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Sentencia de Tutela nº 883/05 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623784
Sentencia de Tutela nº 883/05 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2005
Derecho de petición y honra de contratista del pnud a quien se le dio por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por supuesta conducta indebida que no ha sido aclarada satisfactoriamente. Solicita se ordene aclarar el motivo de la terminación unilateral del contrato. Derecho de petición. Eventos en que se presentan peticiones ante particulares, teniendo en cuenta que la ley no ha reglamentado la materia. Inmunidades y prerrogativas de los organismos internacionales. En el ambito del derecho internacional, las organizaciones internacionales constituyen formas institucionalizadas de cooperación entre los estados, que se establecen con el fin de alcanzar ciertos objetivos comunes. El derecho de peticion debio formularse ante el ministerio de hacienda, toda vez que es esta entidad quien esta obligada a explicarle al actor en que consistio la conducta indebida y porque razon solicitó al representante del pnud dar por terminado el contrato existente. Negada
El PNUD goza de inmunidad reconocida por el Estado colombiano mediante la incorporación en nuestro ordenamiento de la ''Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas'', así como por las disposiciones establecidas en el Convenio de cooperación celebrado entre el Gobierno colombiano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, todo lo cual pretende dotar a éste organismo internacional de las condiciones necesarias que le permitan desarrollar su función institucional en nuestro país, bajo supuestos de neutralidad e independencia.
DERECHO DE PETICION FRENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA-Entidad responsable por ejecución y seguimiento de contrato/CONTRATO DE CONSULTORIA-Terminación por ''conducta indebida''
P.: Gonzalo Agustín A.G.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados R.E.G. -P. -, M.G.M.C. y H.A.S.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,
dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de tutela instaurada por G.A.A.G. contra A.W.-Cestari, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), o quien haga sus veces.
Mediante escrito presentado el día 11 de octubre de 2004, el señor G.A.A.G., solicita el amparo de sus derechos fundamentales de petición y honra, presuntamente vulnerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2.2. Entre el Gobierno colombiano y el PNUD se acordó la realización de un programa de apoyo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de implementar el Proyecto para la Modernización de la Administración Financiera Pública. En desarrollo del mismo, el PNUD celebró, por solicitud del Ministerio en calidad de organismo de ejecución, contrato de servicios con el señor G.A.A.G. el día 6 de mayo de 2004.
2.3. Mediante oficio No. 19953, radicado en el PNUD el día 04 de junio de 2004, la Viceministra de Hacienda y Crédito Público, como Directora del Proyecto COL/01/014, solicitó al Representante Residente del PNUD, dar por terminado anticipadamente el contrato referido, alegando ''conducta indebida del consultor''.
2.5. El día 9 de septiembre de 2004, el accionante radicó derecho de petición en la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solicitando se le informaran de manera clara y concreta las razones por las que se considero que él, en su calidad de contratista, había incurrido en ''conducta indebida''.
Informe del trámite que se le ha dado al derecho de petición elevado por G.A.A.G., así como copia de los documentos que lo sustenten.
En primer lugar, señala que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un Organismo Especializado de las Naciones Unidas que cuenta con existencia legal regida por el derecho internacional público, y que fue creado mediante la Resolución 1020 (XXXVII) del Consejo Económico y Social de la ONU y por la Resolución 2029 de la Asamblea General. Por tal razón, el PNUD, siendo un Organismo Especializado de las Naciones Unidas, goza de los beneficios y prerrogativas establecidos por la ''Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas'' y la ''Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados'', aprobados por Colombia mediante la Ley 62 de 1973.
También se afirma en el escrito de impugnación, que la entidad accionada es un Organismo Internacional, por lo que, para los fines de la acción, se le debe considerar como un particular. En tales condiciones, el Juez debió analizar si la acción de tutela era procedente contra el PNUD verificando la ocurrencia de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Dicha comprobación, en criterio del impugnante, hubiera llevado al fallador a la conclusión de que la acción era improcedente.
Finalmente, el impugnante afirma que el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, no puede ser considerado sujeto vinculado por el derecho de petición, ya que, ni las Naciones Unidas, ni ninguna de sus agencias, tienen la condición de autoridad pública, ni realizan función pública alguna, teniendo en cuenta además que las Convenciones citadas, consagran la inviolabilidad de los archivos y documentos del Organismo Internacional.
Poder especial otorgado por el Representante Residente del PNUD.
Constancia sobre la condición de Representante Residente del PNUD, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto del señor A.A.W.-Cestari.
Copia de las Resoluciones 1020 y 2029 del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, respectivamente.
Texto de la Ley 62 de 1973.
Texto de la Ley 13 de 1945.
Por Auto de fecha 14 de julio de 2005, el Magistrado Sustanciador, para mejor proveer, ordenó oficiar al señor G.A.A.G. con el fin de que allegara a ésta Corporación, los siguientes documentos que resultaban necesarios para establecer ciertas circunstancias relevantes del caso:
Copia del contrato de servicios número CON - 0101440060, suscrito entre el señor A.G. y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el día 6 de mayo de 2004.
Copia del Oficio número 19953 radicado en el PNUD bajo el número 0000057144 del 04 de junio de 2004, expedido por la Viceministra de Hacienda y Crédito Público, y mediante el cual se solicita al Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dar por terminado anticipadamente el contrato referido.
Copia del Oficio PNUD/COL/01/014 N° 2124, de fecha 7 de junio de 2004, mediante el cual se da por terminado anticipadamente el contrato celebrado entre el PNUD y el señor A.G..
Copia del fax mediante el cual se le comunicó a G.A.A.G., el día 23 de junio de 2004, la terminación del contrato.
Teniendo en cuenta los hechos que han sido referidos y lo decidido por los jueces de primera y segunda instancia, le corresponde a esta Sala de Revisión establecer si en el presente caso han sido vulnerados los derechos fundamentales de petición y honra del accionante por parte del ''Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo'', al no dar respuesta a la petición formulada por el actor.
La Corte Constitucional ha construido una sólida doctrina sobre el derecho fundamental de petición y las reglas que lo rigen Estos criterios fueron delineados de manera esquemática en la sentencia T-377 de 2000, MP: A.M.C., y han sido reiterados por la Corte Constitucional en varias providencias, como, en vía de ejemplo, en la sentencia T-1160A de 2001.. Este derecho ha sido definido como la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes o de pedir copias de documentos que no están sujetos a reserva, a las autoridades públicas correspondientes, y a obtener de éstas, una pronta y completa respuesta sobre el particular. Sobre la definición del núcleo y extensión del derecho de petición pueden consultarse entre muchas otras, las sentencias T-452/92, T-150/98, T-395/98, T-415/99, T-836/99, T-807/00, , T-1006/01, T-080/02, T-630/02, T-650/02, T-422/03, T-542/03, T-054/04 y T-091/04.
Cuando la petición se presenta a un particular que presta un servicio público o que realiza funciones públicas, a efectos del derecho de petición, éste se asimila a las autoridades públicas.
En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en si misma lesiva de otro derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que ésta se produzca. En ese sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-374 de 1998, M.P.J.G.H., amparó el derecho de petición de un extrabajador de la Federación Nacional de Cafeteros - Comité Departamental de Cafeteros del Valle, que había solicitado por esa vía la expedición de la resolución de reconocimiento de su pensión legal de jubilación. En esa oportunidad, esta Corporación estableció que aunque la Federación Nacional de Cafeteros era una entidad privada que en el caso concreto no estaba ejerciendo funciones públicas, el derecho de petición del actor era susceptible de protección a través del amparo constitucional, toda vez que la respuesta del mismo resultaba necesaria para garantizar la efectividad de los derechos laborales y el respeto por la dignidad del actor.
Por fuera de los anteriores supuestos, el derecho de petición frente a organizaciones privadas solo se configurará como tal cuando el legislador lo reglamente.
En este punto resulta necesario referirse al concepto de ''autoridad pública'', tal y como ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional, para efectos de determinar con claridad lo referente a la configuración del derecho de petición.
El concepto de autoridad pública dentro de la Constitución de 1991 ha sido objeto de diversos pronunciamientos por la Corte Constitucional y, de manera particular, ha sido delimitado a partir de su consideración como ejercicio del poder de imperio del Estado. En efecto, en Sentencia T-501 de 1992 Magistrado Ponente: J.G.H.G., esta Corte, a partir del texto mismo de la Carta y de un análisis de derecho comparado, señaló:
''La autoridad, en términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados. Esa autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen.
Quiere decir esto que mientras las expresiones "servidores públicos" son adecuadas para referirse a todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas o por servicios, los términos "autoridades públicas'' se reservan para designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados.''
2.2.1. La inmunidad de jurisdicción constituye un principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones G. CAMPOS, J.D., S.R., L.I. y SAENZ DE SANTA MARIA, P.A.. ''Curso de Derecho Internacional Público'', Editorial Civitas S.A. Sexta Edición, Madrid, España. 1998.. Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo.
''Del principio de soberanía, independencia e igualdad de los Estados se deriva una regla de derecho internacional público, reconocida por la costumbre y las convenciones internacionales en virtud de la cual los agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes. Este principio se hizo extensivo a los funcionarios y bienes de las agencias o centros internacionales a fin de garantizar, fundamentalmente, la independencia de dichos organismos en el cumplimiento de sus funciones, donde quiera que, en virtud de un acuerdo internacional, operaran.'' Sentencia C-137 de 1996. Magistrado Ponente: E.C.M.
''... las disposiciones que consagran privilegios e inmunidades a favor del Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan dentro de los principios del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia según el artículo 9 de la Constitución Política.
En el caso de los funcionarios y representantes de organismos internacionales, las normas especiales acordadas entre los estados miembros y la protección que se les brinda tienen su razón de ser en la función que cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas.'' Magistrado Ponente: J.G.H.G.
''Las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el territorio de cada Estado'' Sentencia C-137 de 1996. Op cit.. (subraya fuera de texto)
En esa oportunidad la Corte Constitucional, al realizar el control constitucional de la Ley 208 de 1995, ''Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983'', estableció que la inmunidad de jurisdicción reconocida en favor de dicha organización internacional y de sus funcionarios no puede entenderse de manera absoluta, por lo que, bajo ciertas circunstancias específicas, es posible que el Centro y sus funcionarios sean vinculados por los jueces nacionales. En efecto, esta Corporación señaló:
''...Dicha inmunidad restringe el derecho de acceso a la justicia de los habitantes del territorio, así como las facultades correlativas de jurisdicción de los órganos nacionales. Los bienes comprometidos - el derecho fundamental de acceso a la justicia y la soberanía del Estado - hacen que la cláusula que se analiza deba ser objeto de una interpretación restringida de tal manera que la inmunidad que se concede tenga un alcance relativo. De una parte, debe garantizarse la independencia del Centro y protegerse sus bienes y haberes frente a decisiones arbitrarias. De otra parte, las operaciones o transacciones del Centro que por su propia naturaleza deban someterse a las cláusulas de derecho interno o supranacional y que puedan lesionar derechos reconocidos por el ordenamiento a habitantes del territorio, no pueden estar exentas de reclamación judicial. Si así no fuera, se estaría sacrificando, sin justificación razonable, atributos soberanos del Estado nacional que implican la garantía de derechos fundamentales reconocidos por el orden constitucional, sin que ello resulte necesario para garantizar la legítima independencia del Centro y la integridad de sus bienes.
El Estado colombiano no puede aceptar la inmunidad judicial absoluta y, por tanto, deberá señalar que en el evento de que surja una disputa jurídica entre un habitante del territorio y el Centro, cuando este actúe como un particular o sometido a las normas de derecho interno o supranacional, podrá apelarse a los mecanismos judiciales consagrados por el ordenamiento nacional e internacional a fin de que el conflicto se resuelva según las normas vigentes en el territorio nacional''. I.. (subraya fuera de texto)
Este pronunciamiento de la Corte Constitucional, responde a la tendencia que sigue la doctrina internacional actual y, en general, los Estados, en cuanto al manejo de sus relaciones internacionales. En efecto, originalmente la inmunidad de jurisdicción fue concebida como un mecanismo para garantizar que las actuaciones de los organismos de Estados extranjeros o de los agentes diplomáticos y consulares que actuaran en ejercicio del poder público, no pudieran ser conocidas y cuestionadas ante tribunales distintos a los de su propio Estado. En ese momento, la inmunidad se reconocía en forma absoluta. Sin embargo, en la actualidad, además de la extensión de la figura a las organizaciones internacionales y organismos especializados, con el fin de garantizar la independencia en el cumplimiento de sus funciones, los países han optado, de manera general, por concederla de forma restrictiva, es decir, estableciendo límites o restricciones a su reconocimiento. En vía de ejemplo, en Argentina mediante la adopción de la ley 24.488 de 1995, se establecieron algunos eventos en los cuales los estados extranjeros no podrán invocar la inmunidad de jurisdicción. Esta ley fue la consagración legislativa de la doctrina planteada por la Corte Suprema de Justicia de ese país en el fallo M., J.J. y otros, contra la Embajada de la Federación Rusa, en el que el Tribunal Supremo de Argentina señaló que la llamada teoría absoluta de jurisdicción no constituye una norma de derecho internacional general, dado que ésta no se practica de modo uniforme ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad, lo que ha permitido que se haya dado paso a la teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción, que distingue entre los actos ''iure imperi'' - actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano y respecto de los cuales se mantiene el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero - y los actos ''iure gestionis'' -de índole comercial . Con tales fundamentos, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en ese caso, habilitó la competencia de la Justicia Federal y ordenó tramitar la causa. // Así también, en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia, Sala Político - Administrativa, en Sentencia de , reconoció la nueva consideración de la inmunidad de jurisdicción en el ámbito del Derecho Internacional: ''Ahora bien, antiguamente este criterio de inmunidad de jurisdicción absoluta, ha sufrido cambios en el tiempo; hasta la primera guerra mundial, la sociedad internacional no admitía excepción alguna a esta regla, es decir, que en ningún caso, salvo el consentimiento expreso, podía un Estado ser sometido a un proceso judicial por ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado. Es el caso que a raíz de la aparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, se marcó un cambio en la dirección de la doctrina y la jurisprudencia de los estados occidentales. Con el propósito de justificar y apoyar acciones judiciales contra el nuevo bloque soviético, dirigidas a reclamar bienes del patrimonio de dicho Estado situados en el extranjero, se originó el criterio de que, si los particulares o personas privadas extranjeras quedaban sujetos a la jurisdicción de un Estado por los actos de naturaleza comercial o industrial que realizaran en el territorio del estado, no había razón legítima para que los estados no pudieran ser sometidos a la jurisdicción de otro estado, por causa de actos de índole comercial o industrial al igual que los daños extracontractuales por hecho ilícito.'' (...) A partir de este momento y hasta el presente, el principio de la inmunidad de jurisdicción se encuentra consagrado con un criterio de inmunidad relativa de jurisdicción, que se fundamenta en la teoría de la distinción entre actos del estado "iure imperii" y actos "iure gestionis".'' //
Finalmente, en Estados Unidos mediante la adopción de la ''Foreign Sovereign Immunities Act'' en el año de 1977, el Congreso de ese país estableció la posibilidad de que los tribunales norteamericanos puedan llamar a otros Estados a sus estrados, en aquellos casos en los que el Estado respectivo desempeñe actividades de tipo comercial y no actúe en ejercicio de su poder soberano, acogiendo así la teoría restrictiva de la inmunidad de jurisdicción. (aparte § 1605. Excepciones generales a la inmunidad jurisdiccional de un estado extranjero)
2.2.3. En este contexto, puede suceder que, en determinado supuesto, la actuación u omisión de sujetos dotados de inmunidad de jurisdicción, comporte la afectación de los derechos de una persona residente en Colombia y que por razón del reconocimiento por el Estado colombiano de esa prerrogativa, la persona afectada no tenga la posibilidad de acudir ante los jueces nacionales para reclamar la protección de sus derechos. En ese caso, y con el fin de evitar la vulneración de los derechos de las personas, es posible que el texto mismo del tratado o convenio respectivo, establezca el mecanismo a través del cual se pueden solucionar las controversias en las que se vean involucrados sujetos que gozan de inmunidades reconocidas por los Estados, con lo que se garantiza, además, la protección efectiva de los derechos de los individuos Por ejemplo, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, establece en su artículo VIII, sección 30:
''SECCION 30. Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación de la presente Convención serán referidas a la Corte Internacional de Justicia, a menos que en un caso determinado las partes convengan en recurrir a otra vía de solución. Si surge una diferencia de opinión entre las Naciones Unidas, por una parte y un Miembro, por la otra, se solicitará una opinión consultiva sobre cualquier cuestión legal conexa, de acuerdo con el artículo 96 de la Carta y el artículo 65 del Estatuto de la Corte. La opinión que dé la Corte será aceptada por las partes como decisiva.''.
''Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (CP art. 90). Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte comparte plenamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, M.J.M.C.B., Radicación número IJ-001, estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado concedió la indemnización, con base en la siguiente doctrina que esta Corte acoge plenamente:
En síntesis puede afirmarse que el título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P''.'' Magistrado Ponente: E.M.L.. En esta sentencia la Corte Constitucional estudio la constitucionalidad de la ''Convención sobre las Misiones Especiales''. (subraya fuera de texto)
''El preámbulo de la Constitución Política expresa un principio de internacionalización de la vida del país, cuyo punto de partida muestra especial preferencia por el impulso integrador de la comunidad latinoamericana. Perspectiva dentro de la cual la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, confluyen como elementos fundamentales de sus relaciones exteriores en el orden mundial (art. 9 C.P.).
Dadas las necesidades, exigencias y oportunidades que plantea el concierto de las naciones, le corresponde al Estado asumir una posición activa frente a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Esto es, en el entendido de que Colombia como Nación es un sujeto de derecho en el conjunto ecuménico de países, que tiene ciertas necesidades que sólo puede resolver con el concurso de otros Estados o entidades de derecho internacional, le corresponde promover de manera individual o colectiva las mencionadas relaciones internacionales, sin perder de vista que en los tratados o convenios que celebre deben quedar debidamente protegidos sus derechos en cuanto Nación, al igual que los de sus habitantes...'' Sentencia C-249 de 2004. Magistrado Ponente: J.A.R..
El PNUD, al igual que todos los programas y fondos de la ONU, realiza actividades de cooperación para el desarrollo y forma parte integrante de la estructura de las Naciones Unidas, dependiendo de la Asamblea General y a la vez del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Es, por tanto, diferente de los llamados ''Organismos Especializados'', los cuales son, en principio, independientes y autónomos a pesar de pertenecer al sistema de Naciones Unidas.
2.3.2. Con relación al régimen de inmunidades aplicable a éste organismo y dado que el PNUD es parte integrante de la ONU, es claro que goza de las prerrogativas que se establecieron en la ''Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas'', aprobada por la Asamblea General de el 13 de febrero de 1946, y que fue adoptada en Colombia mediante la Ley 62 de 31 de diciembre de 1973 La ley 62 de 1973 fue publicada en el Diario Oficial No. 34083 de 17 de mayo de 1974. Mediante decreto 2821 de 2001 se promulgó la Convención.. A partir del 6 de agosto de 1974, fecha en la cual se depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el documento de adhesión a dicha Convención, el citado instrumento internacional entró en vigor en nuestro país.
Artículo IX, Privilegios e Inmunidades. 1. El Gobierno aplicará tanto a las Naciones Unidas y sus órganos, comprendido el PNUD y los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas que actúen como Organismos de Ejecución del PNUD, como a sus bienes, fondos y haberes y a sus funcionarios, incluidos el representante residente y otros miembros de la misión del PNUD en el país, las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas''.
En conclusión, el PNUD goza de inmunidad reconocida por el Estado colombiano mediante la incorporación en nuestro ordenamiento de la ''Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas'', así como por las disposiciones establecidas en el Convenio de cooperación celebrado entre el Gobierno colombiano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, todo lo cual pretende dotar a éste organismo internacional de las condiciones necesarias que le permitan desarrollar su función institucional en nuestro país, bajo supuestos de neutralidad e independencia.
De manera general, las prerrogativas reconocidas por el Estado Colombiano mediante la adopción de la ''Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas'', se relacionan fundamentalmente con: (i) los bienes y haberes de la ONU ubicados en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial y, de manera general, respecto de cualquier interferencia de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo, salvo renuncia expresa; (ii) la inviolabilidad de sus locales, archivos y documentos; (iii) la inmunidad de los representantes de los miembros mientras desempeñan sus funciones oficiales o se hallen en tránsito al lugar de reunión para la celebración de una conferencia convocada por las Naciones Unidas y a su regreso de la misma; (iv) la inmunidad de los funcionarios de la Organización que el S. General y la Asamblea General determinen, contra toda detención o arresto personal, respecto a todos sus actos y expresiones en tanto se encuentren desempeñando funciones, así como contra todo procedimiento judicial; y (v) las prerrogativas establecidas en favor de los peritos que forman parte de las misiones de las Naciones Unidas y que están dirigidas a permitir el ejercicio independiente de sus funciones. Finalmente, cabe señalar, que la Organización de las Naciones Unidas como persona jurídica de derecho internacional, también goza de inmunidad de jurisdicción.
2.3.3. En el caso planteado por la presente acción, es claro que la pretensión del actor va dirigida a obtener una explicación sobre las razones por las cuales se consideró que había incurrido en una ''conducta indebida'' que dio lugar a la terminación anticipada del contrato que había suscrito con el PNUD. El accionante considera que con esa afirmación se ve afectado su derecho a la honra, lo cual es posible, puesto que, aunque en principio se trata de un hecho que no tiene la connotación de público, si puede quedar registrado en su historia profesional y por tanto, generar un manto de duda sobre su desempeño. Por tal razón, en sentir del accionante, la connotación negativa de la razón por la que se dio por terminado de manera anticipada su contrato, comporta una afectación de su derecho a la honra, máxime cuando la entidad accionada no especificó en ningún momento la conducta desplegada por el actor que se consideró como ''indebida''.
En ese contexto el accionante elevó una petición ante el Representante Residente del PNUD para que le informase cual había sido la ''conducta indebida'' que motivó la terminación del contrato. Ante la ausencia de respuesta, acudió a la acción de tutela.
En conclusión, el derecho de petición debió formularse frente al Ministerio de Hacienda, toda vez que es esta entidad quien está obligada a explicarle al actor en que consistió su conducta indebida y porque razón solicitó al representante residente del PNUD dar por terminado el contrato existente, circunstancia que era conocida desde el principio por el accionante. Por consiguiente la acción de tutela presentada contra el PNUD es improcedente porque, por un lado, se trata de un organismo que cuenta con inmunidad de jurisdicción reconocida por el Estado colombiano y, por el otro, de su conducta no se deriva la desprotección de los derechos del señor A.G., como quiera que quien tiene la capacidad de dar respuesta integral a su requerimiento es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad ante la cual, se repite, ha debido presentar la petición.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia de fecha 8 de febrero de 2005, expedida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se negó la tutela instaurada por G.A.A.G., por las razones expuestas en la presente providencia.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 11001020400020130002101 de 11 de Marzo de 2013

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 42
 resolución 
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 96
 artículo 65
 artículo 13