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Timestamp: 2018-03-24 08:26:38+00:00

Document:
Advertidos errores en el texto del convenio entre este Departamento y la Comunidad Autónoma de Canarias para el refuerzo de la seguridad y vigilancia en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en el «BOE» de 11 de diciembre de 2015, como anexo a la Resolución de 1 de diciembre de 2015, se publica de nuevo el texto corregido de dicho convenio.
De otra, don Aarón Afonso González en su condición de Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1. k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y
Doña Nieves Lady Barreto Hernández, en su condición de Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, nombrada por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Por otro lado, y precisamente sobre la base del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la Administración Pública, la Ley Orgánica 2/1986, ha querido destacar la necesidad de cooperación o colaboración entre las distintas esferas de competencia, tal y como se recoge en el artículo 38, entre otros. A tal fin, la propia norma –a modo de garantía de dicha colaboración entre los miembros de los Cuerpos de Policía de las distintas esferas administrativas territoriales– ha establecido cauces institucionalizados de auxilio y cooperación, que fundamentan la formalización del presente Convenio, particularmente en aquellos supuestos de insuficiencia de medios que pueden concurrir en algunas Comunidades Autónomas ( artículo 46 de la L.O. 2/1986), y en tal caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coadyuvarán a la realización de sus funciones policiales.
Con dicho fundamento legal, el Gobierno de Canarias está interesado en garantizar la seguridad de la nueva sede judicial de la capital grancanaria, denominada «La Ciudad de la Justicia», particularmente en virtud de lo establecido en los Reales Decretos 2462/1996, de 2 de diciembre, y 2463/1996, de 2 de diciembre, por los que se aprobó el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia en el territorio de esta Comunidad, funciones asumidas por su Estatuto. De esta forma, y en el supuesto de insuficiencia de medios autonómicos de policía para la nueva estructura judicial, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, resulta competente para contratar un sistema de vigilancia privada que garantice la custodia del edificio, ya que no se dispone de efectivos suficientes pertenecientes a la policía autonómica, tal y como se recoge en el Informe de fecha 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, del Gobierno de Canarias.
Dicha contraprestación económica se ingresará en el Tesoro Público a favor de la Dirección General de la Guardia Civil, previa justificación e informe por parte de ésta, en tres partes:
a) La primera comprenderá la totalidad de las cuantías dedicadas a generar crédito en el concepto presupuestario de productividad. Se realizará en el primer semestre de cada ejercicio que según la memoria económica complementaria(coste anual ejercicio 2015: 90.008,40 euros).
b) La segunda comprenderá las cuantías equivalentes a las diferencias retributivas correspondientes al personal en situación de reserva afectado por el presente Convenio, por ocupar un puesto de trabajo catalogado. Se realizará durante el segundo semestre del ejercicio presupuestario, preferiblemente antes del mes de octubre (coste anula ejercicio 2015: 59.273,18 euros).
c) La tercera, en su caso, corresponderá a las cuantías que hayan de generar crédito en otros conceptos presupuestarios. El ingreso se realizará en las fechas que lo solicite la Dirección General de la Guardia Civil, y en todo caso, dentro del ejercicio presupuestario (coste anual 2015: 12.169,76 euros).
Al objeto de impulsar las actuaciones objeto de este Convenio y garantizar su desarrollo integral, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la firma del convenio, las partes constituirán una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro representantes designados por el Ministerio del Interior, dos representantes nombrados por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, del Gobierno de Canarias, y otros dos, nombrados por la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, del Gobierno de Canarias, de entre el personal de sus respectivas administraciones y con el nivel que se determine en el momento de su creación. Las funciones asumidas no son incompatibles con otras.
a) Realizar el seguimiento de las actuaciones del presente Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven de la aplicación del Convenio, así como precisar o modificar las actuaciones siempre que no supongan alteración del objeto del mismo, y que en ningún caso podrán exceder las concretas obligaciones asumidas por las partes mediante la suscripción del convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, quedando excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del citado cuerpo legal, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.2.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento. Si no fuera posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo atribuido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y de conformidad con cuanto antecede en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, y obligando a las Administraciones Públicas que cada cual representan, se suscribe el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.–El Consejero de Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso González.–La Consejera de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto Hernández.
Turno de mañana: de 07.00 h a 14.30 h: 2 agentes de la Guardia Civil (acceso principal y Juzgado de Guardia).
Turno de tarde: de 14.30 h a 22 h: 1 agente de la Guardia Civil (Juzgado de Guardia).
Turno de noche: de 22.00 h a 7.00 h: 1 agente de la Guardia Civil (Juzgado de Guardia).
Coste total 16 efectivos: 12.169,76 €.

References: Resolución 
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 46
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 10