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Timestamp: 2017-10-18 16:26:44+00:00

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"LO MALO, SI TARDE, DOS VECES MALO" | Quiebras-Concursos.com.ar
“LO MALO, SI TARDE, DOS VECES MALO” (Refutando aquel refrán que dice: “Más vale tarde que nunca”)
Comentario a la demorada e inconsistente RG AFIP N° 1818
por Marcelo G. Barreiro, Javier A. Lorente y J. Marcelo Villoldo
El 24.01.05 la AFIP dictó la Resolución General 1818 (B.O. 26.01.05) mediante la cual reglamentó el art. 13 de la ley 25.563.
Debemos recordar que esta última es una de las tantas leyes de emergencia (en este caso se declaraba la emergencia productiva y crediticia) dictadas en los albores del año 2002 (más precisamente el 30.01.02), mediante la cual, entre otras cosas, se suspendieron las ejecuciones, las medidas cautelares y los pedidos de quiebra, se alargaron exorbitantemente los plazos en los procesos concursales, se modificaron los plazos de cumplimiento de los acuerdos concursales ya vigentes y, en lo que aquí interesa, se redujeron costos en dichos procesos. Dentro de este último rubro, en el referido art. 13, se estableció la reducción de la alícuota de la tasa judicial en los procesos concursales (del 1,5% al 0,75%, llegando incluso a 0,25% en casos de que los créditos verificados comprendidos en el acuerdo preventivo fueran superiores a los $ 100.000.000), así como la modificación de la base imponible, y el establecimiento de una manda expresa para la AFIP a los fines de establecer planes de pago de esas tasas de justicia de hasta 10 años.
El organismo recaudador no reglamentó la mencionada norma durante todo el lapso en el que la misma estuvo vigente (debemos recordar que el art. 1 de la ley 25.563 determinaba que la emergencia por él establecida fenecería el 10 de diciembre de 2003, aunque como se verá existían opiniones y fallos contrarios a tal aserto).
Tal omisión de la AFIP obligó a los justiciables a formalizar diversas presentaciones en sede judicial en donde se intentaba que los Jueces avalaran planes de pago confeccionados motu proprio por los particulares concursados.
Por otra parte, como hemos visto la ley 25.563 (en lo que no fue derogada por su sucesora, la ley 25.589) tenía fecha de vencimiento, el 10 de diciembre de 2003, y llamativamente fue la única de las normas de emergencia que no recibió prórroga explícita por parte del legislador o del propio Poder Ejecutivo.
Ello generó que parte de la doctrina entendiera que siendo que la ley 25.563 fue dictada dentro del marco de la emergencia genérica decretada por la ley 25.561, resultara lógico sostener que la prórroga de la situación de emergencia materializada a través de otras normas (esencialmente la ley 25.820, como norma modificatoria de la ley 25.561), llevaba implícita también la prórroga de la ley 25.563.
Tal planteo se vio corroborado por la ley 25.972 de fecha 24.11.04, mediante la cual (casi un año después de hipotéticamente vencida) se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005 la emergencia decretada (entre otras, pues vuelve a referir la 25.561, así como menciona la 25.790, la 25.589 y sus prórrogas) por la ley 25.563.
Lo cierto es que ahora, con tales antecedentes (en verdad, ignorando algunos de ellos), la AFIP procedió a cumplir el mandato legislativo de la ley 25.563 sancionando la R.G. 1818, mediante la cual reglamenta los planes de pago de la tasa de justicia en los procesos concursales.
¿Es aplicable al caso aquello de que más vale tarde que nunca?. Creemos que no.
Esta demorada reglamentación del mes de enero de 2005 ignora un texto legal vigente desde diciembre de 2004 e introduce definiciones y conceptos opuestos a los contenidos en la ley que pretende reglamentar, aumentando aún más –si es que ello es posible- la confusión sobre la materia.
Si bien la reglamentación resulta necesaria pues, amén de ser una obligación legal de la AFIP el dictarla, siempre resulta mejor tener una normativa a la que adecuarse que padecer una laguna jurídica o depender de múltiples interpretaciones judiciales, creemos que la necesidad de dicha reglamentación no justifica la grosera dilación de la AFIP en cumplir con ella y, para peor, los serios defectos conceptuales y prácticos que se dejan entrever en la misma.
La demora de la AFIP habla por sí sola: la ley 25.563 sancionada el 30.01.02 (publicada en el B.O. el 15.02.02) fue recién reglamentada TRES AÑOS DESPUÉS, el 24.01.2005 (B.O. del 26.01.05).
Alguien podría suponer que luego de tres años de estudio, la reglamentación sería perfecta, cuando menos de gran claridad y precisión.
Nada más lejos de la realidad, y ello veremos en este artículo.
La ley 25.563. Su vigencia, la alícuota reducida y el plan de facilidades de pago.
En nuestra opinión, la ley 25.563 continúa plenamente vigente. Es que, si bien su plazo de vigencia era hasta el 10 de diciembre de 2003, la prórroga de la situación de emergencia ordenada por la ley 25.820 también a ella la aprovecha.
Así lo ha resuelto recientemente la Excma. Cámara del fuero al señalar que “....ante todo es de notar que la emergencia declarada por la ley 25.561 fue prorrogada por la ley 25.820. De modo que, contrariamente a lo postulado por la Sindicatura, la ley 25.563:13 se halla actualmente vigente”.
En ese sentido cabe indicar que la identidad común e indivisible de la crisis sistémica que azota al país fue tenida en cuenta por nuestros legisladores al momento de tratar el dictado de la ley 25.563 donde se manifestó que “...consideramos que con el proyecto de ley sancionado días atrás hemos declarado una amplia emergencia económica, financiera, cambiaria, etcétera. En realidad, hubiera bastado con decir que esa ley se dicta en el marco de emergencia que este Congreso ya ha declarado a través de la ley 25.561...”.
Absurdo resultaba entonces sostener que la prórroga de la situación de emergencia materializada a través de la ley 25.820, como norma modificatoria de la ley 25.561, no llevaba implícita también la prórroga de la ley 25.563. Ello hubiera implicado: (i) desdoblar una única realidad: la grave situación de crisis social, económica y financiera que vive la República y (ii) la aplicación incongruente de la normativa de emergencia (leyes 25.561, 25.563, 25.589,25.820 y el decreto 1834/2002).
También es argumento respecto de que la ley 25.563 estaba vigente, al menos en lo que refiere al régimen modificatorio de las alícuotas de la tasa de justicia y los planes de facilidades de pago para ella, el hecho de que en su texto (art. 13) decía “incorpórase como último párrafo del art. 3 (de la ley 23.898) los párrafos siguientes”, con lo que parecía una reforma definitiva de la ley de tasa de justicia. Dato significativo, si los hay, es que este artículo no fue derogado por la ley 25.589.
De todos modos, para despejar toda duda y definir el debate, mediante la ley 25.972 se prorrogó expresamente hasta el 31 de diciembre de 2005 la emergencia decretada por la ley 25.563.
Así las cosas, y explicada la vigencia de la ley de emergencia concursal Nº 25.563, las alícuotas reducidas del 0,75% y 0,25% del importe de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo preventivo, previstas en ella para la tasa de justicia, se encuentran vigentes hasta el 31/12/05. Tal interpretación no admite dudas hoy al haber sido prorrogada su aplicación mediante el art. 1° de la ley 25.972.
Una pequeña digresión: Similar a la vigencia del art. 13 de la ley 25.563 y a su falta de reglamentación hasta el reciente dictado de la R.G. 1818, es la situación del art. 12 (que postula el otorgamiento de líneas de crédito para concursados, nunca reglamentado), pero que ahora volvió a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
El art. 12 de la ley 25.563, reglamenta el derecho de los concursados al crédito en un doble orden: a) eliminación de todo obstáculo que lo impida o encarezca, b) La imposición al B.C.R.A. de instrumentar líneas de redescuento especiales a fin de que los deudores concursales formulen una propuesta a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria.
Dicha norma es una “medida de acción positiva” al modo de las que emanan de los arts. 37 y 75 inc. 23º de la Constución Nacional. Al igual que éstas, aquella [nos referimos al art. 12 de la ley 25.563] se aproxima mucho más a una “proclama ideológica” que a una norma jurídica.
Sobre el particular, en su momento dos de los autores del presente sostuvimos: “La incógnita es la eficacia que tendrá esta norma “programática”, especialmente si no se dictan las normas reglamentarias por el B.C.R.A. o que, dictándose, las mismas no sean suficientes o contestes con la amplitud de la norma legal. Ello nos evoca el problema de la “inconstitucionalidad por omisión”, que en el caso traduciríamos como “ilegalidad por omisión””.
Esto exactamente también era aplicable, como hemos dicho, a la falta de reglamentación del mencionado art. 13 de la ley 25.563, y fue lo que entendemos llevó a admitir los planteos judiciales de planes confeccionados por el propio contribuyente concursado, como consecuencia de la omisión de la A.F.I.P.
La reglamentación que aquí comentamos resuelve (mal) el tema del artículo 13 ya referido, pero sigue sin solventarse la reglamentación del art. 12 de la ley 25.563, por lo que la prórroga de su vigencia vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de realizar planteos judiciales tendientes a obligar al Estado a que cumpla con la manda legal.
La ley 25.972. La AFIP no se enteró que la emergencia concursal fue prorrogada.
Existe otra cuestión “cronológica” de mayor significación. Al reglamentar, en materia de tasa de justicia, la emergencia concursal establecida en la ley 25.563, la AFIP sencillamente IGNORÓ el reciente dictado de la ley 25.972, sancionada el 24.11.2004, promulgada el 15.12.2004 (B.O. 17.12.2004), cuyo artículo 1º, al tiempo que insiste con instruir a la AFIP a “conceder prórrogas y/o mecanismos de extensión de plazos de pago de las tasas de justicia ... hasta un plazo de DIEZ (10) años”, dispuso algo aún más trascendente y operativo por sí mismo: extendió la emergencia concursal hasta el 31 de diciembre de 2005.-
Este desatino exige alguna aclaración:
la emergencia concursal dictada bajo la ley 25.563, en una primera lectura, aparecería como vencida al 10.12.2003;
precisamente por ello, la R.G. 1818 utiliza el mismo parámetro temporal, aunque al tiempo del dictado de tal reglamentación el lapso de la emergencia concursal de la ley 25.563 ya transcurrió;
pero la ley 25.972 ha extendido dicha emergencia concursal hasta el 31.12.2005, por lo que la R.G. 1818 ya es vieja al tiempo de entrar en vigencia.
Cuando menos, a la RG 1818 le faltaría considerar la reglamentación del art. 1º de la ley 25.972.
Aclarada la “paradoja” temporal de la RG 1818 (llega tarde y es vieja al nacer), debemos referir además que, en nuestro criterio, son muchas las falencias que pueden advertirse en la R.G. 1818, las que trataremos a continuación, previo efectuar una breve descripción del plan de facilidades de pago.
El plan de facilidades de pago reglamentado por la RG 1818.
A través del art. 1° de la R.G. 1818 se establece un régimen especial de facilidades de pago para el ingreso de la tasa judicial a cargo de las personas -físicas o jurídicas- concursadas preventivamente, que haya devenido exigible conforme a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 9º de la Ley Nº 23.898, en el período comprendido entre el día 14 de febrero de 2002 y el día 10 de diciembre de 2003, ambas fechas inclusive, así como las multas y demás accesorios que puedan corresponder .
El art. 2° excluye del presente régimen las tasas judiciales ante la Justicia Nacional de los sujetos fallidos y los liquidados administrativamente.
A través del art. 3° se fija como fecha hasta la cual los contribuyentes podrán solicitar la adhesión al régimen, el 11 de marzo de 2005 inclusive. Asimismo, establece los elementos que se deben presentar para que tal adhesión resulte válida y sea aceptada por el organismo recaudador (conforme el art. 6°, sólo será aceptado aquel plan que reúna las condiciones y los requisitos previstos en la resolución general).
El plan de facilidades que se proponga deberá ajustarse a las condiciones que establece el art. 4°, estas son:
La cantidad de cuotas será de hasta un máximo de CIENTO VEINTE (120). Dicha cantidad en ningún caso podrá superar el plazo en meses acordado para el pago de las deudas incluidas en el acuerdo preventivo homologado.
Las cuotas serán iguales, mensuales, consecutivas y su monto no podrá ser inferior a CIEN PESOS ($ 100).
La tasa de interés de financiación aplicable será de CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,50%) mensual.
El art. 5° regula la modalidad de ingreso de las cuotas del plan.
La solicitud de adhesión se realizará mediante el formulario de declaración jurada Nº 866 generado por el programa aplicativo denominado "PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA TASA DE JUSTICIA - C.S.J.N. - Versión 1.0" (el mismo es aprobado por el art. 13). La presentación del formulario de declaración jurada Nº 866 se efectuará mediante transferencia electrónica de datos a través de la página "web" de la AFIP (conf. art. 10).
El contribuyente debe ingresar en el programa aplicativo el importe total de la tasa ya calculado previamente (liquidación que deberá efectuar en un Formulario Multinota – F. 206, en los términos de la RG 1128).
También debe indicar la fecha de vencimiento para el pago de las deudas incluidas en el acuerdo preventivo homologado, debiendo consignar el día, mes y año de la fecha establecida como vencimiento del último pago del acuerdo homologado. La misma deberá ser mayor a la fecha de presentación y menor o igual al vencimiento del pago de la última cuota del acuerdo.
Tal como lo establece el art. 8°, la caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho, cuando se produzcan las siguientes causales:
La falta de pago total o parcial de DOS (2) cuotas mensuales consecutivas a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
La falta de pago de cualesquiera de las cuotas, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de su vencimiento.
Las imperfecciones que contiene la reglamentación.
5.1. ¿En que momento se genera el hecho imponible?
La definición del hecho imponible que adopta la RG 1818 (“las tasas de justicia que haya devenido exigible en el período comprendido entre el día 14 de febrero de 2002 y el día 10 de diciembre de 2003, ambas fechas inclusive”) no se corresponde con el texto legal que se pretende reglamentar.
En primer lugar, porque la propia ley 25.972, como se ha visto, extendió la emergencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, lo que de por sí hace aplicable el art. 13 de la ley 25.563 hasta dicha fecha al menos, debiéndose necesariamente interpretar que donde la RG 1818 dice 10 de diciembre de 2003, debe leerse 31 de diciembre de 2005 (por imperio de la ley 25.972).
En segundo lugar, porque el modo verbal (“haya devenido exigible”) que se utiliza para determinar el hecho imponible, no estaba presente en la ley 25.563, y resulta dificultoso considerar que pueda fijarse tal restrictivo criterio por vía reglamentaria. ¿Los concursos y APEs iniciados en tal período, durante el que la tasa no se hizo exigible se encuentran fuera de tal beneficio? ¿Cuál es el hecho imponible: la iniciación o presentación concursal o la homologación – que es el momento en que la tasa de justicia se “hace exigible”? La AFIP parece adoptar –no sabemos si concientemente– este último criterio, que se contrapone contra el histórico criterio doctrinario y jurisprudencial (amén que es el fijado por la propia ley de tasas en el ámbito nacional, la 23.898)
Conforme lo entiende prestigiosa doctrina, el hecho generador de la tasa de justicia “....está constituido por la presentación ante la justicia requiriendo su intervención: en ese momento nace la obligación de pagar el tributo.......”.
La jurisprudencia ha venido sosteniendo que el hecho imponible que da nacimiento a la obligación de tributar la tasa de justicia, es la circunstancia de ocurrir al órgano jurisdiccional en busca de una decisión acerca de una cuestión controvertida u otra que precise de la intervención dirimente o declaratoria del tribunal, la que se configura con la promoción de la demanda o reconvención.
En tal sentido también ha dicho que “....El hecho imponible, que es presupuesto de la tasa de justicia, se configura al requerirse la intervención del órgano judicial, de modo que la situación del justiciable queda definida por los términos de la ley que rige en ese momento...”.
En punto a tal criterio parece claro entonces que a todo concurso iniciado durante la vigencia de dicha ley 25.563 (es decir entre el 14 de febrero de 2002 y el 31 de diciembre de 2005) debe aplicarse la tasa de justicia reducida que la misma prevé pagadera mediante el plan establecido en la R.G. 1818.
Esto era así, aún sin la ley 25.972, al menos para todos los concursos iniciados entre el 14 de febrero de 2002 y el 10 de diciembre de 2003 pues, siguiendo criterio inveterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “...toda vez que bajo la vigencia de una ley... … el particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en ella previstos para ser titular de un derecho, debe tenerse por adquirido y es inadmisible su supresión por una ley posterior sin agraviar el derecho constitucional de la propiedad…” (Fallos 307:305, y sus citas de fallos 296:719, 723 entre otros).
Por otro lado, distinto al hecho generador de la tasa de justicia es la oportunidad en que la misma tendrá que ser ingresada. En el caso de los concursos preventivos el pago debe efectuarse, conforme lo dispuesto por el art. 9, inc. b) de la ley 23.898, al notificarse el auto de homologación del acuerdo.
La RG 1818 confunde el momento en que se genera la obligación de pagar un tributo con el momento en que el mismo debe abonarse. Así, confunde hecho imponible con oportunidad para el ingreso del tributo devengado.
Ahora bien, si aplicamos literalmente la RG 1818, sólo podrían adherirse al plan de facilidades de pago aquellos contribuyentes concursados que cuenten con un concurso homologado entre el 14.02.02 y el 10.12.03 y la tasa de justicia resulte exigible en dicho período.
Este desatino de la RG 1818 nos mueve, cuando menos, a los siguientes interrogantes:
i- Si sostenemos el criterio según el cual el hecho imponible se genera desde la presentación en concurso preventivo, que ocurre con aquellos concursos presentados entre el 14.02.02 y el 10.12.03 que al 11.03.05 no han sido homologados o que habiéndolo sido, la tasa de justicia no resulta aún exigible –por no haber sido determinada o por encontrarse en debate-?. La AFIP omitió considerar la existencia de estos concursos, respecto de los cuales la adhesión resultará imposible de realizarse pues el “aplicativo” de la RG 1818 no lo permite, pero el derecho del concursado a obtener un plan de facilidades de pago en los términos del art. 13 de la ley 25.563 y 1º de la ley 25.972 permanecerá intacto, por lo que podrá transitar las vías judiciales que le aseguren la concreción de ese derecho –tal como lo hacían los justiciables antes del nacimiento malogrado de la RG 1818.
ii- Si un concurso preventivo fue presentado y homologado con anterioridad al 14.02.02 pero la tasa recién puede ser ingresada con posterioridad a dicha fecha -y antes del 10.12.03-, debido a que el contribuyente se encontraba discutiendo la cuantía de la misma, podría el contribuyente adherirse al plan de facilidades?. Creemos que sí, aún cuando la tasa haya devenido exigible con anterioridad al período establecido por la norma. Favorece esta interpretación el hecho de que la norma contemple la inclusión en dicho plan de las multas y accesorios que establece el art. 11 de la ley N° 23.898, entendiendo que puede recaer sobre una tasa devengada, exigible e impaga.
iii- Una tercera variante serían aquellos concursos presentados con anterioridad al 14.02.02 y homologados entre el 14.02.02 y el 10.12.03. En estos casos, si bien el hecho imponible se ha generado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.563, debemos tener en cuenta que no se trata de un hecho imponible instantáneo que se agota en sí mismo, sino que el mismo se genera constantemente durante la tramitación del concurso preventivo, motivo por el cual si en oportunidad de generarse la obligación de pago ha sido modificada la alícuota, la tasa de justicia deberá calcularse sobre la base de la alícuota vigente.
Autorizada doctrina ha sostenido que la reducción de la tasa y los plazos de pago “...se aplican en todos los casos de concursos anteriores o posteriores a la ley (hasta el 10 de diciembre de 2003) en los cuales no se haya pagado o deba pagarse la tasa de justicia. Esto por aplicación armónica del art. 18 de la ley 23.898, el art. 3 del Código Civil sobre aplicación inmediata de las leyes, el art. 1° de la ley 25.53 en la que se indican que las modificaciones “regirán mientras dure la emergencia” junto con el art. 22 de la misma que le otorga carácter de orden público a sus normas”.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, en autos “PERCAZ, Eduardo S/Concurso Preventivo”, al sostener: “ ... Corresponde que la tasa de justicia sea oblada conforme a la alícuota vigente en la época legalmente establecida para su satisfacción con independencia de que el hecho imponible – la promoción de la acción por la cual se tributa -, haya tenido lugar durante la vigencia de determinadas normas legales, que resultaron modificadas al momento en que la tasa debió efectivizarse. Lo contrario conduciría a otorgar ultraactividad a una norma derogada (CNCom. Sala E, in re: Calderas Salcor Caren S.A. s/ concurso, del 19.12.89). En el caso sub exámine, el a quo ordenó, al homologar el acuerdo, la liquidación de la tasa de justicia por el síndico – v. Fs. 569 c)-, y el representante del fisco prestó conformidad con la liquidación a fs. 582 con fecha 9 de mayo de 2002, en vigencia de la ley 25.563, de operatividad inmediata desde su promulgación – 14.2-02 ( conf. art. 22 Ley citada), que modificó la base imponible, alícuota y forma de ingreso del tributo. De allí que atendiendo al principio fundamental de la legalidad de la prestación tributaria, “nullum tributum sine lege”, la fuente de coerción es, pues, exclusivamente la ley ( conf. “El Hecho Imponible” Dino Jarach, Ed Abeledo Perrrot 3ª. Ed. Pág. 11) y ante la modificación de la Ley 23.898, debe aplicarse el texto vigente a la fecha de exigibilidad de la tasa judicial ...”.
También se ha expresado la Sala E del mismo Tribunal con fecha 10/10/2003, respecto de un concurso presentado con anterioridad al 14.02.02 y homologado el 18.07.02, en los autos “POLAN S.A. S/Concurso Preventivo”, al compartir el dictamen de la Fiscalía de Cámara, en cuanto la mismo sostuvo que “...VI. La ley 25563 fue promulgada el 14/2/2002 y en su art. 22 dispuso que habría de entrar en vigencia a partir de su promulgación. No contiene en su texto disposición alguna en la que se establezca su aplicación retroactiva, y, específicamente, el art. 13, en el que se fijó una alícuota equivalente a la mitad de la que preveían los arts. 2 y 3 inc. e ley 23898 (2), no prevé su aplicación a los proceso concursales abiertos antes de la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, el art. 9 inc. b ley 23898 establece que el pago de la tasa en los supuestos de concurso preventivo debe hacerse "al notificarse el auto de homologación del acuerdo", extremo que en el sub lite se verificó el 18/7/2002, según se desprende de la cédula de fs. 817. Por consiguiente, en el momento en que la ley 23898 establece como oportunidad de pago de la tasa en supuesto de concurso preventivo ya había entrado en vigencia la ley 25563 , de modo tal que corresponde la aplicación de las reformas introducidas por esa norma en la ley 23898. Destácase, por otra parte, que la ley 25589 no derogó la reforma mencionada”.
Si hasta acá, el desprevenido lector pensaba que las complicaciones terminaban con la redacción de la norma, se equivoca.
Si uno ingresa al aplicativo aprobado por la AFIP para generar el formulario de declaración jurada N° 866, a los fines de adherirse al plan de facilidades de pago, entre los datos que debe cargar se encuentra un campo denominado “Fecha de Petición”, sin indicar a que petición se refiere. No se refiere a la fecha de solicitud de adhesión al referido plan, ya que en la primer pantalla del programa, el primer dato que se debe ingresar es el correspondiente al campo denominado “Fecha de presentación”, esta última sí está referida al día, mes y año en que se presentará la liquidación. Además, si uno intenta ingresar una fecha de petición posterior al 10.12.03 aparece un mensaje que indica “Mayor o igual al 14/02/02 y menor o igual al 10/12/03”.
En consecuencia, pareciera referirse a la fecha de “petición” de la apertura del concurso, resultando beneficiados con el plan de facilidades de pago todos aquellos concursos cuya solicitud fuera efectuada entre el 14/02/02 y el 10/12/03. No obstante, la fecha tope de adhesión al mismo (11.03.05) deja sin solución a aquellos concursos presentados en el referido período y que a ésta última fecha no cuentan con una tasa determinada y exigible para poder ingresar.
5.2. El ingreso al plan.
Otra cuestión, como se ha anticipado, deriva del hecho de que la normativa fija en su art. 3 una fecha tope (11 de marzo de 2005) para solicitar la adhesión del concursado a esta metodología de pago. Parece dudoso (y cruje la constitucionalidad de tal norma) que por vía reglamentaria pueda establecerse una limitación tan drástica para el ejercicio de tal derecho, máxime cuando la propia AFIP tardó casi tres años en reglamentar los mencionados planes.
No parece ajustado a derecho – teniendo en cuenta la gravísima consecuencia de la pérdida del derecho que tal hipótesis importa – que en tan breve lapso deba realizarse la adhesión al plan. Ello, además, importa que la AFIP no considera que existen concursos en los que aún no ha sido determinada la tasa de justicia o que la misma se halle en debate (y que son alcanzados por el beneficio) en los que la adhesión tal y como se reglamenta resulta imposible de realizarse. Demás está decir que este plazo de adhesión (11.03.2005) vuelve a soslayar que ahora la emergencia concursal ha sido prorrogada hasta el 31.12.2005 (ley 25.972).
La norma debería haber creado un plan de facilidades de pago permanente hasta el 31/12/05 (conf. art. 1º ley 25.972) o mientras dure la emergencia económica, si la misma se llegase a prorrogar más allá de esa fecha. La implementación de un plan permanente cuenta como antecedente con el dictado del Decreto 164/04, analizado por uno de los autores de este trabajo.
La paradoja que plantea la norma es la siguiente: si un contribuyente se encuentra discutiendo la cuantía de la tasa, por considerar que resulta aplicable la tasa reducida (art. 13 ley 25.563), es muy probable que llegue el 11.03.05 y todavía no se encuentre dilucidado el monto que debe ser ingresado. En este caso, si el contribuyente desea beneficiarse con dicho plan, pero sólo reconoce como deuda la tasa de justicia calculada con la tasa reducida, tiene una sola alternativa: adherirse al plan incluyendo el monto por él calculado ya que el aplicativo no calcula la tasa, con el riesgo de que el Fisco lo rechace por considerar incorrecto el monto determinado y tenga que abonar al contado la totalidad de la deuda. Si por prudencia opta por no adherirse y continuar discutiendo ante el Fisco, una vez determinado el monto a ingresar, deberá hacerlo en un solo pago por haber perdido la única oportunidad de adhesión que establece la norma.
Ambas alternativas parecen poco apropiadas, y seguramente por vía de resoluciones judiciales se consagrará una tercera vía: que aún transcurrido el término del 11.03.05 se ordene a la AFIP a aceptar planes de facilidades de pago estructurados en el marco de la RG 1818, cuando el hecho imponible (esto es, la tasa de justicia) quede alcanzada por la emergencia concursal (sea bajo la ley 25.563 o bajo la ley 25.972).
5.3. La cantidad de cuotas.
El art. 4º apartado a) establece que la cantidad de cuotas será de hasta un máximo de CIENTO VEINTE (120) y que dicha cantidad "en ningún caso podrá superar el plazo en meses acordado para el pago de las deudas incluidas en el acuerdo preventivo homologado".
Esta norma es de dudosa constitucionalidad, por cuanto reglamenta el art. 13 de la ley 25.563 en exceso, al agregar una condición para determinar la cantidad de cuotas: las mismas no podrán superar el plazo establecido para pagar los créditos verificados y alcanzados por el acuerdo preventivo homologado.
Esta condición resulta validada por el programa aplicativo que aprueba la norma. Si el contribuyente intenta poner la cantidad de 120 cuotas, y ésta supera en meses el plazo acordado para el pago en el acuerdo preventivo homologado, le aparece un mensaje indicando la cantidad máxima de cuotas, calculadas en función de éste acuerdo.
Para demostrar el absurdo de esta norma, basta con un ejemplo. En el concurso preventivo de “Havanna S.A.” se homologó la propuesta de acuerdo ofrecida por la concursada consistente en el pago del 100% del monto de los créditos quirografarios y/o declarados admisibles, sin intereses y en un único pago, a partir de los 3 (tres) días hábiles de homologado el acuerdo. En este caso, la concursada no tendrá opción a incorporarse al plan de facilidades de pago, debiendo abonar la tasa de justicia al contado (!).
En este punto nos surge el siguiente interrogante: suponiendo –sólo por hipótesis de estudio- que es correcta aquella práctica tribunalicia que condiciona el decreto de cumplimiento del concurso preventivo (o aún la conclusión del proceso concursal) al pago de la tasa de justicia: ¿La adhesión al plan, el pago del anticipo y de la primera cuota sirve a los efectos de considerar cumplida la tasa para “levantar” (concluir o tener por cumplido) un concurso preventivo?. Esta pregunta admite dos respuestas posibles:
1- Si nos atenemos al texto del art. 13 de la ley 25.563, no sería necesario esperar los 10 años para levantar un concurso en donde, quizás, todo lo demás está cumplido. Incluso bastaría con la mera acreditación en el expediente judicial del formulario de adhesión debidamente confeccionado y presentado para pedirle al Juez concursal que considere cumplida la tasa.
2- Sin embargo, de acuerdo al art. 4 de la RG 1818, el pago de la última cuota del plan de facilidades de pago coincidirá con el pago de la última cuota del acuerdo preventivo homologado, no impidiendo el plan de facilidades de pago el dictado de la resolución de cumplimiento del acuerdo en los términos del art. 59 LCQ.
5.4. La caducidad del plan.
El art. 8° de la RG 1818, regula las causales de la caducidad del plan de facilidades de pago, las cuales operarán de pleno derecho, sin necesidad de intimación alguna por parte del organismo recaudador.
Entre ellas, el inc. c) de dicha norma establece como causal “La declaración de quiebra del deudor, aun cuando hubiere cumplido con el pago de las cuotas del plan solicitado”.
Dicha causal es, por un lado, innecesaria y por el otro, realmente absurda:
Es innecesario establecer que la declaración de quiebra del contribuyente producirá la caducidad del plan, ya que el art. 128 LCQ contempla como uno de los efectos de la quiebra que “Las obligaciones del fallido pendientes de plazo se considerarán vencidas de pleno derecho en la fecha de la sentencia de quiebra” (entre dichas obligaciones se encuentra –obviamente- el pago de la tasa de justicia del concurso preventivo en cuotas).
Es absurdo regular la caducidad de un plan que ya está cancelado ("aun cuando hubiere cumplido con el pago de las cuotas del plan solicitado"). Absurdo, amén de contrario a derecho, pues la cancelación del plan por cumplimiento importará el pago íntegro de la obligación fiscal, y su inexigibilidad en el futuro.
5.5. Los planes de pago concedidos con anterioridad al dictado de la RG 1818.
El dictado de la RG 1818, tiene por objeto atender la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atravesó el país, por un período determinado, que imposibilitó a determinados sujetos cumplir en tiempo y forma, con la referida obligación (conf. segundo considerando).
Ante la inactividad del Estado en la reglamentación del plan de facilidades de pago, los jueces se vieron obligados a conceder planes de facilidades de pago, ante la solicitud efectuada por los contribuyentes concursados en los términos del art. 13 tercer párrafo de la Ley 25.563.
La adquisición del derecho a abonar el gravamen en el plazo fijado por dicha norma, lo ha sido en virtud de una ley (25.563), debiéndose tener especialmente en cuenta que la calidad de “adquirido” que tiene un derecho proviene directamente de alguno de los actos jurídicos que se la confieren (ley, contrato, acto administrativo, sentencia, etc), y no depende del hecho “material” de que un bien esté realmente en “posesión” de quien alega la titularidad del derecho adquirido. .
La “adquisición” por ley ha generado por sí misma y automáticamente (sin necesidad de ningún otro acto, como por ejemplo la reglamentación), un derecho “adquirido” a favor de los concursados.
Además la ley opera per se, no pudiendo alegarse que la falta de reglamentación es causal suficiente para impedir el pago del tributo con el alcance de la normativa sustancial.
La jurisprudencia del Fuero ha ratificado este criterio. Así, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 4, Secretaría 7, en los autos “INTERAGRI S.A. S/Concurso Preventivo” y “TOMASINI, María Gabriela S/Concurso Preventivo”, resolvió, con fecha 20.9.02: “corresponde establecer que la tasa de justicia por ingresar en autos asciende a la suma de $ 32.631 ( 0,75% del importe de todos los créditos verificados), la cual deberá ser ingresada en 120 cuotas mensuales de $ 271,92 cada una...”
Aún cuando la aplicación del plan de pagos previsto en el art. 13 de la ley 25.563 no se encontraba reglamentado por el Fisco Nacional, el mismo resultaba aplicable en forma automática por los Tribunales.
En tal sentido se ha expresado también la Excma. Cámara del Fuero, al compartir el dictamen de la Fiscalía de Cámara, en cuanto la mismo sostuvo que “...la circunstancia de que el Poder Ejecutivo, por la inacción de sus órganos o reparticiones, haya omitido reglamentar el beneficio establecido en el art. 13 de la ley 25.563, que dispone la concesión de planes de pago de la tasa de justicia generada en procesos concursales, no puede surtir el efecto de erigirse en obstáculo insalvable para que la voluntad del legislador se torne operativa y produzca los efectos perseguidos mediante la sanción de la norma....De modo semejante, opino que la concesión de dichos planes de pago de la tasa de justicia es imperativa y ante la omisión del Poder Ejecutivo en regular las modalidades de su ejercicio, debe fijarlas el Juez del concurso, a fin de impedir que la intención del legislador quede frustrada y para que a través de este remedio de excepción se logre el objetivo buscado por la norma, de dar la posibilidad a lo sujetos que se hallan en cesación de pagos, en el marco de la situación de emergencia en que se encuentra el país, de superar la insolvencia, facilitándoles el acceso a la Jurisdicción...”.
Brevemente hemos reseñado lo ocurrido con anterioridad al dictado de la RG 1818.
Pero con el dictado de la misma nos surge el siguiente interrogante: ¿Qué ocurre con los planes de pago ya concedidos por la Justicia ante la inactividad del Estado? ¿Siguen vigentes o deben adecuarse a esta normativa?
El art. 3° in fine de dicha resolución ha contemplado esos casos, estableciendo al respecto que “Las solicitudes presentadas ante el juzgado o en sede administrativa con anterioridad a la fecha de publicación de la presente, cualquiera sea el estado de trámite en que se encuentren, deberán adecuarse a las formas, plazos y condiciones establecidos en esta resolución general hasta la fecha fijada en el primer párrafo”.
A continuación analizaremos cada una de las situaciones que se han generado desde la entrada en vigencia de la ley 25.563 hasta la publicación de la RG 1818:
a- En aquellos casos en que los jueces han aprobado el plan de facilidades de pago propuesto por los contribuyentes concursados y han contemplado que, una vez dictada la reglamentación el plan debía adecuarse a la misma, resultará de aplicación lo dispuesto por el art. 3° in fine de la RG 1818, debiendo el concursado adherirse al plan aprobado por esta norma. La deuda que incluirá en el plan de facilidades de pago será la resultante de deducir del importe total calculado en el proceso, aquellas cuotas que hayan sido abonadas. En nuestra opinión, será aconsejable que el contribuyente efectúe dicho cálculo en oportunidad de determinar la obligación que se regulariza, al presentar el Formulario Multinota – F. 206, exigido por el art. 3° de la RG 1818. Si las cuotas fueron ingresadas sin reconocer ningún tipo de interés al Fisco, éste no podrá reclamar la tasa de financiación que establece mediante el art. 4°. Esta tasa resultará aplicable para el saldo impago de la tasa de justicia adeudado al momento de adherirse al plan de pagos.
b- En los casos en que los jueces concursales hayan aprobado el plan de pago propuesto por el concursado sin indicar nada frente al ulterior dictado de la reglamentación, los mismos se encuentran firmes y representan un derecho que ha sido incorporado al patrimonio del concursado que no puede ser alterado por la RG 1818 (sino puede afectarse por una ley menos aún por una mera reglamentación administrativo – operativa).
c- Si a la fecha de publicación de la RG 1818 (26.01.05), aún no ha sido resuelto el otorgamiento de un plan de facilidades de pago por parte del juez del concurso, o no se encuentra firme, o el juez ha autorizado el pago en cuotas de la tasa de justicia pero concursado aún no ha presentado ninguna propuesta; en estos casos resultará de aplicación la RG 1818, tal como hemos explicado en el Capítulo 4 del presente.
5.6. El plan de facilidades de pago ¿es aplicable a los APEs?.
El art. 1° de la ley 25.972 ha establecido que “...En los casos de acuerdos concursales, judiciales o extrajudiciales homologados en los términos de las Leyes Nros. 24.522, 25.561, 25.563, 25.589 y sus prórrogas, la tasa de justicia será calculada sobre el monto definitivo de los mismos, hasta el 0,75% y 0,25% respectivamente...”.
Recién con el dictado de esta ley el legislador nacional se hizo cargo explícito de una cuestión patente, incorporando al APE como proceso concursal al que le resultan aplicables las alícuotas reducidas de la tasa de justicia. Incluso, la misma norma establece a continuación que “La Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- deberá conceder prórrogas y/o mecanismos de extensión de plazos de pago de las tasas de justicia determinadas por esta ley hasta un plazo de DIEZ (10) años”.
Sin embargo, hasta el dictado de la ley 25.972 no resultaba claro si los contribuyentes que habían solicitado, y en su caso obtenido, la homologación de un APE, podían beneficiarse con el plan de facilidades de pago establecido mediante el art. 13 de la ley 25.563.
Uno de los autores de este trabajo, ha destacado que la base para el calculo de la tasa en el APE, debe tributarse en el 0,75% sobre todos los créditos comprendidos en el acuerdo hasta el monto de $ 100.000.000, y en lo que supere dicho monto el 0.25%, ello de acuerdo al Art. 13 de la ley 25.563, incorporado al Art. 4º de la ley 23.898, si el procedimiento fue tramitado durante la vigencia de esta disposición, es decir entre el 15/02/2002 al 10/12/2003.
La jurisprudencia ha tenido oportunidad de expedirse sobre el tema. En los autos “Instituto de Investigaciones del Corazón-INICOR- S.A. s/Acuerdo Pre-Concursal”, la deudora practicó liquidación de la tasa de justicia (tomando como base imponible el monto total de los créditos denunciados, al cual le aplicó la alícuota del 0,75%), solicitando se le concediera el derecho de acogerse al plan de facilidades de pago de la tasa de justicia para procesos concursales en virtud de lo dispuesto en el Art. 13, apartado 2º, de la ley 25.563. De la liquidación de tasa efectuada se corrió la correspondiente vista al Fisco, quien luego de aprobarla, se expidió respecto del régimen de facilidades de pago solicitado por la deudora, sosteniendo que, para su aplicación correspondía el previo dictado de una Resolución General con acuerdo del Poder Judicial de la Nación, en virtud de su carácter de acreedor del tributo en cuestión. Como dicha normativa aun no había sido dictada, el Representante del Fisco no se hallaba facultado para aprobar o desaprobar el pago parcial en cuotas que requería la deudora. Atento a lo manifestado por el representante del fisco, el juzgado interviniente desestimó la petición.
En el caso “Acindar S.A.”, el magistrado interviniente tuvo en cuenta que al momento de dictar la homologación del acuerdo no resultaba aplicable el art. 13 de la ley 25.563, atento que la fecha de presentación del APE se produjo el 18/12/03, una vez vencida su vigencia el 10/12/03 (conf. art.1º ley cit.), según el criterio más restrictivo aplicable al caso, según hemos visto. En igual sentido, tampoco era posible proceder a autorizar al pago en cuotas del tributo, cuestión comentada supra en el fallo “Inicor S.A.”, por las mismas razones.
Ahora bien, tal como hemos destacado a lo largo de este artículo, la RG 1818 viene a reglamentar el art. 13 de la ley 25.563, desconociendo la existencia del art. 1° de la ley 25.972.
Ello importa, claramente, dos cosas:
a.- No existe duda ahora (más allá de que se comparta o no el criterio utilizado) de que en los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales presentados a la homologación durante la emergencia la tasa de justicia que corresponde abonar es la reducida – conforme art. 13 ley 25.563, y art. 1 ley 25.972 -. El debate seguirá siendo para aquellos que se presenten una vez fenecida la misma, pues nada se ha ocupado el legislador de determinar a ese respecto.
b.- Es obligatorio el otorgamiento de planes de pago o facilidades para la cancelación de la tasa de justicia en los APEs, de hasta diez años, como lo establece la propia ley 25.972 en su artículo primero en donde claramente determina que esos procesos concursales están alcanzados por la emergencia determinada en la ley 25.563. Ahora bien, la R.G. 1818 nada determina respecto de solicitudes de adhesión o aplicativos que alcancen a la tasa de justicia a abonarse en Acuerdos Preventivos Extrajudiciales, desconociendo – una vez más - la existencia de la ley 25.972. Ello, como ya hemos establecido claramente, en nuestro criterio no resulta óbice para que dichos planes sean concedidos. ¿Cómo? Deberán recurrir los contribuyentes sometidos a tales procesos concursales atípicos a la figura de solicitar al Tribunal interviniente la concesión del plan, ya sea mediante la aprobación del que se le presente al mismo, ya sea mediante el que propio juez conceda.
Ya hemos visto que no siempre aquello de “más vale tarde que nunca” resulta cierto.
Nuestro Estado (en este caso a través de una de sus dependencias: la A.F.I.P.) una vez más demuestra la vigencia de la Ley de Murphy, esto es, que si se puede hacer tarde, mal, con deficiente técnica, desconociendo elementales principios de derecho, así se hará. También el ingenio popular puede venir en nuestro auxilio en el caso, recordando aquello de que “puede fallar”. De allí el título de este comentario, que pretende ser menos ingenioso y más certero en la descripción del fenómeno en análisis.
La emergencia que fue, y sigue siendo, continúa dándonos sorpresas y letra, y parece no querer irse nunca, o será quizás que no queremos dejarla ir.
Nuevamente le corresponderá a la doctrina y la jurisprudencia (¿realmente es ésta - al menos en la magnitud en que en la emergencia se lo ha requerido- su función?) el darle algo parecido a un sentido lógico y su verdadero alcance a la resolución R.G. 1818 – aún contra su propio texto -.
Es de esperar, entonces, una pronta modificación de la RG 1818, que corrija sus yerros evidentes y actualice tal reglamentación al dictado –previo- de la ley 25.972.
Mientras tanto, nos queda confiar el nuestros Jueces y en la interpretación de los autores.-
9/2/05 - A publicarse en El Derecho, segunda quincena de Febrero de 2005

References: Resolución 
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
e contrario
in fine
 resolución 
 resolución 
in fine
 Resolución 
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