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Timestamp: 2017-05-27 11:47:22+00:00

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Frenan el aumento de cuotas en escuela privada | Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Arriba Derechos constitucionales Sin Comentarios Frenan el aumento de cuotas en escuela privada Sergio | El 19, May 2017
El Juzgado de Faltas Nº 2 de la Municipalidad de La Plata ordenó a la Nueva Escuela Argentina ubicada en calle 6 entre 41 y 42 que retrotraiga el valor de las cuotas para todos sus alumnos de todos los niveles a los vigentes al mes de noviembre de 2016.
Las cuotas de los colegios
La medida fue tomada como como consecuencia de una denuncia presentada por un grupo de madres y padres que no habían sido consultados sobre los aranceles. La legislación establece que para fijar los aranceles, los establecimientos de educación privada sin aporte estatal deben obtener la mayoría de los consentimientos de forma “individual y expreso” de todos los padres o responsables de los alumnos.
En marzo de este año un grupo de madres y padres de alumnos que asisten al colegio Nueva Escuela Argentina ( NEA) de calle 6 entre 41 y 42 de La Plata presentó una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad por considerar exagerados los aumentos que habían sufrido los aranceles de los distintos niveles de la institución. Se quejaban de que en agosto de 2016 los valores de los aranceles rondaban los 3.300 pesos y que les hicieron firmar la propuesta de aranceles para este año 2017 sin monto. A principios de este año la institución repartió en sobres cerrados los nuevos valores de las cuotas que fueron incrementados en más del 50% de los valores del año pasado.
En la oficina de defensa del consumidor local se intentó arribar a un acuerdo conciliatorio entre los denunciantes y el colegio, pero no fue posible. NEA sostuvo que su proceder era legítimo porque se había reservado la posibilidad de modificar los valores en el contrato y en el “reglamento interno”, y que además la situación económica y los aumentos de los docentes justificaban los aranceles cuestionados.
No obstante los denunciantes insistieron y pidieron el dictado de una medida preventiva (medida cautelar administrativa) y el expediente fue girado para resolver al Juzgado de Faltas Nº 2 de Defensa del Consumidor de La Plata. Ya en el juzgado, el juez Dante Rusconi “colectivizó” el expediente teniendo en cuenta “el carácter “plurindividual” de la potencial afectación de los derechos implicados”.
Agregó el magistrado que los derechos de consumidores y usuarios configuran un típico caso de “derechos de incidencia colectiva” amparados en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, que por ello exceden el plano netamente individual e interesan a la sociedad toda como depositaria del “interés público” y destinataria del “bienestar general” que le viene garantizado desde el Preámbulo de la aludida Ley Suprema; en consecuencia todas las autoridades tienen una obligación de índole constitucional consistente en “proveer”, de manera activa, tutela permanente y oficiosa a los consumidores y usuarios.
La sentencia analiza el marco legal de aplicación a los aranceles de los establecimientos de educación privada, y puntualmente los artículos 5 y 7 del Decreto 2417/93 que obliga a los colegios a presentar todos los años ante las autoridades una declaración jurada mediante la cual deben acreditar que el contrato educativo cuenta con la conformidad individual y expresa de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento.
Rusconi tuvo en cuenta que la cuestión se presenta en el marco de una “relación de consumo” comprendida por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que, según el considerando 10 del decreto aludido, “reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que el alumno se halla sujeto”.
Agrega que la conducta evidenciada por la entidad denunciada no abastecería mínimamente el deber de información y que pese a la realización de dos audiencias ante la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor y la presentaciones de la Nueva Escuela Argentina, el establecimiento no ha acreditado – ni siquiera ha hecho referencia a ello – a la forma en que habría recabado la conformidad individual, expresa y previa de los padres o responsables de los alumnos que concurren al establecimiento con los aranceles del año 2017.
Los argumentos de la Nueva Escuela Argentina para justificar el incremento de sus aranceles en la forma y por los valores que lo hizo consistieron en razones tales como “la situación económica actual”, “los aumentos de los servicios” y “la presión impositiva”. No obstante, la sentencia descartó esas explicaciones puesto que “tales motivos no autorizan a obviar el procedimiento expresamente establecido por la reglamentación para establecer los aranceles correspondientes”.
Además, agrega el fallo, “cualquier estipulación contractual en contrario carecería de toda validez, puesto que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público (art. 12 CCCN), naturaleza que reviste la normativa de protección de consumidores y usuarios (art. 65, Ley 24.240)”.
También tuvo en cuenta el juez Rusconi que en la documentación contractual redactada previa y unilateralmente por la propia empresa que lleva por título “Régimen Arancelario” se dejó en blanco el valor de los aranceles, los que fueron comunicados con posterioridad una vez comenzado el ciclo lectivo mediante la entrega de sobres cerrados a los padres.
Ese elemento, el valor del arancel, según señala la sentencia es un “elemento esencial de todo contrato bilateral oneroso (cf. arts. 966 y 967 CCCN) y su ausencia podría impactar, de manera determinante, en la conformación genética del vínculo en cuestión, puesto que la formación del consentimiento, en el caso de ausencia del elemento precio o la falta de claridad en torno a su conformación, implicarían un serio vicio en la etapa formativa del consentimiento (cf. arts. 971, 972, 978 CCCN) con afectación, asimismo, del derecho constitucional a la libertad de elección que poseen todos los consumidores o usuarios (art. 42, 1er párr. Const. Nac.). Consideró que
“las reglas derivadas del principio general de buena fe y el principio de protección al consumidor, resultan esenciales en materia de contratos de consumo concluidos por adhesión a cláusulas y condiciones predispuestas por la parte “fuerte” del vínculo (arts. 961, 991, 998 CCCN), debiendo interpretarse dicho contrato el sentido más favorable para el consumidor y si existen dudas sobre los alcances de su obligación, debe estarse por la que sea menos gravosa (arts. 37 2do párr., Ley 24.240; 1094 y 1095 CCCN)”.
Las consideraciones anteriores, las características de la colectividad de los potenciales afectados –niños en edad de formación escolar-, protegidos por normas internacionales como la Convención Internacional de los Derecho del Niño (aprobada por Ley 23.849) y la “función social” de la actividad desarrollada por NEA, llevaron al magistrado a ordenar con carácter preventivo que, tal como lo establece el artículo 7 del decreto 2417/93, el colegio mantenga los valores de los aranceles en lo que queda del año a los valores vigentes al 30 de noviembre del año 2016.
Qué dice la ley sobre el aumento de cuotas
Varias provincias norman que los colegios deberán entregar sí o sí recibo por el pago del arancel y que las cuotas no podrán sufrir modificaciones durante el año, salvo que se acuerden aumentos de salarios docentes. Los establecimientos que no cumplan la resolución serán sancionados de acuerdo a lo que marca la legislación provincial.
Según el portal Protectoran, están prohibidos los aumentos de cuota que:
Aumentos a cuenta de futuros aumentos a docentes o cuyo traslado a la cuota supere la participación del CINCUENTA POR CIENTO (50%) respecto a la cuota del establecimiento. Este porcentaje será de SESENTA POR CIENTO (60%) para los establecimientos comprendidos en el Decreto Nº 2542/91 (con subvención estatal) y del SETENTA POR CIENTO (70%) para las escuelas de Educación Especial. Por incumplimiento de las normas del presente régimen se hayan percibido importes en exceso, los mismos deberán devolverse o acreditarse a favor de los padres o responsables de los alumnos.
Aumentos de cuotas por brindar otras prestaciones.
Aumentos de Cuota Permitidos:
Colegios con subvención estatal: Los que expresamente hayan sido autorizados a trasladar aumentos salariales al valor de las cuotas.
Colegios sin subvención estatal: En el caso de los establecimientos que no cuentan con aporte estatal, las variaciones en las cuotas se encuentran reguladas por el Decreto Nacional Nº 2417/93 y el órgano de control es Secretaría de Comercio Interior.
Por su parte, la ley CABA dispone prohíbe a los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial retener boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial del alumno de los que se registre morosidad en el pago de aranceles correspondientes. Y que
ningún alumno, con motivo de mora en el pago de aranceles, podrá ser privado de la asistencia regular a todas las clases, experiencias y actividades pedagógicas e institucionales en general, que conformen la currícula o plan de estudios oficial, mientras no se verifiquen las siguientes condiciones:
Que la falta de pago de aranceles corresponda a tres meses consecutivos.
Que el padre, madre, o responsable del alumno haya sido intimado en forma fehaciente a cancelar la deuda existente.
Que se haya asignado la vacante en los términos del Artículo 3º.
Además, los alumnos de los establecimientos citados podrán finalizar el año lectivo en dichos establecimientos, cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones:
Que el padre, madre, tutor o responsable de la manutención del educando hubiere sido despedido de su empleo sin el cobro de indemnización y se encontrare por tal motivo en juicio o mediación laboral obligatoria, siempre que se mantuviere desocupado.
Que el padre, madre, tutor o responsable de la manutención de educando hubiere fallecido durante el transcurso del ciclo lectivo.
Que el padre, madre, tutor o responsable del pago de la cuota hubiere iniciado demanda judicial contra quien tuviere la obligación legal de la manutención del educando, o cuando el obligado hubiere sido inscripto en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, creado por Ley nº 269.
Anexo con sentencia completa sobre aumento de cuotas en escuelas
La Plata, 11 de mayo de 2017.-
AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
Que este Expte. Nº 4061-1027347/2017 caratulado como “TARTARA, MARIANA S/ DENUNCIA C/ NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L.” es recibido en fecha 8 de mayo de 2017 proveniente de la Dirección Operativa de Defensa del Consumidor de la Municipal de La Plata a los efectos de dar tratamiento a la medida cautelar peticionada por la denunciante.
Que de las actuaciones surge que fueron iniciadas el día 17 de marzo de 2017 por denuncia presentada ante la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor por la denunciante, quien invoca el carácter de “madre de alumnos de la Nueva Escuela Argentina en el nivel primario” y aclara que el reclamo es acompañado por un conjunto de padres, “algunos de los cuales, con su firma, suscriben conjuntamente (la) presentación” (fs. 4). De la nota que se adjunta al formulario, interesa resaltar aquí lo siguiente:
La presentación, incorporada en copia fiel a las actuaciones, se encuentra rubricada por dieciocho (18) personas, obrando a fs. 8 un detalle de nombres y apellidos, documento nacional de identidad y nombre del alumno/a.
Relatan los y las denunciantes que en Agosto de 2016 los valores de las reservas de vacantes informados por la institución educativa eran de tres mil trescientos ochenta pesos ($ 3.380) y que firmaron la propuesta arancelaria sin monto, suponiendo que sería equivalente a la matrícula para el ciclo lectivo 2017 (fs. 4).
Indican que al inicio del ciclo lectivo del año 2017 los padres y las madres son informados de un cronograma de reuniones, en las cuales les fueron entregados en sobre cerrado el nuevo importe de la cuota anual, aclarándose en dicho sobre que las cuotas estaban sujetas a futuros posibles aumentos. Grafican con una tabla comparativa el incremento de las cuotas entre los meses de marzo de 2016 y marzo de 2017 (fs. 5).
Sostienen que ante el asombro que les causó la “desproporcionalidad” del aumento del que, aclaran, no fueron informados según lo exige el decreto 2417/93, algunos padres hicieron reclamos particulares y/o grupales (fs. 6).
Explican que las autoridades de la escuela se negaron a recibirles el reclamo que había sido realizado de manera colectiva, por lo que se convirtió en un “reclamo personal” avalado por varios padres; y que como consecuencia de ello, las autoridades de la institución mantuvieron una reunión con la denunciante en la cual se comprometieron verbalmente a no realizar nuevos aumentos durante el año en curso (fs. 6).
Agregan que debieron realizar una “nota colectiva” a través del cuaderno de comunicaciones de uno de los alumnos, debido a la negativa de la denunciada a recibir una nota firmada por un colectivo de padres (fs. 6). Detallan su contenido, en el cual se destaca el rechazo al valor de la cuota 1 del ciclo lectivo 2017, la reiteración del pedido de información cierta, clara y detallada sobre su composición y la presentación de la conformidad individual y expresa de los padres con los aranceles (fs. 7).
Dicen que ante el vencimiento de la primea cuota algunos padres optaron por no abonarla y que la primera respuesta de la entidad denunciada fue en la agenda de algunos alumnos, donde se indicada que las inquietudes habían sido respondidas en la reunión mantenida con la señora Tártara quien – según las autoridades de la denunciada – actuaba en representación del colectivo de padres (fs. 7).
Afirma la Sra. Tártara que se opuso a esas manifestaciones por correo electrónico (fs. 8).
Presentan documental en respaldo de sus manifestaciones (v. fs. 9/26). Entre ella, es pertinente mencionar la siguiente:
comprobante para pago de la cuota abril (2/10) con 1er vencimiento para el día 07/04/2016 por el valor de $ 4.627 (fs. 11);
comunicación fechada el día 22 de agosto de 2016 mediante la cual el “Área Administrativa” de NEA-CSLP informa los importes de reserva de vacantes para el ciclo lectivo 2017 (fs. 14);
nota manuscrita fechada el “7/3/17” mediante la cual se deja constancia de la entrega del recibo de pago de cuota del arancel en sobre cerrado (fs. 15);
nota manuscrita en la que se deja constancia del “pago en disconformidad” del arancel por considerarlo excesivo y a la vez se solicita información sobre su composición y la presentación de la declaración jurada de conformidad individual de los padres (fs. 16);
nota manuscrita fechada en “10/03” a través de la cual se expresa la disconformidad por la negativa a la recepción de una nota colectiva y se solicita una reunión conjunta con todos los firmantes; y respuesta de la administración del colegio fechada en “10/03/17” diciendo que la han recibido y se han reunido con una mamá de 2º A que venía en representación del curso (fs. 18);
nota manuscrita expresando disconformidad con el incremento de $ 1000 de la cuota, del que se enteraron “de un día para el otro” (fs. 19);
nota manuscrita fechada en “La Plata, 23 de febrero de 2017”, en la cual se solicita información cierta, clara y detallada sobre las cuotas, su composición, la declaración jurada individual de conformidad (fs. 20);
nota mecanografiada fechada en “La Plata 3 de marzo de 2017” con varias rúbricas al pie, mediante la que se expresa el “rechazo absoluto al valor de la cuota 1 del ciclo lectivo 2017” y se reitera el pedido de información sobre la composición de su valor y de la declaración jurada de conformidad (fs. 21). Similar contenido exhibe la nota glosada a fs. 22, fechada el 6 de marzo de 2017;
copia de “Reserva de Vacante (Contrato)” con número inserto en manuscrito “01-0341” (fs. 24/25); en dicho instrumento se estipula por ese concepto la suma (agregada en manuscrito) de $ 3380 (tres mil trescientos pesos), aclarándose en la correspondiente cláusula (“3”) que “(u)na vez efectivizado el pago y cumplidos los demás requisitos previstos en la presente y en el reglamento interno, se considerará al alumno matriculado para el ciclo lectivo 2017 [“2017” agregado en manuscrito], imputándose los importes en concepto de reserva de vacante, automáticamente a la matrícula.” (v. fs. 24 vta.);
copia de “Régimen Arancelario Año______” para el ciclo lectivo 2017 que lleva inserto en manuscrito el número “01-0341”; allí se fija el monto de la reserva de vacante en la suma de tres mil trescientos ochenta pesos (cláusula “1”), se deja constancia que el instrumento habilita la vía ejecutiva (cláusula “7”), y se establece que quien suscribe “acepta expresamente las condiciones económicas establecidas ut supra y se constituye en RESPONSABLE ECONÓMICO frente a NUEVA ESCUELA ARGENTNA S.R.L. respecto del arancel pactado para el ciclo lectivo….” (fs. 25/25 vta.; mayúsculas en original);
nota manuscrita fechada el “21/3/2017” dirigida a “Sres. de Administración” en la cual se deja constancia del envío del comprobante del pago de la cuota 1 “en disconformidad” y de la falta de respuesta de las autoridades del colegio (fs. 29);
nota mecanografiada de “Área Administrativa” del colegio en donde se acusa recibo de la nota de fecha “20/03” y de la citación a comparecer ante “defensa del consumidor” (fs. 30);
copia impresa de correo electrónico remitido por la Sra. Mary Tártara (mariana_tartara@yahoo.com.ar) exigiendo retractación de la administración del colegio denunciado acerca de que la reunión mantenida con las autoridades del establecimiento había sido a título personal y no en representación del grupo de padres (fs. 31);
comprobante de pago correspondiente a la cuota del mes de marzo (1/10) con 1er vencimiento el 07/03/2017 por un monto de $ 4.090,00 (cuatro mil noventa pesos); y nota fechada en “La Plata, 22/02/2017” de “Área Administrativa NEA-CSLP” en la cual se expresa que con motivo de no poseer la institución “subvención estatal” y tener que afrontar “mayores costos institucionales…más allá del esfuerzo puesto por la institución en absorber para de los costos para ofrecerles el monto indicado en la factura de marzo, cabe la posibilidad de que para los meses venideros haya modificaciones…” (fs. 34);
similar comprobante – pero por un monto de $ 4.410 – y nota se agregan a fs. 35.
A fs. 36 obra acta de audiencia realizada el día 28 de marzo de 2017 en la Dirección Operativa de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, a la cual comparecen por la parte denunciante las Sras. Senín, Tortti y Tártara y el Sr. Bonaparte, incompareciendo la denunciada. Los denunciantes ratifican su denuncia y “solicitan se retrotraigan los valores a fines de 2016, atento que no se ha informado debidamente ni prestado consentimiento al aumento del monto de la cuota en los términos del decreto 2417/93, solicitando asimismo que los montos abonados en exceso sean devueltos…”.
A fs. 37 y 39 obran presentaciones – glosadas sin respetar orden cronológico – de quien invoca representación de Nueva Escuela Argentina SRL mediante las cuales, respectivamente, adjunta certificado (fs. 38) para intentar justificar incomparecencia a la audiencia aludida en el punto anterior y peticiona se fije una nueva audiencia.
A fs. 49 obra nueva acta de audiencia realizada en la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor en fecha 11 de abril de 2017, y a la cual comparecen las Sras. Tártara y Tortti y los Sres. Bonaparte y Rodríguez en carácter de denunciantes, y quien invoca calidad de apoderada de Nueva Escuela Argentina S.R.L., Lucrecia Soledad Pérez. Los denunciantes ratifican su anterior denuncia, mientras que la representante de la denunciada “toma nota de las pretensiones a los fines de elevarlo al área correspondiente…”.
En fecha 25 de abril de 2017 la Dirección de Defensa del Consumidor municipal resuelve intimar a la denunciada para que dentro del término de dos días hábiles presente respuesta al reclamo, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones según su estado (fs. 30). Dicha notificación fue “entregada bajo puerta” el día 25/04/2017 (fs. 52).
A fs. 53/55 obra contestación de traslado de la entidad denunciada. Allí manifiesta, en lo que cabe puntualizar aquí, lo siguiente:
que “es indudable que los costos aumenten, máxime teniendo en cuenta que el único sostén económico de la Escuela son las cuotas que abonan las familias.” (fs. 53, últ. párr.);
que “(l)a situación económica actual está demás describir, atento es de público conocimiento. En el transcurso de un ciclo lectivo a otro, entiéndase 2016 a 2017, los aumentos en los servicios, su mensualización, Agua, seguros, emergencias médicas, transportes, aumentos salariales, tanto del personal docente como no docente, han sido exorbitantes.”;
que “es nuestra modalidad de trabajo informar en el ciclo lectivo anterior, vía agenda institucional fechas de reservas de vacante, formas de pago, vía agenda institucional fechas de reservas de vacantes, forma de pago, monto, Reglamento Interno y el régimen arancelario…”;
que “(l)a posibilidad de modificar el valor de la cuota, se encuentra plasmada en La Reserva de vacante, régimen arancelario y Reglamento Interno de la institución, normas conocidas por todas las familias, especialmente por la señora Tártara que hace varios años pertenece a esta comunidad educativa…” (fs. 53 vta., últ. párr.; énfasis agregado);
que en el punto 8 del régimen arancelario (que transcribe) permitiría modificar los aranceles debido a “circunstancias que modifiquen fuertemente la realidad económica actual” (fs. 54, 1º párr., subrayado en original);
que debe tenerse en cuenta que la institución no recibe subvención estatal de ningún tipo y apuesta a brindar un servicio de excelencia, y que pese al contexto económico y adversidades climáticas han realizado obras para mejorar la infraestructura edilicia y modernización del Nivel Inicial, compra de cañones, tablets y notebooks y se construyó un Aula Digital de alta tecnología en el Nivel Secundario (fs. 54);
que niega en general los hechos constitutivos de la denuncia (punto “3”), agregando como “realidad de los hechos” (punto “4”) que la reserva de vacante junto con el régimen arancelario se realiza una vez al año para el siguiente (fs. 54 vta., últ. párr.);
que la inscripción de un alumno en un “colegio no estatal…implica el uso de la libre elección de dirigirse a cualquier institución con la que se sientan representados….” (fs. 55, énfasis agregado);
que finalmente sostiene “la postura reflejada durante la audiencia respecto que el valor de la cuota del ciclo 2017 es acorde a los aumentos salariales y las circunstancias que han modifiquen (sic) fuertemente la realidad económico actual…” 55, énfasis agregado).
En ese estado, son recibidas las actuaciones en este Juzgado.
El ámbito cognoscitivo de la intervención de este Juzgado. Que como primera medida y atento el estado del presente procedimiento administrativo, corresponde dejar sentado que la intervención de este Juzgado de Faltas Nº 2 con funciones de autoridad de aplicación en la etapa resolutiva del procedimiento de aplicación de la Ley 24.240 (cf. arts. 41, 45, y ccs. Ley 24.240; arts. 1, 2, 79, 80 y ccs. Ley 13.133; Dec. Munic. 1089/2004), lo es al sólo efecto de la resolución de la petición del dictado de medida preventiva efectuado por la parte denunciante (v. fs. 36 y 45).
En razón de lo anterior y tal como lo establece la jurisprudencia reinante, debe tenerse como premisa que tratándose de una petición cautelar, o “preventiva” como la denomina el artículo 71 de la Ley 13.133, “la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido” (SCBA, I 70777, 30-6-2010; CC0203 LP 102857 RSI-95-4, 29-4-2004; CC0201 LP 102549 RSI-209-4, 29-6-2004; entre otros).
Asimismo, debe dejarse sentado que resulta evidente la existencia de una “relación de consumo” entre las partes (cf. arts. 1, 2, 3 y ccs. Ley 24.240), por lo que la cuestión deberá ser analizada a la luz del elenco de derechos que asisten a los peticionantes en su condición de consumidores –“usuarios” stricto sensu en el caso-, conforme el conjunto de normas que integran el estatuto legal destinado a brindarles protección (arts. 42, 43, 75 inc. 22 y ccs. Constitución Nacional; arts. 15, 36, 38 y ccs. Const. Pcial; Ley 24.240; Ley 13.133; y demás normas complementarias).
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, la denominada “relación de consumo” abarca por un lado a los consumidores denunciantes –padres de alumnos que asisten a la institución educativa- como polo subordinado y objeto de la tutela legal, y por el otro, “NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L.” (o “NEA”, indistintamente) en su carácter de “proveedor” de servicios educativos y sus actividades conexas (cf. art. 42 Const. Nac.; arts. 1, 2, 3, 19 y ccs. Ley 24.240).
Legitimación activa y alcances del conflicto. Que acerca de la legitimación activa, alcances de la representación de los presentantes en carácter de padres denunciantes y, consecuentemente, extensión de los efectos jurídicos de las presentes actuaciones, corresponde señalar lo que sigue.
En primer lugar debe señalarse que si bien no existen constancias que acrediten los vínculos invocados por los denunciantes con sus hijos y, a su vez, la calidad de éstos de alumnos de la institución denunciada, de las constancias reunidas hasta aquí en la causa y de las propias manifestaciones de los representantes de la escuela NEA no surge controvertido tal extremos. Al contrario, incluso la denunciada pretendió adjudicar el carácter de representante colectivo del grupo reclamante a una de las madres aquí denunciantes quien negara tal representatividad (v. fs. 31/32).
Se evidencia en el caso el carácter “plurindividual” de la potencial afectación de los derechos implicados. Sabido es que los “derechos de los consumidores y usuarios” configuran un típico caso de “derechos de incidencia colectiva” amparados en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional.
Por ello, este género de derechos excede el plano netamente individual e interesa a la sociedad toda como depositaria del “interés público” y destinataria del “bienestar general” que le viene garantizado desde el Preámbulo de la aludida Ley Suprema; bienestar general del que, indudablemente, forma parte el “derecho en expectativa constante” de sus destinatarios al saneamiento del mercado e imperio de la transparencia y buenas prácticas comerciales.
Conforme la doctrina emanada de nuestro Alto Tribunal, los “derechos de incidencia colectiva” son comprensivos de los llamados “derechos o intereses individuales homogéneos” (caso “Halabi”, Fallos: 332:111), categoría que se verifica como involucrada a primera vista en el presente caso. Esto es así puesto que la potencial afectación proviene de una “causa fáctica homogénea” –cual sería la metodología utilizada por la denunciada para comunicar y establecer los aranceles para el ciclo lectivo 2017-; así como que el ejercicio individual de los derechos afectados “no aparece plenamente justificado”, atento la evidente inconveniencia procesal de dar trámite a multiplicidad de pretensiones de similar naturaleza.
Puede afirmarse que pesa sobre las Autoridades encargadas de la aplicación de la Ley 24.240 y sus normas complementarias, una obligación de índole constitucional consistente en “proveer”, de manera activa, tutela permanente y oficiosa a los consumidores y usuarios (arts. 42 Const. Nac. y 38 Const. Pcia. de Bs. As.; arts. 2, 37, 71, 79 y ccs. Ley 13.133). Esta carga pública se ve acrecentada ante la eventualidad de afectaciones producidas a gran escala, que involucran al propio Estado en su rol de guardián del interés público y bienestar general de la población, y a la vez generan enormes dificultades para canalizarlas a través de soluciones efectivas y expeditas.
Señálese que desde el aspecto dinámico o de implementación de los derechos de consumidores y usuarios, la Constitución Nacional les confiere la garantía de contar con un “procedimiento eficaz para la prevención y solución de conflictos” (art. 42, último párr.).
Y en el orden local, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires recepta expresamente el principio de “acceso a la justicia” para todo ciudadano, garantizando la tutela judicial continua y efectiva, tanto en los procedimientos judiciales como en los administrativos (Art. 15).
Debe tenerse presente que la garantía de “Acceso a la Justicia” excede el ámbito del Poder Judicial y apunta, consonantemente con el derecho al acceso a procedimientos eficaces de la Carta Magna Nacional, a la consecución del valor Justicia, de especial relevancia y primera categoría cuando se trata de grupos de personas que, como en el caso, se encuentran en situación de hiposuficiencia (conf. CAPPELLETTI, Mauro – GARTH, Bryant, “El Acceso a la Justicia”, publicación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, año 1983; MORELLO, Augusto M. – STIGLITZ, Gabriel, “Tutela Procesal de Derechos Personalísimos e Intereses Colectivos”, Editorial Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1986; MORELLO, Augusto Mario y STIGLITZ, Gabriel, “Responsabilidad Civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el compromiso social de la justicia”, La Ley, t° 1987-D, p. 364 y ss; MORELLO, Augusto M., “Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas. Nuevas Respuestas” (2 tomos), Librería Editora Platense, La Plata-1998, t. 2, p. 1073 y ss.; PELLEGRINI GRINOVER, Ada en “Codigo de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto”, PELLEGRINI GRINOVER, Ada; BENJAMIN, Antônio H., WATANABE, Kazuo y otros, 5° ed., Rio de Janeiro, Forense Universitaria, 1997, ps. 802 y ss.; entre otros).
Como nota que patentiza la llamada “subordinación estructural” que es inherente a consumidores y usuarios cuando se vinculan con los proveedores, debe advertirse que en el caso ella se encuentra aumentada ante el fuerte condicionamiento que implica para todo padre la incertidumbre acerca del proceso educacional de sus hijos y el espacio físico y social en el cual el mismo se desarrolla o se desarrollará en el futuro.
Tomando en consideración lo anterior, poco interés reviste a los efectos de la sustanciación del presente expediente la cantidad de padres de alumnos firmantes de la denuncia, o si todos han prestado conformidad expresa para ello.
Lo trascendente es que la cuestión llegó a conocimiento de esta Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, y siendo que la función estatal de tutela en materia de relaciones de consumo va más allá del mero interés particular del denunciante -como se dijera- por involucrar derechos de jerarquía constitucional (art. 42 Constitución Nacional) y de orden público (artículo 65, Ley 24.240), resulta indistinta la cantidad de personas que rubrican la denuncia puesto que, “prima facie” se encontraría afectada toda la comunidad educativa que asiste a la institución denunciada. También aparece como evidente que el mecanismo de información, notificación y fijación de aranceles sería uniforme para todos los alumnos de todos los niveles más allá de la variación de los montos.
Por lo demás, resulta también de aplicación la regla general que debe prevalecer en todo procedimiento administrativo, conocido como “principio pro actione”, la “que postula a favor de la mayor garantía y de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, en el sentido de asegurar, en lo posible más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento”, (ver GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, Fundación de Derecho Administrativo, 8º edición, Buenos Aires, pág. II-5 p. 5).
En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas vistas, la potencial gravedad del caso y sus alcances, de acuerdo a la doctrina derivada del caso “Halabi” de la Corte Nacional, siendo que los artículos 26, 37 y 49 de la Ley 13.133 contemplan la posibilidad de tramitar actuaciones administrativas de carácter colectivo, para mejor proveer deberá dársele al presente expediente expresamente tal alcance (art. 71, Ley 13.133). Consecuentemente, a los efectos de una correcta identificación de este expediente, deberá recaratularse como “MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L. S/ DENUNCIA COLECTIVA C/ NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L. S/ APROBACIÓN DE ARANCELES”.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la naturaleza colectiva del presente procedimiento administrativo y lo establecido por el artículo 19 de la Ordenanza General 267, norma de aplicación supletoria al presente (cf. arts. 36 Ley 13.133, 1 Ord. Gral. 267), deberá exigirse la unificación de la representación del grupo de denunciantes en los términos de la norma citada.
La manifestación de voluntad acerca del arancel. 1. Entrando en lo medular de la intervención requerida a este Juzgado, conforme fuera arriba delimitado el marco cognoscitivo del asunto (v. consid. III), ha de partirse para analizar el caso tomando en cuenta lo establecido en el Decreto 2417/1993, en relación al mecanismo de aprobación de aranceles para los establecimientos privados de educación.
A este respecto, el artículo 7 del mencionado decreto establece para los institutos privados no comprendidos en el Decreto 2542/91, lo siguiente: “Asimismo, antes del 31 de octubre de cada año, los colegios deberán presentar a la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES una copia del contrato de enseñanza mencionado en el artículo 6º. Los establecimientos educativos, bajo declaración jurada, deberán acreditar que el contrato educativo cuenta con la conformidad de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento. En el caso de no tener la conformidad requerida se deberán mantener los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior.”
El artículo 5º del mencionado decreto, si bien circunscrito al ciclo lectivo 1994 –inmediato posterior a la entrada en vigente de la norma-, contribuye a esclarecer el sentido que ha tenido el dictado de la reglamentación en cuestión. Allí se indica que los aranceles a percibir por las instituciones deben “contar con la conformidad individual y expresa de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento…” (énfasis agregado).
De modo que la mayoría de conformidades que exige el artículo 7 en relación a los valores del contrato educativo pautados para el ciclo lectivo entrante, con los contenidos indicados en el artículo 1, debe ser obtenida sobre la base de una declaración de voluntad “individual” y “expresa” de los padres o responsables de la totalidad de los alumnos.
En punto a la forma en que debe recabarse tal manifestación de los padres o responsables, no debe perderse de vista que la cuestión se presenta en el marco de una “relación de consumo” (cf. arts. 1, 2, 3, 19 y ccs. LDC), que “reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que el alumno se halla sujeto” (consid. 10, Dec. 2417/93), razón por la que es necesario “fijar pautas que coloquen en una situación de equilibrio a las partes garantizando la transparencia, lealtad comercial y competitividad” (consid. 12, Dec. 2417/93).
Así las cosas, la conformidad o disconformidad de padres y responsables de alumnos, debe obtenerse previo suministro a los interesados de información “adecuada y veraz” (art. 42 CN), “cierta, clara y detallada” (art. 4 LDC), acerca de los aranceles y valores previstos por el colegio.
Dicho deber de información exigible a todo proveedor, se encuentra íntimamente vinculado con la pauta de conducta general de buena fe (arts. 9 y 961 del CCCN); y así ha sido receptado por la Ley de Defensa del Consumidor en los diversos aspectos de los vínculos de consumo, pero con particular celo en la etapa previa a la conformación del contrato (v. art. 37, 2da parte, LDC), más aún cuando -como en el presente caso- se trata de contrataciones concluidas por adhesión (art. 38 LDC).
El deber de información y la regla de veracidad imperan como un “axioma sagrado” en materia de protección de los derechos de los consumidores (conf. art. 4 y ccs. Ley 24.240; Art. 42 Const. Nac.). En forma unánime, la doctrina nacional resalta que un consumidor adecuadamente informado, conciente de las verdaderas características del producto o servicio que se le ofrece y de las condiciones de la operación comercial que debe realizar, tendrá la posibilidad de efectuar elecciones de consumo sustentadas en sus reales necesidades, adquiriendo bienes verdaderamente útiles, adecuados a sus expectativas, necesidades y posibilidades económicas (conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Defensa del Consumidor. Ley 24.240”, Rubinzal – Culzoni Editores; Buenos Aires 1998; p. 23; STGLITZ, Gabriel A., “Reglas para la defensa de los consumidores y usuarios”, Editorial Juris, Rosario – Santa Fe; 1997; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída y TAVANO DE AREDES, María J., “La protección del consumidor en el Derecho Comparado”, Derecho del Consumidor Nº 1 (Director: Gabriel Stiglitz) – Editorial Juris, Rosario 1991, pág. 15 y ss.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Publicidad y consumidores”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 5 (“Consumidores”), Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe -1994, págs. 63 y ss.); MORELLO, Augusto, “El conocimiento de los derechos como presupuesto de participación (El Derecho a la información y la realidad social), ED 124-943; MORELLO, Augusto – STIGLITZ, Rubén – STIGLITZ, Gabriel, “Información al consumidor y contenido del contrato” en Derecho del Consumidor Nº 1, cit., p. 33 y ss.; FARINA, Juan M., “Defensa del Consumidor y del Usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 y del decreto reglamentario 1798/94”, Editorial Astrea, Buenos Aires 2000, p. 123 y ss.; ALTERINI, Atilio Aníbal – LOPEZ CABANA, Roberto M., “La Formación del consentimiento y la Protección del Consumidor” en Derecho del Consumidor N° 5 (Director: Gabriel Stiglitz) Editorial Juris, Rosario – Santa Fe 1994, p. 3 y ss.; LOPEZ CABANA, Roberto M., “La Información en los Contratos de Consumo” en Derecho del Consumidor N° 7 (Director: Gabriel Stiglitz), Editorial Juris, Rosario – Santa Fe 1996, p. 43 y sgts; MOSSET ITURRASPE, Jorge – LORENZETTI, Ricardo Luis, “Defensa del Consumidor. Ley 24.240”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe 1993, págs. 25 y ss.; entre otros).
De modo que la información brindada al consumidor es la base sobre la que se construye su voluntad de contratar, y sobre la que se desarrolla el vínculo contractual; por expreso imperativo legal, debe significar la revelación fidedigna de las características del producto o servicio ofertado y, a su vez, la representación fiel de las verdaderas condiciones a las que se sujeta su uso, prestación u oferta. Ese deber, es la piedra basal sobre la cual descansa todo el andamiaje tutelar de la buena fe negocial (conf. doctrina Art. 1198 Cód. Civ. Vélez; arts. 9 y 961 CCCN; y arts. 4 y 37 Ley 24.240), y comprende todas las etapas de la relación de consumo y su transgresión puede derivar, incluso, en la nulidad del contrato (art. 37, 3er párr., Ley 24.240).
En principio y en el estrecho marco de conocimiento que amerita la intervención de este Juzgado en esta etapa liminar del procedimiento, es dable apreciar que la conducta evidenciada por la entidad denunciada no abastecería mínimamente los recaudos vistos en el punto anterior.
Pese a la realización de dos audiencias ante la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor (fs. 36 y 49), y la presentación escrita realizada por la institución denunciada (fs. 53/55), la Nueva Escuela Argentina S.R.L. no ha acreditado – ni siquiera ha hecho referencia a ello – a la forma en que habría recabado la conformidad individual, expresa y previa de “los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento, con los aranceles a percibir” tal como lo exigen los artículos 5 y 7 del Decreto 2417/93. Más aún, podría avizorarse dado el tenor de la denuncia y manifestaciones de los denunciantes, que dicha conformidad no se habría cumplimentado encargándose de remarcar la denunciada que “sostiene la postura reflejada durante la audiencia respecto que el valor de la cuota del ciclo 2017…” (fs. 55; énfasis agregado).
Las argumentaciones vertidas por la institución denunciada en su presentación de fs. 53/55 no hacen más que reafirmar la anterior percepción puesto que se explaya en justificativos de su proceder, invocando razones tales como “la situación económica actual”, “los aumentos de los servicios”, “la presión impositiva”, etcétera. Ninguno de tales motivos autoriza a obviar el procedimiento expresamente establecido por la reglamentación para establecer los aranceles correspondientes.
Demás está decir que cualquier estipulación contractual en contrario carecería de toda validez, puesto que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público (art. 12 CCCN), naturaleza que reviste la normativa de protección de consumidores y usuarios (art. 65, Ley 24.240).
De la documentación contractual obrante en el expediente – “Reserva de Vacante (Contrato)” agregada a fs. 24/25 y “Régimen Arancelario Año____” glosado a fs. 25 – no surge el valor del arancel. El segundo de los documentos aludidos, pese al título que lleva colocado (“Régimen Arancelario”) y lo que indica su encabezado (“El Equipo Directivo en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto del P.E.N. Nº 2417/93, comunica a las familias condiciones generales para acceder a la reserva de vacante y arancelamiento para el ciclo lectivo………..”), no indica el monto del arancel, elemento esencial de todo contrato bilateral oneroso (cf. arts. 966 y 967 CCCN). Dicha ausencia podría impactar, de manera determinante, en la conformación genética del vínculo en cuestión, puesto que la formación del consentimiento, en el caso de ausencia del elemento precio o la falta de claridad en torno a su conformación, implicarían un serio vicio en la etapa formativa del consentimiento (cf. arts. 971, 972, 978 CCCN) con afectación, asimismo, del derecho constitucional a la libertad de elección que poseen todos los consumidores o usuarios (art. 42, 1er párr. Const. Nac.).
Por otro lado, las reglas derivadas del principio general de buena fe y el principio de protección al consumidor, resultan esenciales en materia de contratos de consumo concluidos por adhesión a cláusulas y condiciones predispuestas por la parte “fuerte” del vínculo (arts. 961, 991, 998 CCCN), debiendo interpretarse dicho contrato el sentido más favorable para el consumidor y si existen dudas sobre los alcances de su obligación, debe estarse por la que sea menos gravosa (arts. 37 2do párr., Ley 24.240; 1094 y 1095 CCCN).
La medida preventiva solicitada (art. 71, Ley 13.133). Es criterio de este Juzgado, a los efectos de valorar los recaudos de procedencia de las medidas preventivas a que autoriza el artículo 71 de la Ley 13.133, que el caso amerite excepcional premura y que, al menos, se encuentren potencialmente afectados o amenazados el interés general por constituir el asunto una cuestión de “incidencia colectiva” (cf. doct. Art. 43 Const. Nac.), o en su caso, que “prima facie” surjan inminentemente conculcados derechos esenciales del consumidor peticionante inherentes a la vida, la salud, la integridad física, o la seguridad, entre otros.
Desde el punto de vista de la verosimilitud del derecho invocado por los denunciantes, el repaso de los hechos efectuado arriba y su correlación con la normativa implicada en el caso, resulta un indicio suficientemente convincente acerca de la presencia de un escenario capaz de menoscabar los derechos de suprema jerarquía que asisten a los peticionantes.
Confluyen en el caso de derechos consagrados en una norma de orden público como es la Ley de Defensa del Consumidor (art. 65, Ley 24.240), a la vez que son también objeto de tutela constitucional (art. 42 Const. Nac.; art. 38 Const. Pcial.).
Destáquese que entre los derechos involucrados se encuentran, en primer lugar y teniendo en cuenta el sustrato esencial del caso, el derecho a la educación (arts. 5, 42 2do párr., 125 2do párr. Const. Nac.; 38 2do párr. Const. Pcial.), de expreso recibo entre los derechos ciudadanos. En particular merece mencionarse el artículo 198 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que lo señala como un derecho humano fundamental, sobre la base del “libre acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de oportunidades y posibilidades.”
Al mismo tiempo, por las características de la colectividad de los potenciales afectados –niños en edad de formación escolar-, se potencia la tutela mediante el auxilio de las normas internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional y superior a las leyes de la Nación (arts. 31, 75 inc. 22 Const. Nac.). Con ese alcance, la Convención Internacional de los Derecho del Niño (aprobada por Ley 23.849) establece el reconocimiento del “derecho del niño a la educación [y], a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho” (art. 28, 29 y ccs.). En similar sentido, la ley provincial 13.298 (art. 2 y ccs.).
En su rol de “consumidores y usuarios”, la colectividad de afectados encuentra “prima facie” conculcados y/o restringidos sus derechos a la libertad de elección, información, educación, y protección de sus intereses económicos (arts. 42 Const. Nac.; art. 4, Tit. III, Cap. XVI Ley 24.240; Tit. IV Ley 13.133).
Desde otro ángulo cabe señalar que independientemente de la naturaleza privada de la gestión del servicio educativo prestado por NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L., entiendo de entera aplicación al caso la doctrina de nuestro Máximo Tribunal que coloca “ [la] función social…por encima de toda cuestión comercial” cuando se trata servicios o actividades de interés público prestados por particulares (CSJN, “E.R.E. C/ OMINT”, 13/03/01, Fallos: 324:677, LL. 19-04-01 Nº 101.858, LL. 17-08-01 Nº 102.482). Si bien tal criterio se sentó en relación a la actividad de las empresas de medicina prepaga, se trata de un axioma perfectamente aplicable al caso.
En cuanto al peligro en la demora, el mismo resulta manifiesto puesto que los valores en los que se habrían fijados los aranceles y sus posteriores incrementos, amén de no respetar el procedimiento legal que rige los mismos, podrían poner en riesgo la continuidad de los alumnos en el establecimiento.
En consecuencia, de no brindarse tutela expedita y anticipada, aún a título provisorio, la protección estatal podría “llegar tarde” ya que de nada serviría continuar con las actuaciones hasta obtener certezas e incluso, de corresponder, aplicar sanciones a la entidad denunciada, puesto que para entonces las afectaciones podrían encontrarse ya materializadas.
A tal fin, el artículo 71 de la Ley 13.133 faculta a este Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor a disponer “medida preventiva que ordene el cese de la conducta que se reputa en violación a la Ley de Defensa del Consumidor y/o este Código y/o sus reglamentaciones. Asimismo, y con la mayor amplitud, se podrán disponer medidas técnicas, admitir pruebas y dictar medidas de no innovar o para mejor proveer.”.
En lo referido a la modalidad de la orden preventiva, el propio Dec. 2417/93 establece que para el caso de no tener la conformidad requerida de la mayoría de padres o responsables de los alumnos, se deberán mantener los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior (art. 7). De modo que ésa deberá ser la manda que deberá cumplir la NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L..
En cuanto a los alcances de la orden preventiva, atento las circunstancias denunciadas y tratándose de un conflicto suscitado en torno a un servicio “esencial” y que, por su naturaleza, es prestado bajo las mismas condiciones y modalidades a toda la comunidad de alumnos de la institución denunciada, lo ordenado será comprensivo de todo el universo de usuarios que asisten al establecimiento.
Que dada la naturaleza de la cuestión, la presente resolución será puesta en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (cf. arts. 133 y ccs. Ley 13.688), así como de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación (cf. art. 7 y ccs. Dec. 2417/93). Ello sin perjuicio de otras medidas que puedan arbitrarse conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley 13.133.
Por ello; en virtud de las consideraciones y citas legales precedentes, RESUELVO:
Advirtiendo en error en la foliatura de las actuaciones, refolíese el presente expediente de manera correlativa a partir de fs. 53.-
Con carácter de medida para mejor proveer y atento la naturaleza de la denuncia confiérase al presente expediente carácter y alcances colectivos, debiendo recaratularse las actuaciones como “MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE NUEVA ESCUELA ARGENTINA S/ DENUNCIA C/ NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.R.L. S/ S/ APROBACIÓN DE ARANCELES” (arts. 42 y 43 Const. Nac.; 26, 37, 49, 71, 72 y ccs. Ley 13.133).-
Con carácter de medida preventiva ORDENAR a NUEVA ESCUELA ARGENTINA S.A. que cese de inmediato en la conducta que se reputa en infracción a la legislación de defensa del consumidor y normas complementarias, debiendo retrotraer los actuales valores de los aranceles de enseñanza y otros servicios educativos para todos los niveles de la institución a los vigentes al 30 de noviembre del año 2016 (arts. 4, 19, 37, 45, 65 Ley 24.240; 1, 2, 71, 72, 79, 80 y ccs. Ley 13.133; arts. 5, 7 y ccs. Dec. 2417/93). La presente medida tendrá vigencia hasta tanto recaiga resolución definitiva en el presente y/o las circunstancias sobrevivientes ameriten su modificación parcial o total. Hágase saber a la obligada que dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES de notificada, deberá acreditar de manera expresa y debidamente documentada el íntegro cumplimiento de lo ordenado. Lo anterior bajo expreso apercibimiento de dar intervención al Sr. Agente Fiscal en turno y arbitrar las medidas coercitivas que correspondan (arts. 239 y ccs. Cód. Penal; arts. 7, 268 y ccs. Cód. Proc. Penal Pcia. Bs. As.; Art. 71, 78, Ley 13.133). NOTIFÍQUESE por cédula con carácter de “urgente” y habilitación de días y horas inhábiles.-
Sin perjuicio de las notificaciones ordenadas en el punto anterior y ante la eventualidad de responsabilidades penales, con carácter de medida para mejor proveer líbrense sendas cartas documento dirigidas a CARLOS ALBERTO MELLIBOSVSKY (DNI 4.138.147) y CARINA VALERIA MELLIBOSVKY (DNI 18.070446), atento resultar socios gerentes de la denunciada conforme la copia del acta obrante a fs. 45. La notificación deberá ser enviada al domicilio societario ubicado en calle 6 Nro 480 de la ciudad de La Plata, con transcripción de la parte resolutiva de la presente (art. 239 y ccs. Cód. Penal).-
Requiérase al grupo de madres y padres denunciantes que dentro del plazo de diez (10) días hábiles unifiquen personería en una o dos personas quienes harán las veces de representantes del grupo alcanzado por estas actuaciones con quienes se entenderán todos los emplazamientos, citaciones y notificaciones futuras; ello bajo apercibimiento de hacerlo este Juzgado de manera oficiosa. Dentro del mismo plazo deberán constituir un único domicilio legal (arts. 1 y 19 Ord. Gral. 267; art. 51 Ley 13.133).–
Comunicar la presente resolución a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a la Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de esa Secretaría, y a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Líbrense oficios con adjunción de copia íntegra.-
El día se libra(ron) la(s) cédula(s)/oficio(s) dirigida(s) a ordenada(s) precedentemente.-
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References: artículo 7
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 Artículo 3
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 artículo 71
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 71
 artículo 198
 artículo 71
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 artículo 71
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