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Timestamp: 2019-01-24 05:04:12+00:00

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﻿ SENTENCIA 16350 DE OCTUBRE 15 DE 2008
SENTENCIA 16350 DE 15 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD MÉDICA. LA FALTA DE EVIDENCIA MÉDICA POR LA AUSENCIA DE ELEMENTOS CIENTÍFICOS COMO PUEDEN SER LOS RESULTADOS DE EXÁMENES, NO DEBEN UTILIZARSE COMO JUSTIFICATIVO PARA LIMITAR O PARA PONDERAR LA UTILIZACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARTICULAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD MÉDICA, ATENCIÓN EN SALUD
Sentencia 16350 de cotubre 15 de 2008
Exp.: 16.350
Rad. 25000-23-26-000-1994-0061-01
Actor: Segundo Chepe Rodríguez Mendivelso y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Hospital Central de la Policía Nacional y otro
La Sala es competente para decidir en segunda instancia (1) el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, el 2 de julio de 1998.
En el caso bajo análisis, se debate la responsabilidad del Estado por un daño producido como consecuencia de una alegada falla del servicio en la que habría incurrido la parte demandada, en la prestación del servicio médico, quirúrgico y hospitalario al menor Edwin Rodríguez Zambrano, quien ingresó al Hospital Central de la Policía Nacional, luego de caer de un tercer piso y, luego de una intervención quirúrgica, presentó paro cardio respiratorio que finalmente le produjo la muerte varios meses después.
A partir de las pruebas oportunamente allegadas al expediente y que se encuentran en estado de valoración, la Sala tiene como ciertos los siguientes elementos fácticos:
— Edward Rodríguez Zambrano nació el 9 de diciembre de 1975 y murió a los 16 años de edad. Era hijo de Segundo Chepe Rodríguez Mendivelso y de María Nohema Zambrano López. Se probó que sus hermanos son Henry Mario Rodríguez Zambrano, Laura Rocío Rodríguez Zambrano y Olga Lucía Rodríguez Rincón. Aunque la señora María Tirsa Mendivelso Valcárcel, no aportó el registro civil de nacimiento que certificara su parentesco con la víctima, acreditó a través de prueba testimonial su condición de damnificada (fls. 1, 4, 5, 6, 7, 12 a 15, 16 a 18, 19 y 20 a 21, cdno. 3).
— El 1º de septiembre de 1992, la rectora del colegio Nuestra Señora de Fátima certificó que Edward Rodríguez Zambrano estudiaba en ese plantel y que estaba en undécimo grado (fl. 431, cdno. 3).
— El día 31 de julio de 1992, el menor Edward Rodríguez Zambrano cayó de un tercer piso y fue llevado de urgencias al Hospital Central de la Policía Nacional, lugar donde fue tratado, se le practicó una cirugía y, cuando se encontraba en la sala de recuperación, sufrió un paro cardio respiratorio que le produjo estado vegetativo y su posterior muerte el 9 de octubre de ese mismo año. La historia clínica del paciente muestra el procedimiento realizado desde su ingreso hasta su muerte, así:
“P/ SS/ Glicemia, CH
Valoración x ortopedia
Hoja neurológica.
31-VII-92
Pte. con HC anotada quien presenta en MSD deformidad dorsal en 1/3 distal de antebrazo con limitación funcional severa x dolor, perfusión distal (+) pusos (+); los RX muestran fx acabalgada de colles.
Plan: Dejar sin V.U., colocar férula de yeso y reducción mañana 8:00 a.m., Dr. Saavedra.
Eduardo Rodríguez Zambrano
E: 16 A
MC: caída de 3er piso.
EA: Pte. quien hace 40 min. aprox. sufrió caída desde 3er piso, sin pérdida de la conciencia. No recuerda área corporal de impacto.
AP (--) AFC (-).
Ef: Pte. en regular estado general, afebril, álgido, consciente, Glasgow 15/15; FC: 90 x (ilegible) Ta: Fr: 22x’. C/C: Presenta herida puntiforme, 03 cm en región frontal; herida supraciliar der.; 2-3 cm lineal, herida puntiforme dorso nariz; edema, equimosis palpebral bilateral, sin compromiso ocular; pinral, refiere visión adecuada, herida lineal cara oral 1/3 externo labio superior; fracturas dentales 21-22-23; movilización mandibular; no inestabilidad facial; C/P: normal; ABD normal.
EXT: Deformidad dorsal 1/3 distal de MSD con severa limitación funcional por dolor; distal adecuado. Neurológico sin déficit sensitivo ni motor aparente.
Rx: Ext: MSD: Fx acabalgada colles; cráneo sin evidencia de fx.
IDV: 1. Politraumatismo
2. T. C. E. leve
3. Fr colles derecho
4. Herida lineal supraciliar derecha
5. Fx dental 21-22-23 (fl. 27, cdno. 3)
Motivo de consulta: Politraumatismo por caída de (ilegible).
Enfermedad actual: Sufrió caída de un tercer piso (ilegible). No perdió el conocimiento.
EF presenta contusiones en región frontal (ilegible) contusión en miembro superior derecho con ilegible (fl. 27 vto. cdno. 3).
1. NVO
2. 1 ringeer a mantenimiento
3. Hoja neurológica c/hora
4. Valoración x ortopedia y neurocirugía
5. CSV. AC
6. SS/CH, glicemia
31/VII/92
2. Reducción cerrada BAG mañana 8:00 a.m.
19+30 Ingresa pte. al servicio de urgencias por presentar caída desde 3er piso presenta trauma en cabeza, herida en frente y MC DEL y dorso de la mano, presenta trauma en brazo derecho con posible fractura y en MID se coloca... —ilegible—.
9+45 Se sube C Rx se toma placa de cráneo y MSD donde se evidencia Fx de brazo.
10+30 Se canaliza ... —ilegible— y se toman muestras para CG - glicemia - pte. CSV pte. duerme tranquilo (fl. 50, cdno. 3).
— sin fecha —
Ingresa pte. al servicio procedente de sala de Cx post - paro - cardio - respiratorio. POP Cx x reducción colles derecho con TOT se conecta a ventilador, vendaje de yeso ... —ilegible—.
11:50 pte. es valorado por neurología.
Pte hipotenso.
Taquicárdico.... —ilegible—.
13:10 Ingreso post paro con abundantes secreciones bajo efectos —ilegible—...
14:10 Se lleva pte. a TAC cerebral procedimiento que no se le pudo realizar por la técnica de tomografía... —ilegible—.
14:20 ... —ilegible— pte. bajo efecto fentanyl TOT a ventilador (fls. 26 y 26 vto. cdno. 3).
7 a.m. Queda pte. en la unidad en cama despierto con LEV ... reducción de Fx.
Pte. en el servicio consciente con trauma CE LEV... —ilegible— valoración del —ilegible— de la unidad. P/reducción de fx.
8:50 Se lleva pte. a Cx (fl. 50, cdno. 3).
Agosto 1º/92
10+35 pte. que presentó para Cx realizan maniobras y se aplica 10 mp de atiopina 1 1/2 amp. de adrenalina 1/2 amp. de narcan y 4 amp. de bicarbonato.
Se le aspiran secreciones y se canaliza vena yugular y se pasan 500 cc de ringer a chorro, se aspiran secreciones por tubo orotroqueal. TA 220/120 FC 130. Se lleva pte. a unidad de cuidados intensivos con tubo... (fl. 50 vto. cdno. 3).
01/VIII/92
BAG se realiza reducción cerrada e inmovilización con yeso BMC de fx de collas derecha. Picced sin complicaciones.
Ot. dr. Saavedra.
Ayudante Alirio García.
D: Control con dr. Saavedra el martes 4/VIII/92 7:00 a.m.
Queda pendiente valoración por neurocirujano.
Salida x ortopedia (fl. 26, cdno. 3).
D TAC cerebral - las Rx (ilegible).
21:00 hr. Por daño del escanógrafo no fue posible tomar el TAC.
Se decide dar sedación con fentangil y ventilación mecánica para mejorar la inestabilidad hemaodinámica y ventilación post - paro.
TA 146/76 fc 77h tr 12/a.
Signos vitales c/vez más estables.
H.p. administ. 540 c/ (ilegible).
Elimiados 1325.
El soporte de dopa viene disminuyéndose hasta dosis de 1/2 (2 cm 1 c/m) (fl. 26 vto. cdno. 3).
1º agosto /92
1. NVO.
2. Subir a Qx a reducción cerrada de fx de colles.
3. CSV.
1/VIII/92
1. Salida x ortopedia.
2. Control el 4/VIII/92 7:00h. con dr. Saavedra (fl. 28 cdno. 3).
VIII/2/92
7 a.m. recibo pte. politraumatismo.
Edema pulmonar Qx bajo efectos de dormicon para asipirar se aplica fentanyl...—ilegible—.
P/valoración por neurología (fl. 28 cdno. 3).
VIII/3/92
7 a.m. Recibo pte. estupuros con SNG... pendiente reporte TAC... hoja neurológica sin cambios (fl. 29, cdno. 3).
Agosto 3/92
Informe de escanografía.
Examen de TAC cerebral simple X.
Disminución de la amplitud del sistema ventricular por edema.
El parénquima cerebral tiene coeficiente de atenuación intrínsecamente normal.
No hay colecciones intra y extra axiales.
Las estructuras de la fosa posterior tienen aspecto satisfactorio (fl. 86 vto. cdno. 3).
21:45 12 día UCI.
Dx Encefalopatía hipéxica - politraumatismo.
Síndrome convulsivo TCE - s. convulsivo.
TA 137/80 media = 106.
FC 115 Líquidos A = 760 E = 890 (-) 130.
FR = 34.
Paciente estuporoso - episodios de polipnea con hipertomía generalizada. Trabajo respiratorio aumentado, utilización marcada de músculos accesorios de respiración (...) —ilegible—.
Abdomen: hipertrofia de músculos abdominales.
Extremidades: hipertrofia.
Se piensa en posible observación alta de vía respiratoria por posible —ilegible— subglótica. Cuadro neurológico sin mejoría x posible coma cerebral; se comunica al cirujano de turno para practicar traqueostomía y gastronomía para mejorar manejo de —ilegible— de acuerdo a evolución ... (fl. 48, cdno. 3).
08-14-92
3+09’ Se pasa pte. de la unidad cuidados intensivos a sala Cx Nº 5 para realizar traqueostomía y gastronomía. Se da monitoreo cardiaco CS y TA 112/75 FC 92 x’ 3+28’ Se inicia inducción de anestesia general por el dr. Barragán
3+30’ Lavado zonas quirúrgicas a operar.
3+40’ Se inicia Cx traqueostomía x el dr. Reyna TA 96/50 FC 96.
4 p.m. Se CSV TA 90/50 FC 93 continúa paciente en Cx.
4+30 Se termina procedimiento quirúrgico sin complicaciones TA 104/56 FC 97... se pasa paciente a UCI (fl. 43 vto. cdno. 3).
4 1/2 Llega pte. de cirugía bajo efecto de anestesia general...
5 p.m. se baja pte. a TAC de cerebro p/reporte (fl. 44 vto. cdno. 3).
1 p.m. queda pte. en unidad se le tomó TAC pendiente ... pte. estuporoso - traqueostomía F. O2 a 9 litros prom mst pasando ringer.
P/reporte TAC (fl. 48 vto. cdno. 3).
Agosto 18/92
Examen de tac cerebral control simple.
Datos clínicos: hipoxia cerebral.
Técnica del examen: Se hicieron cortes axiales desde la base del cráneo hasta el vertex de 1 cm de espesor.
Hallazgos: Hay prominencia de las cisternas de la base y de los surcos cortinales cerebrales además de visualización de las folias cerebelosas supravermianas.
No hay desviación de la línea medía, no hay efecto de masa.
Las estructuras óseas y las cavidades neumáticas son normales.
Conclusión: atrofia cerebral y cerebelosa (fl. 87, cdno. 3).
Agosto 19/1992
7 a.m. Recibo pte. acostado despierto en estado comatoso con O2 a 15/tros con sonda gastrectomía para gastroelisis, con LEV, (...) pte. presenta mucha sudoración se pasa gastroclisis (1.000) ... recibe visita familiar... queda paciente estable en la unidad con O2 (fl. 33, cdno. 3).
19 VIII 92
Examen solicitado TAC craneano.
Diagnóstico clínico: 1. Politraumatismo. 2. Hipoxia cerebral (fl. 52, cdno. 3).
VIII-20/92
10 p.m. ... (ilegible) 1 estudio de TAC cerebral - Héctor.
22:00 Ingreso pte. al ser (ilegible) en estado comatoso x politraumatismo, acompañado de (...) Héctor con sng a drenaje, con cánula de traqueostomía pasando O2(ilegible) (fl. 41 cdno. 3).
Agosto 21/92
7 a.m. Recibo pte. en unidad irritable en estupor en mal estado general con cánula de traqueostomía con sonda de gastronomía sonda vesical ... se controlan signos vitales se asiste ... pte. continúa en iguales condiciones no se observa cambios a su estado neurológico... (fl. 42 vto. cdno. 3).
1 p.m. Recibo turno paciente en la unidad...
Recibe visita.
Pte. estable.
... Pte. sudoroso.
7 p.m. Paciente en la unidad regular estado general ... no presenta cambio al momento de la entrega...
7 a.m. pte. en la unidad, inconsciente, no alerta desorientado... (fl. 39, cdno. 3).
7 p.m. pte. en unidad consciente orientado... (fl. 38, cdno. 3).
7 p.m. Recibo pte. en la unidad despierto consciente con (ilegible...) de traqueostomía a tubo en t pasando O2 a 5 Ls x’ (...ilegible) (fl. 36, cdno. 3).
Informe potenciales evocados de tallo cerebral.
Datos clínicos: Encefalopatía hipóxica.
Filtros altos 2K Hz. Bajos 200 Hz. Frecuencia estímulo 10 CPS/se.
Nivel de estímulo 80 dbs ruido 60 dB.
Latencias absolutas (milisegundos) Interpicos
I II III IV V I-III I-V III-V
Izquierdo 1.48 2.84 3.84 3.08 5.56 2.36 4.08 1.72
uV 0.69 0.45
Derecho 1.40 2.32 3.53 5.00 5.76 2.12 4.36 2.24
uV 0.58 0.17 0.24 0.28 0.52
Interpretación: mediante estímulos repetitivos auditivos a 10 cps se generaron las V primeras ondas encontrándose ligera prolongación del interpico III-V del lado derecho con baja amplitud de la onda V de ese lado, configurando lesión mesencefálica alta de ese mismo lado (fl. 83, cdno. 3).
7 a.m. pte. en la unidad CSU ... el paciente sudora permanente/ se cambia pte. varias veces de posición. Se aspiran secreciones... se avisa a la jefe y a la doctora que el pte. permanece (ilegible) y con mueca de dolor ... control de Tº 39 ºC (... ilegible) (fl. 35, cdno. 3).
28-8-92
Hora 7 recibo turno paciente en la unidad despierto (... ilegible) el pte. presenta dolor intenso se (... ilegible) (fl. 32 vto cdno. 3).
29-VIII-92
Hora 19. Recibo pte. en estado de coma (ilegible) con traqueostomía + oxígeno.
Yeso MS (ilegible).
Hora 20. CSV.
Hora 24 pte. duerme tranquilo y cómodo (ilegible).
30-VIII-92
Hora 7:00 recibo pte. en estado de coma (depresible) con traqueotomía a nebulizador, (ilegible) yeso en M5derecho y sonda de gastrostomía, sonda vesical a cistoflo CSV/ cambios de posición/ aseo de unidad. Se pasa (ilegible) pte. presenta hipertemia, medios físicos se realiza terapia y se aspiran secreciones.
1:00 queda pte. en unidad comatoso, con traqueotomía a nebulizador, LEU LR/Mto.
Yeso en MSA, sonda de gastrostomía, donsa vesical a (ilegible) (fl. 31 vto cdno. 3).
Agosto 30/92
13 Recibo pte. en la unidad (ilegible)... en regulares condiciones con LEV x MSI con traqueotomía (ilegible)... se aplica novalgina, cambios de posición ...(ilegible).
18 T 38.8 ºC.
19 Queda pte. en la unidad en regular estado con traqueotomía en t de t ...(ilegible).
19 Recibo pte. en reculares condiciones generales con traqueotomía a tubo en t (ilegible).
7 a.m. Paciente despierto alerta en mal estado general con traqueotomía (ilegible)... (fl. 32, cdno. 3).
IX-10/92
Se realiza drenaje postural localizado + succión.
El pte. se descompensó con el procedimiento; ss aumento inicialmente la fracc de O2 a 100% se deja a 0.5
Se realiza PG + MTA + succión.
Rta abundantes secreciones mucopurulentas (fl. 68, cdno. 3).
Oct 9/92
7 a.m. Recibo pte. acostado despierto (ojos abiertos) estado comatoso preservativo a … —ilegible—.
Control SV, sudoroso.
... Valoración médica...
13+00 p.m. Recibo pte. en unidad en mal estado general, sudoroso, rigidez generalizada, pupilas —ilegible— con traqueostomía con O2 a 5 litros sonda de gastronomía, preservativo conectado a sonda vesical —ilegible—.
13+40 Se hace CSV y cambio de posición c/2h TA 100/60 P 80x Tl 37.5 ºC R 21x’.
14+10 El pte. continúa empeorando su estado general se intenta canalizar vena lo cual no se logra por su espasticidad es imposible t. respiratoria.
14+20 se continúa CSV T/A100/30... —ilegible—.
14+30 Hace reflujo gastroesofágico y se aspiran secreciones.
Se suspende gastroclosis.
14+35 p.m. pte. hace rigidez —ilegible— marcada se continúa control... CSV T/A 70/20 m Hg es imposible controlar pulsos periféricos.
Pte. a quien se le solicita valoración médica. Pte. que falleció se amortaja y se baja a la morgue” (fl. 46, cdno. 3).
— El 1º de agosto de 1992, el equipo de escanografía (TAC) no estaba disponible por daño de la máquina (certificación, expedida el 14 de enero de 1993 por el jefe de servicio de imagenología del Hospital Central de la Policía Nacional, fl. 170, cdno. 3).
— Los padres del menor Rodríguez demandaron al Hospital Central de la Policía Nacional en ejercicio de la acción de tutela, proceso del cual se trasladaron legalmente las siguientes actuaciones:
El 2 de octubre de 1992, la magistrada de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá constituyó audiencia con el fin de realizar la diligencia de inspección judicial con intervención de médicos neurólogos peritos en el Hospital Central de la Policía Nacional de Bogotá. En dicha diligencia, la magistrada verificó que la historia clínica del paciente estuviera completa y la puso a disposición de los médicos peritos para que rindieran su informe (fls. 450 a 457, cdno. 3).
El 5 de octubre de 1992, los médicos peritos rindieron su informe. En la parte de hallazgos, trascribieron la parte pertinente de la historia clínica del paciente Edward Rodríguez Zambrano, así:
“(...) Historia clínica hoja Nº 1. Fecha de ingreso julio 31 de 1992. Hora: 21:00 (...).
Motivo de consulta: Politraumatismo por caída de altura. Enfermedad actual: Sufrió caída de un tercer piso, cayendo a piso encementado, no perdió el conocimiento. Examen físico: Presenta contusión en región frontal con excoriación y hematoma. En región —ilegible— equimosis palpebral y laceración en puente nasal. Contusión en miembro superior derecho con deformidad por fractura en tercio inferior de antebrazo, sellado dr. Guillermo R. 31 de julio 92 21+45 horas (45 minutos después: del ingreso). Caída del tercer piso sin pérdida de conciencia. No recuerda. Área corporal de impacto. Al examen físico regular estado general, consciente Glasgow 15/15 herida puntiforme de 0.3 cm de diámetro en región frontal; herida supraciliar derecha de 2.3 cm lineal. Herida puntiforme en dorso de nariz; edema y equimosis palpebral bilateral pupilas isocóricas reactivas: Herida lineal cara oral tercio externo del labio superior fracturas dentales 21-22-23, movilización mandibular; no inestabilidad facial; en extremidades deformidad dorsal de tercio distal de miembro superior derecho. Neurológico: Sin déficit sensitivo ni motor aparente. Rx fractura acabalgada de collas en extremidad superior derecha. Rx de cráneo sin evidencia de fractura. Impresión diagnóstica: 1. Politraumatismo. 2. Trauma craneoencefálico leve. 3. Fractura de collas derecha. 4. Herida lineal supreaciliar derecha y fractura dental de 21-22-23. Plan glicemia cuadro hemático valoración por ortopedia hoja neurológica. Firma ilegible. Ortopedia: 31 de julio 92. No está anotada la hora. Paciente con historia clínica anotada quien presenta en miembro superior derecho deformidad dorsal en tercio distal de antebrazo con limitación funcional severa por dolor, perfusión distal positiva los Rx muestran fractura acabalgada de colles, plan dejar sin vía oral colocar férula de yeso y reducción mañana 8 a.m. Dr. Saavedra firma ilegible. 1º agosto 92 ortopedia, no está anotada la hora. Bajo anestesia general se realizó reducción cerrada e inmovilización con yeso braquimetacarpiano de fractura de colles derecha. Procedimiento sin complicaciones ortopedista Dr. Saavedra. ayudantes A. García Alarcón. Plan: control con Dr. Saavedra el martes 4 de agosto-92 a las 07.00 a.m., queda pendiente valoración por neurología. Salida por ortopedia. Firma ilegible. Hoja de anestesia: Descripción clínica de la anestesia: 1º agosto 1992 —no anota la hora de inicio— consciente, orientado adecuada respuesta motora. Equimosis palpebral bilateral álgido. Bloqueo insuficiente. Anestesia general intravenosa asistida. Firma ilegible. Agosto 1º-1992 10+40 horas anestesiología luego de 10 minutos de llegar a la sala de recuperación se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Reanimación tubo orotraqueal 8.5. Ventilación mecánica; masaje cardiaco. Bicarbonato 40 miliequivalentes. Adrenalina 1.5 mg —ilegible— recuperación con ritmo cardiaco y tensión arterial 90/60 frecuencia cardiaca 130x’ abundante secreción sanguinolenta por tubo orotraqueal y secreciones en tórax. 10+25 horas tensión arterial 130/55. Se pasa a la unidad de cuidados intensivos, firma ilegible. Nota de ingreso a unidad de cuidados intensivos 1º-agosto 1992 12+30 horas paciente de 16 años quien sufre politraumatismo inicialmente sin pérdida de conocimiento por si signo de trauma en ojos. Al ingreso a urgencias sin déficit neurológico y estable hemodinámicamente. El servicio de ortopedia decide practicarle una reducción cerrada de cúbito y radio distal. Después del procedimiento (10 minutos), en recuperación hace paro cardiorrespiratorio del cual sale con 1.5 mg de adrenalina y bicarbonato. Es traído a la unidad de cuidados intensivos para continuar tratamiento. Fue valorado por neurología quien decide tomografía cerebral. El paciente llega inestable, con abundantes secreciones. Impresión diagnóstica: politraumatismo estado pos parto(sic) cardiaco. Contusión cerebral y se solicita tomografía cerebral. Firma ilegible. 21 horas por daño del escanógrafo no fue posible tomar la tomografía. Agosto 19 de 1992. Resumen de salida unidad de cuidados intensivos’ ... Paciente traído a la UCI por presentar paro cardiorrespiratorio en la unidad de recuperación. Posterior a reducción cerrada de fractura en antebrazo derecho por politraumatismo al caer de un tercer piso... se practica TAC de cráneo y Rx de columna cervical que descartan lesiones ocupando espacio o fracturas de cuello - desplazamientos ... Dada la presencia de episodios de convulsión tónica clónica generalizada se agrega fenitoína con control de las mismas ... se practica traqueostomía y gastrostomía. TAC de control compatible con cambios degenerativos (pendiente reporte escrito por neurorradiólogo)... Amerita continuar tratamiento iniciado por el departamento de rehabilitación y terapia respiratorio. Diagnósticos definitivos: politraumatismo a. Trauma craneoencefálico. b. Fractura antebrazo derecho. Secuelas posparto(sic). Firma ilegible...”.
De la evaluación de los estudios radiológicos, los peritos advirtieron las siguientes anotaciones relevantes:
“... Cráneo simple... fecha: julio 31-92. Estudio dentro de límites normales... TAC cráneo simple... fecha: 3 agosto-92... Fractura lienal, frontal medial derecha adyacente a pared medial de la órbita der... fractura frontal der —cambios secundarios a presencia de edema cerebral difuso leve. TAC cráneo simple ... Fecha: 14 agosto-92. Fractura frontal descrita por lo demás este examen se encuentra dentro de parámetros de normalidad. TAC cráneo simple. Fecha: 18 agosto-92. Cambios ex vacuo (atróficos) leves a moderados generalizados. Fractura frontal parameidal der. (...)”.
Luego, con fundamento en la historia clínica, procedieron a absolver el cuestionario, así:
• Estado del paciente y tratamiento al ingreso al centro hospitalario:
“al momento de ingresar al hospital, se trata de un paciente en regulares condiciones generales, álgido, consciente, Glasgow 15/15 (lo que indica un buen estado neurológico posterior a un trauma craneoencefálico), presentaba al examen físico herida puntiforme de 0.3 cm en región frontal herida en ceja derecha de 2-3 cm lineal, herida puntiforme en dorso de la nariz; edema y equimosis palpebral bilateral; herida lineal en labio superior; fracturas dentales de incisivos y deformidad en miembro superior derecho consejera limitación funcional por dolor, neurológico sin déficit motor ni sensitivo aparente. Sus diagnósticos de ingreso fueron: 1. Politraumatismo 2. Trauma cráneo encefálico leve. 3. Fractura de colles (fractura de huesos del antebrazo derecho). 4. Herida en ceja derecha. 5. Fracturas dentales. El tratamiento requerido para un paciente con estos diagnósticos es la hospitalización, observación de su evolución clínica, practicar exámenes paraclínicos de acuerdo a la evolución, evaluación especializada, estabilización de la fractura, de antebrazo derecho”.
• Acto quirúrgico y manejo anestésico:
“Se trata de un paciente que fue sometido a reducción cerrada (sin cirugía) de la fractura de antebrazo derecho e inmovilización. El procedimiento anestésico practicado consistió en ‘Bloqueo axilar (anestesia del miembro superior insuficiente), por lo cual se le aplicó anestesia general intravenosa asistida’. Según la nota operatoria durante el procedimiento no se presentaron complicaciones”.
• Estado postoperatorio:
“Según datos de la historia clínica en Sala de recuperación (la sala donde se recuperan los pacientes después de salir del quirófano). ‘1 agosto-92 10+40 horas. Anestesiología: Luego de 10 minutos se encuentra en paro cardiorrespiratorio reanimación’, es decir en el postoperatorio inmediato presentó un paro cardiorrespiratorio del cual sale con vida debido a las maniobras de reanimación que le practicaron”.
Anotaron, finalmente, que la decisión del momento a practicar un procedimiento depende de varios factores, entre ellos, el estado previo del paciente, el tipo de intervención, el riesgo anestésico, etc., pero que igualmente toda fractura requiere de tratamiento inmediato consistente en inmovilización y estabilización, a la mayor brevedad posible, dependiendo de los factores mencionados y, explicó que por procedimiento inminente se entiende “aquellos que no dan espera puesto que si no se realizan en forma inmediata, fallecería el paciente, por ejemplo una herida en el corazón” (fls. 472 a 477, cdno. 3).
Ese mismo día, el médico radiólogo de la dirección general de Medicina Legal presentó el informe de lectura de las radiografías tomadas por el Hospital Central de la Policía al paciente Edward Rodríguez, con las siguientes anotaciones:
“Cráneo simple (...) Fecha: julio 31-92 cráneo simétrico sin calcificaciones patológicas y adecuada visualización de suturas y tablas óseas normales; base de cráneo y otras estructuras observadas normales. OP: Estudio dentro de límites normales.
TAC cráneo simple (...). Fecha: 3 agosto-92 fractura lineal, frontal medial derecha adyacente a la pared medial de la órbita der. No hay lesiones focales parenquimatosas ni se observan colecciones intra o extra axiales. El sistema ventricular tiene apariencia laminar moderada y las cisternas de la base y espacio sub aracnoideo en general tienen amplitud disminuida. OP: Fractura frontal der - cambios secundarios a presencia de edema cerebral difuso leve.
TAC craneano simple (...) Fecha: 14 agosto-92 persiste imagen de fractura frontal medial derecha. El sistema ventricular respecto al examen anterior ha adquirido distribución, morfología y capacidad usuales; las cisternas de la base y el espacio sub aracnoideo se definen mejor y con características de normalidad. Parenquima nervioso de apariencia normal incluyendo fosa posterior. OP: fractura frontal descrita. Por lo demás este examen se encuentra dentro de parámetros de normalidad.
TAC cráneo simple (...) Fecha: 18 agosto-92 imagen de fractura ya descrita sin cambios. El parenquima nervioso especialmente supratentorial demuestra algunos cambios de pérdida difusa de volumen caracterizados por mayor capacidad no hipertensiva del sistema ventricular sub aracnoideo, más visible en los valles silvianos y convexidad de los hemisferios donde los surcos son más profundos y las circunvoluciones más amplias. El resto del examen es normal. OP: cambios ex - vacuo (atróficos) leves a moderados generalizados. Fractura frontal paramedial der.” (fl. 496, cdno. 3).
El 8 de octubre de 1992, el médico ortopedista Óscar Hediel Saavedra Mogollón declaró ante el Tribunal Superior de Bogotá sobre la atención que recibió el paciente Rodríguez. Afirmó que, como ortopedista, siempre está sujeto a la evolución del estado general del paciente para efecto de practicar cirugías o cualquier otro tipo de procedimientos, con el fin de no comprometer la vida del paciente; que en el caso del paciente Rodríguez, lo interrogó el 1º de agosto de 1992 en horas de la mañana y lo encontró en buenas condiciones generales, con fractura del puño que debía tratar y por ello ordenó conducirlo a cirugía para efectuar la reducción cerrada de la fractura, procedimiento en el cual se duerme al paciente por un corto período y, una vez anestesiado, efectuó el tratamiento con asistencia de la médica interna; que cuando finalizó la cirugía y, en vista de que el examen previo no mostró indicios de trauma cráneo encefálico severo, ordenó dar de alta al paciente. Describió el estado general del paciente, así:
“a pesar de haber transcurrido aproximadamente 10 horas desde el ingreso al hospital se encontraba orientado témporo espacialmente, consciente, y sin signos neurológicos de trauma encefalocraneano importante (...) tenía algún hematoma supraoritario es decir por encima de la ceja no recuerdo cuál, pero no tenía el característico signo de mapache, es decir los ojos morados en todo el rededor, lo cual indica que el paciente tiene un trauma cerebral importante (...) yo vi todos los exámenes que tenía el paciente, vi radiografías, no recuerdo las del cráneo pero si hubiera visto algo anormal en esas radiografías muy seguramente no hubiera intervenido al paciente ya que mi procedimiento podría esperar incluso dos semanas para ser realizado, es decir no era inminente”.
Señaló además que, en caso de haber encontrado en la radiografía del cráneo una fractura lineal, frontal media derecha adyacente a la pared medial de la órbita derecha, sí hubiera intervenido al paciente porque “una fractura frontal no es indicativa de mayor compromiso cerebral si no está acompañada de signos clínicos que indiquen trauma cerebral, es decir trastorno de la consciencia, desorientación del paciente en tiempo y espacio, movimientos anormales de las extremidades, y si el paciente hubiera tenido algún signo clínico de alarma, el médico de urgencias la noche anterior lo habría hecho valorar de manera urgente por el neurocirujano, y él hubiere sido quien habría o no autorizado la intervención del paciente (...) el niño estaba bien que no pidieron valoración de neurocirugía” (fls. 502 a 505, cdno. 3).
— El día 9 de octubre de 1992 murió Edward Rodríguez Zambrano por insuficiencia respiratoria (registro civil de defunción aportado en copia auténtica, fl. 2, cdno. 3).
El día 9 de octubre de 1992, fecha en que murió el menor, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia por la cual negó las pretensiones relacionadas con el traslado del menor Edward Rodríguez a otro centro hospitalario, tuteló los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física y a la seguridad social del menor y, en consecuencia, ordenó al Hospital Central de la Policía Nacional atender de forma eficiente al paciente Edward Rodríguez, poner a su disposición el mejor equipo técnico y científico para el tratamiento requerido y para su recuperación, que incluyera asistencia médica y de enfermería, terapia respiratoria y física, asistencia nutricional, entre otras, así como prestar el apoyo sicoterapéutico que requiera la familia del paciente para manejar el trance del menor.
El Tribunal Superior de Bogotá comparó la historia clínica del paciente con la evaluación realizada por los médicos legistas y concluyó que es imposible determinar en qué momento el menor sufrió la lesión craneal, la hora en que se aplicó la anestesia ni las causas que provocaron el paro cardio respiratorio, motivo por el cual, al no contar con elementos de juicio suficientes, no podía condenarse al hospital o a los médicos. No obstante lo anterior, y ante la carencia de un plan de recuperación, ordenó la protección de los derechos fundamentales del menor para que se le prestara la debida atención médica a él y a su familia para procurar su pronta recuperación (fls. 130 a 134 vto. cdno. 3).
— La oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación investigó el tratamiento médico que se le brindó al paciente Edward Rodríguez Zambrano, a petición del señor Segundo Chepe Rodríguez, dentro del cual se acreditaron los hechos que se relacionan a continuación, a través de pruebas debidamente trasladadas:
El día 9 de octubre de 1992 —fecha en que murió el menor—, los jefes del departamento quirúrgico y del servicio de anestesia del Hospital Central de la Policía, presentaron informe de la auditoría efectuada en ese centro hospitalario a solicitud de la subdirección científica de la Procuraduría General de la Nación, de la cual concluyeron lo siguiente:
“1. Se trata de un paciente que sufre traumatismo al caer de un tercer piso, presentando fractura del radio derecho y trauma leve craneano.
2. Se mantiene en observación por un período de 10 horas con una evolución satisfactoria, por lo cual se practica reducción cerrada de la fractura, bajo anestesia general.
3. En el post-operatorio inmediato en sala de recuperación presenta paro cardio-respiratorio del cual es reanimado, pero como secuelas se establece daño cerebral severo.
4. Evoluciona sin ninguna mejoría tanto en la unidad de cuidado intensivo como en el piso.
5. El análisis de la historia nos muestra que el manejo del paciente fue adecuado, tanto en la valoración del servicio de urgencias, en el tiempo de observación indicado, en el manejo anestésico, que presenta como complicación para cardiorrespiratorio cuya causa no es posible establecer, y como secuelas un daño cerebral severo.
Recomendaciones: 1. Mantener un sistema de monitoreo permanente en todos los pacientes en recuperación que permite un mejor control de estos” (fls. 279 a 280, cdno. 3).
El 10 de enero de 1993, el auxiliar de enfermería del Hospital Central de la Policía, José Alirio García Hernández, quien atendió al menor Rodríguez, rindió declaración ante la subdirección administrativa del Hospital Central de la Policía Nacional. Expresó que el paciente ingresó al centro hospitalario por un politraumatismo e ingresó a cirugía para la reducción del miembro superior; que al terminar el procedimiento quirúrgico, el paciente ingresó a la sala de recuperación donde él lo atendió en todo momento, le puso oxígeno y el paciente estaba estable, con signos vitales bajos pero dentro de los límites normales; que procedió a efectuar las notas de enfermería y continuó vigilándolo, “se le terminaron los líquidos y se los cambié en ese momento estaba conectado al monitor de presión arterial y pulso; volví y le tomé tensión arterial y entonces hizo alarma por cuanto no marcó presión de inmediato miré si estaba ventilando el paciente y noté que no tenía movimientos respiratorios y de inmediato llamé a la doctora y ella vino de inmediato (...)”.
Dijo que la vigilancia de los pacientes en post anestesia general, consiste en constatar su ventilación, observar los movimientos toráxicos y abdominales, brindarle oxígeno y si no tiene tubo endotraqueal se le pone una máscara de oxígeno, vigilar los signos vitales como respiración, pulso y presión arterial, revisar si hay sangrado por las heridas quirúrgicas, constatar que el paciente esté dentro de la camilla y que no se vaya a caer, suministrar calmantes ante el dolor, etc. Agregó finalmente, en el caso concreto, que si “un paciente que se cayó de un piso y lo pasaron a cirugía, creo que de todas formas tiene un golpe en la cabeza; digo que en un caso de estos se le debería dar más tiempo para poderlo llevar a cirugía” (fls. 168 a 169 vto. cdno. 3).
El 27 de enero de 1993, la médica neuróloga del Hospital Central de la Policía, Myriam Saavedra Estupiñán, declaró ante la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación quien, luego de revisar la historia clínica del menor Edward Rodríguez Zambrano señaló:
“Yo contesté una interconsulta que pasaron a neurología el 1º de agosto de 1992, era un paciente de 16 años con una fractura reducida del miembro superior derecho y quien según los datos de la historia clínica había sufrido un paro cardiorrespiratorio, se encontraba sin respuestas espontáneas, con edema y equimosis palpebrales, con pupilas de 3 milímetros, con respuesta lenta a la luz, tenía una oftalmoplegia total y respuesta carnal presente, retiraba los miembros inferiores y superiores al dolor, se corrige superior izquierdo, le aplicaron una ampolla de medilazonal de manera que era imposible saber qué parte se debía al efecto de la droga y qué secuelas del paro cardiorrespiratorio y además era importante descartar una lesión intracerebral bilateral como hematoma o edema cerebral difuso en ese momento él estaba solo estaba (sic) con sus médicos (...). Leyendo los documentos que me ponen de presente, la historia clínica el paciente pudo tener un edema cerebral difuso postanoxia que lo hubiera dejado en un estado vegetativo otra posibilidad sería una embolia grasa pero eso no es probable porque tendría que haberla hecho en el acto operatorio, porque él entró consciente y salió inconsciente de cirugía, otra posibilidad es que hubiera hecho un hematoma epidural o subdural de lento crecimiento a partir del trauma pero los estudios de escanoqrafía apoyan la primera posibilidad que es edema cerebral difuso postanoxia situación que ocurre cuando una depresión aguda de la suplencia de oxígeno cerebral de cualquier causa. (...) ignoro la causa del paro cardiorrespiratorio el único factor de riesgo que él tenía en ese momento para hacer el paro cardiorrespiratorio era las drogas utilizadas en la anestesia, o que hubiera habido una lesión neurológica en curso que no se hubiera detectado clínicamente” Resaltado por fuera del texto original (fls. 172 a 172 vto. cdno. 3).
El 9 de febrero de 1993, el médico perito encargado por la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación para rendir informe sobre el procedimiento médico del paciente Edward Rodríguez Zambrano, presentó escrito mediante el cual consideró que no existe mérito para abrir investigación formal contra los médicos que estuvieron a cargo de prestar el servicio médico.
Explicó que el menor Rodríguez ingresó al centro hospitalario por trauma facial, fractura cerrada en el antebrazo derecho, quien al día siguiente ingresó a la sala de cirugía, donde se le aplicó la anestesia general, previa valoración preanestésica en la que se concluyó que el aspecto neurológico era normal. Luego de la cirugía, el paciente presentó paro cardiorrespiratorio y, luego de la reanimación, fue trasladado a la UCI en donde manejaron el daño cerebral.
Concluyó que el suministro de medicamentos y líquidos desde que ingresó el paciente hasta su deceso fue el adecuado y que nunca existió daño neurológico como consecuencia del trauma que sufrió el menor el 31 de julio de 1992, sino que se presentó una depresión hemodinámica y respiratoria severa y aguda cuando estaba en la sala de recuperación, que fue detectada y manejada inmediatamente por los médicos y auxiliares de enfermería a cargo del paciente. Agregó:
“Por supuesto que la eficacia de tales medidas va proporcional a la rapidez con que se instalen, a lo eficiente del procedimiento a la sensibilidad o disposición del cuerpo a reanimarse. A pesar de haberse dado la respuesta positiva a las medidas instauradas, el tiempo de duración del citado paro, dio como resultado lesión cerebral global severa, por la falta de oxígeno y perfusión encefálica que originó el paro, conocido como encefalopatía anóxica posparo con las graves manifestaciones y secuelas en él presentadas.
(...) Sí llama la atención, es la poca atención o diligencia en la práctica de la valoración neuroquirúrgica solicitada con carácter de urgencia, así como la toma de un estudio radiológico, como es la tomografía computarizada de cráneo, en el que también ‘hubo mora en el cumplimiento de la citada orden. Por cuanto, eran mandatarias como lo consideraron quienes así lo dispusieron tanto para definir el diagnóstico, como para adoptar la conducta acorde’. (...) La urgencia médica y quirúrgica, suficientemente definida desde el punto de vista asistencial y administrativo se debe atender como tal, a fin de evitar mayor morbilidad y/o mortalidad” (fls. 177 a 181, cdno. 3).
— El Tribunal de Ética Médica de Bogotá, también investigó las actuaciones de los médicos que trataron al menor, procedimiento del que se destacan los siguientes hechos, pues la prueba fue trasladada en los términos establecidos en la ley:
El 13 de junio de 1995, el médico Guillermo Alfonso Rivera Romero declaró ante el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, sobre la atención médica que prestó al paciente Edward Rodríguez. Afirmó que a la fecha de los hechos se desempeñaba como médico de urgencias a cargo de recibir los pacientes en el Hospital Central de la Policía y que atendió al menor Rodríguez únicamente a su llegada al centro hospitalario, dejando las siguientes anotaciones en la historia clínica:
“Sí, efectivamente es una nota de ingreso a urgencias con mi puño y letra y refrendada con mi firma y sello. Dice: ‘... Historia clínica Nº 19076283 del Hospital de la Policía, edad 16 años que ingresa el 31 de julio de 1992 por: Motivo de consulta politraumatismo por caída de altura. Sufrió caída de un tercer piso cayendo a piso encementado, no perdió el conocimiento presenta contusiones en región frontal con palpebral izquierda y laceraciones en puente nasal. Contusión en miembro superior derecho con deformidad por fractura en tercio inferior del antebrazo. Contusiones en miembros inferiores, aparentemente sin lesión ósea... el contacto mío con los pacientes se limitaba a el reconocimiento en el servicio de urgencias...” (fl. 137, cdno. 3).
El 12 de julio de 1995, el médico intensivista del Hospital Central de la Policía, declaró ante el Tribunal de Ética Médica de Bogotá que el 1º de agosto de 1992 ingresó al paciente Edward Rodríguez, quien había presentado paro cardiaco en la sala de recuperación, luego de una cirugía y que, desde que recibió al paciente, el tratamiento que se le prestó consistió en conectarlo al ventilador, “se inicia dopamina, sedación, se solicita TAC cerebral, y valoración a neurología” (fl. 142, cdno. 3).
El 20 de septiembre de 1995, el Tribunal de Ética Médica de Bogotá presentó el informe de las conclusiones dentro del caso del paciente Edward Rodríguez, en que se consideró que los médicos tratantes no infringieron las normas de ética médica (fls. 144 a 146, cdno. 3).
El 27 de septiembre de 1995, el Tribunal de Ética Médica de Bogotá decidió de fondo la queja instaurada por los demandantes contra los médicos que atendieron al menor Rodríguez Zambrano, acogiendo por unanimidad el informe de conclusiones y, consecuencialmente, declarando que no existe mérito para formular cargos contra los profesionales de la salud (fls. 147 a 150, cdno. 3).
La parte demandante solicitó declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y la consecuencial indemnización por (i) la lesión en el cráneo que sufrió el menor Rodríguez Zambrano el 1º de agosto de 1992, dentro del centro hospitalario y (ii) la posterior muerte del paciente el 9 de octubre siguiente en el Hospital Central de la Policía Nacional, por insuficiencia respiratoria.
La Sala encuentra claramente demostrado uno de los daños invocados por la parte actora, consistente en la muerte del menor Rodríguez el 9 de octubre de 1992, en el Hospital Central de la Policía Nacional, por insuficiencia respiratoria (registro civil de defunción, fl. 2 cdno. 3).
En cuanto a la lesión en el cráneo que alegan los demandantes que sufrió el paciente el 1º de agosto de 1992 en la Sala de Cirugía, afirmación que sustentan en la comparación de la radiografía que tomaron el día de ingreso del paciente al hospital —jul. 31/92— y la realizada el 1º de agosto siguiente, luego de que saliera de la cirugía, según las cuales, la primera no mostró fractura de cráneo mientras que, la segunda, sí la evidencio, la Sala no lo advierte probado.
En efecto, se encuentra que el menor Edward Rodríguez Zambrano sufrió una lesión en la cabeza y en la muñeca cuando cayó del tercer piso de su casa, como se corrobora con las anotaciones efectuadas por los médicos de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional que lo atendieron el 31 de julio de 1992. De estas, se advierte que ese día se ordenó una valoración por neurocirugía —que no se realizó—, que se le practicó una radiografía del cráneo, el examen de Glasgow y, con fundamento en los resultados de esas pruebas, se emitió la impresión diagnóstica, así:
— Politraumatismo
— Trauma craneoencefálico leve
— Fractura de colles derecha
— Herida lineal supreaciliar derecha
— Fractura dental de 21-22-23 (historia clínica, fls. 27 y 50, cdno. 3).
Como se observa de las anotaciones efectuadas en la historia clínica, el paciente Rodríguez Zambrano sí ingresó al centro hospitalario con una lesión craneoencefálica, hecho probado que desvirtúa las afirmaciones de la parte demandante según las cuales, el menor sufrió la lesión dentro del Hospital Central de la Policía Nacional.
Cabe resaltar que el motivo por el cual el menor Rodríguez acudió al hospital fue precisamente la caída que sufrió desde un tercer piso, hecho que permite inferir que sufrió una lesión craneoencefálica e inclusive una fractura, como en realidad sucedió.
Los estudios médicos (2) efectuados en pacientes que sufren trauma craneoencefálico leve, definen esa lesión como la pérdida momentánea de la conciencia, una prolongada amnesia postraumática, la pérdida postraumática transitoria de una función neurológica sin lesión estructural, o una lesión traumática focal, caracterizada por extravasión sanguínea en múltiples vasos, de la cual se pueden derivar hemorragias pequeñas o microscópicas, que no resulten visibles en la radiografía.
Para determinar el grado del trauma craneoencefálico, se utiliza la escala de coma de Glasgow, según la cual, se considera severo aquel que arroja menos de 9 puntos; moderado de 9 a 12 y leve de 13, 14 ó 15 puntos.
Los estudios científicos también muestran que en los casos de trauma craneoencefálico leve, en pacientes en los que no se realiza una tomografía computada o TAC de cráneo, presentaron posteriormente una hemorragia intracraneal, fractura y, en algunos casos, requirieron de cirugía para la evacuación de hematomas. Los anteriores datos, condujeron a los médicos científicos a concluir que es posible que el riesgo de una lesión que requiera tratamiento quirúrgico pueda pasar desapercibida y que, en todo caso, como la hemorragia intecraneal no aparece en la radiografía simple de cráneo, esta no puede ser descartada.
Con fundamento en los análisis elaborados sobre el tema y en la valoración del material probatorio, se infiere que el menor Rodríguez sufrió una fractura en el cráneo por la caída que sufrió del tercer piso de su casa, que no se vio reflejada en la radiografía que le tomaron el día de su ingreso y que se advirtió días después, cuando finalmente le practicaron el TAC cerebral.
No es dable afirmar que el menor Rodríguez sufrió dicha fractura por una caída que padeció durante la cirugía que le fue practicada el 1º de agosto de 1992 en el Hospital Nacional de la Policía, toda vez que, además de ser evidente que luego de sufrir una caída del tercer piso, era previsible que padeciera una fractura, el material probatorio muestra que el paciente estuvo bajo la constante vigilancia del personal médico y de enfermería.
En efecto, al finalizar el procedimiento quirúrgico, el paciente ingresó a la sala de recuperación donde el auxiliar de enfermería lo atendió, le puso oxígeno, realizó las notas de enfermería y continuó vigilándolo hasta que le tomó la tensión arterial sin que marcara presión inmediata y, al advertir que el paciente ventiló y no presentaba movimientos respiratorios, llamó a la anestesióloga. El procedimiento descrito es el indicado para la vigilancia de pacientes que están en post operatorio, y que consiste en verificar la ventilación, observar los movimientos toráxicos y abdominales, constatar que reciba oxígeno y, en caso contrario, suministrárselo a través de una máscara de oxígeno, vigilar los signos vitales como respiración, asegurarse de que el paciente esté dentro de la camilla y que no se vaya a caer, suministrar calmantes ante el dolor, etc. (fls. 168 a 169 vto. cdno. 3).
Según los demandantes, la muerte del menor se debió a la falla médica del Hospital Central de la Policía Nacional, consistente en que no se realizó la valoración neurológica ni se practicó el examen de TAC cerebral, ordenados desde el ingreso del paciente al hospital, sino que todos los esfuerzos médicos se enfocaron en la lesión de la mano, ignorando que el paciente cayó de un tercer piso.
Los apelantes alegaron que los médicos que trataron inicialmente al menor omitieron ordenar y practicar el examen del TAC cerebral, prueba médica que consideraron necesaria si se tiene en cuenta que el paciente cayó de un tercer piso y la radiografía de la cabeza arrojó como resultado un trauma craneoencefálico leve. Resaltaron que el examen nunca se practicó por cuanto la máquina estaba dañada.
Cuestionaron además el hecho de que, a pesar de los antecedentes de la consulta, ningún neurólogo o neurocirujano valoró al paciente, cuando la orden se impartió como lo revela la historia clínica (3) .
Revisado el material probatorio, se advierte que el 31 de julio de 1992, fecha en que ingresó el menor al hospital, se anotó en la historia clínica la orden de efectuar una hoja neurológica cada hora y una valoración por neurocirugía. Se demostró además que la misma solo se efectuó el 1º de agosto de 1992, luego de que el paciente salió de la cirugía practicada ese día para la reducción de colles, cuando ya había sufrido el paro cardiorrespiratorio (fls. 26 y 50, cdno. 3).
El TAC, que se ordenó el 1º de agosto de 1992, solamente se efectuó tardíamente el 3 de agosto de ese mismo año, en consideración a que el equipo de escanografía (TAC) estaba dañado (certificación del jefe de servicio de imagenología del Hospital Central de la Policía Nacional, fl. 26; historia clínica fls. 83 y 170, cdno. 3).
De acuerdo con el material probatorio, antes de determinar el procedimiento quirúrgico para reducción de colles al que fue sometido el paciente el 1º de agosto de 1992, debían analizarse varios factores, como el estado previo del paciente, el tipo de intervención y el riesgo anestésico, tal como lo consideraron los médicos peritos en el informe presentado el 5 de octubre de 1992, siendo un procedimiento inminente aquel que no da espera, cuando hay compromiso de la vida del paciente (fls. 472 a 477, cdno. 3).
En el caso del menor Rodríguez, quien decidió sobre la pertinencia y oportunidad de la intervención quirúrgica fue el ortopedista adscrito al Hospital Nacional de la Policía —coadyuvado por la anestesióloga— quien afirmó, como sustento de esa decisión, que previamente interrogó al paciente y lo encontró en buenas condiciones; que el menor no presentó signos neurológicos de trauma craneoencefálico importante pues, a pesar de que tenía un hematoma supraoritario, no presentaba el signo de mapache indicativo de un trauma craneoencefálico importante; que revisó todos los exámenes practicados al paciente —no recuerda las del cráneo— pero, aun así, afirmó que de haber advertido algo anormal en las radiografías no habría intervenido quirúrgicamente al paciente, toda vez que el procedimiento ortopédico que finalmente realizó, no era prioritario ni inminente, y podía esperar dos semanas por lo menos. Afirmó además que, si hubiera advertido la fractura del cráneo, igualmente habría procedido a practicar la cirugía, dado que “una fractura frontal no es indicativa de mayor compromiso cerebral si no está acompañada de signos clínicos que indiquen trauma cerebral, es decir trastorno de la consciencia, desorientación del paciente en tiempo y espacio, movimientos anormales de las extremidades, y si el paciente hubiera tenido algún signo clínico de alarma, el médico de urgencias la noche anterior lo habría hecho valorar de manera urgente por el neurocirujano, y él hubiere sido quien habría o no autorizado la intervención del paciente (...) el niño estaba bien que no pidieron valoración de neurocirugía” (fls. 502 a 505, cdno. 3).
Nótese cómo el ortopedista que decidió realizar la intervención quirúrgica en ese momento, consideró en forma errada que, como al paciente no se le ordenó una valoración por parte de un neurocirujano, seguramente fue porque el médico de turno que lo atendió a su ingreso no estimó que el menor sufriese un trauma cerebral, cuando de la historia clínica se advierte claramente que el médico general que atendió al menor Rodríguez a su ingreso, ante el trauma craneoencefálico leve que sufrió, ordenó la valoración, también la realización de una hoja neurológica cada hora, y además que las mismas no se cumplieron.
La anterior conducta evidencia las siguientes fallas: (i) una decisión apresurada de intervención quirúrgica y (ii) la realización de la misma sin verificar previamente las condiciones reales del menor, como son el hecho de que sufrió una caída de un tercer piso, que presentaba trauma cranoencefálico (hasta ese momento considerado leve) y que no se había practicado la valoración por neurocirugía para descartar hemorragias o fracturas.
Las anteriores fallas fueron determinantes del daño si se tiene en cuenta lo expuesto por la neuróloga del Hospital Central de la Policía que valoró al paciente el 1º de agosto de 1992 y que, luego de revisar la historia clínica del menor, afirmó que una de las posibles causas del paro cardiorrespiratorio que sufrió el paciente pudo ser una lesión intracerebral bilateral, como hematoma o edema cerebral (4) difuso; concepto que sustenta en los resultados de la escanografía (5) que le fue practicada al menor. Destacó que los únicos factores de riesgo que tenía el paciente para entrar en paro cardiorrespiratorio, eran las drogas utilizadas en la anestesia, “o que hubiera habido una lesión neurológica en curso que no se hubiera detectado clínicamente” (fls. 172 a 172 vto. cdno. 3).
Por su parte, el médico perito encargado de rendir dictamen por parte de la oficina investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, llamó la atención sobre la falta de diligencia del hospital en relación con la valoración neuroquirúrgica solicitada con carácter de urgencia, así como la omisión en la toma de un estudio radiológico como lo es la tomografía computarizada de cráneo, procedimientos necesarios para definir el diagnóstico y adoptar el tratamiento requerido (fls. 177 a 181 cdno. 3).
Del contenido del material probatorio la Sala encuentra acreditada la falla del servicio, consistente en exponer apresuradamente a un paciente de 16 años que cayó de un tercer piso, a un procedimiento quirúrgico no prioritario, 11 horas después de su ingreso, sin tener en cuenta que el paciente presentaba trauma craneoencefálico leve, contusión (6) en la región frontal con excoriación y hematoma, edema y equimosis. Sorprende a la Sala que un paciente con las características anotadas, previo a decidir sobre la cirugía, no hubiera sido valorado por neurocirugía —cuando había sido ordenado— y no se le hubiera tomado un TAC, con el fin de descartar los riesgos y las complicaciones, así como una hemorragia o edema en el cerebro, toda vez que el trauma craneoencefálico es una de las causas del paro cardiorrespiratorio.
En efecto, revisados los estudios clínicos (7) elaborados sobre el trauma craneoencefálico leve, se observa que se trata de una lesión que produce hemorragias que no son visibles a las radiografías y que, de acuerdo con un estudio médico publicado en 1986, de 611 pacientes que presentaron trauma craneoencefálico leve, con Glasgow de 13 o más puntos, sin que se les practicara un TAC, el 18% requirió un procedimiento neuroquirúrgico para extracción de un hematoma intracraneal. La investigación médica destacó además un estudio publicado en el año 2000, en el cual durante 12 meses se evaluó a todos los niños de 15 años que llegaron al hospital de Los Ángeles, USA, con trauma craneoencefálico leve, con Glasgow mayor de 13 puntos, a quienes se les realizó un TAC de cráneo a su ingreso, con los siguientes resultados: el 27,4% tuvieron TAC anormal; el 19,1% presentaron hemorragia intracraneal; el 18,5% sufrió fracturas y, el 3,2% requirió de cirugía para la evacuación de hematomas. Con fundamento en los estudios científicos, el análisis médico neuroquirúrgico citado consideró que en los casos de trauma craneoencefálico es necesario seguir el protocolo establecido, que inicia con la clasificación del trauma que sufre el paciente en leve (Glasgow 13 a 15 puntos) y, una vez determinado dicho grado, se subdividen en 3 grupos (0, 1 y 2), siendo los del grupo cero (0) aquellos que no presentan lesiones clínicamente significativas en el TAC cerebral, pero que, dentro de ese grupo, existe la posibilidad de que un porcentaje reducido presente lesiones cerebrales clínicamente relevantes que puedan requerir intervención quirúrgica, a pesar de que no hayan sufrido pérdida de conciencia ni alteraciones neurológicas detectables.
El estudio médico advierte que, cualquiera que sea la clasificación y el procedimiento a seguir, la hemorragia intracraneal no aparece en la radiografía simple de cráneo y, por lo tanto, no puede ser descartada. Estos pacientes deben permanecer en observación durante mínimo 6 horas y en valoración neurorradiológica; para constatar hemorragias, debe practicarse un TAC y, si los resultados muestran lesión intracraneal deben ser remitidos a neurocirugía; en caso contrario, puede darse de alta hospitalaria al paciente.
Con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, es dable concluir que antes de realizar el procedimiento quirúrgico, los médicos debieron practicar el TAC cerebral al menor Rodríguez, con el fin de descartar una hemorragia intracraneal y una fractura de cráneo, que finalmente fue confirmada, cuando ya era demasiado tarde.
Consultados varios estudios médicos (8) , existe certeza sobre las causas que pueden provocar un paro cardiorrespiratorio, consistente en la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón, y que son, entre otras, el traumatismo craneoencefálico y hemorragias severas.
Lo anterior, conduce a la Sala a concluir que la decisión apresurada de exponer al menor a una cirugía menor, sin que previamente se le hubiera realizado la valoración neuroquirúrgica y la práctica del TAC cerebral, fue la causa adecuada del daño que padeció el menor Rodríguez.
A pesar de que la relación de causalidad en materia médica es compleja en consideración a los asuntos científicos y técnicos que rodean el asunto, así como la carencia de medios probatorios directos, la Sala encuentra acreditado el nexo de causalidad en este caso con fundamento en que existen indicios que brindan un grado suficiente de certeza, sobre la falla médica que produjo el daño.
En efecto, la exposición del paciente a una cirugía que no comprometía su vida y que podía esperar, y la aplicación de anestesia sin una previa y completa evaluación de su estado neurológico, causaron un daño previsible y evitable, toda vez que fue dicho procedimiento el desencadenante de la lesión que lo condujo a la muerte.
Cabe agregar que no se surtió el trámite del consentimiento informado cuando se decidió intervenir quirúrgicamente al menor Rodríguez de forma apresurada. El único documento que obra dentro del expediente es la autorización de servicios suscrita por el padre del menor, en relación con todos los servicios médicos, de laboratorio y quirúrgicos que pudieran requerirse, así:
“Autorización de servicios
Para la Sala, el anterior documento no contiene una autorización debidamente informada de los padres del paciente, pues no se les advierte sobre las particularidades del procedimiento quirúrgico, los riesgos del mismo, ni las posibles secuelas que podrían sobrevenir, máxime cuando se trataba de una cirugía que podía esperar (9) .
Sobre la obligatoriedad de informar de manera oportuna y diligente al paciente, la Sala (10) ha explicado que solamente se exceptúa al médico de dicho deber en los casos de urgencia o emergencia, especialmente cuando el paciente está inconsciente o en peligro de muerte. Por lo tanto, por regla general, los médicos están obligados a obtener la autorización para toda terapia, excepto cuando las particularidades del caso lo impliquen y, en esos eventos, deben probar la necesidad de esa omisión, cosa que no sucedió en este caso.
En este caso, la cirugía para tratar la fractura de la mano no era inminente y por tanto, habría podido aplazarse.
En consideración a todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada y declarará la responsabilidad patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Hospital Central de la Policía Nacional, al encontrarse estructurados los elementos que la configuran contenidos en el artículo 90 de la Constitución Política.
Los demandantes solicitaron el equivalente en pesos a 2.000 gramos de oro para los padres y abuela del menor, y 1.000 gramos de oro para cada uno de sus tres hermanos, en razón a la angustia padecida por (i) el estado de coma vegetativo y (ii) posterior muerte del menor Edward Rodríguez Zambrano, debido a la falla del servicio médico quirúrgico en que incurrió la parte accionada (fls. 4 y 5 cdno. ppal.).
Está claramente probado que Edward Rodríguez Zambrano nació el 9 de diciembre de 1975 y murió a los 16 años de edad; que era hijo de Segundo Chepe Rodríguez Mendivelso y de María Nohema Zambrano López; que sus hermanos eran Henry Mario Rodríguez Zambrano, Laura Rocío Rodríguez Zambrano y Olga Lucía Rodríguez Rincón.
También se demostró que el joven Rodríguez vivía con sus padres, hermanos y “abuela”, y que tenía muy buenas relaciones con todos; que estaba dedicado a sus estudios de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Fátima en donde cursaba undécimo grado y que era una persona estudiosa, sin vicios, deportista y apegada a su familia (certificación de la rectora del colegio Nuestra Señora de Fátima, fl. 431 cdno. 3 y declaraciones, fls. 12 a 15, 16 a 18, 19 y 20 a 21, cdno. 3).
Está igualmente acreditado que sus padres, hermanos y “abuela” quedaron traumatizados por su muerte y que una de sus hermanas, Rocío, dejó la universidad como consecuencia de la tristeza que experimentó; que se trataba de una familia muy unida, que se deprimió mucho por la muerte de su pariente; que no comían de la angustia y que lloraban todas las noches (testimonios, fls. 12 a 15, 16 a 18, 19 y 20 a 21, cdno. 3).
Lo anterior permite inferir que los padres y hermanos del joven Rodríguez padecieron perjuicios morales por el estado de coma y posterior muerte de su familiar, no solo porque quedó probado plenamente el parentesco de consaguinidad sino además porque vecinos y amigos de su domicilio, fueron contestes en afirmar que el estado vegetativo en que quedó el menor y su posterior muerte, les produjo gran tristeza y congoja.
Por tanto, la Sala habrá de reconocer los topes máximos acogidos por la jurisprudencia para los parientes cercanos en casos de muerte, en consideración a que, como se ha expuesto en reiteradas providencias, el deceso de un ser querido produce un sufrimiento muy intenso. También se accederá a la indemnización por este tipo de perjuicio, por el estado de coma en que quedó el joven.
Procede igualmente señalar que habrá de reconocerse como damnificada a la señora María Tirsa Mendivelso Valcárcel, respecto de quien se invocó la condición de abuela del joven Rodríguez, porque si bien no se probó este parentesco mediante la aportación del correspondiente registro o certificado, las referidas declaraciones de vecinos y amigos la señalan claramente como una persona que vivía con la familia Rodríguez, que sufrió inmensamente por la muerte del joven (fls. 1, 4, 5, 6, 7, 12 a 15, 16 a 18, 19 y 20 a 21, cdno. 3).
Para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual fijó un máximo de cien salarios mínimos legales mensuales.
La Sala encuentra perfectamente identificado el perjuicio moral reclamado por el estado vegetativo en que quedó el menor por dos meses. En efecto, se logró acreditar que los familiares del menor Rodríguez padecieron durante dos meses angustia, tristeza y congoja al ver a su ser querido en estado de coma, ignorando su verdadero estado y con la incertidumbre de su pronta recuperación.
Ese sufrimiento constituye un perjuicio independiente y cuantificable, pues no es lo mismo tener a un ser querido vivo y consciente internado en un hospital, frente a quien se tiene la certeza de su supervivencia a pesar de las consecuencias, que encontrarse en la situación de los demandantes, respecto de quienes es dable afirmar que enfrentaron una mayor angustia y tristeza al no conocer durante dos meses la suerte de su familiar, no poder hablarle ni expresarle sus sentimientos debido a su estado, ni conocer si podría sobrevivir.
Tampoco es equiparable dicha situación respecto de los familiares que pierden a su ser querido instantáneamente, quienes no se ven obligados a soportar la agonía de una persona inconsciente y sin probabilidades de mejoría.
Por consiguiente, la Sala reconocerá a los demandantes, por concepto de los perjuicios morales sufridos con ocasión del estado vegetativo en que quedó el menor Rodríguez, los siguientes rubros: Para cada uno de los padres 60 smmlv y, a favor de los hermanos y la señora Tirsa Mendivelso, 30 smmlv para cada uno de ellos.
Se encuentra igualmente acreditado que los demandantes experimentaron tristeza, congoja y angustia con ocasión de la muerte del menor Rodríguez; se advierte que vivieron tal experiencia en una dimensión diferente a la de otras personas, en consideración a que tenían la esperanza y la ilusión de que su familiar en algún momento despertara y mejorara. Al no ser así, al momento de la muerte de su ser querido, quedaron agotadas todas sus expectativas y esfuerzos, quedando sumidos en un estado de depresión que debe ser reparado.
Se reconocerá por tanto a favor de los padres el equivalente en pesos a 100 smmlv para cada uno y, a favor de los hermanos y de la señora María Tirsa Mendivelso Valcárcel, 50 salarios mínimos legales mensuales para cada uno, en consideración a que este es el valor que jurisprudencialmente se ha fijado para compensar el dolor de estos y a que esta suma no es incongruente con el tope fijado en la demanda.
Con fundamento en todo lo anterior la Sala revocará la sentencia apelada para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación y la consecuente condena a la reparación de los perjuicios morales causados.
5. Imputaciones contra la anestesióloga.
Aunque la señora Florencia Lasso Cardozo también fue demandada en su condición de médica anestesióloga, la Sala considera conveniente hacer algunas precisiones respecto de la posibilidad de demandar la responsabilidad del Estado y la responsabilidad personal de los agentes a través de los cuales actuó, tal como se explicó, entre otras, en providencia del 5 de diciembre de 2007 (11) .
La postura tradicional de la doctrina y la jurisprudencia nacional ha sido la de considerar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la actual Constitución Política, la responsabilidad del Estado es anónima, institucional y directa frente a los sujetos administrados, de manera tal que no se concibe procedente adelantar una acción de reparación directa contra el agente estatal o contra este y el Estado.
Se ha considerado demás(sic) que la responsabilidad personal del agente lo es para con el Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución de 1991, siempre que se demuestre que su conducta dolosa o gravemente culposa determinó la responsabilidad del Estado frente al particular.
Con fundamento en estas consideraciones se llegó a plantear la inconstitucionalidad sobreviviente del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos”. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró exequible en Sentencia C-430 del 12 de abril de 2000, de cuyo texto se destaca lo siguiente:
“3.5. Según el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, solo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquel repetir lo pagado contra este. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición (resaltado no es del texto).
En aplicación de lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala Plena de esta corporación, mediante providencia del 30 de marzo de 2004, explicó que “el artículo 90 de la Constitución no solamente no derogó el principio de la responsabilidad personal de los funcionarios públicos, ni el derecho de las víctimas a demandarlos individualmente, según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (12) , ni el derecho del Estado a repetir contra los funcionarios incursos en culpa grave o dolo, sino que extendió este último a todos sus ‘agentes’, es decir, a quienquiera que actúe por cuenta suya y haya causado el daño con su culpa grave o dolo”.
Dicho fallo confirmó en lo fundamental la decisión de primera instancia por medio de la cual se declaró la responsabilidad conexa de una entidad pública y del médico tratante, por los perjuicios derivados de la muerte de una paciente, a cuyo efecto se condenó a la entidad por la totalidad de la suma determinada para reparar los perjuicios morales y se dispuso que esta debía repetir contra el médico.
Consideró la corporación, en la aludida providencia, que “siempre que el Estado, directamente o por medio de sus agentes cause a alguien un daño antijurídico, esto es, un daño que no se tenga el deber de soportar, surge el derecho de la víctima a ser indemnizada”; se afirmó también que: “el doctor Rodríguez Rodríguez actuó como agente de Caprequindío para la prestación del servicio médico-asistencial a su empleada Beatriz Elena Naranjo Tejada. Luego, si llegare a determinarse que por culpa suya ocasionó un daño, su conducta comprometería la responsabilidad del ente estatal por cuya cuenta estaba actuando. Por otra parte si, de la valoración de la conducta del médico en calidad de agente estatal llegare a concluirse que incurrió en culpa grave o dolo, habría lugar a reconocer a la entidad respectiva el derecho a repetir en su contra, según lo dispuesto en el artículo 90, inciso segundo, de la Constitución Política. Síguese de lo expuesto que la conducta del médico, como agente estatal, compromete la responsabildad del Estado frente a las víctimas; y cuando ha sido dolosa o gravemente culposa, el Estado tiene derecho a repetir ‘por lo que correspondiere’ a su autor (CCA, art. 78)”.
Se advierte así que en el fallo aludido, la Sala Plena de la corporación, en últimas, encontró procedente demandar a la entidad pública y al agente, en el entendido de que la responsabilidad de este último solo se predica frente al Estado y no frente al particular que se alega damnificado.
La Sala al respecto precisa, que los referidos artículos 77 (13) y 78 del Código Contencioso Administrativo deben interpretarse con sometimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, en consideración a que desarrollan el principio de economía procesal, porque consagran la posibilidad de demandar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a un particular y la de obtener, en el mismo proceso, un juicio sobre la responsabilidad personal del agente para con el Estado, en el evento de que este último sea condenado” (14) .
Para que proceda la primera declaración, deben probarse los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial del Estado de que trata el artículo 90 de la Constitución y para que proceda la segunda, debe probarse que el daño que el Estado causó al particular fue determinado por la conducta gravemente culposa o dolosa de su agente.
Es esta la consideración que se desprende de la interpretación del citado artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, en el entendido de que la Constitución le impone al Estado la obligación de responder frente al demandante, sin perjuicio de que pueda repetir contra su agente: “... Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”.
Es de anotar, por otra parte, que en el examen de constitucionalidad del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo que la Corte Constitucional realizó (15) , se analizaron únicamente las hipótesis en que se demanda exclusivamente al Estado, o conjuntamente a este y al funcionario, pero no el evento que surge cuando se demanda solamente al funcionario, supuesto que fue simplemente ignorado por la Corte, por lo que su exequibilidad se mantuvo sin estudio alguno.
Con fundamento en todo lo anterior la Sala considera que el análisis de la actuación personal de la médica anestesióloga Florencia Lasso, procede respecto de la responsabilidad que le asista para con el Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política. Por lo tanto, el juicio tiene por objeto recuperar lo que habría de pagar este último al demandante, en cumplimiento de la condena impuesta, toda vez que siempre es el Estado el que debe indemnizar plenamente los perjuicios que motivan la acción de reparación directa.
La Sala entrará a estudiar las conductas imputadas a la anestesióloga, con el fin de determinar si su conducta fue dolosa o gravemente culposa.
5.1. Valoración neurológica inadecuada.
Los demandantes alegaron que la anestesióloga efectuó la valoración neurológica sobre el paciente sin estar calificada para ello.
Los hechos probados indican que efectivamente, antes de la cirugía de reducción de colles efectuada el 1º de agosto de 1992, la médica anestesióloga realizó una valoración preanestésica mediante la cual indagó sobre los aspectos neurológicos del menor y concluyó que se encontraba en buen estado.
En la historia clínica se anotó que la anestesióloga encontró al paciente consciente, orientado y con adecuada respuesta motora y, con fundamento en el interrogatorio que le formuló al menor antes de la cirugía y que este absolvió con claridad, concluyó que su estado neurológico era adecuado, máxime cuando la radiografía de cráneo no evidenciaba la presencia de fractura, y por ello consideró que era apto para aplicarle anestesia con el fin de iniciar el procedimiento quirúrgico.
Los médicos peritos señalaron que, para decidir sobre un procedimiento quirúrgico, es necesario evaluar diversos factores como el estado previo del paciente, el tipo de intervención y el riesgo anestésico (fls. 472 a 477, cdno. 3); que la valoración preanestésica condujo a concluir que el aspecto neurológico del paciente era normal, pero que, aun así, “llama la atención, es la poca atención o diligencia en la práctica de la valoración neuroquirúrgica solicitada con carácter de urgencia, así como la toma de un estudio radiológico, como es la tomografía computarizada de cráneo, en el que también ‘hubo mora en el cumplimiento de la citada orden’. Por cuanto, eran mandatarias como lo consideraron quienes así lo dispusieron tanto para definir el diagnóstico, como para adoptar la conducta acorde” (fls. 177 a 181, cdno. 3).
Se observa además que la médica neuróloga del Hospital de la Policía Nacional consideró que una de las causas que provocó el paro cardiorrespiratorio, corroborada por el estudio de escanograría que apoya ese diagnóstico, fue la existencia de una lesión neurológica en curso no detectada, como puede ser la presencia de un edema cerebral (fls. 172 a 172 vto. cdno. 3).
En relación con el procedimiento preanestésico, los estudios médicos (16) señalan que los médicos anestesiólogos deben seguir unas pautas que les permitirán adoptar una decisión que no comprometa la vida del paciente:
— Priorizar decisiones: “Una lesión asociada no diagnosticada puede suponer una mayor amenaza para la vida del paciente que el objetivo primario de la intervención quirúrgica”.
— Examinar al paciente en forma sistémica y completa: Deben evitar que la lesión más visible distraiga la atención de aquellas que son más importantes desde el punto de vista funcional o de riesgo, siendo prioritario atender las que implican mayor repercusión funcional y postergando las que aparentemente son más “espectaculares” pero que no inciden sobre la vida del paciente.
— Investigar atentamente los antecedentes clínicos del paciente: Esta labor implica no presumir que el paciente carece de toda patología asociada previa que pueda ocultar su verdadero estado general.
— Tener preparado el equipo de anestesia.
— Estudiar el estado de consciencia del paciente: Consiste en efectuar el Glasgow, procedimiento simple y confiable para evaluar la condición del paciente.
— Buscar los signos periféricos de la lesión del sistema nervioso central: Cuando existe un trauma craneoencefálico, se recomienda mantener la presión arterial del paciente en 90 mm Hg.
— Manejar correctamente el estado clínico del politraumatizado: Al adoptar una decisión, deben valorarse la gravedad, el trastorno funcional primario que afecta al paciente y, por ello, debe darse prioridad a la lesión que implique riesgo de muerte o daño funcional.
El estudio médico concluye, además, que la falta de evidencia médica por la ausencia de elementos científicos como pueden ser los resultados de exámenes “No deben utilizarse como justificativo para limitar o para ponderar la utilización de un procedimiento particular”.
Finalmente, dicho estudio muestra el procedimiento que debe seguir el anestesiólogo que pretende utilizar un bloqueo nervioso periférico en un paciente frente a quien se sospecha una lesión neurológica, que se sintetiza en el cuadro que se relaciona a continuación:
La Sala no cuestiona el procedimiento anestésico, sino la decisión de intervenir quirúrgicamente al menor, realizando una evaluación neurológica que estaba a cargo del médico neurocirujano tal como se había ordenado desde el ingreso del paciente al hospital, máxime cuando las condiciones particulares del caso lo ameritaba, en consideración a que, se reitera, el menor de 16 años cayó de un tercer piso al cemento, y era esperable que al presentar lesiones únicamente en la mano y en la cabeza, toda la fuerza de su cuerpo hubiera caído sobre esas partes.
Llama la atención la falta de iniciativa tanto de la anestesióloga como del médico ortopedista, para hacer cumplir la orden de valoración neuroquirúrgica y para ordenar la práctica de un TAC cerebral antes de la intervención quirúrgica, con el fin de descartar las lesiones que finalmente presentó el menor, como consecuencia de la caída que sufrió. Cobra relevancia la calidad de la demandada y del ortopedista, quienes pudieron aplazar la cirugía para efectuar la evaluación neuroquirúrgica. No obstante lo anterior, como únicamente se demandó a la Nación y a la médica anestesióloga, solamente se revisa la conducta de esta última, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar la entidad pública demandada en relación con el ortopedista.
El material probatorio muestra que la médica anestesióloga examinó el estado neurológico del paciente cuando tal función estaba a cargo de otro profesional especializado de la medicina como era el neurocirujano, quien era la persona apta para considerar el estado neurológico del paciente y descartar todas las posibles lesiones del menor, así como para decidir si debía ser sometido a una cirugía a pocas horas de la lesión, sin que al mismo le hubieran practicado los exámenes que, en las circunstancias especiales del paciente —se cayó de un tercer piso y sus lesiones se concentraron en su mano y su cabeza—, eran esperables antes de cualquier intervención quirúrgica, como era la toma de un TAC cerebral.
La médica anestesióloga se atribuyó la función de valorar el estado neurológico del paciente, sin consultar su diagnóstico y tener en cuenta que en la historia clínica existía una orden de valoración neuroquirúrgica; tampoco previó la toma de exámenes que sustentaran su diagnóstico, como finalmente fue que el menor de 16 años se encontraba en perfecto estado neurológico, conducta imprudente y descuidada que configura en este caso la culpa grave.
Cabe resaltar lo expuesto por el médico ortopedista en su declaración, según la cual, “Si el paciente hubiera tenido algún signo clínico de alarma, el médico de urgencias la noche anterior lo habría hecho valorar de manera urgente por el neurocirujano, y él hubiere sido quien habría o no autorizado la intervención del paciente (...) el niño estaba bien que no pidieron valoración de neurocirugía” (fls. 502 a 505, cdno. 3).
Del anterior testimonio se advierte claramente que la opinión del neurocirujano era vital para determinar el procedimiento quirúrgico del paciente; en caso de que la orden impartida por el médico de urgencias que recibió al paciente a su ingreso se hubiera cumplido, seguramente no habría sido intervenido y el diagnóstico se hubiera concentrado exclusivamente en el daño neurológico que presentó el menor.
Concluye entonces la Sala que la conducta de la señora Florencia Lasso es gravemente culposa al no obrar “con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, porque no previó los efectos nocivos de su actuación, habiendo podido hacerlo, y porque su calidad de médica anestesióloga hace que sus omisiones y errores se consideren graves, en los términos de los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, toda vez que permite deducir que cuenta con un alto nivel profesional, gran experiencia en el manejo de pacientes, poder decisorio frente a sus procedimientos y, por ende, en el manejo de las normas que regulan los protocolos médicos.
Con fundamento en todo lo anterior, la Sala considera configurada la responsabilidad personal de la médica anestesióloga Florencia Lasso en los términos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que determina su obligación de indemnizar los perjuicios causados al Estado, con el pago de la condena que le fue impuesta.
Con fundamento en todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la responsabilidad patrimonial del Estado y ordenará a la médica anestesióloga a restituir el 45% de la condena impuesta.
5.2. Sobredosis durante el procedimiento de la anestesia e inadecuada e inoportuna reanimación luego del paro cardiorrespiratorio.
Los actores afirmaron que la sobredosis de anestesia provocó un aumento de la tensión arterial e intracerebral y el edema cerebral, que finalmente causó el paro cardiorrespiratorio; que la anestesióloga efectuó la valoración neurológica sin estar calificada para ello y que, al momento del paro cardiorrespiratorio, el paciente no fue reanimado oportuna y adecuadamente.
La Sala encuentra suficientemente acreditado que la reanimación del paciente y el procedimiento efectuado al momento de aplicar la anestesia, a pesar de configurar un riesgo de paro cardiorrespiratorio, no fue la causa adecuada del daño que sufrió el paciente, pues está probado que su causa consistió, en la exposición del menor a una cirugía que no era inminente, sin efectuar previamente la valoración neuroquirúrgica ordenada desde el ingreso del paciente ni realizar el TAC cerebral.
En atención a que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 señala que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, como en este caso ninguna de ellas actuó de esa forma, no hay lugar a su imposición, por lo que se revocará lo decidido al respecto por el a quo.
1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera del 2 de julio de 1998.
2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Hospital Central de la Policía Nacional por la muerte del joven menor Edward Rodríguez Zambrano.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al Hospital Central de la Policía Nacional a pagar los perjuicios morales solicitados, en los valores que se indican a continuación:
Para Segundo Chepe Rodríguez Mendivelso y María Nohema Zambrano López, la suma de dinero equivalente, en pesos a 160 salarios mínimos legales mensuales para cada uno.
A Tirsa Mendivelso de Rodríguez, Olga Lucía Rodríguez Rincón, Laura Rocío y Henry Mario Rodríguez Zambrano el equivalente en pesos a 80 salarios mínimos legales mensuales para cada uno.
5. CONDÉNASE a la señora Florencia Lasso a pagar al Hospital Central de la Policía Nacional, en los términos del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la suma a la que resultó condenada.
(1) La pretensión mayor de la demanda es por concepto de perjuicios morales estimada en 2.000 gramos, que a la fecha de interposición de la demanda equivalían a $ 21’232.980, cifra superior a la exigida por la ley para que (sic) un proceso de reparación directa iniciado en el año 1994 ($ 9’610.000).
(2) Estudio realizado por los médicos neurólogos Dr. J. Sales Llopis y Dr. C. Botella Asunción en el Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario de Alicante, publicado en la página web de estudios de neurocirugía “Craniotop — Protecting the brain” consultada el 31 de julio de 2008, consultada a las 5:45 p.m. http://www.neurocirugia.com/diagnostico/tce/tceleve.html.
(3) Quedó demostrado que el menor Rodríguez sufrió un trauma craneoencefálico leve; que el día en que ingresó al centro hospitalario se ordenó la valoración por neurocirugía y que esta nunca se efectuó (fls. 26, 27 y 50, cdno. 3).
(4) El edema cerebral es un proceso osmótico mediante el cual las neuronas cerebrales aumentan su tamaño debido a un aumento anormal del volumen de plasma intracraneal, pudiendo llegar a la lisis celular. Las principales causas son la hiponatremia, isquemia, accidentes vasculares cerebrales y traumatismos craneoencefálicos (en este caso se produce una rotura de los vasos sanguíneos, lo que provoca una hemorragia cerebral, aumentando el cuerpo celular de las neuronas mediante ósmosis). http://es.wikipedia.org/wiki/Edema_cerebral. Consultada el 31 de julio de 2008 a las 5:34 p.m.
(5) Se recuerda que este examen se practicó tardíamente, esto es, el día 3 de agosto de 1992, cuando el paciente ya se encontraba en estado de coma (fl. 86 vto. cdno. 3).
(6) Contusión: lesión traumática focal, caracterizada por extravasación sanguínea (macro o microscópica) en múltiples vasos. Estudio realizado por los médicos neurólogos Dr. J. Sales Llopis y Dr. C. Botella Asunción en el Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario de Alicante, publicado en la página web de estudios de neurocirugía “Craniotop - Protecting the brain” http://www.neurocirugia.com/diagnostico/tce/tceleve.html.
(7) Estudio elaborado por los Drs. J. Sales Llopis y C. Botella Asunción. Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario de Alicante. Puede consultarse en la página web de neurocirugía, http://www.neurocirugia.com/diagnostico/tce/tceleve.html, consultada el 31 de julio de 2008, consultada a las 5:45 p.m.
(8) http://www.wikilearning.com/monografia/paro_cardiaco_respiratorio_y_reanimacion_cardio_pulmonar-reanimacion_cardio_pulmonar/10654-8;
http://wwv.ambitoweb.com/servicios/salud/manual4.asp
http://www.saludencolombia.com/pages/primeros_auxilios/primeros_auxilios-04.html
http://docencianacional.tripod.com/primeros_auxilios/cap4.htm
(9) Sobre el tema puede consultarse la Sentencia T-477 de 1995 proferida por la Corte Constitucional.
(10) Sentencia del 3 de mayo de 2007. Expediente 16.098. Actor: Emilse Josefina Salom Herrera. C.P. Enrique Gil Botero.
(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Expediente 15.128. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(12) El artículo 78 del Código Contencioso Administrativo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-430 de 2000.
(13) Artículo 77, Código Contencioso Administrativo: “Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones administrativas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”.
(14) Si bien puede resultar extraño que sea la parte actora la que demande al agente para que responda ante el Estado, cuando lo tradicional es que sea este el que llame en garantía a su agente o ejercite la correspondiente acción de repetición, lo cierto es que los aludidos artículos consagraron esa posibilidad, la cual resulta concordante con las acciones públicas de que son titulares los sujetos administrados para lograr la protección de uno de los derechos colectivos, cuales(sic) es el patrimonio del Estado.
(15) Corte Constitucional. Abril 12 de 2000 (C-430) Expediente D-2585, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(16) Manejo anestésico del paciente adulto politraumatizado:
http://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/1123/c.pdf; http://www.update-software.com/abstractsES/AB003842-ES.htm

References: artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 78
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 78
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 55
 artículo 335
 artículo 78
 Artículo 77