Source: http://cdauch.blogspot.com/2008/
Timestamp: 2017-06-26 07:02:37+00:00

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Derecho Ambiental: 2008
Proyecto de ley. ¿Fiscalización ilimitada o control legítimo? Por Doris Sepúlveda Solar
*Doris Sepúlveda Solar es egresada de Derecho de la Universidad de Chile, prontamente licenciada y abogada. Su memoria de grado trató el tema de la naturaleza jurídica de la resolución de calificación ambiental obteniendo la máxima calificación. Doris ha sido seleccionada para integrar el plantel de ayudantes de investigación del CDA para el año académico 2009.Llama bastante la atención el objetivo hacia donde se han enfocado las críticas efectuadas en contra del proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, particularmente en lo que respecta a las observaciones realizadas por la Sociedad de Fomento Fabril mediante Minuta de fecha 1 de Octubre de 2008, las cuales se han concentrado en las amplias e ilegítimas facultades de fiscalización que se le estarían otorgando a la Superintendencia del Medio Ambiente mediante el cambio institucional en comento, dejando de lado un análisis de fondo de la causa que fundamentaría dichas atribuciones de control e intervención en la esfera jurídica de los sujetos autorizados. Justificación que a nuestro juicio no es otra que, la naturaleza jurídica que presenta la Resolución de Calificación Ambiental como autorización de funcionamiento y las consecuencias que de aquello se derivan, en cuanto a que el derecho para llevar a cabo un determinado proyecto no es reconocido de una vez por todas, sino que a lo largo del desarrollo de la actividad la autorización se condiciona al mantenimiento de las circunstancias y motivos que justificaron su otorgamiento. Precisamente es esta caracterización jurídica de la Resolución de Calificación Ambiental aquella que el proyecto de ley reconoce formalmente al hacer referencia a ésta en varios de los nuevos preceptos que se incorporarán a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y que conformarán el cuerpo legal de la futura Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Así a modo de ejemplo y de manera resumida cabe destacar que de ahora en adelante la Resolución de Calificación Ambiental admitiría ser revisada cuando ejecutándose el proyecto, los hechos sobre los cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, han variado sustantivamente o estos no se han verificado. Al mismo tiempo la Superintendencia del Medio Ambiente administraría un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad, respecto de la normativa ambiental aplicable y del cumplimiento de las condiciones de una Resolución de Calificación Ambiental; en este mismo sentido este organismo tendría también la función de suspender transitoriamente la Resolución de Calificación Ambiental, cuando la ejecución u operación de un proyecto genere impactos ambientales no permitidos o que impliquen un daño significativo para el medio ambiente, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en la Resolución de Calificación Ambiental. También el proyecto de ley contempla otros mecanismos indirectos para asegurar que el particular realice la actividad en los términos en que ha sido autorizado por la Administración, como el plazo de caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental y el registro público de Resoluciones de Calificación Ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que deberá actualizarse anualmente, debiendo los titulares de proyectos informar en igual periodo acerca del estado de los mismos.De manera que, una interpretación sistemática como la efectuada de los nuevos preceptos, que como ya bien lo señalamos recogen el concepto de autorización de funcionamiento, evidencia el espíritu que anima al legislador para establecer en el proyecto de ley en cuestión, que la responsabilidad de la Administración no termina con el otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental. Por el contrario, en pos de la permanente adecuación a la legalidad vigente de las actividades desarrolladas por los particulares y el interés público que aquello involucra, el legislador previó potestades de condicionamiento del desarrollo de las actividades autorizadas y de fiscalización de las mismas, a objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas y la corrección de las deficiencias observadas.Sin embargo, resulta recomendable por razones de seguridad jurídica explicitar y definir exclusivamente en un precepto del proyecto de ley a la Resolución de Calificación Ambiental como una autorización de funcionamiento, recalcando y entendiendo que ésta, al habilitar la realización de una actividad de manera indefinida, o cuanto menos, durante un amplio espacio temporal, crea una relación jurídica continuada entre la Administración y el sujeto autorizado, debido a que el ejercicio de la actividad se prolonga en el tiempo, y precisamente, por tratarse de una actividad que se despliega a lo largo del tiempo, las exigencias que reclama el interés general respecto de la actividad autorizada pueden ir cambiando.Pues si bien en el Mensaje del Proyecto de Ley se manifiesta la intención de continuar con el modelo de autorización de funcionamiento integrada, no se entrega un concepto claro de la misma, lo que a fin de cuentas conduce al surgimiento de críticas infundadas de aquellos que nada más consideran al acto autorizatorio como un mero control de carácter preventivo.
Resolución de Calificación Ambiental,
¿Participación ciudadana informada? por Catalina Aranda
Nota de la editora: Como en semestres anteriores, publicamos las mejores columnas escritas por los alumnos del curso clínico de derecho ambiental y resolución de conflictos. *Catalina Aranda es estudiante de 5º año y alumna de la clínica ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de ChileLa Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en su artículo 4, establece como deber del Estado facilitar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Para esto, el párrafo tercero del titulo II de la misma ley (artículos 26 y siguientes), establece un sistema de participación ciudadana “informada” en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (solo para los procesos de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental). Sin embargo, considerando las ultimas reformas legislativas en relación al acceso a la información pública (Ley Nº 20.285) y la demanda cada vez mayor de participación en los procesos de toma de decisiones por parte de la comunidad (no sólo en materia ambiental por cierto), cabe preguntarse, ¿qué tan vigente y efectiva resulta este proceso de participación ciudadana?.La participación que se establece hoy en día en nuestra Ley de Bases de Medio Ambiente, no pasa de ser una mera formalidad que busca salvar el pilar fundamental del derecho de acceso a la información, el cual esta íntimamente ligado al derecho a la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental. La desigualdad que existe entre el derecho de la comunidad de acceder a la información y el derecho de los titulares de mantener en reserva información tan relevante para la toma de decisiones, no hace más que permitir que las autorizaciones sean otorgadas bajo una manta de legitimidad que esconde la reducida, formalista y dificultosa participación ciudadana. Así por ejemplo la ley no sólo permite al titular del proyecto, la reserva de antecedentes técnicos, financieros y otros, sino que también establece una desigualdad en cuanto a los plazos de participación (60 días para participación ciudadana versus la posibilidad del titular de extender sus plazos y adjuntar nuevos antecedentes –ADENDA-), lo cual sumado a la calidad y cantidad en la información proporcionada a la comunidad, que prácticamente sólo tiene acceso a un extracto de proyecto realizado por el mismo titular, publicado en medios de información insuficientes, ha permitido que hasta la fecha no exista un caso conocido que haya sido rechazado debido a este proceso de participación.En el derecho comparado, el Convenio de Aarhus y la Directiva 2003/35/CE de la Unión Europea, establecen un fuerte deber positivo del Estado de proveer información pública que diga relación con información ambiental, sin requerir ningún tipo de interés por parte del solicitante, y sin tener que incurrir en costos irracionales. Así también, existen normas específicas en relación a la educación e información en materia ambiental, a la participación ciudadana en las decisiones relativas a actividades particulares y programas o políticas públicas ambientales .Afortunadamente, las deficiencias estructurales que afectan a nuestra normativa ambiental, no han pasado desapercibidas para el legislador, quien recientemente ha presentado un proyecto de ley que busca mejorar el actual proceso de participación, contemplando entre otras cosas, el libre acceso sin restricciones al estudios y todas las piezas del expediente, apoyo técnico necesario para una real participación, medios de información mas acordes con nuestra sociedad actual, como radial y digital, y lo más importante, contempla una participación a lo largo de todo el proceso de evaluación, sin limitaciones de tiempo, las que además de restringir la participación la sitúan en un periodo bastante tardío del procedimiento, cuando ya no quedan muchas posibilidades de ajustes y modificaciones .Todo esto, sumado a la iniciativa de incluir un proceso de participación ciudadana en la Declaración de Impacto Ambiental (con plazos más acotados) pueden ayudar a que en la práctica, el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental y de acceso a la información, pasen de ser una mera formalidad de papel, a una práctica que realmente asegure el cumplimiento de estos derechos. Publicadas por
*Pilar Moraga es investigadora del Centro de Derecho Ambiental, y directora del proyecto "Energía, Medio Ambiente y Regulación" del Programa Domeyko Energía de la U. de Chile.En medio de la vorágine provocada en los últimos días por la 14° reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de Cambio Climático realizada en Poznań, Polonia, el equipo conformado por estudiantes y egresados de nuestra Facultad y la Facultad de Ingeniería (fotografía), presentó una propuesta a la Competencia Internacional sobre Cambio Climático, organizada por la Universidad de Copenhague, Dinamarca.Cabe recordar que dicha Universidad organiza esta competencia internacional como una manera de contribuir al debate académico en mira de las negociaciones de la COP 15 que se desarrollará en ese País el 2009.Este ejercicio académico se centró principalmente en el diagnóstico y reformas aplicables al mecanismo de desarrollo limpio (MDL), desde una perspectiva institucional, procedimental, normativa y ética, respecto del actual funcionamiento del mismo.Teniendo muy presente que la implementación de este mecanismo no es “la solución” al cambio climático, sino que una más de las herramientas con las que se debe contar si lo que realmente se busca es cumplir con los objetivos perseguidos por la Convención y el Protocolo de Kyoto, es posible señalar que el aumento progresivo de este mecanismo en los mercados internacionales permite evaluarlo positivamente.Sin embargo y tal como se advirtió en un comentario realizado en este blog, el mecanismo no está exento de defectos, muy por el contrario éste merece ser reformado en pro de su fortalecimiento y reequilibrio de los objetivos que persigue, cuales son la reducción de emisiones y el desarrollo sustentable.Es en ese contexto que el equipo universitario realizó propuestas en lo que se refiere al marco institucional con el objeto de aportar mayor transparencia, participación y evitar la superposición de intereses.A fin de fortalecer la realización del desarrollo sustentable, se propuso crear un fondo de redistribución que permitiera premiar con incentivos cuantitativos a los proyectos más sustentables.En momentos de la entrega de dicha propuesta, dos anuncios importantes se realizaban en el país. Se trata del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y el estudio del Banco Mundial relativo al rol de América Latina en el Cambio Climático. La elaboración y lanzamiento oficial de este texto constituyen sin duda un notorio avance en la postura planteada por el Ejecutivo, la cual puede explicarse por el ánimo de contribuir a los objetivos fijados por la comunidad internacional, pero por sobre todo por la necesidad de dar respuesta a las recomendaciones efectuadas por la OCDE, que condicionan el ingreso de nuestro País a dicha organización, entre las cuales se menciona claramente la necesidad de tomar una postura favorable a la lucha del cambio climático.Sin embargo, es necesario también hacerse cargo de la necesidad de conciliar las graves contradicciones existentes entre la agenda programática de la Moneda y la realidad energética chilena. En estos mismos días se anunció el próximo ingreso al SEIA del proyecto termoeléctrico que le sigue en inversión y capacidad al proyecto Hidroaysén, a desarrollarse en la 3ª Región.Demás está decir que un proyecto de esta naturaleza es absolutamente contrario a la realización de los objetivos que busca alcanzar el marco jurídico internacional de cambio climático y a la imagen internacional que Chile pretende preservar, en tanto candidato a formar parte de la OCDE.Ya el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas 2008, advirtió sobre el rápido aumento de las emisiones de carbono de nuestro país, el que nos situaba en ese momento en el primer lugar de los países latinoamericanos en la carrera de aumento de emisiones.Dado lo anterior, cabe preguntarse sobre la coherencia de las políticas públicas elaboradas por el Ejecutivo, las que debieran pasar de una simple declaración de intereses a acciones concretas, que reflejen la convicción profunda de nuestra sociedad de tomar el cambio climático como el gran desafío que enfrenta la humanidad en este siglo, conforme lo afirmado por la Presidenta de la República.
COP 13 UNCCC,
*Flavia Liberona es directora ejecutiva de Fundación Terram.Esta columna de opinión fue publicada en La Nación el 01 de diciembre de 2008.Uno de los compromisos ambientales más importantes del actual Gobierno es hacer una reforma profunda de la institucionalidad. El 5 de junio la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley y desde julio éste se halla en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara que, tras escuchar por cuatro meses las posiciones de varios sectores, aprobó la idea de legislar, lo que dio inicio al debate.El proyecto de reforma institucional contempla la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, una Superintendencia Ambiental y un Servicio de Evaluación Ambiental. Parece adecuado que la propuesta trabaje en tres niveles: política y regulación (ministerio), administración del sistema de evaluación de impacto (servicio independiente) y fortaleciendo y coordinando la fiscalización (superintendencia). Sin embargo, es necesaria una política y gestión ambiental eficientes; la implementación de un ministerio da mayor jerarquía a la institucionalidad ambiental y le confiere capacidad de formular una regulación integrada y definir políticas públicas con incidencia en los demás ministerios. La Superintendencia y el Servicio de Evaluación tienen el apoyo de todos los sectores; es en ciertas disposiciones donde hay diferencias.Entre las debilidades del proyecto está no ofrecer mejoras en la participación ciudadana y la igualdad ante la ley, tema relevante dada la creciente conflictividad a nivel local de algunos proyectos. Tampoco plantea mecanismos para la resolución de conflictos y no se hace cargo de temas como la negociación incompatible (el pago que hacen empresas a comunidades u organizaciones durante el proceso de calificación ambiental).A nivel técnico-político, tampoco resuelve adecuadamente el rol y composición de las Coremas, a cargo de dar luz verde a los proyectos que son evaluados en el sistema. Es un tema clave para determinar el modelo de evaluación y decisión de proyectos, que puede ser sólo técnico, técnico-político o sólo político. Muchos de los conflictos ambientales de los últimos años tienen su origen en que la autoridad política aprueba proyectos sin consideraciones técnicas e incluso sin justificar su decisión ni asumir responsabilidades.Otro aspecto que no está consignado es la creación de una institucionalidad que vele por la protección del patrimonio natural y la creación de un sistema de áreas silvestres protegidas públicas y privadas -acuáticas y terrestres- capaz de proteger de modo efectivo a las especies y ecosistemas naturales sensibles, para impedir que, como se ha visto, se desafecten en la práctica parques nacionales a fin de favorecer proyectos productivos de corto plazo. Una nueva institucionalidad debería resolver la incompatibilidad de funciones que existe en algunas reparticiones públicas, que deben desarrollar tareas de fomento productivo y de conservación del patrimonio natural, lo cual la mayoría de las veces es incompatible. Es de esperar que el Parlamento discuta tanto estos como otros aspectos con la seriedad y altura de miras que el país necesita y que se logre crear una institucionalidad ambiental que realmente proteja a los seres humanos y a los ecosistemas naturales.
Nota de la editora: Como en semestres anteriores, publicamos las mejores columnas escritas por alumnos de la Clínica Ambiental.* Rodrigo Cartes Carrasco es estudiante de 5° año de Derecho y alumno de la Clínica Especializada de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos.Ante la existencia de daños al medio ambiente, tanto nuestra legislación general y común del Código Civil como la especial de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente entregan de acciones para obtener el resarcimiento de los perjuicios provocados o la reparación del medio ambiente respectivamente. Pero, ¿puede ejercerse indistintamente cualquiera de ellas?La doctrina ha reconocido las distintas formas de hacer valer la responsabilidad por daño ambiental. Enrique Barros en su obra “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, reconoce la existencia de dos acciones para lograr la reparación de daños al medio ambiente: i) la acción ordinaria indemnizatoria con la cual se logra el resarcimiento del daño emergente y el lucro cesante (arts. 2314 y ss. del Código Civil), y ii) la acción ambiental de reparación en naturaleza (art. 53 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente)[1].Respecto al ejercicio de la acción indemnizatoria y la ambiental, se ha reconocido por la doctrina que el ejercicio de una acción no obsta al ejercicio de la otra a partir de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Las diferencias surgen respecto a que nivel de compatibilidad existe entre ellas, o si realmente se puede utilizar indistintamente una u otra, siempre bajo la perspectiva del afectado por el daño. Para ello, presentamos las opiniones de tres destacados profesores de Derecho Ambiental al respecto, señalando un ejemplo contrastado con la solución dada por cada profesor[2].Hernán Corral estima que existe una “duplicidad de acciones”, pero que entre las dos acciones que existen para lograr la reparación del daño provocado, la acción ambiental tendría por objeto exclusivo la reparación del medio ambiente dañado[3] (art. 53, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente). Para este autor, no es posible lograr la reparación del medio ambiente por medio de la acción indemnizatoria, situación según la cual la reparación del suelo de un predio agrícola contaminado solo debería lograrse por medio de la acción ambiental.Tras la posición de Corral encontramos la formulada por Enrique Barros, quien si bien se manifiesta a favor de una mayor compatibilidad entre las acciones indemnizatoria y ambiental, introduce como límite la eventual superposición de sus objetos, situación imposibilitada por la naturaleza y finalidad de la acción ambiental[4]. En estricto rigor su postura no varía demasiado de la de Hernán Corral, pero su diferencia radica en reconocer la compatibilidad de estas acciones, lo que permitiría en el caso de contaminación del suelo de un predio agrícola, al menos barajar la posibilidad de utilizar como vía de intervención judicial la acción indemnizatoria en vez de la ambiental para lograr la reparación del suelo, para finalmente y a partir de un análisis casuístico, verificar si la naturaleza y finalidad de la acción ambiental la hace la exclusiva vía para lograr la reparación del daño.Una postura que estima una compatibilidad total entre las acciones es la presentada por Rafael Valenzuela, quien llega a estimarlas “plenamente compatibles”, cuyo ejercicio conjunto o sucesivo, sin que el ejercicio de una obste al de la otra, sin establecer límites al respecto. De hecho Valenzuela estima que el único caso en que solo procedería una de las acciones sería el caso de la acción indemnizatoria, en la situación contemplada por el artículo 55 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, a saber, que los responsables de las fuentes emisoras que estén bajo planes de prevención o de descontaminación cuyo cumplimiento esté acreditado, a menos que el daño ambiental que se esté generando no esté contemplado en los planes, pues en ese caso se vuelve a la regla general de doble procedencia[5]. Según Valenzuela, no habría inconveniente en intervenir judicialmente vía acción ambiental o indemnizatoria indistintamente para lograr la reparación del suelo del predio agrícola del ejemplo que hemos contrastado.Para Rafael Valenzuela, la plena compatibilidad entre las acciones indemnizatoria y ambiental, puede ofrecer inconvenientes en materia de enriquecimiento sin causa, pues si el dueño del predio de nuestro ejemplo opta por la acción indemnizatoria, podrá obtener el resarcimiento de los perjuicios sin la obligación de utilizar la indemnización en reparar el suelo. Con el suelo aún sin reparar podría buscar vía acción ambiental que quien haya producido el daño ambiental repare el suelo, no obstante haber indemnizado por el perjuicio provocado con anterioridad[6], razón por la cual Valenzuela fue parte de la proposición de incluir un mecanismo compensatorio ende la obligación de resarcimiento del daño emergente con la obligación de reparar al medio ambiente (no extensible al lucro cesante) que no tuvo acogida parlamentaria[7].Podemos concluir que creer sostener la incompatibilidad entre las acciones indemnizatorias ambiental es muy difícil, pues existe una norma que posibilita el ejercicio de ambas con un alto grado de proximidad entre el objeto que las moviliza. No obstante, las opiniones que estiman un menor grado de compatibilidad permiten evitar los inconvenientes en materia de enriquecimiento sin causa que puede generar la plena compatibilidad entre dichas acciones que puede llevar a una doble condena a quien provoca el daño y a la obtención de una indemnización por el daño emergente al mismo tiempo que la reparación del daño in natura para quien sufre el daño.Estimamos que nuestra legislación es acertada al ofrecer dos vías de intervención jurisdiccional para lograr –desde la perspectiva del perjudicado- la reparación del daño al medio ambiente. Pero al mismo tiempo estimamos muy peligroso que no se establezca con total claridad si es posible utilizar ambas cuando se trata de un mismo objeto. En este sentido, seguimos la postura de Valenzuela.[1] BARROS, Enrique. “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Santiago, 2006. EB792 pp.[2] Se trata de un ejemplo dado por el profesor Valenzuela, utilizado por él para ejemplificar su opinión relativa a la compatibilidad de las acciones indemnizatoria y ambiental. Este ejemplo será utilizado para mostrar los alcances de las opiniones de los demás autores.[3] CORRAL, Hernán. “El Sistema de Impacto Ambiental y la Responsabilidad Civil por daño al Medio Ambiente”, en Revista de Derecho Administrativo Económico, Vol. I, N° 1. Enero-Junio 1999. 84 pp.[4] BARROS, Enrique. Op. Cít. 809 pp.[5] VALENZUELA, Rafael. “La Responsabilidad por Daño Ambiental”. 4 pp.[6] Ídem. 5 pp.[7] Informe Legislativo N° 71 del proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente. Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad católica de Valparaíso, enero de 1993, 34 pp.
Novedades en la discusión del Proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente
Sesión del 03/12/08 y la indicación del EjecutivoAyer en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se retomó el análisis del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente, iniciándose la discusión en particular.La Comisión conoció las indicaciones que el Ejecutivo presentó ayer. Descargue las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 03/12/08 desde la web del CDA.En la ocasión según reporta la propia Comisión, se aprobó el artículo 69 y el artículo 70 hasta letra m), es decir la creación del Ministerio y 2/3 de sus atribuciones. "Se designó diputado informante a don Enrique Accosi. El proyecto no continee normas de quórum calificado ni trámite de Comisión de Hacienda. Pasa a la Sala."Recortes de prensa sobre la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente y cia:1. La Nación, 4/12/08. Cien indicaciones a reforma ambiental. Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja comenzó ayer análisis del proyecto. "Si bien existe consenso sobre la necesidad de sacar adelante la iniciativa, las observaciones podrían comenzar a trabar su avance legislativo. Expertos afirman que la participación ciudadana sigue siendo uno de los aspectos “débiles” de la nueva institucionalidad." Artículo completo.2. C6 El Mercurio 01/12/2008 3. La Nación, 01/12/08Instancia no existía en proyecto original de creación del Ministerio de Medio AmbienteConsejo de Ministros concentra debate en reforma ambientalA diferencia del actual rol del Consejo en la toma de decisiones, la propuesta del Ejecutivo restablece el espacio “transversal” de deliberación, pero sin carácter de dirección superior. Proyecto de ley entra a tierra derecha en la Cámara. Noticia completa.4. El MostradorChristian Avérous, experto ambiental de la OCDE. La diplomacia chilena debería jugar un rol más activo en temas medioambientales. "Fue uno de los que diseñó la "hoja de ruta" en la materia en 2005 para impulsar las intenciones del país de formar parte de la organización que agrupa a los países desarrollados. Tres años después hace una positiva evaluación de los avances logrados, especialmente en lo relativo al proyecto que creará el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia del rubro. En entrevista con El Mostrador.cl el francés detalla los desafíos pendientes y el rol que le compete a los privados". Noticia completa.
La formación de las futuras elites del país, por Víctor Pérez, Rector U. de Chile
Una licencia de la editora: Nos salimos excepcionalmente del Derecho Ambiental para contribuir a la difusión de este artículo del Rector de nuestra Universidad, Prof. Víctor Pérez Vera, publicado hoy en la página A2 del diario El Mercurio."...Hoy vemos como muchas personas con potencial de liderazgo en las diversas áreas se forman en ambientes con poca o casi ninguna diversidad valorativa...".Víctor Pérez VeraRector de la Universidad de Chile Diversas publicaciones han venido señalando que la gran mayoría de los líderes sociales, políticos y empresariales que tienen sobre 50 años se formaron en la educación pública, y muchos de ellos en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile; y que, en cambio, los menores de 40 años la gran mayoría se formó en un muy reducido grupo de colegios y universidades particulares.Este cambio no es menor, pues tiene que ver con la pregunta acerca de cuáles son los ambientes en que hoy se están formando las futuras elites del país. Y cuando hablo de elite no me refiero únicamente a los cuadros dirigentes -aquellos que serán responsables de tomar decisiones que tienen impacto directo sobre la vida de la comunidad nacional-, sino también a quienes con su actividad intelectual y creadora van forjando nuevos modos de comprender y transformar la realidad, van abriendo nuevos espacios para la existencia individual y colectiva, y también a aquellos que con su iniciativa emprendedora aportan al crecimiento económico del país.Esta pregunta es respondida día a día por nuestro sistema educativo, afectado de severas desregulaciones y de inequidades flagrantes, tanto en los que concierne al acceso de la población como a las diferencias de calidad que a menudo son abismales. Y esa respuesta cotidiana, que se ahonda progresivamente, sin que se reflexione suficientemente acerca de lo que su profundización está incubando, hace caso omiso de todo punto de vista que reclame la definición de los ambientes en que las elites deben ser formadas si de verdad queremos tener un país más solidario, más justo, más equitativo, más sensible a las carencias, más abierto a la diversidad, y libertad individual.Es un cuadro, el de hoy, muy distinto al que construyó la república y estableció los contenidos de la identidad, y la pertinencia histórica del pueblo chileno. En el pasado -que sigue haciéndose sentir, pero con clara pérdida de terreno- los estadistas, los políticos, los profesionales, los intelectuales y los artistas, y también un número desdeñable de los principales agentes del crecimiento del sistema económico se formaron en un ambiente de diversidad, de tolerancia de respeto y libertad intelectual, en un ambiente laico, ciertamente no exento de ideología, pero sin los sesgos excluyentes que muestran aquellos establecimientos e instituciones que se fundan en una visión de mundo particular.Hoy, en cambio, vemos cómo muchas personas con potencial de liderazgo en las diversas áreas se forman en ambientes con poca o casi ninguna diversidad valorativa -y, en algunos casos, altamente sesgados-, muchas veces con un profundo desconocimiento de lo que sucede en el país real, y con una mirada que ve con temor la diversidad, y que siente una sorda amenaza en lo que no cuadra con sus particulares concepciones de la sociedad, la cultura, la historia. Este esquema se consolida sin contrapeso, cerrando la puerta no sólo a las demandas e inquietudes del resto de la comunidad, sino que también al potencial de innovación y transformación que late en ella, y sobre todo, en nuestra juventud la que día a día da muestras de que no se ve representada para nada con este esquema.¿Qué podríamos esperar si las políticas públicas y el diseño de nuestro mismo modo de vida se entregaran sin reservas a elites que viven de espaldas a la realidad del país? ¿Cómo podríamos creer que tendrían efectiva sensibilidad con respecto a las escandalosas carencias y diferencias que aquejan a los menos favorecidos y a los marginados? ¿Cómo podrían entender lo que significa una democracia real, construida bajo la representación de todos en todos loa ámbitos de la sociedad, lo que hace realidad la no exclusión, y que sólo se aprende a través de exeriencias de vida expuestas a la diversidad y a la tolerancia, y como un proceso de adquisición lento y profundo de valores?Buena parte de la clase dirigente progresista olvida que en la formación de las elites está en juego la definición del país futuro y la preservación de la democracia.Chile necesita fortalecer decididamente su educación pública. El estado debe asumir su responsabilidad esencial en este fortalecimiento, y entre él y sus instituciones deben establecerse las bases de sustentabilidad que proyecten la educación pública, de manera que las elites ahí formadas puedan responder con excelencia, innovación y sensibilidad social a los desafíos que plantea el siglo XXI.
Los costos de la regulación ambiental II, por Sergio Praus
Nota de la editora:Éste es un "up grade" del comentario hecho por Sergio Praus a la columna del 24/11/08, Los Costos de la Regulación Ambiental, por Gonzalo Parot. ¡Gracias Sergio!Gracias Gonzalo por tus reflexiones... muy acertadas y creo, igualmente, que tu opinión va en la vía correcta, a diferencia del Sr. Aznar. En verdad creo que desde la misma visión economica y desde el paradigma del derecho de propiedad, es que también puede cuestionarse la postura del "ecologismo responsable", ya que la matriz de tiempo que se usa en ciertas decisiones de carácter político/económico, al ser de corto -o bien inmediato plazo- genera la errónea percepción de un sobrecosto de implementar medidas mas allá de tal escala de tiempo. Sin embargo, la ciencia económica debe apoyarse, precisamente en aras a la optimización de la relación costo/beneficio, en matrices temporales derivadas no solo de las ciencias exactas (que establecen con rigor los tiempos de duración de fenómenos físicos, químicos o climáticos), sino que de las propias ciencias sociales. Desde la historia, por ejemplo, las escalas espacio-temporales son de una magnitud que escapa nuestras escalas de percepción de tiempo. Igual cosa ocurre, por ejemplo, con la geología. Enfin, el paradigma de evaluar la eficiencia social de las decisiones sobre la base de nuestra simplista escala de tiempo "una generación humana" (a lo sumo dos) transforma en "costo" inaceptable aquello que debiera ser un "costo razonable", y en el mejor de los casos, una "inversión". Finalmente, me parece pertinente también considerar que nuestra sociedad debe encarar, independientemente de sus orígenes, el cambio climático, al costo que sea, inclusive pensando en la actual generación (Nº 1) y en la que viene (Nº 2), en una muy cortoplacista visión, ya que los costos de no actuar ya están comenzando a ser mayores que los de actual, en muchos casos. Con todo, me quedo con una aproximación ética y valórica, que nos impone hacernos cargo y asumir los costos de nuestro propio bienestar y sobrevivencia, y de las generaciones venideras. Sergio PrausCentro Froward de Derecho AmbientalUniversidad de MagallanesPunta Arenas.
Los Costos de la Regulación Ambiental, por Gonzalo Parot*
Nota de la editora: como en años anteriores publicamos las mejores entradas de los alumnos de la clínica ambiental.*Gonzalo Parot es estudiante de 5º año de Derecho de la Universidad de Chile y alumno del curso clínico de derecho ambiental y resolución de conflictos.Hace algunos días, al presentar el libro del Presidente checo Václav Klaus, el ex Presidente español José María Aznar realizó controvertidas declaraciones en las cuales criticaba el ecologismo extremo. De acuerdo con sus dichos, no existe suficiente evidencia científica como para corroborar la influencia del hombre en el fenómeno del calentamiento global. Acusó a los defensores de esta cruzada mundial ecológica de defender su tesis como un dogma que conlleva el malgasto de miles de millones de dólares que podrían tener un mejor destino[1] [2].Más allá de las cuestiones científicas involucradas, esta postura es reflejo del antiguo debate entre propiedad y medio ambiente. Tras la mutación del Estado interventor concebido a mediados del siglo XX, la controversia sobre la extensión y la profundidad de las medidas de protección ambiental incluye posturas que cuestionan los costos derivados de las trabas puestas a la producción[3]. Es claro que la reducción de emanaciones implica el desarrollo de nuevas tecnologías sin duda más caras y el sacrificio de niveles de productividad potencialmente superiores. La legislación ambiental juega un rol fundamental en la definición de los costos sobrellevados por los países en la lucha contra el calentamiento global.Desde el punto de vista económico, los dichos de Aznar se basan en la definición de políticas públicas desde la perspectiva de los costos sociales en el corto plazo. El costo de permitir que el riesgo persista debe ser contrarrestado directamente por la medida específica que se adopte. Muchas políticas públicas pueden generar rendimientos muy satisfactorios en este sentido, como en las campañas de inmunización de la población ante ciertas enfermedades o los subsidios habitacionales, por ejemplo.Observado desde un foco costo-beneficio, la regulación ambiental suele ser cuestionada en tanto no produce resultados tangibles en el corto plazo en términos de salud pública. El problema reside en que el calentamiento global escapa al enfoque microeconómico. La eficiencia sólo permite asignar recursos escasos en el panorama presente, no incide de modo alguno en su aumento o disminución en el tiempo[4].Un debate ambiental responsable requiere de argumentos que trasciendan el presente estático de la oferta y la demanda. Es perentorio aplicar un enfoque dinámico que incorpore la disponibilidad y generación de los recursos en el futuro. Por lo mismo, la discusión debe evitar cerrarse a la contingencia, garantizando un flujo constante de información científica que avale las medidas adoptadas.Las acusaciones de Aznar, en tal sentido, acarrean la pretensión muy respetable de abrir el debate a posiciones hoy criticadas que cuestionan legítimamente las creencias actuales. El “ecologismo responsable” que él plantea, sin embargo, lleva hoy día a aceptar los costos actuales de la legislación ambiental de acuerdo al estado actual del conocimiento científico. La prioridad otorgada al fenómeno del calentamiento global se justifica, a pesar de las posibles dudas, en el riesgo generalizado que se cierne respecto del sistema productivo mundial, que escapa a las consideraciones inmediatas pero cuyas repercusiones pueden trascender con creces los costos sociales más graves enfrentados en la actualidad. [1] http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=327222[2] http://www.rtve.es/noticias/20081022/aznar-cuestiona-calentamiento-global-pese-los-inquisidores-del-apocalipsis-climatico/181504.shtml[3] OST, François, Naturaleza y derecho, Para un debate ecológico en profundidad, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1996, pp. 85-136.[4] DRIESEN, David, The economic dynamics of environmental law: Cost-benefit analysis, emisions trading and priority setting, Conferencia Syracuse University College of Law. http://www.bc.edu/schools/law/lawreviews/meta-elements/journals/bcealr/31_3/01_FMS.htm
El Problema de los Mega-Proyectos energéticos, por Cristián Norero*
*Cristián Norero Bertín es estudiante de 5º año de Derecho en la Universidad de ChileNuestro País atraviesa desde algunos años atrás por una grave crisis energética, producida por factores internos y externos. Entre los externos destaca la llamada “Crisis del Gas”[1] producida por el problema energético de argentina que se ve obligada a cortar total o parcialmente el suministro de gas natural a nuestro país, que abastece a la Región Metropolitana. Y entre los factores internos destaca la falta de fuentes energéticas propias que permitan autoabastecer nuestra necesidad energética y no depender del escenario energético mundial que actualmente es muy inestable debido principalmente a las variaciones de precio del barril de petróleo que incide en gran medida en nuestra economía al ser una de las principales fuentes energéticas de nuestro país[2].Este escenario energético ha obligado al gobierno y a las empresas encargadas de abastecer de energía a nuestro país a impulsar nuevos proyectos, que buscan poner fin a la actual crisis. Entre estos proyectos, existen varios que han resultado muy controversiales y que han ocupado un gran espacio en los medios de prensa y en el debate nacional, caracterizados por el gran rechazo que producen en la gente y en las organizaciones ambientalistas, por el problema de su emplazamiento.Entre estos proyectos los más emblemáticos han sido Hidroaysen[3], el proyecto de las termoeléctricas en la Región de Coquimbo[4], y la Planta de Gas Propano de Peñalolén[5]. Todos estos Proyectos entraron o deben entrar al SEIA mediante un EIA, para que sea posible su construcciones según al articulo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que señala que deberán elaborar un Estudio de Impacto Ambiental los proyectos que generen o presenten alguno de los siguientes efectos: “d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.Esta claro que todos estos proyectos caben dentro de la letra d) del Articulo 11 de la Ley 19.300, pero la discusión en este tema no es si deben entrar al SEIA mediante un estudio o una declaración, que es lo único que contempla nuestra legislación, sino si se puede o no realizar el proyecto. Es este uno de los grandes problemas y vacíos de nuestra legislación ambiental y es uno de los temas mas controversiales, cuando se piensa en un proyecto energético, el problema de su emplazamiento, debido a los grandes impactos ambientales que estos generan. Es necesario contar con un respaldo legal que sea claro y permita zanjar estos problemas de la mejor manera posible.Esta claro que necesitamos fuentes energéticas propias, que pongan fin al problema energético actual, pero es necesario cuantificar los costos que generan éstos, para la sociedad, para la economía y para el medio ambiente. Es una obligación de esta sociedad legislar sobre el tema para que sea posible un desarrollo armónico y sustentable, que permita superar de la mejor manera posible las crisis energéticas y medio ambientales que en un futuro no muy lejano vamos a tener que enfrentar, y que nos permita entregarle a los dueños del futuro las herramientas necesarias para la preservación de la naturaleza y el medio ambiente, y no entregarles un país lleno de represas y termoeléctricas a un costado de los parques nacionales y reservas de la Biosfera. [1] http://www.agnchile.cl/prontus_agnchile/site/artic/20050111/pags/20050111130532.html[2] http://www.bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ipom/2002/2002mayimpacto.pdf[3] http://www.hidroaysen.cl/PDF/070830_Presentacion_Casas_Abiertas.pdf[4] http://www.chilecologico.cl/barrick-construira-termoelectrica-en-la-higuera/97[5] www.noalaplantadegas.org Publicadas por
planta de gas de Peñalolén,
Aclaraciones sobre el Proyecto de Ley, por Luis Cordero
Ayer miércoles 19 de noviembre la Tercera publica una carta aclaratoria, titulada "Ministerio del Medioambiente", suscrita por el Prof. Luis Cordero en su calidad de jefe de asesores de la Minstra de Medio Ambiente:Señor director:En relación a la nota publicada por La Tercera, el lunes 17 de noviembre, titulada: “Proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente quedará para el próximo Gobierno” (p.23), creo indispensable realizar varias aclaraciones sobre algunos puntos que llaman a equívoco.En primer lugar, el proyecto de ley señalado ingresó a tramitación al Congreso Nacional el día 19 de junio del presente año, es decir, hace sólo cinco meses y no hace “más de un año”, como se afirma en el artículo.En segundo lugar, se indica que el proyecto de ley será votado en general “la próxima semana”, cuando ya fue aprobado en general el miércoles 12 de noviembre, existiendo plazo vigente de indicaciones hasta el 28 de noviembre.En tercer lugar, se afirma que el proyecto de ley, a juicio del gobierno, no será aprobado bajo la actual administración. Sin embargo, como consta de las declaraciones del propio ministro del Interior, el proyecto de ley que crea el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente forman parte de las iniciativas prioritarias de tramitación legislativa, en el marco de la agenda de modernización del Estado, para lo que resta de mandato.Finalmente, se afirma que el profesor Arturo Fermandois habría concurrido a la comisión a expresar sus opiniones y supuestas objeciones de constitucionalidad en el proyecto de Superintendencia. El profesor Fermandois no concurrió por razones personales, pese a haber sido citado, acompañando una minuta en la cual realiza observaciones a algunas normas del proyecto.Quien sí concurrió personalmente a la comisión es el profesor Jorge Bermúdez (UCV), quien manifestó su opinión a favor del proyecto, señalando que no existen, en su opinión, objeciones de constitucionalidad a la iniciativa presentada.Luis Cordero VegaJefe de asesoresMinistra de Medioambiente
Prof. Valentina Durán expone ante Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
El 29 de septiembre, la Coordinadora de Investigación del CDA, Valentina Durán, expuso ante la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, reunida en Santiago, su opinión personal acerca del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Con posterioridad, el 29 de octubre asistió nuevamente a exponer ante la Comisión, esta vez en el Congreso Nacional, en Valparaíso. En ambas ocasiones, se refirió a la creación del Ministerio como algo positivo, ya que permite identificar al responsable político de los temas ambientales y es una señal relevante de que el medio ambiente es un tema importante en el Gobierno, aunque advierte que su sola existencia no garantiza que los problemas se resuelvan. En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica, es un instrumento que avanza en el desafío de la transversalidad, expresado en el mensaje del proyecto. Sin perjuicio de tener un período de aplicación piloto o voluntaria, ésta debe ser obligatoria, de manera de garantizar que las grandes decisiones nacionales estén sujetas a evaluación ambiental, a imagen de lo que sucede en Europa con la evaluación de los planes y programas en materias como transportes y energía. Además propuso retomar la idea de la creación de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que genere un espacio político y transparente que permita la discusión en un plano transversal. Valentina destacó la transparencia activa en materia ambiental que introduce el Proyecto, generando información pública acerca de la calidad del aire, agua, suelo, biodiversidad, registro de sanciones, entre otras. En materia de biodiversidad, considera que existe una deuda y que es necesario incorporar en el diseño institucional, a un responsable claro de la administración de las áreas protegidas y de la conservación de la biodiversidad. La creación de la Superintendencia del Medio Ambiente constituye un paso muy importante para avanzar en la eficiencia de la fiscalización en materia ambiental. Sin embargo, el modelo coordinador que sigue el Proyecto, que no deroga las competencias de los demás organismos, plantea varias inquietudes que deben revisarse en un estudio más detallado. Entre ellas está la cuestión acerca de cómo se coordinan los procedimientos de la SIMA y los demás órganos, incluir la fiscalización directa de la Superintendencia en determinados casos y eventualmente ir ampliando el ámbito acotado de la fiscalización a las RCA, planes y normas de la ley 19.300. Destaca a los Programas y subprogramas de fiscalización como la herramienta para lograr la coordinación, unida al establecimiento de indicadores de desempeño asociados a presupuestos sectoriales. Si bien las metodologías y los resultados de los programas deben ser públicos, no parece adecuado dar publicidad detallada respecto de los sectores que serán fiscalizados preferentemente, lo que podría significar dar mayor gradualidad en el cumplimiento de las normas, la que ya ha sido considerada en la implementación de éstas. Se valora la incorporación de la colaboración privada en la función pública mediante la creación de un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad que se realice bajo normas de transparencia, constatando el cumplimiento o incumplimiento, sin por ello suplantar a la autoridad en su función de policía ni ejercer funciones públicas indelegables como la imposición de sanciones, siempre manteniendo las garantías ciudadanas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Destacable también es el establecimiento de la denuncia ciudadana y la explicitación de que el denunciante es parte interesada en el procedimiento administrativo. En materia de reparación de daño ambiental, la creación de una fase administrativa de reparación con preferencia a la judicial, es un buen instrumento, que dará mayor celeridad y oportunidad a la reparación y que pone al medio ambiente en el centro de la preocupación. En cuanto a las sanciones, es valorable que se establezcan sanciones altas, lo que las haría más disuasivas, sin embargo hay ciertos puntos que es necesario clarificar, como los criterios para determinar el monto de las multas, la consideración de la capacidad económica del infractor, la situación del ocultamiento o falsedad en la información como agravante, entre otras.Vea el comentario completo en:http://www.derecho.uchile.cl/cda/cda2006/investigacion/tramitacion_proyecto_ley_mma.htmVea el video de la sesión del 29/10/08 en Valparaíso por el Canal de la Cámara de Diputados.
Nota de la editora: como en semestres anteriores, publicamos las mejores columnas escritas en el contexto del curso clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos.*Branislav Marelic Rokov es estudiante de 5º año y alumno de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Existe un mecanismo, reconocido por la actual Ley Nº 18.575, en su artículo 13 inciso 6 y siguientes; reconocido y perfeccionado en el art. 20 de la nueva ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública. Se trata de la oposición de terceros a la entrega de información pública, cuando dicha información requerida afecte sus derechos o intereses. En este caso, la gran evolución experimentada por la ley Nº 20.285, es que este tercero deberá expresar causa de su oposición.Pero, este mecanismo, como fue preocupación de algunos durante la tramitación del proyecto de ley (Diputado Arenas, abogado Olmedo Bustos y Corte Suprema), puede ser extremadamente ambiguo, y una interpretación literal sin contrapesos puede tirar por la borda toda la regulación del acceso a la información pública. ¿Cuál es el límite de este mecanismo de impugnación?Tenemos tres opciones de interpretación de este mecanismo, que nos ofrece tres consecuencias. Podemos interpretar que este mecanismo puede impedir cualquier acceso a un expediente administrativo, en ese caso caeríamos en el absurdo de que por una voluntad de un tercero se puede quitar información (o actos administrativos) de la publicidad, haciendo un contrasentido con la misma regulación del artículo 8º de la Constitución.Podemos interpretar este mecanismo, en el otro extremo, como que el tercero no puede sustraer información pública por su voluntad, pero en este supuesto el artículo 20 es totalmente inútil, por tanto no es una interpretación viable.Lo que se necesita, para comprender realmente este mecanismo, es ponerlo en contexto con la regulación del acceso a la información en términos generales, y con los datos protegidos.Es por esto, que tenemos que entender este mecanismo en concordancia con los objetivos legítimos que la protección de información debe seguir. Entonces tenemos que mirar el artículo 8º como un rector del acceso; y es que este artículo establece una doble restricción para tutelar información: objetivo legítimo y por una ley de quórum calificado.Por lo tanto, este mecanismo debe entenderse como una forma “participativa” de cumplir fines de protección de derechos en concordancia con el artículo 8º. Además que consta en una ley, que por los quórums de aprobación del artículo 20 es suficiente para una ley quórum calificado (28 senadores y 81 diputados a favor), independiente que se haya votado teniendo en mente como una norma de ley simple.Por tanto, hasta acá cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces el límite de este mecanismo de tutela de derechos?Lo importante es, en todo caso, establecer criterios normativos que puedan diferenciar una información oponible o no; entonces debemos identificar que información es tutelable por el ordenamiento y cuál no.Es información tutelada, claramente, toda aquella que consta por una LQC y que tiene un objetivo legitimo; pero en el caso del mecanismo será protegida toda la información que afecte derechos e intereses.¿Cuáles Derechos e Intereses?Asumo que no todos los derechos e intereses, porque es bastante poco plausible que el derecho a la propiedad, o actividad comercial se vea afectada por la revelación de una información, aún cuando el artículo 21 numero 2 los establezca como causal.El gran derecho, sin embargo que siempre entrará en colisión es la privacidad en sentido amplio, o sea, la vida privada, la familia, la correspondencia, etc.Entender esto, es entender que simplemente la información oponible no es una información pública, sino privada, definida normativamente en la ley sobre protección de la vida privada [art. 2 f) y g)]Por tanto, la información tutelada por este mecanismo apunta a derechos de privacidad, entendidos como una autonomía de vida. Esto es concordante con la prescripción del artículo 20, que dice que si no se interpone la oposición en tiempo y forma, se accede a la publicación de la información. Esto es justamente una renuncia de un derecho de privacidad que pasa a la esfera pública.Entonces, el gran límite a la oposición de información por el mecanismo del artículo 20 es justamente sobre la base de información que es pública en concordancia con la ley de protección de la vida privada, y derechos afines, como por ejemplo el secreto profesional.Esta interpretación nos permite evitar los absurdos que se provocan al negar todo un expediente administrativo (incluso el acto) por la oposición de un tercero.Esto en todo caso tiene muchos matices, y muchos aspectos finos que no serán tratados acá. Publicadas por
* Jorge Aranda Ortega es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y ayudante del CDAEs recurrente oir de una crisis financiera mundial acarreada por la especulación de las llamadas hipotecas “de papel”, mas los diversos gobiernos de los países del primer mundo han adoptado rápidamente medidas para detener los efectos de ésta, que bien podrían ser peores. Ante lo vertiginoso de los mercados se requiere de respuestas rápidas para hacer cortafuegos a la llama del pesimismo, pero... ¿Qué pasa con la rapidez que se requiere para afrontar los problemas ambientales, donde los ecosistemas son esencialmente dinámicos? ¿Cómo debemos afrontar este dinamismo en la constante presión, y consecuencial deterioro, en el aprovechamiento de nuestro entorno? Esto es algo que no es tratado abiertamente, pues parece carecer de las prepercusiones mediáticas de la crisis subprime.Para abordar este tema, la World Wildlife Fund en conjunto con la Sociedad Zoológica de Londres han creado el llamado Informe Planeta Vivo 2008, donde mediante cietos indicadores se estima un índice de crédito o débito ambiental, en razón de cuanto impacto ambiental promedio, o huella ambiental, generado por una persona puede ser absorbido por una hectárea promedio de terreno de biodiversidad relevante, llamada hectárea global, con miras a la regeneración del planeta en su conjunto. El resultado global es aterrador: de todas la áreas disponibles en el planeta, 2,1 hectáreas globales pueden ser destinadas para absorver los impactos ambientales generados por una persona, mientras que cada persona promedio genera un impacto tal que se requieren 2,7 hectáreas globales para ser absorbido, o dicho de otro modo, hay un margen de 0,6 hectareas globales que deberían existir para hecer sustantable nuestra vida en planeta y no existen, destruyendo nuestro entorno de modo acelerado.La lista de países más insustentables la encabezan China y EE.UU., necesitando cada ciudadano estadounidense 9,4 hectáreas globales para asbsorber los impactos ambientales de su forma de vida. Chile es el quinto país en la región (luego de Paraguay, Panamá, México y Uruguay), con una huella ecológica de 3 hectáreas globales por persona, superando por 0,9 el margen actual de sustentabilidad. Así, voces como la de Christoph Heinrich, director de WWF Alemania, advierten con justa razón que “la crisis ecológica nos afectará mucho más que la crisis financiera y pondrá en peligro tarde o temprano el bienestar y el desarrollo de todas las naciones”. El mensaje es claro: no podemos seguir despilfarrando nuestros recursos naturales, y consecuencialmente, el entorno al cual están indisolublemente ligados.En consideración a que éste es un problema de dimensiones globales, se requiere de respuestas globales, tal como lo plantea fervientemente, y desde una perspectiva jurídica, el profesor Bob Percival de la universidad de Maryland. Así, de alguna manera resulta alentador que el recién electo presidente de los EE.UU. Barack Obama haya anunciado en su campaña presidencial un plan de reducir para el año 2050 un 80% de las emisiones de su país respecto a las de 1990. Además, estima que es necesario una actuación global para combatir el calentamiento global, proponiendo el retorno de EE.UU. al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.Igualmente... ¿Que puede hacer Chile en este escenario global tan complejo? Primero que todo, deberían adoptarse medidas serias y concretas, tanto políticas como legislativas, respecto al déficit existente en materias de áreas silvestres protegidas, que tan necesarias son para perseverar en la conservación de hectáreas relevantes para la absorción de la huella global de cada ciudadano chileno y del mundo. No es un misterio que Chile esté atrasado en esta materia, tal como Paulina Gálvez lo delata con sobresaliente acertividad.Desde esta perspectiva, las áreas silvestres protegidas deberían ser concebidas no sólo con fines paísajisticos o de conservación de especies relevantes, sino también con la finalidad superior de absorber nuestros impactos ambientales, y posibilitar la regeneración de los ecosistemas.Sobre las características de esta crisis hay quienes van más allá. Por ejemplo, Enrique Leff, quién recientemente dictó una clase magistral en nuestra facultad, el día 7 de noviembre del presente año, asevera que esta crisis pasa por deficiencias en la actual teoría del conocimiento, donde el actual planteamiento de las ciencias desde una perspectiva especializada en lugar de una integrada, y donde el centro de atención de los estudios se centra en los meros objetos y no en las relaciones dinámicas que entre ellos se verifican, redunda en una incapacidad metodológica para comprender el medio ambiente, y de ahí el fracaso en como las distintas ramas del conocimiento tratan de abordar el problema sin entregar soluciones concluyentes.Finalmente, estimo que como seres concientes debemos ser sumamente autocríticos con nuestras conductas de consumo. Alcanzar y mantener el nivel de vida de países desarrollados nos llevará impajaritablemente, y de forma acelerada, a una crisis ambiental, crisis donde cada estado no podrá invertir de golpe inusuales cantidades de dinero para frenar la debacle tal como lo han hecho con la bullada crisis subprime, y justamente ahí, en las nulas posibilidades de frenarla o mitigarla cuando parezca inevitable, es donde radica la eventual calamidad de esta otra crisis.
Carlos Flores es estudiante del MSc en Ing. Mecánica de la U. de Chile. Participa en el Concurso de estudiantes "de Kyoto a Copenhague" organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Fac. de Derecho de la misma universidad, en el marco del Programa Domeyko Energía y Regulación.Dentro del protocolo de Kyoto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) fueron creados con 2 objetivos: ayudar a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de los países del Anexo I (países desarrollados y economías en transición) y contribuir al desarrollo sustentable (DS) de los países del Anexo B (economías en desarrollo, en donde se realizan los proyectos).Para facilitar su aplicabilidad, se estableció un esquema en donde las emisiones reducidas en países Anexo B podían luego ser transadas en el mercado al mejor postor, tal como ocurre en las bolsas de acciones de todo el mundo. Sin embargo, si algo hemos aprendido del ilustrativo ejemplo bursátil estadounidense de este año, un mercado sin la adecuada regulación puede resultar en múltiples efectos no-deseados.A mi juicio, en el caso de los MDL estos efectos no-deseados pueden resumirse en 3 problemas concretos: excesiva prioridad de reducir emisiones por sobre la sustentabilidad de los proyectos, altísima concentración de proyectos en un grupo muy reducido de países, y un esquema regresivo de impuestos y costos que perjudica precisamente a los proyectos mas sustentables.Así, en vez de evaluar el verdadero aporte al desarrollo sustentable –concepto bastante vago- en ocasiones el país huésped del proyecto se preocupa simplemente de que el proyecto no sea abiertamente “no sustentable”. En contraste con esta falta de rigurosidad en los criterios de evaluación, la reducción de emisiones debe ser acreditada a través de metodologías específicas que se encuentran en constante revisión y perfeccionamiento. En este contexto, una vez acreditado el proyecto, éste generará un número de Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs) equivalente a la reducción de emisiones previstas en el proyecto y no a su carácter más o menos sustentable. En consecuencia, la componente de sustentabilidad queda totalmente fuera del mercado. Por otro lado, enormes diferencias en la capacidad de atraer capital extranjero (distinto nivel de desarrollo, estabilidad, organización, etc) han llevado a que sólo 6 países (de un total de 142 países Anexo B en Kyoto) alberguen mas de un 80% de los proyectos. Sólo Chile posee la misma cantidad de proyectos que la totalidad del continente Africano.El último problema detectado dice relación con el hecho que los costos de registro e impuestos son aplicados de manera relativamente ecuánime a todos los proyectos, pese a sus grandes diferencias. En efecto, podemos encontrar proyectos de cuestionable aporte al desarrollo sustentable, que contribuyen con altas reducciones a un muy bajo costo, y por otro lado, proyectos más costosos, pero de mayor aporte al desarrollo sustentable (que generan empleo, impactos positivos en las comunidades que lo rodean, etc). En este contexto, estos costos e impuestos son insignificantes para los proyectos más cuestionados en relación con el desarrollo sustentable, pero castigan fuertemente a los proyectos que más aportan a él.¿La Solución? Existe mucha discusión, pero quiero introducir brevemente una alternativa que podría solucionar estos problemas sin generar distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado: un Fondo de Re-Distribución y un esquema de impuestos y cargos progresivo.Un esquema progresivo de impuestos permitiría extraer una tajada considerablemente mayor al 2% actual de aquellos proyectos de altísimas rentas (los proyectos de destrucción de HFC-23 pueden ganar 40 veces la inversión en un plazo de 10 años, generando escasa o nula transferencia tecnológica, empleo e impacto en el desarrollo sustentable de la comunidad local), excluyendo de impuesto aquellos proyectos de pequeña escala que tengan alto impacto en el desarrollo sustentable (e.g. electrificación rural con energías renovables).Sin entrar demasiado en el detalle técnico, esta diferenciación arancelaria podría capturar cantidades significativas de recursos los que serían dirigidos a un nuevo fondo, al que para efectos de este artículo he llamado Fondo de re-distribución. El objetivo de este fondo sería principalmente estimular la inversión en proyectos MDL de alto impacto en términos de sustentabilidad en el conjunto de los países menos desarrollados (LDC), como también de tecnologías de alto aporte al desarrollo sustentable pero de alto costo en los países del Anexo B (utilizando una metodología similar al Gold Standard). Los proyectos de destrucción de HFC-23 y N2O generan utilidades tan grandes que se seguirían realizando aún con aranceles tan altos como 30 o 50% por parte de la Junta Ejecutiva (se realizan hoy, aún cuando el gobierno Chino les cobra un impuesto de un 60%).De esta forma, aplicando un porcentaje eficiente de impuesto, esta pérdida de utilidades tendría un bajo efecto en el número de reducciones realizadas con este tipo de tecnologías. Sin embargo, el dinero recaudado en el fondo podría generar muchas mas reducciones en los países LDC, ya que la Junta Ejecutiva podría subvencionar a los potenciales inversores cubriendo el riesgo asociado a invertir en estos países y algunos o todos los costos de registro de proyectos.Así, obtendríamos una mayor cantidad de proyectos en los países LDC, una mejor distribución geográfica, mayor cantidad de proyectos de alto aporte al desarrollo sustentable y mayores reducciones por la misma cantidad de dinero. ¿Todos ganan, no? Claro, todos menos el Gobierno Chino… Publicadas por

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 artículo 4
e contrario
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 Resolución 
 artículo 53
 artículo 55
 artículo 69
 artículo 70
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 Resolución 
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 20
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