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Timestamp: 2019-02-23 03:49:09+00:00

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JURISPRUDENCIA: JUCIO GANADO POR BONOS DE PARTICIPACION
JUCIO GANADO POR BONOS DE PARTICIPACION
CAUSA Nº 2545/04 “FLORIO LUCRECIA RITA y otros c/ PPP DE TELECOM
ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SA y otro s/
proceso de conocimiento”
En Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto del año dos mil nueve, hallándose
reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “FLORIO
LUCRECIA RITA y otros c/ PPP DE TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM
SA y otro s/ proceso de conocimiento”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:
I. Lucrecia Rita Florio, Héctor Julio Gómez, Carlos Alberto Guarella, Susana
María Yolanda Kohler, Liliana Ester Lapelosa, Claudia Rosa Misenta, Isabel Moreno,
Francisco Signorelli, Analía Verónica Vázquez y Carlos Alberto Vigna promovieron demanda
contra el Comité Ejecutivo y/o Comisión Liquidadora de la Sindicación de Acciones Clase C
del Programa de Propiedad Participada de Telecom Argentina Stet France Telecom SA, a fin
de obtener el cobro de las sumas adeudadas en concepto de saldo de precio por la recompra de
las acciones clase C de Telecom que fueron de su propiedad, y que –en cumplimiento de lo
dispuesto en el decreto 682/95 y resolución conjunta MEOSP/MTSS 689/95–, en su
oportunidad vendieron al Fondo de Garantía y Recompra. A tal fin, requirieron la fijación de
un plazo para el pago de dicho saldo, con más sus intereses y las costas del pleito.
Expusieron que en su carácter de ex empleados de Entel y posteriormente de
Telecom, participaron del PPP instrumentado en dicha firma, resultando adjudicatarios de las
acciones correspondientes, que luego, en ocasión de desvincularse de la empresa, vendieron al
Fondo de Garantía y Recompra, recibiendo sólo el 25 % del precio total de la operación,
quedando pendiente de pago el saldo cuya cancelación reclaman, y cuyos montos resultan del
anexo A acompañado.
En efecto, según explicaron, mediante la resolución 689/95 se reguló el
contenido del instrumento que debían suscribir los empleados en las operaciones de recompra
de acciones, en cuyo texto se establecieron como condiciones de pago las siguientes: 1°) pago
al contado de un 25 % aproximadamente del precio de recompra determinado en el Acuerdo
General de Transferencia, y 2°) que el saldo del precio sería abonado en el menor número de
anualidades que dispusiera la Asamblea General de Accionistas de la Sindicación General de
Sostuvieron que así se sentó una forma de pago indeterminada del saldo del
precio de venta, y por ello, a efectos de poner fin a esta situación de indeterminación y
arbitrariedad, promovieron la presente demanda a través de la cual peticionaron que se fije un
plazo para el cumplimiento de la obligación y el consecuente pago (confr. fs. 6 y 41/47).
A fs. 158 el juez a quo declaró extemporánea la contestación del traslado de la
demanda concretada por el accionado a fs. 130/135, decisión que se encuentra firme.
Posteriormente, mediante el pronunciamiento dictado a fs. 187/190, hizo lugar a
la pretensión de los actores y condenó al demandado a pagarles, en el plazo de diez días
hábiles, el monto que –para cada uno de ellos– surja de la etapa de ejecución de sentencia, con
costas en el orden causado, habida cuenta la novedad y complejidad de la controversia. Para
así resolver se fundó en el criterio sentado por la Sala en los antecedentes “Plaza” (causa
13.242/07 del 22.07.2008) y “Auzmendi” (causa 7.673/08 del 27.11.2008), en los cuales se
discutieron cuestiones análogas a las aquí debatidas, las que fueron resueltas en sentido
favorable a los allí reclamantes.
La sentencia fue apelada por el Comité Ejecutivo del PPP de Telecom (ver fs.
195 y auto de concesión de fs. 196), quien expresó agravios a fs. 201/205, contestados por su
contraria a fs. 207/208.
II. Ante todo cabe señalar que a los fines de determinar la procedencia del
recurso de apelación en razón del valor comprometido (art. 242 del Código Procesal,
sustituido por el art. 1 de la ley 23.850), en los supuestos de litisconsorio activo –como el
verificado en el sub lite–, se debe tomar en cuenta el monto individual correspondiente a cada
pretensión (confr. esta Sala, causas 3.072/99 del 11.07.2002, 1.560/01 del 19.09.2002, 3.121/01 del 17.12.2002, 2.437/06 del 11.12.08, y sus citas de doctrina y jurisprudencia). Este
criterio ha sido propiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación al
recurso ordinario de apelación previsto en el art. 24, inciso 6º, apartado a), del decreto ley
1.285/58 (Fallos 258:171, 265:255, 269:230, 277:83, 280:327, 284:392, 289:452 y 300:156), y
se justifica puesto que si se considerara el monto global demandado, se estaría dejando librado
a la discrecionalidad de los actores la posibilidad de habilitar la instancia de revisión –vedada
por la ley procesal–, con el simple arbitrio de acumular en una sola causa relaciones jurídicas
autónomas que tienen distintos titulares (confr. causa 2.437/06 cit. y los antecedentes allí
aludidos).
En tal contexto, teniendo en consideración los montos reclamados por los
accionantes (ver anexo A de fs. 6, considerando 7º de la sentencia y su parte dispositiva, a fs.
190 y vta.), es claro que el recurso deducido por el demandado ha sido mal concedido, lo que
así corresponde declarar (esta Sala, doctr. causas 2.236/02 del 02.05.2002 y 14.743/2004 del
14.07.2006 y sus citas, entre muchas otras).
III. No obstante lo expuesto, señalo que aún cuando tal óbice formal no
existiese, el recurso sería igualmente improcedente.
En efecto, la lectura del memorial de agravios revela sin ningún esfuerzo que el
mismo se encuentra desierto (art. 265 del Código Procesal), toda vez que el recurrente centra
su crítica en un extremo no verificado en autos, a saber, que el juez lo condenó a adjudicar
acciones clase B que el Comité no administra ni dispone, lo que, a la luz de las constancias de
la causa, evidentemente no fue así. En suma, el demandado no esgrime razón alguna que
desvirtúe los fundamentos considerados por el juez para adoptar su decisión, ni mucho menos
invoca circunstancias especiales que justifiquen apartarse de la jurisprudencia uniforme de la
Sala aplicada por éste (confr. causas 13.240/2007 del 17.07.2008, 13.242/2007 y 2.579/2008
ambas del 22.07.2008, 7.275/2008 del 18.12.2008, 9.591/2008 del 26.03.2009 y 12.206/2008
del 28.05.2009), por lo que sus agravios devienen inadmisibles.
IV. Por las consideraciones expuestas, propongo que se declare mal concecido
el recurso de fs. 195, sin costas en atención a los motivos por los que se resuelve.
El Dr. Ricardo G. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto
precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.
Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo. Es copia fiel del original que obra en el T°
4, Registro N° 184, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo
precedente, el Tribunal RESUELVE: declarar mal concedido el recurso de fs. 195, sin costas
en atención a los fundamentos por los que se resuelve.
El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de
licencia (art. 109 del RPJN).
Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo.
http://www.lanacion.com.ar/76212-telefonos-otro-fallo-contra-un-decreto
Viernes 05 de septiembre de 1997 | Publicado en edición impresa
Teléfonos: otro fallo contra un decreto
PPP: la Cámara de Apelaciones ratificó que la norma que obligaba a la venta de las acciones participadas de la ex Entel es inconstitucional
DyN).- En un fallo sin precedentes, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ratificó que es inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que obligaba a los ex trabajadores de Telecom a vender las acciones participadas al 25 por ciento de su valor de mercado.
El fallo es inédito en el país y lleva la firma de los camaristas Jaime Belfer, Héctor Tripicchio y Edgardo Bello, que ratifican así la sentencia en primera instancia dictada en su momento por la juez federal de Rosario, Sylvia Aramberri.
Cuando la empresa telefónica estatal fue privatizada, se instituyó el denominado Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual se transfirió a los trabajadores el 10 por ciento de las acciones de Telecom y Telefónica de Argentina.
Al hacer lugar al recurso de amparo, la magistrada declaró inconstitucional al decreto y la resolución ministerial, al considerarlos contrarios a la ley de privatización y a las garantías constitucionales. Los camaristas agregaron que "la acción de amparo intentada, así como la declaración de inconstitucionalidad de las normas citadas -decreto del PE y resolución ministerial conjunta- para el caso en concreto, interpretamos, encuentra suficiente sustento en la ley de amparo, en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica".
Miércoles, 9 de Nov de 2011
Denuncian millonarios pagos a ex empleados de liquidada Telecom y sus asociadas
Algunos trabajadores de la extinta Telecom y sus teleasociadas acuden a jueces en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar para que se les paguen acreencias laborales inexistentes, tales como el pago de pensiones sin que cumplan los requisitos legales; pago de indemnizaciones que ya fueron canceladas por la extinta Telecom, y más irregular aún, el pago doble e ilegal en virtud de acciones de tutela instaurados por los trabajadores alegando los mismos derechos, denunció la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María del Rosario Guerra.
"Es preocupante la configuración de una presunta organización delictiva entre ex trabajadores de Telecom, jueces y abogados. Es necesario ponerle freno a estas irregularidades para que no se desangren los recursos del Estado," indicó la ministra de TIC, según comunicado de la entidad.
Recuerda el informe que el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) pagó en 2008 cerca de 10 mil millones de pesos por fallos de tutela relacionados con temas de fuero sindical, retén social en sus modalidades de madres y padres cabezas de familia y prepensión de personas que no cumplían requisitos legales para acceder a dichos beneficios.
En lo corrido del año 2009, con corte a 31 de octubre, el PAR se ha visto obligado al pago forzoso por acciones de tutelas a través de embargos que ascienden a 90 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de 1.000% en procesos de cerca de 400 accionantes.
Pese a que el PAR ha informado estas irregularidades a los jueces y ha ejercido una defensa férrea, oportuna y sólida como lo ha reconocido la propia Corte Constitucional, los despachos judiciales han desconocido los argumentos que acreditan que los accionantes no detentan los derechos solicitados, según denunció la funcionaria.
"El PAR ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría la investigación respectiva, y a la Corte Constitucional la selección e insistencia en aquellos casos en los que se considera que existen posibles irregularidades, violaciones al debido proceso, embargos y pagos de sumas exorbitantes en detrimento al erario de todos los colombianos," indicó la ministra Guerra.
Otro ejemplo de irregularidad es la acción de tutela interpuesta ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, en la cual se advirtió por parte del PAR que en virtud de dos acciones de tutela anteriores por los mismos hechos y pretensiones, ya se habían cancelado 4.000 millones de pesos y con la presente orden judicial nuevamente se ordena el pago de 8.400 millones de pesos.
La participación accionaria de los trabajadores de Telefónica en las ganancias de la empresa fue el eje de la audiencia pública celebrada el 7 de mayo en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante los integrantes del Máximo Tribunal. Es de destacar lo extraordinario de la audiencia en si misma ya que hace muchisimo tiempo que la Corte no realizaba este tipo de audiencias publicas, está claro la importancia del tema.
La abogada Liliana Zavala fue la encargada de defender la posición de los trabajadores en la implementación del denominado Programa de Propiedad Participada (PPP)-
"Se fue diluyendo, desvirtuando, 'lavando', el derecho de los trabajadores", dijo la letrada. quien puntualizó que las firmas licenciatarias de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) no tuvieron "voluntad política" para cumplir el compromiso.
La posición de la empresa Telefónica fue defendida por el constitucionalista Daniel Sabsay, quien señaló su interpretación al texto en polémica, señalando que era una "facultad" y no una "obligación" la emisión de bonos de participación.
Sintéticamente este fue el resumen de la audiencia ,que a todas luces resulto favorable a la posición de los trabajadores telefónicos, es de destacar que el abogado de Estado, actuante como parte en el conflicto, no aporto nada que argumente la INSCONTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 395 DE 1992, http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/395-92.htm , cuyo artículo 4 contempló que las empresas licenciatarias Telecom y Telefónica "no estaban obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias"
Finalmente recordamos que hay varios juicios ganados en 1° y 2° instancia, quedando la resolución del caso en manos de la Corte Suprema, que a la brevedad debiera expedirse.
La Sala III de la en lo Civil y Comercial Federal declaró inconstitucional al decreto 395/92 al afirmar que la ley 23.696 "impone a las empresas privatizadas el deber de emitir bonos de participación en las ganancias en beneficio del personal. "La figura aquí analizada se ajusta a la cláusula de participación en las ganancias de la Constitución Nacional, y obviamente no debe ser confundida con la participación en el capital accionario que contemplan los programas de propiedad participada de la ley 23.696", sostuvo el tribunal.
Tras analizar la legislación los camaristas Graciela Medina, Guillermo Antelo y Ricardo Recondo coincidieron en que "el obligado a entregar los bonos de participación para el personal es la sociedad licenciataria" y no el ente privatizado (ENTEL). "Resumiendo -agregaron- si los bonos sólo se conciben mediando lucro comercial, se impone concluir que el destinatario pasivo de la obligación contenida en el artículo 29 de la ley 23.696 es aquel que está en condiciones de generarlo mediante la explotación racional del servicio, es decir, la licenciataria Telecom Stet France Telecom S.A.". (Télam)
http://www.elcomercioonline.com.ar/Nota ... taNro=8881
Uno de los fallos en segunda instancia (Causa N° 4.672/00 ) http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=28492# (aca está el fallo –entiendo que sólo involucra a los empleados de exENTEL. El fallo está mas abajo en letras rojas)
DEFINE la metodología de calculo, - ES MUY IMPORTANTE ESTE DATO -
De las ganancias declaradas por TASA y TECO fija un 2 % a repartir entre todos los trabajadores que se encontrasen en servicio en todos estos años, la parte correspondiente a cada uno se define según la misma metodología de calculo del reparto de acciones del PPP, efectuado oportunamente, es decir teniendo en cuenta la remuneración, antigüedad y cargas de familia.
"Con tal comprensión, la indemnización se fijará durante la etapa de ejecución de la sentencia, y con la intervención del perito contador designado en la causa siguiendo las siguientes pautas: a) se establecerá el coeficiente de participación accionaria de cada uno de los demandantes; b) se tomará el 2% de las utilidades de cada ejercicio y se lo distribuirá entre los actores con arreglo al porcentaje de participación accionaria que cada uno de ellos tuvo en el PPP; c) el cálculo precedente sólo comprenderá el lapso durante el cual se haya mantenido la relación laboral; d) cada uno de los períodos así estimados devengará un interés directo equivalente a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días computado desde la aprobación de cada uno de los balances respectivos por parte de la Asamblea hasta el efectivo pago (esta Sala, causas 11.134/94 del 7/7/95, nº 4811/98, del 6/2/03 y citadas, entre otras).
Lo que aún no está establecido y suponemos que la corte lo dirá, es el tiempo de retroactividad, pueden ser entre cinco y diez años.
TAMBIEN ES MUY IMPORTANTE COMENTAR QUE EN OTRAS EMPRESAS YA SE PAGARON ESTOS BONOS, EDENOR ES UNA.
( Leer Articulo 29) de:
http://66.60.7.233/sidnet/files/l23696.htm
Leer :CAPITULO VIII - BONOS DE PARTICIPACION
Artículo 20:de:
http://biblioteca.afip.gov.ar/gateway.d ... _04_01.xml
Resumen del fallo de la sala 111:
http://www.4semanas.com.ar/15012007/con ... fonica.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/16 ... -01003.htm
http://www.diariojudicial.com/printfrie ... cera=28154. Fallo “Goytea Jorge Antonio y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicio Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696”. En este fallo los actores son trabajadores de la ex YPF.
http://www.4semanas.com.ar/16102006/pri ... ponder.htm
La Camara en lo Civil y Comercial Federal reconoció el derecho de los empleados de Telecom Argentina ... a participar en las ganacias que tuvo la empresa telefónica.
La decisión la tomó la Sala III del tribunal ante la demanda por daños y perjuicios promovida por trabajadores de la firma que resultó adjuditaria de la "zona norte" del país, durante el proceso de privatización del servicio instrumentado a partir de 1990 con la Ley 23696 de Reforma del Estado.
La sentencia "cuestiona una decisión jurídica tomada por el ejecutivo en la decada del 90 que no está dentro de la competencia de la empresa", sostuvo ayer telecom
Según especificó el gobierno en uso de la facultad otorgada por la ley de reforma del estado, decidió no incluir la obligación de emitir bonos en los estatutos a privatizar."
En su resolución la sala III de la cámara, stableció que la suma que recibiran los empleados surgirá de un peritaje contable que debera tener en cuenta la participacion accionaria de cada trabajador que sera pagada por la licenciataria del servicio, en tanto el estado nacional debera cubrir los intereses por omitir reglamentar la legislación.
Telecom Argentina tras la salida de France Telecom de la operacion de la empresa tiene actualmente como principales accionistas al grupo argentino Wertheim y a Telecom Italia.
MARIA ESTER PONCE, BEATRIZ ECHENIQUE DE LASCANO, ANTONIO ADAN LOPEZ MARIO DANTE MARTIN, JUAN CARLOS MOLINA, ANA BEATRIZ VICENTE, ALBERTO ALFREDO VILLARRUEL, ENRIQUE ALCIBIDES ZALAZAR, Y CARLOS GREGORIO TCHONOBIAN, todos empleados de la firma privatizada, basaron su reclamo en el art 29° de la Ley de Reforma del Estado.
La norma establece que cada trabajador de una empresa privatizada "por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de paricipación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antiguedad y las cargas de familia."
La demanda fue rechazada en primera instancia por el juez Raúl Tetamanti, quien tuvo en cuenta que el estado nacional, en 1992, dictó el decreto 395, cuyo artículo 4 contempló que las empresas licenciatarias Telecom y Telefónica "no estaban obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias"
Los trabajadores apelaron el fallo porque se hizo prevalecer un decreto por encima del texto de una ley.
La Sala III de la Cámara declaró inconstitucional el Decreto 395/92 al afirmar que la Ley 23696, "impone a las empresas privatizadas el deber de emitir bonos de participación en las ganancias en beneficio del personal"
IX. La conclusión precedente torna necesario el tratamiento de las defensas restantes deducidas por las demandadas, y que no fueron tratadas por el a quo (ver considerando II, último párrafo, fs.591 vta.) en razón del modo en que éste resolvió la contienda (art. 277 del Código Procesal; Fenochiettto - Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado”; Editorial Astrea, 1983, tomo 1, pág. 853, punto d; en igual sentido, esta Cámara, Sala II, fallo del 20/2/79, registrado en LL, 1980-C-572, 35.492-S).
En lo que respecta a Telefónica de Argentina, destaco que, habiendo sido removido el obstáculo legal que lo eximía ilegítimamente de la emisión de los bonos de participación, es preciso condenarlo a una suma de dinero representativa, aproximadamente, del lucro que habrían obtenido los demandantes si hubiesen contado con dichos títulos en tiempo propio, con más los accesorios correspondientes.>
El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.: Fdo. Guillermo Alberto Antelo - Ricardo Gustavo Recondo. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
IINFOBAE: 4/4/06
Empleados de Telecom participarán en ganancias de la empresa El fallo judicial benefició a trabajadores de la empresa que presentaron una demanda por daños y perjuicios para que se les reconozca una participación accionaria
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal reconoció el derecho de empleados de Telecom Argentina Stet France a participar en las ganancias que tuvo la empresa telefónica, confirmaron fuentes judiciales.
La decisión la tomó la Sala III del tribunal ante la demanda por daños y perjuicios promovida por trabajadores de la firma que resultó adjudicataria de la "zona Norte" del país, luego del proceso de privatización del servicio telefónico, instrumentado a partir de 1990 con la ley 23.696, de Reforma del Estado.
Este fallo se sumó a uno similar emitido por la misma sala de la Cámara en octubre de 2005 por "daños y perjuicios" contra la otra adjudicataria del servicio en la zona sur, la empresa Telefónica, también demandada por ex empleados que le reclaman la emisión de los bonos gananciales.
Sin embargo, la sala I del mismo fuero ya falló en otras ocasiones contra la demanda de los ex empleados, que también abarca al Estado Nacional, con lo cual no hay aún una jurisprudencia única en torno al tema, que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En el nuevo fallo conocido ayer, la Sala III de la Cámara estableció que la suma que corresponda pagar a los demandantes surgirá de una pericia contable, que deberá tener en cuenta la participación accionaria de cada trabajador.
El dinero debiera ser pagado por la licenciataria del servicio, en tanto que el Estado Nacional quedó como responsable de cubrir los intereses por omitir reglamentar la legislación.
María Ester Ponce, Beatriz Echenique de Lascano, Antonio Adán López, Mario Dante Martín, Juan Carlos Molina, Ana Beatriz Vicente, Alberto Alfredo Villarruel, Enrique Alcibides Zalazar y Carlos Gregorio Tchobanian basaron su reclamo en el artículo 29 de la ley de Reforma del Estado.
La norma establece que cada empleado de empresa privatizada "por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia".
La demanda fue rechazada en primera instancia por el juez Raúl Tetamantti, quien tuvo en cuenta que el Estado Nacional, en 1992, dictó el decreto 395, cuyo artículo 4 previó que las empresas licenciatarias Telecom y Telefónica "no estaban obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias".
Los trabajadores apelaron el fallo porque se hizo prevalecer a un decreto por encima del texto de una ley.
La Sala III de la Cámara declaró inconstitucional al decreto 395/92 al afirmar que la ley 23.696 "impone a las empresas privatizadas el deber de emitir bonos de participación en las ganancias en beneficio del personal".
"La figura aquí analizada se ajusta a la cláusula de participación en las ganancias de la Constitución Nacional, y obviamente no debe ser confundida con la participación en el capital accionario que contemplan los programas de propiedad participada de la ley 23.696", sostuvo el tribunal.
Tras analizar la legislación los camaristas Graciela Medina, Guillermo Antelo y Ricardo Recondo coincidieron en que "el obligado a entregar los bonos de participación para el personal es la sociedad licenciataria" y no el ente privatizado (ENTEL).
"Resumiendo -agregaron- si los bonos sólo se conciben mediando lucro comercial, se impone concluir que el destinatario pasivo de la obligación contenida en el artículo 29 de la ley 23.696 es aquél que está en condiciones de generarlo mediante la explotación racional del servicio, es decir, la licenciataria Telecom Stet France Telecom S.A.
1.) Decreto 395/92
Bs As, 05/03/1992
ADQUISICION DE ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE LA EX ENTEL
2.) Ley 23.696 DE REFORMA DEL ESTADO
3.) Decreto Nº 584/1993
Reglamenta el Capítulo III, Programas de Propiedad Participada, de la Ley N° 23696 de Reforma del Estado. (ver art. 5)
Publicado por EL AVISPON VERDE en 12:26

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 29

Artículo 20
 resolución 
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 29