Source: http://www.aspectosprofesionales.info/2016/08/el-dificil-equilibrio-entre-la.html
Timestamp: 2018-11-18 23:10:08+00:00

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Aspectos profesionales: Protección de Datos, Cloud Computing y Sistemas de Gestión.: El difícil equilibrio entre la seguridad de los ciudadanos y su privacidad
Resumen: Se analiza el difícil equilibrio entre seguridad y privacidad, partiendo de la propuesta de modificación de la Regla 41 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal en EE UU, y del artículo 588 septies de la LECRIM, modificado por la LO 13/2015, de 5 de octubre.
1. Derechos fundamentales en juego. Introducción
2. El eterno dilema de seguridad respecto a privacidad
4. Carta abierta de Apple
5. USA. Propuesta de modificación de la Regla 41
5.1 El Sistema procesal penal de los EE.UU.
5.2 En que consiste la propuesta
6. España. Reforma de la LECRIM (Registros remotos)
6.1 Medida muy invasiva
6.2 Falta de taxatividad
6.3 Colaboración de terceros
6.4 Extensión de la investigación. Cloud Computing
7. Tabla comparativa entre EE UU y España
Con este artículo no pretendo tomar partido por ninguna opción, entre otras razones porque mis áreas de práctica son ambas: Por un lado la privacidad y la protección de datos y, por otro, el Derecho penal, como última ratio o línea de defensa respecto a la seguridad de las personas, entendida ésta en sentido amplio.
En consecuencia, su único objetivo es informar para que cada cual saque sus propias conclusiones respecto a la ponderación entre derechos fundamentales: En España el derecho a la Integridad física (artículo 15 CE), por un lado, y los derechos a la Protección de Datos y a la Intimidad (ambos en el artículo 18 CE), por otro, todos ellos recogidos en la Constitución.
Si con mayor amplitud de miras consultamos además la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, vemos que su artículo 3 dispone que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, mientras que en su artículo 12 se refiere a que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Ya se intuye que dicha ponderación entre dos derechos fundamentales no ha de ser una cuestión pacífica.
Así las cosas, y como catalizador para decidirme finalmente a escribir este artículo, es que el mes de julio de 2016 recibo un e-mail con el siguiente contenido:
“Hola, Me conecto contigo porque veo que eres uno de los pocos sitios web que apoyan la privacidad en línea. VPNMentor en conexión con la organización EFF están creando conciencia en el cambio de la Regla 41, la cual el Gobierno de Estados Unidos de América está promoviendo. Con este cambio, EE UU podría acceder ilegalmente o hackear computadoras y teléfonos afuera de los Estados Unidos que usan los navegadores VPNs o Tor.
Hemos traducido la página original de la protesta en Spanish. Tu puedes copiar/pegar el contenido y compartir el URL con los usuarios de tu página y en las redes sociales https://es.vpnmentor.com/blog/fight-rule-41/
Muchas gracias por ayudarnos a pelear esta importante lucha. Saludos”.
Es práctica habitual de este blog no publicar nada que no haya sido debidamente contrastado y analizado, por lo que me limité a prometerle que aprovecharía las vacaciones estivales para redactar un artículo sobre el tema, con visión imparcial, y cuyo resultado es precisamente el que se expone aquí.
En una sociedad ampliamente digitalizada, la práctica de la prueba en la fase de instrucción del procedimiento penal, basada en los rastros que las nuevas tecnologías van evidenciando, [5] pueden ayudar a dar con su presunto autor, o a un acercamiento a su autoría, y a descubrir el modus operandi, analizando las trazas tecnológicas que se hayan podido dejar.
En España la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, adopta una solución garantista respecto a la dicotomía entre seguridad y libertad, como se deduce del artículo 11.1 y 11.2 LOPJ: “1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.
Como dice el Magistrado Eloy Velasco, [5] “La sociedad debe defenderse del delito, pero no a costa de poner a los agentes investigadores públicos –singularmente el Ministerio Fiscal y los Cuerpos Policiales- a la altura del transgresor, del delincuente mismo, permitiendo usar “atajos” o “trampas”, que, cosificando a los investigados, les priven de sus derechos fundamentales”.
Abundando es esta idea es que la STS Nº: 79/2012 de la Sala de lo Penal en la causa especial Nº: 20716/2009 respecto a D. Baltasar Garzón Real, en su fundamento del Derecho 7º, cita: “la pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”.
De todo ello es que se deduce la necesidad de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, sustituyendo a la vigente hasta entonces que databa de 1882, época muy anterior a la propia existencia de las TIC.
Como dispone el apartado 1 del (artículo 588 bis a).1 LECRIM -Principios rectores- “1. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida”.
A efecto de clarificar, repaso que significa cada uno de esos cinco principios:
Especialidad. En este caso es el propio (artículo 588 bis a).2 el que recuerda que este principio exige que la medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.
Idoneidad. El Juez únicamente puede autorizar medidas en las que se motive claramente su necesidad para obtener un fin concreto. Se argumentará el objeto o sistema a injerir, el sujeto afectado y la duración estimada de la medida para que resulte útil a efectos de obtención de la prueba.
Excepcionalidad. Se trata de evidenciar que los fines que se pretenden alcanzar solicitando dicha medida que afecta a derechos fundamentales, no podrían ser alcanzados mediante medidas menos invasivas, con las mismas o parecidas garantías de éxito.
Necesidad. Debe haber acuerdo en que otras medidas serían mucho más complejas o dificultosas, minimizándose las pretendidas garantías de éxito, por lo que existe una necesidad procesal de aplicarlas.
Proporcionalidad. Consiste en ponderar el derecho que se va a afectar, o conculcar, al afectado, respecto al beneficio que para el interés público va a suponer la resolución procesal de la investigación, por lo que debe basarse en las concretas circunstancias del caso y no puede ser objeto de estandarización generalizada.
Estudiaré el cambio a la Regla 41 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (se estima podría aprobarse en diciembre de 2016) y, sin ir más lejos, lo compararé en España con el artículo 588 septies de Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Intentaré evaluar los posibles riesgos de injerencia sobre la privacidad de las referidas normas, que legitiman actuaciones remotas a través de Internet, y repasaré también como está regulada jurídicamente en España la actividad del Centro Nacional de inteligencia (CNI) dentro del marco establecido por la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Antes de empezar, y como ejemplo ilustrativo de resistencia de una empresa privada multinacional americana ante presiones que atentan a la privacidad, comenzaré con el asunto que dio lugar a la conocida carta abierta de Tim Cook (Consejero Delegado de Apple), el 16 de febrero de 2016, respecto a las exigencias del FBI en relación al caso de terrorismo de San Bernardino.
Es bien conocida la defensa a ultranza por parte de Apple de la privacidad de sus clientes, y en este sentido ha mantenido un difícil pulso con el FBI estadounidense que les reclama desactiven el borrado del iPhone tras introducir mal la contraseña diez veces, evitándose así ataques denominados de fuerza bruta. La agencia norteamericana lo reclama para poder acceder al iPhone 5c del terrorista implicado en el atentado de San Bernardino.
También existe la pretensión, por parte del FBI, de que Apple programe una puerta trasera para obviar la seguridad en los sistemas operativos de los i-Phone, a su disposición.
A continuación la carta referente a su postura, con la que se justifica Apple:
El Sistema procesal federal [1], además de en las disposiciones expresas de la Constitución federal, fundamenta los derechos de los inculpados en los procesos penales federales en otras dos fuentes principales:
La interpretación de la Constitución federal por los tribunales, que da lugar a derechos constitucionales implícitos, pero vinculantes.
El código procesal penal federal, denominado Reglas Federales del Proceso Penal - Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP) -, promulgado por la Corte Suprema de Estados Unidos, según autorización del Congreso (28 United States Code Service 2071 (2003)).
A pesar de la existencia de 50 sistemas estatales distintos, hay un estándar mínimo federal para los derechos de los inculpados en los procesos estatales.
Resulta de la interpretación judicial de la Constitución federal, por la cual todos los derechos constitucionales federales del inculpado en el proceso penal federal son aplicables a los procesos penales estatales, por la amplia interpretación judicial del concepto del debido proceso legal en la enmienda 14. El respeto de tales derechos es por consiguiente vinculante para los 50 estados, de acuerdo con la cláusula de supremacía de la Constitución federal, según la cual la Constitución federal (más las leyes federales y tratados internacionales) es la suprema ley del país y todos los jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier estado (artículo 6, cl. 2).
La propuesta de modificación de la Regla 41 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, impulsado por el Departamento de Justicia de EE.UU, concede al FBI muchos privilegios para poder introducirse legalmente en cualquier ordenador del país, y quizá del mundo, mediante una única orden de registro autorizada por un juez de Estados Unidos.
Se pretende también evitar la limitación de jurisdicción para aumentar el alcance de las investigaciones de delitos a lo que es Internet.
Traducida del inglés, la Regla 41 [2] se pretende que disponga:
Regla 41. Registro y confiscación
(B) Autoridad para emitir una orden. A petición de un agente de la ley federal o un abogado del gobierno.
(6) un juez de primera instancia con autoridad en cualquier distrito donde se hayan producido las actividades relacionadas con un delito tiene autoridad para emitir una orden para emplear el acceso remoto en la búsqueda de medios electrónicos de almacenamiento y de aprovechar o copiar la información almacenada electrónicamente, situada dentro o fuera de ese distrito, si :
· (A) el distrito donde se encuentran los medios de comunicación y la información que ha sido ocultada a través de medios tecnológicos; o
· (B) en una investigación de una violación de 18 USC § 1030 (a) (5), los medios eran ordenadores protegidos que han sido dañados sin autorización y están ubicados en cinco o más distritos.
(F) Ejecución y devolución de la orden
(…) Mediante una orden que autorice el acceso remoto a la búsqueda de medios electrónicos de almacenamiento y permita aprovechar o copiar la información almacenada electrónicamente, el oficial debe hacer esfuerzos razonables para entregar una copia de la orden a la persona cuya propiedad fue registrada o cuya información fue capturada o copiada. El servicio puede ser realizado por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos, razonablemente considerados para llegar a esa persona.
Sin embargo, cada vez más grupos de libertades civiles y empresas de tecnología intentan detener su puesta en marcha criticando la reforma de dicha Regla 41, alegando que es un atentado a la Cuarta Enmienda que permitiría a los agentes federales y demás policía en EE.UU entrar de forma remota a ordenadores y teléfonos inteligentes de personas en todo el mundo.
Para muchos, y pese a que se le designe con otras palabras, se trata de legitimar un hackeo en toda regla ya que, a diferencia del artículo 588 septies LECRIM en España, la Regla 41 no especifica que el Juez deba conocer con detalle el fin, el alcance, los motivos, los objetos, los medios… necesarios para llevar a cabo la investigación. Salvo que cambien mucho las cosas y el Congreso vete los cambios, estos entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre de este mismo año 2016. La cercanía de la entrada en vigor ha puesto en marcha a muchas empresas que se han unido para pedir la retirada de los cambios, entre las que encontramos a Google, EFF, Demand Progress, FightForTheFuture, TOR y Proveedores VPN como Private Internet Access, Golden Frog y Hide My Ass.
Esto significa que todos los usuarios de los servicios para cifrar comunicaciones pueden llegar a ser vulnerables, sin importar cuál es la herramienta que se está utilizando, incluyendo TOR, VPNs, y proxies. También podría extenderse a los usuarios que niegan el acceso a información de su geolocalización en las aplicaciones de teléfonos inteligentes, que no desean compartir su ubicación por cuestiones de privacidad.
Tomaré como hilo conductor el informe de la FGE de fecha 23 de enero de 2015. El Consejo Fiscal elaboró ese informe [3] respecto al anteproyecto de ley orgánica de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas. Los registros remotos son tratados en el apartado 5.17 del referido informe “Registros remotos sobre equipos informáticos”. Pese a tratarse en el momento de su redacción de un informe respecto a un anteproyecto, sus observaciones siguen siendo válidas una vez aprobada la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM, especialmente en relación al artículo 588 septies del Capítulo IX “Registros remotos sobre equipos informáticos”.
El Consejo Fiscal incide en el carácter totalmente novedoso con el que se aborda la regulación de la diligencia de registro remoto sobre equipos informáticos. Según la fiscalía, “con carácter previo debe aplaudirse la iniciativa frente a la total orfandad normativa sobre la materia que hacía cuestionable la posibilidad de practicar esta diligencia”.
También coincide con el legislador en que se exija autorización judicial previa entendiéndose, a la vista de que se trata de una medida muy invasiva, de una exigencia indispensable. Concretamente el apartado 2 del artículo (588 LECRIM septies a) “Presupuestos”, actualmente dispone:
“2. La resolución judicial que autorice el registro deberá especificar:
La fiscalía entendía imprescindible que se limitara su práctica a delitos de especial gravedad cómo los siguientes:
Es más, entiende que podría mejorarse y racionalizarse la redacción de este inciso, proponiéndose la siguiente: “(…) y persiga la investigación de un delito de especial gravedad, atendiendo a los criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad en función de la naturaleza y características del hecho investigado. En todo caso se entenderán de especial gravedad, a los efectos previstos en este artículo: (…)”.
Al final, en texto que se aprobó para el apartado 1 del artículo (588 LECRIM septies a) “Presupuestos”, se suprime toda referencia abierta a delitos graves, dejando un numerus clausus de clases (que no de tipos) de delitos a los que se ha añadido aquellos cometidos a través de las TIC, con el siguiente redactado:
“1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos:
Esta última clase es para algunos demasiado genérica, en un mundo tecnológico como el actual, obviando el principio de taxatividad que debería regir siempre la elaboración de leyes, especialmente penales. Aquí es donde, para una medida tan invasiva, se encuentra a faltar la opinión del Consejo Fiscal de que el intenso grado de injerencia que implica su adopción justifica que incluso se refuerce el ámbito objetivo de la medida, exigiendo que el delito investigado sea de especial gravedad.
Como inciso, debo recordar en relación a la gravedad delictiva la consolidada doctrina jurisprudencial (por ejemplo la STC de 27 de septiembre de 1999, la STC de 11 de diciembre de 2000 y la STC de 18 de septiembre de 2002) según la cual la gravedad trasciende lo dispuesto en los artículos 13.1 CP y 33.2 CP, pudiendo incluir delitos menos graves en base a considerar la relevancia social y el bien jurídico afectado.
Sigue el informe diciendo que “podría entenderse que esta diligencia no es más invasiva que la de grabación de conversaciones, por lo que desde esta perspectiva no tendría que restringirse su ámbito más de lo que se restringe esta otra diligencia. En todo caso, debiera introducirse alguna modulación para graduar las exigencias atendiendo a la intensidad del acceso remoto, pues por ejemplo la monitorización de un dispositivo electrónico a los solos efectos de geolocalización de su usuario, no tendría por qué restringirse a delitos especialmente graves dado su reducido nivel de afectación a derechos de carácter personal”. En este punto concreto no puedo más que discrepar a título personal, dado que la monitorización continuada de registros procedentes de la geolocalización puede llegar a tener un alto impacto respecto a la privacidad de una persona afectada, al permitir revelar (en función de los lugares frecuentados), aspectos concretos de su personalidad en base a usos y costumbres. Podría incluso denotar su confesión religiosa (asistencia a lugares de culto), sexual (asistencia a determinados clubs de alterne), política (asistir a manifestaciones políticas), etc.
Uno de los inconvenientes de infiltrar “troyanos” o software espía en ordenadores de terceros sujetos a investigación [6] es que éstos pueden ser detectados por sistemas “antivirus”.
Una alternativa sería solicitar la colaboración de los proveedores de antivirus para programar que respetaran determinados “troyanos” legales. Esto sería posible en España en base al artículo 588 septies b) LECRIM “1. Los prestadores de servicios y personas señaladas en el artículo 588 ter e y los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema. Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y visualización.
2. Las autoridades y los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia”.
Como siempre hay que recordar que esta medida es equivalente a las ya comentadas “puertas traseras” que abrirían la caja de pandora respecto a potenciales ciberdelincuentes. Tampoco obligarían a fabricantes de antivirus en otras jurisdicciones.
El apartado 3 del artículo (588 LECRIM septies a) “Presupuestos”, prevé: “3. Cuando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo, pondrán este hecho en conocimiento del juez, quien podrá autorizar una ampliación de los términos del registro”.
Según el Consejo Fiscal esta previsión parece orientada a dar cumplimiento al art. 19.2 del Convenio de Budapest [4] que se refiere a que el ordenamiento ha de contemplar la posibilidad de que las autoridades competentes procedan a ampliar rápidamente el registro o forma de acceso similar al otro sistema. Concretamente dicho artículo 19.2 CB dispone: “Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para asegurarse de que, cuando, de conformidad con el apartado 1 a), sus autoridades registren o tengan acceso de un modo similar a un sistema informático específico o a una parte del mismo y tengan motivos para creer que los datos buscados se hallan almacenados en otro sistema informático o en otra parte del mismo situado en su territorio, y que dichos datos son legítimamente accesibles a partir del sistema inicial, o están disponibles por medio de dicho sistema inicial, puedan extender rápidamente el registro o el acceso de un modo similar al otro sistema”.
En relación al acceso a contenidos almacenados en la Nube, el informe, en su apartado 5.17.6, recuerda que el registro remoto sólo podrá ser autorizado cuando los datos se encuentren almacenados en un sistema informático o en una parte del mismo situado en territorio sobre el que se extienda la jurisdicción española. En otro caso, se instarán las medidas de cooperación judicial internacional en los términos establecidos por la Ley, los Tratados y Convenios internacionales aplicables y el derecho de la Unión Europea.
El Consejo Fiscal entiende que, “a la vista de las enormes dificultades para ubicar físicamente dónde se encuentran los archivos en los supuestos de utilización de prestadores de Cloud Computing, debiera preverse la posibilidad de que el acceso a información contenida en sistemas en la Nube se autorice por las autoridades judiciales españolas siempre que nuestros tribunales tengan jurisdicción para conocer de la causa que se está investigando. Podría defenderse que, en tanto en cuanto se tiene acceso al material desde España por un imputado situado en nuestro territorio, el mismo se posee en España, y, consiguientemente, las autoridades españolas tendrían jurisdicción para acceder al mismo. Así por ejemplo, si se está investigando a un ciudadano residente en España por delitos relacionados con la pornografía infantil y se tiene sospechas de que ha almacenado material delictivo en la nube, una vez se toma conocimiento de la clave, o una vez se habilita otra vía de acceso, debería ser admisible que las autoridades judiciales españolas conocieran los contenidos archivados en la nube sin necesidad de acudir a los mecanismos de cooperación judicial internacional”.
NOTA DEL EDITOR: Debe recordarse, no obstante, que la tramitación efectiva de una comisión rogatoria para otro país puede requerir más de un año de espera, plazo que la convierte en ineficaz en el mundo digital, donde los repositorios de contenido se crean y desaparecen en horas.
Se presenta a continuación una tabla comparativa entre la propuesta de modificación de la Regla 41 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de EE UU, la LECRIM española en relación al artículo 588 septies “Registros remotos sobre equipos informáticos” y la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia [7].
NOTA DEL EDITOR: En relación al CNI, y también sobre otras leyes USA en esta línea, como la “Patriot ACT”, puede consultarse en este mismo blog el artículo titulado “Cloud Computing y el día que se declaró inválida la Decisión 2000/520/CE por el TJUE” de fecha 8 de octubre de 2018. Acceso al artículo
Aspecto a contemplar
Modificación de la Regla 41 (EE UU)
Artículo 588 LECRIM
LO 2/2002 reguladora control judicial previo CNI
Autoridad para emitir una orden o resolución.
El Juez de Instrucción [Magistrate Judge].
Regla 41 (6)
El Juez de Instrucción competente.
(Art. 588 sexties c).1
El Magistrado del Tribunal Supremo competente.
Art. 1.1 LO 2/2002
Quién puede solicitar una orden.
· Agente de la Ley federal.
· Abogado del gobierno.
Autoridades y agentes encargados de la investigación.
(Art. 588 sexties c).5
El Secretario de Estado director del CNI.
Dentro o fuera del propio distrito, bajo dos condicionantes.
(Regla 41 (6) -(A) y (B)
Únicamente si los datos se encuentran en territorio dónde se extienda la jurisdicción española.
Qué debe especificar la orden o resolución judicial y, en consecuencia, la solicitud.
Los ordenadores y demás sistemas objeto de investigación, el alcance y forma de proceder, los archivos relevantes, el software que se empleará, los agentes autorizados, la autorización, o no, para hacer copias y cómo se preservará la integridad.
(Art. 588 septies A).2
Las medidas que se solicitan, hechos en que se apoyan, fines que la motivan, razones que aconsejan las medidas, personas afectadas, lugar dónde deben practicarse y duración de las medidas solicitadas.
Art. 1.2 LO 2/2002
Duración de las investigaciones.
La medida tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por idénticos períodos hasta un máximo de tres meses.
(Art. 588 septies C)
Las medidas no podrán exceder de tres meses, prorrogables por igual período.
Art. 1.2 d) LO 2/2002
(N.C.) = No se tiene conocimiento de este aspecto concreto, o no se contempla.
La sociedad debe defenderse de los delitos, pero no a costa de privar sistemáticamente a los investigados, y quizá a la sociedad misma, de alguno de sus derechos fundamentales.
La justicia obtenida a cualquier precio, termina no siendo justicia (STS 79/2012)
Exigir indiscriminadamente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, y a otros fabricantes TIC, que programen “puertas traseras”, pone en peligro precisamente las libertades que se supone un gobierno tiene que proteger.
No queda clara en la modificación de la Regla 41 la limitación de la jurisdicción, ya que da la sensación de llevar implícita una extraterritorialidad de alcance global.
Debe analizarse el sistema jurídico federal de EE UU, ya que a priori no se deduce de la Regla 41 exigencias para formular y que sea aceptada la solicitud de autorización para determinada investigación, a diferencia del artículo Art. 588 septies A.2 de la LECRIM española.
Se encuentra a faltar en ambas jurisdicciones territoriales (EE UU y España) la restricción de las investigaciones únicamente para los delitos graves, apreciándose una falta de taxatividad y concreción en relación a los delitos cometidos a través de las TIC.
La tramitación efectiva de una comisión rogatoria para otro país puede requerir más de un año de espera, plazo que la convierte en ineficaz en el mundo digital, donde los repositorios de contenido se crean y desaparecen en horas. Debería buscarse y consensuarse a nivel internacional una solución a este problema.
- [1] Douglass CASSEL. (Professor of Law, Notre Dame Law School. “EL SISTEMA PROCESAL PENAL DE ESTADOS UNIDOS”. Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- [2] “Federal Rules of Criminal Procedure (Reglas Federales de Procedimiento Penal)”. PDF conteniendo el detalle en inglés de las modificaciones. Páginas de la 338 a la 342.
Texto de la modificación de la Regla 41
- [3] Fiscalía General del Estado. Consejo Fiscal. “Informe respecto al anteproyecto de ley orgánica de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas”. 23 de enero de 2015.
Informe FGE modificación LECRIM
- [4] Consejo de Europa. “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”. Budapest, 23 de noviembre de 2001.
- [5] Eloy Velasco Núñez. “Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal”. Editorial jurídica SEPIN, SL. Madrid, 2016.
- [6] Ruth Sala Ordoñez. “Troyanos: Registro Remoto por la Policía, ¿es viable?”. Blog de Legalconsultors. Junio de 2015.
- [7] Jefatura del Estado. “Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia”. Publicado en «BOE» núm. 109, de 7 de mayo de 2002, páginas 16439 a 16440.
LO 2/2002 CNI
- [8] Eduard Chaveli Donet. “La protección de datos en la reforma de la LECRIM. Parte II”. Capítulo 3 “REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS”. Blog de GOVERTIS. 20 de enero de 2016.
P.D. en reforma de la LECRIM
Se añade el apartado 8 “Algunas Conclusiones”
José Luis Colom Planas Posee un doble perfil, jurídico y técnico, que le facilita el desempeño profesional en el ámbito de los diferentes marcos normativos, especialmente del Derecho de las nuevas tecnologías y las normas ISO de adscripción voluntaria. A partir de su dilatada experiencia, edita el Blog temático “Aspectos Profesionales”.
Publicado por Jose Luis Colom en 23:39
Gennaro Barricelli 7 de marzo de 2018, 16:48
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References: artículo 588
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 11
 resolución 
 artículo 588
 artículo 588
 artículo 588
 resolución 
 artículo 588
 artículo 588
 artículo 19
 artículo 588

Artículo 588
 resolución