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Timestamp: 2019-10-23 03:08:38+00:00

Document:
Tribunal supremo auto sala especial del artículo 61 de la ley orgánica del poder judicial
SALA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 61 DE LA
EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO
D. Ángel Calderón Cerezo
D.ª Encarnación Roca Trías
D.ª Rosa María Virolés Piñol
En la villa de Madrid, a cinco de mayo de dos mil siete.
Vistas las demandas acumuladas números 3/2007 y 4/2007 seguidas dentro del proceso de ejecución 1/2003 dimanante de autos acumulados 6/2002 y 7/2002 sobre ilegalización de partidos políticos, formuladas por la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, respectivamente, sobre impugnación de proclamación de candidaturas del partido político Eusko Abertzale Ekintza/ Acción Nacionalista Vasca (EAE/ANV), siendo partes las candidaturas demandadas proclamadas que más abajo se individualizan por las diferentes instituciones, municipios o circunscripciones a las que se presentan y más concretamente:
1 Elecciones al Parlamento de Navarra.
2 Circunscripción de Deba/Urola.
3 Circunscripción de Donostialdea.
4 Circunscripción de Bidasoa-Oiartzun.
5 Circunscripción de Oria Eskualdea.
6 Circunscripción de Bilbao.
7 Circunscripción de Busturia Uribe.
8Cuadrilla de Ayala /Aiara
9 Esteribar
11Anue
12Areso
13Bakaiku
14Barañain
15Baztan
16Ziordia
17Etxarri/Aranaz
18Ezcabarte
19Imotz
20Iturmendi
21Lesaka
22Sumbilla
23Ultzama
24Larrraga
25Tudela
26Artziniega
27Ayala-Aiara
28Okondo
29Urkabustaiz
30Bernedo
31Harana/Valle De Arana
32Iruraiz Gauna
33Kuartango
34LabastidaBastida
35Legutiano
36Oyón/Oión
37Ribera Alta
38Salvatierra/Agurain
39Samaniego
40San Millán/Donemiliaga
41Villabuena/Eskuernaga
42Zuia
43Guetaria
44Segura
45Zarautz
46Eibar
47Elgoibar
48Mendaro
49Mutriku
50Zumarraga
51Donostia-San Sebastián
52Asteasu
53Ataun
54Beasain
55Elduain
56Ibarra
57Irura
58Lazkao
59Leaburu
60Lizartza
61Ordizia
62Tolosa
63Zizurkil
64Artzenzales
65Balmaseda
66Galdames
67Gordexola
68Güeñes
69Karrantza Harana/Valle De Carranza
70Sopuerta
71Zalla
72Alonsotegui
73Arrigorriaga
74Barrika
75Basauri
76Berango
77Bilbao
78Erandio
79Etxebarri
80Galdakao
81Getxo
82Gorliz
83Leioa
84Lezama
85Loiu
86Muskiz
87Orduña
88Ortuella
89Plentzia
90Portugalete
91Santurtzi
92Sestao
93Sondika
94Urduliz
95Zamudio
96Zaratamo
97Arrankudiaga
98Artea
99Dima
100Ermua
101Iurreta
102Lemoa
103Mañaria
104Orozco
105Zaldibar
106Zeberio
107Arratzu
108Bermeo
110Errigoiti
111Forua
112Fruiz
113Gamiz-Fika
114Lekeitio
115Mendexa
116Morga
117Mundaka
118Munitibar
119Nabarniz
120Ondarroa
121Sukarrieta
122Ziortza-Bolibar
123Andoain
124Aretxabaleta
125Astigarraga
126Oñati
127Zaldibia
128Amorebieta-Etxano
129Asparrena
130Lantaron
131Vitoria Gastéiz
132Durango Arratia
133Aoiz
PRIMERO.- Por escrito de fecha de 4 de mayo del presente, el Abogado del Estado, en la representación del Gobierno de la Nación que legalmente ostenta y debidamente autorizado al efecto, presentó escrito formulando recurso contencioso-electoral al amparo del artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General contra los acuerdos de proclamación de candidatos realizados por las Juntas Electorales de Zona de las Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y por la Junta Electoral Provincial de Navarra de fecha 30 de abril de 2007, publicados en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en el Diario Oficial de Navarra del 1 de mayo de 2007, respecto de las candidaturas presentadas por el partido político EUSKO ABERTZALE EKINTZA / ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (EAE-ANV) cuya denominación y localidad se relacionan a continuación desglosadas oportunamente por cada proceso electoral y con referencia a cada una de las Juntas proclamantes:
- JUNTAS GENERALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
1º.- Junta Electoral de Amurrio, Cuadrilla de Ayala /Aiara.
- JUNTAS GENERALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA.
1º.- Junta Electoral de Zona de Bergara, circunscripción de Deba/Urola.
2º.- Junta Electoral de Zona de Donostia/San Sebastián, circunscripción de Donostialdea.
3º.- Junta Electoral de Zona de Donostia/San Sebastián, circunscripción de Bidasoa-Oiartzun.
4º.- Junta Electoral de Zona de Tolosa, circunscripción de Oria Eskualdea.
- JUNTAS GENERALES DE VIZCAYA
1º.- Circunscripción de Bilbao.
2º.- Circunscripción de Busturia Uribe.
- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA
EAE/ANV presenta un total de 50 candidatos y 3 suplentes.
- ELECCIONES MUNICIPALES EN NAVARRA
ZONA ELECTORAL DE PAMPLONA
ETXARRI/ARANAZ
JUNTA ELECTORALDE ZONA DE TAFALLA
- ELECCIONES MUNICIPALES EN ÁLAVA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VITORIA-GAZTEIZ
OYÓN/OIÓN
VILLABUENA/ESKUERNAGA
- ELECCIONES MUNICIPALES EN GUIPÚZCOA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
- ELECCIONES MUNICIPALES EN VIZCAYA
ARTZENZALES
Solicita el Abogado del Estado que se dicte sentencia en la que estimando el recurso se anule y deje sin efecto la proclamación de las candidaturas impugnadas, al propio tiempo, y, mediante Otrosí Digo de dicho escrito, interesa se acuerde la medida cautelar de suspensión de la obligación de la Junta del Censo Electoral establecida en el artículo 41.5 de la LOREG de suministrar copia del censo a los representantes de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en las circunscripciones y municipios que han sido impugnados.
SEGUNDO.- Con idéntica fecha de 4 de mayo del corriente año 2007, el Ministerio Fiscal presentó escrito interponiendo recurso contencioso electoral en incidente de ejecución de sentencia, asimismo, al amparo del artículo 49, apartados 1 y 5, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, reguladora de los Partidos Políticos, contra los Acuerdos de proclamación definitiva de candidaturas a participar en las Elecciones a Juntas Generales en el País Vasco, Autonómicas en la Comunidad Foral de Navarra y Municipales, dictados por las Juntas Electorales de cada Territorio Histórico, por la Junta Electoral Provincial de Navarra –Elecciones Autonómicas-, y de Zona –Municipales-, publicados todos ellos en los Boletines Oficiales correspondientes, de fecha 1 de mayo de 2007, respecto a las candidaturas presentadas por el partido político ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (A.N.V.), en las localidades que relaciona, coincidentes con las que anteriormente han quedado indicadas como impugnadas por el Abogado del Estado, a excepción de las siguientes a las que no hace referencia: Junta Electoral de la Zona de Tolosa –Circunscripción de Oria Eukualdea, busturia-Uribe, Baztan, Ziordia, Etxarri/Aranaz, Escabarte, Iturmendi, Lesaka, Sumilla, Plentzia, Iurreta, Ziortza-Bolibar, Guetaria, Mendaro, Murriku, Urkaburtaiz, Iruraiz Gauna, San Millán Donemiliaga, Lizarta, Gorliz, Gámiz Fika y Ribera Alta; impugna además, las candidaturas no impugnadas por la Abogacía del Estado siguientes: Durando Arratia, Andoain, Aretxabaleta, Astigarraga, Oñati, Zaldibia, Amorebieta-Etxano, Aoiz, Asparrena, Lantaron y Vitoria Gastéiz.
Finalmente, solicita el Ministerio Fiscal que se dicte sentencia en la que se declare no conformes a Derecho y, consecuentemente, se anulen los actos de proclamación de las candidaturas impugnadas.
TERCERO.- Registrados dichas demandas con los números 3/2007 y 4/2007, se dictaron providencias con fecha 3 de mayo del presente haciendo saber su presentación a los representantes designados por cada una de las candidaturas cuya proclamación ha sido impugnada y ordenando conferir a la Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y a los citados representantes plazo hasta las diez horas del día siguiente para que pudieran efectuar cuantas alegaciones tuvieren por conveniente sobre la adecuación de lo pretendido en los respectivos escritos de demanda al procedimiento previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, y, al propio tiempo, concediendo a los representantes designados por cada una de las candidaturas cuya proclamación ha sido impugnada plazo hasta las veinte horas de ese mismo día, cuatro de mayo, para que pudieran comparecer en el procedimiento, debidamente representados y efectuar cuantas alegaciones y aportaciones de prueba estimasen adecuadas a su derecho, indicándose que tales comunicaciones a los representantes habrían de efectuarse a través de las Juntas Electorales que habían proclamado las candidaturas, y, haciéndose saber a los representantes legales de éstas que los documentos aportados por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado recurrentes podrían ser examinados, dentro del término fijado, en esta Sala y en las Juntas respectivas.
CUARTO.- Por Auto de fecha 4 de mayo de 2007 se adoptó la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, de suspensión de la obligación de la Oficina del Censo Electoral, establecida en el artículo 41.5 de la LOREG, de suministrar copia del censo a las candidaturas impugnadas, librándose al efecto oficios a la Oficina del Censo Electoral Central y a las correspondientes Juntas Electorales.
QUINTO.- Con fecha 3 de mayo de 2007, el Excmo. Sr. Magistrado D. Ramón Trillo Torres y el Excmo. Sr. Magistrado D. Mariano de Oro-Pulido López, dirigieron respectivas comunicaciones al Presidente de esta Sala Especial, mediante escritos debidamente motivados, manifestando la concurrencia en ellos de causa de abstención para el conocimiento de los recursos contencioso-electorales acumulados. Se exponía por los indicados Magistrados, en síntesis, la existencia de una situación idéntica a la alegada por ellos como causa de abstención en el procedimiento de ejecución 1/2003, dimanante de los procesos acumulados 6/2002 y 7/2002, seguidos en esta Sala Especial para la ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, que se consideró justificada en Autos de 2 de marzo de 2005 y 16 de enero de 2006, acordándose por Auto de fecha 3 de mayo de 2007, estimar justificada la abstención formulada por el Excmo. Sr. Presidente de la Sala Tercera de este Tribunal D. Ramón Trillo Torres, teniéndole, en consecuencia, por apartado definitivamente de este proceso y nombrar en su sustitución al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret integrante de esta Sala Especial del Artículo 61 de la LOPJ. y estimar justificada, asimismo, la abstención formulada por el Excmo. Sr. Magistrado de la Sala Tercera de este Tribunal D. Mariano de Oro-Pulido López, teniéndole, en consecuencia, por apartado definitivamente de este proceso y nombrar en su sustitución al Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho integrante de esta Sala Especial del Artículo 61 de la LOPJ.
SEXTO.- El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal han presentado respectivos escritos con fecha 4 de los corrientes evacuando los traslados conferidos en providencias de 3 de mayo y, asimismo, la procuradora Dª. Ana Lobera Argüelles, afirmando actuar en nombre y representación del partido político Acción Nacionalista Vasca (ANV) ha presentado escritos en relación con el traslado otorgado en las citadas providencias, formulando declinatoria de jurisdicción respecto a ambos procedimientos incoados, alegando además, la falta de legitimación activa del Abogado del Estado y Ministerio Fiscal para la formulación de sus respectivas demandas.
Por autos de fecha 4 de mayo de los corrientes dictados en los respectivas demandas formuladas por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, se acordó admitir a trámite las mismas para su sustanciación al amparo de lo previsto en el artículo 12.3, en relación con el apartado 1.b) del mismo precepto de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, dentro del procedimiento de ejecución 1/2003 dimanante de autos acumulados 6/2002 y 7/2002 sobre ilegalización de los partidos políticos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal HerritarroK, disponiéndose asimismo la acumulación de dichas demandas, y acordándose resolver en sentencia sobre la declinatoria de jurisdicción formulada por la representación procesal del partido ANV.
OCTAVO.- El Abogado del Estado fundamenta su recurso, en lo sustancial, en las siguientes alegaciones:
1º.- Principia sus consideraciones exponiendo profusamente la doctrina del Tribunal Constitucional y de este Tribunal, con motivo de la sentencia de esta Sala Especial de 27 de marzo de 2003 en aplicación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en el proceso de ilegalización de los partidos políticos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, de la que destaca un pormenorizado análisis de la estrategia del «desdoblamiento» entre la actividad terrorista y la política adoptada por ETA, instrumento que según aduce, ha variado para afrontar cada concreta circunstancia coyuntural, pero con las personificaciones instrumentales que se han ido sucediendo se ha perseguido invariablemente disponer de capacidad para participar en el juego electoral. De esta forma, las candidaturas que se impugnan no son sino la consecuencia de la citada estrategia para concurrir a un nuevo proceso electoral como continuación de Batasuna en la vida política.
Enfatiza con especial relevancia las sentencias de este Tribunal de fechas 3 de mayo de 2003, 5 de octubre de 2003, 21 de mayo de 2004 y 26 de marzo de 2005, con reproducción literal de parte de su contenido, en relación: a los criterios para apreciar sucesión o continuidad respecto de los partidos disueltos por parte de las candidaturas impugnadas, posibilidad de equiparar, en función de su naturaleza jurídica, las agrupaciones de electores con partidos políticos, y, las sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de mayo de 2003, 10 de octubre de 2003, 25 de mayo de 2004 y 31 de marzo de 2005, de las que recoge, nuevamente, en forma literal, el razonamiento jurídico que rechazara los óbices procesales imputados por las entonces candidaturas proclamadas al proceso de instancia, resolviendo en particular las dudas que podía suscitar la existencia de una relación de sucesión entre dos realidades aparentemente heterogéneas, como pueden ser un partido político y una agrupación electoral.
2º.- Analiza a continuación el representante del Estado, las circunstancias concurrentes en las candidaturas impugnadas que evidencian su carácter de sucesión o continuación del partido ilegalizado Batasuna, no duda en afirmar la existencia de listas blancas y negras, a pesar de que, sigue argumentando, Batasuna ha ido perfilando estrategias tendentes a crear confusión y a propiciar que con la presentación de multitud de candidaturas, alguna de ellas consiga su final presentación. En definitiva, esgrime la estrategia de la doble o triple lista, que otras veces han intentado y repiten mimética y nítidamente en esta ocasión; predica tal línea sucesoria en la circunstancia de que, de un lado, surge la formación “Abertzale Sozialisten Batasuna”, partido de nuevo cuño de «evidente conexión con Batasuna», y respecto del que se ha intentado su inscripción dando lugar al correspondiente proceso judicial pendiente promovido por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal y, de otra parte, aflora la utilización simultánea de otros instrumentos susceptibles de permitir su presentación a los comicios en los que se sitúa, por mor de la dinamización de las agrupaciones de electores, la novedosa utilización subsidiaria que denomina de segundo grado o tercer instrumento con el que participar en las elecciones, que no es otro que la presentación del partido político Acción Nacionalista Vasca/ Eusko Ekintza Abertzale (EAE-ANV).
3º.- Entra seguidamente la Abogacía del Estado en la exposición de los concretos criterios utilizados para acreditar la conexión alegada, cita al respecto las:
Relaciones políticas, organizativas y funcionales de las candidaturas impugnadas con los partidos disueltos.
Conexiones, vinculaciones y relaciones personales de los integrantes, promotores y valedores de las candidaturas impugnadas con los partidos disueltos a la luz de la jurisprudencia constitucional que deja citada.
A los efectos demostrativos antes expresados y tras unas consideraciones generales sobre el partido político EAE-ANV, realiza una exposición pormenorizada de los hechos en los que basa el Abogado del Estado la existencia de la sucesión y continuación invocada, detallando respecto de cada una de las candidaturas impugnadas los elementos acreditativos del nexo con los partidos políticos ilegalizados.
4º.- Tras dejar constancia de su legitimación activa y del procedimiento a seguir, basa su disquisición jurídica en el valor probatorio de:
Los Informes de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría Central de Información de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Autos Dictados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en la tramitación de las correspondientes diligencias previas y sumarios, aún no fallados todos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Las noticias de prensa que se aportan con el escrito de interposición del recurso.
Valor complementario de los indicios.
Sobre ello argumenta ampliamente y añade cuantas consideraciones estima oportunas sobre la conexión de las candidaturas proclamadas.
Concluye el Abogado del Estado exponiendo las consecuencias electorales de la ilegalización de un partido político con cita del Artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, así como la doctrina constitucional sobre la sucesión o continuidad de los partidos políticos disueltos por parte de agrupaciones de electores con referencia a la sentencia 85/2003 del Tribunal Constitucional, esgrimiendo la imposibilidad de que las candidaturas impugnadas participen en las elecciones convocadas en fraude del fallo de la sentencia de declaración de ilegalidad de los partidos políticos disueltos de 27 de marzo de 2003 y solicita a la Sala, se dicte sentencia por la que se anule y deje sin efectos los acuerdos relativos a las candidaturas objeto de impugnación.
OCTAVO.- Sustenta el Ministerio Fiscal su recurso, en esencia y debidamente extractados, en los siguientes fundamentos:
1º.- Que la presente demanda se deduce en aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 6/2004, de 27 de junio, de Partidos Políticos, como incidente de ejecución de la Sentencia de esta Sala de fecha 27 de marzo de 2003, por la que se declaró la ilegalidad y se ordenó la disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, es por ello que afirma desde este primer estadio y sin perjuicio de su posterior desarrollo argumentativo, que el ejercicio de dicha acción incidental debe hacerse efectivo a través de los trámites del artículo 49 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Afirma en tanto que «actos ejecutados en fraude de ley», la utilización por Batasuna de determinadas listas electorales presentadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV) –partido político ya inscrito-, para lograr, a través de ellas, la elección de candidatos que en realidad se integran de facto en la propia Batasuna.
2º.- En la búsqueda, esgrime el mecanismo procesal que permita evitar de manera efectiva el fraude consistente en la final presentación electoral de Batasuna; entiende no idóneo la utilización del procedimiento de ilegalización del partido que sirve de «conducto o instrumento», esto es, Acción Nacionalista Vasca (ANV), ni siquiera, sigue afirmando, aprecia causa suficiente para su disolución, pues, dada la proximidad de la campaña electoral y la propia fecha de los comicios, resultaría virtualmente imposible la obtención, en tiempo útil, de una resolución judicial que impidiera la presentación de los candidatos afectados, por mor de no considerar que el único modo de impedir que un partido ilegal presente candidatos a través de otro sea la ilegalización de éste último.
Razona la posible adopción de medida cautelar que, admitida la demanda de ilegalización, prohibiera a la formación política tantas veces aludida (ANV) presentarse a las elecciones; propone en tanto que cauce adecuado para solventar la cuestión suscitada, el procedimiento previsto en el artículo 49 de la LOREG, que a su juicio se trata de la «herramienta procesal expresa y específicamente dirigida a examinar la legalidad de las candidaturas dentro del proceso electoral», del que destaca la garantía de la contradicción en forma de «audiencia a los interesados».
3º.- Al socaire de lo últimamente dicho, expone lo que a su juicio constituye la justificación legal específica del uso del citado procedimiento. Se trata, aduce, del no establecimiento de una enumeración taxativa de los motivos de impugnación contra los acuerdos de las Juntas Electorales, ni tampoco respecto la clase o tipo de candidatura contra las que puede ejercitarse tal recurso, lo que confiere a aquél el carácter de vía adecuada para hacer efectiva la sentencia de ilegalización de un partido político frente a las candidaturas fraudulentas, con independencia de que su presentación sea efectuada por una agrupación electoral o un partido legalmente inscrito, cual es el caso.
Concretado el procedimiento a seguir, sigue diciendo, éste debe restringirse a las candidaturas de ANV «contaminadas o infiltradas» por Batasuna a través de su estudio individualizado –medidas cuantitativa y cualitativa de contaminación-, desterrando la pretensión de impugnar en bloque todas las candidaturas presentadas por este partido, pues, arguye, ello equivaldría a prejuzgar fuera de su ámbito cognitivo, dando por sentada una conclusión bien distinta de la que el procedimiento permite obtener. Por ello afirma que la impugnación de tales candidaturas no tiene como fundamento la «invasión» individual de personas que hayan pertenecido al partido ilegalizado, sino que se basa en el hecho de que, a través de la apariencia de participación personal o individual, lo que realmente se ha producido es que el propio partido ilegalizado es el que detenta y se halla tras la candidatura impugnada.
Destaca, igualmente, que es la primera vez que esta Sala ha de conocer de un recurso para la anulación de determinadas candidaturas presentadas por un partido político.
4º.- A continuación detalla la prueba sobre la que basa la plena aplicabilidad del procedimiento antes defendido, afirma por un lado la existencia de una prueba plena y directa que pone de relieve de forma fehaciente que la propia Batasuna ha confeccionado determinadas listas electorales de ANV, y, por otro, la existencia de una serie de indicios plenamente efectivos según la jurisprudencia de esta Sala, que permiten esclarecer un ámbito de colaboración, mediante la cesión voluntaria de parte de estructuras a través de las cuales se posibilite que algunos antiguos candidatos o electos de la formación ilegalizada tengan acceso al proceso electoral.
La valoración de la presencia o no de elementos subjetivos es efectuada por el Ministerio Público en torno a un doble parámetro, cuantitativo y cualitativo, aquél concurrente si, al menos, tres de los candidatos mantiene relación directa y relevante con el partido ilegalizado o por ocupar o haber ocupado cargos orgánicos en su representación, éste, cuando alguno de aquéllos haya resultado elegido y ocupado cargo institucional.
Plasma a continuación la traslación de las consideraciones jurídicas y criterios últimamente reseñados a las candidaturas presentadas por ANV e infiere, tras aplicar las reglas de valoración de la prueba que fueron consideradas en las sentencias del Tribunal Constitucional de fechas, 8 de mayo de 2003, 27 de mayo de 2004 y 31 de marzo de 2005, al examen de los hechos y circunstancias que expone, la utilización fraudulenta de este partido político, al menos, de las listas que impugna.
Concluye el Ministerio Fiscal solicitando que se dicte sentencia en la que se declaren no conformes a Derecho y, consecuentemente, se anulen los actos de proclamación de las candidaturas impugnadas.
SEPTIMO.- Es Ponente de la presente Sentencia el Excmo. Sr. D. Angel Calderón Cerezo, Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, quien en ella expresa el parecer unánime del Tribunal.
A) La competencia y el procedimiento son cuestiones de orden público confiadas a la salvaguarda del propio órgano jurisdiccional y consecuentemente sustraídas al principio dispositivo de las partes.

References: artículo 61
 ARTÍCULO 61
 artículo 49
 artículo 41
 artículo 49
 artículo 12
 artículo 41
 Artículo 61
 Artículo 61
 artículo 12
 Artículo 44
 artículo 12
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49