Source: http://www.finanzasytributos.com/main/index.php?mod=mley&id=304
Timestamp: 2013-12-11 13:54:36+00:00

Document:
Ley Especial para la Dignificacion de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales
Vigencia: 06-05-2011	Decreto Nº 8.197 viernes 06 de mayo de 2011
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ESPECIAL PARA LA
DIGNIFICACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES
Conscientes de que las dificultades para el acceso a la vivienda por este sector
vulnerable se ven agravadas por la tragedia que han generado los cambios climáticos, y que la terminación de la relación laboral de estas trabajadoras y trabajadores, por la causa que fuere, le imponen el desalojo forzoso de sus viviendas, en medio de las dificultades que se afrontan para el acceso a este bien, que constituye un derecho humano.
Escuchando el llamado y redamo de este sector frente a la inconstitucionalidad del
marco jurídico regulatorio del oficio de conserjes, establecido en al Título V, Capítulo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 10 de Junio de 1997, que colide con disposiciones fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referendo popular el 15 de diciembre de: 1999.
Conforme al mencionado capítulo de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras de conserjerías son aquellas personas "...que tienen a su cargo la custodia de un inmueble, la atención, el aseo y el mantenimiento del mismo..." (artículo 282) y que además para el desarrollo de esa labor tienen derecho, conforme al artículo 285, "...a un descanso continuo no menor de 9 horas a partir de las 10 de la noche..." artículo que da pie a que las administradoras y juntas de condominio les exijan una jornada laboral de 15 horas diarias.
Siendo este el marco legal que ha favorecido el desarrollo en la sociedad venezolana de prácticas contemporáneas similares a la esclavitud, que si bien se encuentra formalmente abolida, encuentra un campo fértil para germinar en el marco de las relaciones de explotación capitalistas; y es por ello que, si bien pueden encontrarse excepcionalmente personas con este oficio a quienes se les garantizan plenamente sus derechos como trabajador o trabajadora, como mujer y como habitante de una comunidad; en la mayoría de los casos nos encontramos con situaciones graves de violación a sus derechos, como al sometimiento a jornadas de trabajo diarias mayores a las 8 horas, no pago de salarios o pagos mensuales menores al salarlo mínimo, prohibiciones de salir embarazada, discriminación de sus hijos e hijas con la prohibición de acceso a las áreas comunes del edificio, suspensión Ilegal de servicios, desalojos arbitrarios, entre otras violaciones a derechos humanos garantizados por la Constitución de la República.
Resulta fundamental que la sociedad en su conjunto reflexione sobre las relaciones de explotación, servidumbre y esclavitud que se desarrollan en el capitalismo, para lo cual se hace necesario ahondar en la descripción de la situación de vida de este grupo de personas que ha sido sometido a condiciones inherentes al nombre que se le ha puesto a su oficio: Conserje. "Conserje es el que tiene a su cuidado, la custodia, limpieza y llaves de un edifìcio (DRAE), el castellano adaptó la voz francesa concierge, probablemente procedente del latín vulgar, conservius, formado de la preposición cum (con) y servus (esclavo)".
a) Dictar normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o
entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos
naturales que exijan medidas inmediatas da respuesta y atención para satisfacer las necesidades humanas vitales...
c) Dictar medidas que permitan desarrollar de manera equitativa, justa, democrática y participativa los derechos de la familia venezolana para su buen vivir...
a) Dictar o reformar normas que regulen la actuación de los órganos y entes del Estado
y personas de derecho privado, en la realización de obras de infraestructura, tales
como urbanismos, servicios, edificaciones educativas y de salud...
3 En el ámbito de la vivienda y hábitat:
Dictar o reformar normas que regulen la actuación de los árganos y entes del Estado y
personas de derecho privado, en la construcción de viviendas, estableciendo
dispositivos destinados a Garantizar el derecho a una vivienda adecuada, segura,
cómoda, higiénica, con servidos básicos esenciales que incluyan un hábitat que
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunales, y permitir el acceso de las
familias a los medios económicos, a través de aportes y financiamiento tanto público
como privado, para la construcción, ampliación, remodelación y adquisición de
viviendas y sus enseres, elevando la condición de vida y el bienestar colectivo...
2- En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra
a) (...) Regular la creación de nuevas comunidades (...)
b) Dictar medidas que permitan establecer una adecuada ordenación del uso social de
las tierras urbanas y rurales susceptibles de ser desarrolladas con servidos básicos
esenciales y hábitat que humanice las relaciones comunitarias.
Dictar o reformar normas destinadas a la organización y funcionamiento del sistema de
seguridad ciudadana, del sistema policial y de protección civil; establecer
procedimientos eficaces, eficientes, transparentes y tecnológicamente aptos y seguros
para la identificación ciudadana y el control migratorio, y la lucha contra la impunidad,
así como establecer normas que prevean las sanciones que deban aplicarse en caso
de comisión de hechos punibles y los procedimientos tendentes a materializar la
4- En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación:
Dictar o reformar normas que desarrollen los derechos consagrados en el título VI de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para erradicar las
desigualdades entre los ciudadanos y ciudadanas que se derivan de la especulación, la
usura, la acumulación del capital, los monopolios, oligopolios y latifundios y para crear
las condiciones de igualdad en el acceso a la riqueza nacional, y la construcción del
buen vivir de tos pueblos urbanos...
Este Decreto ley Especial para los Trabajadores y Trabajadoras Residenciales,
anteriormente conocidos y conocidas como conserjes, se sustenta en la necesidad de
promover "un marco legal específico que acelere y dinamice las políticas y acciones,
que durante diez años ha realizado el gobierno bolivariano, tendentes a garantizar
soluciones adecuadas a la grave problemática social y económica derivada del impacto
de la crisis de la economía capitalista, contando con la actuación corresponsable entre
el Estado y el pueblo organizado conforme a los preceptos contenidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela'', tal como lo reza en su
exposición de motivos la Ley Habilitante 2010 promulgada por la Asamblea Nacional
con el objetivo de facultar al Presidente de la República para dictar decretos
contentivos de actos con rango, valor y fuerza de Ley, tendentes a instrumentar el
proceso de transformación en los distintos ámbitos de la vida pública, en función de
principios que sean permanentes y con la categoría de actos cotidianos, materializados
en realidades concretas para el buen vivir del colectivo humano que constituye la
Decreto Nº 8.197 del 05 de mayo de 2011
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr "la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta constitución por ser fines esenciales del Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugnan como valores superiores a su ordenamiento jurídico, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político establecido en los artículos 3° y 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en función de impedir el agravamiento de la situación generada por el cambio climático y de rescatar la dignidad de dichas trabajadoras y trabajadores, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 1, literal a, de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 6.009 Extraordinario de fecha 17 de Diciembre de 2010 en Consejo de Ministros, DICTA
DIGNIFICACION DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES
Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene como objeto asegurar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras residenciales, generando las condiciones necesarias para su dignificación. Delimitando las acciones propias de lo que hasta ahora ha sido denominado oficio de conserjería, las partes del proceso, los derechos y obligaciones, así como los mecanismos especiales para la garantía efectiva de los derechos de este sector, establecidos en la constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Impulsando cambios en las relaciones de trabajo y patrones socioculturales propios de un sistema patriarcal y capitalista, que genera relaciones de explotación, expresadas en formas contemporáneas de esclavitud y desigualdad.
Aseguramiento pleno de Derechos y Garantías
Artículo 2°. Los trabajadores y las trabajadoras residenciales gozan de todas las garantías y derechos constitucionales establecidos en su condición de ser humano, en su relación laboral, en cuanto a su participación ciudadana, así como su vida familiar y comunitaria.
Se aplicará siempre de manera preferente la ley que beneficie al trabajador o trabajadora en función de la garantía plena de todos sus derechos. Las instituciones involucradas en la defensa y garantía de sus derechos establecerán políticas dirigidas a la atención especial de este sector vulnerable, en tal sentido promoverán políticas de protección, contrataría y actuación de oficio en las siguientes materias:
b) Derechos laborales: el cumplimiento de una jornada de trabajo conforme a las
previsiones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes en materia laboral, la prohibición de descuentos indebidos efectuados al salario de los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación laboral en general, así como lo referente a las condiciones y ambiente de trabajo, la seguridad y salud laborales y la seguridad social.
Artículo 3°. Esta ley tiene como referencia la orientación estratégica de avance hacia
un Estado Comunal como Estado Social de Justicia y de Derecho, basado en principios
de respeto mutuo, justicia, igualdad, solidaridad y corresponsabilidad donde el pueblo
organizado ejerza de manera directa el Poder Popular, como vía para construir una
sociedad socialista, en tal sentido los principios que orientarán el desarrollo de esta ley
1. La búsqueda del buen vivir; como modo de vida emancipada, en lucha por la
erradicación de toda forma de dominación, discriminación y explotación, la
transformación de las relaciones patriarcales y la satisfacción de las necesidades
reales y prioritarias de la población.
2. El impulso de un nuevo modelo productivo donde el trabajo sea liberador:
garantizando la lucha contra la división del trabajo por género, clase, territorio, edad o ideología; contra la enajenación de la fuerza de trabajo y hacia la auto-organización del trabajo desde la base popular explotada. El trabajo dignifica a quien lo realiza, cuando está orientado a construir una sociedad justa y amante de la paz, de conformidad con lo estableado en el artículo 3o de nuestro texto constitucional.
3. El rescate de la ciudad: por cuanto el hábitat, el suelo y la vivienda son derechos
humanes y no mercancías; se mantiene la lucha contra la especulación inmobiliaria y el latifundio urbano; para lograr la autogestión del hábitat en el desarrollo de nuevas comunidades socialistas; el uso social del suelo, y el rescate de terrenos e inmuebles ociosos para atender necesidades prioritarias de la población.
4. El fortalecimiento del Poder Popular: a través de la organización como vía para el ejercicio directo del poder; la corresponsabilidad en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas; la autonomía del movimiento popular, y la unidad del pueblo organizado.
Artículo 4°. Se entiende por trabajadores y trabajadoras residenciales aquellos y
aquellas que tienen a su cargo la limpieza y aseo de las áreas comunes de un
inmueble destinado a viviendas multifamiliares, establecimientos u oficinas.
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley regula lo concerniente a los
trabajadores y trabajadoras residenciales, independientemente de que éstos habiten en el inmueble en el cual prestan sus servidos o fuera de él.
Artículo 5º. Se prohíbe toda forma de explotación y mercantilización de la fuerza de trabajo y de la vida en todos sus aspectos, que conllevan a distintas formas de
violación o vulneración de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras
residenciales, como consecuencia directa de la relación laboral.
Da la definición de este sector como grupo vulnerable, sujeto de atención especial por parte del Estado Venezolano
Artículo 6°. En concordancia con el artículo anterior, se define el sector de trabajadores y trabajadoras residenciales, junto con sus familias, como grupo vulnerable, considerado sujeto de atención especial para el desarrollo de políticas públicas, fundamentalmente en las áreas de vivienda, trabajo, seguridad social, mujer e igualdad de género, niños y niñas, y adultos y adultas mayores, así como participación.
Artículo 7°. El trabajador o la trabajadora residencial cumple una función social porque su proceso de trabajo estará orientado a prestar un servicio que garantice un ambiente adecuado en el inmueble donde labora, en función de la salud y bienestar de sus habitantes. En tal sentido, los medios de comunicación y quienes ejerzan la relación patronal deben contribuir a la formación de los vecinos y las vecinas sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y en el respeto al oficio.
Artículo 8º. Durante la relación de trabajo se considerará al trabajador y trabajadora
residencial, así como a los Integrantes de su familia que vivan con él o ella, como
habitantes de la comunidad en la que presta el servicio, con los mismos derechos
Artículo 9°. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se consideran partes en la relación de trabajo para el ejercicio de la labor, a la comunidad de habitantes y a la trabajadora o trabajador residencial. La figura de Patrono estará representada por la comunidad de residentes, quien actuará a los efectos de establecer las órdenes e instrucciones para el trabajador o trabajadora, a través de la junta de condominio. No se consideraran patronos, ni actuarán como tales, las empresas u organizaciones que presten servicios de administración de condominio.
distintos a la habitación, la figura de Patrón será ejercida por la junta de condominio o la comunidad de copropietarios, arrendatarios, administradores, responsables o encargados de los establecimientos u oficinas.
La contratación de los trabajadores y trabajadoras residenciales por medio de cooperativas, empresas privadas, o cualquier otra forma de tercerización, no podrá
menoscabar o disminuir los derechos consagrados a favor de dichos trabajadores y trabajadoras en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y en la
legislación laboral. Serán nulos los negocios jurídicos y contratos a través de las cuales se pretenda evadir la relación de trabajo regulada por el presente Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley, con fines de excluir a estos trabajadores y trabajadoras de la presente regulación y protección legal, mediante la simulación de la relaciones de trabajo con otras figuras jurídicas. Para lo cual, el funcionario actuante o el operador de justicia podrá desconocer las formas jurídicas mediante las cuales se pretenda la simulación.
Artículo 10. Será responsabilidad de los habitantes que integran la comunidad en la
cual el trabajador y trabajadora residencial presta servicios, conservar en buen estado
de limpieza las áreas comunes, a tal efecto deberán responder por los perjuicios de
cualquier índole ocasionados en el inmueble.
Artículo 11º. Es responsabilidad indelegable de la junta de condominio del inmueble, o la organización de la comunidad que haga sus veces, lo que corresponde a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre ésta y el trabajador o
trabajadora residencial, así como la administración y garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos del inmueble.
Los inquilinos e inquilinas tienen igualmente corresponsabilidad como miembros de la comunidad beneficiarla de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora.
Artículo 12º. Las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre el trabajador o trabajadora residencial y el patrono es responsabilidad de todos los propietarios y todas las propietarias, de manera individual, según la alícuota parte que le corresponda en el inmueble, o de forma colectiva, si cuentan con una instancia de organización.
Prohibición de sobreexplotación
Artículo 13º. Se prohíbe la sobreexplotación del trabajador y trabajadora,
Entendiéndose como la asignación de labores que no se corresponden a la definición del oficio, y que se describen a continuación:
a) Ejecutar trabajos distintos a la limpieza y el aseo de las áreas comunes del
Límites de áreas de trabajo. Trabajador o trabajadora ayudante.
Artículo 14º. El reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá establecer un límite máximo de área física común asignada a un solo trabajador o trabajadora residencial para la prestación de sus servicios, la cual podrá ser establecida por superficie o por número de unidades habitacionales, oficinas, locales o establecimientos.
A tal efecto, el patrono deberá contratar un (01) trabajador o trabajadora residencial por cada área física máxima determinada según el artículo anterior, y tantos ayudantes como sea necesario, para cubrir el área física total del inmueble.
El patrono será responsable de garantizar a las ayudantes o los ayudantes contratados, todos los derechos establecidos en la legislación laboral y en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, exceptuando lo referido a la provisión de vivienda, los derechos como parte de la comunidad y habitante del inmueble, salvo en aquellos casos en los cuales dicha o dicho ayudante sea pariente de consanguinidad o afinidad del trabajador o trabajadora residencial y haya común acuerdo de vivir en la misma vivienda, o en aquellos inmuebles donde haya condiciones para habilitar una vivienda temporal en las condiciones de dignidad y habitabilidad.
Así mismo, el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
podrá establecer y regular la obligación de prever un espacio idóneo como vivienda de la trabajadora o trabajador residencial en los desarrollos habitacionales que se construyan.
Artículo 15º. Las actividades desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras
residenciales se considerarán como una responsabilidad que la comunidad de un
inmueble destinado a viviendas multifamiliares delega en una o varias personas a
quienes reconocen como trabajadoras o trabajadores al mismo tiempo que habitantes de esa comunidad, por lo que gozan de los mismos derechos, y con los cuales deben privar principios de respeto, igualdad, solidaridad y convivencia colectiva, en el marco de la Constitución y leyes de la República.
Artículo 16º. Las trabajadoras residenciales gozan y serán protegidas en sus derechos como mujeres, tales como la protección laboral de la maternidad, la lactancia materna, descanso pre y post natal, fuero maternal y demás derechos como mujer trabajadora y en materia de género. En tal sentido, esta situación debe ser abordada de manera priorizada por el ministerio con competencia en materia de mujer e igualdad de género, para su debida inclusión en el sistema de pensiones, seguridad social y demás políticas de atención especial a las mujeres.
Artículo 17º. Debe ser respetado el derecho a la familia de los trabajadores y
trabajadoras residenciales, por lo tanto no podrán establecerse en los contratos de
trabajo prohibición alguna de embarazo, ni limitaciones a la libre reproducción y
desarrollo de la vida familiar. En consecuencia, es nula cualquier norma que limite o menoscabe estos derechos.
Artículo 18º. No se consideran como partes de la relación de trabajo los familiares del
trabajador o trabajadora residencial, salvo que dicho familiar suscriba un contrato de
trabajo aparte, conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y el
Articulo 19º. Los trabajadores y las trabajadoras residenciales, junto a su familia,
tendrán todos los derechos como habitantes del inmueble en el uso de áreas comunes, visitas de familiares, amigos y amigas.
Artículo 20º. Los niños, niñas y adolescentes que convivan con los trabajadores y
trabajadoras residenciales están amparados por la legislación vigente que rige la
materia, en consecuencia, no podrán ser objeto de violencia por parte de los
integrantes de los residentes o usuarios del inmueble, tampoco podrán ser obligados u
obligadas a desempeñar trabajos en el inmueble, ni mucho menos sometidos a tratos discriminatorios.
Artículo 21º. Se garantizará protección especial a los trabajadores y trabajadoras
residenciales considerados como adultos y adultas mayores, por tanto son considerados sujetos y sujetas de protección especial para ser beneficiarios de las
políticas públicas que les beneficien en todas las áreas. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional Implementará políticas especiales para provisión de viviendas a las adultas y los adultos mayores que presten servicios como trabajadores residenciales, pero carezcan de vivienda propia.
Articulo 22º. El inmueble ocupado temporalmente por el trabajador o trabajadora
residencial es su vivienda familiar, en consecuencia tiene el derecho, el o ella y su
familia, de usar el inmueble y sus áreas comunes, así como tiene los mismos deberes
aplicables a todos los y las habitantes de la comunidad, sin privaciones o
discriminaciones de ningún tipo. La trabajadora o el trabajador residencial no podrá
enajenar, gravar o arrendar, en todo o parte, el inmueble, salvo en los casos en que la
comunidad, a través de los negocios jurídicos establecidos en el ordenamiento
aplicable, haya otorgado tales derechos, o cuando por vías excepcionales haya
obtenido tales derechos sobre el inmueble.
Artículo 23º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales tendrán derecho a utilizar su
tiempo libre conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las normas que rigen la materia de seguridad y salud laborales, no
estando obligado u obligada a permanecer durante este tiempo en su sitio de trabajo.
Artículo 24º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales serán respetados y respetadas en cuanto a sus opiniones políticas, creencias religiosas, origen cultural,
racial, género y orientación e identidad sexual, grado académico y clase social, de
conformidad con los derechos humanos, la constitución y leyes de la República. No
podrán ser reprimidos los espacios que tenga el trabajador, la trabajadora o su familia
para desarrollar ninguna de sus expresiones u opiniones.
Artículo 25º. Los trabajadores y trabajadoras deberán ser indemnizados por los daños
y perjuicios causados por los patronos en cualquier caso de violación del texto de esta
ley. En el entendido que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al goce de sus
derechos, a la restitución en el caso de violación y a la indemnización por los daños y
perjuicios sufridos por la violación de los mismos.
Artículo 26º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales estarán sometidos a la
jornada diurna de trabajo, y fines de semana libres, que se desarrollará con criterio de
flexibilidad para el trabajador o trabajadora, conforme a las previsiones establecidas en
esta materia en la legislación laboral.
Artículo 27º. El justo cumplimiento de la jornada laboral será garantizado por un plan de trabajo, en el que se contemplarán aquellos casos donde la distribución de horarios contravenga la jornada diurna o fines de semana. El Plan de Trabajo debe ser diseñado de mutuo acuerdo entre el trabajador o trabajadora y el patrono, sin menoscabo de los derechos del trabajador o trabajadora.
Artículo 28º. No podrá obligarse al trabajador o trabajadora residencial a laborar horas extraordinarias. Cuando la trabajadora o el trabajador residencial, voluntariamente, opte por trabajar horas extraordinarias, deberán seguirse los trámites establecidos y ser pagadas conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.
Artículo 29º. El salario del trabajador o trabajadora residencial no podrá ser inferior al
salario mínimo nacional, el cual debe ser pagado en forma quincenal. Pudiendo
establecer de común acuerdo entre las partes, mejores condiciones laborales y
salariales a las establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El patrono está obligado a entregar al trabajador o trabajadora un recibo de pago
conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.
Artículo 30º. Para garantizar el disfrute efectivo de las vacaciones, reposos y licencias
del trabajador o trabajadora residencial, es obligación del patrono contratar a un o una
suplente durante dichos períodos. Este o esta suplente no podrá habitar la vivienda del
trabajador o trabajadora residencial, salvo casos excepcionales por medio de
autorización expresa de la trabajadora o el trabajador residencial.
Artículo 31º. El patrono tendrá la obligación con el trabajador o trabajadora residencial
de cumplir con el pago, retenciones, cotizaciones y demás obligaciones respecto a los
conceptos y derechos derivados de la relación de trabajo conforme a las normas,
previsiones y procedimientos establecidos en las legislaciones que rigen la materia
laboral, de seguridad y salud laborales y de seguridad social.
Artículo 32º. En ningún caso las labores de los trabajadores y las trabajadoras
residenciales pueden representar algún grado de peligrosidad. En dichos casos el
patrono o patrona está obligado a contratar al personal calificado para el desempeño
de tales labores.
Articulo 33º. En caso de enfermedad o accidente no ocupacional o embarazo, el
patrono o patrona debe garantizar al trabajador o trabajadora residencial el disfrute de
los derechos que como trabajador o trabajadora le corresponden.
Artículo 34º. El patrono o patrona debe cumplir con las obligaciones derivadas de las
enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo ocasionados en el desempeño de
las actividades del trabajador o trabajadora residencial, en los términos y condiciones
previstos en la legislación que rige la materia de salud y seguridad laborales.
Artículo 35º. El patrono o patrona deberá proveer al trabajador o trabajadora
residencial de los implementos y útiles necesarios para el desempeño de sus labores así como de un botiquín de primeros auxilios, todo esto conforme a lo establecido en las normas que rigen la materia de seguridad y salud laborales.
Articulo 36º. El resguardo de los implementos y útiles de trabajo deberá efectuarse en un espacio distinto a Ia vivienda que habite el trabajador o trabajadora residencial. De igual modo, debe crearse un espacio idóneo para el desempeño de sus labores, el cual debe contar con todos los servicios necesarios para el aseo.
Artículo 37º. Los trabajadores y trabajadoras residenciales tienen derecho a ser parte
de programas de formación permanente que les permitan un mejor desempeño de sus
actividades en concordancia con las normativas sobre seguridad laboral y medio
ambiente de trabajo, así como el acceso a la formación necesaria para el desarrollo de
sus capacidades, aspiraciones y necesidades. En tal sentido los patronos, patronas y el
estado promoverán y facilitarán dicho proceso de formación, acordando modificaciones
al horario de trabajo, entre otros incentivos, becas y ayudantías.
Artículo 38º. Las condiciones, requisitos y procedimientos para terminar la relación de
trabajo con el trabajador o trabajadora residencial, se regirán por las normas previstas
en la legislación laboral. En virtud de ello, se prohíbe toda forma de despido sin que
medie justa causa previamente calificada por la autoridad competente.
Artículo 39º. La terminación de la relación de trabajo de los trabajadores y trabajadoras
residenciales implica la desocupación de la vivienda, para lo cual se deberán cumplir
los plazos de desocupación previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y
desocupación se debe recurrir en primera instancia a procesos de mediación y
agotando las vías administrativas, antes de recurrir a las instancias judiciales con
Artículo 40º. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, la trabajadora
o el trabajador residencial tiene derecho a que se le respete su condición de miembro
de la comunidad. En tal virtud, se le debe otorgar un plazo mínimo de tres (03) meses
para la desocupación del inmueble, contado a partir de la fecha en que se haga
efectivo el pago del total de las prestaciones sociales y demás deudas laborales que
persistieran al término de la relación laboral.
A los efectos de esta disposición, queda entendido que en el mismo momento en el
cual la trabajadora o el trabajador desocupe la vivienda, deberá entregarla a la junta de
condominio en las mismas condiciones en las cuales la recibió, sin que ello implique la
responsabilidad de cubrir el deterioro del inmueble por los años transcurridos u
ocasionados por terceros.
Así mismo, para dar cumplimiento a los lapsos para la desocupación de la vivienda, la
junta de condominio preverá la contratación de un trabajador o trabajadora suplente
durante el tiempo que lleve el proceso de desocupación, no estando obligado a trabajar
durante dicho período la trabajadora o el trabajador residencial.
En el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá
establecerse un plazo mayor para la desocupación de la vivienda con ocasión de la terminación de la relación laboral, en aquellos casos donde la misma obedezca a razones de discapacidad derivada de enfermedad ocupacional, accidente de trabajo certificados por el órgano competente, o por enfermedad o accidente no ocupacional.
Artículo 41. Cuando el patrono o patrona incumpla su obligación de pagar al trabajador
o trabajadora sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales derivados de la
relación de trabajo, conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar ocupando la vivienda que se le ha
asignado con ocasión de su trabajo, hasta tanto se haga efectivo el pago correspondiente y transcurra el plazo de tres (03) meses referido en el artículo anterior.
En ningún caso podrá exigirse desocupación sin la cancelación de las prestaciones y
demás deudas con el trabajador o trabajadora, que constituyen su medio fundamental
para acceder a otra vivienda. En caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora, las
mismas deberán ser canceladas a sus descendientes o y en caso de que no los
hubiere a sus ascendientes.
Artículo 42º. La vivienda del trabajador o trabajadora residencial debe tener las mismas
condiciones de habitabilidad que el resto de viviendas multifamiliares que componen el
inmueble, a objeto de garantizar los derechos de: higiene, privacidad, seguridad,
comodidad, dignidad y salubridad que como habitante del inmueble le corresponden.
Artículo 43º. La vivienda que corresponda al trabajador o trabajadora residencial será
destinada únicamente para su habitación, con ocasión de la relación laboral. En
consecuencia, se prohíbe la incorporación en ésta de dispositivos que controlen el
funcionamiento de los servicios correspondientes al inmueble en el cual presta sus
Los inmuebles de viviendas multifamiliares construidos a partir de la entrada en
vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberán cumplir con lo establecido en el presente artículo.
El Ejecutivo Nacional, mediante resolución del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de los inmuebles existentes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a lo establecido en el encabezado del presente artículo.
Garantía da servicios públicos
Articulo 44º. El patrono debe garantizar que la vivienda asignada al trabajador o
trabajadora residencial tenga acceso a los servicios básicos en las mismas condiciones
que el resto de las viviendas que componen el inmueble.
El pago de los servicios públicos de agua, gas y electricidad, así como la renta básica del servicio de telefonía fija, con los cuales esté dotada la vivienda de la trabajadora o el trabajador residencial, correrá por cuenta del patrono. Se prohíbe al patrono el cobro al trabajador o trabajadora residencial de alguna cantidad por concepto de canon de arrendamiento de la vivienda que habita.
Artículo 45º. Los espacios públicos y comunes del inmueble no podrán ser restringidos para el uso del trabajador o trabajadora residencial, ni para el de los integrantes de su núcleo familiar, atendiendo a los principios de igualdad y equidad. Así mismo debe garantizárseles el acceso a las áreas comunes, ascensores y servicios a los que tenga acceso toda la comunidad, en igualdad de condiciones.
Artículo 46º. El Ejecutivo Nacional diseñará e implantará políticas especiales que
garanticen el derecho a una vivienda digna al sector de los trabajadores y trabajadoras
residenciales, como sujetos de atención especial, muy especialmente a aquellos
grupos familiares donde existan adultos o adultas mayores, con enfermedades o algún
DE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY
Artículo 47º. Sin perjuicio de las competencias de todo los organismos del Estado
llamados a garantizar los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras
residenciales y sus familiares, establecidos en la constitución y leyes de la República,
los ministerios con competencia en materia de asuntos de la mujer y la igualdad de
géneros, del trabajo y de la seguridad social, vivienda y hábitat, así como la Defensoría
del Pueblo, velarán por el cumplimiento de esta ley para la superación de relaciones de
dominación y explotación y la progresiva dignificación del trabajador y trabajadora
Artículo 48º. En virtud de la vulnerabilidad de este sector de trabajadores y
trabajadoras, la Defensa Pública habilitará la defensa y atención jurídica gratuita, con la finalidad de contener los atropellos y violaciones de derechos humanos en todas las áreas de acción de esta ley, garantizando el debido proceso,
De las distintas formas do organización
Articulo 49º. Se respetarán y reconocerán todas aquellas formas de organización
popular que autónomamente constituyan los trabajadores y trabajadoras residenciales
para la lucha por sus derechos y el fortalecimiento del ejercicio directo y autónomo del
Poder Popular, así como las prácticas corresponsables con el Estado, especialmente
en la garantía del cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Artículo 50º. Las organizaciones populares de trabajadores y trabajadoras
residenciales con el apoyo corresponsable del Estado promoverán la organización de
dicho sector, priorizando un criterio de agrupación territorial de acuerdo a las
condiciones más favorables para los trabajadores y trabajadoras que compartan un
mismo eje geográfico urbano.
Artículo 51º. El Estado tiene la obligación de asumir de manera corresponsable el
apoyo a los programas, planes, políticas y proyectos en todas las áreas que desarrollen
estas organizaciones populares, teniendo como prioridad siempre:
• Derechos al hábitat y la vivienda
Toda política pública que se desarrolle en relación a trabajadores y trabajadoras
residenciales debe ser diseñada, ejecutada y evaluada con las organizaciones
populares del referido sector. Fundamentalmente para efecto del desarrollo de política
y planes en ejes territoriales concretos.
Artículo 52º. Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras residenciales se
articularán entre ellas y con las otras organizaciones y expresiones del movimiento
popular del territorio para el impulso de políticas y planes comunes.
DEL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS
Artículo 53º. El Ejecutivo Nacional desarrollará una política de atención integral a los
trabajadores y trabajadoras residenciales, que será diseñada, ejecutada y evaluada de
manera corresponsable entre este y las expresiones de organización popular de los
trabajadores y trabajadoras residenciales. De igual manera el Estado garantizará el
desarrollo de las políticas públicas que se consideren pertinentes para la atención a las
necesidades de este grupo vulnerable.
Artículo 54º. Las políticas de atención integral a los trabajadores y trabajadoras
residenciales se orientarán hacia el fortalecimiento de las siguientes áreas prioritarias:
1. Área de Vivienda popular.
2. Área de desarrollo humano: Economía Comunal, Mujer, Familia, Educación,
Formación y Cultura.
3. Área de Derechos laborales y protección social.
Conserje de Protección Integral
Artículo 54º. El Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la potestad organizativa de la
Administración Pública Nacional, podrá crear un Consejo de Protección Integral, como
instancia encargada de velar por la protección de los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras residenciales.
El referido Consejo de Protección Integral, ejercerá la rectoría en las políticas de
atención integral de los trabajadores y las trabajadoras residenciales. En la conformación del Consejo de Protección Integral deberán participar representantes de las vocerías de los Consejos Populares de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales, y de otras formas de organización popular de dichos trabajadores y trabajadoras.
PRIMERA. Dentro del plazo de seis (06) meses contado a partir de la entrada en
vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, deberán adecuarse a las normas y previsiones aquí establecidas todas las relaciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras residenciales.
SEGUNDA. El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá ser dictado en un plazo no mayor de seis (06) meses, contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
PRIMERA: Las contravenciones a las disposiciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán sancionadas conforme a la legislación aplicable, según la naturaleza del ilícito, sin menoscabo de las acciones que por indemnización, puedan ejercer los trabajadores y trabajadoras residenciales, para obtener el resarcimiento por daños y perjuicios que les sean causados.
SEGUNDA. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza cíe Ley entrará en vigencia con su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil once. Años 201° de la Independencia, y 151° de la Federación y 12º de la Revolución Bolivariana.
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.)
El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.)
La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.)
La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.)
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)
El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.)
El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.)
El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas (L.S.)

References: artículo 285
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 resolución 

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 54