Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201714324208995.HTML
Timestamp: 2019-06-27 12:32:59+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1432/2017
–Buenos días a todas y todos. Empezamos nuestra tarea en el día de hoy considerando lo que tiene que ver con el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social». Ya están presentes la señora ministra y su equipo.
Por otro lado, todos y todas estamos avisados de que la ministra debe retirarse a las 11 y 30 y nosotros, a su vez, tenemos el compromiso con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Tiene la palabra la señora ministra de Desarrollo Social.
SEÑORA MINISTRA.- Muchas gracias señora presidenta. Muy buenos días para todos y todas.
Antes que nada aclaro que vamos a dejar el material, incluso en formato electrónico, a los efectos de que los señores senadores lo puedan copiar.
En cuanto a la rendición de cuentas, haremos un planteo rápido, más allá de que los detalles de números, metas y objetivos cumplidos constan en el material que les vamos a proporcionar. Por lo tanto, si tienen alguna duda pueden recurrir al PowerPoint que vamos a presentar.
En primer lugar, como esquema de presentación, queremos señalar que el Mides tiene tres ejes estratégicos y áreas de apoyo. Nos hemos planteado tres ejes en este quinquenio. Antes de definirlos, cabe aclarar que los tres ejes están absolutamente entralazados y en interacción. El primero es un eje estratégico del gobierno nacional, del proyecto y del compromiso con la ciudadanía; me refiero al Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
El segundo eje tiene que ver con la promoción y protección social integral a la vulnerabilidad en clave de género y de derechos humanos. Muchas veces decimos que son los derechos vulnerados o la pobreza que nos queda. En algunos casos no se trata de pobreza en cuanto a ingresos, sino que se relaciona con los derechos vulnerados.
El tercer eje –que podría ser el primero o el segundo– es el apoyo a los procesos de descentralización. Como decimos siempre, el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social», fue el último en crearse, así que ya sabíamos que debía nacer descentralizado; ya habíamos aprendido que había que extenderse en todos los territorios y que cada uno de ellos tenía características diferentes. La vida nos ha mostrado con mucha fuerza –y por eso insistimos en ello– la necesidad de avanzar cada vez más en los procesos de descentralización de nuestra gestión y de nuestro trabajo, interactuando institucional e interinstitucionalmente con el segundo y el tercer nivel de gobierno –me refiero a los gobiernos departamentales y municipales–, y con las instituciones centrales que están en el territorio.
Más adelante, la directora general de Secretaría va a plantear lo relativo a la ejecución financiera y hablará sobre los artículos presentados.
El eje estratégico 1 tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y, si la señora presidenta lo permite, me gustaría que el sociólogo Julio Bango explicara en donde estamos, teniendo en cuenta la rendición de cuentas de 2016, pero también mencionando el despliegue del Sistema Nacional Integrado de Cuidados debido a la importancia que esto tiene y porque no solo refiere al inciso 15 sino que es algo interinstitucional.
SEÑOR BANGO.- Buenos días a las señoras senadoras y a los señores senadores.
Si consideramos lo que ha sido la ejecución económico financiera del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2016 y distinguimos los tres grandes incisos donde se ejecuta centralmente, vemos que hubo un 99 % de ejecución en la Administración Nacional de Educación Pública, en lo que tiene que ver con los jardines de tres años. Luego encontramos una ejecución del 98 % en el INAU, que es otro de los organismos que tienen un peso muy importante en la ejecución del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Ahí se ubican los centros CAIF, las casas comunitarias de cuidados y los CAPI –Centros de Primera Infancia– como eje central de la ejecución presupuestal.
El año pasado el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social» tuvo el 83% de ejecución presupuestal. La particularidad que tiene nuestra ejecución en cuanto a los recursos humanos es que los jardines, los CAIF y los CAPI son atendidos por educadores pertenecientes al INAU. Es decir que allí hay una ejecución alta que obviamente –más allá del rubro inversiones, que también tuvo una muy buena ejecución– está sostenida en la ejecución de los recursos humanos.
En nuestro caso, desarrollamos y pusimos en movimiento los nuevos programas del sistema de cuidados: los asistentes personales, la teleasistencia, las becas de inclusión socioeducativa y los centros diurnos que, obviamente, requerían un diseño y un marco regulatorio que permitiera que pudieran llevarse a cabo con las reglas de juego adecuadas. Además se compatibilizaron los sistemas de información relacionados con el seguimiento y el monitoreo de todo el proceso. En este caso, también se hizo una articulación muy fuerte con los sistemas de información del BPS, ya que se trata de un socio preponderante en estos programas. Reitero que tuvimos una ejecución del 83%.
Si los señores senadores observan la ejecución por rubro del año 2016, verán que, por ejemplo, respecto a la teleasistencia en casa –que es el botón de pánico que puede utilizar una persona que se encuentra sola y en una situación no deseada para poder recibir algún tipo de auxilio–, recién en este momento dos de las tres empresas que se presentaron terminaron con todo el procedimiento y obtuvieron su certificado de proveedor por parte del BPS. Por lo tanto, se podrá empezar a ejecutar este año. Ya tenemos la demanda generada y una vez que se abre la canilla –para decirlo en términos gráficos– el flujo es permanente. La infraestructura ya está armada para que eso acontezca. Quizás este año cumplamos con las metas que nos trazamos y, sin duda, la ejecución para el próximo será del cien por ciento.
Dejamos de lado la ejecución presupuestal y pasamos a las metas cuantitativas en términos de acceso de las distintas poblaciones que cubre el sistema: las niñas y los niños de cero a tres años, las personas con dependencia leve, moderada o severa, ya sea contraída por la vejez o por alguna discapacidad en cualquier edad. Nos hemos propuesto la meta de ingresar 28.000 niños más de cero a tres años entre los años 2015 y 2020. En este momento, estamos en el 32% de la meta cumplida. Desde el año 2015 a la fecha han entrado casi 9.000 niños y niñas. Si tomamos en cuenta la cobertura que hemos tenido en estos tres años en particular, hemos sobrepasado la meta que teníamos prevista, ya que estamos en un 54% de cobertura. Eso quiere decir que tenemos más de 4.500 niños que han ingresado a los servicios de ANEP, a los jardines de tres años. La meta es que en el año 2020 todo padre o madre que quiera llevar a su hijo de tres años a un servicio de cuidado infantil pueda hacerlo porque vamos a universalizar la oferta de servicios.
A esos efectos, tenemos un plan de inversiones: la creación de 44 jardines y la ampliación de 50 ya existentes. Esos 44 jardines ya han sido licitados en el mes de diciembre por el mecanismo de participación público-privada. Es de conocimiento público que Uruguay está experimentando en esta materia. Seguramente, a fines de 2019 estaremos cumpliendo la meta en función de los procesos administrativos que implican las PPP. Por lo tanto, hemos cumplido con un 32% de la meta en materia de primera infancia.
Asimismo, han aumentado las licencias prenatales. Hay una ley del año 2013 que se votó en el Parlamento, donde se fijó la extensión a catorce semanas de licencia maternal posparto; los trabajadores autónomos fueron incluidos en el derecho; se extendió a diez días la licencia paternal posparto y más de tres días para trabajadores dependientes y se extendió el subsidio de cuidado de medio horario hasta los seis meses de vida del niño o niña transferible entre padre y madre.
Esas metas han sido cumplidas y, obviamente, ya estamos superando los parámetros fijados por la Organización Internacional del Trabajo en esta materia. Lo que resta va a depender estrictamente –hay una voluntad de ampliar– de los recursos de que se dispongan.; al día de hoy no se cuenta con recursos para seguir ampliando los márgenes de semanas de las madres, de días de los padres o de días de medio horario de cuidado.
Por otra parte, en materia de atención a la dependencia, nosotros el 2 de mayo del año pasado pusimos en marcha el Programa de Asistentes Personales. Al cierre, el 31 de julio –la semana que viene vamos a disponer de la información al 31 de agosto–, está cubierto aproximadamente un 24 % de la población en situación de dependencia severa. Esto quiere decir que hay, por le menos, 5.500 personas que ya tienen el derecho a tener asistente personal, 3.195 ya lo contrataron y cerca de 2.000 ya fueron notificadas y en estos momentos están en las distintas oficinas del BPS de distintos puntos del país, contratando al asistente personal. Quiere decir que seguramente la cifra de 3.200 ya haya subido porque hay una progresión de un ingreso promedio aproximado por mes de 400 personas que contratan su asistente personal. Con estos números, obviamente, ya estamos en el límite de los créditos presupuestales asignados al Programa de Asistentes Personales incluyendo los $ 90:000.000 que se aprobaron en la Cámara de Representantes y que están a consideración del Senado para ratificarlos o rectificarlos.
Nosotros establecimos una progresividad, o sea, que la ejecución este año va a ser de un cien por ciento y podría ir a más. Hemos fijado un parámetro de progresividad de entrada a este programa: mayores de 80 y menores de 30. No fijamos el parámetro de ingresos porque esta no es una política para las personas en situación de pobreza solamente, sino también para clases medias o altas, porque lo que se trata de resolver es la vulnerabilidad que se le genera a una persona que está en situación de dependencia y no puede salir de la puerta de su casa. Debíamos objetivar los parámetros de ingreso para ser transparentes y estar a cubierto de toda duda acerca de los criterios que teníamos para el ingreso de las personas, por lo que fijamos mayores de 80 y menores de 30. ¿Por qué? Porque la curva de la dependencia severa en los veteranos se eleva rápidamente a partir de los 80, lo que no quiere decir que entre 65 y 80 no la haya. Decidimos empezar por los más veteranos entre los veteranos y por los menores de 30 porque hay que considerar las personas con discapacidad debido a situaciones congénitas y la dependencia o discapacidad severa que se les genera a los adolescentes y jóvenes que tienen accidentes. Por esa razón también jugamos a las puntas y la posibilidad de ir avanzando de los 30 en adelante y de los 80 para atrás va a estar dada en función de tres variables: la voluntad política –la necesidad de cuidados estuvo siempre, pero se implementó ahora–; la capacidad de gestión –que la tenemos–, y los recursos. Hoy debemos decir que no tenemos más recursos para seguir avanzando con este ritmo de ingreso de personas con dependencia severa a asistentes personales.
Pasando rápidamente al siguiente punto –los datos son muchos, el sistema es bastante complejo–, quiero señalar que al hablar de los servicios se debe tener en cuenta el tema de la formación de los recursos humanos, que es clave. Pero, más allá de la universalidad en el acceso, hay otra cuestión que influye, de la que se habla poco: me refiero a un intangible que es la universalidad en la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que un niño viva en Artigas, Montevideo, Canelones, Sayago o Pocitos debe recibir la misma calidad de servicio de cuidados. Para eso, se debe disponer de un proceso de formación y calificación de los recursos humanos, a los efectos de asegurar niveles universales de calidad con estándares mínimos y los mismos esquemas de supervisión. Estamos armando estos últimos. Había cinco esquemas de supervisión y medición de la calidad de los servicios a la primera infancia y hoy estamos convergiendo hacia uno. Esa es una preocupación muy fuerte que tenemos. Para ello hemos lanzado el plan Calidad + Cuidado fomento a la mejora, destinado a la mejora de la calidad en las guarderías privadas.
Asimismo, estamos trabajando en un programa similar para los residenciales de ancianos que anunciaremos próximamente. A propósito, en diciembre del año pasado cambiamos la regulación de estos residenciales.
Además, establecimos una estrategia de formación de los recursos humanos en convenio con el Inefop. Hemos llegado a los 1.500 participantes en el curso y, si agregamos a todas las personas que trabajan en los residenciales –que también deben recibir capacitación porque son trabajadoras y trabajadores en servicios de cuidado–, tendremos una demanda potencial de 12.000 personas. Tenemos 9.000 personas anotadas para recibir cursos de formación, pero hay un elemento del que no se habla: el sistema de cuidados genera puestos de trabajo. Hoy, si contamos los servicios a la infancia y los de atención a la dependencia, se estarían generando puestos de trabajo genuino en un mercado de trabajo que tiene problemas.
SEÑOR CAMY.- Ante todo, saludo la presencia de las autoridades ministeriales que nos acompañan.
Si no entendí mal, se anotaron 9.000 personas en los cursos de capacitación, pero me gustaría que lo reiterara.
SEÑOR BANGO.- Efectivamente, señor senador, se anotaron 9.000 personas para recibir el curso de formación como trabajadores de cuidados para atender a personas dependientes y a niños y niñas. En realidad, esa cifra tiene un par de meses de atraso; seguramente haya aumentado en los dos últimos meses. Como me acota la señora ministra, este dato corresponde a todo el país; en todo caso, quedamos a las órdenes para ampliar la información. Hemos repartido una rendición de cuentas de 2016 a todos los señores senadores, pero esos datos ya están vetustos y han sido superados por la realidad.
Como decía, en materia de formación estamos cumpliendo con los objetivos previstos.
En lo que refiere a la regulación, el año pasado, en ocho meses, implementamos nueve decretos que reglamentan distintos aspectos de ley. También estamos iniciando el proceso de regulación laboral del sector, tema complejo si los hay, ya que los trabajadores de cuidados están dispersos en una enorme cantidad de grupos de negociación colectiva. Habrá que afinar el lápiz para no perjudicar a nadie en sus derechos adquiridos, pero hay que definir el ordenamiento del sector. Obviamente es un sector nuevo, con reglas de juego también nuevas, y eso debe tener su correlato en materia de regulación laboral.
Finalmente, en lo que refiere al despliegue del sistema de cuidados en el territorio, hemos lanzado dieciséis iniciativas locales, que recogen elementos particulares de la sociedad que la política general de cuidados no resuelve. La idea es abrir los ojos y atender los planteos de las organizaciones sociales y la sociedad civil, a efectos de incorporarlos en la política de cuidados. Así pues, han surgido ideas como el acuerdo llevado adelante con el Codicén y el INAU para atender a las madres y padres adolescentes –en la mayoría de los casos son madres– que están cursando el liceo nocturno, pero se ven obligados a desvincularse del sistema educativo para cuidar a los hijos o a los hermanos. Concretamente, se generaron tres experiencias: una en Young, otra en el Cerro y otra en la ciudad de Canelones que inauguraremos el jueves próximo. Se generan espacios de cuidados cercanos donde pueden estar los hijos e hijas de esos adolescentes mientras ellos estudian y así pueden continuar trabajando. De esa forma se resuelve también el tema del derecho de los niños a estar bien cuidados. De ahí han surgido una cantidad de cosas que nos han dado cierta perspectiva. Siempre digo que no hay que poner la raviolera en el territorio, sino que se debe tener flexibilidad para dar respuesta a las situaciones que se presenten. No se puede saber todo partiendo de la base de una planificación central, sino que se debe recorrer el país y ver las situaciones que se dan para ir adaptando la política a lo que se va realizando.
Estas son algunas consideraciones, pero hay mucho más para informar en la medida en que los señores senadores lo estimen pertinente.
SEÑORA MINISTRA.- El eje estratégico n.º 2, que refiere a la promoción y protección social integral y los derechos vulnerados que nos quedan en clave de género y de derechos humanos atraviesa absolutamente a todas las actividades que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, tanto como cartera en todo el territorio como en interacción y diseño conjunto con las demás instituciones del Estado.
Rápidamente –no me voy a detener en cosas sobre las que ya hemos hablado– quiero señalar que en pantalla pueden observar una grilla que muestra la evolución de la pobreza y la indigencia de 2002 a 2015. Concretamente se está hablando de ingresos. En base a diversas evaluaciones externas que se han realizado, queda demostrada la reducción de la intensidad de la pobreza y el efecto en la desigualdad con las transferencias monetarias que juegan un papel muy importante en ese sentido. Después vamos a hacer alguna consideración con respecto a este tema.
Cuando hablamos de transferencias monetarias –pueden encontrar la información en la página web del MIDES– queremos señalar que obviamente los datos sobre la tarjeta Uruguay social sobre los que nos vamos a referir tienen que ver con la rendición de cuentas de 2016 y, como eso se ajusta por el Índice de Precios al Consumo, hoy ya no son los mismos que aparecen en la tabla que presentamos. Hoy el monto mínimo ya no es $ 887 sino más de $ 900 y estamos llegando a más de $ 5.000 para cuatro hijos o más en lo que es la tarjeta doble.
Por otro lado, a manera de título, nosotros estamos trabajando con el Instituto Nacional de Alimentación que desde enero de 2016 está en el MIDES –insisto en que estamos hablando de la rendición de cuentas de 2016– y este año ya empezamos a pasar a tarjeta las transferencias que se hacían en productos o en tiques alimentación. Estamos trabajando sobre lo que el INDA brindaba a través de canastas de alimentos. Para dar un ejemplo concreto –y que nos gusta mucho– si se envían desde Montevideo los alimentos –por más que si se compran por la UCA son más baratos–, se trasladan a Bella Unión y allí no los compran, muchas veces pasa el tiempo, los alimentos se deterioran, hay que traerlos nuevamente a Montevideo y enviarlos a la usina de Felipe Cardoso para incinerarlos. De esa manera se gasta más.
Por otro lado, en estas inundaciones que afectaron la ciudad de Salto pusimos en práctica la experiencia, por primera vez –fue superexitosa–, de entregar los alimentos a las personas damnificadas aplicando la ley de agricultura familiar. De acuerdo con el porcentaje que fija para hacer las compras del Estado, adquirimos veinticinco toneladas de alimentos frescos –papas, zapallos, zanahorias, etcétera– provenientes de agricultores familiares que, a su vez, son acompañados por el Mides en su desarrollo y por técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Por un lado, entregamos alimentos de calidad a las personas afectadas; segundo, le compramos a nuestros productores, agricultores, emprendedores en el mismo territorio; y, tercero, podemos demostrar que ahorramos una cantidad importante.
O sea que en esto de transferencias estamos trabajando para avanzar en ese sentido, tanto en lo que hace a las tarjetas de alimentación como en el tema de asistencia a la vejez, si bien en una cifra muy pequeña –hay que ver cómo proyectamos– pero es lo que va quedando del Plan de Equidad. Como recordarán, las personas que no llegaban a la pensión a la vejez entre 65 y 69 años, tienen este pasaje de asistencia a la vejez que brinda el Mides, como figura en su presupuesto.
En lo que hace a la Canasta de Servicios, también estamos trabajando y avanzando en este momento con UTE y OSE para que, más que un programa piloto, sea una política mucho más integral para brindar, por un lado, los servicios de electrificación rural, la conexión de las casas a la red de saneamiento que pasa por la puerta en donde OSE no puede hacer el trabajo pero sí nuestros emprendedores y cooperativas sociales.
Después están los que llamamos programas de proximidad –consistentes en el acompañamiento de las familias en situación de extrema pobreza o exclusión–: el Programa Cercanías y el Servicio de Abordaje Familiar, en los que hay un acompañamiento, un seguimiento.
Por otro lado, tenemos un sistema bien complejo: el de respuesta a la situación de calle, en donde también trabajamos lo que denominamos intercalle. Acá tenemos temas vinculados a personas que salen en libertad y, con sus vínculos familiares deteriorados o rotos, no tienen salida desde el punto de vista laboral. Ahí, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior está trabajando y, obviamente, nosotros junto con ellos.
Estamos trabajando con la Junta Nacional de Drogas y las personas con consumo problemático de sustancias o de alcohol, o ambas.
También estamos trabajando con ASSE en todo lo que tiene que ver con personas que padecen problemas de salud mental. Muchas veces esto sucede en una misma persona. En el año del que estamos rindiendo cuentas, en vez de hacer conteo de calle, realizamos un censo. Esto implica salir en una sola noche, con voluntarios y voluntarias –por suerte, son muchos– capacitados previamente, a hacer la entrevista en calle para ver historias de vida y cruzarlas después con nuestros registros administrativos. Esto se amplía a los que hoy tenemos en refugios, es decir, aquellos que sí aceptan estar en ese sitio. Entonces, queremos cruzar esos datos utilizando la misma metodología, con los que están a la intemperie y no aceptan concurrir a un refugio, que van generando miniasentamientos, fundamentalmente en el área metropolitana, pero también en la frontera seca con Brasil. También tenemos un fenómeno: caminantes, gente que va por distintos departamentos, muchas veces hacia Rivera, por ejemplo, pensando que en ese lugar van a vivir de una manera distinta, y otras, hacia donde hay determinada zafra y luego se quedan en esos lugares.
Por otro lado, en todo lo relacionado con las trayectorias sociolaborales para el desarrollo, podemos decir –y esto es muy importante– que tenemos la Ley n.º 18.240, «Programa “Uruguay trabaja”», aprobada en el año 2007; justamente en el mes de noviembre cumplimos los 10 años y lo vamos a festejar, así que están todos invitados. Tenemos alrededor de 3.000 cupos; digo «alrededor» porque en 2016 participaron 3.163 personas en los 19 departamentos. Hablamos de personas que trabajan y cuentan con seguimiento, acompañamiento y capacitación. Ayer hablaba con una radio de una localidad del interior y decía que en todos lados nos sucede lo mismo, esto es, que la gente de las pequeñas localidades del interior identifica al Mides con el Programa Uruguay Trabaja. ¿Por qué? Porque ve a las brigadas, ve los uniformes y, lo más importante, ve que arreglan las escuelas, los liceos, las plazas y la policlínica. Justamente, ayer me comuniqué con Constitución, y estaban trabajando en la policlínica y en la escuela. Son personas –como ellos mismos me lo decían en la radio– que a su vez están haciendo capacitación en leyes laborales, en el cuidado en el trabajo, pero también en otras cuestiones, como por ejemplo, el trabajo con un corte de género. Y también está la posibilidad de ir atendiendo otros temas que se van incorporando, tal como el de cuidados y el de salidas –por eso son trayectorias sociolaborales– en cuanto a cómo y a dónde salen. En 2016 teníamos 1300 emprendedores y 3816 personas con monotributo social Mides, en el marco de la Ley n.º 18.874. En este momento tenemos 400 cooperativas asistidas, con 2.500 personas orientadas, capacitadas y trabajando. El monotributo social –como bien saben los señores senadores– tiene la ventaja de que esa persona tiene boleta, por lo tanto, si vende un producto o brinda un servicio está registrado, aporta a la seguridad social, tiene cobertura, es decir que, como dice la gente, está «en orden» o «en caja».
Por otra parte, tenemos también los Programas Primera Experiencia Laboral y Ruralidad. Este último es algo novedoso, que empezó en el segundo período del Mides y se ha fortalecido. Además, trabajamos con Colonización, con Opypa, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; nosotros ponemos los técnicos sociales y ellos ponen los técnicos agrícolas, los peritos, que son los que acompañan en ese sentido. Tenemos las cosas más diversas en todo el país, porque en las pequeñas localidades trabajamos desde el tema de las gallinas hasta el de la inseminación artificial, pasando por la huerta y la clasificación de residuos. Antes de ayer –si no recuerdo mal–, junto con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Educación y Cultura lanzamos la 6ª edición del Programa Yo Estudio y Trabajo, con gran repercusión, ya que el lanzamiento fue en la tarde y antes de haber sido hecha la comunicación pública –a través de esa misma conferencia de prensa– ya teníamos 7.000 anotados para 600 o 700 cupos. Saludamos que el Poder Legislativo se haya sumado a este programa –es la primera vez que lo hace–, así como las intendencias de Montevideo y Canelones. Hemos conversado con el actual presidente del Congreso de Intendentes, el intendente Falero, para ver si desde ese organismo puede impulsarse que colaboren también las demás intendencias, porque en pequeñas localidades tanto el correo como el BPS, por ejemplo, tienen instituciones y podrían tomar por 9 meses o un año a chicos que están estudiando, sabiendo todos que transcurrido ese año se van para dar cupo a otros; son experiencias estupendas. Por lo tanto, reitero que saludamos que el Poder Legislativo se haya sumado a esta experiencia.
Luego tenemos lo vinculado a la inclusión socioeducativa y sociocultural con distintos proyectos en todo el país, capacitando recursos humanos de distintos organismos del Estado en acciones afirmativas que tienen que ver con la afro descendencia y la diversidad sexual. Se hizo el primer censo de personas trans y en este momento hay un proyecto de ley que se está explicando en todo el país, razón por la cual el director no está presente en este momento. Entonces, estamos hablando, por un lado, de participación en la inclusión laboral de estas personas, con cupos en Uruguay Trabaja, y también de la posibilidad del acceso al estudio. Si empezamos por casa, debemos decir que tenemos unas 300 becas de guardería para niños de 0 a 3 años, hijos de funcionarios del Mides. Esto demuestra cuál es la edad promedio en nuestra cartera pero, de todos modos, teníamos un núcleo de trabajadores que no había terminado el ciclo básico. Ahora estas personas ya lo terminaron, están cursando cuarto año y la idea es que terminen el bachillerato, gracias al trabajo tan interesante que se está haciendo con ProCES, que estimula mucho a quienes tienen interés.
En relación con los proyectos socio culturales, queremos destacar el trabajo con la escuela de danza del Sodre, las orquestas infantiles, los murales que tenemos en distintos lugares del país, etcétera. Aquí hay un tema muy importante, que es la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres. Con respecto a esto último, me gustaría ceder la palabra a la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti.
SEÑORA MAZZOTTI.- Buenos días.
En relación a la rendición de cuentas del 2016 quiero decir que, obviamente, fue un año en el que generamos algunos insumos muy importantes para fortalecer, en términos de política pública, el esfuerzo del Estado, con el fin de lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Aclaro que nos referimos a todas las mujeres, sin distinción de edad o condición, puesto que también incluimos a aquellas con discapacidad y afrodescendencia. Trabajamos a lo largo y ancho de todo el Estado, en el marco del Consejo Nacional de Género. En ese sentido, destacamos algunos objetivos importantes que se lograron y que permiten fortalecer la acción del Estado en este sentido. Uno de ellos es haber impulsado el presupuesto con enfoque de género, lo que ya se viene implementando en varios ministerios e instituciones públicas. También nos orientamos a la actualización del modelo de calidad con equidad de género, que es una forma de generar procesos de transformación organizacional en los que se toma en cuenta las circunstancias específicas de los trabajadores y los problemas que ocurren en este sentido en el marco de las organizaciones. Aquí importan las oportunidades de las mujeres para los ascensos, concursos y prevención del acoso sexual y laboral, problemáticas específicas en el ámbito del trabajo.
Queremos destacar que en este trabajo interinstitucional a nivel del Estado uruguayo, se definió la violencia basada en género como el principal problema que está enfrentando el país. Hay una prevalencia muy fuerte en este sentido y en respuesta a esto surgen acciones muy importantes relativas a la prevención, asistencia, protección y reparación.
En abril del año pasado se presentó el proyecto de ley integral por una vida libre de violencia de género; los señores senadores lo saben muy bien porque está a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Entendemos que este proyecto integral es fundamental y necesario porque nos permite fortalecer la respuesta institucional del Estado en relación a esta problemática. Inclusive representa un reconocimiento público del compromiso que el Estado tiene que asumir respetando, además, los tratados internacionales que el país ha firmado. Como dije, esta normativa se encuentra en esta casa, en el seno de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, y tenemos muchas expectativas de poder festejar y celebrar, en el día de la lucha contra la violencia doméstica, el 25 de noviembre, su promulgación.
En el marco de la prevención también estamos destacando la Campaña Noviazgos libres de violencia. El año pasado participaron más de 13000 adolescentes de todo el país, incluso de pequeños pueblos y localidades. Esto implica un protagonismo directo de los propios chiquilines y chiquilinas. Este año lo estamos reeditando. Allí participa enseñanza secundaria, la UTU, el INJU, el INAU, es decir, todos los distintos programas que tenemos de cercanía que trabajan con jóvenes. Por tanto, esto ha sido algo muy importante.
Y también estamos fortaleciendo el trabajo en relación a la importancia de la discusión de una ley integral de prevención y combate de trata. En este marco de la violencia de género, que también requiere fortalecerse, este año continuamos con una mejora de la respuesta concreta a las situaciones directas. Hay mujeres, niñas y niños que se nos acercan a pedir protección y asistencia; entonces, se han reforzado los servicios de atención. Tenemos servicios en todo el país y estamos avanzando en cuanto a la posibilidad de tenerlos en pequeñas localidades.
Esto era lo que teníamos para rendir cuentas del año 2016.
SEÑORA MINISTRA.- En cuanto a los temas que abordamos, siempre estamos hablando de los derechos vulnerados que nos quedan. Ustedes pueden entender que esto en muchos casos está cortado, determinado o potenciado por la pobreza, pero no necesariamente. Es decir, cuando hablamos de una persona víctima de violencia –un niño o una niña–, no necesariamente se trata de alguien pobre. Pasa lo mismo cuando hablamos de las políticas con los jóvenes. En general, de una manera muy cruda podemos decir que cuando una familia tiene un niño ya es un poco más pobre, y si tiene dos, es aún más pobre. Incluso, si tiene una persona a cargo con dependencia severa, sin duda que también lo es; es el caso también de una persona mayor que debe tomar medicación, que requiere más atención o necesita una comida especial. En muchas de estas políticas se trata de derechos vulnerados. Y en el tema que brevemente vamos a plantear ahora, que tiene que ver con las personas con discapacidad, también tenemos derechos vulnerados en general. Por ejemplo, son derechos vulnerados cuando un canal de televisión pasa un programa que puede ser muy entretenido y atractivo para mucha gente y no tiene lengua de señas. Son derechos vulnerados cuando –como nos decían hace unos días en una localidad de Canelones– tienen una docente que no puede subir escaleras y el local no tiene accesibilidad para ella. A su vez, está el caso de un alumno que tiene que concurrir con silla de ruedas y no puede hacerlo porque no tiene accesibilidad. Sabemos que nuestro país está lleno de escaleras por todas partes. Entonces, todo eso es una realidad, aun cuando hay que reconocer que se está haciendo un trabajo destacable en la materia –creo que en ello han incidido positivamente todas las campañas realizadas; estamos viendo cómo en todo el país, inclusive en los pequeños municipios, se está trabajando para que las veredas sean accesibles–; o sea que el tema está instalado y se están haciendo los esfuerzos necesarios, pero todavía queda mucho por hacer. En ese sentido, el año pasado hicimos concursos de lengua de señas para 350 personas en 12 departamentos; dimos 1465 ayudas técnicas y 1684 servicios prestados, que son prótesis, órtesis, reparaciones, evaluaciones y controles. También concretamos, con Antel, un servicio 911 accesible para las personas sordas y que los usuarios sean visitados y valorados en Cerro Largo, Montevideo y Paysandú; rehabilitación de personas ciegas o con baja visión; alojamiento para personas con discapacidad síquica en situación de vulnerabilidad social y, además, contemplamos situaciones judiciales y de violencia porque surgen muchos casos en los que el abuso se basa en que la persona con discapacidad no puede manejar sus bienes o ingresos y, por lo tanto, esto lo hacen otros, que se apropian de ellos.
Por otro lado, quería señalar que, por ejemplo, hace ya unos meses colocamos la prótesis número mil –estamos hablando de prótesis de miembros inferiores– en virtud del convenio que tenemos con Cuba. Además, hace unos días inauguramos el primer curso sobre calzado ortopédico para casos de amputaciones o dificultades en la movilidad, que estaba lleno de jóvenes. Pregunté, incluso, si se había puesto límite de edad y se me dijo que no, que se dio así porque se anotó gente muy joven para esos cursos. Como decía Julio Bango, lamentablemente muchos de estos casos –estos datos surgen a partir de las recorridas que hacemos por los pueblitos de todo el país– tienen que ver con siniestros de tránsito, fundamentalmente con motos, y de gente joven. Eso da origen, por ejemplo, a problemas en los pies, las piernas o los brazos; Principalmente, esos problemas se dan en los miembros inferiores, muchos de ellos por diabetes o por siniestros de tránsito.
Como no teníamos auxiliares y ahora sí los vamos a tener, la idea es seguir capacitando para tener oficiales en la elaboración de los calzados que ya estamos fabricando que, obviamente, son gratuitos para las personas que los necesitan, pero no para el Estado. Esto se hace, además, trabajando en convenio y articulación con el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología del Ministerio de Salud Pública.
Por otro lado, en todo el tema de la primera infancia hay un programa –al que me voy a referir muy rápidamente– que los señores senadores conocen muy bien y que a nosotros nos gusta y queremos mucho porque se trata, precisamente, del trabajo con la primera infancia.
En estos años hemos avanzado mucho en conocer y distinguir primera infancia de infancia. El aprobado Plan de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia es el primero elaborado específicamente para la primera infancia, analizando las características específicas y la importancia que tiene esa etapa de la niñez. En este sentido, estamos tratando de trabajar desde Uruguay crece contigo, en la atención de las familias, las mujeres embarazadas y los niños con riesgo, que puede ser nutricional o vinculada a la necesidad de un espacio propio, de una cuna. A este respecto también entrelazamos los programas porque las cunas que estamos lanzando ahora ya no son una compra al exterior sino que han sido creadas por la Escuela Universitaria Centro de Diseño, de la Universidad de la República, de acuerdo a las necesidades.
Los señores senadores pueden pensar que esto es una tontería pero en las practicunas que todos conocemos –como la que tuvo mi nieta, por ejemplo– cabe más de un bebé o un niño y un bebé y, entonces, el hermanito, moviéndose en sueños, puede llegar a aplastar o asfixiar al bebé.
Como decía, la Escuela Universitaria Centro de Diseño delineó estas cunas de acuerdo a las necesidades de familias con muchos niños y poco espacio, pero apuntando a que solo entrara un bebé y no más. Esto lo hemos hecho con carpinteros del interior del país y con costureras que también son emprendedoras. O sea que tratamos siempre de entrelazar todas las cosas que hacemos en función de esto. Seguimos trabajando con acompañamiento y con los sets focalizados. Las familias que hayan tenido bebés en este tiempo habrán recibido el set de bienvenida, que les entregamos, sin excepción, a todos los niños y niñas en todas las maternidades públicas o privadas del Uruguay. La idea es que, cuando nacen, además del certificado de nacido vivo tengan su cédula de identidad –ya lo estamos haciendo en el Hospital Pereira Rossell– y la tarjeta de alimentación de acuerdo a la situación de riesgo nutricional que presente. Desde el INDA estamos empezando con la maternidad del Pereira Rossell –que es adonde va la población en riesgo de todo el país– y en un segundo paso vamos al norte, que es el segundo lugar donde detectamos esa necesidad en las maternidades y queremos llegar al punto de que cuando los niños nazcan ya tengan cupo en un CAIF o en alguna institución similar. De acuerdo a lo que señalaba el señor Bango pensamos que no vamos a alcanzar ese objetivo en este quinquenio, pero esperamos que para el próximo – si quiere usarlo o si la familia así lo dispone porque es universal, pero no obligatorio– haya un cupo para que esa niña o ese niño sea cuidado y sus padres puedan estudiar o para que las mujeres puedan trabajar.
En el apuro por rendir cuentas hay cosas que no dijimos, pero voy a insistir en que hay una corresponsabilidad del Estado y de la sociedad organizada y una corresponsabilidad de varones y de mujeres. A través de los distintos programas que tenemos, trabajamos la nueva masculinidad para que ese varón sea capaz de disfrutar a su bebé y sea capaz de cuidarlo, no porque ayude sino porque es su padre o es pareja de la madre, no importa. Queremos que sea capaz de entender que puede sensibilizarse, que puede emocionarse, que puede brindar amor y por eso también las licencias pueden ser tanto para la madre como para el padre, aunque ahora la toman las madres. En general es muy común que haya cuidadoras, pero de todas maneras damos una batalla cultural para que se entienda que el padre no es algo accesorio, que realmente se entienda que para los niños y para las niñas ambos hacen faltan, sea cual fuere el arreglo familiar.
A su vez, trabajamos con los jóvenes. Ya adelantamos algunas cosas, pero estamos hablando de todos los ciclos de vida. Tenemos el Fondo de Iniciativas Juveniles. Ayer hubo una muestra sobre qué es lo que se está haciendo con los jóvenes. Me parece que fue anónima porque no decía de dónde provenían los programas, pero estuvo muy linda, la disfrutamos mucho porque somos parte de eso. Hago esta referencia porque en la presentación estoy viendo el Fondo de Iniciativas Juveniles, el programa Somos de acá, que llevamos adelante junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y con Expoeduca estamos dando vueltas por todo el país.
El 16 de setiembre los invitamos a correr la 5K. La del año pasado se llamó Ser joven es –había que completarlo– para debatir qué es ser joven. Como señalaba la señora Mazzotti los jóvenes decidieron –a pesar de que es muy larga– que la consigna se llame Nos mata la desigualdad de género. Queremos decir que ahora la 5K se lleva a cabo simultáneamente en todo el país, pero antes era una carrera solo de Montevideo. En muchos departamentos la carrera ni siquiera se desarrolla en la capital sino en pequeñas localidades, con la Agrupación de Atletas del Uruguay.
El ministerio también tiene políticas de vejez y envejecimiento que van de la mano con los convenios internacionales que Uruguay ha firmado y ha ratificado. Como ya se señaló, brindamos capacitación y asistencia, por el sistema de cuidados, en instituciones de larga estadía.
También trabajamos con el INDA. El año pasado enviamos al Plan CAIF alimentación para 52.434 niños y niñas, pero este año transferimos el dinero. Es decir, la idea es que el mismo control que ejerce el INAU con cada CAIF –cuántos niños asisten, cuántas personas trabajan allí, etcétera– también se haga con el dinero de la comida, porque desde el punto de vista administrativo es un poco absurdo que por un lado el Mides dé un dinero y, por otro, el INAU maneje otro dinero. Entonces, es necesario hacerlo y controlarlo en forma conjunta para potenciar los esfuerzos en ese sentido. Y lo mismo sería para el caso de la tarjeta alimentaria.
Voy a pedir que se conceda el uso de la palabra al director Guarinoni.
SEÑOR GUARINONI.- Buenos días a todos.
Tal como solicita la señora ministra, muy brevemente voy a comentar cuál es la línea estratégica de descentralización del Mides.
Uno de los principales ejes de trabajo es el fortalecimiento de la estructura de gestión territorial que tenía el ministerio. En ese sentido, contamos con diecinueve direcciones departamentales que hemos fortalecido, entre otras cosas, con un llamado interno que sirvió para redistribuir recursos humanos a las oficinas territoriales. También, para mejorar la infraestructura dentro de las 36 oficinas territoriales que tenemos, hicimos comodatos con instituciones públicas, a los efectos de mejorar la utilización de la infraestructura pública disponible no utilizada a lo largo y ancho del país. Hemos hecho comodatos para oficinas territoriales y arrendamientos en diez oficinas territoriales del país, tratando de mejorar dos cuestiones bien importantes en la infraestructura: un acceso adecuado para personas con discapacidad y tener espacios privilegiados con una adecuada privacidad para la atención de servicios de violencia basada en género. Esto último fue logrado en acuerdo con el Inmujeres.
Cabe señalar que en 2016 las oficinas territoriales recibieron 278.000 consultas de la ciudadanía, número que viene incrementándose año a año.
Asimismo, venimos trabajando en un proceso de mejora de los servicios de atención ciudadana. A comienzos de la gestión hicimos acuerdos con la OEA y el año pasado se pudieron capacitar todos los equipos territoriales del ministerio en planificación integrada, que pretende ser un proceso que logre llevar la planificación del ministerio a mayores niveles de territorialidad.
Por otra parte, me gustaría comentar que el Mides y las oficinas territoriales han hecho un convenio con el Centro de Estudiantes de Derecho para diecisiete departamentos del interior que busca el acceso a la Justicia de las personas con mayores niveles de vulnerabilidad. Es muy importante lo que se ha logrado, ya que en el año 2016 hemos tenido 8.375 consultas y, a su vez, se ha trabajado en la detección de derechos vulnerados. En esto de la construcción de la demanda también tiene que ver la detección de situaciones de abuso y de trata de personas. Ese convenio va a ser renovado este año y para el 2018 estamos pensando en hacer un llamado abierto que ponga en competencia este servicio que para el Mides es muy importante pero que requiere de un despliegue territorial en todo el país.
Quisiera agregar que en el 2016 trabajamos en forma conjunta con la ANEP en un convenio interinstitucional que nos permitió acceder a los niños que estaban desvinculados de la educación justo en el momento de la transición a enseñanza secundaria. Tomamos contacto con 2.355 gurises y la información que obtuvimos de eso fue absolutamente relevante, por ejemplo, en torno a las situaciones que se dan para esa desvinculación. Estas situaciones tienen que ver más con la falta de oferta educativa, con problemas del espectro autista y con el hecho de vivir en la ruralidad profunda, que con la propia decisión de las familias y de los niños de abandonar el sistema educativo.
Esto nos sirvió para cambiar los procesos de gestión para el año 2017. Es así que ahora, de acuerdo con esa transición, primaria hace una preinscripción de los muchachos que pasan a secundaria. Eso dio tan buenos resultados que en este año solamente fuimos a buscar 136 gurises.
Con respecto a las políticas de frontera, no voy a hacer comentarios, dado el escaso tiempo de que disponemos. Solo quiero decir que estamos trabajando tanto con el Gobierno de Brasil como con el de Argentina para profundizar acuerdos a los efectos de que los conciudadanos que viven en la frontera pero que trabajan del otro lado puedan acceder a las políticas sociales.
Con respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ya habló nuestro compañero Bango. Simplemente, deseo destacar la gira que se hizo en 2016 y que dio lugar a distintos contactos, tanto con las intendencias departamentales y municipios del país y como con 450 organizaciones de la sociedad civil.
También me parece importante destacar –sé que los compañeros pensaban hablar al respecto– lo relativo a los fondos de corresponsabilidad de género en cuidados en el marco de las mesas interinstitucionales y políticas sociales, que no es otra cosa que pensar en la corresponsabilidad de género en los cuidados como política de cambio cultural que modifica la relación de cuidados hacia adentro de los arreglos familiares. Reitero que pensamos que eso es importante y por ello lo queremos mencionar.
En el marco del gobierno de cercanías que planteó el presidente de la república, se llevaron a cabo 249 audiencias en 15 departamentos. Al respecto, informo que el 80 % de los planteos realizados ya fueron resueltos.
Por otra parte, en relación con el Sistema Nacional de Emergencias, el Mides entrevistó a 11.834 personas en los 17 departamentos, en virtud de los complejos eventos climáticos que tuvimos durante 2016. En ese sentido, trabajamos en la duplicación de tarjetas Uruguay Social para los casos más vulnerables; apoyamos la alimentación a través del INDA y respaldamos el programa Uruguay Crece Contigo para el acceso a cunas de emergencia y pañales, en aquellas situaciones más extremas. Al mismo tiempo, trabajamos con el INJU para sostener espacios de convivencia dentro de los gimnasios en los que se alojan las personas y también se distribuyeron kits de emergencia por medio de Pronadis, para poder actuar en forma rápida en situaciones de discapacidad.
En el año 2016 trabajamos en el marco interinstitucional con la OPP, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con la UTE, y celebramos un convenio para llegar al cien por cien de la ruralidad con electrificación. Al respecto, hicimos visitas para identificar las familias con vulnerabilidad social y exonerarlas del pago de la electrificación en los poblados de Godoy, Paso de la Cruz en Cerro Largo, Paso del Medio en Tacuarembó y Poblado Los Rodríguez en Paysandú.
SEÑORA MINISTRA.- La directora general de Secretaría, economista Graciela Mazzuchi, se va a referir al presupuesto ejecutado y a los artículos. Es difícil concentrar la exposición y por ello, repito, vamos a dejar el material a disposición de los señores senadores porque, como habrán notado, somos un almacén de ramos generales.
SEÑORA MAZZUCHI.- Buenos días. Brevemente, voy a explicar la ejecución financiera del ministerio en 2016, a través de tres o cuadros resumidos; los detalles están en los tomos correspondientes.
El presupuesto total del Mides ejecutado en 2016 fue de $ 6.951:000.000. De ellos, $ 423:000.000 fueron a recursos humanos, $ 41:000.000 se destinaron a inversiones y $ 6.486:000.000 cubrieron los gastos de funcionamiento. Es decir que en el presupuesto del Mides el 6% aproximadamente responde a recursos humanos, el 1% a inversiones y el 93% a gastos de funcionamiento. Voy a hacer un detalle de estos tres ítems.
En relación a los recursos humanos, los $ 423:000.000 se reflejan en los 522 funcionarios. Además de ellos, estamos en un proceso de regularización –votado en la ley de presupuesto– de nuevos contratos, a los que se dará ingreso recién durante 2017.
En cuanto a las inversiones, nuestros rubros son los típicos; hay $ 41:000.000 que corresponden a equipamiento y mobiliario, informática, inmuebles y vehículos, y hay un renglón para el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados que simplemente está aparte porque así fue abierto cuando nos otorgaron el crédito, pero tiene los mismos componentes. Simplemente es una cuestión contable.
Si nos detenemos un poco en la parte del funcionamiento –el cuadro se ve muy poco en la transparencia, pero esos datos los vamos a dejar por escrito–, se puede decir que es un resumen de los principales programas que ejecuta el Mides y fueron explicados por la señora ministra en términos de resultados obtenidos en los pasos anteriores. Por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social representó un 34 % de nuestro presupuesto ejecutado en funcionamiento; la asistencia a la vejez significó el 5 % y la tarjeta de INDA en la parte de alimentación supuso un 16 %. En términos de presupuesto, esos son nuestros principales programas, pero también tenemos los de discapacidad, Uruguay Trabaja, emprendimientos, jóvenes en cercanía, jóvenes, etcétera. En definitiva, lo que hicimos en este cuadro fue separar lo que va directamente a la población de lo que son los servicios de apoyo.
En consecuencia, podemos afirmar que de casi $ 6.500:000.000 de funcionamiento, el 87 % se destina directamente a las personas y el 13 % se dedica al apoyo. ¿Cómo hicimos esta cuenta? No se trata solamente de las transferencias monetarias. Por ejemplo, Uruguay Crece Contigo –uno de los programas que ya fue explicado– tiene un conjunto de funcionarios y duplas que ingresa a los hogares para trabajar con las madres y los bebés en estimulación, etcétera. Para nosotros, esos recursos humanos significan una atención directa a las familias, lo que es diferente a los trabajadores que están en la parte financiero contable y ejecutan el presupuesto o a los de jurídica, que estamos en tareas de apoyo. Hemos aplicado el mismo criterio, por ejemplo, para la discapacidad; los asistentes son recursos humanos, pero se relacionan directamente con los beneficiarios. Como decía, ese fue el criterio que utilizamos para armar este cuadro.
En síntesis, de los casi siete mil millones que ejecutó el Mides en 2016, el 6 % corresponde a recursos humanos; el 1 %, a inversión; el 12 % son tareas de apoyo que corresponden, básicamente, a la Dirección General de Secretaría y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, y el 81 % del dinero se destinó a servicios directos a los beneficiarios.
Brevemente voy a mencionar los artículos presentados que son muy pocos; se trata de ocho artículos, más dos que aparecieron después.
SEÑORA PRESIDENTA.- Los artículos están escritos y ya hay varios señores senadores anotados para hacer preguntas, así que es probable que en el transcurso de la discusión se mencione este nuevo articulado y se puedan brindar las correspondientes respuestas.
SEÑORA AVIAGA.- Saludo a la señora ministra y a todo su equipo.
Sé que la idea era terminar 11 y 30, pero por suerte el ministerio tuvo mucho para exponer y, lamentablemente, nosotros tenemos bastantes inquietudes. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a la Institución Nacional de Derechos Humanos es trabajar y hablar de estos temas que nos preocupan.
El año pasado se hicieron 73 observaciones a nuestro país, a nuestro Gobierno, a nuestro Estado acerca de los incumplimientos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tuvimos la esperanza –la seguimos teniendo– de que, por lo menos, se empezara a trabajar sobre ellas. Sin embargo, a un año de esas observaciones –tuvieron lugar en agosto de 2016– nos siguen preocupando, no solo a nosotros en lo personal sino a toda la comunidad y sobre todo a las personas con discapacidad, algunos de los puntos que vamos a destacar a continuación. Nos gustaría saber la prioridad que tienen esos puntos en las políticas que se están llevando adelante.
Por ejemplo, una de las observaciones que nos hicieron fue sobre la preocupación de que no haya ámbitos y mecanismos accesibles para denunciar casos de discriminación por motivos de discapacidad y que no existan mecanismos de reparación. Esto sigue pasando y, por ejemplo, estos días hemos accedido, por vía de información pública, a casos en la Intendencia de Montevideo.
Otra cosa que preocupa a las Naciones Unidas y a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la falta de políticas de género enfocadas a las niñas y mujeres con discapacidad, porque sí hay políticas de género enfocadas a las mujeres que, en teoría, no tenemos discapacidad, pero enfocadas a eso, es un reclamo importante que sigue estando en las distintas organizaciones sociales que trabajan y viven en el mundo de la discapacidad.
Existen carencias en la accesibilidad al transporte, en el entorno físico, a nivel de información y de comunicación. Una de las grandes falencias que tenemos y que sigue estando, es que no exista a nivel nacional un organismo que supervise y controle el cumplimiento de estándar de accesibilidad. Por ejemplo, ante eventos extremos que, lamentablemente, vivimos ahora habitualmente por el cambio climático, no hay protocolos para personas con discapacidad en situación de emergencia nacional. Es esencial, nos decía este informe, elaborar estrategias para reducir riesgos ante desastres, vías de evacuación, rutas accesibles y, además, comunicación accesible.
El acceso a la Justicia es otro tema que se observaba como un gran debe en Uruguay por parte de todas las personas con discapacidad, porque hay barreras normativas y barreras comunicacionales.
Otro gran tema que preocupa y que nos preocupa a nosotros que esté detallado, y que sabemos que sigue siendo un debe importante, es la institucionalización en psiquiátricos u otros centros residenciales por motivos de discapacidad, especialmente, a niñas y niños en situación de abandono. Esta es una realidad que preocupa y en la que no hemos visto avances en estos tiempos.
La última observación –de algunas de las 73 que yo tomé, que según mi visión es preocupante– es el tema del no avance en la educación inclusiva; se sigue con el tema de la educación segregada donde se arman planes para distintos tipos de discapacidad, en vez de incluirlos. Tampoco hay en la formación docente una materia que integre a la educación inclusiva para maestros para que desde el vamos, desde la formación, el maestro esté formado en los nuevos parámetros y desafíos que nos presenta la educación inclusiva.
El tema del trabajo es muy importante porque, en verdad, se tiene que tender a que las personas con discapacidad tengan autonomía, es muy importante que tengan ese grado de autonomía sea cual fuere. El trabajo es esencial para cualquier ser humano y para los sectores más vulnerables es aún más importante. Lamentablemente, si bien la Ley n.º 18.651 mandata y exige a que los organismos públicos llenen sus cupos vacantes con el 4 % de discapacidad, no se da en la realidad. En los hechos, hay solo dos organismos que han cumplido con ese cupo y hasta lo han superado, como el Poder Legislativo –tengo acá los datos–, pero el que más está en falta es el Poder Ejecutivo, según lo que nos han informado en el tratamiento de la rendición de cuentas.
El gran desafío es, entonces, cumplir con la norma, más allá de los números. Tenemos a estudio un proyecto de ley –remitido por la Cámara de Representantes y radicado, si no me equivoco, en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado– en el que se propone promover que las empresas privadas tengan un cupo para las personas con discapacidad. No quiero equivocarme, pero me parece que la ley correspondiente rige desde 2008 y los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. Por eso, debemos lograr que se cumpla con la ley, pues al parecer hoy se asiste solamente al 6 %. A este respecto, me gustaría saber cuál es la fuerza del ministerio frente a los demás organismos del Estado para exigir que esto se concrete.
Por otro lado, siempre hablando de los derechos humanos y las personas con discapacidad, hay un tema que me preocupa, y mucho: el de los asistentes personales. Sé que, muchas veces, cuando se tiene una idea, una visión, al llevarla a la práctica aparecen elementos a corregir y regular para que realmente se puedan contemplar todas las problemáticas. Pero hemos recibido varias inquietudes de los usuarios, con distinto tipo de discapacidades, que nos han planteado que se han hecho reclamos por el tema de los asistentes personales. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que se atendían con un sistema y ahora cambió, pero además denuncian que habría una colisión entre el Decreto n.º 117/016 y el artículo 24 de la Ley n.º 18.651, debido a que en el decreto se dispone un subsidio de determinada cantidad de BPC per cápita. En primera instancia, al leerlo, uno puede pensar que está bien, pero después, cuando escuchamos a la gente que está viviendo cierta problemática, nos encontramos con que claramente se establecen parámetros muy bajos. La Ley n.º 18.651, haciéndose eco con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que las prestaciones a las personas con discapacidad severa no tienen nada que ver con su nivel de ingreso, sino que se tiene que dar, que debe tener el carácter de universal. Esto es lo que se dispone en la convención y en la Ley n.º 18.651, en su artículo 24, pero lamentablemente esto no se está cumpliendo.
Tengamos en cuenta que hay un fallo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, debido a que se han hecho muchas denuncias. En el informe de 2016, que nos ha hecho llegar este instituto, se expresa que hay denuncias por presuntos derechos vulnerados realizadas por personas con discapacidad y que la mayor parte de esas denuncias, refieren, en primer lugar, al Ministerio del Interior y, después, al Ministerio de Desarrollo Social, denunciado por presunta violación a los derechos humanos. Del total de denuncias hay un elevado número de ellas que fue presentado por usuarios del programa Asistentes personales para las personas con discapacidad; se han modificado sus parámetros de cobertura y los usuarios están denunciando esta situación. Una de las personas afectadas es una persona de 63 años que a los cinco meses de nacida se enfermó de poliomielitis y quedó cuadripléjica, con un cuadro bastante severo. Trabajó como psicóloga toda su vida, vivía con sus padres, pero ellos fallecieron y hoy está teniendo problemas serios problemas porque, si bien tiene un ingreso que es alto con respecto a los parámetros que nuestros visitantes estipularon para los asistentes personales, igualmente los costos son altísimos por la patología que la afecta. Esta persona necesita las veinticuatro horas del día una persona que la ayude; lamentablemente sus padres fallecieron y tiene una disfunción en su vida terrible. Se presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos señalándole al señor Julio Bango que bajo las normas legales vigentes –artículo 24 de la Ley n.º 18.651– y convenciones internacionales referidas por esta ley no corresponde condicionar las prestaciones de los organismos del Estado a los ingresos de las personas con discapacidad o de su núcleo familiar.
También existen otras denuncias como, por ejemplo, la de otro usuario que decidió seguir en el sistema antiguo –y tiene derecho a hacerlo– pero tuvo que darle de baja a la persona que estaba cuidando a su hijo y contratar otra persona –reitero que quería seguir estando en el sistema anterior y lo especificó porque el nuevo, con toda la buena intención que pueda tener perjudica al usuario– pero cuando pone en caja al otro asistente personal lo habían ingresado al nuevo sistema perjudicándolo enormemente. Además, la persona tiene el derecho de elegir en qué sistema quiere estar y todavía está en veremos, haciendo cartas y tratando de que se respeten sus derechos.
Otro derecho vulnerado de las personas con discapacidad por parte de las políticas que se están llevando adelante por parte del ministerio y que acá no se mencionó…
SEÑOR BORDABERRY.- Pido disculpas a la señora senadora por interrumpirla pero a la hora 11:30 estamos citados para la asunción de los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
No sé si existe la posibilidad de hacer un cuarto intermedio por treinta minutos y que después la señora senadora continúe realizando las preguntas. Sé que la señora ministra se tiene que retirar, pero puede quedarse el equipo para responder los cuestionamientos planteados. Si esto no es posible, perderemos la asunción de las nuevas autoridades del instituto y seguimos con la sesión.
SEÑOR DELGADO.- Coincido con lo expresado por el señor senador Bordaberry –obviamente, la señora senadora Aviaga está en uso de la palabra– en el sentido de hacer un cuarto intermedio para concurrir a la toma de posesión de los cargos de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tendrá lugar a las 11:30. Todos quedamos comprometidos a ir y me parece que es una buena señal concurrir a ese acto.
SEÑORA PRESIDENTA.- Obviamente; es muy importante hacerlo.
SEÑOR DELGADO.- A la vuelta del cuarto intermedio la señora senadora Aviaga podrá seguir en uso de la palabra y los representantes del ministerio darán su respuesta.
SEÑORA MINISTRA.- Quiero hacer dos aclaraciones sobre el tema en cuestión.
Cuando la señora presidenta nos llamó, nos comentó que se desarrollaría este evento, y nosotros le explicamos que de todas formas teníamos que irnos pues salíamos para Chile a una actividad que tendrá lugar mañana, por el día. El avión sale en su horario y no cuando yo quiero. Ya habíamos aclarado que hasta las 11:30 o poco más podíamos estar, pero como tienen que hacer este corte, no podríamos permanecer luego de su finalización. Podemos concurrir otro día.
SEÑORA PRESIDENTA.- Eso no es posible.
SEÑORA MINISTRA.- La otra aclaración es que hemos sido convocados por la comisión respectiva de la Cámara de Representantes para tratar exclusivamente los temas de discapacidad, sobre lo que tenemos mucho para decir, por lo que, fácilmente, nos llevaría una hora.
Seguramente, la señora senadora Aviaga tiene más preguntas para hacer y a nosotros nos resulta muy interesante todo esto, pero reitero que próximamente vamos a estar en una comisión del Parlamento explicando exclusivamente todo el tema.
SEÑORA PRESIDENTA.- Nosotros habíamos advertido de esta situación tanto a los señores senadores como a la señora ministra y su equipo. En conocimiento de esa realidad, al inicio de la reunión pedimos brevedad.
(Interrupción de la señora senadora Alonso).
–¡Obviamente! No estoy hablando solamente de los legisladores, señora senadora Alonso, sino de todos.
Es muy importante políticamente que estemos presentes en ese acto, pero hemos conversado con todos los partidos y llegamos al acuerdo político de votar un cuarto intermedio, solicitándole al equipo del ministerio que se quede media hora y luego reiniciamos la sesión.
¿Estamos de acuerdo con el cuarto intermedio de media hora?
SEÑORA AVIAGA.- ¿Sigo en uso de la palabra?
SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora senadora. Estamos planteando votar la moción de orden de pasar a cuarto intermedio y luego usted seguiría en el uso de la palabra.
SEÑORA ALONSO.- ¿El equipo se queda?
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Regresaría el equipo?
SEÑORA PRESIDENTA.- Estoy esperando la respuesta; no la tengo yo. ¿El equipo se puede quedar?
SEÑORA MINISTRA.- No depende de nosotros el cuarto intermedio.
SEÑORA PRESIDENTA.- Señora ministra: ¿el equipo acepta permanecer media hora hasta que volvamos? Es solo media hora para asistir a ese acto y volver.
SEÑORA MINISTRA.- Si es media hora, no hay problema.
SEÑORA PRESIDENTA.- La señora ministra acaba de contestar que permanece el equipo.
Se va a votar el cuarto intermedio.
La comisión pasa a cuarto intermedio por media hora y volvemos inmediatamente.
(Son las 11:39).
–Continúa la sesión.
–La presidencia se va a permitir hacer una pequeña observación que ya ha hecho en reiteradas oportunidades a lo largo de la discusión.
Soy gran defensora del poder de control del Poder Legislativo, pero tratemos, en lo posible, de remitirnos al punto, habida cuenta de que hay muchas comisiones en donde podemos discutir diversos temas.
SEÑORA AVIAGA.- Refiriéndome, en particular, al punto de la defensa de los derechos humanos y las denuncias sobre su presunta violación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pregunto si existe un ámbito de diálogo con los usuarios denunciantes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por el programa Asistentes personales, para ver, de aquí en adelante, cómo se puede mejorar esa sensación que tienen estas personas con discapacidad severa de que sus derechos no están siendo contemplados.
Por otro lado, quiero hacer referencia a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, creada como tal por la Ley n.º 18.651 –antes tenía otro nombre, aunque ya venía cumpliendo prácticamente las mismas funciones–, que mandata a dicha comisión, entre otras cosas, a «Elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación».
El 24 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad eleva al entonces ministro de desarrollo social, el señor Daniel Olesker, el proyecto de reglamentación de dicha ley. Pregunto: ¿en qué estado está, dentro de su ministerio, la reglamentación de la tan importante Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, generadora y protectora de derechos? ¿Ya pasó al Poder Ejecutivo? ¿Cuándo va a entrar al Parlamento este proyecto de reglamentación que está pronto y estudiado? Les recuerdo que no fue elaborado por una mesa de tecnócratas, sino por técnicos, pero también con amplia participación de todas las personas involucradas en lo que tiene que ver con la discapacidad.
Como dije, este proyecto fue elevado al Ministerio de Desarrollo Social el 24 de noviembre de 2011, y hasta ahora ha dormido en algún cajón –imagino– porque al Parlamento no llegó, por lo que no se ha puesto en vigencia.
De acuerdo con la Ley n.º 18.651 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 15 de julio de 2014 el entonces presidente Mujica firma un decreto por el que se designa a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad como organismo encargado de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones de la convención en el ámbito nacional. Si no me equivoco, este decreto está vigente.
Lamentablemente, esta comisión honoraria está hoy en serias dificultades, porque se está enfrentando a proyectos que quieren transformar todo lo que tiene que ver con la aplicación, los controles y los cumplimientos de las políticas de discapacidad en este país.
SEÑORA MINISTRA.- Sobre esto podría hablar durante dos horas.
SEÑORA AVIAGA.- Pido a la señora ministra que me permita plantear mis preguntas, que son concretas y tienen que ver con las políticas de discapacidad, de las que habló hace un momento, y con los derechos humanos, a los que también hizo referencia, afirmando que su cartera los contempla.
En síntesis, quiero saber si existe alguna intención por parte del Ministerio de Desarrollo Social de desmantelar la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Me gustaría que nos dijeran si entre los objetivos próximos de esta Cartera está el dejar sin efecto esta comisión honoraria, que fue creada por ley e integra en su trabajo a las organizaciones sociales dedicadas a la materia en nuestro país, que tienen allí voz y voto con respecto a las políticas en este sentido.
Quiero saber, además, si este ministerio tiene la intención de presentar un proyecto alternativo; si los trabajadores de la comisión honoraria se presentaron ante la señora ministra por medio de notas, cuestionando el anteproyecto del Inadis; si ellos han recibido propuestas para que cambie su relación laboral con el Mides y con la comisión honoraria, y si estos trabajadores fueron a asesorarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Me interesaría conocer qué tipo de políticas sobre discapacidad y derechos humanos de las personas con discapacidad está llevando adelante esta Cartera cuando pretende dejar sin efecto esta comisión que realmente ha significado una bandera muy importante para las organizaciones sociales, conquista que, si no me equivoco, data del año 1989.
Estos temas nos importan y mucho, porque estamos hablando de las personas y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Como dijimos hoy al principio, hay denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del ministerio, vinculadas a personas con discapacidad, y si se corrobora que efectivamente se está planificando un instituto alternativo a la comisión honoraria, se estarían violentando aún más los derechos de estas personas, entre otras cosas porque las instituciones oficiales que desarrollan políticas en materia de discapacidad tienen que tener una contrapartida de organizaciones y organismos que estén controlando que realmente esas políticas se cumplan. Ese es uno de los cometidos fundamentales de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.
SEÑORA MINISTRA.- Lamento tener que hacer algo que me parece absolutamente detestable en todos los órdenes de la vida, pero voy a contestar estas preguntas –o una gran cantidad de ellas­– y después me voy a tener que retirar.
SEÑORA PRESIDENTA.- Comprendemos a la señora ministra, por supuesto, porque ya estábamos en conocimiento de que tenía que retirarse. Sabemos que no es su costumbre, sino que le gusta estar presente y responder, y asumir su responsabilidad. Eso queda absolutamente claro.
La señora senadora Alonso quiere hacer alguna otra pregunta, por lo que le daríamos la palabra en primer lugar, y luego la señora ministra contestará las interrogantes antes de retirarse.
SEÑORA ALONSO.- Agradezco a la señora presidenta y a la señora ministra por este espacio.
En honor a la brevedad no voy a hacer consideraciones generales sobre la presentación, pero sí preguntas que me gustaría que respondiera el equipo que hoy nos acompaña.
Formularé algunas preguntas con relación a números, cifras y resultados, que es lo relevante en esta instancia, más allá de cualquier valoración subjetiva en el sentido que sea.
La primera de ellas tiene que ver con las cooperativas sociales. El artículo 17 de la Ley nº. 19.438, de rendición de cuentas, de 14 de octubre de 2016, modifica el numeral 20 del artículo 33 del Tocaf del 2012, estableciendo: «Para adquirir bienes, contratar servicios o ejecutar obras cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social o de un monotributista social MIDES, hasta el monto establecido para la licitación abreviada». El monto de la licitación abreviada para el año 2016 fue de $ 7:585.000, y para el 2017 es de $ 8:199.000. ¿Cuántas son las cooperativas sociales registradas actualmente en el Mides? ¿Cuántas fueron contratados en el año 2016? ¿Por qué montos, en promedio, son contratadas? ¿De cuántas personas estamos hablando? Me refiero a las personas que integran esas cooperativas.
Ahora quisiera hacer otra pregunta un tanto más general, pero que tiene que ver con algo que la ministra ha planteado en múltiples instancias y que comparto plenamente, que es la descentralización territorial con relación a las políticas sociales. Varios referentes en distintos departamentos del país nos comentaron con preocupación la existencia de una distribución poco equitativa en el territorio. Entonces, las preguntas que me surgen son las siguientes. ¿Cuántos equipos técnicos operativos del programa Uruguay Crece Contigo están desplegados en cada departamento actualmente? ¿Cuántos equipos técnicos operativos del programa Cercanías están desplegados en cada departamento? En honor a la restricción de tiempo, si alguno de estos datos no lo tienen hoy aquí, nos lo pueden hacer llegar a la comisión. De todas formas, nos parece importante tener un avance en ese sentido.
¿Por qué hago estas preguntas? Porque tiene que ver con los recursos humanos desplegados en el país y me gustaría conocer exactamente de cuántas personas estamos hablando. Hago esta consulta por una planilla que tenemos en el balance, en la que, entre los gastos de funcionamiento, figura el objeto de gasto 231, que es Pasajes dentro del país. Allí hay observaciones sobre pasajes al interior de funcionarios que no me queda claro si dependen de las ONG o siguen revistando en el Mides sin una norma habilitante. Es decir, ¿se trata de viáticos en el marco de qué? ¿Son personas que no integran el Mides, son contratados o son presupuestados? ¿Cuál es el criterio?
Primero quisiera saber quiénes están desplegados actualmente en las direcciones que el Mides tiene en todo el país y, después, a qué se deben estas cifras, ya que estamos hablando de cerca de $ 33:000.000: $20:000.000 para pasajes dentro del territorio y $ 13:000.000 para viáticos fuera del país.
Más allá de la prensa, hay denuncias con respecto a esto. Estamos hablando de más de un millón de dólares en viáticos. Nos parece importante conocer cuál es la visión y la postura con respecto a este tema, que no es menor porque se trata, repito, de un millón de dólares en viáticos, aparentemente destinados, en particular, a funcionarios –o no funcionarios– que responden a organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, también quiero hacer alguna referencia a las que han sido contratadas para tareas tercerizadas del Mides. Aquí me surgen varias reflexiones. Por supuesto, sigo manteniendo la preocupación que tiene que ver con las permanentes observaciones del Tribunal de Cuentas. Leí detalladamente la versión taquigráfica de la sesión en la que nuestros visitantes comparecieron –hace muy poco–, a solicitud del diputado Martín Lema, en función de estas observaciones. Leí las explicaciones, que por supuesto no alcanzan, porque más allá de que se reitera el gasto y de que el procedimiento es lento, igual parece necesario tomar otras medidas de fondo porque, de lo contrario –lo digo a modo de reflexión y para colaborar–, esto va a seguir.
Con respecto a las ONG, la pregunta que quiero hacer a la señora ministra es: ¿qué pasó con la ONG Educación solidaria? Este ha sido un tema de prensa nacional, hace pocos días, por su mala gestión y, sobre todo, por la zozobra laboral que se generó en todo el país, que dejó en vilo a más de seis mil personas. Quiero referirme a esta ONG porque engloba, al menos, a cinco CAIF –de los que hoy hablaba el sociólogo Bango–, tres equipos de atención familiar, varios espacios de ayuda comunitaria y un centro juvenil que alberga a cerca de 55 jóvenes. Hay denuncias de retrasos en los pagos de salarios, de malas condiciones de trabajo y de despidos impagos. Esta ONG –quizás puedan corroborar este dato– tenía convenios por más de $ 2:000.000 anuales; por lo menos, eso es lo que dice algún informe que leí. ¿Cuántos millones anuales ha destinado el Mides en estos últimos tres años para cubrir los contratos de las ONG? Esta es una pregunta concreta y me gustaría que así fuera respondida. ¿Cuánto personal de esas ONG se destina a cada departamento?
Estamos hablando ahora de las ONG; las preguntas que hice antes estaban referidas al cuerpo central del Mides o a sus funcionarios directos.
Otra pregunta que quiero hacer –tiene que ver con un tema de fondo y también hace a la rendición de cuentas– es: ¿se monitorea y se supervisa a esas ONG en el cumplimiento de los objetivos que se han trazado y, sobre todo, en cuanto a los contratos suscriptos entre el Mides y estas organizaciones?
Pregunto esto, señora presidenta, porque me gustaría que se me explicara la cantidad de recursos que damos a estas organizaciones, que atienden a mucha población vulnerable. Estamos del mismo lado –esto lo hemos dicho muchas veces y así lo hemos trasmitido a la señora ministra– en la búsqueda de atender a esa vulnerabilidad que todavía sigue siendo fuerte en nuestro país, especialmente en la primera infancia. Lo digo porque teníamos casi la misma preocupación.
Durante el tratamiento de esta rendición de cuentas, el señor diputado Penadés tuvo un intercambio con la economista Mazzuchi a propósito del programa Uruguay crece contigo, al que se destinan, si no estoy equivocada, cerca de 196:000.000. La pregunta que hacía era cuántas duplas trabajan actualmente –hoy se dijo, pero no me quedó registrado–, cuántas ONG participan de este programa, y a cuántas personas atendió durante 2016 este programa. Una cosa es el objetivo que se planteó el Mides y otra las respectivas cifras, así que me gustaría saber eso.
Con respecto a las ONG, me gustaría que quedara constancia en la versión taquigráfica de la preocupación que tenemos por la falta de evaluación. Esto tiene que ver con el informe de la Auditoría Interna de la Nación del año 2016, que es el año que estamos analizando en esta rendición de cuentas. Voy a leer parte del informe de la Auditoría Interna de la Nación sobre los mecanismos de control instrumentados por el Mides, en particular, para el programa Cuidados. Dice así: «Los mecanismos de control instrumentados para el cumplimiento de los objetivos del Programa, no resultan efectivos en la medida en que el MIDES no ha definido en un marco de actuación, los lineamientos, acciones a seguir, protocolos, etc. para el accionar de las OSC´s y Cooperativas de Trabajo, lo que no permite ejercer la supervisión y posterior evaluación del desempeño respecto a parámetros previamente acordados y validados». Eso es lo que dice con respecto al programa Cuidados. Y continúa: «Los vínculos contractuales del MIDES con las OSC´s se establecieron a través de la compra directa» –esto va en sintonía con varias de las observaciones del Tribunal de Cuentas– «no respetando la normativa relativa a los procedimientos competitivos de contratación, poniendo en riesgo la transparencia en la ejecución de estos procesos».
Algunas de las conclusiones del informe sobre el programa Calle dice lo siguiente: «Los mecanismos de control instrumentados por el Programa Calle resultan en algunos casos insuficientes y en otros presentan debilidades que impiden asegurar que las OSC´s cumplen, en tiempo y forma, con los cometidos estratégicos definidos por el Programa». Hace algunas apreciaciones con respecto al control que realiza el departamento de Rendiciones de Cuentas sobre rendiciones remitidas por las organizaciones de la sociedad civil y dice que «no permite asegurar la confiabilidad y pertinencia de los gastos incurridos, lo que implica un elevado riesgo de manejo inadecuado de los recursos por parte de las OSC´s».
Estoy un poco reiterativa con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, pero creo que esto tiene que ver con el tema de fondo y, sobre todo, con la preocupación por los recursos públicos.
Antes de que empecemos a analizar el articulado, me gustaría escuchar algunas reflexiones del equipo.
SEÑORA MINISTRA.- Señora presidenta: creo que cometimos el error de creer que veníamos por una hora y media, y como usted dijo que iba a ser así, yo me salteé números y números que figuran en la presentación. Les vamos a dejar el pen drive con la presentación, que tiene una cantidad de números que los señores legisladores pueden leer solos.
Hay otros números que se pueden leer en la rendición de cuentas 2016, que contiene planillas y todos los datos. La directora general hizo un rápido repaso sobre qué cosas van directamente a la población, pero podemos entrar en algún detalle antes de responder otras preguntas.
El otro día, cuando el señor diputado Penadés hizo una pregunta en torno al programa Uruguay Crece Contigo, tampoco nos alcanzó el tiempo y lo tengo muy claro. De todas formas, en la lámina está el detalle del número de equipos, cuántas bolsas con pañales, cuántas cunitas, cuántos sets de bienvenida para el común de la población, cuántas cunas para los momentos de emergencia –como se señaló hace un rato–, cuántos hogares acompañados, cuántos beneficiarios directos e indirectos, cuántos niños menores de 4 años y cuántas embarazadas. Todo eso está planteado en la rendición de cuentas del año 2016.
SEÑORA ALONSO.- ¿Me permite una interrupción, señora ministra?
SEÑORA MINISTRA.- No, estoy en el uso de la palabra. Disculpe, pero voy a aclararle por qué no se la doy. Pensé que la interrupción iba a ser breve porque la señora senadora me hizo señas de ello, lamento pero ahora voy a contestar. Mis compañeros pueden quedarse todas las horas que los señores senadores lo requieran porque hay mucho para contestar.
Acá se tiró de todo, incluso con adjetivos –y consta en la versión taquigráfica–; no estoy aludiendo a la señora senadora Alonso sino a la señora senadora Aviaga, quien dio por sentadas cosas que no son ciertas, y además las adjetivó. Eso consta en la versión taquigráfica y podemos leerlo.
Con respecto a la discapacidad, quiero decir, en primerísimo lugar, que este tema se asume a partir del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, como se había tratado por primera vez en la historia durante el período en que él mismo fue intendente de Montevideo, cuando se comenzó a trabajar en ello y cuando todavía existían el paradigma asistencialista –estoy hablando del año 2005– y el paradigma sanitarista con respecto a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen una determinada discapacidad o más de una, pero gozan de todos los derechos.
Con la nueva concepción sobre el tema, fuimos a rendir cuentas a Ginebra –de esto no había antecedentes, fuimos en 2016 y por eso está dentro de la rendición de cuentas de ese año– junto con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería y del Programa Nacional de Discapacidad, que hoy está en la órbita del Mides. En el primer gobierno del doctor Vázquez –2005 a 2009–, este era un pequeño programa asistencial del Ministerio de Salud Pública y pasó a ser un programa del Ministerio de Desarrollo Social justamente porque la concepción cambió; no es solamente un problema médico o la necesidad de un tratamiento médico –puede tenerla o no–, sino que puede tener un componente sanitario pero ser, fundamentalmente, un problema social, como muy bien se señaló acá.
Como decía, fuimos a rendir cuentas y agradecimos todas las observaciones que nos hicieron. Esto está totalmente comprobado, formalizado y protocolizado, porque la concurrencia allí por temas de género, de afrodescendencia y otros que tienen que ver con los derechos humanos, la concurrencia a Ginebra a rendir cuentas y el hecho de que nos hicieran observaciones, el ir teniéndolas como hoja de ruta, como guía para la acción, para poder trabajar e ir mejorando, es algo que aporta al mejor desempeño de las políticas públicas.
Efectivamente, en Ginebra se nos hicieron una cantidad de observaciones porque estamos haciendo cosas. En la Organización de las Naciones Unidas también se nos hacen observaciones –que compartimos casi en su totalidad–, tanto en este tema como en el de género. Sin embargo, hay algunas recomendaciones como, por ejemplo, que haya un ministerio de la mujer que no compartimos. No compartimos ese criterio, o sea que por más que haya una recomendación, si no estamos de acuerdo, no la vamos a seguir porque tenemos otra concepción de qué puede ser y qué no, qué es mejor y qué experiencia se tiene a nivel latinoamericano y mundial con respecto a tener una institución aislada de las otras.
Nosotros planteamos rápidamente el tema de los ámbitos accesibles, y acá estamos hablando de accesibilidad desde todos los puntos de vista. En primer lugar, está la accesibilidad en relación con la infraestructura: poder acceder a la vereda, a la plaza, a la institución educativa; también la de poder mirar una película y contar con lengua de señas y subtítulos, lo que está dispuesto en la mal llamada ley de medios. Al respecto, hubo gente que recurrió algunos de sus artículos por entender que eran inconstitucionales. Por lo tanto, aún no hemos resuelto el tema de la obligatoriedad de que los canales privados emitan sus programas con lengua de señas y con subtítulos. Eso no se cumple. Fue declarado inconstitucional; hubo intereses privados que reclamaron para que esas normas se declararan inconstitucionales y atentatorias contra la libertad de prensa. Por lo tanto, hay gente que no puede acceder a la programación porque no la puede oír o no la puede ver.
De todos modos, estamos trabajando para dotar de mecanismos que hoy no existen. Uno de los artículos fue derogado por la Suprema Corte de Justicia y declarado inconstitucional, pero estamos trabajando en el tema para obligar a los canales privados –comparto este punto con la señora senadora Aviaga– a que hagan accesible toda su programación a las personas que no pueden oír o ver. Salvo TNU y TV Ciudad, los demás canales no emiten con lengua de señas y nada los obliga a que lo hagan.
Por otro lado, es parte de la accesibilidad el hecho de contar con oficinas accesibles. El director Guarinoni tuvo muy poco tiempo para poder explicar este tema. En relación con las oficinas que tenemos en el interior del país, estamos trabajando en una de las normas que refieren a este tema. No es soplar y hacer botellas; da trabajo y cuesta plata. A veces, cuando uno tiene varias prioridades tiene que establecer qué atiende primero. En definitiva, estamos tratando de que todas las oficinas del Mides sean totalmente accesibles. En Treinta y Tres hemos inaugurado la primera oficina totalmente accesible desde todo punto de vista.
Por otro lado, en relación con los cursos de lengua de señas –está también en la lámina; después la subsecretaria podrá repasar todas las cifras que hemos presentado– no solo estamos trabajando en lo que hace a la educación –porque es parte del problema– sino también para que familiares y amigos tengan la posibilidad de acceder a ellos. Esto se hizo por teleconferencia con distintos lugares del país. Con ello apuntamos a que un familiar o un miembro de la comunidad maneje la lengua de señas –sin llegar a ser por ello un profesional– e incluya así a la persona sorda o con audición baja en aquellas actividades en las que todos participamos: cumpleaños, fiestas, reuniones de amigos, etcétera.
Por otro lado, está el trabajo con políticas de género. Lo primero que tendría que haber dicho, aunque podría parecer obvio –hay versión taquigráfica y por lo tanto, lo voy a decir–, es que todo resulta absolutamente insuficiente porque encontramos cero cuando asumimos. Había asistencialismo y organizaciones que trabajan precioso –esa es la verdad– y en las que nos apoyamos, pero el Estado era prescindente. El hecho de poder hacer que el Estado realmente asuma sus responsabilidades con respecto a los derechos de las personas que están siendo vulnerados es un paso muy importante y es algo que da trabajo, cuesta dinero e implica capacitar personal, porque también es cierto que en todas las oficinas públicas debería haber gente que manejara lengua de señas.
A su vez, estamos trabajando con el personal de la salud, es decir, médicos, enfermeras, licenciados y auxiliares de enfermería, para que sepan cómo trabajar con las personas con discapacidad. Para ello se han dictado cursos en la Casa de Gardel y, de hecho, quiero invitar al que no haya ido a conocer este centro de rehabilitación a que lo haga. Ese lugar también formó parte de los desechos que recibimos y hoy se ha transformado en un hermoso lugar de rehabilitación, atención y recuperación, que cuenta con piscinas, profesores, un espacio de fisiatría, etcétera. Cuando asumimos, esa casa era una dependencia que pertenecía al entonces Ministerio de Turismo y Deporte, y cuando nos pasan el inciso 15 y una cantidad de cosas más, también nos querían dar la Casa de Gardel. En ese momento pasó al Ministerio de Salud Pública porque no era una dependencia que tuviera que ver con lo social sino estrictamente con lo asistencial, con lo sanitario. Sin embargo, nuestros equipos especializados, nuestros técnicos –no tecnócratas– trabajaron para subsanar un problema que muchos hemos vivido. Cuando llega una persona con una discapacidad equis a ver al médico, el profesional se dirige al acompañante en lugar de hablar con el paciente; no le pregunta cómo se siente, qué le pasa o qué problema tiene sino que se dirige al acompañante como si quien tiene la discapacidad no fuera una persona. Estamos trabajando en ese aspecto que tiene que ver con la manera de atender la consulta, pero también se pretende contemplar a aquella persona con discapacidad –independientemente de cuál pueda ser– que quiere ser atendida solamente por el médico o por la enfermera; muchas veces no quieren tener a otra persona al lado que oficie de intermediario. Una cosa es cuando se trata de una dependencia severa, pero cuando la discapacidad lo permite no debemos olvidar que se trata de personas que tienen posibilidades y quieren ejercer todos sus derechos. Se trata del derecho a la privacidad, como me acota la subsecretaria.
Asimismo, existen trabajos sobre políticas de género, y acerca de este tema podrá hablar la directora Mazzotti. También está la Policlínica Luisa Tiraparé, que realmente fue una iniciativa de la Intendencia de Montevideo, que empezó a trabajar con estos temas. En Marconi, podemos mencionar el centro de salud Dr. Ruben Misurraco, cuyo nombre se debe al recuerdo de un médico que dejó su vida en dicho barrio trabajando para la población.
En lo que respecta al tema del transporte, cabe aclarar que no depende del Mides desde el punto de vista legal o técnico, pero sí debido a que es la única cartera que pone dinero. En realidad, depende de la Comisión Honoraria. Nosotros tenemos servicios de transporte que inauguramos cuando el director del Pronadis era Alberto Della Gatta y ese organismo pasó al Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento inauguramos las nuevas camionetas –que hoy todo el mundo las considera como lo más normal del mundo–, y le vendemos servicios a Teletón, que no tiene vehículos de traslado.
Por otro lado hay un tema de fondo y compartimos la inquietud que existe. Todas las personas tienen derecho al uso del transporte público, pero para ello debe haber accesibilidad; una persona con discapacidad debe poder subir al transporte público, sentarse y subir su silla de ruedas, pero es una larga pelea con las compañías para que todos los vehículos del transporte público tengan acceso para todo el mundo. No se trata de que tengamos que pagarle algo especial a Fulano o Mengano porque es una persona especial; no, es una persona que quiere valerse por sí misma.
Con las personas ciegas o de baja visión estamos trabajando en el uso de la movilidad, los equipos de movilidad, el uso del bastón; trabajamos con organizaciones sociales, con ONG como Fundapaz, en la capacitación de los perros guía para las personas ciegas o con baja visión. Hay otros perros que no son guía, pero que son de apoyo para niños y niñas del espectro autista.
También hemos acompañado y apoyado en todo el país la equinoterapia; incluso, hemos recibido donaciones de empresas privadas que nos han dado todo el equipamiento para los caballos a los efectos de poder hacer en los más diversos departamentos del país el trabajo de equinoterapia, fundamentalmente, con niños, niñas y adolescentes del espectro autista.
Tenemos el Plan Nacional de Acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad. No estamos hablando solamente de la justicia jurídica, de la parte legal, sino de todo esto que es justicia con las personas que tienen una discapacidad. Este plan de acceso a la justicia, como lo marcan las normas internacionales, fue confeccionado con todos y cada uno de los ministerios, que son parte de esta tarea y se comprometieron a cumplir las normas que ellos establecieron con toda la sociedad organizada. Tal como se dice y plantean las normas internacionales: Nada sobre nosotros sin nosotros, o sea, con las organizaciones que tienen que ver con la discapacidad.
La señora senadora también se refirió a niñas y niños en situación de abandono. Este tema está en manos del INAU.
También queremos aclarar en sentido estricto qué es una persona mayor. Una persona mayor es mayor de 65 años desde el punto de vista de quién es mayor y de nuestro instituto de personas mayores.
Con respecto a la segunda pregunta, nosotros hemos controlado dos instituciones en Río Branco que supuestamente acogían a personas mayores y encontramos que no solo había personas mayores sino también personas con discapacidad que habían sido entregadas, depositadas allí. La inspección conjunta del Ministerio de Salud Pública, de ASSE y del Ministerio de Desarrollo Social resolvió y decretó el cierre de esas dos instituciones en Río Branco. El dueño de esas instituciones fue mandado preso por la Justicia por violación de los derechos humanos a personas con discapacidad y a personas mayores con alto nivel de dependencia, por violación de la autonomía económica, por quedarse con las pensiones y jubilaciones, y hasta había un funcionario jubilado del Poder Legislativo que fue llevado allí y que tenía una buena jubilación. Quiere decir que no estamos hablando solamente de gente pobre. Después de todo esto, el dueño va preso porque el juez o la jueza decretan la privación de libertad por violación de derechos humanos, pero consiguió un certificado que decía que estaba enfermo. Por lo tanto, consiguió prisión domiciliaria y volvió a abrir, sin autorización de ninguna especie, ese depósito de personas con discapacidad y de personas mayores. Nuevamente se hace una intervención de la Justicia. Las personas habían sido trasladadas a un galpón en las cercanías de Río Branco por una de las personas que trabajaban allí. El tema pasó nuevamente a la órbita judicial y las personas se repartieron entre otras instituciones con las que trabajamos y a las que les mandamos pañales para adultos y distintos instrumentos para poder trabajar. A pesar de todo, al día de hoy tenemos que dos de las personas que fueron sacadas del lugar por orden del juez están nuevamente en la casa de ese señor que tiene prisión domiciliaria, pero resulta que ahora no podemos entrar porque es un hogar privado, no es una institución.
Hablo de esto para explicar algunas de las situaciones con las que trabajamos en territorio de manera permanente. Por supuesto, quien conoce Río Branco –mis ancestros provienen de esa ciudad– está al corriente de que allí todo se sabe y todo el mundo sabe quién es quién. Por lo tanto, no es preciso ni dar nombres.
En cuanto al tema de la educación inclusiva, planteado por la señora senadora Aviaga, junto con ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y el INAU –dado que todas estas acciones son interinstitucionales– hemos elaborado un protocolo de actuación para la inclusión de los niños, niñas y adolescentes estudiantes de los distintos centros. La señora presidenta lo sabe porque somos colegas y durante mucho tiempo peleamos por la inclusión en este tema, pero no teníamos ninguna suerte. Hoy tenemos protocolos de actuación para las maestras, los maestros, el personal auxiliar y para la institución educativa, en los que se incluyen las herramientas necesarias según el tipo de discapacidad que tengan esos niños y niñas. Estos protocolos no figuraban en la rendición de cuentas de 2016 porque son de 2017, pero como se pregunta sobre esto, lo tengo que contestar.
Con respecto al tema de la asistencia personal, a la mezcla del Centro Tarará Prado –centro de atención y cuidados– con el Sistema de Cuidados –más adelante el señor Bango podrá explicarlo– vamos a mandar el protocolo de acceso a la Justicia para que cada uno de los senadores y senadoras pueda leerlo porque justamente surgió del trabajo conjunto con las organizaciones y las instituciones del Estado.
Lamentablemente debo retirarme, pero antes me gustaría hablar de un asunto muy complejo relacionado con el futuro –si es posible– Instituto Nacional de la Discapacidad y la Comisión Honoraria de la Discapacidad. Debo señalar que son comisiones y existen en todo el país con diversas composiciones de acuerdo a las condiciones del lugar. Allí trabajan las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad. Hay una federación en el caso de Montevideo y organizaciones pequeñas en el interior que participan en la Comisión Honoraria de la Discapacidad. Efectivamente hay un proyecto de ley que tiene que ver con las recomendaciones de Ginebra en el que se propone dar mayor rango institucional, en el Ministerio de Desarrollo Social, a los temas vinculados a la discapacidad.
SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señora ministra?
SEÑORA MINISTRA.- Disculpe, señora senadora, pero tengo que retirarme. Debería haber salido ya, pero quiero terminar de hablar sobre este tema.
Me interesa señalar que he intervenido personalmente en este asunto, o sea que ni siquiera me lo contaron. Tal como lo establece la ley, en la comisión honoraria actúan distintas instituciones y no está planteada su eliminación. Acerca de esto conversé en persona con uno de los abogados de Pronadis, el doctor Marrero; con él y con los demás integrantes de la comisión honoraria intercambiamos ideas fantásticamente bien sobre el proyecto del futuro Instituto Nacional de la Discapacidad.
La Comisión Honoraria realizó talleres, reunión de comisiones e hizo aportes para enriquecer el proyecto de ley. Tomamos el proyecto y se lo volvimos a entregar para que hicieran algunos contactos porque hay algunas organizaciones y federaciones que no son parte de esta comisión, pero sería bueno que se las convocara. Acordamos hacer un gran encuentro donde todos podamos discutir y aportar, reuniéndonos en talleres y mesas de trabajo para abordar el tema del Instituto Nacional de la Discapacidad y determinar cuáles serían sus obligaciones y sus derechos. En ese proyecto de ley de ninguna manera está planteada la eliminación de la Comisión Honoraria. En algún momento se barajó, con ellos mismos y con la delegación de las organizaciones sociales, la posibilidad de que pasara a llamarse Consejo Consultivo en vez de Comisión Honoraria, como existe en el Sistema Nacional de Cuidados y por ahorrarnos un dolor de cabeza –lo digo así porque en realidad no hay ninguna razón objetiva para ello– decidimos que siguiera llamándose Comisión Honoraria –en vez de Consejo Consultivo– con las potestades que tiene y, a lo mejor, otras. ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, la Comisión Honoraria en este momento sobrevive por el aporte económico del Mides. Las otras instituciones que participan en la Comisión Honoraria no aportan. En el mes de julio existía la posibilidad de que para agosto ya no tuviéramos más dinero. La Comisión Honoraria trabajó, recorrió instituciones, consiguió rebajas del Banco de Seguros del Estado para las camionetas, lugares para arreglarlas pertenecientes también al banco y Antel ofreció otros servicios. Con respecto a los sueldos de la Comisión Honoraria, los paga la comisión. En relación con el dinero para pagar dichos sueldos, sobre el que se preguntó, los trabajadores fueron a la Dinatra, al igual que la presidenta de la Comisión Honoraria. Todo está registrado en las actas firmadas y los funcionarios quedaron tranquilos con esas actuaciones porque en ningún momento, más allá de que se dijo –lo que nosotros en broma llamamos «radiopasillo»– que parecía que la comisión desaparecía y los funcionarios se quedaban sin trabajo, eso nunca estuvo planteado y quedó registrado, reitero, en las actas de la Dinatra. Tenemos forma de demostrar todo eso.
Efectivamente, queremos un Instituto Nacional de la Discapacidad, de la misma manera que tenemos el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres o el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Queremos darle ya no rango de programa, sino de instituto nacional. En este sentido, tenemos un proyecto de ley que está a consideración de las organizaciones sociales y de las instituciones, porque están involucrados el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Seguros del Estado, entre otras, que también tienen que opinar sobre el tema.
¿Qué fuerza tiene el Mides para generar controles? En cuanto a los porcentajes que tienen que ver con los recursos humanos que ingresan al Estado, después se podrán dar más detalles si la senadora plantea nuevas preguntas. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de 2015 y 2016. ¿Cuántos concursos hubo de ingreso al Estado? En el caso del Mides no hubo porque estábamos en pleno trabajo de regularización que se votó en el presupuesto; por lo tanto, tuvimos concursos internos. De todas maneras, prácticamente en todas las dependencias tenemos personas con diversas discapacidades. Para dar un ejemplo, además de lo dicho anteriormente, nuestra cantina funciona con una cooperativa de personas con discapacidad que se han capacitado en gastronomía, son los que nos hacen la comida, se la compramos todos los días e, incluso, también les compramos para la cena. Tenemos otras cooperativas que están trabajando, como uno de nuestros call centers que tiene que ver con situación de calle, que está integrado por personas ciegas y de baja visión que fueron capacitadas para atenderlo. O sea que no solo se trata de la inclusión por vía de la entrada al Estado como funcionario público, sino que también trabajamos para integrar al personal. No hacemos una cooperativa o una institución solo de discapacitados, sino que se busca la integración, porque algunos pueden hacer una cosa, otros quizá no pueden y otros ayudan en otra. Podemos hacer más cuentos de lo que sucede en todo el país con trabajos en los que vamos avanzando justamente en este nuevo paradigma con personas que, como todos nosotros, tienen alguna discapacidad. Las discapacidades son diversas. Por ejemplo, yo de lejos no veo. Entonces, las personas somos diversas y tenemos distintas posibilidades. De lo que se trata es de la autonomía.
Cuando nos reunimos con organizaciones de familiares a lo largo y ancho del país, ¿cuál es la preocupación número uno que se plantea? La preocupación número uno de esos padres y madres, de esas familias, es: «¿Qué pasa cuando yo no esté?». «Cuando yo no esté, tiene que ser autónomo»; «Cuando yo no esté, puede tener trabajo». En muchas empresas privadas –no en todas las que quisiéramos– hemos conseguido la inclusión.
En todas las ediciones de Uruguay Trabaja hay una cuota para personas con discapacidad. El control de ingreso de recursos humanos al Estado lo hace la Oficina Nacional del Servicio Civil. Quiero decir que el porcentaje más bajo de todos y mucho más difícil de controlar, porque son autónomas, son las Intendencias de todo el país, excepto la de Montevideo –lo aclaro antes de que me lo señale la señora Subsecretaria–; pero lo cierto es que están muy en falta con el tema de ingresos de personas con discapacidad.
Por otro lado, para terminar –pido disculpas, pero los compañeros de la delegación que me acompañan me van a trasladar después lo que ustedes hablen sobre el tema porque tendré que retirarme; leeré luego la versión taquigráfica–, también quiero decir que en este tema trabajamos justamente para esa nueva concepción, para este nuevo paradigma, pero también apoyamos con mucha fuerza la ley de cuotas para el ámbito privado. En muchos departamentos del país –Montevideo siempre es un mundo aparte por muchas razones– nosotros, junto con las organizaciones sociales, o estas con el apoyo del Estado, vamos consiguiendo cupos, algunos pequeños, otros más grandes, en grandes cadenas, que nos permiten que personas con discapacidad trabajen, porque lo hacen muy bien. De esa manera pueden tener una vida inclusiva en la sociedad, ganarse su sueldo y administrárselo, y vivir superando distintas situaciones.
Está lo de los asistentes personales, que después se explicará.
Hay más puntos y sin duda podría dedicar un día entero a hablar de este tema.
Pido disculpas, señora presidenta, pero debo retirarme. Muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señora ministra.
(Se retira la señora Marina Arismendi).
SEÑORA AVIAGA.- Una aclaración.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le voy a conceder la interrupción, señora senadora, pero el problema es que quedaron pendientes muchas preguntas de la señora senadora Alonso y a las 15:00 está convocada esta misma comisión para recibir a otros invitados.
¿Sabe qué pasa? Le voy a dar una opinión personal. Voy a concederle la aclaración, pero puntualizo que, de lo que escuché, ha habido más que contestación a sus inquietudes, señora senadora. ¡No podemos transformar esto en una interpelación! Estamos tratando la rendición de cuentas.
Le doy la palabra para su aclaración y ruego que se puedan seguir contestando las preguntas que quedaron pendientes. Entre otras cosas, ni siquiera ingresamos al articulado. Perdónenme, pero son observaciones mínimas que hago
La aclaración que quiero realizar tiene que ver con lo que ha expuesto la señora ministra. Si entramos en estos temas es porque mucho antes de considerar el articulado se utilizó el tiempo en otro tipo de apreciaciones que dan lugar a que uno pueda hablar de estos temas.
Lamento que la señora ministra se haya retirado, pero como dijo que va a leer la versión taquigráfica quiero puntualizar que no estoy de acuerdo con dos cosas que manifestó y aclaro que tengo documentación que corrobora lo que voy a decir.
Por un lado, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad ha hecho informes –los ha presentado al ministerio– acerca de lo inconveniente que cree la formación del Inadis porque, entre otras cosas, la señora ministra tiene un error de concepción cuando dice que se basa en la recomendación del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las recomendaciones dicen precisamente que tiene que haber institucionalidad pero controlada por alguien que sea externo a ella como, por ejemplo, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Lo que se pretende crear es un instituto que abarque todo, que tenga el control de todo, pero en verdad va en contra de esa convención de la que habló la señora ministra.
Por otro lado, quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de que también tengo un informe de los trabajadores de la Comisión Honoraria de la Discapacidad a través del cual nos hicieron llegar su preocupación, porque no hay nada que se haya arreglado respecto a su situación laboral. Su planteo no ha sido tenido en cuenta. El primer anteproyecto que les presentaron fue un texto que aparentemente decía que las personas que trabajan de manera remunerada prestando servicios en ambos lugares mantendrán su actual situación funcional dentro de la órbita del Inciso 15, del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos presentan una nota –que tengo en mi poder y la puedo facilitar a los demás senadores– pidiendo explicaciones y un ámbito de negociación y de intercambio con el ministerio, pero en el siguiente anteproyecto no existe el ítem que se refiere a las personas que trabajan en la comisión honoraria. Desaparece. Así que es un tema que no está laudado, está en carpeta y los tiene muy preocupados.
SEÑORA SUBSECRETARIA.- Lo primero que quiero señalar, para precisar lo que dijo la ministra, es que el 5 de octubre tenemos una convocatoria de la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes pura y exclusivamente para hablar del tema de la convención y de nuestra rendición de cuentas en Ginebra. Hemos ido a una cantidad de comisiones en la cuales los legisladores han estado y han participado. Por lo tanto, me parece que frente a esta convocatoria, a la que vamos a ir a dar una explicación completa sobre todas las observaciones, es válido que ahora contestemos así, rápidamente.
Con respecto a la precisión sobre la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y el instituto, quiero señalar que consideramos que el asunto no es como dice la señora senadora y quizás podamos explicitarlo con total detalle el 5 de octubre o en otro momento que ustedes nos convoquen, con total tranquilidad. Me parece que estos son de los temas que vale la pena desmenuzar.
Un aspecto complementario: como esta es la rendición de cuentas 2016, hay una serie de temas que tienen que ver con los planes y desarrollo en relación a las personas con discapacidad. Con un criterio de inclusión, en el «Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020», hay una serie de aspectos planteados, sobre todo con respecto a los temas de inclusión educativa, a cuál es la línea de base de la inclusión educativa, cuáles son las propuestas para el 2017-2020, etcétera. Todo eso lo abordaremos seguramente el 5 de octubre, cuando participemos de la comisión de la Cámara de Representantes.
SEÑORA PAYSSÉ.- Quiero hacer una intervención general y cortita porque en esta comisión se han reiterado, en varias oportunidades, temas vinculados a las recomendaciones que recibe el país en diversas materias. Se está hablando de discapacidad, de infancia, de género y de otros temas. Por lo tanto, quiero hacer una precisión. Cuando nosotros asumimos el Gobierno, hacía 11 años que este país, el Estado uruguayo, estaba en deuda con los organismos internacionales en materia de informes. Por consiguiente, asumimos la responsabilidad de ponernos al día. Lo estamos haciendo y estamos concurriendo a los organismos correspondientes. Estamos haciendo los informes a medio camino pero también asumiendo compromisos voluntarios. Esa es la norma que establecieron nuestros gobiernos para ponernos a tono con un lamentable déficit histórico que tenía el país. También, en ese proceso vinculado a cómo nos presentamos en los organismos internacionales, decidimos asumir las recomendaciones porque son un desafío permanente. Como decía la señora ministra antes de retirarse, hay recomendaciones que no compartimos, pero eso no quiere decir que no nos las hayan hecho. Además, hay observaciones que son muy grotescas y voy a mencionar un solo ejemplo en ese sentido. En el último Examen Periódico Universal, el EPU, recibimos una cantidad de observaciones que aceptamos por norma, por estilo, por relacionamiento con los organismos y rechazamos una sola, porque era imposible asumirla. Esto lo hicimos en Ginebra y puedo afirmarlo porque fui integrante de la delegación en representación del Parlamento. También asistí al Comité de los Derechos del Niño, por lo que puedo trasmitir alguna experiencia en ese sentido. La única recomendación que no aceptamos fue la que nos imponía que la definición de matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer exclusivamente. Rechazamos esta recomendación; acabábamos de aprobar el matrimonio igualitario, por lo que nos pareció imposible compartirlo, ni siquiera como recomendación. Sin embargo, destaco que es de estilo de nuestro gobierno aceptar las recomendaciones, reitero, como desafíos, sabiendo que muchas de ellas no tienen razón. Las que sí la tienen, nos animan a estar continuamente vinculándonos con ellas, lo que no significa tomarlas siempre al pie de la letra y responder a cada una de ellas.
Lo cierto es que hoy estamos al día en casi todos los informes y compromisos de las convenciones, en todos los ámbitos.
SEÑORA SUBSECRETARIA.- Señora presidenta: para responder algunas de las preguntas que se formularon harán uso de la palabra el director Julio Bango y luego la directora general. Por último, culminará quien habla.
SEÑOR BANGO.- Se han planteado una serie de cuestiones referidas al programa de asistentes personales, en su nueva versión y en la anterior. No voy a responder todas las preguntas; me remitiré a dar algunas informaciones que tienen que ver con la rendición de cuentas 2016, cuestiones que están vinculadas a las preguntas y opiniones de la señora senadora Aviaga. Pero hay otras que las voy a dejar para otra oportunidad; en ese sentido, ¡ojalá en algún momento podamos tener un debate interesante sobre el tema de la observación y cómo se observa la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad! Entiendo que eso no es materia de rendición de cuentas, pero quiero que quede constancia en la versión taquigráfica –para el caso de que luego se difundan opiniones o noticias– que el Ministerio de Desarrollo Social cumple el mandato de la convención en todos sus términos. Me gustaría tener la posibilidad de intercambiar opiniones con respecto a esto; en tal sentido, destaco que el 5 de octubre próximo acompañaré a la señora ministra a la comisión de la Cámara de Diputados –no sé si los señores senadores podrán asistir– para hablar de estos temas. De todos modos, si nos convoca la comisión respectiva del Senado, con mucho gusto iremos e intercambiaremos opiniones conceptuales y jurídicas con los señores senadores.
Se ha dicho que hay contradicción entre el Decreto n.º 117, del 24 de abril de 2016, que define el régimen de asistentes personales, con el Decreto n.º 214. Quiero dejar en claro que el artículo 39 de este decreto expresa: «Derógase el Decreto 214/014 de 28 de julio de 2014 reglamentario del art. 25 de la Ley N° 18.651, salvo en lo que expresan los arts. 37 y 38 del presente Decreto». ¿A qué refieren los artículos 37 y 38 de ese decreto al que se hizo mención? Uno de ellos define la transición del régimen proveniente de la Ley n.º 18651 y, el otro, define la extensión del plazo para la formación de los asistentes personales.
Pero, además, quiero informar –y esto sí es parte de la rendición de cuentas– que, efectivamente, hubo planteos de organizaciones de discapacidad, incluso, personas que estaban usufructuando el régimen anterior, que sí era para personas en situación discapacidad severa. Además, era solo el conjunto de las personas con discapacidad severa que cobraban pensión por invalidez. Los demás no tenían derecho en el régimen 214. Esas eran las condiciones del 214 ya derogado. Lo que quiero establecer con esto es que nos reunimos con vecinos de Maldonado, con organizaciones en Montevideo y con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que nos hizo saber su opinión. Justamente, se trata de tener flexibilidad, y cuando se advierte que puede haber problemas, se trata de reaccionar rápidamente en beneficio de las personas; en ese sentido, no hay que ser tozudos y aferrarse a que se tiene tal o cual decreto. Por el contrario, si se tiene que cambiar un decreto, se cambia.
Por tal motivo, el 12 de diciembre de 2016 –esto es parte de la rendición de cuentas– establecimos el Decreto n.º 392/016 que establece cambios a la transición de régimen a régimen que establecía el Decreto n.º 117. Si Estos datos son parte de la información pública y figuran en la página web pero, de todos modos, con mucho gusto podemos hacerlos llegar a la comisión para que los señores senadores estén meridianamente informados al respecto.
Por lo tanto, las observaciones fueron recogidas y las organizaciones fueron atendidas.
En cuanto a la pregunta que hizo la senadora Aviaga sobre si hay ámbitos de intercambio con la sociedad civil en esta materia, debo informar –por si no es de su conocimiento– que durante el 2016 –lo expresé al principio de la reunión– tuvimos el récord de generar nueve decretos en ocho meses. Uno de ellos, el último, fue el n.º 444/016, del 28 de diciembre de 2016, por el que se establece –según la ley que oportunamente este parlamento votó referida a los cuidados–, reglamenta y crea el Comité Consultivo de Cuidados. ¿Quiénes integran dicho comité, que se instaló el 20 de marzo, va por su séptima reunión y tiene ya un plan o agenda de trabajo que, aunque no sea materia de rendición de cuentas, podemos hacer llegar a esta comisión? En el artículo 9.º del decreto se expresa: «Se establecen los siguientes representantes provisorios a los efectos de dar cumplimiento al artículo precedente y hasta tanto se determine el procedimiento en él mencionado: a) Serán representantes provisorios de la sociedad civil con un lugar cada uno: un representante de la Red Pro Cuidados; un delegado de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU); un delegado de la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales (ANONG ) y un delegado no gubernamental de la Comisión Honoraria Nacional de Discapacidad (CHND)». Con eso intentamos cubrir el espectro de las políticas que lleva adelante el sistema y todas las poblaciones que son sujetos de derecho del sistema de cuidados, teniendo una representación amplia de la sociedad civil, también de las organizaciones de discapacidad. Y como recién dijo la señora ministra, dado que no todo el mundo está conectado, nos pareció que el mecanismo más adecuado era ir al lugar que se consideraba más representativo, que es la Comisión Honoraria Nacional de Discapacidad, donde se articulan estado y sociedad civil, para pedirle a esta última que definiera una delegación. Y eso fue lo que aconteció. Por lo tanto, respondo que se los ha atendido, pues es política de este Gobierno y del ministerio tener las puertas abiertas permanentemente. Se ha atendido organizaciones y personas; se ha mantenido diálogos; se ha contestado los planteos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; se modificaron decretos y se instaló e institucionalizó –porque no se trata solo de tener las puertas abiertas, sino también de generar mecanismos institucionales que aseguren la participación ciudadana, lo cual es una innovación de este Gobierno– un ámbito permanente de interacción, de actuación, de control, de propuestas, de intercambios con las organizaciones de discapacidad.
Ahora bien, señora presidenta, quiero hacer un señalamiento conceptual, y no por tener deformación profesional o querer caer en una «seminaritis» en esta comisión, que trata la rendición de cuentas. El problema es que cuando no se utilizan bien determinados términos se puede llegar a incurrir –de parte del legislador o del funcionario del Poder Ejecutivo– en el error de pedir cosas como, en este caso, al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que no corresponden y, entonces, se confunde la política pública.
Acá se ha hablado permanentemente de discapacidad severa, y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no atiende la discapacidad severa, señora presidenta. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados atiende la dependencia severa. Y a algunas personas que se sonríen quizás les convendría leer al respecto, porque esto está definido internacionalmente y no es una innovación que esté haciendo nuestro país. Esto tiene un desarrollo y una tradición de 40 años de políticas sociales en muchos países con gobiernos de distinto signo. Nosotros lo extrajimos de ahí porque no nacimos aprendiendo, no necesitamos descubrir la pólvora y somos serios. Entonces cuando establecemos las definiciones lo hacemos con seriedad, porque tienen incidencia en las políticas públicas que elaboramos y también en el control parlamentario de esas políticas públicas. Porque si usted me pide, señora presidenta, que yo responda por la política de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social –para poner un ejemplo burdo– se va a estar equivocando.
Entonces, la dependencia se define –lo digo una vez más porque el legislador, el Parlamento, aprobó una ley que tiene en su texto la definición de dependencia, que no es la de discapacidad– como la imposibilidad total o parcial de una persona de valerse por sí misma en el desarrollo de las actividades de su vida diaria. Esas actividades se dividen en tres tipos: básicas, instrumentales y avanzadas. En un extremo está, entonces, una persona con dependencia severa, que es quien no puede valerse por sí misma no ya para desarrollar ese complejo de las actividades diarias, sino sus actividades básicas que consisten –entre otras– en comer, levantarse, bañarse, vestirse, acostarse y salir de su casa. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Por lo tanto, hay personas con discapacidad que están en situación de dependencia severa, leve o moderada y también hay personas mayores que están en situación de dependencia leve, moderada o severa. Pero, por suerte, no todas las personas mayores de 65 años están en situación de dependencia; y en cuanto a las personas con discapacidad e incluso con discapacidad severa –ciegas, por ejemplo– de cualquier edad, si son autoválidas o hicieron el curso de capacitación, no son sujetos de la política de cuidados. De pronto, alguna persona que tiene…
SEÑORA AVIAGA.- ¿Me permite una interrupción, para una aclaración?
SEÑORA PRESIDENTA.- La señora senadora Aviaga está solicitando una interrupción y pregunto si se la concede.
SEÑOR BANGO.- Cuando termine, señora presidenta.
SEÑORA AVIAGA.- Pedí la palabra para una aclaración porque mi pregunta fue corta y clara.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le pido que sea muy breve, señora senadora, porque le están respondiendo con infinita paciencia.
SEÑORA AVIAGA.- Con infinita paciencia estamos escuchando respuestas a cosas que no preguntamos. Lo que preguntamos, claramente, fue si los denunciantes –las personas con discapacidad que denunciaron, que figuran en este informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo– tuvieron oportunidad de tener un intercambio con el Ministerio de Desarrollo Social y, sobre todo, con el señor Bango, que es quien dirige –o es el secretario, no sé– del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Entonces, mi pregunta iba dirigida exclusivamente a saber si esas personas que denunciaron que sus derechos estaban siendo violentados a través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y del Programa de Asistentes Personales, habían tenido alguna instancia de conversación o de intercambio, mano a mano, con el ministerio para solucionar su problema. Con seguridad, en primera instancia no la tuvieron ya que debieron hacer la denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
SEÑOR BANGO.- En primer lugar, agradezco que cuando se haga referencia a mi representación institucional –que fue votada por la misma señora senadora Aviaga junto con otros parlamentarios– sea, por lo menos, en conocimiento de las leyes que se votan.
En segundo término, digo que ya he respondido. Hay ámbitos institucionalizados y he recibido a muchas personas; no sé de cuáles, en particular, habla la señora senadora, pero reitero que he recibido a muchas personas y también a organizaciones, y hemos generado ámbitos de intercambio institucional permanentes. De modo que la pregunta está contestada. Si se desean más explicaciones, fuera del ámbito de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, ya sea a través de la citación para una comisión o en un debate público, con mucho gusto discutiremos todas estas cosas.
Espero que la versión taquigráfica que va a recoger estas palabras sirva también de orientación para las noticias que se difundan posteriormente.
Antes de responder a la última cuestión planteada, quiero hacer un comentario solo a cuenta de un debate que espero podamos tener en algún momento. En realidad, más que un debate sería un intercambio de ideas para que si eventualmente nos equivocamos en algo podamos asumirlo y corregirlo, o también para que quienes afirman determinadas cuestiones asuman que están equivocados y puedan corregir su error.
El financiamiento solidario del sistema de asistentes personales no condiciona a las personas con dependencia severa –porque este sistema abarca a las personas con dependencia severa y no con discapacidad, aunque puede haberlas–; no las condiciona como tampoco las condiciona el IRPF que se aplica. Justamente, uno de los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que por el hecho de que una persona sufra algún tipo de discapacidad no tiene menos derechos ni menos obligaciones. Y si una persona con discapacidad tiene un poder adquisitivo que le permite hacer un aporte solidario para ayudar a otra persona con dependencia severa, que no tiene los medios, puede hacerlo. Más allá de que el 3 % de los que tienen asistente personal tienen 0 % de subsidio; el 80 % de las personas que tienen asistente personal tienen un 60 % de subsidio y el 13 % o el 14 % –no lo recuerdo en este momento– de las personas que tienen asistente personal tienen un 67 % de subsidio, lo cierto es que si alguien que sufre una discapacidad o está en situación de dependencia, teniendo capacidad económica para aportar, no puede hacerlo, estaríamos generando una doble discriminación. Lo mismo pasa con el pago de los impuestos o con cualquier otra cosa en la que la sociedad aporta. Se trata de no discriminar a las personas con discapacidad.
Si se quiere discutir sobre el financiamiento solidario del sistema de cuidados, podemos hacerlo, con mucho gusto, y quedamos a las órdenes para cuando se nos convoque a la comisión que se entienda pertinente. Ahora simplemente decimos que el 98 % del presupuesto del para el sistema de cuidados se financia con rentas generales, o sea que sale del presupuesto nacional que el Senado va a votar en la rendición de cuentas correspondiente.
SEÑORA MAZZUCHI.- Voy a responder a las preguntas que formuló la señora senadora Alonso, muchas de ellas referidas a temas de gestión que son como el metier de la dirección general.
Una de las inquietudes planteadas refiere a la observación del Tribunal de Cuentas a los pasajes que paga el Mides. El monto que aparece en el cuadro que se leyó es el total. En realidad, no todo está observado pero sí la tercera parte de esos pasajes. Vamos a explicar cómo funciona, qué es lo que hacemos y qué es lo que nos observan.
El Mides no entrega dinero ni transfiere dinero a ninguna organización. El Mides tiene vouchers para pasajes. Entonces si un funcionario o un beneficiario va a alguna actividad en Bella Unión, su directora avala este voucher, nosotros juntamos los vouchers y les pagamos directamente a las agencias. Por ejemplo, Agencia Central, Núñez, etcétera, declaran que tuvieron determinado número de pasajes a determinada cantidad de lugares, y eso es lo que pagamos. Reitero: son vouchers autorizados por directores. En ningún caso hay dinero. El dinero es para las compañías. Ese es el mecanismo. Y digo esto no tanto como respuesta a la pregunta que se hizo, que fue mucho más concreta, sino para aclarar lo que voy a explicar a continuación.
Lo que nos está observando el Tribunal de Cuentas es que algunos de esos vouchers son para beneficiarios de programas. Por ejemplo, para un muchacho de Jóvenes en Red, o para una madre de Uruguay Crece Contigo que tiene que hacerse un control. Recién en el pasado mes de julio logramos que la auditora interventora del Tribunal de Cuentas entendiera que son beneficiarios de los programas. De hecho, durante meses tuvimos una discusión sobre si era o no era metier del Mides pagarles pasajes a los beneficiarios de los programas. Esos los vamos a identificar claramente porque esos pasajes que pagábamos a beneficiarios entraban en el montón y ahora van a dejar de ser observados. Pero hay otro conjunto de pasajes que son observados. Como saben en este ámbito, el Mides tiene 522 funcionarios y alrededor de 1.500 contratados a través de distintas organizaciones que están en proceso de regularización por la Ley de Presupuesto votada en el Parlamento. Entonces, son más de 2.000 las personas que trabajan en el Mides. Como ya vieron en las presentaciones anteriores, nuestros programas son en todo el territorio nacional. Se preguntó cuántas duplas hay en Uruguay Crece Contigo. Actualmente hay noventa y dos duplas y entran de a dos a cada uno de los hogares. En 2016 participaron en 2.700 hogares, tal como figura en la lámina. Esas duplas –u otro tipo de trabajadores– que viajan por todo el territorio nacional, necesitan pasajes; tienen las mismas características y las mismas obligaciones quienes supervisan Uruguay Trabaja, quienes supervisan emprendimientos, quienes trabajan con cooperativas sociales, trabajadores de la Dinem que llevan formularios y hacen visitas para focalización de los programas y demás. Si son funcionarios no son observados y si son contratados sí son observados. ¿Qué pasa con estas observaciones? En el momento en que estos trabajadores sean regularizados y se conviertan en provisoriatos o contratos de trabajo, ya no serán observados.
SEÑORA ALONSO.- Con respecto a los viáticos que se otorgan a los beneficiarios de los programas, ¿cuál es el criterio de selección de esos beneficiarios?
SEÑORA MAZZUCHI.- En este caso estamos hablando de los pasajes, por ejemplo, de un participante de Jóvenes en Red que comienza un trabajo o va a participar en clases en un liceo, o va a hacer un curso y le damos el voucher para que se traslade desde su casa hasta ese lugar. A esas personas nos referimos cuando hablamos de beneficiarios, o una madre que tiene que llevar a su hijo al médico y entonces debe trasladarse. Esos son pasajes para beneficiarios que no pueden pagarlos y que hacen actividades relacionadas con los programas. O sea que solo son pasajes, no viáticos, no pagamos viáticos a los participantes de los programas; solo otorgamos vouchers de pasajes.
Con relación a la ONG Educación Solidaria, todos los ejemplos que fueron mencionados son, en realidad, contratos que firmó el INAU con el programa. Pero el Mides también tiene algunos programas ejecutados por la ONG Educación Solidaria, algunos grupos de Uruguay Trabaja y algunos grupos de trabajo familiar. Esta semana tuvimos una reunión con los directivos de la organización, quienes nos plantearon la situación en la que están. En lo personal, como directora general de Secretaría, recién me enteré en esa reunión acerca de la situación problemática en la que están; nuestro problema es, básicamente, la población que atendemos a través de estos contratos. O sea que una vez que Educación Solidaria quede desvinculada, ¿qué hacemos con los participantes de Uruguay Trabaja, que son ciento treinta personas? ¿Qué hacemos con las familias que estamos atendiendo? Ellos nos hicieron un planteo y nosotros estamos revisando todos los convenios que hemos firmado con la organización y la ejecución financiera que tenemos hasta el momento, y vamos a estudiar alguna propuesta alternativa dentro de las normas para que los participantes sigan siendo atendidos, y también los trabajadores puedan continuar.
SEÑORA ALONSO.- Deseo efectuar dos consultas. En primer lugar, la economista Mazzuchi comentaba que se enteró en esta semana de esta situación. La pregunta es quién controlaba esto porque esta situación se produjo como consecuencia de un largo proceso que terminó en lo que todos sabemos.
En segundo término, me gustaría saber dónde se va a atender la totalidad de los cinco CAIF, un centro juvenil que alberga a 55 adolescentes y varios centros educativos.
SEÑORA MAZZUCHI.- Respecto a la segunda pregunta, estamos estudiando el tema; la semana que viene tenemos que encontrar una solución.
En cuanto a la primera interrogante, si bien hacemos controles contables, pagamos las partidas cada tres meses. Entonces, en el Mides las cuentas están claras hasta los últimos tres meses. Lo que nos plantea la organización es que a medida que vayan firmando convenios, irían cubriendo otros. Pero nuestras cuentas están bien; los que aún no han rendido están en fecha para hacerlo. En todo caso vamos a tener problemas con la rendición de los dos últimos meses pero no es que no los hayamos controlado. Es más, es una organización que tiene uno de los equipos de organización solidaria que mejor trabaja con sus cuadrillas en territorio, según los supervisores de Uruguay Trabaja. O sea que nunca hubo problemas en cuanto a la calidad del trabajo con los participantes. En lo relativo a lo financiero-contable, no habíamos tenido problemas hasta ahora. Las rendiciones de cuentas anteriores estaban bien; solo hubo un desfasaje de unos meses para lo que vamos a buscar solución.
El Mides tiene cuatro convenios para Uruguay Trabaja, tres convenios para los grupos de atención familiar y dos convenios con los servicios de orientación y consulta de atención ciudadana. Los otros son convenios con el INAU, aspecto que yo no domino.
Otra pregunta se refería a los contratos del Mides con OSC. Respecto de cuánta plata les pagamos en los últimos tres años, envío la respuesta por escrito porque no tengo aquí los gastos de ese período. Solo tengo cifras del último año. Al respecto, hay un pedido de informes que está colgado en nuestra web, porque esta es un pregunta muy recurrente que se hace al Mides. Tenemos un conjunto de personas contratadas por algunos grupos de OSC que pasan a ser funcionarios porque trabajan en el núcleo central. Además, hay convenios con organizaciones de la sociedad civil para gestionar refugios y atención de violencia doméstica, que van a seguir existiendo. Respecto a esos convenios actualmente estamos trabajando con 196 organizaciones que ocupan a 2.482 personas. También puedo enviar esta información con detalle que consta, repito, en un pedido de informes que está colgado en nuestra web. A veces no es fácil encontrar en las páginas lo que uno va guardando. Asimismo, puedo mandar el cuadro completo.
Ahora voy a mencionar cómo es nuestro trabajo y nuestra supervisión con estas organizaciones, aspectos que tienen que ver con las observaciones que hizo la Auditoría Interna de la Nación y que fueron leídas. Debo decir que se trata de centros de cuidados para personas con trastornos psiquiátricos o mayores de 55 años que les dieron el alta en un hospital pero que están solas. Ya se llamaban centros de cuidados pero están separados del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Nosotros tenemos algunos centros de atención para personas en situación de calle y luego están estos que le llamamos centros de cuidados. Me acotan que son de 24 horas.
En cuanto a las observaciones de si controlamos o no la gestión, debo decir que controlamos la gestión de las organizaciones. Las observaciones que nos hace la Auditoría Interna de la Nación son con respecto a datos de los años 2014 – 2015 que fueron publicados en 2016 y, a partir de ellas, el Mides ha venido tomando medidas y cambiando. De hecho, desde el año 2016 estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para tener un nuevo sistema de gestión presupuestal. Para nuestra cartera la parte fuerte es la que tiene que ver con el control y la gestión de los convenios que tenemos con las organizaciones sociales porque, como ya fue señalado, es una parte importante de nuestro presupuesto. Estamos desarrollando e implementando un sistema y hay pilotos en diez organizaciones, lo que hará que tengamos un control de la ejecución financiera mucho más exhaustivo, claro y rápido debido al sistema informático. A su vez, en el mismo sistema vamos a incluir datos de la evaluación cualitativa. Queremos evaluar a las organizaciones para saber si rinden bien, si usan bien los dineros y si entregan bien sus cuentas, pero también para ver si realizan bien sus programas, si atienden bien a las personas, etcétera. También estamos trabajando con formularios para la evaluación cualitativa y todo va a quedar en este sistema.
En definitiva, primero vamos a evaluar nosotros mismos, porque a veces gestiona la misma organización en distintos programas, pero como se trata de un sistema que a veces maneja papel o planillas separadas de Excel, no se integra en tiempo y forma. Este sistema nuevo nos permitirá gestionar mucho mejor esa parte, pero aún hoy tenemos controles y evaluaciones.
SEÑORA ALONSO.- La señora ministra decía que hay que mirar los cuadros y las presentaciones, y lo hemos hecho con atención, por eso hacíamos referencia a una consulta que hizo el señor representante Penadés en oportunidad de tratarse la rendición de cuentas en la Cámara de Representantes. Su inquietud iba en la misma línea que la nuestra, porque si se destinan 196 millones a un programa como Uruguay Crece Contigo –eso no lo dicen los cuadros– y el objetivo eran 18.000, pero se atendió a 4.788 personas, tal como se señala en la versión taquigráfica, ¿qué pasó? Porque eso no lo dice la presentación de PowerPoint y es bueno preguntarlo. El señor representante Penadés preguntaba entonces: «¿En 2016 este programa atendió a 18.000 personas?». Esa era la demanda y, quizás, el objetivo que se había planteado el programa, pero atendió a 4.788 personas. Una cosa son 196 millones en un programa que atiende a 4.788 personas y me gustaría saber qué pasó con esto. Seguramente se hacen los controles que han mencionado –no pongo en duda que se hagan–, pero lo cierto es que acá se produjo un desfase; esos 196 millones del año 2016 no atendieron a la población objetivo que se había establecido para el programa Uruguay Crece Contigo.
SEÑORA MAZZUCHI.- Lamentablemente, no está presente el director del programa Uruguay Crece Contigo, pero…
SEÑORA SUBSECRETARIA.- Si la señora presidenta me permite, quiero decir que lo que planteamos es que nuestra Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo define cuál es la población objetivo en cada uno de los programas, es decir, cuántas personas serán potencialmente parte de ellos. A partir de esa definición, no necesariamente con los recursos que tenemos cubrimos absolutamente a todas las personas.
Los tres programas básicos de proximidad –son más– y los más grandes, es decir, Cercanías, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo, cubren de alguna manera un período y vamos abordando el universo a partir de los 18 o 24 meses. De esa manera, vamos llegando a cubrir lo que entendemos como población global. Una cosa es la potencialidad y, otra, la cantidad que hacemos.
Con respecto a lo presupuestal, que es lo que la señora senadora está planteando, no es solamente que con Uruguay Crece Contigo cubrimos el acompañamiento de esas familias, sino que hay otros servicios que brinda Uruguay Crece Contigo. El más reciente, pero que es Rendición 2016, es el de las ecografías a distancia con el móvil que tiene Uruguay Crece Contigo que recorre el país.
Aprovecho para contestar la pregunta sobre la cobertura nacional.
Tanto Uruguay Crece Contigo como Cercanías tienen cobertura de carácter nacional; es decir, que tenemos equipos que trabajan en los 19 departamentos. El único que no tiene cobertura nacional es Jóvenes en Red, tal como lo hemos dicho en cada una de las rendiciones de cuentas. A esto quiero agregar un comentario. Este largo proceso de regularización que nosotros llevamos en función de las definiciones adoptadas que implican el estudio de cada caso en la comisión tripartita y las definiciones escalafonarias, han hecho que muchas de las personas que participan, que son trabajadores de estos programas, hayan renunciado en los últimos tiempos. Digo esto por las dudas que hayan escuchado que en algún caso «teníamos» y ahora «no tenemos». Efectivamente –como muy bien dijo la ministra sobre los llamados– en la medida en que estamos en el proceso de regularización, no hemos hecho llamados para cubrir los trabajadores de estos tres programas que hoy ya no están. En algunos casos, hemos fusionado, porque lo que sí es claro es que tiene que ser la dupla la que aborda el trabajo tanto en el caso de Uruguay Crece Contigo y Cercanías como de Jóvenes en Red.
SEÑOR BANGO.- Para poder hacer la cuenta presupuestal hay que tener algún elemento.
Hay una parte del programa de Uruguay Crece Contigo –que lo describió muy bien la señora Subsecretaria– que tiene que ver con la atención a la familia, y a las niñas y niños en situación de riesgo, que es un porcentaje de los 47.000 niños y niñas que nacen por año en el Uruguay. También se destinan recursos a los 47.000 niños y niñas que nacen, por ejemplo, se puede observar en los cuadros de la rendición de cuentas, que están definidos por meta y producto, donde se utiliza un set focalizado, como cunas de emergencia, pero también hay un set universal que recibe cualquier madre y padre que tiene un hijo. Esto es plata que está dentro de esos 196. En la rendición de cuentas de la Cámara de Representantes –a la que también asistí– el señor diputado Penadés hacía una cuenta per cápita, pero no se puede hacer una cuenta per cápita sobre los 2.800 porque hay acciones que involucran presupuestos que, en algunos casos van dirigidos a 2.800 niños, etcétera, y otros que van dirigidos a 47.000. Entonces, la suma de esa plata hay que hacerla para todo y no se puede hacer un per cápita porque si no, incurrimos en un error involuntario que tiene que ver con la naturaleza.
Por otro lado, no hay ninguna organización social que gestione Uruguay Crece Contigo, sino que está gestionado por funcionarios y funcionarias contratados, que ahora entran en el proceso de regularización. Algunas de ellas nos han dicho: «Yo no quiero ser funcionario público. Renuncio», tal como planteó la subsecretaria, pero no hay ONG gestionando el programa Uruguay Crece Contigo: todas esas parejas que trabajan en todo el territorio nacional son recursos del Ministerio de Desarrollo Social.
SEÑORA SUBSECRETARIA.- Continúo con el tema.
Cuando la señora ministra hizo la presentación, planteó que uno de los tres ejes de trabajo –lo dijimos también en dos comparecencias en este ámbito– tiene que ver con la descentralización, por tanto, para nosotros es fundamental brindar cobertura nacional.
El director de gestión territorial mencionó que en 2016 teníamos 36 oficinas territoriales, pero hoy ya tenemos una más. En realidad, en la presentación se incluye un detalle mucho más importante referido a las 36 oficinas territoriales y a 102 puntos de atención, además de diversos mecanismos que –porque nos damos maña– nos permiten llegar a todos los rincones, como el ministerio móvil.
Por otro lado, hay 69 Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, con 80 Mesas de Coordinación Zonal y 54 nodos educativos, 80 nodos de familia y 27 nodos sobre otras temáticas, desplegados en el microterritorio, en los 19 departamentos. Esto está explicitado en el material que dejaremos en la comisión.
Ahora bien, nosotros mismos consideramos que no es suficiente disponer de más de 600 profesionales en todo el territorio, trabajando en forma permanente. Es una enormidad, pero se trata del acompañamiento a las familias. La señora ministra hizo referencia a la ruralidad, es decir, al abordaje al interior del interior, al que se llega también con duplas que, en este caso, dependen de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral.
Esto lo engancho con el otro tema planteado por la señora senadora, vinculado con las cooperativas sociales. En primer lugar, al momento de la presentación de la rendición de cuentas –lo pueden observar en la transparencia que se está mostrando–, se hizo referencia a 400 cooperativas sociales asistidas, que dan trabajo a más de 2500 personas, de acuerdo con lo establecido por una ley, cuyos 10 años conmemoramos el 21 de julio pasado en la ciudad de Fray Bentos. Como 10 años es un lapso muy bueno para evaluar, trabajamos allí con las organizaciones sociales, con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y el Inacoop, en la elaboración de un proyecto de ley que supere a la ley que cumplió 10 años. Pero así como tuve la oportunidad de estar presente ese 21 de julio en la firma de la cooperativa social n.º 447, la semana pasada participé en la firma de la cooperativa social n.º 448, en el barrio Marconi. Se trata de una cooperativa de limpieza integrada por los propios vecinos del barrio que, después de seis meses de acompañamiento, logró conformarse como tal y firmar el estatuto, más allá de que con posterioridad continúe otra etapa de acompañamiento.
Lo cierto es que hoy podemos decir que tienen el rango de cooperativa social un total de 448. No obstante, no podemos dar cuenta –lo que no significa que no podamos acercar los datos oportunamente– de quiénes contratan a cada una de estas cooperativas. La señora senadora planteaba si, en función de las modificaciones que hubo, podemos dar cuenta de la contratación, pero lo que estamos en condiciones de adelantar es que las 448 no son contratadas por el Mides, sino que nuestra intervención se remite al apoyo en la conformación de la cooperativa y la asistencia posterior, o sea, el acompañamiento. En realidad, tenemos cooperativas que han sido contratadas por diferentes organismos públicos, como intendencias y organismos descentralizados.
A su vez, estamos trabajando con el Banco de Previsión Social, en reuniones quincenales, en el abordaje de otros datos de carácter objetivo, que son muy importantes a los efectos de la evaluación de la marcha de estas cooperativas sociales –sobre todo, luego de las modificaciones que hemos planteado respecto al acompañamiento– y de la posible transformación de muchas de ellas en cooperativas de trabajo porque tienen condiciones para serlo, para lo que tenemos que fijar etapas de transición. Queremos hacer un estudio de las altas y bajas en el registro de ese cupo de empleados que las cooperativas sociales tienen derecho a tener y para eso estamos haciendo un trabajo con el Banco de Previsión Social. Esto lo explicito para dar cuenta, de alguna manera, de la preocupación y el acompañamiento permanente que tenemos por esta experiencia que está cumpliendo diez años y cuya ley fue votada en este Parlamento.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos por las exhaustivas respuestas que nos han brindado.
No habiendo más senadores anotados para realizar preguntas, en nombre de la comisión reiteramos el agradecimiento por haber respondido con precisión a cada uno de los planteos y porque los que no lo han podido hacer han ofrecido enviar la información con posterioridad.
(Son las 14:11).

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 33
 artículo 39
 artículo 9