Source: http://viviendadigna.org/boletin.php?fecha=2005-05-23
Timestamp: 2019-08-22 05:33:32+00:00

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BOLETÍN DEL 23 DE MAYO DE 2005
CONCENTRACIÓN EN EL SIMA05 EL 28 DE MAYO
LAS HIPOTECAS OBLIGAN A LAS FAMILIAS A COMER DE LA CARIDAD
MILES DE FAMILIAS NO PODRÁN PAGAR SU HIPOTECA EN 5 AÑOS
LA VIVIENDA Y EL TOCOMOCHO
Bilbao: cientos de personas en la manifestación por vivienda
¿Cómo se reparte el precio de una casa?
¿Por qué motivo se hacen tan pocas viviendas protegidas?
El precio del alquiler de vivienda sube a un ritmo del 4,3%
El Euribor sube otra vez en abril y encarece las hipotecas
Diferentes posturas de los partidos ante la vivienda
Trujillo presenta a las regiones el plan de vivienda
Vivienda prevé rebajar plazo de venta de VPO de 15 a 10 años
Solbes justifica el nuevo 'catastrazo' que prepara Gobierno
El Gobierno anuncia casas protegidas para rentas medias
La Comunidad estudia la reforma la Ley de Cooperativas
San Blas: venden casas en que no se puede vivir ni 6 meses
El colectivo Brigadas Cigarreras ocupa un edificio de la EMV
Más de la mitad de viviendas de la Agencia se han alquilado
El comercio madrileño ve reducirse sus ventas
Promotores advierten de que se puede provocar un 'crash'
El estallido de la burbuja salpicaría a todos los sectores
Ampliación UE pone en peligro el 15% del empleo industrial
Uno de cada tres trabajadores en España es temporal
Una encuesta interesante sobre la burbuja
Sacyr Vallehermoso duplica su beneficio atribuible
Se cita a declarar a Florentino P. por caso de los Albertos
CAM: PLAN DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA LAS CLASES MEDIAS
El PSOE corrige a la CAM al respecto de las VPO que ha hecho
GALLARDÓN PIDE 2.250 MILLONES A LOS BANCOS PARA LA M-30
Leganés: nuevas irregularidades en adjudicación de VPOs
Móstoles: Una cooperativa cobra por pisos que no existen
Redacción PVDM - 23 de mayo de 2005
LA PLATAFORMA APOYA LA CONCENTRACIÓN "CONTRA LA ESPECULACIÓN" EN EL SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID (IFEMA)
SÁBADO 28 DE MAYO A LAS 17:00 HORAS
¡ Llevad cacerolas, pitos, tam-tam, lo que sea que haga ruido ! :)
Convoca: Asociación PAU de Vallecas
Apoyan: AAVV-Plataforma PAU de Carabanchel / Asociación de Vecinos del Sureste / Plataforma por una Vivienda Digna en Madrid
Nota: La concentración cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno en Madrid
DiarioSur.es - 21 de mayo de 2005
Las ONG denuncian que el aumento en el coste de la vida sitúa a miles de personas al borde de la pobreza y de la exclusión Más de 15.000 malagueños recurren a los bancos de alimentos
No sólo es pobre quien no tiene nada. Cada vez hay más familias que, pese a disponer de una fuente de ingresos estable, a veces incluso generosa, no pueden hacer frente a los gastos mínimos para seguir adelante. Y se ven abocados a pedir ayuda. Son una nueva categoría de usuarios de los servicios sociales. Más de 15.000 malagueños dependen de los distintos bancos de alimentos, las ONG y la Cruz Roja.
Y la cifra va en aumento. Antonio Paneque, responsable de la Organización Social de Acción Humanitaria (OSAH), indica que el fuerte incremento del coste de la vida desde la llegada del euro y, especialmente, la subida de la vivienda en los últimos años, con los precios de las hipotecas siempre disparados, han hecho que cada vez reciban más demandas por parte de personas que disponen de una nómina media. «El pobre ya no es aquel al que le falta para comer. El riesgo de exclusión social está ahora en la incapacidad para pagar los préstamos y los recibos», sentencia Paneque.
El perfil de este 'nuevo pobre' tiene múltiples facetas. Según Paneque, de una parte aparecen las familias jóvenes, donde sólo uno de los miembros tiene empleo, y generalmente con un hijo pequeño a su cargo. En muchas ocasiones, padres y familiares suelen completar sus escasos ingresos. Pero la fractura llega cuando éstos faltan o simplemente no están en condiciones de ayudar. En segundo lugar, aparecen los mayores con pensiones no contributivas y viudos. En este grupo aparecen jubilados que, pese a contar con pagas más altas, tienen hijos minusválidos o dependientes a su cargo. «El sueldo se les va en medicinas, psicólogos y en cuidadores, porque ellos solos no pueden», precisa.
La Administración no prevé ayudas para los cientos de familias con un nivel laboral medio, que sin embargo no llegan a final de mes. Un equipo técnico formado por un psicólogo y dos educadoras sociales hacen un estudio de las necesidades y valoran cada caso a través de documentos oficiales, como un certificado de ingresos. «Comprobamos que con un solo sueldo no puede vivir una familia con los precios actuales. El modelo donde el marido trabajaba y la madre cuidaba de los niños no permite hoy en día hacer frente al alquiler o a la hipoteca del piso y los gastos de los hijos. Tienen que trabajar los dos», esgrime Paneque.
Las ONG se nutren de los bancos de alimentos. En Málaga, el más grande es Bancosol. Recoge comida en centros de distribución, fábricas y almacenes, y las reparte a organizaciones sociales que trabajan con personas necesitadas, así como en asilos, orfanatos y centros asistenciales de caridad. Tiene en la actualidad 12.000 beneficiarios, y 145 asociaciones registradas. Durante el pasado año repartió 1,8 millones de kilos de alimentos. Y para 2005 esperan alcanzar los dos millones.
Jesús Sojo es el responsable del departamento de aprovisionamiento y, como el resto de voluntarios, está jubilado. Durante 30 años fue delegado de la empresa Puleva en Málaga y su principal misión ahora consiste en buscar posibles donantes. «Todos los miembros tenemos en común el afán por seguir en activo después del retiro y de hacer algo por los demás», explica. También recuperan los excedentes de fruta, verdura y pescado de Mercamálaga y llevan a cabo un reparto diario de productos frescos. Paralelamente, hacen una distribución mensual de los no perecederos. «Somos el supermercado de los pobres. Lo recibimos gratis y gratis lo damos», sentencia Sojo.
Panorama-actual.es - 19 de mayo de 2005
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) de la Comunidad Valenciana presentó en Valencia un estudio donde analiza el problema del sobreendeudamiento y que constata que los españoles "se encuentran al límite de su capacidad de pago, alcanzando su endeudamiento el 95 por ciento de la renta bruta disponible", renta después de impuestos, según datos del Banco de España. En este sentido, Adicae estimó, además, que entre finales de 2005 y principios de 2006 se producirá una subida en los tipos de interés, "lo que unido al excesivo endeudamiento, provocará que miles de familias vean muy difícil hacer frente a sus deudas, en un plazo de cinco años".
Este porcentaje, "era tan sólo del 45 por ciento hace 10 años", informaron fuentes de la asociación, que indicaron, no obstante, que para el 20 por ciento de los hogares con menos renta el endeudamiento "se dispara" al 129,5 por ciento.
Así, según se apunta en el estudio presentado por Adicae, una de las principales causas de endeudamiento de las familias es la adquisición de una vivienda. Su precio, señalaron, "se ha incrementado un 108 por ciento en los últimos ocho años, frente al crecimiento del 27 por ciento de los salarios". Esto supone que "el esfuerzo se ha multiplicado por cuatro en este periodo y que tan sólo el 37 por ciento de los jóvenes menores de 35 años puede permitirse el lujo de independizarse".
En este sentido, la asociación señala que "pese a que se construyen alrededor de medio millón de viviendas al año en nuestro país, la especulación, los impuestos, los ayuntamientos y la insatisfacción que provoca el coste del alquiler, provocan que quienes más necesitan una vivienda tengan cada vez menos posibilidad de adquirirla". Además, el hecho de que la vivienda absorba el 56 por ciento de la renta de los hogares, "hace necesaria la implementación de políticas activas" que regulen este endeudamiento.
MEDIDAS PARA LIMITAR EL ENDEUDAMIENTO
En esta línea, Adicae articula en su estudio diversas propuestas. En primer lugar, propone "una modificación de la normativa del suelo que permita poner mayor superficie en el mercado" y "limitar la omnipotencia de los entes locales". En segundo término, recuperar el nivel de creación de vivienda protegida de hace 8 años, así como que todos los jóvenes menores de 35 años y con un máximo de renta establecido "pudiesen optar a ayudas a la entrada, sin limitarse a la adquisición de viviendas protegidas o de segunda mano".
Por otro lado, apuesta por la creación de alquileres con opción de compra y por incrementar la seguridad legal a los arrendadores frente a los inquilinos que no pagan o causan daños. También, según Adicae, "la posibilidad de exenciones fiscales atractivas, propiciarían que hubiese mayor oferta de viviendas en alquiler, que bajase su precio y que, por lo tanto, se convirtiesen en una alternativa seria a la compra y se limitase el excesivo endeudamiento", añadieron.
La asociación de usuarios propone también en su estudio que se actúe sobre el "margen de maniobra que tienen el Estado y la comunidades autónomas para bajar los impuestos, en las diferentes fases que soporta una vivienda", ya que casi un 20 por ciento del precio corresponde a impuestos.
Por último, la penalización tributaria de las viviendas vacías que no estuviesen en alquiler -existen tres millones, según ADICAE- "limitaría el interés de aquellos que utilizan los inmuebles sólo por negocio y que favorecen el encarecimiento progresivo de los pisos". De hecho, la asociación estimó que "existe un burbuja que sobrevalora los precios" en un 15 por ciento y "su explosión perjudicaría, no sólo a quienes tienen un piso como vivienda habitual o como inversión, sino que también crearía una crisis económica muy seria en nuestro país", al haberse sostenido el crecimiento principalmente en este sector.
Por otra parte, además de la vivienda, los préstamos y créditos, las tarjetas que "regalan" las entidades financieras, "la desaparición de la cultura del ahorro" en nuestra sociedad y "la publicidad agresiva, que empuja a un nivel de consumismo sin precedentes" y a una "ausencia casi total en el control del gasto", por parte de los más jóvenes, son otros factores determinantes en el crecimiento del endeudamiento, explicaron.
El País - 16 de mayo de 2005
Esos altísimos precios de las viviendas se consolidan cuando el excedente monetario mundial se dedica a invertir en vivienda. Se compran viviendas sin ánimo de ocuparlas para aprovechar el margen entre los intereses y el crecimiento de los precios. Pero es evidente que están sobrevaloradas. El Banco de España acaba de decirnos que en la vivienda ese margen es del 20% . Hagamos nuestros cálculos. Calculemos ahora el precio de la vivienda a partir del coste de la construcción, el componente más estable y relativamente transparente del conjunto, unos 600 euros por metro cuadrado. Supongamos que reservamos otro tanto para el propietario del suelo y que promoción, técnicos y permisos se llevan la mitad de esa cifra. No son previsiones pacatas. En las permutas, el suelo se llevaba hasta hace pocos años el 30% del valor final y aquí le atribuimos el 40% .
Calculado así, el precio de venta sería dos veces y media el de construcción, es decir, 1.500 euros por metro cuadrado; o sea, 250.000 de nuestras pesetas. Un piso de 80 metros cuadrados valdría, pues, 20 millones. El que ha comprado por 40 millones sufre una sobrevaloración del 100% .
Probablemente los deudores no soporten aumentos de más de un punto de los intereses (el 30% de incremento de la cuota mensual) . Hipotecarse hoy es algo así como decidir, en un magnífico día de verano, que vas a vivir siempre en camiseta.
Pero no deben preocuparse; cuando suban los intereses, se les alargarán las condiciones de devolución (pobres nietos) .
Autor: Ignacio Paricio, catedrático de construcción de la EScuela de arquitectos de barcelona.
Terra - 15 de mayo de 2005
Cientos de personas se manifestaron esta tarde por las calles de Bilbao, convocados por la plataforma 'Etxebizitza Guztiontzat', para reclamar el derecho a una vivienda digna. La marcha partió a las seis de la tarde de la Plaza del Sagrado Corazón y en la misma estuvieron presentes, entre otros, representantes de Batasuna como Tasio Erkizia, de ELA como Mikel Noval, de LAB como Tutxi Ariznabarreta y de Ezker Batua con Mikel Arana y el director de Inmigración Bertin Omer Oke.
Antes del comienzo de la misma, el portavoz de la Ejecutiva de Ezker Batua, Mikel Arana, mostró su satisfacción por el hecho de que la vivienda haya pasado a ser prioridad en las agendas de muchos partidos políticos y, a la vez, una reivindicación de los colecticos sociales.
En este sentido, destacó la necesidad de que haya una reivindicación social 'muy importante' en el tema del derecho a una vivienda digna, y recordó que en los cuatro años de Ezker Batua al cargo del Departamento de Vivienda están intentando que 'el derecho a la vivienda digna sea una realidad'. 'Está claro que a medida que la reivindicación social vaya aumentando, el nivel de presupuesto dedicado a esta prioridad irá aumentando', agregó.
20 Minutos - 19 de mayo de 2005
Costes: Un mayor control de la política de suelo y de los beneficios de las gestoras en las viviendas de protección parecen las mejores soluciones al problema de los elevados precios.
Las viviendas son muy caras. Es un hecho indiscutible. Las dos preguntas que hay que hacerse son: ¿por qué los precios son tan altos? y ¿quiénes están obteniendo un mayor beneficio de esta situación?
Con los datos facilitados por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (Coaatm), sobre los costes de construcción de un bloque convencional de cuatro plantas con viviendas de 90 metros cuadrados (517,45 euros por metro), y el asesoramiento de expertos con años de experiencia en el gremio, pretendemos dar respuesta a estas cuestiones.
LOS COSTES, DESGLOSADOS
Partimos de un piso de 90 metros cuadrados construidos (72 útiles) con un precio final de venta de 189.318,81 euros (31.500.000 pesetas).
Construcción. Supone un 24,60% del coste final. Pero el beneficio puro que las constructoras pueden ganar ronda el 5% del precio de la edificación.
Gestora. Un 10% sobre el precio de venta, aunque las hay que se llevan hasta un 15%. Si fuera un 10%, por cada piso obtendría 18.931 euros. Ese porcentaje sobre precio de venta es una garantía de que si los precios se disparan, los beneficios también. Es frecuente que gestora y constructora sean la misma empresa o formen parte del mismo grupo.
Otros costes. Suman un 3,79%, unos 7.172 euros por vivienda. Agrupan las tarifas del arquitecto (proyecto y dirección de obra), aparejador (dirección de la ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud), organismo de control técnico (OCT), laboratorio de ensayos, seguro decenal y urbanización.
Suelo. Supondría la friolera del 61,61% del total.
EN LOS PISOS PROTEGIDOS
Obviamente, las cosas cambian mucho. Según los módulos de la Comunidad de Madrid, un piso de protección similar (90 metros construidos) tendría un precio máximode 106.133,04 euros (17.659.052 pesetas). En este caso, la construcción supondría el 43,88% y la gestora seguiría llevándose un 10%. Otros costes representarían el 6,76%. El suelo, que los ayuntamientos suelen adjudicar por concurso público, supondría hasta un 39,36%.
Teniendo en cuenta que el beneficio de gestoras y el precio del suelo suman el 71,61% del precio, queda claro dónde hay que incidir si se quiere facilitar el acceso a la vivienda. Se impone una política de suelos más activa y el control de los beneficios de las gestoras en las viviendas de protección.
BENEFICIARIOS DE LA SUBIDA
Los precios de la construcción no se han encarecido significativamente a lo largo de los últimos años, según las fuentes consultadas. Ni mucho menos al ritmo del incremento del precio final de la vivienda: «Si compruebas datos de hace unos ocho años, puedes confirmar que las cifras de construcción, honorarios de técnicos, etc., apenas han subido, toda el incremento se centra en el suelo y en los beneficios de gestores y promotores».
El Mundo (Su Vivienda) - 20 de mayo de 2005
Los astronómicos precios que ha alcanzado la vivienda en los años del 'boom' -especialmente desde 1996- están provocando que cada vez sean más los ciudadanos con dificultades para acceder a un hogar en propiedad en el mercado libre. El acceso a una casa digna se complica sobre todo para determinados colectivos, como el de jóvenes, inmigrantes, familias que acceden al primer hogar, etcétera, con menos recursos económicos.
Para la mayoría de estos ciudadanos, la única posibilidad de tener una casa en propiedad es poder optar a una vivienda protegida (VPO). Sus rentas se adecúan a las exigidas por la Administración para poder comprar este tipo de casas -no son superiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)-. Pero a pesar de cumplir con los requisitos, sólo una minoría goza del privilegio de conseguir una VPO debido a la raquítica oferta.
Pero, ¿cuál es el motivo por el que este segmento, tan importante para muchos ciudadanos, es tan insignificante en el peso total de las cifras? No todos coinciden en señalar idénticas causas.
«Básicamente no se ha hecho vivienda protegida porque ha faltado voluntad política», expone Ramón López de Lucio, catedrático de Planeamiento Urbanístico de la Universidad Politécnica de Madrid. López de Lucio también considera que «si los promotores pueden vender a 3.500 euros el metro cuadrado, ¿por qué lo van a vender por debajo de un máximo fijado?».
«El motivo es que no hay suelo a precio razonable para poder hacerla respetando los precios máximos marcados. Cuando se establece que hay que hacer el 50% de viviendas protegidas o cualquier otro porcentaje, lo que se hace es cargar el coste a la libre, porque si no no salen las cuentas», explica Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Según el presidente de los promotores «el precio del módulo no es suficiente como para poder hacer VPO obteniendo beneficio. Ha habido mejoras en la construcción que suponen un aumento de los costes, y esto no se ha trasladado al precio máximo establecido. Tal y como están ahora, se obliga a la 'picaresca' de los sobreprecios, y eso no lo queremos».
Pero no todos están de acuerdo con este planteamiento que hacen los promotores, o al menos no en todos los casos es así. «Los módulos dan de sobra para construir, aunque no siempre para adquirir el suelo. Pero lo cierto es que muchas promotoras tienen las reservas de suelo desde hace mucho tiempo, y sí dan los precios, aunque quizás no para sacar el beneficio que pretenden. Sí es posible que, en ocasiones puntuales, un promotor se pille los dedos en zonas recalificadas, pero no es el caso de la mayoría. De hecho, en otros momentos se ha hecho VPO, cuando el tirón de la libre era menor», dice el catedrático de Planeamiento Urbanístico.
López de Lucio augura que «ahora que empieza la desaceleración, se verá cómo sí salen las cuentas, es decir, se verá cómo sí empiezan a hacer las promotoras VPO. Es posible que sea necesario retocar los módulos, pero ése no es el principal problema».
El catedrático hace las cuentas: «Construir un metro cuadrado de buena calidad cuesta unos 721 euros, y la repercusión de la urbanización puede ser de unos 72 euros. De aquí a los 3.600 euros a los que se vende el metro cuadrado hay un margen...».
Una de las medidas que últimamente se ha propuesto desde diversos organismos para favorecer el aumento del número de viviendas protegidas es la utilización de los terrenos de propiedad pública para realizar exclusivamente este tipo de casas. De hecho, diversas administraciones han planteado ya medidas en esta línea. Así, por ejemplo, el Gobierno Central, a través de un acuerdo con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ha planeado transformar unos terrenos propiedad del Ministerio de Defensa en casas protegidas. Se trata de la ya popular 'operación Campamento'. Un tipo de actuación que, según numerosos agentes, debería repetirse con todos los terrenos pertenecientes a las administraciones. Entonces surge el segundo gran interrogante: ¿por qué esto no es así?
«Los ayuntamientos están especulando con los terrenos de su propiedad», dice López de Lucio. ¿El motivo?: «Si no, no les cuadran las cuentas. Es decir, si no obtienen beneficios del urbanismo, tienen un problema de financiación, ya que es su principal fuente de ingresos», explica López de Lucio, quien asegura que «es una pena que se pague a los funcionarios de un Ayuntamiento con cargo a la vivienda, un bien esencial».
«Esto no es cierto. Sólo se saca a concurso para hacer libre parte de las cesiones, un dinero que se emplea luego en colegios y otras dotaciones. Pero el suelo público que tiene la calificación de protegido va destinado exclusivamente a hacer este tipo de casas», explica Luis Partida, presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM).
López de Lucio considera, además, que los ayuntamientos, para financiarse, califican más suelo, sin pensar que luego la conservación de ese mayor parque de casas tienen un coste importante, y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no da para tanto, «es pan para hoy y hambre para mañana».
«El déficit cero se consigue a través de darle muy poca financiación a los ayuntamientos. Entonces la vía principal de éstos para financiarse es la vivienda, de ahí que subasten el suelo para hacer casas libres. Sería tan sencillo como reformar la Ley de Haciendas Locales (LHL)», considera Gonzalo Bernardos, director del Master de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria y profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.
Actualmente, el Gobierno trabaja, precisamente, en un nuevo borrador sobre esta ley, aunque no parece que vaya en esta línea de buscar alternativas a la financiación, según señalan algunas de las fuentes consultadas.
En cualquier caso, sean cuales sean los motivos que se esgrimen, de lo que no cabe duda es de que la vivienda protegida está en el dique seco. Si en 2004 se iniciaron 675.000 casas, únicamente 68.527 eran protegidas, según el Ministerio de Vivienda. Es más, la evolución del número de casas protegidas iniciadas en los últimos años muestra como cada vez este segmento ha ido teniendo un menor protagonismo; justo al contrario de lo que dicta la lógica, ya que si los precios de la libre han ido creciendo, lo deseable es que la oferta de VPO hubiese ido aumentando también, para facilitar el acceso a los que van quedando fuera del mercado.
El número de viviendas iniciadas ha experimentado caídas espectaculares en las dos últimas décadas, aunque en ocasiones puntuales ha tenido ligeros repuntes. Por ejemplo, si en 1986 se iniciaron en España 122.572 casas protegidas, el número se fue reduciendo paulatinamente hasta quedar en la raquítica cifra de 47.309 en 1992, año en el que se construyeron 160.623 viviendas libres, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE).
A partir de 1993, la VPO remonta año tras año, pero a un ritmo muy lento, hasta alcanzar las 67.756 unidades en 1995, cuando la libre llega a las 234.583 unidades.
En 1996 se entra en pleno 'boom'. Pues bien, mientras en la libre se pasa de las 235.000 unidades de 1995 a las más de 550.000 de 2003, en la protegida, de las 68.000 apenas se llega a las 72.000 en las mismas fechas.
2003 es, por otro lado, un caso excepcional, ya que el número de viviendas protegidas aumenta de golpe y bastante significativamente, mientras en los ejercicios inmediatamente anteriores se había ido produciendo una progresiva reducción hasta quedarse en las 44.014 en 2002. También al año siguiente, en 2004, de nuevo se produce una caída en el inicio de este tipo de pisos.
Así, se puede decir que 2003 ha sido el 'gran año' de la vivienda protegida, al alcanzar el mayor número en los últimos 16 años. Un récord para el que ha bastado con la insignificante cifra de 71.720 unidades, insignificante si se pone al lado de las más de 622.000 que conforman el total.
¿Y de cara al futuro? No parece que el panorama vaya a cambiar de manera sustancial en los próximos años: «Los promotores no podremos entrar en este segmento mientras no se suba el precio del módulo», dice Guillermo Chicote.
Y respecto a los resultados de las políticas de vivienda actuales -con especial énfasis en aumentar el parque de VPO- que las distintas administraciones públicas están poniendo en marcha, lo cierto es que aún es pronto para saber si traerán resultados positivos. Hay que esperar más, coinciden en señalar diversas fuentes.
CincoDías.es - 16 de mayo de 2005
Los alquileres de viviendas subieron durante los últimos doce meses una media del 4,3%, lo que supone el porcentaje más alto desde diciembre de 2003, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Este incremento es además superior a la cifra del 3,5% que registró el Índice de Precios de Consumo de abril.
Durante los cuatro primeros meses del año, los alquileres subieron el 1,9%, y sólo en los dos últimos meses, marzo y abril, los precios del arrendamiento de vivienda subieron un 0,5%. Esta subida contrasta, no obstante, con la cifra de crecimiento de los precios de la vivienda, que el Gobierno estimó para el primer trimestre de 2005 en poco más del 15% interanual.
La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Ileana Izverniceanu, ha advertido de que la propia subida del IPC es "preocupante" para todas aquellas personas que viven en régimen de alquiler, ya que el precio de su arrendamiento se revisa anualmente tomando como referencia este índice. Izverniceanu explica así que un incremento de la inflación repercute directamente sobre los precios.
Por comunidades autónomas, las que tienen mercados de alquiler más alcistas son Andalucía, con un incremento del 5,6%, seguida por La Rioja (5%), Murcia (4,8%), Madrid (4,7%) y Cataluña (4,5%).
Las comunidades donde menos subió el precio del alquiler de vivienda en el último año fueron Cantabria, con un crecimiento del 2,6%, Navarra (2,3%) y Ceuta y Melilla (1,5%).
elConfidencial.com - 16 de mayo de 2005
Los analistas consideran que los niveles actuales de este índice son coherentes con la situación de la economía europea.
El Euribor a un año, la principal referencia para fijar los tipos de interés de las hipotecas, bajó levemente en abril, hasta el 2,265%, aunque se mantiene una décima por encima de la media de abril de 2004, por lo que los préstamos hipotecarios que se revisen en las próximas semanas se encarecerán. Según los datos oficiales publicados por el Banco de España, el Euribor, que calcula la Federación Bancaria Europea con información de las principales entidades que operan en la zona euro, bajó en abril 0,070 puntos respecto al mes de marzo. Esta cifra supone una subida de los 0,102 puntos si se toma como referencia abril de 2004, cuando este índice presentaba uno de sus niveles más bajos históricamente.
Además, la de abril de este año es la tasa más baja desde el 2,297% que marcó en mayo de 2004. Por ello, y según los cálculos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), los titulares de una hipoteca media de 120.000 euros con un plazo de amortización de 20 años verán cómo la cuota mensual de su hipoteca se encarece casi seis euros. Con este ligero descenso registrado en abril, después de la subida de marzo, el Euribor mantiene la línea zigzagueante que comenzó a dibujar a finales del verano pasado.
Los analistas entienden que los actuales niveles de la referencia hipotecaria son coherentes con lo que ocurre en la economía europea y consideran que seguirán sin movimientos muy acentuados en los próximos meses. Desde la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc) se considera que esta nueva caída del Euribor confirma que la economía europea "no acaba de despegar", por lo que las previsiones de una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pronosticadas por algunos expertos para el próximo verano, se pospondrían hasta principios de 2006.
MANTENIMIENTO DE COTAS
De momento, el Euribor parece que mantendrá las actuales cotas hasta que se produzcan esas subidas oficiales, señala Ausbanc. Asimismo, los datos del mes de abril muestran un descenso hasta el 2,270% del Mibor, el tipo interbancario a un año que se tomaba como referencia para los préstamos hipotecarios solicitados antes de enero de 2000. En cuanto al tipo medio de los préstamos hipotecarios concedidos por el conjunto de entidades de crédito para la adquisición de vivienda libre, también bajó en abril y se colocó en el 3,325 por ciento, frente al 3,343% de marzo.
Por entidades, las cajas de ahorros aumentaron muy levemente los tipos al 3,419% desde el 3,411% registrado en marzo, mientras que los bancos los redujeron al pasar del 3,265% en marzo al 3,215% en abril. El Banco de España también informó hoy de que el rendimiento interno de la deuda pública entre dos y seis años también bajó, al pasar del 2,800% en marzo al 2,773% en abril.
20 Minutos - 20 de mayo de 2005
Voy a pedir un préstamo hipotecario para financiar la compra de mi primera vivienda y no sé a qué plazo me conviene más hacerlo, ¿alguna sugerencia?.
Debe acomodar el préstamo a su estructura de ingresos y gastos y buscar la combinación más adecuada entre el tipo de interés y el plazo para que se acople a sus necesidades. Alargar el plazo más de lo conveniente supone pagar durante más años y estrecharlo en exceso puede significar una carga demasiado pesada. Por tanto, nadie mejor que usted para valorar el plazo de su hipoteca y elegir la cuota que le resulte más cómoda de pagar. Eso sí, las entidades financieras vienen recomendando que dicha cuota no supere en ningún caso el 40% de los ingresos mensuales. En general, hoy día los préstamos se formalizan a 25 ó 30 años, estando el plazo medio de amortización en torno a los ocho años.
¿Es lo mismo un crédito que un préstamo hipotecario?Pues, aunque ambos son productos de financiación, existe entre ellos una diferencia esencial, y es que en el préstamo hipotecario la entidad bancaria entrega al cliente una cantidad de dinero fija a la firma del contrato, mientras que en las operaciones de crédito la entidad se compromete a entregar un dinero –hasta un límite máximo– mediante disposiciones en la cuenta corriente abierta por el cliente al efecto.
La finalidad de la financiación es determinante a la hora de optar por un préstamo o un crédito. Creo que el mejor producto será el que más se adecúe a las necesidades específicas del solicitante. Sólo si necesita disponer de capital frecuentemente para hacer frente a necesidades de liquidez, la mejor solución es el crédito hipotecario. En el resto de los casos lo más ventajoso es el préstamo hipotecario.
El préstamo hipotecario puede llegar a ser más barato en cuanto a tipo de interés que el crédito hipotecario, y su plazo de amortización más largo. Aparte, aunque también hay comisiones, no son las mismas, porque en el crédito existe además la comisión de disponibilidad y la obligación de cancelar si queremos acudir a otra entidad.
Por ello, recomendamos estudiar o dejarse asesorar para evaluar el producto que mejor se acomode a las necesidades del usuario y elegir la mejor oferta.
Este nuevo espacio está destinado a despejar las dudas de los lectores sobre temas de hipotecas, créditos y reunificación de deuda. Las consultas son atendidas por Ángel Bouzas, consejero director general de Freedom Finance (teléfono gratuito: 900 250 025). Puede enviar las suyas por fax, al 917 015 661, o correo electrónico: nosevende@20minutos.es
Invertia.com - 16 de mayo de 2005
El PSOE pide crear un parque "adecuado" a la demanda, e IU-ICV quiere penalizar las desocupadas. El PP pide un Pacto de Suelo con CC.AA. y Ayuntamientos para evitar la "retención especulativa"
El PSOE defiende en una propuesta de resolución tras el Debate sobre el estado de la Nación -que será votada mañana en el Pleno del Congreso junto con las que presenten las demás formaciones- la creación y mantenimiento de un 'parque' de vivienda protegida, "suficiente y estable", que se adecue a las necesidades y demandas sociales. Por su parte, Izquierda Verde (IU-ICV) quiere, en otra propuesta de resolución propia, que se grave fiscalmente "con intensidad" las viviendas desocupadas para favorecer su puesta en el mercado de alquiler.
La iniciativa socialista pide que la creación del 'parque' se adecue a las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como a sus modos y formas de vida actuales. Para ello, anuncia que "se estudiarán nuevos tipos de vivienda protegida" y que atenderán a variables como ubicación, tamaño, servicios y dotaciones.
Otro punto de esta propuesta de resolución demanda el diseño de una política específica de vivienda para colectivos con necesidades singulares, como jóvenes, mayores, víctimas de violencia de género, de terrorismo o discapacitados.
También quiere que la vivienda protegida incremente su proporción respecto al mercado total de vivienda para residencia habitual y permanente, extendiendo el periodo de calificación de vivienda protegida a toda la vida útil; y a la creación de un sistema de información que incorpore datos sobre urbanismo y suelo en todo el Estado que permita conocer la existencia de suelo clasificado y calificado.
El Partido Socialista quiere además instar al Ejecutivo a promover el equilibrio de los mercados de vivienda en venta y alquiler; garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso; y a que se cree una Comisión Interministerial de Suelo para la coordinación de los distintos Ministerios titulares de bolsas de suelo público del Estado.
IU-ICV: INCREMENTAR COMPETENCIA DE CC.AA
Esta propuesta de resolución ha sido enmendada por Izquierda Verde (IU-ICV), pidiendo que algunos de los puntos del texto socialista se modifiquen para que las Comunidades Autónomas incrementen su competencia en materia de vivienda, y se aumenten sus partidas presupuestarias para que asumirlo.
Izquierda Verde quiere además que se promuevan medidas de intervención en el mercado inmobiliario para asegurar "una oferta pública de suelo que soporte una oferta pública de vivienda suficiente y contrarrestre la especulación en el mercado libre".
PENALIZAR LAS DESOCUPADAS
Además de enmendar el texto socialista, IU-ICV ha presentado su propia propuesta de resolución sobre este tema, en la que defiende que se grave fiscalmente "con intensidad" las que se encuentren desocupadas para favorecer así su puesta en el mercado de alquiler. En este sentido, además impulsa la creación de Agencias Públicas Autonómicas de alquiler de viviendas desocupadas.
IU-ICV pide en otro punto de la misma propuesta de resolución que se impulse un Pacto de Estado entre la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que estarían calificadas de por vida; y Vivienda Social, que sólo se cederían en alquiler. El objetivo es que el 40% de las actuaciones en materia de vivienda protegida se destinen al alquiler social o protegido.
La misma propuesta de resolución justifica además que se invierta la proporción actual de gasto público en vivienda, para lograr que el gasto indirecto en forma de beneficios fiscales se limite al 50%, y que el destinado a inversión directa alcance la misma proporción.
PP: EVITAR LA ESPECULACION
Por su parte, el PP también ha presentado su propia propuesta de resolución sobre vivienda en la que quiere que se inste al Ejecutivo a que conceda "la mayor prioridad" a la negociación de un Pacto de Suelo y Vivienda con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que permita facilitar la transformación de suelo urbanizable en suelo apto para edificar y que, al mismo tiempo, se evite la "retención especulativa del suelo".
Para ello, la formación 'popular' quiere que el Ejecutivo comience con las autonomías y la FEMP las negociaciones sobre la reforma de la ley del Suelo y Valoraciones; así como una relación de los suelos de titularidad estatal que el Ejecutivo tenga previsto incorporar a los Planes de Vivienda de cada comunidad autónoma.
Por último, el PP quiere que el Ejecutivo formalice con las Administraciones Autonómica y Local una serie de convenios para que los Ministerios de Defensa, Fomento, Interior y Hacienda les cedan suelo de titularidad estatal; y que Defensa revierta las plusvalías de 380 millones de euros -obtenidas en la 'Operación Campamento' en la Comunidad de Madrid- en la mejora de las infraestructuras de la zona.
CincoDías.com - 17 de mayo de 2005
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, avanzó ayer que el incremento en la construcción de nueva vivienda protegida, el fomento del alquiler y el acceso a los jóvenes a un piso, con productos específicos para ellos, serán los ejes del nuevo Plan de Vivienda del Gobierno, que, según dijo, hoy se presentará a las comunidades autónomas.
La ministra explicó que éste plan tiene como objetivo 'dinamizar y equilibrar mercado' mediante la construcción de nuevas viviendas protegidas, 'tras la reducción de los últimos años, en los que se ha pasado de 80.000 VPO en 1996 a 40.000 en 2003', subrayó. A ello, sumó como ejes del nuevo Plan el fomento del mercado del alquiler y productos específicos para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda'.
La ministra de Vivienda hizo hincapié en que, en un año de Gobierno del PSOE, 'se ha movilizado suelo público para 28.000 viviendas, en un proceso dinámico, en el que cada día se firman convenios para poner suelo al servicio de la vivienda protegida y al servicio de los ciudadanos'. Esas 28.000 VPO se han erigido sobre 5,5 millones de metros cuadrados de suelo. 'Se ha liberado en el último año tanto suelo público como desde 1977 hasta ahora', afirmó.
Esta política de suelo 'se va a continuar, y no sólo en suelo, sino también en vivienda, en recuperación del patrimonio y en polígonos industriales, colaborando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos'. En vivienda, recordó la reciente puesta en marcha de la Sociedad Pública del Alquiler para fomentar un mercado 'que tiene los índices más bajos de la UE, en España aproximadamente se alquila un 10% de viviendas, cuando en el resto de UE la media puede ser un 50% ó 60%, incluso en algunos países llega al 70% u 80%'.
María Antonia Trujillo afirmó que, desde el Ministerio, 'se pretende que los desarrollos del suelo sean mixtos, que haya suelo industrial y suelo residencial, en línea con las políticas urbanas del resto de países europeos, unas políticas que mejoran la calidad de vida y la sostenibilidad del medio ambiente tanto en cuanto al transporte y como en nuevas infraestructuras'.
MADRID CREA LA VPO PARA LAS RENTAS MEDIAS
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva tipología de vivienda, la Vivienda Protegida de Precio Limitado, dirigida a ciudadanos con rentas medias y cuyo precio se sitúa, en el caso de Madrid capital, un 44% por debajo del valor de una vivienda en el mercado libre. La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lanza este 'novedoso' modelo de vivienda incluido en el Plan de Vivienda 2005/2008 de la Comunidad de Madrid. El objetivo 'es llegar a las clases medias que demandan una vivienda pero que no pueden acceder a las de precio libre, por su elevado coste, ni tampoco a las de protección oficial, ya que sus ingresos están por encima de los límites fijados (5,5 veces el IPREM)'.
La Razón - 18 de mayo de 2005
El límite para acceder a un piso protegido pasa de 5,5 a 6,5 veces el Indicador de Rentas con Efectos Múltiples. El borrador del plan de Vivienda propone que la vivienda de protección oficial se pueda vender transcurridos diez años. También crea la vivienda tasada para aquellos colectivos que por renta se quedan fuera de la VPO y de la libre.
El Ministerio de Vivienda presentó ayer a las comunidades autónomas el borrador del Plan de Vivienda 2005-2008. Hoy se presentará a los 55 colectivos que han aportado ideas en su elaboración.
El Plan estrella del Ministerio está aún en periodo de alegaciones y se espera que en junio se apruebe el Real Decreto y el Consejo de Ministros dé el visto bueno al gasto que supondrá su desarrollo.
Entre las principales novedades del proyecto de la ministra María Antonia Trujillo destaca el cambio en la calificación de la vida útil de la vivienda de protección oficial. El borrador señala que transcurridos diez años se pueda vender cuando la media actual es de 15 años. El ministerio apuesta por que se facilite la venta de vpo una vez descalificada pero ni a precios de mercado libre ni al que se adquirió, excepto en casos determinados como víctimas de terrorismo o discapacitados. El precio pasados los diez años se actualizará con el IPC o con el valor de la vpo más cara que haya en el momento.
Esta medida pretende poner fin al enorme fraude que hay alrededor de la venta de vivienda protegida. Por ello, el ministerio creará un registro de demandantes de vivienda en el que tendrán que inscribirse los solicitantes y sólo se podrá vender a los que estén en dicho listado. Es decir, la única posible conexión entre comprador y vendedor se hará por medio de dicho registro.
Otra novedad que en principio se incluirá en el plan es que nadie que tenga una vivienda podrá acceder a una protegida.
Desde el Departamento que dirige Trujillo, se ha insistido mucho en el deseo de activar el mercado del alquiler en España que es la opción menos elegida por los ciudadanos que prefieren ser propietarios antes que arrendatarios. Por ello, la propuesta es dar más financiación a actuaciones para el alquiler que para compra. Los precios de alquiler que baraja el ministerio son alrededor de la mitad que en el mercado libre. Por ejemplo para una vivienda de 80 metros cuadrados, el precio a pagar sería de unos 400 euros.
Nueva vivienda tasada. Según el borrador del plan se amplían los destinatarios que pueden acceder a una vivienda protegida. Hasta ahora la renta de los aspirantes a una vpo no podía superar 5,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) y, a partir de ahora, será de 6,5 veces.
En cuanto a la compra, se incluye una nueva tipología: la vivienda concertada o de precio tasado. La vivienda de precio tasado (vpt) beneficiará a un segmento de la población que con los requisitos actuales de ingresos que se requieren para acceder a una vpo se quedan fuera y sin embargo no llegan a poder adquirir una vivienda en el mercado libre. El precio aproximado de la vivienda tasada es un 20 por ciento más cara que la vivienda protegida. De acuerdo las nuevas condiciones citadas, una familia con una renta de entre 30.000 y 37.000 euros podrá acceder a una casa de este tipo.
El Ejecutivo preve destinar un 30 por ciento de las inversiones a este tipo de vivienda del total de las 180.000 actuaciones previstas.
Por otra parte, el nuevo plan incluye también ayudas a la adquisición de suelo para vivienda protegida, de manera que se apoyará a las sociedades públicas de promoción de suelo.Además se limitará el apoyo a la urbanización de vivienda libre que antes se practicaba.
El departamento que dirigue Trujillo propondrá la creación de una mesa nacional de seguimiento en la que estarán presente todos los colectivo que han participado en la elaboración del Plan. Precisamente ayer, el Gobierno valenciano anunció que sacará al mercado 10.000 pisos en alquiler para jóvenes menores de 35 años, en un plazo 3 años.
Libertad Digital - 18 de mayo de 2005
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha afirmado que la subida del 23 por ciento de los valores catastrales que constituyen la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no es tan significativa si se tiene en cuenta que no se revisaban desde el año 2000, y ha señalado que se trata de un incremento en línea con los realizados en años anteriores.
En respuesta al senador de CiU, Pere Macias, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Solbes atribuyó el aumento del valor catastral, como consecuencia a su vez de la revisión del módulo M, a la necesidad de "ponerlo al día", e indicó que esta revisión no entrará en vigor de forma inmediata sino que se trata de un aumento para los próximos años. "No exageremos las cifras porque no tiene ningún sentido", afrimó el ministro, para quien este proceso no es ninguna novedad, ya que la revisión de los valores catastrales se realiza anualmente. Así, indicó que en 2004 este proceso afectó a 295 municipios; en 2003, a 242 municipios; en 2002, a 142 municipios; en 2001, a 154 municipios y en 2000, a 169 ayuntamientos.
HASTA JUNIO NO SE CONOCEN LOS AFECTADOS
En cuanto al número de municipios afectados, afirmó que hasta el mes de junio no se conocerán, ya que no será hasta esta fecha cuando los ayuntamientos aprueben lo que se denomina "ponencia de valores" con la nueva revisión de los valores catastrales. En este sentido, dijo que en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se prevé que la determinación de los valores catastrales se llevará a cabo de oficio o a instancia de los ayuntamientos correspondientes cuando se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los de determinación de catastro. Sin embargo, aseguró que la modificación de los valores vigentes sólo podrá iniciarse transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento y, en todo caso, a partir de los diez años desde dicha fecha. Además, afirmó que para la ejecución de estos procedimientos es imprescindible la conformidad previa de los municipios afectados. Por tanto, subrayó que no se puede afirmar de forma genérica que 300 municipios van a ser objeto de revisión catastral este año, ya que no es posible determinar cuántos de los afectados optarán por aplicar estas normas de acuerdo con las ponencias de valores de los ayuntamientos, que se aprobarán a partir del mes de junio. Por su parte, el senador Macias indicó que su grupo, CiU, teme que se produzca un nuevo "catastrazo" por el importante incremento del 23 por ciento de los valores catastrales, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que tendrán que soportar ese incremento en el IBI. Por ello, pidió a Solbes que se determine pronto cuántos municipios se verán afectados y cuándo se conocerá.
20 Minutos - 18 de mayo de 2005
Con ingresos de entre 31.000 y 37.000 euros anuales.
El borrador del Plan de Vivienda 2005-08, que ayer se presentó a las comunidades autónomas, prevé un nuevo tipo de vivienda pública protegida, un 20% más cara que las actuales VPO (vivienda de protección oficial), y a la que podrán optar las familias de rentas medias (con ingresos de entre 31.000 y 37.000 euros al año), que actualmente no pueden acceder ni a la vivienda libre ni a la pública. Algunas comunidades, como Madrid y la Comunidad Valenciana, ya habían anunciado estos días la salida al mercado de este tipo de casas. El Ministerio de Vivienda explicó que este nuevo módulo –que se podría llamar «vivienda de precio concertado»– se calculará multiplicando un coeficiente representativo del nivel de vida de cada comunidad por entre 5,5 y 6,5 veces el indicador de rentas públicas , antiguo salario mínimo interprofesional (14 pagas de 460,5 euros). Serán las comunidades las que decidan qué porcentaje de vivienda protegida se acogerá a este nuevo tipo, aunque nunca podrá superar un tercio del total.
Vida útil: Prolongar (sin efectos retroactivos) la calificación de VPO a toda su vida útil, para evitar la especulación y aumentar el parque de vivienda pública. Venta: Facilitar la venta de VPO una vez transcurridos 10 años desde su compra (el plazo actual es de 15 años). Control: Para evitar fraudes, habrá un registro de vendedores y demandantes de VPO, que evitará que exista conexión entre ellos. Alquiler: La renta de las viviendas protegidas supondrá el 3% del precio de venta de la casa (por ejemplo, se ofertarán pisos de 80 m2 en Madrid por 400 1).
MadridDigital.info - 16 de mayo de 2005
El consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, afirmó esta mañana que la Comunidad de Madrid estudia la reforma de la Ley de Cooperativas de la Administración regional con el objetivo de satisfacer de un modo más eficaz las necesidades tanto de las cooperativas como de los socios cooperativistas. Además, con la reforma se pretende lograr un mayor grado de seguridad jurídica y una mayor flexibilidad en la regulación.
Así lo anunció el consejero de Empleo y Mujer tras reunirse con el Consejo del Cooperativismo de la Comunidad de Madrid, donde se acordó impulsar la reforma, que está siendo estudiada dentro del marco del Consejo del Cooperativismo de la Comunidad de Madrid por representantes del sector cooperativo, de la Administración regional y expertos ligados al ámbito universitario, después de seis años de su entrada en vigor (Ley 4/1999 de 30 de marzo).
Las principales modificaciones propuestas afectan al régimen económico de las cooperativas se flexibiliza el destino de las plusvalías ocasionadas por la regularización de los balances, simplificando para ello los supuestos de transmisión de las aportaciones al capital.
Del mismo modo, se estudia realizar una profunda modificación en lo referente a la aplicación de los beneficios derivados de la actividad de la cooperativa, que anteriormente debían destinarse en su totalidad a la reserva obligatoria y que ahora serían disponibles hasta en un 50%, buscando para ello un mayor equilibrio entre el interés del socio y el interés de la cooperativa como institución.
La otra gran reforma en estudio, según señaló Güemes, se centrará en las cooperativas de vivienda, donde se buscará una mayor seguridad jurídica de las cooperativas y la protección de sus derechos e intereses individuales y colectivos, especialmente frente a las denominadas “gestoras de cooperativas”.
Entre otros aspectos, se estudia la tipificación de las causas específicas de baja justificada para estas cooperativas o posibilita que puedan ser socios las personas que cofinancien la vivienda, aunque sea limitado su voto.
Además, en la regulación de la promoción por fases de cooperativas de vivienda se eliminará la responsabilidad subsidiaria de la cooperativa por deudas de las distintas fases, ya que con la normativa anterior los socios de una fase podrían verse injustamente obligados a responder de las deudas de otras fases.
La Razón - 19 de mayo de 2005
Los apartamentos tienen clasificación de turísticos y es ilegal su uso como residencia permamente
Un piso seminuevo, en una urbanización con apenas cinco años de la que no cuelga ningún letrero, ni grande ni pequeño, que explique que se trata de un bloque de apartamentos turísticos –multipropiedad–. Una buena oportunidad de compra para quien trabaja cerca. Y cerca trabajan muchos, ya que se trata del polígono industrial de San Blas, concretamente de la calle Julián Camarillo.
Un conserje ofrece información de un piso que está en venta: «No llega a los 300.000 euros», dice el responsable que controla la garita. El teléfono que ha dado el conserje es correcto, el precio casi también. «Son 48 millones de las antiguas pesetas», explica ya Eva, la vendedora. «Tiene dos habitaciones, un acabado de lujo, y cocina indepen- diente», cuenta. A la pregunta de si es legal vender un apartamento que está calificado como turístico como vivienda permanente, la misma vendedora responde: «No hay ningún problema, yo se lo compré a la constructora y he hecho lo mismo con otro en Alcalá, 508 y con uno que voy a adquirir en el polígono de Las Mercedes, en Coslada», contesta la dueña, que no aclara en ningún momento la peculiaridad de su venta. «Sólo se puede vivir en este tipo de apartamentos, por su condición de turísticos, un máximo de seis meses al año», explica el concejal de San Blas, José Enrique Núñez.
CERROJAZO A LOS ELEMENTOS COMUNES
Al amparo de una normativa no lo suficientemente clara se está, por un lado, haciendo una venta «ilegal» para el que no adquiere la vivienda como una multipropiedad sino como su residencia habitual y, por otro, dejando al nuevo comprador en una situación de «indefensión» vecinal. Las normativa de incendios o medio ambiente es diferente en suelo industrial que en residencial. Un ejemplo: el ruido permitido es superior.
La explotación del edificio debe ser, por tanto, realizada por una única sociedad o persona, lo que impide que haya una explotación particular de las viviendas.
También pesa sobre los tres bloques de apartamentos turísticos que hay en San Blas amenaza de precinto de los elementos comunes. ¿La causa? «No tienen licencia de funcionamiento y se les ha dado un tiempo para que la saquen o se procederá al precinto de las zonas comunes, como la piscina, el garaje o el aire acondicionado comunitario», cuenta Núñez. Las empresas, por tanto, no se han dado de alta como operadores turísticos, aunque todas están empezando unos trámites que debían haberse exigido desde el principio. «Nosotros nos encontramos los inmuebles ya construídos y estamos haciendo la labor de control urbanístico que nos corresponde», aclara Núñez.
Otro punto que se está investigando de estos «negocios turísticos» es su forma de tributar al fisco. «Hay que averiguar si pagan el Impuesto de Actividades Económicas o el de Sociedades, por ejemplo», dice el concejal. Además, en cada vivienda de esta multipropiedad hay que incluir un 16 por ciento de IVA, frente al 7 por ciento que se abona en el caso de venta de un inmueble residencial.
ABC (Madrid) - 16 de mayo de 2005
El colectivo autodenominado Brigadas Cigarreras ocupa desde el pasado viernes un edificio de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) en Lavapiés, al que quiere convertir en un «espacio social».
Según la Red Tabacalera a Debate, «la comunidad de propietarios del edificio, junto con otras gentes afectadas por el plan de rehabilitación, iniciaron un proceso de lucha, apoyo mutuo y búsqueda conjunta de soluciones y, tras un largo periodo de movilización, lograron que el Ayuntamiento aceptase asumir su compra y realojar a sus vecinos en vivienda pública».
«SIN PLAN CONOCIDO»
Argumentan que ahora el edificio pertenece a la EMV, que no tiene «ningún plan conocido». Los okupas, que pretenden «arreglar algunos destrozos del edificio», que según dicen «la EMV ha efectuado expresamente en él», señalaron que el nuevo espacio les permitirá «organizar reuniones, trabajos, archivos y algunas actividades que no sean de masas, para que no produzcan demasiado ruido».
El pasado 17 de febrero, miembros de diversos colectivos de Lavapiés y de la Red Tabacalera a Debate fueron desalojados del edificio situado en el número 35 de la calle de la Cabeza, que mantenían okupado desde hacía 20 días en señal de protesta por «la falta de espacios sociales participativos» en este barrio, informa Efe.
MadriDiario.es - 19 de mayo de 2005
Se cumplen cinco meses desde la puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler. Un servicio que surgió del área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que se convirtió así en agente inmobiliario. Un intermediario entre arrendadores e inquilinos que tiene en su base de datos 1.180 viviendas de las que 627 han sido alquiladas. Sigfrido Herráez, delegado de Vivienda, se muestra muy convencido de que la agencia municipal "ofrece mejores condiciones que la Sociedad Pública de Alquiler que anunció el ministerio de Vivienda".
Lleva cinco meses en funcionamiento y ya hay inscritas 1.180 viviendas en el programa. De éstas, 627 ya han sido alquiladas y el resto se encuentran en proceso de ajuste entre la oferta y la demanda, "dada la gran afluencia inicial de solicitantes y propietarios que acudieron a los servicios de la Agencia en las primeras semanas de funcionamiento, lo que ha dificultado una mayor celeridad en la inspección, control y gestión del alquiler de las viviendas", explica Sigfrido Herráez, aunque aclara que "esta situación se está normalizando gradualmente".
Para Herráez, la Agencia Municipal de Alquiler "es un programa con mejores condiciones y ventajas, tanto para el inquilino como propietario, por tanto, siempre estaremos abiertos a una colaboración con la anunciada Sociedad Pública de Alquiler, del Ministerio de Vivienda siempre que mejore las condiciones que ofrece actualmente", dice Herráez.
El perfil medio de los usuarios del servicio pertenece a un "un joven que busca su primera vivienda; y respecto a los arrendadores, nos encontramos ante un número importante de propietarios de viviendas que han sufrido malas experiencias anteriormente con sus inquilinos, como impagos, daños en la vivienda o conflictos sobre la interpretación de la normativa", explica Herráez.
Además, "son muchos los propietarios que por su avanzada edad, encuentran cómodo un servicio en el que la Agencia les gestiona gratuitamente todos los trámites que un alquiler precisa". Las dudas más frecuentes que asaltan a los usuarios de este servicio son los aspectos jurídicos del contrato de arrendamiento. Es decir, "la duración, derechos del inquilino a renovarlo y del propietario para recuperar la vivienda. Otra de las dudas planteadas, una vez comenzado el periodo del alquiler, es saber a qué parte le corresponde reparar los daños de la vivienda, quién cubre pequeñas reparaciones y cada vez recibimos más solicitudes de asesoramiento en cuanto a las desgravaciones fiscales por alquiler", aclara el responsable del área.
Una gran parte de los pisos, el 43 por ciento, estaban ubicadas en la almendra central de la ciudad. "Esto significa que avanzamos hacia el cumplimiento de dos objetivos básicos del programa desde su puesta en marcha: la regeneración del centro de la ciudad a través de los jóvenes y la movilización del parque de viviendas vacías en nuestra ciudad", explica Sigfrido Herráez. Además, el 69 por ciento de las casas llevaban vacías más de seis meses antes de adherirse al programa.
Metro News Madrid (Madrid) - 17 de mayo de 2005
El sector más castigado es la hostelería, pero se mantiene el optimismo
El 46% de los empresarios madrileños del sector terciario asegura que su volumen de negocio ha bajado durante este primer cuatrimestre de 2005. Y sólo el 19% estima que su cartera de clientes ha subido. Esta negativa percepción del momento que atraviesan el comercio y la hostelería de la ciudad ha quedado reflejada en el informe de coyuntura que elabora la Cámara de Comercio de Madrid. Las inquietudes del comercio minorista no son compartidas por los mayoristas, que no detectan un descenso en el número de clientes. Sin embargo, se quejan de un aumento de la morosidad.
Unos y otros comparten, no obstante, un llamativo optimismo de cara a las próximas fechas. Casi la mitad de ambos comerciantes, los especializados en venta al detalle y los que trabajan la venta al por mayor, coincide en esperar una pronta mejora. Todos creen que el tirón del consumo llegará antes del verano. Los que se llevan la peor parte son los hosteleros, en especial los bares de copas. En este sector, hasta un 63% de los empresarios asegura haber visto reducirse su caja diaria durante 2005. Buena parte de los empresarios madrileños han empezado el año notando cómo su cuenta de resultados se resentía. El 46 % de ellos reconoce que su volumen de negocio ha descendido durante el primer trimestre del año, según se desprende de un informe de coyuntura realizado por la Cámara de Comercio de Madrid y al que ha tenido acceso Metro Directo. La escasez de clientes, la competencia con las grandes superficies, así como la falta de aparcamiento en las zonas comerciales son los tres grandes problemas con los que lidian los pequeños empresarios, según se deduce de esta encuesta.
Por su parte, al comercio mayorista le preocupan los impagados y el retraso en el cobro a clientes. La gente cada vez paga peor y más tarde. De hecho, el 12% de los empresarios considera que su gran bestia negra es su cartera de deudores.
HOSTELERÍA, EL PEOR PARADO
Tan sólo un exiguo 19% de los comerciantes madrileños considera que ha aumentado su clientela. Eso sí, por optimismo que no quede. Casi la mitad de los minoristas y mayoristas están convencidos de que van a mejorar las ventas antes del verano, aunque se muestran bastante preocupados por el incremento de los precios de compra a proveedores y por el repunte de los precios de venta al público. Quienes más han notado que los madrileños nos estamos apretando el cinturón en este 2005 son los restaurantes, bares y locales de copas. El sector, según reconocen los empresarios encuestados, ha visto cómo sus expectativas se hacían añicos. De hecho, la hostelería y el turismo son los sectores más tocados . Un 63% de los empresarios ha visto sus negocios menos concurridos. Una tendencia que, están convencidos, cambiará esta primavera.
Cuidado con las intervenciones en el mercado inmobiliario. Es la advertencia de los promotores al Gobierno en la presentación del tercer estudio Planner-Asprima, una referencia editorial del sector, que este año lleva por título El mercado inmobiliario español: oportunidades y retos y que es el pistoletazo de salida al Salón Inmobiliario de Madrid 2005, el más importante de Europa, a celebrar a finales de este mes de mayo.
Cuidado con el sector inmobiliario, sencillamente, porque hablar de la construcción es hablar de la economía española, de cerca del 20% del PIB, de más de 100.000 puestos de trabajo, el 23% de toda la creación de empleo en 2004 en nuestro país, con lo que el sector suma ya más de dos millones de asalariados, según datos de Seopan, la patronal de las constructoras, recogidos en el estudio.
Teniendo esto en cuenta, José Manuel Galindo, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y Ángel Bergés, director general de Analistas Financieros Internacionales (AFI), participantes asimismo en el informe, hacen una reflexión sobre la burbuja inmobiliaria española. “¿Estamos solos en el boom de los precios de la vivienda de los últimos años o algún otro país nos acompaña?” Y concluyen que dos de los países que experimentaban con España “velocidades de crucero” en este terreno, como eran Reino Unido y Australia, han registrado “severas contracciones” después de progresivos aumentos en los tipos de interés de sus respectivos bancos centrales.
Como el nuestro se encuentra dentro del área euro, no es previsible una subida de tipos tan brusca como las mencionadas, algo que nos dota de una “red de protección” ante un fuerte cambio de tendencia. Sin embargo, dos nuevos países de la eurozona se suben al carro de la burbuja: son Francia e Italia. Esto hace temer que la autoridad monetaria común decida subir el precio del dinero, con las consecuencias antes señaladas. En cualquier caso, Galindo resume la situación con una frase esclarecedora: “Seguimos viviendo de prestado”.
Las previsiones del estudio Planner-Asprima para los próximos tres o cuatro años son de una “normalización” en el ritmo de encarecimiento de la vivienda, de manera que se sitúe algo por encima de la inflación. Bergés, aunque descartó una “debacle” en los precios, sí se mostró tajante a la hora de valorar la evolución reciente del sector: “Es insostenible e indeseable, incluso para los promotores, un alza anual del 17%”.
La Voz de Galicia - 18 de mayo de 2005
Millones de ciudadanos viven obsesionados con el precio de la vivienda. No hay comida familiar o reunión de amigos en la que no salgan a relucir los disparatados precios de las casas y cada vez es más habitual que surjan debates sobre si hay o no burbuja inmobiliaria y si ésta puede llegar a estallar. Al margen de estas dos cuestiones, en las que ni siquiera los economistas se ponen de acuerdo, sí es posible aventurar cuáles serían los efectos del temido pinchazo de la burbuja.
Una brusca caída de los precios de la vivienda disminuiría el valor del patrimonio de las familias, que se encontrarían en la tesitura de que su casa vale bastante menos que su hipoteca. Sería un duro golpe a la línea de flotación de la confianza de los hogares, que recortarían su consumo de manera brusca. Eso sin contar que la mayoría de las personas se ven obligadas a endeudarse para adquirir su casa, algo que, en un escenario de precios hinchados -con hipotecas cada vez más elevadas-, acaba mermando su capacidad de gasto.
Empresas. Como ya se ha dicho, la pérdida de confianza de las familias se traduce en menores compras y, por tanto, en menores ventas para las empresas que, llegado el caso, tendrían que echar mano de la reducción de costes para mantener sus beneficios. Esta estrategia suele traducirse, por lo general, en menores contrataciones e incluso despidos. Otro golpe para las economías familiares y para el consumo.
Banca. En principio, que los precios de las casas bajen no tendría que traducirse, por sí solo, en impagos de hipotecas, siempre y cuando el factor trabajo se mantenga estable. Ahora bien, si la economía se resiente puede producirse un aumento del desempleo y es entonces cuando surgen los problemas. El que asume estas consecuencias en última instancia no es otro que el sistema bancario, que podrá tener problemas para seguir financiando de forma eficiente la actividad económica.
Economía real. La economía se resiente porque las familias gastan menos y las empresas invierten menos en bienes de equipo y en personal.
Crisis bursátil. Los expertos aseguran que el pinchazo de una burbuja inmobiliaria es mucho más perjudicial que un proceso similar en la Bolsa. Sencillamente, porque el número de propietarios de una casa es mucho más elevado que el de accionistas y porque la inversión en vivienda es mayor.
ABC - 17 de julio de 2005
Empresas constructoras, turísticas, financieras, eléctricas y de telefonía españolas tienen posibilidades de beneficiarse de los fondos que recibirán los nuevos países de la Unión Europea
El proceso de ampliación de la Unión Europea supone un importante desafío para los estados miembros, que tendrán que modificar algunas de sus pautas de comportamiento para poder competir en el nuevo escenario. Para España, la incorporación de los países del Este y bálticos, representa un peligro de deslocalización para el 15% de nuestro empleo industrial, según se recoge en un artículo de los profesores Lluís Torrens y Jordi Gual en la revista «Papeles de Economía Española», que edita la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
En concreto, en el citado artículo se explica que serán los sectores de material de transporte, equipos electrónicos y eléctricos, caucho y materias plásticas los que presenten un mayor riesgo de deslocalización, y estas actividades, apuntan, «aglutinan el 15% del empleo industrial».
En consecuencia, el análisis muestra que para algunos sectores industriales importantes, la conjunción del proceso de ampliación, la débil evolución de su posición competitiva en los últimos años y la fuerte presencia en el sector de empresas multinacionales con filiales españolas que no juegan un papel estratégico global en sus organizaciones configuran un escenario de alto riesgo de deslocalización, que podría afectar negativamente al conjunto del tejido industrial español.
20 Minutos - 16 de mayo de 2005
La tasa de temporalidad en España casi triplica la media comunitaria.
Según los datos de la última encuesta de población activa, el 32,5% de los trabajadores en España tienen contrato temporal. Las estadísticas son peores entre los menores de 25 años, ya que el 82,5% de los jóvenes entre 16 y 19 años tienen contrato temporal, según UGT. Además, este tipo de contratos tiende a incrementarse entre las mujeres. También los trabajadores del sur de España (en Andalucía se llega al 44,5% de temporalidad y en Murcia al 39,6%) y aquellos que tienen menos estudios los sufren en mayor proporción que el resto.
CincoDías.com - 17 de junio de 2005
CincoDías.com - 16 de mayo de 2005
El grupo Sacyr Vallehermoso ha incrementado su resultado atribuible un 112% interanual desde enero a marzo, y gana 144 millones de euros impulsado por las plusvalías asociadas a la venta de derivados y de las acciones de BBVA, conforme al cálculo realizado según las nuevas normas de contabilidad internacional.
Las ventas de esta compañía subieron un 9,8%, hasta 817,5 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación mejoró un 38,1% y alcanzó los 199,9 millones.
El pasado mes de febrero, el grupo constructor desistió finalmente de su intento por convertirse en el accionista de referencia del que es el segundo banco más grande de España. Tras ese desistimiento, y al vender acciones y derivados de esta entidad financiera, obtuvo unas plusvalías de 148,6 millones de euros.
Esta operación, queda reflejada en el balance a marzo con un resultado financiero positivo de 88,6 millones de euros, frente a las pérdidas de 20,1 millones de marzo del año pasado.
elConfidencial.com - 17 de julio de 2005
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha citado a declarar al presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez Rodríguez, en relación con la causa que en dicho juzgado se sigue contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer, por su presunta participación en un delito de denuncia falsa en documento privado. La citación de Pérez, para el 8 de septiembre próximo, es en calidad de testigo.
Se trata de la carta, supuestamente aparecida en el buzón del despacho de Gloria Álvarez, que sirvió a Los Albertos para querellarse contra los empresarios Pedro Sentieri y Julio San Martín, sus ex socios en Urbanor (propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla donde se levantan las Torres KIO). Cortina y Alcocer fueron condenados por el Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a sus entonces socios en la venta de los terrenos.
Además de a Florentino Pérez, el titular del juzgado número 11 ha citado a declarar, también en calidad de testigos, a los abogados Antonio Hernández Gil y Ramón Hermosilla Martín, ilustres miembros del foro madrileño, integrantes del equipo legal que asesora en esta peripecia desde sus inicios a Los Albertos. Vuelve a ser citada, aunque ahora como imputada, la propia Gloria Álvarez.
El pasado martes 10, Cortina y Alcocer declararon como imputados ante el titular de ese Juzgado que firmaron un contrato en el que ofrecían hasta 4,5 millones de euros para conseguir pruebas que les libraran de la cárcel. Los contratados fueron dos supuestos empresarios, José María y Javier Arnaiz, que tomaron contacto con los primos a través de Florentino Pérez y se comprometieron a reunir pruebas de que Los Albertos no estafaron a sus socios en Urbanor.
La situación de Florentino Pérez en este caso podría complicarse en extremo, a tenor de los documentos aportados el martes ante el juez del 11 por los propios Albertos (más de 60 folios) en los que se describe una participación del de ACS mucho más significativa de la que podría deducirse de las noticias aparecidas hasta ahora, según las cuales se habría limitado a actuar de “mero intermediario”.
De acuerdo con las pruebas documentales que obran en poder del juez, la relación de Pérez con el caso se inició el 15 de marzo de 2003, fecha en que José María Arnaiz, ingeniero de caminos, con domicilio en Collado Villalba (el mismo municipio donde Gloria Álvarez tiene su despacho, en cuyo buzón apareció la carta anónima), se dirige a Florentino, con residencia en Fray Bernardino Sahagún:
“Querido compañero: Te pido disculpas por abordarte en tu domicilio (...) Tengo la plena capacidad de proporcionar con total garantía a los señores Cortina y Alcocer un servicio jurídico que con absoluta seguridad les sacaría del problema en que se encuentran, porque se probaría que la querella que ha producido la condena que padecen es falsa. Como creo que son tus socios y amigos, y puesto que comparto profesión contigo, Escuela y Colegio, me he permitido consultarte para que, si lo estimas apropiado y conveniente, me facilites un encuentro urgente con ellos, ya que no me ha sido posible localizarlos por mis propios medios”.
El pasado martes por la noche, a preguntas de la prensa, Pérez aseguró que se limitó a cumplir los deseos de su colega entregando la carta a Los Albertos, lo que “hizo de inmediato sin tener intervención adicional alguna”. La realidad es que hizo bastante más, puesto que fue él quien puso en contacto a los hermanos Arnaiz con el abogado Ramón Hermosilla, jefe de la trouppe jurídica de los primos.
En carta, bajo el membrete de “Confidencial” que José María Arnaiz dirige el 28 de julio de 2004 a Hermosilla, señala textualmente que “esta seria opción de exculpación y rehabilitación absoluta, nada fácil de construir (sic), se debe a que Florentino nos escuchó y tú gestionaste hábilmente una vía de trabajo factible. En cambio, las defensas estrictamente técnicas de Mourullo y Hernández Gil han producido condenas firmes y procedimientos interminables. En consecuencia, tu criterio es superior al de ellos, por lo que no deberías dejarte influir en absoluto por sus “consejos técnicos”, tan dañinos hasta ahora, y habrías de asumir el liderazgo de la acción jurídica”. Para entonces, las partes ya habían firmado el “Contrato de 27 de marzo de 2003” al que se refiere con profusión el ingeniero Arnaiz.
A primeros de 2004, Hermosilla comienza a dar la callada por respuesta a los Arnaiz. La carta “nada fácil de construir” ya está en vía judicial, y ha sido sometida a las pruebas periciales correspondientes. Los “ingenieros” creen que han cumplido su trabajo y reclaman los 4,5 millones de euros prometidos por Los Albertos “dado el excelente resultado obtenido”. En vano.
El 31 de mayo de 2004, José María Arnaiz se dirige por carta a Ignacio Peláez, abogado de Los Albertos: “En vista de que, a pesar de sus buenas intenciones, no se produce ningún avance en las reivindicaciones que venimos formulando, lo que está desesperando a mi hermano Javier, voy a solicitar la mediación directa de don Florentino Pérez, que fue quien me presentó al señor Hermosilla (...) Le comunico a este propósito que facilitaré a don Florentino toda la información de que dispongo, rogándole que medie con equidad...”.
Y el 15 de junio de 2004, Arnaiz escribe a Florentino, de nuevo a su domicilio: “Me veo en la necesidad de molestarte nuevamente porque estoy muy preocupado por la deriva que está tomando el asunto que nos ocupa (...). Con este propósito te remito la información adjunta, te ruego encarecidamente que prestes tu mediación y te confirmo mi plena disposición para concluir el asunto caballerosamente, como corresponde a personas serias y cumplidoras”. Un sello de Seguridad de ACS, de fecha 16 de junio de 2004, prueba que Florentino Pérez recibió información detallada sobre el montaje que pretendía exculpar a Los Albertos por su condena en el ‘caso Urbanor’ mucho antes de que se descubriera el pastel de la carta falsa.
El titular del Juzgado nº 11 ha requerido al notario Manuel Richi Alberti, en cuya notaría fue depositado el “Contrato de 27 de marzo de 2003” para que entregue en el juzgado el documento referido. El juez cita también para prestar declaración como testigo a Pedro Sentieri, que el 10 de mayo no acudió a hacerlo. Finalmente advierte a los hermanos Arnaiz sobre su eventual imputación futura en el caso.
Telemadrid - 17 de mayo de 2005
A partir de hoy se puede solicitar la calificación para las viviendas protegidas de Precio Limitado (VPPL).
Este nuevo modelo de vivienda publica se configura como solución para familias con rentas medias, que superan los umbrales de la vivienda protegida tradicional pero que no pueden acceder al mercado libre.El requisito, por tanto, es que los adjudicatarios tengan ingresos de hasta 7,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No hay límite de edad y el comprador sólo tendrá ayudas de financiación por parte del Ejecutivo autonómico si se trata de familia numerosa, mientras que el promotor no se podrá beneficiar de ninguna.
La Orden Reguladora de la VPPL, publicada hoy en el BOCAM, establece que estas viviendas se podrán construir sobre suelo libre o terrenos destinados a la desaparecida Vivienda de Precio Tasado (VPT) de más de 110 metros cuadrados.
Tendrán una superficie de hasta 150 metros cuadrados y el precio se situará entre el de la vivienda protegida y la de régimen libre. Por ejemplo, en Madrid capital un piso de este tipo de 90 metros cuadrados útiles con plaza de garaje y trastero costaría unos 203.000 euros, un 44 por ciento menos que en el mercado libre.
"REBAJARÁ TENSIONES" EN EL MERCADO
El consejero madrileño auguró que esta nueva modalidad, que el Ministerio quiere incorporar precisamente al plan estatal, "va a ser un dinamizador del mercado de vivhenda protegida" y va a contribuir a "matizar, modular" los precios de la vivienda en la región, "rebajando tensiones" en el mercado.
La previsión de la Consejería es que, dentro del Plan de Vivienda 2005-2008, se construyan 8.000 VPPL, una tipología en la que el Gobierno regional pretende que sea la iniciativa privada la que "asuma el protagonismo", de forma que "sólo en algunos casos" sacará suelo para edificar viviendas de esta modalidad, como por ejemplo en Soto del Henares y Arroyomolinos.
INCREMENTO DEL 12% EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
El año pasado se empezaron a construir en la Comunidad de Madrid un total de 17.217 viviendas protegidas, lo que supone un récord en la historia de la región. La cifra representa un incremento del 12 por ciento con respecto a 2003 (15.385) y casi duplica la registrada en 2001 (9.046).
Así lo explicó hoy en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, quien confió en que esas cifras "queden desbordadas" por el balance de 2005. De hecho, en el primer cuatrimestre se iniciaron 8.126 viviendas públicas, frente a las 7.230 calificadas provisionalmente en el mismo periodo de 2004, esto es, un 12,4 por ciento más.
Por lo que se refiere a viviendas protegidas terminadas, Madrid lideró la clasificación nacional al cerrar el año con 11.628, seguida muy de cerca por Andalucía, con 11.476, pero a mucha distancia, por ejemplo, de otras Comunidades Autónomas como Cataluña (5.887) y Valencia (6.955) y de la media nacional, que se situó en 3.274.
Zabía subrayó, citando datos del Ministerio de Vivienda, que Madrid es además la Comunidad Autónoma donde más pisos protegidos se construyen por cada diez mil habitantes, concretamente 20, mientras que la media nacional está en 12,2.
Asimismo, apuntó que actualmente están en proceso de planeamiento y/o urbanización 53.723 viviendas protegidas en la región con participación de la Comunidad de Madrid, una cifra en las que no se incluyen las de iniciativa privada ni las promovidas directamente por ayuntamientos.
Dichos pisos corresponderían, por tanto, a los que promueven el IVIMA y ARPEGIO -ambos dependientes del Gobierno regional- a las proyectadas en consorcios urbanísticos y a otras acordadas con ayuntamientos en el marco del Plan de Vivienda Joven (alquiler con opción a compra).
A este respecto, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio indicó que ya hay unas 50.000 solicitudes para el Plan de Vivienda Joven, siendo 22 municipios los que están adheridos a este proyecto, si bien hay otra decena que lo hará de aquí al verano y otros 100 más que están en distintos trámites de gestión o negociación para hacer lo propio.
De esta forma, el Ejecutivo regional tiene suelo comprometido para edificar 30.216 vhviendas en alquiler con opción a compra, de las que 7.200 van a comenzar a construirse a lo largo de este ejercicio.
MadridDigital.info - 18 de mayo de 2005
Ante las declaraciones hechas por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, asegurando que las 17.217 viviendas de protección iniciadas en 2004 en la región constituyen un “récord histórico”, el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Antonio Fernández Gordillo, ha recordado que “de ellas, 12.156 viviendas, es decir el 70%, han sido financiadas por el Ministerio de la Vivienda”.
El diputado socialista manifestó su “alegría por que se inicien más viviendas de protección oficial en la Comunidad de Madrid que en años anteriores, y ello sólo ha sido posible por el esfuerzo del Ministerio, que gracias a su plan de choque ha duplicado los recursos destinados a la región”. Fernández Gordillo recordó que “en 2002, Álvarez Cascos [entonces responsable de Vivienda en el Gobierno central] y Alberto Ruiz-Gallardón firmaron un convenio en el que se acordó la construcción de 6.645 viviendas protegidas, y al final se han financiado el doble”.
Por ello, las 17.217 viviendas de protección iniciadas el año pasado en la región sólo han sido viables “gracias a los recursos del Ministerio de la Vivienda, que ha incrementado en un 38% sus presupuestos para 2005 destinados a este tipo de actuaciones a nivel nacional, frente a los recursos destinados por la Comunidad de Madrid, que sólo incrementó el 3,8% de su presupuesto de 2005 para políticas de vivienda y suelo, el más bajo en relación al PIB regional con sólo el 0,3%, que es, por otra parte, la mitad de lo destinado hace seis años por el Gobierno regional cuando estaba gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón”.
En este sentido, el diputado socialista señaló que “resulta fácil presentar los datos de las viviendas protegidas iniciadas como récords históricos y mantener que se ha duplicado su construcción con respecto a 2001, si se tiene en cuenta que la situación de partida de la vivienda protegida era de encefalograma plano”. “Desde el boom inmobiliario de 1998 hasta 2004 se han construido en Madrid 64.494 viviendas de media al año, y de ellas sólo 11.431 protegidas”, explicó. “Es una cifra ridícula si se tiene en cuenta que durante el mismo periodo se formaron 40.330 hogares de media al año, el 70% de los cuales carecían de recursos suficientes y necesitaban ayuda de las administraciones”.
“En todo este tiempo”, resumió, “el Gobierno regional ha construido un número de vivienda protegida muy por debajo de satisfacer la demanda en la región”, y advirtió: “En todo caso, el Gobierno regional no debería lanzar las campanas al vuelo y hablar de récords históricos, que hoy por hoy, sigue siendo del Gobierno regional presidido por el socialista Joaquín Leguina, que en 1995 inició la construcción de 21.373 viviendas de protección, el 40% del total de las viviendas iniciadas en toda la región en ese año”.
elConfidencial.com - 18 de mayo de 2005
Y Solbes hace la vista gorda
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, está jugando con fuego. Y, por el momento, el vicepresidente Solbes mira para otro lado. Uno y otro saben que el megapréstamo que ya ha solicitado el Ayuntamiento de Madrid -2.250 millones de euros- a una docena de entidades financieras incumple la filosofía de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley de Haciendas Locales; pero, a pesar de eso, han decidido seguir para adelante. Uno porque es su apuesta de la legislatura (junto a los Juegos Olímpicos) y el otro porque teme un parón de la actividad económica en una ciudad tan relevante como es Madrid. Solbes, al igual que sucedió con Mintra, piensa que es mejor que sea Eurostat quien tenga la última palabra.
Economía ha renunciado a tener que autorizar el megapréstamo pese a que la Ley de Haciendas Locales deja bien claro que corresponde al Ministerio de Hacienda dar el visto bueno a operaciones de crédito a largo plazo cuando el volumen total del endeudamiento exceda del 110% de los ingresos ordinarios de cualquier municipio. Y no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Madrid, con sus 2.125 millones de euros de deuda actual, alcanzará un porcentaje del 90% este mismo año, sin contar con el nuevo préstamo. Cuando culmine la operación el endeudamiento puede rozar el 170%. Pero ya será demasiado tarde, ya que el texto de la Ley de Haciendas Locales limita el control previo al ejercicio inmediatamente anterior (artículo 53).
Gallardón ha esquivado el control de Hacienda a través de la sociedad Calle 30, que en lugar de enviarle el expediente de la operación a Solbes se lo hará llegar a la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, para que ésta a su vez se lo entregue a Eurostat, quien, en última instancia, será quien dictamine sobre la ubicación del megapréstamo. Es decir, que se pasa de un control previo a uno posterior, cuando la obra esté finalizada y no haya ninguna posibilidad de impedirla.
CASO SIMILAR AL DE MINTRA
El objetivo es clasificar la deuda en el balance del socio privado de Calle 30 y no en el del ayuntamiento. Algo parecido a lo que sucedió con Mintra, el engendro financiero diseñado por el equipo económico de Gallardón en sus tiempos de presidente de la Comunidad de Madrid. Y es que los colaboradores del alcalde han aprendido de los errores cometidos en al Comunidad, por lo que han elaborado un pliego de condiciones ad hoc con el único objetivo de salvar los obstáculos de Eurostat.
Para ello han dispuesto de un informe elaborado por Consultores de Administraciones Públicas –del grupo AFI- en el que se detalla desde un punto de vista técnico el tratamiento que da la oficina estadística a las asociaciones público-privadas para la financiación de infraestructuras, que es como se llaman en Luxemburgo a este tipo de operaciones (PPPs), según sus siglas en inglés.
La clave para la autorización de este tipo de operaciones radica en que la nueva sociedad tenga un riesgo cierto de negocio, ya que de otra manera se consideraría una subvención encubierta. De ahí que se enumeren hasta tres riesgos que debe contraer la nueva sociedad: riesgo de construcción, riesgo de disponibilidad y riesgo de demanda. Ninguno de estos tres riesgos parece que vaya a correr la nueva sociedad, toda vez que su negocio está asegurado, y no sólo porque el Ayuntamiento de Madrid vaya a controlar el 80% de las acciones, sino porque el precio de la prestación del servicio lo va a poner ella misma, y, posiblemente, en régimen de monopolio. Sobre todo teniendo en cuenta que la propia administración es el principal comprador de los servicios prestados.
CALLE 30, PARA LAS GRANDES CONSTRUCTORAS
En Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid hay quien cree que el adjudicatario final del 20% restante será una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que estén representadas todas las grandes constructoras del sector. Como en el Ayuntamiento de Madrid se sabe que Eurostat mirará con lupa la operación (sobre todo después del expediente Mintra), el pliego de condiciones es extremadamente exigente para la nueva empresa concesionaria de la explotación del servicio de mantenimiento de la M-30, con un duro régimen de penalizaciones.
El problema está en que el ayuntamiento tendrá que sancionarse a sí mismo, ya que, como se ha dicho, controlará el 80% de la nueva sociedad. Como consecuencia del mayor endeudamiento y del estrechamiento de márgenes, la capacidad de ahorro del Ayuntamiento de Madrid está bajando, aunque por el momento no es negativo, lo que explica que Standard & Poor’s le haya situado su solvencia doble A con perspectiva negativa. De hecho, el que el municipio de Madrid tenga todavía ahorro positivo es otro de los motivos que explica la inacción de Economía.
Hay que tener en cuenta que de los 13.391 millones de euros que deben los ayuntamientos españoles, 2.125 millones son obra y gracia del municipio de Madrid, a los que hay que sumar los 2.250 millones de la operación M-30.
Telemadrid (Teletexto) (Leganés) - 17 de mayo de 2005
Un total de 51 casos detectados
La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) detectó otros 9 casos irregulares en la adjudicación de las viviendas de promoción pública que el Ayuntamiento levantará en las zonas de la Vereda de los Estudiantes y Solagua.
Estos nueve casos se suman a los 45 detectados con anterioridad en este mismo proceso.
Las irregularidades responden a que los adjudicatarios de estas viviendas no cumplen los requisitos para optar a ellas.

References: resolución 
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 Real Decreto