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Timestamp: 2019-08-18 09:39:58+00:00

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Los autores consultados encuentran que el origen de la denominada jurisdicción ~·oluntaría se halla en el Derecho romano, en el que ya se distinguía entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. La primera, que compete al magistrado, consistía en la facultad de instaurar un procedimiento judicial dirigido a resolver las controversias privadas. Esa función fue ejercida por el Rexy en la República por el Pretor, o por uno de los magistrados mayores con ímperium y que aplicaba el Dere- cho. Opuesta a la jurisdicción contenciosa se halla la jurisdicción volunta- ria. Gutiérrez Álviz la define como aquella en la que el magistrado inter- viene sin litigio o conflicto, colaborando en la celebración de un acto o negocio jurídico. El magistrado romano no estaba facultado para realizar actos de ju- risdicción contenciosa sino sólo dentro del perímetro de su competencia territorial y en su tribunal; por el contrario, estaba facultado para ejercer la jurisdicción voluntaria en cualquier lugar. Rafael Gómez Ferrer Sapiña cita las siguientes características que des- criben la jurisdicción voluntaria:
A) Voluntariedad para las partes, no para el magistrado. El vocablo
«voluntaria» no alude -según afirma Fernández de Bujan- a que el ma-
gistrado, por propia voluntad, pueda conceder o negar su participación, porque ésta constituye un deber cuando la participación del magistrado se ejerce entre personas que espontánea y voluntariamente reclaman su intervención y que están de acuerdo de antemano sobre el resultado de la misma, con la particularidad de que tal acuerdo debe persistir hasta el momento de la resolución del magistrado, sin que del mismo se derive un perjuicio para los derechos de terceras personas.
B) Ausencia de conflicto de intereses entre las partes. En los supuestos de
jurisdicción voluntaria no hay un conflicto de intereses entre las partes sino que el magistrado se limita a sancionar, ratificar, legitimar o colabo- rar en la constitución de una situación o relación jurídica; vale decir, en palabras de Volterra, que la actividad del magistrado consiste sólo en
recibir y sancionar con su presencia las declaraciones y la postura pasiva de las partes, suponiendo todo ello una especie de control de legalidad de la actuación del concurrente o de los concurrentes. C)Asesoramiento de las partes. No existiendo partes adversas, la parti- cipación del magistrado consistía, incluso en los tiempos más antiguos, en el asesoramiento de los concurrentes.
Competencia notarial de los asuntos no contenciosos
El Tabullario, antecedente del notario, era un magistrado. En el De- recho castellano se separa la función de escribano y chanciller («nota- rio», en latín). El primero era el redactor de los actos y contratos que en la actualidad se conocen como de jurisdicción voluntaria. Para su san- ción necesitaban de la intervención del segundo de los nombrados, quien guardaba los sellos del señor y le indicaba el que debía usar en cada ocasión. Dupuy encuentra en la fusión de estos personajes el anteceden- te castellano de los notarios. La referencia al Derecho castellano resulta particularmente interesante por ser el vigente durante el virreinato. Sin embargo, el momento político que se vive con el advenimiento de la república aleja el Derecho castellano para acercarse más al pensamiento francés y al Code, que había unificado la legislación civil. Dupuy da cuenta de cómo los procedimientos no contenciosos, que históricamente se habían realizado ante notarios, se incluyeron en el Código de Procedimientos Civiles como atribuciones del Poder Judi- cial, a pesar de que, según señala Miguel de la Lama, en la exposición de motivos se dejó constancia de que:
«El proyecto dedica su última seccton a todos los actos declarativos de un derecho no contradicho inmediatamente y que tiene lugar ante la autoridad judicial. La intervención de ésta de- termina la diferencia entre estos actos y los puramente adminis- trativos, y la carencia de contención que los separa de lo controvertible. En los procedimientos de que se ocupa esta sec- ción, no se trata de resolver cuestiones jurídicas sobre derechos objetados, ni de hacer efectivas obligaciones contradichas: se so- lemniza un acto por voluntad espontánea de los interesados úni-
camente.»2.
La doctora Liova Schiaffino da cuenta de que en el Perú no existe una definición precisa sobre jurisdicción voluntaria. Sin embargo, en nues- tro ordenamiento jurídico, desde el Código de Procedimientos Civiles del año 1912 se consignan los procedimientos no contenciosos, diferen- ciándolos de los procesos jurisdiccionales. Esta distinción se mantiene en el Código Procesal Civil al señalar en el artículo 7 49 cuáles son los procesos no contenciosos.
Citado por DUPUY, Fernando La jurisdicción voluntaria en el Perú, p. 160.
2 ¿Es la llamada jurisdicción voluntaria una verdadera jurisdicción?
De conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. El artículo 1 de la ley orgánica del Poder Judicial, aprobada por decreto legislativo 767, ratifica lo establecido por la norma constitucional cita- da. El artículo 2 del Código Procesal Civil encarga al Poder Judicial la «solución de los conflictos de intereses intersubjetivos)) o de «incerti- dumbre jurídica)). Vemos que la función conferida al Poder Judicial por el ordenamiento jurídico es la de discernir justicia en nombre del Esta- do, dirimiendo los conflictos de intereses o aplicando sanciones cuando se altera la paz social mediante la violación del Derecho. Es en virtud de esta legislación positiva que la función jurisdiccional en el Perú se orien- ta a la solución de conflictos de intereses y contiendas. A decir del doc- tor Mario Alzamora Valdez, en su obra Derecho procesal civil. Teoría del proceso civil «si esa jurisdicción se ejerce cuando no existe conflicto,[ no es propiamente tal.)) Recurrir al Poder Judicial para encontrar una solución es propio de las relaciones jurídicas en conflicto; no es la forma natural de las relacio- nes sociales. Sólo en caso de desacuerdo de los litigantes se debe dar el proceso judicial. En los llamados procesos no contenciosos el elemento de conflicto inter partes está ausente. Por esta razón, muchos autores han considera- do a la jurisdicción voluntaria como una de carácter administrativo. El au- tor Rafael Gómez Ferrer, en su obra Jurisdicción voluntaria y función no- tarial, cita diversas opiniones en tal sentido. El procesalista Guasp señala que: «la jurisdicción voluntaria no es una figura jurídica procesal autén- tica, sino una figura administrativa que por razones de diversa índole se confía a órganos judiciales)). En similar sentido se manifiestan Carnelutti, Chiovenda y Alsina. Para Chiovenda «no puede incluirse entre las acti- vidades jurisdiccionales a la llamada jurisdicción voluntaria, que no es en absoluto jurisdicción)), calificando la contraposición entre jurisdicción voluntaria y contenciosa como impropia. Alsina sostiene que la llamada jurisdicción voluntaria es uno de los «supuestos en los que el juez ejerce funciones administrativas)). Entre los autores peruanos, Francisco Velasco Gallo afirma que: «la jurisdicción graciosa o jurisdicción administrativa, llamada voluntaria, es aquella en la que el juez realiza funciones adminis- trativas y las ejerce cuando los particulares solicitan su intervención para
el perfeccionamiento o legalización de determinados actos[
siempre[
] se ejerce
... ] a solicitud o por consentimiento de las dos partes».
Por esta razón gran parte de la doctrina se ha manifestado en contra
del término jurisdicción voluntaria y prefiere referirse a actos no conten-
ciosos. Sostienen los autores que no se trata propiamente de una jurisdic- ción por no suponer conflicto ni litigio alguno, por no existir partes con intereses contrapuestos y porque la resolución que se expide no compo- ne ninguna litis.
3 Los asuntos no contenciosos en la legislaci6n comparada
La asignación de competencia a los notarios en los asuntos no conten- ciosos ha sido vista por diversos Estados como una alternativa impos- tergable a los problemas originados por la congestión del trabajo juris- diccional y en procura de una mejor asignación de recursos y concentra- ción de los mismos en asuntos litigiosos. Es así que muchos países han transferido la competencia de los asuntos no contenciosos a la esfera notarial. Podemos citar entre ellos a Alemania, Austria, España, Luxem- burgo e Italia. Entre los latinoamericanos cabe destacar de manera espe- cial las legislaciones de Guatemala y.,Colombia, aunque también han regulado este tema en igual sentido Argentina, México y El Salvador. Si bien es cierto que la cantidad de los asuntos no contenciosos trans- feridos a los notarios no es igual en todos los casos, a manera de ilustra- ción podemos mencionar algunos de ellos:
1) Inscripción y rectificación de partidas. 2) Cambio de nombre a menores de edad. 3) Patrimonio familiar. 4) Disposición de bienes de menores, incapaces y ausentes. 5) Adopción. 6) Separación de cuerpos por mutuo disenso. 7) Divorcio por mutuo disenso. 8) Declaración de ausencia. 9) Comprobación de estado de gravidez. 1 O) Apertura de testamentos cerrados. 11) Protocolización de testamentos ológrafos. 12) Partición extrajudicial de herencia. 13) Declaratoria de herederos. 14) Inventarios.
Vemos cómo con la aprobación de este proyecto el Perú se insertaría en la corriente de las legislaciones modernas, que encuentran en este
Bases Teoricas_rev. Literatura
Glosario Ana Gabriela Peñate
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References: resolución 
 artículo 7
 artículo 138
 artículo 1
 artículo 2
 resolución