Source: http://pescasostenible.blogspot.com/2007/
Timestamp: 2019-06-16 15:15:26+00:00

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PESCA SOSTENIBLE: 2007
ENFOQUE ECOSISTÉMICO DE LA PESQUERÍA.
La pesca de la anchoveta, recurso en el que se basa la industria de la harina de pescado en el Perú, tiene un sistema de ordenamiento de libre acceso. Esto genera una carrera en las capturas. En los años de existencia de esta industria, se han dado varias oportunidades en las que el stock de anchoveta ha disminuido casi hasta desaparecer.
La actividad pesquera, a diferencia de las demás actividades productivas, es aleatoria, permanente y discontinua. Esto se debe a factores biológicos y climatológicos que afectan la disponibilidad de los recursos marinos. Fenómenos naturales como El Niño pueden tener efectos negativos en la biomasa de peces, lo cual se puede apreciar claramente al comparar la captura de peces en 1997 (7.8 millones de TM) con la de 1998 (4.3 millones)
El Estado puede alterar las variables reproducción y crecimiento de las especies marinas al decidir cuánto extraer en un periodo determinado. Sin embargo, no puede controlar dichas variables.
La sobre pesca no es el único efecto de la actividad pesquera que genera otros impactos, entre los que cabe diferenciar los producidos sobre el hábitat donde se desarrolla la actividad misma, y los que se ejercen no ya sobre la especie objetivo sino con las especies con las que coexiste.
Hasta la actualidad, la unidad de gestión y ordenación de los recursos pesqueros es el stock de un solo recurso y se reglamenta (mediante Reglamentos de Ordenamiento Pesquero) su captura recurso por recurso en forma separada. Esto es la parte de la población de la especie objetivo que es susceptible de ser pescada. Pero se olvida el efecto sobre otras poblaciones que tienen relación con la especie objetivo.
Esto es un concepto equivocado, por lo cual el enfoque de la gestión y ordenación tiene que integrar como unidad mínima el ecosistema.
El ecosistema del mar peruano está compuesto de diversos subsistemas y la magnitud de las medidas que se adopten para preservarlos es inherente a cada uno de ellos.
Los Planes y reglamentos de ordenamiento pesquero necesitan replantearse conjuntamente a fin de redefinir las tasas anuales de captura de todas las especies explotadas, incorporando a la evaluación para su determinación, la dinámica trófica, el análisis de la relación presa-predador y la naturaleza y cuantificación de sus respectivos requerimientos de ingesta. Para facilitar ese objetivo deben activarse mecanismos racionales, económicamente viables, que permitan una determinación fidedigna de las cuotas de extracción.
Complementariamente, para evitar un mayor daño al ecosistema es conveniente establecer nuevos límites de captura a las especies forraje, y reducirse la TAC de los recursos presa de la merluza, jurel, caballa y otras especies, a valores significativamente menores que los estimados como aceptables actualmente.
Es conveniente diseñar estrategias para la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, que pongan en práctica el Principio Precautorio como base para el manejo de los ecosistemas y recursos marinos, y que incorporen medidas para fomentar el desarrollo de actividades económicas sin poner en riesgo la existencia de los recursos. Es menester tener presente que los daños por pesca (mortalidad antropogénica) no sólo afectan a las especies explotadas sino también a las que dependen de ellas.
Es conveniente que la administración pesquera peruana exija a Imarpe que adopte nuevos patrones de investigación que permitan la evaluación de la dinámica trófica para integrar sus resultados al modelo de determinación de los TAC o captura máxima permisible.
Es conveniente que el Estado reoriente su política y conducta en función del ecosistema, asuma una actitud más firme en defensa de la biodiversidad como conjunto interdependiente; enfrente con destreza y energía las presiones de los distintos estamentos de la colectividad pesquera impulsando el uso menos intensivo de los recursos.
Las especies están relacionadas. Es decir, la sobre-explotación de una especie tiene consecuencias en otras.
Bajo ningún concepto podemos entender una población, explotada o no, sin conocer las especies con las que coexiste y la interrelación que presenta con las mismas. A este nivel hay que tener en cuenta, la disponibilidad de alimento, ya que evidentemente la variación en la abundancia del alimento disponible va a afectar al estado de la población objeto de explotación, así como la manera de explotarlo. Es fundamental determinar la existencia de posibles relaciones de competencia por un mismo recurso.
La anchoveta es un recurso pelágico, es decir, un pez que se encuentra en aguas superficiales y en grandes cardúmenes. Su tamaño es pequeño ya que solo mide alrededor de 12 centímetros y tiene un período de vida corto, alrededor de un año y medio.
Hay que capturarlo antes de que muera, pero lo primero que hay que hacer es determinar la cantidad susceptible de ser extraída por el hombre antes de la muerte natural del recurso. Qué volumen de anchoveta requieren las demás especies que se alimentan de ella.
Es conveniente incorporar al análisis la interdependencia de la merluza, jurel, caballa y otras especies, con los demás recursos presentes en el subsistema ecológico que los albergan.
La cuota anual de captura debe establecerse luego de un estudio de todo el ecosistema.
No sabemos si la cuota de anchoveta permitida de ser capturada es la adecuada para mantener la renovación de la población de anchoveta. No tenemos medición del impacto causado al ecosistema derivado de esta extracción. No tenemos medición del impacto causado al medio ambiente derivado de la operación de la flota y del vertimiento de residuos de las plantas al mar. No sabemos cuanto dinero se requiere para limpiar y reparar los daños producidos al medio ambiente y al ecosistema.
Es imposible disimular el hecho que los desembarques de especies destinadas al consumo humano, objetivo principal de los pescadores artesanales están en niveles bajísimos debido a la reducción dramática de las respectivas biomasas. Las especies como la cojinova, corvina, merluza, lenguado, bonito, etc. escasean y por tanto, aumenta el costo de la faena y consecuentemente baja o desaparece la rentabilidad del esfuerzo pesquero (y la del pescador).
Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo siguen el camino inverso, éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las espectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería.
Podríamos concluir asperamente en que, bajo el régimen de manejo pesquero actual, a más pescadores artesanales activos, más pobreza.
Dicho de mejor modo, la labor de pescar proporciona bienestar solamente a un número limitado de personas acorde a la cantidad de peces capaces de ser pescados.
El régimen legal pesquero adolece de defectos estructurales graves que nacen en una equivocada definición de los límites y tratamiento que se da a los agentes activos. Se discrimina indebidamente entre artesanales e industriales cuando ambos grupos pescan comercialmente.
Publicadas por Pesca Sostenible a la/s 8:13 a.m.
De las exportaciones totales del país durante el mismo período de 1998 al 2006, el sector pesquero de consumo humano indirecto (harina y aceite) ha participado con el 8.76 %. El sector de consumo humano directo ha participado con el 2.36%. Entre ambos, su participación es del 11.12%, una cifra importante.
De la recaudación total de impuesto a la renta durante el período 1998-2006, el sector pesquero, tanto de consumo humano directo como de consumo humano indirecto, ha participado con el 0.813%
60 millones de toneladas de anchoveta, y 5 millones de otras especies han sido capturadas para su reducción en harina durante el período 98-06. No conozco estudio alguno que cuantifique y analice los efectos que esta disminución de la biomasa de anchoveta, jurel y caballa (estos últimos hasta que se prohibió su reducción a harina) haya causado en las poblaciones de aves y en el resto de especies de la cadena trófica. Es presumible que la crisis actual de la pesca artesanal motivada por disminución de sus capturas tradicionales se deba a este factor de reducción de la anchoveta, elemento vital de la cadena trófica del ecosistema marino de Humboldt.
Cualquiera que haya sido dicho efecto, el país ha recibido vía impuesto a la renta, la suma de 359 millones de soles, que en promedio anual (por los 9 años analizados) representa la cifra de 39.9 millones de soles soles. Cifra que convertida a dólares nos da 12 millones de dólares por año. Esta cifra corresponde a todo el sector pesquero.
Sobre 10,595 millones de dólares exportados en el período, el aporte para el Estado ha sido de 107 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta.
O sea que el 1% del valor FOB de las exportaciones totales del sector pesquero ha ingresado a la caja fiscal como impuesto a la renta producida por el sector.
Esta participación es insuficiente y no es proporcional a la magnitud del negocio pesquero, en especial el de reducción de harina de pescado.
Una política pesquera que planifique un desarrollo sostenible para el corto, mediano y largo plazo, basada en un ordenamiento ecosistémico, y en una cuota anual de captura razonable, sería insuficiente si no actuase sobre la tributación. La actividad del sector debe ser rentable y generadora de impuestos que el Estado debe aplicar, en gran parte, al mejoramiento general del sector.
El Estado, como administrador de los recursos pesqueros que pertenecen a toda la Nación, debe ser un organismo preocupado de establecer un adecuado balance entre la explotación de recursos finitos, y su tributación. El beneficio de la extracción tiene que alcanzar a todos los peruanos y no solamente a un reducido grupo de ellos.
Analizar la participación del sector pesquero, solamente en su volumen de exportaciones y/o aporte al PBI, y no mencionar su participación en el impuesto a la renta, y su contribución por derechos de pesca, induce a errores de apreciación y da una visión sesgada, porque finalmente es este impuesto del que dispone el Estado para ejecutar inversiones, gran parte de las cuales debieran hacerse en el propio sector. Parte de esta recaudación generada por el sector, debiera revertir al mismo para efectos de investigación que se traduzcan en medidas concretas para compensar los efectos negativos de una pesca excesiva y de una contaminación visible en todo el litoral. Y de igual forma servir de financiamiento para actividades de control de la pesca ilegal e inversión en infraestructura.
Es necesaria una reestructuración tributaria, que permita incorporar a todos aquellos agentes que participan de las capturas de un bien nacional, y que, por tanto, están obligados a contribuir de alguna manera a su sostenimiento, por ser un recurso finito y difícilmente renovable.
Las estadísticas actuales son imperfectas, relativas y referidas tan solo a exportaciones y a contribuciones de empresas formales. El sector, sin embargo, acusa un alto grado de informalidad, es decir que una buena parte del mismo no tributa. La ausencia de información clara, y precisa contribuye a mantener el perfil bajo del sector.
Una empresa con flota y planta de proceso integra en su balance el proceso extractivo y de proceso. Arroja resultados consolidados. Un armador puro expresa en su balance resultados solamente de capturas. Pareciera que no hay forma de discriminar los aportes tributarios por actividad, diferenciando extracción de procesamiento.
Existe otro aporte realizado por los armadores. Este consiste en el pago de derechos de pesca que responde a un valor por tm de pescado extraído y declarado, que varia de especie a especie. No es posible de identificar en las estadísticas publicadas por la Sunat, y tampoco es ubicable en el portal de Produce. Solamente los portales del MEF y la PCM ofrecen información referida al canon pesquero, de la cual es posible deducir la recaudación por derechos de pesca.
No hay registros visibles de las cifras de ventas del mercado interno, tanto a nivel mayorista como minorista, ni en playa. En todo caso, por tratarse de pesca proveniente del sector artesanal y no sujeta a IGV, probablemente no tengan un registro tributario. Las ventas al por menor tampoco reflejan cifras. A nivel de comerciantes mayoristas sí debiera tener un reflejo estadístico en alguna parte, pero no se puede determinar si este se considera en la percepción de rentas de tercera categoría provenientes del sector pesca.
La pesca artesanal no tributa No hay forma de evaluar las cifras de comercialización en el mercado interno de la misma forma que las exportaciones. Se requiere una estadística más precisa. Todo el movimiento que genera el consumo interno de pescado en sus diferentes presentaciones no tiene nivel de registro que permita evaluar su participación en la recaudación, si es que la tiene.
La flota industrial causa un impacto directo sobre la biomasa, y otro impacto sobre el mar a través del vertido de aguas sucias y residuos oleosos procedentes de la embarcación. Y en las bahías además se produce el impacto del agua achicada proveniente de las bodegas.
La flota artesanal genera efectos similares, además del vertido de aguas sucias procedentes del lavado de la pesca en el muelle.
Las plantas de proceso generan impactos sobre el medio ambiente a través de la emisión de gases contaminantes y el vertido de desechos al mar.
Los desembarcaderos pesqueros artesanales, dado su estado de deterioro, generan el mismo tipo de contaminación al verter aguas sin sucias sin tratamiento al mar. El DS 040-2001-PE es inaplicable en razón de la antigüedad y deterioro de estas instalaciones.
Ambas actividades, industrial y artesanal, generando o no utilidades, y debiendo aportar impuesto a la renta, sean altas o bajas, causan un efecto sobre los recursos pesqueros y sobre el ecosistema. La extracción de peces se produce con independencia de la determinación contable sobre si hubo o no hubo utilidad. La contaminación producida por las plantas, así como la reducción de pescado en harina también se produce, con o sin utilidad.
El país requiere una compensación económica por el efecto de este impacto sobre dichos recursos naturales. Además del pago de un justiprecio por el derecho a explotar y lucrar con recursos naturales patrimonio de toda la Nación.
Dado que los recursos son renovables pero no infinitos, el reordenamiento tributario debe comprender medidas que alcancen a todos los agentes extractivos del sector, es decir a toda la pesca, tanto industrial como artesanal.
Dado que el impuesto a la renta se calcula sobre las utilidades, es necesario incentivar a la eficiencia de las empresas para que obtengan utilidades. Si una empresa, debido a su ineficiencia no produce utilidades razonables en un periodo de tiempo, pero persiste en la actividad mostrando signos exteriores de bonanza, debe ser analizada.
Considerando que la extracción es independiente de la contabilidad, y que genera un impacto real sobre el ecosistema, el concepto de derechos de pesca debe ser elevado a una tasa razonable que permita resarcir al Estado por el impacto mencionado
El procesamiento en plantas, que inevitablemente causan impactos sobre las playas y bahías también debe ser gravado con un monto razonable que permita la inversión en la limpieza de las zonas que son afectadas. Sin que esto releve a dichas empresas de sus obligaciones de no emitir contaminantes.
Estos derechos no deben ser discriminatorios en función a la bandera de la embarcación. Nacionales y extranjeros deben ser tratados con igualdad, como está normado en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
Se debe cobrar en función a extracción realmente efectuada, y no un pago único en base al arqueo neto. Quien paga tasas trimestrales en base a arqueo neto está en injusta ventaja sobre el que paga tasas por tonelada extraída. Y más en ventaja está el que extrae y no paga nada.
El Estado está obligado a crear conciencia tributaria, a recaudar en función a la extracción de recursos naturales y a invertir esa recaudación en investigación y protección de los mismos recursos, así como en mejoramiento de la infraestructura del sector.
Está constituído por50% del impuesto a la renta de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales.
50% de los derechos de pesca de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos hidrobiológicos.
Los recursos provenientes del Canon Pesquero correspondientes a los Derechos de Pesca se transfieren a los Gobiernos Locales y Regionales en una (1) sola cuota y son depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación denominada “Canon Ley Nº 27506”.
Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales reciben por concepto de este Canon deben ser utilizados de manera exclusiva en gastos de inversión. Asimismo, según el numeral 6.2 del artículo 6º de la Ley de Canon, los Gobiernos Regionales deberán entregar un 20% del total percibido por Canon a las universidades públicas de su circunscripción según lo señalado en el artículo 4° del D.S. Nº 029-2004-EF. Las universidades públicas destinarán estos recursos de manera exclusiva a la inversión en investigación científica y tecnológica.
Asimismo, los gobiernos locales donde se efectúa la actividad de explotación deberán destinar el 30% (treinta por ciento) del monto que les corresponda según lo establecido en el literal a) del numeral 5.2º del artículo 5º de la Ley Nº 27506, Ley de Canon a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural. Dicho monto será comunicado a los respectivos gobiernos locales por el Consejo Nacional de Descentralización.
Las cifras son pobres para las necesidades de inversión en infraestructura que se requieren, y no pueden ser utilizadas sino exclusivamente en inversión.
No se destina recursos para reparar los impactos causados al medio ambiente y al ecosistema.
Un ingreso por ventas de mas de mil millones de dólares más la recuperación del IGV, y drawback cuando corresponde, que genera un pago de derechos de pesca tan pobre, es una cifra que merece revisión, considerando los impactos que la actividad extractiva y productiva genera sobre el ambiente.
Los ingresos del sector son muy importantes y son elevados, pero el Estado no recauda en la debida proporción.
Todos quienes realizan esfuerzo pesquero debe contribuir con la certeza de que ese dinero recaudado irá en mejoras que serán aprovechadas por ellos mismos.
En el 2006 la mortalidad comercial generada en el recurso anchoveta con la extracción de casi 6 millones y medio de TM, los daños causados al ecosistema marino, el perjuicio al medio ambiente generado por flota y plantas han permitido exportar, solo en harina, casi 1 millón trescientos mil toneladas a un valor de mil trescientos millones de dólares.
Es evidente que el beneficio para el país, considerando además que esos pescados exportados no sirvieron para alimentar a nuestra población, es inadecuado e impone que se revisen cifras y procedimientos.
De esta manera podemos apreciar que elogiar las exportaciones pesqueras sin tener en cuenta aspectos colaterales y cuantificables como los expuestos aquí, es una forma inadecuada de brindar información al país.
Más aún cuando las cifras expuestas no reflejan ni cuantifican los daños causados al medio ambiente y al ecosistema marino peruano.
El modelo de gestión pesquero, el modelo de información proporcionado por las instituciones responsables, y el modelo de información usado por la prensa nacional deben cambiar en beneficio de una mejor información para el ciudadano que contribuye con sus impuestos y tiene derecho a saber y a entender porque los éxitos macroeconómicos de la pesca no significan un chorreo para sus bolsillos.
1. La norma vigente (DS 024-2006-PRODUCE de noviembre del 2006) establece como derecho de pesca a recaudar por el Estado, el equivalente al 0.25% del valor FOB de exportación de la harina de pescado aplicado a cada TM de anchoveta extraída.
2. Durante el primer semestre del 2007, el precio promedio de exportación de la harina de pescado ha sido de US$1,030 según se desprende de la siguiente información extraída del boletín de Produce:
Por tanto, la tasa de derechos de pesca (0.25% de US$1,030) sería de US$2.57
1. Pero aplicando el artículo 2 del mencionado decreto, el armador puede deducir el 25% de este monto para destinarlo a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, capacitación y otros. Por tanto la tasa efectiva a recaudar es de US$1.93
2. Si toda la extracción de anchoveta del período pagase la tasa descrita, la recaudación sería de US$7´424,710, dado que el desembarque de anchoveta destinado al CHI del período fue de 3´847,000 TM.
3. Los precios promedio de exportación fueron los descritos en el párrafo 2. La exportación total es de US$ 1,059`719,432
4. Esto significa que una exportación de esa magnitud representa para el país un ingreso por derechos de pesca de US$ 7´424,710, o sea apenas el 0.70% de esa cifra.
5. Esta recaudación se distribuye, de acuerdo a la normatividad vigente, destinando el 50% al canon pesquero y el 50% a Produce. Es decir US$ 3´712,355 a cada uno.
6. Produce dispone por tanto de US$ 3´712,355 que son asignados al Ministerio y a sus OPDs.
7. Similar cifra alimenta al canon pesquero, donde la misma se atomiza al ser repartida entre todos los gobiernos locales y regionales.
Los derechos de pesca se pagan mediante una declaración jurada mensual que presenta el armador, el cual abona el importe en una cuenta de Produce, que es quien administra esta recaudación.
No se publica en ningún portal Web la información mensual del monto recaudado, ni se da a conocer el índice de morosidad u omisión al pago, por tanto la cifra con la cual se ha hecho los cálculos de esta nota, podría ser mucho menor, haciendo de la situación, ya injusta de por sí, más injusta todavía.
Al 18 de setiembre 2007, las cifras oficiales publicadas en el portal del MEF reflejan la distribución del canon pesquero al mes de marzo del 2007 ( se deduce que corresponde a recaudación del 2006), que expresan la baja participación del país en la actividad pesquera: Se ha transferido el 50% de los derechos de pesca que son 7`254,223 nuevos soles. Lo que significa que la recaudación por derechos de pesca (el 100%) fue de: 14`508,446 nuevos soles.
Pese a que no es posible identificar en los cuadros oficiales el período al cual corresponde esta recaudación, el índice referencial es suficiente para sustentar lo expuesto y sugerido en este proyecto.
Esta cifra se distribuye conforme indican los cuadros siguientes, pudiéndose apreciar que son cifras insuficientes para su inversión en infraestructura. Por tanto, es evidente que la atomización de estos recursos genera una ineficiente aplicación de los mismos.
Un nuevo enfoque de una nueva política pesquera debiera revisar este procedimiento y las cifras.
Para el 2007 los nuevos y mejores precios de la anchoveta como materia prima, y de la harina, no van a mejorar para nada la recaudación por derechos de pesca. Lo más probable es que disminuyan por cuanto el volumen de extracción va a ser menor. Sin embargo, los beneficios para el sector serán considerablemente mayores debido al incremento de los precios.
La forma mas justa de recaudar es relacionar la tasa de derechos de pesca con la extracción real. La extracción real se determina aplicando el control a la producción final de harina. La aplicación del tributo sobre el tonelaje extraido no admite duda. Se aplica sobre esfuerzo pesquero realmente efectuado, independientemente de que genere o no utilidades obre las cuales se aplica el impuesto a la renta.
La renta es tan relativa como la eficiencia del sector, que esta sujeto a condiciones imprevisibles por la naturaleza. Los costos y gastos operativos y administrativos, además del costo de producción, son variables que afectan a los resultados del ejercicio, y no guardan relación directa con el esfuerzo pesquero desarrollado que causa todos los impactos conocidos sobre el ecosistema y el medio ambiente
Publicadas por Pesca Sostenible a la/s 11:06 a.m.
Publicadas por Pesca Sostenible a la/s 10:47 a.m.
La situacion de la pesqueria internacional del jurel
http://www.southpacificrfmo.org/area/proposed-coverage-of-rfmo/
El autodenominado Mar Presencial de Chile
La zona del diferendo fronterizo entre Peru y Chile
Perú reclama la línea equidistante y Chile pretende imponer la línea paralela. Simultáneamente pretende crear una controversia en la delimitación terrestre también, en apoyo de su pretendida frontera marítima.
En este escenario será importante la actitud que tome Perú en el seno de la nueva propuesta organización regional pesquera. Por un lado le interesa proteger sus intereses sobre el jurel, por las mismas razones ecosistémicas y biológicas que Chile, pero también debe incorporar a su análisis las diferencias limítrofes que repercuten sobre la pesquería en la zona del diferendo. Y deberá exigir para sí los mismos derechos que Chile pretende atribuirse en la zona en materia de cuotas y derechos de pesca, aun cuando a la fecha no podemos evidenciar esfuerzo pesquero sobre el jurel fuera de nuestras 200 millas
Lo contrario sería prestarnos gratuitamente a apoyar la defensa de las pretensiones hegemónicas de Chile sobre esta parte del Pacífico.
El mar presencial de Chile
ORP PACIFICO SUR
LA HEGEMONÍA MARÍTIMA DE CHILE. EL MAR PRESENCIAL
Para Chile uno de sus objetivos geopolíticos y estratégicos de primer orden es el alcanzar la hegemonía marítima sobre el Océano Pacífico.
La existencia de una nueva figura jurídica dentro del Derecho Internacional es la declaración de poseer para si “El mar Presencial de Chile” donde ejerce soberanía y jurisdicción con el fin de:.
Obtener el predominio sobre el Océano Pacífico tanto en el campo de la navegación comercial como el dominio efectivo con una marina de guerra con potencia de fuego de primer orden en Sudamérica.
Consolidar el Eje Arica-Iquique con la potenciación de movimiento portuario en Arica e Iquique y la construcción del megapuerto de Mejillones.
Por Ley General de Pesca y Agricultura (1991) Chile utilizando una ficción jurídica crea lo que denomina “El Mar presencial de Chile”.
La Elipse o la porción del Océano Pacífico que encierra el Mar Presencial es el siguiente:
Polo Sur (Zona Antártica)
Al Norte: El Paralelo de Arica (18º 21’ 00”) o finalización de las Placas de Nazca.
Al Oeste: Línea que parte de la línea de Costa hasta la Isla de Pascua; cerrando así la elipse del mar presencial de Chile.
Chile tiene una Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.) de más de 3 millones de kilómetros cuadrados a lo que hay que agregar lo que sustenta la posición sobre el concepto "Mar Presencial". Esta área amplifica siete veces la superficie de Chile en el continente sudamericano y su jurisdicción significa que el país tiene responsabilidad sobre un 30% de tierra y un 70% de agua.
Se le denominó "Mar Presencial" y fue definido como "el espacio de la alta mar adyacente a la zona económica exclusiva(Z.E.E.) en donde Chile debe estar observando y participando en las mismas actividades que en ellas desarrollan otros Estados y que actuando dentro del státus jurídico de la alta mar establecido por la Convención sobre el Derecho del mar de las Naciones Unidas, constituyan para el estado de Chile una forma de cautelar los intereses nacionales y de contrarrestar amenazas directas o indirectas a su desarrollo y, por lo tanto, a su seguridad".
Luego, para dar un sentido más económico a este concepto de Mar Presencial, sería necesario establecer mecanismos de control y de fiscalización de las actividades pesqueras mediante acuerdos internacionales, regionales o subregionales, que establezcan un régimen de administración de los recursos y así lograr, además, la conservación de las especies y la protección del medio ambiente. Paso que está dando a la fecha.
El jurel, que llega hasta unas 1 500 millas de las ZEE de Chile y Perú, es un caso particular de población transzonal que, desde el punto de vista biológico, podría ser tan “altamente migratoria” como algunos de los pequeños túnidos mencionados en la Convención de 1982.
En ese sentido, hay dos hechos que obligan a buscar una forma de resolver el uso depredatorio de stocks de peces en aguas internacionales. El primero fue la presencia de la flota pesquera de la ex Unión Soviética y la otra, la evidencia de que la pesca, a nivel mundial, había alcanzado un máximo de 90 millones de toneladas y que la productividad de todos los Océanos del mundo había tocado fondo al tratar de extraer más peces, lo que significaba destruir las especies y producir vacíos ecológicos, como ya se ha visto prácticamente en todos los países del mundo.
En cuanto a la concordancia con la ley del mar y la reacción internacional, la Convención del Mar es Ley de la República de Chile desde el 18 de noviembre de 1997. La ley del mar es un acuerdo consensuado en que todas las partes ceden. Mediante ella se solucionaron las posiciones extremas en base a un acuerdo político, donde se estableció una especie de statu quo en la solución de los diferendos entre los estados ribereños y los estados de aguas distantes. Además, la ley señala que en materia de conservación se va más allá ya que plantea: "El estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva".
Con respecto a la conservación y administración de los recursos vivos en la alta mar (término usado en la Convemar para referirse a aguas internacionales) se establece los derechos de pesca en la alta mar y se habla de la libertad de pesca al señalar: "Todos los Estados tiene derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con sujeción a ciertas obligaciones, entre ellas, los derechos y deberes así como los intereses de los Estados ribereños..." Sin embargo, queda claro que en base al principio general de la libertad de pesca en la alta mar, en ella priman los estados de aguas lejanas en contra de los intereses del o los estados ribereños.
Los antecedentes descritos contribuyen al nacimiento de Organización Regional Pesquera del Pacífico Sud Oriental ORAP-PS
A principios de mayo 2007 se alcanzó un acuerdo para el establecimiento de una Organización Regional de la Administración en el PACIFICO SUR (ORAP-PS). Los representantes de los gobiernos reunidos acordaron una serie de medidas para proteger la vida de los fondos marinos ante el daño causado por la pesca de arrastre de fondo en aguas internacionales. Sin embargo, el acuerdo ha fallado en dar pasos efectivos hacia la gestión preventiva de las poblaciones de jurel de la región.
Los resultados claves acordados en la reunión, significarán que ningún pesquero tendrá autorización para pescar en áreas donde se haya identificado o probablemente existan ecosistemas vulnerables, tales como corales de agua fría y campos de esponjas marinas, sin que se hayan realizado evaluaciones y tomado medidas previas.
Las medidas de conservación y administración tendrán que establecerse antes de iniciarse la actividad pesquera. Además del empleo de control satelital de buques, en la reunión se acordó la inclusión de observadores en cada barco de arrastre de fondo. Por otro lado, los barcos que encuentren ecosistemas marinos vulnerables deben alejarse a cinco millas. Tales medidas entrarán en vigor a partir del próximo 30 de septiembre 2007. Los resultados se aplicarán desde el Ecuador hasta el Antártico y desde Chile hasta Australia, fuera de las aguas sujetas a jurisdicción de los Estados pero como parte del deber que tienen los Estados miembros de la Convención de Derecho del Mar de adoptar todas las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar y de cooperar en los planos regionales y mundial para la protección y preservación del medio marino.
Además de adoptar un acuerdo sobre la pesca de arrastre de fondo, los representantes gubernamentales reunidos en Chile debatieron la limitación de la pesca del jurel, una especie muy apreciada. La dura negociación de las grandes potencias pesqueras de Asia y Europa sobre este valioso recurso puede dar como resultado un impacto negativo aún mayor sobre las poblaciones de especies de la región.
La Federación Rusa no acató el acuerdo y anunció que continuará con sus faenas.La ORAP-PS pretende regular la zona del Pacífico Sur, que representa el 25 por ciento de la superficie oceánica del planeta y donde hasta el momento las flotas industriales pescan sin ninguna regulación.
Se ha iniciado el camino para llegar en el futuro a otros acuerdos que protejan la biodiversidad del medio marino. Sin embargo, Perú no puede ni debe olvidar que la intención principal de llegar a este acuerdo ha sido y es proteger un recurso pesquero para favorecer fundamentalmente a Chile.
¿Cual debe ser la posicion peruana en este tema? Proteger sus intereses en la zona pero sin hacerle el juego, ni apoyar a un país que compite con el Perú por la hegemonía marítima en el Pacífico sud oriental.
No puede obviarse que los avances que se concretaron para el Pacífico Sur en el reciente encuentro internacional son en parte fruto del esfuerzo realizado por una alianza de más de 40 organizaciones científicas y ambientalistas de todo el mundo que desde hace tiempo exigen la urgente implementación de medidas de carácter precautorio que prohíban la pesca de arrastre de fondo en el alta mar.
Moratoria que para el Pacífico Sur debería finalizar cuando el organismo regional de pesca genere la información científica necesaria y se implementen medidas de manejo que permitan efectuar un manejo sustentable de los ecosistemas de aguas profundas. La reglamentación de la pesca en esa enorme área tiene una significación política y económica regional y mundial, en especial para Chile. El recurso más importante que debe ser reglamentado es el jurel, cuyo carácter transzonal determina que se presente y capture tanto dentro de la Zona Económica de 200 millas (ZEE) como en alta mar y frente a las costas de Chile y Perú. El jurel corresponde a la mitad de la actividad pesquera tradicional chilena y es el principal insumo del salmón. Compromete, por tanto, a la virtual totalidad de la pesca en Chile -es la tercera actividad económica del país, y significa más de 100 mil empleos y más del 10 por cientode sus exportaciones.
La nueva organización deberá reglamentar toda la pesca en la alta mar, excluyendo a los túnidos, y tener un carácter conservacionista, con una estructura simple -moderna y no burocrática-, la mejor información científica y técnica, y la participación de todos los directamente interesados.
Importa decisivamente que el régimen de los recursos transzonales en la ORP respete el que soberanamente se aplica fuera de las 200 millas, y que sus medidas sean compatibles con las vigentes en la administración costera. Debe tener carácter conservacionista y dar prioridad, en materia de adjudicaciones, no solo al record de pesca histórico, sino al carácter migratorio de una especie como el jurel que se desplaza frente a las costas de Chile y Perú.
En lo operacional, el mecanismo de decisiones deberá contemplar una participación adecuada de Perú y Chile y los países ribereños de ambas orillas, y establecer instrumentos que permitan una primera participación en las grandes decisiones de los directamente interesados: ribereños y quienes pesquen la especie.
En esta fase, importa completar los estudios científicos y de administración del jurel.
Es evidente y notorio el interés y necesidad de Chile por preservar esta pesquería dado que ella sustenta su industria pesquera, y además es concordante con su tesis del Mar Presencial Chileno.
Chile realiza actividades pesqueras no sólo en sus aguas jurisdiccionales del Océano Pacífico Oriental, sino que parte de su flota incursiona en pesquerías que se llevan a cabo en el Atlántico Sur, en el Océano Austral, y en aguas del Pacífico más allá de las 200 mm de su Zona Económica Exclusiva.
Esto conduce al Perú a la necesidad de disponer de los medios para obtener coherencia respecto de la presencia en los distintos espacios marítimos en los cuales nuestro país realiza actividades pesqueras.
Es evidente que la tendencia es a que en el futuro se implemente un sistema de cuotas de pesca, repartiendo el stock de jurel entre los países ribereños y los que acrediten esfuerzo pesquero en la zona probablemente. Es posible también que la asignación inicial de las cuotas se base en el esfuerzo pesquero histórico y las capturas históricas de cada flota.
En ese sentido, es inconveniente para el Perú no tener una flota de altura que lleve su presencia al esfuerzo pesquero sobre este stock de jurel, comprometiendo de esta forma su participación en esta pesquería.
Esos medios deben orientarse también a lograr el máximo aprovechamiento para la industria nacional de los recursos pesqueros disponibles dentro y fuera de las 200 millas, conforme al derecho interno y al derecho internacional, compitiendo eficazmente en las aguas extra jurisdiccionales con las flotas de terceros países que participan también en las respectivas pesquerías.
Una de las regiones naturales del Perú es el Océano Pacífico. La ocupación y la gestión efectiva dentro de nuestro mar territorial, así como su proyección en la alta mar y la racional explotación de sus riquezas y facilidades, debe constituir un Objetivo Nacional.
Esta trascendencia que posee el espacio oceánico dentro de cualquier política de desarrollo del Estado, debe comprometerlo a dar las facilidades del caso a la empresa privada para la creación de una flota pesquera de altura.
El Estado, como agente promotor y facilitador de las actividades estratégicas de la Nación, debe asumir acciones concretas para la creación y fortalecimiento de esta flota.
El Perú vive de espaldas a una realidad oceánica y no considera el espacio oceánico como una plataforma propicia para la expansión de la acción del Estado.
En el Océano Pacífico, se encuentran ubicados los países con las economías más importantes del planeta, donde habita cerca del sesenta por ciento de la población mundial y en donde se generan cerca de las dos terceras partes del Producto Bruto Mundial.
Es deber del Estado, promover los cambios necesarios que le permitan al Perú acceder a la pesquería en aguas internacionales donde muchos países realizan esfuerzo pesquero menos este último, pese a ser prácticamente un Estado ribereño.
A lo largo de los últimos 15 años el Perú no ha dispuesto de una flota de altura para la captura de túnidos ni de jurel. El país es un testigo lejano de las capturas de especies transzonales y altamente migratorias como las indicadas.
"En conclusión y deacuerdo a esta panorámica visión, sólo queda una opción de crecimiento en los desembarques que está representado por el jurel; pero requiere de una estrategia que permita el desarrollo sostenido de una pesquería de esta especie orientada principalmente al consumo humano directo. "Esta estrategia deberá considerar, entre otros aspectos, lo relacionado con una flota que cuente con la autonomía suficiente que permita capturas importantes y sostenidas de jurel en el mar peruano y más allá cuando esta especie se encuentre fuera de las 200 millas. También una flota con capacidad de pesca a profundidades mayores a 100 metros y más, pues el jurel cuanto más se aleja de la costa tiende a dispersarse en la columna de agua en función a la dispersión de su alimento predilecto en aguas oceánicas, siendo muy pocas las horas que se encuentra concentrado cerca de la superficie. Asimismo, las largas jornadas de pesca exigen sistemas de congelación adecuados que permitan una conservación óptima del producto de la pesca o de los que se procese como producto de la pesca.
En suma se está planteando la necesidad de explorar la opción de desarrollo de la pesca de jurel con buques arrastreros factoría de gran autonomía en el mar y con capacidad de pesca, proceso y congelación que asegure
un abastecimiento sostenido de esta especie al mercado nacional y, si fuera posible, con opciones de exportación. Se sabe que la disponibilidad de jurel para la pesca supera las 500,000 toneladas anuales e inclusive existen estimaciones de un potencial que puede llegar al millón de toneladas; sin embargo, los desembarques no han superado en promedio las 250,000 en los últimos 10 años.
Es decir, recurrentemente hemos stado por debajo de lo que potencialmente se podría pescar, debido principalmente a la ausencia de una flota especializada en la pesca de este recurso. Por otro lado, si miramos esta opción de pesca desde la óptica social y de la seguridad alimenticia para el Perú, las opciones son aún más interesantes, ya que el desarrollo de esta pesquería permitirá la creación de fuentes de trabajo y, sobre todo, el aprovisionamiento de proteínas de alto valor nutritivo para la población a precios razonables y ventajosamente competitivos con la carne de pollo, que se consume masivamente en el Perú. Si se pretendiera elevar el consumo “per capita” de pescado del poblador peruano, el horizonte fuera de 20 kilogramos, se requerirán 560,000toneladas, que existen suficientemente y que anualmente dejamos de pescar perdiendo la opción de fortalecer la seguridad alimenticia del Perú y la creación de fuentes de trabajo para un buen número de peruanos que lo demandan con urgencia. Si habría que acuñar una frase que dibuje esta estrategia, podría ser la siguiente “Acerquémosle la costa al jurel”, lo que se logrará con una flota de barcos factoría que permitan un sostenido
aprovisionamiento de pescado para las mesas de nuestro hogares”.
(Marco Espino)
Es un hecho evidente la existencia de cardúmenes de atún y jurel no solo en aguas territoriales, sino en aguas internacionales.
En el caso del jurel, siendo un recurso altamente migratorio, su biomasa circula a lo largo del Pacífico y frente a las costas de Chile y Perú, tanto dentro como fuera de las 200 millas. Por tanto es un recurso compartido entre ambos países ribereños.
Sin embargo solo Chile dispone de flota de altura para su extracción dentro y fuera de las 200 millas.
La presencia de flotas extranjeras, atraídas por la abundancia de este recurso, como las chinas y rusas especialmente, que vienen realizando un esfuerzo pesquero sin limitaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso, ha generado en Chile la iniciativa de crear una organización regional pesquera con el objeto de proteger este recurso.
Esta iniciativa es coherente con la tesis del mar presencial chileno que se ha descrito al comienzo de esta nota.
El hecho es que el Perú, siendo un país de la cuenca del Pacífico Sud Oriental, no tiene acceso a esta pesquería por su carencia de flota. Esto supone el desperdicio de la oportunidad de acceder las capturas de este recurso, y a la posibilidad de no tener derecho a una cuota del mismo si es que prosperan las negociaciones que conducirán a que la nueva ORP imponga un sistema de cuotas y controles.
Pero más allá de esa consideración, es necesario que el país desarrolle una política oceánica que asegure su presencia en el Pacífico Sud Oriental, dentro de la cual es vital que asegure su participación en la explotación de un recurso como el jurel, el cual hasta la fecha no está siendo aprovechado, salvo por la porción de biomasa dentro de las 200 millas al alcance de la flota peruana de cerco.
No se puede hablar de soberanía sin presencia. El Perú reclama derechos sobre un mar territorial de 200 millas y no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en defensa de la tesis que argumenta que esta Convención atenta contra ese derecho. Sin embargo al no disponer de flota pesquera ni mercante que mantenga la bandera peruana con presencia constante dentro de esta zona, la tesis de las 200 millas permanece en el terreno de las declaraciones y de la política sin medios de ejecución y control prácticos.
Una flota de altura que navegue dentro de las 200 millas y fuera de ella empezaría por cubrir este vacío.
El Perú tiene que desplegar un trabajo protagónico y serio de participación en este naciente organismo mediante esfuerzos científicos y diplomáticos que le aseguren participación en la explotación y conservación de un recurso pesquero que habita los espacios marítimos frente a sus costas, y que comparte con Chile.
Mientras el Perú permanezca sin presencia en el Pacífico, esta zona quedará bajo la influencia de Chile quien será el principal beneficiario de sus recursos pesqueros.
La coherencia del accionar chileno en el sentido de asegurar su hegemonia en esta parte del Pacífico es tradicional y remarcable.
A las acciones descritas se agrega la última y más reciente, la cual consiste en que se ha presentado en Chile un proyecto de iniciativa legislativa que apunta a incentivar la pesca en el norte del país. La moción fue presentada por los diputados Marta Isasi (del sorista Partido de Acción Regionalista), Roberto León (DC), Alejandro Sule (PRSD) y Carolina Tohá (PPD), y se refiere a la captura del jurel en las regiones Quince, Primera y Segunda. El proyecto establece una "cuota extraordinaria anual de captura para la especie jurel en la unidad de pesquería de la XV, I y II regiones de 250.000 toneladas, cantidad que se sumará a la cuota global de captura asignada anualmente a esta unidad de pesquería". "Esta cantidad deberá ser extraída exclusivamente en la zona limítrofe dentro y fuera de la Zona Económica exclusiva en el área comprendida por el norte entre el limite marítimo con el Perú situado en el paralelo 18a 20' 8 Latitud Sur y por el sur en el paralelo 21° 26' Latitud Sur (Río Loa), por fuera del área de reserva pesquera Artesanal”, agrega la iniciativa.Esta iniciativa ha sido promovido por un grupo de legisladores y no por el Ejecutivo.
Pero se encuadra dentro del contexto general de la situacion fronteriza con Peru de los ultimos meses y de la intencion de controlar la pesqueria del jurel en aguas internacionales
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, calificó de “ilegal” el proyecto porque -en su opinión- al regular la pesca en un área que el Gobierno peruano considera en litigio, estaría modificando de manera unilateral el límite marítimo.“No hay forma de alterar los límites unilateralmente, eso es ilegal, eso es parte de las discrepancias que tenemos”, planteó García Belaunde. Según éste, la iniciativa es una de las varias acciones que ha puesto en marcha Chile para consolidar su posición en el diferendo
El hecho es que el Perú, siendo un país de la cuenca del Pacífico Sud Oriental, no tiene acceso a esta pesquería por su carencia de flota. Esto supone el desperdicio de la oportunidad de acceder las capturas de este recurso, y a la posibilidad de no tener derecho a una cuota del mismo si es que prosperan las negociaciones que conducirán a que Chile, a traves de la nueva ORAP imponga un sistema de cuotas y controles.
Conclusión: si bien es cierto es verdad que el jurel es un recurso transzonal y altamente migratorio que requiere ser protegido, también es claro que constituye el principal recurso de la industria pesquera chilena. Ambas consideraciones son fundamentales para que Chile despliegue los esfuerzos que está haciendo para proteger más que nada sus propios intereses.
ESCENARIO PESQUERO Y ANTECEDENTES REGULATORIOS
(http://www.fao.org/docrep/007/y0659s/y0659s00.htm#Contents doc. Técnico de la FAO)
“Un aspecto difícil de la ordenación de la capacidad pesquera es que la capacidad retirada de una pesquería puede trasladarse fácilmente a otra. Este problema resulta especialmente complejo en la pesca en alta mar, donde la flota parece estar aumentando de forma constante, en parte sin duda en respuesta a la reducción de las oportunidades dentro de los límites de las 200 millas.
No se sabe el número exacto de buques de pesca en alta mar (con excepción de los que se dedican a la captura del atún). Los datos disponibles suelen infravalorar las capturas en alta mar, ya que las capturas de los buques de Estados ribereños que pescan más allá de sus 200 millas generalmente se registran como capturas del Estado ribereño.
Ha habido algunos cambios importantes en la pesca, durante el decenio de 1990. Uno de ellos ha sido el abandono de la pesca en aguas distantes por las flotas de la antigua URSS. A su vez, ello ha originado un cambio en la composición de las capturas. El atún ha llegado a representar en 1995 aproximadamente el 41 por ciento de esas capturas y el 82 por ciento de su valor. Parece que ha habido también un aumento en la utilización de los registros abiertos ("pabellones de conveniencia"), pues se supone que algunas de las capturas de estos buques no se registran.
Varios instrumentos jurídicos internacionales se ocupan del control de la capacidad de pesca en alta mar. En 1995, se ratificó la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar. En virtud de los artículos 116-120 de la Sección 2, los Estados deben cooperar entre sí, mediante organizaciones de pesca regionales o subregionales, para garantizar la conservación y ordenación de los recursos vivos en alta mar.
En la práctica, este objetivo de conservación se ha visto muchas veces frustrado por la necesidad de garantizar trato equitativo a los diferentes países. En virtud del Artículo 116, "todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar..." y, en virtud del Artículo 119, "los Estados interesados garantizarán que las medidas de conservación y su aplicación no entrañen discriminación de hecho o de derecho contra los pescadores de ningún Estado". En consecuencia, hay pocos incentivos para que los Estados reconstruyeran sus poblaciones: en virtud de esos dos artículos, no pueden acaparar los beneficios resultantes, pues no pueden impedir que los nuevos Estados participantes reciban una parte de las capturas.
La Conferencia de las Naciones Unidas de 1993 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, convencida de las deficiencias que presentaba la ordenación de la pesca en alta mar, recomendó que los Estados convocaran una conferencia intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Ello dio lugar, en 1995, a la adopción del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Los Estados Miembros de la FAO negociaron también un Acuerdo de cumplimiento, adoptado en 1993 por la Conferencia de la FAO. En noviembre de 2000 ninguno de estos instrumentos había entrado todavía en vigor. En el PAI se pide a los Estados que consideren la posibilidad de participar en ambos acuerdos.
En el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces (Artículo 5, párrafo h), se pide a los Estados que tomen "medidas para prevenir o eliminar la pesca excesiva y el exceso de capacidad de pesca y para asegurar que el nivel del esfuerzo de pesca sea compatible con el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros". La medida en que será posible conseguir en la práctica la reducción de la capacidad dependerá de la competencia y voluntad de los Estados para cooperar dentro de los foros pesqueros regionales.
Al tratar de evaluar el alcance de las capturas y la capacidad en alta mar, se encuentran dos grandes problemas:
- la ausencia de obligaciones de presentar informes de las capturas más allá de las jurisdicciones nacionales;
- el hecho de que la mayor parte de los Estados no exigen que los buques estén registrados bajo el pabellón nacional para obtener autorización a pescar en las zonas situadas más allá de su jurisdicción nacional.
Estos dos factores se han tenido en cuenta en el artículo 8 de la parte V del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces. Una vez ratificado el acuerdo, todos los buques exigirán autorización para pescar en alta mar y, a cambio, deberán notificar el volumen y lugar de sus capturas.
En virtud del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces, los Estados tendrían que autorizar a los buques que enarbolan su pabellón a pescar en alta mar, pero no tienen hay ninguna obligación de comunicar información detallada sobre los buques autorizados a ninguna autoridad centralizada. El Acuerdo sobre cumplimiento considera este tema y exige que esta información se comunique a la FAO y a través de ella (Artículo 6). Este acuerdo contiene también disposiciones sobre la responsabilidad del Estado del pabellón (artículo III) con respecto a la autorización de pescar en alta mar.
Por ello, la situación puede mejorar con la ratificación de ambos instrumentos, aunque sea preciso todavía aprobar una norma internacional para la medición de los buques pesqueros.
El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces exige también que los Estados ribereños y los Estados que pescan en aguas distantes y explotan una población transfronteriza o altamente migratoria establezcan una organización regional de ordenación pesquera con el fin de ordenar el recurso en forma cooperativa. Dicha cooperación es fundamental para la ordenación racional de las pesquerías transfronterizas. Se ha podido comprobar en la teoría (y en la práctica) que si los países se niegan a cooperar, el resultado es el mismo, por no decir peor, que el que se consigue cuando las pesquerías se explotan en condiciones de acceso libre y gratuito. La sobrepesca y la sobrecapacidad son inevitables. La situación puede deteriorase, ya que según la teoría los países tendrán un incentivo para subvencionar sus flotas con el fin de conseguir una ventaja comparativa. En consecuencia, podría establecerse fácilmente un círculo vicioso de subvenciones competitivas, con la sobrecapacidad que ello implica. Por ello, es fundamental la participación activa en las organizaciones regionales de ordenación de la pesca por todos los Estados interesados. En él se alienta también la cooperación multilateral para garantizar la participación de los Estados que no cumplen sus responsabilidades como Estados del pabellón en este contexto (Artículo 33).
Una vez ratificado el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones de peces, las organizaciones regionales de ordenación pesquera pueden adoptar medidas para acomodar sus artículos de gobierno al contenido de sus convenciones para poner en práctica la disposición de dicho acuerdo. En el párrafo 4 del artículo 8 se afirma, en relación con las organizaciones o arreglos regionales de ordenación pesquera, que "únicamente los Estados que sean miembros de dicha organización o participantes en dicho arreglo, o que se comprometan a aplicar las medidas de conservación y ordenación establecidas por la organización o el arreglo, tendrán acceso a los recursos de pesca a los que sean aplicables dichas medidas". Este artículo debería permitir a las organizaciones regionales de ordenación pesquera insistir en la plena participación de todos los Estados interesados. Aunque ello no otorga a dichas organizaciones autoridad para limitar el acceso, la referencia al mencionado Artículo 5 (párrafo h), puede autorizarles a adoptar esa medida siempre que se haga sin discriminar a ningún Estado o grupo de Estados que tenga interés en la pesquería correspondiente. En el acuerdo se esbozan también mecanismos de solución de diferencias que pueden ser de utilidad para facilitar la aplicación.
En el Artículo 29 del PAI se insta a los Estados a que participen en el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces y en el Acuerdo de cumplimiento.
Sigue siendo cierto que las organizaciones regionales de ordenación pesquera están en general mal equipadas para la ordenación de la capacidad pesquera en alta mar. Muchas se ocupan ante todo de pesquerías con poblaciones compartidas. La mayoría de ellas carecen de fondos y no tienen ni los recursos ni el mandato para ocuparse de este tema. Las organizaciones que se ocupan de las poblaciones de túnidos son una excepción. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que no todas las zonas de alta mar han establecido organizaciones regionales de ordenación pesquera. Así ocurre, en particular, en grandes áreas del Pacífico. Finalmente, una gran proporción de las flotas de alta mar faenan dentro de la jurisdicción de más de una de esas organizaciones. El fortalecimiento de las actualmente existentes y la creación de otras nuevas en zonas donde podrían ser eficaces sería un importante paso hacia adelante para el seguimiento y control progresivo de la capacidad pesquera en alta mar.
Dada la gran variedad de las flotas de alta mar, es imprescindible que los organismos regionales de pesca mejoren su coordinación. La información más detallada actualmente existente corresponde a la pesquería del atún, debido a que las diferentes comisiones regionales sobre esta especie (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), Comisión del Atún para el Océano Indico (IOTC) y Comisión del Pacífico Sur (CPS)) recopilan y cotejan datos sobre capturas y buques dedicados a la pesca del atún. Se ha propuesto la idea de un mecanismo mundial de coordinación, ya que las medidas de ordenación sólo serán eficaces si se aplican en todos los lugares donde se explota la especie.
En el caso de las pesquerías de alta mar de especies diferentes del atún, la gran movilidad de las embarcaciones, tanto entre distintos océanos como dentro de cada uno de ellos y fuera de la zona de las 200 millas, hace muy difícil evaluar la capacidad y pone también de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos organismos regionales de pesca.
Los acuerdos y medidas examinados más arriba representan un primer paso importante para controlar la pesca en alta mar. Para conseguir un control eficaz de la capacidad, es importante que los Estados establezcan conjuntamente medidas orientadas directamente a controlar la capacidad pesquera.
En principio, las dificultades técnicas de controlar la capacidad en alta mar son diferentes de las examinadas. La dificultades particulares están más bien en el establecimiento de un marco jurídico eficaz y en la observancia de los reglamentos, dada la enorme extensión de las zonas implicadas y el problema del registro libre. Como es probable que se den problemas de trasvase, es decir, que los buques desplazados de una pesquería reaparezcan en otro lugar, si es necesario cambiando el Estado del pabellón, es preciso que los Estados que adopten medidas para controlar su capacidad tengan en cuenta los efectos en otras pesquerías.
La clave para el éxito de la ordenación de la pesca de alta mar es una mayor cooperación entre las naciones que explotan los recursos y el fortalecimiento de las organizaciones regionales de ordenación pesquera.”
Publicadas por Pesca Sostenible a la/s 11:59 a.m.
Etiquetas: La tesis chilena vs los intereses del Peru
La situacion de la pesqueria internacional del jur...

References: artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 2
 Artículo 116
 Artículo 119
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 5
 Artículo 29