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Timestamp: 2019-10-24 04:42:22+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 532-3554, de 01/06/2015
cve: BOCG_D_10_532_3554
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Nuevamente, el Gobierno actúa guiado por criterios mercantilistas, beneficiando a determinados colectivos, aún a riesgo de que las garantías de la ciudadanía se vean mermadas. A título ilustrativo, resulta preocupante que desde algunos sectores del Notariado se refieran a los ciudadanos como «clientes», ni siquiera como usuarios.
De forma más concreta, el presente veto también está justificado por cuestiones importantes, que a continuación se señalan:
1. Entre los aspectos que se abordan en este Proyecto de Ley, nuestro Grupo Parlamentario manifiesta su oposición frontal a la posibilidad de que se tramiten matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo ante los notarios, previo pago de aranceles. También resulta llamativo que se traslade la competencia de los juzgados a las oficinas notariales para efectuar la declaración de herederos cuando no haya testamento, para la protocolización del testamento ológrafo o para los otorgados verbalmente. Asimismo, se regula un procedimiento monitorio de carácter notarial, en el que las empresas podrán reclamar deudas derivadas de sus relaciones comerciales.
2. En cuanto a las repercusiones económicas de la atribución a Registradores y Notarios, según el Proyecto, en la medida en que determinados expedientes se les encomiendan a Notarios se prevé su gratuidad en determinados casos, para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho por falta de medios. En este sentido, es preciso resaltar dos cuestiones:
3. En cuanto a la distribución de competencias, si bien es cierto que el artículo 117.4 de la Constitución otorga a los Jueces las funciones que expresamente les sean atribuidas por la ley, y dado que, además, en nuestro ordenamiento actual son los garantes últimos de los derechos de las personas, cabría cuestionarse la oportunidad de que, con las debidas garantías, y no como parece preverse que ocurrirá con los expedientes que puedan atribuirse a Registradores de la Propiedad y Mercantiles y a Notarios, los Jueces no tuvieran competencias, al menos en primer término, sobre materias de jurisdicción voluntaria.
En cuanto a los Secretarios Judiciales, recordemos que el artículo 456 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial otorga competencias al Secretario judicial en materia de jurisdicción voluntaria cuando así lo prevean las leyes procesales, en respuesta a la recomendación contenida en diferentes documentos oficiales (la Recomendación del Consejo de Europa de 1986, el Libro Blanco de la Justicia, elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial en 1997, o el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales grupos parlamentarios el 28 de mayo de 2001).
— Se atribuye a los Secretarios Judiciales la decisión de expedientes en los que se pretende obtener la constancia fehaciente de un determinado derecho o situación jurídica, siempre que no implique reconocimiento de derechos subjetivos. Se deja entrever la reducción del Secretario Judicial a un fedatario público en su configuración más anacrónica.
— Se mantiene la competencia del Secretario Judicial en los actos de conciliación, pero sin perjuicio de que las personas tengan la posibilidad de obtener acuerdos en asuntos de su interés de carácter disponible a través de otras vías, incluidas de pago, y, por tanto, abriendo nuevamente la puerta a las dos velocidades.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 2015.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
Con las medidas que contempla este Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, el Gobierno confirma su intención velada de seguir privatizando partes de un servicio público esencial como es la justicia.
El Ministerio de Justicia intenta convencernos en el Preámbulo, de la oportunidad y de los objetivos de la regulación que presentan ante el Parlamento. En este sentido, compartimos plenamente los objetivos del Gobierno. Compartimos la necesidad de reformar la regulación de la jurisdicción voluntaria para modernizar una parte importante de la justicia que resuelve muchos asuntos cotidianos de los ciudadanos. Compartimos que es necesario racionalizar el sistema en beneficio de los interesados descargando a los jueces y magistrados del conocimiento de la mayoría de los asuntos de este ámbito y, por supuesto, que debe de hacerse con el máximo consenso de todos los operadores jurídicos implicados.
Un análisis en detalle del contenido del proyecto de ley nos muestra que en realidad no se van a cumplir tan loables objetivos del Gobierno y motiva que presentemos esta enmienda de veto. Lo más preocupante y grave de esta reforma legislativa es la desjudicialización de gran parte de los expedientes de jurisdicción voluntaria atribuyéndose su resolución en exclusividad a operadores jurídicos privados, como son los notarios o los registradores. Además, esta medida contradice las recomendaciones del Consejo de Europa, del Consejo General del Poder Judicial, y del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito por los grupos parlamentarios en mayo de 2001, que, efectivamente, pedían que los expedientes de jurisdicción voluntaria sean sacados de los asuntos a conocer por Jueces y Magistrados, pero, recomendaban que se dejaran en manos de operadores judiciales, como son los Secretarios Judiciales. En este caso, estos expedientes se mantendrían dentro del ámbito del servicio público y no como propone el texto su trasvase a Notarios y Registradores, lo que supondrá un nuevo copago para los ciudadanos.
Esta privatización encubierta de la justicia va a provocar numerosos perjuicios para gran parte de la población, reforzando la idea de una justicia de dos velocidades, más rápida para quien se la pueda pagar y mucho más lenta para los ciudadanos que no tienen suficientes recursos para afrontar el repago de este servicio. Y, esto último, dificulta el acceso a gran parte de la población a su derecho constitucional de tutela judicial efectiva.
Otro de los objetivos que no cumple el texto, es ser fruto del consenso entre los operadores jurídicos. El Gobierno, una vez más, remite un texto legislativo a las Cortes que carece de consenso, excepto con los principales colectivos favorecidos, los notarios y los registradores. El Consejo General de la Abogacía, los Procuradores y, por supuesto, el Cuerpo de Secretarios Judiciales han puesto de manifiesto su oposición al texto propuesto.
Los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de veto reiteramos la necesidad de una nueva regulación de la jurisdicción voluntaria en la que prime el objetivo del interés general, reforzando y garantizando el acceso de todos a la justicia como servicio público esencial. Para esto, proponemos que se atribuyan los expedientes de jurisdicción voluntaria a los Secretarios Judiciales, como cuerpo administrativo capacitado, que posibilite un mejor funcionamiento de los juzgados y tribunales, y que mejore las garantías y tutela de los derechos de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 2015.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
El Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria supone un paso más en la privatización del servicio público de la Justicia y ahonda en la visión mercantilista que tiene el Gobierno de la Justicia que supedita los derechos de la ciudadanía a intereses de colectivos profesionales que resultan beneficiados, como los Registradores o, en este caso, al Notariado.
En este caso, también la reforma carece de la más mínima justificación, no respondiendo ni a criterios de necesidad ni de racionalidad pese a recogerse en su Preámbulo. Igualmente, y este hecho se ha ido repitiendo iniciativa tras iniciativa, el Proyecto de Ley parte sin el mínimo consenso político y social. Cuestión distinta es que el Gobierno, en esta ocasión, confunda consenso con cierta legitimación corporativa de los colectivos beneficiados por sus reformas.
De forma más concreta, la presente propuesta de veto también está justificado por cuestiones importantes, que a continuación se señalan:
1. Entre los aspectos que se abordan en este Proyecto de Ley, manifestamos nuestra oposición frontal a la posibilidad de que se tramiten matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo ante los notarios, previo pago de aranceles. También resulta llamativo que se traslade la competencia de los juzgados a las oficinas notariales para efectuar la declaración de herederos cuando no haya testamento, para la protocolización del testamento ológrafo o para los otorgados verbalmente. Asimismo, se regula un procedimiento monitorio de carácter notarial, en el que las empresas podrán reclamar deudas derivadas de sus relaciones comerciales.
— Se atribuye a los Secretarios Judiciales la decisión de expedientes en los que se pretende obtener la constancia fehaciente de un determinado derecho o situación jurídica, siempre que no implique reconocimiento de derechos subjetivos. Se deja entrever la reducción del Secretario Judicial a un fedatario público en su configuración más anacrónica.
— Se mantiene la competencia del Secretario Judicial en los actos de conciliación, pero sin perjuicio de que las personas tengan la posibilidad de obtener acuerdos en asuntos de su interés de carácter disponible a través de otras vías, incluidas de pago, y, por tanto, abriendo nuevamente la puerta a las dos velocidades.
Por tanto, consideramos que existen importantes argumentos que justifican sobradamente esta enmienda de totalidad como reflejo de la oposición nítida al texto de este Proyecto de ley, que es un paso más en el desmantelamiento de la Justicia como servicio público y la privatización del mismo. Una muestra más de un gobierno que antepone intereses corporativos a los intereses y garantías de la ciudadanía, es decir, en detrimento del servicio público. La simple atribución a colectivos, como Registradores y Notarios, que se rigen en gran parte de su actuación por criterios distintos de los de la función pública impide que el Proyecto pueda tener el mínimo apoyo por parte de nuestro Grupo. Al contrario, seguimos reivindicando un cambio profundo en el sistema de Registradores y Notarios, incluidas sus retribuciones. Por último, el Proyecto de Ley debería atribuir los expedientes de jurisdicción voluntaria a los Secretarios Judiciales, no sólo por su idoneidad (capacitación) sino también por la necesidad social de contar con una organización administrativa ágil, eficiente y que preste un servicio público de calidad sin recortes en las garantías individuales.
Es por todo ello que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 2015.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.
Con independencia de algún exceso «verbal» en el que se incurre en la exposición de motivos, es cierto que es necesario abordar la reforma de la regulación de la jurisdicción voluntaria. Una reforma que, como señala el Gobierno en la exposición de motivos, debiera contribuir de manera singular a la modernización de un ámbito de nuestro ordenamiento que, si bien no representa la parte central de los asuntos de los que conocen nuestros juzgados y tribunales, si tiene una importancia substancial por la cotidianidad de los asuntos que recaen en este ámbito y por la importancia que la resolución de muchos de los expedientes tiene para la vida diaria de los ciudadanos y de las ciudadanas.
A diferencia de los que ocurría en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que integraba en su seno la regulación de la jurisdicción voluntaria, siguiendo el mandato de la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) el Gobierno aborda la reforma de la jurisdicción voluntaria a través de una ley singular llamada a regular dicha materia.
Se afirma por el Gobierno que con el texto remitido se pretende: a) dar coherencia sistemática a la regulación de la jurisdicción voluntaria; b) racionalizar el sistema en beneficio de los interesados, descargando a los jueces y magistrados del conocimiento de buena parte de los asuntos propios de esté ámbito; y c) hacerlo con el máximo consenso de todos los operadores jurídicos implicados. Pero la realidad es que no se consigue nada de eso.
Por lo que al consenso se refiere, comprobamos otro fracaso del Gobierno. Ya que, salvo algún colectivo muy concreto, el texto remitido deja absolutamente insatisfechos a la mayoría de los operadores jurídicos llamados a aplicar la futura norma. Es decir, este proyecto de ley es un nuevo ejemplo de la capacidad del Gobierno para enfrentarse a la mayoría de los destinatarios de sus iniciativas legislativas.
El Gobierno señala, tanto en la exposición de motivos como en la Memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que esta racionalización se ha realizado siguiendo las orientaciones contenidas en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa N.º R (86) 12, de 16 de septiembre, el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el CGPJ en 1997, y el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia suscrito por los principales grupos parlamentarios el 28 de mayo de 2001.
Efectivamente, la Recomendación del Consejo de Europa n.º R (86) 12, aconsejaba a los Estados que diversos procedimientos entre los que se encuentran los de jurisdicción voluntaria sean sacados del ámbito de asuntos a conocer por los Jueces y Magistrados, dejándose en manos de otros operadores judiciales, como pueden ser los secretarios judiciales.
Frente a esta línea, en el texto que trae al Parlamento, el Gobierno va más allá y plantea un desjudicialización radical de buena parte de los expedientes de jurisdicción voluntaria, cuya tramitación y resolución en el proyecto remitido se atribuye a los notarios o a los registradores.
El Grupo Parlamentario Socialista considera necesaria una ley de jurisdicción voluntaria, pero a juicio de este grupo el texto remitido por el Gobierno a la Cámara es un texto fallido, porque renuncia a la regulación de buena parte de los expedientes de jurisdicción voluntaria, porque no concita el consenso de buena parte de los operadores llamados a aplicarla y porque supone un paso más en la estrategia del Gobierno de privatizar la justicia, y de dificultar el acceso de buena parte de los ciudadanos a la misma, dinámica en la que los socialistas no vamos a ser cómplices. Este no es el texto con el que nuestra Administración de Justicia pueda alcanzar la modernización, la agilidad y la eficiencia que precisa. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista registra la presente propuesta de veto solicitando la devolución del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

References: artículo 107
 artículo 117
 artículo 456
 artículo 107
 resolución 
 artículo 107
 artículo 107
 resolución 
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