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Timestamp: 2020-02-27 13:15:55+00:00

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De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Portadas de Prensa
Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 13:00, Categoría: Procesos Judiciales
Etiquetas: estado de derecho, terrorismo, ETA, España, Excarcelación, Justicia, Audiencia Nacional, De Juana Chaos
De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Portadas en la Prensa Vasca
Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 12:30, Categoría: Procesos Judiciales
Etiquetas: terrorismo, ETA, España, Audiencia Nacional, De Juana Chaos, estado de derecho, Excarcelación, Justicia
De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: LA RAZON
Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:50, Categoría: Procesos Judiciales
La contundente reacción de la Audiencia impide la excarcelación de De Juana
La Sala no excarcela a De Juana porque él es el «único responsable» de su estado. La Audiencia ordena la alimentación forzosa del etarra aunque «conlleva peligros». Doce de los dieciséis jueces secundan el fallo. Los cuatro magistrados discrepantes defendían, como el fiscal, la prisión atenuada en su domicilio
Madrid - La Audiencia Nacional no ha autorizado el traslado a su domicilio del etarra José Ignacio de Juana Chaos -en huelga de hambre desde hace 80 días y actualmente ingresado en el hospital Doce de Octubre- ni su libertad provisional. Muy al contrario, el Pleno de la Sala de lo Penal acordó ayer -con el voto favorable de doce de los 16 magistrados presentes- que el ex miembro del «comando Madrid» siga en prisión y se le administren alimentos de forma forzosa cuando sea preciso, tal y como reclamaba el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, y en contra de la opinión de la Fiscalía, que sopesa ahora recurrir en súplica. Cuatro magistrados -los tres a quienes correspondía inicialmente resolver la cuestión (Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Paloma González Pastor), respaldados por Clara Bayarri- formularon un voto particular defendiendo que «ante el riesgo para su vida» y dada su condición de preso preventivo se optase por la prisión domiciliaria.
El TS resolverá en febrero el recurso
La Sala Penal del Tribunal Supremo está agilizando al máximo el recurso que interpuso el etarra contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a 12 años y 7 meses de prisión por dos delitos de amenazas. De hecho, según fuentes del propio tribunal, todo hace indicar que será en la segunda quincena de febrero cuando se resuelva y decida si mantiene la pena o la modifica. «No estará mucho tiempo en el Gabinete Técnico», se indica al respecto. Lo que todavía no está decidido es si el recurso será estudiado y resuelto por una sala de cinco magistrados o por todo el pleno de la Sala Penal, tal como parece respaldar algunos de sus miembros. La fiscalía del Supremo ha solicitado que se confirme la condena que se impuso a De Juana Chaos, aunque alternativamente también plantea la reducción a 4 años de prisión al considerar «incuestionable» que el contenido de los dos artículos por los que condenado se enmarca en un delito de coacciones en relación con terrorismo, ya que la finalidad de los mismos «no es otra que mover al ánimo de las personas que en ellos se mencionan -el presidente de la Sala Penal, Javier Gòmez Bermúdez- y cinco directores de prisiones- a fin de realizar las acciones que estén a su alcance, para conseguir el fin propuesto, que no es otro que alcanzar la excarcelación del autor», es decir De Juana.
Enrique López: «El Estado de Derecho ha sabido buscar una solución adecuada»
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró ayer en relación a la decisión tomada por la Audiencia de no modificar la situación de De Juana, que el Estado de Derecho ha sabido buscar «una solución adecuada» al «reto» que planteó el etarra. «Los jueces se someten sólo a la lógica de la Ley».
Una información de R. Coarasa y F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Rajoy: «La resolución desautoriza al fiscal y al Ejecutivo»
Las víctimas se felicitan porque «El Estado de Derecho no ceda al chantaje de un asesino»
BARCELONA/MADRID - «Estoy enormemente satisfecho y reconfortado, y creo que hoy todos los españoles se sienten como yo». Con este exultante ánimo acogió Mariano Rajoy la resolución de la Audiencia Nacional, que juzgó que «decisiones como ésta sí que unen de verdad a España; esto sí que es unidad de verdad frente al terrorismo». El líder del PP opinó que la acción de los magistrados «refuerza la confianza» en el Estado de Derecho, pero «desautoriza» a todos aquéllos que «hicieron lo posible» para que no se cumpliera la ley y para que «una persona que estaba chantajeando al Estado» saliera a la calle. En concreto, el dirigente popular señaló al «fiscal general del Estado, al gobierno de España y a algunos dirigentes políticos». «Parece mentira que algunos no hayan escarmentado todavía», añadió.
Rajoy afirmó que el Gobierno «debe rectificar» y abandonar las ambigüedades. «Cuando un individuo cede ante un chantaje, pierde su libertad», indicó, «pero cuando es el Gobierno el que se deja chantajear, perdemos todos». Rajoy aconsejó además a Zapatero que no repitiese demasiado que ETA estaba en las últimas, «no vaya a ser que le vuelva a pasar lo del 29 de diciembre».
En la misma línea se manifestó el secretario general de los Populares, Ángel Acebes, quien aseguró a un grupo de periodistas que la huelga de hambre de De Juana Chaos es «un chantaje» ante el que «no se puede ceder» desde el Estado de Derecho.
Acebes advirtió de que rebajar el régimen penitenciario del etarra «tendría consecuencias gravísimas» porque implica «abrir la puerta» a que otros presos hagan lo mismo para reclamar un trato similar «en virtud del principio de igualdad».
«¿Cualquier terrorista que se ponga en huelga de hambre a partir de ahora podría ver atenuada su prisión? ¿Cualquier violador que se ponga en huelga de hambre a partir de ahora podría ver reducida su condena? ¿Cualquier asesino a partir de ahora que se ponga en huelga de hambre tiene que ver atenuada su situación de prisión?», preguntó.
«No quiere la derrota de ETA»
La presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, manifestó su deseo de no publicitar el asunto De Juana Chaos. Pese a ello, no pudo evitar que se le preguntara sobre el etarra y la posibilidad que existía a esa hora de la mañana de que fuera excarcelado. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, acompañada por gran parte de la cúpula del PP, consideró un escándalo la posibilidad de que De Juana fuera trasladado a su domicilio, ya que, «si está enfermo, donde mejor está es en el hospital». Asimismo, señaló que la huelga de hambre es una opción personal, que ha adoptado conociendo sus posibles consecuencias.
Por su parte, las víctimas aplauden la decisión de la Audiencia Nacional. Para la AVT, presentada como acusación particular en la causa contra De Juana, la decisión del tribunal es «muy importante» porque supone que «el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino» y «evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas». «Se ha evitado que aumente ese dolor y sufrimiento». Asimismo, el Foro Ermua calificó la resolución de «muy acertada».
Una información de M. Pardeiro y C. Gurruchaga publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Gobierno y PSOE acatan la decisión judicial, pero temen una respuesta de ETA
El PSE insinúa que la Audiencia ha reinstaurado para De Juana la «pena de muerte»
Madrid - Respuesta oficial: «Acatamos en toda su extensión la decisión de la Audiencia Nacional». Respuesta oficiosa: ETA responderá, sin duda, a la decisión judicial. Así respiraban ayer Gobierno y PSOE, tras conocer la decisión del pleno de la Sala de lo Penal de mantener en prisión al etarra José Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre desde el pasado mes de noviembre. El socialismo navega así entre dos aguas, la del respeto a la separación de poderes del Estado y la independencia judicial y la de un Gobierno, temeroso de que el fallo reactive más pronto que tarde la actividad criminal de la banda.
¿Quiere decir eso que el Gobierno está en desacuerdo con la decisión de la Audiencia? No. Lo que creen tanto en Moncloa como en algunos sectores del PSOE es que el fallo judicial es el que más se corresponde con la «sensibilidad de la opinión pública», pero también que «el debate político y social sobre el asunto ha influido notablemente en la sentencia». Los socialistas recuerdan, además, que el etarra se encuentra ahora en prisión preventiva por un delito de amenazas sobre el que no hay aún una sentencia firme.
Eso sí, el ministro de Justicia descartó ayer que el veredicto de la Audiencia Nacional vaya a tener «consecuencias políticas» porque es una «decisión jurisdiccional que se acata y punto». López Aguilar lanzó un «mensaje de tranquilidad y confianza» por la decisión de los tribunales, que «respeta» el Gobierno, informa Ep.
Idéntico mensaje lanzó el PSOE, por boca de su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, quien dijo que Gobierno y partido «respetan y acatan en toda su extensión» el fallo que pone de manifiesto, además, que el Tribunal ha actuado con «toda independencia», y por eso, añadió, «no hay que buscar motivaciones políticas». Hizo esta advertencia al PP, a quien acusó de aplaudir determinadas sentencias y cuestionar otras, especialmente, las que investigan los casos de corrupción urbanística en sus filas.
Hasta aquí la doctrina oficial de Moncloa, que no siguieron ayer desde el PSE, donde entonaron un discurso completamente distinto. Miguel Buen, secretario general de Guipúzcoa, subrayó que sobre la decisión de la Audiencia ha podido más «la presión de algunos grupos políticos y mediáticos que la de médicos y fiscales». Su opinión es que el Estado «tiene que hacer todo lo que esté en su mano» para que el etarra no muera porque «los españoles - apostilló- decidieron hace tiempo abolir la pena de muerte». Buen insistió en que «un estado democrático tiene que hacer justicia, y no ser vengativo». Y por eso censuró unas declaraciones de María San Gil, quien dijo que no le preocupaba que De Juana muriera y que vinculó con la de ley del Talión. «Si esa es la posición del PP -sentenció- que lleve al Congreso la reinstauración de la pena de muerte».
Una información de E. L. Palomera publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Vitoria - La «jornada de lucha» convocada ayer por Askatasuna para protestar por la sentencia que declaró organización terrorista al grupo juvenil abertzale Jarrai, y que degeneró también en protesta contra la decisión de mantener en prisión a De Juana Chaos, se saldó con tres detenidos en Vitoria.
Información publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: ETA, España, Excarcelación, Justicia, Audiencia Nacional, De Juana Chaos, estado de derecho, terrorismo
De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: ABC
Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:40, Categoría: Procesos Judiciales
La Audiencia evita la libertad de De Juana porque sólo él ha puesto su vida en peligro
La decisión de no ceder a la huelga de hambre del etarra José Ignacio de Juana Chaos por parte del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que ayer analizó su posible excarcelación ha causado una gran conmoción política, social y judicial.
Apenas una semana después de que el Tribunal Supremo declarara que las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi tienen naturaleza terrorista -lo que se traduce en el ingreso en prisión de 23 de sus miembros, 19 de ellos aún en fuga-, la Audiencia propinó otro revés al llamado «proceso de paz» con la simple aplicación de la letra de la ley. Es decir, la mayoría de los magistrados -12 frente a cuatro- entendieron que en el caso de De Juana Chaos no concurren razones «humanitarias» que aconsejen su excarcelación.
El terrorista, del que el presidente del Gobierno llegó a decir hace tres meses que «estaba con el proceso», deberá permanecer en la misma situación que hasta ahora, es decir, en prisión incondicional y alimentado a la fuerza por los médicos mientras siga existiendo peligro para su vida.
En uno u otro sentido, la decisión de mantener en prisión al pistolero, autor de 25 asesinatos, no ha dejado impasible a nadie. Las reacciones han venido de partidos, instituciones, asociaciones y colectivos. Mientras el PP, la AVT o la Asociación de Fiscales aplaudieron la resolución del Pleno, formaciones como la ilegal Batasuna llegaron a calificar el auto de «basura judicial», a culpar al PSOE de esta situación y a «exigirle» la inmediata puesta en libertad del etarra.
En medio del debate político y social que ha suscitado la posible excarcelación de De Juana por el agravamiento de su estado de salud, la decisión del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia (finalmente fueron 16 y no 17 los magistrados que deliberaron y votaron, pues Fernando García Nicolás no pudo asistir al encontrarse enfermo), se tomó en apenas una hora y veinte minutos.
En contra del criterio de la Fiscalía (que informó a favor de la prisión atenuada) y de la defensa del etarra (que pidió su libertad), la Sala se decantó por la solicitud de la AVT, es decir, por el mantenimiento de la prisión incondicional. En su resolución, de la que fue ponente Ricardo Rodríguez, los magistrados sostienen que en el caso de De Juana no se dan los requisitos establecidos en el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este precepto, procede la prisión en el domicilio del preso «cuando el internamiento entrañe grave peligro para su salud». No es éste el caso de De Juana, porque «lo que entraña grave peligro para su salud no es el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes (no está de acuerdo con su nueva condena), lo que es muy distinto». Por ello, insisten, no es la situación de prisión lo que está agravando su salud.
Añaden los magistrados que la prisión atenuada está prevista para supuestos distintos del que se analiza: «Bien cuando aparece una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, un tumor terminal), bien cuando se produce una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)».
Sin embargo, en este caso es el propio terrorista el que «por su propia voluntad» se ha puesto «en tal situación de peligro». Y lo ha hecho, además, estando informado en todo momento de su situación y de los posibles peligros que la huelga de hambre podían causarle. «Se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», apuntan.
Ante esa actitud, siendo una decisión del propio De Juana, «único responsable de su puesta en peligro», y planteándose un conflicto de intereses, «debe decaer su voluntad ante la posición garante de la Administración». En este sentido, se señala que el deber de ésta es velar por la vida, integridad y salud del interno con el consiguiente deber de adoptar las medias necesarias para protegerlas, si es necesario llegando incluso a imponer «limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de aquel interno que, por el riesgo de su vida en que voluntariamente se ha colocado, precise de tal protección». Por este motivo, y por el deber que tiene la Administración de velar por la integridad del preso y respetar su dignidad como ser humano, la Sala insiste en mantener su alimentación forzosa mientras continúe con la huelga de hambre.
Los magistrados se hacen eco de los informes médicos que alertan de que si no se procede a la alimentación forzosa de De Juana (por sonda nasogástrica) existe un grave peligro para su vida. Así, subrayan que si bien «toda actuación médica, y ésta en concreto, conlleva peligros, peor es la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso».
Además de acordar que se mantenga su actual situación personal, los magistrados ordenan que se continúe informando al etarra sobre su evolución «y los posibles peligros que para su vida e integridad física se vayan generando por su voluntad de continuar con la huelga de hambre».
Los cuatro magistrados que votaron en contra de la mayoría (los de la Sección Primera -Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Carmen Paloma Pastor- y Clara Bayarri, de la Sección Tercera), emitieron un voto particular en el que muestran su disconformidad con la decisión de sus doce compañeros.
A diferencia de éstos, argumentan que «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual, lo cierto es que los informes médicos nos hablan de que a medio plazo se puede llegar a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas». Así, reproducen un párrafo literal del informe médico en el que se advierte que «de mantener la conducta de ayuno (...) la evolución esperada es el fallecimiento (del preso) en un periodo cuya duración no podemos determinar, aunque es posible que sea superior a las dos o tres semanas».
Esta afirmación les lleva a concluir que el estado de salud de De Juana «se encuentra tan deteriorado que resulta difícilmente compatible» con su internamiento, por lo que consideran que es de aplicación el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consideran que, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo», el precepto citado da cobertura a situaciones como ésta.
Otro factor que debe considerarse, dicen, es que De Juana es aún un preso preventivo (el Supremo estudiará su recurso contra la condena, que todavía no es firme, la segunda quincena de febrero), por lo que la prisión, en su caso, no es una pena, sino una medida cautelar adoptada para evitar unos riesgos que se pueden solventar con otras medidas.
Un duro golpe para la tesis defendida por la Fiscalía
MADRID. La decisión adoptada por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional supone un fuerte golpe a la tesis de la Fiscalía, que se había mostrado partidaria de acordar prisión atenuada para el etarra Ignacio De Juana. Para el Ministerio Público, el internamiento entraña «grave peligro» para la salud del etarra.
Esta posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido criticada por el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Panasco, quien, en declaraciones a Servimedia, la ha calificado de «profundamente errónea». «Ha habido un desenfoque jurídico sin precedentes en casos similares», señaló García-Panasco, en cuya opinión «la imagen de la Fiscalía ha quedado afectada».
García-Panasco aseguró que su asociación reivindica la «profesionalidad de la inmensa mayoría de los fiscales de este país», y contrapuso la labor de estos funcionarios con la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a quien señaló como «único responsable de esta situación».
Una información de N. Villanueva y N. Colli publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Rajoy cree que la resolución desautoriza al fiscal y a Zapatero
BARCELONA. El presidente del PP, Mariano Rajoy, conoció la resolución de la Audiencia Nacional, contraria a atenuar la condena del terrorista Ignacio de Juana Chaos, en Barcelona, donde reconoció estar «enormemente satisfecho y reconfortado» ante una decisión que, en su opinión, representa «una unidad de verdad contra el terrorismo», al tiempo que «desautoriza a todos aquéllos que hicieron todo lo posible para que no se cumpliera la ley, el fiscal general del Estado, el Gobierno español y algunos dirigentes políticos».
«Parece que no escarmientan», dijo el dirigente popular, en referencia a quienes apoyaban el excarcelamiento del terrorista. Rajoy, que se reunió con cargos institucionales del PP en Cataluña, expresó su respeto a la decisión de la Audiencia porque «los tribunales garantizan el cumplimiento de la ley y no hay nadie por encima de eso, no el Gobierno ni el jefe del Estado». Pero, en este caso, dijo estar satisfecho «no como político, sino como español», ya que «esta decisión une a los españoles y representa una unidad de verdad contra el terrorismo».
Mariano Rajoy, que se ha llevado «una de las alegrías más grandes» de su vida al conocer el dictamen, aseguró que la huelga de hambre del etarra suponía «un chantaje inaceptable» y «cuando uno cede ante el chantaje, pierde su libertad. Cuando es el Estado quien cede, afecta a la libertad de los españoles. Lo de hoy es reconfortante y creo que estamos en el buen camino».
Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Duran Lleida, pidió a Zapatero, que «cuide sus palabras y sus intervenciones públicas» y considera «completamente innecesarias» las críticas al PP que lanzó anteayer el presidente español. Advirtió de que la unidad contra ETA «nunca llegará en la medida en que vayamos aireando» estas opiniones.
Una información de María Jesús Cañizares publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
El Gobierno opta por la estrategia de «cautela, esperar y aguantar el tirón»
MADRID. «Cautela y esperar» es la consigna del Palacio de la Moncloa ante una situación que se reconoce «delicada» y, hasta cierto punto, impredecible en su final -la huelga de hambre voluntaria podría llevar al etarra De Juana Chaos a la muerte, pero el Tribunal Supremo también podría aceptar el recurso contra la sentencia provisional que le mantiene en la cárcel por amenazas-.
La portavocía oficial del Gobierno se delegó ayer en el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien rechazó que la decisión de la Audiencia Nacional sea una revés para la Fiscalía -que había solicitado la prisión atenuada en domicilio-, dijo que para el Ejecutivo «es una decisión jurisdiccional que se acata y punto», apeló a la «tranquilidad y confianza» en las instituciones, y descartó «consecuencias políticas». De paso, acusó al PP de «intentar inferir consecuencias políticas e intentar condicionar las actuaciones de unos y otros con la doble vara de medir, adulando a los que se conducen por lo que uno estima que son los propios intereses o intentando escarnecer a los que no lo hacen», según informa Efe.
Esta respuesta oficial esconde a duras penas la impresión de que la decisión judicial viene a «complicar» la estrategia del Gobierno en la lucha contra ETA -lastrada por la división con el PP- y tampoco oculta el temor a «las consecuencias» -sea en forma de kale borroka o de atentados mortales- si De Juana muere, según se admite en fuentes socialistas.
El Gobierno es consciente de que el «caso De Juana» se ha «envenenado» de tal manera que cualquier decisión presenta contraindicaciones y constituye un asunto de «difícil manejo social», por lo que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se adelantó la víspera a subrayar su respeto a la independencia judicial.
Regreso al crimen
Pero incluso quienes dentro del PSOE creen que lo que correspondía era conceder a De Juana la libertad provisional sostienen que el atentado de Barajas abrió «un ciclo nuevo» ante el que al Gobierno no le queda más opción que «apretar los dientes y aguantar el tirón», según los interlocutores consultados por ABC.
Así, si algunos dirigentes socialistas temen que la muerte del etarra daría a la banda «el mártir que busca» y reforzaría las posiciones del «sector duro» de ETA, otros sostienen que «si no es por esto ahora, será más tarde porque Batasuna no puede presentarse a las elecciones o porque no hay diálogo».
A la primera tesis parecen responder las manifestaciones hechas ayer por el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, o el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. El edil donostiarra tachó de «errónea» la decisión judicial y defendió que, «por razones humanitarias, era razonable aceptar la petición del fiscal». Buen, por su parte, dijo que «guste o no, De Juana cumplió su condena por los crímenes que se le imputaban» y «a partir de ahí, el Estado no puede ser vengativo porque, si lo es, deja de ser justo».
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, prefirió eludir estas consideraciones y optó por, desde su blog en internet, acusar al Partido Popular de haber intentado «condicionar» la resolución judicial y de intentar ahora «aprovechar una decisión estrictamente judicial para atacar al Gobierno y confundir a la ciudadanía».
Una información de G. López Alba publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Interior teme que los presos aprovechen el caso para intensificar sus movilizaciones
MADRID. El Ministerio del Interior teme que el «caso De Juana» sea la espoleta para que los pistoleros etarras encarcelados comiencen una campaña masiva de movilizaciones, o al menos para que las ya convocadas para febrero por el llamado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK), habituales por otra parte a principios de cada año, alcancen una mayor intensidad.
Las fuentes consultadas por ABC explicaron que aunque los etarras presos mantienen por el momento la tranquilidad -ni siquiera reaccionaron de forma significativa ante el atentado del aparcamiento de la T-4, a pesar de que suponía el fin de cualquier expectativa de acercamiento al País Vasco-, la decisión de ayer de la Audiencia Nacional podría ser el «banderín de enganche» que necesitaba la banda para que sus reclusos, que en los últimos tres años apenas han seguido las movilizaciones convocadas por la dirección, decidan endurecer su postura. Sería en cualquier caso paradójico, ya que el propio José Ignacio de Juana Chaos, autor de veinticinco asesinatos, tampoco participó en aquellas protestas convocadas por el EPKK, al margen de realizar algún gesto simbólico. Además, el terrorista decidió ponerse en huelga de hambre sin contar con ETA, lo que provocó el malestar de sus cabecillas.
Hay un dato que revela hasta qué punto existía una desmovilización de los presos, muchos de los cuales empiezan a estar hartos de no ver una salida a su situación: ninguno de los etarras afectados por la «doctrina Parot» -algunos de ellos han visto cómo sus condenas aumentaban hasta diez años-, han protagonizado protesta alguna.
La posible reactivación de las protestas carcelarias provocan además cierta inquietud porque muy probablemente vendrían acompañadas de movilizaciones en el exterior por parte de los colectivos de apoyo a los presos y de los propios familiares de los internos, que en los últimos tiempos habían descendido de forma importante en su actividad.
«Se ha dicho que haber concedido la prisión atenuada a De Juana era sentar un precedente peligroso, y es cierto», dicen las fuentes consultadas. «Pero también es verdad que el resto de presos puede pensar que este terrorista en solitario no ha conseguido su propósito, pero que quizá logren algunos de sus objetivos si son 50 ó 60 los que comienzan una protesta similar», añadieron.
En cualquier caso, y pase lo que pase, lo que es cierto es que a la dirección de la banda le ha venido muy bien este asunto, ya que puede haber cohesionado más al colectivo de presos etarras en un momento especialmente delicado, después de que los pistoleros hayan puesto fin con el último atentado a las esperanzas de los reclusos de mejorar sus condiciones de vida.
«En su mentalidad, la decisión de la Audiencia les confirma en su papel de víctimas de un Estado «represor» y en que son «presos políticos», señalan las fuentes de Interior, que añaden: «En el fondo, la cúpula de ETA desea que De Juana muera en prisión, sería lo mejor para sus intereses, una excusa perfecta para justificar nuevos actos criminales y demostrar ante sus bases que lo que llaman lucha armada sigue siendo necesaria».
Una información de Pablo Muñoz publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
El PNV compara la decisión con la pena de muerte y culpa directamente al PP de lo que le pueda ocurrir al preso etarra
BILBAO/MADRID. El PNV y el Gobierno vasco extremaron ayer sus críticas contra los jueces por la decisión de la Audiencia Nacional de dejar preso al etarra De Juana Chaos. El senador del PNV Iñaki Anasagasti afirmó que, si el etarra muere a causa de su huelga de hambre, «se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP y de la extrema derecha más rancia del país». «Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación», asegura.
El Gobierno vasco no se quedó atrás y definió la decisión que tomó la Audiencia Nacional como «una actuación más en la carrera de despropósito judicial», por lo que exigió que sea el Tribunal Supremo el que pronuncie «con urgencia» sobre la situación del preso.
También el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, mostró su preocupación por la posibilidad de que haya una «interpretación sesgada» de las razones humanitarias y derechos que todas las personas tienen y que, además, se apliquen «regímenes de excepcionalidad, desconsiderando las propias leyes, con interpretaciones más políticas que pueden llevar a una dinámica de «acción, reacción».
El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga Ramírez, opinó que la decisión de la Audiencia Nacional «pone en entredicho la vigencia de los valores democráticos en un Estado de Derecho, y escenifica la utilización de la justicia con fines claramente políticos». El secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, manifestó que hay una intención de «condicionar» el «proceso». A través de un comunicado, Ziarreta señaló que con su decisión la Audiencia Nacional ha obviado «los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea dura del Partido Popular».
Socios de Zapatero
Todos los socios parlamentarios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero criticaron con dureza la decisión de los jueces. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló que su formación política respeta la decisión de la Audiencia Nacional, pero destacó que hubieran deseado «que se combinase mejor la Justicia y la humanidad». «Las dos cosas creemos que son conciliables», apuntó. Dicho esto, dirigió sus críticas al PP: frente a la «justicia justiciera», dijo, que «reclama el Partido Popular», reclamó más terreno para la justicia y la compasión.
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, expresó sus críticas hacia la «intolerancia que se ha impuesto en este caso» impidiendo que se atenuaran las condiciones penitenciarias del preso en huelga de hambre.
También el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, Agustí Cerdá, recalcó que la Justicia debe ser Justicia «y no venganza». A su juicio, el tribunal debió tener un «gesto humanitario» con el preso por su huelga de hambre voluntaria. «Esquerra respeta pero no comparte la decisión de la Audiencia Nacional», subrayó el dirigente de ERC.
Una información de M.L.G.F. y S.E. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Alivio y emoción entre las víctimas, que aplauden la decisión de la Audiencia
MADRID. Vicente Romero, Juan García, Esteban del Amo, Fausto Escrigas, Eugene Kent, Juan Carlos González, Vicente Javier Domínguez, Juan José C. Vázquez, Juan Mateos Pulido, Alberto Alonso, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, Carlos Vesteiro, Francisco Casillas, Jesús María Freixes, Santiago Iglesias, Carmelo B. Alamo, Miguel A. Cornejo, José Calvo, Andrés José Fernández, Antonio Lancharro, José Joaquín García, Jesús Gimeno, Juan Ignacio Calvo, Javier Esteban y Ángel de la Higuera no tienen la opción de hacer huelga de hambre ni pueden opinar sobre la del etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque fueron asesinados por él. Veinticinco vidas rotas y muchas familias destrozadas que ayer se sintieron confortadas no sólo por la decisión judicial de mantenerle en prisión, sino por la respuesta unánime de los colectivos de víctimas del terrorismo: todos ellos sin excepción (de una u otra «tendencia») refrendaron esta actuación de la Audiencia Nacional.
Especial relieve tuvieron las reacciones en el acto de homenaje a Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García que ayer celebró el PP-A en Sevilla. El eurodiputado y ex presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgáiz, expresó que «ojalá» el etarra hubiera hecho la huelga de hambre «antes de haber asesinado. Así sus víctimas estarían hoy con nosotros». Acompañado por el presidente del PP-A, Javier Arenas, y por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, Iturgáiz señaló además que la decisión judicial deja en evidencia a quienes han llamado a De Juana Chaos un «hombre de paz».
Arenas, por su parte, atacó el hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, dijera el miércoles que consideraba «razonable» que se decretase para De Juana «prisión atenuada o libertad provisional». «Cada minuto que deja pasar sin pedir disculpas a la familia Jiménez-Becerril lo está perdiendo», aseguró.
Teresa Jiménez-Becerril dijo que «mi hermano nunca habría dicho que podría ser razonable excarcelar a De Juana». Ya antes, Teresa había expresado su «gran alegría» por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que «las víctimas podemos seguir creyendo en la Justicia».
A su juicio, los magistrados han podido comprobar en estos días que la opinión pública estaba totalmente en contra de la excarcelación, lo que cree que ha dejado en entredicho al Gobierno «que estaba detrás de la medida». Para Chaves tuvo más palabras duras por su posición favorable a las medidas «humanitarias» en favor de De Juana Chaos: «Habría que responderle que le dijera a la cara a mi madre que le parecía bien la posibilidad de que este hombre saliera de la cárcel».
Habla una de sus víctimas
Pero no hubo sólo declaraciones en el acto de Sevilla. El guardia civil Alfonso Sánchez, herido en un atentado en la plaza de la República Argentina de Madrid en 1985 en el que participó este sanguinario etarra, consideró ayer una «buena noticia» la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerlo en prisión, y sugirió que todo el interés que la situación del terrorista ha suscitado debería volcarse «a favor de sus víctimas, muchas de ellas en silla de ruedas». También reprobó que, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional, algunos dirigentes políticos se hayan mostrado en desacuerdo y hayan defendido las razones humanitarias porque, en demasiadas ocasiones, esas mismas voces ignoran el sufrimiento de las víctimas.
La «voluntad de un preso»
Asimismo apoyó la continuidad en prisión del etarra De Juana Chaos la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAVT) que se acaba de reunir con el lendakari Ibarretxe. «Ninguna decisión jurídica -declaró ayer Roberto Manrique, vicepresidente y portavoz de la entidad- puede depender de la voluntad de un preso».
Además, la Federación de Víctimas insistió en que les hubiera gustado que las asociaciones que se han interesado por la situación del etarra «lo hubieran hecho también por las familias de sus víctimas», en referencia a la visita al etarra de un comité dependiente del Consejo de Europa.
La AVT lamenta la «cobardía» del Gobierno
La decisión judicial fue aplaudida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que denunció la «falta de sentido de Estado del Gobierno socialista y sus socios al limitarse a «acatar» y «respetar» lo acordado por la Justicia en vez de «apoyarlo», lo que, en opinión de la entidad encabezada por Francisco José Alcaraz, supone «una cobardía en toda regla». Para la AVT, «una decisión distinta a la tomada podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas y a la sociedad española».
Una información de S. E. y B. T. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: ETA, España, Justicia, Audiencia Nacional, De Juana Chaos, estado de derecho, terrorismo, Excarcelación
De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: EL MUNDO
Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:00, Categoría: Procesos Judiciales
Los jueces deciden que De Juana siga preso y el nacionalismo les criminaliza
Acuerda por 12 votos frente a cuatro no modificar la situación procesal del etarra. Subraya que su vida está en peligro por la huelga de hambre voluntaria, no porque se encuentre preso.
MADRID.- Por una rotunda mayoría de 12 votos frente a cuatro, la Audiencia Nacional acusó ayer a José Ignacio de Juana Chaos de ser «el único responsable» de su estado se salud y ordenó que continúe en prisión provisional.
La decisión de la víspera de llevar el caso De Juana a Pleno ha conducido a que el etarra no disfrute de una prisión atenuada en su domicilio, como solicitaba la Fiscalía y como hoy mismo tenían previsto acordar los tres magistrados de la Sección Primera en los que inicialmente recayó el asunto.
Según el auto redactado ayer por el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, no se cumple el requisito esgrimido por el fiscal para dictar una prisión atenuada: que el internamiento entrañe «grave peligro» para la salud del reo. «Lo que entraña grave peligro para la salud de De Juana Chaos no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes, lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud».
Añade el escrito que la prisión atenuada está prevista para otro tipo de supuestos, «como una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, tumor terminal) o una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)». «Ninguno de tales supuestos es el del caso en que es el preso quien, precisamente, por su propia voluntad se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», añade.
Los jueces también reiteran al Hospital 12 de Octubre que proceda de nuevo a alimentar por la fuerza a De Juana tantas veces como lo considere necesario. Respecto al peligro que incluso el tratamiento médico tiene para su vida -según explicaron los médicos en su último informe-, el Pleno resalta que «peor es, desde luego, la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente».
El Pleno también ordena al Hospital que mantenga informado a De Juana en todo momento de la evolución de su estado de salud y del peligro que la huelga de hambre supone para su vida.
Tres de los cuatro jueces de la minoría fueron, precisamente, los miembros de la Sección Primera -Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González- quienes, junto a la magistrada Clara Bayarri, emitieron un voto particular apoyando la prisión atenuada solicitada por el fiscal. Por contra, la Sala se inclinó por la postura mantenida por el letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura.
Pese a que lo habitual es intervenir en orden inverso a la antigüedad de cada magistrado, ayer los primeros en hacerlo fueron los miembros de la Sección Primera, que se repartieron la exposición de los argumentos por los que respaldaban la prisión atenuada. Les siguieron varias intervenciones de jueces contrarios a esa postura, hasta que el presidente de la Sala, Fernando Bermúdez de la Fuente, estableció un turno de palabra en el orden acostumbrado.
Doce de los 16 magistrados presentes -uno se ausentó por enfermedad- apoyaron entonces mantener la prisión provisional. Las intervenciones fueron, en general, breves, aunque algunos jueces se extendieron más al defender la prisión de De Juana. Entre ellos, Fernando Grande-Marlaska, que como instructor encarceló a De Juana por las amenazas vertidas en Gara.
También expuso sus argumentos con especial vehemencia Ricardo Rodríguez, quien junto a Fermín Echarri y Flor Sánchez formó parte del tribunal que condenó al etarra.
Antes de que el presidente de la Sala diera por concluido el bloque de intervenciones, el último capítulo del caso De Juana lo cerró quien lo había iniciado: Alfonso Guevara. El presidente de la Sección Tercera, que el miércoles reunió las firmas suficientes para llevar el asunto a Pleno, concluyó con una breve intervención en la sumó su voto al de la mayoría: que De Juana siga en prisión.
Para entonces, la Sección Primera ya había perdido otra votación. Antes de entrar en el fondo, los jueces tuvieron que resolver si -como al final se acordó- se trataba de un Pleno jurisdiccional. Es decir, si se podía constituir como tribunal y resolver el caso. Miembros de la Sección defendieron que sus compañeros no les podían retirar un asunto del que ya se habían hecho cargo y sobre el que habían llegado a deliberar.
La Sección 'original', a favor de la prisión domiciliaria
MADRID.- Hasta que el Pleno se cruzó en su camino, De Juana podía creer en su suerte. Entre los 17 magistrados de la Sala de lo Penal, su caso estaba en manos de tres de los cuatro que respaldaban la prisión domiciliaria.
Estos magistrados presentaron ayer un voto particular discrepante en el que, al igual que mantuvo en su escrito el fiscal Fernando Burgos, consideran que se dan los requisitos legales para acordar una prisión atenuada.
El escrito respaldado por los miembros de la Sección Primera, Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González, así como por Clara Bayarri, considera de especial relevancia que, «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual», los informes médicos indican que, a medio plazo, podría llegarse «a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas».
«Los referidos informes médicos nos ponen de relieve que el estado de salud del procesado, en el momento presente, se encuentra tan considerablemente deteriorado, que resulta difícilmente compatible con el mantenimiento del internamiento».
Así, consideran que se cumplen los presupuestos para aplicar el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que «el juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con vigilancia precisa».
Los cuatro magistrados discrepantes resaltan que este precepto, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo, da cobertura precisamente a situaciones como la presente, en que el valor de la vida entra en conflicto con los fines que la prisión provisional trata de conseguir».
El hecho de que fuera precisamente De Juana el que, voluntariamente, hubiera provocado la situación es el elemento fundamental que la mayoría de los magistrados empleó ayer para descartar la aplicación del artículo.
«Por ello», concluye el escrito, «discrepamos del voto de la mayoría considerando que, al tratarse de un preso preventivo en situación de riesgo para su vida, la decisión debía haber sido la aplicación de una medida de prisión provisional atenuada en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias y el tratamiento médico oportuno, como el propio artículo establece».
La Fiscalía aún no ha anunciado si recurrirá.
Rajoy asegura que el tribunal 'desautoriza' a Zapatero
BARCELONA.- Mariano Rajoy opinó ayer que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional «desautoriza a todos aquellos que hicieron todo lo posible para que no sucediera». Entre esas personas citó explícitamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
En Barcelona, donde acudió a una reunión de la Junta Directiva de los populares catalanes, el presidente del PP aseguró que «siempre» respeta las decisiones de los jueces, pero que en este caso concreto, además, el acuerdo que han adoptado le ha hecho sentirse «ya no como dirigente político, sino como español, satisfecho y reconfortado». «Me he llevado una de las mayores alegrías de los últimos tiempos», añadió.
Según Rajoy, el «chantaje» que suponía la actitud del etarra José Ignacio de Juana Chaos «era evidente», y por eso la resolución judicial ha sido un paso «en el buen camino». En su opinión, decisiones como ésa «unen a los españoles», porque de esta manera «es como se lucha de verdad contra el terrorismo».
El presidente del PP se mostró muy crítico con el Gobierno, al que acusó de estar «perjudicando», con la relación que mantiene con ETA y su entorno, «a todos los españoles». «Era un chantaje inaceptable, y cuando uno se deja chantajear está perdiendo su libertad, pero cuando lo hace el Estado perjudica la libertad de todos los españoles», manifestó.
«Parece mentira que todavía no hayan escarmentado», insistió, en referencia al Gobierno y al fiscal general del Estado, y recordó la sentencia del Tribunal Supremo que ha considerado organizaciones terroristas a Jarrai, Segi y Haika y no solamente asociaciones ilícitas.
En cuanto al hecho de que 12 magistrados de la Audiencia Nacional hayan votado a favor de mantener a De Juana en prisión y cuatro optaran por la petición del fiscal de atenuarle la situación y enviarle a su casa con vigilancia policial, Rajoy se limitó a afirmar: «Probablemente, nada en esta vida es uniforme».
El PP fue el único partido político que se mostró claramente a favor de que José Ignacio de Juana continúe en prisión preventiva. Otros colectivos sociales, sobre todo las asociaciones de víctimas, también aplaudieron esa decisión judicial [ver información en página siguiente].
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) expresó su satisfacción, porque considera que los magistrados de la Audiencia Nacional han adoptado una decisión «muy acertada».
Maximiano Correal, secretario de Comunicación de esta organización policial, opinó que se trata de «una decisión de sentido común» que ratifica, una vez más, que en España «hay un Estado de Derecho y que la Justicia se hace y se cumple».
Correal declaró a la agencia Europa Press que si los magistrados hubieran alegado razones humanitarias o de cualquier otro tipo para atenuar la prisión preventiva a De Juana Chaos, «hubiera sido un sarcasmo tremendo y una obscenidad contra todas las víctimas del terrorismo».
Ahora, añadió, depende de la voluntad de ese preso «que su estado de salud mejore», porque es él quien puede dejar la huelga de hambre que protagoniza desde hace 80 días.
El secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López, manifestó que haber atendido la voluntad del preso de ETA De Juana habría significado «ceder a un chantaje de forma clara».
Indicó que en este caso no era necesario adoptar medidas extraordinarias por parte de los jueces, puesto que éstas únicamente se ponen en marcha «cuando hay una situación sobrevenida o una enfermedad» y no por una huelga de hambre.
El secretario de la Confederación Española de Policía indicó que la decisión de la Audiencia Nacional «satisface profundamente» a su organización, porque de esta manera se ha cumplido «con la legalidad vigente» y se ha atendido «la opinión de la inmensa mayoría de los españoles».
Mariano Rajoy (PP). «Era un chantaje inaceptable, y cuando uno se deja chantajear está perdiendo su libertad, pero cuando lo hace el Estado perjudica la libertad de todos los españoles».
Maximiano Correal (SUP). Haber alegado razones humanitarias o de otro tipo para suavizar la situación del etarra De Juana «hubiera sido un sarcasmo tremendo y una obscenidad contra todas las víctimas del terrorismo».
Ignacio López (CEP). Haber atendido la voluntad del preso habría supuesto «ceder a un chantaje de forma clara» y adoptar medidas extraordinarias no era posible porque éstas se adoptan para «una situación sobrevenida o una enfermedad».
Una información de Daniel G. Sastre publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La ilegal Batasuna dice que es «basura jurídica que apesta»
MADRID/BILBAO.- La formación política ilegalizada Batasuna tachó ayer de «basura jurídica» la decisión de la Audiencia Nacional sobre el etarra José Ignacio de Juana Chaos, acusó al PSOE de la situación del preso y exigió a este partido que lo ponga en libertad.
Batasuna difundió un comunicado en el que arremete contra los magistrados, indica que su acuerdo «apesta», que se inscribe «en la estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas judiciales de la Audiencia Nacional» y que es «un gesto de venganza cruel».
Askatasuna, el colectivo abertzale de apoyo a presos de ETA, coincidió con esa crítica. «La decisión tomada por el Gobierno de Zapatero y por los jueces de este tribunal sacia su estrategia de odio y venganza. Esa política es generadora de problemas de todo tipo para todos, y esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero», indicó.
Reclamó el cierre de la Audiencia Nacional -el tribunal que juzga los delitos de terrorismo cometidos en cualquier parte de España- porque lo considera «una jaula llena de fascistas y uno de los indicadores del carácter antidemocrático del Gobierno español».
Iñaki Anasagasti reaccionó con dureza. En un artículo que difundió por internet aclara que no está de acuerdo con el etarra, pero añade: «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país. Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación».
«Es una actuación más de la carrera de despropósito judicial a la que estamos asistiendo en las últimas semanas», indicaron fuentes del Ejecutivo autónomo, según Europa Press.
«Al margen de la consideración ética y moral que cada uno pueda tener de los hechos que cometió De Juana, por los que ya ha sido juzgado y condenado», añadieron esas fuentes, es «una desproporción» imponerle 12 años y seis meses de prisión por amenazas cometidas en dos artículos de opinión.
Otros partidos de izquierda del Congreso se mostraron en desacuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional, pero dejaron bien claro que la respetan y acatan:
Gaspar Llamazares lamentó que el tribunal no haya optado por combinar «justicia, sensibilidad social y humanitarismo». «No es un caso especial, y podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente», dijo, según informa Agustín Yanel. Llamazares recordó que De Juana ya ha cumplido su condena por los asesinatos cometidos y que está en prisión preventiva por amenazas en dos artículos.
Su portavoz en el Congreso, Agustí Cerdà, coincidió con Llamazares en que, al tratarse de una condena por dos artículos y estar recurrida, el tribunal podía haber hecho un «gesto humanitario». «No tenía sentido imponer una pena tan dura por dos escritos en prensa, porque con excepciones como ésta se está legitimando de facto la cadena perpetua», añadió.
Francisco Rodríguez, portavoz de los nacionalistas gallegos, cree que se debiera haber atenuado la pena, aplicándole lo que permite la ley. «Al margen de quién sea el encausado, que puede provocar todo tipo de repudio, no se puede actuar con la ley del Talión ni forzando las leyes tanto, porque eso desautoriza más que legitima al Estado de Derecho», añadió.
Mikel Buen, secretario general de los socialistas de Guipúzcoa, dijo que «por encima de todo, hay que respetar las vidas de las personas, aunque sean criminales». Buen insistió en que «un Estado democrático tiene que hacer justicia, no tiene que ser vengativo».
Ziarreta, su secretario general, indicó: «La Audiencia ha obviado los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con el PP».
En la formación que lidera Patxi Zabaleta, indicaron que es «una crueldad» y denunciaron «presiones» del PP sobre la Justicia.
Askatasuna. «Esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero».
Iñaki Anasagasti (PNV). «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país».
Mikel Buen (PSE-EE). «Un Estado democrático tiene que hacer justicia, no ser vengativo».
Gaspar Llamazares (IU). «Podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente».
Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Una prueba de la «independencia» de la Justicia
MADRID.- Tanto el Gobierno como el PSOE «respetan y acatan en toda su extensión» la decisión del tribunal, según afirmó el portavoz de los socialistas en el Congreso, Diego López Garrido.
Dijo que esta resolución demuestra «la independencia» de la Justicia y el funcionamiento correcto del Estado de Derecho.
Indicó que el hecho de que no haya prosperado la petición del fiscal no deja «en entredicho» a la Fiscalía, sino que se trata de las «discrepancias» normales que se producen habitualmente en el mundo judicial al interpretar una norma.
El ministro Juan Fernando López Aguilar coincidió con él y dijo que esto lleva a tener «confianza» en la Justicia.
La AVT aplaude y critica la «cobardía» del Gobierno
MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recibió ayer con satisfacción el acuerdo de los magistrados de mantener en prisión preventiva al etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque consideran que de esta manera «se evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas del terrorismo». «Se ha evitado que aumente ese dolor y ese sufrimiento», indicaron en un comunicado. Según esta asociación, «una decisión distinta a la tomada hoy [por ayer] podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española, ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante años».
Los magistrados de la Audiencia Nacional han adoptado una resolución «muy importante, porque supone que el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino».
La AVT, que preside Francisco José Alcaraz, no se limitó a dar su opinión sobre el acuerdo de los jueces, sino que acusó de «cobardía» al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al Ejecutivo vasco por no haber «apoyado y aplaudido esta decisión».
Su presidente, Mikel Buesa, consideró «muy acertada» la resolución. «Es positivo que ningún preso salga de la cárcel como consecuencia de una estrategia deliberada para producirse un daño sobre su propia salud», indicó.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo (FAVT), Roberto Manrique, celebró el acuerdo sobre De Juana porque «ninguna decisión jurídica puede depender de la voluntad de un preso», declaró a la agencia Europa Press.
Personas que han sufrido atentados, personalmente o sus familiares, aplaudieron la resolución. Teresa Jiménez Becerril, hermana de un concejal de Sevilla asesinado en 1989, mostró su gran «satisfacción». «Nos permite seguir creyendo en la Justicia», afirmó.
El ex guardia civil Alfonso Sánchez, herido en 1982 en un atentado en el que participó De Juana, manifestó que es «una buena noticia». Además, reclamó que, en vez de preocuparse por la situación de ese etarra, habría que hacerlo «por la prisión atenuada en silla de ruedas en la que se encuentran muchas víctimas suyas».
Por el contrario, el periodista Gorka Landaburu mostró su respeto a la decisión judicial, pero opinó que la condena impuesta por amenazas en dos artículos ha sido «una exageración». El periodista, contra quien ETA atentó en 2001, se mostró a favor de que el Tribunal Supremo excarcela al terrorista.
A. Sánchez (víctima). «Que se preocupen por la prisión atenuada en silla de ruedas de muchas víctimas».
T. Jiménez Becerril (hermana de un concejal asesinado). «Nos permite seguir creyendo en la Justicia»
Gorka Landaburu (víctima). La decisión es respetable, pero la última condena a De Juana ha sido «una exageración».
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 artículo 508
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