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Timestamp: 2020-02-18 07:09:32+00:00

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No pueden ser objeto de procedimiento sancionador otras infracciones que las especificadas por la presente Ley, sin perjuicio de aquellas que resulten de la legislación sectorial que afecte a los residuos y no puedan ser subsumidas en las que determina la presente Ley.
1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. En el supuesto de que por legislación sectorial se tipifiquen conductas no descritas en este capítulo, la clasificación de éstas se ajustará, en cualquier caso, a la que aquí se establece, aplicando las correcciones necesarias en la forma más conveniente para la efectividad de la protección de los bienes ambientales.
La multa, que se impondrá en cualquier caso, puede llevar emparejada cualquiera de las demás sanciones que se aplican, en la medida en que condicionan el ejercicio de la actividad, siempre que se trate de infracciones muy graves.
La cuantía de la multa es, como mínimo, de 20.000 pesetas, y, como máximo, de 200.000.000 de pesetas.
1. El límite de la potestad sancionadora para faltas muy graves es el siguiente:
1. La imposición del resto de sanciones se determina según la competencia por razón de la materia, aun cuando las de suspensión o de clausura solamente puedan ser acordadas por el Gobierno de la Generalidad, a excepción de las atribuidas a los Alcaldes, que las puedan imponer en los procedimientos en los que sean competentes por razón de la materia.
La ejecución de las sanciones referentes a suspensión o cese de actividades corresponde a los órganos competentes para el otorgamiento de las correspondientes licencias, autorizaciones, permisos o concesiones.
La inhabilitación profesional temporal para el ejercicio de las funciones de gestor de residuos no puede exceder de dos años.
Las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se gradúan teniendo en cuenta criterios objetivos y subjetivos, que podrán ser apreciados separada o conjuntamente.
Son criterios objetivos:
Son criterios subjetivos:
La afectación manifiesta de la salud y la seguridad de las personas, debidamente constatada en el procedimiento, conlleva la imposición de la sanción máxima que esté señalada para la infracción.
En cualquier caso, la sanción pecuniaria puede llegar hasta el total del beneficio producido por la actividad infractora, sea cual sea el límite objetivo de la multa.
1. Se entiende que existe reincidencia cuando el infractor ha sido sancionado, por resolución firme, por razón de haber cometido más de una infracción de la misma naturaleza, dentro del período del año inmediatamente anterior.
Son responsables de las sanciones tipificadas en la presente Ley todos cuantos han participado en la comisión del hecho infractor por cualquier título, sean personas físicas o jurídicas.
Son responsables en concepto de autor aquellos que han cometido directa o inmediatamente el hecho infractor, así como aquellos que han impartido las instrucciones u órdenes necesarias para cometerlo.
La intervención en el hecho infractor en forma diferente incide en la graduación de la infracción.
1. Detectada la existencia de actividades de producción o de gestión de residuos contrarias a las determinaciones de la presente Ley y de la legislación que la despliegue o complemente, el Presidente de la Junta de Residuos podrá acordar su interrupción y cese inmediato y la adopción de las medidas oportunas para hacerlos efectivos.
Si la actividad desarrollada es amparada por licencia, autorización, permiso, concesión o cualquier título anterior que impone condiciones de ejecución, se requerirá previamente al interesado a fin de que en un plazo no superior a cinco días alegue cuanto convenga a su derecho para el ajuste de la actividad a las condiciones especificadas en dicho título. Una vez terminado este plazo, la Administración acordará en forma motivada lo que proceda.
Las medidas cautelares pueden acordarse simultáneamente a la incoación del procedimiento sancionador o en cualquier momento de su curso, y mantenerse mientras se prosigue su tramitación, sin que en ningún caso, salvo en el supuesto que tiene en cuenta el artículo 91, la medida cautelar pueda prolongarse más de seis meses.
1. Cuando los hechos dañosos detectados afectan directa o indirectamente a la salud de las personas, las medidas cautelares se mantendrán mientras persista la afección.
2. El acto de alzamiento de la suspensión será motivado.
Son medidas cautelares, a adoptar separada o conjuntamente, las que siguen:
1. El órgano competente para la adopción de las medidas cautelares y de las derivadas de la ejecución de resoluciones firmes sancionadoras, administrativas o jurisdiccionales, las llevará a cabo incluso mediante el acceso a través de las propiedades privadas, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas y en particular de la inviolabilidad del domicilio supuesto, este último, para el que será precisa la correspondiente autorización judicial.
Pueden imponerse multas coercitivas para la ejecución de las obligaciones derivadas de actos infractores o en ejecución de resoluciones sancionadoras que son reiterables si transcurren los plazos señalados a tal efecto en los correspondientes requerimientos, hasta que se cumpla lo dispuesto.
El importe de cada multa coercitiva no puede exceder del 10 por 100 de la que corresponde a la infracción presunta o declarada, ni en su conjunto del 30 por 100 de ésta.
Las sanciones por infracciones tipificadas en la presente Ley no pueden imponerse más que en virtud de un expediente instruido a tal efecto, el cual se ajustará a las normas sobre procedimiento vigentes en Cataluña, en todo lo que no se establezca por la presente Ley.
1. Conocida la existencia de una posible infracción, el órgano competente acordará de oficio la incoación del expediente sancionador.
1. Es pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales del correspondiente orden jurisdiccional la observancia de todo cuanto dispone la presente Ley.
1. Con el acuerdo de incoación del expediente sancionador se designará a un instructor y se notificará de inmediato a los interesados, salvo que exista un órgano específico designado con carácter general, para el ejercicio de las citadas funciones.
1. Si de todo ello resulta la realidad del hecho supuestamente lesivo y la responsabilidad de personas determinadas o determinables, se formulará un pliego de cargos en el que se describirán de forma completa:
1. Recibidas las alegaciones de los interesados, el instructor procederá a practicar las pruebas propuestas, si son pertinentes, con la intervención de aquéllos.
2. El rechazo de pruebas, por no ser estimadas pertinentes, será motivado y notificado a los interesados por el instructor.
1. Las pruebas acordadas de oficio se practicarán con intervención de los interesados, a cuyo objeto se les notificará tanto la prueba a practicar como el lugar, el día y la hora en que será practicada.
1. El instructor formulará una propuesta de sanción o, si procede, de archivo de las actuaciones.
1. El acuerdo de resolución no puede establecer hechos diferentes de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, ni puede considerar circunstancias diferentes que puedan suponer un agravamiento de la conducta o de la sanción a imponer, sin perjuicio de la diferente valoración jurídica.
Se motivará la resolución de archivo del expediente por inexistencia del hecho, por no ser éste constitutivo de infracción o por ausencia de responsabilidad de las personas incluidas en el mismo.
La notificación de la resolución contendrá la expresión de los recursos a interponer, por la vía administrativa o la jurisdiccional, con la determinación del plazo y del órgano competente para su conocimiento.
1. Si el órgano sancionador estima que el expediente y la propuesta de resolución contienen defectos o deficiencias que obstaculizan su correcta resolución, puede acordar:
1. Definitiva que sea la resolución, el órgano administrativo competente dispondrá lo que sea pertinente para su ejecución, que no podrá suspenderse por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de lo que pueda acordarse por los Tribunales del citado orden jurisdiccional.
3. En cualquier caso, pueden mantenerse las medidas cautelares si de su interrupción hubiesen de derivarse perjuicios irreparables para el medio ambiente o para el bien jurídicamente protegido por la norma infringida.
1. En cualquier momento del expediente sancionador en el que se aprecie la posible calificación de los hechos perseguidos como constituyentes de delito o falta se pasará el tanto de culpa al ministerio fiscal y el procedimiento administrativo se suspenderá una vez la autoridad judicial haya incoado el proceso penal que corresponda.
La interposición, la tramitación y la resolución de los recursos se regulan por las normas de procedimientos vigentes en Cataluña.
Los acuerdos de resolución de expedientes sancionadores adoptados por los delegados territoriales del Departamento de Medio Ambiente pueden ser objeto de recurso ante el Consejero de Medio Ambiente.
Las resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes de Corporaciones Locales pueden ser objeto de recurso de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contando siempre el plazo desde el fin real de la conducta infractora.
Las sanciones prescriben en los mismos plazos señalados en el artículo 115, según las respectivas clases de infracción, a contar desde que la resolución sancionadora alcanza firmeza en todas las vías.
La prescripción de infracciones y de sanciones no afecta a la obligación de restaurar la realidad física alterada, ni a la de indemnizar por los daños y perjuicios causados.
El importe de las multas y de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las actividades de restauración de los bienes dañados como consecuencia de las infracciones de la presente Ley puede exigirse por vía administrativa de apremio.
Si el infractor ha sido requerido por el órgano sancionador a restaurar el medio ambiente y a recoger y tratar los residuos abandonados e incumple esta obligación, se ordenará la ejecución subsidiaria del requerimiento.
La situación y los derechos de los trabajadores afectados por la suspensión o la clausura de actividades industriales en virtud de la presente Ley se rigen por lo establecido en la legislación laboral en relación al pago de los salarios o de las indemnizaciones procedentes y por las medidas que puedan arbitrarse para garantizarlo. La infracción-cometida no puede reportar en ningún caso un beneficio para el infractor en perjuicio de los trabajadores afectados.
En el ejercicio de su función, los Inspectores tienen el carácter de autoridad y pueden solicitar el apoyo de cualquier otra, ya sea de los Mossos d'Esquadra, ya sea de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
1. Los Inspectores de medio ambiente en el ejercicio de sus funciones de inspección, acreditando su identidad, están autorizados a entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todos los Centros y establecimientos donde se desarrollen actividades con repercusión medioambiental, para:
a) Practicar las pruebas, las investigaciones o los exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa medioambiental.
Las personas o Entidades inspeccionadas, a requerimiento de los Inspectores:
En los procedimientos sancionadores que se instruyen por infracciones en materia de medio ambiente, las informaciones aportadas por la inspección dan fe sobre los hechos, las situaciones o las actividades para adoptar la resolución procedente, salvo prueba en contrario.
a) La implantación de la recogida selectiva obligatoria fijada en el artículo 47, referente a los residuos municipales, entrará en vigor a los cuatro años de la promulgación de la presente Ley. El Departamento de Medio Ambiente puede prorrogar este plazo hasta dos años más, a petición del municipio o de la comarca por razones suficientemente motivadas.
b) La implantación de los servicios de tratamiento de determinados residuos fijada en el artículo 24 entrará en vigor a los dos años de la promulgación de la presente Ley.
En el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno de la Generalidad, a propuesta de la Comisión de Gobierno Local de Cataluña, aprobará el desarrollo de la presente Ley, en lo que se refiere a la determinación de las categorías de residuos que deben considerarse como asimilables a los municipales.
NB: Se considera que el presente anexo recoge las operaciones de disposición del desperdicio de los residuos tal como se efectúan en la práctica. De conformidad con el artículo 2.º, se dispondrá del desperdicio de los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimiento o métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
D1. Depósito en el suelo o en su interior (por ejemplo, descarga, etc.).
NB: Se considera que el presente anexo recoge las operaciones de valorización tal como se efectúan en la práctica. De conformidad con el artículo 2.º, los residuos se valorizarán sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
1. Relación de los residuos de origen doméstico, del comercio, oficinas y servicios que deben admitirse en el servicio de desechería:

References: resolución 
 artículo 91
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 115
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 2