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Timestamp: 2016-12-08 04:56:00+00:00

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REAL DECRETO 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo	REAL DECRETO 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo Mis Leyes
REAL DECRETO 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo Estado	:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Calificación de las lesiones a efectos de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Calificación de la incapacidad permanente en el ámbito de la Seguridad Social.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación de créditos presupuestarios.
REGLAMENTO DE AYUDAS Y RESARCIMIENTOS A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE TERRORISMO.
Artículo 1. Objeto. Concepto y alcance.
Artículo 4. Procedimiento y competencia.
Artículo 5. Plazo para presentar las solicitudes.
CAPÍTULO II. DAÑOS CORPORALES.
Artículo 6. Compatibilidad de resarcimiento.
Artículo 7. Titulares del derecho de resarcimiento.
Artículo 8. Criterios para determinar el importe del resarcimiento.
Artículo 9. Calificación de las lesiones.
Artículo 10. Pagos a cuenta.
CAPÍTULO III. AYUDAS DE ESTUDIO.
Artículo 11. Beneficiarios y contenido.
Artículo 12. Criterios de concesión de las ayudas.
Artículo 13. Presentación y plazos.
Artículo 14. Examen y resolución de solicitudes.
Artículo 16. Revisión y devolución.
CAPÍTULO IV. ASISTENCIA PSICOSOCIAL.
Artículo 18. Servicios de intervención psicosocial inmediata.
Artículo 19. Tratamiento psicológico de secuelas.
Artículo 20. Asistencia psicopedagógica.
CAPÍTULO V. DAÑOS MATERIALES.
Artículo 24. Daños en viviendas de las personas físicas.
Artículo 27. Daños en establecimientos mercantiles o industriales.
Artículo 28. Reparaciones de inmuebles por la Administración.
Artículo 29. Daños causados en vehículos.
Artículo 30. Tasaciones de daños materiales.
Artículo 31. Préstamos subsidiados a empresas.
Artículo 33. Finalidad de las subvenciones.
Artículo 36. Criterios de valoración.
Artículo 37. Documentación de las solicitudes.
Artículo 38. Evaluación de solicitudes y resolución.
Artículo 39. Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Artículo 40. Pago de las subvenciones.
Artículo 41. Concurrencia y revisión de las subvenciones.
CAPÍTULO VII. AYUDAS EXTRAORDINARIAS.
Artículo 43. Ayudas extraordinarias.
CAPÍTULO VIII. NORMAS PARA FACILITAR A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, EN SITUACIONES TRANSFRONTERIZAS, EL ACCESO A LAS AYUDAS Y RESARCIMIENTOS.
Artículo 45. Designación y funciones de la autoridad de asistencia.
Artículo 46. Autoridad de decisión.
Artículo 47. Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución.
Artículo 48. Recursos administrativos.
Culmina ahora, casi un cuarto de siglo después, el despliegue de un conjunto de medidas a favor de las víctimas del terrorismo que comenzó en 1979, con el Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyo artículo 7 declaró, por primera vez, indemnizables los daños sufridos a consecuencia del fenómeno terrorista, precepto que fue desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 484/1982, de 5 de marzo. El citado Real Decreto-ley vino así a integrar en el Presupuesto del Estado las ayudas a las víctimas promovidas desde 1975 por la propia sociedad civil, a través de una suscripción popular, posibilitando reforzarlas económicamente y reglar la normativa para su otorgamiento.
Posteriormente, la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la Actuación de Bandas Armadas y Elementos Terroristas, en el artículo 24, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 336/1986, de 24 de enero, dotaron de una base objetiva al sistema de ayudas, referenciando éstas, salvo la incapacidad laboral transitoria, a módulos del salario mínimo interprofesional, en función de la gravedad del daño y del número de hijos, y valorando las circunstancias particulares de cada caso con un posible incremento del 30 % de la cantidad resultante.
Un hito en el proceso continuo de mejora asistencial a las víctimas del terrorismo lo constituyó la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que persiguió el doble objetivo de mejorar cuantitativa y cualitativamente las ayudas y de acercar la Administración a este colectivo de personas, impulsando su asistencia integral e individualizada. Con este fin, la referida ley contempló la revalorización en 10 mensualidades del salario mínimo interprofesional del importe de las indemnizaciones por daños personales, amplió la cobertura de los daños materiales a los sufridos en los establecimientos empresariales en un 50 % y en los vehículos destinados al transporte o uso profesional, creó las ayudas al estudio y de asistencia psicológica y habilitó un régimen de subvenciones a las asociaciones dedicadas a la atención de estos damnificados, tratando al mismo tiempo de adoptar un sistema de concesión de ayudas que atendiera a criterios de protección a la víctima, promoviera la flexibilidad y redujera el formalismo de la actuación administrativa.
Finalmente, alcanzando una nueva cota en el sistema de ayudas, el artículo 43 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, lo completa en una triple vertiente: ampliando del 50 al 100 % la cobertura de los daños materiales sufridos en establecimientos mercantiles o industriales, con el límite de 90.151,82 euros; estableciendo la indemnización de los daños producidos en locales de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, que son indemnizados en su integridad, y, por último, contemplando, también por primera vez, el resarcimiento por daños experimentados en viviendas no habituales de las personas, daños que son resarcidos en el 50 %, con el límite antes expresado.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2003, dispongo:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA BIS. Calificación de la incapacidad permanente en orden al reconocimiento del derecho a prestaciones derivadas de actos terroristas.
En caso de lesiones, la persona o personas que las hubieran padecido; respecto a los gastos por tratamiento médico, prótesis e intervenciones quirúrgicas, cuando no estén cubiertos total o parcialmente por algún sistema de previsión, público o privado, los propios lesionados o la persona o entidad que los haya sufragado.
El cónyuge de la persona fallecida, sino estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, cualquiera que sea su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos, o menores en acogimiento familiar permanente, de la persona fallecida, o de la persona conviviente, siempre que dependieran económicamente de ella, con independencia de su filiación y edad, o de su condición de póstumos.
En el caso del párrafo a, dicha cantidad se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge o conviviente y la otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales.
En los casos de los párrafos b, c, y d, por partes iguales entre los beneficiarios concurrentes.
A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando en el momento del fallecimiento aquélla viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza, superiores al 150 % del salario mínimo interprofesional vigente en dicho momento, también en cómputo anual.
De producirse situación de incapacidad temporal, la cantidad a percibir será la equivalente al duplo del salario mínimo interprofesional diario vigente, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación, con un límite máximo de 18 mensualidades. A estos efectos, se entenderá por incapacidad temporal la producida como consecuencia de una lesión, enfermedad o accidente que tenga un nexo causal directo o derivado de acto terrorista, mientras la víctima reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de sus actividades profesionales o habituales.
A los resarcimientos fijados en las reglas 2, 3 y 4 de este artículo, se sumarán los que correspondan, en su caso, por incapacidad temporal, con un máximo por este último concepto de 18 mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente.
A las cantidades que resulten de la aplicación de las reglas 3 y 4 anteriores, se añadirá una cantidad fija de 20 mensualidades del salario mínimo interprofesional que corresponda por cada uno de los hijos, o menores acogidos, que dependan económicamente de la víctima.
Las cantidades que resulten de aplicarlas reglas anteriores podrán incrementarse hasta en un 30 %, teniendo en cuenta las circunstancias o situaciones de especial dificultad o necesidad, personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima.
5. En supuestos de perentoria necesidad podrán concederse anticipos a cuenta de las ayudas extraordinarias, gastos de asistencia médica, traslados de afectados y alojamientos provisionales, cuya cuantía no excederá el 70 % de la cantidad que previsiblemente pudiera corresponder en la resolución que acuerde su concesión. Tales anticipos podrán librarse como pagos a justificar.
AYUDAS DE ESTUDIO.
1. Los peticionarios de las ayudas deberán cumplimentar el impreso de solicitud y acompañar la documentación que establezca al efecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para cada convocatoria general de becas. Además, el citado impreso deberá ir acompañado de una certificación del Ministerio del Interior, acreditativa de la cualidad de víctima o beneficiario, que habilite al peticionario para acogerse a este régimen de concesión de becas. Esta condición se hará constar, igualmente, en la cabecera del impreso con la adición de las palabras Ayudas al estudio para las víctimas del terrorismo.
3. Se entenderán compatibles con las ayudas reguladas en los artículos anteriores, las becas-colaboración convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las becas Erasmus y las becas Tempus.
1. Las ayudas adjudicadas podrán ser revisadas por el órgano competente, exigiéndose su reintegro en los supuestos de error, ocultación o falseamiento de datos, en los términos establecidos por el Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 1 7 de diciembre, y demás normas complementarias.
ASISTENCIA PSICOSOCIAL.
1. En las viviendas habituales de las personas físicas serán objeto de resarcimiento los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario, pertenencias y enseres, que resulte necesario reponer para que aquéllas recuperen sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos de carácter suntuario. En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual el resarcimiento comprenderá el 50 % de los daños, con el límite de 90.151,82 euros.
En el caso de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, el resarcimiento comprenderá el 100 % del valor de las reparaciones necesarias para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento, incluyendo la reposición del mobiliario y equipo siniestrado, y puedan reanudar su actividad. A estos efectos, serán indemnizables como daños sufridos por las organizaciones sociales los producidos en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas reconocidas.
En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el 100 % del valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, con un máximo de 90.151,82 euros por establecimiento. No serán resarcibles los daños causados a establecimientos de titularidad pública.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por solicitud de la asociación o entidad interesada en la subvención o de oficio, a través de convocatoria previa, mediante orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado.
En todo caso, se valorará que ninguna entidad asociativa pueda recibir un porcentaje superior al 35 % del importe total fijado para cada convocatoria, con el fin de garantizar la proporcionalidad y objetividad de la distribución de fondos de carácter subvencional.
2. Para el pago de los programas o proyectos que precisen una financiación previa a la realización de la actividad subvencionada se requerirá la presentación de una certificación de previsión de gastos. La posibilidad de esta forma de financiación, que podrá alcanzar hasta un 75 % de la cantidad total subvencionada, habrá de preverse en la correspondiente resolución de concesión, pudiendo estar condicionada o no a la constitución de una garantía equivalente en la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalidades reguladas en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
NORMAS PARA FACILITAR A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, EN SITUACIONES TRANSFRONTERIZAS, EL ACCESO A LAS AYUDAS Y RESARCIMIENTOS. Artículo 44. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de este capítulo resultarán de aplicación a la tramitación y resolución de las solicitudes presentadas cuando el delito de terrorismo haya sido cometido en España y el solicitante de las ayudas y resarcimientos tenga su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Artículo 45. Designación y funciones de la autoridad de asistencia. 1. El Ministerio del Interior actuará como autoridad de asistencia en los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, para que el solicitante pueda acceder, desde España, al resarcimiento por el Estado en cuyo ámbito territorial se cometió el delito.
Artículo 46. Autoridad de decisión. 1. Cuando las solicitudes hayan sido presentadas a través de la autoridad de asistencia donde el solicitante resida habitualmente, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia:
La recepción de la solicitud, el órgano que instruye el procedimiento, el plazo para su resolución y, si es posible, la fecha previsible en la que se adoptará la resolución.
La realización de la audiencia por el órgano instructor se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
Artículo 47. Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución. Para el traslado de la solicitud y documentación acreditativa previsto en el artículo 45.3.a y para la comunicación de la resolución que ponga fin al procedimiento, prevista en el artículo 46.1.b se utilizarán los impresos que se establezcan por orden del Ministro del Interior.
Artículo 48. Recursos administrativos. 1. Cuando el escrito mediante el que se interponga recurso potestativo de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior sea cursado a través de la autoridad de asistencia del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al interesado y a la autoridad de asistencia:
El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia en particular por teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta.
Capítulo VIII (arts. 44 al 48):
Añadido por Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo. Las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en este Reglamento se entenderán referidas al indicador público de renta de efectos múltiples, regulado en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio según Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo. Cerrar
ORDEN INT/1912/2007, de 26 de junio, por la que se publica la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a víctimas del terrorismoORDEN INT/1658/2008, de 3 de junio, por la que se publica la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a víctimas del terrorismoOrden 78/2008 de 13 de junio, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local por la que se modifica la Orden 26/2008, de 5 de abril, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local por la que se convoca la concesión de ayudas a las víctimas de delitos de terrorismo, como consecuencia del atentado terrorista de la localidad de Calahorra del día 21 de marzo de 2008ORDEN INT/1019/2009, de 14 de abril, por la que se publica la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a víctimas del terrorismoORDEN INT/578/2010, de 3 de marzo, por la que se publica la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a víctimas del terrorismoORDEN INT/1044/2011, de 8 de abril, por la que se convoca la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo	Cerrar PDF
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