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Timestamp: 2017-03-29 07:21:56+00:00

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Instituto Hipólito Yrigoyen: diciembre 2007
DIPUTADOS RADICALES PROPONEN UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA ARGENTINO-URUGUAYA
Diputados provinciales del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un Proyecto de Resolución por el que la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicitaría al Congreso de la Nación que promueva la creación de una Comisión Parlamentaria Argentino - Uruguaya, dirigida a "favorecer las negociaciones bilaterales acerca del conflicto generado a raíz de la instalación de plantas de celulosa sobre el Río Uruguay".La iniciativa, de autoría del legislador uruguayense José Antonio Artusi, propone también, en su Artículo 2º, invitar a la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos a aprobar una resolución similar.La propuesta incluye la solicitud de que un representante de cada bloque de la Cámara de Diputados de Entre Ríos integre la mencionada Comisión Parlamentaria binacional, y establece que los legisladores entrerrianos deberán actuar "en procura de acuerdos que tengan en cuenta los puntos de vista e intereses de la República Argentina, de la Provincia de Entre Ríos y de las comunidades locales ribereñas involucradas, especialmente de la comunidad de Gualeguaychú, priorizando el supremo derecho de los habitantes a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, de acuerdo al Artículo 41 de la Constitución Nacional."En los fundamentos del Proyecto se recuerda que la Cámara de Diputados de la provincia "acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de resolución repudiando la localización de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia en la ciudad de Fray Bentos, aguas arriba de importantes centros urbanos como Gualeguaychú, y la propia Fray Bentos" , y se considera que tal medida "ha sido un gesto de solidaridad con los legítimos y genuinos reclamos de la comunidad de Gualeguaychú en contra de la instalación de industrias contaminantes, a favor del medio ambiente saludable, de la vida, y del desarrollo sostenible. Pero creemos que esa resolución, necesaria, no es suficiente. Es menester complementarla con otros gestos y con otras acciones, que procuren reiniciar caminos de diálogo, única vía por la que podremos arribar a soluciones en las que ninguna parte se sienta perdedora y que permitan relanzar con renovados bríos un proceso de integración regional entre pueblos hermanos que sigue siendo una asignatura pendiente".Los diputados provinciales de la UCR expresaron que "no desconocemos que la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo Nacional el manejo de las relaciones exteriores" y aseguraron que el proyecto "tampoco pretende obviar ni afectar en lo más mínimo la intervención argentina ante la Corte Internacional de Justicia", con sede en La Haya, pero enfatizaron que "sí pretende constituir un esfuerzo al que nos sentimos obligados, una contribución desde la denominada diplomacia parlamentaria".A su vez, justificaron la pretensión de que legisladores provinciales formen parte de la Comisión Parlamentaria propuesta argumentando que "si bien es cierto que el río Uruguay es un río de soberanía compartida, por ser límite fronterizo con la República Oriental del Uruguay y con Brasil, también es cierto que en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se autorizó a las provincias, con la supervisión del Congreso Nacional, a entablar relaciones internacionales e inclusive a celebrar tratados con estados extranjeros", a la vez que se señaló que los representantes entrerrianos, y específicamente los de Gualeguaychú, son los que tienen un conocimiento más acabado de la cuestión y sienten más de cerca el problema.-
Gustavo Calleja: "no alcanza" con el cambio horario
A las 0 horas de este domingo 30 de diciembre habrá que adelantar las agujas del reloj sesenta minutos, como primer paso de ahorro energético luego de que raudamente se aprobase el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional en el Congreso, en una iniciativa que no para todos constituye un plan serio para enfrentar la crisis energética.En ese sentido, el especialista en la materia Gustavo Calleja -es director del Instituto de Energía de la Fundación Illia e integrante del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), y ex subsecretario de Combustibles de la Nación- fue entrevistado en el programa "El juego limpio", conducido por Nelson Castro y emitido por la señal de cable Todo Noticias los jueves de 22 a 23, donde analizó el estado de situación energética y las medidas que habría que implementar para que el programa de ahorro sea efectivo.Calleja aseguró que el adelanto de la hora "no alcanza para paliar la crisis", porque "a eso habría que agregarle un plan de sustitución de combustibles no renovables por renovables", aunque consideró que "si nos educan insistentemente con que hay que hacer un uso racional, es probable que tenga resultados positivos".Por otro lado, y en referencia a declaraciones de funcionarios del Ejecutivo, quienes aseguran que no existe tal crisis, señaló que "no hay reservas, porque la generación de energía está al mismo nivel que el consumo", y por lo tanto "siempre va a haber alguna máquina que se va a caer".En la misma línea, el referente en temas energéticos precisó que "el Estado se aseguró que no existan cortes de luz y de gas en las zonas céntricas, como Buenos Aires, Martínez, La Plata o Avellaneda", pero "esto no sucede donde viven los pobres, es decir en el segundo cordón del Conurbano bonaerense".Fuente: Agencia NOVA
García Hamilton solicita al gobierno argentino que gestione la liberación de la Dra. Hilda Molina y su madre, impedidas de salir de Cuba
El diputado nacional argentino José Ignacio García Hamilton presentó un Proyecto de Resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación argentina solicitando "al Poder Ejecutivo de la Nación, quiera tener a bien incorporar a la campaña de liberación de la Señora Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla colombiana, la liberación también, de la Doctora Hilda Molina y su Señora Madre, impedidas de salir de Cuba y reunirse con sus nietos argentinos por decisión del gobierno cubano".En sus fundamentos el proyecto considera "encomiable" que la Presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner haya comprometido "el esfuerzo de nuestra diplomacia, de nuestro país" para conseguir la liberació de la colombiana secuestrada Ingrid Betancourt. "Sería bueno que también el gobierno nacional le pusiera energía suficiente a la idea de procurar solidaridad internacional y reclamar por los derechos humanos de la familia argentino-cubana, dos de cuyos miembros continúan secuestrados en la Isla" concluye el proyecto.Click para acceder al proyecto completo Fuente: ProCubaLibre
JOSÉ ANTONIO ARTUSI SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS DE AGMER
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (U.C.R.) se reunió el día Viernes 21 con directivos de la Seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, encabezados por Víctor Hugo Hutt.El encuentro tuvo lugar en la sede gremial de Concepción del Uruguay y tuvo como fin intercambiar información y puntos de vista acerca de diversos temas de actualidad vinculados con la educación entrerriana.El Diputado Artusi integra la Comisión de Educación, y en tal sentido informó a la dirigencia gremial acerca de la primera reunión, en la que se eligió al Diputado Jorge Kerz como Presidente. A su vez, hizo entrega a los directivos de AGMER del documento elaborado por el Consejo General de Educación para convocar a la constitución de la Mesa de la Educación Entrerriana, y del listado de asuntos pendientes de tratamiento.Numerosos fueron los temas abordados, entre ellos, los problemas de infraestructura y mantenimiento de las escuelas, el diseño del sistema educativo en una futura Ley de Educación, la prioridad a asignar a la educación pública, la paritaria nacional docente, el presupuesto educativo, la política salarial, el control de licencias, etc..Con respecto a la "Mesa de la Educación Entrerriana", Artusi reiteró su predisposición a apoyar mecanismos de planificación participativa que permitan delinear políticas de largo plazo para jerarquizar la educación pública, pero coincidió con la dirigencia gremial en cierta preocupación por el modo en que se pueda implementar. En tal sentido, señaló que debe alentarse la participación de los padres, pero procurando institucionalizar mecanismos que garanticen la representación efectiva. Además, el legislador uruguayense expresó que ningún mecanismo deberá ir en desmedro del rol que le cabe al Consejo General de Educación y a la Legislatura en materia educativa.Artusi manifestó que el año que viene los debates para elaborar una nueva Ley de Educación serán una de las cuestiones centrales en el ámbito parlamentario, y se comprometió a participar activamente en este tema, procurando estar permanentemente en contacto con todos los actores de la comunidad educativa.-
JOSÉ ANTONIO ARTUSI PARTICIPÓ DE REUNIONES DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) participó el día Martes 18 de las primeras reuniones de la Comisión de Educación y la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente.La Comisión de Educación estará presidida por el Lic. Jorge Kerz (FJV). La primera reunión de esta comisión sirvió para coordinar una metodología de trabajo y para comenzar a revisar los asuntos pendientes de tratamiento. El Diputado Artusi informó que la Presidenta del Consejo General de Educación, Prof. Graciela Bar, invitó a los integrantes de la comisión a la reunión constitutiva de la Mesa de la Educación Entrerriana, "a los fines de comenzar a generar un espacio de debate y propuestas superadoras de los temas educativos que preocupan a los entrerrianos". Artusi señaló que acompañará todas las instancias de planificación participativa dirigidas a jerarquizar la educación entrerriana, y adelantó que trabajará en la elaboración de propuestas que tiendan a institucionalizar de la manera más eficiente posible estos escenarios de participación. Por otra parte, expresó que procurará generar canales de diálogo permanentes con todos los actores de la comunidad educativa, a efectos de aportar elementos al debate que deberá dar origen a una nueva Ley de Educación provincial.Posteriormente el legislador uruguayense participó de la primera reunión de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que estará presidida por el Diputado Fabián Flores (FJV). También en este caso se revisaron proyectos que aguardan su tratamiento y se delinearon pautas de acción. José Antonio Artusi enfatizó que la cuestión ambiental será uno de los ejes prioritarios de su gestión legislativa. En tal sentido, posteriormente se reunió con un grupo de asesores en la materia, a efectos de avanzar en la identificación de algunos proyectos prioritarios. Artusi indicó que "Entre Ríos es una de las pocas provincias argentinas que carece de una ley general del ambiente, por lo que habrá que legislar para resolver ese vacío", a la vez que mencionó su interés en promover normas que regulen la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, el control de la calidad del agua de las playas, y la creación de un observatorio ambiental,entre otras cuestiones.-
JOSÉ ANTONIO ARTUSI SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS DE ATE
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (U.C.R.) se reunió el día Lunes 17 con directivos de la Seccional Uruguay de la Asociación de Trabajadores del Estado, encabezados por Oscar Muntes.El encuentro, que tuvo lugar en la sede gremial de Concepción del Uruguay a pedido del legislador, tuvo la finalidad de constituir un primer encuentro a efectos de informar acerca de la planificación de la labor parlamentaria y receptar inquietudes de la dirigencia sindical.Artusi manifesto su "satisfacción por la cordialidad del diálogo y por haber encontrado comunes denominadores acerca de la necesidad de impulsar una agenda de discusión sobre temas que son de interés de los trabajadores del Estado".La modificación del Régimen Jurídico Básico, los reclamos salariales, la situación del puerto de Concepción del Uruguay y la vía navegable, la necesidad de plantear nuevas políticas universales de redistribución del ingreso, y la inclusión de nuevos derechos de los trabajadores en la próxima reforma de la Constitución provincial fueron algunos de los temas tratados en la reunión.El Diputado Artusi manifestó que su gestión legislativa estará signada por el contacto permanente con las instituciones representativas de la comunidad, y se comprometió en especial a procurar a través del diálogo, incluso con legisladores y funcionarios oficialistas, acuerdos amplios que permitan articular la factibilidad de los proyectos.-
JOSÉ ANTONIO ARTUSI SE REFIRIÓ AL CENTENARIO DEL PETRÓLEO ARGENTINO
El Diputado Provincial José Antonio Artusi (U.C.R.) hizo uso de la palabra en el turno de los homenajes en la primera sesión de la Cámara con su nueva composición, para referirse al centenario del descubrimiento del petróleo argentino, que precisamente se conmemoraba el 13 de Diciembre.Artusi señaló que "hace 100 años se descubría el petróleo argentino en Comodoro Rivadavia, y a partir de ese momento, con errores y aciertos, de todos modos gobiernos de diverso signo mantuvieron constante una política de Estado: considerar al petróleo un recurso nacional, de carácter estratégico, que debía explotarse al servicio del desarrollo económico con autodeterminación, para contribuir a la mejora de la calidad de vida del pueblo argentino".El Diputado Artusi expresó que "esta política de Estado lamentablemente llegó a su fin en la década de los ´90, y hoy vemos como la renta petrolera es apropiada por empresas extranjeras que no reinvierten en exploración y que se apoderan de las riquezas de todos los argentinos".José Antonio Artusi consideró que "corresponde que rindamos homenaje a los trabajadores que durante décadas forjaron una empresa modelo como YPF, a ese gran General de la Patria y profesional ejemplar injustamente olvidado que fue Enrique Mosconi, a los presidentes que confiaron en él, como Hipólito Yrigoyen y Marcelo de Alvear, a Juan Domingo Perón, y a Arturo Illia, cuya anulación de los contratos petroleros reivindicamos con orgullo desde el radicalismo"."Por eso es oportuno no sólo rendir homenajes sino también asumir un compromiso militante en pos de la recuperación del petróleo argentino para volver a ponerlo al servicio del desarrollo nacional", enfatizó el legislador uruguayense. Leer más...
Por Gustavo Calleja PETRÓLEO: 100 AÑOS DE SU DESCUBRIMIENTO, UN DESFESTEJO Y UN COMPROMISO MILITANTE Se acerca el 13 de diciembre y se cumplirán 100 años del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia No hay nada para festejar y mucho por lo que luchar. De ejemplo seguido por todos los países del mundo, pasamos a ser el modelo a no seguir; y lo peor es que persistimos en mantenerlo. Valen, en pos de clarificar el tema y en homenaje a algunos y desprecio a otros, formular estos breves comentarios históricos.En 1810 los argentinos nacimos como Nación y nos quedamos con las potestades y bienes que pertenecían a España que estaban administradas por los virreyes dentro de un régimen unitario; entre ellos el subsuelo; regían las Ordenanzas de Nueva España. Posteriormente, a instancias organizativas y como consecuencia de la Revolución de Mayo aparecieron las provincias. Todos los gobiernos posteriores a 1810 – Triunvirato de 1813, Estatuto Provisional de 1817 y el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina posterior a la sanción de la Constitución de 1853, entre otras- ratificaron la vigencia de las normas heredadas; es decir, la propiedad nacional del subsuelo y la potestad de administrarlo. Recién en 1875 con Roca se sanciona el Código de Minería entregando el subsuelo a las provincias y prohibiendo la actividad minera del Estado; pero también es Roca quien avizorando los abusos de los privados y la indefección estatal, sanciona la Ley de Tierras Fiscales. En ese momento existían sólo catorce provincias; quedaron para la Nación los extensos territorios nacionales; entre ellos la Patagonia. Desde ese momento, las autorizaciones para explorar y explotar eran concedidas por las Provincias o la Nación, según su ubicación territorial.Si miramos hacia 1907 la primera conclusión que podemos sacar es que estamos peor. Tal aseveración surge de observar que un conservador como Figueroa Alcorta, apenas descubierto el petróleo en Comodoro Rivadavia e impedido de aplicar el Código de Minería, utilizó de inmediato la Ley de Tierras y reservó para el Estado Nacional una extensa zona aledaña al descubrimiento. No fue una resolución que salió de improviso, sino de una convicción sobre las características estratégicas del petróleo que se estaba formando en la élite gobernante, especialmente por lo que sucedía en los EEUU y en Europa. En especial, Jorge Newbery y la Armada Nacional fueron quienes más se ocuparon del tema. Figueroa Alcorta –un conservador más lúcido que los actuales que nos gobiernan ininterrumpidamente desde 1989, marcó el inicio de una política que siguió en vigencia hasta 1989.Con diferencias significativas, que incluyeron avances y retrocesos, quienes sucedieron a Figueroa Alcorta desarrollaron políticas acordes con el criterio de considerarlo una materia prima-poder. La creación de la Dirección del Petróleo de Comodoro Rivadavia (Roque Saenz Peña), antecesora de YPF, que fue creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen, quien definió las grandes líneas; subsuelo exclusivamente nacional, monopolio estatal-nacional de explotación, “no exportarlo y convertirlo en metálico”, en sus palabras” y “dedicarlo al desarrollo de nuestras industrias”, expropiar todas las concesiones privadas vigentes. Alvear con su Ministro Le Bretón designan a Mosconi al frente de YPF y éste, ante el freno del Senado a la Ley de Nacionalización y Estatización, les pide y obtiene la anulación de las concesiones y permisos otorgados anteriormente, que cubrían casi íntegramente el territorio nacional, hecho oportunamente denunciado por el Ing. Huergo. La gesta histórica ypefiana culmina con la toma del mercado de los combustibles líquidos en 1929 por parte de YPF, vigente hasta hoy pero con otros beneficiarios de las ganancias y con objetivos estratégicos determinados por el Reino Borbón. Es un hecho que Mosconi e Yrigoyen consideraron el 9 de Julio económico, que otorgaba vida al 9 de Julio político de 1816; además, suprimía la remisión al exterior de las utilidades, “que tomaban el camino del mar” en términos mosconéanos Mosconi, y eliminaba el precio internacional dejando la potestad de fijarlos en el gobierno nacional.Posteriormente, merecen destacarse la creación de los Fondos Específicos Viales por parte de Justo y de los energéticos por decisión de Perón, quien además creó Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica, le aprobó a Canessa la socialización de las tarifas y la expropiación de las empresas extranjeras de gas; la inclusión del Art. 40 en la Constitución Nacional de 1949, a instancias del coraje de Sampay y Mercante -que se animaron a contradecir a Perón que se oponía a su sanción- que nacionalizó el subsuelo y los servicios públicos; la Ley de Hidrocarburos de Frondizi que consideraba al subsuelo en la esfera de la Nación y otorgaba el monopolio de la actividad a YPF; la anulación de los contratos desarrollistas concretada por Illia en 1963, quien concretó también la creación del Impuesto al Crudo Procesado y el incremento de los Fondos Energéticos destinado a las grandes obras hidroeléctricas; el mantenimiento de la propiedad nacional del subsuelo sostenida por la actual Ley de Hidrocarburos de 1967 (nº 17319), son los hechos positivos más destacables. Entre los negativos tenemos el derrocamiento de Yrigoyen con el consiguiente encarcelamiento y separación de Mosconi de la Dirección General de YPF; el contrato de Perón con la Standard Oil de California, los contratos de Frondizi, la derogación del monopolio de YPF y la inclusión de los contratos de concesión por parte de Onganía en la Ley 17319, el brutal endeudamiento externo de YPF y la creación y potenciación del empresariado petrolero nacional durante el Proceso. Interesa destacar que en esos tiempos, siempre la defensa de los intereses nacionales privó sobre los hechos negativos.La captura de la renta generada por el petróleo permitió, hasta 1989, dotar al país de una petrolera pública modelo en el mundo, que también fue una empresa cívico-militar civilizadora; zonas despobladas y abandonas fueron colonizadas por YPF, siendo la Patagonia el ejemplo más significativo. Su accionar nos dejó con 40 años de reservas de gas y 20 de petróleo, con el 60 % de la población accediendo al gas natura por redes; con criterios sociales en los servicios públicos que permitían para todos la accesibilidad y la permanencia y donde ningún argentino se moría de frío, con una extensa red vial nacional y provincial, con obras hidroeléctricas de envergadura, con empresas estatales financiadas como los FFCC y Aerolíneas; con planteles de técnicos de primerísimo nivel y un desarrollo científico y tecnológico de avanzada.El vendaval privatizador y desregulador del justicialismo de Menem y Kirchner significó el retorno a las políticas de Roca y Avellaneda, pero con una mayor extensión territorial: a través de las provincia las multinacionales de apropian de los yacimientos hasta su extinción y se violan las normas legales regulatorias con el complaciente aval del Gobierno Nacional, constante recitador de un progresismo cosmético de nula credibilidad, que jamás ha tocado los fundamentos del modelo energético neoliberal. Todo el ahorro petrolero de varias generaciones de compatriotas pasó a precio de oferta a manos de los trusts internacionales del petróleo; la renta dejó de invertirse en el país y tomó el camino del mar, como entes de 1929 y volvió al cuento del precio internacional. Lo peor es que desde 1989 las fuerzas reaccionarias han derrotado a las progresistas y no se avisora un cambio positivo de tendencia. Nos acordamos de la poesía de Calderón de la Barca: “Vinieron los sarracenos, y nos molieron a palos, Dios ayuda a los malos, cuando son más que los buenos”.Del saqueo de los últimos 17 años, deviene la desinversión y de ésta la crisis energética integral que estamos padeciendo, cuya solución requiere la concreción de inversiones gigantescas. La discusión actual pasa por establecer quien las paga: a) o el petróleo, que para ello debe ser recuperado, especialmente en base a la aplicación de la Ley 17319 (cruel paradoja la que nos toca vivir, donde una norma que fue considerada por Silenzi de Stagni y Alconada Aramburu como el estatuto del vasallaje, nos sirve para defender nuestro petróleo), o b) todos los argentinos; y esta es la opción que han adoptado al actual y el venidero gobierno nacional: no se tocará el modelo y se incrementarán las tarifas en forma previa, en beneficio de promesas de inversión formuladas por quienes en su momento no las concretaron. Consecuentemente, seguiremos siendo el único país del mundo que no cree que los hidrocarburos son bienes estratégicos y que la política hidrocarburifera la deben determinan los petroleros, tales como Repsol, Petrobrás y PAE en consonancia con los intereses de sus respectivos estados extranjeros. Otro hecho negativo en la historia energética, que se suma a el de ser el único país que entregó sus hidrocarburos sin perder una guerra y de haber permitido que hasta el 2002, estando autoabastecidos, paguemos por los combustibles el precio internacional que tiene vigencia en países netamente importadores y con ingresos per-cápita varias veces superiores.Sin dudas estamos insertos en una gran derrota cultural de la solamente puede salirse con una permanente e inclaudicable militancia. El panorama es desfavorable, tanto por la ideología del gobierno como también por la que muestran los principales agrupamientos políticos y gobernadores que defienden un falso federalismo, serviles ambos a los intereses de las petroleras extranjeras o, lo que es lo mismo, al mantenimiento del modelo energético de mercado. Este es el argumento por el cual señalo que estamos peor que en 1907. Pero si a los trusts internacionales del petróleo pudieron derrotarlos los argentinos ilustres que he mencionado y Franklin D. Roosevelt con su ocupación militar de los yacimientos y la implantación de la regulación integral, Lázaro Cárdenas con su expropiación respetada por F.D. Roosevelt, Evo Morales con su nacionalización y Hugo Chávez recuperando a PDVSA –que había sido factor fundamental en el golpe para derrocarlo- y sus reservas, también podemos hacerlo los argentinos, también es posible recuperar los hidrocarburos que nos pertenecen. Termino manipulando a mi gusto las estrofas de la milonga dedicada a FORJA por el poeta yrigoyenista y militante Homero Manzi: Mañana, cuando haya sol. Será libre nuestra América ¡Qué lindo será mañana, Mañana cuando amanezca!Gustavo CallejaVicepresidente del MORENODirector del Instituto de la Energía de la Fundación Arturo IlliaBuenos Aires, diciembre de 2007.
Por Gustavo CallejaIntroducción.-Es normal escuchar del actual Presidente y de algunos ex presidentes, desmesurados elogios a los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi. Carlos Menem, por ejemplo, los calificó como “actos realmente geniales”. En cambio, manifestó que la anulación de dichos contratos, dispuesta en 1963 por el Presidente Illia, “fue un verdadero acto de corrupción, que le costó a la Argentina miles de millones de dólares. Y todavía no encuentro quien se haga responsable de ello”; también sostenía que constituían la continuidad de la política iniciada por Juan Perón en 1954 con el contrato firmado con la Standard Oil de California. Otros como Raúl Alfonsín , en agosto de 1987 y en una reunión ante petroleros privados realizada en la Residencia de Olivos, según Ámbito Financiero, sostenía que la anulación de los contratos fue un error.Todos los críticos de la anulación coinciden, falazmente, en afirmar que se perdió el autoabastecimiento, que no fue logrado ni cercanamente, por lo que no puede haberese perdido; que se pagaron cuantiosas indemnizaciones, olvidando que Illia compró activos a las compañias y no les pago un solo dólar en concepto de reparación, cosa que si concretó Onganía mediante el Decreto Ley nº 17.246 a Ámoco y Cities Service; que el país perdió la oportunidad de exportar aprovechando los ciclos alcistas del precio del petróleo, cuando la actuales y paupéerimas reservas que ostentamos en la actualidad son producto de una política de extracción intensiva y depredatarioa como la instaurada por los contratos frondizistas en un país que sólo tiene reservorios para su uso interno; agregan también que se incrementó sustancialmente la producción, cosa que es cierta pero que no se debe a los contratos sino al Plan de Reactivación de YPF aprobado por el Presidente Eugenio Aramburu mediante el Decreto Ley nº 15.026/56, confeccionado por los mejores técnicos y especialistas argentinos.-Julio Canessa, Juan Sábato, Alejandro Clara , Jorge del Río, Carlos Alconada Aramburu, Antulio Pozzio, Conrado Storani, etc…- y que preveía el logro del autoabastemiento para 1961 en base a la exclusiva acción de YPF.En un mundo donde nadie –salvo los gobiernos argentinos desde 1989 en adelante- discute el carácter estratégico de los hidrocarburos y donde observamos un recrudecimiento de los conflictos bélicos en pos de asegurarse la disposición de los reservorios más importantes, descalificar la anulación de los contratos petroleros dispuesta por Arturo Illia adquiere un carácter disparatado. Aquel acto constituyó, a mi juicio, la más importante decisión política y económica realizada desde 1963 a la fecha. Estaba orientada, en el estricto marco de las instituciones republicanas, a reparar la juridicidad del país , y a revertir el inicio del proceso de desnacionalización del patrimonio colectivo.El elogio a Frondizi, y la crítica a la política de Illia de recuperación del poder de decisión nacional en una columna económica estratégica, representa una muestra paradigmática de los objetivos del neolibaralismo. Responde a la necesidad de minimizar el alcance de los actos soberanos de la Nación y del poder de decisión nacional enmarcado en las normas jurídicas preexistentes. Inversamente a la acción política de Illia, Frondizi, apenas llegado al poder, violó sus pactos preelectorales. Con esa conducta infligió un gravísimo daño al sistema democrático a través de la pérdida de credibilidad social en los dirigentes políticos, agudizando la crisis de representatividad. Fue un anticipo nefasto de los que hoy nos sucede, donde, sin afectar las normas de una seudo democracia con sufragio periódico, se consolida día a día un sistema plutocrático en el que se gobierna por y para el poder económico.La revisión de los actos de gobierno es otro aspecto central de los decretos anulatorios, porque. ante la cantidad y la magnitud de los ilícitos cometidos podría llevar, en la gran mayoría de los casos, a la declaración administrativa o judicial de su nulidad. Para Illia no sólo se trataba de cumplir el compromiso preelectoral: también importaba demostrar que no existiría impunidad para nadie, ni para los corruptores ni para los corrompidos, por más alta que fuera la función desempeñada. La anulación por vía administrativa –ampliamente justificada en los Considerandos de los decretos anulatorios- lleva implicita un postulado de moral política actualmente olvidado: no se debe convivir con los ilícitos y menos aún justificarlos mediante su convalidación o inacción. Tales actos administrativos, en los que participaron Carlos Aconada Aramburu, Andel Salas, Adolfo Silenzi de Stagni, Antulio Pozzio, Juan Sábato, Héstor Masnatta, entre otros constituyen un tratado sobre las nulidades, las definiciones juridccionales, el concepto de servicio público, eccc; son tomados como ejemplo en países que atyraviezan situaciones de lucha para la recuperación de sus bienes hidrocarburífers, tales como Venezuela y Bolivia.Los contratos no fueron una genialidad de Frondizi, eran jurídicamente nulos, moralmente corruptos y económicamente perjudiciales, y su anulación resultó objetivamente, y largo plazo, muy beneficiosa.Consideraciones.-Bien vale hacer un balance de la cuestión, sin olvidar que constituye uno de los hechos históricos más discutidos. La publicidad de importantes medios vinculados al privilegio económico ha tornado creíbles auténticas falacias. Como una primera aproximación, a tal fin, he considerado conveniente: 1) resumir un documento oficial del Comité Nacional de la UCRP, presidido entonces por el Dr. Ricardo Balbin y publicado en 1960 , cuando aun gobernaba el Dr. Frondizi empeñado en su famosa batalla del petróleo. 2) analizar la cuestión a la luz de los hechos sucedidos a partir de su anulación.-1) Resumen del documento del Comité Nacional de la UCRP titulado: El petróleo en la República Argentina ” – Buenos Aires, 1960.-A.- AntecedentesA medida que los requerimientos del desarrollo industrial y la transformación operada en el transporte, exigieron mayores cantidades en la producción petrolera, YPF fue adaptando su dimensión al compás de un crecimiento acelerado y de altos indices sin precedentes en esa Industria.En la posguerra, la presencia de las petroleras internacionales en nuestro país, significó un permanente obstáculo para el desarrollo de la empresa nacional. Desde la creación de YPF sólo subsistían a la espera de que algún acontecimiento les permitiera lograr nueva importancia. Intentado en el año 1954 con el Contrato de la California firmado por Juan Perón, se consuma la operación luego del 1° de mayo de 1958.Con los planes del desarrollo puestos en marcha luego del año 1955, dejando operar a la estructura petrolera argentina y llevando adelante los planes de reactivación ya iniciados, ajustándose estrictamente a la tradicional política petrolera argentina, el país lograba su autoabastecimiento de petróleo y gas natural para el año 1961.El gobierno de Arturo Frondizi inauguró en l958 una falaz prédica declamatoria en torno de la necesidad y urgencia de autoabastecimiento, alegando la insuficiencia financiera y técnica del Estado A pesar de presentarlos como locaciones de obras y de servicios, eran típicas concesiones y, en consecuencia, violatorias de la Constitución, de leyes de la Nación, del Código de Minería y de las Constituciones provinciales.Los pozos que perforaron las empresas concesionarias pasaron a ser de su propiedad, prácticamente hasta su agotamiento, y eran ellas quienes determinaban los volúmenes a extraer. YPF se obligó a adquirir el petróleo que produjesen aunque se excedieran las posibilidades de la empresa para transportarlo y/o almacenarlo, a un precio y en condiciones absolutamente antieconómicas.Además de la irregularidad referida a la real naturaleza de dichos contratos, deben agregarse aquellas que se refieren a su tramitación, pues fueron gestados en la clandestinidad, se concertaron mediante una prolongada acefalía de la repartición oficial, por medio de un “delegado personal” del Presidente de la República (Arturo Sábato), desprovisto de autoridad legal y en transgresión al régimen institucional que vertebra el Estado de Derecho. Debe sumarse la ausencia de toda intervención de los organismos asesores y de control, con actuación preventiva en las contrataciones de YPF.Enunciativamente, se mencionan las siguientes irregularidades formales y materiales, que fundamentaron la nulidad:- Falta de licitación: tal como lo ordenaban las leyes vigentes.-.Avance sobre las legislaciones provinciales: sin la aceptación provincial y contrariando expresas disposiciones de normas constitucionales de alguna de ellas.-. Tratamiento impositivo excepcional: en violación de disposiciones constitucionales (artículos 16, 67 y concordantes). Y estas excepciones se sancionaron omitiendo la necesaria intervención del Congreso de la Nación.-. Obligación de Y.P.F. para afianzar: los bancos Central e Industrial de la República, transgrediendo sus respectivas cartas orgánicas, debieron avalar a Y.P.F., pero a las empresas comprometidas a realizar las prestaciones, no se les requirió aval alguno.-. Y.P.F. tomó a su cargo el caso fortuito y la fuerza mayor: invirtiendo los términos de cualquier relación contractual, Y.P.F. toma a su cargo cualquier evento que ocurra y haga imposible el estricto cumplimiento de la obligación a su cargo.-. Se pactó el arbitraje: en violación del artículo 100 de la Constitución Nacional y las leyes procesales y de organización de los Tribunales Nacionales.Asimismo, es necesario prestar atención a la real significación económica de los contratos, a saber:- Monto real de las inversiones: no obstante que se informó que las inversiones comprometidas excederían los U$S 1.000 millones, las cantidades realmente obligatorias no llegaban a U$S 80 millones y las inversiones reales no pasaron de U$S 20 millones, pues lo demás serían reinversiones de sus grandes beneficios. Ello ha hecho decir a una revista especializada de los Estados Unidos “Hanson´s Latin American Letter”: “Cuando los argentinos despierten, se asombrarán de cómo, a cambio de tan poco capital, liquidaron tan valiosos yacimientos: entonces la indignación será muy grande”".-. El precio que debe abonar Y.P.F.: se adoptó el criterio del precio internacional, llegando en muchos casos a superarlo, en virtud de las desgravaciones y beneficios. El costo promedio a pagar por Y.P.F. resultó de U$S 21,75 el m/3. Como en ese precio estaban incluidos los costos de exploración y desarrollo en que había incurrido YPF, en definitiva, ésta terminaba pagándolos dos veces.Al tiempo de celebrarse estos contratos, el costo total de producción para Y.P.F. ascendía a U$S 4,50 el m/3 .Se dió la paradoja que importando el petróleo (y no consumiendo nuestras reservas), resultaba apreciablemente más económico al país, pues los últimos embarques puestos en La Plata costaron un promedio de U$S 16,51 el m/3. Podría haberse justificado esta enorme diferencia con el costo de importación, si tan siquiera las contrataciones evitaran el drenaje de divisas que se generó. Pero ello tampoco ocurrió, puesto que los pagos debían realizarse en dólares. El aumento de más de 300% en los precios de la nafta, kerosene, gasoil, etc., fueron pues, la inmediata consecuencia de los contratos examinados.Luego de consumadas las contrataciones que en mayor medida comprometieron los yacimientos de Y.P.F. el gobierno de Frondizi sancionó la ley 14.773, en la que se declaró que “los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en todo el territorio de la República, son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional.” y que todas las actividades del ciclo económico de los hidrocarburos estarán a cargo de Y.P.F., Gas del Estado y Y.C.F.Con posterioridad a su sanción se celebraron contratos con empresas extranjeras -Shell, Esso y otras- en flagrante violación a sus enunciados e incluso, concediéndoles beneficios significativos en las etapas de refinación y comercialización., que dañaban significativamente a YPF.B.- El autoabastecimiento de Petróleo-. Su verdadera significación: el problema del autoabastecimiento estaba vinculado a los factores que provocaban el estrangulamiento exterior de nuestra economía, pues el país sufría una secular pérdida en los términos de intercambio. Su obtención propendía al restablecimiento del equilibrio en la balanza de pagos y coadyuda al desarrollo industrial competitivo mediante la colocación en el mercado nacional de combustibles baratos. El problema del autoabastecimiento, padecido duramente en el trascurso de la Primera Guerra Mundial , fue uno de los motivos que inspiró a Hipólito Yrigoyen a crear Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como a Marcelo Alvear y Enrque Mosconi para desarrollarla.Ambas metas se habían venido logrando rápidamente con YPF estatal. Por el contrario, con la celebración de los contratos se agravó el problema de la balanza financiera, pues:1) sus pagos estaban convenidos en moneda extranjera y 2) respecto del precio del combustible, el aumento del 300% nos explica por sí solo la nueva tendencia que se produjo en la evolución de los precios internos.Como subsistió el drenaje de divisas, se deberían exceder las necesidades del mercado nacional, para lograr saldos exportables de petróleo y abonarle a las empresas extranjeras.-. Las proyecciones para alcanzarlo: está demostrado que antes del 1/05/58 se habían puesto en marcha medidas que proveían, respecto de lo requerido para llegar al autoabastecimiento, un programa de acción del cual se había cumplimentado en los siguientes porcientos: en exploración el 100%, en producción de petróleo el 76%; en producción de gas el 82%; en refinación, el 92%. Virtualmente, el país estaba próximo a la meta definitiva.-. La exportación y comercialización: la exportación del petróleo no es un objetivo en ningún país del mundo -con excepción de aquéllos que mantienen una estructura colonial de dependencia exterior- no sólo por tratarse de un factor vital para las economías nacionales, sino por su especial naturaleza - bien no reproducible, perecedero, estratégico, materia prima-poder- que debe ser racionalmente explotado en base a proyecciones de las necesidades del mercado interno.Vale preguntarse por qué irrumpen en el escenario nacional estos contratos, y así, podemos señalar:-. Causas internacionales: la demanda mundial de petróleo es creciente y el ideal del autoabastecimiento se aleja cada vez más de los países de alto desarrollo industrial, los cuales, dada su propensión al consumo, deben asegurarse reservas adecuadas para su crecimiento y seguridad. De allí, que en resguardo de sus intereses. EE.UU. busca fuentes seguras de provisión.-. Causas nacionales: las políticas que se han seguido en esta materia, han empalmado con los “Slogans”de la libre empresa, cuya aplicación viene desarticulando las defensas de la economía nacional; algunos de ellos, como el que valoriza en cero al petróleo bajo tierra caen en el sentido del ridículo.2) Análisis de las consecuencias de la anulación.-Vale recordar que los contratos fueron firmados en una época de petróleo barato (u$s 12/m/3 ), signada por la acción expoliatoria de las multinacionales sobre los países productores. Por otra parte ya existía la certeza de una reacción inevitable por parte de estos últimos. Finalmente debe observarse la necesidad de EE.UU. de asegurarse el suministro de petróleo, ante la pérdida de su autoabastecimiento, problema que en su momento obligó al Presidente FRranklingh D. Roosevelt a ocupar militarmente los yacimientos.Así podemos observar que en 1954 se produjo la creación del consorcio petrolero Iraní; en 1956 sucede la Crisis de Suez (2° crisis petrolera de la posguerra); en 1957 Enrico Mattei cierra tratos con el Sha de Irán; en 1958 se produce la Revolución Iraquí ; en 1959 EEUU impone cuotas a la importación y se celebra el Congreso Petrolero Arabe y en 1960, los países productores fundan la OPEP. Todo indicaba la inestabilidad del precio internacional y esa circunstancia se constituyó en uno de los estratégicos básicos utilizados para anularlos.Un análisis objetivo de la anulación demuestra que:a) no implicó perder un autoabastecimiento, falazmente declamado y jamás alcanzado; importa señalar que el aumento de la producción obtenido a partir de 1958, se debió, más que a los contratos, al Plan de Reactivación de YPF iniciado en 1957 por el Presidente Aramburu. Los defensores de los contratos avalan sus afirmaciones en que en un solo més la producción superó al consumo; no dicen que de inmediato comenzó a bajar, incluso durante la vigencia de los contratos. Además, el autoabastecimiento se mide, aquí en en todos los países del mundo, an términos anuales y haciendo jugar los inventarios iniciales y finales; además, no incluyen las importaciones y las exportaciones de subproductos (naftas, gasoil, fueloil…) ni la de los bienes sustitutos, como el gas naturtal y el licuado. Argentina recién se autoabasteció en 1985.Sostienen, asimismo, el gran aumento de la producción, que es cierto, pero que surge de que recibieron las mejores áreas en perfecto estado de funcionamiento; además, YPF, en las áreas que le quedaron produjo un aumento similar, a pesar de que debió regular la producción de éstas áreas para recibir la de los contratistas, de acuerdo a las exigencias contractuales.b) no produjo una baja en la producción total de hidrocarburos (petróleo más gas), pues la caída de la producción se inició en 1963, ocasionada por la explotación irracional aplicada desde 1958;c) no obligó al pago de indemnizaciones, ya que no pueden considerarse tales a las compras de activos realizadas a los contratistas, a precios de liquidación; las reconocidas por la Revolución Argentina mediante la Ley 17.246, consideró en otorgar nueva vigencia a dos de los contratos –Amoco y Cities Service- que judicialmente habían resisituido a la anulación decretada por Illia mediante los decretos nº 744 y 745 de 1963; sus áreas estaban a punto de ser ocupadas al producirse el golpe de junio de 1966.d) permitió reorganizar YPF y reducir el incremento de los saldos comerciales negativos de la balanza energética, que se hubieran producido a causa del espectacular incremento de la actividad económica de los años 1964/65 ;e) impidió que las crisis petroleras iniciadas a partir de 1973, que elevaron el precio internacional del petróleo de 15 a 200 U$S/ m/3 (1.230 %), afectaran de manera directa a la economía (pues los contratos estaban atados al precio internacional) agravando los problemas ocasionados por la baja del precio de nuestras exportaciones y el aumento de los biens importados, originado por el incremento mundial de los costos energéticos;f) evitó pagar a los contratistas una cifra aproximada a U$S 3.500 millones, surgida de comparar el precio reconocido a YPF y el que ésta tendría que haberles pagado a los contratistas durante la vigencia de los contratos (ver trabajo de Conrado Storani publicado el 27/11/84 en Ambito Financiero “Análisis económico de la anulación de los contratos petroleros en 1963 por el Presidente Arturo Illia). Storani toma sólo tres contratos y trabajando en dólares de valor corrientes llega al siguiente detalle:Amoco U$S 2.049.420.500Cities Service U$S 775.517.550Ex Tennessee U$S 689.743.530TOTAL U$S 3.514.681.850g) hizo posible que YPF descubriera el yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata, en un área que estaba en poder de la Esso que, a consecuencia del alto precio contractualmente convenido hubiese impedido alcanzar el desarrollo gasífero actual, o sólo podían haber accedido al mismos los más pudientes Además, su explotación total, le hubiese reportado al contratista ingresos cercanos a los U$S 64.000 millones, medido en valores actualesh) no fue obstáculo para que el país pudiera eventualmente convertirse en exportador y aprovechara los años de precios altos, pues después de más de treinta años de esfuerzos exploratorios, las reservas siguen siendo pobres. La realidad que vivimos luego de la desreguación aplicada desde 1991, donde los horizonte de reservas de gas y petróleo pasaron, en relación a 1889, de 38 a 8 y de 18 a 5 años, respectivamente, da por tierra con la falacia de considerar a la Argentina como país exportador Por otra parte, YPF sólo hubiera podido exportar a pérdida, porque sus costos (precios contractuales más costos de transporte y almacenamiento, más impuestos y costos de los contratistas a su cargo), resultaban muy superiores a los precios de exportación.-i ) terminó con contratos atados al precio internacional ,pagaderos casi totalmente en divisas y que al gozar de exenciones fiscales, llegaban a superarlo, configurando el único caso de un país que pagaba más por su petróleo que si lo importara. YPF no sólo no recuperaba los costos de exploración y desarrollo realizados en las áreas cedidas, ya que al estar incorporados al precio que debía abonar, terminaba pagándolos nuevamente.j) Poseían irracionalidad técnica, porque al provocar la explotación intensiva, valiosos yacimientos sufrieron daños irreparables;k) eran moralmente inaceptables e ilegales, pues, además de establecerlo los dictámenes de la Fiscalía Nacional e Investigaciones Administrativas presidida popr el Dr. Saadi Massué y de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados de 1964, con el voto favorable de todos los bloques (incluído el justicialista), con excepción del desarrollista-, en un fallo del 4 de julio de 1967, con jueces nombrados por el dictador Onganía, la Cámara Federal en lo Correccional y Criminal sostuvo que “los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y concusión...” y dado el tiempo transcurrido no corresponde instruir sumario criminal “por prescripción de la acción penal”. Los procesados más importantes eran Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Arturo Sábato. Podemos deducir que, de no haberse producido el golpe del 28/06/66, responsables citados habrían sido condenados; de allí el apoyo de Arturo Fondizi al mismo.Las crisis iniciadas en 1973 y los sucesivos aumentos de precio, privaron a los defensores de los contratos de uno de sus principales argumentos, pues el daño que hubiese sufrido la Nación si hubieran estado vigentes habría sido inmenso. Sólo los siguieron avalando los económicamente interesados y los desacreditados por los dictámenes legislativos y judiciales. Carentes de argumentos racionales y sin datos que los avalen, no vacilaron en repetir falacias que aún perduran -tales como el logro del autoabastecimiento y los costos de miles de millones de U$S en indemnizaciones- tratar de descalificar idónea y moralmente a los responsables de la anulación, llámense Arturo Illia, Carlos Perette, Eugenio Blanco, Antulio Pozzio, Juan Sábato, Conrado Storani, Carlos Alconada Aramburu, Amilcar Mercader, Juan Carlos Pugliese, Eugenio Blanco, Adolfo Silenzi de Stagni, entre otras personalidades de intachable conducta. Rogelio Frigerio los consideraba “personas vinculadas al negocio de la importación”... “que anteponían los intereses del comité a cualquier otra consideración, los que conscientemente hacían un daño al país” (Ver Rogelio Frigerio” -Editorial Abril 1983).Es curioso observar que, en 1973 -cuando ya había comenzado la espectacular escalada alcista de los precios del petróleo- Rodolfo Terragno aun consideraba que en la Argentina en 1963 había tenido lugar una “actitud de nacionalismo vacío”... “en definitiva, se favoreció a empresas extranjeras del tipo Shell y Esso, más interesadas en la importación que en la explotación” ( Terragno Rodolfo : "Medio Oriente: los traficantes del petróleo". Ediciones de la Flor.-1974). Olvidaba que con la anulación a esas empresas, además de anulársele los contratos de explotación y/o exploración, se les terminaron los beneficios contractuales que obligaban a YPF a venderles petróleo a precios subsidiados y a cederles una porción del mercado.-Buenos Aires , 2 de noviembre de 2007.-Gustavo A. CallejaEx Subsecretario de Combustibles de la NaciónEspecial para Los Principios on line http://www.losprincipiosonline.com.ar/ Foto: El Dr. Arturo Umberto Illia en un acto en Concepción del Uruguay
LA TARIFA DE OBRAS SANITARIAS Y LA NECESIDAD DE UN PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
O “que el árbol no nos tape el bosque…”Por José Antonio ArtusiEl pasado día 29 de Noviembre el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó una ordenanza por la que se dispone un aumento superior al 100% en la tasa del servicio de Obras Sanitarias. El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, contó con el apoyo del bloque oficialista, fue rechazado por el bloque de la UCR , y generó el repudio de numerosos vecinos, algunos de lo cuales manifestaron su malestar con la medida en el mismo recinto.A partir de entonces, se ha venido dando un interesante intercambio de posiciones en diversos medios de comunicación, y a su vez un grupo de ciudadanos ha peticionado al Sr. Presidente Municipal que vete la ordenanza y que convoque a tratar la cuestión en el marco de una Audiencia Pública.Bienvenido el debate y la reacción ciudadana frente a medidas extemporáneas, aparentemente improvisadas, y que obviamente no formaron parte de la propuesta electoral que la actual gestión municipal ofreció a los votantes, y que de hecho contó con un legítimo respaldo en las urnas.De todos modos, cabe alertar acerca de los riesgos que se podrían derivar de un debate que no encarrile adecuadamente los puntos a tratar, que no ponga en el centro los ejes de discusión que corresponden. Este artículo pretende constituir una modesta contribución a centrar correctamente el debate, intentando arrojar algo de luz sobre las cuestiones que considero centrales y las que resultan secundarias. Que el árbol no nos tape el bosque…Primero lo primero, entonces. El agua potable segura es un derecho humano fundamental, del que todas las personas deben gozar; en la medida en que se trata de un elemento central para la vida misma, unido indisolublemente a la salud pública, a la salud ambiental, y en general a las condiciones de vida de los pueblos. La posibilidad de disponer de agua potable forma parte del derecho a la vivienda, garantizado en nuestra Constitución Nacional, dado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha dictaminado que “una vivienda será conforme al derecho internacional si se garantizan ciertos aspectos mínimos en todo momento”, entre los que figura “el acceso al agua potable y a servicios sanitarios”.Por lo tanto, si lo que se trata es de procurar la mejor forma de brindar un buen servicio de agua potable y saneamiento para todos los uruguayenses, en condiciones aceptables de eficacia y eficiencia, y previendo que el servicio pueda ampliarse razonablemente en el futuro de acuerdo a las lógicas expectativas de crecimiento de la ciudad, en el marco de un proceso integral de desarrollo sostenible, parece lógico pensar que tan trascendente desafío no podrá encararse razonablemente sin un plan. Por razones tan simples como que nunca soplan buenos vientos para quien no tiene un rumbo claro, o porque – como diría Mario Bunge _ el que no planifica siempre es víctima de algún planificador, los uruguayenses deberíamos tratar de que ese plan lo elaboremos nosotros, y lo hagamos de la manera más participativa y democrática posible, más allá de que aceptemos y aprovechemos los aportes técnicos de consultoras o de otros organismos públicos o privados que resulten necesarios. Lo que debe quedar claro es que los objetivos son siempre políticos, y no los deben decidir los equipos técnicos, más allá de que colaboren en su identificación y en el análisis de alternativas posibles.La Municipalidad ha encargado la confección de un Plan Maestro de Agua Potable a una reconocida consultora, con amplia experiencia en la materia. Los elementos de dicho plan y sus recomendaciones deben aprovecharse adecuadamente, pero las soluciones técnicas que de allí se deriven, o las obras que podrían concretarse en virtud de su implementación, no brindarán el resultado esperado si no se discute y revisa el modelo integral de planificación y gestión de agua potable y saneamiento y se replantea la articulación de este sector con el resto de los componentes de un plan estratégico de desarrollo sostenible de la ciudad.Enfatizo lo de “modelo integral de planificación y gestión”. Ello implica discutir y definir, al menos, los siguientes ítems:1) Cómo se definen los objetivos generales y las acciones de largo plazo. Quién y cómo planifica la evolución del sector y su interrelación con otros sectores del desarrollo urbano.2) Cómo y quién presta concretamente el servicio. Debe tenerse en cuenta que se trata ineludiblemente de un servicio público, de carácter estratégico, que - como su nombre lo indica: “obras sanitarias” – está indisolublemente unido a las condiciones de salud de la población.3) Quién regula las condiciones del servicio, desde las normas de calidad a cumplir hasta las tarifas a percibir por el prestador, y eventualmente los modos de calcular los montos que paga cada uno.4) Quién controla la prestación del servicio, advierte al prestador sobre incumplimientos y deficiencias, y eventualmente sanciona a los responsables de éstas.Propongo concretamente, como aportes para el debate, la posibilidad de discutir las siguientes opciones:1) Los objetivos generales y las acciones de largo plazo, así como la planificación de la evolución del sector y su interrelación con otros sectores del desarrollo urbano podrían abordarse en un recreado escenario de planificación y gestión urbana participativa. El año que viene se cumplen 10 años de la elaboración del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay (PECU), de cuyas líneas de acción muy pocas concretamos. Es una buena oportunidad para reiniciar ese camino, y para proceder a su reformulación, actualización, y – sobre todo – implementación.2) La prestación, administración y gestión del servicio, desde sus inicios, estuvo a cargo por décadas de una empresa nacional que fue un verdadero ejemplo, Obras Sanitarias de la Nación. Por razones que no vienen al caso aquí, es hoy imposible recrear ese modelo. Las opciones no son muchas:2.1.- Mantener el esquema actual, o sea la prestación del servicio a través de una dependencia de la administración central del municipio.2.2.- Otorgar la prestación del servicio a un ente municipal autárquico, de modo tal que este pueda disponer de sus propios recursos, su política de recursos humanos, etc..2.3.- Otorgar la prestación del servicio a una empresa del estado municipal, alternativa con algunos puntos de contacto con la anterior.2.4.- Otorgar la prestación del servicio a una empresa de economía mixta, en la que el municipio pueda tener la mayoría del capital accionario y el control de la empresa.2.5.- Otorgar la prestación del servicio a una empresa cooperativa integrada por los usuarios del servicio. Es el esquema vigente en numerosas localidades pequeñas de la provincia.2.6.- Otorgar temporalmente la concesión del servicio, mediante un previo mecanismo de licitación pública, a una empresa privada. Es el esquema que se siguió con la “privatización” de numerosas empresas estatales prestadoras de servicios públicos durante la administración menemista en la década de los ´90, incluyendo el caso de O.S.N. en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Es obvio que este sistema fracasó, al punto tal que el Estado nacional debió hacerse cargo del servicio a través de una nueva empresa estatal.Por razones que serían demasiado extensas de enumerar por completo en este artículo, me inclino por la alternativa de crear una empresa del estado municipal. Cabe aclarar que esta alternativa excluye de manera tajante la posibilidad de privatizar o concesionar la prestación del servicio. Un servicio público monopólico y estratégico, clave para la salud y el desarrollo sostenible como es obras sanitarias no puede sino estar en manos del Estado, en un 100%. La idea sería crear una empresa del estado municipal, pero alejada de las prácticas clientelares y prebendarias y de la ineficiencia e ineficacia que – reconozcámoslo - son un denominador común de nuestras administraciones públicas. Una empresa del Estado que demuestre que se puede ser estatal y a la vez ser eficiente, rentable y exitosa. Una empresa obligada por ley a seleccionar y promover su personal por estricto orden de mérito, determinado en concursos públicos. Una empresa donde la “meritocracia” y el esfuerzo sean la clave del ascenso, y no el amiguismo con los mandatarios de turno. Una empresa transparente y respetuosa de los ciudadanos y el medio ambiente. Una empresa que esté permanentemente al tanto de los últimos avances tecnológicos, y que incluso forme parte de una necesaria política municipal de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Una empresa, en síntesis, de la que los uruguayenses, sus dueños, podamos sentirnos orgullosos.3) El rol de regulación debiera ser un rol compartido. Hay ciertas decisiones que deberán tomarse a través de la intervención del Concejo Deliberante, para crear una normativa general, y luego la fijación de especificaciones técnicas podrán ser competencia de un Ente Regulador a crearse. Una posibilidad a analizar podría ser la creación, como en la Ciudad de Buenos Aires, de un Ente Regulador de Servicios Públicos, que abarque éste y otros servicios públicos municipales. Es fundamental que el rol de regulación no recaiga en la misma entidad que brinda el servicio, por razones obvias.4) El rol de control también debiera ser un rol compartido. El Concejo Deliberante no podrá estar ausente en esta tarea en ciertos aspectos generales, y el Ente Regulador debería ser el encargado del monitoreo permanente de la calidad en la prestación del servicio y debería recibir y derivar reclamos de los vecinos. Más aún, en momentos en que nos enfrentamos a la próxima reforma de la Constitución de la Provincia , que con toda seguridad asegurará la autonomía municipal y por ende abrirá las puertas a una futura Carta Orgánica municipal, seguramente podrán pensarse los modos en que este rol de contralor podría quedar parcialmente a cargo de nuevos mecanismos de control tales como el Defensor del Pueblo, etc..En síntesis, pretendo alertar acerca de la complejidad de la cuestión, que no se agota en una disputa estéril entre falsas opciones, tales como “medidores sí vs. medidores no”, o “aumento sí vs. “aumento no”.Hoy, lamentablemente, la red de agua es un verdadero “colador”, donde buena parte del agua que se potabiliza, a un costo no despreciable, se pierde en fugas en la red, antes de llegar a nuestros domicilios. Es obvio que atacar y corregir las causas de esas fugas es prioritario, pero también lo será a posteriori discutir con serenidad y racionalidad la manera más justa y solidaria de cobrar por la prestación del servicio, de modo de garantizar que llegue con equidad a todos, y priorizando a los sectores más desposeídos de la sociedad. En ese debate no hay por qué cerrarse a la posibilidad de analizar como una alternativa posible el criterio de micromedición de los consumos domiciliarios y de su facturación a costos ecuánimes una vez superados los volúmenes mínimos que cada persona necesita razonablemente, de modo tal de promover una utilización responsable y solidaria del recurso.Enfatizo también lo de “agua potable y saneamiento”, pues agua y cloacas forman parte de un sistema inescindible, y no deben abordarse ni gestionarse por separado. Y cuando digo saneamiento no digo sólo cloacas, sino también plantas de tratamiento de líquidos cloacales; asignatura pendiente que nos debemos a nosotros mismos y a nuestro querido río Uruguay, al que contaminamos todos los días con desechos cloacales crudos.Enfatizo, por último, la necesidad de la articulación de este sector con el resto de los componentes de un plan estratégico de desarrollo sostenible de la ciudad. El servicio de agua potable y saneamiento no debe constituir una isla. La planificación y la regulación del uso del suelo, por sólo citar un ejemplo, es una cuestión íntimamente vinculada a la posibilidad de brindar o no determinados servicios públicos, e incide notoriamente sobre los costos de su prestación. Es obvio que una ciudad cuyo tejido urbano se expande descontroladamente, de manera dispersa, con un patrón de densidad excesivamente bajo, será una ciudad en la que los servicios públicos y la infraestructura se encarecerán notoriamente.Demos el debate. Bienvenida la Audiencia Pública. Pero discutamos sobre los ejes que corresponden. Para que el árbol no nos tape el bosque… Leer más...
Entrevista en Impacto Regional

References: Resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 Artículo 41
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 100