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Romper el blindaje para hacer justicia | Revista Jurista
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Publicado por: Juan José Llanes Gil Del Ángel en Blog julio 10, 2016
Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Especialista en Derecho Laboral y Amparo. Veinte años de ejercicio profesional como postulante
Si el candidato vencedor en la contienda para gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pretende cumplir su principal compromiso de campaña, y –en los términos en los que él mismo lo expresó- “encarcelar” a Javier Duarte de Ochoa y hacer que “devuelva” lo “robado”, tendrá primero que quebrar el blindaje legal que se construyó en los últimos años.
Un primer acercamiento al tema indica que a Javier Duarte de Ochoa podría imputársele la comisión de delitos federales y del fuero común; los primeros, en cuanto a su investigación, competen a la Procuraduría General de la República; los segundos, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Ambas instituciones preservan el monopolio del ejercicio de la acción penal, conditio sine qua non para que alguien vaya a la cárcel y se le procese.
A principios de 2015 se produjo una reforma sustancial al marco legal de la procuración de justicia en Veracruz, al reformarse la Constitución Política del Estado, creándose un organismo autónomo (la Fiscalía General de Veracruz), extinguiéndose la Procuraduría General de Justicia, y desprendiéndose –en consecuencia- el Ministerio Público del ámbito del Poder Ejecutivo.
De tal manera, el Artículo 67 de la Constitución Política reformada, dispone:
“Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado”.
Y se estipuló, en la fracción primera de este dispositivo, que sería un organismo autónomo “denominado Fiscalía General” el encargado de “I. La procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que rigen la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito”.
La razón por la cual el señor Luis Ángel Bravo Contreras es el actual Fiscal General del Estado se explica a partir de la lectura del Artículo quinto transitorio de la reforma: “El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones al entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General, quedará designado a partir de ese momento, Fiscal General del Estado por el tiempo previsto en el artículo 67, fracción I, inciso c) de esta Constitución”.
Por tanto, como el Procurador General de Justicia del Estado que se encontraba en funciones al entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General era Bravo Contreras, él quedo designado como titular de este organismo. Como Procurador General de Justicia, fue designado por el Congreso del Estado, a propuesta de Javier Duarte de Ochoa quien, antes de eso, lo hizo Subprocurador y le encargó el despacho de la PGJ a la renuncia de Felipe Amadeo Flores Espinosa. El inciso c) de la fracción I del Artículo 67 de la Constitución local (al que se alude en el párrafo anterior), establece que “El Fiscal General durará en su encargo nueve años”.
En el número extraordinario 044 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz (de 30 de enero de 2015), se publicaron dos decretos: el 553 (“Por el que se declara expresamente la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”), y el 554 (“Por el que se designa al C. Luis Ángel Bravo Contreras, como Fiscal General del Estado, por un periodo de nueve años a partir de esta fecha”). En consecuencia, el periodo del C. Bravo Contreras como Fiscal General del Estado concluiría el 30 de enero del año 2024.
El día anterior, esto es, el jueves 29 de enero de 2015, en el número extraordinario 042 de la Gaceta Oficial del Estado, se había publicado ya la “Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, que indica que, entre las atribuciones del Ministerio Público, se encuentran investigar los delitos y “Ejercitar la acción penal, solicitando las órdenes de comparecencia, presentación, aprehensión o reaprehensión que sean procedentes;…” (Artículo 7º, En términos de lo antes anotado, cualquier denuncia en contra de funcionarios del régimen que concluye el 30 de noviembre de 2016, a los que se atribuya cualquier delito del fuero común vinculado al ejercicio público, tendría que ser investigada por una Fiscalía (que ya no depende del titular del Poder Ejecutivo), y tendría que ser este organismo el que determinase la procedencia del ejercicio de la acción penal.
Por tanto, se tendría que confiar en que un organismo cuyo titular es un funcionario que propuso Javier Duarte de Ochoa, sea el que lo investigue y, eventualmente, ejerza contra él la acción penal.
REMOVER AL FISCAL
Sin existir mecanismos que permitan la recusación del Fiscal General del Estado ante lo que –evidentemente- podría configurar un conflicto de interés en la investigación de delitos de los que se acusara al próximo ex gobernador, habría que atenerse a lo prescrito en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que establece que “El Fiscal General será nombrado y removido en los términos previstos por la Constitución del Estado”.
La Constitución local, en el Artículo 67, fracción I, inciso d), define el procedimiento por medio del cual el Fiscal General “será designado por el Congreso del Estado”:
La primera condición, se encuentra establecida en el párrafo siguiente: “1. A partir de que el cargo quede vacante, el Congreso contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes…” La vacancia a la que alude el dispositivo legal citado, puede producirse por renuncia, muerte, conclusión del periodo por el que se hizo la designación, o remoción del cargo.
No obstante, sobre esto último (la remoción del cargo), conviene anotar que la Constitución alude a la posibilidad de que el titular de otro organismo autónomo (el Órgano de Fiscalización Superior del Estado), pueda ser removido por el Poder Legislativo “…por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Quinto de esta Constitución”. Sin embargo, esta previsión no se hizo en relación con el Fiscal General del Estado, que puede ser sometido, sin embargo, a juicio político, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 77 de la Constitución local. Para ello, es imprescindible que el Congreso del Estado “proceda a la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado”.
El tortuoso procedimiento indica que, salvado lo anterior, “El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso respectivo, y con audiencia del inculpado, resolverá lo procedente. En caso de resultar culpable, la sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número total de sus integrantes”.
Tales sanciones pueden consistir en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por diez años. Finalmente, también el Congreso puede remover al Fiscal General si determina (por las dos terceras partes de los votos de la totalidad de sus integrantes) que ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo.
Como sea, asumiendo que lo más deseable sería que un nuevo Fiscal General se encargara de conducir cualquier investigación que se originase con motivo de las prometidas denuncias en contra de Javier Duarte de Ochoa, lo cierto es que la ruta para sustituir a Luis Ángel Bravo se presenta compleja y saturada de vericuetos en el procedimiento; ello, claro, sin hacer abstracción de la voluntad de una mayoría calificada en el Poder Legislativo.
REFORMAR (DE NUEVO) LA CONSTITUCIÓN
En ese orden de ideas, deseable también sería una revisión y eventual reforma a la Constitución Política local, precisamente porque el duartismo pretendió sellar la posibilidad de remover al Fiscal General del Estado hasta el año 2024.
El vértice de cualquier modificación en relación con este punto, implicaría reformar el Artículo 67, fracción I, reduciendo a un plazo más razonable el tiempo de duración del encargo del Fiscal General del Estado, (estipulado en nueve años), y nutriendo –de paso- las facultades del Congreso para remover con mayor facilidad al titular del Ministerio Público. En el marco legal actual, para el Poder Legislativo, cambiar a un Fiscal General antes de la conclusión de su periodo, es tan complicado como remover al mismo Gobernador.
Ahora bien: incluso en el supuesto de que de manera expedita el Congreso iniciara un proceso de reformas constitucionales (sin perder de vista que en éste también interviene la voluntad de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado), ello no implica per se la remoción del actual Fiscal General.
Un transitorio de la reforma tendría que ocuparse de dejar sin efecto el decreto 554 (por el que se designó a Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General del Estado hasta el año 2024), y atenerse a lo que decidiera el Poder Judicial Federal ante la segura impugnación del actual titular del Ministerio Público por lo que, podría ser, una aplicación retroactiva de normas.
FORZAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
Si quien denuncie a cualquier funcionario de la administración pública duartista no está conforme con la actuación de la Fiscalía General del Estado (que, eventualmente, se abstenga de investigar, o disponga el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal) puede, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, impugnar tales determinaciones ante el Juez de Control.
No puede pasar inadvertido que para cuando la próxima administración estatal inicie sus funciones (el 1º de diciembre de 2016), el nuevo Sistema Penal y su Código procedimental deberán estar siendo aplicados en todo el territorio nacional.
El Artículo 258 del Código Nacional referido dispone que “Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación”. Y el Artículo remata: “La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno”, aunque –como de explorado derecho se conoce- puede ser impugnada tal decisión a través de un recurso extraordinario: el juicio de amparo bi-instancial.
Eso nos lleva a concluir que, de continuar el actual Fiscal General en su cargo, y ante la posibilidad de que no actuase con la debida oportunidad (en los plazos legales), o determinase que no hay delitos por parte de funcionarios del duartismo, sería, en primer lugar, un Juez de Control, y –a posteriori- un Juez de Distrito y, más adelante, un Tribunal Colegiado de Circuito (que conoce del recurso de revisión), los que tendrían que intervenir para forzar al Ministerio Público local a ejercitar acción penal.
De tal manera, la prometida aplicación de justicia (sin que nada de esto conlleve un prejuicio), ante lo que la vox populi estima han sido delitos por parte de funcionarios públicos del duartismo, pasa por el necesario y difícil quebranto de un blindaje, en el que tienen que intervenir legisladores de diversos partidos políticos, y/o servidores públicos judiciales (locales y federales).
Y se ve complicado que ello pueda suceder en dos años
Abogados carrera de derecho que es derecho penal que es justicia	2016-07-10
Etiqueta: Abogados carrera de derecho que es derecho penal que es justicia
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References: Artículo 67
 artículo 67
 Artículo 67
 Artículo 29
 Artículo 67
 Artículo 77
 resolución 
 Artículo 67
 Artículo 258
 resolución