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BOE.es - Documento BOE-A-2003-10725
Documento BOE-A-2003-10725
«BOE» núm. 128, de 29 de mayo de 2003, páginas 20646 a 20669 (24 págs.)
BOE-A-2003-10725
La Ley incorpora los principios contemplados en los Programas Comunitarios de Acción en materia de medio ambiente y en la Ley 10/1998, entre cuyos objetivos figuran la prevención de la producción de residuos y el fomento, por este orden, de su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En este sentido, la Comunidad de Madrid apuesta por la minimización y el reciclaje de residuos. La incineración, en sintonía con la jerarquía europea en materia de gestión de residuos, será la última de las opciones de valorización contempladas en los planes autonómicos de residuos. Se incluyen asimismo los principios de «quien contamina paga» y de «responsabilidad del productor», el cual habrá de asumir los costes de la adecuada gestión de los residuos que genera en cada caso.
Por último, la Ley incluye en su parte final 7 disposiciones adicionales, 7 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales. La entrada en vigor de la Ley tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». En el caso concreto de las declaraciones de servicio público contenidas en las disposiciones adicionales segunda y tercera, se demora la entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2004, habida cuenta de las necesidades que el nuevo modelo de gestión viene a plantear.
a) Prevenir los riesgos para la salud de las personas.
b) Prevenir los riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna.
c) Preservar el paisaje y los espacios naturales y en especial los espacios protegidos.
d) Promover la reducción de la generación de residuos en origen y la disminución de su peligrosidad.
e) Fomentar la reutilización de productos y materiales usados.
f) Fomentar la recogida selectiva de los residuos y su reciclado u otras formas de valorización, de acuerdo con el objetivo de la Ley.
g) Responsabilizar a los agentes económicos que ponen en el mercado productos que se convierten en residuos para que adopten las medidas oportunas para asegurar su correcta gestión.
h) Limitar la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
i) Conseguir la eliminación controlada de los residuos no valorizables.
j) Impedir el abandono, el vertido y, en general, cualquier disposición incontrolada de los residuos.
k) Regenerar los espacios degradados y la descontaminación de los suelos.
l) Desarrollar programas de información, sensibilización y concienciación social que promuevan la participación y colaboración activa de los agentes implicados en la producción y la gestión de los residuos.
m) Promover la integración de programas de educación en materia de residuos en todos los ciclos formativos.
n) Promover, impulsar y desarrollar programas de investigación y desarrollo de tecnologías limpias dentro de un programa específico de prevención y control integrados de la contaminación.
o) Promover la utilización de materiales reciclados, su puesta en el mercado y los instrumentos para su fomento.
p) Adecuar los instrumentos de planeamiento urbanístico a una gestión eficaz de los residuos.
q) Promover la implantación de instalaciones públicas destinadas a la gestión de residuos.
1. Esta Ley es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a todo tipo de residuos con las siguientes exclusiones:
a) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1998, las previstas en la normativa estatal en materia de residuos, tales como emisiones a la atmósfera, residuos radiactivos y vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales.
b) Las aguas residuales vertidas al sistema integral de saneamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, de Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid.
2. Esta Ley se aplicará supletoriamente, en defecto de regulación específica, a las siguientes materias:
b) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal.
c) Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas cuando se utilicen exclusivamente en el marco de las explotaciones agrarias.
d) Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la fabricación de los anteriores.
e) Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valorización como tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
f) Los vertidos accidentales y las fugas en conducciones y depósitos, que puedan afectar o causar contaminación de los suelos.
1. Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán tal consideración aquellos que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos aprobado por las instituciones comunitarias.
– Aquellos materiales, objetos o sustancias usados cuyo destino sea la reutilización, tal y como se define en la presente Ley.
– Aquellos materiales, objetos o sustancias que se obtienen en un proceso productivo del que no son el objeto principal, que pueden ser directamente utilizados como materia prima en el mismo u otro proceso productivo sin someterse a transformaciones previas. Estas sustancias presentan las mismas características que los obtenidos mediante procesos convencionales de los que son el objeto principal.
– Aquellos materiales, objetos o sustancias defectuosos generados en un proceso productivo que se reincorporan al mismo.
– Las tierras no contaminadas de excavación utilizadas para la restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
2. Residuos urbanos o municipales:
– Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios.
– Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
– Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas.
– Los animales de compañía muertos.
– Los residuos voluminosos, como muebles y enseres.
– Los vehículos abandonados.
3. Residuos industriales: aquellos que, siendo o no peligrosos, se generan en un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento de una instalación o actividad industrial.
– Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la legislación estatal.
– Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de conformidad con lo establecido en la normativa estatal.
– Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.
– Los recipientes y envases contaminados que hayan contenido residuos o sustancias peligrosas.
5. Residuos no peligrosos: aquellos no incluidos en la definición del apartado anterior.
6. Residuos inertes: aquellos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.
7. Residuos de construcción y demolición (en adelante RCD): residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.
8. Residuos biodegradables: aquellos residuos orgánicos que en condiciones de vertido pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia.
9. Responsable de la puesta en el mercado: El fabricante o en su defecto y por este orden: el importador, el adquirente en otro Estado miembro de la Unión Europea, el agente o intermediario, o los agentes económicos dedicados a la distribución de los productos.
10. Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, produzca residuos o efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
11. Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y no tenga la condición de gestor de los mismos. Esta condición se aplicará a las Administraciones Públicas cuando los residuos se encuentren en su poder como consecuencia de actividades de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos de los que son titulares.
12. Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
13. Operaciones de gestión:
– La recogida y el transporte de residuos.
– El almacenamiento de residuos llevado a cabo en instalaciones diferentes a las de producción.
– La clasificación y otras operaciones de preparación de residuos, incluido el tratamiento previo a las operaciones de valorización o eliminación.
– Las operaciones de valorización y eliminación que figuren en la lista aprobada por las instituciones comunitarias.
– La vigilancia de las actividades establecidas en los párrafos anteriores y de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
14. Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
15. Reutilización: el empleo de un producto o material usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente sin necesidad de someterlo con carácter previo a ninguna de las operaciones que figuran en la lista de operaciones de valorización aprobada por las instituciones comunitarias. A los efectos de esta Ley, la reutilización no se considera una operación de gestión de residuos.
16. Tratamiento: procedimiento dirigido a modificar la composición o las propiedades físico-químicas de un residuo. A los efectos de depósito en vertedero, se considera tratamiento cualquier proceso mecánico, físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que tenga por objeto facilitar la manipulación del residuo, reducir su volumen, reducir su peligrosidad o modificar sus propiedades con carácter previo al vertido.
17. Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.
18. Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, que deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos así definidos en la lista de operaciones de valorización aprobada por las instituciones comunitarias o por el Gobierno.
19. Eliminación: operaciones dirigidas al vertido de los residuos, a su destrucción total o parcial. Estas operaciones habrán de llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidas en este concepto las operaciones enumeradas en la lista aprobada por las instituciones comunitarias o por el Gobierno.
20. Recogida: toda operación consistente en clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte.
21. Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.
22. Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
23. Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo.
24. Punto limpio: Instalación de titularidad municipal destinada a la recogida selectiva de residuos urbanos de origen doméstico en los que el usuario deposita los residuos segregados para facilitar su valorización o eliminación posterior.
25. Centro de recogida: Instalación de titularidad privada, destinada a la recepción de residuos no peligrosos generados en polígonos industriales, grandes superficies, o cualquier otra agrupación de establecimientos en un edificio o terreno.
26. Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra.
27. Sistema Organizado de Gestión: sistema establecido y financiado mediante acuerdo de los agentes económicos responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se convierten en residuos, para garantizar la correcta gestión de los mismos.
28. Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen reglamentariamente y así se haya declarado mediante resolución expresa.
29. Autorización Ambiental Integrada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular.
30. Modificación sustancial: Cualquier modificación realizada en una instalación que en opinión del órgano competente para otorgar la autorización y de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Artículo 5. Competencias de las Entidades Locales en materia de residuos.
1. Las Entidades Locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos o municipales en los términos previstos en esta Ley, en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. En particular corresponde a los municipios:
a) La prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y, al menos, eliminación de los residuos urbanos o municipales en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y planes, de acuerdo con los objetivos establecidos por la Comunidad de Madrid a través de los instrumentos de planificación contemplados en esta Ley.
c) La recogida y gestión de los residuos, ya sean peligrosos o no, abandonados en vías o espacios públicos de titularidad municipal.
d) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias.
Artículo 6. Régimen de dispensa y régimen de sustitución.
1. Los municipios podrán solicitar a la Comunidad de Madrid la dispensa de la obligación de prestar todos o alguno de los servicios relativos a la gestión de los residuos de su competencia cuando les resulte imposible o de muy difícil cumplimiento, en los términos previstos en la legislación estatal y en la presente Ley.
2. En los términos previstos al efecto en la legislación de régimen local, si las Entidades Locales no prestaren los servicios obligatorios de gestión de residuos de su competencia o incumplieran lo dispuesto en los planes autonómicos de residuos, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá requerirles para que presten el servicio concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, no inferior a un mes, el incumplimiento persistiera la Comunidad de Madrid procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la Entidad Local.
3. En casos de extraordinaria y urgente necesidad y con el fin de proteger la salud de las personas o el medio ambiente, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá acordar la sustitución inmediata, dando cuenta al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dicha sustitución tendrá lugar por el tiempo estrictamente imprescindible y a costa de la Entidad Local sustituida.
Artículo 7. Competencias de la Comunidad de Madrid.
a) Autorizar las actividades de producción y gestión de residuos así como los sistemas organizados de gestión y los acuerdos voluntarios suscritos por los agentes implicados en la producción y gestión de residuos.
b) Las relativas a la Declaración de suelos contaminados.
c) Autorizar los traslados transfronterizos de residuos en el interior de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993.
d) Autorizar la eliminación de residuos procedentes de otras partes del territorio nacional.
e) Realizar las funciones de vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos en el ámbito de su competencia.
f) Suscribir convenios y cualquier otro instrumento de colaboración en las materias reguladas en esta Ley.
g) Elaborar los instrumentos de planificación previstos en esta Ley y coordinar las actuaciones que se desarrollen en materia de gestión de residuos en el territorio de la Comunidad de Madrid.
h) Declarar como servicio público, de titularidad autonómica o municipal, todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
i) Gestionar los servicios públicos de titularidad autonómica.
j) Dispensar o sustituir a los municipios en la prestación de los servicios públicos de competencia municipal de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de esta Ley.
k) Promover la participación de los agentes económicos en la gestión de residuos.
l) Obligar a los responsables de la puesta en el mercado de productos de cuyo uso se derive la generación de residuos, a integrarse o a constituir un sistema organizado de gestión o a adoptar las medidas oportunas para garantizar su correcta gestión.
m) Coordinar con los Servicios de Emergencia la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente grave o emergencia en los que se encuentren involucrados residuos o productos peligrosos que puedan causar afecciones al medio ambiente, en el ámbito de las competencias que el ordenamiento atribuye a la Comunidad de Madrid.
n) Adoptar las medidas excepcionales necesarias para garantizar la gestión de los residuos en caso de cese de actividad de un Sistema Organizado de Gestión.
o) Cualesquiera otras que, en relación con esta Ley, le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.
Artículo 8. Colaboración y coordinación interadministrativas.
1. La Comunidad de Madrid y las Entidades Locales comprendidas dentro de su ámbito territorial colaborarán entre sí y con la Administración del Estado con el fin de realizar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos establecidos en esta Ley.
2. A fin de asegurar la coherencia y la efectividad de estas acciones, se atribuye al Gobierno regional, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la facultad de coordinar la actuación de las Entidades Locales en el ejercicio de aquellas competencias que trasciendan los intereses municipales y estén comprendidas dentro de los objetivos de esta Ley. La potestad de coordinación se ejercerá mediante la aprobación de los planes de la Comunidad de Madrid en materia de residuos y la vinculación de las Entidades Locales al contenido de los mismos, en los términos previstos en el Título II de esta Ley, así como mediante cualquier otro instrumento previsto legalmente.
Artículo 9. Planes de residuos de la Comunidad de Madrid.
1. La Comunidad de Madrid elaborará y aprobará Planes en materia de residuos de conformidad con lo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
2. Los Planes de la Comunidad de Madrid en materia de residuos tendrán el contenido mínimo siguiente:
b) Análisis y diagnóstico de la situación existente así como la estimación de los tipos y cantidades de los residuos que van a ser objeto del Plan.
c) Directrices y criterios que deben regir la gestión de los residuos afectados por el Plan.
d) Objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación de los residuos y las medidas a adoptar para la consecución de estos objetivos.
e) Esquema general de las infraestructuras, obras e instalaciones necesarias para la consecución de los objetivos previstos.
f) Criterios a tener en cuenta para la localización de las infraestructuras necesarias.
g) Estimación de los costes de ejecución del plan y de los medios de financiación correspondientes.
i) Plazo y procedimiento de revisión del Plan.
j) Procedimiento de integración, en su caso, de las Entidades Locales en el Plan.
k) Directrices básicas a que habrán de adecuarse, en su caso, los planes de las Entidades Locales.
Artículo 10. Procedimiento de elaboración.
a) La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará el Proyecto de Plan.
b) El Proyecto se someterá al trámite de información pública durante un período no inferior a un mes. El período de información pública se anunciará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», a fin de que cualquier persona pueda examinarlo y formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo establecido.
c) El Plan se aprobará mediante Acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El texto íntegro del Plan aprobado será remitido a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
d) La Consejería competente en materia de medio ambiente adoptará las medidas pertinentes para asegurar la máxima difusión de los Planes y el conocimiento de su contenido por los ciudadanos y por las Entidades afectadas, debiendo mantener a disposición de éstos y de las entidades públicas y privadas que lo soliciten el texto íntegro del Plan.
Artículo 11. Efectos.
1. Los Planes en materia de residuos aprobados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid serán de obligado cumplimiento para Administraciones Públicas y particulares, constituyendo, en especial, un límite vinculante para cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, cuyas determinaciones no podrán modificar, derogar o dejar sin efecto aquéllos.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico habrán de adaptarse a las determinaciones de los Planes de la Comunidad de Madrid en materia de residuos.
3. La aprobación de los Planes de la Comunidad de Madrid en materia de residuos implicará la declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos, así como de los bienes y derechos necesarios, a los efectos de expropiación forzosa e imposición de servidumbres.
4. Se declaran de excepcional interés público, a los efectos del artículo 161 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, las infraestructuras públicas de gestión contempladas en los Planes Autonómicos de Residuos.
1. Los Planes de la Comunidad de Madrid en materia de residuos se revisarán cada cuatro años y en cualquier caso cuando concurran circunstancias sobrevenidas que lo hagan necesario.
2. Los Planes de la Comunidad de Madrid en materia de residuos se adaptarán en el menor plazo posible a las modificaciones que se produzcan en la normativa estatal y de la Unión Europea en la materia de que se trate.
Artículo 13. Planes de residuos de las Entidades Locales.
1. Las Entidades Locales, incluidas las Mancomunidades de municipios, podrán aprobar en el ámbito de sus competencias sus propios Planes en materia de residuos, de conformidad con lo previsto en esta Ley, en sus normas de desarrollo y en los planes autonómicos en materia de residuos.
2. El contenido mínimo de los Planes de las Entidades Locales en materia de residuos es el previsto en el artículo 9.2 de esta Ley, si bien referido al ámbito territorial que les es propio, además del que resulte de los Planes de residuos de la Comunidad de Madrid.
Artículo 14. Elaboración.
1. La Entidad Local que se proponga elaborar su propio Plan en materia de residuos, lo notificará a la Comunidad de Madrid.
2. Antes de su aprobación definitiva, la Entidad Local remitirá a la Comunidad de Madrid el texto íntegro del proyecto y las alegaciones recibidas durante el período de información pública, junto con sus correspondientes contestaciones e informes técnicos, a los efectos de su análisis ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora en materia de evaluación ambiental.
3. Una vez aprobado definitivamente el Plan, la Entidad Local adoptará las medidas pertinentes para asegurar su máxima difusión y su conocimiento por los ciudadanos, debiendo mantener a disposición de éstos y de las entidades públicas y privadas que lo soliciten, el texto íntegro del mismo.
1. Los Planes de las Entidades Locales en materia de residuos se revisarán cada cuatro años y cuando concurran circunstancias sobrevenidas que lo hagan necesario.
2. Los Planes de las Entidades Locales en materia de residuos se adaptarán en el menor plazo posible a las modificaciones que se produzcan en la normativa autonómica, estatal y de la Unión Europea en la materia de que se trate.
Artículo 16. Planificación urbanística municipal.
Médicas económicas y financieras
Artículo 17. Garantías financieras de las actividades sometidas a autorización.
1. Las actividades de gestión de residuos sometidas a autorización quedarán sujetas a la prestación de una fianza u otra garantía equivalente en la forma y cuantía que en cada autorización se determine de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se establezcan.
2. Asimismo la Consejería competente en materia de medio ambiente exigirá en su caso a los productores de residuos peligrosos la constitución de una fianza u otra garantía equivalente en la forma establecida en el apartado anterior.
3. La inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid de actividades de transporte sin asumir la titularidad, de residuos peligrosos con origen en la Comunidad de Madrid, quedará asimismo supeditada a la constitución de una fianza u otra garantía equivalente en la forma establecida en el apartado 1.
4. Esta garantía será igualmente exigible a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
5. Estas garantías tendrán por finalidad asegurar el cumplimiento, frente a las Administraciones Públicas, de las obligaciones derivadas de la autorización expedida o de la posible ejecución subsidiaria por parte de la Administración competente.
Puesta en el mercado de productos que con su uso se convierten en residuos
a) Obtener del fabricante información suficiente sobre la índole de los residuos que, previsiblemente, pudieran generarse por el uso de los productos cuya puesta en el mercado se proponga realizar, incluyendo la obtención de la ficha de datos de seguridad de los correspondientes productos, si contienen sustancias o preparados peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos.
b) Con anterioridad a la puesta en el mercado de los productos, deberá obtener la oportuna información sobre los sistemas de tratamiento que los residuos pudieran requerir.
c) Adoptar las medidas pertinentes para asegurar la adecuada gestión de los residuos de cualquier índole que generen tales productos cuando las características de los mismos no permitan su gestión a través de los sistemas e instalaciones en funcionamiento en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Artículo 19. Régimen especial.
a) Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos derivados de sus productos.
b) Participar en un sistema organizado de gestión de dichos residuos.
c) Aceptar un sistema de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados de sus productos.
d) Contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos en medida tal que se cubran los costes atribuibles a la gestión de los mismos.
Artículo 20. Sistemas Organizados de Gestión.
1. Los agentes económicos responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos podrán establecer sus propios sistemas organizados de gestión o celebrar acuerdos que habrán de ser autorizados por la Comunidad de Madrid.
2. La solicitud de autorización de los acuerdos voluntarios o los sistemas a los que alude el apartado primero deberá reflejar el plazo de vigencia y acompañarse de la documentación acreditativa de los siguientes extremos:
a) Características de los productos incluidos en su ámbito de aplicación.
b) Características de los residuos que puedan generarse por el uso de tales productos.
c) Medidas a adoptar tanto para la prevención de su generación como, en su caso, para facilitar su reciclado o eliminación.
d) Obligaciones asumidas por los responsables de la puesta en el mercado de los productos y por los demás agentes económicos que intervienen en el acuerdo o sistema sometido a autorización.
e) Mecanismos de control, seguimiento y revisión.
f) Alternativas de gestión de los residuos resultantes.
g) Estimación de la cantidad de residuos que puedan generarse anualmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
h) Objetivos previstos de reducción, reciclado y valorización.
i) Presupuesto anual, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, del sistema organizado de gestión o del acuerdo voluntario.
3. El plazo para resolver sobre estas autorizaciones es de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado resolución expresa la autorización se entenderá denegada.
4. Las autorizaciones podrán introducir las condiciones que se consideren necesarias para su efectividad, así como prever la obligación de constituir una garantía que asegure el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Artículo 21. Suspensión y revocación de la autorización.
Artículo 23. Medidas excepcionales en caso de cese de actividad de los sistemas organizados de gestión de residuos.
1. Cuando un sistema organizado de gestión cese su actividad o su autorización quede revocada o suspendida, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá encomendar a la Consejería competente en materia de medio ambiente la gestión de los residuos incluidos en el sistema, de acuerdo con lo previsto en el apartado b) del artículo 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, quedando obligados los agentes económicos participantes en el citado sistema organizado de gestión a contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos en medida tal que se cubran los costes atribuibles a la gestión de dichos residuos hasta el momento en que el agente económico correspondiente acredite haber puesto en marcha el preceptivo sistema de depósito, devolución y retorno o su participación en un sistema organizado de gestión debidamente autorizado y en funcionamiento.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior lo será sin perjuicio de la posibilidad de declarar servicio público de titularidad autonómica o local todas o alguna de las operaciones de gestión de dichos residuos, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 de la Ley 10/1998.
Normas comunes a las diferentes categorías de residuos
Artículo 24. Supuestos en los que se exige autorización.
1. Queda sometida a autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente la instalación, ampliación y modificación sustancial o traslado de industrias o actividades productoras de residuos peligrosos, así como aquellas productoras de otros residuos que no tengan tal consideración y que figuren en una lista que reglamentariamente se apruebe por razón de las excepcionales dificultades que pudiera plantear su gestión.
2. Quedarán exentas de la autorización a la que se refiere el apartado anterior aquellas industrias y actividades a las que resulte de aplicación la normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación.
3. Quedarán exentas de autorización aquellas industrias y actividades que adquieran la condición de Pequeños Productores mediante su inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad de Madrid.
4. El contenido previsto en el artículo 34 de esta Ley formará parte de la Autorización Ambiental Integrada cuando resulte de aplicación la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
Artículo 25. Obligaciones del productor y del poseedor.
1. Los productores o poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.
2. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión.
3. En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
4. Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorización deberá destinarlo a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos en que sea posible.
5. La valorización de los residuos generados en la Comunidad de Madrid se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma, salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello en aras de los principios de proximidad y suficiencia.
6. Los poseedores o productores de residuos serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente, durante todo el tiempo que permanezcan en la posesión de los mismos.
7. Los poseedores o productores de residuos facilitarán a la Consejería competente en materia de medio ambiente la información que ésta les requiera en relación con la naturaleza, características y composición de los residuos que posean, así como en relación con cualesquiera otros extremos relevantes para el ejercicio de sus competencias.
Artículo 26. Importación, adquisición intracomunitaria, intermediación y agencia.
1. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, los importadores o adquirentes intracomunitarios y los agentes comerciales o intermediarios que en nombre propio o ajeno pongan residuos en el mercado o realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial, deberán notificarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, para el registro administrativo de las citadas actividades.
2. En la notificación habrán de indicarse, al menos, las cantidades, naturaleza, orígenes y destino de los residuos, así como, en su caso, el método de transporte y el método de valorización o eliminación que se vayan a emplear.
Artículo 27. Traslado transfronterizo de residuos en el interior de la Unión Europea.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente decidirá sobre las solicitudes de traslado de residuos en el interior de la Unión Europea.
2. Para la tramitación de las solicitudes de autorización de traslados transfronterizos de residuos que tengan como destino estaciones de transferencia en la Comunidad de Madrid, el notificante incluirá, además de lo previsto en el Reglamento CEE 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, la documentación acreditativa de la conformidad de la autoridad ambiental competente del lugar al que los residuos van a ser posteriormente trasladados.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá exigir al solicitante traducción jurada al castellano de la documentación incluida en el expediente.
Normas específicas relativas a los residuos urbanos
Artículo 28. Obligaciones en materia de entrega de residuos urbanos.
1. Todo poseedor de residuos urbanos estará obligado a entregarlos a las Entidades Locales, en las condiciones que determinen las Ordenanzas u otra normativa aplicable. Los residuos urbanos valorizables, excluidos los de origen domiciliario, podrán entregarse a un gestor autorizado o registrado para su posterior valoración, salvo que las ordenanzas municipales establezcan lo contrario.
2. La correspondiente Entidad Local adquirirá la propiedad de los residuos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar aquéllos, siempre que en su entrega se hayan observado las citadas Ordenanzas y demás normativa aplicable.
3. Además de las obligaciones de entrega previstas anteriormente y sin perjuicio de cualesquiera otras que les correspondan legalmente, el poseedor de residuos urbanos que presenten características especiales que puedan dificultar su recogida, transporte, valorización o eliminación quedan obligados a:
a) Proporcionar a las Entidades Locales información detallada sobre el origen, cantidad y características de los mismos.
b) Sin perjuicio de lo anterior, a requerimiento de la Entidad Local correspondiente, deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir, en la medida de lo posible, las características que pudieran dificultar su recogida, transporte, valorización o eliminación o, si ello no fuera posible, deberán depositar tales residuos en la forma y lugar adecuados.
4. Las Entidades Locales podrán obligar a los poseedores de residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen industrial no peligrosos, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados.
Artículo 29. Puntos Limpios.
1. Todos los municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes, deberán disponer de al menos un Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario, debiendo incluirse en los respectivos instrumentos de planeamiento la obtención de los suelos necesarios, así como su ejecución como red pública de infraestructuras generales.
2. No se aprobarán instrumentos de planeamiento urbanístico relativos a nuevos desarrollos que superen los 1.000 habitantes, si no contemplan la dotación de los Puntos Limpios necesarios.
3. Reglamentariamente se determinará el tipo de Punto Limpio, en función del número de habitantes.
Artículo 30. Centros de recogida.
Artículo 31. Recogida selectiva en grandes superficies.
Normas específicas relativas a los residuos peligrosos y otros residuos especiales
Artículo 32. Procedimiento para el otorgamiento de la autorización.
1. El procedimiento para resolver acerca del otorgamiento o la denegación de la autorización prevista en el artículo 24 de esta Ley se iniciará a instancia del interesado dirigida a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. La solicitud de autorización vendrá acompañada, además de por los documentos que se establezcan reglamentariamente, por la siguiente documentación:
a) Memoria de la Actividad Industrial, que incluya descripción detallada de los procesos generadores de residuos, cantidad, composición y códigos de identificación de los residuos.
b) Descripción de los agrupamientos y tratamientos in situ, así como tratamiento final previsto de los residuos que se vayan a generar.
c) Planos de implantación y de la parcela en que se localiza el establecimiento.
d) Justificación de la adopción de las medidas de seguridad exigidas para la actividad, y de aquellas otras exigidas en la vigente legislación sobre protección civil.
e) Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos en el caso de actividades que incluyan procesos de fabricación.
f) Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la reducción de la producción de residuos peligrosos y su correcta gestión.
g) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que fueran de aplicación en virtud de la legislación en materia de evaluación ambiental. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes que no cumplan este precepto.
3. La autorización podrá ser denegada en los casos en los que no estén suficientemente acreditadas las operaciones a realizar con los residuos o si la gestión prevista para los mismos no se ajusta a lo dispuesto en los planes nacionales, autonómicos o locales en materia de residuos.
4. El plazo para resolver sobre estas autorizaciones es de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la autorización se entenderá denegada.
Artículo 33. Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos.
1. Podrá denegarse la autorización cuando el Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos presentado no garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley y sus normas de desarrollo.
2. El Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos es vinculante para el productor en el ejercicio de su actividad.
3. El incumplimiento de lo establecido en el Estudio de Minimización imposibilitará la obtención o tenencia de cualquier certificación pública de gestión medioambiental, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento, que se determinará cuando proceda en el expediente sancionador que se inicie al efecto.
Artículo 34. Contenido de la autorización.
1. La autorización deberá establecer la cantidad máxima por unidad de producción y las características de los residuos que se puedan generar, para lo cual se tomarán en consideración, entre otros criterios, la utilización de las mejores técnicas disponibles, así como las características técnicas de la instalación de que se trate. Entre los criterios que se utilicen para decidir tales tecnologías se dará prioridad al principio de prevención en materia de residuos.
2. La autorización exigirá, en su caso, la introducción de las medidas correctoras que sean pertinentes, las cuales podrán también exigirse en cualquier momento durante la vigencia de la autorización.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente exigirá, en su caso, a los productores de residuos peligrosos además de la fianza prevista en el artículo 17 de esta Ley, un seguro que cubra las responsabilidades derivadas de la producción de residuos. Cuando se exija la prestación de la fianza y/o la constitución del seguro, su formalización será requisito previo a la eficacia de la preceptiva autorización de las industrias o actividades.
4. Cuando el titular de la autorización incumpla las obligaciones de depositar la fianza o de contratar, modificar, o mantener el seguro, los administradores de la sociedad responderán directa y solidariamente de los daños y perjuicios que cause la actividad de la sociedad titular.
5. En el supuesto de suspensión de la cobertura del seguro o de extinción del contrato de seguro por cualquier causa, la compañía aseguradora comunicará tales hechos a la administración autorizante, quedando suspendida la eficacia de la autorización entre tanto se rehabilite la cobertura o se suscriba un nuevo seguro.
Artículo 35. Duración, modificación y transmisión de la autorización.
1. La autorización para la producción de residuos se concederá por un plazo máximo de ocho años, prorrogable mediante resolución expresa de la Consejería competente en materia de medio ambiente. La prórroga se acordará, en su caso, previa solicitud del titular de la autorización, formulada con una antelación mínima de tres meses y máxima de seis a la fecha prevista para la extinción de aquélla.
2. La modificación de la autorización podrá tener lugar de oficio, por el órgano autorizante, a fin de imponer medidas correctoras, de adaptar la autorización a la normativa vigente en cada momento, o por razones de interés público debidamente motivadas. También podrá tramitarse la modificación de la autorización a instancia del interesado.
3. La transmisión de las autorizaciones para la producción de residuos estará sujeta a la previa comprobación, por la Consejería competente en materia de medio ambiente, de que las actividades e instalaciones cumplen la normativa aplicable en materia de residuos y lo establecido en la propia autorización.
Artículo 36. Suspensión y revocación de la autorización.
Artículo 37. Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
Artículo 38. Obligaciones de los productores de residuos peligrosos.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de cuantas otras obligaciones se les impongan en aplicación de esta Ley y de sus normas de desarrollo, los productores de residuos peligrosos quedan obligados a:
a) Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no efectuar mezclas que dificulten su gestión, o supongan un aumento de su peligrosidad.
b) Etiquetar y envasar conforme a la legislación vigente los recipientes que contengan residuos peligrosos.
c) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y del destino de los mismos. Este registro, que contendrá los datos correspondientes a los últimos cinco años, deberá permanecer en el centro productor a disposición de la autoridad competente.
d) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuada gestión.
e) Presentar una Memoria anual de actividades ante la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se deberán especificar, como mínimo, la cantidad de residuos peligrosos producidos, así como la naturaleza y el destino de los mismos.
f) Realizar y presentar cada dos años a la Consejería competente en materia de medio ambiente una Auditoría Ambiental realizada por una de las Entidades inscritas en el Registro de Entidades de Control Ambiental a que se refiere el artículo 43 de la presente Ley. La Auditoría, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, incluirá al menos la evaluación del grado de cumplimiento de los condicionantes de la autorización, del Plan de Autocontrol y del Estudio de Minimización. Asimismo incluirá la información económica derivada de las responsabilidades de naturaleza medioambiental, entendiéndose por éstas las surgidas por actuaciones para prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente, determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o tácita. Esta obligación no será exigible a las empresas adheridas con carácter voluntario al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medio Ambientales (EMAS).
g) Informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
h) Presentar con carácter cuatrienal a la Consejería competente en materia de medio ambiente un Estudio de minimización de los residuos peligrosos por unidad producida, comprometiéndose a reducir la generación de aquéllos en la medida de sus posibilidades, siempre que los residuos se generen en un proceso de producción.
i) Adoptar «buenas prácticas» que permitan reducir la producción de residuos peligrosos.
2. No será exigible para los Pequeños Productores la presentación de la Memoria anual y la Auditoría Ambiental a que se refieren respectivamente los apartados e) y f) del párrafo anterior.
3. El incumplimiento del Plan de Autocontrol, la no realización de la Auditoría Ambiental, o el incumplimiento del Estudio de minimización, imposibilitarán la obtención o tenencia de cualquier certificación pública de gestión medioambiental, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento, que se determinará cuando proceda en el expediente sancionador que se inicie al efecto.
Normas específicas aplicables a los aceites usados
Artículo 39. Aceites usados de vehículos a motor.
Artículo 40. Principios de proximidad y suficiencia en la gestión de aceites usados.
Normas específicas aplicables a los residuos de construcción y demolición
Artículo 41. Producción de RCD.
1. Los productores de RCD estarán obligados a comunicar a la Entidad Local competente en la forma que reglamentariamente se establezca y con carácter previo a su producción, la estimación de la cantidad de residuos a producir, así como el destino de los mismos y las medidas adoptadas para su clasificación.
2. Las Entidades Locales no podrán conceder las autorizaciones o licencias necesarias en los casos en los que el solicitante no acredite suficientemente el destino de los residuos que se vayan a producir.
3. La Entidad Local correspondiente establecerá los mecanismos de control y las acciones necesarias para garantizar la correcta gestión de los RCD generados en su término municipal, incluyendo el depósito previo por el productor de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a generar que se calculará de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 42. Principios generales.
1. Las operaciones de gestión de residuos habrán de realizarse sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente.
2. Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de éstos que dificulte su gestión.
3. La gestión de residuos en la Comunidad de Madrid se basará en los principios de proximidad y suficiencia. En aplicación de estos principios, la valorización de los residuos generados en la Comunidad de Madrid se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma, salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento.
4. Se declara de excepcional interés público a los efectos del artículo 161 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el establecimiento o ampliación de instalaciones públicas de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.
5. Requiere autorización previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente, la eliminación en instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid, de residuos procedentes de otras partes del territorio nacional.
Artículo 43. Registros.
a) El Registro de Gestores de Residuos No Peligrosos en el que se inscribirán, a instancia del interesado, las personas físicas o jurídicas, excluidas las Administraciones Públicas, que llevan a cabo actividades no sometidas a autorización dirigidas únicamente a facilitar la manipulación de residuos no peligrosos o a reducir su volumen incluido el almacenamiento temporal.
b) El Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid en el que, a instancia del interesado, se inscribirán:
– Las personas físicas o jurídicas, excluidas las Administraciones Públicas, que realicen actividades de transporte de residuos no peligrosos con origen en la Comunidad de Madrid.
– Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de transporte, sin asumir la titularidad, de residuos peligrosos con origen en la Comunidad de Madrid.
c) El Registro de Entidades de Control Ambiental, en el que deberán inscribirse las Entidades de Inspección que pretendan realizar las Auditorías Ambientales a las que se refiere esta Ley. La inscripción tendrá lugar a instancia del interesado y previa acreditación de su capacidad técnica en la forma que reglamentariamente se determine.
d) El Registro de Intermediarios de Residuos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones jurídicas que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial. Quedan exentos de inscripción los productores, poseedores y gestores cuando realicen las citadas operaciones sobre residuos de los que son titulares.
Artículo 44. Supuestos en los que se exige autorización para llevar a cabo operaciones de gestión de residuos.
1. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente para llevar a cabo operaciones de gestión de residuos, salvo en los siguientes casos:
a) Operaciones dirigidas únicamente a facilitar la manipulación de residuos no peligrosos o a reducir su volumen, incluido el almacenamiento temporal, que serán objeto de inscripción en el Registro previsto en el artículo 43.
b) El Transporte de Residuos No Peligrosos y el Transporte de Residuos Peligrosos cuando el transportista no asuma la titularidad del residuo, que será objeto de inscripción en el Registro previsto en el artículo 43.
2. Esta autorización formará parte de la Autorización Ambiental Integrada en el caso de actividades a las que resulte de aplicación la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
3. Reglamentariamente podrán establecerse supuestos en los que no será exigible la autorización prevista en el apartado anterior a las empresas y establecimientos que realicen la valorización o la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en los centros de producción.
4. Requieren autorización las actividades de eliminación y valorización de residuos llevadas a cabo por las Administraciones Públicas, quedando exentas las operaciones de recogida, transporte y aquellas dirigidas únicamente a facilitar la manipulación de residuos no peligrosos o a reducir su volumen incluido el almacenamiento temporal.
Artículo 45. Procedimiento para la obtención de la autorización de las instalaciones.
1. El procedimiento para obtener la autorización prevista en el artículo anterior se iniciará a instancia del interesado mediante solicitud dirigida a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
a) Descripción detallada y alcance de la actividad, incluyendo el estudio de la tecnología empleada.
b) Descripción del lugar en el que se ubica la instalación.
c) Dotaciones de personal y medios materiales.
d) Prescripciones técnicas y las medidas de control y corrección de las consecuencias que puedan derivarse de la propia actividad y de averías o accidentes.
e) Plan de Autocontrol que incluirá la determinación de los indicadores característicos de la actividad y sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar que la actividad se desarrolla sin poner en peligro la salud de las personas o el medio ambiente.
f) El tipo y tratamiento previsto de los residuos que se generen.
3. Será preceptivo y vinculante el informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en relación con las medidas de seguridad y autoprotección y con los planes de emergencia. El plazo máximo para la emisión de este informe será de dos meses.
4. Con carácter previo a la resolución sobre la autorización, se efectuará visita de comprobación a las instalaciones.
5. El plazo para resolver sobre estas autorizaciones es de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la autorización se entenderá denegada.
Artículo 46. Contenido de la autorización.
1. La autorización contendrá como mínimo:
a) Las operaciones de gestión permitidas y las categorías de residuos a gestionar.
b) Las condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad.
c) Su vigencia.
d) La cuantía de la fianza a la que se refiere el artículo 17 de esta Ley y la cobertura del seguro que deberá constituir el gestor. La prestación de la fianza y la constitución del seguro serán requisito previo a la eficacia de la autorización.
2. La autorización exigirá, en su caso, la introducción de las medidas correctoras que sean pertinentes, que podrán también requerirse en cualquier momento durante la vigencia de la misma.
3. Cuando el titular de la autorización incumpla las obligaciones de depositar la fianza o de contratar, modificar, o mantener el seguro, los administradores de la sociedad responderán directa y solidariamente de los daños y perjuicios que cause la actividad de la sociedad titular.
4. En el supuesto de suspensión de la cobertura del seguro o de extinción del contrato de seguro por cualquier causa, la compañía aseguradora comunicará tales hechos a la Administración autorizante, quedando suspendida la eficacia de la autorización entre tanto se rehabilite la cobertura o se suscriba un nuevo seguro.
5. Las disposiciones anteriores formarán parte de la Autorización Ambiental Integrada cuando resulte de aplicación la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
Artículo 47. Duración, modificación y transmisión de la autorización.
1. La autorización para la gestión de residuos se concederá por un plazo máximo de cinco años, prorrogable mediante resolución expresa de la Consejería competente en materia de medio ambiente. La prórroga se acordará, en su caso, previa solicitud del titular de la autorización, formulada con una antelación mínima de seis meses y máxima de nueve a la fecha prevista para la extinción de aquélla.
2. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre Evaluación Ambiental, la modificación de la autorización tendrá lugar:
a) A instancia del interesado, en caso de que se produzca una modificación sustancial de las instalaciones, su proceso u otras que modifiquen las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de su otorgamiento.
b) De oficio por el órgano autorizante, a fin de imponer medidas correctoras, de adaptar la autorización a la normativa vigente en cada momento, o por razones de interés público debidamente motivadas.
3. La transmisión de las autorizaciones para la gestión de residuos estará sujeta a la previa comprobación, por la Consejería competente en materia de medio ambiente, de que las actividades e instalaciones cumplen la normativa aplicable y lo establecido en la propia autorización.
Artículo 48. Suspensión y revocación de la autorización.
Artículo 49. Obligaciones del gestor.
1. Todo gestor de residuos está obligado a llevar un registro documental, en el que figuren como mínimo la cantidad, naturaleza, identificación conforme a la Lista Europea de Residuos, origen, destino, medio de transporte, fechas de recepción y entrega, así como el método de valorización o eliminación de los residuos recibidos. Este registro incluirá asimismo los datos relativos a los residuos peligrosos producidos o importados en su caso. Este registro, que contendrá los datos correspondientes a los últimos cinco años, deberá permanecer en el centro gestor a disposición de la autoridad competente.
2. Los gestores de residuos están obligados a tener la autorización o el documento acreditativo de la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, a disposición de la Administración en las instalaciones de gestión, o en el vehículo en el caso de los transportistas.
3. Los gestores serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente, a partir del momento en que adquieran la posesión de los residuos.
4. Presentar una memoria anual de actividades ante la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se deberán especificar, como mínimo, la cantidad de residuos gestionados, así como la naturaleza, el tratamiento y el destino de dichos residuos y de los generados como consecuencia de la actividad de gestión.
Normas específicas relativas a la gestión de los residuos urbanos
Artículo 50. Normas en materia de gestión de residuos urbanos.
Artículo 51. Intervención autonómica de las actividades de gestión realizadas por Entidades Locales.
1. Las actividades de gestión que directa o indirectamente realicen las Entidades Locales habrán de someterse a los correspondientes planes autonómicos, así como a las obligaciones derivadas de esta Ley y otras normas en materia de medio ambiente, quedando sujetas a la inspección y el control de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. Las Entidades Locales presentarán ante la Consejería competente en materia de medio ambiente un Informe Anual de Gestión de Residuos en el que se detallarán las cantidades y tipos de residuos gestionados por la Entidad Local. El Informe incluirá asimismo la relación de productores o poseedores de residuos a los que la Entidad Local ha aplicado la obligación prevista en el apartado 4 del artículo 28.
Normas específicas relativas a la gestión de los residuos peligrosos
Artículo 52. Autorización de la gestión de residuos peligrosos.
1. Queda sometida a autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente la instalación, ampliación y modificación sustancial o traslado de actividades de gestión de residuos peligrosos y el transporte de los mismos cuando el transportista asuma la titularidad del residuo.
3. La autorización de las instalaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se regirá por lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de esta Ley con la excepción prevista en el apartado 5 respecto a la vigencia de la misma.
4. La autorización para el transporte de residuos peligrosos asumiendo la titularidad de los residuos sólo podrá concederse si el solicitante dispone de un centro autorizado para el almacenamiento de dichos residuos, debiendo aportar junto a la solicitud, los datos relativos a los vehículos y copia de la autorización del centro de almacenamiento.
5. La autorización se concederá por un período de cinco años, susceptible de dos prórrogas sucesivas de otros cinco años cada una, en virtud de resolución expresa de la Consejería competente en materia de medio ambiente. La prórroga se acordará previa visita de comprobación, en su caso, y a solicitud del titular de la autorización formulada, con una antelación mínima de seis meses y máxima de nueve a la fecha prevista para la extinción de aquélla. Transcurridos quince años desde el otorgamiento de la autorización, ésta caducará, pudiendo el titular solicitar una nueva autorización.
Artículo 53. Obligaciones de los gestores de residuos peligrosos.
1. Todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de residuos peligrosos deberán establecer medidas de seguridad y autoprotección, así como elaborar un plan de emergencia interior para la prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro y, en su caso, cualquier otra obligación que resulte de la aplicación de la legislación sobre seguridad industrial y prevención de accidentes graves.
2. Serán obligaciones del gestor de residuos peligrosos, además de las que resulten de la normativa aplicable, las siguientes:
a) Envasar, etiquetar y almacenar, conforme a lo establecido en la legislación vigente, los recipientes que contengan residuos peligrosos.
b) Presentar una memoria anual de actividades ante la Consejería competente en materia de medio ambiente, en la que se deberán especificar, como mínimo, las cantidades y características de los residuos gestionados, su procedencia, las operaciones efectuadas con los mismos y su destino posterior. Quedan exentos de esta obligación los transportistas que actúan en calidad de meros intermediarios.
c) Realizar y presentar cada dos años a la Consejería competente en materia de medio ambiente una Auditoría Ambiental realizada por una de las Entidades inscritas en el Registro de Entidades de Control Ambiental a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. La Auditoría, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, incluirá al menos la evaluación del grado de cumplimiento de los condicionantes de la autorización y del Plan de Autocontrol. Asimismo incluirá la información económica derivada de las responsabilidades de naturaleza medioambiental, entendiéndose por estas las surgidas por actuaciones para prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente, determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o tácita. Esta obligación no será exigible a las empresas adheridas con carácter voluntario al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medio Ambientales (EMAS).
d) Informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
e) No mezclar residuos peligrosos con los que no tengan tal consideración.
f) No mezclar residuos peligrosos entre sí cuando esto dificulte su gestión.
3. No será exigible para los transportistas que no asumen la titularidad del residuo la presentación de la Memoria anual y la Auditoría Ambiental a que se refieren respectivamente los apartados b) y c) del párrafo anterior.
4. El incumplimiento del Plan de Autocontrol o la no realización de la Auditoría Ambiental imposibilitará la obtención o tenencia de cualquier certificación pública de gestión medio ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento, que se determinará, cuando proceda, en el expediente sancionador que se inicia al efecto.
Normas específicas relativas a la gestión de los residuos de construcción y demolición
Artículo 54. Transporte de RCD.
1. Los transportistas de RCD deberán notificar su actividad a la Consejería competente en materia de medio ambiente para su inscripción en el Registro previsto en el artículo 43 de esta Ley.
2. Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, cuando la citada licencia no sea preceptiva.
3. Los contenedores utilizados para la recogida en la vía pública y el transporte de RCD deberán presentar en su exterior los datos que reglamentariamente se establezcan, que permitan la identificación de la empresa responsable de su recogida.
Artículo 55. Valorización de Residuos de Construcción y Demolición.
Artículo 56. Declaración de suelos contaminados.
1. La Declaración de un suelo como contaminado se realizará de oficio por la Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con las prioridades establecidas en los instrumentos de planificación vigentes en cada momento y de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa por la que se regule el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. El plazo para resolver el procedimiento de Declaración de Suelo Contaminado será de nueve meses.
2. La relación de suelos declarados como contaminados en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid dará lugar al inventario de suelos contaminados de la misma, que tendrá naturaleza de registro público de carácter administrativo.
Artículo 57. Contenido de la Declaración.
a) Delimitación del suelo contaminado.
b) Usos que no podrán realizarse en el mismo mientras subsista la Declaración.
c) Operaciones de limpieza y recuperación que deban ejecutarse, en función de los usos previstos en el planeamiento urbanístico vigente.
d) Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación.
Artículo 58. Efectos de la Declaración.
1. La Declaración de un suelo como contaminado obliga a los responsables identificados en la misma a realizar las operaciones de limpieza y recuperación que en aquélla se establezcan.
2. En la Comunidad de Madrid, la iniciativa para la anotación registral prevista en el artículo 27.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así como para la cancelación en su caso, corresponderá a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y se llevará a cabo cuando la Declaración sea firme en vía administrativa.
3. La firmeza de la Declaración de un suelo como contaminado implicará su inclusión en el Inventario de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid.
Artículo 59. Descontaminación del suelo.
1. Los responsables identificados de la contaminación estarán obligados a realizar las actuaciones necesarias para proceder a la limpieza y recuperación del suelo contaminado en la forma y plazos que determine la Consejería competente en materia de medio ambiente, a requerimiento de ésta y de acuerdo con las prioridades de actuación que se hubieran establecido. Tal requerimiento podrá formularse cualquiera que sea el período transcurrido desde que se produjo la contaminación.
2. Cuando sean varios, los causantes de la contaminación responderán de estas obligaciones de forma solidaria. Subsidiariamente responderán de las mismas, por este orden, los poseedores de los suelos contaminados y los propietarios no poseedores de los mismos.
3. En todo caso, si las operaciones de limpieza y recuperación de suelos contaminados fueran a realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada a favor de la Administración Pública que hubiera financiado las citadas ayudas. Tal compromiso habrá de garantizarse en la forma que reglamentariamente se establezca y deberá extenderse tanto a la cuantía subvencionada cuanto al interés legal de la misma.
Artículo 60. Informes de situación del suelo.
Artículo 61. Relación con el Planeamiento Urbanístico.
1. Entre la documentación a aportar en la tramitación de los Planes Urbanísticos deberá incluirse un Informe de caracterización de la calidad del suelo en el ámbito a desarrollar en orden a determinar la viabilidad de los usos previstos. Dicho Informe se incluirá en el Estudio de Incidencia ambiental a que se refiere el artículo 15 de la Ley 2/2002, de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
2. No se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos en los ámbitos que incluyan suelos contaminados.
Artículo 62. Acuerdos voluntarios y convenios de colaboración.
1. Las personas obligadas a realizar las operaciones de limpieza y recuperación de suelos contaminados podrán, para el cumplimiento de estas obligaciones, formalizar acuerdos voluntarios entre sí o suscribir convenios de colaboración con las Administraciones Públicas competentes. En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de los suelos contaminados correrán a cargo del obligado a realizar dichas operaciones.
2. Los acuerdos voluntarios a los que alude el párrafo anterior, que deberán ser autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente, contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Alcance de las operaciones de limpieza y recuperación a realizar.
b) Obligaciones asumidas por cada uno de los responsables de dichas operaciones.
c) Plazo de ejecución de las operaciones.
d) Presupuesto y mecanismos de financiación.
3. Los convenios de colaboración que se suscriban con la Comunidad de Madrid para realizar las operaciones de limpieza y recuperación de suelos contaminados habrán de ser aprobados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y serán suscritos en nombre de ésta por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 63. Subvenciones.
Artículo 64. Promoción.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará y desarrollará, con carácter periódico, campañas de formación y concienciación ciudadana dirigidas a fomentar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y en particular, a:
a) Informar de las consecuencias nocivas para el medio ambiente que puede conllevar el uso incorrecto de productos que generan residuos.
b) Promover la participación activa en la implantación de la recogida selectiva y de la separación domiciliaria de las distintas fracciones de los residuos urbanos.
c) Fomentar conductas que favorezcan la disminución del uso de envases y embalajes, principalmente de los de difícil reutilización o reciclaje.
d) Evitar los vertidos incontrolados y la degradación del entorno y promover la regeneración de los espacios naturales.
e) Potenciar la creación de mesas de participación, estudio y trabajo conjunto, a fin de realizar el seguimiento de los planes en materia de residuos.
f) Facilitar la consecución de acuerdos entre la Consejería competente en materia de medio ambiente y los representantes de los sectores productivos y del asociacionismo ambiental, de consumidores y ciudadanos.
g) Favorecer el diálogo y el compromiso entre los industriales, los consumidores y las Administraciones Públicas en el ámbito de aplicación de esta Ley.
h) Promover la firma de acuerdos voluntarios entre los distintos sectores industriales y la Administración, con el fin de promover la reducción en la generación de residuos y la minimización de su peligrosidad, la reutilización, el reciclaje y la valorización.
i) Fomentar la adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medio Ambientales (EMAS) como alternativa al cumplimiento de determinadas obligaciones previstas en esta Ley.
j) Facilitar información, orientación y asesoramiento sobre la normativa y planificación en materia de residuos tanto a empresas como a consumidores y usuarios.
k) Facilitar información a los sectores productivos sobre las medidas e incentivos fiscales y económicos aplicables en relación con las inversiones medioambientales.
2. La Consejería competente en materia de medio ambiente desarrollará las actuaciones necesarias encaminadas a:
a) El desarrollo de programas de información, sensibilización y concienciación social por la administración, o a través de asociaciones, organizaciones ciudadanas educativas, medioambientales, sindicales, de consumo, etcétera, que promuevan la participación y colaboración activa de los agentes implicados en la producción y la gestión de los residuos.
b) La consecución de acuerdos entre la Consejería competente en materia de medio ambiente y los sectores productivos, representantes patronales y sindicales, y del asociacionismo ambiental, de las asociaciones de consumidores y otras organizaciones de participación ciudadana.
c) La suscripción de convenios con entidades públicas o privadas, para la implantación de medidas tendentes a la educación, investigación, información y asesoramiento, orientadas especialmente a PYMES, para introducir en las empresas las tecnologías menos contaminantes y prácticas de prevención en materia de residuos.
d) Fomentar, a través de iniciativas públicas o privadas, la creación de un centro que permita acreditar las mejores tecnologías disponibles en lo relacionado con esta Ley y con la normativa relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación. Asimismo, servir de asesoramiento a las PYMES para el cumplimiento de los objetivos mencionados en esta Ley.
e) Fomentar, a través de acuerdos con la Consejería competente en materia de Educación, la integración de contenidos en materia de residuos en los ciclos formativos, con el fin de mejorar la conciencia medioambiental de los escolares y de los ciudadanos en general.
Artículo 65. Órganos competentes.
Artículo 66. Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de Madrid.
Artículo 67. Actas de Inspección.
Artículo 68. Deber de colaboración.
Artículo 69. Infracciones.
Artículo 72. Infracciones graves.
Artículo 73. Infracciones leves.
Artículo 74. Prescripción de las infracciones.
Artículo 76. Graduación de las sanciones.
Artículo 77. Prescripción de las sanciones.
Artículo 78. Publicidad de las sanciones.
Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves o muy graves, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas. La publicidad se efectuará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en los medios de comunicación social.
Artículo 79. Compatibilidad de las sanciones.
Artículo 80. Reparación e indemnización de los daños al medio ambiente.
Artículo 81. Vía de apremio.
Artículo 82. Procedimiento sancionador.
Artículo 83. Relación con el orden jurisdiccional penal.
Artículo 84. Medidas provisionales urgentes.
Artículo 85. Medidas cautelares.
Artículo 87. Coordinación y sustitución.
Artículo 88. Colaboración interadministrativa.
Disposición adicional primera. Bolsa de excedentes de tierras.
Disposición adicional segunda. Declaración de servicio público de titularidad autonómica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se declara servicio público reservado de titularidad de la Comunidad de Madrid la eliminación de los RCD de todos los municipios, salvo los generados en aquellos que superen los 300.000 habitantes, incluidas las operaciones de transferencia y transporte de estos residuos entre las Estaciones de Transferencia y los Centros de eliminación integrados en la Red Pública de Eliminación de la Comunidad de Madrid.
Reglamentariamente se establecerán los precios aplicables a la gestión de RCD en las instalaciones integrantes de la red pública.
Disposición adicional tercera. Declaración de servicio público de titularidad municipal.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la citada Ley 10/1998, se declara servicio público de titularidad municipal la eliminación de los RCD generados en aquellos municipios que superen los 300.000 habitantes.
Disposición adicional cuarta. Normas específicas aplicables a la producción y gestión de residuos sanitarios.
Disposición adicional quinta. Gestión de residuos a través de formas de la Administración Institucional.
Disposición adicional sexta. Residuos biodegradables.
Disposición adicional séptima. Habilitación reglamentaria.
Disposición transitoria primera. Planes autonómicos vigentes.
Disposición transitoria segunda. Planes autonómicos en proceso de elaboración.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de los planes municipales.
Disposición transitoria cuarta. Autorizaciones en proceso de otorgamiento.
Disposición transitoria quinta. Autorizaciones de transporte.
Disposición transitoria sexta. Cálculo de la fianza a depositar por los transportistas de residuos peligrosos.
Importe de la fianza (euro) = 0,15 euro * K + 750 euros.
Importe de la fianza (euro) = 0,03 euro * K + 1.200 euros.
Importe de la fianza (euro) = 0,15 euro * KA + 0,03 euros * KA + 1.200 euros.
Disposición transitoria séptima. Plan Regional de Lodos de Depuración.
Disposición final primera. Modificación del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, modificado por Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
«– La tasa por autorizaciones en materia de transporte de residuos peligrosos regulada en el Capítulo LXXVI de este Título.
– La tasa por inscripción en los registros de gestores, productores, transportistas y entidades de control ambiental, regulada en el Capítulo LXXVII de este Título.»
Dos. 2. Se modifica el artículo 3.1.N), sustituyéndose la referencia a la tasa por autorización de gestión de residuos peligrosos por otra del siguiente tenor literal:
«– La tasa por autorización para la producción y la gestión de residuos, excluido el transporte, regulada en el Capítulo XXXV de este Título.
Artículo 199. Hecho imponible.
Artículo 200. Sujetos pasivos.
Artículo 201. Tarifa.
Artículo 202. Devengo.
«36...
Artículo 206. Tarifa.
Tarifa 36.01.–Eliminación de residuos urbanos o municipales en Instalaciones de Transferencia o Eliminación de la Comunidad de Madrid.
«Capítulo LXXVI:
76. Tasa por autorizaciones en materia de transporte de residuos peligrosos.
Artículo 384. Hecho imponible.
Artículo 385. Sujetos pasivos.
Artículo 386. Tarifa.
Tarifa 76.01.–Autorización de transporte de residuos peligrosos.
Artículo 387. Devengo.
Capítulo LXXVII:
77. Tasa por inscripción en los registros de gestores, productores, transportistas y Entidades de Control Ambiental.
Artículo 388. Hecho imponible.
Artículo 389. Sujetos pasivos.
Artículo 390. Tarifa.
Tarifa 77.01.–Inscripción en el Registro.
Artículo 391. Devengo.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid.
Debe decir: «... el usuario deberá presentar en la Administración competente, la Identificación industrial...».
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», salvo en lo referente a las declaraciones de servicio público contenidas en las disposiciones adicionales segunda y tercera, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2004, y a las autorizaciones previstas en el apartado 4 del artículo 44, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2004.
Madrid, 20 de marzo de 2003.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 76, de 31 de marzo de 2003)
Fecha de publicación: 29/05/2003
Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 1 de abril de 2003.
Publicada en el BOCM núm. 76, de 31 de marzo de 2003.
SE DEROGA el art. 86.1, por Ley 9/2015, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-4510).
SE MODIFICA los arts. 70.4 y 73.b), por Ley 9/2010, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-8629).
SE DEROGA las disposiciones adicionales 2 y 3, por Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004 (Ref. BOE-A-2004-12575).
SE DICTA EN RELACION, regulando el impuesto sobre depósito de residuos: Ley 6/2003, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-2003-10726).
arts. 8 y 14 del Decreto 83/1999, de 3 de junio (BOCAM de 1 de julio).
Orden 2188/1996, de 15 de octubre.
Orden 917/1996, de 4 de junio.
Ley de Tasas y Precios Públicos, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2003-5183).
arts. 7 a 10 y 37 de la Ley 10/1993, de 26 de octubre (Ref. BOE-A-1993-31103).
art. 27.7 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6317).

References: resolución 
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