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Timestamp: 2019-10-17 08:50:07+00:00

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﻿ ACUERDO 210 DE 2010
ACUERDO 210 DE 01 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. REGLAMENTA LA PERMUTA Y LA ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS COMO ALGUNOS MECANISMOS SUBSIDIARIOS DE LA COMPENSACIÓN PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TIERRAS RURALES, SUBSIDIO INTEGRAL DE TIERRAS RURALES, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, CONTRATO DE PERMUTA, INTERVINIENTES EN EL DERECHO DE NOTARIADO Y REGISTRO, OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, FUNCIONES DEL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, FUNCIÓN NOTARIAL, ADJUDICACIÓN DE TERRENO BALDÍO, POBLACIÓN DESPLAZADA, PROGRAMAS PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA, PROMESA DE CONTRATO DE PERMUTA, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, ADJUDICACIÓN DE TIERRAS RURALES, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
ACUERDO 210 DE 2010
“Por el cual se reglamentan la permuta y la adjudicación de baldíos como algunos mecanismos subsidiarios de la compensación para la población desplazada”.
en uso de sus facultades legales y estatuarias, en especial las previstas en el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, su Decreto Reglamentario 1660 de 2007 y el numeral 21 del artículo 4º del Decreto 3759 del 30 de septiembre de 2009, y
Que el 25 de julio de 2007 entró en vigencia la Ley 1152 de 2007, en virtud de la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones”. El artículo 131 trasladó la competencia para reglamentar la permuta de predios de propiedad de la población en condición de desplazamiento forzado a Acción Social, en los siguientes términos: “En los procesos de retorno y reubicación, se dará prioridad en la adjudicación de tierras a los desplazados por la violencia en los predios rurales que hayan sido objeto de los procesos de extinción del dominio en instancia administrativa judicial. Acción Social establecerá un programa que permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país. Sólo será sujeto de adjudicación de tierras aquella población desplazada que no la tuviere, que sea minifundista o que opte por el proceso de permutas”.
Que en virtud de la Sentencia C-175 de marzo 18 de 2009, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad total de la Ley 1152 de 2007. Esta decisión con arreglo a lo sentado por la jurisprudencia constitucional no creó ni desencadenó ningún vacío normativo, ni colocó a sus destinatarios en un abismo preceptivo, pues reviven las normas que la citada ley trató de reemplazar y que regulan la materia, y en consecuencia, se restauran ipso jure las normas que habían sido derogadas, desde el día siguiente a la adopción de la sentencia respectiva (sents. C-145/94 y C-973/2004). En tal sentido, han recobrado su vigencia las leyes 160 de 1994 y 387 de 1997, en lo pertinente y sus normas reglamentarias, es decir, el Decreto 1660 de 2007 que regula el programa de permutas; razón por la cual recae en cabeza del Incoder la competencia para establecer el procedimiento que se debe adoptar a efectos de desarrollar dicho programa en lo que corresponde a la población desplazada por la violencia.
Que el artículo 19 de la Ley 387 de 1997 establece lo siguiente:
“Las instituciones comprometidas en la atención integral a la población desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de coordinación del sistema nacional de atención integral a la población desplazada.
Inciso cuarto ordinal 1º. El Instituto Agropecuario de la Reforma Agraria establecerá un programa que permita recibir la tierra de personas desplazadas a cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país.
Que mediante la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada por la violencia, lo cual conlleva a que las autoridades nacionales y territoriales encargadas de atender a esta población, deban ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados.
Que a través del Decreto 1660 de 2007, el cual entró en vigencia el 14 de mayo de 2007, el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relacionado con la permuta de predios de propiedad de la población en condición de desplazamiento forzado, y en el parágrafo del artículo 2º, se determinó que: “Para efectos de reglamentar el procedimiento que debe adelantar el Incoder para implementar el programa de permutas, su consejo directivo expedirá un acuerdo a través del cual establezca la metodología para su operación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto”.
Que mediante Auto 8 de 2009, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional constató la persistencia del estado de cosas inconstitucional y ordenó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional y al Departamento Nacional de Planeación, reformular la política de tierras para la población desplazada (orden 8 de la parte resolutiva).
Que de acuerdo a la orden 18 del Auto 8 de 2009, se autoriza a los ministerios y jefes de departamentos administrativos que formen parte del CNAIPD a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, cuando ello sea necesario para lograr el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y la superación del estado de cosas inconstitucional; considerándose entonces este acuerdo el escenario adecuado y oportuno para darle verdadera aplicabilidad a esta figura.
Que el 30 de octubre de 2009, en cumplimiento de la orden 8ª del mencionado auto, el Gobierno Nacional, en cabeza de las entidades involucradas, con la participación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presentó a la Corte Constitucional, el informe consolidado, en el que se anexa la “Política de tierras y territorios para población víctima del desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento forzado y del despojo”.
Que de acuerdo al enfoque adoptado por el Gobierno Nacional en materia de restitución a las víctimas la política se dirige, en primera instancia, a devolver a la población objetivo las tierras y territorios de que ha sido despojada y, subsidiariamente, a otorgar una solución de tierra o en dinero cuando no es posible la restitución.
Que los mecanismos subsidiarios a la compensación adoptan diversas formas: La compensación en especie, cuyos mecanismos son, entre otros: La permuta, entendida esta como el contrato en el que dos o más partes se obligan mutuamente, a través de la intermediación técnica, jurídica y económica del Incoder, a dar un predio por otro de similares características, siendo titulares de dichos mecanismos las víctimas del despojo o abandono forzado. La adjudicación de baldíos, entendida esta como el mecanismo en virtud del cual el Incoder legaliza la ocupación de un predio mediante acto administrativo que otorga la propiedad y cuando se trata de población desplazada, se abre la posibilidad de convalidar los requisitos en diferentes predios siempre que se relacionen con el desplazamiento forzado. La compensación monetaria, con medidas diferenciales en el caso de la compensación a comunidades étnicas y afrocolombianas, entre otros.
En cumplimiento del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, el presente acuerdo desarrolla la permuta y la adjudicación de baldíos como mecanismos de compensación. Las anteriores son medidas transitorias, que podrán tener un mayor desarrollo en el marco normativo integral de la política de tierras y territorios para las víctimas del desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento forzado y del despojo.
En mérito de lo expuesto, el consejo directivo del Incoder
ART. 1º—Campo de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán, de manera general, para adelantar los procedimientos y adoptar las decisiones encaminadas a la conformación de un banco de predios para la celebración del contrato de permuta y adjudicación de baldíos para la población desplazada, a través de la inscripción, evaluación y conformación de listas de predios y personas en situación de desplazamiento a causa de la violencia que sean propietarias u ocupantes, según sea el caso.
ART. 2º—Población objeto. La población en condición de desplazamiento, acreditada como tal, de conformidad con las normas legales y reglamentarias, que sean propietarias de bienes inmuebles rurales u ocupantes de baldíos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo.
ART. 3º—Predios objeto del presente acuerdo. Podrán ser objeto de este acuerdo los predios que ingresen al patrimonio del Incoder a cualquier título y que este determine que puedan ser destinados para la permuta y la adjudicación de baldíos como mecanismos subsidiarios de la compensación, los predios de propiedad de la población desplazada y los baldíos inscritos por los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos en este acuerdo.
ART. 4º—Permuta. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por permuta el contrato mediante el cual dos o más partes se obligan mutuamente a través de la intermediación técnica, jurídica y económica del Incoder, a dar un predio y recibir otro de similares características.
ART. 5º—Información necesaria para tramitar la solicitud. Son requisitos para solicitar el mecanismo de permuta de predios de población desplazada que regula este acuerdo, los siguientes:
1. Tener la condición de desplazado a causa de la violencia de conformidad con la normatividad vigente. Para ello, el Incoder verificará dicha condición con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). Ser propietario que cumpla con los requisitos descritos en este acuerdo.
2. Manifestar que es propietario del bien inmueble rural a permutar abandonado a causa de la violencia, con el fin de que el Incoder solicite el respectivo certificado de tradición y libertad ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, de conformidad con el Decreto 235 de 2010.
3. Haber inscrito el bien inmueble que se pretende permutar en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, Rupta; en caso de que no se encuentre inscrito, el Incoder asistirá y acompañará al solicitante de manera inmediata el procedimiento a seguir para obtener la respectiva inscripción.
4. Tener plena capacidad para contratar, esto es, libre de toda limitación que afecte la celebración del negocio jurídico. Con el propósito de asegurar en condiciones igualitarias los derechos de los menores de edad y desarrollar el enfoque diferencial se acudirá a los procedimientos legalmente establecidos, es decir, al acompañamiento de sus representantes legales o de los defensores de familia al momento de suscribir los correspondientes instrumentos.
5. No hallarse incurso en alguna de las restricciones que se señalan en este acuerdo.
PAR. 1º—Las declaraciones contenidas en el formulario de inscripción se entenderán hechas bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del mismo.
PAR. 2º—Priorización. Serán priorizadas las solicitudes de quienes no sean propietarios de otro bien inmueble adicional al que pretende permutar, salvo que este se encuentre en iguales condiciones de abandono a causa de la violencia.
ART. 6º—Restricciones para ingresar al programa de permutas.
1. Que la propiedad se encuentre en disputa o en litigio y que el predio esté siendo explotado por terceros. En estos casos, tendrán que agotarse los procedimientos judiciales o administrativos correspondientes.
2. Quienes tengan o hubieren tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de permutas. Se exceptúan de esta restricción a los representantes de la sociedad civil en el consejo directivo del Incoder.
3. A quienes se les haya decretado la caducidad administrativa de la resolución de adjudicación o la condición resolutoria del subsidio, salvo que se trate de persona desplazada por la violencia.
4. Los beneficiarios del subsidio integral de tierras y los beneficiarios de otros programas de acceso a tierras, restitución o compensación subsidiaria con posterioridad a su desplazamiento forzado.
5. Las personas que tengan penas privativas de la libertad, pendiente de cumplimiento impuestas mediante sentencia condenatoria en firme, para lo cual el Incoder hará el cruce de información con a base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
6. Quienes hayan sido previamente compensados de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo; esto es, que hayan logrado suscribir un contrato de permuta sobre un predio ofertado o que hayan sido adjudicatarios de un baldío;
7. Quien haya desistido más de una vez, de conformidad con el artículo 41 del presente acuerdo.
8. Quienes hayan sido previamente excluidos del presente acuerdo.
ART. 7º—Condiciones de los predios.
1. Vocación agropecuaria y/o forestal: Independiente de las condiciones de explotación en las se encuentre el predio, la extensión de la superficie agropecuaria utilizable no podrá ser inferior al (80%) ochenta del área total del inmueble.
2. Disponibilidad de aguas: El predio debe contar con una disponibilidad suficiente y permanente de aguas naturales o artificiales, fácil y económicamente utilizables, según la aptitud agropecuaria del predio. En su defecto deberá tenerse en cuenta si en los planes de desarrollo municipal, departamental o nacional existen proyectos que le permitan acceder a una adecuada disponibilidad de aguas, o si el terreno presenta las condiciones que permitan la construcción de obras similares.
3. Clases agrológicas y topografía: El predio debe tener la calidad mínima de los suelos en términos de clases agrológicas y la topografía requerida para el desarrollo de proyectos productivos rentables, para asegurar el sostenimiento del mismo. Los predios no podrán tener más del diez por ciento (10%) de su área total en la clase agrológica V; ni más del veinte (20%) en clases agrológicas VII y VIII, de acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad competente.
4. Localización: No serán objeto de este programa los predios que se encuentren en zonas de reserva o en parques naturales o que estuvieran situados por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, en zonas de manejo especial, de conservación de los recursos naturales renovables y de alto riesgo por catástrofes naturales, definidas en el marco legal ambiental.
5. Uso del suelo: El predio deberá encontrarse situado en zonas aptas para la producción agropecuaria, pesquera o forestal, determinados como suelo rural en los planes de ordenamiento territorial, POT, en los respectivos esquemas de ordenamiento territorial, EOT, y plan básico de ordenamiento territorial, PBOT.
6. Condiciones de seguridad en la tenencia: El predio no podrá encontrarse en litigio, tener el carácter de inalienable, imprescriptible o inembargable, encontrarse en trámite de resolver procesos atinentes a la posesión (sucesión, cuotas partes y/o común y proindiviso), ser reclamado en procesos de reparación o restitución o estar invadido por terceros o perturbado en su tenencia a cualquier título.
7. Condiciones de seguridad y orden público: El predio deberá tener condiciones de seguridad y orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1660 de 2007. Para verificar este aspecto el Incoder podrá acudir a todos los medios de prueba que resulten conducentes y requerir a los organismos competentes.
ART. 8º—Valor del predio objeto del programa de permutas. El valor del inmueble será el suministrado por la Oficina de Catastro correspondiente a la ubicación del predio.
Procedimiento de inscripción, evaluación y selección
ART. 9º—Apertura de inscripciones. Mediante acto administrativo proferido por el gerente general del Incoder, se fijarán los períodos de recepción de las solicitudes de acceso al programa de permutas, el término de evaluación de las mismas y la consecuente destinación de los recursos para atender dicho proceso. Cerrado el término de inscripción, comenzará a correr el término establecido en el inciso 2º del artículo 4º del Decreto 1660 de 2007.
Los formularios serán suministrados gratuitamente, en cualquier momento, por cada una de las direcciones territoriales del Incoder y publicados en la página Web del Instituto. Asimismo, para su diligenciamiento los interesados podrán acudir al apoyo y acompañamiento de las comisiones regionales de restitución de bienes o a otras entidades y organismos vinculados a los procesos de reparación integral.
Se recibirán las solicitudes en las fechas dispuestas para la apertura y cierre del programa, aquellas presentadas después de la fecha indicada, no serán recibidas y se entenderán rechazadas. El servidor público receptor deberá advertir al solicitante sobre la necesidad de inscribir el predio que pretende permutar en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, y en caso de que no se encuentre inscrito asistirá y acompañará al solicitante de manera inmediata para aplicar el procedimiento a seguir y la respectiva inscripción.
ART. 10.—Formularios de inscripción. Las direcciones territoriales del Incoder suministrarán un formulario de inscripción en el que se deberá consignar la información requerida por cada uno de los aspirantes al programa de permutas, que posteriormente será verificada en la forma en que se establece en el presente acuerdo; así mismo llevarán un registro numerado y cronológico para efectos de la inscripción en el programa de permutas.
En el texto del formulario se establecerá claramente que el presente programa hace parte de las medidas subsidiarias que proceden cuando la restitución no es practicable.
En el formulario se consignará información pertinente, con el propósito de conocer las calidades y características de los interesados en el programa y sus predios, de conformidad con lo establecido en el capítulo precedente, para tal efecto el Incoder expedirá un formato en el cual se registrarán, como mínimo, los aspectos jurídicos, fácticos y técnicos relacionados con:
1. Nombre del propietario del inmueble, de su cónyuge o compañero permanente y su identificación personal.
2. Causa específica del abandono del predio;
3. Fecha del abandono;
4. Domicilio actual del solicitante; En caso de ser predio rural, denominación y ubicación;
5. Denominación del predio abandonado, ubicación y folio de matrícula inmobiliaria en caso de conocerlo;
PAR.—Toda la información que suministren los solicitantes de este programa es considerada de buena fe por el Incoder.
ART. 11.—Anexos a la inscripción. Para efectos de la inscripción de la población desplazada a la permuta prevista en el presente acuerdo, el propietario o su representante deberán adjuntar los siguientes documentos:
1. Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del solicitante.
2. En cuanto al derecho de propiedad:
a) Fotocopia simple del certificado de tradición y libertad, la escritura pública de adquisición del inmueble y la indicación de la cédula catastral, en caso de poseerlos.
b) Título originario expedido por el Estado, que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, en caso de tenerlos.
c) En caso de no tener los anteriores, declaración juramentada en la que manifiesta ser propietario, con el fin de que el Incoder solicite el respectivo certificado de tradición y libertad ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, de conformidad con el Decreto 235 de 2010.
d) Formato de inscripción del respectivo predio en el Rupta en caso de que aún no esté inscrito.
3. Poder debidamente legalizado, en caso de presentarse la solicitud a través de apoderado.
Al formulario se anexarán los anteriores documentos que respalden la información solicitada y se dejará constancia que la falta de veracidad en los datos que se suministren o la presentación de doble solicitud, invalidará la inscripción y ocasionará la pérdida de la opción de selección.
ART. 12.—Verificación del cumplimiento de las condiciones y calidades previas respecto de los interesados y sus predios. Recopilada la información por parte de las direcciones territoriales del Incoder, esta deberá ser trasladada al nivel central a la subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos - dirección técnica de promoción, acompañamiento y seguimiento, con el propósito de que se efectúe la revisión de los formularios que permitirá establecer el cumplimiento de las calidades y características previas exigidas respecto de los interesados y sus predios, de conformidad con los requisitos consignados de manera precedente, así corno la veracidad de la información registrada en los mismos.
El proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones y calidades previas respecto de los interesados y sus predios comprende:
1. Revisar y verificar la información contenida en los formularios de inscripción que presenten los aspirantes y adelantar las siguientes diligencias:
a) Realizar los cruces de información necesarios para verificar si los aspirantes al programa son propietarios de predios rurales distintos a los declarados;
b) Realizar los cruces de información necesarios para confrontar la veracidad de los datos consignados en el formulario de inscripción;
c) Realizar el cruce de información con la base de datos del Incora y/o Incoder para establecer si el predio objeto de permuta fue adjudicado y/o se encuentra sujeto al régimen parcelario;
d) Realizar los cruces de información con el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, Rupta, que permitan contar con la certeza de la efectiva inscripción en el mismo por parte del aspirante;
e) Determinar que el predio cuya permuta se solicita no sea objeto de una medida cautelar vigente, de una limitación al derecho de dominio, ni sea reclamado en un proceso de reparación;
f) Efectuar el correspondiente estudio de títulos, para comprobar que el predio sea del dominio del solicitante y esté libre de gravámenes, limitaciones de dominio o cualquier otra afectación;
h)(sic) Verificar la autenticidad, veracidad y pertinencia de la documentación allegada.
PAR. 1º—Avalúo catastral. Para el caso de los solicitantes propietarios, hecha la verificación de la información de que tratan los anteriores literales, el Incoder solicitará al IGAC, el correspondiente avalúo catastral.
ART. 13.—Publicación. Cumplida la verificación y con los avalúos catastrales, el Incoder procederá a publicar un listado de los interesados y predios que superen la etapa de verificación de los requisitos previos, en el que se discriminará detalladamente la información relevante del predio, concretamente la relacionada con su ubicación, extensión, características técnicas, procedencia del derecho de dominio, avalúo catastral, propiedad que ostenta. Esta preselección dará lugar a determinar aquellos predios que deben ser visitados.
De igual manera se elaborará una lista de formularios no precalificados por haber incurrido en falsedades o inexactitudes, enunciando las condiciones o calidades de las cuales adolece el interesado o su predio, que se comunicará a los interesados. Contra esta decisión no procede ningún recurso; sin embargo, los interesados podrán presentar reclamaciones, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, a través de las cuales expongan los argumentos que consideren pertinentes o aclaren la inexactitud en que se haya incurrido, para efectos de solicitar una reconsideración de la decisión.
PAR. 1º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 3759 de 2009, el gerente general deberá conformar un grupo interno de trabajo para que decida las reclamaciones a que alude el presente artículo.
PAR. 2º—En caso de que la solicitud sea rechazada debido a que la propiedad no está saneada, el Incoder deberá remitir el asunto al Ministerio Público y a las comisiones regionales de restitución de bienes para que, en el ejercicio de sus competencias, adelanten la asistencia y/o representación de las víctimas frente a la posibilidad de saneamiento de los títulos de propiedad.
Visita técnica a los predios y publicación del listado de predios que superan la verificación de las aptitudes técnicas
ART. 14.—Visita técnica a los predios. Se trasladará a cada una de las direcciones territoriales del Incoder, según corresponda, el listado de predios que deben ser visitados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1660 de 2007. Cada dirección territorial deberá concertar con la dirección técnica de promoción, acompañamiento y seguimiento, según sea el caso, el cronograma de actividades, cuyo propósito será comprobar mediante visita técnica realizada por profesionales del agro y/o ciencias afines la veracidad, consistencia y coherencia de la información registrada en el formulario de inscripción, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7º del presente acuerdo.
El informe respectivo deberá remitirse al nivel central del Incoder (subgerencia de promoción, seguimiento), dentro de los treinta (30) días siguientes a la concertación del cronograma, suscrito por los profesionales asignados.
Tampoco se efectuará visita cuando se presente la situación de seguridad o fuerza mayor que impida el ingreso de los servidores públicos al terreno que alude el parágrafo único del artículo 4º del referido Decreto 1660 de 2007.
ART. 15.—Lista definitiva de predios aptos. Una vez avalado el informe técnico por parte de a subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos, se procederá a consolidar la información jurídica y técnica de cada predio conformando una lista definitiva de aquellos que cumplan las disposiciones contenidas en el presente acuerdo.
De la decisión contenida en la lista definitiva, los solicitantes que hubieren sido rechazados podrán formular las reclamaciones que consideren convenientes, dentro de los cinco (5) días siguientes a la respectiva comunicación, a través de la cual el Incoder sustente las razones de la exclusión de los predios no seleccionados. La decisión estará a cargo del grupo interno de trabajo conformado para estos efectos.
En caso de que la solicitud sea rechazada definitivamente, el Incoder deberá remitir el asunto al Ministerio Público y a las comisiones regionales de restitución de bienes para que, en el ejercicio de sus competencias, adelanten la asistencia y/o representación de las víctimas, frente a otras vías de reclamación tendiente a la reparación integral.
Conformación del banco de predios y comunicación de predios equivalentes, aptos para la celebración de la permuta, como uno de los mecanismos subsidiarios de compensación
ART. 16.—Conformación del banco de predios aptos para el programa de permutas. resueltas las reclamaciones interpuestas por los interesados, se procederá a conformar el banco de predios aptos para la celebración de la permuta. Se debe conformar una carpeta específica por cada predio, que dé razón detallada de sus calidades y características jurídicas y técnicas, la cual deberá estar disponible en las respectivas direcciones territoriales del Incoder para ser consultada por los desplazados que superaron las fases del procedimiento establecidas en el presente acuerdo.
ART. 17.—Determinación técnica de las escalas que hacen posible los procedimientos. Con la información de todos los predios, la subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos establecerá las escalas o rangos de valor y posibles similitudes de predios, con fundamento en los correspondientes avalúos catastrales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1660 de 2007, que hagan posible la permuta real de los mismos, sin que se desnaturalice la esencia del contrato de permuta de bienes inmuebles, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Civil, ni se dé lugar a la configuración de la lesión enorme.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 1660 de 2007, para efectos de determinar el justo precio de los predios objeto del contrato de permuta, se entenderá que los predios tienen similares características cuando sus avalúos catastrales se encuentran en el mismo rango o escala.
ART. 18.—Comunicación de los predios similares. A partir del banco de predios a que alude el presente acuerdo, se comunicará a los solicitantes las posibles similitudes presentadas en relación con su predio, que podrían hacer viable la celebración del correspondiente contrato de permuta y para ello se le entregará copia íntegra de las respectivas carpetas conformadas, según lo previsto en el artículo 16 del presente acuerdo.
ART. 19.—Articulación institucional y acompañamiento a los solicitantes. Con el propósito de lograr el acompañamiento a la población desplazada para visitar los predios posiblemente similares, los solicitantes podrán acudir a otras entidades y organismos, para que en la medida de sus competencias y posibilidades financieras y administrativas, así como en el marco de los esfuerzos tendientes a la reparación integral, apoyen a los solicitantes para tornar decisiones informadas en el contexto de los trámites de este acuerdo, entre otras, con la financiación de los gastos de desplazamiento para que el interesado visite el o los predios equivalentes.
Manifestación de los solicitantes de los predios aptos respecto a la suscripción y perfeccionamiento del contrato de permuta de predios
ART. 20.—Manifestación unívoca de la voluntad. Una vez efectuada la notificación al solicitante sobre las opciones con las cuales puede ser permutado su predio, el solicitante deberá presentarse a la dirección territorial Incoder en donde haya radicado su solicitud, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación, para manifestar su deseo irrestricto de permutar su predio rural por otro de su preferencia, por parte del Incoder.
El Incoder, en el formulario que le suministre al interesado, consignará con claridad que estos mecanismos son subsidiarios a la restitución. El formulario deberá ser diligenciado libremente por el solicitante en las instalaciones del instituto.
En caso de que ninguna de las opciones se ajuste a los intereses del solicitante, este deberá manifestarlo por escrito, con indicación de sus razones, dentro del término de treinta (30) días hábiles establecido en el presente artículo, so pena de considerar su desistimiento tácito, conforme a lo previsto en el artículo 41 del presente acuerdo.
ART. 21.—Traslado de la oferta al propietario del predio seleccionado. De la manifestación efectuada por el interesado a que alude el artículo anterior se correrá traslado al propietario del predio escogido, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del presente acuerdo recibió la carpeta del predio de propiedad del oferente. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación, el posible permutante deberá presentarse a la dirección territorial donde presentó la solicitud para manifestar su aceptación de la oferta e intención inequívoca de celebrar el contrato de permuta del predio de su propiedad con el de propiedad del interesado que realiza la oferta o declinarla.
Si se rechaza la oferta, el propietario desplazado así deberá manifestarlo por escrito, con indicación de sus razones, dentro del término de quince (15) días establecido en el presente artículo, so pena de considerar su desistimiento tácito, conforme a lo previsto en el artículo 41 del presente acuerdo.
PAR.—Agotadas las posibilidades descritas en el presente acuerdo, sin que se hubiese posibilitado la suscripción del contrato de permuta del predio de propiedad del interesado, este seguirá conformando el banco de predios a que alude el artículo 16 y podrá optar por las otras vías para la reparación, por ejemplo, acceder a los programas dispuestos por el Incoder para la atención de población desplazada a causa de la violencia, a través de las convocatorias públicas que tienen lugar cada anualidad.
Adicionalmente, el Incoder se reserva la posibilidad, ante la disponibilidad de recursos, de incluir en el banco de predios otros predios ofertados por particulares o que ingresen a su patrimonio por cualquier motivo y que puedan ser presentados como opción a los propietarios desplazados cuyos predios han sido seleccionados como aptos en desarrollo del presente programa o de vincular los predios que conforman el banco de predios, ofrecidos por los desplazados al programa de convocatorias públicas.
ART. 22.—Suscripción y perfeccionamiento del contrato de permuta. Conocida la voluntad de las partes para celebrar el contrato de permuta de los predios de su propiedad, las direcciones territoriales que intervienen en este proceso, adelantarán todas las diligencias necesarias a efectos de que las partes suscriban y perfeccionen el contrato de permuta de los predios rurales, así como para elaborar y suscribir las respectivas escrituras públicas y la consecuente inscripción ante las oficinas de registro de instrumentos públicos de la correspondiente jurisdicción donde se encuentren ubicados los predios.
Los costos de escrituración y registro serán asumidos por el Incoder, de conformidad con la asignación presupuestal que se establezca para tal efecto.
ART. 23.—Capacitación y asistencia técnica. El Incoder brindará a las partes contratantes la capacitación necesaria, de tal manera que estas conozcan los derechos, requisitos y obligaciones relativas a la guarda de la destinación y conservación del predio objeto de permuta y sus recursos naturales no renovables y además les brindará asistencia técnica para la adecuada formulación de los proyectos productivos, en caso que estos lo requieran.
ART. 24.—Adjudicación de baldíos. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por adjudicación mediante validación, el mecanismo mediante el cual el Incoder legaliza la ocupación de un predio mediante acto administrativo que otorga la propiedad a favor de población desplazada, convalidando los requisitos para la titulación, cumplidos en predio diferente al que ocupa actualmente, en razón al desplazamiento.
ART. 25.—Información necesaria para tramitar la solicitud. Son requisitos para solicitar los mecanismos definidos en el presente acuerdo, los siguientes:
1. Tener la condición de desplazado a causa de la violencia de conformidad con la normatividad vigente. Para ello, el Incoder verificará dicha condición con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).
2. Ser ocupante de un terreno baldío que cumpla con los requisitos descritos en este acuerdo.
3. Dejar consignado que ocupa actualmente un predio baldío diferente al que abandonó. Detallar en el formulario de inscripción el área baldía abandonada y el cumplimiento de los requisitos para la para la titulación que se convalidarán en el predio baldío actual.
PAR.—Las declaraciones contenidas en el formulario de inscripción se entenderán hechas bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del mismo.
ART. 26.—Restricciones para ingresar al programa de adjudicación de baldíos.
1. Quienes hubieren tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de adjudicación de baldíos. Los beneficiarios del subsidio integral de tierras y los beneficiarios de otros programas de acceso a tierras, restitución o compensación subsidiaria con posterioridad a su desplazamiento forzado.
3. Las personas que tengan penas privativas de la libertad pendientes de cumplimiento impuestas mediante sentencia condenatoria en firme.
4. Quienes hayan sido previamente compensados de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo; esto es, que hayan logrado suscribir un contrato de permuta sobre un predio ofertado o que hayan sido adjudicatarios de un baldío.
5. Quien haya desistido más de una vez del trámite para la titulación de un predio en condición de baldío.
6. Quienes hayan sido previamente excluidos del presente acuerdo.
ART. 27.—Requisitos de los predios.
1. Vocación agropecuaria y/o Forestal. Independiente de las condiciones de explotación en las se encuentre el predio, la extensión de la superficie agropecuaria utilizable no podrá ser inferior al (80%) ochenta por del área total del inmueble, de acuerdo a la UAF de la zona en la que se ubique el predio.
2. Disponibilidad de aguas. El predio debe contar con una disponibilidad suficiente y permanente de aguas naturales o artificiales, fácil y económicamente utilizables, según la aptitud agropecuaria del predio. En su defecto deberá tenerse en cuenta si en los planes de desarrollo municipal, departamental o nacional existen proyectos que le permitan acceder a una adecuada disponibilidad de aguas, o si el terreno presenta las condiciones que permitan la construcción de obras similares.
3. Clases agrológicas y topografía. El predio debe tener la calidad mínima de los suelos en términos de clases agrológicas y la topografía requerida para el desarrollo de proyectos productivos rentables, para asegurar el sostenimiento del mismo. Los predios no podrán tener más del diez por ciento (10%) de su área total en la clase agrológica V; ni más del veinte (20%) en clases agrológicas VII y VIII, de acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad competente y a la UAF para la zona en donde se encuentre ubicado el predio.
4. Localización. No serán objeto de este programa los predios que se encuentren en zonas de reserva o en parques naturales o que estuvieran situados por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, en zonas de manejo especial, de conservación de los recursos naturales renovables y de alto riesgo por catástrofes naturales, definidas en el marco legal ambiental, tampoco las tierras destinadas a la constitución de resguardos indígenas o a la titulación para comunidades negras.
5. Uso del suelo. El predio deberá encontrarse situado en zonas aptas para la producción agropecuaria, pesquera o forestal, determinados como suelo rural en los planes de ordenamiento territorial, POT, en los respectivos esquemas de ordenamiento territorial, EOT, y plan básico de ordenamiento territorial, PBOT.
6. Condiciones de seguridad en la tenencia. El predio no podrá encontrarse en litigio, tener el carácter de inalienable, imprescriptible o inembargable, encontrarse en trámite de resolver procesos atinentes a la posesión (sucesión, cuotas partes y/o común y pro indiviso), ser reclamado en procesos de reparación o restitución o estar invadido por terceros o perturbado en su tenencia a cualquier título.
7. Condiciones de seguridad y orden público. El predio deberá tener condiciones de seguridad y orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1660 de 2007. Para verificar este aspecto el Incoder podrá acudir a todos los medios de prueba que resulten conducentes y requerir a los organismos competentes.
PAR.—El Incoder certificará el cumplimiento de los requisitos que le competen e igualmente solicitará a los organismos pertinentes certificación sobre los demás requisitos del presente artículo.
ART. 28.—Apertura de inscripciones. Mediante acto administrativo proferido por el gerente general del Incoder, se fijarán los períodos de recepción de las solicitudes de acceso al programa de adjudicación de baldíos, el término de evaluación de las mismas y la consecuente destinación de los recursos para atender dicho proceso. Cerrado el término de inscripción, comenzará a correr el término establecido en el inciso 2º del artículo 4º del Decreto 1660 de 2007.
Los formularios serán suministrados gratuitamente, en cualquier momento, desde la apertura de las inscripciones mediante acto administrativo emanado de la gerencia general, por cada una de las direcciones territoriales del Incoder y publicados en la página Web del instituto. Asimismo, para su diligenciamiento los interesados podrán acudir al apoyo y acompañamiento de las comisiones regionales de restitución de bienes o a otras entidades y organismos vinculados a los procesos de reparación integral.
Se recibirán las solicitudes en las fechas dispuestas para la apertura y cierre del programa, pero aquellas presentadas después de la fecha indicada, no serán recibidas y se entenderán rechazadas.
ART. 29.—Formularios de inscripción. Las direcciones territoriales del Incoder suministrarán un formulario de inscripción en el que se deberá consignar la información requerida por cada uno de los aspirantes al programa de adjudicación de baldíos, que posteriormente será verificada en la forma en que se establece en el presente acuerdo; así mismo llevarán un registro numerado y cronológico para efectos de la inscripción en el programa de adjudicación de baldíos.
1. Nombre del ocupante del terreno baldío, de su conyugue o compañero permanente y su identificación personal.
2. Causa específica del abandono del terreno baldío.
3. Fecha del abandono.
5. Denominación del terreno baldío abandonado y ubicación.
PAR.—Toda la información que suministren los solicitantes de este programa, es considerada de buena fe por el Incoder.
ART. 30.—Anexos a la inscripción. Para efectos de la inscripción de la población desplazada a la validación de requisitos cumplidos para la adjudicación de baldíos prevista en el presente acuerdo, el ocupante o su representante deberán adjuntar los siguientes documentos:
1. Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del solicitante;
2. Declaración juramentada, con detalle de ubicación exacta del terreno baldío (nombre, corregimiento, vereda) y si es posible planos topográficos.
Al formulario se anexarán los anteriores documentos que respalden la información solicitada y se dejará constancia que a falta de veracidad en los datos que se suministren o la presentación de doble solicitud, invalidará la inscripción y ocasionará la pérdida de la opción de selección.
ART. 31.—Verificación del cumplimiento de las condiciones y calidades previas respecto de los interesados y sus predios. Recopilada la información por parte de las direcciones territoriales del Incoder, esta deberá ser trasladada al nivel central a la subgerencia de tierras rurales - dirección técnica de baldíos, con el propósito de que se efectúe la revisión de los formularios que permitirá establecer el cumplimiento de las calidades y características previas exigidas respecto de los interesados y sus predios, de conformidad con los requisitos consignados de manera precedente, así como la veracidad de la información registrada en los mismos.
a) Realizar los cruces de información necesarios para verificar si los aspirantes al programa son propietarios de predios rurales distintos a los declarados y constatar sobre terreno con los colindantes si ese predio realmente es un baldío o si hace parte de otro de mayor extensión de propiedad privada.
b) Realizar los cruces de información necesarios para confrontar la veracidad de los datos consignados en el formulario de inscripción.
c) Realizar el cruce de información con la base de datos del Incora y/o Incoder para establecer si el predio fue adjudicado y/o se encuentra sujeto al régimen parcelario.
d) Efectuar con el apoyo de la coordinación de gestión logística de bienes y servicios de archivo del Incoder, así mismo, con el banco de datos relacionado en el presente acuerdo el correspondiente estudio del predio de ocupación actual del solicitante, para comprobar que el terreno baldío es de propiedad de la Nación y no es de aquellos considerados inadjudicables.
e) Verificar la autenticidad, veracidad y pertinencia de la documentación allegada.
ART. 32.—Publicación. Cumplida la verificación, el Incoder procederá a publicar en lugar visible de sus instalaciones de acuerdo a la ubicación del inmueble un listado de los interesados y predios que superen la etapa de verificación de los requisitos previos, en el que se discriminará detalladamente la información relevante del terreno baldío, concretamente la relacionada con la condición de baldío de la Nación medido en términos de unidades agrícolas por zonas relativamente homogéneas. Esta preselección dará lugar a determinar aquellos predios que deben ser visitados.
PAR.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 3759 de 2009, el gerente general deberá conformar un grupo interno de trabajo para que decida las reclamaciones a que alude el presente artículo.
Visita técnica a los predios y publicación del listado de predios baldíos que superan la verificación de las aptitudes técnicas
ART. 33.—Visita técnica a los predios. Se trasladará a cada una de las direcciones territoriales del Incoder, según corresponda, el listado de predios baldíos que deben ser visitados. Cada dirección territorial deberá concertar con la dirección técnica de baldíos, según sea el caso, el cronograma de actividades para tal efecto, cuyo propósito será comprobar mediante visita técnica realizada por profesionales, la veracidad, consistencia y coherencia de la información registrada en el formulario de inscripción, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 del presente acuerdo.
El informe respectivo deberá remitirse al nivel central del Incoder (dirección técnica de baldíos), dentro de los treinta (30) días siguientes a la concertación del cronograma, suscrito por los profesionales asignados.
PAR.—No se efectuará visita cuando se presente la situación de seguridad o fuerza mayor que impida el ingreso de los servidores públicos al terreno baldío que alude el parágrafo único del artículo 4º del referido Decreto 1660 de 2007.
ART. 34.—Lista definitiva de predios aptos. Una vez avalado el informe técnico por parte de la dirección técnica de baldíos, se procederá a consolidar la información jurídica y técnica de cada predio conformando una lista definitiva de aquellos que cumplan las disposiciones contenidas en el presente acuerdo.
De la decisión contenida en la lista definitiva, los solicitantes que hubieren sido rechazados podrán formular las reclamaciones que consideren convenientes dentro de los cinco (5) días siguientes a la respectiva comunicación, a través de la cual el Incoder sustente las razones de exclusión de los predios no seleccionados. La decisión estará a cargo del grupo interno de trabajo conformado para estos efectos.
En caso de que la solicitud sea rechazada definitivamente, el Incoder deberá remitir el asunto al Ministerio Público y a las comisiones regionales de restitución de bienes para que, en el ejercicio de sus competencias, adelante la asistencia y/o representación de las víctimas frente a otras vías de reclamación tendientes a la reparación integral.
Predios aptos para la adjudicación de baldíos como uno de los mecanismos subsidiarios de compensación
ART. 35.—Predios aptos para la adjudicación de baldíos. Resueltas las reclamaciones interpuestas por los interesados, se procederá a conformar la lista de predios aptos para la validación de requisitos en otro baldío, el cual deberá estar disponible en las respectivas direcciones territoriales del Incoder para ser consultada con los desplazados que superaron las fases del procedimiento establecidas en el presente acuerdo.
ART. 36.—Determinación técnica de las escalas que hacen posibles los procedimientos. Con la información de los predios baldíos, la dirección técnica de baldíos establecerá las escalas o rangos de valor y posibles similitudes de los predios con fundamento en las extensiones de las unidades agrícolas familiares determinadas por zonas relativamente homogéneas.
Manifestación de los solicitantes de los predios aptos respecto de la validación de los requisitos para la adjudicación de otro baldío
ART. 37.—Manifestación unívoca de la voluntad. Una vez efectuada la notificación al solicitante sobre la validación de los requisitos para la adjudicación de otro baldío, el solicitante deberá presentarse a la dirección territorial Incoder en donde haya radicado su solicitud, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación, para manifestar su deseo irrestricto de aceptar o no la validación de los requisitos de adjudicación en otro baldío, por parte del Incoder.
El Incoder suministrará al interesado un formulario en el que se consigne con claridad que estos mecanismos son subsidiarios a la restitución, dicho formulario deberá ser diligenciado libremente por el solicitante en las instalaciones del instituto.
ART. 38.—Comunicación de la validación de requisitos al ocupante solicitante. Con base en la manifestación efectuada por el interesado a que alude al artículo 35 del presente acuerdo, el Incoder iniciará los trámites necesarios para la adjudicación del baldío que el solicitante ocupa actualmente a su favor.
ART. 39.—Costos y trámites de la adjudicación del baldío. Los costos y trámites de los procedimientos correspondientes para la adjudicación del baldío actualmente ocupado serán igualmente asumidos por el Incoder de conformidad con la asignación presupuestal establecida para el efecto.
ART. 40.—Capacitación y asistencia técnica. El Incoder brindará a los adjudicatarios la capacitación necesaria, de tal manera que estas conozcan los derechos, requisitos y obligaciones relativas a la guarda de la destinación y conservación del predio baldío adjudicado, sus recursos naturales no renovables, y además les brindará asistencia técnica para la adecuada formulación de los proyectos productivos, en caso que estos lo requieran.
Desistimiento expreso y tácito por parte de las personas inscritas en el banco de predios y de las seleccionadas como aptas para la adjudicación de baldíos
ART. 41.—Desistimiento expreso y tácito. Los solicitantes que conforman el banco de predios aptos para la suscripción del contrato de permuta podrán desistir en cualquier etapa del proceso de su deseo de permutar el predio de su propiedad o de validar los requisitos cumplidos para la adjudicación en otro baldío. No obstante se entenderá que hay desistimiento tácito en los siguientes eventos:
1. Cuando al solicitante le hayan sido comunicados los predios ofertados y no concurra en la forma y término dispuesto en el presente acuerdo.
2. Cuando al solicitante se le haya requerido para la celebración y perfeccionamiento del contrato de permuta y no concurra a las reuniones convocadas para tal efecto por la correspondiente dirección territorial.
3. Cuando al solicitante se le haya requerido para finalizar la validación de los requisitos cumplidos en otro baldío y no concurra a las reuniones convocadas para tal efecto por la correspondiente dirección territorial.
PAR.—Habiendo desistido expresa o tácitamente, el solicitante podrá ingresar nuevamente al programa transcurridos 6 meses y previa justificación.
No podrá ingresar al programa quien haya desistido más de una vez.
Principios generales, ejecución y vigencia.
ART. 42.—Principios. En la reglamentación, interpretación y aplicación del presente acuerdo se tendrán en cuenta los fines de las leyes 160 de 1994 y 387 de 1997, así como o consignado en el documento “Política de tierras y territorios para población víctima del desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento forzado y del despojo”, el objeto y los principios orientadores de las actuaciones administrativas contemplados en los artículos 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo y el principio de la buena fe.
ART. 43.—Ejecución y revisión del programa. Autorízase al gerente general del instituto para que mediante manuales y circulares desarrolle e implemente la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo.
Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente acuerdo, la administración del Incoder deberá presentar al consejo directivo el balance de la implementación de este programa y proponer, en caso de ser necesario, los ajustes que se requieran para mejorar sus resultados y superar las dificultades observadas.
ART. 44.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

References: artículo 19
 artículo 4
 artículo 131
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 19
 resolución 
 artículo 41
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 41
 artículo 20
 artículo 41
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 35