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Timestamp: 2020-03-28 11:06:31+00:00

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¿Es la cultura o son las instituciones? Factores que inciden en el acceso a la información pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Santa Elena | Panchana Panchana | Journal of business and entrepreneurial studie
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¿Es la cultura o son las instituciones? Factores que inciden en el acceso a la información pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Santa Elena
Margarita Panchana Panchana; Andrés Padilla; William Núñez De la cruz; Wilson León
Docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador , Docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador , Docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador , Docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador
El trabajo de investigación plantea identificar los factores que inciden en el acceso a la información pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Santa Elena, partiendo del análisis de que el acceso a la información pública, no es fácilmente viable, al contrario, las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, sostienen que los pactos jurídicos internacionales, respecto al tema, han sido aprobados por la mayoría de los países de la Comunidad Latinoamericana, y comprenden la libertad de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole sin consideración de frontera, ejerciéndose de modo oral, escrito o en toda forma artística, utilizando todo procedimiento, y otras fundamentaciones científicas. La metodología es cualitativa – cuantitativa, descriptiva, de análisis documental, bibliográfica, técnica e instrumental, de fuentes primarias y secundarias, proceso que facilitó la obtención de información confiable y relevante sobre las variables independiente y dependiente, intervinientes en la hipótesis. El artículo sostiene que el nivel de cultura de los ciudadanos, el accionar de las entidades públicas, y empresas que administran recursos del Estado, son elementos altamente vinculados con la información pública y la transparencia de la toma de decisiones de los gobiernos estudiados.
Received: 2019 June 11; Accepted: 2019 November 3
5736. 2020 ; 4(1)
Keywords: Palabras clave Cultura de los ciudadanos, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Información Pública.
Keywords: Keywords Culture of citizens, Decentralized Autonomous Governments, Public Information.
La investigación tiene como objetivo identificar los factores que inciden en el acceso a la información pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Santa Elena. Partiendo del análisis a la idea de que el acceso a la información pública, no es fácilmente viable, al contrario, las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, sostienen que los pactos jurídicos internacionales, respecto al derecho a la información de todo ciudadano han sido aprobados por la mayoría de los países de la Comunidad Latinoamericana. La Organización de los Estados Americanos, al igual que el pacto de la ONU establece que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de frontera, ejerciéndose de modo oral, escrito o en cualquier forma artística y utilizando para ello todo procedimiento.
Según el análisis de casos en América Latina, en jornada celebrada en Santo Domingo, República Dominicana entre el 30 y 31 de julio del 2002, en el seno de las cuales se produjo la Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública, derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa y que tal acto contribuye al combate a la corrupción y a la cultura del secreto como práctica, y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública; agrega que el libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa.
Los tratados y encuentros internacionales constituyen herramientas fundamentales para que cada país miembro de la OEA y de la ONU desarrolle y consolide, por medio de su legislación nacional, el derecho a la información y a la comunicación del ciudadano, el cual incluye, también, el derecho de acceder a la información pública del Estado. En el Ecuador, está vigente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial No. 34, Suplemento No. 337 del 18 de mayo de 2004. ¿Por qué entonces no hay libre acceso a la información pública en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Santa Elena?, se busca determinar el por qué el libre acceso a la información pública en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Santa Elena, no es un derecho para todo ciudadano, sintiendo la gran responsabilidad de motivar a la concientización y aplicación de lo prescrito en las declaraciones internacionales y leyes vigentes en el país, como es la Constitución 2008, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCG), Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCCS), Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).
A partir de los objetivos e hipótesis, la investigación es de naturaleza cualitativa –cuantitativa, descriptiva, documental, bibliográfica; metodológica, técnica e instrumental en la recopilación y análisis de datos, con origen de fuentes primarias y secundarias, proceso que facilitó la obtención de información relevante, datos precisos, detalles, y orientó la aplicación de estrategias para la obtención de resultados relacionados con la cultura e instituciones como factores que inciden en el acceso a la administración pública de los GADS de la provincia de Santa Elena.
De acuerdo con Rodríguez (2013) , El ausente empoderamiento del ciudadano ecuatoriano, incluidos los de la provincia de Santa Elena, viene de una larga tradición de menosprecio a la persona común y corriente que se acerca a las autoridades con la intención de obtener información y a través de esto vigilar la gestión de lo público, menosprecio utilizado para disimular corrupción o ineficiencia. “Los ciudadanos solicitan información y si no la consiguen al primer intento, no insisten, se desmotivan y hasta ahí llegan. Amerita la realización de seguimiento y control sobre las peticiones de los ciudadanos. Para enfrentar estos problemas, la Defensoría llevó adelante en el 2012 la Semana de la Transparencia, donde hubo eventos como conversatorios en colegios, conferencias, foros, ferias para llegar al ciudadano y hablarle sobre su derecho de acceso a la información. (págs. 3er tema, párrafo 2).
Del análisis a lo que establece la Constitución Política 2008, artículo 238, Leyes Orgánicas, y a lo publicado por (Activate Ecuador, s.f.) Se define a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como aquellas instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, regidas por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. Los GAD están constituidos por: juntas parroquiales rurales, consejos municipales, metropolitanos, provinciales, regionales, y conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano. (págs. principal, párrafo 1) .
A criterio de Fuenmayor Espina (2004) , Las declaraciones universales contenidas en los pactos jurídicos internacionales reflejan una síntesis de la doctrina clásica liberal de la libertad de expresión con la teoría de la responsabilidad social, el derecho a la información y la libertad de comunicación de todo ciudadano. Es un hecho notorio y comunicacional que estos pactos han sido aprobados por la mayoría de los países de la comunidad latinoamericana, lo cual permite afirmar que se vive en presencia de un principio jurídico global sobre la libertad de expresión y del derecho a la información y comunicación del ciudadano, derechos que deben ser garantizados por los países firmantes de los citados acuerdos. (págs. 12, 2do párrafo)
Considerando lo escrito por Fuenmayor Espina (2004) , En el contexto latinoamericano, se observa que la Organización de los Estados Americanos (OEA), al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información pública, comprende entonces la libertad de buscar, recibir, ejerciéndose de modo oral, escrito o en toda forma artística y utilizando para ello el procedimiento. También en el ámbito latinoamericano se tiene la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), generada entre el 30 y 31 de julio de 2002, la cual establece, en su artículo 4.º, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. (pág. 12 último párrafo).
Fuenmayor Espina (2004) , Dice, dentro de las iniciativas llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y sus siglas en inglés “UNESCO” en el plano latinoamericano, se señala las jornadas sobre “Marcos legales que garantizan y promueven el libre acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a las fuentes de información pública: análisis de casos en América Latina”, celebradas en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, entre el 30 y 31 de julio del 2002, en el seno de las cuales se produjo la Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública. (págs. 13, 3er párrafo)
De acuerdo con Fuenmayor Espina (2004) , La Carta de Santo Domingo plantea las siguientes consideraciones: 1) El libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información. 2) El libre acceso a la información pública contribuye a la transparencia de la gestión pública y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública. 3) El libre acceso a la información pública garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público, factor indispensable para la construcción de una cultura democrática. 4) Es imperativo que la totalidad de los países de la región resuelvan el vacío legislativo existente mediante la aprobación de leyes con sentido democrático que garanticen el libre acceso a la información pública. 5) Es menester que en los países en que existan estas leyes, no se vean ellas impedidas o distorsionadas en su aplicación o vigencia por reglamentaciones limitativas del derecho de libre acceso a la información pública. (págs. 13, 4to parrafo).
Coincidiendo con el análisis de Fuenmayor Espina (2004) , La Información Pública, tanto central como descentralizada, así como cualquier órgano, ente o institución que ejerza funciones públicas o ejecute presupuestos públicos, tiene la obligación de suministrar la información contenida en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por ella, o que se encuentre en su posesión y bajo su control. Además, se considera como información cualquier tipo de documentación financiada con presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales31. Obviamente se excluyen de esta categoría los documentos e información que el Estado se reserva por razones de seguridad. (págs. 27, 2do párrafo)
Para Martí Capitanachi (2011) , Los archivos son los registros de los actos administrativos; contienen la memoria de la identidad de una sociedad. No es posible que la negligencia de uno o varios servidores públicos priven a la sociedad a la que se deben, de los testimonios que representan su historia, el hoy y el futuro. Por ello, a los documentos con valor histórico se les denomina patrimonio documental. Los documentos y expedientes producidos en el presente, se convertirán en los documentos históricos. Con las leyes de acceso a la información, se abre una relación entre estas y los archivos. Se presentan dos ejemplos, el primero llamado “inexistencia de documentos” y, el otro, relativo a los datos personales y su relación con la investigación en documentos y archivos históricos. La declaratoria de “inexistencia de documentos”, se puede dar: en primer lugar, cuando la solicitud no corresponde con la atribución o función del sujeto obligado; y, en segundo término, cuando no se cuentan con los documentos por ser parte de un expediente de baja. (pág. 48 y 49)
Martí Capitanachi (2011) Dice, en el segundo ejemplo, los artículos que tratan sobre los datos personales no definen nada sobre las futuras consultas con fines biográficos o de investigación científica y cultural. No se define alguna temporalidad o alguna norma secundaria que establezca el tiempo y el modo para dar apertura a ese tipo de información. La confidencialidad de los datos personales de los documentos que por su valor y su antigüedad tienen el carácter de patrimonio documental y obran en los archivos históricos; o en su defecto, de los documentos de las personas relevantes que ha muerto recientemente, inhiben el desarrollo de la memoria corporativa de una sociedad, característica constitutiva y elemental de una civilización. (pág. 50)
El Congreso Nacional (2004) , a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial No. 34, Suplemento No. 337 de mayo 18 del 2004, autorizó al Ecuador a dar un paso importante en la construcción de una cultura de transparencia al aprobar este proceso de vigilancia de la transparencia de la gestión pública y fortalecer la participación activa de la sociedad civil. (págs. 2, párrafo No. 4)
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Interrelación de los mecanismos que incrementan la confianza en la AAPP.
[Figure ID: gf2] Figura 1.
Interrelación de los mecanismos que incrementan la confianza en la AAPP
Alternate Text: Figura 1 Interrelación de los mecanismos que incrementan la confianza en la AAPP.
—Seminario transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en el sector público, dictado por la UNS, Bahía Blanca, Argentina en el 2017..
El derecho de acceso a la información se convierte en una condición necesaria para el ejercicio del control social por parte de los ciudadanos.
La transparencia no sólo implica elaboración de información, sino el acceso fluido y oportuno de información relevante y confiable, aparte de ser verificable
No se trata de una estricta entrega de datos
Para que la transparencia sea efectiva, la información debe estar a disposición de los ciudadanos mediante sistemas de clasificación y difusión que reduzca los costes de acceso a la misma
Transparencia como mecanismo de generación de confianza
No existe una definición única de transparencia:
§ Hay definiciones que se refieren a la revelación de información de una entidad, acerca de sus procesos de toma de decisiones, procedimientos, funcionamiento y rendimiento.
§ O bien, a la divulgación de información por parte de las organizaciones, que permiten a los agentes externos revisar y evaluar su funcionamiento interno
La transparencia puede ser entendida como el principio que permite dar a conocer, a los afectados por las decisiones administrativas, la información básica de tales decisiones, así como los mecanismos y procedimientos seguidos por quienes adoptan las mismas
La transparencia se produce no sólo cuando las organizaciones hacen visible la toma de decisiones, sino también cuando están abiertas a la participación pública y permiten a los ciudadanos la máxima capacidad de elección de los servicios
La transparencia supone la apertura al escrutinio público de la conducta y actuaciones realizadas en los asuntos públicos.
Paradoja: ¿Puede también la transparencia generar desconfianza?
La administración pública, integrada por servidores públicos transparentes, inspiran y son generadores de desconfianza de otros servidores alejados de ética, consistente en el conjunto de normas que ordenan e imprimen valores y principios de conducta de una persona, entre los que se distinguen: compromiso, honestidad, lealtad, franqueza, integridad, respeto por los demás y sentido de responsabilidad.
Factores que ejercen un efecto positivo en el acceso a la información pública
Una prensa activa y libre
Los niveles de ingresos
La difusión de información gubernamental a través de la web
La cultura media de un país (sus actitudes sociales hacia el valor de la información gubernamental)
El tipo de estructura de poder dentro de una comunidad (los países que tienen el poder menos centralizado los que son más transparentes) .
Las presiones de organizaciones externas o internas.
En cambio, la falta de transparencia gubernamental es a menudo relacionada con la concentración del poder.
La rendición de cuentas como mecanismo para generar confianza.
La rendición de cuentas sólo es posible cuando la relación entre los ciudadanos y el gobierno es transparente
Transparencia y rendición de cuentas van unidas, pero no deben confundirse:
A través de la rendición de cuentas el gobierno debe responsabilizarse ante terceros de sus actos. A través de la transparencia se muestra su funcionamiento y se está sujeto al escrutinio. A través de la transparencia se satisface la necesidad de contar con la aprobación del público y además supone un compromiso de los gobernantes a la discusión abierta.
La rendición de cuentas abarca todo lo que conlleva la realización de controles y contrapesos, para la vigilancia y restricciones del ejercicio del poder
[Figure ID: gf3] Figura 2.
Alternate Text: Figura 2 Rendición de cuentas..
—(Schedler, 2004).
La rendición de cuentas (accountability) se refiere a la obligación de los servidores públicos de responder ante los ciudadanos por la realización de su trabajo, de informar y justificar sus decisiones, así como la no realización de determinadas actuaciones
La rendición de cuentas es un proceso participativo, período, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible sobre la gestión institucional, que conlleva la formulación, evaluación de políticas públicas, mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre la gestión de lo público, dan a conocer a la ciudadanía de dicha gestión, mediante el cual, es posible conocer si la gestión cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía a la que se debe, y para las instituciones, la evaluación ciudadana le permite cualificar su gestión, es decir promueve la corresponsabilidad.
Interrelación de los mecanismos que incrementan la confianza en la administración pública (AAPP)
[Figure ID: gf5] Figura 3..
Alternate Text: Figura 3. Interrelación de los mecanismos que incrementan la confianza en la administración pública (AAPP).
—(Piotrowski y Van Ryzin, 2007).
La gobernanza como sistema integrador de la transparencia y de la rendición de cuentas.
[Figure ID: gf6] Figura 4..
Alternate Text: Figura 4. Gobernanza.
La transparencia y la rendición de cuentas se encuentran, directa o indirectamente, inmersos en el proceso de gobernanza.
El centro básico de esta gobernanza lo constituye el acceso a la información
La gobernanza representa el ejercicio del poder con el objetivo de dirigir y regular las actividades públicas en beneficio del interés público
La gobernanza es un concepto neutral que se centra en los elementos y mecanismos de dirección para llevar a cabo la gestión y el funcionamiento de una cierta entidad, haciendo hincapié en la interacción del Estado con las empresas y la sociedad
Es un concepto que va más allá de la provisión de servicios públicos y la resolución de los problemas urbanos, puesto que implica la creación de instituciones y procesos que conducen a los ciudadanos a elaborar e implementar políticas comunitarias de forma colectiva y democrática.
La Gobernanza como Sistema Integrador de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas
[Figure ID: gf7] Figura 5.
Sistema Integrador de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas
Alternate Text: Figura 5 Sistema Integrador de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas.
—(Libro Blanco de la Gobernanza europea-Comisión Europea, 2001).
Gobernanza electrónica o e-gobernanza
Hace referencia a la aplicación de las TIC en los procesos de gobernanza. Implica una discusión y debate abierto de los asuntos de interés público a través de medios electrónicos (puede equipararse con los principios de la democracia deliberativa).
Gobierno Autónomo Descentralizados.
El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano.
La (Asamblea Nacional, Constitución Política, 2008) En la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), artículo 16, establece que todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos;
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. (pág. 16 y 17).
Considerando el material presentado por (Quintanilla Mendoza & Gil García, 2013) , numeral 1.2.1 Principios de Gobierno Abierto. La transparencia se relaciona con el derecho a la información que se refiere a la garantía fundamental de las personas para allegarse de información, informar y ser informadas, y; con el derecho de acceso a la información, que le permite conocer la información y datos públicos en posesión del gobierno. Es decir, la transparencia es una práctica para colocar la información pública al acceso de los ciudadanos, de tal modo que éste pueda acceder a ella para mantenerse informado y formarse una opinión acerca de los procesos y acciones ya realizadas o a serlo. Así, la transparencia limita la corrupción y los abusos de poder.
Del análisis a la publicación de (Rodríguez C, 2013) La ley ecuatoriana forma parte de una serie de legislaciones parecidas que existen en otros países de la región y de normativas internacionales que consagran este derecho. La Constitución que Ecuador aprobó en el 2008, dedica su artículo 18 (Ecuador 2011) a ratificar el interés del Estado en que este acceso a información pública sea real, para todos y de la mejor forma. Pero más allá de la normativa, una evaluación casi al cabo de una década de la existencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) evidencia una falta real de su cumplimiento, vacíos operativos que posibiliten su efectividad, la exclusión de grupos vulnerables y un desconocimiento ciudadano de este derecho considerado como fundamental en todos los tratados internacionales. (págs. 1, párrado del 6 y 7).
Después del análisis y reflexión a lo publicado por (Rodríguez C, 2013) En su obra titulada “Acceso a la Información en Ecuador a 9 años de promulgada la Ley. Se coincide con aquella teoría de que las viejas prácticas de corrupción y control de lo público de parte de organizaciones antiguas y poderosas han bloqueado la real aplicación de la Ley; Como sociedad el Ecuador no está listo para asumir y ejercer este derecho de acceso al ciudadano a la información pública porque se trata de satisfacer otros aún más básicos insatisfechos como alimentación, salud, educación; y, No ha alcanzado el nivel mínimo de consciencia de participación ciudadana, en cuyo caso la Ley está muy adelante del real desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Respecto a los otros dos argumentos, dicen mucho de un país con una historia democrática inestable, con sucesiones de dictaduras, derrocamientos, interinazgos y vulneración de las funciones del Estado, que han hecho que en Ecuador se desarrolle una cultura de participación ciudadana efectiva. (págs. 1, párrafo del 9 al 13).
La (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informacción Pública, 2004) Establece en el artículo 11.- Vigilancia y Promoción de la Ley.- Sin perjuicio del derecho que las leyes asignan a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que le confiere su propia legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo, la promoción, vigilancia y garantías establecidas en esta Ley. Tendrá las siguientes atribuciones:
a. Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública;
b. Vigilar el cumplimiento de esta Ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley;
c. Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que en esta materia dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos;
d. Precautelar que la calidad de la información que difundan las instituciones del sector público, contribuya al cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
e. Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación, sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas de derecho público, o privado, sujetas a esta Ley;
f. Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural o jurídica o por iniciativa propia, acciones judiciales de acceso a la información pública, cuando ésta ha sido denegada; y,
g. Informar al Congreso Nacional en forma semestral, el listado índice de toda la información clasificada como reservada. (pág. 6 y 7).
Constitución de la República del Ecuador 2008, arts. 215.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, arts. 17, 39, 76.
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, arts. 47, 50.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, COPFP, arts. 156
La provincia de Santa Elena, está integrada por tres cantones: Santa Elena conjuntamente con su parroquia urbana Santa Elena y rurales, y estas últimas por comunas: Ancón, Atahualpa, Chanduy, Colonche, Manglaralto, Simón Bolívar; La Libertad (no tiene parroquias); Salinas y sus parroquias urbanas: Salinas y Santa Rosa, rurales: Anconcito y José Luis Tamayo. Cada una de las divisiones políticas antes mencionadas, están dirigidas por un Gobierno Autónomo Descentralizado, a excepción de Santa Rosa. En todas estas jurisdicciones la actitud de los ciudadanos con respecto a la información pública es similar a la de todo el país.
Los cuestionamientos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, que permitieron determinar si el acceso a la información pública es viable en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Santa Elena, fueron: Pregunta 1. ¿Sabe usted si es fácil obtener información del GADM y de Santa Elena? Repuesta 1. El 95% respondió que no es nada fácil, agregando que se les dificulta realizar sus trabajos de titulación en las instituciones públicas; el 5% dice que a ellos se les facilitó por tener familiares, amistades o vínculos que hicieron posible realizar las primeras indagaciones para la identificación de una situación problema, información que fue útil para la formularon del título y tema del anteproyecto o proyecto de investigación académica de tercer nivel, razón por la que, la gran mayoría, solicita el examen complexivo. Similares resultados presentan la pregunta 2 relacionadas con los GAD Parroquial del cantón Santa Elena; la 3 con el GADM de La Libertad y la 4, armonizada con los GAD Parroquiales de José Luis Tamayo y Anconcito. También se mantuvo un conversatorio con directivos de estas instituciones públicas, quienes manifestaron que ellos si han colaborado con los egresados que han solicitado realizar proyectos de titulación en las entidades que dirigen.
El 42% de los ciudadanos interrogados sobre el derecho que tienen al acceso a la información pública, manifestaron, haber sido parte de la rendición de cuenta del máximo líder de su cantón y parroquia. El 40% dijo tener conocimiento del tema pero que no le ha interesado asistir; el 9% opinó conocer lo que establecen las Leyes al respecto, pero que no es fácil sacar información de las entidades públicas, y si la facilitan, se toman su tiempo. Sobre las páginas web de los GAD cantonales y parroquiales, indicaron, como la ley les ordena a que como mínimo publiquen cierta información, estas existen.
El nivel de cultura de los ciudadanos de la provincia de Santa Elena, respecto al acceso a la información pública, es bajo. En cambio, las instituciones, representada por las servidoras y servidores públicos, quienes, si conocen sus deberes y obligaciones, como es el de brindar servicios de calidad, y entre estos, el de atender de la mejor manera al usuario, sin embargo, los directivos no cumplen ni hacen cumplir eficientemente los preceptos legales.
El ciudadano ecuatoriano entre los que se encuentran los de la provincia de Santa Elena, le resta importancia al cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, un factor de gran importancia es el nivel de cultura tanto de los servidores públicos en sus diferentes niveles de mandos como de los ciudadanos, desde el 2004 hasta el 2010 se considera que el cumplimiento de la ley fue bajo en el Ecuador, a consecuencia de una limitada visión integral del escenario de la LOTAIP: “Una razón fue que la Defensoría del Pueblo no enfocó sus esfuerzos a trabajar con las instituciones que deben cumplir la ley y restó atención a la ciudadanía. Ahora la Defensoría del Pueblo ha cambiado de perspectiva y procura empoderar al ciudadano en su derecho de acceso a la información y ejerza la presión necesaria para que se cumplan.
El ausente empoderamiento del ciudadano ecuatoriano, incluidos los de la provincia de Santa Elena, viene de una larga tradición de menosprecio a la persona común y corriente que se acerca a las autoridades con la intención de obtener información y a través de esto vigilar la gestión de lo público, desprecio utilizado para disimular corrupción o ineficiencia.
El gobierno provincial, los cantonales y parroquiales, en cumplimiento a lo que establecen los preceptos constitucionales y legales, disponen cada uno de su página, sitio o portal web, donde hay información útil para mantener informado al ciudadano, a las comunidades y a la sociedad en general, lo que significa que el acceso a la información pública y grado de transparencia en los actuales tiempos, es totalmente diferente a la de hace 8 años atrás, pero no suficiente.
Lo investigado hasta el momento sobre la cultura del ciudadano peninsular, instituciones y acceso a la información, no es suficiente ni óptimo, pues se necesita de planes estratégicos de comunicación ajustados a los avances de las tecnologías de información y comunicación, para cambiar la situación de inobservancia a la LOTAIP.
La Defensoría del Pueblo, debe continuar con:
Actividades direccionadas a elevar la cultura de los ciudadanos, como la ejecución de planes anuales de capacitaciones.
La preparación de instrumentos guías que orienten a las entidades obligadas con la LOTAIP, el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y más disposiciones emitidas en esta Ley.
La implementación de políticas que propicien cambios radicales en los modelos mentales y actitudes de los funcionarios públicos responsables del cumplimiento de la Ley.

References: artículo 238
 artículo 4
 resolución 
 artículo 238
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 11
 artículo 1