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Timestamp: 2019-09-19 18:50:23+00:00

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El título de abogado y condiciones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser requisitos para ser consejero del Consejo de la Magistratura – AL DÍA | ARGENTINA
El título de abogado y condiciones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser requisitos para ser consejero del Consejo de la Magistratura
Ed. Microjuris.com Argentina	en 1 agosto 2017
Partes: Fargosi Alejandro Eduardo c/ Estado Nacional – PEN Ley 26.855 s/ proceso de conocimiento
Fecha: 4-jul-2017
Cita: MJ-JU-M-105257-AR | MJJ105257 | MJJ105257El título de abogado y condiciones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser requisitos para ser consejero del Consejo de la Magistratura, atento la magnitud e importancia de las funciones de ese órgano.
1.-La exigencia del carácter de letrado y las demás condiciones para desempeñarse como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como requisito para ser designado Consejero no es violatoria de la garantía de igualad ante la ley, dado que esta radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, pero no excluye la facultad del legislador de establecer distinciones o formar categorías, siempre que tales clasificaciones no revistan el carácter de arbitrarias o estén inspiradas en un propósito manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases
2.-Resulta razonable que los consejeros, como miembros de un órgano que integra el Poder Judicial de la Nación sean abogados y reúnan las mismas condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que el Consejo de la Magistratura es un órgano con competencias especiales que se inserta dentro de la estructura del Poder Judicial
3.-El abogado y consejero que promovió la acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 5 de la Ley 26.855 está legitimado para hacerlo, por hallarse vulnerado el ejercicio de sus funciones, careciendo de relevancia la modificación producida por la culminación del período de su nombramiento al momento en el que un tercero ingresara al proceso.
4.-No resulta irrazonable exigir el título abogado para ser designado como Consejero, dado que tal órgano adopta decisiones de real trascendencia en el ámbito de sus cometidos, que proyecta consecuencias de innegable relevancia en punto a materias que hacen a su propia esencia, las que naturalmente se traducen en concretos dispositivos susceptibles de involucrar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.
5.-El requerimiento del título de abogado y de las demás condiciones para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como requisito para ser designado Consejero es razonable, en razón de la especial versación en cuestiones jurídicas y judiciales, que requiere su designación, en atención a las relevantes atribuciones encomendadas a este órgano que integra el Poder Judicial de la Nación.
6.-El art. 5 de la Ley 26.855 que modificó la composición y procedimiento de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura es inconstitucional, en tanto se presenta en colisión con la voluntad del constituyente y con las propias funciones le han sido asignadas al Consejo de la Magistratura, como órgano integrante del Poder Judicial de la Nación.
Buenos Aires, 4 de julio de 2017.- SMM
I- Que, por sentencia del 23 de mayo de 2017, el Sr. Juez de primera instancia decidió: 1º) declarar inoficioso el tratamiento de las cuestiones referidas en el Considerando V (en relación con los cuestionamientos de los arts. 1, 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, así como de las reformas introducidas por dicha ley respecto al quórum previsto en su art. 7, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura), y en el Considerando VI de la sentencia (impugnación constitucional del art. 28 de la ley 26.855); y 2º) hacer parcialmente lugar a la presente acción, declarando la inconstitucionalidad del art. 5º de la ley 26.855 y, en consecuencia, estableciendo que el Sr. Ruperto Godoy deberá cesar en sus funciones según los alcances y los términos establecidos en los considerandos VII y IX, con costas a la demandada y al tercero.
Para así resolver, inicialmente, señaló que resultaba claro que el actor había acreditado -en el presente caso- una real afectación de su derecho que permitía considerar la tutela requerida, porque se encontraba personal y directamente perjudicado por la norma cuya constitucionalidad cuestionaba en la presente causa, en la medida que se hallaba vulnerado el ejercicio de sus funciones como Consejero.
Consideró que se encontraban reunidos los requisitos de la acción declarativa, en función de la existencia de una controversia actual, efectiva y concreta vinculada con distintos aspectos de la ley 26.855, referidos a la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
En cuanto al fondo de la cuestión, sentó pautas del análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas, apuntando que la pretensión versaba sobre el ejercicio de la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia.
En función de lo decidido en el precedente “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medidacautelar (Expte. Nº 3034/13)”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, advirtió que resultaba inoficioso pronunciarse en torno a los cuestionamientos de los arts. 1, 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, así como a las reformas introducidas por dicha ley respecto al quórum previsto en su art. 7, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura.
Consideró que una situación análoga se verificaba en punto al art. 28 de la ley 26.855, que sustituyó el art. 1º de la ley 26.376, que luego fue derogado en su totalidad por la ley 27.145, que estableció un nuevo mecanismo para la designación de jueces subrogantes. Al respecto, también destacó que la Corte Suprema, en la causa “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” (con fecha 4/11/15) había declarado la inconstitucionalidad del régimen establecido por la ley 27.145; así como que -lejos de restaurar la vigencia de la ley 26.376- el Alto Tribunal había dispuesto un detallado procedimiento a seguir para cubrir eventuales vacantes hasta tanto el Poder Legislativo sancionara un régimen que se ajustase a las pautas del fallo; el cual se encontraba en vigencia y que, como tal, excedía el objeto de la presente causa.
En lo concerniente al art. 5 de la ley 26.855, el Sr. Juez de primera instancia precisó que el actor se agraviaba, por un lado, porque instauraba requisitos para ser Consejero que resultarían insuficientes para ser magistrado, afectando el principio de idoneidad consagrado en el art. 16 de la Carta Magna; y, por el otro, por crear inhabilidades que serían incompatibles con la igualdad ante la ley.
En cuanto a la primera de las impugnaciones, puso de relieve que mientras el texto originario de la norma (art.4º de la ley 24.937) exigía que los Consejeros reunieran las condiciones requeridas para desempeñarse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el texto modificado (art. 5º de la ley 26.855) limitó dicha exigencia a reunir los requisitos para ser diputado de la Nación, entre los que no figuraba contar con el título de abogado.
Ponderó que el examen del planteo de inconstitucionalidad del accionante exigía remitirse a la voluntad originaria expresada en la Asamblea Constituyente, por tratarse de una pauta de interpretación esencial y que, en ese sentido, podía observarse que había existido consenso en introducir el Consejo de la Magistratura a fin de despolitizar el procedimiento de selección de los magistrados y asegurar su idoneidad. Así, luego de transcribir la exposiciones efectuadas por varios convencionales constituyentes, sostuvo que si el objetivo fundamental de la creación del Consejo de la Magistratura había sido instaurar un procedimiento predominantemente técnico de selección de magistrados, no resultaba adecuado a tal fin que para ser Consejero no se exigiese al menos el título de abogado, puesto que resultaba claro que no podría efectuar un examen satisfactorio de la idoneidad científica y profesional de los candidatos a magistrados quien no tuviese formación jurídica alguna.
De modo que, dicho en otros términos, el examen realizado por quien carecía de título de abogado no alcanzaba para cumplir con el requerimiento exigido en relación a la ponderación de la idoneidad científica y profesional del candidato.
Indicó que ello no implicaba desconocer el rol trascendente de los estamentos políticos en el proceso de selección de magistrados, ya que obviamente la Constitución Nacional prevé que ellos sean parte del Consejo; así como que la exigencia de contar con el título de abogado se encontraba más en línea con el objetivo de la reforma y la intención del constituyente.
En este orden de ideas, puso de relieve que en la actual composición del Consejo de la Magistratura, luego de haber declaradola Corte Suprema en la causa “Rizzo” la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 26.855, existen siete representantes del estamento político (tres por cada Cámara y uno por el Poder Ejecutivo), tres de los jueces, dos de los abogados y uno de los académicos. Señaló que de esa forma, de admitirse que para ser Consejero alcance con el mero cumplimiento de los requisitos para ser Diputado de la Nación, podría darse el supuesto de que los únicos Consejeros con título de abogado fuesen -por su propia profesión- los representantes de los abogados, de los jueces y el de los académicos, es decir, seis Consejeros sobre un total de trece. Consideró que así los representantes de los estamentos técnicos verían reducida su participación a menos de la mitad de la totalidad de los miembros del Consejo, lo cual sin lugar a dudas atentaba contra la finalidad que tuvo en miras la Convención Constituyente al crear dicho órgano, que consistía en despolitizar y priorizar el carácter técnico del proceso de selección de magistrados.
Concluyó que resultaba posible afirmar que mientras la versión original del art. 4 de la ley 24.937 (que requería para ser Consejero las mismas condiciones que para ser Juez de la Corte Suprema) se presentaba como razonable a la luz de la voluntad de la Convención reformadora, la modificación introducida por el art. 5 de la ley 26.855 -al limitar los requisitos a los necesarios para ser Diputado de la Nación- se apartaba de la intención del constituyente y resultaba inadecuada para alcanzar el fin buscado con la creación del Consejo de la Magistratura, por lo que devenía inevitablemente inconstitucional.
Asimismo, recordó que la Sala II del Fuero, en la causa caratulada “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/E.N.- Ley 26.060 – Dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento” (Expte.Nº 29.053/2006), había resuelto (mediante pronunciamiento del 19/11/15, que aún no adquirió firmeza) que la integración del Consejo de la Magistratura dispuesta por la ley 26.080 (la actualmente vigente luego de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad del art. 2º de la ley 26.855), resultaba inconstitucional por violar el equilibrio ordenado por el art. 114 de la Constitución Nacional, toda vez que establecía una mayoría de miembros de los estamentos políticos (siete en total) por sobre los técnicos (seis).
En ese sentido, estimó que la combinación entre la composición del Consejo determinada por la ley 26.080 y la eliminación del requisito de poseer título de abogado y ocho años de ejercicio que dispuso el art. 5 de la ley 26.855, llevaban al disvalioso resultado de permitir, por un lado, que el Consejo se encontrara integrado por una mayoría de representantes del estamento político y que éstos, por el otro, ni siquiera tuviesen que reunir ciertos requisitos mínimos de idoneidad profesional, lo que desvirtuaba palmariamente no sólo la finalidad de la reforma constitucional, sino que también afectaba el equilibrio expresamente exigido por el art. 114 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, indicó que correspondía hacer notar que el art. 2 de la ley 26.855 también modificó idéntico artículo de la ley 24.397, de forma tal que eliminó el requisito de ser abogado para los representantes del ámbito académico. Sin embargo, la Corte Suprema en la causa “Rizzo” declaró la inconstitucionalidad de la reforma y aclaró que retomaba vigencia el art.2 de la ley 24.937 sin las modificaciones introducidas por la ley 26.855, con lo cual, en los hechos, ello implicó la reinstauración del requisito de ser abogado para el representante del estamento académico; solución que se encontraba en línea con lo resuelto en el fallo aquí apelado.
Puso de resalto que el criterio expuesto se veía confirmado ni bien se observaba que no sólo la ley 24.937 (la más próxima a la reforma constitucional de 1994 y que había reglamentado originariamente la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura) estableció -en su art. 4- que para ser miembro de dicho órgano se debía cumplir c on las condiciones requeridas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que en las sucesivas reformas que se efectuaron se mantuvo la exigencia mencionada, la cual fue modificada recién por la norma impugnada en autos.
También apuntó lo dispuesto por el art. 5 de la ley 24.937 (en vigencia), respecto a que “Los miembros del Consejo de la Magistratura no podrán concursar para ser designados magistrados o ser promovidos si lo fueran, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un año del plazo en que debieron ejercer sus funciones”. Y, al respecto, indicó que ello reafirmaba la noción de que los Consejeros debían ser abogados, ya que sólo estos últimos podían ser designados magistrados, pues -de lo contrario- la incompatibilidad establecida, sin distinción, por la ley carecería de todo sentido.
En lo concerniente a los efectos del fallo, dispuso que la autoridad institucional del mismo en modo alguno privaba de validez a las decisiones que hubieran sido adoptadas con la participación del Sr. Ruperto Godoy, ya que además no habían sido puestas en tela de juicio en la causa.Por otra parte, respecto de los requisitos para ser elegido Consejero, en virtud de la inconstitucionalidad decidida, dejó específicamente establecido que, a partir del momento en que el pronunciamiento quedase consentido o ejecutoriado, recobraría vigencia el régimen anterior previsto en el art. 4 de la ley 24.937, debiendo el Sr. Ruperto Godoy cesar inmediatamente en sus funciones y ser reemplazado por quien cumpliese con las exigencias establecidas en el art. 4 de la ley 24.937.
Impuso las costas a la demandada y al tercero (conf. 68, primera parte, del CPCCN), por no hallar causal justificante para apartarse del principio objetivo de la derrota (fs. 267/78).
II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el Estado Nacional interpuso recurso de apelación a fs. 289, que ha sido concedido a fs. 290.
El recurrente limita sus agravios a la imposición de las costas del proceso. A fin de fundar su apelación, enumera las distintas peticiones que formaron parte de la pretensión articulada en autos y, teniendo en cuenta lo decidido en la sentencia en recurso, sostiene que el Estado Nacional no ha sido vencido en la causa; sino que -por el contrario- su postura fue receptada en una proporción mayor que la del actor. Asimismo, señala que corresponde tener en cuenta que las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes revisten características de complejidad que deben ser atendidas. Afirma que -en definitiva- han existido vencimientos parciales y mutuos; así como que la cuestión debatida y las interpretaciones jurisprudenciales sobre el tema conforman un justificativo valedero que viabiliza la aplicación, en el caso, de las costas por su orden (v. fs. 293/5).
III- Que, por otra parte, apeló el Sr. Ruperto Godoy (v. fs. 279/80 y 281).
El recurrente cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del 5º de la ley 26.855, que trae aparejado el cese de sus funciones en el cargo de Consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, para el cual ha sido designado por decreto de la Presidencia del H.Senado de la Nación Nº 70/2014 y prestado juramento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de noviembre de 2014, por un mandato de cuatro años.
Relata cuestiones atinentes al inicio y desarrollo de esta causa y a su incorporación al presente proceso judicial. Refiere que no coincide con la escueta justificación del Sr. Juez de grado para reconocer legitimación procesal al actor, dado que al tiempo que solicitó la revisión de la constitucionalidad del art. 5º de la ley 26.855 ya no era Consejero, ni tenía un interés personal, concreto, inmediato o directo en obtener dicho pronunciamiento respecto de una norma cuya validez no le generaba ningún perjuicio, y sobre la que ya había obtenido una medida cautelar confirmada en segunda instancia, pronunciándose en sentido contrario a su pretensión un año antes.
En orden a las consideraciones de fondo de la sentencia apelada, destaca que la Constitución Nacional no dispone en su art. 114 ningún requisito especial respecto de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, exigiendo solamente que sean representantes de distintos estamentos (jueces, abogados, órganos políticos) o personas del ámbito académico y científico.
Apunta que, en concreto, para los representantes del Congreso de la Nación (Diputados y Senadores) no exige otro requisito más allá de los fijados por la Constitución Nacional para acceder a esos cargos.
Afirma que la sentencia apelada mal puede declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando ésta recoge precisamente los mismos requisitos que la Constitución ha establecido para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Considera que la sentencia ha consentido la violación del derecho a la igualdad, traducida como igualdad jurídica e igualdad de oportunidades, toda vez que ha declarado la inconstitucionalidad como consecuencia lógica de efectuar discriminaciones y otorgar privilegios a algunos para integrar el Consejo de la Magistratura, respecto de otros que resultan igualmente idóneos para el cargo.Indica que la sentencia también comporta un perjuicio de trascendencia institucional, más allá del que causa -concreta y directamente- a su parte, en tanto por vía de la misma se estaría modificando los requisitos exigidos para participar de un órgano establecido por la Constitución. Asimismo, apunta que la sentencia adolece de falta de fundamentación y arbitrariedad, en tanto se repasaron aislada, recortada y escuetamente algunos pasajes de la Asamblea Constituyente, con el objetivo de usarlos como criterio rector. Destaca que con esa base, se infiere que el objetivo fundamental de la creación del Consejo de la Magistratura ha sido el de instaurar un procedimiento predominantemente técnico de selección de magistrados. Señala que la sentencia intencionalmente desconoce o al menos no incorpora en su análisis ni una de las otras atribuciones y funciones que tiene el Consejo de la Magistratura, más allá de participar en el procedimiento de selección de jueces.
Entiende que aun en ese caso, tampoco es razonada, ni está fundada, la conclusión por la cual el único modo de ser “idóneo” para ejercer dicha atribución, es siendo abogado con ocho años de ejercicio de la profesión.
Sostiene la falta de legitimación del actor. Indica que la presente causa se inició en el año 2013, cuando el actor era Consejero de la Magistratura en representación del estamento de los abogados, electo en las elecciones celebradas en agosto de 2010, para un mandato de cuatro años. Considera que en relación con el art. 5º de la ley 26.855, el actor no tiene un interés concreto, personal y directo afectado, ni su contenido le ha causado gravamen o perjuicio alguno. Por otro lado, apunta que a la fecha de inicio de estas actuaciones (en mayo de 2013), él no era Consejero de la Magistratura, en tanto fue designado y prestó juramento el 18/11/14; así como que cuando el actor se presentó solicitado que se notificara acerca de la vigencia de la cautelar (26/11/14), el Dr.Fargosi no era ya Consejero de la Magistratura. Concluye, en ese orden de ideas, que los argumentos sentados por el actor para fundar su legitimación en la demanda, a la fecha de la asunción de él, habían dejado de existir.
Cuestiona que se haya dado a las presentes actuaciones trámite de proceso sumarísimo y aduce que ello le ha impedido ejercer cabalmente su derecho de defensa en juicio.
En cuanto al fondo del asunto, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 5º de la ley 26.855.
Indica que se ha puesto en discusión la idoneidad de su parte, como integrante de un organismo que tiene funciones específicas, distintas a la que ejerce un juez de la Nación y a las que ejercen los ministros de la Corte Suprema. Estima que la sentencia carece de razonabilidad y es arbitraria, toda vez que reconoce -solamente- la capacidad e idoneidad para desempeñar el cargo al requisito de poseer título de abogado, cuando si bien el Consejo de la Magistratura forma parte del Poder Judicial de la Nación, no cumple funciones jurisdiccionales, sino de colaboración en la organización, administración, selección y control.
Considera que examinar las atribuciones conferidas por el art. 114 de la Constitución Nacional lleva a la conclusión que la idoneidad requerida para ser miembro del Consejo y ejercer tales atribuciones no puede válidamente circunscribirse a poseer título de abogado. Considera que la interpretación que conduzca a esa exclusividad del título de abogado resulta irrazonable a la luz del art. 16 de la Constitución Nacional, que prevé que todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.Refiere que -según criterio de la Corte Suprema- el requisito de idoneidad se encuentra en relación directa con las funciones del cargo al que se pretende acceder; mientras que -en el caso- se trata de un órgano intrínsecamente interdisciplinario por las atribuciones que posee.
Destaca que la función de nombramiento de los jueces -a la cual califica como la más importante de todo el procedimiento de elección del candidato entre quienes integran la terna- recae en el Poder Ejecutivo con el posterior acuerdo del Senado. De lo que infiere que si se siguiera el razonamiento de la sentencia, se llegaría a una solución disvaliosa en la que el Presidente de la Nación no podría ejercer la función de nombramiento de jueces, si no fuera abogado, porque no resultaría “idóneo” por su título. En esa línea, expone que el Consejo de la Magistratura no selecciona a los magistrados judiciales, sino que selecciona a los candidatos para las magistraturas inferiores y emite propuestas en ternas vinculantes para su nombramiento.
Afirma que de la verdadera voluntad originaria expresada en la Asamblea Constituyente sur ge que la integración del Consejo de la Magistratura debe ser mixta, sin alusión a la exclusividad de los títulos académicos y menos al de abogado.
Cita exposiciones de convencionales a fin de intentar demostrar tal afirmación. Concluye que tal requisito no surge ni de la letra de la Constitución, ni de los debates de la Convención constituyente reformadora, por lo que exigir esos títulos implica una solución disvaliosa que no emana de la intención del constituyente.
Aduce que, aun cuando se pueda interpretar que lo resuelto en el fallo “Rizzo” implicó la reinstauración del requisito de ser abogado para el representante del estamento académico, de ninguna manera puede implicar una suerte de “cosa juzgada”.
También critica el fundamento de la sentencia referido a la prohibición de concursar para los Consejeros (art.5º, ley 24.937), pues entiende que, en todo caso, dicha disposición sólo se aplicaría a los integrantes que son abogados y en nada afectaría a los que no poseen dicho título.
Pone de relieve que la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación establecida en el art. 2º de la ley 26.080 no sólo no es objeto de la presente causa, sino que además se encuentra pendiente de tratamiento en otra instancia, ya que como se señaló en la sentencia, aún no adquirió firmeza. Dice que la introducción de la cuestión en el decisorio deja a su parte en un estado de indefensión, a la par de indicar que en otras actuaciones la CSJN ya se expresó sobre el particular (precedente “Monner Sans” , Fallos 337:166).
Entiende que el juez de grado ha hecho valoraciones subjetivas que implican apartarse de la función judicial en sentido estricto; así como que la sentencia se traduce en una afirmación de contenido ideológico respecto al “disvalioso resultado de permitir, por un lado, que el Consejo esté integrado por una mayoría de representantes del estamento político y que éstos, por el otro, ni siquiera tengan que reunir ciertos requisitos mínimos de idoneidad profesional”. Sostiene que las manifestaciones e interpretaciones vertidas en la sentencia implican un exceso de la actividad judicial y una injerencia en las facultades legislativas.
Plantea la arbitrariedad de la sentencia, por cuanto considera que se ha resuelto la inconstitucionalidad de la norma sometida a análisis con fundamentación aparente y que el magistrado se entrometió en funciones legislativas, cercenando facultades políticas propias y excluyentes del Congreso de la Nación.
Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas. En subsidio, se agravia en relación con la imposición de costas del proceso (v. fs. 297/330).
A fs. 332/45, obra la contestación de agravios, que ha sido presentada por la actora.
A fs. 349/360, dictaminó el Sr.Fiscal General, quien opinó que corresponde revocar la sentencia apelada y desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 5º de la ley 26.855.
IV- Que, inicialmente, corresponde recordar que -por regla- este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, Inc. en autos: “Farmacity c/ EN -Mº Salud s/ proceso de conocimiento”, del 27/3/14; “FRADECO SRL c/ EN- Mº Desarrollo Social y otro s/ proceso de conocimiento”, del 10/3/16; “Coronel Sergio Alberto c/ PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 28/3/17, entre otros).
V- Que, sentado ello, corresponde señalar -en primer lugar- que resulta improcedente el planteo intentado en torno a la legitimación del actor.
Al respecto, cabe destacar que -en autosel Dr. Alejandro E. Fargosi, en carácter de abogado y de Consejero de la Magistratura de la Nación, promovió la presente acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 322 del C.P.C.C.) contra el Estado Nacional.
Siendo ello así, su legitimación -como bien se ha considerado en la instancia anterior- se ha encontrado suficientemente dada por tal investidura, careciendo de relevancia la modificación producida por la culminación del período de su nombramiento a la fecha en la que el Sr. Ruperto Godoy ingresara al proceso, en carácter de tercero, en los términos del art. 90, inc.2do del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Es que, el apelante omite tener en cuenta que más allá que la sentencia dictada en autos traiga aparejada una consecuencia que evidentemente lo afecta, en tanto importa el cese en sus funciones como Consejero, lo cierto es que la controversia presenta una amplitud que lo excede y que la demanda no ha sido dirigida en su contra, habida cuenta que -como refiere en sus agravios- su designación en el cargo es de fecha posterior al inicio de esta causa judicial.
En tales condiciones, corresponde desestimar las argumentaciones intentadas por el recurrente en este punto y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto consideró que el actor se encontraba personal y directamente perjudicado por la norma cuya constitucionalidad ha cuestionado en la presente causa, por hallarse vulnerado el ejercicio de sus funciones como Consejero, de modo que -en esos términos- acreditó estar legitimado para accionar.
VI- Que, en lo concerniente al tipo de proceso judicial que se ha impuesto a la causa (juicio sumarísimo), tampoco resulta viable el cuestionamiento intentado por el recurrente.
En este sentido, inicialmente, cabe advertir que el apelante no ha expresado puntualmente las defensas que se ha visto privado de oponer, como así tampoco la existencia de circunstancias conducentes a la solución del litigio que no haya podido probar en el ámbito del proceso sumarísimo.
Por otra parte, es dable destacar que en torno al proceso escogido se ha dicho que si la pretensión de inconstitucionalidad se encauza por la vía del amparo (art. 43 de la Constitución Nacional), del ordinario (art. 330 del CPCC), del sumarísimo (art. 321 del CPCC) o de la acción meramente declarativa (art. 322 del CPCC), se cumple con el principio de bilateralidad (art. 8 de la ley 16.986, arts. 338 y 498 del Código cit.) y se mantiene la igualdad de las partes (arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional; conf. Cámara Nacional Civ. y Com.Federal, Sala 3; “Peycere Susana Beatriz c/ Grupo BNL” del 5/8/04; “Biotay SA c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires SA y otro”, del 9/12/04, entre otros).
Asimismo, corresponde poner de resalto que en el ámbito de la acción declarativa prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, el proceso -por regla- lo elige el juez, quien deber pronunciarse al respecto en la primera providencia y la cuestión puede ser tratada por un proceso ordinario o sumarísimo; así como que en tales supuestos la determinación del tipo de proceso resulta irrecurrible en los términos del art. 319, in fine, del mismo Código (conf. Falcón, Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado- Concordado- Comentado, T. II, pág. 583, Ed. Abeledo Perrot- 1994).
VII- Que, a fin de ingresar en la cuestión de fondo que ha sido materia de apelación y en atención a los agravios vertidos por el recurrente, se impone recordar que de acuerdo a la forma republicana y representativa de gobierno que establece nuestra Constitución (artículos 1º y 22), el poder se divide en tres departamentos con diferentes funciones y formas de elección pero cuya legitimidad democrática es idéntica. Sobre esas bases y con sustento en las previsiones constitucionales que establecen la supremacía de la Constitución Nacional y la función que le corresponde a los jueces (arts.31, 116 y 117), la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido “.que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guarda o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos” (Considerandos 6º y 8º); poniendo de resalto que solo un punto de vista estrecho podría pasar por alto que el control de constitucionalidad procura la supremacía de la Constitución, no la del Poder Judicial o de la Corte Suprema (Cons. 11, in re: “Rizzo Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 Gente Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional- ley 26.855- medida cautelar”, del 18/6/2013, esta Sala, “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otros c/ EN- Mº Público Fiscal- Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986”, del 16/7/15; “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/ EN- Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”, del 18/8/16, entre otros).
En tal cometido, se ha ponderado que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra.Pero a ello cabe agregar que la hermenéutica de la ley no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse, también, lo que ella dice jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador y computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (C.S., Fallos: 307:2153; 312:2078; 314:458; 327:5295 ; 334:13, entre otros).
En este orden de ideas, es preciso advertir que -en la especie- carecen de aptitud para enervar el análisis efectuado en la sentencia apelada, las argumentaciones intentadas por el apelante en torno a que las condiciones exigi das para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en particular, poseer título de abogado (base de la inconstitucionalidad declarada), no surge de la “letra” del art. 114 de la Constitución Nacional. Ello es así pues, como se ha puesto de relieve, ésta no es la única pauta para realizar un adecuado análisis; más aún cuando -como en el caso- tal disposición constitucional se hallaba sujeta a la reglamentación, que posteriormente fue efectuada a través de distintas leyes, entre las cuales se halla incluida la que ha sido materia del planteo de autos.
Asimismo, se impone destacar que la declaración de inconstitucionalidad en cuestión no importa -como aduce el recurrente- una injerencia en las facultades legislativas ni implica desconocer las competencias atribuidas al Poder Legislativo, sino sólo llevar a cabo la función jurisdiccional propia del Poder Judicial, conferida por mandato de la Ley Fundamental, en lo concerniente al control de constitucionalidad de las normas y actos -dada la existencia de un caso, causa o controversia- como actividad desplegada por los órganos del Estado, mediante ese “poder deber” de aplicar con preeminencia la Constitución y las leyes de la Nación (C.S., Fallos:331:710; esta Sala, “Galdamez Carlos Felipe y otro c/ EN- INCUCAI -Resol 69/09 s/ proceso de conocimiento”, del 22/12/11, entre otros).
VIII- Que, a efectos de avanzar sobre la cuestión relativa a la inconstitucionalidad declarada en autos, resulta oportuno recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 18/6/13, en oportunidad del dictado de la sentencia en la causa:
“Rizzo Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 Gente Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional- ley 26.855- medida cautelar”, en el ámbito del recurso extraordinario por salto de instancia que fuera deducido por el Estado Nacional, puso de resalto en lo concerniente a la interpretación de la primera parte del segundo párrafo del artículo 114 de la Constitución Nacional, que resultaba claro que al Consejo de la Magistratura lo integran representantes de los tres estamentos allí mencionados: órganos políticos resultantes de la elección popular (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo), jueces de todas las instancias y abogados de la matrícula federal. Asimismo, destacó que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado, fue la de mantener en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. “Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo.” (Considerando 25).
El Alto Tribunal ha concluido -en esa ocasión- que con la conformación del Consejo de la Magistratura la Constitución ha perseguido como principal objetivo fortalecer la independencia del Poder Judicial (Considerando 28); así como que la intención del constituyente al incorporar el artículo 114 fue “elevar el umbral de garantía de independencia judicial”. En ese orden de ideas, puso de resalto que en el discurso de cierre, el convencional Raúl Alfonsín leyó un texto en el que se hacía manifiesta la intención del bloque que presidía respecto de las reformas que seguidamente serían aprobadas, que expresaba:”Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, la independencia imparcialidad en la composición del Consejo de la Magistratura . aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución y contradice la intención del constituyente” (V. Considerando 24).
De modo que, en este punto, resultan acertadas las afirmación vertidas en tal sentido en la sentencia apelada, cuando -en las citas de las exposiciones de los Sres. Convencionales Constituyentes- el Sr. Juez de primera instancia puso de resalto que la creación de este órgano buscó garantizar la independencia del Poder Judicial (confr. Cons. VII. ap. 2, a fs. 274 vta./5 vta.).
Quedan así desechadas las argumentaciones intentadas por el recurrente en lo concerniente a que tal conclusión ha sido consecuencia de un análisis parcial y aislado de algunos pasajes de la Asamblea Constituyente, con el objetivo de utilizarlos como criterio rector en contra de la postura de su parte.
IX- Que, por otra parte, tampoco cabe soslayar que el planteo de inconstitucionalidad que ha sido admitido en la instancia anterior versa sobre la elección de los Consejeros de la Magistratura, en tanto cuerpo que, en su condición de órgano con competencias especiales, se inserta dentro de la estructura del Poder Judicial (Sección Tercera, Capitulo Primero de la Constitución Nacional, conf. arg. Fallos: 330:2351, voto de la mayoría, considerando 11; “Rizzo, Jorge Gabriel”, Cons. 27). Por lo que resulta razonable que los consejeros, como miembros de un órgano que integra el Poder Judicial de la Nación, sean abogados y reúnan las mismas condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (como establecía el art. 4º de la ley 24.937, previo a la modificación introducida por el art.5º de la ley 26.855, cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en autos).
Es que, una vez integrado e instalado el Consejo de la Magistratura, este mismo se consideró parte del Poder Judicial -en cumplimiento de la ley reglamentaria- constituyendo una de las tres estructuras que desde 1994 componen el Poder Judicial (conf. Bidart Campos, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T. VI, pág. 501, Ed. Ediar-1995).
Aspecto sobre el cual se ha dicho que la Corte Suprema al dictar la Acordada 4/2000 afirmó su carácter de órgano supremo a cargo del gobierno del Poder Judicial y sostuvo que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento pertenecen a aquél Poder (Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada”, T. II, Ed. La Ley-2008).
X- Que, en orden a los demás agravios expuestos por el recurrente, cabe destacar que desde antiguo se ha sostenido que la garantía de la igualdad radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias (Fallos: 270:374; 286:97; 300:1084, entre otros), pero no excluye la facultad del legislador de establecer distinciones o formar categorías, siempre que tales clasificaciones no revistan el carácter de arbitrarias o estén inspiradas en un propósito manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases (Fallos: 195:270; 196:337; 207:270, entre muchos otros).
Sobre la base de tales parámetros no se advierte que en el sub lite se configure una violación a la garantía constitucional invocada, ante la exigencia del carácter de letrado y de los demás requisitos para desempeñarse como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ello es así, en tanto, como se dijo, el Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial de la Nación (según el art.1º de la ley 24.937, es un “órgano permanente del Poder Judicial de la Nación que ejerce la competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional”) y, junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentran en la cúspide del Poder Judicial de la Nación.
XI- Que, en este aspecto de la decisión, resulta relevante reparar en las funciones que fueron asignadas al Consejo de la Magistratura, como postula el recurrente, pues -a contrario de lo que éste afirma- su pormenorizado análisis impone concluir -en sentido coincidente con el Sr. Juez de primera instancia- respecto a la necesidad de que en el cargo de Consejero se designe a quien cuente con título de abogado.
En efecto, esta institución que ha sido incorporada al sistema con la reforma constitucional de 1994, ubicándola en la tercera sección del Libro primero de la segunda parte de la Ley Fundamental. Conforme lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114 de la Carta Magna:
-el Congreso sería el encargado regular su actuar por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara; -a su cargo se encontraría la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial; -sería integrado periódicamente de modo tal que se procurase el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Asimismo lo integrarían otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indicara la ley a dictar; -tendría las siguientes atribuciones:1.-) seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores; 2.-) emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores; 3.-) administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asignara a la administración de justicia; 4.-) ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados; 5.-) decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente; y 6.-) dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.
Asimismo, del propio texto del artículo 114 de la Constitución Nacional resulta que la propuesta de ternas o la promoción del proceso de remoción de los magistrados -supuestos para los que la ley exige una mayoría de dos tercios-, son sólo algunas de las funciones asignadas constitucional o legalmente al Consejo de la Magistratura. Ello es así dado que -por mandato constitucional y/o legal- existen numerosas cuestiones asignadas a su órbita de actuación, y de indispensable importancia, para cuya decisión sólo es requerida la mayoría absoluta de sus miembros o de los miembros presentes en el pleno. Así, a modo de ejemplo, pueden enunciarse las establecidas en el art. 7º de la ley del Consejo de la Magistratura, a saber:odictar su reglamento general; odictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y la ley del Consejo; odesignar a su presidente y a su vicepresidente; odesignar a los integrantes de cada comisión; oreglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición; o instruir a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial que proceda a la convocatoria a concursos con anterioridad a la producción de vacantes; oorganizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus programas de estudio, establecer el valor de los cursos realizados como antecedentes para los concursos; odictar los reglamentos para la designación de jueces subrogantes; odesignar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente; o tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; odesignar al administrador general del Poder Judicial de la Nación, al secretario general del Consejo y al secretario del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a propuesta de su presidente, así como a los titulares de los organismos auxiliares que se crearen, y disponer su remoción; odictar las reglas de funcionamiento de la Secretaría General, de la Oficina de Administración y Financiera, del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial y de los demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo; o fijar las dotaciones de personal del Consejo de la Magistratura, adjudicar la cantidad de cargos y categorías que el funcionamiento requiera, fijar el procedimiento para la habilitación y cobertura de nuevos cargos, habilitar dichos cargos y fijar la redistribución o traslado de los agentes; o llevar adelante la administración del personal del Consejo de la Magistratura, incluida la capacitación, el ingreso y promoción, y la fijación de la escala salarial; oaplicar las sanciones a los jueces titulares, subrogantes yjubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación; y opuede asimismo, con simple mayoría, disponer el traslado de magistrados de conformidad con lo establecido por la resolución C.M. Nº 155/2000.
De lo que se advierte con total claridad, la adopción de decisiones de real trascendencia en el ámbito de los cometidos asignados al Consejo de la Magistratura, que proyecta consecuencias de innegable relevancia en punto a materias que hacen a la propia esencia del órgano citado, las que naturalmente se traducen en concretos dispositivos susceptibles de involucrar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.
En esta perspectiva y sin restar importancia a la función relativa a la determinación de ternas “vinculantes” de candidatos a magistrados (conf. art. 7º de la ley del Consejo de la Magistratura), resulta exacto lo que se expone en punto a la diversidad de decisiones en torno al Poder Judicial de la Nación que conciernen a dicho órgano; y de ahí, la relevancia en la integración del mismo que procure un equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados y de personalidad del ámbito académico y científico.Mas, lo cierto es que -en lo que involucra a la cuestión de autos- la exigencia del carácter de abogado y de las demás condiciones exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema, se imponen en función de la garantía de la necesaria idoneidad de sus miembros y de la consecuente eficiencia en la función, independientemente de la pluralidad y equilibrio entre representantes de los distintos estamentos.
XII- Que, asimismo, en orden a los demás agravios vertidos por el apelante, corresponde destacar que la igualdad ante la ley que la Constitución ampara comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, lo que implica, sin duda, el reconocimiento de un ámbito posible de discriminaciones razonables (Fallos: 318:1256 ), para evaluar discrecionalmente las exigencias que impone para acceder a determinados cargos públicos.
Es que, la Constitución Nacional no establece derechos absolutos y que todos los derechos en ella consagrados se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que, si son razonables, no admiten impugnación constitucional (Fallos: 214:612; 289:67; 304:1293 y muchos otros). Asimismo, la garantía de la igualdad impone la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la República sean tratadas del mismo modo y que las distinciones que efectúa el legislador en supuestos que estime distintos obedezcan a una objetiva razón de diferenciación y no a propósitos de persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas (Fallos: 303:694; 308:857; del dictamen fiscal al que adhirió la CSJN, en autos: “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” , el 16/11/04 (Fallos 327:5118).
El art.16 de la Constitución Nacional, en lo que interesa, dispone “Todos sus habitantes [de la Nación Argentina] son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad [.]”. Esta norma no establece una equiparación rígida, como el art. 20 de la Constitución Nacional, sino que impone un principio genérico (igualdad ante la ley de todos los habitantes) que no impide la existencia de diferencias legítimas. Así, se ha dicho que la igualdad establecida por el art. 16 de la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, entre otros). El ámbito del art. 16 de la Constitución Nacional admite las gradaciones, las apreciaciones de más o de menos, el balance y la ponderación (CS, Fallos: 329:2986 , Voto de los Dres. Highton de Nolasco y Maqueda).
Puntualmente, en lo atinente al empleo público, se ha dicho que el concepto de idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser estatuidos por la ley o el reglamento. La aptitud técnica, física y en particular la moral configuran exigencias de carácter genérico en tanto otras, como la ciudadanía, lo son para determinadas funciones. Es que, como lo sostiene Benjamín Villegas Basavilbaso, “no se trata de una cualidad abstracta sino concreta, esto es, ha de ser juzgada con relación a la diversidad de las funciones y empleos” (Derecho Administrativo, T.
III, pág. 367, Edición 1951; CS. Fallos: 321:194 ).
En estos términos, se ha considerado que debe descartarse la alegada denegación de la igualdad ante la ley porque, para que esta se configure, no sólo ha de existir discriminación, sino que, además, deberá ser arbitraria.No sucede así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que fundan el distinto tratamiento (CS, Fallos 327:5118 ); solución que -en el caso- se impone en función del cargo a ocupar como Consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación.
No se trata, pues, de quitar relevancia al rol de los estamentos políticos -como bien ha indicado el Sr. Juez de primera instancia-, sino de establecer como exigencia para éstos (tal como se hallaba previsto con anterioridad a la modificación introducida por el art. 5º de la ley 26.855) el requerimiento del título de abogado y de las demás condiciones para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de la idoneidad que esa formación supone, en razón de la especial versación en cuestiones jurídicas y judiciales, que requiere la designación como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, en atención a las relevantes atribuciones encomendadas a este órgano que integra el Poder Judicial de la Nación.
En suma, de conformidad con las consideraciones expuestas y en sentido coincidente con lo que ha sido ponderado en la instancia anterior, se concluye que la modificación introducida por el art.5 de la ley 26.855 -al limitar los requisitos para ser miembro del
Consejo de la Magistratura, a las condiciones mínimas para ser Diputado de la Nación- se presenta en colisión con la voluntad del constituyente y con las propias funciones le han sido asignadas al Consejo de la Magistratura, como órgano integrante del Poder Judicial de la Nación, de modo que la inconstitucionalidad de esa norma ha sido bien declarada.
XIII- Que, por las consideraciones expuestas y toda vez que la decisión en recurso se encuentra adecuadamente fundada y ha sido dictada en el ámbito del control jurisdiccional de constitucionalidad de la norma legal impugnada, corresponde desestimar la apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo parcialmente lugar a la presente acción declarativa de inconstitucionalidad.
XIV- Que, sin perjuicio de ello, corresponde admitir los recursos de apelación interpuestos en autos en lo atinente a las costas de primera instancia.
En efecto, al respecto no cabe soslayar -en primer lugar- que la demanda ha prosperado parcialmente, pues el pronunciamiento sobre las demás cuestiones planteadas se ha tornado de carácter abstracto y, por ende, en esos puntos no es posible establecer la existencia de vencedor y vencidos.
Por otro lado, tampoco es posible dejar de ponderar la complejidad de la cuestión de constitucionalidad sometida a estudio en el caso; cir cunstancia que -sumada a la anterior- justifica que las costas del proceso sean distribuidas en el orden causado (conf. art. 68, apartado segundo, del Código Procesal Civil y Comercial).
Por ello y oído el Sr. Fiscal General (fs. 349/60), se RESUELVE: confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto hizo parcialmente lugar a la presente acción declarativa de inconstitucionalidad; con costas de ambas instancias, en el orden causado (conf. art. 68, ap. 2do. del C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.
Tag: abogados, ACCIÓN DECLARATIVA, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CONSTITUCIÓN NACIONAL, CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, IGUALDAD ANTE LA LEY, poder judicial, PRINCIPIO DE IDONEIDAD
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