Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-720-17.htm
Timestamp: 2019-05-20 16:33:42+00:00

Document:
T-720-17
Sentencia T-720/17
REGIMEN DISCIPLINARIO EN CENTROS DE RECLUSION-Alcance del derecho al debido proceso
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
REGIMEN DISCIPLINARIO EN CENTROS DE RECLUSION-Faltas leves y graves
El artículo 121 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014) tipifica 16 conductas que son consideradas faltas leves y 29 conductas que son calificadas como faltas graves.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por establecimiento Penitenciario al considerar como falta grave disciplinaria, negarse silenciosamente a la práctica de requisa de tercer nivel realizada por hombres y sí acceder a otro tipo de requisa que no implicara quitarse la ropa
La Corte encuentra que Establecimiento Penitenciario vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, al considerar que (i) negarse silenciosamente a la práctica de una requisa de tercer nivel, realizada por funcionarios hombres, pero sí acceder a otro tipo de requisa que no implicó quitarse la ropa, constituye una falta grave disciplinaria (Ley 65 de 1993, Art. 121, nums. 16, 17, 24 y 29), y (ii) que amerita como sanción la imposición de la pérdida del derecho de redención de pena por 100 días (más de 3 meses), un poco menos del tope máximo previsto para las faltas graves (120 días).
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO, A LA DIGNIDAD Y AL DEBIDO PROCESO DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Orden a Establecimiento Penitenciario promover que los funcionarios e internos empleen en su trato con la población LGBTI, el género que manifiesta cada individuo
Acción de tutela instaurada por José David Benítez contra el Establecimiento Penitenciario “Las Heliconias”.
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
En el trámite de revisión del fallo emitido por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, que resolvió la acción de tutela promovida por José David Benítez.
1.1. El 17 de mayo de 2016, en horas de la mañana, un grupo de dragoneantes y el Inspector Jefe del Establecimiento Penitenciario “Las Heliconias” (en adelante EP o “Las Heliconias”) desarrollaron un opertativo rutinario de requisa en el patio 3 de ese centro carcelario, ubicado en Florencia (Caquetá), y en donde se encuentra recluida la accionante[2]. En éste se pretendió realizar una requisa denominada “de tercer nivel” a todos los internos de ese patio.
“Requisa de tercer nivel para Internos: Inspección entendida como el registro que se realiza por parte de los Miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia al personal de Internos, en la cual el funcionario que la practica no tiene contacto físico con el(a) interno(a). Este tipo de requisa puede aplicarse individual o colectivamente. Se aplicará siempre a todos los interno(as) que hayan recibido visita, antes de proceder a desplazarlos nuevamente a sus pabellones y en el proceso de recepción del Interno. En los demás casos este tipo de requisa debe ser sorpresiva y siempre es realizada por personal del mismo sexo”[3].
1.2. Según el Inspector Jefe[4] (Comandante Operativo del EP) y uno de los dragoneantes[5] a cargo del operativo de ese día, dejaron en último lugar a las reclusas pertenecientes a la población LGBTI para la realización de la mencionada requisa. Con ello, buscaban que el resto de los internos no estuvieran presentes en el patio y que sólo se quedaran las personas LGBTI[6]. Al respecto, afirmaron lo siguiente (primero se cita la declaración del Inspector Jefe y después la del Dragoneante Iriarte):
“(…) al finalizar de requisar al personal de internos le imparto la orden al dragoneante Iriarte que en una celda proceda a efectuar la requisa de tercer nivel a los internos pertenecientes a la población LGBTI, los cuales al escuchar la palabra señores reaccionaron de una manera altanera y agresiva manifestando que las respetaran, que ellas eran mujeres transgénero y que se negaban a la requisa porque al pertenecer a la población LGBTI estaban exoneradas de la requisa de tercer nivel, poniendo de manifiesto la Directiva 010 del 5 de julio de 2011[7], la cual habla sobre el respeto a las personas LGBTI en los ERON, teniendo que reiterar la orden al dragoneante Iriarte y a los mencionados internos de la población LGBTI (…)”[8].
“(…) al finalizar de requisar al personal de internos se me ordenó que en una celda proceda a efectuar la requisa de tercer nivel a los internos pertenecientes a la población LGBTI, se ingresa a uno de los internos a la celda, a quien le ordeno que se retire los elementos que tiene menos la ropa interior, puesto que se le estaba respetando su intimidad al realizar la requisa en una celda separada de los demás y solo con la presencia mía, a lo que manifestó que se negaban a la requisa porque al pertenecer a la población LGBTI estaban exoneradas de la requisa de tercer nivel, poniendo de manifiesto la Directiva 010 del 5 de julio del 2011, la cual habla sobre el respeto a las personas LGBTI en los ENRO y de la cual anexé en el informe, puesto que no se está pasando por alto de (sic) esta norma, por lo cual informé de la novedad al Inspector jefe Rivera Patiño, quien me reitera la orden (…)”[9]
1.3. En las pruebas que obran en el expediente[10], se mencionan a cuatro (4) reclusas de la población LGBTI internas en el patio 3 de “Las Heliconias”, una de ellas es la accionante de esta tutela. Ellas se negaron a que les practicaran la requisa de tercer nivel, independientemente que ésta fuera realizada de manera individual y en una celda. Solicitaron que las requisaran sin tener que quitarse la ropa, con un detector de metales (al que se refieren en sus testimonios como “garrett”, haciendo alusión a una de las marcas comerciales de estos dispositivos) y con un perro.
Según se observa en el video que se grabó durante la diligencia, y que fue aportado como prueba en el expediente[11], fueron dos (2) reclusas (distintas a la accionante) quienes tuvieron la interlocución con el Inspector Jefe y con los dragoneantes. La accionante y la otra reclusa guardaron silencio[12] y apoyaron la postura de las otras dos (2), quienes tuvieron la vocería con las autoridades penitenciarias. Adicionalmente, se constata en el video que las cuatro (4) reclusas se negaron a dar sus nombres, cuando les fueron solicitados.
1.5. En horas de la tarde, ellas sostuvieron una reunión con las directivas del EP y con el Inspector Jefe y acordaron que, a partir de tal fecha, las requisas de tercer nivel serán practicadas de otra manera, en aras de proteger sus derechos a la identidad de género, a la dignidad y al debido proceso. Se les permitirá tener una toalla. De este modo, no tendrán que exhibir su cuerpo y los guardias de seguridad podrán revisar su ropa[13].
1.6. Ese mismo día, el Dragoneante Iriarte, quien participó en el operativo, entregó un informe de lo ocurrido al Director del EP[14]. En éste no menciona de manera explícita la conducta de la accionante (sólo hace referencia a la de las dos reclusas que tuvieron la interlocución con él y con el Inspector Jefe durante el operativo). Adicionalmente, hace una calificación inicial de los hechos, empleando cuatro (4) faltas graves disciplinarias, y da una breve justificación respecto de esta tipificación. A continuación se citan algunos apartes del informe presentado por el Dragoneante Iriarte:
(…) se me ordena apoyar la requisa a los internos pertenecientes a la comunidad LGBTI identificados como Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander TD. 2676, Amaya Galindo Angel Gabriel TD. 2216, Benítez José David TD. 2924 y Rojas José Gabriel TD. 1182, los cuales ingresan de manera individual en una celda para realizar el respectivo procedimiento de requisa de tercer nivel como se establece en el procedimiento de requisa, como se ordena en el PO_30-023-05_V01_REQUISA_DE_TERCER_NIVEL, se le da una orden de manera respetuosa, clara, precisa y concisa al interno Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander TD. 2676, el cual de forma airada, irrespetuosa y desafiante[15] me dice que él no tiene porque hacer eso, por lo cual le comunico que así lo establece el procedimiento, puesto que se les está respetando el derecho a la dignidad al realizar el procedimiento de requisa de manera individual, este interno y a su vez el interno Amaya Galindo Angel Gabriel TD. 2216, se niegan a la orden y continúan con su actitud airada, irrespetuosa y desafiante contra el suscrito, se le informa de la novedad al señor Insp. Jefe Rivera Fosael, quien les ratifica la orden que se les había impartido, ante esta orden ratificada por el señor Insp. Jefe, los internos continúan rehusándose a cumplir la orden y contestando de manera irrespetuosa y desafiante, diciendo que iban a entablar una demanda contra los funcionarios y el INPEC, de este comportamiento quedo registrado de manera fílmica por el Dg. Bermeo Tovar Policía Judicial de turno.
Es de resaltar que los internos anteriormente mencionados en cabeza de los internos Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander TD. 2676, Amaya Galindo Angel Gabriel TD. 2216, mencionaron la directiva 000010 del 05/07/2011 referente (sic) respeto a las personas LGBTI en los establecimientos de reclusión del orden nacional, al analizar este documento en ningún momento se excluye a las personas miembros de esta comunidad de la requisa de tercer nivel, de la misma manera la sentencia T-1030/03, en ningún momento ordena no realizar la requisa de tercer nivel a este grupo de internos.
Por lo tanto, solicito se sancione disciplinariamente al personal de internos anteriormente mencionados, por alterar el orden interno, el incumplimiento a una orden, menoscabar la seguridad del centro de reclusión, incumplimiento al reglamento interno disciplinario (…)”[16]. (se omitieron algunas de las mayúsculas sostenidas del texto original y las negrillas)
1.7. A partir de este informe, la Oficina de Investigaciones Internas, mediante Auto del 1 de julio de 2016, dio apertura a una investigación disciplinaria No 165/2016 contra las cuatro (4) mujeres transexuales del patio 3, por los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2016, antes relatados[17].
1.7.1. Se les investigó por la presunta comisión de las siguientes faltas disciplinarias graves (Ley 65 de 1993, Art. 121)[18]: “Agredir, amenazar o asumir grave actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la institución, funcionarios judiciales, administrativos, los visitantes y los compañeros” (num. 16); “Incitar a los compañeros para que cometan desórdenes u otras faltas graves o leves” (num. 17); “Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión” (num. 24) y “El incumplimiento grave al régimen interno y a las medidas de seguridad de los centros de reclusión” (num. 29).
1.7.2. En el trámite de este proceso disciplinario, se ordenó: (i) la ratificación y ampliación del informe rendido por el Dragoneante Iriarte y por el Inspector Jefe[19] y (ii) la versión libre y espontánea de las cuatro (4) internas investigadas[20]. Esta última la rindieron bajo la gravedad de juramento, ante el Subdirector del EP. Al inicio de la misma, se les hizo la siguiente advertencia: “Se le hace saber el derecho que tiene de ser asistido(a) por un Abogado”[21]. Al respecto, las cuatro manifestaron lo siguiente: “que no es necesario por el momento pero que se reserva el derecho que le asiste para nombrarlo más adelante”[22].
1.7.3. A continuación se citan algunos extractos de la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, que la accionante rindió el 8 de agosto de 2016[23], en el marco del proceso disciplinario No 165/2016.
A la accionante se le formuló la siguiente pregunta: “Se le pone de presente el informe[24]de fecha 17 de mayo de 2016, qué tiene que decir al respecto?”[25]
Respondió: “En ese informe no tengo velas en ese entierro, si me van a poner un informe que se haga la voluntad de Dios, porque no fui altanera ni grosera, solamente ponía cuidado al Sargento, lo que decía”[26].
También se le preguntó: “Según el informe realizado el 17 de mayo de 2016, indica que usted se negó a requisa de tercer nivel y actuando según sus compañeros de pabellón los internos Cuéllar Fajardo y Amaya Galindo en que no se le podía realizar este procedimiento por ser miembro de la comunidad LGBTI, ¿tiene algún documento que pueda presentar donde ratifique esta versión?”[27]
Al respecto, respondió: “Porque me iban a quitar la ropa para desnudarnos sabiendo que ahí está el canino y el perro para que las chicas trans de la comunidad LGBTI, pero yo fui una persona decente que no discutí, me dijeron y me dejé requisar[28]”[29].
Adicionalmente, se le preguntó: “Diga al despacho si los funcionarios Dragoneante Iriarte y Sargento Rivera Fosael actuaron de manera burlona con usted o alguno de sus compañeros[30]”.
Respondió lo siguiente: “Groseros, porque nos dijeron a nosotras que nos quitáramos la ropa para hacer el procedimiento y nosotras dijimos que no porque estaba el garret y el perro y nos trataron como ellos quisieron groseros, altaneros, etcétera”[31].
1.8. El 3 de octubre de 2016, el Dragoneante Iriarte se declaró impedido para continuar participando en el proceso disciplinario[32], en su calidad de integrante de la Oficina de Investigaciones Internas, teniendo en cuenta que él había elaborado el informe inicial de los hechos, a partir del cual se dio apertura a la investigación. Solicitó que se designara a otro funcionario “(...) para que adelante nuevamente las versiones de versión (sic) libre y espontánea a los internos ya mencionados. Esto con el fin de respetar y cumplir el debido proceso”[33].
1.9. El 7 de octubre de 2016, las cuatro investigadas fueron nuevamente llamadas a rendir la diligencia de descargos y versión libre y espontánea[34]. Tres (3) de ellas, incluida la accionante, se negaron a hacerlo sin la compañía de un abogado[35]. La Oficina de Investigaciones Internas les confirió un plazo de diez (10) días para que cada una consiguiera un abogado (no les proporcionó uno, ni les indicó la ruta institucional que debía surtir para acceder a una defensa judicial)[36]. Con posterioridad al vencimiento de ese plazo, se continuó con el trámite, sin que la accionante ni las otras tres (3) reclusas contaran con un abogado que las representara.
1.10. Dos (2) de las mujeres transexuales del patio 3 (distintas a la accionante)[37], presentaron una acción de tutela contra el EP “Las Heliconias” por los mencionados hechos ocurridos el 17 de mayo de 2016 y contra el proceso disciplinario que se les estaba adelantando. Esta fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Florencia, quien mediante sentencia del 6 de septiembre de 2016 concedió la protección de sus derechos fundamentales invocados y negó el amparo “encaminado a desaprobar la sanción que los accionantes afirman se les impuso dentro del proceso disciplinario que se adelanta en su contra”[38].
CUARTO.- PREVENIR al Director del EPC Heliconias para que en adelante este Centro se abstenga de llevar a cabo acciones u omisiones contrarias a las garantías de los derechos fundamentales de las personas de identidad u opción sexual diversa”[39].
1.10.2. Esta decisión fue apelada y la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Caquetá, mediante sentencia del 2 noviembre de 2016 confirmó la sentencia de primera instancia[40].
1.11. El 6 de marzo de 2017 el Consejo de Disciplina del EP “Las Heliconias”[41] profirió la Resolución No 0417, mediante la cual fue sancionada disciplinariamente[42] la accionante, por la comisión de las faltas graves por las cuales fue investigada[43].
1.11.1. En dicha Resolución, se resumieron los hechos del caso en los siguientes términos:
“(…) siendo las 8:20 horas del día 17/05/2016, se realizó operativo de registro y control en el pabellón tres, en el cual al solicitarle requisa de tercer nivel a los internos Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander, Amaya Galindo Angel Gabriel, Benítez José David y Rojas José Gabriel, pertenecientes a la comunidad LGBTI, los internos Cuéllar Fajardo y Amaya Galindo actuaron de manera irrespetuosa altanera y desafiante, al no permitir el procedimiento de requisa ni dar su identificación”[44]. (se omiten las mayúsculas sostenidas del texto original)
“(…) una vez analizadas las pruebas aportadas por el investigador, no se evidencia que se haya faltado al respeto a las personas miembros de la comunidad LGBTI, puesto que se impartió una orden acorde a los procedimientos penitenciarios, así mismo se observa en el video del día de los hechos y se corrobora con la ratificación de los funcionarios, que la forma de contestar y actuar de estos internos fue altanera y desafiante, si bien sentían que estaban siendo vulnerados sus derechos, no es la manera acorde de actuar frente a los funcionarios de la institución. Se evidenció que los internos Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander, Amaya Galindo Angel Gabriel, Benítez José David, Rojas José Gabriel, en cabeza de los dos primeros se negaron a dar su identificación. Se tiene en cuenta la acción de tutela instaurada contra este procedimiento y la respuesta de los mismos por parte del juzgado y tribunal.
Así las cosas en esta investigación queda plenamente demostrada no sólo la ocurrencia de los hechos si no la responsabilidad disciplinaria del interno (sic) Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander, Amaya Galindo Angel Gabriel, Benítez José David, Rojas José Gabriel, se concluye que existe suficiente material probatorio útil, conducente y pertinente que lo indican como autor de la conducta investigada.
En virtud de lo anteriormente expuesto el interno (sic) Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander, Amaya Galindo Angel Gabriel, Benítez José David, Rojas José Gabriel, es merecedor a una sanción disciplinaria por violar lo establecido en la ley 65/93 art, 121 numerales 16, 17, 24 y 29 de las faltas graves”[45]. (se omiten las mayúsculas sostenidas del texto original)
1.11.4. A la accionante[46] se le impuso como sanción[47] la pérdida del derecho de redención de pena por 100 días[48]. Esta decisión le fue notificada el 9 de marzo del mismo año[49]. En el numeral segundo, de la parte resolutiva de la citada Resolución No 0417 de 2016, se estableció lo siguiente respecto de los recursos procedentes:
“Contra la presente resolución procede el recurso de reposición el cual debe interponerse dentro de los tres días siguientes a su notificación, por escrito y debidamente sustentado ante la oficina de Investigaciones Internas, dirigida (sic) la Dirección de Establecimiento. En caso de no impetrarse ningún recurso, ordénese la ejecutoria inmediata y las anotaciones en los libros respectivos”[50]. (subrayado fuera del texto original)
2.1. La accionante[51] presentó el 4 de abril de 2017, en el EP “Las Heliconias” la tutela[52] de la referencia para que “se protejan y tutelen todos mis derechos fundamentales vulnerados y amenazados”[53]. En otro aparte de la demanda, menciona la vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales a la intimidad personal, la dignidad humana y a no ser discriminada por hacer parte de la población LGBTI.
2.3. Por otro lado, resalta que nunca le brindaron un abogado y le requiere al juez que investigue su caso y le diga si tiene derecho a uno. Solicita que se le tutelen y protejan sus derechos fundamentales vulnerados y amenazados y que se ordene al EP “Las Heliconias” y al Grupo de Investigaciones Disciplinarias “que me quiten la sanción, cuyo (sic) me sancionaron ilegalmente”[54].
3.1. El Director (E) del Establecimiento Penitenciario “Las Heliconias” dio respuesta a la acción de tutela[55] el 18 de abril de 2017 y solicitó que ese centro de reclusión fuera desvinculado del proceso. Considera que operó la figura de la carencia actual de objeto, dado que “(...) queda demostrado que por parte de este establecimiento no se le han vulnerado los derechos que le asisten al accionante”[56].
3.2. En su escrito describió el trámite surtido en el proceso disciplinario No 165/2016 y señaló que “se han realizado todas las actuaciones de nuestra competencia en virtud de garantizar debido proceso y demás derechos que le asisten”[57] a José David Benítez.
“(…) existe prueba fílmica de la acción y comportamiento del interno Benítez José David en la cual se evidencia que en ningún momento los funcionarios involucrados en esta declaración que sobre pasa la verdad actuaron de manera burlona, grosera o denigrante, por lo contrario los funcionarios encargados actuaron de manera seria y profesional al observar el comportamiento temperamental de estos internos, quienes manifiestan que el procedimiento de requisa para ellos debe ser solamente con canino y garret (…)”[58]
“Para el día siete (07) de octubre de 2016 es llamado a rendir diligencia de versión libre y espontánea por parte del interno Benítez José David, quien solicita la presencia de abogado para rendir la declaración, por lo cual se le otorga diez días para que haga presencia con el mismo en la oficina de investigaciones internas, respetándole su derecho al debido proceso y defensa; al transcurrir el tiempo y al observar que el abogado del señor Benítez no hizo presencia en el establecimiento se procede nuevamente a llamar al interno para tomar diligencia de versión libre el día treinta y uno (31) de octubre de 2016, quien manifestó no rendir diligencia de versión libre y espontánea”[59].
4.1. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia[60], mediante la sentencia JTA-237, proferida el 26 de abril de 2017, negó el amparo solicitado al derecho fundamental a la dignidad humana de la accionante. Este fallo no fue apelado por ella.
(...) queda claro que en el presente caso prevalece la seguridad y el orden interno del Establecimiento penitenciario Las Heliconias, razón por la cual no se está vulnerando el Derecho fundamental a la dignidad humana del accionante, en otras palabras, debe considerarse y darse un trato acorde a las condiciones y preferencias sexuales y de comportamiento de los internos, permitiendo la privacidad, la intimidad y el respeto de sus derechos, pero no se puede, amparado en esa condición no dar acatamiento a los procedimientos y reglamentos de los establecimientos carcelarios, cuando estos protegen el núcleo esencial de la dignidad humana, porque impediría el ejercicio disciplinario inherente a las funciones que cumple el INPEC”[61].
2.2. En caso de que la acción de tutela resultara procedente, la Sala deberá resolver si ¿el EP “Las Heliconias” vulneró el derecho al debido proceso de la accionante al considerar (i) que constituye una falta grave disciplinaria (Ley 65 de 1993, Art. 121, nums. 16, 17, 24 y 29)[62] negarse silenciosamente a la práctica de una requisa de tercer nivel, realizada por funcionarios hombres, pero sí acceder a otro tipo de requisa que no implicó quitarse la ropa, y (ii) que tal acción amerita como sanción la pérdida del derecho de redención de pena por 100 días (más de 3 meses), un poco menos del tope máximo previsto para las faltas graves (120 días)?
4. Frente al requisito de inmediatez, la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela debe ser presentada oportunamente y dentro de un plazo razonable[63]. Con ello se preserva la naturaleza de la acción y se garantiza la seguridad jurídica[64]. Esta Corporación ha precisado que la revisión del requisito de inmediatez no se limita a la verificación del tiempo transcurrido entre la vulneración o amenaza de los derechos y la instauración de la acción de tutela. Tal revisión implica un análisis de cada caso en particular[65].
5. Con respecto al requisito de subsidiariedad, la Corte ha señalado que la tutela no reemplaza otras acciones judiciales con las que cuentan los ciudadanos para la defensa de sus derechos. Por regla general, la acción de tutela no es procedente cuando existen otros medios de defensa judicial. Así lo dispone el artículo 86 de la Constitución, al establecer que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” [66]. En conclusión, en principio, la acción de tutela sólo procede si se han agotado todas las instancias y los recursos con los que cuenta el afectado para la protección de sus derechos[67].
6. No obstante lo anterior, esta Corporación ha precisado que en el análisis de la procedencia de la acción, no basta con verificar la existencia de un medio ordinario de defensa judicial, para declarar improcedente la tutela interpuesta. Es necesario estudiar también (i) si éste es idóneo y eficaz, y (ii) si existe la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable[68].
6.1. Frente a la primera circunstancia mencionada, la Corte ha señalado que la tutela procede cuando el otro medio de defensa no es idóneo o eficaz, para la protección de los derechos fundamentales del accionante. En particular, ha sostenido que la idoneidad consiste en la aptitud material del mecanismo judicial para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Respecto a la eficacia, se ha establecido que se refiere a la capacidad del otro mecanismo judicial disponible para proteger de manera integral y oportuna el derecho amenazado o vulnerado[69].
6.2. Para verificar el cumplimiento de estas dos características (idoneidad y eficacia) en el otro mecanismo judicial disponible, se deben revisar, entre otros aspectos, los siguientes: (i) los hechos del caso, (ii) si el otro medio de defensa brinda la misma protección que la acción de tutela, (iii) el tiempo que tardaría la jurisdicción ordinaria en resolver el caso, (iv) si existe la posibilidad de ejercer el derecho fundamental amenazado o vulnerado durante el trámite ordinario, (v) la disponibilidad de instancias e incidentes procesales a través de los cuales, se puedan exponer argumentos relativos a la protección de los derechos fundamentales, (vi) si se presentan circunstancias que expliquen por qué el accionante no promovió el mecanismos judicial ordinario, antes de acudir a la acción de tutela; y (vii) si el accionante es un sujeto de especial protección constitucional[70].
(iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable”[71].
9. Así mismo, la Corte verifica el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. El recurso de reposición ante el Consejo de Disciplina del EP (escrito y debidamente sustentado, de acuerdo con lo señalado en el numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución No 0417 de 2016 y en el inciso segundo del artículo 135 del Código Penitenciario y Carcelario) no resultaba ser un mecanismo eficaz para la protección del derecho fundamental al debido proceso de la accionante. Este debía ser interpuesto, se reitera, por escrito y debidamente sustentado, por una persona sin ningún tipo de escolaridad[72], sin acceso efectivo a asistencia legal (tal como se evidenció en el trámite del proceso disciplinario)[73] y en situación de especial sujeción al Estado, dentro de un término extremadamente corto (tres días siguientes a la notificación de la Resolución).
10. Al respecto, la Corte ha establecido en reiterada jurisprudencia[74], que las personas privadas de la libertad están en una relación especial de sujeción al Estado. Tal relación conlleva cinco (5) consecuencias principales, entre las que se incluye la siguiente:
“(iii) El deber positivo[75] en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo, tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos”[76]. (Subrayado fuera del texto original)
12. Al respecto, en la Sentencia T-686 de 2016[77], la Corte precisó lo siguiente al respecto:
4. El régimen disciplinario de los centros de reclusión consagra faltas leves y graves (Ley 65 de 1993, Art. 121) frente a las que existe un amplio margen de apreciación por parte de los operadores disciplinarios (Director y Consejo de Disciplina). Alcance del derecho al debido proceso en el régimen disciplinario carcelario
16. El régimen disciplinario de los establecimientos de reclusión se encuentra regulado en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014) y por la Resolución 6349 de 2016 (“Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC”). Este Código tipifica (Art. 121) las faltas leves (16 conductas)[78] y graves (29 conductas), sus respectivas sanciones (Art. 123), la finalidad de la sanción (Art. 124), las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta en la calificación de las faltas (Art. 127), las autoridades encargadas de imponerlas en atención al tipo de falta (Arts. 117, 118 y 133), la garantía al debido proceso (Art. 134), las autoridades competentes para disminuir o revocar las sanciones impuestas (Art. 136), la competencia general del Director(a) del INPEC para revocar la calificación de las faltas y de las sanciones (Art. 117, parágrafo) y la existencia de un reglamento disciplinario expedido por el INPEC (Art. 116).
“(...) para la Corte no cabe duda alguna que en el ámbito disciplinario los principios de legalidad y tipicidad actúan con menor rigurosidad que en el derecho penal delictivo, pues se admiten bajo determinadas condiciones el uso de tipos abiertos y de conceptos jurídicos indeterminados, a la vez que se le atribuye al juzgador disciplinario una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables. Sin embargo, en aras de preservar el principio de reserva de ley, esta Corporación ha sostenido que es para el legislador un imperativo constitucional fijar en la ley disciplinaria, como mínimo, (i) los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancionada, (ii) las remisiones normativas o los elementos determinables cuando se haya previsto un tipo en blanco o un concepto jurídico indeterminado, (iii) los criterios por medio de los cuales se puede precisar con claridad y exactitud la conducta, (iv) las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición y (v) los procedimientos que se adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme a las exigencias mínimas del debido proceso[79]”[80]. (Subrayado fuera del texto original)
21. Las personas privadas de la libertad, en virtud de tal condición, tienen algunos de sus derechos limitados. Así lo ha señalado la Corte, en reiterada jurisprudencia[81] y ha distinguido diferentes grados de limitación, en atención a diferentes grupos de derechos fundamentales. Así por ejemplo, en la sentencia T-511 de 2009[82], citada por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia en el fallo de tutela, la Corte presenta la siguiente tipología de derechos de las personas recluidas: derechos suspendidos, derechos restringidos y derechos intocables.
“Los motivos que asisten al legislador para expedir un régimen disciplinario aplicable a los internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios no son otros que los de permitir el cumplimiento de la finalidad buscada por la pena impuesta en un ambiente de respeto y consideración por el otro, sea condenado o sea guardián. ‘El orden penitenciario se enmarca dentro del criterio de la resocialización, y para ello es necesaria, la disciplina, entendida como la orientación reglada hacia un fin racional, a través de medios que garanticen la realización ética de la persona. La disciplina, pues, no es fin en sí mismo, sino una vía necesaria para la convivencia humana elevada a los más altos grados de civilización. Ella no anula la libertad, sino que la encauza hacia la perfectibilidad racional. Se trata entonces, de un proceso de formación del carácter, que tiende a la expresión humanista y humanitaria en sentido armónico’[83]
Un régimen disciplinario así entendido no atenta contra los derechos de los internos. Puede imponer ciertas restricciones y ajustar algunos comportamientos, pero responde a las exigencias de la vida de la colectividad carcelaria y propende por el mantenimiento de un ambiente sano, higiénico, seguro y organizado”[84].
23. Derivado de estos objetivos, la Corte concluyó que “establecer ciertas pautas, más o menos severas, de comportamiento” [haciendo referencia a la consagración de faltas leves y graves, sobre las que se hará mención en la siguiente sección] y determinar las respectivas sanciones, en caso de incumplimiento, son acciones con las que se busca “preservar el orden en la institución y la convivencia armoniosa”[85] y en últimas, garantizar las condiciones requeridas para el cumplimiento de los fines de las penas impuestas en el proceso penal.
El proceso disciplinario establecido en el Código Penitenciario, busca consagrar claramente el camino a seguir en caso de cometer una falla que viole el régimen de comportamiento establecido para los internos. Se trata de una metodología que se aplica sin distinciones, a la totalidad de la población carcelaria preservando así el principio de igualdad propio de las investigaciones disciplinarias y estableciendo una serie de garantías que no se agotan en el texto del artículo 135 demandado, pues consagra otros principios relacionados con la debida investigación de los hechos, la fundamentación de las sanciones y la posibilidad de revocar o suspender provisionalmente los castigos impuestos que tienen como único propósito proteger a los internos y asegurarles un proceso justo y legal[86]”[87].
4.2. Faltas leves y graves del régimen disciplinario de los centros de reclusión (Ley 65 de 1993, Art. 121) y el amplio margen de apreciación conferido a los operadores disciplinarios
33. En segundo lugar, se concluye que ambos tipos de faltas pueden ser sancionadas con la suspensión de visitas sucesivas[88]. La diferencia son los topes máximos de la sanción (no los mínimos). En el caso de las faltas leves se pueden suspender hasta máximo cinco (5) visitas sucesivas y en el caso de las faltas graves el tope es el doble [hasta máximo diez (10) visitas sucesivas].
38. Al respecto, se pronunció la Corte, en la Sentencia C-184 de 1998[89], cuando revisó la constitucionalidad de varias de las faltas (Art. 121), las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta en su calificación (Art. 127) y los recursos a disposición de los investigados y sancionados (Art. 135), entre otros aspectos regulados por el Código Penitenciario y Carcelario:
40. Esta misma regla, enunciada de otra manera, consiste en que las mencionadas autoridades administrativas están obligadas a desechar aquellas valoraciones de los hechos y calificaciones de las conductas que resulten vulneratorias de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad o contrarias al principio constitucional de proporcionalidad de la pena. Cabe resaltar que este principio, además de tener aplicación directa por ser de orden constitucional, también fue incluido expresamente por el Legislador, junto con los criterios de necesidad y de valoración del daño causado (Ley 65 de 1993, Art. 123, inc. 2, modificado por el Art. 78 de la Ley 1709 de 2014)[90], entre aquellos que deberá tener en cuenta el Consejo de Disciplina al momento de sancionar un falta grave.
48. Tal como se observa en el video del operativo aportado como prueba al expediente[91], su actuar fue silencioso y respetuoso. Eso permitió que el Director del EP les abriera las puertas de su oficina esa misma tarde, para sostener una reunión en la que, tal como se relató en el apartado sobre los hechos relevantes de este caso (supra 1.5), llegaron a un acuerdo sobre la manera en la que, a partir de esa fecha, les serían practicadas las requisas de tercer nivel, respetando su identidad de género y su dignidad.
52. En atención a los hechos narrados y a las reglas jurisprudenciales aplicables mencionadas anteriormente (supra 43 y 44), la Corte protegerá el derecho al debido proceso de la accionante y el principio de proporcionalidad de las sanciones, que fueron vulnerados por el Consejo de Disciplina del EP “Las Heliconias”. Para ello, la Corte le ordenará al mencionado Consejo de Disciplina, que en el término de 48 horas contado desde la notificación de esta sentencia, deje sin efecto[92], y de manera retroactiva, la Resolución No 0417 del 06 de marzo de 2017[93], mediante la cual sancionó disciplinariamente a la accionante con la pérdida del derecho a la redención de la pena durante 100 días[94].
53. La accionante señaló en la tutela que el EP “Las Heliconias” no le facilitó un abogado que pudiera defenderla en el proceso disciplinario adelantado en su contra. Así mismo, de la revisión del expediente, la Corte constató que el EP no le explicó a la accionante la ruta institucional que podía seguir para acceder a los defensores de oficio, coordinados por la Defensoría del Pueblo y regulados por el Decreto 1542 de 1997[95] y por el artículo 154 del Código Penitenciario y Carcelario (modificado por el artículo 89 de la Ley 1709 de 2014)[96].
54. El EP se limitó a (i) “hacerle saber” a la accionante, en la diligencia de versión libre y espontánea que rindió, que tiene derecho a “ser asistido(a) por un Abogado”[97] y (ii) a conferirle un plazo de diez (10) días para que consiguiera uno[98]. Tal como se relató en el acápite de hechos relevantes (supra 1.9), con posterioridad al vencimiento de ese plazo, y sin la asistencia legal solicitada, se continuó con el trámite del proceso disciplinario.
60. En reiterada jurisprudencia, la Corte se ha referido al alcance del derecho a la identidad de género de las personas privadas de la libertad y lo ha protegido. Así, por ejemplo, en la sentencia T-062 de 2011[99], esta Corporación estableció lo siguiente:
66. Respecto de la protección de los derechos de la accionante a la identidad de género, a la dignidad y al debido proceso, es relevante recordar las órdenes que fueron dadas el 6 de septiembre de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Florencia, dentro del trámite de otra acción de tutela contra este EP por los mencionados hechos ocurridos el 17 de mayo de 2016, y que fue presentada por dos (2) de las mujeres transexuales del patio 3 (no por la accionante). El juez concedió la protección frente a estos derechos y negó el amparo “encaminado a desaprobar la sanción que los accionantes afirman se les impuso dentro del proceso disciplinario que se adelanta en su contra”[100]. Para su efectiva protección, profirió las siguientes órdenes:
CUARTO.- PREVENIR al Director del EPC Heliconias para que en adelante este Centro se abstenga de llevar a cabo acciones u omisiones contrarias a las garantías de los derechos fundamentales de las personas de identidad u opción sexual diversa”[101].
Primero.- REVOCAR la sentencia No JTA-237 del 26 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia en el caso de la referencia y CONCEDER la protección de los derechos fundamentales de José David Benítez a la identidad de género, la dignidad y el debido proceso.
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Medio de defensa judicial eficaz para controvertir la legalidad de los actos administrativos de centro de reclusión (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO-Debió declararse la improcedencia dado que no se evidencia una condición de vulnerabilidad ni la existencia de un perjuicio irremediable (Salvamento de voto)
[1] En esta sección se resumen los hechos descritos por José David Benítez en la acción de tutela, así como los provenientes de las pruebas que obran en el expediente.
[2] De las pruebas que obran en el expediente se evidencia que José David Benítez se reconoce a sí misma como una mujer. En la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, rendida el 8 de agosto de 2016, en el marco del proceso disciplinario No 165/2016, lo manifestó en repetidas ocasiones (Cuaderno 2, folio 38 del expediente). Así, por ejemplo, cuando se le preguntó por qué durante el operativo se había negado a dar su nombre, a pesar de que se lo habían solicitado, contestó lo siguiente: “El señor fue muy grosero y nos trató como un hombre sabiendo que nosotros somos chicas trans y exigimos que nos respeten así como nosotros los respetamos”. (Subrayado fuera del texto original). En atención a esto, la Corte reconocerá la identidad de género de José David Benítez y se referirá a ella, como una mujer. En ocasiones anteriores, la Corte ha adoptado decisiones similares en aras de proteger la identidad de género del (o de la) accionante. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-062 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas (en la que se reconoció que el accionante tenía una identidad de género mixta, pie de pág 1) y T-392 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz (sección “Aclaración previa”).
[3] Cuaderno 2, folio 11 del expediente.
[4] Fosael Rivera Patiño.
[5] Diego Iriarte Pérez.
[6] Esta versión coincide con lo afirmado por una de las reclusas en la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, que rindió el 8 de agosto de 2016 en el marco del proceso disciplinario No 165/2016. En ésta se le preguntó: “Sírvase manifestar al despacho, si al momento de solicitarle la requisa de tercer nivel por el funcionario encargado se le ordenó lo hiciera en frente de los internos o en frente de los funcionarios, de algún otro funcionario”. Ella contestó: “Sí, había otro dragoneante cerca a la celda doce, y habían (sic) dos dragoneantes más en el pasillo cerca a la puerta, pero internos no habían (sic), estábamos solo las chicas de la comunidad LGBTI”. (Cuaderno 2, folio 34 del expediente).
[7] Está haciendo referencia a la Directiva permanente 010 del 5 de julio de 2011 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sobre “respeto a las personas LGBTI en los establecimientos de reclusión del orden nacional”, cuya finalidad es “impartir instrucciones para garantizar el respeto y protección a la población de internas e internos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) que se encuentran privados de libertad en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”. Esta Directiva no tiene disposiciones específicas sobre las requisas de tercer nivel. (Cuaderno 2, folios 19 a 24 del expediente).
[8] Cuaderno 2, folio 55 del expediente.
[9] Cuaderno 2, folio 57 del expediente.
[10] Entre tales pruebas está el video del operativo (CD que fue anexado en el folio 25 del Cuaderno 2 del expediente) y algunas piezas procesales del proceso disciplinario No 165/2016 que se adelantó contra las citadas cuatro (4) reclusas (Cuaderno 2, folios 16 al 62 del expediente).
[11] Cuaderno 2, folio 25 del expediente.
[12] En la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, rendida el 8 de agosto de 2016, en el marco del proceso disciplinario No 165/2016, la accionante respondió lo siguiente, después de que se le puso en conocimiento el video grabado durante la diligencia y se le preguntó qué tenía para decir al respecto: “Como pueden ver en el video, donde está mi persona, porque hablo por mí misma, se puede ver que soy una persona callada, humilde, y por eso es que le pasan los problemas que están sucediendo, siempre soy respetuosa hacia ustedes”. (Subrayado fuera del texto original). (Cuaderno 2, folio 38 del expediente).
[13] Cuaderno 2, folio 34 del expediente.
[14] Cuaderno 2, folios 17 y 18 del expediente.
[15] Al respecto, Yeiner Alexander Cuéllar Fajardo afirmó lo siguiente, en la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, rendida el 8 de agosto de 2016 en el marco del proceso disciplinario No 165/2016: “Yo no actué de manera airada y desafiante puesto que mi intención no es faltarle el respeto a ninguno de los dragoneantes o personas encargadas de mi seguridad en este lugar. Si contesté con una voz fuerte o alta lo hice porque es mi manera y forma de hablar para que se me escuche, se me entienda, y no se me malinterprete. Siempre hablo con tono fuerte, mirada activa y voz clara para no ser malentendida”. (Cuaderno 2, folio 34 del expediente).
[17] Cuaderno 2, folios 26 al 28 del expediente.
[18] Cuaderno 2, folio 16 del expediente.
[19] Cuaderno 2, folios 55 al 57 del expediente.
[20] Cuaderno 2, folios 33 al 39 del expediente.
[21] Cuaderno 2, folios 33, 36, 38 y 39 del expediente.
[24] Está haciendo referencia al informe que presentó el Dragoneante Diego Iriarte Pérez al Director del EP sobre los hechos ocurridos ese día en el patio 3 y que dio inicio al proceso disciplinario No 165/2016, adelantado contra las cuatro (4) reclusas. Al respecto, ver párrafo 1.6 de esta sentencia.
[28] De la lectura de la diligencia completa de descargos y versión libre y espontánea, rendida por la accionante el 8 de agosto de 2016, en el marco del proceso disciplinario No 165/2016, se puede concluir que en este aparte, cuando afirma “y me dejé requisar”, está haciendo referencia a la requisa ejecutada con detector de metales y con perro, a la que accedieron las cuatro (4) mujeres transexuales investigadas, y no a la requisa de tercer nivel, a la que se negaron todas.
[29] Cuaderno 2, folio 38 del expediente.
[32] Cuaderno 2, folios 44 y 45 del expediente.
[34] Cuaderno 2, folios 46 al 49 del expediente.
[35] Al inicio, se les advirtió en los mismos términos que en la primera diligencia de descargos y versión libre y espontánea que rindió cada una de ellas, que tienen derecho a ser asistidas por un abogado (“Se le hace saber el derecho que tiene de ser asistido(a) por un Abogado”). Tres (3) de ellas, incluida la accionante, respondieron lo siguiente: “Que no rinde la diligencia de descargos sin la compañía de su abogado”. (Cuaderno 2, folios 46 al 48 del expediente).
[36] “Nota: se le indica al interno [Yeiner Alexander Cuéllar Fajardo, Angel Gabriel Amaya Galindo y José David Benítez, dependiendo de quien estuviese rindiendo la declaración] que a partir de la fecha tiene 10 días calendario para que haga presencia el abogado en el establecimiento para realizar la diligencia de versión libre”. (Cuaderno 2, folios 46 al 48 del expediente).
[37] Yeiner Alexander Cuéllar Fajardo y Angel Gabriel Amaya Galindo.
[38] Cuaderno 2, folio 43 del expediente. Orden primera.
[39] Ibídem. Ordenes tercera y cuarta.
[40] Cuaderno 2, folio 54 del expediente.
[41] La Resolución 417 de 2017 fue firmada por los siguientes integrantes del Consejo de Disciplina: “Director o delegado, Comando de Vigilancia, Delegado de la Personería, Asesor Jurídica y Educativas”. No consta la firma de “Tratamiento y Desarrollo”. (Cuaderno 2, folio 61 del expediente).
[42] Cuaderno 2, folio 61 del expediente. Orden primera.
[43] También fueron sancionadas las otras tres (3) reclusas. Ver al respecto el pie de página 47.
[44] Cuaderno 2, folio 60 del expediente.
[45] Cuaderno 2, folio 61 del expediente.
[46] En el folio 62 del Cuaderno 2 del expediente reposa copia de la constancia de ejecutoria de la sanción impuesta a José David Benítez. En esta consta que la sanción que le fue impuesta fue la “pérdida del derecho a la redención de pena por cien (100) días”.
[47] A algunas de las otras reclusas se les impuso la misma sanción que a la accionante (pérdida de 100 días de redención), y para otra(s) la sanción fue de 80 días. Ni en la Resolución 0417 de 2017 ni en el expediente se aclara a quién(es) [distinta(s) a la accionante] se le impuso una sanción menor (pérdida de 80 días de redención). Al respecto, el artículo primero, de la parte resolutiva de la Resolución No 0417 de 2017 estableció lo siguiente: “Sancionar disciplinariamente al (los) interno (s) Cuéllar Fajardo Yeiner Alexander, Amaya Galindo Angel Gabriel, Benítez José David, Rojas José Gabriel con 100 y 80 días pérdida de redención, por haber incurrido en la violación de la Ley 65 de 1993, artículo 121 de las faltas graves, artículo 134 de la Resolución 001 de 2011 Reglamento del Régimen Disciplinario, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo”. (se omiten mayúsculas sostenidas del texto original).
[48] El numeral 2 del inciso 2 del artículo 78 de la Ley 1709 de 2014, reformó el numeral 1 del inciso 2 del artículo 123 de la Ley 65 de 1993 y aumentó el número de días de redención de pena que se pueden perder como sanción. Se pasó de hasta 60 días (numeral 1 del artículo 123 de la Ley 65 de 1993) a un rango de 60 a 120 días (numeral 2 del inciso 2 del artículo 78 de la Ley 1709 de 2014).
[49] Cuaderno 2, folios 61 y 62 del expediente.
[50] Esto, en concordancia con lo establecido al respecto en el inciso segundo del artículo 135 del Código Penitenciario y Carcelario (“La decisión admite el recurso de reposición por parte del sancionado, debidamente sustentado, interpuesto en el término de tres días el cual se resolverá dentro de los dos días siguientes”), que fue declarado exequible en la sentencia C-184 de 1998. M.P. Carlos Gaviria.
[51] De acuerdo con la información suministrada por la accionante en la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, que rindió el 8 de agosto de 2016 en el marco del proceso disciplinario No 165/2016, ella es vendedora ambulante y carece de grado de escolaridad alguno (Cuaderno 2, folio 38 del expediente).
[52] Cuaderno 2, folios 2 al 5 del expediente. Esta acción de tutela fue escrita a mano.
[53] Cuaderno 2, folio 2 del expediente.
[54] Cuaderno 2, folio 5 del expediente.
[55] Cuaderno 2, folios 10 al 12 del expediente.
[56] Cuaderno 2, folio 12 del expediente.
[57] Cuaderno 2, folio 12 del expediente.
[58] Cuaderno 2, folio 11 del expediente
[60] Cuaderno 2, folios 63 al 69 del expediente.
[61] Cuaderno 2, folio 68 del expediente.
[62] Ley 65 de 1993, Art. 121, num 16: “Agredir, amenazar o asumir grave actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la institución, funcionarios judiciales, administrativos, los visitantes y los compañeros”; num. 17: “Incitar a los compañeros para que cometan desórdenes u otras faltas graves o leves”; num 24: “Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión” y num. 29: “El incumplimiento grave al régimen interno y a las medidas de seguridad de los centros de reclusión”.
[63] Sentencias SU-189 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza y T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica.
[64] Esto no significa que se esté imponiendo un término de caducidad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela se puede instaurar en cualquier tiempo. Sentencias SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo; T-374 de 2012. M.P. María Victoria Calle; y T-060 de 2016. M.P. Alejandro Linares.
[65] Sentencia SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas.
[66] Ver al respecto el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y las Sentencias T-716 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas, y T-158 de 2015. M.P. Mauricio González.
[67] Sentencia T-150 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[68] Sentencias T-716 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas; T-841 de 2014. M.P. María Victoria Calle y T-150 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[69] Sentencia T-150 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[70] Sentencia T-716 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas.
[71] Sentencias T-716 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas, y T-150 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[72] Es pertinente reiterar un hecho, al que se hizo referencia anteriormente, consistente en que la accionante, en la diligencia de descargos y versión libre y espontánea, que rindió el 8 de agosto de 2016 en el marco del proceso disciplinario No 165/2016, afirmó que ella es vendedora ambulante y que carece de grado de escolaridad alguno (Cuaderno 2, folio 38 del expediente).
[73] El EP “Las Heliconias” le impuso a la accionante la carga de que, desde su reclusión y sin ningún tipo de escolaridad, encontrase la manera de obtener asesoría jurídica para adelantar el proceso disciplinario en su contra y recurrir la sanción que le fue impuesta. En ningún momento le explicó a la accionante cuál era la ruta institucional disponible para que pudiera acceder a un defensor público, ni contactó a la Defensoría del Pueblo para que esta entidad se encargara de proveerle uno.
[74] Ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita; T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre; T-490 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre; T-274 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra; T-571 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra; T-705 de 2009. M.P. Nilson Pinilla; T-062 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas; T-311 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao y T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle.
[75] “Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de 1998”.
[76] Sentencia T-881 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre.
[77] M.P. María Victoria Calle.
[78] Una de éstas (“descansar en la cama durante el día sin motivo justificado”, Art. 121, num. 7) fue declarada inexequible en la sentencia C-184 de 1998. M.P. Carlos Gaviria.
[79] “Véase, entre otras, la sentencia C-406 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández”.
[80] Sentencia C-818 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar.
[81] Ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes; T-690 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra; T-266 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio y T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle.
[82] M.P. Jaime Araújo.
[83] Sentencia C-394 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo.
[84] Sentencia C-184 de 1998. M.P. Carlos Gaviria.
[86] “Artículos 133, 134, 135, 136, 137 y 138 de la Ley 65 de 1993”.
[87] Sentencia C-184 de 1998. M.P. Carlos Gaviria.
[88] Si bien los verbos rectores no son idénticos (en el caso de las faltas leves se refiere a la “supresión” y en el caso de las faltas graves a la “suspensión”), se puede deducir que se refieren a la misma acción.
[89] M.P. Carlos Gaviria.
[90] Ley 65 de 1993, Art. 123, inc. 2 (modificado por el Art. 78 de la Ley 1709 de 2014): “Para las faltas graves, se aplicarán gradualmente atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad de la sanción y los daños ocasionados con la comisión de la falta, una de las siguientes sanciones: (...)”.
[91] Cuaderno 2, folio 25 del expediente.
[92] Al igual que en este caso, en la sentencia T-571 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra) la Corte le ordenó al Director de un establecimiento carcelario, que en el término de 48 horas, dejara sin efecto la sanción (20 días de pérdida de redención de pena) impuesta a un recluso, al considerar que su participación en una huelga de hambre resultaba ser una conducta que constituía varias faltas graves (Ley 65 de 1993, Art. 121, nums. 14, 17, 24 y 29; las últimas tres coinciden con las faltas graves por las cuales fue sancionada la accionante en el caso objeto de revisión). Al respecto, la Corte consideró que: “(…) el evento de la participación de la huelga de hambre en el EPAMS de la Dorada Caldas, por parte del señor García Chaverra, no puede obrar como fundamento de una sanción disciplinaria, como la impuesta al accionante. Ello vulnera la posibilidad de disentir y protestar, en ejercicio del derecho de resistencia derivado del principio pluralista (art. 1° C.N) de nuestro ordenamiento jurídico que, como se demostró, encuentra una permisión constitucional bajo ciertas circunstancias”.
[93] Cuaderno 2, folio 61 del expediente. Orden primera.
[94] En el folio 62 del Cuaderno 2 del expediente reposa copia de la constancia de ejecutoria de la sanción impuesta a José David Benítez. En esta se evidencia que la sanción que le fue impuesta fue la “pérdida del derecho a la redención de pena por cien (100) días”.
[95] El artículo 3 del Decreto 1542 de 1997, “por el cual se dictan medidas en desarrollo de la Ley 65 de 1993 para descongestionar las cárceles”, estableció un programa de asistencia jurídica para los internos, liderado por la Defensoría del Pueblo y coordinado por el INPEC. Se determinó que en cada establecimiento carcelario, debía estar a disposición de las personas privadas de la libertad, al menos un defensor público por cada 50 reclusos que carezcan de defensor.
[96] Código Penitenciario y Carcelario, Art. 154 (modificado por el Art. 89 de la Ley 1709 de 2014): “Asistencia jurídica. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijará y controlará los defensores en cada establecimiento para la atención jurídica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informará periódicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deberá tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes. || Los directores de los establecimientos promoverán convenios con aquellas instituciones de educación superior que, en el marco de su autonomía, hayan determinado que sus estudiantes del programa académico de Derecho pueden cumplir con las prácticas correspondientes al consultorio jurídico, brindando asistencia jurídico a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos. || Así mismo, los directores de los establecimientos de reclusión podrán vincular de forma ad honórem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Académico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jurídica o las personas señaladas en el inciso anterior. En este caso, la duración de la misma será de seis meses y la certificación de su cumplimiento será expedida por los respectivos directores de los establecimientos de reclusión”. (subrayado fuera del texto original).
[97] Cuaderno 2, folio 48 del expediente.
[99] M.P. Luis Ernesto Vargas.
[100] Cuaderno 2, folio 43 del expediente. Orden primera.
[101] Ibídem. Ordenes tercera y cuarta.

References: artículo 121
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 135
 Resolución 
 artículo 135
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 artículo 154
 artículo 89
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 121
 artículo 134
 Resolución 
 artículo 78
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 78
 artículo 135
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 3