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Timestamp: 2019-10-19 14:47:32+00:00

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Jurisprudencia | Abogados en Albacete
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Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha admitido la validez de la imposición, a través del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, de las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario. Se trata, sin duda, de una resolución especialmente importante ya que, a menos que me haya despistado, es la primera sentencia del Alto Tribunal referida a las previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.En concreto, el Real Decreto impugnado fue dictado al amparo del art. 27.6 de la citada Ley, donde se establece que
Se trata de una argumentación ciertamente discutible, pero no tanto porque coincidamos con la perspectiva de la Asociación recurrente sino, antes bien, en la medida que habría que discutir la divergencia regulatoria en los ámbitos general y tributario. En efecto, según la disposición final cuarta de la Ley 11/2007, las previsiones de su título III (artículos 33 a 39) serán de aplicación según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Según esta última, se reconoce la singularidad de la regulación tributaria por lo que respecta a la regulación del procedimiento administrativo, previsión que al menos desde una consideración general y teniendo en cuenta el sentido de la garantía constitucional del art. 149.1.18ª, debe ser cuestionada. Más aún cuando el propio legislador estatal ha ido sucesivamente desnaturalizando el procedimiento administrativo común, de manera que ya no sólo el tributario se escapa del mismo sino también los relativos a la Seguridad Social, desempleo, infracciones en el orden social, procedimientos disciplinarios frente al personal al servicio de las Administraciones Públicas y, desde mayo de 2010, incluso las sanciones de tráfico. Parece, por tanto, que la Ley 30/1992 tiene carta blanca para seguir desnaturalizando la garantía constitucional de que exista un procedimiento administrativo común, de manera que la amplia lista que se acaba de enumerar podría seguir ampliándose indefinidamente. Parece que el procedimiento común podría terminar convirtiéndose en un queso gruyere con demasiados agujeros…
Contenido íntegro del Auto Tribunal Supremo
Los Stir-strip constituyen tratamiento médico quirúrgico
Sentencia del Tribunal Supremo en la que se estudia con detalle lo que constituye tratamiento médico quirúrgico, como requisito en el delito de lesiones, manteniendo la doctrina de que los stir-strip constituyen tratamiento médico quirúrgico.
Texto íntegro sentencia
La resolución expresa dictada por el FOGASA posteriormente al plazo máximo de los tres meses a contar desde la presentación de la solicitud carece de eficacia al operar el silencio administrativo positivo.
Ya existe jurisprudencia consolidada en la que se determina que si el FOGASA no resuelve expresamente la solicitud de pago de las prestaciones de garantía contempladas en el artículo 33 ET , dentro del plazo de tres meses a contar desde la presentación de dicha solicitud, ésta se entenderá aprobada por silencio positivo, pudiéndose hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y sin que una resolución expresa posterior, denegatoria tenga ningún efecto (artículo 43.3 y 4 de la LRJPAC).
Sentencia TSJ Valencia 1/4/14
La nueva consideración del delito de impago de pensiones y su trascendencia sobre la prescripción del mismo. La legitimación para iniciar la acción penal.
Hasta ahora la doctrina mayoritaria de las Audiencias Provinciales consideraban el delito de impago de pensiones del 227 del CP como un delito permanente. El Tribunal Supremo en su Auto de 4/5/2013 (ponente Antonio del Moral García) considera que el delito de impago de pensiones del artículo 227 del CP es un “DELITO EN VARIOS ACTOS”.
La trascendencia de dicha consideración, y una de sus consecuencias es que se aplica la prescripción establecida en el artículo 131 del CP, que a partir de la reforma operada por la LO 5/2010 de 22 de junio, es de 5 años.
Igualmente, al ser un delito en varios actos, en concreto un delito de tracto sucesivo y de ejecución permanente, cada uno de los impagos de la pensión tiene que ser denunciado por el perjudicado para que pueda ser perseguido.
Esta doctrina se recoge amplia y detalladamente en la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, sentencia nº 119/2014 de 12 de marzo de 2014.Texto íntegro
En la meritada sentencia se detalla minuciosamente la doctrina expuesta y además quien tiene la legitimación para sostener la acusación al ser considerado este delito como semipúblico y necesitar la denuncia previa de la persona agraviada o su representante legal, distinguiendo los distintos casos con amplia jurisprudencia sobre la legitimación de los hijos mayores de edad, menores de edad, madre, y las distintas variantes y supuestos.
COMPENDIO JURISPRUDENCIA ACCIONES BANKIA
Ya son numerosos juzgados de primera instancia y Audiencias Provinciales los que se han pronunciado respecto a las reclamaciones presentadas por clientes de Bankia para la recuperación de sus acciones y preferentes. Todas ellas se basan en la nulidad de los contratos por vicio en el consentimiento y la mala praxis de la entidad bancaria en su salida en bolsa. Todavía se está a tiempo de interponer dichas demandas, si te encuentras en esta situación no dudes en consultarnos.
SENTENCIA Alcalá de Henares
ST AP ALBACETE
>POSIBILIDAD DE RECLAMAR A LAS ENTIDADES BANCARIAS LOS GASTOS ABONADOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE HIPOTECAS.
TSCivil 23.12.15

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 artículo 227
 artículo 131