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Timestamp: 2020-02-28 07:00:27+00:00

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﻿ AUTO 18216 DE ABRIL 28 DE 2004
AUTO 18216 DE 28 DE ABRIL DE 2004
CONTENIDO:RECURSO DE SÚPLICA. EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN, RECURSO DE SÚPLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:390 DE JUNIO DE 2004, PG.835
Auto 18216 de abril 28 de 2004
EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN
Ref.: Expediente casación Nº 11001-31-03-016-1997-18216-01
Decide la Corte el recurso de súplica que interpuso la parte actora, contra el auto de 28 de noviembre de 2003, por el que el magistrado a quien se asignó la ponencia del recurso en referencia, se abstuvo de admitir a trámite la solicitud de nulidad formulada por la sociedad demandante.
1. Mediante auto de 30 de septiembre de 2003, se declaró desierto el recurso de casación que contra la sentencia de segunda instancia interpusiera la parte actora, por cuanto según informe secretarial precedente, en la oportunidad de rigor (la que se extendió hasta el día 23 del mencionado mes, inclusive), no se presentó la demanda sustente (sic) del recurso (fls. 5 y 6, cdno. 13).
2. Posteriormente, a través de su nuevo apoderado judicial, con fundamento en el numeral 5º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandante pidió que se declarara la nulidad de lo actuado a partir del 8 de septiembre de 2003, alegando que la tramitación siguió no obstante que se dio la causal de interrupción prevista en numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, pues el “suscrito apoderado” estuvo “incapacitado”, del 8 al 27 de septiembre del año anterior.
A su solicitud, radicada el 3 de octubre de 2003, el incidentante anexó memorial-poder que figura otorgado por el representante legal de la demandante, ante notario, el 21 de agosto del mismo año, el que aparece aceptado por el mandatario el mismo día en que se formuló el incidente de nulidad (fl. 1, cdno. 14).
Díjose en ella que la eventual incapacidad sufrida por “el nuevo apoderado judicial” de la actora no era relevante, porque durante el período en que ella pudo darse, la sociedad demandante estuvo asistida judicialmente por el apoderado anterior, cuyo mandato, atendiendo el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se extendió hasta el 3 de octubre de 2003, día en que se presentó, ante la Corte, “el poder conferido por tal sociedad al doctor Diego Hernán Zapata Mejía (fls. 9 y 10, cdno. 13). Por lo anterior, se concluyó en la providencia suplicada que el “nuevo profesional constituido por la sociedad recurrente” carecía de interés para reclamar la mencionada nulidad.
Señaló el inconforme que el poder a él conferido por la sociedad demandante para que incoara la demanda de casación, debía entenderse vigente desde el 21 de agosto de 2003, fecha en que se “formalizó” ante notario, pues en él “se refleja el contrato de mandato celebrado entre J.P. Construcciones Ltda. y el suscrito y por ende me hice cargo de la gestión anotada en el poder desde dicha fecha (C.C., art. 2123), contrato que quedó perfeccionado al ser aceptado por el suscrito, sin que se exija ningún otro requisito y sin que sea viable creer que se trata de un apoderamiento futuro” (fl. 11, cdno. 4).
Añadió que aunque el mandato es consensual, “entratándose del poder especial para tramitar procesos, este ha de materializarse con las formalidades que exige el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil”, las que fueron atendidas en el caso en estudio.
Por último, el memorialista precisó que, “como mandatario, estaba facultado para los actos preparatorios del proceso y en tal virtud empecé a actuar en la elaboración del recurso”, pero que al sobrevenir la aludida enfermedad, se produjo la interrupción procesal.
1. Aunque en forma casi uniforme, de tiempo atrás la Corte ha venido sosteniendo, partiendo de la literalidad del mandato contenido en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, que durante el trámite del recurso extraordinario de casación, el recurso de súplica solo procede contra la decisión que resuelve sobre la admisión del recurso (autos de 9 de nov./99, Exp. 7713; de 12 de sep./88, Exp. 771614; auto de 16 de mar./99, entre muchos otros), es preciso ahora reexaminar tal planteamiento, de manera un tanto más sistemática, esto es a la luz de otros preceptos y cometidos del ordenamiento procesal civil, puesto que “cuando el derecho procesal en su conjunto, percibido por lo tanto en su cohesión lógica y sistemática, cual lo exige el artículo 4º de la codificación, denota con claridad suficiente que determinada regla debe tener alcance distinto del que había de atribuírsele de estar únicamente a su expresión gramatical, es sin duda el primero el que prevalece, siempre en el bien entendido, naturalmente, que la ley por definición es en su esencia una volición razonable que los intérpretes deben observar de preferencia ante otras inteligencias hermenéuticas igualmente factibles pero incorrectas” (auto de 18 de feb./99, Exp. Cas. 7400).
Es así como en esta oportunidad cumple observar que cuando el mencionado artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, en términos generales, autoriza el recurso de súplica frente a los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia, al igual que contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de casación, en rigor, no está queriendo significar que durante el trámite de este último, solamente sea susceptible de impugnar la mencionada providencia por vía de la súplica, sino que la cita de la misma resulta apenas enunciativa, según seguidamente pasa a explicarse:
a) Sea lo primero resaltar que en la citada disposición no se previó expresamente que, en sede de casación, la súplica solo fuera viable en la referida hipótesis.
b) No llama a duda, así mismo, que la súplica constituye un recurso horizontal, con el que se busca que —dentro de actuaciones surtidas ante jueces colegiados y frente a autos dictados por el ponente— los magistrados restantes de la Sala, a la cual corresponde, en últimas, la decisión pertinente y por ende el control final de la actuación, reconsideren la decisión combatida. De ahí que no sorprende que importante doctrina nacional haya pensado que este medio de impugnación, mutatis mutandis “equivale a la reposición ante el juez único”, de donde bien podría decirse que frente al recurso de súplica, como acontece con el de reposición, en materia de autos, la ley ha consagrado una procedencia general, obviamente condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos positivamente para su viabilidad (arts. 348 y 363).
c) Tampoco el susodicho medio de impugnación reviste una naturaleza extraordinaria la cual, como acontece con los recursos de casación y de revisión, que sí lo tienen, hace que su viabilidad únicamente pueda deducirse cuando quiera que la ley expresamente lo disponga.
d) Ahora, que la voluntad del legislador haya estado encaminada clara y unívocamente a establecer que durante el trámite de la casación solo era susceptible de súplica el auto que decide sobre la admisibilidad del recurso, constituye un aserto desprovisto de la corroboración requerida como para dar aplicación a la drástica regla de interpretación contenida en el inciso inicial del artículo 27 del Código Civil, lo cual zanjaría toda discusión en torno al tema.
Y es que, auscultados los distintos tópicos que interesan a la regulación legal vigente en materia de recursos judiciales, no se avizoran las circunstancias que impondrían, en sede de casación, limitar la procedencia de la súplica a la precitada excepción, no obstante la amplitud de su radio de acción entratándose del trámite concerniente propiamente a las instancias. El hecho de que la casación no corresponda al concepto de instancia, por sí mismo, no se erige como un elemento diferenciador que claramente imponga, o siquiera justifique, la pretendida restricción, de modo que será el contenido mismo de cada decisión y no la naturaleza del preciso escenario donde ella tenga lugar, el que determine si en un específico evento es factible el recurso de súplica.
e) Visto que en forma categórica e indiscutida no es factible deducir que la viabilidad de la súplica contra autos de ponente dictados durante el trámite de la casación no está circunscrita al auto que admite el recurso, corresponde al intérprete establecer, de acuerdo con las pautas señaladas en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, si existen otros casos, distintos del ya aludido, en que ese medio ordinario de impugnación sí procede, lo cual invita a reiterar que al interpretar la ley procesal, el juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, y que las dudas que surjan en esa labor hermenéutica, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes (CPC, art. 4º).
Dentro de ese contexto resulta importante tener muy en mente que la actividad judicial, como toda actuación humana, es falible, connotación a la que no escapan siquiera los integrantes de los más altos tribunales de justicia, y que esa posibilidad de error, siempre latente, bien puede incidir en el desconocimiento de elevados faros que orientan la interpretación de las normas procesales, acorde con el aludido artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, riesgo que, per se, justifica la presencia de unos mecanismos judiciales que, como los recursos (entre ellos el de súplica), pueden ser utilizados eficazmente en procura de los correctivos que cada situación requiera.
Desde luego, no cabe asumir que el legislador, que se presume sabio, haya ignorado (o querido ignorar deliberadamente) que las decisiones tomadas por el magistrado ponente durante la ritualidad de la casación, pueden acusar errores de la entidad y alcance mencionados, y que para su enmienda ofrece enorme utilidad la posibilidad de un segundo examen por quienes lo acompañan en la respectiva Sala (súplica), dada, precisamente la naturaleza de la decisión cuestionada, cuya importancia amerita esa especie de reexamen.
Tan poco es ajeno el recurso de súplica al trámite del recurso extraordinario de casación por cuanto, que la misma ley lo ha previsto, expresis verbis, con respecto al auto que decide sobre su admisión. Y no se diga que como del aludido recurso extraordinario conoce el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, no habría posibilidad, en ningún caso distinto del ya contemplado, de suplicar las decisiones de ponente, porque es lo cierto que por ese conducto también se pueden combatir los autos que siendo apelables por su naturaleza en súplica, se profieren durante el trámite del recurso, también extraordinario, de revisión, del que, en algunos casos, conoce la misma Corte.
Añádase a lo anterior, inclusive, que ante la ausencia de una norma que con total claridad proscriba la súplica para los autos que el ponente dicte dentro del trámite del recurso de casación, se acomodaría mejor un criterio más amplio y garantista, que en mayor medida responda a los patrones de interpretación de las normas procesales, de modo tal que los justiciables que se encuentren incursos en situaciones de hecho similares, reciban, paritariamente, una solución de derecho igual o al menos semejante.
No hay duda, entonces, que una interpretación extensiva en la materia, conduce a evitar un trato inequitativo y en cierto grado discriminatorio, habida cuenta que, como ya se ha subrayado, no existen razones valederas que justifiquen la diversidad de tratamiento de la súplica en el transcurso del recurso de casación.
f) Establecida, entonces, la idoneidad de los recursos de reposición, que no se pone en duda, y de súplica para corregir los yerros en que eventualmente pueda caer el magistrado ponente durante el trámite de la casación y dado que esa indiscutida utilidad no ha sido pasada por alto por el legislador, quien positivamente la ha establecido, aun con referencia a la actuación atinente al recurso extraordinario de casación (CPC, arts. 348 y 363), se impone reiterar que es necesario elucidar, en cada caso en particular, cuándo procede el uno o cuándo el otro, sin olvidar la regla de exclusión contenida en el mismo artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, por cuya conformidad, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el magistrado ponente, “no susceptibles de súplica”.
Frente a ese cometido, añade la Corte que el mismo artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, con miras a establecer la procedencia de la súplica, ha acudido a una regla general que no puede perderse de vista: que la providencia recurrida (auto, en todo caso), por su naturaleza sea apelable. En otras palabras, es claro el propósito del legislador de posibilitar, en tales hipótesis, que el examen de la decisión combatida no sea hecho por el mismo ponente, sino por funcionarios distintos, lo cual constituye una mayor garantía para los justiciables, según se motivara con antelación.
g) Por lo tanto, se concluye que nada impide que la regla general según la cual, en el curso de la segunda o la única instancia, son suplicables los autos de ponente que por su naturaleza podían ser combatidos en apelación, sea igualmente aplicable a los proferidos durante el trámite de la casación.
En el descrito orden de ideas, impónese adicionar, con soporte en la señalada fuente normativa, que ante la Corte, como juez de casación, la súplica puede constituir un medio de impugnación apto para atacar, atendiendo la expresa previsión del artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, el auto que decide sobre la admisión del recurso (no el que lo niega, puesto que este es proferido por la Sala, según el inciso inicial del art. 372), lo mismo que aquellos autos de ponente que por su naturaleza sean apelables, debiéndose tener en cuenta, además, que el ordenamiento positivo ha establecido una indiscutida incompatibilidad entre los recursos de súplica y de reposición, por manera que, como ya se anotó, el segundo resulta viable contra los autos proferidos por el magistrado ponente, siempre y cuando no sean susceptibles de súplica (art. 348).
2. Aplicadas las anteriores premisas a la providencia que en el sub judice recurrió en súplica la parte actora, se deduce la viabilidad de la mencionada modalidad de impugnación (horizontal y ordinaria), por resultar verdad inconcusa que la misma fue dictada por el magistrado ponente; que tuvo lugar durante el trámite del recurso de casación y que es susceptible de alzada, pues acorde con el artículo 351 (ord. 4º), es apelable el auto que deniegue el trámite contemplado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, concerniente a la solicitud de declaración de nulidad procesal.
3. Verificada la procedencia de la súplica impetrada por la parte demandante, se advierte delanteramente que se revocará el auto impugnado, mas no por que resulten de recibo los argumentos esgrimidos por el recurrente, sino porque, en el criterio de la Sala, el rechazo de la solicitud de nulidad, en el asunto bajo examen, no procedía de plano, pues la situación que aquí se configuró no se adecua a ninguna de las que, de conformidad con los artículos 138 y 143 del Código de Procedimiento Civil, habilitan, de entrada, el repudio de la aludida solicitud.
En punto tocante con la falta de interés del apoderado judicial que la parte demandante designó para que la representara durante la tramitación del recurso de casación, para reclamar la perseguida declaración de nulidad procesal, la Sala se separa de lo puntualizado al respecto por el señor magistrado ponente, como quiera que tal pedimento, fincado en que se siguió la actuación no obstante haberse configurado una causal de interrupción del proceso, por grave enfermedad de su apoderado judicial, corresponde a una situación que no se enmarca dentro de ninguna de las previstas en las referenciadas disposiciones procesales, si bien, prima facie, pudiera ofrecer una incidencia de primerísimo orden en la definición de fondo de la solicitud de marras.
4. Lo dicho es suficiente para revocar el fallo suplicado.
ÚNICO. Revocar la decisión materia de súplica, dictada por el magistrado ponente el pasado 28 de noviembre. En consecuencia, se dará trámite a la solicitud de nulidad incoada por la parte demandante mediante escrito radicado el 3 de octubre de 2003. Remítase el expediente a la oficina de origen.
Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velázquez—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

References: artículo 140
 artículo 168
 artículo 69
 artículo 65
 artículo 363
 artículo 4
 artículo 363
 artículo 27
 artículo 363
 artículo 4
 artículo 348
 artículo 363
 artículo 363
 artículo 351
 artículo 142