Source: https://poderjudicial.gob.do/glosario/glosario.aspx?ID=P
Timestamp: 2019-07-20 18:59:49+00:00

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Documento que estipula un acuerdo o convenio de alcance nacional, regional, provincial o municipal, materializado por actores políticos, económicos y/o sociales, públicos y privados, con miras a consensuar o concertar sobre un conjunto de iniciativas y compromisos para alcanzar uno o más objetivos de la END 2030.
El pago sólo extingue la responsabilidad del contribuyente si es saldada en su totalidad la deuda tributaria, y todo excedente o faltante es objeto de las multas, moras y recargos establecidos en el Código Tributario.
Fuente: Tercera Sala S.C.J. 11/07/2012. Dirección General de Impuestos Internos Vs. Joyería Gianny, S.A.
Son valores representativos de deuda emitidos por personas jurídicas privadas a un plazo no mayor a un (1) año.
Es la extensión territorial continua, delimitada por un polígono cerrado de límites, objeto de un derecho de propiedad o copropiedad registrado, cuya existencia y elementos esenciales han sido comprobados y determinados mediante un acto de levantamiento parcelario documentado, aprobado y registrado en la Dirección Regional de Mensura Catastrales y en el Registro de Títulos correspondientes.1. Aprobada Es la parcela cuyo plano ha sido aprobado técnicamente por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, pero aún no ha sido registrada en el Registro de Títulos correspondiente. 2. Complejas. Son todas las parcelas de más de veinte mil metros cuadrados (20,000 m2) de superficie, y las parcelas con superficie menor a veinte mil metros (20,000 m2) sobre las que existen más de diez (10) Constancias Anotadas sin deslindar. 3. Registrada. Es la parcela cuyo plano ha sido aprobado técnicamente por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y ha sido registrada en el Registro de Títulos correspondiente. 4. Sencillas. Son aquellas parcelas con superficie menor a veinte mil metros cuadrados (20,000 m2) sobre las que existen diez (10) o menos Constancias Anotadas sin deslindar.
El que mata a su padre o madre legítimos, naturales o adoptivos, a sus ascendientes legítimos, se hace reo de parricidio.
Fuente: Art. 299 Código Penal.
Personas en conflicto envueltas en un proceso judicial. 1.Son todos aquellos que intervienen en un proceso en calidad de víctima, imputado, ministerio público, querellante, actor civil, tercero civilmente demandado e intervinientes forzosos o voluntarios.
Fuente: Resolución Núm. 886-2006, que aprueba el Reglamento para el Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial. y Resolución Núm. 1732-2005, que establece el Reglamento para la Tramitación de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones Judiciales de la Jurisdicción Penal.
Personas en conflicto envueltas en un proceso judicial. 1.Son todos aquellos que intervienen en un proceso en calidad de víctima, imputado, ministerio público, querellante, actor civil, tercero civilmente demandado e intervinientes forzosos o voluntarios. 2. relacionadas Se considerarán partes relacionadas las personas físicas, jurídicas o entidades, con respecto a las cuales se verifiquen algunos de los siguientes supuestos, siempre que una de ellas sea residente o esté situada en la República Dominicana: 1) Cuando una de las partes participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de la otra. Se entenderá que una persona o entidad participa directa o indirectamente en la dirección o el control de otra cuando posea el poder de influir o determinar las decisiones claves de esa otra persona o entidad 2) Cuando las mismas personas físicas, jurídicas o entidades participen directa o indirectamente en la dirección, el control o capital de dichas partes 3) Cuando una persona física, jurídica o entidad posea establecimientos permanentes en el exterior, respecto de éstos 4) Cuando un establecimiento permanente situado en el país tenga su casa matriz residente en el exterior respecto de otro establecimiento permanente de la misma o una persona física, jurídica o entidad relacionada con ella 5) Cuando una persona física, jurídica o entidad residente goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario de otra para la compraventa de bienes, servicios o derechos.
Fuente: Resolución Núm. 886-2006, que aprueba el Reglamento para el Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial. y Resolución Núm. 1732-2005, que establece el Reglamento para la Tramitación de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones Judiciales de la Jurisdicción Penal. Artículo 2. Dec. No. 78-14 que establece el Reglamento sobre Precios de Transferencia. G. O. No. 10749 del 14 de marzo de 2014.
Se considerarán partes relacionadas las personas físicas, jurídicas o entidades, con respecto a las cuales se verifiquen algunos de los siguientes supuestos, siempre que una de ellas sea residente o esté situada en la República Dominicana: 1) Cuando una de las partes participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de la otra. Se entenderá que una persona o entidad participa directa o indirectamente en la dirección o el control de otra cuando posea el poder de influir o determinar las decisiones claves de esa otra persona o entidad 2) Cuando las mismas personas físicas, jurídicas o entidades participen directa o indirectamente en la dirección, el control o capital de dichas partes 3) Cuando una persona física, jurídica o entidad posea establecimientos permanentes en el exterior, respecto de éstos 4) Cuando un establecimiento permanente situado en el país tenga su casa matriz residente en el exterior respecto de otro establecimiento permanente de la misma o una persona física, jurídica o entidad relacionada con ella 5) Cuando una persona física, jurídica o entidad residente goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario de otra para la compraventa de bienes, servicios o derechos.
Fuente: Artículo 2. Dec. No. 78-14 que establece el Reglamento sobre Precios de Transferencia. G. O. No. 10749 del 14 de marzo de 2014.
Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.
Fuente: Artículo 15. Ley 01-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. G.O. 10656.
Personas en conflicto envueltas en un proceso de mediación.
1.autónomo: Es el patrimonio de propósito exclusivo, independiente y separado, tanto jurídica como contablemente del patrimonio de la persona jurídica que lo administra y de cualquier otro patrimonio que esté bajo su administración, así como del patrimonio de quien lo constituye y de cualquier otra persona que pudiera tener interés en la operación para la cual fue creado. La transferencia de los bienes al patrimonio es de carácter irrevocable y los mismos son inembargables. Adicionalmente a lo establecido en esta definición, cada patrimonio autónomo constará de una denominación y características propias, además de cualidades particulares según su aplicación en el ámbito de fondos de inversión, titularización o fideicomisos de oferta pública. 2. fideicomitido: Es el patrimonio autónomo conformado por los bienes y/o derechos de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, corporal o incorporal, que el fideicomitente ha transmitido al fiduciario para la constitución de un fideicomiso, así como sus frutos y accesorios. Los bienes y/o derechos transmitidos por el fideicomitente, los frutos que éstos generen y los bienes incorporados durante la vigencia del fideicomiso, constituyen los activos del fideicomiso. Cuando se emitan valores de oferta pública con cargo al patrimonio del fideicomiso, éste tendrá, desde el momento de su constitución, carácter irrevocable. 3. separado: Es aquel patrimonio autónomo, inembargable e irrevocable cuya constitución se perfecciona con la suscripción del contrato de emisión marco del programa de valores titularizados, para que con cargo al mismo, a través de una compañía titularizadora, se emitan dichos valores. La transferencia de los bienes al patrimonio es de carácter irrevocable y los mismos son inembargables.
Fuente: Artículo 4. Resolución de fecha 6 de octubre del 2011 REGLAMENTO SOBRE FIDEICOMISO
Normas y procedimientos por los que se rige el Centro.
Pena o condena privativa de libertad
La privación de libertad, previamente prevista en la ley, impuesta en virtud de un proceso al condenado o condenada responsable de una infracción penal, mediante sentencia irrevocable, por un tiempo determinado.
Penas y medidas accesorias
Aquellas que acompañan a la pena principal, de privación de libertad, como son las costas, restitución de los objetos secuestrados, el decomiso y destrucción del cuerpo de delito.
Asignación o cantidad de dinero que recibe una persona periódicamente por servicios que ha prestado anteriormente, por méritos o por ser beneficiaria de un servidor judicial fallecido.
1. Esperadas: Se entiende como la probabilidad de que la entidad de intermediación financiera enfrente una pérdida asociada con algún(os) incumplimiento(s) de pago de sus deudores. Consiste en la porción de la cartera de créditos que es probable que no pueda ser recuperada, dados los factores y circunstancias existentes a la fecha de calificación. 2. por Deterioro Permanente: Es la que ocurre cuando algún o algunos eventos internos y/o externos impiden la cobranza de los pagos de capital o intereses. En este caso es probable que no se puedan cobrar todos los pagos de capital e intereses conforme a los términos del préstamo. 3. por Deterioro Temporal: Es la que ocurre cuando algún o algunos eventos internos y/o externos trastornan la capacidad del deudor, para cubrir en forma oportuna los pagos de capital o intereses conforme a las obligaciones de pago. No obstante, se espera que los eventos internos o externos dejen de tener este impacto en un período razonable y existen probabilidades razonables para que se pueda cobrar al deudor todos los pagos de capital e intereses.
Caso extraordinario de exención o reducción de la pena impuesta por el juez de fondo, conforme a los criterios establecidos en el Art. 340 del Código Procesal Penal.
Profesionales o expertos de diferentes especialidades que, a requerimiento de los participantes, informan sobre puntos relacionados con su especial saber o experiencia.
la afirmación de un hecho falso, bajo juramento o promesa de decir verdad; sea al declarar por ante algún Tribunal, Juez, funcionario u otra persona competente para recibir el juramento o la promesa; sea en algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso en que la ley exija o admita el juramento o la promesa;
Fuente: ART. 361 Código Penal Dominicano
El cambio o permuta es un contrato, por el cual las partes se dan respectivamente una cosa por otra.
Fuente: Art. 1702 del Código Civil Dominicano.
Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
se entiende: personas, grupos de personas, equipos y unidades constituidas que prestan asistencia humanitaria en el marco de una operación de socorro de las naciones unidas. Los siguientes son ejemplos de personal de socorro en casos de desastre que pueden actuar en cualquier caso de desastre: delegados de las naciones unidas. Expertos en misión por cuenta de las naciones unidas. Personal de intervención en casos de emergencia encargado de ayudar a los refugiados y a las personas desplazadas internamente. Equipos internacionales de búsqueda y rescate. Equipos médicos. Equipos especializados proporcionados por organizaciones militares, de defensa civil y de protección civil extranjeras (equipos rmdc - recursos militares y defensa civil). Equipo de las naciones unidas para la evaluación y coordinación de desastres (undac).
Peticiones o solicitudes y quejas
Medio o vía que tiene abierta el condenado o condenada para acudir, por sí o a través de su representante, por ante el Juez de la Ejecución de la Pena, cuando por acción u omisión le sean afectados derechos y garantías consagrados en la Constitución, los tratados internacionales, en el Código Procesal Penal y en la Ley sobre Régimen Penitenciario y otras leyes especiales.
Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)
Instrumento de planificación a mediano plazo, articulado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contiene las prioridades a nivel de políticas de regulación, programas y proyectos, con sus respectivos objetivos, metas y requerimientos de recursos, para un período de cuatro años, y que es consistente con la política fiscal y el marco financiero del Presupuesto Plurianual.
1. de descripción de unidades de condominio: Es la planilla principal del plano donde se muestra como está integrada cada unidad de condominio, y cual es el destino, ubicación y superficie de los sectores que la integran. 2. de superficies: También llamada planilla de cierres, es una planilla que muestra un resumen por plantas de la conformación del condominio. La utilidad de esta planilla reside en su función de control de las superficies, ya que permite identificar errores los cierres de cada planta. 3.resumen: En esta planilla se muestra un resumen general del condominio en forma sintética y permite interpretarlo en primera instancia.
1. Es un documento donde se representa gráficamente, a través de signos la realidad territorial. Un plano puede estar compuesto de varias láminas o planchas. 2.Definitivo Es el plano que cuenta con la aprobación técnica de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. En materia de División para la Constitución de Condominio, es el plano aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, que representa los distintos sectores de un condominio, como resultado de su identificación y dimensionamiento en el terreno. 3. General Es el que comprende todas las parcelas involucradas en el acto de levantamiento parcelario. individualEs el que comprende una sola parcela de la resultante del acto de levantamiento parcelario. 4. PreliminarEs el plano de División para la Constitución de Condominio, aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, que representa los sectores de un condominio de una construcción en Proceso y está basado en los planos de proyecto del edificio, estando la existencia de las Unidades Funcionales condicionadas a la presentación y aprobación de los Planos Definitivos.
Documentos que contienen las bases que guían a los interesados en participar en el proceso de compras de bienes y contratación de obras y servicios, en la que se incluyen alcances, requerimientos, planos para el caso de obras, especificaciones técnicas o términos de referencias que guían o limitan a los interesados a presentar sus ofertas.
La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar.
Fuente: Artículo 255 Constitución Dominicana del 2010.
Conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado, en relación a una cuestión de interés colectivo.
Fuente: Art. 54 de Código Proteccion Derechos Niños Niñas y Adolescentes.
Se denomina porción individual o porción de parcela al inmueble ubicado dentro del ámbito de una parcela, objeto de un derecho de propiedad registrado y sustentado en una Constancia Anotada, cuyas dimensiones, ubicación y designación catastral individual no han sido determinadas mediante un acto de levantamiento parcelario, ni ha sido verificada su existencia real en el terreno.
Fuente: art. 2228 del Código Civil
Precalificación Financiera
Evaluación crediticia realizada por parte de la entidad de intermediación financiera seleccionada por el Cliente, que determina si éste último califica para la obtención de un financiamiento de largo plazo que le permita adquirir una vivienda de bajo costo.
La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquél a quien se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición.
Fuente: Art. 297 del Código Penal Dominicano
la garantía otorgada, al amparo de la presente ley, sobre frutos cosechados o por cosechar, materias primas, productos elaborados o semielaborados, animales, vehículos, equipos, maquinarias, combustibles, instrumentos, utensilios, herramientas, materiales u otros bienes mobiliarios, para garantizar las obligaciones que se contraigan por préstamos, créditos, fianzas y demás operaciones de crédito, conservando el deudor la posesión de los bienes dados en prenda, cuidadosa y gratuitamente, y el derecho de usarlos conforme a su destino, cuando no se trate de bienes consumibles. Esta garantía puede ser otorgada o recibida por cualquier persona natural o jurídica. PARRAFO.- La prenda sin desapoderamiento a que se refiere este artículo puede ser otorgada también para garantizar operaciones de crédito que no se relacionen con el fomento agrario, siempre que se cumplan todos los requisitos que más adelante se establecen.
Fuente: Art. 200 Ley 6186
La prescripción es un medio de adquirir o de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones que determina la ley.
Fuente: Art. 2219 del Código Civil.
Extinción de la pena basada en el transcurso del tiempo, que se cuenta desde la fecha de la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena, según lo regulado en el Art. 439 del Código Procesal Penal.
La Presidencia de la República es un órgano de naturaleza unipersonal cuyo titular es el o la Presidente de la República, quien en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno es la autoridad máxima de la Administración Pública. Para el despacho de los asuntos de gobierno cuenta con la colaboración inmediata del o la Vicepresidente y de las y los ministros, conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes
Fuente: Artículo 16.- Ley Orgánica de la Administración Pública, No. 247-12. G.O.10691
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2 del presente Reglamento, las operaciones de servicios suministrados entre partes relacionadas se considerarán pactadas de acuerdo a los precios o montos que habrían sido acordados entre partes independientes, si:El servicio ha sido efectivamente prestadoEl servicio que se presta proporciona un beneficio económico o comercial a quien lo recibe El valor o monto pactado corresponde al que hubiera sido acordado por servicios comparables entre partes independientes y Salvo disposición en contrario, en el caso de que se trate de servicios entre relacionadas del exterior deberá retenerse e ingresar a la Administración Tributaria, con carácter de pago único y definitivo la tasa establecida en el Artículo 297 del Código Tributario.
Fuente: Artículo 13. Dec. No. 78-14 que establece el Reglamento sobre Precios de Transferencia. G. O. No. 10749 del 14 de marzo de 2014.
Prestadora de servicios de telecomunicaciones
es aquella entidad autorizada por el instituto dominicano de las telecomunicaciones (indotel), que está debidamente facultada para proveer servicios de telecomunicaciones, de conformidad con la ley no.153-98, general de telecomunicaciones.
1. de Consumo: El préstamo de consumo es un contrato, por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas que se consumen por el uso, quedando obligada esta última a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 2. de Uso: El préstamo a uso o comodato es un contrato, por el cual una de las partes entrega una cosa a otro para servirse de ella, con la obligación en el que la toma de devolverla después de haberla usado.
Fuente: Arts. 1875 y 1892 de Código Civil Dominicano
1.	Presunciones: Son presunciones, las consecuencias que la ley o el magistrado deduce de un hecho conocido a uno desconocido.1. Legales: La presunción legal, es la que se atribuye por una ley especial a ciertos actos o hechos, tales como: 1o. los actos que la ley declara nulos, por presumirse hechos en fraude de sus disposiciones, atendida a su propia cualidad; 2o. los casos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de ciertas circunstancias determinadas; 3o. la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada; 4o. la fuerza que la ley da a la confesión de la parte o a su juramento.
Fuente: Arts. 1349 y 1350 del Código Civil Dominicano.
Instrumento de programación presupuestaria a mediano plazo del sector público no financiero, que contiene las proyecciones totales de ingresos, gastos y financiamientos consistentes con la sostenibilidad fiscal a corto, mediano y largo plazo, la totalidad de la producción de bienes y servicios de las instituciones públicas y el financiamiento de los programas y proyectos prioritarios, definidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Publico.
Son reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: los oficiales de policía, los fiscales, jueces o sus suplentes, que provocaren, dieren o firmaren una providencia o mandamiento, con el fin de perseguir personalmente, o poner en estado de acusación, al Presidente y Vicepresidente de la República, a los Secretarios de Estado, a los Senadores, Diputados al Congreso, a los Magistrados y Procurador General de la República, al Prelado y las dignidades del cabildo eclesiástico, los agentes diplomáticos de la República, los delegados y comisionados del Gobierno y los Gobernadores de las Provincias, sin las autorizaciones prescritas por la Constitución y las leyes del Estado; o que, salvo los casos de flagrante delito o de clamor público, dieren o firmaren sin las mismas autorizaciones, el mandamiento de prisión, o de arresto, contra uno o muchos de los funcionarios especificados en el presente artículo.
Fuente: Art. 121 del Código Penal Dominicano.
Adopción y promoción de medidas adecuadas tendentes a evitar los riesgos de daño, contaminación o contagio.
Formato digital audio visual contentivo de las declaraciones informativas rendidas por personas en condición de vulnerabilidad, víctima o testigo, a través de la entrevista que realiza un/a profesional de la psicología, el cual permanece bajo custodia del Centro de Entrevistas.
Los órganos de las Administración Pública estarán jerárquicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los órganos superiores de la Administración Pública con competencia en la materia respectiva, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones y órdenes. Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes se publicarán y difundirán de conformidad con la ley.
Fuente: Artículo 12 ley 147-12. Ley Orgánica Administración Pública. G.O. 10691
1. de juridicidad: En cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado. 2. de servicio objetivo a las personas: Que se proyecta a todas las actuaciones administrativas y de sus agentes y que se concreta en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, proscribiendo toda actuación administrativa que dependa de parcialidades de cualquier tipo. 3. promocional: Expresado en la creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad de oportunidades de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando igualmente la participación. 4.de racionalidad: Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática. 5. de igualdad de trato: Por el que las personas que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, garantizándose, con expresa motivación en los casos concretos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato. 6. de eficacia: En cuya virtud en los procedimientos administrativos las autoridades removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán la falta de respuesta a las peticiones formuladas, las dilaciones y los retardos. 7. publicidad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer administrativo: En el marco del respeto del derecho a la intimidad y de las reservas que por razones acreditadas de confidencialidad o interés general sea pertinente en cada caso. 8. de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos. 9. de proporcionalidad: Las decisiones de la Administración, cuando resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las personas, habrán de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los límites o restricciones habrán de ser aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberán ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecución de la finalidad pública que pretenda obtenerse; y, finalmente, habrán de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado por la medida restrictiva. 10. de ejercicio normativo del poder: En cuya virtud la Administración Pública ejercerá sus competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los intereses generales. 11. de imparcialidad e independencia: El personal al servicio de la Administración Pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo y actuar en función del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares próximos, tengan cualquier tipo de intereses o pueda existir conflicto de intereses. 12. de relevancia: En cuya virtud las actuaciones administrativas habrán de adoptarse en función de los aspectos más relevantes, sin que sea posible, como fundamento de la decisión que proceda, valorar únicamente aspectos de escasa consideración. 13. de coherencia: Las actuaciones administrativas serán congruentes con la práctica y los antecedentes administrativos salvo que por las razones que se expliciten por escrito sea pertinente en algún caso apartarse de ellos. 14. de buena fe: en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 15. de confianza legítima: En cuya virtud la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia Administración en el pasado. 16. de asesoramiento: El personal al servicio de la Administración Pública deberá asesorar a las personas sobre la forma de presentación de las solicitudes y su tramitación.17. de responsabilidad: Por el que la Administración responderá de las lesiones en los bienes o derechos de las personas ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la actividad administrativa. Las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 18. de facilitación: Las personas encontrarán siempre en la Administración las mayores facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten, especialmente en lo referente a identificar al funcionario responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a conocer el estado de tramitación, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al órgano competente, a ser oído y a formular alegaciones o a la referencia a los recursos susceptibles de interposición. 19. celeridad: En cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. 20. protección de la intimidad: De forma que el personal al servicio de la Administración Pública que maneje datos personales respetará la vida privada y la integridad de las personas, prohibiéndose el tratamiento de los datos personales con fines no justificados y su transmisión a personas no autorizadas. 21. de ética: En cuya virtud todo el personal al servicio de la Administración Pública así como las personas en general han de actuar con rectitud, lealtad y honestidad. 22.de debido proceso: Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
Fuente: Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.
1. de competencia Toda competencia otorgada a los entes y órganos que conforman la Administración Pública comprende una facultad de actuar y una obligación de ejercerla bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia será irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los casos de delegación y avocación. 2. de eficacia de la actividad administrativa La actividad de los entes y órganos de la Administración Pública perseguirá el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y convenios de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por el o la Presidente de la República. La Administración Pública debe garantizar la efectividad de los servicios públicos y otras actividades de interés general, en especial su cobertura universal, continua y de calidad. Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad y evitar dilaciones indebidas. La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los entes y órganos de la Administración Pública del Estado se corresponderá a la misión de éstas, y la actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará a las de aquellas. 3. de funcionamiento planificado y evaluación del desempeño y de los resultados El funcionamiento de los entes y órganos que conforman la Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos u operativos y a los convenios de gestión. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados. 4. Principio de jerarquía Los órganos de las Administración Pública estarán jerárquicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los órganos superiores de la Administración Pública con competencia en la materia respectiva, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones y órdenes. Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes se publicarán y difundirán de conformidad con la ley. 5. de juridicidad La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignación, distribución y ejecución de las competencias de los entes y órganos administrativos se sujeta a lo dispuesto por la Constitución, las leyes y los reglamentos dictados formal y previamente conforme al derecho. 6. de lealtad institucional Los entes y órganos que conforman la Administración Pública actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia: (i) respetarán el ejercicio legítimo de las competencias por parte de otros órganos y entes administrativos ii) considerarán, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otros entes u órganos (iii) facilitarán a los otros órganos y entes la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, los cuales en el uso de dichas informaciones respetarán cualquier limitación dispuesta por la ley, y (iv) prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia que los otros entes y órganos pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias. Las normas y actos dictados por un ente u órgano administrativo en el ejercicio de sus competencias propias deberán ser acatados por los demás entes y órganos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otro ámbito de la Administración Pública. 7. de racionalidad El tamaño y la estructura organizativa interna de los entes y órganos de la Administración Pública serán proporcionales y consistentes con los fines y propósitos que les han sido asignados. Las formas organizativas que adopte la Administración Pública serán las necesarias para el cumplimiento de sus metas y objetivos y propenderán a la utilización racional de los recursos del Estado. 8. de rendición de cuentas El ejercicio de toda autoridad o función administrativa supone la obligación de las autoridades o funcionarios de la Administración Pública de rendir cuentas por su actuación en los términos y condiciones que determine la ley. 9. de responsabilidad fiscal de la organización No podrán crearse nuevos entes y órganos en la Administración Pública que impliquen un aumento en el gasto corriente o endeudamiento del Estado y de las entidades descentralizadas territorialmente, sin que se creen o prevean nuevas fuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor magnitud a la necesaria para permitir su funcionamiento. 10. de Separación de Funciones El principio de separación de funciones se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución que establece que los poderes del Estado: “... son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones...". Del mismo modo está contenido en los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este principio implica que, en el ámbito de cualquier proceso, las funciones jurisdiccionales deben estar separadas de aquellas encaminadas a la investigación y acusación, constituyendo las primeras, la tutelar de las garantías constitucionales y reservadas al juez o tribunal, y las segundas, a los funcionarios del ministerio público. Esta separación de funciones un estandarte del debido proceso que fortalece la independencia e imparcialidad del juzgador. 11. de simplicidad y cercanía organizativa a los particulares. La Administración Pública perseguirá la simplicidad institucional en su estructura organizativa, asignación de competencias, adscripciones administrativas y relaciones interorgánicas e intersubjetivas. La estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, cercanía y participación de los particulares de manera que les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la información que requieran por cualquier medio. 12. de transparencia Las personas tienen el derecho de ser informados de manera oportuna, amplia y veraz sobre la actividad administrativa y los resultados de la gestión pública. En consecuencia, los entes públicos establecerán sistemas que suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, con el fin de que se pueda ejercer el control social sobre la gestión pública. Cualquier administrado puede solicitar, de conformidad con la ley, a los entes y órganos de la Administración Pública, la información que desee sobre la actividad de éstos. Todos los entes y órganos de la Administración Pública mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de las personas, en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización, la de los órganos dependientes y la de los organismos autónomos que le están adscritos, así como guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de su competencia. 13. de unidad de la Administración Pública Todos los entes y órganos que ejerzan una función administrativa estarán regidos en el cumplimiento de su misión por el principio de unidad de la Administración Pública. En consecuencia, incumbirá a las autoridades del Estado determinar las condiciones y normas esenciales de organización y funcionamiento de los servicios públicos, lo cual requiere disponer y ejercer un control jerárquico, de fiscalización o de tutela, para garantizar la protección del interés general y de los derechos de las personas. El o la Presidente de la República es la máxima autoridad rectora de la Administración Pública en el marco del Poder Ejecutivo y, en tal condición, posee prerrogativas de regulación, dirección y control sobre la función administrativa y sobre los entes y órganos que la ejercen, para garantizar la unidad de la Administración Pública, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
1. de especialidad Consiste en la correcta determinación e individualización de la parcela, propietarios, acreedores y derechos que se ejercen sobre el inmueble. 2. de especialidad en relación al inmueble Un inmueble está correctamente determinado e individualizado cuando se ha determinado su estado parcelario por una mensura, y se conocen en consecuencia sus límites, ubicación y dimensiones y tiene una designación catastral, los cuales se hallan documentados en un plano.
1. Acceso a la justicia Toda persona tiene derecho a acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. 2. Celeridad Toda persona tiene derecho a acudir a un método rápido y efectivo de solución alterno de disputa, conforme lo establece el Código Procesal Penal y la presente Resolución, a fin de resolver en forma definitiva los conflictos jurídicos surgidos a raíz de un hecho punible. 3. Confidencialidad Las partes tienen derecho a que el mediador, el conciliador, los participantes, los abogados y cualquier otra persona presente en el proceso se abstengan de divulgar las informaciones propias de los asuntos tratados en el proceso de mediación y conciliación, así como de garantizar que las discusiones, posiciones, pruebas y decisiones tomadas en el proceso de mediación o de conciliación, no serán consideradas en otras fases del proceso penal, si hubiere lugar a ello. 4. igualdad entre las partes en el proceso El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refiere de manera específica a la igualdad de todos ante los tribunales, en su artículo 14.1 que consagra: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de Justicia", por lo que debe acordarse tanto a la víctima o demandante que reclama investigación, juicio o indemnización, como al imputado o justiciable, un trato igualitario, cual que sea su condición personal. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 14.3, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en su Artículo 8.2, establecen las condiciones materiales en que se fundamenta esta igualdad al establecer, con estos fines, como garantías mínimas las siguientes: a) ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella b) disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección c) ser juzgada sin dilaciones indebidas d) hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección a ser informada, si no tuviera defensor del derecho que la asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la Justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo e) interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo f) ser asistida gratuitamente por un interprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal g) no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. y h) derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. El derecho al debido proceso implica la observancia estricta al principio de la igualdad de las personas ante la ley, traducido éste en el ámbito procesal como la igualdad de las partes o igualdad de armas y el principio de no-discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Principio de imparcialidad y la independencia La imparcialidad y la independencia, como garantías del debido proceso, se encuentran contenidas en el artículo 8 numeral 2 letra j de la Constitución de la República que dispone: “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial...", del mismo modo, por el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por el artículo 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La independencia y la imparcialidad del juzgador constituyen conceptos íntimamente relacionados entre sí. Por su independencia, el juez sólo se encuentra sometido a la Constitución y a la ley, encierra un aspecto externo y orgánico referido al Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado y frente a los denominados grupos de presión y a los poderes de hecho de carácter público o privado y, un aspecto interno como garantía de los ciudadanos, para tutela del derecho a un juez sobre quien no sea posible la injerencia o influencia de sus pares de igual o superior categoría para adoptar decisiones jurisdiccionales. La imparcialidad le impide al juez hacer actuaciones propias de las partes, como proponer, obtener o aportar pruebas, desacreditar en audiencia a un testigo u otros medios de prueba sometidos por las partes no puede asumir los roles del fiscal ni de la defensa, y armoniza con las labores de orden y dirección del proceso judicial y no se afecta por el control disciplinario de la conducta del juez, cuando este control es ejercido según las reglas del debido proceso en torno a las faltas cometidas en la función o en ocasión de estas, sin tocar a las cuestiones jurisdiccionales que atienden a los asuntos decididos o por decidir. La imparcialidad e independencia son reflejadas por los convenios que las prescriben como un derecho subjetivo del ciudadano frente a sus jueces y un deber de los jueces frente a los ciudadanos. Según su presupuesto, los jueces no pueden dejarse influenciar por ningún otro interés que no sean los significados de las normas vigentes y la verdad de las pruebas aportadas y no representa un interés a favor o en contra de las partes. Principio de juicio previo Es una garantía consagrada por la Constitución en su artículo 8 numeral 2 letra j) que establece que: “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres." En igual sentido disponen los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este principio implica no tan sólo que nadie podrá ser condenado sin la previa celebración de un juicio revestido de todas las formalidades y garantías acordadas por la ley, sino que vincula prerrogativas fundamentales como la libertad, la intimidad, las comunicaciones telegráficas y cablegráficas y muchas otras de igual rango y naturaleza que sólo podrán ser limitadas, mediante la debida autorización judicial. Principio de legalidad de la sanción, condena y del proceso El derecho a un proceso legal deriva del principio de legalidad, consagrado en el artículo 8 numeral 5 de la Constitución, que dispone “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe". Del mismo modo consagrado por el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Consiste este principio en el aseguramiento de que nadie será objeto de persecución, ni sujeto de proceso sin la existencia de una ley previa que confiera fundamento legal a la intervención de las autoridades. En el ámbito del derecho penal se traduce en que nadie puede ser procesado ni sancionado sino como consecuencia de una ley existente previamente al hecho imputado (ium delito sine lege previa). Principio que se extiende hasta la ejecución de la pena (a poena). Si bien la garantía de legalidad es, en la práctica, aplicable comúnmente a la materia penal, no menos cierto es que la misma es aplicable “mutatis mutandi" a las demás ramas del derecho, salvo las excepciones de lugar. Principio de única persecución o non bis in idem La garantía o derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho se encuentra expresamente consagrada en la Constitución de la República, en el artículo 8 numeral 2 letra h) que establece que: “Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa". Del mismo modo, se encuentra establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, la que en su artículo 8.4 y por el Artículo 14.7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Este derecho, integrante del debido proceso, no es solo una garantía procesal sino un principio político de seguridad individual que prohíbe la doble persecución por un mismo hecho. La prohibición que impide el doble procesamiento, persecución, juzgamiento y pronunciamiento frente a un mismo hecho, integra en su contenido dos principios fundamentales: 1) El de la cosa juzgada y el de la litispendencia. Principio del juez natural o regular El derecho a ser juzgado por un juez natural o regular y pre-constituido está expresamente consagrado en el Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Tal garantía implica que, el órgano judicial ha de preexistir al acto punible, ha de tener un carácter permanente, dependiente del Poder Judicial, y creado mediante ley, con competencia exclusiva, indelegable y universal para juzgar el hecho en cuestión. Supone también, una implícita prohibición de crear organismos ad-hoc o post-facto tribunales o comisiones especiales para juzgar los actos punibles, sin atender a la naturaleza del acto ni al tipo de persona que lo cometa. El juez natural ha de tener un carácter previo y permanente. Este principio funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación de los poderes del Estado en perjuicio de los ciudadanos. Principio derecho a la defensa o asistencia técnica El derecho a la defensa o asistencia técnica está consagrado en el artículo 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente, por el Artículo 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Resolución Sobre Defensa Judicial, No. 512-2000, dictada por esta Corte en fecha Diecinueve (19) de Abril del 2002. Esta garantía consiste en el derecho irrenunciable que se le consagra al imputado de ser asistido por un abogado para ayudarle en sus medios de defensa. Es decir, por un abogado de su elección. El juez está obligado a permitir que el imputado sea asistido por su abogado y, en caso de que este no tenga o no quiera nombrar uno, debe velar por el nombramiento de uno a cargo del Estado, como son los abogados de la Defensoría Judicial o los de oficio. Implica, igualmente, este principio la posibilidad de que el justiciable se pueda comunicar con su abogado de forma permanente y efectiva durante la sustanciación del proceso en cualquier fase, desde el momento del arresto. Este principio es aplicable, por igual, en todos los ámbitos. Principio derecho a no declarar en contra de sí mismo o de no autoincriminación El artículo 8 numeral 2 literal i), de la Constitución dispone: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo" en igual sentido se pronuncia el artículo 8.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Durante el proceso, el imputado goza de un estatuto jurídico de presunción de inocencia. La Constitución prohíbe los actos de torturas y consagra que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Por lo que éste no está llamado a probar nada frente a una acusación judicial nadie puede obligar ni intentar obligar a un imputado a colaborar con la investigación del delito que se le atribuye ni a confesarse o declararse culpable. En consecuencia, el imputado no podrá ser inducido, engañado o violentado a declarar o producir prueba en contra de su voluntad, lo que se conoce como exclusión de coacción de cualquier naturaleza. Por tanto, la declaración del imputado debe ser considerada un medio para su defensa y no un medio de prueba, por lo que se proscribe, en este sentido, imponerle su intervención activa como órgano de prueba. De su negativa a declarar o actuar no pueden derivarse consecuencias que le perjudiquen. Principio Derecho a reparación de la víctima La víctima tiene derecho a la reparación del daño sufrido a causa del hecho punible. Las prestaciones de reparación no deben gravar ni al lesionado ni al autor en forma desproporcionada o inexigible. Principio derecho al recurso efectivo El derecho a un recurso efectivo está contenido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho del imputado a “...recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior". Del mismo modo ha sido previsto en el artículo 14.5 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley". El recurso contra la sentencia se concibe como una garantía procesal conferida al condenado, a quien se le reconoce el derecho a que se examine, por un tribunal superior, la legalidad y razonabilidad de toda sentencia o resolución judicial que imponga a la persona un agravio irreparable o de difícil reparación, especialmente cuando ese gravamen incida sobre uno de sus derechos o libertades fundamentales, como es la libertad personal. Este derecho no está concebido como un medio de control de los órganos jurisdiccionales superiores sobre los inferiores. Mediante ese recurso, el condenado hace uso de su derecho a requerir del Estado un nuevo examen del caso como una forma de sentirse satisfecho o conforme con la decisión obtenida. Lo que conduce a la exigencia de que para poder ejecutar una pena contra una persona es necesario, siempre que lo exija el condenado, un doble juicio. Del mismo modo es necesario concluir que no es admisible ningún mecanismo que tienda a evitar, minimizar o eventualmente poner en peligro el derecho conferido al condenado de obtener este doble juicio. El recurso, mediante el cual se examina la decisión, debe ser reglado por el ordenamiento interno de manera que, mediante él, pueda anularse o corregirse los rechazos indebidos de prueba, la lesión al derecho de defensa y los errores graves de hecho y de derecho en su apreciación. En fin, el recurso debe ser lo suficientemente efectivo como para garantizar los derechos del procesado o imputado. estatuto de libertad El estatuto de la libertad está contenido en el artículo 8 numeral 2 literal b) de la Constitución de la República que consagra: “Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito." En el mismo tenor se establece en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en los artículos 8, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El estado de libertad está consagrado como un derecho inherente y fundamental a todo ser humano, contenido en estatutos legales, y es una consecuencia del amparo constitucional expresado bajo la forma de que nadie puede ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente permitiéndose el estado restrictivo de la libertad como medida cautelar, temporal y dentro del plazo razonable, no como una sanción anticipada capaz de lesionar el principio de inocencia sino, como una medida cautelar excepcionalmente admitida cuando concurran razones suficientes para acordar la prisión preventiva. Estas razones deben fundarse, entre otros elementos, en la presunción de fuga o más bien en la certeza de que el individuo se sustraerá a los actos del procedimiento o al juicio. formulación precisa de cargos El derecho a conocer el contenido exacto de la acusación deriva de los artículos 8.1 y 8. 2. b de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En virtud de este principio, la autoridad persecutora está en la obligación procesal de individualizar, describir, detallar y concretizar el hecho constitutivo del acto infraccional del que se acusa al imputado, debiendo consignar la calificación legal y fundamentar la acusación, la que debe estar encaminada, esencialmente a una formulación de cargos por ante el juez o tribunal, que debe cumplir con la formalidad de motivación escrita, asegurando de esta forma la no violación del debido proceso y que el ciudadano sea juzgado sin previa información de los hechos puestos a su cargo aun en los casos de que la acusación provenga de parte privada. Para satisfacer el voto de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en torno a la garantía del procesado de conocer la imputación en su contra, es necesario que en los actos encaminados a imputar el hecho se consigne claramente: 1) el hecho, en su contexto histórico, es decir dejando claro la fecha, hora y lugar de su ocurrencia. 2) Las circunstancias del mismo 3) Los medios utilizados 4) Los motivos y 5) Los textos de ley que prohíben y sancionan la conducta descrita en la imputación. En fin, todo elemento que permita al imputado conocer exactamente de que se le acusa y, en consecuencia, ejercer satisfactoriamente el derecho a defenderse. Lo anterior revela que la acusación no puede fundarse en la enunciación de la denominación legal de la infracción y a la enunciación de los textos que se afirma violados. garantía de respeto a la dignidad de la persona La dignidad de la persona humana está contenida en los preámbulos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en otros instrumentos reconocidos por el Estado en materia de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 5.1 dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral del mismo modo el Artículo 5.2 prevé que “nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Como se puede observar su protección ante los tribunales de la República tiene su fundamento en las normas constitucionales que prohíben la pena de muerte y empleo de torturas y de tratamientos vejatorios o que impliquen la perdida o disminución de la salud o de la integridad física de las personas. La protección de este derecho ha sido desarrollada en la legislación adjetiva dominicana, incriminando los actos de torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, lo mismo que los actos de discriminación. Por lo cual, tal como prevén los acuerdos internacionales sobre protección de las personas antes estos actos, no pueden ser validamente admitidos por los tribunales los elementos de prueba obtenidos con empleo de torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, y más aún, constituyen un acto delictuoso. Gratuidad Los servicios de administración de justicia, incluyendo los procedimientos de resolución alterna de conflictos, se administrarán gratuitamente en todo el territorio de la República. Informalidad Toda persona tiene derecho a que se le garantice de manera simplificada el acceso y desarrollo efectivo y personal de los servicios de administración de justicia. legalidad de la prueba El principio de la legalidad de la prueba es consustancial con las garantías judiciales, entendidas éstas como procedimientos o medios para asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Este principio de la legalidad de la prueba es parte del derecho al debido proceso de ley, por lo que los medios de prueba son los que pueden justificar la imputación de un hecho punible, y, en consecuencia, que se pueda determinar la restricción de la libertad personal del acusado. Las pruebas, y sólo las legalmente admitidas, son pertinentes en la acreditación de la verdad del hecho imputado, y justificantes de la motivación de la sentencia condenatoria o absolutoria. Este principio también es aplicable en la substanciación de cualquier otro proceso de carácter penal o determinación de derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, disciplinario, administrativo u otros. Pero es necesario enfatizar que el medio o instrumento de prueba sólo es válido si es adquirido y admitido de modo lícito, con respeto estricto a los derechos humanos, libertades y garantías constitucionales del imputado o justiciable y en apego a las reglas establecidas en las diferentes normas que regulan el mecanismo de la reconstrucción del hecho y de la recolección de las pruebas. motivación de decisiones La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente, en nuestra normativa interna, en el artículo 15 de la Ley 1014, de 1935, en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 24 de la Ley No. 3726 del 1953. La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso, la que sólo puede ser lograda cuando se incluya una valoración adecuada de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, lo que fortalece la seguridad jurídica a que aspiran disfrutar los ciudadanos de manera objetiva. Criterio que ha sido ampliamente tratado en múltiples decisiones de esta Suprema Corte de Justicia. (Entre otras, Sentencia No. 18 del 20 de octubre de 1998,). obligación de decidir En el ámbito de la normativa supranacional, esta obligación se encuentra contenida en el artículo 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual es responsabilidad del Estado signatario la de: “...garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso...". La obligación, de decidir impuesta al Juzgador está, igualmente, contenida en el artículo 4 del Código Civil dominicano que dispone: “El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia". Esta garantía resulta una cuestión imperativa, en todo estado de derecho, que obliga a decidir de manera equitativa, efectiva y pronta, dentro de los plazos consagrados, la solución de los conflictos humanos, teniendo en cuenta que las normas procesales existen y deben ser interpretadas para facilitar la administración de la justicia y no como un obstáculo para que los ciudadanos accedan a ella, resultando obligatorio el principio de que los jueces y tribunales deben fallar los asuntos sometidos, aun en los casos de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes y sin demorar su decisión. personalidad de la persecución El principio o garantía de personalidad de la persecución está contenido en el artículo 102, parte in fine, de la Constitución de la República que dispone: “Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro." Esto se traduce en cuanto a la persecución en la obligación del Estado, a través del órgano acusador, es decir del ministerio público, de individualizar al acusado de manera que exista certeza de que efectivamente se juzgará a quien se le pretende imputar la materialización de un hecho, sobre todo, que no existan dudas razonables sobre la identidad del perseguido o acusado declarando y describiendo, de manera clara y precisa los fundamentos de la acusación que justificaren la pretensión punitiva, de manera que no sea sometida a los rigores de un proceso judicial otra persona todo lo anterior se contrae a la aplicación del principio de que nadie puede ser responsable, en el ámbito del derecho penal, por el hecho de otro .PRINCIPIO PLAZO RAZONABLE El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable está contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable...". Del mismo modo está consagrado en el Artículo 14.3.c del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho “a ser juzgado sin dilaciones indebidas". Presencia indispensable e insustituible de las partes Las partes deben comparecer personalmente, asistidas o no, al procedimiento de resolución alterna de conflicto con miras a la solución efectiva del mismo. Dicha presencia no puede sustituirse por la representación, salvo cuando se trate de incapaces. presunción de inocencia El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre del 1948, expresa: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa." En el mismo sentido el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Este principio de presunción de inocencia pone a cargo de la acusación, ya sea el ministerio público, el querellante o parte civilmente constituida, la obligación de destruir esa presunción de inocencia, y, en consecuencia, el imputado o justiciable tiene derecho a ser considerado y tratado como tal en el proceso, y mientras este dure y culmine en sentencia condenatoria irrevocable. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia, de fecha 12 de noviembre de 1997, expresa que el propósito de las garantías judiciales, es el de afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada igualmente ha juzgado, mediante sentencia del 18 de agosto del 2000, que: “el principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del Artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla". Privacidad De conformidad con los principios generales que rigen la resolución alterna de conflictos, se exige que el proceso de mediación y conciliación transcurra sin intervención de terceros, salvo los involucrados en la solución del conflicto. Voluntariedad Las partes son libres de acogerse o no a la mediación o conciliación, de desistir en cualquier momento y de alcanzar los acuerdos que estimen oportunos, conforme a sus respectivos intereses en los casos permitidos por el Código Procesal Penal. Cuando la ley prevea un preliminar obligatorio de conciliación o mediación, el agotamiento de esta fase no implica la obligación de llegar a un acuerdo.
Fuente: Fuente: Resolución 1029-2007, que Reglamenta los Procedimientos de Resolución Alterna de Conflictos Penales establecidos en la Ley núm. 76-02, que crea el Código Procesal Penal Fuente: Resolución núm. 1920-2003, sobre Medidas Anticipadas al Nuevo Código Procesal Penal.
1. de la autonomía de la voluntad Principio de la fuerza absoluta y vinculante de la voluntad de las partes, o lo que es lo mismo, el carácter y fuerza de ley entre las partes de un contrato, por decisión voluntaria y libre de quienes lo suscriben, sin con ello sustituir, cambiar, renunciar o convenir ninguna ley, el orden público y las buenas costumbres.
Selección que debe hacer el juez de atención permanente tomando en cuenta la naturaleza del caso, el derecho envuelto, la necesidad inminente del solicitante y la actuación inmediata de la autoridad judicial de conformidad con lo previsto por el artículo 22.
Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable, mediante el uso de técnicas de codificación, de modo que no permita identificar a la persona física ante terceros.
Aquellos actos judiciales relacionados con la imposición de medidas de coerción y protección de las garantías constitucionales que requieren intervención urgente. 1. de disociación Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable, mediante el uso de técnicas de codificación, de modo que no permita identificar a la persona física ante terceros.
Fuente: Artículo 6 de la Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. Resolución Núm. 1733-2005, que establece el Reglamento para el Funcionamiento de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanen
La titularización es un proceso que se inicia con la transferencia irrevocable de bienes o activos con características comunes, a una compañía titularizadora, para la constitución de un patrimonio separado. Dicho proceso continúa con la emisión y colocación de los valores titularizados y termina con la extinción del patrimonio separado. Párrafo. La extinción del patrimonio separado se da una vez que se hayan redimido todos los valores emitidos, se hayan terminado de pagar todas las obligaciones del patrimonio separado y se haya culminado con su liquidación.
Fuente: Artículo 416.Dec. No. 664-12 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores, No. 189-11. Deroga el Reglamento No. 729-04. G. O. No. 10702 del 12 de diciembre de 2012.
Bienes o servicios producidos por instituciones públicas, que satisfacen necesidades directas e inmediatas de la sociedad.
1. del Plan Nacional Plurianual del Sector Público: Conjunto de acciones públicas coordinadas y articuladas coherentemente, a ser ejecutadas por una o varias instituciones públicas o entes no gubernamentales delegados, que se orientan hacia el logro de uno o más objetivos de la END 2030, y expresan las prioridades del Programa de Gobierno.2. Presupuestario: Categoría programática que forma parte del presupuesto de un organismo público y está conformada por proyectos y/o actividades. Su producción es terminal, y para su ejecución se asignan recursos humanos, materiales y financieros, a cargo de una o varias unidades ejecutoras responsables. 3. de Depósitos Corresponde al cronograma de los depósitos mensuales, iguales y consecutivos que establecerá el titular o titulares de una Cuenta de Ahorro Programado (CAP) al momento de la apertura de la misma, con la finalidad de completar el monto del inicial para la adquisición de una vivienda de bajo costo, cuyo valor deberá alcanzar por lo menos el diez por ciento (10[[[]][%][]]) del precio de la vivienda a adquirir, en función del rango de monto de vivienda de bajo costo al que podría acceder, en base a su capacidad de pago. El cliente podrá realizar aportes voluntarios extraordinarios.
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y reglamentos.
Fuente: Art. 544 del Código Civil Dominicano.
Se denomina propietario originario a la persona física o moral, pública o privada, a nombre de quien se registró el derecho de propiedad de un inmueble complejo. El propietario originario se distingue por haber sido quien transfirió las porciones individuales vinculadas al inmueble complejo.
Fuente: Resolución Núm. 3461-2010 . Reglamento para la Actualización Parcelaria y Registral de Inmuebles Complejos
persona física o moral que abastece de bienes o servicios a la Institución, incluyendo el servicio de construcción de obras.
La provincia es la demarcación política intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes. La ley definirá todo lo relativo a su composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas.
Fuente: Artículo 197 Constitución Dominicana del 2010.
Provisión de Cargos Judiciales
Forma en que se cubren las posiciones vacantes en el Sistema de Carrera Judicial, mediante los procedimientos de ascensos y traslados de jueces miembros de la Carrera Judicial.
Estimación preventiva de pérdidas asociadas a cartera de crédito.
Conjunto de actividades que requieren el uso de recursos del Presupuesto Público, con inicio y fin claramente definidos y con una localización geográfica específica, cuyo propósito es generar capacidad, expresada en capital fijo, humano o nueva creación de conocimiento, a efectos de incrementar la producción de bienes o la prestación de servicios orientados a la solución de problemas de la población, y cuyos impactos contribuyan al logro de la END 2030.
Proyecto de Vivienda de Bajo Costo
Se refiere a los Proyectos de soluciones habitacionales, con participación de los sectores públicos y/o privados, cuyas unidades tendrán un valor igual o inferior a dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00), monto que será ajustado anualmente por la inflación, conforme a las disposiciones del Artículo 327 del Código Tributario de la República Dominicana. Estos proyectos podrán beneficiarse del desarrollo y aplicación de los instrumentos legales, financieros y fiscales previstos en la Ley No.189-11, orientados a reducir los costos de las viviendas para facilitar su acceso a los trabajadores.
Divulgación de las informaciones relativas a la provisión de cargos judiciales, a todos los jueces miembros de la carrera judicial.
Puesto de acopio
lugar donde deberá operar una persona física o jurídica para desarrollar la actividad de comercialización, almacenamiento y clasificación de desperdicios y desechos de metales ferrosos y no ferrosos, chatarras, y desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, radiadores de aluminio, cobre, bronce, zinc y toda clase de metal para el comercio interno.
Es una metodología que se basa en modelos de tipo probabilísticos, matemáticos y econométricos, que tratan de medir una serie de variables y datos con la finalidad de obtener información valiosa para la toma de decisiones crediticias, aplicando evaluaciones actuariales estadísticas por medio de programas informáticos especializados de análisis retrospectivo y de tendencia inferencial para tal fin.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 15
 Artículo 4
 Resolución 
 Artículo 255
 Artículo 16
 Artículo 2
 Artículo 297
 Artículo 13
 Artículo 12
 artículo 4
 resolución 
 artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 14
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 14
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 resolución 
 artículo 8
 artículo 14
 Artículo 5
 Artículo 5
 resolución 
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 141
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 102
in fine
 artículo 8
 Artículo 14
 resolución 
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 8
 Artículo 8
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 Artículo 6
 Resolución 
 Artículo 416
 Resolución 
 Artículo 197
 Artículo 327