Source: http://www.oas.org/juridico/spanish/agendas/estudio_final_paraguay.htm
Timestamp: 2019-06-19 21:53:16+00:00

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Estudio Final: Paraguay
Se incluye también el trabajo presentado a continuación, los resultados del seminario taller realizado en Asunción los días 23 y 24 de octubre del año 2000, en el que se discutieron las propuestas hechas en el estudio preparado por el consultor.
Art. 3º.- Tipificación del delito de lavado de dinero o bienes.
La promulgación de la Ley N° 977 que adopta la Convención Interamericana contra la Corrupción impone la necesidad de analizar a profundidad la repercusión que esto ha tenido en el ordenamiento jurídico paraguayo.
La legislación penal paraguaya, a pesar de haber sido promulgada recientemente requiere de alguna complementación respecto de los actos de corrupción.
Aún cuando existen mecanismos de control sobre actos del sector público, los mismos deben necesariamente ser fortalecidos con capacitación de los recursos humanos y recursos técnicos, hoy inexistentes.
Únicamente mediante el apoyo concreto proveniente de los países desarrollados las naciones en vías de desarrollo como el Paraguay podrán intentar una lucha efectiva contra la corrupción. La sola voluntad manifestada en normas jurídicas no puede tener el resultado deseado si los órganos de persecución y de control no están debidamente adaptados para ello.
La lucha contra la corrupción requiere de la participación activa de todos los sectores sociales, no sólo de los órganos de persecución.
La cooperación internacional en la lucha contra los sistemas que sirven a los sectores corrompidos y grupos de poder debe ser restructurada buscando desburocratización en el intercambio de información.
La adopción de medidas cautelares como el embargo, el secuestro, el comiso y el comiso especial debe convertirse en un elemento eficaz que impida el progreso de los actos de corrupción y el aprovechamiento de los beneficios que de él se derivan.
Las sanciones aplicables a los hechos de corrupción tipificados en la ley penal deben consistir en la privación de libertad severa y en la aplicación de penas patrimoniales.
Quienes ejercen funciones públicas deben ser sujetos de penas más graves que la prevista para personas que no son funcionarios. Igualmente, la prohibición de ejercer funciones públicas debe constituirse en una pena complementaria.
En lo que se refiere al procedimiento penal, los actos de corrupción deben ser excluidos de las posibilidades distintas a las del juicio oral y público ya que esta forma natural de concluir un proceso penal permitirá que la política criminal del estado sea más firme, de tal manera a dejar en claro ante la sociedad que este tipo de conductas merecerán el reproche adecuado. La utilización abreviados o la aplicación de criterios de oportunidad no colaboran en estos casos a la formación, aún cuando sea parcialmente de la conciencia colectiva respecto de la cultura de la honestidad, hoy ausente en gran parte de Latinoamérica.
Resulta necesaria la sanción de una ley especial que castigue actos de corrupción pues este es un mandato de la Convención y además del ordenamiento jurídico positivo de la República del Paraguay a partir de la Ley 977 que la adopta íntegramente. La discusión pública en la sociedad y en el seno del Congreso Nacional será sumamente importante para concienciar a la población de la existencia del problema llamado "corrupción" y al mismo tiempo de la necesidad de relaizar acciones concretas contra el mismo.
CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO
La organización del seminario es tuvo a cargo en su parte de infraestructura por la señora Ana Victoria Schaerer de Arregui y la dirección académica a cargo del consultor nacional contratado.
El desarrollo del seminario abarcó dos días divididos en cuatro módulos, y tuvo lugar en el Hotel Excelsior de Asunción del Paraguay.
Se tuvo a disposición equipos informáticos que sirvieron de apoyo técnico a los grupos que trabajaron en el seminario.
A invitación del Fiscal General del Estado, cada institución designó a sus representantes, siendo seleccionadas las siguientes organizaciones: La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Aduana, la Contraloría General de la República, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación.
El consultor nacional presentó la siguiente metodología que fue cumplida íntegramente:
Los participantes se dividieron en cinco grupos de cuatro personas cada uno.
En cada grupo estuvo un representante del Ministerio Público a modo de orientador.
Cada grupo analizó un determinado número de temas que les fue proveído por el Consultor. Su contenido hizo relación a los artículos de la Convención, así como preguntas de orientación.
Los grupos realizaron sus conclusiones y notas respecto de las discusiones que se generaron en el mismo.
Cada grupo designó posteriormente un representante, quien expuso las conclusiones ante la plenaria.
El primer día del seminario se dedicó a la discusión grupal por la mañana y a redactar conclusiones por la tarde.
El segundo día por la mañana fue destinado a discutir las conclusiones grupales en una sesión plenaria.
La tarde del segundo día sirvió para que el Consultor haga una exposición final de las conclusiones del seminario.
Los temas asignados a los grupos fueron debatidos con mucha intensidad por cada uno de los integrantes, quienes durante los dos días que duró el seminario aportaron ideas y sugerencias de mucha relevancia para el estudio final.
Como fuera explicado en la descripción de la metodología empleada, el primer día fue destinado a la discusión grupal conforme los temas que les fueron asignados a los diferentes equipos de trabajo.
A continuación se resumirá en detalle las discusiones generadas en cada grupo, así como las conclusiones a las que se arribó en los mismos.
El primer grupo estuvo integrado por los abogados Rocío Vallejo (coordinador), Carlos Arregui, Jorge Ramón Avalos Mariño y Rubén Darío Frutos, y le fueron asignados los siguientes temas:
Para la aplicación de los institutos jurídico penales que impliquen la necesidad de cooperación judicial o administrativa: ¿considera que deben utilizarse los canales ya existentes o debe centralizarse el trámite ante una única autoridad de aplicación de la Convención?
¿Cuál sería la importancia de la desburocratización en el intercambio de información?
Lo que en primer lugar fue destacado consistió en la actual legislación nacional dispersa al respecto de la cooperación judicial, ya que por lo general no existe un solo convenio, sino que cada país suscribe con otro par en algún momento un documento de cooperación, sin que exista un acuerdo de carácter regional. Por esta razón, se propuso como alternativa compilar los convenios existentes en un solo documento, o suscribir un acuerdo conjunto entre los países suscriptores de la convención, de tal manera a unificar los criterios existentes.
Igualmente se coincidió en el hecho de que los canales existentes, de carácter diplomático, que son utilizados en las solicitudes de cooperación son insatisfactorios en el marco de la pretendida cooperación ágil requerida en la lucha contra la corrupción.
En este contexto, uno de los factores que puede contribuir a alcanzar una cooperación eficiente es la creación de una oficina de coordinación interregional y otra nacional, que se encargará de implementar, orientar y cumplir los fines de la convención, y conectando más fácilmente a los países suscriptores de la misma.
Debe propugnarse el fortalecimiento de un canal único conformado con los canales ya existentes, bajo la coordinación del Ministerio Público.
Esta oficina debe contar con nexos en las diferentes instituciones en las que se requiera obtener información útil para una investigación determinada. Obviamente la selección de las personas que harán de nexo deben tener cierto poder de decisión y acceso directo a la información, y por sobre todo deben ser cuidadosamente seleccionadas a partir de un perfil que se definirá por parte del Ministerio Público.
Entre otras instituciones, deberían estar directamente vinculadas a la oficina, además del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos, la Dirección Genera de los Registros Públicos, la Corte Suprema de Justicia, entre otras.
Sobre todo fue destacada la necesaria participación de miembros del Poder Judicial, ya que casi siempre el intercambio de solicitudes (exhortos o cartas rogatorias) son canalizadas finalmente por los Jueces.
La creación de esta oficina no debe representar un presupuesto muy grande, ni muchos funcionarios, sino sólo los indispensables, y que la comunicación sea fluida, lo que puede lograrse sin muchas dificultades con equipos informáticos y utilización de canales rápidos de contacto.
Se ha sugerido también que el Ministerio Público haga un estudio de su estructra actual y analice la posibilidad de crear una unidad especializada de persecución de actos de corrupción, que tendrá a su vez la tarea de coordinar la oficina nacional.
Se recomendó la redacción de un manual conteniendo algunas instrucciones para agilizar los trámites y formularios de pedidos que podrán hacer las diferentes autoridades extranjeras, con lo que se busca uniformar los diferentes formatos con los que cada país se desenvuelve.
En cuanto a los trámites formales conteniendo los pedidos de informe en el marco de la Convención, se podrían plantear reformas al CPP, de tal manera a agilizarlos, y además para preservar la confidencialidad. Esto reconociendo que en la actualidad la burocracia existente impide que los requerimientos puedan mantenerse dentro de la confidencialidad necesaria, debido al elevado número de funcionarios que tienen acceso a los diferentes exhortos que pueden tratarse de embargos o inhibiciones. Esta circunstancia vuelve a convertirse en un caldo de cultivo para la realización de otro acto de corrupción como lo es la venta de información clasificada.
El objetivo principal es lograr una mayor eficacia en estos procedimientos.
La desburocratización daría una imagen de mayor transparencia, resultado, eficacia y eficiencia a la tarea, con lo que se daría cumplimiento inmediato a la colaboración en la persecución de los actos de corrupción.
Como alternativa de agilización de los trámites e intercambio de información, se recomendó la práctica de intercambio de información de manera oficiosa, previamente a la solicitud formal por los canales usuales, de tal manera a tener la información lo antes posible.
El grupo dos estuvo integrado por los abogados Humberto Insfrán (coordinador), Gustavo Gorostiaga, Roberto Salomón y Emiliano Rolón Fernandez. Los temas que les fueron asignados son los siguientes:
¿Cree necesaria la suscripción de tratados o convenios internacionales adicionales en los que se contemplen de manera específica las medidas cautelares de carácter real a ser aplicadas sobre bienes relacionados con la realización de actos de corrupción?
Considera que las figuras previstas en el Código Penal y Procesal Penal son suficientes, o que deben incluirse otras más?
Debido al carácter marco de la Convención, es necesario estudiar la necesidad de suscribir tratados o convenios internacionales adicionales a la misma, de tal manera a fortalecer la aplicación de medidas cautelares de manera uniforme en todos los países adheridos a la misma.
Se trata de un tema sumamente conflictivo y que requiere de un estudio a profundidad, ya que las medidas cautelares son el instrumento directo que debería tener a disposición el operador del derecho (Juez o Fiscal) en cada país, de tal manera a poder accionar rápida y contundentemente en los casos de corrupción o de soborno transnacional cuando el sujeto se traslada de un lugar a otro o traslada sus bienes. Este tipo de actos por parte del órgano encargado de la persecución, requiere efectividad para la disposición de esos bienes y su afectación al proceso.
Actualmente existen mecanismos establecidos pero los requerimientos no tiene eco, en algunos casos debido a la discordante legislación entre país requirente y reqerido, o por falta de voluntad en la autoridad requerida.
La experiencia en materia de convenios internacionales hasta el momento no ha sido buena en lo atinente a la efectividad y agilidad en la tramitación de los pedidos, por lo que deben estudiarse fórmulas que se adecuen mejor a las necesidades en el campo de la lucha contra la corrupción. El trabajo legislativo interregional será arduo en este tema y necesitará del acuerdo de todos los países involucrados.
La gama de medidas cautelares a ser implementadas debería ser ampliada, con el objetivo de convertirse en un mecanismo útil para evitar el ocultamiento de bienes o documentos. Entre otras medidas a ser adoptadas deben ser estudiadas con especial atención el comiso de bienes y el secuestro.
Se sugirió la creación de estatutos jurídicos que reglamenten las medidas cautelares y ampliar los tratados existentes como los que contemplan el arresto provisorio antes de tramitar la extradición, Se recomendó el secuestro provisorio como medida en los casos en los que se va a solicitar la extradición, de tal manera a remitir posteriormente los autos o resoluciones pertinentes al traslado del requerido.
En el ámbito de la legislación nacional, se consideró que resulta imperiosa la unificación de las normas relativas a las medidas cautelares y demás existentes en el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil.
Las medidas cautelares contempladas en el Código Procesal Penal están destinadas a evitar la fuga del imputado, sin que se cuente con figuras previstas para asegurar los bienes del imputado, por lo que se recomendó incorporar al comiso como medida cautelar en una ley especial, y no sólo como una consecuencia del hecho punible, de la manera en que está prevista en el Código Penal.
En la lucha contra la criminalidad organizada, las medidas deben ser las más variadas posibles, requiriéndose de una visión diferente que la que se tiene para los delitos comunes. Tratándose de delitos cometidos por la criminalidad organizada deben preverse una mayor gama de medidas por la dificultad que representa la investigación y descubrimiento de estos hechos.
Como un desafío importante en el contexto de la unificación de criterios en el ámbito internacional normativo, deben alcanzarse definiciones jurídicas precisas con alcances y contenido claro para evitar ambigüedades e interpretaciones similares a las que han ocurrido en el campo de los tratados de extradición.
El grupo n° 3 estuvo integrado por los abogados César Alfonso (coordinador), Alba Delvalle, Adrián Ojeda y Arnulfo Arias. Le fueron asignados los siguientes temas:
Tema 1: ¿Cree que la sanción consistente en prohibir al autor de un hecho el ejercicio de una determinada profesión u oficio cumple la misma finalidad que la denominada inhabilitación? ¿Serían aplicables estas sanciones desde el punto de vista constitucional?
Tema 2: ¿Considera que las figuras previstas en el Código Penal y Procesal Penal son suficientes o deben incluirse otro tipo de medidas?
La prohibición de ejercer una determinada profesión u oficio, es en el contexto de sanciones del sistema penal implantado por el Código Penal, una medida de seguridad, no una pena como lo era la inhabilitación en la ley penal derogada.
En efecto, la inhabilitación en el Código Penal de 1914, hoy derogado, una pena.
La Constitución Nacional establece en su artículo 86 consagra el derecho al trabajo: Del derecho al trabajo. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas.
La ley protegerá el trabajo en todas sus formas, y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables.y el derecho de ejercer profesiones
En este contexto, cabe preguntarse si la prohibición de ejercer determinada profesión u oficio o la inhabilitación atentarían contra este derecho constitucional. Igualmente, y de manera vinculada, corresponde preguntarse hasta qué punto el Estado puede restringir o regular este derecho, sin que esto se convierta en una extralimitación de sus facultades.
En primer lugar se concluyó que los derechos consagrados en la Constitución Nacional no son de carácter absoluto, por lo que pueden ser limitados en la medida en que existan otros derechos o intereses jurídicos lesionados. En este sentido, la libertad de ejercer una profesión seguirá vigente en la medida en el titular no cometa hechos punibles valiéndose de su profesión. Si lo hace, debe ser pasible de la reacción estatal (sanción).
Una de las alternativas propuestas consistió en contemplar la inhabilitación en una ley especial, en aquellos casos en que los participantes del hecho sean funcionarios públicos.
La prohibición de ejercer la profesión en cambio se aplicaría a profesionales independientes, en caso de que mediante el ejercicio de su profesión hayan cometido hechos punibles. No puede establecerse como pena sino como medida por su fin de prevención especial negativa.
Se propuso la inclusión de la inhabilitación dentro de la ley penal especial, con lo que existiría la posibilidad de aplicar esa sanción, independientemente de que se la adopte en el ámbito administrativo, ya que en muchas ocasiones, por razones políticas el órgano adminsitrador no aplica la inhabilitación.
Se recomendó que en la ley especial se aclare que el tiempo de la inhabilitación se empezará a computar desde el momento en que se cumpla con la pena privativa de libertad, en aquellos casos en los que se le haya impuesto esa pena.
Con relación a la pena patrimonial prevista en el artículo 57 del Código Penal, la misma debe estar contemplada en el tipo penal respectivo, según la redacción de ese precepto, lo que convierte a la sanción en poco útil debido a su restringido campo de aplicación.
La aplicación de penas patrimoniales es una necesidad en los hechos punibles de corrupción, ya que el Estado no puede dejar de sancionar patrimonialmente al autor que se ha enriquecido o intentado enriquecerse mediante la realización de aquellos. La falta de sanción pecuniaria puede conducir a una cierta franja de impunidad, ya que en esos casos, el autor o los partícipes pasan unos años en reclusión, y luego disfrutan del lucro ilícitamente obtenido.
El grupo N° 4 estuvo integrado por: Teresa Rojas (coordinadora), Juan Carlos Paredes, Pedro Ovelar y María Victoria Rivas y fueron asignados los siguientes temas:
Los temas de debate en este grupo fueron:
Tema 1: ¿Considera necesario que los tipos penales sobre actos corrupción describan puntualmente la participación de un funcionario público como autor, o que es más conveniente la descripción de un sujeto indeterminado? Analice igualmente en esta última posibilidad la agravación de la pena al tratarse de un funcionario.
Tema 2: ¿Cree necesario que los actos de corrupción sean delitos de resultado? En su caso: ¿ deberá exigirse el perjuicio para el estado o se requerirá el enriquecimiento del funcionario o de un tercero ?.
Tema 3: Por el contrario, ¿ considera que debe tratarse de delitos de mera actividad ?
Con respecto a la calidad del sujeto a castigar, de acuerdo a la normativa actual, los sujetos que no revisten la calidad de funcionarios públicos pero que intervienen de alguna forma en la realización de los actos de corrupción o dentro del circuito de la corrupción, por aplicación del principio de legalidad, escapan a la persecución penal.
Si bien originalmente los actos de corrupción fueron contemplados por la legislación con el objeto de perseguir la comisión de estos hechos por parte del sujeto "funcionario público" específicamente, hoy se entiende que deben ser incluidas aquellas personas o sujetos indeterminados que se encuentran dentro del circuito de corrupción y sin cuya concurrencia difícilmente podrían consumarse tales actos. Por lo tanto el tipo penal base a construir en estos casos incluir al sujeto indeterminado como autor. No debería eliminarse la figura de funcionario público dentro del tipo penal sino debería extenderse el tipo a los no funcionarios públicos que efectúen actos de corrupción.
Ante la observación de que la Convención se remite tan solo al ámbito de la función pública afectando específicamente al funcionario público en el ejercicio de la función pública y que perseguir a los particulares excedería el ámbito de aplicación, se sostuvo que el hecho de que la legislación nacional supere las expectativas de la convención no debe ser motivo de preocupación ya que la realidad nos muestra que aun si nos excedemos es imprescindible abarcar las ramificaciones de la criminalidad. Para citar un ejemplo, los funcionarios públicos encargados de pagar a proveedores del estado se valen de otra persona para cobrar comisiones a los proveedores pero eran aquellos los que recibían los beneficios. Esta persona actualmente escapa de la persecución penal y tratándose del intermediario se dificulta la posibilidad de establecer la conexión entre los extremos, escapando el funcionario público corrupto de la persecución penal.
Con respecto a este particular intermediario se planteó la posibilidad de su punición como cómplice concluyéndose a respecto que generalmente este sujeto comparte el dominio del hecho con el sujeto funcionario público, por tanto el mismo debería ser sancionado como coautor.
Por otro lado, teniendo el tipo base al sujeto indeterminado como autor, la condición de funcionario público en el sujeto activo debería ser causa de agravación de la pena.
Además, los tipos penales deberían ser construidos como de mera actividad, contemplándose el resultado como agravante, siendo dicho resultado ya sea, la causación de un perjuicio y/o el enriquecimiento del funcionario o del tercero, una vez probados estos extremos. En este sentido la discusión se centró en la elección de entre estos dos elementos que fuere más adecuado como para ser regulado como causal de agravación de la pena. Se concluyó que en caso de existir perjuicio, esto se constituiría en causal de agravación y sin necesidad de comprobar el enriquecimiento.
Actualmente, se exige la prueba del perjuicio y en algunos casos del enriquecimiento de los sujetos activos o de terceros para considerar la conducta estudiada típica objetivamente y la dificultad de la prueba en estos casos contribuye a crear la sensación de impunidad en la sociedad.
Se propone considerar que:
Debe tipificarse con el sujeto indeterminado como autor y que sea agravante la calidad de funcionario público como tal
Debe tipificarse como delito de mera actividad contemplándose el resultado perjuicio patrimonial como agravante.
El grupo cinco estuvo integrado por los abogados Javier Contreras, Juan Carlos Mendonca, Rafael Filizzola y Carlos Ortiz Barrios. Los temas asignados fueron:
1) La Convención define que los límites de aplicación de la misma están dados por las normas constitucionales y los principios fundamentales del estado nacional: ¿cuáles serían dichas normas y principios que pudiesen limitar la aplicación de la convención en toda su extensión?.
2) ¿Considera necesario reformular el concepto de funcionario público que tiene la convención?. Tenga en cuenta al responder esta pregunta, las definiciones de la ley 200 y del Codigo Penal.
En general, la configuración de la Constitución Nacional del Paraguay, adoptada en el año 1.992 no presenta obstáculos importantes que impidan la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el orden jurídico positivo nacional. Sin embargo, es importante hacer algunas aclaraciones puntuales.
Pueden presentarse problemas con las figuras de la 1) confiscación 2) la inversión de la carga de la prueba 3) la confidencialidad de la identidad de testigos y denunciantes.
La confiscación como tal está expresamente proscrita en la Constitución Nacional. El artículo 20 dice: " Del objeto de las penas. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad.
Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro."
Se entiende por confiscar, el privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco, sin que exista un resarcimiento. De ahí que cualquier forma de apropiación de bienes que haga el Estado sin realizar una contraprestación esté prohibida.
Por ello, es muy importante plantear en foros internacionales la discusión sobre el contenido del concepto confiscación introducido en la Convención, de tal manera a evitar normativas dispares en los países suscriptores de la misma. Ya que esta situación impediría probablemente dar cumplimiento a la medida en caso de ser solicitada por algún Juez extranjero.
De cualquier manera no puede descartarse la posibilidad de contemplar otras medidas similares, sin que impliquen una confiscación en los términos referidos.
Con respecto a la inversión de la carga en los procesos contra funcionarios públicos por comisión de hechos punibles en el ejercicio de sus funciones o en tareas vinculadas a ellas, la legislación paraguaya no permite aplicar este instituto procesal.
El artículo 17 inciso primero de la Constitución Nacional consagra el principio de presunción de inocencia. En el mismo sentido, el artículo 4º del Código Procesal Penal dice: .- Principio de inocencia. Se presumirá la inocencia del imputado, quien como tal será considerado durante el proceso, hasta que una sentencia firme declare su punibilidad.
Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social.
Sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado a partir del auto de apertura a juicio.
El juez regulará la participación de esos medios, cuando la difusión masiva pueda perjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibir información.
Igualmente el artículo 53 del mismo código indica: Carga de la prueba. La carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público, quien deberá probar en el juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación.
Las normas citadas son claras respecto de que es al acusador (Ministerio Público) a quien incumbe demostrar la culpabilidad de quienes son acusados por la comisión de delitos. Es el Estado quien carga con la obligación de aportar los elementos de convicción para lograr la condena de los autores y partícipes.
Consecuentemente, no es posible invertir la carga de la prueba por afectar esto el principio de inocencia. La obligación de los funcionarios públicos de probar el origen de sus bienes en un proceso penal implicaría eventuales acciones de inconstitucionalidad. De ahí que una alternativa es exigir una mayor frecuencia en la presentación de las declaraciones juradas  por ejemplo cada 6 meses - , con la amenaza de aplicar sanciones patrimoniales de tipo administrativo en caso de incumplimiento.
Con relación a la confidencialidad de la identidad de los testigos, debido al principio de bilateralidad e igualdad de oportunidades procesales colisionaría con la estructura misma del proceso penal que exige libre acceso a la información de las partes.
El ocultamiento de la identidad de cualquier persona que declara en el proceso constituye un obstáculo para el ejercicio de la defensa técnica y material. Al respecto hay experiencia extranjera en casos de lavado de dinero, drogas y terrorismo, en los que se crean programas de protección de testigos.
Sin embargo es conveniente mencionar que en estos casos, el testigo declara con su propia identidad y posteriormente la misma le es cambiada.
El tema tiene que ver directamente con la amplitud del ejercicio de la defensa en juicio, las reglas del debido proceso. El principio de la defensa en juicio es uno de los de mayor trascendencia, existiendo un orden de jerarquía entre los principios, por lo que debe establecerse la prioridad de uno sobre otro.
En caunto a la implementación de un programa de protección al testigo, no existen objeciones legales, siendo el problema de infraestructura.
REFORMULACIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO.
Se considera innecesaria la reformulación del concepto de funcionario, teniendo en cuenta que la Convención contiene esa definición, y al haber sido incorporada la misma al derecho positivo vigente mediante ley 977/96, es perfectamente válida.
El Código Penal paraguayo en la definición de funcionario se remite al resto del ordenamiento jurídico, y consecuentemente a la ley 977.
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE SANCIONAN ACTOS DE CORRUPCIÓN
Luego del estudio realizado se puede concluir que resulta necesaria la modificación de la legislación nacional mediante la promulgación de una ley especial que contenga disposiciones de carácter penal. En este sentido, es conveniente que la ley propuesta sea estudiada con carácter especial en el sentido de que regule los actos vinculados a la corrupción, de tal manera que esto represente una manifestación de voluntad real y concreta de adoptar mecanismos eficaces en la lucha contra este tipo de conductas.
A continuación se detallan algunas normas que podrían ser introducidas al sistema jurídico paraguayo.
Art. 1° ) 1. El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio para sí mismo o para un tercero, a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años.
2. Si el funcionario es un Juez o un árbitro, la pena será aumentada a cinco años de pena privativa de libertad.
3. Tanto en el inciso 1° como en el 2° serán aplicables la pena patrimonial, la composición y la prohibición de ejercer una determinada profesión
Sería recomendable construir el tipo penal del cohecho pasivo, adecuándolo a la propuesta del párrafo a. del artículo VI de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En cuanto al cohecho pasivo agravado, entiendo que el mismo puede permanecer de la manera en que está redactado en el Código Penal.
Considero oportuno también eliminar la pena de multa como alternativa, así como la adición de la pena patrimonial, la composición y la prohibición de ejercer la función pública, todas estas, figuras previstas en el código penal vigente. En caso de ser un Juez o un árbitro la pena puede ser aumentada.
Art. 2°. El que como funcionario, empleado público, o ejerciendo funciones públicas del grado o jerarquía que fuese, sea designado por el nombramiento o elección, intente enriquecerse directamente o por interpuesta persona, mediante el ejercicio de su cargo o de la influencia derivada del mismo, será castigado con privación de libertad de uno a diez años y prohibición de ejercer la función pública.
Sería recomendable modificar la redacción del artículo 1° del Decreto 448/40 y eliminar el requisito del enriquecimiento como parte objetiva del tipo formulando la norma del modo propuesto .
Art. 3°) 1. El funcionario que revelara un secreto que le haya sido confiado o cuyo conocimiento hubiera adquirido en razón de su cargo, atentando con ello contra los intereses públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Como secreto se entenderán hechos, objetos o conocimientos, que sean accesibles sólo a un número limitado de personas y que por ley o en base a una ley no deban comunicarse a terceros. En caso de que el autor obtenga un beneficio patrimonial, la pena será aumentada hasta ocho años de privación de libertad. Serán aplicables igualmente los artículos 57, 59 y 81 del Código Penal.
2. SI el autor no es funcionario, la pena podrá ser atenuada hasta tres años de privación de libertad.
3. En estos casos, será castigada también la tentativa.
Art.4° El que directamente o por interpósita persona intente obtener de un funcionario, una decisión en el marco de sus funciones que le permitirá un beneficio ilegítimo, será castigado con dos a cinco años de privación de libertad.
Art. 5° El funcionario que se apropiara o hiciera uso de un bien mueble o inmueble perteneciente al Estado o a un ente descentralizado, sin estar expresamente autorizado para ello, será castigado con pena privativa de libertad de dos a ocho años. Se aplicará igualmente la pena patrimonial, y la composición, así como la prohibición de ejercer la prohibición.
Debido a que la legislación penal paraguaya no contiene una disposición similar a la prevista en la Convención, se sugiere la introducción del tipo penal precedente. Por otro lado, la malversación sin perjuicio concreto para el Estado no debiera ser penada.
Art.6° En todos los procesos de extradición, el Juez, a pedido del Ministerio Público o de oficio, dispondrá las medidas cautelares reales necesarias sobre bienes del extraditable vinculados al hecho punible, debiendo remitirlos al Estado requirente, independientemente de que la extradición sea finalmente concedida. Los terceros adquirentes de buena fe podrán presentarse a reclamar sus derechos.
CAPITULO I Organismos vinculados a la lucha 5
CAPITULO II Artículo VI. Actos de Corrupción. 9
CAPITULO III Artículo VI. Actos de Corrupción. 53
CAPITULO IV Artículo VI. Actos de Corrupción. 68
CAPITULO V Artículo VI. Actos de Corrupción. 76
CAPITULO VI Artículo VIII. Soborno Transnacional. 94
CAPITULO VII Enriquecimiento Ilícito. 109
CAPITULO VIII Artículo XI Desarrollo Progresivo. 115
CAPITULO IX Artículo XI Desarrollo Progresivo. 123
CAPITULO X Artículo XI Desarrollo Progresivo. 130
CAPITULO XI Artículo XI Desarrollo Progresivo. 137
CAPITULO XII Aspectos Procesales y Cooperación 142
CAPITULO XIII Conclusiones del trabajo de 160
CAPITULO XIV Conclusiones de los grupos del 164
CAPITULO XV Proyecto de ley por el que se 191
sancionan actos de corrupción.

References: artículo 86
 artículo 57
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 53
 artículo 1