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Timestamp: 2019-03-18 21:54:22+00:00

Document:
as201610278
AUTO SUPREMO Nº 278/2016-RRC
Sucre, 18 de abril de 2016
Expediente : Pando 4/2011
Parte Imputada : Jaime Ríos y otros
Por memorial presentado el 29 de abril de 2011, cursante de fs. 102 a 103 vta., Jaime Ríos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 9 de abril de 2011, de fs. 87 a 89 vta., pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Magno López Guarena, José Alfonso Morizet Guerra y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por los arts. 332 inc. 2) con relación al 331, ambos del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 10/2010 (fs. 26 a 32 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, declaró a los imputados Jaime Ríos y Magno López Guarena, autores de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por los arts. 332 inc. 2) con relación al 331 del CP, imponiéndoles la pena de cuatro años de reclusión con costas, daños y perjuicios causados al Estado, averiguables en ejecución de Sentencia. Por otro lado, declaró al imputado José Alfonso Morizet Guerra, autor de la comisión del delito endilgado en grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 23 de la citada Ley, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de reclusión, más costas, daños y perjuicios causados al Estado averiguables en ejecución de Sentencia; asimismo, se le concedió el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena.
b) Contra la referida Sentencia, los imputados Jaime Ríos (fs. 37 a 38 vta.) y Magno López Guarena (fs. 41 a 42), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 9 de abril de 2011, dictado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, que declaró sin lugar los recursos planteados y confirmó totalmente Sentencia apelada.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 146/2016-RA de 24 de febrero, se extrae el motivo ser analizado en la presente Resolución, sobre el cuál este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Denuncia la existencia de actividad procesal defectuosa, por cuanto, el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación respecto al primer motivo de su recurso de apelación restringida, referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, aspecto que constituiría defecto absoluto, habiendo efectuado explicación de su contenido en la primera parte de su recurso.
El recurrente solicita la admisión del presente recurso y que se lo declare de conformidad a lo establecido en el art. 419 del CPP.
Mediante Auto Supremo 146/2016-RA, cursante de fs. 182 a 185, este Tribunal admitió, vía flexibilización, uno de los dos motivos denunciados por el co-imputado Jaime Ríos en el recurso de casación, para su análisis de fondo.
Desarrollado el juicio oral, por Sentencia 10/2010 (fs. 26 a 32 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, declaró a los imputados Jaime Ríos y Magno López Guarena, autores de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por los arts. 332 inc. 2) con relación al 331 del CP, imponiéndoles la pena de cuatro años de reclusión con costas, daños y perjuicios causados al Estado, averiguables en ejecución de Sentencia. Por otro lado, declaró al imputado José Alfonso Morizet Guerra, autor de la comisión del delito endilgado en grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 23 de la citada Ley, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de reclusión, más costas, daños y perjuicios causados al Estado averiguables en ejecución de Sentencia; bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho, relacionados al motivo admitido:
De la verificación minuciosa de toda la prueba aportada y en base a las reglas de la sana crítica, habiéndose otorgado el valor que corresponde a cada una de ellas, se encontró el grado de participación de los autores, de forma individual, siendo que Jaime Ríos y Magno López Guarena, conocían perfectamente las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dado que antes trabajaron para dicho ente estatal, así como la situación de la carencia de combustibles en el medio, por la escases y dificultad para adquirirlo; y siendo el combustible, una cosa mueble, por su corporabilidad, hacía necesario que su traslado se lo efectúe en embaces y transporte para ser retirado; a lo que se suma que el carburante del cual es dueño el Estado, se hallaba lejos del cuidado habitual, por cuya circunstancia, se tuvo que confiar a terceros para su custodia, y en el caso se entregó dicha responsabilidad al policía Magno López Guarena.
Contra la precitada Sentencia, el imputado Jaime Ríos (fs. 130 a 131 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, del cual solo se pasará a detallar el argumento concerniente al motivo admitido, referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, por ser de interés al caso de análisis:
1) Durante la tramitación del juicio, la calificación del hecho ha sido determinada de forma errónea, toda vez que el Tribunal a quo no valoró correctamente la prueba en su conjunto, puesto que en ningún momento del juicio se demostró que hubo fuerza, violencia en las cosas y mucho menos intimidación en las personas; la puerta de ingreso a YPFB no ha sido violentada, sino que tal como declaró Raúl Antezana Hurtado, la misma se encontraba el mal estado y fue un hecho de tránsito que ocasionó la caída de la misma, tal como manifestaron los testigos de cargo sometidos al contrainterrogatorio, de lo cual no se hizo mención en la Sentencia; lo que demuestra que nunca ingresó a instalaciones de Yacimientos
2) El turril y los bidones encontrados en el lugar de los hechos, no fueron incorporados al juicio, pues la defensa planteó exclusión probatoria contra éstos, la que fue declarada procedente; sin embargo, el Tribunal a quo, incorporó a la resolución, esta prueba.
3) No se acreditó que el hecho se consumó, puesto que no hubo apoderamiento del combustible por parte de su persona, no se le encontró en posesión del mismo, que lo haga responsable del delito acusado, es más ni él ni su vehículo ingresaron a dependencias de Yacimientos.
La Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, resolvió, entre otros, el primer motivo planteado en el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista de 9 de abril de 2011, expresando lo siguiente:
i) La Sentencia guarda la motivación exigida y cumple en su estructura, con los requisitos establecidos por los arts. 124 con relación al 365, ambos del CPP. No se encuentra, como pretenden los recurrentes, contradicción alguna, ya que en su estructura integral, registra congruencia y motivación mínima, conforme a las reglas de la sana crítica, en base a la lógica y a la experiencia, las cuales generan la convicción plena de la autoría de los imputados en el hecho previsto y sancionado por el art. 332 con relación al 331 del CPP, a partir de lo cual y en base al contenido del acta de registro de juicio y demás antecedentes, concluyó que el fallo estaba fundado en la comprobación de hechos, los mismos que pasó a detallar minuciosamente, los que se describirán en el análisis del caso concreto, para evitar reiteraciones innecesarias.
ii) Los jueces de mérito asumieron la certeza apodíctica (la conclusión es así y no puede ser de otro modo), en base a elementos probatorios legales e idóneos; y, resolvieron observando las reglas de la sana crítica, que se desarrolla en virtud a la experiencia común, la psicología y la lógica, teniendo por probado el cuerpo del delito, conforme a la descripción del tipo penal.
iii) Corresponde la definición del ilícito agravado, porque los imputados conocían las instalaciones de YPFB perfectamente, por la situación de que antes trabajaron en dicho ente estatal, conocían de la carencia del combustible en el medio por la escases y dificultad de ser adquirido, y el Estado como dueño del combustible tuvo que confiar su custodia a terceras personas, que en el caso de autos, fue al policía Magno López Guarena.
iv) Las cuestiones de derecho, exigen juicios de valor jurídico penal, donde se compara la realidad sospechosa de criminalidad ya concretamente verificada con las normas de derecho, de tal modo que no implican más que valoración jurídica de una concreta situación de hecho, o sea, calificación o subsunción legal.
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS SOBRE LA VERIFICACIÓN DE POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación se analizará el único agravio admitido por este Tribunal vía flexibilización, de los denunciados por el recurrente, mediante el Auto Supremo 146/2016-RA de 24 de febrero, referido a que el Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación respecto al primer motivo de su recurso de apelación restringida, referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen vulneraciones a derechos y garantías constitucionales a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.
III.1. Fundamentación y motivación de los fallos
Por mandato de lo preceptuado por el art. 124 del CPP, los Jueces y Tribunales de Justicia están obligados a expresar en sus resoluciones, los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, así como citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo, fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es una premisa consolidada por este Órgano de justicia ordinaria; que todas las resoluciones, entre ellas, las emitidas por el Tribunal de alzada, deben cumplir con esta exigencia constitucional, emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentra en el recurso de casación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP.
En ese orden, el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, determinó la siguiente doctrina legal: “Concluido el juicio oral, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; sólo así, se permitirá que los sujetos procesales y cualquier persona que lea la Sentencia, comprenda de dónde obtiene el Juez o Tribunal, la información que le permite llegar a una conclusión, sólo de esta manera, la Sentencia se explica por sí sola; incurriéndose en fundamentación insuficiente por la ausencia de cualquiera de los elementos o requisitos señalados; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, cuidando además, de no caer en contradicción entre su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, puesto que de ser así, se incurriría en la previsión del art. 370 inc. 8) del CPP”.
Asimismo, los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre entre otros, han establecido que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
La obligación de fundamentar las resoluciones es extensible a los Tribunales de alzada, los que también deben observar el cumplimiento de los requisitos esenciales de claridad, completitud, legitimidad, logicidad y de ser expresa, respecto de los puntos de agravio denunciados a fin de emitir una resolución formal y materialmente válida. Así lo estableció el Auto Supremo 49/2012 de 16 de marzo, al determinar lo siguiente: ”De acuerdo al entendimiento ratificado por el AS 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.
De la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos glosados precedentemente, es posible determinar que el derecho a una debida fundamentación es un elemento esencial del debido proceso, se encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); se trata del derecho de todo ciudadano a contar con resoluciones debidamente motivadas, de tal manera que brinden certeza de su contenido y alcances de la decisión asumida.
Tiene la finalidad de precautelar el juzgamiento adecuado, justo, equitativo, oportuno, efectivo y eficaz de los ciudadanos, asegurando que toda persona involucrada en un proceso, reciba del órgano competente o administradores de justicia, la protección oportuna de sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, materializada en una decisión justa y ecuánime. Dichos presupuestos constituyen un límite para el poder del Estado frente al individuo; por tanto, constriñe a las autoridades públicas a desarrollar sus actividades ajustadas al cumplimiento del núcleo esencial o duro del debido proceso en su triple dimensión, sometidas siempre; entre otros, al principio de legalidad, como elemento componente del anterior, ajustando su actividad al acatamiento irrebatible de lo que la ley manda.
III.2.Preclusión de instancias de impugnación previas al recurso de casación.
De la naturaleza jurídica del recurso de casación, se desprende que éste se encuentra reservado; primero, para la revisión de presuntas erróneas aplicaciones de la ley por parte de los Tribunales de instancia; segundo, para la unificación de criterios jurisprudenciales a efectos de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad; y tercero, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; en aquellos casos en los que, el Tribunal de alzada no hubiere reparado los agravios señalados y fundamentados por el recurrente a tiempo de plantear su recurso de apelación restringida.
Ahora bien, existen requisitos indispensables que deben ser cumplidos para viabilizar el recurso de casación; entre ellos, que sea formulado en términos claros, concretos y precisos, demostrando la contradicción existente entre el precedente invocado y el Auto de Vista, que a criterio del recurrente, le causa agravio; ello en virtud a que se trata de una fase en la que se considera la legalidad en la emisión del Auto de Vista que resuelve un recurso de apelación restringida; consiguientemente, lo correcto debe ser que el recurrente precise en qué aspecto el Tribunal de alzada incurrió en contradicción al momento de la emisión del Auto de Vista del cual se recurre respecto de la jurisprudencia legal establecida.
Dicho de otra forma, se debe tener presente que el control de legalidad encomendado por la Constitución y la ley a este Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra restringido a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, pero siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada; para evidenciar la existencia o no de contradicciones con relación a la doctrina legal establecida en los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal. En virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio que invocó.
En ese orden, no resulta coherente que quien hace uso del recurso de casación, en pos de la reparación de un agravio determinado que emerja de la sentencia de mérito, si previamente no reclamó dicho aspecto ante el Tribunal de alzada a tiempo de plantear el recurso idóneo para dicho efecto, como es la apelación restringida; pues, mal podría este máximo órgano de justicia ordinaria ingresar a analizar denuncias referidas a actuaciones vinculadas a los Jueces o Tribunales de juicio materializadas en las sentencias de mérito, cuando tales actos no fueron impugnados oportunamente a tiempo de plantear la apelación restringida, puesto que no dieron la oportunidad a la autoridad competente a referirse y menos resolver el punto de controversia, al omitir activar el reclamo ante dicha instancia; por lo tanto, resulta lógico que ante esta falta de reclamación, los vocales no podrán actuar de manera ultra petita; por cuanto, será un extremo que no encuentre análisis y menos fundamento en la Resolución de alzada; lo contrario implicaría admitir un rebote en los mecanismos de impugnación para lograr un nuevo control de legalidad de la sentencia, bajo nuevos argumentos, dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello, cuando la misma nunca fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada, en todo caso, corresponde a los recurrentes cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así la sentencia de mérito; en consecuencia, no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo.
Al respecto el Auto Supremo 46 de 7 de marzo de 2006, señaló lo siguiente: “Para evitar las impugnaciones en Casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de Sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal que se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente.
"...en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas".
Una vez revisados los antecedentes doctrinarios, corresponde a continuación verificar si la denuncia realizada por el co-imputado, ahora recurrente, en el presente recurso, el Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación a tiempo de dar respuesta a la denuncia efectuada por su parte en la apelación restringida, sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva en la Sentencia de mérito.
Dicho ello, corresponde en primera instancia analizar los argumentos utilizados por el impugnante en su recurso de apelación restringida, a efectos de constatar si el Tribunal de alzada circunscribió su análisis al mismo, o de lo contrario, otorgó una respuesta carente de una debida motivación.
En ese orden, tal como se detalló precedentemente, con relación a la supuesta observancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, se denunció que durante la tramitación del juicio, la calificación del hecho fue determinada de forma errónea, dado que el Tribunal a quo no valoró correctamente la prueba en su conjunto, pues no demostró en ningún momento que hubiere mediado violencia en las cosas, y mucho menos intimidación en las personas; en todo caso, la puerta de ingreso a YPFB no fue violentada; habida cuenta que, la misma se encontraba en mal estado como consecuencia de un hecho de tránsito que ocasionó su caída.
Alego también que no se acreditó que el hecho se consumó, al no haber existido apoderamiento del combustible supuestamente sustraído, así como que su persona ni su vehículo ingresaron a dependencias de la citada institución.
La denuncia recientemente descrita, fue respondida por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el correspondiente Auto de Vista, en sentido que la Sentencia guarda la motivación exigida y cumple en su estructura, con los requisitos establecidos por los arts. 124 con relación al 365, ambos del CPP. No se encuentra, como pretenden los recurrentes, contradicción alguna, ya que en su estructura integral, registra congruencia y motivación mínima, conforme a las reglas de la sana crítica, en base a la lógica y a la experiencia, las cuales generan la convicción plena de la autoría de los imputados en el hecho previsto y sancionado por los arts. 332 con relación al 331 del CPP.
Asimismo, sostiene que los jueces de mérito asumieron la certeza apodíctica (la conclusión es así y no puede ser de otro modo), en base a elementos probatorios legales e idóneos y resolvieron observando las reglas de la sana crítica, que se desarrolla en virtud a la experiencia común, la psicología y la lógica, teniendo por probado el cuerpo del delito, conforme a la descripción del tipo penal.
Por lo señalado, agrega que corresponde la definición del ilícito agravado, porque los imputados conocían las instalaciones de YPFB perfectamente, por la situación de que antes trabajaron en dicho ente estatal, conocían de la carencia del combustible en el medio por la escases y dificultad de ser adquirido, y el Estado como dueño del combustible tuvo que confiar su custodia a terceras personas, que en el caso de autos, fue al policía Magno López Guarena.
Las cuestiones de derecho, exigen juicios de valor jurídico penal, donde se compara la realidad sospechosa de criminalidad ya concretamente verificada con las normas de derecho, de tal modo que no implican más que valoración jurídica de una concreta situación de hecho; o sea, calificación o subsunción legal.
Se debe destacar que el Auto de Vista impugnado, basa su análisis en las conclusiones arribadas en la Sentencia con relación a la valoración integral de las pruebas desfiladas en el juicio oral, afirmado ser inconsistentes las apreciaciones del recurrente, al sostener que en el fallo de mérito, se cumplió con un examen coherente de los elementos probatorios aportados que sirvieron para formar convicción en los jueces, sobre la autoría de los acusados por el delito de robo agravado previsto en los arts. 332 con relación al 331, ambos del CP; afirmando que, dicho fallo se encuentra fundado en la comprobación de tales hechos, como ser la constatación de que los imputados sentenciados fueron debidamente identificados en la etapa preparatoria como en el desarrollo del debate, en la parte posterior de YPFB, lugar por donde ingresan las cisternas, cuando el policía Freddy Calisaya llegó al lugar del hecho y encontró en primera instancia a Jaime Ríos, a quien le preguntó qué hacía a esa hora en ese lugar, y ante la llamada telefónica que recibió en ese momento, el policía intervino su celular y constató que la llamada era de Magno López Guarena; y ante la intervención de funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se constataron dos galones negros, con sesenta litros de diesel y un turril de gasolina de doscientos litros, los que se encontraban listo para ser transportados.
Prueba que se aclara, fue tomada como indiciaria en la Sentencia, pero reforzada por las declaraciones de los testigos: Freddy Calisaya Zapata, funcionario policial, quien ante una llamada anónima, se presentó en inmediaciones de YPFB y vio un vehículo Toyota, vagoneta Caldina, motorizado que había ingresado a la institución por la puerta que se encontraba caída y se percató de la presencia de Jaime Ríos y ante la llamada que recibió, también se percató de la presencia del policía Magno López Guarena, en el interior de las instalaciones.
Además de lo cual, el policía y testigo Harold Peter Arispe Camacho, el día de producido el hecho, se encontraba destinado a la Unidad de Accidentes de Tránsito, y ante el llamado del 110, se constituyó en YPFB, pudo observar combustible en bidones y en un turril; y, a Jaime Ríos que se encontraba a lado de la puerta trasera, procediendo a conducir el vehículo Caldina a la Unidad de Tránsito. De otro lado, el policía y testigo Oscar Mamani Flores observó que la puerta trasera frente a la Clínica UNEDI, estaba caída a un costado. La función del policía y testigo Jesús Angulo, investigador especial, fue la de registrar el lugar de los hechos, elaborar las actas y otros documentos referidos al caso, objetos que quedaron secuestrados además del vehículo Toyota Caldina que estaba involucrado en el hecho.
Con relación a las declaraciones testificales de descargo, señaló que tal como se refirió en la Sentencia, los que depusieron la misma, se limitaron a manifestar que conocían a Jaime Ríos y que trabajaba como taxista, que son vecinos en su chaco.
Concluyendo el Auto de Vista, sin realizar una revalorización de la prueba precitada; sino, tan sólo copiar las partes pertinentes de la Sentencia de mérito; en cuanto, a la valoración realizada por el Tribunal de Sentencia, que dicho fallo se encuentra debidamente sustentado y arribó a la conclusión inequívoca de la comisión del hecho y de la autoría del ahora recurrente, realizando un efectivo control sobre la labor realizada por el A quo, cumpliendo de manera razonable y adecuadamente, mediante la explicación motivada, de las razones por las que considera que las decisiones asumidas en el proceso, fueron el resultado de una adecuada actividad procesal.
Lo señalado, demuestra que el Auto de Vista, a tiempo de dar respuesta al motivo denunciado por el imputado con relación a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, explicó los motivos que llevaron al Tribunal de Sentencia a fallar de determinado modo, identificando los razonamientos jurídicos empleados por éste, con relación a los elementos probatorios que dieron lugar a la comprobación de la comisión del ilícito penal acusado. No siendo evidente, la denuncia efectuada por la parte recurrente, sobre insuficiente fundamentación de la Resolución de alzada.
A más de lo señalado, cabe resaltar que, tal como se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución; si bien, las autoridades jurisdiccionales a cargo de la resolución de una causa, se encuentran constreñidas a tiempo de emitir sus determinaciones, a motivarlas de manera adecuada y suficiente; sin embargo, dicha obligación también es exigible a las partes del proceso a tiempo de plantear sus petitorios e impugnaciones. En ese orden, al igual que otros recursos, el de casación debe ser formulado en términos claros, concretos y precisos, demostrando adecuadamente el agravio que causa al recurrente, las actuaciones de las autoridades que emitieron el Auto de Vista.
Requisito que en el presente caso, no fue cumplido de manera suficiente, puesto que en la denuncia realizada por el recurrente, se limitó a señalar la existencia de actividad procesal defectuosa, porque a su criterio el Auto de Vista impugnado incurrió en insuficiente fundamentación a tiempo de dar respuesta a su denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; más no explica las razones por las cuáles considera que el Tribunal de alzada cometió la vulneración que implique carencia o insuficiencia de motivación; cuando de la revisión de antecedentes, no se encuentra que dichos argumentos se encuentren sustentados en la verdad material de los mismos. En consecuencia, por los extremos señalados, se denota que las autoridades de alzada, no vulneraron ningún derecho fundamental ni garantía constitucional a tiempo de resolver este motivo, lo que implica una denuncia infundada por parte del recurrente de casación.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Jaime Ríos, cursante de fs. 102 a 103 vta.
Magistrado Dr. Rómulo Calle Mamani-Sala Civil

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