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Timestamp: 2017-10-18 22:20:39+00:00

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Sentencia T.S.J. Asturias 425/2010 de 16 de abril. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración. Lex artis - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Asturias 425/2010 de 16 de abril
Se interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada a consecuencia del funcionamiento de los servicios sanitarios .No se actuó conforme a lex artis en parte del tratamiento al no tener en cuenta los factores de riesgo medio que tenía la paciente. La Administración ha asumido la antijuricidad de las complicaciones surgidas en el postoperatorio en la citada resolución, lo que excluye su examen en el presente procedimiento. Estimación parcial.
En Oviedo, a dieciséis de abril de dos mil diez.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1309/07, interpuesto por DÑA. Rita, representado por el Procurador D. Rafael Cobian Gil Delgado, actuando bajo la dirección Letrada de Eduardo Escandon Valvidares, contra la CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el Procurador D. Ramon Blanco González, actuando bajo la dirección Letrada de D. Pedro Ontañon Ontañon. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero.
Primero.-Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
Cuarto.-Por Auto de 10 de diciembre de 2008, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
Primero.-- La parte recurrente interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada con fecha 6 de septiembre de 2006, a consecuencia del funcionamiento de los servicios sanitarios del Hospital Central de Asturias.
Con la acción ejercitada pretende se anule la resolución que presuntamente deniega la indemnización solicitada, declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración pública demandad, como consecuencia del funcionamiento de los servicios del Hospital Universitario Central de Asturias, y reconociendo el derecho de esta parte ser indemnizada con cargo a la misma, por razón de las lesiones y secuelas, en la cantidad de 150.000 euros, con los intereses legales desde la fecha de la reclamación previa.
Demanda con fundamento en las alegaciones siguientes: Concurren en el presente caso cada uno de los requisitos exigidos para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, toda vez que las actuaciones medicas y actos que se realizaron a lo largo del proceso asistencial de la recurrente no fueron ajustados a la lex artis ad hoc, pues, pese a su situación personal y a lo complejo de la operación no fue informada de ello, ni de sus riesgos o complicaciones, ni de la existencia o en su caso, de otras opciones alternativas; no se le efectuó una preparación intestinal previa de la histerectomía, dadas las evidencias puestas de manifiesto con la ecografía que se le realizó el 8 de septiembre de 2004, ni se le aplico una profilaxis tromboembólica y antibiótica.
Segundo.-- A la pretensión indemnizatoria se opone la Administración sanitaria demandada, ya que no existe una relación de causa a efecto entre la actuación o funcionamiento del servicio del servicio sanitario, y la lesión padecida por la recurrente, ni hubo error de diagnostico, ni la lesión sufrida es derivada de una técnica incorrecta, ya que la complicación surgida en la operación, se hubiera producido cualquiera que hubiese sido el funcionamiento del servicio de ginecología, porque la causa tiene su origen en la endometriosis y subsiguiente ruptura del sigma y en una alteración genética en cuanto al trombo embolismo, lo que le hace imprevisible y únicamente cuando la clínica aparece, es cuando se puede actuar y así se hizo en el presente caso. En definitiva, no concurren los requisitos que configuran la responsabilidad patrimonial, puesto que en relación con la paciente se agotaron, en tiempo, todos los medios clínicos de asistencia y terapéuticos y técnicos de que se disponían por los Servicios del SESPA.
En parecidos términos defiende la legalidad del acto por ausencia de responsabilidad, la compañía aseguradora de la Administración demandada, habida cuenta que no existía indicación para la preparación previa que se realiza en pacientes que se van a someter a la histerectomía, sino que fue cuando se realizo la cirugía mediante laparotomía se comprobaron las múltiples adherencias entre el útero, ovarios y asas intestinales, pero no antes. En cuanto a la falta de tratamiento antitrombótico y antibiótico con carácter previo a la realización de la operación, la paciente no presentaba un factor de riesgo de trombosis para que fuera indicado, y para finalizar se alega que las complicaciones que presenta la paciente constituyen riesgos descritos e inherentes a la intervención de histerectomía, su aparición no conlleva mala praxis.
Tercero.-- Basada la acción que se ejercita en la responsabilidad objetiva, y, por ello, que no es exigible un comportamiento negligente o anómalo del servicio ni de las personas que trabajan en el mismo ni resulta suficiente la existencia de una lesión, hay que tener en cuenta asimismo que esta conceptuación obtenida de los textos legales y de la aplicación e interpretación jurisprudenciales no implica la existencia de un deber general de las Administraciones públicas de indemnizar cualquier daño que pueda imputarse causalmente al funcionamiento de sus servicios, sino que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar, es decir, la antijuricidad del daño para lo cual es preciso acudir a parámetros como lex artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, Independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no es posible a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad ó salud del paciente.
De este modo, los recurrentes sostienen que la atribución de responsabilidad a la Administración sanitaria y a la compañía aseguradora que cubre este riesgo con la consiguiente obligación resarcitoria, se desprende tanto del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, como de la falta de preparación y de tratamientos previos a la intervención quirúrgica teniendo cuenta la etiología de la enfermedad y los antecedentes de la paciente. Mientras que las partes codemandadas aducen que la actuación enjuiciada fue en todo caso conforme a la lex artis por las razones transcritas en los párrafos precedentes.
Cuarto.-- Por resolución de la Administración demandada de 23 de septiembre de 2008, se estima parcialmente le reclamación formulada de contrario y fija como cuantía indemnizatoria la de 13.426 € por ausencia de consentimiento informado de los posibles riesgos de la intervención de histerectomía, como la lesión intestinal que finalmente se materializó. Reconocido en el acto expreso uno de los supuestos de responsabilidad patrimonial en que se basa la acción ejercitada de contrario y la indemnización señalada por daño moral. Resta por examinar los otros supuestos en los que se apoya. Respecto a la preparación previa de la operación, los informes periciales practicados son coincidentes y taxativos en los que no era necesaria, toda vez que el alcance de la intervención según las pruebas practicadas se contraía a una endometriosis sin el grado de infiltración que tuvo, era imprevisible predecir la lesión intestinal, ya que fue en el curso de la operación por laparotomía cuando se comprueba la extensión de pelvis congelada con la afectación reseñada por las partes litigantes. Criterio común de los peritos informantes que hace decaer el del recurrente basado en el severo diagnostico de la enfermedad que no empecé a la conclusión de aquellos que se trataba de una operación frecuente para adoptar las precauciones que se siguen entre otras para las intervenciones de los tumores de colon. Por lo que respecta al tratamiento anticoagulante, los citados especialistas están de acuerdo en que se tenía que haber instaurado por concurrir dos de los riesgos que lo pautan según el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, al margen de la practica de cada hospital, nos referimos a la duración de la operación de más de media hora y que la paciente tenia movilidad reducida en una extremidad, la enfermedad genética que constituye un factor de riesgo agravado fue descubierta con posterioridad. Sí se hubiera suministrado heparina de bajo peso molecular a la paciente, posiblemente aclara uno de los especialistas del informe aportado por la Compañía Zurich, se hubiera evitado la trombosis que sufrió la paciente, pasado el periodo postoperatorio y asociado probablemente al factor genético y al reposo posterior a cualquier intervención. No se actuó por tanto conforme a lex artis en este segundo acto al no tener en cuenta los factores de riesgo medio que tenía la paciente. Para finalizar este examen, la Administración ha asumido la antijuricidad de las complicaciones surgidas en el postoperatorio en la citada resolución, lo que excluye su examen en el presente procedimiento.
Quinto.-- Con relación a la indemnización reclamada por los días de estancia hospitalaria, los días en que estuvo incapacitada para sus ocupaciones habituales, el perjuicio fisiológico por tener que portar durante 395 días una bolsa de colostomía, la necesidad de ser sometida a tratamiento por tromboflebitis venosa profunda, las cicatrices de su cuerpo como consecuencia de las dos intervenciones. El daño psíquico dimanante de las repetidas intervenciones, con cuadro clínico de ansiedad, angustia, miedo, depresión importante que requirió de un tratamiento con terapia psicológica durante un largo periodo de tiempo con los gastos que le irrogó, y los pagos efectuados a una persona por las tareas domesticas que desempeño desde las intervenciones hasta finales del año 2007, a razón de 170 euros mensuales. Indemnización a que las partes codemandas les parece excesiva y desproporcionada.
De los conceptos reclamados ha resultado acreditado que la paciente fue ingresada el 13 de octubre dándole de alta el 21 de octubre de 2004, el 9 de octubre de 2005 y dada de alta el 28 de octubre de 2005 para la intervención quirúrgica programada de reconstrucción del transito intestinal, la necesidad de aportar una bolsa de colostomía en la fosa iliaca izquierda desde el 12 de septiembre de 2004 hasta el 10 de octubre de 2005, el tratamiento psicológico durante dos meses por ansiedad y angustia relacionadas con las intervenciones y su personalidad, estando en la actualidad recuperada y la necesidad de ayuda de una tercera persona en la limpieza, actividad que hacia con anterioridad aumentando el tiempo de trabajo en una hora.
Por los 46 días hospitalarios y 370 días no impeditivos la Administración ha concedido la cantidad señalada aplicando los baremos establecidos para otros ámbitos de responsabilidad. Indemnización que se confirma por ser ciertos sus presupuestos respecto al tiempo de estancia hospitalaria y el periodo de curación sin que conste acreditado que fuera de incapacidad. En cuanto a los restantes perjuicios están directa e indirectamente justificados su existencia, así el sufrimiento inherente al proceso lesivo normalmente esta incluido en el daño moral asociado a la curación, pero con este caso fue más intenso al requerir tratamiento psicológico, además de las limitaciones funcionales asociadas a la colostomía, una de las cicatrices, la restante deriva de una operación necesaria para la curación de la enfermedad que padecía y los gastos aumentados de limpieza del hogar. Para compensar estos daños, se fija prudencialmente según los citados criterios orientativos, actualizándolos a la fecha presente, la cantidad de 20.000 euros, sin aplicar el interés de demora y el previsto en la Ley de Seguros por ser ajeno a este ámbito.
Sexto.--En la conducta de las partes litigantes no se aprecia mala fe ni temeridad en sostener la acción e interponer el recurso ni concurren las circunstancias especiales que como presupuestos para la imposición de las costas que pudieran devengarse en esta instancia se establece en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Rafael Cobian Gil-Delgado, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Rita, contra la desestimación presunta y la resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada con fecha 6 de septiembre de 2006, a consecuencia del funcionamiento de los servicios sanitarios del Hospital Central de Asturias, debemos declarar y declaramos disconforme a derecho el acto administrativo impugnado, que, por tal razón, anulamos, condenando a la Administración demandada a indemnizar a la recurrente en la suma en 20.000 euros. Sin condena de las costas devengadas en la instancia.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
e contrario
 artículo 139
 resolución