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Timestamp: 2020-02-21 16:24:49+00:00

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Test Título Preliminar Ley 40/2015 - Capítulo IV y Capítulo V - Test oposiciones
Test Título Preliminar Ley 40/2015 – Capítulo IV y Capítulo V
CAPÍTULO IV - DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CAPÍTULO V - FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DEL SECTOR PÚBLICO
A tenor de la Ley 40/2015, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondiente siempre que la lesión sea consecuencia:
Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo breves excepciones.
Del funcionamiento anormal de los servicios públicos en todo caso.
Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en cualquier caso.
Del funcionamiento anormal de los servicios públicos y previa sentencia judicial firme.
Según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas:
Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización salvo dos excepciones.
Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización en todo caso.
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos:
* Salvo en los casos de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
* Salvo en los casos de fuerza mayor.
La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá según la Ley 40/2015:
Por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por la Ley Orgánica 7/2005, de 23 de septiembre, de Responsabilidad Patrimonial de la Administración de Justicia.
Corresponde fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad a:
Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular:
De manera solidaria o individual, en función de la gravedad de las responsabilidades.
En todo caso, de forma individual.
En todo caso, de forma solidaria.
De manera solidaria o individual, en función del grado de participación de cada una de las Administraciones.
Según el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños:
En todo caso las que se produzcan por el funcionamiento anormal de la Administración.
Solo las que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
Solo las que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de:
Corresponde determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, según el artículo 38.3 de la Ley 40/2015:
Al Gobierno mediante Real Decreto.
A cada Administración Pública.
Al órgano colegiado correspondiente de cada Comunidad Autónoma.
Según el artículo 38.4 de la Ley 40/2015, las sedes electrónicas de las Administraciones Públicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de:
Comunicaciones seguras cuando así lo establezca una ley.
Comunicaciones seguras en todo caso.
Comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
Comunicaciones seguras cuando así lo establezca un reglamento.
Se entiende por el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente:
A la sede electrónica.
Al portal de internet.
Al portal electrónico.
A una página online.
Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán:
En su caso, la identidad de la persona titular en el caso de sellos electrónicos de órganos administrativos.
La denominación correspondiente.
Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público, se entiende por:
Actuación administrativa automatizada.
Expediente administrativo electrónico.
Según el artículo 43.2 de la ley 40/2015, los sistemas de firma electrónica podrán referirse:
A todos los datos profesionales del empleado público, por razones de transparencia.
Solo el número de identificación profesional del empleado público, por razones de seguridad pública.
A todos los datos profesionales del empleado público, por razones de responsabilidades.
En relación con el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá:
Únicamente la relación de emisores y receptores autorizados.
La relación de responsables de los datos a gestionar y la naturaleza, reservada o no, de los mismos.
La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, se almacenarán por medios electrónicos:
Los documentos más relevantes utilizados en las actuaciones administrativas, en todo caso.
Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas, salvo cuando no sea posible.
Los documentos más relevantes utilizados en las actuaciones administrativas, salvo que no sea posible.
Según el artículo 46.3 de la Ley 40/2015, los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en:
Los Reglamentos que los crearon.
La Ley de Archivo Electrónico de las Administraciones Públicas.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen:
La compatibilidad, autenticidad, disponibilidad, y conservación de los documentos almacenados.
La integridad, autenticidad, confidencialidad, accesibilidad, seguridad y recuperación de los documentos almacenados.
La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.
La compatibilidad, disponibilidad, encriptación, protección y estabilidad de los documentos almacenados.
Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común son:
Según el artículo 46 bis de la Ley 40/2015, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral y los padrones municipales de habitantes, entre otros, deberán ubicarse y prestarse dentro:
Del territorio de la Unión Europea.
De territorio europeo.
¿Cuál de los siguientes sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de datos deberán ubicarse y prestarse dentro de la Unión Europea, conforme al artículo 46 bis de la Ley 40/2015?
Datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos.
Censo electoral y padrones municipales de habitantes y otros registros de población.
Datos de los usuarios del sistema nacional de salud.
Los datos a los que se refiere el artículo 46 bis de la Ley 40/2015 no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional:
Salvo cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
Salvo los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea.

References: artículo 32
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 43
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46