Source: http://www.cnapanama.com/leyes.htm
Timestamp: 2015-07-03 02:36:18+00:00

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Contáctenos LEY No. 9
2. Poseer título profesional en derecho expedido por la Universidad de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, o por cualquier otra institución universitaria que se establezca en el futuro en la República de Panamá y cuyos títulos la Ley reconozca
3. Poseer título profesional de derecho obtenido en Universidad de reconocido prestigio, el cual deberá ser previamente revalidado en la Universidad de Panamá, salvo en el caso de convenios internacionales que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación de revalidar su título profesional.
Artículo 289: De la Ley 23 de 15 de julio de 1997 Mediante la cual se aprobó el Acuerdo de Marrakech: Adiciónese un Artículo a la Ley 9 del 18 de abril de 1984, así:
Artículo S/N: Los abogados extranjeros, bajo las condiciones expresadas en convenios internacionales, podrán asesorar exclusivamente en materia de derecho internacional, y en la legislación de la jurisdicción en la que el abogado extranjero es idóneo, en el territorio de la República de Panamá. Este asesoramiento no incluye representación en los tribunales y cortes o autoridades judiciales, administrativas o marítimas, en el territorio de Panamá.
1. La representación judicial ante la jurisdicción civil, penal, laboral, de menores, electoral, administrativa, marítima y cualquiera otra jurisdicción que exista o que se establezca en el futuro.
8.El acompañamiento a cualquier persona en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios.
Artículo 8: El Colegio Nacional de Abogados, no podrá negar la solicitud de Miembro a ningún abogado idóneo por razones de raza, clero, ideología o posición política; igualmente velará por el Bienestar Social de todos sus miembros y garantizará un Código de Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado.
EJERCICIO ILEGAL DE LA ABOGACIA
1. La persona que sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley, se anuncie o se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios personales que requieran la calidad de abogado o gestione sin autorización legal.
2. El funcionario judicial, del Ministerio Público o administrativo a quien se le compruebe que directamente o por interpuesta persona realice gestiones que impliquen ejercicio de la abogacía.
3. Se exceptúan a los estudiantes graduandos en Derecho, quienes podrán actuar como voceros en causas penales." Los infractores del presente artículo serán sancionados la primera vez con multa de cinco mil a cien mil balboas, según la gravedad del delito cometido. Toda reincidencia será castigada con el máximo de la pena. Si se tratare de funcionario público, la sanción será suspensión por treinta días la primera vez y destitución si reincidiere".
Artículo 11: Se prohibe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público el nombramiento de curadores ad-litem, curadores en concursos de acreedores o en quiebras, partidores de bienes, defensores, asesores o voceros en asunto civil, penal o administrativo a quien no tenga la condición para ejercer la abogacía o esté autorizado por la Ley. Entre los partidores de que trata este artículo se exceptúan a los agrimensores que deban nombrarse cuando se trate de división material de bienes inmuebles.
PROTECCION AL EJERCICIO DE LA ABOGACIA
Artículo: 14: Se prohibe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público aceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ejercicio de la Abogacía y no hayan sido firmados o suscritos por un abogado, salvo los casos previstos en la Constitución Nacional y en las leyes.
Se prohibe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar documentos basados en minutas que no estén elaboradas y firmas por abogados, salvo que se trate de actos de carácter personal como lo son las enajenaciones, venta y gravamenes de todos los bienes muebles o inmuebles, de la propia persona.
Artículo 16: Se prohibe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil.
Se podrá ejercer la abogacía por medio de sociedades civiles de personas, únicamente, cuando hayan sido constituídas para ese fin por abogados idóneos.
Artículo 18: Constituye falta a la ética, la infracción de las normas contenidas en el Código de Etica y Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de Abogados y de cualquier disposición legal vigente sobre tal materia.
Artículo 19: Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren, además constitutivos de delito perseguible de oficio, el tribunal disciplinario lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público para los efectos de rigor.
Artículo 20: Las sanciones que se aplicarán al abogado infractor de la ley que regula el ejercicio de la abogacía, de las normas del Código de Etica y Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de Abogados o de cualquier disposición legal vigente relativa al ejercicio de la abogacía y a la ética del abogado, son las siguientes:
1.La amonestación privada, que consiste en la reprensión privada que se hace al infractor por falta cometida.
2.La amonestación pública, que consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por falta cometida.
3.La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a un (1) mes ni superior a un (1) año, cuando se trate de infractores primarios.
4.La exclusión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término mínimo de dos (2) años.
Artículo 20-A: De la Ley 8 de 16 de Abril de 1993: Adiciónese el Artículo 20-A a la Ley 9 de 18 de abril de 1984, así: Artículo 20-A: Las sanciones contempladas en los numerales 3 y 4, serán aplicables si no mediare sentencia ejecutoriada de Tribunal competente aplicando una pena accesoria de iguales efectos.
Artículo 21: El Colegio Nacional de Abogados creará un Tribunal de Honor para la investigación de faltas a la ética por denuncia de parte interesada, o del funcionario del Organo Judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública, que conozca del caso en relación con el cual incurrió en la falta.
Los Estatutos del Colegio Nacional de Abogados dispondrán la elección escalonada de estos cinco (5) miembros.
1.Tener por lo menos diez (10) años de ejercicio de la abogacía; 2.Gozar de buen crédito moral y profesional; y
3.No ser funcionario regular de la Administración Pública, ni del Organo Judicial, ni del Ministerio Público.
Parágrafo: Para la próxima elección se elegirán tres (3) miembros para un período de dos (2 ) años. En Las subsiguientes elecciones bianuales se elegirá cada grupo de miembros por un período completo de cuatro (4) años.
Artículo 23: Cuando la Corte Suprema de Justicia advirtiera que se han cometido hechos constitutivos de falta de ética profesional o cuando recibiera alguna denuncia de parte interesada, solicitará al Tribunal de Honor la investigación correspondiente. Este procederá inmediatamente a investigar los hechos denunciados como falta a la ética profesional y se limitará a los hechos señalados en la denuncia. La investigación deberá ser concluída dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación de la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal de Honor.
1.Comprobar el hecho que constituya la o las faltas denunciadas, mediante la práctica de todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad;
2.Establecer las circunstancias que motivaron el hecho y las que lo justifiquen, atenúen o agraven;
3.Verificar la condición de abogado de la persona denunciada, el tiempo de ejercer la profesión y sus antecedentes disciplinarios; y
4.Determinar, además del autor, los par partícipes si los hubiera. El abogado denunciado tendrá la oportunidad de presentar, por escrito, al Tribunal de Honor una relación de las circunstancias que,
a su juicio, lo eximan de responsabilidad en los hechos que se le imputan.
1.Aducir excepciones.
2.Oponerse al juzgamiento, instando el archivo del proceso.
Artículo 34: En todo proceso de juzgamiento por falta de ética será oído el Procurador de la Administración como parte.
La Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declaró que es Inconstitucional el Artículo 34 de la Ley 9 de 1984 por ser contraria a los artículos 40 y 217 de la constitución. (30 de octubre de 1996).
Artículo 38: La acción disciplinaria prescribe en un (1) año, que se contará a partir del día enque se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso interrumpe la prescripción.
1.Que haya transcurrido un lapso no menor de las terceras partes del tiempo de la sanción impuesta; y 2.Que, a juicio de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, aparezca demostrado que la conducta observada por el sancionado revela su completa rehabilitación moral y para reingresar a la profesión.
La Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declaró que es Inconstitucional la frase „En las actuaciones sobre rehabilitación es parte el Procurador de la Administración“ del Artículo 41 de la Ley 9 de 1984 por ser contraria a los artículos 203 y 217 de la constitución. (10 de septiembre de 2003).
Artículo 41-A. Establécese el día 9 de agosto fecha conmemorativa del natalicio del Dr. Justo Arosemena, como Día del Abogado
Artículo 4: Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. Dada en la Ciudad de Panamá, a los 23 días del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Rubén Arosemena Valdes Secretario General
Organo Ejecutivo Nacional - Presidencia de La República.

References: Artículo 289

Artículo 8
 artículo 1

Artículo 11

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 34
 Artículo 34

Artículo 38
 Artículo 41

Artículo 41

Artículo 4