Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920460.html
Timestamp: 2019-11-21 04:14:04+00:00

Document:
as201920460
Auto Supremo: 460/2019
Expediente: CB-60-18-S.
Partes: Alain Rivas Callao c/ María Eufronia Callao Escobar.
Proceso: Entrega de cosa vendida.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 155 a 159, interpuesto por María Eufronia Callao Escobar contra el Auto de Vista N° 28/2018 de 9 de julio que cursa de fs. 150 a 152, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de entrega de inmueble, seguido por Alain Rivas Callao contra la recurrente, el Auto de concesión a fs. 166, Auto Supremo Nº 1033/2018-RA de 30 de octubre que admitió el recurso cursante a fs. 172 a 173, los antecedentes del proceso y:
1. Planteada la demanda ordinaria de entrega de la cosa vendida Alain Rivas Callao mediante su representante legal Manuel Carlos Rivas Narvaez (fs. 39 a 40) solicitó la entrega del inmueble sito en avenida Centenario Nº 92, Cruce Taquiña, zona Nor Oeste de la ciudad de Cochabamba, del cual es propietario, dirigiendo su acción contra su vendedora María Eufronia Callao Escobar, quien una vez citada con la acción y decreto de admisión de la demanda (fs. 43), respondió a la demanda planteando excepción de incompetencia que fue resuelta en el acto de audiencia preliminar declarándola IMPROBADA (fs. 99 a 100). Continuando así la tramitación de la causa hasta el pronunciamiento de la sentencia de fs. 16 a 118, en la que el Juez Público Civil Comercial N° 19 de la ciudad de Cochabamba, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que la demandada en el plazo de tres días entregue al demandante el inmueble objeto de litis.
2. El fallo de primera instancia mereció el recurso de apelación deducido por la demandada (fs. 120 a 123), mereciendo el Auto de Vista Nº 28/2018 de 9 de julio que cursa de fs. 150 a 152, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que CONFIRMÓ íntegramente la resolución apelada, expresando en lo principal de su argumento que: a) Los fundamentos expresados en el recurso de apelación no constituyen una expresión de agravios sufridos por la resolución de primera instancia, recurso de apelación que se limitó a precisar los antecedentes del proceso, desde el acto de la conciliación prejudicial que no tuvo resultados porque no se pudo conciliar con el demandante que resulta ser su ex esposo, repitiendo los fundamentos de la demanda, de la oposición de excepción y de los actos llevados a cabo en la audiencia preliminar y complementaria; b) En el recurso de apelación, la apelante se limitó a señalar que se vulneraron sus derechos constitucionales, argumentando al respecto que no se le permitió ofrecer prueba y que la resolución no se encuentra debidamente fundamentada, para finalmente solicitar con total falta de técnica recursiva la revocatoria de la resolución y la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sin precisar cuáles son los argumentos de hecho y de derecho por los que considera que el A quo equivocó su decisión, c) No obstante de la deficiencia del recurso, los reclamos de la apelante se reducen a dos aspectos como son la observación de las decisiones de la A quo en relación al ofrecimiento, diligenciamiento y producción de los medios de prueba, extremo que según la apelante acarrearía la nulidad de obrados, y la falta de fundamentación y motivación de la sentencia.
3. Contra el Auto de Vista detallado precedentemente, la demandada María Eufronia Callao Escobar, formuló recurso de casación, que discurre de fs. 155 a 159, habiendo sido admitido por Auto Supremo 1033/2018-RA de 30 de octubre cursante de fs. 172 a 173, ameritando en consecuencia su estudio y resolución.
María Eufronia Callao Escobar, mediante memorial de fs. 155 a 159 formuló recurso de casación en el fondo, memorial que empieza con la solicitud de remisión de antecedentes ante este Tribunal para que se CASE el Auto de Vista impugnado, para luego efectuar una relación de los antecedentes del proceso desde el momento de la presentación de la demanda, la oposición de excepción previa, audiencia preliminar, para concluir este punto del recurso manifestando que el proceso no debió ser uno ordinario, sino monitorio, afirmando que no recibió pago alguno por la venta efectuada y que el demandante no demostró este extremo, reclamando además que el precio establecido por la venta de Bs. 615.000 resulta irrisorio frente al valor real del inmueble que asciende a $us 300.000.
Transcribiendo el concepto de “Agravio”, expresó que la expresión de agravios “en la apelación” significa la carga procesal de quién la ha incoado, de fundarla, explicando claramente los errores impugnados de la resolución apelada, ante el tribunal superior, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de Alzada.
Agregó que no se valoró las pruebas presentadas, y que tampoco se llamó a la audiencia de conciliación, fijándose solamente puntos de probanza para el demandante, privándole de su derecho a la defensa, infringiéndose por ello los arts. 1286 y 1287 del Código Civil, 111. I y 366.6 del Código Procesal Civil.
Solicitó se pronuncie Auto Supremo anulatorio hasta el vicio más antiguo.
RESPUESTA AL RECURSO
Miguel Carlos Rivas Narvaez, en representación legal del demandante respondió al recurso en estudio afirmando en lo principal que la demandada platea recurso de casación o nulidad de obrados como si se tratara de un solo recurso, olvidando que “una cosa es casar y otra anular” –textual-, y que el recurso de casación constituye un acto procesal complejo en el que no basta la voluntad de impugnar, sino debe fundamentase tal impugnación.
Añadió que el recurso contiene solamente una relación de antecedentes del proceso siendo repetitivo en los reclamos efectuados en el recurso de apelación y durante la tramitación del proceso, tales como que se le hizo firmar un papel en blanco, el que supuestamente sería para refinanciar un préstamo de dinero, siendo sometida a engaños, aspectos que no logró probar en el curso del proceso.
Solicitó desestimar el recurso y confirmar el Auto de Vista impugnado.
III.1. Del contrato de compra venta.
El Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Civil pronunció varios fallos analizando la naturaleza jurídica del contrato de compra venta, sus efectos y las obligaciones que conlleva para con las partes contratantes, entre ellos se encuentra el Auto Supremo N° 394/2018 de 7 de mayo que en relación a este contrato estableció: “El art. 584 del Código Civil señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero” . Asimismo, acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I pag. 46 citando a Luzzatto señala: “la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere: “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública (…) es un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente”.
Más adelante la misma resolución continuó: “En este entendido, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también sobre el tema de las características de este tipo de contratos exponen que es: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual…”.
Asimismo en el Auto Supremo Nº 153/2014 de 16 de abril, se expresó que: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia (…) debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato”.
A fin de resolver el recurso en análisis, dentro el marco establecido por la resolución recurrida, los fundamentos de la impugnación resumidos supra y la doctrina legal establecida para el caso, se hace necesaria la siguiente consideración:
Independientemente de la deficiencia e insuficiencia el recurso en análisis, debido a su admisión corresponde ingresar a resolver, indicando en primer término que desde el inicio de su fundamento contiene contradicciones como la primera petición de casar el Auto de Vista para luego concluir el recurso de casación en el fondo solicitando el pronunciamiento de un Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo, extremo que denota total desconocimiento de las implicancias del recurso de casación en la forma o en el fondo, el primero tiene como finalidad, de otorgársele razón al recurrente, la nulidad de los actuados procesales por vicios procesales, mientras que el segundo “Recurso de casación propiamente dicho”, se encuentra dirigido a buscar se deje sin efecto un Auto y que, de ser evidentes tales infracciones, el Tribunal de casación se ve obligado a modificar la resolución recurrida.
En autos, la recurrente se limita a realizar un resumen de lo acaecido en primera y segunda instancia, esgrimiendo aspectos que debieron hacerse valer en el recurso de apelación, tales como el reclamo en sentido que el proceso no debía ser por la vía ordinaria, sino uno monitorio, que el A quo señaló puntos de probanza solamente para la parte demandante, por lo que, se rescata del escaso fundamento la denuncia de transgresión de los arts. 1286 y 1287 del Código Civil, 111.I y 366.6 del Código Procesal Civil, al no haber sido valoradas las pruebas producidas en el proceso.
Planteado así el recurso de casación en el fondo, es necesario referirse a la naturaleza del proceso y el fin que persigue el mismo. Es así que el demandante inició su acción afirmando que al ser propietario del inmueble sito en avenida Centenario N° 92, Cruce Taquiña, zona Nor Oeste de la ciudad de Cochabamba, adquirido a título de compra venta de su anterior propietaria María Eufronia Callao Escobar contra quién dirige su acción, y ante la negativa de entregársele el inmueble, deduce precisamente la acción ordinaria de “entrega de inmueble”.
En efecto, la documental de fs. 5 a 13, cuya validez no es discutida en la presente causa, demuestran que Manuel Carlos Rivas Narváez y María Eufronia Callao de Rivas transfirieron a favor de Alain Rivas Callao el inmueble objeto de la litis, adquiriendo entonces el ahora demandante el derecho propietario del bien a partir de la suscripción de aquel documento, acto jurídico que, conforme se ha descrito en el acápite correspondiente a la Doctrina Legal Aplicable y, sobre todo en atención a la disposición contenida en el art. 584 del Código Civil, glosado en aquel punto de la presente resolución, constituye un contrato bilateral por el cual una de las partes llamada vendedor transfiere a otra llamada comprador la titularidad de un bien, naciendo para el primero la obligación de entregar la cosa vendida y para el segundo la obligación de cancelar el precio convenido.
El contrato de compra venta posee la particularidad de que, para su perfeccionamiento, no necesita de ningún otro requisito que el cumplimiento de pagar el precio y entregar la cosa vendida, está exento de cualquier otra formalidad legal reservada para otro tipo de contratos, que sin ella no pueden ser perfeccionados.
En autos, acreditado como se encuentra el negocio jurídico constituido por el acto de la compra venta, ante el pago del precio previamente pactado por las partes intervinientes, sin duda, correspondía que los vendedores procedan a entregar el bien objeto de la transferencia, negativa existente únicamente en uno de los vendedores, por lo que el comprador reclama su derecho solicitando en la presente causa “la entrega de la cosa vendida”, dirigiendo su acción contra quién a pesar de haberse despojado de la titularidad aún permanece en posesión del inmueble materia de autos.
Ahora bien, al haberse demostrado durante la sustanciación de la causa la transferencia del derecho propietario del inmueble objeto de la litis, estando fuera de toda discusión otros aspectos esgrimidos por la ahora recurrente, los jueces de instancia otorgaron razón al demandante, cuando se pronuncia una sentencia declarando probada la acción y en alzada se confirma el fallo de primer grado, decisiones asumidas por los jueces de grado previo estudio de los antecedentes del proceso, en el que, el único punto de controversia como es la existencia de la compra venta del bien fue totalmente probado, en detrimento de la demandada que, no ofreció menos produjo prueba conducente al objeto del proceso que demuestre los extremos de su respuesta.
En relación al Auto de Vista de fs. 150 a 152 que motiva el presente recurso, contrastando sus fundamentos con los del recurso en estudio, se afirma que en la resolución del Ad quem, no se encuentra la transgresión denunciada por la recurrente, máxime si se tiene en cuenta que precisamente el art. 1286 del Código Civil - que a juicio de la recurrente - fue transgredido por el Tribunal de Alzada, faculta al juez valorar la prueba conforme a su prudente criterio. Por su parte el art. 1287 del Código Civil, igualmente transgredido a criterio de la recurrente, otorga el concepto de “Documento Público”, más su sola cita resulta fuera de contexto en la problemática del proceso, no siendo entonces evidente lo afirmado por la recurrente, quién además al formular el recurso de apelación al igual que en el recurso de casación en el fondo, realiza un resumen de los antecedentes y actuados procesales durante la tramitación de la causa, por lo que el Ad quem, con sobrada razón en parte de su resolución señaló: “Sin embargo los fundamentos expresados en su recurso no se constituyen en una expresión fundamentada de agravios sufridos con la resolución impugnada porque en él se limitó a precisar los antecedentes del proceso (…)”.
Finalmente, en cuanto a la denuncia de transgresión de los arts. 111.I y 366.6 del Código Procesal Civil, corresponde establecer que el art. 111.I, se refiere a la prueba que debe ser acompañada a la demanda, disposición que debe ser observada por el demandante y no así por la demandada, salvo que esta adquiera tal condición al plantear una posible acción reconvencional, extremo no acontecido en la litis, por lo que, no existe la transgresión denunciada. De igual forma el art. 366.6 del adjetivo civil, norma las actividades de la audiencia preliminar, entre ellas, la Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible; recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión. Revisada el acta de la audiencia preliminar (fs. 98 a 100 vta.), se evidencia que el A quo, en cumplimiento de la disposición legal anotada señaló: “(…) a continuación, en aplicación del art. 366 num 6 del Código Procesal Civil se pasa al ordenamiento de la prueba, a ese efecto, para la parte demandante…”, y a continuación admitió la prueba presentada por el actos, para más adelante, en el sub título: “Para la parte demandada, señaló: “ninguna al no haber sido propuesta”, demostrándose entonces que, contrariamente a la afirmación de la recurrente, el art. 366 num. 6) fue cumplido y no transgredido.
En consecuencia, conforme el fundamento de la presente resolución no resultan evidentes las infracciones acusadas por la recurrente.
Es precisamente la fundamentación de la presente resolución que sirve para conceder razón al demandante en los fundamentos de su respuesta al recurso que se resuelve, habiendo arribado este Tribunal Supremo de Justicia a la conclusión que la recurrente no es precisa en cuanto a la forma de plantear el recurso resultando contradictorio cuando plantea recurso de casación en el fondo y solicita se pronuncie Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo y que la demandada no logró probar las aseveraciones vertidas en su defensa.
Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 155 a 159, interpuesto por María Eufronia Callao Escobar contra el Auto de Vista N° 28/2018 de 9 de julio que cursa de fs. 150 a 152, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos al recurrente en aplicación del art. 223.V.2 del Código Procesal Civil.
Se regula honorario profesional del abogado que contestó al recurso en la suma de Bs. 1.000

References: resolución 
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