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Timestamp: 2019-10-22 16:58:45+00:00

Document:
2009. EPU. Chile. Examen y Recomendaciones
13/05/2009 Informes DDHH - DDHH Chile
Examen Periódico Universal, Chile, Consejo de Derechos Humanos ONU.
Informe de Conclusiones y Recomendaciones aprobado el 12 de mayo de 2009. Ginebra.
Documento A/HRC/12/10 - 4 de junio de 2009
Presentado en el 12 periodo de sesiones del CDH
Nota: Anteriormente publicado con la signatura A/HRC/WG.6/5/L.9. Con la autorización de la secretaría del Consejo de Derechos Humanos, se han introducido algunas modificaciones basadas en los cambios editoriales introducidos por los Estados con arreglo al procedimiento de aprobación ad referéndum. El anexo se distribuye tal como se recibió.
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
INTRODUCCIÓN 1 -4
I.	RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN 5 -95
A. Exposición del Estado examinado 5 -15
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 16 -95
II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 96 -99
III.	COMPROMISOS VOLUNTARIOS DEL ESTADO EXAMINADO 100 -101
1	El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró su quinto período de sesiones del 4 al 15 de mayo de 2009. El examen de Chile se llevó a cabo en la novena sesión, el 8 de mayo de 2009. La delegación de Chile estuvo encabezada por el Excmo. Sr. José Antonio Viera Gallo, Ministro y Secretario General de la Presidencia de Chile. En su 13ª sesión, celebrada el 12 de mayo de 2009, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe sobre Chile.
2. El 8 de septiembre de 2008, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de relatores (troika) para que facilitasen el examen de Chile: Cuba, Qatar y Senegal.
3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1, para el examen de Chile se publicaron los siguientes documentos:
a)Un informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a)(A/HRC/WG.6/5/CHL/1);
b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) con arreglo al párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/5/CHL/2);
c)Un resumen preparado por el ACNUDH con arreglo al párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/5/CHL/3).
4. Por conducto de la troika se transmitió a Chile una lista de preguntas preparadas de antemano por Alemania, la Argentina, Dinamarca, Hungría, Letonia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Suecia. Esas preguntas pueden consultarse en la extranet del EPU.
I. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN
A. Exposición del Estado examinado
5. En la novena sesión, el 8 de mayo de 2009, el Sr. José Antonio Viera Gallo, Ministro y Secretario General de la Presidencia de Chile, presentó el informe nacional. Observó que en 1990 Chile había iniciado la reconstrucción de un sistema democrático fundado en el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- valorando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. En consecuencia, el país había adoptado una política orientada a armonizar el crecimiento económico y el desarrollo humano, que permitía un fructífero equilibrio entre mercado y Estado.
6. Simultáneamente, Chile había emprendido la búsqueda de verdad, justicia y reparación en relación con las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas durante 17 años de dictadura.
7. Se había procedido a la modernización exhaustiva del sistema judicial, que comprendía la reforma del procedimiento penal, la justicia de menores, los tribunales de familia y la legislación laboral, y un proyecto de mejora del sistema penitenciario. Estaba en vías de preparación el proyecto de un nuevo Código de Justicia Militar.
8 Otras reformas importantes eran la abolición de la pena de muerte en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar en tiempo de paz, las normas sobre libertad de expresión, la nueva ley que garantizaba la libertad religiosa, las normas de transparencia y rendición de cuentas y la creación del Consejo para la Transparencia, un órgano autónomo del Gobierno. En el Congreso se estaba examinando un proyecto de ley contra la discriminación.
9 La reciente tipificación de los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra permitiría la ratificación del Estatuto de Roma. El proceso de aprobación parlamentaria de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas estaba también muy avanzado.
10. Conscientes de la valiosa contribución de sus poblaciones originarias a la formación de la sociedad chilena, los Gobiernos democráticos de Chile se habían esforzado por profundizar el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y promover su identidad, estableciendo la verdad histórica sobre su aporte al desarrollo nacional y subsanando el injusto trato que habían recibido durante siglos. El reconocimiento constitucional de las poblaciones indígenas estaba en estudio en el Congreso y era objeto de una amplia consulta con las comunidades indígenas.
11. Se había puesto en práctica un pacto social por la multiculturalidad, denominado "Re-conocer". Se había establecido un programa de restitución de tierras, en cuyo marco se habían entregado 500.000 ha a las comunidades indígenas, beneficiando a 22.000 familias. Se había promulgado una ley sobre los derechos de las comunidades indígenas en el borde costero.
12. Chile seguía trabajando en la aplicación del recientemente ratificado Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
13.	Chile había progresado mucho en los aspectos jurídicos, políticos y culturales de la cuestión de género: se había creado el Servicio Nacional de la Mujer y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo había aumentado a más del 40% de la fuerza laboral. Por primera vez en la historia una mujer ejercía el cargo de Jefa de Estado y de Gobierno.
14. El sistema de protección social había permitido a Chile enfrentar la crisis económica y financiera en curso en forma solidaria. Al respecto, la Presidenta Bachelet se había comprometido a mantener e incrementar los recursos destinados a este sistema. La ley que disponía el aumento del seguro de desempleo y la que incentivaba la contratación de jóvenes con un subsidio especial eran una buena prueba de la determinación del Gobierno. La pobreza había descendido del 38,6% en 1990 al 13,7% en 2006, y la población en situación de indigencia había disminuido de un 13% en 1990 a tan sólo un 3,2% en 2006. Esas cifras reflejaban de manera elocuente el progreso de las familias chilenas.
15. El Gobierno dijo que se proponía crear una institución nacional de derechos humanos basada en los Principios de París y elaborar un plan nacional de derechos humanos, y anunció la decisión de Chile de extender una invitación abierta y permanente a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visitasen el país.
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado
16. Durante el diálogo interactivo, intervinieron 51 delegaciones.
17. Varias delegaciones agradecieron a Chile su exhaustivo informe nacional y su exposición franca y abierta. Se acogió con satisfacción la firme adhesión de Chile al proceso del EPU y su participación constructiva y cooperativa en el Consejo de Derechos Humanos.
18. Varios Estados acogieron con satisfacción la ratificación por parte de Chile de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la invitación permanente cursada a todos los procedimientos especiales. Varias delegaciones expresaron su reconocimiento por el amplio marco jurídico e institucional de promoción y protección de los derechos humanos de Chile; su transición y consolidación democrática tras un régimen autoritario de 17 años de duración; y sus esfuerzos por buscar la verdad, justicia y reparación en relación con las violaciones masivas y sistémicas de los derechos humanos cometidas en el pasado. Algunos Estados observaron que Chile había logrado un crecimiento económico con equidad social y políticas sociales acertadas de lucha contra la pobreza, y que el país ya había alcanzado la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
19.	Argelia preguntó acerca de la protección de la libertad de religión y de creencias en la legislación chilena. Recomendó a Chile que: a) otorgara particular atención a los pueblos indígenas en la ejecución de los programas de reducción y alivio de la pobreza y que procurara eliminar las medidas discriminatorias de las que pudieran ser objeto; b) adoptara medidas eficaces para eliminar los numerosos obstáculos que impedían a las mujeres entrar al mercado laboral, incorporara en su legislación el principio de igual remuneración por igual trabajo y velara por que los empleadores lo cumplieran escrupulosamente; c) garantizara a todos los niños -especialmente los de las comunidades indígenas, los niños refugiados y los niños de familias que vivían en áreas rurales o bajo el umbral de pobreza- un acceso efectivo a la educación, y adoptara medidas eficaces para luchar contra los factores que los excluían del sistema educativo.
20.	China preguntó qué iniciativas específicas dirigidas al logro de los ODM podía compartir Chile con los países en desarrollo. Preguntó cómo estaba abordando el Gobierno las cuestiones de la calidad y la cantidad de las viviendas y la protección del medio ambiente urbano en el marco de sus sistemas de subsidio estatal a la vivienda.
21.	Noruega acogió con satisfacción la reciente ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT y preguntó sobre su grado de aplicación práctica. Recomendó a Chile que: a) intensificara la labor para mejorar la situación de su población indígena; b) hiciera nuevos esfuerzos y fijara metas específicas para reducir el número de casos de violencia doméstica, y fortaleciera los mecanismos e instituciones que protegían a la mujer de la violencia en el hogar; c) prosiguiera la reforma y renovación de su sistema penitenciario para mejorar la situación de los reclusos.
22.	Malasia preguntó qué medidas se estaban adoptando para subsanar las desigualdades en nivel de vida entre las áreas urbanas y las rurales. Recomendó que: a) se agilizaran los esfuerzos para establecer una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París; b) se hiciera un estudio exhaustivo de las causas y la amplitud de la trata de personas en Chile, que contemplara los países de origen, tránsito y destino; c) se adoptaran las medidas necesarias para luchar contra el problema de la trata y la explotación de la prostitución, entre otras cosas mediante la legislación nacional, y d) se siguieran intensificando los esfuerzos para aliviar la pobreza, por ejemplo mediante programas dirigidos a los indígenas.
23.	El Brasil preguntó expresamente por la situación de las mujeres, los niños y los indígenas. Solicitó detalles sobre la experiencia de Chile en materia de acceso a la verdad y la memoria histórica, y sobre los ámbitos específicos en los que a Chile le interesaría recibir asistencia técnica. Recomendó a Chile que: a) considerara la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; b) diera un mayor impulso a la política de prevención, lucha y eliminación de la tortura, comprendida la adopción de una definición de tortura conforme al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; c) prosiguiera su lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, con particular atención a los derechos de los pueblos indígenas, y d) aplicara los objetivos voluntarios en la esfera de los derechos humanos de la resolución 9/12 del Consejo de Derechos Humanos.
24.	Suecia recomendó a Chile que: a) prosiguiera y redoblara los esfuerzos para encontrar una solución que respetara los derechos a la tierra de los grupos indígenas y protegiera jurídicamente sus derechos humanos. Tras observar que el Comité de los Derechos del Niño había instado a Chile a que revisara su penalización total del aborto, le recomendó que: b) hiciera más esfuerzos para ajustar la legislación sobre el aborto a las obligaciones de derechos humanos de Chile. Suecia acogió con satisfacción la propuesta de una nueva ley contra la discriminación y recomendó a Chile que: c) prohibiera por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la abordara en los programas y políticas de igualdad.
25.	Los Países Bajos pidieron más detalles del proyecto de ley contra la discriminación que estaba sometido al Parlamento. Recomendaron a Chile que: a) exigiera responsabilidades por los abusos de la policía y se cerciorara de que las autoridades civiles investigaran, procesaran y enjuiciaran esos abusos; b) adoptara las medidas necesarias para impedir la proscripción o penalización de las actividades de protesta y las reivindicaciones sociales legítimas de las organizaciones y pueblos indígenas, y examinara las opciones para modificar la Ley antiterrorista Nº 18314 de conformidad con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos; c) prohibiera por ley la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y la abordara en los programas y políticas de igualdad, y utilizara los Principios de Yogyakarta como guía en la formulación de políticas, y d) ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
26.	El Reino Unido señaló que Chile había avanzado notablemente en la labor de garantizar que existieran mecanismos para prevenir abusos como los perpetrados durante la dictadura militar. Alentó a Chile a mantener el impulso estableciendo una institución nacional de derechos humanos. Por lo que respecta al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, preguntó qué medidas se habían adoptado para establecer un mecanismo preventivo nacional.
Observó que la pobreza seguía afectando a la realización de los derechos económicos y sociales. Recomendó que: a) se estableciera un mecanismo nacional de prevención eficaz dentro del plazo de un año estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y se realizaran cuanto antes consultas con la sociedad civil sobre el tipo de mecanismo que sería más apropiado para Chile; b) se adoptaran más medidas para hacer frente a la discriminación contra la mujer y los integrantes de grupos vulnerables, incluidos los niños, las minorías y los indígenas.
27.	Egipto preguntó por la forma en que Chile estaba manejando el delicado equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la justicia y el logro de la armonía y la reconciliación. Egipto también preguntó por las medidas que se estuvieran adoptando para asegurar la plena integración de los diferentes componentes de la sociedad, incluida la comunidad árabe, respetando a la vez sus derechos sociales y culturales.
28. El Japón se refirió a la preocupación que despertaba el insuficiente acceso a la educación de los niños indígenas, los refugiados, los pobres y los habitantes de las zonas rurales. Apoyó las recomendaciones de mejoras hechas por el Comité de los Derechos del Niño y preguntó también por la labor de lucha contra la trata de seres humanos en Chile. Recomendó al país que hiciera más esfuerzos para elaborar y aplicar medidas legislativas y administrativas apropiadas para dar iguales oportunidades de empleo a hombres y mujeres y superar la disparidad salarial.
29.	México recomendó que: a) se revisara y, si fuera necesario, se modificara la legislación para garantizar a todos el derecho a no ser discriminados y eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer; b) se pusieran en práctica los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y se aplicara en su integridad el recientemente ratificado Convenio Nº 169 de la OIT, en particular asegurando la participación de los pueblos indígenas en la esfera política, y se procediera a la demarcación y titularización de las tierras a que se hacía referencia en el informe nacional; c) se fortaleciera la protección judicial a garantizar plenamente el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución.
30.	Dinamarca recomendó a Chile que: a) adoptara todas las medidas necesarias para aplicar el Convenio Nº 169 de la OIT en todos sus aspectos. Solicitó información sobre el proceso de reconocimiento constitucional de las poblaciones indígenas y recomendó que: b) se procediera al reconocimiento en un plazo razonable, sin omitir las consultas a las que se había referido la exposición. También recomendó que: c) se celebraran consultas efectivas y amplias con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en litigio, cosa que había recomendado el Comité de Derechos Humanos en 2007.
31.	Azerbaiyán recomendó que: a) se pusiera fin al enjuiciamiento de civiles en tribunales militares; b) se investigaran a fondo los presuntos casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad y se llevara a los responsables ante la justicia; c) se investigaran exhaustivamente los presuntos casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que trataban los problemas de los mapuches; d) se fortalecieran las medidas para combatir la violencia contra la mujer y para mejorar la situación de representación insuficiente de las mujeres, en particular en el mercado de trabajo; e) se enfrentara el problema de los niños de la calle y el trabajo infantil, así como la discriminación contra los niños indígenas; f) se adoptaran medidas eficaces de lucha contra la trata de seres humanos, incluida la promulgación de legislación específica, y g) prosiguieran los esfuerzos para resolver los problemas de los pueblos indígenas, en particular las cuestiones de la tierra, y se velara por que la Ley antiterrorista no menoscabara sus derechos.
32.	La República Árabe Siria observó que Chile estaba avanzando de forma rápida y decidida en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales, y que había desempeñado un importante papel en la aplicación del mandato del Consejo. Recomendó a Chile que prosiguiera la modernización de su sistema judicial.
33.	Austria recomendó a Chile que: a) intensificara los esfuerzos para demarcar y restituir tierras y consultara sistemáticamente con los indígenas antes de conceder licencias de explotación económica; b) promulgara nueva legislación para seguir fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas. Austria expresó su preocupación por las sentencias penales dictadas contra niños de menos de 16 e incluso de 14 años, y le recomendó que: c) adoptara todas las medidas necesarias para que los menores de 18 años fueran juzgados en toda circunstancia por un sistema de justicia de menores especializado y para que prevaleciera el interés superior de los delincuentes juveniles con miras a su satisfactoria reintegración en la sociedad. La privación de libertad sólo debería emplearse como último recurso en el caso de los niños.
34.	Nueva Zelandia recomendó a Chile que: a) velara por que los grupos indígenas tuvieran la posibilidad de expresar sus opiniones y acceder a los procesos políticos y de decisión pertinentes, así como el apoyo necesario para poder participar de modo significativo en la resolución de las cuestiones que les concernían; b) reforzara las medidas de lucha contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, en especial por medio de iniciativas de educación pública y de igualdad, así como las medidas legislativas para impedir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; c) se comprometiera a promulgar la legislación pendiente sobre la reforma del sistema electoral binominal, el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos y la igualdad entre los géneros para fines de 2010.
35.	Suiza recomendó que: a) se promulgaran y aplicaran leyes eficaces para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer y combatir contra la violencia doméstica, b) se ajustara el sistema de justicia militar a las normas internacionales, para garantizar el derecho a un juicio imparcial, agregando que los civiles no debían ser juzgados por tribunales militares; c) la Ley antiterrorista no se aplicara a actos vinculados con las reclamaciones de los pueblos indígenas.
36.	Bangladesh recomendó a Chile que: a) estableciera una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París para reforzar la adhesión del Gobierno a la promoción y protección de los derechos humanos; b) hiciera las reformas electorales y legislativas apropiadas para ampliar las posibilidades de representación política de los indígenas, en particular las mujeres; c) prestara el debido apoyo de política e institucional para superar las notorias disparidades de los indicadores socioeconómicos entre las poblaciones indígenas y no indígenas; d) agilizara la investigación y el enjuiciamiento de los casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, con el fin de proporcionar reparación e indemnización suficientes a las víctimas y sus familias; e) protegiera los derechos de la familia -elemento natural y fundamental de la sociedad basado en la relación estable entre un hombre y una mujer- consagrados en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
37.	Finlandia recomendó a Chile que: a) revisara la legislación que penalizaba la interrupción de embarazo en todas las circunstancias, incluso en los casos de violación, incesto y las situaciones en que corre peligro la vida de la madre, y difundiera públicamente información sobre planificación familiar y control de la fecundidad; b) promoviera un diálogo constructivo entre las autoridades y los indígenas y sus organizaciones. Chile debía promover la participación de los indígenas en la formulación y aplicación de las leyes y los programas que los afectaran y asignar recursos a ese fin.
38.	Alemania solicitó información sobre la participación de la sociedad civil en el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos y la cooperación con la oficina del ACNUDH en el país. Alemania recomendó a Chile que cumpliera plenamente todas las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los demás tratados internacionales de derechos humanos en que era parte, y que revisara la legislación nacional que pudiera seguir siendo incompatible con esas obligaciones.
39. Turquía pidió más información sobre las medidas legislativas que había que adoptar para abrogar la sociedad conyugal como régimen legal supletorio. Teniendo en cuenta la opinión expresada por el Comité de los Derechos del Niño sobre el acceso a la educación de los pueblos indígenas, Turquía alentó a Chile a que, para superar este problema, aumentara las asignaciones presupuestarias destinadas a la educación. Turquía preguntó qué avances se habían hecho en el establecimiento de un mecanismo de derechos humanos conforme a los Principios de París.
40. Los Estados Unidos preguntaron si se estaban realizando otros esfuerzos para reducir la violencia doméstica contra la mujer y cómo se proponía el Gobierno proseguir y ampliar esos esfuerzos. Recomendaron a Chile que cooperara con las organizaciones no gubernamentales (ONG) pertinentes en la creación de programas de formación para los agentes del orden, los jueces y otros sobre la violencia en el hogar, grave problema que debía resolverse por conducto del sistema judicial y no permanecer oculto en la esfera doméstica.
41.	Marruecos puso de relieve el establecimiento del Centro Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en la ciudad chilena de Coquimbo. Preguntó por el valor agregado de dos proyectos de ley sobre la migración y el estatuto de los refugiados en comparación con los instrumentos vigentes y por la aplicación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Recomendó a Chile que: a) estableciera una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París; y b) fortaleciera y desarrollara la experiencia que ya tenía en materia de reforma del sistema educativo promoviendo la cultura de derechos humanos con su integración en los programas escolares, en particular en las áreas rurales.
42. La India observó que se había expresado una cierta preocupación por la necesidad de agilizar el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París y una Defensoría de las Personas autónoma. Solicitó a la delegación de Chile que presentara más información sobre el tema y sobre las dificultades que enfrentaba para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.
43.	La República de Corea consideró que la trayectoria de Chile hacia la democracia y la labor de defensa de los derechos humanos de su Gobierno eran buenas prácticas que podían servir de ejemplo a otros países. Solicitó información sobre la experiencia de Chile en el manejo del equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la justicia por una parte, y el logro de la reconciliación, por otra.
44.	Nigeria se refirió al establecimiento de la Oficina Nacional de Retorno, destinada a facilitar la reintegración de los exiliados políticos y la aplicación de políticas de igualdad ante la ley y no discriminación contra grupos vulnerables. Recomendó la rápida aprobación de los proyectos de ley de creación de una institución nacional de derechos humanos y la Defensoría de las Personas, que reforzarían la promoción y protección de los derechos humanos de todos los chilenos.
45.	Chile indicó que se estaba examinando un texto para reconocer la naturaleza multicultural de la sociedad chilena en la Carta Fundamental del país, así como los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, en particular la protección de sus tierras y sus recursos hídricos, su participación en los procesos de decisión y la promoción de sus culturas y tradiciones. Este importante paso era el resultado de un amplio proceso de consulta nacional con los pueblos indígenas, dado que Chile esperaba incorporar mediante el diálogo las opiniones de toda la sociedad, y en especial de los pueblos indígenas.
46.	La participación política de los pueblos indígenas en Chile se concretaba de dos maneras: en el reconocimiento constitucional de su derecho de participar en consultas sobre los futuros proyectos de ley que crearían una entidad independiente, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y en propuestas de cupos especiales para su participación en el Congreso Nacional y los Consejos Regionales.
47. La Ley antiterrorista chilena no podía aplicarse según consideraciones étnicas, religiosas o políticas, sino sólo en función de la gravedad del delito cometido. Chile reiteró su determinación de investigar exhaustivamente y de forma transparente los casos de uso desproporcionado de la fuerza pública y aplicar sanciones con arreglo a la ley.
48.	La Ley indígena de Chile, que consagraba el acceso al derecho de las comunidades indígenas a poseer tierras y agua, se aplicaba por medio de la Política de Tierras y Aguas, que reconocía la posesión ancestral de esos recursos. Este procedimiento había sido reconocido por los pueblos indígenas y la sociedad en general como un mecanismo eficaz. Para Chile, el desafío era crear, junto con la adquisición y la entrega de tierras y aguas, métodos de desarrollo productivo acordes a la realidad de cada grupo indígena.
49.	En el marco de su nueva política indígena Re-conocer, Chile contaba con un plan para la aplicación participativa del Convenio Nº 169, por medio de consultas sobre cuestiones que podían afectar a las comunidades indígenas y de un Código de Conducta Responsable para los inversores públicos y privados. Chile seguiría las recomendaciones formuladas sobre la adopción y el logro de los objetivos de las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, importante instrumento político.
50. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile y el Ministerio de Educación habían elaborado programas de educación intercultural bilingüe. Además, la Ley general de educación, recientemente aprobada, contemplaba la protección y promoción de las lenguas indígenas, el fomento de la creación de métodos pedagógicos y la adaptación de los planes de estudio de las instituciones educativas en Chile.
51.	Chile había ido reduciendo los niveles de pobreza y pobreza extrema de su población. La diferencia entre la pobreza indígena y no indígena había descendido y Chile se proponía reducirla aún más por medio de políticas pertinentes.
52. El servicio de policía de Chile se preocupaba constantemente de evitar las conductas inapropiadas y todas las acusaciones se examinaban. Todos los agentes de policía de Chile debían seguir y aprobar cursos de derechos humanos, y todas las acusaciones contra la policía eran objeto de investigación.
53.	Chile estaba reformando el sistema de justicia militar, previendo suprimir su jurisdicción sobre los civiles. Chile había transformado la ley de "obediencia debida" en una "obediencia reflexiva", que permitía a un subordinado desobedecer una orden que supondría la comisión de un delito. Los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos del pasado podían acogerse a la objeción de conciencia al servicio militar.
54.	Entre 1990 y la fecha, Chile había avanzado en la reducción de la mortalidad materna, de 120 a menos de 50 muertes por 100.000 nacidos vivos. En lo que respecta al aborto, se había pasado de 60 muertes anuales a 17.
55.	Por medio de los programas de planificación familiar, el acceso a métodos anticonceptivos modernos había aumentado un 34% entre 1990 y 2006, y era posible acceder a servicios obstétricos completos, también en el caso de complicaciones derivadas de un aborto. La anticoncepción de emergencia estaba disponible por orden expresa del Ministerio de Salud. La esterilización forzada era ilegal en Chile. El aborto inducido estaba prohibido por ley y el tema estaba siendo debatido en la sociedad.
56.	Como se había explicado recientemente al Comité contra la Tortura, la atención médica no estaba condicionada a la declaración del origen de la enfermedad o herida que presentaba el paciente. Según el Código Penal, un profesional podía ser acusado judicialmente de negación de asistencia. El Ministerio de Salud había especificado que, aunque el aborto era ilegal, no se debía forzar a las mujeres a hacer una declaración de responsabilidad antes de recibir atención médica por heridas resultantes de un aborto.
57. A la sazón, Chile estaba trabajando en un proyecto de ley que contaba con el apoyo político del Gobierno, la oposición y la sociedad civil para mejorar el régimen patrimonial de sociedad conyugal.
58.	En 1991, Chile había creado el Servicio Nacional de la Mujer para encabezar el proceso de eliminación de la discriminación contra la mujer. Terminar con la violencia contra la mujer era una prioridad para la Presidenta, que había establecido la Agenda de Género 2006-2010 como instrumento técnico y político para integrar la perspectiva de género en las políticas públicas. Chile había establecido 58 centros para mujeres y 16 refugios.
59.	El castigo corporal de los niños estaba prohibido en Chile y el Código Civil estipulaba que la facultad de corregir a los hijos debería ejercerse en conformidad a la ley y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
60.	La política migratoria de Chile se basaba en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación de residencia. En 2007 Chile había iniciado su segundo proceso de regularización, que había permitido a 50.000 extranjeros obtener permisos de residencia y, por consiguiente, acceder a oportunidades de empleo y a la seguridad social. Dada la magnitud de las corrientes migratorias que había recibido, Chile estaba trabajando en una nueva ley sobre migración, conforme a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
61. En lo que respecta a los refugiados, Chile había mantenido una política de solidaridad destinada a integrar a los refugiados y los solicitantes de asilo. Desde 1997, había colaborado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en programas de reasentamiento y acogido a personas de más de 10 países. El caso más reciente era el de 116 ciudadanos palestinos.
62.	En relación con la trata de personas, Chile había ratificado el Protocolo de Palermo y estaba redactando una ley que tipificara ambos delitos y estableciera medidas de asistencia a las víctimas y medidas de prevención.
63. Bolivia (Estado Plurinacional de) pidió a Chile más información sobre el grado de participación de los pueblos indígenas en la aprobación en el Congreso de leyes que los afectaran, y sobre las medidas que se adoptarían para aplicar el Convenio Nº 169 de la OIT. Recomendó a Chile que: a) considerara la posibilidad de promover una participación más efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones políticas; y b) siguiera fortaleciendo los mecanismos de protección de los derechos de la mujer, en especial las mujeres indígenas.
64.	Guatemala recomendó que: a) en consulta con los pueblos indígenas, se siguiera atendiendo a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y b) se siguieran adoptando las medidas jurídicas o administrativas que se estimaran apropiadas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Guatemala observó que Chile sólo reconocía en situaciones especiales el derecho de acceso de los migrantes indocumentados a la atención de la salud y la educación, y preguntó cómo se proponía garantizar a todos los migrantes el acceso a los servicios de salud y educativos.
65.	Argentina recomendó que: a) prosiguieran los esfuerzos para eliminar todos los impedimentos que obstaculizaran la justicia; b) se ratificara la Convención sobre los crímenes de guerra y se aceptara el Estatuto de Roma; c) prosiguieran los esfuerzos por revisar la jurisdicción militar en lo que concierne a los civiles y reformar el Código de Justicia Militar en consecuencia; d) se ratificara la Convención y se aceptara la competencia del Comité en materia de desapariciones forzadas. La Argentina felicitó a Chile por la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Violencia contra la Mujer y le recomendó que: e) reformara el régimen patrimonial de sociedad conyugal para cumplir las diversas obligaciones internacionales contraídas.
66.	Francia preguntó qué plazos preveían las autoridades chilenas para la revisión de la Ley de amnistía de 1978. Dijo que las mujeres, las minorías sexuales y los pueblos indígenas seguían siendo víctimas de diferentes tipos de discriminación en varios niveles, y preguntó cómo se proponía Chile mejorar esta situación. Le recomendó que: a) revisara las disposiciones aplicables al funcionamiento de los tribunales militares en tiempo de paz para cumplir con las normas internacionales; b) ratificara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y c) ratificara el Estatuto de Roma.
67.	La Santa Sede observó que Chile se había comprometido a mejorar la situación de la población indígena y que se habían restituido tierras, pero expresó preocupación por la lentitud del proceso. Preguntó al Gobierno cómo planeaba responder a este desafío. La Santa Sede le recomendó a Chile que siguiera adhiriendo a los valores culturales y religiosos que conformaban la identidad del país en defensa del derecho a la vida y los derechos de la familia.
68.	El Líbano recomendó a Chile que mantuviera su empeño y prosiguiera sus actividades, incluido el establecimiento de instituciones y comisiones, en defensa de los derechos humanos. Pidió aclaraciones sobre la situación de la Ley de menores de 1967, las nuevas políticas sociales centradas en el desarrollo y las dificultades para cambiar el anterior sistema de seguridad social.
69.	Italia recomendó que: a) se intensificaran los esfuerzos en pos del pleno respeto de los derechos del pueblo mapuche y su protección de prácticas discriminatorias; b) se derogara la Ley de amnistía promulgada durante el régimen militar; c) se considerara la posibilidad de eliminar totalmente la pena de muerte del ordenamiento jurídico chileno, incluidas las normas del Código de Justicia Militar que aún la preveían en ciertos casos.
70.	El Pakistán observó que algunos problemas, como el mantenimiento de la jurisdicción militar sobre los civiles, la validez de la Ley de amnistía de 1978 para los crímenes de lesa humanidad y la falta de reconocimiento constitucional de la población indígena habrían tenido resonancia en la población civil. Recomendó que, en consonancia con la voluntad expresada por la actual administración: a) se agilizara el proceso legislativo de creación de la institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París, así como la Defensoría de las Personas propuesta y; b) se promulgara y aplicara la legislación necesaria para proteger a las mujeres de todas las formas de violencia, garantizarles el derecho a igual remuneración y reforzar su participación en las decisiones públicas.
71.	Palestina observó que Chile había establecido un sistema para supervisar la aplicación de las recomendaciones formuladas por los órganos nacionales de derechos humanos. Elogió a Chile por su participación en el "Plan de Acción de México", programa solidario de reasentamiento para los refugiados en cuyo marco centenares de refugiados palestinos habían sido alentados desde 2007 a asentarse en el país que los había acogido debidamente. Recomendó a Chile que perseverara en su empeño de promover y proteger los valores universales de los derechos humanos, especialmente por medio del fortalecimiento del estado de derecho.
72.	El Perú pidió más información con respecto al alcance de la Ley de transparencia y acceso a la información, que entró en vigor el 20 de abril de 2009, y sobre las excepciones contempladas en ésta. El Perú también preguntó qué políticas y medidas había concebido Chile para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de los migrantes. Recomendó: a) la creación a la mayor brevedad posible de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París, y b) la aprobación sin demora del plan de acción nacional de derechos humanos.
73.	Uzbekistán recomendó a Chile que: a) adoptara medidas apropiadas para prevenir la tortura, asegurar la investigación rigurosa e independiente de todas las denuncias de tortura y velar por que la ley que definiera la tortura se ajustara al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; b) investigara exhaustivamente todas las formas de violación de los derechos humanos, en particular de las personas detenidas en operaciones de la policía; c) adoptara las medidas jurídicas y administrativas adecuadas y el plan de acción nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas; d) luchara debidamente contra las peores formas de trabajo infantil y las erradicara; e) ratificara la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; y f) estableciera una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París.
74.	Nicaragua felicitó a Chile por haber alcanzado el segundo lugar de América Latina y el Caribe en el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, observó que Chile no había establecido una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París, plenamente independiente de las demás instituciones del Estado. Nicaragua recomendó a Chile que: a) acelerara este proceso de reforma; y b) aprobara sin demora una reforma del Código de Justicia Militar, para ajustar su sistema judicial a las normas internacionales de derechos humanos. Nicaragua solicitó más información sobre el programa chileno de concesión de infraestructura penitenciaria.
75.	Ucrania valoró, entre otras cosas, el establecimiento de un sistema integral de protección del niño, así como las medidas para reforzar las disposiciones constitucionales sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Recomendó a Chile que: a) velara en mayor medida por la aplicación de la legislación que garantiza los principios de no discriminación y adoptara una estrategia para eliminar todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de género; y b) prosiguiera e intensificara los esfuerzos para armonizar la legislación nacional, en particular el Código Penal, con los instrumentos ratificados.
76.	España recomendó a Chile que: a) firmara y ratificara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; b) estableciera cuanto antes instituciones públicas que velaran por el respeto de los derechos humanos, en particular la Defensoría de las Personas -que el Parlamento venía debatiendo desde 2008- y el Instituto Nacional de Derechos Humanos -que también se encontraba paralizado en el Congreso; c) mejorara la situación de la mujer, ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y promulgara y aplicara legislación específica sobre la violencia contra la mujer que garantizara sus derechos sexuales y reproductivos; d) reconociera a los pueblos indígenas en su Constitución a fin de aplicar las recomendaciones pendientes del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y reconociera la contribución de los indígenas a la identidad del pueblo chileno; e) eliminara la posibilidad de aplicar la jurisdicción militar a los civiles.
77.	El Paraguay instó a Chile a que prosiguiera los esfuerzos para encontrar formas de reparar las violaciones cometidas contra los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular las familias de las personas desaparecidas. Paraguay se refirió a las conclusiones de los órganos interamericanos de promoción y protección de los derechos humanos y pidió a Chile que diera más detalles de su participación en las causas sometidas a esos órganos.
78.	Ghana tomó nota, entre otras cosas, del establecimiento de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Foro para el Diálogo. Recomendó a Chile que: a) reforzara el proceso de reparación para que la mayor cantidad posible de víctimas pudiera beneficiarse de las medidas de resarcimiento, y b) agilizara el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París y una Defensoría de las Personas y elaborara un plan nacional de derechos humanos.
79.	Guinea Ecuatorial acogió con satisfacción, entre otras cosas, la creación de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas y el apoyo al sistema educativo, que ofrecía educación gratuita y obligatoria, a nivel primario y secundario; y la adopción de un segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010 y de la Agenda de Equidad de Género 2006-2010 del Gobierno. Preguntó qué medidas se estaban adoptando para luchar contra la trata y la prostitución.
80.	Letonia se refirió a la mejora de diversos indicadores sociales, como la cobertura de la enseñanza primaria y secundaria y el avance en la reducción de la pobreza. Acogió con satisfacción la decisión de cursar una invitación abierta y permanente a todos los procedimientos especiales e invitó a los demás países a seguir el ejemplo de Chile.
81.	Colombia preguntó de qué manera la indemnización a las víctimas reconocidas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación se complementaba con las indemnizaciones ordenadas por los jueces por la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Colombia recomendó a Chile que: a) prosiguiera los esfuerzos para que el Congreso aprobara el Estatuto de Roma, y b) en lo que hacía al juicio y castigo de los agentes del Estado responsables de violaciones graves de los derechos humanos, siguiera proporcionando al poder judicial todos los recursos y el apoyo necesarios para que pudieran resolverse las 338 causas penales pendientes a las que se hacía referencia en el párrafo 27 del informe nacional.
82. El Uruguay se refirió a la labor de Chile para prevenir la impunidad por las violaciones de derechos humanos del pasado, sustentada en tres pilares: verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. El Uruguay recomendó: a) la continuación y profundización del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2000-2010 y la Agenda de Equidad de Género 2006-2010 del Gobierno con el fin de eliminar completamente la discriminación contra la mujer en el trabajo, los cargos directivos, la administración de la propiedad conyugal y la sociedad en su conjunto; y b) la continuación y profundización del respeto por los pueblos indígenas, reconociendo su riqueza cultural y facilitando su participación en los asuntos nacionales y comunitarios, en particular los que les concernían directamente, como la propiedad y el uso de las tierras, con miras a eliminar todo tipo de discriminación contra los indígenas o sus comunidades.
83.	La República Checa recomendó a Chile que: a) impartiera educación y capacitación específica y práctica en materia de derechos humanos a todos los funcionarios penitenciarios, carabineros, miembros de la policía de investigaciones y agentes de la gendarmería, les exigiera plena responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos que pudieran cometer y garantizara recursos efectivos a las víctimas, y b) revisara el artículo 373 del Código Penal de modo de impedir su aplicación abusiva para perseguir a integrantes de las minorías sexuales. La República Checa acogió con satisfacción la promulgación de legislación destinada a erradicar la violencia contra la mujer y recomendó que: c) se difundiera ampliamente esta legislación entre la ciudadanía, se registraran todos los casos de violencia y se investigaran sin demora todas las denuncias; d) el Gobierno suprimiera la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y revisara las normas de procedimiento penal para ajustarlas plenamente a las normas internacionales del juicio imparcial, y respaldara plenamente el proyecto de ley redactado con tal fin; e) revisara las leyes antiterroristas y su aplicación, de modo que no pudiera hacerse de ellas un uso abusivo para perseguir a integrantes de la comunidad mapuche por sus actividades políticas o religiosas; f) promulgara una legislación nacional sobre los refugiados para garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos, en particular la protección del principio de no devolución, y prestara especial atención a las medidas de protección de grupos vulnerables como las mujeres en situación de riesgo, las víctimas de tortura y los niños no acompañados.
84.	El Ecuador puso de relieve los esfuerzos y la voluntad política de Chile para asignar recursos a los programas de salud, educación y reducción de la pobreza, como Chile Solidario y el Plan AUGE. Preguntó qué medidas se habían adoptado con respecto a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de que se garantizase a los niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes la tramitación expedita de su inscripción y documentos de identidad, para que no se viesen privados de acceso a los servicios de salud o a la educación.
85.	Eslovenia celebró, entre otras cosas, la mejora de la asistencia social y el aumento de la matriculación de los niños más pobres. Recomendó a Chile que siguiera aumentando la asignación presupuestaria del sector educativo, se concentrara en mejorar la calidad general de la educación, en particular en las zonas rurales, y extendiera el programa intercultural bilingüe para los pueblos indígenas.
86.	Viet Nam elogió a Chile por su cooperación con los procedimientos especiales. Como observaba que la protección de los derechos de los grupos vulnerables, en particular los pueblos indígenas, era uno de los principales desafíos a los que se enfrentaba Chile, Viet Nam le recomendó que siguiera reforzando las medidas y mecanismos destinados a superarlo.
87.	El Canadá expresó su preocupación por que, en determinados casos, el Gobierno de Chile hubiera respondido a indígenas que reclamaban sus derechos con intimidación policial y la aplicación de la Ley antiterrorista. Recomendó a Chile que: a) redoblara sus esfuerzos para reconocer los derechos de los indígenas e incluirlos efectivamente en la estructura jurídica y administrativa de Chile, y tratara las reivindicaciones de tierras con los pueblos y comunidades indígenas en un proceso efectivo de diálogo y negociación; b) modificara la legislación pertinente de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos a fin de resolver la cuestión de las amnistías concedidas a los culpables de violaciones de los derechos humanos; c) ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y d) reformara la jurisdicción de los tribunales militares para que no pudieran entender de causas civiles, de conformidad con las normas internacionales.
88.	Chile dijo que, aunque la no discriminación estaba consagrada en la Constitución, el Congreso estaba debatiendo un proyecto de ley que establecía medidas contra la discriminación. Chile tenía un plan nacional contra el racismo y de promoción de buenas prácticas no discriminatorias que incluía campañas de educación.
89.	Chile había reformado el procedimiento penal. El Congreso estaba estudiando un anteproyecto para enfrentar el problema del hacinamiento en las prisiones. Chile estaba trabajando en la infraestructura penitenciaria y en medidas específicas para la justicia de menores y adolescentes, que comprendían las sanciones ambulatorias.
90.	El Decreto de Amnistía, que se refería a los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1978, no había sido aplicado por los Tribunales Superiores de Justicia de Chile desde 1998 en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, con el argumento de la primacía de los principios del derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
91.	En lo que respecta al cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Sr. Almonacid Arellano, había una investigación en curso de esa grave violación de los derechos humanos y el Ministerio del Interior de Chile estaba colaborando como parte interesada.
92.	Chile había aplicado diversas medidas de reparación por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. Una de las más importantes había sido el establecimiento de dos Comisiones de la Verdad, una para las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y otra para las víctimas de prisión y tortura. Se habían redactado importantes leyes de resarcimiento a partir de las recomendaciones de esas Comisiones. También se había dado importancia a las reparaciones simbólicas, como los monumentos en memoria de las víctimas y la inauguración, a fines de 2009 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que incluiría archivos de la dictadura militar de 1973 a 1990.
93. Chile estaba cumpliendo con los ODM, una tarea muy importante para el desarrollo económico y social.
94.	El país aguardaba con interés la posible visita del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Se trataba de una prioridad para Chile, país en el que todos los niños tenían derecho a la educación en el marco del programa Chile Crece Contigo.
95. Chile se comprometió a aplicar muchas de las recomendaciones para su próximo examen.
96. Chile examinó las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y dio su apoyo a las que figuran a continuación:
1. Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Francia, Brasil, España), aceptarlo (Argentina) y proseguir los esfuerzos para que el Congreso lo apruebe (Colombia);
2. Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Brasil, España, Francia) y aceptar la competencia del correspondiente Comité (Argentina);
3. Considerar positivamente (Canadá) la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Países Bajos, España);
4.	Aplicar los objetivos voluntarios en la esfera de los derechos humanos de la resolución 9/12 del Consejo de Derechos Humanos (Brasil);
5.	Fortalecer institucionalmente la protección judicial a fin de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución (México);
6.	Proseguir e intensificar los esfuerzos para armonizar la legislación nacional, en particular el Código Penal, con los instrumentos ratificados (Ucrania);
7.	Comprometerse a promulgar la legislación mencionada en su informe nacional (A/HRC/WG.6/5/CHL/1) para fortalecer la protección de los derechos humanos en el país, en particular la reforma del sistema electoral, el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos y varias normas sobre igualdad entre hombres y mujeres (Nueva Zelandia);
8.	Asegurar el pleno cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los demás tratados internacionales de derechos humanos en que es parte, y revisar la legislación nacional que pueda seguir siendo incompatible con esas obligaciones (Alemania);
9.	Mantener su empeño y proseguir las actividades de consolidación del sistema democrático, sobre la base de la protección de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos y la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las violaciones cometidas en el pasado (Líbano);
10.	Acelerar las reformas (Nicaragua) para establecer cuanto antes (Perú), mediante esfuerzos decididos (Malasia), y por la vía legislativa (Pakistán), una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París (Uzbekistán, Marruecos, Bangladesh);
11.	Velar por la pronta aprobación de los proyectos de ley sobre el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos y la Defensoría de las Personas (España, Nigeria, Pakistán, Ghana);
12. Proseguir la modernización del sistema judicial (República Árabe Siria);
13. Proporcionar al poder judicial todos los recursos y el apoyo necesarios, para que puedan resolverse las 338 causas penales pendientes (Colombia);
14.	Establecer un mecanismo nacional de prevención eficaz dentro del plazo de un año estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y realizar cuanto antes consultas con la sociedad civil sobre el tipo de mecanismo que sería más apropiado (Reino Unido);
15. Elaborar un plan nacional de derechos humanos (Ghana) y aprobarlo sin demora (Perú);
16.	Adoptar medidas jurídicas y administrativas adecuadas y el plan de acción nacional para asegurar la observancia plena de los derechos de los pueblos indígenas (Uzbekistán);
17.	Fortalecer y desarrollar la experiencia que ya tiene en materia de reforma del sistema educativo promoviendo la cultura de derechos humanos mediante su integración en los programas escolares, en particular en las zonas rurales (Marruecos);
18.	Seguir reforzando las medidas y mecanismos para superar los desafíos vinculados a la protección de los derechos de los grupos vulnerables, en particular los pueblos indígenas (Viet Nam) y las mujeres indígenas (Estado Plurinacional de Bolivia);
19.	Adoptar nuevas medidas para hacer frente a la discriminación contra la mujer y los miembros de grupos vulnerables, incluidos los niños, las minorías y los indígenas (Reino Unido), e intensificar los esfuerzos en pos del pleno respeto de sus derechos y su protección contra las prácticas discriminatorias (Italia);
20.	Velar en mayor medida por la aplicación de la legislación que garantiza los principios de no discriminación y adoptar una estrategia integral para eliminar todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de género (Ucrania); revisar y, si es necesario, modificar la legislación para garantizar a todos el derecho a no ser discriminados y, en particular, a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (México);
21.	Seguir adoptando las medidas jurídicas o administrativas que se estimen apropiadas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos (Guatemala);
22.	Mejorar la situación de la mujer y aplicar las disposiciones legislativas específicas sobre la violencia contra la mujer y las que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer (España);
23.	Aprobar y aplicar leyes eficaces para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer y combatir la violencia doméstica (Suiza); fortalecer las medidas (Azerbaiyán); hacer nuevos esfuerzos y fijar metas específicas para reducir el número de casos de violencia doméstica, en particular por medio de mecanismos e instituciones que protejan a la mujer contra este tipo de violencia (Noruega); promulgar la legislación pertinente para dar a las mujeres toda la protección necesaria y velar por su aplicación efectiva (Pakistán), difundir esta legislación entre la ciudadanía; registrar todos los casos de violencia e investigar sin demora todas las denuncias (República Checa);
24.	Cooperar con las ONG pertinentes en la creación de programas de formación para los agentes del orden, los jueces y otros sobre la violencia doméstica, problema grave que debe resolverse por conducto del sistema judicial y no permanecer oculto en la esfera doméstica (Estados Unidos);
25.	Hacer nuevos esfuerzos para formular y aplicar medidas legislativas y administrativas apropiadas para dar iguales oportunidades de empleo a hombres y mujeres y superar la disparidad salarial (Japón); mejorar la situación de representación insuficiente de las mujeres, por ejemplo en el mercado de trabajo (Azerbaiyán); adoptar medidas eficaces para eliminar los numerosos obstáculos que impiden a las mujeres entrar al mercado laboral, incorporar en la legislación el principio de igual remuneración por igual trabajo el requisito de que los empleadores lo cumplan escrupulosamente (Argelia); promulgar legislación que prevea el derecho de las mujeres a igual remuneración y velar por su aplicación efectiva, y aumentar su participación en las decisiones públicas (Pakistán);
26.	Continuar y profundizar el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Agenda de Equidad de Género del Gobierno para eliminar completamente la discriminación contra la mujer en el trabajo, los cargos directivos, la administración de la propiedad conyugal y la sociedad en su conjunto (Uruguay);
27.	Reforzar las medidas contra las actitudes discriminatorias en la sociedad, por ejemplo iniciativas de educación pública y de igualdad y medidas legislativas para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (Nueva Zelandia);
28.	Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y abordarla en los programas y políticas de igualdad (Suecia) y utilizar los Principios de Yogyakarta como guía en la formulación de políticas (Países Bajos);
29.	Revisar el artículo 373 del Código Penal de modo de impedir su aplicación abusiva para perseguir a integrantes de las minorías sexuales (República Checa);
30.	Considerar la posibilidad de eliminar totalmente la pena de muerte del sistema jurídico, incluidas las normas del Código de Justicia Militar que aún la prevén en ciertos casos (Italia);
31.	Proseguir los esfuerzos para encontrar formas de reparar las violaciones de los derechos humanos cometidas contra sus ciudadanos, en particular las familias de las personas desaparecidas (Paraguay);
32.	Impulsar cada vez más la política de prevención, lucha y eliminación de la tortura, entre otras cosas mediante la adopción de una mejor definición de tortura conforme al artículo 1 de la Convención contra la Tortura (Brasil);
33.	Adoptar medidas apropiadas para prevenir la tortura y asegurar la investigación debida e independiente de todas las denuncias de tortura, y velar por que la ley que defina la tortura se ajuste al artículo 1 de la Convención contra la Tortura (Uzbekistán);
34.	Investigar a fondo los presuntos casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad y llevar a los responsables ante la justicia (Azerbaiyán);
35.	Proseguir la reforma y la renovación de su sistema penitenciario, a fin de mejorar la situación de los reclusos (Noruega);
36.	Adoptar nuevas medidas para luchar contra la trata de seres humanos, como la promulgación de legislación específica (Azerbaiyán) y la realización de un estudio exhaustivo de las causas y la amplitud de la trata de personas, que contemple los países de origen, tránsito y destino (Malasia);
37.	Proseguir los esfuerzos para eliminar todos los impedimentos que obstaculizan la justicia (Argentina);
38.	Modificar la legislación pertinente de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos a fin de resolver la cuestión de las amnistías concedidas a los culpables de violaciones de los derechos humanos (Canadá);
39.	Considerar la posibilidad de derogar la Ley de amnistía promulgada durante el régimen militar (Italia);
40.	Proseguir la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, con particular atención a los derechos de los pueblos indígenas (Brasil);
41.	Perseverar en su determinación de promover y proteger los valores universales de los derechos humanos, especialmente por medio del fortalecimiento del estado de derecho (Palestina);
42.	Exigir mayor responsabilidad por los abusos de la policía y velar por que las autoridades civiles investiguen, procesen y enjuicien esos abusos (Países Bajos);
43.	Investigar exhaustivamente todas las formas de violación de los derechos humanos, en particular de las personas detenidas en operaciones de la policía (Uzbekistán);
44.	Seguir impartiendo educación y capacitación específica y práctica en materia de derechos humanos a todos los funcionarios penitenciarios, carabineros, la policía de investigaciones y la gendarmería, exigirles plena responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos que puedan cometer y garantizar a las víctimas el acceso a recursos efectivos (República Checa);
45. Agilizar más la investigación y el juicio de los casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, con el fin de proporcionar reparación e indemnización suficientes a las víctimas y sus familias (Bangladesh), y llevar a buen término el actual proceso de reparación para que la mayor cantidad posible de víctimas pueda beneficiarse de las medidas de resarcimiento (Ghana);
46.	Revisar las disposiciones aplicables al funcionamiento de los tribunales militares en tiempo de paz para cumplir con las normas internacionales (Francia) y aprobar una reforma del Código de Justicia Militar que permita ajustar su sistema judicial a las normas internacionales de derechos humanos (Nicaragua);
47.	Proseguir los esfuerzos para revisar la jurisdicción militar en lo que atañe a los civiles y reformar el Código de Justicia Militar en consecuencia (Argentina);
48. Eliminar la posibilidad de aplicar la jurisdicción militar a los civiles (España); revisar la legislación para poner fin al enjuiciamiento de civiles por los tribunales militares (Azerbaiyán); ajustar el sistema de justicia militar a las normas internacionales para garantizar el derecho a un juicio imparcial (Suiza);
49.	Suprimir la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y revisar las normas de procedimiento penal para ajustarlas plenamente a las normas internacionales de juicio imparcial, y respaldar plenamente el proyecto de ley redactado con tal fin (República Checa); cerciorarse de que la reforma de la jurisdicción de los tribunales militares disponga que éstos no pueden entender de causas civiles, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (Canadá, Suiza);
50.	Adoptar todas las medidas necesarias para que las personas de entre 14 y 18 años de edad sean en toda circunstancia juzgadas por un sistema de justicia de menores especializado, que prevalezca el interés superior de los delincuentes juveniles con miras a su satisfactoria reintegración en la sociedad y que la privación de libertad sólo se emplee como último recurso en el caso de los niños (Austria);
51.	Reformar el régimen patrimonial de sociedad conyugal para cumplir las diferentes obligaciones internacionales contraídas (Argentina);
52.	Seguir adhiriéndose a los principios y valores que conforman la identidad del país para promover el derecho a la vida y los derechos de la familia (Santa Sede);
53.	Luchar debidamente contra las peores formas de trabajo infantil y erradicarlas (Uzbekistán) y seguir enfrentando el problema de los niños de la calle y el trabajo infantil, así como la discriminación contra los niños indígenas (Azerbaiyán);
54.	Intensificar la labor para mejorar la situación de la población indígena (Noruega) y los esfuerzos para aliviar la pobreza, entre otras cosas mediante programas dirigidos a los indígenas (Malasia);
55. Seguir aumentando la asignación presupuestaria del sector educativo, concentrarse en mejorar la calidad general de la educación, en particular en las zonas rurales, y extender el programa intercultural bilingüe para los pueblos indígenas (Eslovenia);
56.	Seguir garantizando a todos los niños -especialmente los de las comunidades indígenas, los niños refugiados y los niños de familias de zonas rurales o bajo el umbral de pobreza- un acceso efectivo a la educación, y adoptar medidas eficaces de lucha contra los factores que los excluyen del sistema educativo (Argelia);
57.	Completar el proceso de reconocimiento constitucional de las poblaciones indígenas, mediando las debidas consultas mencionadas en la exposición de Chile (Dinamarca);
58.	Completar el proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas en su Constitución, aplicar las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y reconocer la contribución de los indígenas a la identidad del pueblo chileno (España);
59.	Introducir legislación para seguir fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas (Austria);
60.	Seguir prestando el debido apoyo de política e institucional para superar las notorias disparidades de los indicadores socioeconómicos entre las poblaciones indígenas y no indígenas (Bangladesh);
61.	Seguir prestando particular atención a los pueblos indígenas en la ejecución de los programas de reducción y alivio de la pobreza, y velar por la eliminación de las medidas discriminatorias de que puedan ser objeto (Argelia);
62.	Considerar la posibilidad de promover una participación más efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones políticas (Estado Plurinacional de Bolivia); hacer las reformas electorales y legislativas apropiadas para ampliar las posibilidades de representación política de los indígenas, en particular las mujeres (Bangladesh); velar por que los grupos indígenas tengan más posibilidades de expresar sus opiniones y acceso a los procesos políticos y de decisión pertinentes, así como el apoyo necesario para poder participar de modo significativo en la resolución de las cuestiones que les concierna (Nueva Zelandia);
63.	Promover un diálogo constructivo entre las autoridades y los indígenas y sus organizaciones y la participación de los indígenas en la formulación y aplicación de las leyes y los programas que los afecten, y asignar recursos a ese fin (Finlandia);
64.	Proseguir y profundizar el respeto por los pueblos indígenas reconociendo su riqueza cultural y facilitando su participación en los asuntos nacionales y comunitarios, en particular los que les conciernan directamente, como la propiedad y el uso de las tierras, con miras a eliminar todas las discriminaciones contra los indígenas y sus comunidades (Uruguay);
65.	Intensificar sus esfuerzos para reconocer los derechos de los indígenas e incluirlos efectivamente en la estructura jurídica y administrativa de Chile, y tratar las reivindicaciones de tierras de los pueblos y comunidades indígenas mediante un proceso efectivo de diálogo y negociación (Canadá);
66.	Adoptar todas las medidas necesarias para completar el proceso de aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Dinamarca); en consulta con los pueblos indígenas, seguir atendiendo a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT y los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Guatemala) y, en particular, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la esfera política y continuar el proceso de transferencia de tierras debidamente demarcadas y titularizadas (México);
67.	Aumentar las consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en litigio (Dinamarca); intensificar los esfuerzos para transferir las tierras y consultar sistemáticamente a los indígenas antes de conceder licencias de explotación económica (Austria); y proseguir y fortalecer los esfuerzos para encontrar una solución que respete los derechos a la tierra de los grupos indígenas y garantice la protección jurídica de sus derechos humanos (Suecia);
68. Proseguir los esfuerzos para resolver los problemas de los pueblos indígenas, en particular las cuestiones de la tierra, y velar por que la Ley antiterrorista (Ley Nº 18314) no menoscabe sus derechos (Azerbaiyán);
69.	Abstenerse de aplicar la Ley antiterrorista a actos vinculados con las reclamaciones no violentas de los pueblos indígenas (Suiza);
70.	Adoptar las medidas necesarias para impedir que se proscriban o penalicen las actividades o reivindicaciones sociales legítimas y pacíficas de las organizaciones y pueblos indígenas, y reforzar la noción de que la Ley antiterrorista debe circunscribirse a su ámbito de aplicación, sin hacerse extensiva a los actos no violentos de reivindicación de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (Países Bajos);
71.	Aprobar el proyecto de ley nacional sobre los refugiados a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular la protección del principio de no devolución, y prestar especial atención a las medidas de protección de grupos vulnerables, como las mujeres en situación de riesgo, las víctimas de torturas y los niños no acompañados (República Checa).
97. Chile examinará las recomendaciones que figuran a continuación y presentará sus respuestas cuando el Consejo apruebe el informe final en su 12º período de sesiones. La respuesta de Chile a esas recomendaciones figurará en el informe final:
1. Ratificar la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (Uzbekistán);
2.	Proteger los derechos de la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad basado en la relación estable entre un hombre y una mujer, consagrados en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Bangladesh);
3. Investigar exhaustivamente los presuntos casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que tratan los problemas de los mapuches (Azerbaiyán);
4. Revisar la ley antiterrorista y su aplicación de modo que no pueda hacerse de ella un uso abusivo para perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso (República Checa).
98. Las recomendaciones que figuran en los párrafos 24 b) y 37 a) no cuentan con el apoyo de Chile.
99. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la posición del Estado o Estados que las presentaron y/o del Estado examinado, y no debe interpretarse que han recibido el respaldo del conjunto del Grupo de Trabajo.
III. COMPROMISOS VOLUNTARIOS DEL ESTADO EXAMINADO
100. Chile está determinado a elaborar un plan de acción nacional de derechos humanos en que como parte de su metodología, se prevean amplias consultas con la sociedad civil antes de su puesta en marcha.
101. Como anunció en su declaración, Chile ha decidido cursar una invitación abierta a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 373
 resolución 
 artículo 373
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 16