Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-412-93.htm
Timestamp: 2019-05-26 19:50:05+00:00

Document:
C-412-93
1. El Gobierno Nacional presentó ante la Comisión Especial Legislativa el proyecto de decreto del nuevo código de procedimiento penal, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5-a y 6º transitorios de la Constitución Política. La Comisión Legislativa no improbó el proyecto propuesto, en virtud de lo cual, el Gobierno Nacional expidió el 30 de noviembre de 1991, el Decreto Especial Nº 2700 de 1991 que comenzó a regir el 1º de julio de 1992.
2. El artículo 324 del C. de P.P. establece que la etapa de la investigación previa ha de prolongarse mientras no se dicte resolución inhibitoria o resolución de apertura de instrucción.
3. El ciudadano Juan Carlos Arias Duque demandó la inconstitucionalidad del artículo 324 del Decreto 2700 de 1991, por considerar que vulnera los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 28, 29, 34 y 83 de la Constitución Política.
4. Durante el término de fijación en lista, según informe de Secretaría General, el Ministro de Justicia y del Derecho, por intermedio de su apoderado, Dr. Raúl Alejandro Criales Martínez, presentó un escrito en el que defiende la constitucionalidad de la norma acusada.
Tras hacer un breve resumen sobre la nueva estructura del sistema penal colombiano y de la filosofía del nuevo Código de Procedimiento Penal, el Dr. Criales señala que dicho estatuto utiliza la expresión investigación como un género que comprende dos especies, la investigación previa y la investigación propiamente dicha o instrucción.
En razón de lo anterior, prosigue la defensa, la investigación previa constituye una etapa anterior a la iniciación del proceso penal, cuyo objetivo es procurar una base sólida al mismo, con el fin de no desgastar inútilmente la administración de justicia. De la información obtenida en esta etapa, señala el Dr. Criales, el fiscal delegado debe determinar la procedencia del ejercicio de la acción penal. Con la autorización del fiscal, el delegado puede suspender la etapa de la investigación previa cuando transcurridos ciento ochenta días, no exista mérito para dictar resolución de apertura de instrucción o inhibitoria. Advierte que, "...sólo en la medida en que la notitia criminis esté acompañada de pruebas que permitan desarrollar la investigación se justificará poner en marcha la capacidad investigativa del Estado, ya que de nada sirve abrir procesos penales que están condenados al fracaso desde el comienzo por la falta de información y la imposibilidad futura de obtenerla; ... Por eso es importante la discrecionalidad con que cuenta el fiscal en la dirección del poder investigativo ya que la investigación tiene carácter permanente sin presionar al funcionario a dictar providencias por imposición y no porque existan pruebas que fundamentan las decisiones".
5. El Señor Procurador indica, en su concepto, que la materia del art. 324 acusado pertenece al ámbito de la actividad punitiva del Estado, la cual se desarrolla en etapas, bien sea preprocesales o procesales, "con unas finalidades específicas, funcionarios habilitados para intervenir en ellas y que frente a unos presupuestos objetivos, los llevarán como garantía de legalidad a imprimir movimiento al proceso penal propiamente dicho".
1. La norma acusada es del siguiente tenor: "Duración de la investigación previa. La investigación previa se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En este último caso se dictará resolución de apertura de instrucción".
2. La controversia surge del antagonismo de las posiciones esbozadas. La premisa del demandante se construye a partir de la ausencia de fijación legal del término final de la investigación previa, que conduce indefectiblemente a la violación de las garantías constitucionales del debido proceso. A su turno, los epígonos de la constitucionalidad de la norma, encuentran que ésta posee un término final y a este respecto aventuran distintos momentos preclusivos - prescripción de la acción, resolución inhibitoria, apertura de instrucción - que se justifican en razón del poder investigativo del Estado y en la inexistencia en esta etapa de una relación de oposición o confrontación entre el Estado y el imputado.
3. Expirado el término de la prescripción de la acción penal (Código Penal art. 80), no puede proseguirse la investigación previa. De ahí que el apoderado del Ministro de Justicia y del Derecho identifique en este momento el término final de la susodicha investigación previa.
4. Se podría sostener, como lo hace el Ministerio Público, que el término final de la investigación previa no depende de un dato cronológico sino de un suceso fáctico que alternativamente puede estar representado por la resolución de apertura de instrucción o la resolución inhibitoria (C de P.P art. 324).
Anótase, además, que el término está constituido por un evento futuro y cierto - expresado por lo general cronológicamente (C. de P.P. art. 170), características ausentes en las mentadas resoluciones de suyo signadas por la incertidumbre originada en la investigación. En materia penal, de otra parte, el término despliega una función de garantía y debe, por ello, ser acatado igualmente por la autoridad judicial. El término, que no sea externo a la autoridad, que ésta controle a su discreción, se torna ineficaz. En este caso los eventos que el Ministerio Público sugiere como término de la investigación previa dependen de la voluntad y decisión de los funcionarios judiciales competentes para dictar las resoluciones.
5. Decantadas las posibilidades lógicas de las diferentes posiciones, ha llegado el momento de plantear el problema principal que suscita la presente demanda.
6. La investigación previa como etapa anterior al proceso persigue determinar si hay lugar o no a la acción penal. Se trata de una actuación contingente que no debe realizarse si existe suficiente información para iniciar la acción penal habida cuenta de la tipicidad del hecho, la identificación de sus autores o partícipes y la inexistencia de causales de justificación o inculpabilidad. El objeto de la investigación en esta fase previa al proceso consiste en asegurar las fuentes de prueba y "adelantar las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal; practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad" (C. de P.P art. 319).
7. La razón de ser de la investigación previa es la de establecer los presupuestos mínimos para adelantar la acción penal y dar curso a la iniciación formal del proceso. La simple "notitia criminis" no se considera motivo suficiente para iniciar el proceso penal - y poner en marcha la función investigativa y punitiva del Estado - sino se acompaña de las pruebas sobre los presupuestos necesarios de la acción penal - tipicidad del hecho, identificación de autores o partícipes, procedibilidad de la acción - que permitan racionalmente colegir en principio su necesidad. El legislador ha rechazado el automático ejercicio de la acción penal que solía conducir, con grave olvido del principio de efectividad (C. de P.P. art. 9), a la mala utilización de los recursos del Estado para administrar justicia y cuya escasez justamente aconseja hacer de los mismos un uso apropiado. En ese sentido la investigación previa puede llevar al Fiscal a abstenerse de iniciar la instrucción cuando aparezca que el hecho no ha existido, que la conducta es atípica, que la acción penal no puede instaurarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad ( C.de P.P. art. 327).
8. A fin de determinar la procedencia de la acción penal - cometido institucional de la investigación previa - el fiscal delegado o la unidad de fiscalía pueden recibir versión al imputado, y ésta puede rendirse ante quienes cumplen funciones de policía judicial por parte de la persona capturada en flagrancia y el imputado que voluntariamente la solicite (C. de P.P. art. 322). Dispone la norma que "la aceptación del hecho por parte del imputado en la versión rendida ante el fiscal o unidad de fiscalía dentro de la investigación previa, tendrá valor de confesión". Adicionalmente, con ese mismo objeto, durante esta etapa podrán practicarse "todas las pruebas que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos" (C. de P.P. art 323), las que no requieren de su repetición dentro del proceso con miras a que sirvan de fundamento a la respectiva decisión judicial.
9. La ley supedita la duración de la investigación previa a la existencia de prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado, lo que se libra al criterio del Fiscal que debe definir la situación con base en los resultados y elementos de juicio obtenidos en su desarrollo ( C. de P.P. art. 324). El control del momento de cierre de esta etapa que se defiere al Fiscal entraña una facultad o medio, al igual que la potestad para practicar pruebas, destinada al cumplimiento del mencionado cometido de esta fase investigativa.
10. La limitación estricta de los medios de que dispone el Estado en la etapa de investigación previa a su finalidad institucional, por lo general, no suscita conflictividad alguna mientras no se identifique a una persona como imputada o sospechosa. Si pese a los esfuerzos investigativos dicha situación se mantiene inalterada, puede incluso el Jefe de la Unidad de fiscalía ordenar la suspensión de la investigación pasados ciento ochenta días (C. de P.P. art. 326).
Obsérvese que lo que se entiende por "controversia de la prueba" es la posibilidad que tiene el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello sustentar la argumentación de la defensa. La distinción entre imputado y sindicado es relievante desde el punto de vista constitucional para muchos otros efectos jurídicos y su repercusión es amplia en el orden legal y principalmente en el procedimiento penal; empero, de la interpretación del artículo 29 de la Carta, se advierte con claridad que no es admisible el establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba así en la etapa de investigación previa no exista sindicado de un posible delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la disposición acusada, que en la etapa de la investigación previa, existan excepciones al principio de la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues este también tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se vayan acumulando"1 .
13. Dada la regulación legal de la investigación previa en el Código de Procedimiento Penal, se ha demostrado que en la etapa de la investigación previa surgen conflictos en la relación Estado-imputado y Estado-investigado, que por su naturaleza e intensidad y, además por la necesidad de observar un adecuado equilibrio en las indicadas relaciones, no deberían ser objeto de dicha etapa ni materia sobre la cual obren libremente los medios de que dispone el Estado en aquélla. Se impone, por lo tanto, la consagración de un preciso límite cronológico - el más breve posible atendidas las circunstancias - a la investigación previa que sea razonable y proporcionado a su finalidad institucional que ha de circunscribirse a la verificación de los presupuestos objetivos mínimos y necesarios para el ejercicio de la acción penal.
14. Cuando la relación Estado-imputado o Estado-investigado adquiere cierto grado notable de conflictividad y discurre, no obstante, bajo el esquema de la etapa de la investigación previa, su indefinida prolongación crea una evidente disfuncionalidad tanto en el plano legal como en el constitucional. La garantía del debido proceso, como se ha expuesto, torna imperioso el señalamiento de un límite cronológico a esta etapa, además de que exige se anticipe - desde el mismo momento de la noticia del crimen - el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de la persona investigada.
15. El Estado de derecho (CP art. 1) no se concilia con la adopción general del principio de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, la que debe promoverse siempre que existan fundamentos de hecho. La titularidad de la acción penal que corresponde al Estado y se ejerce por conducto de la Fiscalía General de la Nación (CP art. 250) y de los jueces competentes (C de P.P: art. 24), no está sujeta a su discrecionalidad, pues si así fuera sucumbirían los principios de efectividad y de igualdad ante la ley penal (CP art. 13). La ilimitada duración temporal de la investigación previa - que se hace coincidir con el término de prescripción penal - estimula el ejercicio del libre criterio de los funcionarios que en ella participan para decidir su clausura, de modo que el deber de perseguir y de acusar puede terminar por convertirse en un juicio de mera oportunidad.
16. El principio de respeto a la dignidad humana (C.P. art. 1), sufre grave afrenta cuando la investigación previa se prolonga indefinidamente, pese a que se sabe que en esta etapa el imputado no dispone de la plenitud de posibilidades de defensa y actuación que le dispensan los estadios subsiguientes, y máxime si aquélla puede avanzar a sus espaldas. La persona investigada es sujeto cuando dispone de suficientes medios para conocer la investigación que se le sigue y defenderse adecuadamente. La investigación previa que se extiende sin límite de tiempo, no obstante la creciente conflictualidad de la relación Estado-investigado, potencia la dimensión del Estado hasta el punto de negar a la persona su calidad de sujeto (CP art. 14).
17. El debido proceso que se predica de toda clase de actuaciones judiciales (CP art. 29) se aplica a la etapa de la investigación previa. El derecho del imputado a conocer la investigación que se adelanta en su contra, a ejercer en este caso su derecho de defensa y a no ser obligado a declarar contra sí mismo, a oponerse que su domicilio sea registrado salvo que se haga con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para sólo citar algunos de sus derechos constitucionales fundamentales, obran como razones suficientes para considerar que desde la perspectiva constitucional el proceso comienza desde que las autoridades de Policía o de Fiscalía reciben la notitia criminis, como quiera que a partir de ese momento el Estado despliega su poder investigativo y su capacidad para limitar e intervenir en la órbita de los derechos y de la libertad de las personas reconocida constitucionalmente.
18. El ejercicio anticipado del derecho constitucional al debido proceso (CP art. 29), correlativo al desarrollo de la función investigativa y punitiva del Estado, proscribe la actuación investigativa que se prolongue indefinidamente en el tiempo. La ausencia de término específico para la investigación previa, legitima inconstitucionalmente las más excesivas dilaciones toda vez que su finalización podría coincidir con el momento de la prescripción de la acción penal. Aparte de que esa eventual arbitrariedad - convalidada por la norma legal acusada - obliga al investigado a soportar una excesiva carga anímica y económica, representa para el Estado costos nada despreciables en términos de recursos humanos y materiales.
20. El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme (CP art. 29), se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas. La inocencia como valor individual compromete su defensa permanente, la cual mal puede diferirse a un momento lejano luego de que el estado sin conocimiento del imputado y por largo tiempo haya acumulado en su contra un acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa. A este respecto cabe agregar que el debido proceso exige que las reglas que lo gobiernan, en lo posible, sean sustancialmente inmunes a los abusos. La ausencia de términos precisos para las diferentes etapas induce a la discrecionalidad de los funcionarios y fomenta la proclividad al abuso. En el presente caso, la lealtad procesal puede verse afectada si se deja transcurrir el tiempo sin informar de la actuación a la persona investigada mientras el Estado sigilosamente acopia las pruebas que serán usadas en su contra.
21. El principio democrático se orienta a facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (CP arts. 1 y 2). La forma del proceso penal está por lo tanto íntimamente determinada y permeada por el indicado principio, máxime si se tiene presente que ninguna decisión puede afectar en mayor grado la vida de una persona que la relacionada con su responsabilidad penal. La administración de la justicia penal no puede hacerse por fuera del proceso cuyo diseño y desarrollo asegura tanto la defensa social como las garantías y la libertad de los individuos que a él deben someterse. Así como el Estado democrático reconoce derechos fundamentales a los miembros de la comunidad, en el terreno procesal hace lo propio autolimitando su función investigativa y punitiva de acuerdo con precisas reglas que configuran para este efecto un ritual que como garantía tiene un valor sustantivo.

References: artículo 324
 resolución 
 resolución 
 artículo 324
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29