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Timestamp: 2017-12-15 19:49:38+00:00

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Acto Administrativo Modulo 6 from gabogadosv
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EXPEDIENTE : 00448-2009-0-2801-JM-CI-01
JUEZ . HEINER ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ
DEMANDADO : ARUNTANI S.A.C.
DEMANDANTE : QUISPE QUISPE, EDGAR
Sentencia 95 - 2010
Moquegua, quince de abril
Que, de folios veintiuno a veinticinco obra demanda interpuesta por Edgar Quispe Quispe en contra de ARUNTANI S.A.C., solicitando su reposición como Preparador Mecánico, más costas y costos; de folios veintinueve a treinta y cinco subsana su demanda, indicando que en fecha 26 de mayo del 2005 ingresó a laborar para la demandada, se ha desenvuelto bajo contratos sujetos a modalidad en el puesto de Preparador Mecánico y que el día 27 de mayo del 2009 le fue impedido su ingreso a su puesto de trabajo sin expresarle causa alguna; a folios treinta y seis se admite a trámite la demanda en vía de proceso especial constitucional; a folios ciento dos se tiene por modificada su demanda al haberse ofrecido nuevos medios probatorios; de folios ciento sesenta a ciento sesenta y seis contesta la demanda ARUNTANI S.A.C., indicando que el demandante estaba sujeto a contratos de trabajo sujetos a modalidad con un plazo de vigencia; a folios doscientos setenta se tiene por contestada la demanda; quedando expedito el expediente para emitir sentencia conforme a resolución número siete de folios doscientos setenta y ocho.-
PRIMERO: Que el objeto de las acciones de garantía es de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional conforme lo dispone el artículo primero de la Ley 28237.
SEGUNDO: Que, al respecto es adecuado citar parte de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente EXP. N.° 0206-2005-PA/TC HUAURA caso CÉSAR ANTONIO BAYLÓN FLORES, que explica en que casos de despido se acude a la acción de amparo:
TERCERO: Que resulta adecuado citar la doctrina jurisprudencial expuesta por el Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 976-2001-AA/TC caso EUSEBIO LLANOS HUASCO-HUANUCO, que define las clases de despido existentes: FUNDAMENTOS:
Tanto el caso Baylon como Llanos se citan pues rigen el tema a la fecha en Perú, Baylón explica las vías procedimentales adecuadas y Llanos las clases de despido.
CUARTO: Que el demandante peticiona se deje sin efecto el despido incausado efectuado por la demandada y se ordene su reposición a su centro de trabajo en el que venía desempeñando labores de Preparador Mecánico en la Empresa ARUNTANI S.A.C.
QUINTO: Que de la revisión de los medios probatorios ofrecidos consistente en contratos de trabajo sujeto a modalidad de folios cuarenta y cuatro a setenta y uno, boletas de pago de folios setenta y dos a noventa y siete, se determina que el demandante laboró desde el mes de mayo del 2005 al mes de abril del 2009 mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad a servicio específico.
SEXTO: Para determinar la naturaleza del vínculo laboral, resulta adecuado citar la Doctrina Jurisprudencial expuesta por el Tribunal Constitucional recaída en el EXPEDIENTE. N.° 05012-2008-PA/TC TACNA caso TIBURCIO SILVA CALIZAYA:
4. La cuestión controvertida consiste en determinar si los contratos que suscribió el demandante habrían sido desnaturalizados, convirtiéndose en contratos de trabajo a plazo indeterminado. Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la realidad, pues de verificarse que no hubo una causa objetiva que justifique la contratación bajo la modalidad de “servicio determinado”, dichos contratos deberán ser considerados como contratos de trabajo de duración indeterminada, en cuyo caso el demandante solo podía haber sido despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.
5. En tal sentido, debemos señalar que con respecto al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, se ha precisado, en la STC N.° 1944-2002-AA/TC, que: “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (Fund. 3).
SÉTIMO: Que, resulta adecuado citar los fundamentos de la sentencia expedida en el Expediente 00531-2007-PA/TC, Caso Mejía Moscol:
EXP. N.° 02531-2007-PA/TC
MEJÍA MOSCOL
§ Procedencia y precisión del petitorio
1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos ( 7 y 20 ) de la sentencia recaída en el Exp. N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que en el presente caso procede evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
2. La demandante pretende su reincorporación a su puesto de trabajo por haber sido objeto de un despido fraudulento. Sin embargo, este Colegiado estima que el análisis de la controversia no se realizará sobre la base de los supuestos establecidos por el despido fraudulento; sino sobre la base de la supuesta desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme al artículo 77º, inciso d), del TUO del Decreto Legislativo N.º 728.
3. La demandante alega que los contratos suscritos con la emplazada han sido desnaturalizados conforme al artículo 77º, inciso d), del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, debiendo ser considerados como de duración indeterminada.
4. El artículo 77°, inciso d), del TUO del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR, establece que los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajador contratado demuestra que su contrato se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas laborales, lo cual se verifica cuando los servicios que se requirieron corresponden a actividades de naturaleza permanente, y para eludir al cumplimiento de la normativa laboral que obligaría a la contratación de un trabajador a plazo indeterminado, situación en la que el empleador aparenta o simula observar las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad.
5. En tal sentido, de lo obrante en autos, se puede apreciar que la demandante prestó servicios para la emplazada de manera permanente, desde el 15 de agosto de 2001 hasta el 30 de junio de 2006, no pudiéndose apreciar interrupción o suspensión de sus labores tal como se observa en los contratos de trabajo sujetos a modalidad que obran de fojas 7 a 21. Asimismo, en todos los contratos suscritos las actividades realizadas por la demandante son de naturaleza permanente y pertenecen al Área de Contabilidad, pues de fojas 3 a 6, obran las boletas de pago que acreditan que la demandante tiene la categoría de empleado y como ocupación la de asistente de contabilidad.
6. Asimismo, la emplazada alega que la accionante conocía que fue contratada por necesidad de mercado conforme al artículo 58 º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR. Sin embargo, la demandada ha omitido un requisito especial que señala la misma norma, cual es el de “constar la causa objetiva que justifica la contratación temporal”; requisito que resulta de imperiosa necesidad para la validez de los contratos por necesidad de mercado en concordancia con el artículo 72º del mismo cuerpo legal. (subrayado nuestro )
7. Por ende, los contratos de trabajo celebrados con la emplazada fueron desnaturalizados en esencia por cuanto no se cumplió con consignar la causa objetiva de contratación, de manera que hubo fraude en los contratos, porque se simuló labores de naturaleza temporal, cuando en realidad las labores que realizó fueron de naturaleza “permanente”.
8. En consecuencia, este Colegiado tiene la plena convicción de que la demandada simuló necesidades temporales para suscribir contratos de trabajo sujetos a modalidad, con el fin de evadir las normas laborales que obligaban a una contratación por tiempo indeterminado; por ello, la ruptura del vínculo laboral sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la descrita tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.
9. De otro lado, teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza indemnizatoria, y no restitutoria, no es esta la vía idónea para atender tal pretensión, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho del actor para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.
1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo y, en consecuencia, ordena a la demandada que reponga a la recurrente en su puesto de trabajo y le abone los costos del proceso.
2. IMPROCEDENTE la demanda en el extremo relativo al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del actor, conforme a lo expuesto en el fundamento 9, supra. Asimismo, improcedente en lo relativo al pago de las costas del proceso.
OCTAVO: El artículo 63.º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, establece que “los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada”. Además, el artículo 72.º de la referida norma señala que: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”. En el presente caso, de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de servicio específico, se puede ver que se contrata al recurrente, para realizar las labores de Preparador Mecánico, que significa que debe realizar trabajo de reducción de tamaño, clasificación y/o lavado del mineral, es decir que son labores habituales y por lo tanto permanentes y no temporales, por lo que los contratos se han desnaturalizado y así haya como prueba el anexo uno D que diga que su trabajo de preparador mecánico es temporal, pues es una actividad que ya lleva varios años y no corresponde a la actividad de prospección de minerales, sino a la actividad de beneficio de minerales entre las que se encuentran las de preparador mecánico, metalurgia y refinación. (Artículo 17 de la Ley Minera). Respalda también nuestro criterio la inspección del Ministerio de Trabajo que dice que la actividad del demandante es actividad permanente, aún cuando se encuentre en litigio contencioso administrativo sin resolución final como se adjunta prueba.
NOVENO: Para mayor ilustración, se citan los siguientes artículos de la Ley Minera:
DS 014-92-EM
TUO de la Ley General de Minería
VI. Son actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero.
VII. El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones, al que se accede bajo procedimientos que son de orden público. Las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado, cuanto de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.
Artículo 1.- El cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.
La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión.
Artículo 3.- La comercialización de productos minerales es libre, interna y externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión.
Artículo 8.- La exploración es la actividad minera tendente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimiento minerales.
La explotación es la actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento.
Desarrollo es la operación que se realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en un yacimiento.
Artículo 17.- Beneficio es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales; comprende las siguientes etapas:
1. Preparación Mecánica.- Proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica y/o lava un mineral.
2. Metalurgia.- Conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales.
3. Refinación.- Proceso para purificar los metales de los productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos anteriores.
Artículo 18.- La concesión de beneficio otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos.
Artículo 19.- Labor general es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios.
Artículo 22.- Transporte minero es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales.
Los sistemas a utilizarse podrán ser:
La Dirección General de Minería, con informe favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y opinión del Consejo de Minería, podrá agregar nuevos sistemas a esta definición.
DÉCIMO: Que, conforme el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante. En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado. La mina Tucari de propiedad de la Empresa ARUNTANI S.A.C. se ubica en la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, por lo tanto, es de competencia del presente juzgado, ver enlace:
http://peru.infomine.com/properties/listings/39776/TUCARI.html
DÉCIMO PRIMERO: El artículo 77, inciso d), del citado Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728 establece que “Los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada si el trabajador contratado demuestra que su contrato se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley”, en el presente caso los contratos celebrados entre el recurrente y la demandada se han desnaturalizado debido a que las labores de preparador mecánico no pueden ser consideradas como materia de contratación bajo la modalidad de servicios específicos, ya que las labores realizadas por el demandante son de naturaleza permanente y no temporal, pues es necesario que la empresa demandada cumpla con la preparación mecánica de manera rutinaria.
DECIMO SEGUNDO: Que el artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR precisa que tratándose de trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada común, el periodo de prueba es de tres meses, superado dicho plazo, alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario, y conforme a las boletas de pago y contratos de trabajo sujeto a modalidad a servicio especifico, se determina que el demandante laboró para la demandada desde el mes de mayo del año 2005 al mes de abril del 2009, fecha de su cese, por tanto sólo podría haber sido despedido por falta grave o causa justificada.
DECIMO TERCERO: En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de desnaturalización en los contratos suscritos, éstos deben ser considerados como de duración indeterminada, por lo que la emplazada, al haber despedido al demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, razón por la cual se configura un despido incausado.
DECIMO CUARTO: Que, habiendo vencido, corresponde el pago de costos y costas a favor del trabajador y de obligación de la empresa demandada, de conformidad con el artículo 412 del Código Procesal Civil.
Declarando FUNDADA la demanda de proceso de amparo interpuesta por EDGAR QUISPE QUISPE en contra de la Empresa ARUNTANI S.A.C., en consecuencia:
1. Declaro FUNDADO el proceso de amparo por despido incausado por desnaturalización de contratos a plazos fijos.
2. Dispongo se REPONGA al demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando (Preparador Mecánico) o en otro puesto equivalente.
3. Declaro FUNDADO el pago de costas y costos del proceso.
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EXPEDIENTE : 00791-2009-0-2801-JM-CI-01
DEMANDADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL ESTADO
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL
DEMANDANTE : COPA GARABITO EDGARDO FERNANDO
Sentencia 90-2010
Moquegua, catorce de abril
Que, de folios ciento dos a ciento doce obra demanda interpuesta por Edgardo Fernando Copa Garabito en contra del Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Procurador Público Encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, solicitando su reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando como Agente de Seguridad y Resguardo, basa su demanda en que ha laborado para la demandada desde el 04 de octubre del 2004 hasta el 31 de agosto del 2009, haciendo un total de cuatro años de servicios, diez meses y veintisiete días, que en fecha 01 de setiembre del 2009 se le impidió su ingreso, sin haberse cursado ninguna carta de pre aviso de despido, por lo que se trataría de un despido incausado; de folios ciento dieciocho a ciento diecinueve se admite a trámite la demanda en vía de proceso especial constitucional; de folios ciento veintinueve a ciento treinta y cinco contesta la demanda el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, quien indicó que se trata de una garantía constitucional en la que indebidamente se cuestiona la resolución de un contrato a modalidad y que de las cláusulas de los contratos se establece que no se origina relación laboral alguna; que a folios ciento setenta y cuatro el expediente se encuentra expedito para emitirse sentencia conforme a resolución número cinco.-
PRIMERO: Que, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido a través del Expediente 024-2003-AI-TC qué entiende por un precedente vinculante; así, señala que existen dos clases de sentencias: a) Las que resuelven casos concretos y b) Las que resuelven casos concretos con carácter precedente vinculante, es decir, que dictan normas obligatorias.
El sistema romano-germánico se basa en la teoría de la argumentación y genera que a dos mil jueces, dos mil interpretaciones con diferentes matices, de allí, que el Tribunal Constitucional venga implementando el sistema anglosajón donde existen sentencias precedentes vinculantes que se deben seguir como criterio de interpretación uniforme con el carácter de ley, es la garantía de igualdad y seguridad jurídica, así como de predictibilidad de las resoluciones judiciales, la transparencia que tanto se exige al Poder Judicial del Perú, artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional Ley 28237.
SEGUNDO: El sistema de precedentes vinculantes trabaja con tres conceptos fundamentales: a) El stare decisis, b) El overruling y c) El distinguish.
TERCERO: En materia de despido de trabajadores debe citarse la sentencia 1124-2001-AA-TC caso del Sindicato Telefónica, en donde el Tribunal Constitucional ha interpretado el artículo 27 de la Constitución Política del Perú y ha dicho que el derecho a la reposición laboral está vigente, dicha sentencia no tiene carácter de precedente, hasta la sentencia 0976-2001-AA-TC caso Llanos Huasco y que sí tiene carácter de precedente vinculante, de dicha sentencia son fundamentales los conceptos de despido incausado, fraudulento y nulo y, luego de esta sentencia es también determinante la sentencia 0206-2005-AA-TC caso Baylón Flores que explica cuales son las vías procedimentales correctas según sea un trabajador de régimen laboral público o del régimen laboral privado; es lo que actualmente rige.
CUARTO: Para mejor ilustración citamos expresamente los fundamentos 15 y 16 del caso Llanos; cita:
b) Despido incausado:
c) Despido fraudulento:
QUINTO: Citamos también los fundamentos 6, 7, 8 y 9, así como 21, 22, 23 y 24 del caso Baylón; cita:
7. El Tribunal Constitucional estima que esta nueva situación modifica sustancialmente su competencia para conocer de controversias derivadas de materia laboral individual, sean privadas o públicas. Sin embargo, los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. N. º 976-2004-AA/TC, para los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en esencia. En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.
SEXTO: Que en cuanto al conflicto de interpretación entre una locación de servicios y un contrato de trabajo, el Tribunal Constitucional reiterativamente viene explicando que allí rige el principio de primacía de la realidad cuando existe subordinación, así puede verse del expediente 03710-2005-PA/TC caso Alberto Dolcey Pintocatalao Murgueitio, referido a la aplicación del principio realidad. Veamos parte de su texto; cita:
1. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso, resulta procedente efectuar la verificación del despido arbitrario.
2. El demandante argumenta que, los contratos civiles suscritos con la demandante encubrían, en realidad, una relación de naturaleza laboral, por lo que en aplicación del principio de primacía de la realidad, la relación que mantuvo con la emplazada se convirtió en una relación laboral de naturaleza indeterminada, por lo tanto, no podía ser despedido sino por causa justa.
3. En tal sentido, la controversia se centra en dilucidar si los contratos civiles suscritos por el actor con la emplazada han sido desnaturalizados, para efectos de que en aplicación del principio de primacía de la realidad puedan ser considerados como contratos de trabajo de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el demandante sólo podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.
4. Con relación al principio de primacía de la realidad que, es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito de este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Fundamento 3 de la STC N.° 1944-2002-AA/TC).
5. Con Acta de Inspección Especial, de fecha 11 de setiembre de 2004, obrantes a fojas 11 a 12, se acredita que el demandante fue contratado para realizar labores de Inspector de los Cortes y Rehabilitación de agua potable, desde el 1 de abril de 2003 hasta el 31 de agosto de 2004; por lo tanto, con los referidos medios probatorios se demuestra que el actor, desde que ingresó en la empresa demandada, siempre realizó las mismas labores, las cuales fueron realizadas en forma subordinada, ya que con el Memorandum N.º 028-2004-EPS SEDAPALORETO S.A.-ARL., de fecha 5 de junio de 2004, obrante a fojas 7, se acredita que el recurrente se encontraba subordinado a las ordenes de un jefe inmediato, él cual le concedió permiso para que se ausente de su puesto de trabajo.
6. En tal sentido, un contrato civil suscrito sobre la base de estos supuestos se debe considerar como un contrato de trabajo de duración indeterminada, y cualquier decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral, sólo podría sustentarse en una causa justa establecida por la ley y debidamente comprobada, de lo contrario se configuraría un despido arbitrario, como ha sucedido en el caso de autos.
7. Finalmente, este Colegiado, considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido arbitrario; por lo que, teniendo en cuenta la finalidad restitutoria del proceso de amparo constitucional, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales.
SETIMO: En resumen venimos sosteniendo como premisa mayor de la construcción lógica de la presente sentencia que:
3. Existe la clasificación de despido incausado, fraudulento y nulo en la sentencia 976-2001-AA-TC caso Llanos Huasco y corresponde el proceso de amparo para la reposición por despidos incausados, el proceso ordinario laboral para el despido fraudulento y el ordinario laboral para el despido nulo del trabajador del régimen laboral privado, corresponde el proceso contencioso administrativo para el trabajador del régimen laboral público, según la sentencia 0206-2005-AA-TC caso Baylón Flores.
5. Rige el principio de primacía de la realidad cuando hay subordinación laboral, así se cobre por locación de servicios, en dichos casos se entiende hay contrato de trabajo.
OCTAVO: Que respecto de la premisa menor puede verificarse que el demandante ha acreditado haber prestado servicios laborales a la demandada, si bien es cierto el régimen por el cual se lo ha contratado ha sido el de servicios no personales, sin embargo, al haberse cumplido los elementos constitutivos de una relación laboral como son remuneración, subordinación y prestación personal en aplicación del principio de primacía de la realidad se ha producido la existencia de un vínculo laboral, así puede verificarse de sus:
Contratos de Servicios No Personales:
1. Del 04 de Octubre del 2004 al 31 de diciembre del 2004.
2. Del 01 de enero del 2005 al 30 de junio del 2005.
3. Del 01 de julio del 2005 al 31 de diciembre del 2005.
4. Del 01 de enero del 2006 al 31 de enero del 2006.
5. Del 01 de marzo del 2006 al 31 de diciembre del 2006.
6. Del 01 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2007.
Contratos Administrativos de Servicios:
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2. Del 01 de mayo del 2009 al 30 de junio del 2009.
3. Del 01 de julio del 2009 al 31 de agosto del 2009.
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3. Mes de diciembre del 2004.
4. Mes de enero del 2005.
5. Mes de febrero del 2005.
6. Mes de marzo del 2005.
7. Mes de abril del 2005.
8. Mes de mayo del 2005.
9. Mes de junio del 2005.
10. Mes de julio del 2005.
11. Mes de agosto del 2005.
12. Mes de setiembre del 2005.
13. Mes de octubre del 2005.
14. Mes de noviembre del 2005.
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17. Mes de febrero del 2006.
18. Mes de marzo del 2006.
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27. Mes de febrero del 2007.
28. Mes de marzo de 2007.
29. Mes de abril del 2007.
30. mes de mayo del 2007.
31. Mes de junio del 2007.
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35. Mes de noviembre del 2007.
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38. Mes de febrero del 2008.
39. Mes de marzo del 2008.
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50. Mes de febrero del 2009.
51. Mes de marzo del 2009.
52. mes de abril del 2009.
53. Mes de mayo del 2009.
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55. Mes de julio del 2009.
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Boletas de pago:
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6. Mes de junio del 2009.
7. Mes de julio del 2009.
Asimismo, de folios cincuenta y siete a ciento uno puede verse que el demandante recibe ordenes, lo que refuerza el argumento de subordinación, el trabajador es uno de régimen laboral privado; por lo tanto, sujeto a período de prueba de tres meses que al haber superado le da derecho a ser indeterminado y sólo despedido por falta grave y teniendo presente además el principio de continuidad laboral por el cual se desnaturaliza un contrato a plazo cuando supera los cinco años o cuando la labor desempeñada es permanente en el tiempo; por lo que se ha comprobado que ha ocurrido un despido de hecho al haber cesado en sus servicios al demandante sin mediar falta grave y proceso disciplinario, con lo que se demuestra que se trata de un despido incausado o arbitrario, teniendo presente que en aplicación del principio de continuidad el demandante venia laborando más de cuatro años y diez meses según contratos de servicios no personales, recibos por honorarios y boletas de pago de folios nueve a cincuenta y seis, y reiteramos que habiendo superado tres meses de labor sólo podía ser despedido por falta grave, pues la labor que desempeñaba era permanente y al haber sido despedido sin causal tiene derecho a la reposición como dispone el artículo 27 de la Constitución Política de 1993, y los precedentes vinculantes del caso Baylón y el caso Llanos, que interpretan el Decreto Legislativo 728, hoy Decreto Supremo 003-97-TR artículos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 72, 74, 77, entre otros conexos.
Que el Poder Judicial es una institución pública con trabajadores de régimen laboral público: los magistrados; y con trabajadores de régimen laboral privado: los auxiliares jurisdiccionales y administrativos; de allí que el servicio de seguridad y vigilancia se ubique como régimen laboral privado. Desde la Ley 26586.
La manera de analizar el presente caso es un stare decisis del juzgado en ya muchos casos similares confirmados por Sala Mixta, se trata pues de un trabajador del régimen laboral privado con despido incausado con derecho a reposición vía amparo, no se ha demostrado falta grave del trabajador, se ha alegado locación que no es sustento fuerte ya que se sabe que en el presente momento ya es materia de negociación sindical el pase a planillas de los trabajadores SNP y conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional, tampoco ha sido materia de defensa alegar que el régimen laboral del trabajador sea público, en consecuencia el magistrado se encuentra obligado a seguir los precedentes vinculantes sobre despidos.
NOVENO: Que citamos también sentencias ilustrativas respecto de que se entiende por principio de primacía de la realidad y desnaturalización de contratos: STC N° 833-2004-AA/TC, STC N° 008-2005-PI, STC 10777-2006, STC 258-2008-PA-TC, citamos también parte de la sentencia STC N° 1944-2002-AA/TC
2. Se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración). Es decir, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo.
3. En el caso autos, es aplicable el principio de primacía de la realidad, que significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. En tal sentido, del contenido de los contratos referidos se advierte que existía una relación laboral entre el demandante y la demandada de las características señaladas en el fundamento precedente; por tanto, las labores que realizaba eran de naturaleza permanente y no eventual, como lo manifiesta la demandada.
Respecto de tramo laborado en CAS debe explicarse que es un contrato de trabajo, para lo cual resumiremos partes del artículo sobre CAS publicado por el Juez Fernando Murillo Flores en internet; criterio al que nos adherimos, veamos:
“Así si bien la ley no brinda una definición del contrato administrativo de servicios, ésta la encontramos en el artículo 1 del reglamento: “El contrato administrativo de servicios es una modalidad contractual administrativa y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma”.
El contrato administrativo de servicios es, en esencia, un contrato de trabajo en virtud del que el contratado le presta sus servicios a la entidad contratante con la que está vinculado, a cambio de una contraprestación económica. Los elementos esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación personal de servicios y la subordinación están presentes en el contrato administrativo de servicios y, aunque la contraprestación económica no está regulada como tal en la ley que incluso ni la nombra, en el reglamento, pese a igual silencio, al menos se la nombra indirectamente cuando regula las contribuciones al servicio de seguridad social de salud y al régimen de pensiones. A su turno, en el modelo de contrato administrativo de servicios, sí se contempla el aspecto remunerativo del contrato, aunque con una denominación especial: contraprestación o retribución, pero que de modo alguno desvirtúa su naturaleza remunerativa.
Si partimos de nuestra conclusión de que el contrato administrativo de servicios es un contrato de trabajo celebrado entre el Estado y una persona natural, es pertinente identificar los elementos esenciales de dicho contrato en las normas que
a. La prestación personal.- Tanto la ley como su reglamento establecen que la contratación administrativa de servicios, tiene por objeto la contratación de los servicios de personas naturales. La ley habla de “contratación de personas” ( Artículo 7) y el reglamento igualmente refiere que el contrato administrativo de servicios “vincula a una entidad pública con una persona natural”.
Si adicionalmente damos lectura al modelo de contrato administrativo de servicios, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 417-2008-PCM., encontraremos que en él se denomina a la persona natural que prestará servicios, como el contratado, imponiéndosele, como obligación, el “No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la realización del servicio contratado, teniendo responsabilidad por su ejecución y cumplimiento.” ( Literal f de la cláusula sexta). Esta trascripción del contrato podemos advertir, sin duda alguna, uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo: la prestación personal del servicio a cargo del contratado.
b. La subordinación.- Al igual que en el caso anterior, la ley como su reglamento establecen la presencia de la subordinación, cuando se trata de la prestación del servicio como “no autónoma” ( Artículos 7 de la ley y 1 del reglamento).
Finalmente, siempre con relación a la “contraprestación” o “retribución” el modelo de contratación administrativa de servicios establece que su pago se produce “previa presentación del recibo por honorarios correspondiente por parte del CONTRATADO” (Cláusula octava).
Entonces, desde las referencias anotadas queda en claro que en el contrato administrativo de servicios, la prestación de servicios a cargo del contratado, que es una persona natural, es personal e indelegable, además de no autónomo, lo que por cierto implica una total subordinación y que en ambos casos es a cambio de una remuneración mensual, aunque en la ley o el reglamento se hable, indistintamente de “contraprestación” o “retribución”.
Respecto a estos elementos, Neves Mujica nos dice “Los elementos esenciales (…), no pueden faltar en un contrato de trabajo y nos permiten distinguirlo de otro de naturaleza civil o mercantil” Entonces, a la luz de la presencia de dichos elementos en el contrato administrativo de servicios, podrá no sólo afirmarse que es un contrato de trabajo, sino también distinguirlos de otros contratos, principalmente del de locación de servicios.
Acudimos a Neves Mujica quien, respecto a estos elementos nos dice “Pero hay otros elementos, llamados por la doctrina típicos, cuya presencia es frecuente aunque no indispensable, y hacen posible diferenciar entre unos contratos de trabajo y otros de la misma naturaleza. Dichos elementos suelen favorecerse por los ordenamientos, porque – de un lado – producen mayor certeza sobre la existencia de un vínculo laboral, especialmente en supuestos de oscuridad, y – del otro – conllevan para el trabajador el más pleno disfrute de los beneficios que las normas laborales establecen”.
Si alguna similitud existe entre un contrato de trabajo temporal sujeto a modalidad del régimen laboral privado, con uno de servicios no personales del régimen laboral público, es su potencial posibilidad de desnaturalización (Cf. artículo 77 del Decreto Supremo Nº 03-97-TR y la Ley Nº 24041). Ahora, esa similitud no existe más entre el contrato temporal sujeto a modalidad, con el contrato administrativo de servicios pues éste, de acuerdo a las normas trascritas, puede ser constantemente renovado sin posibilidad de desnaturalización. Lo que como venimos explicando es un recorte de un derecho irrenunciable, el derecho a ser repuesto en caso de desnaturalización del contrato de trabajo.
Pero el reglamento establece lo siguiente: “Las entidades contratantes deben velar por el estricto cumplimiento de esta disposición y adoptar las medidas correspondientes con esa finalidad, entre ellas la reducción proporcional de la contraprestación por el incumplimiento de las horas de servicios semanales pactadas en el contrato o la compensación con descanso físico por la prestación de
servicios en sobre tiempo”.
Lo trascrito nos lleva a anotar lo siguiente: la regla general es que la jornada semanal de 48 horas es un máximo; que en el contrato debe estar establecida la jornada semanal pactada (que podría ser menor a la de 48 horas); que si el contratado incumple dicha jornada semanal por efecto, por ejemplo, de inasistencia, la consecuencia inmediata es la reducción proporcional de la contraprestación económica, para lo que deberá establecerse que el valor de la hora de prestación de servicios es el resultado de dividir el monto de la contraprestación mensual, entre 30 días y el resultado, que es el valor día, dividirlo entre 8 horas de servicios diario, lo que nos dará como resultado el valor hora de servicios y que si acaso la jornada semanal se excede, deberá procederse a compensar dicha prestación de servicios (sobre tiempo u horas extras) con descanso físico, sin que las normas que comentamos hayan establecido si dicha compensación es con cargo al descanso semanal o anual.
Algo que debe tenerse en cuenta es lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8 del reglamento: “Cuando concluye el contrato después del año de servicios sin que se haya hecho efectivo el respectivo descanso físico, el contratado percibe el pago correspondiente al descanso físico” De esta norma podemos concluir que el contratado, de todos modos tendrá derecho a la contraprestación económica por el derecho adquirido al goce físico de su descanso anual, no obstante el contrato no haya sido renovado o prorrogado. Pero lo que no existe es una disposición que establezca cuál el plazo máximo dentro del que deba otorgarse dicho derecho, luego de un año de prestación de servicios, lo que podría llevarnos al hecho de que luego de dos o tres años de servicios, recién se otorgue el goce físico del derecho al descanso anual y que en el caso de renovación del contrato, se limite la entidad a otorgar la contraprestación económica, dejando de lado las razones físicas y naturales de la exigencia de un descanso vacacional, pues el numeral 8.3 del artículo 8 del reglamento establece “La oportunidad del descanso físico es determinada por las partes. De no producirse acuerdo la determina la entidad contratante”.
e. El lugar de la prestación del servicio.- Si bien la ley y el reglamento guardan silencio con relación al lugar de la prestación del servicio, es el modelo de contrato aprobado por la Resolución Ministerial N 417-2008-PCM., el que en su cláusula novena establece que debe pactarse el lugar de la prestación del servicio e incluso que la entidad contratante puede variar dicho lugar y asumir el costo del desplazamiento del contratado si acaso ello es necesario por las necesidades del servicio (pago de viáticos).
Es muy importante anotar que también pueden identificarse, en el contrato administrativo de servicios, las facultades típicas del empleador, como son las de dirección y organización (Cf. artículo 7 del reglamento) y disciplinaria (artículo 13 del reglamento).
b. La decisión unilateral de la entidad contratante (despido).- La decisión de extinguir el contrato de parte de la entidad contratante puede tener dos motivos: el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o, la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Previamente debemos dejar en claro que la única forma de concretizar estos dos motivos para extinguir el contrato, es consignar de manera expresa en el contrato cuáles son las obligaciones del contratado, dejando en claro que éste además debe cumplir las tareas que la entidad le encomiende, claro está, como una obligación más.
Como quiera que ahora el régimen especial de contratación administrativa de servicios es “una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado” y que “Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales” (Artículo 3 de la ley), debe entenderse que quienes estén contratados en el marco de la ley y el reglamento, no están en el ámbito de protección de la Ley N° 24041. Lo que como explicamos es anticonstitucional por suprimir derechos del trabajador sea público o sea régimen laboral privado como en el presente caso.
Si bien ya hemos enunciado la situación de aquellas personas que, habiendo estado contratadas bajo el sistema de contratación de servicios no personales, han pasado a estarlo mediante la contratación administrativa de servicios, no menos cierto es que existe otra referida a aquellas personas que estuvieron discutiendo la definición de su situación laboral en sede judicial, en el marco de la Ley Nº 24041, en tanto entró en vigencia la ley y han merecido o merecerán respuesta judicial positiva disponiendo su reposición en el centro de trabajo, y vienen siendo obligados a suscribir el contrato administrativo de servicios. Será controversial determinar si dichos trabajadores han perdido el derecho a estar comprendidos en la Ley Nº 24041 por el hecho de haber suscrito la contratación regulada en la ley y el reglamento, lo que transitará por evaluar el tema de los derechos adquiridos y la irrenunciabilidad de los mismos.
b. El despido arbitrario.- Así como en el régimen laboral privado existe el artículo 34 del Decreto Supremo N° 03-97-TR., que autoriza al empleador a despedir al trabajador arbitrariamente, debiendo pagar únicamente una indemnización por el despido arbitrario[9], el reglamento de la ley que comentamos también tiene lo suyo: “Cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la entidad pública, unilateralmente y sin mediar incumplimiento del contratado, el juez podrá aplicar una penalidad equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses.” (numeral 13.3, del Artículo 13 del reglamento).
Fin de la cita resumida.-
En nuestra opinión un reglamento no puede ordenar una vía procedimental como es la contenciosa administrativa para los reclamos derivados del CAS, pues por jerarquía normativa el precedente vinculante Baylón Flores ha establecido las vías idóneas, y que en el caso del trabajador vigilante que ha demandado es un servidor público sujeto al régimen laboral privado y por lo tanto su vía procedimental correcta es la del amparo por el despido incausado, tampoco compartimos el criterio de llevar su controversia a un órgano administrativo, pues en caso de despido no hay proceso administrativo, ni vía previa que agotar según el precedente vinculante Anicama, pues la remuneración tiene carácter alimentario; tampoco compartimos la disposición de que el trabajador sólo tiene derecho a una indemnización en caso de cese unilateral, pues el caso Telefónica justamente ha definido como una forma de protección del trabajador frente al despido arbitrario su derecho a reposición consagrado en el artículo 27 de la Constitución.
Independientemente de la explicación elaborada respecto del CAS, para el caso el demandante vino trabajando varios años antes con servicios no personales, que en realidad eran un contrato de trabajo y por haber superado los tres meses de labor continua ya tenía derechos, los que siendo irrenunciables no pueden desconocerse, así se opine que paso a CAS y perdió sus derechos, lo que como hemos explicado sea en locación, sea en servicios no personales o sea en CAS, no impide reconocer sus derechos por haber superado tres meses de labor en plaza permanente de vigilante en aplicación del principio de primacía de la realidad y de derechos irrenunciables del trabajador.
Asimismo, en el periódico de Gaceta Jurídica del mes de marzo del 2010 N° 28, ha aparecido un artículo referido al presente caso:
“Primeros Pronunciamientos sobre el CAS
CORTES SUPERIORES ESTABLECEN QUE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ENCUBRE UNA RELACIÓN LABORAL.
“No obstante, recientemente algunos órganos jurisdiccionales de dos Cortes Superiores del interior del país se han pronunciado sobre la naturaleza del vínculo jurídico que surge entre el Estado y el personal que contrata a través del CAS. La primera de ella es la sentencia N° 055-2009-SEC emitida en el proceso de amparo N° 2008-1703 (i.11.G) por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, publicada en el boletín de procesos constitucionales del diario oficial El Peruano del 30 de octubre de 2009. esta sentencia fue emitida en un proceso donde una persona contratada mediante CAS demandó al Instituto Nacional de Cultura de Cajamarca una vez que su contrato se extinguió. La decisión de la Sala Superior confirmó la del primer grado que declaró fundada la demanda de amparo y ordenó la reposición de la demandante en las labores que, antes de extinguirse el CAS, venía prestando en la entidad estatal demandada.
La segunda de las sentencias ha sido emitida en el Expediente N° 2009-0097 por la Sala Mixta Itinerante de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín y fue publicada en el boletín de procesos constitucionales de El Peruano del 31 de enero del 2010. Al igual que en el caso anterior, la sentencia ha sido emitida en la segunda instancia de un proceso de amparo en donde se demandó a la Municipalidad Provincial de Rioja. La decisión de la Sala Mixta confirmó la sentencia de primer grado que declaró fundada la demanda de amparo y nula la carta que daba por extinguido el CAS y, además, se ordenó la reposición de la demandante en el cargo de obrera de limpieza pública de la entidad estatal demandada… “
Reiteramos, en nuestra opinión, que según la Constitución Política de 1993, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, uno de los derechos de los trabajadores es el de aplicación del principio de primacía de la realidad, por lo tanto, cuando en el Decreto Legislativo 1057 se dice en su artículo 3 que el contrato administrativo de servicios es una modalidad especial propia del Derecho Administrativo y privativa del Estado y que se regulan por el Decreto Legislativo 1057 y que no se encuentra sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa ni al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales se está suprimiendo derechos del trabajador, para el caso, el derecho a la reposición al mencionar que el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y que es renovable sin mencionar que existe la posibilidad de desnaturalización de un contrato a plazo fijo y según lo que menciona el artículo 5; por otra parte, como ya hemos explicado existe una prestación personal pues expresamente la Resolución Ministerial 417-2008-PCM establece que a través del contrato se vincula a una entidad pública con una persona natural y que está prohibido delegar o sub contratar de manera total o parcial la realización del servicio contratado, existe también subordinación pues expresamente se menciona que los servicios tienen carácter no autónomo, existe también remuneración cuando se habla de contraprestación mensual o retribución y aun cuando el pago se haga previa presentación de recibo por honorarios.
No existe prueba de que el trabajador haya sido contratado para suplir a un trabajador con licencia o a una trabajadora con derecho de pre y post parto, al contrario, el trabajador demandante venía laborando varios años en una labor de vigilancia que es permanente en la institución judicial y, en consecuencia así se le haya contratado por CAS tiene derecho a la reposición por haber superado los tres meses de labor desde sus contratos por servicios no personales y con la precisión de que así haya sido contratado por el CAS existe en realidad un contrato de trabajo de un servidor público sujeto al régimen laboral de la actividad privada pues en el Decreto Legislativo 728 se encuentran los trabajadores del Poder Judicial. Corresponde reponerlo interpretando que por control difuso la Constitución tiene mayor jerarquía en cuanto a que el derecho del trabajador es irrenunciable respecto del derecho de reposición y que prevalece el principio de primacía de la realidad al momento de aplicar el Decreto Legislativo 1057.
El Artículo 51 del Código Procesal Constitucional establece la competencia del amparo para el domicilio del afectado o el lugar del hecho, según DNI del demandante domicilia en Moquegua y trabajo para el Poder Judicial de Moquegua.
DÉCIMO: Que conforme al artículo 413 del Código Procesal Civil siendo el Poder Judicial una institución estatal se encuentra exonerada de costas y costos.
1. Declarando FUNDADA la demanda de proceso de amparo interpuesta por EDGARDO FERNANDO COPA GARABITO en contra del PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL y PROCURADOR PÚBLICO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL.
2. DISPONGO que se reponga al demandante en el puesto de trabajo en la Corte Superior de Justicia de Moquegua como Agente de Seguridad y Resguardo o en puesto similar;
3. Declaro IMPROCEDENTE el pago de costas y costos.
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SALA MIXTA DESCENTRALIZA DE TARMA
SENTENCIA DE VISTA N° -2009
EXPEDIENTE : 2006-112-0-1509-JM-CI-01
PROCEDE : JUZGADO MIXTO DE TARMA
DEMANDANTE : SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DEL
SECTOR SALUD – BASE FENUTSA TARMA
DEMANDADO : DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – JUNIN
MATERIA : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
APELANTE : DEMANDADOS
PONENTE : CRISTOVAL DE LA CRUZ
RESOLUCIÓN NÚMERO .
Tarma, veintitrés de enero de dos mil nueve.-
VISTA: La causa en audiencia pública, oído el informe oral y producido la votación respectiva se emite la sentencia siguiente:
Viene en grado de apelación la Sentencia N° 2008-0117, contenida en la resolución número treinta y dos de fecha treinta de septiembre de dos mil ocho, corriente de folios quinientos sesenta y nueve a quinientos setenta y cuatro, que declara fundada la demanda contencioso administrativo interpuesta por el Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud – BASE FENUTSA TARMA y ordena que la demandada Unidad Territorial de Salud de Tarma y el Gobierno Regional de Junín cumpla con pagar la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia número 037-94 desde la fecha de expedición, esto es del primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro, debiendo ser continúa y agregándose los incrementos posteriores que se hayan establecido para dicha ley; asimismo, debe pagarse los intereses generados descontándose lo pagado por el Decreto Supremo 019-94-PCM de ser el caso a favor de Moisés Peña Quinto, Isidoro Rosales García, Delfina Torrejón Ponce, Emilia López Contreras, Alejandro Estrella Guerrero, Delia Natividad Amaro Robladillo, Woober Elías Chávez Campos, Gloria Flor Baldoceda Apolinario, Elizabeth Silvia Basteres Calderón, Aurelia Barrios Rojas, Eleuteria Arellano Mayta Viuda de Rojas, Jessica Judith Erribarren Lazo, Rafael Vicuña Orihuela y Piedad Del Carmen Herrera Aquino, en ejecución de sentencia, sin costas ni costos. - - -
Del Gobierno Regional de Junín
El apelante expresa los principales argumentos: 1) El magistrado no ha merituado sus pruebas, como el Oficio Circular N° 003-2004-EF-76.10 “Lineamiento para la aplicación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2004, Ley 28128”. 2) El Juez incurre en error al declarar que le corresponde la bonificación especial del Decreto de Urgencia N° 037-94, siendo improcedente conforme a los artículos 1°, 2° y 7°. 3) Al accionante la corresponde la bonificación de acuerdo a la Escala N° 01: Funcionarios y Directivos del Decreto Supremo 051-91-PCM. - - -
De la Red de Salud Tarma
El apelante expresa los principales argumentos: 1) A los demandantes no les corresponde la bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-94 porque el Decreto Supremo 019-94-PCM les estableció una bonificación especial en la suma de S/.90.00 que vienen percibiendo. 2) Conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC en sus fundamentos once y doce precisó que la bonificación del Decreto de Urgencia 037-94 no es aplicable a los profesionales de la Salud (Escala Nº 06), así como a los escalafonados y administrativos del Sector Salud, incluyendo a los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares (Escala 10). 3) Está demostrado que los demandantes en su calidad de servidores administrativos y asistenciales categorizados (activos, cesantes y sobrevivientes) pertenecientes a la escala diez no le corresponde la bonificación demandada. 4) Los servidores públicos de salud al producirse la reestructuración de su institución han sido escalafonados, recategorizados y nivelados, siendo excluido los escalafonados, más no los categorizados y nivelados como es el caso de los demandantes a quienes les asignó los niveles según el Decreto Supremo 051-91-PCM. - - -
PRIMERO: Sobre la condición laboral de los actores
Como cuestión previa antes de ingresar al tema de fondo, el Colegiado estima pertinente hacer precisiones sobre la posible inviabilidad de la pretensión o su anulación hasta la etapa de la fijación de los puntos controvertidos, en razón a que algunos de los demandantes son cesante del Decreto Ley 20530 y como tal estaría prohibido cualquier incremento de su pensión porque significaría una nivelación. - - -
En efecto, de la revisión de los fundamentos del contradictorio no está en discusión si la bonificación dada por Decreto de Urgencia 037-94 corresponde o no a los cesantes del Decreto Ley 20530, no solo porque no ha sido invocado por los demandados sino porque el Tribunal Constitucional en su sentencia vinculante dado en el Expediente N° 2616-2004-AC/TC no ha excluido de sus alcances, incluso en la misma sentencia analiza el caso de un cesante (fundamento 16), siendo reiterativo similares pronunciamientos donde ha dispuesto su pago, por lo que resulta innecesario nulificarlo sino que debe emitirse pronunciamiento sobre el fondo de la litis. - - -
Es más, respecto al análisis que se tendría que hacer de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, referente a la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, tampoco constituye una cuestión controvertida no solo porque el demandante no pretende esa nivelación sino también porque con la reforma constitucional referida, ha establecido que por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley no se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones. Dicha disposición ha sido reglamentada por la “Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530”, Ley 28449, en cuyo artículo 4° regula el reajuste de pensiones, del modo siguiente “Está prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad”. Es decir, la nivelación de pensiones o pensión nivelable debe entenderse como el reajuste de la pensión considerando al funcionario o trabajador en actividad; situación que no se ha demandado en el presente caso. - -
SEGUNDO: Del pago de la bonificación demandada
El thema decidendi y probandi esta centrado a determinar si a los actores les corresponde o no el pago de la bonificación dada mediante Decreto de Urgencia N° 037-94, pues los apelantes refieren que no les corresponde vienen percibiendo la bonificación establecida en el Decreto Supremo 019-94-PCM y que conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional dado en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC precisó que Decreto de Urgencia citado no es aplicable a los profesionales de la Salud (Escala Nº 06), a los escalafonados y administrativos del Sector Salud, incluyendo a los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares (Escala 10). Se analiza del modo siguiente:
a) En principio, debe indicarse que como es de conocimiento de los sujetos procesales, este tema ha sido analizado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC de fecha doce de septiembre del año dos mil cinco, que tiene carácter vinculante, estableciendo a quiénes corresponde, y a quiénes no, la bonificación otorgada por el Decreto de Urgencia Nº 037-94;
b) En cuanto a los trabajadores administrativos del sector salud, debemos tener presente que conforme al fundamento N° 11 literal f) de la sentencia vinculante precitada, no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-94 los servidores públicos ubicados en la Escala 10: Escalafonados, administrativos del Sector Salud; es decir, se debe entender solo a los trabajadores escalafonados y no a todos los servidores administrativos de dicho sector, pues el Director Ejecutivo de la Red Salud Tarma ha remitido al Juzgado informe de la situación actual de cada uno de los demandantes (folios 523 a 565) donde acreditan ser trabajadores categorizados y como tal están comprendidos en el fundamento 10) de la sentencia vinculante, correspondiéndole la bonificación demandada, salvo de una de ellas y en forma parcial, que se indica más abajo, al cambiar de Grupo Ocupacional a Enfermera, perteneciendo a la Escala 6; tanto más, si la demandada no ha indicado expresamente cual de los demandantes son escalafonados;
c) Es más, conforme al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, la Escala N° 7 corresponde a los Profesionales en los que se encuentran los niveles de servidor profesional A, B, C, D, E y F (SPA, SPB, SPC, SPD, SPE, SPF), la Escala N° 8 corresponde a los Técnicos en los que se encuentran los niveles de servidor técnico A, B, C, D, E y F (STA, STB, STC, STD, STE, STF), la Escala N° 9 corresponde a los Auxiliares en los que se encuentran los niveles de servidor auxiliar A, B, C, D, E y F (SAA, SAB, SAC, SAD, SAE, SAF) y la Escala N° 10 corresponde a los Escalafonados del Ministerio de Salud en los que se encuentran los niveles del 01 al 14;
d) A fin de observar el debido proceso debemos analizar individualmente a cada demandante si le corresponde o no percibir el beneficio del Decreto de Urgencia 037-94, que tienen la calidad de administrativos nombrados activos y pasivos, y no ha sido negado por la demandada, se detalla seguidamente;
e) En relación a don Moisés Peña Quinto: Tiene el cargo de Artesano III con nivel remunerativo STA conforme al Informe de su empleador (folio 524), es decir fue trabajador categorizado, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
f) En relación a don Isidoro Rosales García: Tiene el cargo de Artesano II con nivel remunerativo STB conforme al Informe de su empleador (folio 527), es decir fue trabajador categorizado, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
g) En relación a doña Delfina Torrejón Ponce: Tiene el cargo de Técnico Administrativo II con nivel remunerativo STA conforme al Informe de su empleador (folio 529), es decir fue trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
h) En relación a doña Emilia López Contreras: Tiene el cargo de Técnico en Enfermería II con nivel remunerativo STA conforme al Informe de su empleador (folio 532), es decir fue trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
i) En relación a don Alejandro Estrella Guerrero: Tiene el cargo de Supervisor de Programa Sectorial II con nivel remunerativo F-2 conforme al Informe de su empleador (folio 535), es decir fue trabajador categorizado, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 01: Funcionarios y Directivos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
j) En relación a doña Delia Natividad Amaro Robladillo: Tiene el cargo de Técnico en Enfermería II con nivel remunerativo STA conforme al Informe de su empleador (folio 538), es decir fue trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
k) En relación a don Woober Elías Chávez Campos: Tiene el cargo de Supervisor de Programa Sectorial II con nivel remunerativo F-1 conforme al Informe de su empleador (folio 540), es decir es trabajador categorizado, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 01: Funcionarios y Directivos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
l) En relación a doña Gloria Flor Baldoceda Apolinario: Tiene el cargo de Técnico Sanitario I con nivel remunerativo STC conforme al Informe de su empleador (folio 544), es decir es trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
m) En relación a doña Elizabeth Silvia Basteres Calderón: Tiene el cargo de Técnico Sanitario I con nivel remunerativo STB conforme al Informe de su empleador (folio 546), es decir es trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
n) En relación a doña Ana Floriza Ramos Barrios representada Aurelia Barrios Rojas: Tuvo el cargo de Técnico Sanitario I con nivel remunerativo STB conforme al Informe de su empleador (folio 548), es decir fue trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
o) En relación a don Virgilio Eudoro Rojas Gonzales representada Eleuteria Arellano Mayta viuda de Rojas: Tuvo el cargo de Técnico Sanitario II con nivel remunerativo STA conforme al Informe de su empleador (folio 553), es decir fue trabajador categorizado, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
p) En relación a doña Doris Judith Lazo Magino representada por Jessica Judith Erribarren Lazo,: Tuvo el cargo de Técnico Sanitario I con nivel remunerativo STC conforme al Informe de su empleador (folio 557), es decir fue trabajadora categorizada, tal status jurídico o ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94;
q) En relación a don Rafael Vicuña Orihuela: Tiene el cargo de Artesano I con nivel remunerativo STB conforme al Informe de su empleador (folio 560), es decir fue trabajador categorizado, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 08: Técnicos según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94; y
r) En relación a doña Piedad Del Carmen Herrera Aquino: Pertenece a dos escalas distintas:
La primera, hasta el 30de noviembre de 2002 tuvo el cargo de Asistente de Servicios de Salud I con nivel remunerativo SPB conforme al Informe de su empleador (folio 562), es decir es trabajadora categorizada, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 07: Profesionales según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 10) de la Sentencia vinculante precitada, le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94 hasta dicha fecha; y
La segunda a partir del 01 de diciembre de 2002 tiene el cargo de Enfermera con nivel remunerativo 10, grupo ocupacional Profesional de la Salud conforme al Informe dado por su empleador (folio 562), es decir es profesional de la salud, tal status jurídico lo ubica dentro Escala 06: Profesionales de la Salud según el Decreto Supremo 051-91-PCM; por lo que de acuerdo al fundamento 11) de la Sentencia vinculante precitada, no le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94 desde dicha fecha. - - -
Siendo así, estando los demandantes están comprendidos en las Escalas números 01, 07 y 08 respectivamente, Profesionales y Técnicos del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por ende les correspondes el otorgamiento de la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94; por lo mismo debe confirmarse la apelada que declara fundada la demanda, con la precisión de que a la demandante Piedad Del Carmen Herrera Aquino solo le corresponde la bonificación en referencias hasta el treinta de noviembre de dos mil dos. - - -
Por las consideraciones precedentes y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado: CONFIRMARON la Sentencia N° 2008-0117, contenida en la resolución número treinta y dos de fecha treinta de septiembre de dos mil ocho, corriente de folios quinientos sesenta y nueve a quinientos setenta y cuatro, que declara fundada la demanda contencioso administrativo interpuesta por el Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud – BASE FENUTSA TARMA y ordena que la demandada Unidad Territorial de Salud de Tarma y el Gobierno Regional de Junín cumpla con pagar la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia número 037-94 desde la fecha de expedición, esto es del primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro, debiendo ser continúa y agregándose los incrementos posteriores que se hayan establecido para dicha ley; asimismo, debe pagarse los intereses generados descontándose lo pagado por el Decreto Supremo 019-94-PCM de ser el caso, a favor de Moisés Peña Quinto, Isidoro Rosales García, Delfina Torrejón Ponce, Emilia López Contreras, Alejandro Estrella Guerrero, Delia Natividad Amaro Robladillo, Woober Elías Chávez Campos, Gloria Flor Baldoceda Apolinario, Elizabeth Silvia Basteres Calderón, Aurelia Barrios Rojas, Eleuteria Arellano Mayta Viuda de Rojas, Jessica Judith Erribarren Lazo, Rafael Vicuña Orihuela y Piedad Del Carmen Herrera Aquino, en ejecución de sentencia, sin costas ni costos; precisando este Colegiado que a doña Piedad Del Carmen Herrera Aquino solo se debe abonar la bonificación en referencia hasta el treinta de noviembre de dos mil dos; y los devolvieron. - - -
PROAÑO CUEVA.
VILLAGARAY HURTADO
Fuente: http://smdtarma.blogspot.com/
Publicado por heiner antonio rivera rodriguez en 18:13 No hay comentarios:

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