Source: https://www.scribd.com/doc/152972152/Silabus-Derecho-Constitucional
Timestamp: 2016-02-14 05:29:23+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Silabus Derecho ConstitucionalSilabus Derecho Constitucional|Views: 44|Likes: 0Published by Magdalena PazMore info:Published by: Magdalena Paz on Jul 10, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/152972152/Silabus-Derecho-Constitucional07/04/2014pdftextoriginalI UNIDAD EL DERECHO CONSTITUCIONAL PRIMERA SESIÒN CONCEPTO.- Es una parte del Derecho Público Interno, coordina y sistematiza los principios, normas e instituciones positivas; que regula la organización y funcionamiento de los Órganos del Estado; que protege y garantiza la libertad de la persona humana. DOMINGO GARCIA BELAUNDE.- El Derecho Constitucional puede considerarse como aquel que estudia las normas generales, escritas o consuetudinarias que regulan la actividad del Estado, así como la relación entre gobernantes y gobernadas. CONTENIDO: El Derecho Constitucional se ocupa de: 1. La organización jurídica del Estado 2. Derechos de la persona 3. La relación del Estado y sus Instituciones 4. La estructura gubernamental El funcionamiento de los Órganos del Poder 5. El régimen de elecciones Al propagarse las constituciones escritas como consecuencia de la revolución francesa, en 1789, surge la necesidad de una ciencia especializada. El Derecho Constitucional nace en los últimos años del siglo XVIII. Las universidades italianas crearon la cátedra de Derecho Constitucional. En 1834 la Facultad de Derecho de París, enseña Derecho Constitucional. Años después, su
denominación fue cambiada por la de Derecho Político; después restableció la denominación primitiva a comienzos del último cuarta de siglo. En Gran Bretaña y EE.UU. se puso en vigor el Derecho Constitucional, visto como Derecho del Estado, a través del estudio de las Instituciones Publicas. Por razones de METODO, el Derecho Constitucional se divide en General y Comparado. El primero se ocupa de las notas comunes a todo Estado y el Derecho comparado, estudia las Constituciones que tienen mayor importancia por su carácter típico, poniendo de relieve las singularidades y señalando las analogías y las diferencias. El nombre de Derecho Constitucional proviene de la práctica inaugurada de los EE.UU. en 1787 y más tarde en Francia en 1791 y generalizada después, que consiste en reunir las reglas de Derecho relativas a los órganos esenciales del Estado: Parlamento, Gobierno, Elecciones, etc en un texto solemne llamado CONSTITUCIÒN. No todas las reglas de las instituciones están contenidas en la Constitución; “se encuentran también en las leyes ordinarias, en los Decretos, Reglamentos del Gobierno, en las órdenes de los Ministros y las autoridades locales; en los principios generales de Derecho”. Las ciencias que han afectado grandemente nuestro sistema de vida, en forma destacada fueron las CIENCIAS JURIDICAS y dentro de ellas, el Derecho Constitucional. Nacido en el siglo XIX con el liberalismo político, Todo grupo social, una vez que ha alcanzado sistematización estable, produce una INSTITUCIÒN, es decir, un ENTE, que se presenta, por sí, en todo elemento, como jurídico; (organización o cuerpo social) El Derecho Constitucional como disciplina es sumamente joven. Con la instauración de la Constitución de EE.UU. de América se inicia el estudio de la Constitución (principista, en este caso era la norma que surgía para establecer
que, los que mandan en una comunidad política no son los Jefes ni los gobernantes, sino las LEYES. La Constitución envuelve la idea de que ella es la que debe mandar y no los hombres, que en última instancia son instrumentos para ejecutar este texto legal.
UBICACIÒN CIENTÌFICA El DERECHO es uno. Por razones didácticas para mejor comprensión, establecemos divisiones. En la clasificación de las Ciencias Jurídicas, el DERECHO CONSTITUCIONAL tiene ubicación como rama del Derecho Público Interno; pero más que una rama, es basamento de toda la estructura jurídica del Estado.C I E N C I A S J U R I D I C A S D. Constitucional INTERNO D. Administrativo D.Tributario D.Penal PUBLICO D. Proc. Civil D. Proc. Penal D. Privativo Externo D. Internacional Público D. Especial
D. Civil D. Comercial PRIVADO D. Aeronáutico D. Internacional Privado
MÈTODO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL MÈTODO es el camino que sigue el pensamiento humano para alcanzar la verdad. El Método es el hombre, el crea la pauta y le da una fisonomía propia, por eso decimos: ¿QUÉ MÈTODO CONVIENE AL DERECHO CONSTITUCIONAL? Entre los diversos métodos propuestos para el estudio de los fenómenos constitucionales, concebidos bajo el ángulo de la Ciencia Política, se enumeran tres: 1. El método puramente lógico y deductivo 2. El método biológico 3. El método histórico y el de la observación.(Que es el de mejores resultados) EL MÈTODO LÒGICO Y DEDUCTIVO.- Consiste en plantear un cierto número de principios considerados los mejores para el funcionamiento del organismo político y luego deducir por el razonamiento lógico sus diversas consecuencias. Este método es peligroso si las premisas son inexactas o incompletas, pues, todo el razonamiento caería de su base. Además, sentar premisas absolutas en la Ciencia Política es muy aventurado por la complejidad de factores que animan el devenir social. El principio de separación de poderes, puesto en evidencia en el siglo XVIII por Montesquieu, parte de una observación justa: que una de las mas efectivas garantías de la libertad consiste en dividir el poder político entre varios titulares, cuyo conjunto constituye la soberanía del Estado. En este sentido funcionan los poderes clásicos con sus titulares separados. Muchas constituciones partiendo de esta observación han llevado el principio hasta sus últimas consecuencias lógicas: la separación absoluta de poderes. Si la lógica exige que los poderes estén separados, la vida política propugna que ellos puedan juntarse y colaborar. La
Constitución Francesa de 1791, perfectamente racional, fue totalmente impropia en la practica: no pudo durar; lo mismo nuestra Constitución de 1823, que partía de una concepción rígida de la tesis de Montesquieu. EL MÈTODO BIOLÒGICO.- Patrocinado por Herbert Spencer y autores alemanes, no es muy eficiente o recomendable para realizar investigaciones científicas. La razón es la inmensa separación existente entre los organismos vivientes y los sociales. Los primeros son aglutinaciones cohesionadas, ordenadas de individualidades inconscientes: las células. Los organismos sociales, al contrario, son aglutinaciones cohesionadas, ordenadas de individualidades conscientes: los seres humanos, cuyas reacciones no pueden ser necesariamente determinadas. EL MÈTODO DE OBSERVACIÒN HISTÒRICA COMPARATIVA.- Es el método por antonomasia aplicable a la Ciencia Política y por consiguiente al Derecho Constitucional. Consiste en analizar y luego confrontar los Derechos constitucionales, teniendo en cuenta todos los factores históricos, geográficos, económicos sociales, religiosos y éticos, que puedan modificar los alcances o significados del hecho constitucional. Tiene un valor comparable al método experimental en las ciencias exactas. Descansa sobre el postulado que el fenómeno de la organización constitucional es en gran parte natural y espontáneo. Pero tiene presente los hechos y rechaza seguir los principios negados por la experiencia. Utiliza el razonamiento lógico, pero teniendo presente su imperfección en el campo de las ciencias sociales, pues a cada memento del raciocinio hay que confrontar los resultados obtenidos con los hechos a fin de evitar los errores. Este método se apoya en la historia y la observación del Derecho comparado: el estudio del fenómeno político en el tiempo y en el espacio es el único medio disponible para reemplazar la experiencia. El estudio histórico comparativo de las instituciones y de los hechos políticos, descubre la relatividad de los dogmas, de las formulas y de los textos como factores determinantes de un régimen político.
Según Andrè Hauriou los estudios jurídicos están de otra parte particularmente justificados, en razón que el régimen constitucional se ha reproducido dos veces en la historia de la civilización occidental a raíz de la conformación de los Estados antiguos y a partir del siglo XVIII. En fin, el método de observación, tiene en cuenta las doctrinas políticas constitucionales, pero sólo a título de hechos; en la medida que esas doctrinas están admitidas con el carácter de “creencias constitucionales” y contribuyen a modificar las instituciones políticas y sociales. En la aplicación metodológica del estudio del Derecho Constitucional debemos tener en cuenta dos tipos de análisis: ♦ El relativo a la descripción de las instituciones ♦ El referente a la discusión de los problemas jurídicos que surgen de la aplicación de la ley constitucional y de sus instituciones. EL METODO APLICADO A LA DESCRIPCIÒN DE LAS INSTITUCIONES.Encontramos por ejemplo, la descripción de la organización, nominación y atribuciones de los miembros de la asamblea legislativa. Para proceder a tales descripciones conviene aplicar métodos generales que no son propios del Derecho Constitucional; hay que tener en cuenta ciertas reglas jurídicas, analizarlas y extraer las razones históricas que mediaron en su elaboración. El método fundamentalmente no es distinto del empleado en el Derecho Civil para explicar la adopción de ciertas reglas relativas a una institución civil. Al lado de la aplicación de los métodos jurídicos generales el estudio de las instituciones constitucionales tiene particularidades. En muchos casos hay que tener en cuenta las condiciones de hecho dentro de las cuales funcionan. Es decir, pesar o estimar elementos no jurídicos. La reglas constitucionales o legales deben colocarse en su marco - que es la vida política -,
pues de lo contrario su descripción seria puramente abstracta o una caricatura de la realidad. Algunas observaciones pueden formularse a tenor de la experiencia: a) el no funcionamiento de instituciones previstas en la ley; b) la existencia de instituciones no previstas en los textos; y c) el funcionamiento de instituciones en condiciones diferentes de las contempladas (tal es el caso famoso de la elección presidencial de EE.UU). Si leemos la Constitución Americana de 1787, vemos que esta elección se hace en dos tiempos: en una primera etapa, todos los ciudadanos electores eligen delegados presidenciales que serán los electores del Presidente; en una segunda etapa, estos electores eligen al Presidente. Aparentemente cada una de estas operaciones es muy importante y la segunda debería serlo aún mas, conforme al espíritu de los autores de la Carta política. Pero, en realidad, antes de la primera operación descrita, se desarrolla otra preliminar no contemplada en la Constitución: la designación por las organizaciones internas de cada uno de los grandes partidos de su candidato a la presidencia: elecciones primarias. También es fácil apreciar que la designación de los electores presidenciales - al constatar su numero – señala inmediatamente al nuevo Presidente de los Estados Unidos. La última operación, la elección propiamente dicha, por los delegados elegidos, carece ahora de razón de ser. Las observaciones de la realidad política nos permiten afirmar que no se puede estudiar el Derecho Constitucional sin apreciar o valorar al mismo tiempo las realidades políticas y las circunstancias sociales dentro de las cuales funcionan las instituciones constitucionales. Es esto lo que constituye el particularismo de su método de estudio. RELACIONES ENTRE EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA CIENCIA POLITICA.- La necesidad de considerar los hechos de la vida política en cuyo seno se desenvuelven las instituciones lleva el nombre de la Ciencia Política. Ella tiene por objeto desprender, despegar las condiciones concretas del medio ambiente que nutre el funcionamiento de las instituciones jurídicas; de otra parte,
trata de descubrir las leyes según las cuales evolucionan las instituciones constitucionales. Por ejemplo: cuando se estudia el estado de los partidos políticos de un país y se busca qué influencias ejerce su número y estructura en el funcionamiento de algunas instituciones, digamos: el Parlamento: ¿qué influencia puede tener determinado sistema electoral en la formación y acción de los partidos políticos y en su gestión gobernante con respeto a la orientación del sistema de gobierno? Según ¿qué leyes evoluciona y se transforma un régimen político en el curso de la historia?, por ejemplo: el régimen parlamentario, estudiado en sus cambios históricos. Todo esto supone, esencialmente, un estudio de Ciencia Política. La noción de Ciencia Política no es nueva. La obra de Montesquieu - El Espíritu de la Leyes -, como hemos expresado, ya era ciencia política en el siglo XVIII. En muchos países esta disciplina tiene un gran desarrollo, especialmente en los anglo sajones, Los estudios toman un carácter mas técnico, mas científico: se utilizan encuestas, estadísticas, etc. Existen, hoy, tratados de Ciencia Política, colecciones, revistas e institutos en la materia. Cabe preguntarse ¿qué relaciones existen entre el Derecho Constitucional y la Ciencia Política: o más exactamente, qué lugar debe reservarle el Derecho Constitucional al método de la Ciencia Política? Puede responderse teniendo en cuenta: 1. Que es imposible hacer Derecho Constitucional puro, desligado de la Ciencia Política. 2. También es muy posible no hacer de la Ciencia política pura o por ella misma, pero si tener en cuenta los resultados que nos proporciona en otras partes en su campo de investigación.
SEGUNDA SESIÒN EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y SUS RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS El derecho constitucional, mantiene permanentes vínculos con el resto de las disciplinas jurídicas, en tanto que, establece los principios fundamentales de organización de la sociedad política que deben ser desarrollados y reglamentados por la legislación ordinaria en sus diferentes campos y niveles. Son cuatro los puntos rectores de toda relación interdisciplinaria que mantiene el derecho constitucional:  Los principios, instituciones, normas y prácticas constitucionales se convierten en supraordinantes de las demás disciplinas jurídicas del sistema legal imperante en un Estado.  Algunos principios, instituciones, normas y prácticas institucionales requieren del complemento de determinadas disciplinas jurídicas, a efectos de, desarrollar a plenitud sus alcances y contenidos.  Algunos principios, instituciones, normas y prácticas constitucionales pueden requerir de un proceso de coordinación, a fin de, conocer mejor o precisar sus alcances y contenidos.  Algunos principios, instituciones, normas y prácticas derivadas de otras disciplinas jurídicas pueden ser objeto de asimilación o incorporación a la temática constitucional, a efectos de, permitir que se cumplan a cabalidad los fines del Estado.
Las relaciones que el derecho constitucional mantiene con otras disciplinas jurídicas son las siguientes: a. Relación con el derecho administrativo El derecho administrativo, complementa los aspectos referidos a la organización y funcionamiento del estado. Y precisa los vínculos de éste con la ciudadanía. Si bien las normas básicas que regulan la actividad estatal, se encuentran incluidas en la constitución, su desarrollo y aplicación se dan en el ámbito de los servicios públicos, los que corresponden al derecho administrativo. Se relaciona en aspectos como: • • La función pública La estructura del Estado
b. Relación con el derecho civil El derecho constitucional, declarar la pluralidad de los derechos personales básicos, los mismos que el derecho civil se encarga de regular de manera mas precisa. En algunos casos, el derecho civil sirve de complemento para discernir sobre nociones significativas. Se relaciona en aspectos como: • • Derechos de la persona La propiedad
c. Relación con el derecho penal El derecho constitucional, ha asimilado y recogido los principios disciplinarios básicos del derecho penal, a efectos de, afirmar debidamente la seguridad y la libertad personal de los ciudadanos. Plantea los casos de
existencia de prerrogativas funcionales en relación con los alcances de la ley penal, así como, la demarcación de la aplicación de la ley penal. Se relaciona en aspectos como: • • • Defensa de la libertad y seguridad personal Las prerrogativas funcionales La soberanía estatal
d. Relación con el derecho procesal El derecho constitucional recoge los principios básicos de las garantías del debido proceso legal y la tutela jurisdiccional, así como, las partes adjetivas del juicio político. Se relaciona en aspectos como: • • Las reglas del juicio político Los principios y derechos de la función jurisdiccional
e. Relación con el derecho tributario El derecho constitucional delimita el poder estatal en el en el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas del estado, en relación con la recaudación tributaria. Se relaciona en aspectos como: • Los principios tributarios
f. Relación con el derecho financiero El derecho constitucional delimita el poder estatal en el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas con la sanción de la ley del presupuesto de la república, el crédito público, entre otros. Se relaciona en aspectos como:
Reglas de elaboración del presupuesto de la república Reglas de política de endeudamiento público
g. Relación con el derecho internacional público El derecho constitucional compatibiliza la vigencia y uso de las fuentes formales que comprometen al estado con la comunidad internacional, así como, los alcances de las competencias de los órganos jurisdiccionales supranacionales.
Se relaciona en aspectos como: • • • Los tratados La aplicación de la pena de muerte La jurisdicción supranacional
h. Relación con el derecho municipal El derecho constitucional establece las reglas básicas para la estructuración y organización de los gobiernos locales. Se relaciona en aspectos como: • La autonomía municipal
i. Relación con el derecho laboral El derecho constitucional recoge los principios básicos de cualquier tipo de relación laboral, así como, los aspectos sustantivos de los derechos del trabajador. Se relaciona en aspectos como: • • Principios de la relación laboral Los derechos laborales colectivos
PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DISCIPLINAS QUE SE PUEDEN DIFERENCIAR EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL Las Ciencias Políticas agrupan las disciplinas que estudian el fenómeno de la autoridad, bajo sus diversos aspectos así como las relaciones entre ciudadanos y la autoridad política en el marco del Estado, podemos percibir fácilmente las diversas disciplinas que se pueden diferenciar del Derecho Constitucional: a. La Doctrina Política.- Podríamos en primer lugar dirigir nuestras investigaciones para determinar cuales son esas instituciones o relaciones cuya existencia nos permite llegar a la búsqueda del gobierno perfecto, o de cómo se podría organizar la sociedad ideal. Esta búsqueda ha inquietado en todos los tiempos a los hombres. Pensadores filósofos, políticos, ser han preocupado en la historia por establecer la sociedad perfecta, el Estado ideal., Este esfuerzo necesari9amente ha tenido influencia en el desarrollo de las instituciones políticas positivas sobre todo cuando se ha tratado de renovar las bases del acuerdo entre gobernantes y gobernados. b. La Historia de las Instituciones Políticas .- En segundo lugar, se puede indagar como se ha desarrollado la organización del poder político y las relaciones entre gobernante y gobernados, a través del tiempo. Es una palabra, recurrir a la historia y reflexionar sobre las
experiencias políticas. La historia es el principal laboratorio de las Ciencias Políticas. c. La Sociología Política.- Finalmente, se puede preguntar cómo actúan los gobernantes y cuáles son sus relaciones con los gobernados, independientemente de toda consideración moral o de toda búsqueda del mejor gobierno, independientemente, también de las reglas constitucionales existentes. No parece ya suficiente la mera descripción del cuadro organizativo de las instituciones hecha con prescindencia del análisis de los factores que dan basamento o fragilidad al poder. Se trata, entonces, de establecer todos los factores que en la realidad de la sociedad política inciden en el comportamiento de gobernantes y gobernados. “El Derecho Constitucional no puede concebirse como mera exégesis de los positivo vigente, aislado de su razón filosófica, de su explicación histórica, del proceso de las fuerzas sociales en lucha, del fenómeno económico, de los múltiples aspectos de la realidad colectiva y de los comportamientos individuales” Esto es lo que muchos autores denominan “Ciencia Política” stricto sensu, pero que otros titulan Sociología Política. El vocablo Derecho Constitucional tiene un lugar relevante entre las múltiples disciplinas cuya síntesis trata de encuadrar la Ciencia Política. Es así que la historia, la etnografía, la economía política, la sociología, etc, tienen preocupaciones que no siempre están totalmente centradas sobre la vida política, mientras que el Derecho Constitucional concierne totalmente a ella, aunque es evidente que no siempre puede comprender o abarcar su totalidad; pero al menos, él se ocupa exclusivamente de ello.
Durante casi un siglo el Derecho Constitucional ha sido la única disciplina a través de la cual se ha estudiado el fenómeno político y sus instituciones, estudio realizado en las Facultades de derecho. La razón de ese monopolio y las causas que hoy día lo relativizan, refleja el sentido de la vida política moderna. DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL Las diversas ramas del Derecho cualquiera que sea la complejidad de las relaciones jurídicas, se ordenan clásicamente en torno de una gran división: la del Derecho Constitucional Público (General) y del Derecho Constitucional Privado (Particular). Conviene, para localizar correctamente nuestra disciplina, precisar esta distinción fundamental. El Derecho Constitucional Público (General), está formado por el conjunto de reglas referidas a la organización y funcionamiento del Estado y de otras colectividades públicas, así como a las relaciones existentes entre el Estado y colectividades con los particulares. Cuando se trata de elegir un Presidente de la República, de nominar un Prefecto, de celebrar un contrato de construcción para un servicio público; o cuando un vehículo de propiedad del Estado causa un daño a un particular, se aplican reglas jurídicas que dependen del Derecho público. DERECHO CONSTITUCIONAL PARTICULAR El Derecho Constitucional Privado (Particular), está formado por el conjunto de preceptos jurídicos que se dirigen a los individuos, concebidos independientemente del marco político dentro del cual viven. El Estatuto personal de cada uno de nosotros (nombre, filiación, etc), los contratos que celebremos con otros individuos, las responsabilidades que asumimos respecto de terceros, etc, dependen del Derecho privado.
La distinción entre Derecho Constitucional Público y Privado tiene un valor relativo; con esfuerzo didáctico, las diferencias deben hacerse a base de criterios, ejemplo: Derecho PUBLICO. Interés General Colectivo Relac. Juríd. Subordinación Estado Estado. Ente Publico Finalidad distributiva cada cual lo que merece PRIVADO. Individual Particular coordinación igualitario conmutativa cambios
La distinción entre Derecho Público y Derecho Privado proviene desde los juristas romanos, ULPIANO, distinguía: “JUS PUBLICUM”: conjunto de normas relativas al Estado Romano y “JUS PRIVATUM”: conjunto de normas relativas a los particulares. Esta división obedece a un valor práctico. HAURIOU Andre, diferencia en la siguiente forma: “Las relaciones de la vida civil o comercial están bajo la protección del Estado pero pueden concebirse sin ella, mientras que el derecho público es el derecho del Estado mismo, el cual regula su propia organización y actividad. En la práctica se trata de aspectos predominantes de influencia, pues en la vida de relación están presentes el interés personal y el de la comunidad”. Actualmente la intervención del Estado es tan vasta y penetrante, que no cabe distinguir el área que sea nítidamente reservada a la autonomía de la voluntad de las partes. El Estado es quien define el derecho y lo sanciona. El tiene la potestad coactiva y el privilegio de la ejecución preventiva.
PRIMERA SESIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO Una de las fuentes clásicas de la elaboración constitucional es acudir al estudio comparativo de aquellos modelos e instituciones consagradas en constituciones de otros países y cuya incorporación y adaptación parecen convenientes. El constitucionalismo latinoamericano tiene por ejemplo, en su formación, la influencia de la Constitución Española de las Cortes de Cádiz de 1812, la Constitución Norteamericana, y las normas constitucionales consagradas por la Revolución Francesa. Las tres fuentes indican que la gran inspiración de nuestro constitucionalismo es el pensamiento liberal y los principios que dieron nacimiento al Estado liberal, desarrollado y perfeccionado durante el siglo XIX y que, con interpolaciones y ampliaciones provenientes de las corrientes de pensamiento socialista, mantiene vigencia hasta nuestros días. La organización republicana de los nuevos Estados independientes, la democracia representativa, la separación de poderes y los derechos individuales de la persona, son las principales instituciones aportadas por el pensamiento liberal, prácticamente universalizadas por las llamadas democracias occidentales. En este sentido, todas las constituciones peruanas han producido lo que podríamos denominar clásico del constitucionalismo liberal, independiente de la referencia expresa en los debates a una u otra constitución en especial. Ciertamente, esta influencia no ha sido absoluta. Las modalidades concretas de incorporación han tenido como tamiz los tipos de regímenes políticos y las formas estructuradas de las corrientes de opinión política organizadas como partidos. Europa ha desarrollado por ejemplo, una tradición parlamentarista que configura en la mayoría de países de la Europa occidental el tipo de su régimen político. Los Estados Unidos en cambio han adherido al régimen de tipo presidencialista, cuya característica principal es la separación absoluta de poderes, a diferencia del mayor grado de integración de los
regímenes parlamentarios, en los que el gobierno emana del Parlamento Por otra parte, como señala Duverger, no es lo mismo un régimen que funciona como sistema de monopartido, que el que lo hace en sistema bipartidista o multipartidista. La variable fundamental en cada caso es la forma como distribuye el poder. Así en los regímenes basados en el sistema de monopoartido, tómese el caso de los países socialistas de Europa del Este, la forma constitucional puede ser la parlamentaria, pero la estructura real del poder reposa en el partido; a su vez los sistemas bipartidistas, otorgan un poder considerable al partido que está en la oposición, configurándose una especie de poder compartido. En los sistemas multipartidarios en cambio, el poder del gobierno adquiere mayor autonomía y la distribución de poder entre los partidos es asimétrica, reteniendo mayor cantidad el que ganó las elecciones. En el desarrollo institucional del constitucionalismo clásico, según observa Andre Hauriou, las formas rígidas: régimen presidencial o régimen parlamentario se han vuelto más flexibles, configurándose en la mayor parte de los casos modalidades que establecen un equilibrio y mayor parte de los casos modalidades que establecen un equilibrio y mayor coordinación entre los poderes del Estado, mediante formulas de tipo mixto presidencial-parlamentario. Este hecho, de acuerdo a Loewenstein, se explica porque la teoría de tres poderes separados y contrapesados uno respecto del otro, ha sido sustituida por la teoría de la unidad del poder del Estado. Ese poder, se estructura en órganos especializados de acuerdo a funciones muy precisas encomendadas al Estado. Legislativo, Ejecutivo y Judicial devienen así en órganos que se complementan entre sí y que están estrechamente interrelacionados, dándose inclusive la posibilidad que los órganos propiamente políticos, que son el Legislativo y el Ejecutivo, pueden compartir por delegación o asignación constitucional, funciones que son en principio atributo de uno de ellos. En esta perspectiva, el Legislativo puede delegar al Ejecutivo la facultad de legislar sobre materia específica y plazo determinado, mientras que el Ejecutivo tiene que someter algunas de sus decisiones administrativas – nombramiento por ejemplo de los altos funcionarios del Estado – a la ratificación parlamentaria. En
esta perspectiva, no debe llamar la atención que las constituciones modernas consientan en estas fórmulas mixtas. Ello obedece a la naturaleza del Estado contemporáneo y la necesidad de una mayor eficacia gubernamental ante la complejidad de los asuntos que plantean las grandes sociedades de nuestro tiempo. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL En nuestro país, el Derecho Procesal Constitucional se ha desarrollado teniendo en Domingo García Belaunde (1944), a su tenaz propulsor. El mérito del destacado constitucionalista, es haber intervenido con éxito en el debate conceptual y el nombre que debería adoptar esta disciplina. Se barajaron algunos nombres tales como. Justicia Constitucional, Jurisdicción Constitucional, Control Constitucional, Defensa de la Constitución o Revisión Judicial (judicial review). Aún más, el debate se hizo más sutil, cuando algunos sostenían que la denominación adecuada debía ser Derecho Constitucional Procesal. Este debate se zanjó a favor de la denominación de Derecho Procesal Constitucional: ¿ Por qué? Si partimos de la tesis de que el Derecho Procesal Constitucional es Derecho Procesal, es ineludible concluir que nuestra disciplina es aplicada, esto es una rama o división del Derecho Procesal, que se desarrolla sobre un terreno constitucional. Admitida así las cosas, tendríamos que tener una primera entrada que sería el Derecho Procesal y luego descender hacia el Derecho Procesal Constitucional, en cuanto a disciplina aplicada. Para otros autores como el español Jesús Gonzáles Pérez, este es un conjunto de normas referentes a los requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional. Según el argentino Néstor Pérez Segues, esta es una disciplina mixta o híbrida, ocupada tanto en la estructuración de la magistratura constitucional como la de la jurisdicción constitucional y de los procesos constitucionales y procesalistas El origen del Derecho Procesal Constitucional podemos esbozarlo en las elucubraciones de la primera post-guerra, materializados en la Constitución
Austriaca de 1920 impulsada por Hans Kelsen (1881 – 1973), quien logro introducir las Cortes Constitucionales y especialmente en su obra ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? En síntesis, el Derecho Procesal Constitucional comprende la reflexión sobre las siguientes áreas temáticas: I. II. III. El Derecho Procesal Constitucional de la Libertad El Derecho Procesal Constitucional Orgánico El Conflicto Constitucional y sus soluciones.
EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL ANTECEDENTES En nuestro país, los procesos constitucionales, procesos competencia les y jurisdicción supranacional, siempre se legislaron en forma dispersa; aunque apuntaron a buscar un orden en cuanto a sus desarrollos y objetivos, lo cierto era que la normatividad en la cual descansaban estas instituciones, se encontraban en mas de 11 leyes y dentro de éstas, indudablemente la mas recurrida fue la Ley Nº 23506, Ley de Habeas Córpus y Amparo. Estas normas especiales en algunos casos no eran coherentes y en algunos otros no eran completas; además de regular en materia constitucional en forma disjunta, todo aquello se constituía en una dificultad para el trabajo de los jueces y operadores del derecho. También hemos de tener presente que si bien es cierto que en los últimos veinticinco años ha habido una fundamental preocupación por darle determinada jerarquía a los institutos de orden constitucional regulados en las leyes especiales, no se podían evitar las incongruencia sucedidas a raíz del clima político y social que vivió nuestro país en ese período, consecuentemente se hacía cada vez mas necesario un estudio y análisis sobre la materia; fue así que en las mentes de un grupo de juristas, se anidaron ideas que perseguían la procreación de un texto normativo
que legisle en su conjunto los procesos constitucionales, con una regulación ordenada, integral, sistemática y moderna. Código Procesal Constitucional, es el primer Código nacional del siglo XXI le siguió el Código Procesal Penal y señala una nueva perspectiva en el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional. VIGENCIA Con la publicación de la Ley Nº 28237 que establece el Código Procesal Constitucional, se ha dado un salto copernicano en la protección de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución en el Perú. Debemos de resaltar el hecho que constituye el que se publicara el 31 de Mayo del 2004 y que su vigencia comenzó a regir luego de seis meses de su publicación, conforme lo estipulara su Segunda Disposición Transitoria que preveía una Vacatio legis; de esta manera se sucedía un espacio de tiempo prudencial para adecuar las condiciones prácticas necesarias para su correcta aplicación, así como para que se realicen algunas observaciones o aportes adicionales que constituyan posibles mejoras al texto normativo; en suma, transcurrieron seis meses en los cuales hubo una mayor difusión y conocimiento de este cuerpo legal por lo jueces y operadores del derecho, así como se rescataron importantes opiniones de juristas y especialistas en la materia: todo aquello contribuyó a preparar el campo de cultivo para cuando entró en vigencia el Código Procesal Constitucional (1º de Diciembre del 2004) y que se plasmó en un acontecimiento jurídico de gran magnitud en nuestro país, por ser el primero en la región y por englobar un sistema de normas procésales acorde con la modernidad. CARACTERÍSTICAS El Código procesal Constitucional, constituye un gran avance en la tutela de los derechos fundamentales y del orden constitucional y entre sus características más saltantes podemos mencionar:
a. Sistematiza y regula los siete procesos constitucionales que recoge la Constitución de 1993 y que se encontraban legislados en forma dispersa en diferentes normas especiales: Habeas Córpus, Amparo, Habeas Data, Acción de Cumplimiento, Acción Popular, Acción de Inconstitucionalidad y conflicto de competencia. b. Se reconoce que estamos ante procesos de índole constitucional, dejando de lado términos como acciones o garantías constitucionales, tan recurridas en nuestro medio forense; asimismo deja de lado el nombre de Recurso de nulidad por un nomen juris mas adecuado y moderno, como es el de recurso de Agravio Constitucional. c. El flamante Código Procesal Constitucional se sistematiza a través de un Título Preliminar compuesto de 9 Artículos; trece Títulos con 121 Artículos; una Disposición Final con 7 Artículos; y una Disposición Transitoria y Derogatoria con 2 Artículos. d. Del Título Preliminar, se desprende un aspecto interesante en su séptimo Artículo que señala que las Sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. e. Entre los nuevos derechos incluidos en el proceso de Amparo, debemos de resaltar; el derecho a la igualdad y no ser discriminado por razón de origen, orientación sexual y condición económica, social; el derecho a la negociación colectiva y huelga; a la tutela procesal efectiva; a la seguridad social y la remuneración y pensión entre otros. f. Se establece que en el proceso de Amparo, no se puede plantear reconvención ni abandono, sino solo el desistimiento.
SEGUNDA SESIÓN TALLER: Práctica escrita calificada II UNIDAD FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN CONCEPTO DE FUENTES El Término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a las fuentes de un río, es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. La palabra fuente, jurídicamente tiene tres acepciones que son: históricas, reales y formales.
CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL FUENTES HISTÓRICAS.- son los documentos (inscripciones, papiros, libros, etc.) que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época, en base en los cuáles nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica, por ejemplo: las leyes de indias, el código de Hamurabi, la declaración de los derechos del hombre y ciudadano de la 1789, etc. FUENTES MATERIALES O REALES.- Son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas . En otras palabras son, aquellos
factores políticos, sociales, y económicos que contribuyen a la formación del derecho y que deben ser tomados en cuenta por los legisladores para crear normas jurídicas. P/ej.: la revolución mexicana dio origen a los artículos 27 (propiedad y repartición de tierras) y 123 (protección al trabajador) constitucionales. La fuente material por excelencia es la costumbre. También se considera dentro de estas fuentes a la doctrina. a) La Costumbre.- Generalmente por costumbre se entiende al conjunto de actos repetidos que rigen nuestro comportamiento en relación con los demás. Marcial Rubio, lo define como “una manera de comportarse, de relativa antigüedad, probablemente aprendida a través de la vida cotidiana o de la enseñanza de las normas para interrelacionarnos con los demás”. La costumbre jurídica se distingue de la simple costumbre porque su uso es generalizado, existe conciencia de su obligatoriedad y por el respaldo de la fuerza del Estado. Los países adscritos al Civil Law, no reconocen a la costumbre, entendida como el quehacer o como realidad habitual en el ámbito constitucional, valor de fuente de derecho, excepto, como precedente consuetudinario, cuando llega a dar origen a una norma. La costumbre, en el derecho constitucional, se forma por acción de los agentes políticos que operan la constitución y, en algunos países que cuentan con mecanismos como el referéndum o el Recall, donde la comunidad interviene, puede también el pueblo dar origen a saludables costumbres constitucionales. b) La Doctrina.- Algunos estudiosos del constitucionalismo ubican a la doctrina como fuente material o indirecta debido a que ella explica,
desarrolla, critica y expone científicamente el orden jurídico constitucional, operando como una fuente de conocimiento de las normas. Es la opinión de uno o varios autores en cualquier materia de derecho, que se realiza con el propósito de interpretar, comprender y aplicar correctamente el derecho. En estos últimos tiempos, la doctrina se ha constituido en una de las más importantes fuentes del derecho constitucional. Los aportes de los especialistas contribuyen a la formación de las normas y a suplir vacíos o lagunas constitucionales. Frente a la sentencia de los tribunales constitucionales, que actúan como intérpretes supremos, la doctrina es el instrumento más idóneo para hacer retroceder a jueces arrogantes e intolerantes. Esto viene sucediendo en Italia, España y Alemania. FUENTES FORMALES.- son los procesos de creación de las normas jurídicas. Se consideran dentro de ellas a la Constitución, la Ley, La jurisprudencia, el Derecho Comparado y Los Principios Constitucionales. Para poder obtener derecho de éstas fuentes es necesario seguir una serie de actos que darán como resultado una determinada norma jurídica. Como dice García Maynez:" Las fuentes formales son el canal o el vehículo por donde se transportan las fuentes reales". a) Constitución.- Es la “ley de leyes”; es la piedra fundamental de la organización, es el cimiento, el fundamento del edificio orgánico, no el edificio mismo. La organización propiamente reside en las leyes orgánicas de la Constitución; es decir, en las leyes que rigen los hechos, no en la ley que rige a las leyes.
Ley.- Es la norma imperativa, legítima, ordenada y promulgada para el bien común. Su validez jurídica exige que sea dada por un órgano competente (parlamento) y que concuerde con la Constitución por la forma y por el fondo. Dentro del concepto de ley se involucran a las leyes constitucionales, leyes
orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes constitucionales son aquellas dadas por el parlamento observando el procedimiento de reforma. En este caso, tienen el mismo rango que la constitución escrita. Las leyes orgánicas, en cambio, son aquellas dadas por el parlamento con la finalidad de desarrollar el texto constitucional. Se denominan, también, normas en consecuencia y forman parte del bloque de constitucionalidad. Se diferencian de las leyes ordinarias porque su aprobación requiere mayorías absolutas o calificadas. Las leyes ordinarias, son las normas que comúnmente da el parlamento, de acuerdo con las necesidades del Estado. Están referidas a diversos aspectos, civiles, penales, laborales etc. De ellas serán fuentes del derecho constitucional únicamente aquellas que contengan materia constitucional (ley de elecciones, de referéndum, etc.). c). La Jurisprudencia.- Es el derecho formado por los fallos emanados de los jueces, particularmente de los que constituyen la última instancia. Es también denominado como derecho judicial, derecho vivo o derecho emergente de las sentencias de los tribunales de última instancia. d). Los Principios Constitucionales .- Que encierran un abanico de razones, fundamentos y orígenes que favorecen a la persona, en lo penal, civil, laboral, etc.
III UNIDAD TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN PRIMERA SESIÓN
CONCEPTO.- Es un cuerpo de normas jurídicas básicas y fundamentales que contienen los derechos esenciales de las personas y que precisan y determinan la organización del Estado; constituyendo, base, cimiento y columnas maestras del resto del ordenamiento o edificio jurídico de un país.
EL CONTENIDO DE UNA CONSTITUCIÓN El contenido de la Constitución ha sido evolucionado en el decurso de la historia: 1. Contenido Exclusivamente político : Referido exclusivamente a la organización del Estado (Constitución Jurídico – Política) 2. Influencia del Individualismo y Liberalismo: Referido a los derechos del hombre. Se establecen relaciones de supraordenación y subordinación, convirtiéndose en un instrumento de control público del Estado. 3. Régimen adjetivo de protección de derechos individuales : Establecimiento del Tribunal Constitucional y Jurisdicción de la Libertad. 4. Incorporación de Derechos Sociales, Económicos y Culturales : Es la aparición de la Constitución Jurídico – Social.
PARTES DE UNA CONSTITUCIÓN Toda Constitución presenta dos partes: • PARTE DOGMÁTICA.- Conformada por los derechos fundamentales de las personas y constituye la parte invariable de toda Constitución. Fue asimilada de manera progresiva en el desarrollo del constitucionalismo. • PARTE ORGÁNICA.- Conformada por la estructura del Estado y generalmente varía de constitución en constitución. Estuvo omnipresente en el desarrollo del constitucionalismo pues originariamente las primeras constituciones fueron estrictamente políticas. SEGUNDA SESIÓN TALLER: “CONTRASTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL PERÚ DE 1979 Y 1993” TEMA Seguridad Social CONSTITUCIÓN 1979 CONSTITUCIÓN 1993 Seguro Social obligatorio Se privatiza. monopolizado IPSS (Art.14º) por el Las prestaciones de salud y pensiones podrán otorgarse a través de entidades 11º) reconoce No constituye públicas, privadas o mixtas (Art. Estabilidad Laboral El Estado derecho
estabilidad en el empleo; absoluto, en los casos de el despido sólo procede despido arbitrario, la Ley por causas previstas en señalará la Ley (48º) (podrá la protección sólo ser
indemnización Compensación por Tiempo de Servicio Jornada Legal La CTS es derecho constitucional regulado por ley (Art.44) Es de 8 horas diarias y 48 semanales, puede reducirse por convenio colectivo o por Ley (Art. Remuneración 44) El trabajador tiene derecho a una remuneración justa...... (Art.43) Poder Legislativo Bicameral Diputados : 180 Senadores : 60 Vigencia de la Ley (Art. 164, 166 y 167) La ley es obligatoria ulterior a su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la ley (Art.195) El trabajador tiene derecho a una reposición) (Art. 27) No constituye derecho constitucional Es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo (Art. 25)
remuneración equitativa y suficiente (24) Cámara única 120 Congresistas (Art. 90) La ley es obligatoria su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte (Art. 109)
desde el decimosexto día desde el día siguiente de
cuando es más favorable (Art. 103)
al reo, trabajador 0 contribuyente(Art. 187) Reelección Presidencial El mandato presidencial es de 5 años. Para la reelección, debe haber transcurrido un período presidencial (Art.205) El mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional (Art. 112) (Derogado por Ley Nro. Pena de Muerte No hay pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de guerra exterior( Art.235) 27365) Si hay pena de muerte, por tracción a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y alos tratados de los que el Perú es parte obligada (Art.104) Garantías Constitucionales Habeas Hábeas Acción de Amparo Acción de Inconstitucionalidad Acción Popular (Art.295) Habeas Hábeas Acción de Amparo Acción de Habeas Data A. de Inconstitucionalidad Acción Popular Acción de cumplimiento (Art. 200) Inconstitucionalidad Pueden interponer esta acción: -Cincuenta mil ciudadanos (Art.299) Pueden interponer esta acción: -Cinco mil ciudadanos -Los Colegios Profesionales (Art. 203)
PRIMERA SESIÓN LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO
Las normas vigentes forman parte de un todo; o sea, un SISTEMA JURÍDICO. Ellas se articulan JERÁRQUICAMENTE a partir de la Constitución. “LA CONSTITUCIÓN PREVALECE SOBRE TODA OTRA NORMA LEGAL, LA LEY, SOBRE TODA NORMA DE INFERIOR CATEGORÍA, Y ASI SUCESIVAMENTE DE ACUERDO CON LA NORMA JURÍDICA” La CONSTITUCIÓN es NORMA SUPREMA por los fundamentos siguientes: 1. Principio de Constitucionalidad del Orden Jurídico : Contiene normas que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas por ninguna otra norma del sistema legislativo, ni por ningún otro pronunciamiento jurídico dentro del Estado. 2. Principio de Competencia: la constitución establece la forma de organización del Estado; sus órganos rectores, sus instituciones fundamentales; las funciones de cada entidad. 3. Principio de Legalidad: La Constitución ha sido dictada por las autoridades legítimamente constituídas. En el texto constitucional está contenido el procedimiento y atribuciones generales que tienen los órganos y las Instituciones del Estado, para dictar las leyes y las otras normas del sistema legislativo.
4. PRINCIPIO JERARQUICO DEL ORGANO EMISOR: Todas las normas están supeditadas a la Constitución, en un Estado de Derecho. Esta jerarquía implica la prelación de las normas en la siguiente forma: 1. La Constitución (Ley Suprema) 2. Leyes Orgánicas 3. Leyes Ordinarias 4. Decretos Legislativos 5. Resoluciones Legislativas 6. Decreto Supremo (Firmado Presidente y Ministro) 7. Resoluciones Supremas (Rubrica Presidente y Ministro) 8. Resolución Ministerial 9. Resolución Directoral 10. Otras resoluciones de entidades Públicas
ESTADO DE DERECHO “La denominación: ESTADO DE DERECHO, es una tautología, porque todo Estado lo es de DERECHO por definición y cuando no es así, deja de ser Estado. Un Estado sin derecho será la arbitrariedad y un derecho sin estado será un convencionalismo social que sugiere una norma de conducta, que no obliga a su cumplimiento”
CONCEPTO.- Se denomina Estado de Derecho a una forma política en la cual el poder se halla sometido a un sistema de normas jurídicas, con el fin de proteger los derechos de la persona humana. Es aquel en que los tres poderes del gobierno, interdependientes y coordinados, representan el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; es decir, es el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la Ley. Robert Von Mohe, usó por primera vez la expresión “Estado de Derecho” en 1832. El Estado de Derecho aparece como el servidor de la sociedad. Consiste en el gobierno de las leyes y no en el gobierno de los hombres. ELEMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO Cuatro son los elementos del Estado de derecho: A. LIBERTAD INDIIDUAL.- En el Estado de Derecho hallamos el respeto a la libertad humana. Montesquieu, definió la libertad como – “el derecho de hacer todo aquello que las leyes permiten” – principio que quedó incorporado a l Declaración del Hombre y el Ciudadano”: “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otro”. B. IGUALDAD ANTE LA LEY.- Consiste en dar a todos las mismas oportunidades, sin distingos de posición.
SEPARACIÓN DE PODERES.- Está basado en la necesidad de dar seguridad a cada órgano del Estado, mediante el equilibrio de poderes, para impedir el exceso de poder.
CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIAD DE LAS LEYES.Las democracias representativas se hallan frente al dilema: “imperio de la ley” o “dictadura popular”; los juristas, especulan sobre la – “obligación de obediencia” – “la desobediencia civil”, “la sumisión” ante el poder.
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL ORTECHO VILLENA sostiene que “Precisamente de la supremacía de la Constitución y de su relación de ésta con las demás normas, emerge el principio de la jerarquía de las normas jurídicas. La existencia de una jerarquía en las normas jurídicas (en función de sus órganos emisores, de su importancia y su sentido funcional) es que resultan un orden jurídico constitucional, garantía de la seguridad jurídica”. El principio de Supremacía Constitucional rige para los estados que tienen Constitución rígida, que por cierto son la mayoría en la actualidad. Significa que la superioridad de sus normas, sobre las normas legales y administrativas, proviene del carácter fundante del Estado y sienta las bases y fundamentos para el ordenamiento jurídico.
LA CONSTITUCIÓN.- Establece la estructura del estado y sus funciones; además contiene normas que establecen los derechos fundamentales de las personas. LEY ORGÁNICA.- Es aquella que regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. LEY.Es la norma jurpidica aprobada por el Congreso y promulgada por el
Presidente de la República. En caso de conflicto entre una ley orgánica y una ley ordinaria, prevalece la primera, a pesar de que ambas están en el mismo nivel jerárquico, por dos razones; la especialización de la materia encomendada por la Constitución. DECRETO LEGISLATIVOS.- Son emitidos por el Poder Ejecutivo, por delegación del Poder Legislativo, sobre la materia específica y el plazo determinado. DECRETO LEY.- Son dictados por los gobiernos de facto. A pesar de su inconstitucionalidad formal, forman parte del sistema jurídico nacional. DECRETO SUPREMO.- Preceptos de carácter general que regulan la actividad sectorial o multisectorial en el ámbito nacional. Se encargan de normar y supervigilar la organización y funcionamiento de los servicios públicos nacionales o las actividades de dichas instituciones. RESOLUCIÓN SUPREMA.- Son normas de carácter específico rubricadas por el Presidente de la República y refrendadas por el Ministro a cuyo sector le corresponde. RESOLUCIÓN MINISTERIAL.- Son dispositivos que permiten formular y supervisar la política general del Estado, dentro del ámbito de su competencia y que tiene a su cargo determinados servicios públicos.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL.- Son las que expiden los Directores de los Ministerios u organismos autónomos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ LEY ORGÁNICA LEY DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEY DECRETO SUPREMO RESOLUCIÓN SUPREMA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN El tema que se aborda en esta ocasión es uno de los más apasionantes para los juristas amantes del derecho constitucional. Puede afirmarse que entre los temas del constitucionalismo se encuentra precisamente la defensa al principio de la inviolabilidad de la Constitución en un plano general y de la justicia constitucional en un plano particular: cabe aquí recordar que Cappelletti afirmaba "la justicia constitucional es la vida, la realidad y el porvenir de las Cartas Constitucionales de nuestra época y la interpretación de la misma es el punto medular, en ello reside su progreso o su fracaso, su debilidad o su fortalecimiento. Ante ello, podemos decir que no debemos buscar el cambio de una norma de contenido constitucional, sino por el contrario buscar una justicia constitucional nos lleva a obtener los logros que en sus aspectos más dinámicos nos lega el derecho constitucional. La democracia en la actualidad requiere, que el Estado constitucional de derecho sea Estado jurisdiccional de derecho, dado que la Constituciones representa un instrumento eminentemente valorativo que se extiende al logro de una justicia constitucional supranacional, en correcta defensa de los derechos fundamentales del hombre que culminan en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
En principio las acciones que tienden a buscar cambiar en forma integra nuestra Constitución resultan poco congruentes a los esquemas de supremacía, inviolabilidad y rigidez que la contienen y que fueran sustentados como candados implementados en aras de la misma por el Poder Constituyente que le da origen. El principio de supremacía constitucional ha resultado un tema bastante debatido y siendo difícil discurrir acerca de él, por las implicaciones que encierra es necesario su análisis nuevamente, porque de la adecuada o inadecuada interpretación que se haga del dicho principio, dependerá en mucho que los actos de autoridad se desarrollen conformes los lineamientos de un verdadero Estado de derecho. Y si es problemática la interpretación del principio tomando aisladamente, más lo es cuando lo relacionamos al contenido y limites de los actos que realiza el Poder Ejecutivo y su organización, es decir, la Administración Pública. Evidentemente, con frecuencia se ven rebasados los límites que marca nuestra Constitución por la acción del Ejecutivo que, al igual que en otras partes del mundo, se ve impulsado por las complejas circunstancias del mundo moderno, para absorber cada vez más facultades y acciones que antes solo se concebían como responsabilidad de los otros poderes, pero que, ante la abrumadora que supone el afrontamiento de los modernos problemas de administración gubernamental, ceden frecuentemente facultades y responsabilidades al Poder Ejecutivo, sin considerar que dicha "cesión" solamente la pueden verificar por mandato expreso de la Constitución y no en aras de satisfacer políticas que solo favorecen, irrestrictamente la acción de la Administración Pública, perdiéndose con ello el principio de la División rector de Poderes. Fuentes argumentos de tipo político, económico y social alientan el crecimiento desmedido y anárquico de las facultades del Poder Ejecutivo que, vistas desde esa perspectiva, lucen aparentemente normales, pero ya enfocados desde un punto de vista jurídico y apegado al llamado Estado de Derecho,
inmisericordemente en el nulo respeto a nuestra Carta Magna. Es entonces, tarea del estudioso del Derecho, revalorizar todos aquellos argumentos que guían las actividades del Poder Ejecutivo y limitar su acción a las facultades expresas concedidas en nuestra Constitución lo que haría nula su violación. Los órganos del Poder Ejecutivo siempre deben tener en cuenta los limites de su acción, límites que al romperse no solo afectan la legalidad y constitucionalidad de todo sistema jurídico, sino que también afectan su legitimidad, o sea, su mismo sostén ideológico - político. Es por ello que se debe tener presente que la acción del Poder Ejecutivo jamás debe rebasar el principio de supremacía constitucional. La constitución escrita se convierte según palabras de Kelsen en el supuesto último, el postulado formal de que depende la validez de todas las normas de un sistema jurídico. Además no debe pasarse por alto que las constituciones contemporáneas pretenden garantizar una serie de valores políticos y sociales, así como los derechos fundamentales de los gobernados frente al poder público dotándola de supremacía y rigidez. Los que se inclinan porque la Constitución puede ser modificada o cambiada ante todo por considerarla una norma jurídica usual y corriente obsoleta, desconocen del concepto Constitución su raíz histórica, así como su carga política o sociológica, que la hacen inviolable y si esta aspiración nunca es alcanzada, también nunca ha sido abandonada. La defensa de la Constitución en un sentido amplio (lato sensu) se integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normatividad constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo y la evolución de las disposiciones constitucionales, tendiendo a la aproximación entre la Constitución formal y la Constitución material.
Por lo tanto la protección constitucional se integra por la división de poderes, la regulación de los recursos económicos y financieros del Estado, la institucionalización de los factores sociales, la supremacía constitucional y el procedimiento dificultado de reforma. La defensa de la Constitución en sentido estricto se identifica con las garantías constitucionales. A este sector la doctrina se ha referido, indistintamente, como justicia constitucional, jurisdicción constitucional, y control de la constitucionalidad. A este sentido estricto de defensa de la Constitución es al que se refiere el maestro Herrera y Lasso. La doctrina dominante distingue entre la justicia constitucional y la jurisdicción constitucional. Así, por justicia constitucional entiende: El conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales encomienda o determina órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para sus actividades se establecen en la misma carta fundamental.
TIPOLOGIA DE LAS CONSTITUCIONES 1.- SEGÚN SU REFORMABILIDAD: • Constitución Rígida: Es aquella que establece un procedimiento especial y distinto a la modificación de las leyes ordinarias para la modificación de sus normas.
Constitución Flexible:
Congreso en la misma forma que las leyes ordinarias . Cuando la Constitución es flexible no puede haber contradicción entre la ley y la Constitución, pues una ley que contradice una Constitución es en esencia una ley que la modifica. Una Constitución flexible no tiene ninguna superioridad sobre la ley ordinaria; en cambio, las Constituciones rígidas generalmente proclaman la supremacía de las normas constitucionales sobre las leyes ordinarias y las normas de menor jerarquía. 2.- SEGÚN SU ESTRUCTURA: • Constitución Consuetudinaria : Cuando la organización del Estado resulta de prácticas, de tradiciones consagradas por el uso constante y que llegan a tener fuerza jurídica. En países que pertenecen al Sistema Constitucional Anglosajón predomina estas constituciones no escritas (Inglaterra, Nueva Zelanda, Israel) • Constitución Escrita : Es aquella que se encuentra redactada en un documento o texto de ley. En el mundo moderno el sistema de constitución escrita y rígida apareció por primera vez en el hemisferio americano. La primera Constitución escrita del mundo surgió en las trece colonias norteamericanas que al constituirse en un nuevo Estado Federal promulgan la famosa Constitución de Filadelfia en 1787. • Constitución Codificada y Dispersa : Las Constituciones codificadas contienen en un solo cuerpo normativo al conjunto de instituciones políticas que pretenden ordenar la vida política del Estado . Las Constituciones dispersas están formadas por un determinado número de leyes constitucionales, cada una de ellas con su propia estructura.
“CASOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ”
EVOLUCION CONSTITUCIONAL DEL PERU CONSTITUCION DE CADIZ Duarez (1812) CONSTITUCION DE 1823 Carrión (Liberal) - Parlamentarismo -Unicameral Luna Pizarro FJ. Mariategui - República J.F Sánchez Monarquía Constitucional (Vicente Morales
- Cámara de - Cámara de - Censores
- Madre de nuestras Constituciones (M.V. Villarán) - Juntas Depar tamentales
CONSTITUCION DE 1834 (Liberal) Municipalización
-------------------------------------------------- --------CONSTITUCION DE 1860 1839 (Moderada) 1856 - Ni la Constitución de Transaccional - Ni la Constitución de
- Pretendió reproducir Constitución de - Legislativo Unicameral
Departamentales CONSTITUCION DE 1933 (incorporó la Acción de Amparo) Presidente. - Econom. Social de Mercado CONSTITUCION DE 1979 Incorpora aportes del La Post-guerra - T.G.C - Regiones. Constitucionalismo de - C.N.M Desarrolla el Constitucionalismo Social - República Unitaria - No-reelección - Sin Vice-
IV UNIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PERÚ
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir
de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o
abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización
jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de
orden público. 15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
A la propiedad y a la herencia. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los
social y cultural de la Nación. legislativa y de referéndum. 18.
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa
A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas
o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional. 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad
étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la
autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser
privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 23. A la legítima defensa.
24.A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. ARTICULO 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
PRIMERA SESIÓN EXAMEN PARCIAL I
SEGUNDA SESIÓN CONTENIDOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
LA PERSONA HUMANA Hemos comenzado por decirte que eres peruano. Pero antes de ser peruano, eres persona humana. A la persona humana, la Constitución dedica su artículo 1º en estos términos: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” ¿Hace falta decir persona humana? ¿No son humanas todas las personas? También hay personas jurídicas, que son las sociedades o compañías o firmas comerciales o industriales. No es pues redundante decir, como dice nuestra Constitución, persona humana. A la defensa de ésta y al respeto de su dignidad, se les define como el fin supremo de la sociedad (la sociedad somos todos) y del Estado (que es la organización jurídica y política de la Nación). Fin supremo , quiere decir fin que está por encima de otros fines. Hay doctrinas políticas que colocan por encima de la persona humana, al Estado. Ello ha llevado a muchos desastres, sobre todo, a la explotación y la violación de los derechos humanos. Esas doctrinas totalitarias han fracasado ruidosamente, a raíz, sobre todo de la caída del muro de Berlín en 1989. Todos los elementos constitutivos de la organización del Estado deben estar al servicio de la persona humana y de sus derechos.
¿Cuáles son los derechos fundamentales de la persona? El artículo segundo de la Constitución es muy extenso, debido a la variedad de temas que incluye. Desde la Declaración de los Derechos Humanos, hasta ahora, los hombres se han preocupado de definirlos uno a uno. EL DERECHO A LA VIDA Toda persona tiene derecho a la vida (Art. 2º, Inciso 1). Es el primero y el más elemental de los Derechos. Porque, en tu vida, ocurre todo lo que te ocurra. Si no tuvieras vida o la perdieras, ya no te ocurriría nada, por lo menos en este mundo. Por eso, los derechos de la persona empiezan por el derecho a la vida. En nombre del derecho a la vida, el concebido (el que todavía no ha nacido pero ya está concebido en el seno de su madre) es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Lo primero que le favorece es su derecho a la vida. Por consiguiente, nuestra Constitución no admite el aborto provocado, es decir, el acto de dar muerte intencional al concebido. Además de la vida, la persona tiene derecho a su identidad (nombre propio y otras características), a su integridad, a su desarrollo y bienestar.
LA IGUALDAD ANTE LA LEY Todos somos iguales como criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza. En una República Democrática, como la nuestra, no hay privilegios ni privilegiados. No hay nobles ni plebeyos. No hay –delante de la ley- blancos, cholos, mestizos, negros, mulatos, chinos, japoneses. Ni ricos ni pobres. Ni altos ni bajos. Ni gordos ni flacos. Dice el Art. 103º: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas”. Ojo: No hay, no debe haber, no puede haber en el Perú leyes especiales por razón de la diferencia de personas.
LA LIBERTAD DE OPINIÓN, DE CONCIENCIA, DE COMUNICACIÓN Y DE INFORMACIÓN Así como la igualdad, la libertad es esencial para el ser humano. Ese es el mensaje del cristianismo: los hombres, como criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza, somos libres e iguales. Somos hermanos. Por eso, Cristo dijo: “Amaos los unos a los otros”
La conciencia del hombre es libre. También lo es su pensamiento. Ni al más oscuro de los presos en el peor de los calabozos, se le puede arrebatar la facultad de pensar libremente. Pero la expresión del pensamiento también debe ser libre.
De todo ello se ocupa el mismo artículo segundo de la Constitución, en cuatro incisos. Observa:
Artículo 2º Inciso 3: Inciso 4: Inciso 5: Inciso 6: libertad de conciencia libertad de opinión libertad de comunicación libertad de información
 Dice el inciso 3 del artículo 2º: que toda persona tiene derecho “a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada”, como ya hemos señalado al ocuparnos del tema de la religión católica. Añade dicho inciso que “no hay persecución por razón de ideas o creencias”. Puedo yo tener las ideas que quiera o profesar las creencias que se me antoje pero no por ello puedo ser perseguido. Declara el inciso 3, de manera terminante, “No hay deliro de opinión”. Yo puedo opinar que el gobierno es pésimo puedo opinar que el gobierno es magnífico o puedo opinar que la política económica es acertada o puedo opinar que es un desastre. Pero, cualquiera que sea mi opinión, dicha opinión no constituye delito. Naturalmente, si de la opinión paso a los hechos, si de opinar que el gobierno es malo, paso a conspirar contra el gobierno o a rebelarme contra el gobierno constitucional, entonces sí cometo delito.
 El inciso 4 del artículo 2º reconoce a la persona humana las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, sea mediante la palabra oral o escrita o mediante la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Lo cual incluye, por cierto, la televisión, las radioemisoras, los diarios, las revistas, etc. Mi derecho de expresarme se ejerce sin previa autorización ni impedimento alguno, aunque bajo la responsabilidad de ley. Porque tampoco la libertad de expresión o de opinión es ilimitada. Tengo que respetar la ley . Cuando un artículo de la Constitución comprende varios números se divide en incisos. Por eso, el mismo inciso 4 señala que “los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común”. Si me valgo de cualquier medio de comunicación, televisión, radios, periódicos, para injuriar a las personas o para difamarlas, entonces cometo delito previsto en el Código Penal.  El inciso 5 del artículo 2º autoriza a toda persona para “...solicitar la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública...”. Hay la excepción de la información que afecte la intimidad personal o las que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Aun el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse si lo pide el Juez o el Fiscal de la Nación o una comisión parlamentaria de investigación.
Pero la persona humana está en el derecho de proteger su intimidad personal y familiar (inciso 6, del artículo 2º)
HONOR Y REPUTACIÓN Si bien es verdad que hay derecho a la amplia información, la persona tiene derecho, según el inciso 7 del artículo 2º, “al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y la imagen propias”. Quiere decir que mi imagen y mi voz no deben poder ser alteradas; y que mi intimidad y mi honor y mi reputación no deben poder ser mancillados en los medios de comunicación. Y, si lo fueran, tengo derecho a rectificación “en forma gratuita, inmediata y preferencial”.
LIBERTAD DE CREACIÓN CULTURAL La persona humana (inciso 8 del mismo artículo 2º) es libre para la creación intelectual, artística, técnica o científica. Es dueña de su creación, sea un libro, sea un cuadro, sea lo que fuere.
EL DOMICILIO El domicilio es inviolable. Cada uno es dueño y señor de su casa.
Por eso (inciso 9 del artículo 2), nadie puede ingresar en el domicilio ni efectuar investigaciones o registros sin autorización del dueño de casa o en caso de delito flagrante o de grave peligro de su perpetración. Asimismo, la persona elige libremente el lugar de su residencia. Puede ser Lima o Arequipa o Cajamarca o Iquitos. Es libre de transitar por el territorio nacional y puede ir de Lima a Chancay o de arequipa a Moquegua como mejor le plazca. Hay limitaciones por razón de sanidad (si hay una epidemia) o por mandato judicial (si alguien está condenado a prisión) o por aplicación de la ley de extranjería (sí los extranjeros no han obtenido el derecho de residir permanentemente en el Perú).
LAS COMUNICACIONES La persona no sólo es dueña de su domicilio sino de sus comunicaciones y documentos privados, los cuales no pueden ser intervenidos sino por mandamiento judicial.
LIBERTAD DE REUNIÓN, DE ASOCIACIÓN, DE CONTRATO Todos tienen el derecho de reunirse públicamente sin armas (inciso 12, artículo 2º). Si la reunión es en local privado abierto al público (como una sala cinematográfica) no requiere aviso previo a la autoridad. Si se convoca en plazas o vías públicas, si se tiene que dar aviso anticipado a la autoridad. La autoridad puede prohibir la reunión por motivos de seguridad o de sanidad públicas. Si, por ejemplo, dos partidos políticos piden para el mismo día la Plaza San Martín, la autoridad tendrá que dar su autorización un día para un partido y otro día para otro. Tampoco la autoridad puede autorizar reuniones en plazas muy próximas la una de la otra, porque se corre el riesgo de enfrentamientos entre fuerzas políticas distintas o hasta hostiles. El derecho de reunión es uno de los que puede suspenderse bajo el llamado régimen de excepción, que estudiaremos más adelante. Las personas también tienen el derecho de asociarse. Por ejemplo, pueden formar un club deportivo que puede tener un equipo de fútbol. Asimismo, las personas tienen el derecho de constituir fundaciones que consisten en afectar dinero o bienes y que se dedican a determinado fin. Por ejemplo: la Fundación Manuel J. Bustamante del Fuente que afecta un determinado número de acciones de la Compañía Cervecera del Sur, cuyo producto se dedica a otorgar importantes premios de estímulo intelectual.
Análogamente, las personas tienen derecho de contratar, con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. No se puede contratar con fines ilícitos y delictivos. Por ejemplo: contratar a un esbirro, un asesino, para que dé muerte a tal o cual persona sería un contrato con fin delictivo, obviamente prohibido por la ley. Análogamente, las asociaciones se constituyen con arreglo a ley. Las asociaciones delictivas como las bandas de traficantes o los terroristas que militan en Sendero Luminoso o en el MRTA, no son asociaciones que la ley permite sino que, por el contrario, castiga.
DERECHO DE TRABAJO, DE PROPIEDAD, DE HERENCIA Toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley (inciso 15 del artículo 2º). Es libre el derecho al trabajo; pero el trabajo tiene que estar sujeto a ley. El trabajo de los delincuentes, de los ladrones, de los terroristas, que también trabajan, ese trabajo no está sujeto a ley sino que, por el contrario, la viola manifiestamente.
Toda persona tiene derecho a la propiedad (inciso 16 del artículo 2º). La propiedad sobre un bien nos da el derecho a usarla, de aprovecharla, de venderla o de darla en prenda (si el bien es mueble) o de hipotecarla (si el bien es inmueble) La propiedad es un derecho natural , que debe estar al alcance de toda persona. La propiedad debe difundirse. El ideal sería que fuéramos todos propietarios. En vez de un país de proletarios (que sólo tienen su prole, es decir, sus hijos) deberíamos ser un país de propietarios. Una familia con su propia casa (bien inmueble) y su propio automóvil (bien mueble) y otros bienes de uso común es una familia que ya puede considerarse de clase media. La difusión del derecho de propiedad es una de las insistentes recomendaciones de los pontífices romanos en diversas encíclicas. La herencia es el derecho que tiene una persona de transmitir sus bienes a sus parientes más próximos; o , en caso de no tener herederos forzosos, de lagarlos a quien mejor le parezca. La herencia es inseparable de la propiedad privada. Si no hubiera herencia, no habría propiedad privada. La propiedad es necesaria para vivir con dignidad. Toda persona necesita vivir en una familia, y ésta requiere de un mínimo de bienes materiales, para vivir en armonía y tener posibilidades de desarrollo. Normalmente, se accede a la propiedad de los bienes, a través del trabajo. El trabajo de un padre de familia, le genera una remuneración con la que puede ahorrar y adquirir los bienes que son necesarios para su mujer y sus hijos.
DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Toda persona tiene derecho “a participar en forma individual o asociada en la vida social, política y cultural de la Nación” (inciso 17, artículo 2º) Sin ese derecho de participación en la vida nacional, no habría actividad política. Hay diversas maneras de participar en la vida política. La Constitución añade que los ciudadanos tienen “los derechos de elección, de remoción y renovación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”. Veamos por parte el precepto: Derecho de Elección
Es el derecho de elegir a nuestros gobernantes, sea a nivel municipal, sea a nivel departamental o regional, sea a nivel del gobierno central, sea para Alcalde, sea para Presidente de la República, sea para representante al Congreso. Como los ciudadanos no pueden gobernarse a sí mismos, se gobiernan por intermedio de sus representantes elegidos. Tal es la esencia de la democracia representativa. Pero, a la vez, con la democracia representativa, la nueva Constitución quiere crear mecanismos de democracia directa. Derecho de remover autoridades Este es el derecho no de elegir, sino, por el contrario, de destituir a las autoridades. En la Constitución, se ha declarado el principio; ya que hay una ley que lo reglamenta. Iniciativa legislativa Reconoce al ciudadano común y corriente el derecho de iniciar el proceso de formación de las leyes, derecho que también se reconoce a los mismos ciudadanos en el artículo 107º de la Constitución. Referéndum Es una consulta directa al pueblo para que apruebe textos legislativos, tal como ha ocurrido con la Constitución aprobada en el referéndum del 31 de octubre de 1993.
EL SECRETO PROFESIONAL Toda persona tiene derecho a mantener en reserva (es decir, callar) sus convicciones de cualquier clase (religiosas, filosóficas, políticas), según el inciso 18 del artículo segundo) También tiene derecho a guardar el secreto profesional (inciso 19), como en los casos, entre otros, del sacerdote (secreto de confesión), del abogado, del médico, del periodista, etc.
LA NACIONALIDAD Toda persona tiene derecho a su nacionalidad (inciso 21); y nadie puede ser despojado de la suya. Este precepto se complementa con el artículo 53º que, en su segundo párrafo, dice: “ La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana”. Tal sería el caso de peruanos residentes en Estados Unidos que adquieren la nacionalidad norteamericana. Para el Perú, seguirán siendo peruanos.
EL TIEMPO LIBRE Toda persona igualmente (inciso 22) tiene derecho a la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y al descanso. Este derecho es contra la perturbación, el ruido y, en fin, cualquier alteración del sosiego.
Toda persona tiene derecho a la legítima defensa (inciso 23). Si soy agredido, tengo derecho de responder. Pero mi respuesta debe ser proporcional a la agresión que haya sufrido. A un alfilerazo no debo responder con un revólver. A la agresión del terrorismo, los campesinos del Perú y en general, los ciudadanos han respondido organizándose en rondas campesinas y rondas urbanas que actúan en coordinación con el Ejército.
LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES Los límites de la libertad de la persona (inciso 24) del mismo artículo segundo) están señalados por la Constitución en estos términos: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Si la ley manda, tengo que cumplir su mandato. Si la ley prohíbe, tengo que abstenerme de hacer lo que prohíbe.
Pero –si la ley no manda ni prohíbe- ejercito mi libertad personal para no hacer, si no quiero, lo que la ley no manda; ni abstenerme de hacer lo que la ley no prohíbe. DE ALLI SE DERIVAN IMPORTANTES PRINCIPIOS: La libertad personal no puede restringirse sino en los casos previstos por la ley. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y cualquier comercio de seres humanos (como la trata de blancas, es decir, de mujeres para prostituírse). No hay prisión por deudas. Si debo dinero a una persona, y no puedo pagarle, no por eso me va a enviar a la cárcel. (sin embargo, el padre de familia que desatiende el deber de alimentar a sus hijos, puede perder su libertad) Nadie puede ser procesado ni penado sino por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, esté previamente calificado en la ley “ de manera expresa e inequívoca” como infracción punible, o sea, susceptible de pena. En otras palabras: no hay pena si no hay ley. A toda persona se le considera inocente mientras los tribunales de justicia no hayan declarado su responsabilidad. Nadie puede ser detenido sino por mandato del Juez o en flagrante delito (en el acto de cometerlo). En todo caso, el detenido (por la policía) debe ser puesto a disposición del juez dentro de las veinticuatro horas. Si el arresto se extiende más allá de ese límite, puede interponerse ante los tribunales el llamado proceso de Hábeas Corpus.
En los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el arresto policial puede prolongarse hasta quince días. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para esclarecer un delito. El detenido (inciso 14 del artículo 139º) “Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección”.... A nadie se le puede negar un Abogado. Nadie debe, en fin, ser víctima de violencia ni de tortura ni de tratos humillantes.
PRIMERA SESIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Los derechos sociales son aquellos que tiene el hombre, en cuanto persona social. No olvides que el hombre es un ser social, es decir, una persona que, por su misma naturaleza, debe vivir en sociedad, para poder alcanzar su fin. La naturaleza social del hombre se comprueba porque sólo en sociedad alcanza éste el pleno desarrollo de su personalidad. Los derechos sociales podemos agruparlos en tres: Los que están íntimamente vinculados con la familia. Los que guardan relación con la educación Los que guardan relación con el trabajo.
Toda persona tiene derecho a constituir y pertenecer a una familia. Además, tiene derecho a recibir educación y a trabajar en bien de la sociedad.
LA FAMILIA La familia es la “célula original de la vida social”. Así lo dice el reciente catecismo aprobado por la Iglesia Católica. Es una verdad aceptada en todos los tiempos. La vida social empieza en la familia. Una sociedad es un conjunto de familias, como un tejido es un conjunto de células. La vida de familia es iniciación a la vida es sociedad. En ella, el hombre recibe desde el momento de su nacimiento, los valores morales, la estabilidad y el afecto que necesita para crecer dignamente y como corresponde a una persona humana. Por eso, en nuestra Constitución, se afirma que “la comunidad y el estado protegen a la familia y promueven el matrimonio”. El Estado debe respetar los derechos de la familia, que es anterior al Estado. “El Estado protege a la familia, que es una institución de derecho natural” Modelo de familia es la que forman San José, la Virgen y el Niño, a la que llamamos Sagrada Familia. Si un hombre y una mujer forman una sociedad de hecho –si viven juntos pero no se han casad- se establece, entre ellos, una comunidad de bienes como si se hubieran casado. La política de población (artículo 6º) difunde y promueve la paternidad y maternidad responsables:
Los padres tienen el deber y el derecho de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. También asumen los nobles deberes de dar a sus hijos hogar, vestido, ejemplo y educación, sabiendo que esas obligaciones entrañan esfuerzos y sacrificios. Un aspecto particular de la responsabilidad de los padres se refiere a la “regulación de la natalidad”. Por su parte, los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. “El respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia su padre y hacia su madre, se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une”. La mayoría de edad no es una licencia para entender mal la independencia de los padres. A éstos debemos respetarlos y prestarles ayuda material y moral, en los años de vejez y durante sus enfermedades o momentos de soledad. Todos los hijos –nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio- tienen los mismos derechos y deberes. ¿QUÉ DICE ACERCA DEL NIÑO LA CONSTITUCIÓN? El niño, con ese nombre, aparece por primera vez en el capítulo II artículo cuarto: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”. “También protegen a la familia y promueven el matrimonio”. Todos tienen derecho a la protección de su salud (artículo 7º). Debe establecerse un régimen legal de protección para las personas incapacitadas a causa de deficiencia física o mental. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas (artículo 8º). Este tráfico se encuentra difundido en nuestro país porque somos productores de coca. Nuestros campesinos, principalmente en las zonas de selva alta, cultivan coca que es procesada para convertirse en cocaína, la cual, en su mayor parte, se lleva
clandestinamente a otros países, sobre todo los Estados Unidos. El Perú, sin embargo, no puede,, por sí mismo, luchar eficazmente contra el narcotráfico, sin la asistencia de los países ricos y consumidores. Toda persona tiene derecho a la seguridad social (artículo 10º), para protegerse de contingencias como la enfermedad, la invalidez y por último, la muerte. La seguridad social puede estar a cargo de entidades públicas (Essalud) o privadas o mixtas, vale decir, combinación de públicas y privadas (artículo 11º y siguientes). LA EDUCACIÓN El fin de la educación es proporcionar al hombre la formación integral que debe conseguir en la tierra, para alcanzar su máximo desarrollo como persona. A la educación, el artículo 13º de la Constitución le señala como finalidad el desarrollo de la persona humana. Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tenemos el derecho inalienable y el deber ineludible a la propia educación. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Nadie puede sustituirlos en esta responsabilidad. Cuando faltan los padres, difícilmente se les puede sustituir en su papel de educadores de su hijos. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger para éstos los centros de educación (artículo 13º y siguientes) El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres tienen el derecho de elegir para sus hijos el tipo de enseñanza que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental; no se puede renunciar.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos, son obligatorias en todo el proceso educativo. El educando, el que es educado, el niño, como tú, tiene derecho a una educación con respeto de su identidad. También tiene derecho al buen trato psicológico y físico. Los alumnos no pueden ser objeto de malos tratos por parte de sus profesores ni pueden ser castigados físicamente por éstos. Un niño sólo puede ser castigado físicamente y de modo muy moderado, por sus padres y sólo los padres pueden autorizar a terceras personas el castigo físico –muy moderado- de los hijos.
En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Debe señalarse que esa educación llamada gratuita en realidad es pagada por el Estado, esto es, por el pueblo mismo. La educación gratuita es educación a costa del contribuyente. En las universidades públicas, el alumno tiene derecho a la gratuidad si su rendimiento es satisfactorio y si no cuenta con recursos económicos. La educación universitaria tiene como objetivo principal la formación profesional. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia, lo que quiere decir que el profesor es libre de enseñar, pero debe hacerlo con tolerancia para otras opiniones y en especial, para las opiniones que puedan tener sus alumnos. La Constitución define la universidad como la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Cada universidad es autónoma dentro de la Constitución y de la ley. No debe entenderse la autonomía universitaria como extraterritorialidad,
es decir, como si la universidad estuviera fuera del territorio nacional y no estuviese sometida a las leyes de la república. EL TRABAJO Al trabajo, se le considera como deber y como derecho: como deber, estoy obligado a trabajar para sustentarme. Todos los hombres tenemos el deber de trabajar. En el trabajo, la persona ejerce una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. En el trabajo, la persona se perfecciona, adquiere virtudes y mediante el trabajo se gana el sustento para síu y para los suyos. También es un derecho. Nadie puede ser impedido de acceder al trabajo. “El valor de trabajo pertenece al hombre mismo. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo”. Como derecho, nadie me debe impedir el ejercicio del mismo. El Estado protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Entre nosotros, los niños que trabajan, aun en la vía pública, son muchísimos, a causa de la pobreza de sus familias, y muchas veces de la falta de trabajo para los padres. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa que procure, para él y su familia, bienestar material y espiritual. La jornada de trabajo es de ocho horas diarias y hasta cuarenta y ocho horas semanales. Por encima de esas limitaciones, el trabajador tiene derecho al pago de horas extras. En vez del criterio rígido de la estabilidad laboral, que asustaba al empresario y finalmente, perjudicaba a los trabajadores, la ley otorga a éstos “adecuada protección contra el despido arbitrario”.
El Estado reconoce a los trabajadores el derecho de pertenecer a sindicatos; el derecho de los sindicatos a negociar, colectivamente, con el empleador las condiciones de trabajo; y el derecho de huelga, que es el derecho de no trabajar para hacer valer determinadas demandas. El derecho de huelga debe ejercerse “en armonía con el interés social”. Tiene excepciones y limitaciones, porque la huelga no debe poner en peligro a la sociedad. El Estado reconoce a los trabajadores el derecho de participar en las utilidades de la empresa.
SEGUNDA SESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES
¿Qué son los derechos y deberes políticos? Son aquellos derechos y deberes que tenemos las personas como ciudadanos, es decir, como habitantes de la ciudad o –en griego- de la polis. Por eso –decía Aristóteles-, “el hombre es un animal político”, es decir, un animal que vive en la polis. Derechos y deberes políticos.- Todavía no eres ciudadano; pero lo serás apenas cumplas dieciocho. Entonces y una vez que te inscribas en el Registro Electoral, puedes y debes votar. El principal derecho del ciudadano en la vida pública consiste en participar activamente como persona y como gobernante. Por eso, también puedes ser elegido para desempeñar cargos públicos, con 18 años, en los municipios.
Cuando cumplas veinticinco años, puedes ser elegido representante a Congreso (artículo 90º) Cuando cumplas treinta y cinco años, puedes ser elegido Presidente de la República (artículo 110º) y Defensor del Pueblo (artículo 161º) Cuando cumplas cuarenta y cinco años, puedes ser elegido vocal de la Corte Suprema (artículo 147º), Fiscal Supremo o magistrado del Tribunal Constitucional. EL VOTO Acerca del voto, nuestra Constitución establece: El voto, en el Perú es personal. Tienes que ejercerlo personalmente. No puedes delegar en otra persona tu derecho de voto. El voto es igual. Todos tenemos el mismo derecho de voto. Se cumple el principio democrático: “un hombre, un voto”. Habría que añadir un hombre o una mujer. El voto del millonario no vale más que el del mendigo. El voto es libre: una vez en la cámara secreta, atiendes a tu criterio libremente, sin amenaza ni soborno. El voto es secreto. Nadie se entera de tu voto, aunque tú naturalmente puedes revelar por quién has votado. El voto es obligatorio hasta los setenta años. El que no vota, para la validez de su DNI, tiene que pagar una multa, a menos que demuestre que no ha votado por causas de fuerza mayor (por ejemplo, enfermedad o viaje).
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulado por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley. (artículo 34º) (Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicado el 30-03-2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente texto: “Los miembros de las FF.AA. y de la PNP en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.”) en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Los ciudadanos ejercen sus derechos individualmente o a través de organismos políticos como los partidos. La ley establece normas para asegurar el funcionamiento democrático de los partidos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos. Todos los peruanos (artículo 38º) “tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales; así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. LA FUNCIÓN PÚBLICA Los funcionarios públicos están al servicio de la nación (artículo 39º). De dichos funcionarios, el de más alta jerarquía es el Presidente de la República. A continuación, en ese orden, los representantes a Congreso, ministros de Estado, Magistrados Supremos.
Los funcionarios públicos que la ley señala, deben hacer declaración de bienes y rentas, bajo juramento, al tomar posesión de sus cargos, durante el ejercicio de éstos y al cesar en los mismos. Los servidores públicos también tienen el derecho de huelga y el de pertenecer a sindicatos. Pero no tienen tales derechos los funcionarios con poder de decisión, ni los que desempeñan cargos de confianza, ni los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional ni los jueces.
CONSTITUCIONALMENTE ¿QUÉ ES EL PERÚ?. COMO FORMA DE ESTADO Y COMO FORMA DE GOBIERNO COMO FORMA DE ESTADO: Es una forma de organización social Es una comunidad de estructuras Es una comunidad de hombres El Estado es sociedad política, organizada en un territorio con una finalidad común.
Es una ficción jurídica (abstracto). Se observa a través de sus manifestaciones (Himno Nacional, Bandera, etc)
La República del Perú es democrático, social, independiente y soberana :  DEMOCRÁTICA.- Que el origen de sus autoridades políticas, deben ser votados y aprobados por el pueblo.  SOCIAL.- Debe primar los criterios sociales de la solidaridad y la fraternidad, antes que el individualismo personal.  INDEPENDIENTE.- No acepta la dominación de ninguna potencia extranjera, ni en términos políticos, ni económicos. Es decir rechaza el imperialismo, colonialismo y discriminación racial.  SOBERANA.- Es una emanación de su independencia. Quiere decir que en el Perú sólo manda su gobierno, elegido democráticamente.
DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO  Defender la soberanía nacional  Garantizar la plena vigencia de los DD.HH. (vida digna)  Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad  Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.
 UNITARIO.- Consiste en que el gobierno nacional es detentador de la soberanía interna, pudiendo establecer normas y tomar disposiciones de carácter nacional sobre cualquier materia, que deben ser obligatoriamente obedecidas por las demás instituciones y organismos del Estado en todo el país.  REPRESNTATIVO.- Porque es elegido por el pueblo y lo representa; es decir, el gobierno que obtiene la mayoría de votos nos representa, es decir fue nominado por nosotros y debe representarnos.  DESCENTRALIZADO.- Es decir que los organismos regionales de la administración pública dependen jerárquicamente del gobierno central (en este caso del Pdte. de la República y sus Ministros), tienen derecho a resolver por sí mismos ciertos asuntos importantes para sus ámbitos territoriales, dentro de las directivas generales que les imparten sus Superiores.
El Poder del Estado es uno. Las funciones estatales son ejercidas por órganos y no por poderes. Sin embargo, es tradicional designar los órganos del Estado con el nombre de “Poderes”, llamados: Legislativo, Ejecutivo, Judicial.
EL PODER LEGISLATIVO ¿Qué es el Poder Legislativo? Es uno de los tres poderes propios del Estado. Es el poder que tiene el Estado. Es el poder que tiene el Estado de dictar las leyes convenientes para la sociedad y el bien común. Estas leyes deben respetar el orden natural y la legítima Constitución Política del Estado. El Poder Legislativo reside en el Congreso. Este consta de Cámara Única. Anteriormente, y en la mayoría de Constituciones que hemos tenido en el Perú, el Congreso fue bicameral, es decir, lo constituían dos Cámaras Legislativas: la Cámara de Diputados y el Senado. El artículo 90º de nuestra Constitución dice: “El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única” Los congresistas son viento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años. El congresista no puede desempeñar otra función pública, salvo la de Ministro de Estado o el desempeño de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo, lo que quiere decir que nadie les puede impartir órdenes en tal o cual sentido. Los congresistas son inmunes e inviolables, esto es, no responden ante autoridad ni tribunal algunos por sus votos y opiniones. No pueden ser procesados ni presos, salvo en flagrante delito. En ese caso, son puestos a disposición del Congreso a fin de que éste autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Cualquier congresista puede pedir a los Ministros de Estado y a las principales entidades públicas los informes que estime necesarios. El congreso puede iniciar investigaciones respecto de cualquier asunto de interés público. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sin que lo autorice su propio Presidente. El congreso elige de su seno, una Comisión Permanente, la cual desempeña algunas de las funciones del antiguo Senado. La Comisión Permanente acusa ante el Congreso al Presidente de la República y a los altos funcionarios que menciona el artículo 99º, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Al pleno del Congreso corresponde suspender o no al funcionario acusado por la comisión Permanente o inhabilitarlo en el ejercicio de la función pública. Si la resolución del Congreso tiene contenido penal, el funcionario acusado es denunciado por el Fiscal de la Nación y juzgado por la Corte Suprema.
LAS LEYES La principal atribución del Congreso es la de “dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”. Además, el Congreso vela por el respeto de la Constitución; aprueba los tratados, aprueba el presupuesto, autoriza empréstitos, ejerce el derecho de amnistía, la cual consiste en olvidar el delito, etc. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en material penal, cuando favorece al reo. La ley no puede regir para el pasado., La ley rige para el futuro. Por eso, no puede tener efecto retroactivo, efecto para atrás. El congreso puede autorizar al Poder Ejecutivo para que éste ejerza la potestad de legislar sobre las materias y por el plazo que el Congreso mismo señale. En este caso, el Poder Ejecutivo, expide los llamados decretos legislativos.
FORMACIÓN DE LA LEY Tienen derecho de iniciativa en la formación de la ley el Presidente de la República y los congresistas. También lo tienen otras instituciones públicas en las materias que le son propias; y aún directamente los ciudadanos en la forma que señale la ley. Una vez aprobada la ley en el Congreso, ésta se envía al Presidente de la República para que la promulgue en el plazo de quince días. Puede ocurrir lo siguiente:
a) El Presidente de la República promulga la ley. b) El Presidente de la República no la promulga. Transcurrido el plazo de quince días, la promulga el Presidente del Congreso, en defecto del Presidente de la República. c) El Presidente de la República, dentro de ese mismo plazo de quince días, observa la ley (la veta). Envía las observaciones al Congreso. d) El Congreso vence las observaciones del Presidente de la República con el voto de la mayoría absoluta de los representantes. En ese caso, el Presidente del Congreso promulga la ley.
EL PODER EJECUTIVO El Poder Ejecutivo es el órgano administrador del estado. Su atribución es cumplir y hacer cumplir las leyes. El Presidente de la República es elegido por sufragio directo y por más de la mitad de votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. Para ser candidato a la Presidencia de la República se requiere tener más de 35 años de edad al momento de la postulación. El mandato presidencial es de cinco años y puede ser reelegido, para un período adicional, siempre y cuando haya transcurrido otro período constitucional como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. También se elige en las mismas condiciones al 1° y 2° Vicepresidente de la República. Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y leyes.  Representar al Estado dentro y fuera de la República.  Dirigir la política general del Gobierno.  Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.  Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes del Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funciones que señala la ley.  Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria.  Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.  Cumplir Y Hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los tribunales y juzgados, y requerido para la pronta administración de justicia.  Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.  Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, y celebrar y ratificar tratados.  Presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.  Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.  Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso.
 Administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargos de dar cuenta al Congreso.  Regular las tarifas arancelarias.  Conceder indultos y conmutar penas, etc. El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejo de Ministros. Debe, a su vez, convocar a elecciones dentro de los cuatro meses a la fecha de disolución. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Finalmente puede decretar estado de emergencia en caso que hubiere perturbación de la paz o del orden interno y de catástrofe, en cuyo caso se suspenden algunos derechos constitucionales en todo el país o en parte de él, sólo por sesenta días. También puede decretar estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil. Colabora con el Presidente de la República el Consejo de Ministros, cuyos titulares tienen a su cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. Son nulos los actos del Presidente de la República que no tienen refrendación ministerial. El Consejo de Ministros tiene su presidente. Sin embargo, el Presidente de la República preside la sesión cuando asiste a él. Son atribuciones del Consejo de Ministros:  Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
 Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones.  Deliberar sobre asuntos de interés público.
EL PODER JUDICIAL El Poder Judicial es el órgano del Estado cuya función es administrar justicia, aplicando la ley. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Se ejerce por el Poder Judicial a través de sus organismos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:  La Corte Suprema de Justicia, con sede en la capital de la República. Su jurisdicción comprende todo el territorio de la República. Examina, en revisión, los asuntos sentenciados en las cortes superiores de la República. Sus fallos son inapelables. El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Está conformada por los magistrados.  Las Cortes Supremas, con sede en la capital del distrito judicial que señala la ley.  Los juzgados civiles, penales y especiales, así como los juzgados de paz letrados en los lugares que determina la ley.  Los juzgados de paz en todos los centros poblados del país.
Los principios y derechos de la Función Jurisdiccional son los siguientes:  La unidad y exclusividad de la Función Jurisdiccional.  Independencia del Poder Judicial.  Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Publicidad en los procesos.  La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas sus instancias.  Pluralidad de Instancia.  La indemnización por los errores judiciales en materia penal y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.  El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.  La inaplicabilidad por analogía de la ley penal.  El principio de no ser penado sin proceso judicial.  La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto de leyes penales.  Nadie puede ser condenado en ausencia.  La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.
 El principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso.  Toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las razones de su detención.  El principio de la gratuidad de la administración de Justicia.  Se encuentra prohibido ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley.  El derecho de toda persona de formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales, con limitaciones de ley.  El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Excepcionalmente y con acuerdo de la mayoría de sus miembros puede sesionar en cualquier otro lugar de la República.(*)
(*) Artículo sustituido por el artículo único de la Ley Nº 26541,publicado el 25-10-95, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 1.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y su Ley Orgánica." El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede tener sus sesiones en cualquier otro lugar de la República." Órgano judicial, que es garante de la Constitución y de su supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico, y que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales, de los conflictos de competencia entre determinados órganos del Estado y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes. Los magistrados que integran este alto tribunal, que han de ser juristas de reconocida competencia y larga experiencia profesional, tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial y serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Atribuciones del Tribunal Constitucional:  Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.  Conocer, en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, habeas data, y acción de cumplimiento.
 Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Es una institución autónoma que fue creada por la Constitución de 1979. El Consejo de la Magistratura, a cargo de la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial, también forma parte de éste. El segundo párrafo del artículo 114 establece que para su conformación ha de procurarse “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico”. Ratifica a los magistrados y fiscales cada 7 años. Academia de la Magistratura: Su finalidad es la formación de los Jueces, Vocales y Fiscales en todos sus niveles. SEGUNDA SESIÓN
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO.JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población. El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría. Representa y dirige la institución. Es elegido por el Congreso de la República por un período de cinco años. Goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y su Ley Orgánica. El Defensor del Pueblo, no desempeña funciones de juez ni fiscal. Busca solución a problemas concretos antes que acusación a los culpables. En consecuencia, no dicta sentencias, ni ordena detenciones, ni impone multas. Su poder descansa en la persuasión, en las propuestas de modificación de conducta que formule en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de protección preventiva, en la mediación que asume para encontrar soluciones y en su capacidad de denuncia pública en casos extremos. El “ombudsman” del derecho escandinavo controla a los funcionarios a través de la información que circula acerca de su desempeño deficiente. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo:  Defender los derechos constitucionales.  Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
El Ministerio Público es la fiscalía u órgano acusador del estado, el ministerio publico como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre del estado. Suele ser considerado como la parte acusadora, de carácter público, encargada por el estado, de exigir la actuación de la pretensión punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. Como representante de la sociedad, el ministerio público no persigue ningún interés propio, ni ajeno, sino que realiza llanamente la voluntad de la ley. Atribuciones del Ministerio Público:  La persecución de los delitos, tanto en la averiguación previa, como durante el proceso; la representación judicial de la federación.  La vigilancia de la legalidad.  La promoción de una sana administración de la justicia.  La denuncia inmediata de las leyes contrarias a la constitución, entre una rica gama de actividades que se desparrama entre los ministerios públicos de competencia común y federal.  El Fiscal es el Titular de la acción penal pública: El fiscal debe investigar cualquier denuncia que llegue a su conocimiento. Una vez que haya realizado las investigaciones debe dar una denuncia penal, si es que éste se encuentra de acuerdo a la ley, ante el Poder Judicial, luego debe disponer a que se proceda la acusación correspondiente.
El Jurado Nacional de Elecciones del Perú es un organismo constitucional autónomo. Tiene como finalidad fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de los procesos electorales y las consultas populares, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana. En consecuencia es el órgano encargado de proclamar los resultados electorales y otorgar los reconocimientos o credenciales correspondientes a las autoridades electas. Asimismo, tiene como función el dictar resoluciones de carácter general, para reglamentar y normar las disposiciones electorales. Finalmente, el Jurado revisa en grado de apelación las resoluciones expedidas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales y resuelve en definitiva las controversias sobre materia electoral. También decide en segunda y final instancia sobre los casos de vacancias declaradas por los Concejos Regionales y Municipales. Es un órgano colegiado, cuyos cinco integrantes son elegidos por distintas entidades del Estado. El presidente es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y los restante cuatro magistrados son designados por la Junta de Fiscales Supremos, por votación universal de los Abogados de Lima, y por los Decanos de Facultades de Derecho uno de las universidades públicas y otro de las privadas. Dentro del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra el Registro de Organizaciones Políticas donde se mantienen inscritos los partidos políticos vigentes. Su sede se encuentra en la ciudad de Lima.
LA DESCENTRALIZACIÓN El Perú abrió los ojos al siglo XXI en un escenario social, económica y políticamente convulsionado, dominado por la corrupción, la impaciencia social, la incredulidad política y el desencanto ciudadano acerca de la promesa del desarrollo equitativo. El Gobierno del Presidente Alejandro Toledo decidió enfrentar ese desencanto iniciando un profundo proceso de descentralización que, en la práctica, está en el corazón de la transformación del sistema político y de la administración del Estado que los peruanos demandan. Además, a diferencia de los ocho intentos previos, esta vez la descentralización cobra una dimensión en la que el proceso legal y administrativo incluidas las transferencias de competencias y recursos es instrumental a la finalidad de generar crecimiento económico e incrementar el bienestar colectivo. En esa línea, el Plan Nacional de Descentralización propone al país una agenda de grandes objetivos nacionales que le permita a nuestra sociedad poner la mirada en el horizonte para elevar la eficiencia del aparato estatal en la provisión de servicios básicos y en la gestión del desarrollo económico. Sin duda, existe un creciente reconocimiento público sobre la necesidad de un paradigma de desarrollo descentralizado e incluyente, así como sobre la consecuente importancia de la descentralización. El desafío es transformar la enorme expectativa de la población sobre la descentralización en un respaldo activo y comprometido de la sociedad civil, del empresariado y del mundo intelectual y político. Por ello, en tanto órgano conductor del proceso, el Consejo Nacional de Descentralización ha dirigido sus esfuerzos no sólo a sentar las bases estructurales del proceso de descentralización sino también a situar los términos del debate sobre la descentralización en torno a los temas de trascendencia.
La descentralización tiene que ser construida concentrando esfuerzos y recursos en función de los objetivos que se desea alcanzar, no diluyéndolos en iniciativas fragmentarias, y por ello es imperioso establecer relaciones más maduras entre el Estado, la sociedad civil y la clase política. De hecho, el éxito de la descentralización depende del desempeño del conjunto de la sociedad y de sus instituciones, así como de la responsabilidad con que los distintos niveles de gobierno y los actores clave asuman su compromiso con el desarrollo humano y económico local, regional y nacional. En ese sentido, el énfasis tiene que ser puesto no sólo en la redistribución y la equidad social, sino también en la competitividad empresarial y los aspectos productivos de la descentralización, que son los que finalmente se traducen en bienestar. Para revertir el centralismo demográfico, económico y político, es preciso construir una tendencia de crecimiento en la contribución de las regiones al PBI nacional a partir de una creciente capacidad de los Gobiernos Regionales y Locales para promover la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Precisamente porque no basta con redistribuir, la descentralización no funciona a partir de demandas apresuradas por atribuciones y recursos, sino sobre la base de una creciente calidad en la gestión y del compromiso decidido de generar mayores recursos para el desarrollo desde cada región, provincia y distrito del país. El presente Plan Nacional de Descentralización consagra, justamente, este cambio de lógica que, junto con la articulación de los esfuerzos de distintos actores y la aplicación de una visión territorial del desarrollo, hará posible materializar los beneficios sociales inherentes a la descentralización Hasta el momento, la descentralización ha registrado importantes avances en términos de la construcción de un marco legal básico y de la conformación de un ente técnico encargado de dirigir y coordinar la descentralización.
Asimismo, han surgido nuevos actores políticos regionales y locales cuya presencia a nivel nacional facilita la rendición de cuentas ante la población y han sido constituidos mecanismos de participación que fomentan la vigilancia de la sociedad civil en la toma de decisiones de los Gobiernos Locales y Regionales. Ahora, una de las grandes tareas pendientes es alcanzar la plena coordinación intersectorial para asegurar el financiamiento equilibrado de la descentralización, tanto en lo que se refiere a la provisión de recursos financieros a las Regiones y Municipios como al aporte económico de ambos a su propio desarrollo. Obviamente este esfuerzo supone, también, la forja de una nueva administración pública, capaz de planificar concertadamente el desarrollo e impulsar un proceso cuya complejidad los peruanos comenzamos a vislumbrar.
Enorme trascendencia para el futuro del país constituye la forma en que se plantee el establecimiento de las regiones. Esto supone contar con un modelo propio de ocupación del suelo, es decir, cual debería ser la administración política y la distribución geográfica de nuestra población, de tal forma que genere espacios integrados que potencien el uso racional de los recursos naturales y contribuyan al desarrollo económico sostenible. Lo que se haga o deje de hacer en este aspecto, tendrá impacto directo en la vida de millones de peruanos en los años venideros.
Desde el punto de vista histórico, nuestro análisis tiene su punto de partida en la Conquista y Colonización española, cuando esta cultura foránea impone una división del territorio según su interés de controlar y extraer riquezas, especialmente minerales, disolviendo las 4 grandes divisiones o "suyos" de la sociedad incaica. A partir de ese momento se quiebra la relación armónica entre la población y su suelo. De allí en adelante, se han dado muchos intentos frustrados por dividir el territorio, determinar las demarcaciones entre departamentos, provincias y distritos, que fueron creados, la mayoría de las veces, tomando cualquier accidente geográfico, como límite entre estas circunscripciones. En otros casos simplemente obedeciendo al capricho de gobernantes y parlamentarios de turno o a su interés político ocasional. Objetivos La presente propuesta pretende esbozar algunos lineamientos básicos hacia una auténtica Regionalización, que sea palanca de la descentralización y desarrollo económico y social del Perú. Los criterios aquí expuestos aspiran ser herramienta técnica al servicio de las instituciones que estudian el tema y contribuir a desarrollar un gran debate nacional. Antecedentes La concepción española de ocupación del territorio.
La conquista española significó el quiebre total del modelo de ocupación racional del territorio que hasta ese momento, había desarrollado inteligentemente el Imperio Inca, basándose a su vez en las culturas que le antecedieron. Un claro ejemplo del dominio del entorno que alcanzaron los antiguos peruanos, fué el Reino Lupaca, ampliamente estudiado por el Antropólogo John Murra. Esta sociedad asentada en el Altiplano, desarrolló el control de pisos ecológicos, de
manera tal que, se abastecieron de productos de todos los climas y en todas las estaciones del año. Los colonizadores españoles, por el contrario, crearían en el Nuevo Continente sus Audiencias, Intendencias, y Corregimientos, con el propósito de controlar a la población nativa, religiosa y políticamente, organizarla como fuerza de trabajo en las minas y extraer de ella, los tributos exigidos por la Corona. Los primeros esfuerzos de la República.
La Independencia peruana de España, dirigida por los descendientes de españoles, (criollos) desde las ciudades, predominantemente de la Costa, significó cierto cambio a la división del territorio durante la Colonia. Así, se crearían las Provincias, luego los Departamentos que agruparán a aquellas y a su vez los Distritos. Sin embargo, al plantearse esta nueva demarcación bajo criterios estrictamente administrativos, desde Lima, al margen de los intereses de la mayoría de las provincias, significó en realidad, un remedo de la antigua demarcación colonial. La propuesta de demarcación territorial durante la República, ha ido sufriendo sucesivos cambios, estableciéndose nuevas divisiones y sub divisiones, tales como la creación de más provincias y departamentos, pero siguiendo la misma orientación tradicional, es decir, administrar el modelo de mercado para la exportación de materias primas (agrícolas y minerales), privilegiando un incipiente desarrollo de la Costa, a espaldas del resto del país. Si observamos con detalle el mapa del Perú, veremos que los límites entre departamentos o provincias, se han dado tomando como referencia accidentes geográficos muy diversos, principalmente el curso de ríos caudalosos, o sencillamente, siguiendo trazos rectos sobre el papel, según coordenadas geográficas o alguna extraña razón desconocida. En muy pocos casos se ha considerado la separación entre cuencas hidrográficas como demarcación. Ninguna de las Constituciones de la República aprobadas, desde la Independencia hasta nuestros días, ha planteado la necesidad de cuestionar y replantear esta división absurda del territorio bajo nuevos criterios.
Algunos Planteamientos de Regionalización recientes. a) La propuesta del Dr. Javier Pulgar Vidal.
Este ilustre geógrafo, estudió profundamente las regiones naturales en el Perú siguiendo el sentido transversal a los Andes, es decir, la existencia de diferentes pisos ecológicos en nuestro país. Ciertamente, esta propuesta es vigente y digna de ser considerada, pues toma en cuenta que el accidente geográfico característico del Perú es la Cordillera de los Andes y que divide drásticamente nuestro territorio, favoreciendo el aislamiento de Costa, Sierra y Selva. b) La Regionalización del APRA. En la década de los ochenta, el gobierno aprista, en el marco de su propuesta de Regionalización del Perú, propone e implementa una nueva división política del territorio en 12 regiones, lo cual es llevado a la categoría de ley. Si examinamos este planteamiento veremos que, por un lado, carece de fundamento técnico, económico y social, y por otro, la demarcación mantiene los viejos departamentos: propone unir departamentos contiguos, y otros, dejándolos exactamente como eran: por ejemplo, Arequipa, La Libertad, San Martín, Loreto. De esta manera, se insiste en el aislamiento de la Selva, respecto a la Sierra y la Costa, insistiendo en una demarcación tradicional que se conserva desde siglos. Esta propuesta, ha sido desechada en la práctica por su obvio desencuentro con la realidad, pero lamentablemente, sin darse un debate y elaboración de propuestas alternativas, lo cual ha postergado hasta nuestros días la solución al proceso de regionalización que demanda nuestro país. c) La Regionalización en base a las fronteras del país. Últimamente se está proponiendo, igualmente sin sustento, establecer "macro-
regiones" según las fronteras que tenemos con los países vecinos. Así tendríamos: una región fronteriza con Ecuador, la segunda con Colombia-Brasil y una tercera con Bolivia y Chile. Cabe aquí hacernos la pregunta: ¿Un país debe organizarse en función de sus fronteras con los países limítrofes, o debe hacerlo principalmente para potenciar su mercado interno, aprovechar sus recursos y ocupar racionalmente su territorio? Formulación del problema La división política actual del Perú no favorece sino traba su desarrollo, al mantener aisladas la Costa, Sierra y Selva. Muchas provincias y distritos, cercanos en el mapa, en la realidad son lejanos entre si, predominando la desarticulación entre las ciudades medianas y grandes y los mercados interno y externo. Extensas zonas agrícolas se conectan con el país a través de larguísimas rutas. Solo para dar un pequeño ejemplo: la zona de Quillabamba, gran productora de café de exportación no tiene salida directa a los mercados nacional e internacional, sino a través de Cusco (su capital departamental) y de allí por Puno y Arequipa. Peor aún, su vía férrea está actualmente cortada por desastres desde hace 4 años. Sin embargo, conectando Quillabamba con San Francisco y Huamanga, tendría salida a Pisco en pocas horas. Esta ruta es, en la práctica, una futura región. Este aislamiento en el marco de la crisis del agro, alimenta la migración de centenares de miles de productores campesinos, hacia las grandes urbes de la Costa, para convertirse en comerciantes ambulantes, trabajadores informales o en sectores marginales de la sociedad. Solo Lima concentra la tercera parte de la población del país, y sigue creciendo. Esta es la raíz del Centralismo que agobia al Perú.
Conceptos y criterios Creemos importante precisar algunos conceptos, para comprender mejor el proceso de regionalización: ¿Qué es Desarrollo? Es el mejoramiento sostenido de las condiciones económicas y sociales de vida de una población. Implica el crecimiento de la producción nativa, protegiendo la naturaleza, la ampliación del mercado interno, el comercio ventajoso con el exterior y la distribución de la riqueza con equidad. ¿Qué es Región? Entendemos que región es el espacio geográfico que favorece la integración económica y social de determinada población, permitiendo su relación armónica con el medio ambiente y potenciando su desarrollo sostenido. Departamento, Provincia y Distrito. Los Departamentos actuales, son divisiones ficticias, herencia del pasado, que agrupan espacios desintegrados, favoreciendo el aislamiento geográfico y económico de esas zonas. Tomemos el caso de Cajamarca: comprende 3 ámbitos separados: Jaén al norte, Chota al centro y Cajamarca - Contumazá al sur, cada uno con un acceso distinto a hacia la Costa. El caso de Ayacucho: al norte Huamanga-Huanta y al sur Puquio – Coracora. Mientras los primeros se comunican a diario con Pisco, los otros lo hacen igualmente con Nazca. Estos Departamentos deben ser desechados y sustituidos por las nuevas Regiones, entendidas como efectivas unidades administrativo-políticas de integración, en las que concurran todos los agentes económicos, potenciando su desarrollo productivo y social. La Región a su vez, agruparía a las provincias.
La Provincia viene a ser el componente básico de la Región. Esta debe entenderse como un ámbito administrativo con características geográficas y económicas comunes o integrables, como por ejemplo una cuenca hidrográfica o parte de ella. En este espacio geográfico, su población mantiene costumbres y tradiciones típicas que le dan identidad. Podría comprenderse el concepto de Provincia como una Sub-región. Según ello, las provincias actuales tendrían que replantearse, tomando en cuenta los nuevos criterios de demarcación geográfica. El Distrito comprende a una localidad determinada, que agrupa distintos poblados de diferente orden, y viene a ser la célula básica de la actividad productiva y de la vida democrática. La mayor parte de distritos actuales se mantendrían como tales. Qué elementos deberían considerarse en la determinación de una Región? Asegurar la integración vertical de recursos de la Costa Sierra y Selva (diversidad de pisos ecológicos). Distribuir equitativamente en el país, el potencial y ventajas que posee cada zona natural. Fortalecer los circuitos de intercambio comercial actuales y potenciales. Unificar la administración de las cuencas hidrográficas principales. Consolidar las vías de penetración (actuales y en proyecto) que atraviesen los Andes, mediante carreteras y ferrocarriles. Propiciar la interconexión de las ciudades más importantes. Acercar las zonas productivas a los mercados de consumo.
La Municipalidad, también llamado gobierno local. El gobierno municipal de tu distrito es todavía más próximo que el de tu provincia. El gobierno central cuya cabeza es el Presidente de la República, se ocupa de las grandes cuestiones nacionales. El municipio -que es una asociación de familias-, el municipio –donde eres más vecino que propiamente ciudadano- se ocupa de asuntos que tienen que ver con tu vida cotidiana como el alumbrado público, el recojo de la basura, la limpieza de las calles y avenidas, el buen estado de los parques, el ornato de la ciudad, el tránsito de peatones y vehículos, el cuidado de veredas y pistas. Las municipalidades son provinciales y distritales. Tienen autonomía política, económica y administrativa. Las funciones ejecutivas corresponden al Alcalde. El Consejo (distrital o provincial) está integrado por regidores elegidos a la vez que el alcalde y tiene el Concejo funciones normativas (expide normas, principalmente las llamadas ordenanzas municipales, equivalentes de la ley en el ámbito del Municipio) y funciones fiscalizadoras. Los alcaldes y Regidores son elegidos por sufragio directo y por un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. Los extranjeros residentes pueden elegir y ser elegidos en elecciones municipales. Lo que subraya su carácter más vecinal que político. Las municipalidades son competentes para aprobar su organización y su presupuesto; administrar sus bienes y rentas; crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,, licencias y otros arbitrios municipales; organizar los procesos públicos locales; planificar el desarrollo urbano y rural, etc. La capital de la República y las capitales de provincias con rango metropolitano tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. El
mismo tratamiento se aplica para la Provincia Constitucional del Callao y para las provincias de fronteras. A propósito del Callao, el puerto de Lima y el principal puerto del Perú y uno de los más importantes del Pacífico, no es provincia que pertenezca a un departamento y tampoco es departamento sino que tiene una condición peculiar y es Provincia Constitucional. Se ganó ese título, otorgado por don Ramón Castilla, al resistir, en 1856 y en defensa de la Constitución, el asalto de las tropas del general Manuel Ignacio de Vivanco.
VI UNIDAD JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN REGIMEN DE EXCEPCIÓN: ESTADO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE SITIO El régimen de excepción consiste en la suspensión de las garantías que protegen determinados derechos constitucionales y la consiguiente atribución de poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para que ejercite un control enérgico de la paz y del orden interno en circunstancias graves de intranquilidad o conflicto interno, o de catástrofes naturales que pueden conducir a alteraciones en la vida normal de las personas. Por ser una situación anormal, el Poder Legislativo debe ser inmediatamente informado para que tome las medidas pertinentes de control político y ejercicio de su representación popular. En realidad, es la constitucionalización de una forma de dictadura temporal, para hacer frente a situaciones sociales y políticas especialmente graves. ESTADO DE EMERGENCIA El estado de emergencia es el menos fuerte de los dos. Cuando es impuesto se puede suspender solamente las garantías referentes a las libertades de reunión, de tránsito en el territorio, la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad del domicilio. Esto quiere decir que las personas pueden ser detenidas, prohibidas de viajar, impedidas de reunirse en lugares públicos o privados y que las autoridades pueden allanar los domicilios sin necesidad de mostrar orden judicial, como normalmente de be ocurrir.
El estado de emergencia, se produce cuando hay perturbación de la paz o el orden interno o desastres naturales que afectan la vida de la nación y dan lugar a la suspensión o restricción de ciertos derechos constitucionales. El plazo no puede exceder de sesenta días y su prorroga requiere de nuevo decreto; las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.
ESTADO DE EMERGENCIA El estado de sitio es una medida aplicable a situaciones sumamente graves como invasión, guerra exterior o guerra civil y en su vigencia, se suspende las garantías referentes a todos los derechos, salvo las que expresamente se mantengan en vigencia. Por la inmensa cantidad de poderes que asume el Poder Ejecutivo, la Constitución ordena que el congreso se reúna de pleno derecho para que así haga una estricta vigilancia de la conducta del ejecutivo y controle drásticamente los excesos que pueda cometer. Dada la carencia de derechos efectivos durante el estado de sitio para las personas, el plazo es más reducido que en el estado de emergencia, es decir de curenticinco días, la prorroga requiere la aprobación del Congreso. SEGUNDA SESIÓN DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO.- FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PNP DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO
CONCEPTO.- La Defensa Nacional, constituye el conjunto de acciones y previsiones que permite la supervivencia y permanencia del estado, incluyendo su integridad, unidad y facultad de actuar con autonomía en lo interno y libre de subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores condiciones. SIGNIFICADO Y ALCANCE Si se tiene en cuenta que la finalidad esencial del Estado –además de la seguridad- es el Bienestar, lo deseable es que éste se logre fundamentalmente, en un ambiente de paz. Por consiguiente, la Defensa Nacional adopta medidas para preservar ese ambiente de paz, necesario para que el país desarrolle sus actividades sin temor y progreso sin interferencias extrañas a la Nación. Sin embargo en la vida de los Estados surgen y así lo confirma la historia oposición de intereses, disputas ideológicas, ambiciones de predominio, atentados a la soberanía, conflictos territoriales, etc, que en lugar de vincularlos armónicamente, los desunen a veces hasta el extremo de enfrentarlos como adversarios en potencia o incluso declarados, generándose así las diferencias y conflictos entre los Estados. La Defensa Nacional abarca así, el conjunto de medidas y previsiones tendientes a:  Asegurar la tranquilidad interna y externa, a fin de permitir el libre ejercicio de las actividades nacionales para la obtención de Bienestar   Planear y conducir las luchas permanentes en la paz Prever la guerra y preparar al país para afrontarla con posibilidades de éxito y conducirla hasta su término.  Recuperar al país después de la misma, volviendo a las condiciones normales de la paz.
Preparar a la población para hacer frente a los efectos de desastres, ocasionados por la naturaleza o por acción del enemigo.
Tales medidas y previsiones se materializan en planes, destinados a preparar y conducir las acciones internas y externas de la Defensa, efectuar la movilización integral y la preparación del país en caso de conflictos: cuyo conjunto constituye el Plan de defensa Nacional. La concepción, preparación y ejecución de estos planes, compete no sólo al Gobierno y a sus diversas autoridades públicas y privadas, porque en ello se pone en juego el propio destino de la patria. Consecuentemente, la Defensa Nacional es un deber común de toda la ciudadanía, sin distinción de clases, edades, ni sexos. FINALIDAD La Defensa Nacional tiene las siguientes finalidades: Mantener la inviolabilidad de la soberanía e independencia del país y el ejercicio absoluto de su libertad de acción, así como la integridad de su patrimonio espiritual y material.  Vencer las resistencias que otros Estados opongan a la consecución de los objetivos de Desarrollo y defensa nacionales, e impedir que dichos Estados logren objetivos que resulten vulnerables para el país.  Hacer frente a los desastres o sinistros causados por fenómenos de la naturaleza, así como a los efectos de la configuración bélica interna o externa y a cualquier otra causa que afecte significativamente a la población nacional. CARACTERÍSTICAS La Defensa Nacional tiene la siguiente caracterización:
a) Es permanente b) Actúa contra todas las formas de agresión c) Es integral d) Abarca los ámbitos interno y externo e) Es preventiva f) Actúa en todos los campos de actividad o dominio. FUERZA ARMADAS Y POLICIA NACIONAL Las Fuerzas Armadas (artículo 163º y siguientes) están constituidas por el ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. “Su finalidad primordial es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la república.” También pueden asumir el control del orden interno si el Presidente de la República, al declarar el estado de emergencia o de sitio, así lo dispone. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público o privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. El Presidente de la República es el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, puesto que es el Jefe del Estado; y las Fuerzas Armadas y la policía Nacional son órganos del Estado.
Una reforma trascendental ha sido introducida en marzo del 2005, por Ley Nº 28480, que permite el ejercicio del derecho al voto y a la participación ciudadana de los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tradicionalmente se afirmaba que prohibirles el ejercicio de estos derechos se justificaba en el principio de supremacía del poder civil y la necesidad de evitar que los miembros de tales instituciones sean deliberantes y participen con la fuerza de las armas en la vida política del país. Asimismo, se decía que ello garantizaba su neutralidad, la disciplina castrense y fortalecía la unidad de las Fuerzas Armadas, que se vería severamente afectada si se suscitarán enfrentamientos ideológicos en los cuarteles. FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PNP Son funciones primordiales de la PNP (Art. 166º Constitución), mantener el orden interno, preservar, conservar el orden público, garantizar la vigencia de las leyes; protege a las personas, los bienes y prevenir y combatir la delincuencia. La PNP, participa en la Defensa Nacional y tiene asignada
constitucionalmente la tarea de participar en el desarrollo económico y social del país. Esta es una de las funciones más importantes en tiempos de paz, pues constituyen instituciones públicas de alta disciplina, eficacia y excelente organización, lo que les permite aportar sustantivamente al logro de un Perú cada vez más desarrollado.
JURISDICCIÓN DE TIPO ESPECIAL Y DEL PODER JUDICIAL.-JURISDICCIÓN SUPRANACIONAL
JURISDICCIÓN.- Es la atribución que tienen todos los magistrados del Poder Judicial que han sido nombrados debidamente para sus cargos para administrar justicia en nombre del Estado. COMPETENCIA.- Es la atribución que tiene cada Magistrado Judicial, de ejercer su jurisdicción en un tipo determinado de casos y no en otros; v.g. el Juez Civil es competente en asuntos civiles, el Juez Penal, es competente en asuntos penales, etc. El artículo 139º de la Constitución Política del Perú, establece que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial. Entre unos de los principios y derechos en la administración de justicia se cuenta lo siguiente: “Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La Constitución sólo reconoce el fuero ordinario, el fuero militar y la jurisdicción arbitral”
JURISDICCIÓN DE TIPO ESPECIAL Y DEL PODER JUDICIAL FUERO ORDINARIO Las Salas Superiores y Juzgados son un cuerpo unitario, lo que equivale a decir que todos y cada uno de ellos dependen de la autoridad jerárquica Superior de la Corte Suprema de Justicia; esta jurisdicción ordinaria, se somete toda persona que ha incumplido los derechos y obligaciones que demanda la ley, así como los que cometen delitos y faltas, en contravención con las leyes vigentes. V.g: Si Olga tiene un hijo de Jaime y este último no le pasa alimentos a su cónyuge, esta tiene todo el derecho de recurrir al órgano jurisdiccional para solicitar tutela jurisdiccional efectiva; o el delincuente que comete delito contra el patrimonio y asesinato, será juzgado por la Sala Penal correspondiente del Poder Judicial.
FUERO MILITAR La Constitución del Perú reconoce la jurisdicción militar, para ser juzgados los delitos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en ejercicio de sus funciones, los de traición a la patria en caso de guerra exterior y los referentes al servicio militar obligatorio. Fuera de estos casos, la justicia militar no puede pronunciarse sobre proceso judicial alguno. v,g: Juan policía del año, en cumplimiento de su deber, hace uso del armamento de reglamento, para defender su base ante un ataque inminente de elementos subversivos, matando involuntariamente a un transeúnte que se acerco por el lugar de enfrentamiento, en este caso claro Juan será sometido al fuero militar, para determinar si cometió delito, Negligencia o exculpación. FUERO ARBITRAL Adicionalmente, se permite la jurisdicción arbitral. El árbitro es un Juez nombrado expresamente por las partes en un conflicto que tienen entre ellas, para que resuelva obligatoriamente dicha diferencia. Los árbitros son permitidos en varios casos mas no en todos (v.g: los problemas penales y de delitos no pueden ser materia de arbitraje) y su fundamento consiste en que las partes tienen el derecho de autorizar a otro que resuelva el problema por ellos. JURISDICCIÓN SUPRANACIONAL El artículo 205º, reconoce la jurisdicción Internacional, es decir que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución parte. reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es
El artículo 114º del Código Procesal Constitucional, establece que los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
SEGUNDA SESIÓN GARANTIAS CONSTITUCIONALES
La vigente Constitución del Perú, dedica un título al tema de las Garantías Constitucionales y en la actualidad tenemos: ACCIÓN DE HABEAS CORPUS.- Es una acción de garantía constitucional que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual. Sus características son las siguientes: Es una acción de garantía Es de naturaleza procesal Sirve para defender la libertad personal
La finalidad que persigue la acción de Habeas Hábeas es el restablecimiento de la libertad personal. ACCIÓN DE AMPARO.- Es una acción de garantía constitucional que se interpone cuando se vulnera los derechos reconocidos por la Constitución que no sea el de la libertad personal, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Sus características son las siguientes: Es una acción de garantía constitucional Es de naturaleza procesal Defiende los derechos constitucionales, a excepción de la libertad personal. La acción de Amparo tiene un radio de aplicación más amplio que el Habeas Hábeas, que si bien incide sobre actos y omisiones que vulnera o amenaza a semejanza de la acción de Habeas Hábeas, lo particular es la amplitud de los derechos que protege. ACCIÓN DE HABEAS DATA.La acción de Habeas Data es una garantía
constitucional que procede contra un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Art. 2º, Inc. 5 y 6 de la Constitución. Sus características son las siguientes: Es una acción de garantía constitucional Es de naturaleza procesal Sirve para defender los derechos informáticos
Esta garantía esta orientada a hacer posible el pleno ejercicio de los derechos informáticos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.-
Es una acción constitucional que
procede contra normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma y en el fondo. ACCIÓN POPULAR.- La acción Popular es una garantía constitucional que procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Sus características son las siguientes: Protege la Constitución y las leyes de la normatividad administrativa del ejecutivo y otros organismos afines del Estado, que las contradigan o contravengan  Se formula contra reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que emane.  Se entabla ante el Poder Judicial. Esta acción de garantía es el remedio para defender la constitucionalidad y la legalidad frente a normas administrativas que las contradicen. Es pues un remedio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de nivel administrativo. Se diferencia de la acción de Amparo y del Habeas Hábeas, en que estas defienden la constitución frente a actos, la Acción Popular la defiende frente a normas. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.- La acción de Cumplimiento es una garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a
acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Sus características son: Es una acción de garantía Constitucional Es de naturaleza procesal Sirve para hacer acatar la ley o un acto administrativo a las autoridades o funcionarios renuentes. Esta acción de garantía, de naturaleza especial y rápida tienen como objetivo poder ayudar a dar seguridad a los ciudadanos y a la población en general.
PRIMERA SESIÓN EL PROCESO CONSTITUCIONAL.- PROCEDIMIENTO E INICIATIVA EL PROCESO CONSTITUCIONAL Sistematiza y regula los siete procesos constitucionales que recoge la Constitución de 1993 y que se encontraban legislados en forma dispersa en diferentes normas especiales: Habeas Córpus, Amparo, Habeas Data, Acción de Cumplimiento, Acción Popular, Acción de Inconstitucionalidad y conflicto de competencia. Se reconoce que estamos ante procesos de índole constitucional, dejando de lado términos como acciones o garantías constitucionales, tan recurridas en nuestro medio forense; asimismo deja de lado el nombre de Recurso de nulidad por un nomen juris mas adecuado y moderno, como es el de recurso de Agravio Constitucional.
El flamante Código Procesal Constitucional se sistematiza a través de un Título Preliminar compuesto de 9 Artículos; trece Títulos con 121 Artículos; una Disposición Final con 7 Artículos; y una Disposición Transitoria y Derogatoria con 2 Artículos. Del Título Preliminar, se desprende un aspecto interesante en su séptimo Artículo que señala que las Sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Entre los nuevos derechos incluidos en el proceso de Amparo, debemos de resaltar; el derecho a la igualdad y no ser discriminado por razón de origen, orientación sexual y condición económica, social; el derecho a la negociación colectiva y huelga; a la tutela procesal efectiva; a la seguridad social y la remuneración y pensión entre otros. Se establece que en el proceso de Amparo, no se puede plantear reconvención ni abandono, sino solo el desistimiento. PROCEDIMIENTO E INICIATIVA: PROCESO DE HABEAS CORPUS La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos.
La demanda de habeas Corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin observar turnos. PROCESO DE AMPARO El afectado es la persona para interponer el proceso de amparo. El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción Asimismo se requiere el agotamiento de la vía previa. PORCESO DE HABEAS DATA El procedimiento de habeas data será el mismo que el previsto por el presente Código para el proceso de amparo, salvo la exigencia del patrocinio de abogado que será facultativa en este proceso. Para la procedencia del habeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta. De oficio o a pedido de la parte reclamante y en cualquier etapa del procedimiento y antes de dictar sentencia, el Juez está autorizado para requerir al demandado que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la remisión de la información concerniente al reclamante; así como a solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la
recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime conveniente. La resolución deberá contener un plazo máximo de tres días útiles para dar cumplimiento al requerimiento expresado por el Juez. PROCESO DE CUMPLIMIENTO Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Tratándose de la demanda de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo la Defensoría del Pueblo puede iniciar proceso de cumplimiento. El procedimiento aplicable a este proceso será el mismo que el previsto por el presente Código para el proceso de amparo, en lo que sea aplicable. El Juez podrá adaptar dicho procedimiento a las circunstancias del caso.. PROCESO DE ACCIÓN POPULAR La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona. La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial: Son competentes:
1. La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local. 2. La Sala correspondiente de la Corte Suprema de Lima, en los demás casos. El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco años contados desde el día siguiente de publicación de la norma.
PROCESO DE INCOSNTITUCIONALIDAD La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional y sólo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la Constitución. En el proceso de inconstitucionalidad no se admiten medidas cautelares. Admitida la demanda y en atención al interés publico de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes. El proceso sólo termina por sentencia; el Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días posteriores de producida la vista de la causa.
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se suscriben sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales y que opongan: 1. Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales 2. A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí 3. A los Poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales o estos entre sí. Los poderes o entidades en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.
SEGUNDA SESIÓN EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
More From This UserReflexion 13Reflexion 13Fichas Técnicas de Pruebas Psicológicas UtilizadasFichas Técnicas de Pruebas Psicológicas Utilizadas1TICKET-JUANE1TICKET-JUANE1TICKET-JUANE1TICKET-JUANE2014 Beca Dos Dev 0022014 Beca Dos Dev 002AguayoAguayoInstrumentos MusicalesInstrumentos Musicaless e v e n d es e v e n d eCuestionario de Estrés Labora1Cuestionario de Estrés Labora1Albun Ortografico FinalAlbun Ortografico Final13 Reglas Para Vivr Mejor13 Reglas Para Vivr MejorRegion Janca o CordilleraRegion Janca o CordilleraPrincipios Básicos Para Mejorar La DepresiónPrincipios Básicos Para Mejorar La DepresiónInglesInglesEspaña Matias TripticoEspaña Matias TripticoTs de PersonalidadTs de Personalidadsesion_desarrolladasesion_desarrolladaAutopsia_psicológicaAutopsia_psicológica2 Histeria Fobia2 Histeria FobiaManual de ReinstalaciónManual de Reinstalación1TICKET-JUANE1TICKET-JUANEAFASIASAFASIASpsicopatologia infantilpsicopatologia infantilJulian RotterJulian Rotter93001337 Formato de Anamnesis93001337 Formato de Anamnesis

References: Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1
 Artículo 2
in fine
 resolución 
 artículo 1

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 53
 artículo 139
 artículo 13
 artículo 90
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 artículo 114
 artículo 139
 artículo 205
 artículo 114
 resolución 
 resolución 
 artículo 203