Source: http://amnis.revues.org/2052
Timestamp: 2017-07-20 16:47:36+00:00

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Sobre las perspectivas inmediatas. Haut de page
1En mi presentación pretendo ofrecer algunos elementos de análisis acerca del proceso de ejercicio del derecho a autodeterminación de Catalunya (presentado como «derecho a decidir»), abierto formal y solemnemente a partir de la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya adoptada el 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya. 1 Sólo en la historia constitucional reciente y ciñéndonos al caso catalán, habría que referirse al (...)
3 En efecto, me permito recordar que ese punto de inflexión de lo que podríamos llamar «proceso de nacionalización»2 –orientado hacia la autodeterminación–, fue criticada de forma más que provocadora por el Ministro de Educación del Gobierno Rajoy en unas declaraciones a TeleMadrid, en octubre de 2012, donde afirmó que la escuela catalana «adoctrinaba en el independentismo», esto es, que el sistema de enseñanza en Cataluña estaba supuestamente diseñado para construir una propuesta política de largo alcance y carácter independentista. Esa afirmación dio lugar a su vez a una réplica de la consellera de educación de la Generalitat, que le acusó de querer «españolizar» a los niños catalanes. La polémica llegó al Congreso de los Diputados donde Wert, ante la pregunta de un diputado del PSC sobre ese cruce de declaraciones, reafirmó su pretensión de «españolizar a los niños catalanes»3. 4 Que la escuela ha sido, históricamente, el principal agente de socialización nacional es un tópico (...)
6Por supuesto, entiendo que el propio enunciado de la cuestión en los términos que acabo de utilizar es susceptible de importantes matizaciones e incluso de un planteamiento de alcance radicalmente diferente. Y justamente lo que me interesa discutir en las páginas que siguen son precisamente esas matizaciones o interpretaciones. A esos efectos, utilizaré sobre todo las perspectivas propias de la argumentación jurídica y constitucional y de la filosofía política, que me parecen particularmente útiles en el análisis del texto de la Declaración del Parlament de Catalunya de 24 de enero de 2013, sobre todo para poner de manifiesto no pocas falacias y trampas argumentativas de los diferentes planteamientos presentes en el debate. 8 Fatiga tener que recordar que la noción de Verfassungspatriotismus acuñada por el primero ya en 19 (...)
8Pero antes de pasar al análisis de la configuración del derecho a decidir y la soberanía del pueblo de Catalunya, tal y como se enuncian en la Resolución 5/X del Parlament, conviene precisar que todo lo anterior debe ser sometido, a su vez, a dos precisiones que considero de la mayor importancia. 9 Utilizo la conocida noción propuesta por Merton y desarrollada sobre todo por Aubert, Eckhoff y Se (...)
9En primer lugar, a mi juicio, en este debate (como por lo demás en toda discusión de esta clase) es imperativo tener presente la contextualización, sobre todo porque, a mi modo de ver, es eso lo que permite entender una de las ‘funciones latentes’9 del proceso abierto con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012, esto es, la búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica. 10Dicho de otro modo, no se puede olvidar o minusvalorar el hecho de que el planteamiento de la propuesta de autodeterminación se formula precisamente ahora, en el contexto de unas políticas de respuesta a la crisis cuyas consecuencias (que no sólo la crisis en sí) son devastadoras azota en los países del Sur de Europa. Desde luego, en Catalunya y en el resto de España. Me refiero a las «recetas» impuestas por la troika y muy en particular por los intereses de Alemania, que están suponiendo el desmantelamiento de los elementos básicos del Estado del bienestar, desde el acceso al empleo y la cobertura frente al desempleo, al reconocimiento y garantía de la universalidad de derechos sociales, del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a un sistema de seguridad social que cubra los riesgos de los más vulnerables (enfermos, ancianos, discapacitados, étc). Una política de recortes (denominados reformas) que en Catalunya ha sido particularmente dura bajo la corta andadura del primer Gobierno Mas, que acabó en una convocatoria de elecciones anticipadas supuestamente como consecuencia del impulso de exigencia nacional formulado en la manifestación del 11 de septiembre de 2012 – «Catalunya, un nou Estat a l’UE»-, pero seguramente también (quizá, sobre todo) por la pérdida de legitimidad y adhesión que provocaron esas políticas entre el electorado catalán. Eso no quiere decir que intente sustituir el eje nacional (nación, minoría nacional o pueblo, ya intentaré precisarlo luego) por el eje de clase: aunque estoy básicamente con Balibar y Wallerstein al respecto y, en otra medida, con la interpretación compleja ofrecida por Castel a propósito de los disturbios de 2005 en Paris, es cierto que, como insiste Ruiz Vieytez, este debate sobre el derecho de autodeterminación no se puede resolver sólo ni aun prioritariamente en los términos de derecha-izquierda.
11La segunda consideración se refiere a lo que considero un error mayúsculo en el planteamiento de las dos partes enfrentadas en el debate. Se trata de la obsesión por un modelo de soberanía y de sujeto político que, a todas luces, están superadas en este segundo decenio del siglo XXI. Ambas partes parecen ancladas en un concepto de soberanía que hoy es una categoría zombie10, porque la soberanía en un mundo global ya no puede basarse en Bodin y Hobbes. La soberanía no es ya un atributo del Estado nacional, ni aun del Estado. Y eso es así en el orden político y en el económico y aún más en el espacio de la UE. Esa es, a mi juicio, el lastre que subyace a lo que podríamos denominar la posición «irreductible» del Gobierno Rajoy, empeñada en una interpretación formalista y super-rígida de la Constitución de 1978 (en particular de los artículos 1.2 y 2), pero también a lo que calificaré como nacionalismo victimista y retrorromántico, el que se enuncia en la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. 11 A ese respecto, sigo considerando muy útiles las consideraciones de Imre Bokatola sobre el marco o (...)
13Por lo que se refiere al proceso que se sigue en Catalunya a partir de la diada de 2012, lo menos que se puede decir, a mi juicio, es que todos parece indicar que está dominado por una ambigüedad que no se muestra sólo ni fundamentalmente como un elemento estratégico, sino como el fruto de un déficit de comprensión de los términos de la cuestión y, en particular, de las nociones de soberanía y derecho de autodeterminación, ligadas a su vez a otro concepto intrincado, el de pueblo que, si ya es complejo desde el punto de vista de la historia y la teoría políticas, resulta particularmente polémico en el Derecho internacional. 14Dejemos de lado por el momento la cuestión de la soberanía, cuyo carácter, obviamente, supera las consideraciones de orden técnico-jurídico. Volveré más tarde sobre la cuestión. En ese sentido técnico-jurídico, si se me permite expresarme así, el punctum dolens más obvio y, al mismo tiempo, quizá no tan difícil de resolver, es lo que se refiere a la presentación del pueblo de Cataluña como sujeto del derecho de autodeterminación. Creo que aquí debemos abordar dos problemas, dos interrogantes. 15La primera cuestión tiene que ver con la ambigüedad en torno a la apelación a dos derechos, el derecho a la autodeterminación y el «derecho a decidir», algo que tiene precedentes en el proceso vivido en Euskadi en torno al denominado ‘proyecto Ibarretxe’. Debemos esclarecer si nos hallamos ante dos derechos diferentes y, sobre todo, si el derecho de autodeterminación tiene encaje en el ordenamiento jurídico español aunque fuese por la vía de la incorporación de determinados instrumentos jurídicos internacionales en nuestro Ordenamiento, a través de la remisión que realiza la propia Constitución en su artículo 13. 16La segunda, que entraña el riesgo de desbordar lo técnico-jurídico para adentrarnos en la antropología cultural –si no en la épica–, no es de suyo una cuestión novedosa. De hecho, se plantea siempre que se ha discutido la creación de un Estado-nación, aunque ahora contamos con cierto asidero jurídico internacional, al que también habrá que referirse. Me refiero a la pregunta relativa a si podemos hablar con fundamento del «pueblo de Cataluña» como sujeto equiparable a los pueblos reconocidos como sujetos en el Derecho internacional y, en el marco jurídico español, como sujeto distinto del «pueblo español». Derecho a decidir, derecho a la autodeterminación
18Pero volvamos al derecho a la autodeterminación. Aunque pueda parecer otra cosa, la respuesta que encontramos en el Derecho internacional, como veremos, dista de ser unívoca y sencilla, pues su recorrido pasa desde el enunciado inicial y declamatorio de los artículos 1 y 55 de la Carta de la ONU, a su consideración como principio clave del proceso de descolonización (Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de 1960 que precisan qué pueblos son sujetos del derecho de autodeterminación, hasta ser enunciado como un derecho universal de todos los pueblos, en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 que extiende este derecho al ámbito de la consecución de gobiernos representativos. Y por tanto se perfila como derecho de todos los pueblos, tal y como formuló la Corte internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el Sáhara occidental (16 de octubre de 1975), al definir este derecho como un derecho colectivo del que son titulares todos los pueblos. Su carácter polémico se pone de manifiesto más recientemente en el Avis consultatif del Tribunal Internacional de Justicia en lo que se refiere al caso Kosovo14. Que rompería abiertamente con el principio que en principio supondría el otro polo de tensión, el de la integridad territorial del territorio del Estado. 15 A ese respecto, es importante tener en cuenta la resolución de la Comisión africana de derechos hu (...)
20Por descontado, no pretendo resolver en estas páginas una cuestión tan intrincada como la del derecho a la autodeterminación, a la que se dedican bibliotecas enteras. Como es lógico, mi interés se ciñe a la pertinencia de la reivindicación de este derecho en relación con el proceso que se vive hoy en Catalunya y en España. 18 Cfr su excelente artículo, «Sobre el pretendido ‘derecho a decidir’ en el Derecho internacional co (...)
21Pues bien, a mi juicio, la interpretación más correcta –y la que permite solventar de forma más razonable la dificultad a la que nos enfrentamos– sobre la aplicabilidad en el caso que nos ocupa del derecho a la autodeterminación reconocido por el Derecho internacional público, es la que recuerda en su último trabajo publicado el profesor Carrillo Salcedo18. Es imposible negar que existen otras interpretaciones pero, como se verá, tiene un fundamento sólido en interpretaciones autorizadas de instituciones internacionales: por ejemplo, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su Observación general número 21, de 1996, Recomendación general Nº XXI relativa al derecho a la libre determinación»19 y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, en el informe «Autodeterminación y secesión en Derecho constitucional», hecho público el 12 de enero de 200020. 21 El punto de referencia más interesante (no el único, pues hay que arrancar de la mención en la Car (...)
24 La interpretación desde la posición soberanista catalanista, evidentemente, consiste en la aplicabilidad de la dimensión de autodeterminación externa. En realidad, quienes defienden esta posición entienden que el proceso de secesión sería, sin más, un paso lógico, una consecuencia de la afirmación de la especificidad cultural de Catalunya: la identificación en términos de identidad entre nación cultural y pueblo como sujeto político, esto es, la reivindicación de que Catalunya es un sujeto político soberano, como lo quería la propuesta inicial de declaración formulada por CiU y ERC, que literalmente sostenía: «Declaració de sobirania del poble catalá: D’accord amb la voluntat expressada democráticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda declarar la sobirania democrática del poble de Catalunya como a subjecte polític i jurídic, iniciant el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir com a plasmació del dret a autodeterminació dels pobles i fer efectiva la voluntat de constituir Catalunya en un nou Estat dins el marc Europeu d’acord amb els principis següents…»23. Se trata de un propuesta soberanista en el sentido fuerte, que implica la secesión de España, pues, tras afirmar la condición de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Catalunya, afirma la voluntad de emprender un proceso encaminado a constituir a Catalunya como «nuevo Estado dentro de la UE» (el mismo lema de la diada de 2012), a través de una convocatoria para el ejercicio del derecho a decidir, entendido como una concreción del derecho a la autodeterminación de los pueblos24. 25 Ese es un matiz que me veo obligado a emplear: en rigor se trata de construir, no de recuperar, pu (...)
26Por su parte, la propuesta de enmienda de IC-Els Verds se apartaba de la propuesta soberanista al no incluir como objetivo expreso la constitución de un Estado propio, pero afirmaba la necesidad de una consulta para hacer efectivo el «derecho a decidir», entendido asimismo como «plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos»26. 27 Conviene recordar que la proposición de los socialistas de Catalunya no fue apoyada por todos los (...)
30Pese a interpretaciones que legan las referencias en el Preámbulo de la Constitución a «los pueblos de España» (Viciano, Ruiz Vieytez), me parece un ejercicio de funambulismo sostener que esos pueblos están reconocidos como sujetos políticos constitucionales, algo que se reserva al «pueblo español», a todas luces. Eso no significa que el pueblo de Catalunya no pueda aspirar a su calificación como pueblo en el sentido del Derecho internacional: tiene todos los requisitos: concentración territorial, unidad lingüística, tradición cultural…y puede tener el más importante, la manifestación libre y democrática por parte de sus ciudadanos de tal condición en el sentido político, a través de una consulta ad hoc. 28 Cfr. «Autodeterminación y derecho a decidir: reflexiones desde el derecho internacional», Agenda P (...)
33En definitiva, también a mi juicio, la Declaración se sustenta en una falacia argumentativa bien conocida, la falacia de circularidad o petitio principii (autorreferencialidad), además de implicar dos non sequitur desde el punto de vista jurídico (tanto de Derecho constitucional como de Derecho internacional). 30 Aunque la lectura del clásico Comunidades imaginadas de B.Anderson (Imagined Communities: Reflecti (...)
34La falacia primordial reside en la confusión entre la experiencia histórica y la legitimidad política democrática, una cuestión que, en opinión de no pocos, lastra la correcta comprensión de los denominados derechos históricos30, muy en particular por lo que sucede a ese respecto en el texto de la Constitución española de 1978. Para que un proyecto sea legítimo en democracia no basta con alegar la existencia de una tradición, sino que es necesario probar su adecuación a los criterios de legitimidad democrática, que comienzan por el respeto y garantía de los derechos humanos en términos de igualdad (o egalibertad, como propone Balibar) y continúan por el respeto al principio jurídico básico de autonomía individual y su corolario, que es el principio de que la soberanía reside en la libre decisión de los ciudadanos constituidos como soberano. Es ese el sentido o la interpretación que permite reconciliar soberanía popular y soberanía democrática, algo que, por el contrario, como sabemos, resulta enormemente complicado si nos referimos a la noción de soberanía nacional. En efecto, la noción de «soberanía nacional» evoca como sujeto político no al demos que resulta de la libre decisión de todos y cada uno de los ciudadanos gracias al Derecho, esto es, a la supremacía de la ley entendida como expresión de la soberanía popular( como explica Ferrajoli), sino al pueblo entendido como nación, esto es, como sujeto etnocultural. Dicho en plata: aunque Catalunya, Euzkadi o Navarra hayan gozado de una experiencia política de autogobierno –experiencia que en ningún caso, según resulta indiscutible en términos de hechos históricos, ha sido la de Estado31–, eso no es razón legítima suficiente para sostener que tienen Derecho a construir un Estado (insisto, no a recuperarlo). 32 Recordemos que el artículo 1.2 establece: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del (...)
37Respecto a los dos seudosilogismos o razonamientos inconsecuentes (non sequitur) jurídicos, me parece sencillo argumentar ese tipo de error lógico. En primer lugar, sucede que en la Declaración aprobada el día 23 de enero de 2013 se enuncia un «principio de legalidad» (el 7º) que resulta absolutamente inconsecuente, puesto que en realidad se contraponen distintas legalidades: al menos la «española» y la «internacional»33. Esto supone una interpretación inédita de ese principio de legalidad, pues parece implicar que si no viene bien una legalidad se utilizará otra…lo que comporta ignorar que incluso en un sistema jurídico complejo hay una sola legalidad, que integra y articula los órdenes jurídicos de diferente plano (por ejemplo, el comunitario, el estatal y el autonómico en el caso español). 38Además, siguiendo las reglas elementales de la lógica, la carga de la prueba respecto a la inviabilidad de esas alternativas de reforma en términos de su adecuación al proyecto de pleno desarrollo de la identidad cultural reside obvia y prioritariamente en quien niega. Y aunque no creo que podamos discutir que no sería superfluo que quienes sostienen la tesis de la integración política (constitucional) del pleno reconocimiento de la especificidad cultural, proporcionen razones que permitan sostener esa tesis, lo cierto es que la argumentación de la imposibilidad de atender a esa reforma no parece concluyente, tal y como es presentada en el texto del preámbulo, como trataré de argumentar más específicamente enseguida. 39Pero es que hay otra inconsistencia argumentativa jurídica. Me refiero a la falacia de circularidad o, aún más claramente, la pura y simple petitio principii, que se reproduce a la hora de enunciar el primer principio de la Declaración, el «principio de soberanía» que ampararía esta definición: «El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democrática, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirá». Lo que encontramos aquí es que se enuncia como principio justamente aquello que se debía demostrar, basándose en la expresión mayoritaria del pueblo en las elecciones al Parlament en noviembre de 2012, que habrían dado como resultado una mayoría parlamentaria de los partidos que incluían en su programa el «derecho a decidir». 40En todo caso, el argumento más fuerte de la Declaración es el que vincula democracia y derecho a decidir. Porque hay que reconocer el peso argumentativo del enunciado que propone que si algo significa democracia es que todos y cada uno de los ciudadanos tienen el derecho a ser consultados, el derecho a decidir. A mi juicio, en efecto, parece muy difícil negar que en términos de legitimidad democrática está plenamente justificada la pretensión de consultar a los ciudadanos para que éstos ejerzan su «derecho a decidir». Ahora bien, eso no explica ni el ‘qué decidir’, ni el ‘quién’ (el sujeto de ese ejercicio del derecho a decidir), ni el cómo. Y las tres son cuestiones clave.
41Por eso creo que, cuando en la Declaración se alega que el derecho a decidir es manifestación de la democracia tout court, sin condiciones, se incurre en un argumento circular. Es lo mismo que asegurar que decidimos solo nosotros y queremos decidir que somos el soberano (absoluto, conforme a una noción propia de las tesis de Bodin o Hobbes), por la única y exclusiva razón de que somos el soberano y por ende no admitimos ni podemos admitir ninguna otra soberanía por encima de la mía, porque en caso contrario no seríamos el soberano. Así planteado, el derecho a decidir supone que se ha decidido antes de tomar la decisión. Basta con adherirse al derecho a decidir previo a cualquier negociación para que se convierta automáticamente en la decisión misma. 42Aún más, semejante planteamiento que parece invocar una extensión analógica del concepto de derecho de autodeterminación, basándose, como hemos visto, en la Opinión Consultiva de la CIJ en el caso Kosovo, plantea dos dificultades. La primera, que ese planteamiento se desliza por la pendiente resbaladiza de la regressio in infinitum: por qué no reconocer ese derecho también a los ciudadanos araneses contemplados en el Estatut de Catalunya como un pueblo específico? Y a los de la Terra obviamente se podrá alegar que la respuesta estriba en la existencia de pueblo, pero es que una vez admitida la interpretación extensiva que se encuentra en el mencionado avis consultatif, es posible prescindir de la definición canónica del término en Derecho internacional. La segunda y esto es a mi juicio más importante, hay una inconsecuencia respecto al marco político del Estado español sobre el que se descarta negociación, es decir, de la Constitución española de 1978. Ha de tenerse en cuenta que la legalidad e incluso la legitimidad democrática de la propia Generalitat de Catalunya y de su ordenamiento jurídico trae causa de la Constitución. La toma de posición que considera ese marco irrelevante o, al menos prescindible, parece un apriorismo sin justificación (un prejuicio) puesto que, por definición, el marco de legitimidad democrática es la Constitución española que, de suyo (pese a lo que se sostiene en los mencionados artículos 1.2 y 2), es modificable, por más que las condiciones de modificación permitan hablar de un modelo rígido. Por tanto, antes de denunciar que ese marco cierra toda posibilidad de reconocimiento y, sobre todo, si se pretende negociar el marco y no simplemente romper con él, cabría (aún más, debería) explorar las posibilidades de reconocimiento de la identidad cultural y de los derechos políticos derivados supuestamente de tal identidad, sin necesidad de afirmar como ineludible la ruptura con el Estado. Por ejemplo, mediante un modelo constitucional federal o incluso confederal. 43Todo ello permite sostener que parece difícil apostar por una vía democrática si eso supone situarse al margen o incluso en contra de lo que impone el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad, que en nuestro caso es legalidad democrática y constituyente del estado, razón de ser y justificativa de cuantos poderes e instituciones nacen del marco constituyente (obviamente, de la actual Generalitat de Catalunya). En efecto, por muchos antecedentes históricos que se aleguen, ésta surge como institución democrática de ese proceso constituyente, de esa Constitución. Esa es obviamente la legitimidad democrática en la que se apoya, que es legitimidad legal, en el sentido de la vieja tipología weberiana, pero reforzada, pues esa legalidad surge del refrendo del pueblo (que muy mayoritariamente respaldó la Constitución: también en Catalunya, a diferencia de Euskadi). Ese es obviamente el punctum dolens de la polémica, puesto que a ese razonamiento se opone la tesis de que preexsite o coexiste otra fuente de legitimidad, que no es legal, porque no se ha manifestado como ley, pero sería «más democrática», la del pueblo catalán. 44En todo caso, lo que subyace es un dilema de fondo, mal resuelto a mi juicio porque está mal planteado. Se trata de saber si debe prevalecer la «voluntad política colectiva» –por cierto, el Preámbulo habla de ‘voluntades colectivas’ (¿ !)– a la que parece hacer referencia el «derecho a decidir», presentado así como exigencia democrática que no puede ser condicionada de ningún modo, o el respeto a la legalidad (la Constitución española) de la que extrae su legitimidad las instituciones autonómicas en el caso de Catalunya. 34 Cfr. Por ejemplo el excelente artículo «Legalitat y Legitimitat» del profesor Sagarra Trías.
Sobre las perspectivas inmediatas. 36 «Un referéndum para Cataluña», El País, 12 de octubre de 2012.
11 A ese respecto, sigo considerando muy útiles las consideraciones de Imre Bokatola sobre el marco onusiano de los derechos de las minorías y en particular su noción de etnodesarrollo y el análisis de A Spilipiolou-Akermak sobre la jurisprudencia internacional comparada. 12 Cfr. Eduardo Ruiz Vieytez, «Réflexions sur la nature de l’autodétermination de la perspective des droits de l’homme», Les Cahiers du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité (CRIDAQ), nº 3, 2012. Entre la amplia aportación del mismo autor sobre estos problemas pueden consultarse Eduardo Ruiz Vieytez. (2003), «El Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales», en el colectivo dirigido por Felipe Gómez Isa, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Humanitarian Net, Bilbao, pp. 513-546. También, Eduardo Ruiz Vieytez. (2008), «Minorías, nacionalidades y minorías nacionales. La problemática aplicación en España del Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales», Revista Vasca de Administración Pública, nº 82. Y el más reciente Eduardo Ruiz Vieytez. (2013) «España y las minorías nacionales: ¿un matrimonio imposible? una crítica desde Europa». 13 Entre quienes se pronuncian en ese sentido, cfr. Javier Martínez, «El derecho a decidir: historia de una idea», Bake hitzak, nº 79, diciembre 2010, pp. 12-14. En ese artículo se afirma que el derecho a decidir es «un quiebro retórico que permite referirse al derecho de autodeterminación tangencialmente». Más problemática me parece su tesis, que vincula este derecho con el decisionismo de Schmitt y con el atributo de soberanía tal como es formulado por el formidable y filonazi jurista alemán que vincula soberanía y estado de excepción porque es ahí donde se manifiesta la quintaesencia de la autoridad del Estado: «Esa autoridad consiste precisamente en el derecho y la capacidad que el Estado tiene de decidir más allá de la norma jurídica…la decisión fundamental es la que establece la distinción entre amigo y enemigo». 14 Cour internationale de Justice. Avis consultatif 22 juillet 2010. Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo . Cfr. por ejemplo el colectivo editado por la profesora Alegría Borrás, La independencia de Kosovo ante la Corte Internacional de Justicia, Madrid, Marcial Pons, 2011. En particular, es interesante la interpretación de EJ Ruiz Vieytez 2012 citado, de la que, como se verá, discreparé en este trabajo.
27 Conviene recordar que la proposición de los socialistas de Catalunya no fue apoyada por todos los dirigentes del PSC, hasta producirse un nuevo riesgo de fractura por parte del sector «catalanista». La propuesta dice así: «El Parlament de Catalunya,
33 Expresamente se dice que «S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret a decidir». 34 Cfr. Por ejemplo el excelente artículo «Legalitat y Legitimitat» del profesor Sagarra Trías.
36 «Un referéndum para Cataluña», El País, 12 de octubre de 2012.Haut de page
Javier de Lucas, « Algunas falacias y errores en el debate sobre el derecho a decidir y la declaración de soberanía de Catalunya », Amnis [En ligne], | 2013, mis en ligne le 20 novembre 2013, consulté le 20 juillet 2017. URL : http://amnis.revues.org/2052 ; DOI : 10.4000/amnis.2052Haut de page
Instituto de derechos humanos, Universitat de València, España, Javier.de-lucas@uv.es, Javierdelucas1@gmail.comHaut de page
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