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Timestamp: 2020-01-19 02:32:40+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 11542 DE 2007
Reglamentación de la concesión de licencias para la prestación de un servicio público
ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA LAS RESOLUCIONES 014 DE 1994, 022 DE 1995, 025 DE 1995, 027 DE 1995 Y 028 DE 1995 DE LA COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES -CRT-
RESOLUCIÓN 014 DE 1 DE AGOSTO DE 1994 ARTÍCULO 2. RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 3. CONCESIONES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 4. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA OBTENER CONCESIÓN DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 5. CONCESIÓN PARA LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULO 6. CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL. ARTÍCULO 7. CÁNONES DE CONCESIÓN. ARTÍCULO 8. REDES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA. ARTÍCULO 12. RÉGIMEN TARIFARIO. ARTICULO 13. TARIFAS DE ACCESO Y USO DE LAS REDES DE TBPC LOCAL Y LOCAL EXTENDIDA. ARTICULO 14. PROTECCIÓN A LOS USUARIOS. ARTICULO 15. TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN. ARTICULO 16. PLAZOS. RESOLUCIÓN 022 DEL 11 DE MAYO DE 1995 ARTÍCULO 1. DERÓGASE LA RESOLUCIÓN 014 DE AGOSTO 1º DE 1994, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULO 2. RESOLUCIÓN 025 DEL 10 DE JULIO DE 1995 ARTÍCULO 2. CONCESIÓN DE LICENCIAS. ARTÍCULO 3. CONCESIÓN PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO. ARTÍCULO 5. SANCIONES EN CASO DE OPERACIÓN NO AUTORIZADA. RESOLUCIÓN 027 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1995 ARTICULO 2. NUMERO INICIAL DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA. ARTICULO 3. DURACION DE LA CONCESION. ARTICULO 4. EXCLUSIVIDAD DE LAS CONCESIONES. ARTICULO 5. CANON INICIAL DE CONCESION. ARTICULO 6. CANON PERIÓDICO DE CONCESIÓN. ARTICULO 8. ACCESO A USUARIOS. ARTICULO 9. CRONOGRAMA PROCESO DE APERTURA. RESOLUCIÓN 028 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1995 ARTICULO 4. OBJETO DE LA CONCESION. ARTICULO 5. NUMERO DE LICENCIAS A CONCEDER. ARTICULO 7. EXCLUSIVIDAD DE LA CONCESIÓN. ARTICULO 8. FORMULA DE TARIFA POR LA POR LA CONCESION. ARTICULO 10. FORMULA DE TARIFA PERIÓDICA POR LA CONCESIÓN. ARTICULO 12. REQUISITOS DE LOS CONCESIONARIOS. ARTICULO 13. PROHIBICIONES A LOS CONCESIONARIOS. ARTICULO 14. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. ARTICULO 15. CLANDESTINIDAD DEL SERVICIO. ARTICULO 16. PROTECCION DEL MERCADO. ARTICULO 17. RÉGIMEN. ARTICULO 18. DETERMINACIÓN DE LAS FORMULAS TARIFARIAS. ARTICULO 19. FORMULA TARIFARIA. ARTICULO 20. VIGENCIA DE LAS FORMULAS DE TARIFAS. ARTICULO 21. FIJACIÓN DE NUEVAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN. ARTICULO 22. APLICACIÓN DE LAS TARIFAS. ARTICULO 23. PRACTICAS TARIFARIAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA. ARTICULO 24. NORMAS DE INTERCONEXIÓN. ARTICULO 28. INVERSIÓN EXTRANJERA.
¿Puede una entidad pública reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia, sin desmonopolizar dicha actividad en cabeza del Estado?
«(…) La Sala considera, como en anteriores oportunidades[1], que los actos acusados se ajustan a derecho porque desarrollan los límites que, constitucional y legalmente, se han consagrado para que las personas puedan operar empresas con ese objeto, conforme lo prevé el artículo 10 de la ley 142 de 1994.
Dicha norma reconoció el derecho de todas las personas a organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, a cuyo efecto exigió algunos requisitos.
Es por lo anterior que la Sala concluye que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, mediante los actos acusados, no revivió normas derogadas; como quedó visto, tenía la facultad de reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia, en el entendido de que se trata de un requisito previsto por el legislador para que los sujetos de derecho puedan prestar servicios de esta naturaleza.
1. 2. La condición alusiva a la concesión como mecanismo habilitante para prestar un servicio público, no implica la consagración de un monopolio estatal. A través de la concesión, contractual o reglamentaria, el Estado hace procedente la prestación de un servicio público, domiciliario o no, como también la explotación de un bien del estado - no necesariamente de uso público - y la realización de actividades comerciales con riesgos compartidos, entre otros.
Dicho en otras palabras, la concesión, por contrato o por licencia, no está concebida exclusivamente como un mecanismo para desmonopolizar actividades o funciones del Estado como lo afirmó la parte actora. (…)»
[1] Sentencia proferida el 13 de julio de 2000, expediente 11744.
Una entidad pública puede reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia, sin desmonopolizar dicha actividad en cabeza del Estado, porque:
Es un servicio público que puede ser operado por personas o empresas que tengan por objeto prestar servicios de esta naturaleza.
La entidad pública se encontraba facultada por el legislador para reglamentar la concesión de licencias en relación al establecimiento de operadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional.
La concesión, por contrato o por licencia, como mecanismo habilitante para prestar un servicio público no implica ni está concebida exclusivamente como un mecanismo para desmonopolizar actividades o funciones del Estado.
Primero. ESTESE a lo resuelto en la sentencia proferida el 25 de septiembre de 1997, expediente N° 11857, que declaró la nulidad de los artículos 9, 25, 26 y 27 de la resolución 028 de 1995 proferida la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Segundo. NIEGANSE las súplicas de la demanda.
Tercero. Sin costas.
CS SIII E 11744 DE 2000.
CS SIII E 10217 DE 1998.
Artículos 10 y 7, 10, literal d) numeral 3, de la Ley 142 de 1994.
Las tres especies de concesión establecidas por la Ley 80 de 1993. «(…) i) la concesión de servicio público, cuando se otorga a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público; ii) la concesión de obra pública, cuando el contratista tiene a su cargo la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinado al servicio o uso público y iii) la concesión de bien público, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinado al servicio o uso público.[1]
En la primera modalidad,[2] se define el plazo durante el cual habrá de prestarse el servicio, la delimitación operacional del territorio, la regulación del régimen tarifario y de las condiciones operativas, como también lo relativo a la utilización de bienes estatales o privados para la prestación del servicio.
La segunda se caracteriza porque el contratista adquiere no sólo la obligación de construir la obra, sino también la de ponerla en funcionamiento, esto es, la de explotarla, obtener ingresos por este concepto y pagarse así lo invertido en la construcción. Así lo dispuso la ley 105 de 1993 al regular la concesión de obra pública.[4]
Y la tercera, comporta la explotación de cualquier bien de dominio público, sea fiscal o de uso público, pues su esencia está definida en función de la satisfacción del interés público, mediante la utilización del correspondiente bien, lo cual, de acuerdo con la definición constitucional y legal que caracteriza los bienes del Estado, puede lograrse a través de los bienes fiscales o de los de uso público[5]. (…)»
Desviación de poder. «(…) consiste en el hecho de que la autoridad Administrativa, con la competencia suficiente para dictar un acto, ajustado en lo externo a las regularidades de forma, la ejecuta no en vista del fin del cual ha sido investido para esa competencia, sino para otro distinto. Por lo tanto, cuando se pretenda la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, acusado de desviación de poder, el demandante está en el deber demostrar plenamente que la autoridad administrativa proferidota (sic) del acto, lo dictó, no en beneficio del buen servicio - lo que se presume - sino con un fin que se aparte de ese criterio” [6]. (…)»
Protección a la libre competencia económica. «(…) tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.” (…)»
[1] Así lo precisó la Sala en la citada sentencia proferida el 19 de junio de 1998; expediente 10217, actor: Alberto Mendoza Daza.
[2] Dolores Rugían Lizana, Manual de Concesiones de Obras Públicas; Fondo de Cultura Económica de Chile, Lom Editores, Santiago de Chile, 1999, pág. 13.
[3] En este mismo artículo se prevé la posibilidad de que los municipios, los departamentos, los distritos y la nación aporten partidas presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado.2 (art. 30, parágrafo 1).
[4] Rugián Lizana, Ob. Cit. Pág. 16.
[5] Para la autora chilena precitada, puede “ser objeto de concesión cualquier bien inmueble, cualquiera que sea la finalidad del mismo, pero que permita ser explotado por el sistema de concesión.”
[6] Sentencia del 16 de diciembre de 1991. Sección Segunda. exp. 4.010.
Documento: CE SIII E 11542 DE 2007

References: RESOLUCIÓN 
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 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 7
 ARTÍCULO 8
 ARTÍCULO 12
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 2
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 5
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 10
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