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Timestamp: 2019-01-17 13:32:32+00:00

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﻿ Sentencia C-181 de abril 13 de 2016
SENTENCIA C-181 DE 13 DE ABRIL DE 2016
CONTENIDO:MULTA DUPLICADA CONSAGRADA EN CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN NO VULNERA PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM. SE PRECISA SOBRE LA CARACTERÍSTICA OBJETIVA DE LA REINCIDENCIA CONTENIDA EN LA NORMA DEMANDADA, PUESTO QUE LA VERIFICACIÓN DE LA RECAÍDA EN EL DELITO PARA EFECTOS DE LA PUNIBILIDAD, SE HACE A PARTIR DE CRITERIOS FORMALES QUE CONSTITUYEN LA OBJETIVIZACIÓN DE UNA CIRCUNSTANCIA PERSONAL Y ACTUAL DEL PROCESADO AL MOMENTO DE COMETER EL NUEVO DELITO, POR LO QUE NO SE HACE UNA NUEVA REVISIÓN DE LOS HECHOS NI DE LAS PENAS QUE YA FUERON SANCIONADAS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR LA COSA JUZGADA. EN ESTE PUNTO, SE REITERA LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA REINCIDENCIA, QUE HA SIDO PREVIAMENTE ANALIZADA Y QUE GRAVITA EN TORNO A: I) INEXISTENCIA DE PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE SU CONSAGRACIÓN PENALII) LIBRE CONFIGURACIÓN NORMATIVA DEL LEGISLADORY III) ES UNA FORMA DE AGRAVACIÓN PUNITIVA QUE SE APLICA A LA NUEVA CONDUCTA, MÁS NO IMPLICA LA REVISIÓN DE HECHOS Y PENAS SANCIONADOS PREVIAMENTE, NI DE LA PERSONALIDAD, NI LA FORMA DE CONDUCIR LA VIDA DEL DELINCUENTE. FINALMENTE, SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “LA UNIDAD MULTA SE DUPLICARÁ EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA PERSONA HAYA SIDO CONDENADA POR DELITO DOLOSO O PRETERINTENCIONAL DENTRO DE LOS DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES.”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 1453 DE 2011, QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 599 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN, IMPOSICIÓN DE MULTA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, COSA JUZGADA, CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA, REINCIDENCIA, REINCIDENTE, MULTA PENAL
Sentencia C-181 de abril 13 de 2016
Ref.: Expediente D-10946
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.
A continuación se transcribe el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, y se resalta el aparte objeto de la demanda de inconstitucionalidad:
En los eventos donde se admite la amortización de la multa por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscribirá acta de compromiso donde se detallen las condiciones impuestas por el Juez”.
El actor fundamentó el concepto de violación que sustenta el único cargo admitido por la Corte, con base en que la norma censurada desconoce el principio del non bis in ídem, al habilitar una doble valoración del delito cometido de forma antecedente al delito sancionado actualmente con pena de multa, de tal suerte que se le juzga dos veces una conducta que ya fue objeto de pronunciamiento judicial(23). Por estas razones, solicita a la Corte la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la disposición acusada.
Algunos de los intervinientes(24) manifestaron que las normas demandadas deben declararse EXEQUIBLES, con sustento en que: i) al Legislador le asiste una libertad de configuración normativa para diseñar las conductas consideradas como delitos y su forma de sanción; y ii) no concurren en este caso los tres elementos definidos por la jurisprudencia de la Corte para determinar la vulneración del principio non bis in ídem que son la identidad de sujeto, objeto y causa.
8. La figura de la reincidencia que es objeto de análisis de la Corte, se enmarca dentro de la órbita del derecho penal, como expresión del poder punitivo del Estado, el cual se encuentra constitucionalizado tanto en sus aspectos sustanciales como procedimentales(25).
9. En ese escenario, surge la importancia de la dogmática penal constitucionalizada la cual cumple un papel de innegable trascendencia, pues tiene como finalidad extraer, describir y explicar sistemáticamente el contenido de las normas penales(26), por lo que a partir de la misma, se analizan aspectos como la tipicidad, antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad, así como, las teorías, finalidades y valores de la pena, elementos de suma importancia para el estudio de la figura de la reincidencia penal, puesto que el control de constitucionalidad de la Corte, como ya se mencionó, está condicionado por la ubicación en uno de los elementos mencionados. Así, su breve estudio permitirá a la Sala un mejor análisis sobre su constitucionalidad.
Así, la tipicidad como principio se manifiesta en la “(…) exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras”(27).
Este Tribunal desarrolló el contenido de dicho principio e identificó los siguientes elementos: i) la conducta sancionable debe estar descrita de manera específica y precisa, bien porque está determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; ii) debe existir una sanción cuyo contenido material lo define la ley; y, iii) la obligatoria correspondencia entre la conducta y la sanción(28).
12. De otra parte, el artículo 29 de la Constitución establece que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Para esta Corporación, las disposiciones contenidas en la Carta le imponen al Legislador las siguientes obligaciones: i) definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas; ii) señalar anticipadamente las respectivas sanciones; iii) definir las autoridades competentes; y, iv) establecer las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo lo anterior con la finalidad de garantizar un debido proceso(29).
El principio de legalidad que rige el derecho penal, es definido por JIMÉNEZ DE ASUA como: “(...) nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal.”(30)
Conforme a lo anterior, la Corte en Sentencia C-653 de 2001(31) expresó que el ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado debe respetar en todo caso las garantías del derecho fundamental al debido proceso destinado a “(…) proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo del estado”.
13. Este Tribunal ha identificado las diferentes dimensiones del principio de legalidad en materia penal, las cuales se resumen a continuación: i) la reserva legal, pues la definición de las conductas punibles le corresponde al Legislador y no a los jueces ni a la administración; ii) la prohibición de aplicar retroactivamente las normas penales, por lo que un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley previa que así lo establezca, salvo el principio de favorabilidad; iii) el principio de legalidad en sentido estricto denominado de tipicidad o taxatividad, exige que las conductas punibles no solo deben estar previamente establecidas por el Legislador, sino que deben estar inequívocamente definidas por la ley, por lo que la labor del juez se limita a la adecuación de la conducta reprochada en la descripción abstracta realizada por la norma. Solo de esta manera se cumple con la función garantista y democrática, que se traduce en la protección de la libertad de las personas y el aseguramiento de la igualdad ante el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado(32).
17. La antijuridicidad no es un principio con expresa regulación constitucional, sin embargo, esta Corporación ha establecido que guarda una íntima conexión con el principio de proporcionalidad o “prohibición de exceso” el cual se deduce jurisprudencialmente de los postulados de Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, los derechos inalienables de la personal, prohibición de la pena de muerte y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el principio de igualdad y de la proporcionalidad de las medidas excepcionales(33).
Conforme a lo anterior, la responsabilidad de los particulares por la infracción a las leyes, especialmente las penales, requiere la verificación de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no la simple valoración de una intención que se juzga lesiva, solo esta última condición justifica la restricción de los derechos y libertades, que gozan igualmente de protección constitucional(34).
19. La culpabilidad hace parte de la dogmática penal y junto con la tipicidad y la antijuridicidad, constituye un elemento estructural de la responsabilidad penal. Así las cosas, para BACIGALUPO la culpabilidad constituye “(…) el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de la misma”(35).
21. El fundamento constitucional de la culpabilidad se encuentra en el artículo 29 de la Constitución y el principio de presunción de inocencia, conforme al cual “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Al respecto, esta Corporación en Sentencia C-626 de 1996(36) consideró que el artículo 29 de la Constitución consagró que ni el Legislador ni los jueces pueden presumir la culpabilidad de nadie, puesto que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario en el escenario de un juicio regido por el debido proceso. En tal sentido, la aplicación de las sanciones previstas en la ley esta condicionada a la certeza de la responsabilidad subjetiva del procesado por el hecho punible que dio lugar al juicio, lo que implica la proscripción de cualquier forma de responsabilidad objetiva.
Posteriormente en Sentencia C-239 de 1997(37), la Corte expresó que conforme al artículo 29 de la Constitución, el carácter político del Estado Social de Derecho y el respeto a la dignidad humana, se consagró el principio de que no hay delito sin conducta, pues “(…) nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”, por lo que el constituyente avanzó hacia el establecimiento de un derecho penal del acto y no de autor. Esta exigencia Superior implica:
ii) La adscripción de la conducta al actor, de ahí que además de la existencia material de un resultado, la voluntad del sujeto debe estar dirigida a la observancia de la misma. En otras palabras: “(…) el principio de que no hay acción sin culpa, corresponde a la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De ahí que sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto”(38)
iii) La culpabilidad permite graduar de manera proporcional la pena que debe imponerse, con fundamento en el juicio de exigibilidad. Así “La ilicitud de muchos hechos no depende únicamente de su materialización y realización consciente y voluntariamente, sino que debe tenerse en cuenta el sentido específico que a la acción u omisión le imprime el fin perseguido por el sujeto. Tales componentes sicológicos pueden ser tenidos en cuenta únicamente cuando es el propio tipo el que de modo expreso los acoge, ya sea para fundamentar el injusto, su agravación, atenuación o exclusión”(39).
La pena configura la sanción legal, la expresión del poder punitivo del Estado por la realización de un acto considerado típicamente como delito. Para JAKOBS “(…) el contenido y la función de la pena no se pueden configurar (ni siquiera limitándose a la pena estatal) con independencia de la existencia del orden en el que se pune, ni de la comprensión de su sentido”(40). Por tal razón, a continuación se presentan las teorías que buscan explicar las funciones y fines de la pena.
24. Con las teorías de la pena se busca encontrar la justificación de su aplicación. Para ZUGALDIA ESPINAR las teorías de la pena son perspectivas, puntos de vista que tienen como finalidad explicar de manera racional la existencia del derecho penal, que permite que algunas personas (jueces o tribunales), a nombre de la sociedad impongan a sus semejantes el sufrimiento de una sanción legal punitiva(41).
Para un sector de la doctrina la legitimación de la pena se encuentra con la función que se le asigne al derecho penal. En tal sentido, BACIGALUPO expresa que “(…) toda teoría de la pena es una teoría de la función que debe cumplir el Derecho penal”(42).
Así, la teoría de la expiación es una de las concepciones de la tendencia absolutista, en la que según LESCH la pena supone una expiación moral, una especie de reconciliación del sujeto activo con la norma penal transgredida y con la sociedad, de ahí que la pena tenga una dimensión de arrepentimiento del delincuente y la aceptación social de aquel acto de contrición, que se traduce en la liberación de su culpa(43).
Por ejemplo, para KANT el hombre es un fin en si mismo, por lo que no puede ser instrumentalizado a través de la pena, con la finalidad de generar a la sociedad o al delincuente una determinada utilidad, sino que su imposición se justifica por tratarse de una necesidad moral generada por el acto delictivo(44).
27. De otra parte, la teoría de la prevención general positiva, reitera su fundamento a partir del fin socialmente útil de la pena. Según JAKOBS, la pena positivamente considerada es “(…) una muestra de la vigencia de la norma a costa de un responsable. De ahí surge un mal, pero la pena no ha cumplido ya su cometido con tal efecto, sino solo con la estabilización de la norma lesionada”(45).
28. En relación con la teoría de la prevención especial, esta se dirige al autor concebido individualmente. Según VON LISZT, la pena no se deduce de un criterio abstracto de justicia, sino que es sinónimo de coacción. Este criterio es bifronte, pues busca proteger los bienes jurídicos a través de la lesión de otros bienes jurídicos, bien sea de forma indirecta o psicológica (corrección o intimidación), o de manera directa y física (inocuización)(46).
En otro sentido, las que no le otorgan preferencia a la retribución le otorgan a la pena un fin exclusivamente preventivo. ROXIN expuso su teoría unificadora aditiva, a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Federal alemán, para quienes la retribución, la prevención especial y la prevención general, son fines de la pena que tienen igual rango o jerarquía(47).
31. La Corte ha analizado los fines constitucionales de la pena, con especial preferencia a los fines de resocialización (preventiva especial). En efecto, en sentencia C-261 de 1996(48) expuso que la función resocializadora guarda una íntima relevancia con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, pues la reeducación y la reinserción social del condenado son el objetivo de los esfuerzos del Estado no solo legales sino también institucionales.
Posteriormente en sentencia C-430 de 1996(49), este Tribunal dijo que la pena en nuestro sistema jurídico tiene un fin preventivo, representado en el establecimiento legal de la sanción penal, un fin retributivo que se manifiesta con la imposición judicial de la pena y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, a partir de principios humanistas contenidos en la Carta y en los Tratados internacionales.
En la sentencia C-144 de 1997(50), la Corte manifestó que las penas tienen como finalidad la búsqueda de la resocialización del condenado, dentro del respeto por su autonomía y dignidad, puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de Social y de Derecho no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción. Esta posición jurisprudencial fue reiterada en la sentencia C-061 de 2008(51), que analizó la constitucionalidad de la norma que contemplaba la pena denominada “los muros de la infamia”.
Recientemente en sentencia T-718 de 2015(52), este Tribunal reiteró que de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia vigentes, la educación es la base de la resocialización, puesto que la figura de la redención de la pena es la materialización de la función resocializadora de la sanción.
Inciso adicionado por el artículo 3º de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente: El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”. (Lo énfasis agregado).
“El concepto de antecedente penal, que recoge el artículo 55 en su numeral primero, implica la existencia de una condena judicial definitiva (artículos 248 de la Constitución Nacional, y 7º del estatuto procesal penal), al momento de la comisión del delito que se juzga, pues las circunstancias de mayor o menor punibilidad se encuentran referidas a la conducta investigada, o momento de su ejecución, no al del proferimiento del fallo”.
“(…) El hecho de poseer antecedentes penales no es factor constitutivo de circunstancia de mayor punibilidad. Basta leer el artículo 58 del Código Penal para arribar a tal conclusión. Y no pueden ser utilizados como enseña de una personalidad proclive al delito, porque la personalidad ya no es uno de los parámetros que permitan fijar la pena (artículo 61.3 Código Penal); y tampoco es posible inferir contra reo que si la carencia de antecedentes es causal de menor punibilidad (artículo 55 Código Penal), su presencia lo sea de mayor punibilidad”.
36. El artículo 39 del Código Penal, establece que dicha sanción se concreta en la obligación de pagar al Tesoro Nacional una suma no mayor de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que puede presentarse cuantificada bajo dichas unidades cuando acompaña a la pena privativa de la libertad o bajo la modalidad progresiva autónoma de unidad de multa, cuando el tipo penal se refiere a la misma, como sería el caso de delitos contra la libertad religiosa(53).
b) Su determinación depende de los ingresos promedio del condenado en el último año, por lo que existen diversos grados. En efecto, en el primer grado se ubican quienes hayan percibido hasta 10 S.M.L.M.V, caso en el cual una unidad multa equivale a un salario y la multa será de hasta 10 unidades multa. En el segundo grado se ubican a quienes perciben entre 10 y 50 S.M.L.M.V, la unidad de multa equivale a 10 S.M.L.M.V y la multa será hasta 10 unidades multa. En el tercer grado se encuentran quienes perciben más de 50 S.M.L.M.V, la unidad multa será de 100 S.M.L.M.V y la multa será de hasta 10 unidades multa.
39. Previamente se había advertido que la reincidencia constituye una reacción social frente a la recaída en el delito materializada en el incremento de la pena. Según el diccionario de la Real Academia Española reincidencia significa: i) Reiteración de una misma culpa o defecto; o ii) Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa(54).
Esta Corporación en sentencia C-060 de 1994(55), expuso que la reincidencia es una causal de agravación de la pena impuesta, debido a que “(…) es al legislador a quien corresponde expedir los ordenamientos legales que rijan el sistema penal; en este evento, el legislador colombiano juzgó oportuno darle relieve a la reincidencia, como una forma más eficaz de desestimular conductas socialmente censurable”.
Posteriormente en sentencia C-077 de 2006(56) esta Corporación expresó:
42. Se tiene entonces que la reincidencia es una circunstancia que agrava la pena. La comprensión del término agravante puede partir desde su origen etimológico, vinculado a las acepciones latinas circum que significa cerca de, en torno a, alrededor de, y stare que significa estar(57). Para la Real Academia de la Lengua Española, el término circunstancia significa “Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho.”(58)
Para JIMENEZ DE ASUA el concepto de circunstancia hace referencia a “(…) todo lo que modifica un hecho o un concepto sin alterar su esencia”(59). Entonces se trata de situaciones accidentales cuya ausencia no ocasiona la falta de responsabilidad penal, pues condicionan el quantum de la pena más no la sanción en si misma considerada(60).
Así, las circunstancias modificativas, en este caso agravantes, afectan la pena más no al delito en si mismo considerado, puesto que se trata de “(…) algo accesorio o accidental que únicamente repercute sobre la mayor o menor gravedad de la reacción punitiva, es decir, de simples circunstancias al fin y al cabo”(61).
En concordancia con lo anterior MIR PUIG expresa que “(…) la determinación de la pena pertenece a la teoría de la pena, pero no puede desvincularse de la gravedad de su principal presupuesto, el delito, y dicha gravedad ha de poder explicarse según el esquema de la teoría del delito”(62).
En consecuencia, la reincidencia como una forma de agravación punitiva supone un elemento accidental y accesorio a la pena y al delito en si mismo considerado, pues no condiciona la existencia de ambos elementos dogmáticos. Además, se erige como la objetivación de una circunstancia personal actual del actor(63), puesto que la demostración de su ocurrencia se realiza a través de una serie de presupuestos de naturaleza objetivo-formal, más no subjetivos, puesto que se encuentra prescrita cualquier clase de exploración sobre la personalidad del reo(64).
43. La doctrina ha identificado diversas clases de reincidencia, entre las que se encuentran: i) genérica o reiteración para expresar la sanción penal agravada por la recaída en delitos de distinta naturaleza, previa condena ejecutoriada; ii) específica: que se refiere a la recaída en delitos de la misma naturaleza, entre los cuales medie sentencia previa ejecutoriada; iii) propia o vera: que exige para su apreciación que el autor al realizar el segundo delito hubiese cumplido total o parcialmente la pena impuesta por el anterior delito; y, iv) impropia o ficta: en la que no interesa si el delincuente ha cumplido total o parcialmente la pena impuesta en el delito previo(65).
44. Conforme a lo expuesto, las principales características de la reincidencia penal son las siguientes: i) Generalidad: pues se aplica a cualquier comportamiento punible, salvo que en determinados casos se encuentre excluida; ii) es obligatoria, esta característica obliga a todos los jueces a aplicarla, siempre que se encuentren acreditados los requisitos exigidos por la ley; iii) se basa en criterios objetivos: no obstante ser una circunstancia personal, descansa sobre criterios objetivos, pues exige la existencia de una sentencia previa en firme y la comisión de otro delito, es decir, se trata de la objetivación de una condición personal actual(66), a partir de la acreditación de requisitos formales y objetivos, que escapan al juicio de culpabilidad realizado por el operador judicial; iv) está sometida a límites temporales: existe la previsión legal de unos plazos a partir de los cuales dejan de surtir efectos las condenas anteriores; y v) es una circunstancia de agravación de la pena: su operancia genera el aumento de la pena para el sujeto activo del nuevo delito.
45. Los elementos de esta figura en términos generales son los siguientes: i) condena previa, esto es, la necesidad de comprobar la existencia previa de una condena penal por delito; ii) sentencia en firme o ejecutoriada: pues el pronunciamiento anterior debe estar ejecutoriado; iii) ausencia de exigibilidad de condena cumplida: basta la existencia de condena ejecutoriada aunque no se haya cumplido la pena; iv) eficacia temporal de la condena previa: en tanto que la misma no es perpetua; v) delito actual; vi) sujeto reincidente; y vii) prueba de la reincidencia, es decir, las circunstancias objetivas y formales que la determinan deben estar debidamente probadas(67).
47. El actual Código Penal Alemán (StGB) no contiene una causal general de agravación de la pena con base en la reincidencia. Sin embargo, en el pasado estaba consagrada para delitos de igual clase y solo en algunos preceptos penales de la Parte Especial del Código Penal (ej. Parágrafos 244, 250.I 5, 262 y 266 del viejo StGB). En el proyecto de 1962, que posteriormente se convirtió en ley, se establecía en su parágrafo 48 (parte general) una especie de reincidencia que no se limitaba a determinados delitos(68).
Esta disposición fue sometida al control del Tribunal Constitucional Alemán, quien en sentencia del 16 de enero de 1979, consideró la adecuación a la Carta de la norma en mención, siempre y cuando su aplicación no implicara una presunción de mayor culpabilidad del reo, y se verifique caso por caso si se le puede reprochar al reincidente que no haya considerado como advertencias las anteriores condenas(69).
48. Actualmente no está consagrada la reincidencia como agravante punitiva. Sin embargo, la recaída en el delito constituye un factor que se tiene en cuenta al momento de la individualización de la pena, conforme a lo consagrado en el parágrafo 46.II del StGB(70).
Si se trata de uno de los delitos señalados en el artículo 407, apartado 2, letra a), del Código de Procedimiento Penal, el aumento de la pena de recaída en los casos contemplados en el segundo párrafo, no puede ser inferior a un tercio de la pena a ser impuesta por el nuevo delito”(71).
1ª Ejecutar el hecho con alevosía.
2ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
3ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
5ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
6ª Obrar con abuso de confianza.
7ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
“De esta manera quedan superadas todas las objeciones constitucionales formuladas contra el artículo 10, 15 CP-1973. En efecto, dado que la pena no será desproporcionada respecto de la culpabilidad por el hecho, no cabe pensar en la vulneración del artículo 105 CE, ya que no se puede considerar la pena adecuada a la culpabilidad ni como inhumana ni como degradante. Tampoco se habrá vulnerado el artículo 25.1CE, pues, al estar la pena determinada por la gravedad de la culpabilidad del hecho cometido, no hay reiteración penal alguna fundada en otros hechos cometidos anteriormente y ya sancionados. (…) y finalmente no cabe hablar en general y en abstracto de una ficción de peligrosidad, incompatible con el artículo 24.2 CE, porque ello dependerá del caso concreto y del fundamento real del pronóstico de recaída en el delito que se formule respecto de los autores, pero no afecta la compatibilidad de la reincidencia con la Constitución en abstracto, en la medida en que la agravación fundada en el artículo 10.15 CP estará siempre limitada entendida de esta forma, por la gravedad de la culpabilidad.
Por todo ello, la Sala entiende que —interpretado el artículo 10.15 CP-1973 de acuerdo con los principios señalados— no corresponde considerar inconstitucional la agravante de reincidencia, mientras con ella no se fundamente la aplicación de una pena superior a la adecuada a la gravedad de la culpabilidad por el hecho”.
“(…) del propio significado del non bis in ídem se desprende que la agravante de reincidencia del artículo 10.15 CP-1973 no conculca dicho principio constitucional. En efecto, la apreciación de la agravante de reincidencia supone, como al principio se expuso, la obligatoriedad de tomarla en consideración, como cualquier otra agravante, para aumentar la pena en los casos y conforme a las reglas que se prescriben en el propio Código (artículo 58 CP), y, más concretamente, para determinar el grado de aplicación de la pena prevista para el delito y, dentro de los límites de cada grado, fijar —discrecionalmente— la extensión de la pena. Es claro, en consecuencia, que con la apreciación agravante de reincidencia, ya se entienda que afecta al núcleo del delito o solo a la modificación de la pena, no se vuelve a castigar el hecho anterior o los hechos anteriores, por lo demás ya ejecutoriadamente juzgados —artículo 10.15 C.P)— y con efectos de cosa juzgada (efectos que no se ven, pues, alterados), sino única y exclusivamente el hecho posterior. En este sentido, es una opción legítima y no arbitraria del legislador el ordenar que, en los supuestos de reincidencia, la pena a imponer por el delito cometido lo sea en una extensión diferente que para los supuestos de no reincidencia. Y si bien es indudable que la repetición de delitos propia de la reincidencia presupone, por necesidad lógica, una referencia al delito o delitos repetidos, ello no significa, desde luego, que los hechos anteriores vuelvan a castigarse, sino tan solo que han sido tenidos en cuenta por el legislador penal para el segundo o posteriores delitos, según los casos, bien (según la perspectiva que se adopte) para valorar el contenido de injusto y su consiguiente castigo, bien para fijar y determinar la extensión de la pena a imponer. La agravante de reincidencia, por tanto, queda fuera del círculo propio del principio non bis in ídem.
Tampoco es aceptable el argumento de que no es conforme a la Constitución agravar la pena por hechos anteriores a la comisión del delito, que el Juez razona a partir de lo dispuesto en el artículo 25.1, in fine, de la Constitución. Basta con señalar, al efecto que la exigencia del artículo 25.1 CE se refiere a la vigencia, en el momento de cometerse el nuevo delito, de la norma sancionadora; por ello, lo determinante, a efectos de la adecuación a la Constitución, es que se aplique una norma reguladora de la reincidencia que esté vigente en ese momento, según la exigencia de previa lege; norma que, como se ha dicho, no sanciona hechos anteriores, sino constitutivos del nuevo delito, agravando la correspondiente pena.” (Lo énfasis agregado)
“Ambas vulneraciones (Se refiere al principio de igualdad y del non bis in ídem) han de ser desestimadas. Para ello, y a fin de evitar innecesarias reiteraciones, basta remitirse a la doctrina sentada por este Tribunal en la STC150/91 en la que se dio respuesta a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en torno al artículo 10.15 del Código Penal. En dicha sentencia ya se abordó y se desestimó que la aplicación de la agravante de reincidencia conculcase el principio de igualdad de trato de los reincidentes respecto de los que no lo son (fundamento jurídico 6º) así como la alegada contradicción entre la aplicación de la citada agravante en relación con el principio non bis in ídem (fundamento jurídico 9). Las razones jurídicas contenidas en la Sentencia citada son perfectamente aplicables al supuesto que nos ocupa, por lo que a ellas nos remitimos para desestimar las vulneraciones aducidas en el presente recurso.”
“ART. 50.—Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena.
55. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia que resolvió el caso “L’ Eveque” número 311:1451, uno de los fallos más reiterados en relación con la figura de la reincidencia y su conformidad con el principio del non bis in ídem, expresó que dicha institución penal no vulnera el mencionado principio, puesto que:
“(...) la cuestión a resolver es la de saber si la restricción contenida en el artículo 14 del Cód. Penal se encuentra en pugna con la prohibición de la doble persecución penal, que tiene rango constitucional (Confr. causa C. 259. XXI. 'Cesar y Antonio Karam, S.C.I.C.A. s/contencioso administrativo de plena jurisdicción e ilegitimidad c. D. 2423/83 del P.E.', del 24-12-87) y con la garantía de igualdad establecida en el art´. 16 de la Constitución Nacional. “Que el principio 'non bis in ídem', en lo que al caso interesa, prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena entendida esta como un dato objetivo y formal a los efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en lo que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal (ver en sentido concordante 'Pace v. Alabama', 106 U.S. 583, 'Leeper v. Texas', 139 U.S. 462 y 'Moore v. Misouri', 159 U.S. 673 de la Suprema Corte de los Estados Unidos y causa V. 172.XXI, 'Valdez, E. C. y otra s/robo con armas y encubrimiento', del 21-04-88 - Rev. La Ley, t. 1998 - E, p. 205)” (negrillas fuera de texto)
“ART. 1º—Incorpora incisos al artículo 46 del Código Penal, Incorpóranse al artículo 46 del Código Penal los incisos 12 y 13, con el siguiente tenor:
ART. 2º—Incorpora artículos al Código Penal
“ART. 46-B.—Reincidencia
ART. 46-C.—Habitualidad.
ART. 3º—Modifica los artículos 48, 55, 440 y 444 del Código Penal. Modifícanse los artículos 48, 55, 440 y 444 del Código Penal, de acuerdo a los textos siguientes:
“ART. 48—Concurso ideal de delitos.
ART. 55—Conversión de las penas limitativas de derechos a privativa de libertad. Si el condenado no cumple, injustificadamente, con la prestación de servicios o con la jornada de limitación de días-libres aplicada. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de reincidencia, prescriben a los dos años (...)
“(…) El principio de no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, o principio ne (sic) bis in ídem, ha sido tratado por este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC (fundamento 2) donde señaló que se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 139º, numeral 3º de la Constitución. Esta pertenencia y dotación de contenido se produce en virtud de la aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y del artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
20. En la referida sentencia se sostuvo que el principio ne (sic) bis in ídem ostenta una doble configuración: una de carácter material y otra de carácter sustantivo. La primera de ellas alude a la proscripción de que sobre un mismo sujeto recaigan dos sanciones respecto a un mismo hecho o conducta sancionable; mientras que la segunda alude a la prohibición de que se una persona sea objeto de dos procesos distintos respecto a un mismo hecho. Siendo que la reincidencia prevé la posibilidad de agravar la pena por la comisión de un delito en caso de que existan antecedentes de su anterior consumación, corresponde centrar la atención en la primera configuración del principio materia de este apartado; esto es, la prohibición de la doble sanción respecto a un mismo hecho. Este Tribunal la ha desarrollado en el fundamento 3.a de la sentencia recaída en el Exp. 2050-2002-AA/TC antes mencionada, en los siguientes términos:
24. El primer delito cometido —aquel que es objeto de consideración— no recibe una pena adicional ni una agravación de ésta; simplemente se toma en consideración para efectos de graduar la pena que se atribuirá a un acto delictivo distinto. Por su parte, el acto delictivo reincidente —es decir el acto delictivo perpetrado en un segundo momento— no es tampoco objeto de una doble imposición de pena, sino de una sola, aquella prevista por el dispositivo que consagra su tipo penal, aunque agravada como consecuencia de la existencia de antecedentes respecto al mismo tipo penal. Atendiendo al razonamiento expuesto, este Tribunal considera que la consagración de la reincidencia como causal genérica agravante de la pena no constituye un supuesto de afectación al principio ne (sic) bis in ídem”.
ART. 319.—Contrabando. <Artículo modificado por el artículo 4º de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos (200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.
En sentencia C-060 de 1994(72), esta Corporación analizó la figura de la reincidencia en las faltas disciplinarias contenidas en el Decreto 196 de 1971. En aquella ocasión dijo:
“En el caso sometido a estudio, se tiene que es al legislador a quien corresponde expedir los ordenamientos legales que rijan el sistema penal; en este evento, el legislador colombiano juzgó oportuno darle relieve a la reincidencia, como una forma más eficaz de desestimular conductas socialmente censurables (…). Dado que la Carta Política no contiene disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura jurídica en los distintos estatutos sancionatorios, sin contrariar la Ley Suprema, pues, en esa materia, la Carta no se encuentra matriculada en ningún sistema doctrinal”(73).
Posteriormente, en sentencia C-062 de 2005(74), la Corte declaró la exequibilidad del artículo 63 del Decreto 522 de 1971, que establecía el aumento de la sanción por recaída en tipos contravencionales. En aquella ocasión adujo: i) la inexistencia de prohibición constitucional para su consagración legal; ii) la reincidencia no configura una sanción impuesta a la siempre personalidad del agente, es decir, por la simple posibilidad de cometer una infracción; y iii) la agravación punitiva se fundamenta como una manera de prevenir a quien fue condenado por la comisión de una contravención para que no cometa otra, mas no de un doble juzgamiento por la misma conducta, que se tratan de nuevos hechos cometidos por el mismo infractor.
En sentencia C-370 de 2006(75), este Tribunal al analizar una norma de la Ley 975 de 2005, que establecía el compromiso que adquiría el beneficiario de la pena alternativa durante el período de libertad a prueba consiste en “no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley”, consideró que tal disposición era inconstitucional al desconocer el valor justicia y los derechos de las víctimas de no repetición.
A continuación, en la sentencia C-425 de 2008(76), se declararon ajustados a la Carta los efectos de la reincidencia sobre los beneficios y subrogados penales. En esta oportunidad, la Corte consideró que la mencionada figura no desconocía el non bis in ídem, pues su análisis no configuraba un doble juzgamiento por los mismos hechos. Además, la consagración normativa de esta institución penal, encuentra su fundamento en la libertad de configuración del Legislador.
64. Previamente se advirtió que el derecho penal es la expresión de la política criminal del Estado, cuya definición con base en el principio democrático y en la soberanía popular (artículos 1º y 3º C.P.), le corresponde de manera exclusiva al Legislador(77). A su vez los artículos 114 y 150 de la Carta, le otorgan al Congreso de la República la función de “hacer las leyes” y de expedir y reformar los Códigos en todos las ramas de la legislación.
65. En el ámbito penal, el Legislador goza de un amplio margen para determinar el contenido concreto del derecho punitivo. De tal suerte que en ejercicio de esta competencia le corresponde determinar: i) las conductas punibles; ii) el quantum de las penas correspondientes; y iii) las circunstancias que las disminuyen o aumentan(78). En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que:
“(…) el legislador puede entonces adoptar diversas decisiones, como las de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, entre otros, siempre y cuando con ello no comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución”(79).
66. No obstante lo anterior, dichas facultades no son absolutas, pues encuentran como límites la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos(80), lo que hace que el margen de configuración del Legislador este sometido al contenido material de los derechos fundamentales y al de los derechos humanos consagrados en la Carta y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia(81).
Este Tribunal en sentencia C-365 de 2012(82), sistematizó los límites constitucionales del libre margen de configuración del Legislador en materia penal, sin pretensión de definición exhaustiva, los cuales se sintetizan a continuación:
i) Principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del derecho penal: para esta Corporación, el derecho penal se enmarca dentro del principio de mínima intervención, conforme al cual el ius puniendi debe operar solamente cuando las demás alternativas de control han fallado. No existe obligación para el Estado de sancionar penalmente todas las conductas reprochables. Por ello “(…) la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad”(83).
ii) Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos: es decir, de valores esenciales de la sociedad(84). El derecho penal implica una valoración social de aquellos bienes jurídicos que ameriten protección penal, las conductas reprochables que puedan lesionar tales intereses, los elementos para establecer la responsabilidad al sujeto activo y el quantum de la pena aplicable.
En ese orden de ideas, no existe una obligación constitucional de criminalizar determinadas conductas con la finalidad de proteger bienes jurídicos específicos. De tal suerte que “La opción de criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse, no obstante su efecto limitativo de la libertad personal. Sin embargo, en el Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando se ha producido una grave afectación de un bien jurídico, mediante un comportamiento merecedor de reproche penal y siempre que la pena resulte estrictamente necesaria”(85).
iii) Principio de legalidad: El deber de observar el principio de legalidad tiene 3 dimensiones: i) reserva de ley en sentido material, puesto que la creación de los tipos penales es una competencia exclusiva del Legislador; ii) la definición de la conducta punible y su sanción de manera clara, precisa e inequívoca; y iii) la irretroactividad de las leyes penales, salvo su aplicación favorable(86).
v) Principios de racionabilidad y proporcionalidad en materia penal: De acuerdo a los cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito con derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso(87). En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado que si bien existe un margen amplio de configuración normativa del Legislador, la misma se encuentra limitada particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad. En ese sentido: “Dichas limitaciones, ha dicho la Corporación, encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la represión y prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso. Así las cosas, la Corte ha explicado que si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales”(88).
vi) Bloque de constitucionalidad y otras normas constitucionales: Las cuales deben ser observadas al momento de la redacción de las normas penales, puesto que: ““Además de los límites explícitos, fijados directamente desde la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de los valores y principios consagrados en la Carta, la actividad del Legislador está condicionada a una serie de normas y principios que, pese a no estar consagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les otorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad”(89).
67. Dentro del proceso de creación de normas penales que realiza el Legislador en ejercicio de libertad de configuración normativa, uno de los aspectos más relevantes es la determinación de la pena aplicable a cada delito, puesto que dicha facultad debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad(90).
Así las cosas, la dosimetría penal es un asunto librado a la definición legal, pero limitado por los principios mencionados porque: “(…) la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. La Constitución impone claros límites materiales al legislador (CP artículos 11 y 12). Del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (CP artículo 13), juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos”(91).
68. Lo anterior exige que el establecimiento de las penas aplicables a las conductas reprochables, deban atender a criterios objetivos tales como la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y el orden social, entre otros(92). En ese orden de ideas, este Tribunal ha manifestado que:
“El ámbito de control en esta sede, se reduce entonces a realizar un juicio de proporcionalidad respecto del ejercicio de la potestad de configuración del Legislador en materia punitiva. Sobre el punto, la jurisprudencia constitucional ha deducido el principio de proporcionalidad o “prohibición de exceso'”, de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona), 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales). La Corte ha concluido entonces que “sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad humanas”(93). Igualmente la Corte ha reiterado que el Legislador goza de discrecionalidad para establecer penas diversas a distintos hechos punibles, pero siempre y cuando “se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros”(94).
70. El principio del non bis in ídem se encuentra consagrado en el numeral 4º del artículo 29 Superior, según el cual “(…) Quien sea sindicado tiene derecho (…) a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”(95). Este principio se conoce por la jurisprudencia de esta Corte como la prohibición de doble incriminación, la cual tiene una estrecha relación con la institución de la cosa juzgada(96).
72. Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de marzo de 2007. Proceso No. 25629(97), expresó que este principio comprende los siguientes elementos:
73. Esta Corporación en sentencia T-537 de 2002(98), sostuvo que el principio del non bis in ídem se fundamenta en la seguridad jurídica y la justicia material, pues cualquier persona cuenta con la seguridad que las condenas definitivas y anteriores realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto de nuevos debates judiciales.
74. Ahora bien, en relación con el universo de aplicación del citado principio, la Corte ha expresado que no se encuentra delimitado por las disposiciones penales, pues este forma parte del derecho al debido proceso sancionador, por tal razón se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, es decir, a todo el universo del derecho sancionatorio(99).
El principio non bis in ídem no es solo una prohibición dirigida a las autoridades judiciales con el fin de impedir que una persona ya juzgada y absuelta vuelva a ser investigada, juzgada y condenada por la misma conducta. También es un derecho fundamental que el legislador debe respetar. Una norma legal viola este derecho cuando permite que una persona sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos. Dicha permisión puede materializarse de diferentes formas, todas contrarias a la Constitución. De tal manera que la única forma en que el legislador viola dicho principio no se contrae a la autorización grosera de que quien hubiere sido absuelto en un juicio penal puede volver a ser juzgado exactamente por la misma conducta ante otro juez nacional(100) cuando un fiscal así lo solicite, mediante una acusación fundada en el mismo expediente. El principio non bis in ídem, por lo menos, también prohíbe al legislador permitir que una misma persona sea objeto de múltiples sanciones, o juicios sucesivos, por los mismos hechos ante una misma jurisdicción”(101). (Lo énfasis agregado)
76. Frente a este último aspecto, es decir, al límite que este principio le impone al Legislador, esta Corporación en sentencia C-464 de 2014(102), expresó que el principio del non bis in ídem tiene dos dimensiones: i) procedimental (concepción tradicional); y, ii) material, pues contiene una garantía constitucional sustancial, de aplicación en todo el ordenamiento jurídico en el cual exista la potestad sancionatoria, de tal suerte que sirve de norma de referencia para el control de constitucionalidad que ejerce esta Corte ante “(…) errores de técnica legislativa que conducen en el plano teórico a futuras violaciones constitucionales”(103).
77. De otro lado, esta Corporación ha decantado los supuestos de aplicación del principio del non bis in ídem, los cuales deben atender a tres identidades: i) de sujeto; ii) de objeto; y, iii) de causa. Así las cosas, la Corte en sentencia C-244 de 1996(104) dijo:
“La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos”(105)”.
El actor fundamentó el concepto de violación del único cargo admitido por la Corte, en que la norma censurada desconoce el principio del non bis in ídem al habilitar una doble valoración del delito cometido de forma precedente al delito sancionado con pena de multa, de tal suerte que se le juzga dos veces respecto de una conducta que ya fue objeto de pronunciamiento judicial(106). Por estas razones, solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la disposición acusada.
Algunos de los intervinientes(107) manifestaron que las normas demandadas deben declararse exequibles, con sustento en que: i) al Legislador le asiste libertad de configuración normativa para configurar las conductas consideradas como delitos y su forma de sanción; y ii) no concurren en este caso los tres elementos definidos por la jurisprudencia de la Corte para determinar la vulneración del principio non bis in ídem que son la identidad de sujeto, objeto y causa.
80. La disposición bajo estudio de la Corte se encuentra ubicada en el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011(108), el cual reformó el artículo 39 de la Ley 599 de 2000(109), que regula la pena de multa en el proceso penal y las reglas para su aplicación.
84. Para verificar la violación del mencionado principio, este Tribunal ha decantado los elementos concurrentes que deben ser tenidos en cuenta para el referido el estudio, a saber(110):
ii) No obstante lo anterior, no concurren ii) la identidad de objeto; ni, iii) la identidad de causa. En efecto, la norma demandada no prevé un doble juzgamiento de los mismos hechos, ni la promoción de la investigación penal a partir de los motivos idénticos. El supuesto de aplicación de la disposición normativa es la comisión de un hecho nuevo distinto a los que ya fueron objeto de sanción penal. De hecho, la aplicación del agravante punitivo se hace a un nuevo delito que es actual y diferente, por lo que no existe identidad en el objeto ni en la causa en los dos juzgamientos.
Declarar EXEQUIBLE, por el único cargo analizado en esta sentencia, la expresión “La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los diez (10) años anteriores”, contenida en el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 39 de la Ley 599 de 2000.
23 Folio 8 cuaderno principal.
24 Ministerio de Justicia y el Derecho, Universidad del Rosario, Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
25 Al respecto ver Sentencias T-718 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-489 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-936 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
26 Bunster Álvaro en consideraciones en torno a la dogmática penal. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/R16880.pdf, consultado el 11 de marzo de 2014. Pág. 949. Ver también Welzel H. Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische darstellung. Berlín. Walter de Gruyter y Co. 1969. Pág. 1.; Jescheck H. Tratado de derecho penal 4ª ed. Traducción del alemán por José Luis Manzanares Samaniego, Granada, Comares, 1993, pág. 35; Roxin C. Derecho penal. Parte general, Madrid, Civitas, 1997, P. 192.
27 Sentencia C-827 de 2011 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
28 Sentencia C-343 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
29 Sentencia C-200 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
30 Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal. Tomo II Filosofía y Ley Penal”, Edit. Losada, Buenos Aires Argentina, 1950.
31 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
32 Sentencia C-599 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
33 Sentencia C-070 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
34 Ibídem. Reiterado en sentencia C-118 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
35 Bacigalupo, E. Principios de derecho penal 3ª edición. Akal/iure, 1994, Pág. 298.
36 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
37 M.P. Carlos Gaviria Diaz
38 Sentencia C-239 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
39 Ibídem. Ver en el mismo sentido la sentencia C-370 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.
40 Jakobs G. Derecho penal, parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. 2ª Ed. Corregida. Trad. De Joaquin Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo. Marcial Pons Editores, Madrid, 1997. Pág. 8.
41 Zugaldía Espinar, J.M., Fundamentos de derecho penal. 3ª ed., Valencia, 1993, pág. 59-60.
42 Bacigalupo, E. Principios de Derecho penal. Parte general. 4ª Ed. Akal/Iure, Madrid, 1997, Pág. 7.
43 Lesch, H. la función de la pena. Dykinson, Madrid, 1999. Pág. 7.
44 Kant. I. Grundlegung Zur Metaphysic de Sitten, Pág. 52, citado por LESCH, H. Op. Cit. Pág. 9.
45 Jakobs. G. Derecho penal parte general, fundamentos y teoría de la imputación. 2ª edición. Marical Pons, Madrid. 1997. Pág. 20.
46 Von Liszt, F. La idea del fin en el Derecho Penal, Programa de la Universidad de Marburgo, 1882. Comares 1995, pág. 83.
47 Roxin, C. Derecho penal, parte general. Tomo I. Civitas, Madrid. 1997 Pág. 94.
48 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
49 M.P. Carlos Gaviria Diaz.
50 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
51 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Reiterada en sentencia C-370 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
52 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
53 Los artículos 202, 203 y 204 del Código Penal establecen:
ART. 203.—Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. El que cause daño a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de cualquier religión legalmente permitida, o públicamente agravie a tales cultos o a sus miembros en razón de su investidura, incurrirá en multa.
ART. 204.—Irrespeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa.
54 http://dle.rae.es/?id=VmYRE5t
55 M.P. Carlos Gaviria Diaz.
56 M.P. Jaime Araujo Rentería.
57 Gonzalez Cussac. Teoria general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Valencia, 1998. pág. 66.
58 http://dle.rae.es/?id=9Ka81Rt
59 Jiménez de Asua, L. Principios de derecho penal. La ley y el delito. 3ª Ed. Buenos Aires, 1958. Pág. 74.
60 Rodríguez Devesa y otro. Derecho penal español. Parte General. 17ª Ed. Dykinson. 1994, Madrid. Pág. 689.
61 Cobo/Vives. Derecho penal. Parte general 5ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 877.
62 Mir Puig, S. Derecho penal, parte genral. 5ª ed., Barcelona, 1998. Pág. 629.
63 Calderon/Choclan, Derecho penal, Bosch, Barcelona, 1999. Pág. 266. En el mismo sentido Garzón Real y otro en reindencia y constitución. Actualidad penal 1. 1991. Pág. 4.
64 Rodríguez Devesa, Op. Cit. Pág. 747.
65 Agudo Fernández E. Principio de culpabilidad y reincidencia en el derecho Español. Tesis doctoral. Disponible en http://hera.ugr.es/tesisugr/15463266.pdf, consultado el 11 de marzo de 2016, Págs. 383-384.
66 Calderón/Choclan Op. Cit. Pág. 266
67 Agudo Fernández Op. Cit. Pág. 390-406.
68 Agudo Fernández Op. Cit. Pág. 82-83.
69 BverfGE 50, pág. 125 citado en Agudo Fernández Op. Cit. Pág. 83. Ver también Jaen Vallejo, M. Los principios superiores del derecho penal. Dykinson, Madrid. 1999, Pág. 78.
71 Traducción libre.
72 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
73 Estos criterios jurisprudenciales fueron reiterados en las sentencias C-184 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) , C-406 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-1076 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-252 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-077 de 2006 (Jaime Araujo Rentería), C-290 de 2008 (Jaime Córdoba Triviño) , entre otras.
74 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
75 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
76 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
77 Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.. Ver al respecto las sentencias de la Corte Constitucional: C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En similar sentido Sentencias de la Corte Constitucional C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-248 de 2004, M.P: Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005, M.P: Álvaro Tafur Galvis.; C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-962 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa;
79 Sentencia C- 248 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
80 Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
81 C-742 de 2012 M.P. Maria Victoria Calle Correa.
82 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
83 Sentencias C-636 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo y C-742 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Reiterada recientemente en sentencia C-387 de 2014 M.P, Jorge Iván Palacio Palacio.
84 Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
85 Sentencia C-489 de 2002 M.P Rodrigo Escobar Gil. En este sentido la sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño expuso: “haciendo abstracción de las distintas fases, escuelas y esquemas que han confluido en el derecho penal, lo cierto es que el único elemento común a cualquier sistema de imputación penal radica en el contenido de injusticia que se atribuye al delito, esto es, la antijuridicidad. El delito debía tener un contenido de ilicitud no solo formal frente a la norma sino también un contenido material que consistía en la lesión o, al menos, en la puesta en peligro de un bien jurídico. Así, la injusticia del delito radicaba en la afección de derechos ajenos. El delito se dotó de un referente material que, a través de la categoría del bien jurídico, racionalizó el ejercicio del poder punitivo. Siendo así, el solo tenor literal de la ley no definía ya el delito, pues se precisaba también de un contenido sustancial que remitiera a la afección de derechos ajenos”.
86 Sentencia C-365 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
87 Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
88 Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
89 Sentencia de la Corte Constitucional C-488 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
90 Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
91 Sentencias de la Corte Constitucional C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
92 Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
93 Sentencias de la Corte Constitucional C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, ver las sentencias C-118 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-148 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
94 Sentencia de la Corte Constitucional C-1404 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis y C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
95 Sentencia C-870 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
96 Sentencia C-229 de 2008 M.P. Jaime Araujo Renteria.
97 M.P. Alvaro Orlando Pérez Pinzón.
99 Sentencia C-870 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
100 No se aborda en esta sentencia la cuestión de la aplicabilidad del principio non bis in ídem entre varios estados o entre un estado y una jurisdicción internacional.
101 Sentencia C-870 de 2002 M.P. Jose Manuel Cepeda Espinosa.
102 M.P. Alberto Rojas Rios.
103 Sentencia C-464 de 2014 M.P. Alberto Rojas Rios.
104 M.P. Carlos Gaviria Díaz, reiterada en sentencia C-870 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras
105 Sentencia de noviembre 22 de 1990 Corte Suprema de Justicia
106 Folio 8 cuaderno principal.
107 Ministerio de Justicia y el Derecho, Universidad del Rosario, Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
108 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.”
109 “Por la cual se expide el Código Penal”.
110 Sentencia C-244 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

References: ARTÍCULO 46
 ARTÍCULO 39
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 55
 artículo 58
 artículo 39
 artículo 407
 artículo 10
 artículo 105
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 25
in fine
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 139
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 63
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 46
 artículo 39
 artículo 46
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