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Timestamp: 2018-08-18 10:05:43+00:00

Document:
18 de agosto de 2018 | 12:05
Marginal: PROV\2016\15656
Procedimiento abreviado núm. 477/2015
APROPIACION INDEBIDA: INEXISTENCIA: contrato de compraventa de participaciones sociales: no consta que los acusados se llegasen a apoderar de numerario o bienes. DELITOS SOCIETARIOS: ADMINISTRADORES DE CUALQUIER SOCIEDAD QUE EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO DISPONGAN FRAUDULENTAMENTE DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD O CONTRAIGAN OBLIGACIONES A CARGO DE ESTA: INEXISTENCIA: falta de acreditación de que el acusado haya distraído dinero o realizado acción alguna de disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad. ESTAFA: ENGAÑO: INEXISTENCIA: no consta que los acusados, al renovar la deuda con el libramiento de pagarés que sustituían a los cheques iniciales impagados, lo hiciesen con la intención de no satisfacer los mismo a sus vencimientos: dificultades económicas sobrevenidas.
La Audiencia absuelve a los acusados de los delitos de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, societario y falsedad documental de los que fueron objeto de acusación, declarando de oficio las costas procesales causadas.
VISTA, en juicio oral y público ,ante la Sección Novena de esta Audiencia Provincial la presente causa, Rollo de Sala, Procedimiento Abreviado nº 23/13, dimanante de las Diligencias Previas nº 6334/10,procedente del Juzgado de Instrucción nº 28 de los de Barcelona ,por DELITO DE APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA ,DELITO SOCIETARIO, FALSIFICACION DE DOCUMENTO MERCANTIL, contra los acusados, Sabino , mayor de edad, en cuanto nacido el día NUM000 de 1953, en Barcelona, hijo de Ezequiel y de Delia , con DNI nº NUM001 , vecino de Badalona,domiciliado en la CALLE000 , NUM002 , NUM003 . NUM003 ,sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta debidamente acreditada, en situación de libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales, D.Carlos Pons de Gironella y defendido por el Abogado D. Ernesto Nuñez Castillón,coelgiado nº 19408 del ICAB,y contra el acusado, Segundo , mayor de edad,en cuanto nacido el día NUM004 de 1936,en la localidad de San Mateo de Gayo (Zaragoza) ,hijo de Pedro Jesús y de María Luisa , con DNI nº NUM005 ,vecino de Esparraquera (Barcelona),domiciliado en la CALLE001 , NUM006 - NUM007 . NUM008 . NUM008 , con antecedentes penales no computables, cuya situación de solvencia no consta acreditada, en situación de libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales, D.ª Teresa Yague Goimez Reino y defendido por el letrado D. Juan Martínez Murcia,colegiado nº 17534 del ICAB,en cuyo proceso han intervenido ,en ejercicio de la acción pública,el MINISTERIO FISCAL,representado por la Ilma. Sra.D.ª Silvia Canal Pascual ,y ,ejerciendo la ACUSACIÓN PARTICULAR, D. Germán ,representado por el Procurador D. José Manuel Luque Toro y defendido por el Abogado, D. Pedro Palay Artigas,habiendo sido designado Ponente, el Magistrado D.JOSE MARÍA TORRAS COLL,que expresa el parecer unánime del Tribunal, previa deliberación y votación.
CUARTO. - La defensa letrada del acusado, Sr. Sabino ,en el mismo trámite,tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, solicitó la libre absolución de su defendido, con todos los pronunciamientos favorables.Asimismo,la Defensa del otro acusado, Don. Segundo , así como la defensa de la mercantil,NAVALENO PLUS,S.L ,en igual trámite, tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, solicitó la libre absolución de su defendido, con todos los pronunciamientos favorables.
- De la apreciación conjunta,crítica y racional de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral,con observancia de las garantías de contradicción, publicidad, oralidad e inmediación,resulta únicamente acreditado que los acusados, Segundo ,mayor de edad, con antecedentes penales no computables ,y, Sabino , mayor de edad, y sin antecedentes penales, el primero actuando en representación de la entidad mercantil,NAVALENO PLUS,S.L., y en su condición de Administrador Unico de la misma, compraron el día 1 de junio de 2009, todas las participaciones sociales de la entidad TREBALL ESTIL,S.L.,cuyo objeto social era la confección y comercialización al mayor y menor de prendas de vestir y de uso laboral, sita en la calle Francolí ,nº 70 bajos,de Barcelona, a sus titulares, Germán y Pelayo , por un precio total de 48.000 euros,habiendo adquirido la entidad,Navaleno Plus, S.L. ,250 participaciones sociales por importe de 24.000 euros, de Pelayo ,mientras que el acusado, Sabino , adquirió 150 participaciones sociales de Pelayo por 14.400 euros y 100 participaciones sociales de Germán por 9.600 euros, para lo cual y,como medio de pago, extendieron varios tales, pagaderos entre el día 30 de junio de 2009 y el día 15 de julio de 2009, que a las fechas de sus vencimientos, resultaron impagados.En el precitado contrato ,entre otros acuerdos,se estipuló, en el quinto que la parte vendedora asumía la responsabilidad de cualquier contingencia ,tanto tributaria ,como laboral y mercantil que pueda surgir en el futuro originada con anterioridad a la fecha de suscribir dicho contrato y en el pacto noveno se establece que los vendedores asistirán a la parte compradora en todo lo referente al traspaso ordenado del negocio de forma especial les presentaran los clientes con el fin de no perder la cuota de mercado existente.En el propio contrato,y en el pacto sexto, los vendedores aseguran que la empresa Treball-Estil,S.A.,se halla al corriente ,tanto del pago como de sus obligaciones con la Administración,en lo referente a la AEAT, con certificación emitida el 20 de mayo de 2009,como referida a la Tesorería de la Seguridad Social, en fecha 15 de mayo de 2009.Sin embargo, resulta acreditado que en fecha 20 de abril de 2009, es decir,antes de producirse la compraventa de las participaciones, el Sr. Germán ,interesó a favor de la entidad TREBALL ESTIL,SA, aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias,en concreto del IVA,indicando como razón,retraso puntual en el cobro de un cliente importante de la compañía.
- La posibilidad del dictado de una sentencia condenatoria en el ámbito del proceso penal pasa por el respeto a dos principios fundamentales.De un lado, el principio o derecho a la presunción de inocencia recogido en el art. 24-2º de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , según el cual todo acusado se presume inocente en tanto que no se declare su culpabilidad y del que resulta, a su vez, dos consecuencias fundamentales: a) la imposición de la carga de la prueba a la acusación; y, b) la necesidad de que la declaración de culpabilidad sea precedida de auténticos actos de prueba de cargo, verificados en el acto del juicio oral, que permitan establecer la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado. De otro lado, y ,en el ámbito de la valoración de la prueba de cargo realmente practicada, que es de la exclusiva competencia del Juez o Tribunal en los términos del art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) , la necesidad de que la conclusión de existencia de hecho típico y "culpabilidad", haya podido establecerse más allá de toda duda razonable, pues toda duda revestida del dato de "razonabilidad" debe ser interpretada en favor del acusado, al imponerlo así el principio jurisprudencial conocido como in dubio pro reo ( Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1.992 (RJ 1992, 6356) ó 10 de julio de 1.992 (RJ 1992, 6564) ).
El Alto Tribunal, en la STS núm. 20/2001, de 28 de marzo (RJ 2001, 751) , afirma que "El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales ( SS 7-4-1992 (RJ 1992, 2867) , 21-12-1999 (RJ 1999, 9436) , etc.)" ( STS núm. 511/2002, de 18 de marzo (RJ 2002, 3926) ).
-Por su parte,la Defensa letrada del acusado, Sr. Sabino , pedimentó la libre absolución de su patrocinado y lo hizo ,en síntesis,argumentando que de la prueba practicada en el plenario no se inferían de forma inconcusa,los elementos de tipicidad exigidos para incardinar la conducta de su defendido en los delitos por los que ha sido acusado,haciendo hincapié en que cuando su cliente declaró en la fase de instrucción,en calidad de imputado ,lo hizo por presuntos delitos de estafa y de apropiación indebida,pero que no fue expresamente informado ni instruido de que también declaraba por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y por delito societario, denunciando un "salto procesal " incorrecto. Además, se adujo que no se ha llamado al proceso, a través de su legal representante,a la entidad "El Corte Inglés,SA", a fin de esclarecer los hechos en orden al delito de falsedad documental y que no se ha vertido prueba alguna en el plenario. Ni se ha producido siquiera constancia documental que acredite la mendacidad denunciada.
En cuanto a las existencias y los stocks, maquinaria, prendas ,etc, de los que se afirma que se apoderaron los acusados, no se ha probado, "ad exemplum", la especifica maquinaria ni su estado de mantenimiento y conservación ni su funcionalidad u operatividad,ni su valor en el mercado.
Por lo que hace al delito de apropiación indebida, como es asaz sabido,aparece desde que surge la obligación de devolver ,y ,es ordinariamente declarado en el artículo 252 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , que castiga a "los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negare haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros". Partiendo de esta definición de la conducta típica, reiterada doctrina jurisprudencial ha venido señalando que se deben dar los siguientes requisitos: 1º, una inicial posesión legítima por el sujeto activo de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble; 2º, que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen la obligación de entregar, devolver o dar un destino legal o contractual a lo recibido; 3º, un acto de disposición de la cosa de naturaleza dominical, por parte de dicho agente, y 4º, la concurrencia de un ánimo de lucro, que se traduce en la conciencia y voluntad de dicho agente de disponer de la cosa como propia.
Es decir, comete el delito de apropiación indebida "quien, recibiendo dinero ajeno se queda con él, incorporándolo a su patrimonio, sin consentimiento del titular de tales sumas, queda incurso en la penalidad de la apropiación indebida, pues es ilícito (penalmente relevante) desapropiar a otro del dinero que le corresponde, máxime si no existe derecho alguno de retención,..." ( STS de 27 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 416) ).
1º) el recibimiento de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble ajena en concepto de depósito, comisión o administración; - comisión en éste caso-
3º) el nexo de la culpabilidad, en cuanto reclama para poderse apreciar, no solamente la conciencia del acto sino el deseo de incorporarlos a su patrimonio o ánimo de lucro, que las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1.990 (RJ 1990, 2966) y 18 de mayo de 1.994 (RJ 1994, 3933) , definen como "cualquier provecho, beneficio, ventaja o utilidad, incluso altruista o contemplativa, que pueda derivarse de la apropiación del objeto".
El Tribunal Supremo, en su S.T.S. 570/08, de 30 de Septiembre (RJ 2008, 6086) , recogiendo su anterior doctrina, deslinda las modalidades y requisitos de ese delito diciendo que: "En efecto la doctrina de esta Sala como son exponentes las sentencias 12.5.2000 (RJ 2000, 3462) , 19.9.2003 (RJ 2003, 8869) , 2.11.2004 , 8.6.2005 , 18.10.2005 , 11.4.2007 (RJ 2007, 3850) , 24.6.2008 (RJ 2008, 4085) , viene manteniendo que el artículo 252 del vigente Código penal , sanciona dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance.
b) Que el objeto típico haya sido entregado al autor por uno de los títulos que generan la obligación de entregarlos o devolverlos, definición que incluye a los títulos que incorporan una obligación condicionada a entregarlos o devolverlos, excluyendo aquellos que suponen la entrega de la propiedad. En este sentido la jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de "numerus apertus" del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula, "aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver" ( SSTS. 31.5.93 (RJ 1993, 4298) , 1.7.97 (RJ 1997, 6007) ).
B) En la modalidad de apropiación consistente en la administración desleal, el elemento específico, además de la administración encomendada, radica en la infracción de un deber de fidelidad, deducible de una relación especial derivada de algunos de los títulos consignados en el art. 252 del Código penal y la actuación en perjuicio del patrimonio ajeno producido por la infidelidad ( STS 16 de septiembre de 2003 (RJ 2003, 6074) ), y el tipo se realiza, aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado, como consecuencia de la gestión desleal de aquel, esto es, como consecuencia de una gestión en que él mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su "status", como se dijo literalmente en la sentencia de esta Sala 224/98 de 26.2 (RJ 1998, 1196) , la acción típica es la disposición del dinero que se administra en perjuicio de la persona física o jurídica titular del patrimonio administrado, sin que sea imprescindible en este tipo -aunque tampoco quepa descartarla- la concurrencia del "animus rem sibi hahendi" sino solo la del dolo genérico que consiste en el convencimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona ( SSTS. 3.4 (RJ 1998, 2383) y 17.10.98 (RJ 1998, 6876) ).
Para solventar este problema, la jurisprudencia de esta Sala, desde antes del Código Penal de 1995 , ( SSTS. 31.5.93 (RJ 1993, 4298) , 15.11.94 , 1.7.97 (RJ 1997, 6007) , 26.2 . y otras), que conforman una dirección jurisprudencial consolidada ( SSTS.7.11.2005 (RJ 2005, 7528) , 31.1.2005 , 2.11.2004 (RJ 2004, 8091) y las que citan), ha diferenciado dos modalidades en el tipo de la apropiación indebida, sobre la base de los dos verbos nucleares del tipo penal, apropiarse y distraer, con notables diferencias en su estructura típica, como antes hemos expuesto, de manera que "en el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del mismo como si se fuese su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones establecidas en garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron". STS 31.1.2005 (RJ 2005, 1639) .
Y como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada".
Por otra parte, y, respecto del ánimo de lucro, la S.T.S num. 493/12, de 14 de junio , establece que "El elemento subjetivo del tipo (ar. 252 C.P.) solo requiere que el autor haya tenido conocimiento de la disposición patrimonial dirigida a fines distintos de los que fueron encomendados, produciría un perjuicio al titular, es decir, un comportamiento simplemente doloso. No es necesario, pues, que se produzca un lucro personal o enriquecimient3o del autor, sino lisa y llanamente un perjuicio del sujeto pasivo. La razón es sencilla: el contenido criminal de éste delito se da íntegramente con el conocimiento de que el dinero distraído no se ha incorporado al patrimonio del administrado".
Y es que como señala la STS 1-3-2006, no 247/2006 , rec. 653/2004 (RJ 2006, 1000) . Pte: Andrés Ibánez, Perfecto, que " es claro que, para que pueda darse un supuesto de los de este género, el correspondiente deber de devolución o entrega ha de tener su origen en el propio título traslativo. Y esto es algo que no puede afirmarse de los casos objeto de esta sentencia; ni en general de aquéllos en que el dinero cumple el papel de arras o señal, de parte del precio, aun cuando se contemple como posible la devolución, de acontecer determinadas vicisitudes. Porque no se trata de cantidad recibida para o que tenga necesariamente que ser devuelta o entregada, aunque esto pudiera ocurrir de darse alguna hipótesis, representativa de una desviación del fin realmente perseguido al contratar".
En dicho tipo legal, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencias como las de 7 (RJ 1994, 1858) y 14 de marzo de 1994 (RJ 1994, 2150) y de 26 de febrero de 1998 (RJ 1998, 1196) (caso «Argentia Trust »), se yuxtaponen dos tipos de apropiación indebida; el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que las incorpora ilegalmente el poseedor a su patrimonio con ánimo de lucro y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distribuyendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance, realizándose también en este segundo supuesto el tipo delictivo de que se trata aunque no se pruebe que ese dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, bastando con que se demuestre el perjuicio real «que sufre el patrimonio del administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquél, esto es, como consecuencia de una gestión en que él mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su status, sin que sea imprescindible, por tanto, la concurrencia del "animus rem sibi habendi". Y es que, así como la base esencial de la estafa es el engaño previo, en la apropiación indebida juega de manera esencial el requisito del abuso de confianza, que se puede dar, tanto en los casos de apropiación directa, como en los de simple distracción de los caudales administrados. ( STS de 17 de marzo de 2000 (RJ 2000, 1719) ).
Respecto a la diferencia entre ilícito civil e ilícito penal el Tribunal Supremo señalaba en la Sentencia TS 2ª, S 20-7-1998, núm. 987/1998, rec. 2781/1997 (RJ 1998, 6210) "Ha de señalarse, por eso, que el dolo criminal comporta frente al puro dolo civil, lo que el ilícito penal comporta frente al ilícito civil. La línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil se halla dentro del concepto de la tipicidad, lo ilícito penal frente a lo ilícito civil, de tal forma que sólo cuando la conducta del agente encuentra acomodo en el precepto penal que conculca, puede hablarse de delito, sin que por tanto ello quiera decir que todo incumplimiento signifique la vulneración de la Ley penal, porque la norma establece medios suficientes para restablecer el impero del Derecho ante vicios puramente civiles. ajeno. ( sentencia de 13 de mayo de 1994 (RJ 1994, 3696) y 1 de abril de 1985 (RJ 1985, 2055) entre otras)."
"a) En cuanto al sujeto activo, que se trate de los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación. Es claro que en el caso enjuiciado, la conducta se ha realizado por un administrador de derecho, el acusado Hernan, como administrador único de la sociedad "Grupo Urbesa, S.L.", con facultades estatutarias para llevar a cabo el acto de disposición referido: enajenación del contrato de opción de compra.
b) La acción nuclear es doble: o bien la disposición fraudulenta de los bienes, o, también, la contracción de obligaciones a cargo de la sociedad. En el caso sometido a nuestra revisión casacional, la disposición del aludido derecho de opción de compra, supone la distracción de un bien futuro, sobre el que la sociedad tiene un poder de disposición mediante el aludido contrato, que incuestionablemente supone la entrada de un activo en su acervo patrimonial, cuya disposición fraudulenta le priva (a la sociedad) del mismo. La nota de lo "fraudulento" queda reflejada en el "abuso" al que nos referiremos seguidamente, y se constata en el perjuicio que ha de producirse.
c) Un elemento normativo del tipo, constituido por obrar con abuso de funciones propias de su cargo, lo que da entrada a la legislación mercantil de sociedades para su interpretación. En efecto, sin información a sus socios, y un día antes de su cese, el acusado incuestionablemente abusa de sus funciones, despatrimonializando la sociedad en ese activo que corresponde a la sociedad, aspecto éste en donde se traduce ese "abuso", que significa una actuación que sobrepasa los deberes de lealtad del administrador para con la sociedad representada y los socios. No es preciso que el acto sea ilegal, sino abusivo, que con dos cosas distintas. El abuso ha de ponerse en contacto con la lealtad propia de todo administrador con sus socios y con los intereses sociales. La actuación -en este caso- sin poner en conocimiento de sus copartícipes la realización de tal acto de disposición, traspasa las barreras de la buena fe, e incurre en el abuso típico que exige el precepto penal que interpretamos.
g) Este precepto requiere que la puesta en escena del mismo, lo sea en el ámbito de una sociedad mercantil, constituida o en formación, lo que produce una situación concursal con el delito de apropiación indebida, que no requiere un marco igual, sino que concurra uno de los títulos que se mencionan en el mismo. Tal concurrencia es analizada en la sentencia recurrida, y la solución que dan los jueces "a quibus" se decanta por la concurrencia de este tipo delictivo, excluyendo el delito de apropiación indebida en su faceta de distracción, aspecto éste que no es impugnado por el recurrente, por lo que no podemos entrar en esta cuestión.
h) Finalmente, no exige el precepto una cantidad mínima que lo separe de una falta de similar tipología (como ocurre con la apropiación indebida, en la suma de 400 euros), sino que cualquier cuantía defraudada o distraída, permite la incardinación de los hechos en este delito, y consiguientemente, se producirá su comisión. En consecuencia, cualquier perjuicio patrimonial, por mínimo que sea, satisface las exigencias típicas del precepto, lo que redunda en nuestras consideraciones anteriores, acerca de la inclusión de las expectativas económicamente evaluables en el activo de la sociedad, que se proyectan sin solución de continuidad en los socios copartícipes de la empresa que conforma aquélla."
Y, en concreto en relación al requisito del perjuicio, en un caso de disposición de bienes sociales, como el que enjuiciamos, la STS de fecha 30/3/2011 (RJ 2011, 3041) señala que "El artículo 295 requiere que la actuación típica de los autores se realice en beneficio propio o de un tercero, y que cause directamente un perjuicio económicamente evaluable a los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. Aunque se trata de un delito societario , no se protege únicamente el patrimonio de la sociedad, la cual se consideraría incluida entre los "titulares" de los bienes, valores o capital administrado, sino también otros patrimonios relacionados, como resulta del tenor literal del precepto. Lo que exige la norma es que exista un perjuicio y que sea económicamente evaluable. No se precisa una determinada cuantía, ni se restringen las vías para esa evaluación, aunque el acierto o la pertinencia de acudir a unas u otras de las posibles pueda ser cuestionado en cada caso concreto.
Cuando esa limitación se lleva a cabo en la forma prevista en el artículo 295, nada se opone a considerar que el perjuicio típico es el causado por la existencia ilícita de tales límites a la propiedad. Cuestión distinta, como se ha dicho, es la relativa a la forma en que se realice la evaluación o a los criterios utilizados para ello, lo cual puede ser discutido en cada caso, pues, efectivamente, pueden existir contraprestaciones que supriman el perjuicio económico o que, incluso, den lugar a expectativas de una operación beneficiosa para el propietario. Pero, si no existe contraprestación alguna, la existencia de un perjuicio, y el contenido económico del mismo, resultan innegables."
1º) El elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por algunos de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) ; 2º) que la "mutatio veritatis" recaiga sobre elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas; 3º) El elemento subjetivo, o dolo falsario, consistente en la conciencia y voluntad del agente de transmutar la realidad (SS T.Supremo de 6 octubre 1.993 (RJ 1993, 7289) , 15 abril 1.994, 21 diciembre 1995 (RJ 1995, 9439) , 20 de abril y 13 junio 1.997, y 25 marzo 1999 (RJ 1999, 2053) entre otras), voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos.

References: in dubio
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 295
 artículo 295
 artículo 390