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Timestamp: 2019-08-24 09:31:54+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 731 DE MARZO 5 DE 2008
RESOLUCIÓN 731 DE 05 DE MARZO DE 2008
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y COBRO DEL APORTE PARAFISCAL DEL 3% A FAVOR DEL ICBF. DEROGA LA RESOLUCIÓN 1990 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ICBF, HACIENDA PÚBLICA, PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, RECURSOS POR CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
RESOLUCIÓN 731 DE 2008
“Por la cual se establecen lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF”.
(Nota: Derogada por la Resolución 2868 de 2011 artículo 27 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
(Nota: Derogada por la Resolución 1530 de 2011 artículo 27 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;
Que según el inciso 4º del artículo 15 de la Constitución Política, para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley;
Que la principal fuente de recursos económicos del ICBF proviene del aporte parafiscal del 3% sobre las nóminas mensuales de salarios pagados por todos los empleadores públicos y privados, conforme a lo ordenado por el artículo 1º de la Ley 89 de 1988;
Que el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 establece mecanismos para el control de la evasión de los recursos parafiscales, definiendo que para la celebración, renovación o liquidación por un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, se debe verificar el cumplimiento por el contratista de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar;
Que con base en las anteriores consideraciones, se hace necesario establecer lineamientos para el proceso de fiscalización y cobro con miras a recaudar los recursos financieros con los cuales el instituto desarrolla su objeto social,
ART. 1º—Lineamientos de fiscalización. Los servidores públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberán regirse por los lineamientos establecidos en la presente resolución, para adelantar el proceso de fiscalización de los aportes parafiscales del 3%.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución se aplican para la verificación del correcto pago o la determinación de las obligaciones a favor del ICBF por concepto de los aportes parafiscales del 3%.
ART. 3º—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se entiende por:
Empleador o aportante: Toda persona natural o jurídica, pública, privada o de economía mixta, sin límite alguno en cuanto a capital y tamaño, que tenga como mínimo un trabajador.
Trabajador: Es la persona natural que presta su servicio personal a otro denominado empleador, mediado una subordinación con respecto de aquel, a cambio de una remuneración denominada salario.
Salario: Constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.
Contribuciones parafiscales: Son los recursos que los empleadores aportan al ICBF, al Sena y a las cajas de compensación familiar con los que se adelantan programas de naturaleza social, según la misión de cada entidad.
Aportes parafiscales para el ICBF: Son las contribuciones para el ICBF equivalentes al 3% del valor de las nóminas mensuales de salarios.
Empleador moroso: Es aquel empleador plenamente identificado por el ICBF y que viene pagando regularmente los aportes pero que en la actualidad presenta mora en el pago de los mismos.
Empleador elusor: Es aquel empleador plenamente identificado por el ICBF que realiza el pago de sumas inferiores a la obligación real, es decir, paga menos de lo debido.
Empleador evasor: Es aquel que nunca ha pagado los aportes, ya sea conscientemente o por desconocimiento de la ley.
Acuerdo de pago: Documento mediante el cual el ICBF otorga a los deudores morosos la facilidad de pagar en un término definido las obligaciones parafiscales en mora junto con los intereses que se generen durante el plazo de la facilidad.
Promoción del recaudo: Es el conjunto de actividades mediante las cuales el ICBF, a través de diferentes estrategias, garantiza la adecuada orientación, información y asistencia técnica a los aportantes para promover el pago adecuado y oportuno del aporte parafiscal del 3% sobre el valor de la nómina mensual de salarios, dando a conocer a los aportantes la obligatoriedad del pago de los parafiscales y la inversión de los mismos en la asistencia social de los niños, niñas, jóvenes y familias colombianas que lo requieran.
Visita de fiscalización: Acción realizada por el fiscalizador de aportes del ICBF al empleador, en la que revisa los documentos que soportan el pago de los aportes parafiscales.
Fiscalizador de aportes (asesor o promotor de aportes): Es la persona que en nombre del ICBF realiza la visita a los empleadores con el fin de verificar el correcto pago o determinar la deuda por aportes parafiscales del 3% a favor del ICBF.
Liquidación: Es el resultado obtenido de una visita o de una revisión documental en la sede regional o seccional, que se registra en el formato diseñado para tal fin, donde debe quedar claramente desagregado el valor de la deuda con sus correspondientes intereses, como resultado de la aplicación de los factores salariales establecidos por la ley de acuerdo con la clasificación de empleador.
Resolución de determinación de la deuda: Es el acto administrativo motivado mediante el cual se determina la deuda del aportante y se ordena el pago.
Vía gubernativa: Es un mecanismo que garantiza el derecho de defensa en cuanto le permite al interesado impugnar las decisiones administrativas a través de los recursos de ley.
Agotamiento de la vía gubernativa: Se entiende agotada la vía gubernativa cuando un acto administrativo queda en firme como consecuencia del vencimiento de los términos establecidos para presentar los recursos sin que se hubieren interpuesto, estos hayan sido resueltos o si el aportante renuncia a términos (CCA, arts. 62 y 63).
Cobro persuasivo: Procedimiento mediante el cual, una vez determinada la obligación, se requiere el pago al deudor por escrito o telefónicamente con el fin de evitar el cobro coactivo.
Cobro administrativo coactivo: Procedimiento que adelantan las entidades públicas con el objeto de obtener el pago forzado de las obligaciones que consten en títulos ejecutivos actualmente exigibles a su favor, y mediante la venta en pública subasta de los bienes del deudor cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus obligaciones.
Deudor: Toda persona que adeude al ICBF una suma de dinero por concepto de aportes parafiscales contenida en un acto administrativo o título ejecutivo.
Cartera corriente: Son todas aquellas obligaciones a cargo de los deudores de aportes parafiscales del 3% a favor del ICBF, que se encuentren representadas en resoluciones debidamente ejecutoriadas o cualquier título que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
Cartera de difícil cobro: Aquellas obligaciones en las que no se identifican bienes de propiedad del deudor, este es imposible de ubicar o se encuentra en procesos de reestructuración, de reorganización o liquidación judicial y sus pasivos superan a sus activos.
Interés moratorio: Es el porcentaje o tasa que se aplica como sanción por el no pago oportuno de las obligaciones parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.
Telemercadeo: Estrategia que consiste en requerir telefónicamente al aportante con el fin de que se acerque a la regional o seccional para determinar su situación de pagos para con el ICBF.
Carta de requerimiento: Documento a través del cual se invita al presunto deudor a acercarse al ICBF con el fin de aclarar su situación de pagos, y de ser el caso, determinar el valor de la deuda por concepto de aportes parafiscales del 3%.
(Nota: Derogado por la Resolución 1530 de 2011 artículo 27 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
ART. 4º—Dirección financiera - grupo de recaudo. A la dirección financiera - grupo de recaudo le corresponde:
a) Establecer lineamientos para la aplicación de las políticas que determine la dirección general para la promoción, la fiscalización y la administración de la cartera por aportes parafiscales del ICBF y coordinar su aplicación;
b) Hacer seguimiento del recaudo corriente y de cartera de los aportes parafiscales del 3%;
c) Brindar asesoría a las regionales y seccionales en todo lo relacionado con estos procesos.
ART. 5º—Directores regionales y seccionales, coordinadores financieros y coordinador de recaudo de la regional Bogotá. Les corresponde coordinar y organizar la gestión en materia de promoción, recaudo, fiscalización, cobro y administración de la cartera del aporte parafiscal del 3% en sus respectivas sedes.
ART. 6º—Coordinadores financieros, coordinador de recaudo de la regional Bogotá y quien haga sus veces en las regionales y seccionales. Les corresponde:
a) Dar aplicación a los lineamientos establecidos en materia de promoción, recaudo, fiscalización, cobro y administración de la cartera del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF;
b) Dar traslado al grupo jurídico, o a quien haga sus veces en la regional o seccional del expediente para que se inicie el respectivo proceso de cobro coactivo, junto con la certificación de pagos, si los hay, y actualización de saldos de capital e intereses a la fecha de remisión;
c) Enviar a los coordinadores jurídicos la resolución con los soportes correspondientes, para que sea designado el apoderado que representará al ICBF en los procesos de reorganización y de liquidación judicial de que trata el régimen judicial de insolvencia empresarial y acuerdos de reestructuración, certificando el monto de la deuda actualizado la fecha de entrega del expediente. (sic)
Cuando un empleador se acoja a uno de los procesos antes referidos y tenga sucursales o filiales en diferentes ciudades del país, dichos procesos se acumularán en la regional o seccional donde aquel tenga su domicilio principal. Para tales efectos, la regional o seccional cuyo domicilio no sea el principal dará traslado del expediente en original al competente y realizará los registros contables pertinentes;
d) Conjuntamente con el contador regional o seccional, deberá asegurar la administración de la cartera, su clasificación, registro, control y conciliación de los registros en los estados financieros, en cumplimiento de lo establecido en la resolución de lineamientos financieros impartida por la dirección financiera.
PAR.—Corresponde al coordinador del grupo de gestión de recursos en las seccionales dar traslado del original del expediente a la oficina jurídica del nivel nacional para que se adelante el proceso de cobro administrativo coactivo, siempre que no esté implementada la jurisdicción coactiva.
ART. 7º—Coordinadores jurídicos. Corresponde al grupo jurídico de las regionales y seccionales representar al ICBF, a través de apoderado, en los procesos de reorganización y de liquidación judicial de que trata el régimen judicial de insolvencia empresarial y procesos de reestructuración establecidos en las leyes 550 de 1999, 1116 de 2006 y demás normas que las modifiquen, complementen o deroguen en los que el ICBF deba hacerse parte.
Si la acreencia se encuentra en cobro coactivo, será responsabilidad del funcionario ejecutor remitir el expediente a la autoridad competente con el fin de garantizar la presentación del crédito para su pago. Los apoderados que concurran a estos procesos deberán ser abogados, excepto en los procesos de reestructuración de pasivos, en que pueden actuar directamente los acreedores o a través de cualquier clase de apoderados sin que se requiera la intervención por medio de abogados.
PAR.—Los coordinadores jurídicos trimestralmente deberán presentar al área de recaudo de las regionales y seccionales un informe sobre el estado de los procesos a que se refiere este artículo registrando la última actuación, según formato que para tal efecto establecerá la dirección financiera - grupo de recaudo.
Procesos de promoción y fiscalización del aporte parafiscal del 3%
ART. 8º—Proceso de promoción. La dirección financiera, en coordinación con las regionales y seccionales, determinará los componentes y acciones de orientación y atención al aportante y aprobará conjuntamente con la oficina de comunicaciones y atención al ciudadano del ICBF los documentos o formatos que permitan materializar la aplicación de las normas y la orientación y asistencia que requiera el aportante.
ART. 9º—Proceso de fiscalización. Para adelantar este proceso se deberá:
1. Verificar la exactitud de los pagos con los soportes que tenga el aportante en su poder, cuando la entidad lo considere necesario.
3. Solicitar al aportante la exhibición de libros, comprobantes y documentos con el fin de examinarlos y obtener la información que permita determinar las bases de liquidación del aporte.
PAR. 1º—Para llevar a cabo la fiscalización, el ICBF debe hacer la detección de presuntos evasores, elusores y morosos, en los términos del artículo 4º de la Ley 89 de 1988 y sus normas reglamentarias, mediante cruces de información periódicos con la DIAN, el Ministerio de la Protección Social, las bases de datos de la seguridad social en salud y las bases de datos de otras entidades que contengan información básica con el fin de verificar la relación de pagos y los estados de cuenta de los empleadores y poder establecer situaciones de evasión, elusión o mora en las que estos se puedan encontrar.
Igualmente, el ICBF debe utilizar el telemercadeo y las cartas de requerimientos a los aportantes presuntos, elusores, evasores y morosos, invitándolos a acercarse al ICBF con la documentación que permita verificar la correcta liquidación de los aportes parafiscales y establecer la situación real de sus pagos.
PAR. 2º—La dirección financiera - grupo de recaudo, las direcciones regionales, los grupos financieros y los encargados de recaudo en regionales y seccionales tendrán a cargo la administración de las bases de datos que contienen la información recibida de otras entidades sobre aportantes, constituyéndose esta en la base sobre la que se determinarán las acciones de promoción y fiscalización. Con base en esta información, se deben realizar acciones complementarias que permitan minimizar los niveles de elusión, evasión y morosidad del aporte parafiscal.
ART. 10.—Requerimientos a aportantes presuntos deudores. Los primeros ocho (8) días de cada mes, las regionales y seccionales deberán generar un requerimiento escrito al aportante informándole que figura en la base de datos del ICBF como presunto deudor e invitarlo a que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del requerimiento se acerque a la sede regional o seccional del ICBF en su departamento con la documentación que se le indicará en el mismo requerimiento (art. 13 de esta resolución). Si el deudor es moroso, se procederá a requerirlo primero a través del telemercadeo y, de no obtener respuesta, se le enviará el requerimiento escrito.
Se le deberá indicar, además, las consecuencias legales de no responder el requerimiento efectuado por el ICBF. Aquellos empleadores que hagan caso omiso del requerimiento serán objeto de visita de fiscalización, la cual será programada teniendo como criterio de priorización la antigüedad de la deuda con el fin de evitar la configuración de la prescripción y la cuantía del presunto valor adeudado.
ART. 11.—Revisión documental en la sede regional o seccional. Si el aportante se presenta con la documentación solicitada, el fiscalizador de aportes deberá revisar la documentación con el fin de verificar su situación como aportante y, de ser el caso, determinar el monto de la deuda.
ART. 12.—Programación de la visita de revisión en el domicilio del aportante. Si el aportante no atiende el requerimiento señalado en el artículo 10, los coordinadores financieros o administrativo/financieros y los responsables del área de recaudo de cada regional o quien haga sus veces en las seccionales, programarán las visitas a estos empleadores, priorizándolas de conformidad con los parámetros establecidos por la dirección financiera - grupo de recaudo, previa certificación del domicilio del empleador.
Efectuada la programación, el fiscalizador de aportes deberá concertar con el aportante la fecha y la hora de la visita.
ART. 13.—Documentos requeridos para efectuar la verificación de los aportes. El fiscalizador deberá solicitar los siguientes soportes con el fin de verificar que el pago de los aportes parafiscales del 3% se ajuste a la ley, o en su defecto, poder determinar la deuda a favor del ICBF:
1. Certificado de existencia y representación legal actualizado y expedido por la autoridad o instancia competente. En el caso de personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía o extranjería.
2. Registro único tributario, RUT, y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa.
3. Balance general y estado de resultados con auxiliares a 6 dígitos, con corte a 31 de diciembre de la vigencia o vigencias fiscales a verificar.
4. Copia de las declaraciones de renta de las vigencias a verificar.
5. Planillas de autoliquidación de aportes a la seguridad social en salud o certificación expedida por contador público en donde consten estos pagos.
6. Recibos de consignación de aportes parafiscales o comprobantes del pago electrónico.
7. Certificación del contador o revisor fiscal del aportante sobre las vacaciones pagadas y disfrutadas por los empleados.
8. Copia de los convenios o pactos colectivos de trabajo.
Respecto de las entidades del sector público, será optativo el requerimiento de los documentos de los numerales 1º y 3º, pero se les debe solicitar, adicionalmente a los anteriores documentos los siguientes:
1. Ley o acto administrativo de creación de la entidad y sus modificaciones.
2. Acta de posesión del representante legal.
3. Ejecución presupuestal de gastos de cada vigencia fiscal, al nivel más detallado de ejecución.
ART. 14.—Documentos producto de la visita o revisión. El fiscalizador debe proceder a revisar la documentación y diligenciar los siguientes documentos:
1. Acta de verificación. Se entrega al aportante al finalizar la visita de fiscalización y debe contener la descripción del procedimiento y de los hallazgos, la relación de los soportes y documentos aportados, la vigencia y el valor liquidado por cada una de ellas, el total del capital adeudado y de los intereses de mora calculados a la fecha de la visita, la información al aportante de que dichos intereses se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley y las acciones a seguir de acuerdo con los resultados obtenidos. Igualmente, se le informará el nombre de los bancos y los números de las cuentas recaudadoras para que proceda a efectuar el pago y el plazo para hacerlo.
En caso de que el aportante o la persona que atendió la visita no firme el acta de que trata este artículo, se dejará constancia en la misma.
2. Liquidación de la deuda a favor del ICBF. En esta se determina el ingreso base de cotización (IBC) y el valor a cargo del empleador. Esta liquidación será el soporte en la resolución de determinación de la deuda y por lo tanto hará parte integral de la misma.
ART. 15.—Liquidación de la deuda de aportes y de intereses. El fiscalizador, una vez verificados los documentos soportes, procederá a elaborar la liquidación de aportes aplicando los intereses moratorios a que haya lugar, para lo cual debe hacer uso de la herramienta para el cálculo de intereses establecida por el grupo de recaudo de la dirección financiera del nivel nacional.
Si realizada la revisión documental o practicada la visita de fiscalización se establece que hay un mayor valor pagado en una vigencia y existen deudas por parte del aportante en otras vigencias, se podrán compensar unos y otros saldos, abonando los mayores valores y las deudas de vigencia más antiguas, siempre y cuando el aportante lo autorice por escrito. Una vez establecida la diferencia en contra o a favor del empleador, deberá elaborarse la correspondiente liquidación y seguir el proceso de cobro para el primer caso, y para el segundo, seguir el procedimiento establecido para la devolución de mayores pagados.
PAR. 1º—La liquidación del aporte parafiscal del 3% debe contener desagregados el capital y los intereses de mora calculados a la fecha de la comunicación y la información al aportante de que dichos intereses se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley.
PAR. 2º—En los casos en los cuales la verificación de los aportes corresponda a información compartida en el marco del convenio suscrito con el Sena o con otra entidad para el suministro de información que permita determinar el pago de aportes parafiscales, el fiscalizador deberá diligenciar los formatos que para tal efecto hayan sido adoptados por el ICBF y efectuar la liquidación correspondiente al aporte adeudado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ART. 16.—Refrendación de la liquidación. El coordinador financiero deberá, en un término no mayor a dos (2) días hábiles, refrendar la liquidación con su firma.
ART. 17.—Envío al empleador de la liquidación de aportes. Una vez firmada la liquidación por el coordinador financiero o quien haga sus veces en las seccionales, se procederá a enviar copia al empleador, para que en un plazo no superior a cinco (5) días contados a partir del recibo de la misma se acerque a la regional:
1. Para hacer entrega de los soportes del pago en la regional o seccional, o
2. Para presentar solicitud de facilidades de pago de la deuda.
En esta comunicación se deberá indicar las razones que originaron la visita, la fecha de la misma y el total del valor a pagar tanto por capital como por intereses. Igualmente, se le debe informar al aportante que los intereses de mora se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley hasta el momento del pago total de la deuda. Además, se le recordará que dispone de diez (10) días para el pago de la deuda contados partir de la entrega del acta de visita, los nombres de los bancos y los números de las cuentas recaudadoras para que efectúe el pago.
PAR.—Cuando la liquidación sea producto de la información suministrada en el marco del convenio suscrito con el Sena o con otra entidad, se le indicará adicionalmente al aportante que dispone de diez (10) días contados a partir del envío de la liquidación para realizar el pago de la obligación y entregar los soportes del pago en la regional o seccional.
ART. 18.—Plazo para el pago de la obligación. El aportante dispondrá de diez (10) días para efectuar el pago y entregar los soportes al responsable del área de recaudo de la regional o seccional correspondiente, contados a partir de la fecha de entrega del acta de visita por parte del fiscalizador o, cuando se trate de liquidaciones producto de convenios, dispondrá del mismo tiempo pero contado a partir del envío de la liquidación.
Agotamiento de la vía gubernativa y constitución de la cartera de aportes parafiscales
ART. 19.—Resolución de determinación de la deuda. Si el empleador no efectúa el pago en el tiempo estipulado para el pago de la obligación, el responsable de recaudo deberá proyectar la “resolución de determinación de la deuda” para que sea expedida por parte de la dirección regional o seccional en un lapso no mayor a cinco (5) días.
ART. 20.—Notificación de la resolución. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de la resolución, el responsable de recaudo de las regionales y seccionales citará por escrito y correo certificado al deudor, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación comparezca a notificarse personalmente o por apoderado; si no comparece en este término, se fijará edicto en lugar público por el término de diez (10) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ART. 21.—Recurso. En materia de aportes parafiscales, el aportante podrá hacer únicamente uso del recurso de reposición contra la resolución de determinación de la deuda, toda vez que la dirección general delegó esta facultad en los directores regionales y seccionales. Si el aportante hace uso de este recurso, la regional o seccional deberá resolverlo en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 22.—Agotamiento de la vía gubernativa. Vencido el término para presentar el recurso sin que se lo haya interpuesto, este haya sido resuelto, o si el aportante renuncia a términos, la resolución quedará en firme y se habrá agotado la vía gubernativa (CCA, arts. 62 y 63); por lo tanto, se dejará constancia de la ejecutoria del acto y se procederá a iniciar de manera inmediata el cobro persuasivo, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno de cartera.
En todo caso, el término máximo que debe transcurrir entre la visita de fiscalización y el agotamiento de la vía gubernativa, cuando no se interponga recurso, debe ser de cuarenta y cinco (45) días calendario. De interponerse el recurso, se adicionará el plazo anterior en dos (2) meses, que es el término legal para resolverlo, el cual únicamente se interrumpe mientras dura la práctica de pruebas, si es del caso.
Control y transparencia del proceso de fiscalización y cobro
ART. 23.—Controles administrativos. La dirección financiera - grupo de recaudo establecerá los controles y los puntos de verificación mínimos de la información que garantice la correcta aplicabilidad de esta resolución, así como también de la veracidad de la información sobre los aportantes y los demás procedimientos internos adecuados para el recaudo del aporte del 3%. No obstante lo anterior, y en razón a lo establecido en la Ley 87 de 1993, se deberán implementar los controles internos que sean necesarios, por parte de quienes intervengan en este proceso.
PAR. 1º—Para dar aplicabilidad a lo establecido en este artículo, la dirección financiera - grupo de recaudo implementará, modificará y/o ajustará los formatos utilizados en este proceso, tales como: acta de visita, formato de liquidación, resolución que determina la deuda, acuerdo de pago y demás documentos que sean necesarios para el desarrollo de la presente resolución.
PAR. 2º—Para aplicar lo establecido en este artículo, la dirección financiera - grupo de recaudo dispondrá de treinta (30) días posteriores a la expedición de esta resolución para establecer los controles y puntos de verificación, así como la implementación, modificación o ajustes de formatos que se utilizarán en este proceso.
ART. 24.—Indicadores de gestión. La dirección financiera - grupo de recaudo implementará los indicadores de gestión, con el fin de evaluar periódica y conjuntamente con las regionales y seccionales la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso.
ART. 25.—Responsabilidad. En todo caso, para dar cumplimiento a lo previsto en esta resolución, el seguimiento, control y evaluación serán responsabilidad de los directores regionales y seccionales.
ART. 26.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y promulgación en el Diario Oficial y revoca todas las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 1990 de 2003.

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RESOLUCIÓN 
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 artículo 27
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 209
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 50
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 artículo 10
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