Source: https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=63280&legiid=490
Timestamp: 2019-10-22 01:37:35+00:00

Document:
JURAMENTO DE NUEVO EDECÁN DEL SENADO, SEÑOR CHRISTIAN FRANCISCO MARAMBIO TAYLOR
CREACIÓN DE DERECHO DE ATENCIÓN PREFERENTE EN SALUD
Sesión 24ª, en martes 11 de junio de 2019
(De 16:29 a 19:42)
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Trabajo y Previsión Social subrogante, señor Fernando Arab Verdugo; de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas; del Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar, y de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe.
Asimismo, se encontraba presente el Coordinador Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río.
--Se abrió la sesión a las 16:29, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 21ª, ordinaria, en 4 de junio de 2019; 22ª, especial, y 23ª, ordinaria, ambas en 5 de junio de 2019, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con los tres primeros, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior (Boletín N° 8.996-13).
2.- El que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín N° 11.747-03).
3.- El que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (Boletín N° 12.324-08).
Con el cuarto, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (Boletín N° 7.678-02).
Con los cinco siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
2.- La que sustituye la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui (Boletines Nos 10.685-07 y 10.692-07, refundidos).
3.- La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín 12.229-02).
4.- La que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04).
5.- La que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).
Con los cinco últimos, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores (Boletín N° 7.507-18).
3.- El que modifica el artículo 1.182 del Código Civil declarando incapaz para suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor (Boletín N° 8.528-32).
4.- El que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
5.- El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10.315-18).
Solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministro Titular Abogado del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental al señor Cristián Delpiano Lira (Boletín N° S 2.072-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5° del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Informa que ha aprobado, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (Boletín N° 12.324-08) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la ley N° 20.551, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos (Boletín N° 11.256-12), con las modificaciones que señala.
Comunica que ha aprobado el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en honor a don José Miguel Carrera en la comuna de El Monte (Boletín N° 10.894-24).
-Artículo transitorio de la ley N° 20.791.
-Artículos 3°, 7° y 8° del Código del Trabajo.
-Artículos 2331 y 1740 del Código Civil.
-Artículos 294 bis y 495 del Código del Trabajo.
-Artículos 395 bis, 393 bis y 390 del Código Procesal Penal.
-Artículo 485 del Código del Trabajo.
-Artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales.
-Artículo único de la ley N° 18.320.
-Artículo 21 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda.
-Artículo 64 de la ley N° 18.961.
Atiende consulta de la Honorable Senadora señora Provoste sobre el eventual derramamiento de cloruro ferroso desde una instalación de la minera Candelaria, en la comuna de Caldera.
Emite informe sobre fallecimientos de pacientes en listas de espera del programa de garantías explícitas de salud (GES) y no GES del Ministerio de Salud, correspondiente al Servicio de Salud de Antofagasta. Estos antecedentes fueron solicitados por el Honorable Senador señor Guillier.
Remite informe requerido por el Honorable Senador señor Castro sobre la posibilidad de incorporar equipos de oxigenación por membrana extracorpórea para tratamiento de pacientes contagiados con el virus Hanta en el Hospital Regional de Talca.
Considera la solicitud del Honorable Senador señor Lagos para estudiar la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que mande realizar un mapa social y catastro nacional de campamentos.
Da cuenta de la preocupación de la Honorable Senadora señora Provoste sobre los daños a la comunidad de Tierra Amarilla tras el nuevo episodio de contaminación ambiental ocurrido el 16 de abril de este año.
De la señora Ministra (S) de Relaciones Exteriores:
Responde solicitud de antecedentes del Honorable Senador señor De Urresti sobre el tránsito de camiones que transportaban cien toneladas de mercurio, provenientes de la mina Veladero, en San Juan, Argentina, hasta el puerto de San Antonio.
Atiende inquietud del Honorable Senador señor Pugh relativa a la necesidad de contar con un convenio entre la empresa Google y las universidades de Valparaíso, y la pertinencia de que nuestro país adopte el formato IPv6 para aumentar los segmentos disponibles de direcciones IP.
Remite información solicitada por el Honorable Senador señor Letelier sobre el uso de recursos por parte de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para el servicio Rancagua Express.
Envía informes de impacto ambiental solicitados por el Honorable Senador señor Navarro que fundamentaron la autorización del proyecto minero Los Domos, de la empresa Equus Minig.
Envía antecedentes solicitados por la Honorable Senadora señora Allende sobre el uso del asentamiento Aguas Buenas, regulado en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.
De la señora Directora (S) de Educación Pública:
Informa, a requerimiento de la Honorable Senadora señora Provoste, acerca de los establecimientos educacionales que muestran desempeño insuficiente por un período de uno, dos y tres años en la Región de Atacama.
Del señor Jefe de la División de Operaciones y Atención a la Ciudadanía de la Tesorería General de la República:
Comunica la recaudación anual desde el año 2007 a la fecha de la patente anual por no utilización de caudal asignado en el derecho de aprovechamiento de aguas. Estos antecedentes fueron solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti.
Del señor Director del Servicio de Salud Araucanía Sur:
Se refiere al estado de avance del proyecto de habilitación y adquisición de un equipo de escáner para el hospital doctor Abraham Godoy Peña. Esta información fue solicitada por el Honorable Senador señor García.
Remite diversas comunicaciones referidas a materias propias de su competencia.
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Educación y Cultura recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Maite De Cea Pé y a los señores Alfredo Saint Jean Domic y Patricio Gross Fuentes como miembros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Boletín N° S 2.068-05) (con la urgencia del párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Del Honorable Senador señor Chahuán, por la que retira su firma del proyecto de ley que modifica la ley sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas (Boletín N° 12.647-07).
De la Honorable Senadora señora Órdenes, por la que retira su firma del proyecto de ley sobre contrato de trabajo del adulto mayor (Boletines Nos 12.451-13 y 12.452-13, refundidos).
Del Honorable Senador señor Pizarro, para ausentarse del país a contar del día miércoles 12 del presente mes, para asistir a la asamblea del Parlamento Latinoamericano.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se le desea mucho éxito en el cometido.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señores Senadores, en sesión de Sala de 5 de junio del presente año se aprobó, por la unanimidad de las señoras y los señores Senadores presentes, el nombramiento como Edecán del Senado del Capitán de Navío en retiro don Christian Marambio Taylor, a propuesta unánime de la Comisión de Régimen Interior. En consecuencia, procede que se tome juramento o promesa al Edecán, conforme al Reglamento de Personal del Senado.
Señor Christian Marambio Taylor:
El señor MARAMBIO.- Sí, juro.
El señor QUINTANA (Presidente).- Queda investido del cargo de Edecán del Senado de la República.
El señor QUINTANA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, estamos en junio, el Mes del Buen Trato al Adulto Mayor. En la Cuenta se incluyen algunos proyectos relativos a este sector de la población. En este sentido, solicito que, como una buena señal de este Senado, se pudieran incorporar a tramitación algunas iniciativas que dicen relación precisamente con esta misma materia, la mayoría de las cuales tienen su origen en esta Corporación.
Sería una buena señal que, dentro del mes de junio, se incluyeran algunos de estos proyectos, como los boletines 7.507-18 y 8.528-32, que aparecen en la Cuenta y que precisamente van en esa dirección. Ellos incluso están aprobados por la respectiva Comisión.
Lo pido más que nada como una señal en el contexto del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Sobre la petición que ha hecho el Senador señor Sandoval no hay ninguna objeción?
Se accede a lo solicitado.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, pido que se abra un plazo especial, hasta las 17 horas, para presentar indicaciones comprometidas por el Ejecutivo al proyecto sobre Ley Nacional del Cáncer.
El señor COLOMA.- Eso está aprobado.
La señora VON BAER.- Fue acordado en Comités.
El señor QUINTEROS.- ¿Está aprobado?
El señor QUINTANA (Presidente).- Así es, fue acordado por los Comités.
El señor QUINTANA (Presidente).- Para dar cuenta de los acuerdos de Comités, tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- En sesión celebrada hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Considerar en segundo y tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley signado con el número 3 de la tabla, que modifica la ley N° 20.584 a fin de crear el derecho a la atención preferente (boletín N° 12.156-11).
-Proyecto de ley signado con el número 14 de la tabla, sobre bienestar animal (boletín N° 10.651-12).
2.- Analizar en primer, segundo y tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 12, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (boletín N° 12.324-08).
-Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (boletín N° 11.077-07).
-Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Directorio del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a la señora Maite de Cea Pé y a los señores Alfredo Saint Jean Domic y Patricio Gross Fuentes (boletín N° S 2.068-05).
3.- Tratar en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 18 de junio el proyecto de ley signado con el número 24 de la tabla, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa (boletín N° 11.900-06).
4.- Integrar la Comisión Mixta que conocerá las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07) con los Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
5.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer (boletín N° 12.292-11), de 17 a 18 horas de hoy, en la Comisión de Salud.
6.- Otorgar un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y otras normas legales (boletines Nos 10.190-21, 11.704-21, 7.926-03 y 11.642-21, refundidos), de 17 a 18 horas de hoy, en la Secretaría.
7.- Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.687-06) y al proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.526-06), hasta las 12 horas del martes 18 de junio, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
8.- Disponer para la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía un plazo de treinta días para analizar el proyecto de ley de migración y extranjería (boletín N° 8.970-06).
9.- Realizar un homenaje a los grupos de guías y scouts de Chile en la sesión del miércoles 10 de julio, a las 18:30 horas.
El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta.
Nosotros acordamos en reunión de Sala que hoy día se trataría el proyecto de ley que regula el tendido de cables aéreos, que está despachado hace bastante tiempo por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Yo quiero saber qué ocurrió.
El señor SANDOVAL.- ¡Es de fácil despacho, es de fácil tramitación! Incorpórelo, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- Ya existe el acuerdo.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tendría que ser en cuarto lugar hoy.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Pero se ve hoy día, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- En cuarto lugar podría ser.
El acuerdo ya está dado.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pido que se pueda invitar al homenaje que se hará a las guías y a los scouts de Chile a una delegación representativa de los mil 600 scouts que participarán en el Jamboree Mundial que se desarrollará en Estados Unidos.
Si usted nos ayuda, Senador señor Chahuán, ningún problema.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, pido que se recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto boletín No 12.605-21, que establece normas ambientales para la acuicultura -está hoy día en la Comisión de Pesca-, pueda enviarse a la Comisión de Medio Ambiente para que se refunda con una iniciativa muy similar -si es que no casi idéntica- en contenido que se encuentra hoy en tramitación.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para enviarlo a la Comisión de Medio Ambiente y refundirlo con el proyecto que se ha señalado?
La señora GOIC.- Y después vuelve acá.
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sesiones 4ª, en 20 de marzo de 2019 (queda para segunda discusión en general); 9ª, en 10 de abril de 2019 (se aprueba en general); 23ª, en 5 de junio de 2019 (queda pendiente la discusión en particular).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se hace presente que en sesión de fecha 5 de junio se dio por aprobado el artículo primero transitorio, que no había sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Cabe recordar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una que será puesta en discusión y en votación oportunamente.
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones, las que se encuentran en la página 2.
El señor QUINTANA (Presidente).- Continúa la discusión particular del proyecto.
Como ha dicho el señor Secretario, las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas, o si existieren indicaciones renovadas.
Está con nosotros para esta discusión el señor Ministro del Trabajo subrogante, señor Fernando Arab, a quien saludamos.
Se ha solicitado autorización para que pueda ingresar el coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero que esta discusión se sincere. Aquí se propone un estatuto especial para trabajadores jóvenes que estudian tanto en la educación superior como en la técnica. Y estamos hablando de una jornada parcial o de media jornada. Por lo tanto, de "estatuto laboral juvenil", desde mi óptica, tiene la nada misma.
Es una situación que, por lo menos, debemos sincerar en esta discusión.
Tanto este proyecto como todos aquellos que el Gobierno ha anunciado en materia laboral parten de la base de que se debe flexibilizar el contrato de trabajo a partir de hacer negociables ciertos aspectos de él, principalmente aquellos centrados en la jornada laboral.
El problema, señor Presidente, es que lo anterior se hace a partir de ignorar aquello que constituye uno de los pilares fundamentales de todo el Derecho Laboral. En la práctica, existe una inmensa desigualdad en la posición de negociación entre trabajadores y empleadores. De hecho, la asimetría en la capacidad de negociación es de tal envergadura que se tuvo que crear un cuerpo completo de leyes a fin de corregirla: el Código del Trabajo.
Por otra parte, entre los instrumentos que históricamente han sido utilizados por el Derecho Laboral para enfrentar esta situación se encuentra el establecer derechos irrenunciables en favor de los trabajadores, los cuales se pueden ejercer bajo determinadas condiciones, además de contemplar la posibilidad de que los trabajadores negocien colectivamente en procedimientos reglados.
Aquí lo que se pretende es que se negocie individualmente entre un joven universitario o que va a un instituto profesional, que necesita el trabajo, con un empleador. El problema es que, si se establece lo anterior sin más, en la práctica los empleadores van a ocupar este espacio para imponer la condición que más les convenga, en cláusulas incorporadas en contratos que ellos redactan en bloque y que el trabajador solo puede aceptar o rechazar: los denominados "contratos de adhesión".
Por eso se debe ser muy claro: el presente proyecto no establece derechos, sino que sencillamente abre espacios para negociar ciertos beneficios, lo que en la práctica permite que los empleadores impongan la condición que más les favorezca, en cláusulas incorporadas en contratos que ellos redactan en bloque y que el trabajador solo puede aceptar o rechazar: los denominados -insisto- "contratos de adhesión".
Señor Presidente, hay un tema que no es menor y que tiene la mayor relevancia, en la medida en que los colegas me permitan hacer uso de la palabra...
Hace algunas semanas presenté un proyecto para la protección de la empleabilidad humana. Y, precisamente, al revisar el acuerdo político que hoy día se votará en esta Sala, uno advierte que el trabajador joven que se podría someter a esta cláusula especial queda con una brutal desventaja.
Fíjese, señor Presidente, que hoy día hay una automatización superior al 20 por ciento en nuestro país. Hay áreas de la producción nacional que están ya automatizadas absolutamente. Lo que nosotros estamos señalando es que se necesita, al momento de la negociación colectiva, que el empleador a lo menos pueda llegar a acuerdo con los trabajadores para señalarles si al año siguiente va a haber o no más automatización en materia laboral.
Aquí va a haber un perjuicio no menor en los próximos años, señor Presidente. Este proyecto precariza la labor de los trabajadores estudiantes.
Una de las soluciones en este caso, como en toda legislación laboral, es establecer derechos en favor de los trabajadores, de carácter irrenunciable, especialmente en materia de jornada parcial, regulando la forma y condiciones en que se pueden ejercer. Es precisamente eso lo que no ocurre con este proyecto, que votaré en contra, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Senadora señora Muñoz, quien va a entregar el informe de este proyecto.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, creo que es necesario un informe porque, de la intervención del Senador Carlos Bianchi se nota que no hay un conocimiento real de lo que se trabajó en la Comisión. Por eso vamos a dar el informe. No es que cada uno tenga que conocer en profundidad la materia, pero es necesario trasmitir a la Sala aquello.
En primer lugar, la Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó en particular el proyecto de ley conocido como "Estatuto Laboral de los Jóvenes Estudiantes", denominación que, por acuerdo unánime, proponemos que la Sala transforme en "proyecto de ley que establece una jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores".
Este cambio de nombre denota el giro que se le dio a la iniciativa, porque el texto aprobado en general buscaba introducir un capítulo nuevo en el Código del Trabajo para regular un contrato especial. Y en la discusión en particular, atendidas las observaciones de los representantes de los estudiantes y de académicos, se optó por agregar en el párrafo de la Jornada Parcial una normativa específica para los estudiantes trabajadores, dado que requieren estar amparados por las normas del Código del Trabajo en una forma que les posibilite dedicarse al desarrollo y cumplimiento exitoso de sus estudios.
En resumen, ya que las Senadoras y los Senadores tienen a la vista el boletín comparado, esta jornada parcial alternativa contiene los siguientes elementos:
-En primer lugar, incluye a las y los jóvenes estudiantes entre 18 y 24 años de edad. A este respecto, el Senador Durana votó en contra, por estar a favor de extender esta edad hasta los 28 años.
-En segundo lugar, la calidad de alumno regular o de encontrarse en proceso de titulación deberá acreditarse dentro de los quince días del acuerdo entre las partes, mediante un certificado emitido por la institución educacional respectiva, se trate de educación superior universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado, o de entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios.
En el texto inicial que había aprobado la Cámara de Diputados, se contemplaban 120 días desde la celebración del contrato, y si el certificado de alumno regular se encontraba en trámite se abría un plazo de hasta tres meses, tiempo que la Comisión consideró que no era pertinente. Por eso el cambio.
-En tercer lugar, en lo tocante a la jornada ordinaria diaria, esta será continua, pero las partes podrán pactar una sola interrupción diaria, que no podrá afectar el derecho a colación y que deberá ser concordante con el horario académico. La justificación de la necesidad de interrupción estará en el horario académico, que será obligatorio anexarlo al contrato de trabajo. En el texto de la Cámara de Diputados se establecía la posibilidad de distribuir la jornada diaria en forma continua o discontinua sin fijar límites.
-En cuarto lugar, se entenderá que los accidentes que sufran los estudiantes trabajadores en el trayecto directo, de ida o regreso, entre el establecimiento educacional y el lugar de trabajo son accidentes de trabajo. Esta materia no había sido contemplada por el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, para que el estudiante trabajador pueda rendir sus exámenes académicos, tendrá el derecho a un permiso sin goce de sueldo.
Además, durante el receso por vacaciones académicas se abren tres alternativas, previo acuerdo de las partes: mantener la prestación de servicios en jornada parcial, suspender el contrato de trabajo manteniendo vigente la relación laboral o pactar una jornada de trabajo ordinaria.
Por otro lado, en materia de beneficios de salud, como tener derecho a licencia médica, los estudiantes trabajadores podrán optar por adquirir la calidad de cotizantes, para lo cual el empleador deberá enterar las cotizaciones de salud o mantener la calidad de beneficiario con un aporte en la institución de salud en que sea carga.
La Comisión también acordó dejar establecido, en forma explícita, que no podrán pactar este tipo de jornada parcial las empresas que en el año calendario anterior registren accidentes graves o fatales en que el empleador haya sido condenado por culpa o negligencia.
Es importante destacar que en el artículo 2° del proyecto de ley se dispone que los estudiantes trabajadores mantendrán su calidad de causantes de asignación familiar hasta los 24 años de edad, aunque perciban remuneraciones.
Asimismo, las remuneraciones que perciban los estudiantes trabajadores no se considerarán como renta para la determinación de su condición socioeconómica o la de su grupo familiar en lo que concierne al acceso al Fondo Solidario, al crédito fiscal universitario, al crédito con garantía del Estado o al financiamiento...
El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
El señor ALLAMAND.- Dele un minuto más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Puede continuar.
La señora MUÑOZ.- ... o al financiamiento del acceso gratuito ni para cualquier otro sistema relacionado con el financiamiento de la educación superior.
Finalmente, se dispone que el Consejo Superior Laboral evaluará durante los primeros tres años de vigencia las disposiciones de esta ley, principalmente en materia de su cumplimiento y fiscalización, del efecto en los resultados académicos de los estudiantes trabajadores y del impacto de este tipo de contratación en los jóvenes no estudiantes y en los trabajadores en general.
Por todas estas razones, señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social dedicó sus esfuerzos al perfeccionamiento de esta iniciativa en beneficio de los jóvenes que necesitan desarrollar un trabajo en paralelo a sus estudios en la educación superior.
Recomendamos, por tanto, su aprobación.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como ha dicho la Presidenta de la Comisión de Trabajo, el proyecto que estamos votando hoy es muy distinto al presentado por el Ejecutivo y también contiene cambios importantes respecto del que despachó la Cámara de Diputados.
La precarización del empleo y el eventual abuso de la fuerza laboral de los jóvenes generaron legítimas aprensiones en el movimiento sindical y estudiantil.
La iniciativa se planteó, además, en un marco en que la sociedad chilena ha expresado crecientes niveles de desconfianza hacia todas las instituciones. Y los empresarios no escapan a esta realidad.
Los abusos en contra de los trabajadores no son una situación excepcional. Por ello se hacía necesario resguardar, con total claridad, todos y cada uno de los derechos de los estudiantes trabajadores. Y eso es lo que hace el actual proyecto.
El proyecto original creaba un estatuto especial; no respetaba cabalmente los fueros, ni siquiera el maternal; era imposible de fiscalizar, porque la calidad de estudiante podía acreditarse hasta en un plazo de seis meses; los turnos eran informados semana a semana, dificultando la compatibilización con los estudios; la jornada diaria superaba el máximo legal y rebajaba el pago de horas extraordinarias; introducía la jornada discontinua, que implicaba estar a disposición del empleador sin que ese tiempo fuera imputable a la jornada; no existía seguro de cesantía, en fin.
Era un proyecto que claramente precarizaba el trabajo formal.
Todo esto no está en el proyecto que votamos hoy.
Ahora se trata de una jornada parcial alternativa a la que podrán acceder todos los estudiantes de educación superior de 18 a 24 años -y no a 28 como indicaba el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados- que sean alumnos regulares o se encuentren en proceso de titulación, condición que deberá ser acreditada al momento de celebrar el contrato.
Para estos fines, las instituciones de educación estarán obligadas a entregar la certificación de manera gratuita y en un plazo no superior a los tres días después de solicitada.
Los estudiantes trabajadores tendrán derecho a pago de cotizaciones y de indemnización, según corresponda, y al derecho a seguro de accidentes, incluido el accidente de trayecto entre el recinto educacional y el trabajo, entre otras garantías.
La jornada será continua.
La jornada total no podrá extenderse más allá de doce horas diarias, de las cuales las horas efectivamente trabajadas no podrán ser superiores a diez.
El estudiante tendrá derecho a un permiso sin goce de remuneraciones con ocasión de la rendición de exámenes. Se faculta a mantener, suspender o modificar el contrato en el período de vacaciones académicas.
Especialmente importante es señalar que las remuneraciones que el estudiante trabajador perciba no se considerarán como renta para efectos de determinar su condición socioeconómica o la de su grupo social para el acceso al Fondo Solidario, crédito fiscal universitario, crédito con garantía del Estado o financiamiento de acceso gratuito a las instituciones de educación superior, ni para cualquier otro sistema de crédito fiscal, becas o beneficio.
En definitiva, se trata de un nuevo proyecto.
Probablemente, algunos mantendrán sus aprensiones. ¡Es evidente que hay razones para desconfiar! Pero no podemos obviar que la tasa de desempleo juvenil en Chile es superior al 20 por ciento, más del doble del promedio nacional y siete puntos más alta que la del desempleo juvenil a nivel mundial.
Entre aquellos jóvenes que trabajan, más de un tercio lo hace en condiciones informales y de precariedad, sin contrato, sin previsión, sin un salario fijo y sin las más mínimas condiciones de seguridad social.
Con este proyecto, modificado sustancialmente desde el inicio de su discusión, esperamos poner fin a la situación de informalidad laboral que vive buena parte de los estudiantes de educación superior que buscan incrementar sus ingresos por la vía del trabajo a tiempo parcial.
Por mucho tiempo, las empresas, de manera independiente a su tamaño, han asumido que contratar jóvenes, especialmente jóvenes estudiantes, es un acto caritativo que, de paso, les permite ahorrar en salarios, cotizaciones y demás gastos asociados a contrataciones formales.
Es momento de terminar con estas irregularidades.
Confío en que este proyecto avanza en ese sentido, no para generar una fuerza laboral barata que beneficie al mercado, sino a fin de abrir oportunidades para los estudiantes trabajadores que les permitan iniciar su recorrido por el mundo laboral con garantías, certezas y seguridades.
Eso es lo que se espera de un país que pretende ser desarrollado.
El señor DURANA.- Señor Presidente, esta modalidad de cumplimiento de la jornada laboral establecida para jóvenes trabajadores tiene su origen en un compromiso del Presidente Sebastián Piñera de junio de 2018, y da una respuesta adecuada a la necesidad de una modalidad de trabajo especial para nuestros jóvenes.
Este proyecto, enviado por el Gobierno, fue modificado, pero es el fruto de un esfuerzo de consenso entre la Comisión y el Ministerio del Trabajo, liderado por el Ministro Monckeberg y el Subsecretario Arab.
Se abandonó la idea de crear un contrato especial de trabajo para jóvenes trabajadores y se optó por una jornada parcial alternativa de trabajo y descanso para estudiantes trabajadores con determinadas particularidades.
Aun así, hoy es posible contar con sustanciales avances para que nuestros jóvenes trabajadores puedan cumplir con su jornada académica y procurarse recursos para su manutención y, en muchos casos, la de su grupo familiar.
Estamos hablando de estudiantes que siguen cursos regulares o que se hallan en proceso de titulación en una institución de educación superior universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios.
El certificado de estudios forma parte del contrato de trabajo y debe ser otorgado por las instituciones superiores en forma gratuita y en un plazo breve: tres días hábiles desde su solicitud.
El estudiante debe informar a su empleador de cualquier cambio en su régimen académico.
La jornada ordinaria de los estudiantes trabajadores será continua y se podrá pactar una interrupción diaria acorde con el horario académico, distinta de su horario de colación. En todo caso, entre el inicio y el término de la jornada laboral no podrán transcurrir más de doce horas, y el máximo de horas trabajadas será de diez.
Durante el receso por vacaciones académicas, los estudiantes podrán optar por mantener el mismo régimen laboral, suspender el contrato de trabajo o pactar una jornada de trabajo ordinaria.
En materia de salud -y esta es una de las cosas más importantes-, los estudiantes trabajadores podrán adquirir la calidad de cotizantes del régimen de prestaciones de salud o mantener su condición de beneficiario respecto de la institución de salud en la cual es carga. La entidad de salud previsional deberá mantener tal calidad de beneficiario con aporte del estudiante trabajador.
Además, este mantiene su condición tanto de carga familiar como de causante de carga familiar.
Y las remuneraciones no van a ser consideradas rentas a los efectos de determinar su situación económica, con el propósito de no perjudicar su acceso al sistema de financiamiento de educación superior.
Asimismo, se entiende por accidente de trabajo los eventos ocurridos en el trayecto directo, de ida y vuelta, entre el establecimiento educacional y el lugar de trabajo.
Este proyecto de ley efectivamente beneficia, en forma y fondo, a los estudiantes trabajadores. Creo que estamos respondiendo a sus problemas sobre la base de definir acciones concretas en apoyo de jóvenes que el día de mañana van a ser profesionales.
Entre las principales deficiencias de la iniciativa, destaco en particular el hecho de que el estudiante trabajador no podrá continuar con esta modalidad a partir de los 24 años, en circunstancias de que el promedio de titulación es a los 28. Cumplida tal edad máxima, al joven no le será posible seguir con este régimen laboral ni siquiera hasta la conclusión del año académico. Exactamente eso le sucederá, por ejemplo, a un estudiante que cumpla 25 años en marzo.
Por último, si un joven deja de estudiar por un periodo breve de tiempo, deberá volver a una jornada ordinaria. No existe un plazo para renovar su calidad de estudiante.
Espero que en esas cosas, para beneficio de los estudiantes, seamos capaces a futuro de buscar alternativas de solución.
Votaré favorablemente este proyecto de ley en particular.
El señor OSSANDÓN.- ¡Votemos!
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, ¿le están solicitando abrir la votación?
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo pediré después de su intervención, señor Senador, y de dar lectura a un documento que acaba de llegar a la Cuenta.
Señor Presidente, simplemente quiero complementar en algunos aspectos la exposición que ha hecho la Presidenta de la Comisión de Trabajo y, de alguna manera, informar a los estimados colegas sobre ciertos elementos de este proyecto, porque se desprende de algunas intervenciones anteriores que ha existido algo de desinformación.
El objetivo de esta iniciativa es bastante simple.
Como ha señalado el Senador Quinteros, por una parte, hay una altísima tasa de desempleo juvenil y, por otra, muchos de los jóvenes que trabajan lo hacen de manera informal. A resolver esas dos precariedades apunta la finalidad del proyecto.
En segundo lugar, aquí estamos estableciendo una jornada especial para estudiantes trabajadores, y la propuesta legislativa nunca pierde el foco en lo fundamental, que es precisamente preservar la vida académica y hacerla compatible con la vida laboral. Pero la preferencia está dada en resguardar la dimensión académica.
Así, señor Presidente, se plantea una jornada especial que no podrá exceder de 30 horas semanales. Con esto se resuelven tres de los problemas que aquejan hoy a los jóvenes al momento de intentar incorporarse al mundo laboral.
En primer lugar, en la situación actual las remuneraciones que reciben los estudiantes por su trabajo impactan negativamente en los beneficios a los que acceden en materia de gratuidad, de becas, de derechos de alimentación, de transporte. En consecuencia, ganar un sueldo era un enorme desincentivo para los estudiantes. Un joven universitario obtenía una remuneración, y esta lo afectaba adversamente en los beneficios sociales mencionados.
Este proyecto termina con ese problema. Se establece que para ningún evento las remuneraciones tendrán el carácter de tales, o sea, no se considerarán ingresos, por lo que no se perjudicarán sus derechos sociales.
En segundo lugar, no se perderá el beneficio de ser carga, cosa que ocurre en la actualidad. Más aún, los estudiantes que trabajen podrán aportar a su cotización y mantener su carácter de carga. Ello les permitirá acceder a licencias médicas.
Y, tercero, resulta muy significativa la propuesta de poder interrumpir la jornada laboral diaria una sola vez, como dispone la iniciativa. Por una razón muy simple: porque es perfectamente razonable, por ejemplo, trabajar dos horas en la mañana; posteriormente tener la malla curricular respectiva, y luego, en la tarde, volver al trabajo por una hora adicional. Es lo que muchos estudiantes universitarios, de centros de formación técnica y de institutos profesionales requieren. Sin embargo, hoy día la legislación no permite tal posibilidad.
En consecuencia, los tres problemas fundamentales que aquejan o complican a los estudiantes que trabajan son resueltos adecuadamente por este proyecto.
Finalmente, señor Presidente, se ha insistido aquí en que habría una suerte de precarización de los derechos de tales jóvenes. Pero, para que ello fuera efectivo, tendría que perjudicarse o eliminarse o negarse algún derecho a los estudiantes trabajadores.
Pues bien, la iniciativa mantiene intactos ¡todos los derechos laborales que en este minuto se contemplan!
Por ejemplo, vacaciones. Ciertamente, se considera tal derecho, con una triple alternativa, que la Presidenta de la Comisión ya explicó.
Accidentes del trabajo. Por supuesto, se mantienen las normas en esta materia, que aplican en los traslados de los estudiantes entre el establecimiento educacional y el lugar de trabajo.
Derecho a indemnización. Se respeta exactamente la disposición del mes por año.
Derecho a sindicalización. ¡Por supuesto que se mantiene!
Negociación colectiva. ¡Por supuesto que hay acceso a la negociación colectiva!
Fuero, en los casos que corresponda. Existe tal derecho para todos los estudiantes que asuman como dirigentes sindicales.
Señor Presidente, este proyecto mantiene a cabalidad todos los derechos que la legislación general establece en beneficio de los trabajadores.
Para terminar, señor Presidente, quiero manifestar, como han señalado la Presidenta de la Comisión de Trabajo y algunos colegas que hicieron uso de la palabra, que ha habido un esfuerzo de coherencia y concordancia entre los miembros del referido órgano técnico.
Todos estábamos conscientes de que no podíamos dejar a los estudiantes que trabajan en la situación en la que se encontraban. Por eso fuimos acercando posiciones hasta alcanzar la virtual unanimidad en esta iniciativa, que, sin duda, constituye una modernización que va a generar, pensamos, un impacto positivo en los estudiantes que quieran trabajar.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, este proyecto, que, como aquí se ha recordado, fue ingresado por mensaje del Presidente Piñera, puede ser evaluado desde diferentes ángulos: como una alternativa para los jóvenes que estudian en la educación superior a fin de generar recursos propios; como una posibilidad de colaborar con el ingreso familiar; como una ayuda para contribuir desde joven a las cotizaciones previsionales.
En fin, en todos los escenarios, cualquiera que sea, esta iniciativa constituye un aporte, y con mayúscula.
Pero, lamentablemente -y las cosas hay que decirlas dentro de la discusión-, la Oposición ha tenido una mirada distinta en este proyecto: ellos piensan que esta es una manera de flexibilizar la relación laboral, una nueva forma -perdonen que me exprese así- de explotación, como si aquí se estuviera explotando a los jóvenes. Con esa idea la Oposición ha buscado eliminar durante la discusión en particular partes de la iniciativa que, a nuestro juicio, son esenciales.
Señor Presidente, ahí se refleja la actitud de prejuzgar: siempre mirando lo malo, siempre en la perspectiva de que, en vez de hacer un bien, se hará un daño.
El debate ha rebajado el proyecto de un estatuto laboral juvenil a una simple modalidad de contrato de jornada parcial.
También se han disminuido las interrupciones de la jornada a solo una, sin considerar las posibilidades que los enrevesados horarios de las instituciones de educación superior permiten a los estudiantes.
Asimismo, se ha modificado la edad en que se puede aplicar este régimen especial, reduciendo el rango entre 18 y 24 años, por el infundado temor a que las empresas reemplacen a trabajadores de jornada completa por jóvenes estudiantes en supuestas peores condiciones laborales.
Resulta paradójica tal disminución por dos motivos: primero, porque las propias empresas han señalado que solo pueden usar una cantidad limitada de trabajadores en jornada parcial sin afectar la calidad del servicio que prestan y, segundo, porque, según cifras oficiales, la edad promedio de titulación de nuestros estudiantes universitarios y profesionales es de 26 años. Por tanto, dejamos injustificadamente fuera de este proyecto a una importante masa de jóvenes que podrían ser beneficiados con esta modalidad.
Con todo, el proyecto ha mantenido su esencia y constituye una posibilidad para cientos de estudiantes, ¡cientos de estudiantes!, que, dados sus horarios, pueden trabajar en jornada parcial.
Hay que destacar la norma que plantea que estos trabajadores jóvenes podrán mantener su calidad de carga en isapre o Fonasa, si así lo prefieren.
También se valora el hecho de que sus ingresos no se considerarán para el cálculo de beneficios económicos o para ser beneficiario de gratuidad en la educación superior. Ello permite que se incorporen al mercado formal muchos jóvenes que hoy prestan servicios sin regulación alguna.
Se agrega también la posibilidad de suspender el contrato durante las vacaciones y la época de exámenes, previo aviso al empleador, sin afectar los derechos laborales.
En síntesis, como he planteado otras veces, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
El proyecto constituye un aporte y esperamos que otorgue nuevas posibilidades tanto a los empleadores como a los estudiantes que buscan nuevas opciones de ingresos.
También confiamos en que, una vez que comience a regir esta nueva ley, las personas que han tenido una mirada distinta se den cuenta de que, con el éxito de la incorporación laboral de los estudiantes, se pueden hacer modificaciones que abran más caminos y más oportunidades para los jóvenes, en lugar de estar pensando que todo lo que el Gobierno lleva adelante es dañino para la sociedad.
Esto último es de la injusticia más grande que hay.
El señor QUINTANA (Presidente).- El señor Secretario dará lectura de un documento.
De Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (boletín N° 11.970-34).
El señor BIANCHI.- Sí, por favor.
La señora RINCÓN.- Respetando los mismos tiempos.
El señor MOREIRA.- Siempre se mantienen.
La señora RINCÓN.- Pero hay que decirlo, por si acaso.
El señor COLOMA.- En este caso, son solo cinco minutos.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Hay acuerdo para abrir la votación?
La señora GOIC.- Señor Presidente, comienzo señalando que este es un muy buen ejemplo del trabajo bien hecho y de cómo podemos lograr unanimidad, prácticamente, a partir de un mal proyecto. De hecho, recibimos en audiencias a muchos dirigentes que nos pedían rechazar la idea de legislar. Pero terminamos aprobando una iniciativa protectora.
Quiero reconocer la disposición del Gobierno, a través del Ministro del Trabajo, del Subsecretario -aquí presente- y de su equipo, a escuchar los planteamientos que hicimos como Oposición.
En el texto propuesto quedó graficado el ejemplo de una Oposición constructiva, que no se cierra a un debate país necesario sobre la informalidad en nuestros jóvenes que trabajan hoy día "en negro", con el temor de perder sus beneficios estudiantiles: la gratuidad, la beca de estudios, el crédito, porque sus ingresos generan un aumento del puntaje con el cual se define la condición socioeconómica de su familia, a partir de lo cual se asignan tales beneficios.
Ese era el centro de este proyecto.
Pero también traía originalmente -y no voy a repetir lo que ya se ha señalado en esta discusión- muchos otros aspectos que tendían a precarizar la situación de un estudiante trabajador. Y ese no era el objetivo.
Por eso hoy día ya no se plantea un estatuto especial. No era lo que necesitábamos, sino ciertas normas específicas que, en el caso de los jóvenes, les reconocieran la particularidad de ser estudiantes y querer trabajar.
Lo dijo muy bien uno de los colegas que me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Allamand: aquí se protege la jornada de estudio.
Hubo una discusión larga cuando definimos la única excepción a la jornada de trabajo, que seguirá siendo continua: solamente se podrá interrumpir una vez al día en atención al horario de estudio. El Senador Letelier asiente, porque él dio esa pelea.
Finalmente el resultado de nuestra labor es un buen proyecto, que se hace cargo de la realidad, informalidad y precariedad de los jóvenes que trabajan y estudian.
Adicionalmente, logramos generar la figura de la carga autocotizante para aquellos jóvenes que quieran seguir siendo carga de su familia, lo que les permite tener acceso a licencias médicas.
¿Qué pasaría, por ejemplo, con una estudiante trabajadora que queda embarazada? ¡No podría ser que hiciéramos una ley, que modificáramos nuestro Código del Trabajo y dejáramos a esa mujer sin derecho a pre y posnatal!
¡Ese derecho está consagrado para todas las trabajadoras!
Esa figura consta en la discusión, en el detalle del análisis en la Comisión y en el informe de la Superintendencia de Seguridad Social. Ya no es opcional tener cobertura de salud, como se planteaba inicialmente. Ahora primará la norma general para todos los trabajadores.
Ya se ha mencionado la flexibilidad para obtener permiso con el fin de dar exámenes académicos y también lo relativo a la posibilidad de suspender el contrato durante las vacaciones, sin perder la consignación del tiempo en ese lapso.
A mi juicio, lo más importante a destacar hoy día es nuestra capacidad para hacer bien el trabajo. Nos dimos el tiempo necesario para debatir, para escucharnos, para dialogar y no perder el objetivo.
Además, creo que es relevante consignar que muchas de las propuestas que hicimos, que ahora están sometidas a votación, fueron recogidas de las críticas que plantearon los propios dirigentes. Escuchamos a las organizaciones; escuchamos a los dirigentes estudiantiles. Algunos de esos planteamientos nos permitieron construir un camino. Primaron más los puentes que las trincheras.
Si cada sector se hubiera quedado en su lado, ¿quiénes perdían? Los estudiantes trabajadores de nuestro país, quienes enfrentan un mundo cada vez más cambiante.
En ese punto quiero disentir respecto de una opinión anterior. La automatización del trabajo nos obliga a una permanente capacitación, a entregar herramientas para los jóvenes. Miremos la experiencia alemana, la educación dual, la idea de generar habilidades que muchas veces no están en la sala de clases, sino en el lugar de trabajo.
Hay muchos jóvenes que, lamentablemente, tienen que trabajar, pues deben generar un ingreso. A mí no me gusta esa realidad. No es el país al que aspiro.
Sin embargo, quiero poner ese punto sobre la mesa, por cuanto facilitar que muchos jóvenes puedan trabajar y estudiar implica asumir que deberán desarrollar las habilidades que se necesitan hoy día en un mundo del trabajo cada vez más cambiante, cada vez más desafiante.
Creo que ello también es positivo en la medida que se incorpore en el texto de la iniciativa.
Por otro lado, la evaluación anual que hace el Consejo Superior Laboral permitirá ir efectuando las modificaciones que sean necesarias. Se parte con una edad que es más protectora, los 24 años, y después se verá si aumenta a 28, que es aquella que se había planteado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se acabó su tiempo, señora Senadora.
Le doy un minuto adicional, para finalizar.
La señora GOIC.- Termino, señor Presidente, expresando que me alegro mucho de la unanimidad con que fue aprobada la iniciativa, la cual espero que complete su tramitación con celeridad en el último trámite en la Cámara de Diputados.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, como han dicho algunos de quienes me antecedieron, el proyecto que presentó el Gobierno como estatuto era un mal proyecto. Y creo que la Cámara de Diputados aprobó un mal proyecto, aunque comparto con las Senadoras Muñoz y Goic y los Senadores Allamand y Durana que en la Comisión del Senado se hizo un esfuerzo muy importante para generar un instrumento totalmente distinto del propuesto originalmente.
El texto que se nos presenta hoy tiene la virtud, primero, de asegurar una orientación: sus normas son para los estudiantes que trabajan y no para los trabajadores que van a estudiar; en particular, ellas apuntan a las personas que entran a la educación superior a los 18 años y que en cuatro o cinco años deberían tener su carrera terminada. Se contempla el plazo suficiente para garantizar aquello. Sin embargo, habrá que revisar la ley de gratuidad en la educación superior porque establece un plazo demasiado acotado para sacar las carreras, por lo que deberemos ampliarlo. Es un debate pendiente entre nosotros.
Lo que hace este proyecto, usando el Código del Trabajo, es poner el debate donde corresponde: en las jornadas de tiempo parcial, estableciendo un contrato especial de jornada parcial. ¿Por qué esto es tan importante? Porque garantiza que se respetarán normas laborales básicas. Todas las leyes sociales quedan garantizadas en la normativa propuesta, ¡todas!, con la cotización. Incluso, se obliga a cotizar al joven que es carga, pero para garantizarle licencias, aun por accidentes del trabajo, así como el cumplimiento de todas las normas de protección social necesarias para evitar la precarización. Y además se le garantiza que no perderá la gratuidad.
Hubo un debate, señor Presidente, sobre las vacaciones. Y el asunto quedó articulado de una forma correcta: que el trabajador, en los tiempos en que no esté estudiando, tendrá la opción de mantener su contrato, de pasarse a jornada completa, o de, simplemente, suspender la vigencia del contrato durante el tiempo de las vacaciones. ¿Es una innovación? Sí, es una tremenda innovación protrabajador, proestabilidad para los estudiantes que trabajan.
Sin duda, nos trenzamos en un debate de fondo, que no resolverá esta ley, sino una discusión futura, relacionado con la jornada.
La tradición, en nuestro país, es que la jornada sea continua. Tal como el Ejecutivo lo presentó, el proyecto dejaba abierta la posibilidad de una jornada discontinua, sin limitación de ningún tipo, lo cual generó especulación sobre el potencial mal uso de la ley para reemplazar al trabajador, en particular en el sector del retail. No nos engañemos: en el retail el empleador, en vez de precarizar el empleo contratando a personas solo en las horas peak, puede contratar a dos personas. ¡Ya lo están haciendo: ya están precarizando el empleo en el retail!
Entonces, lo que logramos en este debate es que se establezca, como principio, que la jornada será continua, y que excepcionalmente, y solo excepcionalmente, se podrá abrir. Porque efectuamos una segunda innovación: la malla de estudios, la malla de cursos lectivos será parte del contrato. Por lo tanto, lo único que podrá justificar la discontinuidad de la jornada de un día es que el trabajador tenga clases en determinado horario y este sea concordante con ese espacio de tiempo.
El actual texto, señor Presidente, gracias al debate registrado en la Comisión del Senado, ha logrado construir un consenso y mejorar un mal proyecto. Y yo quiero agradecerles al Ministro Monckeberg, que no está hoy con nosotros, y a la Cartera a su cargo por haber estado dispuestos a abrirse a esta otra mirada. Porque hay otra mirada: el título del proyecto va a cambiar con la votación de esta tarde.
Termino, señor Presidente, sumándome a la reflexión acerca de la importancia de repensar las jornadas de trabajo. La robotización, el siglo XXI nos van a cambiar el modelo y la forma como se trabaja en el país. Y tenemos que abrirnos a ese debate, abrirnos en serio y sin precarizar el empleo, sino garantizando la seguridad de nuestros trabajadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- Acabó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto más para que finalice su intervención.
El señor LETELIER.- Termino enseguida, señor Presidente.
Quiero decir que en este proyecto hemos logrado un buen equilibrio, que en una parte considera la necesidad de los estudiantes y la garantía de sus derechos. Para mí, eso es lo más importante. Habrá miles de estudiantes que ahora podrán trabajar sin perder la gratuidad. Y eso es fundamental para la movilidad social, para la meritocracia, para el tipo de sociedad que queremos en el siglo XXI. Además, dicho equilibrio contempla algo muy importante para el debate laboral y para el mercado del trabajo que viene: la posibilidad de generar adaptaciones con protección. Es en esto en lo que tenemos que comenzar a pensar de aquí en adelante: cómo nos adaptamos a la realidad, que está cambiando, dando garantías y protección a los trabajadores.
Aquí tenemos una ley para estudiantes que trabajan, estudiantes que mañana constituirán un aporte para el país.
El señor QUINTANA (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora Luz Ebensperger,
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, no estoy de acuerdo con los colegas que han indicado que este era un mal proyecto. Pienso que era un buen proyecto, en el cual teníamos diferencias, pero que posee el gran mérito de haber planteado una necesidad que es evidente en nuestro país: cómo los estudiantes, priorizando sus estudios, pueden ejercer también un trabajo y hacerlo, a partir de la aprobación de esta ley, formalmente y no de manera escondida.
Creo que esto era necesario, porque hay muchos estudiantes que, a pesar de tener gratuidad o beneficios para estudiar, no cuentan con los recursos indispensables siquiera para mantenerse. La gran mayoría no estudia en las regiones de donde son originarios. Acá siempre existe una mirada centralista. Y, en mi opinión, ya es hora de que los temas dejen de resolverse desde Santiago, la capital del país.
Además, los estudiantes requieren trabajar para formarse experiencia. Hoy día, cuando un alumno se recibe, muchas veces le cuesta encontrar trabajo por falta de experiencia. Yo diría que, principalmente, eso ocurre en la Administración Pública. Casi siempre son los propios gobiernos, en forma transversal, incluidos quienes hemos ejercido cargos ejecutivos públicos, los que hacen grandes llamados a la empresa privada para la contratación de jóvenes e incluso para lograr la reinserción social. Y es la Administración Pública la que justamente pone los mayores escollos para ello.
Por lo tanto, un proyecto como este, que permite que los estudiantes, priorizando -vuelvo a decirlo- la parte académica, puedan además ejercer un trabajo, va por el camino correcto.
Al igual que el Senador Durana, creo que idealmente debiera haber sido hasta los 28 años, porque ese es el promedio. No es bueno, pero, en nuestra realidad, ese es el promedio de edad en que los estudiantes sacan sus carreras. Además, en el escenario laboral chileno, las tasas de desempleo juvenil se han mantenido cerca del 16 por ciento, es decir, el doble del promedio del desempleo a nivel nacional. Y si recurrimos o vemos algunas encuestas o consultas que se han realizado, como la del INE correspondiente al último trimestre del año 2013, comprobaremos que a un 53 por ciento de los estudiantes les gustaría trabajar si tuvieran flexibilidad laboral.
Al menos para mí, la discontinuidad de la jornada no es un gran problema. Por cierto, pueden producirse abusos, como los que pueden producirse en todo ámbito de cosas y en cualquier sector, pero no me parece correcto, como manera de legislar, partir de la mala fe de los empresarios, pues lo que debe priorizar esta discusión es lo que estamos tratando de resolver: precisamente, que los estudiantes puedan trabajar cuando tengan ventanas en sus horarios, cuando algunos días tengan que ir a dar una prueba y luego queden desocupados, en fin.
Creo, señor Presidente, que el proyecto no es todo lo ambicioso que debió ser, pero pienso que, como un primer paso, va bien encaminado.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, la verdad es que estoy gratamente impresionado por, a mi juicio, la magnífica labor realizada por la Comisión de Trabajo.
Este es un tema nuevo en la legislación chilena, y creo que el texto propuesto, fruto del trabajo en ese organismo, en conjunto con el Gobierno, me permite afirmar que se ha presentado un muy buen proyecto en un tema, además, difícil y complejo.
Nuestro Código del Trabajo tiene poco menos de cien años y, desde los tiempos en que se dictó, ha corrido mucha agua bajo los puentes de Chile. El país ha cambiado sustancialmente en al menos tres grandes aspectos.
Hoy día, a diferencia de lo que ocurría en los albores de dicho cuerpo legal, en el siglo XX, tenemos una economía en la que se ha impuesto el mercado y cuyo funcionamiento, en su inmensa mayoría, lo realiza el sector privado.
En segundo lugar, tenemos una matrícula de más de un millón de estudiantes que se han incorporado a la enseñanza superior, tanto universitaria como de los institutos profesionales y centros de formación técnico-profesional.
Y un tercer elemento, señor Presidente, es que hoy día la educación es pagada, al revés de lo que ocurría en el viejo Estado del siglo XX, en que era el Estado el que proveía gratuitamente la educación superior.
Actualmente, millones de familias en Chile se ven enfrentadas a una realidad adversa, difícil. Tal como ha sucedido en otras partes del mundo, la inmensa mayoría de los jóvenes busca trabajo con el objeto de ayudar a su familia a solventar los costos que significa estudiar en la universidad y ayudar al Estado a un financiamiento adecuado de la educación superior, con todos los costos que ello implica, en un mundo laboral, además, desafiante y cambiante.
Antiguamente, en el Código del Trabajo existía el llamado "contrato de aprendizaje", que respondía a otra lógica y a otra realidad económica.
Hoy día, en consecuencia, se busca dictar una normativa especial, dedicada a los estudiantes que deseen trabajar, la que, a mi juicio, este proyecto logra de una manera muy bien elaborada, con todos los resguardos para que un alumno pueda trabajar y, al mismo tiempo, no vea menoscabados los derechos que le asisten como estudiante universitario, en un entorno donde tiene muchas obligaciones y muchos derechos.
Pero además, señor Presidente, el proyecto contiene un elemento bastante notable, como es el hecho de que pasará a constituirse en una ley que será evaluada por el Consejo Superior Laboral, el cual verá en el tiempo cómo funciona efectivamente esta novedad para los estudiantes.
Me parece que en esta oportunidad se ha hecho un buen trabajo. Otras veces yo he sido crítico. El otro día fui crítico, en solitario, del pago de facturas a 30 días. Veamos qué nos depara el futuro en esa materia: si me da la razón a mí, solitariamente, o se la da a los Senadores que mayoritariamente aprobaron esa ley. Hoy, en cambio, quiero sumarme y decir que aquí se ha realizado una muy buena labor y, por lo tanto, felicito a la Comisión de Trabajo y al Gobierno por este logro alcanzado.
Por eso, voy a votar a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palaba el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, yo tengo dudas y me genera conflictos este proyecto, porque, si bien es cierto que reconozco el enorme esfuerzo que desplegó la Comisión de Trabajo por reducir las posibilidades de precarización con las cuales ingresó el texto original al Senado -y en eso valoro la labor efectuada por la Oposición en dicho organismo-, tengo una preocupación de fondo: la sospecha de que muchos empleadores se verán tentados a reemplazar fuerza de trabajo adulta por la utilización de jóvenes estudiantes a través de este estatuto laboral juvenil.
Si uno mira, por ejemplo, la información que aparece el día de hoy en la cual la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso expresa su preocupación por la cantidad de causas laborales judicializadas en la región (3 mil 600, descontando aquellas que tienen instancias de mediación previa en la Inspección del Trabajo), se da cuenta de que hay muchos empleadores -no quiero generalizar; no quiero decir que son todos, porque efectivamente hay buenos empleadores- que tienden a maltratar a los trabajadores, a precarizar el trabajo y que perfectamente, utilizando este estatuto laboral juvenil, podrían precarizarlo aún más reemplazando gradualmente la fuerza de trabajo adulta.
Es una preocupación de fondo porque, de alguna manera, este proyecto tiene, en mi opinión, un diseño que permite ir avanzando hacia más flexibilidad y más precarización utilizando a los jóvenes estudiantes.
Valoro las mejoras que se lograron durante la tramitación del proyecto, como que las rentas o ingresos familiares de los estudiantes trabajadores no sean motivo para excluirlos de diferentes beneficios sociales, o de sistemas de asignación familiar en el caso de hijos de trabajadores, así como la obligación del Consejo Superior Laboral de revisar el efecto de esta legislación, pero me preocupa la cuestión de fondo: que muchos empleadores con poca conciencia por los derechos de los trabajadores -en un país donde los derechos colectivos de los trabajadores están más bien desprotegidos y donde existen bajas tasas de sindicalización y de cobertura en la negociación colectiva- aprovechen un estatuto laboral juvenil que más bien tiende a avanzar hacia la precarización que ir en un sentido distinto.
Por ese motivo, reconociendo -insisto- el trabajo realizado por la Comisión y los parlamentarios de Oposición para mejorar un texto que originalmente era, a mi juicio, muy negativo, prefiero abstenerme en esta oportunidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto habla de cómo hay que hacer las cosas: dialogando y, finalmente, logrando los acuerdos y los consensos necesarios respecto de una materia que nos parece de la mayor importancia.
Recuerdo las oposiciones y las posiciones iniciales. Y en la Comisión de Trabajo se consiguió alcanzar acuerdos.
Primero, el Gobierno acogió las modificaciones solicitadas por la ex Nueva Mayoría, que se incorporaron al proyecto, y, luego, por supuesto, la Oposición acogió los planteamientos del Ejecutivo.
¿De qué se trata el proyecto? Como se ha señalado, en su texto se establece una jornada especial dentro de las jornadas parciales, con un máximo de 30 horas semanales ordinarias de trabajo a disposición del estudiante, a fin de que tenga posibilidades de trabajar y combinar esto con sus estudios.
Y eso es muy importante porque se hace cargo efectivamente de la gran cantidad de estudiantes que trabajan de manera informal sin protección alguna frente a un accidente del trabajo o de trayecto, o más bien, en condiciones de absoluta precariedad laboral.
Por eso, yo diría que la iniciativa aborda un tema que está sobre la mesa, y su diagnóstico: la alta cesantía juvenil.
Y en ese contexto, este proyecto de ley establece que el estudiante podrá acordar que la distribución de la jornada sea compatible con su malla curricular de horas académicas, la cual debe adjuntarse al contrato de trabajo. Y si no es así, el empleador incurre en una infracción.
El estudiante, por el hecho de trabajar, no pierde los beneficios asociados a su calidad de estudiante, como becas, gratuidad, transporte, alimentación y otros, que era uno de los elementos que lo mantenían justamente en la informalidad. Porque, en definitiva, establecer un ingreso adicional hacía incrementar el ingreso de la familia, con lo cual podría perder algunos de los beneficios estudiantiles.
Por tanto, mediante este proyecto de ley se precave aquello.
Asimismo, el estudiante puede elegir imponer para salud, como cualquier trabajador, pero alternativamente puede cotizar su 7 por ciento en el plan de salud del que es carga -en su caso-, lo cual implica mantener todas las prestaciones de medicina curativa y tener derecho a acceder al subsidio por incapacidad temporal.
Además, puede elegir suspender su contrato de trabajo hasta el período de vacaciones académicas, continuar trabajando, o incluso hacerlo en una jornada completa ordinaria (45 horas) y retornar al régimen anterior apenas se inicien las clases nuevamente.
El estudiante queda protegido, como todo trabajador, contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; adquiere un seguro de invalidez y sobrevivencia, y el derecho a licencias médicas.
Finalmente, el trabajador es titular de todos y cada uno de los derechos que establece el Código del Trabajo en materia de derechos individuales y colectivos.
Lo que estamos haciendo en virtud de esta aprobación es hacernos cargo de un tema del cual tanto se ha hablado, en que se realizaron esfuerzos en términos de establecer incentivos para la contratación de jóvenes, sin que, hasta ahora, se hubiera contemplado efectivamente un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en educación superior. Y esto es un avance significativo.
Quiero relacionar la presente iniciativa con otra que aprobamos en general en la Comisión Especial del Adulto Mayor, que dice relación con un contrato especial de trabajo para el adulto mayor.
Ese proyecto va a venir a la Sala. El Gobierno se ha comprometido a fijarle urgencia, a presentar las indicaciones pertinentes. Y los miembros de esa Comisión nos hemos comprometido, además, a que pase a la de Trabajo, justamente para que tengamos una misma lógica de acuerdo que nos permita evitar, también respecto de las personas mayores (tenemos cerca de 600 mil personas mayores que trabajan en la informalidad), que se pierda el aporte solidario previsional. Lo anterior hará posible garantizar, por parte del Ministerio del Trabajo, que ellos no dejen de percibir ese beneficio.
Por tanto, yo diría que, primero, a través de la generación de este estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior, estamos generando un ícono relevante respecto a la contratación; pero, posteriormente, también haremos un esfuerzo para asegurarles a las 600 mil personas mayores que hoy día están en una condición de informalidad que no pierdan sus derechos previsionales.
Así se construye Chile: con acuerdos, con diálogos, y, en definitiva, aprobando una legislación que va por un buen camino.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador señor Galilea, le ofrezco la palabra.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, frente al diagnóstico conocido de que el desempleo juvenil es casi el doble que la tasa de los grupos etarios de nuestra masa laboral, se han hecho varios esfuerzos: se creó el contrato de aprendizaje; se estableció la posibilidad del contrato a jornada parcial; también se incorporó el que pudieran trabajar alumnos en práctica.
La verdad de las cosas es que todos esos esfuerzos fueron bien intencionados, pero ninguno ha sido capaz de doblegar la cesantía que azota a los grupos más jóvenes de nuestra masa laboral.
Por eso, este empeño del Gobierno resulta extremadamente bienvenido.
Yo quiero decir, al igual que lo señaló la Senadora Ebensperger, que el proyecto original del Gobierno por supuesto que podía no ser del gusto de todos, pero era bueno.
La labor de la Comisión de Trabajo del Senado fue correcta, sobre todo considerando que fue capaz de llegar a un total consenso en las disposiciones de la nueva normativa.
Eso sí, el que se haya acotado la edad a los 24 años me parece un poquito excesivo por lo bajo (creo que debió haber llegado al menos a los 26 años).
También se concordó que el contrato de trabajo llevara incorporado el plan de estudios, para efectos de ver cómo se realiza la interrupción de la jornada laboral.
Por otro lado, quiero manifestar, eso sí, que existe la extraña impresión de que la continuidad de la jornada laboral es una gran conquista o un derecho laboral muy importante, como si la partición de la jornada fuera buena o querida por el empleador. Y debo decir que esto no es así. No hay nada más perturbador para un empleador que tener jornadas laborales solo parciales o interrumpidas. Eso hace imposible el buen funcionamiento de una empresa, cualquiera que sea su rubro.
Pero acá se llegó al acuerdo de que la jornada laboral pudiera tener como máximo una sola interrupción. Y si ese es el parecer de la Comisión, bienvenido sea. Yo en eso hubiera sido un poco más generoso, permitiendo al menos hasta dos interrupciones.
Asimismo, el receso vacacional pactado; la jornada máxima de 30 horas; el permiso para ir a dar pruebas, en fin, me parecen todas medidas razonables, en general, para que los alumnos tengan la posibilidad de trabajar mientras estudian.
Y siempre es importante reiterar que lo anterior les permite trabajar, dejándoles tiempo para su labor principal, que es estudiar.
Debo decir, eso sí, que tengo mis dudas respecto de que esto vaya a generar el impacto que todos deseamos. Ello, porque debemos enfrentar -algún día tendremos que hacerlo- el mayor costo proporcional de las jornadas parciales.
Quizás lo ideal hubiera sido ir a una jornada por horas.
Existe un proyecto, que presentó el Senador Allamand hace algún tiempo, que establece aquella alternativa, que se usa en muchos países. En tal sentido, recuerdo que el Senador Letelier me comentaba que él trabajaba por horas en Estados Unidos, y esto perfectamente se pudo haber aplicado acá, con una hora mejor pagada. Así, el Senador Allamand proponía en su proyecto que este sistema se pagara con el doble del sueldo mínimo llevado a horas dentro de la jornada ordinaria de trabajo.
Repito: quizás eso hubiese sido mejor.
Como decía, acá las jornadas de trabajo parcial son más caras que las continuas. Y, en el fondo -¡bien en el fondo!-, eso hace que todos nuestros empeños en esta materia tengan efectos muchas veces menores a los esperados.
Ojalá podamos avanzar en conceptos como el de la jornada por horas, porque creo que eso podría solucionar de manera bastante más inteligente la falta de equivalencia en los costos laborales entre las jornadas normales de trabajo y este tipo de jornadas parciales o para estudiantes.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, este proyecto, como se ha dicho aquí, es antiguo: viene desde el año 2013. El Gobierno actual retomó una iniciativa del primer ejercicio del Presidente Piñera, que tenía un carácter claramente precarizador. La verdad es que no causaba ningún entusiasmo. Y tal como estaba originalmente, es probable que yo por lo menos lo hubiera votado en contra.
Ahí se creaba un contrato especial, que podía ser a plazo indefinido, sin límite de renovación; los empleadores no requerían autorización judicial para el despido; ni siquiera había fuero maternal; se daba un plazo de seis meses para acreditar la calidad de estudiante, incluso podía no acreditarse, no parecía tan obvio cómo se podía hacer esto; la jornada de trabajo, los turnos, se fijaban semana a semana, y por lo tanto era difícil compatibilizar estudio con trabajo; se vulneraba la norma general de la jornada máxima de diez horas, más dos horas extraordinarias, con lo cual era muy posible que estos estudiantes se vieran obligados a trabajar hasta dos horas adicionales sin que les pagaran horas extraordinarias; no tenían seguro de cesantía.
El proyecto que estamos aprobando es casi completamente distinto. No es del todo satisfactorio, pero ya no es un estatuto especial para un estudiante entre 18 y 24 años; hay que acreditar la calidad de tal al momento de firmar el contrato, no en un plazo de seis meses; la jornada ordinaria diaria es continua, se puede pactar una interrupción diaria que en ningún caso afecte la colación; entre el inicio y el término de la jornada no pueden transcurrir más de doce horas, sumado a los períodos trabajados; el accidente de trayecto entre domicilio y trabajo también queda resguardado; el estudiante trabajador tiene un permiso sin goce de remuneración para rendir sus exámenes, e incluso puede suspender su contrato cuando le corresponden vacaciones académicas, o mantener el servicio si así lo requiere.
Por lo tanto, como dijo acá un orador que me precedió, el Senador Letelier, esto ya parece un contrato para estudiantes y no el uso abusivo de alumnos para ser contratados en condiciones bastante precarias.
Ese es un cambio fundamental. Y nosotros estamos muy orgullosos de contribuir a él, más aún cuando se garantizan un conjunto de prestaciones de salud y la posibilidad de tener un sistema de cotización. Además, bajo las normas establecidas en el artículo 40 bis C del Código del Trabajo, los estudiantes reciben remuneraciones y mantienen su calidad de causantes de asignación familiar.
Finalmente, no voy a hablar de manera más extensa sobre esto, pues ya se ha hablado bastante, pero quiero decir que este es un contrato distinto -lo ha dicho la Senadora Goic mejor que yo-, y es una muestra de una Oposición que es capaz (como lo fue con algún otro proyecto, que se celebró bastante) de hacer un proyecto completamente nuevo, sin perjuicio de que el Ejecutivo podrá pedir que se le dé el crédito por haberlo presentado y por conseguir que se aprobara este contrato de trabajo.
Sin embargo, la verdad es que este nuevo estatuto laboral es una obra de la Oposición, y no es necesario discutir ese tema.
Me alegro mucho de que el Gobierno y el señor Ministro hayan tenido flexibilidad para analizar este asunto.
Voy a votar favorablemente con mucho gusto esta iniciativa, y espero que en futuras legislaciones podamos mejorar incluso más este sistema que favorece a los jóvenes estudiantes chilenos.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero partir por celebrar y felicitar a todos los que han participado en este proyecto de ley. Debo reconocer, porque siempre es bueno decirlo y hacer reconocimientos, que yo no pude avanzar como Ministra del Trabajo en esta normativa, pese a que juntamos a todos los sectores para intentar crear una figura especial en el caso de nuestros jóvenes.
Hay cosas que me preocupan. Lo he estado conversando durante la sesión con el Ministro del Trabajo subrogante y su equipo asesor, y las voy a plantear, pero al final.
Primero, coincido con el Senador Galilea, que representa a nuestra Región del Maule, en orden a que también me hubiese gustado ver más flexibilidad, que se recogiera la posibilidad de adecuar las jornadas a las cargas académicas. Y siento que lo aprobado en este punto puede ser incluso muy rígido.
Segundo, entendiendo el trasfondo respecto de que este tipo de relaciones laborales pueda reemplazar a otro tipo de relación laboral, no comprendo que no se haya recogido la recomendación y la opinión de la OIT en torno a que el concepto de "estudiante trabajador" abarque el rango etario entre 18 y 28 años de edad, y que este se haya rebajado hasta 24.
Entiendo el concepto que hay detrás, pero cuando uno ve la realidad y las edades de nuestros jóvenes estudiantes hoy día, observa claramente que estas han cambiado en cuanto a lo que eran en la antigüedad: existen bastantes jóvenes que estudian, que además son padres y madres de familia, quienes obviamente requerirían un espacio en este tipo de iniciativas.
Y, tercero, me voy a la preocupación de lo que dice relación con la nueva figura señalada en la letra g) del comparado:
"Los estudiantes trabajadores que sean beneficiarios del régimen de prestaciones de salud conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 136 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud", podrán optar por dos tipos de fórmulas (obviamente, esto es importante).
(i) Adquirir la calidad de cotizantes del régimen de prestaciones de salud o (ii) mantener la calidad de beneficiario.
Ello me preocupa porque no hay mención expresa a lo que ocurre con el subsidio de incapacidad laboral de nuestro ordenamiento jurídico.
Obviamente, señor Presidente, por su intermedio, me encantaría poder oír al Ministro del Trabajo subrogante en esta sesión; sé que estamos en votación. Pero él me ha dicho que hay dictamen expreso, del año 2014, en orden a que existe este beneficio. El problema es que los dictámenes no tienen la misma fuerza que la ley.
¿Y qué deberíamos haber hecho? Lamentablemente, ya se está votando, si no hubiese pedido segunda discusión para incorporar expresamente en el literal (ii) el derecho a este tipo de beneficios a fin de no dejarlo sujeto a dictámenes.
¿Qué me dice el Ministro? "Sí, pero para los dependientes también hay dictamen expreso". Sin embargo, sigue siendo un dictamen. Y creo que nosotros debemos tender a contar con una legislación positiva, que sea tan clara en este tipo de consideraciones como lo es este proyecto respecto a la ley N° 16.744, de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se consigna expresamente.
Pienso que eso dejaría cerrado este punto, no abierto a interpretaciones distintas en el mañana, porque obviamente hoy día una persona puede ser una carga médica de una isapre y cotizante de Fonasa, pero no al revés.
Por lo tanto, este tipo de situaciones debieran haber quedado mucho más claras. Yo lo echo de menos, probablemente por mi experiencia en este ámbito, y al menos pido que, al término de la votación, quede consignado expresamente en la historia de la ley que nuestros estudiantes no van a quedar sujetos al riesgo de una interpretación distinta.
Ahora, si lo hubiéramos podido agregar en la ley en proyecto y en aquel literal, hubiese sido, obviamente, óptimo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier para un asunto reglamentario.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido que recabe la autorización de la Sala para que, antes del término de la votación, el Ministro del Trabajo subrogante pueda plantear algo que nos manifestó en la Comisión, que creo muy importante que quede en la historia de la ley. Entiendo que él tiene toda la voluntad para despejar este punto, que es de la esencia de los derechos sociales para los estudiantes que sean trabajadores.
Solicito que el Ministro subrogante clarifique este punto, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que el señor Ministro subrogante pueda intervenir?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro subrogante.
El señor ARAB (Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante).- Señor Presidente, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los parlamentarios.
Antes de responder la consulta y la inquietud de la Senadora Rincón, quiero aprovechar muy brevemente de agradecer el debate que se dio al interior de la Comisión de Trabajo respecto a este proyecto.
Esta iniciativa, como bien se ha señalado, fue aprobada por la unanimidad de sus miembros. Y eso es producto (como lo decían el Senador Letelier, la Senadora Goic, la Senadora Muñoz, el Senador Allamand y el Senador Durana, integrantes de la Comisión) del trabajo y del esfuerzo que se hizo por llegar a ciertos consensos.
La iniciativa original se mejoró. Creo que hoy día tenemos un mejor proyecto, el cual fue construido sobre la base de los aportes de todos: de los parlamentarios oficialistas; de los parlamentarios de Oposición, y del Gobierno mismo, pues mostramos, obviamente, disposición a avanzar.
En seguida, quiero despejar un par de dudas.
Efectivamente, este proyecto tiene varios focos. El principal -ya se ha señalado; el Senador Quinteros lo mencionó- tiene que ver con mejorar la informalidad laboral de los jóvenes, que hoy día alcanza a alrededor del 40 por ciento. Pero además de ello, esta iniciativa les permite conciliar de mejor manera trabajo y estudio.
Quedó clarísimo en la normativa propuesta que la posibilidad de interrumpir la jornada de manera excepcional y por una sola vez se hará efectiva en la medida en que ello sea concordante con el horario académico lectivo que tenga el joven estudiante, lo cual deberá justificarse en un anexo al contrato de trabajo respectivo.
Asimismo, se señala de manera expresa -y los Senadores señora Muñoz y señor Allamand así lo plantearon- que el joven estudiante no va a perder beneficios, pues le será factible seguir siendo carga. En tal sentido, se establece la figura del "beneficiario con aporte", a la cual me voy a referir, pues forma parte de lo que consultó la Senadora Rincón.
Tampoco va a perder las becas, los créditos universitarios, en fin.
Por lo tanto, se trata de un proyecto que se hace cargo de las preocupaciones de los jóvenes.
Ahora, señor Presidente, quiero mencionar lo siguiente.
Algunos de los Senadores que se manifestaron en contra de esta iniciativa dijeron que ella podía generar un efecto de reemplazo en los jóvenes.
En esto quiero ser bastante categórico: la OIT tanto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados cuanto en la Comisión de Trabajo del Senado, donde vino y expuso en favor del proyecto, fue explícita al señalar que este, en los términos actuales, no presenta riesgos de producir el efecto de reemplazo.
En cuanto a la consulta de la Senadora Rincón, cabe señalar que se trata de algo que discutimos en la Comisión. Se pidió oficiar a la Superintendencia de Salud preguntándole por la condición de carga o de beneficiario con aporte. Y dicho organismo nos respondió.
Sin embargo, a mayor abundamiento, a propósito de lo que hemos estado discutiendo aquí mientras se lleva a cabo la votación, existe hoy día una reglamentación específica que señala de modo expreso que la calidad de beneficiario con aporte implica tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
Señor Presidente, el Superintendente de Salud me acaba de mandar, por WhatsApp, diversas resoluciones. Pero yo al menos me permito citar dos que tuvimos oportunidad de revisar recién.
En primer lugar, el dictamen 57939 de la Suseso, del año 2014, el cual señala expresamente que a los trabajadores determinados como beneficiarios con aporte se les garantizará el derecho a presentar licencias médicas y a percibir subsidios por incapacidad temporal al igual que sucede con cualquier otro trabajador.
En seguida, hay una resolución reciente de la Superintendencia de Salud -existen varias más-, contenida en la circular N° 327, del 14 de mayo de 2019, que indica exactamente lo mismo.
Esta discusión, señor Presidente, se dio a propósito de la ley que incorpora a los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, donde también se produjo esta divergencia. Y específicamente se revisó y estableció que hoy existen la jurisprudencia y la reglamentación administrativas que dan garantías de tal derecho.
Es más, son distintos los cuerpos legales en que señalamos que a través de ciertos reglamentos, producto de la potestad reglamentaria, se van a determinar las condiciones para garantizar ciertos derechos.
Efectivamente, en este caso -y lo discutimos en la Comisión de Trabajo- creemos que, con la redacción que se le dio a la norma pertinente, donde de manera expresa -lo señaló el Senador Letelier- se establece la alternativa para que un joven estudiante pueda optar entre cotizar como cualquier trabajador en un plan individual o incorporar su siete por ciento como beneficiario con aporte en el plan de salud familiar, no se va a perder ningún beneficio.
Nos parece que la reglamentación existente en la materia es bastante clara.
Compartimos y podemos entender la preocupación de la Senadora Rincón. Sin embargo, pensamos que hoy día la reglamentación que tenemos no deja lugar a dudas sobre el particular.
Lo señaló el Senador Letelier y va a quedar en la historia fidedigna de la ley, tal como ocurrió cuando se discutió este asunto en la Comisión de Trabajo: el espíritu es que ese joven estudiante tenga acceso a todos los beneficios, incluidos la licencia médica y el subsidio por incapacidad temporal.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Su aclaración, señor Ministro, va a quedar consignada en la historia de la ley.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, considero que ha sido una buena puntualización.
Recuerdo que cuando se discutió el proyecto que dio origen a la ley que incorpora a los trabajadores independientes a los regímenes de protección social se planteó también parte de esta duda, que tiene que ver con la naturaleza de la cotización. De modo que pienso que aquello ayuda a que esta materia quede establecida de buena manera.
En seguida, deseo hacer un breve comentario acerca de esta iniciativa, porque concuerdo con el Senador Huenchumilla -estoy concordando mucho con Su Señoría, ese es el único problema; además, desde que volvió al buen uso de la corbata, ¡encuentro que ha sido relevante la manera en que se han clarificado sus pensamientos...!- en cuanto a la naturaleza de este asunto.
Desde mi perspectiva, es bien histórico esto de ponerse al día en cuanto a un tipo de legislación que fue concebida en otra época. Y no es que haya sido buena o mala. Probablemente, era lo que se requería en aquel momento. Efectivamente, me tocó estudiar el contrato de aprendizaje, cuestión que hoy día uno podría mirar con bastante extrañeza en lo que respecta a su espíritu original. Quizás se pudo haber adelantado con relación a otro tipo de materias.
Entonces, considero parte fundamental de un Parlamento, de un gobierno el estar al día y poder, más que anticipar, convivir con realidades que se van dando en la sociedad a fin de darles una línea virtuosa.
A mí, para ser franco -y concuerdo en esto con algunos Senadores-, el proyecto original me parecía que estaba bien. No tengo una visión negativa de él, pues creo que apuntaba de buena manera a un estatuto especial que de algún modo habrá que dimensionar. En tal sentido, puede quedar tarea pendiente. Pero, en todo caso, estimo adecuada la iniciativa que se despachó.
Al final, al leer su texto y hablar con los miembros de la Comisión uno se da cuenta de que se logró un acuerdo bien valioso. Porque estas materias también deben ser validadas por votaciones amplias. Este es el tipo de proyectos en que siempre he sostenido que es complejo ganarlos por uno o dos votos. Esto ha de ser fruto de acuerdos.
Entiendo, al igual que las bancadas de enfrente, esa realidad. A mi juicio, se trata de una buena forma de legislar.
Entonces, con el mismo espíritu que me anima a decir a veces que no veo que eso se dé respecto de ciertos asuntos debo señalar que sí lo aprecio cuando ello ocurre. Porque de lo contrario, por no mencionarlo, se tiene por inexistente.
En mi concepto, lo más relevante es asumir que hoy día existe una realidad: que muchos jóvenes estudiantes necesitan o quieren trabajar.
Eso en nuestra sociedad, bajo la normativa actual, es virtualmente imposible, a menos que se sacrifique parte muy importante de los estudios o que se llegue a la informalización laboral, como lamentablemente hemos visto que ha ocurrido en algunos casos, cuestión indeseable y que la legislación debería procurar evitar. Porque aquella no solo daña -entre comillas- a la economía, sino también a los propios trabajadores.
Ese es el origen, el pecado original de las lagunas previsionales (o de cualquier tipo), que tanto perjuicio le causan a la sociedad. De manera que me parece superimportante que se abra la opción para que un joven pueda estudiar y trabajar, no con la lógica de quien labora en una jornada continua, sino con la que hoy se usa en el mundo.
A varios nos ha tocado ver experiencias extranjeras, donde constatamos que se trata de una realidad mucho más desarrollada, no solo limitada al mundo de los jóvenes. Pero, obviamente, dentro de Latinoamérica es un avance muy significativo el permitir tener jornadas flexibles. Pueden ser de una a treinta horas a la semana. La limitante es que no deben mediar más de diez horas entre el inicio y el término de la jornada diaria, la cual es factible dividir. Por ejemplo, dos horas en la mañana y dos en la tarde.
Esa es una realidad cada vez más lógica y que hoy día la legislación impide que se lleve a efecto.
A ello le debemos sumar el hecho de que, por la vía propuesta, no se pierden beneficios importantes, de distinto orden. Quizás el más relevante es que el estudiante trabajador puede continuar siendo carga (en este caso, una carga cotizante; el Ministro subrogante nos explicó bien sobre el particular) y, por tanto, no deja de recibir beneficios, lo que de otra manera, con una remuneración que probablemente no sea muy alta, da lugar a un círculo perverso. Ello, porque en el poco rato que se trabaja al final lo que antes se percibía se puede perder por otra vía.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que este proyecto apunta en un sentido más que correcto. Creo que debe ser destacado, subrayado, porque es bueno llegar a este tipo de entendimiento y comprender también las modificaciones que el mundo laboral ha ido asumiendo.
Hoy día ha surgido cierto tipo de sociedad. Y, probablemente -no me extrañaría-, durante este año o el próximo se van a presentar muchas otras iniciativas de ley vinculadas al mundo laboral, relacionadas con el avance en robótica, con exigencias en materia de flexibilización, con jornadas parciales, con la mezcla de varios trabajos realizados por una persona y no como ha sido tradicionalmente, en que ella labora solo en una empresa.
Esa es una realidad que en algún momento habrá que afrontar.
Pero hasta ahora me parece bueno el proyecto que despachó la Comisión.
Me alegro del acuerdo a que se llegó. Creo que estamos dando vuelta el círculo perverso -por así decirlo- y vamos entrando al círculo virtuoso.
Eso, obviamente, hay que aplaudirlo y apoyarlo.
Voto favor.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, quiero partir valorando la labor realizada por los Senadores de Oposición en la Comisión de Trabajo, quienes han conseguido revertir un mal proyecto.
El Gobierno, en el primer trámite, logró imponer una iniciativa que buscaba generar un estatuto especial para los estudiantes trabajadores. Pero, después de un análisis efectuado en nuestra Corporación, los parlamentarios de Oposición estimaron que los derechos de los trabajadores quedaban mejor resguardados si la regulación no era un estatuto especial, cuestión que el Ejecutivo buscaba tramitar en el Parlamento, sino un tipo de jornada inserta dentro de las normas generales.
En tal sentido, también es valorable reconocer que al menos en este caso el Ministro del Trabajo tuvo la capacidad de dialogar, de escuchar y de acoger estos planteamientos. Por consiguiente, se accedió y se trasladó la normativa, mediante indicación, a la regulación de la jornada parcial, quedando de esta forma como un tipo de jornada especial en lugar del estatuto que pretendía establecer el Gobierno.
El proyecto inicialmente consideraba la posibilidad de combinar jornada académica con horas de trabajo a través de la distribución de la jornada laboral en diferentes horas del día, pudiendo interrumpirse esta para los efectos de cumplir horas de clases. Pero no se establecía un máximo de interrupciones, lo que algunos consideramos que era tierra fértil para que se generaran situaciones arbitrarias desde el punto de vista del empleador. Y, por lo tanto, se planteó que un número excesivo de interrupciones podía terminar perjudicando a los estudiantes, no permitiéndoles conciliar de buena forma trabajo y estudios como se deseaba con este proyecto.
Señor Presidente, creemos que hoy día, dado que ya no estamos hablando de un estatuto laboral juvenil -eso quedó en el pasado; no forma parte de esta discusión-, a partir de la unidad política de la Oposición se ha logrado encaminar un mal proyecto en una iniciativa que realmente beneficie a aquellos jóvenes estudiantes que buscan combinar sus estudios con el ingreso a una jornada laboral.
Se trata de una jornada especial dentro de las jornadas parciales, con un máximo de treinta horas semanales ordinarias de trabajo, a disposición del estudiante, cuyo objeto es que no pierda los beneficios asociados a esa calidad, como becas, gratuidad, transporte, alimentación y otros.
Asimismo, el estudiante podrá elegir cotizar para salud como cualquier trabajador; pero, alternativamente, le será factible cotizar su 7 por ciento para el plan de salud del que es carga, en su caso, lo cual implica que mantiene todas las prestaciones de medicina curativa y tiene derecho a acceder al subsidio por incapacidad temporal.
Sin embargo, la propia Senadora Rincón, con relación al decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2006, del Ministerio de Salud -y me alegra que estén en la Sala para esta discusión no solo el Ministro del Trabajo subrogante, sino también el titular de la Cartera de Salud-, planteó que lo establecido con respecto a esta nueva figura que se incorpora en el proyecto, denominada "cargas cotizantes", no existe en lo dispuesto en el artículo 149 del referido decreto con fuerza de ley, más allá de lo que ha señalado ahora el propio Ministro.
En consecuencia, consideramos necesario que se defina con total claridad cuáles son las respuestas frente al derecho que hoy día se le asigna a un estudiante que opta por la alternativa de las cargas cotizantes.
Uno de los temas que preocupaba a nuestra bancada era precisamente que quedaran resguardados todos los derechos de los estudiantes trabajadores, particularmente lo relacionado con las prestaciones de salud, en especial las relativas a coberturas en materia de accidentes del trabajo.
En nuestra opinión, aquello queda bien protegido en esta iniciativa. Sin embargo, en cuanto a la opción a través de las cargas cotizantes, no es lo que establece el artículo 149 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud.
Por lo tanto, acá se requiere, si el punto no se ha incorporado como esperamos en este proyecto de ley, reformular el citado artículo, de manera que no exista ninguna duda de que se tendrá derecho a todas las prestaciones que ahí se señalan. Ello, por el bien de los estudiantes de nuestro país.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo destacar que en lo esencial este proyecto, que creaba un estatuto laboral especial para los jóvenes, pasó a establecer en realidad una jornada especial, pero dentro de las jornadas parciales de trabajo. Por lo tanto, cumple con todas las condiciones que para esos efectos existen en nuestra institucionalidad.
Desde luego, se dispone que aquello se aplicará a jóvenes de entre 18 y 24 años que tengan la calidad de alumnos regulares, lo cual deberá estar acreditado mediante un certificado que deberá anexarse al contrato individual de trabajo y mantenerse en un registro especial que llevará el empleador.
Para los efectos de la jornada laboral, tratándose de estudiantes trabajadores, la jornada ordinaria diaria será continua; les será factible pactar solo una interrupción diaria, y entre el inicio y el término de la jornada no podrán transcurrir períodos de tiempo excesivos (más allá de 12 horas).
En cuanto a los permisos especiales, tendrán derecho a permisos para rendir sus obligaciones en el ámbito estudiantil.
En el caso de las vacaciones académicas, también se establecen algunas alternativas que deberán negociar con el empleador.
De otro lado, se generan mecanismos de seguridad social, como el derecho a ser cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo.
Asimismo, podrán efectuar cotizaciones de salud, adquiriendo la calidad de cotizante del régimen de prestaciones de salud, y mantener la calidad de beneficiario con aporte en la institución de salud previsional en que sean cargas.
También conservarán la calidad de causantes de asignación familiar.
Por último, las remuneraciones de los estudiantes trabajadores no se considerarán renta al objeto de determinar su condición socioeconómica para optar al Fondo Solidario, al crédito fiscal universitario, al crédito con garantía del Estado o al financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior; ni tampoco los perjudicarán para postular a cualquier otro sistema de crédito fiscal, subsidio, becas o beneficio estatal actual o futuro.
Por lo tanto, señor Presidente, se ha producido un cambio cualitativo con respecto al proyecto original, con el que yo no estaba de acuerdo y no lo iba a apoyar.
A mi juicio, esto ha evidenciado que, cuando hay voluntad política, el Parlamento está disponible para trabajar iniciativas de ley que representen el interés superior de los chilenos. Y la mejor demostración de ello es que hay acá un ambiente razonable y abierto.
Cuando las partes están disponibles a dialogar se pueden hacer grandes cosas. Por eso considero que al final salió un buen proyecto, que realmente beneficiará a los jóvenes que estudian.
--Se aprueban las enmiendas unánimes efectuadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social (33 votos a favor, 4 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde y Navarro.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde pronunciarse respecto de aquella enmienda en que no hubo unanimidad en la Comisión, pues se aprobó con el voto en contra del Senador señor Durana.
Se trata de la letra a) del artículo 40 bis E.
La señora PROVOSTE.- ¿Qué página, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Página 2 del comparado, señora Senadora.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Letra a).
Entonces, en votación la letra a) del artículo 40 bis E, contenido en el artículo 1 del proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se tocarán los timbres, pues varios señores Senadores se encuentran en las diversas Comisiones.
No sé si el Honorable señor Letelier, quien participó en el debate, quiere referirse a esta disposición, o le ofrezco la palabra al señor Ministro.
Señor Ministro, antes le voy a dar la palabra al Senador señor Durana por si quiere aclarar su voto disidente respecto de esta norma.
El señor DURANA.- Señor Presidente, solo quiero comentar que yo no estaba de acuerdo en limitar la edad a los 24 años. En promedio, los estudiantes en general terminan sus carreras universitarias y obtienen sus títulos profesionales, aproximadamente, a los 28 años. Esa fue la razón por la cual yo manifesté un voto disidente, porque el día en que ese joven profesional sobrepase los 24 años, aunque cumpla esa edad en marzo, no va a tener ninguna posibilidad de seguir. Y si optara por la jornada ordinaria, no va a tener los beneficios sociales, porque esa renta se le va a incrementar al grupo familiar y va a perder todos los beneficios que ha ganado en este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARAB (Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante).- Señor Presidente, en cuanto a la edad de corte de esta jornada especial parcial para los estudiantes, solo como historia de la discusión, hago presente que el proyecto original del Ejecutivo que ingresó a la Cámara de Diputados en 2018 planteaba 18 a 24 años.
En el debate en la Cámara Baja algunos parlamentarios propusieron, después de haber escuchado a asociaciones de estudiantes, que se elevara la edad a 28 años, lo que se hizo. Y así pasó el proyecto al Senado.
A raíz de las conversaciones que sostuvimos en la Comisión de Trabajo del Senado -y fue la posición del Ejecutivo-, nos parecía razonable lo que habían planteado algunos Senadores en el sentido de dejar el rango como estaba en el proyecto original, es decir, de 18 a 24 años. Esa es la posición del Gobierno en torno a esa norma, sin perjuicio, obviamente, de la votación de los señores Senadores.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
La señora ALLENDE.- No voy a hacer uso de la palabra, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el sentido de este proyecto es que a los jóvenes que tienen gratuidad, al trabajar, no se les modifique el Registro Social de Hogares. Ese es uno de los elementos determinantes.
Podremos, en otro momento, discutir -y quienes somos de la Oposición lo hemos planteado- la importancia de revisar el período de gratuidad, porque quizás fue muy estrecho en el proyecto de ley sobre la materia.
Cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, los datos -porque un Senador de las bancas de enfrente habla sin hacer ese punto de referencia- indican que la edad a la cual uno ingresa a la universidad, en más del 90 por ciento, es entre los 18 y 19 años. Y el período de gratuidad es de cuatro años.
Los 24 años establecidos en el proyecto de ley garantizan ese plazo. Podremos a futuro revisar si queremos que las personas tengan más tiempo de gratuidad en la educación superior, pero, por hoy, está limitado. Por ende, establecer los 24 años es concordante con ese objeto de la iniciativa.
Si las personas no estuvieran preocupadas de la gratuidad, se regirían por la norma general de la jornada parcial, no de la jornada especial parcial, porque no corresponde que a alguien que no esté estudiando, que no esté con la gratuidad lo obliguen a dividir la jornada. Ese no es el objeto de la ley en proyecto; es otro.
Señor Presidente, si mañana, en cinco años, se evalúa ampliar los años de gratuidad, me parece atendible lo que señala el Senador Durana. Pero en este caso no es coincidente con el objeto de la iniciativa.
Yo creo que eso es lo que tenemos que establecer.
¿La ley en proyecto es para los estudiantes que trabajan o para cualquier trabajador que quiera estudiar? Pero ahí nos vamos a otra discusión, que a mí me entretiene, en el sentido de que a cualquier trabajador que estudie le demos gratuidad y le permitamos lo que pasa en Argentina, donde a veces están diez, veinte años estudiando en la universidad. Pero entiendo que el Gobierno nos ha pedido que no entremos en esa discusión ahora, porque es de otra naturaleza.
Por ello, señor Presidente, en la Comisión volvimos a la propuesta original. Ello es coincidente con las políticas que queremos controlar sobre Registro Social de Hogares, que no se pierda el beneficio, e impide cualquier interpretación destinada a usar esta norma para hacer más precario el empleo.
Esto fue parte de la discusión y el acuerdo que se construyó en la Comisión, porque permitió un equilibrio adecuado entre todos nosotros para votarlo en forma unánime.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, solo deseo complementar lo que ya han señalado el Subsecretario -hoy día Ministro subrogante- y el Senador Letelier.
Aquí, efectivamente, hubo una modificación en la tramitación del proyecto respecto de la edad. Y junto con lo que ha planteado el Senador Letelier, nosotros quisimos adoptar como parte del acuerdo que permitió sacar adelante este proyecto que la norma fuera más protectora, más conservadora, entendiendo que estamos haciendo una modificación que, además, será evaluada anualmente.
Yo creo que nadie se cierra a revisar el tema de la edad. Pero ya hemos discutido latamente acá la trayectoria, la discusión que tuvo este proyecto.
Vale la pena explicitar el tema de la evaluación, que se la entregamos al Consejo Superior Laboral. Se establece que por lo menos durante los tres años primeros de vigencia de la ley tiene que evaluar su implementación anualmente con un informe. Además, consignamos en el texto el detalle de lo que debe contemplar dicho informe: el cumplimiento y fiscalización de la normativa, que fue algo muy relevante en la discusión; el efecto en los resultados académicos de los estudiantes trabajadores, y el impacto de este tipo de contratación en los jóvenes no estudiantes y en los trabajadores en general.
Me parece que estas son del tipo de legislaciones que pueden ir evolucionando.
Insisto: esto se ha planteado para los estudiantes que trabajan.
Quedó pendiente una discusión, probablemente, respecto de trabajadores que son estudiantes, que puede ser legítima igual, en cuanto a que puedan optar a beneficios, a que reciban facilidades. Pero entendemos que es un debate en sí que tenemos que dar, y no lo podíamos resolver dentro de este proyecto.
Y por eso sugerimos mayoritariamente como Comisión establecer hoy día hasta los 24 años, sin perjuicio de las evaluaciones -será tarea del Consejo Superior Laboral con el apoyo, por supuesto, de distintas instancias- que anualmente tendrán que presentarse al Congreso Nacional, a ambas Comisiones de Trabajo, en las que se consideran las observaciones y recomendaciones para la continuidad de la ley, en el sentido de que siga tal cual o con modificaciones que permitan perfeccionarla.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, yo he votado a favor el resto del proyecto, pero existe la posibilidad de pronunciarse en contra de este artículo.
Creo que existen muchos jóvenes que estudian hoy día pasados los 24 años, sea porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo más temprano; sea porque se dieron cuenta, después de ya estar en el mercado laboral, de que estudiar probablemente les permitirá una mejor remuneración con posterioridad. Hacen un esfuerzo grande por estudiar. Hay muchos jóvenes pasados de los 24 años que hacen ese esfuerzo.
Y si este es un proyecto, como se ha dicho acá varias veces -yo mismo lo señalé-, para estudiantes que necesitan trabajar, yo no veo razón para cortarlo a tan temprana edad.
Creo que en la práctica esto favorece o perjudica, según como se vote, a muchos jóvenes que quieren estudiar pero que, al mismo tiempo, necesitan sostenerse a través de un trabajo, aunque sea de menos horas. Entonces, yo no veo por qué no les vamos a dar esa oportunidad. Sinceramente, nunca entendí por qué se quería bajar de 28 a 24 años.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve.
Solo quiero señalar que aprobaré el rango de edad que nos propone la Comisión, no obstante que era partidaria de que se extendiera a los 28 años.
Asimismo, quiero puntualizar que no concuerdo con lo que señaló particularmente el Senador Letelier, pues yo entiendo que la ley en proyecto no solamente va a permitir que trabajen bajo esta modalidad aquellos estudiantes que sean beneficiarios de la gratuidad, sino también cualquier otro alumno que tenga calidad de tal.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, si nosotros votáramos en contra de la letra a), mediante la cual se establece que "Se entenderá para estos efectos como estudiante trabajador a toda persona que tenga entre 18 y 24 años de edad inclusive, que se encuentre cursando estudios regulares o en proceso de titulación...", etcétera, y hubiera mayoría para eliminarla, nos quedaríamos sin requisito de edad.
Creo que esa tampoco es la idea.
Entonces, eso a mí me induce a votar favorablemente la proposición, porque no podemos a esta altura de la discusión y de la tramitación del proyecto cambiar la cifra de 24 años por 28, tal como lo ha planteado el Senador Durana, aun cuando uno tiende a compartir su argumento.
Si votamos en contra de la letra a) -como digo-, lo que hacemos es dejar el proyecto sin ningún requisito de edad, lo cual, finalmente, me parece un despropósito.
Me gustaría cerciorarme -quizás alguien de la Comisión de Trabajo pueda ayudarnos- de que la interpretación que estoy haciendo es la correcta, en el caso de que elimináramos la letra a).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Es importante la respuesta, señor Presidente!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Así es, Su Señoría.
Está presente la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Senadora señora Muñoz.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por supuesto, señor Senador.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en términos prácticos, es tal como dice el Senador García, por la forma en que se hizo la indicación.
Creo que el mismo Secretario podría dar fe de las consecuencias de lo que plantea el Senador García. Es lo que corresponde. Para no quedarnos con la opinión de la Comisión, el Secretario puede rectificar cuál es la consecuencia de acoger la enmienda según el texto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias por la aclaración, señor Senador.
--Se aprueba la letra a) del artículo 40 bis E, contenido en el artículo 1 del proyecto (24 votos a favor, 2 en contra y una abstención), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Castro, Elizalde, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Durana e Insulza.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
Agradecemos al señor Ministro subrogante su concurrencia.
Boletín N° 12156-11
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.584 a fin de crear el derecho a la atención preferente, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.156-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán y Quinteros):
En primer trámite: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se da cuenta).
Salud: sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018.
Sesión 93ª, en 23 de enero de 2019 (se aprueba en general y en particular).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El proyecto inició su tramitación en el Senado. En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó cuatro enmiendas.
La primera consiste en intercalar en el inciso primero del artículo 5° bis la frase "en atención ambulatoria" respecto del derecho a atención preferente por prestadores de salud públicos o privados.
La segunda apunta a precisar en el inciso segundo que la atención preferente consiste en la adopción de las medidas que enumera, ello "sin perjuicio del criterio de gravedad de la enfermedad que siempre debe ser considerado".
La tercera suprime en el literal c) del número I del inciso segundo la medida referente a que la asignación prioritaria para la consulta final sea en el caso de urgencias, limitándola a las ambulatorias.
La cuarta elimina el literal a) del número II del inciso segundo -entrega de la receta médica-, si se tratare de solicitud de medicamentos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión las enmiendas de la Cámara de Diputados.
Para informar, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como indicó el señor Secretario, la Cámara de Diputados trató el proyecto que hoy vemos sobre derecho preferente en la atención de salud de adultos mayores y personas con discapacidad, y realizó algunos cambios.
Esta iniciativa tiene una relevancia muy significativa para nuestro sistema de salud, público y privado, porque reconoce un derecho que actualmente no está contemplado en la legislación y que, normalmente, depende de la voluntad de los funcionarios que atienden.
¡Qué indigno es, señor Presidente, cuando una persona discapacitada o un adulto mayor debe esperar horas y horas en hospitales, consultorios o centros de salud!
Para cualquiera persona lo es, pero los adultos mayores y los discapacitados tienen menos posibilidades de tolerar físicamente la espera y muchas veces optan por no concurrir a la consulta, con perjuicio a su propia salud.
Lamentablemente, la Cámara de Diputados ha realizado algunos cambios que relativizan este derecho.
Por eso, en esta ocasión llamo a rechazar las enmiendas introducidas por la Cámara Baja. ¿Para qué? Para que en una Comisión Mixta podamos solucionar estos problemas.
En primer término, no es posible coartar el derecho preferente solamente a la atención ambulatoria. Es cierto que este es el objetivo principal del proyecto, pero este cambio requeriría al menos una precisión.
En segundo lugar, tampoco estimo necesaria la modificación que realiza la Cámara de Diputados respecto del derecho preferente en la atención de urgencias.
Yo sé que existe un protocolo -esto lo conversamos en la Comisión de Salud con el señor Ministro-, pero nosotros pensamos que en la Comisión Mixta podemos llegar a un acuerdo, respetando lo que hoy día se hace con los enfermos más graves que llegan a un centro asistencial, que evidentemente van a tener la preferencia.
Otro cambio con el que no estoy de acuerdo dice relación con la eliminación del derecho preferente en la entrega de medicamentos.
¿Cómo no va a ser posible atender de manera preferente a un adulto mayor para la entrega de medicamentos?
En consecuencia, creo que el proyecto debiera ir a una Comisión Mixta, en la que -no tengo ninguna duda al respecto- podremos despachar rápidamente las diferencias, de manera de reconocer más ampliamente el derecho preferente de las personas adultas mayores y de aquellas que se encuentran en situación de discapacidad.
Se trata de más de cuatro millones de personas en todo Chile, las cuales, además, son usuarias frecuentes de los establecimientos de salud.
Por todas estas consideraciones, solicito a la Sala rechazar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados para que sean vistas en una Comisión Mixta.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, soy uno de los autores de la iniciativa, junto con el resto de los Senadores de la Comisión de Salud, entre ellos, la Senadora Carolina Goic y el Senador Rabindranath Quinteros.
Básicamente, lo que nosotros pedimos es tener la posibilidad de ponernos de acuerdo en una Comisión Mixta en lo que respecta a la relativización que ha habido de este derecho.
Los cinco autores de la iniciativa pedimos aquello.
En ese contexto, hubo un proyecto de ley que fue anunciado con bombos y platillos ayer en La Moneda por parte del Ministro Moreno, ¡que ni siquiera tuvo la generosidad de mencionar a los autores de la iniciativa...!
Por lo menos, queremos señalar claramente que los cinco autores del proyecto estamos de acuerdo en que esta situación puede ser corregida en una Comisión Mixta.
Por eso, esperamos que exista masa crítica para los efectos de votar en contra de estas modificaciones con el objeto de que vaya a la Comisión Mixta y, en definitiva, poder corregirlas.
Claramente, el tema del derecho preferente para la obtención de los medicamentos lo hemos conversado hasta el extremo con el Ministro de Salud. Y quiero señalar que él está disponible. Por lo demás, la Comisión Asesora Presidencial propuso que los medicamentos para las personas mayores lleguen a sus domicilios o puedan estar disponibles en sectores más cercanos a ellos, a fin de evitar el traslado de esas personas a los hospitales, donde deben hacer largas filas y esperar hasta ocho horas para poder obtener sus remedios.
Otro tema dice relación con que la atención preferente sea solo para la atención ambulatoria. Nos parece que eso debe ser, a lo menos, conversado.
Por tanto, tenemos una oportunidad en la Comisión Mixta. Queremos ver si hay masa crítica o no en esta Sala, porque claramente no es razonable que en definitiva los cinco autores terminemos votando en contra. Pero sí hacemos un llamado al Ministro -por su intermedio, señor Presidente- para ver la posibilidad de lograr una fórmula que nos permita corregir algunas de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el derecho a la salud es un derecho humano vital y del cual obviamente depende el desarrollo de muchos otros. Pero en Chile, si sacamos una fotografía de nuestra realidad, ¿a qué tenemos derecho? Supuestamente, al acceso. La Constitución establece la obligación del Estado de proteger "el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud".
Pero este derecho, tal como lo han señalado los autores de la iniciativa -y aprovecho de felicitarlos, pues la considero muy relevante, por sencilla que parezca-, debe ser reforzado con lo que podemos llamar una "atención preferente" para los adultos mayores y discapacitados, por las condiciones y evidentes necesidades especiales que tienen ellos.
Por eso, la moción plantea el derecho preferente a ser atendidos en los servicios de salud, ya que esto en realidad depende hoy de la decisión de los funcionarios, de su criterio, del establecimiento, sobre todo tratándose de la atención ambulatoria.
Quiero hacer un reconocimiento especial a los adultos mayores de la Región que represento: Valparaíso.
Según un estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades, nuestra Región es una de las que tienen mayor población adulta en el país, con un 17,9 por ciento. Y, como lo hemos dicho muchas veces, faltan políticas claras en la Región para este sector, que resguarden su integridad y bienestar.
Otro dato que podemos mencionar es que más de 19 mil de estos adultos mayores de la Región de Valparaíso viven en situación de dependencia o solos, lo cual los hace aún más vulnerables.
Estos temas son los que evidentemente tienen que coordinarse con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el que debiera informarnos al respecto. Y ojalá que se pudieran focalizar las políticas.
Pero no hay duda alguna de que los usuarios principales del sistema de salud son nuestros adultos mayores y los discapacitados. Por eso, la propuesta es importante.
Ahora bien, respecto a lo señalado por el Senador Rabindranath Quinteros, a mí también me parece mal que se haya eliminado el tema de las urgencias, entendiendo que existe un protocolo. Pero claramente no debiera haberse sacado. Menos aún, la entrega de receta médica, porque es un contrasentido que mientras se debe dar una atención preferente al adulto mayor, resulta que no lo estamos haciendo respecto a la receta médica, respecto al retiro de los medicamentos en la farmacia y, obviamente, respecto a la toma de exámenes o procedimientos más complejos. (A mi juicio, se debiera entregar un número para su hora y realización).
Por consiguiente, señor Presidente, me parece importante que aprobemos este proyecto solo cuando hayan sido corregidas las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados. Tal como está, creemos que no cumple con su objetivo inicial, por lo que no debiera ser aprobado.
Entonces, comparto que tendríamos que votar en contra, aunque parezca extraño, pero solo con el propósito de mejorar la iniciativa y lograr que no se transforme en letra muerta el objetivo de atender de manera preferente a nuestros adultos mayores y personas discapacitadas.
En tal sentido, anuncio que estoy dispuesta a votar en contra si eso significa enviar el proyecto a Comisión Mixta para mejorarlo.
Aprovecho de señalar dos cosas, señor Presidente, en el minuto que me queda.
Junto con saludar al Ministro de Salud presente en la Sala, quiero decirle que los miembros de la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género le enviamos un oficio que no ha sido contestado. Nos preocupa saber cómo están las condiciones, en cada región, para garantizar a las mujeres el derecho a optar por la interrupción del embarazo, por las tres causales aprobadas por ley. No tenemos un cabal conocimiento de qué grado de seguridad y certeza tienen para poder optar a ello.
Por eso, habíamos pedido que esa situación fuera desglosada región por región, para saber si efectivamente se está dando cumplimiento al mandato legal y en qué términos, porque creemos que es tremendamente importante. Ha sido muy difícil sacar esa legislación, que pone en una situación extrema a mujeres, en el caso de estas tres causales. Y creemos que tienen derecho, por cierto, a tener esa atención.
Ya que está presente el Ministro, aprovecho de hacerlo presente, sabiendo que es otro tema. Porque, desgraciadamente ese oficio no ha sido contestado, señor Presidente, y creemos que es muy relevante.
He explicado la importancia de otorgar una atención preferente a nuestros adultos mayores y discapacitados. Por eso, me ceñiré a lo señalado por el Senador Quinteros, como Presidente de la Comisión de Salud: no debiésemos votar el proyecto en los términos en que llegó de la Cámara, a fin de mejorarlo y evitar que se transforme en letra muerta. La idea es lograr que efectivamente nuestros adultos mayores tengan la mejor atención, con la dignidad que se merecen.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, soy médico; he trabajado en el sistema público de salud y, por lo tanto, conozco cómo funciona.
Acá hay dos tipos de atención: la atención de urgencia y la atención ambulatoria. No hay otra manera de ingresar al sistema de salud público.
Y particularmente el sistema de emergencia tiene que regirse por parámetros de emergencia. Él muchísimas veces colapsa porque la gente se dirige al recinto aquejada de problemas que no constituyen una emergencia: una bronquitis, una fiebre o distintas situaciones que podrían atenderse en los Cesfam. Sin embargo, tal vez por una razón más bien cultural, la gente prefiere ir a los centros de emergencia, los cuales muchas veces colapsan, produciéndose esperas que son indignas para los pacientes.
Ahora bien, cuando ello ocurre, los sistemas de emergencia tienen procedimientos de selección propios regidos justamente por la gravedad de la enfermedad, por los síntomas vitales de la persona, por el estado o la patología que presenta, y también por la edad. Evidentemente, una persona de 70 años de edad con fiebre alta está en una situación mucho más grave que un adulto joven con iguales síntomas.
Por lo tanto, el tema de la preferencia en la atención de urgencia está incorporado en el protocolo.
Yo solo quiero decir que quien introdujo estas indicaciones en la Cámara fue un Diputado de la Oposición, que es médico, que ha trabajado en la atención de urgencia y que entiende que generar este tipo de medidas puede -digamos- distorsionar el sistema que está funcionando hoy día.
Sin duda, hay que mejorar el sistema de emergencia. Porque ni un adulto mayor, ni un niño, ni un joven, ni un hombre, ni una mujer merecen estar esperando horas por una atención. Pero el que una persona, por ser adulto mayor, deba ingresar primero que una persona que a lo mejor tiene una patología con riesgo vital sin duda que también es un despropósito.
Actualmente, la edad está incorporada en el protocolo de acceso, porque las patologías...
Les pido a los Senadores de enfrente que me permitan terminar mi intervención.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Les solicito a Sus Señorías guardar silencio, para poder escuchar a la señora Senadora.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Las patologías de los adultos mayores ¡son más graves que en las personas jóvenes!
En consecuencia, está incorporada esa variable.
En segundo lugar, se habla de la entrega de medicamentos.
La verdad es que está en el proyecto de ley la entrega de número para el retiro de medicamentos de manera preferente.
Está también la atención preferente para sacar número y acceder a una receta. ¡Las recetas solo las pueden dar los médicos!
Por lo tanto, ese concepto también está contemplado en el proyecto de ley. La receta no la puede dar una enfermera. Tiene que entregarse a través de una atención médica. Y, si se trata de una receta permanente -por ejemplo, para un tratamiento hipertensivo-, está contemplada en el proyecto de ley la atención preferente para la entrega de medicamentos en el caso de enfermedades crónicas.
Finalmente, se dijo que no había atención preferente para los exámenes. Eso tampoco es así, porque en la última página del texto propuesto está expresamente señalado que si se tratare de toma de exámenes también habrá atención preferente para los adultos mayores.
Por lo tanto, me parece -y lo digo desde la experiencia- que las correcciones que hizo la Cámara van en el sentido correcto de asegurar la atención de todos, y especialmente de los adultos mayores, a fin de que no tengan que esperar para pedir hora, para ser atendidos en los consultorios, para retirar los medicamentos. Además, contemplan la edad como un factor dentro de los protocolos de atención de urgencia. Pero lo que no nos puede pasar es que se muera un paciente joven que estaba con riesgo vital porque por ley se generó la atención preferente para los adultos mayores.
En consecuencia, voy a aprobar las modificaciones que hizo la Cámara, porque en este caso me parecen pertinentes.
El señor CHAHUÁN.- Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, tal como ha señalado el Senador Rabindranath Quinteros, obviamente nosotros apoyamos la iniciativa, porque nos parece fundamental que se establezca esta forma de atención preferente y oportuna para los mayores de sesenta años.
Se trata de una norma de toda lógica y que considera la edad, al igual que la discapacidad, como factores relevantes al momento de prestarse estas atenciones.
No obstante, el ámbito de aplicación aprobado por la Cámara de Diputados reduce lo que había acogido el Senado originalmente -esa es la razón por la cual vamos a votar en contra-, limitándolo solo a la atención ambulatoria.
Entendemos que este carácter preferente debe aplicarse en otras hipótesis, independientemente de los criterios generales con los cuales tiene que aplicarse la atención. Porque hay excepciones, sin lugar a dudas, que dicen relación con la gravedad del paciente. Si llega alguien en una condición de urgencia, obviamente eso tiene un carácter preferente por sí mismo. Pero el hecho de reducir la atención preferente solo al ámbito ambulatorio no corresponde a la dignidad que merecen los adultos mayores.
Por tanto, si votamos en contra, esto va a ir a Comisión Mixta y ahí se podrá corregir el proyecto, sacando esa restricción que, a nuestro entender, atenta contra el derecho preferente de los adultos mayores.
El rechazar lo obrado por la Cámara tiene por objeto perfeccionar el proyecto. No compartimos el criterio de reducción en la aplicación de la ley establecido por esa Corporación, independientemente de que se tengan que considerar otro tipo de factores. La edad, o la discapacidad, no son los únicos elementos para tener en vista a los efectos de determinar el orden en el cual se otorgan estas prestaciones.
Lo que hizo la Cámara al reducir el ámbito de aplicación es atentatorio contra el derecho preferente que debe existir tanto para los adultos mayores como para aquellas personas en situación de discapacidad.
Por eso, vamos a votar en contra.
La señora GOIC.- Señor Presidente, la formación de una Comisión Mixta está considerada dentro del trámite legislativo justamente para resolver divergencias entre la Cámara y el Senado.
Creo que esa es la instancia que necesitamos acá, porque en la moción que presentamos nadie busca burlar o modificar los procedimientos de una urgencia. Obviamente, en caso de riesgo vital, sea un adulto mayor, sean niños, sea un hombre o una mujer, deben ir primero. Para eso hay un triage, un procedimiento.
Entonces, lo que queremos -y lo han planteado aquí los Senadores Chahuán y Quinteros, con quienes somos autores de la moción, junto con la Senadora Van Rysselberghe y el Senador Girardi- es llevar esto a Comisión Mixta y discutirlo con los Diputados. Porque mi impresión es que detrás tenemos el mismo objetivo. Pero existen diferencias en la forma en que se ha concretado.
Creo que incluso podemos avanzar un poco más, de manera de tener una ventanilla única para los adultos mayores, y no solo respecto de lo que estamos planteando. La idea es que en las consultas de salud se priorice la asignación de día y hora de la atención, la consulta final, la entrega de la receta y de un número para el retiro de los medicamentos; o, en el caso de la toma de exámenes o procedimientos médicos, que se priorice a los adultos mayores para la entrega de número, para la asignación de hora, etcétera.
Acabo de hablar con el Diputado Daniel Verdessi, a quien se ha mencionado acá para fundamentar la votación a favor y para no ir a Mixta, y me dice que le parece del todo razonable que discutamos esto en conjunto, los autores de la iniciativa y los Diputados, para lograr un mejor proyecto.
Es eso lo que estamos planteando.
Quiero dejar sentado con mucha claridad que lo que queremos es que un adulto mayor no tenga que esperar innecesariamente, que sea considerado en la atención de salud con prioridad y con preferencia, en razón de su edad, respecto de una persona más joven, sin vulnerar los procedimientos de urgencia que corresponden a una atención de salud.
Es ese el objetivo de esta moción y, dicho sea de paso, valoro que el Ejecutivo la haya priorizado, que le haya puesto urgencia, lo que nos permite tramitarla con celeridad.
Sin embargo, lo peor que nos podría pasar en un proyecto surgido transversalmente, suscrito por toda la Comisión de Salud del Senado, apoyado por el Ejecutivo, es que finalmente quedemos con la sensación de que nos faltó dialogar, de que nos faltó debatir, de que nos faltó mejorar su texto, que es lo que pretendemos hacer en la Comisión Mixta.
Eso estamos planteando algunos de los autores de la iniciativa al resto de los colegas aquí, en la Sala: rechazar las enmiendas de la Cámara para poder llevar el proyecto a Comisión Mixta, y no tengo ninguna duda de que vamos a terminar con un texto que será mucho mejor que el inicialmente propuesto y que el que viene de la Cámara de Diputados.
Reitero que he conversado recién, en buen ánimo, con mi querido camarada -no es colega: yo no tengo la suerte de ser médico- Daniel Verdessi, quien comparte absolutamente que podamos tener esa instancia de debate y que además actuemos con celeridad.
A mí me gustaría incluso que pudiéramos avanzar en temas que probablemente hoy día no necesitan ley. Lo hemos conversado en el caso de Punta Arenas. ¿Por qué un adulto mayor tiene que ir a pedir número para los medicamentos, hacer la fila y esperar horas? Quizá se van a reducir las horas con este proyecto, pero nosotros podemos avanzar en acercar los medicamentos, como parte de la atención de salud, a los adultos mayores, entregándoselos en sus casas, sobre todo tratándose de pacientes crónicos, a quienes les puede ser más difícil moverse. Y pienso en el invierno de Magallanes ahora: está el riesgo de una caída y lo que significa salir con el frío reinante.
¿Por qué no generamos un sistema que permita que los medicamentos lleguen a la casa del paciente? Estoy convencida de que incluso desde el punto de vista de los recursos que eso involucra, puede ser mucho más económico. E invitemos a los adultos mayores a salir de la casa no para hacer fila en el consultorio, no para esperar horas en el hospital para recibir un medicamento, sino para realizar actividades de esparcimiento, de compartir, de ejercitar la memoria y otras cosas que también reconozcan su valor como adulto mayor.
Me parece que en esas iniciativas podemos avanzar a la par con la generación de este derecho preferente de atención a los adultos mayores -insisto- en la entrega de medicamentos, en las consultas de salud, en la asignación de procedimientos.
Pero reitero mi petición -la compartimos con otro de los autores de la moción- para que nos acompañen rechazando lo que ha modificado la Cámara de Diputados, con el objetivo de poder sesionar en una Comisión Mixta para lograr finalmente un mejor proyecto, que ojalá aprobemos por unanimidad, demostrando el compromiso de esta Corporación, del Congreso Nacional, con nuestros adultos mayores.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de esta iniciativa, porque trata de algo muy pedido por los adultos mayores. En las reuniones que he sostenido con ellos muchas veces preguntan por qué no pueden tener derecho preferente a ser atendidos en los distintos servicios de salud.
Aquí se busca poner a nuestros adultos mayores en el centro de la preocupación de la política pública, permitiéndoles acceder a una atención de salud preferente de parte de los prestadores, sean estos públicos o privados.
Quizá uno podría decir que es un cambio pequeño. Pero puede ser muy relevante en la vida de un adulto mayor. Y quiero llevarlos al sur de Chile, donde muchas veces los adultos mayores deben viajar desde lejos para llegar a la ciudad donde serán atendidos, y en numerosas ocasiones con frío.
Por lo tanto, este proyecto les puede cambiar la vida a nuestros adultos mayores.
Cuando legislamos, muchas veces nos olvidamos de la realidad de abandono y soledad en la que ellos viven. Pero, en verdad, siempre debiéramos estar agradecidos y no olvidarlos.
En tal sentido, considero que esta iniciativa tiene una profunda virtud: contribuye a aliviarles las largas esperas que deben tolerar y aguantar en los consultorios, en las clínicas y en los hospitales a lo largo de nuestro país.
Creo que se ha puesto el foco en un lugar muy relevante. Es un cambio pequeño, pero que muestra mucha sensibilidad con lo que ocurre en la realidad. Es una manera de decirles a los adultos mayores: "Estamos preocupados por ustedes; los estamos priorizando".
Quizás debiéramos asumir este enfoque en muchas de las políticas públicas que discutimos en el Congreso en materia de salud, de vivienda y, tal vez, también en el ámbito del trabajo.
Este proyecto es una muestra de que, con cambios introducidos desde el Poder Legislativo, podemos mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
Señor Presidente, entiendo el planteamiento de ir a una Comisión Mixta, pero, al mismo tiempo, comparto los cambios incorporados por la Cámara de Diputados.
En primer lugar, en el artículo 5º bis, nuevo, se señala que la atención preferente es en la atención ambulatoria. Ello corresponde a una especificación, porque es a través de ese tipo de atención que los adultos mayores entran al sistema de salud. No existe otra forma.
Entonces, no sé a qué otros escenarios nos podríamos estar refiriendo -no fue "escenario" la palabra que empleó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, sino "hipótesis"-; no sé a qué otras hipótesis.
Y si habláramos de otras hipótesis, tendríamos también que dejar la libertad, por ejemplo, cuando se trate de una operación. En tal prestación, ¿no debiera priorizarse el caso más grave?
A mi juicio, los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados van en la dirección correcta.
En especial, creo que la modificación relativa a la urgencia es muy adecuada. Cuando hablamos de una atención de urgencia, debe primar, como indica su nombre, el caso más urgente.
Por lo anterior, pienso que las enmiendas que se hicieron en la Cámara Baja apuntan en la dirección correcta. Como buen segundo trámite constitucional, mejoró el proyecto que salió del Senado.
En ese sentido, voy a apoyar tales cambios.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me ha solicitado la palabra el señor Ministro de Salud.
También me han pedido la apertura de la votación.
El señor NAVARRO.- Que se abra, pero respetando los tiempos correspondientes.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por supuesto.
La señora ALLENDE.- Que hable el señor Ministro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento.
De los Honorables Senadores señor García-Huidobro, señoras Órdenes y Von Baer y señores Castro y Guillier, con la que inician un proyecto de ley que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas (boletín Nº 12.697-15).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor SANTELICES (Ministro de Salud).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar la preocupación de esta Corporación por las personas mayores.
Sin duda, esta es una materia que, de manera muy virtuosa, ha concentrado la agenda de nuestro país.
Los caminos e instrumentos legislativos que contribuyan a fortalecer la mirada que debemos tener en un país donde el envejecimiento activo y saludable debe ser el nuevo paradigma sobre el que construyamos nuestra sociedad son reconocidos por los adultos mayores y serán reconocidos también por muchos de nosotros en poco tiempo más.
Con relación al proyecto, deseo precisar que, desde mi mirada clínica, la inspiración que sustenta lo que se está proponiendo, sin duda, es extraordinariamente virtuosa. Se busca ver cómo mejoramos y favorecemos la experiencia de la persona mayor a la hora de acudir a algún centro de salud de cualquier índole, sea de atención ambulatoria o para hospitalización.
En ese sentido, el mayor virtuosismo de la iniciativa radica en el hecho de disminuirles los tiempos de espera y facilitarles el acceso a la atención.
Considero que ambas Cámaras han logrado recoger el espíritu de tal objetivo, con lo cual lograremos entregar una mejor atención, un acceso más favorable y una satisfacción mayor a estos usuarios.
Asimismo, recojo las observaciones que hizo mi colega Verdessi en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, dado que, desde la experiencia que tenemos al interior de recintos de salud -y debo ser explícito en mi sesgo como clínico-, la incorporación de criterios de preferencia a la atención de urgencia o a la misma atención clínica hospitalaria va a generar distorsiones cuyas consecuencias pueden incluso ir en detrimento de lo que inspiró este proyecto de ley.
Por tanto, el hecho de priorizar a una persona mayor versus un enfermo joven en condición de urgencia, por ejemplo, puede causar conflictos cuyos efectos no nos es posible establecer ahora.
Si alteramos, por ese mismo juicio, la naturaleza clínica en la organización de las tablas operatorias o en otras actividades, también se distorsionará la lógica instalada desde el requerimiento clínico, en el que está implícito, como lo destacó la Senadora Van Rysselberghe, el criterio por el cual se presta dicha atención.
Por consiguiente, invito a la Sala a aprobar el proyecto con las observaciones que ha formulado la Cámara de Diputados, dado que a través de ello estamos cumpliendo a cabalidad con la inspiración de la iniciativa.
En su implementación, finalmente, estará el desafío, respecto de lo cual los equipos de salud y los dispositivos sanitarios deberán hacer muchos esfuerzos. Así lo aprecio y así nos comprometemos a hacerlo, de manera que el espíritu de la ley quede plasmado en el día a día de todas las personas mayores al momento de acudir a una atención ambulatoria, ya sea en un servicio de atención primaria o en un recinto hospitalario, sin considerar, como señalé -lo vuelvo a destacar-, la prestación de urgencia, la cual opera con otro flujo de atención y otros criterios, que están debidamente recogidos en los instrumentos que hoy día la rigen.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda, cuando hablamos de dar una atención preferente a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, entendemos que existe una prioridad lógica. En este sentido, no podemos sino destacar la iniciativa y a los autores de la moción respectiva.
En cuanto a la intervención del señor Ministro, evidentemente refleja algún grado de inquietud. Pero, en lo fundamental, el proyecto contempla materias que dan respuesta a requerimientos hechos por los propios adultos mayores.
La atención preferente a que se refiere esta moción se establece cuando se trate de una consulta de salud, de una solicitud de medicamentos o de la realización de exámenes o procedimientos médicos más complejos. Esas tres variables serán los ámbitos de aplicación de esta norma legal.
Imagino que, si algún adulto mayor entra en esa calificación, además de tener requerimientos de atención de mayor complejidad, se incluirá dentro de los protocolos del Ministerio como prioridad, sin que ello implique, como bien se ha señalado acá, que frente a dos hechos similares, con requerimientos de atenciones quirúrgicas o de hospitalización, se preferirá al adulto mayor o a la persona con discapacidad y evidentemente así se dispondrá en el referido protocolo para el ingreso al sistema de atención.
En ese ámbito, pienso que el proyecto se hace parte del requerimiento que nos presentan los adultos mayores.
No sé qué se buscará arreglar del proyecto en una Comisión Mixta.
También va a haber prioridad en la prestación quirúrgica, en la atención de urgencia, en la hospitalización del adulto mayor que lo necesite. Yo doy por descontado que, por el hecho de entrar en esa prioridad, quedará en la calificación respectiva que el sistema le otorgue. Y si ello implica quedar en primera preferencia, evidentemente así va a operar.
Por lo tanto, en la lógica del buen trato -a propósito, estamos en el Mes del Buen Trato al Adulto Mayor-, estamos dando respuesta con relación a esa prioridad.
Los adultos mayores buscan, precisamente, no estar haciendo filas ni llegando temprano para obtener una hora de atención de salud. Esta iniciativa se hace parte de esa demanda y les otorga prioridad.
Tampoco deberán esperar por atención para recibir medicamentos o tomarse exámenes médicos.
Por tanto, no me queda claro qué se pretende cambiar en una Comisión Mixta.
¿La prioridad en los servicios de urgencia?
A mi juicio, si un adulto mayor entra calificado para recibir una atención preferente, ya va a estar dentro de esa prioridad.
Señor Presidente, valoro toda iniciativa que signifique un mejoramiento en materia de salud.
Dicho sea de paso, los requerimientos fundamentales que hacen los adultos mayores son básicamente dos: mejorar el acceso a la salud y mejorar la situación de sus ingresos a través del aumento de las pensiones. Tengo la impresión de que el proyecto en estudio se hace parte de la primera demanda.
Me gustaría reiterarle al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- lo siguiente: si me encuentro con una priorización asignada en virtud de lo establecido en este proyecto sobre atención preferente y hay otra situación que requiere una atención de mayor complejidad, asumo que tal prioridad va a tener la misma valoración en la asignación de la hora en ese segundo trámite. O sea, no me imagino que ese adulto mayor termine a la cola de un procedimiento de atención de mayor complejidad.
¡No me lo imagino! ¡No me lo imagino en el sistema!
Uno sí se hace parte del argumento de que, frente a la existencia de una situación similar, será el sistema, el protocolo, el que valorará o validará cuál de los dos casos, cuando el otro no sea un adulto mayor, deberá recibir primero la atención hospitalaria.
Por ello, señor Presidente, sumando y restando, y entendiendo las intenciones de mejorar el texto, pienso que el proyecto se hace cargo de los requerimientos de preferencia que, evidentemente, los adultos mayores nos están pidiendo.
Yo, por lo menos, voy a votar a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está inscrito, a continuación, el Senador señor Pugh.
El señor BIANCHI.- Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay unanimidad.
El señor PUGH.- Señor Presidente, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar de la persona.
Efectivamente los adultos mayores deben tener, por su condición especial, un tratamiento distinto. Y eso se reconoce en situaciones normales, vale decir, en la condición ambulatoria.
¿Qué es la condición ambulatoria? Es la consulta a que puede acceder cualquier persona por alguna causa en particular, sin que esté en riesgo su vida.
Cuando existe riesgo, se debe acudir a los servicios de urgencia. Es más, la Ley de Urgencia obliga a atender a cualquiera. Por lo tanto, nuestros sistemas de urgencia y nuestros hospitales están preparados para garantizarles a todos los chilenos que en una urgencia van a ser atendidos.
Al respecto, tengo una experiencia personal. Me tocó dirigir un hospital en el proceso de acreditación, cuando no existía el sistema de categorización de pacientes, vale decir, el triage.
¿En qué consiste el triage? Básicamente, en asignar los recursos médicos a quienes los necesitan primero, no por la edad, sino por la condición crítica de salud. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay que saltarse todo, debido a que existe un riesgo inminente de vida, y nadie lo duda.
Además, deseo destacar que a los pacientes adultos mayores también se les categoriza, pues es distinta la neumonía en uno de ellos que en un adulto. Por tanto, el mismo criterio técnico se está haciendo cargo en el proceso. Hay que entender eso. Se trata de normas técnicas, que buscan dar los recursos médicos, que son escasos y limitados, a quien los requiere.
En consecuencia, está intrínseca la prioridad del adulto mayor con una patología específica en una urgencia, para discriminarlo del resto si efectivamente está comprometida su vida.
Las operaciones, todo lo relativo a la resolución quirúrgica, obedecen a otros criterios técnicos, que se relacionan con el dolor o con ciertas condiciones especiales. Por tanto, hay que hacerse cargo de ello.
Quiero destacar que Chile está envejeciendo; la pirámide se está invirtiendo. La cantidad de adultos mayores va a ser muy grande. Ante ello, debemos ver cómo abordamos esta tremenda carga o demanda que tenemos por delante.
Los servicios de urgencia no están previstos para resolver eso. No son consultorios de 24 horas. Por lo mismo, debemos entender la naturaleza de dichos servicios y también habilitar horas espontáneas y otros sistemas para hacernos cargo de todas las situaciones ambulatorias. Y ahí, por supuesto, los adultos mayores tendrán la prioridad.
¿Qué pido? Consignar en la ley las cosas generales. Hay que reconocer lo relevante y dejar el criterio técnico para que lo defina el Ministerio, que tiene la responsabilidad de generar todos los estándares clínicos y todas las normas de categorización.
Estoy seguro de que esa es la mejor forma de hacerlo.
Los profesionales de la salud no solo tienen conocimientos y convicción, sino también el compromiso con sus pacientes. Nadie quiere dejar a un adulto mayor esperando porque sí. Pero si efectivamente debe esperar, es porque algo grave está ocurriendo.
Esa es la naturaleza de un servicio de urgencia.
Los centros de atención ambulatoria, por otro lado, se ordenan de otra manera. Los adultos mayores, ojalá categorizados en función de quienes tienen mayor edad, serán atendidos primero. ¿Por qué? Porque son, efectivamente, los que menos pueden esperar. Hoy nuestros servicios de salud lo garantizan.
La Ley de Urgencia permite hacer esas atenciones en cualquier lugar. Por eso, hay que tener tranquilidad: con los planes de inversión en hospitales nuevos y con la acreditación de estos para cumplir los más altos estándares clínicos, vamos a estar protegidos.
Pido que no se trate de buscar, de una manera quizás artificial, una forma de hacer algo que ya está establecido, que es la categorización de pacientes.
Solicito a los legisladores reflexionar sobre lo que significa esta decisión y dejar en manos del Ministerio la definición de la norma técnica acerca de la categorización de los pacientes, entendiendo que nunca se va a dejar esperando a un adulto mayor porque sí.
Por eso, estimo que las recomendaciones y el texto del proyecto que ha llegado de la Cámara de Diputados son las más adecuadas y pienso que el Ministerio perfectamente se puede hacer cargo de resolver los problemas con las normas técnicas pertinentes.
En consecuencia, votaré a favor.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero invitar a las bancas del frente a respaldar el planteamiento de ir a Comisión Mixta por tres razones.
Primero, creo que el proyecto está muy bien intencionado. Sin embargo, la atención preferente -y puede no ser popular lo que voy a decir, pero les pediría cierta racionalidad a los colegas de enfrente- debería ser a partir de los 65 años. Todos sabemos que ahí empieza el rango de ciertas políticas públicas, de modo que en ello debería haber consistencia.
Segundo, el concepto en debate es "atención primaria", no "atención ambulatoria", que es donde algunos quieren poner la preferencia.
Entiendo la inquietud cuando algunos dicen "de urgencia", pero en igualdad de condiciones en un servicio de urgencia se abre una discusión: ¿a quién se prioriza? Hoy en día no está establecido. Por tanto, se quiere perfeccionar eso en la Comisión Mixta. No es tan blanco y negro.
En tercer término, señor Presidente, creo que hay que precisar qué son los derechos preferentes en nuestro país.
A mi juicio, existe un grupo objetivo que está absolutamente ausente en este proyecto. Me refiero a las cuidadoras, a la gente que atiende a los discapacitados y adultos mayores postrados, a personas que están 24/7 cuidando a sus familiares. Pero, cuando van a un hospital, deben dejar abandonadas a esas personas, en condiciones tremendamente precarias. A veces se ven obligadas a ir con el familiar discapacitado que cuidan.
Por ende, me parece que lo del derecho preferente es algo que debemos discutir y perfeccionar en la futura ley.
La Cámara de Diputados hizo una revisión, que está bien. Pero lo que nos corresponde no es tratar de imponer una idea u otra, sino buscar un marco legislativo que apunte hacia donde queremos ir.
Esto lo venimos conversando hace veinticinco años, y en buena parte podría resolverse de otra manera. Muchas veces se trata de un tema de gestión en el sector público. No nos engañemos.
Por eso es tan importante ir a Comisión Mixta y no aferrarnos a un texto porque sí, sin debatir qué pasa en los servicios de urgencia.
Muchos de los que somos Senadores de regiones sabemos que en las comunas con frecuencia el hospital es, a la vez, atención primaria y se confunde el proceso de atención. Muchos sabemos que hay adultos mayores que van a las 5 de la mañana a pedir número porque no hay un sistema de gestión adecuado.
En esto yo invitaría a los colegas a ir a Comisión Mixta, para asegurar que lograremos garantizar el derecho preferente, de manera que este no sea pura letra muerta. Con el actual texto nos arriesgamos a ello: que no haya ninguna consecuencia cuando no se dé el derecho a los sujetos del derecho. Esto es puramente declarativo. Les vamos a decir a los adultos mayores: "¡Sí, ustedes van a tener preferencia!". Y la pregunta obvia es: ¿y qué pasa si el director del establecimiento no implementa el derecho? ¿Qué pasa si a la persona a cargo del SOME no le importa? ¿Qué pasa si la persona a cargo de la farmacia no entrega los remedios? ¡Nada! ¡Absolutamente nada!
Por ello, hago un llamado a la responsabilidad, a que el Senado apruebe una ley que tenga dientes y sea, efectivamente, de apoyo a lo que piden los adultos mayores y los discapacitados, quienes, como bien indicó un colega que me antecedió en el uso de la palabra, tienen, básicamente, dos reivindicaciones: el acceso a la salud y el mejoramiento de las pensiones.
¡Esto sí depende de nosotros! El mejoramiento de las pensiones depende del gobierno de turno, y es un debate que se está dando en la Cámara. En esta materia, entonces, debemos sacar una ley que les permita a estos sujetos de derecho poder ejercer su derecho.
Este proyecto, puramente declarativo y acotado solo a una parte del acceso a la salud, resulta absolutamente insuficiente, señor Presidente, y por eso lo vamos a rechazar, pues queremos que los adultos mayores de nuestro país puedan ejercer efectivamente este derecho.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, parto felicitando a los autores de la iniciativa y señalando que concuerdo con lo planteado por mi colega Rabindranath Quinteros.
Creo que las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados no ayudan a entender bien el sentido, fondo y espíritu del proyecto.
El Senado, en el primer trámite, aprobó el derecho a atención preferente en los siguientes términos, señor Presidente: "Toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendida preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, sea público o privado, con el fin de facilitar su acceso a las acciones de salud", sin distinción alguna.
Sin embargo, la Cámara de Diputados, al agregar la frase "en atención ambulatoria" -cuya lógica podemos entender, pero no sus efectos-, excluyó dos figuras. La primera son las hospitalizaciones. ¿Qué pasa si un adulto mayor, por decisión médica, tiene que hospitalizarse? Pierde la preferencia. Y la segunda figura corresponde al caso de la atención de urgencia, pues la Cámara eliminó el derecho a la asignación prioritaria para la consulta cuando esta sea una consulta de urgencia.
Ambas acciones, señor Presidente, desvirtúan el sentido del proyecto.
Sabemos -y lo vemos a diario en nuestras regiones y circunscripciones- que no son pocos los casos de adultos mayores que han fallecido en salas de urgencia de hospitales públicos, precisamente por la falta de atención oportuna y prioritaria.
Hay que dejar claro que, si la preferencia para el adulto mayor existe en las consultas de urgencia, ello no significa que cualquier otra urgencia mayor o más crítica deba dejarse de lado, pues esa preferencia no implica dejar sin efecto el triage o atención según la gravedad.
El sentido del proyecto es claro, y su objetivo, nítido, y, a mi juicio, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados no ayudan a reafirmarlos. Por tanto, considero necesario rechazarlas, para, en una Comisión Mixta y de manera rápida, poder resolver el problema que se plantea con tales modificaciones, más aún si nuestros colegas Diputados comprenden el sentido y objetivo de la iniciativa y las implicancias que tienen las enmiendas que ellos realizaron.
Por eso, señor Presidente, voto en contra de los cambios propuestos por la otra rama del Parlamento
El señor ELIZALDE.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor PUGH.- Por supuesto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, en votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se va a crear una Comisión Mixta.
Solo quiero decir que hemos recibido un comunicado oficial de la Cámara de Diputados según el cual tenemos 18 Comisiones Mixtas pendientes, sin tratamiento de los proyectos pertinentes, entre ellos el que mejora las condiciones de los consejeros regionales y de los gobiernos regionales, integrada por los miembros de la Comisión de Gobierno del Senado y que, según entiendo, sesionará el próximo lunes, presidida por el Senador Letelier.
¡Hay 18 Comisiones Mixtas que no tienen plazo!
Yo voy a votar en contra de las modificaciones, pero le debemos poner un plazo a esta Comisión Mixta, para que no se extienda en el tiempo. Está claro que las observaciones no son profundas. Habrá que hacer una revisión. Y estoy disponible para que la Sala fije un plazo para un pronto despacho del proyecto.
En segundo lugar, el Senador Pugh señaló que tenemos que hacernos cargo de los adultos mayores.
Actualmente, hay 2,8 millones de adultos mayores en Chile, representativos del 16,2 por ciento de toda la población. El 2050 habrá 21,2 millones de habitantes, de los cuales 5,5 millones serán adultos mayores. Estamos en una implosión demográfica, y eso va a requerir una política de Estado.
Por ello, señor Presidente, por su intermedio le digo al Senador Pugh, ex director de hospital y con una gran vocación por estos temas, que necesitamos un Ministerio del Adulto Mayor.
Ministro Emilio Santelices, presente en la Sala, ¡necesitamos una política pública permanente!
Esto es lo que pasa cuando diversos actores, de manera no coordinada, tratan de hacer algo por los adultos mayores. Aquí tiene que haber una proyección de futuro. Chile es un país que está envejeciendo y, claramente, requerirá una política pública que deberá ser coordinada desde el Ministerio del Adulto Mayor que le hemos planteado al país, el cual tendrá, al 2050, 5,5 millones de habitantes en ese rango etario. ¡5,5 millones de adultos mayores!
¿Qué tenemos hoy día, señor Presidente? 2,8 millones de adultos mayores y 82 geriatras. ¡82 geriatras! ¿Hay una política pública para el adulto mayor? ¡No la hay! Existe una política sectorial, temática, pero no una política integrada. Y, por tanto, este debate debería ser parte, no de la iniciativa de una Comisión, sino de una política pública ministerial, como la que tiene el Senado a través de su Comisión Especial del Adulto Mayor.
Tenemos el subsidio al transporte público del adulto mayor, que está siendo tratado por la Comisión de Transportes del Senado, presidida por el colega Francisco Chahuán -yo lo puse en tabla el año pasado-, para que el 12 por ciento que los adultos mayores gastan en plata para la micro -un 17 por ciento, en el caso de los trabajadores- no les golpee las pensiones.
Tenemos también el proyecto de ley del asiento preferencial en el Metro, que va más o menos en el mismo sentido, estableciendo multas.
Está la fiscalización a las casas de reposo, donde hay adultos mayores, por las graves consecuencias que observamos en Chiguayante hace un par de años.
Lo que se requiere, por lo tanto, es una política pública integral.
Y yo quiero decirles que la discriminación por edad no se da solo con los adultos mayores. Ayer, junto al Ministro Emilio Santelices, estuvimos con las hijas de una vecina de Tomé que tiene leucemia mieloide. ¿Y sabe, señor Presidente? El rango etario para tener acceso al tratamiento está fijado en los 40 años. Si alguien tiene 45 o 50, sin padecer ninguna otra enfermedad, no puede seguir el tratamiento a través del Fonasa. Por lo tanto, o se muere, o hace un bingo para conseguir dinero. Es decir, quien tenga leucemia mieloide a los 41 años, ¡está muerto! En consecuencia, la discriminación etaria en materia de salud no solo se da con los adultos mayores.
Tiene que haber un conjunto de factores integrados, algo que claramente no busca este proyecto de ley. En definitiva, si alguien, mediante un examen previo, resulta más urgente que un adulto mayor, se verá primero a la persona con mayor urgencia. No se hará esa discriminación. Lo que prima es el criterio médico.
Por lo tanto, señor Presidente, estoy por la Comisión Mixta. Se lo explico al Senador Sandoval, que preside nuestra Comisión especializada, porque quiero que este proyecto salga por unanimidad, que no sea controversial, que tengamos pleno consenso respecto de lo que aprobamos, de tal manera que haya un mandato explícito al Ministerio de Salud y a los servicios públicos en el sentido de que lo que buscamos con la presente iniciativa se cumpla.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, ¡qué buen proyecto es este!
Quiero felicitar a quienes son los autores de la moción: las Senadoras señoras Van Rysselberghe y Goic y los Senadores señores Chahuán, Quinteros y Girardi. Creo que estos son los temas en los cuales nos tenemos que unir todos y que constituyen una prioridad hoy día en nuestro país y van a tener que seguir siéndolo.
En lo personal, considero que este proyecto es, sin duda, un avance, y se hace cargo de un problema muy complejo que el Estado aún no logra solucionar. Pero, claramente, lo más importante es que hay conciencia y se ha adoptado una decisión de avanzar fuertemente en esta materia.
Señor Presidente, quiero informarle a usted y al señor Ministro algo que ocurrió el viernes pasado en mi región, en la comuna de Machalí. Se inauguró, a 50 metros del Cesfam, una clínica para el adulto mayor. ¿Por qué lo destaco? Porque, en el fondo, responde todas las inquietudes que tenemos hoy día en esta sesión. Dicha clínica ya ofrece -me da la impresión de que es la primera en Chile que lo hace como complemento de un Cesfam- atención exclusiva para los adultos mayores de la comuna.
Yo quiero valorar esta iniciativa de nuestro Alcalde José Miguel Urrutia y destacar el apoyo unánime que obtuvo en su concejo municipal. En tal sentido, creo que quienes más conocen la realidad local son los alcaldes. En este caso, la respuesta que se ha dado a los adultos mayores de Machalí es la inauguración de una clínica con atención exclusiva para ellos.
¿Con qué servicios contará este establecimiento, algunos de los cuales ya los está ofreciendo? Atención de morbilidad; control crónico, realizado justamente por profesionales; kinesiólogos, médicos, enfermeras, TENS, psicólogos -¡qué importante es esto, señor Presidente!-, asistentes sociales, podólogos.
Este es el enfoque que hay que darle a esta nueva realidad que vive nuestro país y que aún no asumimos como Estado. Ejemplos como este, que nos da la comuna de una región, son los que debieran ser imitados a través de una política pública. Porque, cuando se llega a un Cesfam, ¿a quién atienden primero? Los adultos mayores, que muchas veces van por enfermedades crónicas, a buscar sus remedios, etcétera, deben quedar esperando por las emergencias que hay en ese instante.
Por eso, señor Presidente, quise mencionar el ejemplo que está dando un alcalde que, junto con todo su concejo municipal, aprobó la inauguración de la clínica. Aún más, ellos no quieren que los adultos mayores que requieren remedios estén yendo a buscarlos. Su idea es que, como son comunas que tienen sectores rurales y también sectores urbanos, dispongan de una especie de ambulancia o de un furgón que lleve los medicamentos a sus casas, lo cual, en el fondo, constituye una atención distinta de la tradicional o histórica, en que los adultos mayores deben esperar, muchas veces, durante horas.
Y además está el tema del traslado. Pues bien, también se está trabajando con una clínica que está ayudando y llevando a los adultos mayores en los momentos en que tanto lo necesitan.
Señor Presidente, solamente quiero decir que voy a votar a favor del proyecto. Sin duda, constituye un avance. Y los Senadores que presentaron la moción van por el camino correcto. Siempre es mejor hacer las cosas unidos.
Por eso, voy a aprobar el texto tal como está. Pienso que el avance y el apoyo que le dio la Cámara de Diputados son necesarios. Seguir postergando decisiones tan importantes para nuestros adultos mayores no resulta conveniente. ¿Qué va a ocurrir si se forma una Comisión Mixta? ¡Más tiempo y más tiempo! Ya lo dijeron algunos señores Senadores: ¿cuántos proyectos en trámite de Comisión Mixta están esperando la posibilidad de ser analizados para transformarse en leyes?
Voto a favor, reiterando que puse el ejemplo del Alcalde de Machalí y de su concejo municipal porque han dado una muestra de apoyo concreto a los adultos mayores que requieren atención de salud.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Bianchi.
Tiene la palabra, entonces, el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Seré muy breve, señor Presidente.
Lamento profundamente que los colegas de las bancadas de enfrente no quieran ir a una Comisión Mixta. Y me llama la atención porque hace un rato se señalaba lo importante que resultaba que proyectos que van en beneficio directo de la comunidad reciban una votación contundente, como la que se dio a favor de aquel relativo al empleo juvenil.
En este caso, estamos ante una iniciativa que va a la vena de la atención preferente del adulto mayor y donde se pueden aclarar los tres o cuatro cambios que hizo la Cámara de Diputados. Sin embargo, se oponen a ello.
Lo lamento, porque hay mucho discurso acerca de la prioridad que deben tener los adultos mayores, pero, llegado el momento de los hechos, la realidad es bastante diferente.
Solo quería manifestar eso, señor Presidente. Y espero que la votación que se registre ahora permita ir a la Comisión Mixta para, junto a los Diputados, poder mejorar el proyecto.
--Se rechazan las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (18 votos en contra y 13 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Durana, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- El proyecto, entonces, pasa a Comisión Mixta.
Terminado el Orden del Día y, habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
A la Subsecretaria de Previsión Social, consultándole por INFORME ENCARGADO POR MINISTRO DEL TRABAJO SOBRE SITUACIÓN PREVISIONAL DE JUBILADOS DE ASMAR.
A la Ministra del Medio Ambiente, solicitándole información sobre COP25: ENCUENTROS AGENDADOS HASTA LA FECHA; EXISTENCIA DE COORDINACIÓN FORMAL ENTRE EL MINISTERIO Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG; ACUERDOS ALCANZADOS, Y EVENTUAL REALIZACIÓN DE ENCUENTROS EN REGIONES Y SU FORMATO.
A la Contraloría General de la República, pidiéndole DICTAMEN SOBRE DERECHO A VACACIONES DE FUNCIONARIAS DE JARDINES VTF EN ÉPOCA DISTINTA A LA INDICADA EN LEY N° 20.994 POR USO DE LICENCIA MÉDICA O DERECHOS DE MATERNIDAD.
Al Ministro de Obras Públicas, requiriéndole INFORMACIÓN DETALLADA ACERCA DE PLAN DE ACELERACIÓN DE INVERSIONES ANUNCIADO EL 6 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
Y a la Ministra del Medio Ambiente y al Ministro de Salud, pidiéndoles reconsiderar CONSTRUCCIÓN DE PLANTA AVÍCOLA DE AGROSUPER EN COMUNA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE.
--Se levantó la sesión a las 19:42.

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