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Timestamp: 2019-08-21 22:36:32+00:00

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A la mesa del parlamento de andalucía los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía
Los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, al amparo de lo establecido en los artículos 123 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente:
PROPOSICIÓN DE LEY INTEGRAL PARA LA NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES DE ANDALUCÍA.
La Transexualidad no es un fenómeno actual. Existe desde siempre, y en todas las culturas de la humanidad, con independencia que desde los años 50, la medicina moderna haya hecho posible una mayor adaptación de los cuerpos de las personas transexuales al género sentido como propio.
Las respuestas que las distintas sociedades han dado a esta realidad del ser humano han sido muy diversas a lo largo del tiempo y en las distintas geografías de nuestro mundo. Son conocidas, llegadas a nuestros días, las tradiciones de las muxes, en México, las fa’afafine, en Samoa, o las hijras en la India, entre otras muchas. Algunas sociedades han aceptado en mayor o menor grado esta realidad y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las personas transexuales en la sociedad. Otras han manifestado diversos grados de rechazo y represión de la transexualidad, generando graves violaciones de los derechos humanos de las personas transexuales.
El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género, e incluso del deseo invencible de modificar, mediante métodos hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente posible con el sexo-género sentido como propio.
Respetando su idiosincrasia individual, el comportamiento y la evolución de cada persona transexual muestra su lucha por reconocerse y aceptar su propia identidad, así como por desarrollarse socialmente en el sexo-género al que siente que pertenece. Las dificultades que se encuentran en este proceso son incontables y de toda índole, y el sufrimiento que provocan es considerable. Es necesario por tanto crear un marco normativo que facilite este proceso, permitiendo la progresiva adaptación de la persona y el desarrollo completo de sus potencialidades humanas.
En nuestro ámbito cultural, Magnus Hirschfeld identificó en 1910 a quienes llamó travestidos, y en 1923, matizó entre las conductas “travestistas” y las “transexualistas”; desde 1949, David Oliver Cauldwell empleó la denominación como transexuales en los Estados Unidos, y desde 1954, la difundió universalmente Harry Benjamin. Con estos términos se denominaba a las personas que sienten pertenecer a un sexo-género distinto al que les fue asignado en su nacimiento.
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud contempló por primera vez la homosexualidad como una enfermedad mental en el CIE-9 de 1977, pero eventualmente la eliminó en 1990, al adoptarse el CIE-10, de acuerdo con las investigaciones que mostraban que la orientación sexual no era una enfermedad. El foco se movió entonces hacia las identidades transexuales, que fueron introducidas como nuevas clasificaciones de trastornos psicológicos y del comportamiento. Aún hoy, los manuales internacionales de enfermedades mentales DSM-IV-R y CIE-10, elaborados por la American Psychiatric Association (APA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, la recogen y califican como «trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de género». El diagnóstico médico asociado a la transexualidad es “disforia de género”.
Sin embargo, es cada vez mayor el número de personas expertas e investigadoras de prestigio que considera seriamente la despatologización de la transexualidad, en línea con los Principios de Yogyakarta de la ONU («[...] con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas»); y con la Resolución de julio de 11 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aboga por poner freno a la discriminación de los seres humanos por su identidad de género.
La psicopatologización de las características de género y las identidades refuerza o puede construir un estigma, fomentando los prejuicios y la discriminación, haciendo más vulnerables a las personas transgénero y transexuales a la marginación y exclusión social y legal, y aumentando los riesgos para el bienestar físico y mental (agresiones físicas y psíquicas, exclusión, soledad, aislamiento…). Por eso, en los últimos años se ha intensificado la reivindicación de la despatologización de la transexualidad, para que sea desclasificada y retirada de los manuales de enfermedades mentales. En consecuencia, se reclama que las personas transexuales sean protagonistas y sujetos activos en los tratamientos médicos que puedan requerir, ostentando capacidad y legitimidad para decidir por sí mismas, con autonomía y responsabilidad sobre sus propias vidas, sin tutelas ni paternalismos indebidos, y bajo la fórmula del consentimiento informado.
En relación con la identidad de género, en los últimos años se ha materializado la novedosa pero irrefutable perspectiva socio-jurídica que reconoce la libre autodeterminación del género de las personas como un derecho humano fundamental.
Dicha perspectiva emerge de diversos documentos e informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los aludidos Principios de Yogyakarta y el informe «Derechos Humanos e Identidad de Género» de Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de julio de 2009. La Ley 26.743 de la República Argentina, de 2012, ha sido la primera norma a nivel mundial que finalmente ha reconocido este derecho a la libre autodeterminación del género al establecer que: “[...] Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.”
Los derechos a la igualdad, la dignidad y la no discriminación se establecen de manera reiterada en cartas, tratados, constituciones, estatutos y normas de todo rango y ámbito de aplicación. Las palabras de apertura de la Declaración Universal de Derechos Humanos son inequívocas: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». En el mismo sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice que «la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad». El artículo 14 de la Constitución Española declara que «los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». En el ámbito andaluz, el artículo 14 del Estatuto de Andalucía prohíbe «toda discriminación […] por razón de sexo, […] orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Sin embargo, todavía no existe ningún país o región europea donde no se vulneren, de un modo más o menos encubierto, y con diferentes excusas, los derechos humanos de las personas transexuales y transgénero. Estas violaciones van desde la simple ignorancia, por parte de los Estados, de la situación de exclusión social de las personas transgénero y transexuales, hasta el establecimiento de prácticas y Leyes discriminatorias o que atentan contra los derechos humanos de las personas a las que van destinadas.
El Estado español, el 15 de marzo de 2007, promulgó la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que ha permitido modificar la asignación del sexo y del nombre propio en el Registro Civil y, consecuentemente, la adaptación de toda la documentación administrativa al nombre de la persona y a su verdadera identidad de género. Sin embargo, la complejidad de la situación de las personas transexuales requiere una atención integral que va más allá del ámbito meramente registral o documental.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 37.1.2º contempla como principios rectores de las políticas públicas la lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia, mediante la educación en valores que fomenten la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. Por su parte, en el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía queda proclamado el deber de establecer políticas públicas que promoverán las acciones necesarias para eliminar la discriminación por opción sexual y transexualidad, garantizando la libertad de decisión individual.
En este sentido, el Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2009, aprobaba una Proposición no de Ley relativa a la No discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las Personas transexuales.
Esta Comunidad Autónoma ostenta competencias, recogidas en el Título I de su Estatuto de Autonomía, en diversas materias que afectan a la situación de las personas transexuales, tales como la Prohibición de discriminación (artículo 14), menores (artículo 18), mayores (artículo 19), educación (artículo 21.3), salud (artículo 22) y prestaciones sociales (artículo 23). Concretamente el artículo 35 establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho”.
Así, la identidad de género, como parte integrante de los derechos de la personalidad, entronca con el derecho a la dignidad de la persona, y los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad psicofísica, a la intimidad y a la propia imagen, entre otros. La Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de los transexuales, no sólo reconoce el derecho de cada persona a establecer los detalles de su identidad como ser humano, sino que insta a los Estados miembros a llevar a cabo una serie de medidas, entre las que cabe destacar: la inclusión del tratamiento de cambio de sexo en el Sistema Nacional de Salud, la concesión de prestaciones sociales a los transexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual, la creación de consultorios para transexuales, la protección financiera a las organizaciones de autoayuda, la adopción de medidas especiales para favorecer el trabajo de los transexuales, el derecho al cambio de nombre y de inscripción de sexo en la partida de nacimiento y documento de identidad.
Es imprescindible superar todas las discriminaciones que perduran en nuestra legislación, observando los principios constitucionales de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección social, económica y jurídica de la persona, la familia y el grupo, adecuando la normativa autonómica a la realidad social del momento histórico que vivimos.
Es necesario, por lo tanto, inspirar todo el articulado de la presente Ley en el derecho a la autodeterminación de la propia identidad de género de la persona, para que en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía nadie pueda ser discriminado por su condición de transexual.
La Ley no sólo debe reconocer la voluntad de la persona de cambiar su sexo-género legal por el que realmente desea, a todos los efectos administrativos, sino sobre todo garantizar que pueda hacerlo sin trabas en lo que a las competencias autonómicas atañe, que incluyen el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la juventud, etc.
La Ley debe garantizar que se dará satisfacción a la necesidad íntima e invencible de las personas transexuales y variantes de género, cuando así se exprese libremente, de recibir los tratamientos médicos y sanitarios adecuados. La atención integral a la salud de estas personas debe incluir procedimientos de psicología clínica, medicina y cirugía, para que la persona transexual pueda adecuar los caracteres sexuales secundarios y primarios, según cada caso, a su identidad de género, partiendo de la base de que existe una diversidad enorme de comportamientos y respuestas entre las personas transexuales. Por eso, y sobre todo, se debe garantizar la autonomía responsable del paciente-usuario transexual frente a los prestadores de servicios de salud, superando definitivamente anacronismos como las terapias “curativas”, o el llamado “test o experiencia de vida real”.
La atención sanitaria a prestar no se centra, ni consiste únicamente, en una cirugía de reconstrucción genital que, en una gran parte de los casos, ni siquiera constituye la parte esencial de un proceso que abarca procedimientos tan diversos como dotar de mecanismos de autoapoyo para enfrentar el rechazo del entorno social y familiar o la discriminación socio-laboral; las terapias hormonales sustitutivas, para adecuar el sexo morfológico a la propia identidad de género; las intervenciones plástico-quirúrgicas necesarias en algunos casos sobre caracteres morfológicos de relevancia en la identificación de la persona como el torso o la nuez, por citar algunos; o prestaciones complementarias referidas a factores como el tono y la modulación de la voz, o el vello facial, entre otros; o como las prestaciones encaminadas a garantizar los derechos reproductivos.
Ya han transcurrido más de veinticinco años desde que fueron despenalizadas en el Código Penal las cirugías de genitales para las personas transexuales, y doce desde que abrió sus puertas la primera Unidad Hospitalaria Especializada (UTIG) de nuestro país (situada en la provincia de Málaga), y en este tiempo se ha hecho evidente que es necesario dar un nuevo paso adelante, descentralizando racionalmente la atención de salud a las personas transexuales, bajo los principios de accesibilidad, calidad en la atención y seguridad.
Son necesarias la aplicación de la investigación científica y la puesta al día constante, en el ámbito clínico, de los avances científicos y tecnológicos en los diversos tratamientos asociados a la transexualidad. Pero no son necesarios generalmente desplazamientos físicos del paciente para una mera prueba analítica, ni la asistencia habitual a una Unidad Especializada (UTIG) para recibir los tratamientos adecuados.
Esta norma autonómica pretende ser integral, porque su objetivo radica en que el colectivo de personas transexuales, transgénero y variantes de género tenga unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía andaluza. Para ello son necesarias, no solo medidas de ámbito sanitario o médico, sino también acciones positivas en el ámbito laboral, aprovechando las sinergias ya existentes, plasmadas en la legislación europea y estatal. Es necesario, asimismo, que el espacio educativo y el funcionarial sean permeados por la defensa primordial de la diversidad que se invoca en esta Ley.
Se recoge la posibilidad de que las personas transexuales residentes en Andalucía cuenten con documentación administrativa provisional mientras dure su proceso de rectificación de las menciones legales del sexo y nombre, al objeto de proporcionarles una mejor integración social, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación.
El derecho al trabajo forma parte de la Carta Social Europea. Las personas transexuales y transgénero se enfrentan a numerosos problemas en el acceso y mantenimiento de este derecho.
El empleo, y lo que económicamente conlleva, es crucial para la integración social de las personas transexuales y transgénero, y para la posibilidad de que éstas alcancen un nivel de bienestar y calidad de vida aceptable, siendo el desempleo una de sus principales preocupaciones. Según el Informe “Derechos humanos e identidad de género” publicado en 2009, el 54% de las personas transexuales o transgénero en España están desempleadas.
Es necesario, por tanto, establecer la inclusión de las personas transexuales, transgénero y variantes de género en los planes y medidas de acción positiva adecuadas, dentro de los mecanismos de empleabilidad ya existentes en Andalucía, para favorecer la contratación y el empleo, así como en los correspondientes planes para la inserción laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo.
Se recoge el mandato de la Directiva 2012/29/Eu del Parlamento Europeo y el Consejo estableciendo los estándares mínimos de derechos, apoyo y protección de víctimas de delitos, que incluye disposiciones específicas para la protección de las víctimas transexuales. Para ello se establece una serie de medidas de protección y apoyo, asegurándose de que aquellas personas transexuales que hayan sido víctimas de un delito reciben un trato adecuado y no discriminatorio, especialmente para los casos de crímenes de odio motivados por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y haciendo accesibles las medidas previstas en caso de violencia doméstica para las mujeres transexuales, y los hijos e hijas transexuales de mujeres víctimas de violencia doméstica o de género.
Los menores, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especiales. Por tanto gozarán de una protección especial y dispondrán de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Es inexcusable la observancia de lo dispuesto en la Declaración Universal de los derechos del niño, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Carta Europea de los Derechos del niño, y en la Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados, que otorgan los mismos derechos a todos los menores. Esto incluye el derecho a que les sea reconocida su propia identidad de género dentro del proceso de formación de su personalidad.
El artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece que “Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las Leyes”; y el artículo 35 del Estatuto de Autonomía establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho”.
Y de conformidad con la Ley Autonómica 1/1998, de 20 de Abril, de los derechos y la atención al menor, artículos 2 y 9.1 (“Las Administraciones Públicas andaluzas establecerán las medidas necesarias para facilitar la completa realización personal y la integración social y educativa de todos los menores y en especial de aquellos que por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio.”).
La presente Ley concreta la seguridad jurídica que debe proteger los derechos superiores de los menores transexuales y variantes de género, para enfrentar vigorosamente el rechazo del entorno educativo, social y familiar. Las medidas incluyen la asistencia de servicios de asesoramiento jurídico y de apoyo psicológico y social, tanto al menor transexual/variante de género como a sus familiares y allegados, especialmente sus padres o tutores, así como el reconocimiento explícito del derecho del menor a desarrollar su propia identidad de género, incluso si esta es distinta de la identidad de género asignada al nacer.
La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, Cuatro Títulos, una Disposición Adicional, y dos Disposiciones Finales.
1.- Esta Ley tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad de género distinta a la asignada al nacer.
2. A estos efectos, la presente Ley regula un conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía.
1. A recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades sociales, sanitarias, jurídicas, laborales y educativas, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación, con el resto de la ciudadanía, en relación a lo previsto en los artículos 35 y 37.1.2º del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía.
2. Al reconocimiento de su identidad de género, libremente determinada;
3. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, libremente determinada;
5. Al ejercicio de su libertad en los diferentes ámbitos de la vida social y, en particular, en el acceso y atención en los distintos servicios públicos que se prestan por la Administración de la Junta de Andalucía.
“Identidad de Género” es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y que incluye la vivencia personal del cuerpo. Puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
1.- Las personas beneficiarias de los derechos y las prestaciones que en esta Ley se concretan son, con carácter general, todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Comunidad de Andalucía que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer.
2.- Con carácter particular, se entienden como beneficiarias de las prestaciones previstas en la presente Ley, en las condiciones que en cada caso reglamentariamente se establezcan, aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Que hayan procedido a la rectificación en el Registro Civil de la mención de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 15 de marzo.
b) Que hayan iniciado los trámites para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo en el Registro Civil.
c) Que hayan obtenido la acreditación de identidad de género prevista en el artículo 10 de esta Ley.
d) Excepcionalmente, aquellas que habiendo solicitado la acreditación de identidad de género prevista en el artículo 10 de esta Ley, estén en trámite de resolución.
La presente Ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía a todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Comunidad de Andalucía, con independencia de su situación legal o administrativa, en condiciones de igualdad efectiva.
En particular, será de aplicación:
A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades de la Junta de Andalucía.
A las entidades que integran la Administración Local y sus empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades.
Artículo 6. Criterios generales de actuación.
1. Toda norma, reglamentación, procedimiento o actuación de las Administraciones a las que hace referencia el apartado 2 del artículo 5 deberán respetar el derecho humano a la autodeterminación de la identidad de género de sus ciudadanos y ciudadanas. Ninguna norma, reglamentación, procedimiento o actuación podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio de ese derecho.
5. A fin de facilitar el acceso a los servicios y prestaciones públicas y privadas, la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de garantizar que en las menciones a las personas, éstas reflejen la identidad de género manifestada, respetando la dignidad y privacidad de la persona concernida.
Artículo 7. Principio de no discriminación por motivos de Identidad de Género.
2. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, acoso, penalización o denegación de servicio con motivo de su identidad de género.
Artículo 8. Medidas contra la transfobia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía., en colaboración con las asociaciones de personas transexuales:
a) Diseñarán, implementarán y evaluarán sistemáticamente una política proactiva en relación a la mejor integración social de las personas beneficiarias. Dicha política estará dotada de los instrumentos y estructuras necesarias para hacerla viable y ostentará carácter transversal.
b) Se procurará una protección especial a las mujeres transexuales por el riesgo añadido de acumular múltiples causas de discriminación.
c) Desarrollarán e implementarán programas de capacitación, sensibilización u otros dirigidos a contrarrestar entre el personal funcionario, laboral, estatutario y sanitario de las administraciones y de los organismos, sociedades y entes públicos las actitudes discriminatorias, los prejuicios y la imposición de estereotipos en relación con la expresión de la propia identidad de género.
d) Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al público en general, a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la discriminación y a la violencia relacionada con la identidad de género, y para promover el respeto a todas las personas, independientemente de su identidad de género.
e) Fomentarán la creación de un tejido social y de autoapoyo y redes de ayuda entre las propias personas beneficiarias de esta Ley, en el que sea posible la creación de espacios seguros en los que puedan encontrarse y comunicarse estrategias y herramientas para afrontar los retos planteados desde el entorno familiar, laboral, de pareja, etc., fomentando la propia autoestima y la dignidad como personas.
f) Asegurarán que la conducta de los medios de comunicación de titularidad pública o privada sea plural, abarque un tratamiento correcto de las personas en función de su identidad de género y evite la difusión de los prejuicios y estereotipos dominantes en relación con la identidad de género.
g) Promoverán que las Universidades de la Comunidad fomenten la formación y la investigación en materia de autodeterminación de género, estableciendo convenios de colaboración si ello fuera aconsejable, para:
_ Impulsar la investigación y la profundización teórica sobre la identidad de género.
h) Promoverán la participación social, y una mayor integración en el ámbito cultural y deportivo.
Art. 9. Confidencialidad y respeto a la privacidad.
1.- La Comunidad Autónoma velará por el respeto a la confidencialidad de los datos relativos a la identidad de género de las personas beneficiarias de esta Ley en todos sus procedimientos.
2.- Se garantiza el derecho de todas las personas beneficiarias de esta Ley al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las Administraciones a las que hacen referencia el apartado 2 del artículo 5, conforme a lo establecido en el apartado anterior y a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Artículo. 10.- Documentación administrativa.
1. – Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad Autónoma de Andalucía proveerá a toda persona que lo solicite, las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole.
2.- Dichas acreditaciones se gestionarán por los departamentos que reglamentariamente se determinen, a petición de la persona interesada, y en su caso por su representante legal. Los trámites para la expedición de la documentación administrativa previstos en la presente Ley serán gratuitos, no requerirán de intermediación alguna, y en ningún caso implicará la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica.
3.- A resultas de este acto la Administración quedará obligada a adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada, así como que se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida.
4.- La expedición de las acreditaciones previstas en esta Ley no alterará la titularidad jurídica de los derechos y obligaciones que correspondan a la persona ni prescindirán del número del documento nacional de identidad siempre que este deba figurar. Cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.
5.- La Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos, bases de datos y demás ficheros pertenecientes a las administraciones establecidas en la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.
TITULO I: DE LA ATENCIÓN SANITARIA A LAS PERSONAS TRANSEXUALES
Artículo 11.- Asistencia sanitaria a través del Servicio Andaluz de Salud.
1.- Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin que pueda haber discriminación ni segregación por motivos de identidad de género.
2.- En este sentido, el Servicio Andaluz de Salud garantizará el acceso a la cartera de servicios existentes, conforme a su identidad de género.
3.- El Servicio Andaluz de Salud proporcionará la cirugía de reasignación sexo en su cartera básica de servicios dentro del marco de sus competencias minimizando los desplazamientos innecesarios.
4.- En materia de asistencia quirúrgica, ésta será prestada para personas mayores de edad, y por el personal facultativo con la titulación necesaria de la red de Hospitales públicos de Andalucía, con la formación suficiente sobre las técnicas quirúrgicas especializadas y actualizadas.
5.- Las personas sometidas a este proceso serán tratadas conforme a su identidad de género e ingresadas en salas o centros correspondientes a dicha identidad cuando existan diferentes dependencias por razón de sexo, recibiendo el trato que se corresponde a su identidad de género.
6.- En todos los casos se requerirá, el consentimiento informado de la persona capaz y legalmente responsable, de conformidad con la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, y en concreto con lo dispuesto en su artículo 3, desde el reconocimiento de su autonomía responsable, con pleno respeto por su capacidad legal.
Artículo 12.- Formación de los profesionales clínicos.
La Consejería competente en materia de salud establecerá las medidas adecuadas, en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes y los demás agentes del conocimiento, para asegurar, con el fomento y participación en las actividades de investigación en el campo de las ciencias de la salud e innovación tecnológica, el derecho de los profesionales a recibir formación específica de calidad en materia de transexualidad, dentro del marco definido por el Plan Integral de Formación del SSPA.
Artículo 13.- Indicadores de seguimiento.
1.- El seguimiento de la atención sanitaria de las personas transexuales incluirá la creación de indicadores de seguimiento, sobre los resultados de los tratamientos, terapias e intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas empleadas, complicaciones y reclamaciones surgidas, así como la evaluación de la calidad asistencial.
2.- Para la elaboración de las estadísticas previstas en el apartado primero de este artículo se creará un fichero automatizado, del que será titular el Servicio Andaluz de Salud, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
TITULO II: DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
Artículo 14.- No discriminación en el trabajo.
1. No podrá aplicarse discriminación laboral de ningún tipo, ni de acceso, promoción y remuneración, ni de trato, ni ser causa de despido o cese, el hecho de manifestar la propia identidad de género libremente determinada, o por encontrarse incursa la persona en cualquier proceso médico-quirúrgico que precise en relación con lo contemplado en el título anterior.
2. La Administración de la Junta de Andalucía y los Organismos Públicos dependientes de ésta, se asegurarán en la contratación de personal y en las políticas de promoción, el cumplimiento del principio de no discriminación por motivos de identidad de género.
3. Los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y los organismos públicos dependientes de ésta se asegurarán, mediante la incorporación en los pliegos de cláusulas administrativas que las empresas o entidades adjudicatarias no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de esta Ley.
Artículo 15.- Políticas activas de ocupación.
Las políticas activas de ocupación tendrán entre sus objetivos fomentar la empleabilidad de las personas que manifiestan socialmente una identidad de género distinta a la de su sexo biológico y para ello incluirán a las mismas en los programas de inserción laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo.
TITULO III: DEL RESPETO A LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DEL GÉNERO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA.
Artículo 16.- Actuaciones respecto a la identidad de género de las personas en el ámbito educativo.
1.- La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de educación:
a) Velará porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género, con amparo a los y las estudiantes, docentes y familias que lo componen. Asimismo, asegurará el respeto a todas las expresiones de género presentes en el ámbito educativo.
b) Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual y en defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad de género.
c) Creará y promoverá programas de coordinación entre el sistema educativo y sanitario orientados especialmente a la detección de, y a la intervención ante, situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral del menor que manifieste una identidad de género distinta a la de su sexo biológico.
d) Garantizará protección adecuada a todas las personas concernidas (estudiantes y sus familias, miembros del personal y docentes) contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar.
e) Asegurará que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia con el objetivo de protegerlas o protegerlos, y que se identifiquen y respeten, de manera participativa, sus intereses superiores.
f) Garantizará que se preste apoyo de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en aquellas situaciones que lo requieran, en los términos previstos por la normativa reguladora.
2.- Los estudiantes, personal y docentes que acuden a los centros educativos de la Comunidad Andaluza tienen derecho a ver su identidad de género libremente determinada y el nombre que hayan elegido, conforme a lo establecido en el artículo 10, que serán reflejados en la documentación administrativa del centro, en especial aquélla de exposición pública como listados de alumnado, calificaciones académicas o censos electorales para elecciones sindicales o administrativas, con independencia de lo inscrito en el Registro Civil correspondiente. La Administración usará en todo caso la identificación legal de la persona en expedientes académicos y titulaciones oficiales para asegurar su validez.
TITULO IV: DEL RESPETO A LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DEL GÉNERO EN LA ATENCIÓN SOCIAL.
Artículo 17.- Medidas para la inserción social.
Ninguna persona podrá ser excluida por razón de su identidad de género de los programas o recursos destinados por la Administración de la Junta de Andalucía para la inserción social de personas en situación de dificultad social o riesgo de exclusión.
Artículo 18.- Servicios de asesoramiento y apoyo.
1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía los familiares de las personas beneficiarias de esta Ley tendrán acceso a los siguientes servicios:
a) información, orientación y asesoramiento, incluido el legal, en relación con sus necesidades de apoyo.
b) defensa de los derechos reconocidos en esta Ley y lucha contra la discriminación en el ámbito social, sanitario, cultural, laboral y educativo.
Artículo 19. De los menores de edad.
1. Los menores de edad sujetos de esta Ley tienen derecho a recibir de la Comunidad Autónoma de Andalucía la protección y la atención necesarias para promover su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces para su integración familiar y social.
2. Toda intervención de la Administración de la Junta de Andalucía estará presidida por el criterio rector del interés superior del menor, evitando en lo posible situaciones de indefensión. Primará el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo.
3. Se reconoce el derecho de los y las menores transexuales a desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad. Esto incluye la determinación y el desarrollo de su propia identidad de género, y el derecho a recibir la documentación acreditativa prevista en el artículo 10.
4. A estos efectos, la solicitud a que refiere el artículo 10.2 deberá ser efectuada por sus padres, tutores o representantes legales, con la expresa conformidad del menor, que será oído teniendo en cuenta los principios de aptitud y capacidad progresiva, y de acuerdo con lo estipulado en la legislación nacional y autonómica en vigor.
5. Cuando por causa injustificada sea imposible tramitar dicha solicitud, por parte de los padres, tutores o representantes legales de la persona menor de edad, se podrá recabar la intervención del Ministerio Fiscal, o de la Autoridad Judicial competente, en defensa de los derechos del menor.
6- Los menores sujetos de esta Ley, tienen pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor de la Junta de Andalucía (Art. 10), y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Artículo 20. De las personas mayores.
1. Las personas mayores a las que hace referencia esta Ley tienen derecho a recibir del sistema de servicios públicos sociales de la Comunidad de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades, en el ámbito sanitario, social y asistencial.
2. Las personas transexuales mayores tendrán derecho al acogimiento en residencias adecuadas a su género y a recibir un trato que respete su individualidad e intimidad, y especialmente, su identidad de género.
3. La Consejería competente en materia de políticas sociales, con la participación de los servicios de asesoramiento y apoyo previstos en el artículo 18 de esta Ley, establecerá, actualizará y difundirá protocolos de buenas prácticas en relación con los problemas específicos de identidad de género en la vejez para su aplicación en servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad pública y privada.
Artículo 21. Principios para la atención, apoyo y protección de las víctimas.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de sus competencias en materia de servicios sociales, seguridad y policía autonómica adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para asegurar que las personas transexuales que hayan sido víctimas de un delito reciben la protección y apoyo adecuados, especialmente cuando se trate de crímenes de odio basados en la identidad de género, expresión de género, u orientación sexual de la víctima.
2. Concretamente se asegurará que, tanto las víctimas como sus familiares y personas de su entorno, sean tratadas de forma respetuosa, sensible, profesional, no discriminatoria y con pleno reconocimiento de su identidad de género, en cualquier contacto con los servicios de apoyo a las víctimas de delitos, y atención médico forense.
Artículo 22. Acceso a los servicios de apoyo y protección de víctimas de violencia de género.
Toda persona cuya identidad de género sea la de mujer, y sea víctima de la violencia machista, tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a los recursos asistenciales existentes y mecanismos de protección de la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Unidad de gestión clínica en materia de transexualidad.
Existirá dentro del Servicio Andaluz de Salud una unidad de gestión clínica en materia de transexualidad, integrada por los profesionales que se determinen.
Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones reglamentarias exijan la aplicación y desarrollo de esta Ley.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, a 16 de enero de 2014
Fdo. Mario Jesús Jiménez Díaz Fdo. José Antonio Castro Román
Portavoz G.P. Socialista Portavoz G.P. IU LV-CA

References: Resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 43
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 35
 artículo 43
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 5

Artículo 11
 artículo 3

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 10

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 20
 artículo 18

Artículo 21

Artículo 22