Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/11/page/2/
Timestamp: 2020-03-30 20:37:30+00:00

Document:
noviembre | 2010 | Pensamientos de Derecho Constitucional | Página 2
Special reports for Comparative Constitutional Law. Page in construction
We prepare in English this new category in our blog, taking as a fact that Spanish is only just one of the several languages in which Constitutional Law is developed and really English is spoken all over the world. So Law isn´t an exception and it is necessary to review ideas in different languages.
We have built this blog with the idea of strenghtening a peruvian vision of Constitutional Law and Fundamental Rights. Just our main title ” Thoughts of Constitutional Law” tries to give a vision of different matters in this important discipline whose main ideas explain the author´s experience as constitutional judge in Peru, professor in different universities and associated professor at the Juditial Academy of Peru.
Our items have been written until now in Spanish. We have included essays, investigations, juditial resolutions and different articles in newspapers and magazines, between other main ideas and even when translation is no more an obstacle today, we will try to prepare some special reports since our reality as a tool for Comparative Constitutional Law.
It´s important to realise this is a very ambitious purpose, just difficult to make real. But if life isn´t some kind of ambition, what should it be? If fundamental rights aren´t a way to express our rights to dignity of human beings, with moral contexts, what are they useful for? Or if Constitutional Law and Human Rights aren´t a way for defending people against the States violations, which importance international treaties and its different tools have?
Some mistakes can surely take place since these reports we prepare in different languages. But it´s important to do our best and we think the goal is useful for: Constitutional Law shows an impressing development in the last 30 years all over the World and we are involved in these areas of Law. We think it is a moral duty.
Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Página en construcción.
Pretendemos incluir aquí solo referencias puntuales, breves comentarios de contexto y enlaces web, de corresponder, respecto a los fallos jurisdiccionales constitucionales de mayor importancia, expedidos tanto por el supremo intérprete de la Constitución así como sentencias emblemáticas del Poder Judicial en temas de derechos fundamentales. Página en construcción.
El Derecho Constitucional y los Tratados Internacionales- Conferencia
Chiclayo, noviembre 16 de 2010.
La Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Piura me ha pedido dictar la conferencia intitulada ” El Derecho Constitucional y los Tratados Internacionales” los días 19 y 20 de noviembre próximos en su sede en esa cálida ciudad del norte de Perú.
El tema reviste suma importancia pues pretende abordar una descripción genérica de la relación entre nuestra disciplina- el Derecho Constitucional – y los principales instrumentos existentes en el sistema interamericaano y europeo de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En cuanto al sistema interamericano, es importante recalcarlo, aludiremos al rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y el nivel de órgano cuasi jurisdiccional que caracteriza a sus decisiones, las cuales en principio no son vinculantes para los Estados parte del sistema de protección y sin embargo, no puede negarse la importancia extraordinaria que ostentan las decisiones de la CIDH en la medida que la mismas pueden habilitar los mecanismos de inicio de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH. En consecuencia, advertimos un aspecto que es vital remarcar: aún cuando la decisión de la CIDH no representa vinculatoriedad para el Estado parte, lo cual sí sucede con las sentencias de la Corte IDH, los Estados que no acaten una decisión de la CIDH, eventualmente podrán verse emplazados ante la Corte IDH. Por tanto, la opinión de la CIDH sí representa al menos liminarmente un grado de vinculación que los Estados pueden objetar pero no ignorar.
Por ottro lado, si bien es cierto que en gran medida la Corte IDH acoge las demandas de la CIDH, es importante advertir que en determinados casos la Corte IDH puede declarar, como en efecto lo ha hecho, que no exista violación de algunas de las garantías objeto de demanda, escenario que constituye una figura de vinculación parcial.
En relación a la Corte IDH, sí nos parece necesario destacar la vinculatoriedad de sus decisiones para los 25 Estados parte del sistema interamericano y los países conformantes del sistema no pueden invocar el Derecho Interno en caso de contradicción con los sentencias sobre derechos humanos. A este respecto, el sustento normativo no solo lo constituye la propia Convención sino el artículo 27 de la Convención de Viena- conocida como el Tratado de los Tratados- en cuanto los Estados, en su política de implementación de los derechos humanos en el Derecho Interno, no pueden objetar el fallo de un órgano de justicia supranacional. Sin perjuicio de ello, el Estado parte sí puede maximizar el uso de los mecanismos de defensa en los procedimientos al interior del tribunal, esto es, el Estado parte, al igual que las personas naturales o víctimas, podrá ejercer el derecho de defensa, sustentar las pruebas que conciernan a su derecho y ejercer el contradictorio que la propia litis representa dentro de los cauces procedimentales de la Convención. Y sin embargo, el fallo es in toto vinculante y el Estado está obligado a acatar la decisión emitida por los jueces supranacionales.
En adición a lo señalado, nos parece de sumo interés analizar las medidas provisionales contempladas por el artículo 63 de la Convención. en tanto pueden ser declaradas por el Presidente de la Corte así como en casos de urgencia, pueden ellas ser dictadas a petición de la CIDH. Ahora bien, si la CIDH pide la medida, ello dice claramente que no hay proceso. Entonces ¿ puede habilitarse una medida sin proceso? He allí una peculiaridad del sistema interamericano.
Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH también representa un mecanismo de dilucidación para los 47 Estados parte del Consejo de Europa,el cual representa a 800 millones de habitantes. Y no deja de sorprender lo interesante del mecanismo europeo el cual, a diferencia del sistema interamericano, no goza con un mecanismo filtro de pretensiones, como en efecto sí sucede con el sistema interamericano, en el cual solo a través de la CIDH son admisibles demandas ante la Corte IDH.
En consecuencia, representa un trabajo muy exigente en el TEDH la dilucidación previa de si un caso pasa a Sala o Gran Sala, dados los detalles adicionales de un ingreso de 60,00o demandas por año así como que para los procesos en materia de derechos humanos en Europa existen más de 20 idiomas distintos en los cuales se puede litigar. En el caso interamericano, solo existen 4 idiomas oficiales: español, inglés, francés y portugués.
En suma, pasaremos revista a cómo estos instrumentos impactan en el Derecho Constitucional de nuestros Estados.
EXPEDIENTE: 156-07
DEMANDANTE: ELECTRONORTE S.A.
DEMANDADO: MARCO PEREZ RAMIREZ Y OTROS
En Chiclayo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil nueve, la Sala Constitucional de Lambayeque, pronuncia la siguiente resolución:
Demanda de amparo contra resolución judicial interpuesta por ELECTRONORTE S.A. contra los señores Jueces Superiores Marco Pérez Ramírez, Miguel Lozano Gasco y Lucía Deza Sánchez, en su condición de Vocales de la Sala Laboral de Lambayeque; contra la señora Juez Cecilia Izaga Rodríguez, del Tercer Juzgado Laboral de Chiclayo, y el Señor Franklin Zúñiga Anaya, por afectación del derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso.
En fecha veintisiete de julio de dos mil siete, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima – ELECTRONORTE S.A., debidamente representada por sus apoderados interpone demanda de amparo contra la Señora Juez del Tercer Juzgado Laboral, Cecilia Ízaga Rodríguez, y los Señores Jueces Superiores Marco Pérez Ramírez, Miguel Ángel Lozano Gasco y Lucía Deza Sánchez, y contra don Franklin Zúñiga Anaya y el Director Regional de Trabajo de Lambayeque, solicitando se deje sin efecto todo lo actuado en el proceso judicial N° 2005-251-3JL seguido por Franklin Zúñiga Anaya contra la Dirección Regional de Trabajo sobre Ejecución de Obligación de Hacer, y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos de defensa y acceso a los órganos de administración de justicia, se disponga su notificación con la demanda, así como se declara inaplicable lo resuelto en dicho proceso.
Por mandato de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por resolución número siete, de siete de febrero de dos mil ocho, se admite a trámite la demanda de autos contra los Señores Jueces Superiores de la Sala Laboral, la Señora Juez del Tercer Juzgado Laboral, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, contra Franklin Zúñiga Anaya y el Director Regional de Trabajo de Lambayeque, confiriéndoseles traslado para que contesten la demanda.
Mediante resolución número ocho, se integra a la relación jurídica procesal a Flavio Leonardo Bazán Plasencia, Andrés García Coronado, Luis Eduardo Flores Esteves, Enrique Javier Cueza Pizarro, Epifanio Telmo Becerra, José Castro Reyes, Enrique Isaac Cueva Pomar y Olga Elena Yarlequé Farfán.
Por resolución número nueve, se integra a doña María Ledy Brenis Céspedes(…) .
A folios mil quinientos noventa y uno a mil quinientos noventa y dos, se integra a la relación jurídica procesal a Pablo Garrido Coronado, (…)
Mediante escrito de nueve de abril de dos mil ocho, la Señora Jueza Cecilia Ízaga Rodríguez se apersona a la instancia y contesta la demanda; por su parte, el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque contesta la demanda a folios mil seiscientos sesenta y uno a mil seiscientos sesenta y cinco; contestaciones que son aceptadas por resolución once, por la cual también se integra a la relación procesal al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
A folios mil ochocientos noventa y cuatro a mil ochocientos noventa y nueve, el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda, solicitando se declare improcedente.
Por resolución catorce se integra a la relación jurídica procesal en la condición de demandados a Miguel Alex Becerra Leyva(…)
Don Luis Franklin Zúñiga Anaya contesta la demanda a folios dos mil quinientos cinco a dos mil quinientos diecisiete.
A folios dos mil quinientos veintiocho a dos mil quinientos veintinueve, se tiene por contesta la demanda, declarándose improcedente la contestación de Edilberto Huamán Alva, (…)
Por resolución diecisiete se tiene por apersonado al proceso al Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y por contestada la demanda.
En fecha veintiséis de junio de dos mil ocho, Miguel Alex Becerra Leyva, (…) contestan la demanda, la misma que es aceptada mediante resolución de folios dos mil seiscientos setenta y siete.
Por escrito de folios dos mil setecientos cincuenta a dos mil setecientos cincuenta y tres, el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se apersona a la instancia y contesta la demanda. (…)
Mediante auto número treinta y nueve, de folios tres mil setecientos veintiséis se dispone pasen los autos a despacho para sentenciar, siendo ese su estado.(…)
§ Resoluciones judiciales materia de amparo
1. El Tribunal Constitucional ha desarrollado la tesis de que en los procesos de amparo contra las resoluciones judiciales, éstas pueden ser revisadas más allá de la premisa clásica de afectación al debido proceso y la tutela judicial efectiva[1], para establecer que la afectación a otro derecho fundamental, es también objeto de contradicción en la vía de urgencia que representa el proceso también denominado de tutela o protección en el Derecho Comparado. Sin embargo, procede también a exigir, a efectos de que prospere el amparo, la configuración de los análisis de estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia respecto a la resolución judicial objeto de cuestionamiento.
2. Lo antes reseñado resulta de suma relevancia en atención a que define el contexto de los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y por tanto, define cuáles deben ser los baremos y estándares para conceder tutela de urgencia. En ese orden de ideas, debemos considerar que los exámenes de razonabilidad, coherencia y suficiencia, resultan trascendentes en tanto del resultado de los mismos, podremos inferir si corresponde o no afectar constitucionalmente una decisión que goza de la investidura de la cosa juzgada.
3. Es relevante, en ese norte de reflexión, ponderar si la afectación producida es de carácter sustancial, esto es, si resulta la vulneración denunciada lo suficientemente grave como para desestimar el juicio valorativo de las instancias judiciales previas que en su momento ya emitieron decisión, cuidando a su vez de establecer la necesaria delimitación del principio de independencia de criterio que enuncia nuestra Carta Fundamental[2].
4. Y en efecto, no cualquier afectación a un derecho alegado involucrará un enunciado de tutela restitutoria. Así, siguiendo las reglas de la ponderación de Robert Alexy y Carlos Bernal Pulido[3], será exigible medir los grados de afectación del derecho y determinar si el grado de afectación es elevado, medio o bajo y de esa forma definir, si se afecta el núcleo del derecho, o si existe incidencia de afectación en el contenido no esencial del derecho, en su contenido adicional[4] o bien se excluye la afectación del contenido constitucionalmente protegido y se halla la afectación en lo que también la doctrina denomina el contenido no esencial de un derecho. De suyo, si la afectación incide en los contenidos no esenciales o adicionales, no estamos en estricto ante un proceso constitucional que merezca tutela y de ahí, la orientación jurisprudencial constitucional de derivar a otras vías el análisis de las incidencias que no revistan vulneraciones constitucionales de urgencia.
§ El principio de efectividad de sentencias
5. La efectividad de las sentencias constituye un principio del Estado Democrático y Social de Derecho, pues la misma constituye que la decisión y mandato del juzgador, agotadas las instancias respectivas, se plasme en un resultado tangible de consecución del derecho pretendido. En ese sentido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, partiendo de la misma base constitucional que contempla el inciso 2 de la Constitución de mil novecientos noventitrés, al prever que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución”.
6. En adición a ello, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del trece de marzo de mil novecientos noventa y siete, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales “forma parte de las garantías judiciales”, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva, y vinculante quedase inoperante, causando daño a una de las partes (…)”. Resulta pues así difícil que puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.
7. Sin perjuicio de lo antes señalado: ¿deben cumplirse todas las sentencias? ¿O contempla el ordenamiento jurídico excepciones? Debemos advertir que, sin perjuicio del principio de efectividad de las decisiones judiciales, el ordenamiento sí admite excepciones y ello ocurre siempre que se configure una incompatibilidad por vía de excepción o una antinomia de rango similar al de una concurrencia de normas que exige una solución del decisor.
8. La vía de excepción habrá de referirse a una necesaria urgencia de tutela de derechos fundamentales por vulneración manifiesta, evidente e inobjetable de un derecho explícito o implícito que enuncia la Carta Magna. A su vez, la antinomia a solucionar implicará un conflicto entre dos normas del bloque de constitucionalidad y exigirá al juez constitucional la solución de la controversia bajo la orientación de tutela que permite la Lex Legum.
9. Lo antes acotado tiene relación directa con la concepción de que los derechos fundamentales no pueden ser considerados absolutos[5], precisamente porque constituye tesis del Estado constitucional que no existen zonas exentas de control constitucional.[6]
10. Es posible afirmar, bajo esta premisa, que aún la sentencia que reconociera una prestación determinada, pudiera relativizar su mandato de ejecución si identificamos un grado de vulneración ostensible a un derecho fundamental, con lo cual un mandato perdería efectividad. Contrariu sensu, si no existe el grado de afectación sustancial de un derecho fundamental, resulta prudente hacer mención a la necesidad de que los jueces constitucionales desestimemos los procesos de amparo contra resoluciones judiciales utilizados como deus ex machina,[7] es decir, aquellos procesos cuya interposición obedece a una petición de reexamen de las resoluciones emitidas en las instancias de mérito en sede ordinaria.
§ Contexto del amparo contra resoluciones judiciales
11. En el contexto de una interpretación extensiva del artículo treinta y siete del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia[8] y satisfactiva, proceso de condena cuyos caracteres para su procedencia son dejar sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional; esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues éste no es declarativo de derechos, sino que, a través de él, se pueden resarcir aquellos derechos que, estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión.
12. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva o de otros derechos fundamentales, supuestos legitimadores que sí se configuran de presentarse los supuestos establecidos por el artículo cuatro del Código Procesal Constitucional.
13. Entonces, constituye premisa esencial en esta verificación de afectación de derechos constitucionales si se han afectado los derechos invocados por un afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso en su dimensión sustantiva y adjetiva.
§ Delimitación de los petitorios
14. Resulta relevante en el caso de autos, examinado el petitorio de folios mil sesenta y dos y los actuados a lo largo del proceso, si corresponde declarar la violación de los derechos constitucionales de la parte demandante al derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso, y consecuentemente se deje sin efecto todo lo actuado en el proceso 2005-251-3JL, en los seguidos por Franklin Zúñiga Anaya contra la Dirección Regional de Trabajo de Lambayeque.
15. Igualmente debemos observar si resulta inaplicable a la recurrente lo resuelto en el proceso judicial antes acotado. De la misma forma, es necesario examinar si lo resuelto en este proceso sub examine, resulta finalmente causando agravio al derecho de la actora.
16. En el mismo orden de ideas, por constituir extremos de interés para la dilucidación de la presente causa, es importante examinar, conforme obra a folios dos mil quinientos cincuenta y siete, tomo IV de estos actuados, los siguientes ítems:
a) Si los demandados han asumido indebidamente competencia exclusiva de los jueces contencioso- administrativos;
b) Si como consecuencia de lo anterior, los demandados han terminado ejecutando indebidamente a la Administración Pública;
c) Si se omitió el emplazamiento a ELECTRONORTE S.A. en el procedimiento administrativo 437-86-DI-SD/CHIC;
d) Si es exigible a la ahora demandante la actuación administrativa ordenada en el expediente antes aludido; y
e) Si luego de tramitarse y resuelto el proceso de ejecución de obligación de hacer, es correcto se incluya a la emplazante como tercero con interés.
17. Delimitado el alcance de la controversia, es importante anotar, como primera observación, que el petitorio no resulta específico en determinar los actos procesales agresores de los derechos fundamentales[9] que la recurrente denuncia han sido vulnerados.
18. En efecto, en la medida que el pedido se circunscribe a solicitar la nulidad de “todo lo actuado” en el proceso judicial sub judice, no se logra identificar cuáles son los puntos que en concreto implican una vulneración sustancial de los derechos constitucionales. Esto a su vez se traduce en una omisión de identificación de los actos agresores objetivos, en tanto el petitorio debió circunscribir su ámbito de derechos vulnerados a los actos procesales específicos que implicaron trasgresión constitucional.
§ Análisis de las pretensiones
19. Salvando las omisiones acotadas y siendo posible determinar los petitorios formulados, debemos orientarnos al análisis de las pretensiones incoadas, en el orden expuesto previamente.
§ Pretensión de dejar sin efecto todo lo actuado en el proceso 2005-251-3JL
20. La actora enfatiza a folios mil setenta y tres que no pretende un reexamen de lo decidido por los magistrados emplazados en el expediente 2005-251, el cual giró ante el Tercer Juzgado Laboral de Chiclayo y la Sala Laboral de Lambayeque, sino que se determine que el no emplazamiento a ELECTRONORTE S.A., condujo a una indefensión de la misma al no ser considerada como litisconsorte necesario sino como tercero con interés, conforme lo reconoce a folios mil setenta.
21. Corresponde disgregar el necesario análisis constitucional de fondo de esta Sala de Derechos Fundamentales en los siguientes ítems:
a) ¿Es inconstitucional designar a un tercero con legítimo interés en vez de designarlo como litisconsorte necesario?
b) ¿Produce indefensión no ser considerado litisconsorte necesario?
c) ¿Se configura vulneración a los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva ser considerado como tercero con legítimo interés?
d) ¿Existe afectación al derecho de defensa y acceso al órgano jurisdiccional que nos e permita a la ahora demandante como litisconsorte necesario?
22. A juicio de este Tribunal, no podemos estimar vulnerado el derecho de defensa de modo sustancial si se ha producido un apersonamiento de la demandante al proceso, considerándosele como tercero con legítimo interés. Conviene a este respecto, retomar el criterio del grado de vulneraciones[10] y en criterio de valoración de fondo, es necesario admitir que representa un grado de afectación, a nuestro entender de nivel medio, no ser designado como litisconsorte necesario. Y resulta cierto ello en la medida que no existirá un mismo nivel de defensa del mismo nivel respecto al que concierne a un litisconsorte necesario.
23. Sin embargo, el tercero con legítimo interés, de ser considerado apersonado al proceso, alcanza a intervenir en el mismo en la medida que tiene la facultad de presentar los recursos necesarios para ejercer su defensa y estos, inexcusablemente, han de ser valorados según el arbitrio razonable del juzgador.
24. No se crea pues una situación de total indefensión, caso este último en el cual, de configurarse, sí hubiera existido una vulneración de orden grave, pues el derecho de defensa habría sido objeto de una vulneración a nuestro juicio sustancial, situación que sí resultaría contraria a los principios, valores y directrices que emanan de nuestra Ley de Leyes.
25. Resulta entonces importante remitirnos a la fundamentación de la Sala Laboral respecto al criterio jurisdiccional asumido en la resolución materia de cuestionamiento, esto es, la resolución ochenta y nueve, corriente de folios novecientos uno a novecientos siete, para apreciar el examen que desarrolla el considerando cuarto de la misma resolución.
26. La ratio decidendi de la resolución en comento, fundamento jurídico cuarto, argumenta, a nuestro juicio en forma consistente, que no existe vicio en el no emplazamiento de la ahora actora, y más aún, que” el proceso ya ha sido conocido en segunda instancia por la Sala Laboral, que ha resuelto la oposición al mandato de ejecución, revocándola y declarándola infundada (…).[11]
27. En consecuencia, nos encontramos frente a un pronunciamiento que no resulta unilateral, pues el derecho de defensa ha sido ejercido de modo regular y el apersonamiento de la emplazada, se ha producido sin que se hubiere configurado una agresión manifiesta a su derecho de defensa.
28. Constituye pues premisa matriz de este análisis que la figura del tercero con interés, no configura vulneración constitucional per se, y que la alegada indefensión no puede estimarse procedente en esta vía, al no haberse admitido el apersonamiento de la recurrente como litisconsorte necesario. De la misma forma, no se configura vulneración a los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva al ser considerada la recurrente como tercero con legítimo interés, pues ésta efectivamente ejerce su derecho de defensa aunque de modo menos irrestricto que el litisconsorte necesario. Por último, ponderamos que no existe afectación al derecho de defensa y acceso al órgano jurisdiccional al no permitirse a la ahora demandante su apersonamiento como litisconsorte necesario.
§ Pretensión de que no resulte aplicable a la recurrente lo resuelto en el proceso judicial 2005-251-3JL
29. La recurrente alega no haber sido parte en el proceso sub litis, en virtud de la cosa juzgada relativa, que es aquella que solo produce efectos respecto de las partes del juicio y no en relación a las personas ajenas al mismo.
30. Esta pretensión nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes:
a) ¿Realmente no resulta aplicable lo resuelto en el proceso 2005-231-3JL, al haber sido designada la recurrente como tercero con legítimo interés?
b) ¿Se le pueda considerar una persona ajena al mismo proceso por ser tercero?
31. El juicio valorativo a emitir respecto a la primera interrogante va de suyo unido al fundamento jurídico 25 de esta decisión, en la medida que el tercero con interés que representa su intervención en el proceso acotado, no constituye, constitucionalmente, una tesis de exclusión respecto a los alcances de la decisión a emitir.
32. El juicio de fondo es taxativo: haber sido designado tercero con interés implica la posibilidad de sustentar alegatos, de formular criterios de cómo debe resolver el proceso el juez en la medida que los alcances del proceso le van a afectar, entre otras opciones de defensa. Es ése el criterio regulador de la emplazada al emitir la decisión que se impugna y bajo esta pauta, no puede estimarse vulneración constitucional de ningún tipo.
33. La segunda interrogante es igualmente absuelta en modo negativo, pues no podemos considerar a ELECTRO NORTE S.A., como ajena al proceso materia de examen, sino como parte involucrada en el mismo desde el propio momento en que la misma asume que le van a alcanzar los efectos de lo decidido por la Sala. Estos son los criterios rectores, con los cuales concuerda este Colegiado, que fluyen de los apersonamientos de la Juez Cecilia Izaga Rodríguez a folios mil seiscientos cincuenta y tres; del Director Regional de Trabajo a folios mil seiscientos sesenta y uno; del apersonamiento del Procurador Público del Poder Judicial a folios mil ochocientos ochenta y cinco; y de la contestación del señor Franklin Zúñiga Anaya a folios dos mil quinientos cinco.
§ Pretensión vinculada a la omisión de haberse emplazado como violatoria de los derechos a la tutela procesal efectiva y el debido proceso.
34. Este tercer petitorio de la demanda asume directa vinculación con los considerandos precedentes en la medida que ya hemos contestado premisas relacionadas directamente con la cuestión ahora planteada.
35. Sin perjuicio de ello, lo requerido nos lleva a cuestionarnos sobre el criterio asumido por el Tribunal Constitucional en el caso Abad Paredes[12], el cual parte de una premisa de improcedencia. Sin embargo, encontrándonos orientados al análisis del fondo del asunto, reviste interés la cita aludida en la medida que el examen de la cuestión de fondo, no alcanza, a juicio nuestro y conforme comparte el caso Abad Paredes, a derribar el muro de legalidad que revisten las decisiones firmes materia de cuestionamiento. Es decir, no se convierte en una cuestión inconstitucional de violación a los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, pues la vulneración a estos derechos resulta ser de grado medio en contraposición a la satisfacción que sí alcanza el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales materia de examen, esto en clara alusión a la tercera regla que exige el examen de ponderación en sede constitucional.[13]
36. Estando a lo expuesto, no podemos negar en estricto una vulneración al derecho de la ahora demandante a que pudiera comparecer al proceso en la forma deseada, pero a su vez, tanto mayor es la satisfacción del derecho a que los jueces ordinarios hubieran ejercido su función dentro de los alcances de la impartición de justicia que enuncia el artículo 139 de la Constitución.
§ Cuestiones adicionales a definir
37. Sobre la base de los criterios expuestos, las cuestiones planteadas por la actora[14] pueden ahora sí ser respondidas con objetividad y debemos expresar los lineamientos que siguen.
38. Respecto al extremo a), enunciado en el fundamento jurídico 16 antes señalado, debemos indicar que los demandados no han asumido en forma indebida competencia exclusiva de los jueces contencioso- administrativos, en tanto han fallado sobre el fondo de la cuestión sub litis conforme a la resolución número ochenta y nueve, obrante a folios novecientos uno.
39. Con relación al extremo b), es pertinente indicar que como consecuencia de lo antes expuesto, esta Sala de Derechos Fundamentales desestima que los demandados hayan terminado ejecutando indebidamente a la Administración Pública. No se aprecia esto de autos, más aún cuando la pretensión de la actora sobre el pago ya efectuado[15], no constituye una demostración objetiva, evidente y palpable de que se le esté obligando al doble pago. Así se desprende del argumento 2.19 de la propia actora, cuando a folios mil setenta y cinco, sostiene que existe una lista de trabajadores apersonados, lo que conduce a un esquema de complejidad en la determinación de quiénes resultaron beneficiados y quiénes no con el pago. En otros términos, no es tarea del juez constitucional dirimir cuáles trabajadores resultaron beneficiados y quiénes no, pues ello resulta competencia de la justicia laboral ordinaria bajo los mecanismos habilitados por ley para tal efecto.
40. Es pertinente reforzar este argumento con la precisión de que el juez constitucional no puede efectuar un estudio de determinación de quiénes han resultado antes beneficiarios y quiénes ahora lo deben ser. Esto no es una cuestión constitucional strictu sensu, a excepción de que presentada una prueba evidente de que existe doble pago, incontrastablemente acreditada, y que ello venga a traducirse en afectación sustancial al derecho de propiedad.
41. En cuanto concierne al ítem c), consideramos, de la misma forma, que no se ha omitido emplazamiento formal alguno a ELECTRONORTE S.A. en el procedimiento administrativo 437-86-DI-SD/CHIC, en tanto conforme fluye de los actuados en el proceso 2005-251, el derecho de contradicción de la actora ha sido ejercido.
42. Ponderamos, de igual manera, sobre el extremo d), que no es exigible a la ahora demandante la actuación administrativa ordenada en el expediente antes aludido, considerando a este respecto que su derecho a ser oída fue ejercido y ello no ha implicado vulneración constitucional sustancial.
43. Por último, es de concluir respecto al ítem e), que luego de tramitarse y resolverse el proceso de ejecución de obligación de hacer, no deviene imperativo se incluya a la emplazante como litisconsorte necesario, más aún si la Sala emplazada ya expresó una fundamentación de rigor a este respecto.
44. En el orden de ideas expuesto, concluye este órgano constitucional que no ha existido violación ni amenaza de los derechos constitucionales denunciados, procediendo en rigor declaremos infundada la demanda, en atención a la insuficiencia de los argumentos retórico- persuasivos invocados por la parte actora.
Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 inciso 3, 200 inciso 2, parte in fine de la Constitución Política del Estado y 4 del Código Procesal Constitucional, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por ELECTRONORTE S.A., contra los SEÑORES JUECES SUPERIORES MARCO PÉREZ RAMÍREZ, MIGUEL LOZANO GASCO Y LUCÍA DEZA SÁNCHEZ, EN SU CONDICIÓN DE VOCALES DE LA SALA LABORAL DE LAMBAYEQUE; CONTRA LA SEÑORA JUEZ CECILIA IZAGA RODRÍGUEZ, DEL TERCER JUZGADO LABORAL DE CHICLAYO, Y CONTRA EL SEÑOR FRANKLIN ZÚÑIGA ANAYA Y OTROS (mencionados en la parte expositiva de la presente resolución), por afectación del derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley, y ARCHÍVESE en su oportunidad por secretaría.
ZAMORA PEDEMONTE
PISFIL CAPUÑAY
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR CARRILLO MENDOZA, es como sigue:
No encontrándome de acuerdo con la posición de los Señores Jueces Superiores que me han antecedido emito mi voto en los términos que sigue:
1. El recurrente Empresa Regional de Servicios Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima – ELECTRONORTE S.A., interpone amparo contra el juez del Tercer Juzgado Especializado Laboral, con el objeto de que se declare la nulidad de todo lo actuado en el expediente laboral número 251 – 2005-3JL, seguido por don Franklin Zúñiga Anaya y otros contra la Dirección Regional de Trabajo sobre Ejecución de Obligación de Hacer, por haberse seguido sin emplazarlo pese a que lo que se resuelva en dicho proceso le afectaba en su patrimonio en forma directa, con lo cual se habría vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso al no haberse brindado la oportunidad de defenderse
§ Sobre el proceso se amparo
2. La finalidad del proceso de amparo es proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, conforme lo dispone el artículo 1° del Código Procesal Constitucional.
3. Conforme con lo dispuesto por el artículo 4° de Código Procesal Constitucional: “el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo”. Tutela jurisdiccional que es entendida como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, “sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso,…., a la obtención de una resolución fundada en derecho”, entre otros. En este orden de ideas, por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela procesal efectiva, se encuentra habilitado para recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a su conflicto de intereses intersubjetivos o a una incertidumbre jurídica, en tanto que, el demandado por ser titular de ese mismo derecho, tiene derecho de contradicción.
4. En el presente caso, el actor denuncia la vulneración de su derecho de acceso a la jurisdicción vía contradicción para poder defenderse en amplitud en el proceso laboral que denuncia de irregular al no haber sido emplazado con la demanda; por lo que, conviene revisar los actuados para verificar si en realidad en su tramitación se han producido o no los agravios denunciados.
5. Si bien es verdad en el caso de autos los demandados no han absuelto la demanda, de los dichos de las personas que se han ido apersonando al proceso en el sentido que ELECTRONORTE S.A., al haber sido comprendido en el proceso cuya nulidad se pretende como “tercero interesado” habría ejercido su derecho de defensa de manera plena; corroborado con la resolución número ochenta y nueve del cinco de enero de dos mil siete, de folios novecientos uno a novecientos siete, confirmada por la de vista número ciento dos del ocho de abril del mismo año, que en ejecución de la resolución que resuelve la oposición del Procurador Público del Ministerio de Trabajo requiere a la Dirección Regional de Trabajo de Chiclayo dé cumplimiento a la obligación de hacer contenida en el autoadmisorio de folios ciento ochenta a ciento ochenta y uno en el expediente administrativo número 437-86-DI-SD/CHIC recompuesto con el N° 623-99-CTAR-LAMB/DRTS-SDKC; seguido ante la Dirección Regional de Trabajo, y tiene por apersonado a la instancia al apoderado de la Empresa ELECTRONORTE, “no como litisconsorte necesario sino como tercero con interés incorporándose en el estado el proceso”, se acredita que la hoy demandante no sólo no fue emplazada con la demanda sino que tampoco pudo ejercer sus derecho en el decurso procesal, desde el admisorio hasta la conclusión del proceso con la resolución que resuelve finalmente la oposición planteada por el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Trabajo.
6. Atendiendo que, según la posición asumida por los magistrados demandados en las citadas resoluciones, en el sentido que como las obligaciones de hacer emanan de resoluciones administrativas expedidas en los expedientes administrativas glosadas en el fundamento precedente donde aparece como única obligada la Dirección regional de Trabajo de Chiclayo cuya defensa ha sido asumida por la procuraduría correspondiente, cumplimiento que debe hacerse en el marco de dicho expediente, ELECTRONORTE no resulta ser litisconsorte sino un tercero con interés; es del caso establecer si tal determinación no vulnera los derechos procesales invocados por la parte actora.
7. El proceso supone la presencia de dos partes implicadas en el conflicto intersubjetivo de intereses lo que significa que en cada campo (activo o pasivo) pueda existir más de un sujeto; como el caso del litisconsorcio. Asimismo atendiendo a la oportunidad en la que concurren la pluralidad de sujetos, podemos estar en la presencia de una acumulación originaria o sucesiva, según se presente al inicio de la relación procesal o en el decurso del proceso, cuando se da el segundo supuesto nos encontramos en presencia de la figura que el Código Procesal Civil enuncia como “intervención de tercero”. En este caso, el tercero viene a ser el que en el momento de trabarse la relación jurídico – procesal no tiene calidad de parte por no ser demandante o demandado; pero tiene la posibilidad de vincularse con posterioridad a él, ya sea como tercero adhesivo simple o coadyuvante, intervención litisconsorcial (en todas sus modalidades), intervención excluyente principal, entre otros. Sin embargo, en todos los casos, para poder intervenir en el proceso deben invocar y acreditar interés legítimo.
8. El juzgador a través de las resoluciones acotadas, deniega la intervención litisconsorcial de la empresa demandante, y lo integra a la relación procesal como tercero con interés sustentado en el artículo 101° del Código Procesal Civil, decisión que al contravenir el texto expreso de la ley afecta la tutela procesal efectiva del amparista, puesto que, entre las clases o tipos de intervención de terceros no existe la figura del “tercero interesado” y la norma que sirve de ropaje a la decisión judicial se refiere a una de las reglas generales que deben cumplir todos los terceros, que intervienen en el proceso.
9. Si bien es verdad la parte infine del artículo 101° del Código procesal Civil establece que: “los intervinientes se incorporan al proceso en el estado en que este se halle al momento de su intervención”, también lo es que, tal disposición no constituye licencia para que, como en el presente caso, la intervención del tercero se tenga que realizar en una fase cuando de acuerdo con el artículo 121° del Código Procesal Civil, el proceso había concluido con resolución que pone fin a la instancia con la autoridad de cosa juzgada formal, esto es, cuando ya no era posible revertir las decisiones jurisdiccionales a través de los medios impugnatorios ordinarios, sino solo someterse a su ejecución.
10. En el presente caso, se pretende la ejecución de la obligación de hacer contenida en el expediente administrativo número 437-86-DI-SD/CHIC y N° 623-99-CTAR-LAMB/DRTPS-SDNCI, seguido ante la Dirección Regional de Trabajo, por el trámite que, el artículo 75° de la Ley Procesal del Trabajo tiene reservado para la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer, sustentando en sendas resoluciones administrativas firmes (artículo 76°, inciso 3). En tal sentido, atendiendo que como señala la misma resolución cuestionada (número ochenta y nueve del cinco de enero de dos mil nueve, corriente de folios novecientos uno a novecientos siete, confirmada por la vista de folios novecientos setenta y siete a novecientos ochenta y uno) de estos autos, que: “la Dirección Regional de Trabajo debe cumplir con las obligaciones de hacer, esto es practicar las liquidaciones, que en su oportunidad la empresa deberá cancelar…”; el órgano jurisdiccional, en aplicación supletoria del artículo 690°; párrafo segundo del Código Procesal Civil que señala: “cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a éste con el mandato de ejecución”, debió integrar a la relación procesal a la amparista.
11. Por lo que, al no haber ocurrido así, el proceso se ha seguido con clara violación de los derechos procesales sustanciales que la actora ha invocado en su demanda; por lo que, se debe declarar fundada la incoada.
Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos antes invocados MI VOTO es porque se DECLARE FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por la Empresa Regional de Servicios Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima – ELECTRONORTE S.A., contra los Señores Jueces Superiores de la Sala Especializada Laboral y otros; en consecuencia NULO los actuados en el expediente 251- 2005 –JL03/PJ, seguido por Franklin Zúñiga Anaya, contra la Dirección Regional de Trabajo y otros, que motiva el presente proceso constitucional, el que debe reponerse al estado de calificarse la demanda.
[1] STC 3179-2004-AA/TC caso Apolonia Ccollcca Ponce
“§ Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales
22. (…) La intensidad del control constitucional de las resoluciones judiciales a través del proceso de amparo depende de la interpretación que se haga de la configuración constitucional del mencionado proceso. Así, desde una interpretación estricta del amparo, los jueces constitucionales examinan la constitucionalidad de la resolución judicial en base al expediente judicial ordinario, otorgando mérito constitucional suficiente a los actuados judiciales. En esta perspectiva, el juez constitucional asume lo resuelto por el juez ordinario iure et de iure. Luego de ello y con estos actuados indiscutibles se pasa a realizar un examen de la motivación y relevancia constitucional de la resolución judicial en función del derecho fundamental invocado.
De otro lado, se parte de una interpretación flexible del amparo cuando el Juez constitucional adquiere plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del proceso ordinario, realizando un examen constitucional de la motivación del fallo y de la relevancia de lo actuado judicialmente. Desde esta posición, el Juez constitucional asume competencia para examinar el juicio ordinario bajo un canon constitucional propio del supremo intérprete de la Constitución. Lo que significa la posibilidad de revisar todo el proceso que va desde el examen del acto lesivo, la validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de las pruebas; es decir, revisando y reformando constitucionalmente la actuación judicial concreta que sea necesaria para determinar la constitucionalidad de la resolución judicial cuestionada.
23. No obstante, esta segunda perspectiva del proceso de amparo precisa que el Tribunal Constitucional establezca el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales, sin que ello suponga convertir al Tribunal Constitucional en una cuarta instancia judicial y sí, más bien, a fin de reconocer que al Tribunal le corresponde, en el proceso de amparo, resolver, ponderadamente, sobre el fondo y la forma de los procesos judiciales ordinarios cuando estos hayan violado los derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional de amparo.
Dicho canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.
(a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.
(b) Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.
(c) Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.”
[2]Artículo 139° de la Constitución: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.(…)
[ 3] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. Pág. 87.
[4] La sentencia 1417-2005-PA/TC, caso Anicama Hernández, en su fundamento jurídico 20, hace referencia a una clasificación de los alcances del contenido esencial de un derecho fundamental e indica.
“ §2.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales
“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41)
[5] A este respecto, anota Zagrebelsky:
“El Estado constitucional (…) no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en su conjunto, sostienen el Estado constitucional. La sola invocación del criterio formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional, no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada supremacía normativa sin atender a los valores y principios que inspiran el sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de la Constitución desatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación”. VID. ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1995. Pág. 14.
[6] STC 5854-2005-PA/TC caso Lizana Puelles F.J. 19
§5. La inconstitucionalidad de la interpretación aislada de los artículos (…) de la Constitución
“ 19. La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional, ya que desconoce, por un lado, el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y, por otro, la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201º de la Constitución). En efecto, dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido reconocida constitucionalmente al JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía, pues pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. Lo que equivaldría a sostener que para el JNE, tales principios y derechos no resultan vinculantes.
[7] «Dios surgido de la máquina», traducción de la expresión griega «απó μηχανῆς θεóς» (apó mekhanés theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina) introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. Aforismo expresado en la STC 00728-2007-PHC/TC Fundamento Jurídico 40.
[8] El concepto de urgencia se basa en la propia esencia del amparo cuya sumariedad doctrinaria es manifiesta. Así lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido:
“(…) el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.”( El subrayado es nuestro) VID. Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 23.
[9] Aquí es importante referirnos a la “teoría del acto reclamado” en el sentido de que se debe determinar los actos agresores ilegítimos materia de agresión, en la medida que no podemos globalizar que “el conjunto” de un proceso significa una vulneración universal.
[10] Vid supra 3.
[11] Existe en consecuencia una valoración trascendente sobre el fondo, impidiendo al órgano constitucional reexaminar bajo la premisa deus ex machina lo decidido por el juzgador laboral.
[12] STC 03227-2007-PA/TC fundamento jurídico 3, lo siguiente:
. “ Que sobre el particular cabe precisar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido que el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional constituye un presupuesto procesal de observancia obligatoria cuando se trata de identificar la materia que puede ser de conocimiento en procesos constitucionales como el amparo. En efecto procesos como el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, sólo tutelan pretensiones que están relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. De este modo, no pueden ser conocidas en un proceso como el amparo: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de origen legal, administrativo, etc.), lo que requiere ciertamente de una precisión: el hecho de que un derecho se encuentre regulado en una ley, reglamento o acto de particulares no implica per se que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional y que consecuentemente no sea susceptible de protección en la jurisdicción constitucional, pues existe un considerable número de casos en los que la ley, el reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el contenido de un derecho fundamental de manera que este contenido, por tener relevancia constitucional, sí es susceptible de protección en la jurisdicción constitucional. Lo que no es protegible en un proceso constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. Así por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional el derecho de posesión regulado en el artículo 896° del Código Civil o los beneficios de combustible o chofer para militares regulados en el Decreto Ley N.° 19846; y ii) pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido constitucional de un derecho fundamental, no son susceptibles de protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario. Así por ejemplo, no se protegen en el amparo contra resoluciones judiciales aquellas pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva valoración de la prueba o la determinación de la validez de un contrato, entre otras.”
[13] A este respecto, Robert Alexy señala que “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o afectación de uno de los principios, tanto mayor será la importancia de la satisfacción del otro”. VID. Teoría de los Derechos Fundamentales, Trad. de Ernesto Garzón Valdés, Madrid,, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, pág. 161.
[14] Vid supra 19.
[15] Así los sostiene la demanda a folios 1066, fundamento 1.14
La irrenunciabilidad de los derechos laborales. Enfoque constitucional, doctrinario y comparado
LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES
Enfoque constitucional, doctrinario y comparado
El juez titular superior especializado en Derecho Constitucional, Edwin Figueroa Gutarra, acaba publicar este sugestivo e importante libro que es sumamente práctico y útil para que el trabajador común y corriente conozca y defienda sus derechos que, por circunscribirse en el campo del Derecho Público, obligatorio para las partes, son irrenunciables. De tal manera que, los empleadores no pueden ni deben negociar a su favor, presionar, chantajear a los trabajadores, habida cuenta que la Constitución respalda amplia y totalmente los derechos del trabajador.
Figueroa Gutarra es doctor en derecho y actualmente se desempeña como juez superior del distrito judicial de Lambayeque. Es, además, profesor de la Universidad San Martín de Porres, en la Filial de Chiclayo y de la Academia de la Magistratura (Amag).
La irrenunciabilidad de los derechos laborales. Enfoque constitucional, doctrinario y comparado, aborda un estudio analítico del artículo 26 inciso 2 de nuestra vigente Constitución (1993) y pretende, a partir de un examen de la jurisprudencia constitucional, un reexamen para determinar en qué medida se ha desarrollado ésta institución laboral. Abona al propósito de estudio del tema que la norma constitucional carezca de precisión, y que, en tal sentido, nos conduzca a problema de interpretación jurídica.
En ese contexto constituye preocupación del libro cómo se mantienen los derechos laborales de los trabajadores bajo las siguientes interrogantes; ¿cuáles derechos son irrenunciables y cuántos son dispositivos?, ¿cómo ha contribuido la jurisprudencia constitucional a ello?, ¿en qué medida se ha efectuado el aporte del Tribunal Constitucional (TC) y de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema a esclarecer el tema?
Resulta evidente que la valoración de este tema en el ámbito constitucional y laboral va a diferir del esquema de la renunciabilidad en el Derecho Civil. En esta última disciplina, prima el principio de autonomía de la voluntad. La premisa de estudio, en esta disciplina, va a ser que entre las partes se tiende a proyectar un equilibrio entre las mismas. Pauta distinta ocurre en sede laboral en la medida que asumimos que el carácter de la desigualdad, que caracteriza a las partes en la relación laboral, determina la imposibilidad de lograr el equilibrio en la negociación empleador- trabajador.
Es así que resulta trascendental en este objeto de estudio la validez de los actos de disposición del trabajador en sus distintas modalidades y el nivel de taxatividad que emane de norma legal imperativa. En otro ámbito, al disponer de un derecho ¿a qué puede estar renunciando el trabajador? ¿A un derecho reconocido por la Constitución, la ley, el convenio colectivo, el contrato de trabajo o la costumbre? El nivel del derecho al cual se renuncia será igualmente relevante para determinar la eficacia de la validez del acto destinatario.
La obra analiza, de igual forma la influencia de otros principios en relación con el principio de irrenunciabilidad y cuál es la determinación sustantiva de los mismos en la no configuración de actos dispositivos, reservando por oposición el principio de autonomía de la voluntad que pretende, desde el Derecho Civil, conferir validez a los actos dispositivos en relación de igualdad que tienda a caracterizar a las partes en tal área.
Finalmente, el libro analiza los enfoques de las Constituciones de 1979 y 1993, para luego estudiar las remuneraciones irrenunciables y disponibles, dado que es en este rubro donde mayor relevancia cobra el aspecto de extensión de la irrenunciabilidad.
Publicado en JURIDICA 321, El Peruano, 21 de setiembre de 2010
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La Carta Democrática Interamericana- Conferencia
Chiclayo, noviembre 09 de 2010
La Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia COSDEJ del departamento de Lambayeque, Perú, y la Agencia de Cooperación Internacional National Endowment for Democracy NED, me han invitado a desarrollar para el próximo 11 de noviembre de 2010, una ponencia respecto a los alcances, vigencia y relevancia de la Carta Democrática Interamericana, ese instrumento de relevancia continental que se firmara en la ciudad de Lima el 11 de setiembre de 2001, pocas horas despúes del infausto suceso acaecido en Nueva York, al derrumbarse las Torres Gemelas tras un alevoso ataque terrorista.
Aún cuando la Carta Democrática Interamericana no forma parte directa del sistema de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, sí es importante poner de relieve su rol de instrumento de acción inmediata de los países del sistema interamericano para la defensa activa de la democracia representativa y sustancialmente, contra escenarios de ruptura democrática. Frente a estos casos, la Carta Democrática Interamericana prevé la inmediata y automática suspensión del Estado miembro infractor del orden democrático, e identifica así un mecanismo de acción directa, en comparación a la Carta de la Organización de Estados Americanos OEA que ordena la realización previa de gestiones a efectos del restablecimiento de la democracia y pone a consideración de la Asamblea, discrecionalmente, la suspensión del Estado infractor.
La diferencia es de grado de acción, según podemos observar, y ello responde a la necesidad de estructurar un procedimiento de acción rápida y que no naufrague en los procedimientos rígidos o convencionales que a su turno, puedan producir un perjuicio mayor.
La Carta Democrática Interamericana apunta a a convertirse en un mecanismo de acción inmediata, como en efecto lo exige la unidad conceptual entre democracia y derechos humanos. La democracia no puede ser lírica, exige una realización efectiva y las trasgresiones a la misma, son afectaciones directas a los derechos de los ciudadanos de los Estados del sistema interamericano y por lo tanto, deben ser objeto de una respuesta inmediata por parte del sistema interamericano.
Es de destacar que la Carta Democrática Interamericana se aleja de la interpretación convencional del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y precisamente representa un mecanismo opuesto a ese escenario de no intervención pues si la democracia es manifiestamente vulnerada al producirse quiebres de la institucionalidad democrática que atropellan la voluntad soberana de los pueblos, las respuestas deben ser igualmente inmediatas.
Sin embargo, la dación de este mecanismo no soluciona los problemas del hemisferio. Aún quedan grandes retos por enfrentar: las democracias están sujetas a continuas amenazas cuando los gobiernos no respetan las libertades de los ciudadanos, cuando las elecciones no son libres ni justas o cuando la carrera armamentista desestabiliza el nivel de vida de los 800 millones de habitantes que representa el Area Libre de Comercio de las Américas.
La Carta Democrática Interamericana, en conclusión, representa un modo de organizar la convivencia hemisférica y tal exigencia, como reflexiona Jacques Maritain(1), se organiza ” rindiendo tributo a valores tales como la verdad, la inteligencia, la dignidad humana, la libertad, el amor fraterno y el valor absoluto del bien moral”.
(1) MARITAIN, Jacques. Man and the State. Washington D.C. The Catholic University of America press. 1998. En Carta Democrática Interamericana, documentos e interpretaciones. Organización de Estados Americanos. Washington D.C. 2003. p. 267.
Los jueces en el Estado constitucional
Referirnos a los jueces en el Estado Constitucional exige desarrollar un marcado contraste con el juez que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII. Las diferencias resultan notorias en la medida que el juez de ese entonces debía ceñirse al rol de aplicador de la norma. En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, el rol del juez resulta sustantivamente distinto. Hoy el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador.
Es en esta nueva centuria que vía control difuso el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en ese orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho.
En virtud a ello pretendemos poner de relieve el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. En ese orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último, en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado, dentro del ejercicio legítimo de sus facultades, que ciertas decisiones de aquellos pueden contravenir la Carta Magna.
Queda atrás, igualmente, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho, relegando al juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.
La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó con fuerza una separación estricta entre el derecho y la moral, en su visión del derecho como un producto puro. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral.
Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan extremos opuestos y que las diferencias de roles exigen adecuar nuestra visión al rol relevante asignado a los jueces en el Estado Constitucional.
Publicado en JURIDICA 317, El Peruano, 24 de agosto de 2010
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References: artículo 27
 artículo 63
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
in fine
 artículo 1
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 121
 resolución 
 artículo 75
 resolución 
 artículo 690
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 896
 artículo 26