Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-8-2016-30-641474225
Timestamp: 2018-12-10 13:32:28+00:00

Document:
Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia - BOIB. Boletín Oficial de las Islas Baleares - Legislación - VLEX 641474225
Capítulo IV. - arts. 33 a 41
Norma citada en: 5 sentencias, un tema práctico, 14 noticias
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos internacionales sobre las mismas ratificados por España.
Esta ley tiene por objeto establecer y regular los principios, los medios y las medidas para garantizar plenamente la igualdad real y efectiva en el ejercicio de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (transexuales y transgéneros) e intersexuales (LGTBI), mediante la prevención, la corrección y la eliminación de toda discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, en los ámbitos público y privado, sobre los cuales el Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares y los entes locales tienen competencias.
Las medidas que establece esta ley para hacer efectivo el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales a la igualdad y a la no discriminación a que hace referencia el apartado 1 afectan:
A cualquier ámbito de la vida social y en particular las áreas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural.
A todas las etapas de la vida y a todas las contingencias de su decurso, como pueden ser cualquier cambio en el estado civil, la formación de una familia, la enfermedad, la incapacitación, la privación de libertad o la muerte.
Esta ley se aplica, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a cualquier persona, física o jurídica, de derecho público o privado, independientemente de su situación administrativa o personal y de su domicilio o residencia, sin perjuicio de lo que establecen la legislación en materia de extranjería, los tratados internacionales aplicables y la otra legislación vigente.
El Gobierno de las Illes Balears y los entes locales garantizarán el cumplimiento de esta ley y promoverán las condiciones para hacerla plenamente efectiva en los ámbitos competenciales respectivos.
LGTBI: en esta ley se utiliza el término LGTBI de forma inclusiva y extensiva, para referirse a las personas lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales, así como al resto de personas que no se identifican exactamente con estos términos pero que sufren discriminación y violencia por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En este sentido, se tienen que sentir representadas también otras realidades de la diversidad sexual y de género que están fuera del heteronormativismo, definidas y expresadas con términos cómo: queer, travesti, asexualidad, pansexualidad, etc.
Victimización secundaria: maltrato adicional ejercido contra lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales y/o intersexuales que se encuentran en alguno de los supuestos de discriminación, acoso y/o represalia como consecuencia directa o indirecta de los déficits de las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, y también por las actuaciones de otros agentes implicados.
Las instituciones públicas de las Illes Balears velarán por el derecho a la no discriminación con independencia de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de la persona o del grupo familiar a que pertenezca.
El derecho a la no discriminación tiene que ser un principio informador del ordenamiento jurídico balear, de la actuación administrativa y de la práctica judicial. Este derecho vincula tanto a los poderes públicos como a los particulares.
Protegerá la integridad, la dignidad y la libertad de todas las personas, de acuerdo con los derechos fundamentales y los derechos humanos universales.
Dotará de un carácter integral y transversal las medidas que adopten en este ámbito.
Garantizará el respeto de la pluralidad de identidades por orientación afectiva y sexual, mediante el reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construirse una autodefinició con respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual.
Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual, expresión o identidad de género.
Garantizará la protección efectiva frente a cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, la integridad física o psíquica o el honor personal que tenga causa directa o indirecta en la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, diversidad corporal o pertenencia a grupo familiar.
Asegurará el derecho a la privacidad de todas las personas, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, incluyendo el derecho a optar para revelar, o no, la propia orientación sexual, diversidad corporal o identidad de género.
Garantizará un tratamiento adecuado en materia de salud: todas las personas tienen derecho a disfrutar de un alto nivel de protección en materia de salud. Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a ningún tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. Cualquier profesional de la salud o que preste sus servicios en el área sanitaria tendrá la obligación de proyectar la igualdad de trato a las personas LGTBI.
Velará por la sensibilización en este ámbito, por la prevención y la detección de la discriminación, por la atención a las personas que la sufran, por la recuperación de estas personas y por la garantía de su derecho a la reparación.
Amparará la participación, la no invisibilització y la representación en igualdad de oportunidades de las personas LGTBI, y también su realidad y necesidades específicas, tanto en el ámbito público como en el privado.
Atenderá la diversidad de situaciones de discriminación en que se pueden encontrar las personas LGTBI, teniendo en cuenta las interacciones del lesbianismo, la homosexualidad, la transexualidad y la intersexualidad con cualquier otra circunstancia personal o social que pueda ser causa de discriminación.
Hará efectivo el reconocimiento de la diversidad del hecho familiar en el Derecho Civil de las Illes Balears, tanto público como privado, en la práctica judicial y administrativa y en todas las actuaciones del Gobierno de las Illes Balears.
Asegurará la cooperación interadministrativa.
Velará por la formación especializada y la debida capacitación de los y de las profesionales.
Promoverá el estudio y la investigación sobre la diversidad afectiva y sexual e identidades de género que sirvan para erradicar la discriminación y la violencia hacia las personas LGTBI.
Establecerá medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas LGTBI.
Adecuará las actuaciones que se lleven a cabo y las medidas que se adopten a las necesidades específicas de las diferentes islas y municipios, con especial atención al mundo rural.
TÍTULO I Artículos 7 a 9
Se crea el Consejo de LGTBI de las Illes Balears, como un espacio de participación ciudadana superior en materia de derechos y deberes de las personas LGTBI y como órgano consultivo de las administraciones baleares que inciden en este ámbito, sin perjuicio de las funciones y las competencias de otros órganos o entes que la legislación establezca. En este consejo tienen representación las asociaciones que trabajen principalmente en favor de los derechos de las personas LGTBI y personas y profesionales que hayan destacado por su tarea y experiencia en este ámbito.
El Consejo de LGTBI de las Illes Balears se adscribe al órgano competente en materia de igualdad de las personas LGTBI. El Consejo puede recibir información sobre la aplicación de lo que establece esta ley y formular propuestas de mejora en la actuación de los servicios públicos de las administraciones de las Illes Balears y del resto de ámbitos que son objeto de esta ley e informar sobre proyectos normativos y no normativos.
El Consejo de LGTBI de las Illes Balears tiene representación en los órganos de participación gubernamentales de los ámbitos que son objeto de esta ley que el Gobierno de las Illes Balears establezca.
Los consejos insulares, si así lo consideran y en base a sus competencias, podrán impulsar consejos o comisiones de participación LGTBI de ámbito insular.
El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares encomendarán al órgano competente en materia de igualdad la coordinación y la ejecución de las políticas LGTBI. Este órgano estará dotado de medios personales y materiales suficientes.
El órgano coordinador de las políticas LGTBI estará integrado por personal de la propia administración.
El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares impulsarán la planificación de actuaciones administrativas en cada ámbito. Esta planificación incluirá la fijación de objetivos, la programación de actuaciones, la evaluación de los resultados obtenidos y la formulación de propuestas de mejora de las políticas LGTBI.
Los órganos del Gobierno de las Illes Balears y de los consejos insulares aplicarán esta ley con la colaboración y la coordinación del órgano competente en materia de igualdad.
Se establecerán, si procede, la colaboración y la coordinación oportunas entre el órgano coordinador y los órganos que tengan atribuida la defensa de los derechos de la ciudadanía, la Fiscalía y otros organismos que incidan en el ámbito de la igualdad.
El órgano coordinador informará periódicamente al Parlamento y al Consejo de LGTBI de las Illes Balears del impacto social de esta ley. Lo podrá hacer a través de una memoria anual y/o de su comparecencia en el Parlamento y en el Consejo de LGTBI a petición propia o a petición del organismo interesado.
El órgano coordinador de las políticas de igualdad ofrecerá un servicio de atención integral para atender a las personas que sufran, hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir discriminación o violencia por razón de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, con el fin de dar respuestas adecuadas, ágiles, cercanas y coordinadas a las necesidades de estas personas.
A los efectos de lo que establece el apartado 1 y con el objetivo de garantizar el acceso a la ciudadanía a este servicio, se procurará una atención permanente con personal que tenga formación en materia de conductas discriminatorias y en el uso eficaz y eficiente de los medios electrónicos.
Los profesionales adscritos a este servicio tendrán que recibir formación, en caso de que no la tengan, en materia de igualdad, no discriminación y derechos civiles.
Las administraciones públicas de las Illes Balears garantizarán la formación y la sensibilización adecuada de los profesionales que realizan tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en los ámbitos laboral, de la educación, de la salud, de los servicios sociales, de la justicia y los cuerpos de seguridad, del deporte y el ocio y de la comunicación.
El Gobierno de las Illes Balears, a través de la Escuela de Administración Pública de las Illes Balears (EBAP) impulsará la formación del personal, tanto funcionario como laboral propio de la comunidad, y promoverá convenios de colaboración y otros instrumentos con otras administraciones para poder formar a su personal.
Se llevarán a cabo medidas de prevención de la discriminación y de apoyo a la visibilidad de las personas LGTBI. En particular se adoptarán medidas específicas de apoyo, mediación y protección en los supuestos de menores, adolescentes y jóvenes que estén sometidos a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar debido a su expresión y/o identidad de género.
Los y las profesionales a que hace referencia el artículo 10, si tienen conocimiento de una situación de riesgo o tienen una sospecha fundamentada de discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, tienen el deber de comunicarlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al órgano competente.
A los efectos de lo que establece el apartado 1, se elaborará un protocolo específico de actuación.
Las administraciones de las Illes Balears adoptarán los mecanismos necesarios para la protección efectiva de los menores en atención a su identidad y/o expresión de género, que se encuentren bajo la tutela de la administración, ya sea en centros de menores, pisos tutelados u otros en los cuales residan, garantizando el respeto absoluto a su identidad o expresión de género, y unas plenas condiciones de vida.
Las administraciones de las Illes Balears garantizarán y adoptarán las medidas necesarias para la protección y el absoluto respeto de los derechos de las personas con diversidad funcional o cognitiva en atención a su identidad y/o expresión de género. Los centros y servicios de atención a personas con diversidad funcional o cognitiva, públicos o privados, velarán porque el respeto al derecho a la no discriminación de las personas sea real y efectivo.
Las administraciones de las Illes Balears garantizarán que no se produzcan situaciones de discriminación de las personas especialmente vulnerables por razón de edad, en atención a su identidad y/o expresión de género. Las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, garantizarán el derecho a la no discriminación de personas en atención a su identidad y/o expresión de género, ya sea en su individualidad o en su relación sentimental.
Se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identificados en función del sexo en los centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a personas con diversidad funcional y/o cognitiva, residencias de la tercera edad o cualquier otro recurso que acoja a personas especialmente vulnerables, puedan utilizarse por las personas libremente en atención al género sentido.
Las administraciones de las Illes Balears prestarán especial protección a las personas que por tradición o cultura pudiesen contar con un mayor nivel de discriminación por razón de identidad o expresión de género.
Las administraciones de las Illes Balears garantizarán en cualquier caso que, en todos los ámbitos de aplicación de la presente ley, se aportarán a los profesionales los instrumentos necesarios para la no discriminación y se contará con el personal especializado necesario en las diferentes materias, según se precise en los diferentes protocolos y medidas a tomar.
De acuerdo con este principio de coeducación, se velará para que la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los diversos modelos de familia sean respetados en los diferentes ámbitos educativos. Los centros, de acuerdo con esta ley y respetando su autonomía, tendrán que incluir el principio de la coeducación en su proyecto educativo.
El principio de coeducación se incorporará a los planes de acción tutorial y a los planes y reglamentos de convivencia de los centros educativos, de acuerdo con la autonomía y el proyecto educativo de cada centro.
Los contenidos de los materiales escolares, educativos y formativos, en cualquier formato, y el lenguaje que se emplee tendrán en cuenta la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y evitarán cualquier tipo de discriminación por este motivo.
El respeto a la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género y a los principios de esta ley será efectivo en todo el sistema educativo, en los centros y las entidades de formación, en la educación de adultos, en la formación de madres y padres, en las actividades deportivas escolares y en las actividades de ocio infantil y juvenil.
Se velará por la concienciación y la prevención de la violencia por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y se ofrecerán mecanismos a los centros para que detecten situaciones de discriminación o exclusión de cualquier persona por dichas razones. En este sentido, se promoverá el desarrollo efectivo de planes de convivencia con un énfasis especial en las medidas de prevención y de actuación contra el acoso del que pueden ser objeto las personas LGTBI en el ámbito escolar.
El Gobierno de las Illes Balears, por medio de la consejería competente en materia de educación, garantizará el desarrollo de lo que establece este artículo y velará para que las escuelas, los institutos y los otros centros educativos constituyan un entorno amable y respetuoso con la diversidad sexual y afectiva y con las identidades de género, en el que el alumnado, el personal docente y el personal de administración y servicios puedan vivir de una manera natural su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y se contribuya así a la creación y visibilización de los modelos positivos para la comunidad educativa.
Los principios de no discriminación y de respecto a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género son aplicables al ámbito universitario.
El Gobierno de las Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears, respetando la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, promoverán conjuntamente medidas de protección, de apoyo y de investigación para la visibilidad de las personas LGTBI y el desarrollo de medidas para la no discriminación y sensibilización en el entorno universitario. Con esta finalidad elaborarán un protocolo de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Las administraciones públicas de las Illes Balears velarán para que en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, se fomente la sensibilización y no haya discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y en concreto en los espacios siguientes:
Las administraciones públicas de las Illes Balears garantizarán:
La promoción y la difusión de las buenas prácticas de las asociaciones y las empresas de educación en el ocio y de las entidades juveniles con relación a los principios de esta ley.
Junto con las federaciones deportivas, la libre participación de las personas LGTBI a las competiciones y el trato correcto de estas personas en las instalaciones deportivas.
La ampliación de las funciones de la Fundación Balear para el Deporte en cuanto a las acciones contra la violencia y la discriminación en el ámbito deportivo, y la recogida de las buenas prácticas de sensibilización de los clubes, las agrupaciones y las federaciones deportivas.
El acceso a bibliografía específica sobre la temática LGTBI.
La adopción de las medidas pertinentes en función de la competencia en materia de espectáculos y actividades recreativas para evitar que se puedan cometer actos homofóbicos o transfóbicos.
La participación de las personas transexuales e intersexuales, con carácter general, atendiendo a su identidad sexual, en los acontecimientos y las competiciones deportivas que se realicen en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
El Consejo Audiovisual de las Illes Balears, en relación con los medios de comunicación:
Velará para que el código deontológico de los medios de comunicación no vulnere los principios de esta ley en cuanto al respecto a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las diversas expresiones afectivas.
Establecerá recomendaciones sobre los usos lingüísticos y el tratamiento y el uso de las imágenes con relación a la homosexualidad y la intersexualitat.
Velará para que los contenidos de los medios de comunicación y la publicidad que se emita sean respetuosos con las personas LGTBI.
Velará para que los medios de comunicación traten con naturalidad la diversidad de orientaciones afectivas y sexuales, de modelos diversos de familia y de identidad o expresión de género, de forma que se favorezca la visibilidad de referentes positivos.
Velará para que los medios de comunicación muestren en su programación la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y en cuanto a la diversidad familiar.
Recogerá, periódicamente, las informaciones con un tratamiento contrario a la diversidad sexual, la identidad de género o la expresión de género y realizará su seguimiento. El informe que resulte se entregará en el Parlamento de las Illes Balears y al Consejo de LGTBI.
El Consejo de Dirección del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears velará por los principios de esta ley en cuanto al respecto a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las diversas expresiones afectivas.
El sistema sanitario de las Illes Balears incorporará la perspectiva de género y tendrá en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI, con el fin de garantizarles el derecho a recibir la atención sanitaria y a disfrutar de los servicios de salud en condiciones objetivas de igualdad.
El sistema sanitario de las Illes Balears garantizará que los miembros de parejas estables y las personas vinculadas por una relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tengan los mismos derechos que los cónyuges o familiares más cercanos. En cuanto al consentimiento por sustitución, la pareja estable con quien la persona enferma convive tiene la consideración de familiar más cercano.
Las administraciones públicas de las Illes Balears, en las líneas de actuación relativas a la salud y al sistema sanitario:
Garantizarán que la política sanitaria sea respetuosa con las personas LGTBI y no trate directa o indirectamente la condición de estas personas, especialmente transexuales, transgéneros e intersexuales, como una patología.
Elaborarán políticas de salud pública que garanticen el derecho a la salud de las personas LGTBI, con la adaptación de los protocolos establecidos.
Establecerán estrategias específicas para afrontar los problemas de salud específicos de las personas LGTBI y fortalecerán la vigilancia epidemiológica sensible a las diversas situaciones de salud y de enfermedad de estas personas, con respeto, en cualquier caso, al derecho a la intimidad de los afectados y de las afectadas.
Crearán mecanismos de participación de las personas, las entidades y las asociaciones LGTBI en las políticas relativas a la salud sexual.
Fomentarán el estudio, la investigación y el desarrollo de políticas sanitarias específicas para personas LGTBI.
Promoverán entre los diversos estamentos de las instituciones sanitarias el establecimiento de prácticas sanitarias o terapias psicológicas lícitas y respetuosas, y que en ningún caso provoquen aversión, en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.
Reconocerán el derecho de acceso a los métodos preventivos que garantizan prácticas sexuales más seguras y evitan las infecciones de transmisión sexual y el tratamiento consiguiente, y fomentarán el uso de estos métodos.
Reconocerán el derecho a la prevención, a la detección eficaz y al tratamiento integral de las infecciones de transmisión sexual de acuerdo con la cartera de servicios. Llevarán a cabo actividades periódicas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y de sensibilización y de apoyo comunitario con relación a las infecciones de transmisión sexual, tanto para hombres como para mujeres.
Incorporarán al sistema sanitario la atención integral a personas transexuales e intersexuales, definiendo los criterios de acceso tanto al tratamiento hormonal como a la intervención quirúrgica. Se tendrá en cuenta la voluntad de la persona en la toma de decisiones, siempre que su vida no esté en peligro o sus condiciones de salud no se puedan ver perjudicadas, de acuerdo con la normativa vigente. En cuanto a los y a las menores, se tendrá especialmente en cuenta, además, su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su capacidad y madurez para tomar decisiones.
Establecerán los mecanismos necesarios para que en la documentación administrativa y en la sanitaria se atienda a la diversidad del hecho familiar y a las circunstancias de las personas LGTBI.
Garantizarán a las mujeres lesbianas y bisexuales la igualdad de acceso a las técnicas y a los tratamientos de reproducción asistida.
Darán difusión a la Ley de voluntades anticipadas (testamento vital), como mecanismo que puede servir para que las personas LGTBI decidan cómo quieren ser tratadas en el ámbito hospitalario en los casos que prevé esta ley y puedan nombrar a la persona que quieran como representante.
Las administraciones públicas de las Illes Balears dedicarán especial atención a niños, adolescentes y jóvenes LGTBI que estén en situación de vulnerabilidad o aislamiento social y trabajarán en la prevención de situaciones que puedan atentar contra su desarrollo personal, su salud o su vida por causas derivadas de su orientación sexual o identidad de género.
La administración autonómica impulsará medidas y actuaciones de apoyo para adolescentes y jóvenes LGTBI que hayan sido expulsados de casa o hayan marchado voluntariamente debido a situaciones de maltrato y/o presión psicológica.
Se establecerán medidas de prevención para las personas LGTBI que puedan sufrir discriminación múltiple, con el objetivo de evitar situaciones de discriminación, riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.
Los servicios sociales, y específicamente las residencias para la gente mayor, tanto públicas como privadas, velarán para que no se produzcan situaciones de discriminación de las personas LGTBI, tanto si viven solas como si viven en pareja. Se fomentará el respeto a la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género entre los usuarios y las usuarias de los servicios sociales.
En las residencias u otros equipamientos en que se diferencian los espacios por sexos, se garantizará que la persona transexual y la intersexual puedan hacer uso de los espacios asignados al género con el cual se identifican, y se habilitarán espacios específicos para aquellas personas que se encuentran en proceso transexualizador.
En los ejes de las políticas de cooperación y fomento de la paz y de los derechos humanos que lleve a cabo el Gobierno de las Illes Balears a favor del desarrollo, se promoverá la lucha por los derechos de las personas LGTBI y se impulsarán proyectos de cooperación que defiendan y reconozcan los derechos humanos de estas personas en países en que sufren persecución o discriminación o estos derechos no les son reconocidos.
Se impulsarán las actuaciones siguientes:
Introducir la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género como una área más de trabajo en el ámbito de la inmigración. Apoyar a las personas que han sufrido persecución o represalias en sus países de origen por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Establecer una comunicación estable con las diferentes asociaciones de inmigrantes y representantes de las creencias religiosas que conviven en las Illes Balears.
Capítulo III Artículos 19 y 20
La consejería competente en materia de trabajo tendrá en cuenta, en sus políticas, el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Las empresas respetarán la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI. El Gobierno fomentará que las empresas se involucren en medidas que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI. Estas medidas serán objeto de negociación y, si se tercia, se acordarán con los y las representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras.
El Gobierno, mediante el órgano coordinador de políticas LGTBI, pondrá a disposición de empresas, instituciones y otras entidades, un servicio para la elaboración de planes de igualdad y no discriminación.
Garantizará de una manera real y efectiva, en colaboración con la consejería competente en materia de función pública, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género y el pleno ejercicio de los derechos de su personal, tanto funcionario como laboral, en la contratación de las condiciones de trabajo y ocupación.
Impulsará actuaciones y medidas de difusión y sensibilización que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación a las empresas, como por ejemplo:
Incentivar las fuerzas sindicales y empresariales a hacer campañas divulgativas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBI.
Promover en los espacios de diálogo social el impulso de medidas y cláusulas antidiscriminatorias.
Impulsar la adopción en las empresas de códigos de conducta y de protocolos de actuación para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBI.
Fomentará la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI en el sector público y el sector privado y de un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación.
Desplegará estrategias para la inserción laboral de las personas transexuales.
Impulsará nuevas formas de organización y gestión del tiempo de trabajo en las empresas y desarrollará medidas y actuaciones dirigidas al conjunto del tejido productivo balear que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de acuerdo con el hecho de la diversidad familiar.
Promoverá en el seno de los mecanismos de cooperación multilateral establecidos legalmente, la formación específica del personal responsable en la inspección de trabajo y en la prevención de riesgos laborales, tanto en el sector público como en el privado, en contenidos relacionados con los que pueden sufrir las personas LGTBI y en el conocimiento de la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.
Instará a los responsables de la inspección de trabajo a informar a los órganos competentes de los casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género que se hayan producido, se estén produciendo o haya riesgo que se produzcan en el ámbito laboral.
Impulsará espacios de participación e interlocución y promoverá campañas divulgativas específicas en colaboración con las asociaciones LGTBI y los agentes sociales correspondientes.
Capítulo IV Artículo 21
Las familias disfrutan de la protección jurídica que determina la ley, que ampara sin discriminación las relaciones familiares derivadas del matrimonio, la convivencia en pareja estable y las familias formadas por un progenitor con sus descendentes.
Se garantizará, de acuerdo con la normativa vigente, que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogida familiar no haya discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. El proceso de estudio y valoración de la idoneidad será informador y formador, de acuerdo con la diversidad del hecho familiar.
Los órganos competentes del Gobierno de las Illes Balears, de los consejos insulares y de los entes locales, en materia de familia e igualdad, pueden establecer programas de información dirigidos a las familias con el objetivo de divulgar las diversas realidades afectivas y de género y combatir la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Se incidirá particularmente en la información y la promoción de la igualdad de trato de las personas LGTBI más vulnerables por razón del género, por razón de la edad o por razón de diversidad funcional, como los y las adolescentes, los y las jóvenes, las personas grandes o las personas con diversidad funcional (personas con discapacidad) para garantizar el goce total de sus derechos y el libre desarrollo de su personalidad en el ámbito familiar.
En caso de muerte de un miembro de una pareja estable, el otro miembro de la pareja podrá tomar parte, en iguales condiciones que en caso de matrimonio, en los trámites y las gestiones relativos a la identificación y la disposición del cadáver, el entierro, la recepción de objetos personales o cualquiera otro trámite o gestión que sean necesarios.
Las administraciones públicas de las Illes Balears establecerán los mecanismos necesarios para que la documentación administrativa se adecue a las relaciones afectivas de las personas LGTBI y a la diversidad del hecho familiar.
TÍTULO III Artículo 22
A los efectos de lo que dispone esta ley y en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, se establecerán por reglamento las condiciones para que las personas transexuales sean tratadas y nombradas de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean menores de edad, especialmente en los ámbitos educativo, universitario y sanitario. Esto no afecta a la identidad jurídica, que requiere, en su caso, la rectificación registral correspondiente.
Teniendo en cuenta el derecho de las personas transexuales a poder desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual, los equipos directivos de los centros educativos establecerán las siguientes medidas con el fin de evitar discriminaciones por razón de identidad sexual y el menosprecio de los derechos a la intimidad y vida privada del alumnado:
Se indicará al profesorado y al personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado transexual por el nombre elegido por este o, en caso de no estar emancipado o no contar con las suficientes condiciones de madurez, por el indicado por alguno de sus representantes legales. Se respetará su derecho a utilizar este nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes.
Sin perjuicio de que en las bases de datos de la administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo figurar en esta documentación el nombre elegido, evitando que este nombre aparezca de forma diferente a los nombres del resto del alumnado.
Se respetará la imagen física del alumnado transexual, así como la libre elección de su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumnado transexual a vestir el que corresponda en función de la identidad sexual manifestada.
Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado, y se garantizará su acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los baños y los vestuarios.
Se establecerá un protocolo de atención integral para las personas transexuales, para mejorar la detección temprana de las manifestaciones de transexualidad y la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a este colectivo, que respete los principios de libre autodeterminación de género, de no discriminación y de no segregación. Este protocolo incluirá en la cartera de servicios básica el tratamiento hormonal de adultos y menores de edad y en la cartera de servicios complementaria se preverán convenios con centros de referencia del Sistema Nacional de Salud para sufragar el proceso de reasignación sexual, todo esto previo cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en el artículo 8 quinquies de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La asistencia psicológica a las personas transexuales será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario público de las Illes Balears.
Las administraciones públicas de las Illes Balears velarán, en cualquiera de sus procedimientos, por el respeto a la confidencialidad de los datos relativos a la identidad de género de las personas beneficiarias de esta ley, y para que se les trate en cualquier ámbito público por el nombre que les representa y por el género con el cual se identifican, incluido el ámbito sanitario, que proporcionará una identificación sanitaria acorde con la identidad social.
Estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida incluyendo cómo beneficiarias todas las personas LGTBI con capacidad gestante o no y/o sus parejas. En condiciones de igualdad con el resto de la población se les ofrecerá la posibilidad de congelación de tejido gonadal, para su futura recuperación, antes del inicio de los tratamientos hormonales.
Las personas transexuales se podrán acoger a lo que establece esta ley sin que haga falta ningún diagnóstico de disforia de género ni ningún tratamiento médico.
Se establecerá un protocolo específico de actuación en materia de intersexualidad que incluirá la atención psicológica adecuada a la persona intersexual y a los padres/madres o personas tutoras, y los tratamientos requeridos en atención al género con el cual se identifica.
El sistema sanitario público de las Illes Balears velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebés recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el cual se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida. Todo ello con la excepción de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la persona recién nacida.
Se procurará conservar las gónadas con el fin de preservar una futura aportación hormonal no inducida, incluyendo en los controles los marcadores tumorales.
No se realizarán pruebas de hormonación inducida con finalidades experimentales ni de otro tipo hasta que la propia persona o sus tutores legales así lo requieran en función de la identidad sexual con la cual se identifica.
Se preservará la intimidad del paciente en su historia clínica de forma que no todo el personal sanitario pueda conocer su condición, excepto cuando sea estrictamente necesario.
TÍTULO V Artículos 24 a 41
Tienen la consideración de interesado e interesada en los procedimientos administrativos en qué haya que pronunciarse respecto a una situación de discriminación, y siempre con la autorización de la persona o las personas afectadas, las entidades, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus finalidades la defensa y la promoción de los derechos humanos. Tienen la misma consideración los sindicatos, las asociaciones profesionales y las organizaciones de consumidores y usuarios.
De acuerdo con los términos establecidos por las leyes procesales, las entidades, las asociaciones, las organizaciones y los sindicatos a que hace referencia el apartado 1 anterior están legitimados para defender los derechos y los intereses de las personas afiliadas o asociadas que así lo deseen en procesos judiciales civiles, contenciosos administrativos y sociales.
Capítulo II Artículo 26
La prohibición de discriminación alcanza tanto a las condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos, y al uso y disfrute de los servicios que estos prestan. Los criterios y las limitaciones de las condiciones, tanto de acceso como de permanencia, estarán expuestos por medio de rótulos visibles colocados en los lugares de acceso y por otros medios que se determinen reglamentariamente.
Los titulares de los establecimientos y espacios abiertos al público y los organizadores de espectáculos y actividades recreativas están obligados a impedir el acceso o a expulsar las personas siguientes, con el auxilio, si hace falta, de la fuerza pública:
Las personas que utilicen la violencia verbal o física hacia otras personas por razón de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género.
Las personas que lleven y exhiban públicamente símbolos, indumentaria u objetos que inciten a la violencia, a la discriminación o a la homofobia o la transfobia.
De acuerdo con lo que establecen las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o la interesada aleguen discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y aporten indicios fundamentados, corresponde a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Los hechos o los indicios por los cuales se puede presumir la existencia de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género pueden ser probados por cualquier prueba admitida en derecho, sin perjuicio de los procedimientos que se tramiten y de las medidas adoptadas al amparo de las normas de organización, convivencia o disciplina de las instituciones y de los servicios públicos. También se pueden tener en cuenta pruebas estadísticas y tests de situación. Se establecerán por reglamento las condiciones y garantías de aplicación.
Lo que establece el apartado 1 anterior no es aplicable en los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores.
Capítulo IV Artículos 33 a 41
Son infracciones administrativas en el ámbito de los derechos de las personas LGTBI las acciones u omisiones tipificadas por esta ley, siempre que no constituyan delito.
No se considera discriminación la diferencia de trato basada en alguna de las causas establecidas por esta ley derivada de una disposición, una conducta, un acto, un criterio o una práctica que se pueda justificar objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para lograrla.
Las conductas discriminatorias por orientación sexual, identidad de género o expresión de género que tengan lugar en el ámbito del trabajo y que estén tipificadas como infracción por la legislación laboral, serán objeto de investigación y, si procede, de sanción, de acuerdo con el procedimiento y la tipificación establecidos por la legislación laboral.
No se pueden sancionar los hechos que ya hayan sido sancionados penalmente o administrativamente, en los supuestos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamento.
En los casos en que el órgano administrativo considere que las infracciones pueden ser constitutivas de delito, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano judicial competente y suspenderá el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o hasta que el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o de continuar las actuaciones. En los casos en que no se estime la existencia de delito, el órgano administrativo continuará el procedimiento sancionador y considerará probados los hechos que lo hayan sido en sede judicial.
Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores aplicarán la normativa de procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de la Administración de las Illes Balears de acuerdo con los principios de legalidad, competencia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y prohibición de doble sanción.
Si el órgano competente, durante la fase de instrucción, considera que la potestad sancionadora con relación a la presunta conducta infractora corresponde a otra administración pública, pondrá este hecho en su conocimiento y le remitirá el expediente correspondiente.
Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves de acuerdo con lo que establece esta ley, siempre que no sean constitutivas de delito.
Usar expresiones vejatorias, de una forma intencionada y por cualquier medio, contra las personas o sus familias, a causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.
Emitir intencionadamente expresiones vejatorias, de LGTBI fobia, en los medios de comunicación, en discursos o en intervenciones públicas.
Tener comportamientos que supongan aislamiento, rechazo o desprecio público, notorio y explícito, de personas a causa de la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género.
No facilitar la tarea o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de los servicios de inspección del Gobierno de las Illes Balears o de cualquier servicio análogo de los consejos insulares o de los entes locales que estén investigando un posible caso objeto de esta ley.
Usar expresiones vejatorias que inciten a ejercer la violencia contra las personas o sus familias, a causa de la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género, de una manera intencionada y/o reiterada.
Malograr o destruir objetos o propiedades de personas o de sus familias a causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, siempre que estas acciones no constituyan delito.
Impedir a una persona, de una manera intencionada, la realización de un trámite o el acceso a un servicio público o establecimiento abierto al público a causa de la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género de esta persona.
Emitir intencionadamente y/o reiteradamente expresiones vejatorias que inciten a la violencia y tengan connotaciones LGTBI fóbicas en los medios de comunicación, en discursos o en intervenciones públicas.
Realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o desprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad o expresión de género.
La implantación, el impulso o la tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en empresas que reciban subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La elaboración, la utilización o la difusión en centros educativos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual, identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.
La obstrucción o la negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección del Gobierno de las Illes Balears o de cualquier servicio análogo de los consejos o de los entes locales que estén investigando un posible caso objeto de esta ley.
El acoso o el comportamiento agresivo hacia personas o sus familias a causa de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.
Convocar o dar apoyo explícito a espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación al odio, la violencia o la discriminación de las personas LGTBI.
Cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como consecuencia de haber presentado queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.
Las infracciones leves se sancionan con una multa por una cuantía que irá desde un mínimo, equivalente al importe del salario mínimo interprofesional de las Illes Balears correspondiente al periodo de un mes, a un máximo de 3.000 euros.
Para infracciones graves se podrá imponer una multa por una cuantía que irá desde un mínimo de 3.001 euros a un máximo de 30.000 euros. También se podrá acordar:
La prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas por un periodo comprendido entre uno y tres años.
La prohibición de contratar con la Administración de las Illes Balears, sus organismos autónomos y sus entes públicos por un periodo comprendido entre uno y tres años.
La inhabilitación temporal, por el mismo periodo, de la persona física o jurídica responsable para ejercer la titularidad de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
Por la comisión de infracciones muy graves se puede imponer una multa por una cuantía que irá desde un mínimo de 30.001 euros a un máximo de 90.000 euros. También se podrá acordar:
La prohibición de recibir ayudas o subvenciones por un periodo comprendido entre tres años y un día y cinco años.
La prohibición de contratar con la Administración de las Illes Balears, sus organismos autónomos y sus entes públicos por un periodo de entre tres años y un día y cinco años.
Para concretar las sanciones que sea procedente imponer y, si procede, para graduar la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales, las autoridades competentes mantendrán la proporción adecuada entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción o las sanciones, aplicadas a la lesión ocasionada, al número de personas afectadas, a la entidad del derecho afectado y a la naturaleza del deber afectado según la legislación vigente. Se considerarán especialmente los criterios siguientes:
El grado de culpabilidad y la intencionalidad de la persona infractora.
El incumplimiento reiterado de las advertencias o de las recomendaciones previas de los servicios sociales.
El cumplimiento por iniciativa propia de las normas infringidas o la reparación voluntaria de los daños causados, en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador, si todavía no se ha dictado una resolución.
La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología expresamente LGTBI fóbica.
La discriminación múltiple y la victimización secundaria incrementan en un grado, respecto de cada una de las causas que concurren, el tipo de infracción establecida por esta ley.
El objetivo de la sanción será la prevención, la disuasión, la reparación y la corrección de los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación.
Son responsables de las infracciones tipificadas por esta ley las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, por acción u omisión, incurren en los supuestos de infracción establecidos por esta ley.
La responsabilidad es solidaria cuando haya varios responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno en la comisión de la infracción.
Las infracciones establecidas por esta ley tipificadas de leves prescriben al cabo de un año; las tipificadas de graves, al cabo de dieciocho meses; y las tipificadas de muy graves, al cabo de tres años.
Las sanciones impuestas al amparo de esta ley prescriben al cabo de dieciocho meses si son leves, al cabo de dos años si son graves y al cabo de tres años si son muy graves.
La competencia para incoar los expedientes administrativos del régimen sancionador de esta ley y la imposición de las sanciones corresponden a la persona titular de la secretaría general de la consejería competente en materia de no discriminación de las personas LGTBI.
Las instituciones que tienen encomendada la defensa de los derechos de la ciudadanía de las Illes Balears podrán instar al órgano competente para imponer sanciones a incoar los expedientes por incumplimiento de esta ley por causa de acción u omisión de las administraciones públicas.
La obtención de datos estadísticos oficiales para la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito LGTBI se llevará a cabo en el marco de la legislación balear en materia estadística, especialmente en cuanto a la regulación del secreto estadístico, en los términos establecidos por la normativa balear de estadística vigente, la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y el resto de normativa aplicable.
El órgano responsable de coordinar las políticas LGTBI elaborará y encargará, y publicará periódicamente, estadísticas y estudios cualitativos relativos especialmente a:
Agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI.
Denuncias presentadas en virtud de esta ley y denuncias penales presentadas por delitos en el ámbito de la discriminación o la violencia contra personas LGTBI.
Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, y el sentido de estas, relacionadas con el objeto de esta ley, en particular las que pueden probar la existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas públicas antidiscriminatorias.
La situación real del colectivo LGTBI desde el Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) en los diferentes ámbitos donde hay LGTBI fobia, delitos de odio, acoso escolar, inserción laboral y atención sanitaria.
El órgano coordinador de las políticas LGTBI velará para que se incorpore la variable orientación sexual e identidad sexual en los diferentes estudios sociológicos de carácter generalista que lleven a cabo las diferentes áreas de gobierno.
El órgano responsable de coordinar las políticas LGTBI puede proponer el establecimiento de acuerdos y convenios con otras administraciones e instituciones públicas y organizaciones para dar cumplimiento al apartado 2 anterior.
A partir de que se ponga en marcha la Sindicatura de Greuges, de acuerdo con las atribuciones que le asignan el Estatuto de Autonomía y la Ley 1/1993, de 10 de marzo, el síndico de Greuges ejercerá las funciones relativas a la defensa de derechos y libertades en materia de no discriminación de las personas LGTBI que puedan haber sido vulnerados por la actuación de instituciones, tanto públicas como privadas.
El Gobierno de las Illes Balears cooperará, en el ámbito de la no discriminación de las personas LGTBI, con los organismos y órganos competentes en la defensa de derechos y libertades, ofrecerles toda la información de que disponga y darles el apoyo necesario en sus actuaciones.
Plan interinstitucional: el Gobierno de las Illes Balears impulsará un plan interinstitucional que garantice la coordinación entre los diferentes organismos competentes para la aplicación de las políticas públicas previstas en esta ley.
Esta ley entra en vigor el día siguiente de la publicación en el Bulletí Oficial de les Illes Balears.
Los preceptos cuyo cumplimiento exige la realización de gasto con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, tienen efectos a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de esta ley.
ORDRE MAH/270/2004, de 6 de juliol, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Alt Segre, al terme municipal de Bellver de Cerdanya.
Orden PRE/42/2006, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases y se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral en las categorías profesionales del grupo D-2.
Orden de 16 de febrero de 1979 sobre instalación, categoría Administrativa y Estructura Organica de los centros de Inspeccion del Comercio exterior.

References: artículo 10
 Artículo 21
 Artículo 22
 artículo 8
 Artículo 26
 resolución