Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-04760-de-junio-22-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_aa195f9f56af027ae0430a010151027a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 00:32:29+00:00

Document:
﻿ Sentencia 1997-04760 de junio 22 de 2011
SENTENCIA 1997-04760 DE 22 DE JUNIO DE 2011
CONTENIDO:CONTROL ADMINISTRATIVO PREVENTIVO. DEBIDO AL FLAGELO DEL NARCOTRÁFICO, EL ESTADO COLOMBIANO SE HA VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL POLICIVAS Y ADMINISTRATIVAS MUY SEVERAS PARA COMBATIR EL TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, POR CONSIGUIENTE, LA LEY 30 DE 1986, LA RESOLUCIÓN 9 DEL 17 DE FEBRERO DE 1987 Y LOS DECRETOS 2894 DE 1990, 2272 DE 1991 Y 2150 DE 1995, ESTABLECIERON LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, EL CUAL EN MATERIA AERONÁUTICA NO SÓLO ES UN CERTIFICADO, SINO QUE ES UN REQUISITO CONSTITUTIVO DE UNA VERDADERA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL POSTERIOR REGISTRO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL, DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ACTIVACIÓN U ADICIÓN DE LAS LICENCIAS PRIVADAS O COMERCIALES DE LOS PILOTOS, ES ASÍ, COMO LA NORMATIVIDAD CITADA, ESTABLECIÓ LA FACULTAD QUE TIENE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTE DE DECIDIR EXPEDIR O NO EL MENCIONADO CERTIFICADO BASADO EN LOS INFORMES DE LOS ORGANISMOS INVESTIGATIVOS DE SEGURIDAD QUE REPOSEN EN SU DEPENDENCIA O QUE LE SEAN ALLEGADOS Y EN LOS ANTECEDENTES Y REPUTACIÓN DEL SOLICITANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD AERONÁUTICA, RESPONSABILIDAD DEL PILOTO, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS, CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Sentencia 1997-04760 de junio 22 de 2011
Rad.: 25000-23-26-000-1997-04760-01 (19841)
Actor: Iván Kujundzic Gonima y otros
Demandado: La Nación - Ministerio de Justicia - Consejo Nacional de Estupefacientes - Dirección Nacional de Estupefacientes
Resuelve la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2000, por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, Sección Tercera.
Esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de este proceso de reparación directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso.
La Sala procederá a estudiar si el Ministerio de Justicia y del Derecho así como la Dirección Nacional de Estupefacientes, son responsables patrimonialmente por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por la abstención en la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y la suspensión de las licencias PP1932 y PC 5946 como piloto privado y comercial respectivamente.
Es imperioso señalar que ni de los hechos de la demanda ni de las pretensiones se puede deducir o inferir que se está atacando la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes, solo le atribuyen el retardo en la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (1 año y tres meses), a pesar de haberse precluido la investigación en contra del señor Iván Kujundzic; de este modo la acción incoada por la parte actora resulta ser la correcta a fin de obtener los reconocimientos expresados en el acápite de pretensiones de la demanda.
La Sala encuentra probado que al señor Iván Kujundzic se le inició una investigación penal por los hechos ocurridos el 24 de abril de 1994, cuando fue retenido en el Aeropuerto El Dorado de Santafé de Bogotá, por la Policía Aeroportuaria, por inconsistencias en los planes de vuelo y de identificación de la aeronave de matrícula HK 3705; la cual culminó con resolución de preclusión de investigación en su favor.
Que el 30 de agosto de 1994, el señor Iván Kujundzic, requirió a la Dirección Nacional de Estupefacientes la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con el fin de tramitar ante el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil la adición a la licencia de piloto comercial; ante lo cual la Dirección Nacional de Estupefacientes profirió la Resolución 242 del 2 de marzo de 1995, absteniéndose de expedirlo debido a que la división Policía Antinarcóticos zona central inteligencia de la Policía Nacional, reportó anotaciones a nombre del señor Kujundzic Gonima Iván. Lo que a su vez trajo como consecuencia que la Aeronáutica Civil suspendiera sus licencias PP1932 y PC 5946 como piloto privado y comercial respectivamente.
Así mismo, después de un año y tres meses de haberse precluido la investigación en contra del señor Iván Kujundzic, mediante la Resolución 1311 del 30 de agosto de 1996, se ordenó la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes Nº 33630.
La Sala advierte la existencia de un daño antijurídico en el caso concreto, debido a que como consecuencia de una investigación penal adelantada en contra del demandante, la cual terminó con preclusión de la investigación, la Dirección Nacional de Estupefacientes se abstuvo de otorgarle el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y como consecuencia de ello le fueron suspendidas las licencias de piloto privado y comercial.
Al emprender el estudio del caso sub examine, es importante destacar que si bien el actor dentro de los hechos de la demanda se refiere a la privación de la libertad de que fue víctima, esta situación no guarda relación directa con ninguna de las entidades demandadas así como tampoco con las pretensiones de la demanda, toda vez, que la Sala observa con meridiana claridad que la demanda se basa en la posible falla imputada a la Dirección Nacional de Estupefacientes por su negligencia representada en el retardo en el trámite de la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, no obstante existir una resolución de preclusión de la investigación a favor del demandante.
Por lo anterior, al análisis jurídico orbitará exclusivamente en el campo de la actuación desplegada por la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho; en razón a que esta Sala no puede entrar a dilucidar nada respecto de la posible privación injusta de la libertad alegada por la parte actora debido a que las actuaciones penales seguidas en contra del demandante fueron adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la delegada regional Bogotá - Unidad de narcotráfico y la fiscalía delegada ante el tribunal nacional, entidad que no obra dentro del proceso como calidad de demandada.
Establecida la existencia del daño antijurídico, abordará la Sala el análisis de imputación con miras a determinar si en el presente caso, el mismo es endilgable por acción u omisión a las entidades demandadas.
La falla del servicio por la dilación injustificada del procedimiento administrativo
Respecto al tema la Sala se ha pronunciado de la siguiente forma:
“Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas del servicio de la administración derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración”(1).
De conformidad con lo expuesto, cabe afirmar que la dilación injustificada de un procedimiento administrativo, habrá de establecerse, previa la verificación de condiciones tales como i) la complejidad del asunto; ii) el comportamiento del particular dentro de la actuación; iii) la forma cómo se adelanta el trámite; iv) el volumen de trabajo de la autoridad administrativa y v) los estándares de funcionamiento que no están definidos en consideración al sometimiento estricto a los términos previstos en la ley, “sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora” desde la propia realidad de la administración.
A lo cual cabe agregar que la prueba de al menos dos de los enunciados elementos, está a cargo de quien los alega, esto es de la entidad a quien se le endilga la mora injustificada, comoquiera que muchos de los hechos que la hacen justificable, son del resorte propio de sus actuaciones”(2).
Dentro del proceso se acreditaron los siguientes medios probatorios:
1. Solicitud del 30 de agosto de 1994, en la cual Iván Kujundzic, requirió a la Dirección Nacional de Estupefacientes la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con el fin de tramitar ante el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil la adición a la licencia de piloto comercial (fl. 49, cdno. 2).
2. Resolución 242 del 2 de marzo de 1995, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante la cual se abstiene de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, debido a que la división Policía Antinarcóticos zona central inteligencia de la Policía Nacional, reportó anotaciones a nombre del señor Kujundzic Gonima Iván, en los siguientes términos:
“24-04-94: Capturado, copiloto de la aeronave HK3705 inmovilizada en el Aeropuerto El Dorado por la Policía Aeroportuaria debido a que la tripulación manifestó que procedían de Bucaramanga (sic) siendo falsa esta afirmación, al inspeccionar la aeronave se hallaron anomalías en los sistemas de identificación, la matrícula se hallaba pintada sin ninguna técnica y con vestigios de pintura en sus números. Al realizarle diligencia de aspiración en presencia de la fiscalía regional delegada para la división antinarcóticos se encontró que una de las muestras tomadas arrojó resultados positivos para cocaína” (fls. 93-96, cdno. 2).
3. Resolución de preclusión de investigación del 31 de marzo de 1995, por parte de la delegada regional Bogotá, unidad de narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, a favor de Iván Kujundzic Gonima y otros (fls. 12 - 19, cdno. 2).
4. Resolución 2569 del 28 de abril de 1995, expedida por la Aeronáutica Civil, mediante la cual suspende la licencia de piloto privado y comercial al señor Iván Kujundzic Gonima (fl. 7, cdno. 2).
5. Resolución del 1º de agosto de 1995, expedida por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional, mediante la cual confirmó la providencia adiada 31 de marzo de 1995, proferida por la delegada regional Bogotá, unidad de narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, a favor de Iván Kujundzic Gonima y otros (fls. 32 - 46, cdno. 2).
6. Solicitud del 22 de noviembre de 1995, en la cual Iván Kujundzic, exhortó nuevamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes para la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (fl. 51, cdno. 2).
7. Solicitud del 22 de noviembre de 1995, en la cual Iván Kujundzic, requirió al jefe de la división de licencias de la Aeronáutica Civil información acerca del motivo y los fundamentos legales que se tuvieron en cuenta para proceder a la suspensión de sus licencias de piloto (fl. 52, cdno. 2).
8. Respuesta a la anterior solicitud por parte del jefe de la división de licencias de la Aeronáutica Civil, de fecha 27 de noviembre de 1995, en donde se le informa al señor Kujundzic que el certificado de carencia de informes es requisito indispensable para obtener y poseer la licencia de piloto privado y piloto comercial (fl. 53, cdno. 2).
9. Oficio 2305 del 22 de febrero de 1996, en la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes comunica al demandante que mientras no se aclare la anotación que dio lugar a la Resolución 242 del 2 de marzo de 1995, no se expedirá el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (fl. 55, cdno. 2).
10. Carta del 7 de mayo de 1996, en la cual el actor informó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la resolución de preclusión de la investigación en su favor (fl. 1, carpeta rotulada con el nombre de “documentos enviados por la DNE al Expediente 97-D-14760”).
11. Oficio 468 de la Dirección Nacional de Estupefacientes del 9 de mayo de 1996, dirigido al señor Iván Kujundzic, mediante el cual le indicó que la entidad con base en la información aportada por él (escrito relacionado en el punto anterior), ha oficiado a la dirección regional de fiscalías en el sentido de requerir las copias de las providencias dictadas en su favor, así como también ha comunicado a los organismos de seguridad del Estado con el objetivo de solicitar ampliación de una anotación reportada a su nombre.
12. Oficio del 13 de agosto de 1996, de la dirección regional de fiscalías - Unidad especializada de narcotráfico, mediante el cual informa al jefe de la oficina de estupefacientes que en respuesta a su oficio OES-14631-0799 de fecha 10 de mayo de 1996, que en esa dirección regional de fiscalías se adelantó investigación en contra del demandante por los hechos ocurridos el 24 de abril de 1994, pero que al respecto se dictó resolución de preclusión de investigación, la cual fue confirmada por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional.
13. Resolución 1311 del 30 de agosto de 1996, mediante la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes, declara la pérdida de ejecutoria de la Resolución 242 de 1995, a través de la cual se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes al demandante y ordenó la expedición del respectivo certificado, para tramitar la adición de su licencia de piloto ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (fls. 59 - 61, cdno. 2).
14. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes 1780 de fecha 18 de noviembre de 1996, expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes (fl. 62, cdno. 2).
Evaluado en su conjunto los medios probatorios allegados al proceso se encuentra acreditado:
Que mediante la Resolución 242 de 1995, la Dirección Nacional de Estupefacientes se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a Iván Kujundzic, debido a la anotación reportada por la división Policía Antinarcóticos zona central inteligencia de la Policía Nacional en contra del solicitante, por los hechos acaecidos el 24 de abril de 1994.
Que la Resolución 242 de 1995, fue el acto administrativo que sirvió de base para que la Aeronáutica Civil expidiese la Resolución 2569 del 28 de abril de 1995, a través de la cual suspendió las licencias PP1932 y PC 5946 como piloto privado y comercial respectivamente del señor Iván Kujundzic, causándole un perjuicio patrimonial pues no pudo continuar ejerciendo su profesión por determinado lapso de tiempo.
Que el 22 de noviembre de 1995, el señor Iván Kujundzic, exhortó nuevamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes para la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes; pero solo hasta el 7 de mayo de 1996, el actor informó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la resolución de preclusión dictada en su favor.
Que mediante oficio 468 del 9 de mayo de 1996, la Dirección Nacional de Estupefacientes, le comunicó al señor Iván Kujundzic, que la entidad con base en la información aportada por él (escrito relacionado en el punto anterior), ha oficiado a la dirección regional de fiscalías en el sentido de requerir las copias de las providencias dictadas en su favor, así como también ha comunicado a los organismos de seguridad del Estado con el objetivo de solicitar ampliación de una anotación reportada a su nombre.
Que una vez la dirección regional de fiscalías - Unidad especializada de narcotráfico, informó al jefe de la oficina de estupefacientes que en esa dirección regional de fiscalías se adelantó investigación en contra del demandante por los hechos ocurridos el 24 de abril de 1994, pero que al respecto se dictó resolución de preclusión de investigación, la cual fue confirmada por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional; la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante la Resolución 1311 del 30 de agosto de 1996, declaró la pérdida de ejecutoria de la Resolución 242 de 1995, a través de la cual se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes al demandante y ordenó la expedición del respectivo certificado.
Debido a los inconvenientes que supone el flagelo del narcotráfico, el Estado colombiano se ha visto en la obligación de adoptar medidas de control policivas y administrativas muy severas para combatir el tráfico de drogas ilícitas; entre ellas solicitar a las autoridades competentes la información de los registros debidamente fundamentados sobre comportamientos relacionados con ilícitos de narcotráfico y conexos, que reposan en sus respectivos archivos.
Por consiguiente, la Ley 30 de 1986, la Resolución 9 del 17 de febrero de 1987 y los decretos 2894 de 1990, 2272 de 1991 y 2150 de 1995, establecieron la obligación de contar con un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, el cual en materia aeronáutica no solo es un certificado, sino que es un requisito constitutivo de una verdadera autorización administrativa para el posterior registro en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, de los documentos necesarios para la renovación, actualización, activación u adición de las licencias privadas o comerciales de los pilotos. Es así, como la normatividad citada, estableció la facultad que tiene la Dirección Nacional de Estupefaciente de decidir expedir o no el mencionado certificado basado en los informes de los organismos investigativos de seguridad que reposen en su dependencia o que le sean allegados y en los antecedentes y reputación del solicitante.
En el caso de marras, se tiene que el 30 de agosto de 1994, la Dirección Nacional de Estupefacientes recibió un oficio de parte del señor Iván Kujundizic Gomina con el fin de solicitar el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, para tramitar ante la Aeronáutica Civil una adición a la licencia de piloto comercial; por esta razón la entidad oficiada siguiendo los lineamientos legales del caso, el día 7 de septiembre de la misma anualidad, solicitó la información pertinente a los organismos de inteligencia, los cuales dieron respuesta indicando lo siguiente:
“24-04-94: Capturado, copiloto de la aeronave HK3705 inmovilizada en el Aeropuerto El Dorado por la Policía Aeroportuaria debido a que la tripulación manifestó que procedían de Bucaramanga (sic) siendo falsa esta afirmación, al inspeccionar la aeronave se hallaron anomalías en los sistemas de identificación, la matrícula se hallaba pintada sin ninguna técnica y con vestigios de pintura en sus números. Al realizarle diligencia de aspiración en presencia de la fiscalía regional delegada para la división antinarcóticos se encontró que una de las muestras tomadas arrojó resultados positivos para cocaína” (fls. 93 - 96, cdno. 2).
Así las cosas, hay que traer a colación que para el 30 de agosto de 1994, fecha en que el actor presentó la primera solicitud del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, la Fiscalía General de la Nación aún no había proferido decisión de primera instancia sobre la investigación penal adelantada en su contra por la presunción de haber cometido el delito de falsificación de documento público. Por consiguiente, como el informe que dio origen a la actuación penal referenciada fue reportado a todas las autoridades competentes, entre ellas a la Dirección Nacional de Estupefacientes, resulta evidente que esta entidad no podía inobservar los mandatos legales y ante la solicitud del certificado, lo conducente era no proceder a expedir el citado documento, además porque las resultas del proceso penal en curso le eran imprevisibles.
Es por esto que mediante la Resolución 242 del 2 de marzo de 1995, la Dirección Nacional de Estupefacientes, se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, debido a que la división Policía Antinarcóticos zona central inteligencia de la Policía Nacional, reportó anotaciones a nombre del señor Kujundzic Gonima Iván. Se advierte incluso que para esta fecha la Fiscalía General de la Nación tampoco se había pronunciado en primera instancia al respecto.
Respecto de la solicitud de expedición del certificado de carencia de informes, realizada el 22 de noviembre de 1995 por el demandante, es importante destacar que, en primer lugar, ya se encontraba ejecutoriada la Resolución 2569 del 28 de abril de 1995, expedida por la Aeronáutica Civil, mediante la cual suspendió la licencia de piloto privado y comercial al señor Iván Kujundzic Gonima y, por otro lado, la Dirección Nacional de Estupefacientes desconocía la resolución de preclusión de la investigación que declaró extinta la acción penal seguida en su contra; razón por la cual en el oficio del 22 de febrero de 1996, comunicó al demandante que mientras no se aclare la anotación que dio lugar a la Resolución 242 del 2 de marzo de 1995, no se expedirá el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.
Es preciso señalar que solo hasta el 7 de mayo de 1996, el actor mediante misiva le hizo saber a la Dirección Nacional de Estupefacientes acerca del pronunciamiento adoptado por parte de la delegada regional Bogotá, unidad de narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, a favor de Iván Kujundzic Gonima y otros, así como la confirmación de la decisión anterior acogida por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional. Ante lo cual la Dirección Nacional de Estupefacientes solicitó a la dirección regional de fiscalías copias de las providencias relacionadas y a los organismos de seguridad del Estado ampliación de una anotación reportada dentro del trámite de la solicitud del 22 de noviembre de 1995.
Así las cosas, el 13 de agosto de 1996, la dirección regional de fiscalías - Unidad especializada de narcotráfico, informó al jefe de la oficina de estupefacientes que en respuesta a su oficio OES-14631-0799 de fecha 10 de mayo de 1996, que en esa dirección regional de fiscalías se adelantó investigación en contra del demandante por los hechos ocurridos el 24 de abril de 1994, pero que al respecto se dictó resolución de preclusión de investigación, la cual fue confirmada por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante la Resolución 1311 del 30 de agosto de 1996, declaró la pérdida de ejecutoria de la Resolución 242 de 1995, a través de la cual se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes al demandante y ordenó la expedición del respectivo certificado, para tramitar la adición de su licencia de piloto ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
La parte actora pretende imputar a la Dirección Nacional de Estupefacientes el haber incurrido en falla del servicio dentro del trámite administrativo para la expedición del certificado de carencia de informes, sin embargo la parte demandante no logró demostrar que el servicio no funcionó o que funcionó irregularmente o que se hizo tardíamente, toda vez que del material probatorio lo que se desprende es que la Dirección Nacional de Estupefacientes actuó conforme lo dispuesto por la Ley 30 de 1986 y el Decreto 2894 de 1990, normas regulatorias del trámite para la expedición del certificado de carencia de informes y que con base en las mismas, solicitó a los órganos de seguridad información sobre el señor Iván Kujundzic, los cuales pusieron de presente que contra él se adelantaba un proceso penal por falsificación en documento público, razón por la cual se abstuvo de expedir el citado certificado.
Por esta razón, no se le puede declarar responsable a una entidad cuya actuación en todo momento fue ajustada a los procedimientos establecidos en la ley, pues es inexistente la falla en el servicio aquí demandada, lo único que se demostró fue una actuación legítima en virtud del control administrativo preventivo, todo en pro de la lucha contra el narcotráfico que adelanta el Estado colombiano.
Se desprende también del análisis de los medios de prueba la diligencia, eficiencia y oportunidad con la que actuó la entidad demandada, pues una vez recibió de parte de la dirección regional de fiscalías la información requerida, mediante el oficio adiado el 13 de agosto de 1996, la Dirección Nacional de Estupefacientes, procedió a expedir la Resolución 1311 del 30 de agosto de 1996, instrumento declaratorio de la pérdida de ejecutoria de la Resolución 242 de 1995, a través de la cual se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes al demandante y ordenó la expedición del respectivo certificado, para tramitar la adición de su licencia de piloto ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
Por lo anterior, la Sala concluye que si bien se le causó un daño al demandante, este no es imputable a la Dirección Nacional de Estupefacientes, pues aunque se abstuvo de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, dicho proceder negativo estuvo ajustado a derecho y a las normas relativas al procedimiento para la expedición del mismo.
En relación al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad igualmente demandada, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, pues tal como se expuso en precedencia la legitimada en causa para actuar en este caso como demanda, es la Nación - Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Ley 270 de 1996.
En este orden de ideas no se configura la imputación como elemento para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, pues el daño antijurídico soportado por los demandantes, no es atribuible ni a la Dirección Nacional de Estupefacientes ni al Ministerio de Justicia y del Derecho.
CONFÍRMASE la sentencia proferida 19 de diciembre de 2000, por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, Sección Tercera, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
(1) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp.: 9940.
(2) Consejo de Estado, sentencia de fecha 4 de junio de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Radicación: 25000-23-26-000-1994-00158-01(14721).

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 129
 artículo 37
 artículo 13
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución