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Timestamp: 2018-11-18 21:11:58+00:00

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SENTENCIA C-451 DE 24 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:PRECISIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS HIJOS, Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR EL ORIGEN FAMILIAR DE ESTOS. SE RECUERDA, QUE SIENDO EL ORIGEN FAMILIAR UN CRITERIO DE DISTINCIÓN CONSTITUCIONALMENTE RECHAZADO, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL NACIMIENTO TENGA LUGAR DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO NO PUDE CONLLEVAR DIFERENCIAS DE TRATO JURÍDICO EN NINGÚN CASO, Y MENOS AÚN EN MATERIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA O CON EL GOCE DE DERECHOS Y DE PROTECCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OPERAR EN FAVOR DE TODOS LOS HIJOS. DE IGUAL FORMA, LOS HIJOS ADOPTIVOS TIENEN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CUANTO EN VIRTUD DE LA ADOPCIÓN INGRESAN A LA FAMILIA Y SE CONVIERTEN EN PARTE DE ÉSTA. POR LO ANTERIOR NO PUEDEN SER EXCLUIDOS DEL CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DEL TÍTULO, LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TAMBIÉN SON PREDICABLES FRENTE A LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS. A SU VEZ, NO SE VIABLE LA EXCLUSIÓN DE LOS ASCENDIENTES NATURALES Y ADOPTIVOS DE LA POSIBILIDAD DE SER BENEFICIARIOS LEGALES DE LA OBLIGACIÓN DE CUIDADO Y AUXILIO QUE DEBEN PRESTAR LOS HIJOS CUANDO AQUELLOS SE ENCUENTREN EN ESTADO DE NECESIDAD O DEBILIDAD MANIFIESTA. FINALMENTE, SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “LEGÍTIMOS” CONTENIDA EN EL ENCABEZADO DEL TÍTULO XII-LIBRO I, Y EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE HIJO, HIJO, HIJO MATRIMONIAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, ESTADO DE NECESIDAD, DERECHO A LA IGUALDAD, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:539 DE NOVIEMBRE DE 2016, PÁG.2204
Sentencia C-451 de agosto 24 de 2016
EXTRACTOS:« II. Las normas demandadas
ART. 252.—<Derechos de otros ascendientes>. Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes legítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencias de los inmediatos descendientes”.
9. Justamente el artículo 10 de la Ley 29 de 1982 estableció que quedaban derogadas “las demás disposiciones que fueren contrarias a la presente ley”, con lo cual la jurisprudencia constitucional entendió desde la sentencia C-047 de 1994(1) que la igualdad entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos no puede conciliarse con norma alguna anterior, que establezca discriminación en contra de cualquiera de estas clases de hijos. Así las cosas, esa ley además de derogar expresamente las normas del Código Civil que establecían un trato desigual en materia sucesoral, derogó tácitamente todas las desigualdades que la legislación civil había fijado anteriormente entre los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales.
10.1. Por ejemplo, en la sentencia C-1026 de 2004(2) se demandó la inexequibilidad de la locución “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil que señala: “Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos”. En esa oportunidad, ante la subsistencia de dudas en torno a la derogatoria tácita del aparte acusado y los problemas constitucionales que podrían generarse del lenguaje mismo empleado por la disposición parcialmente censurada, el Pleno de Corte declaró inexequible la expresión “legítimos”, bajo los siguientes argumentos:
A pesar de mostrarse razonable la derogatoria tácita de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil, se revelaron algunas dudas porque pensando que en efecto aplicara tal derogatoria y la expresión no tuviera efectos jurídicos, la ubicación formal de la locución “legítimos” seguiría haciendo parte del ordenamiento, lo cual podía suscitar que la palabra en si misma se tornara discriminatoria y estigmatizante, habida consideración que al relacionar los hijos legítimos con los matrimoniales, entonces podría entenderse que los demás hijos (extramatrimoniales y adoptivos) son lo contrario, es decir, ilegítimos, lo cual tiene connotaciones discriminatorias. Ello fue suficiente para habilitar en esa oportunidad un estudio de fondo, pues el lenguaje empleado por esa disposición era contrario a la Carta Política.
Existían serias dudas sobre la vigencia de la expresión acusada, porque la Ley 29 de 1982 no derogó de forma global todas las expresiones que en las normas civiles se consignaran entorno a los hijos legítimos. Una lectura de esa Ley permitió concluir que la expresión “legítimos” había sido reafirmada al indicar la igualdad de derechos respecto de los hijos “legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”, es decir, los relacionaba con los hijos matrimoniales. De ahí que, no toda referencia a hijos legítimos consagrada en el Código Civil hubiese sido derogada y, por consiguiente, al estar vigente desconoce el derecho a la igualdad entre las diferentes categorías de hijos.
La acción pública de inconstitucionalidad no es el medio idóneo para pedirle a la Corte que declare formalmente que una norma demanda ha sido derogada tácitamente, por ende, ante tal situación, “este Tribunal ya ha anotado que cuando la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, procede un pronunciamiento de fondo, ya que la norma acusada puede estar produciendo efectos”. Por ello, abordó el estudio de fondo del cargo propuesto en esa ocasión.
10.2. De igual forma, en la sentencia C-404 de 2013(3) esta corporación analizó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 288 del Código Civil, el cual define la institución de la patria potestad y establece que corresponde su ejercicio de forma conjunta a los padres sobre los hijos “legítimos”. Esta última expresión fue la acusada por desconocer la igualdad de derechos entre los hijos y excluir del ejercicio de la patria potestad a los hijos extramatrimoniales y adoptivos.
12.1. Al respecto, la jurisprudencia constitucional(4) de forma pacífica ha señalado que el título de una ley e incluso los epígrafes de los subtítulos o libros en que aquella se divide, pese a carecer de un valor normativo autónomo, esto es, no conforma una regla de derecho autónoma con eficacia jurídica directa, exhiben valor como criterios de interpretación de las normas contenidas en la totalidad de la ley o en el capítulo o libro en que se subdivide. Siendo ello así, es posible que incluso los criterios de interpretación de una ley que emana del encabezado principal y de los subtítulos de la misma, sean pausibles del control de constitucionalidad, habida cuenta que un epígrafe contrario a los preceptos constitucionales de no ser excluido del ordenamiento jurídico podría conducir a una interpretación de parte (subtítulos) o de toda la ley (título principal) no conforme con el estatuto superior, más aún cuando se trata de una norma preconstitucional como sucede en el presente caso.
12.2. Los subtítulos en que se divide una ley cumplen un papel relevante(5) habida cuenta que (i) permiten que quienes estén llamados a cumplir las disposiciones contenidas dentro de la ley, puedan consultarlas acudiendo a la clasificación temática de la misma; (ii) sirven como criterios hermenéuticos para establecer el sentido y la materia principal de los artículos que componen el subtítulo; y, (iii) dan una idea general de la materia que es objeto de regulación y es orientada por ese epígrafe.
12.3. Así mismo, a pesar de contar el legislador con un amplio margen de configuración en el ejercicio de su potestad legislativa, la cual incluso era avalada de forma preconstitucional a la Carta de 1991, la jurisprudencia constitucional ha establecido que esa función tiene ciertos límites, entre los que se destaca que el título o los epígrafes en que se subdivide una ley, no deben contener alusiones discriminatorias ni diferenciaciones injustificadas basadas en criterios sospechosos que contraríen la proposición contenida expresamente en el artículo 13 Superior, como la raza, el sexo, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión y la opinión política o filosófica(6). Además de ello, debe existir una correspondencia de contenido entre el epígrafe del subtítulo y el articulado del mismo.
16. A esa misma conclusión de vigencia plena se llega al analizar la sentencia C-105 de 1994(7), en la cual se demandó la expresión “legítimos” contenida en el numeral 3° del artículo 411 del Código Civil. Ese artículo regula a quienes se le deben alimentos legales, esto es, quienes son sus beneficiarios, y en numeral 3° señalaba como destinatarios a los ascendientes legítimos.
Lo anterior permite a su paso verificar la inexistencia de la cosa juzgada constitucional(8) frente a la sentencia C-105 de 1994, por cuanto la misma ni formal ni materialmente se pronunció alterando el contenido del artículo 252 del Código Civil que en la actualidad se demanda de manera parcial.
La concepción amplia de la familia en el marco de la Carta Política de 1991. La igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, y la prohibición de discriminación por el origen familiar de éstos.(9)
20. La Constitución Política de 1991 establece que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y consagra como principio fundamental el amparo que el Estado y la sociedad deben brindarle. En desarrollo de ello, el artículo 42 de la Carta adoptó un concepto amplio de familia , la cual se constituye por vínculos jurídicos que refieren a la decisión libre de contraer matrimonio, o por vínculos naturales que corresponden a la voluntad responsable de conformarla de manera extramatrimonial sin que medie un consentimiento expresado sino la mera convivencia. Puede entonces hablarse de una familia matrimonial y otra extramatrimonial sin que ello implique discriminación alguna, ya que las distintas formas de conformarla significan únicamente que la Constitución ha reconocido los diversos orígenes que puede tener la familia(10).
21. Acorde con estas formas de fundar la familia, de acuerdo con el inciso 6° de ese canon constitucional, los hijos son por los diferentes modos o lazos filiales: matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, y frente a ellos en la actualidad se predica la igualdad de derechos y obligaciones. Pero esto no fue siempre así. Como lo explicó en su momento de forma acertada la sentencia C-047 de 1994(11), el proceso que condujo a la igualdad de los hijos legítimos y extramatrimoniales en Colombia, inició con la expedición de la Ley 45 de 1936 y culminó al dictarse la Ley 29 de 1982, para ser luego finalmente recogido y elevado a norma constitucional en el artículo 42 Superior.
23. No obstante, el salto representativo en la igualdad de los derechos de los hijos fue consagrado en la Ley 29 de 1982, la cual en su artículo 1° que modificó el artículo 250 del Código Civil, estableció lo siguiente: “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”. Como lo dijo la mencionada sentencia C-047 de 1994, “el artículo 1º de la ley 29 de 1982, consagra la igualdad no sólo entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y otros y los adoptivos (…) Desaparecen así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en adelante, en tratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos, diferentes solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos” (Negrillas nuestras).
Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “el derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares tiene un impacto importante y definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean sometidos a tratos discriminatorios por razón de su origen familiar, es decir, por su condición de hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”.(12)
25.1. En la sentencia C-105 de 1994(13), esta Corporación declaró la inexequibilidad de la expresión "legítimos" contenida en distintas normas del Código Civil, por considerar que, en cuanto la Constitución reconocía la igualdad entre todos los hijos, el uso de dicho término resultaba discriminatorio y contrario al principio de igualdad material frente a la ley.
25.2. En igual sentido, en la sentencia C-595 de 1996(14), se declaró la inexequibilidad de los artículos 39 y 48 del Código Civil, que definían el tema de la consanguinidad ilegítima y la afinidad ilegítima, respectivamente. Encontró la Corte que "la declaración de inexequibilidad es razonable porque elimina la posibilidad de cualquier interpretación equivocada de la expresión ‘ilegítimo’, y ratifica toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar".
25.3. En ese mismo contexto, en las sentencias C-310 de 2004(15), C-1026 de 2004(16) y C-204 de 2005(17), se tomaron decisiones dirigidas a proteger el derecho a la igualdad entre los hijos. Puntualmente, cabe resaltar que en el caso de la sentencia C-1026 de 2004, se declaró inexequible la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil, por resultar contrario al ordenamiento constitucional que consagra la igualdad en derechos y deberes de todos los hijos, restringir los deberes de crianza y educación a la filiación matrimonial, excluyendo por el origen familiar a los hijos cuyo lazo filial sea extramatrimonial o adoptivo.
25.4. Así mismo, en la sentencia C-145 de 2010(18) se declaró inexequible la locución “cuando se trate de hijos extramatrimoniales” contenida en el inciso 2° del numeral 1° del artículo 62 del Código Civil, en cuanto consagraba una diferenciación de trato entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales por razón de su origen, que resulta a todas luces discriminatoria. Esa norma presentaba problemas de inconstitucionalidad porque restringía la medida de la pérdida de la patria potestad y de la guarda, únicamente a los procesos de investigación de paternidad de los hijos extramatrimoniales, con lo cual quedaban excluidos los demás hijos simplemente por el origen filial.
25.5. También la sentencia C-404 de 2013(19) se pronunció sobre la igualdad de derechos y deberes que debe existir entre los hijos. En esa oportunidad declaró inexequible la expresión “legítimos” contenida en el artículo 288 del Código Civil, porque consideró discriminatorio que el ejercicio de la patria potestad hubiese sido asignado de forma conjunta a los padres sobre los hijos matrimoniales, excluyendo a los hijos extramatrimoniales y adoptivos. Luego de indicar que la patria potestad además de ser un deber de los padres, es un derecho que le asiste a todos los hijos, adujo que limitarla a los hijos legítimos desconoce los derechos a la igualdad y a la protección integral a las familias.
27. De esta forma, siendo el origen familiar un criterio de distinción constitucionalmente rechazado, la circunstancia de que el nacimiento tenga lugar dentro o fuera del matrimonio no puede conllevar diferencias de trato jurídico en ningún caso, y menos aún en materias directamente relacionadas con el reconocimiento de la personalidad jurídica o con el goce de derechos y de protecciones especiales que deben operar en favor de todos los hijos. De igual forma, los hijos adoptivos tienen igualdad de derechos y obligaciones por cuanto en virtud de la adopción ingresan a la familia y se convierten en parte de ésta(20).
32.2. En tratándose del principio de solidaridad familiar, la jurisprudencia constitucional al revisar varios casos de control concreto(21), lo ha definido como el deber impuesto a quienes por vínculo familiar se encuentran unidos por diferentes lazos de afecto y se espera que de manera espontánea lleven a cabo actuaciones que contribuyan al apoyo, cuidado y desarrollo de aquellos familiares que debido a su estado de necesidad o debilidad requieran protección especial. De esta forma, los miembros de la familia son los primeros llamados a prestar la asistencia requerida a sus integrantes más cercanos, pues es el entorno social y afectivo idóneo en el cual encuentra el cuidado y el auxilio necesario.
Así, por ejemplo en el contexto de los adultos mayores, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “(…) resulta pertinente recordar que el deber de brindar asistencia profunda y efectiva y protección al anciano recae, en primera instancia, sobre la familia, pues en consonancia con los principios de solidaridad, de protección a la familia y de equidad, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley les obliga, por no estar en capacidad de asegurársela por sí mismo”.(22) Corolario de lo anterior es que la familia cercana juega un papel fundamental en el proceso de envejecimiento y constituye uno de los recursos más importantes de la población mayor, pues ofrece sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social, siendo así la más idónea para proporcionar arraigo y seguridad a los ancianos, quienes, por naturaleza, padecen de problemas fisiológicos y patológicos. Justamente ese es el estandarte de la solidaridad familiar frente a las personas de la tercera edad que instituye el artículo 46 Superior.
32.3. La solidaridad familiar de los hijos frente a los ascendientes directos también se ve reflejada en las normas que regulan el derecho de alimentos que aquellos deben a éstos, punto que se ubica dentro de los ítems del concepto de cuidado y auxilio. De forma puntual, el artículo 411 del Código Civil establece que son titulares del derecho de alimentos los ascendientes matrimoniales, naturales y adoptivos. Con base en esa norma, la Corte ha reconocido que los alimentos legales tienen por fundamento el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos. Esto impone verificar la necesidad del alimentario o beneficiario y la capacidad económica del alimentante u obligado(23).
36. En el presente caso, la Corte considera que el encabezado del título XII del Libro I del Código Civil si bien no posee una fuerza normativa autónoma —como fue explicado—, no lo es menos que sirve de criterio de interpretación que orienta los artículos que lo componen y, por ende, al incluir en su texto la denominación de hijos legítimos, incurre en un criterio sospechoso de discriminación basado en el origen familiar de los hijos, sumado a que vulnera el artículo 42-6 Superior que establece la igualdad de derechos y obligaciones para todos los hijos.
Y es que sobre el punto del efecto simbólico discriminatorio de las normas jurídicas, esta Corporación ha señalado que el lenguaje al no ser un instrumento neutral de comunicación, debe estar acorde con los principios y valores constitucionales, sobre todo cuando refiere a las situaciones jurídicas de inclusión o exclusión frente a ciertas prerrogativas o derechos, por lo cual expresiones legales degradantes y discriminatorias atentan contra el principio de la dignidad humana y el derecho a la igualdad(24), tal como acontece en el presente asunto, porque establecer un criterio de consanguinidad legítima para que se habiliten los derechos y obligaciones de los hijos, termina excluyendo y estigmatizando a los hijos que se identifican históricamente con el parentesco ilegítimo.
Primero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el encabezado del Título XII – Libro I del Código Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el artículo 252 del Código Civil, por los argumentos planteados en esta sentencia.

References: ARTÍCULO 252
 artículo 10
 artículo 253
 artículo 253
 artículo 288
e contrario
 artículo 13
 artículo 411
 artículo 252
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 250
 artículo 1
 artículo 253
 artículo 62
 artículo 288
 artículo 46
 artículo 411
 artículo 42
 artículo 252