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Timestamp: 2018-01-18 01:44:41+00:00

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Derecho Internacional, Doctrinas Internacionales, América Latina, International Law, Latin America, Tratados, Treaties
PREGUNTAS MAS FRECUENTES SOBRE DERECHO INTERNACIONAL
No pretendo agotar los temas vinculados al Derecho Internacional Público. Sólo quiero dar respuesta, aunque sea de forma simple, a las preguntas más frecuentes que recibo sobre el tema.
Autotutela, Autotutela Defensiva (represalias o guerra) Ver Legítima Defensa
Autodefensa Ver Legítima Defensa
Autoprotección Ver Legítima Defensa
Convenios de Ginebra de 1949 (Ver También: Derecho Internacional Humanitario)
Declinación “Trialista” del Derecho Internacional
Declinación “Cuadrática” del Derecho Internacional
Derecho Internacional Humanitario (Ver También: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Convenios de Ginebra de 1949)
Doctrina Elizalde
Doctrina Tejedor. Ver también Doctrina Elizalde
Fiducia, Fideicomiso, Tutela
Individuo y el Derecho Internacional
Jus ad Bellum. Ver Bellum Justum
Jus contra Bellum. Ver Bellum Justum
Jus in Bellum. Ver Bellum Justum
Jus post Bellum. Ver Bellum Justum
Legítima Asistencia, Legítima Asistencia y Seguridad Colectiva: Ver Legítima Defensa
Limites a la Prohibición del Uso de la Fuerza: Ver Legítima Defensa
Mandato. Países bajo Mandato o Tutela. Ver También Fiducia, Fideicomiso
Pueblo. Pueblos Indígenas. Derechos de los Pueblos
Represalia Ver Legítima Defensa
Responsabilidad Internacional: Del Estado. Del Individuo. Responsabilidad Individual y Colectiva
Si vis pacem, tolle bellum
Tratado Gondra
Tratados Bryan
Actor 1. La categoría "actor" pertenece a la Ciencia Política, no se ha utilizado en Derecho Internacional. En este ultimo caso se utiliza la categoría "Sujetos de Derecho Internacional". Se conoce como "actor" en el terreno de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, a aquellas unidades que tienen capacidad de acción, en términos de generar reglas o al menos modificarlas. Por lo tanto, hay unidades que formalmente pueden ser consideradas actor, pero no realmente, ya que carecen de la capacidad de generar reglas o, incluso, de modificarlas, como gran parte de los Estados del planeta.
Hay actores estatales, supraestatales, subnacionales y transnacionales, con fines de lucro, como las empresas y banca y sin fines de lucro, como las organizaciones no gubernamentales (ONG's).
La categorización del actor es compleja, ya que se trata de un concepto multívoco y no unívoco. Hay diferentes "categorías" de actor y con diferentes "alcances" como tales. Por ejemplo, 1) actores con alcance total o global, aunque de forma asimétrica, como el Estado-Nación; 2) actores con alcance parcial, como por ejemplo las provincias o estados, que pueden firmar acuerdos comerciales, pero no pueden declarar la guerra, o firmar un stand by con el FMI; no pueden crear un organismo internacional gubernamental, etc. 3) Actores por "delegación", como la OTAN o el FMI entre muchos otros, ya que no son actores per se sino porque los que los han creado le dan la capacidad de acción. Los organismos internacionales, son actores sin medios propios. Tienen los medios que les proveen los miembros que los crearon en forma asimétrica.
Bellum Justum, o “guerra justa”. Este concepto, que estuvo orgánicamente ligado a los antiguos órdenes imperiales, ha comenzado a reaparecer, particularmente en el transcurso de la Guerra del Golfo en 1991 2. Tradicionalmente, este concepto descansa primariamente en la idea de que cuando un Estado se halla a sí mismo confrontado con una amenaza de agresión que puede poner en peligro su integridad territorial o independencia política, tiene un: “jus ad bellum” (derecho a hacer guerra). Sin embargo, esto sólo puede hacerlo en defensa propia y su ejercicio está limitado al momento en que toma medidas el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU -Art. 51 Carta de la ONU-. Una tercera categoría “Jus post bellum” se ha agregado, que regula el derecho y la justicia a la finalización de la guerra y los acuerdos de paz; por ejemplo el tema de los Tribunales Penales Internacionales especiales y el TPI no aceptado por EUA. También está el “jus contra bellum” o el derecho en la prevención de guerra.
Las normas de jus ad bellum son las reglas que los Estados que consideran ir a la guerra, en respuesta a algún problema serio o desafío, deben considerar y deben satisfacer.
Las normas de jus in bello, por el contrario, son aquéllas cuyo significado es guiar la conducta dentro de la guerra, una vez que ésta ha empezado.
Jus post bellum presupone que las normas de jus ad bellum y de jus in bello ya han hecho su trabajo y han sido substancialmente aplicadas por el Estado.
Cláusula Porter: EUA logró en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya (1907), la aceptación de su propuesta. Establece la renuncia al empleo de la fuerza para el cobro de las deudas públicas, pero se permite, bajo ciertas condiciones; particularmente cuando el país deudor se negaba a someter el asunto a arbitraje o, en el caso de aceptarlo, no nombraba oportunamente al árbitro o, en el caso de realizado el arbitraje, no ejecutaba el laudo. Esto significaba el reconocimiento de hecho de la intervención por parte de EUA, lo que perjudicaba a los latinoamericanos.
Consuetudo: uso, costumbre.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene una personalidad jurídica que goza de competencia internacional en el ámbito de la asistencia y de la protección del derecho internacional humanitario.
Entre los derechos que se le reconocen figuran: a) el derecho de visita, por ej: ver el trato que se le da a prisioneros de guerra; b) el derecho de iniciativa humanitaria, que implica el derecho de ingerencia humanitaria, y tiene su fundamento en el art. 3 de los 4 convenios de Ginebra de 1949. Ese derecho de iniciativa se da en situaciones de disturbios interiores (sin haber conflicto armado hay actos de violencia) y de tensiones internas (situaciones de gran tensión de origen político, religioso, racial, social, económico, etc, y hasta por las secuelas de un conflicto armado, pero dentro de un Estado). Cuando un Estado le permite al CICR actuar dentro de su territorio, celebra con él un acuerdo semejante a un acuerdo de sede que crea inmunidades y privilegios, propios de las representaciones diplomáticas de los Estados como sujetos del Derecho Internacional.
El CICR actuó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, e intervino directamente en la convocatoria y en el debate de los acuerdos a los que se llegó en las Conferencias de Ginebra de 1944 y de 1977 sobre regulación de los conflictos armados, particularmente en lo que hace a la protección de las víctimas de tales conflictos.
En los convenios de Ginebra de 1949 y en los adicionales de 1977, los Estados Partes se comprometieron a establecer en sus ordenamientos internos normas sancionatorias de las conductas violatorias de los mencionados convenios. Además se obligan a detener y juzgar a esos infractores. Lo que significa que existe un sistema universal de represión de los crímenes de guerra basado en el carácter imperativo del Derecho Internacional Humanitario, ya que sus normas son de aplicación erga omnes. Estos delitos resultan imprescriptibles a partir de la Convención de 1968.
Ultimamente, el CICR intervino en todos los conflictos armados conocidos. En Yugoeslavia, (Bosnia y Herzegovina), el Consejo de Seguridad reafirmaba la obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario (Resolución 764 de julio de 1992), condenaba la violación del derecho internacional humanitario (Res. 771 de agosto de 1992), daba plazo para recibir información sobre lo requerido (Res. 780 de octubre de 1992), pedía que cesaran las detenciones y violaciones sistemáticas, masivas y organizadas de mujeres, en particular musulmanas (Res. 780 de oct. de 1992). Finalmente, dictó la Resolución 808 del 22-2-1993, por la que crea el Tribunal Internacional para juzgar a las personas sospechadas de incurrir en crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario en la ex Yugoslavia. Al año siguiente, frente a las atrocidades cometidas en el conflicto suscitado en Ruanda, se creó otro Tribunal Internacional ad hoc, para entender en los crímenes de genocidio y otras violaciones del derecho internacional humanitario 3.
Convenios de Ginebra de 1949: Desde fines de la Guerra de los Treinta Años, con la Paz de Westfalia de 1648, comenzó a prevalecer el concepto de que la guerra no era una contienda entre poblaciones enteras, sino entre ejércitos de Estados beligerantes. La distinción entre beligerantes y no beligerantes se transformó en el fundamento legal y principio moral que gobernaba la contienda entre los ejércitos de los Estados beligerantes y por lo tanto, la población civil no participa activamente del conflicto armado y no debe ser su objeto .
La Convención de Ginebra de 1864 ampliada por las de 1905,1929 y 1949 trasladó a estipulaciones concretas y detalladas las convicciones morales de la época sobre el tratamiento que debía aplicarse a heridos y enfermos y al cuerpo médico encargado de ellos. La Cruz Roja internacional es al mismo tiempo el símbolo y la más notable realización institucional de esas convicciones morales.-
Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 al igual que las convenciones de Ginebra de 1929 y 1949 establecieron un sistema detallado de normas legales a asegurar un tratamiento humanitario a los prisioneros de guerra 4.
Declinación “Trialista” del Derecho Internacional: Werner Goldsmicht desarrolló lo que llamó la declinación trialista del mundo del derecho 5, en la que hizo una diferencia entre la norma, la realidad social y la forma en que se aplica la justicia, en el marco del derecho internacional privado. Este criterio fue traducido al derecho internacional público por Juan Carlos Puig 6 y consta de la dimensión sociológica, ya que el derecho se crea a partir de una realidad y se aplica sobre ella, una dimensión axiológica o “dikelógica” -en honor a la diosa de la justicia “diké”- usando términos de Goldsmicht, ya que tiene en cuenta los valores de esa sociedad, y una dimensión normativa o normológica, que considera a la norma emergente y aplicante -la justicia es la resultante de la aplicación de la norma según las características sociológicas y axiológicas-
Declinación “Cuadrática” del Derecho Internacional: Procuraré desarrollar este criterio a partir de lo que llamo la “declinación cuadrática del mundo jurídico”. Para ello es preciso hacer un poco de historia.
Frente a la concepción puramente normativista de Kelsen -dura lex sec lex-, en la que es la ley la que hace la justicia -aunque sea injusta-, Werner Goldsmicht desarrolló lo que llamó la declinación trialista del mundo del derecho 7, en la que hizo una diferencia entre la norma, la realidad social y la forma en que se aplica la justicia, en el marco del derecho internacional privado. Este criterio fue traducido al derecho internacional público por Juan Carlos Puig 8 y consta de la dimensión sociológica, ya que el derecho se crea a partir de una realidad y se aplica sobre ella, una dimensión axiológica o “dikelógica” -en honor a la diosa de la justicia “diké”- usando términos de Goldsmicht, ya que tiene en cuenta los valores de esa sociedad, y una dimensión normativa o normológica, que considera a la norma emergente y aplicante -la justicia es la resultante de la aplicación de la norma según las características sociológicas y axiológicas-.
No obstante, a estas dimensiones habría que agregarle una cuarta, la del poder, ya que la norma no puede ser exigida en su cumplimiento o aplicarse sanciones por su incumplimiento, si no se tiene el poder suficiente. Sin poder, la norma tiene carácter formal, pero no real. El poder de policía es uno de los problemas y debilidades en el contexto internacional, ya que no existe una comunidad internacional centralizada, por lo que los más poderosos son los que manejan esas posibilidades.
En el contexto interno del Estado no existe mayor dificultad para establecer una correlación entre la aplicación de la norma y el poder de policía, pero en el marco internacional esto resulta difícil, debido a la falta de un poder central; lo que hace que sean los más poderosos los que se transformen en los que ejercen ese poder de policía, así como resulta complejo aplicarles los laudos de los árbitros o de las Cortes de Justicia Internacional por la falta de poder para exigirles que las cumplan o para sancionarlos porque no están dispuestos a cumplirlas.
Además, es el poder dominante el que decide los valores que predominarán en una sociedad, a la vez que el que establece la norma que va a regir en ella.
El sistema mundial se acerca más al concepto de “comunidad”, que está presente en la “tribu” -capacidad y posibilidad de imponerse mutuamente conductas entre los actores; el más fuerte es el “cacique”- que de sociedad, que está presente en el “Estado” -predominio de vínculos racionales- 9.
No obstante, cuando hablo de “la sociedad” en el contexto mundial, hago referencia a las “características sociológicas”, a las características del funcionamiento del sistema.
A partir de estas características es que se genera la norma -o se reformula, siguiendo criterios basados en la costumbre o en la necesidad de crear o reformular un organismo internacional-. Las características sistémicas -que son cíclicas- constituyen una variable independiente en estos casos. No es lo mismo el funcionamiento de la norma o de las instituciones internacionales en un sistema bipolar basado en la pugna entre dos ideologías irreconciliables, como las que hubo durante la guerra fría entre EUA y la URSS, en el que la ONU estaba direccionada por un Consejo de Seguridad en casi constante estancamiento, u organismos en los que participaba EUA pero no la URSS, como el BM, el FMI, el GATT, etc.; que en sistemas multipolares, donde no existe pugna ideológica y las relaciones polares se basan en el equilibrio y balance de poderes, o en la actualidad, con un alto grado de transnacionalización y de debilitamiento del rol del Estado-Nación.
Está claro que desaparecido el sistema multipolar que imperó durante el siglo XIX hasta la primera guerra mundial, se generó un organismo de alcance global, la Sociedad de Naciones para alcanzar pautas de orden, pero cuyo fracaso derivó en un nuevo conflicto mundial, cuya finalización y emergencia de un nuevo sistema, el bipolar, requirió de un nuevo organismo internacional que reflejara la nueva estructura de poder.
Los que detentan el poder son los que direccionan el funcionamiento del sistema. Son los “repartidores supremos”, que “reparten” potencia -lo que se puede- e impotencia -lo que no se puede-. Sus valores dominantes, establecen las pautas de régimen. Constituyen los “principios supremos de reparto” 10 [7]; aunque no lo pueden hacer de manera indiscriminada, ya que están limitados a “nivel horizontal” por los intereses de otros dominantes y a “nivel vertical” por la “resistencia” de quienes no están conformes y no tienen capacidad de direccionamiento, pero que intentan individual o colectivamente, otro tipo de status quo 11 [8].
Hay concurrencia de voluntades en la actividad “co-legislativa”, pero cada actor se hace individualmente responsable, según su capacidad de exigir el cumplimiento en lo que le interesa la aplicación de la norma o de sancionar por incumplimiento -desdoblamiento funcional 12-.
Derecho Internacional Humanitario: Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 al igual que las convenciones de Ginebra de 1929 y 1949 establecieron un sistema detallado de normas legales a asegurar un tratamiento humanitario a los prisioneros de guerra.
Así surgió el Derecho humanitario por los tratados celebrados desde mediados del siglo XIX con el propósito de humanizar la guerra. Prohíben el empleo de ciertas armas, limitan el uso de otras, definen los derechos y obligaciones de los países neutrales, en suma, tratan de introducir en la guerra un espíritu de decencia y de respeto por la humanidad común a todas las posibles víctimas y de restringir la violencia a un mínimo compatible con los objetivos de la guerra, (hasta quebrar la voluntad de resistencia del enemigo).
La finalidad del derecho internacional humanitario es la de salvaguardar la integridad de la persona humana en situaciones de violencia, un derecho de supervivencia.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 en lo que hace al derecho humanitario versaron sobre los siguientes tópicos:
a) sobre heridos y enfermos en campaña; b) sobre heridos, enfermos y náufragos en el mar; c) sobre prisioneros de guerra, y d) sobre protección de personas civiles en tiempos de guerra.-
Define en su artículo 3 común los cuatro convenios lo que se considera “trato humano mínimo”, que entre otros aspectos contempla la prohibición absoluta “en cualquier tiempo y lugar “ de “las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, realizado por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como indispensables por pueblos civilizados” (inc. d) 13.
Desuetudo: En desuso. Costumbre derogatoria
Doctrina Drago. Luis María Drago, Ministro de Relaciones Exteriores en 1902, enunció el principio del cobro no compulsivo de las deudas públicas, en una nota dirigida al embajador argentino en Washington, García Mérou. La nota había sido emitida con motivo de la intervención armada de Gran Bretaña, Alemania e Italia en Venezuela y reclamaba además la injerencia de Estados Unidos en el conflicto a fin de garantizar la integridad territorial venezolana en base a la Doctrina Monroe 14.
La intervención argentina en el caso de Venezuela es realmente significativa por cuanto no sólo implicaba una toma de posición nacional, sino además, el desafío a Gran Bretaña que era una de las Potencias intervencionistas. La explicación radica en que la clase dirigente argentina de la época, temía que Gran Bretaña pudiera adoptar contra la Argentina medidas coercitivas del mismo tipo, ya que este país era su deudor más importante. Un análisis del reverso de la trama de la nota argentina demostraría que sólo el acendrado europeísmo de la política exterior argentina, pudo provocar un pronunciamiento como el de 1902. En efecto, a esta última le preocupaba más los desbordes de su tradicional aliada que la desgraciada situación de la república hermana. Algo nuevo había acontecido. Una morbilidad desconocida perfilábase en la columna vertebral del régimen instaurado por los liberales argentinos: los más estrechos vínculos con Europa y el ingreso de capitales, entrañaban peligro y acechanzas contra aquello que con tanto éxito habían institucionalizado 15.
Doctrina Elizalde. En diversos períodos las autoridades argentinas contestaron negativamente a reclamaciones británicas. En 1863, por la ley de nacionalidad que estableció el principio del jus soli y, por consiguiente, adjudicaba nacionalidad argentina a los hijos de ingleses nacidos en nuestro territorio. La respuesta de Rufino de Elizalde, a la sazón ministro de relaciones exteriores, afirma que "el gobierno argentino no admite el principio de que no pueden derogarse las leyes de la República, porque ésta sería una limitación a su soberanía que no tiene el derecho de pedírsele por ningún gobierno extranjero" 16.
Doctrina Estrada. Adoptada por México. Se proclama el reconocimiento automático, sin referencia a los orígenes. México estaba sufriendo los efectos de la política norteamericana del no reconocimiento.
Doctrina Guani. Por esta Doctrina los países Americanos no deberían reconocer en época de guerra a ningún gobierno de América mientras "...no se convencieran de que estos gobiernos tienen carácter eminentemente nacionalista, y están preparados para cumplir los acuerdos militares interamericanos". Por el nombre del Presidente de Comité, el Canciller uruguayo Alberto Guani.
Doctrina Rodríguez Larreta. Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo (1944), propuso a los demás gobiernos Americanos una política de intervención colectiva contra cualquier miembro del Sistema Interamericano que violase repetidamente los derechos esenciales del hombre y que dejase de cumplir con sus obligaciones internacionales.
Doctrina Stimson: Expuesta en la nota dirigida a China y al Japón por el entonces Secretario de -Estado norteamericano, Stimson, el 7 de enero de 1932, por la cual Estados Unidos declaraba no tener intención de reconocer situaciones, tratados o convenios que se produjeran por medios contrarios al Pacto de la S. d. N. y a las obligaciones del tratado de París. Un paso más dio la Asamblea de la S. d. N. en la resolución de 11 de marzo de 1932, que en relación con la declaración de Stimson estableció que los miembros estaban obligados a no reconocer tratados o convenios a los que se hubiera llegado con medios contrarios al Pacto de la S. d. N. o al pacto Kellogg. Este principio se ha visto confirmado por la sentencia del Tribunal Militar de Nuremberg, que califica de "crimen contra la paz" la coacción ejercida en su día contra el presidente de Checoeslovaquia, Hacha, para la firma del tratado germano-checo del 15 de marzo de 1939, aunque el Tribunal haya comprobado que Hacha no fue amenazado de un daño personal, sino que se le pronosticó el bombardeo de Praga en caso de negativa. Por eso constituye este caso un ejemplo clásico de coacción jurídico-internacional contra un Estado a la vez que una confirmación de la teoría de la relevancia de una coacción antijurídica contra un Estado en cuanto tal 17.
Doctrina Tejedor. Con motivo de perjuicios sufridos por súbditos británicos ora con motivo de levantamientos armados, ora por malones de indios, hubo consultas y reclamaciones por parte de diplomáticos británicos en 1871 y 1872. En respuesta a una presentación del ministro británico, el ministro de relaciones exteriores, Carlos Tejedor, sostuvo también la tesis de que los extranjeros, desde que entran a un país, están sujetos a sus leyes y autoridades. Esas leyes no son iguales en todas partes pero, sea como quiera, favorables o no al extranjero, le obligan igualmente. El extranjero, en consecuencia, para el ejercicio de sus derechos, como para las quejas, civiles como criminales, a que se crea con derecho, tiene que dirigirse como los ciudadanos a esas autoridades, invocar esas leyes, y esperar y acatar las resoluciones de aquéllas. De otro modo el cuerpo de extranjeros sería un Estado en otro Estado, una monstruosidad política" 18. Ver también Doctrina Elizalde.
Doctrina Tobar. No reconocimiento de aquellos Estados cuyo gobierno fuera establecido por un golpe de Estado.
Ex aequo et bono: de acuerdo a la equidad o con equidad o equitativamente.
Fiducia, Fideicomiso, Tutela 19: Confianza, crédito. Administración fiduciaria. Países bajo fiducia o tutela. Territorios bajo fideicomiso. (Ver también Mandato) Administración y vigilancia bajo una autoridad de Estados o territorios que estaban bajo mandato o territorios segregados de Estados vencidos durante la segunda guerra mundial. Está regulado por los artículos 76, 77,78, 79, 81, 82, 84 de la Carta de la ONU.
El artículo 76 de la Carta de la ONU solamente obliga a los fideicomisarios a promover el adelanto político, económico, social y educativo de las poblaciones indígenas, así como también su “desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia”. Por “propio gobierno” solo ha de entenderse la autonomía, no la plena independencia. Cuál de los dos fines (autonomía o independencia) haya de procurarse, dependerá de las condiciones particulares, así como de los deseos libremente expresados de las poblaciones interesadas y de lo que se disponga en los acuerdos particulares de administración fiduciaria.
Los fideicomisos ya no se dividen en tres grupos, como era el caso de los Mandatos, porque cada territorio se considera como una individualidad y puede ser administrado por uno o varios fideicomisarios y aun directamente por la ONU (art. 81). A diferencia de los países bajo Mandato, que debían permanecer desmilitarizados, los territorios bajo tutela deben contribuir al sistema de seguridad de la ONU (art. 84). El artículo 82 de la Carta de la ONU prevé además la creación de zonas estratégicas. La Comisión de los Mandatos ha sido sustituida por el Consejo de Administración Fiduciaria (CAF), cuya competencia supera a la de la Comisión de los Mandatos. Según el artículo 87, el CAF podrá no solo aceptar peticiones de las poblaciones indígenas, sino también “disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos”.
Los territorios bajo tutela tienen capacidad jurídica, pero no de obrar. En el acuerdo sobre administración fiduciaria relativo a Somalia se establecía expresamente que la soberanía sobre el territorio correspondía a la población. Mientras duraba el fideicomiso los territorios fideicometidos estaban representados por la autoridad administradora. Solo ella, podía ejercer el derecho de protección sobre los súbditos de estos territorios en terceros Estados.
No hay normas específicas sobre el término del fideicomiso. De otras disposiciones se deduce, sin embargo, que el fideicomiso sobre un determinado territorio terminaba cuando se daba alguna de las siguientes circunstancias:
1. El reconocimiento del territorio como Estado independiente. Pero según el artículo 79, se requiere el consentimiento del fideicomisario para cualquier modificación del fideicomiso. El reconocimiento del territorio bajo fideicomiso como nuevo Estado puede también tener lugar por la admisión del país en la ONU (art. 78 de la Carta).
2. La renuncia del fideicomisario a la administración del territorio fideicometido.
3. La correspondiente reforma constitucional de la ONU.
4. La Carta de la ONU no prevé el caso de privación del fideicomiso por la ONU. Esta solo sería posible en caso de violación por el fideicomisario del acuerdo de tutela, de tal manera que la ONU lo denunciase. Ello no extinguía los derechos del fideicomisario sobre el territorio, procedentes de títulos jurídicos que existían independientemente de la Carta de la ONU.
Genocidio. El término genocidio fue creado por el jurista polaco Rafael Lenikin, quien a final de los años treinta lo concibió a través de un neologismo integrado por el vocablo griego “genos” (agrupación humana) y el sufijo latino “cidio” (matar). A Lenikin, escapado de las persecuciones raciales que tuvieron lugar en su país luego de la invasión alemana y más tarde consejero del fiscal estadounidense en los juicios de Nuremberg, le interesaba definir si los actos de destrucción perpetrados por el Estado en perjuicio de sus propios ciudadanos eran una cuestión interna y reservada, o por el contrario constituían asuntos de genuino interés internacional. Partidario de la segunda posición, argumentó en torno a la necesidad de tipificarlos como delitos iuris gentium, y someterlos así a un sistema de persecución judicial que evitara en lo sucesivo su impunidad. El término fue inaugurado oficialmente en el acta de acusación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en octubre de 1945. Se señaló entonces que los acusados se habían entregado “(...) al genocidio deliberado y sistemático, es decir, al exterminio de grupos raciales y nacionales de la población civil de ciertos territorios ocupados, con el fin de destruir determinadas razas o clases de la población y grupos nacionales, raciales o religiosos”. En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por el voto unánime de 56 Estados el texto de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. A partir de entonces la nueva categoría jurídica quedó definitivamente delineada: comprende a todo acto perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La Convención entró en vigor el 12-1-1951 y desde entonces su rasgo esencial radica en que los actos de destrucción total o parcial se dirigen contra una persona o un sector poblacional teniendo como móvil su pertenencia a una determinada nacionalidad, etnia, raza o religión. Siempre, sin embargo, se integran con la intención adicional de impactar al grupo para, en definitiva, menoscabarlo en su integridad 20.
Si los crímenes no son perpetrados con la intensión de destruir total o parcialmente a grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos, entonces no se trata de genocidio sino de un crimen de lesa humanidad 21.
Ius cogens: Normas imperativas del Derecho Internacional Público. Ordenamiento internacional consuetudinario. El ius cogens deriva de la “costumbre internacional” la cual se define como “la evidencia de una práctica generalmente aceptada como ley”. La vigencia del ius cogens en el ámbito de la comunidad internacional fue consagrada en el año 1899 a través de un precepto -con posterioridad bautizado como Clausula Martens- contenido en el preámbulo de la II Convención de la Haya, luego reiterado en la IV Convención de la Haya de 1907 y, en términos similares, introducido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.- Dicha cláusula establecía una regla de comportamiento entre Estados en situación de guerra, sujetándolos al régimen emergente de los principios del derecho de gentes.
Jus ad Bellum. Derecho a hacer guerra. Ver Bellum Justum
Jus contra Bellum o el derecho en la prevención de guerra.
Ver Bellum Justum
Jus in Bellum. Son aquéllas normas cuyo significado es guiar la conducta dentro de la guerra, una vez que ésta ha empezado.
Jus Post Bellum. Regula el derecho y la justicia a la finalización de la guerra y los acuerdos de paz. Presupone que las normas de jus ad bellum y de jus in bello ya han hecho su trabajo y han sido substancialmente aplicadas por el Estado.
Lege Data: La ley dada
Lege Ferenda: Política legislativa. La ley a proyectar o criterio jurisprudencial, necesidad de modificar. Señala la laguna de la ley o su necesidad de modificarla.
Mandato. Países bajo Mandato o Tutela 22 (Ver También Fiducia, Fideicomiso): El artículo 22 del Pacto de la S. de N. obligaba a los mandatarios a promover el máximo bienestar de los habitantes de estos territorios. Los países bajo Mandato, debían permanecer desmilitarizados.
Francisco de Vitoria, en su Relectio de Indis, formuló la pregunta de si aquellos pueblos que no han alcanzado la madurez pueden ser colocados bajo la tutela de Estados cristianos. No obstante, el proyecto concreto del sistema de mandatos se debe al estadista sudafricano general Smuts.
Fueron sometidas al régimen de mandato las antiguas colonias alemanas y aquellos territorios asiáticos a los que Turquía, en los artículos 16 y 132 del Tratado de Lausana, renunció en favor de las "principales potencias". Esta cesión a las principales potencias tenía carácter provisional: el artículo 22 del Pacto de la S. de N. las obligaba, a transferir al organismo internacional los territorios "todavía incapaces de dirigirse a sí mismos en las condiciones particularmente difíciles” del mundo de esa época. La S. de N., a su vez, tenía que ponerlos bajo la tutela de Estados "progresivos", que no habían de ser necesariamente miembros suyos, para que los dirigieran como "mandatarios de la S. de N. y en su nombre".
La amplitud de las atribuciones de los mandatarios no era objeto de regulación uniforme. El artículo 22 del Pacto de la S. de N. distinguía tres grandes clases de mandatos, que comúnmente se llamaron mandatos A, B y C. Los países bajo mandato A debían, en principio, administrarse a sí mismos bajo el control del mandatario. En los mandatos B y C, en cambio, el mandatario asumía solo la administración; pero en los mandatos B había de establecer una administración propia, mientras que los mandatos C podían administrarse “con arreglo a las leyes del mandatario y como parte integrante de su territorio”. El mandatario tenía que enviar a la S. de N. un informe anual sobre la administración de todos los territorios bajo su mandato, el cual pasaba a dictamen de un organismo permanente (la Comisión de Mandatos), que lo sometía al Consejo de la S. de N. Los miembros de los países bajo mandato no gozaban del derecho de acción judicial contra el mandatario, pero podían presentar peticiones a la S. de N.
Los principios del artículo 22 fueron desarrollados en una serie de tratados que con la aceptación de la S. de N. concertaron las principales potencias con los distintos mandatarios.
La verdadera naturaleza de los mandatos la fue precisando la Comisión de Mandatos. Así, le fue posible también proteger a los países bajo mandato contra todo intento de anexión. La síntesis de sus resoluciones puede resumirse en los principios siguientes:
1. Los países bajo mandato no son parte del territorio del mandatario. Antes bien, cada uno de ellos tiene su territorio propio.
2. Los súbditos de los países bajo mandato no son súbditos del mandatario, sino que gozan de un estatuto jurídico-internacional propio. Pero el mandatario puede hacerse cargo de su protección ante terceros Estados.
3. Los países bajo mandato tienen un patrimonio propio, distinto del patrimonio del mandatario.
4. Los tratados suscritos por el mandatario no valen para el país bajo mandato. Pero el mandatario puede negociar tratados para el país bajo mandato, y los derechos y obligaciones a que den lugar subsistirán aunque se suprima el mandato.
5. Los países bajo mandato tienen, una personalidad jurídico-internacional propia. Tienen capacidad jurídica, puesto que pueden adquirir derechos, pero carecen, en principio, de capacidad de obrar, ya que solo el mandatario puede obrar jurídicamente por ellos. Ahora bien : no son "Estados" por faltarles la nota de la autodeterminación plena.
6. Los mandatarios no administrarán en provecho propio, sino en provecho de la población indígena. El mandatario habrá de suprimir abusos (trata de esclavos, de armas, de alcohol) y asegurar la libertad de culto y de conciencia. Los misioneros de países miembros de la S. de N. tienen facultad para recorrer el país y establecerse en él en el ejercicio de su alta función. Solo cabe una preparación militar de los indígenas a los fines de la defensa del país (art. 22, párrs. 5 y 6 del Pacto de la S. de N.).
7. En los mandatos A rige el principio de la igualdad económica (puerta abierta) para todos los miembros de la Sociedad, fundado en los tratados sobre mandatos. En los mandatos B este principio se establecía ya en el Pacto (artículo 22, párr. 5). En cambio, falta análoga disposición para los mandatos C.
La aplicación práctica del artículo 22 del Pacto de la S. de N. no se ajustó siempre al esquema esbozado. Por lo que toca, en particular, a los mandatos A, no plasmaron en un tipo unitario. Por ejemplo, se separó a Transjordania de Palestina, firmándose entre aquel nuevo territorio y Gran Bretaña un tratado de protectorado (20 de febrero de 1928). Gran Bretaña firmó otro tratado de protectorado con Irak el 10 de octubre de 1922, habiendo sido suprimido el mandato en 1932 y admitido Irak en la S. de N. como Estado independiente. Francia firmó un tratado de protectorado con Siria y Líbano, en París, el 9 de septiembre de 1936; pero su mandato sobre ambos países solo tuvo fin durante la segunda guerra mundial.
Todos estos tratados fueron firmados antes de la supresión del mandato; por consiguiente, ha habido países bajo mandato que excepcionalmente tuvieron capacidad limitada de obrar en Derecho Internacional.
A pesar de la disolución de la S. de N., los tratados de mandato concertados entre las principales potencias y los mandatarios siguieron en vigor en tanto en cuanto los antiguos países bajo mandato no hayan obtenido la independencia o quedado sometidos al régimen de tutela de la ONU.
Una situación jurídica idéntica a la de los países bajo mandato tienen los territorios bajo tutela.
Pacta sunt Servanda. Fidelidad a la palabra dada. Sobre estas normas descansa la estructura del Derecho Internacional Público.
Pueblo. Pueblos Indígenas. Derechos de los Pueblos: "Pueblo" es aquella comunidad que ha llegado a gobernarse plenamente a sí misma, o sea un pueblo organizado en Estado, aunque surjan obstáculos pasajeros para su organización propia. Un "pueblo" podrá cambiar también de organización, o incluso ser dominado transitoriamente por un poder extranjero, sin desaparecer como "pueblo". El Preámbulo de la Carta de la ONU se inicia con las palabras: "Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas..., hemos decidido aunar nuestros esfuerzos..." Esta aplicación consciente de la expresión "pueblo" en lugar del término "Estado", o también "potencia", antes usuales, sirve para subrayar que la Carta de la ONU da derechos e impone obligaciones a los pueblos, y no a los gobiernos. Lo dicho anteriormente se ve confirmado por algunos tratados en los que se establece que la soberanía sobre un territorio corresponde al pueblo. Los aliados, por ejemplo, reconocen en el tratado de paz con Japón “la plena soberanía del pueblo japonés sobre el Japón..." (Art. 1°). El tratado anglo-egipcio del 12 de febrero de 1953 dice en el Art. 2° que hasta la realización del plebiscito en Sudán "la soberanía de Sudán quedará reservada para los sudaneses". El Art. 1° del Anexo al tratado de fideicomiso para Somalia establece por su parte: "La soberanía del territorio pertenece a la población de este" 23.
En cuanto a los pueblos indígenas como sujetos de derecho interno, los acuerdos que gobiernos como el de EUA ha firmado con algunas comunidades les da status de sujeto en este caso. Lo mismo puede ser el tema de la legislación (más allá de lo criticable que pueda ser la forma o los resultados) adoptada por el congreso mexicano en el gobierno de Fox respecto de los pueblos indígenas demandada por los zapatistas. Igual situación se da en Ecuador y Guatemala.
En cuanto al reconocimiento de los pueblos como sujetos del derecho internacional, se puede dar el precedente del pueblo palestino, el pueblo de Namibia, el de Sahara español, donde son considerados con el status de pueblo por Cortes, como la Corte Internacional de Justicia en determinados casos vinculados a la no discriminación.
Pactum. Convenio
Rebus sic standibus: Siendo así las cosas; estando así las cosas. El Derecho Internacional Público autoriza a un Estado a que se desligue de un tratado bilateral si la otra parte lo infringe o si puede invocar con fundamento la cláusula rebus sic standibus. Muchos ejemplos de la práctica internacional nos muestran que los Estados se han desligado con frecuencia de obligaciones contractuales, invocando la cláusula "rebus sic stantibus". La cláusula se ha invocado también repetidas veces ante el TPJI 24.
Según Wackernagel, la expresión cláusula "rebus sic stantibus', atañe a tres problemas distintos:
1) Se entiende primeramente por ella que los Estados contratantes, al suscribir el tratado, hicieron de la existencia de determinadas circunstancias el supuesto expreso o tácito del mismo. Si estas circunstancias dejan de darse, pierde entonces el tratado su validez, puesto que en la intención de las partes solo había de valer mientras subsistieran. En este sentido contesta Grocio a la pregunta de si las promesas llevan consigo la condición tácita de que las cosas permanezcan tal como estaban cuando se hicieron: esta condición solo vale si el actual estado de cosas fue evidentemente el motivo del tratado. También Vattel afirma que la validez del tratado depende de la permanencia de un determinado estado de cosas si resulta claro y evidente que el promitente lo tuvo en consideración e hizo su promesa única y exclusivamente en atención a él. Anzilotti y Burckhardt, por su parte, piensan que se trata de la cuestión de la interpretación de las declaraciones de voluntad, de las que ha de desprenderse si las partes consideraron determinadas circunstancias como supuesto de ciertos deberes. Si las partes arrancan de esta base, el tratado dejará de ser válido en cuanto las condiciones que él presupone dejen de darse, toda vez que la voluntad que dio lugar al tratado no quería extenderse a la nueva situación 25.
La exactitud de estas consideraciones no puede, en verdad, desconocerse, y es seguro que el término de validez de cualquier tratado ha de deducirse primeramente del tratado mismo. Mas ello no agota en modo alguno nuestro problema. El problema comienza más bien cuando no puede obtenerse respuesta alguna de la voluntad de las partes, por producirse circunstancias en las que no pensaron las partes al firmar el tratado.
2) Según otra concepción (y este es el segundo aspecto del problema de la cláusula "rebus sic stantibus"), los tratados valen solo en tanto en cuanto la situación en la que surgieron no se haya alterado de forma que el cumplimiento de una de sus disposiciones sea incompatible con la autoconservación de una de las partes (Erich Kaufmann). Pero ello equivale a reducir la cláusula al único caso de necesidad, el cual no necesita una cláusula especial, ya que entonces se da el supuesto de la imposibilidad moral o gravamen excesivo, equiparado, como hemos visto en esta misma sección, al cumplimiento imposible.
Solo se da debida cuenta de la autonomía de la cláusula si se parte del supuesto de que después de la firma del tratado las circunstancias pueden modificarse tan esencialmente que no quepa ya pedir a las partes el cumplimiento del tratado bona fide, pues la naturaleza del asunto impone la suposición de que las partes no se habrían obligado de haber tenido en cuenta una alteración de las circunstancias como la producida. Lo que entonces se pregunta no es lo que las partes efectivamente quisieron cuando firmaron el tratado, ya que en tal caso no hace falta cláusula alguna; se pregunta más bien si las partes se hubiesen obligado también para el caso de producirse estas circunstancias, si hubiesen previsto dicha alteración en el momento de firmar el tratado. De ello resulta que nuestra cláusula no puede, por regla general, invocarse en el caso de tratados rescindibles 26, toda vez que al insertar dicha disposición las partes mismas tuvieron en cuenta la posibilidad de que se alterasen las circunstancias, cuidando de que pudiera entonces rescindirse el tratado.
3) Si se quiere penetrar en la esencia de la cláusula "rebus sic stantibus", hay que contraponer, pues, a la teoría subjetiva que antes hemos considerado una teoría objetiva. Y, efectivamente, una formulación objetiva de la cláusula en el sentido que aquí postulamos se va abriendo paso en la jurisprudencia. La sentencia del Tribunal supremo alemán de 29 de junio de 1925 en el litigio entre Brema y Prusia declaró posible, con referencia al Derecho Internacional, la extinción de un tratado como consecuencia de una alteración profunda de las circunstancias de hecho que sirvieron de base al mismo. El Tribunal de Cuentas del Reich formuló asimismo, en su sentencia de 9 de marzo de 1927, la pregunta de si los tratados internacionales no pueden resultar superados por los acontecimientos, y por ende, quedar sin objeto. En este sentido declaró también la Cámara de Diputados francesa, el 13 de diciembre de 1932, que ya no era aplicable el tratado sobre deudas concertado con Estados Unidos, por haberse concebido sobre el supuesto del cobro de las reparaciones alemanas. De igual manera, Francia y Gran Bretaña se desentendieron a comienzos de la segunda guerra mundial de la obligación asumida en virtud del artículo 36, apartado 2°, del Estatuto del TPJI, fundándose en la alteración de las circunstancias. Estados Unidos, por su parte, hizo uso de la cláusula el 9 de agosto de 1941 para liberarse de un tratado.
Habla también en favor de la teoría objetiva la encíclica Summi Pontificatus de 20 de octubre de 1939, en la que Pío, XII escribe: "Hay que afirmar, es cierto, que, con el transcurso del tiempo y el cambio sustancial de las circunstancias -no previstas y tal vez imprevisibles al tiempo de la estipulación-, un tratado entero o alguna de sus cláusulas pueden resultar o pueden parecer injustas, o demasiado gravosas, o incluso inaplicables para alguna de las partes contratantes. Si esto llega a suceder, es necesario recurrir a tiempo a una leal discusión para modificar en lo que sea conveniente o sustituir por completo el pacto establecido 27.
Contra la existencia de la cláusula suele alegarse, sin embargo, el conocido protocolo estipulado en la Conferencia de Londres el 17 de enero de 1871, según el cual un Estado, a tenor del Dl, solo puede desligarse de un tratado de acuerdo con la otra parte. Pero esta declaración de las grandes potencias, a la que se remitió el Consejo de la S.d.N. en su resolución de 17 de abril de 1935, no ha dado lugar a un cambio en la práctica internacional, como se desprende de los casos a que hemos aludido. A ello hay que añadir lo siguiente: si la Declaración de Londres dijese realmente que los tratados pueden extinguirse única y exclusivamente por el común acuerdo de las partes, quedarían entonces eliminados todos los demás motivos de extinción unilateral, lo cual es inadmisible. El sentido del protocolo parece, pues, ser que un Estado no tiene derecho a dar por extinguido un tratado en atención al cambio de las circunstancias sin antes haberse puesto en comunicación con las otras partes y haber procurado su asentimiento.
Pero no estamos en presencia de una nueva norma jurídico-internacional. De lo que aquí se trata es de que la cuestión de si cambió efectivamente la situación que dio lugar al tratado puede ser objeto de controversia entre las, partes, y esta controversia, como cualquiera otra de índole jurídico-internacional, tiene que someterse a los medios normales de la solución pacífica de los conflictos 28.
Res iudicata. Cosa juzgada.
Si vis pacem, para bellum: Si buscas la paz, prepara la guerra.
Hace unos 1600 años, Flavius Vegetius Renatus, en el Epitome al Rei Militaris, (Libro III, fin del Prologo) escribió: “Qui desiderat pacem, preparet bellum” parafraseando a Ciceron, aunque también se le atribuye a Appius Claudius el ciego, en el año 281 antes de Cristo, en su frase: “Quien desea la paz se prepara para la guerra”. Se puede considerar como equivalente: “La mejor defensa es un buen ataque”.
Debería decirse Si vis pacem, para pacem: Si buscas la paz, prepárate para la paz.
Nadie provoca, ni se atreve ofender a aquéllos que se sabe que son superiores en la batalla.
Otra reflexión sería Si vis pacem para “qué” bellum; o Si para bellum, bellum: Si te preparas para la guerra, habrá guerra.
Si vis pacem, tolle bellum: Si buscas la paz, tolera o soporta la guerra.
“Tolle” del latín “tomar” (tolle, lege: toma, lee); pero en el Diccionario Indo-Europeo, tiene como raíz °tol y significa también: “soportar”, “sobrellevar”, “tolerar”.
Sujetos de Derecho Internacional 29. Sujetos de Derecho Internacional son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el Derecho internacional. Para la concepción Clásica los Estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional.
Durante la etapa de la Comunidad Cristiana de Estados, en la Edad Media, eran Sujetos "originarios" de Derecho Internacional, los Estados soberanos y la Sede Apostólica.
Los sujetos del derecho interno son una masa de individuos anónimos, los sujetos normales del Derecho Internacional son comunidades individualmente determinadas. Esta diferencia repercute naturalmente sobre el contenido de las normas, puesto que una comunidad de sujetos jurídicos anónimos solo puede ser regida mediante regulaciones típicas, mientras que una comunidad de pares jurídicos individualmente determinados ha de tener más en cuenta las situaciones concretas.
a) Sujetos de deberes y sujetos de derechos. El D.I. puede conferir derechos e imponerle deberes, pero puede limitarse a conferirle solo derechos o imponerle solo deberes. Por regla general, en D.I. los sujetos de deberes son, a la vez, sujetos de derechos, como ocurre con las comunidades jurídicas soberanas. En cambio, aquellos individuos a los que un tratado concede un derecho de acción ante un tribunal internacional (tribunal arbitral) son meros sujetos de derechos. Por el contrario, los individuos que responden personalmente por las infracciones del D.I. son, predominantemente, sujetos de deberes jurídico-internacionales.
b) Sujetos activos y sujetos pasivos. Entre los sujetos del D.I. se destacan aquellos que no solo reciben de él derechos y asumen ante él deberes, sino que además poseen la facultad de cooperar directamente a la creación del D.I. En principio, solo desempeñan este papel activo los Estados soberanos, algunas uniones de Estados y, en parte, también la Iglesia católica. Los demás sujetos del D.I. son meros destinatarios pasivos de las normas establecidas por los miembros activos de la comunidad internacional. Por ejemplo, los convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra obligan también a los insurrectos no reconocidos.
c) Sujetos permanentes y sujetos transitorios. La comunidad internacional comprende, en primer término, miembros permanentes: los Estados y la Iglesia católica. Pero hay además sujetos del D.I. que solo tienen una existencia pasajera, como los rebeldes e insurrectos. Ocupan un lugar intermedio los sujetos del D.I. creados por un tratado internacional y que se extinguen con este, como, la Sociedad de Naciones (entre otros organismos) o determinados grupos de individuos.
d) Sujetos originarios y sujetos admitidos posteriormente. Originariamente, los únicos sujetos del D.I. fueron los Estados de la comunidad occidental y la Iglesia católica. Todos los demás Estados han sido admitidos posteriormente en la comunidad internacional o han surgido en el seno de la misma. Pero desde que la comunidad internacional tiene carácter mundial la posición de todos ellos es de D.I. consuetudinario. En cambio, los demás sujetos del D.I. deben su estatuto jurídico a un tratado internacional o a negocios jurídicos unilaterales. Por ejemplo, la subjetividad jurídico-internacional de las uniones de Estados se basa en el tratado fundacional; la de los rebeldes e insurrectos, o la de algún Estado miembro, en un reconocimiento que tiene carácter constitutivo.
e) Sujetos con autogobierno y sin él. Los principales sujetos del D.I. son los Estados soberanos y la Iglesia católica, que poseen pleno autogobierno. Pero hay junto a ellos también sujetos cuyo autogobierno es parcial, y algunos incluso que, como los territorios bajo fiducia, están gobernados por otro sujeto del D.I. Las comunidades con autonomía constitucional (que gozan de plena autodeterminación) no son, pues, los únicos sujetos del D.I.; pueden serlo también comunidades con heteronomia constitucional (gobernadas por otras), si alguna norma del D.I. les confiere esta calidad. Tal es el caso de los antiguos países bajo mandato y los que se hallan bajo tutela. Entre estos dos polos la subjetividad jurídico-internacional adopta múltiples formas intermedias. Por ejemplo, algunos mandatos del tipo A gozaban de cierta autodeterminación bajo el control de la S.d.N.; el tratado de paz con Italia, en 1947, preveía la misma situación, bajo el control de la ONU, para "Territorio libre de Trieste".
f) Diferencias en la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Si los Estados soberanos tienen, por regla general, plena capacidad jurídica y de obrar, hay sujetos del D.I. que solo tienen capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar (como los países antiguamente sometidos a los mandatos B y C y los territorios bajo fiducia), y sujetos con capacidad de obrar limitada. Limitada es la capacidad de obrar de las uniones de Estados, de los Estados protegidos, de los Estados vasallos o Estados miembros de un Estado federal (provincias o estados), reconocidos como sujetos parciales del D.I. Pero esta limitación tiene una base distinta según los casos. Puede darse también una limitación o suspensión pasajera de la capacidad de obrar de un Estado vencido, cuando no es anexionado por las potencias ocupantes, que se limitan a administrarlo. En tal caso, cabe hablar de un Estado (transitoriamente) incapacitado. Es la réplica del territorio bajo fiducia, que aún es incapaz, y por eso necesita una tutela. En ambos supuestos hay una comunidad que, si bien tiene capacidad jurídica, no tiene capacidad de obrar, por lo que solo puede ser representada por otros Estados.
g) Sujetos de D.I. común y de D.I. particular. Además de los sujetos de D.I. común, los hay que solo son reconocidos por algunos Estados, como, p. ej., la Orden de Malta y la mayoría de los rebeldes e insurrectos.
h) Sujetos de derecho internacional público y de derecho internacional privado. Los Estados no son solo sujetos del D.I.P.; tienen también la facultad de figurar en Estados extranjeros como sujetos de derecho privado. Lo mismo cabe decir de la ONU y los organismos especializados, cuyas constituciones les confieren el derecho de realizar cuantos actos jurídicos sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Su subjetividad jurídico-internacional pública y privada está limitada por el fin de su organización.
Personas Jurídicas Internacionales. Hay que distinguir entre los sujetos del D.I.P. y los sujetos de derecho privado creados por un tratado internacional. Estos sujetos de derecho privado creados por tratados interestatales se llaman personas jurídicas internacionales. Un sujeto de derecho privado de esta índole (sin subjetividad jurídico-internacional) era, p. ej., el Instituto Internacional de Agricultura de Roma. En cambio, la Cruz Roja Internacional es una organización creada sobre una base iusprivatística, pero que luego, por virtud de disposiciones del D.I.P. convencional, ha sido reconocida por la comunidad de los Estados como sujeto limitado del D.I.P., en calidad de institución humanitaria.
Despréndese de todo ello que, si es verdad que los Estados soberanos son los sujetos más importantes del D.I.P., hay a su lado otras comunidades territoriales con subjetividad jurídico-internacional, y, finalmente, organizaciones religiosas y humanitarias, que la comunidad internacional reconoce también como sujetos suyos.
Estados con subjetividad jurídico-internacional parcial. Los Estados compuestos (Federaciones), solo el con junto estatal es, en principio, sujeto del D.I. Esto es también, en general, lo que ocurre cuando la constitución federal o central concede a unos Estados miembros una competencia en materia internacional, puesto que el D.I. deja en libertad a los Estados para descentralizar su organización. La Subjetividad Jurídico Internacional sólo se da cuando hay un título jurídico-internacional especial (un tratado internacional o reconocimiento constitutivo) que lo instituya, toda vez que únicamente los Estados soberanos y la Iglesia católica son sujetos de Derecho Internacional común y los demás no pueden alcanzar esa calidad si no es en virtud de una regulación jurídico-internacional concreta.
Terrorismo: En los manuales militares de Estados Unidos se define como terror la utilización calculada, con fines políticos o religiosos, de la violencia, la amenaza de violencia, la intimidación, la coerción o el miedo. El problema de esta definición es que se aplica con bastante exactitud a lo que Estados Unidos denominó guerra de baja intensidad, reivindicando este tipo de prácticas 30. En diciembre de 1987, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución contra el terrorismo, Honduras se abstuvo y Estados Unidos e Israel se opusieron. ¿Por qué? Debido a un parágrafo de la resolución que indicaba que no se trataba de impugnar el derecho de los pueblos a luchar contra un régimen colonialista o contra una ocupación militar. Debe tenerse también en cuenta, el “Terrorismo de Estado”, que es el generado por las dictaduras militares o civiles, que reprimen a los pueblos en su manifestación elemental de reclamo de libertad y desarrollo.
Tratado Gondra: Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos (1923).
Tratados Bryan: Tratados subscriptos por EUA, de acuerdo con la iniciativa de su Secretario de Estado, Bryan, a partir de 1913, con otros Estados, obligan a las partes, a que todos los litigios que no se resuelvan por acuerdo mutuo y no sometidos a arbitraje fueran entregados a una mediación y a conocer su informe, antes de que se pudiera recurrir a las armas.
La Sociedad de Naciones toma de estos tratados, al obligar a los miembros a no recurrir a la guerra en ningún caso antes de que transcurra un plazo de tres meses después del dictamen del Consejo o de la Asamblea (art. 12 del Pacto) 31.
Los Estados que firmaron el Pacto Brian-Kellogg en 1928, renunciaron a la guerra como instrumento de política nacional y acordaron no buscar la resolución de las disputas, cualquiera fuera su origen, por otros medios que no sean los pacíficos.
1 Ver sobre el concepto de "Actor": DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 1998) I.S.B.N. 987-96035-0-8. También, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001) I.S.B.N. 987-43-2776-6. Asimismo, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como “Construcción” de Poder, (Córdoba, Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2. Igualmente, FIGARI, Guillermo M., Las Organizaciones Internacionales como Actores Internacionales, en "Revista Argentina de Relaciones Internacionales", Vol. III, No 9, Set/Dic 1977.
2 Sobre este tema habla Michael Walzer, Just and Unjust Wars, (New York, Basic Books, 1992). La renovación de la teoría de la guerra justa en los ’90 se analiza en Jean Bethke Elshtain, Just War Theory (Oxford, Basil Blackwell, 1992).
3 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Capítulo XIX. También, Hernández Vela Salgado, Edmundo, Diccionario de Ppolítica Internacional, (México, Editorial Porrúa, 2002), Tomo I, Sexta Edición, págs. 238-271.
4 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Capítulo XIX. También, Hernández Vela Salgado, Edmundo, Diccionario de Ppolítica Internacional, (México, Editorial Porrúa, 2002), Tomo I, Sexta Edición, págs. 238-271.
5 Ver Goldschmidt, Dikelogía: La Ciencia de la Justicia, (Madrid, Aguilar, 1968). También, Goldschmidt, Werner, Introducción al Derecho: La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus Horizontes, (Buenos Aires, Depalma, 1968).
6 Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Buenos Aires, Depalma, 1974), Vol. I, Parte General.
7 Ver Goldschmidt, Dikelogía: La Ciencia de la Justicia, (Madrid, Aguilar, 1968). También, Goldschmidt, Werner, Introducción al Derecho: La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus Horizontes, (Buenos Aires, Depalma, 1968).
8 Ver Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Buenos Aires, Depalma, 1974), Vol. I, Parte General.
9 Sobre la diferencia entre comunidad y sociedad, ver Tönnies, Ferdinand, Comunidad y Sociedad, (Buenos Aires, Losada, 1947). Este tema ha sido desarrollado en este trabajo bajo el título “Características del Sistema Internacional”.
10 Ver Puig, Juan Carlos, “Estructura y Funcionamiento del Régimen Internacional”, Revista de la Fuerza Aérea Argentina: Escuela de Comando y Estado Mayor, N° 67, Año 1973, págs. 95-110.
11 Ver en mi “El Orden Mundial del Siglo XXI”, (Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 1998), págs. 131-133 y 187-189, las “Líneas de Control Intra-hegemónicas” o “Parámetros de Cambio” o “Límites a las Conductas Autonómicas”.
12 Ver Scelle, George “Théorie et practique de la fonction exécutive en Droit lnternational”, en Recueil des cours de la lére Académie de Droit International (1936, I), tomo 55 y sus “Régles générales du Droit de la paix”, en Recueil... op. cit., (1933, IV), tomo 46, págs. 657 y ss.
13 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), Capítulo XIX. También, Hernández Vela Salgado, Edmundo, Diccionario de Ppolítica Internacional, (México, Editorial Porrúa, 2002), Tomo I, Sexta Edición, págs. 238-271.
14 En un reciente libro sobre el particular, se revelan los entretelones de la política llevada a cabo por los países bloqueantes: HER.WIG, Holger H. y HELGUERA, J. León, Krupp Salvos at Fort Libertador: Germany and the International Blockade of Venezuela, 1902-3. A Study in Gunboat Diplomacy (Caracas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1977).
15 CONIL PAZ, Alberto, Historia de la Doctrina Drago, en "Homenaje al doctor Luis María Drago" (Caracas, Oficina Central de Información, 1976), pág. 438.
16 SILVA, Carlos Alberto, La política internacional de la Nación Argentina (Buenos Aires, 1948), pág. 442.
17 Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 116.
18 MORENO QUINTANA, Lucio M., Política internacional de la República Argentina (Buenos Aires, 1948), pág. 44. SILVA, Carlos Alberto, La política internacional de la Nación Argentina (Buenos Aires, 1948), págs. 453 y 454.
19 Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 484-488.
20 Ver Martín, Lozada, Justicia Universal versus Imperialismo Judicial, Le Monde Diplomatique, Le Dipló, Enero del 2001.
21 Ver Lozada, Martín, ¿Genocidio o Crímenes de Lesa Humanidad?, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Enero del 2008, págs. 30-31.
22 Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 152-154.
23 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 76-77.
24 En el litigio sobre los decretos de nacionalidad en Túnez y Marruecos.
25 En este sentido concibió también la cláusula "rebus sic stantibus" la sentencia del Tribunal Federal suizo, de 10 de febrero de 1928, en el asunto del cantón de Turgovia contra el de San Gallen, apoyándose en una sentencia anterior al 17 de febrero de 1882 (Lucerna contra Argovia): se pregunta, en efecto, si puede aceptarse un derecho a liberarse del tratado, caso de producirse una alteración de aquellas circunstancias que según la voluntad presumible de las partes constituían su condición tácita.
26 La sentencia del Tribunal Civil Mixto de El Cairo, de 15 de junio de 1925, en el asunto Rothschild, B 14 (1926), 69.
27 Doctrina Pontificia, II: Documentos Políticos, Edición Bilinüe por J. L. Gutiérrez García (1958), 784.
28 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), pág. 122 y ss.
29 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 35, 80, 131-138.
30 Calloni, Stella, "Las guerras de baja intensidad”. Le Monde diplomatique edición Cono Sur, septiembre de 2001.
31 Ver Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, (Madrid, Aguilar, 1963), págs. 40 y 336.

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