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Constitución 1812 | Cortes Generales | España
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CONSTITUCION_1812 (análisis del profesor)
Historia Junio 09
Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o
Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean
originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes
carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el art. 21.
Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá el último censo del año
1797, hasta que pueda hacerse otro nuevo; y se formará el correspondiente para el
cómputo de la población de los de Ultramar, sirviendo entre tanto los censos más
auténticos entre los últimamente formados.
Por cada 70.000 almas de la población, compuesta como queda dicho en el art. 29, habrá
un Diputado de Cortes.
Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de
más de 35.000 almas, se elegirá un Diputado más, como si el número llegase a 70.000, y
si el sobrante no excediere de 35.000, no se contará con él.
Si hubiese alguna provincia cuya población no llegue a 70.000 almas, pero que no baje
de 35.000, elegirá por sí un Diputado; y si bajare de este número, se unirá a la inmediata
para completar el de 70.000 requerido. Exceptúase de esta regla la isla de Santo
Domingo, que nombrará Diputado, cualquiera que sea su población.
Para la elección de los Diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de
parroquia, de partido y de provincia.
Las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados
y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los
eclesiásticos seculares.
Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas y posesiones adyacentes, el
primer domingo del mes de Octubre del año anterior al de la celebración de las Cortes.
En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de Diciembre,
quince meses antes de la celebración de las Cortes, con aviso que para unas y otras
hayan de dar anticipadamente las justicias.
Si el número de vecinos de la parroquia excediese de 300, aunque no llegue a 400, se
nombrarán dos electores; si excediese de 500, aunque no llegue a 600, se nombrarán
tres, y así progresivamente.
En las parroquias cuyo número de vecinos no llegue a 200, con tal que tengan 150, se
nombrará ya un elector, y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los
vecinos a los de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan.
La junta parroquial elegirá a pluralidad de votos once compromisarios, para que éstos
nombren el elector parroquial.
Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se elegirán 21
compromisarios, y si tres, 31; sin que en ningún caso se pueda exceder de este número
de compromisarios, a fin de evitar confusión.
Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que
aquella parroquia que llegar e a tener 20 vecinos elegirá un compromisario, la que llegue
a tener de 30 a 40, elegirá dos; la que tuviere de 50 a 60, tres, y así progresivamente. Las
parroquias que tuvieren menos de 20 vecinos se unirán, con las más inmediatas para
elegir compromisario.
Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se
juntarán en el pueblo más a propósito, y en componiendo el número de 11, o a lo menos
de nueve, nombrarán un elector parroquial, si compusieren el número de 21, o a lo menos
de 17, nombrarán dos electores parroquiales, y si fueren 31, y se reuniere a lo menos 25,
nombrarán tres electores o los que correspondan.
Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinticinco
años, vecino y residente en la parroquia.
Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político, o el alcalde de la ciudad, villa
o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad
del acto; y si en un mismo pueblo, por razón del número de sus parroquias, se tuvieren
dos o más juntas, presidirá una el jefe político, o el alcalde, otra el otro alcalde, y los
regidores, por suerte, presidirán las demás.
En seguida preguntará el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja
relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la
hubiere deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la
acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el delito. Los
calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admitirá recurso alguno.
Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades
requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que
decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto.
Se procederá inmediatamente al nombramiento de los compromisarios; lo que se hará
designando cada ciudadano un número de personas igual al de los compromisarios, para
lo que se acercará a la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y el
secretario; y éste las escribirá en una lista a su presencia; y en éste y en los demás actos
de elección nadie podrá votarse a sí mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar.
Concluido este acto, el presidente, escrutadores y secretario reconocerán las listas, y
aquél publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan sido elegidos
compromisarios por haber reunido mayor número de votos.
Los compromisarios nombrados se retirarán a un lugar separado antes de disolverse la
junta, y conferenciando entre sí, procederán a nombrar el elector o electores de aquella
parroquia, y quedarán elegidas la persona o personas que reúnan más de la mitad de
votos. En seguida se publicará en la junta el nombramiento.
El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y los compromisarios, y
se entregará copia de ella firmada a la persona o personas elegidas, para hacer constar
Verificado el nombramiento de electores, se disolverá inmediatamente la junta, y
cualquier otro acto en que intente mezclarse será nulo.
Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia, donde se
cantará un solemne Te Deum, llevando al elector o electores entre el presidente, los
escrutadores y el secretario.
Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales, que se
congregarán en la cabeza de cada partido, a fin de nombrar el elector o electores que han
de concurrir a la capital de la provincia para elegir los Diputados de Cortes.
Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península e islas y posesiones adyacentes, el
primer domingo del mes de Noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las
En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de Enero próximo
siguiente al de Diciembre en que se hubieren celebrado las juntas de parroquia.
Para venir en conocimiento del número de electores que haya de nombrar cada partido,
se tendrán presentes las siguientes reglas.
Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que se
requieren por el artículo precedente para el nombramiento de los Diputados que le
correspondan, se nombrará, sin embargo, un elector por cada partido.
Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada
partido elegirá uno, dos o más, hasta completar el número que se requiera; pero si faltase
aún un elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase otro, le
nombrará el que le siga en mayor población, y así sucesivamente.
Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos
precedentes, el censo determina cuántos Diputados corresponden a cada provincia y
cuántos electores a cada uno de sus partidos.
Las juntas electorales de partido serán presididas por el jefe político, o el alcalde primero
del pueblo cabeza de partido, a quien se presentarán los electores parroquiales con el
documento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en
que han de extenderse las actas de la junta.
En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el presidente de las Salas
consistoriales, a puerta abierta, y comenzarán por nombrar un secretario y dos
escrutadores de entre los mismos electores.
En seguida presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento para ser
examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si
están o no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán
examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto,
para que informe también en el siguiente día sobre ellas.
En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las
certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los
electores, por defecto de algunas de las calidades requeridas, la junta resolverá
definitivamente y acto continuo lo que le parezca, y lo que resolviere se ejecutará sin
Concluido este acto, pasarán los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia
mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de
mayor dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias.
Después de este acto religioso, se restituirán a las Casas consistoriales, y ocupando los
electores sus asientos sin preferencia alguna, leerá el secretario este capítulo de la
Constitución, y en seguida hará el presidente la misma pregunta que se contiene en el
art. 49, y se observará todo cuanto en él se previene.
Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector o electores de
partido, eligiéndolos de uno en uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que
esté escrito el nombre de la persona que cada uno elige.
Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los
votos, y quedará elegido el que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno
más, publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad
absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo
escrutinio, y quedará elegido el que reúna mayor número de votos, En caso de empate
Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus
derechos, mayor de veinticinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado
seglar, o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que
componen la junta, o en los de fuera de ella.
El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y escrutadores, y se
entregará copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas para
hacer constar su nombramiento. El presidente de esta junta remitirá otra copia, firmada
por él y por el secretario, al presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la
elección en los papeles públicos.
En las juntas electorales de partido se observará todo lo que se previene para las juntas
electorales de parroquia en los artículos 55, 56, 57 y 58.
Las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos
de ella, que se congregarán en la capital, a fin de nombrar los Diputados que le
correspondan para asistir a las Cortes como representantes de la Nación.
Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas adyacentes el primer domingo
del mes de Diciembre del año anterior a las Cortes.
En las provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo segundo del mes de Marzo del
mismo año en que se celebraren las juntas de partido.
Serán presididas estas juntas por el jefe político de la Capital de provincia, a quien se
presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus
nombres se anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.
En el día señalado se juntarán los electores de partido con el presidente en las Casas
consistoriales, o en el edificio que se tenga por más a propósito para un acto tan
solemne, a puerta abierta, y comenzarán por nombrar a pluralidad de votos un secretario
y dos escrutadores de entre los mismos electores.
Si a una provincia no le cupiere más que un Diputado, concurrirán, a lo menos, cinco
electores para su nombramiento, distribuyendo este número entre los partidos en que
estuviere dividida, o formando partido para este solo efecto.
Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que tratan de las elecciones. Después
se leerán las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de
partido, remitidas por los respectivos presidentes, y asimismo presentarán los electores
las certificaciones de su nombramiento, para ser examinadas por el secretario y
escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están o no arregladas. Las
certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres
individuos de la junta, que se nombrarán al efecto, para que informen también sobre ellas
en el siguiente día.
Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y si
se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores por defecto de
alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo
que le parezca, y lo que resolviere se ejecutará sin recurso.
En seguida se dirigirán los electores de partido, con su presidente, a la catedral o iglesia
mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su
defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.
Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde salieron, y a puerta a abierta,
ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el presidente la misma
pregunta que se contiene en el artículo 49, y se observará cuanto en él se previene.
Se procederá en seguida por los electores que se hallen presentes a la elección del
Diputado o Diputados, y se elegirán de uno en uno, acercándose a la mesa donde se
halle el presidente, los escrutadores y el secretario, y éste escribirá en una lista, a su
presencia, el nombre de la persona que cada uno elige. El secretario y los escrutadores
serán los primeros que voten.
votos, y quedará elegido aquel que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno
más. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido
el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna la
pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elección de cada uno, la
publicará el presidente.
Después de la elección de Diputados se procederá a la de suplentes, por el mismo
método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los Diputados
que le correspondan. Si a alguna provincia no le tocare elegir más que uno o dos
Diputados, elegirá sin embargo, un Diputado suplente. Estos concurrirán a las Cortes
siempre que se verifique la muerte del propietario, o su imposibilidad, a juicio de las
mismas, en cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la
Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por
la que está avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia
de su naturaleza vendrá a las Cortes el suplente a quien corresponda.
El secretario extenderá el acta de las elecciones, que con él firmarán el presidente y
En seguida otorgarán todos los electores sin excusa alguna, a todos y cada uno de los
Diputados, poderes amplios, según la fórmula siguiente, entregándose a cada Diputado
su correspondiente poder para presentarse en las
“En la ciudad o villa de …..a ….. días del mes de ….. del año de ….., en las salas de …..,
hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente y de
los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia), dijeron ante mí, el
infrascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con
arreglo a la Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los
electores parroquiales y de partido con todas las solemnidades prescritas por la misma
Constitución, como constaba de las certificaciones que originales obraban en el
expediente, reunidos los expresados electores de los partidos de la provincia de ….. en el
día de ….. del mes de ….. del presente año, habían hecho el nombramiento de los
Diputados que en nombre y 10 representación de esta provincia han de concurrir a las
Cortes, y que fueron electos por Diputados para ellas por esta provincia los Sres. N.N.N.,
como resulta del acta extendida y firmada por N.N.; que en su consecuencia les otorgan
poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las
augustas funciones de su encargo, y para que con los demás Diputados de Cortes, como
representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren
conducente al bien general de ella, en uso de las facultades que la Constitución
determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar o
variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún pretexto, y que los
otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia,
en virtud de las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este
acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes
hicieren, y se resolviere por éstas con arreglo a la Constitución política de la
Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos
N.N., que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe”.
El presidente, escrutadores y secretario remitirán inmediatamente copia firmada por los
mismos del acta de las elecciones a la Diputación permanente de las Cortes, y harán que
se publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un ejemplar a cada
pueblo de la provincia.
Para la indemnización de los Diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con
las dietas que las Cortes, en el segundo año de cada
Diputados de Ultramar se les abonará, además, lo que parezca necesario, a juicio de sus
respectivas provincias, para los gastos de viaje de ida y vuelta.
Se observará en las juntas electorales de provincia todo lo que se prescribe en los
artículos 55, 56, 57 y 58, a excepción de lo que previene el art. 328.
Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a este
Cuando tuvieren por conveniente trasladarse a otro lugar, podrán hacerlo, con tal que sea
a pueblo que no diste de la capital más que doce leguas, y que convengan en la
traslación las dos terceras partes de los Diputados presentes.
Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando
principio el día 1º, del mes de Marzo.
Las Cortes podrán prorrogar sus sesiones cuando más por otro mes, en sólo dos casos:
primero, a petición del Rey; segundo, si las Cortes lo creyeren necesario por una
resolución de las dos terceras partes de los Diputados.
Monarquía por el enemigo impidieren que se presenten a tiempo todos o algunos de los
Diputados de una o más provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores
Diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número
Al llegar los Diputados a la capital se presentarán a la Diputación permanente de Cortes,
la que hará sentar sus nombres, y el de la provincia que los ha elegido, en un registro de
la Secretaría de las mismas Cortes.
En el año de la renovación de los Diputados se celebrará, el día 15 de Febrero, a puerta
abierta, la primera junta preparatoria, haciendo de Presidente el que lo sea de la
Diputación permanente, y de Secretarios y escrutadores los que nombre la misma
Diputación de entre los restantes individuos que la componen.
En esta primera junta presentarán todos los Diputados sus poderes, y se nombrarán a
pluralidad de votos dos Comisiones, una de cinco individuos, para que examine los
poderes de todos los Diputados, y otra de tres, para que examine los de estos cinco
individuos de la Comisión.
El día 20 del mismo Febrero se celebrará también, a puerta abierta, la segunda junta
preparatoria, en la que las dos Comisiones informarán sobre la legitimidad de los
poderes, habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones
En esta junta, y en las demás que sean necesarias hasta el día 25, se resolverán
definitivamente, y a pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la legitimidad de
los poderes y calidades de los Diputados.
En el año siguiente al de la renovación de los Diputados, se tendrá la primera junta
preparatoria el día 20 de Febrero, y hasta el 25 las que se crean necesarias para
resolver, en el modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes,
sobre la legitimidad de los poderes de los Diputados que de nuevo se presenten.
En todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará la última junta preparatoria, en la
que se hará por todos los Diputados, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, el
juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica,
Romana, sin admitir otra alguna en el Reino? --R. Sí juro. -- ¿Juráis guardar y hacer
guardar religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por
las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en el año de 1812? –R. Sí juro. --
¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que la Nación os ha encomendado, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación? –R. Sí juro. –Si así lo hiciereis,
Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
En seguida se procederá a elegir de entre los mismos Diputados, por escrutinio secreto y
a pluralidad absoluta de votos, un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios, con
lo que se tendrán por constituidas y formadas las Corte s, y la Diputación permanente
cesará en todas sus funciones.
Se nombrará en el mismo día una diputación de 22 individuos, y dos de los Secretarios,
para que pase a dar parte el Rey de hallarse constituidas las
Cortes, y del Presidente que han elegido, a fin de que manifieste si asistirá a la apertura
de las Cortes que se celebrará el día 1º. De Marzo.
Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará esta participación por escrito, y el Rey
contestará del mismo modo.
El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la hará
el Presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las
mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.
En la sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y sólo le acompañarán las personas
que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey que se prescriba
en el reglamento del gobierno interior de las
El Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y al
que el Presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su
discurso al Presidente para que por éste se lea en las Cortes.
En los casos en que los Secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas propuestas
a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuándo y del modo que las Cortes
determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes a la votación.
Las sesiones de las Cortes serán públicas, y sólo en los casos que exijan reserva podrá
celebrarse sesión secreta.
En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y
orden interior, se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y
extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente
hacer en él.
Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por
ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que
contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes en el
modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas.
Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los Diputados no podrán ser
demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.
Durante el tiempo de su Diputación, contado para este efecto desde que el nombramiento
conste en la permanente de Cortes, no podrán los Diputados admitir para sí, ni solicitar
para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en
su respectiva carrera.
Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, y un año después del
último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni
condecoración alguna que sea también de provisión del Rey.
Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se
Tercera. Resolver cualquiera duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la
Cuarta. Elegir Regencia o Regente del Reino cuando lo previene la Constitución, y
señalar las limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad
Séptima. Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de
subsidios y los especiales de comercio.
Novena. Decretar la creación y supresión de plazas en los Tribunales que establece la
Constitución, e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.
Décima. Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar,
Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que
Décimocuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la
Décimoctava. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y
enajenación de los bienes nacionales.
Vigésimaprima. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos
que la entorpezcan.
Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la
Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y
demás empleados públicos.
Vigésimasexta. Por último, pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en
todos aquellos casos y actos para los que se previene en la Constitución ser necesario.
Todos Diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley,
Dos días, a lo menos, después de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por
segunda vez, y las Cortes deliberarán si se admite o no a discusión.
Admitido a discusión, si la gravedad del asunto requiriese, a juicio de las Cortes, que
pase previamente a una Comisión, se ejecutará así.
Cuatro días, a lo menos, después de admitido a discusión el proyecto, se leerá tercera
Llegado el día señalado para la discusión, abrazará ésta el proyecto en su totalidad, y en
cada uno de sus artículos.
Las Cortes decidirán cuándo la materia está suficientemente discutida, y decidido que lo
está, se resolverá si ha lugar o no a la votación.
Decidido que ha lugar a la votación, se procederá a ella inmediatamente, admitiendo o
desechando en todo o en parte el proyecto, o variándole y modificándole, según las
observaciones que se hayan hecho en la discusión.
La votación se hará a pluralidad absoluta de votos, y para proceder a ella, será necesario
que se hallen presentes, a lo menos, la mitad y uno más de la totalidad de los Diputados
que deben componer las Cortes.
Si las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su examen, o
resolvieren que no debe procederse a la votación, no podrá volver a proponerse en el
Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en las
Cortes; hecho lo cual, y firmados ambos originales por el
Si en las Cortes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido y aprobado el
mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sanción, o negarla segunda vez
en los términos de los artículos 143 y 144, y en el último caso, no se tratará del mismo
asunto en aquel año.
Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en
las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y
presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el art. 143.
Si antes de que expire el término de treinta días en que el Rey ha de dar o negar la
sanción, llegare el día en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará o
negará en los ocho primeros de las sesiones de las siguientes Cortes, y si este término
pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la
forma prescrita; pero si el Rey negare la sanción, podrán estas Cortes tratar del mismo
Aunque después de haber negado el Rey la sanción a un proyecto de ley se pasen
alguno o algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva a suscitarse
en el tiempo de la misma diputación, que le adoptó por la primera vez, o en el de las dos
diputaciones que inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto
para los efectos de la sanción del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero
si en la duración de las tres diputaciones expresadas no volviere a proponerse, aunque
después se reproduzca en los propios términos, se tendrá por proyecto nuevo para los
Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija el
artículo precedente, fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se
reproduzca después, se tendrá por nuevo proyecto.
Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se
Publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda
inmediatamente a su promulgación solemne.
El Rey, para promulgar las leyes, usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre del Rey)
por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las
Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren; sabed: Que las Cortes han
decretado, y Nos sancionamos lo siguiente: (Aquí el texto literal de la ley.) por tanto,
mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida
al Secretario del Despacho respectivo.)
Supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán
a las subalternas.
Antes de separarse las Cortes nombrarán una diputación que se llamará Diputación
permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias
de Europa y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un Diputado de
Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta diputación, uno de
Primera. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a
las próximas Cortes de las infracciones que hayan notado.
Cuarta. Pasar aviso a los Diputados suplentes para que concurran en lugar de los
propietarios; y si ocurriere el fallecimiento o imposibilidad absoluta de propietarios y
suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes a la misma, para
que proceda a nueva elección.
Art. 161. Las Cortes extraordinarias se compondrán de los mismos Diputados que forman
las ordinarias durante los dos años de su diputación.
Art. 162. La Diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento el día en
los tres casos siguientes:
Segundo. Cuando el Rey se imposibilitare de cualquiera modo para el gobierno, o quiera
abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para
tomar todas las medidas que estime convenientes, a fin de asegurarse de la inhabilidad
Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así a la Diputación permanente
Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido
Las sesiones de las Cortes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas
formalidades que las ordinarias.
La celebración de las Cortes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos
Si las Cortes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el día señalado para
la reunión de las ordinarias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias
continuarán el negocio para que aquéllas fueron convocadas.
La Diputación permanente de Cortes continuará en las funciones que le están señaladas
en los artículos 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente.
Rey, y su autoridad de extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden
público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la
Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le
Primera. Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la
Tercera. Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta
Cuarta. Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta
Sexta. Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios
eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado.
Décima. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y
Undécima. Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su
Duodécima. Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la
Décimacuarta. Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea
conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.
Décimaquinta. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con
el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales, oyendo al Consejo
de Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos, y si contienen puntos
contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de justicia para
que resuelva con arreglo a las leyes.
Décimasexta. Nombrar y separar libremente los Secretarios de Estado y del
El Reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el trono perpetuamente
desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primogenitura y
representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que
se expresarán.
No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos habidos en
En el mismo grado y línea los varones prefieren a las hembras, y siempre el mayor al
menor; pero las hembras de mejor línea, o de mejor grado en la misma línea, prefieren a
los varones de línea o grado posterior.
El hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber entrado en la
sucesión del Reino, prefiere a los tíos, y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de
A falta del Señor Don Fernando VII de Borbón, sucederán sus descendientes legítimos,
así varones como hembras; a falta de éstos, sucederán sus hermanos, y tíos hermanos
de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de éstos por el
orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la
preferencia de las líneas anteriores a las posteriores.
Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que sean
incapaces para gobernar, o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.
Si llegaren a extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes harán nuevos
llamamientos, como vean que más importa a la Nación, siguiendo siempre el orden y
Lo será igualmente cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por
cualquier causa física o moral.
Si el impedimento del Rey pasare de dos años, y el sucesor inmediato fuere mayor de
diez y ocho, las Cortes podrán nombrarle Regente del Reino en lugar de la Regencia.
En los casos en que vacare la Corona, siendo el Príncipe de Asturias menor de edad,
hasta que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la
Regencia provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos Diputados
de la Diputación permanente de las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en
la diputación, y de dos Consejeros del
Consejo de Estado, los más antiguos, a saber: el decano y el que le siga, si no hubiere
Reina madre, entrará en la Regencia el Consejero de Estado tercero en antigüedad.
La Regencia provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere, y, en su defecto,
por el individuo de la Diputación permanente de Cortes que sea primer nombrado en ella.
La Regencia provisional no despachará otros negocios que los que no admitan dilación, y
no removerá ni nombrará empleados sino interinamente.
Reunidas las Cortes extraordinarias, nombrarán una Regencia, compuesta de tres o cinco
Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus
derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.
La Regencia será presidida por aquel de sus individuos que las Cortes designaren,
tocando a éstas establecer, en caso necesario, si ha de haber o no turno en la
presidencia, y en qué términos.
Una y otra Regencia prestarán juramento según la fórmula prescrita en el artículo 173,
añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey, y la Regencia permanente añadirá,
además, que observará las condiciones que le hubieren impuesto las Cortes para el
ejercicio de su autoridad, y que cuando llegue el Rey a ser mayor, o cese la imposibilidad,
le entregará el Gobierno del Reino, bajo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus
individuos habidos y castigados como traidor es.
Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiere nombrado en su
testamento. Si no lo hubiere nombrado, será tutora la Reina madre, mientras permanezca
viuda. En su defecto, será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso,
el tutor deberá ser natural del Reino.
La Regencia cuidará de que la educación del Rey menor sea la más conveniente al
grande objeto de su alta dignidad, y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren
Asimismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos e hijas del Príncipe de
A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, sin
que pueda extenderse a otras.
Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido hasta
aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura
y la diputación de Cortes.
El Príncipe de Asturias no podrá salir del Reino sin consentimiento de las Cortes, y si
saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a la Corona.
Lo mismo se entenderá, permaneciendo fuera del Reino por más tiempo que el reflejado
en el permiso, si requerido para que vuelva, no lo verificare dentro del término que las
Cortes señalen.
El Príncipe de Asturias, los Infantes e Infantas y sus hijos y descendientes que sean
súbditos del Rey, no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes,
bajo la pena de ser excluido del llamamiento a la Corona.
De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la familia
Real, se remitirá una copia auténtica a las Cortes, y en su defecto a la Diputación
permanente, para que se custodie en su archivo.
El Príncipe de Asturias será reconocido por las Cortes con las formalidades que
Este reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren después de su
El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante las
Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios
y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica,
Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitución política de la
Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así, Dios me ayude.”
El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e islas
Las Cortes sucesivas harán en este sistema de Secretarías del Despacho la variación
que la experiencia o las circunstancias exijan.
Para ser Secretario de Despacho se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus
Por un reglamento particular aprobado por las Cortes se señalarán a cada Secretaría los
negocios que deban pertenecerle.
Ningún Tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este
Los Secretarios del Despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que
autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado
Los Secretarios de Despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la
Administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán
cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará.
Dado este decreto, quedará suspenso el Secretario del Despacho, y las Cortes remitirán
al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que haya
de formarse por el mismo Tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes.
Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cortes una lista triple de todas las
clases referidas, en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta
individuos que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la
lista de su clase, los Grandes de la suya, y así los demás.
Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Cortes primeras que se
celebren presentarán al Rey tres personas de la clase que se hubiere verificado, para que
elija la que le pareciere.
El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey que oirá su dictamen en los asuntos
graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la
guerra y hacer los tratados.
Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de
todos los beneficios eclesiásticos y para la provisión de las plazas de judicatura.
El Rey formará un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, oyendo
previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación.
Los Consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el Tribunal
Los Consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán en manos del Rey
juramento de guardar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren
ser conducente al bien de la Nación, sin mira particular ni interés privado.
DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y EN LO
La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece
exclusivamente a los Tribunales.
Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar
causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.
Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en
todos los Tribunales, y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.
Los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute
Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno para la
Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna Comisión,
sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.
Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español, y
ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades que respectivamente deban éstos
tener, serán determinadas por las leyes.
Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal,
hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren.
El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen acción
popular contra los que los cometan.
La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los
Tribunales superiores se encabezarán también en su nombre.
El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin
perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.
Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las Salas
Primero. Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí en todo el territorio
español, y las de las Audiencias con los Tribunales especiales, que existan en la
Península e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo
determinaren las leyes.
Segundo. Juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes
decretaren haber lugar a la formación de causa.
Tercero. Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de
Estado y de los magistrados de las Audiencias.
Cuarto. Conocer de todas las causas criminales de los Secretarios de Estado y del
Despacho, de los consejeros de Estado y de los magistrados de las Audiencias,
perteneciendo al jefe político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a
Quinto. Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos
de este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la
responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en
el artículo 228, procederán a nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve
jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.
Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por
disposición de las leyes.
Octavo. Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos
superiores de la Corte.
Noveno. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias
dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y
hacer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254. Por lo relativo a Ultramar, de
estos recursos se conocerá en las Audiencias en la forma que se dirá en su lugar.
Décimo. Oír las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y
consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la
conveniente declaración en las Cortes.
Undécimo. Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las
Audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para
el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta.
Pertenecerá a las Audiencias conocer de todas las causas civiles de los Juzgados
inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las
criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión y
separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes,
dando cuenta al Rey.
Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir a la vista
del mismo pleito en la tercera.
Pertenecerá también a las Audiencias conocer de las competencias entre todos los
jueces subalternos de su territorio.
Les pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de los
Tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.
Les corresponderá también recibir de todos los jueces subalternos de su territorio avisos
puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y
criminales pendientes en su Juzgado, con expresión del estado de unas y otras, a fin de
promover la más pronta administración de justicia.
A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de
nulidad, debiendo éstos interponerse, en aquellas Audiencias que tengan suficiente
número para la formación de tres Salas, en la que no haya conocido de la causa en
ninguna instancia. En las Audiencias que no consten de este número de ministros, se
interpondrán estos recursos de una a otra de las comprendidas en el distrito de una
misma gobernación superior; y en el caso de que en éste no hubiere más que una
Audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito.
Declarada la nulidad, la Audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con testimonio
que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia, para hacer
efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254.
Las Audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal de Justicia listas exactas de las
causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con
expresión del estado que éstas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los
Juzgados inferiores.
Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las
Audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos Tribunales y el lugar de
Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división del territorio español, indicada
en el artículo 11, se determinará con respecto a ella el número de Audiencias que han de
establecerse, y se les señalará territorio.
Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá
un juez de letras con un Juzgado correspondiente.
Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente a lo contencioso, y las leyes
determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como
también hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación.
En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de
sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico.
Todos los jueces de los Tribunales inferiores deberán dar cuenta, a más tardar dentro de
tercero día, a su respectiva Audiencia de las causas que se formen por delitos cometidos
en su territorio, y después continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la
Audiencia les prescriba.
Deberán asimismo remitir a la Audiencia respectiva listas generales cada seis meses de
las causas civiles, y cada tres de las criminales, que pendieren en sus Juzgados, con
expresión de su estado.
Las leyes decidirán si ha de haber Tribunales especiales para conocer de determinados
Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar la
Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.
No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio
de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.
La sentencia que dieren los árbitros se ejecutará si las partes, al hacer el compromiso, no
se hubieren reservado el derecho de apelar.
El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que
demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.
El alcalde, con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante
y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención,
y tomará oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia
para el fin de terminar el litigio sin más progreso, como se terminará, en efecto, si las
partes se aquietan con esta decisión extrajudicial.
Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará pleito
En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá lo más tres instancias y tres
sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de
dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor
que el que asistió a la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley. A ésta toca
también determinar, atendida la entidad de los negocios y la naturaleza y calidad de los
diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria.
Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal de manera que el proceso
sea formado con brevedad y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente
verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la
declaración dentro de las veinticuatro horas.
La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá
preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.
El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes, serán
castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida como delito en el
Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su
prisión, y el nombre de su acusador, si lo hubiere.
Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los
documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos
no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes
término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente
sobre el que la mereció.
Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde o
alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo
hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos.
Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no
pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y
también se les señalara término correspondiente.
Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de
componerse los Ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario.
pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los
Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación.
Todos los años, en el mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para
elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinando número de
electores que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de
Los electores nombrarán en el mismo mes, a pluralidad absoluta de votos, el alcalde o
alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus
cargos el 1º. de Enero del siguiente año.
Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los
procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno, se mudará todos los años.
Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y
bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público.
Tercero. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a
las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los
que le nombran.
Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos
de educación que se paguen de los fondos del común.
Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos
de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.
Séptimo. Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y
cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad,
utilidad y ornato.
obteniendo por medio de la Diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso
de ser urgente la obra u objeto a que se destinen, podrán los Ayuntamientos usar
Art. 323. Los Ayuntamientos desempeñarán todos estos recargos bajo la inspección de la
Diputación provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales
públicos que hayan recaudado e invertido.
El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en
En cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para promover su
prosperidad, presidida por el jefe superior.
Se compondrá esta Diputación del presidente, el intendente y de siete individuos elegidos
en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes, en lo sucesivo, varíen este
número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la
nueva división de provincias de que trata el art. 11.
La Diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el
mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente.
La elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro día de haber
nombrado los Diputados de Cortes, por el mismo orden con que éstos se nombran.
Para ser individuo de la Diputación provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de
sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia, con residencia,
a lo menos, de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia, y no
podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey de que trata el art. 318.
Para que una misma persona pueda ser elegida segunda vez, deberá haber pasado, a lo
menos, el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones.
Cuando el jefe superior de la provincia no pudiere presidir la Diputación, la presidirá el
intendente, y, en su defecto, el Vocal que fuere primer nombrado.
Art. 334. Tendrá la Diputación en cada año, a lo más, noventa días de sesiones,
distribuidas en las épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas
las Diputaciones para el 1º. de Marzo, y en Ultramar para el 1º. de junio.
Primero. Intervenir y aprobar el repartimento hecho a los pueblos de las contribuciones
que hubieren cabido a la provincia.
Segundo. Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y
examinar sus cuentas, para que con su Vº. Bº. recaiga la aprobación superior, cuidando
de que en todo se observen las leyes y reglamentos.
Tercero. Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos donde corresponda los haya,
conforme a lo prevenido en el art. 310.
Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación
de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su
ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En Ultramar, si la
urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, podrá la
Diputación, con expreso asenso del Jefe de la provincia, usar, desde luego, de los
arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes.
Para la recaudación de los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará
depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán al
Gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para
Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y
fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos
descubrimientos en cualquiera de estos ramos.
Sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas
Octavo. Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su
respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la
reforma de los abusos que observaren.
Noveno. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la
Décimo. Las Diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía,
orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos
encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten
abusos; todo lo que las Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno.
Si alguna Diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los vocales
que la componen, dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella
para la determinación que corresponda; durante la suspensión entrarán en funciones los
Todos los individuos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de provincia, al entrar en
el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del jefe político,
donde le hubiere, o en su defecto del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las
del jefe superior de la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquía
española, observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones
Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes
Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público y las
contribuciones que deban cubrirlos, el Secretario del Despacho de Hacienda las
presentará, luego que estén reunidas, el presupuesto general de los que se estimen
precisos, recogiendo de cada uno de los demás Secretarios del Despacho el respectivo a
su ramo.
El mismo Secretario del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos
el plan de contribuciones que deban imponerse para llenarlos.
Si al Rey pareciere gravosa o perjudicial alguna contribución, lo manifestará a las Cortes
por el Secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que crea
más conveniente sustituir.
Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes aprobarán el repartimiento de ella
entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su
riqueza, para lo que el Secretario del Despacho de Hacienda presentará también los
presupuestos necesarios.
Habrá una Tesorería general para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos los
productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado.
Habrá en cada provincia una tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en ella
se recauden para el Erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con la
general, a cuya disposición tendrán todos sus fondos.
Ningún pago se admitirá en cuenta al Tesorero general, si no se hiciere en virtud de
decreto del Rey, refrendado por el Secretario del Despacho de Hacienda, en el que se
expresen el gasto a que se destina su importe y el decreto de las Cortes con que éste se
Para que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y
la data deberán ser intervenidos respectivamente por las Contadurías de valores y de
distribución de la renta pública.
Una instrucción particular arreglará estas oficinas de manera que sirvan para los fines de
Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría mayor
La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las
contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes,
se imprimirá, publicará y circulará a las Diputaciones de provincia y a los Ayuntamientos.
Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los
El manejo de la Hacienda pública estará siempre independiente de toda otra autoridad
que aquella a la que está encomendado.
No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta
disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen.
La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas
pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre
el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la
dirección de este importante ramo, tanto respecto a los arbitrios que se establecieren, los
cuales se manejarán con absoluta separación de la Tesorería general, como respecto a
las oficinas de cuenta y razón.
Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior
del Estado y la conservación del orden interior.
Las Cortes fijarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias, según las
circunstancias, y el modo de levantar la que fuere más conveniente.
Las Cortes fijarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar que
han de armarse o conservarse armados.
Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la
disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena
constitución del ejército y armada.
Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las
diferentes armas del ejército y armada.
Ningún español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere
Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de
cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias.
Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial
constitución en todos sus ramos.
El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las
En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia;
pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.
Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y de otros
establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas
instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN, Y MODO DE PROCEDER PARA
HACER VARIACIONES EN ELLA
Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán en consideración las infracciones de la
Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y
hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella.
Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la
Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al
tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar
debidamente su encargo.
Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en
Para hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución será necesario que
la diputación que haya de decretarla definitivamente venga autorizada con poderes
especiales para este objeto.
Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Constitución deberá hacerse
por escrito, y ser apoyada y firmada, a lo menos, por veinte Diputados.
La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis días de una a
otra lectura, y después de la tercera se deliberará si ha lugar a admitirla a discusión.
Admitida a discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites que
se prescriben para la formación de las leyes, después de los cuales se propondrá a la
votación si ha lugar a tratarse de nuevo en la siguiente diputación general, y para que así
quede declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.
La diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas sus partes,
podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las
dos terceras partes de votos, que ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para
hacer la reforma.
Hecha esta declaración, se publicará y comunicará a todas las provincias, y según el
tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la diputación
próximamente inmediata o la siguiente a ésta la que ha de traer los poderes especiales.
Estos serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo a los poderes
ordinarios la cláusula siguiente: “Asimismo les otorgan poder especial para hacer en la
Constitución la reforma de que trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente:
(Aquí el decreto literal.) Todo con arreglo a lo prevenido por la misma Constitución. Y se
obligan a reconocer y tener por constitucional lo que en su virtud establecieren.”
La reforma propuesta se discutirá de nuevo, y si fuere aprobada por las dos terceras
partes de Diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará en las
Una diputación presentará el decreto de reforma al Rey para que la haga publicar y
circular a todas las autoridades y pueblos de la Monarquía.
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References: artículo 49

resolución 
 artículo 173
 artículo 228
 artículo 11
 resolución