Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-ap4787-2014-de-agosto-20-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_059ef50c3af10138e0530a0101510138&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-10-21 08:27:55+00:00

Document:
﻿ Auto AP4787-2014 de agosto 20 de 2014
AUTO AP4787- 2014 DE 20 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:PRUEBA DE REFUTACIÓN. LA REFUTACIÓN EN SÍ MISMA NO CONSTITUYE UNA MODALIDAD PROBATORIA O MEDIO DE CONOCIMIENTO ADICIONADO AL ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENALESE ADJETIVO CALIFICA CON DICHA DENOMINACIÓN A LA EVIDENCIA CUANDO ESTÁ PRESENTE ESE PROPÓSITO EN EL TESTIMONIO, PERICIA, DOCUMENTO, INSPECCIÓN O MEDIO TÉCNICO O CIENTÍFICO. CUALQUIERA DE ESTOS MEDIOS PUEDE SER EL INSTRUMENTO PARA REFUTAR Y DEMERITAR LA PRUEBA REFUTADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, PRÁCTICA DE PRUEBA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA, PRUEBA SOLICITADA, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:514 DE OCTUBRE DE 2014, PÁG.1962
Auto AP4787-2014 de agosto 20 de 2014
Rad.: 43749
Bogotá, D. C., agosto veinte de dos mil catorce.
La Sala es competente para pronunciarse en este asunto, conforme a las previsiones del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por cuanto la providencia fue proferida por el Tribunal Superior de Cali.
2. La prueba de refutación.
Marco normativo. En el régimen de la Ley 906 de 2004 la referencia a las “pruebas de refutación” se encuentra en el artículo 362, de la siguiente forma:
El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la fiscalía (resaltado fuera de texto).
La denominación no la convierte en un medio de prueba diferente a los establecidos en el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. La refutación en sí misma no constituye una modalidad probatoria o medio de conocimiento adicionado al artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, ese adjetivo califica con dicha denominación a la evidencia cuando está presente ese propósito en el testimonio, pericia, documento, inspección o medio técnico o científico. Cualquiera de estos medios puede ser el instrumento para refutar y demeritar la prueba refutada.
Todos los medios referidos anteriormente, por razón de la oportunidad procesal en que deben postularse, el objeto o los fines específicos de los mismos y el órgano de prueba con el que se producen, resultan diferentes a la prueba de refutación de que trata el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal y del cual en este proveído se ocupa la Sala.
La refutación hecha con un testimonio convocado desde la fase probatoria que corresponde a la controversia principal, se puede hacer preguntando directamente sobre “aspectos relativos a la credibilidad de otro declarante” (CPP, art. 391). Esta situación es propia y exclusiva de la prueba testimonial, además de ser una facultad de quien la solicitó, quien hace los cuestionamientos con el interrogatorio. Estas características son notoriamente diferentes con las que identifican la prueba de refutación que ocupa la atención de la Sala (art. 362 ídem.).
Dada la finalidad de la refutación y el medio a través del cual se hace, cuando tiene como único objetivo en el proceso el señalado en esta providencia y corresponde a la referida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, resulta ser independiente y diferente a las enunciadas por las partes para llevar al juicio oral en la fase preparatoria del proceso con el fin de sustentar sus pretensiones.
La mismidad, suficiencia, alcance, veracidad, autenticidad o integridad como objeto de la refutación se explican en cuanto es posible con este último medio superar distorsiones puntuales suministradas por el elemento refutado o del órgano con el que se introduce, o también referencias mutiladas y con las cuales el operador judicial podría hacer una apreciación probatoria que no correspondería.
Tampoco tiene como propósito único y exclusivo la refutación el facilitar a la parte la contradicción para desacreditar a un testigo en el interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio, este tema es el objeto propio de la prueba para impugnar credibilidad, en tanto que aquella no es un mero acto de oposición, es más que ello, dado que se ejerce a través de un medio que aporta conocimiento para refutar en los términos de artículo 362 del Código de Procedimiento Penal.
Tampoco podría considerarse como prueba de refutación las aclaraciones o adiciones del testimonio, cuando a ello haya lugar, por razón de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal, tal hipótesis pertenece al objeto de la prueba refutada. En cambio, si la materia de aclaración o adición es relativa a “la credibilidad de otro declarante”, pueden aquellas asumirse como expresión de la situación regulada por el segundo inciso del artículo 391 del Código de Procedimiento Penal.
Se insiste, las metas definidas anteriormente para la prueba de refutación no son las de los medios refutados, el objeto de estas es resolver la controversia sobre la ocurrencia de una conducta, su autor, la reconstrucción histórica de circunstancias en que ocurrió un supuesto dado, la infracción a la ley penal y demás aspectos concernientes a la conducta punible, la inocencia o la responsabilidad penal de una persona, temas condensados en las pretensiones principales de las partes y que no son el fin propio de la prueba de refutación.
Efectos. La atención de la Sala la concita la refutación a que alude el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, aquel medio que busca dejar sin validez, eficacia o mérito la prueba refutada, porque se ataca esta su veracidad, autenticidad o integridad.
La prueba de refutación puede tener incidencia inmediata sobre la prueba refutada e influir en la apreciación individual del medio cuestionado y en el alcance de este con el conjunto probatorio incorporado al proceso para resolver las pretensiones de las partes.
Legitimación. La tienen el procesado y desde luego su defensor y el fiscal. Aunque no hay pautas jurídicas para radicar en cabeza de la defensa con exclusividad la prueba de refutación y en la fiscalía la contrarrefutación, ambas partes tienen la posibilidad de ofrecer tales evidencias, según obren bajo el supuesto de hecho que corresponda a la noción que se le ha asignado a cada uno de tales medios (refutación y contrarrefutación).
Si el cuestionamiento se vincula con una prueba de la contraparte y de ello se tiene conocimiento desde la fase ordinaria para solicitar pruebas en el proceso, la contradicción se ejerce no con un medio de refutación sino a través del contrainterrogatorio, la impugnación de credibilidad (CPP, arts. 403, 440 y 441) o con prueba sobreviniente.
El procedimiento señalado enfrenta y controla actos de ocultación y de deslealtad de las partes, pues de lo contrario nada se podría hacer contra quien deja para ofrecer las pruebas en el juicio oral a pesar de que de ellas tiene conocimiento con antelación y por tanto debió ponerlas a consideración desde la preparatoria, proceder este que disfraza como prueba de refutación a la que no lo es, lo que también conlleva un desequilibrio en el ejercicio de los derechos de una parte en el proceso con detrimento de las garantías fundamentales de la otra.
Práctica. El orden de recepción de la prueba de refutación no es discrecional de las partes o del juez, el legislador lo estableció en el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, de tal manera que si la prueba refutada es de la fiscalía deberá practicarse a continuación la refutación de la defensa, a fin de que el juez se forme de manera integral el juicio acerca de la prueba cuestionada y viceversa.
Ese es el orden en que habrá de practicarse la prueba de refutación, con el fin de organizar y brindarle coherencia al proceso de conocimiento que ha de surtirse en el juicio oral y público, aquel nunca se puede alterar para darle paso primero a la prueba de refutación y luego a la refutada, pues el supuesto que justifica la novedad es precisamente el dato que se conoce a través de la prueba del caso y si esta no se ha introducido al juicio público no es posible el ingreso del medio de contradicción.
Contrarrefutación. Dado el equilibrio de oportunidades, facultades y derechos que debe existir entre las partes en la actuación procesal, emerge la posibilidad que se presente la contra refutación mediante la cual se cuestiona la prueba de refutación, siempre que cumpla las exigencias que se han señalado para el medio de refutación.
La Ley 906 de 2004 únicamente enunció la prueba de refutación, en consecuencia su desarrollo integral y sistemático le corresponde asumirlo a la jurisprudencia y más en el campo de los recursos respecto de las decisiones de los jueces (singular o plural) en esa materia.
En apoyo de la restricción a la impugnación de la providencia que decida sobre la prueba de refutación, se suma la necesidad de administrar una justicia pronta, sin dilaciones, en donde las decisiones judiciales materialicen la eficacia de la justicia y den prevalencia al derecho sustancial, propósitos que se verían gravemente comprometidos con trámites que posponen en el tiempo lo que se ha de resolver en la sentencia que ponga fin al proceso.
A juicio de la Sala dados los fines del proceso penal y aplicado a ellos los moduladores de la actividad procesal (art. 27 ídem) se impone con criterio ponderado evitar los excesos contrarios que resulten en detrimento de la función pública de administrar justicia, como así se evidenciaría con la posibilidad de interponer recursos sobre temas de estricta refutación probatoria y los cuales se controlan por el juez al decidir si decreta o no la prueba, o denegando actuaciones temerarias o dilatorias (CPP, arts. 140-2, 141 y 161-3) o en la sentencia al apreciar la prueba con los principios de identidad, existencia material o jurídica, sana crítica, legalidad o convicción y al verificar el respeto de las garantías debidas para el tema en examen al acusador, al procesado o al defensor.
La doble instancia para las partes estaría materializada con los recursos contra las sentencias de instancia, oportunidad en que se pueden cuestionar tópicos vinculados con la prueba de refutación y que sean trascendentes en relación con las garantías o derechos fundamentales o la credibilidad de la evidencia que fundamente la decisión.
Los recursos contra las sentencias realizan plenamente la contradicción y el examen por el superior funcional de la situación que se resuelve en esta providencia, pues no necesariamente en el ordenamiento jurídico todas las decisiones admiten inmediatamente recursos, ejemplo de ello es la que decide o no el decreto de la prueba de refutación, pues tratándose de un aspecto relativo al cuestionamiento de un medio probatorio su incidencia en el proceso se advierte con certeza en el fallo al momento de definir la eficacia de los elementos en los que se ha de soportar la absolución o la condena, de ahí que ese sea el momento procesal idóneo para que las partes censuren o reclamen lo que tenga trascendencia para su teoría del caso.
Los medios autorizados para impugnar credibilidad no pueden identificarse con la prueba de refutación. La refutación que en esta oportunidad se examina no es la vinculada con los elementos que la ley autoriza utilizar a las partes en la audiencia pública para impugnar credibilidad de la prueba de la contraparte, de las cuales son ejemplos las situaciones a las que se refieren los artículos 403, 440 y 441 del Código de Procedimiento Penal.
La credibilidad de un testigo se puede refutar con la declaración de otro en el interrogatorio, pues así se autoriza por el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, impugnación de la que es indiscutible su diferencia con la prueba de refutación del artículo 362 de la Ley 906 de 2004.
Tampoco la prueba sobreviniente puede identificarse con la prueba de refutación, así sea en el evento en que esta última se conoció únicamente en el juicio oral con los resultados probatorios de la prueba practicada, por la diferencia de objeto que caracteriza a cada una.
Si una de las partes al momento del juicio oral encuentra una prueba significativa para conjurar graves perjuicios en la resolución del problema jurídico o el derecho de defensa, solamente con carácter excepcional se puede autorizar su práctica dado su condición de sobreviniente. Este supuesto es el que corresponde al artículo 344 de la Ley 906 de 2004, cuando establece que “si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”.
4. (sic) Caso concreto.
Bajo los principios teóricos expuestos y no obstante que no procede el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en este asunto, la Sala para enriquecer el entendimiento del criterio jurisprudencial que se viene expresando en esta providencia ahondará en el examen de las particularidades del caso concreto.
Los medios de prueba de refutación cuya aducción pretende la fiscalía por su contenido y conocimiento no satisfacen la exigencia de haberse percatado la parte de ello al momento de rendir el testimonio Urdinola, pues el ente acusador sabía no solamente de la existencia de la prueba sino que le era previsible determinar su información y alcance y determinar su necesidad de postularla desde la audiencia preparatoria, dado que desde la investigación era sabedora que a Enrique Molinares le constaba que “Antonio Urdinola manipuló la constancia que sirvió de base al título ejecutivo y (…) como fue cercenada una información en dicho documento, previa preparación preordenada (sic) por parte del doctor Antonio Urdinola”.
Entonces, el testimonio de Álvaro Enrique Molinares Navia, solicitado por la fiscalía para efectos de desmentir las afirmaciones expuestas por el testigo de descargo Antonio José Urdinola Uribe, quien afirma que los documentos aportados a la demanda civil son válidos y que contenían la información suficiente para estructurar el título ejecutivo complejo, era un aspecto sobre el que aquella tenía el elemento de prueba que informaba lo contrario desde cuando le recibió entrevista a Álvaro Enrique Molinares Navia, y que por lo tanto pudo solicitarse su testimonio con anterioridad al juicio oral, en la preparatoria, lo cual traduce en improcedente por extemporánea tal petición.
Además, desde la preparatoria la defensa argumentó la pertinencia del testimonio de Urdinola Uribe, posteriormente decretado, sosteniendo que esa declaración se dirigiría a explicar la validez, legalidad y exigibilidad de los documentos con los cuales se inició el proceso civil, pues era la persona “titular del crédito que originó el proceso civil y es el beneficiario del mismo” y quien puede “explicar con qué documentos se inició el proceso”, así como “las supuestas entregas de dinero por parte de su suegro Jorge Garcés Arellano a la acusada”(8).
Incluso, es el propio fiscal quien en el escrito de acusación señala a Álvaro José Urdinola Uribe como la persona que presentó, ante el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, la demanda ejecutiva “con un aparente título ejecutivo complejo”(9).
Es decir, que el acusador tuvo la posibilidad de prever los términos en los cuales podría surtirse el testimonio de Urdinola Grajales, sin que haya solicitado en su momento el medio de prueba con el cual ahora pretende refutarlo, más aun si su objetivo es demostrar que “la preparación de ese elemento que fue parte del título complejo fue manipulada por el doctor Urdinola para obtener una respuesta conforme sus intereses y con eso simular un supuesto título complejo para colocar la demanda”(10).
El fiscal tampoco señaló en concreto la afirmación de Urdinola Uribe que pretende restarle valor, lo que no puede presumir o sobreentender el juzgador, ese aspecto es esencial en la prueba de refutación y aquel se limitó a solicitar “una serie de declaraciones que rindieron los operadores de Invercauca quienes concurrieron a la Fiscalía de Palmira, que adelanta la designación (sic) por secuestro y terrorismo, quienes concurrieron a ese despacho a manifestar que fueron presionados por los patronos de Invercauca, Alexandra Garcés y Antonio Urdinola, para formular cargos contra Héctor Fabio Restrepo, se retractaron de los hechos denunciados y, finalmente, eso llevó a un archivo de ese proceso (…) no conozco si es por inhibitorio o preclusión (…) no conozco el número de la providencia”, sin justificar la razón por la cual dicho medio de convicción resulta fundamental para restarle credibilidad al testigo de descargo en relación con los hechos que a él le constan frente a las conductas atribuidas a la doctora Teresa López Muñoz.
(8) Archivo de audio Nº 6, record 1:16':16", CD adjunto Nº 2, audiencia preparatoria de noviembre 15 de 2012, carpeta original 1.
(9) Folio 41, cuaderno 1 original.
(10) Archivo de audio Nº 76001600019920100120800_760012204006_2, record 49':54", CD adjunto Nº 9, carpeta original 3.

References: ARTÍCULO 382
 artículo 32
 artículo 362
 artículo 382
 artículo 382
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 393
 artículo 391
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 391
 artículo 362
 resolución 
 artículo 344