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Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 441990
Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio)
Publicado en: BOE Num. 159 (2007)
CAPÍTULO I. De las conductas prohibidas - arts. 1 a 6
CAPÍTULO II. De las concentraciones económicas - arts. 7 a 10
CAPÍTULO III. De las ayudas públicas - art. 11
CAPÍTULO I. De los órganos competentes para la aplicación de esta Ley - arts. 12 a 14
CAPÍTULO II. Mecanismos de colaboración y cooperación - arts. 15 a 18
SECCIÓN 1ª. Naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia - arts. 19 a 23
SECCIÓN 2ª. Funciones de la Comisión Nacional de la Competencia - arts. 24 a 26
SECCIÓN 3ª. Transparencia y responsabilidad social de la Comisión Nacional de la Competencia - arts. 27 y 28
CAPÍTULO II. De los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia
SECCIÓN 1ª. Disposiciones Comunes - arts. 29 a 31
SECCIÓN 2ª. Del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia - art. 32
SECCIÓN 3ª. Del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia - arts. 33 y 34
SECCIÓN 4ª. De la Dirección de Investigación - art. 35
SECCIÓN 1ª. Plazos de los procedimientos - arts. 36 a 38
SECCIÓN 2ª. Facultades de la Comisión Nacional de la Competencia - arts. 39 a 41
SECCIÓN 3ª. Principios generales del procedimiento - arts. 42 a 46
SECCIÓN 4ª. De los recursos - arts. 47 y 48
SECCIÓN 1ª. De la instrucción del procedimiento
SECCIÓN 2ª. De la resolución del procedimiento sancionador - arts. 51 a 53
SECCIÓN 3ª. De las medidas cautelares - art. 54
SECCIÓN 1ª. De la notificación - arts. 55 y 56
SECCIÓN 2ª. De la instrucción y resolución del procedimiento - arts. 57 a 60
TÍTULO V. Del régimen sancionador - arts. 61 a 70
TÍTULO VI. De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia - arts. 71 a 81
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. De los Juzgados de lo Mercantil
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Comunicaciones de la Comisión Nacional de la Competencia
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Definiciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Referencias a los órganos nacionales de competencia existentes en otras normas
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Extinción del Tribunal de Defensa de la Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Referencias a la Comisión Nacional de la Competencia y a sus órganos de dirección
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Asistencia jurídica a la Comisión Nacional de la Competencia
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Procedimientos iniciados formalmente
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Constitución de la Comisión Nacional de la Competencia
Norma citada en: 2417 sentencias, 379 artículos doctrinales, 172 disposiciones normativas, 3 temas prácticos, un formulario, 1668 resoluciones administrativas, 5463 noticias
Texto desarrollado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.
TÍTULO I De la defensa de la competencia Artículos 1 a 11
CAPÍTULO I De las conductas prohibidas Artículos 1 a 6
ARTÍCULO 1 Conductas colusorias.
Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley.
La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:
Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas.
La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE.
Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo citado en: 1380 sentencias, 125 artículos doctrinales, 22 disposiciones normativas, un tema práctico, 505 resoluciones administrativas, 259 noticias
ARTÍCULO 2 Abuso de posición dominante.
La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal.
Artículo citado en: 392 sentencias, 76 artículos doctrinales, 19 disposiciones normativas, 301 resoluciones administrativas, 62 noticias
ARTÍCULO 3 Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
Artículo citado en: 244 sentencias, 48 artículos doctrinales, 17 disposiciones normativas, 189 resoluciones administrativas, 37 noticias
ARTÍCULO 4 Conductas exentas por ley.
Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una ley.
Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal.
Artículo citado en: 122 sentencias, 13 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 45 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 5 Conductas de menor importancia.
Artículo citado en: 78 sentencias, 8 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 29 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 6 Declaraciones de inaplicabilidad.
Artículo citado en: 66 sentencias, 12 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 28 resoluciones administrativas, 2 noticias
CAPÍTULO II De las concentraciones económicas Artículos 7 a 10
ARTÍCULO 7 Definición de concentración económica.
A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieran la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular, mediante:
derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de una empresa,
contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de la empresa.
No tendrán la consideración de concentración:
La mera redistribución de valores o activos entre empresas de un mismo grupo.
La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o sólo se ejerzan con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la realización en el plazo establecido.
Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas, siempre que los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo sean ejercidos para mantener el pleno valor de tales inversiones y no para determinar el comportamiento competitivo de dichas empresas.
La adquisición de control por una persona en virtud de un mandato conferido por autoridad pública con arreglo a la normativa concursal.
Artículo citado en: 34 sentencias, 16 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 97 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 8 Ámbito de aplicación.
El procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicará a las concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes:
Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo.
Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros.
Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a aquellas concentraciones de dimensión comunitaria tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas, salvo que la concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el citado Reglamento.
Artículo 8, apartado 1 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo citado en: 20 sentencias, 15 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, 35 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 9 Obligación de notificación y suspensión de la ejecución.
Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de aplicación del artículo anterior deberán notificarse a la Comisión Nacional de la Competencia previamente a su ejecución.
La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la Administración en los términos previstos en el artículo 38, salvo en caso de levantamiento de la suspensión.
Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta pública de adquisición de acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sea una concentración económica sujeta a control de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, siempre y cuando:
la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de cinco días desde que se presenta la solicitud de la autorización de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en caso de no haber sido notificada con anterioridad, y
el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los valores en cuestión o sólo los ejerza para salvaguardar el valor íntegro de su inversión sobre la base de una dispensa concedida por la Comisión Nacional de la Competencia.
Están obligados a notificar:
Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la creación de una empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
En el caso de que una concentración sujeta a control según lo previsto en la presente Ley no hubiese sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia, ésta, de oficio, requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notificación en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recepción del requerimiento.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, a propuesta de la Dirección de Investigación y previa solicitud motivada.
Artículo citado en: 28 sentencias, 9 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 114 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 10 Criterios de valoración sustantiva.
La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones económicas atendiendo a la posible obstaculización del mantenimiento de una competencia efectiva en todo o en parte del mercado nacional.
la estructura de todos los mercados relevantes,
la posición en los mercados de las empresas afectadas, su fortaleza económica y financiera,
la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera del territorio nacional,
las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados,
la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados,
la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y servicios de que se trate,
el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su capacidad para compensar la posición en el mercado de las empresas afectadas,
las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular, la contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización así como a la competitividad empresarial, y la medida en que dichas eficiencias sean trasladadas a los consumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o mejor oferta y de menores precios.
En la medida en que la creación de una empresa en participación sujeta al control de concentraciones tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento competitivo de empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en función de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ley.
En su caso, en la valoración de una concentración económica podrán entenderse comprendidas determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y necesarias para su realización.
El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia.
defensa y seguridad nacional,
protección de la seguridad o salud públicas,
libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional,
promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos,
garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Artículo citado en: 21 sentencias, 8 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 71 resoluciones administrativas, una noticia
CAPÍTULO III De las ayudas públicas Artículo 11
ARTÍCULO 11 Ayudas públicas.
La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de las Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados con el fin de:
Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas individuales.
Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento de la competencia.
En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá un informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España que tendrá carácter público en los términos previstos en el artículo 27.3.b) de la presente Ley.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España. La Oficina pondrá dicha información a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
A los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de la notificación a la Comisión Europea deberá comunicar a la Comisión Nacional de la Competencia:
los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE, en el momento de su notificación a la Comisión Europea.
las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos comunitarios de exención, así como los informes anuales recogidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el momento de su notificación a la Comisión Europea.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir cualquier información en relación con los proyectos y las ayudas concedidas por las Administraciones públicas y, en concreto, las disposiciones por las que se establezca cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los apartados a) y b) del punto anterior.
Los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial, a los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la Comisión Nacional de la Competencia a los efectos de su incorporación al informe anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones en este ámbito de la Comisión Nacional de la Competencia.
Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea y del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, y de las competencias de la Comisión Europea y de los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales en materia de control de ayudas públicas.
Artículo 11, apartado 2, segundo párrafo, añadido por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: 8 sentencias, 5 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas, una noticia
TÍTULO II Del esquema institucional para la aplicación de esta Ley Artículos 12 a 18
CAPÍTULO I De los órganos competentes para la aplicación de esta Ley Artículos 12 a 14
ARTÍCULO 12 La Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 12, apartado 2 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 12, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 28 sentencias, 7 artículos doctrinales, una disposición normativa, 24 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 13 Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de esta Ley ejercerán en su territorio las competencias ejecutivas correspondientes en los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma y en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.
Artículo citado en: 20 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 14 El Consejo de Ministros.
Artículo citado en: 12 sentencias, 2 resoluciones administrativas, una noticia
CAPÍTULO II Mecanismos de colaboración y cooperación Artículos 15 a 18
ARTÍCULO 15 Coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
La coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas se llevará a cabo según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
A los efectos de facilitar la cooperación con los órganos jurisdiccionales y la coordinación con los órganos reguladores, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas habilitarán los mecanismos de información y comunicación de actuaciones, solicitudes e informes previstos en los artículos 16 y 17 de la presente Ley respecto de aquellos procedimientos que hayan sido iniciados formalmente según lo previsto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
Artículo citado en: 15 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 16 Cooperación con los órganos jurisdiccionales.
La Comisión Nacional de la Competencia por propia iniciativa podrá aportar información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o relativas a los artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, por propia iniciativa podrán aportar información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los autos de admisión a trámite de las demandas y las sentencias que se pronuncien en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán a la Comisión Nacional de la Competencia en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los mecanismos de información necesarios para comunicar estas sentencias a los órganos autonómicos.
La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a la Comisión Europea una copia del texto de las sentencias que se pronuncien sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.
Artículo citado en: 45 sentencias, 4 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 17 Coordinación con los reguladores sectoriales.
Artículo 17 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 17, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 18 sentencias, 7 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 41 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 18 Colaboración de la Comisión Nacional de la Competencia con Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados Miembros y la Comisión Europea.
TÍTULO III De la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 19 a 35
Título III, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
CAPÍTULO I Disposiciones comunes Artículos 19 a 28
Capítulo I, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
SECCIÓN 1ª Naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 19 a 23
Sección 1, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 19 Naturaleza y régimen jurídico.
Artículo 19, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 20 Composición de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 20 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 20, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 21 Personal de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 21, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 22 Recursos económicos de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 22, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 23 Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
Artículo 23 modificado, con efectos desde el 1 de enero de 2011, por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Diciembre de 2010.
Artículo 23, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: una sentencia, 6 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
SECCIÓN 2ª Funciones de la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 24 a 26
Sección 2, derogada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 24 Funciones de instrucción, resolución y arbitraje.
Artículo 24, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 10 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, 18 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 25 Competencias consultivas.
Artículo 25, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 11 sentencias, 7 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 19 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 26 Otras funciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 26, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 5 sentencias, 5 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
SECCIÓN 3ª Transparencia y responsabilidad social de la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 27 y 28
Sección 3, derogada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 27 Publicidad de las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 27, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 21 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 28 Control parlamentario de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 28, apartado 2 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 28, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
CAPÍTULO II De los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 29 a 35
Capítulo II, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
SECCIÓN 1ª Disposiciones Comunes Artículos 29 a 31
Sección 1, derogada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 29 Nombramiento y mandato de los órganos directivos de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 29, apartado 2 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 29, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 30 Causas de cese en el ejercicio del cargo.
Artículo 30, apartado 1 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 30, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: una sentencia, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 31 Incompatibilidades.
Artículo 31, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: una sentencia, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 8 resoluciones administrativas
SECCIÓN 2ª Del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia Artículo 32
ARTÍCULO 32 Funciones del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 32, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
SECCIÓN 3ª Del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 33 y 34
ARTÍCULO 33 Composición y funcionamiento del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 33, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 33, apartados 1, 3 y 5 modificados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
ARTÍCULO 34 Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 34 modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 34, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 8 sentencias, un artículo doctrinal, 13 resoluciones administrativas
SECCIÓN 4ª De la Dirección de Investigación Artículo 35
Sección 4, derogada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
ARTÍCULO 35 Estructura y funciones de la Dirección de Investigación.
Artículo 35, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 16 sentencias, 44 resoluciones administrativas
TÍTULO IV De los procedimientos Artículos 36 a 48
CAPÍTULO I Disposiciones comunes Artículos 36 a 48
SECCIÓN 1ª Plazos de los procedimientos Artículos 36 a 38
ARTÍCULO 36 Plazo máximo de los procedimientos.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será:
de un mes en la primera fase, según lo previsto en el artículo 57 de esta Ley, a contar desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional de la Competencia,
de dos meses en la segunda fase, según lo previsto en el artículo 58 de esta Ley, a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley será de 15 días, contados desde la recepción de la correspondiente resolución dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
El plazo máximo para adoptar y notificar un Acuerdo del Consejo de Ministros en el procedimiento de control de concentraciones será de un mes, contado desde la resolución del Ministro de Economía y Hacienda de elevar la operación al Consejo de Ministros.
El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dicte y notifique la resolución sobre el recurso previsto en el artículo 47 de esta Ley contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación será de tres meses.
El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dicte y notifique la resolución relativa a la adopción de medidas cautelares a instancia de parte prevista en el artículo 54 de esta Ley será de tres meses. Cuando la solicitud de medidas cautelares se presente antes de la incoación del expediente, el plazo máximo de tres meses comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de incoación.
El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dicte y notifique la resolución sobre la adopción de medidas en el ámbito de los expedientes de vigilancia de obligaciones, resoluciones o acuerdos prevista en el artículo 41 será de tres meses desde la correspondiente propuesta de la Dirección de Investigación.
Artículo citado en: 299 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 23 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 37 Supuestos de ampliación de los plazos y suspensión de su cómputo.
El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:
Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las Administraciones Públicas la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
Cuando sea necesaria la cooperación y la coordinación con la Unión Europea o con las Autoridades Nacionales de Competencia de otros países.
Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se interponga recurso contencioso-administrativo.
Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.
Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la cuestión sometida al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en los términos establecidos en el artículo 51.
Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un acuerdo de terminación convencional en los términos establecidos en el artículo 52.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se acordará la suspensión del plazo máximo para resolver los procedimientos:
Cuando la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en relación con los mismos hechos. La suspensión se levantará cuando la Comisión Europea adopte la correspondiente decisión.
Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los notificantes para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios para la resolución del expediente de control de concentraciones, según lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 55 de la presente Ley.
Cuando se informe a la Comisión Europea en el marco de lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado con respecto a una propuesta de resolución en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.
Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2.c) y d) de esta Ley. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspenderá necesariamente la tramitación del procedimiento.
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía administrativa.
Artículo citado en: 245 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 80 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 38 Efectos del silencio administrativo.
El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento.
El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.a) de esta Ley para la resolución en primera fase de control de concentraciones determinará la estimación de la correspondiente solicitud por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.b) de esta Ley para la resolución en segunda fase de control de concentraciones determinará la autorización de la concentración por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.3 y 4 de esta Ley para la resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de Ministros y, en su caso, para la adopción del correspondiente acuerdo de este último, determinará, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.4 de esta Ley, la inmediata ejecutividad de la correspondiente resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
El transcurso del plazo previsto en el artículo 36.5 de esta Ley para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva los recursos contra resoluciones y actos de la Dirección de Investigación determinará su desestimación por silencio administrativo.
El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.6 y 7 de esta Ley para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva en cuanto a adopción de medidas cautelares o en el marco de expedientes de vigilancia determinará su desestimación por silencio administrativo.
Artículo citado en: 84 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 92 resoluciones administrativas, una noticia
SECCIÓN 2ª Facultades de la Comisión Nacional de la Competencia Artículos 39 a 41
ARTÍCULO 39 Deberes de colaboración e información.
Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente.
La colaboración, a instancia propia o a instancias de la Comisión Nacional de la Competencia, no implicará la condición de interesado en el correspondiente procedimiento.
Artículo citado en: 55 sentencias, 3 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, 53 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 40 Facultades de inspección.
Artículo 40, derogado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 79 sentencias, 10 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas, 37 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 41 Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos.
La Comisión Nacional de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y sus normas de desarrollo así como de las resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas como de medidas cautelares y de control de concentraciones.
En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a propuesta de la Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas sancionadoras y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la desconcentración.
Artículo citado en: 43 sentencias, 5 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 93 resoluciones administrativas
SECCIÓN 3ª Principios generales del procedimiento Artículos 42 a 46
ARTÍCULO 42 Tratamiento de la información confidencial.
Artículo citado en: 17 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 79 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 43 Deber de secreto.
Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como parte, deberán guardar secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus funciones.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la violación del deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Artículo citado en: 11 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, 34 resoluciones administrativas, 10 noticias
ARTÍCULO 44 Archivo de las actuaciones.
Cuando la Comisión Nacional de la Competencia no sea competente para enjuiciar las conductas detectadas o denunciadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, o se den las circunstancias previstas en el mismo para la desestimación de denuncias.
Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al procedimiento de control por la Comisión Nacional de la Competencia previsto en la presente Ley.
Cuando la concentración notificada sea remitida a la Comisión Europea en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de autorización o la Comisión Nacional de la Competencia tenga información fehaciente de que no tienen intención de realizarla.
Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 42 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 45 Supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo citado en: 8 sentencias, 2 artículos doctrinales, 22 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 46 Prejudicialidad del proceso penal.
SECCIÓN 4ª De los recursos Artículos 47 y 48
ARTÍCULO 47 Recurso administrativo contra las resoluciones y actos dictados por la Dirección de Investigación.
Las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de diez días.
El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo.
Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el expediente para que las partes formulen alegaciones en el plazo de quince días.
Artículo citado en: 44 sentencias, 7 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 163 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 48 Recursos contra las resoluciones y actos dictados por el Presidente y por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia no cabe ningún recurso en vía administrativa y sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 58 de esta Ley, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del Ministro de Economía y Hacienda o del Acuerdo de Consejo de Ministros o del transcurso de los plazos establecidos en los apartados 3 ó 4 del artículo 36 de esta Ley, una vez que la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia sea eficaz, ejecutiva y haya puesto fin a la vía administrativa.
Artículo citado en: 8 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 6 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas Artículos 49 a 60
SECCIÓN 1ª De la instrucción del procedimiento Artículos 49 a 54
ARTÍCULO 49 Iniciación del procedimiento.
El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Investigación, ya sea a iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o bien por denuncia. Cualquier persona física o jurídica, interesada o no, podrá formular denuncia de las conductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se determinará reglamentariamente. La Dirección de Investigación incoará expediente cuando se observen indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas y notificará a los interesados el acuerdo de incoación.
Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de Investigación podrá realizar una información reservada, incluso con investigación domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente sancionador.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley.
Artículo citado en: 149 sentencias, 11 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 366 resoluciones administrativas, 7 noticias
ARTÍCULO 50 Instrucción del expediente sancionador.
La Dirección de Investigación, una vez incoado el expediente, practicará los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los interesados para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes.
Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección de Investigación formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para que, en el plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.
Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación lo remitirá al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, acompañándolo de un informe en el que se incluirá la propuesta de resolución, así como, en los casos en los que proceda, propuesta relativa a la exención o a la reducción de multa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 y 66 de esta Ley.
Artículo citado en: 134 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 120 resoluciones administrativas
SECCIÓN 2ª De la resolución del procedimiento sancionador Artículos 51 a 53
ARTÍCULO 51 Procedimiento de resolución ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el plazo para su realización.
La Dirección de Investigación practicará aquellas pruebas y actuaciones complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
A propuesta de los interesados, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar la celebración de vista.
Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido calificada debidamente en la propuesta de la Dirección de Investigación, someterá la nueva calificación a los interesados y a ésta para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen oportunas.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, conclusas las actuaciones y, en su caso, informada la Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, dictará resolución.
Artículo citado en: 142 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 41 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 52 Terminación convencional.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.
Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento.
La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este artículo no podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4.
Artículo citado en: 32 sentencias, 11 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 71 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 53 Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán declarar:
La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o por los artículos 81 y 82 del Tratado CE.
La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.
Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán contener:
La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de comportamiento. Las condiciones estructurales sólo podrán imponerse en ausencia de otras de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de existir condiciones de comportamiento, éstas resulten más gravosas para la empresa en cuestión que una condición estructural.
El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta Ley.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá proceder, a propuesta de la Dirección de Investigación, que actuará de oficio o a instancia de parte, a la revisión de las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones cuando se acredite una modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas en cuenta al dictarlas.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá, de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Artículo citado en: 31 sentencias, 4 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 49 resoluciones administrativas
SECCIÓN 3ª De las medidas cautelares Artículo 54
ARTÍCULO 54 Adopción de medidas cautelares.
Artículo citado en: 5 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, un tema práctico, 13 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III Del procedimiento de control de concentraciones económicas Artículos 55 a 60
SECCIÓN 1ª De la notificación Artículos 55 y 56
ARTÍCULO 55 Notificación de concentración económica.
El procedimiento de control de concentraciones económicas se iniciará una vez recibida en forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de notificación establecido reglamentariamente.
Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá formularse consulta a la Comisión Nacional de la Competencia sobre:
si una determinada operación es una concentración de las previstas en el artículo 7,
si una determinada concentración supera los umbrales mínimos de notificación obligatoria previstos en el artículo 8.
Ante el conocimiento de la posible existencia de una concentración sujeta a control, la Dirección de Investigación podrá realizar actuaciones previas con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias para su notificación obligatoria de acuerdo con el artículo 9.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al notificante para que en un plazo de 10 días subsane cualquier falta de información o de documentos preceptivos y complete el formulario de notificación.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir en cualquier momento del procedimiento a la parte notificante para que, en un plazo de diez días, aporte documentos u otros elementos necesarios para resolver.
En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Nacional de la Competencia podrá solicitar a terceros operadores la información que considere oportuna para la adecuada valoración de la concentración. Asimismo, podrá solicitar los informes que considere necesarios para resolver a cualquier organismo de la misma o distinta Administración.
Artículo citado en: 32 sentencias, 5 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 34 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 56 Formulario abreviado de notificación.
Se podrá presentar un formulario abreviado de notificación, que será establecido reglamentariamente, para su uso, entre otros, en los siguientes supuestos:
Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las partes de la operación porque ninguna de ellas realice actividades económicas en el mismo mercado geográfico y de producto de referencia o en mercados relacionados de modo ascendente o descendente dentro del proceso de producción y comercialización.
Cuando la participación de las partes en los mercados, por su escasa importancia, no sea susceptible de afectar significativamente a la competencia, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o partes de empresa sobre la cual tiene ya el control conjunto.
Cuando, tratándose de una empresa en participación, ésta no ejerza ni haya previsto ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas actividades sean marginales.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la presentación del formulario ordinario de notificación cuando, aún cumpliéndose las condiciones para utilizar el formulario abreviado, determine que es necesario para una investigación adecuada de los posibles problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento empezará a computar de nuevo desde la fecha de presentación del formulario ordinario.
Artículo citado en: 3 sentencias, 7 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 62 resoluciones administrativas
SECCIÓN 2ª De la instrucción y resolución del procedimiento Artículos 57 a 60
ARTÍCULO 57 Instrucción y resolución en la primera fase.
Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación formará expediente y elaborará un informe de acuerdo con los criterios de valoración del artículo 10, junto con una propuesta de resolución.
Sobre la base del informe y de la propuesta de resolución de la Dirección de Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictará resolución en primera fase, en la que podrá:
Autorizar la concentración.
Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos propuestos por los notificantes.
Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando considere que la concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado nacional.
Acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y el archivo de la correspondiente notificación. En este caso, se notificará dicha remisión al notificante, indicándole que la competencia para adoptar una decisión sobre el asunto corresponde a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa comunitaria y que, por tanto, la operación no se puede beneficiar del silencio positivo previsto en el artículo 38.
Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
Artículo citado en: 8 sentencias, 6 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 194 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 58 Instrucción y resolución en la segunda fase.
Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la Dirección de Investigación elaborará una nota sucinta sobre la concentración que, una vez resueltos los aspectos confidenciales de la misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el plazo de 10 días.
Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la concentración se recogerán en un pliego de concreción de hechos elaborado por la Dirección de Investigación, que será notificado a los interesados para que en un plazo de 10 días formulen alegaciones.
A solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección de Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adoptará la decisión final mediante una resolución en la que podrá:
Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de determinados compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
Prohibir la concentración.
Las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia serán comunicadas al Ministro de Economía y Hacienda al mismo tiempo de su notificación a los interesados.
Las resoluciones en segunda fase en las que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia prohíba una concentración o la subordine al cumplimiento de compromisos o condiciones no serán eficaces ni ejecutivas y no pondrán fin a la vía administrativa:
Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haya resuelto no elevar la concentración al Consejo de Ministros o haya transcurrido el plazo legal para ello establecido en el artículo 36 de esta Ley.
En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda haya decidido elevar la concentración al Consejo de Ministros, hasta que el Consejo de Ministros haya adoptado un acuerdo sobre la concentración que confirme la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o haya transcurrido el plazo legal para ello establecido en el artículo 36 de esta Ley.
Artículo citado en: 13 sentencias, 6 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 14 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 59 Presentación de compromisos.
Cuando de una concentración puedan derivarse obstáculos para el mantenimiento de la competencia efectiva, las partes notificantes, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión Nacional de la Competencia, podrán proponer compromisos para resolverlos.
Cuando se propongan compromisos, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento se ampliará en 10 días en la primera fase y 15 días en la segunda fase.
Los compromisos propuestos por las partes notificantes podrán ser comunicados a los interesados o a terceros operadores con el fin de valorar su adecuación para resolver los problemas para la competencia derivados de la concentración así como sus efectos sobre los mercados.
Artículo citado en: 4 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 60 Intervención del Consejo de Ministros.
El Ministro de Economía y Hacienda podrá elevar la decisión sobre la concentración al Consejo de Ministros por razones de interés general cuando, en segunda fase, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia:
Haya resuelto prohibir la concentración.
Haya resuelto subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
La resolución del Ministro de Economía y Hacienda se comunicará a la Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su notificación a los interesados.
El Consejo de Ministros podrá:
Confirmar la resolución dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. Antes de adoptar el Acuerdo correspondiente, se podrá solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia.
Transcurridos los plazos indicados en el artículo 36 sin que el Ministro de Economía y Hacienda o el Consejo de Ministros hayan adoptado una decisión, la resolución expresa del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en segunda fase será eficaz, inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa, entendiéndose que la misma ha acordado:
Subordinar la autorización de la concentración a los compromisos o condiciones previstos en la citada resolución.
Prohibir la concentración, pudiendo el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia:
Ordenar que no se proceda a la misma, cuando la concentración no se hubiera ejecutado.
Ordenar las medidas apropiadas para el restablecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración, cuando la concentración ya se hubiera ejecutado.
El Acuerdo de Consejo de Ministros será comunicado a la Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su notificación a las partes.
Artículo citado en: 2 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una noticia
TÍTULO V Del régimen sancionador Artículos 61 a 70
ARTÍCULO 61 Sujetos infractores.
Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley.
A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.
Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupación de empresas y ésta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa.
Artículo citado en: 108 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, 75 resoluciones administrativas, 20 noticias
ARTÍCULO 62 Infracciones.
Haber presentado a la Comisión Nacional de la Competencia la notificación de la concentración económica fuera de los plazos previstos en los artículos 9.3.a) y 9.5.
No haber notificado una concentración requerida de oficio por la Comisión Nacional de la Competencia según lo previsto en el artículo 9.5.
No haber suministrado a la Comisión Nacional de la Competencia la información requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa.
No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.
No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o engañosa, los libros o documentos solicitados por la Comisión Nacional de la Competencia en el curso de la inspección.
No responder a las preguntas formuladas por la Comisión Nacional de la Competencia o hacerlo de forma incompleta, inexacta o engañosa.
Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de la Competencia.
El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o potenciales.
El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 que no tenga la consideración de muy grave.
El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los términos establecidos en el artículo 3 de esta Ley.
La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo previsto en esta Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la misma sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión.
El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales.
El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de la Ley cuando el mismo sea cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos especiales o exclusivos.
Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto en materia de conductas restrictivas como de control de concentraciones.
Artículo citado en: 398 sentencias, 16 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 258 resoluciones administrativas, 12 noticias
Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones:
Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas en los términos siguientes:
Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de euros.
Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.
Artículo citado en: 559 sentencias, 22 artículos doctrinales, 166 resoluciones administrativas, 5 noticias
ARTÍCULO 64 Criterios para la determinación del importe de las sanciones.
El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.
La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.
El alcance de la infracción.
La duración de la infracción.
El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.
Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.
Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una de las empresas responsables.
Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias agravantes:
La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.
La posición de responsable o instigador de la infracción.
La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas ilícitas.
La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la posible consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.
Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes:
La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.
La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.
La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.
La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.
Artículo 64, apartado 3, letra c), modificada por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Artículo citado en: 532 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa, 152 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 65 Exención del pago de la multa.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Comisión Nacional de la Competencia eximirá a una empresa o a una persona física del pago de la multa que hubiera podido imponerle cuando:
Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan ordenar el desarrollo de una inspección en los términos establecidos en el artículo 40 en relación con un cártel, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma, o
Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan comprobar una infracción del artículo 1 en relación con un cártel, siempre y cuando, en el momento de aportarse los elementos, la Comisión Nacional de la Competencia no disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya concedido una exención a una empresa o persona física en virtud de lo establecido en la letra a).
Para que la Comisión Nacional de la Competencia conceda la exención prevista en el apartado anterior, la empresa o, en su caso, la persona física que haya presentado la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:
Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de la Competencia, en los términos en que se establezcan reglamentariamente, a lo largo de todo el procedimiento administrativo de investigación.
Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que facilite los elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en aquellos supuestos en los que la Comisión Nacional de la Competencia estime necesario que dicha participación continúe con el fin de preservar la eficacia de una inspección.
No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención ni haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la Comisión Europea o de otras Autoridades de Competencia, su intención de presentar esta solicitud o su contenido.
No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción.
La exención del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos y que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo citado en: 142 sentencias, 20 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 39 resoluciones administrativas, 4 noticias
ARTÍCULO 66 Reducción del importe de la multa.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá reducir el importe de la multa correspondiente en relación con aquellas empresas o personas físicas que, sin reunir los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo anterior:
faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la Comisión Nacional de la Competencia, y
cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo anterior.
El nivel de reducción del importe de la multa se calculará atendiendo a la siguiente regla:
La primera empresa o persona física que cumpla lo establecido en el apartado anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento.
La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento.
Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse de una reducción de hasta el 20 por ciento del importe de la multa.
La aportación por parte de una empresa o persona física de elementos de prueba que permitan establecer hechos adicionales con repercusión directa en el importe de la multa será tenida en cuenta por la Comisión Nacional de la Competencia al determinar el importe de la multa correspondiente a dicha empresa o persona física.
La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será aplicable, en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre que hayan colaborado con la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo citado en: 109 sentencias, 16 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 33 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 67 Multas coercitivas.
A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley.
A deshacer una operación de concentración que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley.
A la remoción de los efectos provocados por una conducta restrictiva de la competencia.
Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados en las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia o en los Acuerdos de Consejo de Ministros según lo previsto en la presente Ley.
Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento o acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia o del Consejo de Ministros.
Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 39.
Al cumplimiento de las medidas cautelares.
Artículo citado en: 26 sentencias, 4 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 29 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 68 Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan cesado.
Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración con conocimiento formal del interesado tendente al cumplimiento de la Ley y por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las resoluciones correspondientes.
Artículo citado en: 61 sentencias, un artículo doctrinal, 48 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 69 Publicidad de las sanciones.
ARTÍCULO 70 Normativa aplicable y órganos competentes.
A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 correspondientes a los artículos 1, 2 y 3, todos de esta Ley, el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Título se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. No obstante, el plazo máximo de resolución podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 37 de esta Ley.
La Dirección de Investigación será el órgano competente para la iniciación e instrucción del procedimiento sancionador y el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia para la resolución del mismo.
La recaudación de las multas corresponderá a la Administración General del Estado en periodo voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Artículo 70, apartado 3, añadido por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 10 sentencias, 3 disposiciones normativas, 26 resoluciones administrativas
TÍTULO VI De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia Artículos 71 a 81
Título VI, añadido por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
ARTÍCULO 71 Responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia.
Los infractores del Derecho de la competencia serán responsables de los daños y perjuicios causados.
A efectos de este título:
Se considera como infracción del Derecho de la competencia toda infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 o 2 de la presente ley.
La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.
Artículo añadido por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Artículo citado en: 33 sentencias, 3 artículos doctrinales
ARTÍCULO 72 Derecho al pleno resarcimiento.
Cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia, tendrá derecho a reclamar al infractor y obtener su pleno resarcimiento ante la jurisdicción civil ordinaria.
El pleno resarcimiento consistirá en devolver a la persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto dicho resarcimiento comprenderá el derecho a la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses.
El pleno resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio de indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.
ARTÍCULO 73 Responsabilidad conjunta y solidaria.
Las empresas y las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, que hubieran infringido de forma conjunta el Derecho de la competencia serán solidariamente responsables del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio del derecho al pleno resarcimiento, cuando el infractor fuera una pequeña o mediana empresa conforme a la definición dada en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sólo será responsable ante sus propios compradores directos e indirectos en el caso de que:
su cuota de mercado en el respectivo mercado fuera inferior al cinco por ciento en todo momento durante la infracción, y
la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el apartado 1 mermara irremediablemente su viabilidad económica y causara una pérdida de todo el valor de sus activos.
La excepción prevista en el apartado 2 no se aplicará cuando:
La empresa hubiese dirigido la infracción o coaccionado a otras empresas para que participaran en la infracción, o
la empresa hubiese sido anteriormente declarada culpable de una infracción del Derecho de la competencia.
Como excepción al apartado 1, los sujetos beneficiarios de la exención del pago de multa en el marco de un programa de clemencia serán responsables solidariamente:
Ante sus compradores o proveedores directos o indirectos, y
ante otras partes perjudicadas solo cuando no se pueda obtener el pleno resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma infracción del Derecho de la competencia.
El infractor que hubiera pagado una indemnización podrá repetir contra el resto de los infractores por una cuantía que se determinará en función de su responsabilidad relativa por el perjuicio causado.
ARTÍCULO 74 Plazo para el ejercicio de las acciones de daños.
La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia prescribirá a los cinco años.
El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:
La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia;
el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y
la identidad del infractor.
El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del Derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra forma.
Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia.
ARTÍCULO 75 Efecto de las resoluciones de las autoridades de la competencia o de los tribunales competentes.
La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español.
En aquellos casos en los que, debido al ejercicio de las acciones de daños por infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y perjuicios, se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción del Derecho de la competencia cuando haya sido declarada en una resolución firme de una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y probar hechos nuevos de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo citado en: 27 sentencias, 4 artículos doctrinales
ARTÍCULO 76 Cuantificación de los daños y perjuicios.
La carga de la prueba de los daños y perjuicios sufridos por la infracción del Derecho de la competencia corresponderá a la parte demandante.
Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños.
Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario.
En los procedimientos relativos a las reclamaciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia, las autoridades de la competencia españolas podrán informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los infractores deban satisfacer a quienes hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el tribunal competente.
ARTÍCULO 77 Efectos de las soluciones extrajudiciales sobre el derecho al resarcimiento de los daños.
El derecho al resarcimiento de daños y perjuicios de la persona perjudicada que hubiera sido parte en un acuerdo extrajudicial se reducirá en la parte proporcional que el sujeto infractor con quien hubiera alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción del Derecho de la competencia le ocasionó.
Los infractores con los que no se hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial no podrán exigir del infractor que hubiera sido parte en el acuerdo una contribución por la indemnización restante.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los coinfractores que no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial no pudieran pagar la indemnización restante, la persona perjudicada podrá reclamársela a aquel con quien celebró el acuerdo, salvo pacto en contrario.
Al determinar el importe de la contribución que un coinfractor puede recuperar de cualquier otro coinfractor con arreglo a su responsabilidad relativa por el daño causado por la infracción del Derecho de la competencia, los tribunales tendrán debidamente en cuenta los daños y perjuicios abonados en el contexto de un acuerdo extrajudicial previo en el que haya participado el coinfractor respectivo.
ARTÍCULO 78 Sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento.
El derecho al resarcimiento enunciado en este título se referirá únicamente al sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no haya sido repercutido y le haya generado un daño.
Los tribunales estarán facultados para calcular con arreglo a derecho la parte del sobrecoste repercutido.
El demandado podrá invocar en su defensa el hecho de que el demandante haya repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de la Competencia.
ARTÍCULO 79 Prueba de sobrecostes y de su repercusión.
Cuando en el ejercicio de una acción de daños la existencia de la reclamación o la determinación del importe de la indemnización dependa de si se repercutió un sobrecoste al demandante o en qué medida se repercutió, teniendo en cuenta la práctica comercial de que los aumentos de precio se repercuten sobre puntos posteriores de la cadena de suministro, la carga de la prueba de la existencia y cuantía de tal repercusión recaerá sobre la parte demandante, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandado o de terceros.
Se presumirá que el comprador indirecto ha acreditado que se le repercutió el sobrecoste cuando pruebe que:
El demandado ha cometido una infracción del Derecho de la competencia;
la infracción del Derecho de la competencia tuvo como consecuencia un sobrecoste para el comprador directo del demandado; y
el comprador indirecto adquirió los bienes o servicios objeto de la infracción del Derecho de la competencia, o adquirió bienes o servicios derivados de aquellos o que los contuvieran.
Artículo citado en: 2 sentencias, 2 artículos doctrinales, un formulario
ARTÍCULO 80 Acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro.
Con el fin de evitar que las acciones de daños ejercitadas por los demandantes de distintos niveles de la cadena de suministro aboquen a una responsabilidad múltiple o a la ausencia de responsabilidad del infractor, los tribunales que conozcan de una reclamación por daños y perjuicios derivados de una infracción del Derecho de la competencia, a la hora de evaluar si se cumplen las reglas de la carga de la prueba sobre repercusión de sobrecostes establecidas en los artículos precedentes, podrán, a través de los medios disponibles en el marco del derecho de la Unión Europea o del Derecho nacional, tomar en consideración debidamente los siguientes elementos:
Las acciones por daños que estén relacionadas con la misma infracción del Derecho de la competencia, pero hayan sido interpuestas por demandantes situados en otros niveles de la cadena de suministro;
las resoluciones derivadas de acciones por daños a que se refiere la letra anterior;
la información pertinente de dominio público derivada de la aplicación pública del Derecho de la competencia.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012.
ARTÍCULO 81 Efecto suspensivo de la solución extrajudicial de controversias.
Los tribunales que conozcan de una acción de daños por infracciones del Derecho de la competencia podrán suspender el procedimiento durante un máximo de dos años en caso de que las partes en el procedimiento estén intentando una vía de solución extrajudicial de la controversia relacionada con la citada pretensión.
Artículo citado en: 13 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
Disposición citada en: 2 sentencias, 6 artículos doctrinales
En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, el Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del auto admitiendo la demanda en el plazo previsto en el párrafo anterior.
5 Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su resolución al tribunal.
Disposición citada en: 9 sentencias, 9 artículos doctrinales
Disposición citada en: 46 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa, 7 resoluciones administrativas
A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.
A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por cártel todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia.
A efectos de lo dispuesto en el Título VI de esta ley se entenderá por:
8) "comprador indirecto": una persona física o jurídica que haya adquirido no directamente del infractor sino de un comprador directo o de uno posterior, productos o servicios que fueron objeto de una infracción del Derecho de la competencia, o productos o servicios que los contengan o se deriven de ellos.
Disposición Adicional Cuarta, apartado 2, modificado por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Disposición Adicional Cuarta, apartado 3, añadido por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
Disposición citada en: 141 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 21 resoluciones administrativas, una noticia
La Comisión Nacional de la Competencia será la Autoridad Nacional de Competencia a los efectos del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.
Las referencias de la normativa vigente al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se entenderán hechas a la Comisión Nacional de la Competencia.
No obstante, las referencias de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se entenderán realizadas al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y a la Dirección de Investigación, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Defensa de la Competencia será presidido por el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Disposición citada en: 2 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
Quedan extinguidos el Organismo Autónomo Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia.
Se traspasarán a la Comisión Nacional de la Competencia los medios materiales del Tribunal de Defensa de la Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia y aquélla se subrogará en los derechos y obligaciones de los que éstos sean titulares de forma que se garantice la máxima economía de recursos.
Los funcionarios y el personal que en el momento de entrada en vigor de esta Ley presten sus servicios en el Tribunal de Defensa de la Competencia y en el Servicio de Defensa de la Competencia, se integrarán en la Comisión Nacional de la Competencia.
Disposición citada en: 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
Disposición citada en: 4 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Disposición citada en: 2 sentencias, 3 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano de participación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, asumirá las siguientes funciones:
d) Elaborar directrices sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 1 de la presente Ley.
b) La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a los órganos autonómicos una nota sucinta de las actuaciones practicadas de oficio y copia de todas las denuncias, respecto de las que existan indicios racionales de infracción, que se refieran a conductas que afecten a su respectiva Comunidad Autónoma.
La Comisión Nacional de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que le son propias, recabará del órgano autonómico informe preceptivo, no vinculante, a emitir en el plazo de veinte días, en relación con aquellas conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia o los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.
La Comisión Nacional de la Competencia comunicará al órgano autonómico de la respectiva Comunidad Autónoma los acuerdos y resoluciones adoptados, tanto en la fase de instrucción como de resolución, que pongan fin al procedimiento, respecto de estas conductas.
Los procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio. En todo caso se entenderán caducadas las solicitudes presentadas en aplicación del artículo 4 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Los procedimientos de control de concentraciones iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio.
En la tramitación de los procedimientos indicados en los apartados anteriores, las referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se entenderán realizadas, respectivamente, al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y a la Dirección de Investigación.
Disposición citada en: 7 sentencias, 4 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 15 resoluciones administrativas
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la presente Ley, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y los Vocales pasarán a ostentar la condición de Presidente y Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia hasta la expiración de su mandato, sin posibilidad de otro nombramiento posterior para el mismo cargo.
Con el fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia a lo dispuesto en los artículos 20.b) y 33.1 de la presente Ley, la reducción a seis Consejeros se irá produciendo progresivamente en función de la expiración del mandato del Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia en los términos previstos en el apartado anterior.
La designación de los nuevos Consejeros tendrá lugar a partir del momento en que el número de consejeros sea inferior a seis.
En el plazo de tres meses de la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a la designación del Director de Investigación. Hasta tanto no se realice la misma, el Director General de Defensa de la Competencia continuará ejerciendo sus funciones.
Por la presente Ley queda derogada la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto 1443/2001, de 21 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de concentraciones económicas y los artículos 2 y 3 del capítulo I, los artículos 14 y 15, apartados 1 a 4, del capítulo II y el capítulo III del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia seguirán en vigor hasta que el Gobierno apruebe, en su caso, nuevos textos reglamentarios, en lo que no se oponga en lo previsto en la presente Ley.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13ª. de la Constitución.
La disposición adicional primera , que se dicta al amparo del artículo 149.1.5ª. de la Constitución.
Los artículos 12, apartado 3 y 16; y las disposiciones adicionales segunda, séptima y novena, que se dictan al amparo del artículo 149.1. 6ª. de la Constitución.
El artículo 23, que se dicta al amparo del artículo 149.1.14ª. de la Constitución.
El Gobierno y el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
En particular, se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 6 meses dicte las disposiciones reglamentarias que desarrollen la presente Ley en cuanto a los procedimientos, el tratamiento de las conductas de menor importancia, y el sistema de clemencia o exención y reducción de multa a las empresas que colaboren en la lucha contra los cárteles.
Igualmente, se autoriza al Gobierno para que, previo informe de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante Real Decreto modifique los umbrales establecidos en el artículo 8 de la presente Ley. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia realizará cada tres años una valoración de la aplicación de dichos umbrales a los efectos de proponer, en su caso, su modificación al Gobierno.
En el plazo de tres meses tras la constitución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto, previo informe de la Comisión Nacional de la Competencia, el Estatuto de la misma, en el que se establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional de la Competencia resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes:
la estructura orgánica de la Comisión Nacional de la Competencia;
la distribución de competencias entre los distintos órganos;
el régimen de su personal.
Asimismo, se autoriza al Gobierno para que mediante Real Decreto modifique la regulación de la estructura organizativa del Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo con la nueva organización institucional contemplada en esta Ley.
Disposición citada en: 6 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
La presente Ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2007.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los artículos 65 y 66 de esta Ley entrarán en vigor en el mismo momento que su reglamento de desarrollo.
Disposición citada en: 3 sentencias, 3 artículos doctrinales
Ley sobre Régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias (Ley 2/1995, de 13 de Marzo)
ORDRE BEF/186/2005, de 25 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
ORDEN FORAL 205/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los aspectos procedimentales y de gestión precisos para la aplicación de lo dispuesto en materia de concesión de avales en la Ley Foral 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011.
RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la Administración del Principado de Asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del...
Real Decreto 932/1979, de 4 de abril, por el que se modifican los artículos quinto y sexto del Real Decreto 3452/1977, de 16 de diciembre, sobre regulación de la Comisión interministerial para la Ordenación Alimentaria.

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 1
 artículo 81
 Real Decreto 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
 artículo 5

ARTÍCULO 8

Artículo 8

ARTÍCULO 9
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ARTÍCULO 10
 artículo 60
 Artículo 11

ARTÍCULO 11
 artículo 27
 artículo 21

Artículo 11

ARTÍCULO 12

Artículo 12

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ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15
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ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

Artículo 17

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ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

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ARTÍCULO 20

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ARTÍCULO 21

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ARTÍCULO 22

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ARTÍCULO 23

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ARTÍCULO 24
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ARTÍCULO 25

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ARTÍCULO 26

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ARTÍCULO 27

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ARTÍCULO 28

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ARTÍCULO 29

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ARTÍCULO 30

Artículo 30

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ARTÍCULO 31

Artículo 31
 Artículo 32

ARTÍCULO 32

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ARTÍCULO 33

Artículo 33

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ARTÍCULO 34

Artículo 34

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 Artículo 35

ARTÍCULO 35

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ARTÍCULO 36
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 resolución 
 artículo 57
 artículo 58
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 artículo 60
 resolución 
 resolución 
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 artículo 47
 resolución 
 artículo 54
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 artículo 41

ARTÍCULO 37
 resolución 
 artículo 47
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 52
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 artículo 55
 artículo 11
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 artículo 17
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ARTÍCULO 38
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 artículo 36
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 artículo 36
 resolución 
 artículo 36
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 artículo 60
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 artículo 36
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ARTÍCULO 39

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ARTÍCULO 44
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ARTÍCULO 58
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 artículo 36
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 artículo 2
 artículo 3
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 artículo 1
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 artículo 149
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 artículo 23
 artículo 149
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