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Timestamp: 2018-11-17 09:10:17+00:00

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SENTENCIA SP3001-2015 DE 18 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. UNA VEZ ADMITIDA LA SOLICITUD DE REESTRUCTURACIÓN O DE REORGANIZACIÓN, ENTRE MUCHAS OTRAS PROHIBICIONES, EL DEUDOR YA NO PUEDE –SIN AUTORIZACIÓN DEL JUEZ DEL CONCURSO— HACER PAGOS O ARREGLOS RELACIONADOS CON SUS OBLIGACIONES. ASÍ, SI ADMITIR A LA COMPAÑÍA A LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN TRAÍA CONSIGO LA IMPOSIBILIDAD DE PAGARLE O COMPENSARLE LAS SUMAS ADEUDADAS A LA DIAN –COMO ACREEDORA LA ENTIDAD DEBÍA CONCURRIR AL PROCESO PARA LA SATISFACCIÓN DE LA DEUDA A SU FAVOR—, RESULTA EXPLICABLE LA DECISIÓN LEGISLATIVA DE EXONERAR DE PROCESO PENAL EN UNA CIRCUNSTANCIA COMO ESA A LOS GERENTES O REPRESENTANTES LEGALES RESPONSABLES DE NO CONSIGNAR LOS IMPUESTOS RETENIDOS O AUTORRETENIDOS EN LA FUENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, IMPUESTO, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, RESPONSABILIDAD PENAL, PECULADO POR APROPIACIÓN, AGENTE RETENEDOR, ESTATUTO TRIBUTARIO
Sentencia SP-3001-2015 de marzo 18 de 2015
Rad. 42822
Bogotá D.C., marzo dieciocho de dos mil quince.
EXTRACTOS. «Consideraciones de la corte:
1. La Sala, en sentencia del 1º de agosto de 2007 (casación 25747), reiterada el 13 de febrero de 2008 (casación 24065), se refirió a las normas que han regulado en el país la responsabilidad penal de los agentes retenedores o recaudadores de impuestos. En esta oportunidad, para la buena comprensión del problema jurídico planteado en el cargo y una absoluta claridad en la solución por la que finalmente se optará, se sintetiza el recorrido hecho en el precedente jurisprudencial.
Se dictó, entonces, la Ley 383 de 1997. Su artículo 22 —por el cual se adicionó al estatuto tributario el artículo 665— tipificó la responsabilidad penal del agente recaudador por no consignar en un plazo determinado las retenciones en la fuente, el IVA y el impuesto sobre las ventas. Las penas allí establecidas fueron las mismas previstas para los servidores públicos incursos en peculado por apropiación y se agregaron los siguientes dos parágrafos:
“1º.El agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, se hará beneficiario de la cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo.
“2º.Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en proceso concordatario, o en liquidación forzosa administrativa, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas”.
“Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal. Tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que este se está cumpliendo en debida forma.
Antes de la Ley 633 de 2000 había sido expedido el Código Penal del mismo año (L. 599), en cuyo artículo 402 se tipificó por primera vez por fuera del estatuto tributario y desvinculada del peculado por apropiación, la conducta punible de “omisión del agente retenedor o recaudador”. Los que siguen fueron sus términos:
Claramente, como se puede ver, uno era el texto del parágrafo del artículo 665 del estatuto tributario —el cual correspondía al artículo 42 de la Ley 633 de 2000— y otro el del artículo 402 del Código Penal. Obviamente la situación fue objeto de debate y al final la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-009 de 2003, definió que el artículo 42 de la Ley 633 de 2000 —al ser posterior— derogó tácitamente el parágrafo del artículo 402 de la Ley 599 de 2000.
Conforme a lo dicho, en conclusión, sin olvidar que el artículo 21 de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006 derogó expresamente la frase “Tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que este se está cumpliendo en debida forma”, contenida en el inciso 1º del artículo 42 de la Ley 633 de 2000, le permite a la Corte señalar —como igual lo hizo en la sentencia del 13 de febrero de 2008 (casación 24065)— que el texto del artículo 402 del Código Penal en vigor —sin considerar el aumento de penas de la Ley 890 de 2004— es el siguiente:
2. Tal era la norma vigente cuando los hechos. En ella, eso no se discute, se definía como circunstancia de improcedibilidad de la acción penal “el caso de las sociedades” admitidas “a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas”.
Se concluyó enseguida en el precedente, frente al caso allí examinado —referido a hechos ocurridos entre 1997 y 1999—, que estaba demostrado que la sociedad deudora de la Dian “fue aceptada, en los términos y con las formalidades previstas en la Ley 550 de 1999, a la promoción de un acuerdo de reestructuración mediante oficio 155-2001-01 expedido por la Superintendencia de Sociedades”. Y que esa admisión, publicada mediante comunicación del 29 de enero de 2001, en la cual estaban comprendidos los impuestos sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas, configuraba la circunstancia de improcedibilidad de la acción penal consagrada en la parte final del 2º inciso del parágrafo del artículo 42 de la Ley 633 de 2000, modificatorio —como se dijo— del artículo 402 del Código Penal.
El asunto sometido en esta oportunidad a consideración de la Sala presenta una diferencia con el del precedente. Aquí no ocurrió “la admisión” de la compañía de la que era representante el procesado “a la negociación de un acuerdo de reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas”. Simplemente porque esa Ley no estaba vigente cuando el agente retenedor omitió consignar los impuestos retenidos a que se refiere esta actuación y mucho menos cuando la justicia civil, el 15 de abril de 2010, aceptó dar comienzo —con fundamento en la Ley 1116 de 2006— al proceso de reorganización empresarial de la sociedad Telcell empresa precooperativa.
3. Muy pertinente evocar, antes de responder el interrogante, que la Ley 550 de 1999 —por la cual se estableció un régimen para promover y facilitar la reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales y para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones— se propuso y expidió en razón de la difícil situación económica del sector productivo, reflejada en el número creciente de concordatos y liquidaciones de empresas, y en la consiguiente reducción del empleo.
“De ser posible su reactivación —continuaron los Ministros de Hacienda y de Desarrollo proponentes de la iniciativa— las empresas han de aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, mantener el empleo que generan y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago. Por su parte, el sistema financiero ha de mejorar la calidad de su cartera con la consecuente liberación de provisiones y la irrigación de crédito nuevo al sistema”.
“para permitir a las empresas privadas o mixtas y a las entidades territoriales y descentralizadas del orden territorial, continuar acogiéndose de los beneficios de esta ley, con el propósito de realizar acuerdos de reactivación y reestructuración de pasivos, para que puedan normalizar cada una de ellas su actividad productiva y, al mismo tiempo atender de manera adecuada sus compromisos financieros. Si no se prorroga dicha ley por un tiempo suficiente —se dijo en la propuesta—, que consideramos dos años o más si así lo consideran los honorables Senadores y Representantes como término prudente para que se expida la norma sustitutiva, tendríamos que volver a los preceptos de la Ley 222 de 1995 con efectos traumáticos que perturbarían el cabal desarrollo de los procesos de negociación y ejecución de los acuerdos de reactivación y reestructuración”.
• “Aunque la opinión pública conoce que la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene trabajando en un proyecto de régimen de insolvencia, relacionado con los mismos aspectos objeto de la Ley 550 de 1999 y la Ley 222 de 1995, dicho proyecto se encuentra aún en discusión, y a la fecha aún no ha sido presentado al Congreso de la República”.
• “El Congreso de la República se ocupará a partir del 16 de marzo (de 2004) del análisis y trámite de proyectos de vital importancia para el país, presentados por el Gobierno Nacional o por los mismos Congresistas relacionados con reforma a la justicia, la alternatividad penal, el estatuto antiterrorista, la reestructuración del Estado, del ordenamiento territorial y la carrera administrativa, que demandarán dedicación exclusiva y por tanto no permitirían el estudio juicioso y detenido de una iniciativa de especial importancia, como es la adopción de un régimen de insolvencia”.
• “La discusión de un proyecto que sustituya a la Ley 550 de 1990 y a la Ley 222 de 1995, exige un trabajo cuidadoso y de especial análisis, pues tiene incidencia directa en las empresas del sector real y la necesaria tutela del derecho de crédito”.
• “La Ley 550 en materia de acuerdos de restructuración y la Ley 222 de 1995 consagran en su orden instrumentos de recuperación y liquidación de negocios que han sido trajinados por la comunidad empresarial, conocidos por ella, que han registrado una experiencia importante y que pueden ser útiles para enfrentar la crisis de las empresas del sector real mientras se discute un nuevo régimen”.
El 16 de diciembre de 2005, a su turno, el Gobierno presentó el proyecto de “régimen general de insolvencia”, el cual se convirtió en Ley 1116 del 27 de diciembre de 2006. En el artículo 126 de esta se determinó que empezaría a regir 6 meses después de su promulgación (junio 27 de 2007) y durante ese término seguiría vigente la Ley 550 de 1999. Superado dicho lapso quedarían derogados el Título II de la Ley 222 de 1995 y la Ley 550 de 1999 respecto de personas naturales comerciantes y jurídicas no excluidas de la aplicación del régimen de insolvencia, que realicen negocios permanentes en Colombia, de carácter privado o mixto. Se mantuvieron los acuerdos de reestructuración de pasivos del título V y demás normas pertinentes de la Ley 550 de 1999 para las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004.
• La Ley de intervención económica 550 de 1999 se concibió como un instrumento transitorio “para atender una situación de crisis económica generalizada, en consideración a que los mecanismos concursales diseñados para situaciones ordinarias resultaron insuficientes e inadecuados.
• El proceso concordatario, por la razón antes dicha, se suspendió por 5 años y durante ellos adquirió vigor la Ley 550 de 1999, prorrogada 2 años más mediante la Ley 922 de 2004.
• Ante la expiración de la Ley 550 se estimó oportuno poner a consideración del Congreso de la República “un proyecto de ley basado en las experiencias ocurridas durante la aplicación de los diferentes mecanismos concursales”, para la obtención de “una nueva propuesta que cubra las expectativas de acreedores, deudores, jueces y en general de la comunidad económica empresarial, que garantice un proceso seguro, ágil y efectivo”.
• Así las cosas, se estudió una iniciativa legislativa “referente a un régimen general de insolvencia que sustituya, tanto al sistema temporal de la citada Ley 550 de 1999, como al concordato y la liquidación obligatoria regulados en la Ley 222 de 1995”, aplicable a “las personas naturales, las personas jurídicas y las sucursales de sociedades extranjeras”.
• En la elaboración del proyecto se tuvieron en cuenta “los comentarios y sugerencias de gremios, entidades públicas y privadas y profesionales vinculados al tema del derecho concursal, así como, las experiencias, los aportes doctrinales y jurisprudenciales obtenidos y desarrollados por la Superintendencia de Sociedades, a través de 32 años, desde la expedición del Código de 1971. El resultado de esta tarea es un texto legal que propone recoger lo positivo de los anteriores regímenes concursales, corregir las deficiencias de los mismos e introducir modificaciones para mejorarlo”.
• Se elaboró el proyecto “para convertirse en régimen con vocación de permanencia, manteniendo y mejorando la agilidad y los principios contractuales que orientaron la Ley 550 de 1999”. La asimilación del nuevo sistema, por ende, “además de otorgar bondades e innovaciones al régimen concursal, no implicaría un cambio difícil de asimilar para la comunidad empresarial colombiana. Adicionalmente, en su concepción, este régimen general de insolvencia tiene como su principal objetivo el servir como instrumento tanto para momentos de normalidad como de inestabilidad económica del país”.
4. El recorrido anterior deja claro que la Ley 550 de 1999, expedida para hacer frente a la crisis económica del sector productivo y cuya finalidad era proporcionarle a deudores y acreedores “mecanismos adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas, que permitían a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y atender sus compromisos financieros”, fue reemplazada por la Ley 1116 de 2006, que en lo sustancial mantuvo sus mismas finalidades. Es decir, la recuperación de la empresa o la persona natural comerciante en casos de tener problemas de viabilidad financiera, a través de un compromiso con sus acreedores para la cancelación a largo plazo de las obligaciones con dificultades en su cubrimiento. Esos convenios entre deudores y acreedores para asegurar la subsistencia de la empresa, corresponden a los llamados en la Ley 550 de 1999 “acuerdos de reestructuración” y en la Ley 1116 de 2006 “acuerdos de reorganización”, cuyo incumplimiento, en los dos casos, se previó como causal de liquidación inmediata y obligatoria.
En ambos procedimientos, una vez admitida la solicitud de reestructuración o de reorganización, entre muchas otras prohibiciones, el deudor ya no puede —sin autorización del Juez del concurso— hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, incluidas desde luego las deudas con la Dian. Esta, sin duda, fue la razón para marginar de responsabilidad penal por la conducta punible descrita en el artículo 402 del Código Penal a los gerentes o representantes legales de las sociedades “admitidas a la negociación de un acuerdo de reestructuración”, la cual, bajo el liderazgo de un promotor ajeno a la empresa, tenía como finalidad poner de acuerdo a deudor y acreedores en relación con un plan de normalización de la actividad productiva y de atención a los compromisos financieros. No lograr el acuerdo o incumplirlo conducía —sin escapatoria— a la liquidación del negocio.
Así las cosas, si admitir a la compañía a la negociación del acuerdo de reestructuración traía consigo la imposibilidad de pagarle o compensarle las sumas adeudadas a la DIAN —como acreedora la entidad debía concurrir al proceso para la satisfacción de la deuda a su favor—, resulta explicable la decisión legislativa de exonerar de proceso penal en una circunstancia como esa a los gerentes o representantes legales responsables de no consignar los impuestos retenidos o autorretenidos en la fuente.
1. CASAR la sentencia condenatoria impugnada y, en su lugar, CESAR EL PROCEDIMIENTO al procesado JAVIER MURGUEITIO CORTÉS, por concurrir en su favor la circunstancia de improcedibilidad de la acción penal consagrada en la parte final del inciso 2º del artículo 42 de la Ley 633 de 2000, por el cual se adicionó el artículo 402 de la Ley 599 del mismo año.
2. PRECISAR que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento.

References: artículo 22
 artículo 665
 artículo 402
 artículo 665
 artículo 42
 artículo 402
 artículo 42
 artículo 402
 artículo 21
 artículo 42
 artículo 402
 artículo 42
 artículo 402
 artículo 126
 artículo 402
 artículo 42
 artículo 402