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Timestamp: 2018-10-16 17:37:13+00:00

Document:
Corte suprema de justicia sala de casación laboral luis gabriel miranda buelvas magistrado Ponente stl822-2016 Radicación n° 42230 Acta n
STL822-2016
Radicación n° 42230
Acta nº. 02
Se resuelve la primera instancia en la acción de tutela instaurada mediante apoderado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ “EMSERSOPO E.S.P.”, contra el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ, y la SALA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA. en relación con las decisiones proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso de fuero circunstancial adelantado por LUIS MANCERA LARA, JORGE ENRIQUE QUIROGA VILLAMIL, LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ QUINCHE, CARLOS ANDRÉS NIVIA CASTRO y LUIS JORGE RUEDA, en contra de la accionante.
La empresa accionante fundamentó su solicitud de amparo constitucional en los hechos que a continuación se resumen:
Que es una Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Sopó, que presta servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y que en ejercicio de su objeto social, celebró contratos con Nuevo Mondoñedo S.A. y Tracker de Colombia S.A.
Que su planta de personal la integran empleados públicos y trabajadores oficiales, que prestan sus servicios en el área operativa de la empresa, concretamente desempeñando los cargos de conductores y operarios entre otros.
Que celebró contratos de trabajo con los señores Luis Mancera Lara, Jorge Enrique Quiroga Villamil, Luis Alberto Fernández Quinche, Carlos Andrés Nivia Castro y Luis Jorge Rueda, para que desempeñaran cargos de conductores y operarios.
Que con ocasión de los hallazgos anormales en el recorrido de los vehículos compactadores de placas OSM 023 y OHK 742, asignados a Luis Jorge Rueda y Teodoro Gómez, abrió investigación disciplinaria contra el señor, Rueda, Manera, Quiroga y Fernández, que concluyó con la terminación de sus contratos de trabajo. Al igual que el del señor Navia, pero por otras razones.
Que ante la decisión de dar por terminados los contratos de trabajo, los exfuncionarios por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de asociación sindical, al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas, y al debido proceso, promovieron acción de tutela, que tuvo conocimiento el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó, sin que accediera a la protección de los derechos invocados, decisión que fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá la confirmó.
Que posteriormente promovieron demanda ordinaria de fueron circunstancial ante el Juzgado Laboral de Zipaquirá, “alegando su calidad de aforados sindicales por estar pendiente la resolución de una negociación colectiva en virtud de la presentación del pliego de peticiones radicado en la entidad el 15 de mayo de 2012,”.
Que cerrado el debate probatorio el juzgado entró al resolver el fondo del asunto, sin valorar las pruebas y ordenar de oficio la práctica de otras tendientes a evidenciar lo expresado por la entidad al contar la demanda, en punto a decir que hubo mala fe de los demandantes al “no advertir que eran parte de la organización sindical,” máxime cuando solo hasta el 18 de septiembre de 2013, se notificó en debida forma a la demandada “la existencia y conformación de la Subdirectiva Sintraestatales Sopó”, desconociendo con su actuar el Juzgado lo dispuesto en el artículo 363 del C.S.T, sobre la notificación de creación de la mencionada subdirectiva sindical, declarando la inexistencia de la justa causa para terminar los contratos de trabajo de los sancionados, y en consecuencia “ordenó el reintegro y declaró la existencia de un conflicto colectivo”.
Que no conforme con esta decisión, la entidad interpuso recurso de apelación para ante el Tribunal Superior de Cundinamarca “sustentando en la inexistencia del pliego de condiciones, porque los demandantes no notificaron en debida forma la creación de la subdirectiva sindical al empleador de conformidad con lo previsto en el artículo 363 del C.S.T.” y “la inexistencia del fuero circunstancial”.
El Tribunal confirmó la decisión del A quo, tras considerar entre otras cosas lo, siguiente:
“Pone de presente la Sala, que la cuestión que corresponde dilucidar es partir de qué momento puede tenerse por presentado el pliego de peticiones, pues es sabido de allí que cobra efecto la protección, para la Sala el referido hecho es decir la presentación del pliego acaeció en la fecha en que dicen los trabajadores esto es el 15 de mayo de 2012, por cuanto efectivamente ese día se hizo la presentación, sin que las razones de la empresa sean suficientes para concluir que la misma fue ineficaz o no nació a la vida jurídica por cuanto las exigencias de la empresa para negarse a iniciar las negociaciones no son de recibo ni tienen sustento normativo, ya que la subdirectiva sindical fue inscrita el 16 de mayo de 2012 en la inspección de trabajo de Zipaquirá y aceptando en gracia de discusión que para la fecha de presentación del pliego la empresa la empresa no había sido enterada de la creación de la subdirectiva es claro que ha debido indagar en la Inspección de Trabajo tal hecho; de otro lado esta dependencia ha debido informar de inmediato al empleador sobre la inscripción como lo señala el artículo 363 del C.S.T, de que no podía la empresa alegar este hecho como motivo para negarse a iniciar las conversaciones, por cuanto ninguna norma establece la obligación dicha documentación como presupuesto para iniciar la negociación del pliego, aparte de que la empresa contaba con muchos mecanismos para confirmar la inscripción del sindicato y por otro lado desde la conformación del sindicato hasta el despido de los trabajadores transcurridos cerca de ocho meses, ósea que la empresa tuvo suficiente tiempo de la situación y tomar conciencia de los riesgos judiciales, uno de los cuales es que se pasaba por la empresa por un conflicto colectivo de modo que el presente caso la negociación colectiva inició el 15 de mayo de 2012 y culminó el 18 de noviembre de 2013”.
Que coetáneamente con el proceso judicial, el Sindicato Nacional de Servidores Públicos Sintraestatales, radicó ante la Procuraduría Provisional de Zipaquirá “denuncia disciplinaria” contra el Gerente de la accionante, fijándose como único cargo a investigar, “Si el ingeniero FRANCISCO JOSÉ VELAZQUEZ URIBE,… en su calidad de Gerente y Representante Legal de EMSERSOPO E.S.P, … incurrió en la prohibición de despedir Trabajadores aforados en los términos 405 y 406 del Código Sustantivo del Trabajo a término indefinido de Trabajadores oficiales aforados de EMSERSOPO de marras, SIN que previo a ello SOLICITARA al juez laboral autorización para tal medida, ni LEVANTAMIENTO DEL FUERO SINDICAL Y CIRCUSNTANCIAL DE los Trabajadores oficiales amparados con estas protecciones sindicales y sin previa calificación de justa causa”.
Que el sustento probatorio en sede disciplinaria fue la presunta notificación al representante legal de la entidad “oficio SECUN 084 -2012 de 11 de mayo de 2012, pues mientras para los accionados judiciales dicho documento fue el soporte probatorio para reconocer el fuero circunstancial de los actores, para la Procuraduría en primera y segunda instancia “no existía certeza que dicho documento en hubiera sido de conocimiento del Gerente investigado”, y que de manera clara al momento de los despidos tuviese conocimiento de la existencia del fuero circunstancial, por lo que “no es sostenible proclamar que debe imponerse sanción en contra del encartado”.
Que en ese orden, las decisiones adoptadas por la Procuraduría en la investigación disciplinaria con radicación IUS 2013- 159726, “cambiaban el sentido de los fallos laborales objeto de la presente acción, pues la conclusión de práctica de las diligencias probatorias ejecutadas por parte de la Provincial de Zipaquirá y dejadas de materializar por las instancias judiciales, es motivo más que suficiente para hacer procedente la presente acción”., en procura de protegerle sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia
Por lo anterior, pidió el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, y “coherencia del sistema jurídico”, y en consecuencia solicitó dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Laboral de Zipaquirá y el Tribunal Superior de Cundinamarca, por ser “ilegitimas sustentadas en pruebas inconducentes e impertinentes”.
Mediante auto del 15 de enero de 2016, esta Sala avocó conocimiento y ordenó comunicar a la autoridad judicial accionada, así como a los demás intervinientes dentro del proceso cuestionado, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja.
El Tribunal, manifestó que el proceso objeto de cuestionamiento fue remitido al Juzgado Laboral de Zipaquirá, mediante oficio No. 1596 de 28 de agosto de 2015.
Esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Política es viable frente a decisiones judiciales, pero solo en casos concretos y excepcionales en los que se adviertan actuaciones u omisiones de los jueces evidentemente violatorias de los derechos constitucionales fundamentales, como cuando la providencia atacada pueda calificarse de caprichosa, arbitraria, absurda o autoritaria por carecer efectivamente de fundamento objetivo y por lo tanto sea el resultado de un juicio abiertamente irracional, todo lo cual debe equilibrarse con otros valores del Estado de Derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía de los jueces.
En el presente asunto, pretende la entidad accionante reabrir el debate ya resuelto, donde las autoridades accionadas, concluyeron que para la fecha en que se produjo el despido de los demandantes se encontraban amparados con la garantía de fuero sindical, y por consiguiente ordenaron el reintegro al cargo que ocupaban.
Cabe señalar que la accionante no allegó al plenario, copia de las providencias judiciales cuestionadas, lo cual era de su incumbencia, y aun cuando fueron solicitadas a los despachos judicial accionados, tampoco fue allegada por el Juzgado accionado, al haber manifestado el Tribunal que el proceso había enviado a su inferior, desde el mes de agosto de 2015. Empero, de las transcripciones que hace la accionante de la providencia emitida por el Tribunal, se puede inferir lo siguiente:
Luego de hacer un análisis sobre las conductas realizadas por los trabajadores, que para la empresa fueron justa causa de despido, concluyó el Tribunal “que ninguna de las pruebas que la empresa señala en el recurso como demostrativas de las faltas de los trabajadores a los que se imputó la recogida y venta de reciclaje logran acreditar este hecho, sin que tampoco brote del mismo de ninguna de las demás pruebas obrantes en el expediente.”.
Seguidamente para determinar si la empresa estaba o no inmersa en un conflicto colectivo para la fecha en que los demandante fueron despedidos, señaló “ninguna duda de que el sindicato presentó al Gerente el pliego de condiciones aprobado por la asamblea, la remisión fue recibida por la empresa el 15 de mayo de 2012 y aparece suscrita por el secretario general del sindicato, obra una nueva carta del 07 de junio de 2012, en la que el mismo secretario reitera la presentación del pliego y relieva la negativa de la empresa de iniciar las negociaciones obra copia del acta de la reunión.” Y Agrega “la cuestión que corresponde dilucidar es a partir de qué momento puede terse por presentando el pliego de peticiones, pues es sabido de allí que cobra efecto la protección, para la sala el referido hecho es decir la presentación del pliego acaeció en la fecha en que dicen los trabajadores esto es 15 de mayo de 2012, por cuanto efectivamente ese día se hizo la presentación, sin que las razones de la empresa sean suficientes para concluir que la misma fue ineficaz o no acaeció a la vida jurídica por cuanto las exigencias para negarse a iniciar las negociaciones no son de recibo ni tienen sustento normativo, ya que la subdirectiva sindical fue inscrita el 16 de mayo de 2012 en la inspección de trabajo de Zipaquirá,”. Y que aun aceptando en gracia de discusión que para la fecha de presentación del pliego la empresa no había sido enterada de la creación de la subdirectiva “es claro que ha debido indagar en le Inspección de Trabajo de Zipaquirá tal hecho; de otro lado esta dependencia ha debido informar de inmediato al empleador sobre la inscripción como lo señala el artículo 363 del C.S.T., de manera que no podía la empresa alegar este hecho motivo para negarse a iniciar las conversaciones, por cuanto ninguna norma establece la obligación de presentar documentación como presupuesto para iniciar la negociación del pliego, aparte de que la empresa contaba con muchos mecanismos para confirmar la inscripción del sindicato y por otro lado desde la confirmación del sindicato hasta el despido de los trabajadores trascurrieron cerca de ocho meses, ósea que la empresa tuvo suficiente tiempo para enterarse de la situación y tomar conciencia de los riegos judiciales, uno de los cuales es que pasaba la empresa por un conflicto colectivo de modo que el presente caso la negociación colectiva inició el 15 de mayo de 2012 y culminó el 18 de noviembre de 2013.
En tales términos, la decisión censurada es el resultado de una labor hermenéutica propia de las autoridades judiciales que la profirió, pues para el efecto se valió de argumentaciones que en manera alguna se apartan de consultar las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, esto es, porque la valoración del caso sometido a su escrutinio se hizo de cara a la situación fáctica planteada, al material probatorio aportado y a las normas legales y jurisprudencia que rigen la materia tratada, resultado de lo cual dicha providencia no denota arbitrariedad alguna o defecto que por su envergadura, imponga la intervención del juez constitucional.
En este punto, debe recordarse que como expresión del principio de autonomía del juez, se encuentra la facultad que tiene aquél de analizar las pruebas en conjunto de acuerdo con la sana crítica, tal y como lo dispone el artículo 187 del C. de P. C., siendo esta su función principal y para la cual fue investido con precisas facultades para dirimir las controversias que son de su competencia. Facultad que ha dicho reiteradamente esta Sala de la Corte, no puede ser usurpada por el juez constitucional so pretexto de tener una nueva o mejor concepción sobre el pleito, pues con ello no solo estaría suplantando al juez natural, sino coartando su autonomía e independencia para dirimir el conflicto.
Por último, cabe señalar que sin bien de la investigación disciplinaria que promoviera ante la Procuraduría Provisional de Zipaquirá, el Sindicato Nacional de Servidores Públicos Sintraestatales, contra el Francisco José Velásquez Uribe, en su calidad de Gerente y Representante Legal de Emsersopo, por presuntamente haber incurrido en la prohibición de despedir trabajadores oficiales aforados, consagrada en los artículos 405 y 406 del C.S.T., de la que salió avante el investigado, tal decisión no tiene injerencia alguna o virtualidad de modificar las decisiones cuestionadas, por la sencilla razón que se trata de escenarios disimiles, sin que ello implique incoherencia del sistema jurídico, como lo sostiene la accionante.
Lo anteriormente expuesto, resulta suficiente para negar la acción constitucional.
PRIMERO.- NEGAR la protección solicitada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ “EMSERSOPO E.S.P., contra el JUZGADO LABORAL DE ZIPAQUIRA y la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMACA.

References: resolución 
 artículo 363
 artículo 363
 artículo 363
 artículo 86
 artículo 363
 artículo 187