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Timestamp: 2019-09-22 01:57:25+00:00

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Sentencia de Tutela nº 373/15 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 580156706
PROCESO DE INTERDICCION, PENSION DE SOBREVIVIENTES. El accionante, obrando en representación de su padre interdicto, de quien es guardador, interpuso acción de tutela en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su representado al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y a la salud. Lo anterior, en razón a que la citada entidad le negó el reconocimiento de la sustitución pensional reclamada a favor de su padre inválido, en virtud del fallecimiento de su progenitora, alegando que el agenciado tenía derecho a recibir alimentos de otras personas y no aportó un certificado de pérdida de capacidad laboral expedido por una Junta Regional de Calificación. Se aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. La procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que niegan el reconocimiento de una sustitución pensional. 2º. El proceso de interdicción y el valor de las pruebas que se aportan en dicho trámite. 3º. El principio de libertad probatoria como elemento del debido proceso. 4º. El precitado principio en el procedimiento de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 5º. El derecho a la seguridad social y el principio de solidaridad. 6º. El desconocimiento de este derecho cuando se exige que se prueben circunstancias adicionales a las que están previstas en la ley y, 7º. El derecho a la igualdad y las acciones afirmativas a favor de las personas en situación de discapacidad. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo solicitado. Se advierte al accionante que de acuerdo al principio de solidaridad, tiene a su cargo la obligación de suministrar la subsistencia a su padre, quien no puede hacerlo por sí mismo. Se precisa, que lo anterior implica asistir al demandante en sus necesidades y asegurarse de que sea tratado médicamente.
Sentencia T-373/15
Asunto: Acción de tutela presentada por A.A. De la C.G., en representación de A.A. De la Cruz B., contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados J.I.P.P. y J.I.P.C. y la Magistrada G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado por la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 1º de diciembre de 2014, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Oral de Familia de Barranquilla el 10 de septiembre de 2014, en el proceso de tutela promovido por el señor A.A. De la C.G., en representación de A.A. De la Cruz B., contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.
El 11 de agosto de 2014, el señor A.A. De la C.G., obrando en representación de su padre interdicto, el señor A.A. De la C.B., de quien es guardador, interpuso acción de tutela contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –en adelante UGPP-, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su representado al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y a la salud. Lo anterior, en razón a que la citada entidad negó el reconocimiento de la sustitución pensional de la señora T.B. de De la Cruz, a favor de su padre, en razón a que éste tenía derecho a recibir alimentos de otras personas, y no aportó un certificado de pérdida de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación.
El señor A.A. De la Cruz B., de 64 años de edad[1], es hijo de T.B.M. y A.A. De la Cruz Orozco[2].
El 19 de enero de 1972[3], el señor De la C.B. tuvo un hijo con la señora J.G.[4], su nombre es A.A. De la C.G..
En el año 1977, el señor De la Cruz B. empezó a recibir tratamiento psicológico en el Hospital Mental Departamental CARI, en la ciudad de Barranquilla[5].
El 16 de marzo de 1985, el accionante fue internado en el Hospital Mental Departamental de Barranquilla tras sufrir un episodio de agresividad con sus familiares. En la historia clínica aportada al proceso se encuentran los informes médicos de la evolución del paciente, en particular uno del 10 de abril de 1985 en el que el que se evidencia que el señor De la C.B. fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide aguda.[6]
Mediante Resolución No. 007580 del 26 de octubre de 1992[7], la Caja Nacional de Previsión Social reconoció la pensión de jubilación, a favor de la señora T.B. de De la Cruz, a partir del 1º de mayo de 1989.
El 23 de enero de 2011 la señora B. de De la Cruz, falleció[8].
El 8 de agosto de 2013, el señor A.A. De la C.G. presentó demanda de interdicción por discapacidad mental, con el fin de que se declarara la interdicción de su padre, el señor De la Cruz B..[9]
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, que mediante auto del 22 de agosto de 2013[10], la admitió, decretó la interdicción provisoria del señor De la Cruz B., ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se practicara un dictamen por peritos médicos y designó como curador provisional a su hijo, A.A. De la C.G..
Posteriormente, en sentencia del 19 de diciembre de 2013[11], el juzgado declaró la interdicción por discapacidad mental absoluta de A.A. De la Cruz B. y designó al señor De la C.G. como su guardador principal definitivo y a la señora M.E. De la Cruz B., como guardadora suplente.
La anterior decisión se fundamentó en las siguientes pruebas: (i) la certificación expedida por un médico psiquiatra[12] y la historia clínica del accionante; (ii) el examen pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre el examen practicado al actor[13], (iii) un informe elaborado por la trabajadora social del Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, sobre la visita domiciliaria realizada a la vivienda del señor De la Cruz B., en la que constató las condiciones de vida del accionante y entrevistó a A.A. De la C.G. y a su esposa, a un amigo de la familia, y a la hermana del accionante[14].
Con base en tales documentos, la Juez Novena de Familia de Barranquilla encontró probada la discapacidad mental del señor De la Cruz B..
Afirma el accionante, que el 28 de enero de 2014, mediante apoderado judicial, radicó una solicitud ante la UGPP[15] en la que solicitó el reconocimiento de la pensión sustitutiva a favor del señor De la C.B., como beneficiario de la señora T.B.. Lo anterior, en consideración a que padece de esquizofrenia indiferenciada y dependió económicamente de su madre hasta que ella murió, el 23 de enero de 2011.
Sostiene que la UGPP solicitó al accionante que allegara una calificación de pérdida de capacidad laboral, expedida por una junta médica regional de calificación de invalidez[16].
El 17 de febrero de 2014, el apoderado del accionante radicó un escrito ante la entidad[17], en el que manifestó: (i) que mediante el certificado médico de psiquiatría que fue aportado con la solicitud, se probó que el señor De la Cruz B. recibe atención psicológica a partir del 15 de marzo de 1977 y fue diagnosticado con esquizofrenia indiferenciada crónica en el año 1985; (ii) que se allegó también un informe pericial de Medicina Legal, que fue decretado por el juez de familia en el trámite del proceso declarativo de interdicción por discapacidad mental, en el que se certificó que el señor De la Cruz B. padece de esquizofrenia indiferenciada y que se trata de una enfermedad crónica; y (iii) que el hijo del señor De la C.B. está facultado para tramitar la solicitud de sustitución pensional para su padre, pues mediante sentencia del 19 de diciembre de 2013 fue nombrado como su guardador definitivo. En este orden de ideas, indicó que lo anterior era suficiente para que la UGPP encontrara probada la discapacidad de su padre.
Mediante Resolución RPD009621 del 20 de marzo de 2014[18], la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión solicitada. La entidad consideró que la documentación aportada evidenciaba (i) que no existía un certificado de calificación de invalidez expedido por una junta regional de calificación, y (ii) que mediante las pruebas aportadas, se demostró que de la unión marital de hecho del señor A.A. De la Cruz B. y J.G.A., nació el señor De la C.G., motivo por el cual no existía certeza sobre el estado civil del solicitante, debido a que la unión marital de hecho podría estar vigente.
En ese sentido, la entidad afirmó que “(…) teniendo en cuenta que el interesado sostiene una unión marital de hecho, es su COMPAÑERA PERMANENTE la que tiene la obligación de alimentos y no la causante quien era su MADRE, de conformidad con el artículo 411 del código civil [sic].”[19] Por lo anterior, la UGPP encontró que se desvirtuaba la dependencia económica entre el solicitante y la causante, que exige la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y negó la solicitud.
En consecuencia, el apoderado del actor presentó un escrito mediante el cual interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución.[20]
Para sustentar el recurso, se dijo que en las pruebas aportadas (en particular en el informe de psiquiatría del hospital que ha llevado el caso, el dictamen de Medicina Legal y la sentencia de interdicción), consta que el señor De la Cruz B. es separado, vive solo, y por causa de su cuadro de esquizofrenia indiferenciada, ha sufrido múltiples pérdidas, incluida su pareja. Así, se aclaró que debido a sus problemas de agresividad, el señor De la C.B. nunca convivió con la señora A.G.[21], y que a partir del año 2004 la señora reside en el estado de Zulia, Venezuela. Para probar este hecho se adjuntó una declaración juramentada de la señora Arzuza[22].
Por otra parte, sostuvo el apoderado que exigir la calificación de invalidez resultaba "inaceptable e improcedente", pues la discapacidad mental absoluta del señor De la Cruz B. fue comprobada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Asimismo, determinó que el dictamen de una junta de calificación de invalidez, determina el grado de pérdida de capacidad de la persona que ha sufrido algún tipo de accidente o discapacidad psicomotriz, y no una discapacidad mental.
Además, reiteró que el señor De la C.B. convivió con su madre desde que empezó a ser tratado por su enfermedad en el año 1977, hasta su muerte en el año 2011.
Mediante Resolución RPD012663 del 21 de abril de 2014[23], la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, resolvió el recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la Resolución No. 9621 del 20 de marzo de 2014.
Lo anterior, en consideración a que (i) la declaración de la señora A.J.A.G. no estaba firmada, motivo por el cual no tenía validez; (ii) no obraba un dictamen que calificara la pérdida de capacidad del accionante, en el que se indicara un porcentaje y una fecha de estructuración; y (iii) el hijo del solicitante tiene la obligación de "(...) velar por el sustento y congrua subsistencia del señor A.A. DE LA CRUZ BELTRÁN (solicitante); razón por la cual se desvirtúa la dependencia económica del solicitante respecto de la causante, y por lo tanto se impone confirmar el acto recurrido toda vez que no reúne los requisitos legales para acceder a la prestación incoada."[24]
Posteriormente, en Resolución RPD017526 del 3 de junio de 2014[25], la Directora de Pensiones de la UGPP, resolvió el recurso de apelación presentado contra la Resolución 9621 del 20 de marzo de 2014, y confirmó en todas sus partes el acto administrativo mencionado.
Además, indicó que no se demostró fehacientemente la dependencia económica del señor De la C.B. a su madre, porque el señor De la C.G. tiene la obligación de darle alimentos, "de manera que no se predica la dependencia del apelante respecto de la señora T.B. VIUDA DE DE LA CRUZ, por lo que no se accede al reconocimiento deprecado."[26]
Señala el accionante, que el señor De la Cruz B. presenta una discapacidad mental absoluta y dependía económicamente de su madre, motivo por el cual, tras su muerte, no ha contado con los recursos necesarios para su sostenimiento. En este orden de ideas, considera que está probado que cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder al reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de “hijo inválido”.
Por lo tanto, solicita el amparo de los derechos fundamentales de su representado al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social, y a la salud. Específicamente, pide al juez de tutela, conceder el amparo “de manera definitiva, provisional o transitoria”[27] y, en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor del señor A.A. De la Cruz B., como hijo interdicto de la señora T.B..
Mediante escrito recibido por el juzgado el 3 de septiembre de 2014[28], el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP respondió la tutela y solicitó declarar su improcedencia. En particular, indicó que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para controvertir los actos administrativos mediante los cuales se resolvió su petición de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
Por otra parte, manifestó que no se trata de un caso en el que excepcionalmente proceda la tutela, porque (i) no se requiere la intervención urgente del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, debido a que el señor De la Cruz B. “(…) tiene un hijo mayor que en la presente acción lo representa y que debe atender a su padre mientras que se resuelve el conflicto de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes”[29]; (ii) el medio judicial ordinario es eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales del representado; y (iii) corresponde al accionante ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para determinar con certeza si el señor De la C.B. tiene derecho a la prestación pensional que reclama.
En sentencia del 10 de septiembre de 2014[30], el Juzgado Séptimo de Familia Oral de Barranquilla concedió el amparo de forma definitiva, con fundamento en los siguientes argumentos:
Primero, determinó que el actor es una persona con una discapacidad, motivo por el cual merece una especial protección constitucional. En particular, presenta una esquizofrenia indiferenciada, por lo que fue declarado interdicto por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, “(…) de lo que se infiere su impedimento para obtener su propio sostenimiento económico”[31].
Segundo, consideró el juez de primera instancia que, si bien las controversias relacionadas con el reconocimiento de una pensión sustitutiva se deben resolver por las jurisdicciones ordinaria laboral o contencioso administrativa, esta exigencia resulta desproporcionada para el señor De la Cruz B.. Lo anterior ocurre porque está comprobado que no tiene ingresos económicos y se trata de una persona en situación de discapacidad, de manera que sus necesidades vitales desvirtúan la eficacia del medio ordinario. De ahí que la tutela sea procedente como mecanismo definitivo para salvaguardar los derechos del representado.
Tercero, determinó que en este caso se cumple con los requisitos para que el señor De la Cruz B. obtenga el reconocimiento de la sustitución de la pensión que percibía la señora T.B.. En efecto:
(i) No existe cónyuge o compañero permanente de la señora B., de manera que se trata de su único posible beneficiario.
(ii) El guardador informó que su representado dependía económicamente de la pensión de su madre, lo cual se probó mediante la sentencia de interdicción, en la que el juez manifestó que el señor De la C.B. no tiene ingresos, vive solo, su lugar de habitación es pequeño y desaseado, y que su hijo y su hermana le proporcionan lo necesario para su subsistencia de forma discontinua.
(iii) Ante la disolución de la unión marital de hecho con la señora A.G., y la falta de capacidad económica del hijo, “(…) se debe acudir, según el orden de preferencia establecido en el artículo 416 del Código Civil, a la ascendiente de próximo grado que lo es [sic] la causante T.B.V. de De la Cruz, quien en vida proveía de condiciones de subsistencia a su hijo discapacitado gracias a la mesada pensional adquirida (…) por cuanto a través de la sustitución pensional de la cual sería beneficiario directo el señor A.A. De la Cruz B. como hijo inválido, que [sic]éste lograría tener los recursos económicos necesarios para tener una vida digna y justa.”[32]
(iv) Se trata de una persona con discapacidad mental absoluta, lo cual está probado con el informe pericial de psiquiatría rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para llegar a tal conclusión, el juez consideró que, al igual que los dictámenes expedidos por las juntas regionales de calificación de invalidez, se trata de una evaluación técnico-científica en la que se determinan “(…) la etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad que padece, con indicación de sus consecuencias en la capacidad para administrar sus bienes y disponer de ellos, de lo cual se puede colegir que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral supera el 50%, que la invalidez es originada a causa de una enfermedad crónica de naturaleza biológica, psicológica y social, estructurada a partir del 15 de marzo de 1977.”[33]
En consecuencia, el juzgado concedió el amparo y ordenó a la UGPP que expidiera las resoluciones definitivas de reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva a favor de A.A. De la Cruz B., como hijo inválido de la causante T.B. de De la Cruz.
Mediante oficio radicado el 8 de octubre de 2014[34], el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP impugnó la sentencia de primera instancia. Para fundamentar el recurso, reiteró los argumentos contenidos en la contestación de la tutela, relativos a la improcedencia de la acción.
En sentencia del 1º de diciembre de 2014[35], la Sala Segunda de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó el amparo.
Lo anterior, por considerar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (en particular se cita la sentencia T-701 de 2008), el señor De la Cruz B. no cumple con los requisitos para acceder al derecho a la pensión de sobreviviente. Específicamente, se requiere que el accionante demuestre (i) el parentesco, (ii) el estado de invalidez, y (iii) la dependencia económica respecto del causante.
El ad quem determinó que en este caso no se daban los requisitos para reconocer la pensión, por cuanto, a pesar de que se probó la discapacidad mental del interdicto, “(…) no aparece acreditada la fecha de su estructuración, por lo que se impone revocar el proveído impugnado y en su lugar no conceder el amparo solicitado.”[36]
El 11 de agosto de 2014, el señor A.A. De la C.G., obrando como guardador de su padre interdicto, interpuso acción de tutela contra la UGPP, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su representado al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y a la salud. Lo anterior, porque mediante distintos actos administrativos la entidad negó el reconocimiento de la sustitución pensional del señor De la Cruz B., como hijo inválido beneficiario de su madre fallecida, debido a que éste (i) tenía derecho a recibir alimentos de otras personas, y (ii) no aportó un certificado de pérdida de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación.
El señor De la Cruz B. padece de esquizofrenia indiferenciada y fue declarado interdicto por discapacidad mental absoluta mediante una decisión judicial. Tras la muerte de la pensionada T.B., el accionante solicitó a la UGPP el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de su representado en calidad de hijo inválido, y pretendió probar la pérdida de capacidad laboral de su padre con la historia clínica, la sentencia de declaratoria de interdicción por discapacidad mental, y el dictamen pericial de Medicina Legal que sirvió como prueba en el proceso de interdicción.
No obstante, la entidad le indicó que tales documentos no eran suficientes para demostrar la invalidez, pues para el efecto era preciso aportar un dictamen de pérdida de capacidad expedido por una junta regional de calificación de invalidez, el cual constituye una prueba “idónea” para el reconocimiento de la sustitución pensional de los hijos inválidos. Además, la UGPP señaló que el señor De la Cruz B. tenía un hijo y había tenido una compañera permanente, circunstancias que bastaban para desvirtuar la dependencia económica alegada, por cuanto estos estaban obligados a garantizar su sostenimiento.
El accionante pide al juez de tutela, conceder el amparo como mecanismo transitorio o definitivo y, por consiguiente, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor del señor A.A. De la Cruz B., como hijo interdicto de la señora T.B..
La situación fáctica exige a la Sala determinar si procede la tutela para controvertir los actos administrativos mediante los cuales el fondo de pensiones decidió negar el reconocimiento de la sustitución pensional solicitada por el accionante, a pesar de que el actor podría acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir su legalidad.
En primer lugar, mediante los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución RPD009621 del 20 de marzo de 2014, se confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago de la sustitución pensional solicitada por el accionante, en razón a que no se había aportado un dictamen expedido por una junta regional de calificación de invalidez, en el que se determinara la disminución de la capacidad laboral del actor.
En efecto, a pesar de que el guardador presentó copias de la historia clínica, del informe de Medicina Legal que sirvió como prueba en el proceso de jurisdicción voluntaria, y de la sentencia de interdicción por demencia; la UGPP consideró que el mecanismo “idóneo” para probar la pérdida de capacidad del señor De la Cruz B. era un dictamen expedido por una junta de calificación de invalidez.
En segundo lugar, las resoluciones mencionadas se fundamentaron, además, en que no estaba probada la dependencia económica del causante respecto de su madre, porque existían otras personas que legalmente le debían alimentos. En este orden de ideas, a pesar de que fueron aportadas dos declaraciones juramentadas en las que el hijo y la madre de este último afirmaban que el señor De la Cruz B. dependía económicamente de T.B., la entidad consideró que, debido a que había un descendiente y existió una compañera permanente, estaba desvirtuada la dependencia económica alegada.
Para resolver los cuestionamientos planteados, se estudiarán los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela en el caso que se analiza; ii) la naturaleza del proceso de interdicción y el valor de las pruebas que se aportan en dicho trámite; iii) el principio de libertad probatoria como elemento del derecho fundamental al debido proceso; iv) el contenido del derecho a la seguridad social, en particular, en lo que tiene que ver con la sustitución pensional de los hijos con discapacidad; y v) se hará una breve referencia al derecho a la igualdad y las acciones afirmativas a favor de las personas en situación de discapacidad.
La legitimidad para el ejercicio de esta acción está prevista en el artículo 10[37] del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que ésta puede ser presentada (i) directamente por el afectado, (ii) a través de su representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) por medio de un agente oficioso.[38]
El artículo 52 de la Ley 1306 de 2009[39] dispone que a las personas con discapacidad mental absoluta mayores de edad, que no estén sometidas a patria potestad, se les debe nombrar un curador, que se denomina guardador, el cual tiene a su cargo el cuidado del pupilo y la administración de sus bienes.
En este caso, el señor A.A. De la C.G. manifiesta expresamente que interpone la tutela en representación de su padre, y presenta la copia de la sentencia de interdicción, proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla el 19 de diciembre de 2013, en la que dicha autoridad judicial declaró la interdicción por discapacidad mental absoluta de su padre y lo designó como su guardador principal definitivo.
Por los anteriores motivos, el señor De la C.G. está legitimado para interponer la tutela en representación del señor A.A. De la C.B., de quien es guardador.
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.[40]
Del texto de la norma se evidencia que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia.[41]
No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita (i) que el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii) que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.”[42]
Con respecto al primer supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[43]
En relación con la procedencia de la tutela para controvertir actos administrativos, en sentencia T-822 de 2002[44], esta Corporación determinó que en ciertas circunstancias, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo.
Porque la prolongación del procedimiento contencioso afectaría desproporcionadamente el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o,
porque para el momento en que el juez contencioso adopte una decisión, el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede restablecerse, y esta situación sólo puede ser resarcida económicamente.”
En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial principal, se debe demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio se caracteriza: “(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;(ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”[45]
Además, la Corte determinó que en consideración a las circunstancias particulares del peticionario, debía estudiarse la procedencia de la acción de tutela, no sólo como mecanismo transitorio para prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino como medida definitiva para garantizar a una persona en condición de debilidad manifiesta, los únicos ingresos con los que contaba para satisfacer sus necesidades más básicas de sustento y salud.
Adicionalmente, en sentencia T-692 de 2006[47], la Corte conoció el caso de una mujer de 75 años, quien presentó la tutela contra el Fondo del Pasivo Pensional de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. La entidad había negado el reconocimiento a la pensión sustitutiva como beneficiaria de su esposo pensionado fallecido, con fundamento en que la accionante había percibido la prestación por dos años y la regulación vigente al momento de la muerte del causante no preveía el reconocimiento de tal prestación de forma vitalicia.
En síntesis, cuando a pesar de que exista un mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales invocados, la tutela se declara procedente para obtener el amparo ante la inminencia de que ocurra un perjuicio irremediable, por regla general las órdenes tienen un carácter transitorio con el fin de que el demandante acuda a los mecanismos principales de defensa para que se decida sobre sus pretensiones.
En el caso que se analiza, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra los actos administrativos proferidos por la UGPP, mediante los cuales se negó el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos, sería procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse.
No obstante, para su caso particular la prolongación del procedimiento contencioso afectaría desproporcionadamente el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. En efecto, de las pruebas que obran en el expediente se puede deducir que la situación económica de sus familiares es precaria, y la falta de recursos amenaza su derecho fundamental al mínimo vital, porque su hijo apenas tiene recursos para proveerle lo necesario para vivir.
Lo anterior sería suficiente para declarar que en este caso la tutela es procedente. No obstante, la Sala considera pertinente agregar que, en todo caso, de las pruebas aportadas al proceso se demuestra que se está ante la inminencia de que el accionante sufra un perjuicio irremediable.
Tal como se constata en la sentencia de interdicción proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, en la cual se hace referencia al informe de la trabajadora social que fue solicitado en el proceso, el señor De la C.B. soporta condiciones muy difíciles.
Específicamente la sentencia señala que en el informe mencionado se estableció (i) que el accionante vive solo en una vivienda pequeña, “sucia y desaseada”, (ii) que los que se acercan al presunto interdicto son únicamente su hijo y hermana para proporcionarle sólo lo necesario para su subsistencia, (iii) que la familia está desintegrada, (iv) que a pesar de que el accionante necesita tratamiento médico regular, éste no le ha sido proporcionando, lo cual se comprueba con el hecho de que sus medicamentos no han sido actualizados, (v) sus condiciones de vida “son muy malas, es atendido en forma no continua”, y (vi) existen problemas financieros no resueltos entre la hermana y el hijo, que hacen que el señor De la Cruz B. “se encuentre desprotegido ya que carece de ingresos, depende económicamente de su familia para llevar una vida digna.”
El proceso de interdicción y el valor de las pruebas que se aportan en dicho trámite.
El artículo 47 Superior dispone que el Estado tiene la obligación de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
En cumplimiento del mandato mencionado, el Congreso profirió la Ley 1306 de 2009[48], la cual establece el deber de protección e inclusión social de toda persona con discapacidad mental y el régimen de la representación legal de “incapaces emancipados”, a través de guardas, consejerías y sistemas de administración patrimonial.
El artículo 5° de la normativa mencionada, establece que son obligaciones de la sociedad y del Estado, entre otros, la protección de las personas con discapacidad mental y la garantía del disfrute pleno de todos sus derechos, de conformidad con su capacidad de ejercicio.
La interdicción por discapacidad mental absoluta se decreta en un proceso de jurisdicción voluntaria, en el que no se resuelve una controversia, sino que simplemente se declara que una persona no está en plenas condiciones mentales para desempeñarse por sí misma. El trámite se adelanta ante un juez de familia, de conformidad con las formalidades previstas en la Ley 1564 de 2012, “[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Realizada la citación, se decretarán las pruebas necesarias y se convocará a audiencia para interrogar al perito y para practicar las demás decretadas, luego de lo cual el juez dictará sentencia y si decreta la interdicción en aquella hará la provisión del guardador testamentario, legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en el Código Civil.
En relación con el certificado médico al que hace referencia la norma antes transcrita, el artículo 28 de la Ley 1306 de 2009 establece que en todo proceso de interdicción definitiva, se debe contar con un dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta, realizado por un equipo interdisciplinario. En tal dictamen se debe precisar la naturaleza de la enfermedad, su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo.
Sobre este tema, la Corte Constitucional ha determinado que, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución -que establece el principio de instrumentalidad de las formas que rige la administración de justicia-, la exigencia de que la demanda en este tipo de procesos se acompañe de un certificado médico, no es una mera formalidad exigida por la ley procesal para su admisión.[49]
En efecto, tal requisito “(i) constituye un soporte probatorio insustituible para que el juez competente tenga los elementos de juicio necesarios para proveer sobre la admisión de una demanda de interdicción; y, (ii) se erige en una garantía fundamental para el demandado, dado que no todas las personas deben soportar un proceso de esta naturaleza, sino solamente aquellas sobre las cuales se acredita una condición de discapacidad que amerite, por lo menos, la apertura del proceso.”[50]
En ese orden de ideas, esta Corporación ha determinado que el certificado médico exigido por la ley, no puede suplirse con otros medios probatorios, como por ejemplo testimonios, la epicrisis, o resúmenes finales de historias clínicas. Así pues, se trata “[d]el documento que acredita el estado de salud de una persona, constituyéndose en la prueba técnica o pericial que por anticipado debe llevarse al proceso a fin de darle soporte a la solicitud de interdicción, certificado que según se exige debe ser expedido bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la sola firma. Lo anterior no significa, sin embargo, que en el curso del proceso, el juez no pueda valorar la prueba pericial junto con otras (…)” (N. en el texto original)[51]
En consecuencia, es posible concluir que el certificado médico que acompaña la demanda de interdicción es un dictamen pericial aportado por una parte al proceso, siempre que se realice de conformidad con los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso.
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que las actuaciones judiciales y administrativas deben desarrollarse con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del debido proceso.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado el contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso. En particular, en sentencia T-001 de 1993[52], estableció que se trata del conjunto de garantías que protegen al ciudadano que se somete a cualquier proceso y aseguran la recta y cumplida administración de justicia, el respeto por la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Así pues, es “debido” todo proceso que satisface los requerimientos, condiciones y exigencias para garantizar la efectividad del derecho material.
Específicamente, el derecho al debido proceso comporta la obligación correlativa a cargo de la administración, de llevar a cabo procesos justos y adecuados, lo cual implica que cada acto que se dicta en el curso de un procedimiento administrativo, debe observar las garantías procesales y los principios constitucionales que rigen la función pública (artículo 209 Superior).[53]
De ahí que, del debido proceso administrativo se deriven otros derechos para los administrados, tales como conocer las actuaciones de la administración, solicitar y controvertir las pruebas, ejercer con plenitud su derecho de defensa, impugnar los actos administrativos y gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.[54]
La cláusula general de competencia prevista por los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Carta Política, radica en el Legislador la facultad de regular, entre otros, los procedimientos judiciales y administrativos.
Sobre el particular, esta Corporación ha indicado que corresponde al Congreso regular los siguientes elementos procesales: (i) los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades; (ii) las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en cada proceso; (iii) la radicación de competencias en una determinada autoridad judicial; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros intervinientes.[55]
En ejercicio de la competencia antes descrita, se profirió la Ley 1437 de 2011[56], que regula, entre otros, el procedimiento administrativo. De conformidad con el artículo 40 de la normativa mencionada, durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo en un procedimiento administrativo, se podrán aportar, pedir y practicar pruebas y serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
En particular, el artículo 165 del Código General del Proceso[57] determina que son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.
Adicionalmente, el artículo 176 del mismo Código[58] dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
La norma anterior reprodujo el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil[59], cuyo alcance fue analizado por esta Corporación en diversas oportunidades. Específicamente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el ordenamiento jurídico colombiano excluye el sistema de tarifa legal y adopta los principios de libertad probatoria y apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica.
Los principios mencionados aseguran la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, porque permiten que se realice una valoración crítica en la que se dé prevalencia a la verdad sobre las apariencias, y aseguran que las partes dispongan de una amplia libertad para que en las decisiones impere la justicia material.[60]
En conclusión, el derecho al debido proceso, que también rige los procedimientos administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas por la ley en el desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento administrativo se rige por el principio de libertad probatoria, el cual constituye en una garantía procesal de aplicación inmediata que deriva del debido proceso en materia administrativa, y debe ser observado por la administración.
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 -que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993-, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, los hijos “inválidos” si dependen económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
La misma norma señala que para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que dispone: “Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”
Las normas antes citadas, deben ser analizadas en concordancia con el principio de libertad probatoria, que deriva del debido proceso administrativo. En efecto, aunque los artículos que regulan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de un hijo en situación de discapacidad, señalan que es “inválido” quien presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y tal circunstancia se prueba mediante un dictamen expedido por las autoridades ya mencionadas, esto no obsta para que la autoridad administrativa admita la presentación de otros medios que sean igualmente conducentes para demostrar la pérdida de capacidad laboral y que la fecha de estructuración es anterior al fallecimiento del causante.
En el caso que se analiza, está demostrado que la UGPP expidió la Resolución RPD009621 del 20 de marzo de 2014, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión solicitada, porque el peticionario no aportó un certificado de calificación de invalidez expedido por una junta regional, con el fin de demostrar su pérdida de capacidad laboral.
El acto administrativo mencionado fue confirmado por las resoluciones RPD012663 del 21 de abril de 2014 y RPD017526 del 3 de junio de 2014, que resolvieron los recursos de reposición y apelación elevados por el peticionario, respectivamente. En ambos actos, la UGPP indicó (i) que el señor De la Cruz B. debía presentar un dictamen expedido por una junta regional de calificación, en el que se indicara un porcentaje de pérdida de capacidad y la fecha de estructuración, y (ii) que ese documento era el medio idóneo para determinar la “invalidez” que requiere la ley, con el fin de obtener el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de un hijo en situación de discapacidad.
En este caso, la administración contó con los elementos que conducían a demostrar la pérdida de capacidad del señor De la Cruz B. y omitió valorarlos. En particular, el solicitante aportó los siguientes documentos:
(i) Apartes de la historia clínica, en los que consta que el señor presenta esquizofrenia, la cual fue diagnosticada a partir del año 1985 y tratada hasta el mes de diciembre de año 2010.[61]
(ii) Un certificado médico, suscrito por un psiquiatra del hospital que ha tratado la enfermedad, en el que se resume la información contenida en la historia clínica y se establece que el peticionario presenta esquizofrenia indiferenciada crónica.[62]
(iii) Un informe pericial de psiquiatría que fue decretado por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, y practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que la psiquiatra que realizó la valoración estableció que se trata de “(…) una persona con funcionamiento anormal , no acorde con los parámetros de la realidad externa, con compromiso de sus funciones mentales superiores, con una marcada ideación paranoide, con pérdida de la idea directriz y de las asociaciones normales, por todas estas consideraciones concluyo que el diagnóstico del examinado (…) es ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA, cuya etiología es biológica, psicológica y social, enfermedad crónica y que produce gran deterioro, lo que la hace patología de mal pronóstico. El examinado (…) no está en capacidad de administrar sus bienes, ni disponer de ellos.”[63]
(iv) La sentencia de interdicción, en la que el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla encontró probado que el señor De la Cruz B. padece de una “incapacidad mental”, motivo por el cual requiere que otros lo representen y administren sus bienes.[64]
De los anteriores documentos es posible concluir: primero, que el señor A.A. de la C.B. presenta una enfermedad crónica que presenta mal pronóstico; segundo, que la pérdida de capacidad laboral es significativa, pues no solo requiere de otras personas que lo representen y administren sus bienes, sino que está totalmente incapacitado para trabajar; y tercero, que la fecha de estructuración, por lo menos data de 1985, año en el que se diagnosticó la enfermedad (es decir, antes de que falleciera la madre pensionada).
La Sala observa que la UGPP vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, porque a pesar de que éste presentó distintos documentos, que demostraban su pérdida de capacidad laboral, omitió contradecirlos y optó por descartarlos porque no se presentó un dictamen expedido por una junta de calificación de invalidez.
El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la seguridad social y, específicamente, hace referencia a la seguridad social en pensiones. De conformidad con el artículo mencionado, la seguridad social tiene doble connotación i) se trata de un servicio público de carácter obligatorio, cuya cobertura se debe ampliar progresivamente y se encuentra bajo la dirección, coordinación y control del Estado, a quien corresponde desarrollarlo a través de leyes y, ii) es un derecho fundamental que se garantiza a todos los habitantes, cuyo contenido está íntimamente ligado la dignidad humana.[65]
El artículo 48 Superior y el artículo 2º de la Ley 100 de 1993 establecen que el servicio público de seguridad social se debe prestar con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Para el caso que se analiza, resultan relevantes los dos últimos.
Este principio se ve reflejado en el objeto del Sistema General de Pensiones, que tiene como finalidad (i) garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones, y (ii) propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.[66]
Los principios de universalidad y solidaridad que rigen la seguridad social llevaron al Legislador a consagrar la pensión de sobrevivientes, la cual tiene como finalidad proteger a los beneficiarios del trabajador de las contingencias generadas por su muerte. En efecto, se trata de una prestación que se reconoce a quien dependía económicamente de una persona pensionada o afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, con el fin de que enfrente el desamparo resultante de su deceso.[67]
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la sustitución pensional “(…) es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”[68], y la pensión de sobrevivientes es aquella que “propende porque la muerte del afiliado no trastoque las condiciones de quienes de él dependían”[69].
Entonces, para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional no hay lugar a exigir determinadas semanas de cotización o fidelidad al sistema, y basta con que el causante tuviera ese derecho pensional, para que los miembros del grupo familiar estén legitimados para reemplazarlo.[70]
Para resolver el caso objeto de estudio es pertinente hacer referencia al literal c), según el cual son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “[l]os hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.” (N. fuera del texto)
De conformidad con las normas descritas, la Corte[71] ha establecido que, para obtener la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes, los hijos “inválidos” deben acreditar: i) el parentesco, ii) el estado de “invalidez” del solicitante y iii) la dependencia económica respecto del causante.
Tal como se estableció, el Legislador tiene a su cargo el desarrollo del servicio público y derecho a la seguridad social. En ejercicio de dicha competencia, el Congreso profirió la Ley 797 de 2003, en la que fijó los requisitos para que los hijos en condición de discapacidad accedan al derecho a la sustitución pensional.
Por ende, cuando un fondo de pensiones exige que se acredite una circunstancia diferente del parentesco, la pérdida de capacidad laboral y la dependencia económica -entendida como no tener ingresos adicionales-, transgrede el derecho fundamental a la seguridad social.
En el caso objeto de estudio, las resoluciones de la UGPP negaron el reconocimiento de la sustitución pensional al accionante en consideración a que no estaba probada la dependencia económica del beneficiario respecto de su madre, porque existían otras personas que legalmente le debían alimentos. En efecto, a pesar de que fueron aportadas dos declaraciones juramentadas en las que el hijo y la madre de éste[72] afirmaban que el señor De la Cruz B. dependía económicamente de T.B., la entidad consideró que, debido a que había un descendiente y existió una compañera permanente, estaba desvirtuada la dependencia económica alegada.
Primero, en razón a que la dependencia económica a la que hace referencia la ley, consiste en no tener ingresos adicionales a los que percibía el causante. En este orden de ideas, la UGPP confunde los ingresos con el derecho de alimentos. Este último es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios.[73]
En consecuencia, cuando se exige que no exista alguna persona obligada a dar alimentos a la persona con discapacidad, se establece un nuevo requisito que no fue previsto por el Legislador, y de esa manera se transgrede el derecho fundamental a la seguridad social. En este sentido, la UGPP vulneró esta garantía al señor De la C.B., quien de conformidad con la ley, sólo debía probar que concurrían los requisitos previstos en las normas antes reseñadas.
Además, la Sala encuentra probado que en este caso el accionante acreditó los requisitos previstos por la ley para ser beneficiario del derecho a la sustitución pensional, veamos:
En primer lugar, se probó el parentesco. En efecto, a la solicitud de pensión de sobrevivientes se anexaron las copias de la Partida de Bautismo, la Cédula de Ciudadanía y el Registro de Defunción de la señora T.B. viuda de De la Cruz[74], y del Registro Civil de Nacimiento y la Cédula de Ciudadanía de A.A. De la Cruz B.; mediante los cuales se demostró que el señor A.A. De la Cruz B. es hijo de T.B., quien percibía una pensión de vejez reconocida a partir del 1 de mayo de 1989.
(i) Las declaraciones juramentadas de su hijo[75] y de la madre de este último[76], en las que ambos afirmaron que el señor De la C.B. vivió con la señora T.B. y dependió económicamente de ella hasta su fallecimiento.
(ii) La historia clínica, de la que se evidencia que el accionante vivía con su madre y ésta lo acompañaba a las citas médicas en el periodo en el que fue atendido por su enfermedad, esto es, desde el año 1977 hasta el año 2010[77].
(iii) La sentencia de interdicción[78], en la que se estableció que en la visita realizada por la trabajadora social del Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla se demostró: a) que el señor A.A. De la Cruz B. vive solo y depende económicamente de la caridad de sus familiares, b) existen problemas económicos sin resolver entre la hermana del accionante y el hijo de éste, en relación con las propiedades que dejó la señora T.B., y c) a la fecha de la decisión judicial, se puedo constatar que el accionante no había asistido a una cita médica desde hacía un año.
En conclusión, los documentos que el peticionario anexó a la solicitud presentada a la UGPP, eran suficientes para probar que en su caso concurrían los requisitos contenidos en la ley para obtener el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional.
Por consiguiente, esta Sala de Revisión dejará sin efecto las resoluciones expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la prestación referida y ordenará a la entidad proferir un nuevo acto administrativo en el que reconozca el derecho a la sustitución pensional del señor A.A. De la Cruz B., como hijo en condición de discapacidad, beneficiario de la señora T.B..
Desde el punto de vista formal, esta prerrogativa comporta la obligación de tratar a todos los individuos con la misma consideración y reconocimiento. En ese sentido, el Estado tiene el deber de abstenerse de concebir normas, diseñar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas, o adoptar decisiones e interpretaciones del Derecho, que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginación o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad.[79]
Por otra parte, la igualdad en sentido material apunta a superar las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, o ciertos grupos tradicionalmente discriminados o marginados. Para lograr esta finalidad, el Estado tiene la obligación de adoptar acciones afirmativas, es decir, medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades que los afectan, o de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, tengan una mayor representación, y así, estén en condiciones de igualdad en dignidad y derechos.[80]
La Corte[81] ha señalado que la omisión del Estado de adoptar medidas diferenciales a favor de grupos vulnerables, marginados o históricamente discriminados, vulnera su derecho a la igualdad.
En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que, cuando se omite implementar acciones afirmativas en favor de este grupo que merece especial protección, se incurre en una forma de discriminación, debido a que tal omisión perpetúa la estructura de exclusión social e invisibilidad a la que han sido sometidas históricamente las personas en condición de discapacidad, y obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[82]
En el caso que se analiza, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión a favor del accionante, en consideración a que (i) el único medio conducente para probar la pérdida de capacidad laboral un dictamen expedido por una junta de calificación de invalidez, y (ii) el accionante tenía un hijo y había tenido una compañera permanente, motivo por el cual era posible concluir que existían personas que le debían alimentos y, por tanto, no dependía económicamente de su madre fallecida.
- Un fondo de pensiones desconoce el derecho al debido proceso y en particular el principio de libertad probatoria, cuando exige a un interdicto por discapacidad mental absoluta, presentar un certificado expedido por una junta regional de calificación de invalidez, como único medio de prueba para demostrar la pérdida de capacidad requerida para ser beneficiario de la sustitución pensional de uno de sus padres.
En este sentido, la UGPP vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor A.A. De la Cruz B. y en particular, el principio de libertad probatoria, porque a pesar de que éste presentó distintos documentos que demostraban su pérdida de capacidad laboral, omitió contradecirlos y optó por descartarlos con fundamento en que no se presentó un dictamen expedido por una junta de calificación de invalidez.
- Un fondo de pensiones vulnera el derecho a la seguridad social, cuando niega el derecho a la sustitución pensional del hijo con discapacidad mental, con fundamento en una presunta falta de dependencia económica, debido a que existen parientes obligados a dar alimentos.
En particular, la UGPP desconoció el derecho fundamental a la seguridad social del señor De la Cruz B. porque ignoró los requisitos fijados por la Ley 797 de 2003 y exigió que demostrara un requisito adicional que no estaba previsto en ésta para obtener el derecho a la sustitución pensional.
- De conformidad con las obligaciones que impone el derecho a la igualdad al Estado y a la sociedad, los actos administrativos proferidos por la UGPP desconocieron la obligación a su cargo de proteger a las personas que presentan discapacidad mental.
Por otra parte, de las pruebas aportadas al proceso, en particular el informe de la trabajadora social citado por la sentencia de interdicción, la Sala advirtió que a la fecha de esa providencia, el señor A.A. De la Cruz B. no había recibido atención médica hacía un año.
Según el artículo 18[83] de la Ley 1306 de 2009, corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad.
Además, de conformidad con la disposición mencionada, las normas sobre vulneración de los derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de los derechos contenidas en la Ley 1098 de 2006, “[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, son aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sean pertinentes y adecuadas a su situación. Por consiguiente, las normas relativas a la competencia para promover los procesos de restablecimiento de derechos (artículos 96 a 99[84] de dicha normativa), son aplicables ante la posible vulneración de las garantías de las personas con este tipo de discapacidad.
En consecuencia, la Corte instará al ICBF, para que verifique si el hijo del accionante está cumpliendo con sus obligaciones como guardador principal de su padre, y en caso de que no sea así, informe de la situación al Defensor de Familia del lugar de residencia del señor De la Cruz B., para que, si lo considera pertinente, este último (i) adelante un proceso de restablecimiento de derechos y, (ii) promueva un proceso de remoción de guardador.
Por ende, es preciso confirmar la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo de Familia Oral de Barranquilla, que concedió el amparo de forma definitiva, pero por las razones contenidas en esta sentencia.
PRIMERO. REVOCAR la decisión adoptada por la Sala Segunda de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 1º de diciembre de 2014, que revocó la sentencia de primera instancia que concedió la tutela. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia del 10 de septiembre de 2014, proferida por el Juzgado Séptimo de Familia Oral de Barranquilla, por las razones contenidas en esta providencia.
SEGUNDO. ADVERTIR al señor A.A. De la C.G., que de acuerdo con el principio de solidaridad tiene a su cargo la obligación de suministrar la subsistencia de su padre, quien no puede hacerlo por sí mismo. Lo anterior implica asistir al accionante en sus necesidades y asegurarse de que sea tratado médicamente.
TERCERO. INSTAR al ICBF, para que verifique si el hijo del accionante está cumpliendo con sus obligaciones como guardador principal de su padre, y en caso de que no sea así, informe de la situación al Defensor de Familia del lugar de residencia del señor De la Cruz B., para que, si lo considera pertinente, este último (i) adelante un proceso de restablecimiento de derechos y, (ii) promueva un proceso de remoción de guardador.
[1] A folio 20 del Cuaderno de Primera Instancia, se encuentra la copia de la Cédula de Ciudadanía del señor A.A. De la Cruz B., en la que consta que nació el 20 de octubre de 1950.
[2] A folio 37 ibídem, se encuentra la copia del Registro Civil de Nacimiento de A.A. De la Cruz B., en el que consta la identidad de sus padres.
[3] A folio 21 ibídem, se encuentra la copia de la Cédula de Ciudadanía del señor A.A. De la C.G..
[4] A folio 42 ibídem, se encuentra la copia del Registro Civil de Nacimiento de A.A. De la C.G., en el que consta la identidad de sus padres.
[5] A folio 44 ibídem, se encuentra una certificación del 21 de enero de 2014, expedida por un médico psiquiatra del Hospital Universitario C.A.R.I. E.S.E.
[6] Folio 63 ibídem, historia clínica, informe del 10 de abril de 1985. En el informe médico no está identificada la persona que lo realizó.
[7] Folios 30-33, ibídem.
[8] A folio 27 ibídem, se encuentra la Copia del Registro de Defunción de la señora T.B. viuda de De la Cruz, No. 06859914, correspondiente al Certificado de Defunción No. 80823940-5 (Notaría 10 de Barranquilla).
[9] Se trata del proceso identificado con el número de radicado 08001311000920130030000. Consultado en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial.
[10] Folios 39-40, ibídem.
[11] Folios 79-81 ibídem. En esta sentencia se decide: "1. Declárese la INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA, al [sic] señor A.A. DE LA CRUZ BELTRÁN. // 2. Declárese que el señor A.A. DE LA CRUZ BELTRÁN, no tiene libre administración de sus bienes.// 3. D. al hijo, señor A.A. DE LA CRUZ GÓMEZ como GUARDADOR DEFINITIVO PRINCIPAL del señor A.A.D.L.C.B., y a la hermana, señora M.E. DE LA CRUZ BELTRÁN como GUARDADORA DEFINITIVA SUPLENTE, quienes lo representarán en sus actos judiciales y extrajudiciales. Déseles la debida posesión y discernimiento del cargo." (Fl. 81)
[12] La sentencia de interdicción hace referencia a un certificado expedido por el psiquiatra C.H.B., pero el documento mencionado no se encuentra en el expediente.
[13] En el dictamen mencionado se establece que el señor A.A. De la Cruz B. es “una persona con funcionamiento anormal, no acorde con los parámetros de la realidad externa, con compromiso de sus funciones mentales superiores, con una marcada ideación paranoide, con pérdida de la idea directriz y de las asociaciones normales, por todas estas consideraciones, concluyo que el del examinado (…) es ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA, cuya etiología es biológica, psicológica y social, enfermedad crónica y que produce gran deterioro, lo que la hace patología de mal pronóstico. El examinado (…) no está en capacidad de administrar sus bienes, ni disponer de ellos.”
[14] El informe de la trabajadora social no está en el expediente del proceso de tutela, pero su contenido es referido en detalle en la sentencia de interdicción.
[15] Radicada con el No. 2014-514-015323-2. Folios 7-17, ibídem. Esta solicitud fue acompañada de los siguientes anexos: (i) formulario único de solicitudes prestacionales; (ii) poder especial otorgado por el guardador (A.A. De la C.G.) al abogado J.H.F., (iii) copia del acta de posesión de A.A. De la C.G. como curador provisional del señor De la Cruz B., del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, (iv) copia del Registro de Defunción de la señora T.B. viuda de De la Cruz, No. 06859914 y del Certificado de Defunción No. 80823940-5 del 23 de enero de 2011 (Notaría 10 de Barranquilla), (v) Cédula de Ciudadanía de T.B., (vi) Copia de la Resolución No. 007580 del 26 de octubre de 1992, mediante la cual se reconoce la pensión de jubilación a favor de la señora T.B. de De la Cruz a partir 1º de mayo de 1989, (vii) copia de la Partida de Bautismo de T.E.B.M., nacida el 12 de abril de 1926, (viii) copia del Registro Civil de Nacimiento de A.A. De la Cruz B., (ix) copia del auto admisorio de la demanda de interdicción, en el que se decreta la interdicción provisoria y se designa como curador provisional al señor A.A. De la C.G. (x) copia del Registro Civil de Nacimiento del señor A.A. De la C.G., hijo de A.A. De la Cruz B. y J.G., (xi) certificación del 21 de enero de 2014 de médico psiquiatra en la que determina que el señor De la Cruz B. presenta ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA CRÓNICA desde el año 1985 (xii) copia del informe pericial de psiquiatría proferido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Barranquilla (xiii) acta de la declaración juramentada del señor De la C.G. ante la Notaría Segunda de Barranquilla, en la que afirma que su padre vivía y con la señora T.B. de De la Cruz, y dependía económicamente de ella.
[16] No se encuentra ningún escrito que demuestre el requerimiento realizado por la UGPP.
[17] Folios 75-76 ibídem.
[18] Folios 83-85 ibídem.
[19] Folio 84R ibídem.
[20] Folios 88-95 ibídem. El escrito no tiene fecha de radicación.
[21] A pesar de que en el Registro Civil de Nacimiento de A.A. De la C.G. figura como madre la señora J.G.A., en el trámite del reconocimiento pensional se hace referencia a la misma señora, con el nombre A.J.A.G..
[22] A folio 97 ibídem, se encuentra la declaración extrajudicial de “A.J.A.G.”, ante el Consulado de Colombia en Maracaibo en la que manifiesta lo siguiente: "(…) que de la relación sexual entre el señor A.A. De la Cruz B. (…) y yo nació nuestro hijo A.A. De la C.G. el día 19 de enero de 1972 (…) por lo anterior aclaro que en ningún momento hemos llegado a tener vida marital alguna y que de la misma se haya creado patrimonio alguno. Asimismo, declaro que mi domicilio actual es Barrio la gran sabana, calle 155 con vereda 56, Municipio San Francisco, Estado Zulia, Venezuela, desde el año 2004 hasta la presente fecha, de igual manera expreso que el señor A.A. De la Cruz B. (...) padece de una enfermedad de Esquizofrenia y siempre ha estado conviviendo y dependiendo económicamente bajo el mismo techo y lecho mientras estuvo en vida de su madre T.B. viuda de De la Cruz (...) y también declaro que no convivo con el señor desde el año 1972 y no hemos tenido vida marital."
(MANIFIESTA NO SABER FIRMAR)”
[23] Folios 100-103, ibídem.
[24] Folio 103, ibídem.
[25] Folios 105-107, ibídem.
[26] Folio 106, ibídem.
[27] Folio 5, ibídem.
[28] La contestación de la UGPP se encuentra a folios 144-147 ibídem.
[29] Folio 146R, ibídem.
[30] Folios 171-179, ibídem.
[31] Folio 177, ibídem.
[32] Folio 178, ibídem.
[33] Folio 178, ibídem.
[34] Folios 190-193, ibídem.
[35] Folios 4-10, Cuaderno de Segunda Instancia
[36] Folio 10, Cuaderno de Segunda Instancia.
[37] ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
[38] Sentencia T-531 de 2002. M.P.E.M.L..
[39] “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
[40] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P.Á.T.G. y T-780 de 2011, M.P.J.I.P.C..
[41] En sentencia T-313 de 2005, M.P.J.C.T., se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[42] Sentencia T-705 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[44] M.P.R.E.G.. Esta decisión fue reiterada por la sentencia T-892A de 2006
[45] Sentencia T-896 de 2007, M.P.M.J.C.E.
[46] M.P.R.E.G..
[47] M.P.J.C.T..
[48] “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
[49] En particular, en la Sentencia T-1103 de 2014 (M.P.C.I.V.H., la Corte Constitucional estudió la tutela instaurada por una mujer contra el Juzgado 10º de Familia de Bogotá, por considerar que el auto mediante el cual se decretó su interdicción provisional y designó como curadora a su hermana, había incurrido en una vía de hecho, por cuanto los demandantes en el proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción por discapacidad mental, no aportaron un certificado médico que acreditara su estado de salud. Además, la accionante afirmaba que mediante un dictamen de Medicina Legal, practicado con posterioridad a que se decretara su interdicción provisional, se había demostrado su sanidad mental. La Sala Novena de Decisión concluyó que la Juez 10 de Familia de Bogotá incurrió en una vía de hecho porque admitió una demanda de interdicción por demencia sin que ésta estuviera acompañada de un certificado médico, y omitió notificar el auto admisorio de la demanda de interdicción a quien sería declarada interdicta, a pesar que desde hacía aproximadamente 8 años no presentaba una crisis de esquizofrenia.
[50] Sentencia T-1103 de 2014.
[52] Magistrado Ponente: J.S.G.. El contenido de la decisión mencionada ha sido reiterado en sentencias T-345 de 1996 M.P.E.C.M. y C-731 de 2005 M.P.H.A.S.P., C-242 de 2010 M.P.M.G.C., entre otras.
[53] Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-640 de 2002, M.P.M.G.M.C..
[54] Sentencia T-746 de 2005; M.P.C.I.V.H.. Aquella decisión es reiterada en la sentencia C-1189 de 2005; M.P.H.A.S.P..
[55] Ver sentencia C-183 de 2007; M.P.M.J.C.E..
[56] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[57] ARTÍCULO 165. “MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.”
[58] ARTÍCULO 176. “APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
[59] ARTÍCULO 187. “APRECIACION DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
[60] Ver sentencias C-243 de 2001 y T-1066 de 2007; M.P.R.E.G..
[61] Folios 45-63, Cuaderno de primera instancia.
[62] Folio 44, Cuaderno de primera instancia.
[63] Folios 70-71, Cuaderno de primera instancia.
[64] Folios 79-81, Cuaderno de primera instancia.
[65] Ver la sentencia T-658 de 2008, M.P.H.A.S.P..
[66] El objeto del Sistema General de Pensiones está definido en el artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
[67] Ver las sentencias C-1176 de 2001, M.P.M.G.M.C.; C-002 de 1999, M.P.A.B.C.; y C-1094 de 2003, M.P.J.C.T..
[68] Sentencia T-431 de 2011. M.P.J.I.P.C..
[69] Sentencia T- 957 de 2010. M.P.H.A.S.P..
[70] Ver Sentencia t-597 de 2013; M.P.J.I.P.C..
[71]Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-941 de 2005, M.P.C.I.V.H.; T-595 de 2006, M.P.C.I.V.H.; y T-674 de 2010, M.P.J.I.P.C..
[72] En la declaración juramentada que obra a folio 97 del Cuaderno Principal, consta que en la ciudad de Maracaibo, el 14 abril 2014 compareció ante el cónsul de Colombia en aquella ciudad, la señora A.J.A.G. identificada con Cédula de Ciudadanía 22417008, quien manifestó no saber firmar. En este orden de ideas, a pesar de que la declaración no está suscrita, la autoridad dio fe pública de que quien compareció a rendir la declaración extra proceso fue la señora A.G.. Por lo tanto, la Sala considera que la declaración debe ser tenida como prueba válida en este proceso.
[73]Ver sentencia C-1033 de 2002, M.P.J.C.T., reiterada por la sentencia C-029 de 2009, M.P.R.E.G..
[74] No. 06859914 del 23 de enero de 2011, registrado en la Notaría 10 de Barranquilla.
[75] Folio 74, Cuaderno de primera instancia.
[76] Folio 97, Cuaderno de primera instancia. En el mencionado documento consta que en el consulado de Colombia en Maracaibo se verificó la identidad de A.J.A.G., por lo tanto la declaración extra proceso es válida a pesar de que la señora manifestó no saber firmar.
[77] Folios 45-63, Cuaderno de primera instancia.
[78] Folios 79-81, Cuaderno de primera instancia.
[79] Sentencia T-770 de 2012; M.P.J.I.P.C..
[81] Ver sentencias C-531 de 2000, M.P.Á.T.G., y T-551 de 2011, M.P.J.I.P.C..
[82] Sentencia C-401 de 2003, M.P.Á.T.G..
[83] “Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad.
PARÁGRAFO. Las normas sobre vulneración de los derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de los derechos contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea pertinente y adecuado a la situación de estas.”
[84] ARTÍCULO 96. “AUTORIDADES COMPETENTES. Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código.
El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”
ARTÍCULO 97. “COMPETENCIA TERRITORIAL. Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional.”
ARTÍCULO 98. “COMPETENCIA SUBSIDIARIA. “En los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía. (…)”
ARTÍCULO 99. “INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. “El representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente.
Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente. (…)”
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 30987 de 16 de Septiembre de 2009

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 411
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 416
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 52
 artículo 138
 artículo 47
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 228
 artículo 29
 artículo 150
 artículo 40
 artículo 165
 artículo 176
 artículo 187
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 2
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 2
 ARTÍCULO 165
 ARTÍCULO 176
 ARTÍCULO 187
 artículo 10
 ARTÍCULO 96

ARTÍCULO 97

ARTÍCULO 98

ARTÍCULO 99