Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/03/la-relacion-entre-el-supuesto-de.html
Timestamp: 2020-07-11 09:01:07+00:00

Document:
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: La relación entre el supuesto de transmisión de empresa y la existencia de personal altamente cualificado en su actividad. Notas a la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2020 (C- 298/18).
La relación entre el supuesto de transmisión de empresa y la existencia de personal altamente cualificado en su actividad. Notas a la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2020 (C- 298/18).
1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala cuarta del Tribunalde Justicia de la Unión Europea el 27 de febrero (asunto C-298/18), con ocasión de la cuestión prejudicial planteada, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea por el Tribunal laboral de Cottbus — Salas de Senftenberg, Alemania) mediante resolución de 17 de abril de 2018.
El litigio versa sobre la interpretación del art. artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, y se suscita con ocasión de las demandas presentadas por dos conductores de una empresas de autobuses tras sus despidos, dirigiéndose tanto contra la empresa para la que prestaban sus servicios como contra la que se había hecho cargo del servicio de transporte tras un concurso de adjudicación.
La abogada generalEleanor Sharpstom presentó sus conclusiones el 11 de julio de 2019, en las que centraba prontamente la cuestión en estos términos: “El tribunal remitente pregunta si puede considerarse que existe una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva 2001/23 cuando no se ha producido una transmisión significativa de activos materiales, a pesar de que la mayoría de los empleados del anterior operador ha sido contratada por el nuevo. También pregunta si es aplicable al presente asunto la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Liikenne, relativo a la aplicación de la legislación de la Unión en materia de derechos de los trabajadores en casos de transmisión de empresas en el ámbito de la explotación de un servicio público de transporte en autobús”.
En sus conclusiones, que fueron sustancialmente acogidas por el TJUE, se manifestó en estos términos: “Para determinar si una entidad económica ha mantenido su identidad y, por tanto, si se ha producido una transmisión de empresa a los efectos del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, el tribunal nacional debe: – tener plenamente en cuenta el objetivo principal de dicha Directiva, consistente en proteger a los trabajadores y garantizar sus derechos en caso de cambio de empresario, y – evaluar todos los hechos y las circunstancias presentes en el marco de la operación, incluidas todas las limitaciones legales, técnicas y medioambientales que afectan a la explotación de la actividad empresarial en cuestión. Cuando la transmisión de activos materiales significativos quede excluida en la práctica por la existencia de tales limitaciones legales, técnicas o medioambientales, el tribunal nacional no debería considerar ese aspecto de la operación como necesariamente determinante para decidir si se ha producido o no una transmisión de empresa a los efectos del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23”.
El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Transmisión de empresa — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Explotación de líneas de autobuses — Asunción del personal — No cesión de los medios de explotación — Motivos”.
2. El litigio encuentra su origen en sede judicial alemana con la presentación de demandas por despido por parte de dos trabajadores conductores de la empresa de transporte SBN, que explotaba desde el 1 de agosto de 2018 por cuenta del distrito de Oberspreewald-Lausitz, el transporte público de viajeros en autobús. Un trabajador prestaba servicios desde julio de 1978, primero en la empresa que precedió en la contrata a SBN y después en esta, y otro desde noviembre de 1979.
Con ocasión de la convocatoria de un nuevo concurso para la adjudicación del servicio de transporte en septiembre de 2016, la empresa que lo estaba prestando decidió no participar por considerar que no podía presentar una oferta económicamente viable, lo que conllevó el cese de su actividad, y poco después llegó a un acuerdo con su comité de empresa que incluía el pago de indemnizaciones por despido “en caso de que el nuevo adjudicatario no presentase una oferta de contratación o de que se produjeran pérdidas en la retribución tras la contratación por este último”.
Según consta en el relato fáctico del caso la nueva adjudicataria creo una filial, OSL, participada íntegramente por aquella y contrató “a la mayoría de los conductores y del personal de gestión de SBN”. La adjudicación se produjo el 1 de agosto de 2017, y ya en el mes de abril la que sería nueva empresa adjudicataria comunicó a SBN que “no tenía la intención de comprar ni de arrendar los autobuses, las cocheras o las otras instalaciones de explotación de esta y de que no pretendía recurrir a sus servicios de taller”.
Pues bien, el primer conductor que accionó en sede judicial fue contratado por OSL inmediatamente después de su despido por SBN, si bien no se le reconoció la antigüedad, por lo que reclamó que se le reconociera, considerando, al igual que su anterior empresario, que se había producido una transmisión de empresa al amparo de la Directiva 2001/23. En cuanto al segundo, no fue contratado por la nueva adjudicataria y demandó a la que presaba sus servicios reclamando el abono de la indemnización fijada en el plan social, siendo rechazada este tesis por la parte demandada con la tesis de que en realidad se había producido el traspaso de los derechos y obligaciones para con el trabajador a la nueva empresa.
3. El debate jurídico se acompaña del de los requisitos técnicos que deben cumplir los autocares que prestan el servicio, siendo estos los que llevaron a la anterior empresa a no presentarse al concurso, y que también son utilizado por la nueva adjudicataria al referirse a que no se había producido la transmisión de los medios de producción materiales, los autobuses, y que por ello no podía hablarse de transmisión de empresa, trayendo a colación en apoyo de su tesis la sentencia delTJUE de 25 de enero de 2001 (C-172/99)
En dicha sentencia el TJUE falló que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva (entonces vigente) 77/187 debía interpretarse en el sentido de que “… puede aplicarse a falta de relación contractual directa entre dos empresas a las que una persona jurídica de Derecho público haya concedido sucesivamente, al término de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios organizado de conformidad con la Directiva 92/50, un servicio de transporte público no marítimo, como es la explotación de líneas locales regulares de autobuses; - en una situación como la del litigio principal, la Directiva 77/187 no se aplica cuando no existe transmisión de elementos materiales significativos entre las dos empresas antes mencionadas”.
Sin embargo, existen importantes diferencias fácticas en el caso de autos que acabarán llevando al TJUE a mantener una tesis distinta, cuales son que los requisitos que debían cumplir los autobuses no los cumplían los que estaban prestando el servicio hasta la nueva adjudicación (antigüedad máxima, normas medioambientales y accesibilidad para personas con discapacidad), motivos que llevaron a SBN a no presentar la oferta. Sin embargo, puso de manifiesto, para defender su tesis de estar ante un supuesto de transmisión de empresa, que aquello que interesaría sería la profesionalidad de los conductores, poniendo de manifiesto que estos debían “disponer de un permiso válido, conocer el marco legal y la normativa profesional en vigor, estar en condiciones de proporcionar a los pasajeros información y tener un buen conocimiento de la red y de las rutas, de los itinerarios y de los horarios en la zona cubierta, de las líneas de autobuses regionales, de los transbordos posibles, de las líneas ferroviarias y de las condiciones tarifarias”, añadiendo además que estos conductores constituían “un recurso escaso en las zonas rurales”.
Ante tales datos fácticos, el tribunal remitente manifestó sus dudas de que fuera aplicable la jurisprudencia plasmada en la sentencia del TJUE de 2001, y formulo por ello estas dos cuestiones:
“1) ¿Debe considerarse como transmisión de centro de actividad, a efectos del artículo 1, apartado 1, de la Directiva [77/187], la cesión de la explotación de líneas de autobuses de una empresa de transporte en autobús a otra a raíz de un procedimiento de adjudicación organizado de conformidad con la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios [(DO 1992, L 209, p. 1)], aun cuando entre las dos empresas mencionadas no se haya producido una cesión de activos significativos, concretamente de autobuses?
2) El hecho de considerar, conforme a una decisión empresarial razonable, que, en el caso de una adjudicación temporal de servicios, los autobuses ya no son determinantes en la valoración del centro de actividad debido a su antigüedad y a mayores exigencias técnicas (valores de emisiones, vehículos de plataforma baja), ¿justifica que el [Tribunal de Justicia] se aparte de su sentencia de 25 de enero de 2001, Liikenne (C‑172/99) en el sentido de admitir que, en tales circunstancias, la aplicación de la Directiva [77/187] también pueda basarse en la contratación de una parte significativa del personal?”.
4. El TJUE pasa primeramente revista a la normativa europea, siendo referenciados los considerandos 3 y 8, y los arts. 1 y 2.1 de la Directiva 2001/23. Dará respuesta conjunta a las dos cuestiones suscitadas y para ello procede en primer lugar a un amplio recordatorio de su jurisprudencia sobre qué debe entenderse por transmisión de empresa, siendo el criterio decisivo para saber si existe o no tal transmisión “si la entidad económica mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude”, debiendo tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, en el marco de una evaluación de conjunto y no meramente aislada de cada elemento, y que la importancia de cada uno de ellos “varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate”, debiendo ser tarea del órgano jurisdiccional remitente apreciarlas todas ellas y siempre de acuerdo a los criterios generales marcados por la jurisprudencia del TJUE.
¿Cuáles son los hechos de los que debe partirse en este caso? Son puestos de manifiesto a partir del apartado 28, Tras recordar sucintamente el contenido de la sentencia de 25 de enero de 2001 (C-172/99), en el que se llegó a la conclusión de que no había transmisión de empresa al no haberse producido la de “elementos materiales significativos” (para el desarrollo de la actividad) entre el antiguo concesionario y el nuevo, enfatiza un no menor detalle jurídico de aquella, cual fue la manifestación de que, en supuestos como el ahora analizado, “no cabe inferir de dicho apartado (39) que la asunción de los autobuses deba considerarse in abstracto como el único factor determinante de una transmisión de empresa cuya actividad consiste en el transporte público de viajeros en autobús”.
Será este punto de referencia el que le llevará a analizar las circunstancia concretas del nuevo caso enjuiciado y llegar a una conclusión contraria a aquella. Así, los requisitos requeridos por el concurso no permitían a la entonces concesionaria presentarse nuevamente, ya que no hubiera sido adquirida una flota de autobuses “inservibles” por la nueva adjudicataria, y por ello fueron “imperativos externos” (normas de obligado cumplimiento) las que llevaron al nuevo concesionario a no hacerse cargo de los autobuses de la anterior. En fin, dado que no se trató de una decisión adoptada en el marco de su libre capacidad de decisión por la nueva adjudicataria, y que tampoco fue voluntaria en sentido estricto la decisión de la anterior de no presentarse, la Sala llega a una primera e importante conclusión, cual es que “la inexistencia de adquisición de los medios de explotación, en la medida en que resulta de requisitos jurídicos, medioambientales o técnicos, no obsta necesariamente a que la reanudación de la actividad de que se trata pueda calificarse de «transmisión de empresa» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23”, y que por ello corresponde al tribunal remitente “determinar si otras circunstancias de hecho de las mencionadas en los apartados 24 a 26 de la presente sentencia permiten concluir que se mantiene la identidad de la entidad de que se trata y que, por consiguiente, se da una transmisión de empresa”.
5. Esta primera conclusión nos llevará a la segunda, en donde la importancia del personal “altamente cualificado para el desarrollo de su actividad” adquirirá fundamental importancia para el órgano jurisdiccional remitente puede considerar en su próxima resolución que existe transmisión de empresa. Los apartados 37 a 39 de la sentencia del TJUE le dan pistas claras e indubitadas al juzgador nacional alemán para la resolución del litigio en tales términos.
En efecto, en primer lugar el nuevo operador presta un servicio de transporte en autobús “esencialmente análogo al prestado por la empresa anterior, que no ha sido interrumpido y que probablemente ha sido operado en gran parte en las mismas líneas y para los mismos pasajeros”. En segundo término, la calidad en la prestación del servicio queda garantizada por la experiencia del personal conductor ya que estos han de cumplir unos muy amplios requisitos además de los estrictamente de conducción, como son “tener un conocimiento suficiente de las rutas, de los horarios de la zona cubierta y de las condiciones tarifarias, así como de las demás líneas de autobuses regionales, de las líneas de transporte ferroviario y de los transbordos existentes, no solo para poder garantizar la venta de los títulos de transporte, sino también para facilitar a los pasajeros la información necesaria para la realización del trayecto previsto”. Por fin, la identidad de la empresa puede mantenerse, con recordatorio de la sentencia de 20 de enero de 2011, C-463-09, asunto CLECE, “cuando el nuevo empresario no se limita a continuar la actividad de que se trata, sino que además adquiere una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En efecto, en este supuesto, el nuevo empresario adquiere el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de manera estable”.
De todo lo anteriormente expuesto, y partiendo pues de requisitos técnicos ajenos a las partes que han llevado a que la nueva adjudicataria no se haya hecho cargo de todos o la mayor parte de autobuses de la anterior, el TJUE concluye que la contratación de la mayor parte de los conductores “debe considerarse una circunstancia de hecho que ha de tomarse en consideración para calificar la operación de que se trata de transmisión de empresa”, y que de los hechos que dieron lugar al litigio principal “resulta que el personal contratado por el nuevo operador ejerce funciones idénticas o similares y dispone de cualificaciones y competencias específicas, indispensables para continuar la actividad económica de que se trata sin interrupción”.
6. En definitiva, y sintetizando toda la argumentación anterior, el TJUE concluye que el art. 1, apartado 1 de la Directiva 2001/23 “debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en virtud de un procedimiento de contratación pública, una entidad económica reanuda una actividad cuyo ejercicio requiere medios de explotación importantes, el hecho de que, debido a requisitos jurídicos, medioambientales y técnicos impuestos por el poder adjudicador, esta entidad no adquiera dichos medios, propiedad de la entidad económica que ejercía anteriormente esa actividad, no obsta necesariamente a que la reanudación de la actividad pueda calificarse de transmisión de empresa, siempre que otras circunstancias de hecho, tales como la contratación de la mayor parte de la plantilla y la continuación sin interrupción de la referida actividad, permitan caracterizar el mantenimiento de la identidad de la entidad económica de que se trata, extremo que corresponde apreciar al tribunal remitente”.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución