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Timestamp: 2020-07-10 13:39:48+00:00

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El Congreso convalida el Real Decreto-Ley por el que se aportan 5.291 millones al Fondo Único de Resolución
- El Real Decreto amplía en dos años el plazo para la vender Bankia y BMN, participadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)
El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy con 258 votos a favor, 70 en contra y 9 abstenciones, Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre por el que se autoriza al Ministro de Economía, Industria y Competitividad a firmar el Acuerdo por el cual se pone a disposición de la Junta Única de Resolución un importe de hasta 5.291.000 miles de euros, como mecanismo de apoyo común durante el periodo transitorio del Fondo Único de Resolución.
Este Real Decreto-Ley no será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, tras ser visto en el Pleno con 78 votos a favor, 257 en contra y 3 abstenciones.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido ante el Pleno este Real Decreto-Ley, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con el Fondo Único de Resolución, con el régimen contable específico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y con el plazo de desinversión por el FROB en las entidades en las que participa.
Con este Real Decreto Ley, se habilita al Ministro de Economía, Industria y Competitividad para la concesión de una facilidad de préstamo a la Junta Única de Resolución, para la cobertura de las necesidades transitorias del Fondo Único de Resolución, en el que se apoya el Mecanismo Único de Resolución, uno de los pilares del proyecto de Unión Bancaria. España es uno de los escasos Estados miembros de la Unión Europea pendientes de celebrar este contrato.
La contribución de las entidades nacionales forma parte de los 55.000 millones de euros de los que debe estar dotado el Fondo Único de Resolución, de modo que la Junta única de Resolución tenga capacidad para intervenir en caso de que se detecten dificultades en una entidad bancaria europea.
Se autoriza igualmente al Ministro de Economía, Industria y Competitividad a modificar la facilidad de préstamo, incluido su importe, así como a conceder otro tipo de financiación puente a la Junta Única de Resolución que pueda acordarse en el marco del citado periodo transitorio. Asimismo, se habilita a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para la gestión de esta facilidad de préstamo y, en general, de las que puedan concederse como financiación puente, para que lleve a cabo las operaciones y desembolsos necesarios con cargo a operaciones de tesorería.
Los desembolsos tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose al presupuesto de gastos de la Administración General del Estado en cada ejercicio las operaciones de desembolso que se realicen entre el 1 de diciembre del ejercicio anterior y el 30 de noviembre del ejercicio corriente, para lo cual se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias que resulten oportunas. Los reintegros se imputarán al presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado del ejercicio en el que se produzcan.
Por otra parte, el artículo dos del Real Decreto-ley modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, con el fin de que la volatilidad de la evolución del mercado inmobiliario, que ya ha obligado a la realización de modificaciones estructurales, "no comprometa la viabilidad a medio plazo de la SAREB".
Dos años más para vender Bankia y BMN
El artículo tres, por su parte, modifica la disposición transitoria primera de la Ley 11/2015, de 18 junio, con el fin de ampliar los plazos para la desinversión por el FROB en empresas participadas de los cinco años actuales a siete, con posibilidad de que, si fuera necesario, el Consejo de Ministros pudiera ampliar el plazo en dos años adicionales.
Con esta modificación, que permitirá ampliar en dos años el plazo para la privatización de Bankia y BMN, el Gobierno, tal y como explica el ministro de Economía, tiene como objetivo obtener el máximo retorno de las ayudas públicas, puesto que, de no aprobarse el Real Decreto, tendría que procederse a desinvertir en ciertas entidades "con rapidez y al margen de las condiciones de mercado".

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