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Timestamp: 2019-09-16 20:55:57+00:00

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Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia. TÍTULO II. Organización.
Artículo 4 Los órganos
La Autoridad Catalana de la Competencia se estructura en los siguientes órganos:
b) El director general o directora general.
c) El Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia.
1. El presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia es nombrado por el Gobierno, por un período de seis años no renovable, a propuesta del consejero o consejera responsable de la política de promoción y defensa de la competencia, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de actuación de la Autoridad.
2. En ejercicio de sus funciones, el presidente o presidenta actúa con independencia plena y absoluta, y se somete al régimen de incompatibilidades aplicable a los altos cargos de la Generalidad. No puede nombrarse presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia a ninguna persona que, directa o indirectamente, en el período de los dos años anteriores a la fecha del nombramiento, haya comparecido ante los órganos de defensa de la competencia de la Generalidad en calidad de persona interesada o de representante de alguna persona interesada. De igual modo, el presidente o presidenta, una vez haya cesado en el cargo, debe abstenerse de intervenir en los procedimientos iniciados durante su mandato.
3. Son causas de cese del presidente o presidenta:
a) La renuncia escrita, aceptada por el Gobierno.
d) La condena firme por delito doloso.
e) La incapacidad permanente.
f) El incumplimiento grave de los deberes del cargo, cuando sea declarado por resolución administrativa firme.
4. Son causas de suspensión en el ejercicio del cargo de presidente o presidenta:
a) El auto de cárcel o de procesamiento por delito doloso.
b) La declaración de incapacitado transitoria.
c) La sentencia firme condenatoria que imponga como pena principal o accesoria la suspensión para el ejercicio de cualquier cargo público.
5. El cese o la suspensión en el ejercicio de las funciones de presidencia debe acordarse por el Gobierno de la Generalidad, si se produce alguna de las circunstancias determinadas por el presente artículo.
Artículo 6 Funciones del presidente o presidenta
1. Son funciones del presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia:
a) Ejercer la dirección superior de la Autoridad.
b) Ejercer la representación institucional y la ordinaria de la Autoridad.
c) Firmar los convenios de colaboración.
d) Proponer la modificación de la relación de puestos de trabajo y la oferta pública de ocupación.
e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
f) Aprobar el gasto y actuar como órgano de contratación.
g) Ejercer el mando superior del personal.
h) Designar, si procede, a los representantes en los órganos de resolución de conflictos en materia de defensa de la competencia.
i) Presidir el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, órgano de resolución, arbitraje y recomendación con relación a los estudios e informes sobre ayudas públicas.
j) Acordar, previa consulta al Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, la impugnación ante la jurisdicción competente de las normas y los actos sujetos al derecho administrativo de las administraciones públicas que considere que obstaculizan la libre competencia, de conformidad con la legislación estatal sobre competencia.
k) Cooperar y colaborar, en nombre de la Autoridad Catalana de la Competencia, con los reguladores sectoriales en el ejercicio de sus respectivas funciones y en los asuntos de interés común. A tal efecto, puede habilitar mecanismos de información y comunicación con los órganos reguladores sectoriales, y de solicitud a estos órganos de informes no vinculantes, en el marco de los expedientes de aplicación de la legislación sobre competencia.
l) Aportar información o presentar observaciones, en nombre de la Autoridad Catalana de la Competencia, por iniciativa propia o a instancia del órgano judicial, a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de la normativa de la competencia, en los términos establecidos por la Ley del Estado 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. A tal efecto, la Autoridad puede solicitar al órgano jurisdiccional que le remita o haga que le remitan todos los documentos necesarios para efectuar una valoración del asunto.
m) Cualquier otra función que no esté específicamente atribuida a otro órgano de la Autoridad.
2. Las funciones de representación del presidente o presidenta son delegables en el director general o directora general y en los vocales del Tribunal. Las funciones gerenciales del presidente o presidenta relacionadas con el funcionamiento ordinario del organismo son delegables en el director general o directora general y en el secretario general o secretaria general.
Artículo 7 El director general o directora general
1. El director general o directora general de la Autoridad Catalana de la Competencia es nombrado por el Gobierno entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de actuación de la Autoridad, y le es de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido por el artículo 5 para el presidente o presidenta de la Autoridad. El director general o directora general cesa en el cargo por acuerdo del Gobierno.
Número 1 del artículo 7 redactado por Artículo único de Ley 2/2011, de 11 de mayo, de modificación de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia. («D.O.G.C.» 17 mayo)Vigencia: 18 mayo 2011
2. El director general o directora general depende, orgánica y funcionalmente, del presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia, excepto en las cuestiones relacionadas con el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 8.1.a, en que su dependencia es meramente orgánica.
Artículo 8 Funciones del director general o directora general
1. Son funciones del director general o directora general:
a) Con relación a las funciones derivadas del ejercicio de las competencias ejecutivas de la Generalidad en la materia:
Primera. Incoar e instruir los expedientes.
Segunda. Efectuar las propuestas de resolución y archivo.
Tercera. Ejercer las funciones que la legislación de competencia atribuye al órgano de instrucción en materia de concentraciones empresariales. Véase Res. 5 mayo 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia («B.O.E.» 23 junio). Véase Res. 13 noviembre 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia («B.O.E.» 15 diciembre).
Cuarta. Vigilar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal y efectuar su seguimiento.
Quinta. Proponer al Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia la terminación convencional del procedimiento cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente, siempre que el interés público quede suficientemente garantizado.
Sexta. Aplicar los mecanismos de designación de órgano competente, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Estado 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
b) Con relación a las funciones de informe de regulación:
Primera. Informar, durante la tramitación, sobre los proyectos de ley, los decretos o las órdenes que, por su contenido económico, puedan incidir, a criterio del órgano impulsor de la norma, en las condiciones de competencia en el mercado, incluidos los obstáculos y las cargas administrativas innecesarias. Dichos informes deben ser evacuados en el plazo de quince días hábiles.
Segunda. Efectuar propuestas de cambios normativos con la finalidad de favorecer la competencia y mejorar la calidad procompetitiva de la regulación.
Tercera. Elaborar informes sobre la actuación de las administraciones públicas desde la perspectiva de la competencia.
Cuarta. Proponer a las administraciones públicas la adopción de medidas encaminadas a eliminar las restricciones a la competencia, en particular, las barreras de entrada, resultantes de su actuación.
Quinta. Informar, en los términos establecidos por la normativa de competencia aplicable, de los efectos que sobre la competencia tienen las ayudas públicas otorgadas a empresas por las administraciones públicas de Cataluña.
c) Con relación a las funciones de análisis:
Primera. Realizar estudios de sectores y mercados en materia de competencia, a fin de conocer mejor el funcionamiento de los diversos mercados y, eventualmente, permitir la detección de indicios de situaciones contrarias a la libre competencia.
Segunda. Elaborar publicaciones y organizar actividades de divulgación en materia de competencia.
Tercera. Informar, asesorar y efectuar recomendaciones sobre diferentes aspectos relativos a la competencia, así como proponer al Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia recomendaciones con relación a los estudios e informes sobre ayudas públicas.
Cuarta. Realizar estudios en los sectores en que las estructuras de mercado, las conductas u otros factores pueden producir efectos negativos sobre la competencia efectiva y sobre los consumidores y usuarios.
Quinta. Emitir los informes que la legislación sectorial atribuye a los órganos de promoción y defensa de la competencia, con relación a la actividad de los operadores económicos.
2. Las funciones que asume el director general o directora general a que se refiere el apartado 1, letras a, b y c, son ejercidas, respectivamente, mediante el Área de Instrucción de Expedientes, el Área de Informes de Regulación y el Área de Análisis de Mercado.
Artículo 9 El Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia
1. El Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia está integrado por el presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia, que lo preside, por dos vocales y por el secretario general o secretaria general de la Autoridad, este último con voz pero sin voto.
2. El cargo de vocal del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia no demanda dedicación absoluta, si bien los vocales tienen derecho a recibir una compensación económica por cada acto jurídico dictado o por su asistencia a las sesiones y por la elaboración de trabajos relacionados con sus tareas que les sea encomendada, en los términos establecidos por el presupuesto de la Autoridad Catalana de la Competencia de cada ejercicio.
3. Los vocales del Tribunal se someten a los regímenes de nombramiento, cese, suspensión y duración del cargo que establece el artículo 5 para el presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia.
4. El cargo de vocal del Tribunal es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad que pueda comprometer la independencia en el ejercicio de las tareas que le son propias y, en particular, con cualquier actividad profesional que tenga relación directa con el ámbito de actuación del Tribunal. Tampoco pueden ser nombradas vocales las personas que, directa o indirectamente, en el período de los dos años anteriores a la fecha del nombramiento, hayan comparecido ante los órganos de defensa de la competencia de la Generalidad en calidad de persona interesada o de representante de alguna persona interesada.
5. Los vocales, una vez han cesado en el cargo, deben abstenerse de intervenir en los procedimientos iniciados durante su mandato.
Artículo 10 Funciones del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia
1. Las funciones del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia se concretan en las de resolución, arbitraje y recomendación con relación a los estudios e informes sobre ayudas públicas, y son ejercidas con plena independencia y sumisión al ordenamiento jurídico.
2. Son funciones del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia:
a) Deliberar y resolver los expedientes presentados por el director general o directora general que, de conformidad con la presente ley y con la normativa reguladora de la defensa de la competencia, le son de aplicación y le corresponden. Las funciones se concretan en resolver todos los expedientes incoados, acordar el archivo de las denuncias, resolver la terminación convencional del procedimiento sancionador y ejercer las funciones de arbitraje que le encomienden las leyes.
b) Ejercer las funciones que la legislación de competencia atribuye al órgano colegiado en materia de concentraciones empresariales. Véase Res. 5 mayo 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia («B.O.E.» 23 junio). Véase Res. 13 noviembre 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia («B.O.E.» 15 diciembre).
c) Emitir, a iniciativa propia o a propuesta del director general o directora general, recomendaciones derivadas de estudios e informes sobre ayudas públicas otorgadas a empresas por las administraciones públicas de Cataluña.
Artículo 11 Funcionamiento del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia
1. Al efecto de las sesiones, las deliberaciones y la adopción de los acuerdos, se entiende que el Tribunal está constituido válidamente en presencia del presidente o presidenta y del secretario o secretaria, o de las personas que los sustituyan, y, al menos, la mitad de los vocales nombrados. Estas personas deben haber sido debidamente convocadas con una antelación, como mínimo, de cuarenta y ocho horas y con el correspondiente orden del día. Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Asimismo, y sin previa convocatoria, el Tribunal puede reunirse cuando estén presentes todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
2. Los acuerdos han de adoptarse por mayoría de votos de los miembros asistentes del Tribunal, los cuales no pueden abstenerse. En caso de empate es determinante el voto de calidad del presidente o presidenta del tribunal o del vocal o la vocal que lo sustituya. Los miembros del Tribunal no pueden intervenir en el procedimiento si incurren en una causa de abstención o se plantea una recusación; en dicho caso se aplica la legislación sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.
3. En cuanto al funcionamiento del Tribunal, corresponde a su presidente o presidenta:
b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día, a iniciativa propia o de los vocales.
c) Ordenar y dirigir los debates.
d) Autorizar con su firma los actos y las certificaciones que debe expedir el secretario general o secretaria general, con relación a los actos y las resoluciones dictados por el Tribunal.
e) El resto de funciones que le corresponden de conformidad con el procedimiento de aplicación.
4. Las funciones descritas por el apartado 3.ª y b son delegables en los vocales del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia.
Artículo 12 Otras tareas
Los vocales del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia participan, en los términos establecidos en su reglamento interno de funcionamiento, en las tareas relacionadas con las funciones de promoción de la competencia del artículo 8.1.b y c, exceptuando las que sean de elaboración de propuestas de recomendación que el director general o la directora general deba elevar al Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia.
Artículo 13 La Secretaría General
1. La Secretaría General depende del presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia y se configura como órgano de apoyo material, administrativo y técnico del organismo, así como de asesoramiento jurídico, sin perjuicio, en este caso, de lo establecido por la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y su normativa de desarrollo.
a) Con relación al funcionamiento de la Autoridad Catalana de la Competencia:
Primera. Encargarse del Registro.
Segunda. Preparar, de conformidad con las instrucciones recibidas, el anteproyecto de presupuesto, la memoria de actividades y el programa anual de actuaciones.
Tercera. Realizar la gestión presupuestaria, financiera, contable y patrimonial del organismo autónomo, así como la gestión de los medios personales y materiales que se adscriben al mismo.
Cuarta. Custodiar los expedientes en las diferentes fases de tramitación, efectuar las notificaciones y hacer cualesquiera otras actuaciones de carácter administrativo que se deriven del procedimiento.
Quinta. Las funciones que le delegue el presidente o presidenta de la Autoridad, así como las que se deriven de la presente ley y de las normas de desarrollo.
b) Con relación al funcionamiento del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia:
Primera. Preparar y enviar las convocatorias de las sesiones, de conformidad con las instrucciones del presidente o presidenta del Tribunal.
Segunda. Dar fe del contenido de las deliberaciones, mediante la elaboración de las correspondientes actas, que están bajo su custodia.
Tercera. Asesorar en derecho al Tribunal y a sus miembros.
Cuarta. Emitir, con el visto bueno del presidente o presidenta del Tribunal, los certificados relativos a los acuerdos de dicho órgano.
3. Corresponde al consejero o consejera del departamento responsable de la política de promoción y defensa de la competencia, a propuesta del presidente o presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia, nombrar al secretario general o secretaria general, que ha de ser un funcionario o funcionaria del grupo A1 de la Administración de la Generalidad que tenga el grado o la licenciatura en derecho.

References: Artículo 4
 resolución 

Artículo 6
 resolución 

Artículo 7
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8

Artículo 8
 resolución 

Artículo 9
 artículo 5

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 8

Artículo 13