Source: http://www.upyd.es/contenidos/noticias/103/76670-Programa_Electoral_Andalucia_25M
Timestamp: 2013-05-22 19:55:28+00:00

Document:
Programa Electoral Andalucía 25M | Andalucía | UPyD - Unión Progreso y Democracia
Estas aquí: Inicio > Webs autonómicas > Andalucía	Correo electrónico:
Programa Electoral Andalucía 25M	22 de Febrero de 2012	Descargar en formato PDF
ELECCIONES AUTONÓMICAS ANDALUCÍA 2012
1. REFORMA DEL MODELO TERRITORIAL
2. REFORMA ELECTORAL 2.1. Reforma de la ley electoral andaluza 2.2. Reforma del sistema electoral municipal 3. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 3.1. Organización
3.2. Organismos públicos
.3. Transparencia
3.4. Cargos públicos
3.5. Función Pública
3.6. Contratación pública
4. HACIENDA PÚBLICA
4.1. Revisión del sistema de financiación autonómica
4.2. Estabilización fiscal y viabilidad financiera
4.3. Estabilización fiscal y viabilidad financiera en los ayuntamientos
5. FOMENTO DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA Y EL EMPLEO.. 5.1. Medidas para el empleo
5.2. Medidas generales para las empresas
5.4. Empresas e Industria
5.5. Universidad
5.6. Innovación y Ciencia
5.7. Nuevas tecnologías y sociedad de la información
5.8. Agricultura y medio rural
5.9. Pesca y acuicultura
5.10. Minería
6. SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES
6.2. Educación
6.3. Sanidad
6.4. Bienestar social e igualdad
7. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, VIVIENDA Y ENERGÍA
7.1. Ordenación del territorio y urbanismo
7.3. Infraestructuras
7.4. Energía
8.1. Medidas generales
8.2. Fomento del sector cultural.
8.3. Educación cultural
8.4. Patrimonio y museos
9.1. Organización y medidas generales
9.2. Agua
9.3. Costas
9.4. Calidad ambiental y residuos
9.5. Biodiversidad y espacios naturales
1 – REFORMA DEL MODELO TERRITORIAL
P.1. UPyD solicitará desde el Parlamento de Andalucía al Estado las siguientes reformas:
P.1.1. Racionalización de los distintos escalones de la Administración Pública, evitando solapamientos competenciales de Municipios y Provincias con los entes que puedan crear las CCAA (Comarcas y Áreas Metropolitanas) y las Asociaciones de municipios (Consorcios, Mancomunidades, etc.), mediante la revisión urgente de duplicidades administrativas.
P.1.2. Reforma completa del Título VIII de la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en aras del interés general e igualdad de todos los españoles, su cohesión social y su libertad. En el marco de la reforma constitucional, proponemos suprimir las Diputaciones y que las Comunidades Autónomas asuman sus funciones. P.1.3. En tanto no se lleve a cabo la reforma constitucional propuesta, modificar la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para disminuir significativamente la estructura político-representativa de las Diputaciones modificando el modo de elección.
P.1.4. Garantizar el principio de suficiencia financiera vinculado al ejercicio de las competencias municipales. Cualquier atribución competencial debe ir acompañada de una previsión financiera.
P.2. Desarrollar el artículo 92 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, al objeto de fomentar la fusión paulatina y voluntaria, dentro de un plazo, de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores con el fin de racionalizar la administración local y de mejorar la prestación eficiente de servicios públicos.
P.3. Impulsar la creación por ley de Áreas Metropolitanas en aquellas áreas urbanas densamente pobladas e interrelacionadas, siempre que ello suponga una mejor eficiencia en la prestación de los servicios públicos y la gestión territorial, reajustando las competencias de los demás entes territoriales concernidos (bajo la premisa básica que la creación del nuevo ente metropolitano nunca pueda significar un mayor gasto público ni de personal).
2 – REFORMA ELECTORAL
P.4. UPyD desde el Parlamento de Andalucía instará al Estado a la reforma a fondo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) compatible con la Constitución en su estado actual, proponiendo las siguientes modificaciones:
P.4.1. Aumento del número de diputados a 400 y rebaja del número mínimo a elegir en cada circunscripción (provincia) a 1.
P.4.2. Distrito único de ámbito nacional para la elección de parte de los 400 diputados.
P.4.3. Cambio de la fórmula electoral proporcional, sustituyendo la fórmula d´Hondt por otra fórmula más proporcional como la “cuota Hare”.
2.1 – Reforma de la ley electoral andaluza P.5. Establecimiento de un número máximo de diputados autonómicos en función de la población, en la actualidad sólo se establece un mínimo de 109, y sustitución de la fórmula D’Hondt de reparto de restos por la Hare, más proporcional.
P.6. Limitación del sufragio autonómico para residentes habituales en el extranjero. Los residentes habituales en el extranjero pueden votar sin requisitos previos en las elecciones al Parlamento nacional, pero no es razonable que su voto pueda decidir elecciones como las municipales y autonómicas. P.7. Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente, con domicilio fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en nuestro país, puedan participar como electores y candidatos en las elecciones autonómicas y locales. Es la consecuencia del principio que vincula la ciudadanía política no a la nacionalidad sino a la condición de residente permanente en un territorio y, por tanto, sujeto a las normas de un ordenamiento constitucional y al conjunto de derechos y obligaciones derivados. La lógica democrática exige que esa persona pueda participar, de modo directo o a través de representantes, en la aprobación y modificación los derechos y obligaciones que le conciernen.
2.2 – Reforma del sistema electoral municipal P.8. Elección directa del Alcalde para propiciar una mayor participación e implicación de los vecinos en los asuntos públicos mediante su vinculación a la política. La elección directa reforzará la legitimidad de los Alcaldes respondiendo a la voluntad mayoritaria de los electores.
P.9. Supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un sistema de elección directa del Alcalde. Quedará prevista la remoción del Alcalde por causas graves previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación con una mayoría cualificada.
P.10. Listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales.
P.11. Limitación de los mandatos de Alcalde a un máximo de dos.
P.12. Redistribución de competencias entre Alcalde y Pleno de la Corporación, para evitar la inestabilidad y parálisis institucional cuando no coincidan ambos órganos municipales. La función ejecutiva corresponderá al Alcalde, y las funciones normativas, presupuestarias y de control al Pleno municipal.
3 – REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN
3.1 – Organización P.13. Paralizar el crecimiento de la Administración autonómica y llevar a cabo una reestructuración paulatina de la misma que, basada en criterios de eficacia y eficiencia, permita recuperar un funcionamiento eficaz y el equilibrio entre la disposición de medios materiales y empleados públicos entre las diferentes consejerías.
P.14. Reorganización de las Consejerías para que sea un conjunto profesional, estable, simplificado, evaluable y eficiente: P.14.1. Los Consejeros, secretarios generales y directivos públicos de los principales órganos o agencias deberán tener méritos y capacidad suficientemente acreditados antes de su nombramiento ante el Parlamento Andaluz. P.14.2. Se reducirán las 13 Consejerías actuales a sólo 8, ajustando su estructura interna al mínimo necesario para garantizar su operatividad:
Presidencia, Gobernación y Justicia (asumiendo las competencias de las actuales Consejerías de Presidencia y Gobernación y Justicia).
Hacienda y Administración Pública (manteniendo las competencias de la homónima actual).
Economía, Fomento y Empleo (asumiendo las competencias en materia de Innovación, Industria, Energía, Ciencia, Turismo, Comercio…, así como las de la actual Consejería de Empleo, excepto Formación Profesional para el Empleo).
Educación, Cultura y Deporte (manteniendo las competencias de las respectivas consejerías actuales de Educación y Cultura y las de la Secretaría General para el Deporte e integrando en Educación las de Formación para el Empleo).
Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Vivienda.
Salud y Bienestar Social (asumiendo las competencias de las actuales Consejerías de Salud e Igualdad y Bienestar Social).
P.15. Eliminar la figura del delegado provincial de cada consejería siendo sustituido por un único Delegado de la Junta en cada provincia. P.16. Simplificar la administración de las Consejerías estableciendo módulos comunes de su tamaño y organización, siguiendo criterios objetivos de población, políticas públicas, experiencia comparada y mejora de la eficiencia.
P.17. Eliminar órganos superfluos, como Consejos de Administración, Consejos Asesores y Consultivos y demás organismos equivalentes que suponen un coste prescindible y cuyas funciones son innecesarias o se pueden asimilar fácilmente a servicios y departamentos administrativos de las diferentes Consejerías.
P.18. Crear, dependiendo de la consejería de Hacienda y Administración Pública, una única Central de Compras
P.19. Eliminar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ser innecesaria, enormemente gravosa y un elemento de descoordinación de la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía, por razones únicamente políticas. Todos sus efectivos se incorporarán al Cuerpo Nacional de Policía.
P.20. Acompañar la creación de nuevos entes o empresas públicas, así como cualquier reestructuración de la Junta de Andalucía de un “estudio de impacto organizativo” abierto al conocimiento público, que evalúe su necesidad, alternativas y oportunidad (incluidos los posibles beneficios de no crearlas), su eficacia y eficiencia, coste económico y cargas administrativas e implicaciones para el déficit y el desarrollo económico y social, así como su aportación a la mejora de los servicios a los ciudadanos. Los responsables rendirán cuentas anuales sobre los resultados conseguidos.
3.2 – Organismos públicos P.21. Derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía, promoviendo un acuerdo con las fuerzas políticas y el propio sector público de la Administración Andaluza que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de ejercicio de la potestad administrativa por empleados públicos con la debida objetividad e imparcialidad.
P.22. Abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión. El plan incluirá la reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, suprimiendo las Empresas Públicas y enajenación de las participadas cuyas actividades estén cubiertas por empresas privadas y cuya existencia deteriora el tejido industrial. P.23. Desvincular a la Administración Andaluza de todo tipo de fundaciones que no tengan carácter de servicio social.
P.24. Abordar una adaptación y ajuste profundo de la Radio y Televisión Andaluza “Canal Sur” a un modelo profesional y austero ajustado a su función de servicio público y cohesión cultural del territorio de la Comunidad Autónoma. La reforma incluirá la conversión de su Consejo de Administración, órgano de dirección, innecesario, costoso y despilfarrador, a un modelo profesional, independiente y reducido.
P.25. La reestructuración también implicará la venta de uno de los dos canales de televisión y el mantenimiento del segundo en las siguientes condiciones (extensibles a los radiofónicos):
P.25.1. Eliminación de su actividad comercial publicitaria. P.25.2. Limitación de sus contenidos a los de información, cultura, deportes minoritarios y otros de interés general para Andalucía. P.25.3. Los informativos se centrarán en las cuestiones de interés para Andalucía, eliminándose las corresponsalías en el extranjero.
P.25.4. Eliminación de todos los contenidos de entretenimiento que no tengan un componente cultural, formativo y de fomento del conocimiento.
P.25.5. Formar parte importante del Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, emitiendo películas y series en versión original.
P.25.6. Aprovechar los recursos propios, suprimiendo los contratos de productoras siempre que se puedan hacer los programas con producción propia.
P.26. Externalizar la redacción de planes y proyectos, dirección de obras y la ejecución de éstas y centralizar su contratación en un único órgano, manteniendo los departamentos y unidades de proyectos y obras de los entes autonómicos que las requieran funciones de dirección y control.
P.27. Eliminar la gestión directa de los servicios portuarios en los puertos autonómicos. P.28. Eliminar las 21 oficinas en el Exterior de la agencia andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), manteniendo los objetivos y vinculando sus actuales recursos a las elegaciones diplomáticas y comerciales del Estado.
P.29. Promover la correspondiente modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía para establecer que todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deban rendir cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Parlamento, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etc. P.30. Establecer mecanismos que permitan garantizar que la contratación del personal de estos organismos se realiza por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos. P.31. Aplicar a todos los entes participados con capital público de las mismas normas de transparencia económica, procesos selectivos y acceso a la información que al resto de la administración, incluyendo esa obligatoriedad en sus normas de creación.
P.32. Fortalecer la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías financieras, de legalidad y de eficiencia complementarias a los sistemas de control interno y reforzar las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica independientes de los cargos políticos, garantizando el sistema de intervención previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse, también para los contratos menores.
3.3 – Transparencia P.33. Promover, en tanto en cuanto no se elabore la norma básica nacional, la Ley la Información Pública de Andalucía que comprenda en su ámbito de aplicación todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, sociedades, fundaciones, institutos, vinculados a ellas o sostenidos con fondos públicos.
P.34. Velar por que se remitan a la Cámara de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas, en los plazos y formas establecidos por la Ley, sancionándose en caso contrario.
P.35. En tanto no se suprima la Cámara de Cuentas de Andalucía y se integre en el Tribunal de Cuentas nacional, absorbiendo éste sus competencias, es necesario modificar su estructura y funcionamiento de la siguiente forma: P.35.1. Despolitizar, profesionalizar y dotar de medios suficientes a la Cámara de Cuentas de Andalucía. P.35.2. Dotarla de poder sancionador.
P.35.3. Reforma en la elección de sus miembros para que éstos no dependan de los partidos políticos.
P.35.4. Acceso público a través de Internet a los informes de la Cámara de Cuentas.
P.36. Impulsar desde el parlamento andaluz una reforma de la Ley Nacional sobre las responsabilidades de los interventores y tesoreros para extender su competencia a las empresas y entes públicos en los que los Ayuntamientos tengan al menos un 20% de participación.
P.37. Publicitar la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de los miembros del Gobierno Andaluz y de la Administración local y de empresas públicas.
P.38. Elaborar un plan para la implantación de un modelo de gestión de gobierno abierto.
P.39. Crear un portal público donde los representantes del Parlamento Andaluz interactúen con los ciudadanos contestando sus demandas.
P.40. Garantizar que la publicidad de las subvenciones refleje claramente tanto el emisor, el receptor, el fin de la subvención y los mecanismos que se dispondrán para comprobar su correcto uso. No se excluirán de la publicidad, como ocurre actualmente, las inferiores a 3.000 euros. P.41. Crear una Oficina de Ética de las Administraciones Públicas, independiente y vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina del Defensor del Pueblo, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones enviadas de forma confidencial por los ciudadanos sobre malas prácticas de las administraciones.
P.42. Crear una base de datos pública centralizada de las contrataciones y convenios de las administraciones.
P.43. Prohibir las campañas de publicidad institucional de promoción de la administración de la Junta de Andalucía y entidades locales. 3.4 – Cargos públicos P.44. Establecer con carácter obligatorio que el cargo de director general deba ser cubierto por funcionarios de carrera para garantizar y reforzar su independencia.
P.45. Publicar las ausencias de los cargos electos a plenos y comisiones en la web oficial de la Junta de Andalucía o en la de entidades locales correspondientes, creándose un registro público de ausencias justificadas e injustificadas. P.46. Eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 limitando a ocho años la ocupación de puestos de libre designación en un intervalo de doce, así como sus retribuciones, asimilándolos al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes.
P.47. Acceso público a las percepciones dinerarias, por todos los conceptos remunerados con dinero público, de forma clara y accesible de todos los cargos electos y de libre designación.
P.48. Establecer por Ley límites a la capacidad de fijar libremente el sueldo de diputados, alcaldes y concejales. Los sueldos se regirán por unos baremos que establecerían un máximo y un mínimo en función del tamaño de la población.
P.49. Equiparar las condiciones económicas de los diputados autonómicos, nacionales y cargos municipales al resto de los trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para la jubilación.
P.50. Eliminar la percepción de más de un salario, incluyendo indemnizaciones, proveniente de las Administraciones públicas o entes vinculados o subvencionados por éstas.
P.51. Eliminar el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por asistencia a comisiones, reuniones y otros actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos, sustituyéndolas por facturas de gastos.
P.52. Limitar el nombramiento de asesores a un número concreto por departamento, en relación a su tamaño y funciones a desempeñar. P.53. Eliminar la posibilidad de inversión privada de los cargos públicos en empresas con financiación pública. P.54. Habilitar de un Registro Público de “actividades profesionales coincidentes”. P.55. Extender a los cargos públicos, durante los dos años siguientes a su cese, la prohibición de trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con la administración durante el periodo en que se desempeñó el cargo.
3.5 – Función Pública P.56. Revalorizar la figura del empleado público y no hacerlo responsable de la mala gestión autonómica.
P.57. Afrontar con carácter inmediato y prioritario el desarrollo reglamentario en Andalucía del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en 2007, articulando de mecanismos de control objetivos que permitan valorar la productividad y evaluación del desempeño de los empleados, desarrollando una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
P.58. Elaborar un plan cuatrienal de regulación de la política de personal de la Administración andaluza que incorpore componentes de retribución variable por objetivos como la eficiencia, el ahorro de la unidad administrativa o los niveles de calidad percibida del servicio.
P.59. Adecuar el tamaño de la Administración a criterios objetivos y comunes para garantizar la eficiencia en su gestión y la limitación del establecimiento de diferencias salariales entre los funcionarios. Hasta que esa modificación legal tenga lugar, favorecer la movilidad interadministrativa de los funcionarios, así como la movilidad geográfica y funcional.
P.60. Abordar de forma inmediata un Plan de Actuación para la Reducción del Absentismo.
P.61. Fomentar el teletrabajo y la formación interna vía aula virtual.
P.62. Crear un cuerpo de interventores e inspectores de servicio de la Junta de Andalucía con el objetivo de fortalecer los órganos de control interno de la Administración, independientes, encargados de auditar el gasto público cuya asignación de puestos sea exclusivamente realizada mediante oposición y concurso de méritos. P.63. Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad de los cuerpos de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, potenciando el valor de sus informes y adjudicándoles destino por concurso de méritos y no libres designaciones.
P.64. Desarrollar un régimen estatutario para los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal similar al de los Interventores de la Administración del Estado, para que puedan controlar con plena autonomía al órgano o entidad objeto de control P.65. Exigir el criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los órganos directivos de la Administración.
P.66. Garantizar transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de confianza, asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese en el BOJA, con las exigencias y efectos que señala la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ha de asegurarse que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para las que ha sido designado, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos públicos a personas afines.
P.67. Garantizar la legalidad y la transparencia de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas. Deben establecerse las cautelas y garantías necesarias para que se preserven los principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
P.68. Implantar buenas prácticas en las Administraciones Públicas, adoptándose una estrategia clara de prevención de la corrupción en el marco de lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, asignando a los servidores públicos un papel activo en dicha labor, dotándolos de criterios e instrumentos de actuación claros y eficaces para garantizar la integridad del servicio público.
P.69. Crear un órgano colegiado interdepartamental para la coordinación de la política de personal de la administración autonómica andaluza. P.70. Publicar las magnitudes y evolución de la Administración andaluza mediante un boletín estadístico semestral en el que se contengan las magnitudes más representativas del empleo público de la Administración autonómica y del conjunto del sector público andaluz, con inclusión de los efectivos de entidades de derecho público y empresas públicas; incluyendo la tasa de temporalidad en el empleo, los índices de provisionalidad de puestos de trabajo y la evolución cuantitativa y cualitativa del conjunto de personal adscrito a cada Departamento, organismo público y empresa pública.
P.71. Llevar a cabo los cambios legislativos necesarios en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, ampliando la admisión de declaraciones responsables como medio de ganar en eficacia procedimental y a la vez implementar un eficaz y riguroso sistema de control para sancionar a los quienes abusen o falseen dicho proceso.
P.72. Implicar de forma plena a todos los servidores públicos en la racionalización de procedimientos administrativos, incluyendo el desarrollo e impulso de la Administración electrónica y adaptando a la misma de los procedimientos y criterios de gestión.
P.73. Instar desde el Parlamento de Andalucía al Estado a equiparar el salario del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con el salario de las policías autonómicas de otras CC.AA. Al mismo tiempo se solicitará una mayor dotación humana y de recursos materiales para que puedan realizar de la manera más satisfactoria posible su trabajo.
P.74. UPyD desde el Parlamento de Andalucía instará la aprobación de las ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública, y estableciendo a nivel estatal mecanismos de coordinación entre los sistemas de acceso de las distintas Comunidades Autónomas que posibiliten la movilidad en el empleo público. En todo caso no habrá que considerar el conocimiento del idioma cooficial como un requisito excluyente para el acceso a la función pública o su permanencia en ella.
3.6 – Contratación pública P.75. Generalizar el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la contratación administrativa para agilizar los procedimientos de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto los licitadores como la Administración, incluyendo la obligación de que toda la documentación necesaria para ofertar (pliegos de condiciones, de prescripciones técnicas e información complementaria…), sea de acceso libre y puedan ser descargados a través de la página web del Perfil del Contratante.
P.76. Publicitar por parte de todos los organismos de la Administración en su página web la planificación anual de licitaciones previstas, al objeto de facilitar la preparación y organización de los licitadores.
P.77. Crear un registro de contratistas, cuyos integrantes que cumplan los requisitos serán invitados sin excepción a las licitaciones restringidas de procedimientos negociados y contratos menores.
P.78. Extender de forma obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, el “Perfil del Contratante” y promocionarlo para incentivar la competencia y la transparencia de ofertas.
P.79. Limitar por Ley la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, reciba de la Administración por contratos menores a cuatro veces el límite máximo admisible para ese tipo de contratos.
P.80. Restringir y controlar de forma exhaustiva la utilización de procedimientos de urgencia en la contratación, cuya aplicación deberá ser completamente justificada por razones de interés general y fuerza mayor.
P.81. Cuando los contratistas invitados en los procedimientos negociados renuncien a presentar ofertas exigir que la renuncia esté documentada por escrito en el expediente de contratación, así como seguir cursando invitaciones hasta completar la terna a la que hace referencia la Ley de Contratos del Sector Público.
P.82. Regular sistemas de control para que las Administraciones se ciñan en sus pliegos a los criterios objetivos de la Ley de Contratos del Sector Público, así como para que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones contractuales. Incluyendo, como miembro de las mesas de adjudicación definitiva a un técnico funcionario externo al Departamento correspondiente.
P.83. Desarrollar los criterios de puntuación técnica de las ofertas para que sean objetivables y cuantificables impidiendo aquellos que favorecen la discrecionalidad en la puntuación de los mismos.
3.7 – Justicia P.84. Solicitar desde el Parlamento de Andalucía la recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia a fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y reducir el enorme gasto actual.
P.85. Considerar la afectación de los artículos 143, 145 y 146 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio de 2010, ya que el desarrollo que se haga a partir de ahora de estas normas tendrá que ir enmarcado en este contexto y con un escrupuloso respeto al marco constitucional.
P.86. Realizar un análisis riguroso de la situación y necesidades de la Administración de Justicia para determinar las reformas estructurales necesarias, la revisión de los sistemas retributivos y de inspección, así como la inversión precisa a fin de aproximarnos a la media europea y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos.
P.87. Reforzar los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales a fin de lograr la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. P.88. Adoptar medidas para reducir la litigiosidad: P.88.1. Acabar con la proliferación normativa injustificada y con las reformas efímeras de leyes que precisan estabilidad para potenciar la seguridad jurídica y consolidar criterios jurisprudenciales. En definitiva: “pocas leyes, claras y que se cumplan”.
P.88.2. Fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones, particularmente por parte de los consumidores, reforzando el papel asesor del notario en aquellos negocios jurídicos que requieran su intervención.
P.88.3. Promulgar una Ley de Mediación autonómica introduciendo los incentivos necesarios para fomentar su uso, siempre voluntario, adaptado a los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal. P.89. Gestionar, identificar, diseñar y mejorar de forma continua los procesos de trabajo en el ámbito de la administración de Justicia, para una racionalización de los medios materiales y humanos. P.90. Replantear el destino de los fondos destinados a la implantación de la administración electrónica en el ámbito de la administración de Justicia, además de invertir en compra de tecnología invertir en el trabajo y formación del personal de la organización en la implantación de la tecnología.
P.91. Aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo establecidos para el Plan de Implantación de la Administración Electrónica en la Consejería de Justicia, instrumento imprescindible para una mayor agilidad en la tramitación, comunicación y transparencia entre la Administración de Justicia y la ciudadanía e impulsar, como primera medida la notificación electrónica y la obtención de certificados electrónicos. P.92. Dar soporte legal a los equipos psicosociales de los Juzgados, incluyéndose la creación de nuevos cuerpos de funcionarios de carrera de psicólogos y trabajadores sociales de la administración de justicia, para asegurar la plena independencia e imparcialidad de estos profesionales.
4 – HACIENDA PÚBLICA
4.1 – Revisión del sistema de financiación autonómica P.93. UPyD solicitará desde el Parlamento de Andalucía al Estado que acometa las siguientes reformas del sistema de financiación autonómica:
P.93.1. Diseño de un modelo coherente de financiación del conjunto del Sector Público que distribuya adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con la tipología de sus competencias y en base a los principios de suficiencia, autonomía, eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.
P.93.2. Debe incluir los sistemas forales y el Régimen Especial Fiscal de las Islas Canarias, integrando todos los sistemas de financiación en un sistema único, equitativo y solidario. Esto conlleva, lógicamente, la supresión del sistema del Cupo Vasco y de la Aportación Navarra, pero en tanto esa reforma se produzca debe revisarse su fórmula de cálculo, de enorme complejidad y falta de transparencia, que privilegia a dichas comunidades al establecer una aportación a las cargas generales del Estado y a la solidaridad interregional muy por debajo de lo que les correspondería por su nivel de renta.
P.93.3. El sistema debe ser negociado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal como establece la LOFCA, en un marco de negociación multilateral bajo coordinación estatal. Por tanto, todos los condicionantes establecidos por los Estatutos de Autonomía han de ser suprimidos.
P.93.4. Se debe suprimir el concepto de “nivelación parcial” para servicios públicos fundamentales, definiendo un nivel de fondos por habitante similar, a gestionar por cada CCAA.
P.93.5. Deben eliminarse los fondos específicos que benefician a unas CCAA y perjudican a otras.
P.93.6. Debe planificarse la reducción del gasto superfluo por duplicidades administrativas.
P.93.7. Debe potenciarse el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) como elemento de cohesión y solidaridad que canalice la capacidad inversora del Estado en las CCAA (art. 158 CE). Es necesario revitalizar este instrumento para paliar la pérdida de fondos comunitarios (Fondos de Cohesión y Fondos FEDER) en determinadas CCAA, y mejorar la financiación de las más desfavorecidas. Para conseguir estos fines, debe incrementarse la dotación de FCI con crecimientos anuales superiores al 10%, alcanzando un total cercano a los 4.000 millones € en el año 2020.
P.93.8. Debe establecer fórmulas que impulsen la colaboración y la participación de las administraciones territoriales en el seno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que debe seguir funcionando como Agencia Tributaria común de todos los españoles.
4.2 – Estabilización fiscal y viabilidad financiera P.94. Auditar de forma urgente, general y con carácter anual la Administración autonómica andaluza, entes y empresas participadas.
P.95. Elaborar un pacto para la elaboración de un Plan General Autonómico de Consolidación Financiera (PGACF) y de estabilización de las finanzas a 3 años, con previsión de déficit y deuda según criterios objetivos (PIB, tipos de interés, inflación, productividad, demografía, etc.), aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con medidas concretas de ajuste como nuevo calendario de inversiones, racionalización de plantillas y del sector público empresarial, etc. Fijación de medidas concretas de supervisión y sanción en caso de incumplimiento.
P.96. Fijar mediante ley los techos de gasto y endeudamiento general de la Comunidad para cada uno de los ejercicios de la legislatura, de acuerdo con el PGACF y desglose para cada uno de los organismos.
P.97. Aplicar el sistema base cero para la elaboración de presupuestos en vez del sistema incrementalista.
P.98. Establecer límites legales al crecimiento del gasto de la C.A. de Andalucía, de forma similar a los límites del déficit. Los límites de crecimiento del gasto serán congruentes con las previsiones de ingresos y los objetivos de déficit, así como con los objetivos globales del país.
P.99. Limitar por Ley el déficit de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, solo justificable por necesidades de ciertos capítulos del presupuesto tales como programas extraordinarios de inversión. Agotar previamente las posibilidades de detraer recursos de otros gastos corrientes o generar nuevos ingresos sin subir innecesariamente los impuestos. Priorizar la inversión pública que favorezca la actividad económica.
P.100. Reducir las obligaciones con cargo a ejercicios futuros (gastos plurianuales) y asegurándose en todo caso de que contarán con el aval del Parlamento y de que existan recursos para su financiación. P.101. Revisar y mejorar los sistemas de pago de autoliquidaciones por internet y del ingreso por lotes.
P.102. Priorizar en la inspección tributaria de los impuestos autonómicos los focos de concentración de fraude fiscal.
P.103. Revisar los tramos de aplicación de los impuestos transferidos como el de Patrimonio o el de Sucesiones o el de Donaciones para evitar discriminaciones respecto de otras comunidades autónomas.
P.104. Reducción de la carga Impositiva del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra, construcción, adjudicación en caso de rupturas de parejas, y refinanciación de la primera vivienda, así como para la refinanciación de préstamos para particulares y empresas y anulación del “Impuesto de los de Pobres”, que se aplica al aval que prestan personas y empresas cuando lo exigen los bancos en préstamos ya existentes. P.105. Eliminar la función otorgada a los registradores de la propiedad como Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, pasando está a desarrollarse exclusivamente con medios propios de la Junta.
P.106. Mejorar la gestión financiera mediante:
P.106.1. La racionalización de la gestión de flujos de caja y tesorería que deben ser previstos con antelación suficiente en el PGACF. P.106.2. Negociación de productos financieros derivados de aseguramiento de tipo de interés complementarios.
P.106.3. Negociación complementaria a las líneas de crédito para tesorería de líneas de confirming para pagos a proveedores en condiciones preferenciales.
P.106.4. Plan de pagos de facturas atrasadas y de acuerdos con la Administración Central para financiación preferente a los proveedores de dichas facturas.
P.107. Establecer limitaciones objetivas y automáticamente aplicables a los gastos protocolarios y de representación. Reducir gastos de protocolo, regalos institucionales, publicaciones y agendas institucionales, viajes internacionales y cohortes que acompañan a los políticos en sus desplazamientos.
P.108. Suprimir dietas, gastos protocolarios y otros dispendios, incluyendo:
P.108.1. Las dietas por asistencia a Consejos de Administración, Consejos Consultivos y otras obligaciones institucionales derivadas del cargo público ostentado.
P.108.2. La limitación de los vehículos oficiales y chóferes para los cargos públicos exclusivamente a Presidente de la Junta de Andalucía, Consejeros y Delegado de la Junta en cada provincia. P.108.3. Eliminar la indemnización por vivienda para aquellos altos cargos que no residen en el lugar donde han sido destinados, manteniéndolo únicamente para los cargos electos y sólo en traslados interprovinciales.
P.108.4. La limitación de los gabinetes de prensa a los Consejeros y Delegados de la Junta en las provincias.
P.109. Suprimir todo tipo de subvenciones a fundaciones públicas o privadas, asociaciones y ONGs que no tengan carácter de servicio social, con una vigilancia estricta del resto que si las reciban, condicionándolas a que éstas demuestren autonomía financiera por sus propios medios y a que las subvenciones totales que éstas reciban no sobrepasen el 25% de su presupuesto ordinario.
P.110. Exigir que las organizaciones sindicales y empresariales de Andalucía, así como los partidos políticos, no reciban financiación pública de la Junta de Andalucía y que se vayan reduciendo progresivamente las subvenciones directas hasta su eliminación completa.
P.111. Incrementar el control de la justificación de subvenciones en materia de I+D, fondos FEP y otras, mejorando la revisión técnica de los proyectos subvencionables.
P.112. Modificar la legislación andaluza en materia de subvenciones, de manera que no se pueda proponer el pago de las mismas a quienes no hayan justificado las subvenciones concedidas con anterioridad, eliminando la excepción existente en la actualidad de poder hacerlo apoyándose en una resolución motivada por parte del órgano competente si concurren circunstancias de especial interés social.
4.3 – Estabilización fiscal y viabilidad financiera en los ayuntamientos P.113. Adoptar un sistema dual de financiación local en función de la demografía de los municipios.
P.113.1. Los municipios que no superen un determinado umbral mínimo de población, cuyas competencias se restrinjan a la prestación de servicios básicos, tendrán un sistema de financiación simple, compuesto por:
a) los tributos obligatorios actualmente vigentes.
b) las tasas y demás cargas sobre usuarios de servicios.
c) una transferencia incondicional en base a la población, suficiente para cubrir la ejecución de las competencias mínimas fijadas por ley.
P.113.2. Los municipios de mayor dimensión, responsables de la prestación de un mayor número de servicios, como los vinculados al desarrollo de la Ley de Dependencia, reforzarán su cuota de participación en los impuestos estatales, a costa de los recursos ahora captados por las Comunidades Autónomas. P.114. Promover y fomentar en todos los niveles legislativos y administrativos, los cambios que posibiliten la gestión unificada, de manera estable y permanente en el tiempo, independientemente del signo político de los sucesivos equipos de gobierno, de servicios municipales básicos tales como policía local, urbanismo, infraestructuras viarias, etc. de manera que se optimicen costes y eficacia para el máximo de municipios colindantes. P.115. Ampliar la aplicación de cargas sobre el usuario tales como tasas, precios públicos y contribuciones especiales para trasladar al usuario, en la medida de lo posible, la mayor parte del coste de aquellos servicios considerados divisibles y con usuarios identificables, sin componentes redistributivos relevantes y que no generan efectos externos de importancia.
P.116. Acometer las medidas legales para conseguir que ayuntamientos y sus entes vinculados contribuyan a la necesaria reducción del déficit público limitando su recurso al endeudamiento, que en todo caso será exclusivamente para financiar inversiones. Solo estableciendo criterios cuantitativos rigurosos para la apelación al crédito –como tener en cuenta el ahorro no financiero generado por la entidad local, así como su volumen de deuda viva existente-, y el estricto cumplimiento de principios de austeridad, nos permitirán cumplir con los criterios fijados por la UE. P.117. Aclarar el reparto competencial y reajustar gradualmente la ejecución de competencias impropias que, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), suponen el 35% del gasto municipal, mientras se dota a los Ayuntamientos de una nueva financiación que asegure los recursos necesarios para su autonomía económica. P.118. Establecer mecanismos disuasorios para los ayuntamientos que recurran al déficit o a la deuda para dotarse de servicios que no les corresponden como propios según la Ley de ases de Régimen Local.
P.119. Establecer planes de viabilidad a medio plazo para entidades locales, que contemplen la reducción del tamaño de su administración y los gastos innecesarios.
P.120. Acometer planes de fusión de servicios vía mancomunidades, o mediante la fusión completa de entidades locales.
P.121. Desarrollar la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, coherentemente con las competencias asumidas, de manera que asegure su viabilidad a medio y largo plazo. P.122. Garantizar con las reformas legales necesarias que los presupuestos asignados a las entidades locales autónomas, no puedan ser derivados a otros usos en la localidad principal u otras entidades locales menores.
P.123. Prohibir mediante una Ley de Estabilidad las inversiones sin viabilidad financiera y velar por su cumplimiento estricto mediante los controles necesarios. P.124. Mientras tanto, reducir la contracción de obligaciones con cargo a ejercicios futuros (gastos plurianuales) y asegurándose en todo caso de que contarán con el aval del Pleno municipal y de que existan recursos para su financiación, y de que contarán con el aval del Parlamento y de la Cámara de Cuentas.
P.125. Mejorar la inspección tributaria local y de la transparencia de las cuentas públicas, con la obligación bajo sanción de rendir cuentas a órganos externos de fiscalización como la Cámara de Cuentas. P.126. Impedir que los ayuntamientos andaluces recurran por regla general a la contratación de un servicio de recaudación privada de tributos, fortaleciendo los equipos públicos de recaudación. En el caso de municipios pequeños y sin capacidad recaudatoria, se establecerá un convenio con la Consejería de Hacienda. 5 – FOMENTO DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA Y EL EMPLEO
5.1 – Medidas para el empleo P.127. Instar desde el Parlamento Andaluz al Estado a llevar a cabo una Reforma del marco legal del mercado de trabajo en profundidad, estableciendo un contrato único indefinido y reduciendo los temporales únicamente para sustitución de bajas y empleos temporales justificados. La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad, siguiendo un modelo similar al austriaco, que permite conservar las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar de empleo, facilitando así el cambio voluntario de puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas. P.128. Integrar y coordinar toda actividad política andaluza en materia de fomento de la economía productiva y el empleo en una sola Consejería que unificará las políticas en materia de innovación, industria, turismo y comercio, así como Universidad y Empleo, incluyendo el Servicio Andaluz de Empleo, aumentando los recursos de que dispone y estableciendo mecanismos eficaces de ayuda al Estado para el control y sanción de prestaciones o subsidios cobrados indebidamente.
P.129. Considerar la política de empleo no como una unidad de gestión sino como un eje transversal que debe impregnar todas las políticas económicas sectoriales: industria, turismo, comercio, agricultura y pesca, etc., estableciendo programas de empleo sectoriales que favorezcan la inserción laboral de desempleados y ocupados que pretendan mejorar o cambiar de empleo.
P.130. Apoyar la formación e información para la movilidad geográfica de los trabajadores desempleados.
P.131. Analizar en colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades las necesidades concretas de empleo rural, al objeto de impulsar planes locales adaptados.
P.132. Pasar la Formación Profesional para el Empleo a la Consejería de Educación integrándola en la estructura de la Formación Profesional, de forma que la gestión se optimice, retirando del circuito a sindicatos, asociaciones empresariales y otros organismos y permitiendo complementariamente un mayor acercamiento de la formación profesional reglada a las necesidades empresariales mediante la ampliación de los convenios de colaboración con las empresas demandantes de los profesionales y con centros de formación privados especializados que reúnan las condiciones adecuadas.
P.133. Asegurar que las políticas activas de empleo obedezcan a un estudio de necesidades del tejido productivo y empresarial, teniendo muy en cuenta los nuevos yacimientos de empleo. P.134. Establecer el llamado “crédito virtual de FPpE”. Todo ciudadano podrá recibir como máximo dos cursos de FPpE al año, que podrá usar libremente entre la oferta privada o pública. P.135. Auditar los planes PROTEJA, ORIENTA, MEMTA, las UTDLT, su personal y el contratado por la extinta FAFFE y otros relacionados que se han ido solapando con el mismo objetivo consiguiendo resultados insuficientes, y exigir responsabilidades si ha existido mala gestión o irregularidades. 5.2 – Medidas generales para las empresas P.136. Elaborar de un plan de protección del autónomo y fomento del autoempleo.
P.137. Reducir impuestos y tasas a las PYMES y autónomos así como los impuestos y tasas que gravan la creación de empresas.
P.138. Imprimir un nuevo impulso a la Administración Electrónica, favoreciendo la interconexión entre los sistemas de las diferentes administraciones públicas, implantando real, efectivamente y con carácter urgente la ventanilla única, con el objetivo de convertirla en un futuro cercano en la Ventanilla Única Electrónica, permitiendo que toda gestión susceptible de tramitación on-line se pueda llevar a cabo de esta forma. P.139. Reducir los trámites necesarios para la creación y comienzo de actividad de las nuevas empresas, garantizando el cumplimiento efectivo de la Ley Omnibus.
P.140. Revisar los mecanismos de gestión de los fondos de cohesión del próximo periodo 2014-2020, de forma que se asegure su eficacia, la mayor participación ciudadana y el control de los mismos.
P.141. Reformar el marco regulador de las Cajas de Ahorro de Andalucía para asegurar su gestión con criterios profesionales que salvaguarden los intereses de los clientes y sus trabajadores, despolitizándolas a fin de que puedan ser competitivas y aseguren su función social, concretamente:
P.141.1. Promover la eliminación del derecho de veto de las Comunidades Autónomas a las fusiones entre Cajas de Ahorros de diferentes comunidades.
P.141.2. Ceder al Banco de España todas las funciones de regulación y supervisión de las Cajas que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía. P.141.3. Impulsar las reformas legislativas para que los Consejos de Administración de las Cajas de ahorros, y de los bancos participados por éstas, estén integrados por Consejeros idóneos de reconocida solvencia profesional y no por personas sin otra cualificación que proceder de la actividad política.
P.141.4. Separar la obra social de las Cajas de la actividad bancaria.
P.142. Regular, vigilar y sancionar los abusos que la banca comete en el establecimiento de comisiones.
P.143. Fomentar la implantación de tecnologías que mejoren la eficiencia, incorporando como criterio de valoración en los concursos la inclusión en la propuesta de nuevas tecnologías y/o nuevos sistemas que mejoren la eficiencia.
P.144. Liberalizar los horarios de apertura del pequeño y mediano comercio en domingos y jornadas festivas.
5.3 – Turismo P.145. Llevar a cabo un análisis integral del sistema turístico andaluz con el fin de detectar, impulsar y comunicar desde la Administración las necesidades de transformación, incluyendo una evaluación global del “Plan General de Turismo Sostenible en Andalucía 2008-2011”y del ”Plan de Calidad Turística de Andalucía 2010-2012” determinando grado de cumplimiento de cada una de las acciones programadas, su eficacia, y coste-resultado.
P.146. Unificar en la empresa pública Turismo Andaluz, todas las actividades de promoción turística de Andalucía, eliminando el resto de organismos públicos, fundaciones (incluída Andalucía Lab), observatorios y empresas públicas vinculados al sector incluyendo los actuales patronatos provinciales de promoción turística, muy politizados, de dudosa eficacia y poco eficientes.
P.147. Privatizar la Red de Villas Turísticas de Andalucía, así como otras entidades como CETURSA, residencias de tiempo libre, etc.
P.148. Determinar las necesidades actuales y futuras de nuestros visitantes a partir de la investigación de mercados al objeto de impulsar medidas para diversificar y aumentar la oferta mediante una correcta segmentación de productos y turistas.
P.149. Hacer un diseño turístico del territorio con criterios de sostenibilidad, competitividad, e innovación, estableciendo legalmente límites de carga de las zonas turísticas y estudiando la viabilidad y oportunidad de establecer una moratoria hotelera en todas las zonas y destinos turísticos saturados previo un detallado estudio de la oferta y la demanda.
P.150. Promover la divulgación y el desarrollo de las Iniciativas de Turismo Sostenible (ITS), que figuran dentro de los planes turísticos de la Junta de Andalucía, a todas las comunidades y destinos turísticos de la región.
P.151. Extender el modelo del Plan Qualifica puesto en marcha en algunos municipios de la provincia de Málaga a otros destinos turísticos estratégicos.
P.152. Promocionar el tráfico aéreo y la frecuencia de vuelos en aquellos aeropuertos con suficiente capacidad de carga que en la actualidad están deficientemente operados, erradicando la política de subvenciones directas a las aerolíneas low cost. P.153. Potenciar el turismo de cruceros coordinando su planificación con las Autoridades Portuarias y los órganos de promoción turística. P.154. Potenciar la formación turística en coordinación con la Consejería de Educación, las Universidades, y centros privados de enseñanzas turísticas. P.155. Mejorar la infraestructura turística, especialmente en materia de señalización turística y ordenación de espacios turísticos, sobre todo playas y parques naturales. P.156. Mejorar la calidad de la información turística. P.157. Estimular la renovación y reconversión de los destinos maduros. El sector debe reajustarse reduciendo la oferta de desigual calidad. P.158. Implementar proyectos y medidas tendentes a combatir de una forma eficaz la estacionalidad en los diferentes destinos turísticos, especialmente los del litoral:
P.158.1. Acordar con los sindicatos un Pacto contra la Estacionalidad Turística que recoja medidas de flexibilidad de los contratos de trabajo, reducción de jornadas, horarios flexibles, etc.
P.158.2. Promocionar la actividad turística y facilitar la actividad de las empresas turísticas Andalucía en aquellos países con un nivel de renta notable y con una distribución de los períodos vacacionales no coincidentes con los meses estivales de Junio, Julio y Agosto. P.158.3. Participar en el rediseño del programa de turismo social europeo (jóvenes, familias y mayores). P.158.4. Generalizar, ampliar y revisar los actuales programas y el número de usuarios de turismo social de los diferentes países de Europa. P.158.5. Incorporar la transnacionalidad de los programas ya existentes mediante convenios bilaterales o multilaterales de cooperación. P.158.6. Promocionar las posibilidades de turismo “verde”, ecológico, ornitológico, etc.
P.158.7. Fomentar las iniciativas de gestión cultural y patrimonial que tengan como objetivo la promoción del turismo cultural e histórico en Andalucía y puedan incidir en su desestacionalización. P.158.8. Enfocar y aumentar la promoción en los últimos meses del año (octubre a diciembre).
P.158.9. Organizar Mesas del Turismo público-privadas para la elaboración de propuestas
P.158.10. Apoyar proyectos de complementariedad e interconexión entre destinos de playa, montaña, y ciudad.
P.158.11. Apoyar publicitariamente y con créditos recuperables las iniciativas culturales particulares que tengan como objeto programar eventos de relevancia para atraer turistas entre noviembre y mayo. P.159. Adoptar los criterios de la Hotelstars Union con el fin de lograr una mayor transparencia en el sistema de clasificación hotelera e impulsar la coordinación y/o reunificación de criterios del resto de CCAA para que adopten también este sistema en lugar de contar en España con 17 clasificaciones diferentes. P.160. Potenciar el servicio de inspección, para velar por el control específico de la calidad de los establecimientos hoteleros y hosteleros y establecer un marco sancionador para los que lleven a cabo prácticas abusivas, fraudulentas y otras acciones que afecten a la imagen de Andalucía como destino turístico. Se establecerá una especial vigilancia de que las licencias concedidas para edificaciones de uso hotelero se dediquen a tal fin y no sean construcciones residenciales “encubiertas”.
P.161. Establecer medidas para luchar contra el intrusismo tanto en lo que afecta a alojamientos como a la actividad de las Agencias de Viajes. En este sentido controlar y perseguir con eficacia la actividad de alojamientos turísticos extra-hoteleros alegales. P.162. Hacer un inventario de todas las fiestas populares y gastronómicas de Andalucía, recogiéndolo en una publicación específica y publicando su agenda a través de los medios de comunicación y promoción.
P.163. Incentivar la promoción del destino Andalucía dentro de la misma región. P.164. Potenciar las técnicas para aumentar el gasto de los turistas en el destino. P.165. Reposicionar la marca Andalucía como “Visitandalucia.com”, creando un portal en internet que aglutine la oferta pública y privada de toda Andalucía en 10 idiomas y a la vez realizar campañas de promoción conjuntas con Turespaña en los mercados internacionales para promocionar el destino Andalucía vinculado a la marca España.
P.166. Establecer líneas de apoyo a la financiación para la modernización y sostenibilidad de empresas turísticas. Estas líneas de apoyo no consistirán en subvenciones a fondo perdido, compras de inmuebles hoteleros por la administración o ventajas fiscales. P.167. Promover el turismo pesquero, y propiciar los cambios en la normativa que permitan el uso mixto de la flota pesquera de lista tercera para incorporar, con las adecuadas medidas de seguridad, actividades turísticas. P.168. Potenciar el turismo náutico, con las siguientes medidas:
P.168.1. Mejorar la oferta de atraques recreativos en Andalucía, coordinando la política turística en materia de turismo náutico con la planificación y desarrollo de infraestructuras portuarias, actualmente desconectadas en organismos independientes (Turismo Andaluz y APPA).
P.168.2. Favorecer la industria de recreo, la creación de clubs y asociaciones.
P.168.3. Crear programas formativos.
P.168.4. Apoyar, en el marco de la desestacionalización, la creación de estaciones náuticas, centros de actividades de turismo náutico, combinadas con oferta hotelera y con todo tipo de actividades complementarias.
P.169. Impulsar el concepto “Slow Travel” en cooperación con el Gobierno central dentro del Plan del Turismo Español Horizonte 2020 y fomentar el conocimiento de la red andaluza de itinerarios no motorizados (senderos naturales, vías verdes, caminos históricos, vías pecuarias, líneas de ferrocarril abandonadas, carreteras en desuso…).
P.170. Elaborar un plan específico de fomento del turismo activo en el medio natural para mejorar el aprovechamiento, en condiciones de sostenibilidad, de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
P.171. Fomentar el turismo deportivo en todos sus ámbitos, así como la celebración de macroeventos deportivos en temporada invernal como maratones, ironman, cicloturismo, carreras populares, etc.
P.172. Luchar contra la delincuencia turística, adecuando nuestras leyes y actuaciones a la situación.
P.173. Desarrollar estrategias que permitan la captación de eventos en Andalucía y coordinar las infraestructuras disponibles en Andalucía para el desarrollo de este tipo de acciones. 5.4 – Empresas e Industria P.174. Practicar una política autonómica proactiva hacia las empresas y emprendedores, basada en el fomento de la vocación empresarial, la cultura emprendedora y la capacidad innovadora mediante las siguientes acciones:
P.174.1. Incorporar en el plan educativo general valores como la iniciativa, la creatividad, el esfuerzo y la responsabilidad, incluyendo en las últimas fases formativas, actividades y materias orientadas a infundir el espíritu empresarial entre sus objetivos.
P.174.2. Abordar un plan divulgativo, constante y duradero en el tiempo, orientado al fomento de la vocación empresarial en la sociedad, incluyendo el uso de la plataforma mediática de RTVA (Canal Sur Radio y Televisión).
P.174.3. Establecer medidas de fomento de la cultura social emprendedora donde no se estigmatice el error desterrándose la idea de que proyectos infructuosos no dan lugar a iniciativas empresariales fuertes.
P.175. Propiciar la extensión territorial de la política de puesta en marcha de semilleros/incubadoras de empresas, pero poniendo los medios para coordinar todas las agencias, entes y organismos tutelares de los nuevos emprendedores.
P.176. Promover políticas de captación de talento, estimular la demanda de mano de obra cualificada, incentivar la formación permanente y apoyar el reconocimiento del aprendizaje informal (aprender trabajando).
P.177. Apostar decididamente por los programas de financiación pública de nuevos y recientes emprendedores, en especial de aquellos proyectos basados en la innovación y tecnología, y por la inclusión del capital riesgo (privado y público) en las nuevas iniciativas emprendedoras, asegurando en todos los casos la devolución de los préstamos cuando el éxito y madurez de las iniciativas lo permitan, eliminando las subvenciones a fondo perdido y sustituyéndolas por avales y préstamos sin intereses o con intereses bonificados y los necesarios años de cadencia. P.178. Fomentar y promover la creación de cooperativas, autónomos, sociedades laborales, desde su constitución, formación de los componentes, ejecución del proyectos de inversiones y continuidad durante 3 años en el asesoramiento de la comercialización e internacionalización de los productos o servicios de las mismas. Para ello se utilizará el Fondo Común para el Desarrollo que a través de las diferentes fuentes de financiación y subvenciones de la Unión Europea se destinan a dichos fines.
P.179. Apostar decididamente por la inclusión del capital riesgo (privado y público) en las iniciativas emprendedoras con medio o alto valor en innovación, mediante los “bancos de proyectos”, tanto de iniciativa pública como privada, que permitan evaluar proyectos y presentarlos a los inversores.
P.180. Mejorar la eficiencia y utilidad de los servicios públicos y privados (asociaciones de empresarios y cámaras de comercio), de ayuda a las empresas, incorporando el control en la evaluación de resultados como condición para optar a programas con financiación pública P.181. Desarrollar las fortalezas intrínsecas en sectores productivos con uso alto de las tecnologías, necesarios para la industria andaluza: aeroespacial, tecnologías de la información, energías renovables, medioambientales, ocio, creatividad, farmacéutica, química y tradicionales en los que ya somos diferenciales (sector agroalimentario, mueble, peletería y curtidos, artesanía, turismo y ocio…)
P.182. Centrar esfuerzos suficientes y continuos en el tiempo, en identificar sectores productivos incipientes que permitan ampliar horizontes industriales y oportunidades tecnológicas innovadoras aplicables a los diferentes sectores y áreas de la sociedad, para su impulso y desarrollo.
P.183. Diseñar y desarrollar planes estratégicos específicos, que sean continuos en el tiempo y permitan, mediante la mejora y apuesta tecnológica, que la empresa andaluza sea puntera, competitiva y eficaz en los nuevos sectores productivos donde la historia se está empezando a escribir. Impulso a los parques tecnológicos andaluces (con especial atención a los situados en zonas con carencias estructurales como el Campus Científico y Tecnológico de Linares), redes de comercialización (físicas y virtuales), redes de conocimiento, colaboraciones entre empresas del mismo ámbito o sector, territorial, métodos de competitividad reales, fusiones empresariales, internacionalización.
P.184. Propiciar la cooperación y fusiones empresariales que permitan el aumento del tamaño medio de la empresa andaluza, y la aparición de grupos capaces de posicionar marcas en los mercados internacionales, de certificarlos e implantar nuevos procedimientos de producción, de invertir en I+D, de atraer talento y de invertir en nuevos proyectos. P.185. Apoyar todas las iniciativas tendentes a atraer la inversión extranjera directa hacia los sectores de media y alta tecnología.
P.186. Apostar fuerte y decididamente por una internacionalización de la empresa andaluza. Las líneas maestras de esta internacionalización serán:
P.186.1. Priorizar la calidad del producto, más que en el volumen.
P.186.2. Potenciar la creación de redes empresariales que favorezcan su penetración en los mercados internacionales y el aprovechamiento de sinergias entre sectores. P.186.3. Prestar especial atención los mercados más dinámicos de países emergentes, donde las posibilidades de penetración son mayores, para lo que se planteará un programa de incorporación laboral de personas inmigrantes de dichos países.
P.186.4. Promover convenios para contratos temporales y de formación en empresas de la UE.
P.187. Preparar a nuestros jóvenes para competir en un mundo globalizado como única forma de conseguir una mayor presencia de las empresas andaluzas en los mercados internacionales con iniciativas como: P.187.1. Establecer programas de bilingüismo desde las primeras fases educativas.
P.187.2. Incorporar el inglés como lengua de uso común y obligatorio en la enseñanza universitaria. P.187.3. Utilizar la plataforma mediática de RTVA (Canal Sur Radio y Televisión), para apoyar un Plan de mejora del conocimiento y uso de la lengua inglesa que se extienda a todos los niveles de la población.
P.187.4. Introducir en los programas de enseñanza de asignaturas relacionadas con la práctica del comercio internacional
P.187.5. Incrementar la participación de los estudiantes andaluces en los intercambios internacionales
P.187.6. Establecer programas para formar a jóvenes parados en el extranjero
P.187.7. Mejorar la dotación para becas de estudio en el extranjero, estableciendo mecanismos de control del aprovechamiento real de las mismas. P.187.8. Impulsar convenios de colaboración entre la Administración autonómica y las entidades financieras para facilitar la concesión de préstamos a estudiantes con la finalidad de formarse en el extranjero.
5.5 – Universidad P.188. Mejorar la integración de la Universidad andaluza en el Espacio Europeo de Educación Superior, recuperando el espíritu original de la Declaración de Bolonia frente a los intentos de extender a las Universidades reformas ya fracasadas en la Secundaria. P.189. Racionalizar el número de universidades públicas mediante fusiones en función de la proximidad geográfica o la complementariedad académica, así como de titulaciones universitarias considerando el número de alumnos matriculados y establecer una política más racional de distribución territorial y creación de Universidades (facultades y escuelas técnicas y superiores) que evite duplicidades innecesarias de titulaciones que no respondan al principio de satisfacción de la demanda real existente, complementado con un sistema eficaz de becas que permita cubrir, además de las matriculaciones, el coste íntegro del traslado del alumnado entre provincias de nuestra comunidad.
P.190. Eliminar las duplicidades en las competencias transferidas en materia de acreditaciones, existentes entre la AGAE y la ANECA.
P.191. Instar a la Administración del Estado a la elaboración de un catálogo nacional de titulaciones y la elaboración de directrices específicas para cada una de ellas, a fin de obtener la homogeneidad necesaria para garantizar la movilidad de los estudiantes promovida por Bolonia.
P.192. Impulsar la creación de estudios técnicos de nivel superior a los actuales Ciclos Superiores que formen los técnicos necesarios en investigación de alto nivel.
P.193. Establecer un programa de becas y unas tasas fijadas para los estudios de postgrado similares a las de grado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. P.194. Apoyar la manutención y/o alojamiento con fórmulas de préstamos sin intereses (o muy bajos) hasta que el alumno consiga un salario mínimo que haga factible la movilidad de los universitarios.
P.195. Poner en marcha un plan de actuación encaminado a identificar las fortalezas y especializaciones de nuestras universidades, en cuanto a áreas de investigación se refiere y fomentar decididamente su posicionamiento entre las mejores internacionalmente.
P.196. Proporcionar nuevas formas de financiación que contemplando las tres misiones de la universidad (docencia, investigación y transferencia de conocimiento a la empresa), permitan aprovechar las sinergias mutuas para la mejora común, estén vinculadas a la mejora de la calidad en los servicios y a la satisfacción de los usuarios. P.197. Equiparar el precio del crédito al coste del mismo y a la vez establecer una nueva política de tasas universitarias, ligadas al esfuerzo y mérito de los alumnos, que promoviera la excelencia de los estudiantes para aquellos que cursen sus carreras ajustándose a la duración preestablecida o sus calificaciones cumplan una serie de criterios mínimos. A la vez mejorar el sistema de becas para garantizar que aquellos alumnos cuyas circunstancias económicas lo justifiquen tenga garantizado su acceso a la formación superior.
P.198. Fomentar la participación de empresas y fundaciones en la financiación de las Universidades.
P.199. Optimizar el ratio personal docente / personal no docente equiparable a las universidades de excelencia, facilitando la externalización de estas tareas auxiliares.
P.200. Implantar la competencia entre Universidades para mejorar sus niveles de calidad y eficiencia mediante sistemas de financiación con incentivos.
P.201. Implantar un sistema de acceso más riguroso que permita la realización de pruebas específicas en las titulaciones que se estime necesario. Al mismo tiempo conviene reducir el número de convocatorias suficientes para aprobar una asignatura y establecer unos límites de extensión del estudio de una carrera. Superados esos límites, únicamente se podrá continuar los estudios en centros públicos de la UNED.
P.202. Fomentar la investigación, aumentando la inversión, desvinculando las plantillas universitarias de las necesidades docentes, potenciando programas como el Ramón y Cajal y estabilizando laboralmente al personal investigador contratado. P.203. Aumentar la movilidad de estudiantes y profesores, superando la endogamia, mediante una valoración importante de este aspecto en los procesos de contratación, acreditación y habilitación y demás concursos docentes y de la restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.
P.204. Apostar decididamente por el fomento de la participación accionarial de investigadores de la Universidad en la creación de empresas, no sólo nacidas de la propia Universidad (spin-off), sino participadas por empresarios establecidos, que ayude a materializar la transferencia de los resultados de I+D a la industria.
P.205. Promulgar la adecuación de los planes de estudios del catálogo de titulaciones a una enseñanza eminentemente práctica, con un peso relativo al menos del 60%.
P.206. Establecer un sistema de control efectivo de la calidad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento, así como de la gestión de mejoras en ellas, que permita no sólo medir la calidad percibida por el alumnado, sino también la calidad objetiva, por entidades externas e independientes. En este sentido eliminar la discrecionalidad de la que en la actualidad gozan las Comisiones de Evaluación.
P.207. Articular que las comisiones nombradas para la selección del profesorado habilitado estén formadas en, al menos, un 40% por profesores de otras universidades elegidos al azar, para favorecer la garantía de elección del mejor candidato. P.208. Favorecer la reincorporación de doctores que hayan realizado estancias de al menos 3 años en centros de investigación extranjeros y nacionales de reconocido prestigio.
P.209. Fomentar el dominio de la lengua inglesa en las Universidades, con medidas como:
P.209.1. Enseñanza universitaria impartida en inglés: progresivo establecimiento de un porcentaje de horas de clase en todas las asignaturas.
P.209.2. Mejora en la dotación para becas de estudio en el extranjero P.209.3. Fomento de la mayor participación de los estudiantes y profesores andaluces en los intercambios internacionales, contando con valoración concreta en la nota media de la titulación o acreditación/habilitación, según corresponda.
P.209.4. Colaboración entre la Administración autonómica y las entidades financieras para facilitar la concesión de préstamos blandos a estudiantes con la finalidad de formarse en el extranjero.
P.210. Crear comisiones independientes que eviten que la reevaluación de exámenes se haga por personal del propio departamento, tomando medidas disciplinarias cuando se demuestre mala fe.
P.211. Revisar el sistema de elección de la figura del rector evitando el actual corporativismo existente. 5.6 – Innovación y Ciencia P.212. Consolidar un modelo productivo eficiente, social e integrador de los parámetros investigación-innovación-universidad-empresa como motor de creación de riqueza, empresas y empleo. P.213. Promover la excelencia y la competitividad plenas en el sistema de investigación e innovación, de acuerdo a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente, eliminando la rigidez y la burocracia a favor de un sistema con un grado suficiente de autonomía y flexibilidad, exigente en la evaluación de resultados y rendición de cuentas y fundamentado en la e-administración.
P.214. Fortalecer el papel del Estado como “coordinador y corresponsable” en las competencias sobre investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, para conseguir un modelo común congruente con los futuros modelos europeos y evitando la fragmentación y atomización de las políticas en la materia.
P.215. Conseguir un compromiso estable de inversión en I+D+i, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, acorde con nuestro desarrollo económico, y sobre todo con los requerimientos del cambio de modelo productivo, que frene las reducciones de estas partidas en los últimos presupuestos.
P.216. Otorgar beneficios fiscales a las actividades de I+D+i y recursos destinados a Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información en las empresas, especialmente PYMES y autónomos, que vayan orientadas al aumento de su productividad y de futuro innovador.
P.217. Mejorar las condiciones y derechos de los jóvenes investigadores en nuestras universidades y centros de investigación, proporcionándoles salarios y beneficios sociales en consonancia con su formación y sus resultados.
P.218. Aumentar la movilidad nacional e internacional de los investigadores, convirtiéndola en un aspecto fuertemente valorado en los procesos de promoción.
P.219. Reestructurar las Agencias de financiación y evaluación independientes de los vaivenes políticos, gobernadas por criterios científicos de calidad.
P.220. Impulsar una colaboración eficiente en investigación, innovación y transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, que permita su aprovechamiento y explotación empresarial. P.221. Mejorar la eficiencia de los planes de modernización tecnológica e incentivos que se lanzan en cuanto a su concesión, gestión y auditoría, gestionando de manera ágil los recursos económicos y financieros.
P.222. Habilitar centros públicos y participados por entidades privadas, como espacios de colaboración o enlaces entre PYMES e innovadores.
5.7 – Nuevas tecnologías y sociedad de la información P.223. Articular el despliegue de redes de telecomunicación para el acceso a Internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, con el objetivo que el 20% de los puntos de conexión disponga de 100Mbps en el 2015, para alcanzar así el porcentaje fijado por la Agenda Digital Europea en 2020 (50%).
P.224. Tomar medidas para conseguir el acceso universal a Internet con cobertura en el 100% del territorio autonómico y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013, y de 30 Mbps antes de 2020, aplicando la solución tecnológica más eficiente en función del coste, articulando las políticas oportunas que permitan reducir los actuales precios de conexión y tarifas de servicio, para al menos equipararlos al entorno europeo.
P.225. Estudiar la contribución directa o indirecta de la Junta de Andalucía al despliegue y sostenibilidad de las redes de alta o muy alta velocidad, especialmente en las zonas menos rentables para las inversión privadas, con la articulación de medios que a priori no impliquen subida de impuestos, tales como: P.225.1. Retornar al sector de las Telecomunicaciones los rendimientos necesarios en cada momento obtenidos por las subastas del espectro radioeléctrico (“dividendo digital”). P.225.2. Eliminar la obligación impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para la financiación del Ente público RTVE, haciendo partícipe a éstas de estos costes, de una manera proporcional y equilibrada.
P.226. Actualizar los criterios de financiación del Fondo del Servicio Universal para que sea soportado de manera más equilibrada por todos los operadores presentes en el mercado. P.227. Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas en la concesión de licencias y permisos a las empresas operadoras para el tendido de nuevas redes. P.228. Elaborar un Plan de Dinamización del mundo digital en la sociedad, que incluya un gran esfuerzo en sensibilización, educación y formación del ciudadano, con especial acento en la promoción del comercio electrónico entre los empresarios y los consumidores, la promoción de las TIC en la enseñanza, las relaciones con la Administración, el fomento del teletrabajo y la telemedicina.
P.229. Impulsar las iniciativas para la digitalización y puesta a disposición de los ciudadanos de todo el fondo bibliográfico (archivos y bibliotecas), fonográfico y audiovisual de la Comunidad a través de Internet, streamming o a través de las redes P2P. P.230. Promover una Ley para la adopción del “principio de neutralidad de la red” que garantice la no discriminación de los flujos de información a través de las redes de telecomunicaciones, reconociéndose la legalidad del intercambio de archivos a través de las redes P2P. P.231. Promover el control continuo de la calidad del servicio de telecomunicaciones proporcionado por los operadores, que redunde en una mejora de los principales parámetros de servicio, mediante: P.231.1. La evaluación del cumplimiento de dichos parámetros P.231.2. La publicación de los resultados de manera transparente y accesible a todos los usuarios a través de un enlace oficial en Internet. P.231.3. Una reglamentación para corregir las desviaciones en los indicadores básicos de la calidad. P.231.4. Se habilitará un punto de acceso ciudadano para informar y recoger peticiones relativas a la calidad de los servicios.
P.232. Establecer, con arreglo a las disposiciones europeas, los criterios necesarios para garantizar una información transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa de los servicios ofertados por las empresas de telecomunicaciones presentes en nuestro mercado, evitando incurrir en nuevas sanciones interpuestas por Bruselas. P.233. Apoyar las iniciativas políticas y ciudadanas orientadas a recuperar la soberanía europea sobre la gobernabilidad de la Red y en la gestión de los dominios de Internet. P.234. Promover la aplicación del voto electrónico en todas las convocatorias electorales.
P.235. Sacar de nuevo a concurso público las emisoras de TDT autonómica y locales de explotación privada que actualmente están en desuso o que no estén llevando a cabo las condiciones pactadas en su adjudicación, como las que se dedican a tarot, concursos y similares.
5.8 – Agricultura y medio rural P.236. Instar al reconocimiento tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma andaluza del papel de la agricultura, la ganadería y la pesca como “Política Estratégica de Estado” en tanto son activi­dades conservadoras del medio ambiente rural, marino y pesquero, actividades generadoras de empleo, del mantenimiento de la población, generadoras de riqueza en ámbitos no urbanos y realizadas de forma sostenible.
P.237. Desarrollar una política activa de promoción del mundo rural integrando la agricultura y ganadería con los elementos medioambientales de calidad de vida y obtención de rentas complementarias que potencien la economía rural, incluyendo una política de desarrollo rural que responda a la competitividad de la agricultura, contemplando actuaciones en materia de estructuras e infraestructuras agrarias y de la industria agroalimentaria.
P.238. Fomentar la formación agraria, el relevo generacional de los agricultores con políticas atractivas para jóvenes, el cooperativismo agrario, la industria agroalimentaria, las denominaciones de origen, nuevas estrategias en la comercialización de productos agrarios, otras fuentes de recursos como el agroturismo. P.239. Potenciar la investigación y el desarrollo como elemento fundamental de la transformación agraria, desarrollando nuevas técnicas de cultivo, prestando una atención específica a la investigación alimentaria.
P.240. Ampliar los instrumentos de gestión pública de los mercados, los regímenes de prevención mutualistas como el seguro multirriesgo o los seguros de rentas.
P.241. Promover programas que contribuyan eficazmente a la sostenibilidad de la agricultura y al reconocimiento de los sistemas agrícolas de elevado valor natural que permitan conservar y restaurar la biodiversidad en el espacio agrario y contribuyan a una mejor protección de las aguas y del suelo.
P.242. Fomentar la modernización de las empresas agrícolas comarcales que producen productos de calidad o productos con marcado carácter local diferenciado, o variedades comarcales tradicionales, y promover campañas de comunicación destinadas a los consumidores.
P.243. Disponer de medidas de cualificación de calidad en el sector de la agricultura, en particular dotar al agricultor de formulas que le permitan acceder a una cualificación académica y su integración en la formación profesional.
P.244. Mejorar la eficiencia productiva aumentando la producción por unidad de gestión única, favoreciendo las economías de escala y modificando la ley de arrendamientos rústicos de forma que existan garantías jurídicas tanto para el arrendatario como para el arrendador. P.245. Planificar los recursos hídricos de forma que, coordinada y sosteniblemente, se facilite el paso de secano a regadío cuando sea posible, se mejore la eficiencia de éstos últimos, se potencie la depuración terciaria y la reutilización de la misma en sistemas agrarios. P.246. Adecuar el registro de la propiedad con el catastro, en particular en las zonas limítrofes con núcleos urbanos, viviendas, cursos de agua, lagos y costas y los datos del SIGPAC a la realidad registral de la finca; adecuación por cambio de uso de la realidad registral a la realidad física y catastral de la misma.
P.247. Diseñar instrumentos de mercado de forma que aseguren el abastecimiento de los mercados alimentarios, protejan a los agricultores, ganaderos y pescadores contra las bajadas abruptas de los precios y las consiguientes pérdidas de ingresos, y limiten el encarecimiento de los precios que el consumidor debe pagar por los alimentos.
P.248. Elaborar normas marco para la creación de agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales al objeto de fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. P.249. Favorecer la concentración de la oferta (sea cual sea el régimen jurídico), que suponga una reducción efectiva de los costos directos (reducción de órganos directivos, de dirección, comerciales, de gestión, etc…), impidiendo concentraciones de empresas realizadas con el único fin de recibir la subvención y sanear contablemente las sociedades y las agrupaciones de empresas con problemas económicos que pongan en peligro la viabilidad de la empresa concentrada. P.250. Garantizar que los acuerdos bilaterales en el marco de la OMC que afecten a la agricultura o la alimentación en general integran y hacen cumplir las normas europeas de sostenibilidad a un nivel global, la normativa laboral internacional y las normas de respeto ambiental, sanidad vegetal, respeto animal, sanidad agroalimentaria, etc. P.251. Considerar de la máxima prioridad el derecho de los consumidores a exigir que las normas rigurosas que la agricultura andaluza, española y europea tiene que cumplir en cuanto a derechos sociales, seguridad de los alimentos, protección del medio ambiente, calidad y bienestar animal se apliquen también a los alimentos importados. P.252. Supeditar la renuncia definitiva a las subvenciones a la exportación a la reciprocidad de los terceros países, en el marco de la OMC.
P.253. Propiciar una reforma de la Política Agraria Común europea (PAC) que defienda una agricultura acorde a los siguientes criterios:
P.253.1. No congelación de los presupuestos de la PAC.
P.253.2. Los pagos directos deben seguir constituyendo el instrumento básico para estabilizar los ingresos de los agricultores.
P.253.3. No desvincular la PAC de la política comercial europea
P.253.4. Vincular unos pagos disociados de la producción pero vinculados a la productividad. P.253.5. Componente ecológico obligatorio y necesario P.253.6. Periodo transitorio para que solo la agricultura ecológica y la agricultura integrada reciban más apoyo de la PAC.
P.253.7. Mayor apoyo a los pequeños agricultores mediante un mínimo de pagos directos y la prestación de adecuados servicios públicos para que las generaciones más jóvenes puedan emprender explotaciones agrarias en las zonas rurales.
P.253.8. Eliminar las subvenciones que fomenten prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles. P.253.9. Introducir un régimen de ayuda sencillo y específico destinado a los pequeños agricultores.
P.253.10. Incorporar un nuevo sistema de incentivos que aumente la aceptación de las medidas ambientales entre los agricultores.
P.254. Crear un marco estratégico común para los Fondos Estructurales y los demás fondos de desarrollo territorial, como el FEADER y el FEP.
P.255. Mantener el sistema de protección social y de fijación de la población rural mediante el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), abandonando el concepto de subvención como dependencia y convirtiéndolo en dinamizador del sector. Se instará al Estado a reformar profundamente el sistema, no tanto en su diseño, sino en su operativa y sobre todo en su control. Consideramos que se deben articular medidas concretas para evitar el fraude, entre otras:
P.255.1. Incrementar la supervisión de todos los procesos, mediante el control del trabajo agrario, de las personas demandantes y contratistas. P.255.2. Incorporar al sistema no sólo el criterio de los umbrales de renta sino también el de patrimonio.
P.255.3. Tomar en consideración la unidad familiar a la hora de la cuantificación de las asignaciones P.255.4. Establecer limitaciones a los miembros convivientes. P.255.5. Evitar que empleadores y beneficiarios mantengan relaciones de parentesco directo.
P.255.6. Incluir a los subsidiados en planes de formación obligatorios presenciales.
P.255.7. Coordinar el sistema con los servicios de empleo (SAE), impidiendo la prestación a quien rechace ofrecimientos en otros sectores.
P.256. Derogar la Ley del Olivar y tomar otras medidas legislativas para solventar su problemática, básicamente en materia de regulación del mercado y el precio en origen. En materia de producción se tomarán medidas específicas para los dos tipos de explotación: P.256.1. Para el olivar tradicional con difícil mecanización de las labores, principalmente las de recolección, se ha de buscar la rentabilidad de las explotaciones mediante ayudas de tipo ambiental (unidas a las practicas productivas y la producción), así como la potenciación de prácticas de agricultura ecológica, variedades locales, con una actuación para potenciar el consumo de éste, y su defensa dentro del mercado comunitario.
P.256.2. Para el olivar con posibilidades de mecanización en la recolección se han de proveer las medidas necesarias para que esta sea eficiente y ayudar a su implantación facilitando los agrupamientos de pequeñas explotaciones para conseguir otras de dimensiones adecuadas que hagan viable la mecanización.
P.256.3. Luchar contra el fraude adecuando la legislación en cuanto a parámetros químicos y organolépticos y promover una nueva denominación para los distintos aceites comercializables que no confundan al consumidor.
P.256.4. Promover planes de apoyo al consumo de aceite de oliva virgen como agente que influye en la salud y campañas que vayan dirigidas directamente al consumidor, sin olvidar actuaciones que favorezcan la exportación.
P.257. Considerar medidas específicas para los siguientes cultivos y productos:
P.257.1. En la regulación del sector del azúcar, ha de garantizarse la producción andaluza con unos ingresos para los remolacheros que permita mantener el cultivo y las fábricas de procesado existentes.
P.257.2. En relación con los frutos de cáscara (almendra, nuez, etc…), promover una legislación europea, que tipifique la calidad de los frutos en base a sus contenidos en aceites, de forma que el consumidor pueda diferenciar las almendras españolas (con un mayor contenido en estos y mayor 3calidad) de las de otros lugares (de bajo contenido y por tanto de peor calidad).
P.257.3. En relación a las frutas y hortalizas, promover mecanismos de mercado, que impidan la deficiente alimentación en estos productos por altos precios de mercado; así como campañas que expliquen la necesidad de tomar cinco veces al día estos alimentos.
P.257.4. En relación con la apicultura, conocer y publicar la ubicación de las parcelas de transgénicos en Andalucía y crear la certificación de miel exenta de polen transgénico, para evitar que una información mal intencionada y el desconocimiento puedan arruinar al sector.
P.258. Impulsar medidas para evitar que la especulación financiera no eleve especulativamente los precios de los cereales o las proteaginosas pienso, principal problema de rentabilidad del sector ganadero en tanto el precio de la carne no se estabilice por encima de los costes de producción.
P.259. Modificar la ley de suelo para que los ganaderos puedan ampliar sus apriscos o instalaciones de forma ordenada y lógica.
P.260. Potenciar la producción integrada y adoptar medidas destinadas a fomentar entre los consumidores las bondades de este tipo de producción.
P.261. Incrementar el control y mejorar la regulación del uso de lodos de depuradora como enmienda orgánica de suelos, al objeto de garantizar la seguridad ambiental, higiénica y sanitaria de su utilización.
5.9 – Pesca y acuicultura P.262. Apoyar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos que no implique una subvención multimillonaria ni la renuncia a la defensa de otras exigencias democráticas, el derecho internacional y los derechos de los ciudadanos saharauis.
P.263. Acabar con la política de permisividad de la comercialización fuera de lonja de productos pesqueros, erradicando la venta directa no regulada P.264. Erradicar mediante la cooperación con la Guardia Civil del Mar la pesca y el marisqueo ilegal, tanto profesional como deportiva.
P.265. Adoptar medidas que conlleven un mayor control de precios y de la cadena de comercialización del pescado fresco por parte de los pescadores, favoreciendo el cooperativismo en materia de comercialización y distribución.
P.266. Apoyar la adopción por parte de la flota pesquera andaluza de sistemas de ahorro energético y de mejora de la eficiencia del esfuerzo pesquero y la sostenibilidad, con especial atención a la minimización de capturas accidentales y descartes.
P.267. Participar activamente y favorecer las políticas internacionales en materia de protección de especies comerciales en peligro, con especial atención al Atún Rojo. P.268. Establecer un sistema de cupos con coste para pesca deportiva del atún y el pez espada, especialmente de reproductores en temporada de desove.
P.269. Potenciar la instalación de arrecifes artificiales de concentración y producción y el establecimiento de áreas de reserva en torno a ellos que no impidan la pesca pero sobre las que se ejerza un control y gestión activa de la misma.
P.270. Destinar un 20% del Fondo Europeo de Pesca (FEP) a la creación y gestión de reservas pesqueras, protección de hábitats sensibles y a medidas de gestión pesquera basada en el ecosistema, en planes de recuperación y en la aplicación del principio de precaución.
P.271. Planificar el desarrollo de la acuicultura con criterios ambientales estrictos: aplicando el criterio de precaución; con respeto a los espacios naturales y los ecosistemas sensibles.
5.10 – Minería P.272. Fomentar la minería y mejorar la competitividad y productividad del sector minero andaluz, mediante la modernización tecnológica, la incorporación de procesos innovadores y el impulso a la incorporación del conocimiento, favoreciendo la creación de empleo de calidad y el incremento de valor añadido de la minería impulsando las empresas de generación de nuevos productos, procesos y servicios, así como de nuevos mercados, basados en la investigación y la tecnología. P.273. Favorecer la integración medioambiental de la actividad minera y su compatibilidad con otras actividades basadas en recursos territoriales, conservando y poniendo en valor el patrimonio minero. P.274. Reforzar la formación, cualificación y seguridad del sector minero, vinculando la oferta formativa a las necesidades del sector e incrementando el control de cumplimiento de la normativa de seguridad.
6 – SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES
Para garantizar la viabilidad económica en el medio y largo plazo de los tres servicios públicos fundamentales que prestan las CCAA -sanidad, educación y servicios sociales- será necesario acometer una serie de medidas de reforma de distinto carácter y alcance:
6.1 – Medidas generales P.275. Aprovechar economías de escala derivadas de la gestión centralizada que no merme la autonomía en la gestión, como por ejemplo negociación conjunta de precios y condiciones con la industria farmacéutica.
P.276. Apoyar la coordinación de inversiones de interés nacional ejecutadas por varias CCAA.
P.277. Favorecer desde Andalucía la potenciación de los Consejos Interterritoriales para coordinar a las CCAA en los ámbitos comunes de actuación, reforzando la coordinación por parte del Estado como paso previo a la recuperación estatal de competencias en estas materias.
6.2 – Educación P.278. Impulsar desde Andalucía un Pacto de Estado de Educación y que las competencias en materia de educación sean exclusivas del Estado, quedando a las CCAA responsables de su gestión.
P.279. En tanto en cuanto esto se lleva a cabo, instar los cambios legislativos necesarios para llevar a cabo una reforma del sistema educativo en los siguientes términos:
P.279.1. Enseñanza infantil voluntaria y enseñanzas primaria y secundaria obligatorias hasta los 16 años. P.279.2. Etapa secundaria con dos itinerarios básicos: bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y haciéndolo más sólido y riguroso.
P.279.3. Ofertar los estudios de formación profesional desde los 14 años, de forma que se pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y en último término, acceso a la Universidad.
P.279.4. Establecer una prueba de nivel en el 2º curso de bachillerato y formación profesional, realizada por agentes externos y homologada en todo el territorio nacional para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
P.280. Promover una Ley para el mantenimiento de los presupuestos en Educación, en épocas de crisis, priorizando su mantenimiento frente al de otras partidas.
P.281. Reformar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, que tiene como objetivo enmascarar los pobres resultados de las enseñanzas no universitarias en Andalucía.
P.282. Eliminar la promoción automática del alumnado a cursos superiores sin haber alcanzado los objetivos previstos.
P.283. Realizar una evaluación diagnóstica del sistema educativo andaluz con la participación de otras consejerías cuyas actuaciones incidan en Educación. P.284. Establecer un curriculum que inculque las virtudes democráticas (e incluya una asignatura específica basada en el estudio de la Constitución y los derechos humanos y libertades fundamentales) y sea laico desde el punto de vista ideológico, identitario y religioso. P.285. Apostar por una enseñanza de calidad, ampliando la red pública allí donde sea necesario y estableciendo un control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
P.286. Diseñar una enseñanza que valore el esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad, que parta del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y autoridad pública. P.287. Reducir el número de asignaturas por curso y la implantación de un curriculum más realista que tome como base el trabajo global del alumno y no sólo las horas lectivas (a la manera del crédito europeo).
P.288. Conseguir una reducción real del ratio de alumnos por clase.
P.290. Ampliar el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía de manera que abarque el bachillerato entero y la formación profesional.
P.291. Reducir la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, modificando el plan TIC 2.0 para evitar el derroche.
P.292. Abrir los centros educativos a la sociedad para aprovecharlos como centros culturales y deportivos que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. P.293. Promover la enseñanza a domicilio, con profesores pagados por el Estado para todos los alumnos enfermos de larga duración y con dificultades para la asistencia diaria a clase. P.294. Establecer un nuevo sistema de selección y formación del profesorado basado en la realización de prácticas remuneradas en los centros (similar al MIR) como alternativa al actual Master-CAP, que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.
P.295. Revisar y reforzar la figura del inspector, con funciones de apoyo y evaluación, y no sólo de fiscalización. P.296. Propiciar una evaluación continua del sistema educativo, en todos sus niveles, basada en la realización de pruebas externas, realizadas por cada equipo de ciclo y corregidas por una comisión extraída del mismo y representantes de otros ciclos..
P.297. Exigir que aquellos docentes que pretendan optar al puesto de director del centro educativo acrediten formación adecuada en gestión económica y organizativa.
P.298. Desburocratizar la labor del profesorado, sustituyendo en su jornada laboral aquellas funciones que no sean docentes por funciones de dicho tipo. Todas las tareas de carácter no docente que actualmente tienen encomendadas pasarían a estar desempeñadas por personal de apoyo a la docencia.
6.2.1 – Educación infantil y primaria
P.299. Garantizar el acceso gratuito a la educación infantil en toda la etapa, así como velar por que esta etapa tenga un carácter preparatorio para la educación primaria y no meramente asistencial.
P.300. Aumentar el número y la efectividad de aulas de enlace para que alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros puedan no solo aprender lengua española, sino también suplir carencias en otras materias.
P.301. Asumir por parte del Gobierno Andaluz de forma efectiva y realista el mantenimiento y actualización de las instalaciones y dotación de los centros públicos, dejando así de depender de los Ayuntamientos el mantenimiento de los centros de infantil y primaria.
P.302. Impulsar programas de detección precoz de fracaso escolar, especialmente entre colectivos sociales desfavorecidos ya en la Enseñanza Primaria, previendo planes específicos compensatorios.
P.303. Ampliar y potenciar el Servicio de Evaluación y tratamiento Psicopedagógico y Orientación en los Centros de Infantil y Primaria.
P.304. Realizar al final de la etapa de Primaria una evaluación por agentes externos mediante pruebas homologadas en todo el territorio nacional.
6.2.2 – Educación secundaria P.305. Reformar la Formación Profesional para ligarla de una forma más directa a las necesidades de las empresas, vinculando la participación activa de éstas en los programas formativos e incorporando en el sistema las políticas públicas en materia de Formación Profesional para el Empleo.
P.306. Derogar el artículo 4.1. del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria en lo concerniente al derecho de huelga de los alumnos a partir del tercer curso, encubierto como derecho de reunión y reconocimiento del derecho a no asistir a clase derivado de los acuerdos adoptados.
P.307. Mejorar los servicios de Orientación en Secundaria, coordinados con los Servicios de Empleo Públicos y las redes empresariales. P.308. Habilitar el acceso al Cuerpo de Profesores Catedráticos mediante concurso oposición.
6.2.3 – Deporte
P.309. Incorporar las competencias en Deporte a la Consejería de Educación (actualmente se encuentran junto con comercio y turismo).
P.310. Convertir a los centros educativos en los principales instrumentos para la difusión de la práctica del ejercicio físico y el deporte, reforzando la psicomotricidad en educación infantil y otorgando a la Educación Física la importancia que le corresponde por sus valores de integración, superación, salud mental y física, socialización, etc., P.311. Crear programas que ayuden a conciliar deporte y estudio en los alumnos deportistas y fomentar las relaciones entre escuela y clubes deportivos para favorecer la práctica de deporte federado.
P.312. Fomentar el deporte universitario con la creación de una liga en los deportes más practicados y becas para deportistas universitarios con pocos recursos económicos.
P.313. Fomentar el deporte en distintos ámbitos:
P.313.1. Mujeres, mediante campañas y el trabajo en los centros educativos y en el movimiento asociativo.
P.313.2. Discapacitados, como instrumento de integración, mediante campañas y el trabajo en los centros educativos y en colectivos que trabajen con los discapacitados. P.313.3. Empresa, diseñando campañas de actividades e incluyendo la organización de competiciones deportivas para empresas.
P.313.4. Inmigrantes y otros colectivos en riesgos de exclusión social, diseñando campañas para el uso del deporte como instrumento de integración y solidaridad.
P.314. Favorecer a las Federaciones Deportivas la organización periódica de cursos de entrenador y otras actividades de perfeccionamiento técnico, estableciendo programas de capacitación para técnicos y entrenadores.
P.315. Estimular la investigación deportiva mediante su potenciación en las Facultades de Ciencias del Deporte, dotando adecuadamente sus laboratorios e infraestructuras y las actividades investigativas, creando premios y becas a la I+D+I aplicadas al deporte y la actividad física.
P.316. Condicionar las ayudas del Proyecto Estrella de ayudas a deportistas y a Clubes Deportivos a la obligación de promoción del deporte incluyendo en el programa un proceso de evaluación.
P.317. Impulsar la obligatoriedad de que el deportista firme un compromiso de no uso de sustancias dopantes, para poder recibir ayudas de la Administración y obligatoriedad de devolución de lo percibido, en el caso de ser hallado culpable de uso de sustancias prohibidas.
6.3 – Sanidad P.318. Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional (Plan Nacional Integrado de Salud), basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y participación ciudadana. Proponemos un gran Pacto por la Sanidad, similar al Pacto de Toledo sobre la Seguridad Social, que aleje la sanidad de la disputa política y mientras tanto la creación de una Tarjeta Sanitaria única para todo el territorio nacional, que permita el pleno acceso al Sistema Nacional de Salud, en cualquier lugar y en igualdad de condiciones con independencia de quien financie la prestación.
P.319. Lograr la suficiencia financiera del sistema sanitario, racionalizando el porcentaje del presupuesto público mediante un plan de refinanciación a largo plazo que comprometa tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. Establecer un sistema de auditoría del gasto anual en todas las cuentas públicas, introduciendo la transparencia en el gasto farmacéutico, tecnológico y hospitalario.
P.320. Asegurar un control adecuado del gasto sanitario mediante la evaluación estricta de las tecnologías sanitarias que determine su verdadera utilidad, basándose en criterios de eficiencia, eficacia y efectividad de las mismas, y valorando la relación coste beneficio.
P.321. Promover la puesta en marcha de una central de compras del Sistema Nacional de Salud que permita aprovechar la economía de escala y realizar las adquisiciones de todo el material sanitario necesario para el desarrollo de la actividad profesional, incluso los fármacos de máximo uso y que estén libres de patente.
P.322. Evitar la aplicación del copago indiscriminado en Sanidad porque es ineficaz e injusto salvo para situaciones concretas. Las excepciones se aplicarán sólo después de un análisis profundo y tras aplicar otras medidas de reducción de costes e incremento de la eficiencia en la gestión, y en cualquier caso teniendo siempre en cuenta las diferencias de nivel de renta y salud de los usuarios de la Sanidad.
P.323. Mejorar la gestión de cargos a terceros (mutuas de accidentes, compañías de seguros, otros países…), estableciendo controles más estrictos en los servicios de Admisión al Sistema sin negar la asistencia sanitaria, pero sí mejorando la información entre los implicados para que el cargo se pueda imputar a la entidad correspondiente o país de origen.
P.324. Establecer un catálogo de prestaciones y cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Andaluz, que permita eliminar los servicios inefectivos o con un coste-efectividad inaceptable.
P.325. Establecer sistemas de vigilancia epidemiológica y publicidad semestral de los principales indicadores sanitarios del SSPA.
P.326. Desarrollar las áreas sanitarias como eje vertebrador de la Atención Sanitaria, asegurando un desarrollo efectivo de la Atención Primaria, nivel primario de especialización, que no se ha realizado como debería. Insistencia en los programas de Prevención y Promoción de la Salud, así como en el seguimiento de Patologías Crónicas (Diabetes, Hipertensión, Obesidad, Enfermedades Pulmonares, Tabaquismo...)
Asimismo, se insistirá en una mayor colaboración entre la Atención Primaria y la Atención Especializada.
P.327. Fomentar el papel de la enfermería en Atención Primaria desarrollando sus competencias y favoreciendo la atención a los enfermos crónicos y el desarrollo de actividades de promoción y prevención. P.328. Mejorar la atención y prestación de cuidados paliativos a enfermos terminales, mediante equipos interdisciplinares con formación y vocación específicas, que atienden exclusivamente y en número suficiente a enfermos terminales. P.329. Garantizar la democratización del funcionamiento del Sistema Sanitario Público Andaluz, potenciación de los Consejos de Salud para promover la participación de los ciudadanos en la gestión de los centros sanitarios, fomentando la presencia de Asociaciones de Pacientes, Organizaciones de Consumidores y de las sociedades científicas locales.
P.330. Debe garantizarse un Plan de Recursos Humanos, para ello se propone:
P.330.1. Reducir los puestos Directivos y Cargos Intermedios, despolitizarlos y que sean elegidos por procesos de Selección y Revisión legalmente establecidos.
P.330.2. Elaborar un Plan de Estabilización, mediante convocatoria de procesos de concursos oposición que adecúen los efectivos a las Plantillas Orgánicas. Siempre siguiendo los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
P.330.3. Aumentar de la productividad mediante la motivación, el reconocimiento profesional y un salario adecuado y proporcional a la actividad realizada. P.330.4. Reducir el absentismo, penalizando económicamente las horas no trabajadas y estableciendo controles más estrictos de cumplimientos de horarios. Respetando la conciliación de la vida laboral con la familiar.
P.330.5. Establecer una política de incentivos a los profesionales por resultados.
P.331. Mientras no se logre la devolución al Estado de la política sanitaria, mejorar la coordinación y colaboración de los Servicios Sanitarios Penitenciarios Andaluces y el Sistema Sanitario Público Andaluz.
P.332. Proponer actuaciones encaminadas a crear una Oficina de Farmacia que base su concepto en garantizar una dispensación y atención farmacéutica universal y de calidad, estableciendo medidas de reducción del actual gasto farmacéutico. Autorizar de forma inmediata la apertura de 312 Oficinas de farmacia pendientes de los recursos interpuestos a la ley de ordenación farmacéutica de la Junta. Se establecerá un modelo de mínimos llegando a los núcleos que actualmente no disponen de servicio. Una vez cubiertas todas las zonas y núcleos se estudiará la conveniencia de pasar a la libre apertura de farmacias.
P.333. Favorecer la implantación de un modelo de gestión flexible y transparente en los centros sanitarios andaluces mediante el impulso real de la gestión participativa de sus profesionales, con la clínica basada en la evidencia y con criterios de calidad permanentes. Se debe buscar el equilibrio entre la satisfacción del paciente y la del profesional. P.334. Aprobar de forma urgente una nueva regulación de especialidades médicas que establezca la troncalidad en la formación y permita la acreditación de áreas de capacitación específicas, de subespecialidades. P.335. Luchar contra el intrusismo profesional para garantizar la calidad asistencial de los servicios sanitarios que se prestan a los ciudadanos, implicando para ello a Colegios Profesionales, gobierno local, autonómico, nacional, ciudadanía y a los profesionales sanitarios.
P.336. Garantizar un clima laboral que permita el desarrollo de las actividades asistenciales en un marco de seguridad y ausencia de violencia de todo tipo. Impulsaremos la elaboración de un documento para mantener formados e informados a los trabajadores frente a las actuaciones en la resolución de conflictos. P.337. Desarrollar el concepto de e-salud, mediante: P.337.1. Actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo de "la consulta en acto único", el paciente que acude a la consulta, se le practica las pruebas necesarias y se marcha en el mismo día diagnosticado y con tratamiento, utilizando los últimos avances tecnológicos. P.337.2. Compatibilizar todos los sistemas informáticos con una historia clínica única y una tarjeta sanitaria común, pudiendo accederse por parte de cualquier profesional sanitario e incluso el propio paciente a su archivo médico.
P.338. Reforzar la red de vigilancia alimentaria, existiendo una conexión inmediata con el resto de administraciones Públicas implicadas en este campo, particularmente ayuntamientos. P.339. Introducir dentro de la Salud Pública los conceptos relacionados con la Sanidad Animal, teniendo en cuenta las últimas crisis sanitarias internacionales: gripe aviar, gripe A, Encefalopatía Espongiforme Bovina etc. La coordinación entre profesionales y administraciones es vital para evitar la posible expansión de alguno de estos procesos.
6.4 – Bienestar social e igualdad 6.4.1 – Servicios sociales e inclusión social
P.340. Lograr una gestión más eficiente y eficaz de las competencias autonómicas en materia de servicios sociales, respetando la solidaridad e igualdad entre todas las regiones del Estado.
P.341. Crear una nueva Ley de Servicios Sociales autonómica que recoja entre otras cuestiones la unificación de todas las acciones referentes a servicios sociales en un único órgano y un Plan General de Atención a la Exclusión Social.
6.4.2 – Diversidad funcional (discapacidad) y dependencia
P.342. Situar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único Sistema. Los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia serán competencia sobre todo de los Ayuntamientos, puerta de entrada y fundamento del sistema protector.
P.343. Hacer la Jurisdicción de lo Social competente en la determinación del derecho a las prestaciones y en la revisión del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia por mor de agilizar los procesos y plazos. Ningún servicio o prestación discriminará por edad ni diversidad funcional. La asistencia personal se extenderá a ocio y cultura. P.344. Reconocer, desarrollar e impulsar de la figura del Asistente Personal, presente en España desde 2.003, pero sin desarrollo laboral propio.
P.348. Eliminar la Agencia de los Servicios Sociales y Dependencia, tal y como ha sido creada. P.349. Impulsar la inspección y seguimiento, estableciendo controles de calidad de los servicios privados, concertados y públicos, de empresas o particulares, de gestión directa e indirecta de las prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia, para garantizar el adecuado funcionamiento y una buena calidad de los mismos.
P.350. Promover la iniciativa empresarial para aumentar la oferta de recursos para los dependientes.
P.351. Elaborar un Plan de Prevención de la Dependencia que será ejecutado en los Centros de Salud de la comunidad autónoma. Se defenderá un desarrollo real de la atención rimaria para la prevención de la dependencia. P.352. Acelerar los plazos que lleven a configurar entornos totalmente accesibles, estableciendo recursos sancionadores inflexibles por tratarse de cuestiones que afectan al ejercicio de derechos humanos elementales (deambular libremente, comunicarse, acceder al entorno…). P.353. Involucrar a las Asociaciones, y en especial a las de las personas con diversidad funcional en el estudio, planificación y seguimiento de las políticas que les afecten, por medio de la creación de Oficinas de Vida Independiente gestionadas por personal especializado.
6.4.3 – Mayores
P.354. Promover políticas de envejecimiento activo y de atención a los mayores dependientes y hacer un seguimiento y promoción de las propuestas recogidas en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo. P.355. Dotar a los Centros de Envejecimiento Activo (actualmente Centros de Día) de tres funciones principales: la salud, la actividad de los mayores y la participación social. Dinamización de estos centros y potenciar la asistencia a los mismos tanto de hombres como de mujeres. P.356. Impulsar el desarrollo de bancos del tiempo y crear el “Programa Seniors-Empresa”, donde se invite al mayor a participar en empresas utilizando su experiencia y tiempo libre. P.357. Fomentar el voluntariado de las personas mayores para la difusión del patrimonio cultural, información de desperfectos en las ciudades y pueblos, de colaboración con los cuerpos de seguridad, etc.
P.358. Crear programas que permitan capacitar y facilitar al mayor en el uso de nuevas tecnologías.
6.4.4 – Familia y menores
P.359. Impulsar e implantar la Ley de Mediación Familiar y la custodia compartida preferente, respetando siempre el principio del interés superior del menor. P.360. Promover en todos los ámbitos laborales, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar favoreciendo la igualdad de oportunidades laborales de hombres y mujeres, y el derecho de ambos progenitores a participar por igual en la crianza de los hijos.
P.361. Establecer reglamentariamente el concepto de baja por enfermedad del hijo/a a cargo, con atención especial a las familias monoparentales.
P.362. Establecer niveles de seguridad y especialización en los centros de menores dependiendo del nivel de adaptación del menor y sus circunstancias personales. P.363. Educar a los menores internados procedentes de otros países en el respeto a las leyes, normas y libertades del estado español, sin menoscabo de su cultura y religión de origen. P.364. Promover la creación de “Escuelas de padres y madres” en las escuelas, donde se ayude a los padres y madres en la educación de sus hijos/as. P.365. Establecer como único fundamento para la asignatura educación para la ciudadanía, el previsto para la educación en el artículo 27.2 de la Constitución que dice que: “tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
P.366. Elaborar programas de prevención y detección precoz de discapacidades y de atención temprana en el marco neonatal. Plan integral de salud perinatal. Implantación progresiva del programa del niño sano.
P.367. Promover el teletrabajo como una opción eficaz y eficiente de conciliar la vida familiar con la laboral que reduce, además, costes para las empresas y la administración pública. P.368. Incentivar la creación de guarderías, ludotecas y centros de atención a menores de tres años dentro de las grandes empresas, polígonos industriales o parques empresariales. P.369. Fomentar el acogimiento familiar de menores. Mejorar la comunicación entre los padres/madres candidatos/as a adoptar menores y la Junta. Devolver las competencias a los colegios profesionales de Trabajo Social de la gestión de los informes de valoración de idoneidad de los padres adoptantes. 6.4.5 – Políticas de igualdad y contra la discriminación
P.370. Nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, en sustitución de la actual Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que atenta contra el principio de igualdad al basarse en la asimetría penal y la desigualdad de trato en el ámbito judicial, dando lugar a una aplicación desmedida e injusta para miles de hombres. Una ley que, además de hacer frente la violencia de género, proteja a todos los miembros del entorno familiar con independencia del grado de parentesco, su sexo u orientación sexual.
P.371. Desarrollar políticas para la consecución efectiva de la Igualdad de Oportunidades y de Trato, con especial atención a la educación para la Igualdad dentro de la escuela, donde no sólo se educa para la Igualdad de Género, sino también para la Igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. P.372. Impulsar un proyecto destinado a la población inmigrante que les conciencie e informe sobre la Igualdad de Género, con el objetivo de evitar la discriminación de la mujer que suele existir en algunas culturas de origen.
P.373. Medir los resultados de cada acción de la Administración en cuanto a su posible impacto en la potenciación o no de la consecución de la igualdad de hecho.
P.375. Vigilar la violencia dentro del ámbito educativo y promover dentro de la escuela planes, programas y proyectos destinados a evitar en el futuro casos de violencia de género.
6.4.6 – Inmigración
P.376. Ofrecer información real de Andalucía en los países de origen y emisores de inmigrantes a través de las delegaciones diplomáticas españolas.
P.377. Vigilancia y control para evitar nuevos asentamientos chabolistas y ocupación de infraviviendas, que no permiten la integración social del gitano (en la actualidad con mayor origen europeo) y lo alejan más de la sociedad, implementado alternativas que palien la marginalidad el colectivo. P.378. Diseñar iniciativas de apoyo al retorno que faciliten el regreso definitivo de los inmigrantes que lo deseen o que hayan visto frustradas sus intenciones en Andalucía.
P.379. Fomentar, facilitar y subvencionar la realización de cursos gratuitos del idioma español y de cultura española, así como la formación complementaria para la integración de menores en el sistema escolar, en colaboración con las principales asociaciones de inmigrantes con representación en nuestra Comunidad.
P.380. Potenciar los centros de educación de personas adultas de la Junta de Andalucía.
P.381. Facilitar la homologación de titulaciones por parte de inmigrantes que las posean, siempre que sea curricularmente aceptable, con objeto de facilitar su inserción en el mercado laboral, y la subsiguiente formación continuada de los mismos.
P.382. Apoyar políticas destinadas a impedir la formación de guetos, facilitando el acceso a la vivienda por parte de inmigrantes que dispongan de contratos de trabajo y la inserción real en nuestra sociedad.
6.4.7 – Cooperación internacional
P.383. Trasladar todas las competencias en materia de cooperación de la actual Consejería de Presidencia a la Consejería de Salud y Bienestar Social.
P.384. Limitar y garantizar la dedicación del 0’7% de los ingresos propios de la Junta a la Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y de Emergencias, dejando al margen aquellos procedentes del Estado y de cualquier ingreso por otras administraciones, e introduciendo condiciones que obliguen a la participación de empresas de ingeniería y tecnología andaluza en las inversiones.
P.385. Desmantelar las oficinas de la cooperación andaluza en terceros países y reducir los gastos actuales de funcionamiento, de personal e interno de la AACID, propiciando su paso a la estructura de la Consejería previo proceso de racionalización de su estructura y personal.
P.386. Fijar nuevos objetivos para los próximos 4 años, en consonancia con los criterios que fije el nuevo Plan Director de la Cooperación Española, no distorsionando así las políticas de cooperación dentro del Estado. En dichos objetivos deben aparecer con claridad la cantidad de fondos a este concepto, las prioridades sectoriales y territoriales de dicha cooperación, los instrumentos con que ha de moverse la cooperación andaluza en el ciclo de programas y proyectos a desarrollar.
P.387. Descartar la cooperación directa o bilateral (país a país) pues es el gobierno central quien ha de marcar dichas pautas y centrar la acción en fomento de cooperación para el desarrollo descentralizada (potenciación de regiones y municipios) a las que habitualmente no llega la cooperación oficial del Estado.
P.388. Rendir cuentas trimestralmente a la Comisión Parlamentaria correspondiente de las acciones realizadas, resultados y evaluación de las mismas.
7 – ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, VIVIENDA Y ENERGÍA
7.1 – Ordenación del territorio y urbanismo P.389. Promover el aumento de las competencias estatales en urbanismo y, en tanto se mantenga el actual reparto competencial, elaborar una Ley de Armonización de urbanismo que elimine las disparidades de la legislación de las CCAA y aumente la intervención estatal en la gestión territorial y urbanística en materias de su competencia, convirtiendo en preceptivos y vinculantes sus informes en materia como aguas, costas, obras públicas de interés general, etc.
P.390. Hacer que los mecanismos de control y aprobación definitiva de todos los planes urbanísticos por la CA de Andalucía, mientras no se haga efectiva la devolución de competencias de Ordenación, sea cual sea la población del municipio, sean efectivos y reglados de forma que impidan desarrollos insostenibles y corruptelas, y consolidar las facultades de la CA de Andalucía para la subrogación de competencias o la suspensión del planeamiento, haciéndolas de ejercicio obligatorio por causas tasadas. P.391. Acelerar la elaboración de planes territoriales supramunicipales mediante la coordinación y colaboración interadministrativa estableciendo, en ausencia de éstos, límites al desarrollo de los diferentes planeamientos municipales.
P.392. Predeterminar los suelos que, por su naturaleza, deban ser clasificados como especialmente protegidos, sin que pueda acometerse su reclasificación como suelo urbanizable.
P.393. Establecer la caducidad de planeamientos antiguos e inadaptados a la legalidad vigente en un plazo de tiempo dado, remitiendo a los municipios que incumplan dicho plazo a una norma genérica y restrictiva de rango nacional.
P.394. Dar sentido al concepto “capacidad de carga del territorio”, para limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes y limitando los nuevos crecimientos urbanísticos a las necesidades reales de vivienda y de equipamientos públicos, adoptando como criterios básicos que estos crecimientos se hagan siempre en torno al casco urbano y no supongan más de un 10% sobre la superficie urbana y población actuales.
P.395. Limitar la creación de nuevos núcleos urbanos, propio de la política desarrollista y expansionista, que se ha aplicado tradicionalmente en Andalucía, y así:
P.395.1. Impedir nuevos asentamientos por consolidación de la edificación.
P.395.2. Apostar por el crecimiento sostenible de los núcleos urbanos existentes.
P.395.3. Fomentar la regeneración de la ciudad urbanizada, minimizando el impacto del crecimiento rápido y desordenado propiciado por una coyuntura económica favorable.
P.395.4. Propiciar un modelo de ciudad compacto frente a la urbanización dispersa.
P.396. Modificar el Decreto 60/2010 por el que se desarrolla el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía para garantizar la protección de la legalidad urbanística y reforzar la independencia del cuerpo de inspectores urbanísticos e impedir que titular del Centro Directivo de Inspección pueda reasignar expedientes y marcar la agenda de inspección.
P.397. Agilizar la tramitación del planeamiento, eliminando trámites innecesarios, promoviendo el acceso electrónico de los ciudadanos y reforzando el carácter vinculante de los informes técnicos, en particular:
P.397.1. Hacer efectiva la obligación legal de informe obligatorio del organismo de cuenca que garantice la disponibilidad de agua y del caudal concreto concedido, previo a cualquier plan de desarrollo urbanístico. Este Informe será preceptivo y vinculante para la Administración, y no podrá ser realizado por otros entes o entidades colaboradoras. El Informe habrá de validar también los mecanismos previstos en el plan de desarrollo urbanístico sobre aprovechamiento, depuración y vertido de las aguas.
P.397.2. Hacer efectiva en los mismos términos, y en el ámbito autonómico, la obligación de informe obligatorio en relación al suministro de energía eléctrica, dotación de telecomunicaciones, alumbrado público y otras dotaciones de servicios necesarias para la correcta puesta en servicio de la actuación en cuestión.
P.398. Condicionar la licencia de nueva construcción rural, además de a las vigentes parcelas mínimas, a la inclusión en el proyecto de autosuficiencia energética, suministro de agua y tratamiento y depuración de fecales. P.399. Derogar la modificación del POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) de 15 de junio de 2010 por la que se anula la restricción de que en los complejos residenciales con campos de golf solo se pueda urbanizar el 40% del suelo consolidado y que las viviendas no incrementarían más de un 30% la población actual. Esta derogación elimina de golpe los criterios de contención, equilibrio, sostenibilidad, y ordenación del territorio que en su día provocaron la reforma.
P.400. Hacer imposible la concatenación de modificaciones puntuales de planeamiento cuando tengan tal entidad que desvirtúen el modelo urbanístico o territorial diseñado de acuerdo con la legislación estatal y el principio de desarrollo sostenible.
P.401. Incrementar la participación pública y de las medidas de acceso a la información urbanística:
P.401.1. Estableciendo la obligación de publicar todos los documentos urbanísticos en las páginas web respectivas, de forma accesible y manejable por el ciudadano.
P.401.2. Haciendo posible que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular vinculante sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla, usando para ello el mecanismo de la consulta popular facultativa recogida en la actual Ley de Bases de Régimen Local.
P.402. Incrementar el porcentaje de cesión de aprovechamiento del suelo a favor de las Administraciones públicas, en términos similares a lo recogido en la Ley del Suelo de 1992 (un 15%) con el fin de garantizar que las plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan en manos públicas. Prohibir la venta de estos aprovechamientos urbanísticos y establecer la obligación de dedicarlos a la promoción de vivienda pública o fines equivalentes.
P.403. Incrementar el control y las limitaciones para establecer convenios urbanísticos, estableciendo:
P.403.1. Prohibición de los convenios de planeamiento con particulares, o de los que prevean la obtención de ingresos para los Ayuntamientos antes de la aprobación del planeamiento urbanístico, y de los que tengan por objeto establecer cesiones urbanísticas superiores a las previstas por la legislación aplicable, o de los que pretendan sustituir las cesiones urbanísticas preceptivas por su equivalente en dinero.
P.403.2. Imposición de un trámite de información pública previo a la formalización de convenios urbanísticos, que deberán incorporar un estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así como las formas y plazos en que la administración pública participará de dichas plusvalías.
P.404. Favorecer el control estricto, sistemático y reglado de la Agencia Tributaria sobre los grandes planeamientos urbanísticos y su desarrollo, con el fin de aumentar su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción.
P.405. Propiciar cambios en la legislación penal sobre delitos contra la ordenación del territorio, promoviendo:
P.405.1. Creación de una figura específica de prevaricación consistente en informar o aprobar cambios de clasificaciones de suelo arbitrarias o infundadas.
P.405.2. Hacer obligatoria la demolición de construcciones ilegales, salvo situaciones excepcionales.
P.406. Aumentar el número de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y del número de Secciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, potenciando la formación en materia de urbanismo y medio ambiente de los Magistrados y dotar adecuadamente a las fiscalías dedicadas a atajar irregularidades urbanísticas y corrupción, potenciando su dedicación exclusiva.
P.407. Exigir la inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad de todo procedimiento abierto en materia de disciplina urbanística, tanto en vía administrativa como judicial.
P.408. Impulsar la creación del Cuerpo de Funcionarios Arquitectos de Habilitación Nacional de la Administración Local.
P.409. Reforma de la legislación de régimen local para devolver a los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales, recuperando la figura tradicional de la advertencia de ilegalidad que correspondía al Secretario y al Interventor en sus esferas de actuación. Recuperar el efecto paralizador del expediente relativo al gasto, si la fiscalización previa de legalidad es negativa.
P.410. Establecer la obligación de remitir copia a los Centros Directivos de Inspección Urbanística de los informes jurídicos de los Secretarios municipales, los reparos de los Interventores y de los Tesoreros y los informes técnicos de los Arquitectos que se determinen.
P.411. Abordar un Plan Andaluz de Protección Civil riguroso y exhaustivo que contemple la elaboración de mapas de riesgo de inundación, corrimientos, incendios forestales, etc. 7.2 – Vivienda P.412. Liberalizar los contratos de alquiler, aumentando la seguridad jurídica de los propietarios y reduciendo trabas a los inquilinos. La duración mínima obligatoria debería fijarse en un año, en lugar de los cinco actuales.
P.413. Aumentar la seguridad jurídica haciendo más rápida la resolución del contrato y el desahucio en caso de impago de alquiler. En ese sentido resulta necesaria una reforma legal que permita a los notarios acreditar el incumplimiento del pago del alquiler y declarar el desahucio del inmueble si las partes lo han acordado así en el contrato de alquiler, en un procedimiento similar al de las ejecuciones hipotecarias o de prendas.
P.414. Reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente al mercado de alquiler, fomentando el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas, mediante:
P.414.1. El impulso de la actividad de las empresas municipales de vivienda, propiciando la concertación entre el sector público y el privado. Estimulando fiscalmente a los promotores privados y a las gestoras de cooperativas para que desarrollen viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler.
P.414.2. El incremento del patrimonio público del suelo, adscribiendo a las empresas municipales de vivienda el suelo que se obtenga por vía de las cesiones legales o por adquisición directa por parte de los municipios, debiendo destinarse el mismo con carácter obligatorio a la construcción de viviendas en alquiler sometidas a algún régimen de protección.
P.414.3. El incremento al máximo de la transparencia y el control periódico en las adjudicaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección o provenientes de enajenaciones del patrimonio público del suelo.
7.3 – Infraestructuras P.415. Desagregar en los Presupuestos de la Comunidad la partida dedicada a los servicios de ingeniería del de construcción y comprometer una inversión suficiente en ingeniería de consulta, que permita revisar y actualizar la planificación de infraestructuras (en particular el Plan PISTA), readaptar proyectos a la nueva coyuntura socioeconómica y abordar los estudios de soluciones, alternativas y ambientales que permitan avanzar en la tramitación administrativa de los mismos.
P.416. En la medida en que las condiciones económicas lo permitan, UPyD dará máxima prioridad a las siguientes actuaciones:
P.416.1. Finalizar la Autovía A-32 desde Úbeda a Albacete, por seguridad vial, por ser una infraestructura necesaria para el desarrollo de la provincia de Jaén, y por ser un paso clave entre Andalucía y Levante.
P.416.2. Finalizar la A-7 desde Motril hasta Almería Finalizar y poner en servicio del acceso del AVE a Granada.
P.416.3. Abordar un ramal desde el Corredor Ferroviario Mediterráneo al Puerto de Motril.
P.416.4. Finalizar el tranvía de Granada.
P.416.5. Conectar mediante transporte público ferroviario, metro o cercanías, el centro de Málaga con el Parque Tecnológico de Andalucía.
P.417 Exigir que las carreteras andaluzas se diseñen y construyan con los más altos estándares, ya que respecto a las carreteras gestionadas por la Junta, a la luz del elevado mantenimiento que exigen y los continuos problemas geotécnicos que presentan, hay que poner en cuestión la normativa y la calidad de la construcción. P.418. Instar al Estado a conservar la titularidad estatal de los aeropuertos y licitar la gestión privada de terminales de los aeropuertos de Andalucía, con cláusulas básicas como reducir el coste de tasas aeroportuarias y promover una mayor frecuencia de vuelos y destinos. Establecer tasas más reducidas en temporada baja.
P.419. Favorecer la construcción de vías verdes, aprovechando vías ferroviarias cerradas y caminos públicos que, unidos, puedan convertirse en caminos de largo recorrido. 7.4 – Energía P.420. Favorecer desde Andalucía un debate serio y riguroso que culmine en la elaboración de un Plan Energético Nacional, integrado en el contexto europeo, con las modificaciones legales necesarias para su implementación y desarrollo, dotándolo de estabilidad y estableciendo una formación a los ciudadanos, en cuanto a precios se refiere, clara y transparente.
P.421. Desarrollar políticas de ahorro de consumo, bajo el nuevo paradigma de la eficiencia energética, aplicada en todos los ámbitos sociales y sectores económicos, en especial en Andalucía, en Administraciones Públicas, empresas, transporte, turismo y agricultura, entre otras:
P.421.1. Apoyo a las empresas de servicios energéticos, sin que suponga un desembolso sin la contraprestación adecuada y suficiente para la administración.
P.421.2. Reajuste del alumbrado público y ornamental de edificios.
P.421.3. Realización de auditorías energéticas.
P.421.4. Sistema de primas a los “ahorradores de energía”
P.421.5. Campañas de divulgación y concienciación de la conducción eficiente
P.422. Desarrollar políticas de generación y distribución eficientes, cogeneración y generación distribuida, especialmente, en parques tecnológicos empresariales y polígonos industriales, incluyendo la promoción de cooperativas de productores en estos espacios; y comunidades de viviendas particulares, pisos, de forma que éstos puedan autoabastecerse en los casos en los que sea posible y vender la energía excedente a los ayuntamientos.
P.423. Mejorar y renovar la red de distribución eléctrica y extensión de la medición digitalizada en el consumidor final con el fin de adaptar la generación al consumo. P.424. Incrementar las interconexiones de gas y electricidad con el resto de Europa.
P.425. Permitir ampliamente el desarrollo de las energías limpias eficientes y competitivas y potenciar la investigación de medios de almacenamiento que aseguren la disponibilidad energética. P.426. No obstaculizar políticamente el desarrollo en Andalucía de la energía eólica marina, más allá de las limitaciones técnicas y derivadas de los preceptivos procedimiento de evaluación ambiental
P.427. Revisar las subvenciones a las energías renovables bajo el parámetro de amortización de la instalación y salida progresiva al mercado libre de este tipo de energías. Los costes de las renovables deberán ser compartidos por todos los sectores energéticos. P.428. Establecer un Mix (cesta energética) de producción de energía eléctrica que permita la estabilidad del sistema de generación, de transporte, de suministro y de la cobertura de las puntas estimadas. P.429. Cesar las subvenciones a la minería del carbón.
P.430. Apostar por un sistema de gestión del sistema eléctrico basado en precios variables sujetos a la producción del mix energético en el momento del consumo, de tal modo que el consumidor sepa cuanto le cuesta la energía en función de la energía disponible en ese instante en la red. P.431. Desarrollar un transporte colectivo y privado por carretera de pasajeros y mercancías, público y privado, basado en fuentes de energía renovables y/o alternativas, en especial, electricidad, gas natural, gases licuados del petróleo, biocombustibles (…) mediante la exención de tasas a los vehículos que la utilicen.
P.432. Establecer para ellos y en especial para los vehículos eléctricos, un amplio plan de despliegue de puntos de conexión rápida por toda Andalucía, permitiendo un negocio liberalizado de venta de energía P.433. Favorecer la renovación de la flota marítima andaluza: incorporar en el sector de transporte de mercancías y personas por vía marítima criterios de eficiencia y de aplicación de las energías renovables.
P.434. Incentivar decididamente la I+D+i para el aprovechamiento de otras fuentes energéticas.
P.435. Promocionar e incentivar los cultivos energéticos con la participación del sector público y privado para el desarrollo de la agroenergía, así como promover la instalación de plantas de biomasa que utilicen, entre otros residuos silvícolas y agrícolas. 8 – CULTURA
8.1 – Medidas generales P.436. Evitar el vínculo entre los agentes e instituciones culturales y el poder político, ya que es indeseable fomentar la aparición de “una cultura oficial” mediante la subvención y el clientelismo, modificando el actual sistema de subvenciones.
P.437. Dotar a la sociedad de instrumentos educativos que eleven el nivel cultural de los ciudadanos, su capacidad de comprensión y su creatividad. P.438. Someter la cultura a criterios de racionalidad y equilibrio económico, especialmente en época de crisis, que eviten el derroche y el intervencionismo en la oferta cultural a costa del erario público.
P.439. Desvincular de la cultura “la identidad”. Frente al dogma según el cual sólo tiene interés cultural lo que se ajusta a determinados parámetros regionalistas UPyD propone un concepto de cultura moderno, amplio y no lastrado por prejuicios identitarios.
P.440. Unificar en un único organismo público, la Consejería de Cultura, los objetivos y servicios promovidos por la Junta de Andalucía respecto al flamenco para evitar la múltiple competencia actual del Centro Andaluz del Flamenco, del Instituto Andaluz del Flamenco y de la Agencia Andaluza del Flamenco, eliminando organismos innecesarios y duplicidades de competencias sobre lo mismo.
8.2 – Fomento del sector cultural. P.441. Eliminar la duplicidad de subvenciones y ayudas a las industrias culturales entre diversas Consejerías o entre Consejerías y Ministerios.
P.442. Apoyar no solo la creación de la obra sino también la producción y distribución, garantizando una gestión racional de las ayudas a la producción y distribución, incorporando la exigencia de inversión proporcional a la ayuda recibida por parte de las compañías y control real de esta. P.443. Dar prioridad a la política de inversión e infraestructura cultural, cuando no haya iniciativas privadas, frente a la política de subvencionar y producir cultura a iniciativa pública. P.444. Exigir a las infraestructuras culturales públicas y a las producciones culturales públicas o subvencionadas una determinada rentabilidad social o un déficit máximo como condición para seguir existiendo o recibiendo ayudas públicas. P.445. Racionalizar tanto la gestión de los equipamientos culturales como la de las estructuras de producción de la Junta de Andalucía y los entes locales. P.446. Coordinar la oferta cultural subvencionada con la oferta privada de forma que la primera no impida el normal desarrollo y éxito de la segunda, limitando la capacidad para producir cultura por parte de las administraciones públicas. P.447. Limitar la participación del conjunto de las administraciones en un consorcio, fundación o iniciativa cultural a un máximo del 50% de su presupuesto. P.448. Estimular la inversión y el mecenazgo privado de las personas físicas y jurídicas, mediante la creación de un marco institucional autonómico que beneficie fiscalmente a donantes, mecenas y patrocinadores, regulando jurídicamente y potenciando las Sociedades de Amigos.
P.449. Dar prioridad a la concesión de créditos blandos a asociaciones o empresas culturales, frente a las subvenciones o ayudas públicas. P.450. Eliminar las subvenciones culturales a los medios de comunicación. P.451. Impedir que bajo el apelativo de “cultural” se consideren objeto de ayuda y subvención actividades claramente relacionadas con el comercio u otros ámbitos. P.452. Elaborar un Plan de Gestión eficiente de la red del Circuito de Espacios Escénicos de la Comunidad Andaluza conforme a modelos de intervención transparentes. P.453. Apoyar los circuitos alternativos de exhibición para mantener vivo el tejido cultural de nuestras ciudades y pueblos.
8.3 – Educación cultural
P.454. Potenciar el sector cultural como un recurso educativo integrado en los ámbitos escolares y universitarios, facilitando el acceso de los centros educativos a los eventos culturales.
P.455. Desarrollar planes de acción con los centros educativos como vía para incentivar el aprecio y consumo de productos culturales: “Formar Público”.
P.456. Establecer convenios con los ayuntamientos para Instaurar el “Día del Espectador-Alumno” en toda la red de teatros andaluces.
P.457. Desarrollar programas formativos de especializaciones de gestión y producción de las artes y la cultura.
8.4 – Patrimonio y museos
P.458. Modificar la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y en particular el Decreto 168/2003 por el que se aprueba el reglamento de actividades arqueológicas con dos objetivos, el primero diferenciar y separar explícitamente el patrimonio arqueológico del paleontológico, así como su actividad investigadora, y el segundo el de conciliar la estricta protección de este patrimonio con la agilización en los trámites de los proyectos de intervención mediante reforzamiento del papel y la autonomía de los profesionales arqueólogos y paleontólogos.
P.459. Impulsar mediante las mencionadas reformas legislativas el surgimiento de empresas de consultoría arqueológica y palentológica y el fortalecimiento de un sector empresarial que en la actualidad maniatado por el excesivo intervencionismo de la Administración.
P.460. Propiciar desde el Parlamento de Andalucía una armonización de todas las leyes de patrimonio existentes a día de hoy en España mediante la elaboración de una ley de bases nacional en materia de patrimonio que sustituya a la actual Ley 16/85 del Patrimonio Histórico español.
P.461. Promocionar y difundir patrimonio andaluz pero no sólo como hasta ahora a través del turismo, sino también y destacadamente a partir de la intervención en la educación.
P.462. Establecer un modelo claro y unificado para todo tipo de intervención en el patrimonio, modelo que obligue a seguir unas normas concretas en el estudio, conocimiento y difusión de los bienes. P.463. Establecer los mecanismos necesarios de forma que se respeten los Bienes de Interés Cultural y los que formen parte del Patrimonio Histórico, edificado o paisajístico, con el objeto de que no puedan descatalogarse así como implicar al propietario de un bien protegido en su conservación, interviniendo en caso de abandono o actuaciones insuficientes. P.464. Propiciar la colaboración público-privada en la protección del Patrimonio.
P.465. Fomentar el intercambio de colecciones entre los museos de Andalucía, creando la figura legal de “garantía de préstamo”, que permitiría a los museos, archivos y bibliotecas prestarse piezas sin tener que pagar cifras elevadas por los seguros, lo que encarece el montaje de la exposición o la hace inviable.
P.466. Tomar medidas para la compatibilización de la doble función de los museos conservación y custodia del Patrimonio con la de investigación, mediante la dotación a los mismos de personal investigador.
P.467. Obligar a todas aquellas instituciones con fondos o colecciones de interés cultural a presentar un Plan de Protección de Fondos ante Emergencias. En el caso de los museos, deberán presentar además el Plan Museológico.
9 – MEDIO AMBIENTE
9.1 – Organización y medidas generales
P.468. Propiciar el retorno al Estado de las competencias constitucionales sobre gestión del agua en una Administración Hidráulica única y descentralizada.
P.469. Eliminar la Agencia de Medio Ambiente y Agua y recuperar por la Consejería todas las funciones y competencias delegadas en ella, devolviendo a los funcionarios de carrera la gestión, desarrollo, vigilancia y control de sus competencias.
P.470. Reforzar las funciones de los Vigilantes de Medio Ambiente haciendo efectivo su carácter de agentes de la autoridad y descartando la posibilidad de que sus funciones puedan ser llevadas a cabo por personal laboral o de empresas públicas. P.471. Culminar el desarrollo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía simplificando las normas y procedimientos y dotar de medios efectivos y eficientes para su control y aplicación, con especial atención a los condicionados de las autorizaciones ambientales.
P.472. Fomentar la participación social, garantizar el acceso a la información ambiental y promover la participación en el proceso de toma de decisiones vinculadas a planes, programas y proyectos con incidencia ambiental, mediante la difusión de los periodos de exposición pública a través de mecanismos mucho más efectivos (web, difusión en medios…), que la simple publicación en los boletines oficiales.
P.473. Impedir legislativamente, en el marco de la prevención ambiental, que las medidas compensatorias se limiten a compensaciones dinerarias que incentivan la movilización social contra determinados proyectos.
P.474. Reformar la Ley 11/2003 de Protección de los Animales al objeto de profundizar en la aplicación, respeto y refuerzo el convenio europeo para la protección animal y encomendar a los ayuntamientos a desarrollar acciones de concienciación a los propietarios acerca de los daños y perjuicios a terceros que produce la desatención de la responsabilidad inherente a la tenencia de animales.
9.2 – Agua P.475. Eliminar la Secretaria General de Agua, sustituyéndola por una Dirección General de Aguas y crear dos organismos autónomos: Organismo de Cuenca Mediterránea Andaluza y Organismo de las Cuencas Atlánticas Andaluzas, con gestión integral de las competencias hidrológicas, sin ningún tipo de provincialización, con una estructura asimilable al del resto de Confederaciones Hidrográficas de España y sedes en Málaga, Jerez y Huelva.
P.476. Desarrollar una colaboración permanente con el Estado en materia de política hídrica, participando activamente en el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir bajo competencia de la Administración Central del Estado.
P.477. Adecuar la Ley de Aguas de Andalucía a la nueva realidad competencial, evitando la dualidad normativa en distintos territorios dentro de la comunidad andaluza.
P.478. Instar al Estado a la actualización y modernización de la Ley de Aguas nacional.
P.479. Desarrollar los programas de medidas establecidos en los Planes Hidrológicos de las cuencas intracomunitarias ya elaborados, particularmente los relativos a la restauración de las riberas degradadas y a la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua.
P.480. Desarrollar completamente la Estrategia de Saneamiento y Depuración de aguas residuales en Andalucía extendiéndola en todos los núcleos urbanos con independencia de su tamaño y descartando la canalización de los fondos a través de las diputaciones. P.481. Tomar las medidas necesarias para la reutilización de las aguas depuradas que hoy se están vertiendo a cauces y directamente al mar, en agricultura y jardines urbanos.
P.482. Unificar las competencias sobre aguas subterráneas en la Consejería de Medio Ambiente, trasladándole aquellas en manos de otras administraciones como la minera e impedir que los permisos de apertura de nuevos pozos se otorguen sin la previa autorización de extracción de agua por parte del organismo de cuenca.
9.3 – Costas
P.483. Devolver a la Administración General del estado todas las competencias en materia de gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre transferidas a Andalucía.
P.484. Instar desde el Parlamento Andaluz al Estado:
P.484.1. Una reforma de la Ley de Costas en el sentido de blindar el carácter demanial del DPMT.
P.484.2. La elaboración de una Ley de Bases del Suelo Litoral que establezca condiciones comunes para el urbanismo en la franja litoral y unifique los criterios a seguir en los informes vinculantes del Estado relativos a los procesos urbanizadores que afecten al litoral.
P.485. En tanto en cuanto no se devuelvan las competencias de gestión del DPMT al Estado:
P.485.1. Articular mecanismos de aprobación de planes de playas plurianuales, incluyendo las concesiones plurianuales de los servicios y equipamientos de temporada.
P.485.2. Mantener las autorizaciones de los chiringuitos existentes en DPMT con una antigüedad superior a los 10 años, e impedir taxativamente la autorización de nuevas instalaciones que no sean desmontables y de temporada. P.485.3. Extender en toda Andalucía la zona de servidumbre de protección en suelo no urbanizable a los 500 metros.
9.4 – Calidad ambiental y residuos P.486. Mejorar la calidad aire de los municipios andaluces mediante el apoyo financiero a los que adopten medidas sobre emisiones gaseosas urbanas, agrícolas y aquellas centradas en la limitación de la circulación de automóviles y elaboren Planes de Movilidad Sostenible ambiciosos que apuesten por el transporte público y la bicicleta.
P.487. Desarrollar un sistema de control y garantía de calidad del aire que asegure la exhaustividad, la coherencia, transparencia y confianza en todo el proceso, incluyendo la comunicación a los ciudadanos.
P.488. Realizar, actualizar y hacer público el inventario de las instalaciones industriales que están utilizando sustancias químicas peligrosas, tanto las incluidas en los textos referidos como otros contaminantes emergentes (COP, CMR, persistentes, bioacumulativas, disruptores endocrinos...).
P.489. Establecer instrumentos y medidas que incentiven la prevención, la reutilización y el reciclado, por este orden. P.490. Vigilar la eficacia de los planes empresariales de prevención exigidos por la legislación en distintos sectores (residuos de envases, residuos peligrosos).
P.491. Favorecer la implantación de medios de recogida más modernos y acordes con la actual tipificación de residuos, de tal modo que se eviten las mezclas y se favorezca la separación y posterior recuperación o reciclado. P.492. Establecer políticas de compra pública que fomenten productos y servicios ecológicamente sostenibles.
P.493. Llevar a cabo un plan de sellado y restauración ambiental de los vertederos incontrolados.
9.5 – Biodiversidad y espacios naturales P.494. Culminar y aprobar todos los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 y Evaluar el estado de conservación de los hábitats de interés comunitario de la región incluyendo un programa de restauración de aquellos en peor estado de conservación.
P.495. Hacer públicos todos los informes de no afección a los espacios de la Red Natura 2000 que deben ser elaborados en relación con planes y proyectos.
P.496. Aprobar y desarrollar los planes de recuperación de todas las especies en peligro de extinción y vulnerables incluidas en el Catálogo Nacional y el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
P.497. Impulsar el desarrollo del Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras.
P.498. Desarrollar protocolos de actuación de urgencia para la restauración de grandes zonas incendiadas, que incluyan los mecanismos de financiación para asegurar el cumplimiento de los plazos de los planes de restauración.
P.499. Condicionar los usos y aprovechamientos forestales a la existencia de Planes de Ordenación Forestal o documentos equivalentes en vigor, que garanticen la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
»Mayte Olalla asegura que el Ayuntamiento de Granada debe 4 millones al Parque de las Ciencias »La Cámara de Cuentas admite posibles "fallos" en la vigilancia del fondo de los ERE
»UPyD pide información a Defensa sobre el incidente ocurrido con un avión de la base militar de Rota
»UPyD en Andalucía reclama medidas a los ayuntamientos que garanticen la igualdad para los LGTB
»Los cargos «a dedo» cuestan a la Junta 15,4 millones de euros
»UPyD afirma que las deudas millonarias entre Junta y ayuntamientos exigen reforma profunda de la administración »Declaración institucional con motivo del día Internacional de lucha contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia »UPyD en Jerez pide a Pedro Pacheco y José López que renuncien a sus actas de concejales »Derezzing Europe, Rezzing Europe
»UPyD en Andalucia recuerda que la web de la EPSA lleva "más de un mes sin publicar los datos sobre VPO desocupadas"

References: artículo 92
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 27
 resolución