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Timestamp: 2020-08-05 22:27:51+00:00

Document:
Honorable Legislatura de Chubut - Sesión 1371 27-03-14 Especial STJ
Sesión 1371 27-03-14 Especial STJ
Reunión n° 1371
Sesión especial n° 3
II - MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, DOCTOR DANIEL ALEJANDRO REBAGLIATI RUSSELL
- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a veintisiete de marzo de dos mil catorce, siendo las 9:40 dice el
PRESIDENTE (Mac Karthy): Muy buenos días a todos. Con la presencia de veinte señores diputados en el recinto, tres en la Casa y cuatro ausentes con aviso, se declara abierta la sesión especial convocada para que el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia brinde el informe previsto en el artículo 181° de la Constitución Provincial.
Ya se encuentra en esta Casa el doctor Daniel Rebagliati Russell, Presidente del Superior Tribunal, a quien invitamos a ocupar este sitio.
- Ingresa en el recinto el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Daniel Alejandro Rebagliati Russell, y ocupa su lugar en el sitial de Presidencia.
Damos la bienvenida al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia y lo invitamos a dar lectura a su mensaje.
MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, DOCTOR DANIEL ALEJANDRO REBAGLIATI RUSSELL
PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (Dr. Rebagliati Russell): Muy buenos días a todos. Señor Presidente de la Honorable Legislatura, señores diputados, Ministros del Superior Tribunal, Jueces y Funcionarios, señores miembros del Poder Ejecutivo Provincial, señoras y señores.
Constituye un alto honor comparecer en el día de hoy ante esta Honorable Legislatura y ante todos ustedes, para hacer públicos los actos institucionales del Poder Judicial de la Provincia.
Estoy aquí como Presidente del Superior Tribunal de Justicia para exponer sobre el funcionamiento y actividades de las distintas áreas del Poder Judicial, de conformidad con una inveterada tradición actualmente plasmada en nuestra Carta Magna en su artículo 181°.
Vengo a darles información sobre la administración de justicia, un análisis que sintetiza los pilares sobre los que se sostiene la estructura del Poder Judicial en nuestra Provincia.
En primer lugar, al comenzar mis palabras, quiero manifestar mi reconocimiento ante toda la sociedad, del trabajo de los miembros del Poder Judicial y de quienes coadyuvan en la administración de justicia. Sin ellos no hubieran sido posibles los resultados que expondré a continuación.
Al comenzar este informe, quisiera hacer unas reflexiones previas. Con este acto, además de cumplir con el mandato de la ley, es propicio compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la misión que le cabe al Poder Judicial en los tiempos que corren, como así también los valores y principios a los que adherimos, los desafíos que nos presenta y representa el Poder que integramos.
Durante el año transcurrido he tenido el honor, pero también la gran responsabilidad de presidir el Superior Tribunal de Justicia. No fue un camino fácil el que transitamos durante ese año, fueron duras las contingencias que debimos atender. Nos tocó actuar en medio de una crisis institucional interna. El desafío fue tal que concentró gran parte de nuestros esfuerzos y conspiró para que no se pudieran cumplir, en su totalidad, aquellos que habíamos imaginado al comienzo de la gestión.
Como es de público conocimiento, en el mes de abril del año próximo pasado, los ministros que conformaban la Sala Civil efectuaron una denuncia por mal desempeño contra el ministro de la Sala Penal, doctor Alejandro Javier Panizzi. Su contenido fue admitido por la Sala de Acusar de esta Legislatura y remitido para su tratamiento a la Sala de Juzgar. Esta última dictó un pronunciamiento que lo desvinculó de los cargos formulados, al no alcanzarse la mayoría requerida para que proceda la destitución.
Si bien en la última etapa del proceso concurrí a presidir el alto órgano de juzgamiento, no es posible ni corresponde formular consideraciones acerca de la decisión adoptada. Ella es una atribución propia de este Poder Legislativo y, de naturaleza política, su apreciación.
En cambio, sí cabe reconocer que así como el juzgamiento dividió a esta Legislatura en la valoración del caso, inevitablemente, la misma situación cabía avizorar en la convivencia del Tribunal.
A pesar de haber intentado contener dicha situación, no se pudo ocultar ni atenuar sus efectos. Existieron expresiones agraviantes que así lo demuestran. Por ese motivo el Cuerpo emitió un pronunciamiento que recomendó mesura al hacerlas y, al mismo tiempo, señaló que la conducta de un magistrado debe estar enmarcada en el respeto mutuo, cordialidad y colaboración profesional, sin que importen las diferencias de las posiciones dentro del sistema judicial.
Expresamos que estas pautas eran normas mínimas de conducta y convivencia institucional que deben cumplir celosamente quienes tienen la encomienda de impartir justicia. Las discrepancias personales no pueden ser trasladadas al funcionamiento del Cuerpo, mucho menos aún repercutir en decisiones que afecten los intereses de los justiciables, pues ello sí implicaría un extremo de gravedad institucional que legitimaría la intervención de este Poder Legislativo.
Sin embargo, en este día en que la Constitución me llama a rendir cuentas, quiero dejar constancia de que a pesar de que transitamos épocas de crisis internas, fue y es nuestro anhelo profundizar y sostener aquellas acciones del Poder Judicial que contribuyan a acercarnos a la ciudadanía para resolver sus conflictos cotidianos.
El centro de atención de quienes tenemos la responsabilidad de presidir una institución no debe ser nuestra porfía o la defensa de nuestros intereses individuales, tampoco las disputas con nuestros pares, sino la resolución justa de los conflictos para cuya atención nos convocan.
No debe ser nuestro egoísmo personal e individual el motor que nos movilice, antes debe serlo el bien colectivo de los habitantes de nuestra Provincia.
El desempeño de quienes tenemos la responsabilidad de conducir uno de los poderes del Estado debe estar guiado por la adhesión permanente a ese bien colectivo que no se alcanza si no es respetando las normas y valores que nos rigen como sociedad. Este es nuestro deber.
El cambio de perspectiva, de lo individual a lo colectivo, implica considerar como esencial que entendamos cuál es la misión de los magistrados y funcionarios del Estado Provincial: abocarse a dar solución justa de los problemas y las necesidades del ciudadano.
Como sociedad democrática después de 30 años hemos aprendido, no sin obstáculos, que el diálogo es la única alternativa al caos y al autoritarismo, de lo contrario, las instituciones se degradan y no evolucionan.
Las crisis pueden sumirnos en el descreimiento, en la disolución, en la desesperanza, es cierto; sin embargo, si se las afronta tienen el poder instituyente de instalar nuevos desafíos y nuevos proyectos que nos convoquen como institución a refundar nuestras metas. Creemos que solo así se fortalece la República y sus leyes.
No hace falta que aclare que creo firmemente en las instituciones y sus leyes, de otro modo no sería lo que soy.
Creo en una justicia en la que todos sus integrantes estén preparados profesional, técnica y humanísticamente para resolver los casos concretos de gente concreta.
Creo en una justicia que cumpla con su función como servicio a la ciudadanía, que le facilita el acceso, que es ágil, que resuelve en un tiempo razonable los conflictos de la gente.
Creo en una justicia en la que todos sus operadores, jueces, funcionarios y empleados adhieran a un objetivo común: un mejor servicio de justicia.
Creo en una Justicia en la que las cosas que no funcionen puedan ser subsanadas y corregidas en el menor tiempo posible.
Una justicia que, en definitiva, cumpla adecuadamente su función como tercer poder del Estado.
En la persecución de esa noble tarea que se nos ha conferido es posible que existan yerros o sean equivocados nuestros criterios, pero su remedio solo puede ser alcanzado si transitamos el camino que nos marca la ley. Ese es el único modo de revisar una decisión judicial. No es bueno adelantar una valoración descalificadora si no se conoce el contenido del proceso y su soporte probatorio. La verdad procesal no se debate en los medios de comunicación. Allí la verdad la construye el que pretende comunicarla o aquel que quiere presentar su verdad de determinada manera.
Como contrapartida, los jueces debemos aplicar la ley sin perder de vista nuestro contexto histórico social, nuestra realidad y diversidad cultural, teniendo siempre presente las consecuencias jurídico-sociales de nuestros fallos. Ello no nos puede convertir en jueces temerosos, pero tampoco en temerarios.
Nuestro objetivo es alcanzar la paz social mediante la vigencia de la ley. Si en cambio, la decisión no es percibida por el conjunto de la sociedad como justa, ni alcanza el objetivo de poner paz al conflicto sino que lo potencia, entonces hay algo que debemos revisar.
Por otro lado, es nuestro deber como hombres de bien, proveer desde nuestras acciones al orden de nuestro Estado Republicano en toda su compleja diversidad y para ello necesitamos que nuestro servicio de justicia sea eficiente.
Reconozco que en el pasado, los atributos de un buen juez eran su hombría de bien, su honestidad y el conocimiento del derecho. No digo que hoy no lo sean y que sean descartables esos atributos, todo lo contrario, pero es necesario agregar que, en la actualidad, debemos internalizar condiciones que nos permitan alcanzar otros objetivos: gestión y eficiencia.
Nadie ignora que la cantidad de juicios se ha multiplicado en los últimos veinte años. Las estadísticas que acompañan este informe así lo demuestran. Ante esa realidad debemos convencernos de que es necesario cambiar.
No podemos atender las múltiples y diversas realidades con nuestras formas conservadoras de trabajo. Habiendo cambiado las circunstancias, nosotros también debemos hacerlo. Debemos aprovechar toda la tecnología disponible, simplificar los procedimientos y organizar los recursos humanos de tal forma que se optimice el rendimiento del servicio que brindamos.
Nuestra sociedad tiene que comprender que a la conflictividad social hay que enfrentarla sin necesariamente judicializarla. Hay que atender con soluciones alternativas pues la mejora del sistema no puede pasar por los mayores costos presupuestarios, cada día más inviable en una economía que no ha alcanzado su estabilización definitiva.
En este sentido hemos puesto nuestros esfuerzos para mejorar la administración de justicia, conscientes de que somos las instancias últimas que la sociedad tiene para resolver sus conflictos.
No es este el momento de fatigarlos con detalles de las numerosas actividades que se han desarrollado en el Poder Judicial de la Provincia. Ello implicaría hacer un repaso pormenorizado de las distintas áreas, que en sus aspectos cualitativos y cuantitativos podrán ser consultados en el anexo según estipula la Ley 4920 (artículo 9°, inciso 11 y artículo 14°, inciso 19).
Sin embargo, es preciso mencionar ante ustedes aquellas cuestiones que considero relevantes, en consonancia con la concepción de justicia a la que adhiero y que contribuyen a sostener un proyecto eficiente que se mejora día a día. Me estoy refiriendo a la incorporación de tecnología y los consecuentes cambios en el sistema de gestión judicial, a la capacitación permanente y a la inversión realizada. Al mismo tiempo, mencionaré las áreas que deben mejorarse o atenderse para un mejor funcionamiento del Poder Judicial y acorde a las necesidades actuales.
En materia de gestión es necesario instalar nuevas dinámicas y estilo de trabajo: una nueva cultura profesional. Por supuesto que esto no se hace de un día para otro, soy consciente de que los cambios de modalidad de trabajo y los cambios de mentalidad acerca de cómo es el mejor modo de hacer las cosas no son algo sencillo. Hay muchas resistencias, son parte del proceso y son inevitables. Sin embargo, a medida que el trabajo mejora, los cambios se aceptan como algo que beneficia a todos.
En este sentido, un nuevo programa de organización judicial es puesto a prueba en las oficinas judiciales.
La creación y puesta en funcionamiento de las oficinas judiciales del fuero penal ha sido un puntal del proceso de reforma procesal encarado en Chubut a partir de la reforma constitucional del año 1994.
Las oficinas judiciales implican un giro copernicano en la comprensión de los modelos judiciales. He sido partícipe durante mi carrera en el fuero penal de los distintos procedimientos que adoptó nuestra Provincia, y he conocido las bondades y defectos de cada uno de ellos. El número de códigos que nos rigió desde que somos Provincia nos da un panorama del cambio vertiginoso al que debimos adaptarnos.
Hoy estamos transitando la senda del modelo del enjuiciamiento acusatorio. Esta nueva visión del proceso exige una justicia oral abierta a la comunidad y dinámica. Ello implica que exista una coordinación de todos los operadores del sistema en pos de objetivos claros.
Desde ya, como todo proceso de cambio y con la ausencia de experiencias comparadas que sirvan de referencia como un factor condicionante, esta profunda transformación no estuvo ni está exenta de dificultades. En buena medida se ha llevado a cabo con los recursos humanos y materiales ya existentes, con el riesgo siempre latente de repetir los defectos del sistema anterior que se pretenden superar con la reforma.
A partir de la experiencia acumulada durante varios años y con la finalidad de mejorar y optimizar las prácticas concretas de actuación, mediante Acuerdo 434/13 la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia dispuso reorganizar y unificar las Oficinas Judiciales de toda la Provincia. Los principios de jerarquía, competencia, separación de funciones y control, mediante el trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos, son las pautas rectoras de su renovado funcionamiento.
Sin embargo, a pesar del empeño puesto en este nuevo modelo de gestión, también debemos reconocer que aún falta instrumentar mecanismos que consoliden la agenda de audiencias programadas, para evitar de este modo el significativo porcentaje de audiencias fracasadas. La cancelación, suspensión y consecuente reprogramación no nos quita el problema de encima, por el contrario nos lo complica aún más. Tanto los jueces, la oficina administrativa y, fundamentalmente, las partes que intervienen en el proceso penal deben coadyuvar a este objetivo.
Hoy, el cumplimiento de los plazos adquiere un rol fundamental en todo proceso judicial, pero con mayor incidencia en el penal por las consecuencias que su incumplimiento conllevan.
Resulta necesario para mejorar los problemas de gestión a los que hago referencia, analizar la posibilidad de una revisión legislativa que permita corregir la distorsión de los principios que inspiraron precisamente la reforma. Los institutos de conciliación, reparación y suspensión del juicio a prueba, como modos de solución alternativa de conflictos, deben ser objeto de aplicación oportuna. La solución debe ser pensada desde el conflicto que viven los justiciables y que, resuelto a tiempo, contribuye a la paz social. Si en cambio el conflicto es tratado a destiempo o al final del proceso, provoca un desgaste administrativo inútil y desvirtúa el sistema.
Unido a ello habrá que hacer, también, un nuevo análisis acerca de las competencias y la composición de los actuales tribunales penales.
Junto al sistema de gestión por Oficina Judicial del fuero penal, convive en nuestro Poder Judicial el tradicional sistema de organización administrativa que se extiende a todos los demás fueros: civil y comercial, laboral, de familia y de ejecución.
Su funcionamiento es objeto de observación y contralor por parte de las Cámaras de Apelaciones de cada circunscripción judicial, ya sea por la vía recursiva o por el ejercicio de la superintendencia administrativa. En este último caso, me han sido remitidas las actas que en tales oportunidades se labraron y en ellas es posible observar el correcto funcionamiento de los organismos judiciales bajo la órbita de esa superintendencia.
El problema relativo a la sobrecarga de trabajo se ha tratado de conjurar, en algunos casos, con el auxilio que prevé la figura del juez de refuerzo. Sin embargo, en ausencia de una reforma procesal civil largamente anhelada, debemos acudir al ingenio y al funcionamiento de modelos que mejoren la dinámica y tornen más eficiente la labor de estos juzgados. Para ello, se alienta la puesta en marcha de mesas de entradas únicas, que contribuyen a una distribución equitativa de trabajo entre los órganos de decisión, y cuando sea necesario expandir este aspecto se nombren jueces y no se acuda a la tradicional solución de crear nuevos juzgados con toda su planta administrativa. Esta nueva forma de trabajo ha sido experimentada con buenos resultados en los Juzgados Laborales de Trelew y se replicó en la jurisdicción de Puerto Madryn, razón por la cual se propugna -como dije- la adopción de este sistema en los demás organismos del mismo fuero, y no peco de ambicioso, si digo en todos los demás, donde haya coexistencia de iguales organismos judiciales.
Otro servicio que se consolida como una nueva cultura institucional es el de Mediación.
El servicio de mediación ya tiene once años y se ha afianzado como un ámbito institucional donde es posible ofrecer alternativas de solución de conflictos de diversa índole: familiares, penales, contravencionales, civiles, comerciales, laborales.
La solución de un conflicto no siempre es equivalente a ir a juicio, ni siempre reclama necesariamente la presencia de profesionales abogados. Muchos de ellos se pueden solucionar de una manera más accesible para que los ciudadanos encuentren una respuesta más rápida y un mejor acceso a la justicia.
El trabajo de mediación se hace no sólo desde los equipos de abogados sino desde equipos integrados por profesionales de distintas disciplinas. Se trata de incorporar nuevas concepciones, nuevas herramientas en pos de solucionar conflictos cada vez más complejos y diversos.
En el período que nos ocupa, renovaron su matrícula cincuenta y cinco mediadores. De este modo se van sumando recursos humanos para potenciar el servicio.
Cabe destacar que la Dirección de Mediación logró resolver durante el año 2013, a través de las distintas oficinas de mediación, entre un 90% y un 98% de los casos ingresados. Esto demuestra que es una herramienta útil y económica que, a través del diálogo, arriba a soluciones prácticas y concretas evitando el desgaste de las instituciones en la resolución de los problemas y una mayor erogación presupuestaria.
Creemos que en un futuro inmediato se deberá atender a posibles soluciones legislativas que habiliten la mediación como instancia obligatoria a la acción judicial y un buen comienzo sería actuar en el fuero de familia, fuero sobre el que más ha crecido la infraestructura judicial y que se evidencia en los números que arrojan las planillas anexas.
A poco tiempo de su creación, la Oficina de la Mujer de la Provincia del Chubut ha realizado tareas cuyo propósito es concientizar y diagnosticar el estado de la cuestión en políticas de género en nuestra Provincia.
Ha realizado en este sentido diversas acciones en articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me refiero a investigaciones y capacitaciones sobre diversas temáticas relacionadas con problemas propios del área.
Asimismo, ha mantenido a lo largo del año 2013, varias reuniones con diferentes instituciones para articular políticas de género en temas que requieren pronta atención.
Se trata de establecer políticas de trabajo conjuntas de acuerdo con parámetros nacionales para ir construyendo de manera articulada un organismo nuevo en la Provincia ante la necesidad de solucionar los asuntos que involucran cualquier tipo de discriminación, desvalorización y violencia hacia la mujer.
Otro cambio cultural apreciable en el Superior Tribunal de Justicia es la existencia de acciones que, articuladas en su conjunto, constituyen además de elementos de gestión estratégica, una tendencia orientada a la transformación paulatina en el sistema de administración de justicia.
Hemos avanzado en las notificaciones digitales con la incorporación de la segunda instancia civil y, durante este último año, se han generado más de 120 mil notificaciones digitales que han significado una reducción considerable en el uso del papel, en personal y una reducción en los costos de intervención de los letrados.
En la misma dirección, habilitamos el acceso de los ciudadanos a este sistema potenciándolo como herramienta de transparencia y de facilitación judicial al permitir que las partes puedan hacer consultas directas sobre el estado de los expedientes.
Además, la utilización de la firma digital se ha extendido como herramienta de gestión a distintos agentes judiciales y ha permitido convalidar distintos trámites a distancia, tales como: sentencias, resoluciones y votos.
Señores diputados, somos una Provincia líder en la adopción de videoconferencia, como plataforma que facilita la coordinación de tareas y actividades jurisdiccionales. De esta manera, se evita el traslado de jueces, fiscales y defensores tanto públicos como privados. He de esperar que con la extensión territorial de la fibra óptica y telecomunicaciones podamos llegar a todos los rincones de la Provincia.
Siguiendo en el camino de incorporar nuevas tecnologías se ha elevado a esta Legislatura un proyecto de ley que pretende habilitar un expediente judicial digital. No se trata sólo de digitalizar el papel sino de que el proceso judicial mismo se digitalice desde su origen.
En menor escala, señores diputados, también hemos puesto en funcionamiento un sistema de gestión y seguimiento de trámites administrativos que permite agilizar, despapelizar y controlar distintos trámites internos o externos que llegan al Poder Judicial.
Estos avances plantean un desafío adicional, la integración con otros organismos del Estado en pos de mejorar su eficiencia. De este modo hemos realizado acciones interinstitucionales objeto de próximos convenios. Tal el caso de la colaboración entre las Oficinas Judiciales y la Policía Provincial para comunicaciones de interés común, también las acciones articuladas con el Banco del Chubut para la creación, integración, consulta de cuentas judiciales y la emisión electrónica de pagos.
Estos cambios tecnológicos nos concientizan acerca del valor de la planificación estratégica en proceso judicial y nos señala el rumbo por donde debemos transitar para tener un mejor servicio de justicia, de fácil acceso, ágil y que resuelva, en tiempo razonable, los conflictos.
Otro logro de extremo valor para el sistema judicial lo constituye el Banco de Datos Genéticos del Registro de Antecedentes Penales (RAP).
Las bases de datos se actualizan constantemente y ya están consolidadas en el Registro de Antecedentes Penales y Abusos Sexuales. Esto permite dar confiabilidad a las consultas que se dan desde los distintos ámbitos del Poder Judicial y sus respuestas.
Todos recordamos el aporte que este organismo brindó en un resonante caso ocurrido en Comodoro Rivadavia, orientando la investigación y la posible autoría, mediante el método de la comparación genética de la muestra obtenida en los hechos con la existente en el Registro. Esto demuestra claramente la seriedad de la información resguardada y la gran utilidad para la resolución de los casos de suma gravedad. Allí donde la pesquisa se encuentra desorientada, el aporte de un dato genético deviene en hallazgo insustituible para el éxito de una investigación.
A partir del mes de mayo del corriente año comenzó el proceso de unificación de todos los registros existentes en el Poder Judicial bajo la órbita del Superior Tribunal. Así, el Registro de Juicios Universales y sobre la Capacidad de las Personas, Alimentantes Morosos y Registro de Peritos Auxiliares, como el de Antecedentes Penales de Delitos contra la Integridad Sexual, quedó bajo la supervisión de una única Dirección, lo que significó ahorro presupuestario y reubicación de personal administrativo.
Como vemos, todos estos datos constituyen un avance que va acompañado también de una política de gestión y una actualización permanente de la información recogida.
Es un proceso de cambio. Es decir, no sólo se va dando una transformación tecnológica sino una política de desarrollo en materia de gestión. Transformación que se acompaña con una capacitación permanente de todos los actores del Poder Judicial.
El Superior Tribunal de Justicia en el ejercicio de la facultad que le otorga la Constitución Provincial (conforme artículo n° 178°, inciso 6) tiene la atribución y responsabilidad de instrumentar mecanismos de capacitación y especialización para los magistrados, funcionarios y empleados de su ámbito.
La Escuela de Capacitación desarrolló durante el año 2013 una intensa actividad destinada a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia.
Así, durante el período de análisis, se abordaron muchos y variados temas: gestión judicial y herramientas para solución de conflictos, liderazgo, gestión en las oficinas judiciales, justicia eficaz, oratoria forense, políticas de conciliación entre trabajo y familia, violencia patrimonial, entre otros.
También, durante el año 2013, se produjo un importante incremento en el uso de videoconferencias, lo que permitió sumar propuestas de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A través de esta modalidad de videoconferencia, la Escuela de Capacitación Judicial fue sede de cursos propuestos por el Plan Nacional de Capacitación de la Corte Suprema.
Con Inspectoría de Justicia se organizaron capacitaciones atendiendo a la función de los Jueces de Paz. Considerando que es un actor crucial en el interior de nuestra Provincia: los Jueces de Paz son allí los canales de diálogo ante los conflictos sociales y son figuras de autoridad para su resolución. Es responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia que cuenten con los recursos y las capacitaciones adecuadas como para que estos actores desempeñen eficazmente sus funciones.
Se han llevado a cabo jornadas para tratar temáticas tales como “Código Contravencional y Violencia Familiar” para acompañar los procesos de actualización de los equipos de trabajo que conforman los Juzgados de Paz.
Continuando con las acciones de capacitación permanente, en el área de Redacción Jurídica se ha desarrollado un programa de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Superior Tribunal de Justicia que ya lleva dos años. El mismo ha arrojado resultados positivos en relación con el logro de objetivos de mayor claridad, corrección y precisión en el uso del lenguaje en las sentencias. De esta manera, estamos cumpliendo con el mandato de la Ley V que establece que la justicia debe ser comprensible para cualquier ciudadano. Esto, de alguna forma, se corresponde con hacer que la comunicación entre el Poder Judicial y la ciudadanía sea accesible y clara; porque no puede hablarse de eficacia en un contexto donde la mayoría de los dictámenes no son entendidos más que por los letrados. Tenemos que cambiar esa cultura, esa forma de expresarnos en nuestra escritura.
A partir del año en curso continuaremos con las capacitaciones en Redacción Jurídica y Argumentación para el resto del Poder Judicial; lo que se irá haciendo progresivamente según un plan de acción.
Inversión edilicia y en equipamientos
Pasaré a continuación a hablar de la inversión en el Poder Judicial, focalizado en dos aspectos importantes: edificios y equipamiento.
Reconozco que éste es un tema por demás sensible para nuestro funcionamiento. Tradicionalmente, existen múltiples reclamos de más edificios y más equipamiento que no siempre pueden ser atendidos por la realidad presupuestaria que todos conocemos.
Con satisfacción, debo hacer referencia a la licitación pública que dará continuidad a una obra anhelada no sólo por la comunidad judicial sino por toda la ciudadanía comodorense. Me estoy refiriendo a la tercera etapa de la Ciudad Judicial. Se trata de una obra que significará la intervención sobre 7.500 metros cuadrados que permitirá los traslados de juzgados y distintas dependencias judiciales, muchos de los cuales actualmente insumen elevados costos de alquiler.
Además, el edificio contará con una sucursal del Banco del Chubut y otra de Rentas, de tal manera que el público no tenga que trasladarse a otro lugar de la ciudad para terminar un trámite judicial.
Esta licitación, a la que hacemos referencia, implica un nuevo proyecto realizado por nuestro equipo de arquitectura con la valiosa colaboración de la Secretaría de Infraestructura Provincial. Se trata de un esfuerzo presupuestario conjunto de los Poderes Ejecutivo y Judicial que representa una inversión adicional de más de setenta millones de pesos. Es por ello que hago un reconocimiento al Poder Ejecutivo, pues sin su colaboración, hubiera sido imposible llevar adelante una obra de tanta trascendencia para la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Pero, además, de esta iniciativa fundamental, hemos realizado con recursos propios otras inversiones como la inauguración en el año 2013 de los nuevos edificios de los juzgados de Paz de Gastre y Telsen, la ampliación del edificio del Superior Tribunal de Justicia en Rawson y las Morgues Judiciales de Comodoro Rivadavia y Trelew. Asimismo, se ha dado inicio a la última etapa del segundo piso del edificio en Puerto Madryn que albergará a los Juzgados Civiles, de Ejecución y a la Defensa Pública. Lo que permitirá, en el corto plazo, destinar el viejo edificio de la calle Mosconi a todos los organismos del fuero penal. Asimismo, en la Circunscripción Judicial de Esquel, se han realizado obras de mantenimiento y reformas edilicias.
Por otra parte, en el curso de este año, el Área de Arquitectura ha procedido al llamado a licitación para la primera etapa del Centro de Informática Judicial en la ciudad de Rawson, obra adjudicada y cuyo inicio se dará próximamente. En un mismo sentido, se han realizado los planos y documentación para el llamado a licitación de los edificios de los Juzgados de Paz de Aldea Apeleg y Rada Tilly.
Como ustedes apreciarán, señores diputados, el esfuerzo realizado es significativo y el uso que se le ha dado a los escasos recursos propios ha sido prudente. Igualmente, cabe destacar que sin la colaboración y articulación de esfuerzos no hubiera sido posible encarar obras que van mucho más allá de los recursos con que cuenta el Poder Judicial.
Esperamos que esta práctica se continúe para permitir la finalización completa de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, pues lo licitado corresponde a la mitad. Cuando este proyecto haya concluido, podamos comenzar con la construcción del nuevo edificio para la ciudad de Rawson que nos permita concentrar todos los Juzgados que funcionan en esta localidad, como así también de los organismos de apoyo.
En cuanto a equipamiento, hemos seguido realizando aquellas inversiones que permiten el mantenimiento del capital actual y otras que nos proyectan al futuro. En este sentido, cabe mencionar que la inversión en hardware y software ha sido de 4,7 millones de pesos.
Haré referencia a la necesidad de infraestructura adecuada, no puedo dejar de mencionar la grave situación por la que atraviesa nuestra Provincia en materia carcelaria.
Las alcaidías y comisarias se han convertido en lugares de cumplimiento de condenas cuyo número de internos colapsa y donde se ponen en serio riesgo los derechos que todo condenado posee al amparo de las normas constitucionales.
La carencia de cárceles provinciales nos hace dependientes de los institutos de alojamiento nacionales. El Servicio Penitenciario Federal impone una valla que está constituida por el cupo al que la Provincia puede acceder y que resulta, por demás, insuficiente. Los pedidos de alojamiento solicitados por los jueces no son atendidos. Ello motivó que esta presidencia haya tenido que dirigir una nota al Poder Ejecutivo, en la persona del ministro del área, para que realice las gestiones necesarias y permitan el ingreso de un mayor número de condenados provinciales. Pues, como dije, los actuales lugares no cumplen ni con las condiciones para alojar a condenados ni con la seguridad necesaria para contener a los internos. Los hechos producidos en comisarías, en ocasiones, tan graves como la muerte de personas allí alojadas, nos están indicando la magnitud del problema; situación a la que los jueces no podemos ser ajenos.
Nuestra Constitución Nacional es clara: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Así, pesa sobre nosotros los magistrados, el control de las condiciones de encierro y la tolerancia de las actuales que no pueden sobrepasar los límites impuestos por la ley.
Sabemos que se están llevando a cabo obras para nuevos alojamientos pero su continuidad y pronta terminación debe ser objeto de prioridad por parte del Estado Provincial que no puede permitirse más demoras, pues las consecuencias repercuten en todo el tejido social y el fin de la pena se desvirtúa.
He dejado para el final un tema que considero esencial para el funcionamiento del Poder Judicial y que no es otro que el relativo al presupuesto.
Señores diputados, no puedo soslayar en este informe anual dirigido a esta Legislatura Provincial, que por segundo año consecutivo, el Poder Judicial funcionará de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo ha estimado que era suficiente para hacerlo.
Sin embargo, la ampliación presupuestaria solicitada por el Poder Ejecutivo en el año 2013, arrojó como resultado un incremento muy cercano al monto que originariamente estableció el Poder Judicial, lo que demuestra que las previsiones hechas inicialmente no eran desacertadas.
Tampoco puedo de dejar de señalar que debido a actitudes incomprensibles se ha retaceado el envío de fondos para atender gastos corrientes, lo que originó deudas con proveedores y contratistas que hacía muchos años que no tenía el Poder Judicial. Sin embargo, estamos tratando de dar solución a estas problemáticas en un trabajo articulado y colaborativo con el Ministerio de Economía.
En relación con el tema del presupuesto, durante este año 2014 es posible vislumbrar que la situación tiende a agravarse pues no se han contemplado en el presupuesto aprobado mediante Ley II-159, las consecuencias del acuerdo firmado y homologado con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Esto es, los nuevos haberes que se derivan del acuerdo mencionado. He de señalar que las demoras en la resolución del conflicto han derivado en esa ausencia presupuestaria.
Señores diputados, la no consideración del Proyecto de Presupuesto por parte de la Legislatura significa lisa y llanamente que en el Ejercicio 2014 se acumulará más deuda en el Estado Provincial. Esta situación, por demás delicada, se verá agravada por la incertidumbre sobre los haberes a abonar a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
El Superior Tribunal de Justicia ha enviado a esta Honorable Cámara un Proyecto de Presupuesto que intenta encarrilar lo descarrilado y ordenar lo desordenado. Se trata de salir de esta situación de conflicto a través de un instrumento legislativo que cuenta con el apoyo de las representaciones de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
No fue tarea sencilla pero se logró un acuerdo básico que está compuesto por la aplicación del Decreto 1272/13 dentro del marco normativo que rigen hoy las remuneraciones del sector. Somos conscientes de que no es la solución definitiva, sino el camino que podemos transitar para encontrarla.
No obstante, cualquiera sea la solución que se adopte, ella deberá ser reflejada en el presupuesto para establecer con claridad las remuneraciones de cada sector.
Objetivos tales como la autonomía del Poder Judicial y una mirada acorde a los salarios de la justicia nacional, sólo pueden alcanzarse cuando se entienda desde los diferentes Poderes que integran el Estado la necesidad de la independencia judicial, y desde el propio Poder Judicial cuando se entienda, también, que debemos actuar con más eficiencia. Esto implica considerar que nos movemos dentro de restricciones presupuestarias, que no podemos estar creando órganos judiciales sin un planeamiento estratégico y que cada órgano judicial no significa una estructura de empleo que venga a solucionar otros problemas. Implica tener en cuenta, además, que lo importante en la función de un magistrado son sus sentencias y no el quantum de personal bajo su dependencia. Sin duda, cuando asumamos esto, el Poder Judicial podrá gozar de un régimen de autonomía o de un régimen de equiparación salarial que disipe la discusión permanentemente y nos convoque a la resolución de los problemas de la gente.
Para alcanzar estas metas, habremos de prever una etapa de transición, un tiempo prudente, así nos lo indica el ejemplo de otras provincias.
Es por esto que requerimos la aprobación del presupuesto tal como fue enviado a esta Honorable Legislatura.
Voy a expresar unas palabras a modo de conclusión: la sociedad, los ciudadanos del siglo XXI exigen una justicia eficiente; es cierto y es necesario, pero también exigen una justicia plena en valores.
Como ejemplarmente dijo Agustín Torrejón en su discurso de marzo de 1997: “Una justicia simplemente digna. Con esplendores y con grises, pero digna. De pie, vigilante y vigilada. Conocedores antiguos unos de otros, que da la cara, que pone el pecho, que se expone ante las fuerzas vivas, que se autocritica, que estudia y enseña. Sin interferencias, sin telefonazos, que juzga y que se juzga, sin traslados compulsivos, huérfana de ascensos involuntarios y carente de intervenciones. Y con magistrados ungidos ejemplarmente por rigurosos concursos de antecedentes y oposición, sin guiños del Ejecutivo y sin bendiciones corporativas del Judicial.”
Estimo en estas palabras toda una ética para el Poder Judicial. En última instancia, nuestra función se sostiene sobre los valores éticos como el compromiso profesional y personal, la solidaridad, la justicia, la libertad que dan sentido y significado a las acciones de nuestro Poder Judicial.
El camino está claramente marcado, la meta es mejorar el servicio con más eficacia, con más dignidad. Para ello contamos con un gran potencial humano y con recursos adecuados. Nos queda aceptar los desafíos sin resistencias estériles.
Es posible alterar las perspectivas pesimistas si sabemos que todavía hay personas que están comprometidas con defender la Justicia. La justicia se considera un bien colectivo y porque todavía hay quienes creen en que se pueden cambiar las cosas que seguimos trabajando como jueces, entretejiendo nuestra historia entre sueños utópicos y realidades contradictorias.
Son muchos los retos que debe encarar el Poder Judicial, quienes formamos parte de él estamos acostumbrados a los grandes desafíos que nos impone la historia. Pero vale la pena.
Es cierto que la Justicia en general ha perdido el prestigio que tenía antaño. Podríamos decir lo mismo de otras instituciones. El mundo cambió, ¡vaya novedad!, y nos tocan estas reglas de juego. Sin embargo, creer en utopías nos ayuda a transformar la realidad. La tensión entre lo deseable y lo posible es inevitable, pero como se ha dicho, hay que preparar una utopía de recambio, ya que cuando sobreviene la catástrofe, la utopía se impone como la única alternativa realista y razonable. Y cuando la voz de la palabra y el poder de las ideas sean el último recurso, la utopía será nuestra única arma para alentar de nuevo a los vencidos y para cambiar el mundo que la vio nacer.
PRESIDENTE (Mac Karthy): Finalizado el discurso del doctor Rebagliati Russell, cumplido el objeto de la presente sesión especial, se levanta la misma.
- Eran las 10:37.

References: artículo 181
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 artículo 14
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