Source: https://rodrigoorenday.com/page/3/
Timestamp: 2019-12-05 17:01:48+00:00

Document:
Rodrigo Orenday Serratos | Abogado & LL.M., Law, Science & Tech | Página 3
Protección de Datos como Activo en los Negocios
Privacy/Protección de Datos, Sin categoría
El mes pasado Forbes México publicó una nota de mi autoría sobre los aspectos que se deben cubrir para implementar debidamente el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales que todos quienes traten tal información están obligados a observar. A lo largo de más de 4 años de trabajar con responsables en sectores de servicios financieros, de salud, educación, hospitalidad y restauración, etc., he tenido ocasión de ver el valor que se le asigna a la protección de datos, no solamente como otro requisito a cumplir para evitar una sanción onerosa, sino como medio para transmitir una imagen positiva de la empresa, lo mismo que escuchar referencias al tema como una burocracia adicional que no aporta al negocio.
Comunicar lo primero para cambiar lo segundo fue parte del objetivo de los “Roadshows” que ProSoft 3.0, el IFAI y NYCE llevaron a cabo entre noviembre y los primeros días de noviembre desde Tijuana hasta Mérida, en los que nuestro despacho fue invitado para exponer los aspectos jurídicos y prácticos de los esquemas de autorregulación vinculante que empezarán a operar el año entrante, sobre lo cual a continuación se encuentran algunas de las láminas que exponen cómo y por qué la confianza que la protección de datos personales genera es fundamental para el éxito de un negocio.
Las reformas constitucionales de 2009 en materia de privacidad, la Ley del 2010, el Reglamento del 2011 y los Lineamientos del 2013 se inscriben en un proyecto mayor y de más importancia para impulsar la competitividad de las empresas y los negocios en México, que en el beve plazo de 4.5 años de vigencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales ya se ha logrado colocar en el #9 del “Top 10” de países líderes en protección de datos de acuerdo con el Global Data Protection Index de EMC Corporation, lo cual es muy meritorio, considerando lo mucho que falta por hacer por parte del amplísimo universo de Responsables que hay en el país, y el desconocimiento de la materia que aún existe entre ellos, los Titulares e incluso profesionales del derecho.
Sea como fuere, tal posicionamiento de México es sumamente positivo pero todavía deja camino por andar.
@SE_mx @ifaimexico @NYCE_MX y @OrendayAbogados presentarán Esquemas de Autorregulación Vincultante en @CanacoQro
Como parte de los esfuerzos por difundir el valor y la importancia de los Esquemas de Autorregulación Vinculante previstos en los artículos 43, fracción V, y 44 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como en el artículo 47 y en el Capítulo VI de su Reglamento, cuyos Parámetros fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del presente año, la Secretaría de Economía ha llevado a cabo, junto con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y Normalización y Certificación Electrónica, S.C., han llevado a cabo presentaciones en el Distrito Federal, Tijuana, Puebla, Mérida, y recientemente Guadalajara.
Este miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de Querétaro otra presentación sobre la materia en general y los aspectos relevantes y ventajas de los esquemas de autorregulación en materia de protección de datos, en la que estaremos presentes junto con:
Lic. Damaris Moreno, Líder del Componente Legal de PROSOFT de la Secretaría de Economía.
Mtra. María Adriana Báez Ricárdez – Directora General de Autorregulación en el IFAI.
Ing. Pablo Corona, Gerente de Certificación de Tecnologías de la Información en NYCE
El registro de participantes e información adicional sobre dichas presentaciones está disponible en http://nyce.org.mx/protecciondedatos/
Roadshows de los Parámetros para Esquemas de Autorregulación Vinculante
He tenido el privilegio de ser invitado a colaborar con la Secretaría de Economía, a través de ProSoft, y Normalización y Certificación Electrónica, S.C., en el “Roadshow” de presentaciones que están siendo realizadas bajo el auspicio del Banco Mundial para difundir el esquema de parámetros de autorregulación vinculante previsto en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y promover en distintos sectores de la economía, incluyendo al de Tecnologías de la Información, la certificación de protección de datos personales en las empresas. http://nyce.org.mx/protecciondedatos/#acerca
Los objetivos de estas presentaciones son:
Proporcionar a las micro, pequeñas y medianas empresas mayor información y transferencia de conocimiento sobre el esquema de certificación en el marco de la LFPDPPP y los Parámetros de Autorregulación publicados en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2014.
Difundir los parámetros de autorregulación para las empresas obligadas al cumplimiento de la LFPDPPP, para que las organizaciones interesadas conozcan los requisitos que deberán cumplir para obtener la certificación en protección de datos personales.
Promover la protección de datos personales, fortaleciendo la cultura de privacidad y coadyuvando a que las empresas en México aumenten su competitividad internacional.
En ésta primera oportunidad de participar en los roadshows me quedo con la impresión de que falta bastante para que la importancia de la protección de datos personales y los beneficios de las certificaciones en la materia sean conocidos y entendidos en el interior de la República. Parece que, igual que muchas otras cosas, al ser materia federal es considerada como más relevante en el Distrito Federal que en los Estados.
Puede que parte de ello se deba a que, a diferencia de otras instituciones, el IFAI aun no tiene alcance federal, lo cual es un aspecto en el que dicho Institutio está trabajando, y es un orgullo para mí poder contribuir en ello.
$4’079,680 en sanciones de @IFAIMexico para IMM Internet Media México
La más reciente sanción difundida por el IFAI con motivo de la violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares se inscribe, al igual que la de Creaciones Textiles de Mérida, en el marco de la aplicación de esa ley a las relaciones laborales, y fue determinada por dicho Instituto debido a la transgresión de los siguientes artículos de la LFPDPPP:
6 (Principios rectores);
7 (Principios de Licitud y de Lealtad);
14 (Principio de Responsabilidad);
15 (Principio de Información);
16 (Idem, entratándose de la obligación de poner el Aviso de Privacidad a disposición de los Titulares, referidas en el caso las fracciones I -requisito de identidad del Responsable, sobre lo cual se puede ver el caso de Farmacias San Pablo-, II -Finalidades del Tratamiento- y III -opciones y medios para que el Titular limite el uso o divulgación de sus Datos Personales, con relación a lo cual remitimos al caso de Sport City en nuestra nota del 14 de junio del 2013-);
17, fracción II (fundamento de la modalidad “simplificada” del Aviso de Privacidad”), y
19 (Medidas de Seguridad).
Concretamente el IFAI encontró que en la especie:
Se había declarado dolosamente la inexistencia de Datos Personales que existían total o parcialmente en las bases de datos de la Responsable, por lo cual se actualizó la hipótesis del art. 63, fracción III, de la LFPDPPP;
La Responsable había incumplido con los Principios de Licitud, Responsabilidad e Información, pues en la verificación manifestó expresamente no contar con procedimientos de conservación, bloqueo y supresión de Datos Personales, ni medidas de seguridad para protegerlos contra vulneraciones consistentes en daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o Tratamiento no autorizados, además de haber omitido cumplir con el requisito de su identidad y Finalidades del Tratamiento a los Datos Personales.
El Aviso de Privacidad de la Responsable carecía de la indicación de opciones y medios para que los Titulares limitaran el uso o divulgación de sus Datos Personales, infringiendo con ello el artículo 63, fracción V.
Entre los hallazgos derivados del procedimiento de verificación se encontró una discrepancia entre los Datos Personales que la Responsable efectivamente recaba de sus 24 trabajadores y los que manifiesta recabar conforme a su Aviso de Privacidad, entre ellos los datos correspondientes a la afiliación de los mismos al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como datos jurídicos relativos a su filiación, estado civil y condición migratoria en México, además de datos patrimoniales relativos a cuentas bancarias. Tal hallazgo motivó a la autoridad de protección de datos a resolver que se llevó a cabo un ocultamiento doloso de Datos Personales recabados de los empleados de la Responsable.
Adicionalmente consta en autos de verificación que la Responsable no dió a conocer a dichos Titulares la información de la existencia y características principales del Tratamiento de sus Datos Personales en el Aviso de Privacidad, puesto que mediante correo electrónico recabó diversos datos de un empleado a quien no informó de los mecanismos para conocer el Aviso de Privacidad en su modalidad Integral, ya que el mismo es puesto a disposición de esos Titulares en el momento de la firma del contrato de trabajo. A este particular es preciso destacar que, por definición, el Aviso de Privacidad debe ser puesto a disposición de los Titulares previo al Tratamiento de sus Datos Personales (art. 3, fracción I, de la LFPDPPP).
Lo anterior destaca el hecho que aún cuando recién expedida la LFPDPPP hubo quienes pretendían extender la interpretación de la fracción II de su artículo 2, relativa al Tratamiento de datos para “fines personales” y sin finalidad de divulgación a los fines del “Área de Personal”, o Recursos Humanos, de las Responsables, interpretación que cayó por tierra cuando fue expedido el Reglamento de la Ley, cuyo artículo 6 dispone que el Tratamiento de Datos Personales para el cumplimiento de una relación jurídica, como es el caso de las relaciones laborales, no se considera para uso exclusivamente personal.
El caso en comentario ilustra un punto relevante en la práctica de los recursos humanos: el Tratamiento de Datos Personales empieza desde que los mismos son captados, sea mediante correo electrónico, una página Web, telefónicamente o en una entrevista presencial. Sin embargo, también motiva cuestionamientos sobre la interpretación y aplicación de la excepción contenida en la fracción II del artículo 5 del Reglamento, que exceptúa de su aplicación a la información que se “refiera a personas físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas”. Partiendo del hecho que las excepciones no pueden ser extendidas a casos que no estén expresamente contemplados en las normas que las establecen, la disposición citada no resultaría aplicable al personal “operativo”, como técnicos o empíricos, sino sólo a los candidatos que tuvieran título, e idealmente cédula profesional con efectos de patente, para el ejercicio de una profesión, y se limitaría a la información relativa a dicho ejercicio profesional, la cual es usualmente materia de las entrevistas en los procesos de selección, y no es sino hasta su contratación que se accede a Datos Personales jurídicos propios de su estado civil, patrimoniales relativos a ingreso pasado o esperado y cuentas bancarias para el depósito de su remuneración, así como sensibles propios de su estado de salud.
Llama la atención que una empresa de Internet hubiera manifestado en el curso de la verificación del IFAI que contaba con 860 registros de clientes, proveedores y empleados, pero que los mismos se encuentran “en un sistema alojado en cómputo en la nube, se intentó acceder a dichos registros, pero nunca se pudo”, y que “se desconoce (si fueron destruidos) y se cree que en algún lugar de la red existen.
En cuanto a las medidas de seguridad aplicadas para el resguardo y protección de los Datos Personales, la Responsable manifestó haber “designado a solo (sic) una empleada… para el manejo y almacenamiento de los datos personales”, lo cual no parece alcanzar para considerar que hubieran estado a debido resguardo, lo cual redundó en la conclusión de que no cumplía con el principio de legalidad.
El IFAI concluyó que las acciones y omisiones de la Responsable fueron intencionales, puesto que el desconocimiento de la Ley no excusa su observancia y cumplimiento, y con base en su capacidad económica, evidenciada por un capital contable del orden de los $270’845,280.00 M.N., resolvió imponer las siguientes multas:
$1’619,000.00 (25,000 días de salario mínimo general en el DF) por la infracción del artículo 63, fracción III, de la Ley, al haber delcarado dolosamente la inexistencia de Datos Personales parcial o totalmente presentes en sus bases de datos, que fue considerada como de gravedad alta;
$1’295,000.00 (20,000 días de salario mínimo general vigente en el DF) por la infracción del artículo 63, fracción IV, al dar Tratamiento a los Datos Personales contraviniendo los Principios de Responsabilidad, Información y Licitud, considerada como de gravedad media, y
$1’165,680.00 (18,000 días de salario mínimo en el DF) por la infracción del artículo 63, fracción V, al omitir en su Aviso de Privacidad las opciones y medios para que los Titulares limiten el uso o divulgación de sus Datos Personales, considerada como de gravedad media.
Es decir que el caso ha tenido para IMM Internet Media México un costo total de $4’079,680.00, que serán cobrados por vía de un crédito fiscal, a fin de que tales cantidades ingresen a la Tesorería de la Federación como aprovechamientos, conforme al Código Fiscal de la Federación.
@condusefMX expide sus Reglas para Despachos de Cobranza
Privacy/Protección de Datos, Regulación Bancaria/Financiera
La cobranza extrajudicial ha sido un tema muy llevado y traido en México desde hace tiempo, que necesariamente se relaciona con el Tratamiento de Datos Personales y el Principio de Calidad además del Principio de Lealtad que informan a la Ley de la materia, por lo cual empresas como Telcel y la SOFOM de tarjetas de Banamex han sido sancionadas por el IFAI. Se trata de un asunto al que los Responsables deben poner atención, puesto que sus agencias o despachos de cobranza obran como Encargados suyos, por lo que sus actos u omisiones podrían repercutirles, por virtud del Principio de Responsabilidad, dado que por definición un Encargado obra por cuenta y orden del Responsable.
Las prácticas de algunos despachos de cobranza también han representado por mucho tiempo un problema para el público, ya sea porque aquellos recurren a prácticas cuestionables, por decir lo menos, dirigiendo a los domicilios registrados de los acreditados documentos que pretenden hacer pasar por mandamientos judiciales de embargo, o porque ante la falta de actualización de sus bases de datos o directorios (ojo con el Principio de Calidad) insisten en comunicarse, muchas veces a deshoras o con lenguaje agresivo e incluso vulgar, a los números telefónicos que tuvieran registrados para los deudores morosos.
No se había encontrado una solución sólida para estas situaciones, por una parte debido a que la colegiación no es obligatoria en México, por lo que no existe un organismo con facultades para sancionar a los profesionales del derecho que incurran en prácticas como las arriba mencionadas, y por otra dado que la CONDUSEF no contaba con facultades para proceder en contra de tales abusos. La única vía que existía, mencionada en la entrada del 30 de julio del 2013, era la verificación del caso, para determinar si resultaba o no en una violación del Código de Ética de las Obligaciones para con los Deudores y Público en General, pactado por tal Comisión y por la Asociación Mexicana de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C., que al final de cuentas era una solución basada en soft law, por lo que dependía de su adopción voluntaria por el despacho de cobranza y difícilmente era sancionable.
Probablemente las cosas cambien a ese respecto a partir de hoy, pues como lo anunció la CONDUSEF el día de ayer fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza, que dicha Comisión expidió con fundamento en las facultades que le fueron conferidas mediante las recientes reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Disposiciones que entraron en vigor a partir de hoy, sin perjuicio de los plazos de 90 días que sus Disposiciones Transitorias otorgan para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las mismas, así como para adecuar, en lo conducente, los contratos que ya deberían tener inscritos ante el Registro de Contratos de Adhesión de dicha Comisión.
Esto decididamente significa un avance en el manejo de estos asuntos, pero en cuanto a protección de datos personales da la impresión que ni ésta ni otras entidades reguladoras “le entran” de lleno a la materia y, por lo tanto, no llevan a cabo la emisión de la regulación secundaria correspondiente a sus sectores. Esto se observa en la fracción VIII de la Disposición Cuarta, que se limita a requerir a las Entidades Financieras a “Tratar los datos personales de conformidad con la normativa aplicable en la materia”, sin disponer de manera más clara al respecto, puesto que sólo hay 2 referencias de relevancia a la LFPDPPP:
En la fracción I de la propia Disposición se hace a las Entidades Financieras responsables de que al contratar Despachos de Cobranza (según dicho término es definido) para realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración de sus créditos, préstamos o financiamientos, se tengan establecidos mecanismos que permitan la plena identificación del Deudor, obligado solidario o aval, antes de establecer el primer contacto, y a que en el primero contacto que establezcan con dicho Deudor (momento en el cual deberían
Último párrafo de la Disposición Sexta, que les requiere observar lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, en su caso la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentalen al convenir la cesión o venta de cartera, lo cual no aporta gran cosa, puesto que dichos ordenamientos son de orden público y observancia general, por lo que no hacía falta que una norma secundaria reiterase su obligatoriedad.
Sin perjuicio de lo anterior, destaca la previsión contenida en la fracción VII, inciso f), de dichas Disposiciones, que requiere a los Despachos de Cobranza que se abstenga de establecer registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los Deudores. Tales prácticas podrían también ser sancionadas por el IFAI, en virtud de que las obligaciones del Encargado previstas en el artículo 50 del Reglamento de la LFPDPPP: le obligan a:
Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados, confidencialidad que sería transgredida por la práctica de colocar cartelones o anuncios que comuniquen a terceros la mora del Deudor;
Abstenerse de transferir (por definición a Terceros) los Datos Personales a los que den Tratamiento, lo cual también sería violatorio del antedicho deber de confidencialidad;
Tratar los Datos Personales únicamente conforme a las instrucciones del Responsable, y
Suprimir los Datos Personales objeto de Tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con el responsable o por instrucciones de éste, obligaciones que serían incumplidas si el Despacho de Cobranza mantuviera su propia bases de datos en paralelo a los registros proporcionados o generados por instrucciones de la Entidad Financiera Responsable, más aún si la ofreciera posterioremente a otro de sus clientes.
También obliga a los Despachos de Cobranza a ser inscritos por las Entidades Financieras en el Registro de Despachos de Cobranza que llevará dicha Comisión.
Para el público representan los siguientes beneficios en tanto que los Despachos de Cobranza:
Deberán identificarse plenamente en el contacto con el Deudor, y brindarle información suficiente sobre el motivo de su actuación;
Deberán comunicarse de manera respetuosa y educada, en un horario de 7:00 a 22:00 horas;
No podrán ostentarse como instituciones públicas, utilizar números telefónicos ocultos al identificador de llamadas,
Amenazar, ofender o intimidar al Deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, realizar gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios, con excepción de Deudores solidarios o avales, ni con menores de edad o adultos mayores, salvo que dichos adultos sean los Deudores, ni enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.
Para efectos del Principio de Calidad es relevante que también se les ha prohibido realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración, de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval, lo cual les obligará a dar un seguimiento más puntual a la ubicación de sus Deudores, avales u obligados solidarios, aunque también podría hacerles recurrir a otros medios para mantener sus bases de datos actualizadas, como la consulta de fuentes de acceso público, lo cual debería verse reflejado en el momento de poner sus Avisos de Privacidad a disposición de aquellos Titulares cuyos Datos Personales hubieran obtenido indirectamente.
Habrá que esperar y ver si la PROFECO expide Disposiciones en similar sentido que resulten aplicables a las Entidades Comerciales que también otorgan créditos, préstamos o financiamientos.
Three regulations where Mexico got ahead of the USA, just FYI…
Regulación Bancaria/Financiera, Technology Regulation
The position of the United States at the vanguard of fields such as finance and technology may lend itself to create the impression that its legal framework is as progressive as its companies in those lines of business. However that’s not always the case; following are three instances where Mexico actually moved ahead of the USA, regulation-wise:
Mexico created an agency mandated to protect users of financial services in instances where their purveyors of financial services were not compliant with the law.
Following the financial meltdown nearly 20 years ago interest rates for financial products, whether credit cards, car loans or mortgages, skyrocketed in Mexico; people were unable to comply with their financial commitments and lost their homes, had their cars repossessed or their assets garnished. Of course this prompted widespread protests, and many politicians reaped dividends by demonizing financial institutions, but the national conversation on those issues brought about the creation of an “Ombudsman” in the financial services industry: the National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial Services (CONDUSEF as per its acronym in Spanish).
This agency has faced many challenges, and still does; mainly its “teeth” are not sharp enough, its last three Chairs have steered it more towards facilitating financial education and information to the public. For instance, it recently instituted a Financial Institution Rating Website, where users can check for information on how the banks to which they would apply for credit rate relative to each other compliance-wise, sort of in the same way those institutions can assess applicants based on their credit rating.
Apparently such legislative developments are only brought about by widespread financial turmoil: conversely the United Stated created its financial services Ombudsman, the Bureau of Consumer Financial Protection (CFPB) after the Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act was passed in 2010, and began working until 2011 following heated debates over President Obama’s proposal to appoint Harvard Law Professor Elizabeth Warren, who first proposed one such agency, to Chair it.
In sum, Mexico has been over a decade ahead of the United States as concerns the enforcement of financial regulations relative to the public.
Banks in Mexico are obligated to issue credit cards which are safer than those issues by banks in the USA. Bank cards the world over are made following ISO 7810 and ISO 7813 standards; that’s how come it’s possible for your card to be swiped at point-of-sale terminals and work in ATMs the world over. Those standards cover aspects such as toxicity of materials, flammability, stiffness (how much the card should bend), how characters (your name, the issuer’s identification number) are embossed onto it, their magnetic stripes, integrated circuits and the track data in them, etc.
Disclosures on data breaches at large retailers such as Target, last year, and more recently The Home Depot, have put credit card and point-of-sale terminal technology on the spotlight. In addition to apparent negligence in implementing security controls, one rather large issue is also the common denominator: that bank cards issued by banks in the United States still rely on magnetic stripes for the storage of data that authenticates the transaction, and that is easily copied or stolen by thieves or hackers. As WIRED Magazine explains in a recent piece:
The fatal problem with the credit card magstripe is that it’s only a container for unchanging, static data. And if static data is compromised anywhere in the processing chain, it can be passed around, copied, bought and sold at will.
Now, after resisting it for 10 years because of the formidable transition costs, the US is about to finally embrace the secure chip-based authentication system called EMV—the standard was pioneered by Europay, MasterCard, and Visa—that the rest of the world has already adopted. Pushed by mounting fraud costs, credit card companies have crafted incentives for merchants to switch to the sophisticated readers needed to accept the cards.
While the New York Times piece in the link above on the Target breach underscores that “The new debit and credit card technology, called chip and PIN, is widely used in Europe and considered to be far more secure than most cards used in the United States, which rely on magnetic strips,” it should be noted that Mexico’s National Banking and Securities Commission has steered banks towards substituting magnetic stripe with integrated circuits for over 4.8 years now: as per its General Provisions Applicable to Credit Institutions that approve transactions made without the use of integrated circuits, whether in ATMS or point-of-sale terminals are bound to agree with their Users (in their respective service agreements) that they (the banks) shall undertake the risks, and therefore the costs, of transactions disavowed by said Users when using such cards, and that the claims from such transactions shall be credited to those Users, at the latest, 48 hours after the filing of the respective claim.
The flip side is that the banks are allowed by regulation to regard the information in such integrated circuits as a Category-3 Authentication Factor for transactions made through ATMs and POS terminals, which obtain the cards’ information through such circuits; that is to say, transactions which require for the card with the circuit to have been present in the moment of the transaction. At that point one could assume that the situation would be no different from one in which a card with a magstripe were involved; however the key here is that information in the circuits is not static and is encrypted, so that even if it had been copied during one transaction it still could not be used for others afterwards.
So to that regard Mexico will have been a good 5 years ahead of the United States in credit card security by the time the US transitions from magstripe cards to cards with integrated circuits.
Mexico passed regulations making unlocking of mobile phones legal before the USA did.
For years now mobile carriers have entrenched themselves by offering handsets which price is bundled with the fee for their service plans; but once the mandatory term for the plan is over the user is faced with the choice between continuing to cope with her former carrier, usually upgrading to a newer (and hopefully) better handset (which Apple facilitates a lot by releasing a new iPhone every year and a half or so), or moving onto another carrier and having to procure another handset from it, as the old one would only work in the network of the previous carrier. That is evidently a pain and unfair to consumers; after all, one the term for the plan is over and done, the handset has been paid for (often in excess), so the user ought to be able to keep using it, even with a competitor of the carrier.
For sure “jailbeaking” has been possible for awhile now, and even ruled by the Copyright Office of the United States to be an exception to the Digital Millennium Copyright Act (the DMCA). but it is not without risk, as it may impair you from access to essential updates or applications, and removing the protections originally put in place by the developer can put the device and information contained in it at significant risk. However unlocking your device is an entirely different proposition.
Acknowledging a basic right of consumers, Mexico’s Ministry of Economy passed on August 28th, 2012, Mexican Official Norm NOM-184-SCFI-2012, an administrative regulation whereby carriers are under obligation to inform if the handset provided to the consumer is blocked to only be used in its network, and how it can be unlocked, at no additional cost, to be used on other networks once the consumer has acquired title to the handset, whether for the mandatory term of the service agreement having lapsed or having paid for it in full. For sure, as in many other instances, at the outset and notwithstanding there were hurdles to overcome in getting a device unlocked, such as alleged ignorance or misinformation at service centers.
Se colocaron sellos de suspensión @Telcel zona Rio en #Tijuana Incumplimiento a la NOM-184-SCFI-2012 y #LFPC pic.twitter.com/AbNBzAA3t0
— Lorena Martínez (@LorenaMartinez) October 2, 2014
Conversely, it wasn’t until after a long time of public comment and the EFF’s activism that this year President Obama signed into law the “Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act“, which affords users the right to have their handsets unlocked to be further used on another carrier’s network.
Overall, at least in these three items Mexico moved way ahead of the United States.
Rodrigo Orenday Serratos

References: artículo 47
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 50