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Timestamp: 2017-03-27 06:03:09+00:00

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Publicado en BOIB núm. 30 de 02 de Marzo de 2004
Colaboración de la Intervención General de la Comunidad Autónoma en los planes de control de fondos comunitarios
Disposiciones relativas a las normas de adecuación al régimen jurídico de la Ley 38/2003
Comisión de seguimiento de la aplicación de la legislación de subvenciones
El próximo 19 de febrero entrará en vigor la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta norma aspira a regular el régimen general de las subvenciones aplicable a todas las administraciones públicas, con la finalidad de dotar la regulación de un marco jurídico mínimo homogéneo en todas las administraciones. En cuanto al ordenamiento de las Illes Balears en esta materia, la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, según el artículo 1 «tiene por objeto determinar el régimen jurídico de las subvenciones cuyo establecimiento o gestión correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma o a las entidades públicas dependientes de ellas».
En este sentido, la incidencia que pueda tener la Ley 38/2003 sobre la Ley 5/2002 se manifiesta en tres aspectos. En primer lugar, la disposición final primera de la Ley estatal la configura como legislación básica en aquello que se refiere a las siguientes materias: los elementos subjetivos y objetivos de las subvenciones; el régimen de coordinación de la actuación de las diferentes Administraciones públicas; ciertas normas de gestión y justificación de las subvenciones; la invalidez de la resolución de concesión; las causas y los obligados a reintegrar las subvenciones; el régimen material de las infracciones y las reglas básicas reguladoras de las sanciones administrativas en este ámbito. Se debe indicar que todas las materias citadas son tratadas por la Ley 5/2002.
En segundo lugar, la Ley 38/2003 establece en la disposición transitoria primera un plazo de un año para realizar la adecuación de las normas reguladoras de subvenciones al nuevo régimen común que establece, y a este efecto señala que, si una vez transcurrido el plazo de un año no se ha procedido a esta adecuación, la Ley «será de aplicación directa».
En tercer lugar, la disposición transitoria segunda de la Ley 38/2003 establece un régimen transitorio para determinar el régimen jurídico aplicable a los distintos procedimientos relacionados con la Ley: concesión de subvenciones, control financiero, reintegro, revisión de actos y régimen sancionador.
Como consecuencia de lo expuesto, deben establecerse unos criterios mínimos para coordinar la actuación de los centros gestores en materia de subvenciones a partir de la entrada en vigor de la Ley 38/2003, sin perjuicio de las futuras adaptaciones de la normativa de la Comunidad Autónoma a sus normas a lo largo del plazo señalado de un año desde el 19 de febrero de 2004.
Vistas las consideraciones anteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 9 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dicto la presente
El objeto de la presente Instrucción es establecer criterios de actuación dirigidos a los órganos gestores para determinar cual es el régimen jurídico que deben entender aplicable en los distintos procedimientos en materia de subvenciones a partir del día 19 de febrero de 2004, así como para aclarar ciertos aspectos relativos al régimen sancionador, hasta que se apruebe la normativa autonómica de adecuación a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 38/2003, la determinación de las normas aplicables a los procedimientos de concesión de subvenciones se llevará a cabo según los siguientes criterios:
a) Los procedimientos de concesión iniciados de oficio, o a solicitud de persona interesada, antes del día 19 de febrero de 2004, se rigen por la normativa vigente anterior.
b) En los procedimientos de concesión iniciados después del 19 de febrero de 2004, se debe distinguir dos situaciones:
- Si se inician una vez aprobada la normativa de adecuación de la Comunidad Autónoma, tienen que regirse por dicha normativa.
- Si se inician cuando todavía no se haya aprobado la normativa de adecuación, tienen que regirse por la normativa vigente anterior. Este régimen no se verá desplazado por la entrada en vigor de la normativa posterior de adecuación del procedimiento.
2. Asimismo, mientras la Comunidad Autónoma no adopte las normas posteriores de adecuación del procedimiento de concesión, deben aplicarse las normas de la Ley 5/2002 y las que el Gobierno apruebe por decreto para desarrollarla.
En materia de control financiero de subvenciones, la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha de ajustar su actuación a partir de la fecha citada a aquello que disponen los artículos 45 y 46 de la Ley 38/2003 en cuanto al control financiero de ayudas y subvenciones comunitarias y a la obligación de colaboración a cargo de las personas beneficiarias, de las entidades colaboradoras y de terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención o de su justificación.
Cuando entre en vigor la Ley 38/2003, la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha de coordinar sus actuaciones de control con la Intervención General de la Administración del Estado por lo que se refiere a la elaboración del Plan anual de control del FEOGA-Garantía y del Plan anual de control de fondos estructurales y de cohesión en los términos previstos en el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003.
1. De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la disposición transitoria segunda de la Ley 38/2003, el régimen sancionador aplicable cuando entre en vigor la Ley 38/2003 debe regirse por las normas que sean más favorables a los sujetos infractores mientras la Comunidad Autónoma no adopte las normas de adecuación en esta materia.
Al efecto de lo dispuesto en el apartado anterior, las normas de la Ley 38/2003 que deben tenerse en cuenta son las que se califican como básicas. En concreto, los artículos 52-59, 65 y 67-69.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y mientras la Comunidad Autónoma no adopte las normas de adecuación respectivas, las sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años. Asimismo, las sanciones no pecuniarias a que se refiere el artículo 47 de la Ley 5/2002 sólo serán aplicables a las infracciones graves y muy graves.
3. A partir del 19 de febrero de 2004 serán aplicables los supuestos de extinción de responsabilidad previstos en el artículo 54 de la Ley 38/2003.
1. Los criterios de interpretación de la legislación sobre subvenciones contenidos en la presente Instrucción deben aplicarse con carácter provisional mientras la Comunidad Autónoma no apruebe las normas de adecuación a la Ley 38/2003, y, en su caso, deben interpretarse de conformidad con éstas.
2. Al efecto de lo dispuesto en la presente Instrucción, la referencia o la remisión a las normas o a la normativa de adecuación debe entenderse hecha a la Ley 5/2002 y a las normas reglamentarias dictadas por el Gobierno que la desarrollen.
3. La adaptación posterior de las bases reguladoras de las subvenciones deberá ajustarse a las normas citadas en el párrafo anterior.
4. Teniendo en cuenta lo expuesto y con la finalidad de garantizar su aplicación uniforme y general, la especificación, la modificación o la introducción de nuevos criterios de interpretación referentes al objeto de la presente Instrucción requerirá su aprobación formal mediante una instrucción, previa consulta a la comisión de seguimiento que debe constituirse en los términos previstos en el punto séptimo de la presente Instrucción.
5. Cualquier modificación de las órdenes reguladoras de las bases de subvenciones dictadas antes de la Ley 38/2003 requerirá igualmente la consulta previa a la comisión de seguimiento.
Con el objeto de ejercer la labor de coordinación y supervisión de la aplicación del régimen jurídico de la Ley 38/2003 según los criterios expuestos en la presente Instrucción, se constituirá una comisión de seguimiento formada por dos miembros de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y dos miembros de la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
La presente Instrucción es aplicable a los procedimientos y actuaciones de los órganos gestores de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas dependientes, desde el día de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 47
 artículo 54