Source: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30028095
Timestamp: 2020-02-18 18:11:45+00:00

Document:
C-561 de 2015
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030028095CC-SENTENCIAC561201502/09/2015CC-SENTENCIA_C_561__2015_02/09/2015300280932015Sentencia C-561/15 ACCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR- Procedimiento MULTAS QUE IMPONEN LAS SUPERINTENDENCIAS FINANCIERA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES- Incorporación a su presupuesto no desconoce la prohibición del establecimiento de rentas nacionales con destinación específica/ ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Y PROCEDIMIENTO EN PROCESOS SOBRE VIOLACION A DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES- Dinero destinado a la Superintendencia de Industria y Comercio derivado de multas que impone en ejercicio de sus competencias DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos formales mínimos/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes CORTE CONSTITUCIONAL- Respeto por el precedente/ PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL -Importancia argumentativa/ JURISPRUDENCIA- Valor como fuente de derecho en el orden interno PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL- Carácter vinculante DISPOSICION JURIDICA Y NORMA JURIDICA- Diferencia COSA JUZGADA- Dimensión formal y material PRECEDENTE Y PRINCIPIO DE IGUALDAD- Permite al juez invocar razones previamente expuestas a favor de una decisión para fallar nuevo caso en el mismo sentido JUEZ- Precedentes incompatibles modifica las cargas que debe asumir PROHIBICION DE RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA- Rectificación del precedente ACTUACION SANCIONATORIA- Aplicación estricta de los principios del debido proceso DESVIACION DE PODER O DESVIACION DE LAS PROPIAS ATRIBUCIONES- Alcance SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUPERINTENDENCIA FINANCIERA- Propósito de la imposición de multas y procedimientos sancionatorios ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Y PROCEDIMIENTO EN PROCESOS SOBRE VIOLACION A DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES- Aplicación del precedente sentado en sentencia C-280 de 1996 Referencia: expediente D-10649 Actor: Alejandro Ayola Toro Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 numerales 10 y 11 (parciales), artículo 61, parágrafo 3 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones” Magistrada Ponente: MARIA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA
Alejandro Ayola ToroCONSTITUCIONALIDADMaría Victoria Calle CorreaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 numerales 10 y 11 (parciales), artículo 61, parágrafo 3 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones” D-10649Identificadores20030092810true1178988original30092800Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 numerales 10 y 11 (parciales), artículo 61, parágrafo 3 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”
Sentencia C-561/15
ACCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR-Procedimiento
MULTAS QUE IMPONEN LAS SUPERINTENDENCIAS FINANCIERA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES-Incorporación a su presupuesto no desconoce la prohibición del establecimiento de rentas nacionales con destinación específica/ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Y PROCEDIMIENTO EN PROCESOS SOBRE VIOLACION A DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES-Dinero destinado a la Superintendencia de Industria y Comercio derivado de multas que impone en ejercicio de sus competencias
CORTE CONSTITUCIONAL-Respeto por el precedente/PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Importancia argumentativa/JURISPRUDENCIA-Valor como fuente de derecho en el orden interno
DISPOSICION JURIDICA Y NORMA JURIDICA-Diferencia
COSA JUZGADA-Dimensión formal y material
PRECEDENTE Y PRINCIPIO DE IGUALDAD-Permite al juez invocar razones previamente expuestas a favor de una decisión para fallar nuevo caso en el mismo sentido
JUEZ-Precedentes incompatibles modifica las cargas que debe asumir
PROHIBICION DE RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Rectificación del precedente
ACTUACION SANCIONATORIA-Aplicación estricta de los principios del debido proceso
DESVIACION DE PODER O DESVIACION DE LAS PROPIAS ATRIBUCIONES-Alcance
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUPERINTENDENCIA FINANCIERA-Propósito de la imposición de multas y procedimientos sancionatorios
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Y PROCEDIMIENTO EN PROCESOS SOBRE VIOLACION A DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES-Aplicación del precedente sentado en sentencia C-280 de 1996
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 numerales 10 y 11 (parciales), artículo 61, parágrafo 3 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”
II.TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
“ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO. Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales:
2. De igual forma, el artículo 58, literal a), numeral 11 de la ley demandada faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar con multas sucesivas a su favor, equivalentes a la séptima parte de un salario mínimo legal mensual vigente, por cada día de retardo en el incumplimiento de la orden impartida en la sentencia, o de una conciliación o transacción realizadas en legal forma. Ello viola el artículo 359 de la Constitución y el Decreto 111 de 1996, por las razones ya expuestas. Afirma que no pretende discutir “las facultades disciplinarias y correctivas otorgadas a la Superintendencia, sino el que esa multa ingrese con previa destinación a un fondo común (al de la Superintendencia de Industria y Comercio), sin antes asignarse a la financiación del gasto público, que es el deber normativo.”
De acuerdo con los argumentos de la demanda, las multas deben ir al presupuesto nacional. Añade que las superintendencias hacen parte de la administración nacional y que sus gastos e ingresos deben “consolidarse” en un capítulo específico del presupuesto nacional. Las multas previstas en las normas demandadas son nacionales y de destinación específica, pues se dirigen a sufragar los gastos de un ente público. Dichos ingresos no se ajustan a ninguna de las excepciones previstas por el artículo 359 Superior, dado que “las superintendencias no son entidades territoriales, no se destinan a la inversión social y mucho menos reciben dineros para cumplir funciones de previsión social”. (El demandante cita la sentencia C-748 de 2011).
En otro acápite de la demanda manifiesta que los dineros producto de las multas no son “un factor válido de financiación” para las Superintendencias Financiera y de Industria y Comercio. “La prohibición de rentas específicas encuentra total fundamento de objeción en este estudio. Una partida presupuestal que tenga como destino directo el de una Superintendencia de ninguna forma cae en el amparo del espectro semántico de una de las excepciones consagradas en el artículo 359 de la Constitución Política”. (Subrayas en el texto).
3. Indica el actor, que el parágrafo 3º del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 estipula que el 50% de las sanciones impuestas por la Superintendencia Financiera (sic) “en ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de telecomunicaciones, servicios postales, falta de registro o no renovación del registro en las Cámaras de Comercio y de protección de datos personales o hábeas data tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia y el otro 50% se destinará a fortalecer la red nacional de protección al consumidor”, y concluye que esa regulación también contradice la prohibición de destinación de rentas específicas y el de Unidad de caja, establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional.
La financiación de esas entidades debe basarse en los recursos del presupuesto nacional, en cumplimiento del principio de “gasto público”, consagrado en el artículo 345 de la Constitución.
4. Por otra parte, propone que las normas demandadas, en su conjunto, trasgreden el artículo 29 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental al debido proceso, aplicable en todas las actuaciones administrativas y judiciales. Y, especialmente, el principio de imparcialidad para evitar que el juzgador sea juez y parte o juez en causa propia. Así las cosas, los recursos producto de la sanciones vulneran la Constitución política porque el sujeto “supra-ordenado que toma la decisión de imponer la sanción, es en últimas su mismo beneficiario (…) ostentando así una posición privilegiada dentro de la estructura adversarial que gobierna estas actuaciones”.
En relación con el debido proceso, estima el demandante que “comporta una ruptura grave a la imparcialidad en las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en los casos materia de estudio, de la Superintendencia financiera, que los dineros fruto de las sanciones o multas o que imponga en cada uno de los escenarios procedimentales anunciados se destinen a su presupuesto directo, van contra la misma esencia del proceso y perjudica (sic) a las partes, pues no se plasma en el dictado máximo de decisión justa”.
Establece que entonces los ingresos corrientes de la Nación “están conformados por los impuestos, los fondos de seguridad social, las inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la ejecución, su devengamiento (sic) produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual”.
Por otro lado, argumenta que reviste especial importancia determinar la composición del presupuesto de rentas, el cual está conformado por: “(i) los ingresos corrientes de la nación (…) aquellos que llegan a las arcas públicas de manera regular, no esporádica. (ii) Las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que hace parte del presupuesto. (iii) los fondos especiales (…) ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes. (iv) los recursos de capital. (v) los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional: El Estatuto Orgánico de Presupuesto estableció que el presupuesto de rentas y recursos de capital, además de incluir los ingresos del gobierno central, deberá contemplar los ingresos obtenidos por los establecimientos públicos nacionales, distinguiendo las rentas por transferencia y los aportes que reciben del gobierno nacional, con el objetivo de evitar una doble contabilización de éstos dentro del presupuesto. Los establecimientos públicos a su vez también cuentan con recursos corrientes, siendo estos de libre disponibilidades, destinándose a garantizar la financiación de gastos recurrentes o de funcionamiento de la entidad.
Sostiene que el artículo 359 prevé la prohibición de que se creen rentas con destinación específica, para establecer “ciertas inflexibilidades” destinadas a clarificar la gestión del presupuesto: “Las rentas de destinación específica tienen como objetivo asegurar la afectación de un porcentaje determinado del recaudo para atender cierto fin que se considera prioritario en el presupuesto público. La prohibición de que habla el artículo 359 CP se aplica exclusivamente a las rentas de naturaleza tributaria o impuestos de carácter nacional incluidos en el Presupuesto General de la Nación. (Cita las sentencias C-072 de 2014, C-535 de 2013, C-914 de 2010, C-262 de 2011).
Al no entenderse el alcance del artículo 359 Superior, el argumento es a su vez, insuficiente. Además, la Corte ha recalcado su deber de deferencia hacia la libertad de configuración legislativa, lo que implica una carga de “robustez argumentativa” para los demandantes. O como una carga dinámica del aprueba.
También se afirma que el actor presenta una incorrecta interpretación de la estructura administrativa del Estado colombiano. “una superintendencia… se instituye como un Establecimiento Público del Orden Nacional, descentralizado, con personería jurídica, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Y en virtud de dicha denominación, los recursos propios de esta entidad, corresponde a autorizaciones de recaudo para la atención de gastos misionales de este tipo de establecimientos.
“No se hace inteligible (del cuerpo de la demanda) la manera en la cual la facultad que ostenta la SIC de imponer sanciones a favor de ésta misma, vulnera el derecho al debido proceso. El autor entiende que la expresión ‘a favor de’ implica la generación de un incentivo perverso en cabeza de la SIC para perder objetividad e imparcialidad al ser éste el mismo depositario d las consecuencias de su decisión. || Este argumento no deja ni siquiera intuir un cargo concreto, sin dejos de subjetividad y vaguedad que admita la configuración real de una violación al artículo 29 de la CP. No se entiende (porque no existe) cuál es la consecuencia lógica de argumentos que permite partir al autor (sic) de una situación de hecho específica (imposición de multas por la SIC en el marco del derecho del consumo) para atribuirle tal consecuencia jurídica como lo es la vulneración al derecho fundamentalísimo al debido proceso. A su vez … pierde de vista el hecho de que una de las funciones asignadas constitucionalmente a la SIC (y mediante las leyes que la desarrollan) es velar por la maximización del bienestar del consumidor, tanto en cuanto a la integridad del mercado, la libre competencia pero también, ejerciendo la protección directa de éste, nivelando la disparidad negocial…”
“Se hace imposible pensar que la percepción directa de dineros de las multas que la SIC impone en el marco (de sus) atribuciones jurisdiccionales del derecho del consumo, afecte o comprometa la imparcialidad y objetividad de juzgamiento que realizar al sancionar si se entiende que uno de los fines últimos u objetivos de la SIC es (…) su fortalecimiento estructural e institucional para mejorar la protección efectiva del consumidor (…) los dineros que percibe la SIC serán trasladados al consumidor”.
Inicia su análisis jurídico exponiendo las razones por las que, en su criterio, las normas demandas no infringen el artículo 359 de la Constitución. En primer término, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio financia su actividad de vigilancia y control a partir de los recursos propios y aportes de la nación, la contribución por vigilancia a las cámaras de comercio, y las multas. Argumenta que el recaudo que corresponde a estas últimas representa solo un pequeño porcentaje del presupuesto general de la entidad, lo que desvirtúa “cualquier argumento tendiente a demostrar que esta Superintendencia pueda abusar de su facultad sancionatoria para financiar el costo que genera cumplir con las funciones que le han sido atribuidas por la ley”.
Explica que la Corte Constitucional desde la sentencia C-040 de 1993 dejó claro “que las rentas nacionales a que se refiere el artículo 359 de la Constitución Política son de naturaleza tributaria”, y debido a que las multas no poseen esa calidad no pueden ser consideradas rentas nacionales.
“Aunado a lo anterior, se debe recordar que de conformidad con el Decreto 111 de 1996, (Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, por compilación de la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995) el presupuesto de rentas y recursos de capital, está integrado por la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que hacen parte del Presupuesto General, los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional. Así mismo, los ingresos del Presupuesto General de la Nación están conformado por los ingresos de la Nación y por los recursos propios de los establecimientos públicos nacionales.
En el argot fiscal, se conoce a estas rentas como los recursos ordinarios o comunes, es decir aquellos con los que en forma ordinaria y corriente cuenta la Nación, tales como los derivados de los impuestos directos o indirectos, entre otros. En tal sentido, no hacen parte de estos ingresos las multas, pues resultaría débil, inestable, azaroso y adicionalmente “perverso” que el Presupuesto General de la Nación las incluyera (…) dentro de sus fuentes ordinarias de financiación. [Invoca, para sustentar sus argumentos, las sentencias C-009/02 y
C-495/98 […] señala: “De otra parte si tenemos en cuenta que la finalidad del artículo 359 de la Carta era la de aumentar los ingresos corrientes del presupuesto nacional para que el monto de la participación a las entidades territoriales sea mayor, es claro que no tiene ningún sentido prohibir a las autoridades competentes que creen rentas municipales o departamentales de destinación específica” […] Conviene ahora examinar el carácter de renta específica que le imputa el actor al destino de las multas señaladas en las normas demandadas […] el Legislador en su inteligencia, al señalar el destino de las multas, que ellas coadyuvaran al fortalecimiento de la función tutelar y protectora de esta Superintendencia, así como el de la Superintendencia Financiera y el de la Red Nacional de Protección al Consumidor, precisamente en beneficio del consumidor colombiano, el cual, conforme al artículo. 5º de la Ley 1480 de 2011, lo constituyen toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, o doméstica y empresarial, cuando no esté ligada a su actividad económica.
Una lectura errada de la norma en cita, sería la de pensar que el valor de las multas benefician a las superintendencias nombradas, en cuanto tales, es decir al incremento de su acervo patrimonial o su disposición a favor de un exclusivo sector económico o geográfico. Muy por el contrario, es clara y manifiesta la intención de la norma: Fortalecer la función y las competencias que le otorga la Ley a los entes de vigilancia en materia de protección al consumidor y a la red, misma, conformada, como lo señala el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 “La Red Nacional de Protección al Consumidor estará conformada por los consejos de protección al consumidor de carácter nacional o loca donde existan, las alcaldías y las autoridades administrativas del orden nacional que tengan asignadas funciones de protección al consumidor, las ligas y asociaciones de consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio”.
(…) Por estas mismas razones, es decir, la de entender que el destino indicado para las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, sirven precisamente para fortalecer su capacidad de respuesta en su función pública como ente de control y vigilancia, y no la de fines particulares en propio beneficio como entidad, es que de igual forma se entiende que no resulta válido aceptar que la Superintendencia tenga interés propio en las multas que impone, y por tal razón resulta comprometida el debido proceso”.
Para empezar, considera que los apartes acusados son constitucionales a la luz del artículo 359 de la C.P, “toda vez que la prohibición de rentas nacionales de destinación específica se predica solo de los ingresos tributarios y las multas carecen de esa naturaleza”. Argumenta que la Corte Constitucional, en sentencias C-040 de 1993, C-280 de 1996 y C-495 de 1998, ha establecido que el alcance de la prohibición del artículo 359 Superior se aplica exclusivamente a las rentas nacionales de naturaleza tributaria.
En consecuencia, concluye que los cargos de la demanda carecen de fundamento “toda vez que la prohibición de la norma constitucional se refiere solo a los impuestos nacionales, y las multas no poseen naturaleza impositiva”.
Respecto a la eventual vulneración de la garantía de imparcialidad que se desprende del derecho al debido proceso, dice que “de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio se predica su probidad e independencia, por lo que si al momento de investigar y sancionar si fuere el caso,advierten un interés diferente para la cual han sido facultados por las disposiciones legales, deben declararse impedidos, o ser recusados, si se encuentran dentro de las causales previstas para el efecto”.
Inicia su intervención con una aclaración preliminar, donde manifiesta abstenerse de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto a la expresión demandada: “se destinará para fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red”, toda vez que el accionante no planteó ninguna razón suficiente para considerar que ese aparte normativo desconoce los artículos 29 y 359 de la Constitución Política. En ese orden, la Procuraduría General plantea su análisis constitucional en torno a las demás expresiones acusadas en la demanda.
El Ministerio Público coincide con el accionante al considerar que las expresiones “a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio” y “tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia” contenidas en los artículos 58 y 61 del Estatuto de Protección al Consumidor, al destinar las multas (consideradas como ingresos no tributarios) al presupuesto de cada Superintendencia y no al Presupuesto General de la Nación, vulneran lo dispuesto en el artículo 359 Superior.
Plantea que la jurisprudencia de la Corte[1] ha precisado que el régimen presupuestal tiene base constitucional, además que la renta nacional comprende “todos los ingresos del Estado que se incorporan al presupuesto para atender el gasto público y que tales rentas nacionales se integran los recursos, incluyendo aquellos de origen no tributario[2]”. En ese orden de ideas, en concepto de la representante del Ministerio Público, las multas, consideradas como ingresos no tributarios, pertenecen al presupuesto General de la Nación, razón por la cual las disposiciones normativas demandadas incurren en la prohibición prevista en el artículo 359 CP, al determinar que los recaudos por multas serían a favor de las entidades que impusieron dichas sanciones como consecuencia de procesos administrativos y judiciales por violaciones al Estatuto de Protección al Consumidor.
En conclusión, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional (i) declarar inexequible las expresiones “a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio”, y “tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia” contenidas en los artículos 58 y 61 de la Ley 1480 de 2011; y (ii) declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la expresión “se destinará para fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red” contenida en el parágrafo 3º del artículo 61 del mismo cuerpo normativo, por ineptitud sustancial del cargo.
Comenzó por señalar que el tema del manejo, recepción y destino de los recaudos por ingresos corrientes no tributarios ya ha sido aclarado por la jurisprudencia Constitucional. En principio, argumenta que la posición de la Corte Constitucional en las sentencia C-385 de 2003, reiterada en la C-477 de 2003 puede “de manera eventual, dar cabida al debate acerca de la posible destinación de un porcentaje de los recaudos por multas y sanciones a favor o a cargo de la entidad encargada de determinar y aplicar dichas sanciones”; sin embargo, afirma que el tema que se debate en el presente asunto tiene una fundamentación constitucional diferente, pues “la prohibición de crear ingresos con destinación específica tiene una congruencia con el principio de unidad de caja establecido en el estatuto orgánico de presupuesto, y es allí donde se centra la contravención fundamental de la norma demandada”.
Sobre la violación del artículo 359 Superior, aduce que la expresión “rentas nacionales de destinación específica” contenida en esa norma, se refiere exclusivamente a rentas de naturaleza tributaria, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-040 de 1993. Señala que en esa oportunidad el alto tribunal afirmó que “…la prohibición del artículo 359 se aplica con exclusividad a las rentas nacionales de carácter tributario. En ningún caso a las rentas propias de las entidades territoriales o descentralizadas, como tampoco a las contribuciones parafiscales”. Por lo anterior, en criterio de la interviniente, debido a que las multas son considerados ingresos no tributarios se encuentran excluidas de la prohibición del artículo 359 constitucional.
Por otro lado, la interviniente no encuentra que las normas objeto de análisis en el presente asunto, vulneren el debido proceso a los infractores de los derechos de los consumidores, porque “la destinación final de la sanción que le corresponda al individuo - en este caso a la Superintendencia de Industria y Comercio - no viola ninguna garantía en pro de una adecuada aplicación de la justicia”.
Para finalizar, se refiere al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, argumenta que las razones de la demanda no constituyen verdaderos cargos por carecer de claridad, debido a que “mezcla los argumentos de cada cargo de inconstitucionalidad” y porque no evidencia “-con sustento legal y no exclusivamente subjetivo- la conexión entre el precepto constitucional vulnerado y la norma legal objeto de la inconstitucionalidad, generando que el lector no logre identificar por qué debe ser declarada la inconstitucionalidad”. Así mismo, encuentra que la demanda carece de especificidad al no definir de manera clara cómo la disposición acusada vulnera los preceptos constitucionales invocados, y finalmente expone la falta de pertinencia y suficiencia al afirmar que “los cargos esbozados en la demanda se limitan a expresar puntos de vista subjetivos del demandante, basados en simples críticas personales sobre la inconveniencia de la medida acusada”.
Fundamentándose en lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, expone que los ingresos corrientes de la Nación, que forman parte de su presupuesto, se dividen en “tributarios” y “no tributarios”. Sostiene que las multas, al ser parte de los ingresos no tributarios, debe ingresar “de manera directa al presupuesto nacional y que en nada se relaciona con las excepciones de que trata el artículo 359 de la Constitución Política”, advirtiendo de esta manera la violación del artículo 359 Superior.
En relación con la presunta violación de artículo 29 de la Carta, expresa que el cargo debe ser desestimado porque del contenido de las normas demandadas no se predica la violación al derecho al debido, alegada por el accionante. Argumenta que la Ley 1480 de 2011 “prevé un trámite específico que debe seguir la Superintendencia de Industria y Comercio a la hora de aplicar las multas y sanciones de que trata la referida normativa” y afirma que dicho procedimiento garantiza el derecho a la defensa del sancionado al exigir una etapa de investigación que fundamente la imposición de la sanción.
Respecto al principio de imparcialidad, señala que las expresiones “a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio” (artículo 58 numeral 10 y literal a) del numeral 11) y “tendrán como destino el presupuesto de la Superintendencia” (art. 61 parágrafo 3º), contrarían el principio en mención, “al otorgarle un beneficio directo a la misma autoridad que impone la multa: destinar de manera específica una renta nacional a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera”.
Finalmente, aclara que la expresión “se destinará para fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red” no transgrede el principio de imparcialidad, bajo el entendido que la Superintendencia de Industria y Comercio no es la beneficiaria directa de ese porcentaje, pues el objetivo de la destinación es proteger el interés general de los consumidores.
14. En ese orden de ideas, las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”[3].
15. Si bien en este trámite solo la Universidad de los Andes aunque defendió la exequibilidad de las normas demandadas, también expresó razones para solicitar un pronunciamiento inhibitorio y los cargos a primera vista satisfacen las cargas recién indicadas, encuentra la Sala que el actor no presenta acusación alguna contra uno de los apartes demandadas, tal como lo señala el Procurador General de la Nación. Así, aunque es claro que estima que una regulación que confiere a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos derivados de las multas que la entidad impone desconoce el debido proceso (principio de imparcialidad), no expresa las razones por las que estima inconstitucional que parte de ese dinero se destine a “fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red.”, como lo ordena el inciso final del artículo 64 de la Ley 1480 de 2011, parcialmente demandado.
En la sentencia C-748 de 2001 la Corporación ejerció el control previo de constitucionalidad sobre el proyecto de ley estatutaria no 184 de 2010, Senado, y 046 de 2010, Cámara, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. En el control y vigilancia del manejo de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce diversas funciones y, entre estas, posee la facultad de imponer sanciones a las empresas que vulneren los mandatos de la ley citada y, por esa vía, el derecho al habeas data.
Artículo 19. Autoridad de protección de datos.La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley.
La Corte estimó que la decisión legislativa de destinar al funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio las sumas de dinero derivadas de sanciones que la misma entidad impone resultaba violatorio de la prohibición de rentas con destinación específica y del principio de unidad de caja, contemplado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Resulta pertinente entonces citar la argumentación de la sentencia:
“2.19.3.Análisis de constitucionalidad del artículo 20
En este orden, la financiación de esta nueva dependencia dependerá de los recursos del presupuesto nacional señalados en el literal b) del artículo 20 en revisión, que en consecuencia será declarado exequible pues se establece en cumplimiento del principio del gasto público consagrado en el artículo 345”[4].
Un grupo de intervinientes sostiene que la Corte debe seguir el precedente contenido en la sentencia C-748 de 2011, en la que se declaró la inexequibilidad del artículo 20 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
Artículo 20 de laal Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
Artículo 20. Recursos para el ejercicio de sus funciones.La Superintendencia de Industria y Comercio contará con los siguientes recursos para ejercer las funciones que le son atribuidas por la presente ley:
Así, el artículo declarado inexequible en la sentencia C-748 de 2011[5] establecía directamente que las multas harían parte de los recursos de la Superintendencia de Industria y Comercio para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, en materia de protección de datos. Las normas que se demandan plantean que, en el ejercicio de funciones sancionatorias por violación de las normas de protección del consumidor, el dinero recaudado por concepto de multas se debe pagar a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio (artículos 59, literales 10 y 11, parciales) o que el 50% de esos recaudos se destinará al presupuesto de la misma institución (artículo 61, parágrafo 3º, parcial). Así las cosas, los textos no coinciden punto por punto (las DJ no son iguales) y no existe cosa juzgada en su dimensión formal.
Por ese motivo, la Sala concluye que si bien no se trata de normas idénticas, pues no coinciden plenamente en su ámbito de aplicación, sí guardan una semejanza indiscutible. Todas suponen que el dinero recaudado a través de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio puede o debe ingresar a su propio presupuesto. La ratio decidendi de la sentencia C-748 de 2011[6] responde, precisamente, al problema jurídico acerca de si esa destinación desconoce la prohibición contenida en el artículo 359, Superior. Por lo tanto, si bien no se presenta cosa juzgada material, sí existe un precedente relevante para la decisión del caso concreto.
En la C-748 de 2011[7], la Corporación analizó un contenido normativo muy similar a los que actualmente son estudiados por la Sala, resulta claro que, en principio, debería seguirse la argumentación trazada en esa ocasión y, en consecuencia, declarar la inexequibilidad de los fragmentos normativos de la ley 1480 de 2011, objeto de análisis.
Sin embargo, la Sala observa que, en este trámite, el Ministerio de Hacienda presentó argumentos sólidos a favor de una decisión distinta. Estos argumentos se basan en que, según jurisprudencia constitucional (sentencia C-280 de 1996[8] en la que la Corporación estudió la constitucionalidad de un amplio conjunto de artículos de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único), las multas sí pueden destinarse a una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que ello viole la prohibición contenida en el artículo 359 de la Constitución Política.
“13- Uno de los demandantes ataca aquellas expresiones del CDU que destinan a la entidad correspondiente el producto de las multas impuestas como sanción disciplinaria, pues considera que de esa manera se establece una contribución parafiscal, cuya creación compete al Legislador y no a la autoridad sancionadora. Además, añade, esta destinación provoca en la administración un comportamiento doloso tendiente a imponer multas a fin de acrecentar el presupuesto de la entidad respectiva, por lo cual el actor pide la inexequibilidad de varias expresiones de los artículos 29 y 31 del CDU.
La Corte no comparte el cargo del actor y declarará exequibles esas expresiones, pues las multas son sanciones pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, por lo cual se distinguen nítidamente de las contribuciones fiscales y parafiscales, pues estas últimas son consecuencia del poder impositivo del Estado. Esta diferencia de naturaleza jurídica de estas figuras jurídicas se articula a la diversidad de finalidades de las mismas. Así, una multa se establece con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable, mientras que una contribución es un medio para financiar los gastos del Estado. Por consiguiente, si una autoridad disciplinaria impone multas a los servidores públicos, no con el fin de sancionar o prevenir la comisión de faltas disciplinarias sino para aumentar sus recursos, estaríamos en frente de una típica desviación de poder que -conforme al artículo 88 del C.C.A- implicaría la nulidad de la actuación, pues la autoridad habría utilizado sus atribuciones con una finalidad distinta a aquella para la cual le fueron conferidas por la normatividad. Pero esa eventualidad no implica la inconstitucionalidad del mandato, según el cual, las multas impuestas como sanciones disciplinarias deben destinarse a la entidad en la cual preste o haya prestado sus servicios el funcionario. En efecto, se reitera, las multas no tienen naturaleza tributaria, como lo demuestra precisamente el artículo 27 del Decreto No. 111 de 1995 que las sitúa dentro de los ingresos no tributarios, subclasificación de los ingresos corrientes de la Nación. Por ello, no es admisible el cargo de competencia que el actor hace recaer sobre los artículos sub-examine. Ni tampoco se está vulnerando el artículo 359 de la Carta que prohíbe las rentas nacionales de destinación específica pues, desde las primeras decisiones en que tuvo que estudiar el tema, esta Corporación ha establecido que una interpretación sistemática de la Constitución permite concluir que esta prohibición se refiere exclusivamente las rentas de naturaleza tributaria. Y, finalmente, esa destinación tiene unas finalidades sociales razonables, pues los artículos 6º y 7º del Decreto No. 2170 de 1992 establecen que las multas impuestas en virtud de una sanción disciplinaria se cobrarán por cada una de las entidades a las cuales pertenezca el servidor sancionado y se destinarán a financiar programas de bienestar social de los empleados de las entidades” [9].
Necesidad de rectificar el precedente establecido en la sentencia C-748 de 2011[10]:
En este caso se presenta una situación muy particular, al momento de interpretar y aplicar los precedentes. Existe, de una parte, una sentencia reciente, C-748 de 2011[11], en la que se declaró la inexequibilidad de una norma casi idéntica a las que analiza la Sala en este trámite. En ese falló consideró la Corte, en síntesis, que aunque las multas no son tributos, sí se encuentran cobijadas por la prohibición del artículo 359 Superior, dado que constituyen ingresos corrientes no tributarios de la Nación. Por el contrario, en la sentencia C-280 de 1996[12] la Corporación fue enfática en señalar que la norma superior (artículo 359 CP) exclusivamente cobija a los ingresos provenientes de tributos del orden nacional.
“La Corte no puede menos que coincidir con los intervinientes. En efecto, de una parte, la Corte ya ha señalado que el artículo 359 de la Carta se refiere, exclusivamente, rentas nacionales de carácter tributario. A este respecto, la Corporación ha señalado: "La Corte considera que las rentas nacionales a las que se refiere el indicado precepto son precisamente las de origen tributario. Así lo expresó con claridad en la Sentencia C-40 del 11 de febrero de 1993: El artículo 359 de la Constitución nacional prohíbe las rentas nacionales de destinación específica, con excepción de las participaciones en favor de las entidades territoriales, las destinadas a inversión social, y las que en virtud de leyes anteriores hubieren sido destinadas a la previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías. A dos razones fundamentales obedeció esta importante prohibición. En primer lugar, como se sabe, las rentas de destinación específica no eran computables dentro del monto global del presupuesto nacional para efectos de señalar la debida participación de las entidades territoriales. La proliferación de tales rentas disminuía entonces el monto de las transferencias de la nación a los municipios y departamentos. En segundo lugar, la afectación de determinadas rentas restaba flexibilidad a la asignación del gasto público. Así, gastos que en un momento adquirían la condición de prioritarios, debían ceder ante la previa asignación legal de ciertas rentas, cuyo monto era cada vez mayor. Por estas dos razones, el Constituyente decidió excluir del presupuesto nacional las llamadas rentas de destinación específica, a fin de aumentar el monto global sobre el cual se computa la participación fiscal de las entidades territoriales y hacer más flexible el manejo del gasto público. Ahora bien, lo que hace el artículo 359, es excluir del presupuesto las rentas nacionales de destinación específica, mas no prohibir la creación de contribuciones parafiscales - que por su naturaleza, son de destinación específica -, o excluir de los presupuestos de las entidades territoriales distintas a la Nación, dichas rentas. La prohibición que se estudia no excluye la existencia de contribuciones parafiscales, pues la propia Carta consagra este tipo de gravámenes y cuando la norma habla de "rentas nacionales", se refiere fundamentalmente a rentas de naturaleza tributaria. De una parte, la Carta autoriza al Congreso para decretar contribuciones parafiscales las cuales tienen como característica esencial ser recursos de destinación específica. Y si como bien se sabe, uno de los principios fundamentales de hermenéutica jurídica es el de interpretar sistemáticamente un conjunto normativo de manera que sus disposiciones adquieran un sentido dentro del contexto y puedan ser aplicables, debe concluirse que la prohibición a la que alude el artículo 359, no incluye a las contribuciones parafiscales, contempladas en los artículos 150-12, 179-3 y 338 de la Carta. De otra parte, una interpretación sistemática del texto constitucional nos lleva a afirmar que la expresión "rentas nacionales de destinación específica", se refiere exclusivamente a rentas de naturaleza tributaria o impuestos. Esto es así, por cuanto no solo el concepto rentas evoca el de impuestos, sino que también sería difícil entender cómo podrían ser aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 150-7, 210, 336 y 362 de la Carta, en cuanto se refiere a la descentralización por servicios. Es bien sabido que el legislador otorga a algunas entidades con patrimonio autónomo ciertas funciones, en virtud de las cuales recaudan de manera sistemática y continuada, una serie de recursos que son destinados a su cumplimiento. Si tales recursos fueran entendidos como rentas nacionales, no podrían tener destinación especial, además que pasarían a formar parte del presupuesto nacional quedando así desvertebrado el principio constitucional de la descentralización por servicios. Todo lo anterior nos permite afirmar que la prohibición del artículo 359 no incluye a las contribuciones parafiscales. Se refiere exclusivamente a las rentas fiscales. Aquellas por el contrario, no afectan el fisco, no surgen como participación o transferencias de rentas nacionales, no son impuestos y por lo tanto cuentan con un régimen jurídico especial, distinto al consagrado para los ingresos tributarios de la nación. De otra parte, la prohibición de crear rentas de destinación específica se aplica exclusivamente a las rentas de carácter nacional que entran al presupuesto general y no a las rentas locales que engrosan los presupuestos departamentales, distritales o municipales. […] De lo cual resulta que cuando el ingreso no es de carácter tributario, no se considera que sea una renta nacional cuya destinación específica se encuentre prohibida."
También en la sentencia C-280 de 1996[13], este Tribunal evalúo el cargo por presunta vulneración al debido proceso, en cuanto a la eventual afectación de la imparcialidad de la autoridad de vigilancia que podría surgir, en la medida en que las normas demandadas, ordenan que las multas sean impuestas a su favor o ingresen al presupuesto de la entidad. La Corte estimó que esa posibilidad no se desprende de la regulación, sino que se traduciría en un abuso, susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, bajo el concepto de desviación de poder, vicio que afecta la validez de los actos administrativos.
En efecto, la desviación de poder (actualmente, desviación de las propias atribuciones), se presenta “cuando la atribución de que está investido un funcionario se ejerce, no hacia el fin requerido por la ley, sino en busca de logros diferentes. Según lo ha reiterado esta Corporación, la alegada desviación de poder como causal de anulación de los actos administrativos "Consiste en el hecho de que una autoridad administrativa, con la competencia suficiente para dictar un acto ajustado, en lo externo, a las ritualidades de forma, lo ejecuta, no en vista del fin para el cual se le ha investido de esa competencia, sino para otro distinto".[14]
Por las razones expuestas, la Sala seguirá entonces el precedente sentado en la sentencia C-280 de 1996[15] y declarará la exequibilidad de los enunciados normativos demandados.
Exequible la expresión ... (a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio , contenida en el numeral 10 ) Artículo 58 LEY_1480_2011_12/10/2011
Exequible la expresión ... (a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio , del literal a), numeral 11 ) Artículo 58 LEY_1480_2011_12/10/2011
Exequible la expresión ... (“ tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia” , del parágrafo 3º ) Artículo 61 LEY_1480_2011_12/10/2011
A LA SENTENCIA C-561/15
MULTAS QUE IMPONEN LAS SUPERINTENDENCIAS FINANCIERA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LEGALES-Naturaleza jurídica (Aclaración de voto)
RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Prohibición que se aplica exclusivamente a las rentas de naturaleza tributaria o impuestos de carácter nacional incluidos en el Presupuesto General de la Nación (Aclaración de voto)
Aclaro voto en la ponencia de la Magistrada María Victoria Calle, acogida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, porque, aunque estoy de acuerdo con la decisión, considero que la naturaleza jurídica de las multas no es equiparable a las de contribuciones parafiscales, tal como lo expresa la sentencia en sus consideraciones, como argumento central que fundamenta el sentido del fallo.
Por el contrario, acogiendo lo que ha reiterado la Corte Constitucional es necesario aclarar la naturaleza jurídica de las multas. Los ingresos corrientes de la nación (...) se dividen en "tributarios" y "no tributarios", los primeros a su vez, se clasifican en "impuestos directos e indirectos" y los segundos en "tasas" y "multas". (...) las multas se consideran ingresos no tributarios pero que pertenecen al ingreso corriente de la nación, que son destinados al presupuesto nacional.[16] De otro lado, las contribuciones parafiscales son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma.[17]
De manera que la razón por la que estoy de acuerdo con la exequibilidad de las expresiones demandadas, es porque retoma la jurisprudencia de esta Corte[18] que señala que la prohibición de la que habla el artículo 359 CP relativa a la existencia de rentas de destinación específica, que se aplica exclusivamente a las rentas de naturaleza tributaria o impuestos de carácter nacional incluidos en el Presupuesto General de la Nación, más no por considerar que las multas sean análogas a las contribuciones parafiscales que por su naturaleza son rentas de destinación específica y no están incluidas dentro de dicha prohibición.
JORGE IGNACIO PRETELTL CHALJUB
[1] Sentencia C-066 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] Cfr. Sentencia C-308 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] Es un resumen de los apartes centrales de la sentencia T-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) en la que se abordó, con amplitud, el estudio de los requisitos argumentativos mínimos de las demandas de inconstitucionalidad.
[4] Sentencia C-748 de 2011. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV y AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. Los magistrados cuestionaron si el proyecto cumplía las condiciones de constitucionalidad de una ley estatutaria sobre protección de la información y los datos personales, tomando en cuenta que no contenía una regulación integral del tema. SPV Mauricio González Cuervo, en relación con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 27 del Proyecto, aspecto que no se relaciona con el problema jurídico abordado en esta providencia.
[5] Sentencia C-748 de 2011. (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] Sentencia C-748 de 2011. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV y AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] Sentencia C-748 de 2011. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV y AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] MP Alejandro Martínez Caballero. AV Hernando Herrera Vergara. SV José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
[9] MP. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
[10] Sentencia C-748 de 2011. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV y AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] Sentencia C-748 de 2011. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). SV y AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[12] MP Alejandro Martínez Caballero. AV Hernando Herrera Vergara. SV José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
[13] MP. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
[14] Sentencia del treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991), Consejo de Estado, Sección Segunda, MP. Clara Forero de Castro. Ver también la sentencia del 22 de enero de 2015, rad. 25000-23-24-000-2008-00382-01, CP. María Claudia Rojas Lasso), la alta Corporación precisó. “(…) ha dicho el Consejo de Estado que cuando se alega desviación de poder debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiese proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan.
En otras palabras, cuando se alega desviación de poder como causal para pedir la nulidad de un acto administrativo y como consecuencia un eventual restablecimiento de derecho, quien pretenda esa declaración está obligado a aportar tales pruebas que el Juez del conocimiento no tenga la más mínima duda, que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo produjo no buscó obtener el fin obvio y normal determinado al efecto, sino que, por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que se obtuviera como resultado una situación en un todo diversa a la que explícitamente busca la ley (…)”.
[15] MP. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo y Julio César Ortiz Gutiérrez.
[16] Sentencia C. 748 de 2011. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[17] Sentencia C. 545 de 1994. (MP Fabio Morón Díaz)
[18] Sentencia C. 040 de 1193 (MP Ciro Angarita Barón) C-280 de 1996 (MP Alejandro Martínez caballero)

References: artículo 58
 artículo 61
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 58
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 61
 artículo 345
 artículo 29
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 29
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 75
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 75
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 75
 artículo 61
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 11
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 29
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 64

Artículo 19
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 345
 artículo 20

Artículo 20

Artículo 20
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 88
 artículo 27
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 artículo 359
 Artículo 58
 Artículo 58
 Artículo 61
 artículo 359
 artículo 27