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Timestamp: 2017-03-24 16:06:11+00:00

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Asunto C-l92/89 (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) by CDE UV - issuu
Asunto C-l92/89
S. Z. Sevince
planteada por el Raad van State de los Países Bajos)
«Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión
del Consejo de Asociación — Efecto directo»
Conclusiones del Abogado General Sr. M. Darmon, presentadas el 15 de mayo
Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1990
/. Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Actos adoptados por las
instituciones — Acuerdos de la Comunidad — Acuerdo de Asociación — Decisiones del
[Tratado CEE, art. 177, párrafo 1, letra b), y arts. 228 y 238]
2. Acuerdos internacionales — Acuerdos de la Comunidad — Efecto directo — Requisitos —
Decisiones relativas a la libre circulación de trabajadores — Consejo de Asociación instituido
por el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía
(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía; Decisiones n° 2/76 y n° 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía)
3. Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de
personas — Trabajadores —Acceso de los nacionales turcos a una actividad por cuenta ajena
de su elección en uno de los Estados miembros — Requisitos —• Ejercicio previo de un
empleo legal — Concepto
SUMARIO — ASUNTO C-192/89
Al igual que las disposiciones de los
Acuerdos celebrados por la Comunidad
con terceros países, las disposiciones
adoptadas por un Consejo de Asociación,
instituido por un Acuerdo de Asociación
para garantizar la aplicación de sus disposiciones, deben considerarse de aplicación directa cuando, teniendo en cuenta
sus términos así como su objeto y su naturaleza, y los del Acuerdo de Asociación, incluyen una obligación clara y precisa, que no está subordinada, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de
ningún acto ulterior. Estos requisitos se
cumplen por la letra b) del apartado 1
del artículo 2 y por el artículo 7 de la
Decisión n° 2/76 y por el tercer guión
del apartado 1 del artículo 6 y por el artículo 13 de la Decisión n° 1/80, adoptadas ambas por el Consejo de Asociación
instituido por el Acuerdo de Asociación
CEE-Turquía para garantizar la aplicación progresiva de la libre circulación de
trabajadores prevista por disposiciones
convencionales de carácter programático,
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de tal manera que las referidas disposiciones tienen efecto directo en los Estados miembros de la Comunidad.
Poco importa al respecto que se prevea la
posibilidad de adopción de medidas nacionales de ejecución, al no responder éstas a potestad discrecional alguna, ni que
dichas disposiciones no hayan sido publicadas, ya que dicha falta de publicación
sólo puede impedir su alegación frente a
particulares, ni que los Estados miembros
puedan aplicar cláusulas de salvaguardia,
ya que éstas sólo son aplicables en situaciones determinadas.
La letra b) del apartado 1 del artículo 2
de la Decisión n° 2/76 y el tercer guión
del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión n° 1/80, adoptadas ambas por el
Consejo de Asociación instituido por el
Acuerdo de Asociación CEE-Turquía,
abren al trabajador turco, tras un período
de empleo legal en un Estado miembro,
la posibilidad de acceder en dicho Estado
a cualquier actividad por cuenta ajena de
su elección. La legalidad del empleo en el
sentido de estas disposiciones, incluso
admitiendo que no esté necesariamente
subordinada a la posesión de un permiso
normal de residencia, supone sin embargo una situación estable y no provisional en el mercado de trabajo. En consecuencia, la expresión «empleado legalmente» mencionada en dichas disposiciones no puede referirse a la situación de
un trabajador turco autorizado a ejercer
un empleo durante el período en que disfruta de una suspensión de la ejecución
de una decisión que le deniega el derecho de residencia, contra la cual ha interpuesto un recurso que le ha sido desestimado.
Las disposiciones que, para aplicar un
Acuerdo de Asociación celebrado entre la
Comunidad y un tercer Estado, adopta el
Consejo de Asociación creado por dicho
acuerdo forman parte, por igual razón
que el propio Acuerdo, del ordenamiento
jurídico comunitario a partir de su entrada en vigor, de tal manera que el Tribunal de Justicia, competente, basándose
en el artículo 177 del Tratado, para pronunciarse sobre el Acuerdo, tomado
como acto de las instituciones, lo es también para pronunciarse sobre la interpretación de dichas disposiciones, lo que
contribuye a garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.
presentado en el asunto C-192/89*
1. El acuerdo que crea una asociación entre
la Comunidad Económica Europea y Turquía (en lo sucesivo, el «Acuerdo») fue firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una
parte, y por otra, los Estados miembros de
la CEE y la Comunidad, y concluido, aprobado y ratificado en nombre de la Comunidad por la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964,
217, p. 3685; EE 11/01, p. 18).
2. A tenor del artículo 12 del Acuerdo, recogido en el último capítulo consagrado a
las demás disposiciones de carácter económico, las partes contratantes acuerdan inspirarse en los artículos 48, 49 y 50 del Tratado CEE para realizar gradualmente la libre circulación de trabajadores entre ellas.
munidad y de los Estados miembros en el
seno del Consejo de Asociación; y en el
apartado 1 del artículo 2 prevé que las decisiones del Consejo de Asociación en las materias pertenecientes a la competencia de la
Comunidad sean, para ser aplicadas, objeto
de actos adoptados por el Consejo, por unanimidad, previa consulta a la Comisión.
5. Para establecer los requisitos, modalidades y ritmos de la realización de la fase
transitoria de la asociación, las partes contratantes firmaron, el 23 de noviembre de
1970 en Bruselas, un Protocolo Adicional
(en lo sucesivo, el «Protocolo») concluido,
aprobado y ratificado por el Reglamento
(CEE) n° 2760/72 del Consejo, de 19 de
diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE
11/01, p. 213).
3. Los artículos 22 y 23 establecen la constitución de un Consejo de Asociación integrado, por una parte, por miembros de los
Gobiernos de los Estados miembros, del
Consejo y de la Comisión de la Comunidad,
y, por otra, por miembros del Gobierno
turco, que, mediante resoluciones por unanimidad, dispone de una facultad de decisión para la realización de los objetivos fijados por el Acuerdo.
6. El artículo 36 del Protocolo establece
que la libre circulación de trabajadores entre
los Estados miembros de la Comunidad y
Turquía se realizará gradualmente, de
acuerdo con los principios mencionados en
el artículo 12 del Acuerdo, entre el final del
duodécimo año y el del vigésimo segundo
año tras la entrada en vigor de dicho
Acuerdo, y que el Consejo de Asociación
decidirá, a tal efecto, las modalidades necesarias.
4. El Acuerdo relativo a las medidas que
deben tomarse y a los procedimientos que
deben seguirse para la aplicación del
Acuerdo —64/737/CEE (DO 217, p. 3703;
EE 11/01, p. 36)— establece, en su artículo
1, las modalidades para determinar la posición común de los representantes de la Co-
7. Las negociaciones sobre la realización de
la primera etapa de la libre circulación de
trabajadores condujeron a la Decisión
n° 2/76 del Consejo de Asociación, de 20
de diciembre de 1976, relativa a la aplicación del artículo 12 del Acuerdo.
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INFORME PARA LA VISTA — ASUNTO C-192/89
«El trabajador turco lícitamente empleado
desde cinco años antes en un Estado miembro de la Comunidad disfrutará del libre acceso a toda actividad por cuenta ajena de su
elección.»
8. La Decisión n° 1/80 del Consejo de
Asociación, de 19 de septiembre de 1980,
relativa al desarrollo de la Asociación, establece en el tercer guión del apartado 1 del
«El trabajador turco perteneciente al mercado lícito de empleo de un Estado miembro disfrutará en este Estado miembro, tras
cuatro años de empleo lícito, del libre acceso a cualquier actividad por cuenta ajena
de su elección.»
9. Según el apartado 2 del artículo 2 de la
Decisión n° 2/76 y el apartado 3 del artículo 6 de la Decisión n° 1/80,
«las modalidades de aplicación [de los apartados precedentes] se establecerán por las
normativas nacionales».
Los artículos 7 de la Decisión n° 2/76 y 13
de la Decisión n° 1/80 contienen una cláusula de «standstill» a tenor de la cual:
«los Estados miembros de la Comunidad y
Turquía no podrán introducir nuevas restricciones relativas a las condiciones de acceso al empleo de los trabajadores que se
encuentran en sus territorios respectivos en
situación lícita por lo que respecta a su estancia y a su empleo».
Los artículos 12 de la Decisión n° 2/76 y
29 de la Decisión n° 1/80 establecen:
«Las partes contratantes adoptarán, por lo
que respecta a cada una, las medidas que
implica la ejecución de las disposiciones de
la presente Decisión.»
10. En los Países Bajos, el estatuto de los
extranjeros viene regulado por la Ley sobre
los extranjeros, de 13 de enero de 1965
(Stbl. 40), que en particular prevé la concesión por parte del Ministerio de Justicia de
un permiso de residencia, y por la Ley sobre
el trabajo de los trabajadores extranjeros, de
9 de noviembre de 1978 (Stbl. 737), que
exige, para que un extranjero no nacional
de la CEE pueda ocupar un empleo, un permiso de trabajo concedido por el Ministerio
Una circular del Ministerio de Asuntos Sociales fue adoptada para garantizar que la
concesión de los dos permisos concedidos
según textos distintos, por organismos distintos, no sea contradictoria; ésta prevé, entre otros aspectos, que si el permiso de residencia es denegado, no pudiendo o no debiendo ser expulsado el extranjero, a la espera de que se resuelva sobre el recurso que
haya interpuesto al amparo de la Ley sobre
los extranjeros, pueda concedérsele, sin embargo, un permiso de trabajo limitado a un
11. La Ley sobre el trabajo de los trabajadores extranjeros dispone, en el apartado 1
del artículo 3, que no se consideren como
extranjeros a las personas que residen legalmente en los Países Bajos, siempre que se
demuestre mediante un certificado del Ministro. A tenor del apartado 2, este certificado se entrega, entre otros, al extranjero
que ha ejercido legalmente en los Países Bajos una actividad lucrativa durante un período ininterrumpido de tres- años., siempre que
luego no haya establecido su residencia
Esta Decisión prevé en la letra b) del apartado 1 del artículo 2:
12. El 22 de febrero de 1979, el Sr. S. Z.
Sevince, nacional turco, recibió un permiso
de residencia en los Países Bajos, válido
hasta el 14 de enero de 1980, para reunirse
con su esposa, de nacionalidad turca, que
residía en los Países Bajos.
13. Habiendo cesado la vida en común los
esposos a partir de agosto de 1979, una solicitud de prórroga del plazo de validez del
permiso de residencia del Sr. Sevince fue
denegada el 11 de septiembre de 1980.
14. El recurso presentado contra esta decisión denegatoria, que tenía un efecto suspensivo de pleno derecho en lo que respecta
a la expulsión de los Países Bajos, fue definitivamente desestimado por el Raad van
State mediante decisión de 12 de junio de
15. El 16 de febrero de 1982, mientras aún
disfrutaba del efecto suspensivo vinculado al
recurso, el Sr. Sevince obtuvo un certificado
en el sentido del artículo 3 de la Ley sobre
el trabajo de los trabajadores extranjeros.
Teniendo en cuenta el efecto suspensivo que
tenía el recurso, este certificado siguió
siendo válido hasta la decisión del Raad van
State de 12 de junio de 1986.
16. El 13 de abril de 1987, el Sr. Sevince
presentó una solicitud para obtener un permiso de residencia alegando que había ejercido una actividad por cuenta ajena en los
Países Bajos durante un cierto número de
años, solicitud que se basaba en las Decisiones n° 2/76 y n° 1/80 y que fue denegada
por silencio de las autoridades neerlandesas.
17. El Raad van State, que conocía de un
recurso interpuesto contra esa decisión denegatoria, considerando que el litigio implica una apreciación de la interpretación de
las Decisiones n° 2/76 y n° 1/80 del Consejo de Asociación, decidió, en aplicación
del artículo 177 del Tratado CEE, suspender el procedimiento hasta que el Tribunal
de Justicia se hubiera pronunciado con carácter prejudicial sobre las siguientes cuestiones:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 177 del
Tratado CEE en el sentido de que un
órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros es competente para
plantear al Tribunal de Justicia una
cuestión relativa a la interpretación de
las Decisiones del Consejo de Asociación que se discuten en el presente caso,
a saber, la Decisión n° 2/76 y/o la Decisión n° 1/80 [y, como sucede en el
presente caso, si está obligado a hacerlo], si se plantea tal cuestión ante dicho órgano jurisdiccional y si considera
que necesita una solución sobre este
punto para emitir su sentencia?
2) En caso de responder afirmativamente a
¿Deben considerarse como disposiciones directamente aplicables en los países
de la Comunidad Europea la letra b)
del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión n° 2/76 y/o el apartado 1 del artículo 6 de la Decisión n° 1/80 y el artículo 7 de la Decisión n° 2/76 y/o el
artículo 13 de la Decisión n° 1/80?
3) En caso de responder afirmativamente a
¿Cómo debe entenderse la expresión
"empleado lícitamente" recogida en la
letra b) del apartado 1 del artículo 2 de
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principal fuera de los Países Bajos. Este certificado concede al trabajador extranjero el
derecho a cambiar libremente de empleo sin
que su nuevo empresario se vea obligado a
18. El procedimiento de suspensión de la
ejecución que el Sr. Sevince había iniciado
paralelamente contra el Staatssecretaris van
Justitie, en el cual impugnaba la negativa de
este último a conceder un efecto suspensivo
al recurso en vía administrativa contra la decisión de 7 de mayo de 1987, no prosperó,
de modo que el interesado vive, desde el 22
de octubre de 1987, fuera de los Países Bajos.
19. La resolución del Raad van State fue registrada en la Secretaría del Tribunal de
Justicia el 8 de junio de 1989.
20. De acuerdo con el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, presentaron observaciones
escritas el 28 de septiembre de 1989 el Sr.
S. Z. Sevince, parte demandante en el litigio
principal, representado por el Sr. A. W. M.
Willems, Abogado de Amsterdam; el 2 de
octubre de 1989 la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr.
Pieter Jan Kuijper, miembro de su Servicio
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Jurídico, en calidad de Agente; el 4 de octubre de 1989 el Gobierno del Reino de los
Países Bajos, representado por el Sr. B. R.
Bot, Secretario General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, y el 5 de octubre de
1989 el Gobierno de la República Federal
de Alemania, representado por el Sr. Ernst
Róder, Regierungsdirektor im Bundesministerium für Wirtschaft.
21. El Tribunal de Justicia, previo informe
del Juez Ponente y oído el Abogado General, decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
II. Observaciones escritas presentadas ante el
A. Acerca de la primera cuestión prejudicial
1. El Sr. Sevince, parte demandante en el litigio principal, señala que las Decisiones
n° 2/76 y n° 1/80 forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. El Consejo
de Asociación es un órgano de ejecución del
Acuerdo y sus decisiones deben calificarse
como acuerdos autónomos o verse asimiladas a ellos, de acuerdo con el artículo 228
del Tratado CEE. Dado que el Tribunal de
Justicia se declaró, en la sentencia de 30 de
septiembre de 1987 (Demirel, 12/86, Rec.
1987, p. 3719), competente para interpretar
el Acuerdo y el Protocolo, también lo es
para interpretar las Decisiones del Consejo
de Asociación, al cual delegaron las partes
contratantes la aplicación de los artículos 12
del Acuerdo y 36 del Protocolo. La ausencia
de publicación de las Decisiones en el Diario Oficial no afecta a esta interpretación,
dado que tal publicación sólo se exige para
que las Decisiones puedan oponerse a un
ciudadano considerado individualmente.
La primera cuestión exige pues una respuesta afirmativa.
la Decisión n° 2/76 y/o en el apartado
1 del artículo 6 de la Decisión n° 1/80
(teniendo en cuenta también lo dispuesto por el artículo 7 de la Decisión
n° 2/76 y/o por el artículo 13 de la
Decisión n° 1/80)? ¿Debe entenderse
que se refiere a cualquier empleo ejercido mientras el interesado estaba en
posesión de un permiso de residencia en
virtud de la legislación sobre los extranjeros —de donde la cuestión complementaria de saber si esta expresión se
refiere también en el presente caso, en
un sentido más amplio, al empleo que el
interesado hubiera podido de hecho y
de derecho ejercer durante el período
en que esperaba que deviniese definitiva
la decisión relativa a su permiso de residencia— o sólo al empleo que deba
considerarse como legalmente autorizado en virtud de las prescripciones relativas al trabajo de extranjeros?»
2. El Gobierno del Reino de los Países Bajos
recuerda que, desde la sentencia de 30 de
abril de 1974 (Haegeman, 181/73, Rec.
1974, p. 449), el Tribunal de Justicia ve en
un acuerdo concluido por el Consejo, de
acuerdo con los artículos 228 y 238 del Tratado, por lo que respecta a la Comunidad,
un acto adoptado por una de las instituciones de esta Comunidad. A diferencia de la
citada sentencia Demirel, el presente asunto
no se refiere al propio Acuerdo de Asociación, sino a las Decisiones del Consejo de
Asociación, integrado por miembros de los
Consejo y de la Comisión, por una parte, y
de miembros del Gobierno turco, por otra,
y que es competente para garantizar la aplicación y el desarrollo progresivo del régimen de asociación. Estas decisiones son, por
lo que respecta a la Comunidad, actos
adoptados (entre otros) por instituciones de
tado CEE (véase sentencia Demirel, ya citada). Mientras que en el marco del otorgamiento de un Acuerdo de Asociación podría
apreciarse un acto claramente imputable a
las instituciones comunitarias, las decisiones
que aquí se discuten fueron adoptadas por
el Consejo de Asociación, que no es una
institución de la Comunidad en el sentido
del artículo 177 del Tratado. Se trata de una
institución autónoma, funcionando en el
marco del Acuerdo y que posee una identidad distinta a la de las instituciones de la
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4. La Comisión recuerda que el Tribunal de
Justicia se declaró competente para interpretar los Acuerdos internacionales, incluidos
los Acuerdos mixtos, considerados como actos adoptados por las instituciones de la Comunidad. Las Decisiones del Consejo de
Asociación CEE-Turquía deben considerarse como acuerdos en forma simplificada.
Se concluyen a consecuencia de la adopción
de una posición común por el Consejo de la
El Gobierno neerlandés estima por lo tanto Comunidad en cuanto a la decisión proque, cuando una cuestión relativa a la inter- puesta, y, tratándose de un acuerdo mixto,
pretación de las Decisiones n° 2/76 y esta posición sería expuesta de común
n° 1/80 del Consejo de Asociación se plan- acuerdo por la Comunidad y los Estados
tea en un asunto seguido ante un órgano ju- miembros en el seno del Consejo de la Asorisdiccional nacional, cuya decisión no ciación. Por otra parte, la Asociación entre
puede ser objeto de un recurso jurisdiccio- la CEE y Turquía debe considerarse, a penal de Derecho interno, este órgano juris- sar de su carácter mixto, como un Acuerdo
diccional está obligado, de acuerdo con el bilateral y el Consejo de Asociación funartículo 177 del Tratado CEE, a someter la ciona como órgano bilateral en el que se
cuestión al Tribunal de Justicia.
reúnen la Comunidad y los Estados miembros por una parte, y Turquía por otra. La
única diferencia entre la adopción de las
Decisiones del Consejo de Asociación y el
3. El Gobierno de la República Federal de procedimiento normal de conclusión de los
Alemania recuerda también que la noción de acuerdos por la Comunidad consiste en la
actos adoptados por las instituciones de la aprobación formal mediante una decisión
Comunidad, en el sentido del artículo 177, del Consejo. El carácter vinculante de las
se refiere, entre otros, a los Convenios de Decisiones está, sin embargo, inscrito en el
Derecho internacional público concluidos Acuerdo, sometido al procedimiento de
por la Comunidad con terceros Estados aprobación formal. Dado que la Decisión
(sentencia de 26 de octubre de 1982, Kup- del Consejo de Asociación es un acto adopferberg, 104/81, Rec. 1982, p. 3641), en tado por una institución de la Comunidad,
particular los Acuerdos de Asociación con- debe responderse afirmativamente a la pricluidos al amparo del artículo 238 del Tra- mera cuestión.
B. Acerca de la segunda cuestión prejudicial
1. El Sr. Sevince señala que la letra b) del
apañado 1 del artículo 2 de la Decisión
n° 2/76 y el tercer guión del apartado 1 del
artículo 6 de la Decisión n° 1/80 poseen un
carácter vinculante y carecen del carácter de
programa que el Tribunal ha reconocido, en
la citada sentencia Demirel, al artículo 12
del Acuerdo. En efecto, estos artículos aplican el artículo 12 del Acuerdo y son lo bastante precisos como para ser alegados por
un justiciable y ser aplicados por un Juez. El
hecho de que el apartado 2 del artículo 2 de
la Decisión n° 2/76 y el apartado 3 del artículo 6 de la Decisión n° 1/80 se remitan,
para sus modalidades de aplicación, a las
normativas nacionales no afecta al carácter
incondicional de las disposiciones en cuestión. La cuestión decisiva es la de saber si
los Estados miembros pueden aún condicionar o limitar la aplicación de la disposición.
Así, el Tribunal de Justicia reconoció, en
una sentencia de 4 de diciembre de 1986
(FNV, 71/85, Rec. 1986, pp. 3855 y ss., especialmente p. 3870), que el poder de apreciación de que disponen los Estados miembros respecto a los medios de aplicación de
una prohibición no impide el efecto directo
de ésta cuando impone plenamente el resultado que las disposiciones nacionales deben
realizar. Por otra parte, en una sentencia de
5 de febrero de 1976 (Bresciani, 87/75, Rec.
1976, p. 129), el Tribunal de Justicia reconoció un efecto directo a las Decisiones del
Consejo de Asociación establecido como órgano del Convenio de Yaunde de 1963.
La segunda cuestión exige pues una respuesta afirmativa.
munidad con un tercer Estado debe considerarse como de aplicación directa cuando,
teniendo en cuenta sus términos así como el
objeto y el carácter del acuerdo, implica una
obligación clara y precisa, que no está subordinada, en su ejecución o en sus efectos,
a la adopción de ningún otro acto ulterior.
Las Decisiones del Consejo de Asociación
que respondan a estos criterios son directamente aplicables. Las Decisiones n° 2/76 y
n° 1/80 se refieren a la aplicación por etapas del artículo 12 del Acuerdo. El apartado
2 del artículo 2 de la Decisión n° 2/76 y el
apartado 3 del artículo 6 de la Decisión
n° 1/80 disponen formalmente que las modalidades de aplicación se establecerán por
las normativas nacionales. Los artículos 12
de la Decisión n° 2/76 y 29 de la Decisión
n° 1/80 disponen, además, que las partes
contratantes adoptarán, cada una en lo que
le concierne, las medidas que implican la
ejecución de las Decisiones respectivas. Pero
la CEE no adoptó tales medidas por lo que
respecta a las disposiciones en cuestión en el
presente asunto. Los artículos 6 de la Decisión n° 2/76 y 12 de la Decisión n° 1/80
permiten a los Estados no aplicar las disposiciones controvertidas en el presente caso si
el Estado afectado sufre o se ve amenazado
por perturbaciones en su mercado de trabajo, que pueden provocar riesgos graves
para el nivel de vida o de empleo en una
región, rama de actividad o profesión. A diferencia de la situación que se discutiera en
el asunto Kupferberg, ya citado, no se trata
en este caso de cláusulas de salvaguarda,
cuya aplicación esté sometida a un examen
previo por un comité mixto, sino de una facultad de excepción unilateral. Las Decisiones n° 2/76 y n° 1/80, así como los artículos 12 del Acuerdo y 36 del Protocolo, tienen en su opinión un carácter programático.
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El Gobierno neerlandés considera por lo
tanto que se ha de responder negativamente
a la segunda cuestión.
subraya que, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Kupferberg y Demirel, antes citadas), una disposición de un Acuerdo concluido por la Co-
4. Según la Comisión, el Tribunal de Justicia observó en la sentencia Kupferberg, ya
citada, que la circunstancia de que un
Acuerdo cree un marco institucional especial de concertación y de negociación e implique cláusulas de salvaguarda, supuesto
verificado en el marco del Acuerdo CEETurquía, no se opone al reconocimiento de
una eventual aplicabilidad directa de ciertas
disposiciones. Las Decisiones n° 2/76 y
n° 1/80 constituyen una aplicación de los
artículos 12 del Acuerdo y 36 del Protocolo.
El hecho de que el Tribunal de Justicia hubiera declarado en la sentencia Demirel, ya
citada, que los artículos 12 y 36 no son directamente aplicables no impide reconocer
esta cualidad a las Decisiones que dan un
contenido concreto a los principios de estos
29 de la Decisión n° 1/80, que imponen a
las partes contratantes adoptar las medidas
que impliquen la ejecución de las disposiciones en cuestión, sólo son la repetición del
artículo 22 del Acuerdo y pretenden sólo
subrayar el carácter imperativo de la Decisión. Del mismo modo, no pueden deducirse, de las cláusulas de salvaguarda mencionadas en los artículos 9 de la Decisión
n° 2/76 y 14, apartado 1, de la Decisión
n° 1/80, argumentos contra una aplicabilidad directa. Según su contexto, los artículos
en cuestión en el presente caso pretenden
conceder derechos incondicionales a los trabajadores turcos. El hecho de que las modalidades de aplicación de estos textos vengan
fijadas por normativas nacionales se explica
por la necesidad de garantizar la ejecución
de las disposiciones relativas a la computación de los períodos de vacaciones, de enfermedad o de desempleo involuntario en el
cálculo del período de empleo lícito. Del
mismo modo, las cláusulas de salvaguarda
económicas recogidas en los artículos 6 de
la Decisión n° 2/76 y 12 de la Decisión
n° 1/80 no afectan para nada, en condiciones normales, al derecho individual del trabajador turco.
Las disposiciones de «standstill» recogidas
en los artículos 7 de la Decisión n° 2/76 y
13 de la Decisión n° 1/80 constituyen prohibiciones impuestas incondicionalmente a
las partes contratantes y el Derecho comunitario reconoce tradicionalmente la aplicabilidad directa de tales prohibiciones. No se
puede oponer como argumento al Sr. Sevince, que ha podido conocer los derechos
que las Decisiones del Consejo de Asociación le reconocían, la ausencia de cualquier
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3. El Gobierno de la República Federal de
Alemania considera que, incluso si los criterios del efecto directo válidos para un
Acuerdo concluido por la Comunidad pudieran ser transpuestos a las Decisiones del
Consejo de la Asociación, en el presente
caso no se podría llegar a la conclusión de
la existencia de tal efecto directo. El artículo
22 del Acuerdo, que impone a las partes la
obligación de adoptar las medidas que implique la ejecución de las decisiones adoptadas, parte del principio de la necesaria
transposición de las Decisiones del Consejo
de Asociación. Del mismo modo, el
Acuerdo relativo a las medidas que deben
adoptarse para la aplicación del Acuerdo establece en su artículo 2 que las decisiones
adoptadas por el Consejo de Asociación en
las materias que dependen de la competencia de la Comunidad sean, para ser aplicadas, objeto de actos adoptados por el Consejo, por unanimidad, previa consulta a la
Comisión. En el caso en que las decisiones
afectaran a una materia que no es competencia de la Comunidad, los Estados miembros adoptarán las medidas de aplicación
necesarias. Los artículos 12 de la Decisión
n° 2/76 y 29 de la Decisión n° 1/80 prevén
también la adopción de medidas de ejecución por las partes contratantes. Tal ejecución es necesaria, tanto más cuanto que las
materias que deben modificarse en virtud de
las Decisiones vienen reguladas de un modo
distinto por los diversos Estados miembros.
C. Acerca de la tercera cuestión prejudicial
1. El Sr. Sevince considera que la letra b)
del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión
n° 2/76 y el apartado 1 del artículo 6 de la
Decisión n° 1/80 constituyen disposiciones
autónomas que no deben interpretarse a la
luz de las cláusulas de «standstill» de los artículos 7 de la Decisión n° 2/76 y 13 de la
Decisión n° 1/80. El trabajador turco, al no
poder alegar el período de trabajo indicado
en los artículos en cuestión, no puede invocar sus derechos, a menos que la legislación
nacional se los conceda. En este supuesto, la
disposición de «standstill» prohibe la derogación de regímenes más favorables. Las
disposiciones de «standstill» se refieren a los
trabajadores que no sólo ejercen una actividad lícita, sino que residen lícitamente en un
Estado miembro. A sensu contrario, podría
llegarse a la conclusión de que los artículos
2 de la Decisión n° 2/76 y 6 de la Decisión
n° 1/80 no imponen un requisito distinto
por lo que respecta a la residencia. La Decisión n° 1/80 menciona el empleo lícito en
sus artículos 7, 9 y 10, sin vincularlo al requisito de residencia, mientras que los mismos artículos 7 y 9 mencionan expresamente
la situación lícita, por lo que respecta a la
residencia, de los hijos de un trabajador
turco que forme parte del mercado lícito de
trabajo. Como norma general, el trabajador
que ejerce una actividad lícita también es titular de un permiso de residencia; pero ello
sería distinto, sin embargo, en ciertas situaciones límites, como la del Sr. Sevince.
Si un empleo lícito implicase una situación
lícita por lo que respecta a la residencia,
esta situación lícita no puede referirse únicaI - 3470
mente a una residencia en virtud de un permiso de residencia. Esto es conforme a la
noción de residencia lícita recogida en otros
Tratados internacionales, como el Convenio
europeo de asistencia social y médica de 11
de diciembre de 1953, el Pacto internacional
relativo a los derechos civiles y políticos, de
16 de diciembre de 1966, la Carta social europea, de 18 de octubre de 1961, y el Protocolo Adicional n° 4 al Convenio europeo
y de las libertades fundamentales, de 24 de
noviembre de 1950. Por otra parte, la Comisión europea de los derechos humanos
consideró que una residencia autorizada con
carácter provisional durante un procedimiento relativo a un permiso de residencia
puede ser lícita (Decisión de 1 de diciembre
de 1986, denuncia n° 11825/85). El Sr. Sevince ejerció legalmente una actividad por
cuenta ajena en los Países Bajos y residió legalmente o lícitamente durante este período,
a pesar de no ser titular de un permiso de
residencia. Dado que los artículos 2 de la
Decisión n° 2/76 y 6 de la Decisión
n° 1/80 no enuncian expresamente el requisito de la situación lícita por lo que respecta
a la residencia, el Sr. Sevince puede, como
trabajador que ejerce una actividad lícita
desde hace cierto tiempo, alegar en su beneficio estas disposiciones.
Por lo tanto debe responderse a la tercera
cuestión prejudicial que
«— mediante la expresión "empleado lícitamente" recogida en el artículo 2 y en el
artículo 6, debe entenderse sólo una actividad que es lícita de acuerdo con la
legislación nacional relativa al empleo
— con carácter subsidiario, en el supuesto
de que sólo se considerase que un
trabajador está empleado lícitamente
La Comisión considera por lo tanto que
procede dar la respuesta afirmativa a la segunda cuestión.
cuando ejerce la actividad en cuestión
mientras está en situación lícita también
respecto a su residencia, conviene entender por situación lícita por lo que
respecta a la residencia no sólo la residencia en virtud de un permiso, sino
también la residencia autorizada por las
autoridades nacionales a la espera de
que la decisión relativa a la concesión
de un título de residencia sea definitiva.»
Por lo tanto el Gobierno neerlandés considera que la expresión «empleado lícitamente», tal como ha sido utilizada en las
Decisiones citadas por el Raad van State, y
en particular en el contexto del artículo 7 de
la Decisión n° 2/76 y/o del artículo 13 de
la Decisión n° 1/80, debe interpretarse en
el sentido de que se refiere sólo a la actividad por cuenta ajena ejercida en virtud de
un permiso de residencia concedido (en particular) a efectos del ejercicio de una actividad por cuenta ajena.
2. Según el Gobierno del Reino de los Países
Alemania expone que sólo en caso de responder afirmativamente a las cuestiones precedentes es necesaria una respuesta a la tercera cuestión. La expresión «empleado lícitamente» se refiere al estatuto del trabajador
en materia de derecho de residencia. Una
interpretación distinta implicaría que un trabajador turco, que resida ilegalmente en un
Estado miembro, pero que haya trabajado
durante cierto tiempo en una relación laboral lícita, pudiera disfrutar del régimen del
tercer guión del apartado 1 del artículo 6 de
la Decisión n° 1/80.
4. La Comisión señala que, cualquiera que
sea la respuesta dada a la tercera cuestión,
siempre se puede afirmar que las Decisiones
n° 2/76 y n° 1/80 fijan una distinción clara
entre el derecho al trabajo (permiso de trabajo) y el derecho de residencia (permiso de
residencia), de modo que los Estados miembros podrían siempre considerar que los artículos 2 de la Decisión n° 2/76 y 6 de la
Decisión n° 1/80 sólo se refieren al derecho
al trabajo. Tal interpretación sería, sin embargo, inaceptable por principio. En efecto,
el derecho de ejercer actividades cada vez
más importantes, de acuerdo con el artículo
2 de la Decisión n° 2/76 o 6 de la Decisión
n° 1/80, implica un derecho de residencia.
En ningún caso el derecho al trabajo podría
ser negado debido a carecer de un derecho
de residencia. El hecho de que las cláusulas
de «standstill», como el artículo 13 de la
1-3471
Bajos, el órgano jurisdiccional nacional desea saber si la expresión «empleado lícitamente» se refiere sólo a la actividad ejercida
de acuerdo con las disposiciones relativas al
ejercicio del empleo en el país afectado, o a
un empleo que, además, haya sido ejercido
por una persona que disfrute de un permiso
de residencia, a efectos (en particular) del
ejercicio de una actividad por cuenta ajena.
El hecho de que el apartado 1 del artículo 6
de la Decisión n° 1/80 se refiera a la pertenencia del trabajador turco al mercado lícito
de empleo de un Estado miembro significa
que la actividad por cuenta ajena se ejerce
en virtud de un permiso de residencia otorgado a efectos de tal actividad. La exigencia
de una situación lícita por lo que respecta a
la residencia y al trabajo, a la que se refiere
el artículo 13 de la Decisión n° 1/80, tiene
el mismo alcance. La residencia lícita significa que el interesado cumple los requisitos
para que se le entregue un permiso de residencia para ejercer una actividad por cuenta
ajena, y no incluye una residencia autorizada relacionada con un procedimiento judicial iniciado por el interesado. En caso
contrario, un extranjero podría alegar derechos al amparo de las Decisiones n° 2/76 y
n° 1/80 basándose únicamente en el hecho
de que ha acudido a la justicia para determinar si cumple los requisitos de concesión
de un permiso de residencia. Las disposiciones de «standstill» recogidas en las Decisiones no afectan a la aplicación de la normativa vigente, en el momento de la adopción
de las Decisiones, a los trabajadores que se
encuentran en la situación del Sr. Sevince.
Decisión n° 1/80, se refieran a los trabajadores que se encuentran en situación lícita
por lo que respecta a su residencia y a su
trabajo no justifica una interpretación distinta. Según la Comisión, prácticamente todos los artículos de la Decisión n° 1/80 se
refieren al empleo lícito. El derecho de residencia se deriva de modo implícito del ejercicio lícito de un empleo. Sólo en el caso hipotético de que no existiese un ejercicio lícito de un empleo, en el caso de desempleo
legal del trabajador (artículo 8), o a propósito de los miembros de su familia (artículo
9), el derecho de residencia adquiriría un
significado autónomo.
«La expresión "empleado lícitamente", recogida en el artículo 6 de la Decisión
n° 1/80, debe interpretarse en el sentido de
que implica automáticamente un derecho de
residencia, en tanto que el libre acceso a
cualquier actividad por cuenta ajena de su
elección no le puede ser negado al trabajador turco empleado lícitamente desde hace
cuatro años debido a que su permiso de residencia no es válido, a menos que ello se
deba a las razones mencionadas en los artículos 12 y 14, apartado 1, de la Decisión
n° 1/80, con los requisitos que allí se precisan.»
La Comisión propone por lo tanto responder a la tercera cuestión:
F. A. Schockweiler
I - 3472
Asunto C-l92/89 (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas)
S. Z. Sevince contra Staatssecretaris van Justitie (Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State de los Países Bajos) Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión del Consejo de Asociación — Efecto directo.

References: artículo 2
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 177
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 12
 artículo
1
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7

artículo 13
 artículo 2
 resolución 
 artículo 20
 artículo 228
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 238
 artículo 2

artículo 6
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 6

artículo 22
 artículo
22
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 2

artículo 6
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 6
 artículo
2
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 6