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Timestamp: 2019-11-18 19:47:24+00:00

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La inspección sobre la VPP en Galicia por el IGVS - Lago Silva Avogado
8 mayo, 2018 By David L. Deja un comentario
La inspección sobre la VPP en Galicia por el IGVS
La compra de una vivienda de protección oficial puede suponer una oportunidad para que personas jóvenes (y no tan jóvenes) puedan acceder a su primera vivienda en propiedad.
Pero el tiempo pasa, y las circunstancias familiares y/o profesionales cambian, haciendo que dicha vivienda ya no se adapte a nuestras necesidades. Ello implica que los propietarios busquen otras alternativas, como una nueva vivienda en la que residir, abandonando la citada Vivienda de Protección Oficial.
Para ello, existe la descalificación de la vivienda.
No seguirlos podría suponer ser objeto de un procedimiento de inspección, que para Galicia el organismo competente es el Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta de Galicia, pudiendo culminar con sanciones cuantiosas para los propietarios.
En la zona del Baixo Miño actualmente solo existen este tipo de viviendas en O Rosal y Tui, siendo estas viviendas de promoción pública.
La pretensión de este artículo es analizar el procedimiento de inspección para este tipo de vivienda y las consecuencias de no cumplir con las obligaciones adquiridas mediante el régimen de protección establecido.
1 Clases de viviendas protegidas
2 Obligaciones de los propietarios de las Viviendas de Promoción Pública
3 El procedimiento de inspección del IGVS
4 Procedimiento sancionador en materia de Vivienda de Protección Pública por el Instituto Galego de Vivenda e Solo
4.1 Notificación del acuerdo de incoación
4.1.1 Reconocer voluntariamente la responsabilidad
4.1.2 Pagar previamente a la resolución del procedimiento
4.1.3 Realización de alegaciones
4.2 La práctica de la prueba
4.3 Propuesta de resolución
4.3.1 Realizar el pago de la sanción propuesta
4.3.2 Realización de alegaciones complementarias
4.4 Resolución del procedimiento
En Galicia existen dos tipos de viviendas protegidas:
Las Viviendas de Promoción Pública (VPP).
Las Viviendas de Protección Autonómica (VPA).
En este artículo nos centraremos en las primeras, encontrándose reguladas las mismas en la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia. Puede consultarse dicho texto legal aquí.
Obligaciones de los propietarios de las Viviendas de Promoción Pública
Es de recibo recordar que la protección de este tipo de viviendas es de TREINTA años.
El régimen de protección de las viviendas protegidas de promoción pública, así como el de las viviendas protegidas de protección autonómica construidas en un suelo desarrollado por un promotor público, tendrá una duración de treinta años desde la fecha de su calificación definitiva.
Durante dicho lapso temporal, dicha vivienda tendrá que ser el domicilio habitual y permanente del propietario, no pudiendo arrendarse, todo ello sin perjuicio de la autorización permanente.
Las situaciones citadas anteriormente son las infracciones más habituales que realizando los propietarios de este tipo de propiedad protegida.
Las viviendas protegidas, durante la vigencia de su régimen jurídico previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo, deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de las personas adquirentes, adjudicatarias, promotoras individuales para uso propio o de las arrendatarias, en caso de que se promuevan para alquiler, sin que en ningún caso puedan dedicarse a segunda residencia o a cualquier otro uso, salvo en los casos previstos en la presente ley. No perderán tal carácter por el hecho de que se ejerza o desarrolle en ellas una profesión o un oficio compatible con el uso residencial y siempre que se cuente con la autorización del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Dicha autorización no exime a la persona interesada de recabar los restantes permisos, licencias o autorizaciones contemplados en la normativa vigente.
Para el caso de que no fuese vivienda habitual de los propietarios, la sanción podría llegar hasta los 30.000 euros.
Si además se procediera a la cesión de la misma o se obtuvieran rendimientos sobre la misma mediante el arrendamiento, la sanción podría ser de 600.000 euros.
En relación con las viviendas de promoción pública, el subarrendamiento, de modo oculto o manifiesto, o la cesión de la totalidad o de parte de la vivienda adjudicada.
El procedimiento de inspección del IGVS
De forma rutinaria, ante la menor sospecha o mediando denuncia de que un propietario de este tipo de vivienda no este cumpliendo con las obligaciones establecidas al acceder a las mismas, podría ser objeto de una inspección.
Dicho trámite consiste en que dos agentes adscritos al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) se personan en la propiedad a fin de averiguar si la misma es vivienda habitual y permanente del propietario.
Para ello es habitual que se fijen en detalles tales como:
Nombres de las personas que figuran en el buzón, así como el estado del mismo (el hecho de contener numerosas cartas y/o propaganda podría ser un indicio de que no es residencia habitual).
Si las persianas se encuentran bajadas.
Llamar a la puerta del inmueble e identificar a quien les abre con una breve entrevista.
Acudir al padrón municipal a fin de identificar a los inquilinos de dicha propiedad.
En caso de duda también podrían solicitar a los propietarios que acrediten, de forma previa a un expediente sancionador, si residen de forma habitual y permanente en la vivienda mediante:
Facturas que acrediten la existencia de consumos de suministros en la vivienda.
De dicha inspección los agentes de este organismo levantarán un acta con las actuaciones realizadas.
Respecto a las potestades que tienen los inspectores, son las siguientes:
Si la administración competente observara indicios de irregularidad, se incoaría un
Procedimiento sancionador en materia de Vivienda de Protección Pública por el Instituto Galego de Vivenda e Solo
Notificación del acuerdo de incoación
El procedimiento sancionador da comienzo con la notificación de incoación del expediente sancionador, mediante el cual se pone en conocimiento del propietario los aspectos recogidos en el acta por parte de los inspectores, las infracciones administrativas en las que se podría haberse incurrido, así como las sanciones correspondientes a tales infracciones, teniendo el supuesto infractor varias alternativas:
Reconocer voluntariamente la responsabilidad
En caso de reconocer la responsabilidad de la infracción cometida, podría darse por terminado el expediente sancionador imponiéndose la sanción correspondiente.
Dicho reconocimiento tiene como incentivo una reducción del 20% de la sanción.
Pagar previamente a la resolución del procedimiento
Si además de reconocer la responsabilidad, procediera al pago de la sanción en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, podría aplicarse otra reducción del 20% del importe de la sanción, siendo dicha reducción acumulable con la anteriormente expuesta.
La persona inspeccionada podrá realizar alegaciones exponiendo aquellas razones que a su opinión considere relevantes para la causa, así como proponer todas aquellas pruebas que entienda que puedan ser beneficiosas para su defensa y indicar la existencia de defectos en la tramitación del procedimiento.
En caso de que se haya propuesto algún medio de prueba por parte del interesado, o de oficio por parte del IGVS, y de forma previa a la propuesta de resolución, se llevarán a cabo aquellas pruebas admitidas.
Los medios de prueba y el período de realización de las mismas serán notificadas al interesado.
Tras la realización de las pruebas admitidas, se emitirá propuesta de resolución. En la misma se recogerán las actuaciones realizadas, la valoración de las pruebas practicadas, las personas responsables y la sanción propuesta.
Ante esta situación el interesado tiene dos opciones
Realizar el pago de la sanción propuesta
Como ya se expuso anteriormente, en caso de procederse al pago de la sanción propuesta previamente a la resolución definitiva, se podría beneficiar el interesado de una reducción del 20% de la sanción correspondiente, así como un 20% extra para el caso de reconocer la responsabilidad.
Realización de alegaciones complementarias
En caso de que el interesado no se encuentre conforme con la propuesta de resolución, podrá formular alegaciones complementarias, exponiendo lo que estime competente y pudiendo acompañar la documentación pertinente.
Finalmente, y tras los trámites anteriormente expuestos, se emite resolución que pone fin al procedimiento. En la misma se deben contener los siguientes términos:
Contra dicha resolución, en vía administrativa solo cabe recurso de alzada ante el/la [email protected] de Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia.

References: resolución 
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 Resolución 
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