Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc746.html
Timestamp: 2018-11-21 05:36:22+00:00

Document:
Los precios internacionales del café
Inicia la campaña electoral por las alcaldías
Preocupante manejo de la información periodística
La opinión de los salvadoreños sobre el
proceso electoral 97
¿Qué es lo mejor para El Salvador? (I)
En los últimos tiempos las encuestas de opinión pública se han convertido en un instrumento de primera importancia para hacerse una idea de las actitudes y percepciones que tienen los grupos sociales acerca de determinados problemas de la realidad. En nuestro país, desde los estudios pioneros de Ignacio Martín-Baró en la década pasada hasta la fecha, las encuestas de opinión han venido cobrando mayor relevancia de modo que, al trabajo continuado del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, se han sumado los aportes de otras instituciones nacionales y extranjeras que han intentado medirle el pulso al país en ese difícil terreno de la opinión pública.
Gracias a la labor de aquellos centros de investigación que se han tomado en serio y con el mayor profesionalismo su trabajo, los sondeos de opinión se han ganado un merecido respeto. Se ha llegado a aceptar que lo que en ellos se refleja, en cuanto percepciones y actitudes, es un ingrediente esencial de la realidad social al que se le debe prestar la importancia debida, puesto que -como enseñó Martín-Baró- las acciones y decisiones humanas son moldeadas por esas percepciones y actitudes. Medir esas actitudes y percepciones, intentar comprender su significado socio-político, evaluar sus posibles traducciones prácticas: estas son, entre otras, las tareas a las que deben enfrentarse los institutos de opinión pública.
Atrás ha quedado la idea simple de que la opinión ciudadana era una copia fiel de la realidad; es decir, la idea de que si las personas opinaban que la situación económica era crítica ello quería decir que, efectivamente, había una crisis económica. Al margen de que la hubiera o no, los investigadores de la opinión pública nos han enseñado que la percepción de las personas acerca de si era difícil la situación económica -o si no lo era- iban a predisponerla a comportarse de alguna forma específica no sólo respecto a su círculo familiar y de amigos, sino respecto de sus empleadores y gobernantes. Y era justamente esa percepción, como parte de la realidad social que es, la que había que intentar rastrear con los métodos y las técnicas más adecuados para ello. En otras palabras, si la ciencia económica, por ejemplo, es la que nos permite dilucidar los elementos que hacen que la economía de una nación esté en recesión o en bonanza, es la investigación de la opinión pública la que nos permite aproximarnos a esa otra dimensión de la realidad constituida por el modo cómo los ciudadanos de esa nación -condicionados por la clase a la que pertenecen, su grupo étnico, su edad, su sexo y su educación- perciben la situación de crisis o de bonanza y el modo cómo (posiblemente) actuarán de acuerdo a la misma.
Bien hechas y bien pensadas, las encuestas de opinión pública son un instrumento privilegiado de diagnostico social. Esto lo saben no sólo los cientistas sociales, sino también los empresarios y los políticos. Y si los primeros se interesan por el problema motivados por su afán de comprender mejor la realidad social, los empresarios lo hacen para establecer qué producto puede responder a las expectativas de los consumidores -o en qué dirección esas expectativas deben ser cambiadas-, mientras que los políticos lo hacen con el propósito de hacerse una idea de la aceptación que tienen ellos mismos o sus partidos en la sociedad. Para estos últimos, en épocas electorales, el conocer su impacto social se vuelve una necesidad imperiosa, lo cual se hace patente por la proliferación de sondeos de opinión y las readecuaciones publicitarias que van haciendo en respuesta a los resultados de aquéllos.
En nuestro país no son desconocidas las tres modalidades de investigación de la opinión pública. Dejando en un renglón aparte las encuestas empresariales, las de mayor peso han sido las realizadas por motivaciones sociológicas y psicosociales, de cuyos resultados -tras esperarlos ansiosamente- se han servido los políticos para tener clara su aceptación o rechazo por parte de la sociedad. Este fue el modo clásico de proceder hasta el momento en que aquéllos, sin dejar de prestar atención a los sondeos de naturaleza más académica, decidieron impulsar sus propias investigaciones, ya sea montando improvisados centros de recolección y análisis de datos, o contratando a firmas espureas para que les hicieran el trabajo.
Este proceder ya ha hecho sentir en el país sus resultados nefastos para la credibilidad y confianza en los datos obtenidos a través de sondeos de opinión. Y ello por la sencilla razón de que quienes, sin tener la formación técnica y científica necesaria para hacer el trabajo, sometieron la información recabada a una manipulación imperdonable con el propósito de favorecer los intereses de quienes pagaron la investigación. Así, de pronto, se hizo normal encontrarse con noticias de prensa en las cuales determinados partidos políticos tenían, según sus datos, un índice de aceptabilidad que ni de lejos guardaba alguna similitud con los datos presentados por centros de investigación de reconocida trayectoria académica. De ese modo, la confusión no se hizo esperar, y tampoco la merma en la credibilidad en las encuestas de opinión pública en general.
A propósito de la actual coyuntura electoral en nuestro país, a aquella confusión inicial de la encuestas -que era de algún modo remediable porque al fin y al cabo el prestigio institucional terminaba imponiéndose a la deshonestidad política- se ha sumado una práctica mucho más sucia: difundir resultados falsos o atribuir resultados inverosímiles a instituciones serias que los desconocen absolutamente.
Es como si la campaña electoral estuviera siendo concebida como una guerra sin cuartel, en la cual todos los medios utilizados son vistos como legítimos si contribuyen a la derrota del enemigo. La utilización de nombres y datos falsos, con el objeto de hacerse aparecer como la alternativa política más aceptada por la población, sería parte de esta lógica perversa. Al igual que lo sería la confusión generada por ello, puesto que en el desconcierto sembrado por el caos de datos y cifras un posible fraude no podría ser cotejado con la información generada por las encuestas de opinión.
Para los caficultores, la década de los 90 ha estado asociada con una ruptura de los acuerdos de la extinta Organización Internacional del Café (OIC) y, especialmente, por una marcada tendencia hacia la reducción de los precios internacionales del café. La OIC perseguía mantener un sistema de cuotas de exportación entre productores y consumidores, especialmente con la finalidad de que la producción de café resultara rentable para los primeros. Desde la ruptura de los citados acuerdos, en 1989, los precios cayeron desde los 120 hasta los 85 dólares por quintal, lo cual tuvo notables repercusiones económicas.
Esta tendencia, empero, ha tenido fluctuaciones que en muchos casos han provocado alzas considerables en los precios internacionales. La más reciente se inició desde finales de 1996 cuando los precios pasaron desde niveles cercanos a los 100 dólares hasta superar los 180 dólares a mediados del presente mes de febrero. Lógicamente, esta dinámica ha despertado ya expectativas optimistas entre los productores nacionales, especialmente de cara a una posible disminución de los inventarios de los países consumidores.
Sin pretender ser pesimistas, la realidad es que el mercado internacional de café aún está a merced de comportamientos impredecibles, aunque con mayor tendencia hacia la caída de los precios debido al hecho fundamental que la oferta mundial de café es superior a su demanda. Cabe mencionar aquí, por ejemplo, que entre los meses de junio de 1995 y enero de 1996 los precios cayeron desde 150 a menos de 100 dólares el quintal.
Las inusuales alzas en los precios tienen determinantes coyunturales relacionadas principalmente con la especulación en los mercados financieros y con el comportamiento de la producción cafetera. En el mediano plazo, habría que esperar que los precios fluctúen a niveles sensiblemente más bajos que los actuales. En las siguientes líneas se presenta la principal tendencia de los precios y se muestran sus principales implicaciones sobre la importancia económica del subsector café. Adicionalmente, se resalta cómo, en este contexto de crisis, los dos últimos gobiernos asumieron una postura de proteccionismo hacia el subsector, pese a que su discurso profesaba el liberalismo económico.
Efectos de la caída de precios
Como se mencionó al principio, los precios han venido experimentando claras tendencias hacia su reducción, pese a que durante algunos meses se hayan registrado incrementos inusuales como efecto de fenómenos tales como la reducción de la producción de Colombia o Brasil o, en su momento, la implementación de un plan de retención de exportaciones de café impulsado por los productores del grano.
La reciente alza de precios se atribuye a dos elementos, a saber: primero, una reducción de 10% en la producción de los países latinoamericanos que estaría afectando los precios en el mediano plazo; y, segundo, los efectos que sobre las exportaciones colombianas tendría una huelga general de trabajadores portuarios y que estaría afectando los precios básicamente en el corto plazo. Lo cierto es que a lo largo de los últimos 7 años los precios del café han experimentado amplias fluctuaciones. Para 1994, por ejemplo, llegaron a observarse precios de 74.4 dólares por quintal para el mes de enero y precios superiores a los 200 dólares para el mes de diciembre.
Como resultado de ello, durante los últimos años se ha evidenciado la tendencia hacia la reducción en el volumen de la producción de café. Entre 1992 y 1995, la producción se ha reducido sensiblemente, al grado que se estima una reducción total de cerca de 24% entre esos años. Asimismo, durante ese periodo la producción de café disminuyó su aporte al PIB pasando de representar un 27.5% a representar sólo un 21.9%. Por otra parte, y como resultado de esta caída en la producción, los volúmenes exportados también han venido disminuyendo, estimándose que sólo, entre 1994 y 1995, este disminuyó en un 13.6%.
Las finanzas públicas también han resentido esta situación, no solamente porque se abolió el impuesto del café -anteriormente el de mayor importancia dentro de los ingresos corrientes-, sino también porque implicó en su momento el otorgamiento de subsidios para la producción cafetalera.
Para el año de 1988, antes de la ruptura de los acuerdos de la OIC, los impuestos al café -que ya no estaban en su mejor momento- aún representaban cerca de un 14.5% de los ingresos tributarios; posteriormente, el impuesto a ese producto fue reducido al grado que, para el año de 1993, apenas era el 0.4% del total de los ingresos tributarios. Posteriormente, el citado impuesto fue eliminado.
Además de ver reducidos sus ingresos debido a la crisis en el mercado internacional del café, el Estado también debió incrementar sus erogaciones debido a la asignación de subsidios para evitar el colapso del subsector cafetalero. En 1992, debido a una nueva caída de los precios hasta los 50 dólares por quintal, el poder ejecutivo propuso y logró el otorgamiento de un subsidio al subsector, el cual totalizaba los $45 millones de dólares.
En general, el comportamiento de los dos últimos gobiernos ha dejado en claro que una de sus principales preocupaciones es procurar el bienestar de los productores de café, ya sea mediante la exención de impuestos, el otorgamiento de subsidios a la producción o, más recientemente, la dispensa de programas especiales de vigilancia. Esta situación en realidad se remonta al siglo pasado, siendo el ejemplo más notable la expropiación de tierras indígenas que tomó lugar a partir de 1864.
El comportamiento de los precios durante la presente década permite abrigar dudas razonables sobre la permanencia en el mediano plazo de precios altos para el café. El sólo hecho de que estos se mantengan altos inducirá un incremento de los niveles de producción mundial que luego saturarán nuevamente el mercado y provocará nuevas caídas en los precios. Por otra parte, los movimientos especulativos tendrán un efecto mucho menos prolongado, especialmente considerando que en realidad las exportaciones colombianas no han sido afectadas considerablemente.
La caída de los precios de café redujo notablemente la importancia económica del subsector café, disminuyendo su aporte al PIB, a las exportaciones y a los ingresos corrientes del sector público. Esta tendencia ha reforzado la terciarización económica fomentada principalmente por la orientación del crédito del sistema financiero reprivatizado, pues ha provocado que la rentabilidad de la producción cafetalera decaiga.
Algo que ha resultado especialmente claro, a la luz de la caída de los precios del café, es que el sector cafetalero continúa recibiendo un tratamiento especial en relación a otros sectores económicos. La exención de impuestos y la adopción de subsidios podrían justificarse en función de la subsistencia del subsector, pero al mismo tiempo cuestionan el hecho de otros sectores agropecuarios que apenas subsisten, como el de granos básicos, no reciban este tipo de trato aunque se encuentren en un estado permanente de crisis desde mucho tiempo antes.
En lo tocante al comportamiento de los precios, el "libre juego" de las fuerzas del mercado internacional de café sugiere que aquél dependerá mayormente del comportamiento de la oferta. De alcanzar esta los niveles observados para 1989, por ejemplo, podría esperarse una caída de los precios, una consecuente reducción de la producción y una nueva elevación de los precios. Esa es la lógica del mercado.
Inevitablemente el sector cafetalero nacional, y al parecer el de todos los países productores, parecen encontrarse ante la disyuntiva de disminuir sus exportaciones para elevar los precios, o bien mantener las exportaciones sin control, aunque ello implique caídas en los precios. En El Salvador al parecer la tendencia ha sido hacia la reducción del volumen de producción.
La pérdida de importancia de la producción de café muestra que la economía ha perdido fuerza, en gran parte porque su sector más dinámico de las décadas pasadas ha mostrado ya agotamiento sin que se perfilen nuevos sectores productivos que puedan sustituirlo. Lo anterior debería mover a desarrollar políticas de fomento de la producción aún y cuando ello suponga que el Estado adopte medidas proteccionistas.
El 14 de este mes arrancó formalmente la campaña electoral para acceder a las diferentes alcaldías del país. Como era de esperarse, la atención pública y el esfuerzo de los partidos políticos se ha centrado especialmente en la carrera por la posesión de la alcaldía más grande e importante: la de San Salvador. A diferencia de la campaña para la elección de diputados, aquella se ha caracterizado por una disminución significativa del nivel de confrontación entre los partidos en pugna por el poder, es decir, por un desplazamiento del ataque personalizado entre los candidatos hacia un esfuerzo por presentar seriamente las plataformas y propuestas políticas que se impulsarán luego de finalizada la justa electoral.
Este significativo viraje en la modalidad con que se han impulsado las dos campañas puede ser explicado, tentativamente, a partir de dos hipótesis complementarias. La primera, el cambio en la forma en que se está impulsando la campaña para alcaldes obedece a la experiencia adquirida en la campaña por los curules legislativos; posiblemente, las reiteradas críticas por la vacuidad que ha caracterizado hasta la fecha a la propaganda electoral han empezado a surtir efecto en las mentes de los encargados de llevarla a cabo; posiblemente, los estrategas electorales de los diferentes partidos políticos han comprendido que las arengas fáciles y las tonadas pegajosas ya no encuentran la misma receptividad en el electorado, un electorado que de las anteriores elecciones para acá tal vez ya ha capitalizado experiencias y ha madurado políticamente.
La segunda hipótesis se centraría más en la cercanía que guardan las alcaldías con la población. A diferencia de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, la figura del edil de la localidad es en ciertos aspectos más accesible para la población; sus decisiones y políticas afectan de manera más directa la cotidianeidad de la vida pública y privada, por lo que los candidatos a ocupar su puesto tendrían más posibilidades de ser votados en tanto que sus propuestas fueran más claras, definidas y apegadas a las necesidades de los habitantes del municipio. De aquí la urgencia política de que la campaña para las alcaldías se sustente más en plataformas concretas, en planes creíbles y visibles de administración edilicia, que en la diatriba y el ataque a la integridad de los oponentes.
Otro aspecto que merece atención en la campaña por las alcaldías es la búsqueda de algunos partidos por presentar como candidatos edilicios a personajes no directamente vinculados a la política, provenientes de distintas ramas profesionales. Siendo el ejemplo más palmario de ello el equipo que representará a la coalición FMLN-Convergencia Democrática-Movimiento de Unidad en las elecciones para alcaldes. Tanto el candidato a alcalde por la coalición, Héctor Silva, como el equipo que le acompaña son figuras nuevas en el sistema político salvadoreño, figuras que por su novedad en política y por su diversidad profesional podrían generar más confianza y simpatía en el electorado.
Sin embargo, el optimismo que podrían despertar estas nuevas características de la campaña electoral y de las fórmulas de los partidos políticos debe contrastarse con un elemento determinante: la acogida que ellas han tenido en la población electoral, misma que es posible medir a través de las últimas encuestas de tendencia de preferencias políticas.
Hasta la fecha han emergido a la luz los resultados de cuatro encuestas de opinión pública; resultados que así como han llenado de optimismo y satisfacción a los partidos de la oposición han ensombrecido el semblante de los candidatos del partido ARENA. Por primera vez en cinco años, firmas encuestadoras disímiles entre sí muestran que, según los sondeos de opinión pública, los candidatos preferidos para la elección de alcaldes y diputados no pertenecen al Partido Alianza Republicana Nacionalista; tanto la encuesta de la CID-Gallup -criticada en anteriores ocasiones por su tendencia a beneficiar al partido en el poder en sus resultados-, como la del Centro de Estudios sobre Problemas Públicos -firma mexicana contratada por el FMLN-, la del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) y la de la Universidad Tecnológica, señalaron que, de seguir con la tendencia observada, la coalición de la oposición tendría posibilidades de obtener la victoria en las elecciones del 16 de marzo.
Aunque las diferencias porcentuales entre ARENA y la coalición todavía no permiten hacer afirmaciones concluyentes -en general la diferencia entre ambos oscila entre un 1 y un 4 por ciento-; a pesar de que un número significativo de los encuestados afirmaron no saber por quién votarían o no tener preferencia por ninguno de los partidos -en promedio un 40% de la muestra total-; y pese que no es posible desestimar la probabilidad de que los resultados electorales finales difieran radicalmente de los obtenidos por las encuestas, es de consideración el hecho de esta ligera superioridad de la oposición frente a un partido que afirmaba poseer la victoria por adelantado y que se había dado el lujo de conducirse de acuerdo a ello.
Definitivamente, los resultados de estas encuestas no deberían de sorprender a nadie, en especial si se toman en cuenta dos elementos. En primer lugar, la catastrófica gestión edilicia del partido ARENA: no sólo un número importante de sus alcaldes se vieron involucrados en escándalos de corrupción, sino que el mismo partido, poniendo en duda su honestidad y credibilidad, uso todos los medios a su disposición para protegerlos y evitar que la justicia fuera capaz de alcanzarlos. En segundo lugar, complementando esta protección a los ediles, el partido ARENA no ha ocultado su intención de mantener a los mismos cuadros políticos en la lista de candidatos para las alcaldías, premiando así con el continuismo a una gestión que, ante los ojos de los ciudadanos, ni ha sido eficaz ni ha sabido estar a la altura de sus necesidades y expectativas.
Los datos de las encuestas podrían interpretarse como el lógico resultado del inmovilismo de la gestión política de la actual administración; inmovilismo ante el cual se estaría optando por alternativas y rostros nuevos. La esperanza arenera de que la continuación en el poder se podía lograr mediante la conjugación de la permanencia de las viejas estructuras y la promesa de un cambio a nivel discursivo, se ha venido abajo.
Sin embargo, si bien los resultados de las encuestas pueden servir como un aliciente para la forma en que la oposición se ha conducido en la campaña electoral, hay un punto que es necesario no perder de vista: la variación experimentada en las simpatías del electorado posiblemente se deba más al deseo de ejercer un voto de castigo contra el partido en el poder que a una aprobación de los planes de administración edilicia presentados por la coalición de oposición. Es decir, en las encuestas de opinión pública se estaría reflejando más una actitud revanchista que la madurez política del electorado, la cual habría propiciado que entre las ofertas políticas se hubiera optado por la mejor.
El deseo de castigar al partido en el poder, obviamente, puede redundar en un castigo mayor para la población. Casos como el de Bucaram, ex presidente del Ecuador, o el de Antanas Mockus, actual alcalde de Bogotá, ilustran que, cuando la opción por determinadas instituciones políticas no está mediada por un análisis de la viabilidad y ventajas de sus propuestas y programas políticos, fácilmente éstos terminan siendo iguales o peores que las que se pretendían sustituir.
El 11 de febrero pasado, el matutino La Prensa Gráfica difundió, en su edición de ese día, la noticia sobre el hallazgo de un buzón de armas en Nicaragua, citando como fuentes a agencias de prensa internacionales. Sin embargo, éstas no hacían alusión a la cantidad ni al tipo de armamento incautado. Un día después, El Diario de Hoy desplegaba informaciones sobre el mismo hecho, otorgándole un considerable espacio. En uno de sus encabezados, este periódico decía lo siguiente: "armas halladas en Nicaragua podrían pertenecer al FMLN". La nota citaba al jefe del ejército nicaragüense, General Joaquín Cuadra, quien insinuó la posibilidad de que el armamento perteneciera al FMLN, aunque dejó entrever al mismo tiempo que era una hipótesis que la policía de su país debía corroborar.
En la publicación de ambas notas existen vacíos que vale la pena apuntar; por ejemplo, no se aclara si el hallazgo fue producto de un operativo de la Policía Nacional de Nicaragua o fue casual. Tampoco se explica cómo las autoridades nicaragüenses conocieron de la existencia de este buzón y si existen fundamentos sólidos para atribuir responsabilidad al ex movimiento guerrillero salvadoreño por ese armamento. Las preguntas, entonces, que se pueden plantear son las siguientes: ¿por qué se afirma que el buzón pertenece (o perteneció) al FMLN? ¿Existe una motivación para este tipo de informaciones o es un verdadero ejercicio del trabajo periodístico?
El inicio de la campaña electoral para elegir diputados arrancó el 15 de enero mostrando diversos tipos de propaganda política, desde spots en los que se desprestigiaba a los adversarios hasta noticias difundidas en periódicos locales. Entre estas últimas, sobresalieron las que se hicieron públicas un día antes del inicio de campaña, en las cuales se revelaba la presunta responsabilidad del FMLN en el entrenamiento de los guerrilleros peruanos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), quienes mantienen ocupada desde diciembre pasado la residencia del Embajador japonés en Lima.
La ofensiva informativa en torno al tema de los guerrilleros peruanos continuó y, casi un mes después, se utiliza el hallazgo del buzón de armas en Nicaragua como otro hecho conexo al FMLN. Lo preocupante es el manejo que se hace de noticias referidas a hechos que suceden fuera del país, vinculándolas con uno de los principales partidos políticos que participan en la contienda electoral.
Al examinar el marco en que surgen las noticias sobre el armamento militar descubierto en Nicaragua, resulata notorio que éstas salen a la luz cuando los primeros resultados de las encuestas de opinión se han hecho públicos mostrando una ligera ventaja del FMLN sobre el partido de gobierno. Aunque los personeros de éste han descalificado el contenido de las encuestas, no deja de ser sospechoso que la descalificación del FMLN se difunda a través de los medios de comunicación en el momento en el que se conocen los resultados de los sondeos de opinión. En este punto podrían plantearse dos hipótesis sobre las causas que motivan estas reacciones: la primera, porque se apuesta mucho a los resultados de las encuestas; y, la segunda, porque los llamados institutos políticos están preocupados como nunca por su propio futuro.
Por otro lado, hay que señalar -y ello no es un secreto- que en Nicaragua pudieron ocultarse armas de varios de los movimientos armados centroamericanos, incluyendo a los propios nicaragüenses. En el análisis de los hechos no se pretende eximir de responsabilidad a un grupo, pero sí es válido insistir en la pregunta de si existe o no una motivación electoral para la difusión de esos hechos y para el manejo de la información de los mismos. Recuérdese la continua práctica del desprestigio del adversario para alcanzar adeptos que prevalece desde tiempos inmemoriales en los países centroamericanos, a excepción, quizás, de Costa Rica.
El abordaje y la publicidad de hechos como los apuntados parecen obedecer a una clara estrategia de propaganda política llevada desde los medios. De acuerdo a algunos teóricos de la comunicación social, el manejo de las noticias como fuente de propaganda electoral ha sido usado por varios partidos políticos como un recurso privilegiado para desprestigiar al adversario, o bien para resaltar las "bondades" propias. La periodista Petra Secanella apunta que el problema de las campañas políticas, desde el punto de vista informativo, es el de la distinción entre la noticia y la opinión. Los candidatos, dice Secanella, "venden su imagen tanto en las noticias como en los artículos de opinión". Aquí podría agregarse que esta idea se puede además aplicar a las agrupaciones políticas cuando la imagen que se ofrece de cada una es negativa o positiva.
Este elemento debería ser un llamado de atención sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) frente a este otro tipo de propaganda, que no parece tomarse en cuenta dentro del actual marco de vigilancia electoral. Al examinar el caso de los dos partidos políticos cuyos spots han sido retirados (o censurados) encontramos algún nivel de correspondencia con el trabajo que el tribunal esta llamado a realizar. Pero, ¿qué pasa con las noticias desplegadas en los medios de comunicación social? Independientemente de la agrupación a la que se ataque, lo cierto es que ello implica una transgresión a la ley electoral, pues ésta es burlada con otras figuras que, en el fondo, persiguen los mismos fines.
Al margen del uso propagandístico y de a quién pertenezcan las armas, existe una situación que no se puede pretender desconocer: los conflictos armados en Centroamérica dejaron como secuela no sólo buzones de armas, sino también armas sin control en poder de civiles, trasiego de las mismas y grupos armados que operan con diversas motivaciones. Sin embargo, todo lo anterior no es atribuible a un solo bando o a una sola organización; esta realidad tiene diversos actores, responsabilidades y justificaciones, pretender obviar todos estos elementos y todos los posibles involucrados, es equivocado y sólo puede entenderse por un afán de favorecer o perjudicar a un sector determinado.
Retomando el tema del buzón de armas, este constituye una advertencia sobre los peligros que existen para la región centroamericana por la cantidad de armamento que permanece oculto y el cual puede ser utilizado para los fines más condenables. Pero todo ello no sólo apunta a un problema de inseguridad, sino también a la responsabilidad que existe sobre su control, no importa quiénes sean sus dueños, las justificaciones y la cantidad en que se encuentren.
El hallazgo es una oportunidad para llamar la atención sobre las prácticas a que puede dar lugar la coyuntura electoral: es notable que cuando se hace referencia a las actuaciones de los adversarios se usan epítetos o se recurre al manejo de informaciones del exterior que buscan descalificarlos ante el electorado. Las armas encontradas son motivo de preocupación, si se considera el impacto que su uso ilegal tiene al interior de sociedades en sí mismas conflictivas. El paradero de otras armas y su posterior destrucción son necesidades urgentes que los involucrados - gobiernos y partes- están llamados a solucionar. Sin embargo, ningún bando se puede arrogar la verdad sobre una situación u otra. Hasta ahora, el tono de las informaciones en las cuales se vincula al FMLN con los miembros del MRTA y con la propiedad sobre el armamento militar incautado en Managua está mostrando vacíos sin aportar pruebas fehacientes.
La opinión de los salvadoreños sobre el proceso electoral 97
El 42.3 por ciento de los salvadoreños piensa que en la campaña electoral los políticos no han mostrado al pueblo la manera en que van a solucionar los principales problemas del país, según revela la última encuesta preelectoral del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. El sondeo realizado con el objetivo de conocer las actitudes de los salvadoreños de cara al proceso electoral del 16 de marzo, fue llevado a cabo entre el 1 y el 9 de febrero del presente año, con una muestra nacional de 1,812 adultos de zonas urbanas y rurales a lo largo y ancho de los catorce departamentos de la república. La pesquisa de opinión pública reveló que el 36.1 por ciento de los consultados sostiene que los políticos si han dicho al pueblo cómo solucionar los problemas, mientras que el resto se dividió en otras respuestas.
A los salvadoreños se les preguntó su opinión sobre el nivel de confrontación que existe en la campaña electoral. Aproximadamente, siete de cada diez ciudadanos piensan que la campaña electoral está dominada por la confrontación de los partidos mayoritarios, ARENA y el FMLN; el resto expresó que la campaña no es dominada por esa confrontación o se abstuvo de contestar la pregunta. Sin embargo, preguntados sobre las agresiones, entre los partidos un poco más de la tercera parte de los consultados (el 36.6 por ciento) piensa que en este proceso hay más agresiones que en los procesos electorales anteriores, otra tercera parte piensa que hay menos agresiones y un 19.2 por ciento considera que el nivel de las agresiones es igual que el de las campañas anteriores.
En otro orden, el 44.7 por ciento de los salvadoreños cree que el cambio de partido que han hecho algunos políticos es mala para el proceso electoral; en cambio, 21.1 por ciento piensa que es bueno y el 18.5 por ciento considera que no es ni bueno ni malo.
Las actitudes hacia el proceso
En términos de las actitudes hacia el proceso electoral, los salvadoreños parecen tener más interés que confianza. La cuarta parte de la población tienen mucho interés en el proceso electoral que se está desarrollando en la actualidad; otro porcentaje cercano manifestó tener algo de interés y un poco más de la mitad afirmó tener poco o ningún interés en el proceso.
Por el lado de la confianza el 50 por ciento de los ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en el proceso electoral; mientras que el 28.6 por ciento tiene algo de confianza y el 17.2 por ciento tiene mucha confianza. De hecho, cuando se les pregunta sobre la transparencia en las elecciones, aproximadamente 4 de cada diez consultados afirmaron que habrá fraude en los comicios; tres de esos diez piensan que las elecciones serán limpias y otros tres no supieron contestar la pregunta.
A los ciudadanos se les preguntó sobre su intención de asistir a votar el 16 de marzo. El 74.1 por ciento afirmó que irá a votar, mientras que el 17.3 por ciento dijo que no iría y un 8.7 por ciento no sabe si asistirá o no. Entre las razones para participar electoralmente se mencionaron: votar es un deber (37.2 por ciento), para que cambien las cosas (15.9 por ciento), para mejorar el país (13.8 por ciento) y, porque es necesario (8.8 por ciento), entre otras cosas. En cambio, quienes dijeron que no votarán argumentaron que no tienen carnet electoral (26.7 por ciento), no le gusta los partidos (22.5 por ciento), y votar no sirve de nada (15.8 por ciento) entre otras razones.
Preguntados si los demás salvadoreños asistirán a votar, el 56.6 por ciento sostuvo que los demás se van a abstener; el 31.7 por ciento dijo que los salvadoreños irían a votar y el resto no respondió a la pregunta. Además, un poco más de la mitad de los consultados piensa que los salvadoreños aún no se han decidido por quién votar, mientras que la tercera parte cree que sus conciudadanos ya han decidido cómo votarán y el resto se abstuvo de opinar.
Sobre la visión que tienen los salvadoreños acerca de la competencia electoral, dos terceras partes de los consultados piensa que sólo existen dos fuerzas con posibilidades de ganar las elecciones, una cuarta parte piensa que todos los partidos tienen igual oportunidad y el resto no respondió a la pregunta.
Sin embargo, consultados sobre el tipo de Asamblea Legislativa que le conviene al país, el 32.2 por ciento piensa que a El Salvador le conviene un parlamento dominado por otros partidos que no sean ARENA o él FMLN, mientras que el 19.4 por ciento se inclina por una Asamblea dominada por el Frente y un 18.5 por ciento la prefiere dominada por el partido de gobierno.
El IUDOP de la UCA pidió a los salvadoreños su opinión sobre lo que pasaría si el FMLN ganase las elecciones. El 23.7 por ciento piensa que "no pasaría nada"; el 23 por ciento cree que "mejoraría la situación"; el 20 por ciento sostiene que "el país estaría en peligro" y un 12.7 por ciento considera que "no lo dejarían gobernar".
Las preferencias partidistas.
Como es costumbre, la encuesta de la UCA preguntó por las preferencias partidistas y por las intenciones de voto para diputados y concejos municipales, pero en esta ocasión se añadió a la consulta el uso de un voto simulado donde la persona podía marcar su intención de voto para diputados sin tener que manifestárselo al encuestador.
Sobre las preferencias partidistas, lo que más sobresale es el 43.9 por ciento de personas que dicen no tener partido de simpatía; sin embargo, entre los que manifiestan su partido de preferencia ARENA retiene el 17.7 por ciento de las adhesiones; mientras que el FMLN recibe el 17 por ciento de las simpatías de la población; a gran distancia les seguirían el PDC con un 5.2 por ciento y el PCN con un 2.4 por ciento; el resto de partidos reciben porcentajes descendentes.
Sin embargo, en la intención de voto por diputados manifestada a nivel nacional la encuesta reveló que el FMLN se mantendría a la cabeza de las intenciones con un 21.1 por ciento, seguido de ARENA con un 17.4 por ciento, el PDC con un 4.6 por ciento y el PCN con el 3.1 por ciento. Un 45.9 por ciento se mantuvo sin revelar su intención y el resto de dividió en otros partidos.
Ahora bien, cuando se hizo uso de la boleta simulada para que las personas marcaran el partido por el que votarían en la elección de diputados, los resultados fueron los siguientes: el 28.7 por ciento de los consultados anuló o se abstuvo de marcar la boleta; el 25.4 por ciento marcó la bandera del FMLN; el 22.3 por ciento señaló la cruz de ARENA; el 6.8 por ciento marcó el logo del PDC; el 4.8 por ciento indicó las manitas del PCN; y el 3 por ciento marcó la bandera del PLD.
En el voto por alcaldes a nivel nacional, el 20.9 por ciento afirmó que votaría por el FMLN; el 18.3 por ciento sostuvo que lo hará por ARENA; el 5.3 por ciento mencionó al PDC y el 3.3 por ciento dijo que votaría por el PCN. El 45.7 por ciento no reveló su intención de voto para alcaldes y el resto de respuestas favorecieron a otros partidos. Sin embargo, cuando se dividen los votos para alcaldes según regiones, los resultados muestran que en el Area Metropolitana de San Salvador, las intenciones de voto por el FMLN obtienen un 31 por ciento y superan por un buen margen a las intenciones por ARENA que recibe el 18 por ciento.
Los candidatos a alcalde de San Salvador.
La encuesta de la Universidad Centroamericana pidió a los capitalinos que evaluaran a los candidatos de la Alcaldía de San Salvador, asignando un calificación de O a 10.
Aunque todas las notas son bajas, Héctor Silva obtiene el promedio más alto de calificación con un 6.42; le sigue Herman Schlageter con una nota de 4.94; luego se encuentra Mario Valiente con 4.88; dejando a Wilfredo Jovel con 4.09 y a Eddie González con un 3.88 de promedio.
En resumen, la encuesta del IUDOP de la UCA revela que han habido movimientos importantes en la opinión pública respecto a las elecciones de 1997. Para inicios del mes de febrero, la mayoría de los salvadoreños seguían mostrando actitudes cautelosas hacia el proceso electoral, pero hay evidencias de que cierto porcentaje de la población estaría interesándose por las elecciones. Por otro lado, la encuesta muestra que , por primera vez en su historia, el FMLN está disputando seriamente la mayor parte de las preferencias partidistas del público salvadoreño; esto se da a causa de un aparente apoyo sustancial en la zona central del país, especialmente en la zona metropolitana, y por un sensible desgaste del partido ARENA a nivel nacional.
A un mes de los comicios la encuesta del IUDOP muestra ante todo que la próxima contienda electoral será una de las más disputadas en la historia política salvadoreña.
En lo que algún simpático personaje de esos que abundan en nuestro país interpretó como un "homenaje al amor y la amistad", el pasado viernes 14 de febrero la Corte Suprema de Justicia resolvió sobre las solicitudes que --tanto a título personal, como de manera organizada e incluso desde la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)-- recibió hace ya varios meses con cuestionamientos diversos a la "Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado", en adelante "Ley de Emergencia". En efecto, ese día el máximo tribunal de El Salvador hizo pública su decisión sobre inconstitucionalidades en siete artículos de los casi treinta que esa controversial legislación incluía cuando --el 19 de marzo de 1996-- fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
Como ya es costumbre, algunos funcionarios gubernamentales reaccionaron inmediatamente contra esta decisión colegiada; también surgieron críticas de algunos profesionales del Derecho que se encuentran trabajando en la llamada "sociedad civil". Mientras tanto, la gente que cotidianamente vive sumergida en un ambiente de violencia, impunidad e inseguridad solamente recibe eso. O, ¿se le está informando con toda la verdad sobre el tema? ¿tiene a mano los elementos suficientes para expresar una opinión válida? ¿existe una real disposición por parte de las autoridades y los grupos políticos para considerar su parecer y darle el papel decisivo que le corresponde en el proceso para determinar lo que hay que hacer? Parece que no... De cualquier forma, nuestra institución entiende que es su obligación reflexionar sobre lo anterior y brindar su modesto aporte.
Pese a lo corto del tiempo transcurrido y la dificultad para obtener rápidamente un ejemplar del voluminoso documento elaborado por la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte, ya logramos hacer una primera revisión del mismo. Así, en esta ocasión, extraeremos lo que más urge conocer y difundir: ¿cuáles son las inconstitucionalidades de esta "Ley de Emergencia" decretadas por el Órgano Judicial? Con base a las razones expuestas a lo largo del texto, las disposiciones constitucionales que aparecen en el mismo y los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, dicha Sala --"a nombre de la República"-- dispuso declarar la inconstitucionalidad de lo que a continuación se detalla "en su contenido, de un modo general y obligatorio".
En primer lugar, encontramos dos incisos incluidos dentro del segundo artículo y todo el sexto artículo de la "Ley de Emergencia", referentes al incremento en las condenas independientemente de que éstas excedan los treinta años de prisión. El argumento: al autorizarlas sin fijar un límite máximo de tiempo para ello, se viola el artículo 27 constitucional que prohíbe expresamente las penas perpetuas. Seguidamente, la Sala se refiere al artículo 4 de la citada Ley debido a que con él se crea "un tipo penal abierto", no definido, lo que se encuentra reñido con los principios de libertad --consagrado en el artículo 2 de la Constitución-- y de legalidad, el cual está plasmado en los artículos 8 y 15 de la misma.
También se declaró inconstitucional el artículo 12 de la tan cuestionada "Ley de Emergencia", porque en él se autorizaba a la Policía Nacional Civil (PNC) para solicitar directamente órdenes de allanamiento y registro. Tal determinación obedece al hecho de que eso significaba una vulneración clara del ordinal tercero, artículo 193 constitucional, mediante el cual se le otorga a la Fiscalía General de la República (FGR) la facultad de: "Dirigir la investigación del delito, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal".
Al igual que en los anteriores casos, al primer inciso del artículo 14 de la "Ley de Emergencia" le tocó correr la misma suerte. Con esta determinación de la Sala de lo Constitucional se han preservado los principios de libertad, legalidad y presunción de inocencia contemplados en los artículos 2, 8 y 12 de nuestra "Carta Magna". El mencionado artículo 14 de la debatida ley establecía que una detención provisional por los delitos contemplados dentro de ella, procedía con sólo la existencia de "elementos de juicio suficientes para estimar que el imputado tuvo participación en el delito".
Cuando examinó el artículo siguiente --el 15-- la Sala también decretó su inconstitucionalidad en la parte referente a prohibir la excarcelación, ya que de esa manera se estaba violentando lo dispuesto en los artículos 2, 8 y 12 de la Constitución. Finalmente, con la resolución quedó establecida la inconstitucionalidad del artículo 22 contenido dentro de la "Ley de Emergencia". En él se fijaba un mismo tratamiento penal para menores y mayores de edad, con lo cual se violaban los artículos 3 y 35 constitucionales. Este último ordena, en su segundo inciso, lo siguiente: "La conducta antisocial de los menores que constituye delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial".
Pero la resolución que ahora nos ocupa incluyó, además de los aspectos antes señalados, otras cosas. Por ejemplo, en ella se decretó sobreseimiento respecto de la petición de inconstitucionalidad hecha por los ciudadanos Disraely Omar Pastor y Arturo Ramiro Méndez Azahar, quienes sostenían que con la "Ley de Emergencia" se había violado al proceso de formación de ley; de igual forma, se sobreseyó respecto de las peticiones hechas en el mismo sentido y que se fundamentaban en la transgresión de lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. También se sobreseyó la petición que cuestionaba la constitucionalidad del artículo 11 de la mencionada ley, dentro del cual se contempla que la PNC "procederá a la captura de los imputados a cualquier hora". Por último, determinó sobreseer en lo referente al artículo 13 de la misma que trata sobre la regla de reconocimiento de imputados.
Además de lo expuesto en el párrafo anterior, la Sala --en su resolución del pasado viernes 14 de febrero-- sostuvo que se declaraba "no ha lugar" la inconstitucionalidad de: la totalidad de la "Ley Transitoria de Emergencia" solicitada por los ciudadanos Pastor y Méndez Azahar, ya mencionados, en lo relativo "a la supuesta transgresión al régimen de excepción regulado en el artículo 29 de la Constitución"; el artículo 3 de la misma ley que trata sobre las "agrupaciones delictivas", "en cuanto el mismo no supone la creación de un tipo penal abierto"; su artículo 5 --"Proposición y conspiración"-- "por no existir la indeterminación de la pena alegada"; y el artículo 8 referente a la sanción por infracción a los derechos del imputado, debido a "que en el mismo no se excluyen los efectos procesales derivados de la inobservancia de las formalidades esenciales del proceso penal".
También declaró "no ha lugar" la inconstitucionalidad solicitada respecto de los siguientes artículos de la "Ley de Emergencia": el 10 ("Reglas de instrucción"), "por no existir en el mismo la violación a la libertad de expresión alegada"; el 12 ("Orden judicial de allanamiento y registro"), ya que éste no significa "una transgresión a la independencia judicial" cuando el allanamiento lo pide la FGR; el 15 ("Excepciones a al excarcelación y a la suspensión condicional de la ejecución de la pena"), en lo que relativo "a que, en caso de condena, no se otorgará suspensión condicional de la ejecución de la pena"; y, por último, el 27 ("Aplicación"), pues "el mismo no supone ni ordena una aplicación retroactiva de la ley".
Para tomar estas decisiones y estructurarlas, la Sala de lo Constitucional se apoyó en la sentencia pronunciada el 19 de junio de 1987, emitida en un proceso de inconstitucionalidad sobre ciertos decretos que establecían reformas a las leyes fiscales. Dentro de los conceptos vertidos en esa ocasión, ahora aparece citado el siguiente: "es de la esencia misma de la función de administrar justicia en materia constitucional, el interpretar la Constitución y en ese sentido la Sala no tiene en principio más libertad que decir lo que dice la Constitución y no lo contrario o diferente, pues admitir lo contrario sería sustituir la voluntad del constituyente por la voluntad del juez, lo establecido en la ley fundamental por las preferencias o criterios personales del que juzga. El juez no actúa conforme a su criterio y voluntad sino que es la voz y criterio de la voluntad del pueblo plasmado por escrito en un documento llamado Constitución".
Lo anterior --continúa el texto de la sentencia citada-- no significa "que la interpretación constitucional es una simple labor académica en que el juez se limita a leer el texto de la norma cuestionada y a desentrañar gramaticalmente su sentido, o sea, a establecer su significado formalmente manifiesto, sino que la interpretación constitucional, al igual o en mayor grado que toda interpretación jurídica, tiene que resolver un problema concreto planteado, una realidad política y social a la que no puede sustraerse".
En ese marco, es imposible ocultar que la actual situación de nuestro país es sumamente compleja; pero, a la vez, ésta puede y debe interpretarse como uno de los momentos claves de la historia nacional para enderezar --de una vez por todas-- el rumbo de una nave que, hasta la fecha, no ha avanzado del todo bien y sobre la cual se ciernen enormes peligros. Entre esas amenazas, destaca una: la de unas instituciones débiles, que aún no son capaces de garantizar la legalidad a partir de un respeto absoluto de los roles que le corresponden a cada órgano del Estado.
Para aclarar la visión de la Corte Suprema de Justicia al respecto, cabe traer a cuenta parte de la sentencia pronunciada el 26 de julio de 1989, a raíz del caso de inconstitucionalidad relativo a la Ley del Instituto Nacional del Café y sus reformas. En dicha sentencia --citada a la vez en la resolución del 14 de febrero de 1997 sobre el proceso de inconstitucionalidad de la "Ley de Emergencia"-- se dijo: "Conviene precisar que la facultad de esta Sala, de determinar si la ley secundaria es conforme con la Constitución mediante la sentencia correspondiente, no obedece a que sea superior al Legislativo, ni mucho menos que invada sus funciones, sino que la Constitución es superior a ambos por ser expresión directa de la soberanía del pueblo; es la Constitución, la voz histórica del pueblo reducida a documento".
Sobre esa base se deben examinar las reacciones que se han podido observar tras el dictamen del Órgano Judicial respecto de la "Ley de Emergencia". No obstante haber dicho que respetaba el fallo de la Corte y que eso servía para demostrar que en el país ahora sí se respetaba realmente el principio de independencia entre los poderes estatales, el presidente de la República expresó que su gobierno se encontraba listo para preparar nuevos proyectos de ley destinados a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado; para ello, sostuvo el mandatario, se contratarán "los mejores juristas de El Salvador".

References: artículo 27
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 193
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 11
 artículo 13
 resolución 
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 8
 resolución