Source: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1054/15543
Timestamp: 2020-02-19 09:00:50+00:00

Document:
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Gracias.
Amanecieron con una sonrisa la Mesa Directiva. Eso es muy importante.
A nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, y de un servidor, Víctor Manuel Castro Cosío, ambos miembros de esta LXVI Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Morena.
Les planteamos a todos los que están atentos y atentas la siguiente exposición de motivos para reformar el artículo 59 de la Ley Orgánica de Obras y Servicios relacionados con las bases siguientes.
En Morena reconocemos la importancia fundamental que guarda la observancia y materialización de los principios de transparencia, honradez, eficacia y austeridad como ruta para lograr un estado de bienestar, desarrollo social y prosperidad al que como nación aspiramos.
Lamentablemente en nuestro país la corrupción es un fenómeno que lastima a la sociedad y se ha materializado en el robo directo de las arcas públicas, en los sobornos que favorecen a determinados agentes económicos y en la asignación ilícita de la obra pública.
En años recientes los casos de corrupción que se han hecho públicos han crecido de manera preocupante, la sociedad ve con enojo y frustración como gobernadores y funcionarios públicos de los diversos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una forma de vida a través del robo de miles de millones de pesos y en la mayoría de los casos gozando de impunidad y protección gubernamental.
Desafortunadamente la contratación pública es una de las principales actividades del Estado mexicano en que la corrupción se ve reflejada, eso derivado en gran medida de un diseño institucional, ilegal, flexible que permite y propicia la colusión de proveedores y contratistas en perjuicio del erario.
Lo anterior, además de afectar a las finanzas públicas, impacta de manera negativa que los particulares que esperan que los recursos económicos públicos sean administrados por el gobierno de manera eficiente, trasparente y honrada.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 reconoce los principios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez como las pautas a través de las que se deberán administrar los recursos públicos de la República.
Este mismo dispositivo constitucional señala que la contratación de obra se debe de adjudicar a través de licitaciones públicas con la finalidad de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
En al ámbito internacional nuestro país también ha reconocido y adoptado diversos principios en materia de contratación pública, tales como igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, confidencialidad, motivación de las decisiones, economía, eficiencia, eficacia, la consecución de objetivos sociales y la protección del medio ambiente.
En nuestro país la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo económico a nivel federal y local; la industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, ya que representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual 23 % corresponde al sector público, y de éste, 77 % es gasto federal.
En este sentido, la presente iniciativa propone mayores controles y establece mecanismos de transparencia en el procedimiento excepcional por virtud del cual se requiera la modificación contractual, y por ende una adecuación en montos y plazos.
Las modificaciones propuestas al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas consisten, en:
1.- Disminuir del 25 al 10 % el porcentaje del monto máximo por virtud del cual pueden modificarse los contratos de obra.
Establecer un máximo de tres convenios para el caso de que la modificación exceda del 10 % del monto inicialmente presupuestado.
Establecer requisitos mínimos que deben justificarse para el caso de solicitar las modificaciones de condiciones.
Mandatar que los convenios de modificación deberán ser autorizados por el titular de las dependencias o entidades respectivas.
Hacer público los convenios modificatorios en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas en CompraNet.
Con el propósito de exponer en forma clara las modificaciones a la que he hecho referencia, voy a presentar a la Comisión un cuadro comparativo con las propuestas que resumo de forma muy clara, las dependencias y entidades, dice la ley actual, podrán dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad, y por razones fundadas y explícitas modificar los contratos sobre la base de precios unitarios.
Proponemos una reforma al artículo 59, las dependencias y entidades podrán dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas modificar los contratos sobre la base de precio unitario, los mixtos de la parte correspondiente, así como los de amortización programado, mediante convenios, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 10 % del monto o del plazo pactado en el contrato ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original ni se celebren para eludir cualquier forma de cumplimiento de la ley o de los tratados.
Voy a entregar, si permite la Mesa Directiva para que la Comisión correspondiente analice esta iniciativa de reforma al artículo 59, y pedirles, pedirles de manera muy precisa que esta iniciativa busca el consenso para evitar que el erario público siga sufriendo los atentados permanentes por este método de la obra pública a ciertos y a cuáles.
Les pido su respaldo para esta iniciativa, llegado el momento.

References: artículo 59
 artículo 59
 artículo 134
 artículo 59
 artículo 59
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