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Timestamp: 2020-07-12 11:03:03+00:00

Document:
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con el Gobierno del Principado de Asturias de transferencia de soluciones tecnológicas
Publicado en BOE núm. 256 de 24 de Octubre de 2019
Vigencia desde 24 de Octubre de 2019
Decimosegunda Publicidad y transparencia
Con fecha 23 de septiembre de 2019 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Principado de Asturias, de transferencia de soluciones tecnológicas.
Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Principado de Asturias, de transferencia de soluciones tecnológicas
a 23 de septiembre de 2019.
De una parte, la Excelentísima Señora doña Dolores Delgado García, Ministra de Justicia, nombrada mediante Real Decreto 357/2018, por el que se nombran Ministros del Gobierno, en nombre y representación del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra parte, el Excelentísimo Señor don Adrián Barbón Rodríguez, Presidente del Principado de Asturias, nombrado en virtud del Real Decreto 448/2019 de 16 de julio, actuando en representación del mismo conforme al artículo 32 apartado Dos de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias.
El artículo 1 del Real Decreto 1044/2018 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Real Decreto 595/2018 de 22 de junio, por el que se establece la estructura básica de los Departamentos Ministeriales, dispone que el Ministerio de Justicia, es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, entre otras funciones la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, así como la cooperación con las comunidades autónomas.
La titular del departamento es el cauce de comunicación del Gobierno con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en las materias de su competencia.
Segundo. El Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, establece que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los Órganos Judiciales con sede en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias corresponde a la citada Comunidad. Además, establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Tercero. El artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece que, en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde al Principado ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado.
La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia ostenta las competencias en materia de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
Cuarto. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3.2 que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
Quinto. El presente Convenio tiene por objeto seguir profundizando en la colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Administración del Principado de Asturias en el ámbito de la Administración de Justicia; con la finalidad de contribuir a la misma como servicio público, y asegurar la compatibilidad y la integración de los sistemas y aplicaciones de la Administración Judicial Electrónica y las Fiscalías en el ámbito del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica del que forman parte el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.
Sexto. El Ministerio de Justicia actuará como encargado de tratamiento en los términos reflejados en el presente Convenio con las tareas expresadas en el mismo. A tales efectos, las partes suscriben el presente Convenio conforme a las siguientes
e) Wasmin: Plataforma de servicios que permite las comunicaciones con sistemas externos, las itineraciones electrónicas entre Órganos Judiciales o la descarga de expedientes administrativos. Los servicios externos al Ministerio de Justicia que devenguen coste adicional (por ejemplo, el envío de SMS) quedan excluidos del presente Convenio y deberán ser asumidos directamente por la Comunidad Autónoma.
f) Minerva: Sistema de gestión procesal que soporta la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales de forma electrónica en los Órganos Judiciales. En lo relativo a Minerva, se atenderá a lo establecido en el Convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma relativo al cese de los derechos de uso del sistema Minerva. En este caso particular, el servicio consistirá en la entrega de los componentes necesarios para la instalación sobre la infraestructura tecnológica que determine la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
1.4 Adicionalmente el Ministerio de Justicia pone a disposición de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la nueva versión del sistema ORFILA de gestión de expedientes de los Institutos de Medicina Legal.
e) Servicio de formación a formadores sobre las aplicaciones y/o servicios objeto de este Convenio tanto en su fase inicial como en fases posteriores. También se incluye la puesta a disposición de los contenidos online de los que disponga el Ministerio en su "Aula en línea", para la preparación por parte de la Comunidad Autónoma de sus propias acciones formativas.
2.1 Tener resueltos de forma previa al inicio de la implantación de la solución Justicia Digital, Fiscalía Digital y Sede Electrónica Judicial, los prerrequisitos técnicos que se determinen por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia, de conformidad con el Anexo I de este convenio y sus sucesivas actualizaciones, en los siguientes ámbitos:
Las personas integrantes de la Comisión deberán ser designadas por cada una de las partes en el plazo de 15 días desde la publicación de este convenio en el «Boletín Oficial del Estado» previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. En caso de ausencia o vacante de algún miembro de la Comisión se designará suplente para la asistencia.
b) La Comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo solicite alguna de las partes, indicando los asuntos a tratar en la misma. Las decisiones acordadas por la Comisión se adoptarán por mayoría.
En el plazo de 15 días desde la publicación de este convenio en el «Boletín Oficial del Estado», previa inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, cada parte designará un máximo de cuatro miembros para constituir el Comité Técnico y al que podrán incorporarse con carácter temporal invitados de cada una de las partes que actuarán, con voz pero sin voto.
Por último, será función del Comité Técnico el velar por la actualización de las especificaciones técnicas del Anexo I.
c) El Comité Técnico se reunirá cada seis meses y siempre que lo solicite alguna de las partes, indicando los asuntos a tratar en la misma. Las decisiones acordadas por el Comité Técnico se adoptarán por mayoría.
El presente Convenio tendrá cuatro años de vigencia. Sus efectos comenzarán a partir del día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, prorrogándose por períodos anuales previo acuerdo expreso de las partes adoptado por unanimidad antes de la finalización del plazo, hasta un máximo de cuatro, salvo denuncia expresa, formulada por cualquiera de las partes firmantes, con un plazo mínimo de dos meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
La tramitación, suscripción y efectos de la prórroga que en su caso se acuerde se efectuará de acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de normativa aplicable.
La tramitación, suscripción y efectos de la modificación que en su caso se acuerde se efectuará de acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de normativa aplicable.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el ordenamiento jurídico.
Si concurriese causa de resolución del convenio, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas. A propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente Convenio no tiene carácter contractual, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Todos los afectados por el Convenio vendrán obligados por las disposiciones y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por lo previsto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el presente Convenio será publicado en los términos previstos en su artículo 8.1.b), sin perjuicio de la publicación e inscripción a las que se refiere el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como de las obligaciones correspondientes por ambas partes en materia de fiscalización y control por el Tribunal de Cuentas u organismo autonómico equivalente.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar en lugar y fecha señalados al principio.
–El Presidente del Principado de Asturias,
Adrián Barbón Rodríguez.

References: Real Decreto 
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 3
 artículo 48
 resolución 
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 48