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Timestamp: 2018-08-16 03:10:35+00:00

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Jorge Morelli: ESTA NOCHE miércoles 21 junio 2017
Como siempre, hay moderados y radicales en ambas orillas.
En el gobierno hay un grupo beligerante de asesores -mediáticos, sobre todo- que tratan de hacerle creer al presidente Pedro Pablo Kuczynski que su única opción es intentar la disolución del Congreso, e ir a elecciones parlamentarias.
En la oposición no faltan quienes todavía creen que no hay más remedio que ir a una sucesión de vacancias presidenciales, y al adelanto de las elecciones generales.
La opinión pública no acompaña a ninguno de estos bandos radicales. Y probablemente tiene razón. Ambos se están destruyendo políticamente para beneficio de terceros. En efecto, si fuéramos a unas elecciones –parlamentarias o generales- ninguna de los dos lados resultaría ganador.
Los moderados de ambos bandos están más cerca de la opinión pública y del sentido común. Son los moderados los que definen las elecciones.
En el descongelamiento, sin embargo, es la oposición la que tiene más que perder. Porque dejaría espacio para que la izquierda se meta por los palos y le arrabate el papel de oposición.
El gobierno, en cambio, tiene todo que ganar. No tienen nada que perder. De modo que el gobierno debería ser el más interesado en el acercamiento y estar procurando por todos los medios un descongelamiento.
No obstante, lejos de eso, el gobierno vacila y escucha un día a los moderados de su lado y el siguiente a la facción tremendista. No se decide, en suma. Y es esta vacilación interminable lo que está haciendo el mayor daño a la gobernabilidad y, por lo tanto, a la economía.
El gobierno debe, pues, apurar el trago del ministro de Economía, pasar la página y dejar de dar la penosa impresión de que la censura –o la negación de confianza a un un ministro- lo desestabiliza hasta el punto de la desesperación y el llanto. Lo que muestra con eso no es fortaleza sino debilidad.
El gobierno debe empoderar a sus moderados y abrir puentes de diálogo por todas partes y en todas las direcciones. No la próxima semana ni el mes próximo, sino hoy mismo.
Alfredo Thorne confirmó su renuncia al Ministerio de Economía y Finanzas luego de que el pleno del Congreso decidiera rechazar la cuestión de confianza que él había planteado.
“Como me comprometí, hoy firmé mi renuncia como ministro de Economía y Finanzas. Agradezco el apoyo que recibí de todos en estos meses”, manifestó en mensaje en Twitter.
Las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Acción Popular, Frente Amplio y Alianza para el Progreso votaron en contra de la cuestión de confianza.
La medida se tomó con 88 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones. La única agrupación que marcó a favor fue la oficialista de Peruanos por el Kambio.
“Nos hubiese gustado que el ministro venga y nos diga que está defendiendo el Presupuesto y que no lo está negociando con un personaje que tiene que emitir un informe”, expresó Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Edwin Vergara, de la misma bancada, sostuvo que “esta crisis política tiene nombre y apellido, y se llama Kuntur Wasi”.
El parlamentario Yonhy Lescano manifestó que "el Ministro se ha ganado la confianza no solamente del Congreso, sino del país".
Mauricio Mulder consideró que el ministro sale "jalado" en sus funciones.
Marco Arana consideró que el ministro Thorne ejerció "presión" sobre el contralor en su conversación del 17 de mayo.
El congresista Daniel Salaverry, vocero alterno de Fuerza Popular, informó anoche a El Comercio que su bancada no tiene predisposición de buscar la censura del ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien este miércoles será interpelado en el pleno.
“Se ha conversado hoy [martes] de eso en la reunión de bancada, pero la conclusión es que vamos a escuchar y ver si nos convencen sus respuestas. En Fuerza Popular no hay actitud o predisposición de ir más allá de interpelar al ministro Basombrío”, expresó.
Salaverry incluso señaló que el titular del Interior está frente a una “gran oportunidad de salir fortalecido y de continuar en el cargo”.
Basombrío responderá un pliego de 39 preguntas. Las líneas temáticas giran en torno a los índices de inseguridad ciudadana, el resguardo policial a entidades bancarias, la existencia de un supuesto escuadrón de la muerte en la Policía Nacional del Perú y las actividades de grupos terroristas.
Si bien Fuerza Popular reconoce algunos avances en el sector, la bancada fujimorista los atribuye a una reacción del titular del Interior ante la interpelación. “Parece que le han puesto rocoto a la vena y recién se ha activado”, señaló la vocera alterna, Lourdes Alcorta.
La congresista de Fuerza Popular Rosa María Bartra se mostró escéptica en cuanto a la convocatoria al diálogo efectuada por Mercedes Aráoz. “No estoy segura de que la señora Aráoz haya pedido diálogo porque, previa a la pregunta del diálogo, más bien de lo que habla es de un poder en la sombra”, dijo.
¿Dónde estás, Ramiro?
Prialé no solo fue vital en la creación del Frente Democrático en 1945 (bajo el trujillano alias “Alfredo Ganoza”), sino que fue el arquitecto de “la Convivencia”, esa increíble alianza entre Haya y su otrora perseguidor Prado para que el segundo llegue al poder, legalice al APRA e instaure una democracia donde se olvidase el pasado y todos los viejos enemigos trabajen por el país. Eso no fue poca cosa y es una gran injusticia de la izquierda criticar siempre a ese breve periodo de paz política 1956-62, donde los leones se volvieron herbívoros. También se le cuestiona por haber forjado la alianza parlamentaria APRA-UNO durante el primer belaundismo, pero vaya que FBT se compró todos los boletos para la bronca desconociendo los resultados de 1962 y apoyando el golpe militar de ese año que le cerró las puertas de Palacio al triunfador Haya, además que se negó a tratar tanto con el APRA, como con Odría, que le ofreció su bancada a cambio de ser nombrado mariscal –por su destacada actuación en la guerra del 41 con Ecuador– y embajador en España. Si Keiko no quiere negociar directamente, pues que nombre a su Prialé: el país necesita otra “Convivencia”.
Pacta PPK, no te queda otra
El contralor, Edgar Alarcón, justificó ayer en el Congreso la compra de ocho vehículos desde 2013 hasta la fecha, afirmando que se trata de una práctica familiar.
"Son ocho vehículos de uso personal de la casa que hemos ido renovando en el tiempo, [es] una práctica que en nuestra familia la realizamos para mantener vigente el parque automotor familiar", expresó.
También rechazó que sus hijos mantengan un negocio de compra-venta de automóviles. "No he ejercido actividad lucrativa", remarcó Edgar Alarcón.
En otro momento, el contralor se refirió a cuatro bienes inmuebles que, según dijo ayer el auditor Walter Grados, no declaró. "Es mentira. [...] Nunca he ocultado ni evadido presentar la declaración jurada", dijo al respecto.
Desde que fue designado contralor general de la República en junio del año pasado, Edgar Alarcón ha figurado en los titulares de los medios con una periodicidad considerablemente mayor a la de sus antecesores. No obstante, ello no se ha debido a alguna acción excepcional y destacable de su institución que amerite una atención especial, sino a un rosario de acusaciones en su contra que van desde un supuesto plagio en el trabajo con el que obtuvo su título profesional hasta otras denuncias más serias con implicancias legales.
En las últimas semanas, algunos de estos cuestionamientos –los más recientes– han motivado la creación de un subgrupo de trabajo en la Comisión Permanente del Congreso para evaluar su permanencia en el cargo.
Ello a propósito, por un lado, de las críticas generadas tanto por la supuesta falta de rigurosidad técnica del informe que emitió la contraloría sobre la adenda 1 del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, como por la verosímil acusación de que fue él quien grabó el polémico audio de una conversación privada que mantuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne (ambos puntos ya comentados en esta página hace algunos días).
Y por otro lado, el subgrupo también evalúa una serie de compras y ventas de vehículos y terrenos que llaman la atención tanto por el número de transacciones como por el valor de los intercambios. A la acusación del auditor Walter Grados (quien alertó que Alarcón habría comprado nueve vehículos por más de US$182.500 entre el 2012 y el 2015 para luego venderlos, sin incluir estas transacciones en sus declaraciones juradas y pese a haber estado legalmente impedido de realizar actividades lucrativas durante dicho período) siguió lo revelado por este Diario sobre el panorama completo de estas operaciones vehiculares. En total, y según la información consignada en Registros Públicos, entre el 2002 y el 2016 Alarcón adquirió 42 autos por más de US$600.000.
Ayer, en una sesión que se extendió por más de tres horas, el contralor emitió sus descargos sobre estos y otros hechos ante el referido subgrupo. No obstante, sus respuestas no lograron disipar las principales dudas.
Sobre la compraventa de vehículos, en particular, Alarcón aseguró que no existió en realidad ninguna actividad lucrativa irregular o que amerite ser incluida en sus declaraciones juradas, ya que solo se trataría de una práctica personal que acostumbra realizar “para mantener vigente el parque automotor familiar”. Una respuesta francamente poco verosímil, sobre todo si se considera la llamativa cantidad de las operaciones familiares (si a las compras y ventas hechas por Alarcón se suman las realizadas por sus hijos, el total de vehículos llega a 107 y el valor de las transacciones supera el millón de dólares).
A ello se suma el hecho de que, en varios episodios puntuales durante su intervención, la información proporcionada por el contralor respecto a los períodos, cantidades y montos de estas transacciones no correspondía con lo detallado en Registros Públicos.
Pero más allá de este episodio, lo cierto es que a lo dicho hasta aquí cabría agregar varios otros asuntos que han puesto en duda la idoneidad del contralor para ejercer el cargo que ocupa. Por ejemplo, las veces en que su afán de protagonismo lo ha llevado a emitir acusaciones antes de tiempo o la manera en que le requirió a Grados que retire la denuncia en su contra antes de que esta sea conocida (“Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. […] Por la amistad que tenemos, te digo piénsalo”).
Nuestra legislación vigente exige que para ocupar el cargo de contralor debe manifestarse una “conducta intachable y una reconocida solvencia e idoneidad moral”. Considerando todos estos hechos, es evidente que esa solvencia moral hoy ha sido puesta en duda. Y que, por ende, lo más apropiado para una institución tan importante como la contraloría sería que el señor Alarcón, sea por renuncia o destitución, no continúe más en el cargo que hoy ocupa.
El congresista Carlos Bruce, vocero titular del partido oficialista Peruanos por el Kambio, afirmó ayer que “el presidente Kuczynski no ha comentado [a la bancada] cuál es su plan de contingencia [frente a la salida de Thorne]”.
¿Cuánto podría afectar al Ejecutivo la salida de Alfredo Thorne?
El analista político Arturo Maldonado comenta que el el Ministerio de Economía era “uno de los puestos más estables dentro de la inestabilidad natural de un Gabinete. Ahora, uno de estos fusibles duraderos se ha quemado sin siquiera finalizar un año de gobierno”. En ese sentido, estima que el reemplazante podría tener un perfil similar, parecido también a los que han tenido los ministros de Economía de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo. “El reemplazante podría no tener el reto de cambiar la economía sino de mantenerla y crear confianza. En ese sentido, el gobierno no saldría muy afectado”, refiere.
Respecto al plano político, Maldonado resalta que la caída de Thorne podría darle “cierto respiro al gobierno”. “Ha generado una barrera y permitirá que otros ministros en la mira no caigan”, apunta.
Para el analista político Luis Benavente, prevé serios perjuicios para la gobernabilidad que afectarán según la respuesta que este dé a la decisión del Parlamento. El también director de Vox Populi agrega que el gobierno debe ensayar un rol más proactivo, menos expectante de “a dónde lo llevará el viento”.
Maldonado menciona que luego de este enfrentamiento por la continuidad de Alfredo Thorne será difícil divisar a un ganador, pues tanto la imagen pública del gobierno como la del Legislativo se han visto dañadas. “No se mueve la economía, ese ministerio queda en el limbo”, manifiesta.
Benavente añade que ni siquiera un Gabinete Ministerial de ancha base le garantiza a PPK la gobernabilidad que necesita para llevar a cabo reformas y cambios sustanciales.
Una vez más, la Comisión de Constitución del Congreso pospuso la aprobación del proyecto de ley 1410, que busca que el Decreto de Urgencia (DU) 003 también alcance a las socias de empresas condenadas o que hayan admitido actos de corrupción. La norma fue presentada por la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta.
En la sesión previa, la comisión acordó acotar el alcance del proyecto de ley tras recibir comentarios críticos de los principales gremios empresariales del sector construcción, el Ministerio de Economía (MEF) y el Ministerio de Justicia (Minjus), entre otros.
Fueron dos las ideas-fuerza: que la ampliación del alcance del DU vulnera la presunción de inocencia y que la definición de las organizaciones “vinculadas” resultaba muy amplia. “Si bastase con tener una acción o participación en una persona jurídica para considerarse vinculado, se estaría atribuyendo a dichas personas consecuencias jurídicas respecto de actos que escapan a su esfera de control”, opinó el Minjus.
En esta línea, se redactó un nuevo predictamen en el que se acotó que las restricciones del DU se circunscribirán solo a los proyectos en los que se haya probado actos de corrupción.
Con ello, se retendrían montos para la reparación civil sobre los pagos pendientes por parte del Estado al proyecto o sobre el promedio del margen bruto de ganancia de los últimos cinco años del mismo.
Al respecto, en el debate de ayer en la Comisión de Constitución, la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona sugirió que este cálculo se haga sobre el margen bruto de ganancia.
A pesar de los argumentos expuestos, hubo oposición a las modificaciones. Los congresistas Yonhy Lescano y Mauricio Mulder defendieron que las socias de Odebrecht estaban al tanto de cómo operaba la firma.
“Estamos frente a una línea muy delgada, donde si nos excedemos, van a apelar a que estamos violando derechos constitucionales”, respondió el congresista de Fuerza Popular y presidente de la comisión, Miguel Torres.
A continuación citamos los cambios más significativos que se hicieron al predictamen:
1. Se dispone que la suspensión de efectuar transferencias al exterior se mantiene no solo hasta que se efectúe el pago total de la reparación civil a favor del Estado, sino también cuando se atienda los créditos de origen tributario del Estado o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor de los sujetos comprendidos en el artículo 2.
2. Se precisa que solo se podrán realizar transferencias al exterior siempre que sea para pago de deuda a acreedores que afecten el valor de las concesiones o activos en el Perú de los sujetos referidos en el artículo 2, y que dichas transferencias deben ser previamente aprobadas por el Minjus, bajo responsabilidad del Ministro.
3. Se incorpora el procedimiento de anotación preventiva en los registros públicos en los que consten inscritos los bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación de los sujetos comprendidos en el artículo 2, así como en la partida registral de dichos sujetos, precisando que la adquisición de estos bienes, derechos, acciones, participaciones o valores, bajo cualquier título, está sujeta al procedimiento previo establecido (evaluación previa del Minjus) y al depósito por parte del adquirente del monto pagado, fruto de la adquisición, al fideicomiso de retención.
4. Se dispone que esta anotación preventiva se mantiene hasta que se pague todo el monto de la reparación civil a favor del Estado y se haya cumplido con las obligaciones establecidas en el decreto de urgencia modificado por la presente ley, es decir que se atienda los créditos de origen tributario del Estado, o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor del sujeto comprendido en el artículo 2.
5. Se dispone que si no se cumplen las condiciones para la adquisición en el caso de bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación de los sujetos comprendidos en el artículo 2, dichas adquisiciones son nulas, además de generar responsabilidad solidaria para los adquirentes junto con los sujetos referidos en el artículo 2 y que el Minjus debe iniciar acciones legales ante el juez para dicha declaración de nulidad.
6. Se dispone que para la retención de los pagos por parte de las entidades del Estado, estas deben hacerlo sobre cada pago que tengan que hacer conforme al contrato, y sobre un monto estimado equivalente al promedio del margen bruto de ganancia de los últimos cinco (5) años en proyectos similares y que en caso que no se den las condiciones para dicho cálculo, el monto a retener es el equivalente al total de utilidades brutas proyectadas y establecidas en el procedimiento de selección y consideradas para la suscripción del contrato respectivo.
7. Se establece que el margen de retención se aplica a todo el proyecto, ejecutado o pendiente de ejecución, en el que participen los sujetos del artículo 2, que al tiempo de la comisión de los delitos referidos en los acápites de dicho artículo, hayan actuado individual o conjuntamente con socios, consorciados o asociados de estos, para contratar con alguna entidad del Estado para dicho proyecto, sin importar el grado de participación o responsabilidad penal de estos últimos.
8. Se dispone que la sustitución referida en el punto anterior debe realizarse dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto comprendido en el artículo 2 aparece en la relación de personas dentro del alcance de dicho artículo.
9. Se establece un orden de prelación para cautelar el pago de la reparación de civil a favor del Estado y evitar la ruptura en la cadena de pagos, con cargo a los fondos del fideicomiso: i) reparaciones civiles a favor del Estado y ii) créditos de origen tributario del Estado.
10. Se dispone que el Minjus debe requerir al Procurador Público del Estado correspondiente la cifra estimada de reparación civil a favor del Estado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles y que dicho procurador debe contar con los informes previos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (PROINVERSIÓN) y del Ministerio de Economía y Finanzas, que son remitidos en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles para determinar la referida cifra de reparación civil a favor del Estado.
11. Se amplía el plazo de vigencia del D.U. 003-2017 de un (1) año a tres (3) años.
La Comisión de Constitución del Congreso puso a debate el predictamen que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas, a fin de prohibir que los partidos reciban aportes provenientes de las empresas concesionarias de obras públicas.
El presidente del grupo, Miguel Torres, explicó que la prohibición es para los aportes que se puedan realizar en forma directa o indirecta, y se extiende también a cualquier otra empresa que tenga contrato vigente con el Estado.
Tampoco se podrá recibir aportes de empresas que hayan incurrido en actividades calificadas como delitos, así como de las personas procesadas por narcotráfico, terrorismo, violación o delitos contra la administración pública.
Además, se propone que las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante, como persona natural o jurídica, no superen las 200 Unidades Impositivas Tributarias (IUT) al año (S/810 mil).
De igual manera, los ingresos obtenidos por la realización de actividades propias del partido, así como de financiamiento proselitista, no deben superar las 120 UIT por actividad, es decir S/486 mil.
Con relación a la sanción por entrega de dádivas, el predictamen plantea una aplicación progresiva de sanciones: amonestación ante el primer incumplimiento, multa ante el segundo y exclusión ante el tercer incumplimiento.
En otro momento, la comisión debatió el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 131/2016-CR que propone otorgar incentivos a los miembros de mesa de sufragio. La propuesta plantea otorgar un día de descanso remunerado como incentivo a los miembros de mesa designados y a los que cumplen esta función sin haber sido escogidos, tanto en el sector público como en el privado.
Publicado por Jorge Morelli en 17:28
Etiquetas: "La hora de los moderados", hay radicales y moderados en ambas orillas

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