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Timestamp: 2020-07-10 06:10:19+00:00

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Suspensión de la pena exige motivación cualificada [R.N. 2151-2017, Lima] | LP
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La sanción que se le impuso primigeniamente fue de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva; esta, sin embargo, fue reformada en segunda instancia a cuatro años de pena suspendida. En abril del año 2017, mientras Saettone se encontraba prófugo de la justicia, la Cuarta Sala Penal de Apelación para Reos Libres de la Corte, cambió la sentencia de prisión efectiva a suspendida.
La Segunda Sala Penal Transitoria ordenó su captura y encarcelamiento por el delito de homicidio calificado, conforme la resolución que compartimos con ustedes.
Sumilla: [Grave infracción procesal] I. La sentencia de vista ha vulnerado la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el artículo 139°, numeral 5), de la Constitución Política del Estado; no justificando, desde una perspectiva de legalidad, las razones por las cuales suspendió la ejecución de la pena privativa de la libertad, y los motivos por los que modificó el tiempo de duración de la pena de inhabilitación, así como, al tipo de daño que corresponde la fijación de la reparación civil. Por ende, no puede afirmarse que se trata de una resolución motivada y fundada en derecho;
II. La trascendencia constitucional de la infracción detectada estriba en que, dichos tópicos, resultan determinantes para establecer la legalidad de la decision. La nulidad es absoluta;
III. Por lo tanto, habiéndose incurrido en la causal prevista en el artículo 298°, numeral 1), del Código de Procedimientos Penales, se rescinde la sentencia de vista, debiendo emitirse otra sentencia, teniendo en cuenta los fundamentos juridicos de la presente Ejecutoria Suprema;
IV. El recurso de nulidad interpuesto por la parte civil debe ser amparado, en cuanto a la validez de la sentencia de vista.
R.N. N° 2151-2017, LIMA
DÉCIMO SÉTIMO: Desde la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 139°, numeral 3), de la Constitución Política del Estado, la parte civil, al igual que las demás partes intervinientes, tiene la potestad de resguardar la eficacia de los actos procesales, garantizando la expedición de una sentencia o resolución debidamente motivada. Cabe indicar que la citada garantía, permite anular aquellas decisiones judiciales basadas en criterios no racionales, o apartados de toda lógica, o ajenas a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho; pero no permite corregir cualquier supuesta deficiencia en la aplicación del derecho. La tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en la decisión judicial, aunque sí repele aquellas respuestas ofrecidas por los órganos jurisdiccionales, que se aparten de unos estándares mínimos de «razonabilidad»[4].
[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso «Pollo Rivera Vs. Perú’’. Sentencia de fecha 21 de octubre de 2016 [Fondo, reparaciones y costas], FJ. Ducentésimo nonagésimo segundo y ducentésimo nonagésimo sexto.
4 Ene de 2018 @ 15:41
Redacción LP - 11 agosto, 2017

References: resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 298
 artículo 139
 resolución