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Timestamp: 2019-05-26 22:49:26+00:00

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30
OBTENCIÓN EN EL EXTERIOR DE PASAPORTE DE LECTURA MECÁNICA Y CÉDULA DE IDENTIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 12 DE REGLAMENTO DE PERSONAL DEL SENADO. PROYECTO DE ACUERDO
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS Y DE MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES.
MODIFICACIÓN DE LEY DE QUIEBRAS EN MATERIA DE CONVENIOS CONCURSALES
BONIFICACIÓN POR EGRESO A PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE LICITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LÍMITES URBANOS
MODIFICACIÓN DE LEY DEL TRÁNSITO
ENMIENDA A LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
LEGALIZACIÓN DE CULTIVO DE ESPECIES VEGETALES PRODUCTORAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O SICOTRÓPICAS PARA CONSUMO PERSONAL
PRONTO EJERCICIO DE FACULTAD DELEGADA MEDIANTE LEY Nº 19.880. PROYECTO DE ACUERDO
SOLIDARIDAD CON SENADOR SEÑOR SILVA CON MOTIVO DE SU ENFERMEDAD. COMUNICACIÓN
PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
PREOCUPACIÓN ANTE SUICIDIO DE CORONEL DE EJÉRCITO DON GERMÁN BARRIGA MUÑOZ
SUICIDIO DE CORONEL DE EJÉRCITO DON GERMÁN BARRIGA. RÉPLICA A SENADOR SEÑOR CANTERO
SUICIDIO DE CORONEL DE EJÉRCITO DON GERMÁN BARRIGA. INEXISTENCIA DE ESTADO DE DERECHO
SUICIDIO DE CORONEL DE EJÉRCITO DON GERMÁN BARRIGA. RÉPLICA A SENADORES SEÑORES CANTERO Y MARTÍNEZ
Sesión 30ª, en miércoles 19 de enero de 2005
(De 16:6 a 19:40)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE ,
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
III.	CUENTA.............................................................................................................¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.340, que fija Arancel Consular de Chile (3711-10) (se aprueba en general y particular)¿.
Modificación de artículo 12 de Reglamento de Personal del Senado. Proyecto de acuerdo (S 759-12) (vuelve a Comisión)................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga vigencia de avalúos de bienes raíces no agrícolas de todo el país y vigencia de mecanismo de compensación de ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850 (3763-05) (se aprueba en general y particular)...................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales (3671-03) (se aprueba en general).........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por egreso a personal de Gendarmería de Chile (3716-05) (se aprueba en general y particular).......
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, en materia de licitación de provisión de servicio sanitario dentro de límite urbano (3590-09) (se aprueba en general y particular)..........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.290, en materia de transporte terrestre (999-15) (se aprueba en particular)..............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el DFL. Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo a calidad de la construcción (3418-14) (se posterga su discusión particular)...
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.366, para despenalizar siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas destinadas a uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo (3269-07) (se rechaza en general)............
Pronto ejercicio de facultad delegada mediante ley Nº 19.880. Proyecto de acuerdo (S 776-12) (se aprueba)..................................................................
Solidaridad con Senador señor Silva con motivo de su enfermedad. Comunicación.........
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)......................................................
Preocupación ante suicidio de Coronel de Ejército don Germán Barriga Muñoz (observaciones del señor Cantero)...................................................
Suicidio de Coronel de Ejército don Germán Barriga. Réplica a Senador señor Cantero (observaciones del señor Naranjo)..............................................
Suicidio de Coronel de Ejército don Germán Barriga. Inexistencia de Estado de Derecho (observaciones del señor Martínez)....................................
Suicidio de Coronel de Ejército don Germán Barriga. Réplica a Senadores señores Cantero y Martínez (observaciones del señor Ruiz-Esquide)............
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante , Secretario General de la Presidencia y de Justicia ; la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y el señor abogado del Ministerio del Interior.
--Se abrió la sesión a las 16:6, en presencia de 41 señores Senadores.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual da inicio a un proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial (Boletín Nº 3.788-07).
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , por medio del cual inicia un proyecto de ley sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia (Boletín Nº 2.792-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo prescrito en el artículo 74 de la Carta Fundamental, se manda ponerlos en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del señor Ministro de Justicia , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al proyecto de ley que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica (Boletín Nº 3.716-05).
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificación del artículo 3º de la ley Nº 18.340, que fija el Arancel Consular de Chile, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3711-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 5 de enero de 2005.
Relaciones Exteriores, sesión 28ª, en 18 de enero de 2005
Hacienda, sesión 28ª, en 18 de enero de 2005
El objetivo principal de la iniciativa es permitir a los chilenos obtener en el exterior pasaportes de lectura mecánica y cédulas de identidad de elevada tecnología, que actualmente emite en nuestro país el Servicio de Registro Civil e Identificación.
La Comisión de Relaciones Exteriores la aprobó en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cordero, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también la acogió por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Foxley), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
El texto que se propone aprobar se consigna en el informe de la Comisión de Hacienda.
Finalmente, cabe indicar que la Comisión de Relaciones Exteriores propone al señor Presidente discutir el proyecto en general y particular a la vez, por ser de artículo único, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de nuestro Reglamento.
--Se aprueba en general y particular el proyecto.
Proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Senadores señores Larraín y Gazmuri, que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado, con informe de la Comisión de Régimen Interior.
--Los antecedentes sobre el proyecto (S 759-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo: (moción de los señores Gazmuri y Larraín)
En primer trámite, sesión 30ª, en 15 de septiembre de 2004.
Régimen Interior, sesión 28ª, en 18 de enero de 2005
La modificación propuesta establece que el cargo de Edecán será de la exclusiva confianza del Presidente de la Corporación , quien lo nombrará escuchando previamente a la Comisión de Régimen Interior al inicio de cada período legislativo y por el tiempo de duración de éste.
La iniciativa fue aprobada por 5 votos a favor (de los Honorables señores Gazmuri, Larraín, Naranjo, Novoa y Romero) y uno en contra (del Senador señor Zurita).
El texto del proyecto de acuerdo que se propone aprobar se transcribe en el respectivo informe.
Cabe señalar que los Honorables señores Gazmuri, Naranjo, Novoa y Romero dejaron constancia de que el Edecán, en el evento de perder la confianza del Presidente del Senado durante el período legislativo correspondiente, será reemplazado y su sucesor, que se designará de igual manera, durará en el cargo sólo hasta el término del período legislativo de que se trate.
Debo informar a la Sala que el proyecto efectivamente fue aprobado con la votación que se indica en el informe de la Comisión de Régimen Interior, pero se han hecho presentes diversas opiniones.
Por eso, en nombre de la Mesa, propongo devolverlo a Comisión para someterlo a nueva discusión y, en seguida, traerlo a la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra .
El señor MUÑOZ BARRA .-
Señor Presidente , nosotros también pretendíamos solicitar su envío a Comisión para un segundo debate.
La Mesa se adelantó a sus deseos, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , uno de los temas que me interesa precisar es si el Edecán debe nombrarlo el Presidente de la Corporación o debe responder a la confianza de todos los miembros de esta Cámara como órgano colegiado.
Encuentro especialmente relevante un pronunciamiento al respecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , concuerdo plenamente con la petición del Senador señor Cantero . Por lo demás, la elección del Edecán por la Sala corresponde, desde siempre, a la historia y a la tradición del Senado. Quien ocupa ese cargo representa a la Institución en plenitud, y si bien cumple funciones con la Presidencia de la Corporación, también lo hace respecto de cada uno de los señores Senadores.
Creo que hay materias positivas en el proyecto propuesto, pero insisto en que en ese aspecto debe mantenerse el criterio actual.
Por eso, señor Senador, sugerimos devolver el proyecto de acuerdo a Comisión. Ahí, en una segunda discusión, podrán formularse las observaciones del caso, para en seguida someterlo a consideración de la Sala.
El señor GAZMURI ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3763-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 11 de enero de 2005.
Gobierno y Hacienda (unidas), sesión 29ª, en 19 de enero de 2005
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "discusión inmediata".
- Prorrogar hasta el 30 de junio de 2005 la vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas de todo el país que regían al 31 de diciembre de 2004, y fijar la entrada en vigor de los nuevos reavalúos a contar del 1º de julio del presente año.
- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2005 el mecanismo de compensación de la ley Nº 19.850, destinado a cubrir los menores ingresos municipales que se produzcan por aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.
Las Comisiones unidas aprobaron en general y particular esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señoras Frei y Matthei y señores Bombal, Cantero, Foxley, García, Naranjo, Núñez y Stange), introduciéndole modificaciones que prorrogan la vigencia de los avalúos hasta el 31 de diciembre de 2005 y fijan la entrada en vigencia de los nuevos reavalúos a contar del 1º de enero de 2006. Asimismo, determinaron que los avalúos se reajustarán a contar de esa última fecha.
Solicito la anuencia del Senado para que ingresen la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano y su Asesor Jurídico, señor Eduardo Pérez, petición que ahora debe reformularse porque estas autorizaciones tienen validez sólo para cada sesión.
Señor Presidente , resulta indispensable aprobar este proyecto, porque el reavalúo de bienes raíces no agrícolas debió haber entrado en vigencia el 1º de enero del presente año. Sin embargo, si se hiciera efectivo, muchas propiedades tendrían un alza en su avalúo y, por tanto, un aumento tremendamente fuerte en el impuesto territorial correspondiente.
Para evitar dicha situación, se está tramitando la llamada "Ley de Rentas II", que establece un límite máximo de incremento del giro del impuesto territorial equivalente a 10 por ciento, lo cual aminorará bastante el alza de los avalúos y de las contribuciones de bienes raíces.
No obstante, como el proyecto de Ley de Rentas Municipales II se encuentra todavía en trámite y probablemente no va a estar listo antes de fines de marzo, se hace imprescindible postergar la entrada en vigencia del reavalúo hasta el 1º de enero de 2006.
Por tal razón, señor Presidente, recomendamos a la Sala la aprobación de la iniciativa.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en general y en particular.
--Se aprueba, y queda despachado en este trámite.
Pasamos al siguiente asunto del Orden del Día.
Señor Presidente , los números 2 y 3 fueron despachados en la sesión anterior, así que corresponde analizar el número 4.
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3671-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 28ª, en 14 de septiembre de 2004.
Economía, sesión 26ª, en 11 de enero de 2005
Los objetivos principales de la iniciativa son ampliar los espacios de acuerdo entre deudores y acreedores, privilegiándolos por sobre la liquidación forzosa, y ensanchar, de esa manera, las posibilidades de salvar a las empresas en crisis.
La Comisión de Economía, luego de discutir sólo en general el proyecto, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores García, Gazmuri y Orpis.
Cabe tener presente que los artículos 180 a 185, contenidos en el número 4 del artículo único del proyecto, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Corresponde señalar, finalmente, que en segundo informe la iniciativa debe ser analizada por las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, Presidente de la Comisión de Economía.
Señor Presidente , la normativa en debate viene a completar una reforma muy profunda que se está llevando a cabo en materia de quiebras. Hace pocas semanas esta Honorable Sala aprobó y despachó un proyecto de ley vinculado con el tema en estudio, el cual, básicamente, apuntaba a una mayor transparencia y a otorgar facultades más amplias a la Superintendencia del ramo.
La iniciativa que hoy se presenta a la consideración del Senado para su aprobación en general aborda los aspectos de fondo de las quiebras. A juicio del Ejecutivo, compartido por la Comisión, se trata de una de las reformas más profundas que se han realizado en el último tiempo en el Derecho Privado chileno, tendiente a obtener un mejor equilibrio entre las aspiraciones de los empresarios, los trabajadores y los acreedores.
En efecto, la lógica del texto en discusión es radicalmente distinta de aquella con que actúa la actual Ley de Quiebras, pues busca prevenir las crisis de las empresas y evitar la liquidación forzosa de éstas, para mantenerlas como entes productivos, a través de mecanismos que privilegian los acuerdos entre acreedores y deudores.
Voy a enumerar, simplemente a título ejemplar, algunas de las modificaciones que plantea el proyecto.
1. Se amplía el objeto del cuerpo legal respectivo, al denominarse ahora "Ley de Quiebras y de Convenios Concursales". Consecuentemente con lo anterior, el artículo 1º establece que no sólo trata de las quiebras, sino también de los convenios y las cesiones de bienes.
2. Se perfecciona la normativa de las diversas clases de convenio.
3. Se produce una total liberalización de los acuerdos extrajudiciales destinados a resolver la insolvencia del deudor, derogándose como causal de quiebra en el artículo 43, número 4, la declaración de nulidad o resolución de alguno de ellos.
4. Se introduce el derecho de los acreedores para exigir la proposición de convenios preventivos. Esto significa un gran avance, por cuanto en los convenios judiciales preventivos les está vedado a los acreedores iniciar el procedimiento respectivo. Se elimina toda restricción en cuanto al objeto y contenido de los convenios, e incluso se permite efectuar proposiciones alternativas.
Asimismo, se permite resolver los convenios a través de arbitraje cuando las sociedades estén sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, con excepción de las compañías de seguros. También podrá recurrirse a un árbitro cuando el 66 por ciento del total del pasivo así lo acuerde.
5. Se elimina la indignidad del deudor para proponer convenios, aun cuando haya cometido delitos de quiebra. Igualmente, se deroga como causal de nulidad del convenio la condenación sobreviniente del fallido por quiebra fraudulenta o por alguno de los delitos contemplados en el artículo 466 del Código Penal, puesto que ella sólo perjudica aún más a los acreedores.
6. Se amplía el derecho a reiterar las proposiciones rechazadas o desechadas.
7. Se agiliza el sistema de convenios concursales a través del arbitraje.
8. Se establece la vigencia anticipada de los convenios.
9. Se instaura la verificación de créditos en los convenios preventivos.
10. Se consagra el derecho a voto de los acreedores en las juntas.
11. Se eliminan las trabas para impugnar que actualmente tienen los acreedores.
12. Se reducen las causales de nulidad de los convenios.
13. Se reglamenta en detalle -y ésta es una importante innovación- la negociación entre acreedores y deudores.
Éstas son, señor Presidente , algunas de las modificaciones que se incorporan en la Ley de Quiebras y que he mencionado a título ejemplar, las cuales, tal como señalé, apuntan a los aspectos sustantivos, cambiando radicalmente el enfoque de la actual normativa, que carece de mecanismos flexibles para buscar acuerdos entre acreedores y deudores.
Estas enmiendas fueron aprobadas en forma unánime por la Comisión de Economía, la cual recomienda a la Sala proceder en los mismos términos.
Señor Presidente , coincido plenamente con el Senador señor Orpis en cuanto a la lectura que ha de hacerse del proyecto. Efectivamente, éste cambia el sentido de la legislación positiva, vigente desde hace un tiempo bastante largo, que principalmente tiende a la liquidación del negocio o la actividad. La iniciativa más bien sigue la filosofía de la legislación americana, encaminada a facilitar el giro del negocio, siempre que haya acuerdo, y tratar de salvarlo, en lo posible, en favor de los acreedores, de los trabajadores y de quienes tengan créditos sobre la quiebra.
A mi juicio, deberíamos aprobar en general la iniciativa y fijar un plazo para presentar indicaciones, porque realmente constituye un avance en materia legislativa en cuanto a derecho de comercio, lo cual es importante para el país.
Por lo tanto, solicito a la Mesa que pida a la Sala dicha aprobación.
Señor Presidente, coincido con los planteamientos de los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
En verdad, se trata de un buen proyecto, pero bastante perfectible. De modo que habría que fijar un plazo amplio para formular indicaciones.
Ordenaré tocar los timbres, porque el proyecto es de quórum especial y en este momento no hay suficientes señores Senadores en la Sala.
¿Puedo hacer una pregunta, señor Presidente?
Lamentablemente, está cerrado el debate, Su Señoría.
¿Habría acuerdo para realizar votación nominal?
Debemos hacerlo electrónicamente, ya que se está dejando registro de las votaciones.
La Mesa acoge la proposición de Su Señoría.
En votación electrónica la idea de legislar.
Se aprueba en general el proyecto (30 votos), dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
Votaron los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Martínez, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Debe fijarse plazo para formular indicaciones, señor Presidente.
Propongo el 15 de marzo.
No. Un poco más.
Podría ser hasta el martes 22 de marzo.
Se fija plazo para formular indicaciones hasta el 22 de marzo, a las 12.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3716-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es otorgar una bonificación por egreso al personal de las Plantas I y II de oficiales y de vigilantes penitenciarios y del escalafón de oficiales administrativos penitenciarios que cumpla los requisitos que indica, reemplazando la bonificación por retiro establecida en la ley Nº 19.882, que actualmente se le aplica.
La Comisión de Hacienda fue autorizada, en sesión del 6 del mes en curso, para tratar en general y en particular el proyecto. Una vez analizado, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Naranjo.
En cuanto a la discusión particular, dicho órgano técnico efectuó algunas modificaciones a la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados, las cuales también fueron acordadas en forma unánime.
El texto que se propone aprobar se consigna en el informe.
La tiene el Honorable señor Foxley.
Señor Presidente , como se informó, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad esta normativa.
La iniciativa viene a llenar, en cierta medida, un vacío que se produjo después de la dictación de la Ley del Nuevo Trato Laboral, dado que no beneficia a los funcionarios de Gendarmería de Chile, ya que contempla una bonificación por retiro que se "gatilla" al cumplir 65 años los hombres y 60 las mujeres. Es decir, se trata más bien de un incentivo al retiro.
En el caso de Gendarmería, el retiro, más que por edad, es por años de servicios. Por eso, la iniciativa otorga una bonificación por egreso. Para los funcionarios que se retiren después de 30 o más años de servicios, ella será de siete meses de remuneración, calculada sobre la base de las últimas 12 rentas percibidas; para quienes lo hagan con 25 a 30 años, será de dos meses, y para los que se retiren con 20 a 25 años alcanzará a un mes.
Dicha bonificación estará financiada, por un lado, con un porcentaje de la remuneración mensual imponible de los funcionarios que recibirán el beneficio, y por otro, con una cifra similar que aportará Gendarmería. Ambos aportes ingresarán al Fondo especial creado en la Ley de Nuevo Trato Laboral.
Durante el estudio de la iniciativa escuchamos a representantes de los organismos gremiales del sector, quienes en general se manifestaron de acuerdo con ella.
Por eso, sugerimos a la Sala aprobar el proyecto en la misma forma en que lo hizo la Comisión: por unanimidad.
Tiene la palabra el Senador señor Fernández, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional .
Señor Presidente , yo recibí a la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, quienes me hicieron varias observaciones que, según entiendo, no están recogidas en el proyecto.
Por ejemplo, su Presidente , el señor Milenko Mihovilovic Eterovic , antiguo y destacado dirigente de Gendarmería, me manifestó que para tener derecho a los beneficios se exigen 30 o más años de servicios efectivos en una misma planta: de oficiales y de vigilantes o de oficiales administrativos. Sin embargo, sostuvo que es muy difícil que una persona cumpla con ese requisito. Agregó que algunos funcionarios logran alcanzar ese tiempo en actividad, pero trabajando en varias plantas: administrativa, de auxiliares, de auxiliares de enfermería, maestros de talleres, etcétera.
Por lo tanto, es necesario que para tales efectos se consideren los años trabajados en cualquier planta de Gendarmería o del ex Servicio de Prisiones.
Señor Presidente , el punto mencionado por el Senador señor Fernández fue solucionado en la Comisión de Hacienda mediante una indicación.
Los otros aspectos que citará a continuación quedaron pendientes.
Me alegra que se haya recogido esa inquietud de los funcionarios de Gendarmería.
Otro asunto que me plantearon -probablemente también se lo hicieron presente al Honorable señor Ruiz -, tiene que ver con una norma aprobada por la Cámara de Diputados en la que se dispone que para el personal al que se aplique la ley en proyecto, la bonificación que contempla reemplazará a la bonificación por retiro voluntario establecida en el título II de la ley Nº 19.882. Esto significa que, aunque cumplan el requisito de tener 65 años los hombres y 60 las mujeres, no podrán ejercer el derecho a percibir la bonificación obtenido por la ANEF. Son más de 30 funcionarios los que a la fecha se habrían visto favorecidos con ella.
No nos parece justo que esas personas pierdan dicho beneficio como consecuencia de la aprobación del proyecto en debate. A mi juicio, podría establecerse que ambas bonificaciones son incompatibles; que no es factible recibir las dos.
Por lo tanto, creo que sería atendible considerar también este segundo aspecto, tal como se hizo con el primero que mencioné.
Señor Presidente , uno de mis planteamientos iba en la misma línea de lo que señaló el Senador señor Fernández , en el sentido de que al cumplir 30 años de servicios los funcionarios puedan acceder a la bonificación por egreso.
Y el segundo punto es que quienes reúnan los requisitos legales tengan derecho a optar entre la bonificación por retiro voluntario que contempla la ley Nº 19.882 y la referida bonificación de egreso por Gendarmería.
Ésos son los dos temas que nos plantearon los dirigentes gremiales y sería bueno saber en forma fehaciente en qué medida fueron recogidos.
En efecto, todos hemos tenido contacto con los dirigentes. Y Milenko Mihovilovic nos hizo presentes esos dos puntos.
Me parece que el primero -como señaló el Senador señor Ruiz De Giorgio - ya fue solucionado.
El segundo hay que examinarlo con el Ejecutivo , pues no sólo se va a plantear en este caso, sino también en el estudio que se está realizando sobre el daño previsional, respecto de la eventual compatibilidad entre la indemnización por retiro voluntario y otro tipo de bonificación o de desahucio.
Por lo tanto, sería bueno aprovechar la presencia del señor Ministro de Justicia -lo vi denantes en la Sala-, para que pudiera llevarse todos estos antecedentes y traernos una respuesta, a fin de que cuando discutamos en particular la normativa podamos dar solución a esta aspiración del personal de Gendarmería.
Pienso que habría que aprobar en general el proyecto y esperar que el Ejecutivo envíe alguna indicación en ese sentido, por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Señor Presidente , sólo quiero ampliar lo señalado sobre la materia.
Hay otro punto que no se ha planteado aquí, pero que también fue abordado por los dirigentes de Gendarmería. Se refiere a aquellos funcionarios que gozan de fuero, quienes no pueden acceder a la bonificación mientras se encuentren en esa situación. Ellos solicitan que se les permita optar al beneficio al término de aquél.
Pero quisiera hacer notar lo siguiente.
Sobre el particular envié un oficio al señor Ministro de Justicia . Me respondió que, desgraciadamente, estos dos últimos puntos tiene que resolverlos el Ministerio de Hacienda, porque como es problema de recursos escapa a la capacidad de solución de su Cartera. De modo que sería conveniente -como planteó el Senador señor Andrés Zaldívar - que se hicieran las gestiones correspondientes con dicho Ministerio, porque al final, para ponerlo en términos prácticos, éstos no son montos importantes de dinero, pues no es mucha la gente que podrá impetrar tales beneficios.
Por consiguiente, me parece justo dar solución a estos funcionarios, cuya actividad laboral es excepcionalmente complicada y que -lo digo con mucha franqueza- pertenecen a uno de los servicios públicos que han sido postergados durante muchísimos años y que han estado en las peores condiciones desde los puntos de vista económico y de trabajo.
Si recordamos un poco la historia, habría que decir que antiguamente los funcionarios de prisiones tenían derecho a diversos beneficios consignados en el Código del Trabajo (pago de horas extraordinarias y otros). Y la verdad de las cosas es que los turnos que cubren y la forma en que deben laborar son muy difíciles.
Por lo tanto, quiero insistir en lo manifestado por varios señores Senadores. Me alegro de que se hayan hecho presentes esas inquietudes. Y es bueno que se transmitan al Gobierno para que se dé una solución, aunque sea parcial, a los problemas de los trabajadores de Gendarmería.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, y espero que se recojan estas observaciones.
Señor Presidente , sólo quiero plantear una moción de orden.
Dado que todos estamos de acuerdo en aprobar este proyecto, porque beneficia a un sector importante del personal de Gendarmería -a la mayoría de nosotros se nos acercaron representantes de distintas Regiones para plantearnos los dos puntos que se han mencionado-, y en vista de que no tenemos iniciativa en ambas materias, pido que se recabe la autorización del Senado para enviar un oficio al Ejecutivo expresándole nuestra opinión al respecto y la necesidad de contar, ojalá dentro del más breve plazo, con un proyecto de ley destinado a corregir las dos evidentes anomalías que presenta el texto en debate.
Tal vez lo más apropiado sería aprobar en general el proyecto, abrir plazo para formular indicaciones y pedir al Ejecutivo que a través de esta vía incorpore esas materias. Porque estamos en el segundo trámite y podríamos recibirlas, si el Gobierno tiene la voluntad para ello, a comienzos de marzo. Y en esa fecha derogar...
Si bien es cierto -como se acota- que está todo discutido, faltan esas indicaciones, que van en beneficio de Gendarmería.
Ésta es una alternativa, que someto a la consideración de la Sala.
¡Votemos en general!
¡Sí, votemos, señor Presidente!
Hay que votar en general el proyecto de todas maneras, y aprobarlo.
La pregunta es si dirigimos un oficio al Ejecutivo para que en otro proyecto de ley se haga cargo de estas inquietudes, como señaló el Senador señor Núñez .
¡Por favor, ruego guardar silencio! Estamos haciendo lo posible por atender las peticiones de los funcionarios de Gendarmería.
Como decía, la pregunta es si enviamos ese oficio o si, aprovechando esta normativa, que se encuentra con urgencia calificada de "suma", fijamos plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de febrero o el 1º de marzo, de manera de que el Ejecutivo , si tiene voluntad, formule las que estime adecuadas. Y si no existiera esa voluntad, como no tenemos iniciativa sobre la materia, aprobaríamos el proyecto también en particular.
Ésta es la duda que planteo, para los efectos de la mejor decisión de la Sala.
Señor Presidente , no tengo absolutamente ningún problema en aceptar su planteamiento.
Mi propuesta la hice en consideración a que hay urgencia para despachar la iniciativa. No vaya a ocurrir que venza el plazo por ese motivo. Pero si el Gobierno manifiesta esa voluntad antes de la primera semana de marzo, me parece que sería el mejor camino.
Votemos, señor Presidente.
De todas maneras debe votarse en general el proyecto.
Señor Presidente , ¿sería posible que alguna autoridad del Ejecutivo nos contestara ahora? Porque si la respuesta es negativa, ¡para qué hacemos todo esto!
Vamos a pedir que se llame al señor Ministro.
Mientras, procederemos a votar. Luego haremos la consulta, para ver si vale la pena esperar o no la indicación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos).
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Aprobada en general la iniciativa, la pregunta es si abrimos plazo para presentar indicaciones o si la aprobamos también en particular ahora.
¿Habría acuerdo para votar en particular el texto propuesto por la Comisión de Hacienda?
El señor ÑÚÑEZ.-
Entonces, se enviaría un oficio al señor Presidente de la República , en nombre de la Corporación, en los términos expuestos hace algunos momentos por el Honorable señor Núñez, que recogen la inquietud de todos los señores Senadores respecto de los vacíos que presenta esta normativa.
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría en particular la iniciativa con la misma votación registrada hace algunos momentos.
--Se aprueba en particular el proyecto con la misma votación anterior y queda despachado en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, en materia de licitación de la provisión del servicio sanitario dentro del límite urbano, con informe de la Comisión de Obras Públicas y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3590-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 14 de septiembre de 2004.
Obras Públicas, sesión 29ª, en 19 de enero de 2005
El proyecto no aparece en la tabla de la presente sesión debido a que se dio cuenta del informe en la sesión extraordinaria recién pasada, que se celebró hoy entre 14:30 a 16.
Modificar el artículo 33 A de la Ley General de Servicios Sanitarios, con el propósito de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cada vez que exista la necesidad de asegurar la provisión del servicio sanitario en determinadas zonas dentro del límite urbano, efectúe la respectiva licitación pública. No podrá excusarse de hacerlo respecto de las áreas urbanas existentes a la fecha de publicación de la ley, cuando así lo requiera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en la necesidad de cumplir sus políticas, planes y programas relativos a viviendas sociales o subsidiadas.
Cuando la licitación sea solicitada por ese Ministerio, el llamado a propuesta se realizará dentro del plazo de seis meses, pudiendo prorrogarse por otro periodo igual o menor, mediante una resolución fundada de la Superintendencia.
La Comisión aprobó en general y particular el proyecto por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Cordero, Frei (don Eduardo), Horvath, Sabag y Stange, sustituyendo el texto que despachó la Cámara de Diputados por el que se transcribe en el informe.
Finalmente, propone a la Sala que la iniciativa sea discutida en general y particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , es sabido en el país que muchas veces no coinciden las áreas de concesión de los servicios sanitarios con las de ocupación urbana. Es así como actualmente la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene la facultad de solicitar, por la vía de la licitación, que las distintas concesionarias puedan cubrir los sectores que carecen de aquéllos.
Sin embargo, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo planteó que en algunas áreas, particularmente en las de viviendas sociales, por razones técnicas o económicas, no se dan las condiciones para que las empresas concesionarias de servicios sanitarios se interesen, lo que parece obvio, porque les significa un claro desmedro económico.
Por este motivo, se somete a consideración del Senado este proyecto en la versión que se nos presenta, en que se pide la licitación. Si no hay interés en ésta, se propone un segundo llamado, pero en condiciones especiales: el Estado, a través del Ministerio de la Vivienda, asume los costos para suplir la diferencia; es decir, si es necesario construir una planta elevadora, una matriz, un ducto o un colector especial y hay una posibilidad económica y social, el servicio puede ser otorgado. En esos términos, se logró el acuerdo final.
Anteriormente, la versión del Ejecutivo lograba esos objetivos en condiciones especiales, pero sin señalar el procedimiento. Es decir, no se sabía si el financiamiento era responsabilidad de las sanitarias, de las comunidades o de la Administración, con lo cual se abría una zona bastante rara para la aprobación del proyecto.
Sin embargo, el Ejecutivo envió una indicación que sustenta el informe que se presenta a la Sala, por lo que se entiende que es un proceso transparente y que facilita en forma focalizada, para el caso de viviendas sociales, la intervención del Estado. Y tratándose de aquellas que no tengan el carácter de sociales, serán las inmobiliarias, las municipalidades u otras vías las que suplan la diferencia de costo.
Por eso, la Comisión propone al Senado aprobar el proyecto en general y particular.
Señor Presidente, desde mi punto de vista, el proyecto no es tan simple, porque contiene diversas consideraciones que debieron haberse estudiado previamente.
Como señala el Senador señor Horvath , las licitaciones en materia sanitaria establecen un espacio territorial determinado. Eso es verdad.
También es efectivo que, de hecho, se han ampliado importantes áreas urbanas en distintos pueblos del país -o sea, extensiones todavía no definidas por los planos reguladores-, quedando al margen de los servicios sanitarios vastas poblaciones, que generalmente no son reguladas por los organismos públicos.
Desde mi punto de vista, el problema radica en dos aspectos muy relevantes.
El primero consiste en que, efectuado un primer llamado para que la concesionaria asuma la responsabilidad de otorgar el servicio sanitario y al no tener opción o interés en la licitación -licitación, entre comillas, porque la única empresa que entrega los servicios sanitarios es la que participa en ella; no hay más- lo lógico es pensar que esa empresa siempre va a concursar en la segunda oportunidad, porque se encontrará con una decisión del Estado en materias propias de una responsabilidad que debió haber nacido -aquí viene mi planteamiento- antes de la licitación.
Surge así el segundo punto, que el proyecto no considera en toda su extensión.
Cuando se dictaron las nuevas normas legales sobre concesiones reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se entregó a la municipalidad la responsabilidad de representar a los vecinos. Eso es muy importante. En un nuevo artículo de la respectiva ley -me parece que el 13- quedaban la empresa y la Superintendencia de Servicios Sanitarios como representantes del Estado. Pero los vecinos -que en definitiva son los contratantes, los que pagan el agua y el alcantarillado- no tenían representación. En el Senado, establecimos que en el grupo de trabajo que fijaba el valor de las aguas, las áreas y las responsabilidades propias de esta licitación, la municipalidad debía actuar en nombre de los vecinos.
El 8 de septiembre del 2000 se envió a los alcaldes del país una comunicación para que se incorporaran a las distintas comisiones, a fin de establecer los valores y estudiar los contratos. Y ahí se suponía que los ediles debían extender a las zonas existentes en ese momento los servicios sanitarios, no solamente en el área urbana, sino más allá de ésta.
La carta fue enviada a los 341 alcaldes; pero no fue respondida ni ninguno se incorporó.
El 8 de noviembre de ese mismo año, sesenta días después, el señor Superintendente de Servicios Sanitarios envió una segunda comunicación, para solicitar que se incorporaran los alcaldes en las resoluciones finales del contrato, extensión, costos, etcétera. Nuevamente ninguno contestó ni ninguna municipalidad se presentó.
Por tal motivo, todos los problemas de extensiones quedaron al margen del conocimiento de las distintas comisiones que resolvieron cuál era el ámbito territorial en que iban a actuar los valores, etcétera. Fue en ese momento cuando surgieron los problemas: que era necesario dictar una ley para ampliarlos, que los valores eran muy altos, etcétera, en circunstancias de que el personero responsable de representar a los vecinos no estuvo presente en ninguna de las reuniones ejecutivas habidas sobre la materia.
Entonces, a mí me queda una enorme duda. A partir de septiembre del año en curso, comienza nuevamente el proceso para fijar los valores sanitarios a través de todo el país. Y ahí nos vamos a encontrar con que los organismos para resolver el problema ya existen y están establecidos en la legislación.
Yo creo que no se requiere una nueva ley. Si lo establecemos mediante esta iniciativa, cambiaría la naturaleza de una responsabilidad que siempre ha sido descentralizada, gracias al esquema de participación de los municipios. Insisto en que éstos tienen la facultad de revisar el ámbito territorial de la concesión y de intervenir en la fijación de valores.
Por eso, señor Presidente , pienso que no es oportuno aprobar un proyecto de este tipo. Les estaríamos quitando responsabilidades a los alcaldes. A pesar de que éstos nunca la han ejercido, algún día lo harán, porque la irresponsabilidad no será permanente. Esto me parece importante.
Yo no conocía el proyecto, razón por la cual no había hablado con sus autores sobre la situación descrita.
Los aspectos referidos permiten afirmar que las normas planteadas en la iniciativa ya fueron establecidas en el artículo 12º A de la Ley General de Servicios Sanitarios, donde se dispone que las municipalidades pueden participar en la fijación del territorio, junto con la Superintendencia.
El Honorable señor Horvath me ha pedido una interrupción, que concedo, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , según el informe, el artículo 33º A de la ley señala que "cada vez que exista la necesidad de asegurar la provisión del servicio sanitario en determinadas zonas dentro del límite urbano, la Superintendencia deberá efectuar la respectiva licitación pública.
"En caso de no existir proponentes para la referida licitación, o no haber sido adjudicada ésta por no cumplir los proponentes con los requisitos exigidos por la ley, la Superintendencia podrá exigir al prestador que opere el servicio sanitario del área geográfica más cercana a la zona aludida en el inciso precedente,...".
Todo lo anterior, sin embargo, requiere el cumplimiento de algunos requisitos. La misma norma establece los siguientes: la incorporación de nuevas áreas debe ser factible técnicamente y el aumento de territorio operacional tiene que enfrentarse administrativa y financieramente por el prestador. Después señala el procedimiento.
En verdad, los alcaldes y las instituciones ciudadanas cuentan con la fórmula legal para participar y hacer el calce que se quiere. Sin embargo, el proyecto que nos ocupa considera la situación en que, en términos razonables, no hay factibilidad técnica, financiera ni administrativa. Por ello, se proponen condiciones especiales, las cuales deben ser negociadas previamente por la autoridad, de manera que la concesión, por la vía del decreto, pueda ser asumida en la segunda instancia.
En el fondo, la iniciativa viene a llenar un vacío legal que afecta actualmente a todo el país.
Por estas razones, insisto en la conveniencia de aprobar el proyecto.
Puede continuar el Honorable señor Ríos.
Señor Presidente, se trata de dos criterios distintos para abordar el mismo asunto.
Reitero: aunque no tengo a mano en este momento la ley que regula la acción de la Superintendencia del ramo, entiendo que el artículo 12º A resuelve el problema.
Señor Presidente , en el informe de la Comisión de Obras Públicas se aprecia que, en un tema muy sensible para la comunidad, los únicos convocados para dar su opinión son funcionarios de Gobierno y empresarios, y, por cierto, los infaltables representantes del Instituto Libertad y Desarrollo. En otras palabras, los usuarios no tienen opinión. De hecho, no hay interés en invitar a otra entidad, aunque sea una junta de vecinos, para que dé a conocer su punto de vista al respecto.
Así, las cosas se resuelven con gran facilidad, porque hay una comunidad de intereses y la controversia se elimina. Entonces, todo camina con una rapidez asombrosa.
Considero que ya estaría bueno que esta práctica legislativa se corrija.
No tengo dudas de que tiene que haber alguna organización con sensibilidad respecto de la materia, la cual estaría muy dispuesta a colaborar y llevar a cabo así un proceso legislativo plural y participativo, el que, además, considere a los afectados por este tipo de decisiones.
Desde luego, también queda más que claro que las empresas privadas -actuando en un servicio extraordinariamente relevante para la comunidad- cubren las necesidades del caso, en la medida en que sea un buen negocio. Si la rentabilidad no está presente, ahí queda mucha gente sin ser atendida en sus requerimientos.
Entonces, inevitablemente surge la presencia del Estado que, con sus recursos, debe apoyar a la empresa privada para que ésta no vea decaer sus utilidades.
Señor Presidente , yo solicitaría que, en el futuro, tratándose de iniciativas que inciden en áreas tan sensibles para la población, se tome en cuenta a las organizaciones que están en condiciones de hacer algún aporte, que puede ser interesante.
En relación con el proyecto que nos ocupa, en mi opinión, si se aprueba como está, va a adolecer de un enorme vacío, porque en él no se encuentra presente la opinión de los usuarios, que constituyen, en última instancia, la finalidad central de la iniciativa.
Corresponde poner en votación el proyecto que busca mayor transparencia en el proceso de adjudicación de los servicios sanitarios y evita la existencia de "islas" en zonas urbanas.
La Comisión de Obras Públicas ha planteado la necesidad de contar con estas disposiciones.
Cabe recordar que se trata de un proyecto de artículo único y, como no se ha presentado indicación, habría que votarlo en general y en particular a la vez.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (23 votos a favor y 3 abstenciones, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Novoa, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvieron los señores Ávila, Núñez y Ríos.
Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 18.290 en materia de transporte terrestre, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (999-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 11 de agosto de 1999.
Transportes, sesión 23ª, en 12 de septiembre de 2000.
Transportes (segundo), sesión 28ª, en 18 de enero de 2005
Sesiones 1ª, en 3 de octubre de 2000 (vuelve a Comisión para nuevo informe); 3ª, en 9 de junio de 2004 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 9 de junio del año pasado. En sesión de 12 del mes en curso el Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, solicitó que el segundo informe no pasara a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sino que fuera discutido directamente por la Sala y que si ésta estimaba que debía ser enviado a dicha Comisión, así se procediera.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 2º y 3º. Y respecto del artículo 1º se detallan más de cuarenta numerales en la parte pertinente del mencionado documento.
Todas esas disposiciones conservan el mismo texto aprobado en general por el Senado, por lo que deben darse por aprobadas, según lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los Senadores presentes, pida someterlas a discusión y votación. Su aprobación requiere simple mayoría.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados dichos preceptos conforme al Reglamento.
Puede continuar, señor Secretario .
Las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones fueron acordadas por unanimidad, salvo la efectuada al artículo 196 C, la que será sometida a votación por el señor Presidente .
Tales enmiendas, con excepción de esta última, deben ser votadas sin debate, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que antes de la discusión particular se solicite debatir alguna proposición o que existan indicaciones renovadas (no ha llegado ninguna). Todas estas modificaciones requieren también simple mayoría para ser aprobadas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán todas las enmiendas acogidas en forma unánime por la Comisión, salvo la referida al artículo 196 C, respecto del cual hubo votación divida. Por lo tanto, habrá que pronunciarse sobre esa norma.
Continúa la relación del proyecto.
Sus Señorías disponen de un voluminoso boletín comparado, dividido en cuatro columnas: la primera transcribe la Ley de Tránsito; la segunda, el proyecto aprobado en general por el Senado; la tercera, las modificaciones introducidas en el segundo informe, y la última, el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
Corresponde tratar la indicación número 48, relacionada con el artículo 196 B, que pasó a ser 196 C, que fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Novoa y Pizarro y el voto en contra del Senador señor Prokurica .
En consecuencia, hay que dirimir la votación dividida que se produjo en la Comisión respecto del artículo 196 C.
En discusión la norma propuesta por la Comisión.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes.
Señor Presidente, este artículo presenta leves diferencias con el texto vigente. La Comisión aprobó una graduación de las penas aplicables a quienes conducen bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, ya que al revisar los distintos casos detectamos una disparidad en las penas asignadas. En efecto, las infracciones de mayor y menor gravedad muchas veces reciben sanciones similares, incluso en determinadas circunstancias existen penas más severas para conductas menos peligrosas o menos graves.
El texto acordado por la mayoría de la Comisión fue discutido con el Ejecutivo y se aprobó con los votos favorables del Senador señor Pizarro y del que habla y el voto en contra del Honorable señor Prokurica . Pero yo diría que, en general, las sanciones a las distintas infracciones fueron prácticamente concordadas en forma unánime.
Tiene la palabra el Senador señor Valdés.
Con la venia de la Mesa, deseo preguntar al señor Presidente de la Comisión si en la redacción de la norma se consideró la información recabada a nivel nacional en cuanto a que ha aumentado el porcentaje de accidentes graves, ocurridos tanto en provincias como en Santiago, provocados por el consumo del alcohol.
He visto la nueva legislación de algunos países europeos, en particular la de España, donde el hecho de incurrir en una falta grave bajo los efectos del alcohol que implique la muerte de una persona significa no poder manejar un vehículo nunca más en la vida.
No sé si resultan suficientemente duras las penas que se establecen, porque, sin ir más lejos, uno advierte que en la Avenida Kennedy, en Santiago, por lo menos dos o tres veces al mes, se producen muertes -todas entre las tres y las seis de la mañana- a raíz de accidentes provocados por gente que conduce bajo la influencia del alcohol, debido a que chocan o estrellan sus autos.
Me parece que la situación está llegando a un límite tal -así lo he observado en revistas europeas- que colma la paciencia, haciéndose necesario un aumento muy drástico de las penas.
Señor Presidente , deseo contestar al Senador señor Valdés .
Es efectivo lo manifestado por Su Señoría. Incluso el Subsecretario de Transportes dio a conocer los últimos datos sobre accidentes causados por manejar en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Tomamos conocimiento de que se han incrementado en forma bastante notable.
La penalidad relacionada con estas infracciones fue establecida recientemente por el Congreso Nacional cuando se modificó la Ley de Alcoholes hace un par de años. Ello dio lugar a una discusión bastante a fondo y se fijaron, a mi juicio, sanciones drásticas.
Ahora bien, lo único que hizo la Comisión de Transportes fue, en primer lugar, ordenar la legislación, porque al introducir enmiendas a la Ley de Tránsito por la vía de la modificación de la Ley de Alcoholes, aparecía un poco dispersa la penalidad en aquella normativa; y, en segundo lugar, corregir unas pequeñas anomalías, dado que había conductas menos graves que tenían la misma sanción que otras más graves.
Pero, en general, diría que una persona que provoca un accidente conduciendo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, y a consecuencia de ello se producen lesiones o muerte, recibe sanciones muy drásticas en nuestra legislación, que se mantienen ahora en la Ley de Tránsito.
En votación electrónica el artículo 196 C sugerido por la Comisión.
--Se aprueba el artículo 196 C propuesto por la Comisión (24 votos afirmativos), y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Fernández, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Larraín, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Prokurica, Romero, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas del DFL Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3418-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Vivienda (segundo), sesión 28ª, en 18 de enero de 2005.
El Senador señor Sabag, quien ha estado viendo este proyecto, debió retirarse debido a una reunión urgente en Santiago, por lo que me encargó que solicitara la postergación del debate en esta materia.
El Honorable señor Sabag, Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, nos pide que posterguemos la discusión particular de la iniciativa en referencia.
Conforme, señor Presidente . No tenemos objeción al respecto.
--Así se acuerda, y la discusión en particular del proyecto queda pendiente.
En consecuencia, corresponde continuar el debate en general del proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Ávila, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.366, con el objeto de despenalizar la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3269-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ávila).
En primer trámite, sesión 7ª, en 1 de julio de 2003.
Constitución, sesión 20ª, en 11 de agosto de 2004.
Sesiones 23ª, en 4 de enero de 2005 (queda pendiente su discusión general); 26ª, en 11 de enero de 2005 y 27ª, en 12 de enero de 2005 (se aplaza su discusión general).
La discusión general de esta iniciativa ya se inició, y hay cuatro inscritos que aún no han intervenido: los Senadores señores Sabag, quien no se halla presente en este momento, Espina, Gazmuri y Cordero.
Como el Honorable señor Espina no se encuentra en la Sala, le ofrezco la palabra al Senador señor Gazmuri.
Señor Presidente , preferiría hablar después, ya que debo ir a buscar una carpeta sobre el proyecto que nos ocupa.
En ese caso, tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
Señor Presidente , concuerdo plenamente con la decisión de la Comisión, que unánimemente ha rechazado la idea de legislar en esta materia, porque aprobar estas normas sería una burla para las seis mil personas que, con tremendo esfuerzo, se someten a los programas de rehabilitación implementados a través del convenio CONACE-FONASA por su adicción a las drogas.
Ante todo, deseo señalar que existen estudios basados en evidencias científicas y no en prejuicios, como se ha pretendido presentar en este caso, que demuestran que la marihuana genera daños a la salud, que posee un componente adictivo y que tiene, además, sustancias tóxicas.
El principal ingrediente de la marihuana es el THC. Y se descubrió que las membranas de ciertas células nerviosas contenían receptores de proteína que llegaban hasta el THC. Una vez fijo en su lugar, éste desencadena una serie de reacciones celulares que, a la larga, producen el estímulo que sienten los usuarios al fumar marihuana.
Los efectos por consumo de marihuana incluyen problemas con la memoria y el aprendizaje; percepción distinta y dificultad para pensar y resolver problemas; pérdida de la coordinación y aumento del ritmo cardiaco; ansiedad y ataques de pánico.
Los científicos han descubierto que las sensaciones positivas y negativas experimentadas por un individuo después de fumar marihuana están directamente relacionadas con la genética.
Los factores ambientales, tales como la disponibilidad de la marihuana, las expectativas sobre su efecto, la influencia de amistades y contactos sociales, y otros, son diferentes hasta para los gemelos idénticos, de manera que no se puede asegurar con tanta liviandad que la marihuana no produce adicción.
1.- Efectos de la marihuana en el cerebro
Los investigadores han descubierto que el THC cambia la manera como la información sensora es procesada por el hipocampo.
El hipocampo es un componente del sistema límbico del cerebro, crucial para la memoria del aprendizaje y la integración de experiencias sensoriales con emociones y motivaciones.
Las investigaciones han demostrado que las neuronas del sistema de procesamiento de información del hipocampo y la actividad en las fibras nerviosas son reprimidas por el THC. También se ha detectado un deterioro de los patrones de conducta aprendidos, dependientes del hipocampo.
Recientes investigaciones indican que el consumo prolongado de la marihuana produce cambios en el cerebro similares a los vistos después del largo uso de otras drogas, de tal manera que lo correcto es darle un tratamiento jurídico similar.
2.- Efectos en los pulmones
La persona que fuma marihuana frecuentemente puede tener los mismos problemas respiratorios que los fumadores de tabaco. Es decir, presenta tos y flemas a diario, síntomas de bronquitis crónica y, con mayor frecuencia, de catarros.
El uso continuo de la marihuana puede llevar al funcionamiento anormal del tejido pulmonar debido a su destrucción o trauma.
3.- Efectos en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial
Resultados recientes indican que la práctica de fumar marihuana e inyectarse cocaína al mismo tiempo causa un marcado aumento en la frecuencia cardiaca y en la tensión arterial.
En un estudio realizado con marihuana sola, cocaína sola y, luego, con una combinación de ambas drogas en consumidores frecuentes, resultó que cada una de ellas produjo efectos cardiovasculares, y al combinarlas éstos se intensificaron y duraron más tiempo.
La frecuencia cardiaca de los sujetos sometidos a dicho análisis aumentó en 29 latidos por minuto al consumir marihuana sola y en 32 latidos por minuto con cocaína sola. Al administrarlas juntas la frecuencia cardiaca se incrementó en 49 latidos por minuto, y ese aumento persistió por más tiempo.
Las drogas se administraron a esos individuos mientras estaban en reposo. En condiciones normales, la persona puede fumar marihuana e inyectarse cocaína y luego hacer algo que le provoque estrés físico, lo cual puede elevar mucho el riesgo de sobrecarga del sistema cardiovascular y causarle la muerte.
Una investigación sobre estudiantes universitarios mostró que ciertas habilidades críticas relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje están alteradas en aquellas personas que consumen marihuana con frecuencia, aun después de no consumirla durante 24 horas.
Los investigadores combinaron a 65 consumidores frecuentes, quienes habían fumado marihuana con una frecuencia de 29 veces en los 30 días, con 64 consumidores menos frecuentes, que la habían consumido con una frecuencia media en los últimos 30 días. Después de una abstinencia de 24 horas, estrictamente controlada, tanto de marihuana como de otras drogas ilícitas y de alcohol, los estudiantes recibieron pruebas estandarizadas para medir aspectos de la atención, memoria y aprendizaje. Comparados con los consumidores poco frecuentes de marihuana, los frecuentes cometieron más errores y tuvieron mayor dificultad para prestar atención o para cambiarla, en respuesta a las demandas del ambiente, así como para registrar y procesar la información.
Los resultados sugieren que la mayor barrera a que se enfrentan los consumidores frecuentes está probablemente asociada a una alteración de la actividad cerebral producida por la marihuana.
Estudios longitudinales acerca del consumo de ese psicotrópico por parte de jóvenes por debajo de la media universitaria indican que, con relación a los no consumidores, los consumidores tienen menor rendimiento; presentan en más alta medida comportamientos anormales, delincuenciales y agresivos; exhiben mayor rebeldía, y tienen relaciones más dificultosas con sus padres y mayor asociación con amigos delincuentes que consumen drogas.
Las investigaciones también muestran mayor propensión al enojo y al comportamiento regresivo (episodios de rabietas, por ejemplo) en hijos de padres que consumen marihuana que en los de no consumidores.
Cualquier sustancia de la que se abuse puede afectar la salud de la madre durante el embarazo, período en el que debe cuidarse con especial atención. El exceso puede alterar la nutrición y el descanso adecuados, y, por ende, afectar el buen funcionamiento del sistema inmunológico.
Algunos estudios han revelado que los bebés de madres que consumieron marihuana durante el embarazo tienden a ser más pequeños que los de aquellas que no lo hicieron. Las guaguas de menor tamaño tienden a presentar problemas de salud. La madre que lacta y consume marihuana pasa parte del THC a la criatura a través de su leche. Investigaciones han revelado que el consumo de marihuana por la madre durante el primer mes de lactancia puede impedir el desarrollo motor (control del movimiento de los músculos) del bebé.
Potencial adictivo de la marihuana
Una droga es adictiva cuando causa un deseo de búsqueda y consumo compulsivo e incontrolado, a pesar de los efectos sociales adversos y sobre la salud del consumidor. La marihuana cumple esta condición. Anualmente, más de 120 mil personas buscan tratamiento para su adicción primaria a ella.
Además, pruebas practicadas en animales indican que esa sustancia psicotrópica puede causar dependencia física, y algunas personas han declarado síntomas asociados a la abstinencia.
Como podemos ver, mucha razón tiene la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) cuando afirma en el seno de la Comisión que la marihuana no es inocua. Reviste importancia dejarlo claramente establecido, ya que el proyecto en análisis se orienta hacia una especie de "consumo natural" de dicha sustancia, invocándose incluso antecedentes históricos, como el hecho de que su consumo es de antigua data.
Si la marihuana es buena o no para curar algunas dolencias, carece de toda relevancia. También el arsénico, que es un veneno letal, tiene, en pequeñas dosis, efectos terapéuticos. Lo mismo ocurre con la quinina, que también es un veneno, no obstante lo cual se utiliza en medicina. Para aliviar el dolor, se usa clínicamente la morfina; pero ello no autoriza para decir que su consumo debe permitirse libre e indiscriminadamente.
El peligro de la marihuana es precisamente ése: que se presenta a los jóvenes como algo que se toma y se deja en forma voluntaria, sin consecuencias. El problema radica en que inserta al individuo en los patrones conductuales y sociales propios del consumo de drogas, que es una inducción gradual al encuentro con otras sustancias mucho más peligrosas, más adictivas y que constituyen una lacra social que destruye año tras año la vida de muchas personas y quebranta a numerosas familias.
Considero que la iniciativa en estudio resulta perjudicial para los enormes esfuerzos que se han hecho a todo nivel a los efectos de mantener a raya el avance de la drogadicción en nuestro país.
No se trata de una autorización para consumo personal. La tendencia de nuestra legislación, en sus manifestaciones recientes, ha sido precisamente a adecuar las normas legales para evitar que, por la vía del microtráfico, quienes se dedican a este flagelo logren la impunidad.
Pienso que la Comisión está en la senda correcta al dejar de lado la idea de legalizar la producción de estas sustancias, que no merece el menor apoyo, por el daño que ellas encierran para nuestros jóvenes y porque nada impedirá que, de aprobarse las normas propuestas, lo único que se consiga sea incorporar a nuestro país entre los productores de la droga en comento y dar al narcotráfico la posibilidad de comercializar producción propia.
Votaré en contra del proyecto, señor Presidente.
Señor Presidente , es indudable que la iniciativa presentada por el Honorable señor Ávila ha tenido el mérito, como lo hemos visto en las dos sesiones en que se ha tratado, de provocar en el Senado un debate interesante y útil -creo yo- respecto del gran problema de la drogadicción en el país. Por cierto, también es un problema contemporáneo de carácter mundial.
Sólo quiero, antes de referirme a la iniciativa específica, decir que no pongo en discusión la gravedad que reviste la adicción a drogas ilícitas, ni tampoco que, por el mismo hecho de que su producción y comercialización sean ilegales, se genera una industria de ellas. Por tanto, aquí no se trata únicamente del efecto en las personas, sino además de la existencia de una industria internacional del crimen que tiene gran capacidad para erosionar policías, estados, poblaciones, etcétera.
Es una realidad muy difícil de enfrentar, porque mientras haya demanda como la existente -se ha dicho aquí también- se genera una oferta. Cualquier política para hacer frente a dicha realidad debe ser múltiple, y en ella, evidentemente la prevención constituye un elemento central.
Aquello está probado, toda vez que la recuperación de drogadictos es un proceso muy difícil y costoso, de resultados bastante dudosos, que tiene que ver con aspectos más generales, culturales, de nuestra sociedad: falta de sentido de la vida, ausencia de comunidades más activas, crisis de la familia, exclusión social; es decir, un conjunto de causas muy profundas que llevan a las personas -jóvenes y no tan jóvenes- al consumo de drogas. Por lo mismo, aquí toda visión reductivista está condenada necesariamente al fracaso.
Además, hay una contradicción insuperable desde el punto de vista jurídico, ya que, mientras el consumo privado no está prohibido y, por ende, es una actividad que, por lo menos en Chile, queda como lícita y entregada al ejercicio de la libertad de las personas, la satisfacción de él -o sea, la producción y distribución- está penada. Y ello provoca una contradicción insoluble, que hasta hoy día no tiene solución.
Las experiencias de legalización y control del consumo, que teóricamente serían razonables, en la práctica también muestran en los países del mundo donde se han aplicado resultados bastante dudosos. Ello, salvo que hubiera políticas a nivel global, que todavía no existen.
Por eso, éste es un tema que requiere y requerirá un debate permanente.
Mi impresión es la de que en Chile, según la última información, por lo menos se ha contenido el aumento del consumo. Tengo buena opinión acerca de las políticas públicas y privadas y de lo que están haciendo muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan muy activamente en este plano. Hay que fortalecer eso, y sobre todo las políticas de prevención, como asimismo el ataque más a fondo de las causas sociales de la adicción.
Sin embargo, quiero plantear en este debate que, a mi juicio, la dificultad más grave que Chile tiene en materia de adicción queda oscurecida por la focalización sólo en los efectos perniciosos de la dependencia de drogas ilícitas.
Desde ese punto de vista, el problema mayor que afecta a nuestro país en términos cuantitativos; el que crea más daño a las personas y a la familia; el que más perjudica a la economía nacional, es el alcoholismo.
Respecto del alcoholismo y de sus graves efectos en la sociedad chilena no hay ningún debate comparativo como el que existe acerca de la droga; no hay ninguna preocupación sustantiva de la autoridad pública. Y, por la vía de la adicción al alcohol, se está infligiendo un daño tremendo a grandes sectores de nuestra población.
Señor Presidente , quiero demostrar la magnitud de este problema, el cual está oscurecido en el debate público. Porque toda la discusión, toda la focalización, gran parte de las políticas públicas, están orientadas sólo a la adicción a las drogas ilícitas. En cuanto al alcoholismo no hay la misma preocupación pública, ni inquietud de la opinión ciudadana, ni políticas consistentes. Es claro que las adicciones forman un cuadro de integración entre ellas: intervienen los mismos sujetos, se pasa de una a otra, etcétera.
Prevalencia del consumo de alcohol en el último mes, a nivel nacional: 59,12 por ciento de la población. No digo que se trate en su totalidad de adictos, pero el antecedente indica cuál es el universo potencial de la adicción.
Prevalencia del consumo de marihuana: 2,85 por ciento. Tampoco implica adicción. Puede que alguien fume un pito mensual y quede comprendido en esa cifra. Constituye un consumidor esporádico. Ello también se presenta en el caso del alcohol.
En definitiva, 59,12 por ciento contra 2,85 por ciento.
Igualmente a nivel nacional: pasta base, 0,21 por ciento; cocaína, 0,66 por ciento; drogas de uso médico sin receta, 1,63 por ciento; alcoholismo, 59,12 por ciento.
El tabaquismo es la segunda adicción fuerte, y asimismo provoca, quizás, daños muy severos -seguramente, menos que el alcoholismo, según estudios médicos-: 42,86 por ciento.
El consumo habitual de alcohol, además -y, por tanto, ello incluye cuadros de alcoholismo-, está conformando una costumbre que se inicia a edades cada vez más tempranas. Cifras nacionales: la prevalencia mensual es de 35 por ciento entre 12 y 18 años. O sea, ese porcentaje de los adolescentes lo consume de manera usual.
En las encuestas en las escuelas -esto es, tanto en liceos públicos como en colegios privados- se observa lo mismo. La prevalencia del alcohol en cuarto año medio supera el 50 por ciento.
En el caso de la marihuana, las cifras son del orden de 5, 6, 7 por ciento.
En consecuencia, se plantea un tema social de la mayor gravedad. En la situación a que hago referencia no existe una industria del crimen, sino otra completamente lícita, con productores y distribuidores. Por tanto, la cadena es legal. Pero los daños de la adicción son devastadores.
En este debate yo sólo quería llamar la atención sobre el asunto. Es decir, como país, estamos enfrentando mal el problema de las adicciones y bien, razonablemente, lo relativo a las drogas ilícitas, ámbito en que por lo menos se registra una contención, según las últimas cifras. Lo anterior no significa que no se deba avanzar, sino que al menos no aumentan los índices de consumo.
Debo reiterar que existe una despreocupación pública y política completa respecto del alcoholismo, cuyos índices, en general, sí tienden a incrementarse, tanto en términos absolutos como en cuanto a la edad en que se inicia el consumo, que en muchos casos es ya a los 12 años, e incluso, a veces, antes de los 11.
Creo que se necesita una discusión a fondo sobre el particular. Quisiera que las preocupaciones expuestas se transcribiesen a las autoridades tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Salud. A mi juicio, no podemos tener dos agencias públicas enfrentando las cuestiones de la adicción. Es algo por completo absurdo: cuando pregunto por qué el CONACE, que cuenta con experticia, con buenos profesionales, con programas que han sido exitosos, no se aboca a los aspectos del alcoholismo, la contestación es puramente burocrática. Y los responsables tienen razón al puntualizar: "Nosotros nos preocupamos de las drogas ilícitas. El Ministerio de Salud se preocupa de las adicciones lícitas.".
Me parece, sin embargo, que ésa no es una respuesta de política pública de salud, ni de prevención de la adicción, ni de enfrentamiento plural de un asunto de carácter global. El muchacho que consume alcohol en cuarto año medio es el mismo que puede caer en la adicción y empezar a consumir, también, drogas ilícitas.
En consecuencia, estimo que una política pública persistente y consistente no resiste dicha separación burocrático-administrativa.
Quiero llamar la atención sobre el punto y formular una invitación al respecto a mis Honorables colegas, porque nosotros podemos influir para colocar los grandes temas en el debate nacional. Y considero que uno de ellos se encuentra aquí pendiente.
Éste fue un aspecto importante en las políticas públicas en los años sesenta y setenta. Los Gobiernos de los Presidentes Frei Montalva y Allende desarrollaron masivos programas de prevención, de reeducación y de rehabilitación en alcoholismo. Treinta años después, carecemos de ellos y los daños al país por la adicción alcohólica, si bien no se dispone de cifras comparativas, son quizás peores.
Finalmente, celebro al Senador señor Ávila por haber provocado la discusión. Empero, votaré en contra de su proyecto. Y explico por qué.
En teoría, la iniciativa es impecable, porque su lógica es: "Si no se encuentra penado el consumo privado" -y, efectivamente, no lo está- "y, por tanto, se obliga a los consumidores a vincularse a las redes ilícitas del abastecimiento, permitámosles que lo satisfagan privadamente.".
Ése es el argumento, irreprochable en abstracto. Pero, en un contexto social donde existe una industria del crimen, es algo que puede originar una actividad industrial de microproducción. Ésa es la dificultad. Y hoy ya sabemos que la industria de la droga ha desarrollado la microdistribución. No se trata sólo de grandes traficantes, sino que incluso se utiliza a menores de edad como distribuidores, sobre todo para evitar sanciones. Seguramente, se aprovecharía la oportunidad, porque esa industria es bien astuta. El delito ligado a la droga implica alta capacidad de gestión y elevada tecnología.
También en el mundo de los negocios se podría estimular una microproducción legal que no se hallaría orientada al autoconsumo, sino a proveer de materia prima a las redes ilegales de producción y distribución, en este caso de marihuana.
Y, además, la situación que resolvería el proyecto de ley -como lo decía el otro día el Honorable señor Viera-Gallo - se encuentra relativamente solucionada en la vida social práctica. Porque imagino que la Brigada Antinarcóticos no anda persiguiendo a gente que cultiva dos matas de buena cannabis sativa en el fondo de su casa. Pienso que ello no ocurre. O sea, quien siembra para el autoconsumo lo hace sin exponerse a graves penas. Y si llegara a ocurrir, la sanción sería de falta.
Entonces, se trata de algo que teóricamente suena bien, porque, efectivamente, constituye una salida para la contradicción entre el hecho de que el consumo es lícito y el de que, para concretarlo, es preciso vincularse a una red proveedora ilícita. Es decir, en un plano abstracto, el texto se halla bien pensado. Pero en la práctica, a mi juicio, generaría o podría abrir un nuevo espacio para el desarrollo de la industria del crimen en materia de droga.
Por tales razones, y no por otras, votaré en contra.
Señor Presidente , según se ha expresado, la iniciativa que nos ocupa importa sostener básicamente que, como el consumo individual no estaría sancionado en la legislación -y digo "estaría"-, sería preferible que la persona, en vez de encontrarse en la necesidad de recurrir a las redes del narcotráfico, pudiera plantar marihuana en su casa; de esa manera se evitaría el "contagio" entre las bandas de traficantes y el consumidor individual.
No comparto, por las razones que señalaré, la lógica del proyecto. Pero debo consignar que no es verdad que el texto busque la legalización de ese comercio, sino que simplemente ha sido la aplicación lógica de una situación que se da como existente en el país.
Ahora bien, no es cierto que en Chile el consumo individual carece de sanción. Ése es un error en que se incurre habitualmente. Dicho consumo tiene lugar en tres situaciones distintas; dos de ellas están sancionadas, y sólo una, no, por las razones que expondré.
Hago la prevención, además, de que la pena para el consumo de drogas no es de cárcel, porque se estima que quien las consume requiere políticas que le permitan rehabilitarse y salir de su adicción por el daño físico que provocan. En definitiva, las penas de cárcel no pueden aplicarse a los que incurren en conductas que dañan su propia salud.
Por lo tanto, la circunstancia de que el consumo individual no se sancione con prisión obedece a una cuestión de política penal pública. Cuando una persona comete un daño contra su salud, es absurdo suponer que hay que encarcelarla. Y deben aplicarse medidas que posibiliten su alejamiento de una conducta que perjudica su salud.
No es verdad que el consumo individual no esté prohibido en Chile. Desde luego, si éste se produce en un lugar público, la ley lo sanciona. Si una persona consume marihuana, pasta base o cocaína en una plaza, por ejemplo, se hace merecedor de una multa y está obligada a someterse a programas de rehabilitación.
En segundo lugar, cuando el consumo individual privado se realiza en una casa, la ley también lo penaliza si se actúa concertadamente.
Sólo en una hipótesis la legislación chilena no castiga el consumo individual: cuando no es concertado y se hace solo, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué? Porque se ponen en juego dos garantías constitucionales: una relativa al deber del Estado de proteger la salud de la población; y la otra, referente a la vida privada. La lógica seguida por el legislador es que cuando hay consumo individual y además privado se considera de mayor valor legal la vida privada y, por eso, la resguarda. Si no, permanentemente habría allanamientos de casas porque alguien está consumiendo drogas en forma individual. Ésa fue una decisión que tomó el legislador.
En síntesis, decir que el consumo individual de drogas en Chile está permitido en toda circunstancia no es verdad. En dos hipótesis se prohíbe y en una tercera se permite, y no es sancionada con cárcel por tratarse de un atentado contra la propia salud. Por lo tanto, en este caso no hay pena de cárcel, pero se fija una multa. La verdad es que siempre se debiera someter a la persona adicta a procesos de rehabilitación para que deje el consumo de drogas.
Señor Presidente , también quiero citar un documento enviado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes a la Comisión de Constitución, firmado por su Secretaria Ejecutiva, doña María Teresa Chadwick , que aborda notablemente bien estas materias y da respuesta a una serie de temas que se han planteado aquí en la Sala.
El primero de ellos se refiere a si la marihuana produce daño a la salud. ¿Sí o no? Porque hay quienes sostienen que no. ¿Qué dice el informe que está a disposición de todos los señores Senadores en la Comisión de Constitución? "El cannabis no es una sustancia inocua. En efecto, existen investigaciones médicas en el mundo, que prueban que el uso habitual de cannabis genera complicaciones en la vida y en la salud de las personas. Los efectos se producen a través de la llegada del THC -que es la sustancia activa que contiene el cigarrillo de cannabis- al cerebro donde actúa sobre unos receptores muy específicos que existen en determinadas zonas del cerebro." Y concluye que "En definitiva, el uso del cannabis puede alterar la cognición y la respuesta sicomotora, afectar selectivamente aprendizaje y la memoria tanto de adultos como en hijos de madres consumidoras y puede generar episodios psicóticos agudos. Por otra parte, existen evidencias acerca de los efectos que sobre la motivación (síndrome amotivacional) provoca el uso habitual de esta droga.".
Por lo tanto, el argumento de que la marihuana no produce daños a la salud pero sí la pasta base, la cocaína u otras drogas más duras no es verdad, como lo desmiente el informe oficial enviado por el CONACE a la Comisión.
También se argumenta que la marihuana no produce adicción porque puede consumirse por el resto de la vida sin padecerla, a diferencia de otras drogas. ¿Qué dice el informe oficial del Gobierno? "El 48,1 % de las personas que demandan atención por primera vez en el Programa de Tratamiento y Rehabilitación que CONACE está llevando a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud, lo hacen por problemas asociados al consumo de marihuana. En efecto, de un total de 6.081 personas que demandaron tal atención, 2.926 lo hicieron por consumo de tal sustancia." Es decir, los consumidores de marihuana concurren masivamente a los centros de salud para rehabilitarse de la adicción, según lo señala expresamente el CONACE.
En tercer lugar, "Según el 5º Estudio Nacional de Consumo de Drogas (2002), el 28% de los consumidores de marihuana caen en la condición de dependientes. Tampoco puede dejar de soslayarse la directa relación entre pobreza y consumo de marihuana."
¿Conduce la marihuana al consumo de otras drogas duras? Se ha dicho que eso es falso y que quien la consume no pasa más allá de ella. ¿Qué dice el informe oficial del CONACE al respecto? "Los estudios llevados a cabo en nuestro país muestran que el consumo de marihuana aumenta considerablemente el riesgo de iniciarse en el consumo de otras drogas ilegales. El 5º Estudio Nacional de Drogas en Población General realizado el año 2002, muestra que entre los que han consumido alguna vez en la vida marihuana y cocaína, el 81 % inició primero el consumo de la marihuana. A nivel internacional existe total consenso científico acerca de que los que han consumido cannabis tienen más posibilidades de consumir otro tipo de drogas. A eso se denomina escalada de consumos."
¿Tiene efectos terapéuticos la marihuana, como algunos sostienen? El informe del CONACE también resuelve esa materia. Dice: "Es importante señalar que lo que se investiga es la eficacia de los productos sintéticos modificados del THC." (Se refiere a la sustancia dañina presente en los cigarrillos de marihuana). "Por tanto es conveniente desterrar la imagen del "pito" terapéutico, pues no corresponde a la realidad de la investigación. Si se llegara a confirmar tal uso de la cannabis ésta debiera transformarse en un fármaco (tabletas) prescrito por médicos y usados por los pacientes para propósitos específicos, en dosis precisas y tiempos establecidos".
Por lo tanto, el argumento de que los "pitos" de marihuana tienen un efecto terapéutico también es desmentido por el CONACE.
Finalmente, en cuanto a si el consumo de marihuana disminuiría el tráfico, que es el argumento de fondo de la moción en debate, destaca: "Resulta ingenuo y engañoso pensar que la no penalización del cultivo privado del cannabis terminaría con el tráfico. Esto es desconocer el poder de las organizaciones criminales nacionales e internacionales. En efecto, establecer un tratamiento especial para el desarrollo de todas estas conductas típicas, supone un riesgo alto de abrir un espacio al tráfico ilícito de ésta y otras drogas, para micro y grandes traficantes que se aprovecharían de la situación. La permisividad y oferta más o menos indiscriminada hará, por otra parte, que aumente el consumo, alcanzando a sectores de la población que no registran esa costumbre.".
"Tampoco se puede descartar que quienes planten cannabis en sus casas puedan empezar a abastecer a su entorno inmediato, abriendo una puerta a la comercialización y al microtráfico. El que cada vez más personas cultiven cannabis para su propio uso o para la venta, alimenta inevitablemente un creciente negocio de semillas, abonos y utensilios. En este sentido, la propuesta no señala ningún tipo de regulación. Cabe, entre otras, formularse las siguientes preguntas: ¿De dónde provendrían las semillas? ¿Quién vendería las semillas? ¿A qué edad se le autoriza a una persona para producir su propia provisión de drogas? ¿Cuál es la cantidad de droga que puede producir y cómo se pide? ¿Cómo se impide que se puedan traficar diferentes tipos de semillas con un mayor grado de concentración de THC?"
Todos los antecedentes citados textualmente provienen del informe oficial que el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, con la firma de su Secretaria Ejecutiva doña María Teresa Chadwick , y mediante oficio ordinario Nº 2474, de 27 de julio de 2004, hizo llegar a la Comisión de Constitución, conforme al cual, y a mi juicio en forma categórica y contundente, se demuestra que la iniciativa legal en estudio no es conveniente para el país, por las razones señaladas precedentemente.
Por los motivos expuestos, voto en contra de la idea de legislar.
Todavía no estamos en votación, pero entiendo que Su Señoría está anunciando cómo va a votar.
A continuación, antes de proceder a la votación, tiene la palabra el último inscrito, el Senador señor Moreno.
Señor Presidente , como el enunciado del proyecto refleja que éste es un tema de siembra, plantación, cultivo y cosecha, alguien podría haber preguntado por qué no discutirlo también en la Comisión de Agricultura.
En otros países este tema ha tenido un impacto respecto de otros elementos que también producen sustancias alucinógenas. Y ha alcanzado una connotación desde el punto de vista de la forma en que se ganan la vida grandes poblaciones, sobre todo las pobres o las indígenas, como las de América Latina o Asia.
La iniciativa que tenemos a la vista busca un propósito muy determinado, que es despenalizar la siembra, plantación y cultivo, y obviamente la cosecha, de algunas especies de las que se extraen ciertas sustancias estupefacientes o sicotrópicas para uso personal.
La finalidad es clara: es bueno permitir su uso y sacar aquellas sanciones contenidas en la legislación penal que puedan inhibir la posibilidad de cultivo.
Hoy en el mundo existe un consenso absolutamente generalizado. A nadie se le ocurriría viajar a ningún país, salvo probablemente a uno o dos, con un paquete de marihuana o de otra droga. No lograría pasar por inmigración, sino que directamente iría detenida.
En esta materia hay países cuyas legislaciones son rígidas y rigurosas. Incluso en algunas de ellos, como los del mundo árabe, se lee la advertencia, cuando se revisa el pasaporte y le pasan la tarjeta de desembarco que se debe llenar, que la introducción a su territorio de sustancias de esta naturaleza está penada con la muerte. Está en un recuadro rojo. Por razones profesionales, me ha tocado viajar a muchos de estos lugares y no ha dejado de sorprenderme el rigor de la sanción. En naciones de Asia, donde obviamente ha habido distribución y consumo de estos productos, las penas de cárcel son tan severas que a veces se extienden por toda la vida.
¿A qué ha llevado todo esto? A la ratificación, desde 1966 en adelante, de convenciones mundiales. Hoy casi la totalidad de los países -174- han adherido a acuerdos que prohíben el consumo, la circulación y el ingreso de estas drogas a sus territorios.
No creo que, desde el punto de vista del conocimiento científico, se haya descubierto que lo que aparentemente hace mal sea bueno difundirlo mediante la plantación o el comercio.
Por lo tanto, lo primero que quiero afirmar es que actualmente, a nivel mundial, ya no sólo en el entorno de América Latina, o en países del área, hay conciencia de que esto produce daño. Y lo que provoca daño está limitado. Podrá haber "ene" libertades individuales, pero obviamente la utilización, el consumo y la difusión de este tipo de sustancias genera realmente un grado de deterioro en la salud, aparte del efecto de otros componentes colaterales que las acompañan.
Existen naciones en la región que han visto prácticamente desintegrado su Estado de Derecho debido a quienes se han dedicado en forma masiva a administrar la siembra, plantación y cosecha de especies desde donde se extrae este tipo de drogas . Y hay territorios enormes en los cuales hoy no cabe la posibilidad de que el Estado funcione, porque se han convertido precisamente en abastecedores de aquéllas. Aún más, programas mundiales han querido ayudar -algunos de ellos erróneamente, ya que fueron mal manejados- a la sustitución de estas siembras y cosechas por la implementación de otro tipo de apoyos. El Banco Mundial o determinados bancos internacionales han llegado a ciertos países y han dicho: "Mire, termine con esto, porque en el fondo usted está degradando a su propio pueblo". ¡Degradando a su propio pueblo! Estas son las palabras que se han usado a nivel mundial.
Por lo tanto, cuando se presenta una iniciativa cuyo rechazo desde el punto de vista global ha alcanzado este claro consenso, cabe preguntarse: ¿sería bueno para los chilenos ir en contra de lo que está ocurriendo en el resto del mundo respecto de este diagnóstico? Obviamente, no. Ello, porque está absolutamente probado que el consumo de marihuana per se hace daño: disminuye las capacidades intelectual y motriz, genera un grado de dependencia y, como muy bien sostienen los especialistas y los siquiatras, va asesinando paulatinamente las neuronas de quienes la consumen. Reitero: va asesinando, matando, las neuronas. Y hay exámenes, como el famoso "Spect" -Sus Señorías pueden recurrir a los profesionales para conocerlo; es una resonancia magnética súper sofisticada-, que muestran el estado del cerebro y la forma como se va deteriorando por esta adicción. Esto lo saben los siquiatras, los médicos, las personas relacionadas con esta materia.
En consecuencia, ¿qué conlleva una autorización como la que se propone? Aquí muy bien se ha dicho, y no sólo por el CONACE -está probado sobre la base de la evidencia proporcionada por otras experiencias-, que los consumidores de drogas más pesadas han partido por la marihuana. Son raros los casos distintos. Incluso, muchos de ellos pierden la vida o arruinan la de sus familias. Y esto hay que decirlo: quien cae en la droga no sólo se destruye a sí mismo, sino también a su familia; daña no sólo a su entorno más cercano, sino a padres, madres, primos, tíos, sobrinos. Arrastra al núcleo familiar, el que busca cómo rescatarlo a través de algún programa de rehabilitación.
Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista hay absoluta claridad para no autorizar un cultivo, siembra o cosecha de esta naturaleza.
Se han expuesto algunos argumentos que vale la pena recoger.
Así, se plantea que "el sentido común indica que si no está prohibido hacer tal cosa a nivel privado, esa cosa no es mala". Es el caso, precisamente, del consumo privado de estas drogas. Algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra hicieron referencia a esto.
Cuando discutimos el proyecto de ley relativo a sanciones para el microtráfico, ese tema fue debatido en la Comisión de Constitución. Algunos éramos partidarios de fijar condiciones en las cuales se dijese que el consumo de determinadas sustancias no era positivo. ¿Cuál fue el argumento que nos convenció para cambiar de opinión? El de la rehabilitación. Se sostuvo que, si ello se hubiera penalizado, el médico que trata a un consumidor en rehabilitación se convertiría en cómplice. Por consiguiente, su rescate no habría sido posible al establecer una penalidad. Ésa fue una de las razones más poderosas para convencernos y no el respeto a la privacidad.
Cito otro ejemplo. Respecto del cigarrillo y del tabaco, existe libertad para fumarlos. Pero, ¿quién se atrevería hoy a ir a otros países y fumar libremente, incluso en la calle? A partir de la semana pasada, Italia prohibió el consumo de cigarrillos o elementos derivados del tabaco en cualquier lugar público. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a los italianos, sabemos de dos cosas inherentes a ellos: el café y el cigarrillo. Y se trata de un tabaco especial, que no es el que normalmente nosotros conocemos aquí como cigarrillo.
El toscano.
Exactamente, el toscano.
¿Por qué lo han erradicado? Porque han llegado al convencimiento científico de que estaba destruyendo a su juventud, que comenzaba por ese consumo y terminaba como nos tocó presenciar en algunos lugares que visitamos con mis hijos, cuando eran jóvenes. Uno de los recuerdos más amargos que tenemos es el de un día en que fuimos a la tumba de Dante, donde vimos, en el parque en que ese hombre tan insigne e ilustre fue sepultado, a grupos de muchachos, con cucharillas y encendedores, preparando heroína e inyectándosela, y botando ahí mismo las jeringas.
Los italianos llegaron a ese convencimiento.
Y en los aeropuertos americanos, si alguien desea fumar un cigarrillo es encerrado en una sala insalubre, de cuatro metros por cuatro, y le dicen: "Fume ahí. Si lo hace en cualquier otra parte del aeropuerto será detenido por la policía".
¿Por qué sucede eso? ¿Por la rigidez de una sociedad puritana? ¡No! Sociedad más libre que la de Estados Unidos, en muchas cosas, es imposible encontrar. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque han llegado al convencimiento de que la enfermedad derivada de ese consumo va agotando a su propia gente.
Comparto lo señalado por el Senador señor Gazmuri . Siempre me ha llamado la atención -deseo manifestarlo en la Sala-, que cuando se habla del CONACE se habla de la droga y no del alcohol, que es el paso anterior al consumo de estupefacientes. Porque está probado, de acuerdo con quienes trabajan en estas materias, que la adicción al alcohol es prácticamente un elemento que acompaña al consumo de drogas.
Sin embargo, en la institucionalidad chilena hoy contamos con sociedades para rehabilitación de alcohólicos, pero no con programas del Gobierno que se ocupen del problema del alcoholismo, para conservar la salud y evitar el consumo de drogas.
Por eso, pienso que el proyecto no tiene destino. Y no lo tiene porque, desde el punto de vista nacional, hay conciencia de que la marihuana es dañina. Por ejemplo, he leído que en estos días se está jugando uno de los mejores campeonatos de tenis del mundo y que una de las participantes fue acusada de haber consumido algún producto derivado de la sustancia en comento. Y el gran alegato suscitado es si se la inhabilita o no para seguir compitiendo a nivel mundial. Asimismo, un jugador tan brillante como Maradona, a quien admiramos y sufrimos por lo que le ha ocurrido, ¿por dónde empezó? Por la marihuana -según sus propias declaraciones-, y ha destruido su talento, su vida y su familia.
Obviamente, lo anterior nos lleva a señalar que lo que es malo, es malo. Por lo tanto, no podemos propender a través de ninguna medida, directa o indirecta, a que lo nocivo se convierta en permisivo.
Ahí está la lógica de lo que estoy planteando.
Señor Presidente , voy a votar en contra del proyecto, porque estoy convencido de que no le hace bien a la salud del país; no le hace bien a nuestra gente joven; no le hace bien a la imagen que tenemos en el mundo. Además, de acuerdo con las estadísticas que nos entrega el CONACE y con otros estudios, el consumo de marihuana está disminuyendo, aunque lentamente, entre nuestra juventud.
Si ya estamos erradicando algo pernicioso, ¿para qué posibilitar que se revierta la situación?
Corresponde pronunciarse en general sobre la iniciativa.
Los Honorables señores Ávila y Ruiz-Esquide han pedido fundamentar su voto antes de votar.
¿Por qué no hacemos votación nominal, señor Presidente?
Hago presente a la Sala que todavía hemos de pronunciarnos sobre el proyecto de acuerdo que figura en el Tiempo de Votaciones y que debe ser despachado.
Solicito a los señores Senadores que no se retiren, para evitar que suceda lo mismo que ayer y que la semana anterior, oportunidades en que no se pudo despachar por falta de quórum.
Entonces, hagamos votación electrónica.
Se ha solicitado votación nominal. No puedo negarme a aceptar esa petición. Y en ella podrán fundar su pronunciamiento quienes lo deseen.
En votación nominal la idea de legislar.
Señor Presidente , si algún mérito tiene la iniciativa, es el de que su autor, el Senador señor Ávila , ha sido muy audaz. Incluso, yo diría que nos quiso provocar un poco, o tal vez quiso llegar más lejos: a tratar de sincerarnos, en el sentido de que alguien contara su experiencia personal de haber sido consumidor de marihuana y, por consiguiente, manifestara si ello es dañino o no.
Considerando el mérito que puede tener su audacia de colocar en discusión un tema que en otras circunstancias podría estar vetado en el Parlamento, deseo señalar mi posición absolutamente contraria a legislar sobre la materia. Y es contraria, porque los estudios efectuados son más que elocuentes en cuanto a que ese producto genera daños en las personas y las incita a consumir drogas más duras.
Por tanto, aunque respeto el anhelo del señor Senador de plantearnos una iniciativa como ésta, me parece completamente equivocada y errónea.
Señor Presidente , aun cuando participé en la discusión del proyecto, quiero entregar tres o cuatro elementos adicionales.
Estoy convencido de que, en general, la marihuana es la droga del engaño, porque se la ha presentado como una sustancia inocua, natural, de origen vegetal, que no produce dependencia física y que eventualmente podría ser útil para el tratamiento médico de algunas patologías.
Ésa es la presentación pública que muchas veces se hace de la marihuana. La consumen 150 millones de personas en el mundo y tiene, además, un efecto muy atractivo porque produce sedación. El drama es que se comienza a consumir entre los 14 y los 15 años.
Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.
No es inocua: produce dependencia y adicción física y síquica. El tetrahidrocannabinol -principio activo de la droga- se fija a estructuras químicas específicas de la membrana neuronal, llamadas receptoras de la marihuana, en el cerebro.
En segundo lugar, la marihuana provoca la misma patología que el cigarrillo en el aparato respiratorio, pero mucho más fuerte, especialmente la tendencia a infecciones, bronquitis crónicas, enfisema pulmonar, aumento de la posibilidad de generar cánceres en la cabeza y en el cuello, y probablemente en el pulmón. Tiene efectos adversos en el sistema inmune; reduce la funcionalidad de los espermios hasta en un 40 por ciento. Es decir, afecta toda la parte genética.
En tercer término, produce déficit cognitivo, sobre todo a nivel de la memoria, la tensión y la capacidad de aprendizaje. Esto significa menor rendimiento laboral y escolar, lo cual se halla comprobado por distintos estudios nacionales e internacionales.
En cuarto lugar, existe asociación entre los trastornos emocionales y conductuales de la adolescencia y el consumo de marihuana. Se asocia a la depresión, a la psicosis y a los trastornos conductuales.
En quinto término, hay evidencia epidemiológica de que fumar marihuana facilita entrar en contacto con otras drogas. Y deseo referirme especialmente al estudio realizado por el Departamento de Salud Pública John Hopkins, publicado en 2002.
Según dicho estudio, los jóvenes consumidores de marihuana a quienes se les ofrece probar otras drogas, tienen 15 veces más posibilidades de iniciar el consumo de cocaína, y 12 veces más, el de alucinógenos, que los muchachos que no utilizan esa especie vegetal.
Por último, señor Presidente , la marihuana posee propiedades farmacológicas que eventualmente podrían tener uso terapéutico como analgésico, inhibidor de náuseas asociadas a las quimioterapias, estimulante del apetito en enfermos de sida y cáncer, en trastornos neurológicos y en el tratamiento del glaucoma. Sin embargo -y esto es lo que quiero destacar-, aun cuando se demostrara la eficacia terapéutica de los cannabinoides, ello no significa que sea adecuado fumar marihuana en esas condiciones, ya que los riesgos médicos son considerables. Por eso no se utiliza. De hecho, la ciencia médica ha desarrollado moléculas específicas, como el dronabinol, para las molestias derivadas de la quimioterapia.
Por estas razones, voto que no.
Señor Presidente , a riesgo de prolongar la votación, permítame plantear tres o cuatro observaciones.
La primera de ellas es que todas las drogas, desde el tabaco y, eventualmente, el vino -aunque algunos pueden estimar excesivo considerarlo como tal-, de alguna manera tienen como telón de fondo la incapacidad del ser humano para resolver sus problemas internos y alcanzar una felicidad mínima para vivir. Todas las drogas, desde las más blandas hasta las más duras, son puro escapismo.
Hay que hacer una distinción muy clásica, que de repente se pierde en la discusión. Una cosa es el consumidor, y otra, el traficante. Este último es un delincuente. El que padece una adicción, sobre todo a las drogas más duras, es un hombre infeliz que no está tranquilo consigo mismo; por eso, fuma o se droga.
Si no se entiende tal diferencia, nos quedaremos únicamente con el resultado final que aquí se ha señalado, pues creo que todos estamos de acuerdo con la mayoría de las consideraciones que se han hecho.
Cuando uno hace un planteamiento acerca de cómo resolver el problema de la drogadicción, debe tomar en cuenta tres elementos: uno, cómo mitigar los efectos de una sociedad culturalmente agresiva, que genera en el ser humano una tremenda sensación de estrés; dos, cómo solucionar el tráfico, que es lo más grave; y tres, cómo lograr la rehabilitación.
Si nos limitamos al tráfico o sólo a la rehabilitación, dejando de lado la prevención, vamos a perder la lucha contra este flagelo. La prueba de ello es el aumento creciente de antidepresivos y otras sustancias, que fácilmente terminan conduciendo a la utilización de cocaína y otras drogas de ese tipo.
De ahí que, para enfrentar el problema, me parece necesario examinar el punto de vista que estoy planteando, el cual no siempre se analiza. En mi opinión, eso es lo que nos lleva a perder buena parte de la pelea contra la droga.
Mi segunda observación apunta a la vieja polémica en cuanto a si la marihuana es dañina o no, y a si puede ser usada o no, incluso en tratamientos psiquiátricos. Esa discusión quedó zanjada hace ya mucho tiempo. Veinte años atrás, y hasta hace una década, gran parte de los especialistas sostenía que no era tan nociva como para evitarla.
Durante el curso del presente debate formulé dos o tres consultas acerca del punto a algunos colegas y no existe unanimidad en eso. Sin embargo, la inmensa mayoría piensa que no es por ahí por donde debe enfocarse el tema. La solución va, esencialmente, por el lado de la prevención, que es una tarea de gran envergadura y que, en definitiva, implica cambiar una sociedad en la que nadie se siente conforme, por los antivalores que imperan en ella.
Y una última observación, señor Presidente .
Yo tomo muy en serio las palabras que se han expresado aquí respecto al tabaco. Hoy, el tabaco es tan dañino como la marihuana, no por lo que significa en sí mismo, sino por las drogas que se están añadiendo a los cigarrillos para lograr mayor adicción, especialmente en los niños.
Aprovechando la oportunidad, quiero pedir al señor Presidente que haga llegar un oficio al Gobierno, en mi nombre, para que de una vez por todas nos haga llegar las modificaciones a la Ley del Tabaco, las cuales ya fueron elaboradas en el Ministerio de Salud y cuyo envío al Parlamento sigue pendiente por razones no precisadas.
Ojalá en alguna otra ocasión pudiéramos discutir con mayor profundidad este tema, en particular en lo relativo al primer punto que toqué. De acuerdo con lo señalado, el 20 por ciento de la población, esto es, una de cada cinco personas -y, si somos representativos del país, cuatro a siete Senadores-, padece depresión, que es lo que a la larga lleva a algunos a optar por la marihuana o por otras drogas.
Con todo, estimo que el proyecto es francamente inconveniente. Por eso, y por las razones anotadas, después de dar muchas vueltas al asunto, porque mi afán no es ser rudo en exceso para tratar una materia que es bastante más profunda, voy votar en contra de la iniciativa, que, además, frente al hecho de agregar una red limpia o una red sucia, puede significar una potenciación de la segunda.
Señor Presidente , todo iba bien en la relación del ser humano con las drogas hasta que a un desubicado se le ocurrió prohibirlas. Ahí nacieron las mafias, los carteles criminales, la represión y un conjunto de lacras que son el fruto de estas políticas.
Hace un momento, el Senador señor Moreno pintaba con tono dramático el panorama de la represión en el mundo. Pero yo debo decirle que también hay, de manera global, una respuesta a las políticas planetarias que están mostrando un fracaso absoluto. El consumo no se detiene, y sí aumenta enormemente el crimen organizado.
Lo que a mí me complica en este tema es la grave contradicción que se presenta entre la inspiración de las políticas prohibicionistas y el efecto práctico que consiguen en su aplicación. Todos dicen estar por proteger la salud de la población y en especial la de los jóvenes. Pues, yo les digo que en este momento ninguna persona que desee consumir cualquier sustancia sicotrópica, particularmente marihuana, encontrará dificultades para lograr su propósito en un mercado que funciona en todas las esquinas de Santiago, en lugares muy específicos, los que, por cierto, quedan completamente al margen del control de las diversas policías.
La dificultad estriba en que el producto al cual se accede es altamente tóxico por estar mezclado con elementos de todo tipo, hasta los más insólitos.
Además, todo esto genera otro efecto, en especial en las poblaciones más pobres: el riesgo social. Allí se enseñorean las mafias criminales que lucran a través de este negocio ilícito. Todos los días presenciamos cómo gente inocente cae abatida en las disputas de estos grupos, ya sea por territorios o por mercados.
En consecuencia, no se consigue preservar la salud de la población ni tampoco se garantiza la seguridad de las personas. Es un fracaso total el de una política que se mantiene sobre la base de los grandes prejuicios que todavía subsisten en nuestra sociedad.
Yo, por cierto, no me hacía ilusión alguna acerca del éxito que pudiera tener el proyecto en la votación del Senado. Pero me alegro de que, al menos, se haya iniciado un análisis de una materia que convivirá con nosotros, como inquietud, por largo tiempo. Y estoy seguro de que más adelante, a partir de las evidencias empíricas que estas políticas irán registrando, podremos volver sobre ella; pero ya con una mentalidad distinta y, ojalá, asumiendo una realidad que no es posible mantener en la forma como la tenemos hoy.
Señor Presidente , cuando uno aprecia la dramática realidad en que se encuentran inmersas aquellas personas que han vivido la experiencia de la droga, y consulta cómo se iniciaron en el vicio, comprueba que la precursora es precisamente la marihuana. Lo que algún día fue una diversión, una curiosidad, un acto de audacia o simplemente una monería, termina siendo la antesala de dramas familiares incalculables.
No hay un caso en que se pueda decir, con simpleza, que no estuvo presente ahí el factor marihuana como elemento inductor.
Entonces, la cuestión no consiste en legalizarla o no legalizarla. El punto no está allí, sino en que, en sí misma, es una sustancia causante de un daño tremendo y, las más de las veces, irreparable.
En el Senado tenemos personas muy especializadas en la materia y que han vivido intensamente tal realidad, como el Honorable señor Orpis . Su Señoría podrá dar múltiples testimonios -también los conocemos nosotros, porque los hemos vivido junto a él-, en los cuales, la mayoría de las veces, la tragedia de quien queda sujeto al flagelo de la dependencia es casi irreversible.
En consecuencia, el punto es que la droga, en sí misma, causa un daño tremendo. Repito que el asunto no es si se legaliza o no se legaliza o si se reprime o no se reprime. Ojalá en el Estado hubiese políticas preventivas para evitar -más allá de autorizar por ley su cultivo- que las personas entren a este tipo de consumo.
Y coincido perfectamente con el Honorable señor Ávila en cuanto a que falta muchísimo por hacer en nuestra sociedad. De hecho, llama profundamente la atención que el proyecto de ley que se ha sugerido al Ejecutivo, y que el Senador que habla suscribe, sobre una política preventiva a través del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, no sea una realidad, pues falta voluntad política para encarar decididamente la materia.
El CONACE hoy día no tiene una estructura jurídica que le permita, en primer lugar, disponer de un presupuesto como le correspondería, y, en segundo término, contar con un grado de institucionalización que lo habilite para operar a lo largo del país. Y allí está ese proyecto, porque no hay un incentivo real para su despacho.
De otro lado, seguimos con disculpas de uno y otro cuerpo policial, en el sentido de que les resultan insuficientes los recursos para el combate del flagelo, o que aquí o que allá, mientras la autoridad hace esfuerzos importantes en tal aspecto.
Entonces, se advierte una evidente falta de voluntad política. En esta materia no existen orientaciones públicas. Por eso, los esfuerzos que hoy día realiza el CONACE, con su actual Directora, aunque interesantes, son manifiestamente insuficientes. O sea, no estamos haciendo lo que corresponde.
Señor Presidente, al rechazar el proyecto, lo hago principalmente por la experiencia empírica que tengo del drama. Me ha correspondido observar muy de cerca, en distintos lugares de la comunidad que represento, que el elemento inductor ha sido, indefectiblemente, en algún momento, la marihuana, a partir de la cual se inicia el viaje al mundo de las drogas, entre ellas la dura o pesada.
En mi opinión, no podemos dar una señal confusa y equívoca, como se podría dar con este proyecto, porque nuestra sociedad no se encuentra preparada para enfrentar los propósitos que con él se persiguen. Y es más, países que han legalizado la droga hoy día están revisando íntegramente sus legislaciones, a fin de establecer elementos que circunscriban a ámbitos muy específicos el uso de determinadas sustancias, porque generan efectos tremendamente nocivos en las sociedades donde tal medida se ha implementado.
Señor Presidente , por tener un conocimiento real del drama que viven miles de hogares cuyos hijos están en el mundo de la droga, jamás podría votar a favor de una iniciativa de esta naturaleza.
Señor Presidente, voy a votar en contra por las razones que di denantes, que son de orden práctico.
Creo que, de aprobarse el proyecto en debate, ocurriría exactamente lo contrario de lo que pretende su autor, por cuanto pacíficos cultivadores actuales de marihuana para consumo personal pueden ser perseguidos como presuntos suministradores de materia prima a los narcotraficantes.
Por esa razón, que me parece muy lógica, voto que no.
Señor Presidente , estoy absolutamente convencido de que el mercado no resuelve nada. Y el Senador señor Ávila propone crear algún tipo de mecanismo para que aquél disminuya la oferta de marihuana, acción normalmente asociada con narcotraficantes, los que generan los actos delictuales que todos conocemos.
Lo cierto es que tal mecanismo no va a resolver el problema, como tampoco lo hace en otras esferas de la vida social. En consecuencia, tenemos que confiar en las políticas públicas -cada vez más eficientes y eficaces- que sean capaces de enfrentar este drama e ir al centro vital o raíz del aumento creciente del uso de la droga por parte de la juventud chilena.
Por esas razones, voto en contra.
¿Algún otro señor Senador no ha emitido su voto?
--Se rechaza el proyecto (25 votos contra 1).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Valdés, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la afirmativa el señor Ávila.
No obstante el esfuerzo inmenso hecho por el Senador señor Ávila, su proyecto, aun cuando no tuvo un respaldo mayor, ha permitido generar un debate sobre la materia, que agradecemos.
Proyecto de acuerdo, iniciado por los Senadores señora Carmen Frei y señores Canessa, Cariola, Chadwick, Cordero, García, Horvath, Naranjo, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz de Giorgio y Sabag, para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la dictación de los decretos con fuerza de ley que establezcan los plazos para los procedimientos contenidos en la ley Nº 19.880, cuerpo legal que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 776-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 11 de enero de 2005
Sesión 27ª, en 12 de enero de 2005 (queda pendiente su votación)
Cabe informar que, según el proyecto de acuerdo, sólo se ha publicado el decreto con fuerza de ley que fija los plazos para el otorgamiento y renovación de la patente comercial, de la patente profesional y de la patente industrial por los municipios.
--Se aprueba (22 votos a favor).
Votaron los señores Arancibia, Canessa, Cantero, Cordero, Espina, Fernández, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Orpis, Larraín, Prokurica, Romero, Ruiz de Giorgio, Ruiz-Esquide, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Debo señalar que, para la próxima sesión ordinaria, en marzo, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo por el que se crea la Organización de la Viña y el Vino y sus anexos, así como el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre Chile y Rumania, serán tratados como si fueran de Fácil Despacho.
Señor Presidente, el Comité Socialista -más allá de las preocupaciones personales de cada uno de nosotros- cree altamente conveniente que la Sala tome el acuerdo de enviar una nota, en nombre del Senado, al Honorable señor Silva, para expresarle nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación.
Tal idea es muy bien venida, pues todos estaremos contentos de hacer sentir al Senador señor Silva nuestra solidaridad y deseos de salud.
En nombre de la Corporación, señor Presidente.
Si les parece, se enviará una comunicación, en nombre del Senado, al Honorable señor Silva en los términos señalados.
--Los oficios cuyo envió se anuncia son los siguientes:
Al señor Presidente de la República y al señor Gobernador de Antofagasta , sobre COMPROMISO DE AUTORIDADES REGIONALES CON HABITANTES DE POBLACIÓN "SALVADOR ALLENDE" ANTE PROYECTO DE MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE (SEGUNDA REGIÓN).
Al señor Ministro de Economía , al señor Subsecretario de Pesca y a los señores Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Director Regional de Pesca de la Undécima Región, sobre SITUACIÓN QUE AFECTA A PESCADORES ARTESANALES INDEPENDIENTES SIN CÓDIGO DE BARRAS.
Del señor RUIZ-ESQUIDE:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiendo CONDONACIÓN DE DEUDAS POR MUNICIPALIDADES A LOCATARIOS DE VEGAS, FERIAS O MERCADOS.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, que no lo usará.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Cantero.
Señor Presidente , ayer nos enteramos de la muerte del Coronel Germán Barriga Muñoz, quien se suicidó en la ciudad de Santiago.
Relaciones de amistad y, también, de conocimiento de su familia, me obligan, por un imperativo ético, a alzar la voz para manifestar mi preocupación por esta situación y por todo el clima que rodea este caso y otros similares que involucran a centenares de ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, que enfrentan procesos judiciales de gran complejidad, toda vez que se ha constituido una figura ficticia -que no existe en la práctica-, que es el secuestro permanente.
Señala el Coronel Germán Barriga Muñoz en su carta que las acciones de "funas" -que son manifestaciones de las organizaciones de Derechos Humanos, con ruidos y acusaciones públicas, con rayado de su vivienda y del edificio donde él ejercía su vida cotidiana-, en diversas oportunidades, le hicieron perder el trabajo, debido a lo que aquéllas significaban en su actividad habitual.
La pregunta que me hago, en primer lugar, es hasta cuándo y hasta dónde se va a extender esta desgraciada y lamentable situación derivada de dramáticos hechos en la historia de Chile. ¿Por qué no hay consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace? ¿Por qué no creamos las condiciones para que se despeje de una vez por todas este negro episodio de la historia de nuestro país?
Leo textualmente lo dicho por el Ministro de Justicia , don Luis Bates : "Es preocupante que una causa lleve tres años". Agrega: "No sé si estaré vivo cuando se termine este caso", con referencia al caso MOP-GATE.
Y pregunto al Ministro y al Gobierno si esta lógica de la temporalidad de la acción judicial rige sólo para delitos -o eventuales delitos, para ser más precisos- cometidos dentro del Gobierno. ¿Alcanza también a aquellos seres humanos que -por acción, por omisión, por actos directos o por recibir órdenes de sus superiores- actuaron durante el Régimen Militar con atropello de los derechos humanos?
Yo reclamo un mínimo de coherencia del Gobierno en torno de esta materia.
No es admisible continuar con esta situación ficticia, de una figura que no existe.
El Coronel Barriga dijo que se le acusaba de haber tenido secuestradas casi por dos décadas a personas en lugares que nadie conoce, ni siquiera él, lo que, en definitiva, pone en situación ilógica a los tribunales de justicia.
A mí me preocupa esto. Se está haciendo recurrente que en el país diversas corrientes de opinión se formen el juicio de que los tribunales actúen de acuerdo con la autoridad política de turno que nombra a sus integrantes, intentando satisfacer sus aspiraciones o intereses. Se dice incluso que algunos Ministros del Poder Judicial actúan con clara motivación ideológica y política, negando la sal y el agua a quienes se les acusa de estar involucrados en el atropello a los derechos humanos.
Eso me parece que en nada beneficia la imagen de la justicia y me hace pensar que hacia el futuro los tribunales estarán construyendo la plataforma para un permanente cuestionamiento, una falta de confianza, un servilismo al interés político coyuntural, en función de intereses personales, tales como ascensos, espacios o nombramientos en distintas instancias.
Me preocupa esta situación.
Asimismo, se observa una inconsecuencia en el ámbito de los movimientos de derechos humanos. ¿Acaso éstos piensan que Maquiavelo tenía razón? ¿Que el fin justifica los medios? ¿Que pueden atropellar los derechos humanos de una persona y de una familia, por creer que su fin es legítimo? ¿Cuántos otros oficiales o subalternos de las Fuerzas Armadas deberán suicidarse para que el Parlamento y el Gobierno busquen una vía de solución a través de un diálogo?
Yo me estoy formando la convicción de que el tema de los derechos humanos no busca justicia. Busca ventajas políticas, busca satisfacer un afán de venganza, busca complacer una movilización de sentimientos que son subalternos.
Mi aproximación al tema de los derechos humanos es para hacer verdad y dar tranquilidad espiritual a quienes legítimamente se sienten afectados por la pérdida de algún familiar.
Yo quisiera actuar en todos los frentes en que sea dable para construir un escenario que permita generar ese espacio, ese entendimiento, a fin de llegar a la verdad y hacer la justicia que el propio Presidente Aylwin , en su momento, dijo "en la medida de lo posible".
Yo siento que el Parlamento no está haciendo lo necesario y se comporta como la avestruz: esconde la cabeza, falta al realismo político. Me pregunto: ¿cuántos en el país se regocijan de la desgraciada circunstancia en que el Coronel Barriga Muñoz se quitó la vida, agobiado por las consecuencias derivadas de todos estos hechos? Funas permanentes; persecución, no sólo en su hogar, también en su trabajo; cesantía; graves secuelas económicas y sociales.
La carta del Coronel Barriga es verdaderamente dramática. Debe llamar a la reflexión a nuestro país. No podemos permanecer indiferentes ante una situación como ésta. Sus familiares, su esposa, hijos y nietos también son seres humanos que cargan una cruz tremenda. Él señala en su carta que cumplió órdenes.
Hace unos días manifesté que hoy hacemos gárgaras con los derechos humanos. Algunos pretenden convencernos de que estamos plenamente posicionados de los principios orientadores de los derechos humanos. Y yo siento que eso no responde a la realidad que verifico en mi país y en mi clase política.
Algunas semanas atrás di a conocer, a modo de ejemplo en materia de derechos humanos, las múltiples ocasiones en que vemos lanzar bombas incendiarias o balines de acero en contra de Carabineros. O, como en este mismo caso, cuando se genera toda una actitud de atropello a los derechos y a la dignidad de una persona que está siendo procesada, bien o mal, en los tribunales.
En consecuencia, ¿cuánta coherencia hay en el compromiso con los derechos humanos en estas personas que dicen ser sus paladines?
Me parece que la justicia debe llamarse a una reflexión.
El Coronel Barriga en su carta de muerte ha dicho que él no tiene secuestrado a nadie. Y, ante Dios, señaló que no puede dar cuenta de estos secuestros porque son inexistentes. ¿Qué dicen los tribunales? ¿Qué dicen los magistrados? ¿Qué dicen los políticos y los congresales frente a este hecho? Él ha manifestado que su dignidad y sus derechos humanos han sido atropellados. ¿Qué dice la justicia? ¿Qué dice el Parlamento?
No quiero avanzar más.
Yo llamo a la reflexión. Yo llamo a que asumamos que llegó el momento en que el país debe poner punto final a esta situación de desencuentro y de falta de condiciones para cerrar con dignidad, en forma adecuada, con justicia y verdad, esta negra etapa en la historia de Chile.
Siento que los derechos humanos aún no están encarnados y que hay un sesgo inmenso sobre el particular en el escenario político y en los tribunales de justicia: se actúa por motivaciones políticas coyunturales, y no en pro del bien común y de la justicia en general. Cuando vea que los derechos humanos se aplican con transversalidad, entraré a convencerme de que Chile ha llegado al punto en que hay madurez en lo que respecta a tales derechos.
El Coronel Barriga en su carta, al momento de su muerte, pide perdón por sus faltas u omisiones, por sus errores o actos de injusticia.
Yo espero que este clamor de perdón conmueva la conciencia de los chilenos, porque ha llegado el instante en que no podemos seguir dejando en herencia a las nuevas generaciones situaciones tan desgraciadas, tan lamentables, tan indeseables como las que hemos conocido hasta ahora.
En el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, ningún señor Senador intervendrá.
En el turno del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
Señor Presidente, considero oportuno no dejar pasar las palabras del señor Senador que acaba de intervenir en la Sala.
Evidentemente, todos lamentamos el trágico desenlace de esa persona. Por cierto, no podemos compartir lo que con ella ocurrió. Pero tengo la impresión de que a veces olvidamos en qué país estamos viviendo. Porque cuando uno escucha al Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra pareciera que en Chile no existe un Estado de Derecho.
Y tengo la convicción de que, desde que retornamos a la democracia, en nuestro país rige un Estado de Derecho, con Poderes que funcionan autónoma e independientemente. Por consiguiente, hay una fiscalización entre ellos y un respeto entre sí.
Por lo tanto, considero delicado y grave que se señale aquí que los jueces actúan de manera sesgada y política. Creo que, si se tiene conocimiento de tales hechos, hay instancias -el Estado de Derecho las establece- en las que se puede acusar a esos magistrados según los mecanismos que correspondan.
Sin embargo, hacer al voleo una interpretación de esa naturaleza me parece extraordinariamente grave y delicado. Porque a uno le pueden gustar o no los fallos judiciales. Pero en Chile funciona de manera independiente y autónoma el Poder Judicial , que toma sus resoluciones sin estar bajo presiones indebidas, que yo sepa; y si las hay, que se denuncien con pruebas contundentes. De manera que seamos cuidadosos con las palabras.
Por eso, resulta grave y delicado utilizar ese lamentable hecho para otros fines.
Porque también uno podría sacar a colación aquí múltiples casos distintos. ¿Cuántas madres, cuántos padres han muerto sin saber qué pasó con su hijo detenido desaparecido? ¿O cuántos hijos, cuántas esposas y cuántos padres se suicidaron a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos que vivieron sus familiares?
Entonces, está bien conmoverse con lo ocurrido y lamentarlo. Pero no hagamos lecturas que, a mi juicio, son extraordinariamente delicadas.
Aquí hay un Poder Judicial, que está aplicando la norma legal vigente. Y debemos ser respetuosos de ella, en lugar de insinuar que hoy día tenemos tribunales de justicia que actúan de acuerdo con los gobiernos de turno.
Esto último sólo sucede en los regimenes totalitarios y dictatoriales. Ahí sí el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo de ese minuto o se encuentra prisionero bajo éste. Y nuestro país -nos guste o no nos guste- ¡fue parte de aquello en el pasado! Los propios jueces de ese periodo han reconocido que no tuvieron el coraje de enfrentar el riesgo que les significaba tomar decisiones contrarias a los deseos del Gobierno de entonces.
Uno puede hacer una larga historia de lo que pasó en Chile en relación con el Poder Judicial . No olvidemos, por ejemplo, que el señor Rosende fue nombrado Ministro de Justicia con el solo propósito -que se consiguió; la historia así lo relata- de cambiar totalmente la Corte Suprema para que sea adicta y partidaria del régimen de turno. ¡Esto es parte de la historia, es cosa de leerla!
Todos sabemos bien lo que ocurrió en nuestro país en ese ámbito.
Señor Presidente , lamento lo sucedido y me sorprende que alguien pueda decir, incluso insinuar, que hay gente que está feliz por los hechos acaecidos. Se nota que quienes piensan así no conocen toda la situación ni han conversado con los familiares que viven este drama. Porque ninguno de ellos -¡nunca!- ha tenido un espíritu de venganza. Jamás los ha animado el deseo de generar maldad al que les causó daño.
Es bueno conversar con los familiares y darse cuenta de que ellos -por lo menos ellos- no tienen ánimo de venganza ni de odio ni de persecución inclaudicable hacia quienes les hicieron tanto mal. Sólo quieren saber la verdad.
Hace pocos días todos nos conmovimos con lo que pasaba con una compatriota en Tailandia, porque no sabíamos si sus seres queridos iban a encontrarla. Y todos nos poníamos en el lugar de esa familia. Porque nadie puede descansar hasta no saber qué ocurrió, ¡no por un ánimo de venganza, no por un ánimo de odio, no por un ánimo de persecución! ¡Ninguno de los que estamos en esta Sala, si el día de mañana tuviera un hijo detenido desaparecido o desaparecido por cualquier circunstancia, estaría tranquilo hasta no saber dónde está! ¡Qué pasó con él!
Entonces, ¡por qué queremos hacerle una exigencia a gente que tiene un dolor tan profundo, que no tiene ánimo de venganza, que no tiene odiosidad en su espíritu! ¡Por qué los queremos obligar! ¡Por qué les queremos imponer el olvido! ¡Por qué les queremos imponer el perdón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué no los aceptamos y respetamos en su condición, en lo que ellos han sufrido: un martirio de más de treinta años! De eso estamos hablando, señor Presidente . ¡Se trata de personas que desde hace más de tres décadas no saben qué pasó con su hijo, no saben qué pasó con su esposo, no saben qué pasó con su nieto! ¡De eso estamos hablando!
Entonces, seamos muy respetuosos de ese dolor y de ese sentimiento que embarga a esa gente.
Señor Presidente , deseo expresar, con mucha franqueza, que todos deploramos los hechos que han ocurrido. Lo que le pasó a este Coronel por cierto que es muy lamentable. Pero nadie puede afirmar que esa persona no estaba teniendo un debido proceso ni que estaba siendo juzgada por tribunales de justicia que operan de forma independiente en nuestro país. Nadie puede señalar que se le persiguió arbitrariamente, que no tuvo debida defensa. ¡La tuvo! Porque aquí funciona un Estado de Derecho, que hay que respetar en todas sus expresiones.
No es dable decir: "Estamos de acuerdo con el Estado de Derecho, pero no nos gusta como actúa el Poder Judicial, pues está medio torcido". No. Los tribunales de justicia deben aplicar la norma vigente.
Sobre esta materia, es muy importante leer los considerandos del último fallo de la Sala penal de la Corte Suprema. ¿Qué decían éstos? Que, si hubiera más colaboración por parte de las personas que están siendo procesadas, ¡si entregaran información!, ¡si dijeran la verdad!, se podría aplicar la ley respectiva en nuestro país. Eso dijeron nuestros tribunales.
¡Pero esa gente no colabora! ¡No entrega la información! ¡Sus instituciones tampoco lo hacen! o la colaboración que prestan ¡no es toda la que pueden brindar!
Entonces, reconozcamos que, mientras quienes están siendo juzgados por las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile no aporten datos precisos, o la colaboración, por parte de las instituciones, no sea toda la que podrían entregar, no podemos echarle la culpa al empedrado. Eso sería lo mas fácil. Pero la culpa no está ahí.
Aquí hay gente que sabe lo que sucedió y que tiene información. No obstante, mientras no se diga la verdad, la Ley de Amnistía no se puede aplicar, pues solamente opera cuando hay una fecha exacta de la ocurrencia de los hechos. Se requiere saber si fue antes o después del periodo amnistiado. Por ello, las personas involucradas en esos sucesos deben cooperar.
Aquí hay un gran responsable de todos estos actos. El Coronel dijo: "Yo recibí órdenes". Yo supongo que debe haber operado una estructura jerárquica: alguien tiene que haber dado una orden global para establecer esta política sistemática de violación a los derechos humanos. El principal responsable tiene nombre y apellido -a pesar de que le gustaba usar numerosos alias, como el de Daniel López , entre otros-, se llama Augusto Pinochet .
Ojalá algún día él asuma la responsabilidad por los altos costos humanos y morales que están pagando muchos de sus subordinados. Porque -¡caramba!- serían bien distintas las circunstancias de este país si el principal responsable dijera: "Asumo yo".
Tengamos presente lo que señaló en el pasado: "En este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa". Entonces, es legítimo pensar que él estaba enterado de lo que ocurría con los detenidos desaparecidos. Porque si él tenía conocimiento de todo lo que pasaba en Chile, ¡cómo no iba a saber que aquí había detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y que se torturaba!
Señor Presidente , seamos muy cuidadosos.
Nosotros, los socialistas, siempre hemos dicho: "Estamos dispuestos a alcanzar cualquier acuerdo, pero jamás renunciando ni a la verdad ni a la justicia". Ese camino no es el del Partido Socialista. Nosotros queremos que esto avance y que las heridas cicatricen. Y ello sólo será posible si hay verdad y justicia.
En el tiempo restante del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
El Comité Institucionales 2 e Independiente no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Senador señor Martínez.
Señor Presidente , en repetidas oportunidades durante los últimos años, este tema ha vuelto al Senado. Y queda el sabor de que lo dicho, mientras no sea confrontado por hechos, no debe tener peso. Con ello se ha destruido un proceso elemental de comunicación: argumentar con la posibilidad de que el argumento sea recibido y, como consecuencia de su recepción, obtener una respuesta con alguna actitud, con alguna resolución.
Cuando aquello se hace insistentemente y no ocurren hechos, no tiene mayor efecto que el comunicacional, escrito en la historia del Senado. Porque estos argumentos ni siquiera son recogidos por la prensa; porque la prensa -quizá más de alguna de ella- tiene un no sé qué especial para amplificar y mostrar sólo determinadas noticias del espectro político o que se originan dentro de él.
Ya tenemos entonces, de inmediato, la percepción de que la igualdad no está presente, ni siquiera en el aspecto de un manejo comunicacional como corresponde: informar y que el público que lee o escucha saque su conclusión, que es la base de la comunicación, sobre todo cuando se trata de los medios.
Pero debe haber un hecho para que de nuevo vuelva a tomar validez lo que se ha argumentado durante tantos años y se sienta su peso. Y aparece un suicidio: el del Coronel señor Germán Barriga .
Uno se pregunta por qué ocurrió. ¿Porque acontecimientos de hace treinta años todavía están presentes?
El tiempo pasó. La búsqueda del tiempo perdido -como dice un distinguido autor francés- es imposible, salvo que retrocediéramos y nos colocáramos en las circunstancias que dieron origen a todas estas situaciones que aún se ventilan insistentemente. Sin embargo, ello no es posible.
Pero ocurre un hecho, cual es que don Germán Barriga se suicida, desesperado.
¿Qué hizo explotar esa situación? Algo muy sencillo. Se habla de justicia, y todo el mundo la exige; se habla de derechos humanos, y todo el mundo los define, los reclama y trata de que sean colocados en el tapete de la acción política, de la acción social.
Tiene que aparecer -digo- una persona que se suicida porque es sometida a procesos judiciales "ad aeternum", porque es sometida a la presión social de las funas.
Escuchaba yo al Senador señor Naranjo . ¿Por qué Su Señoría no explica lo de las funas? Porque la funa es la síntesis más brutal de un odio sistemático, organizado, con la ventaja de que todo el poder está en torno de ella. No existe un instrumento legal que permita pedir protección. Es probable que, si así ocurriera y ésta fuese solicitada, a la persona sometida a funa la miraran encogiéndose de hombros y le dijeran: "¿De qué la vamos a proteger, cuando es un intangible?". Pero es un intangible tan fuerte y tan cargado de odio, que constituye uno de los elementos que contribuyen a una decisión tan drástica y dramática como el suicidio.
¿Cuál es el problema? Que ya es muy insistente el juicio parcial con que están apareciendo los tribunales de justicia. Digámoslo claramente. Y están apareciendo parciales, no sólo porque han inventado delitos inexistentes en nuestra legislación, sino además porque han olvidado aplicar leyes vigentes y disposiciones de los Códigos respectivos en torno, por ejemplo, al principio de pro reo, a la cosa juzgada, a la prescripción de la pena, e incluso, a situaciones tan fundamentales como la de atribuir a funcionarios del Estado el secuestro de personas, en circunstancias de que sabemos que, según el Código pertinente, no incurren en secuestro dichos funcionarios, sino los particulares; ellos han cometido retención ilegal.
Nadie ha preguntado sobre las decisiones de los jueces, que es lo que viene arrastrando un proceso -a través de la intervención política del ex Presidente Aylwin - en virtud del cual se detiene a las personas y se las somete a la acción de la justicia de manera indefinida. Porque cuando alguien es juzgado desparece la acción de la justicia y viene, entonces, el cumplimiento del fallo, lo cual es diferente.
¡Pero no! Esas personas no tienen fallo; siguen eternamente sometidas a procesos, que son aprovechados por algunos grupos de derechos humanos. Y de ahí viene la funa, por la cobardía de gente que dice: "Este señor está siendo juzgado. ¡Ah! Lo echamos, porque nos puede afectar"; por el olvido de muchos que, teniendo la obligación de analizar cómo deben aplicarse determinados reglamentos, no la cumplen; por la soledad y el desamparo de la persona cuando, al quedar sin trabajo, es señalada y marcada por la indiferencia.
Entonces, uno se pregunta: si hablamos de justicia, ¿significa entenderla como tal sólo cuando resuelve un problema terrible, como el dolor de las personas afectadas por algunos de los hechos ocurridos, o también cuando se da a cada uno lo que le corresponde?
¡Ahí está el problema!
En este momento yo sostengo -lo quiero decir clara y fuertemente, para que me escuche todo Chile-: cuando el sistema judicial interpreta que es políticamente correcto prolongar los juicios, asumir que existe el secuestro de personas -y nadie ha preguntado al Ministro del Interior si ordenó alguna medida para tratar de ubicarlas; ¡no!: eso no se lo han preguntado-, nos encontramos con que en Chile no existe Estado de Derecho.
Lo sostengo derechamente y lo digo al país: ¡en Chile no hay Estado de Derecho hoy día!
Y no hay Estado de Derecho por una razón muy simple: existiendo leyes vigentes, no se aplican; se inventan delitos que no están en los Códigos; y si se establecieran, se estarían aplicando en forma retroactiva, lo cual también es un grave error dentro del concepto de la justicia pura. Además, no se respetan los plazos de prescripción y, so pretexto de apoyar el sentimiento de los afectados, se pasa a llevar el de las otras personas. Así, entramos a lo que yo he llamado siempre "la espiral del odio", que finalmente provocó la debacle de hace 33 años.
A mi entender, lo ocurrido colmó el vaso. Debemos actuar. Pero tiene que aparecer un suicidio -y hay otras rupturas humanas en silencio; ésas no las conocemos, pero están- para que nos miremos a la cara y digamos: "¡Paremos este asunto! ¡Por Dios!".
Las cosas sucedieron. Se ha hecho lo posible. No sigamos exigiendo incluso conceptos tales como el de que aquellos que tienen información la digan.
Yo podría preguntar qué información tiene el noventa y nueve por ciento de las personas, si el tiempo ha pasado y las conciencias están olvidadas de estas cosas. El tratamiento que la sociedad chilena ha dado a las personas en comento -digámoslo derechamente- es el de seres excluidos y sin derechos.
Pero tenía que morir alguien, suicidarse, para que se reafirmara el planteamiento de que en Chile no hay Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no se cumplen las leyes; no se aplican los Códigos ni los procedimientos fundamentales de la justicia, y, básicamente, se está actuando con el concepto de que aún es factible exigir más, de que todavía se puede insistir en los hechos, en circunstancias de que sabemos que es improbable que aparezcan más antecedentes, salvo que alguien -no sé quién- los tuviera.
Lamento la muerte de Germán Barriga Muñoz. Hice llegar mis condolencias a su familia. Y ojalá detengamos estos procesos. Si no -creo-, van a aparecer situaciones más desagradables y más dolorosas.
Sostengo que en Chile no hay Estado de Derecho, porque las leyes no se aplican. Y ello, debido a que la justicia ha entendido que es políticamente correcto no hacerlo.
En el resto del tiempo del Comité Institucionales 1, ofrezco la palabra.
Señor Presidente, ¿podemos sumarnos a las condolencias?
Solicito formalmente, en mi nombre, en el del Honorable señor Prokurica y en el de quienes quieran adherir, que se envíen desde el Senado condolencias a la familia del Coronel Germán Barriga Muñoz.
Se enviarán en nombre de los Senadores que lo han pedido.
No tenemos problema en que se haga también en nuestro nombre, señor Presidente .
No podemos tomar un acuerdo de Sala, pero sí determinar el envío, en nombre de todos los Senadores aquí presentes, de condolencias a la familia del Coronel Barriga por su trágico fallecimiento.
Restan algunos minutos al Comité Institucionales 1.
Nadie más hará uso de la palabra.
Tampoco ocupará su tiempo el Comité Mixto.
Corresponde el turno al Comité Demócrata Cristiano.
Señor Presidente , el tema que estamos tratando, a petición o insinuación del Senador que inició este debate, debe ser abordado con mucha serenidad y claridad.
En primer lugar, ninguno de los que nos encontramos en esta Sala -incluso si estuviese llena- puede dejar de dolerse de lo que ocurrió al Coronel señor Barriga.
Por profesión, sé lo que significa estar sometido a una presión tan brutal que lleve a una determinación como la que conocemos. La lamento profundamente, quienquiera que la tome, sea de donde sea, de cualquier lugar. Una persona que es sometida a una presión tan grande que la lleva al suicidio, a la autoeliminación, significa para mí un dolor muy fuerte como ser humano, como médico.
Lo que me preocupa es que a raíz de ese hecho se saquen conclusiones como las que dio a conocer en esta Sala el propio Senador que comenzó este debate, entre otros.
El que una persona no pueda soportar la presión tiene dos visiones: primero, el nivel de su capacidad para enfrentar los problemas tortuosos que la agobian; y segundo, el hecho de que se la esté juzgando de manera inadecuada o con elementos falsos.
Con esa misma lógica, también podríamos dolernos de quienes fueron incapaces de enfrentar la presión y murieron hace ya muchos años.
Nunca lo he señalado. Lo digo ahora, para que se entienda la violencia que nos producen estos hechos.
En mi condición de médico, en su momento me tocó recibir los restos carbonizados de Sebastián Acevedo , un hombre que fue objeto de una presión brutal: no sabía dónde estaba su hijo; el Estado totalitario de ese instante le falsificó antecedentes; se le dieron versiones falsas, y lo sometieron a una angustia tal que se inmoló.
No voy a entregar ningún dato adicional demasiado dramático. Pero los señores Senadores deben de imaginar lo que significa ver a una persona en esas condiciones.
Por lo tanto, mis condolencias; mi preocupación por la familia; mi dolor porque un chileno llegue a caer en un estado de preocupación mental que lo lleve a tal determinación.
Eso es lo primero. No está en discusión.
Segundo: no me parece que, como consecuencia, se avancen las palabras aquí expresadas.
Se ha dicho en esta Sala, primero, que los tribunales no están actuando con justicia estricta; segundo, que hay un clima político proclive a perseguir a determinadas personas y a evitar que se les aplique la justicia correspondiente; y tercero, que los jueces se hallan oprimidos, impulsados, apremiados por fuerzas políticas.
Se ha sostenido, asimismo, que existe odio en las masas que forman las funas y que el Gobierno genera situaciones que llevan a que en Chile no exista -y esto es lo más grave de todo- Estado de Derecho.
Señor Presidente , afirmar eso en la Sala es parte del fuero parlamentario y del debate legítimo que se debe tener. Es una opinión política. Y como opinión política, en mi calidad de Senador democratacristiano y de Gobierno, no la puedo dejar pasar.
¡Acusar al Ejecutivo de que ejerce presión sobre las instituciones judiciales para que hagan una justicia equívoca sobre determinadas personas, a mi juicio, no tiene fundamento!
Por tanto -y lo digo con franqueza, porque conozco a los Senadores que hablaron y sé de su ponderación; es el caso del Honorable colega que inició el debate-, quiero que en una próxima sesión, a la vuelta de vacaciones, realicemos sobre la materia un debate serio, largo y a fondo, con datos exactos, explicaciones precisas, casos concretos. Porque es inadmisible hacer a la bandada una observación tan dura y tan grave.
Los Senadores de la Democracia Cristiana y de la Concertación no odiamos a nadie. Fuimos víctimas del odio desatado, sin que en ningún momento supiéramos la razón. Tuvimos que dar cuenta a nuestras familias de por qué se nos odiaba de ese modo.
En su momento, mis hijos me preguntaron por qué la autoridad me odiaba y me metía preso, y se lamentaban junto al resto de mi familia por lo que me hacían. Y me dijeron: ¿qué hiciste, papá, para que te odien de esa forma?
¡Y no habíamos hecho otra cosa que defender al máximo el Estado de Derecho en Chile!
Entonces, que no se venga a sostener que estamos haciendo lo que en aquellos tiempos hizo con nosotros la autoridad mediante personeros que hoy se encuentran en este Hemiciclo y nos acusan.
Aquí no existe una discusión personal con el señor Senador de la bancada de enfrente. Es un debate político. Él pertenece a un sector que estuvo en el Gobierno, que actuó de esa manera y que produjo los Sebastianes Acevedo y las acusaciones contra todos nosotros.
No nos interesa discutir ahora si alguien fue más responsable o menos responsable.
Más aún, quiero decir derechamente -y ésa ha sido una argumentación permanente; porque otro señor Senador insinuó que se han registrado hechos que cambian el escenario y, entonces, tendríamos que volver al pasado- que nunca he señalado que de las torturas habidas durante el Régimen militar de Derecha económica que existió en Chile fue responsable sólo el "golpe".
El "golpe" constituyó un hecho político al cual fui contrario. Y defendí al Gobierno de Allende en cuanto su derrocamiento mediante un golpe militar con el que no estuve de acuerdo.
Fui opositor al Régimen de Allende. Tengo libros escritos al respecto. Nadie puede decirme otra cosa. El punto es que lo acaecido después no tuvo relación con la circunstancia de haber derrocado al Presidente .
¡No fue necesario lo que se hizo! Y el juzgamiento a Pinochet y a su Gobierno es por tortura innecesaria; por crueldad innecesaria; por la incapacidad de entender que no había para qué someter al país a ese tipo de violencia.
En esas condiciones, señor Presidente, yo reclamo de que tal presentación se haya hecho de esta manera.
Pero hay un último tema que me parece mucho más grave -y lo digo con gran preocupación-: que aquí se sostenga que no hay Estado de Derecho en Chile. Es tercera o cuarta vez que se plantea.
Así se empezó, señor Presidente , allá por los años 70 ó 71. Con el mismo criterio con que aquí se plantea que no hay Estado de Derecho se mató al General Schneider. Se argumentó que no iba a haber Estado de Derecho, casi como una concesión de una guerra preventiva. Entonces, se mató al General Schneider. Y toda la argumentación del mundo golpista del país se basó en que no había Estado de Derecho, a pesar de que la Corte Suprema podía decir su palabra, como lo hizo Retamal , su Presidente , cuando criticó duramente al Gobierno de Allende y le lanzó una andanada de críticas, que muchos de nosotros justificamos, porque eran razonables.
¿Pero qué sucede con esto? ¿Se están creando condiciones para prefigurar una situación determinada?
Porque que un ex Comandante en Jefe de la Armada , hoy Senador institucional, venga a plantear aquí, por segunda o tercera vez en los últimos años, que no hay Estado de Derecho es extremadamente grave. Él tiene la obligación de señalar fundadamente lo que está sosteniendo, pues, de otra manera, es mi obligación pensar que aquí está en marcha otra cosa: generar -como ya pasó en aquellos años; y ha sido siempre la postura de quienes tienen un concepto autoritario de la vida, que son auténticamente no democráticos y se hallan en la democracia porque no pueden obtener otra fórmula de gobierno- o señalar las precondiciones para que mañana pueda haber una fuerza que, si así lo quiere, derroque la democracia.
¡Eso es lo más grave de todo!
Aquí, de una expresión de duelo, que comparto, hemos terminado en un debate con una declaración como ésa, que ¡es lo más fascista que he escuchado en este Senado!
Por eso, señor Presidente , con mucha franqueza, me asocio, en representación de los democratacristianos, al pesar de la familia del señor Barriga . Creo que lo más dramático que le puede suceder a una persona es la incapacidad de enfrentar la realidad, la incapacidad de encarar las acusaciones que se le hacen, la incapacidad de encontrar la manera de resolver los problemas de una vez por todas.
Señor Presidente -y lo digo con la mayor honestidad-, espero que no tengamos con otros chilenos situaciones como la referida.
En todo caso, luego de que quienes saben lo que sucedió no han dado la información necesaria y de que, tras veinte o más años, se niegue que hay desaparecidos y éstos sean encontrados enterrados en el desierto o en cualquier parte, no pidan que personas que lo perdieron todo tengan la serenidad y la lucidez de cualquier Senador que no ha sufrido pérdida de seres queridos.
Aquí se han dado testimonios personales. Comenzó el Honorable señor Cantero diciendo que hacía su intervención por razones muy personales.
Señor Presidente , hablar en la Cámara Alta envuelve una fuerte tendencia contradictoria entre hacerlo a través de experiencias personales o sólo en términos políticos.
¿Qué me responden los señores Senadores que en aquellos años estaban en el Gobierno o en sus instituciones respecto de lo que me ocurrió con un pariente cercano que fue encerrado diez o doce veces hasta que terminó en una esquizofrenia que lo llevó al suicidio?
Entonces, no nos digan que estamos aplicando un criterio que nosotros sufrimos durante muchos años.
Pero hay algo peor, señor Presidente .
Aquí se habla mucho de que debemos olvidar. Más aún, un señor Senador dijo: "¡Cómo vamos a recordar lo que pasó hace treinta años!".
¿Creen Sus Señorías que una persona sensata puede olvidar si treinta años atrás mató o no a una persona, o dio la orden o la instrucción de eliminarla? ¡No, señor Presidente ! ¡Sólo los insensatos o los que están mal en sus conductas internas! Y pienso que en el Régimen militar hubo mucha gente que perdió absolutamente la razón. Porque no era posible que personas que yo conocí, compañeros de curso, amigos de juventud y que luego ejercieron cargos en el Gobierno militar justificaran la muerte de algunos chilenos porque, según ellas, las condiciones de guerra interna así lo ameritaban. Me parece que perdieron cierto tono de lo que debe ser la racionalidad.
Y si de razón, justicia y equidad se trata, considero que mucho de aquello -tampoco este debate- no se habría producido si la única persona que supo todo lo que pasaba hubiera asumido su responsabilidad.
Ya lo dijo el Senador señor Naranjo -y lo reitero; es mi opinión, y lo he escrito-: ningún subalterno habría sido juzgado en público ni habría tenido que llegar incluso a la autoeliminación si quien sabía lo ocurrido en Chile y dio las instrucciones (porque sus propios subordinados han dicho que las recibieron de él) hubiera asumido con valentía y con hombría su responsabilidad, sin tener que ser tratado de una manera tan dura por la justicia chilena.
Porque a mí no me hace feliz, ni me alegra, ni me produce ninguna satisfacción personal ni orgullo de chileno que quien fue Jefe del Estado sea tratado por la justicia y por el mundo en la forma como lo ha sido. No me gusta que el señor Pinochet haya sido tratado así. Lo digo como chileno. Pero -lo expreso con franqueza- ¡se lo merece, no sólo por lo que hizo!
Y no me estoy refiriendo al golpe militar. El golpe militar -lo reitero- puede justificarse políticamente. ¡Lo que no se puede justificar es la tortura posterior, la opresión, la humillación que se nos provocó!
Cuando ejercíamos la medicina, día a día veíamos gente con depresión, por el agobio que le provocaba el uso de la fuerza.
Por otra parte, Pinochet tampoco fue capaz de respaldar a quienes estuvieron con él ni de decir: "Yo soy el responsable". Muchos juicios se habrían evitado y tal vez el señor Barriga no habría hecho lo que hizo si el responsable moral, directo, por la verticalidad del mando y por la forma de ejercer éste en aquel entonces, hubiese actuado con fuerza, con hombría, y hubiera expresado: "Yo soy el responsable. Aquí estoy. Júzguenme". Así lo hicieron en el pasado numerosas personas que cumplieron labores similares en sus países.
Creo que éste va a ser un debate permanente entre nosotros. Pero yo quisiera que, al abordar temas personales, lo hiciéramos en ese contexto. Y si deseamos formular alcances de carácter político, deberemos salir a la palestra permanentemente para discutirlos.
De todo lo aquí expuesto, quiero dejar muy en claro tres cosas.
Primero, señor Presidente , puede usted enviar condolencias a la familia del señor Barriga en nuestro nombre. Ella las tomará como le parezca. Pero yo cumplo con el deber cristiano de dolerme ante la muerte de cualquier chileno.
Segundo, dentro de la discusión aquí efectuada, quiero dejar establecido ante el Senado que nosotros no juzgamos a los otros Poderes. Nos quedamos callados cuando los tribunales, incluso después de 1990, han dictado fallos que no nos satisfacen y hemos respetado su independencia. Y debimos aceptar que durante casi 17 años nos trataran, a quienes éramos de Oposición, de una manera que hoy parece increíble que fuéramos capaces de soportar.
Y tercero, señor Presidente , constituye una incitación -y lo repito: una incitación- a una forma no democrática de Gobierno. Debo ser muy claro en consignarlo: por tercera vez en el Senado se afirma que no existe el Estado de Derecho. Porque esos vientos fueron los que trajeron las tempestades después. Y antes de que Allende asumiese ya se argumentó de esa manera, lo que llevó a la muerte a un General de Ejército y a muchos chilenos. Entonces, cabe preguntarse: ¿Cuál es la intencionalidad de esa permanente reiteración?
Nadie más intervendrá en el turno del Comité Demócrata Cristiano.
Su Señoría no dispone de tiempo para hacer uso de la palabra.
Pido una interrupción, señor Presidente , porque he sido mencionado directamente respecto de algo que debo rebatir.
¿Senador señor Ruiz-Esquide?
No se concede la interrupción, Honorable señor Martínez . No existe la posibilidad de intervenir.
Aquí ha tenido lugar un debate político, no una...
Pero, de acuerdo con el Reglamento, señor Presidente , puedo contraargumentar. Porque se ha insinuado que estaría propiciando alguna intervención no democrática al expresar que no nos hallamos en un Estado de Derecho. Deseo hacerle presente que ello es inaceptable para mí y que lo rechazo terminantemente.
Excúseme, señor Presidente. Pido la palabra.
Señor Presidente , no he ofendido, ni he agraviado, ni he aludido maliciosamente, perjudicando el honor y la honra, que es la razón por la cual un Senador puede responder si ha sido cuestionado. Lo que he hecho configura un planteamiento político. Y es en esa perspectiva que no puedo dar una interrupción, porque me quedaría sin tiempo para replicar.
Por lo tanto, creo que el tratamiento del asunto, que es muy de fondo, podemos proseguirlo en marzo con muchísimo aprecio y con mucho respeto. Porque discuto las cosas, no las personas.
Perdón, Su Señoría.
El Reglamento efectivamente dispone que cuando un orador ha dañado el buen nombre de un Senador, entre otras personas, éste tiene derecho "a usar de la palabra con preferencia a fin de vindicarse, para lo cual dispondrá hasta de diez minutos, en cualquier parte de la misma o de otra sesión". La verdad es que resulta bastante discutible definir cuándo alguien ha sido objeto de ese menoscabo en una referencia.
Por mi parte, entiendo que aquí se ha registrado un debate más bien de carácter político. Pero, en atención a las circunstancias, si el Honorable señor Martínez estima que ha sufrido ese daño, le ofrezco la palabra.
Lo que quiero explicar es eso. Cuando se insinúa que por denunciar que no se observan las características del Estado de Derecho intento conformar algún escenario posible para una salida no democrática, me parece que ello es inaceptable. Y es algo que afecta a mi honra.
El hecho de sostener opiniones diferentes y demostrar ciertas situaciones de corte legal con argumentos concretos no tiene por qué llamar la atención. Podrá gustar o no, pero ésa es otra cosa. Ése es el debate democrático. Y lo respeto. Pero rechazo terminantemente y estimo inadmisible lo que acaba de insinuar el señor Senador que con anterioridad usó de la palabra, pues afecta, repito, a mi nombre y a mi honra.
Es lo que quiero plantear y dejar bien claro. Puedo diferir de Su Señoría en muchas cosas, pero acepto el debate. Si se va más allá, no lo acepto y lo considero absolutamente contrario a los principios democráticos.
Señor Presidente , me quedan cinco minutos.
Ha terminado el tiempo...
Excúseme, señor Presidente. con todo el respeto que le tengo.
Concluyó el turno de su Comité, señor Senador, por lo cual...
No, señor Presidente. Insisto en que me restan cinco minutos.
Ya no, Su Señoría. Nadie intervino en ese momento.
Entonces, señor Presidente,...
Soy el que dirige el debate, señor Senador...
... y no le he ofrecido la palabra.
Cabría interpretar, efectivamente, que alguna de sus expresiones, como lo aseveró el Honorable señor Martínez , pudiera sentirse ofensiva. Entiendo que usted formuló un juicio político, pero también entiendo que una persona pueda estimar afectado su nombre a pesar de no ser ésa la intención.
Creo que se ha esclarecido la cuestión y que cada uno ha expuesto su punto de vista.
Lamento mucho su decisión, señor Presidente, porque el asunto es muy subjetivo.
Comprendo que lo lamente, señor Senador.
Ha terminado la hora de Incidentes.
Me parece que en esta materia Su Señoría no ha actuado como corresponde.
Deploro discrepar de usted, señor Senador, pero pienso lo contrario.
--Se levantó a las 19:40.

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 resolución 
 artículo 466
 artículo 33
 resolución 
 artículo 127
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 artículo 124
 artículo 196
 artículo 133
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e contrario