Source: http://espanito.com/corte-suprema-de-justica.html
Timestamp: 2018-07-20 12:38:38+00:00

Document:
SL3844-2015
Radicación n.° 56724
Bogotá D. C, dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015).
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., ‘ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.’, contra la sentencia del 31 de agosto de 2009, adicionada por providencia de 12 de noviembre de 2012, y proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso promovido contra la recurrente por ABRAHAM MAESTRE, AMILKAR RAMÍREZ, ANTONIA PUCHE, ANTONIO CUELLO, ARMANDO MENDOZA, ARNELIO SOTO, BELINDA ORTIZ, CÉSAR PÉREZ, CICERÓN BARROS, CLARA SUÁREZ, DARPIO SOLANO, DAVID RAMÍREZ, EDGARDO SUÁREZ, ELIZABETH PIMIENTA, ELVIRA QUINTANA, EMÉRITO GÓMEZ, ERIBERTO MORÓN, ERIK MANCILLA, ESTHER SALOMÉ, FIDEL ZÚÑIGA, FIDENCIO SANTIAGO, FRANCISCO CABALLERO, GUILLERMO SALINAS, ADAMIZ ALMENARES, IDELFONSO IGLESIAS, IRMA LÓPEZ, JAIME ARIAS, JAIME MANJARRÉS, JAIME BUENO, JAIRO PÉREZ, JORGE ECHEVERRÍA, JORGE ARRIETA, JOSÉ CARLOS AÑEZ, JOSÉ DELUQUEZ, JOSÉ FRAGOSO, JOSÉ MOJICA, JOSÉ BARLIZA, JOSÉ MARÍA GIL CARRILLO, JOSÉ RODRÍGUEZ ARENA, JOSÉ GAMEZ MÉNDEZ, JOSÉ CAMPO LOAIZA, JUAN ALVARADO PALOMINO, JUAN REDONDO, LAUDITH SIERRA, LIBIA OLIVELLA, LUIS CAICEDO, LUIS GRIEGO, LUIS PÉREZ, MANUEL PÉREZ, MARÍA PÉREZ, MARIELA FUENTES, MIRONEL SOLANO, NEVAS MEJÍA, NIDIA JULIO, OMILSIA QUINTERO, PABLO CUELLO, PEDRO JIMÉNEZ, RAFAEL AMAYA, RAFAEL BRACHO, RAFAEL DAZA, RAFAEL IGUARÁN, RAFAEL RODRÍGUEZ, RAMIRO FRÍAS, RODOLFO AYALA, ROSALBA POLO, SABINA MENDOZA, TEOBALDO PÉREZ, WILFRIDO SOLANO, WILLIAM VOLIRIA, BORIS PACHANO y EDUARDO SÁNCHEZ, y al cual se vinculó como denunciada del pleito y llamada en garantía a la ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P.
Ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla los demandantes persiguieron que la demandada, hoy recurrente, fuera condena a reajustarles hasta en un 15% anual su pensión de jubilación durante los años 2000, 2001 y 2002, conforme a lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo y la Ley 4ª de 1976, artículos 1° a 3º y, como consecuencia de ello, a pagarles las diferencias causadas, debidamente indexadas, los intereses moratorios y las costas del proceso.
Fundaron sus pretensiones en que les fue reconocida la pensión convencional por la ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., prestación que fue asumida por la demandada en razón de un convenio de sustitución patronal que suscribieron las dos empresas el 6 de julio de 1998; que en virtud de la convención colectiva de trabajo que creó el derecho sus pensiones se reajustan de conformidad con lo previsto por la Ley 4ª de 1976, esto es, como mínimo en un 15% anual, por ser inferiores a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que, como durante las anunciadas anualidades el aumento pensional fue inferior a esa tasa, se deben reajustar al 15%, y ordenar su pago, indexado, con el de los intereses de mora.
La demandada, aun cuando aceptó ser responsable de las pensiones de los actores en virtud de los acuerdos con la liquidada ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., se opuso a sus pretensiones aduciendo que los reajustes pensionales están regulados por la Ley 100 de 1993, pues la Ley 4ª de 1976 a la que se refería la norma convencional fue derogada. Propuso las excepciones de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, pago y conciliación.
La denunciada del pleito y, a la vez, llamada en garantía por la demandada, ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., afirmó que la omisión en el reajuste de las pensiones de los actores es imputable a la llamante no a ella, pues no es de su cargo tal acto, dado que la sustitución patronal fue posterior a las mismas. Agregó que el convenio suscrito con la demandada es distinto al suscrito por aquélla con ELECTRANTA. Por su lado, planteó las excepciones de buena fe, pago legal, inexistencia de las obligaciones, prescripción y cobro de lo no debido,
Fue proferida el 11 de julio de 2006, y con ella el Juzgado absolvió a la demandada y a la llamada en garantía de las pretensiones de los actores, sin lugar al pago de costas.
La alzada se surtió por apelación de los demandantes y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal de Barranquilla resolvió revocar la sentencia de su inferior, y en su lugar, condenar a la demandada a reajustar la pensión convencional de jubilación de los actores en un 5.77% para el año 2.000, en un 6.25% para el año 2001 y en un 7.35% para el año 2002. Dispuso que las sumas adeudadas fueran indexadas, absolvió a la demandada de las restantes pretensiones y le impuso el pago de las costas del primer grado. Declaró sin responsabilidad alguna a la ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., y se abstuvo de fijar costas por la apelación. Y al adicionar la sentencia ordenó que el dicho reajuste se hiciera «extensivo a los años subsiguientes al dos mil dos (2002), y hasta cuando se den las situaciones de hecho y de derecho a que ha dado lugar la condena impuesta».
Para lo primero, una vez precisó que la pretensión fundamental de los actores era la del reajuste de sus pensiones «con base en el artículo 106, parágrafo 3º, de la compilación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, vigentes para los períodos 1983-1985, 1988-1989»; trascribió el artículo 106 de la citada ‘compilación’ que dijo remitir a la Ley 4ª de 1976; y copió el artículo 1º de la mentada ley que previó un reajuste pensional anual no inferior al 15% para las prestaciones hasta de un valor equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, asentó que la alegación de la demandada de que no procedía la aplicación del porcentaje previsto en la citada norma por haber sido derogada por las leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 no tenía cabida alguna, dado que, «como lo tiene prohijado la jurisprudencia laboral, cuando se pacta en una convención colectiva de trabajo la aplicación de un precepto legal, el hecho de que la norma sea desaparecida del mundo jurídico por ser derogada expresa o implícitamente por otra, no implica per se, su aniquilamiento del convenio colectivo, pues si las partes lo (sic) mantienen en vigor, su implementación es válida», de donde concluyó que «a los demandantes les asiste el derecho a los reajustes solicitados por cuanto en la convención colectiva de trabajo que consagra el beneficio objeto del presente litigio, independientemente de la vigencia legal de la Ley 4ª de 1976, se encuentra actual y válidamente estipulado. Y quien tiene que asumir esa obligación es precisamente la demandada Electrificadora del Caribe S.A., E.S.P.», pero no la llamada en garantía, habida cuenta de que los reajustes reclamados «corresponden a los años 2000 a 2002, cuando ya la llamada a juicio estaba sin existencia jurídica, no puede entonces responder ella por obligaciones de las cuales no comprometió su responsabilidad». En apoyo de su aserto copió los apartes que consideró pertinentes de la sentencia de la Corte de 24 de agosto de 2000 (Radicación 14489).
Agregó el juzgador que el Acto Legislativo 01 de 2005 no tenía incidencia alguna en los derechos en disputa, por cuanto «los demandantes adquirieron el reajuste pensional de conformidad con la Ley 4ª de 1976 antes del mencionado Acto Legislativo».
Negó prosperidad a la excepción de prescripción, porque la demanda fue radicada el 8 de noviembre de 2002, es decir, para ese momento «no habían transcurrido los tres (3) años que establecen las normas para su ocurrencia»; y la de cosa juzgada propuesta respecto de algunos de los actores, porque si bien se había estipulado en las respectivas conciliaciones que los reajustes pensionales se harían a partir del año 2.000, y de conformidad con la ley, lo cierto era que ello «quebranta el sentido protector y de mayor beneficio que consagra la disposición convencional que se ha venido estudiando (…), lo cual implica que se traduzca en una renuncia de derechos convencionales que proscribe nuestra legislación laboral en el artículo 14 del C.S. del Trabajo», aparte de que «una prestación o una garantía extralegal, una vez concedida o establecida, queda incorporada al respectivo contrato de trabajo y protegida por la ley».
Y para lo segundo, esto es, la adición de la sentencia, invocó la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte de 31 de agosto de 1962 (Tomo CXLVIII, 1ª parte, 116 y 117), para aseverar que «cuando se trata de obligaciones periódicas que se cumplen por anualidades y en tracto sucesivo, como en el presente caso, el juez podrá declara su procedencia, todo ello como deber y facultad del juzgador, y sin que se pueda alegar que con esta decisión se desbordan los límites de su actividad judicial, al no haber sido propuestas expresamente por la parte demandante, como tampoco que se incurra en una incongruencia de la sentencia, pues las vigencias futuras están ínsitas en las pretensiones, y sobre todo que al momento del fallo ya se han causado en parte», de donde resolvió «adicionar la sentencia en el sentido de que los reajustes pensionales anuales ordenados y por los cuales se condenó (…), también se extenderá a los años subsiguientes al dos mil dos (2002), y esto hasta cuando se den las situaciones de hecho y de derecho a que ha dado lugar la condena».
En la demanda con la que lo sustentó, que fue replicada, pretende la Empresa recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, incluida su adición, para que en sede de instancia, confirme la absolutoria del juzgado. En subsidio, que case la sentencia del Tribunal «en cuanto extendió la condena a todos los demandantes y las proyectó más allá del año 2002, en instancia se reforme la decisión del A quo para que confirme la absolución que impuso respecto de los demandantes que conciliaron sus pretensiones con mi mandante y limite cualquier condena a los años 2000 a 2002».
Con tales propósitos le formuló dos cargos que, en su orden y con lo replicado, serán estudiados enseguida por la Corte.
Acusa la sentencia por aplicar indebidamente los artículos 260, 467, 469 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 33 de 1985; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993; 1502 del Código Civil; el Acto Legislativo 01 de 2005, y el artículo 53 de la Constitución Política, a causa de los siguientes errores evidentes de hecho:
Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes son ‘pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO’.
No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes son pensionados de la Electrificadora de la Guajira S.A. –E.S.P.-
Dar por demostrado, sin estarlo, que en las convenciones colectivas de trabajo obrantes ‘a folios 367 a 400 del informativo’ se encuentra pactado que a los beneficiarios de las mismas se aplican los ajustes pensionales previstos en la ley 4ª de 1976”.
Indica como pruebas mal apreciadas las convenciones colectivas de trabajo vigentes entre 1976 y 1984 (folios 367 a 400) y la compilación convencional del año 1999; y como no apreciadas las resoluciones pensionales expedidas por la Electrificadora de la Guajira S.A., E.S.P., de folios 122 a 146, y las expedidas por ésta y el I.S.S., de folios 232 a 263.
La demostración del cargo es posible reducirla a la aseveración de la recurrente de que el juzgador incurrió en los yerros enrostrados al aludir al artículo 106 de la compilación convencional, por cuanto «el parágrafo que transcribió no tiene nexo con este proceso porque se refiere a una electrificadora diferente a la que fungió como empleadora de los demandantes», tal y como se aprecia de las múltiples resoluciones pensionales que no advirtió. Agrega que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en las convenciones colectivas de folios 367 a 400 «no aparece el ellas ninguna alusión al ajuste de las pensiones con base en lo preceptuado en la ley 4ª de 1976 y la única alusión que podría asociarse con tal norma no está en esas convenciones, que fueron las únicas apreciadas por el Tribunal, lo que significa que el Ad quem derivó de las convenciones que apreció, una conclusión que evidentemente no existe en ellas o a la que no se puede llegar partiendo de ellas».
Los opositores afirman que el trámite seguido ante la Corte en este asunto está viciado de ilegalidad, habida consideración de no contar la demandada con legitimación en el recurso por cuanto en su momento no lo interpuso contra la sentencia complementaria sino apenas contra la sentencia inicial, lo que, en su parecer, contraviene lo dispuesto por los artículos 120 del Código de Procedimiento Civil y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues, en últimas, la sentencia que definió la instancia, que fue la complementaria, no fue impugnada. En consecuencia, solicitan a la Corte que emita dicha declaración. En relación con el ataque sostienen que el Tribunal expresamente dejó dicho que al contestarse la demanda la ahora recurrente confesó la aplicabilidad de los ajustes reclamados, así como que en la inspección judicial se agregaron las convenciones colectivas de trabajo respectivas. Adicionalmente, dicen, a folio 436 aparece la cláusula alusiva a la aplicación de la citada Ley 4ª de 1976 a los trabajadores de Electroguajira S.A., E.S.P.,
Previamente a resolver el ataque propuesto se impone a la Corte decir que no asiste justificación alguna a los opositores al predicar la ilegalidad de la actuación hasta ahora surtida en el recurso extraordinario con el argumento de que la interposición de la impugnación contra la sentencia de 31 de agosto de 2009, pero no contra la complementaria de 12 de noviembre de 2009, viola los artículos 120 del Código de Procedimiento Civil y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto el recurso procede es contra la sentencia que pone fin a la segunda instancia, para este caso la complementaria, no la inicial, por la potísima razón de que la sentencia judicial como acto procesal constituye una unidad de pensamiento del juez o tribunal sobre las diversas pretensiones, excepciones, hechos y alegaciones del proceso, susceptible de ser aclarada, corregida o incluso, adicionada o complementada por éste, pero en manera alguna revocada o reformada por él mismo. De consiguiente, la sentencia y su complemento no son dos actos procesales distintos, inconexos o separables, sino, precisamente, uno solo que puede comprender uno o varios pronunciamientos para cuya estructuración interna y externa, congruencia, precisión, claridad y adecuada motivación la ley fija un particular momento, pero que por las razones anotadas, puede ser aclarada, corregida o adicionada en otro posterior, conforme a reglas procesales predeterminadas.
De esa manera es que el legislador ha previsto que la sentencia judicial, como providencia final de la instancia que es, quede ejecutoriada y sea firme en un preciso término posterior a su notificación, cuando carece de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto aquellos, o cuando quede ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos, pero también, cuando quiera que habiéndose pedido oportunamente su aclaración o complementación, quede ejecutoriada la providencia que resuelva tales pedimentos (artículo 331 del Código de Procedimiento Civil). Igualmente, que proferida la providencia complementaria o la que niegue la complementación solicitada, dentro de su ejecutoria se pueda apelar de la inicial, y que la apelación contra una providencia «comprenda la de la que resuelva sobre la complementación solicitada» (artículo 352 ibídem). De similar forma, que los términos para interponer el recurso de casación se cuenten a partir de la notificación de la sentencia de segundo grado (artículo 369 ibídem y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) --que lo es en estrados--, salvo que, oportunamente, se haya pedido su corrección, aclaración o complementación, pues en tal caso el término inicial se interrumpirá, es decir, no correrá, en otras palabras, se restablecerá, pues apenas se contará desde el día siguiente al de la notificación de la respectiva providencia de corrección, aclaración o complementación.
En suma, la interposición del recurso extraordinario, de un lado, comprende la sentencia de segundo grado como una unidad, no como una fracción de la misma, obvio, en las materias que le fueren desfavorables al recurrente; y de otro, sólo precluye cuando hubieren vencido los términos previstos por el legislador para tal efecto, esto es, contados a partir de la notificación de la sentencia --que lo es en estrados o por estrados se repite--, o si se interrumpieren por fuerza de la petición de corrección, adición o complementación, contados éstos desde la notificación de la providencia que resolviere tales solicitudes.
Así las cosas, como en este caso la sentencia del Tribunal fue proferida el 31 de agosto de 2009, el término para interponer el recurso de casación empezó a correr el día martes 1º de septiembre de esa misma anualidad, pero, como la parte demandante pidió su adición oportunamente --el 3 de septiembre--, y esa solicitud fue definida por providencia de 12 noviembre siguiente, la interposición del recurso por la demandada --que lo pudo ser desde el mismo 31 de agosto de 2009 al proferirse el acto-- el 21 de septiembre resultó en tiempo, comprendiendo no solamente la providencia del 31 de agosto contra la cual se dirigió, sino también la del 12 de noviembre con la cual se resolvió la complementación que encontró procedente el juzgador de la alzada.
En consecuencia, asistió total razón al Tribunal cuando en providencia del 25 de octubre de 2010 negó a los actores idéntica solicitud a la aquí resuelta, y sobre la cual insisten.
Con la anterior necesaria y previa precisión pasa la Corte al estudio de los yerros endilgados al juzgador de la alzada, de lo cual resulta objetivamente lo siguiente:
1.- Aun cuando es cierto que el Tribunal al aludir a la norma de la compilación convencional, de donde consideró que los actores perseguían el reajuste pensional previsto por la Ley 4ª de 1976, consignó el parágrafo tercero del artículo 106 que refiere ese derecho a los pensionados «por la Electrificadora del Atlántico», como se señala en el primero de los errores de hecho que se imputan por la recurrente a su fallo, no es cierto que haya dado por demostrado que éstos en verdad hubieran sido pensionados por esa particular empresa, pues a lo largo de los antecedentes de su decisión dejó claro que éstos habían aducido ser servidores de la Electrificadora de la Guajira S.A., E.S.P.; que la demandada había sustituido en sus obligaciones pensionales a la misma, y que de las convenciones colectivas suscritas entre aquélla y sus servidores surgía el derecho al reajuste pensional reclamado, particularmente del artículo 9º de la convención colectiva de trabajo para el período 1993 a 1995 (folio 798).
Por manera que si bien, la anotación del Parágrafo Tercero del artículo 106 de la compilación convencional, vigente para 1999, según se ve, aparece desfasada, por ser lo cierto que en el texto de lo copiado se refiere a servidores de la «Electrificadora del Atlántico S.A.», cuando los actores discutieron el derecho reclamado desde la condición de ex servidores de la «Electrificadora de la Guajira S.A.», ello no pasa de ser un mero ‘lapsus’ o yerro de atención del juzgador respecto del expediente, pues en modo alguno concluyó, como lo asevera la demandante en el recurso, que éstos hubieran sido servidores de la primera y no de la segunda --que es a lo que se refiere en el segundo error de hecho del presente cargo--.
2.- Cierto es que el Tribunal afirmó que «a folios 367 a 400 del informativo» obraba la convención colectiva de trabajo con nota de depósito, de donde fluía que se les aplicaban a los actores los citados reajustes pensionales, tal y como se recuerda por la recurrente en el tercero y último de los mentados yerros, lo cual es equivocado, pues a lo largo de esos folios del expediente si bien aparecen copias de diversas convenciones colectivas de trabajo entre la agremiación sindical ‘SINTRAELECOL’, Seccional Guajira, y la ‘Electrificadora de la Guajira S.A.’, no se ve allí la de la vigencia 1993 a 1995 que es la que se le tuvo como fuente del derecho reclamado.
Lo anterior podría dar lugar a abrirse paso el tercero de los yerros probatorios enrostrados por la recurrente al Tribunal. No obstante, ello no es así, pues lo medianamente voluminoso del expediente parece haber generado en el juez de la alzada un yerro de atención más, dado que a folios 434 a 439, como parte del haz probatorio que el juzgador llamó ‘compilación de las convenciones colectivas de trabajo’, obra la copia de la antedicha convención colectiva de trabajo vigente para el trienio 1993 a 1995, con la nota de depósito respectiva y suscrita entre la agremiación sindical ‘SINTRAELECOL’, Seccional Guajira, y la ‘Electrificadora de la Guajira S.A.’ en la cual se observa la aludida cláusula a la que se refirió el juzgador como fuente del derecho reclamado y que literalmente expresa:
La empresa Electroguajira S.A. reconocerá a sus pensionados y jubilados los beneficios a que tienen derecho de acuerdo con la Ley cuarta de 1976 (…).
Por manera, que así se diera razón a la recurrente en que el Tribunal erró al identificar e individualizar los medios de convicción en los que afincó su conclusión sobre la procedencia de los reajustes pensionales de la Ley 4ª de 1976 a los actores, ello a nada conduciría, pues al hacerse el estudio de los restantes medios de prueba que hicieron parte del haz probatorio recaudado en la instancia se llegaría a la misma certidumbre: obra un cláusula convencional que remite los derechos de los pensionados de la ‘Electrificadora de la Guajira S.A’ a la Ley 4ª de 1976, que fue de donde partió la inferencia del Tribunal para concluir que por fuerza del convenio entre la Electrificadora de la Guajira S.A., E.S.P., y la demandada en las instancias Electrificadora del Caribe S.A., E.S.P., esta última asumió la prerrogativa reclamada.
Como a lo anotado se contrajo el cargo, lo dicho bastaría para desestimarlo, pues de la calidad de pensionados de los actores de la Electrificadora de la Guajira S.A., no queda duda alguna en el proceso, como tampoco de la existencia de la cláusula convencional de la cual hizo la deducción el Tribunal sobre la posibilidad de su derecho. A pesar de tal cosa, importa a la Corte agregar que tanto la revisada convención colectiva de trabajo, como las que le siguieron hasta la del bienio 1998-1999, visibles hasta el folio 450 del expediente al cual debió referirse el juzgador en lugar del 400, recogen en su artículo primero el concepto de ‘compilación convencional positiva’, en el entendido de que para sus períodos permanecieron las prerrogativas reconocidas anteriormente. De ese modo, ha de entenderse que allí también se incluyeron los beneficios derivados de la Ley 4ª de 1976.
Y en ese estado de cosas, bien vale la pena recordar, a manera de mera ilustración por supuesto, que la Corte en múltiples sentencias ha asentado su punto de vista sobre la consignación de cláusulas convencionales similares o muy parecidas a la anotada. Entre ellas, la CSJ SL, del 25 de sep. de 2012, rad.39783, en los siguientes términos:
“Así las cosas, debe advertirse que la cláusula octava de la convención colectiva de trabajo 1985-1987, dispuso, de acuerdo con el texto que reprodujo el Tribunal y que igualmente trajo a colación la censura y que no refuta la oposición, que la Electrificadora del Magdalena S. A. seguirá reconociendo a sus pensionados todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976.
“El contenido de la citada cláusula convencional es claro y escueto en cuanto a seguir reconociendo a los pensionados todos los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, sin que se observe por manera alguna que fuera claramente la intención de los contratantes de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras la misma Ley 4ª de 1976 estuviera vigente. Bien pudiera decirse, que todos y cada uno de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 forman parte integral de la cláusula octava del convenio colectivo en mención.
“Y así se dice, puesto que es elemental afirmar que la Ley 4ª de 1976, durante su vigencia, tenía que aplicarse a todos los pensionados con independencia de que sus beneficios no estuvieran regulados en una convención colectiva. En otras palabras, no se necesitaba de estipulación convencional alguna para aplicar directamente esos derechos a sus destinatarios.
“Si ello es así, también podría afirmarse, como consecuencia, y desde la óptica fijada por el Tribunal, que la cláusula octava de la convención colectiva de trabajo que se analiza, era inocua o sin sentido, en tanto no era esa disposición convencional la que le daba vigor o efectos jurídicos a la Ley 4ª de 1976, sino que era ésta misma, por razón de su fuerza de ley, la que disponía su vigencia sin estar sujeta a algún ordenamiento contractual. Ello equivale decir que así las partes celebrantes de la convención hubieran omitido incluir dentro de sus disposiciones el contenido de la Ley 4ª de 1976, ésta, como ya se ha dicho insistentemente, se le aplicaba a todos sus destinatarios.
“Si bien en esa oportunidad se dijo que los planteamientos de la sociedad demandada eran formalmente válidos, pero que había que respetarse el criterio del Tribunal, estima la Sala en este momento que el alcance de la norma convencional que aquí se examina, es el que se ajusta integralmente a su texto, por las razones que en precedencia se expusieron y que sirven para considerar finalmente que el Tribunal incurrió en la violación legal de que se le acusa, por lo cual habrá de casarse la sentencia.”
De lo que viene dicho, no prospera el cargo.
Ataca la sentencia, por vía directa, por aplicación indebida, de los artículos 50 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 311 del Código de Procedimiento Civil “como violación medio” de los artículos 14, 260 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 4ª de 1976 y 58 de la Constitución Política; y por infracción directa de los artículos 1º de la Ley 71 de 1988, 14 de la Ley 100 de 1993, 332 del Código de Procedimiento Civil y 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Cuestiona la recurrente al Tribunal ignorar el efecto de cosa juzgada originado en las conciliaciones a las que llegó con varios de los actores, «bajo el supuesto de haberse involucrado en dichas conciliaciones derechos ciertos» y ampliar las condenas «más allá de lo pedido en la demanda inicial para los años 2000, 2001 y 2002», y asevera que este ataque lo orienta contra el fallo como subsidiario del primero, pues opera solo respecto de los actores que celebraron con ella las citadas conciliaciones.
Para la recurrente, la violación de la ley deriva de haberse concluido por el Tribunal que en las dichas conciliaciones fueron afectados derechos adquiridos, cuando quiera que éstas fueron celebradas en 1998 y los presuntos derechos se redujeron a los años 2000, 2001 y 2002, posteriores a la adenda de aquellas, a lo que se agregaría que por las anualidades anteriores a 1998 no hubo discusión sobre sus reajustes.
Además, alega, a pesar de quedar definido el marco de las peticiones de los actores a los años 2000, 2001 y 2002, al complementar la sentencia el juzgador extendió la misma a otras anualidades con lo cual violó los conceptos extra y ultra petita, dado que no fueron discutidas en el proceso, ni probadas, aparte de que esas facultades no son propias del Tribunal sino apenas del juez del primero o único grado.
Los replicantes dicen que la decisión del Tribunal atacada no desconoce el fenómeno de cosa juzgada y se corresponde con la naturaleza de tracto sucesivo de la prestación en discusión.
Dos son los planteamientos de la recurrente en el presente cargo: el efecto de cosa juzgada de las conciliaciones que celebró con algunos de los actores respecto de los reajustes de la pensión de jubilación que les reconoció la empresa sustituida; y el exceso en la función judicial al extenderse los mentados reajustes a anualidades posteriores a 2002, por haberse limitado en la demanda inicial tal prerrogativa a los años 2000, 2001 y 2002.
En cuanto al primero cabe recordar que el Tribunal no dio paso a la excepción de cosa juzgada propuesta respecto de algunos de los actores, porque si bien se había estipulado en las respectivas conciliaciones que los reajustes pensionales se harían a partir del año 2.000, y de conformidad con la ley, lo cierto era que ello «quebranta el sentido protector y de mayor beneficio que consagra la disposición convencional que se ha venido estudiando (…), lo cual implica que se traduzca en una renuncia de derechos convencionales que proscribe nuestra legislación laboral en el artículo 14 del C.S. del Trabajo», aparte de que «una prestación o una garantía extralegal, una vez concedida o establecida, queda incorporada al respectivo contrato de trabajo y protegida por la ley».
En tal sentido lo que cabe decir es que asistió razón al juzgador al desatender la estipulación plasmada en las múltiples conciliaciones de que da cuenta el cargo y que, en tal aspecto, se contrajeron a buscar la pérdida de vigencia de los reajustes pensionales pactados convencionalmente y enmarcados en la Ley 4ª de 1976, por optar por los que en adelante, es decir, a partir de la data de las mismas, establecieran las normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.
Y ello es así por la simple razón de que, como bien lo anotó el juez de la alzada, el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y cada uno de los aludidos actores adquirió la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso la Electrificadora de la Guajira, S.A., fue causado, y en virtud de ello empezó a tener una incidencia en el valor o monto, por razón de su determinación en el porcentaje de aumento, del particular derecho pensional.
Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia CSJ SL, del 11 de feb. de 2003, rad.19672, a ese respecto:
“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.
“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.
“Pues bien, si no es posible renunciar a un derecho cierto e indiscutible por vía de transacción o de conciliación, menos, y a cambio de nada, es admisible y eficaz la renuncia a una pensión de jubilación ya causada, así tenga origen en convención colectiva de trabajo.
“Aquí, en este caso, por medio del artículo 16 de la convención colectiva de 1978, el Banco se comprometió para con sus trabajadores a reconocer una pensión de jubilación. Como ese precepto convencional no estableció limitación temporal o de cuantía, el Banco no podía, eficazmente, reconocer esa prestación con limitaciones de ese orden; ni tuvo eficacia la posterior renuncia de ese derecho, una vez causado, como lo fue para el demandante, porque ingresó a su patrimonio, cuando se dieron los supuestos del citado artículo 16 de la convención”.
Y en lo tocante con el segundo de los argumentos que la recurrente hace en el cargo contra la sentencia atacada, igualmente cabe decir que el Tribunal no infringió directamente ni aplicó indebidamente las preceptivas que ésta cita como violadas, al disponer por vía de la aditiva que los reajustes pensionales se extenderían a los años subsiguientes al 2002 y hasta cuando se produjeran las mismas circunstancias y se mantuvieran las mismas razones que condujeron a reconocerlos hasta esa data, que fue a la que en el marco inicial de la demanda aludió la parte actora su pretensión.
Lo dicho, por cuanto la congruencia de la sentencia judicial, que impone al juzgador resolver ‘sólo sobre lo pedido y sobre todo lo pedido’, persigue, de una parte, que no se desborde lo pretendido en la demanda, y de otra, que no dejen de resolverse las diversas pretensiones formuladas en aquélla. En uno y en otro caso, el exceso o el defecto en el marco de la decisión quiebran el principio de imparcialidad judicial y los derechos de defensa o de tutela judicial efectiva. Pero ello no quiere decir que atendida la naturaleza de las pretensiones propuestas, al decidirse sobre todos los puntos del litigio no queden comprendidas las que son consecuenciales de aquéllas. Tal es el caso de las obligaciones periódicas que se cumplen intermitentemente y de manera sucesiva, esto es, las llamadas obligaciones de tracto sucesivo, como lo son, sin duda alguna, las que competen a las pensiones de jubilación o de vejez.
Al resolverse la existencia del derecho pensional, o cualquiera de los aspectos que le son propios a la prestación durante su vigencia, como hipotéticamente lo puede ser el reajuste anual aquí pactado, su proyección sobre las mesadas por venir es inequívoca, por manera que en nada afecta el marco del litigio que en el fallo el Tribunal hubiere precisado esa incidencia, por ser obvio que ello ocurrirá en tanto se mantengan las circunstancias y las razones jurídicas que dan lugar a predicar de cada una de las mesadas causadas un efecto similar al de cosa juzgada. Más aún, entiende la Corte, ante tal situación, por ejercicio del principio de economía procesal, el Tribunal estaba llamado a evitar la posible continuidad litigiosa que pudiera derivarse del erróneo entendimiento de que las mesadas posteriores a 2002 no quedaban sujetas al pronunciamiento judicial aquí proferido.
Así como la cita jurisprudencial en la cual el Tribunal fundó la decisión aditiva cuestionada por la ahora recurrente, y respecto de la cual ninguna acotación en el recurso hizo, debiendo hacerlo, mantiene a manera de ver de la Sala toda su vigencia, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de referirse a situaciones de orden procesal que ameritan el pronunciamiento judicial ex officio que así se cobija.
En efecto, al desatar una acción de tutela en la cual el Tribunal se sustrajo a ordenar el pago de mesadas pensionales futuras, que ya se habían causado incluso para esa época pero que no se habían precisado en la sentencia declarativa del derecho, esta Sala de Casación asentó:
“(…), salta a la vista, entonces, que juzgado y Tribunal, en primer lugar, desnaturalizaron el carácter vitalicio de la prestación pensional reconocida en la sentencia materia de la ejecución; en segundo lugar, limitaron los alcances de la ejecución propia a la cual el accionante en ese momento echó mano para hacer efectivo su derecho; y en tercer lugar, desatendieron el carácter periódico de la prestación pensional y, obviamente, de sus reajustes, cuya ejecución regla de manera específica el legislador.
“En efecto, siendo la pensión de vejez una prestación de carácter vitalicio, conforme a las normas que la regulan, y cuya invocación no se hace menester a esta especialidad, y no habiéndose satisfecho conforme al petitorio de su acreedor, saltaba de bulto, sin que fuera necesario acudir para tal entendimiento a deducciones, inferencias o ejercicios académicos de alta complejidad, que la pretensión ejecutiva no se restringía a un determinado período o anualidad, sino, precisamente, por el carácter vitalicio de la pensión, desde que ésta se hizo exigible y no se pagó conforme a la decisión judicial y, por supuesto, hasta que se agotara su existencia.
“Y tal aserto fluye incontestable de la sentencia cuya ejecución persiguió ante el juzgado de conocimiento el ahora accionante, por ser inequívoco que ese juzgador fijó un valor a la prestación desde el 1º de julio de 2005, el cual debe ser ajustado en los términos de la ley por cada anualidad; y si en el petitorio se persiguió que “se profiera mandamiento de pago por la condena impuesta, y por las costas señaladas (…)” (folio 26 del expediente), que es lo único que le exige la ley al beneficiario con la condena para reclamar su ejecución (artículo 335 del Código de Procedimiento Civil), lo que procedía era dictar ese proveído conforme al texto mismo de la sentencia que condenó al demandado “a reconocer la pensión de vejez al señor (…), a partir del 1º de julio de 2005, en la suma de (…)” (folio 5 del expediente). La claridad, expresividad y exigibilidad de la prestación pensional ningún lugar a duda deja, como no se la podía dejar al juez de la ejecución y, aún, al de la alzada.
“Para rematar, desatendió el juzgado de conocimiento, y en eso lo avaló el de la alzada, que la prestación reclamada en la ejecución es de carácter periódico, pues se causa por mensualidades, por tanto, debía tenerse por cierto que en el mandamiento de pago, fruto de la comentada sentencia, quedaban incluidas las mesadas que se causaren desde la presentación de la petición ejecutiva (…).
“De modo que, por donde se mire, juzgado y Tribunal, haciendo caso omiso de estas reglas mínimas del derecho procesal, incurrieron en los desafueros atribuidos por el accionante, lesionando con ello sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y, de contera, a su mínimo vital fijado en buena lid judicial por el juzgado de conocimiento.
“Por lo dicho, se accederá la protección de los derechos fundamentales del accionante y se dispondrá, distinto a lo pedido por éste, que los juzgadores accionados corrijan los yerros advertidos, atendiendo las directrices aquí precisadas. Por tal razón, se declararán sin valor ni efecto las providencias censuradas para que se profieran las que den lugar al mandamiento de pago solicitado por el accionante.
“No sobra advertir que (…), mientras la prestación perviva como insoluta total o parcialmente, se mantiene potencialmente su ejecución” (sentencia de tutela de 3 de septiembre de 2013, Radicación 33520).
Recientemente, la Sala de Casación Civil adoptó idéntica posición a la aquí precisada por esta Sala, y a la señalada en la jurisprudencia por parte del Tribunal, al sostener que,
“1. Nuestro régimen de responsabilidad común por los delitos y las culpas consagra el principio de la reparación integral de los daños causados por acciones ilícitas, el cual impone como consecuencia necesaria en contra del autor de un acto lesivo la obligación de indemnizar a la víctima, tal como se infiere de la interpretación de los artículos 2341 y 2356 del Código Civil.
“En concordancia con esos preceptos, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.” [Se resalta]
“2.2. Mas también puede suceder que desde el momento de la presentación de la demanda se advierta la existencia de un daño futuro, aún no producido, pero que desde ya se muestre como una previsible agravación o prolongación en el tiempo del daño presente cuyo resarcimiento se reclama.
“Si la afectación a la salud aumenta entre el instante en que se formularon las pretensiones y la fecha en que se debe adoptar una resolución de fondo, el juez deberá incluir en el fallo la respectiva modificación del derecho sustancial sobre el cual versa el proceso, sin que ello comporte fallar extra o ultra petita, pues las secuelas provenientes del daño corporal no constituyen objetos autónomos sino más bien aspectos parciales del daño. Lo anterior, claro está, siempre que se pruebe que esas consecuencias derivan del mismo acto lesivo que dio origen a la acción civil, esto es que la agravación de la salud es el resultado del curso normal de las cosas y que no se debe a una causa extraña o a la propia culpa de la víctima”. (Sentencia de 18 de diciembre de 2012, Ref. Exp. 05266-31-03-001-2004-00172-01).
Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $6’500.000,00.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de agosto de 2009, adicionada el 12 de noviembre 2012, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso adelantado por ABRAHAM MAESTRE, AMILKAR RAMÍREZ, ANTONIA PUCHE, ANTONIO CUELLO, ARMANDO MENDOZA, ARNELIO SOTO, BELINDA ORTIZ, CÉSAR PÉREZ, CICERÓN BARROS, CLARA SUÁREZ, DARPIO SOLANO, DAVID RAMÍREZ, EDGARDO SUÁREZ, ELIZABETH PIMIENTA, ELVIRA QUINTANA, EMÉRITO GÓMEZ, ERIBERTO MORÓN, ERIK MANCILLA, ESTHER SALOMÉ, FIDEL ZÚÑIGA, FIDENCIO SANTIAGO, FRANCISCO CABALLERO, GUILLERMO SALINAS, ADAMIZ ALMENARES, IDELFONSO IGLESIAS, IRMA LÓPEZ, JAIME ARIAS, JAIME MANJARRÉS, JAIME BUENO, JAIRO PÉREZ, JORGE ECHEVERRÍA, JORGE ARRIETA, JOSÉ CARLOS AÑEZ, JOSÉ DELUQUEZ, JOSÉ FRAGOSO, JOSÉ MOJICA, JOSÉ BARLIZA, JOSÉ MARÍA GIL CARRILLO, JOSÉ RODRÍGUEZ ARENA, JOSÉ GAMEZ MÉNDEZ, JOSÉ CAMPO LOAIZA, JUAN ALVARADO PALOMINO, JUAN REDONDO, LAUDITH SIERRA, LIBIA OLIVELLA, LUIS CAICEDO, LUIS GRIEGO, LUIS PÉREZ, MANUEL PÉREZ, MARÍA PÉREZ, MARIELA FUENTES, MIRONEL SOLANO, NEVAS MEJÍA, NIDIA JULIO, OMILSIA QUINTERO, PABLO CUELLO, PEDRO JIMÉNEZ, RAFAEL AMAYA, RAFAEL BRACHO, RAFAEL DAZA, RAFAEL IGUARÁN, RAFAEL RODRÍGUEZ, RAMIRO FRÍAS, RODOLFO AYALA, ROSALBA POLO, SABINA MENDOZA, TEOBALDO PÉREZ, WILFRIDO SOLANO, WILLIAM VOLIRIA, BORIS PACHANO y EDUARDO SÁNCHEZ, contra la sociedad ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., y al cual se vinculó como denunciada del pleito y llamada en garantía a la ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P.

References: artículo 106
 artículo 106
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 9
 artículo 106
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 149
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 resolución