Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/07/seis-anos-de-diferencia-seis-anos-de.html
Timestamp: 2018-08-21 17:38:19+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Seis años de diferencia. Seis años de desprotección sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que ahora se corrige. Texto comparado de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
En la síntesisdel RDL publicada en la nota oficial de prensa del Consejo, puede leerse que “La norma garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en España. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el Real Decreto Ley 16/2012. Así, la norma reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España. Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”. También, que “las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial”, y que el nuevo texto normativo “aporta coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las Comunidades Autónomas disconformes con la ley 16/2012 para preservar la atención sanitaria a los colectivos que quedaron fuera del Sistema Nacional de Salud, pues las Comunidades Autónomas (excepto Ceuta y Melilla) habían elaborado diferentes disposiciones para cubrir a las poblaciones excluidas”.
Tiempo habrá para analizar con detalle el impacto de la nueva norma, que esperemos que supere el trámite de convalidación en sede parlamentaria. Ahora, se trata de destacar por mi parte aquello que se explica en la introducción del texto, cual es la corrección que se opera con respecto a la reforma operada en 2012 por el gobierno del Partido Popular, que “desvirtuó el derecho a la protección de la salud al anular su vocación universal y eliminar la titularidad del derecho establecida en la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Supuso, de este modo, una involución del esquema legal de cobertura hasta entonces armónico con los principios que, de conformidad con los tratados internacionales, la Constitución Española y la Ley 14/1986, de 25 de abril, deben imperar en las políticas sanitarias, en la actuación de los poderes públicos y la configuración de las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud”. Se subraya que el RDL “obedece fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español”, y que esto se lleva a cabo “mediante la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español, incluyendo aquellas que en aplicación de los reglamentos comunitarios o convenios bilaterales tengan acceso a la misma en la forma que estas disposiciones lo indiquen”, así como también que la asistencia sanitaria que se presta a personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España “viene a reforzar las políticas europeas que en materia de asistencia social buscan proteger a aquellos colectivos más vulnerables”.
La adecuación a los requerimientos del art. 86.1 de la Constitución para que pueda dictarse un RDL, la “extraordinaria y urgente necesidad” existen sobradamente a juicio del ejecutivo, acogiéndose a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, cual sería “que subvenir a un situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes”.
El RDL 16/2012 fue objeto de análisis muy crítico por mi parte en una anterior entrada del blog, así como también las sentencias del TC núms. 139/2016 de 21 de julio y 134/2017 de 26 de noviembre, que contaron con varios votos radicalmente discrepantes. Remito a las personas interesadas a la lectura de mis entradas sobre dichas sentencias, y recupero un fragmento de mi examen crítico de la reforma de 2012, para pasar a continuación a exponer el texto comparado de la normativa que finaliza su vigencia el 30 de julio y aquella que la inicia el 1 de agosto.
II. Análisis crítico del RDL 16/2012 de 20 de abril.
1. La norma impactará gravemente en la pérdida de cohesión social y que puede provocar costes económicos y sociales colaterales más importantes que el ahorro económico que pretende obtener el gobierno con la medida, además de ser muy cuestionable su respeto a la normativa internacional y europea y a nuestra Constitución. Me estoy refiriendo al derecho a la sanidad y a las limitaciones que se introducen en forma de restricción para la población en situación irregular, algo que no tiene nada que ver con el llamado “turismo sanitario” que practican ciudadanos de países de la UE y que puede requerir de algún cambio normativo ciertamente, pero sobre todo de una correcta aplicación de la normativa comunitaria. Mi comentario es forzosamente breve porque sólo deseo destacar el cambio producido, pero sin duda generará un intenso debate jurídico, como acabo de decir, sobre la constitucionalidad de la medida
La restricción del derecho a la sanidad se encuentra recogida en el Real Decreto-ley 16/2012,de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, publicado en el BOE el día 24 y con entrada inmediata en vigor, si bien a los efectos de mi exposición sobre los derechos de la población extranjera hay que acudir a la disposición transitoria primera, que sólo puede entenderse después de leer la norma citada en la misma, que dispone que “Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España, podrán seguir accediendo a la misma hasta el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad de acreditar la condición de asegurado en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 16/2033/de 28 de mayo”.
¿Cómo afecta el RDL a la población extranjera? En el preámbulo encontramos una amplia justificación de la medida por el incumplimiento de la normativa comunitaria y el coste económico que ello supone para el erario público español”, por “la imposibilidad de garantizar los retornos de los gastos ocasionados por la prestación de los servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos”, pero no, al menos según mi parecer, al motivo que justifica la pérdida del derecho general a la sanidad a las personas extranjeras extracomunitarias que se encuentren empadronadas en el municipio en el que vivan pero que no dispongan de autorización de residencia y en su caso de trabajo.
2. En la redacción anterior eran titulares de los derechos a la protección de la salud y la asistencia sanitaria “a) Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000. b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que tienen los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por el Estado español y les sean de aplicación. c) Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos”. Con la reforma, será necesario bien estar afiliado a la Seguridad Social, ser pensionista, perceptor de prestaciones por desempleo, o inscrito como demandante de empleo tras haberlas agotado, ser familiar de estas personas en los términos del apartado 4, bien carecer de recursos económicos si no se encuentran en ninguno de los supuestos anteriores, o bien suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Pero junto a este marco general la importancia del cambio, que ya es mucha con el sólo artículo 3, radica en la incorporación a la Ley 16/2003 de un nuevo artículo 3 ter que se refiere de forma clara y explícita a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”, a los que sólo se reconoce una parcela de la asistencia sanitaria, o por decirlo de forma más clara el empadronamiento ya no dará derecho a recibir asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de personas, autóctonas o extranjeras residentes, ya que estos extranjeros que pueden estar empadronados pero no ser residentes de acuerdo a la normativa vigente podrán recibir asistencia sanitaria “de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación del alta médica”, y también “de asistencia al embarazo, parto y postparto”, salvo que se trate de menores de 18 años y en cuyo caso “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. Seguramente los lectores y lectoras del blog lo entenderán aún mejor con esta frase de un artículo publicado en el diario La razón el 23 de abril, un diario bien cercano al gobierno: tras poner de manifiesto que “ningún inmigrante que precise atención urgente se verá privado de ella, aunque no tenga papeles”, afirma bien claro que “ya no bastará con empadronarse para disfrutar de todos los servicios de la Sanidad Pública, sino que, además de residir en nuestro país, los extranjeros tendrán que cotizar en la Seguridad Social y pagar impuestos aquí para tener acceso a la tarjeta sanitaria” (¡Ah!, ¿pero es que no pagan religiosamente sus impuestos como todos los restantes ciudadanos?)
Según los datos estadísticos de población extranjera la medida podría afectar a cerca de 150.000 personas, previendo que ello podría generar un ahorro teórico de 240 millones de euros “si se les aplican los 1.600 euros por persona que cuesta al año cada español en sanidad”, ahorro que se convertiría en gasto por el impacto social de la medida.
III. Texto comparado de la Ley 16/2003 y del RDL 7/2018.
Real Decreto-Ley 7/2018
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Creo que incurre Vd. en una omisión de partida a la hora de describir el desarrollo histórico (anterior y posterior al RDL 16/2012) del derecho a la asistencia sanitaria de SS del SNS (o sea, la famosa ASSS que figura en el cartonaje de cualquier envase de farmacia), que invalida jurídica y sobretodo materialmente su discurso.
Así , en la época anterior al RDL 16/2012 y en relación con la Ley 16/2003, que en conexión con la Ley 4/200o, procedió en su día a reconocer el derecho de los extranjeros sin papeles al SNS con el mero empadronamto, se le olvida matizar que dicho reconocimiento se realizaba "en las mismas condiciones que los españoles".
Y estas condiciones exigían bien cotizar o haber cotizado a la SS o bien "carecer de recursos económicos", conforme a lo previsto en el famoso Real Decreto 1088/1989. Es decir, el extranjero sin papeles, como el español residente, podían tener tarjeta sanitaria SNS "si era pobre" (no así si sus recursos familiares superaban un umbral). Lo cual, avanzada la crisis 2008 dió lugar a situaciones de desprotección en las clases medias nacionales depauperadas (parados sin desempleo pero con recursos familiares) , que el gobierno PSOE intentó paliar in extremis mediante la Ley 33/2011 general de salud pública (cuya D. adicional Sexta es muy elocuente y que también olvida citar en su discurso)
A partir de aquí, vino el RDL 16/2012, cuyo impacto, en términos de cobertura poblacional medida por la OCDE arroja unos parámetros contrarios a los que sugiere su discurso : en 2006 la cobertura era del 98,3% mientras que en 2014 subió al 99,8 de la población encuestada, legal o no (Encuesta europea de salud) https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
En fin, las cifras y datos son tozudos , como lo es la evolución jurídica y política de nuestro pais, que, en mi opinión y por los datos que expongo, nunca cambia radicalmente sus regulaciones, las cuales dada nuestra condición de socio comunitario, nos viene dadas gobierne agamenón o su porquero
A partir de este error
8 de agosto de 2018, 11:27
Buenos días Sr. García, muchas gracias por sus observaciones, a las que respondo con un cierto retraso por encontrarme en período vacacional y consultar sólo periódicamente las redes sociales.
He tratado de reflejar en este artículo, y en varios más publicados en el blog, mi parecer sobre la cuestión que plantea en su escrito, con argumentos que me parecen jurídica y socialmente válidos y que, lógicamente, ahora no considero necesario repetir. Por ello, no puedo compartir su afirmación respeto a que el marco jurídico anterior al RDL 16/2012 “invalida jurídica y sobre todo materialmente su (mi) discurso”. Conozco bien el marco jurídico de extranjería y los avatares sufridos desde la redacción originaria de la Ley Orgánica 4/2000, y las similitudes y diferencias respecto al derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros y a los españoles, así como el sustancial cambio operado por el RDL 16/2012 respecto al ejercicio del derecho para personas extranjeras en situación irregular y que motivó que muchas comunidades autónomas tuvieran que adoptar decisiones para evitar problemas de índole práctico con respecto a los que podía genera, y generó, la norma estatal. Bien es cierto que el Tribunal Constitucional consideró contrarias a derecho las normas autonómicas impugnadas y también desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el citado RDL siendo sus sentencias objeto de valoración bastante crítica por mi parte en varias entradas a las que me permito remitir.
18 de agosto de 2018, 13:03

References: Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto