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Timestamp: 2019-08-24 06:49:24+00:00

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C-106 de 2004
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020006689CC-SENTENCIAC106200410/02/2004CC-SENTENCIA_C_106__2004_10/02/2004200066892004Sentencia C-106/04 DERECHO A LA IGUALDAD- Carácter fundamental/ DERECHO A LA IGUALDAD- Alcance El artículo 13 de la Constitución consagra la igualdad como derecho fundamental en sus distintas dimensiones: igualdad ante la ley, igualdad de trato e igualdad de oportunidades. Se trata de un mandato que impone al Estado el deber de tratar a los individuos en forma tal que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos. La jurisprudencia ha señalado que la igualdad es un concepto relacional por lo que no puede aplicarse en forma mecánica o automática, pues no solo exige tratar igual a los iguales, sino también desigualmente las situaciones y sujetos desiguales. Comporta además un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias, y otro mandato de trato diferenciado cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes. TERTIUM COMPARATIONIS- Significado PRINCIPIO DE IGUALDAD -Alcance/ PRINCIPIO DE IGUALDAD -Tratamiento diferenciado/ PRINCIPIO DE IGUALDAD -Acto discriminatorio El principio de igualdad exige que deban ser tratadas de la misma forma dos situaciones que sean iguales, desde un punto de vista o "tertium conmparationis" que sea relevante de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma. Pueden existir entonces tratamientos diferenciales entre personas o grupos de personas. Sin embargo, su compatibilidad con la Constitución dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es utilizado para dar tratamientos distintos pero no obedece a razones constitucionalmente válidas, la medida deja de ser un supuesto del derecho a la igualdad y pasa a convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE IGUALDAD -Alcance JUICIO DE IGUALDAD EN REGULACION DE TRANSITO TERRESTRE- Carácter flexible Una de aquellas materias donde es menester aplicar un juicio flexible de igualdad es la relacionada con la regulación del tránsito terrestre, tal como lo ha reconocido esta Corporación al expresar que "el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador. JUICIO DE IGUALDAD EN MATERIA DE INFRACCION DE TRANSITO- Trato diferencial en reducción de multa entre conductores de servicio público y particular TRANSPORTE TERRESTRE- Condiciones riesgosas afectan por igual a todos/ ACTIVIDAD TRANSPORTADORA -Condiciones riesgosas afectan por igual a conductor de servicio público y particular Las condiciones riesgosas que rodean el transporte terrestre afectan por igual a todo aquel que lleve a cabo la conducción de un vehículo automotor, sin importar que se trate de un vehículo de servicio público o de un vehículo particular. En efecto, la actividad transportadora en general implica riesgos para las personas y las cosas, sin importar que ella sea desarrollada por conductores particulares o de servicio público. SENTENCIA CONDICIONADA EN MATERIA DE IGUALDAD EN INFRACCION DE TRANSITO-Aplicación de garantías también para conductores particulares en relación con la reducción de la sanción/INFRACCION DE TRANSITO-Reducción de la sanción también para conductores particulares Referencia: expediente D-4753
José Antonio Serrano DávilaCONSTITUCIONALIDADClara Inés Vargas HernándezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 136 (parciales), de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".D4753Identificadores20020006690true17516Versión original20006690Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 136 (parciales), de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
El principio de igualdad exige que deban ser tratadas de la misma forma dos situaciones que sean iguales, desde un punto de vista o "tertium conmparationis" que sea relevante de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma. Pueden existir entonces tratamientos diferenciales entre personas o grupos de personas. Sin embargo, su compatibilidad con la Constitución dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es utilizado para dar tratamientos distintos pero no obedece a razones constitucionalmente válidas, la medida deja de ser un supuesto del derecho a la igualdad y pasa a convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio.
Una de aquellas materias donde es menester aplicar un juicio flexible de igualdad es la relacionada con la regulación del tránsito terrestre, tal como lo ha reconocido esta Corporación al expresar que "el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 136 (parciales), de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
Bogotá, D. C., diez (10 ) de febrero de dos mil cuatro (2004).
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano José Antonio Serrano Dávila solicitó a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 135 y 136 (parciales) de la Ley 769 de 2002"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones".
La demanda fue rechazada en relación con el segmento acusado del artículo 135 y las expresiones "Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados " del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Sin embargo, se admitió contra los restantes segmentos normativos demandados de la citada disposición legal por cumplir con las exigencias legales.
Artículo 136.Reducción de la sanción.Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por cien (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.(...)
En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código.(...)".
Para demostrar este aserto coloca el siguiente ejemplo: "Supongamos que a dos conductores, el uno de transporte publico y el otro de particular, se les impone el mismo comparendo, y ambos se presentan dentro de los 3 días siguientes a su pago, nótese que al del servicio publico, se le hace un descuento del 25 %, o sea paga un 75% mientras que al conductor particular, se le penaliza con un 100% de la multa, sin ningún derecho a reducción. Ahora bien supongamos, que a dos conductores, el uno de transporte publico y el otro particular, se les impone el mismo comparendo, y ninguno de los dos se presenta dentro de los tres días siguientes a su pago, nótese que al del servicio de transporte publico se le impondrá una multa del 100%, mientras que al conductor de transporte particular, se le penaliza doblemente o sea con un 200 %".
Seguidamente, el Jefe del Ministerio Publico se refiere a la Sentencia C-530 de 2003 que declaró la constitucionalidad condicionada de las expresiones artículo 136 de la Ley 769 de 2002, en el entendido que también es aplicable a los conductores de vehículos particulares. Fundado en esta decisión concluye que el cargo de inconstitucionalidad del actor por existir una diferencia de trato entre los conductores de servicio particular y de servicio de transporte publico no esta llamado a prosperar.
Sostiene que si lo acusado del artículo 136 de la Ley 769 de 2002 es aplicable tanto a conductores particulares como a los de servicio publico, la Corte también debe declarar la inexequibilidad del aparte normativo"para el transporte publico" que hace parte del título del capitulo IV del titulo IV del Código Nacional de Transito.
2. Delimitación del objeto del presente pronunciamiento
Tal como se ha advertido anteriormente, la demanda de inconstitucionalidad que en la presente ocasión ocupa la atención de la Corte fue rechazada respecto del inciso 3 del artículo 135, y el aparte final del inciso primero del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, pues en Sentencia C-530 de 2003 MP Eduardo Montealegre Lynnet, la Corte se pronunció de fondo en relación con estas disposiciones por las mismas razones que ahora expone el demandante, es decir, por violación al principio de igualdad y el debido proceso.
"Artículo 136 (...) Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados". En el entendido, que el fragmento también es aplicable a los conductores de vehículos particulares".
"Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. (…)
"En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código."
El Procurador sostiene que el cargo por violación al principio de igualdad no está llamado a prosperar, ya que en virtud de lo decidido en Sentencia C-530 de 2003, el procedimiento previsto en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 para la imposición de multas a los conductores de servicio público también se hace extensivo a los conductores particulares. Por ello, solicita declarar la exequibilidad segmento acusado bajo este entendido, al tiempo que pide la inexequibilidad de las expresiones"para el transporte público" del Título IV de la ley en mención, con el fin de que el procedimiento previsto en el citado artículo 136 se aplique a todos los conductores en condiciones de igualdad.
La jurisprudencia ha señalado que la igualdad es un concepto relacional por lo que no puede aplicarse en forma mecánica o automática, pues no solo exige tratar igual a los iguales, sino también desigualmente las situaciones y sujetos desiguales[1]. Comporta además un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias, y otro mandato de trato diferenciado cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes.
La igualdad demanda para su análisis de un factor adicional que la doctrina ha denominado"patrón de igualdad" o "tertium comparationis", según el cual debe establecerse previamente cuál es el criterio relevante de comparación, porque dos situaciones pueden ser iguales si se analizan desde una perspectiva, pero distintas cuando son vistas desde otra óptica[2].
En efecto, la Corte ha expresado que no existen en sí mismas situaciones o personas que sean totalmente iguales o totalmente distintas, pues ninguna situación ni persona es totalmente igual a otra, "ya que si lo fuera, sería la misma situación y la misma persona; y, en ese mismo contexto, ninguna situación es totalmente distinta, pues siempre existen algunos rasgos comunes entre los eventos más diversos, como puede ser al menos el hecho de que son eventos, o entre las personas, como es el hecho de tener ciertos rasgos comunes. En tales circunstancias, las desigualdades o igualdades entre las personas o las situaciones no son nunca absolutas sino siempre parciales, esto es, desigualdades o igualdades desde cierto punto de vista". Por tal razón ha considerado que "para precisar si el trato diferente a dos grupos de situaciones o personas desconoce o no la igualdad es necesario establecer un criterio o tertium comparationis a partir del cual se pueda determinar si las situaciones o las personas son o no iguales. Ahora bien, es obvio que ese criterio no puede ser arbitrario sino que debe ser relevante, de acuerdo a la finalidad misma que persigue el trato normativo que se analiza".[3]
El anterior análisis permite arribar a la siguiente conclusión: el principio de igualdad exige que deban ser tratadas de la misma forma dos situaciones que sean iguales, desde un punto de vista o"tertium conmparationis" que sea relevante de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma.
Pueden existir entonces tratamientos diferenciales entre personas o grupos de personas. Sin embargo, su compatibilidad con la Constitución dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es utilizado para dar tratamientos distintos pero no obedece a razones constitucionalmente válidas, la medida deja de ser un supuesto del derecho a la igualdad y pasa a convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio[4].
"El juicio de igualdad será más estricto a medida que el margen de configuración del legislador, dada la materia por él regulada, la forma en que la reguló y los grupos afectados se reduzca. Por eso, si la potestad de configuración es grande, el juicio de igualdad de concentra en examinar si la medida adoptada por el legislador es manifiestamente irrazonable. Cuando se trata de una potestad amplia, el juicio de igualdad de dirige a examinar si el fin es contrario a la Carta, si el trato diferente no ha sido prohibido por la Constitución y si este resulta inadecuado o carente de relación racional con el fin que se pretende alcanzar. Si la facultad de configuración es la ordinaria, el juicio de igualdad se orienta a considerar si el fin buscado es constitucionalmente importante en un Estado Social y democrático de derecho y si el trato diferente resulta efectivamente conducente para alcanzarlo. Finalmente, si se está ante una potestad de configuración legislativa reducida, con el juicio de igualdad se analiza si el fin que justifica el trato diferente es imperioso, si la diferencia de trato adoptada por el legislador es necesaria para alcanzar el fin y si, además, no resulta desproporcionada stricto sensu. La determinación del grado de amplitud de la potestad de configuración del legislador depende i) de la materia regulada; ii) de los principios constitucionales tocados por la forma en que dicha materia fue regulada; y iii) de los grupos de personas perjudicados o beneficiados con el trato diferente".[5]
Precisamente, una de aquellas materias donde es menester aplicar un juicio flexible de igualdad es la relacionada con la regulación del tránsito terrestre, tal como lo ha reconocido esta Corporación al expresar que "el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador".[6]
"3.- El tránsito terrestre es una actividad que juega un papel trascendental en el desarrollo social y económico, y en la realización de los derechos fundamentales. A esta actividad se encuentran ligados asuntos tan importantes como la libertad de movimiento y circulación (CP art. 24) y el desarrollo económico. Pero la actividad transportadora terrestre implica también riesgos importantes para las personas y las cosas. Por lo anterior, "resulta indispensable no sólo potenciar la eficacia de los modos de transporte sino garantizar su seguridad" [7], lo cual supone una regulación rigurosa del tráfico automotor.[8]
"La importancia y el carácter riesgoso del tránsito terrestre justifican que esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el Legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a proteger la integridad de las personas y los bienes. Por ello esta Corte ha resaltado que el tránsito es una actividad "frente a la cual se ha considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las personas"[9]. Así, el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador".[10]
"Si bien existen entonces ciertas diferencias ontológicas entre el transporte público y el privado, lo que justifica que en el primero de ellos la intervención del legislador sea más intensa ya que está de por medio la satisfacción del interés general, también lo es que en materia de seguridadvial tales distinciones tienden fuertemente a desdibujarse debido a que los factores de riesgo, y por ende la amenaza que se cierne sobre la sociedad, resultan ser equiparables. Piénsese, por ejemplo, en el consumo de sustancias psicotrópicas o embriagantes, lo cual constituye un factor de alto riesgo para la comunidad en su conjunto, independientemente de que tal conducta sea realizada por un conductor de servicio público o un particular. En otros términos, la salvaguarda de la seguridad vial, la cual parte del principio general según el cual la conducción de cualquier clase de vehículo automotor es una actividad de suyo peligrosa, constituye un denominador común entre las regulaciones del transporte público y privado".[11]
"...el legislador da una oportunidad a los conductores de vehículos de transporte público para aceptar o rechazar la infracción, y luego, como lo establece el aparte demandado, si la rechaza será parte en un proceso que brinda las garantías necesarias para ejercer el derecho de defensa. Esa posibilidad no es otorgada en los mismos términos a los infractores que conducen vehículos particulares, y aunque estos infractores también tienen la oportunidad de defenderse si comparecen ante la autoridad correspondiente, como lo establece el artículo 135, su no comparecencia significa que se puede duplicar la multa.Esta afectación es inconstitucional, ya que la diferenciación no está justificada, lo que hace necesario condicionar la exequibilidad de las normas pues éstas no violan el derecho a la igualdad siempre y cuando sea entendido que sus garantías son aplicables tanto a conductores de vehículos de servicio público como a conductores de vehículos particulares". (Se subraya)
Por lo dicho, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de los siguientes normativos del artículo 136 de la Ley 769 de 2002:"Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles" y "En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código" bajo el entendido que las garantías allí reguladas también son aplicables a los conductores de vehículo particular.
Finalmente, no accederá la Corte a la solicitud del Procurador sobre la inexequibilidad de las expresiones"para el trasporte público" del título IV de la Ley 769 pues bajo dicho título no solamente se encuentra ubicado el artículo 136 que se examina, referente a la reducción de la sanción, sino también otras disposiciones referentes a materias tales como la detección de infracciones (art. 137), notificación de providencias (art.138), cobro coactivo (art. 139) y prestación del servicio (art.140) y prestación del servicio de transporte público en municipios ribereños o conurbados (art.141), las que no fueron demandadas en esta oportunidad por el actor y sobre las cuales tampoco hay lugar a la integración de unidad normativa por parte de la Corte ya que no se dan los supuestos que la jurisprudencia exige para el efecto.
DeclararEXEQUIBLES los segmentos normativos del artículo 136 de la Ley 769 de 2002 "Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles" y "En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código", bajo el entendido que las garantías allí reguladas también son aplicables a los conductores de vehículo particular.
Exequible Artículo 136 LEY_769_2002_06/07/2002
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación el suscrito Magistrado aclara el voto, por cuanto en la parte motiva de esta providencia en las páginas 10 a 12 numeral 4 intitulado "La Igualdad". Sobre el tema las razones de mi posición jurídica me permito reiterarlas:
Establecido que la ley debe cambiar y que ese cambio implica una regulación jurídica diversa y una aplicación del derecho diversa, se hace necesario dilucidar qué es lo que deben esperar los ciudadanos de los jueces en la aplicación de la ley, cuando aún la ley no ha cambiado . Lo primero que hay que afirmar es que frente a la Constitución no hay una única ley correcta, ya que hay varias posibilidades de leyes "correctas" (o ajustadas a la Constitución) y esto es lo que explica que la ley modificada puede estar ajustada a la Constitución y estarlo también la ley que lo modifica, de modo que es constitucional la ley anterior, como lo es también la nueva ley.
Así como no hay una sola ley ajustada a la Constitución, tampoco existe una sola sentencia judicial ajustada a la ley, ya que puede existir frente a la misma ley más de una posibilidad de sentencia judicial. Esta es una consecuencia de la diferencia existente en la filosofía del derecho entre norma y sentidos normativos, ya que una norma puede tener más de un sentido normativo. Este concepto filosófico coincide con la posición de Hans Kelsen que concibe la interpretación jurídica, como un marco donde cabe más de una interpretación de la norma jurídica siendo todas las interpretaciones existentes dentro de ese marco del mismo valor jurídico. Puede entonces el juez dentro de ese marco dictar distintas sentencias igualmente correctas desde el punto de vista jurídico; lo único que no puede hacer el juez es salirse de ese marco, pero todas las decisiones que adopte dentro del marco están ajustadas a derecho.
[1] Cfr., entre muchas otras, las sentencia T-231 de 1994, T-352 de 1997, C-093 de 2001 y C-673 de 2001
[2] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1191 de 2001, fundamento jurídico No. 59.
[3] Sentencia C-1191 de 2001 MP Rodrigo Uprimny Yepes
[4] Sentencia T-500 de 2002
[5] Sentencia C-841 de 2003 MP Manuel José Cepeda Espinosa
[6] Sentencia C-530 de 2003. MP Eduardo Montealegre Lynnnet
[7] Ver, entre otras, la sentencia C-066 de 1999, Fundamento 4.
[8] Sentencia T-258 de 1996. Fundamento 7. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996, C-309 de 1997 y C-066 de 1999.
[9]Sentencia C-309 de 1997. Fundamento 19.
[10] Sentencia C-530 de 2003
[11] Sentencia C- de 2003. MP Clara Inés Vargas Hernández

References: artículo 13
 artículo 241
 artículo 135
 artículo 136

Artículo 136
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