Source: https://www.scribd.com/document/276863418/Deficit-Habitacional-y-Desalojos-Derechos-Humanos-en-Argentina-Informe-2009
Timestamp: 2019-01-20 04:54:50+00:00

Document:
Déficit Habitacional y Desalojos. Derechos Humanos...
Déficit habitacional y desalojos
forzosos en la Ciudad de Buenos Aires:
apuntes sobre una política de expulsión
y desresponsabilización1
El derecho a la vivienda adecuada es uno de los derechos sociales
cuyo contenido fue ampliado, en 1994, tras la reforma de la Constitución Nacional. Así, además de estar consagrado en el art. 14 bis de la carta magna argentina, y en el artículo 31 de la Constitución de la ciudad, se encuentra reconocido en numerosos instrumentos internacionales que gozan de jerarquía
constitucional en el país.2 En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité
DESC) –órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)– precisó las obligaciones estatales en materia del derecho a la vivienda adecuada3 y señaló, en-
1 Este capítulo fue elaborado por Pilar Arcidiácono y Laura Royo, del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, Gabriela
Kletzel, del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, y por la licenciada
Karina Alejandra Kalpschtrej, cuya investigación, realizada en el marco del
informe “La infantilización del déficit habitacional: una temática invisible”,
elaborado por la Asesoría General Tutelar, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el CELS, ha sido uno de los insumos principales de
este trabajo y está disponible en: <http://www.cels.org.ar>. Asimismo, las
autoras agradecen especialmente la colaboración de Blanca Gómez (CELS) y
de Ana Logiudice (UBA) y los comentarios de Gustavo Gamallo (UBA).
2 Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(art. 5), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 14. g y h), la Convención de los Derechos del
Niño (art. 27.3), la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre (art. XI), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.
26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
3 Véanse a este respecto, Comité DESC, “Observación general 4. El derecho a
una vivienda adecuada”, art. 11 del PIDESC, párr. 1), UN, doc. E/1991/23,
Sexto período de sesiones, 1991, y Comité DESC, “Observación general 7.
Los desalojos forzosos”, art. 11 del PIDESC, párr. 1, Decimosexto período de
sesiones, Ginebra, 28 de abril a 16 de mayo de 1997.
304 derechos humanos en argentina. informe 2009
tre sus elementos constitutivos, seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras, gastos soportables, habitabilidad, y accesibilidad y adecuación cultural.4
Aunque se han dictado diversas normas, tanto de carácter federal como
provincial y municipal, que intentan satisfacer ese derecho, la implementación
de políticas descentralizadas y la fragmentación de responsabilidades en las diversas jurisdicciones implicadas no llegaron a conformar nunca una estrategia
de real envergadura que permitiera obtener resultados acordes con los estándares mencionados.
Tal como se verá a continuación, ese reconocimiento no se ha traducido, en
los hechos, en el diseño, implementación y gestión de políticas públicas que
conduzcan a garantizar su efectivo goce y ejercicio. Este capítulo aborda también otra problemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que,
como una de las contracaras de la crisis de los años 2001-2002, ha sido testigo
del crecimiento del negocio inmobiliario y de la construcción. Este auge incrementó exponencialmente el valor del suelo y de las propiedades inmuebles,
restringiendo aún más el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos. Asimismo, la necesidad de contar con terrenos aptos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas
pertenecientes a los sectores medio-bajo o bajo, lo cual produjo su desplazamiento fuera de la ciudad. A su vez, debido al alza de los precios de los inmuebles, aumentaron considerablemente también el valor de los alquileres y los
requisitos exigidos para calificar como locatario, hecho que excluyó del mercado a los sectores medios y medio-bajos.
Como consecuencia directa de este fenómeno económico, hubo un fuerte
incremento en la cantidad de procesos de desalojo ingresados a la Justicia, sin
que se genere en la agenda estatal un espacio de discusión que tome en consideración la dimensión del problema habitacional. Por su parte, si bien en su
mayoría se trata de procesos impulsados por particulares, también hay una
gran cantidad que han sido promovidos por el propio Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), en tierras e inmuebles que están bajo
su dominio, y por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), respecto de terrenos de propiedad del Estado nacional.
En este trabajo, en primer lugar, trazar un panorama del déficit habitacional, poniendo especial atención en la zona sur de la CABA, en tanto territorio
“privilegiado” de la problemática, y en los grupos poblacionales más afectados
4 Véase a este respecto, Comité DESC, “Observación general 4. El derecho a
una vivienda adecuada”, ob. cit., párr. 1.
2. “Diagnóstico de la situación habitacional urbana”. Finalmente. 305 por este proceso. organismos de control y medios de comunicación. 5 Técnicamente. coordinada y sostenida en el tiempo que responda a estas cuestiones.. existen diferentes definiciones: algunas clasifican las unidades en adecuadas o no deficitarias (en condiciones materiales satisfactorias y que no requieren reparaciones o mejoras) y en deficitarias. Todo esto permitirá evidenciar la ausencia de una política integral.déficit habitacional y desalojos forzosos. reparación y mejora preventiva del parque habitacional disponible para el caso de las viviendas “recuperables”. políticas de mantenimiento. Cada situación. . y se vincula con las condiciones de precariedad constructiva de instalaciones y de hacinamiento que puedan presentar las unidades habitacionales. si se intenta hacer un análisis sociodemográfico de las estrategias informales de hábitat. el déficit habitacional:5 modalidades y territorios “privilegiados” La falta de datos oficiales actualizados respecto de la situación habitacional de la CABA obliga. sean recuperables (aquellas cuyas condiciones son aceptables. se aborda la problemática de los desalojos. para luego realizar un somero repaso de las respuestas que en este sentido ha venido dando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) en materia de política pública habitacional. pero que precisan intervenciones para transformarse en adecuadas) o irrecuperables (las que presentan condiciones que hacen imposible su mejoramiento y deben ser reemplazadas). También se plantean las dimensiones cuantitativas y las modalidades que adquiere este déficit en determinados espacios informales. y políticas de construcción de viviendas adecuadas por parte del Estado para absorber la demanda acumulada de viviendas para el caso de las “irrecuperables”. incluso las no deficitarias. el déficit da cuenta de la brecha entre oferta y demanda de viviendas.. a recolectar información de fuentes diversas tales como los datos oficiales disponibles y los informes provenientes de organizaciones de la sociedad civil. Monitoreo y Evaluación de Programas. Las situaciones deficitarias pueden entonces presentarse tanto por precariedad constructiva y de acceso a servicios como por situación de hacinamiento moderado o crítico y/o por la combinación de ambas situaciones. una de las modalidades más comunes en estos últimos años. demanda políticas diferenciadas por parte del Estado local: legislación protectiva frente a situaciones de vulnerabilidad que coloquen a sus habitantes en crisis habitacional para las viviendas adecuadas. Respecto del tipo de vivienda. realizado por la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la base de datos de la “Encuesta de condiciones de vida 2001” hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)-Sistema de Información.
el Poder Judicial de la CABA y el CELS.gov. casas tomadas y conjuntos urbanos construidos. lo que ascendería en absolutos a 124.7% del total de los habitantes de la CABA. inquilinatos. 8 Geográficamente.7 La empobrecida zona sur8 no solamente concentraba una proporción mayor de menores de 14 años que el total de la ciudad (17. sino que en ellas. Un detalle por espacio aporta datos específicos de la gravedad del déficit en cada una de estas estrategias habitacionales: a) Villas de emergencia: Según la Encuesta Anual de Hogares 2006. la población de las villas representaba el 4. el 2. y considerando sólo los valores referidos a villas de emergencia. informe 2009 Sólo de esta forma es posible configurar una aproximación tentativa a fenómenos que suman. aproximadamente a unas 413. de manera preliminar. el 38. niñas y adolescentes eran pobres. GCABA.5% en total. 2007.6% de los niños. permiten enmarcar la temática específica de las viviendas en la ciudad. Monitoreo y Evaluación (UIMyE).6% de los niños.2% en la Comuna 4 y 24.buenosaires. las Comunas 4 y 8 de la CABA. su ubicación territorial y la afectación de la infancia a partir de estas condiciones son tres ejes que.pdf>.3% de los hogares y el 2. asentamientos precarios o informales. disponible en: <http://estatico.ar/areas/ des_social/evaluacion_programas/informes_condiciones_vida/Diagnostico_de_la_Situacion_Social_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires. se define como un “estado del arte” en base a la información disponible sobre déficit en la CABA. . p.9 La Sindicatura 6 El informe “La infantilización del déficit habitacional: una temática invisible” elaborado por la Asesoría General Tutelar. “Encuesta Anual de Hogares 2006”. pensiones. un 13. es decir. GCABA.937 personas. antes citado. Villa Lugano.ar/ areas/hacienda/sis_estadistico/EAH_Demograficos_06. disponible en: <http://estatico. Ministerio de Desarrollo Social. La condición socioeconómica de las poblaciones. A la luz de estas dificultades en materia estadística. 9 Dirección General de Estadísticas y Censos.buenosaires.3% de los menores de 5 años se encontraban en situación de pobreza. el 14.pdf>. hoteles.057 personas. 12. Último acceso: noviembre de 2008.1% de la población de la ciudad.5% en la 8).gov.2% de las viviendas porteñas.306 derechos humanos en argentina.6 la situación deficitaria de estos espacios alcanzaba. 7 Unidad de Información. La Boca. núcleos habitacionales transitorios (NHT). en 2008. Villa Riachuelo y Villa Soldati. 2008. niñas y adolescentes menores de 18 años y el 9. la falta de interés por parte de las autoridades responsables de contar con datos precisos sobre la situación concreta en la que intentan operar. en 2006. Nueva Pompeya. la zona sur corresponde a los barrios de Barracas. es decir. Parque Patricios. En este sentido. contra el 27. a la invisibilidad derivada de la informalidad. “Diagnóstico de la situación social Ciudad de Buenos Aires”.
el 7%. con el fin de trasladar a una población de 56. hacia el año 1969. seguido por el 35% correspondiente a aquellas que tienen hasta una población de 1. “El IVC [Instituto de Vivienda de la Ciudad] frente a las villas de la Ciudad: poco derecho y mucha discrecionalidad”.5%).6).1). 170. mientras que las zonas norte y este presentan respectivamente. El 51% de agrupa a más de 10.7 años). 2007. Inmuebles Intrusados.7% de la población de la ciudad. 21. jefatura de hogar más joven (entre los 15 y 39 años contra 40 a 59 años) y más jefas de hogar (44. 11 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ y Centro de Derecho a la Vivienda y contra Desalojos (COHRE). siguiendo uno de los primeros proyectos directos de erradicación compulsiva de la población de las villas de emergencia que conocerá la historia local.6.000 personas. la proporción de varones cada 100 mujeres o índice de masculinidad de 91. Informe Especial UPE nº 3. p. el 14% en el oeste.déficit habitacional y desalojos forzosos. comparativamente más joven que el promedio de la ciudad (24.397 personas.10 mientras que un dato proveniente de la sociedad civil señalaba que el fenómeno era numéricamente mayor.000 familias por año a esos espacios. en 2006. Se construyeron dos NHT: el Zavaleta y el Eva Perón.6 miembros contra 2. El Plan de Construcción y Financiamiento de Viviendas diseñó los NHT como “soluciones transitorias” que preveían trasladar a 8. 4.13 tenían en 2007 una población aproximada de 4. 13 Los NHT fueron construidos durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. “Diagnóstico Institucional: Asentamientos Precarios. 307 General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) estimaba para 2007 que en ellas vivía el 5.000 habitantes. presentaba mayor cantidad de niños y niñas menores de 10 años (37. es decir.684 personas: 2. su población era.. Villas. alcanzando a 182. los ingresos per cápita familiares en general eran el 80% inferiores al promedio. Barrios Municipales y Complejos Habitacionales.7% contra 39. p.000. hogares más grandes (4..4 años contra 38.000 familias en un plazo de siete años.12 En términos sociodemográficos. b) Núcleos habitacionales transitorios (NHT): Estos conjuntos habitacionales poco conocidos.7% contra 17. mayor vulnerabilidad educativa en términos del promedio de años de escolaridad (7. conocido también como Avenida del Tra- . el 72% de las villas de emergencia se ubica en la zona sur de la ciudad. ob.815 en Zavaleta y 10 SGCBA.11 En términos de localización. presentan la peculiaridad de haber sido “villas creadas por el Estado”.9 contra 12. NHT. Por su parte.8%). 2007. 12 SGCBA. cit.
la situación habitacional de los NHT puede resumirse en los siguientes términos: deterioros estructurales.17 14 15 16 17 bajo o “Las Tiras”. Las familias que allí vivían están en posesión de las nuevas viviendas. Estos núcleos. menores de 18 años (53% y 51%. la precariedad estructural tanto de las viviendas como de los espacios a cargo de la autoridad habitacional de la CABA. a sus condiciones socioeconómicas. En el NHT Eva Perón. calles y materiales. Último acceso: octubre de 2008. la inseguridad de la tenencia de las viviendas y las restricciones de acceso a servicios básicos. respectivamente) y predominaban los hogares de núcleo completo con un mínimo de cuatro miembros en unidades de 13 m2. 2008.308 derechos humanos en argentina. Los últimos datos desagregados consistentes de los que se dispone son los correspondientes al censo del año 2001. estructuralmente pequeñas (13 m2) y absolutamente uniformes en sus fachadas. Véase SGCBA. El 19.14 Se trata de viviendas unifamiliares. disponible en: <http://www.org/ scompartidos/villa15ciudadoculta/villa15.ar/ institucional/pdf/informezavaleta.defensoria. Íd.. Cuatro décadas de desamparo”.org. en 2001. El 4% desemboca en . 2008. de una sola planta.madres.16 y dicha situación se agrava durante las lluvias. ven sumada. El 13. Véase DPCBA. Tal como lo indican diversos estudios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Sindicatura de la Ciudad. ob. normalmente incorporados en los estudios bajo la categoría “villas”. la Fundación Madres de Plaza de Mayo se encuentra desarrollando obras en el marco del proyecto Sueños Compartidos. Véase Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (DPCBA). “El Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta.8% no tiene agua por cañería dentro de la vivienda y el 12% no obtiene agua a través de la red pública. “Nota nº 23”. El censo de 2001 también muestra que dos tercios de la población económicamente activa allí residente no tenía trabajo. grietas en paredes y pisos.869 en Avenida del Trabajo. está colapsado. ob.8% no tiene desembocadura en la red pública. el sistema sanitario cloacal y pluvial. proporciones. que hacen que haya riesgo de derrumbes.pdf>.html>. La situación de pobreza afectaba al 50% de la población en Zavaleta y al 36% en Avenida del Trabajo. que indican condiciones depreciadas que es probable que hayan empeorado de manera significativa. cuya página web señala que la primera semana de junio de 2008 comenzó la demolición de las casas de un sector del NHT. que consiste en conexiones a cielo abierto que vierten aguas servidas en las calles.15 Más de la mitad de sus habitantes eran. filtraciones. cit. Véase <http://www. cit. informe 2009 1.
18 Los asentamientos informales están más dispersos en la trama urbana que los restantes. 18 Íd. c) Asentamientos precarios o informales: Se encuentran entre los espacios más precarios del conjunto de los hábitats informales.. son también los menos conocidos en términos sociodemográficos. hoteles. de modo que la situación de calle fue resuelta paulatinamente con la incorporación de estos grupos a distintos submercados y espacios intersticiales del tejido urbano. es decir.déficit habitacional y desalojos forzosos. el 0.4% de la población total de la ciudad. lo que explica que se ubiquen en zonas cercanas al ferrocarril. Sus habitantes. están en situación de indigencia y su principal actividad laboral es la recuperación de residuos sólidos urbanos. Estos asentamientos. como estrategia política del GCABA.55% desemboca sólo en pozo ciego. d) Inquilinatos. según este último informe. El 1. en lugar de elaborar soluciones habitacionales directamente orientadas a ellos se les resta visibilidad. pensiones y casas tomadas: Aunque presentan una realidad heterogénea. a los que explícitamente. Los años posteriores a la crisis se caracterizaron por el aumento significativo de la ocupación de inmuebles y terrenos vacíos y por la producción de asentamientos informales en situaciones no aptas para proveer un hábitat mínimo y digno.102 personas. han sido agrupados de esta forma por el relevamiento estadístico anual del GCABA. El 45% de estos asentamientos se encuentra a la vera del trazado del ferrocarril y en el 27% viven más de 100 personas. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad relevó 24 asentamientos en 2006. tal como lo señalan diversas intervenciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.. Estas cámara séptica y pozo ciego. Los valores corresponden al NHT Avenida del Trabajo.19 Su precariedad los convierte en espacios distintivos de la emergencia habitacional y sanitaria. a 12. . en general. La crisis de 2001 expulsó a gran cantidad de familias de sus viviendas. Esta modalidad habitacional afecta. 309 carencia de gas natural y precariedad de las instalaciones eléctricas. y en 2007 la Sindicatura de la ciudad informó la existencia de 62. 19 Íd.
01”. hoteles. 60-61.agcba. 20 Victoria Mazzeo. e) Conjuntos urbanos construidos: Estos espacios. “Hábitat y población: el caso de la población que vive en inquilinatos. disponible en: <http://www. 21 Más conocidos como “conventillos”. 2008.pdf>.pdf>. ponencia presentada en el “XIII Encuentro Red ULACAV”.7% de los casos deficiencias estructurales con riesgo potencial de colapso. pensados como solución definitiva para la demanda habitacional de la clase media y de sectores de menores recursos de la ciudad.9% de la población de la CABA. p.310 derechos humanos en argentina. Dirección General de Estadísticas y Censos.23 Sin ser urbanizaciones de larga data. Revista Población. “La calidad de la vivienda social: docencia. . María Lago y Luis Wainer.invi. la misma proporción se encontraba infestada de cucarachas y roedores y el 77.3% recibió la calificación “calidad integral de vivienda deficitaria”. 10 al 13 de octubre de 2007. 34. 2. se convirtieron luego en un problema que no parece tener a la vista una solución integral. pues mostraban en el 63. p. 23 Renée Dunowicz y Rodolfo Hasse.20 Las condiciones habitacionales de este espacio pueden resumirse en la caracterización que de los inquilinatos21 realizó la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA):22 el 93. año 5. disponible en: <http://www. el 81. Política habitacional para sectores de bajos recursos. Sus rasgos característicos combinan una marcada intencionalidad arquitectónica formal con niveles insuficientes de integración urbana y accesibilidad.86% carecía de matafuegos y/o instalaciones contra incendio. filtraciones y humedad que generaban condiciones de insalubridad. investigación y transferencia”. el 86.8% presentaba precariedad manifiesta de las instalaciones eléctricas y de gas. aproximadamente 178.%20Dunowicz. “Informe Final de Auditoría.ar/docs/Info-654. informe 2009 diferentes estrategias habitacionales eran utilizadas en 2006 por el 5. pp.05. son propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). organizado por el INVI Universidad de Chile. su población reside en 31 unidades que. pensiones y casas tomadas de la Ciudad de Buenos Aires”.cl/derechociudad/ponencias/ULACAV/Panel%201 /3.3% tenía desagües cloacales desbordados.%20Hasse.520 habitantes. nº 7.gov. Santiago de Chile. 22 AGCBA. En términos de seguridad.uchile. Proyecto especial 8. GCABA. bajo el programa Rehabilitación del Hábitat del barrio de La Boca. en la actualidad se encuentran contemplados en el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Conjuntos y Barrios Construidos por la ex Comisión Municipal de la Vivienda. 2006b.
a la que se enfrenta la población del complejo Illia. ..ar/ institucional/resoluciones/r2520-07. En los cuatro barrios declarados oficialmente en emergencia viven alrededor de 28. filtraciones y humedad.pdf>. pérdidas de gas. pero se sabe que la mayor parte de su población se encuentra en zona de vulnerabilidad social.ar/institucional/pdf/info2006. disponible en: <http://www.defensoria. no se dispone de información sociodemográfica desagregada para estos conjuntos. cit. disponible en: <http://www. que resultan críticas en complejos conformados por diez o más pisos. que fue declarado en emergencia a los cinco años de su inauguración.885 personas. 19.574 habitantes. A estas condiciones hay que añadir tanto los problemas de regularización dominial y financiera. un material químico altamente cancerígeno. falta de presión en el agua. Programa de Mantenimiento Habitacional de la FADU. “Informe Anual 2006”.037 m2 de superficie construida.314 unidades funcionales y 94.27 los vicios constructivos de origen en el barrio Irala28 y las condiciones de precariedad y emergencia sanitaria del barrio Ramón Carrillo. Las problemáticas que enfrentan pueden dividirse en problemas edilicios26 por falta de mantenimiento.10 de la AGCBA. Véase al respecto el Proyecto 1. abril de 2002.agcba. 93. Luis Piedrabuena (Ley 2737/08. 1. Illía (Ley 625/01) y Ramón Carrillo (Ley 1333/04). que deroga la 1686/05). Otras aristas de la situación de estos complejos es la exposición al asbesto. 25 Estos barrios son: los complejos Soldati (Ley 623/01). sistemas de instalaciones sanitarias. Proyecto 1.1% de los de la CABA.pdf>. Esta realidad está constituida por 18 barrios. Diseño y Urbanismo (FADU)-CMV-Soldati. roturas de caños pluviales verticales. 311 dependiente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).04. ob.gov.doc>. de gas y eléctricas deficitarias y deterioradas por obstrucciones en desagües debido a fallas en la ejecución de cañerías. fisuras estructurales.137.25 En general. Resolución 2520/07.déficit habitacional y desalojos forzosos.org. disponible en: <http://www.10”.ar/docs/ Info-584. Comisión Municipal de la Vivienda.04. 2005a. 28 DPCBA. “Informe Final de Auditoría. 27 DPCBA. uno de los últimos en construirse.. 2005a. Estudio actual de los edificios y de los Nudos”. corrosión de carpinterías y elementos metálicos.24 el 3. 26 Facultad de Arquitectura. Universidad de Buenos Aires. p. “Informe Final. como los específicamente 24 AGCBA.org.defensoria. falta de mantenimiento de los ascensores y salidas de servicio.
“Informe Final de Auditoría. vol. pobreza. Respecto del primer tema. . Programa de Mantenimiento Habitacional de la FADU. ob. zona hace tiempo abandonada en términos de infraestructura. 31 Renée Dunowicz y Rodolfo Hasse. 2006b.06. con gestiones poco ágiles por parte del IVC en términos de recuperación de fondos y demoras administrativas excesivas en todos los niveles. informe 2009 vinculados con los consorcios. como la falta de plan de subdivisión de complejos30 y de planos para subdivisión de propiedad horizontal. Santiago de Chile. nº 54.gov. y las construcciones que infringen el Código de Planeamiento Urbano.23”. disponible en: <http://www.29 Este panorama se vincula de manera directa con distintas dificultades técnicas para realizar las regularizaciones. 2008. Los planes de regularización financiera presentan el mismo grado de complejidad y dilación que los dominiales. Elaboración de propuestas técnicas para su rehabilitación”. indigencia. 32 Para un análisis más detallado de la problemática de la estructura de los consorcios puede consultarse. 85-103. Universidad de Buenos Aires. “Conjunto Urbano Soldati. agosto de 2005.pdf>. Gestión del Instituto de Vivienda de la Ciudad 2006. según la Auditoria de la Ciudad. una situación generalizada en todos los sectores socioeconómicos y en toda la ciudad. 29 AGCBA. que han pasado por procesos de renovación urbana.agcba. Universidad de Chile. el nivel de inseguridad jurídica con el que conviven los habitantes de los complejos es muy alto. FADU.32 En síntesis. salvo en ciertos “islotes”. Proyecto 1. infancia y condiciones depreciadas del hábitat se concentran en el sur de la ciudad. Revista INVI. “Informe Anual 2005”. pp. 30 En el Barrio Ramón Carrillo se requiere la modificación del plano de mensura original para dar curso al saneamiento dominial por parte de la Escribanía General de la Ciudad. y DPCBA. La morosidad en las expensas. Véase AGBA. se agrava en estos barrios porque sus habitantes no pueden conseguir que la recaudación sea adecuada a los problemas edilicios y de mantenimiento existentes31 y da cuenta de la falta de una política que atienda de manera integral la situación socioeconómica de las familias adjudicadas y las necesidades propias de conjuntos habitacionales de gran escala. equipamiento y acceso a servicios. a costa del desplazamiento forzoso de los grupos más vulnerables. 2001. entre otros. “Diseño y gestión de la vivienda social”.312 derechos humanos en argentina.ar/ docs/Info1%2006%2023%20%20Info%20Final%20aprob%20%20CA%20% 2012-3-08. 25. cit. 20. p.
y de mayor presupuesto. asociaciones civiles y mutuales– que lleven adelante proyectos de vivienda destinados a los sectores de menores recursos. reunidos en modalidades de organización social sin fines de lucro. en agosto de 2000 se creó una sociedad estatal denominada Corporación Buenos Aires Sur para desarrollar actividades de carácter industrial. comercial y explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano. 33 Ex Programa de Autogestión para la Vivienda. Entre los que conforman la oferta actual y están destinados a sectores vulnerables se encuentran principalmente los dispuestos por la Ley 341/00 y su modificatoria –Ley 964/03–.34 recientemente transferido a la Corporación del Sur. Las viviendas son construidas por empresas elegidas por licitación pública.. es el Programa de Vivienda en Villas. .800. que incluye tareas de mantenimiento estructural y de servicios para estos complejos. Con una dinámica asociativa se encuentra también el Programa de Vivienda Colectiva con Ahorro Previo.35 Sólo atiende los tejidos urbanos formalmente reconocidos como villas. como se ha visto anteriormente. y excluyen los asentamientos informales que.. constituyen uno de los problemas más acuciantes debido a su invisibilidad para el Estado local. mediante el cual los hogares con ingresos mensuales de entre $800 y $1. tanto en lo que concierne a su modalidad individual como colectiva. se encuentra el Programa de Rehabilitación y Puesta en Valor de Conjuntos Urbanos. 34 Ex Programa de Radicación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios. Otro de los proyectos de la Ley 341 es el Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popular.déficit habitacional y desalojos forzosos. Este marco normativo contempla el otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas únicas y permanentes destinados a familias de bajos recursos. pocas políticas: la respuesta estatal frente al déficit habitacional ¿Cuál ha sido en los últimos años la respuesta de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la CABA Hay un conjunto de medidas formado por programas transitorios y definitivos cuya incidencia es diversa. acceden a créditos otorgados por el IVC con cobertura de hasta el 95% de la propiedad por un plazo máximo de treinta y cinco años.33 que consiste en el acompañamiento a las organizaciones sociales con personería jurídica –constituidas en cooperativas. Entre los múltiples programas que abordan en forma específica problemáticas habitacionales. 35 Mediante la Ley 470. 313 3. El más significativo. con una tasa de interés de entre el 1 y el 4% anual y con cuotas que no pueden ser superiores al 30% del ingreso familiar. económico y urbano integral de la zona y de compensar las desigualdades dentro del territorio de la ciudad. mucha política.
recientemente se creó el Plan Piloto de Capacitación en Construcción de Viviendas. Se trata de un punto que merece especial atención tanto por sus potencialidades como por los riesgos y desafíos que implica transferir responsabilidades y recursos a la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas.36 El monto total del subsidio 36 Con el dictado del Decreto nº 895/02. con el objetivo de realizar acciones tendientes a la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables que residen en núcleos en condiciones habitacionales y sanitarias críticas. y aumentó el monto hasta un máximo de $2. Estas intervenciones intentan diversificar los “proyectos constructivos” generando procesos de inclusión social más allá de la entrega de una vivienda. a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. por medio del cual las partes se comprometían a establecer vínculos de cooperación mutua. cuya pretensión es abordar el déficit habitacional en el marco de la emergencia. el GCABA cambió su política de solución habitacional temporaria y dejó de brindar alojamiento por quince días en hoteles a las personas en situación de calle. Dicho decreto implementó una nueva modalidad de subsidio habitacional a las familias.800 por familia a entregarse en un máximo de seis cuotas mensuales. fue derogado por el Decreto nº 690/06. que amplió la cobertura del subsidio otorgado. Posteriormente. Luego. de modo tal que alcanzase también a las personas solas. destinado a cubrir gastos de alojamiento. Se trata de un programa de transferencia monetaria. acordaron la puesta en marcha del actual plan. informe 2009 Como una modalidad de intervención diferencial.800 en los casos particulares que considere que ameritan esa extensión. transferencia que no debe derivar en ningún caso en la “desresponsabilización” por parte del Estado en lo que respecta a la garantía y la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada. se destaca el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle. En este escenario.700 pagaderos en seis cuotas mensuales y consecutivas. Este programa tiene como antecedente el convenio marco suscripto entre el GCABA y la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el mes de marzo de 2006. En este sentido. cabe destacar el protagonismo creciente de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de políticas habitacionales. Con posterioridad. Con respecto a los programas transitorios. consistente en la entrega por única vez de un monto ordinario de hasta $1.314 derechos humanos en argentina. es fundamental que estos procesos se generen en un marco de transparencia y con criterios de asignación claros que velen por dicho objetivo. El decreto previó la posibilidad de que la autoridad de aplicación otorgue una suma adicional de $1. en función de la persistencia de la situación que en su momento motivó el otorgamiento del beneficio. . dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA. que consiste en la creación de viviendas sociales para la población residente en la Villa 15 conocida como “Ciudad Oculta”.
la eliminación de uno de los objetivos originales del plan. niñas y adolescentes al sistema educativo. Tal y como señala la Resolución 1510/01 de la Defensoría del Pueblo. una forma de intervención anterior al subsidio. art.. Por otro lado. adultos mayores de 65 años y personas con necesidades especiales que integren el hogar. 113. mediante el Decreto nº 960/08 sus destinatarios eran familias o personas en situación de calle residentes en la ciudad por el término de un año y con ingresos menores a la línea de indigencia. 315 asciende en la actualidad a $4. . entre otras cuestiones.200. como la actualización de los montos de los subsidios. CCABA sobre art.800. algunos de ellos necesarios. como la entrega de subsidios a quienes de manera “inminente” pueden sufrir desalojos. A esto se suma la ausencia de medidas para evitar que las personas lleguen a estar en situación de calle. Por ejemplo. 3. Estas reformas implican también restricciones en el alcance y nivel de protección del acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables pues violan el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. que se desarrolló en el ámbito local para enfrentar la emergencia habitacional. fue el Programa de Alojamiento en Hoteles. 5 y del Decreto nº 960/08 presentada por la Asesoría General Tutelar. hasta las modificaciones introducidas en el año 2008. que se entrega hasta en seis cuotas mensuales de $700 y puede ser ampliado en una suma adicional de $2. conforme se destacará. La percepción del subsidio se encuentra condicionada a la realización de controles periódicos de la salud de los niños y niñas.37 Por otra parte. que era orientar a los beneficiarios para encontrar soluciones definitivas al problema de la emergencia habitacional. garantizado en la Constitución de la Nación. los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CCABA). pero otros que implicaron retrocesos aún mayores en la política pública habitacional. la modificación de los requisitos para acceder al subsidio y su consecuente reducción del número de destinatarios y la introducción de normas que permiten la absoluta discrecionalidad de la administración para decidir la caducidad del beneficio. 4.déficit habitacional y desalojos forzosos. las modalidades del programa volvieron a modificarse tras el dictado del Decreto nº 960/08. 37 Véase Acción Declarativa de Inconstitucionalidad conf. que se convirtió en práctica generalizada –no sin numerosas falencias– a partir de la aprobación del Decreto nº 607/97.. los ingresos y la situación ocupacional de los miembros del hogar. y de la concurrencia de los niños. El monto se determina en función de la composición familiar. La sanción de ese decreto supuso diversos cambios. 2. el programa alojaba a personas en hoteles sin habilitación. 1. mujeres embarazadas.
cena. además del mal servicio prestado y de la falta de controles al respecto. Se trata de acciones caracterizadas por la falta de coordinación intraestatal e interjurisdiccional.316 derechos humanos en argentina. no se han modificado a pesar del agravamiento de la cuestión.000 familias a 371–.cels. llamativamente. 39 SGCBA. 14 CCABA”. informe 2009 con condiciones de funcionamiento deficitarias y apartadas de lo estipulado por la normativa vigente. En el mismo sentido se expresa un informe elaborado previamente por la Auditoría General de la Ciudad que ha constatado diversos casos de exceso de la capacidad habitacional. según el informe elaborado por la Sindicatura de la Ciudad39 la población alojada en hoteles a partir de la implementación de dicho programa se redujo considerablemente –de 2. no exige que concurran diariamente.38 Si bien en la actualidad. disponible en: <http://www. . cit.548 y sus acumulados. se pasa de la absoluta omisión y falta de visibilización de algunas problemáticas –como el caso de los asentamientos informales– a las múltiples intervenciones. A esto hay que agregar las falencias propias del diseño. lo que puede observarse tanto en la frecuente subejecución presupuestaria como en la escasa asignación de fondos públicos para sostener las intervenciones declamadas. Para las personas en situación de calle existen también el Programa Hogares de Tránsito y el Programa de Paradores Nocturnos. 1. desayuno y ducha en hogares dependientes del GCABA y hogares comunitarios. se puede afirmar que la respuesta estatal se caracteriza por la falta de un abordaje integral de la problemática y la persistencia de formas parciales de intervención que han sido una constante y que. en la utilización parcial de la capacidad instalada. ob.ar>. mientras que el Parador de Mujeres Azucena Villaflor brinda servicios a mujeres. debido al deficiente pésimo estado edilicio de los hogares gubernamentales lo que redunda.org. y el segundo ofrece alojamiento nocturno a hombres y mujeres por separado40 y. Beatriz c/ GCABA s/ amparo art. además. Esto se ve agravado por la falta de voluntad política para desarrollar una solución integral. 40 Los paradores nocturnos Bepo Ghezzi y Retiro están destinados a hombres. es necesario señalar que la situación habitacional de quienes continúan residiendo en los hoteles sigue siendo crítica. a diferencia de los hogares. De este modo. con respuestas episódicas “por programas” que resultan lentas y engorrosas desde el punto de vista administrativo. A modo de conclusión. Ambos han recibido fuertes críticas entre otras cosas. El primero brinda alojamiento nocturno. implementación y control de 38 Sobre la problemática de los hoteles véase el amicus curiae presentado por el CELS y la DPCBA en la causa “Ramallo. fragmentadas y desarticuladas. Expte.
Según datos proporcionados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Finalmente. todas las medidas judiciales están dirigidas. Demián Zayat. no sólo la falta de información. Gabriela Kletzel. alumnas del curso 2008 de la Comisión de Práctica Profesional UBA-CELS. En general. éstos se abstienen de intervenir. donde se presentó un estudio de numerosos expedientes de desalojo en trámite ante juzgados civiles de la Capital Federal. información disponible al 7 de noviembre de 2008.42 A su vez.1. Paula Litvachky.. la falta de tierras. entre 2006 y 2008 se iniciaron 12. en algunos casos. los jueces intervinientes no repararon en ningún momento en que estaban poniendo en juego derechos sociales de las personas que iban a ser desalojadas. casi con exclusividad. y tampoco se desarrollaron opciones de política pública que implicaran un abordaje centrado en los aspectos estructurales que lo generan. Tampoco se insta a que intervengan defensores oficiales ni defensores de menores y. En esos desalojos. vale recordar aquí los resultados del relevamiento realizado por el CELS en ocasión de la elaboración de su Informe de 2008. “El acceso a la justicia y el papel de la Defensa Pública en la promoción de derechos sociales. Una mirada sobre el derecho a la vivienda . cuadro de situación En los últimos años.661 expedientes de este tipo. Anabella Museri. un factor que ha contribuido al incremento del déficit habitacional que atraviesa la CABA es el aumento de los desalojos forzosos. no se han creado instrumentos “originales” ni acordes a la dimensión cuantitativa y cualitativa de la problemática.. En términos de políticas públicas. de regulación del rol del mercado y de acceso a créditos para la vivienda. 4. esto es. 42 Véase “Respuesta de la Oficina de Estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil al pedido de Informes efectuado por el CELS del 27 de octubre de 2008”. Pilar Arcidiácono y Laura Royo. entre otros. sino también la ausencia de reglamentaciones que brinden un marco de transparencia y participación a los propios habitantes en el proceso de definición de las soluciones en temas de vivienda. producida y disponible. de Daniela Barmak. Victoria Santos y Julieta Waisgold. en la elaboración de este apartado.déficit habitacional y desalojos forzosos. a facilitar el desalojo efectivo de los ocupantes y no a buscar respuestas –ni duraderas ni transitorias– a los problemas habitacionales de los desalojados. ni en que carecían de alternativas habitacionales. Véase Diego Morales. 317 cada una de las respuestas existentes. se 41 Las autoras agradecen la participación. En este punto. y en un contexto de radicalización del déficit habitacional. constituyen las grandes asignaturas pendientes en este campo. desalojos forzosos en la ciudad: profundización de la crisis habitacional41 4. Sabrina Giannotti.
38). Derechos humanos en Argentina. conforme Ley nacional 26357 y Ley de la CABA 2257. Cabe aclarar que.318 derechos humanos en argentina. Buenos Aires. Íd.44 Así. la del Estado y la de la necesidad. 43 44 45 46 47 en la Ciudad de Buenos Aires”. por el que se dispone que los delitos de usurpación cometidos en el territorio de la ciudad a partir del 9 de junio de 2008 sean investigados por el Ministerio Público Fiscal de la CABA y juzgados por sus jueces competentes. faculta al supuesto damnificado por el delito de usurpación (art. El juez puede disponerlo provisoriamente. incorporado en octubre de 2000. Informe 2008. en su interacción. con sólo considerarlo necesario. son productos resultantes de procesos que implican la toma de decisiones y no decisiones –acciones por omisión– de diversos actores sociales que. la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ha informado el inicio de 1. la Cámara informó que: “el programa informático no contempla la posibilidad de búsqueda que permita establecer los diversos actos procesales producidos en cada una de las causas”. información disponible desde el 1º de enero de 2006 al 24 de octubre de 2008. cuyas relaciones. 1991. 238 bis del Código Procesal Penal de la Nación.362 de estas causas en aquel período. con excepción de los casos de competencia federal. en CELS. Las ciudades. El art. dicho proceso debe analizarse como resultado de la combinación y potenciación de. CEDES-Humanitas. en cualquier estado del proceso –y aun sin el dictado del auto de procesamiento– el inmediato reintegro de la tenencia del inmueble. Las causas que se hallaren pendientes de resolución en los juzgados nacionales serán terminadas ante los mismos órganos nacionales. definen un patrón de ocupación y asignación del espacio. si el derecho invocado es verosímil. 181 del Código Penal) a solicitar al juez. se aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la CABA. tres lógicas: la del mercado. al menos. en ese pedido. Siguiendo entonces esta definición.46 Detrás del aumento de los desalojos pueden observarse tendencias que permiten hablar de una auténtica “lógica de expulsión” de los sectores más vulnerables de la CABA.45 al tiempo que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal registra 248 expedientes en esos años. 343 y ss. Es importante hacer notar que el CELS requirió. entendidas . según Oscar Ozslak (Merecer la ciudad. Si se entiende que la construcción de ciudad47 es un proceso social. y fijando caución. informe 2009 observa la proliferación de causas penales por el delito de usurpación. Los pobres y el derecho al espacio urbano. que se indicara el número de causas en las que se había solicitado la restitución anticipada del inmueble. Véase “Respuesta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal al pedido de Informes efectuado por el CELS del 27 de octubre de 2008”.43 en las cuales suele requerirse el desalojo del inmueble. p. Al respecto. la producción de la ciudad es el resultado de un entramado interdependiente de los sujetos. pp.
el legislador Facundo Di Filippo. 319 Después. Véase el Informe del Área de Derechos Sociales – Vivienda de la DPCBA. septiembre de 2007. por iniciativa del presidente de la Comisión de Vivienda. que hasta la fecha de promulgada aquella norma se encontraran ocupados por grupos familiares en situación de pobreza crítica. Similares argumentos fueron utilizados para fundamentar el veto del 2009. sino también. Por medio del Decreto nº 1611/04. con la reforma se agregó un artículo por el que se obliga al Poder Ejecutivo local a presentar un plan progresivo que coordine las acciones destinadas a resolver las situaciones de emergencia habitacional. “Los desalojos y la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires”. vigente desde 2004. tensas y/o conflictivas –de manera manifiesta o latente–. Ley 1408. numerosas organizaciones de la sociedad civil han enviado una carta al Poder Ejecutivo de la CABA para solicitar que se abstenga de vetar el proyecto de Ley nº 2973/08. expresan los recursos.49 y estableció la suspensión de los desalojos de todos aquellos inmuebles pertenecientes al GCABA. permiten entender el suelo como un espacio social y de fuerzas. Los procesos judiciales que desembocan en el desalojo de muchas familias en la ciudad tienen como impulsores no sólo a agentes inmobiliarios y a propietarios privados. que..48 En diciembre de 2008. el Poder Ejecutivo vetó las disposiciones que definían cuáles eran los grupos familiares y/o personas afectadas por la emergencia habitacional y establecía la suspensión de los desalojos de todos aquellos inmuebles pertenecientes al GCABA.50 A su vez. “se encuentren ocupados por grupos familiares en situación de pobreza crítica”. recientemente aprobada. desde principios de 2000. intereses y concepciones de diversos grupos sociales. como se verá en el siguiente apartado. modificatoria de la Ley nº 1408. la Legislatura de la CABA modificó la Ley de Emergencia Habitacional de la ciudad. que fue prorrogada por tres años en virtud de la sanción de la Ley 2472 del 27 de noviembre de 2007. Dicho veto dejó trunca la mencionada ley.. a su vez. Su vigencia ha sido problemática desde el momento mismo de su sanción.déficit habitacional y desalojos forzosos. el mercado inmobiliario se convirtió en un espacio de inversión de capitales que generó un boom inmobiliario de cariz especulativo y de alto impacto en el déficit habitacional a raíz de la presión para que se vendieran los terrenos disponibles y aumento significativo de sus precios de mercado. a quienes se les presenta una gran oportunidad económica. utilizados en forma manifiesta como vivienda que. . posiciones. al GCABA y.51 48 49 50 51 como equilibradas. utilizados con uso manifiesto de vivienda. Cabe destacar que. hasta la fecha de promulgación de la norma. a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). al Estado Nacional.
4. el 9 de enero de 2009.53 De acuerdo con los datos oficiales. pensiones y hoteles y. los desalojos suelen tener. de las cuales. el desarraigo y un empeoramiento y encarecimiento generalizado de las condiciones de vida. tales como el derecho a la vida. a los inmuebles o terrenos vacantes ocupados.Desalojos Masivos al pedido de informes efectuado por el CELS del 27 de octubre de 2008”. y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios”. En el año 2006. la deserción o atraso escolar de los niños.320 derechos humanos en argentina. 7.54 Por su parte.55 Por eso. cit. “Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible”. además de infringir claramente su derecho a la vivienda adecuada. y la expulsión de esta última. Dirección General de Atención Inmediata. la práctica de estos desalojos. a los inquilinatos. al elegir la vía de los desalojos forzosos como única respuesta. es necesaria una activa y coordinada actuación de los tres 52 Véase a este respecto. al mismo tiempo que. agrava la crisis habitacional. que el programa estima que deberá atender en su totalidad. La reforma legislativa hubiese sido especialmente relevante pues. entre los afectados por la proliferación de desalojos en la ciudad.800 familias. entre otros efectos ulteriores. “Observación general 7”. cit. ob. entre enero y noviembre de 2008 se han producido 350 desalojos en la ciudad que afectaron a 2.146 subsidios y en el año 2007. el derecho a la seguridad personal. información disponible al 7 de noviembre de 2008. había otorgado 4.787. informe 2009 Sin embargo. 53 Durante el 2008. 54 Íd. a la situación de calle. la descomposición del grupo familiar. a fin de evitar este tipo de desalojos o bien buscar soluciones frente al desahucio.240 debieron ser atendidas por el programa. por otra. este programa otorgó 3. párr. 55 Comité DESC. “también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos. Véase “Respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. 2. desde noviembre hasta fin de año. Esta medida demuestra que el GCABA sigue sin proponer soluciones estructurales.445 nuevos subsidios. Programa de Atención a Familias en Situación de calle. . Por esta razón.52 El Programa de Atención Inmediata para Familias en Situación de Calle ha informado que. Los desalojos afectan hoy a dos modalidades habitacionales: por una parte. en el caso de familias de escasos recursos. la familia y el hogar. se producirán 60 desalojos más en los que estarán afectadas 480 familias. figuran numerosas familias en situación de vulnerabilidad que no cuentan con herramientas que les permitan alcanzar por sí solas una solución definitiva para esta circunstancia. el Poder Ejecutivo de la CABA vetó el proyecto de ley mediante el Decreto 09/09. el derecho a la no injerencia en la vida privada. 28 de noviembre. ob. y el desahucio en la primera suele conducir a la segunda. Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Socio Comunitario.
4.56 A pesar de las obligaciones que pesan sobre el Estado argentino. el Comité DESC ha sido enfático al destacar que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. para que se proporcione otra vivienda. En los últimos años. de hecho y de derecho. 58 La Argentina depositó el instrumento de ratificación de este tratado el 8 de agosto de 1986.. la proliferación de desalojos demuestra no sólo la falta de políticas activas vinculadas a soluciones definitivas. 321 Poderes del Estado. art. se convierte en promotor de desalojos forzosos.. inciso 22.57 Mientras que entre las funciones del Estado se encuentra la regulación de las relaciones entre los diversos grupos sociales y el mercado. el garante infractor: el rol del onabe en los desalojos forzosos de la caba La grave crisis habitacional descripta en los apartados anteriores se torna aún más preocupante cuando el Estado. De acuerdo con el Comité DESC. 57 Véase Acción Declarativa de Inconstitucionalidad conf. En este punto.. el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias. De esta manera. sino también la ausencia de una política de regulación de los comportamientos de los actores del mercado respecto del uso del suelo y los consiguientes procesos de valorización urbana. en la mayor medida que permitan sus recursos. y del Decreto 960/08 presentada por la Asesoría General Tutelar. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos. 1 a 5. a veces sufren reducciones y achicamientos. de su cobertura. según proceda”. . los compromisos asumidos al suscribir el PIDESC58 determinan que el Estado. reasentamiento o acceso a tierras productivas. 16.déficit habitacional y desalojos forzosos. que es quien debe asegurar el derecho a la vivienda adecuada. 113 Constitución CABA sobre arts. se evidencia una dinámica que promueve un acceso a la ciudad sólo para algunos sectores. un actor relevante en las acciones de desalojo de familias vulnerables en la CABA ha sido el del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE). por el contrario. párr. los programas destinados a resolver la situación que atraviesan las familias a partir de un desalojo no cuentan con las ampliaciones presupuestarias que requiere el agravamiento del problema. Luego. con la Reforma Constitucional de 1994 se le otorgó jerarquía constitucional conforme el art.2. además de desarrollar acciones tendien- 56 Ibíd. 75. como correlato del proceso de expulsión sistemática de los grupos más vulnerables a través de mecanismos del mercado combinados con la omisión estatal.
26 de noviembre de 2008.60 sin reparar en que. ob. información disponible al 30 de octubre de 2008. informe 2009 tes a la promoción del derecho a la vivienda adecuada. 9. cit. a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la CABA”.572”. a julio de 2007. mantenimiento y administración de los inmuebles de propiedad del Estado nacional que le competen al ONABE. Esto pudo darse. Por otro lado. Véase al respecto. “NOTA ONABE AAIC – AO – AME nº 281. Comité DESC. director ejecutivo del ONABE a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”.59 Sin embargo. en relación con los procesos de desalojo impulsados por el ONABE. tanto en sede civil como penal. el ONABE había iniciado un total de 55 procesos de desalojo de inmuebles ubicados en esa ciudad. entre otras razones. A su vez. desde 2006 en adelante el ONABE ha intervenido como denunciante en 84 causas por el delito de usurpación. donde se mencionan 43 expedientes de desalojo. párr. 60 De acuerdo con una nota remitida por el ONABE a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la CABA. Este modo de proceder ha sido reconocido por el propio Director Ejecutivo de la entidad en una respuesta a un pedido de informes realizado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante hacer notar que el comité ha destacado en este punto que “la obligación del Estado de garantizar el respeto de ese derecho no está condicionada por consideraciones relativas a los recursos de que disponga”. en muchos de estos casos. en noviembre de 2008. según los registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.. sino de enfatizar que el desarrollo de esas tareas debe tener 59 Véase a este respecto.61 No se trata aquí de negar las funciones de resguardo. el ONABE remitió un listado de causas de desalojo iniciadas en la ciudad por el organismo a partir del 1º de enero de 2006. debe abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos. “Observación general 7”. 8 de agosto de 2007. ob. 61 “Nota enviada por Fernando Miguel Suárez. Allí. en respuesta a un pedido de informes del CELS. Véase “Respuesta de la Oficina de Estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal al pedido de informes efectuado por el CELS el 27 de octubre de 2008”. el propio ONABE informó que en los últimos años ha iniciado numerosos procesos de desalojo. cit. director ejecutivo del ONABE. . Véase a este respecto. el funcionario manifestó: “no se encuentra entre las misiones y funciones del organismo la ejecución de relevamientos de habitantes de inmuebles sino la mera constatación de la ocupación y si los mismos tienen título legítimo para ocuparlos”.322 derechos humanos en argentina. porque el ONABE impulsó los desalojos sin informarse acerca de la situación socioeconómica de las personas que ocupan los inmuebles ni de los motivos de la toma. aquellos que se encuentran ocupando los terrenos fiscales son grupos de familias vulnerables que no cuentan con alternativas habitacionales a su disposición. “Nota enviada por Fernando Miguel Suárez.
no puede ser convalidado por las autoridades que. tienen la obligación de enmarcar su accionar dentro de la legalidad y priorizando la atención de la problemática de los ciudadanos que se conducen también en ese marco jurídico. en Lugano. el Centro de Derecho a la Vivienda y contra Desalojos (COHRE. con motivo del desalojo de un asentamiento informal de más de 80 familias en un tramo de la Villa 15. en respuesta a una nota enviada por el CELS.déficit habitacional y desalojos forzosos. la decisión del ONABE de recurrir a la justicia penal en estos casos surge con claridad de la promoción de una sanción a un fiscal que resolvió no instar la persecución penal contra las familias que habían tomado un predio del ONABE. no puede dejar de mencionarse que el rol de querellante que asume el ONABE en este tipo de causas duplica la representación estatal en la persecución penal ya que un funcionario del Estado. como se expondrá en el siguiente apartado. remitida por el director ejecutivo del ONABE. pues esto implica desconocer las obligaciones que en materia de respeto y garantía del derecho a la vivienda adecuada le imponen los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en nuestro país. el director ejecutivo del ONABE ha señalado que: El procedimiento utilizado por quienes intentan victimizarse es ilegítimo y. 323 lugar en forma acorde con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. y el Grupo de Apoyo Jurídico de “Ciudad Oculta”.64 A su vez. resulta alarmante el empleo del sistema de justicia penal que ha hecho en los últimos tiempos el Estado nacional a través del ONABE. 64 “Nota nº 147/08. . La proliferación de asentamientos informales que engloban a grupos de familias de escasos recursos sin duda responde a la falta de políticas activas del 62 En este punto. en algunas de ellas se ha presentado como querellante–62 solicitando el desalojo anticipado del inmueble. para lograr el desalojo de terrenos estatales. En este sentido. 63 Véase nota nº 78. que. 16 de octubre de 2008. Asimismo. no ha dudado en promover numerosas causas penales –e. su posición ha sido la misma. es quien promueve y ejerce la acción penal.. cuando el ONABE ha tomado efectivo conocimiento de la situación de vulneración de derechos que atraviesan algunos de los grupos cuyos desalojos ha impulsado. Fernando Miguel Suárez. el fiscal. por cierto. incluso. al CELS”. por ende. En este sentido..63 El Estado nacional no debería tomar este tipo de decisiones sin conocer la situación de los ocupantes del inmueble.
indicando que: “por encontrarse el asentamiento en tierras de jurisdicción federal. Causa nº 40742.68 Además informó que. como se vio. para garantizar el derecho a la vivienda. compromete la responsabilidad política del Estado que debería garantizar […] la conducta no es una de aquellos que importen […] al derecho penal sino que es de interés. En el marco de una causa penal por el delito de usurpación que se lleva adelante contra 80 familias que se asentaron en un predio de la Villa 15. en lo atinente a la obligación del Estado en los términos del artículo 14 bis de la Constitución”. Véase Sentencia de Cámara del 18 de diciembre de 2007. el Estado no debería desconocer que. en su análisis del caso. pues cuando se lo hace apresurada o despreocupadamente. el juez de primera instancia estableció que: “el poder punitivo debe ser adoptado en forma racional y. 68 Ibíd. dadas sus limitaciones. 101. Secretaría 10 (el destacado es nuestro). fs. “Capristo. por ello.66 En esta misma línea aparece otro gran problema que ponen en evidencia los desalojos impulsados por el ONABE en la CABA: la falta de voluntad de funcionarios y dependencias estatales del gobierno local para ocuparse de la las familias desalojadas. Por lo tanto. en el mejor de los casos. Algunos ejemplos concretos ilustran la respuesta del GCABA frente al desalojo de terrenos fiscales. fs. que accedan a algún programa de vivienda transitoria que.65 Al margen de la vía que se utilice para realizar el desalojo.324 derechos humanos en argentina. al perseguir penalmente a estas personas. ante el incumplimiento de sus compromisos en materia de vivienda adecuada. al poco tiempo las volverá a dejar desprotegidas. en virtud de que se habían triplicado los desalojos ante la justicia civil y ante los juzgados penales.. “N. En este misma línea. Secretaría 6. 67 Causa nº 11021/07. necesaria y proporcionada para aquella finalidad […] no resulta admisible que el propio Estado funde el ejercicio de dicho poder en su ineficacia y/o negligencia para atender debidamente a la conflictividad que se le presenta”. criminaliza a quienes son víctimas de su propia desatención. al analizar un caso en el que se imputaba a un grupo de familias la usurpación de predio estatal: ”la respuesta penal no debe ser […] la primera ni la principal respuesta a la que el Estado debería apelar. a cargo del Juzgado nº 5. Cristina s/ sobreseimiento”. en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 3. Cristina s/ sobreseimiento”. el único remedio que el gobierno podía ofrecer a estas situaciones. el Programa de Atención 65 Como ha destacado la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. 66 Véase el apartado 3 de este capítulo. . 105. en cambio. s/ usurpación”. tanto el de la Nación como el de la CABA. el Estado. informe 2009 Estado. no es competencia de esta instancia tomar intervención en el mismo”.67 el Poder Ejecutivo de la CABA contestó a la solicitud de intervención urgente que el juez federal a cargo de las actuaciones le hizo en junio de 2007. “Capristo.N. un desalojo puede suponer que las familias queden en situación de calle o. fs. (el destacado es nuestro). 3201vta. causa nº 40742.
comenzar por el armado de una adecuada articulación entre las distintas jurisdicciones y dependencias involucradas. 325 Inmediata para Familias en Situación de Calle. informen a ese tribunal las medidas que se han adoptado a raíz del asentamiento. organismo que hizo una presentación en la que indicó que no había tomado medidas. a fin de que. s/ usurpación tierras Villa 31 bis – Sector Denominado ‘Pórtico de Retiro’”. 85 a 87 de la causa nº 11502/08. 71 Véanse fs. porque esto muestra la obvia falta de coordinación dentro del propio GCABA. que informara las medidas que había adoptado en relación con la situación habitacional de las familias afectadas. Sólo así se atenderá ese mandato que imponen la Constitución Nacional y los tratados in- 69 Íd.. .N. por tanto. ya que no le compete ejecutar las políticas de vivienda del GCABA sino que le corresponde garantizar la disponibilidad inmediata de recursos para atender las situaciones de emergencia social”. sin duda. u otro complejo habitacional de carácter permanente. en reiteradas ocasiones. Ibíd. casi un año después. tenía su presupuesto al límite de su ejecución. cosa que recién tuvo lugar en mayo de 2008. el Estado debe. “N. 372 de la causa nº 11502/08. cuando se ofreció a los ocupantes la tramitación del subsidio habitacional creado por el Decreto nº 690/06. departamentos. fs. a las ministras de Derechos Humanos y Sociales del GCABA y de Desarrollo y Acción Social de la Nación y a la Dirección de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo del GCABA. También dejó constancia de que el GCABA no cuenta con lugares para alojar o reubicar a los habitantes de las propiedades sujetas a desalojo.69 Tras analizar los objetivos propios de ese programa el juez a cargo rebatió esta respuesta e intimó nuevamente al GCABA a intervenir. 240/1 se libra oficio nuevamente al jefe de gobierno de la CABA. 70 Es interesante destacar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad haya aprovechado esta oportunidad para destacar que: “no es el resorte de este Ministerio proveer a los ciudadanos de casas.déficit habitacional y desalojos forzosos. “N. 72 Véase fs. 381 a 384.N. de donde surge que el jefe de gobierno de la CABA y las ministras de Derechos Humanos y de Desarrollo de la Ciudad fueron intimados para que informaran las medidas implementadas.. ya que se trataba de tierras del Estado nacional y. s/ usurpación tierras Villa 31 bis – Sector denominado ‘Pórtico de Retiro’”. el juez a cargo de la causa penal por usurpación solicitó al Ejecutivo local. y sugirió la intervención del Ministerio de Desarrollo y Acción Social de la Nación.72 Cuando se da una ocupación de terrenos fiscales por parte de grupos en situación de vulnerabilidad. adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de estas personas. Asimismo. a fs. ante todo.70 En otro caso que involucra la ocupación de terrenos del sector Pórtico de Retiro de la Villa 31 bis. que excedían su competencia. en el plazo de veinticuatro horas. Esto significa.. es decir.71 Sólo obtuvo respuesta del IVC.
informe 2009 ternacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional en el país. 5. Iriarte y Mirave. Expte. de sancionar en julio de 2008 a un fiscal federal que había considerado que no correspondía impulsar la actuación de la justicia penal frente a la ocupación de un inmueble estatal por parte de familias de escasos recursos. 4.204/2007. Zavaleta. A su turno. el director ejecutivo del ONABE. que intervenía como parte querellante en la causa. 5.326 derechos humanos en argentina. por haber cometido el delito de la pobreza extrema”. Expte. la decisión del Procurador General de la Nación.73 Por su parte. es una preocupante definición de política criminal. el ONABE promovió un incidente de nulidad de todos sus dictámenes en la causa. resolución del 5 de julio de 2007. el Fiscal Federal Federico Delgado decidió desestimar la denuncia penal de usurpación que pesaba contra un grupo de familias en situación de vulnerabilidad que se habían asentado en el lugar. 74 Éste es un caso que muestra a las claras el rol del ONABE en el impulso de desalojos en sede penal. el rol del ministerio público fiscal en la definición de la política criminal y la garantía de los derechos humanos En un contexto caracterizado por el palmario déficit habitacional y el creciente recurso a la justicia penal para atender la proliferación de desalojos. 75 Esto podía implicar la eventual apertura de una instancia ante el Tribunal de . argumentando que fue prematuro el pedido de desestimación y que los dictámenes carecían de “motivación adecuada” por “considerarlos políticos y sin basamento en norma jurídica alguna”. el dictamen del fiscal Federico Delgado. del 9 de abril de 2007.75 73 El fiscal se pronunció en tres oportunidades en el marco de la causa nº 5204/2007. Véase a este respecto. Esteban Righi. la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal se expidió a favor de la postura del querellante y decidió declarar la nulidad de los tres pronunciamientos de Delgado en el expediente. En el caso se promovía el desalojo de unas 300 personas que se habían asentado en un predio ubicado entre las calles Luna.204/2007. en la causa “NN s/ usurpación”. Pidió así que el fiscal fuera apartado de la causa. En este expediente. Véase Sala II de Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en los autos “Onabe s/ desestimación”. Olavarría. frente a la decisión del fiscal. En cada una de ellas se expidió en contra de que la justicia penal tomara parte en lo que consideró un “cuadro tan complejo [que] reclama políticas públicas estructurales y coyunturales más específicas que la respuesta penal y el consecuente encierro de los pobres. además de cuestionar judicialmente la decisión del fiscal74 denunció su actuación ante el Ministerio Público Fiscal para que se le instruyera un sumario interno.3. Llamado a intervenir en una causa por la toma de un predio del Estado nacional correspondiente al ex Ferrocarril Belgrano.
Cabe mencionar que Righi destacó en su resolución que: “…la cuestionada actuación del referido fiscal federal no fue más que un intento de emplear sus facultades para llevar a cabo políticas sociales en el marco de un proceso penal donde. según lo establecido en los arts. de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 24946). ser suplida –hasta su modificación legislativa–79 por actuaciones específicas 76 77 78 79 Enjuiciamiento para que el fiscal fuera removido de su cargo. Asimismo. decidió que correspondía hacer un “severo llamado de atención”78 al fiscal. correspondía. Los Estados tienen la obligación de adecuar su legislación al mandato de los . Cafferata Nores. en su rol de funcionario de este Ministerio Público. José I. El Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano encargado del trámite de remoción de los integrantes del Ministerio Público. nº 61/08 de fecha 11 de julio de 2008. El principio de oportunidad es la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal. Resulta preocupante que el Procurador entienda que en la descripción y las consideraciones que el fiscal realiza sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan esas familias no se evidencia un conflicto propio de la “esfera jurídica” porque desconoce que lo que allí está en juego son derechos sociales fundamentales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en nuestro país. Buenos Aires. fundada en razones de política criminal y procesal. de no iniciar la acción o de suspender provisionalmente la acción iniciada. el Procurador General expresó que las consideraciones que lo motivaron a desestimar la denuncia “escapan a la esfera jurídica” y entendió así que el fiscal había intentado introducir criterios propios acerca de la vigencia del principio de oportunidad76 en la Argentina. Editores del Puerto. 53 y 59 de la Constitución Nacional. Véase a este respecto. Resolución MPF. investigar los hechos denunciados”. en ciertas ocasiones. Véase nota nº 77. aun cuando concurran las razones ordinarias para “perseguir y castigar”. Véase a este respecto. tras este conflicto particular. La incompatibilidad entre las leyes y las disposiciones constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos puede. 327 A la hora de expedirse sobre la actuación de Delgado. aparece una discusión de fondo en torno a las conductas que deben entenderse alcanzadas por el tipo penal de usurpación previsto en el artículo 181 del Código Penal de la Nación. en verdad. Véanse arts.77 Por esta razón. “lo que importaría un incumplimiento de los deberes que le son propios.déficit habitacional y desalojos forzosos. 18 y ss. Cuestiones actuales sobre el proceso penal.. salvo del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación quienes son removidos por juicio político. al menos. 1997.. de ejercer y promover la acción penal”. o hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia. El Procurador agregó a su vez que “otro será el temperamento a adoptar en el futuro frente a la reiteración de una inconducta en la que se aprecie un menoscabo en la investidura del cargo de fiscal”.
. en lugar de aprovechar esta denuncia para enviar un mensaje claro a los magistrados del Ministerio Público Fiscal que permita evitar que ese delito sea utilizado para impulsar una respuesta penal a problemáticas sociales y. 834. actos deshonestos y otras un trato desigual del sistema a quienes lo sufren. En este punto. 80 Julio Maier. Es decir. Derecho Procesal Penal. impide fijar la responsabilidad de los órganos que operan la selección”. mediante la afirmación de criterios de oportunidad por vía legislativa […] provoca graves disfunciones en el sistema. Este deber se expresa. amparándose en la vigencia del principio de legalidad procesal en el país. se sostiene especulativamente este principio como criterio rector de la persecución penal. 835. en el art. p. . 2001. mientras que la realidad lo hace por otro. teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de Ministerio Público establece que entre las funciones del Procurador General de la Nación se encuentra la de “diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal”. Así. carece. Ibíd. a más de las ya naturales en él: la selección se oculta o se disfraza por el peso de la regla de legalidad. 81 Así. todo el procedimiento. mientras que la práctica concreta selecciona de diversas maneras los casos en los que. algunas veces.328 derechos humanos en argentina. por tanto. Editores Del Puerto.80 De esta manera. contrario al Estado de derecho. como el aparato estatal no tiene capacidad real para abordar todas las presuntas conductas delictivas. p. el Procurador tomó la decisión contraria. la decisión sobre aquellas que sí deben ser tratadas por el sistema penal suele ser producto de una pugna de intereses conforme a factores de poder y desigualdades reales. informe 2009 de los funcionarios que logran su interpretación armónica. interviene. sobre todo teniendo en cuenta el contexto social en el que se estaría aplicando la ley penal. de transparencia y encubre. la doctrina especializada ha destacado que el discurso jurídico que sostiene ciegamente la vigencia irrestricta del principio de legalidad procesal suele transitar por un camino.81 tratados internacionales sobre derechos humanos de los que son parte. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que posee jerarquía constitucional en el país. para lograr adecuar la utilización de esa figura a los estándares internacionales de derechos humanos. tomo I. Sin embargo. por ende. por lo demás. su intervención en este caso podría haber sido una muy buena ocasión para delimitar los alcances del tipo penal de usurpación a la luz de los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda adecuada. entre otras normas. Maier destaca: “la afirmación ciega del principio de legalidad. que vuelve la espalda a la realidad sin intentar dominarla o encausarla. en definitiva. Buenos Aires.
Conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La conculcación del derecho a la vivienda atenta también contra el acceso al trabajo. la distancia entre la ley y su cumplimiento efectivo es aún muy grande. Los resultados de sus fracasos están a la vista. además. las concesiones de permisos de uso. que no basta con implementar políticas de regularización de la tenencia. disponer de recursos para el sostén y acceso a infraestructura. supone hacer un diagnóstico más amplio que el meramente cuantitativo. o de mejoramiento del suelo y de la vivienda. 329 5.. las situaciones de tenencia intermedias o los fideicomisos de organizaciones comunitarias. entre otras. Excepto en algunos pocos casos. A pesar de que un análisis de la normativa local podría arrojar un primer resultado alentador. a la salud y a la educación. sobre la base de los avances legislativos en lo que atañe al reconocimiento de dicho derecho. el derecho a la vivienda adecuada es paradigmático a la hora de dar cuenta de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. en particular a los grupos que cuentan con menos recursos. en general hay una arraigada concepción jurídica de la propiedad individual como la única posible. seguridad de la tenencia y acceso a servicios básicos. En ese sentido. las usucapiones especiales (adquisición de la propiedad mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto legalmente). todas cuestiones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas. al agua y a todo lo elemental para el desarrollo de la vida en condiciones dignas. cualquier solución que pretenda ser integral deberá superar esta mirada simplista que resta dimensiones a una problemática que debería definirse en términos sociohabitacionales como “vivienda adecuada”. estudiar este problema desde la perspectiva de los derechos. largamente caracterizada como deficitaria. Aunque este rasgo corresponde a la definición formal del déficit habitacional.déficit habitacional y desalojos forzosos. o de . como la propiedad colectiva. suele analizarse casi exclusivamente desde el punto de vista de la brecha entre el número de viviendas disponibles y la demanda de ese bien por parte de los diversos sectores sociales. no se han pensado opciones más flexibles. Los datos que hemos visto y los procesos que los atraviesan se orientan más hacia la ampliación de dicha brecha que a reducirla. entre otras cosas. situación que actualmente afecta a centenares de miles de habitantes de la CABA. en función de la cual se han planificado programas de transferencia de títulos individuales de propiedad plena como única solución a estos problemas. entonces. Podemos afirmar. esta vivienda incluye mucho más que un techo: significa también. Respecto de la seguridad en la tenencia.. no sólo porque permite comprender diversas dimensiones de los temas habitacionales sino porque. conclusiones La situación habitacional de la CABA.
En este campo de tensiones. hay que garantizar que los sectores más pobres logren tener una vivienda adecuada y. en especial situación de vulnerabilidad. sino que es necesario que se diseñe una solución integral que contemple también estas opciones. 83 Hilda Herzer et al. cit. intereses y concepciones de múltiples actores. escuelas. ob. se delinearon verdaderas áreas de oportunidad para la iniciativa del mercado. no está en manos del mercado conceder viviendas para quienes no pueden comprarlas. que se cumpla su derecho de acceder a la ciudad. Es decir. por ejemplo. entre otras. . en tanto agente de la satisfacción de derechos. Merecer la ciudad. parecen orientarse a configurar zonas aptas para la inversión privada. la regulación de los desalojos. aunque el proceso aquí abordado parece dar cuenta de un fenómeno opuesto. el diseño e implementación de políticas que contemplen la asistencia temporaria a personas o grupos desalojados. y plantean lógicas de intervención que en muchos casos son complementarias y que en otros entran en directo conflicto. la simplificación de las condiciones para la renta 82 Oscar Ozslak. Concretamente. por ejemplo. sobre sus tensiones y sinergias. las respuestas estatales frente a la crisis habitacional de la CABA. cuenta con varias alternativas.330 derechos humanos en argentina.. lejos de procurar una creciente intervención del Estado. Los pobres y el derecho al espacio urbano. En este sentido. el déficit interroga sobre la simultaneidad de estos planos. a la hora de diseñar políticas habitacionales y de suelo. hospitales) la traza de calles. Estado y mercado actúan como esferas centrales para la satisfacción de necesidades. las obras de infraestructura para generar espacios públicos (parques. estas políticas deberían estar acompañadas de intervenciones estatales en diversas áreas. la mejora del transporte público y la contemplación de riesgos ambientales. “Gestión urbana en ciudades de tamaño medio de América Latina”. Asimismo.83 Desde este punto de vista. posiciones. los sectores sociales con necesidades insatisfechas y el Estado. el suelo deviene en un espacio social de luchas que requieren para su compresión de la visibilización de las lógicas que convergen en él: del mercado. El principal concepto en este debate es la desmercantilización. la urbanización integral de la ciudad. pero es el Estado quien tiene la responsabilidad de abordar esta problemática como política pública para lo cual. Nairobi. también. informe 2009 construcción de viviendas. la provisión de servicios esenciales. 1994. Hábitat.82 Por eso es que. El proceso social de producción de ciudad resulta de un campo de fuerzas que expresa los diferentes recursos. ONU. dejando a su arbitrio la regulación del problema y sin diseñar ni implementar políticas que intervengan en el libre juego de relaciones comerciales que excluyen a los sectores más desprotegidos. Desde ya. hay que hacerlo de manera integral y generando una verdadera planificación urbana.
dado que la creación de valor no depende exclusivamente de la inversión privada. En cuanto a la relación con el mercado y el lugar protagónico que ha adquirido el sector privado en este campo. que en varias oportunidades potencian y. cuando es el propio Estado el que directamente expulsa a quienes están instalados en sus terrenos. peor aún. Sin ir más lejos. el Estado podría poner como condición a las empresas constructoras que inviertan parte de sus ganancias en viviendas populares. en lugar de promover desalojos masivos y generar obstáculos directos e indirectos para el acceso a la vivienda. promueven la agudización de las estrategias informales de hábitat desarrolladas por estos grupos para ejercer su derecho a la ciudad y. la construcción de viviendas y la concesión de créditos hipotecarios blandos. . sino que en gran parte se realiza con fondos públicos.déficit habitacional y desalojos forzosos.. por parte del GCABA: por un lado. políticas de acción por omisión o puramente declarativas respecto de los sectores más vulnerables. en muchas otras.. 331 de inmuebles. sin establecer relaciones eficaces con otras dependencias estatales ni dar respuesta alguna a las necesidades de estos grupos. pueden ponerse en funcionamiento medidas que regulen el rol de ese sector. El déficit habitacional habla a las claras de una intervención selectiva. cuando no discrecional. simultáneamente. políticas proactivas cuando se orientan a sectores sociales más favorecidos o con mayor capacidad de presión política y.
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References: artículo 31
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 artículo 181