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Timestamp: 2020-05-25 17:16:07+00:00

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﻿ Sentencia SU-1113 de agosto 24 de 2000
SENTENCIA SU-1113 DE 24 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:INCREMENTO SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SU-1052 DE 2000, EN LA QUE ESTABLECE QUE NO SE OBTIENE MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA Y NO ES EL MECANISMO PERTINENTE PARA CUESTIONAR O MODIFICAR LAS ORIENTACIONES O DIRECTRICES DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SERVIDOR PÚBLICO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, INCREMENTO DEL SALARIO, ACCIÓN DE TUTELA LABORAL
Sentencia SU-1113 de agosto 24 de 2000
Ref.: Expedientes T-304.809 y acumulados T-304.813, T-304.818, T-304.825, T-305.339, T-305.342, T-305.347, T-305.348, T-305.702, T-305.703, T-305.707, T-305.856, T-305.857, T-305.964, T-305.966, T-306.005, T-306.006, T-306.090, T-306.129, T-306.133, T-306.497, T-306.685, T-306.686, T-306.896, T-306.897, T-306.898, T-306.914, T-306.915, T-306.917, T-306.922, T-306.923, T-309.642, T-310.669 y T-310.814
Peticionario: Ana Lilia Rojas Leal y otros
La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Fabio Morón Díaz, y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis, ha pronunciado la siguiente
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Cuarta de Selección la Corte Constitucional, mediante auto del once (11) de abril de 2000, decidió escoger para revisión el expediente T-304.809. En misma providencia, la sala de selección decidió acumular al referenciado proceso, todas las acciones de tutela que tenían una similitud en los supuestos fácticos y de pretensiones. Por reparto, correspondió revisar la acción de tutela enunciada a la Sala Octava de Revisión, presidida por el suscrito magistrado. No obstante lo anterior, a petición del magistrado Álvaro Tafur Galvis, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular de aquella atribuida por el Acuerdo 1 de 1997, decidió asumir la competencia para resolver todas las acciones de tutela relacionadas con el no incremento salarial de los empleados públicos y pensionados del sector oficial, razón por la cual la Sala Octava de Revisión, por auto del 3 de agosto de 2000, resolvió suspender los términos del presente proceso y ponerlo a disposición de la Sala Plena.
— El 11 de febrero del 2000, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 182 del 2000, “por el cual se fijan las escalas de asignación básica y remuneración básica mensual de los empleados y funcionarios públicos del orden nacional, de las universidades públicas, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y de los miembros de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, de acuerdo a las facultades otorgadas al Presidente de la República por la Ley 4ª de 1992.
— En este decreto, el gobierno estableció que a partir del primero de enero del año en curso, las asignaciones y remuneraciones básicas mensuales de los empleados de las entidades anteriormente indicadas se reajustarán en 9,23% para quienes devengaran al 31 de diciembre de 1999 hasta doscientos cuarenta mil quinientos quince pesos ($ 240.515), y en un 9% para quienes a la misma fecha devengaran entre doscientos cuarenta mil quinientos quince pesos ($ 240.515) y cuatrocientos setenta y dos mil novecientos veinte pesos ($ 472.920). A su vez, el decreto en mención estipula que a partir del primero de enero del 2000, el incremento del salario por antigüedad se hará en un 9% a los empleados públicos que al 31 de diciembre de 1999 devengaran hasta la suma de cuatrocientos setenta y dos mil novecientos veinte pesos ($ 472.920).
— Los peticionarios, asalariados y pensionados públicos alegan que, como consecuencia de la expedición del Decreto 182 de 2000, el Gobierno Nacional les está vulnerando sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y al salario, vital, digno y móvil, a la seguridad social y reajuste pensional en cuanto que, por devengar un salario o pensión superior a $ 472.920 pesos para el año de 1999, no tienen derecho a aumento.
— Sostienen en sus demandas que la situación económica del país ha tenido como efecto que el salario o pensión haya perdido el 16% de su valor en relación con el año anterior, ya que existe una inflación del 10% aproximadamente y la economía disminuyó en un 6%, según el DANE. Por esto, si se mantiene, durante el presente año, el salario o asignación pensional igual al del año 1999, va existir una disminución significativa en el valor de estos respecto al aumento del costo de la vida. Esto lleva a que se estén vulnerando los derechos al trabajo, al salario digno y a la seguridad social pensional.
— Así mismo, consideran que el decreto en comento, al disponer un aumento solo para quienes perciban un sueldo o pensión inferior a dos salarios mínimos mensuales vigentes al 31 de diciembre de 1999, está estableciendo una discriminación injustificada, no razonable y desproporcionada, que viola el principio de igualdad y genera un perjuicio a todos aquellos trabajadores o pensionados que se encuentran devengando una asignación salarial o pensional mensuales superior a $ 472.920 pesos. La discriminación es aún mayor, si se tiene en cuenta que la medida restrictiva adoptada por el Gobierno Nacional no se aplica a quienes obtienen ingresos superiores a 40 salarios mínimos mensuales legales, ya que a estos sí se les aumentó el salario o pensión en un 15.3 % para el año 2000.
Para todos los accionantes, el interés perseguido mediante la interposición de las acciones de tutela, es que el juez constitucional le ordene al Gobierno Nacional realizar el aumento salarial y pensional retroactivo a primero de enero de 2000 de acuerdo al IPC establecido por el DANE y que, por lo tanto, no se les aplique a los trabajadores y pensionados la medida contenida en el Decreto 182 de 2000.
Comoquiera que las providencias adoptadas en única instancia coincidieron en denegar o rechazar las pretensiones invocadas por los asalariados o pensionados, utilizando en todos los casos los mismos fundamentos jurídicos, la Sala se referirá de manera general a estos.
— Ante todo, los jueces proceden a desestimar el cargo de violación del derecho a la igualdad, debido a que las situaciones con las que se realizan los juicios de comparación, son situaciones diferentes. Primero, el constituyente determinó el mecanismo salarial de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado, siendo este un régimen especial constitucionalmente dispuesto, dejando al Congreso y al Gobierno Nacional la atribución de establecer el sistema salarial de los demás funcionarios del Estado (art. 150, num. 19 lit. e) C.N. y L. 4ª/92). Respecto de los servidores públicos o pensionados del Estado que recibieron aumento de sueldo o de pensión por percibir un ingreso inferior a dos salarios mínimos mensuales, consideran los juzgadores que el trato desigual está justificado debido a que es una discriminación positiva, con lo cual se pretende beneficiar y mejorar las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos, lo cual es un signo de promoción de la igualdad real y efectiva.
— Afirman que, según su criterio, no se encuentra violado el derecho al trabajo, ya que todos los accionantes (con las excepciones referidas a los pensionados) son actualmente servidores públicos desempeñando el mismo cargo y por lo tanto no se ha visto amenazado el núcleo esencial de este derecho. Además, en cuanto a la afectación de su remuneración por la pérdida relativa de su capacidad adquisitiva, ese hecho es solo contingente que dependen del comportamiento futuro de los precios.
— En cuanto al derecho al trabajo de los pensionados, manifiestan los jueces que este no se encuentra vulnerado ya que a los peticionarios no se les está impidiendo trabajar. También, los falladores consideran que no se están violando el derecho a la seguridad social y a los derechos adquiridos de los pensionados, ya que el hecho de que no se le haya hecho reajuste pensional no está implicando que se le desconozca su derecho a una pensión, la cual no se ha visto disminuida, simplemente no aumentó.
— Por último, aducen los operadores jurídicos que la medida en cuestión fue establecida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 182 de 2000, y en consecuencia resulta improcedente la acción de tutela, ya que al ser este un acto administrativo de carácter general debe ser acusado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por intermedio de las acciones respectivas, según el Decreto 2591 de 1991, artículo 6º numeral 5º.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con lo ordenado por el Acuerdo 1 de 1997 y los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por las Salas correspondientes y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la corporación.
“Como quedó planteado, la decisión en el asunto que ocupa a la Corte, exige establecer si la acción de tutela es el mecanismo adecuado para ordenar al Gobierno Nacional el incremento de los salarios de los accionantes, dada su calidad de servidores públicos, ya que a estos para el presente año, no se les ha incrementado su remuneración. Deberá determinarse además, si la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, para el efecto, habrá de precisarse si la situación planteada por los invocantes constituye una amenaza a sus derechos fundamentales o les ha ocasionado un perjuicio irremediable.
“3.1. Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública y, en casos excepcionales por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para la protección de estos especiales y trascendentales derechos.
En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta corporación, compete al Gobierno Nacional presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del mismo ordenamiento.
Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6º y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del estatuto orgánico del presupuesto (D. 111/96). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en este en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.
3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno Nacional relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso Nacional por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente.
Por consiguiente, se hace necesario valorar la situación particular y concreta de cada uno de los accionantes a fin de establecer, si las circunstancias relatadas por estos son de tal gravedad que ameritan la intervención del juez constitucional en asuntos que competen a otras autoridades desconociendo las disposiciones Constitucionales y legales que consagran y desarrollan el principio de la legalidad de la función pública. En caso contrario se negarán las acciones también como mecanismo transitorio porque, si las circunstancias que aquejan a los accionantes no constituyen amenaza o consolidación de un perjuicio irremediable, nada se remediaría con la intervención del juez de tutela, empero si se quebrantaría todo el orden institucional.
Al respecto se observa que todos los accionantes invocan la protección transitoria arguyendo que se disminuyó el poder adquisitivo de su salario al no haberse decretado su reajuste de conformidad al incremento del IPC para el año inmediatamente anterior. Ninguno se refiere a circunstancias especiales, como tampoco se aportan pruebas de hechos excepcionales que ameriten protección. De ahí que ha de considerarse que estos han sido afectados por el incremento del costo de vida, al igual que todos los habitantes del territorio nacional, problemática que debido a su generalidad y a su componente estructural, no puede remediarse mediante las órdenes que compete impartir al juez de tutela.
Además, de conformidad con lo expuesto por la apoderada de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, corroborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no contradicho por los actores, “debido a que a los servidores públicos tuvieron en 1999 un incremento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6%, se presenta en el presenta año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior”. Quiere decir entonces que la violación general impersonal y abstracta del derecho al trabajo de los servidores públicos, invocada para fundamentar el amparo provisional, o ha sido grave e irreparable porque, en términos globales, de llegar la inflación al 10% en el presente año, la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial que conforman estos servidores sería mínima.
1. CONFIRMAR las sentencias de tutela proferidas por los jueces de única instancia que decidieron no conceder las acciones de tutela de que trata el Expediente T-304.809 y sus acumulados.
2. Por secretaría general de esta corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Fabio Morón Díaz—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis

References: artículo 6
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 71
 artículo 136
 artículo 187
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 36