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Timestamp: 2018-12-17 11:44:55+00:00

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Miguel Menor | Por un Derecho liberal
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Acerca de Miguel Menor
Abogado, mediador civil, mercantil y concursal, y administrador concursal con larga experiencia en el foro. Hijo de abogado, hermano de abogados y, si nadie lo remedia, padre de futuro abogado. Mi inquietud por hacer pedagogía de mis convicciones y por conseguir trasladas a los demás mis experiencias, de forma llana y comprensible, me ha llevado a emprender este blog.
Aciagos días para el liberalismo con las medidas fiscales del Ministro Montoro.
Publicado por Miguel Menor en enero 9, 2015 en Uncategorized
Por fin puedo dar una buena noticia, que he leído en la página web de la editorial de El Derecho y que resumen en lo siguiente:
“El Gobierno prevé tener en marcha a finales de junio la denominada ‘licencia exprés’ para comercios de hasta 300 metros cuadrados, que elimina las autorizaciones municipales previas a la apertura de un local e implanta un sistema de declaración de responsabilidad del comerciante.
García-Legaz destaca que el nuevo modelo reduce los costes de implantación para el comerciante, como los que incurre en alquiler del local mientras espera la licencia, y no supone una merma de ingresos para los ayuntamientos. También considera que contribuirá a evitar la corrupción municipal eliminando la discrecionalidad.”
Es una buena noticia que resta poder a las administraciones locales. Y si esto era posible ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué nos han estado sometiendo a las licencias durante todos estos años, restando competencia a nuestro negocios? Y si la medida elimina la discrecionalidad es porque ésta venía siendo una realidad encubierta. Hay muchas formas de ser discrecional: demorar la concesión de la licencia, someterla al cumplimiento de condicionantes abusivos, etc…
Bienvenida una medida liberal que formentará el incremento del comercio y la mejora de la competitividad, por el ahorro de costes que supone (y no nos referimos a las tasas, que seguirán existiendo).
Se puede leer la noticia entera en:
http://www.elderecho.com/actualidad/Gobierno-operativa-licencia-pequeno-comercio_0_371625100.html
Publicado por Miguel Menor en febrero 21, 2012 en Uncategorized
Este fin de semana tenía comida con los amigos y salió a la conversación la marcha de unas obras que vengo acometiendo desde hace un tiempo. Les informé de que están ralentizadas por culpa de unos trámites administrativos. Y eso con la que está cayendo. Les di más detalles y parecían no creerlo de lo esperpéntico que resulta, pero es rigurosamente cierto, así que paso a detallarlo con citas legales comprobables. Una muestra más de abuso legal.
Hay una antigua edificación de hace más de 100 años compuesta de dos casas independientes, cada una con su propio acceso a una calle distinta y con sus propias dependencias, unidas tan sólo por un patio que separa los dos cuerpos. Nunca se separaron las dos casas porque siempre habían sido del mismo dueño y no tenían necesidad de ello, aunque las dos casas son totalmente independientes. No existe ningún problema urbanístico o legal para separarlas. El artículo 192 del Decreto Legislativo 1/2010 de 3 agosto de la Generalitat, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, establece que:
ARTÍCULO 192. Licencia de parcelación
repito: En caso contrario (si no es estrictamente una parcelación), no se necesita licencia y el ayuntamiento declara innecesaria la licencia de parcelación.
Traduzco: Es necesario un certificado del Ayuntamiento conforme no se necesita licencia (certificado de innecesariedad de licencia).
Para que lo entendamos, si no estoy haciendo estrictamente una parcelación, sino dividir dos casas que ya eran independientes, no se necesita licencia, pues la ley somete a licencia sólamente la parcelación. Ahora bien, como la administración no quiere que se escape nada a su control, exige que se solicite un certificado en virtud del cual el Ayuntamiento certifique que no se necesite licencia, no vaya a ser que no sea verdad. Sería más sencillo eximir de la obligación de licencia sin más, y después llevar a cabo un control de las divisiones sin licencia. En lugar de eso, como se nos considera a todos piratas en potencia, y como hay un valor superior a la libertad de los ciudadanos (el control de la propia administración), es preferible que sea la propia administración quien certifique que es innecesaria la licencia. Dos meses, 200 € y algo de suerte después, conseguiremos el certificado de que no se necesita licencia. O la licencia que no es necesario certificar. O la licencia certificada. O el permiso para certificar la licencia. O lo que sea, que para ese camino…. Y mientras tanto, las obras esperando.
Imaginemos que para hacer el DNI se exige un certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, pero para renovarlo en caso de sustracción no hiciera falta el certificado. Vale! Y ahora imaginemos que en tal caso nos pidieran un certificado del registro civil conforme no se necesita un certificado de nacimiento expedido por el registro civil. Absurdo!
Miguel-Angel Menor
Publicado por Miguel Menor en febrero 20, 2012 en Uncategorized
Quería profundizar un poco más seriamente sobre el contenido de una ley a que aludía en el artículo sobre cómo cocinar una ley.
Metáforas aparte, no hay ley que se precie hoy en día que no reproduzca el esquema clásico de una norma de derecho administrativo sancionador, por más que la doctrina sostiene hasta la saciedad que la intervención administrativa debe dejarse para los casos extremos y realmente necesarios. Vamos a poner un ejemplo simulado para que se entienda mejor sobre el contenido de una cualquiera de las leyes que se prodigan hoy en día en cualquier administración española, ya sea la central, las autonómicas o las locales (dentro de su menor competencia normativa) y veremos el abuso sistemático de que venimos siendo objeto:
Primero se contiene un escueto catálogo de derechos bienintencionados, sin ningún contenido, y en la mayor parte de los casos de nueva factura. Son realmente contraproducentes, porque relativizan los verdaderos derechos, que son los que se contienen en la constitución y en las declaraciones internacionales suscritas por España y los países occidentales, dando la impresión de que todos son iguales. Sin la adecuada protección legal, de la que estos supuestos derechos carecen siempre, no son más que brindis al sol. Pero son las que teóricamente y en apariencia justifican la redacción de la ley. Si reflexionamos con mayor detenimiento, nos daremos cuenta de que NUNCA existe una demanda social de tales derechos. Insistimos: NUNCA. Alguna vez, cuando el fin lo justifique, ya se encargarán de crear la previa necesidad, para lo que empezarán una campaña anterior en los medios de comunicación, mediante la que determinados periodistas afines empezarán a clamar precisamente por ese derecho que “la sociedad entera lleva reclamando en silencio durante décadas, mientras los políticos miran para otro lado”. Luego, tras unas escasas semanas machacando con el tema, ya tienen la necesidad que necesitan. Por ejemplo: el derecho a internet. “Internet es un derecho”, empezarán a clamar los periodistas pesebreros, y “queremos que se reconozca ya”. “Internet es libertad y queremos que se reconozca nuestra libertad, así que queremos que se reconozca nuestro derecho a internet”, serán las soflamas incendiarias. Ya tenemos, pues, un derecho bienintencionado que justificará la creación de la norma: el “esencial” derecho a internet. En la exposición de motivos de la ley se explicará que los nuevos avances técnicos, unida a las nuevas demandas sociales, hace necesario que se reconozca el derecho a internet, y se regule la forma de su ejercicio. Nunca se darán cuenta de que toda regulación de derechos es siempre restrictiva por su propia naturaleza.
A continuación se expondrá la verdadera esencia de la norma: la regulación y organización del ejercicio del derecho. Empezarán a exponerse toda suerte de normas de organización y control, con cualquier tipo de subterfugio que se les ocurra. Por ejemplo, para el ejercicio del derecho de acceso a internet, los proveedores del servicio solicitarán licencia a las autoridades administrativas; la autoridad concederá la licencia previa constatación del cumplimiento de un sinfín de requisitos; será necesario pagar un canon para la conexión; etc… Dentro de este grupo regulatorio, cobra especial énfasis el capítulo de obligaciones, siempre largo y extenso, que constituyen la columna vertebral de la norma. Por cada supuesto derecho sin amparo alguno, se contendrán un montón de obligaciones sancionables. Mediante las obligaciones se irá recortando y detallando el derecho, encorsetándolo en una regulación restrictiva, de manera que al final, una vez descartado todo lo que no podemos hacer, nos damos cuenta de que apenas queda margen de lo que podemos hacer con nuestro recién creado derecho. Poco espacio para la libertad de ejercicio del derecho, y mucho espacio para la regulación y control por las autoridades. Es una verdadera libertad vigilada.
Correlativamente a las obligaciones (que implica un hacer, activo), se contienen un catálogo no menos extenso de prohibiciones (que implica un no hacer, pasivo). Se trata de regular tanto lo que debemos hacer, como lo que no podemos hacer, para no dejar nada fuera de su control. Por ejemplo: queda prohibido proveer de contenidos en internet sin la previa licencia de la administración competente (lo de competente siempre es un eufemismo).
Posteriormente, se contiene un conjunto de artículos destinados a tipificar (recoger y clasificar) todos los actos sancionables, es decir, todas las posibles infracciones. Un ejemplo sería: “es infracción grave proveer de servicios de internet sin la previa licencia administrativa”. Se puede ser más o menos preciso, pero siempre acaban con una norma de cierre, por el que “será infracción grave cualquier incumplimiento del resto de obligaciones y prohibiciones previstas en la norma”, de manera que nada se escapa. Una obligación sin la correlativa infracción no obliga. Recomienda.
Seguidamente, se incluyen todas las posibles sanciones con las que se puedan castigar las infracciones al incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas por la norma para garantizar su control sobre el ciudadano. Fuera de las normas penales, no pueden imponerse sanciones personales, sino económicas. Y las normas penales exigen un tratamiento especial (Ley orgánica, debate parlamentario, etc…), por lo que siempre se acaban recogiendo sanciones pecuniarias desde escasas cuantías a grandes volúmenes. Volúmenes que merecerían un tratamiento mucho más riguroso. Es curioso observar que teóricamente la ley se justifica por la salvaguarda de un derecho, y al final no se acaba sancionando la lesión a ese derecho, sino la lesión a la potestad de control de la propia administración. De la misma forma, podemos observar cómo la graduación de la sanción no depende tanto de la intensidad de la agresión al derecho supuestamente agredido, como a la intensidad con la que une aspire a sustraerse al control de la administración. Así, podríamos encontrarnos con que la ley sancionara con multas de 4 M€ las infracciones graves, como la de suministrar contenidos de internet sin licencia.
A continuación, la administración creará un conjunto de normas destinadas a perpetuar y garantizar su control, por ejemplo, creando un organismo con competencias en materia de inspección, otorgamiento de licencias, etc… Y también habrá que regular su dotación de medios económicos, regulando, por ejemplo, una tasa por la tramitación de expedientes de licencias, que a la vez sirva para pagar a los funcionarios con los que inspeccionarnos para poder sancionarnos por cometer infracciones consistentes en incumplir las obligaciones que nos han impuesto para defender nuestro derecho a… derecho a… a ya no me acuerdo qué derecho era aquél que justificó la redacción de la norma.
Al final, paradojas de la vida, la norma quedaría redactada -de forma resumida- en los siguientes términos:
“LEY 1/2008 SOBRE PROTECCION DEL DERECHO A INTERNET
Los nuevos avances técnicos, unida a las nuevas demandas sociales, hace necesario que se reconozca el derecho a internet, y se regule la forma de su ejercicio para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a los múltiples contenidos que la red global es capaz de … bla…bla..bla..
SECC. 1: DERECHOS
Art. 1 Se garantiza a los ciudadanos el derecho a internet. Las administraciones públicas tutelarán el ejercicio de ese derecho y procurarán a los ciudadanos su acceso en los términos en que reglamentariamente se regule.
SECC. 2: OBLIGACIONES:
Artículo 2: Los ciudadanos están obligados a:
a) Hacer un uso responsable del acceso a internet.
b) Utilizar sólo los canales legales de acceso a los contenidos.
c) Solicitar licencia de conexión, que podrá otorgarse con carácter genérico y revocarse en cualquier momento.
Artículo 3: Las empresas proveedores del servicio de conexión a la red están obligados a…
Artículo 4: Los proveedores de contenidos están obligados a…
(Siguen 200 artículos más).
SECC 3: PROHIBICIONES
Artículo 201: Queda expresamente prohibido:
a) Proveer servicios de conexión a internet sin la previa licencia da la administración.
b) Proveer de contenidos en internet, sin la previa licencia de la administración.
c) Conectarse a internet y ver los contenidos, si éstos no han sido previamente autorizados por la administración.
Siguen otro montón de artículos.
SECC 4. INFRACCIONES:
Artículo 241. Son infracciones muy, pero que muy, graves, las siguientes:
a) No solicitar licencia.
b) No exigir la acreditación de la licencia al proveedor.
c) Comerciar con contenidos no autorizados.
d) Escaparse al control de la administración.
SECC. 5 SANCIONES:
Artículo 251. Las sanciones graves se castigarán con multa de 200.000 € a 2.000.000 €. Además, podrá conllevar el cierre del establecimiento, página web y lo que sea necesario que se escape al control administrativo.
SECC 6:
RECARGOS”
Al final de todo: te acabarán poniendo una sanción de 2.000 € del ala por haberte bajado no se qué de internet merced a una ley redactada para proteger tu derecho de acceso a internet. Toma ya!. Y da gracias, que lo hacen por nuestro bien y en defensa de nuestros derechos.
Publicado por Miguel Menor en febrero 20, 2012 en contenido de leyes, redacción de leyes
Licenciar las licencias
Mi primera reflexión quería que fuera sobre las licencias administrativas, paradigma por autonomasia del abuso político. La reflexión me vino inducida por una noticia publicada que advertía de que en materia de libertad de empresa España estaba entre los 30 últimos países de una muestra de los 180 países más avanzados del mundo (y hablando de 180, seguro que no todos era avanzados). ¡Y no se les cae la cara de vergüenza!. No, no me refiero a los que hacen la encuesta, sino a los que hacen las normas que impiden o dificultan la libre creación de empresa y el libre establecimiento.
Cualquiera que tenga un negocio sabe perfectamente que ha tenido que pasar por el difícil trance de conseguir una licencia. Pero ¿qué es una licencia? Como podemos fácilmente imaginar, es una autorización.Una autorización que nos concede la administración para abrir un establecimiento al público.
Pregunta del millón de dólares: ¿si el local es mío y el negocio que pienso abrir consiste en comerciar con bienes y /o servicios legales, por qué necesito permiso? Si todos tenemos claro que el comercio de libros no es ilícito, tampoco deberíamos pedir permiso para abrir un local en el que comerciar con libros. Y si tenemos la tentación de comerciar con algo ilegítimo, ya vendrás a cerrármelo cuando lo compruebes. Es decir, una cosa es el permiso previo, y otro el control posterior.
La administración nos ha tenido durante años sometida a los abusos de la licencia. Se nos decía (con amparo en decisiones judiciales de lo más variopinto) que no debía importarnos demasiado, porque el otorgamiento de la licencia no era una actividad discrecional (no la dan si les da la gana), sino reglada (nos la dan o deniegan si cumplimos con las normas generales que han dictado). Los problemas son dos:
1- Que el sometimiento a licencia implica mantener el control y poder de la administración sobre los ciudadanos, algo que ni hemos pedido, ni queremos. Yo no he visto a nadie con pancartas en la Plaza del Sol reclamando un mayor control de las administraciones sobre el ciudadano. Nadie se ha manifestado a favor de imponer severas restricciones al libre establecimiento, ni han recogido firmas, ni ha habido jamás un clamor reivindicándolo. Es, sencillamente, una prerrogativa de la que se ha apropiado el político en detrimento de nuestra libertad. Es una ostentación obscena de poder.
2- Porque la reglamentación a la que aluden es sencillamente una forma encubierta de arbitrariedad, pues las normas con las que reglamentan el otorgamiento de la licencia exceden con creces del carácter básico y residual que debe caracterizar a la intervención administrativa. En mi pueblo han llegado a prohibir licencias para determinadas actividades (como oficinas en planta baja, o de establecimientos bancarios o agencias inmobiliarias). Todo un atentado a la libertad.¿Dónde está el límite? ¿Podrán llegar a condicionar el otorgamiento de licencia a que el local lo pintemos de color fucsia, porque al técnico de turno le parece lo más adecuado? ¿Dónde queda el margen para la libertad personal?
Siempre lo justifican por un bien superior. Normalmente suelen acudir a la ficción de la protección al consumidor, excusa que merece todo un capitulo aparte (tomo nota, y si me olvido me lo recordáis). Cuando no al fin social de la propiedad (otra estructura jurídica creada para limitar la forma de ejercer nuestro dominio sobre los bienes que poseemos). O cuando no, a la seguridad colectiva.
a) Dicten normas básicas y elementales sobre temas esenciales para el ejercicio de una actividad. Repito: esenciales, no cualquier tontería que se les ocurra. Y publíquenlas para conocimiento público.
b) Las normas deben ser estatales, nada de que cualquier municipio pueda restringir los establecimientos en su término.
c) Nada de cambiar las normas cada semana. Tienen que estar claras y perdurar, para que todo el mundo las conozca, las asimile y sepa en todo momento a qué atenerse.
d) Permitan que la gente (a la que se presume honrada, y no delincuentes y piratas) abra libremente su negocio sin ningún permiso previo. Basta con comunicar la apertura una vez llevada a cabo, y tras el convite de inauguración.
e) Vayan ustedes después a controlar si se cumplen las normas básicas, las del apartado a).
f) Y dejen de tocarnos las narices con tantas licencias y normas absurdas, porque de lo contrario amenazo con hacer un catálogo de memeces llevadas a los reglamentos.
La buena noticia es que al parecer la Unión Europea, que a veces sirve para algo, nos ha amenazado y multado por no ajustar nuestra legislación, y que al parecer el estado la va a implementar. La mala: no me creo que las comunidades autónomas no vayan a poner cortapisas. Querrán mantener el omnímodo control y, total, a ellos no les pueden sancionar la UE.
Licenciemos a las licencias.
Publicado por Miguel Menor en febrero 17, 2012 en administracion municipal

References: artículo 192

ARTÍCULO 192

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 201

Artículo 241

Artículo 251