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Timestamp: 2019-08-22 07:44:39+00:00

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﻿ LEY 848 DE 2003
LEY 848 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LA LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
DIARIO OFICIAL N°:45370 DE NOVIEMBRE 13 DE 2003
LEY 848 DE 2003
“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004”.
Rentas del presupuesto general de la Nación.
B Recursos de capital 50.000.000.000
A Ingresos corrientes 2.960.000.000
B Recursos de capital 2.278.395.672
A. Ingresos corrientes 30.715.889.610
A Ingresos corrientes 5.609.096.375
B Recursos de capital 500.000.000
040300 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC
A Ingresos corrientes 15.638.963.989
B Recursos de capital 318.000.000
A Ingresos corrientes 31.553.610.000
B Recursos de capital 4.500.000.000
A Ingresos corrientes 24.366.393.000
B Recursos de capital 600.000.000
A Ingresos corrientes 47.552.715.518
B Recursos de capital 1.150.000.000
A Ingresos corrientes 4.127.027.311
B Recursos de capital 497.745.980
A Ingresos corrientes 25.499.500.000
A Ingresos corrientes 60.883.738.158
B Recursos de capital 7.671.500.000
A Ingresos corrientes 68.070.738.000
B Recursos de capital 1.994.664.000
A Ingresos corrientes 167.875.292.876
B Recursos de capital 180.000.000
A Ingresos corrientes 79.131.553.150
B Recursos de capital 800.000.000
A Ingresos corrientes 55.458.387.676
B Recursos de capital 700.000.000
A Ingresos corrientes 24.957.601.428
B Recursos de capital 400.000.000
A Ingresos corrientes 141.411.420
B Recursos de capital 65.407.300
A Ingresos corrientes 20.967.391.339
B Recursos de capital 1.143.000.000
A Ingresos corrientes 77.671.720.551
B Recursos de capital 1.350.000.000
A Ingresos corrientes 287.445.743.000
B Recursos de capital 1.702.000.000
A Ingresos corrientes 99.626.378.000
A Ingresos corrientes 20.889.200.000
B Recursos de capital 350.000.000
170300 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora en liquidación
A Ingresos corrientes 149.366.000
B Recursos de capital 2.514.700.000
170500 Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT en liquidación
B Recursos de capital 98.700.000
171200 Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA en liquidación
B Recursos de capital 289.168.000
171300 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural — Incoder
A Ingresos corrientes 16.581.277.000
B Recursos de capital 5.420.600.000
210300 Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear — Ingeominas
A Ingresos corrientes 4.991.000.000
210900 Unidad de Planeación Minero Energética – UPME
A Ingresos corrientes 8.523.500.000
211000 Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE
A Ingresos corrientes 4.781.035.000
B Recursos de capital 1.238.500.000
211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
A Ingresos corrientes 1.821.258.855.000
A Ingresos corrientes 24.889.053.406
B Recursos de capital 1.000.000.000
220300 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – Icetex
A Ingresos corrientes 104.866.133.656
B Recursos de capital 31.614.448.544
A Ingresos corrientes 328.657.614
A Ingresos corrientes 121.734.267
A Ingresos corrientes 2.525.394.363
A Ingresos corrientes 7.400.000
A Ingresos corrientes 23.758.976.047
B Recursos de capital 200.000.000
A Ingresos corrientes 785.032.893
A Ingresos corrientes 1.591.553.553
B Recursos de capital 233.615.763
A Ingresos corrientes 973.505.504
B Recursos de capital 39.300.000
A Ingresos corrientes 637.335.007
A Ingresos corrientes 1.891.936.000
A Ingresos corrientes 839.814.308
A Ingresos corrientes 515.905.237
A Ingresos corrientes 242.480.487
A Ingresos corrientes 213.875.461
A Ingresos corrientes 199.105.362
A Ingresos corrientes 274.470.000
A Ingresos corrientes 564.002.111
A Ingresos corrientes 410.748.867
A Ingresos corrientes 165.058.198
A Ingresos corrientes 12.592.000
A Ingresos corrientes 256.907.115
A Ingresos corrientes 242.768.676
225400 Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, ITSA
A Ingresos corrientes 1.053.792.146
A Ingresos corrientes 338.995.766
A Ingresos corrientes 110.932.090.000
B Recursos de capital 5.161.500.000
A Ingresos corrientes 34.754.728.800
B Recursos de capital 52.132.093.200
A Ingresos corrientes 363.143.350.000
B Recursos de capital 10.771.700.000
240300 Fondo Nacional de Caminos Vecinales en liquidación
B Recursos de capital 310.200.000
A Ingresos corrientes 281.922.100.000
B Recursos de capital 9.433.400.000
A Ingresos corrientes 7.000.000.000
A Ingresos corrientes 566.830.900
B Recursos de capital 10.281.716.399
A Ingresos corrientes 10.006.048.427
B Recursos de capital 1.198.403.660
B Recursos de capital 980.577.150
A Ingresos corrientes 221.197.600
A Ingresos corrientes 4.702.000.000
A Ingresos corrientes 6.650.000.000
B Recursos de capital 150.000.000
A Ingresos corrientes 50.000.000
B Recursos de capital 15.285.100.000
324100 Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda
B Recursos de capital 10.000.000.000
A Ingresos corrientes 714.724.093
B Recursos de capital 430.000
A Ingresos corrientes 94.647.906
A Ingresos corrientes 9.243.205.787
B Recursos de capital 6.000.000
A Ingresos corrientes 62.500.000
A Ingresos corrientes 41.141.700.000
B Recursos de capital 3.700.000.000
A Ingresos corrientes 86.576.000.000
B Recursos de capital 47.088.000.000
C Contribuciones parafiscales 573.362.883.000
A Ingresos corrientes 12.032.853.000
B Recursos de capital 2.785.637.500
360400 Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria en liquidación
A Ingresos corrientes 12.344.029.000
B Recursos de capital 9.017.133.000
A Ingresos corrientes 33.999.139.000
B Recursos de capital 1.122.000.000
A Ingresos corrientes 1.596.180.000
B Recursos de capital 50.000.000
A Ingresos corrientes 9.553.200.000
B Recursos de capital 16.639.000.000
C Contribuciones parafiscales 1.138.781.423.000
A Ingresos corrientes 9.602.600.000
A Ingresos corrientes 12.940.198.000
B Recursos de capital 1.052.000.000
A Ingresos corrientes 196.174.249.840
B Recursos de capital 7.282.825.545
A Ingresos corrientes 89.900.000
B Recursos de capital 450.000.000
A Ingresos corrientes 855.725.503
B Recursos de capital 6.359.290.445
ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por valor de: setenta y seis billones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos dos millones doscientos veintiún mil ochocientos cincuenta pesos moneda legal ($ 76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación:
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible en Sentencia C-931 de 2004, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra de la Corte Constitucional condicionado a que:
El gobierno y el Congreso, al momento de definir concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica 3.2.11.8.4 de la presente sentencia. Es decir, la ley de presupuesto examinada solo puede tenerse como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o altos.
En el entendido que según el cual las autoridades competentes, es decir, el gobierno y el Congreso, deberán respetar el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual en los términos del artículo 53 y del último inciso del artículo 48 de la Constitución Política. En consecuencia, para esos propósitos el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aun no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004.
Con el condicionamiento según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas necesarias para mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de cobertura y calidad del servicio público de educación superior, en los términos de la parte motiva de la presente sentencia. En consecuencia, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aun no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004. Además, esto es sin perjuicio de mantener la actualización de los salarios de los servidores públicos de las universidades, teniendo en cuanta como mínimo lo previsto en esta sentencia, en especial la consideración jurídica 3.2.11.8.4)
NOTA: Los cuadros se pueden consultar en el Diario Oficial 45.370, del 13 de noviembre de 2003.
ART. 5º—Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánicas del presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas.
Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
ART. 7º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de tesorería, TES, clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el presupuesto general de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto general de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.
ART. 10.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto.
ART. 19.—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
ART. 20.—Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2004. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.
Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dirección general del presupuesto público nacional.
ART. 24.—La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 6º de la presente ley requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la dirección general del presupuesto público nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los presidentes de las ramas del poder público y los operativos de la fuerza pública y el Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”.
ART. 25.—Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de estos.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – dirección general del presupuesto público nacional.
El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – dirección general del presupuesto público nacional.
ART. 26.—Los órganos de que trata el artículo 6º de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con programa anual mensualizado de caja – PAC aprobado.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – dirección general del presupuesto público nacional hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
ART. 28.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – dirección general del presupuesto público nacional de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2004.
ART. 29.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – dirección general del presupuesto público nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 6º de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el plan financiero, en la programación macroeconómica del Gobierno Nacional y en el programa anual de caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la dirección general del presupuesto público nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
ART. 30.—Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del presupuesto general de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
ART. 33.—(Modificado).* Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al presupuesto general de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
*(Nota: Modificado por la Ley 917 de 2004 artículo 5º).
ART. 36.—Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2003, los dineros sobrantes serán reintegrados a la dirección general del tesoro nacional.
Los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2004, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección General del Tesoro Nacional.
PAR.—Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deberán realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2004. Los mismos funcionarios reintegrarán los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2005.
ART. 40.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la dirección general del presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo, para lo cual el solicitante deberá indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados.
ART. 41.—Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto.
ART. 42.—Los órganos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
ART. 43.—En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
ART. 44.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2003, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2004.
ART. 45.—Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.
ART. 46.—La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo, causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto fondo del pasivo prestacional del sector salud, y para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrán emitir los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. La emisión de los bonos o títulos de que trata este artículo, no implica operación presupuestal alguna y sólo deberán presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996.
ART. 47.—El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2004 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 344 de 1996. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado estatuto.
ART. 49.—La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, a los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, así como el servicio de telegrafía prestado por esta de manera directa, o a través de otras empresas, a la rama judicial.
ART. 50.—La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los grupos de acción unificada por la libertad personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.
ART. 51.—Para la vigencia fiscal de 2004 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.
ART. 52.—Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del sistema financiero.
ART. 53.—Los órganos de que trata el artículo 6º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2004, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.
En general, todos los gastos de inversión de los órganos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley requiere del previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
ART. 55.—En desarrollo del artículo 119 del estatuto orgánico del presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1999 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las empresas de servicios públicos de energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.
La Nación – Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2004, hasta por la suma de veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas correspondientes a las zonas no interconectadas, con los recursos de que trata el artículo 82 de la Ley 633 de 2000.
ART. 57.—La ejecución de los recursos que deban ser girados al fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales con cargo al presupuesto general de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.
ART. 58.—(Modificado).* Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, y los aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las audiencias públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6º de la Ley 812 de 2003 podrán ser ejecutados directamente por las entidades especializadas del sector transporte, o mediante convenios con las entidades territoriales. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias.
*(Nota: Modificado por la Ley 917 de 2004 artículo 9º).
ART. 59.—El Gobierno Nacional podrá, prioritariamente, adicionar el gasto de vivienda de interés social, si durante la vigencia fiscal de 2004 se presentan las siguientes condiciones: a) que el monto de las utilidades de 2003 que el Banco de la República debe transferir a la Nación, sea superior al estimado en la presente ley, y b) que el resultado del balance cuasi-fiscal del Banco de la República en 2004 sea superior al previsto en el balance del sector público consolidado que se estima al cierre de 2004. Para tales efectos, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley para adicionar dichos recursos.
ART. 60.—Los recursos destinados a subsidios de vivienda de interés social urbanos y rurales, se adjudicarán siempre a través de convocatorias públicas, conforme lo establece la Ley 546 de 1999.
ART. 61.—El Gobierno Nacional, conforme al compromiso adquirido con el Distrito Capital de Bogotá, D.C., para la financiación de la avenida longitudinal de occidente, expedirá las vigencias futuras correspondientes que permitan la continuidad de la obra.
ART. 62.—Los jefes de los órganos o sus delegados territoriales que conforman el presupuesto general de la Nación, atenderán en forma prioritaria el pago de los servicios públicos y los impuestos territoriales. El incumplimiento de la presente disposición es causal de mala conducta.
ART. 63.—El cumplimiento del artículo 80 de la Ley 812 de 1993, y en caso de no ser posible el cruce de cuentas, el Gobierno Nacional a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional suscribirán con las respectivas entidades territoriales los correspondientes acuerdos de pago para el saneamiento de las deudas que estas últimas tienen con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones que se financiaban con los recursos del situado fiscal y que estuvieren vigentes a 31 de diciembre de 2001, los cuales se atenderán con cargo al servicio de la deuda.
ART. 64.—Los excedentes del sistema general de participaciones para educación, se destinarán en su totalidad para programas de mejoramiento de la calidad de la educación, en los términos del artículo 88 del plan nacional de desarrollo.
ART. 65.—En el presupuesto asignado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, modifícase la leyenda de la partida contenida en el literal c), programa 111, subprograma 1101, subproyecto 1, así: análisis, diseño y construcción distrito de adecuación de tierras Ariari, Meta, triángulo del sur departamento del Tolima. previo concepto DNP.
ART. 67.—Con el fin de continuar con la política del programa de renovación de la administración pública, derogase el artículo 14 de la Ley 368 de 1997.
ART. 68.—Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.
ART. 69.—Corregir el nombre de la sección presupuestal 3604 – caja de previsión social de la Superintendencia Bancaria, Capresub, agregando el texto “en liquidación”, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2398 del 25 de agosto de 2003.
ART. 70.—El Gobierno Nacional adelantará las gestiones conducentes para garantizar la financiación de los programas de renovación de cédulas y de realizar el censo nacional de población.
ART. 71.—Los proyectos de mantenimiento vial financiados con recursos provenientes de la sobretasa del ACPM y gasolina, y los proyectos de mantenimiento de vías troncales se ejecutarán previo concepto DNP.
ART. 72.—Modifícase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: “De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PAR 1º—Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual, este beneficio se otorgará solo para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.
PAR 2º—Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados.
(Nota: Véase Decreto 3787 de 2003 artículo 76 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 73.—El Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal de 2004 presentará al Congreso de la República una adición al presupuesto del Ministerio de Agricultura de un mínimo del 50% de las utilidades del año 2003 del Banco Agrario S.A., para programas y proyectos de inversión del sector agropecuario y rural.
ART. 74.—Los recursos con destino a las entidades públicas que tengan la obligación de atender, la infancia y la adolescencia en los ámbitos de la educación, salud, nutrición, la seguridad social para las madres cabeza de familia, el desplazamiento forzado serán orientados con especial prioridad a la atención de la infancia y la adolescencia indígena y afrodescendientes según lo ordena el compromiso constitucional con la diversidad, la justicia y la solidaridad.
ART. 75.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004.

References: artículo 53
 artículo 48
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 224
 artículo 5
 artículo 39
 artículo 6
 artículo 69
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 29
 artículo 257
 artículo 258
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 119
 artículo 18
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 80
 artículo 88
 artículo 14
 artículo 107
 artículo 80
 artículo 76