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Timestamp: 2018-02-18 20:23:14+00:00

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POLÍTICA SOCIAL, DESEMPLEO, CRISIS ECONÓMICA Y NECESIDAD DE
PROMOCIÓN Y TUTELA DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA.-
I.- INTRODUCCION.1.- Política social y empleo.1.1.- El empleo como objetivo de la política social.1.2.- Derecho al trabajo.1.3.- Alcance de la propuesta.-
II.- CRISIS ECONOMICA Y CONTRATO DE TRABAJO.2.- Emergencia económico-social.2.1.- Causas del deterioro del mercado de trabajo.3.- La realidad del empleo no registrado.4.- Retroceso y sustitución del empleo asalariado vinculado a un contrato de trabajo.-
III.- EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA EN LA ARGENTINA.5.- Alternativa del trabajo por cuenta propia (independiente).5.1.- Necesidad de protección del trabajo por cuenta propia.5.2.- Trabajo rural.5.3.- Cooperativas de trabajo.5.3.1.- El acto cooperativo y su exclusión de la relación de dependencia.5.3.2.- Exclusión del fraude.5.4.- La quiebra de la empresa y su recuperación a través del sistema cooperativo.5.5.- Casos testigos, el atípico caso de “Los Constituyentes” y de la cooperativa de la
firma Coventry.5.6.- Ley de quiebras, su reforma y la contemplación del cooperativismo.6- Insuficiente regulación legal del trabajo por cuenta propia en la Argentina.6.1.- Actividad por cuenta propia Régimen Tributario Simplificado (Monotributo).6.2.- Régimen de Previsión y Seguridad Social .6.3.- Condición de los asociados a las cooperativas de trabajo.-
IV.- ANTECEDENTE ESPAÑOL.7.- Estatuto del trabajo autónomo del 11/7/07.7.1.- Antecedentes regulatorios aislados dentro de la legislación española.7.1.2.- Marco regulatorio del trabajo autónomo en la Unión Europea.7.1.3.- Trascendencia de la sanción del estatuto del trabajo autónomo.7.2.- Importancia actual del trabajo autónomo en España.7.2.1.- Reconocimiento de la necesidad de una regulación integral.7.3.- La Ley 20/07 del 11 de julio de 2007.7.3.1.- El trabajador autónomo económicamente dependiente.7.3.2.- Derechos otorgados a los trabajadores por cuenta propia.7.3.3.- Protección social.7.3.4.- Medidas de fomento del trabajo por cuenta propia.7.3.5.- Normativa procesal.7.3.6.- Promoción fiscal de fomento del autoempleo.7.3.7.- Protección por incapacidad temporal.- Prevención de riesgos del trabajo.7.3.8.- Prevención de la desocupación.7.3.9.- Derecho de participación social.7.3.10.- Principio general equiparando el trabajo autónomo con el realizado por
cuenta ajena.-
V.- CONCLUSION.-
I.- INTRODUCCION.1.- Política social y empleo.La política social es una respuesta a las deficiencias sociales, una vez que se toma
conciencia de ellas, sirve para la promoción humana, y procura alcanzar el bienestar
social mediante un conjunto de medidas coherentes, aptas para lograr un orden social
justo1.Según lo señala Podetti, “en relación a las deficiencias sociales, en cuanto
manifestación de una patología del orden social, caben básicamente dos actitudes: una,
cognoscitiva y otra, práctica. La actitud cognoscitiva corresponde a la investigación y
estudio de los problemas sociales, y ha dado lugar a diversas disciplinas específicas. La
actitud práctica, que es la propia de la política social, aborda en cambio dichos
problemas para programar y poner en ejecución medidas tendientes a solucionarlos, y
más en general, para la promoción humana”2.De ahí que una política social deba tender al pleno empleo, considerando
empleado “a todas las personas que tengan más de una cierta edad especificada y
durante un breve período de referencia, tal como una semana o un día, estuvieran en
cualquiera de las siguientes categorías: con un empleo asalariado o con un empleo
independiente”.-3
Frente al desempleo como deficiencia social, entendemos que corresponde poner
en marcha una política de empleo que procure hacer efectivo el derecho al trabajo.-
Podetti, Humberto A. en “TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO” dirigido por Antonio Vázquez
Vialard, Ed. Astrea, 1982, T. I, pág. 394 Nº 28.2
Podetti, Humberto A. obra citada en el punto anterior, quien cita en apoyo de su opinión, la enseñanza
del profesor finlandés Pekka Kuusi, quien ha observado que a diferencia de la política social dirigida
desde arriba, en la que la comunidad benevolente toma a los débiles y necesitados bajo su protección,
hoy, cuando ella es dirigida por el pueblo, por los varios grupos sociales y sus mutuas relaciones, ni la
clase trabajadora ni ningún otro grupo social, puede por más tiempo ser tomado bajo la protección de la
sociedad. En lugar de ello, todos y cada uno de los grupos logran para sí aquellas ventajas y beneficios
para los que tienen suficiente poder politico. “El centro de gravedad de la política social se ha desplazado
así del sostenimiento de los débiles y los necesitados al proceso de redistribución de las rentas de los
ciudadanos” (síntesis y cita tomados de Moix Martínez, Manuel, “POLITICA SOCIAL.
CONCEPCIONES ANGLOSAJONAS”, en “Revista de política social”, Madrid, enero-marzo 1978, Nº
117, pág. 17).3
Recomendación OIT 1988, citada por Neffa, Julio César, Panigo, Damián T., Pérez, Pablo E.,
“ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, CONCEPTOS Y DEFINICIONES”, Ed. Asociación Trabajo
y Sociedad, Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEILPIETTE-CONICET), 2001, pág. 14.1
1.1.- El empleo como objetivo de la política social.El objetivo esencial de una política de empleo tiende a efectivizar el derecho al
trabajo, fomentando el pleno empleo productivo, con libertad de elección por parte del
trabajador.Por ello, uno de los problemas fundamentales que tiene que abordar la política
laboral es el del desempleo. Como fenómeno social admite diversos enfoques, por lo
cual la elección de los medios para solucionarlo debe ser el resultado de un tratamiento
pluridisciplinario. Desde el punto de vista económico el desempleo implica una mano
de obra ociosa y a la vez, la privación de ingresos para los desocupados, que de
percibirlos los volcarían a través del consumo en el circuito económico, con el
consiguiente y conocido efecto multiplicador.Desde el punto de vista del que sufre el desempleo, éste en primer término, se le
aparece como privación de la posibilidad de ganancias, con incidencia negativa sobre el
nivel de vida personal y familiar; y enseguida, cuando no se sabe cómo superarlo,
produce desaliento y frustración, de las que pueden derivar distintas reacciones
perturbadoras del orden social.Las formas de desempleo son varias.La más temible es el desempleo generalizado o en masa, cuando una proporción
importante de la mano de obra de un país –que se estima en más de un 5 %- se
encuentra sin trabajo.Dentro de esta categoría, se ha verificado en nuestro país que: “el mínimo
histórico de la tasa de desocupación para el total de aglomerados fue de 2,39 % en
octubre de 1978 y el máximo se registró en mayo de 2002, con 21,5 %”4.El desempleo friccional es el ocasionado por fluctuaciones bruscas de la demanda
de determinados productos o servicios, y refleja generalmente un desequilibrio entre la
oferta y la demanda de trabajadores de ciertas profesiones.El desempleo estacional es el que tiende a manifestarse periódicamente en
determinados meses de cada año, y a desaparecer al pasar de una estación a otra.Finalmente, el subempleo5 se corresponde con la situación de aquellos que sólo
pueden trabajar parte de la jornada, o algunos días de la semana o del mes, por
Neffa, Julio César y otros, en “DESEQUILIBRIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO ARGENTINO:
LOS DESAFIOS DE LA POSCONVERTIBILIDAD” (CEIL-PIETTE), Trabajo y Sociedad, Bs. As.
2005, pág. 18.4
insuficiencia de demanda, y que también comprende a los que sólo trabajan
estacionalmente.Originariamente se consideró al subempleo “como una problemática exclusiva de
los países `con economías en vías de desarrollo´, sin embargo desde mediados de la
década del 70 se presentó también en las economías centrales ya que frente a la
situación tradicional de subempleo horario, se suman los programas de fomento del
empleo, que dieron lugar a distintas formas de empleo precario o de empleo parcial, que
por su similitud pueden asimilarse al subempleo”6.-
1.2.- Derecho al trabajo.Indudablemente, la solución definitiva al problema del desempleo debe
encaminarse a través de una política de empleo que efectivice el derecho al trabajo7,
garantizado por nuestro contrato social.El
internacionales, que conllevan a su libre elección en condiciones equitativas y
satisfactorias de labor, con protección contra el desempleo8.El derecho a trabajar está categorizado dentro del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo que: “Comprende el derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado”9.Neffa, Julio César y otros, obra anteriormente citada, “ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO …”,
pág. 18/19, quien cita la definición de la O.I.T, según las conclusiones de la Conferencia Internacional de
Estadígrafos del Trabajo de 1988, que considera dos categorías de subempleo:
“1.- El subempleo visible: abarca a todas las personas con empleo asalariadas y con empleo
independiente, trabajando, o con empleo pero sin trabajar, que durante el período de referencia trabajan
involuntariamente menos que la duración normal del trabajo para la actividad correspondiente, y que
buscaban y estaban disponibles para un trabajo adicional" (O.I.T 1988:60).Se cita como ejemplo el supuesto “de los trabajadores cuya jornada de trabajo es inferior a la duración
normal y están disponibles para trabajar más horas o asumir un trabajo adicional”.“2.- El subempleo invisible: es ante todo un concepto analítico que refleja una mala distribución de la
mano de obra o un desequilibrio fundamental entre la mano de obra y los otros factores de producción.
Sus síntomas característicos podrían ser el bajo nivel de los ingresos, el aprovechamiento insuficiente de
las calificaciones y la baja productividad” (O.I.T 1988:60).Como regla general “en la mayoría de los países sólo se miden el subempleo visible”. Sin embargo
cuando se realizaron las dos mediciones, se obtuvo como resultado que el subempleo invisible,
comprendía un mayor número de trabajadores que el visible (O.I.T 1995).6
Neffa, Julio César y otros., obra anteriormente citada, “ACTIVIDAD,…”, pág. 17.7
CN, art. 14. Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 39.8
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, art. 23 pto. 1.9
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, art. 6 pto. 1.5
A su vez, en la Declaración de Filadelfia de 1944, la OIT reconoce la obligación
de fomentar programas para lograr el pleno empleo, y para que los trabajadores puedan
utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y contribuir al
máximo del bienestar común10.Reflexionar sobre cómo hacer efectivo este derecho y en qué medida puede influir
en el cumplimiento de este objetivo, la promoción y tutela del trabajo por cuenta propia,
constituye la materia de estudio de nuestro trabajo.Para ello tendremos en cuenta la crisis económica en que cayó nuestro país y sus
efectos sobre el contrato de trabajo, la realidad que marca la estadística en cuanto al
crecimiento ininterrumpido del trabajo independiente en la Argentina, de lo que da
(monotributistas), que durante el curso del período comprendido entre agosto de 2006 y
agosto de 2007 superó en un 120 % al de la generación de empleo en relación de
dependencia11.Crecimiento que por su potencial expansivo del empleo, necesita de una política
social que facilite y proteja el colectivo de trabajadores independientes involucrados,
representativos del 20,9 % del empleo registrado al mes de agosto de 2007.Realidad que nos lleva al análisis del antecedente español y su política regulatoria,
integral, del trabajo autónomo, dando tratamiento a una problemática similar a la que
atraviesa el empleo por cuenta propia en nuestro país.-
1.3.- Alcance de la propuesta.Reflexionar acerca de cómo hacer efectivo el derecho al trabajo y en que medida
puede influir en el cumplimiento de este objetivo la promoción y tutela del trabajo por
cuenta propia, constituye la materia de estudio de nuestro trabajo.Para ello, tendremos en cuenta la crisis económica en que cayó nuestro país a
fines del año 2001 y los efectos negativos que sobre el contrato de trabajo impuso el
denominado plan de convertibilidad, según veremos en el punto subsiguiente, la
OIT, Declaración de Filadelfia de 1944, III, a y b.Estadísticas de la AFIP en La Nación, 16/11/07, que muestran que entre las diferentes categorías de
aportantes, la del monotributo fue la que más aumentó el número de contribuyentes: en setiembre fueron
980.237, un 14,4 % más que un año atrás. El número de trabajadores bajo relación de dependencia
avanzó un 6,2 % (son ahora 5.482.377) y el de autónomos, un 4,9 %, con 433.225 personas. Sin
embargo, en la comparación con agosto pasado, el número de independientes creció con más fuerza.11
realidad que refleja la estadística respecto del crecimiento ininterrumpido de trabajo
independiente en la Argentina, de lo que da cuenta el aumento porcentual del número de
contribuyentes como monotributistas o autónomos, que durante el curso del período
agosto de 2006 agosto de 2007, superó ampliamente al de la generación de empleo en
relación de dependencia12, crecimiento que por su potencial expansivo de empleo,
necesita de una política social que facilite y proteja para el colectivo de trabajadores por
cuenta propia involucrados, representativo del 20, 90 % del empleo registrado al mes de
agosto de 200713.Realidad que nos lleva a su cotejo con el antecedente español y su política
regulatoria integral del trabajo independiente, dando tratamiento a una problemática
similar a la que atraviesa el empleo por cuenta propia en Argentina.-
II.- CRISIS ECONOMICA Y CONTRATO DE TRABAJO.-
2.- Emergencia económico-social.La conformación, interpretación y aplicación del derecho es producto de las
circunstancias sociales, las que, como señala Bidart Campos, van estrechamente unidas
a lo económico14.Por ello, realizando una retrospectiva de nuestra república en las vísperas del
ingreso en el siglo XX, fuera de los Estados Unidos no había otro país que estuviere en
mejores condiciones que el nuestro para aprovechar los beneficios de la nueva
centuria15.Al respecto, reflexiona Morello, que “hasta los años 30 del siglo XX, la Argentina
era la gran esperanza porque, en buena ley, había ganado un lugar privilegiado (el sexto)
en el ranking que destacaba la pujanza, crecimiento, prospectiva y futuro de la nación.-
Diario La Nación, 16/11/07. Fuente estadística AFIP, la que muestra que entre las diferentes categorías
de aportantes, la del monotributo es la que más aumentó el número de contribuyentes: en septiembre 2007
fueron 980.237, un 14,4 % más que un año atrás. El número de trabajadores bajo relación de dependencia
avanzó un 6, 2 %- son ahora 5.482.377- y el de autónomos, un 4,9 %, con 434.225 personas. Sin
embargo, en la comparación con agosto pasado, el número de trabajadores independientes (cuenta propia)
creció con más fuerza.13
Diario La Nación, 16/11/07.14
Bidart Campos, Germán J., “MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO”, 2da.
ed., Ed. Ediar 1974, pág. 336 Nº 534, “Los derechos sociales y económicos”.15
Luna, Félix, “SOY ROCA”, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 316.-
Más tarde, en los años 80, Raymond Aron vertió el juicio más demoledor y opuesto: la
Argentina, dijo: `ha sido la gran decepción del siglo XX”16.Siendo justamente la crisis económica de fines de los 80 y la hiperinflación
declarada de nuestro signo monetario en los meses de junio y julio de 1989, la que
llevara a la Corte Federal a afirmar que “el concepto de emergencia abarca un hecho
cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata
de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico-social, con su
carga de perturbación acumulada,
en variables de escasez, pobreza, penuria o
indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin”17.Los hechos constitutivos del conflicto fueron evaluados por la Corte Suprema de
Justicia en el caso “Peralta”, en el que señaló que la emergencia económica, social y
financiera, educativa, sanitaria, alimentaria y previsional se ha tornado evidente a lo
largo de 15 años. Asimismo, merituamos como último antecedente macroeconómico
tendiente a salir de la crisis, el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo Nacional en
marzo de 1991, que ante la pérdida ininterrumpida del valor de cambio de la moneda
nacional, propuso un plan de recomposición de la moneda de curso legal, a partir de un
“sistema que cerraba en sí mismo”, según lo anunciaba el Gobierno Nacional18.
Con el plan de convertibilidad se vencía la fuerte inflación que sufría la economía
argentina en forma continua, con tasas de interés activas y pasivas por encima de los
índices inflacionarios, elevaciones de precios generada por la hiperinflación del año
1989, que vino a cortar radicalmente la Ley 23.928, que tenía por objetivo: estabilizar la
economía, normalizar las relaciones con los acreedores externos, reinsertar la economía
Morello, Augusto M., “LA DIMENSION SOCIAL DEL DERECHO Y LA CRISIS”, DJ 2004-1, pág.
976, Revista año XX Nº 16.17
Suplementos Universitarios La Ley, febrero de 2001, Casos Kot-Siri-Peralta; en especial CSJN,
“Peralta, Luis A. y otro c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA-BANCO
CENTRAL”, fallo del 27/12/90, Considerando Nº 43), págs. 29 y 30.18
A ese efecto, la Ley 23.928 declaraba la convertibilidad del austral con el dólar de los Estados Unidos
de América, a partir del 1 de abril de 1991, a la relación de 10.000 Australes por cada dólar (art. 1º). El
Banco Central de la República Argentina, a partir de operaciones de venta y compra de divisas a precio de
mercado con recursos propios, por cuenta y orden del Gobierno Nacional, emitiendo moneda a tal fin
(arts. 2º y 3º), garantizaba la tenencia de reservas de libre disponibilidad en oro y divisas extranjeras por
un monto equivalente a por lo menos el 100% de la base monetaria, estableciendo que los bienes que
integran la reserva de mención, se constituirían en “prenda común de la base monetaria”, las que se
declaraban inembargables y aplicables exclusivamente a los fines de la garantía establecida por la ley. A
su vez se determinaba que la base monetaria en australes estaría constituida por “la circulación monetaria
más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en
cuenta corriente o en cuentas especiales” (art. 6º).
argentina en el escenario económico internacional otorgando previsibilidad a los
inversores nacionales y extranjeros19.
Proyecto económico global dentro del cual, al decir del Premio Nobel de
Economía Joseph E. Stiglitz, “Latinoamérica fue tal vez el alumno más aplicado de
estas políticas. Se adhirió a las reformas con convicción y entusiasmo; y ahora se
enfrenta a las consecuencias: medio decenio de estancamiento, un porcentaje de su
población bajo el umbral de la pobreza, desempleado y sin subsidio. Estas estadísticas
no han hecho sino empeorar respecto a las registradas a principio de los 90. El país
considerado modélico en cuanto a la aplicación de las reformas, el alumno de
sobresaliente, Argentina, tal vez sea el que más ha padecido, antes y después de la
crisis”20.La combinación de recesión económica, alto déficit fiscal, desorbitado
endeudamiento y tipo de cambio fijo, se constituyó en una fórmula no aconsejada por
ningún manual de economía.En este contexto, a fines del año 2001 y principios del subsiguiente, nuestro país
había caído en la mayor crisis económica de toda su historia, dentro de la cual “entre lo
esperado y lo realizado pesan los resultados negativos del balance que al ingresar en el
tercer milenio muestran las desilusionadas notas de una inexplicable, pero real
decadencia que la situación del 2002 expresó en el grado más extremo”21, situación que
fue expresamente declarada por la Ley 25.56122.Por ello, adquiere cada vez mayor urgencia y necesidad la posibilidad de tutelar el
acceso al empleo como derecho social, cuyo ejercicio pleno la crisis ha contribuido a
Alegría, Héctor – Rivera, Julio César, “LA LEY DE CONVERTIBILIDAD”, Ed. Abeledo Perrot,
1991; págs. 8/10. Idem, Roco, Ema Adelaida, “EFECTOS DE LA LEY DE CONVERTIBILIDAD
SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA”, Diario La Ley, 17/09/1998.
Stiglitz, Joseph E., “LOS FELICES 90”; Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara SA, 2003; pág. 63.- Por
su parte, señala Conesa, Eduardo, profesor titular de Economía y Finanzas de la UBA, que más allá de
las legítimas expectativas que el proyecto de convertibilidad presentó en un principio el mismo contenía
dos errores fundamentales en materia de política económica que a la postre llevarían a su fracaso.- El
mayor de ellos “consistió en establecer un tipo de cambio fijo fijado por ley, según el cual un peso valía
un dólar, cuando en realidad, la paridad histórica era de más de dos pesos por dólar. El segundo error fue
permitir los depósitos bancarios en dólares, siendo que el Banco Central Argentino, como era obvio no
podía actuar como prestamista de última instancia en caso de corridas”. Fallas que se potenciaron
mutuamente al generar niveles de máximo desempleo con su consecuente repercusión sobre el índice de
pobreza de la población en general (conf. autor citado “LOS ERRORES ECONOMICOS DE LOS ´90”,
Diario La Nación del 23/12/03, Notas, pág. 27).21
Morello, artículo y obra citados, “LA DIMENSION SOCIAL …”, pág. 976.22
B.O. 7/1/02.19
demorar, postergando la manda constitucional que progresivamente impone procurar el
bienestar general23.-
2.1.- Causas del deterioro del mercado de trabajo.Analizando el fuerte deterioro de la situación del mercado de trabajo, sostiene
Julio César Neffa que el "nuevo modelo de desarrollo implementado a partir de la
sanción de la ley de Convertibilidad y a los cambios en las instituciones y las reglas que
enmarcan el funcionamiento del mercado de trabajo", presenta como principales causas
de su fracaso, las siguientes:
“(1) La tasa de cambio fija a razón de un peso (sobrevaluado) por dólar contribuyó al
deterioro y déficit del comercio exterior, desalentando las exportaciones y abaratando
(2) La eliminación o reducción de las barreras aduaneras que acompaño a la
convertibilidad impactó mucho sobre la industria manufacturera, tradicionalmente poco
competitiva en materia de costos y de calidad. Esto afectó directamente la existencia y
las actividades de las pequeñas y medianas empresas.
(3) La desregulación de los mecanismos de mercado fortaleció la tendencia
concentradora y oligopólica, y debilitó la acción reguladora del estado, quien por otra
parte se vio privado del manejo de la política monetaria.
(4) A pesar del incremento de la presión impositiva, las consecuencias del proceso de
privatización del sistema de seguridad social provocaron un elevado déficit fiscal, cuya
lógica de funcionamiento presionó para prolongar la edad activa incrementando la
oferta de fuerza de trabajo.
(5) Las sucesivas reformas del estado y las privatizaciones de la casi totalidad de las
empresas públicas nacionales y provinciales promovieron la constitución de oligopolios
en sectores estratégicos de la economía y dejaron sin trabajo a varios cientos de miles de
asalariados, mucho de los cuales fueron estimulados o forzados a aceptar retiros
voluntarios o jubilaciones anticipadas (financiados con endeudamiento externo) sin que
se contratara a jóvenes en su reemplazo.
(6) Las políticas para atraer capitales extranjeros y otorgarles muchas ventajas con el
propósito de compensar las bajas tasas de inversión internas generaron mayor
CN, preámbulo y arts. 75 incs. 18, 19 y 22 .-
dependencia del sistema productivo nacional respecto de la economía mundializada y
financiada, provocaron las subas de las tasas de interés, encareciendo el crédito.
(7) La búsqueda de seguridad, de mayores rendimientos
y de escape del sistema
impositivo nacional, generaron una salida de capitales hacia países capitalistas
industrializados que ofrecían mayor seguridad, reduciendo las tasas de inversión.(8) La baja de la tasa nacional de inversión en investigación y desarrollo y, dentro de
ella, la escasa proporción de la inversión privada, explican la debilidad del proceso de
innovación en cuanto a productos y a procesos, la escasa competitividad y la fuerte
dependencia tecnológica respecto de los países capitalistas industrializados y los países
emergentes, que constituían una presión para la migración de jóvenes investigadores.
(9) Junto con un desempleo elevado y persistente de carácter estructural -fenómeno de
"histéresis"- se dio la paradoja de que los asalariados cobraban salarios en dólares
superiores a los de países competidores, mientras que dentro del país en términos
comparativos los salarios reales disminuían".(10) El fracaso de "los principales objetivos buscados con los cambios en las
instituciones y con las reformas laborales introducidas desde 1989 hasta 1999, fueron
reducir los costos laborales directos e indirectos e incrementar la productividad, para
compensar de esa manera la pérdida de competitividad internacional
vía costos
resultante de la apreciación de la tasa de cambio fijo .
De esa manera se pensaba incrementar el empleo. Pero para ello explícita o
implícitamente el nuevo modo de desarrollo utilizó como medios o instrumentos la
intensificación del trabajo, el disciplinamiento productivo de los trabajadores, el control
de los procesos de trabajo, la precarización del empleo y la introducción de diversas
modalidades de flexibilización"24.La puesta en marcha de estas políticas llevaron a un desempleo y subempleo
masivos, precarizando el empleo y una gran desigualdad en los ingresos de los más
ricos frente a las clases más pobres, generando una reducción del salario real, lo que
provocó el traslado de una gran cantidad de trabajadores por debajo de la línea de
pobreza, a pesar de encontrarse trabajando, ello presionó hacia una reducción de la
demanda efectiva, lo que generó nuevos desempleos.24
Neffa, Julio César. "Evolución de la actividad, el empleo y el desempleo según la EPH en el largo plazo
(1974-2003). Análisis descriptivo y diagnóstico en el mercado de trabajo, en obra anteriormente citada
"DESEQUILIBRIOS ..." pág. 26.-
Realidad que contiene una problemática que “se ha convertido en una
preocupación global”, llevando al abandono de políticas que “se centraban
tradicionalmente en la inflación más que en los salarios, el desempleo o la pobreza”, ya
que “centrarse en la inflación e ignorar el desempleo condujo a un resultado previsible:
aumento del paro y de la pobreza”25.-
3.- La realidad del empleo no registrado.A la situación de desempleo o subempleo masivo, se suma la problemática del
empleo no registrado.Base fáctica que describiremos desde su realidad, desestimando conceptos
abstractos26.Para ello advertimos que el trabajo marginal es un flagelo social que excede el
ámbito territorial argentino, extendiéndose a toda América Latina.Tal afirmación coincide con lo concluido por la XVI
Americana de la OIT desarrollada en Brasilia a principios del mes de mayo de 2006,
cuyo documento final revela que en la región hay 239.000.000 de personas
económicamente activas, de las cuales 23.000.000 están desempleadas y otras
103.000.000 están ocupadas pero sin protección social27, considerando a su vez que hay
un déficit de empleo decente de 126.000.000 de puestos de trabajo28.Según lo sostiene el Director Regional de la OIT para las Américas 29, el
crecimiento de la oferta laboral superior a la demanda de ocupación, genera desempleo
Stiglitz, Joseph, “COMO HACER QUE FUNCIONE LA GLOBALIZACION”, Ed. Taurus, 2006, pág.
39/40.26
Partimos de la enseñanza de Romano Guardini, en tanto sostiene que en la descripción de las relaciones
sociales, “no podemos partir de conceptos abstractos sino debemos comenzar desde la realidad”,
“ETICA”, BAC, Madrid 2000, pág. 11.27
Diario La Nación 7/5/06, sección 2, Economía, pág. 3.28
Panorama Laboral 2005, América Latina y el Caribe, Ed. OIT 2006.29
Diario La Nación 7/5/06, declaraciones de Daniel Martínez, en su carácter de Director Regional de la
OIT para las Américas.25
e informalidad, a lo que se suma el fenómeno de las migraciones, el trabajo forzoso30,
las brechas remunerativas por género31 y origen étnico32.Esta problemática también ha sido abordada desde el MERCOSUR, el que en su
reunión cumbre del año 2006 realizada en Córdoba, Argentina, marcó un hito en la
temática socio-laboral, presentando las bases conceptuales, metodológicas y operativas
para la puesta en marcha de la estrategia MERCOSUR de crecimiento del empleo. Por
primera vez participaron de esta cumbre los Ministros de Economía, Trabajo, Educación
y Relaciones Exteriores de todos los países del bloque, demostrando en forma
irrefutable que el empleo -tradicionalmente relegado a la órbita socio-laboral- se instaló
en el centro de las políticas de Estado33, por lo que, según expresiones del Ministro de
Trabajo “… hoy cuando hablamos de generación de empleo, utilizando la
conceptualización de la OIT, hablamos de trabajo decente. Es decir, trabajo de calidad,
realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Dicho de
un modo simple pero contundente, implica el `respeto y cumplimiento de los principios
y derechos del trabajo´, lo que en término de política supone … intensificar el combate
al trabajo no registrado”34.Estos principios también han sido ratificados por la XVII Cumbre Iberoamericana,
celebrada en Chile en el mes de noviembre de 2007, según surge de la denominada
“Declaración de Santiago”35.En este contexto, es de público conocimiento que en la Argentina la proporción de
asalariados sin aportes llegó al 45,5 % en el año 2003, habiéndose reducido
Convenio OIT 105/57 sobre abolición del trabajo forzoso del 25-7-57, en vigencia desde el 17/1/59,
que en su art. 1º determina que “todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique
el presente convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u
obligatorio” (ver en Rodríguez Mancini, Jorge “DERECHOS FUNDAMENTALES Y RELACIONES
LABORALES”, Ed. Astrea, 2004, pág. 347).31
Convenio OIT 100/51 sobre igualdad de remuneración, en vigencia desde el 23/5/53 (ver en Rodríguez
Mancini, Jorge, obra citada, pág. 344).32
Convenio OIT 111/58 sobre la discriminación (empleo y ocupación) en vigencia desde el 15/6/60 (ver
en Rodríguez Mancini, Jorge, obra citada, pág. 349).33
Tomada, Carlos, Ministro de Trabajo de la República Argentina, nota “El MERCOSUR se ocupa del
empleo”, Diario Clarín 31/8/06.34
empleo”, Diario Clarín 31/8/06, quien señala además que para el desarrollo político de los principios de
derecho del trabajo, aparte de combatir el trabajo no registrado, corresponde: ampliar en calidad y
cobertura las iniciativas educativas y de formación profesional. Mejorar la cobertura de los sistemas de
seguridad social. Promover el acceso al empleo de calidad a los trabajadores migrantes y otros grupos
desfavorecidos o discriminados. Erradicar el trabajo infantil como también reducir la brecha de género y
promover el diálogo social.35
Diario La Nación, 11/11/07.-
parcialmente al 40,4 % en el año 200736. Realidad que esconde tras de sí un índice
alarmante, a partir del cual más de cuatro de cada diez asalariados no cuenta con la
protección social que disponen las leyes. Es decir: no tienen aportes para prever su
jubilación, tampoco acceden a una obra social que cuide su salud, ni cuentan con la
cobertura de un seguro ante la eventualidad de un accidente de trabajo. No cobrarán una
compensación económica si son despedidos y resulta probable que sus ingresos no
lleguen al salario básico, sin que se les reconozcan vacaciones ni aguinaldo37.A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (E.P.H.) realizada por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el cuarto trimestre del año 2005, surge
que las condiciones descriptas alcanzan a unos 4,88 millones de personas sobre un total
de 10,55 millones de asalariados38.Estos antecedentes indudablemente necesitan de una política social que los
reencauce dentro de un marco de legalidad.Consecuentemente, el empleo no registrado ha sido calificado como un fenómeno
propio de los tiempos que corren, que quedará inmediatamente incluido dentro de la
realidad señalada, contraviniendo los empleadores derechos fundamentales del
trabajador garantizados por los arts. 14, 14 bis, 16 y los emergentes del bloque de
tratados internacionales que integra el art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional39,
transgrediendo a su vez, la política de Estado encaminada a la regularización de las
relaciones laborales, con eliminación del empleo “en negro”, objetivo que
legislativamente ha intentado cumplirse mediante la promulgación de normativa que al
decir de Mauricio César Arese, conforma un verdadero “código de la regulación del
trabajo en Argentina”40.-
Diario La Nación, 28/10/07.Diario La Nación, 16/7/06, 2ª Sección, Economía y Negocios.- Fuente EPH, INDEC.38
Diario La Nación, 16/7/06, 2ª Sección, Economía y Negocios.- Fuente EPH, INDEC.39
Rodríguez Mancini, Jorge, “DERECHOS FUNDAMENTALES …”, Ed. Astrea 2004, pág. 35.40
Arese, Mauricio César, “El empleo estable y la regularización del empleo a la luz de las leyes 24.013,
25.250, 25.323 y 25.345”, en LIBRO DEL PRIMER CONGRESO ENTRERRIANO DE DERECHO
DEL TRABAJO”, pág. 81. Legislación a la que hoy corresponde agregar, en especial los arts. 28 a 40 de
la L. 25.877 (B.O. 19-3-04) y 26.063 (B.O. 9-12-05), tendiente a evitar la evasión de los recursos de la
seguridad social.37
4.- Retroceso y sustitución del empleo asalariado vinculado a un contrato de
trabajo.Se ha definido que “la categoría socio-ocupacional de empleo en la economía
mercantil, corresponde solamente al trabajo remunerado, el cual puede ser asalariado
(en diversas categorías ocupacionales), hecho en calidad de empresario para obtener un
beneficio, o en contrapartida de ingresos o rentas (trabajadores por su propia cuenta o
empleadores)”41.Sin perjuicio de esta distinción, ante el fenómeno del desempleo masivo, debemos
salir de la ilusión de que el trabajo sólo ha sufrido una interrupción provisoria, error en
el que al decir de Viviane Forrester, incurren “tanto el buscador de empleo como la
sociedad; tanto los discursos oficiales como la legislación”, que “parecen desconocer
que la ausencia de trabajo se ha convertido en la norma oficiosa”42.Como aspecto predominante de la situación descripta, se advierte el retroceso
ininterrumpido del salario contractual, “aún cuando no retroceda tanto el trabajo de tipo
industrial (o trabajo en los servicios directamente asociados a la industria). Bernard
Bruhnes, reconocido consultor en materia de trabajo y de organización industrial, insiste
en el hecho de la extensión actual de la subcontratación ... y más ampliamente, en el
hecho de una “externalización” generalizada de los servicios (mantenimientos múltiples,
limpieza, etc.). Numerosas empresas ya no tienen personal que puede ser mantenido
por ellas y, como consecuencia de esto, lo solicitan a otras empresas que se especializan
en este tipo de trabajo. Así las cosas, el trabajo independiente está en un proceso de
desarrollo. La empresa maneja menos contratos de trabajo (y de salario) e incrementa el
número de contratos comerciales”43.El informe Bruhnes concluye a su vez que “el núcleo duro del salario tradicional
se restringe para dejar lugar a los círculos concéntricos de la precariedad y a las nuevas
formas de empleo, es decir, al trabajo independiente”44.-
Neffa, Julio César, “EL TRABAJO HUMANO – CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE UN
VALOR QUE PERMANECE”, Ed. Asociación Trabajo y Sociedad, Programa de Investigaciones
Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE-CONICET), 2003, pág. 227.42
Forrester, Viviane, “EL HORROR ECONOMICO”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997, pág. 149.43
Calvez, Jean Ives, “NECESIDAD DEL TRABAJO ¿DESAPARICION O REDEFINICION DE UN
VALOR?”, Ed. Losada 1999, pág. 14.44
Calvez, Jean Ives, obra anteriormente citada, pág. 15, quien cita el informe de Bernard Bruhnes en
“L´Europe de emploi, ou comment font les autres”, Les De. de L`Organisation, 1994.41
Así, entre los trabajadores ocupados avanza el porcentaje de quienes prestan sus
servicios en forma precaria, sin garantía de estabilidad, en base a contratos particulares
o específicos de empleo, tal el caso de quienes son contratados por agencias de
colocación (eventuales). Ello ha dado una nueva relación salarial generada a partir de
empleos ajenos a la contratación indeterminada. Mutando el contrato estable al empleo
de tiempo parcial, en base a contratos de duración por tiempo determinado. Modalidad
que crece y posee una gran dinámica dentro del mercado de trabajo45.En definitiva, si el empleo rota hacia una tendencia de ocupación autónoma, se
torna necesario tutelar el trabajo independiente, sin que ello implique desconocer la
protección que históricamente se le ha otorgado al contrato de trabajo generador de una
relación salarial en dependencia, sobre el que igualmente se ha sostenido que las
políticas de empleo deberán promover acciones destinadas a colaborar en la reducción
de los niveles de desempleo, elevar la calidad del trabajo y disminuir la brecha de las
remuneraciones en un contexto de incremento del salario medio46.Señalando
(dependencia), la disminución de las contribuciones, la regulación del despido y de los
contratos promovidos, la necesidad de instrumentar políticas activas, entrenamiento y
capacitación, salario mínimo, seguro de desempleo, flexibilización de las normas de
trabajo, dinamización de la negociación colectiva, promoviendo la adaptación de la ley
sindical a las normas de la OIT, de modo de facilitar las actividades de sindicatos
inscriptos que no cuenten con la personería gremial47.-
III.- EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA EN LA ARGENTINA.-
5.- Alternativa del trabajo por cuenta propia (independiente).A cuenta de su crecimiento y efecto multiplicador del empleo, quienes trabajan
por cuenta propia, asumiendo el riesgo de su actividad, indudablemente son acreedores
de medidas político-sociales que den un marco de regulación a la misma, máxime
Neffa, Julio César, obra anteriormente citada, “EL TRABAJO HUMANO …”, pág. 192/194, Nº 4.2.
La crisis de la relación salarial.46
Beccaria, Luis, “Algunas propuestas de políticas laborales” en “HACIA EL PLAN FENIX – UNA
ALTERNATIVA ECONOMICA”, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Ed.
Prometeo/FUA, 2002, pág. 58.47
Beccaria Luis, obra anteriormente citada, pág. 60/68.45
teniendo a la vista su contínuo crecimiento a partir del año 2002, en un porcentaje
superior al generado por la contratación en relación de dependencia.-
5.1.- Necesidad de protección del trabajo por cuenta propia.Desde un principio, y a lo largo de su evolución, la política laboral tuvo como
objetivo predominante la protección de los trabajadores subordinados.Sin embargo, a pesar de que la relación laboral en dependencia se diferencia del
trabajo por cuenta propia (independiente), ambos sectores poseen similares necesidades
(alimentarias, salud, vivienda, nivel de ocupación, previsional, posibilidad de
desempleo, etc.), con sus consecuentes insuficiencias.Cuantitativamente, los trabajadores autónomos conforman un importante sector de
la población económicamente activa48, que presenta una tasa de crecimiento constitutiva
de un paliativo frente al desempleo, por lo tanto, una política social dirigida al
desarrollo integral no podrá desentenderse de la situación de protección requerida por
este sector de trabajadores, entre los cuales se incluyen los profesionales que se
desempeñan por cuenta propia.-
5.2.- Trabajo rural.Por su incidencia, y frente al incremento de la actividad agropecuaria desde la
salida de la convertibilidad del peso, y la sustancial mejora de los precios
internacionales49 del excedente agrícola-ganadero exportable, los productores rurales
(en especial, pequeños propietarios y arrendatarios50) han retornado a un marco de
rentabilidad, lo que hace necesaria la instrumentación de medidas político-sociales que
amparen a este sector, en cuanto a su acceso al crédito, control estatal de la renta de las
Neffa, Julio César, obra anteriormente citada, “ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO …”, pág.
The Economist, 8/12/07 transcripto en suplemento económico La Nación de igual fecha, bajo al título
“El fin de la comida barata”, observando que “En el período 1974-2005 los precios de los alimentos y los
mercados del mundo cayeron un 75 % en términos reales”. Sin embargo, desde esa fecha en adelante el
valor de los alimentos recuperó el 75 % que había perdido en los 30 años precedentes. El índice de
precios de alimentos de “The Economist” se encuentra actualmente en su punto más alto desde su
creación en 1845, destacando que incluso, en términos reales, los precios subieron 75 % desde el 2005.50
OIT, Convenio 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales de 1975, delimita su aplicación a
los arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios, “cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura,
y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo
ocasionalmente a trabajadores supletorios y que: a) no empleen una mano de obra permanente; o b) no
empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o c) no hagan cultivar sus tierras por
aparceros o arrendatarios” (art. 2º, 2).48
parcelas cultivables, la propiedad y uso de la tierra, supervisación de las cláusulas de
arrendamiento y condiciones de trabajo, como medio de mejora del nivel de vida y
distribución del resultado de su actividad productiva, como consecuencia de la mejora
de la producción y precios.
Apoyo a la formación técnica que optimice la labor
desarrollada y sus costos.Para lo que sería procedente fomentar los vínculos cooperativos y el agrupamiento
organizacional que facilite una participación orgánica en el proceso de desarrollo51.Es de destacar que la agricultura familiar si bien realiza un aporte limitado a la
producción global, es fundamental en la generación del empleo rural: según datos
oficiales, en la actualidad existen aproximadamente 333.000 agricultores familiares, que
representan el 53 % del empleo rural del país. Estos productores cubren 23,5 millones
de hectáreas, lo que representa el 13,5 % del total de las explotaciones agropecuarias52.Para atender las necesidades diferenciales del pequeño agricultor, desde la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se ha anunciado una política institucional,
consistente en la creación de una Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar, para “atender de manera integral los complejos aspectos de la problemática
que atañe a la agricultura familiar y a los pequeños productores rurales argentinos”53.Anunciándose a su vez la creación del Registro Nacional de la Agricultura
Familiar, de carácter único e inscripción voluntaria, que permitirá identificar a los
agricultores familiares, para luego distribuir los beneficios que instrumente el Estado; la
instrumentación del Monotributo Social para la agricultura familiar, que permitirá
formalizar la actividad económica de los chacareros, que ahora no sólo no tributan
impuestos, sino que tampoco acceden a cobertura médica ni al sistema jubilatorio;
programando destinar partidas presupuestarias que tiendan a promover los programas de
desarrollo rural54.-
OIT, Convenio 141, recomendación 149, sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975.La Nación, Suplemento Campo del 27/10/07, nota Desarrollo Rural, en la que el presidente de la
Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, sostiene que: “Muchos de esos productores no aparecen en
los censos, no tienen títulos de propiedad, son campesinos metidos en los montes, en la Puna, en lugares
recónditos; y cuesta encontrar en la historia que alguna vez hayan sido objeto de políticas nacionales
incluyentes”.53
La Nación, 27/10/07, nota anteriormente citada, declaración del Secretario de Agricultura, Javier De
Urquiza, al cierre del “Encuentro Federal de Agricultura Familiar”.54
La Nación, 27/10/07, nota anteriormente citada, anunciando el destino de U$S 294.000.000 a los
programas de desarrollo rural, fondos que en gran parte serán aportados por el Banco Interamericano de
Desarrollo.52
5.3.- Cooperativas de trabajo.La cooperativa de trabajo por definición se basa en la autogestión55, lo que evita
“la dicotomía entre empleador y trabajadores”, por esa razón, se la propuso como
síntesis dialéctica del Derecho del Trabajo56.En la misma “no existe dualidad entre asociado y trabajador porque el aporte
social de cada uno es el trabajo. No existe dualidad entre el trabajador y el empleador
porque las grandes líneas de diseño, organización, producción, contralor, distribución de
resultados, son decididas por todos en asamblea en la que cada miembro tiene un
voto”57.El sistema cooperativo a su vez posibilita el cumplimiento de la manda
constitucional que tiende a asegurar a los trabajadores una participación en las
dirección58.-
5.3.1.- El acto cooperativo y su exclusión de la relación de dependencia.A partir de la interpretación anteriormente enunciada, se ha considerado que el
vínculo existente entre los socios y la cooperativa, contiene una relación asociativa
excluida del derecho de trabajo, y por ello invalidante para generar obligaciones propias
de la relación de dependencia59.Ello se condice con la doctrina sustentada por la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires, en tanto tiene resuelto que no existe contrato de trabajo subordinado
entre el socio de una cooperativa regularmente constituida e inscripta como tal y el ente
L. 20.337, art. 2 “Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para
organizar y prestar servicios …”, considerándose que: “Son actos cooperativos los realizados entre las
cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución
de los fines institucionales. También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con
idéntica finalidad realicen con otras personas” (art. 4).56
Capón Filas, Rodolfo, “Sistema de las cooperativas de trabajo”, en “COOPERATIVAS DE
TRABAJO”, Ed. Platense, 2003, pág. 29.57
Capón Filas, Rodolfo, obra anteriormente citada, pág. 29.58
Constitución Nacional, art. 14 bis: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: … participación en las ganancias de las empresas, con control de
la producción y colaboración en la dirección;…”.59
Art. 4 L. 20.337; art. 2 b) L. 24.241; arts. 48 y 49 L. 24.977 (texto L. 25.875); art. 1 Resolución ANSeS
784 (B.O. 28/7/92); RG AFIP-DGI 4328/97 y arts. 17 a 20 RG AFIP-DGI 1695/04;.55
societario, por la mera circunstancia de la actividad realizada por aquél como acto
típicamente cooperativo60.En estos casos, el empleo de la fuerza de trabajo de los asociados por parte de las
cooperativas, constituye el objeto mismo de la sociedad y el aporte que los trabajadores
comprometen al constituirla o al adherirse a ellas, lo que torna improcedente la
aplicación de las previsiones del artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo para el
supuesto de socio-empleado61.Si se acredita que formalmente la entidad funciona como cooperativa, cumpliendo
los requisitos legales de inscripción, registro contable, celebración de asamblea,
renovación periódica de autoridades e incorporación como asociados de los integrantes,
quien prestó servicios personales para la cooperativa no puede invocar lo dispuesto en el
art. 27 de la LCT62.Es decir que ambas normativas actúan en forma excluyente y desde distinto plano;
una, a través de un vínculo asociativo e inhibitorio de la relación de dependencia (L.
20.337) y la otra, generando una relación de trabajo subordinada de carácter laboral (L.
20.744 y sus modificaciones).Corresponde advertir que actualmente según lo determina el art. 40 in fine de la
Ley 25.87763 “Las cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de
SCBA, "PAYER, Eduardo Feliciano c/ PRIMERA COOP. OBRERA DEL VIDRIO DEL PROGRESO
LTDA. s/ Despido", Ac. 44.271, del 7/8/90; "YAÑEZ, Angel c/ COOP. OBRERA PORTUARIA DE
ESTIBAJES LTDA.", Ac. 46.545, del 23/7/91; “CUEVAS, Rodolfo Francisco c/ C.O.P.E.L. s/ Accidente
de trabajo”, Ac. 46.266 del 18/6/91; "PAILLAN, Domingo c/ COOPERATIVA OBRERA PORTUARIA
DE ESTIBAJES LIMITADA (COPEL) Accidente de Trabajo", Ac. 51.190 del 5/10/93. En el mismo
sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: “La cooperativa regularmente constituida e
inscripta como tal, impide configurar un contrato de trabajo subordinado, por la mera circunstancia de la
actividad realizada por el actor como típico acto cooperativo” (CS, causa L 447.771, sentencia del 7/8/90,
citada por Viviana Sandra Vera, “LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO Y EL DERECHO
LABORAL”, DT 1996-A, pág. 689, pto. V Nº 4).En igual sentido, SC Mendoza, Sala II, sent. del 15/4/91, "COOPERATIVA DE TRABAJO
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CUYO EN RIOS, O. M. C/ COOPERATIVA DE TRABAJO
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CUYO TAC LTDA", TSS 1992-330).- Cámara Nacional del
Trabajo, Sala IX, 31/10/2005, “VITALI, Edgardo c/ COOP. DE TRABAJO CAZADORES LTDA”, DJ2006-1, pág. 400.61
CNT, Sala VI 29/12/95, “ELIA, Daniel R. C/ ESCORIAL COOP. DE TRABAJO LTDA y Otro”, DT
1996-A, pág. 1199; CNT, Sala V, 28/12/2001, “GARCIA, Margarita I. C/ COOPERATIVA DE
TRABAJO LINCE SEGURIDAD LTDA.”, Fallo Nro. 103.948, La Ley Diario del 27/6/2002.62
CNTrab. Sala V, 7/2/96, “PERALTA, Cecilia c/ CO-VI COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.”, DT
1996-B, pág. 1481.63
L. 25.877 B.O 19/3/2004.-
provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro modo brindar
servicios propios de las agencias de colocación”64.-
5.3.2.- Exclusión del fraude.Resulta manifiesto que deberán excluirse las situaciones en que la interposición de
la cooperativa como prestadora de servicios sea un mero recurso para actuar en fraude a
la ley laboral, quedando esta actuación comprendida dentro de las previsiones del art. 14
de la Ley de Contrato de Trabajo.El fraude se configurará en tanto se utilice el uso de la estructura corporativa para
encubrir relaciones laborales, ya que en estos casos nos encontraríamos frente a “una
posición negocial, a primera vista lícita, económica y socialmente determinada por una
causa ilícita”65.En estas circunstancias, el cooperativismo no escapa a la sanción de nulidad de
todo contrato, por el cual las partes procedan con simulación o fraude a la normativa
laboral, en cuyo supuesto la relación quedará regida por la Ley de Contrato de Trabajo.Desde el ámbito jurisprudencial, se ha declarado que: “Debe presumirse la
legitimidad de la sociedad cooperativa que ha cumplido con todos los recaudos legales a
los fines de su constitución”66; “… La existencia de la cooperativa de trabajo y su
funcionamiento –aún sin mayor prolijidad-, el cumplimiento por parte de ella de
Política legislativa discriminatoria que implica la inconstitucionalidad de la norma por afectar las
garantías previstas por el art. 16, 43, 19, 14 bis y concds. de la Constitución Nacional. Comentando el
decreto 2015/94, la Ley 25.250 y el decreto 1002/99 que concuerdan en vedar a las cooperativas de
trabajo el suministro de ciertos tipos de mano de obra a terceros, sostiene Ricardo J. Cornaglia que: “ ...
Agradecidos quedaron los intermediadores, dueños de agencias de servicios eventuales y temporarios, por
la discriminación que se llevó a cabo. Algún grupo influyente del correo privado también. En igual
situación están las empresas que, en manos de intermediadores, contratan o subcontratan los servicios de
vigilancia y maestranza, ya que por vía de un acto de intervención estatal, consiguieron desprenderse de
competidores molestos. Esas normas implican un claro perjuicio contra el cooperativismo del trabajo y
una rígida regulación para impedir a los trabajadores organizarse y ejercer industrias lícitas. Todo esto, en
un área donde la intermediación parasitaria opera con impunidad, y la policía del trabajo demuestra su
total inoperancia, por entera responsabilidad del poder administrador que dictara esta norma
reglamentaria (conf. autor citado, “La subcontratación de servicios por medio de cooperativas de trabajo”
DJ 2003-3 pág. 529).
López, Justo, “ALGUNAS FIGURAS DE LA SIMULACIÓN ILICITA LABORAL”, LT 18, pág.
1073 y sgtes.66
CNTrab., Sala I, 12/8/05, “VILLAGRA, Ramón Orlando c/ COOPERATIVA DE TRABAJO
CASADORES LTDA.”, DJ 2005-3, pág. 813; ver también CNTrab. Sala I, “MENDOZA, Orlando H. y
otros c/ COOPERATIVA DE TRABAJO PATAGONICA LTDA.”, 20/7/01, DT 2001-B, pág. 2109.-
obligaciones impositivas, previsionales y gremiales, llevan a descartar la existencia de
fraude laboral …”67.Correspondiendo al accionante acreditar la existencia de fraude laboral para lograr
la aplicación de las directivas del art. 27 de la LCT68.Por su parte, los servicios de inspección del trabajo están habilitados para ejercer
el contralor de las cooperativas de trabajo a los efectos de verificar el cumplimiento de
las normas laborales y de la seguridad social en relación con los trabajadores
dependientes a su servicio así como a los socios de ella que se desempeñaren en fraude
a la ley laboral. Estos últimos serán considerados trabajadores dependientes de la
empresa usuaria para la cual presten servicios, a los efectos de la aplicación de la
legislación laboral y de la seguridad social. Si durante esas inspecciones se comprobase
que se ha incurrido en una desnaturalización de la figura cooperativa con el propósito de
sustraerse, total o parcialmente, a la aplicación de la legislación del trabajo denunciarán,
sin perjuicio del ejercicio de su facultad de constatar las infracciones a las normas
laborales y proceder a su juzgamiento y sanción, esa circunstancia a la autoridad
específica de fiscalización pública a los efectos del artículo 10169 y concordantes de la
Tribunal del Trabajo Nº 1 de Bahía Blanca, autos “ACOSTA, Pascual y ots. C/ FRIGORÍFICO
GULLERMO F. PALONI” DEL 21/3/95 en Derecho del Trabajo 1995-B, pág. 1417; ídem Tribunal del
Trabajo Nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, autos “CHANFERONI, Florinda Magdalena y otro
c/ COOPERATIVA FILECOOP LTDA., SALERNO HNOS. Y MARDELPEZ SA s/ Sueldos
adeudados”, expte. 38.365, voto Dr. Aronna, del mes de junio de 1998.68
Art. 375 del CPC de la Pcia. de Bs. As.; CNT Sala VI, 29/12/95, “ELIA, Daniel R. c/ EL ESCORIAL
COOP. DE TRABAJO LTDA. y otro”, DT 1996-A, pág. 1199.69
Art. 101 de la L. 20.337: “En caso de infracción a la presente ley, su reglamentación, demás normas
vigentes en la materia y las que se dictaren con posterioridad. las cooperativas se harán pasibles de las
1º) Apercibimiento.
2º) Multa de $ 66,50 hasta $ 6.649,88 (Montos según Resolución INAC 367/92, actualizados al 1/4/91)
En el caso de reincidencia la multa Podrá alcanzar hasta el triple del importe máximo.
Se considera reincidente quien dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la infracción haya
sido sancionado por otra infracción.
Los montos de las multas serán actualizados semestralmente por la autoridad de aplicación del régimen
legal de cooperativas, sobre la base de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
3º) Retiro de autorización para funcionar.
No pueden ser sancionadas sin previa instrucción de sumario, procedimiento en el cual tendrán
oportunidad de conocer la imputación, realizar los descargos, ofrecer la prueba y alegar sobre la
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la
imputada, su importancia social o económica y, en su caso los perjuicios causados.
Las sanciones de los incisos 1º) y 2º) pueden ser materia de los convenios previstos por el art. 9
quedando reservada a la autoridad de aplicación la sanción del Inciso 3).
El importe de las multas ingresará a los recursos de organismo instituido en el Capítulo XII o del Fisco
Provincial según el domicilio de la cooperativa, con destino a promoción del cooperativismo”.
Ley Nro. 20.337. Las cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de
servicios propios de las agencias de colocación70.A los fines de la fiscalización del cumplimiento con el Sistema de Seguridad
Social, el Poder Legislativo intentó establecer normativamente la inversión de la carga
de la prueba del fraude en el supuesto de cooperativas de trabajo, estableciendo que la
prestación personal que efectúan sus asociados a través de su trabajo, se realiza en
virtud de un contrato laboral pactado, expresa o tácitamente por las partes,71 pero esta
presunción fue observada por el Poder Ejecutivo al momento de promulgar la Ley
26.063, en tanto se consideraba
a los mismos como empleados en relación de
dependencia, de quien utilice sus servicios para la consecución del objetivo principal de
su propia actividad72. Es decir, que el principio general de prueba del fraude por
interposición de la figura cooperativa, continúa estando a cargo de quien lo alega, lo que
ha sido convalidado por la Ley 26.063, según el texto promulgado a partir de la
observación efectuada por el Poder Ejecutivo al momento de la promulgación,
constituyendo el mismo principio de interpretación auténtica de esta afirmación.-
5.4.- La quiebra de la empresa y su recuperación a través del sistema cooperativo.En la última década en nuestro país se vivió una experiencia paradigmática,
relacionada con la recuperación por los trabajadores de establecimientos productivos
caídos en quiebra. Las políticas neoliberales implementadas en la década del noventa,
dieron lugar a la quiebra de fábricas y establecimientos productivos, generando un gran
crecimiento de la tasa de desempleo en Argentina. Este fenómeno que se originó por
causa de la gran crisis vivida, generó debates e inquietudes a nivel académico,
periodístico y de investigación, así Le Monde Diplomatique, “el Diplo”, de agosto de
2002, dedicó su portada a la resistencia social ante la crisis y señaló que los nuevos
movimientos populares –entre los que se encuentran las empresas recuperadas y
autogestionadas- cada vez más numerosos y masivos, son respuestas que pueden verse a
Art. 40 L. 25.877 (B.O 19/3/2004).L. 26.063 art. 4 (BO 9/12/2005).72
L. 26.063 art. 5 inc. b que fuera observado por el art. 1 del decreto 1515/05, que promulgara la ley en cita.71
lo largo de toda América Latina a los enormes daños económicos y sociales provocados
por la globalización neoliberal y por una dirigencia política cada vez más fragmentada.Especialmente en América Latina (Stiglitz, 2002; Kliksberg, 2002) la cuestión de
la desocupación y el malestar generalizado por las precarizadas condiciones de trabajo
han generado efectos devastadores (Selligman-Silva, 1992; Beccaria y López, 1998;
Kleim, 2001), lo que Sennet (2000) denominó “La corrosión del carácter”.La apropiación de las empresas, en Argentina, debe situarse en el marco de
ausencia de respuesta por parte del Estado al problema de la desocupación. En sus
primeros momentos, este movimiento autogestivo se instaló frente al fracaso de la
dirigencia empresaria -que “vaciaba” las empresas y dejaba a sus empleados en la calle,
sin indemnizaciones- y se ha convertido hoy en “una nueva herramienta de lucha de la
clase trabajadora”73.
En 2003 el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
contabiliza 147 fábricas y 12.000 puestos de trabajo recuperados, lo que no representa
un dato menor, en un país, que según datos oficiales de mayo de 2003, posee un índice
de desempleo del 15,6 %.Esta profunda crisis que sumergió a nuestro país en el desempleo, generó la
necesidad de los trabajadores de organizarse para mantener la explotación de los
establecimientos productivos y la conservación de la fuente de trabajo. Podemos citar
como ejemplos al frigorífico Yaguané (La Matanza), Siam (Avellaneda), el frigorífico
Máximo Paz (Cañuelas), Panificación 5 (Vicente López), El Palmar y la Baskonia
(ambas en La Matanza), Zanon, etc., y así se puede continuar enumerando casos de
emprendimientos que transitan el sinuoso camino del cooperativismo en tiempos de
crisis, cada uno con suerte diversa. Este camino emprendido por los trabajadores,
dificultoso y arriesgado, da cuenta de una capacidad autogestiva, que debería ser
estimulada desde el Estado como como política social a implementar para enfrentar la
problemática del desempleo.5.5.- Casos testigos, el atípico caso de “Los Constituyentes” y de la cooperativa de la
ex firma Coventry.En diciembre de 2001 el propietario de la metalúrgica, Ignacio Wasserman,
propuso a los empleados suspenderlos por tres meses para evaluar la posibilidad de
Entrevista al Presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, en IMPA, abril de 2003.-
continuar con las tareas hasta abril de 2002. Los trabajadores contraofertaron llevar
adelante la cooperativa. El 4 de diciembre quedó conformada e inscripta en el Instituto
Provincial de Acción Cooperativa (IPAC). Diez días después firmaron con Wasserman
el contrato de locación de la planta industrial por el término de un año. Ese contrato
obliga a los empleados y obreros a hacerse cargo de todos los costos de mantenimiento
de la planta así como impuestos, tasas municipales e insumos productivos. El caso de
“Los Constituyentes” es el primero de una cooperativa formada con personal de una
empresa en concurso preventivo y también uno de los pocos casos en que la cooperativa
queda para los administrativos, así como del área comercial y financiera. Al mes de
concretarse la cooperativa, firmaron un contrato con una empresa del mismo rubro para
fabricarles caños y tubos con materia prima de ellos. El contrato fue por once meses,
representándoles un ingreso de entre 750.000 y un millón de pesos.
objetivo de la cooperativa “Los Constituyentes” es recuperar su participación en el
mercado en la venta de tubos y laminados plásticos y ser uno de los más importantes
prestadores de servicios del país.Otro de los casos que pueden citarse se dio en el año 2006 en el cual se conformó
una cooperativa de ex trabajadores de la firma Coventry, la cual tenía su planta en León
Suárez, partido de San Martín, la empresa Adzen, fabricante de los productos Coventry,
había dejado de funcionar a fines de 2002, después de presentarse en convocatoria de
acreedores y su quiebra fue decretada en 2004. Los trabajadores constituyeron una
cooperativa y en un principio, se dedicaron a vender chatarra. Luego, la Legislatura
bonaerense sancionó una ley que permitió la expropiación de las instalaciones de Adzen
y su transferencia a la cooperativa integrada originariamente por 39 socios. Cabe
destacar que en este caso la cooperativa recibió un subsidio de doscientos mil pesos del
Ministerio de Producción provincial con el que se financió la fabricación de gran
cantidad de electrodomésticos que se le venderían a Wall Mart.Si bien estas iniciativas no estuvieron determinadas por la existencia de
legislación, ya que estos emprendimientos se han dado con independencia de una norma
que los regule y ante la necesidad imperiosa de conservar la fuente laboral, entendemos
que la legislación debe hacerse eco de las mismas y acompañar este proceso de cambio
social, fomentando y promoviendo este tipo de experiencias de autogestión.-
Numerosos fueron los casos de recuperación de empresas por los trabajadores,
hecho ante el cual la legislación no permaneció indiferente, si bien hasta el momento no
existe una regulación específica que contemple dichos supuestos.-
5.6.- Ley de quiebras, su reforma y la contemplación del cooperativismo.La Ley de Concursos y Quiebras 24.522 fue reformada en su art. 190 por la Ley
25.589, en un intento de contemplar la posibilidad de conservar las fuentes de trabajo,
dentro de la problemática que implica la quiebra de un establecimiento productivo. La
Ley 25.58974 ha modificado el art. 190, el que en su parte final establece: “en la
continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los
trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del
personal en actividad, o de los acreedores laborales, quienes deberán actuar en el
período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo”.La modificación del citado artículo ha suscitado un interesante debate en la
doctrina75, en razón de que a partir de la reforma, el instituto de la continuación de la
empresa, tal como se encontraba regulado en la Ley 24.522, sufrió una modificación
relevante y de signo contrario al que informara al legislador concursal de 1995, quien no
había fijado como aspecto principal a tener en cuenta por el juez de la quiebra para
decidir la continuación de la empresa, la “protección de las fuentes de trabajo”, por el
contrario, se pensaba primero en los intereses de los acreedores. Hoy, tras la reforma,
se les añade a los jueces un nuevo parámetro para decidir la continuación empresaria: el
de la conservación de sus fuentes de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que el proceso
falencial es esencialmente liquidatorio y es el propio art. 190 in fine el que ratifica que
dicho proceso debe concluirse con la venta de la empresa en marcha. Esta circunstancia
nos lleva a preguntarnos si la cooperativa de trabajo conformada podría adquirir la
Si bien las opiniones doctrinarias se encuentran divididas
consideramos que nada obsta a que las cooperativas de trabajo se presenten en la
Artículo 21, B.O. 16/5/02.Junyent Bas Flores: “LAS RELACIONES LABORALES ANTE EL CONCURSO Y LA QUIEBRA”,
Ed. Abaco, 2004, pág. 432 y sgte.; Alegría, Héctor, “NUEVA REFORMA A LA LEY DE CONCURSOS
Y QUIEBRAS (LEY 25.589)” en L.L., núm. Especial del supl., “CONCURSOS Y QUIEBRAS”, junio
de 2002, pág. 15; Tropeano, D. “QUIEBRA, COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONTINUIDAD DE
LA EMPRESA: UN ESPEJO DE COLOR BRILLA EN EL HORIZONTE”, L.L. diario del 1/8/02;
Boretto, M., “TUTELA DE LA FUENTE DE TRABAJO DURANTE LA CONTINUACION DE LA
EMPRESA EN QUIEBRA, LA COOPERATIVA DE TRABAJO”, en Rev. De Derecho Privado y
Comunitario, 2003-1.75
enajenación de la empresa en marcha y la adquiera como unidad productiva en
funcionamiento, resguardando de esa forma las fuentes de trabajo, siendo éste tal como
resaltamos, uno de los parámetros impuestos al juez de la quiebra por la reforma de la
Ley 25.589.Esta reforma tendiente a favorecer la conservación de las fuentes de trabajo,
podría profundizarse en futuras reformas, estableciendo en la ley las siguientes
posibilidades: 1.- la posibilidad de que las cooperativas de trabajo participen como
terceros interesados en el procedimiento de cawndown (art. 48 inc. 1 de la Ley de
Quiebras), 2.- se les otorgue a los dependientes unidos en cooperativas de trabajo la
alternativa de negociar libremente con los acreedores quirografarios la asunción del
pasivo empresario para lograr la adquisición de la fallida, con un “derecho de
preferencia”, frente a un tercero adquirente, a través de una variante de mecanismos que
podrían estar vinculados con la posibilidad de igualar la mejor oferta entre las que se
presentaren en liquidación, o mediante el avenimiento o compensación por parte de los
acreedores laborales de sus créditos con privilegio especial y general.Es importante favorecer desde la legislación la posibilidad de que la propia
cooperativa de trabajo sea la adquirente de la empresa fallida, pues de lo contrario su
esfuerzo durante la continuación de la explotación será en vano, ya que el tercer
adquirente obtendrá la empresa libre de vínculos laborales, si así lo prefiere, dejándose
de lado la prioridad de conservar las fuentes de trabajo, objetivo esencial del legislador
de la reforma.Podemos observar entonces que existe un fenómeno social que consiste en la
autogestión de empresas en quiebra por parte de los trabajadores, proceso social que
debe ser necesariamente acompañado desde la legislación en la materia.
legislación debería contemplar estos casos, facilitar la resolución de los mismos y
aportar mecanismos facilitadores de la iniciativa de autogestión de los trabajadores. No
podemos desconocer que el derecho puede transformarse en una herramienta útil para
facilitar este tipo de iniciativas sociales y lograr llevar a cabo una política social
adecuada que enfrente la problemática del desempleo.-
6- Insuficiente regulación legal del trabajo por cuenta propia en la Argentina.En Argentina, la relación contractual por cuenta propia carece de una adecuada
regulación legal, concretamente, mantiene el marco establecido por el Código Civil
desde su sanción en el siglo XIX76.Contrariamente, la actividad desarrollada en forma independiente, ha sido
contemplada en el orden fiscal y por el Sistema de Previsión y Seguridad Social.-
6.1.- Actividad por cuenta propia Régimen Tributario Simplificado (Monotributo).Este régimen incorpora como pequeños contribuyentes a las personas físicas que
realicen actividad por cuenta propia, por venta de cosas muebles u obras y por locación
o prestaciones de servicios, incluyendo a los integrantes de cooperativas de trabajo y a
las sociedades de hecho y comerciales irregulares, en la medida que posean un máximo
de tres socios. Ello en tanto cumplan las condiciones previstas por la ley77.Los ingresos que deban efectuar estos contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado, sustituyen el pago de los siguientes impuestos:
a) El impuesto a las ganancias.b) El impuesto al valor agregado.-
Código Civil, Ley 340, promulgada el 29/9/1869, artículo 1623 “La locación de servicios es un contrato
consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las partes debe entregar. Tiene
lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un
precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones de este Código sobre
las "Obligaciones de hacer", y subsgs.77
L. 25.865: establece los límites del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que somete a
a) Que por locaciones y/o prestaciones de servicios hayan obtenido en el año calendario inmediato
anterior al período fiscal de que se trata, ingresos brutos inferiores o iguales al importe de pesos setenta y
dos mil ($ 72.000).
b) Que por el resto de las actividades enunciadas, incluida la actividad primaria, hayan obtenido en el año
calendario inmediato anterior al período fiscal de que se trata, ingresos brutos inferiores o iguales al
importe de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($ 144.000).
c) Que no superen en el mismo período los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas que se
establezcan para su categorización a los efectos del pago integrado de impuestos que les corresponda
d) Que el precio máximo unitario de venta, sólo en los casos de venta de cosas muebles, no supere la
suma de pesos ochocientos setenta ($ 870).
e) Que no realicen, importaciones de cosas muebles y/o de servicios.
Cuando se trata de sociedades comprendidas, además de cumplirse con los requisitos exigidos a las
personas físicas, la totalidad de los integrantes -individualmente considerados- deben reunir las
condiciones para ingresar al Régimen Simplificado (RS).
A los efectos de lo dispuesto por el presente régimen, se considera ingreso bruto obtenido en las
actividades, al producido de las ventas, obras, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones
realizadas por cuenta propia o ajena excluidas aquellas que se hubieran cancelado y neto de descuentos
efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza.76
En el caso de las sociedades comprendidas en el presente régimen se sustituye el
impuesto a las ganancias originado por la entidad sujeta al Régimen Simplificado y el
impuesto al valor agregado de la sociedad.En suma, el denominado Monotributo tiene en mira al pequeño contribuyente que
actúa por cuenta propia, al que le simplifica su situación fiscal eximiéndolo del
impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, dentro de determinados
parámetros que condicionan su permanencia dentro de dicho régimen, los que de ser
sobrepasados obligan al contribuyente a ingresar tanto los impuesto como los aportes
previsionales de acuerdo al régimen general. Es decir, que en este caso debe pagar
Impuesto a las Ganancias, IVA , y aportar previsionalmente a la caja de autónomos78.-
La Ley 25.865, establece categorías de contribuyentes, según el tipo de actividad desarrollada y el
origen de sus ingresos, de acuerdo con los ingresos brutos anuales y las magnitudes físicas que se indican
a) Locaciones y/o prestaciones de servicios:
Ingresos brutos Superficie afectada(7)
Quedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado (RS) los contribuyentes que:
a) Sus ingresos brutos correspondientes a los últimos doce (12) meses superen los límites establecidos
para la última categoría, de acuerdo con el tipo de actividad que realice y teniendo en cuenta lo previsto
por el artículo 3 del presente régimen.
b) Los parámetros físicos superen los correspondientes a la última categoría, de acuerdo con el tipo de
c) El máximo precio unitario de venta, en el caso de contribuyentes que efectúen venta de cosas muebles,
supere la suma establecida en el inciso d) del artículo 2 del presente anexo.
d) Adquieran bienes o realicen gastos injustificados por un valor incompatible con los ingresos
f) Realicen más de tres (3) actividades simultáneas o posean más de tres (3) unidades de explotación.
g) Realizando la actividad de prestación de servicios o locaciones se hubieran categorizado como si
realizaran las restantes actividades.-
La condición de pequeño contribuyente no es incompatible con el desempeño de
actividades en relación de dependencia, como tampoco con la percepción de
prestaciones en concepto de jubilación, pensión o retiro, correspondiente a alguno de los
regimenes nacionales o provinciales.Finalmente se contempla una tercera categoría de monotributo, que incluye a los
denominados pequeños contribuyentes eventuales, conformados por las personas físicas
mayores de 18 años, cuya actividad por la característica, modo de prestación u
oportunidad, se desarrolla en forma eventual u ocasional79.6.2.- Régimen de Previsión y Seguridad Social .Previsionalmente, se consideran como autónomas las “personas que por sí solas o
conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la
República algunas de las actividades”80 previstas por la ley, “siempre que éstas no
configuren una relación de dependencia”81.Las actividades que enunciativamente se enumeran, se circunscriben a:
Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización,
establecimiento o explotación con fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque
por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno; 2. Profesión
desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o
privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial
habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada; 3.
Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y
préstamo, o similares.;
4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los
apartados precedentes.79
La Ley 25.865, condiciona esta categoría de pequeños contribuyentes eventuales a que hayan obtenido
en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos inferiores o iguales a pesos doce mil ($ 12.000), y
que además cumplan con las siguientes condiciones en forma concurrente:
a) Que no perciban ingresos de ninguna naturaleza provenientes de la explotación de empresas,
sociedades o cualquier otra actividad organizada como tal, incluso asociaciones civiles y/o fundaciones.
b) Que la actividad no se desarrolle en locales o establecimientos estables. Esta última limitación no será
aplicable si la actividad es efectuada en la casa habitación del pequeño contribuyente eventual, siempre
que no tenga o constituya un local.
Serán considerados también pequeños contribuyentes eventuales, los sujetos dedicados a la explotación
agropecuaria, que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos inferiores o
iguales a pesos doce mil ($ 12.000), y que además cumplan con las condiciones establecidas en los
incisos a) y d) precedentes.80
Ley 24.241, art. 2º b).81
Ley 24.241, art. 2º b).-
Por su parte, desde la vigencia del denominado “Régimen Simplificado para
Contribuyentes - Monotributo”82, el pequeño contribuyente inscripto en este sistema,
que desempeñe actividad previsionalmente comprendida dentro del trabajo autónomo83,
queda encuadrado desde su inscripción en el Régimen Previsional Público instituido por
la Ley 24.24184 y sus modificaciones, sin perjuicio de la opción que pueda ejercer por
el Régimen de Reparto o el de Capitalización, mediante un aporte o cotizaciones
mensuales fijas85.Los trabajadores por cuenta propia que se constituyan en pequeños contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado, quedan incluidos dentro del Sistema de Seguridad
Social gozando de las siguientes prestaciones:
a) Prestación básica universal86.b) El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento87.-
Ley 25.865, promulgada el 15 de enero de 2004.Ley 24.241 art.2do. inc. b) y sus modificaciones.84
L. 24.241 Libro I, Título II...85
a) Aporte de pesos treinta y cinco ($ 35), con destino al Régimen Previsional Público del Sistema
b) Aporte de pesos veintidós ($ 22) (14) con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido
por las leyes 23660 y 23661 y sus modificaciones, de los cuales un diez por ciento (10%) se destinará al
Fondo Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la ley 23661 y sus modificaciones. El
aporte fijado no podrá ser inferior a la cotización mínima establecida por el artículo 24 del Anexo II del
decreto 576/1993, o el que lo reemplace en el futuro, con más el aporte al Fondo Solidario de
c) Aporte adicional de pesos diecinueve ($ 19) (14), a elección del contribuyente, al Régimen Nacional de
Obras Sociales instituido por la ley 23660 y sus modificaciones, por la incorporación de cada integrante
de su grupo familiar primario. Un diez por ciento (10%) de dicho aporte adicional se destinará al Fondo
Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la ley 23661 y sus modificaciones. El aporte
fijado no podrá ser inferior a la cotización mínima establecida por el artículo 24 del Anexo II del decreto
576/1993, o el que lo reemplace en el futuro, con más el aporte al Fondo Solidario de Redistribución.
Cuando el pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscripto en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social, que quede encuadrado en las categorías A y F, estará exento de ingresar el aporte mensual
establecido en el inciso a). Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) los ingresará con una disminución
del CINCUENTA POR CIENTO (50%).
El pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS), podrá optar por incorporarse al
Régimen de Capitalización instituido por el Título III del Libro I de la ley 24241 y sus modificaciones. En
ese caso, desde el mes en el cual ejerza dicha opción, deberá adicionar a las cotizaciones indicadas en el
artículo precedente, obligatoriamente, un aporte mensual de pesos treinta y tres ($ 33).
También podrá optar por permanecer en el régimen de reparto con la totalidad de los beneficios públicos,
incluida la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) de la ley 24241 aportando la suma de pesos
treinta y tres ($ 33).86
Ley 24.241 art.17 y sus modificaciones.87
Ley 24.241 art. 17 y sus modificaciones, el que se calculará sobre la base de aplicar los porcentajes
previstos en los inc. a) o b), según corresponda, del art. 97 de la L. 24.241 y sus modificaciones, sobre el
importe de la Prestación Básica Universal prevista por el art. 17 de la ley citada. Esta prestación estará a
c) La prestación que corresponda al Régimen de Capitalización, o las relativas al
Régimen Público de Reparto, en caso de que el pequeño contribuyente ejerza la opción
indicada en el art. 41 de la Ley 25.865.d) Las prestaciones previstas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud88, para el
pequeño contribuyente y en caso de que éste ejerza la opción del inc. c) del art. 40 de la
L. 25.865, para su grupo familiar primario. El pequeño contribuyente podrá elegir la
obra social que le efectuará las prestaciones, desde su inscripción en el Régimen
Simplificado89.e) Cobertura médico asistencial por parte del Instituto Social de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI)90 al adquirir la condición de jubilado o pensionado.-
6.3.- Condición de los asociados a las cooperativas de trabajo.La Ley de Cooperativas no da una reglamentación expresa de las cooperativas de
trabajo y producción, limitándose a posibilitar su existencia dentro del marco general y
forma de distribución de los excedentes repartibles (retornos), en proporción al trabajo
efectivamente prestado por cada uno de sus asociados91.Por su parte, los asociados a las cooperativas de trabajo pueden incorporarse al
Régimen Simplificado92.En todos los casos la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes
y, en su caso, del impuesto integrado, que en función de lo dispuesto por la legislación,
deban integrar los asociados al Régimen Simplificado.-
cargo del Régimen Previsional Público, salvo que el pequeño contribuyente ejerza la opción indicada en
el art. 41, en cuyo caso estará a cargo del régimen de capitalización.88
Instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus modificaciones.89
Y el Decreto 504 de fecha 12/5/98 y sus modificatorias. El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá como
requisito para el goce de las prestaciones previstas en este inciso, que el pequeño contribuyente haya
ingresado un número determinado de meses de los aportes indicados en el inc. b) y en su caso, el c) del
art. 40, durante un período anterior a la fecha en que corresponda otorgar la cobertura.90
En los términos de la Ley 19.042.91
Ley 20.337, art. 42 Nº 5 b).92
La Ley 25.865 prevé que los sujetos asociados a Cooperativas de Trabajo inscriptas en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos
ingresos brutos anuales no superen la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) estarán exentos de ingresar
el impuesto integrado y el aporte previsional mensual establecido en el inciso a) del artículo 40.
Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) del referido artículo los ingresará con una disminución del
CINCUENTA POR CIENTO (50%). Los asociados a cooperativas de trabajo, cuyas modalidades de
prestación de servicios y de ingresos encuadren en las especificaciones previstas en el Título IV, podrán
inscribirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Eventuales.
La retención se practicará en cada oportunidad que la cooperativa liquide pagos a
sus asociados en concepto de adelanto del resultado anual.El carácter de trabajador autónomo del asociado a la cooperativa, ha sido
reconocido tanto por el INAC como por la ANSeS, a través del siguiente esquema:
El INAC considera que las cooperativas de trabajo tienen por finalidad brindar
ocupación a sus miembros, lo que equivale a decir que el objeto social, cualquiera sea la
actividad en que éste consista, como principio general debe realizarse por medio del
trabajo personal de sus socios93.Asimismo, la autoridad de aplicación considera que el vínculo jurídico existente
entre los asociados y las cooperativas es de naturaleza asociativa y exento de
subordinación jurídica y económica, propia del vínculo laboral94.Desde el punto de vista provisional, la ANSeS entiende que los asociados a
cooperativas de trabajo son trabajadores autónomos95.IV.- ANTECEDENTE ESPAÑOL.7.- “Estatuto del trabajo autónomo” del 11/7/07.Como importante antecedente de regulación del trabajo por cuenta propia, citamos
el recientemente sancionado en España por Ley 20 del 11/7/07, denominado “Estatuto
del trabajo autónomo”.Para ello se introduce una legislación integral que por su alcance es única y
pionera dentro de la normativa de la Unión Europea, al tener en cuenta que el trabajo
autónomo se ha ido configurando tradicionalmente dentro de un marco de relaciones
jurídicas propio del derecho privado, por lo que las referencias normativas del mismo se
hallan dispersas a lo largo de todo el ordenamiento jurídico.-
7.1.- Antecedentes regulatorios aislados dentro de la legislación española.El Estatuto en cuestión tiene como antecedente la Constitución española, la que
sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus
preceptos, derechos aplicables a los trabajadores autónomos96.-
Resolución INAC 360 del 20/05/1975.Resolución INAC 183 del 7/4/1992.95
Resolución ANSeS 784/92 del 27/07/1992.94
La exposición de motivos aclara que las referencias constitucionales no se
circunscriben al trabajo por cuenta ajena, ya que la propia Constitución así lo determina,
cuando emplea el término “españoles” en su art. 35 o el de “ciudadanos” en su art. 41, o
cuando encomienda a los poderes públicos la ejecución de determinadas políticas, art.
40, sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente trabajadores por cuenta
ajena.En el ámbito de la seguridad social, se había avanzado en reconocer derechos a los
trabajadores por cuenta propia97, lo que en algunos casos también se extendió a la
prevención de riesgos laborales98, estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, y otras disposiciones de desarrollo.-
7.1.2.- Marco regulatorio del trabajo autónomo en la Unión Europea.Dentro del derecho comparado correspondiente a los países que componen la
Unión Europea, el mismo no dispone de ejemplos sobre una regulación del trabajo
autónomo como tal.En estos países sucede lo mismo que en España, por lo que las referencias a las
figuras del trabajador autónomo se encuentran dispersas por toda la legislación social,
especialmente la legislación de seguridad social y de prevención de riesgos.La Unión Europea por su parte, ha tratado el trabajo autónomo en instrumentos
normativos específicos.
Tal la directiva relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma99,
incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad, que
da una definición de trabajador autónomo o en la Recomendación del Consejo
Tal el caso de su art. 38 que reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado,
el art. 35 en su apartado 1, reconoce para todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a
la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación
por razón de sexo. El art. 40 en su apartado 2º, establece que los poderes públicos fomentarán una
política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el
trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados; finalmente, el art. 41 encomienda a los
poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos,
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.97
Decreto 2530/1970 del 20 de agosto, regulatorio del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos en Materia de Seguridad Social.98
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre.99
Directiva 86/613/CEE del Consejo, del 11/12/86.-
correspondiente a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de
los trabajadores autónomos100.-
7.1.3.- Trascendencia de la sanción del estatuto del trabajo autónomo.Siguiendo los antecedentes relatados, cabe resaltar la trascendencia que tiene la
ley publicada el 12/7/07, al tratarse del primer ejemplo de regulación sistemática y
unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, lo que ha sido declarado como un
hito en este ordenamiento jurídico.Consiste en una ley que regulará integralmente el trabajo autónomo, sin interferir
en otros ámbitos del esquema productivo, tales como el sector agrario, que cuenta con
su regulación específica y esquema de representación.Los colegios profesionales tampoco verán afectadas sus competencias y
atribuciones por la aprobación del Estatuto en comentario.-
7.2.- Importancia actual del trabajo autónomo en España.Declara la exposición de motivos que desde el punto de vista económico-social no
puede considerarse que la figura del trabajador autónomo actual coincida con la de
décadas pasadas.Dentro del siglo XX el trabajo asumió una relación esencialmente dependiente y
asalariada, ajena a los frutos y a los riesgos de cualquier actividad emprendedora.En ese marco, la situación de autoempleo o trabajo autónomo, por regla general,
se mantuvo reservada a actividades de escasa rentabilidad, de pequeña escala y
prescindentes de una considerable inversión financiera (por ejemplo, agricultura,
artesanía y pequeño comercio).Contrariamente, en la actualidad la situación es diferente, advirtiéndose una
significativa expansión del trabajo por cuenta propia, dentro de los países con un
elevado nivel de renta, en actividades de alto valor agregado, con causa en los nuevos
desarrollos organizacionales, el avance de la informática y las telecomunicaciones, que
han posibilitado una libre elección para muchas personas que optan por su
autodeterminación al momento de optar por un empleo que excluya la relación de
dependencia.100
Recomendación del Consejo CEE del 18/2/03.-
De ahí que en los últimos años la actividad por cuenta propia sea cada vez más
importante y numerosa, presentando una realidad social nueva, en forma paralela la
figura del denominado autónomo clásico, titular de un establecimiento comercial,
agricultor y profesionales diversos.
Hoy por hoy se presentan otras figuras
absolutamente heterogéneas, tales como emprendedores dentro de las nuevas
tecnologías, personas que se encuentran en una fase inicial o de despegue dentro de una
dependientes, los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales o los
administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de las
mismas.Al 30/6/06 España mantenía 3.315.707 autónomos afiliados a la seguridad social,
distribuidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, en el Régimen Especial Agrario y en el Régimen Especial de Trabajadores
De los cuales 2.213.636 corresponden a personas físicas que realizan
actividades profesionales en los distintos sectores económicos.Partiendo de este último grupo, 1.755.703 autónomos carecen de asalariados,
mientras que del colectivo restante, 457.933, algo más de 330.000 sólo tienen uno o dos
asalariados. Ello arroja la conclusión de que el 94 % de los autónomos que realizan una
actividad profesional o económica sin el marco jurídico de empresa, o bien carecen de
asalariados o sólo tienen uno o dos.-
7.2.1.- Reconocimiento de la necesidad de una regulación integral.La realidad descripta llevó a reconocer la presencia de un amplio colectivo que
realiza un trabajo profesional arriesgando sus propios recursos económicos, con aporte
de su trabajo personal, que en su gran mayoría lo hace sin necesidad de contratar
personal en relación de dependencia con salarios a su cargo.Consecuentemente, se está en presencia de un conglomerado de empleo que
demanda un nivel de protección social similar al que poseen los trabajadores en relación
de dependencia, sin que ello signifique dejar de reconocer que ya se han llevado a cabo
iniciativas específicas destinadas a mejorar la situación del trabajador autónomo101.101
Se menciona la eliminación del impuesto de actividades económicas para todas las personas físicas, así
como las introducidas por la L. 36/2003 del 11 de noviembre, de Medidas de Reforma Económica, que
recoge la cobertura de la incapacidad temporal desde el cuarto día de la baja, la posibilidad de tener la
Esta evolución del trabajo autónomo llevó al gobierno de España a acordar a
través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la necesidad de constituir una
comisión de expertos a la que se le encomendó la doble tarea de: en primer lugar,
efectuar un diagnóstico y evaluación sobre la situación económica del trabajo autónomo
en España, en segundo lugar, analizar el régimen jurídico y de protección social de los
trabajadores por cuenta propia, elaborando al tiempo una propuesta de Estatuto del
Trabajador Autónomo. La comisión concluyó su tarea elaborando un informe que
mantiene una propuesta del proyecto encomendado.Paralelamente, se tomó la decisión política de incorporar dentro del presupuesto
general del Estado para el año 2006, el mandato al gobierno para presentar al Congreso
de Diputados en el plazo de un año un proyecto de ley de estatuto para el trabajador
autónomo, que defina al trabajo por cuenta propia, contemple los derechos y
obligaciones de quienes se desempeñen en tal carácter, su nivel de protección social, las
relaciones laborales y la política de fomento del empleo autónomo, así como la figura
del trabajador autónomo económicamente dependiente102.Por su parte, el Congreso de los Diputados insta al gobierno a presentar en el año
2006 el proyecto de ley del estatuto del trabajador autónomo, avanzando en el cotejo del
nivel de equiparación social de éstos con el de los trabajadores por cuenta ajena103.Finalmente, se introducen numerosas medidas tendientes a establecer la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, mediante numerosas medidas que mejoraron la
situación del trabajo autónomo, especialmente en lo relativo a los derechos derivados de
las situaciones de maternidad y paternidad, todo ello en el contexto de avanzar en una
política de conciliación de la vida familiar con el trabajo, conforme el interés de los
trabajadores por cuenta propia104.-
cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la minoración para quienes se
incorporaran por primera vez al régimen especial de los trabajadores autónomos, siendo menores de 30
años o mujeres mayores de 45.
En la Ley 2/04 del 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2005 se incorpora
una reducción a las cuotas de la seguridad social, así como el acceso a las medidas para el fomento del
empleo estable de los familiares contratados por autónomos, en beneficio de trabajadores por cuenta
propia hasta 30 años de edad y mujeres hasta 35. Asimismo, se mejora el sistema de capitalización de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único para los desempleados que inician su actividad
como autónomos.102
Disposición adicional sexagésima novena de la Ley 30/05 del 29 de diciembre, correspondiente al
Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.103
Resolución Nº 15 del debate sobre el estado de la Nación de 2006.104
Ley Orgánica 3/07 del 22 de marzo.-
7.3.- La Ley 20/07 del 11 de julio de 2007.La Ley instrumenta una serie de políticas activas 105 que a mediano y largo plazo,
actuando sobre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, reduzcan el desempleo
dentro de un marco de seguridad y tutela del trabajo por cuenta propia, que haga frente
de manera durable a las causas estructurales del desempleo y a su vez generen nuevos
Sin desestimar la política pasiva que impera en España en cuanto a la
protección del desempleado mediante el otorgamiento de prestaciones por cese de
actividad, que condiciona en este caso a que se encuentren garantizados los principios
de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y que ello responda a las
necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos.A su vez, el estatuto impone reformas institucionales y un cambio regulatorio106 al
reformular integralmente el trabajo por cuenta propia.Según expresa el preámbulo del estatuto,
la Ley constituye el resultado del
cumplimiento de los anteriores mandatos, habiéndose consultado para su elaboración a
las organizaciones sindicales y empresariales, así como a las asociaciones de
trabajadores autónomos.Se establece el plazo de un año para que el Gobierno elabore un estudio sobre los
sectores de actividad que tienen una especial incidencia en el colectivo de trabajadores
autónomos; se actualice la normativa que regula este régimen de trabajo107 y se realice,
en colaboración con las entidades más representativas de trabajadores autónomos, una
campaña de difusión e información sobre la normativa y las características del Régimen
Especial del Trabajador Autónomo.La Ley consta de 29 artículos, encuadrados en cinco títulos, más diecinueve
disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y seis finales, con vigencia a
partir de los tres meses de su publicación108.-
Neffa, Julio César y otros, “Contribución al debate sobre las políticas de empleo en
“MACROECONOMIA, MERCADOS DE TRABAJO Y GRUPOS VULNERABLES, DESAFIOS
PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS”, Ed. Asociación Trabajo y Sociedad CEIL-PIETTECONICET, ed. 2006, pág. 244.- Políticas activas y pasivas.106
Neffa, Julio César, obra anteriormente citada, “Contribución al debate …”, pág. 254.- Reformas
institucionales y cambios regulatorios.107
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos establecida esencialmente en el Decreto 2530/1970,
de 20 de agosto 29968 Jueves 12 julio 2007 BOE núm. 166.108
BOE 12/7/07.105
El Título I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, estableciendo la
definición genérica de trabajador autónomo y añadiendo los colectivos específicos
incluidos y excluidos.El Título II regula el régimen profesional del trabajador autónomo en tres
capítulos. El Capítulo I establece las fuentes de dicho régimen profesional, dejando
clara la naturaleza civil o mercantil de las relaciones jurídicas establecidas entre el
autónomo y la persona o entidad con la que contrate. El apartado 2 del artículo 3
introduce los acuerdos de interés profesional para los “trabajadores autónomos
económicamente dependientes”, novedad importante creada por la Ley.El Capítulo II se refiere al régimen profesional común para todos los trabajadores
autónomos y establece un catálogo de derechos y deberes, así como las normas en
materia de prevención de riesgos laborales, protección de menores y las garantías
7.3.1.- El trabajador autónomo económicamente dependiente.El Capítulo III reconoce y regula la figura del “trabajador autónomo
económicamente dependiente”. Su regulación obedece a la necesidad de dar cobertura
legal a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores autónomos que,
no obstante su autonomía funcional, desarrollan su actividad con una fuerte y casi
exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los contrata. La Ley
contempla el supuesto en que este empresario es su principal cliente y de él proviene, al
menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador.Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año
2004, ascienden a 285.600 los empresarios sin asalariados que trabajan para una única
empresa o cliente. La cifra es importante, pero lo significativo es que este colectivo se
ha incrementado en un 33 por ciento desde el año 2001.A la vista de la realidad anteriormente descripta, la introducción de la figura del
trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado la necesidad de
prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, dado que nos movemos en una
frontera no siempre precisa entre la figura del autónomo clásico, el autónomo
económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena.-
La intención del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises entre las tres
categorías. De ahí que el artículo 11, al definir el trabajador autónomo económicamente
dependiente sea muy restrictivo, delimitando conforme a criterios objetivos los
supuestos en que la actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización y dirección del
cliente que contrata al autónomo.El resto del Capítulo III establece una regulación garantista para el trabajador
autónomo económicamente dependiente, en virtud de esa situación de dependencia
económica, sin perjuicio de que opere como norma general en las relaciones entre éste y
su cliente el principio de autonomía de la voluntad. En este sentido, el reconocimiento
de los acuerdos de interés profesional, en el artículo 13, al que se aludía en el Capítulo
dedicado a las fuentes, no supone trasladar la negociación colectiva a este ámbito, sino
simplemente reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo que trascienda del
mero contrato individual, pero con eficacia personal limitada, pues sólo vincula a los
firmantes del acuerdo.En los considerandos del Estatuto se justifica el recurso a la Jurisdicción Social
previsto en el artículo 17, porque la configuración jurídica del trabajador autónomo
económicamente dependiente se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios que de
forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha Jurisdicción. La
Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para distinguir entre el trabajo por
cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. La dependencia económica que la Ley
reconoce al trabajador autónomo económicamente dependiente no debe llevar a
equívoco: se trata de un trabajador autónomo y esa dependencia económica en ningún
caso debe implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas
propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo económicamente
dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas a la propia naturaleza de la
figura de aquél, de tal forma que las pretensiones ligadas al contrato siempre van a
juzgarse en conexión con el hecho de si el trabajador autónomo es realmente
económicamente dependiente o no, según cumpla o no con los requisitos establecidos
en la Ley. Y esta circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la
Jurisdicción Social.-
La disposición final quinta establece un plazo de un año para el desarrollo
reglamentario de la Ley en lo relativo al contrato de trabajo de los trabajadores
autónomos económicamente dependientes.-
7.3.2.- Derechos otorgados a los trabajadores por cuenta propia.El Título III regula los derechos colectivos de todos los trabajadores autónomos,
definiendo la representatividad de sus asociaciones conforme a los criterios objetivos,
establecidos en el artículo 21 y creando el Consejo del Trabajo Autónomo como órgano
consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional referida al sector en el
7.3.3.- Protección social.El Título IV establece los principios generales en materia de protección social,
recogiendo las normas generales sobre afiliación, cotización y acción protectora de la
Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Es de destacar que se reconoce la
posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en
las cuotas de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores
autónomos, en atención a sus circunstancias personales o a las características
profesionales de la actividad ejercida.Se extiende a los trabajadores autónomos económicamente dependientes la
protección por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.Reconoce la posibilidad de jubilación anticipada para aquellos trabajadores
autónomos que desarrollen una actividad tóxica, peligrosa o penosa, en las mismas
condiciones previstas para el Régimen General. Se trata de medidas que, junto con las
previstas en las disposiciones adicionales, tienden a favorecer la convergencia del
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con el Régimen
General.La disposición adicional décima se refiere al encuadramiento en la Seguridad
Social de los familiares del trabajador autónomo, aclarando que los trabajadores
autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de
treinta años aunque éstos convivan con el trabajador autónomo y quedando excluida la
cobertura por desempleo de los mismos.La disposición adicional decimotercera introduce incrementos en la reducción y la
bonificación de la cotización a la Seguridad Social así como los períodos respectivos
aplicables a los nuevos trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que tengan 30 o menos años
de edad y 35 años en el caso de trabajadoras autónomas109.-
7.3.4.- Medidas de fomento del trabajo por cuenta propia.Finalmente, el Título V está dedicado al fomento y promoción del trabajo
autónomo, estableciendo medidas dirigidas a promover la cultura emprendedora, a
reducir los costes en el inicio de la actividad, a impulsar la formación profesional y a
favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada.Ello es aplicación de lo que deben ser las políticas activas de fomento del
autoempleo, líneas que han de ser materializadas y desarrolladas en función de la
realidad socioeconómica.-
7.3.5.- Normativa procesal.La disposición adicional primera se refiere a la reforma del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.Las
consecuencia de la inclusión de las controversias derivadas de los contratos de los
trabajadores autónomos económicamente dependientes en el ámbito de la Jurisdicción
Social.Coincidentemente, también se establece la obligatoriedad de la conciliación previa
no sólo ante el servicio administrativo correspondiente, sino también ante el órgano que
eventualmente se haya podido crear mediante acuerdo de interés profesional.-
Otorga mandato para que se dé nueva redacción a la disposición adicional trigésima quinta de la Ley
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, del 20 de
7.3.6.- Promoción fiscal de fomento del autoempleo.La disposición adicional segunda supone el reconocimiento para que ciertos
colectivos o actividades gocen de peculiaridades en materia de cotización, como
complemento de las medidas de fomento del autoempleo.Se hace un mandato concreto para establecer reducciones en la cotización de los
siguientes colectivos de trabajadores autónomos: los que ejercen una actividad por
cuenta propia junto con otra actividad por cuenta ajena, de tal modo que la suma de
ambas cotizaciones supera la base máxima, los hijos de trabajadores autónomos
menores de 30 años que inician una labor en la actividad familiar y los trabajadores
autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a la venta a domicilio.-
7.3.7.- Protección por incapacidad temporal.- Prevención de riesgos del trabajo.La disposición adicional tercera recoge la obligación de que en el futuro todos los
trabajadores autónomos que no lo hayan hecho tengan que optar por la cobertura de la
incapacidad temporal, medida que favorece la convergencia con el Régimen General,
así como la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre las profesiones o actividades
con mayor siniestralidad, en las que los colectivos de autónomos afectados deberán
cubrir las contingencias profesionales.La disposición adicional duodécima establece la participación de trabajadores
autónomos en programas de formación e información de prevención de riesgos
laborales, con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de
enfermedades profesionales en los respectivos sectores, por medio de las asociaciones
referentes de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más
representativas.-
7.3.8.- Prevención de la desocupación.La disposición adicional cuarta regula la prestación por cese de actividad. Recoge
el compromiso del Gobierno para que, siempre que estén garantizados los principios de
contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades
y preferencias de los trabajadores autónomos, proponga a las Cortes Generales la
regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad para los
mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad
ejercida.La disposición adicional novena determina que se presentará un estudio por el
Gobierno en un año sobre la evolución de la medida de pago único de la prestación por
desempleo para el inicio de actividades por cuenta propia y a la posible ampliación de
los porcentajes actuales de la capitalización dependiendo de los resultados de tal
7.3.9.- Derecho de participación social.La disposición adicional octava señala que el Gobierno planteará la presencia de
los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta la
evolución del Consejo del Trabajo Autónomo en la representación de los mismos y el
informe preceptivo del precitado Consejo Económico y Social.-
7.3.10.- Principio general equiparando el trabajo autónomo con el realizado por
cuenta ajena.La disposición final segunda recoge como principio general lograr la equiparación
en aportaciones, derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los
trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General.V.- CONCLUSION: Sin caer en la solución individualista sostenida por Michel
Godet110, en tanto propicia la muerte del trabajo vitalicio, vinculado a un contrato de
Neffa, Julio César en obra anteriormente citada "EL TRABAJO HUMANO ...", pág. 146, nro. 4.1.
Michel Godet (CNAM). Una solución individualista: el "trabajador-empresario".-, quien cita la obra de
este especialista en estudios prospectivos e investigador del Conservatoire National d' Arts et Métiers
(CNAM) de Paris, el que considera que como resultado de la crisis de la disminución del ritmo de
crecimiento económico, el tradicional contrato de trabajo denominado "fordista", habría quedado
superado porque correspondería al período anterior, caracterizado por grandes empresas industriales, con
predominio de la rigidez en la organización del trabajo. En su entender, lo que ha muerto es el empleo de
un puesto de trabajo vitalicio que se desarrolla siempre en una misma empresa, incluido en un contrato de
trabajo por tiempo indeterminado, con garantía de estabilidad, y amparado por todas las garantías
laborales colectivas. El lugar del trabajo, según él, es la actividad y no el empleo, lo que debería ser
objeto de un contrato. El pleno empleo es así sustituido por la pluriactividad, que sería fuente de ingresos
para el enriquecimiento individual y colectivo. En lugar del empleo asalariado (contrato indeterminado),
se desarrollarían "misiones" puntuales, temporarias, definidas en el marco del derecho comercial vigente
para las empresas. Los subcontratistas y prestadores externos de servicios pasarían a ser la norma, en
detrimento de los CDI.M. Godet concluye que se debería favorecer un nuevo modelo de actividad, donde el trabajo
independiente sustituyera progresivamente al empleo asalariado, donde la creación de empleos fuera el
trabajo por tiempo indeterminado con garantía de estabilidad y amparado por todas la
garantías laborales colectivas, habría quedado superado por el concepto de actividad,
que se desarrollaría en "misiones" puntuales temporarias y definidas dentro del marco
del derecho comercial, en que cada uno se convierte así en su propio empleador con la
posibilidad de llevar adelante varias actividades remuneradas o no, consideramos que el
trabajo por cuenta propia en Argentina debería ser tratado en instrumentos normativos
específicos que brinden mayor claridad y una puntual reglamentación para dicha
actividad.Con esa finalidad resultaría conveniente:
1) La sanción de un Estatuto del Trabajador Autónomo, a similitud de lo
acontecido en el derecho español, que plasme la igualdad de trato que debe existir entre
hombres y mujeres que ejercen una actividad por cuenta propia, con una debida
protección de la maternidad y una mejora de la protección de la salud y la seguridad en
el trabajo de todos los trabajadores autónomos.
Correspondería incluir dentro de este estatuto la actividad desempeñada por
asociados a cooperativas de trabajo, por ser ésta una relación independiente y por ello
excluida de la Ley de Contrato de Trabajo.En su redacción, debería contarse con la consulta y colaboración de las entidades
más representativas de este sector de trabajadores. Este tipo de colaboración brindaría la
información necesaria que tienda a lograr una razonable equiparación entre el nivel de
protección social de la actividad desempeñada en forma independiente, con el de los
trabajadores por cuenta ajena (en dependencia).2) Contar con una regulación sistemática y unitaria del trabajo independiente, ya
que si bien la situación de autoempleo o trabajo autónomo, por regla general, se
mantuvo reservada a actividades de escasa rentabilidad; en la actualidad la situación es
diferente, advirtiéndose una significativa expansión del trabajo por cuenta propia. Frente
a esta realidad, debería promoverse una política de estado, instrumentada a través del
Congreso de la Nación, que incorpore un proyecto de estatuto que defina al trabajo por
cuenta propia, contemple los derechos y obligaciones de quienes se desempeñen en tal
carácter, su nivel de protección social, las relaciones laborales y la política de fomento
del empleo autónomo, así como la figura del trabajador autónomo económicamente
resultado de la multiplicación de iniciativas individuales y de experimentaciones llevadas a cabo en el
nivel local. Es la actividad lo que crea el empleo, según afirma Godet. En la empresa se transforma y
deviene una tarea a cumplir, que distribuye entre varias personas los proyectos a ejecutar, y que funciona
como una red. Cada uno se convierte así en su propio empleador, teniendo la posibilidad de hacer varias
actividades, remuneradas o no.-
dependiente, que de un marco de estabilidad a quienes trabajan en semi-exclusividad
para el tomador de sus servicios.Las fuentes de dicho régimen profesional plasmadas en esta normativa dejarían
autónomo y la persona o entidad con la que contrate.
3) Complementariamente resultaría conveniente que estatutariamente se
instrumente una serie de políticas activas que a mediano y largo plazo logren reducir el
desempleo generando nuevos empleos de autogestión.
Concretamente, se podrían implementar medidas dirigidas a promover la cultura
emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, a impulsar la formación
profesional y a favorecer el trabajo por cuenta propia mediante una política fiscal
Paralelamente, debería coexistir una política pasiva de protección para los casos
de desempleo, la que tendría que tener muy en cuenta la regulación de un sistema
específico de protección por cese de actividad para este colectivo de trabajadores, en
función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.4) Un capítulo aparte merecería el reconocimiento y regulación de la figura del
“trabajador autónomo económicamente dependiente”, que sería un objetivo a tener muy
en cuenta por el Estatuto, ya que no obstante su autonomía funcional, este grupo de
trabajadores desarrolla su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia
económica del empresario o cliente que los contrata, este empresario es su principal
cliente y de él proviene, al menos, un porcentaje relevante de los ingresos del
trabajador111. Es visible la conveniencia de reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo
que trascienda del mero contrato individual, pero con eficacia personal limitada, pues
sólo vincula a los firmantes del acuerdo. Las pretensiones ligadas al contrato siempre
deberían de juzgarse en conexión con el hecho de si el trabajador autónomo es
realmente económicamente dependiente o no, según cumpla o no con los requisitos
establecidos en la ley. Para este tipo de trabajadores por cuenta propia económicamente
dependientes, sería vital extenderles la protección por las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. Su protección contra la extinción sin causa de la
relación contractual, reconocimiento de vacaciones, entre otros beneficios sociales.5) El estatuto no podría descartar medidas de protección que incluyan dentro del
sistema de seguridad social al trabajo por cuenta propia. Entre otras medidas, sería
La ley española 20 del 11/7/2007, establece un porcentaje de dependencia económica del 75% con un
mismo tomador de servicios, para que su prestador sea considerado como “trabajador autónomo
económicamente dependiente”.-
dable destacar el reconocimiento de la posibilidad de establecer reducciones o
bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social para
determinados colectivos de trabajadores autónomos, en atención a sus circunstancias
personales o a las características profesionales de la actividad ejercida.
Con respecto al encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares del
trabajador autónomo debiera aclararse que estos trabajadores puedan contratar, como
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de cierta edad, ejemplo treinta años,
aunque éstos convivan con el trabajador autónomo y quedando excluida la cobertura por
desempleo de los mismos.
6) Consideramos a su vez, que resulta conveniente fomentar la participación de
trabajadores autónomos en programas de formación e información de prevención de
riesgos laborales, con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de
enfermedades profesionales en los respectivos sectores.
7) Finalmente, el Estatuto que orgánicamente dé tratamiento y regulación al
empleo por cuenta propia, debería prever la creación de un organismo representativo112
que funcione como órgano consultivo del Gobierno en materia socio-económica y
profesional.En suma, como principio general recalcamos la importancia de lograr la equiparación en
aportaciones, derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta propia con los
trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen general previsto por la Ley de
Patricia Sara Díaz
Ana Guillermina Belhits
Juan Gustavo Salthú
Consejo del Trabajo Autónomo en la legislación española en comentario.-
- Alegría, Héctor – Rivera, Julio César, “LA LEY DE CONVERTIBILIDAD”, Ed.
Abeledo Perrot, 1991.- Arese, Mauricio César, “El empleo estable y la regularización del empleo a la luz de
las leyes 24.013, 25.250, 25.323 y 25.345”, en “LIBRO DEL PRIMER CONGRESO
ENTRERRIANO DE DERECHO DEL TRABAJO”.- Beccaria, Luis, “Algunas propuestas de políticas laborales” en “HACIA EL PLAN
FENIX – UNA ALTERNATIVA ECONOMICA”, elaborado por la Facultad de
Ciencias Económicas, UBA, Ed. Prometeo/FUA, 2002.- Bidart Campos,
Germán J., “MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL
ARGENTINO”, 2da. ed., Ed. Ediar 1974.- Calvez, Jean Ives, “NECESIDAD DEL TRABAJO ¿DESAPARICION O
REDEFINICION DE UN VALOR?”, Ed. Losada 1999.-
“COOPERATIVAS DE TRABAJO”, Ed. Platense, 2003.- Conesa, Eduardo, “LOS ERRORES ECONOMICOS DE LOS ´90”, Diario La Nación
del 23/12/03, Notas, pág. 27.- Cornaglia, Ricardo J., “La subcontratación de servicios por medio de cooperativas de
trabajo” DJ 2003-3.- Forrester, Viviane, “EL HORROR ECONOMICO”, Ed. Fondo de Cultura Económica,
1997.- López, Justo, “ALGUNAS FIGURAS DE LA SIMULACIÓN ILICITA LABORAL”,
LT 18.- Morello, Augusto M., “LA DIMENSION SOCIAL DEL DERECHO Y LA CRISIS”,
DJ 2004-1, Revista año XX Nº 16.- Neffa, Julio César, Panigo, Damián T., Pérez, Pablo E., “ACTIVIDAD, EMPLEO Y
DESEMPLEO, CONCEPTOS Y DEFINICIONES”, Ed. Asociación Trabajo y
Sociedad, Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y
Empleo (CEIL-PIETTE-CONICET), 2001.- Neffa, Julio César y otros, en “DESEQUILIBRIOS EN EL MERCADO DE
TRABAJO ARGENTINO:
LOS DESAFIOS DE LA POSCONVERTIBILIDAD”
(CEIL-PIETTE), Trabajo y Sociedad, Bs. As. 2005.-
- Neffa, Julio César, “EL TRABAJO HUMANO – CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO
DE UN VALOR QUE PERMANECE”, Ed. Asociación Trabajo y Sociedad, Programa
de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTECONICET), 2003.- Neffa, Julio César y otros, “Contribución al debate sobre las políticas de empleo en
“MACROECONOMIA, MERCADOS DE TRABAJO Y GRUPOS VULNERABLES,
DESAFIOS PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS”, Ed. Asociación
Trabajo y Sociedad CEIL-PIETTE-CONICET, ed. 2006.- Podetti, Humberto A. en “TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO” dirigido por
Antonio Vázquez Vialard, Ed. Astrea, 1982, T. I.- Roco, Ema Adelaida, “EFECTOS DE LA LEY DE CONVERTIBILIDAD SOBRE
LA SEGURIDAD JURÍDICA”, Diario La Ley, 17/09/1998.- Rodríguez Mancini, Jorge “DERECHOS FUNDAMENTALES Y RELACIONES
LABORALES”, Ed. Astrea, 2004.- Romano Guardini, “ETICA”, BAC, Madrid 2000.- Stiglitz, Joseph E., “LOS FELICES 90”; Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara SA,
2003.- Stiglitz, Joseph E., “COMO HACER QUE FUNCIONE LA GLOBALIZACION”, Ed.
Taurus, 2006.- Tomada, Carlos, Ministro de Trabajo de la República Argentina, nota “El
MERCOSUR se ocupa del empleo”, Diario Clarín 31/8/06.-
ANEXO I.NUMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE AFIP-DGI AL MES
DE SETIEMBRE DE 2007 COMO:
A) EN RELACION DE DEPENDENCIA: 5.482.377;
B) POR CUENTA PROPIA:
B.1) MONOTRIBUTISTAS: 980.237
B.2) AUTONOMOS: 434.225;
C) MIXTOS: 34.784.
Fuente: AFIP-DGI, publicado Diario La Nación, Suplemento Económico, viernes
16/11/07.-
ECONOMICAMENTE ACTIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS AÑOS
2003 Y 2007.-
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicado Diario La Nación,
28/10/07.-
1. Los organismos colegiados 2. Los organismos autónomos
Reglamento • Potestad reglamentaria • Organismos autónomos
COOPERATIVAS DE CONSUMO - SERVICIO A NO ASOCIADOS
Empresas e Industrias Cooperativas
Res. Nº174/83 INAC
contenido ponencia - Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz
REAL DECRETO núm. 2205/1995, de 28-12
Tabla comparativa de posibilidades cooperativas para la
Gestión administrativa de personal • Ley General de Seguridad Social • Prestaciones económicas • Asistencia sanitaria • Trabajadores autónomos
RÉGIMEN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE .

References: Resolución 
 artículo 27
in fine
 artículo 10169
 Resolución 
in fine

Artículo 21
 resolución 
 artículo 1623
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 40

Resolución 

Resolución 
 Real Decreto 

Resolución 
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 21
 Real Decreto 

REAL DECRETO