Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/09/05/el-requisito-para-la-concesion-de-la-probation-consistente-en-ofrecer-reparar-el-dano-causado-a-la-victima-no-es-la-indemnizacion-integral-que-el-codigo-civil-reconoce-en-beneficio-del-damnificado/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2020-08-06 01:45:11+00:00

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El requisito para la concesión de la probation, consistente en ofrecer reparar el daño causado a la víctima, no es la indemnización integral que el Código Civil reconoce en beneficio del damnificado, sino el solo ofrecimiento voluntario por parte del imputado, dentro de sus posibilidades, de resarcir el daño que su conducta ha causado – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: S. S. E. y M. R. E. s/ suspensión del juicio a prueba
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1-feb-2017
Cita: MJ-JU-M-105564-AR | MJJ105564 | MJJ105564
El requisito para la concesión de la probation, consistente en ofrecer reparar el daño causado a la víctima, no es la indemnización integral que el Código Civil reconoce en beneficio del damnificado, sino el solo ofrecimiento voluntario por parte del imputado, dentro de sus posibilidades, de resarcir el daño que su conducta ha causado.
1.-Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y suspender el proceso a prueba respecto de las imputadas en autos, toda vez que el monto ofrecido por las acusadas de complicidad en el delito de insolvencia fraudulenta en los términos del art. art. 2 bis , Ley 13.944 es adecuado como reparación del daño en la medida de lo posible, según el art. 76 bis, 3º párr. , del CPen.
2.-A los fines de evaluar la razonabilidad del monto ofrecido para reparar el daño causado a la víctima del delito de insolvencia fraudulenta, debe considerarse si la propuesta constituye una pauta que demuestre un intento de superar el conflicto, más allá de que la finalidad perseguida no radique en la satisfacción económica e integral del presunto damnificado, quien mantiene habilitada la vía civil, donde podrá formular los reclamos que considere pertinentes a fin de obtener, si procede, un resarcimiento integral por el daño causado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer día del mes de febrero de 2017, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver estos actuados.
Y VISTOS: Motiva nuevamente la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa a fs. 1536/1540 contra la resolución de fs. 1526/1531, en cuanto no hizo lugar a la solicitud de suspensión de juicio a
prueba respecto de las Sras. S. S. E. y M. R. E.
Pese a la conformidad del MPF, la jueza consideró que era irrisorio y carente de toda seriedad el ofrecimiento de reparación del daño, consistente en una suma de $ 7.000 que aportaría cada una de las imputadas como partícipes en el delito previsto en el art. 2 bis, ley 13.944. Así, sostuvo que “desde una postura extrema, podría decirse que retrotraer las maniobras de ocultamiento y reintegrar los bienes en cuestión al patrimonio de Parrondo, para que ellos se constituyan como pauta de mensuración de la cuota alimentaria de sus hijos y a la vez como garantía de esa obligación, sería la forma de reparar íntegramente el daño causado”, pero consideró que “no se puede sostener válidamente [.] que ello les resulte posible a las encartadas”. En conclusión, entendió que “dada la cuantía de los bienes que se habrían ocultado, ciertamente, no puede tampoco sostenerse válidamente que la entrega de la suma de siete mil pesos por parte de cada una de las encartadas sea un ofrecimiento razonable” (fs.1529 vta.). En su recurso, la defensa afirmó que la resolución viola el principio acusatorio, dado que la fiscalía prestó su consentimiento a la propuesta de las imputadas, que en definitiva ofrecieron $ 14.000 cada una ($ 7.000 en concepto de reparación del daño y $ 5.000 en concepto de donación de bien público). Por tanto, no existiría un conflicto a resolver dado que no habría controversia. A su vez, sostuvo que la argumentación de la jueza respecto de la razonabilidad del ofrecimiento era arbitrara y contradictoria, dado que si el verdadero titular de los bienes en cuestión es el Sr. Parrondo, como surge de la imputación, entonces éstos no pueden ser tenidos en cuenta como base para calcular el patrimonio y los ingresos de la Sra. S. E. Por ello, si no son bienes de la acusada no pueden ser tomados en consideración para proyectar su capacidad económica, y si verdaderamente son bienes de ella no existe ningún delito.
En lo tocante a la situación de M. E., explicó que es ama de casa y cobra una jubilación de $ 4.810, que es mantenida por su hija S. y que no tiene propiedades a su nombre ni otros ingresos. Por otra parte, sólo se le imputa haber ocultado una embarcación cuyo valor estimado (por la defensa) es de $ 26.000. Respecto de S. E., afirmó que percibe honorarios de su empresa por un promedio de $ 30.000 mensuales.
A fs. 1555/1558 el Fiscal de Cámara dictaminó que debía hacerse lugar al recurso de la defensa, revocar la resolución impugnada y otorgar la probation. Consideró que el instituto en cuestión no exige la reparación integral del daño causado por el delito, sino de un ofrecimiento voluntario por parte del imputado para reparar los perjuicios causados por el hecho ilícito que se le reprocha, en la medida de lo posible. Se trata, a su entender, de un ofrecimiento que pueda ser estimado como un gesto serio y sincero.Tampoco sería admisible exigirles a las acusadas, como lo pretende la jueza, que demuestren su imposibilidad de ofrecer un monto superior, dado que esto invertiría la carga probatoria. A ello agregó consideraciones respecto del valor del consentimiento fiscal en la suspensión del juicio a prueba.
A fs. 1561/1563 se presentó la querella y manifestó que no concurrió a la audiencia del art. 205, CPP por razones de salud. Expresó que la suma ofrecida ni siquiera sería simbólica en comparación con los gastos de manutención de los hijos menores. En definitiva, solicitó que los autos sean devueltos a la primera instancia a fin de que las acusadas hagan un nuevo ofrecimiento tendiente a reparar el daño causado.
Por último, la asesora tutelar se expresó a favor del recurso de la defensa (fs. 1566/1568). Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos.
I. Admisibilidad. Se han cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos quehabilitan la procedencia del recurso, pues la parte impugnante cuenta con legitimidad para deducirla y presentó su escrito en tiempo y forma. El auto cuestionado es susceptible de generar un gravamen irreparable (art. 279, CPP).
II. De la procedencia de la suspensión. La cuestión a decidir gira en torno a si el monto ofrecido por las acusadas de complicidad en el delito de insolvencia fraudulenta en los términos del art. 2 bis, ley 13.944 es adecuado como “reparación del daño en la medida de lo posible” según el art. 76 bis, 3º párr., CP.
En primer lugar, no debe olvidarse que el deber cuya lesión fundamentan los ilícitos en torno del cumplimiento de deberes de asistencia familiar no necesariamente coincide con la obligación en materia civil, que puede comprender más rubros y que se determina también en función de los ingresos de los obligados.Al respecto, esta sala tiene dicho que la infracción penal, al referirse a los “medios indispensables”, tiende a garantizar un mínimo necesario para la subsistencia y se distingue así de la prestación alimentaria civil, que atiende a la condición particular de los involucrados (así, ya Núñez, Derecho Penal Argentino, Parte Especial, T. VI, Buenos Aires, 1971, p. 32 s.; más actualmente, Marum, en: D’Alessio [Dir.] / Divito [comp.], Código Penal de la Nación comentado y anotado, p. 146 ss.; entre muchos otros). Esto se indicaba en el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto de la ley 13.944, al afirmarse que “conviene tener presente que la prestación de ‘medios de subsistencia’, cuyos incumplimiento se sanciona penalmente, no puede ser superpuesta o confundida con la obligación alimentaria civil. Mientras aquella prestación se cumple proveyendo a las necesidades vitales primarias, esta última se regula con un sentido más amplio, teniendo en cuenta la condición social y caudales del alimentado y del prestador de alimentos” (Mensaje del Poder Ejecutivo, en: Gómez, Leyes Penales Anotadas, Buenos Aires, 1953, p. 454) (cf. causa nº 19717-01/CC/2010, “Negri Sáenz s/ infr. art. 1, Ley 13.944”, rta. el 27/3/12). Por otra parte, asiste razón a la defensa y a la fiscalía cuando afirman que la imputación formulada contra las Sras. S. y M. E. es en
calidad de cómplices y no de autoras principales, y que esta diferencia de contenido de ilícito también puede verse reflejada en la cuantía del ofrecimiento de reparación del daño. A los efectos de analizar el impacto en la capacidad económica de las acusadas no debe soslayarse que, más allá del monto ofrecido de $ 7.000 cada una, de proceder la probation la suma final ascendería a $ 12.000 cada una, en razón de los $ 5.000 adicionales, ofrecidos en concepto de donación.Respecto de la reparación del daño, la doctrina ha dicho que “es un requisito que, además de pretender internalizar en el imputado la existencia de una posible víctima del hecho que se le atribuye, se exige con el fin de brindarle a la víctima la protección que actualmente el sistema penal no le acuerda” y que “la reparación que debe ofrecerse no persigue estrictamente un fin resarcitorio (el que, sin embargo, en algún caso puede llegar a cumplirse igualmente), sino que procura brindar una respuesta a la víctima a través de alguna forma de desagravio frente al daño que pueda habérsele causado, como un intento de internalizar en el imputado la existencia de un posible afectado por el hecho que se le atribuye”. Entonces, para evaluar la razonabilidad del monto ofrecido debe considerarse si la propuesta constituye una pauta que demuestre un intento de superar el conflicto, más allá de que la finalidad perseguida no radique en la satisfacción económica e integral del presunto damnificado, quien mantiene habilitada la vía civil. Así, se dijo que “lo único determinante para evaluar la razonabilidad del monto ofrecido en concepto de reparación por el perjuicio causado es considerar si ese ofrecimiento constituye una pauta demostrativa de la vocación superadora del conflicto por parte del imputado”2. Según estos parámetros, sumado a las condiciones personales de las acusadas, su presunta participación en el hecho en carácter de cómplices y la falta del deber de garante frente a la deuda alimentaria (que sólo le corresponde al Sr. Parrondo), la suma ofrecida no parece irrisoria ni carente de razonabilidad.
Por último, no puede soslayarse que la propia ley establece que “la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil
correspondiente” (art.76 bis, 3º párr., CP), de tal manera que puede formular los reclamos que considere pertinentes a fin de obtener, si procede, un resarcimiento integral por el daño causado. En razón de los argumentos expuestos, debe revocarse la resolución impugnada y suspenderse el juicio a prueba en las presentes actuaciones respecto de las Sras. S. S. E. y M. R. E.
En consecuencia, habiendo concluido el acuerdo, el tribunal RESUELVE:
I. REVOCAR la resolución de fs. 1526/1531, en cuanto no hizo lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba respecto de las Sras. S. S. E. y M. R. E. II. SUSPENDER el proceso a prueba respecto de las Sras. S. S. E. y M. R. E., por el término y bajo las pautas que deberá establecer el tribunal a quo, entre las que deberá tenerse por aceptadala suma ofrecida en concepto de reparación del daño. Tómese razón, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y a la Asesoría Tutelar de Cámara bajo constancia en autos, y a la defensa y a la q uerella mediante cédulas. Oportunamente, devuélvase el expediente a la primera instancia. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.
Ante mí: Dra. Marina R. Calarote.
NOTA: Para dejar constancia de que el Dr. Fernando Bosch no suscribe la presente resolución por hallarse en uso de licencia. Conste.
Dr. Pablo Bacigalupo
Dra. Marcela De Langhe.
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