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Timestamp: 2019-09-21 06:50:45+00:00

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Ejecutoria num. PC.III.C. J/12 C (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 638609825
Número de Resolución: PC.III.C. J/12 C (10a.)
Localizacion: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1664.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. JUICIOS MERCANTILES TRAMITADOS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 68 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA ENTIDAD, QUE REGULA LA INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL CUANDO UNA DE LAS PARTES SEA UN ADULTO MAYOR, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS F.J.D.R., G.D., G.D.V.O., F.J.V.H.Y.E.D.S.. PONENTE: F.J.V.H.. SECRETARIA: S.T.S. TORRES ANDRADE.
Zapopan, J.. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente al día veinticuatro de noviembre de dos mil quince.
Denuncia. Por oficio 169/2015, presentado ante la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el dos de julio de dos mil quince, en el domicilio oficial a esa data del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23(1) del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en la referida materia del propio circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre su criterio y los sustentados por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito, al resolver, en ese orden, el juicio de amparo directo 178/2015; el toca de revisión 37/2014, concerniente al juicio de amparo indirecto 1240/2013-IV, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado; y el juicio de amparo directo 827/2013, del que emergió la tesis aislada III.4o.C.7 C (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO MERCANTIL. ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 68 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU SUSTANCIACIÓN, AL VERSAR LA CONTROVERSIA SOBRE DERECHOS PATRIMONIALES E INTERESES PARTICULARES."
Trámite. Mediante acuerdo de tres de julio siguiente, el Magistrado E.D.S., presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, admitió a trámite la aludida denuncia, ordenó registrarla con el número 15/2015, determinó que el posible punto de contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito consiste en determinar si el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado es o no aplicable supletoriamente al Código de Comercio, al versar los juicios mercantiles sobre derechos patrimoniales e intereses particulares; solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Civil de este circuito, respectivamente, copia certificada de las ejecutorias que pronunciaron, así como su versión pública y oficial en disco óptico; asimismo, peticionó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si el criterio sustentado en los asuntos de los que derivó cada uno se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; dispuso que se informara a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tramitación de este asunto y que se diera vista a los Tribunales Colegiados en el ramo y circuito no contendientes, para su conocimiento; de igual forma, ordenó informar al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que le correspondería conocer para elaborar el proyecto de la resolución del presente asunto.
La secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, en oficio 4861, suscrito el siete de julio siguiente, comunicó que su criterio se encontraba vigente y remitió copia certificada de la ejecutoria respectiva y de su versión pública y de la oficial en disco óptico; en tanto que el presidente del citado Primer Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, mediante oficio 180/2015, informó que no se había apartado del criterio que sustentó; por último, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, en oficio 4160, hizo lo propio remitiendo copia certificada de la ejecutoria que recayó al amparo directo 827/2013 y envió las versiones pública y oficial de su fallo, en disco óptico, e informó que no se ha apartado del criterio materia de la contradicción de tesis.
En autos de nueve de julio y veintiuno de agosto, ambos de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil de este circuito tuvo por recibidos los precitados oficios, las copias certificadas de las ejecutorias solicitadas que le fueron enviadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados de la Materia y Circuito y los discos ópticos de sus versiones pública y oficial; además, los tuvo informando que no se habían apartado del criterio que sostuvieron al resolver los asuntos respectivos; asimismo, en diverso acuerdo de trece del aludido julio, tuvo al Tribunal Colegiado de Circuito denunciante informando lo propio. De igual forma, en diverso proveído de quince del propio julio, tuvo por recibido el oficio CCST-C-300-07-2015, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento su solicitud al secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal, para que informara si sobre el tema: "Determinar si el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es o no aplicable supletoriamente al Código de Comercio, al versar los juicios mercantiles sobre derechos patrimoniales e intereses particulares.", existía o no alguna contradicción de tesis.
En diverso acuerdo de seis de agosto de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil de este circuito tuvo por recibido el oficio CCST-X-193-08-2015, suscrito por la referida coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual, hizo del conocimiento que, mediante información recibida por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema de la presente.
Turno. En proveído de veintiuno de agosto posterior, se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado F.J.V.H., integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 226, fracción III,(3) de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) toda vez que se trata de una denuncia sobre posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, competencia de este Pleno de Circuito.
Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que fue el que resolvió uno de los asuntos que la suscitaron.
Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión de dieciocho de junio de dos mil quince, el juicio de amparo directo número 178/2015, formuló, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
13. Ahora bien, asiste razón al quejoso cuando aduce que la Sala responsable y su inferior omitieron dar intervención a la Procuraduría Social, no obstante de que él es una persona mayor de sesenta años.-14. Al respecto, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1672/2014, en sesión celebrada el quince de abril de dos mil quince,(6) a través de votación mayoritaria, sustentó criterio en el que se interpretó precisamente el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco -cuya aplicación solicita el promovente-; y determinó, en lo que interesa, lo siguiente: ... 15. De la ejecutoria trasunta se pueden extraer las siguientes premisas que estableció el Alto Tribunal: Que el precepto legal examinado, artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debe ser interpretado en total congruencia con los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, no debe desvincularse de su origen conceptual, por ende, el precepto es una acción legislativa, cuyo efecto es revertir una marginación estructural hacia las personas de la tercera edad.-Que según la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, esa dependencia es el órgano encargado de representar los intereses de la sociedad, cuyas facultades consisten en: a) la defensoría de oficio; b) la representación social; y, c) la prestación de servicios jurídicos asistenciales.-Acorde con la ley, el Juez tiene la obligación de dar intervención a la Procuraduría Social, el precepto examinado cumple la función de una garantía procedimental, cuya finalidad es garantizar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de las personas de la tercera edad, por pertenecer a un grupo que, en función de sus características o necesidades, se encuentran en una posición social de desventaja o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos, por ende, los destinatarios de la ley son en definitiva los Jueces.-En tanto que los beneficiarios son los adultos mayores, y conforme a la ley especial, lo son, los que tengan sesenta años o más de edad, amén de que la disposición legal no establece modulación o excepción para dar intervención al agente social.-Que si bien se reconoce que no todas las personas mayores de sesenta años se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es la dependencia pública especializada en otorgar los apoyos necesarios, la que definirá los alcances de su propia intervención, por consiguiente, no le corresponde al Juez decidirlo.-Se definieron los aspectos a considerar por la Procuraduría Social para regular si interviene o no y sus obligaciones como garante de legalidad e igualdad procesal de las partes.-Que esa intervención debe darse desde que el juzgador tiene conocimiento de que alguna de las partes es mayor de sesenta años.-Que la falta de intervención de esa dependencia pública, constituye una violación procesal, que amerita reponer el procedimiento.-16. En ese contexto, y atendiendo a la orientación de aplicar en el caso el principio pro personae y dar a ese precepto la interpretación más amplia que permita garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, es pertinente hacer las siguientes reflexiones.-17. El derecho a la igualdad y a la no discriminación se ha interpretado a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley, y el de igualdad en la ley (se identifican como igualdad en sentido formal o de derecho). El primero obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. El segundo, opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica, a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio, principio que debe aplicar el órgano creador de normas(7).-18. De ahí que la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual, tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.-19. Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; así, aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal,(8) ha establecido distintas categorías sospechosas (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas) que sirven como punto de partida para su identificación, que a través del principio de igualdad garantiza que sólo se empleen esas categorías cuando exista una justificación muy robusta para ello(9).-20. Esas categorías de sujetos delimitados por cuestión de la edad, se regula en los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco(10) y 3o., fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,(11) que los identifica como aquel hombre o mujer que tenga sesenta años o más de edad, cuya situación de especial ubicación estructural reconocida en el entorno social, ha sido por instrumentos internacionales [como los previstos a guisa de ejemplo, en los artículos 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador),(12) 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(13) 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,(14) 11.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés),(15) 13 y 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(16) 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará),(17) la Observación General 6o. del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,(18) y la recomendación general 27 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer](19).-21. La edad acorde a este marco normativo, es un factor detonante para su especial atención y, en el aspecto del acceso a la justicia, se reconoce obligación al Estado de asegurar a estas personas su acceso en condiciones de igualdad hacia con los demás sujetos, incluso, mediante ajustes de procedimientos adecuados a su edad.-22. En otro tema, la efectividad de esos convenios internacionales radica en que los propios Estados Parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional, en el caso concreto, de la protección y/o defensa de los derechos humanos de sus gobernados.-23. Esta afirmación se conoce con el aforismo pacta sunt servanda -locución latina que se traduce como ‘lo pactado obliga’-, que expresa que toda convención debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado, en términos de los artículos 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados(20) y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(21).-24. En el mismo sentido, acorde al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advierte que tanto la Constitución como los referidos tratados internacionales son normas de la unidad del Estado Federal, que constituyen un bloque de regularidad, cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades, por lo que resulta lógico y jurídico que dichos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, con énfasis prioritario para aquellos vinculados con derechos humanos, sean de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, pues poca importancia tiene su reconocimiento, si su titular no puede ejercerlos de forma eficaz en el sistema de justicia para obtener la tutela de sus derechos humanos(22).-25. Ahora, ya en el caso concreto y de acuerdo a las constancias que integran el original del expediente natural,(23) se advierte, en lo que importa, que el cuatro de abril de dos mil once, se desahogó la prueba confesional a cargo del demandado ********** (aquí quejoso), donde se asentó: ... 26. Como se observa, por lo menos desde ese momento el Juez ordinario tuvo conocimiento que el promovente de garantías era adulto mayor, ya que se tuvo a **********, identificándose con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la cual se advierte que éste nació el siete de febrero de mil novecientos cuarenta y seis (obra copia fotostática de dicha credencial en los autos del juicio de origen),(24) porque a la fecha de esa diligencia contaba con sesenta y cinco años de edad cumplidos, incluso, así lo expresó el propio compareciente al Juez y secretario adscritos al juzgado en cuestión.-27. En ese sentido, por lo menos desde el desahogo de dicha diligencia, el Juez natural se enteró que en el juicio de origen se involucraban bienes y derechos de un adulto mayor, por consiguiente, el juzgador, como director del proceso, debió tomar las previsiones necesarias para bien dar a ese sujeto una especial atención por su condición de adulto mayor y entonces dar intervención al Estado para que a través de la Procuraduría Social, si considera su caso particular y determinara su intervención o no, en las distintas áreas en las que está facultada por la ley, sea que brindara defensoría de oficio o asesoría jurídica asistencial gratuita o como representante social, para garantizar la legalidad de todo procedimiento, ya que el caso involucra bienes y derechos de un adulto mayor (el quejoso fue demandado en la vía cambiaria directa, en reclamo del pago de un pagaré, intereses moratorios gastos y costas, y se le embargó precautoriamente un bien inmueble);(25) esas circunstancias hacían necesaria una mayor protección, para salvaguardar sus derechos humanos y garantizar la legalidad del procedimiento a la luz, se insiste, del principio pro personae en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, aspecto que también pasó inadvertido por el tribunal de alzada.-28. Lo contrario implicaría conculcar en su perjuicio, entre otras disposiciones, lo dispuesto por los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, conforme a los cuales, el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió diversas disposiciones en legislaciones secundarias [entre otras, los preceptos legales 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., fracción II, inciso b) y 10, fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,(26) 15, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(27) 32 de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco,(28) 126, 132 y 232, fracción XVI, del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco](29).-29. Por tanto, tales directrices deben ser aplicadas también en los procesos mercantiles en donde figuren como parte los adultos mayores, en virtud del compromiso asumido por el Estado Mexicano a la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(30) que obliga a los Jueces, como parte del aparato del Estado, a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin(31).-30. No pasa inadvertido el hecho de que en la ejecutoria transcrita en el párrafo 14, que se toma como criterio orientador para la solución del caso, se hubiera interpretado el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, siendo que el juicio de origen es mercantil, toda vez que, con independencia de que dicho precepto sea o no aplicable al caso, y si se pudiera o no, siguiendo los criterios de supletoriedad de la norma, traerlo a colación, lo cierto es que la condición de adultos mayores implica una categoría que el constituyente distinguió como factor de discriminación y, por ende, de prohibición en la desigualdad de trato, por ende, poca importancia tiene si el Código de Comercio reconoce a las personas de la tercera edad como sujetos que pudieran encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y desventaja para hacer valer de manera eficaz sus derechos fundamentales, o que no establezca la figura de la Procuraduría Social que garantice a los adultos mayores la legalidad en el proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, porque esos derechos fundamentales, al ser de mayor jerarquía, deben prevalecer, atendiendo al principio pro persona. ...
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al resolver, en sesión de seis de marzo de dos mil catorce, el recurso de revisión número 37/2014, derivado del juicio de amparo indirecto número 1240/2013-IV, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado, sostuvo, en lo que interesa:
«... En cambio, le asiste razón al apoderado del recurrente, al sostener que el Juez de Distrito soslayó que la figura del procurador social que prevé el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, es inaplicable a los juicios mercantiles, por no ser una institución jurídica contemplada en el Código de Comercio, que ameritara ser suplida.-Así es, de las actuaciones del juicio natural, las cuales hacen fe plena, por tratarse de documentos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia,(32) se observa que mediante demanda presentada el dos de abril de dos mil doce, R.S.G., a través de sus endosatarios en procuración, ejerció acción cambiaria directa en contra de C.Z.B., con base en tres pagarés suscritos el siete de enero y siete de febrero de dos mil once, y el último el ocho de febrero de dos mil doce.-Asimismo, se observa que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento tuvo verificativo el veintitrés de junio de dos mil doce (fojas 22 a 23 del cuaderno de pruebas); que en auto de dieciocho de enero de dos mil trece se declaró precluido el derecho del demandado para contestar la demanda (fojas 31 y 32 ibídem), y que el veintiséis de junio de ese año se dictó sentencia de remate (fojas 66 a 78 ídem), la cual se declaró firme, por falta de impugnación, el primero de noviembre del mismo año, por lo que se concedió un plazo a la parte demandada para que cumpliera en forma voluntaria la sentencia (fojas 88 y 89 ídem).-Mientras que de la demanda de amparo se observa que el quejoso se ostentó como tercero extraño al juicio natural, por equiparación, porque adujo violación al derecho de audiencia, en virtud de que señaló ser ilegal el emplazamiento que le fue verificado y, por no haberse dado intervención al procurador social que contempla el artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil local, a pesar de la condición de adulto mayor que dijo tener.-En tanto que en el fallo que se combate a través del presente recurso de revisión, el Juez de Distrito estimó fundada la violación al procedimiento que el quejoso hizo consistir en la falta de intervención del procurador social previsto en el artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil local, en virtud de la condición de adulto mayor que aquél demostró tener desde que fue emplazado en el juicio mercantil ejecutivo de origen, para lo cual, el a quo federal estimó aplicable al Código de Comercio en vigor, de manera supletoria, el indicado artículo 68 Ter contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, con base en lo dispuesto en el artículo 1,054 de la primera ley sustantiva invocada.-Ahora bien, como de los antecedentes narrados se advierte que el juicio natural es de naturaleza mercantil ejecutiva, es inconcuso que se rige por el Código de Comercio vigente en el momento en el que se promovió (abril de dos mil doce), cuya legislación, en lo que respecta a su supletoriedad, establece: ‘Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.’.-Del texto transcrito se observa que el Código de Comercio en vigor prevé la supletoriedad de dos legislaciones adjetivas: el Código Federal de Procedimientos Civiles y el enjuiciamiento civil local; sin embargo, la aplicación del primero o del segundo ordenamiento no queda al arbitrio del juzgador, puesto que el legislador fue claro en establecer la condición expresa consistente en que sólo en caso de que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, entonces, será aplicable la ley adjetiva civil local.-De lo que se infiere que para que válidamente pueda acudirse al enjuiciamiento civil local, con el fin de suplir algún vacío de la ley mercantil en cita, el primer requisito que debe verificarse es que el Código Federal de Procedimientos Civiles contemple la institución procesal de que se trate, para después, si se supera tal requisito, verificar si la institución se encuentra deficientemente regulada en la indicada ley adjetiva civil federal, y sólo cubriéndose estos dos aspectos, podrá acudirse al enjuiciamiento civil local.-Dicho en otras palabras, de acuerdo con lo previsto en la última parte del artículo 1,054 del Código de Comercio en su texto actual, si el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé determinada figura jurídico-procesal, no podrá, válidamente, aplicarse en forma supletoria el enjuiciamiento civil local que sí la prevea, por ser un requisito sine qua non, que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, cuya premisa parte de la base de que sí se contemple la figura jurídica en la ley adjetiva civil federal, pero se haga de manera deficiente.-Por lo tanto, si en el caso a estudio el quejoso solicitó que se aplicara la figura jurídica del procurador social que contempla el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuya institución fue creada para intervenir en aquellos procedimientos en los que se afecte, o puedan afectarse, tanto la persona, como los bienes o derechos de los adultos mayores, entre otros sujetos de protección; sin embargo, el a quo federal perdió de vista que tal institución jurídica no se encuentra contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles.-El artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece: ‘Artículo 68 Ter. Los agentes de la Procuraduría Social intervendrán en todos los juicios en los que: I. Se afecten los intereses sociales; II. Se afecte a la persona, bienes o derechos de menores, incapaces, adultos mayores o ausentes; y III. En todos los casos que dispusiere la ley.-La intervención del agente de la Procuraduría Social en juicio, lo faculta para recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar recursos e incidentes, formular alegatos y en general solicitar al juzgador la realización de todos los actos procesales para la continuación del juicio; garantizar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de sociedad, de los menores de edad, incapaces, adultos mayores y ausentes para lo cual podrá imponerse de los autos en la secretaría y podrá solicitar se le entreguen copias de los mismos.’.-Precepto legal del que se deduce que su objetivo es salvaguardar los derechos de los adultos mayores, para lo cual se otorga al representante social, la facultad de recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas, interponer y continuar recursos e incidentes, así como el de formular alegatos y solicitar al juzgador la realización de todos los actos procesales.-Sin embargo, al no estar contemplada la institución del procurador social en el Código Federal de Procedimientos Civiles, como ya se dijo, ésta no puede aplicarse a los juicios mercantiles, como lo es el natural, por no cumplirse la condición que al respecto impone el artículo 1054 de dicha legislación sustantiva, en cuanto a que el Código Federal de Procedimientos ‘no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera’, para que proceda la aplicación supletoria del enjuiciamiento civil local.-En la inteligencia de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se sustentó el Juez de Distrito para determinar la aplicación supletoria del artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil local, al juicio natural, no establecen que deba intervenir un procurador social o alguna figura análoga, en los juicios en los que participe algún adulto mayor.-Aunado a que el principio pro persona que establece el artículo 1o. constitucional, no permite rebasar las reglas procesales que establecen las leyes exactamente aplicables al caso, so pretexto de otorgar el mayor beneficio solicitado por el quejoso, ya que el procedimiento judicial es el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, por lo que las partes en conflicto necesariamente deben someterse a él, aunque no exista posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione.-Tiene aplicación al particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 906 del Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, Décima Época, registro 2004748, que indica: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: «PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.», reconoció que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de «derechos» alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.’.-Y si bien es verdad que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5o., inciso c), a la que se refirió el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, contempla el derecho de los adultos mayores a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, no debe soslayarse que la aplicación de la legislación en cita no corresponde al Poder Judicial del Estado, a través de los Jueces que lo integran, puesto que el artículo 2o. de dicho ordenamiento, expresamente, establece los entes a los que se encuentra destinada su aplicación, como se ve de su texto, que dice: ‘Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde a: I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como las entidades federativas, los Municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y IV. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.’.-Por consiguiente, al ser evidente que, en oposición a lo determinado por el Juez de Distrito, el artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil local no es aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, que rige al juicio natural, en el que se basó la concesión del amparo impetrado, enseguida se procede a analizar los conceptos de violación que no fueron estudiados por el a quo federal, como consecuencia de la concesión del amparo. Lo cual se realiza tanto porque así lo ordena el artículo 93, fracción VI, de la Ley de A. en vigor, como porque el quejoso, a través de su abogado autorizado, **********, en su respectivo recurso de revisión, que también forma parte de la presente litis de segunda instancia, se duele de la omisión del Juez de Distrito de analizar el resto de los conceptos de violación que sometió a su consideración, relacionados con la ilegalidad del emplazamiento que le fue hecho en el sumario de origen, cuya omisión es cierta. ...»
En tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver, en sesión celebrada el veintitrés de enero de dos mil catorce, el juicio de amparo directo número 827/2013, sostuvo, en lo que interesa:
"... Es pertinente hacer mención de que el Código de Comercio es la codificación que regula la materia mercantil, y es la aplicable al presente asunto, en el que hace valer la acción de pago del crédito en la vía ejecutiva mercantil; en sus artículos 2o. y 1054, se disponen las reglas de aplicación supletoria de leyes; el primer dispositivo señala que a falta de disposiciones en el ordenamiento mercantil (Código de Comercio), y demás leyes mercantiles que podrán ser aplicadas a los actos de comercio, entre las que están las del derecho común de los Estados, en el caso, las contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, en el segundo dispositivo legal se prevé una supletoriedad diversa, en la que dispone que, en tratándose de juicios mercantiles, éstos se regirán por las disposiciones del libro correspondiente y, en su defecto, se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.-Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2a./J. 34/2013, consideró que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otros ordenamientos legales.-Estableció como requisitos, a fin de que opere la supletoriedad de leyes, lo siguiente: A) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que podrán aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente de manera supletoria a otros ordenamientos.-B) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente.-C) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteados, sin que resultare válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir.-D) Finalmente, que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que fueren congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.-Todo lo anterior se ve inmerso en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ ... La Primer Sala, al emitir la jurisprudencia número 1a./J. 33/2012, de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SU REGULACIÓN EN LOS CÓDIGOS PROCESALES LOCALES ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LOS JUICIOS MERCANTILES QUE SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIORES A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.’; hizo una interpretación sobre la procedencia de supletoriedad de los Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, así como del Estado de Jalisco, al Código de Comercio, tratándose de la caducidad de la instancia por inactividad procesal. En ella se determinó que, ante los vacíos legislativos que se manifiestan con la aplicación individualizada de una ley, el juzgador tenía la obligación de realizar una labor interpretativa, utilizando los métodos hermenéuticos que desentrañaran el sentido del contexto normativo de que se trate, entre los que se encuentra la supletoriedad de la norma, figura jurídica reconocida por el derechos positivo mexicano y que es constitucionalmente válida, siempre que sea necesaria para lograr la eficiencia de la ley suplida y le dé congruencia sin contradecir sus principios, aun cuando la institución respectiva no esté expresamente contemplada en la ley a suplir; por tanto, se concluyó que aun ante la falta de previsión específica de los efectos de la inactividad procesal en el Código de Comercio, anterior a la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, resultaba procedente actualizar el supuesto de la aplicación supletoria, permitida por el artículo 1054 del Código de Comercio, de las disposiciones relativas a la caducidad regulada en las leyes adjetivas locales (Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como el del Estado de Jalisco), en los procedimientos mercantiles, pues tal figura jurídica permitía al juzgador extinguir procesos ante la falta de interés de quien debía impulsarlos hasta su resolución. Supletoriedad que no imponía una institución extraña que el legislador no hubiese tenido la intención de establecer, pues era congruente con el contexto de la legislación comercial, en tanto que atribuir efectos jurídicos a la inactividad procesales implicaba poner fin a la indefinición de los derechos litigiosos y evitaba que las partes pudieran prolongar a su voluntad o capricho, juicios que el juzgador quiso tramitar con especial celeridad, así como la pendencia indefinida de los procesos, máxime a que el acogimiento de tal figura jurídica (caducidad) tenía como fundamento los principios constitucionales de seguridad jurídica y administración de justicia.-Criterio que se ve inmerso en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es del tenor literal siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SU REGULACIÓN EN LOS CÓDIGOS PROCESALES LOCALES ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LOS JUICIOS MERCANTILES QUE SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIORES A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.’. Por todo lo anterior, es inoperante el único concepto de violación hecho valer por la quejosa, consistente en que, al revestirle la calidad de adulto mayor, y no obstante haber sido representada en el juicio por un abogado que designó, se deba dejar nulo todo lo actuado, se reponga el procedimiento para dar al agente social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco intervención en el juicio, a fin de que represente a la demandada y con ello colmar lo que prevé el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.-Lo anterior, porque si bien se satisfacen los requisitos A), B) y D) transcritos, relativos a la procedencia de una supletoriedad de una ley, ello no acontece, respecto a lo que dispone el inciso C), pues en el caso particular se dilucida una controversia de naturaleza mercantil en el que se discuten situaciones patrimoniales, y que las codificaciones y legislaciones aplicables, son las mercantiles; se inició la demanda en la vía ejecutiva mercantil, se reclamó el cumplimiento de un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria; es aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, al ser la accionante una moral de crédito y fundar su pretensión de cobro, en el contrato crediticio fundatorio y el estado de cuenta certificado, los cuales, en su conjunto, constituyen un título ejecutivo; ello en términos del artículo 68 de dicho ordenamiento legal; el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en términos del artículo 2o. del Código de Comercio, resulta ser la codificación supletoria en primer término, el que no prevé en dispositivo legal alguno, que cuando a alguna de las partes le revista calidad de adulto mayor, se tenga que dar intervención al agente social estatal.-Por tanto, en el caso particular, de inicio, no resulta aplicable en forma supletoria lo que prevé el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues si bien en el particular se dilucida una controversia de naturaleza mercantil; que en sus codificaciones y legislaciones aplicables no se prevé la salvaguarda de derechos en favor de persona alguna, ni aun cuando se trate de una que por sus características de desventaja dada su edad avanzada, tenga que ser considerada como vulnerable, dicha omisión no significa impedimento alguno a fin de aplicar supletoriamente una codificación a otra; pero su inaplicación deviene del hecho de que, el dar intervención procesal correspondiente al agente de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, resulta una intervención innecesaria para lograr la eficacia de la ley suplida, en el caso el Código de Comercio, pues su implementación de manera supletoria, si bien no contradice sus principios, tampoco la dota de congruencia. Máxime a que resulta ser una institución extraña que el legislador no tuvo la intención de establecer dentro de las codificaciones o legislaciones mercantiles y a que resulta incongruente con el contexto de la legislación comercial, ya que ésta se rige por el principio de estricto derecho, lo que significa que la controversia se resolverá atendiendo a lo que las partes expusieron en su escrito de demanda inicial, así como de su contestación correspondiente, dejando de lado circunstancias de desventaja invocadas por alguna de las partes (como en el caso lo sería la vulnerabilidad, dada la edad avanzada aducida por la quejosa), pues no corresponde a la legislación mercantil velar y salvaguardar tales derechos. ... Por tanto, es inconcuso que la inaplicación del artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en forma alguna viola en perjuicio de la quejosa su derecho fundamental de audiencia y defensa, pues si bien en el procedimiento natural no se le dio al agente de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco la intervención legal correspondiente, dicha omisión no trascendió al resultado del fallo reclamado, pues la quejosa ofreció y desahogó pruebas, además de que estuvo en aptitud de objetar las de su contraparte, lo anterior, por conducto de su autorizado en amplios términos del artículo 1069 del Código de Comercio **********, por lo que, como bien advirtió la Sala responsable, el que no se diera intervención al multirreferido agente social no dejó ni provocó a la quejosa el estado de indefensión que alega.-Ahora, la controversia dirimida en el procedimiento de origen es de naturaleza mercantil, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco es supletorio al Código de Comercio, en términos de su artículo 1054; la intervención al agente de la Procuraduría Social es para el efecto de que intervenga en el juicio a defender a un adulto mayor y para garantizar la legalidad del procedimiento, para que recabe, ofrezca, desahogue y objete pruebas, interponga y continúe recursos e incidentes, y formule alegatos; del análisis de lo actuado se colige que el juicio se siguió respetando la legalidad del procedimiento, hasta dictar sentencia, que fue contraria a los intereses de la demandada aquí quejosa, quién apeló la sentencia y la resolución recaída es la reclamada en el presente juicio de amparo; por lo que se concluye que a nada práctico conduciría reponer el procedimiento y dar intervención al referido agente social, pues la demandada aquí quejosa, al contestar la demanda aceptó haber suscrito el contrato de crédito fundatorio, así como el pagaré; opuso excepciones, ofreció pruebas y no probó haber cumplido con la obligación de pago pactada; y la institución de crédito actora acreditó la acción, pues el crédito lo concedió en contrato elevado a escritura pública, al disponer del crédito los acreditados suscribieron un pagaré, por lo que, como se vio, a nada práctico conduciría la reposición del procedimiento reclamado por la quejosa, pues esa omisión no causó el estado de indefensión alegado. ..."
Existencia de la contradicción de tesis. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(33)
Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En el caso, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones que emitieron y que han sido transcritas con antelación. Veamos.
El Primer Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo número 178/2015, en lo que interesa, se fundó en la ejecutoria que sustentó el Más Alto Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 1672/2014 y destacó las principales ideas que de ella se infieren, como son:
Que el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debía ser interpretado en total congruencia con los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sin desvincularse de su origen conceptual, porque era una acción legislativa, cuyo efecto era revertir una marginación estructural hacia las personas de la tercera edad.
Que según la Ley Orgánica de la Procuraduría Social de este Estado, esta dependencia era el órgano encargado de representar los intereses de la sociedad, cuyas facultades consisten en: a) La defensoría de oficio; b) La representación social; y, c) La prestación de servicios jurídicos asistenciales.
Que el Juez tiene la obligación de dar intervención a esa dependencia y el precepto en cita (68 Ter) cumple la función de una garantía procedimental, cuya finalidad es garantizar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de las personas de la tercera edad, por pertenecer a un grupo que, en función de sus características o necesidades, se encuentran en una posición social de desventaja o enfrentan situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de los derechos humanos, por ende, que los destinatarios de esa norma son, en definitiva, los Jueces, en tanto que los beneficiarios son los adultos mayores, que conforme a la ley especial son quienes rebasen los sesenta años.
Que esa intervención debía darse desde que el juzgador tiene conocimiento de que alguna de las partes es mayor de sesenta años, ya que, de no ser así, constituye una violación procesal que amerita reponer el procedimiento.
Enseguida, hizo referencia al principio pro homine, al derecho de igualdad y a la no discriminación, explicando en qué consisten, así como sus objetivos, como son remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
Explicó cómo y por qué se definen esos grupos; que la Constitución General de la República, en su artículo 1o., último párrafo, ha establecido distintas categorías sospechosas, entre ellas por la edad; que estas categorías de sujetos por esta característica, se regula en los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco(34) y 3o., fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,(35) que los identifica como aquel hombre o mujer que tenga sesenta años o más de edad y, asimismo, que su situación ha sido reconocida por instrumentos internacionales [como los previstos, a guisa de ejemplo, en los artículos 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 11.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), 13 y 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Observación General 6o. del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la recomendación general 27 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer].
Que la edad acorde a este marco normativo, es un factor detonante para su especial atención y, en el aspecto del acceso a la justicia, se reconoce obligación al Estado de asegurar a estas personas su acceso en condiciones de igualdad hacia con los demás sujetos, incluso, mediante ajustes de procedimientos adecuados a su edad.
Que en otro tema, la efectividad de esos convenios internacionales radica en que los propios Estados Parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional, en el caso concreto, de la protección y/o defensa de los derechos humanos de sus gobernados.
Que esta afirmación se conoce con el aforismo pacta sunt servanda -locución latina que se traduce como "lo pactado obliga"-, que expresa que toda convención debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado, en términos de los artículos 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que del artículo 133 constitucional, en relación con el 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advertía que tanto la Constitución como los tratados internacionales eran normas de la unidad del Estado Federal que constituían un bloque de regularidad, cuya observancia era obligatoria para todas las autoridades, por lo que era lógico y jurídico que esos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por este País, sean de observancia obligatoria para todas las autoridades, pues poca importancia tenía el reconocimiento de los derechos humanos si su titular no podía ejercerlos en forma eficaz en el sistema de justicia para obtener su tutela.
Que en el caso en estudio, el Juez, por lo menos, desde el desahogo de la confesional del demandado se enteró que en el juicio de origen (mercantil ejecutivo) se involucraban bienes y derechos de un adulto mayor, por lo que, como director del proceso, debió tomar las previsiones necesarias para darle una especial atención por su condición de adulto mayor y una intervención al Estado, para que a través de la Procuraduría Social determinara su intervención o no en las distintas áreas que lo faculta la ley, para salvaguardar sus derechos humanos y garantizar la legalidad del procedimiento a la luz del principio pro persona en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, ya que de no ser así, ello implicaría conculcar en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1o. constitucional y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme a los cuales el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas como adultos mayores.
Que esas directrices debían ser aplicadas en los procesos mercantiles donde figuraran dichos adultos, en virtud del compromiso asumido por el Estado Mexicano a la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los Jueces a velar porque los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.
Que no pasaba inadvertido el hecho de que en la ejecutoria de la Primera Sala que tomó como criterio orientador para la solución del caso, se interpretó el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siendo que el juicio de origen es mercantil, toda vez que con independencia de que dicho precepto sea o no aplicable al caso y si se pudiera o no traerlo a colación, conforme a los criterios de supletoriedad de la norma, lo cierto era que la condición de adultos mayores implicaba una categoría que el Constituyente distinguió como factor de discriminación, por ende, de prohibición en la desigualdad de trato, por lo que poca importancia tenía si el Código de Comercio reconocía a las personas de la tercera edad como sujetos que pudieran encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y desventaja para hacer valer de manera eficaz sus derechos fundamentales o que no estableciera la figura de la Procuraduría Social que garantizara a los adultos mayores la legalidad en el proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, porque esos derechos de mayor jerarquía debían prevalecer, atendiendo al principio pro persona.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consideró, en lo conducente, que en la sentencia recurrida que examinó a través del recurso de revisión, el Juez de Distrito estimó fundada la violación al procedimiento que el quejoso hizo consistir en la falta de intervención del procurador social, previsto en el artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil del Estado, en virtud de la condición de adulto mayor que aquél acreditó tener desde que fue emplazado en el juicio mercantil ejecutivo de origen; que el Juez Federal estimó aplicable al Código de Comercio en vigor, de manera supletoria, el indicado precepto 68 Ter, con base en lo dispuesto en el artículo 1054 del mencionado código mercantil.
Que el precepto en cita prevé la supletoriedad de dos legislaciones adjetivas: El Código Federal de Procedimientos Civiles y el enjuiciamiento civil local, pero que la aplicación de uno u otro no quedaban al arbitrio del juzgador, puesto que el legislador fue claro al establecer la condición expresa, consistente en que sólo en caso de que el primer código no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, entonces será aplicable la ley adjetiva civil local; lo que significa que si el primer ordenamiento no prevé determinada figura jurídico procesal, no podrá válidamente aplicarse en forma supletoria el enjuiciamiento civil local que sí la establezca, por ser un requisito sine qua non que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regule suficientemente la institución, cuya supletoriedad se requiera, cuya premisa parte de la base de que sí se contemple la figura jurídica en el último código, pero que se haga de manera deficiente.
Que en el caso, el Juez Federal perdió de vista que la institución jurídica del procurador social, que contempla el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no se prevé en el Código Federal de Procedimientos Civiles, por tanto, no podía aplicarse a los juicios mercantiles, por no cumplirse la condición que al respecto impone el artículo 1054 invocado; en la inteligencia de que los pactos internacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se sustentó el Juez de Distrito para determinar la aplicación supletoria del artículo 68 Ter aludido, no establecían la intervención de un procurador social o alguna figura análoga en los juicios en los que participara un adulto mayor.
Que, además, el principio pro persona que establece el artículo 1o. constitucional, no permitía rebasar las reglas procesales que establecen las leyes exactamente aplicables al caso, so pretexto de otorgar el mayor beneficio solicitado por el quejoso, ya que el procedimiento judicial es el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, por lo que las partes en conflicto necesariamente debían someterse a él, aunque no existiera posibilidad de reponerles el tiempo que destinaran al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione.
Añadió el aludido órgano colegiado, que si bien la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5o., inciso c), que citó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida contenía el derecho de los adultos mayores a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que fueran parte y a contar con un representante legal cuando lo consideraran necesario; sin embargo, no debía soslayarse que la aplicación de esa legislación no correspondía al Poder Judicial del Estado, a través de los Jueces que lo integran, puesto que el artículo 2o. de dicho ordenamiento expresamente establece los entes a los que se encuentra destinada su aplicación, por lo que el artículo 68 Ter en cita, no era aplicable en forma supletoria al Código de Comercio que rige al juicio natural.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito consideró que el Código de Comercio que regulaba la materia mercantil, era el aplicable en el asunto que estudió, ya que se hizo valer la acción de pago del crédito en la vía ejecutiva mercantil.
Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2a./J. 34/2013 (10a.), con registro digital: 2003161, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, estableció como requisitos para que opere la supletoriedad de leyes, que el ordenamiento a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que podrán aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica total o parcialmente de manera supletoria a otros ordenamientos; que la ley a suplir no contemple la institución o cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o aun estableciéndolas no las desarrolle o las regule deficientemente; que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteados, sin que resultare válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que fueren congruentes con su principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
Que en el caso analizado, no se satisfizo el penúltimo requisito invocado, porque se dilucidó una controversia de naturaleza mercantil en la que se discutieron situaciones patrimoniales y las codificaciones o legislaciones aplicables son las mercantiles; aunado a que el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé disposición legal que establezca que se tenga que dar intervención al agente social estatal cuando a alguna de las partes le revista la calidad de adulto mayor.
Que no era aplicable en forma supletoria el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que su inaplicación deviene del hecho de que el dar intervención procesal correspondiente al agente de la Procuraduría Social del Estado, resulta una intervención innecesaria para lograr la eficacia de la ley suplida, en el caso, el Código de Comercio, pues su implementación de manera supletoria, si bien no contradice sus principios, tampoco la dota de congruencia; máxime que resultaba ser una institución extraña que el legislador no tuvo intención de establecer dentro de las codificaciones o legislaciones mercantiles, ya que resulta incongruente con el contexto de esa legislación, dado que ésta se rige por el principio de estricto derecho, lo que significa que la controversia se resolverá atendiendo a lo que las partes expresen en su demanda inicial y en su contestación, dejando de lado circunstancias de desventaja invocadas por ellas, como sería la edad avanzada, pues no correspondía a la legislación mercantil velar y salvaguardar esos derechos.
Hasta aquí los criterios formalmente confrontados en el presente expediente.
Así, dado que los tres Tribunales Colegiados de Circuito llevaron a cabo procesos interpretativos, en los que ejercieron su arbitrio judicial, para resolver los problemas que se les plantearon, es claro que el primer requisito ha quedado cumplido.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se considera que el segundo requisito también queda cumplido, atento a que, en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, existe disenso en la cuestión jurídica analizada, ya que el S. y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito, concluyeron en la inaplicación supletoria del artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado en los juicios mercantiles que se tramitan en el Estado, en tanto que el Código de Comercio, como su supletorio el Federal de Procedimientos Civiles, no prevé la figura de la Procuraduría Social; mientras que el Tribunal Colegiado de Circuito denunciante (primero) sostuvo su aplicación en ellos, al margen de su supletoriedad.
Tercer requisito: Formulación de una pregunta mediante la cual se resuelva el diferendo. Este requisito, de igual forma, se cumple, pues advertido del punto de conflicto entre los contendientes, es posible formular una pregunta, cuya respuesta dirimirá la cuestión. La pregunta es la siguiente:
¿Es o no aplicable a los juicios mercantiles que se tramitan en el Estado de Jalisco, la norma prevista en el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa?
Satisfechos los tres requisitos mencionados, este Pleno de Circuito determina que la presente contradicción de tesis existe y debe ser resuelta, a fin de unificar el criterio.
Lo anterior, a fin de terminar con la incertidumbre generada a los gobernados, por la existencia de los criterios contradictorios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en cuanto a la aplicación de ese numeral, ya que sólo de esa manera se permitirá resolver uniformemente, en lo subsecuente, casos similares a los que motivaron la presente denuncia y se evitará que se sigan resolviendo en forma diversa, lo que, además, permitirá preservar la unidad en la interpretación de esa norma con la fijación de su sentido y alcance en protección al derecho fundamental de seguridad jurídica.
Decisión sobre el fondo de la contradicción de tesis. Se estima que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen:
De inicio, precisa destacar que la Segunda Sala del Más Alto Tribunal ha sostenido que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes; que para que opere esa supletoriedad, son necesarios los siguientes elementos: 1. Que el ordenamiento legal a suplir, establezca expresamente esa posibilidad indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca, que aplica total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretendan aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
Lo anterior se refleja en el criterio jurisprudencial que se contiene en la tesis número 2a./J. 34/2013 (10a.), visible en la página 1065 del Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2003161, que dice:
Así como en dos de las ejecutorias en las que se pronunció sobre el tema de la supletoriedad de las leyes, como son, la relativa a la contradicción de tesis número 389/2009 y en la diversa 247/2009, cuyas partes conducentes se transcriben a continuación:
(389/2009):
... Ahora bien, destaca que esta Segunda Sala ha hecho ciertas precisiones en torno de la figura de la supletoriedad, particularmente al fallar la contradicción de tesis 247/2009. (12) En ese asunto, en primer lugar, se afirmó que ‘la aplicación supletoria o complementaria de una ley respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios generales contenidos en otras leyes’. ... Con base en estos precedentes, en la contradicción de tesis 247/2009 se estableció que la supletoriedad sólo opera cuando se reúnen los siguientes requisitos: ‘a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.’.-Ahora bien, en cuanto al requisito señalado en el inciso a) recién transcrito, es necesario agregar que no sólo es posible que haya supletoriedad cuando el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad; sino también cuando el legislador disponga en una ley que determinado ordenamiento debe entenderse supletorio de otros ordenamientos, ya sea total o parcialmente.-Éste es el caso, por ejemplo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 2o. dispone: ‘Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente.’.-Así pues, esta Segunda Sala reitera el criterio relativo a los requisitos necesarios para que proceda la supletoriedad, y considera que, en la especie, no se reúnen todos ellos. ... En suma, el artículo 192 de la Ley Agraria prevé la posibilidad de que se decrete la conexidad de juicios agrarios relacionados, mientras que el artículo 195 del mismo ordenamiento prescribe la norma general para la tramitación de los expedientes, incluso los conexos. Entonces, no hay laguna legal que requiera ser llenada por la legislación supletoria, habida cuenta que la tramitación de los juicios en materia agraria está debidamente legislada en la ley de la materia, e incluye la forma de tramitar los juicios conexos. Consecuentemente, esta institución no está regulada de manera incompleta o deficiente. ...
(247/2009):
... De entrada, debe señalarse que la aplicación supletoria o complementaria de una ley respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios generales contenidos en otras leyes.-En torno al tema, E.G.M. expresa que, ‘hay normas jurídicas que tienen por sí mismas sentido pleno, en tanto que otras sólo poseen significación cuando se les relaciona con preceptos del primer tipo. Cuando una regla de derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria. Las complementadas por su parte, llámense primarias’.-De igual forma, en la Quinta Época, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la aplicación de leyes supletorias es para aquellos casos no comprendidos en las leyes especiales, y que requieren, para ser aplicables, que se subsanen las omisiones o deficiencias de éstas, a fin de hacer posible la resolución del problema jurídico a debate, como se lee en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIX, página 18, de la voz: ‘LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE.’.-Asimismo, debe tenerse en cuenta que en torno a los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad, este Máximo Tribunal ha sostenido criterio en relación con los elementos necesarios que deben reunirse para que proceda la supletoriedad. ... Lo anterior nos permite establecer que la supletoriedad opera únicamente cuando se reúnen los requisitos lógicos siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. ... Luego, al ser la supletoriedad una institución jurídica que sirve de medio para la integración normativa y cuyo fin es llenar el vacío legislativo de la ley, se llega a la conclusión de que lo dispuesto en el artículo 1649 del Código Civil Federal no es aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, ya que no opera la supletoriedad en los casos en que se encuentra prevista en el ordenamiento primario, disposición expresa, que sea exactamente aplicable.-Es así, porque la supletoriedad del Código Civil Federal a la materia agraria se produce exclusivamente cuando la ley específica contempla la institución pero no se señalan algunas o todas las reglas de su aplicación, mas tratándose del momento en que se transmite la propiedad de los derechos ejidales por sucesión testamentaria, la Ley Agraria, por sí misma, es plena para resolver ese aspecto. ...
De igual forma, precisa destacar que los artículos 1054(36) y 1063(37) del Código de Comercio en vigor, que rige a los juicios de naturaleza mercantil como los que contienden en la contradicción de tesis, hacen una referencia expresa al Código Federal de Procedimientos Civiles y a su homólogo de la entidad, como supletorios a dicho ordenamiento, permitiendo con ello expresamente la figura jurídica de la supletoriedad.
Sin embargo, debe destacarse que esa aplicación supletoria no se dejó al arbitrio del juzgador, ya que el legislador en los citados preceptos estableció la condición expresa de que, de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales, los juicios mercantiles, salvo que las leyes de la materia establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes especiales de la materia y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en caso de que éste no regulara suficientemente la institución, cuya supletoriedad se requiera, sería aplicable en último término, la ley adjetiva local.
Lo anterior permite concluir, siguiendo el aludido criterio de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que en el presente caso, para que válidamente pueda acudirse al enjuiciamiento civil local, con el fin de suplir algún vacío de la ley mercantil en cita, los requisitos que deben reunirse son: 1. Que el Código de Comercio establezca la supletoriedad; 2. Que no regule, al igual que el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el supletorio de manera preferente, específicamente la institución procesal o cuestiones jurídicas de que se trate o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; 3. Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, 4. Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
En el particular, no se surten esos requisitos, por lo que no puede estimarse aplicable supletoriamente lo dispuesto por el artículo 68 Ter(38) del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pese a que en él, según lo consideró la Primera Sala del Más Alto Tribunal,(39) el legislador instauró un dispositivo encaminado a cumplir con el deber que le impone el artículo 1o. constitucional, de conferir una protección especial a los adultos mayores, que está estrechamente ligado con el debido proceso legal, por permitir a los miembros de ese grupo (mediante la intervención que le otorgó al agente de la Procuraduría Social, al dotarlo de amplias facultades procesales) acudir al juicio civil en condiciones de igualdad y así salvaguardar y revestir de legalidad el proceso en el que participen.
En principio, porque aun cuando se cumple con el primero de dichos requisitos, en atención a que el Código de Comercio establece la posibilidad de que, en defecto de sus disposiciones, se acuda primeramente en forma supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles y, en último término, a su homólogo local; sin embargo, no se satisfacen el resto de ellos.
En efecto, el segundo elemento no se reúne, porque tanto el citado ordenamiento legal (Código de Comercio), como el Federal de Procedimientos Civiles que le aplica en forma preferente, no regulan de manera alguna, ya expresa o implícita, la institución de la procuraduría o agente social, como su intervención en los juicios mercantiles.
Tampoco se reúne el tercero de los requisitos, porque aun cuando en el Código de Comercio existe omisión o vacío legislativo en la regulación de la institución de mérito y, por ello, se hace necesaria la aplicación supletoria de normas para tratar de solucionar el problema jurídico planteado; sin embargo, no es posible acudir a ella, en razón de que, como se dijo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que debe aplicarse supletoriamente de manera preferente, no prevé la institución o figura jurídica a suplir y, en ese sentido, válido es entender que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir, la institución de la Procuraduría Social, a fin de que intervenga en los juicios en que actúe un adulto mayor.
Y por último, no se reúne el cuarto de los requisitos, porque si bien lo previsto en el precepto 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no contradice los principios del Código de Comercio, tampoco lo dota de congruencia, si se toma en cuenta que el procedimiento mercantil se rige por el principio dispositivo de estricto derecho, que significa, por regla general, que los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares y, por virtud de dicho principio, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento, está en manos de los contendientes y no del juzgador, razón por la que éste no puede sustituirse al actor ni al demandado, es decir, el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes; por ende, dicho procedimiento es de litis cerrada, conforme lo prevé el numeral 1327 del Código de Comercio, ya que aquélla queda establecida con los hechos que las partes precisan en sus escritos de demanda y contestación.
Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 1a. CCVI/2013 (10a.), consultable en la página 566 del Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2004058, que dice:
PRINCIPIO DISPOSITIVO EN MATERIA MERCANTIL. NO LIMITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El principio dispositivo descansa en el hecho de que, por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares; de ahí que tenga plena operatividad en los juicios en materia mercantil, al discutirse en éstos cuestiones que incumben exclusivamente a los contendientes. Así, por virtud de dicho principio procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no del juzgador, razón por la que éste no puede sustituirse al actor y ejercer oficiosamente una acción, ni en relación con el demandado, contestar la demanda y fijar la litis; asimismo, no puede tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en aquéllos en quienes recae la obligación de probar sus pretensiones o defensas; tan es así, que el artículo 1194 del Código de Comercio señala que el que afirma está obligado a probar y, en consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Esta carga probatoria que recae en las partes y no en el juzgador, deja al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de ofrecer pruebas y determinar las que estimen conducentes a sus intereses, lo cual redunda en su propio beneficio, pues al formar parte de la contienda, se presume que nadie sabe mejor que los litigantes cuándo ofrecer pruebas y abstenerse de hacerlo y, en su caso, cuáles son idóneas para demostrar sus pretensiones o defensas; esto es, atendiendo al principio dispositivo, el cual cobra relevancia en materia probatoria, el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes, sin que ello implique una limitación al derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues la circunstancia de que el citado principio impida la actuación oficiosa del juzgador en asuntos en los que la controversia sólo atañe a los particulares, no les afecta, pues no les impide acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, para que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa que se plantea; por el contrario, este principio respeta la igualdad y el equilibrio procesal que debe haber entre los contendientes en términos del principio de justicia imparcial derivado del referido derecho de acceso a la justicia, pues impide que el juzgador, tomando partido por alguna de las partes y a pretexto de ser el director del proceso, lo impulse indebidamente o recabe pruebas ajenas a las ofrecidas por ellas para la solución de la controversia. Además, contribuye a que la justicia se administre en los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes, pues la actividad que las partes están constreñidas a realizar debe ser oportuna, es decir, debe sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes, ya que de lo contrario operará la preclusión y, en casos extremos, podrá actualizarse la caducidad de la instancia.
Igualmente, sirve de apoyo el criterio que se comparte, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C J/50, consultable en la página 1045, T.X., junio de 2006, Novena Época del aludido Semanario, registro digital: 174859, que expresa:
"PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.-En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria."
Lo anterior no vulnera el principio pro persona, ni el reconocimiento que han hecho tanto la Constitución Política del País,(40) como los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte,(41) la tesis aislada sustentada por el Más Alto Tribunal del País,(42) las leyes federales(43) y estatales,(44) acerca de que un adulto mayor de sesenta años o más, forma parte de un grupo vulnerable, que merece especial protección de los órganos de los Estados, por encontrarse en una situación de debilidad respecto al resto de la población, incluso, al de su familia, ya que su sola edad avanzada puede colocarlo en una situación de dependencia familiar, discriminación y abandono; que, por tanto, cualquier institución u órgano debe asegurarse de que obtenga esa protección, sin el riesgo de ser objeto de discriminación o abandono; que como se observa, constituye el apoyo del Tribunal Colegiado de Circuito denunciante de la presente contradicción de tesis y contendiente.
Porque el principio pro persona que establece el artículo 1o. constitucional se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto y optar por aquella que proteja en términos más amplios; de acuerdo con el criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, contenido en la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), publicada en la página 530, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2002359, que expresa:
PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.
Esto es, constituye un criterio de carácter esencialmente hermenéutico, que no permite aplicar supletoriamente las disposiciones de un ordenamiento a otro (mucho menos cuando, como en la especie, no se puede efectuar, de acuerdo con las razones expuestas), pues parte del supuesto básico de que debe preferirse la norma que más beneficie a la persona y, en consecuencia, evite la restricción de sus derechos.
Además, porque el citado marco normativo (constitucional, convencional, jurisprudencial y legal), no puede servir de base para aplicar el aludido artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado al Código de Comercio, pues no debe perderse de vista que este último es de orden federal que rige en toda la república y aquel precepto pertenece a una entidad federativa, que prevé una institución que fue creada sólo para intervenir en los juicios que la misma contempla, por lo que sería inadmisible que durante la tramitación de los juicios mercantiles que se sigan tanto en los tribunales federales, como en los locales, sus titulares deban aplicarlo.
No escapa a la consideración de este Pleno de Circuito la finalidad que inspira a uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes la aplicación de la institución del procurador social; sin embargo, este ejercicio de protección a los adultos mayores puede procurarse e instrumentarse en el procedimiento mercantil, sin que ello implique dar la intervención del agente social.
No es óbice que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito estimara, en lo que interesa, que no pasaba inadvertido que en la ejecutoria de la Primera Sala,(45) que tomó como criterio orientador, se interpretó el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en tanto que el juicio de origen (del que emanaba el acto reclamado que en ese momento analizó), era mercantil, porque con independencia de que dicho precepto fuera o no aplicable al caso y si se pudiera o no, siguiendo los criterios de supletoriedad de la norma, traerlo a colación, lo cierto era, siguió diciendo el propio Tribunal Colegiado de Circuito, que la condición de adultos mayores implicaba una categoría que el Constituyente distinguió como factor de discriminación, por ende, de prohibición en la desigualdad de trato, por lo que poca importancia tenía si el Código de Comercio reconocía a las personas de la tercera edad como sujetos que pudieran encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y desventaja para hacer valer de manera eficaz sus derechos fundamentales o que no estableciera la figura de la Procuraduría Social que garantizara a los adultos mayores la legalidad en el proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, porque esos derechos fundamentales, al ser de mayor jerarquía, debían prevalecer, atendiendo al principio pro persona.
Porque si bien no se discute la categoría y protección especial, que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los tratados internacionales, leyes federales y la tesis aislada (citada en los párrafos que anteceden), han reconocido a los adultos mayores; sin embargo, no menos verdad es que ello no implica desatender las normas que rijan la naturaleza del juicio de que se trate, en el que aquéllos tengan intervención (en el caso, las contenidas en el Código de Comercio), porque como se expuso en líneas que anteceden, el principio pro persona no tiene el efecto de constituir derechos o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando aquéllas no tengan sustento en las reglas de derecho aplicables, ni puedan derivarse de éstas (como sucedería en el particular), porque al final, es conforme a dichas reglas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.
En ese sentido, si como se expuso, el Código de Comercio y el Federal de Procedimientos Civiles, que aplica preferentemente al primero, no prevén la institución de la Procuraduría Social, ni su intervención en los juicios mercantiles, no procede aplicar el artículo 68 Ter en estudio.
Finalmente, es dable precisar que esta decisión atiende, además, a los efectos prácticos que implicaría aplicar la norma en consulta a los procedimientos mercantiles, es decir, que ante la inexistencia de una Procuraduría Social Federal, tendría que acudirse a la local, inclusive, en los asuntos mercantiles de los que conocen los Jueces de Distrito; esto aumentaría la cantidad de expedientes que debería atender la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, en franco detrimento de los intereses del adulto mayor.
Por lo anterior, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito en esta resolución, debiendo quedar redactada con el siguiente título, subtítulo y texto:
JUICIOS MERCANTILES TRAMITADOS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 68 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA ENTIDAD, QUE REGULA LA INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL CUANDO UNA DE LAS PARTES SEA UN ADULTO MAYOR, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO. El citado precepto que prevé la intervención del agente de la Procuraduría Social en los juicios en los que se afecten bienes o derechos de los adultos mayores, entre otros, resulta inaplicable al procedimiento mercantil, en virtud de que no se reúnen tres de los cuatro requisitos necesarios para que opere la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco respecto del Código de Comercio: primero, porque este ordenamiento y el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma preferente, no regulan expresa o implícitamente esa institución, ni su intervención en los juicios mercantiles; segundo, porque aun cuando en el Código de Comercio existe omisión o vacío legislativo en su regulación y ello hace necesaria la aplicación supletoria de normas para tratar de solucionar ese problema jurídico, no es posible acudir a ella, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles no incluye alguna norma semejante al artículo 68 ter aludido; y, tercero, porque aplicar supletoriamente dicho precepto no dotaría de congruencia a la legislación a suplir, tomando en cuenta que el procedimiento mercantil se rige por el principio dispositivo de estricto derecho. Máxime que el Código de Comercio es una legislación federal que rige en toda la República y aquel precepto pertenece a una entidad federativa que prevé una institución creada sólo para intervenir en los juicios que ésta contempla, por lo que sería inadmisible que durante la tramitación de los juicios mercantiles que se sigan tanto en los tribunales federales, como en los locales, sus titulares deban aplicarlo. Sin que lo anterior vulnere el principio pro persona establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho principio no puede ser constitutivo de derechos o dar cabida a instituciones o a interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando aquéllas no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables al caso de que se trate.
Sí existe contradicción entre los criterios sustentados por el Primero, con respecto de los del Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, todos en Materia Civil de este Tercer Circuito, en términos del último considerando de esta resolución.
Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis formulada por este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, que aparece al final del último considerando de este fallo.
Remítase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resolución, a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, así como a los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito y Jueces de Distrito del ramo, en acatamiento a lo previsto en los artículos 217 y 219 de la Ley de Amparo. R. también a la propia Coordinación, la parte considerativa de la resolución, para su publicación íntegra en el referido medio de difusión.
N. y cúmplase; envíese testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de cinco votos de los Magistrados F.J.D.R., G.D., G.D.V.O., F.J.V.H. y E.D.S., fungiendo como presidente decano el último de los nombrados, adscritos al Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, respectivamente.
"La secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, licenciada S.T.S.T.A., en términos del artículo 62, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, certifica que: conforme a lo previsto en los artículos 54 al 70 del acuerdo general de referencia, en esta versión pública, relativa a la sentencia emitida en la contradicción de tesis 15/2015, se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."
"Artículo 23. El domicilio oficial del Pleno será el mismo del tribunal de adscripción que corresponda a su presidente, por tal motivo, una vez que se designe a éste, deberán fijarse los avisos correspondientes en los estrados de los tribunales que integran el circuito.-En ese domicilio las partes tramitarán todo lo relacionado con las contradicciones y sustituciones de tesis que correspondan al Pleno respectivo."
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: ... III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente."
"Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán por los Magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, y en su caso especialización de los Plenos de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de cada circuito judicial."
"Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para: I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ... III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
Por mayoría de votos de los Ministros J.R.C.D. (ponente), O.S.C. de G.V. y el presidente A.G.O.M., en contra de los emitidos por los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de L. y J.M.P.R..
Es aplicable al caso el criterio de la Primera Sala de la SCJN, 1a. XLI/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 647 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas, registro digital: 2005530, de título, subtítulo y texto:
"DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o. apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social."
"Artículo 1o. ... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
Tiene apoyo al tema la tesis 1a. XLIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la SCJN, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 644 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas, registro digital: 2005528, que dice:
"DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO. Esta modalidad del principio constitucional de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar que se siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica y/o estructural de un grupo social relevante. A estas medidas se les pueden catalogar como acciones positivas o de igualación positiva. Ejemplos de las primeras pueden ser ciertas políticas públicas que tengan como sujetos a las mujeres o a las personas con algún grado de discapacidad y que busquen otorgarles bienes o servicios adicionales para que alcancen un mismo grado de oportunidades para el ejercicio de sus derechos; mientras que ejemplos de las segundas consisten en las cuotas o los actos específicos de discriminación inversa en favor de una persona que pertenezca a un determinado grupo social. En algunos de esos casos, se dará formalmente un trato desigual de iure o de facto respecto de otras personas o grupos, pero el mismo deberá estar justificado precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y tendrá que cumplir con criterios de proporcionalidad. Con base en lo anterior, se estima que no existe una lista exhaustiva o definitiva sobre las medidas que puedan llevarse a cabo para la obtención de la igualdad de hecho; dependerá tanto de las circunstancias fácticas, sociales, económicas, culturales, políticas o jurídicas que imperen al momento de tomarse la decisión, como de la entidad o autoridad que vaya a llevar a cabo la medida correspondiente con un amplio margen de apreciación. Sin embargo, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática. Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante, aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas categorías sospechosas que sirven como punto de partida para su identificación."
"Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: I. Adultos mayores: aquel hombre o mujer que tenga sesenta años o más de edad; ..."
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional."
"Artículo 17. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:
"a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
"Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ..."
"Artículo 9. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social."
"Artículo 11.1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: ... e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas."
"Artículo 13. Acceso a la justicia.
"1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
"2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario."
"Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. ... 2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existen formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad." [énfasis añadido]
"Artículo 9. Para la adopción de las medidas a las que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad."
Observación General No. 6 (E/C.12/1995/16/Rev.1 (1995), Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Recomendación General No. 27 sobre las Mujeres de Edad y la Protección de sus Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, publicada el 16 de diciembre de 2010.
"Artículo 26. Pacta sunt servanda.-Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe."
"Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean Partes."
Es aplicable al caso la tesis 1a. CXCVI/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la SCJN, con registro digital: 2003847, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 602, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos los Estados, históricamente, son los principales responsables de velar por que los derechos humanos de los ciudadanos sujetos a su soberanía sean respetados cabalmente en su espacio territorial, de donde se infiere la fórmula tradicional de que el ámbito internacional de protección tiene solamente una función ‘complementaria’. Esto es, la efectividad de un convenio internacional radica en que los propios Estados parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional, en el caso concreto, los relativos a la protección y/o defensa de los derechos humanos de sus gobernados. Esta afirmación se conoce con el aforismo pacta sunt servanda -locución latina que se traduce como ‘lo pactado obliga’-, que expresa que toda convención debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado y en términos del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ahora bien, de la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advierte que tanto la Constitución como los referidos tratados internacionales son normas de la unidad del Estado Federal cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades, por lo que resulta lógico y jurídico que dichos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, con énfasis prioritario para aquellos vinculados con derechos humanos, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), sean de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, previamente a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Sobre el particular, destaca que la razón por la cual se modificó nuestro marco constitucional en junio de 2011, no fue para tornar ‘exigibles’ a cargo de nuestras autoridades estatales la observancia de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, toda vez que, se reitera, dicha obligación ya se encontraba expresamente prevista tanto a nivel constitucional (artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), como a nivel jurisprudencial; así, como esta Primera Sala ha sustentado en diversos precedentes, dicha reforma, entre otros objetivos, tuvo la inherente finalidad de fortalecer el compromiso del Estado Mexicano respecto a la observancia, respeto, promoción y prevención en materia de derechos humanos, así como de ampliar y facilitar su justiciabilidad en cada caso concreto, a través del denominado sistema de control convencional."
Que merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones judiciales.
Foja 72.
Foja 6.
"Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:
"I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;
"II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los Municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y
"III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores."
"Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde a:
"I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como las entidades federativas, los Municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;
"II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;
"III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y
"IV. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores."
"I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;
"II. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;
"III. Entidades federativas. Los Estados y el Distrito Federal que integran los Estados Unidos Mexicanos;
"IV. Ley. La presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;
"V.G.. Conjunto de papeles, atribuciones y representaciones de hombres y mujeres en nuestra cultura que toman como base la diferencia sexual;
"VI. Geriatría. Es la especialidad médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas adultas mayores;
"VII. Gerontología. Estudio científico sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la misma;
"VIII. Integración social. Es el resultado de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral;
"IX. Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres y preferencias;
"X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales, y
"XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores."
"Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:
"I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario;
"II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención;
"III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;
"IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta ley, y
"V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores."
"Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: ...
"II. De la certeza jurídica: ...
"b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos."
"Artículo 10. Son objetivos de la Política Pública Nacional sobre adultos mayores los siguientes: ... II. Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes o estén de paso en el territorio nacional."
"Artículo 15. Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello: ... II. Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el tratamiento, rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con discapacidad."
"Artículo 32. Corresponde a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco:
"I.O. asesoría jurídica y, en su caso, patrocinio legal gratuitos a los adultos mayores en los procedimientos legales en que sean parte en términos de la normatividad aplicable, y
"II. Garantizar una defensa legal adecuada en los juicios y procedimientos en que se encuentren involucrados los adultos mayores, en términos de la normatividad aplicable."
"Artículo 126. El Estado, por conducto de la Procuraduría Social, en los términos que determine su ley orgánica y el presente libro, deberá prestar los servicios de defensoría de oficio, asesoría jurídica y patrocinio en negocios judiciales en forma gratuita, a las personas físicas que por sus condiciones y circunstancias especiales, sociales o económicas se vean en la necesidad de tales servicios o cuando las leyes así lo dispongan."
"Artículo 132. La Procuraduría Social, en los términos previstos en el presente capítulo y en su ley orgánica, tendrá a su cargo la prestación de los servicios de asesoría legal gratuita y patrocinio en negocios judiciales, en los asuntos del orden civil, mercantil y administrativo; así como en el área penal en los casos expresamente previstos en este capítulo diversos a los supuestos en que procede el nombramiento de defensor de oficio, y en la materia laboral, en favor de los trabajadores al servicio del Estado y sus Municipios."
Artículo 232. Son derechos de los adultos mayores, además de los establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y demás disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes: ... XVI. Recibir asesoría jurídica para proteger y promover sus derechos.
Aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
Sirve de apoyo al tema, por las razones que la informan, la jurisprudencia VII.4o.P.T. J/4 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que se comparte, con registro digital: 2007244, Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas y Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1397, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:
"ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS. Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una ‘ley general’, a la Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir uno de sus principios rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican, correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares. Las hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional."
Al respecto, véase la tesis 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 165077, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
36 "Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva."
"Artículo 1,063. Los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local."
"Artículo 68 Ter. Los agentes de la Procuraduría Social intervendrán en todos los juicios en los que: I. Se afecten los intereses sociales; II. Se afecte a la persona, bienes o derechos de personas menores de edad, incapaces y ausentes, adultos mayores o con discapacidad a criterio del Juez; y III. En todos los casos que dispusiere la ley.-La intervención del agente de la Procuraduría Social en juicio, lo faculta para recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar recursos e incidentes, formular alegatos y en general solicitar al juzgador la realización de todos los actos procesales para la continuación del juicio; procurar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de sociedad, de las personas menores de edad, incapaces, adultos mayores y ausentes para lo cual podrá imponerse de los autos en la secretaría y podrá solicitar se le entreguen copias de los mismos.-En los asuntos en que deba intervenir el agente de la Procuraduría Social, se le dará vista por cinco días para que manifieste de manera fundada y motivada lo que a la representación social corresponda; transcurrido el término se continuará el procedimiento."
En resolución al amparo directo en revisión 1672/2014.
Artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
"ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.". Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 573, 1a. CCXXIV/2015 (10a.) y Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas, registro digital: 2009452.
1o., 2o., 3o., 4o., 5o., fracción II, inciso b) y 10, fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Artículos 2o., 4o., 6o. y 12 de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, y 1o., 2o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social.
Amparo directo en revisión 1672/2014.

References: ARTÍCULO 68
 artículo 23
 ARTÍCULO 68
 artículo 68
 resolución 
 artículo 68
 resolución 
 artículo 227
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 1054
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 68
 artículo 93
 artículo 1054
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 2
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 1069
 artículo 1054
 resolución 
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 1054
 artículo 68
 artículo 1054
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 2
 artículo 192
 artículo 195
 resolución 
 artículo 1649
 artículo 68
 artículo 1
 ARTÍCULO 17
 resolución 
 artículo 1194
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 ARTÍCULO 68
 artículo 68
 artículo 1
 resolución 
 artículo 62
 artículo 103
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 133

Artículo 232
 resolución 

Artículo 17