Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/181
Timestamp: 2020-07-08 07:36:56+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 53/1983
SENTENCIA 53/1983, de 20 de junio
ECLI:ES:TC:1983:53
En el recurso de amparo promovido por «Banco de Valencia, S. A.», representado por la Procuradora doña Beatriz Ruano Casanova, y bajo la dirección del Abogado don Eugenio Mata Rabasa, respecto del Auto de la Sala Sexta, del Tribunal Supremo, de 13 de diciembre de 1982, y en el que han sido partes don José Puig Tirado, representado por el Procurador don José Sempere Muriel y dirigido por el Abogado don Guillermo Fabra Bernal, y el Ministerio Fiscal, y Ponente el Presidente de la Sala don Jerónimo Arozamena Sierra, quien expresa el parecer de la misma.
1. En proceso laboral seguido a instancia del señor Puig Tirado contra el «Banco de Valencia, S. A.», el Magistrado de Trabajo de Castellón pronunció Sentencia el 7 de julio de 1982 estimando la demanda. Contra esta Sentencia el «Banco de Valencia, S. A.», formuló recurso de casación por infracción de Ley, consignando el importe de la condena y recargo por la cuantía correspondiente a un año y 5.000 pesetas más, todo ello, separadamente, en la Caja General de Depósitos, y a disposición de la Magistratura de Trabajo de Castellón. El recurso fue admitido por la Magistratura, y emplazadas las partes y remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo (Sala Sexta) y en tiempo la Procuradora señora Ruano Casanova se personó en la casación, presentando el justificante de haber realizado el depósito de 5.000 pesetas. La Sala por Auto de 12 de noviembre de 1982 declaró al «Banco de Valencia, S. A.», desistido del recurso de casación porque el depósito exigido por el art. 181 de la Ley de Procedimiento Laboral (en adelante LPL) se constituyó a disposición de la Magistratura de Trabajo y no del Presidente del Tribunal Supremo conforme al Real Decreto de 11 de marzo de 1924.
2. El «Banco de Valencia, S. A.», representado por la Procuradora señora Ruano Casanova interpuso recurso de súplica pidiendo con la revocación del Auto de 12 de noviembre de 1982, que se admitiera el recurso, invocando como motivos de la súplica los siguientes: A) indebida aplicación del Real Decreto de 11 de marzo de 1924, porque, a juicio del recurrente, no es aplicable al caso, siéndolo el art. 181 de la LPL, y en éste no se expresa que el depósito de 5.000 pesetas debe hacerse a disposición del Tribunal Supremo, sino sólo que el resguardo se entregue en la Secretaria del mismo; B) indebida aplicación del Real Decreto para rechazar un recurso de casación, atentando con ello al principio de legalidad y de jerarquía de las normas; C) violación del principio de seguridad jurídica, derivada de la aplicación del Real Decreto de 1924 y no del art. 181 de la LPL. A estas alegaciones añadió el recurrente que anunciaba la interposición del recurso de amparo, para en su día, por violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica y, por otrosí, que el art. 181 de la LPL era, a su juicio, contrario al art. 14 de la Constitución (en adelante C.E.) porque exige el depósito a los empresarios y no a los trabajadores. El recurso de súplica fue desestimado por Auto de 13 de diciembre de 1982, entendiendo desistido al recurrente del recurso porque el depósito no se constituyó en la forma legalmente dispuesta. Este Auto fue notificado el 17 de diciembre de 1982.
3. La Procuradora señora Ruano Casanova, en nombre del «Banco de Valencia, S. A.», interpuso recurso de amparo el 17 de enero de 1983, que correspondió por reparto a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, y en el que solicitó que se le otorgara el amparo consistente en que se disponga que se admita a trámite el recurso de casación, bien por estar debidamente constituido el depósito bien por la inconstitucionalidad del art. 181, o, alternativamente, que se disponga se tramite la cuestión de inconstitucionalidad, suscitada por la parte ante el Tribunal Supremo. La solicitud de amparo la fundó el recurrente en la violación de los siguientes derechos: A) el del art. 24.1 de la C.E. por indebida y errónea aplicación del Real Decreto de 11 de marzo de 1924; B) el del art. 14 de la C.E. porque el art. 181 de la LPL debe entenderse contrario al principio de igualdad; C) el del art. 24, en relación con el art. 35 de la C.E. porque no se ha planteado por el Tribunal Supremo la cuestión de inconstitucionalidad.
4. El 16 de febrero de 1983 se admitió a trámite el recurso de amparo y, cumplido lo que disponen los arts. 51 y 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC), presentaron alegaciones el recurrente «Banco de Valencia, S. A.», el demandante en el precedente proceso laboral señor Puig Tirado y el Ministerio Fiscal, el primero sosteniendo el recurso y los otros, el Ministerio Fiscal, apoyando el amparo y el señor Puig Tirado oponiéndose a él. El recurrente alegó, reiterando la demanda, que el art. 181 de la LPL es inconstitucional, que el depósito se constituyó debidamente y que el Tribunal Supremo debió pronunciarse sobre la cuestión propuesta por el recurrente acerca del art. 181 de la LPL.
6. El Procurador señor Sempere Muriel, en nombre del señor Puig Tirado, se opuso al amparo, en unas alegaciones en las que después de una consideración previa, analiza los motivos del recurso, diciendo que no procede el mismo porque A) no se ha cumplido lo dispuesto en el art. 44.1-c) de la LOTC, pues en el recurso de súplica no se hace alusión alguna a que se haya vulnerado el art. 24.1 de la C.E.; únicamente señala la violación del art. 14 en cuanto al art. 181 de la LPL, y este precepto no viola tal precepto constitucional; B) no se ha privado de la tutela judicial al recurrente, pues lo que ocurre es que no ha cumplido los requisitos procesales pertinentes; C) examina el art. 181 de la LPL a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 3/1983, de 25 de enero; y D) por último en el recurso de súplica no se planteó propiamente una cuestión de inconstitucionalidad.
7. Presentadas las alegaciones, una providencia de 11 de mayo actual, señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 8 de junio, correspondiendo la Ponencia al señor Arozamena Sierra.
1º. Otorgar el amparo solicitado con los pronunciamientos siguientes:
2º. Denegar, en todo lo demás, las peticiones que hace el recurrente.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 22-1983
Fecha de resolución 20/06/1983
El art. 24.1 comprende en su referencia a «todas las personas», tanto a las físicas como a las jurídicas.
Si se recurre en amparo por infracción del art. 24.1 o por la del art. 14 es necesario que en el recurso que dice el art. 44.1 a), se cumpla lo que dispone el apartado 1 c). Para que proceda el amparo es preciso que el tema no se plantee por primera vez ante el Tribunal Constitucional. Pero lo sustancial es que, expuestos los hechos y la fundamentación de Derecho, el debate pueda versar sobre el tema constitucional aunque se omita la cita acertada del precepto constitucional.
No puede decirse que la ordenación de los recursos de casación o de suplicación laboral, sujetándolos a una carga económica bien moderada y completada por un sistema de exención que comprende a los trabajadores en todo caso y a los empresarios cuando gocen del beneficio legal de pobreza, prive del derecho a la tutela jurisdiccional o afecte a la esencia de este derecho.
Como uno de los requisitos del depósito exigido por el art. 181 de la LPL se considera el precisar el destinatario del deposito, que es, en el caso del recurso de casación, el Tribunal Supremo, pero cuando se pone a disposición de la autoridad judicial que conoce de la instancia, con ser incorrecto el depósito, no puede anudarse a tal deficiencia que no afecta a lo esencial de la carga la inadmisión del recurso. Como el caso de autos guarda igualdad jurídica esencial con el de la Sentencia 19/1983, la solución que entonces dimos debe aplicarse también en el presente caso.
Artículo 181, ff. 3 a 5
ConsignaciónConsignación, ff. 3, 5
Recurso de casación laboralRecurso de casación laboral, f. 3

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
e contrario
 resolución 

Artículo 181