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Timestamp: 2018-02-19 10:00:23+00:00

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Publicado en DOE núm. 74 de 19 de Abril de 2016
Uno de los principales objetivos del área tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura es combatir el fraude fiscal que tiene lugar en relación con aquellos tributos, propios y cedidos, cuya gestión le corresponde. Este objetivo se concreta anualmente en el Plan de Control Tributario, que se configura como un instrumento para alcanzar los principios de justicia tributaria y generalidad a los que se refiere el artículo 31 de la Constitución cuando proclama que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
Estos planes se complementan y se apoyan con las correspondientes aplicaciones informáticas. La Dirección General de Tributos participa activamente en la consecución del objetivo de la Administración tributaria extremeña para convertir la sede electrónica en la opción preferente de comunicación con los obligados tributarios en periodo voluntario lo que permitirá reducir los costes, destinando, en consecuencia esos recursos que ahora se emplean en la atención personal, a la lucha contra el fraude. Además el perfeccionamiento y ampliación de las aplicaciones informáticas permitirá automatizar determinadas tareas que ahora se realizan manualmente, de manera que se producirá una mejora en la comprobación y control de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Durante el ejercicio de 2016 se llevarán a cabo actuaciones de cooperación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, centradas fundamentalmente en los siguientes aspectos:
Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos estatales sobre el juego, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio.
En 2016 continuará el suministro por la Comunidad Autónoma a la Agencia Tributaria de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad. Esta información resulta necesaria para la tramitación de los pagos anticipados de las deducciones por familias numerosas y grados de discapacidad previstas en el artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando a la Comunidad Autónoma acceso a la información sobre los impuestos cedidos que sea necesaria para su adecuada gestión tributaria.
Asimismo, la Comunidad Autónoma permite el acceso a sus bases de datos por la Agencia Tributaria, con descripción detallada del contenido de la información objeto de consulta, perfiles de usuario, autorizadores de responsabilidades y de acuerdo con la normativa vigente.
Se fomentará la transmisión por parte de la Comunidad Autónoma de información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las Administración Tributaria autonómica en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.
Del mismo modo, se potenciará la remisión de información por parte de esta Comunidad Autónoma sobre la constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas pendientes de pago con la Agencia Tributaria.
Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la colaboración entre la Agencia Tributaria y la Administración Tributaria autonómica en la transmisión de la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas gestionadas por otra Administración.
Junto a las actuaciones de colaboración consistentes en el de intercambio de información, en 2016 se potenciará la planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control por las Administraciones Tributarias estatal y autonómica, en especial, sobre los siguientes sectores o figuras impositivas:
Asimismo, se utilizará intensivamente la información remitida por la Comunidad Autónoma en materia de discapacidad y familia numerosa para el control de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a presentar declaración.
12. La realización de la campaña anual de IRPF, en la que se engloba tanto el programa para el acceso a los datos por parte de los empleados públicos de la Junta de Extremadura como la colaboración para la ayuda a la elaboración y presentación de declaraciones.
No será objeto de aplicación en 2016 el Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, ya que la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, crea en su artículo 19 el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, con carácter estatal.
Los objetivos previstos para el ejercicio 2016 son:
3. IVA inmobiliario. Teniendo en cuenta la colisión que se aprecia en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en relación con un mismo hecho imponible, se continuarán las actuaciones de regularización de aquellas adquisiciones sujetas y exentas de IVA que deben tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2016.
La actuación inspectora se centrará en la comprobación e investigación de los hechos imponibles producidos en el ejercicio 2013 para determinar la correcta aplicación de las reducciones en la base imponible invocadas por los interesados, relativas fundamentalmente a las transmisiones «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades. Se prestará especial atención a aquellos expedientes que hagan referencia a la transmisión de sociedades inmobiliarias.
La actuación en relación con este Impuesto se desarrollará sobre los hechos imponibles realizados durante el ejercicio 2012 y se centrará en las adquisiciones mortis causa no declaradas (se han identificado 7.835 causantes fallecidos en Extremadura entre 2012-2014 cuyos herederos no han presentado declaración por el ISD), así como en la Investigación y comprobación de herencias declaradas incorrectamente.
Se abordará la comprobación de la aplicación de las reducciones en la base imponible invocadas por los interesados, en especial, las relativas a las transmisiones «mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades.
Tras el restablecimiento con carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio, cuya prórroga alcanza hasta el 1 de enero de 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se realizarán las actuaciones de control sobre los periodos impositivos 2012, 2013 y 2014, cuyas declaraciones han sido objeto de presentación en 2013, 2014 y 2015, respectivamente.
Las actuaciones en relación con este tributo estarán dirigidas a la detección y regularización de la situación de las entidades suministradoras cuya actividad no haya sido declarada a la Administración y las que hayan omitido alguna declaración o que hayan presentado autoliquidaciones erróneas. Se comprobará, igualmente, la correcta aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la normativa reguladora de este tributo por parte de los contribuyentes.
La labor inspectora se centrará en la regularización de la situación tributaria de aquellos sujetos pasivos que no hayan satisfecho el importe del impuesto repercutido durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Se prestará el apoyo técnico-jurídico para la elaboración de instrucciones que, a juicio de la Dirección General de Tributos, sea procedente emitir para la unificación de criterios y resolución de aquellas dudas que se susciten en las Oficinas Liquidadoras en cualquiera de las fases del procedimiento de Gestión Tributaria.
Con esta finalidad, se pone a disposición de los contribuyentes el suministro de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles. Este suministro de información lo efectúa la Consejería de Hacienda y Administración Pública mediante un sistema de valoración basado en los precios medios de mercado para la determinación del valor de los inmuebles de naturaleza rústica, los vehículos comerciales e industriales ligeros y la obra nueva y la estimación por referencia para determinadas fincas urbanas, que está a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal Tributario de Extremadura (www.portaltributario.juntaextremadura.es) y en las oficinas de todos los órganos que desempeñan funciones de aplicación de los tributos.
La Comunidad Autónoma de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 31 de diciembre de 2015, las correspondientes disposiciones que resultarán de aplicación a las transmisiones y adquisiciones de determinados bienes inmuebles y vehículos usados y a las declaraciones de obra nueva que se realicen durante el ejercicio 2016.
c) Los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados, que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Respecto a las actuaciones concretas de valoración de bienes que soliciten las oficinas gestoras y liquidadoras, por técnicos del Servicio de Valoraciones con título adecuado a la naturaleza de los bienes, se realizará la comprobación de los valores declarados de los vehículos, de los bienes rústicos y urbanos. En relación con estos últimos, la valoración se dirigirá especialmente a aquellos bienes que tengan la calificación de solares y terrenos, edificios en división horizontal y edificios en obra nueva cuando se aparten de los valores publicados.
Esta tarea supone, además, y de manera complementaria, la utilización de forma masiva del régimen sancionador en todos los casos en que se detecte infracción tributaria. De esta forma, se intenta fomentar en el ciudadano que su deber de contribuir es una realidad que está supervisada, en todo momento, por la Administración tributaria.
4. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados se emprenderán, entre otras, las siguientes actuaciones:
Se adoptarán medidas para la minoración de los plazos de resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos, agilizando la contracción de las deudas tributarias.
El aumento de expedientes fallidos y de prescripciones hace necesario acometer actuaciones en el ámbito de la derivación de responsabilidad frente a responsables solidarios o subsidiarios, conforme se establece en la ley y mediante un procedimiento administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión. Asimismo, se contempla que con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares y realizar actuaciones de investigación.
En los casos de disolución y liquidación de sociedades o entidades, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica. Y disuelta y liquidada una fundación, el procedimiento de recaudación continuará con los destinatarios de sus bienes y derechos.
Para asegurar el cobro de las deudas tributarias y las de derecho público no tributarias, la Administración podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
- La retención de pagos que deba realizar la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.
- La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.
- Cualquier otra legalmente prevista.
8. El fomento del intercambio de información con la AEAT a fin de gestionar más eficazmente las facultades de embargo de sueldos y salarios así como de créditos y control
de las situaciones concursales comunicadas por los juzgados mercantiles en los que la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura comunica la existencia de deudas de los obligados tributarios pendientes de cobro.
11. Es necesario un mayor control e identificación de los créditos que deben ser certificados a favor de la Junta de Extremadura en los procesos concursales referente tanto a deudas líquidas y exigibles, como a créditos contingentes pendientes de cuantificación.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley General Tributaria, el carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.
Ello supone impulsar y mejorar la coordinación con la Abogacía General de Junta de Extremadura, con el fin de establecer un mayor seguimiento de los concursos de acreedores y de los convenios que se suscriban, en los que la Junta de Extremadura tenga reconocidos determinados créditos concursales o contra la masa.
12. Se acordará la prohibición de disponer sobre los bienes muebles e inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, en el caso de que se hubiesen embargado al obligado tributario acciones o participaciones de aquélla y éste ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, sobre la sociedad titular de los bienes muebles o inmuebles en cuestión, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado a formular cuentas consolidadas.
13. La puesta en marcha la incoación de procedimientos sancionadores vinculados a la actuación de los órganos de recaudación.
14. El control de los pagos en especie de las deudas en aquellos tributos en los que así esté previsto.
15. La agilización del control del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la devolución de los importes soportados por el canon de saneamiento, así como la tramitación de la devolución.
16. La reducción de los plazos de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos de gestión recaudatoria.
17. El impulso de la gestión del cobro de las costas judiciales.
18. El seguimiento especial de las deudas de importe superior a 100.000 euros.
19. La extensión de la presentación y el pago telemático de autoliquidaciones a todos los impuestos gestionados por la Junta de Extremadura.
20. La intensificación de las gestiones con las entidades de crédito, que aún no lo han hecho, para que se incorporen como entidades colaboradoras al pago telemático.

References: artículo 31
 artículo 81
 artículo 19
 artículo 66
 resolución 
 resolución 
 artículo 164
 artículo 42
 resolución