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Timestamp: 2019-07-18 07:43:20+00:00

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El accionante, actuando en representación de su ahijado, el señor Guillermo Batista Villalba, manifiesta que éste ha sido aficionado al fútbol y jugador del mismo desde niño, estando vinculado a Ligas de Fútbol desde que tenía 7 años. Habiendo nacido en Cartagena, se trasladó a Bogotá en 2011 para hacer parte de varios clubes profesionales, hasta disputar la Copa Élite Ciudad de Bogotá con el equipo “Real Players”. Indica que, por su destacado rendimiento, el señor Batista ganó una beca ofrecida por la Liga de Fútbol de Bogotá para estudiar Tecnología de Dirección Técnica de Fútbol en el SENA.
Afirma que el domingo 26 de julio de 2015, el señor Batista fue retenido en una “batida” del Ejército Nacional, cuando se encontraba rumbo a su hogar. Como el joven no tenía definida su situación militar, fue reclutado y llevado a Villavicencio, primero, y a Calamar (Guaviare), posteriormente, donde recibió instrucción y juró bandera. Al momento de la presentación de la acción de amparo, el agenciado llevaba más de 4 meses y medio incomunicado y realizando operaciones en la selva cercana a Miraflores, Guaviare.
El señor Olaya indica que desde el momento de su reclutamiento, el señor Batista puso de presente ante los funcionarios de la Dirección de Reclutamiento que era deportista de alto rendimiento, mostrando los documentos pertinentes, sin que esto hubiese sido tenido en cuenta por éstos. En ese sentido, el accionante alega que el Ejército desconoció las prerrogativas contenidas en el artículo 44 de la Ley 181 de 1995.
El accionante afirma que el señor Batista se ha visto afectado en su salud psicológica por la prestación del servicio militar, en conjunto con la imposibilidad para seguir practicando el deporte. Por ese motivo, los familiares del señor Batista, residentes en Cartagena, acudieron ante la Defensoría del Pueblo exponiendo el caso. Esta gestión dio como resultado la presentación de un derecho de petición, con fecha de febrero 18 de 2016, ante el Comandante del Batallón de Infantería No. 24, solicitando la realización de una valoración médica y psicológica del señor Batista, su traslado a un lugar cercano a su familia y permiso para que siguiera practicando el fútbol. Dado que el derecho de petición nunca fue contestado, se presentó una acción de tutela que fue fallada por el Tribunal Superior de Cartagena en abril 13 de 2016, ordenando al Batallón responder. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción, el Ejército aún no había cumplido con el decreto judicial.
Así mismo, hace referencia a algunas gestiones hechas ante la Federación Deportiva Militar que tampoco dieron resultado. Concretamente, a la solicitud elevada ante dicha entidad para que se permitiera al señor Batista participar en el equipo de fútbol de las Fuerzas Armadas sin que estas emitieran pronunciamiento alguno al respecto.
Por lo anterior, el actor considera que la entidad accionada ha vulnerado los derechos fundamentales a la integridad personal, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la honra y a la dignidad humana del señor Batista Villalba, por su negativa a permitir, al menos, que practique el deporte para el que se ha formado profesionalmente. Por lo anterior, solicita a los jueces constitucionales que ordenen el desacuartelamiento de su prohijado y se le entregue la correspondiente libreta militar, así como que se condene en abstracto al Ejército Nacional por los perjuicios causados al joven.
Certificado expedido por el representante legal del Club deportivo Real Players F. C. por el cual da fe de que el señor Guillermo Batista Villalba se encuentra inscrito en la liga de fútbol de Bogotá desde febrero de 2015, que cumple con horas de práctica 4 días a la semana, que ha participado en competiciones oficiales y que se encuentra dentro de la categoría de deportista de alto rendimiento según lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 115 de 1994.
Copia del derecho de petición presentado por la Defensoría del Pueblo ante el Batallón de Infantería No. 24 con el fin de que se haga una valoración médico – psicológica del señor Batista y se proceda a su traslado, con fecha del 18 de febrero de 2016.
Copia del fallo del Tribunal Superior de Cartagena en el cual ordenó al Ejército que procediera a contestar el anterior derecho de petición, con fecha del 13 de abril de 2016.
Acta de declaración juramentada presentada el 22 de junio de 2016 por el accionante, en la cual hace un relato de lo sucedido ese mismo día en lo referente al reclutamiento del señor Batista Villalba y sus gestiones para poner de presente ante el Ejército Nacional que el joven es deportista de alto rendimiento.
Trámite adelantado ante la Corte Constitucional
El accionante, actuando como agente del señor Guillermo Batista Villalba (quien posteriormente ratificó lo expuesto en la acción de tutela), señala que su prohijado fue reclutado por el Ejército Nacional sin tener en cuenta que se trata de un deportista de alto rendimiento, dedicado profesionalmente al fútbol. En ese sentido, reprocha que desde que fue incorporado (en julio de 2015), la entidad accionada ha hecho caso omiso de las diferentes solicitudes para que, al menos, al señor Batista le sea permitido hacer parte de alguno de los equipos de fútbol de las Fuerzas Armadas y, por el contrario, ha sido mantenido en el Guaviare, lo cual le ha producido quebrantos de salud que, alega, tampoco le han sido tratados adecuadamente. Por esa razón, considera que al señor Batista le han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra y a la dignidad humana, entre otros.
Conforme a estos antecedentes, la Corte deberá determinar, a modo de problema jurídico, si la negativa de la entidad accionada de tener en cuenta el carácter de deportista profesional del señor Guillermo Batista Villalba durante el cumplimiento de su servicio militar ha vulnerado los derechos fundamentales señalados en el escrito de amparo. Para resolver ésta cuestión, la Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, se reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamental al deporte como prerrogativa autónoma dentro del ordenamiento constitucional colombiano. A continuación, se harán algunas consideraciones sobre la obligación constitucional de prestación del servicio militar obligatorio y la relación entre la condición de deportista profesional o de alto rendimiento y la prestación del servicio militar. Finalmente, con base en las anteriores referencias, se abordará el estudio del caso concreto, verificando la procedibilidad formal de la acción y, en caso de que se cumplan los requisitos, la Sala resolverá de fondo.
El artículo 52 de la Constitución de 1991 reconoce explícitamente el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre y, en concordancia, impone al Estado el deber de fomentar esas actividades y de inspeccionar las organizaciones deportivas. Por esa razón, esta Corporación ha reconocido en múltiples oportunidades que las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, son una expresión del Estado Social de Derecho[1].
En desarrollo de la premisa anterior, la Corte Constitucional[2] ha entendido que, si bien el derecho a la recreación y al deporte es uno de los denominados “derechos económicos, sociales y culturales”, adquiere el carácter de fundamental en los casos en los cuales su ejercicio representa una herramienta idónea para lograr la garantía de otros derechos (tales como el derecho a la salud o al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo) o cuando es indispensable para el desarrollo psicofísico y la integración social de sujetos de especial protección constitucional, como son las personas en situación de discapacidad o los niños en edad escolar. Al respecto, cabe citar la Sentencia C-449 de 2003, en tanto señaló que “la inclinación por una práctica deportiva determinada (a escala aficionada o profesional) y la importancia que ello reviste en el proceso de formación integral del individuo,permite que el deporte se vincule con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación e incluso al trabajo cuando su práctica habitual se asume como una actividad profesional de la cual se deriva el sustento diario”.
EL artículo 216 de la Constitución dispone que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, en defensa de la independencia nacional y de las instituciones públicas, estableciendo así la obligación de prestar servicio militar. Como lo ha resaltado la jurisprudencia constitucional, este artículo debe entenderse en concordancia con otros valores y principios de la Constitución como el de la prevalencia del interés general; los deberes de los ciudadanos de respetar y apoyar las autoridades legítimas y democráticamente constituidas para mantener la integridad nacional, participar en la vida cívica, política y comunitaria del país y propender por el logro y mantenimiento de la paz. Todo ello, teniendo en cuenta que es un valor fundamental del Estado colombiano el fortalecimiento de la unidad nacional y el mantenimiento de la integridad territorial para asegurar la convivencia pacífica[5].
Con todo, la misma disposición establece que “La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”, por lo cual puede entenderse que las condiciones de exención y de prestación del servicio tienen una reserva legal por expreso mandato constitucional. Así, el Congreso expidió la Ley 48 de 1993, en la cual se regulan las condiciones de prestación del servicio militar para todo varón colombiano mayor de edad, así como las exenciones que podrán aplicarse en todo tiempo o en tiempo de paz. De este modo, el artículo 27 de dicha legislación prevé que estarán exentos de la mencionada obligación, en todo tiempo, los “limitados físicos y sensoriales permanentes” y “Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica”. Por su parte, el artículo 28 dispone quiénes quedarán exentos en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar. Por otra parte, la misma Ley 48 de 1993, junto con la Ley 548 de 1999y la Ley 642 de 2001, regulan las modalidades de prestación del servicio militar, el tiempo de duración, los requisitos que debe cumplir quien lo preste, entre otros, así como las causales de aplazamiento de definición de la situación militar.
En cuanto a la relación entre la práctica profesional o de alto rendimiento del deporte y la prestación del servicio militar obligatorio, cabe señalar que las mencionadas disposiciones legales no contemplan dicha práctica como una causal de exención o aplazamiento de la mencionada obligación constitucional. Sin embargo, en el artículo 44 de la denominada “Ley del Deporte” (Ley 181 de 1995) se indica que:
En orden al cumplimiento del Servicio Militar, el deportista gozará de los siguientes beneficios:
Prórroga de incorporación al servicio en filas;
Elección del lugar del cumplimiento de dicho servicio para facilitar su preparación de acuerdo con la especialidad deportiva”.
Si bien la Sala reconoce que la redacción del artículo citado no es clara en explicar si la norma del numeral 7 es imperativa o es facultativa de Coldeportes, se asumirá que la interpretación correcta es aquella según la cual dicho numeral implica una prerrogativa a favor de los deportistas de alto rendimiento, con independencia de la coordinación que Coldeportes pueda realizar con los entes deportivos regionales para alcanzar los fines señalados en el inciso primero. Lo anterior porque,
Así las cosas, puede concluirse que, a pesar de que un deportista no está exento de prestar el servicio militar obligatorio, sí tiene beneficios especiales en el cumplimiento de ese deber tales como una eventual prórroga (no especificada por la ley) del momento en el que deba ser incorporado a filas y, en caso de que ya se encuentre prestando el servicio, el derecho a elegir el lugar de cumplimiento para facilitar su preparación deportiva siempre que demuestre su condición de deportista. En ese sentido, resulta útil señalar que, en virtud de lo dispuesto en los artículo 18 y 19 del Decreto 2845 de 1984, las Fuerzas Militares cuentan con su propia Federación Deportiva y una liga por cada actividad deportiva que ésta maneje, por lo cual puede entenderse que los deportistas que sean incorporados gozarán del beneficio de elegir el lugar de prestación del servicio pasando a hacer parte de la respectiva liga militar que corresponda en su caso.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala pasará a determinar si la acción de tutela impetrada por los señores Héctor Olaya Ferreira y Guillermo Batista Villalba es procedente. Para esto, se procederá a establecer si la acción cumple los requisitos generales de procedencia y, en caso de que así sea, se resolverá de fondo.
Sobre la legitimaciòn pasiva, es necesario aclarar que: las funciones de los organismos de reclutamiento y movilización del Ejército fueron reguladas por el Decreto 2048 de 1993, el cual establece en su artículo 17 que “El conscripto declarado APTO para su incorporación, quedará bajo el control y vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes Unidades Militares o de Policía”.
Habiendo establecido la procedencia formal de la acción de tutela, la Sala realizará el estudio de fondo, teniendo en cuenta lo siguiente:

References: artículo 44
 artículo 204
 artículo 52
 artículo 216
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 44
 artículo 18
 artículo 17