Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A027-05.htm
Timestamp: 2017-11-21 19:34:12+00:00

Document:
A027-05
Auto 027/05
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Conocimiento de la Corte Constitucional para evitar dilaciones
ACCION DE TUTELA-Preceptiva constitucional
La preceptiva constitucional consagra el derecho de toda persona a reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, lo cual, en principio, permitiría inferir que al no hacer dicho texto diferenciación al aludir a los jueces, el titular del Juzgado tenía la autoridad para conocer del asunto.
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Entidad particular/ACCION DE TUTELA CONTRA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Domicilio donde se presentó la vulneración del derecho de petición
Referencia: expediente ICC-870
Conflicto de competencia entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Fusagasugá (Cundinamarca) y el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá D.C.
Acción de tutela promovida por José Víctor Marcelo Andrade contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil cinco (2005).
1. El señor José Víctor Marcelo Andrade en escrito dirigido a los jueces civiles municipales de Fusagasugá, radicó el 6 de septiembre de 2004 acción de tutela contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el fin de obtener la protección inmediata de su derecho constitucional fundamental de petición, el cual considera vulnerado dado que dicha entidad omitió dar respuesta oportuna a la petición que formulara el 2 de agosto de 2004.
2. Sometida la solicitud de tutela a reparto, ésta fue asignada al Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá, el cual mediante auto del 7 de septiembre de 2004 consideró que dado que la acción estaba dirigida contra la "JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BOGOTA D.C."[1] (sic), dicho despacho judicial no tenía competencia para conocer de ese asunto, motivo por el cual ordenó el reparto de la actuación entre los jueces civiles municipales de Bogotá D.C.
3. En cumplimiento de lo anterior, la Oficina Judicial repartió nuevamente el expediente, correspondiéndole al Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá D.C.
4. El titular de ese despacho judicial por auto del 21 de septiembre de 2004 consideró que en razón a que el domicilio del accionante es el municipio de Fusagasugá y que los hechos que motivaron la iniciación de la actuación por invalidez y demás actuaciones posteriores se han surtido en dicha localidad, correspondía al Juzgado Tercero Civil Municipal el conocimiento de dicha actuación.
Agregó que una interpretación en sentido contrario permitiría sostener que los Jueces del Distrito Capital son competentes para conocer de las Acciones de Tutela instauradas contra todos los organismos del Orden Nacional, pues ellos tienen sede en esta ciudad, hipótesis ésta que no tiene fundamento normativo alguno.
5. Ante el conflicto de competencias planteado ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que sea ésta la que determine el despacho judicial que debe asumir el conocimiento de la solicitud de tutela de la referencia.
6. El 28 de septiembre de 2004 el expediente fue recibido en la Secretaría General de esta Corporación, siendo remitido el 30 de septiembre del mismo año a la respectiva Sala de Selección la cual decidió excluirlo de revisión, decisión que fue notificada por estado del 25 de octubre de la misma anualidad, procediéndose a devolver el expediente al Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá D.C.
7. Recibido nuevamente el expediente por el citado despacho de Bogotá, éste, por auto del 14 de enero de 2005 ordenó nuevamente la remisión de la actuación a la Corte Constitucional reiterando que se trataba de una colisión de competencia negativa.
8. El 26 de enero del presente año es recibo en el despacho del Magistrado Sustanciador para elaborar el proyecto de fallo correspondiente.
De esta manera la colisión suscitada, en el presente caso, entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Fusagasugá (Cundinamarca) y Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá D.C., debió ser resuelta por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
Desde esta perspectiva debe recordarse que la controversia planteada se suscitó por el errado entendimiento que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá le dio a la solicitud de tutela, puesto que no obstante haber sido precisado por el actor que la acción se había dirigido contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la titular de dicho despacho judicial consideró que la entidad tutelada era la Junta "Regional"[7] de Calificación de Invalidez. Adicionalmente y sin fundamento normativo alguno sostuvo que no le asistía competencia para conocer del trámite constitucional de la referencia, dado que el lugar de domicilio de la citada entidad es la ciudad de Bogotá D.C.
Frente a dicha determinación considera la Sala, que a la mencionada funcionaria judicial le bastaba analizar los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso tercero del numeral 1 del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000[8], para constatar que era al Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá al que correspondía asumir el conocimiento de la acción impetrada por el señor Marcelo Andrade.
En efecto, la preceptiva constitucional consagra el derecho de toda persona a reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (Art. 86 C.P.), lo cual, en principio, permitiría inferir que al no hacer dicho texto diferenciación al aludir a los jueces, el titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá tenía la autoridad para conocer del asunto.
En este punto, corresponde determinar a cuál de los juzgados en colisión correspondía desde la perspectiva territorial conocer de la acción de la referencia. La Sala observa que el lugar de la vulneración del derecho fundamental no es Bogotá, así la sede de la entidad demandada se encuentre ahí, sino Fusagasugá, puesto que allí se encuentra domiciliado el accionante. En esa medida, es en esta municipalidad donde su derecho de petición se ve presuntamente vulnerado por la no resolución de su solicitud. Cabe recordar que en la reiterada jurisprudencia de esta Corporación se tiene establecido que " la competencia se tiene "a prevención" por los jueces o tribunales con jurisdicción, no en el sitio en el cual tenga su sede principal el ente administrativo al que pertenecen aquellos a quienes se sindica de vulnerar o amenazar con sus hechos u omisiones los derechos fundamentales, sino "en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud".[9]Adicionalmente ha de tenerse en cuenta que el ámbito de actividad de la Junta tutelada es todo el territorio nacional de lo cual se infiere que por este aspecto también le asiste competencia al Juzgado de Fusagasugá.[10]
Resta, entonces, determinar si conforme a las reglas fijadas por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, el expediente debía ser repartido al citado juzgado civil municipal. Para este fin, como es sabido debe determinarse la naturaleza jurídica de la entidad contra la cual se dirige la acción. El actor señaló reiteradamente en su escrito de tutela que ésta se interponía contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2463 de 2001[11] es un organismo de creación legal, autónomo, sin ánimo de lucro, de carácter privado y sin personería jurídica.
Así, al haberse accionado contra una entidad particular, la regla de reparto a aplicar al caso de la referencia es la consagrada en el inciso tercero del numeral 1 del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece que: "A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares." (Resaltado fuera de texto)
En este orden de ideas, no queda duda que la autoridad judicial que debió asumir ab initio el conocimiento de la actuación de la referencia era al Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá Cundinamarca, en consecuencia se le remitirá el expediente para que asuma, sin más dilaciones, el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
ORDENAR al Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá Cundinamarca, que asuma de forma inmediata el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
[1] Cfr. Folio 31 del expediente.
[7] Cfr. Folio 31 del expediente.
[8] Debe recordarse que el inciso cuarto del numeral 1 del artículo 1º e inciso segundo del artículo 3º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", fueron declarados nulos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante sentencia del 18 de julio de 2002. Expedientes acumulados 6414, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6717 y 7057. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.
[9] Corte Constitucional. Sentencia T-731 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Sobre este mismo tema pueden estudiarse las Sentencias T-883 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-063 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y el Auto 01 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras providencias.
[10] Cfr. Artículo 12 del Decreto 2463 de 2001.
[11] "Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez".

References: artículo 18
 artículo 1
 resolución 
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 Artículo 12