Source: https://www.scribd.com/doc/3822255/Respuestas-a-sus-preguntas-ICRC-003-0703
Timestamp: 2016-07-29 05:35:35+00:00

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Grocio y el derecho de gentes
«Derecho de gentes» es la expresión utilizada en la doctrina clásica y es sinónima, en el uso corriente de nuestros días, de «derecho internacional público» o «derecho internacional». Éste se deﬁne como el conjunto de normas jurídicas por las que se rigen las relaciones entre los Estados, así como con los demás miembros de la comunidad internacional. Grocio, jurista y diplomático (véase Índice), es el padre del derecho de gentes. A raíz de la Reforma que dividía, en aquella época, a la cristiandad en Europa, pensó que el derecho ya no era la expresión de la justicia divina, sino de la razón humana, que ya no precedía a la acción, sino que dimanaba de ella. De ahí la necesidad de encontrar otro principio de unidad para las relaciones internacionales. El derecho de gentes proporcionó ese principio. En su obra, Derecho de la guerra y de la paz, Grocio enumera las normas que constituyen las bases más sólidas del derecho de la guerra.
Las expresiones «derecho internacional humanitario», «derecho de los conﬂictos armados» y «derecho de la guerra» pueden considerarse como equivalentes. Las organizaciones internacionales, las universidades o los Estados suelen emplear la expresión «derecho internacional humanitario» o «derecho humanitario», mientras que, las fuerzas armadas, utilizan las otras dos con más frecuencia.
Nota: no se debe interpretar este gráﬁco como un intento de clasiﬁcación o jerarquización de las diferentes ramas del derecho internacional público; simplemente se mencionan algunas de las más conocidas.
«... pero luego que dejan [las armas] y se rinden, no son enemigos ni instrumentos del enemigo, y como vuelven a entrar en la simple clase de hombres, ya no se tiene derecho sobre su vida».
Las partes en conﬂicto harán distinción, en todo momento, entre población civil y combatientes, con miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la población civil como tal ni las personas civiles serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos militares. Las personas que no participan –o que ya no pueden participar– en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral. Dichas personas serán, en todas las circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate.
Las partes en conﬂicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de un derecho ilimitado por lo que atañe a la elección de los métodos y medios de hacer la guerra. Queda prohibido emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conﬂicto en cuyo poder estén. El personal sanitario, las instalaciones, los medios de transporte y el material sanitarios serán protegidos. El emblema de la cruz roja o el de la media luna roja sobre fondo blanco es el signo de dicha protección y ha de ser respetado.
Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones (políticas, religiosas u otras). Serán protegidos contra cualquier acto de violencia o de represalias. Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y a recibir socorros. Se beneﬁciarán de las garantías judiciales fundamentales.
Elaboradas por el CICR, estas normas resumen lo esencial del derecho internacional humanitario. No tienen la autoridad de un instrumento jurídico y no pretenden, en absoluto, reemplazar
los tratados vigentes. Fueron redactadas con el ﬁn de facilitar la difusión del DIH (véase Índice).
Principios Fundamentales del derecho humanitario
A semejanza de Grocio (véase p. 5 e Índice), juristas y ﬁlósofos no esperaron a que se aprobara el primer Convenio de Ginebra, el año 1864, ni a que éste se desarrollase, para ocuparse de la reglamentación de los conﬂictos. En el siglo XVIII, es importante la contribución de Jean-Jacques Rousseau. En efecto, ante la evolución de la guerra entre Estados, formula el siguiente principio: «La guerra no es, pues, una relación de hombre a hombre, sino de un Estado con otro Estado, en la que los particulares sólo son enemigos accidentalmente, no como hombres, ni como ciudadanos, sino como soldados (...). Siendo el objeto de la guerra la destrucción del Estado enemigo, hay derecho para matar a sus defensores en tanto que tienen las armas en las manos; pero luego que las dejan y se rinden, no son enemigos ni instrumentos del enemigo, y como vuelven a entrar en la simple clase de hombres, ya no se tiene derecho sobre su vida.» En 1899, Frédéric de Martens enuncia, para los casos no previstos en el derecho humanitario, el principio siguiente: «(...) las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública». Esta Cláusula de Martens, que ya tenía valor de norma consuetudinaria, fue retomada en el artículo 1, párr. 2, del Protocolo adicional I de 1977 (véase Índice). Si Rousseau y de Martens enunciaron los denominados principios de humanidad, los autores de la Declaración de San Petersburgo (véase P4) formularon, explícita e implícitamente, los principios de distinción, de necesidad militar y de prohibición de los males superﬂuos de la siguiente manera: «Que el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo; Que, a este efecto, es suﬁciente poner fuera de combate al mayor número posible de hombres; Que este objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o haría su muerte inevitable.» En los Protocolos adicionales de 1977 se reaﬁrman y se puntualizan dichos principios, en particular el de distinción: «(...) las partes en conﬂicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares» (art. 48 del Protocolo adicional I, véase, asimismo, art. 13 del Protocolo adicional II). Por último, la ﬁnalidad del principio subyacente de proporcionalidad es establecer el equilibrio entre dos intereses divergentes, uno dictado por consideraciones de necesidad militar y el otro por dictados de humanidad, cuando los derechos o las prohibiciones no son absolutos (véase, asimismo, p. 9).
«... para evitar que el fuerte oprima al débil».
Para responder a esta pregunta... más preguntas.
Primeramente fueron normas no escritas, basadas en la costumbre, las que regularon los conflictos armados. Luego, progresivamente, hicieron su aparición tratados bilaterales más o menos elaborados (carteles) que los beligerantes ratiﬁcaban a veces ... después de la batalla; había, asimismo, reglamentos que los Estados promulgaban para las respectivas tropas (véase, al lado, el Código de Lieber). En consecuencia, el entonces derecho aplicable en los conﬂictos armados estaba limitado en el tiempo y en el espacio, dado que sólo era válido para una batalla o un conflicto determinados. Dichas normas variaban, asimismo, según la época, el lugar, la moral, las civilizaciones...
esencial en su creación: Henry Dunant y Guillaume-Henri Dufour (véase p. 2). Dunant formuló la idea del mismo en Recuerdo de Solferino, publicado en 1862. En cuanto al general Dufour, valiéndose de su experiencia como hombre de guerra, le prestó muy pronto un apoyo moral y activo, en particular al presidir la Conferencia Diplomática de 1864. Dunant: «En momentos extraordinarios, como los que reúnen (...) a príncipes del arte militar, pertenecientes a nacionalidades diferentes, ¿no sería de desear que aprovechasen esta especie de congreso para formular algún principio internacional, convencional y sagrado que, una vez aprobado y ratiﬁcado, serviría de base para Sociedades de socorro a los heridos en los diversos países de Europa?». Dufour (a Dunant): «Son necesarios ejemplos tan palpitantes como los que usted nos cita para darnos cuenta de las torturas y las lágrimas que cuesta la gloria de los campos de batalla...».
de los cinco miembros fundadores del CICR (véase p. 2), convocó, el año 1864, una Conferencia Diplomática en la que participaron 16 Estados que aprobaron el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña.
El Convenio de Ginebra de 1864 sentaba las bases del desarrollo del derecho humanitario contemporáneo. Las principales características de ese tratado son: • normas permanentes, escritas, de alcance universal, destinadas a proteger a las víctimas de los conﬂictos; • tratado multilateral, abierto a todos los países; • obligación de prodigar cuidados sin discriminación a los militares heridos y enfermos; • respeto e identiﬁcación, mediante un emblema (cruz roja sobre fondo blanco), del personal sanitario, así como del material y de los medios de transporte sanitarios.
Cuando el Gobierno suizo, con el impulso
El derecho humanitario preescrito
Pretender que la fundación de la Cruz Roja, el año 1863, así como la aprobación del primer Convenio de Ginebra de 1864, fueron el punto de partida de todo ese proceso de construcción del derecho internacional humanitario como se conoce hoy sería un error. Así como no hay sociedad, sea cual fuere, sin normas de vida, no ha habido guerra sin ciertas normas, vagas o precisas, que presidieran el desencadenamiento de las hostilidades, su conducción y su término. «En conjunto, en los métodos de guerra de los pueblos primitivos se puede encontrar la ilustración de los diversos géneros de leyes internacionales de la guerra actualmente conocidas; leyes que distinguen diferentes categorías de enemigos; reglas que determinan las circunstancias, las formalidades y el derecho a comenzar y a terminar una guerra; reglas que prescriben límites en cuanto a las personas, a las estaciones del año, a los lugares, y a la conducción de la guerra; e incluso reglas que ponen la guerra fuera de la ley.» (Quincy Wright) Las primeras leyes de la guerra ya fueron proclamadas algunos milenios antes de nuestra era por las grandes civilizaciones: «Promulgo estas leyes para evitar que el fuerte oprima al débil.» (Hammurabi, rey de Babilonia) Muchos textos antiguos, como son el Mahabarata, la Biblia o el Corán, contienen normas en las que se recomienda el respeto del adversario. Por ejemplo, el Viqayet, texto escrito durante el apogeo de la dominación sarracena en España, hacia ﬁnales del siglo XIII, contiene un verdadero código de leyes de la guerra. El Convenio de 1864 codiﬁca, pues, y mejora, a modo de un tratado multilateral, las leyes y costumbres de la guerra, antiguas, fragmentarias y dispersas, por las que se protege a los heridos y al personal enfermero (véase al lado).
Desde el origen de los conﬂictos hasta el advenimiento del derecho humanitario contemporáneo, se han registrado más de 500 carteles, códigos de conducta, pactos y otros textos cuya ﬁnalidad era reglamentar las hostilidades. Entre ellos, el denominado Código de Lieber o Instrucciones de Lieber (véase Índice). Ese Código, que entró en vigor el mes de abril de 1863, es importante en la medida en que era el primer intento de codiﬁcación de las leyes y costumbres de la guerra que existían en aquella época. Pero, contrariamente al primer Convenio de Ginebra, aprobado un año más tarde, ese Código no tenía valor de tratado, ya que estaba destinado únicamente a las fuerzas nordistas de los Estados Unidos de América que luchaban en la Guerra de Secesión.
Fruto del primer Convenio de Ginebra de 1864, el derecho internacional humanitario contemporáneo se desarrolló al hilo de las guerras para responder, demasiado a menudo a posteriori, a las crecientes necesidades humanitarias, ocasionadas por la evolución del armamento y por los tipos de conﬂictos. He aquí los principales tratados en el orden cronológico de su aprobación: 1864 Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña 1868 Declaración de San Petersburgo (prohibición del uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra) 1899 Convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y sobre la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864 1906 Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864 1907 Revisión de los Convenios de La Haya de 1899 y aprobación de
nuevos Convenios 1925 Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo, en la guerra, de gases asﬁxiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos 1929 Dos Convenios de Ginebra: • revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906 • Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra (nuevo) 1949 Cuatro Convenios de Ginebra: I Para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las fuerzas armadas en campaña II Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar III Relativo al trato debido a los prisioneros de guerra IVRelativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (nuevo) 1954 Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conﬂicto armado 1972 Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción 1977 Dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 que mejoran la protección de las víctimas de los conﬂictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II) 1980 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. A ella se añaden: • el Protocolo (I) sobre fragmentos no localizables • el Protocolo (II) sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos • el Protocolo (III) sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias 1993 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción 1995 Protocolo sobre armas láser cegadoras (Prot. IV [nuevo] de la Convención de 1980) 1996 Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II
[enmendado] de la Convención de 1980) 1997 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. 1998 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 1999 Protocolo de la Convención de
Con frecuencia, los hechos preceden al derecho
La mencionada cronología demuestra claramente que algunos conﬂictos armados inﬂuyeron, de forma más o menos inmediata, en el desarrollo del derecho humanitario. Ejemplos: En la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se recurre a métodos de guerra si no nuevos, al menos en gran escala: empleo de gases contra el enemigo, primeros bombardeos aéreos, captura de cientos de miles de prisioneros de guerra... Los tratados de 1925 y 1929 son fruto de esa evolución. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se registra la misma proporción de civiles y de militares muertos, mientras que esa proporción era de uno contra diez en la Primera Guerra Mundial. El año 1949, la comunidad internacional responde a ese trágico balance, en particular a las horribles persecuciones de que fueron víctimas las personas civiles, con la revisión de los Convenios vigentes y con la aprobación de un nuevo instrumento: el cuarto Convenio de Ginebra que protege a las personas civiles. Más adelante, en 1977, los Protocolos adicionales responden a las consecuencias de índole humanitaria de las guerras de liberación nacional que los Convenios de 1949 sólo cubrían de forma imperfecta. desarrollo del derecho humanitario. No obstante, tras la descolonización, resultaba difícil a los nuevos Estados obligarse mediante un conjunto de normas en cuya elaboración no habían participado. Además, las normas convencionales sobre la conducción de las hostilidades no habían evolucionado desde los tratados de La Haya de 1907. Puesto que revisar esos Convenios habría conllevado el riesgo de poner en tela de juicio algunos logros de 1949, se decidió mejorar la protección de las víctimas de los conﬂictos armados mediante la adopción de nuevos textos en forma de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra (véase P9).
En 1874, una Conferencia Diplomática, celebrada en Bruselas por iniciativa del zar Alejandro II de Rusia, aprobó un Proyecto de declaración internacional relativa a las leyes y costumbres de la guerra. Pero ese texto no fue ratiﬁcado, porque algunos Gobiernos presentes no deseaban verse obligados por un convenio. Sin embargo, el proyecto de Bruselas fue una importante etapa en la codiﬁcación de las leyes de la guerra. En 1934, la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Tokio, aprobó el Proyecto de convenio internacional relativo a las personas civiles de nacionalidad
enemiga que se hallan en el territorio de un beligerante o en el territorio ocupado por éste, preparado por el CICR. Pero ese proyecto tampoco llegó a resultado alguno, porque los Gobiernos se opusieron a la convocación de una Conferencia Diplomática que hubiera podido conducir a su aprobación. Así, las disposiciones del proyecto de Tokio no pudieron ser aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que ya sabemos.
Con cerca de 600 artículos, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 son los principales instrumentos del derecho internacional humanitario (DIH).
«... trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario ...».
Únicamente los Estados pueden adherirse a tratados internacionales, por consiguiente, a los Convenios de Ginebra y a sus Protocolos adicionales. Sin embargo, todas las partes en un conﬂicto armado –sean o no sean agentes estatales– están obligadas
por el derecho internacional humanitario. A ﬁnes de 2004, eran Partes en los Convenios de Ginebra 192 Estados, es decir, casi todos. El hecho de que esos textos ﬁguren entre los tratados aceptados
por el mayor número de países refrenda el principio de su universalidad. Por lo que atañe a los Protocolos adicionales, 162 Estados eran Partes en el Protocolo I y 157 en el Protocolo II en la misma fecha.
Firma, ratiﬁcación, adhesión, reservas, sucesión...
Para los tratados multilaterales entre Estados, como son los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, se siguen dos procedimientos distintos: a) Firma seguida de ratiﬁcación Aunque la ﬁrma no vincula al Estado, le obliga a adoptar un comportamiento que no vacíe de sustancia su compromiso ulterior cuando, mediante la ratiﬁcación, se comprometa solemnemente a respetar el tratado. b) Adhesión Es el acto por el que un Estado, que no haya ﬁrmado el texto del tratado cuando fue aprobado, expresa el consentimiento de adherirse al mismo. La adhesión tiene el mismo alcance que la ratiﬁcación. Cabe destacar que un Estado que haya adquirido recientemente su independencia puede, mediante una declaración de sucesión, expresar su deseo de seguir estando obligado por los tratados aplicables antes de la independencia. Puede, asimismo, hacer una declaración de aplicación provisional de los tratados, mientras los estudia antes de adherirse a ellos o de depositar una declaración de sucesión. Asimismo, cabe decir que, en el marco de esos procedimientos y en ciertas condiciones, un Estado puede formular una serie de reservas mediante las que excluya o modiﬁque el efecto jurídico de algunas disposiciones del tratado. La condición principal es que esas reservas no sean contrarias a elementos esenciales de sustancia del tratado. Por último, cuando se trata de movimientos de liberación nacional, cubiertos por el artículo 1, párr. 4, del Protocolo I, un procedimiento especial les permite estar obligados por los Convenios de Ginebra y el Protocolo I (véase art. 96, párr. 3 del mismo Protocolo).
¿Quién tiene obligación de dar a conocer los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales?
La obligación jurídica de darlos a conocer incumbe a los Estados: «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país respectivo, y especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es posible, civil, de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de la población, especialmente por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes.» (arts. 47, 48, 127 y 144 respectivamente de los Convenios de Ginebra I, II, III y IV) «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conﬂicto armado, los Convenios y el presente Protocolo en sus países respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y a fomentar su estudio por parte de la población civil, de forma que esos instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población civil.» (art. 83, Protocolo I) «El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible.» (art. 19, Protocolo II)
De conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el cometido del CICR es, en particular... «(...) trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conﬂictos armados y preparar el eventual desarrollo del mismo.» (art. 5, párr. 2g) «(...) [colaborar de acuerdo con las Sociedades Nacionales] en ámbitos de interés común, tales como su preparación para actuar en caso de conﬂicto armado, el respeto, el desarrollo y la ratiﬁcación de los Convenios de Ginebra, la difusión de los Principios Fundamentales y del derecho internacional humanitario.» (art. 5, párr. 4a)
IUS AD BELLUM, IUS IN BELLO : QUID ?
La finalidad del derecho internacional humanitario es limitar los sufrimientos provocados por la guerra garantizando, tanto como sea posible, la protección y la asistencia a las víctimas. Así pues, se aborda la realidad de un conﬂicto sin entrar en consideraciones relativas a los motivos o a la legalidad del recurso a la fuerza. Únicamente se regulan los aspectos que tienen un alcance humanitario. Es lo que se denomina ius in bello (derecho en la guerra). Sus disposiciones se aplican,
asimismo, a todas las partes en conﬂicto, independientemente de los motivos del conﬂicto y de la justicia de la causa defendida por una u otra parte. En caso de conﬂicto armado internacional, a menudo resulta difícil determinar qué Estado es culpable de una violación de la Carta de las Naciones Unidas (véase P18). Ahora bien, el sistema del derecho internacional humanitario no supedita su aplicación a la designación del culpable, ya
que siempre se llegaría a una controversia que paralizaría su aplicación, dado que cada uno de los adversarios se declararía víctima de una agresión. Por otro lado, la finalidad del derecho humanitario es garantizar la protección de las víctimas de la guerra y de sus derechos fundamentales sea cual fuere la parte a la que pertenezcan. Por ello, el ius in bello ha de seguir siendo independiente del ius ad bellum o ius contra bellum (derecho a hacer la guerra o derecho a impedir la guerra).
Hasta el término de la Primera Guerra Mundial, el recurso a la guerra no se consideraba como un acto ilícito, sino como un medio aceptable para solucionar las discrepancias. En 1919, el Pacto de la Sociedad de Naciones y, en 1928, el Tratado de París (Pacto Briand-Kellogg) tendían a prohibir la guerra. Pero fue, en particular, la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, el año 1945, la que conﬁrmó esa tendencia: «Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza (...).» Sin embargo, cuando un Estado –o un grupo de Estados– es objeto de una agresión por otro Estado –o grupo de Estados–, la Carta de las Naciones Unidas deﬁende el derecho de legítima defensa, individual o colectiva. Asimismo, el Consejo de Seguridad decide, basándose en el capítulo VII de la Carta (véase P18), el empleo colectivo de la fuerza mediante: • medidas coercitivas –cuyo objetivo es restablecer la paz– contra un Estado que sea amenaza para la seguridad internacional; • medidas para mantener la paz en forma de misiones de observación o de misiones de mantenimiento de la paz. Por último, es el caso que ha sido reconocido en el marco del derecho de los pueblos a la libre determinación. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2105 (XX), aprobada en 1965, «reconoce la legitimidad de la lucha que los pueblos bajo el dominio colonial libran por el ejercicio de su derecho a la libre determinación y a la independencia (...)». (véase p. 12)
El derecho internacional humanitario es aplicable en dos situaciones o, lo que es lo mismo, tiene dos regímenes de protección: a) Conﬂicto armado internacional (véase p. 4) En esa situación, se aplican los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo I de 1977. El derecho humanitario está destinado, principalmente, a las partes en conﬂicto y protege a todo individuo o categoría de individuos que no participa directamente, o que ha dejado de participar, en el conﬂicto, es decir: • militares heridos o enfermos en la guerra terrestre, así como a miembros de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas; • militares heridos, enfermos o náufragos en la guerra marítima, así como a miembros de los servicios sanitarios de las fuerzas navales; • prisioneros de guerra; • población civil, por ejemplo: - personas civiles extranjeras en el territorio de una de las partes en conﬂicto, incluidos los refugiados; - personas civiles en los territorios ocupados; - personas civiles detenidas o internadas; - personal sanitario, religioso y organismos de protección civil. Cabe destacar, que la guerra de liberación nacional, como se deﬁne en el artículo 1 del Protocolo I, se equipara a un conﬂicto armado internacional (véase p. 12). b) Conflicto armado no internacional (véase p. 4) En caso de conﬂicto armado no internacional, son aplicables el artículo 3 común a los cuatro Convenios y el Protocolo II. Conviene puntualizar que las condiciones de aplicación del Protocolo II son más estrictas que las previstas en el artículo 3 (véase p. 19). El derecho humanitario está destinado, en este caso, a las fuerzas armadas, regulares o no, que participan en el conﬂicto, y protege a toda persona, o categoría de personas, que no participan directamente, o que han dejado de participar, en las hostilidades, por ejemplo: • combatientes heridos o enfermos; • personas privadas de libertad a causa del conﬂicto; • población civil; • personal sanitario y religioso.
…personas privadas de libertad
Se considera que el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 es una especie de convenio en miniatura (véase p. 19). Incluso añadiéndole las disposiciones del Protocolo II, las normas por las que se rigen los conﬂictos internos son menos elaboradas que las normas por las que se rige el conﬂicto armado internacional (véase al lado). La diﬁcultad con la que se tropieza para mejorar el régimen de protección en los conﬂictos armados no internacionales es el obstáculo que supone el principio de la soberanía del Estado. Cabe destacar que las normas del artículo 3 tienen valor de derecho consuetudinario y son un mínimo que los beligerantes siempre deberían respetar.
El derecho internacional humanitario no se aplica a las situaciones de violencia que no alcancen la intensidad de un conﬂicto armado. En ese caso, se pueden invocar las disposiciones del derecho de los derechos humanos (véase P17), así como la legislación interna.
Incluso en los conﬂictos «desestructurados» deben aplicarse las normas humanitarias.
Hoy, se habla mucho de conflictos «nuevos». Esta expresión abarca, efectivamente, dos tipos de conflictos distintos: los llamados «desestructurados» y los denominados de «identidad» o «étnicos». El hecho de entrecomillar esas expresiones denota cierta vaguedad en la terminología actualmente utilizada. Los conflictos «desestructurados», seguramente consecuencia del término de la guerra fría, se caracterizan, a menudo, por el debilitamiento o la desaparición –parcial y, en ocasiones, total– de las estructuras estatales. En tales situaciones, los grupos armados aprovechan el vacío político para intentar hacerse con el poder. Pero ese tipo de conﬂicto se caracteriza, ante todo, por el debilitamiento, incluso por la desaparición, de la cadena de mando en los propios grupos armados. El objetivo de los conﬂictos «de identidad» es excluir al otro mediante la denominada «limpieza étnica», que consiste en desplazar por la fuerza a la población, o en exterminarla. A causa de una espiral de propaganda, de violencia y de odio, en ese tipo de conﬂicto se consolida la noción de grupo, en detrimento de la identidad nacional existente, excluyendo cualquier posibilidad de cohabitación con otros grupos. En esos conﬂictos «desestructurados» y «de identidad», en los que la población civil está especialmente expuesta a la violencia, sigue siendo aplicable el derecho internacional humanitario. En efecto, por el artículo 3 común (véase al lado) se impone a todos los grupos armados, sublevados o no, que respeten a quienes hayan depuesto las armas y a quienes no participen en las hostilidades, por ejemplo personas civiles. Así pues, no porque las estructuras estatales se hayan debilitado o sean inexistentes hay un vacío jurídico por lo que al derecho internacional se reﬁere. Muy al contrario, es precisamente en esas situaciones cuando el derecho humanitario adquiere todo su valor. Sin embargo, hay que admitir que la aplicación de ese derecho es más difícil en ese tipo de conﬂictos. La falta de disciplina de algunos contendientes, el armamento de la población civil como consecuencia de la proliferación de armas, la cada vez más confusa distinción entre combatientes y no combatientes hacen que, a menudo, los enfrentamientos tengan un cariz de extremada brutalidad con muy poca cabida para las normas de derecho. Así pues, especialmente en ese tipo de situaciones hay que desplegar esfuerzos para dar a conocer el derecho humanitario. Por supuesto, el hecho de conocer mejor las normas del derecho no va a resolver el problema de fondo que conduce al conflicto, pero puede mitigar sus mortíferas consecuencias.
Artículo 3 común: un convenio en miniatura
En caso de conﬂicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conﬂicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1)Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conﬂicto. Además, las partes en conﬂicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conﬂicto. (véanse pp.16 y 17)
Los Estados desarrollan el derecho internacional humanitario mediante la codiﬁcación o la práctica. Generalmente, estos dos procedimientos se traslapan. La práctica generalizada de los Estados puede contribuir a cristalizar el derecho consuetudinario internacional. Asimismo, ésta, combinada a veces con las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG), puede impulsar la codiﬁcación del derecho internacional. La codiﬁcación se traduce en tratados, como son convenios, pactos, protocolos o acuerdos. Por ejemplo, algunos Estados ya habían promulgado legislación nacional en la que, implícita o explícitamente, se prohibía el empleo de minas terrestres antipersonal. No obstante, esa práctica no era generalizada y en consecuencia no había dado lugar a derecho consuetudinario. En 1997, se convocó una conferencia para redactar una convención especíﬁca, y se prohibió el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal a todos los Estados que ratiﬁcaran ese tratado. El cometido del CICR por lo que atañe al desarrollo del derecho humanitario es: • seguir la evolución de los conﬂictos; • organizar consultas, con miras a cerciorarse de las posibilidades de llegar a un acuerdo por lo que atañe a nuevas normas; • elaborar proyectos, a fin de presentarlos en las conferencias diplomáticas para su aprobación.
Tomando como ejemplo los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, se puede tener idea del proceso de elaboración del derecho humanitario, desde el concepto de partida hasta su aprobación: • inspirándose en un proyecto de normas que había elaborado en 1956, y en resoluciones aprobadas, la década de los sesenta, en las dos Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, el año 1968, el CICR analiza la posibilidad de completar el dispositivo jurídico aprobado en 1949; • en 1969, somete esta idea a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul); los participantes, incluidos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, le hacen el correspondiente encargo. Los juristas del CICR inician, entonces, varios trabajos preparatorios;
• entre 1971 y 1974, el CICR evacúa consultas con los Gobiernos y el Movimiento; se informa periódicamente a las Naciones Unidas acerca del progreso de esos trabajos; • en 1973, la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán) estudia los proyectos de textos y apoya plenamente la obra emprendida; • en febrero de 1974, el Gobierno suizo –depositario de los Convenios de Ginebra de 1949– convoca la Conferencia Diplomática sobre la reaﬁrmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conﬂictos armados, que, tras cuatro períodos de sesiones en Ginebra, concluirá el mes de junio de 1977; • al término de esta Conferencia, los plenipotenciarios de los 102 Estados presentes aprueban los 102 artículos del Protocolo I y los 28 artículos del Protocolo II.
El CICR promotor del derecho humanitario
De conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (véase p. 13), una de las tareas del CICR es preparar el eventual desarrollo del derecho internacional humanitario. En ese sentido, es su promotor.
Algunos de los recientes logros (véase, asimismo, P4)
En el Protocolo relativo a las armas láser que causan ceguera, aprobado por la Conferencia Diplomática de Viena de octubre de 1995, se prohíben tanto el empleo como la transferencia de armas láser especialmente diseñadas para causar ceguera permanente como una de sus funciones de combate. En dicho Protocolo se estipula, asimismo, que los Estados deben tomar todas las oportunas precauciones, incluido el adiestramiento de sus fuerzas armadas, para no causar ceguera permanente cuando se utilicen lícitamente otros sistemas láser. Por lo que atañe a las minas, el alcance del ámbito de aplicación del Protocolo II de la Convención de 1980 (véase p. 10) se amplió con la aprobación del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996. Con la ﬁrma por 121 países, en Ottawa, los días 3 y 4 de diciembre de 1997, de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, disponemos de normas por las que se prohíben totalmente las minas antipersonal. Cabe destacar que en las disposiciones de dicha Convención se prevé, asimismo, la remoción de las minas y la asistencia a las víctimas de las mismas. De los tratados del DIH que contienen normas aplicables para la protección del medio ambiente, cabe destacar el artículo 55 del Protocolo adicional I, así como la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modiﬁcación ambiental con ﬁnes militares u otros ﬁnes hostiles, del 10 de diciembre de 1976. Sin embargo, la guerra del Golfo (1991) puso de maniﬁesto que esas normas eran poco conocidas y, a veces, imprecisas. Asimismo, a instancias de la Asamblea General de la ONU, el CICR redactó, el año 1994, con la colaboración de expertos, las Directivas sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conﬂicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción Militares. Entre los desarrollos más recientes del derecho, cabe mencionar el Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable en los conﬂictos armados en el mar. La importancia de esta empresa, obra del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, con la colaboración del CICR, fue reconocida por los Gobiernos en una resolución aprobada por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra, el año 1995. Aunque en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales no se prohíbe expresamente el empleo de armas nucleares, los principios y normas del DIH (véase p. 7) se aplican en ese caso. Entre otras cosas, se insta a los contendientes a hacer la distinción, en todo momento, entre combatientes y personas civiles y se prohíbe el empleo de armas que puedan causar males superﬂuos. La aplicación de esos principios a las armas nucleares fue conﬁrmada, en 1996, por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Otra novedad fue la aprobación, el 17 de julio de 1998, del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto supone un importante paso para limitar la impunidad y mejorar el respeto del derecho humanitario. La nueva Corte tendrá jurisdicción para juzgar los crímenes de guerra cometidos en conﬂictos armados internacionales y no internacionales. A pesar de que en el DIH ya se estipula el deber de enjuiciar a los criminales de guerra, la nueva Corte se suma a los instrumentos existentes. La última novedad se reﬁere a los medios de combate. En diciembre de 2001, se amplió el alcance de la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales. Con anterioridad, la Convención sólo abarcaba las situaciones de conﬂicto armado internacional, pero la Segunda Conferencia de Examen enmendó el artículo 1 para incluir situaciones de conﬂicto armado no internacional.
Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra reconocen el derecho de las víctimas de los conﬂictos armados a recibir bienes indispensables para su supervivencia. Ese derecho ha experimentado un desarrollo al aprobarse los Protocolos adicionales de 1977. Para un conﬂicto armado internacional, dicho derecho a la asistencia incluye, en particular: • el libre paso de bienes necesarios para la supervivencia de la población civil (art. 23 del IV Convenio, redactado para el caso de que se produzca un bloqueo); • la obligación de la Potencia ocupante de abastecer a la población del territorio ocupado (55/IV); si el abastecimiento es insuﬁciente, dicha Potencia aceptará las acciones de socorro procedentes del exterior (59/IV).
Con el Protocolo I (arts. 69 y 70) se refuerzan las normas aprobadas en 1949. Así, un Estado en guerra deberá, en particular, aceptar las acciones de socorro que sean de índole humanitaria e imparcial y se realicen sin distinción alguna de carácter desfavorable, en favor de la población que se encuentre en su propio territorio, con sujeción al asenso de las partes concernidas. Sin embargo, si se reúnen esas condiciones, resultaría abusivo rehusar tales acciones de socorro, que no serán consideradas como injerencia en el conﬂicto armado ni como acto hostil. Para un conﬂicto armado no internacional, en el Protocolo II (art. 18) se prevé, en particular, que, cuando la población civil padezca privaciones extremadas por falta de abastecimientos indispensables para su
supervivencia, se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte Contratante concernida (véase p. 19), acciones de socorro de índole exclusivamente humanitaria e imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable. Hoy, se acepta, en general, que el Estado deberá autorizar dichas acciones de socorro de índole puramente humanitaria.
El CICR y el derecho a la asistencia
De todas formas, el CICR tiene un derecho de iniciativa (véase p. 2) que le permite ofrecer sus servicios a las partes en conﬂicto, particularmente en materia de asistencia a las víctimas de éste. Su ofrecimiento de servicios (socorros u otras actividades) no constituye, pues, una injerencia en los asuntos internos del Estado, dado que está previsto en el derecho humanitario.
En la medida en que un «derecho de injerencia» –e incluso un «deber de injerencia»– consiste en justiﬁcar una intervención armada emprendida por razones humanitarias, ese problema no incumbe al derecho humanitario, sino a las normas relativas a la licitud del empleo de la fuerza armada en las relaciones internacionales, es decir, al ius ad bellum (véanse P6 y P18). Si hay intervención armada por razones humanitarias, el CICR velará, de conformidad con su cometido (véase Índice), por que las Partes implicadas respeten las normas pertinentes del derecho internacional humanitario y procurará prestar asistencia a las víctimas del conﬂicto. El CICR no tiene por qué tomar posición en favor o en contra de ese «derecho de injerencia». A la vista de su experiencia, el debate acerca de un «derecho de injerencia» es de tipo político; implicarse sería correr el riesgo de comprometer la labor humanitaria que realiza.
Prisioneros de guerra e internados civiles separados de sus parientes, familias dispersas, personas en paradero desconocido, tales pueden ser, entre otras, las consecuencias de un conﬂicto armado. Para proteger a esas víctimas, los Convenios de Ginebra y el Protocolo I contienen varias disposiciones jurídicas aplicables en caso de conﬂicto armado internacional y por las que se autoriza que el CICR desempeñe las tareas siguientes: 1) Transmisión de informaciones y de noticias familiares (art. 25, IV Convenio), en particular: • recepción y registro de tarjetas de captura de los prisioneros de guerra y de tarjetas de los internados civiles; el doble de esas tarjetas se envía a la familia de los cautivos; • recepción y distribución del correo entre las personas privadas de libertad y sus familiares; • recepción y transmisión de noticias de índole familiar (mensajes de Cruz Roja) entre los miembros separados de una familia, cuando no funciona el servicio de correo ordinario; • recepción y transmisión de notiﬁcaciones de fallecimiento. En general, la Agencia Central de Búsquedas del CICR hace las veces de intermediario entre las partes en conﬂicto o, concretamente, entre sus oﬁcinas nacionales de información (véase al lado), para transmitir información acerca de las personas protegidas por el derecho humanitario. 2) Gestiones relacionadas con los desaparecidos (art. 33, Protocolo I; art. 26, IV Convenio). 3) Reunión de familiares dispersos (véase al lado, art. 74, Protocolo I; y art. 26, IV Convenio).
El CICR inició ese tipo de actividades durante la guerra francoprusiana de 1870. Su Agencia de Basilea se ocupó, como intermediaria, de facilitar el restablecimiento del contacto entre los prisioneros de guerra y sus familiares, en particular
intercambiando listas de heridos entre los contendientes. Desde entonces, la Agencia Central de Búsquedas del CICR ha desarrollado considerablemente sus actividades.
Oﬁcinas nacionales de información (ONI)
En el III Convenio de Ginebra (art. 122) se prevé que, desde el comienzo de las hostilidades, cada una de las Potencias en conﬂicto, así como las Potencias neutrales que hayan acogido a beligerantes, constituirán una oﬁcina oﬁcial de información por lo que respecta a los prisioneros de guerra que se encuentren en su territorio. Cada una de las Potencias en conﬂicto comunicará a su oﬁcina de información cualquier captura de prisioneros efectuada por su ejército, proporcionándole todos los datos de identidad de que disponga y que permitan avisar rápidamente a las familias interesadas. Cuando no haya una ONI, lo que frecuentemente ocurre en los conﬂictos, es el CICR el que se encarga de recabar las informaciones acerca de las personas protegidas por los Convenios de Ginebra.
«Se instituirá en cada país neutral una Agencia Central de Información por lo que respecta a los prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga necesario, a las Potencias interesadas, la organización de tal agencia. Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos relativos a los prisioneros que pueda lograr por conductos oﬁciales o privados; los transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de origen de los prisioneros o a la Potencia de la que dependan (...).» (art. 123, III Convenio)
«Cada Parte en conﬂicto facilitará la búsqueda emprendida por los miembros de familias dispersadas a causa de la guerra, para reanudar los contactos entre unos y otros, y para reunirlas, si es posible (...).» (art. 26, IV Convenio)
En los Convenios de Ginebra se mencionan tres emblemas: la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos. Pero actualmente sólo se utilizan los dos primeros. Varios artículos de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales versan sobre el emblema. Se determina, entre otras cosas, el uso, el tamaño, la ﬁnalidad, los soportes del emblema, las personas y bienes protegidos, sus usuarios, su respeto y la represión del abuso por lo que atañe al signo (véase al lado). En tiempo de conﬂicto armado, sólo podrán utilizar el emblema como signo protector: • los servicios sanitarios de las fuerzas armadas; • las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debidamente reconocidas y autorizadas por el respectivo Gobierno para prestar ayuda a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas; dichas Sociedades podrán hacer uso del emblema con fines protectores únicamente en favor del personal y del material que preste ayuda en tiempo de guerra al servicio sanitario oﬁcial, y a condición de que ese personal y ese material desempeñen las mismas funciones –y sólo esas– y que estén sujetos a las leyes y reglamentos militares; • los hospitales civiles y demás unidades sanitarias reconocidas como tales por el Gobierno y autorizados a enarbolar el emblema con ﬁnes protectores (puestos de primeros auxilios, ambulancias, etc.); • otras sociedades voluntarias de socorro, en las mismas condiciones que las Sociedades Nacionales: reconocimiento y autorización del Gobierno, y ello únicamente para el personal y el material asignados exclusivamente a los servicios sanitarios; sujeción a las leyes y reglamentos militares. En el derecho internacional humanitario se estipula, asimismo, que cada Estado Parte en los Convenios de Ginebra tiene la obligación de tomar las oportunas medidas para impedir y reprimir, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, los abusos por lo que atañe al emblema. Deberá, en particular, promulgar una ley sobre la protección del emblema.
El uso del emblema como signo protector es la manifestación visible de la protección que en los Convenios de Ginebra se conﬁere al personal, a las unidades y a los medios de transporte sanitarios. El uso del emblema como signo distintivo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, muestra que una persona, o un bien, tiene un vínculo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El CICR tiene derecho, en todo tiempo, a utilizar el emblema como signo protector y como signo distintivo.
Cualquier uso que no esté expresamente autorizado en el derecho internacional humanitario es un abuso por lo que atañe al emblema. Se distinguen tres tipos de abuso: • imitación, que consiste en utilizar un signo que puede ser confundido, por la forma y/o el color, con el emblema; • usurpación, que tiene lugar cuando entidades o personas no autorizadas utilizan el emblema (empresas comerciales, farmacéuticos, médicos privados, organizaciones no gubernamentales, particulares, etc.); asimismo, hay usurpación cuando las personas normalmente autorizadas a hacer uso del emblema no lo utilizan de conformidad con las normas de los Convenios y de los Protocolos; • perﬁdia, que consiste en utilizar el emblema en tiempo de conﬂicto para proteger a combatientes o material militar; el uso pérﬁdo del emblema constituye un crimen de guerra en los conﬂictos armados internacionales y no internacionales. El abuso por lo que atañe al emblema como signo protector en tiempo de guerra pone en peligro el sistema de protección instaurado en el derecho internacional humanitario. El abuso por lo que atañe al emblema como signo distintivo empaña su imagen en la mente del público y reduce, por ende, su capacidad de protección en tiempo de guerra. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se han comprometido a adoptar las disposiciones penales que permitan impedir y reprimir el abuso por lo que atañe al emblema, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Los refugiados huyen de su país, los desplazados internos, en cambio, no atraviesan las fronteras nacionales. Los refugiados se beneﬁcian, en primer lugar, de la protección que les conﬁeren el derecho de los refugiados (véase al lado) y el cometido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Asimismo, están protegidos por el derecho internacional humanitario cuando se hallan en el territorio de un Estado que es parte en un conﬂicto armado. Además de la protección general de que se beneﬁcian las personas civiles a tenor del DIH, en el IV Convenio de Ginebra y en el Protocolo I se conﬁere una protección especial a los refugiados. Con esta protección complementaria se reconoce la vulnerabilidad de los refugiados como extranjeros en poder de una de las partes en conﬂicto y el hecho de que no disfrutan de la protección del Estado del que son nacionales. En un conﬂicto armado, los desplazados internos están protegidos por varias ramas del derecho, en particular la legislación nacional, el derecho de los derechos humanos y, si se hallan en un Estado en situación de conflicto armado, por el derecho internacional humanitario. Si los desplazados internos están en un Estado que participa en un conflicto armado, se les considerará como civiles –a no ser que participen en las hostilidades– y, como tales tendrán derecho a la protección de que se beneﬁcian las personas civiles. El hecho de respetar estas normas contribuye en gran medida a impedir los desplazamientos, dado que, a menudo, es la violación de las mismas lo que provoca los desplazamientos. Asimismo, de conformidad con el derecho humanitario está prohibido obligar a los civiles a abandonar su lugar de residencia, a menos que la seguridad de la población o imperiosas razones militares así lo requieran. Una vez desplazados, los desplazados internos estarán protegidos contra los efectos de las hostilidades por las normas generales que rigen la protección de las personas civiles y la asistencia humanitaria antes mencionadas. La observancia de las normas generales del derecho humanitario relativas a la protección de las personas civiles puede evitar que se produzcan desplazamientos. Y si no, al menos, pueden proteger a estas personas durante el desplazamiento. Cabe mencionar en particular las siguientes normas, por las que se prohíben: • los ataques contra la población civil y los bienes civiles o la conducción de las hostilidades de forma indiscriminada; • hacer padecer hambre a la población civil y destruir los bienes indispensables para su supervivencia; • castigos colectivos que, a menudo, se traducen por la destrucción de viviendas. Asimismo, hay normas que estipulan que las partes en conﬂicto han de permitir el libre paso de todo envío de socorros destinado a la población civil necesitada.
Deﬁnición de refugiado
De conformidad con el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los refugiados, de 1951, el término «refugiado» se aplicará a toda persona que «(...) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y que no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él». En la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se regulan los aspectos especíﬁcos de problemas de los refugiados en África (1969) y en la Declaración de Cartagena sobre los refugiados (1984) se amplía la deﬁnición para incluir a las personas que huyen a causa de acontecimientos, como son los conﬂictos armados o los disturbios, que perturban gravemente el orden público.
Cabe valerse de los siguientes medios de aplicación: Los medios preventivos, cuyo principio es la obligación que tienen los Estados de respetar el derecho humanitario, son en particular: • difusión del derecho humanitario; • formación de personal caliﬁcado, con miras a facilitar la aplicación del derecho humanitario, y nombramiento de asesores jurídicos en las fuerzas armadas; • adopción de medidas legislativas y reglamentarias que permitan garantizar el respeto del derecho humanitario; • traducción de los textos convencionales. Los medios de control previstos para toda la duración de los conﬂictos y que permiten velar constantemente por la observancia de las disposiciones del derecho humanitario mediante: • intervención de las Potencias protectoras
o de sus sustitutos; • acción del CICR (véase P15). Los medios de represión, cuyo principio se expresa en la obligación que tienen las partes en conﬂicto de impedir y de hacer que cese toda violencia. Por lo que atañe a los mecanismos de represión, cabe destacar: • la obligación de reprimir, recurriendo a tribunales nacionales, las infracciones graves consideradas como crímenes de guerra (para los tribunales internacionales, véase P16); • la responsabilidad penal y disciplinaria de los superiores y el deber que tienen los jefes militares de reprimir y de denunciar las infracciones; • la asistencia mutua judicial entre Estados en materia penal. Además del hecho de que son inherentes a toda construcción jurídica coherente, esos
medios represivos juegan, asimismo, un papel disuasorio. Hay otros medios de aplicación que pueden ser, a la vez, preventivos, de control o de represión; estos últimos dimanan principalmente de la obligación que tienen los Estados de hacer respetar el derecho humanitario. Son: • procedimiento de encuesta; • Comisión Internacional de Encuesta; • procedimientos de examen relativos a la aplicación y a la interpretación de las disposiciones del derecho; • cooperación con las Naciones Unidas. Los esfuerzos desplegados por la diplomacia y la presión que ejercen los medios de información y la opinión pública también contribuyen a que se aplique el derecho humanitario.
Algunas disposiciones jurídicas de aplicación
Nota: Véase p. 13 para los artículos sobre la difusión de los Convenios y de los Protocolos adicionales. «Las Altas Partes Contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, (...) formar personal caliﬁcado para facilitar la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo (...).» (art. 6, Protocolo I) «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias.» (art. 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra) «Las Altas Partes Contratantes en todo tiempo, y las Partes en conﬂicto en tiempo de conﬂicto armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga de asesores jurídicos que asesoren a los comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas.» (art. 82, Protocolo I) «Las Altas Partes Contratantes cuya legislación no sea suﬁciente tomarán las oportunas medidas para impedir y para reprimir, en todo tiempo, el empleo abusivo de los signos distintivos (...).» (art. 45, II Convenio de Ginebra) «Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por mediación del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones oﬁciales del presente Convenio, así como las leyes y reglamentos que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación.» (arts. 48, 49, 128 y 145 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra) «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio (...). Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad (...).» (arts. 49, 50, 129 y 146 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra) «El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conﬂicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales (...).» (arts. 8/I, II, III y 9/IV) «Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en conﬁar a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eﬁcacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras (...) Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras (...).» (arts. 10/I, II, III y 11/IV) «El depositario del presente Protocolo, a petición de una o varias Altas Partes Contratantes y con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará una reunión de las Altas Partes Contratantes para estudiar los problemas generales relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo.» (art. 7, Protocolo I) «Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda para la protección de los heridos, de los enfermos (...) o de los miembros del personal sanitario y religioso, así como para los socorros que, con el consentimiento de las partes en conﬂicto interesadas, se les proporcione.» (arts. 9/I, II, III y 10/IV) «En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las Altas Partes Contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.» (art. 89, Protocolo I) «Las Altas Partes Contratantes se prestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones graves de los Convenios o del presente Protocolo (...) Cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes Contratantes cooperarán en materia de extradición (...).» (art. 88, Protocolo I) «Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta (...), compuesta por quince miembros de alta reputación y de reconocida imparcialidad. (...) La Comisión tendrá competencia para: i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracción grave tal como se deﬁne en los Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier otra violación grave de los Convenios o del presente Protocolo.» (art. 90, Protocolo I)
El cometido del CICR, como promotor y guardián del derecho internacional humanitario, es promover el respeto de ese derecho. Para ello, da a conocer las normas del derecho humanitario y recuerda a las partes en conﬂicto las obligaciones contraídas. les recuerda que han de tomar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación efectiva, es decir, su respeto. Lo hace, especialmente, por mediación de su Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, cuya ﬁnalidad es prestar asistencia técnica a las autoridades con miras a la adopción de leyes y reglamentos nacionales de aplicación de dicho derecho. gracias a su labor de protección y de asistencia, el CICR interviene de forma confidencial ante las autoridades competentes frente a las violaciones del derecho humanitario. Si dichas violaciones son graves, repetidas y comprobadas, se reserva la posibilidad de tomar posición públicamente, a condición de que juzgue que dicha publicidad puede beneﬁciar a las personas afectadas o amenazadas. Esta medida es, pues, excepcional.
Dado que el desconocimiento del derecho es el enemigo de su aplicación, el CICR recuerda a los Estados que se han comprometido a dar a conocer su contenido. Asimismo, se ocupa de difundirlo él mismo (véase p. 13). También
El derecho humanitario habilita al CICR para velar por la aplicación de las normas humanitarias. «Los representantes o los delegados de las Potencias protectoras estarán autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de trabajo; (...).» Asimismo, «los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneﬁciarán de las mismas prerrogativas (...)». (art. 126, III Convenio) Nota: Por lo que atañe a las personas civiles internadas, el artículo 143 del IV Convenio contiene disposiciones análogas. En los Estatutos del Movimiento se estipula que el cometido del CICR es, en particular: «(...) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra, trabajar por la ﬁel aplicación del derecho internacional humanitario aplicable en los conﬂictos armados y recibir las quejas relativas a las violaciones alegadas contra dicho derecho». (art. 5, párr. 2c)
Al convertirse en Partes en los Convenios de Ginebra, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas legislativas necesarias para sancionar a las personas culpables de infracciones graves contra esos Convenios. Asimismo, los Estados están obligados a enjuiciar a las personas sospechosas de haber cometido infracciones graves contra esos tratados o a transferirlos a otro Estado para que los enjuicie. Dicho con otras palabras, los autores de infracciones graves –los criminales de guerra– han de ser
enjuiciados en todo tiempo, y esa responsabilidad incumbe a los Estados. En general, la legislación penal de un Estado sólo se aplica a los delitos cometidos en su propio territorio o por ciudadanos del mismo. El derecho internacional humanitario va más allá, puesto que se exige que los Estados busquen y sancionen a toda persona que haya cometido graves infracciones, independientemente de su nacionalidad o del lugar en que se haya cometido la infracción. Ese principio, denominado de jurisdicción universal, es
esencial para garantizar una represión eﬁcaz de las infracciones graves. Los enjuiciamientos incumben a los tribunales nacionales de los distintos Estados o a una instancia internacional. A este respecto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó dos tribunales internacionales ad hoc para ex Yugoslavia y para Ruanda, los años 1993 y 1994, respectivamente, para juzgar los crímenes de guerra cometidos en el marco de esos conﬂictos.
Las respuestas a esta pregunta diﬁeren. Unos pretenden que es debido al desconocimiento de dichas normas, otros dicen que es la naturaleza misma de la guerra la que hace que así sea; hay quien opina que el derecho internacional, incluido el derecho humanitario, no va acompañado de un sistema centralizado y eﬁcaz de aplicación y de sanciones debido, en particular, al estado actual de la estructura en la comunidad internacional. Sea como fuere, tanto en situaciones de conﬂicto como en tiempo de paz, que la jurisdicción vigente sea nacional o internacional, se violan las leyes y se cometen crímenes.
Pero, sería mucho más condenable darse por vencidos frente a ese hecho y renunciar a toda actividad tendente a mejorar el respeto del derecho humanitario. Por ello, en espera de un sistema de sanciones más eﬁcaz, es necesario condenar sin tregua esos actos y tomar medidas para impedirlos y reprimirlos. En ese sentido, hay que considerar la represión penal de los crímenes de guerra como uno de los medios que contribuyen a la aplicación del derecho humanitario, a nivel tanto nacional como internacional. Por último, la comunidad internacional ha creado una corte penal internacional permanente con competencia para enjuiciar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.
Por crímenes de guerra se entienden, en general, las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante conﬂictos armados internacionales y no internacionales. Son varios los textos jurídicos que recogen deﬁniciones de crímenes de guerra, por ejemplo el Estatuto del Tribunal Militar Internacional establecido en Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial , los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, los Estatutos y la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda, así como el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, la legislación nacional y la jurisprudencia de varios países contienen deﬁniciones de la noción de crimen de guerra. Cabe destacar que un acto único puede constituir un crimen de guerra. En la deﬁnición de crímenes de guerra están incluidos, entre otros, los siguientes actos: • homicidio intencional de una persona protegida (combatientes heridos o enfermos, prisioneros de guerra, personas civiles...); • tortura o tratos inhumanos inﬂigidos a una persona protegida; • hecho de causar intencionadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o contra la salud de una persona protegida; • hecho de someter a la población civil a un ataque; • deportación o traslados ilícitos; • empleo de armas o de métodos de guerra prohibidos; • uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o de otros signos protectores; • hecho de matar o herir con perﬁdia a personas que pertenecen a una nación o ejército enemigos; • saqueo de bienes públicos o privados. Cabe destacar que el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia ha reconocido que, a tenor del derecho consuetudinario internacional, la noción de crimen de guerra se aplica, asimismo, a las violaciones graves cometidas durante los conﬂictos armados no internacionales. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda también incluyen en su respectiva lista de crímenes de guerra los cometidos durante los conﬂictos armados internos.
El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos (en adelante, los derechos humanos) son complementarios. La ﬁnalidad de ambos es proteger la vida, la salud y la dignidad de la persona humana, aunque desde ángulos diferentes. El derecho humanitario se aplica en situaciones de conﬂicto armado (véase P7), mientras que los derechos humanos o, al menos, algunos de ellos protegen a la persona humana en todo tiempo, haya guerra o paz. Sin embargo, algunos tratados de derechos humanos autorizan a los Gobiernos a suspender ciertos derechos en situaciones de emergencia pública. El DIH no admite derogación alguna, dado que fue concebido para situaciones de emergencia, en particular los conﬂictos armados. La ﬁnalidad del derecho humanitario es proteger a las personas que no participan –o han dejado de participar– en las hostilidades. Las normas incluidas en el DIH imponen deberes a todas las partes en conflicto. Los derechos humanos, concebidos fundamentalmente para tiempos de paz, se aplican a todos. Su principal objetivo es proteger a las personas contra la arbitrariedad de su respectivo Gobierno. Estos derechos no regulan la conducción de las hostilidades. El deber de velar por que se apliquen el DIH y los derechos humanos incumbe principalmente a los Estados. En virtud del derecho humanitario, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas prácticas y jurídicas, como son la promulgación de leyes penales y la difusión del DIH. Paralelamente, a tenor del derecho de los derechos humanos, los Estados velarán por que su legislación nacional esté en conformidad con las obligaciones internacionales. En el DIH se prevén varios mecanismos especíﬁcos para contribuir a su aplicación. En particular, los Estados han de garantizar que los demás Estados también lo respeten. Asimismo están previstos un procedimiento de encuesta, un mecanismo de Potencia protectora y la Comisión Internacional de Encuesta. Además, el CICR desempeña un papel clave velando por que se respeten las normas humanitarias. Por lo que atañe a los derechos humanos, los mecanismos de aplicación son complejos y, contrariamente al DIH, incluyen sistemas zonales. Los órganos de supervisión, como son la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, o bien se basan en la Carta de la ONU o están previstos en tratados específicos (por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966). La Comisión de Derechos Humanos y sus Subcomisiones han desarrollado un mecanismo de relatores especiales y grupos de trabajo, cuya tarea consiste en supervisar e informar sobre problemas de derechos humanos, por país o por tema. En seis de los principales tratados de derechos humanos también se prevén comités (p. ej. el Comité de Derechos Humanos) integrados por expertos independientes encargados de supervisar su aplicación. En algunos tratados zonales (europeos y
americanos) también se prevé el establecimiento de tribunales de derechos humanos. La Oﬁcina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDU) desempeña un papel
esencial en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Su cometido es mejorar la eﬁcacia de la maquinaria de derechos humanos de la ONU y crear la capacidad, a nivel nacional, zonal e
internacional, de promover y proteger los derechos humanos y dar a conocer los textos y la información relacionados con los derechos humanos.
Entre los muchos textos vigentes, cabe mencionar: a) Textos universales • Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 • Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948 • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1981 • Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984 • Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 b) Textos zonales • Convención Europea de Derechos Humanos, 1950 • Convención Americana sobre derechos humanos, 1969 • Carta Africana sobre derechos humanos y de los pueblos, 1981
Los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos contienen cláusulas por las que se autoriza a los Estados, confrontados con un peligro público grave, a suspender los derechos en ellos previstos, exceptuados, no obstante, algunos derechos fundamentales previstos en cada tratado, que han de ser respetados en todas las circunstancias. De hecho, dichos derechos no admiten derogación alguna, sea cual fuere el tratado. Derechos como son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, los castigos o tratos inhumanos; la esclavitud y la servidumbre; el principio de legalidad y de no retroactividad de la ley. Esos derechos fundamentales, que los Estados están obligados a respetar en todas las circunstancias –incluso en caso de conﬂicto o de disturbios–, reciben el nombre de «núcleo» de los derechos humanos.
Dado que el derecho humanitario se aplica precisamente en situaciones excepcionales, como son los conﬂictos armados, el contenido de los derechos humanos, que los Estados han de respetar en todas las circunstancias (el «núcleo»), tiende a converger en las garantías fundamentales y judiciales previstas en el derecho humanitario. Por ejemplo, prohibición de la tortura y de las ejecuciones sumarias. (Véase p. 19; arts. 75, Protocolo I y 6, Protocolo II)
En situaciones de conflicto armado internacional y no internacional, los miembros de unidades militares que participen en una operación para el mantenimiento o el restablecimiento de la paz respetarán el derecho internacional humanitario cuando participen en enfrentamientos armados contra una parte en conﬂicto. Cuando no sea así, serán considerados como personas civiles, mientras no cambie la situación. El derecho humanitario se aplicará a cada contingente con arreglo a las obligaciones internacionales contraídas por cada país que proporcione tropas. Los Estados que proporcionan tropas para dichas operaciones han de cerciorarse de que los miembros que componen sus contingentes conozcan las normas humanitarias. La aplicabilidad del derecho humanitario a las fuerzas que realizan operaciones bajo el mando y el control de las Naciones Unidas quedó reafirmada en el Boletín del secretario general de las Naciones Unidas, publicado el 6 de agosto de 1999 para conmemorar el cincuentenario de los Convenios de Ginebra de 1949. Bajo el título de «Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas», se enumeran una serie de principios y normas fundamentales de derecho humanitario. Dichos principios constituyen un mínimo, que se aplica a las fuerzas de la ONU cuando participan como combatientes en una acción coercitiva o cuando actúan en defensa propia durante una operación de mantenimiento de la paz, en el marco de una intervención armada y durante toda su duración. La obligación de las fuerzas de la ONU de respetar estos principios y normas fundamentales también se ha incluido en los recientes acuerdos suscritos por las Naciones Unidas y los países en cuyo territorio se despliegan tropas de la ONU.
La ﬁnalidad de las operaciones de mantenimiento de la paz es hacer respetar los alto el fuego y las líneas de demarcación, o concertar acuerdos de retirada de las tropas. Estos últimos años, se han añadido otras tareas, como son supervisión de elecciones, envío de socorros humanitarios y asistencia en el proceso de reconciliación nacional. El uso de la fuerza sólo está autorizado en caso de legítima defensa. Dichas operaciones se llevan a cabo con el consentimiento de las partes contendientes. Las operaciones de restablecimiento de la paz, que dimanan del capítulo VII de la Carta de la ONU, corren a cargo de fuerzas de la ONU o de Estados, grupos de Estados u organizaciones zonales, sobre la base de la invitación del Estado concernido, o de la autorización del Consejo de Seguridad. Se asigna una misión de combate a esas fuerzas, que podrán recurrir a medidas coercitivas para desempeñar su cometido. No necesariamente se requiere el consentimiento de las partes. Estos últimos años, la distinción entre los dos tipos de operaciones es menos clara. También ha comenzado a emplearse el término «operaciones de apoyo a la paz».
«Actos encaminados a sembrar el terror ...».
Los actos de terrorismo pueden producirse durante los conﬂictos armados o en tiempo de paz. Dado que el derecho internacional humanitario sólo se aplica en situaciones de conﬂicto armado, no reglamenta los actos terroristas cometidos en tiempos de paz. El requisito de hacer la distinción entre personas civiles y combatientes, así como la prohibición de perpetrar ataques contra la población civil o de perpetrar ataques indiscriminados, constituyen el núcleo del derecho humanitario. Además de la prohibición explícita de todos los actos encaminados a aterrorizar a la población civil (art. 51, párr. 2, Protocolo I; y art. 13, párr. 2, Protocolo II), el DIH proscribe asimismo los siguientes actos, que pueden asemejarse a ataques terroristas: • ataques contra la población civil y los bienes de carácter civil (arts. 51, párr. 2, y 52, Protocolo I; 13, Protocolo II); • ataques indiscriminados (art. 51, párr. 4, Protocolo I) • ataques contra los lugares de culto (art. 53, Protocolo I; art. 16, Protocolo II); • ataques contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (art. 56, Protocolo I; art. 15, Protocolo II); • toma de rehenes (art. 75, Protocolo I; art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; y art. 4, párr. 2b, Protocolo II); • homicidio de personas que no participan, o que han dejado de participar, en las hostilidades (art. 75, Protocolo I; art. 3 común a los cuatro Convenios; art 4, párr. 2a, Protocolo II). Además de prohibir los mencionados actos, el derecho humanitario estipula normas para la represión de la violación de estas prohibiciones y prevé mecanismos para la aplicación de estas obligaciones, que están mucho más desarrolladas que cualquier obligación actualmente vigente a tenor de convenios internacionales para la prevención y la sanción del terrorismo.
Adhesión: p. 12 Aplicación del derecho humanitario: pp. 30-31 Artículo 3 común: pp. 2, 16-19 Asistencia: pp. 22-23 Cláusula de Martens: p. 7 (v., asimismo, «De Martens Frédéric») Código de Lieber: p. 9 (v., asimismo, «Lieber Francis») Cometido del CICR: pp. 2, 12, 15, 21, 23, 25-27, 32-33, 36-37, 43 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): pp. 8, 12, 15, 21-23, 24-27, 30, 32-33, 36, 41, 43 Conferencia Diplomática: pp. 8, 11, 20-21 Deﬁnición: reunión de representantes de Estados con miras a aprobar tratados internacionales; fue el caso, en 1949, para los Convenios de Ginebra y, en 1977, para los Protocolos adicionales Conﬂicto armado (internacional/no internacional/«nuevo»): pp. 4, 10, 14-18, 22-24 Convenios de Ginebra y/o Protocolos adicionales: pp. 8-11, 1213, 14-15, 18-19, 21-24, 26-28, 31, 33, 37 Crimen de guerra: pp. 27, 35 De Martens Frédéric: jurista y diplomático ruso, autor de la cláusula del mismo nombre; p. 7 Derecho de gentes: p. 5 Derecho de iniciativa humanitaria: pp. 2, 23 Derechos humanos: pp. 19, 36-37 Derecho internacional público: pp. 4-5 Desarrollo del derecho humanitario: pp. 10-11, 20-21 Difusión: pp. 6, 13, 30-32 Deﬁnición: para el CICR, la difusión es la actividad que consiste en dar a conocer el DIH, el Movimiento en general y el CICR en particular, los Principios Fundamentales por los que se rigen su acción y sus actividades, con el ﬁn de limitar las violaciones del derecho, de evitar los sufrimientos y de facilitar la acción humanitaria. Emblema: pp. 6, 8, 26-27 Firma: p. 12 Ginebra (derecho de): p. 4 Grocio: Hugo de Groot, llamado Grocio, oriundo de los Países Bajos (1583-1645), jurista y diplomático, inﬂuyó considerablemente en la teoría del derecho y del Estado, en general, y en la del derecho internacional, en particular; pp. 5, 7 Infracciones/violaciones: pp. 27, 30-33, 35, 39 Injerencia (derecho de): p. 23 Intermediario neutral: pp. 2, 32-33, 36 Ius ad bellum/ius in bello: pp. 14, 23 La Haya (derecho de): p. 4 Lieber, Francis: profesor en el Columbia College (Nueva York), preparó, durante la Guerra de Secesión, a petición de Abraham Lincoln, una serie de instrucciones destinadas a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América (v., asimismo, «Código de Lieber») Naciones Unidas (ONU): pp. 16-17, 22-23, 31-32, 38, 41-42 Normas (del derecho humanitario): pp. 6, 39 Operaciones de mantenimiento/restablecimiento de la paz: pp. 41-42 Partes (Estados Partes, Altas Partes Contratantes): pp. 12-13, 22, 25, 30-31, 38 Deﬁnición: Estados que han ratiﬁcado, entre otros tratados, los Convenios de Ginebra Partes en conﬂicto: pp. 6, 18, 22, 31 Deﬁnición: Estados o movimientos sublevados que están directamente implicados en un conﬂicto Personas desplazadas: pp. 18, 28-29 Personas privadas de libertad (prisioneros de guerra, internados civiles, detenidos): pp. 16, 24-25, 33, 37 Principios (del derecho humanitario): pp. 7, 23 Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra: (v. «Convenios ...») Ratiﬁcación: p.12 Refugiados: pp. 18, 28-29 Reservas: p. 12 Respeto del derecho humanitario: pp. 35, 38 Restablecimiento del contacto entre familiares: pp. 24-25 Rousseau, Jean-Jacques: escritor y ﬁlósofo, oriundo de Ginebra (1712-1778), autor de El Contrato Social, en el que enuncia su principio; p. 7 San Petersburgo (Declaración de): pp. 7, 10 Sociedades Nacionales: pp. 2, 13, 26 Terrorismo: p. 39 Tratados: pp. 8-9, 10-11, 12-13, 17, 22, 41 Víctimas (categorías de): pp. 14, 22, 24, 28 Violaciones: pp. 27, 31, 33, 35, 39
Una serie de publicaciones permite saber más acerca del derecho internacional humanitario, en general, y de algunos temas abordados en este opúsculo, en particular. Es el caso de varios artículos y separatas de la Revista Internacional de la Cruz Roja que se citan a continuación: Abi-Saab, R.: «Los Principios Generales» del derecho humanitario según la Corte Internacional de Justicia; julio-agosto de 1987 Berman, P.: Servicio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional humanitario: el reto de la aplicación nacional; mayo-junio de 1996 Bouvier, A.: Trabajos recientes sobre la protección del medio ambiente en período de conﬂicto armado; noviembre-diciembre de 1992 Bugnion, F.: El emblema de la cruz roja y el de la media luna roja; septiembre-octubre de 1989 CICR: Gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de violaciones contra el derecho internacional humanitario; marzo-abril de 1981 CICR: Medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario; octubre de 1991 Doswald-Beck, L. y Vité, S.: El derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos; marzo-abril de 1993 Dutli, M. T.: Niños-combatientes prisioneros; septiembre-octubre de 1990 Eberlin, Ph.: La identiﬁcación de las aeronaves sanitarias en período de conﬂicto armado; la identiﬁcación de los buques hospitales y de los buques protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; julio-agosto y noviembrediciembre de 1982 Fleck, D.: Problemas y prioridades en la aplicación del derecho internacional humanitario; marzo-abril de 1991 Forster, J.: Declaración del CICR sobre el emblema, intervención del señor Jacques Forster, Consejo de Delegados, noviembre de 2001 Grossrieder, P.: ¿Un porvenir para el derecho internacional humanitario y sus principios?; marzo de 1999 Harrof-Tavel, M.: La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las situaciones de violencia interna; mayo-junio de 1993 Jeannet, S., Mermet, J.: La implicación de los niños en los conﬂictos armados, marzo de 1998 Kosirnik, R.: Los Protocolos de 1977 – un desarrollo necesario del derecho internacional humanitario; septiembre-octubre de 1997 Krill, F.: Refugiados y personas civiles desplazadas en el interior de un mismo país: línea de conducta del CICR; septiembre de 2001 Lavoyer, J.-Ph.: Principios Rectores relativos al desplazamiento de personas en el interior de su propio país; septiembre de 1998 Lavoyer, J.-Ph.: Refugiados y personas desplazadas – Derecho internacional humanitario y cometido del CICR; marzo-abril de 1995 Lavoyer, J.-Ph.: Legislación nacional relativa al uso y a la protección del emblema de la cruz roja o de la media luna roja; julio-agosto de 1996 Maurice, F. y de Courten, J.: La acción del CICR en favor de los refugiados y de las personas civiles desplazadas; enero-febrero de 1991 Muntarbhorn, V.: Protección y asistencia en favor de los refugiados en caso de conﬂicto armado y de disturbios interiores: Reﬂexiones sobre los cometidos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de la oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; julioagosto de 1988 Palwankar, U.: Aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas; mayo-junio de 1993 Pejic, J.: Accountability for international crimes: From conjecture to reality; marzo de 2002
Plattner, D.: La asistencia a la población civil en el derecho internacional humanitario: evolución y actualidad; mayo-junio de 1992 Plattner, D.: La protección a los niños en el derecho internacional humanitario; mayo-junio de 1984 Rey-Schyrr, C.: Los Convenios de Ginebra de 1949: un progreso decisivo; junio y septiembre de 1999 Roberge, M-CI.: El nuevo Tribunal Penal Internacional: Evaluación preliminar; diciembre de 1998 Ryniker, A.: Respeto del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas: Algunos comentarios a propósito del Boletín del secretario general de las Naciones Unidas, del 6 de agosto de 1999 Sandoz, Y.: Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares; febrero de 1997 Sandoz, Y.: Derecho o deber de injerencia, derecho de asistencia: ¿de qué hablamos?; mayo-junio de 1992 Sassoli, M.: La Oﬁcina Nacional de Información en favor de las víctimas de los conﬂictos armados; enero-febrero de 1987 Sassoli, M.: La responsabilidad del Estado por las violaciones del derecho internacional humanitario; junio de 2002 Schindler, D.: Importancia de los Convenios de Ginebra para el mundo contemporáneo; diciembre de 1999 Sommaruga, C.: Unidad y pluralidad de los emblemas; julioagosto de 1992 Stroun, J.: Jurisdicción penal internacional, derecho internacional humanitario y acción humanitaria; diciembre de 1997
Torelli, M.: De la asistencia a la injerencia humanitaria; mayojunio de 1992 Verhaegen, J.: Obstáculos jurídicos a las acciones penales contra las infracciones del derecho humanitario; noviembre-diciembre de 1987 Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo, Italia): Declaración sobre las normas del derecho internacional humanitario relativas a la conducción de las hostilidades en los conﬂictos armados no internacionales; septiembre-octubre de 1990 Estas publicaciones se pueden obtener en el sitio Web del CICR: www.cicr.org o en: Comité Internacional de la Cruz Roja Unidad de Producción, Comercialización y Distribución 19, Avenue de la Paix 1202 Ginebra, Suiza Tel.: + 41 22 734 60 01 Fax: + 41 22 733 20 57 Correo electrónico: com_pmd.gva@icrc.org Véanse, asimismo, los siguientes libros y separatas: Bouchet-Saulnier, F.: The practical guide to humanitarian law, Lanham, Rawman & Littleﬁeld, 2002 Bugnion, F.: Hacia una solución global de la cuestión del emblema; junio de 2000 Gasser, H.-P.: Introduction au droit international humanitaire; Instituto Henry Dunant/Haupt, 1993 Green, L.: The contemporary law of armed conﬂict, Manchester University Press, 2000 Lindsey, C.: Las mujeres ante la guerra, CICR, 2001 Roberts, A. y Guelff, R.: Documents on the laws of war, Oxford University Press, 2000
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las situaciones de conﬂicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Del CICR, fundado en 1863, nació el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Incluso la guerra tiene límites... El derecho internacional humanitario, cuya piedra angular son los Convenios de Ginebra, es un conjunto de normas cuya ﬁnalidad es proteger a las personas que no participan –o han dejado de participar– en las hostilidades y limitar los medios y métodos de combate. Una de las tareas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es dar a conocer el derecho humanitario, obrar por su ﬁel aplicación y contribuir a su desarrollo. En «Derecho internacional humanitario: Respuestas a sus preguntas», se analizan los orígenes, la evolución y la aplicación de ese derecho. Para más información, consúltese el sitio Web: www.cicr.org
0703/003T 03/2005 10,000
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 artículo 3
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Artículo 3
 artículo 55
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 143
 Artículo 3