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Timestamp: 2019-10-15 06:45:02+00:00

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STC 54/2008, 14 de Abril de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 38273499
Número de Recurso: 2381-2005
Recurso de amparo 2381-2005. Promovido por don S.E. respecto a la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimó su demanda contra el Ayuntamiento sobre multa por incumplimiento del deber de identificar al conductor de un vehículo con el que se cometió una infracción de tráfico. Vulneración del derecho a la legalidad penal: sanción administrativa al titular de un vehículo de motor mal estacionado por no identificar suficientemente a un conductor residente en el extranjero que carece de fundamento razonable en la infracción administrativa aplicada.
STC 54/2008, de 14 de abril de 2008
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistra¬dos, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 2381-2005, promovido por don S.E., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo y asistido por la Letrada doña María Begoña García Melero, contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid de 16 de junio de 2004 dictada en el expediente núm. 10665568.1 sobre incumplimiento por el propietario de un vehículo a motor de su obligación de identificar al conductor responsable de una infracción de tráfico, confirmada por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid núm. 66/2005, de 11 de febrero, recaída en el procedimiento abreviado núm. 517-2004. Han comparecido y formulado alegaciones el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Fernández Castro y asistido por el Letrado don Antonio Cabrero Martínez, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 5 de abril de 2005 doña Ana Llorens Pardo, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don S.E., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones administrativa y judicial a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
En la demanda de amparo se contiene la relación de antecedentes fácticos que a continuación sucintamente se extracta:
En el mes de octubre de 2003 le fue notificada al demandante de amparo una denuncia del Ayuntamiento de Madrid por encontrarse su vehículo indebidamente estacionado el día 16 de agosto de 2003, con apercibimiento de una sanción de 42 €.
Dado que en esas fechas el demandante de amparo había dejado su coche a un conocido de nacionalidad francesa, que había venido de vacaciones a Madrid, procedió, de acuerdo con lo que se le indicaba en el impreso remitido por el Ayuntamiento, a identificar debidamente y con todos los datos al conductor del vehículo en el momento de producirse la infracción, incluidos su domicilio y su número de permiso de conducir.
El Ayuntamiento de Madrid le requirió para que aportase fotocopia de la autorización administrativa de conducir de dicho conductor y prueba de que era efectivamente quien conducía el vehículo en el momento de la infracción.
El Ayuntamiento incoó al demandante de amparo expediente sancionador por incumplir la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de la infracción (art. 72.3 LSV), en el que se rechazaron todas las alegaciones de aquél y concluyó por resolución de 16 de junio de 2004, en la que se impuso una sanción de 301 €.
El demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución, que fue desestimado por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid núm. 66/2005, de 11 de febrero.
En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invocan las siguientes infracciones de derechos fundamentales:
Se aduce, en primer lugar, la vulneración del derecho a no ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento (art. 25.1 CE).
En estrecha conexión con la denunciada infracción del art. 25.1 CE se alega en la demanda de amparo la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que pese a que el recurrente ha aportado todos los datos identificativos del conductor del vehículo, por parte de la Administración no se ha dirigido contra éste el expediente sancionador, lo que denota una total falta de respeto a la presunción de inocencia del demandante de amparo. En definitiva, el recurrente ha sido considerado como autor de una infracción prevista en el art. 72.3 LSV sin ninguna actividad probatoria de cargo.
En tercer lugar, en la demanda de amparo se denuncia la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al incurrir la Sentencia recurrida en incongruencia, ya que no se ha resuelto la alegación del recurrente efectuada con ocasión del recurso contencioso-administrativo sobre la violación del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
Y, por último, en la demanda se invoca la vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE), ya que el órgano judicial se pronunciado en sentido distinto, sin haberla tenido en cuenta, a la STC 111/2004, de 12 de julio.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de febrero de 2007, acordó admitir la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigió sendas comunicaciones a la Concejalía de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitieran, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo R16012911 y al procedimiento abreviado núm. 517-2004, debiendo el órgano judicial emplazar previamente a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en este recurso de amparo.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de febrero de 2007, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaren procedente sobre la suspensión solicitada.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 28 de noviembre de 2007, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Fernández de Castro, y se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales pudieron efectuar las alegaciones que tuvieron por conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 3 de enero de 2008, en el que dio por reproducidas las efectuadas en la demanda.
La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 11 de enero de 2008, que en lo sustancial a continuación se resume:
En relación con la denunciada infracción del art. 25.1 CE, argumenta que el deber impuesto por el art. 72.3 LSV lo es de identificar verazmente. Es cierto que no se expone en el texto legal el modo en que debe realizarse dicha identificación para que pueda ser veraz, pero también lo es que la posibilidad de efectuar una primera comprobación partiendo de los archivos y padrones municipales es imposible en el caso de un extranjero no residente en España, así como que el principio de las relaciones entre las Administraciones públicas (art. 4 LRJAP) tiene como ámbito territorial el nacional, lo que dificulta sobremanera la notificación a extranjeros.
A continuación el Letrado del Ayuntamiento de Madrid alega sobre la exigencia de motivación de los actos administrativos, que en este caso entiende que se satisface, ya que, aunque escueta, la motivación de la resolución impugnada es suficiente, a la vista de los informes y de las alegaciones del recurrente, para conocer las razones de la decisión adoptada y la normativa de aplicación.
Por lo que se refiere a la denunciada lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) argumenta que cada vez es práctica más frecuente por parte de los propietarios de los vehículos con los que se comete alguna infracción alegar que se cedieron temporalmente a ciudadanos residentes en el extranjero, lo que ha llevado al Ayuntamiento a intensificar las exigencias de justificación de los datos de dichos conductores a efectos de garantizar la veracidad en la identificación que exige el art. 72.3 LSV.
La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid considera que no se ha producido la incongruencia que se imputa a la Sentencia, pues en ella se da respuesta a la pretensión anulatoria del recurrente, ni tampoco la denunciada vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE), ya que la Sentencia que se invoca no es aplicable a este caso.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 24 de enero de 2008, que, en lo sustancial, a continuación se resume:
La cuestión central planteada en el presente recurso gira en torno a la denunciada infracción del principio de legalidad penal en materia sancionadora por las resoluciones impugnadas, tanto administrativa como judicial. Tras reproducir la doctrina constitucional sobre el mencionado derecho fundamental y el canon de control de las resoluciones sancionadoras al respecto, el Ministerio Fiscal procede a continuación a examinar si aquellas resoluciones satisfacen dicho canon.
En relación con la denunciada lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) se refiere el demandante a la sanción que le fue impuesta por incumplimiento del deber de identificar al conductor. Ciertamente la calificación que hace la Administración sobre la insuficiencia de los datos aportados sin desplegar actividad alguna pone de relieve la irrazonabilidad del entendimiento administrativo y judicial, lo que podría ser estimado como una inversión de la carga de la prueba, actualizando una sanción sin certeza sobre la culpabilidad del demandante ni actividad probatoria efectivamente incriminatoria. La Administración ni siquiera ha practicado alguna actividad, por mínima que fuera, para determinar la veracidad o no de los datos aportados tendente a disponer de elementos de juicio sobre la existencia de una apariencia de cumplimiento que diera cobertura o disfraz a lo que no sería sino maniobra de entorpecimiento. Simplemente entiende insuficientes los datos sin verificar si realmente permitían la identificación efectiva o no, si se correspondían con la realidad o no, ni si con ellos cabía llevar a cabo una notificación o no. Por consiguiente, a juicio del Ministerio Fiscal, cabe estimar la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, aunque su reconocimiento tendría efectos meramente declarativos, dado el tratamiento preferente de la denunciada lesión del art. 25.1 CE, que estima más ajustado y de mayor garantía y efectividad favorable para el legítimo interés del recurrente.
En cuanto al vicio de incongruencia que se imputa a la Sentencia, el Ministerio Fiscal entiende que debe reconducirse y subsumirse en la denunciada lesión del art. 25.1 CE, lo que resulta también más favorable al recurrente tanto desde un punto de vista material como formal, puesto que, de estimarse como queja autónoma la aducida incongruencia omisivia incurriría en el óbice procesal de la falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse promovido el incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ).
La queja relativa a la vulneración del principio de igualdad carece de toda fundamentación, ya que no se cumplen los requisitos necesarios para apreciarla, en concreto, el de la identidad del órgano judicial.
El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando del Tribunal Constitucional que, tras los trámites pertinentes, dicte Sentencia en la que se declare la vulneración del derecho a la legalidad penal en su vertiente material (art. 25.1 CE) y la del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), anulándose tanto la resolución del Ayuntamiento de Madrid de 16 de junio de 2004 como la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid núm. 66/2005, de 11 de febrero. 10. Por providencia de 10 de abril de 2008, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid de 16 de junio de 2004, confirmada por la Sentencia núm. 66/2005, de 11 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, por la que se le impuso al recurrente la sanción de 301 € por incumplir la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor de un vehículo a motor de su propiedad, denunciado por encontrarse indebidamente estacionado (art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en la redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, en adelante LSV).
Al objeto de centrarnos en las que se configuran como las cuestiones nucleares de la presente demanda de amparo, esto es, las denunciadas vulneraciones del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), hemos de comenzar por poner de manifiesto la falta de viabilidad de las quejas relativas al vicio de incongruencia omisivia y a la lesión del principio de igualdad en aplicación de la ley que se imputan a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La primera de las referidas quejas, considerada como motivo autónomo de la pretensión actora, incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1, en relación con el art. 44.1 a), ambos LOTC, en la redacción anterior a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo (disposición transitoria tercera), esto es, en la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables en la vía judicial, pues el demandante de amparo no promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia del Juzgado (art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ). Por su parte carece la supuesta lesión del principio de igualdad en aplicación de la ley de todo fundamento, dado que no se satisface el requisito de la identidad del órgano jurisdiccional, ya que la resolución judicial que se aporta como término de comparación, en este caso una Sentencia de este Tribunal, no procede del mismo órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución judicial impugnada en amparo (por todas, STC 201/2007, de 24 de septiembre, FJ 5).
Hechas las anteriores precisiones, siguiendo un orden lógico y cronológico hemos de abordar en primer lugar la supuesta vulneración del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE), que el recurrente imputa tanto a la resolución administrativa sancionadora como a la posterior Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
El examen de la queja del recurrente requiere traer a colación la reiterada doctrina constitucional sobre el principio de legalidad en materia sancionadora, sintetizada para un supuesto que presenta una sustancial identidad con el ahora enjuiciado en la STC 111/2004, de 12 de julio (FJ 3).
Es preciso ahora verificar si las resoluciones administrativa y judicial recurridas han vulnerado o no el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), de acuerdo con la doctrina constitucional antes expuesta.
El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave, cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia del conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular
La apreciación de la vulneración del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE) hace innecesario el examen de la denunciada lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y ha de conducir a la estimación de este recurso de amparo, así como a reponer al recurrente en la integridad del derecho violado con la declaración de nulidad de las resoluciones administrativa sancionadora y judicial recurridas.
Estimar la demanda de amparo promovida por don S.E. y, en su virtud:
Declarar vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Madrid de 16 de junio de 2004 recaída en el expediente núm. 10665568.1 sobre incumplimiento por el propietario de un vehículo a motor del deber de identificar al conductor responsable de una infracción de tráfico, así como la de la Sentencia núm. 66/2005, de 11 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, recaída en el procedimiento abreviado núm. 517-2004.
STS 1066/2005, 26 de Septiembre de 2005
SAP Asturias 55/2000, 6 de Abril de 2000

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 Real Decreto 
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