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Timestamp: 2019-08-17 15:13:47+00:00

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﻿ SENTENCIA 15305 DE DICIEMBRE 6 DE 2006
SENTENCIA 15305 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR ORIGINADOS EN DECLARACIONES TRIBUTARIAS. DEBEN SOLICITARSE A MÁS TARDAR DOS AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA DECLARAR. SI EL SALDO SE ORIGINA EN UN ACTO ADMINISTRATIVO, EL TIEMPO PARA RECLAMAR SE CUENTA DESDE EL MOMENTO EN QUE EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN QUE INDIQUE LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, DECLARACIÓN TRIBUTARIA, DECLARACIÓN DEL IMPUESTO, DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR, SALDOS A FAVOR DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA
Sentencia 15305 de diciembre 7 de 2006
Radicación 08001233100019961123101
Ref.: 15305
Demandante: Grupo Canguro S.A.
El 20 de marzo de 1991, la sociedad actora presentó la declaración del impuesto sobre las ventas, correspondiente al primer bimestre de 1991, liquidando un saldo a favor de $ 44.212.000.
Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 1993 ante la división de liquidación de la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, la actora con fundamento en el artículo 589 del estatuto tributario corrigió la declaración presentada aumentando el saldo a favor a $ 49.067.000.
La solicitud de corrección fue resuelta mediante la liquidación oficial de corrección 10028 del 28 de julio de 1993, aceptando el mencionado proyecto.
Con fundamento en la anterior liquidación, la demandante presentó solicitud de devolución y/o compensación el 23 de agosto de 1993, negada por extemporánea, mediante resolución de rechazo definitivo Nº 010005 del 1º de septiembre de 1993, proferida por la división de devoluciones.
El recurso de reposición fue resuelto por la división jurídica mediante la Resolución 245 del 20 de septiembre de 1994, confirmando en su integridad el acto recurrido.
En el caso, la controversia se concreta en determinar la legalidad de los actos administrativos acusados por los cuales la administración rechazó la solicitud de devolución o compensación del saldo a favor del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer bimestre de 1991.
Para la Sala el saldo a favor se originó en la facultad que le otorga el artículo 589 del estatuto tributario a los contribuyentes para corregir sus declaraciones tributarias, lo cual evidencia que una vez solicitada la corrección en debida forma, mientras la administración no se pronuncie sobre la procedencia del mismo, no es posible solicitar devolución o compensación de lo que no está determinado, a menos que pasen seis meses sin que la administración tributaria se pronuncie y el proyecto de corrección sustituya a la declaración, en cuyo caso los artículos 816 y 854 del estatuto tributario tienen aplicación a partir del vencimiento de los seis meses.
Para la Sala si bien es cierto que cuando se trata de saldos a favor originados en “declaraciones tributarias”, de acuerdo con lo previsto en el inciso 1º de los artículos 816 y 854 del estatuto tributario, las solicitudes de compensación o devolución deben presentarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de vencimiento del término para declarar, no ocurre lo mismo si el saldo a favor se origina en un acto administrativo como lo es la liquidación oficial de corrección, o decisiones jurisdiccionales, caso en el cual dicho acto sustituye a la declaración para efectos de la devolución o compensación, porque es precisamente a partir de ellos que se tiene una determinación del respectivo valor.
En tales circunstancias, los citados artículos 816 y 854 en el inciso 2º prevén que cuando “el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios (...), haya sido modificado mediante una liquidación oficial (...), la parte rechazada no podrá solicitarse (...), hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo”, lo cual evidencia que para el efecto debe existir un pronunciamiento previo de la administración tributaria sobre la procedencia del saldo a favor, pues solo en ese momento surge el derecho cierto para el contribuyente de reclamar el crédito tributario.
En el caso de autos, como la cuestionada solicitud de devolución del saldo a favor presentada el 23 de agosto de 1993 por $ 48.824.000 (fl. 14 exp.), tuvo su origen en un acto administrativo, esto es, la liquidación oficial de corrección 0010028 de julio 28 de 1993, que oficializó la corrección presentada por la actora el 4 de febrero de 1993, respecto de su declaración de IVA por el primer bimestre de 1991, es claro que solicitar el saldo a favor dentro de los dos años siguientes a su reconocimiento oficial —28 de julio de 1993— estaba dentro del término legal y en consecuencia la solicitud fue oportuna y por lo tanto era improcedente su rechazo (1) .
De conformidad con las razones expuestas, la Sala concluye que los actos administrativos acusados mediante los cuales la administración rechazó por extemporánea la solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor en la suma de $ 48.824.000 radicada el 23 de agosto de 1993, no se ajustaron a derecho, y en consecuencia procederá a confirmar la nulidad declarada por el a quo.
Respecto a la solicitud planteada por la sociedad apelante, según la cual, en la fecha en que se confirma el saldo a favor (sentencia del tribunal), se causan intereses a favor del contribuyente, según el artículo 863 del estatuto tributario razón por la cual se deben reconocer intereses corrientes a favor del Grupo Canguro S.A. según el Decreto 400 de 1996 y el correspondiente valor actualizado, la Sala precisa:
El artículo 863 del estatuto tributario, dispone:
“Intereses a favor del contribuyente.
Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, solo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos:
“Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.
“Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
“Lo dispuesto en este artículo solo se aplicará a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de la vigencia de esta ley” (resalta la Sala).
Respecto al reconocimiento de intereses corrientes observa la Sala que conforme a la norma transcrita es presupuesto para el efecto que el saldo a favor estuviere en discusión lo cual no ocurrió en el presente caso ya que presentada la solicitud de corrección el 4 de febrero de 1993, esta es aceptada a través de la liquidación oficial de corrección 0010028 del 28 de julio de 1993.
En cuanto a la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios la Sala estima que estos son procedentes toda vez que según la norma transcrita, se deben pagar por el período comprendido entre el vencimiento del término para devolver y la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación; conforme a lo dispuesto en el artículo 855 del estatuto tributario, dicho término comienza a contarse vencido el plazo de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. La solicitud fue presentada con el lleno de los requisitos legales el 23 de agosto de 1993, lo cual indica que la administración tributaria tenía plazo para efectuar la devolución hasta el 4 de octubre de 1993, fecha a partir de la cual se comienzan a generar los intereses moratorios, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, aplicando la tasa vigente a la fecha del pago, conforme a lo previsto en el artículo 635 del estatuto tributario.
En consecuencia, para la Sala se dan los presupuestos de hecho para el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata la norma transcrita, puesto que el origen del valor que se solicitó ante la administración, obedece a un saldo a favor originado en la declaración del impuesto sobre las ventas por el primer bimestre de 1991, y que una vez declarada por la jurisdicción la ilegalidad de los actos que rechazaron la solicitud de devolución, procede incluir los intereses que por disposición legal resultan, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente.
Así las cosas, es claro que reunidos los presupuestos previstos en la norma, los intereses moratorios de que se trata se causan por mandato legal, razón por la que no es de recibo el argumento de la demandada relativo a que no se cumple ninguna de las premisas establecidas en la norma transcrita.
En cuanto al reconocimiento de la actualización de los valores conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, reconocida por el a quo , precisa la Sala que se debe tener en cuenta la prevalencia y aplicación de las disposiciones especiales del estatuto tributario, título X “devoluciones” artículo 850 y siguientes, y dentro de ellas, las que consagran el derecho de los contribuyentes a percibir intereses moratorios (863) cuando la devolución no es atendida en los términos perentorios previstos en tales disposiciones, que prevalecen sobre las generales dispuestas para las sentencias condenatorias a cargo de la Nación.
Se trata de una regulación íntegra, de carácter especial, dictada con la explícita finalidad de regular las relaciones obligacionales entre el Estado y los contribuyentes, que hace innecesario acudir otras disposiciones; en la ley tributaria se estableció el mecanismo para determinar y compensar el perjuicio sufrido por los contribuyentes, consistente en el pago de “intereses” “corrientes” y “moratorios” a su favor, ese es el método resarcitorio y de cuantificación de perjuicios dispuesto por la ley para cuando la administración incurre en mora: el reconocimiento de réditos de esta clase, por su valor nominal, sin que se prevea que los intereses moratorios (cuya tasa tiene una determinación especial, art. 635) causados en devoluciones tardías, a su turno puedan ser objeto de corrección monetaria alguna (2) .
Así las cosas, considera la Sala que existiendo intereses moratorios, no es viable la actualización, puesto que el reajuste monetario queda comprendido dentro de los intereses moratorios y es el modo previsto por la ley para entender satisfecha la obligación y los perjuicios que por el defectuoso cumplimiento se hubieren derivado a la contribuyente. A ello se agrega que la actualización de las deudas está prevista solo al vencimiento de los tres primeros años de que habla el artículo 867-1 del estatuto tributario. Y por si fuera poco, el artículo 2º del Decreto 20 de 1994, expresamente prohíbe la actualización de intereses.
En conclusión, la Sala modificará la sentencia apelada con el propósito de declarar la procedencia de la liquidación de intereses moratorios y la improcedencia de la actualización declarada.
1. CONFÍRMASE el numeral 1º de la sentencia apelada, en cuanto se declaró la nulidad de los actos demandados que rechazaron la solicitud de devolución o compensación del saldo a favor de la sociedad Grupo Canguro S.A. por concepto de IVA por el 1º bimestre de 1991.
2. REVÓCASE el numeral 2º de la sentencia apelada, el cual quedará como sigue:
2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la devolución y/o compensación de la suma de $ 48.824.000 a favor de la demandante, más los intereses de mora generados conforme al artículo 863 del estatuto tributario, liquidados a la tasa prevista en el artículo 635 ibídem.
3. Reconócese personería al abogado Antonio Granados Cardona, en nombre de la parte demandada, a términos del poder que debidamente conferido que obra a folio 158.
(1) En igual sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en las sentencias de diciembre 18 de 1997, expediente 8643; noviembre 27 de 1998, expediente 9174, consejero ponente doctor Julio E. Correa Restrepo; de marzo 19 de 1999, expediente 9247, consejero ponente doctor Germán Ayala Mantilla; y de octubre 29 de 1999, expediente 9725, actor: Schlumberger Surenco S.A.
(2) Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 3 de julio de 2003, expediente 13355, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

References: artículo 589
 resolución 
 Resolución 
 artículo 589
 artículo 863
 artículo 863
 artículo 855
 artículo 635
 artículo 178
 artículo 850
 artículo 867
 artículo 2
 artículo 863
 artículo 635