsabilidad penal, debo referirme al encuadre jurídico que merece la conducta atribuida al encausado.
El caudal probatorio antes valorado me permite sostener que se encuentran satisfechos los extremos objetivos y subjetivos requeridos para la configuración de la figura típica seleccionada por el fiscal general -y admitida por el nombrado, mediando asistencia de su defensa-, es decir la figura prevista en el artículo 145 ter, inc. 5 y 7 del C. Penal, por cuanto se encuentre acreditado que D. recibía en el ámbito territorial donde se desempeñaba como policía al momento de los hechos, a mujeres que eran trasladadas con fines de explotación sexual, articulando su conducta con la participación de más de tres personas.
Así, según surge de las labores investigativas, ha quedado en evidencia que el accionar de D. en el delito que se le reprocha consistió en la conducta de “recibir” a las mujeres que eran explotadas sexualmente, entendida dicha acción como la de “receptar lo que otra da o envía -en este caso, una persona que (.) es considerada mercancía” (Luciani, Diego S. “Criminalidad Organizada y Trata de Personas, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, pág.133). Asimismo se encuentra acreditado que el nombrado tenía poder de disposición respecto del territorio donde se producía la explotación sexual.
Con relación a las agravantes del delito mencionado, ha quedado debidamente probado que en la materialización del delito intervinieron más de tres personas. Cabe poner de resalto que Zunilda Godoy, Mariela Sandoval y Martín Gómez, quienes se encontraban procesados por la captación y el traslado de las mujeres que luego eran recibidas por el imputado en la presente, fueron condenados por el delito de trata de personas y que los nombrados -según surge de las transcripciones telefónicas agregadas al presente- tenían permanente contacto con D., quien les garantizaba la “zona liberada” para que la explotación sexual se lleve a cabo.
Asimismo se encuentra acreditada la calidad de funcionario policial que revestía el imputado al momento de los hechos, en virtud de las diligencias efectuadas por la prevención (fs. 131/133, 211/127 vta.), legajo personal (fs. 1673/1682) e informes remitido por la Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales de fs. 1608/1629 y de la UR XVII de fs. 1635/1671.
Como consecuencia de lo expuesto, considero que R. A. M. del L. D. debe responder como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por la participación de tres o más personas y por ser miembro de una fuerza policial (art. 145 ter, incs. 5 y 7 del C. Penal, conf. ley 26.842).
V.- Resta establecer la medida de la sanción a la que se ha hecho pasible el encartado, a la luz de las pautas individualizadoras de los artículos 40 y 41 del C. Penal.
Al respecto, surge como elemento atenuante -de acuerdo al informe del Registro Nacional de Reincidencias de fs.1731/1734, la ausencia de antecedentes condenatorios.
Contrariamente, considero como agravante que no existen elementos que permitan disminuir el reproche por mérito a su edad ni educación, pues se trata de una persona adulta, instruida, con plena capacidad para motivarse en la norma y comprender la criminalidad y el alcance de su conducta, habiendo cometido un delito que encierra extrema gravedad, sobre todo por su condición de personal policial.
En consecuencia de lo expuesto considero que la pena a aplicar al imputado es la propuesta por el fiscal general, es decir cinco (5) años de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo del de la condena (art. 20 bis, inc. 1 del Cod. Penal), con más las accesorias del art. 12 del mismo cuerpo.
VI.- De acuerdo a lo dispuesto en el art. 530 del CPPN, deberá imponerse al condenado el pago de las costas procesales y ordenar que por Secretaría se lleve a cabo el cómputo de la pena impuesta, con notificación a las partes.
VII.- En lo que respecta a los honorarios profesionales del Dr. J. Q., se diferirá su regulación hasta tanto dé cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 17.250.
I.-ACEPTAR la solicitud de trámite de juicio abreviado, conforme a lo establecido por el art. 431 bis del CPPN.
II.- CONDENAR a R. A. M. del L. D., cuyos demás datos de identidad obran en precedentemente, como autor del delito de TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS Y POR SER MIEMBRO DE UNA FUERZA POLICIAL (art. 145 ter, incs. 5 y 7 del C. Penal, ley 26.842) a sufrir la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación especial por el mismo tiempo de la condena (art. 20 bis del CP), con más las accesorias del art. 12 del C.Penal.
III.- IMPONER las costas del juicio al condenado y en consecuencia el pago de la tasa de justicia que asciende a la suma de pesos sesenta y nueve con setenta centavos ($ 69,70), intimándolo a hacerlo efectivo en el término de cinco días bajo apercibimiento de multa del cincuenta por ciento del referido valor, si no se efectivizare en dicho término.
IV.- DISPONER que por Secretaría se practique el cómputo legal, con notificación a las partes (art. 493 del C.P.P.N.).
V.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales del J. Q. hasta tanto dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2° de la ley 17.250.
MARÍA DE LOS ÁNGELES USANDIZAGA
Tag: POLICÍA PROVINCIAL, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA, SENTENCIA CONDENATORIA, TRATA DE PERSONAS
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 resolución 
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 42
 artículo 309
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 resolución 
 artículo 210
 artículo 145