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Timestamp: 2019-10-21 05:39:19+00:00

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﻿ Sentencia T-774 de noviembre 7 de 2013
SENTENCIA T-774 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:FIGURA DEL APLAZAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR NO COBIJA SOLO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. SE CONSIDERA QUE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE QUE DEBE ACREDITARSE PARA LOGRAR EL APLAZAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, NO PUEDE PREDICARSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE QUIENES SE ENCUENTREN MATRICULADOS EN CENTROS UNIVERSITARIOS. ACEPTAR ESTE PLANTEAMIENTO, SUPONDRÍA PERMITIR UN TRATO DISCRIMINATORIO FRENTE A QUIENES OPTAN POR OTRAS MODALIDADES U OPCIONES DE ESTUDIO QUE EL PROPIO SISTEMA EDUCATIVO LES OFRECE Y QUE SON IGUALMENTE VALIDAD A LA LUZ DE LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, APLAZAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR, PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN, EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR
Sentencia T-774 de noviembre 7 de 2013
Ref.: Expediente T-3959257
Acción de tutela presentada por Ramón Ortiz Calderón en calidad de agente oficioso de Juan Sebastián Ortiz Mejía contra el Ministerio de Defensa Nacional, el comandante del Distrito Militar Nº 34 con sede en Barrancabermeja y el comandante de la Sexta Zona de Reclutamiento con sede en Ibagué y el jefe de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional y la dirección de reclutamiento y movilización del Comando General de las Fuerzas Militares, en calidad de entidades vinculadas de oficio.
En el proceso de revisión del fallo proferido en única instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el diez (10) de abril de dos mil trece (2013), dentro de la acción de tutela promovida por Ramón Ortiz Calderón en calidad de agente oficioso de Juan Sebastián Ortiz Mejía contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Comandante del Distrito Militar Nº 34 de Barrancabermeja y el Comandante de la Sexta Zona de Reclutamiento de Ibagué y el Jefe de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional y la Dirección de Reclutamiento y Movilización del Comando General de las Fuerzas Militares, en calidad de entidades vinculadas de oficio.
El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de auto proferido por la Sala de Selección Número Siete.
El señor Ramón Ortiz Calderón, interpuso acción de tutela en calidad de agente oficioso de su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejía, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la educación y el debido proceso de su representado, con ocasión del reclutamiento y posterior incorporación que se realizó del joven a las filas del Ejército Nacional, desconociendo que para ese momento se encontraba matriculado y cursando estudios en una institución educativa del municipio de Barrancabermeja.
1.1. Manifiesta el accionante, que en el año dos mil doce (2012), su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejía se presentó ante el Distrito Militar Nº 34 con sede en Barrancabermeja con la finalidad de definir su situación militar.
1.2. Para ese momento no fue atendido, razón por la cual se fijó nueva fecha para tal fin, quedando entonces para el dieciséis (16) de marzo del año dos mil trece (2013); día en el cual procedió a la entrega de la documentación en la cual indicaba que en la actualidad se encontraba adelantando estudios superiores en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey en el programa de formación complementaria, primer semestre, y cuya matrícula ya había cancelado(1).
1.3. Pese a ello, el Ejército Nacional, le informó al joven su inmediato reclutamiento y posterior traslado al municipio de Honda, Tolima.
1.4. A raíz de lo ocurrido, el señor Ramón Ortiz se presentó ante el Distrito Militar Nº 34 con sede en Barrancabermeja a efectos de aportar nuevamente la documentación que acreditaba que su hijo Juan Sebastián Ortiz, estaba cursando estudios superiores cuando fue reclutado. No obstante, el funcionario encargado de recibir y evaluar las peticiones aportadas, le informó que no le era posible darle trámite a la referida documentación, toda vez que “ellos no tenían nada que ver con el reclutamiento”(2).
1.5. A juicio del peticionario, “la actuación del Ejército es violatoria de la ley: “(…) violaron el debido proceso por que (sic) no les valieron los certificados de estudios, no le permitieron despedirse de su familia, se los llevaron como si fueran unos delincuentes”(3).
1.6. Con fundamento en lo anterior, el tutelante en calidad de agente oficioso de su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejía, presenta acción de tutela invocando la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la educación y al debido proceso. En consecuencia, solicita como objeto material de protección: (i) el desacuartelamiento inmediato de su hijo para que pueda continuar con los estudios que se encontraba adelantando(4) y (ii) la compulsación de copias a la Procuraduría General de la Nación, a efectos de que investigue el trato indigno del que fue objeto el joven estudiante durante el trámite del reclutamiento.
Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Santander, mediante auto proferido el veintidós (22) de marzo del año en curso, el despacho ordenó notificar a las entidades accionadas y al jefe de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional y la dirección de reclutamiento y movilización del comando general de las Fuerzas Militares, en calidad de entidades vinculadas de oficio(5), con el fin de que en el término de dos (2) días ejercieran el derecho de defensa y contradicción(6).
Sin embargo, las referidas autoridades judiciales durante el término de traslado de la acción de tutela y habiendo transcurrido el término respectivo para que ejercieran sus derechos, guardaron silencio, pese a que se les comunicó directamente el requerimiento judicial mediante telegramas Nº 2892 a 2898 dirigidos en su orden(7) e incluso se reiteró la solicitud enviada a cada una de las entidades accionadas y vinculadas de oficio mediante telegramas Nº 3274 a 3278(8).
2.1. Respuesta de la dirección de reclutamiento y control de reservas, Distrito Militar Nº 34 de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional.
Vencido el término probatorio, la dirección de reclutamiento y control de reservas, Distrito Militar Nº 34, por conducto del comandante del referido distrito(9), dio contestación al requerimiento judicial, mediante oficio del cuatro (04) de abril de dos mil trece (2013). En el mismo, expuso que no existía vulneración alguna a los derechos fundamentales del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, en tanto de conformidad con la normatividad, el mencionado ciudadano no se encontraba contemplado en ninguna de las causales de exención o eventual aplazamiento en la prestación del servicio militar obligatorio.
En cuanto a la situación particular del joven Juan Sebastián Ortiz, expuso que “actualmente se encuentra incorporado en las filas del Ejército prestando su servicio militar obligatorio como soldado bachiller en el Batallón de Servicios Nº 28 (Ubicado en el Batallón ASPC Nº 28 “Bochica” km 1 vía Villavicencio barrio Mateo Puerto Carreño) siguiendo la normatividad que nos exige la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamente (SIC) el servicio de reclutamiento y movilización en el cual el Congreso de la República decreta las normas rectoras”(10).
2.2. Respuesta de la dirección de reclutamiento y control de reservas de las Fuerzas Militares de Colombia — Ejército Nacional.
2.2.1. Mediante oficio del ocho (08) de abril del año en curso, la dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, por intermedio del director de la referida dirección(11), expuso que: (i) Al revisar en el sistema integrado de información de reclutamiento (SIIR), se verificó que el ciudadano Juan Sebastián Ortiz Mejía, adelantó el proceso de inscripción a través del Distrito Militar 34 adscrito a la Quinta Zona de reclutamiento como integrante del segundo contingente del año dos mil trece (2013) y fue citado a incorporación el diecisiete (17) de marzo de dos mil trece (2013). En la actualidad, se encuentra incorporado en el Batallón de Infantería 19 “Gr. Joaquín Paris” en calidad de bachiller. (ii) Que verificados los archivos correspondientes a la documentación recibida, no reposaba derecho de petición o solicitud alguna por parte del señor Ramón Ortiz Calderón o del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, en la que solicitaran el aplazamiento en la prestación del servicio militar obligatorio por encontrarse este último adelantando estudios superiores(12).
2.2.2. De igual manera, la dirección de reclutamiento y control de reservas de las Fuerzas Militares de Colombia — Ejército Nacional, mediante oficio del nueve (09) de abril del dos mil trece (2013) y por conducto del comandante de la Sexta Zona de Reclutamiento(13), solicitó en su escrito de contestación, se negara por improcedente la presente acción de tutela, en tanto no existía actuación alguna que hubiere implicado la vulneración de los derechos fundamentales del tutelante y su representado, toda vez que se había dado estricta aplicación a las normas y directrices que regulaban la materia(14).
En este mismo sentido, estableció que (i) el ente competente para efectuar el trámite de desacuartelamiento del ciudadano Juan Sebastián Ortiz Mejía, era el comandante de la unidad militar en donde se encontraba prestando el servicio militar (Batallón ASPC Nº 28 Bochica) ubicado en Puerto Carreño Vichada y (iii) que en cuanto a la situación particular del joven, la referida dirección, señaló que “este ciudadano se encuentra incorporado ya que no presentó soportes el día de la incorporación, para que pudiera quedar exento de la prestación del servicio militar, y entre ellos no presentó o demostró ninguna inhabilidad, o exención de ley para no prestar el servicio militar”. Finalmente “que según lo verificado en el SNIES, sistema nacional de información de educación superior, y la Ley 30 de educación, y el Ministerio de Educación Nacional el programa académico que pretende soportar este ciudadano no se encuentra establecido como un programa académico de educación superior para que sea tenido en cuenta según lo establece el decreto en mención”(15).
2.3. Las demás entidades accionadas y vinculadas de oficio, guardaron silencio, no obrando dentro del expediente de tutela pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, pese a que se les comunicó directamente el requerimiento judicial.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Santander, mediante fallo del diez (10) de abril de dos mil trece (2013), resolvió negar por improcedente el amparo invocado.
A juicio del despacho, no existió por parte de las autoridades accionadas, una actuación que haya vulnerado los derechos fundamentales del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, en tanto no se acreditó la concurrencia de una causal de aplazamiento del servicio militar conforme los lineamientos legales que exigían la realización de estudios universitarios al momento de la selección. En este orden de ideas, el programa de formación complementaria en el que se encontraba matriculado el actor, no hacia parte de la modalidad universitaria y por ende no era viable conceder el amparo invocado.
La Sala es competente para revisar el fallo de tutela de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.1. Teniendo en cuenta los antecedentes previamente citados, le corresponde a la Sala examinar el siguiente problema jurídico. ¿Desconoce el Ejército Nacional el derecho al debido proceso y a la educación de una persona (Juan Sebastián Ortiz Mejía), con su decisión de incorporarlo y reclutarlo para efectos de la prestación del servicio militar obligatorio, aun cuando para ese momento se encontraba matriculada y cursando estudios superiores para formación de docentes (programa de formación complementaria ofrecida por una institución educativa en Barrancabermeja, en el primer semestre)?
2.2. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala efectuará breves consideraciones en relación con: (i) la agencia oficiosa cuando se trata de agenciar los derechos de las personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, (ii) el marco normativo y jurisprudencial del servicio militar obligatorio en Colombia y su prestación en calidad de soldado bachiller (iii) la aplicación del debido proceso administrativo en el reclutamiento e incorporación al servicio militar realizado por las autoridades castrenses (iv) la figura del aplazamiento para la prestación del servicio militar, y (v) la protección del derecho a la educación frente a todos los ámbitos del sistema educativo, para finalmente resolver el caso concreto.
3. Legitimación por activa del señor Ramón Ortiz Calderón en calidad de agente oficioso de su hijo.
3.1. El inciso 1º del artículo 86 de la Constitución Política consagró que la acción de tutela puede ser instaurada por la persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre(16). Esto fue desarrollado en el Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y que en efecto establece en su artículo 10 que “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud (…).”
3.3. Ahora bien, cuando se trata de la protección de los derechos de las personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, la jurisprudencia constitucional ha establecido que para determinar la legitimidad del padre o madre que interponen acción de tutela en calidad de agente oficioso de su hijo mayor de edad que se encuentra prestando el servicio militar obligatorio, el juez deberá tener en cuenta que (i) los lazos de consanguinidad de los padres respecto del titular del derecho invocado no constituyen razón suficiente para presentar en su nombre una acción de tutela, por ello, deben concurrir en la demanda de tutela los dos elementos propios de la agencia oficiosa. Por esta razón, (ii) el accionante debe manifestar que actúa como agente oficioso, además (iii) es necesario que figure expresamente o se infiera del contenido de la tutela que el titular de los derechos no está en condiciones materiales para promover su propia defensa, porque está prestando el servicio militar obligatorio, lo que implica someterse a condiciones de concentración y obediencia debida a su superior jerárquico(17).
3.4. En esta medida, la Sala considera que el señor Ramón Ortiz Calderón goza de legitimidad para incoar la presente acción de tutela en nombre de su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejía, en tanto cumple con los requisitos contemplados por la Corte Constitucional en materia de agencia oficiosa. En efecto, se encuentra que: (i) el señor Ortiz Calderón manifestó en el escrito de la tutela que actúa como agente oficioso de su hijo Juan Sebastián(18), y que (ii) al momento de presentarse la acción de tutela su hijo se encontraba prestando servicio militar obligatorio, lo que de suyo, supone unas limitaciones específicas para el ejercicio de esta acción constitucional ante una autoridad judicial, pues quienes forma parten de las Fuerzas Militares, están sujetos a los deberes jurídicos de obediencia y disciplina que condicionan el tiempo y la movilidad del titular del derecho(19).
De esta manera, más allá de los lazos emocionales y de parentesco que vinculan al señor Ramón Ortiz con el titular del derecho, en este caso, su hijo Juan Sebastián, existe una circunstancia adicional que justifica el ejercicio de la agencia oficiosa y que se relaciona directamente con la imposibilidad material del joven para promover su propia defensa; circunstancia que incluso fue avalada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que conoció del asunto en única instancia(20).
4. Marco normativo y jurisprudencial del servicio militar obligatorio en Colombia y su prestación en calidad de soldado bachiller.
4.1. Conforme lo establece el artículo 2º de la Constitución, entre los fines esenciales del Estado, se encuentra el de “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”; propósitos que han sido encomendados por la Constitución (arts. 217 y 128) a las Fuerzas Militares —integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea—, a la Policía Nacional, y a los ciudadanos, por medio de la obligación de prestar servicio militar, quienes “están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan” (C.P., art. 216).
4.2. En los mandatos constitucionales citados se encuentra el fundamento del servicio militar obligatorio, que se deriva, a su vez, de los principios fundamentales de la solidaridad y reciprocidad social, tal como lo expresó la Corte Constitucional en Sentencia T-250 de 1993(21):
“2. El carácter social de nuestro Estado de Derecho se manifiesta en la positivización de deberes y obligaciones constitucionales que exigen fidelidad a los valores supremos del ordenamiento y compromiso activo con las instituciones públicas. La Constitución no agota su pretensión normativa en una profusa consagración de derechos. También establece una serie de deberes y obligaciones a las personas derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social. Los deberes y obligaciones constitucionales imponen unas mismas cargas a sus titulares con miras a alcanzar fines sociales deseables o necesarios.
3. El servicio militar es una obligación constitucional que implica la restricción temporal de cierto ámbito de los derechos y libertades individuales (…)”(22).
4.3. En este orden de ideas, la Constitución Política en el artículo 216 habilitó expresamente al Legislador para reglamentar las condiciones, prerrogativas y exenciones de la prestación del servicio militar obligatorio, por esto, en desarrollo de tal potestad constitucional, el Legislador expidió la Ley 48 de 1993(23) y el Decreto 2048 del mismo año(24), que determinaron el procedimiento que rige el reclutamiento e incorporación al servicio militar.
4.4. De acuerdo con la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar desde el momento en el que cumpla la mayoría de edad, con excepción de los jóvenes menores y mayores de edad elegidos, quienes pueden aplazar el deber de prestar el servicio militar y cumplir con él al finalizar los estudios de pregrado. Dicha obligación únicamente cesará a los cincuenta (50) años de edad (Art. 10).
Dicha disposición igualmente señala, las distintas etapas que deben surtirse a efectos de lograr la definición de la situación militar, las modalidades para atender la obligación relacionada con la prestación del servicio militar obligatorio(25) y, establece en los artículos 27 a 29, las causales que autorizan que a un ciudadano se le exima de la prestación del servicio militar obligatorio, o la misma sea objeto de aplazamiento.
4.4.1. El procedimiento establecido para la prestación del servicio militar consta de las siguientes etapas: (i) la inscripción, que debe hacerse ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad(26); (ii) la realización de tres exámenes médicos a fin de establecer la aptitud psicofísica(27); (iii) el sorteo, que se realiza a todos los conscriptos aptos(28); (iv) los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de reclutamiento para incorporarlos a filas; (v) la clasificación de aquellos que por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio o se les haya aplazado su prestación (vi) el inscrito que no ingrese a las filas y sea clasificado, tiene el deber de cancelar con cargo al Tesoro Nacional una “cuota de compensación militar”(29). Este procedimiento está reglamentado por el Decreto 2048 de 1993(30).
4.4.2. Ahora bien, dentro de las modalidades para atender la obligación relacionada con la prestación del servicio militar obligatorio, está la que corresponde a los soldados bachilleres. El artículo 13 de la Ley 48 de 1993, la reconoce como una modalidad de prestación del servicio militar, distinta y especial de las demás previstas para atender la referida obligación.
La Corte ha concluido que “aquellos que son incorporados al servicio militar en la modalidad de soldados bachilleres e, incluso, aquellos reclutados como soldados campesinos, si bien están obligados a tomar las armas y reciben para ello una formación mínima, su preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal no alcanza niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que afrontan, por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del conscripto”(31).
En ese sentido, la prestación del servicio militar en calidad de soldado bachiller, está destinada a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad, preservación del medio ambiente y conservación ecológica y su término de duración es de doce (12) meses(32).
4.5. En conclusión, como se infiere de las normas transcritas, la prestación del servicio militar constituye (i) un deber constitucional de carácter obligatorio que supone el cumplimiento de unas etapas y requisitos previstos en la ley pero que cuenta con unas causales de exención o de aplazamiento y (ii) se les reconoce a los bachilleres una modalidad especial y distinta para atender la obligación del servicio militar en atención al grado de instrucción educativa.
5. El debido proceso administrativo en el reclutamiento e incorporación al servicio militar realizado por las autoridades castrenses.
5.1. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también administrativas(33).
De acuerdo con la organización política del Estado Colombiano, el Ejército Nacional hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, por lo que en el ejercicio de sus funciones debe respetar el debido proceso y los principios que rigen la función pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política(34).
5.2. En el ámbito de las actuaciones de la administración, esta corporación ha indicado que el debido proceso para los efectos del artículo 29, hace referencia a la observancia de cada una de las etapas de la actuación administrativa. Al respecto indicó lo siguiente:
“[u]n conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados entre sí de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con la disposición que de ellos realice la ley”(35).
5.3. Con fundamento en lo anterior, los actos que realicen las autoridades castrenses con la finalidad de reclutar jóvenes para prestar servicio militar, deben garantizar el debido proceso en el trámite administrativo y respetar las garantías que de él se desprenden, lo que implica el cumplimiento íntegro de cada una de las etapas y requisitos que conforman el procedimiento establecido en la ley para su prestación. Ello, busca evitar cualquier tipo de decisión arbitraria en el curso del proceso adelantado que termine por vulnerar sustancialmente las garantías constitucionales y demás derechos fundamentales de quienes están definiendo su situación militar.
En este contexto, “el derecho al debido proceso y las garantías que lo integran, tienen un ámbito de aplicación que se extiende definitivamente a toda clase de actuaciones, juicios y procedimientos, que conlleven consecuencias para los administrados, de modo que a estos se les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental”(36).
5.4. Ahora bien, según lo indicó esta corporación en la Sentencia C-879 de 2011(37), la Corte no tiene la competencia para establecer cómo debe desarrollarse la facultad que tienen las autoridades castrenses para compeler(38) a los ciudadanos, pero sí puede, con el fin de proteger los derechos fundamentales, determinar cuando en ciertos casos tal facultad es desbordada por las autoridades militares. Al respecto, en la sentencia en cita se indicó:
“No corresponde a esta Corporación definir en detalle cómo debe ejecutarse materialmente tal competencia por parte de las autoridades militares, pero podría por ejemplo pensarse en la breve verificación de si el ciudadano ha definido su situación militar y de no ser así el diligenciamiento de una planilla en la cual se inscriba para tal fin y consigne sus datos para una posterior citación con el propósito de agotar las posteriores etapas señaladas en la ley, sin que pueda ser conducido a cuarteles o distritos militares, ni pueda ser retenido por más tiempo del que demande un procedimiento de esta naturaleza”(39).
5.5. En esta medida, la Sala considera que Juan Sebastián Ortiz Mejía fue objeto de una limitación a su libertad personal por parte del Distrito Militar Nº 34 al haber sido retenido y posteriormente incorporado a las filas del Ejército Nacional, excediendo de esta manera la competencia de compeler a los ciudadanos para que definan su situación militar y omitiendo de manera arbitraria el procedimiento establecido en la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización” y el Decreto 2048 del mismo año, "Por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y movilización", el cual supone el cumplimiento estricto de unas etapas y requisitos previamente establecidos en la ley, que en efecto comprenden la verificación de la existencia de alguna causal de exención, inhabilidad o aplazamiento en la prestación del mismo.
6. La figura del aplazamiento para la prestación del servicio militar obligatorio.
6.1. La Constitución Política en su artículo 216 le confiere al legislador la facultad de definir las condiciones en las que los colombianos tienen que cumplir con el deber de prestar el servicio militar. Después de entrar en vigencia la Carta Política de 1991, el Congreso ha expedido cuatro (4) leyes en desarrollo de esta facultad.
Las leyes 48 de 1993(40), 418 de 1997(41), 548 de 1999(42)y 642 de 2001(43), establecen las siguientes situaciones jurídicas para cumplir con el deber de prestar el servicio militar y se complementan con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2124 de 2008(44):
Ley 48 de 1993, artículo 10 1. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de edad y hasta los 50 años.
Ley 418 de 1997, artículo 13 La Ley 418 de 1997, creó la figura del aplazamiento de la prestación del servicio militar para los jóvenes bachilleres menores de edad que fueran elegidos.
1. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de edad y hasta los 50 años.
2. Los jóvenes estudiantes menores de edad, elegidos, deben aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando cumplan los 18 años, momento en el cual pueden:
b) Cumplir con el deber al finalizar los estudios de pregrado.
Ley 548 de 1999, artículo 2º 1. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de edad y hasta los 50 años.
2. Los jóvenes estudiantes menores de edad, elegidos, deben aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando cumplan los 18 años. Una vez alcancen la mayoría de edad pueden:
3. Con la referida ley, quien haya aplazado, al cumplir con el deber de prestar el servicio se le reconocen dos beneficios:
a) Servicio militar por un período de seis meses y
b) La homologación del servicio militar al servicio social o comunitario que exigen algunas profesiones para conceder el título profesional.
4. El joven que al haber alcanzado la mayoría de edad se encuentre matriculado o admitido en un programa de pregrado en institución de educación superior tendrá la opción de prestar el servicio inmediatamente, caso en el cual la institución educativa debe guardar el cupo en igualdad de condiciones, o puede aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando finalice sus estudios superiores de pregrado.
Ley 642 de 2001, artículos 1º y 2º La Ley 642 de 2001 aclaró el artículo 2º de la Ley 548 de 1999 en lo relacionado con la cobertura del beneficio a los jóvenes que hayan aplazado la prestación del servicio para hacerlo extensivo a los mayores de edad que culminen sus estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley 548 de 1999(45). En consecuencia:
2. Los jóvenes estudiantes menores y mayores de edad, elegidos, pueden aplazar el deber de prestar el servicio militar y cumplir con tal deber al finalizar los estudios de pregrado.
a) Servicio militar por un periodo de seis meses y
Decreto 2124 de 2008, artículo 13 1. Los bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no definan su situación militar por estar cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, se les aplazará su situación hasta por dos años más, mediante entrega de una nueva tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de reemplazos en las Fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación militar que les corresponda y de la tarjeta de reservista de segunda clase.
6.2. Diversos pronunciamientos en sede de constitucionalidad han surgido en torno a la interpretación de las leyes encargadas de regular la prestación del servicio militar obligatorio en nuestro ordenamiento jurídico.
6.2.1. La Corte Constitucional en Sentencia C-1409 de 2000(46), al estudiar la constitucionalidad del artículo 2º(47) de la Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”, sostuvo que la disposición acusada relativa a la posibilidad de aplazamiento en la prestación del servicio militar para quienes se encuentren cursando estudios de pregrado en una institución de educación superior es constitucionalmente admisible, pues al preverse esta posibilidad se tuvo en cuenta además de las circunstancias individuales del estudiante, las del interés colectivo. El aplazamiento les permite, una vez sean profesionales, cumplir con esta obligación en forma más productiva para la institución y para el país, en cuanto gozan de una mejor formación y conocimientos, lo cual redunda en una profesionalización de las Fuerzas Armadas: Al respecto se sostuvo:
“En ningún momento busca que tales personas queden exentas de prestar el servicio militar, ni tampoco aspira a crear respecto de ellas preferencia injustificada ni trato discriminatorio, por comparación con quienes, por diversas circunstancias, no acuden en esa época a las aulas universitarias”.
“Se da entonces en la norma acusada un trato igual para quienes se hallan en idéntica situación —bachilleres matriculados en instituciones de educación superior— y se plasma una consecuencia diversa respecto de quienes están en otras circunstancias, lo cual desarrolla el derecho a la igualdad que, en los términos de la jurisprudencia de esta corporación, interpretando el texto constitucional, supone precisamente ‘trato igual entre iguales y trato diferente en condiciones distintas’. La Carta no contempla una igualdad matemática que desconozca las diferencias intrínsecas o que pase por encima de situaciones que, desde el punto de vista fáctico, sean en verdad diferentes de las generales”.
6.2.2 Adicionalmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-456 de 2002(48), al estudiar la constitucionalidad del artículo 2º (parcial) de la Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a la incorporación de los jóvenes bachilleres al servicio militar”(49), sostuvo que:
“Cuando el Congreso de la República decide expedir la Ley 642 de 2001 introduce un cambio sustancial al extender la posibilidad de aplazamiento y los beneficios previstos en la Ley 548 de 1999, a los estudiantes de bachillerato que finalicen sus estudios aun siendo mayores de edad. Desde el 2001 con la Ley 642, es cuando la situación fáctica de los jóvenes que al finalizar sus estudios de bachillerato siendo mayores de edad que resultan elegidos para prestar el servicio militar, pueden válidamente aplazar el cumplimiento del deber. En ningún momento, antes de la expedición de la Ley 642 de 2001, los estudiantes mayores de edad podían postergar la prestación del servicio militar. El aplazamiento hasta antes de la ley en mención solo era una figura que operaba en favor de los menores de edad”.
“Así las cosas, los jóvenes bachilleres mayores de edad que pueden exigir la aplicación del aplazamiento y los beneficios solo son quienes finalicen sus estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley 548 de 1999. Pero los jóvenes, que desde 1997 estaban facultados por la Ley 418 de 1997, para aplazar el servicio militar por ser menores de edad y al momento de entrar en vigencia la Ley 548 de 1999, se encontraban cursando estudios de pregrado, son también sujetos cubiertos por los dos beneficios adicionales y accesorios del aplazamiento”.
6.3. Así, las condiciones mediante las cuales los colombianos deben cumplir con el deber de prestar el servicio militar obligatorio, son las siguientes: (i) desde 1997 los estudiantes de bachillerato menores que hubieren resultado elegidos para prestar el servicio militar, deben aplazar su incorporación a las filas de la Fuerza Pública hasta tanto cumplan la mayoría de edad, (ii) los jóvenes elegidos para prestar el servicio militar que cumplan la mayoría de edad, estando matriculados en un curso de pregrado de un centro de educación superior, pueden aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando finalicen los estudios de pregrado u optar por cumplir inmediatamente con el deber de prestar el servicio, en cuyo caso la institución educativa deberá reservar el cupo en igualdad de condiciones, (iii) en 1999 para los jóvenes que hubieren aplazado el servicio militar hasta finalizar sus estudios se creó el beneficio de reducirlo a seis meses y la posibilidad de homologarlo con los servicios sociales que exigen determinadas profesiones y en el 2001 el beneficio del aplazamiento se extiende a los jóvenes bachilleres mayores quienes al finalizar sus estudios de secundaria pueden, igual que los menores, aplazar el servicio militar hasta cuando finalicen sus estudios de pregrado universitario.
6.4. En este orden de ideas, en consonancia con la Ley 548 de 1999 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones.”, la Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el artículo 2º., inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a incorporación de jóvenes bachilleres al servicio militar”, y la Sentencia C-456 de 2002(50), que declaró EXEQUIBLE en forma condicionada la expresión “y cobija a quienes finalicen sus estudios durante la vigencia de la Ley 548 de 1999 del artículo 2º de la Ley 642 de 2001”, las causales de aplazamiento por el tiempo que subsistan son las siguientes:
“a. Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se encuentren adelantando estudios, se les debe aplazar la definición de la situación militar hasta cuando terminen los estudios de pregrado.
b. Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio.
c. Encontrarse detenido preventivamente por las autoridades civiles en la época en que deba ser incorporado.
d. Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar.
e. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa.
f. El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y agentes.
g. El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller por pérdida del año.
h. El conscripto que reclame alguna exención al tenor del artículo 19 de la presente ley”.
7. La protección que se predica frente al derecho a la educación se circunscribe a todos los ámbitos que conforman el sistema educativo.
7.1. Para efectos de identificar con mayor precisión cuál es el universo de los sujetos a quienes les resulta aplicable la figura del aplazamiento a la que se refiere el literal a) transcrito, debe indagarse sobre el alcance que el ordenamiento jurídico colombiano le ha dado al derecho a la educación.
7.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Carta Política(51), la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social que le permite a los individuos el acceso a todos los bienes y haberes de la cultura e igualmente, su incorporación eficaz y efectiva en el conglomerado social para el desarrollo pleno del conjunto de sus potencialidades. Lo dispuesto en el artículo 67 debe leerse en consonancia con lo establecido en el artículo 13 superior en el que se determina que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”
El Alto Tribunal en Sentencia T-396 de 2004(52), sostuvo que la educación es “un derecho de contenido amplio y dinámico, cuya prestación y cubrimiento debe ser garantizado por el Estado, la sociedad y la familia, sin que constitucionalmente sea admisible exclusión alguna a la protección que se impone a este derecho, pues ello desconocería el núcleo esencial del mismo, es decir, “[a]quel ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege independientemente de las modalidades o formas como él se manifieste” (subrayado fuera del texto).
En este mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-845 de 2010(53) expresó que el derecho a la educación es “(i) es un bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii) un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial (iv) comprende el acceso a un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores del proceso educativo”.
7.3. A partir de la disposición contenida en el artículo 67 superior y demás normas que rigen el derecho a la educación, la Corte ha entendido que el ordenamiento constitucional colombiano debe proteger este derecho sin discriminación alguna. Según la Corte, afirmar que unos tipos de educación tienen mayor valor que otros supone “diseñar prohibiciones tácitas y restricciones arbitrarias”(54) que terminarían por desconocer la protección trazada por la Corte Constitucional frente al derecho a la igualdad.
7.4. La Corte ha protegido de manera amplia y dinámica el derecho a la educación en diferentes escenarios constitucionales. Quizás esa protección se ha acentuado y se ha reflejado con mayor fuerza en materia de seguridad social cuando para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo del causante, estos deben acreditar debidamente su condición de estudiantes.
7.4.1. Esta corporación en Sentencia T-1677 de 2000(55), examinó el caso de una persona beneficiaria de una pensión de sobrevivientes a quien la entidad de seguridad social a la que estaba afiliada la retiró de la nómina con el argumento según el cual “la institución en donde actualmente adelantaba unos estudios de técnico en auxiliar preescolar, no era ‘en estricto sentido, universidad’”. En esta ocasión, la Sala Séptima concedió el amparo solicitado pues estimó que en el caso sub lite se había vulnerado el derecho a la educación de la peticionaria, al exigir como condición para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes cursar estudios en una institución de educación formal. Al respecto, sostuvo:
“Así las cosas, estima la Corte que por las especiales circunstancias que se presentan en este caso, en donde está involucrado el derecho a la educación de un estudiante, el juez de instancia ha debido conceder la tutela, otorgando amparo a los derechos invocados por el demandante, pues se reitera, que en un Estado Social de Derecho los jueces están llamados a garantizar los derechos fundamentales como la educación, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la buena fe, procurando el reconocimiento y respeto de los educandos, por encima de consideraciones de orden legal, pues con ello se materializan los fines del Estado y de la comunidad, tales como la convivencia, igualdad, respeto a la dignidad humana, la promoción de la prosperidad general, la garantía y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta”.
7.4.2. En Sentencia T-903 de 2003(56), la Corte se ocupó de analizar si la disposición contenida en el artículo 15(57) del Decreto 1889 de 1994, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993”, y en la cual se exigía para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes en condición de estudiante, certificación auténtica expedida por un establecimiento de educación formal básica, media o superior, aprobado por el Ministerio de Educación, constituía un requisito de carácter restrictivo que no se ajustaba a los postulados constitucionales que buscaban garantizar la protección del derecho fundamental a la educación. A propósito de ello, señaló que:
“Es necesario resaltar que el derecho a la educación, tal y como fuera consagrado por el constituyente en el artículo 67 superior, goza de un contenido esencial amplio y dinámico que irradia a todas las esferas del sistema educativo nacional, dentro de cuyos objetivos está el de promover el mayor número de oportunidades de acceso, de acuerdo con los planes y programas que sean definidos por el Legislador en el ejercicio de las competencias asignadas”.
“Si la Constitución y la ley no hacen exclusiones frente a los tipos de educación, cuya calidad y cubrimiento se imponen por mandato constitucional y legal, al estado, la sociedad y la familia, con mayor razón, no es posible que una restricción reglamentaria (D. 1889/94, art. 15) impida el acceso y permanencia en cualquiera de los niveles de educación ofrecidos por el estado, a una persona que escoge libremente la institución educativa a la cual desea acceder entre las opciones educativas disponibles, de conformidad con su capacidad socio-económica y sus expectativas de formación, una interpretación contraria, violaría el núcleo esencial del derecho a la educación, núcleo que ha sido estructurado, según la jurisprudencia constitucional, en la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo y de permanecer en este”(58).
Con fundamento en lo anterior, la Corte concedió el amparo invocado y resolvió inaplicar para el caso concreto, por ser contrario a la Constitución Política, el artículo 15 del Decreto 1889 de 1994.
7.4.3. En esta misma línea, la Corte en Sentencia T-1037 de 2007(59) concedió el amparo de un ciudadano, a quien el ISS se negó a reconocerle y pagarle la pensión sustitutiva a la que tenía derecho con el argumento de no encontrarse inscrito en un programa universitario sino en uno correspondiente a educación no formal en las instalaciones del SENA.
En esta ocasión, el alto Tribunal Constitucional, acentuó la amplitud en que de conformidad con la Constitución, la jurisprudencia constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos debía ampararse la educación. Para explicar ese alcance y extensión, la Corte partió de la diferencia existente en torno a la educación formal(60) y no formal(61) para luego sostener que ambas merecían igual respeto y protección, siendo inadmisible efectuar distinciones entre una y otra, encaminadas a obstruir el acceso a la educación.
La Corte concluyó que cualquier intento encaminado a limitar el ejercicio y goce del derecho fundamental a la educación, “sin existir un motivo constitucionalmente relevante que lo justifique, debe considerarse arbitrario y desencadena la urgencia de proteger el derecho por vía de tutela así como la necesidad de activar los demás instrumentos jurídicos y administrativos procedentes para exigir al Estado o al particular respectivo el cese inmediato de la vulneración”(62).
7.4.4. En consecuencia, como lo ejemplifican los casos citados, la garantía constitucional establecida por el artículo 67 respecto al adecuado cubrimiento del servicio y el derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo, permite concluir que la educación debe ser objeto de protección por parte del Estado, independientemente de su naturaleza a saber, formal, no formal o informal, la modalidad en que esta se desarrolle (técnica, tecnológica, complementaria o similar naturaleza), o la institución educativa en la que se realice. Por ende, está prohibido conforme la jurisprudencia previamente citada, que un programa de formación y capacitación en una determinada profesión u oficio pueda ser dejado de lado por no ser de carácter universitario o profesionalizante. Ello supondría, establecer diferencias entre tipos de educación sin tener puntos objetivos de comparación constitucionalmente admisibles.
Se reitera, que la protección integral del derecho a la educación debe otorgarse sin discriminación alguna en tanto su garantía permite el reconocimiento de otros derechos constitucionales fundamentales.
7.5. Una vez establecido el alcance jurisprudencial del derecho a la educación, la Sala procederá a examinar el régimen de las escuelas normales superiores al interior del ordenamiento jurídico colombiano, en tanto el peticionario se encuentra adelantando estudios en una institución educativa de esta naturaleza.
7.5.1 La Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, aborda el tema de las Instituciones formadoras de educadores en su artículo 112. En efecto dispone:
“Corresponde a las universidades y a las demás instituciones de educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, la formación profesional, la de postgrado y la actualización de los educadores”.
“PAR.—Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. Estas operarán como unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior”(63).
7.5.2 La educación que se realiza en escuelas normales superiores, se encuentra regulada por la Ley 115 de 1994(64), el Decreto 1860 de 1994(65), el Decreto 2903 de 1994(66), el Decreto 709 de 1996(67) y el Decreto 4790 de 2008(68).
7.5.3. La mencionada ley y demás normas reglamentarias, disponen conjuntamente que la misión de las escuelas normales superiores es la de formar educadores de reconocida idoneidad ética, moral y pedagógica, con base en las necesidades de las comunidades, para lo cual funcionan como unidades de apoyo académico de una institución de educación superior que se dedique a la consecución de tal fin(69).
Esta clase de instituciones, como todas las demás, deben ser aprobadas en su creación y funcionamiento por el Ministerio de Educación Nacional, quien es el encargado de señalar los lineamientos generales para la formación y acreditación de sus programas(70).
7.5.4. Además de la función que cumplen relativa a la formación de educadores en el nivel de preescolar y de educación básica primaria, dichas instituciones ofrecen un ciclo complementario de formación de docentes cuyo término de duración es de dos (2) años(71).
El Decreto 4790 de 2008, establece las condiciones básicas de calidad para la organización y el funcionamiento del programa de formación complementaria que puede ofrecer una escuela normal superior(72). En efecto, establece que dicho programa está incorporado al proyecto educativo institucional y corresponde al Ministerio de Educación Nacional verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del mismo(73).
De igual manera, dispone que para atender dicho ciclo complementario, la escuela normal superior deberá celebrar un convenio con una institución de educación superior que cuente con una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, con programas para la formación profesional de docentes. Este convenio establecerá las condiciones para el reconocimiento del ciclo complementario de formación docente recibido en la normal superior, como parte de los programas de pregrado conducentes a la obtención del título de licenciado(74).
Reglamenta igualmente que podrán ser aceptados en dicho programa, además de los bachilleres egresados de una escuela normal superior, los estudiantes egresados de la educación media que acrediten un título de bachiller en cualquier modalidad. Quien finalice y apruebe el programa de formación complementaria en una escuela normal superior debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, recibirá el título de normalista superior, que lo habilita para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en educación básica primaria(75).
7.6. Con fundamento en lo anterior, es posible colegir que, la protección que se predica frente al derecho a la educación, se circunscribe a todos los ámbitos que conforman el sistema educativo, dentro del cual la educación realizada en escuelas normales superiores es parte integrante. El fomento de la educación realizada en escuelas normales es un deber que se ha consagrado respecto del Estado por el parágrafo del artículo 112 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación” y que responde a los fines que se establecen por el artículo 5º de la referida ley para todo el sistema educativo(76).
7.7. En conclusión, la interpretación que se haga de las normas jurídicas relacionadas con el derecho a la educación, no puede conducir a actuaciones arbitrarias ni discriminatorias susceptibles de afectar la vigencia de otros derechos constitucionales fundamentales, en tanto ello contraviene los principios de un Estado Social de Derecho y los fines contemplados en el ordenamiento constitucional.
La Corte ha entendido que la protección de este derecho se predica de todos los ámbitos del sistema educativo, abarca todos sus niveles, modalidades y esferas que lo componen. Lo anterior, encuentra sustento en la necesidad de “proteger a la educación como forma de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo y el de asegurar la dimensión positiva del principio de igualdad para proteger a quienes a causa de sus estudios requieren durante algún tiempo un tratamiento diferencial”(77).
8. El Ejército Nacional desconoce el derecho a la educación del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, al exigir como requisito para proceder al aplazamiento en la prestación del servicio militar, que aquel se encuentre cursando estudios superiores formales.
8.1. La presente acción de tutela se interpuso contra la decisión del Ejército Nacional de negarse a conceder al actor el aplazamiento de su obligación de prestar el servicio militar y proceder a su incorporación y posterior reclutamiento aun cuando se encontraba adelantando estudios en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, en el programa de formación complementaria, primer semestre para formación de docentes.
8.2. El Ejército Nacional, expuso que:
“Según lo verificado en el SNIES, sistema nacional de información de educación superior, y la Ley 30 de educación, y el Ministerio de Educación Nacional el programa académico que pretende soportar este ciudadano no se encuentra establecido como un programa académico de educación superior para que sea tenido en cuenta según lo establece el Decreto 2124 del 16 de junio de 2008, según el cual:
‘Los bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no definan su situación militar por estar cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, se les aplazará su situación hasta por dos años más, mediante la entrega de una nueva tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de reemplazos en las Fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación militar que les corresponda y la tarjeta de reservista de segunda clase”.
8.3. La Constitución Política es diáfana al consagrar y proteger la educación, sin importar nivel, modalidad o claustro, como un derecho superior, por lo que mal puede el Ejército Nacional condicionar el reconocimiento de una prerrogativa que para el caso comprende el aplazamiento en la prestación del servicio militar, a que la persona se encuentre matriculada estrictamente en una institución de educación formal, como lo serían los centros universitarios, desestimando los establecimientos educativos que el mismo Estado “ha autorizado mediante actos administrativos para que ofrezcan programas educativos a la sociedad, facilitando el acceso a las personas, acorde, desde luego, a su vocación y condiciones socioeconómicas”(78).
8.4. Conforme con lo anterior, la Sala considera pertinente establecer que la calidad de estudiante que debe acreditarse para lograr el aplazamiento en la prestación del servicio militar, no puede predicarse única y exclusivamente de quienes se encuentren matriculados en centros universitarios. Aceptar este planteamiento, supondría permitir un trato discriminatorio frente a quienes optan por otras modalidades u opciones de estudio que el propio sistema educativo les ofrece y que son igualmente validas a la luz de los postulados constitucionales.
Hay muchas personas cuyo ingreso al mercado profesional con miras a capacitarse para el ejercicio de un oficio o empleo que les permita ejercer su proyecto de vida, no lo hacen a través de la universidad sino por intermedio de instituciones técnicas, tecnológicas o incluso complementarias, cuyo aporte a la sociedad es igualmente valioso y merece la misma importancia y aceptación por parte del conglomerado social.
Vale la pena precisar, que dadas las dificultades sociales y económicas por las que atraviesa nuestro país, muchas personas no tienen la posibilidad de acceder a la educación que ofrece una universidad(79), razón por la cual acuden a otras formas de educación acorde con su capacidad económica y sus expectativas de formación.
Por ende, no existe justificación para que aquellos procesos de formación y capacitación en una profesión u oficio diferentes a los universitarios, debidamente reconocidos y aprobados por las autoridades y comparables con estos últimos en sus aspectos objetivos (finalidad, duración, calidad, carga horaria, etc.) no puedan ser tratados iguales, pues ello constituiría una restricción injustificada al goce y ejercicio efectivo de los derechos constitucionales a la educación y a la igualdad.
8.5. Por estas razones, la calidad de estudiante del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, no podía ser cuestionada por el Ejército Nacional, teniendo en cuenta que la educación que se desarrolla en escuelas normales superiores, se encuentra aprobada y regulada por la Ley General de Educación(80) y protegida por el ordenamiento constitucional. Además, en el expediente obra prueba suficiente que demuestra que el actor ocupaba toda su jornada diurna en las labores que demanda su programa complementario de formación de docentes(81).
La Corte no puede pasar por alto que en virtud de la importancia y responsabilidad social que tiene el servicio de la docencia, el Ejército Nacional, con su actuación, interrumpió la aspiración legítima del estudiante para contribuir a fortalecer su proceso de desarrollo y crecimiento personal y olvidó que la formación educativa del actor, se constituía en una labor socialmente trascendente que en efecto permitía la realización y la vigencia de otros valores y principios constitucionales.
8.6. En conclusión, la Corte entiende que con la obligación impuesta al actor de cursar sus estudios en una institución de educación superior, concretamente en una universidad y la consecuente prohibición tácita de adelantarlos en una Escuela Normal, se vulneró su derecho a la educación y concretamente al acceso y permanencia en el sistema educativo, sistema que como bien se advirtió atrás, goza de diversos componentes, que han sido expresamente regulados en la Ley General de la Educación. Dentro de estos componentes se encuentra la educación adelantada en escuelas normales superiores, la cual se encuentra amparada por el sistema de protección que prodiga la Carta Fundamental en su artículo 67.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el derecho a la educación es un presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos fundamentales y tiene injerencia directa en su efectividad(82), la intensidad de la interpretación y de la medida limitativa adoptada por el Ejército Nacional frente a las posibilidades de acceder al aplazamiento del servicio militar, restringió el derecho al libre desarrollo de la personalidad del actor con ocasión de la posibilidad de optar por la institución de educación que se encontrara acorde con su proyecto de vida y eventualmente con sus condiciones socioeconómicas, así como también, el derecho a la igualdad de oportunidades educativas, por cuanto se ejerció un trato discriminatorio frente al joven por encontrarse cursando sus estudios en una escuela normal superior.
En circunstancias como la presente, en la que la prestación del servicio militar obligatorio, le impide al accionante continuar su proceso educativo procede el amparo en aras de salvaguardar su derecho fundamental a la educación.
9. El Ejército Nacional desconoció el derecho al debido proceso administrativo de Juan Sebastián Ortiz Mejía, al omitir el procedimiento establecido en la ley para la definición de su situación militar.
9.1. Una de las principales garantías del debido proceso es, precisamente, la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”(83).
Es por ello que en este caso, la Sala advierte una vulneración del debido proceso administrativo por las siguientes razones:
9.2. Se evidencia conforme con las pruebas que obran en el expediente, que Juan Sebastián Ortiz Mejía, fue citado a incorporación en el mes de marzo del año dos mil trece (2013)(84). Sin embargo, desde el catorce (14) de febrero del mismo año según constancia allegada al expediente, se encontraba matriculado y cursando el primer semestre del programa de formación complementaria para formación de docentes que ofrecía la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja(85).
9.3. Si se observa en conjunto el capítulo II de la Ley 48 de 1993(86), se verá que la definición de la situación militar es un proceso conformado por una serie de etapas que van desde la inscripción hasta la clasificación de aquellos que por razón de una causal de exención, aplazamiento, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio o se les haya aplazado temporalmente el mismo.
En ese sentido, las autoridades castrenses, al momento de definir la situación militar de un ciudadano, además de dar estricto cumplimiento al procedimiento establecido para tal fin, deben realizar una actuación encaminada a establecer la real situación que envuelve al posible conscripto con sujeción a las etapas previamente establecidas en la ley y previo a cualquier decisión que comprometa el ejercicio pleno de su libertad personal.
9.4. Después de estudiar la actuación surtida por parte de las entidades accionadas y contrastarla con los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales, la Sala Primera de Revisión concluye que la conducta desplegada con respecto a la incorporación a filas del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía es contraria a dichos postulados. A esta conclusión llega la Sala tras comprobar que el joven fue abordado por el personal militar y posteriormente incorporado al servicio militar obligatorio, sin haber estudiado y analizado por completo los documentos allegados por el actor, en los que daba cuenta de los estudios que para ese momento se encontraba adelantando.
Al formar ello parte del procedimiento establecido para la definición de la situación militar(87), las autoridades demandadas, tenían la obligación de verificar las circunstancias particulares del caso antes de proceder al reclutamiento del estudiante y de esta manera evitar cualquier arbitrariedad que terminara por desconocer no solo su derecho fundamental al debido proceso sino también a la educación.
9.5. En armonía con lo anterior, la dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, expuso que el joven Juan Sebastián Ortiz, “se encuentra incorporado ya que no presentó soportes el día de la incorporación, para que pudiera quedar exento de la prestación del servicio militar, y entre ellos no presentó o demostró ninguna inhabilidad, o exención de ley para no prestar el servicio militar”(88).
El argumento esgrimido por la entidad demandada se encuentra desvirtuado conforme con los soportes de estudios que según lo establece el demandante fueron aportados por él el día de la incorporación, e incluso, posteriormente por su padre(89), los cuales obran en el expediente(90). Inclusive, si en gracia de discusión el joven Ortiz Mejía no hubiera informado que era estudiante del programa de formación complementaria para docentes en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, esa no es una razón suficiente para concluir que la causal de aplazamiento no se encontraba configurada, en tanto la certificación de estudios aportada se constituía en una causal objetiva para aplazar la prestación del servicio militar obligatorio prevista en el ordenamiento jurídico, cuestión que a continuación se discutirá.
9.6. En conclusión, si bien la Constitución y la ley, le reconocen a las autoridades castrenses, la facultad para adelantar el proceso de prestación del servicio militar, esta facultad no es absoluta y sin límites, pues supone la observancia del procedimiento previamente establecido en la Ley para tal fin como manifestación expresa de la garantía constitucional al debido proceso.
10. Juan Sebastián Ortiz Mejía se encuentra amparado por una causal de aplazamiento por lo que no estaba en la obligación de prestar servicio militar para el momento en que fue incorporado y posteriormente reclutado a la filas del Ejército Nacional.
10.1. Las entidades accionadas mencionan que al momento de la inscripción, para definir su situación militar, el accionante no logró acreditar su calidad de estudiante de un programa académico de educación superior formal. No obstante, al ser incorporado efectivamente al servicio, el joven Juan Sebastián ya contaba con la condición que le permitía invocar a su favor, una causal de aplazamiento en la prestación del servicio militar, lo que, por consiguiente, se traducía en el hecho de atender la obligación constitucional y legal de suspender la prestación del mismo.
10.2. Una interpretación conjunta de las normas que regulan el aplazamiento en la prestación del servicio militar(91) y que previamente fueron relacionadas en el acápite Nº 6 de esta providencia, permiten concluir que el límite máximo que tienen los jóvenes menores y mayores de edad elegidos para definir la situación militar se presenta al momento de finalizar los estudios de pregrado. Luego, quienes para ese momento, se encuentren adelantando cualquier clase de estudios previos a la formación en sede de pregrado, en estricto sentido no se encuentran aún en la obligación de dar cumplimiento a este deber, lo que no excluye la protección que el estado debe darle a ese proceso de formación educativa que se esté realizando.
Lo dispuesto en la Leyes 48 de 1993, 418 de 1997, 548 de 1999, 642 de 2001 y el Decreto 2124 de 2008, respecto a las condiciones para cumplir el deber de prestar el servicio militar, forman una proposición jurídica inseparable. Las disposiciones se condicionan y se complementan mutuamente y por ello, no es factible aplicarlas en forma separada para construir hipótesis jurídicas distintas a las allí previstas.
10.3. El Ejército Nacional invocó el Decreto 2124 de 2008(92), como argumento suficiente para descartar la presencia de una causal de aplazamiento en el presente asunto(93), en tanto el mismo exigía como presupuesto para ello, que la persona se encontrara cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, circunstancia que a su juicio no se acreditaba en el caso concreto(94).
La opción de aplazamiento prevista en el artículo 13 del referido decreto es tan solo un supuesto específico que responde al proceso más frecuente de formación educativa que siguen los jóvenes en nuestro país y que en efecto reitera la regla general según la cual la finalización de los estudios de pregrado es el límite legal para definir la situación militar.
No obstante, esta disposición no puede aplicarse al amparo de una interpretación estrecha en exceso, que termine por desconocer y limitar el derecho a la educación de quienes hayan optado por otras modalidades educativas que el mismo sistema ofrece distintas a la universitaria. La finalidad de la norma es la de favorecer el derecho de los estudiantes para que continúen con su proceso educativo pero en ningún momento, persigue la creación de distinciones injustas o el ánimo discriminatorio de favorecer un estamento de la sociedad en beneficio del otro.
Conforme la jurisprudencia constitucional que vincula a todos los jueces, la Constitución y la ley no hacen exclusiones frente a los tipos y modalidades de educación que el sistema educativo ofrece y protege, por ende, no es admisible que una disposición reglamentaria (D. 2124/2008, art. 13) impida el acceso y permanencia a la educación de una persona que escoge libremente la institución educativa a la cual desea acceder conforme su capacidad socioeconómica y sus expectativas de formación. En efecto, cualquier intento encaminado a limitar y restringir el ejercicio del derecho a la educación en su concepción amplia y dinámica y sin existir justificación objetiva para ello, es reprochable constitucionalmente y supone su inmediata protección a través de la acción de tutela.
10.4. En este orden de ideas y contrario a lo establecido por el Ejército Nacional, la certificación expedida por la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, según la cual, para el momento de la incorporación, el joven Juan Sebastián Ortiz Mejía se encontraba “matriculado y cursando el primer semestre del programa de formación complementaria, correspondiente al año lectivo 2013”(95), era suficiente para concluir que se configuraba la causal de aplazamiento prevista en el ordenamiento jurídico, la cual para el caso, ya se había convertido en una situación jurídica válida.
En efecto, las entidades demandadas olvidaron que “el aplazamiento les permite, una vez sean profesionales, cumplir con esta obligación en forma más productiva para la institución y para el país, en cuanto gozan de una mejor formación y conocimientos, lo cual redunda en una profesionalización de las Fuerzas Armadas”(96).
10.5. Vale la pena recordar que la Escuela Normal Superior Cristo Rey es una entidad educativa estatal del nivel nacional, creada por el gobierno nacional y aprobada mediante Resolución 1233 del 28 de octubre de 1999(97) emanada de la Secretaria de Educación Departamental, que ampara los grados de transición nivel preescolar, 1º a 9º de básica secundaria, 10º a 11º de media vocacional y semestres primero, segundo, tercero y cuarto del programa de formación complementaria(98).
Actualmente tiene un convenio vigente suscrito con la Universidad Industrial de Santander (UIS), el cual tiene por objeto el acompañamiento y asesoría de la universidad a la escuela normal superior para que consolide el ciclo complementario conducente a la formación de normalistas superiores y se les garantice la continuidad de su proceso de formación en la universidad, tendiente a la obtención de su título de licenciado en educación básica(99).
Conforme el citado convenio, los estudios realizados y aprobados en el Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, deben reconocerse como parte de la formación de cuatro (4) semestres de pregrado conducente a la obtención del título de licenciado en Educación Básica(100). En este orden de ideas, dicho programa forma parte de un proceso integral de formación para el reconocimiento de estudios profesionales, cuyo funcionamiento se encuentra debidamente aprobado por el Ministerio de Educación mediante Resolución 8111 del catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2010)(101).
Así las cosas, el estudiante Juan Sebastián Ortiz Mejía se encontraba para el momento de su incorporación, cursando estudios de pregrado en una institución educativa que si bien no es un centro universitario, como lo exige el Decreto 2124 de 2008, “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota de compensación militar”, si se trata de una institución que forma parte del sistema educativo, el cual como previamente se mencionó, goza de diversos componentes que han sido expresamente regulados e igualmente protegidos en la Ley General de la Educación(102), dentro de los cuales se encuentra la educación adelantada en escuelas normales superiores.
Es con fundamento en ello que puede afirmarse que las autoridades accionadas han basado su proceder en un criterio que la Constitución Política, prima facie, prohíbe. El artículo 13 del Estatuto Superior es explícito al establecer que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo que recibirán la misma protección y trato de las autoridades públicas y gozaran de los mismos derechos.
10.6. Ahora bien, si en gracia de discusión, se aceptara la aplicación estricta y puramente formal del artículo 13 del Decreto 2124 de 2008, la Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”, es muy clara al establecer en su artículo 2º que los jóvenes elegidos para prestar el servicio militar que al haber alcanzado la mayoría de edad se encuentren matriculados o admitidos en un programa de pregrado de un centro de educación superior, pueden aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando finalicen los estudios de pregrado u optar por cumplir inmediatamente con el deber de prestar el servicio, en cuyo caso la institución educativa deberá reservar el cupo en igualdad de condiciones(103).
Si bien el Decreto 2124 de 2008, es una norma posterior a la Ley 548 de 1999, esta última disposición es de mayor rango y jerarquía al interior del ordenamiento jurídico colombiano(104), y por ende debe aplicarse al caso concreto, en tanto la situación fáctica que el mismo contempla se ajusta plenamente a las circunstancias del caso conforme la jurisprudencia previamente citada. En efecto, para el año dos mil trece (2013), momento en el cual el Ejército Nacional procedió al reclutamiento y posterior incorporación del joven(105), este ya contaba con veinte (20) años de edad(106) y se encontraba cursando sus estudios de pregrado correspondientes al ciclo complementario para formación de docentes en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, tal como se extrae de la constancia de estudios allegada al proceso(107).
Así las cosas, resulta claro que conforme la disposición contenida en la Ley 548 de 1999, el estudiante se encontraba en pleno derecho de aplazar la prestación del servicio militar hasta tanto culminara sus estudios de pregrado según la jurisprudencia previamente citada en la que se ha hecho especial énfasis sobre la protección del derecho a la educación sin discriminación alguna.
10.7. La Corte Constitucional ha protegido el derecho a la educación y al debido proceso de quienes han sido reclutados para la prestación del servicio militar obligatorio, sin tener en consideración la configuración de una causal de aplazamiento por encontrarse adelantando estudios para ese momento(108). En Sentencia T-699 de 2009(109), esta corporación examinó el caso de un ciudadano a quien las autoridades militares procedieron a reclutar sin tener en cuenta que para ese momento se encontraba cursando noveno (9º) grado de bachillerato.
En esta ocasión, la Corte concedió el amparo invocado tras advertir una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y educación del peticionario. A su juicio la certificación expedida por la institución educativa donde se encontraba adelantando sus estudios, era suficiente para concluir que se configuraba una causal objetiva de aplazamiento del servicio militar prevista en el ordenamiento jurídico(110).
10.8. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la orden de la Sala debería ir encaminada a la desincorporación inmediata del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía como soldado bachiller del Ejército Nacional, en tanto quedó debidamente demostrada la causal de aplazamiento según la cual, “Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se encuentren adelantando estudios, se les debe aplazar la definición de la situación militar hasta cuando terminen los estudios de pregrado”.
No obstante se logró constatar que en la actualidad el joven se encuentra matriculado y cursando segundo semestre del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, correspondiente al año dos mil trece (2013), en el horario de 6:15 a.m. a 1:00 p.m. con una intensidad horaria de treinta y ocho (38) horas semanales(111).
Con base en lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir tal orden, en cuanto se presenta con relación a la pretensión de desincorporación incoada por el accionante, un hecho superado(112). Así las cosas, la Sala de Revisión considera que el pronunciamiento del juez de tutela ha perdido su finalidad respecto de este especifico aspecto, pues la situación generadora de tal vulneración ha sido superada, por lo que la acción de tutela carece de objeto actual. Sin embargo, se prevendrá a la entidades demandadas para que en el futuro se abstengan de reclutar e incorporar al Ejército Nacional, a todas aquellas personas que al momento de definir su situación militar se encuentren inmersas en un proceso educativo de formación y capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella esté debidamente reconocida y, las circunstancias particulares del caso se ajusten a los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional en la presente providencia.
De igual manera, como forma de protección a los derechos fundamentales de Juan Sebastián Ortiz Mejía, las autoridades militares accionadas deberán garantizar la no repetición, para lo cual se ordenará que resuelvan su situación militar conforme las normas que rigen la materia en términos de igualdad y teniendo en cuenta que en la actualidad este se encuentra cursando el segundo semestre del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. En este sentido, no se podrá adelantar actuación alguna tendiente a la incorporación del estudiante a la filas del Ejército Nacional hasta tanto termine los estudios que se encuentra adelantando.
11.1. A partir de la disposición contenida en el artículo 67 superior y demás normas que rigen el derecho a la educación, la Corte ha entendido que el ordenamiento constitucional colombiano debe proteger este derecho sin discriminación alguna. Afirmar que unos tipos de educación tienen mayor valor que otros supone “diseñar prohibiciones tácitas y restricciones arbitrarias”(113) que terminarían por desconocer la protección trazada por la Corte Constitucional frente al derecho a la igualdad.
11.2. La interpretación que se haga de las normas jurídicas relacionadas con el derecho fundamental a la educación, no puede conducir a actuaciones arbitrarias ni discriminatorias susceptibles de afectar la vigencia de otros derechos constitucionales.
11.3. El Ejército Nacional viola los derechos fundamentales al debido proceso y educación de una persona con su decisión de incorporarlo y reclutarlo para efectos de la prestación del servicio militar obligatorio, cuando esta se encuentra inmersa en un proceso educativo de formación y capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella esté debidamente reconocida.
Primero. REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el diez (10) de abril de dos mil trece (2013), que resolvió negar por improcedente el amparo invocado y en su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto Juan Sebastián Ortiz Mejía fue desincorporado de las filas del Ejército Nacional y actualmente se encuentra matriculado y cursando el segundo semestre del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja.
Segundo. ADVERTIR al Ejército Nacional que como forma de protección a los derechos fundamentales de Juan Sebastián Ortiz Mejía, deberá garantizar la no repetición, para lo cual se ordenará que resuelva su situación militar conforme las normas que rigen la materia en términos de igualdad y teniendo en cuenta que en la actualidad aquel se encuentra inscrito en una institución educativa pública. En este sentido, no se podrá adelantar actuación alguna tendiente a la incorporación del estudiante a la filas del Ejército Nacional hasta tanto termine los estudios que se encuentra adelantando.
Tercero. ADVERTIR al Ejército Nacional que en lo sucesivo se abstenga de reclutar e incorporar para efectos de la prestación del servicio militar obligatorio, a todas aquellas personas que al momento de definir su situación militar se encuentren inmersas en un proceso educativo de formación y capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella esté debidamente reconocida.
Cuarto. ORDENAR al Ejército Nacional que remita copia de esta providencia a todas las dependencias encargadas de tramitar cualquier tipo de reclutamiento e incorporación con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio.
Quinto. Por secretaría general de la Corte, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) Constancia de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, en la que se certifica por parte de la señora Sonia Ángela Castro Romero, rectora de la referida Institución, que “Ortiz Mejía Juan Sebastián, se encuentra matriculado en esta institución educativa, cursando el primer semestre del programa de formación complementaria, correspondiente al año lectivo 2013. Horario: 6:15 a.m. a 1:00 p.m., Fecha de inicio: 14 de febrero al 7 de junio de 2013.” “Se expide en Barrancabermeja, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2013.” Al respecto se dispone que: “La rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, plantel oficial aprobado por la Resolución 1233 del 28 de octubre de 1999, emanada de la secretaria de Educación Departamental. Que ampara los grados de: transición nivel preescolar, 1º a 9º de básica secundaria, 10º a 11º de media vocacional y semestres primero, segundo, tercero y cuarto del programa de formación complementaria. Con acreditación de calidad y desarrollo emanada por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución 8111 del 14 de septiembre de 2010, para formación de docentes. Código Icfes 014458. Registro Educativo Nº 168081-00839. S.E. Nº 46. Código DANE 168081000831” (fl 9). Adicionalmente, la rectora de la referida institución, dentro del trámite de la acción de tutela y en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala de Decisión Penal, mediante Oficio 2898 del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), informó que “De acuerdo a su comunicación me permito informarle que el joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, identificado con cédula de ciudadanía número 1.096.219.557 expedida en Barrancabermeja, se encuentra matriculado para el año lectivo 2013 en el primer semestre de formación complementaria, avalada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 8111 del 14 de septiembre de 2010, para formación de docentes. La Escuela Normal Superior Cristo Rey, según el Ministerio de Educación Nacional tiene autorización para formar estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y además por ser nuestra institución normal superior ofrece el programa de formación complementaria (grados 12 y 13)” (fls. 19 al 28). En adelante, cuando se cite un folio, debe entenderse que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
(2) (Fl. 2).
(3) (Fl. 2).
(4) El accionante solicitó en su escrito de tutela, se ordenara la adopción de una medida provisional en la que se dispusiera el desacuartelamiento inmediato de su hijo para que pudiera acudir a sus actividades académicas, comoquiera que “el hecho de encontrarse en estos momentos reclutado y lejos de su ciudad, no le permite cumplir con sus responsabilidades académicas lo que conllevaría a que no hiciera los exámenes parciales que tiene para estos días y termine perdiendo el semestre” (fl. 2). No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Penal, mediante Oficio 2898 del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), dispuso que “comoquiera que no se cumplen las condiciones que impone el art. 7º del Decreto 2591 de 1991, no se accede a la solicitud de medida provisional elevada por el tutelante Ramón Ortiz Calderón, además, lo que se solicita es el objeto mismo de la tutela, y es al momento de resolver la presente acción donde se determina si existe o no violación de derechos fundamentales y de haber ocurrido si es necesario se disponen los respectivos correctivos para lograr el restablecimiento del derecho” (fls. 14 y 15).
(5) Auto del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), por medio del cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga dispuso que “Aunque no se dirige la acción contra el jefe de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional y dirección de reclutamiento y movilización del comando general de las Fuerzas Militares, por ser viable se procede a su vinculación al presente diligenciamiento” (fl. 13).
(6) Mediante Oficio 2898 del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga dispuso que a las entidades accionadas y a aquellas vinculadas de oficio, “se les enviará copia del escrito de tutela para que se sirvan dar respuesta a lo manifestado por el señor Ramón Ortiz Calderón, en un lapso no mayor a dos (2) días para que se pronuncien sobre lo siguiente: a) Si el joven Juan Sebastián Ortiz Mejía se encuentra actualmente prestando el servicio militar, en caso positivo especificar la modalidad, fecha de incorporación y sitio donde se encuentra; igualmente si para el momento del reclutamiento o incorporación se tuvo en cuenta que se encuentra inscrito en el programa de formación complementaria primer semestre en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. b) Si el señor Ramón Ortiz Calderón o el joven Juan Sebastián Ortiz Mejía han presentado solicitud de aplazamiento de prestación del servicio militar hasta la culminación de estudios por encontrarse este último matriculado en el programa de formación complementaria primer semestre en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, de ser así indicar si ya se contestó, el sentido de la respuesta y la fecha en que se comunicó a los interesados, y en el evento de que no se haya respondido exponer los motivos. c) A su vez, si en las circunstancias de encuartelamiento (sic) en que se encuentra el joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, está en imposibilidad de interponer directamente acción de tutela contra dicha institución” (fls. 13 y 14).
(7) (Fl. 16).
(8) (Fl. 29).
(9) Capitán Josmar Yezid Velásquez Amezquita.
(10) (Fls. 30 y 31).
(11) Coronel Juan Carlos Mejía Gutiérrez.
(12) (Fls. 47 y 48).
(13) Teniente coronel Marino Valencia Rico.
(14) (Fls. 49 al 51).
(15) “Que según el Decreto 2124 del 16 de junio de 2008, establece en su artículo 13 que los bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no definan su situación militar por estar cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, se le aplazara su situación hasta por dos años más, mediante la entrega de una nueva tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de reemplazos en las fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación militar que les corresponda y la tarjeta de reservista de segunda clase” (fl. 51).
(16) Constitución Política. “ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)” .
(17) Sentencia T-372 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva). La Corte Constitucional conoció la demanda de tutela interpuesta por Álvaro Angarita, actuando como agente oficioso de su hijo, contra el Distrito Militar Nº 32, Zona Quinta de Reclutamiento del Ejército Nacional y otros, por considerar que estas autoridades vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, libertad y a recibir una protección especial por ser víctima del desplazamiento forzado. En esta ocasión, la Corte expuso la evolución de la jurisprudencia con relación a la legitimidad de los padres y madres de familia para instaurar una tutela en nombre de sus hijos mayores de edad, vinculados a las Fuerzas Militares, con el propósito de solicitar la desincorporación de las filas en aplicación de causales de exención o aplazamiento. En esta oportunidad, la Corte consideró que: “cuando un joven es incorporado a las fuerzas militares para prestar el servicio militar obligatorio es llevado a una concentración en la que le son impuestas estrictas normas, entre las cuales se encuentran las que limitan la libre disposición de su tiempo y su libre movilización por el territorio nacional, principalmente durante la instrucción militar básica. En este sentido el artículo 39 de la Ley 48 de 1993 señala que durante la prestación del servicio militar obligatorio el conscripto solo tiene derecho “a un permiso anual con una subvención de transporte equivalente al 100% de un salario mínimo mensual vigente y devolución proporcional de la partida de alimentación”. Esto significa que, en principio, podrá salir de la concentración solo una vez durante todo el período del servicio. Adicionalmente, dado que prima facie el soldado está obligado a obedecer a un superior jerárquico, es este último quien tiene la facultad de determinar el lugar en el que debe prestar el servicio militar, así como la forma de obtener el permiso legalmente reglamentado, y todos los demás que pudieran ser otorgados como estímulo por el mismo superior”. Con fundamento en lo anterior, esta corporación concluyó que es desproporcionado someter a quienes se encuentran prestando servicio militar obligatorio a realizar todos los trámites correspondientes a la instauración de la acción de tutela de manera personal.
(18) (Fl. 1).
(19) En cuanto a la situación particular del joven Juan Sebastián Ortiz, la dirección de reclutamiento y control de reservas, Distrito Militar Nº 34 de las Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional, sostuvo que: “actualmente se encuentra incorporado en las filas del Ejército prestando su servicio militar obligatorio como soldado bachiller en el Batallón de Servicios Nº 28 (ubicado en el Batallón ASPC Nº 28 “Bochica” km 1 vía Villavicencio barrio Mateo Puerto Carreño) siguiendo la normatividad que nos exige la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamente (sic) el servicio de reclutamiento y movilización en el cual el Congreso de la República decreta las normas rectoras” (fl. 30). Adicionalmente, la dirección de reclutamiento y control de reservas de las Fuerzas Militares de Colombia - Ejército Nacional, expuso que: “Al revisar en el sistema integrado de información de reclutamiento (SIIR), se verificó que el ciudadano Juan Sebastián Ortiz Mejía, adelantó el proceso de inscripción a través del Distrito Militar 34 adscrito a la Quinta Zona de reclutamiento como integrante del segundo contingente del año 2013 y fue citado a incorporación el 17 de marzo de dos mil trece (2013)” (fl. 47).
(20) “Encuentra esta Sala que los requisitos previstos para la configuración de la agencia oficiosa se satisfacen a cabalidad dado que se hace manifestación en tal sentido por parte del progenitor del joven Juan Sebastián y la fundamenta en el hecho de que este fue reclutado para la prestación del servicio militar, no lo ha podido ver y no lo dejan salir”. || “De otro lado se puede colegir esa imposibilidad por parte de Juan Sebastián para reclamar directamente la protección de sus derechos dado que la prestación del servicio militar implica o conlleva un sometimiento a condiciones de concentración que no le permiten salir y a una obediencia a un superior, lo que obviamente impide promover su propia defensa, admitido esto por el Máximo Tribunal Constitucional como justificante para que se pueda formular la acción de tutela en estos casos bajo la figura de la agencia oficiosa”. || “De modo que el señor Ramón Ortiz Calderón se encuentra legitimado para interponer la acción de tutela como agente oficioso de su hijo Juan Sebastián Ortiz Mejía mayor de edad con el propósito de lograr su desacuartelamiento con fundamento en las causales de aplazamiento de la prestación de tal servicio” (fl. 38).
(21) (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(22) En esta oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció respecto del caso de un soldado que padecía asma bronquial, por lo que al realizar ejercicios fuertes o exponerse a temperaturas extremas le daban crisis respiratorias. La madre del soldado interpuso acción de tutela con el fin de lograr el retiro de su hijo del servicio militar, pues la vida de este corría serio peligro. En esta ocasión, la Corte indicó que “[e]l deber de obrar conforme al principio de solidaridad exige, de la persona y de la sociedad en general, su contribución para la realización efectiva de los valores que inspiran el ordenamiento constitucional (C.P., Preámbulo). En este cometido, las personas deben cumplir sus deberes y obligaciones en la medida de sus posibilidades. La exigencia de solidaridad social debe respetar la propia naturaleza humana de cada persona. El principio de dignidad humana se reconoce a la persona en su individualidad. Un tratamiento homogéneo, independientemente de la legitimidad de los fines, se revela inconstitucional cuando desconoce condiciones personales relevantes cuya inobservancia impone a sus destinatarios una carga pública mayor a la establecida para otras personas con iguales derechos, libertades y oportunidades (C.P., art. 13). La simple exposición de una persona con ocasión del cumplimiento de un deber, a un riesgo objetivamente mayor al que están sometidos los restantes sujetos obligados, de suyo equivale a quebrantar la igualdad en la asunción de las cargas públicas”.
(23) “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”. En la ley se estableció en el artículo 3º que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente ley”.
(24) "Por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y movilización".
(25) “ART. 13.—Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar: a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses; b) Como soldado bachiller durante 12 meses; c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. PAR. 1º—Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. PAR. 2º—Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona geográfica en donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación académica y oficio”.
(26) Ley 48 de 1993, artículo 14. Inscripción. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible: “Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente ley. PAR. 1º—Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la dirección de reclutamiento y control reservas del Ejército. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres, para su incorporación a la dirección de reclutamiento y control reservas del Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal actividad. PAR. 2º—La inscripción militar prescribe al término de un (l) año, vencido este plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente”.
(27) Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”. Artículo 15. Exámenes de aptitud sicofísica. “El personal inscrito se someterá a tres exámenes médicos”. Artículo 16. Primer examen. “El primer examen de aptitud sicofísica será practicado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares en el lugar y hora fijados por las autoridades de reclutamiento. Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin”. Artículo 17. Segundo examen. “Se cumplirá un segundo examen médico opcional, por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito el cual decidirá en última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación militar”. Artículo18. Tercer examen. “Entre los 45 y 90 días posteriores la incorporación de un contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar”.
(28) La Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, establece en el artículo 19: Sorteo. “La elección para ingresar al servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial humano disponible y las necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares. Por cada principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán públicos. No habrá lugar a sorteo cuando no sea suficiente el número de conscriptos. El personal voluntario tendrá prelación para el servicio, sobre los que resulten seleccionados en el sorteo. Los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta quince (15) días antes de la incorporación, será resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por parte del interesado; quien no comprobare su inhabilidad o causal de exención será aplazado por un (1) año, al término del cual se efectuará su clasificación o incorporación”. Y en el artículo 20 señala: “Concentración e incorporación. Cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar. PAR.—La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28 años, salvo las excepciones establecidas en la presente ley para bachilleres”.
(29) La Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, en su artículo 22 señala: “Cuota de compensación militar. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al Tesoro Nacional, denominada ‘cuota de compensación militar’.
PAR.—La cuota de compensación militar se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a su clasificación”.
(30) A partir del capítulo III de este decreto se regula lo relacionado con las formalidades de la inscripción, los exámenes de aptitud psicofísica, el sorteo, la clasificación, las situaciones especiales, las exenciones y aplazamientos.
(31) Sentencia T-218 de 2010 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta ocasión, la Corte concedió el amparo de un ciudadano a quien el Ejército Nacional reclutó como soldado regular, aun cuando con posterioridad a la fecha de su inscripción había acreditado la calidad de bachiller académico, modalidad conforme a la cual, debía atender la obligación relativa a la prestación por un interregno menor.
(32) En Sentencia C-1409 de 2000 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte sostuvo que: “A juicio del legislador, imponer un plazo mayor de 12 meses a los bachilleres llamados a desempeñar labores y tareas en la vida social, en este conjunto normativo de la economía, no debe confundirse, con un trato privilegiado. Tal solución no obedece al capricho ni a la injusticia, sino, también a la protección de otras manifestaciones de servicio, consideradas como deber en la Carta Política (art. 95), a que están llamados quienes superando niveles de injusticia en el acceso a la educación, no pueden, según criterio del legislador, resultar exentos de la prestación del primordial servicio militar”. || “El legislador puede, pues, establecer diferentes lapsos de prestación del servicio militar sin que por el solo hecho de prever tiempos más cortos, atendiendo a las circunstancias y al tipo de servicio que se presta, esté consagrando indebidas preferencias”.
(33) Constitución Política. Artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
(34) Constitución Política. Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
(35) Sentencia T-552 de 1992 (M. P. Fabio Morón Díaz). En esta providencia, la Corte Constitucional precisó el alcance del derecho fundamental al debido proceso administrativo consagrado en el artículo 29 de la Carta a propósito de una acción de tutela presentada con ocasión de la presunta vulneración de este derecho en el marco de un proceso ordinario. En relación con ello, indicó que “el proceso administrativo, denominado antes procedimiento administrativo, para diferenciarlo del proceso judicial, en tanto, este último, tenía por finalidad la cosa juzgada; comprende el conjunto de requisitos o formalidades anteriores, concomitantes o posteriores, que establece el legislador para el cumplimiento de la actuación administrativa, y los procedimientos, o pasos que debe cumplir la administración para instrumentar los modos de sus actuaciones en general”.
(36) Sentencia T-218 de 2010 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Ibídem.
(37) (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esta ocasión la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad incoada por un ciudadano contra el artículo 14 de la Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización” tras considerar que el contenido de la norma acusada facultaba a las autoridades militares a compeler a los varones mayores de edad para el cumplimiento de la obligación consistente en inscribirse para definir su situación militar, reteniendo a los ciudadanos mayores de edad que hubiesen incumplido esta obligación legal y de este modo configurándose una vulneración de la reserva judicial de la privación de la libertad. La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley”, bajo el entendido de que “la única comprensión que cumple tal condición es si se entiende la expresión acusada en el sentido de que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe”.
(38) Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE compeler significa “obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere”.
(39) En Sentencia C-879 de 2011, la Sala Plena de la Corte Constitucional al conocer de la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, consideró que la expresión compeler contenida en la norma analizada resultaba ambigua, pues podía dar lugar a una restricción en la libertad personal del ciudadano en el evento de ser entendida o interpretada por las autoridades militares en un sentido contrario a su finalidad constitucionalmente legítima, cual es lograr la inscripción para definir la situación militar en cumplimiento de un mandato superior. Al respecto indicó: “Nótese entonces que la expresión compeler resulta en extremo ambigua y puede ser entendida en el sentido que la autoridad militar está autorizada a restringir la libertad personal y conducir al ciudadano que no se ha inscrito al lugar de concentración para inscribirlo, practicarle los exámenes de aptitud y si resulta apto conducirlo a la unidad militar respectiva”.
(40) “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”.
(41) “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.
(42) “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
(43) “Por la cual se aclara el artículo 2º inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a incorporación de jóvenes bachilleres al servicio militar”.
(44) “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota de compensación militar”.
(45) “ART. 1º—Aclárase el artículo 2º de la Ley 548 de 1999 en el sentido de que la opción prevista en el inciso segundo de este artículo se aplicará también a quienes cumplan los dieciocho (18) años mientras cursan sus estudios de bachillerato momento en el cual deben definir su situación militar.
“ART. 2º—La presente ley rige a partir de su promulgación y cobija a quienes finalicen sus estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley 548 de 1999”.
(46) (M. P. José Gregorio Hernández Galindo). A juicio del accionante, la posibilidad de aplazamiento del servicio militar establecida en la disposición acusada no tiene ningún fundamento y a todas luces es inconstitucional, pues debe prevalecer el derecho a la igualdad frente a las obligaciones del ciudadano para con su patria, frente al derecho a la educación. La Corte declaró EXEQUIBLES los incisos 2º y 3º y el parágrafo del artículo 2º de la Ley 548 de 1999.
(47) “ART. 2º—Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a las filas para la prestación del servicio militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a las filas hasta el cumplimiento de la referida edad. Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiera aplazado su servicio militar estuviere en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente solo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar”.
(48) (M. P. Jaime Córdoba Triviño). En esta oportunidad, la Corte resolvió: Declarar EXEQUIBLE en forma condicionada la expresión “y cobija a quienes finalicen sus estudios durante la vigencia de la Ley 548 de 1999 del artículo 2º de la Ley 642 de 2001” bajo el entendido que los beneficios previstos en esta ley también se aplican a los jóvenes bachilleres menores de edad que válidamente aplazaron el cumplimiento del deber de prestar el servicio militar desde 1997.
(49) Los cargos por violación al derecho a la igualdad expuestos por el demandante se fundan en la idea de que la norma establece una discriminación injustificada en relación con los bachilleres que terminaron sus estudios secundarios antes de entrar en vigencia la Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”. En esta ocasión, la Corte consideró que “pretender que los beneficios previstos en las normas transcritas se extiendan a los jóvenes mayores que finalizaron sus estudios de bachillerato antes de la vigencia de la Ley 548 de 1999 y que no han definido su situación con la Fuerza Pública, es tanto como declarar una amnistía y legalizar la condición militar de unos ciudadanos que no cumplieron con el deber al finalizar sus estudios de bachillerato”.
(50) (M. P. Jaime Córdoba Triviño). Ibídem.
(51) “ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
(52) (M. P. Alfredo Beltrán Sierra). En el presente asunto la Corte consideró que la negativa de las Empresas Públicas de Medellín, en reconocerle a la peticionaria el auxilio educativo que convencionalmente le reconocían a los hijos de sus trabajadores, no constituía una vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, en tanto para ello era indispensable que la persona estuviere cursando estudios formales de educación superior, como requisito previsto en la convención colectiva que regulaba la obtención de la ayuda referida.
(53) (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva). En aquella ocasión la Corte consideró que el Icetex vulneraba el derecho fundamental al debido proceso de una persona cuando rechazaba una solicitud de crédito educativo, con base en un requisito que no se encontraba publicado en el portal de Internet de la entidad, ni en los formularios dispuestos a los usuarios para el trámite del crédito al momento en que se había realizado la solicitud, en desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legítima.
(54) Sentencia T-1073 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández). En el presente asunto la Corte concedió el amparo, tras considerar que las entidades accionadas habían vulnerado los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de las demandantes, al no reconocerles los estudios no formales que se encontraban realizando, como requisito válido para acceder al sistema de seguridad social como beneficiaria, en uno de los casos, y para acceder a la pensión de sobrevivientes en el otro. Para la Corte, no aceptar que los certificados expedidos por instituciones de educación no formal, configuraban de forma idónea la calidad de estudiante, vulneraba el derecho a la educación.
(55) (M. P. Fabio Morón Díaz).
(56) (M. P. Rodrigo Escobar Gil). El asunto bajo revisión planteaba la necesidad de determinar si los derechos fundamentales a la educación y al mínimo vital se veían vulnerados, cuando en virtud de la aplicación estricta del art. 15 del Decreto 1889 de 1994, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993” se suspendía el pago de la pensión de sobrevivientes a un estudiante que no cumplía con el requisito de estudiar en una institución de educación formal básica, media o superior acreditado por el Ministerio de Educación, tal y como lo establecía el citado artículo, sino en el sistema de educación no formal (Programa de técnico en Auxiliar de Preescolar – Escuela Colombiana de Formación en Salud “Eforsalud”). Para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte consideró que con la imposición formulada al educando en el sentido de matricularse en una institución de educación formal, resulta flagrantemente amenazada la autonomía del educando y de esta forma su derecho al libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta que “la Constitución opta por un orden jurídico que es profundamente respetuoso de la dignidad y la autonomía individuales (C.P., arts. 1º y 16), por lo cual, en principio, no corresponde al Estado ni a la sociedad sino a las propias personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos de vida y sus modelos de realización personal”. Tal derecho “se manifiesta singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente, en la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad”. Con fundamento en lo anterior, la Corte concedió el amparo invocado y resolvió inaplicar para el caso concreto, por ser contrario a la Constitución Política, el artículo 15 del Decreto 1889 de 1994 que exige a los estudiantes entre 18 y 25 años de edad aportar certificación de encontrarse estudiando en una institución de educación formal básica, media o superior aprobada por el Ministerio de Educación. Para ello sostuvo, adicionalmente, que la educación no formal también ha sido expresamente contemplada en la Ley General de la Educación como parte integrante del servicio educativo previsto por la Carta Fundamental en su artículo 67.
(57) El Decreto 1889 de 1994, en el artículo 15 consagró los presupuestos para acreditar la calidad de estudiante. Dice esta norma: “para los efectos de la pensión de sobrevivientes, los hijos estudiantes de 18 años o más años de edad y hasta los 25, deberán acreditar la calidad de tales, mediante certificación auténtica expedida por establecimiento de educación formal básica, medio o superior, aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios, con una intensidad de por lo menos 20 horas semanales” (subrayado fuera del texto original).
(58) Este criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional fue reiterado en Sentencia T-1242 de 2004 (M. P. Rodrigo Escobar Gil). En esta oportunidad, el Alto Tribunal examinó si constituía una limitación y restricción del derecho a la educación, el que una entidad decidiera suspender el pago de la pensión de sobrevivientes de una persona, por no encontrarse el interesado estudiando en una institución de educación formal básica, media o superior aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, sino en el sistema de educación no formal. En esta ocasión, la Corte concedió el amparo invocado y para ello reiteró la posición asumida en Sentencia T-1677 de 2000 (M. P. Fabio Morón Díaz) cuando señaló que: “Por lo tanto, la interpretación de las normas jurídicas por parte de los órganos de la seguridad social no puede conducir a una arbitrariedad, máxime cuando con el incumplimiento de las obligaciones propias de su giro ordinario pueden afectar derechos fundamentales como ocurre en este caso con la educación del demandante en tutela, pues el retiro de la nómina de pensionados frustra la posibilidad de que el actor pueda continuar en el sistema educativo formal, lo cual no se corresponde con los principios de un Estado Social de Derecho y con los fines contemplados en el ordenamiento constitucional colombiano”. Con fundamento en lo anterior, la Corte consideró que la decisión de la entidad demandada no resultaba admisible porque de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte la calidad de estudiante para acceder a la pensión de sobrevivientes no podía predicarse única, exclusiva y necesariamente de aquellos que se encontraran matriculados en instituciones de educación formal.
(59) M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. La Sala Séptima, consideró que en el caso concreto la entidad demandada había vulnerado los derechos constitucionales fundamentales del actor, toda vez que conforme la jurisprudencia constitucional, para efectos de beneficiarse con la pensión sustitutiva no podía establecerse una distinción entre educación formal y no formal pues ambas clases de educación estaban igualmente protegidas desde el punto de vista constitucional y no existía motivo justificado para discriminar entre una y otra. Con fundamento en lo anterior, concedió el amparo invocado.
(60) Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, artículo 10: “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”.
(61) La educación no formal en los términos establecidos por la Ley 115 de 1994 , “Por la cual se expide la ley general de educación”, y el Decreto 114 de 1996, “Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal”, artículos 1º y 36, es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y en general, capacitar para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y de la participación ciudadana y comunitaria, a las personas que lo deseen o lo requieran, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal.
(62) Otro ejemplo en esta misma línea es la Sentencia T-917 de 2009 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta oportunidad, la Corte examinó una demanda de tutela en la que la entidad demandada exigía como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes, la acreditación de la calidad de estudiante con una intensidad de 20 horas semanales conforme lo exigía el Decreto 1889 de 1994. Para resolver el problema jurídico, la Corte trajo a colación la providencia del once (11) de octubre de dos mil siete (2007) (C. P. Jaime Moreno García), en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo—, resolvió declarar la nulidad de los apartes “formal básica, media o superior” y “con una intensidad de por lo menos 20 horas semanales” contenidos en el artículo 15 del referido decreto, pues se trataban de restricciones y categorizaciones relacionadas con la modalidad educativa que comportaban una medida limitativa frente al ejercicio del derecho a la educación, las libertades de escoger profesión y oficio, el libre desarrollo de la personalidad así como el derecho a la igualdad de oportunidades educativas. Bajo las consideraciones expuestas precedentemente, la Corte concluyó que para el acceso a la pensión de sobrevivientes, en el caso de los hijos de dieciocho (18) años o más años de edad y hasta veinticinco (25), solo se requería de la acreditación de la calidad de estudiante, mediante certificación auténtica expedida por el establecimiento de educación, aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se dejara constancia de los correspondientes estudios que se hubieren llevado a cabo.
(63) En armonía con lo anterior, el Decreto 2903 de 1994 “Por el cual se adoptan disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales”, establece en su artículo 1º que: Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas se denominarán escuela normal superior y formarán docentes para que presten sus servicios en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria.
(64) “Por la cual se expide la ley general de educación”.
(65) “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales”.
(66) “Por el cual se adoptan disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales”.
(67) “Por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional”.
(68) “Por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones”.
(69) Decreto 2903 de 1994 “Por el cual se adoptan disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales”, artículo 3º. “La misión de las escuelas normales superiores es la de formar educadores de reconocida idoneidad, ética, moral y pedagógica, con base en las necesidades de las comunidades, del desarrollo nacional y regional, de acuerdo con los avances del conocimiento, y atendiendo lo dispuesto en los artículos 104 y 109 de la Ley 155 de 1994”.
(70) Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, artículo 113. “Programas para la formación de educadores. Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU o el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de las Normales Superiores”. Decreto 2903 de 1994 “Por el cual se adoptan disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales”, artículo 4º. “El Ministerio de Educación Nacional señalará los lineamientos generales para la formación de docentes en las escuelas superiores y para la acreditación de los programas. Así mismo prestará, junto con las secretarías de educación de las entidades territoriales y la institución de educación superior con la que se establezca el convenio, la asesoría necesaria para la reestructuración, el funcionamiento y ajuste de programas”.
(71) El artículo 8º del Decreto 4790 de 2008, “Por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones” establece que: “Para los bachilleres egresados de una escuela normal, el programa de formación complementaria tendrá una duración de cuatro (4) semestres académicos. Para aquellos provenientes de otra modalidad de educación media, el programa de formación complementaria tendrá una duración de cinco (5) semestres académicos”.
(72) La organización y el funcionamiento del programa de formación complementaria ofrecido por la escuela normal superior responderán a su proyecto educativo institucional y estará regido por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 del 2001 y sus normas reglamentarias.
(73) El artículo 5º del Decreto 4790 de 2008, “Por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones” dispone que: “Una vez presentada la solicitud, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de una sala anexa de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, realizará la verificación de las condiciones básicas de calidad y autorizará el funcionamiento del programa de formación complementaria mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado. El Ministerio de Educación Nacional podrá realizar dicha verificación en cualquier momento y ordenar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de calidad del programa de formación complementaria. La autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria tendrá una vigencia de cinco (5) años”.
(74) Artículo 2º del Decreto 2903 de 1994 “Por el (sic) se adopta disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales” y el parágrafo del artículo 7º del Decreto 4790 de 2008, “Por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones”.
(75) El artículo 8º del Decreto 2903 de 1994 “Por el (sic) se adopta disposiciones para la reestructuración de las escuelas normales” , modificado por el artículo 2º Decreto Nacional 968 de 1995 dispone que: A quienes finalicen y aprueben el nivel de educación media en las escuelas normales superiores se les expedirá el título de bachiller, en donde se especificará la profundización en el campo de la educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 115 de 1994 y a quienes finalicen y aprueben el ciclo complementario de formación docente, se les otorgará el título de Normalista Superior. Igualmente, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, el título de Normalista Superior debidamente expedido, acreditará para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. El título de bachiller expedido por una normal superior no acredita para el ejercicio de la docencia, según lo dispone la Ley 115 de 1994.
(76) “ART. 5º—Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 3. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo, entre otros”.
(77) Sentencia T-917 de 2009 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Ibídem.
(78) Sentencia T-903 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil). Ibídem.
(79) Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior” dispone en su artículo 19 lo siguiente: “Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional”.
(80) Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”.
(81) (Fl. 10).
(82) Esta posición fue asumida por la Corte en Sentencia T-780 de 1999 (M. P. Álvaro Tafur Galvis). En este caso, la Corte concedió en revisión la tutela promovida por una estudiante universitaria que había cambiado de programa de formación profesional y de institución de educación superior, razón por la cual un fondo de prestaciones sociales le extinguió el derecho a la sustitución pensional que percibía a partir de la muerte de su padre. En esta ocasión, el alto tribunal sostuvo: “Así, es indudable la injerencia que el derecho a la educación proyecta en los derechos del ser humano relativos a la escogencia de una profesión u oficio, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de oportunidades en materia educativa”. Posteriormente fue reiterada en Sentencia T-807 de 2003 (M. P. Jaime Córdoba Triviño). En esta oportunidad, la Corte conoció en revisión la acción de tutela presentada por tres estudiantes que se habían matriculado en el programa de especialización en finanzas públicas ofrecido por la Esap. Los estudiantes sustentaron su tesis de grado y cancelaron los respectivos derechos, con lo cual quedaron a paz y salvo respecto de las obligaciones con dicha institución. A pesar de haber cumplido íntegramente con los requisitos de grado consagrados en el reglamento estudiantil, la entidad se negó a otorgarles el respectivo título alegando que los programas cursados no contaban con registro del Icfes. La Corte concedió el amparo invocado. En ambas sentencias, la Corte destacó el carácter fundamental de la educación como presupuesto básico para efectivizar otros derechos fundamentales, en efecto sostuvo: “La educación constituye un presupuesto básico para la efectividad de otros derechos, principios y valores constitucionalmente reconocidos al ser humano, tales como la igualdad en materia educativa, la escogencia de una profesión u oficio y el libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, permite la realización del Estado social de derecho, el fomento de la participación y el respeto de los derechos humanos”.
(83) Sentencia C-617 de 1996 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo). En esta oportunidad la Corte examinó en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, una demanda presentada contra el artículo 30 (parcial) del Decreto 196 de 1971, “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”, por vulnerar el artículo 29 de la Carta Política. La Corte resolvió declarar exequibles los literales a) y d) del artículo 30 del Decreto 196 de 1971.
(84) (Fl. 47).
(85) (Fl. 9).
(86) “Definición situación militar”.
(87) Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, artículo 21. Clasificación. “Serán clasificados quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas”.
(88) (Fl. 51).
(89) (Fls. 1 y 2).
(90) (Fls. 9 y 20).
(91) Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, Ley 548 de 1999, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones” , Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a incorporación de jóvenes bachilleres al servicio militar” y el Decreto 2124 de 2008, “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota de compensación militar”.
(92) “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota de compensación militar”.
(93) (Fl. 51).
(94) Decreto 2124 de 2008, “Por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota de compensación militar” dispone en su artículo 13 lo siguiente: “los bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no definan su situación militar por estar cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, se les aplazará su situación hasta por dos años más, mediante la entrega de una nueva tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de reemplazos en las fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la cuota de compensación militar que les corresponda y la tarjeta de reservista de segunda clase”.
(95) (Fls. 9 y 20).
(96) Sentencia C-1409 de 2000 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo). Ibídem.
(97) (Fl. 9), (fl. 17 del cuaderno de la Corte Constitucional).
(98) (Fls. 9 y 20), (fl. 25 del cuaderno de la Corte Constitucional).
(99) “El presente convenio tiene por objeto el acompañamiento y asesoría de la universidad a través de la escuela de educación a la escuela normal superior para que: a) fortalezca su proceso de desarrollo y acreditación de alta calidad como escuela normal superior; b) consolide el ciclo complementario conducente a la formación de normalistas superiores de la más alta calidad humana, académica y moral; c) se garantice a los normalistas superiores egresados de la escuela normal la continuidad de su proceso de formación en la universidad , tendiente a la obtención de su título de licenciado en Educación Básica, previo cumplimiento y ratificación de las exigencias evaluativas correspondientes; d) fortalezca los procesos de formación avanzada e investigativa de los maestros de la escuela normal superior” (fls. 17 al 24 del cuaderno de la Corte Constitucional).
(100) (Fl. 19 del cuaderno de la Corte Constitucional).
(101) (Fl. 9 y fls. 21 al 28). Al respecto, el artículo 113 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, establece que: Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU o el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de las Normales Superiores.
(102) Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la Ley General de Educación”.
(103) “ART. 2º—Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiera aplazado su servicio militar estuviere en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente solo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar”.
(104) En Sentencia C-539 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, examinó una demanda presentada contra el artículo 114 (parcial) de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”. En esta oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas al imperio de la Constitución y la ley y por tanto al ser los puntos de partida de la interpretación judicial deben ser aplicadas en el marco de cualquier actuación y decisión. En aquella ocasión, la Corte resolvió: Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión contenida en el artículo 114 de la ley 1395 de 2010. Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido que los precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional. Tercero. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la expresión “en cinco o más casos” contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, por ineptitud sustantiva de la demanda.
(105) (Fl. 47).
(106) El accionante nació el diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) (fl. 26 del cuaderno de la Corte Constitucional).
(107) (Fls. 9 y 20).
(108) En Sentencia T-614 de 2012 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la Corte examinó el caso de un ciudadano a quien la dirección del Batallón Militar de Girardot, reclutó para efectos de la prestación del servicio militar desconociendo que para el momento de la incorporación este se encontraba cursando bachillerato los fines de semana. Ante la solicitud de desincorporación presentada, la entidad demandada le informó que ese tipo de estudio no era válido para que le fuera permitido terminar sus estudios antes de definir su situación militar. La Sala Séptima, decidió rechazar por improcedente el amparo invocado, porque consideró que la persona que había presentado la acción de tutela en nombre del peticionario carecía de legitimidad para solicitar la protección de los derechos fundamentales. El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva se apartó de la decisión adoptada en la presente providencia en tanto consideró que en el presente asunto se había hecho uso de un exceso procesal manifiesto que había obstaculizado la mejor defensa de los derechos fundamentales del peticionario y había impedido a la Corte pronunciarse en relación con el servicio militar obligatorio de jóvenes que se encontraban estudiando bachillerato en una jornada diferente a la regular debido a la obligación de sostener económicamente a sus familias. La misma posición fue asumida por la Corte en Sentencia T-248 de 2010 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), en la que negó por improcedente el amparo invocado por un ciudadano, quien alegaba la presunta vulneración de su derecho a la educación como resultado de su incorporación a las filas del Ejército Nacional mientras aún cursaba el ciclo de educación básica secundaria, aduciendo para ello la falta de legitimación en la causa por activa para interponer la presente tutela. El magistrado Humberto Antonio Sierra Porto presentó un salvamento de voto pues a su juicio, en el presente asunto se había presentado una desmedida interpretación de los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa y una desatención del marco normativo que regulaba la prestación del servicio militar obligatoria en nuestro contexto jurídico.
(109) (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(110) Al respecto la Sala Octava de Revisión sostuvo: “La certificación expedida por el Colegio Departamental de Taraira que da cuenta de que el señor Jhonathan Sarmiento Bejarano “cursó y aprobó el grado octavo durante el año lectivo 2008 y en la actualidad se encuentra matriculado en el grado noveno del presente año según consta en el libro de matrículas del año 2009”, es suficiente para concluir que se configura la causal de aplazamiento prevista en el ordenamiento jurídico, razón por la que la Sala dispondrá la desincorporación como soldado regular campesino del Ejército Nacional”. En esta oportunidad, también estableció que “la opción de aplazamiento prevista en el artículo 2º de la Ley 548 de 1999, igualmente aplica para quienes cumplan la mayoría de edad mientras cursan sus estudios de bachillerato al momento de definir su situación militar tal y como fue aclarado por la Ley 642 de 2001, no siendo de recibo lo indicado por el Batallón de Infantería Nº 29 Teniente General “Germán Ocampo Herrera” en el escrito de contestación de la acción de tutela en el sentido de que “se deduce que la ley solo autoriza el aplazamiento de la situación militar de quienes estén adelantando estudios universitarios, situación en la que no se encuentra el señor Johathan (sic) Sarmiento Bejarano.” Agregó que, “si en gracia de discusión el señor Sarmiento Bejarano no hubiera informado que era estudiante de bachillerato, ni hubiera allegado documento idóneo que acreditara esa calidad en el proceso de incorporación, como lo afirma el batallón demandado, esas no son razones suficientes para concluir que la causal de aplazamiento no se encuentra configurada, en tanto lo que puede vislumbrar el juez de tutela es que la citada certificación permite configurar una causal objetiva para aplazar la prestación del servicio militar obligatorio prevista en el ordenamiento jurídico, cuestión que claramente no plantea discusión alguna”.
(111) El despacho de la magistrada sustanciadora se comunicó telefónicamente con el señor Ramón Ortiz Calderón, padre del joven Juan Sebastián Ortiz Mejía, quien indicó que su hijo fue desincorporado de las filas del Ejército Nacional a finales del mes de abril del año en curso y actualmente se encuentra matriculado y cursando segundo semestre del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, correspondiente al año dos mil trece (2013) (fl. 25 del cuaderno de la Corte Constitucional). Según la referida constancia de estudios, la fecha de inicio del semestre fue el cinco (5) de julio de dos mil trece (2013) y la fecha de su finalización es el treinta (30) de noviembre del mismo año. Es de recordar que la Corte Constitucional en el ejercicio de su función de revisión de fallos de tutela ha considerado, en diversas oportunidades, que en ocasiones, para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales resulta pertinente, e incluso necesario, requerir información por vía telefónica sobre algunos aspectos fácticos puntuales que requieran mayor claridad dentro del trámite de la acción. Esta decisión encuentra pleno sustento en los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que guían la actuación del juez de tutela. Al respecto, se pueden revisar entre otras decisiones, las sentencias T-603 de 2001 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-341 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería), T-643 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-219 de 2007 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) y T-726 de 2007 (M. P. Catalina Botero Marino). Adicionalmente el señor Ramón Ortiz Calderón, envió por correo electrónico el día nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013) los documentos que sustentan lo expresado mediante la comunicación telefónica.
(112) La Corte ha entendido que cuando las situaciones de hecho que amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las personas cesan o desaparecen durante el trámite de la tutela, esta acción, como mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, pierde su razón de ser. Por tanto, cuando entre la interposición del amparo y el momento del fallo ha cesado la amenaza o vulneración del derecho alegado, se debe declarar la presencia de un hecho superado, lo cual implica que el pronunciamiento del juez de tutela debe dirigirse a estudiar la vulneración pero no a emitir órdenes al respecto. A propósito del hecho superado, la Corte en sentencias T-323 y T-545 de 2013 ambas con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, revocó los fallos que habían denegado el amparo solicitado y en su lugar declaró en ambos casos la carencia actual de objeto por hecho superado. No obstante, le ordenó a las entidades accionadas, la adopción de unas medidas integrales de protección encaminadas a evitar nuevamente la vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes y las previno para no volver a incurrir en las conductas que habían dado mérito para la presentación de las referidas acciones de tutela.
(113) Sentencia T-1073 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández). Ibídem.

References: artículo 86
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 artículo 10
 artículo 2
 artículo 216
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 209
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 artículo 216
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 2
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 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 19
 artículo 67
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 artículo 13
 artículo 67
 artículo 15
 artículo 67
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 artículo 67
 artículo 112
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 artículo 5
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 Resolución 
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 Artículo 2
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 artículo 29
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