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Timestamp: 2017-09-26 00:22:08+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña 497/2013 de 3 de mayo
IVA e IRPF: Liquidaciones provisionales. Rectificación de oficio de los datos censales. Actividad desarrollada por el sujeto pasivo. Clasificación de la actividad. Régimen aplicable. Actuaciones de comprobación. Se estima.
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 583/2010
Partes: Pablo C/ T.E.A.R.C.
SENTENCIA N.º 497
En la ciudad de Barcelona, a tres de mayo de dos mil trece.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n.º 583/2010, interpuesto por Pablo, representado por el/la Procurador/a D. ALBERT RAMENTOL NORIA, contra T.E.A.R.C., representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D. JOSE LUIS GÓMEZ RUIZ, quien expresa el parecer de la SALA.
Primero.—Por el/la Procurador/a D. ALBERT RAMENTOL NORIA, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
Primero.—Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) de fecha 22 de octubre de 2009 y 15 de abril 2010, estimatorias en parte de las reclamaciones económico- administrativas acumuladas núms. NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 Y NUM005 y NUM006 interpuestas contra acuerdos dictados por la Administración de Sabadell de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de rectificación de oficio de los datos censales, liquidaciones provisionales de IVA (2003-2004 y 2005, régimen general) y de IRPF (2003, 2004 y 2005),
Las resoluciones impugnadas acuerda: a) Desestimar las reclamaciones económico administrativas NUM000, NUM003, NUM004 y NUM006, confirmando los acuerdos impugnados; y b) Estimar las reclamaciones económico administrativas NUM001, NUM002 y NUM005, anulando las liquidaciones impugnadas.
Segundo.—Los «hechos» de la resolución impugnada reflejan que de la información obtenida por la Administración se observa que el recurrente, en el año 2002, comenzó sus actividades para la entidad "Sabapress, SL" (continúa en los años 2003,2004 y 2005), realizando "servicios de reparto de prensa", y utilizando para ello un vehículo mixto adaptable Mercedes Benz, modelo 312-D con una capacidad de carga de 1569 Kg. así como que se acordó por la Oficina gestora la rectificación de oficio de los datos relativos al obligado tributario que figuran en el censo, debiendo causar alta en el epígrafe 849.5, desde el 1 de marzo de 2002, y quedando incluido en el régimen general de IVA y de estimación directa simplificada en el IRPF desde el 1 de enero de 2002, girándose las correspondientes liquidaciones por ambos impuestos.
Tercero.—La problemática litigiosa es del todo análoga a las resueltas en nuestras sentencias 1183/2010, de 15 de diciembre, 1224/2010, de 22 de diciembre, y 1240/2010, de 30 de diciembre y 154/2013, por cuanto la constatación llevada a cabo por la misma Oficina gestora de que la actividad desarrollada por el sujeto pasivo era la de "reparto de prensa diaria" (epígrafe 849.5 de las tarifas del IAE), llevó a considerar que el recurrente debía tributar en el IRPF en el régimen de estimación directa simplificada al no estar incluida dicha actividad en el régimen de módulos aplicado por el contribuyente en su autoliquidación del IRPF, e igualmente llevó a la Oficina a regularizar el IVA, al considerar que tampoco podía tributar en el régimen simplificado del IVA.
En la primera de las indicadas Sentencias, razonábamos lo siguiente:
« III.- De las normas contenidas en la legislación tributaria referentes a la delimitación de competencias entre los órganos gestores y los órganos de inspección de la Agencia Tributaria, extensamente reseñadas en la resolución del TEARC, conviene destacar ahora a modo de conclusión la descripción que hace el artículo 123 de la Ley General Tributaria, modificada por Ley 25/1995, en cuanto que para poder practicar las liquidaciones provisionales, la Administración Tributaria podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales, labor ésta que queda reservada para los órganos de inspección, habilitados para llevar a cabo toda clase de actuaciones de comprobación e investigación con el obligado tributario, con terceros y con otros organismos o entidades en el ejercicio de su correcta función.
El TEARC razona que en este caso no se han sobrepasado las facultades del órgano gestor porque lo único que ha hecho es calificar jurídicamente la situación alegada por el contribuyente en interpretación de las normas de aplicación, dando un contenido jurídico distinto a unos hechos que no han sido en ningún momento negados.
Quedando patente en el expediente administrativo que la Oficina gestora no ha practicado ninguna labor de investigación sobre los aspectos atinentes a la actividad declarada, puesto que ha basado su resolución únicamente en las manifestaciones contenidas en la diligencia que obra en el folio 7 del expediente, podríamos admitir que no ha excedido de su competencia. Ahora bien, eso no significa que la actuación administrativa haya sido la correcta exigible porque no razona en absoluto la conclusión a que llega de que corresponde incluir la actividad en un epígrafe diferente de aquel por el que hasta el momento venía tributando el sujeto pasivo.
IV.- Ya entrando en el estudio del objeto esencial del recurso, la parte recurrente considera que su actividad de reparto de prensa diaria a librerías y quioscos en la zona de Mollet del Vallès (que abarca también otros municipios) es susceptible de ser encuadrada en el epígrafe 722, "Transporte de mercancías por carretera". La Administración tributaria, por el contrario, ha procedido a clasificarlo en el epígrafe 849.5, "Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia".
Tal como se dice en la propia resolución del TEARC, la Dirección General de Tributos ha analizado la correcta clasificación de la actividad, siendo verdaderamente ilustrativa la respuesta dada a la Consulta de 25 de octubre de 2005, que se transcribe en la resolución.
De su contenido puede extraerse que en el Grupo 722 se incluye el transporte de todo tipo de mercancías (sean del tamaño, forma o peso que sean), normalmente con remesas o expediciones, empleando camiones o vehículos similares apropiados para el transporte de cosas (urbano o interurbano) y prestando un servicio menos directo al destinatario del envío; en cambio, se clasifica en el Epígrafe 849.5 la actividad consistente en el transporte, reparto, entrega y/o recogida de una categoría limitada de artículos u objetos, tales como documentos, pequeños objetos y paquetes, empleando vehículos apropiados a las características de los objetos a desplazar, en su mayor parte en áreas urbanas y haciendo las entregas generalmente en propia mano, lo que supone un tipo de servicio muy directo, rápido y personal con el destinatario del envío (se citan a continuación una serie de servicios a modo de ejemplo).
No comparte la Sala, en cambio, la conclusión de que es en dicho Epígrafe 849.5 donde debe incluirse la actividad de distribución de prensa a librerías y quioscos, sin perjuicio de que pudiera quedar incluida la de reparto de los quioscos a los clientes en su domicilio.
Sí resulta acertada, por otro lado, la clasificación en el Epígrafe 722 en el que se hallaba encuadrado el recurrente hasta el momento, toda vez que, tal como se defiende en la demanda, se trata de una actividad de transporte de una gran cantidad de diarios, suplementos anejos y toda clase de objetos que se proporcionan con los diarios de prensa desde un mayorista hasta un distribuidor, no a los domicilios de los destinatarios finales; es necesario para ello la utilización de un vehículo de determinadas dimensiones perfectamente amparable en las características previstas en el epígrafe 722; se trata de un transporte urbano o, en ocasiones, tal como ha quedado acreditado en fase de prueba, interurbano; no puede considerarse que es la labor de un mensajero o recadero (por ejemplo, repartidor de pizzas, entrega de encargos realizados por tele-venta, internet, etc, entrega de correspondencia, u otros similares). De hecho, el epígrafe 849 de las Tarifas del IAE, dentro de la Agrupación 84 "Servicios prestados a las empresas", se denomina "Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.", es decir tiene naturaleza residual respecto a los servicios que relacionan las empresas con los consumidores finales, ello aun reconociendo el carácter expansivo de que la jurisprudencia de los Tribunales españoles viene dotando al contenido del epígrafe. En dicho Epígrafe 849 se relacionan actividades de cobros de deudas y confección de facturas; servicios mecanográficos, taquigráficos y de reproducción de escritos, planos y documentos; servicios de traducción y similares; servicios de custodia, seguridad y protección, y en el punto 5 que nos interesa "servicios de recadería y reparto y manipulación de correspondencia". Continúa la enumeración de puntos en este 849 con tareas y labores similares que demuestran la particularidad de las funciones que se refieren, su pequeño alcance y la relación empresa-usuario.
A diferencia de lo que expresa la Sala en la reciente Sentencia recaída en el recurso núm. 193/2009, en la que hemos apreciado que se da la circunstancia del epígrafe 849 por tratarse de entregas a farmacias en base a pedidos previos de la comercial, que demanda en función de la situación de desabastecimiento para atender las necesidades de los clientes, en el caso presente nuestro razonamiento versa sobre que no se trata de esas entregas por pedidos sino de una red de reparto de prensa diaria, en la que el quiosco o librería actúa como intermediario para su entrega final al consumidor o usuario, matiz este que permite la diferencia de trato legal.
Por otra parte, debe admitirse como válida la documentación aportada por el demandante que acredita la información recibida de la Delegación de Hacienda en 1991 -fecha de entrada en vigor del IAE- en orden a su inclusión en el epígrafe 722; el alta de la licencia fiscal que hubo de presentar para el transporte de mercancías, así como la actualización de los datos correspondientes corroborados por la Agencia Tributaria como pertenecientes al epígrafe 722, y la utilización de una tarjeta de transporte homologada por la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, necesaria para llevar a cabo el transporte de mercancías en la forma a que se dedica el recurrente y la tarjeta de identificación del vehículo Mercedes Benz en la que figuran los datos del utilizado. Si bien todos estos datos son anteriores en mucho a la fecha de las actuaciones que ahora nos conciernen, puede ponerse de relieve que no han cambiado las circunstancias que en su momento tuviera en cuenta, por indicación de la Agencia Tributaria, el obligado contribuyente.
De la misma manera, la respuesta dada por la Dirección General de Tributos en fecha 27 de diciembre de 2005 a la Asociación de pequeños transportistas, algunos de los cuales dedican su actividad al transporte y reparto de paquetería en régimen de subcontratas con las grandes empresas de paquetería, en la Consulta Vinculante V2564-05 abunda en el sentido apuntado. A este respecto conviene también poner de relieve que, según las facturas aportadas por el demandante, el servicio es realizado desde una empresa mayorista de distribución a otras diferentes empresas o establecimientos minoristas.
Por lo tanto, hemos de concluir estimando el recurso planteado en la forma pretendida por el recurrente, esto es determinando que el epígrafe que corresponde a la actividad que realiza el Sr. Marcos es el 722 y, como consecuencia, su inclusión en el régimen simplificado a efectos de tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido».
El mismo criterio reiteramos en la segunda de las calendadas Sentencias. En el presente caso, el recibimiento del pleito a prueba no ha supuesto una distinta resultancia fáctica de la contemplada en los indicados recursos, por lo que los anteriores razonamientos resultan plenamente trasladables al presente recurso, dada la identidad sustancial de supuestos, pues se trata de una misma actividad que ha comportado la regularización de un mismo periodo por distintos impuestos, IRPF e IVA, que a su vez se encuentran coordinados. Conforme a los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina, hemos de reiterar que el epígrafe que corresponde a la actividad que realiza el recurrente en el periodo controvertido es la del epígrafe 722 y, en consecuencia, del mismo modo que consideramos que era procedente la aplicación del régimen simplificado a efectos de tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, hemos aquí de concluir la procedencia del la aplicación del régimen de módulos efectuada por el sujeto pasivo en su declaración y la improcedencia de la regularización por el régimen de estimación directa simplificada.
Cuarto.—En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la estimación del presente recurso contencioso-administrativo, por no ser conforme a derecho la resolución a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998.
ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 583/2010, promovido contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a la que se contrae la presente litis, y la ANULAMOS, por no ajustarse a derecho, declarando igualmente nulas y sin efecto tanto las liquidaciones como la rectificación de oficio de los datos censales a que se refiere; sin hacer especial condena en costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 artículo 139