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Timestamp: 2019-07-21 13:33:53+00:00

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El fraude al seguro en los accidentes de tráfico. ¿Cómo se defiende la aseguradora? - El Derecho
El fraude al seguro en los accidentes de tráfico. ¿Cómo se defiende la aseguradora?
Foro 01-07-2014 Coordinador: Vicente Magro Servet
La situación de crisis económica y la constante picaresca que invade hoy en día nuestra sociedad nos está demostrando los cambios que se están produciendo en los ilícitos civiles y penales que se producen de forma constante hoy en día. No obstante lo cual, en el mundo del derecho del seguro suele ser práctica habitual el intento de defraudación a las aseguradoras, bien por quienes han tenido un accidente para inflar sus consecuencias lesivas, bien por la simulación íntegra del accidente en sí mismo. Bajo estos parámetros planteamos qué datos o indicios debe valorar o tener en cuenta la aseguradora a la hora de oponerse a una reclamación por incremento de las sumas a las que realmente tendría derecho el perjudicado, pero, sobre todo, ¿cuál puede ser la línea a seguir por la aseguradora cuando sospeche que incluso el hecho no se ha cometido? ¿Qué delito sería? ¿Paralizaría una querella contra el presunto lesionado el procedimiento penal de tráfico alegando inexistencia del hecho?
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de la Circulación", el 1 de julio de 2014.
Hemos de distinguir dos casos:
En primer lugar, que no se haya producid...
En primer lugar, que no se haya producido el siniestro de la circulación viaria en el que se basa la pretensión indemnizatoria. En este caso se buscará la connivencia del supuesto autor de la infracción viaria que causó el daño para que su Compañía aseguradora asuma el pago de la indemnización. La instrumentalización del fraude se concreta en: a) cumplimentación del parte amistoso de accidentes para su presentación a la Aseguradora del supuesto responsable del siniestro; b) en el caso de que la Aseguradora no proceda al pago de la indemnización reclamada, el supuesto perjudicado denunciará los hechos para la iniciación de un procedimiento penal o bien iniciará un procedimiento civil como perjudicado por el siniestro de la circulación viaria que se dirigirá contra el supuesto autor de la infracción viaria, en connivencia con el demandante y, también se dirigirá contra la Compañía Aseguradora del supuesto responsable.
En segundo lugar, el siniestro se ha producido en la realidad pero el perjudicado agrava fraudulentamente las consecuencias lesivas del siniestro de la circulación viaria para obtener una indemnización superior a la que le correspondería. En este caso no existe connivencia con el autor de la conducta imprudente porque el siniestro se ha producido en la realidad.
Los indicios en los que puede apoyarse la Aseguradora para acreditar el fraude del perjudicado son varios: a) informe técnico que concluya la imposibilidad física del siniestro atendiendo a las circunstancias de la dinámica del siniestro denunciada o relatada en la demanda; b) inexistencia de restos o vestigios en el lugar del siniestro; c) ausencia de justificante del servicio de grúa para el desplazamiento del vehículo desde el lugar del siniestro hasta el taller habida cuenta de la imposibilidad de desplazarse ante la gravedad de los daños que presentaba el vehículo; d) relación de amistad y de parentesco entre el perjudicado y el supuesto autor del siniestro; e) informe de detective que capta la realización de una conducta del perjudicado durante su vida cotidiana que es totalmente incompatible con las consecuencias lesivas declaradas en su denuncia o demanda.
La conducta procesal de la Aseguradora cuando existan sospechas fundadas de fraude imputables al perjudicado será distinta según se haya iniciado un proceso penal o un proceso civil:
Si se ha iniciado un proceso penal solicitará el sobreseimiento libre de la causa ante la inexistencia del siniestro de la circulación viaria en la que se funda la denuncia del perjudicado en base a los arts. 779.1.1ª y 637.2º LECrim (EDL 1882/1) e interesará el libramiento del testimonio de particulares al objeto de iniciar un procedimiento penal frente al supuesto perjudicado.
Si se ha iniciado un proceso penal en el que el perjudicado ha agravado fraudulentamente sus consecuencias lesivas el proceso penal terminará mediante Sentencia que determinará la responsabilidad del autor del siniestro y de la Aseguradora de conformidad con la entidad real de las lesiones efectivamente sufridas por el perjudicado y se acordará el libramiento de testimonio de particulares para iniciar un procedimiento penal contra el perjudicado.
No parece necesario que en el proceso penal la Aseguradora interponga una querella contra el supuesto perjudicado atribuyéndole la comisión de un delito de estafa sino que bastará con que acredite en el proceso penal incoado como consecuencia de la imprudencia en el ámbito de la circulación que o bien el hecho del siniestro nunca existió o bien que las consecuencias lesivas se han agravado fraudulentamente. Una vez constatados estos hechos se acordará el libramiento del testimonio de particulares para perseguir penalmente el fraude del supuesto perjudicado.
Si se ha iniciado un proceso civil cabe oponer por la Aseguradora la existencia de un procedimiento penal en el que se imputa al demandante la comisión de un fraude que es condicionante de la resolución del proceso civil (art. 40 LEC, EDL 2000/77463) lo que provocará la suspensión de este último.
En el caso de que se impute al supuesto perjudicado la comisión de un fraude para la obtención de una indemnización de la Aseguradora se producirán las siguientes infracciones penales:
1º. Delito de falsedad documental al haber cumplimentado inverazmente el parte de declaración amistosa que será imputable al perjudicado y al supuesto autor del siniestro. Existen resoluciones contradictorias respecto de la calificación jurídica de estos hechos: falsedad de documento mercantil al considerar que un parte de declaración amistosa reviste esta cualidad al ser un instrumento de ejecución de un contrato mercantil como es el contrato de seguro; falsedad de documento privado; incluso, se rechaza la comisión de este delito al ser impune la falsedad ideológica cometida por un particular.
2º. Delito o falta de estafa básica según supere o no la suma de 400 € la cuantía defraudada y será o no consumado o en grado de tentativa según que la Aseguradora haya o no pagado la indemnización.
3º. Delito de estafa procesal (art. 250.1.7º CP, EDL 1995/16398) si se ha llegado a iniciar un proceso judicial para obtener la indemnización que será consumada o en grado de tentativa según haya abonado o no la indemnización por la Aseguradora.
El delito de falsedad documental será el medio para cometer el delito de estafa por lo que se considerará que existe un concurso ideal o medial entre ambas infracciones.
Es cierto que en los últimos años se han detectado, tanto por las Compañí...
Es cierto que en los últimos años se han detectado, tanto por las Compañías de Seguros como por las distintas unidades de la Policía Judicial, un incremento en los fraudes a compañías de seguros, fingiendo accidentes inexistentes o aumentando las consecuencias de ellos derivados.
En el primero de los casos que es el que nos ocupa, el promotor de la acción puede incurrir en varias conductas tipificadas como delictivas, siendo la más habitual la denominada estafa procesal. La Sala Penal del TS establece en su Sentencia 493/2005, de 18 de abril (EDJ 2005/83580), que la llamada estafa procesal (subtipo de estafa especialmente agravada en el art. 250.2 CP, EDL 1995/16398) se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano jurisdiccional a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado). Es más, también la jurisprudencia ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia (STS 878/2004, 12 de julio; EDJ 2004/159686).
Ahora bien esta figura debe ser justamente limitada para no confundirse con las legítimas argucias procesales. Para delimitar sus contornos el Tribunal Supremo parte de la idea clave de que, en un procedimiento civil, inspirado por el principio de rogación, no toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse típica.
De ahí que en la STS 853/2008, 9 de diciembre (EDJ 2008/262130), una versión parcial y, como tal, interesada de los hechos, una omisión de cuestiones fácticas o jurídicas de importancia para el tratamiento jurisdiccional del objeto del proceso o, simplemente, una selección del procedimiento afectada por el particular interés de quien lo promueve, no integran, sin más, la acción típica, dejando fuera de su ámbito estrategias defensivas que se limitan a valerse de alegaciones no siempre compatibles con el principio general del buena fe (art. 11 LOPJ, EDL 1985/8754).
En todo caso, para que se dé una estafa procesal se hace necesaria la existencia de un proceso en cuyo seno se articule la finalidad engañosa. De no haberlo podría entenderse la existencia de una estafa, si se articula el mecanismo defraudatorio para lograr un desplazamiento patrimonial.
Igualmente puede darse la figura de la simulación de delito, si la inexistencia del hecho (el accidente) se ha puesto de relieve ante las Fuerzas de Seguridad, como sucede igualmente en estos casos. Pare que se dé la figura del art. 457.CP son precisos dos requisitos básicos: a) que el fingimiento de autoría o de víctima por parte del agente motive una actuación procesal; y b) que la simulación sea el motivo básico esencial de la actuación procesal, dentro de las que cabe incluir la denuncia efectuada en la policía si el atestado formado fue básico para la instrucción judicial. Basta con que se hayan producido u0022actuaciones procesalesu0022 para que la jurisprudencia considere consumada la simulación de delito.
La STS de 6 de marzo de 2009 (EDJ 2009/25522) se pronuncia al respecto en estos términos:
u0022Asimismo carece de consistencia la afirmación de que el delito de denuncia falsa no se consumó porque luego es sobreseída por no ser los hechos constitutivos de delito. En efecto, los hechos tal como fueron denunciados eran constitutivos de infracción penal. Por otra parte, el 457 CP sólo requiere que los hechos falsos denunciados hayan dado lugar a actuaciones procesalesu0022.
A este tipo de actuaciones también por lo general se unen otras actuaciones como, por ejemplo, la falsedad documental, pero, como quiera que ello no forma parte del presupuesto de partida que plantea la cuestión, baste con mencionar tal hecho.
La segunda de las cuestiones que se proponen es la posibilidad de actuación por las compañías aseguradoras cuando detecten estas actuaciones. La denuncia penal de tales conductas implicara por lo general que respecto de los procesos civiles, contenciosos (reclamaciones a entes administrativos por responsabilidad patrimonial) o social (accidentes laborales in itinere) se aplique la prejudicialidad penal, si bien ello no supondrá la automática suspensión de aquél proceso, si bien le impedirá al Juez resolver sobre el fondo de la pretensión sustanciada hasta que hubiere concluido el proceso penal. Sí habrá una posibilidad de suspensión automática si se discutiera la falsedad de un documento que ha servido de base a la pretensión supuestamente defraudatoria y esto fuera objeto de la investigación penal (art. 40 LEC, EDL 2000/77463).
Referida la cuestión planteada a la posible defensa que la compañía asegur...
Referida la cuestión planteada a la posible defensa que la compañía aseguradora puede adoptar frente a determinadas maniobras fraudulentas tanto del asegurado como de terceras personas, creo que procede diferenciar diversos supuestos que actualmente vienen dándose en la práctica forense.
En orden al posible “agravamiento de las lesiones realmente producidas”, lo más conveniente sería que al lesionado le reconociese un médico forense ante la lógica imparcialidad -y conocimientos del mismo. Sin embargo, para ello deben de estar incoadas diligencias penales. De no se ello posible, habrá de acudirse a un perito médico, si es “ajeno” a la compañía mejor, así no podrá atribuírsele ser trabajador o empleado de la misma. Piénsese incluso que en ocasiones se les achaca el ser “regularmente” contratados por la compañía aunque sean trabajadores por cuenta ajena, quizás la solución recomendable fuese la de contar la propia compañía de un listado de peritos médicos e ir eligiendo entre los mismos, evitándose así que un mismo perito realice constantes valoraciones para aquélla.
En relación al posible “agravamiento de daños realmente acontecidos”, procede dar por reproducido lo señalado anteriormente respecto a la pericial (en este caso no médica).
En orden a los perjuicios consecuencia del accidente, en ocasiones se viene alegando que para la reparación del vehículo o compra de otro se tuvo que pedir un préstamo, se debe de entrar a valorar la “necesidad” del mismo, partiendo de corresponder la carga de la prueba de ello a quien mantiene dicha relación causa-efecto.
“Simulación de sustracción del vehículo”, se trata de una cuestión que actualmente parece plantearse ante los tribunales frecuentemente. La cuestión se centra en la carga de la prueba: el asegurado debe de probar que se sustrajo el turismo -¿cómo?, ¿basta la simple denuncia?-, por el contrario la aseguradora se encuentra ante un hecho negativo -la no sustracción que defiende de difícil prueba. En estos supuestos creo que debe de tenerse presente tanto la prueba de presunciones como las tesis sobre la facilidad probatoria para de esta forma valorarse en cada caso concreto qué medios de prueba pueden aportar cada parte. En ocasiones un hecho “circunstancial” resulta determinante: la falta de acreditación del cambio de cerradura de la puerta de la vivienda en donde supuestamente se sustrajeron las llaves del vehículo posteriormente robado, o la no localización de un segundo juego de llaves del vehículo sustraído. Igualmente, en ocasiones la propia situación económica del asegurado puede ser un hecho también a valorar (persona con escasos recursos que adquiere un vehículo de alta gama), como la existencia de “precedentes” (no es la primera vez que se le sustrae un turismo de alta gama siendo indemnizado por la aseguradora), si bien, lógicamente, serán circunstancias a valorar junto a todo el material probatorio.
En el caso de los autos ejecutivos dictados con cargo al seguro obligatorio (art. 517.8 LEC, EDL 2000/77463), encontramos que en ocasiones los tribunales vienen a considerar que vehículo no identificado no equivale a vehículo no interviniente en el accidente.
Así, aun cuando es la aseguradora quien tiene la carga de probar la culpa exclusiva de la víctima, en ocasiones se acoge la oposición de la misma en base a no constar ningún indicio de la intervención de otro vehículo, contando únicamente con las manifestaciones del ejecutante (supuesto en el que este manifiesta que la maniobra de otro turismo le echó de la carretera aun sin llegar a colisionar ambos turismos). En este sentido encontramos los Autos de 24 de abril de 2006 (EDJ 2006/104234) y de 26 de enero de 2007 (EDJ 2007/50480) de la Sec. 9ª de AP Madrid.
Ante todos estos supuestos es de tener presente que el art. 217.1 LEC señala que el tribunal desestimará la pretensión de considerar dudosos unos hechos relevantes para la decisión.
Por último señalar que los supuestos apuntados, lógicamente, podrían ser constitutivos de un delito de estafa (como, en su caso, de denuncia falsa o simulación de delito), procediendo la suspensión del juicio civil por prejudicialidad de darse los requisitos contemplados en el art. 43 LEC.
Los fraudes de seguro, se pueden producir en el instante de contratación de ...
Los fraudes de seguro, se pueden producir en el instante de contratación de la póliza o en el momento de la declaración del siniestro y los tipos más habituales son:
1º. Multiplicación de seguros instante de la contratación de la póliza. De forma premeditada, una persona asegura su vehículo con varios seguros, para reclamar a las respectivas aseguradoras, un mismo siniestro.
2º. Ocultar o falsear datos instante de la contratación de la póliza. El asegurado declara tener el coche en perfecto estado, cuando en realidad no es así, para luego reclamarle los daños en un siniestro, simulado o no.
3º. Simulación de robo. El propietario del vehículo, por distintas razones, simula el robo de su vehículo, mediante la venta ilegal a organizaciones internacionales de tráfico ilícito de vehículos, desguaces, talleres clandestinos, abandono, incendio, etc.
4º. Agravamiento del siniestro. Se quiere obtener un beneficio injusto, simulando daños y/o lesiones de mayor gravedad.
5º. Simulación de accidentes. Al sustituir distintas partes de un vehículo por otras dañadas para simular una colisión (comúnmente con la colaboración del taller).
6º. Cobertura con póliza ajena. Ante una situación en la que el asegurado no tiene cobertura para los daños ocasionados a su vehículo, recurre a otro que si la tiene (seguro todo riesgo) para que emita un parte de accidente.
7º. Modificación de las condiciones del siniestro, de manera que pase a estar cubierto por las condiciones de la póliza (asegurado que no tiene cobertura contra todo riesgo, pero si contra robo, simula el robo de su vehículo, haciéndolo aparecer después).
Las aseguradoras llevan a cabo una importante inversión en la detección del fraude, a través de una ardua y dura labor de investigación y detección de pruebas. No puede resultar fácil dicho trabajo, cuando la sociedad en general, no propicia su colaboración, al no existir una conciencia de que dicho actuar puede ser delictivo.
El uso de investigadores privados cada vez está más extendido y la creación de Unidades anti-fraude, dentro de algunas compañías aseguradoras con dimensión suficiente para financiarlo, les lleva a pagar menos del 30% de lo inicialmente reclamado.
Estos siniestros pueden terminar: rechazando el pago conforme a la vía mercantil, firmando un acuerdo con el beneficiario por un importe más bajo del reclamado o pagando el siniestro en aquellos casos en que no sea demostrable, mediante una prueba.
La persona que trata de cometer un fraude frente a una compañía de seguros, desconoce, olvida o minimiza el hecho de que dicho acto puede tener graves y serias consecuencias. Los fraudes pueden ser constitutivos de un grave delito recogido en nuestro CP (EDL 1995/416398), en concreto del delito de estafa, que, además, puede conllevar penas de prisión para los autores.
Figuras delictivas concurrentes:
A) Puede recordarse, en tal sentido, el art. 248 CP, que establece que “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Este artículo regula el delito de estafa, que nace de la existencia de tres elementos clave, que son: el engaño, el ánimo de lucro y el perjuicio patrimonial. Si se acredita una relación causal entre los tres existiría, por tanto, engaño y, por tanto, estafa.
Si se demuestran estos elementos, y es aquí donde llegan las consecuencias, se dictará la correspondiente sentencia condenatoria para la persona que haya cometido o intentado cometer el delito de estafa, pudiendo ser condenado a una pena de entre 6 meses y 3 años para la estafa común; y de hasta 6 años si se trata de una estafa de especial gravedad recogida en el art. 250 CP.
Dentro de estas estafas de mayor gravedad es interesante destacar a los efectos de las compañías de seguros, las que sean de una cuantía superior a 50.000 euros (art. 250.5) o las estafas procesales, es decir, las realizadas en un procedimiento judicial.
También es frecuenta la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación con el art. 390.1 en concurso con un delito de estafa de los arts. 248 y 249, cuando se introducen datos falsos en propuestas de seguro o documento de rescate de seguro.
En estos supuestos es criterio jurisprudencial consolidado que el delito de falsedad no es de propia mano, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no exige la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación, bastando el concierto y el reparto previo de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación (Sentencias del TS de 1 de febrero de 1999, EDJ 1999/229; de 15 de julio de 1999, EDJ 1999/19384; de 27 de mayo de 2002, EDJ 2002/22322, entre otras muchas). Así lo dice la STS 313/2003, 7 de marzo (EDJ 2003/3644), con relación a un supuesto de letras de cambio apócrifas presentadas a un banco para su descuento, en respuesta a un recurrente que alegaba que u0022no ha participado en el delito de falsedad y lo único que ha hecho es prestar su empresa para hacerla figurar como libradora de las letras falsificadas”.
B) Otra modalidad delictiva es la prevista en el art. 457 CP de “acusación y denuncia falsa y simulación de delitos”.
b) Que esa actuación falsaria motive o provoque alguna actuación procesal. A este respecto, la STS de 24 de enero de 1994 (EDJ 1994/393) declaraba que u0022en todo caso, la simulación de delito se produce cuando se lleven a cabo determinados actos que se sabe, y a ello están destinados, van a provocar la intervención policial y posteriormente la judicial, iniciándose las correspondientes diligencias procesalesu0022.
En relación con la circunstancia de faltar a la verdad, ínsita en el delito que se invoca, señala la STS de 16 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/213167), es necesaria u0022la concurrencia de un deliberado propósito de mistificar la realidad de los hechos, para dar apariencia de delito a lo que, en otro caso, carecería de ella. Y todo, es patente, orientado a activar el funcionamiento de la jurisdicción penal, cuando no existía razón legal para ellou0022.
Es importante que las compañías aseguradoras lleven ante los tribunales este tipo de fraudes. El mensaje claro consiste en que: el fraude es un delito de estafa y que también hay delito cuando, por ejemplo en el caso de los robos, se presentan denuncias falsas.
La cuestión a considerar es que lo que cuestan estos fraudes se refleja en el bolsillo de los consumidores, puesto que al repercutir sobre la cuenta de resultados de las compañías, éstas intentan compensar el gasto subiendo las primas.
Es muy importante que se trabaje bajo el modelo de prevención, detección y sanción.
Prevención en cuanto a que las compañías deberán tomar todas aquellas medidas que resulten apropiadas en el diseño del producto y en el momento de la contratación.
Detección, para tratar los posibles fraudes de manera estructurada y sistematizada, teniendo previamente definidos los procedimientos a seguir. Es importante poseer una Unidad especializada anti-fraude, que logre un análisis más exhaustivo de los posibles siniestros.
Sanción como consecuencia necesaria del indebido comportamiento defraudatorio.
Prejudicialidad penal:
El art. 10.2 LOPJ (EDL 1985/8754) establece que u0022...la existencia de una cuestión prejudicial de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezcau0022.
El art. 40 LEC (EDL 2000/77463) presupone que existe esta prejudicialidad cuando se acredite la existencia de una causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil, y cuando la decisión del tribunal penal acerca del hecho perseguido, pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Sólo opera cuando existe una íntima conexión entre el objeto de éste y la cuestión penal, bien porque el objeto del pleito civil esté inserto en el proceso penal, bien porque la decisión que ha de adoptarse en el proceso civil depende directamente de la decisión que adopte la jurisdicción penal sobre un determinado hecho que, sin ser el debatido en aquél, tiene una influencia determinante en el fallo; y que es de aplicación restrictiva, a fin de evitar infracciones del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva mediante injustificadas suspensiones de pleitos no penales (STC de 20 de noviembre de 1995, EDJ 1995/6544). Para ello hay que comprobar que verse el proceso penal sobre un hecho que ejerza tal influencia en la resolución del pleito que haga imposible el fallo de la cuestión civil, sin ser conocida antes la decisión que se dicte en la vía criminal, teniendo como finalidad la norma en cuestión que se evite la división de la continencia de la causa y la posibilidad de sentencias contradictorias entre las sentencias de uno y otro Tribunal (STS de 31 de marzo de 1992; EDJ 1992/3126).
La más reciente STS de 3 de noviembre de 2010 (EDJ 2010/284946), que estudia la relación ente la interrupción de la prescripción y la prejudicialidad penal, dice que es bastante que el hecho objeto de investigación en el juicio penal pueda tener una influencia terminante en el juicio civil para que se produzca la interrupción del cómputo de la prescripción. No es exigible la identidad de objetos entre ambos procesos -el civil y el penal sino la conexión relevante entre los hechos denunciados en la jurisdicción penal y el objeto del proceso civil (con cita de las SSTS de 31 marzo 1992, EDJ 1992/3126; y 30 de septiembre de 1993, EDJ 1993/8510).
Es importante que entre ambos procedimientos exista una clara coincidencia de personas y objetos, al venir referida al mismo hecho del accidente, en el que difieren las posiciones de las partes, y en el que una de las partes tiene acceso a la vía penal por haber sufrido daños personales, pues los materiales son impunes penalmente. En tal situación, resulta meridianamente claro que la decisión que pueda adoptarse en el proceso penal puede tener una influencia decisiva en el civil, en el caso de que una de las partes sea condenada como autora de una infracción penal -por delito o falta, pues al seguirse Diligencias Previas, aún no cabe presumir que va a seguirse juicio de faltas-, dado que, esa decisión, habría de tener claro reflejo en el proceso penal, en tanto que constaría una condena firme de uno de los intervinientes.
No puede argumentarse que no puede existir esa influencia, cuando en el seno de un procedimiento civil se ha esgrimido una compensación de culpas, es decir, cuando se ha estimado cierta responsabilidad en la producción del accidente por parte de una de las partes -que ha servido para reducir su indemnización-, responsabilidad civil que es precisamente la misma cuestión que se puede debatir en el proceso penal, como reflejo de la condena penal.
En suma, concurren los requisitos para suspender el procedimiento, por concurrir causa de prejudicialidad penal, en tanto no sea resuelto definitivamente el proceso que se sigua como Diligencias Previas. Se acordará por tanto la suspensión del procedimiento, pendiente sólo de dictar sentencia, si ello fuera posible por parte del mismo juzgador que celebre la vista oral, o en su caso habría que retrotraer las actuaciones a ese trámite.
La propia Exposición de Motivos de la LEC 1/2000, en lo referente a la prejudicialidad penal, sienta la regla general de la no suspensión del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurra, además, que la sentencia que en éste haya de dictarse pueda verse decisivamente influida por la que recaiga en el penal; añadiendo que así pues «hace falta algo más que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la prejudicialidad penal incida en el proceso civil» y concretando seguidamente que es «mas, si concurren todos los elementos referidos, dicho proceso no se suspende hasta que sólo se encuentre pendiente de sentencia», ya que «únicamente determina una suspensión inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, siempre que tal documento pueda ser determinante del sentido del fallo», opción que responde al deseo que se infiere de la citada Ley de evitar que la vía penal sea artificiosamente utilizada para paralizar juicios civiles, con injustificada dilación de estos, sin que quepa olvidar, de otro lado, que el momento contemplado en el párrafo 3 del art. 40 LEC para que opere la suspensión en la hipótesis de que esta se estime pertinente puede evitar decisiones precipitadas, en las que se cuente solo con el texto de la querella y con los escritos rectores del proceso civil; permitiendo al Juzgador disponer de un mayor conocimiento, a la vista de las alegaciones de las partes y de la pruebas practicadas, de la real incidencia que la decisión que pueda adoptarse en la causa criminal pueda tener en la resolución del procedimiento civil.
Ciertamente la doctrina viene haciendo una interpretación restrictiva de la posibilidad examinada, a fin de evitar infracciones del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva mediante injustificadas suspensiones de pleitos no penales, puesto que, la prejudicialidad penal que origina la suspensión del proceso civil sólo opera cuando existe una íntima conexión entre el objeto de éste y la cuestión penal, bien porque el objeto del pleito civil esté inserto en el proceso penal, bien porque la decisión que ha de adoptarse en el proceso civil dependa directamente de la decisión que adopte la Jurisdicción Penal sobre un determinado hecho que, sin ser el debatido en aquél, tenga una influencia determinante en el Fallo, puesto que, fuera de estos supuestos, no procede la suspensión del proceso civil; se exige que verse el proceso penal sobre un hecho que ejerza tal influencia en la resolución del pleito que haga imposible el fallo de la cuestión civil sin ser conocida antes la decisión que se dicte en la vía criminal; teniendo como finalidad la norma en cuestión que se evite la división de la continencia de la causa y la posibilidad de resoluciones contradictorias entre las sentencias de uno y otro Tribunal; punto de partida doctrinal que exige examinar la posible concurrencia de los indicados requisitos teniendo en cuenta cuales de los hechos investigados en la causa penal podrían revestir los caracteres de delito o si pueden revestir la apariencia de infracción penal.
Ciertamente, cada día nos encontramos con más supuestos en los que, consecu...
Ciertamente, cada día nos encontramos con más supuestos en los que, consecuencia quizás de la crisis económica o de otros factores, se acude a procedimientos judiciales simulando o bien haber tenido un accidente con resultado de lesiones o daños, o bien incrementando las consecuencias de un accidente que realmente ha sucedido, al objeto de reclamar a la aseguradora una indemnización, ya sea por daños físicos o por daños materiales, queriendo hacer creer que las lesiones o daños materiales traen causa del mencionado accidente.
Entiendo que para comentar este asunto debemos, fundamentalmente, analizar el escenario en que se pueda producir la reclamación judicial de quien se hace pasar por víctima del accidente, sin serlo, o magnifica los daños y lesiones sufridos. Descartamos la reclamación extrajudicial, que no sería atendible por parte de la aseguradora, sin perjuicio de que si, con posterioridad a haber satisfecho la indemnización a un supuesto perjudicado, la compañía de seguros tiene pleno conocimiento de que el siniestro no ha existido y que, en definitiva, se trata de un fraude y, por supuesto, dispone también de pruebas de ello, puede acudir a los tribunales mediante el ejercicio de las correspondientes acciones penales por estafa y defraudación. Ello tanto si el fraude se ha llevado a cabo en el curso de una reclamación extrajudicial o dentro de un auténtico procedimiento judicial, sin perjuicio de que en este último caso, las consecuencias sean más graves.
En la vigente Ley de Contrato de Seguro -LCS (EDL 1980/4219) no existe una norma concreta que exculpe al asegurador de abonar la indemnización reclamada cuando el siniestro no se ha producido pero, ciertamente, tal norma la considero innecesaria, a tenor de la redacción del art. primero, que define el contrato de seguro condicionando la obligación de indemnizar al hecho de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. En otras partes de la Ley se contempla la facultad del asegurador de llevar a cabo determinadas investigaciones para concretar la naturaleza y alcance del siniestro cuya indemnización se le está reclamando dentro de un plazo determinado, como es el art. 18 de su texto, excluyendo la obligación de pago de la indemnización, según el art. 19, en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.
Lo cierto es que actualmente nos podemos encontrar con reclamaciones, ya sea por vía civil o por vía penal, basadas en accidentes inexistentes o en accidentes que, si bien se han producido, es lo cierto que no han generado el daño físico o material cuya indemnización se pretende. En el supuesto de que en el curso de una reclamación de orden civil por vía judicial se pueda acreditar por parte de la aseguradora que o bien el hecho no se ha producido o bien que, aun cuando hubiere ocurrido, la indemnización que se reclama, imaginemos que por unas lesiones que se dicen haber sufrido, tienen un origen distinto (puede ocurrir que el reclamante ni siquiera haya estado en el lugar del suceso, que se trate de un daño físico producido en otro momento, etc.) entiendo que daría lugar a una cuestión prejudicial de orden penal de las contempladas en el art. 40 LEC, especialmente en su número 4, obligando a la aseguradora a iniciar acciones penales mediante la interposición de la correspondiente denuncia o querella.
Aun cuando el art. 40 LEC (EDL 2000/77463) habla fundamentalmente de la falsedad de alguno o algunos de los documentos aportados en el pleito civil, entiendo que la falsedad podría venir recogida en el propio documento falso que se hubiera aportado (el parte de declaración de accidente, cualquier documento médico, etc.), o en el ejercicio de la propia acción, en cuyo caso estaríamos en presencia de un delito de falsedad del art. 390, en relación con el art. 393 CP, o el art. 395 en relación con el art. 396 CP (EDL 1995/16398), en concurso con un delito de estafa que pudiera contemplar la circunstancia específica del art. 250.1.7º.
Pero, como quiera que muchas reclamaciones en materia de indemnizaciones físicas derivadas de accidente de tráfico se tramitan a través de la vía de la falta de imprudencia del art. 621 CP, nos podemos encontrar con denuncias presentadas al amparo de dicho precepto, que constituyen expediente de juicio de faltas, en el que puede constituir una cuestión prejudicial penal la falsedad de algún documento.
En este sentido entiendo que entra en aplicación el nº 2 del art. 10 LOPJ (EDL 1985/8754), que establece que la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establece. Entiendo que, por tanto, si se produce la interposición de denuncia o querella por la compañía aseguradora aludiendo a la falsedad de documentos presentados en el curso de un juicio de faltas, por falsedad en concurso con estafa, de conformidad con el Auto de 25 de abril de 2000 de la Sec. 8ª de AP Barcelona, el procedimiento de faltas debería suspenderse hasta tanto se resolviera en relación a esa denuncia. Cuestión distinta es que en el curso del procedimiento de juicio de faltas se determinara la inexistencia del hecho o la inexistencia de lesión derivada del propio hecho, lo cual podría dar lugar igualmente a responsabilidades penales, si se advierte que el reclamante ha actuado con dolo falsario.
Según los datos que ofrece el Sistema CICOS revelan que el pasado año se pr...
Según los datos que ofrece el Sistema CICOS revelan que el pasado año se produjeron en España 1.777.184 accidentes leves de tráfico, de lo que resulta que cada 18 segundos se produce un accidente con daños materiales.
Con tal número de accidentes es fácil entender que se cometan fraudes, o intentos, a las aseguradoras, especialmente para las coberturas de Responsabilidad Civil por daños materiales y Responsabilidad Civil por daños corporales, situaciones indeseables que vienen auspiciadas por la crisis económica que venimos padeciendo y por la tradicional falta de reproche social que estas actuaciones tienen.
Con carácter general se viene entendiendo que un asegurado comete fraude siempre que tiene intención de engañar a la aseguradora y obtener un enriquecimiento injusto. Ahora bien, la estafa de seguro, en sentido estricto, se puede definir (junto a la mejor doctrina, SILVA SÁNCHEZ, BACIGALUPO ZAPATER) como aquella modalidad de estafa cometida por el asegurado consistente en la reclamación fraudulenta al asegurador de una prestación o indemnización comprometida en el contrato de seguro. Para ello puede:
Según ICEA los indicios que ponen sobre alerta a las aseguradoras sobre un posible fraude son:
Antecedentes del asegurador de dificultades económicas.
Fecha próxima de contratación de la póliza.
Similitud de apellidos con el causante del siniestro.
Asegurados que aparecen durante los trámites de peritación.
Relatos con nerviosismo o contradicciones.
Desproporción de daños o lesiones.
En cualquier caso, ante la amenaza latente del fraude, hay que decir que las Aseguradoras no permanecen impasibles: invierten muchos recursos en investigar y localizar esos casos de fraude; poseen ficheros informatizados anti-fraude (v.gr.: TIREA, SENDA), servicios de investigadores privados que incluso hurgan en las redes sociales a fin de detectar informaciones, opiniones que lleven a desenmascarar a posibles defraudadores, etc.
En concreto, el servicio SENDA (Servicio de Normalización y Detección de Anomalías) persigue la detección de incongruencias, coincidencias o pautas de comportamiento en los procesos de suscripción y tramitación de siniestros, al comparar la información con los datos históricos de pólizas y siniestros (dentro del modelo entidad o sectorial), mediante la aplicación de una serie de reglas de negocio.
Pues bien, la respuesta de las Aseguradoras ante los posibles fraudes oscila en atención a la gravedad del mismo, pudiendo distinguir dos esferas o ámbitos. La primera, la que marca la propia normativa de seguros y el CC: indemnización de daños y perjuicios, la rescisión de la póliza de seguro, el asegurado fraudulento será marcado internamente por su compañía y todas las demás que trabajan integradas en el sistema global de intercambio de datos. Además, si la compañía descubre que el asegurado intenta cometer fraude contra ella, por lo general se le negará el derecho a la indemnización.
Ahora bien, ¿qué sucede en los casos más graves? ¿Qué sucede cuando los hechos no han acaecido? Un caso arquetípico puede ser el siguiente: puestos de acuerdo el asegurado y otras personas, se simula un accidente mediante la redacción de un parte amistoso que, posteriormente, es presentado a la Aseguradora con el objetivo de solicitar una indemnización por daños materiales y lesiones que no responden a la realidad de lo sucedido. La Aseguradora creyendo ser objeto de una simulación no atiende a la reclamación que se le dirige, por lo que, el asegurado, ante tal negativa, procede a interponer una demanda de juicio ordinario por la vía civil en reclamación de indemnización con base al contrato de seguro, procedimiento civil que queda en suspenso al interponer la Aseguradora una querella contra el asegurado y demás partícipes por un posible delito de estafa.
Está claro que casos como el expuesto trascienden la mera relación Aseguradora-asegurado, entrando en la esfera del CP; no cabe duda de que la Asegurada, tal y como hizo, está legitimada para ejercitar las correspondientes acciones penales contra el asegurado.
En el concreto caso expuesto que nos sirve de ejemplo, son diversos los tipos delictivos que entran en juego, tales como los siguientes:
Falsedad en documento mercantil, tipificado en los arts. 392.1, en relación con 390.1.3º y 4º CP (EDL 1995/16398). La naturaleza mercantil del parte de declaración amistosa de accidente ha sido reconocida por la Jurisprudencia. En este caso, el delito lo es en grado de consumación pues, con independencia de que el resultado perseguido se consiga o no, la falsedad como tal se consuma con la alteración del documento.
Estafa, tipo básico, recogido en los arts. 248.1 y 249 CP. El delito de estafa reclama la existencia de un artificio (documento falso), creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a la entidad aseguradora que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero (indemnización), que se enriquece ilícitamente, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la aseguradora. El delito será en grado de tentativa (arts. 16.1 y 62 CP) si la Aseguradora no hubiere atendido, tal como es el caso analizado, la reclamación solicitada por el asegurado.
Estafa procesal del art. 248.1, en relación con el art. 250.1.7º CP; en nuestro caso práctico, si el procedimiento ordinario interpuesto por el asegurado contra la Aseguradora reclamándole la indemnización hubiere sido suspendido (v.gr, por la diligente actuación de la Aseguradora que presentó una querella contra el asegurado y demás partícipes, que provocó la suspensión del procedimiento civil), este delito también se cometería en grado de tentativa.
Entre los tres delitos existe relación de concurso medial (art. 77 CP): se está en presencia de delitos distintos e independientes, pero entre ellos hay una instrumentalidad de medio a fin, de modo tal que sin la falsedad documental no hubiere podido cometerse las estafas.
Lo expuesto es un mero ejemplo, pero que atiende a un supuesto real; el casuismo en esta materia, desgraciadamente, es muy rico: en otros muchos casos se puede apreciar la concurrencia medial, con la estafa, de los delitos de falso testimonio, simulación de delito o denuncia falsa.
Por último, indicar que la querella instada por la Aseguradora contra el asegurado por un posible delito de estafa debe suspender la tramitación del juicio de faltas por lesiones. Lo contrario supondría generar el riesgo de dos resoluciones contradictorias sobre un mismo hecho por parte de órganos del mismo orden jurisdiccional; es más si la Aseguradora no interpusiera querella o denuncia y alegara en el juicio de faltas la actitud “estafadora” del asegurado, el Juzgado de Instrucción debería acordar la deducción de testimonio para la depuración de las responsabilidades penales derivadas de los mismos, investigación que podría conducir a conclusiones contrarias a las establecidas en la sentencia del juicio de faltas. Lo que es claro es que la aseguradora no puede eludir su obligación indemnizatoria solamente en base a la simple sospecha, más o menos fundada, de un posible fraude, sino sólo ante la existencia de un fraude comprobado.
El fraude al seguro en los accidentes de tráfico se enmarca dentro de la fig...
El fraude al seguro en los accidentes de tráfico se enmarca dentro de la figura conocida como “estafa de seguro” que se ha definido como aquella modalidad de estafa cometida por el asegurado consistente en la reclamación fraudulenta al asegurador de una prestación o indemnización comprometida en el contrato de seguro.
El régimen legal de la estafa de seguro en materia de accidentes de tráfico que ofrece el CP español de 1995 (EDL 1995/16398) se ha visto reducido al delito de estafa genérica o básica tipificada en el art. 248 CP y al delito de estafa procesal del art. 250.1.7ª CP cuando se reclama judicialmente del asegurador de forma fraudulenta el importe de la indemnización comprometida en el contrato de seguro, aunque en algunos casos puedan venir acompañados del de simulación de delito del art. 456 CP. Debe destacarse especialmente la supresión del tipo agravado de estafa que se preveía en el art. 529.4 CP de 1973 derogado, introducido en dicho texto por la reforma de 1983, y que se refería a algunos de los supuestos en que la estafa tenía lugar en el seno de una relación de seguros. Dicho precepto obligaba a imponer la pena de la estafa en grado máximo “cuando se produzca destrucción, daño u ocultación de cosa propia, agravación de lesiones sufridas o autolesión para defraudar al asegurador o a un tercero”.
Aunque los manuales y estudios de las propias compañías de seguros son muy ilustrativos sobre las modalidades más frecuentes de fraude interesa destacar ahora las formas fundamentales o genéricas que puede presentar la preparación de una estafa de seguro (estafa básica o estafa procesal) en materia de accidentes de circulación, como también ha reconocido la jurisprudencia (SSTS, Sala 2ª, de 22 de febrero de 1985, EDJ 1985/1150, y de 19 de junio de 1987, EDJ 1987/4891), en donde lo relevante es la simulación de las condiciones que dan derecho a obtener la prestación del asegurador. Son las siguientes:
a) La conclusión fraudulenta del contrato de seguro o renovación fraudulenta de póliza cancelada, que se puede presentar de diversas formas, pero que en esta concreta materia de accidentes de circulación se centrarían en la concertación de un contrato o renovación de póliza caducada posterior al daño, es decir, posterior al accidente de circulación origen de los daños físicos o materiales objeto de cobertura.
b) La simulación fraudulenta de siniestro inexistente. En estos casos, la comunicación del siniestro a la compañía de seguros junto con la denuncia formulada es, sin duda, un medio adecuado para producir el engaño en los casos en que el autor pretende realizar un fraude de seguro. Merece destacarse en este aspecto la STS, Sala 2ª, 592/2007, de 2 de julio (EDJ 2007/104553), que consideró como delito de estafa procesal en grado de tentativa la conducta desarrollada por los tres acusados que, con el propósito de cobrar los daños sufridos por el siniestro en el vehículo articulado compuesto de cabeza tractora y semirremolque que se había deslizado por un terraplén al no accionar el conductor el freno auxiliar-, fingieron la intervención en el accidente de un segundo vehículo, una pala excavadora, a la que hicieron responsable del siniestro, confeccionando un parte de accidente de accidente en el que la causa del deslizamiento del camión por el terraplén era el haber golpeado la pala excavadora al camión, presentando demanda de juicio verbal civil contra las compañías aseguradoras de la pala excavadora la cual quedó suspendida en su tramitación por la querella formulada por la última de las aseguradoras. Otro ejemplo lo constituye la STS, Sala 2ª, 244/2009, de 6 de marzo (EDJ 2009/25522) también condenatoria por delito de estafa procesal, en donde el acusado presentó denuncia en el Juzgado de Instrucción poniendo en su conocimiento que cuando se encontraba en el interior de su vehículo había sido embestido por otro que conducía otra persona causándole lesiones por las que reclamaba, cuando en realidad no se encontraba en el interior del vehículo, y por lo tanto, no pudo tener lesiones consecuencia de la colisión.
c) La provocación intencionada del siniestro por el asegurado o un tercero para percibir la indemnización pactada. Un caso de intento de fraude a la compañía de seguros es el relatado en la STS, Sala 2ª, 433/2006, de 5 de abril (EDJ 2006/53050) en donde el acusado convenció a un amigo para que firmase un parte amistoso de accidente de circulación en el cual se hacía constar que con su vehículo había desplazado la motocicleta conducida por aquél causando lesiones y daños, para así conseguir ser indemnizado por la compañía de seguros. El acusado presentó denuncia a la que se dio trámite y se procedió por el juzgado a incoar juicio de faltas, en cuyo acto del juicio el acusado solicitó la condena del amigo y el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad de la aseguradora. Sin embargo, en el acto del juicio de faltas el citado amigo depuso una versión diferente de la reflejada en el parte amistoso de accidente manifestando que no había tenido nada que ver en el accidente, lo que motivo que el juez dictara sentencia absolutoria y ordenara la deducción de testimonio por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, siendo finalmente condenado por delito de estafa procesal en grado de tentativa. En la misma dirección encontramos la STS, Sala 2ª, 59/2009, de 29 de enero (EDJ 2009/13350) en donde la maniobra fraudulenta empleada por los acusados consistió en simular un atropello con vehículo que no tuvo lugar, y para llevar a error al juez se formuló una denuncia penal y se aportaron testigos falsos, sin que finalmente se consiguiera ese desplazamiento patrimonial con el pago de la indemnización por la aseguradora, por lo que los acusados fueron condenados por delitos de estafa procesal en grado de tentativa y simulación de delito.
d) El aprovechamiento fraudulento del siniestro, la simulada agravación del siniestro producido. Por ejemplo, cuando se reclaman más daños en las cosas o lesiones en las personas de las realmente ocasionadas, o se exagera el valor de los daños causados en un accidente de vehículos.
Finalmente señalar que en estos casos de fraude al seguro en los accidentes de tráfico, la querella presentada por la aseguradora contra el lesionado o dañado paralizaría sin duda el procedimiento civil seguido en reclamación de una indemnización por prejudicialidad penal (arts. 40 LEC, EDL 2000/77463; y 114 LECrim, EDL 1882/1), siendo más difícil, por falta de cobertura legal (los arts. 3 a 7 LECrim sólo contemplan las cuestiones prejudiciales civiles o administrativas), que la interposición de esa querella por presunto delito de estafa de seguro pudiera suspender el procedimiento penal de tráfico (por lo general un juicio de faltas), que deberá valorarse en la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento.
Son múltiples los tipos de fraudes -y con ello calificamos ya el hecho desde...
Son múltiples los tipos de fraudes -y con ello calificamos ya el hecho desde una perspectiva penal que con ocasión de la declaración de un siniestro, incluso al tiempo de la contratación del seguro, pueden producirse. Desde la ocultación o falseamiento de datos (por ejemplo, sobre el estado del vehículo) a la simulación de sustracción, pasando por la modificación de las condiciones del siniestro (para encajar el caso en lo que efectivamente cubre la póliza) el agravamiento de siniestros (mediante la expresión de inexactitudes en la declaración destinadas a sobredimensionar el alcance de la cobertura), simulación de accidentes o la búsqueda de cobertura con póliza ajena, son algunas de las múltiples variantes que pueden articularse para llevar a cabo el engaño de la aseguradora.
Se cuestiona sobre la línea a seguir por la aseguradora si sospecha que la declaración del siniestro no responde a una realidad fáctica, incluso a ninguna, promoviéndose un derecho resarcitorio respecto de un hecho no ocurrido.
Pues bien, en estos casos es evidente que sólo el examen del hecho declarado y la constatación de sus circunstancias pueden poner de manifiesto la realidad o falsedad de lo ocurrido en alguna de las modalidades que ya hemos expresado.
Ello se realiza por las aseguradora mediante un esfuerzo económico que se destina a la detección del fraude mediante la puesta en valor de técnicas de investigación y recogida de pruebas, siendo cada vez más habitual, al margen de las objetivas que resultan del hecho mismo, el uso de la investigación privada capaz de poner de relieve las relaciones existentes entre las partes del siniestro o partícipes directos o indirectos en el mismo o en sus consecuencias -talleres y muy gráficamente, la realidad de las lesiones que se dicen padecidas y de sus secuelas inhabilitantes, siendo ya clásicas las grabaciones contradiciendo la alegada incapacidad con la realidad laboral que se logra captar en alguna de estas grabaciones o el uso de la técnica de la prueba indiciaria.
En cuanto a la calificación penal, como se deduce de lo antedicho, se trata de operaciones o maquinaciones fraudulentas que constituyen delito de estafa por cuanto se trata de supuestos en los que se realizan una serie de actos destinados a defraudar a una compañía aseguradora, reclamando una indemnización a la que no se tiene derecho.
En este ámbito suele cuestionarse el grado de ejecución, habiéndose señalado por la doctrina judicial que cuando se consigue el engaño, generando error, tanto si el desplazamiento patrimonial no llegase a consumarse, por cualquier causa, como cuando no es el engaño eficaz en el caso concreto (aunque genéricamente fuese idóneo), al negarse, desde un primer momento la compañía aseguradora a abonar la indemnización, en ambos casos hay tentativa.
Señalar también que es compatible este delito con otros instrumentales a su consecución que constituyan per se delitos, como suele ser la relación de concurso medial con la falsedad documental.
Finalmente, y en cuanto a la cuestión sobre si paralizaría una querella contra el presunto lesionado el procedimiento penal de tráfico alegando inexistencia del hecho la respuesta ha de ser negativa ya que aunque la regla general en el proceso penal es que cada delito origina un proceso penal, esta regla se excepciona en los casos que existe conexidad, en la que por razones de economía procesal o para evitar decisiones contradictorias, lo que resulta procedente es la acumulación, lo que a su vez evita el planteamiento de la conexidad disgregada de un único proceso penal.
El fraude en el ámbito del seguro es una cuestión incontrovertible, así co...
El fraude en el ámbito del seguro es una cuestión incontrovertible, así como el aumento de casos que se viene produciendo en los últimos años, posiblemente consecuencia de la crisis económica. Las modalidades son variadas. Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) en su estudio publicado en el año 2013 aportó una interesante estadística sobre los fraudes detectados, que se distribuían entre las siguientes modalidades:
Ocultación de daño o lesión preexistente, 33,9%.
Siniestro Simulado, 24,5%.
Reclamación desproporcionada, 21,7%.
Otros, 19,9%.
Los tres primeros números tienen un denominador común. Se parte de un engaño como medio para obtener una compensación improcedente en perjuicio de la compañía de seguros, lo que en el ámbito penal se calificará como delito de estafa de los arts. 248 y 249 CP (EDL 1995/16398).
Aunque se trate de los fraudes más habituales, no tienen un reflejo habitual en la práctica de los órganos de la jurisdicción penal. Lo más común en la práctica es que las compañías de seguros se opongan a la maniobra mendaz en el mismo procedimiento en el que se ejercita la pretensión resarcitoria, con la finalidad de obtener su desestimación o, subsidiariamente, de reducir el importe de la indemnización reclamada.
Si se estudian los pronunciamientos judiciales de los jueces y tribunales penales en el ámbito del fraude del seguro, se aprecia que los más abundantes tienen por fundamento la invocación del delito de falsedad. Ocasionalmente se han producido pronunciamientos de la Sala 2ª del TS en esta materia. Así cabe citar, como ejemplo:
STS de 2 de marzo de 2006 (EDJ 2006/37277) en la que se condena por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, por confección de una propuesta de seguro tras producirse el accidente con fecha anterior al mismo, que determinó el pago por la aseguradora.
STS de 12 de noviembre de 2008 (EDJ 2008/222301), que motivó la condena por los delitos de falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal, por presentación de demanda civil acompañando póliza de seguro con la fecha rectificada para simular una cobertura inexistente.
Con relación a la posible suspensión del procedimiento de reclamación iniciado por prejudicialidad penal, deberá atenderse a las exigencias establecidas en el art. 40.2 LEC (EDL 2000/77463). Habitualmente sólo se dará lugar a la suspensión en aquellos supuestos en que la pretensión del demandante se apoye en documentos falsos (pólizas, propuestas, partes amistosos...), como establece el citado precepto en su aptdo. 4:
“No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del Tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto”.
1º.- Las maniobras típicas de fraude al seguro son:
a) Multiplicación de seguros instante de la contratación de la póliza. De forma premeditada, una persona asegura su vehículo con varios seguros, para reclamar a las respectivas aseguradoras, un mismo siniestro.
b) Ocultar o falsear datos instante de la contratación de la póliza. El asegurado declara tener el coche en perfecto estado, cuando en realidad no es así, para luego reclamarle los daños en un siniestro, simulado o no.
c) Simulación de robo. El propietario del vehículo, por distintas razones, simula el robo de su vehículo, mediante la venta ilegal a organizaciones internacionales de tráfico ilícito de vehículos, desguaces, talleres clandestinos, abandono, incendio, etc.
d) Agravamiento del siniestro. Se quiere obtener un beneficio injusto, simulando daños y/o lesiones de mayor gravedad.
e) Simulación de accidentes. Al sustituir distintas partes de un vehículo por otras dañadas para simular una colisión (comúnmente con la colaboración del taller).
f) Cobertura con póliza ajena. Ante una situación en la que el asegurado no tiene cobertura para los daños ocasionados a su vehículo, recurre a otro que si la tiene (seguro todo riesgo) para que emita un parte de accidente.
g) Modificación de las condiciones del siniestro, de manera que pase a estar cubierto por las condiciones de la póliza (asegurado que no tiene cobertura contra todo riesgo, pero si contra robo, simula el robo de su vehículo, haciéndolo aparecer después).
2º.- Además, las opciones de fraude son varias. En primer lugar, que no se haya producido el siniestro de la circulación viaria en el que se basa la pretensión indemnizatoria. En este caso, se buscará la connivencia del supuesto autor de la infracción viaria que causó el daño para que su Compañía aseguradora asuma el pago de la indemnización. En segundo lugar, el siniestro se ha producido en la realidad pero el perjudicado agrava fraudulentamente las consecuencias lesivas del siniestro de la circulación viaria para obtener una indemnización superior a la que le correspondería.
3º.- Los indicios en los que puede apoyarse la Aseguradora para acreditar el fraude del perjudicado son varios: a) informe técnico que concluya la imposibilidad física del siniestro atendiendo a las circunstancias de la dinámica del siniestro denunciada o relatada en la demanda; b)inexistencia de restos o vestigios en el lugar del siniestro; c) ausencia de justificante del servicio de grúa para el desplazamiento del vehículo desde el lugar del siniestro hasta el taller habida cuenta de la imposibilidad de desplazarse ante la gravedad de los daños que presentaba el vehículo; d) relación de amistad y de parentesco entre el perjudicado y el supuesto autor del siniestro; e) informe de detective que capta la realización de una conducta del perjudicado durante su vida cotidiana que es totalmente incompatible con las consecuencias lesivas declaradas en su denuncia o demanda.
4º.- Mecanismos de actuación de la aseguradora ante fraude según se trate de proceso penal o civil: No parece necesario que en el proceso penal la Aseguradora interponga una querella contra el supuesto perjudicado atribuyéndole la comisión de un delito de estafa sino que bastará con que acredite en el proceso penal incoado como consecuencia de la imprudencia en el ámbito de la circulación que o bien el hecho del siniestro nunca existió o bien que las consecuencias lesivas se han agravado fraudulentamente. Una vez constatados estos hechos se acordará el libramiento del testimonio de particulares para perseguir penalmente el fraude del supuesto perjudicado.
5º.- En orden al posible "agravamiento de las lesiones realmente producidas", lo más conveniente sería que al lesionado le reconociese un médico forense ante la lógica imparcialidad -y conocimientos- del mismo. Sin embargo, para ello deben de estar incoadas diligencias penales .De no se ello posible habrá de acudirse a un perito médico, si es "ajeno" a la compañía mejor, así no podrá atribuírsele ser trabajador o empleado de la misma. Piénsese incluso que en ocasiones se les achaca el ser "regularmente" contratados por la compañía aunque sean trabajadores por cuenta ajena, quizás la solución recomendable fuese la de contar la propia compañía de un listado de peritos médicos e ir eligiendo entre los mismos, evitándose así que un mismo perito realice constantes valoraciones para aquella.
6º.- En los casos de fraude al seguro el promotor de la acción puede incurrir en varias conductas tipificadas como delictivas, siendo la más habitual la denominada estafa procesal. En todo caso, para que se dé una estafa procesal se hace necesaria la existencia de un proceso en cuyo seno se articule la finalidad engañosa. De no haberlo podría entenderse la existencia de una estafa, si se articula el mecanismo defraudatorio para lograr un desplazamiento patrimonial. Igualmente puede darse la figura de la simulación de delito, si la inexistencia del hecho (el accidente) se ha puesto de relieve ante las Fuerzas de Seguridad, como sucede igualmente en estos casos.
También puede concurrir la falsedad en documento mercantil, tipificado en el art. 392.1, en relación con el art. 390.1.3º y 4º CP (EDL 1995/16398). La naturaleza mercantil del parte de declaración amistosa de accidente ha sido reconocida por la Jurisprudencia. En este caso, el delito lo es en grado de consumación pues, con independencia de que el resultado perseguido se consiga o no, la falsedad como tal se consuma con la alteración del documento.
7º.- Con relación a la posible suspensión del procedimiento de reclamación iniciado por prejudicialidad penal deberá atenderse a las exigencias establecidas en el art. 40.2 LEC. Habitualmente solo se dará lugar a la suspensión en aquellos supuestos en que la pretensión del demandante se apoye en documentos falsos (pólizas, propuestas, partes amistosos...), como establece el citado precepto en su aptdo. 4:
"No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del Tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto".
La denuncia penal de tales conductas implicará por lo general que respecto de los procesos civiles, contenciosos (reclamaciones a entes administrativos por responsabilidad patrimonial) o social (accidentes laborales in itinere) se aplique la prejudicialidad penal, si bien ello no supondrá la automática suspensión de aquél proceso, si bien le impedirá al Juez resolver sobre el fondo de la pretensión sustanciada hasta que hubiere concluido el proceso penal. Sí habrá una posibilidad de suspensión automática si se discutiera la falsedad de un documento que ha servido de base a la pretensión supuestamente defraudatoria y esto fuera objeto de la investigación penal (art. 40 LEC).
Así, como quiera que muchas reclamaciones en materia de indemnizaciones físicas derivadas de accidente de tráfico se tramitan a través de la vía de la falta de imprudencia del art. 621 CP, nos podemos encontrar con denuncias presentadas al amparo de dicho precepto, que constituyen expediente de juicio de faltas, en el que puede constituir una cuestión prejudicial penal la falsedad de algún documento.
En este sentido, entra en aplicación el nº 2 del art. 10 LOPJ (EDL 1985/8754), que establece que la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establece. Entiendo que, por tanto, si se produce la interposición de denuncia o querella por la compañía aseguradora aludiendo a la falsedad de documentos presentados en el curso de un juicio de faltas, por falsedad en concurso con estafa, de conformidad con el Auto de 25 de abril de 2000 de AP Barcelona Sec. 8ª, el procedimiento de faltas debería suspenderse hasta tanto se resolviera en relación a esa denuncia. Cuestión distinta es que en el curso del procedimiento de juicio de faltas se determinara la inexistencia del hecho o la inexistencia de lesión derivada del propio hecho, lo cual podría dar lugar igualmente a responsabilidades penales, si se advierte que el reclamante ha actuado con dolo falsario.

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