Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-III.html
Timestamp: 2018-12-12 08:13:18+00:00

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Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2904-III, jueves 3 de diciembre de 2009.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que promueva un amplio proceso de consultas y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y los actores económicos y sociales de la frontera norte que permita impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral de esa región desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo, a cargo de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo, a cargo del diputado Ricardo Sánchez Gálvez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados, a cargo del diputado Cruz López Aguilar y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno a fin de que se determine el procedimiento sobre la discusión de la Cuenta Pública de 2007 y su inscripción en el orden del día, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a incorporar en la agenda de la comisión de intermediación el tema de la contratación colectiva de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía que se conduzcan con estricto arreglo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre el manejo de los remanentes presupuestales que se generen al cierre del ejercicio fiscal de 2009, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a no otorgar más permisos de apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números, e informar sobre los juicios que enfrenta en la materia, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a solicitar al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que realice un informe donde se evalúen las medidas que el país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito; y a los integrantes de esta soberanía, a legislar –con arreglo a los resultados de dicho reporte– en las materias en que haga falta, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Oaxaca a etiquetar del Presupuesto de Egresos de 2010 recursos para resarcir a los defraudados por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, suscrita por los diputados Juanita Arcelia Cruz Cruz y Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar a la Segob que con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos se paguen cuatro mil pesos a cada beneficiario, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a vigilar el contenido de las transmisiones de los medios de comunicación y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de niños y de adolescentes, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Tlalpan a mantener una puntual observación, en los comicios que se lleven a cabo, del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de dicha demarcación al amparo de sus garantías de autodeterminación, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a ordenar una auditoría y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de Constructora Diamante, por las deficiencias que presenta; y a exigir a Grupo Mexicano de Desarrollo que acelere los trabajos a fin de concluir el segundo tramo, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial del voto de los mexicanos en el exterior, a cargo de la diputada Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial y plural encargada de revisar integralmente la legislación relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo y a sus derechos; y se solicita a la Segob y a la SRE un informe amplio sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de los compatriotas en los campos agrícolas estadounidenses y el avance de la negociación de un acuerdo migratorio, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Administración General de Aduanas a solucionar de inmediato el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en las aduanas de Nogales y Agua Prieta, Sonora; o, en su caso, a suspenderlo entre diciembre de 2009 y enero de 2010, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, relativo a las fallas detectadas en la operación de los puestos de revisión en carreteras federales, en particular el de Benjamín Hill, Sonora, y a la forma en que afectan el comercio, el turismo y otros sectores productivos, así como el bienestar de los usuarios, a cargo del diputado José Luis Marco León Perea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
A las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, a solicitud de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
Con motivo del aniversario luctuoso del doctor Carlos Abascal Carranza, a cargo del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del Grupo Parlamentario del PAN
Laura Elena Ledesma Romo, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
La crisis económica por la que actualmente atraviesa el país en general y en particular los diversos sectores productivos de las entidades fronterizas colindan con Estados Unidos de América, se ha convertido en un fuerte estimulo para promover diversas iniciativas y propuestas orientadas a recuperar el dinamismo y la competitividad necesarias, que les permitan recuperar su capacidad para atraer nuevas inversiones y generar los empleos que la creciente población reclama.
Como sabemos, la franja fronteriza del norte de México, que está compuesta por 80 municipios de seis estados (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), 39 de los cuales son limítrofes con Estados Unidos de América, desempeña importante papel en la generación del producto interno bruto, con 25 por ciento, generando 83 por ciento del empleo en la industria maquiladora.
Por su naturaleza, la franja fronteriza norte no solamente tiene grandes implicaciones en el ámbito del desarrollo económico sino que también es afectada fuertemente por el fenómeno migratorio, por los cambios que se registran en el ámbito internacional, por los graves problemas de seguridad pública, el deterioro del ambiente y la salud pública, el rezago en infraestructura y la ausencia de planeación eficaz del desarrollo urbano.
Todos estos factores se relacionan y forman una situación cada vez más difícil para la región, tal y como han sido expuestos a la opinión pública nacional, gracias a investigaciones periodísticas como las recientemente publicadas en el periódico El Universal.
Para el caso de Baja California, las previsiones formuladas por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte en materia de crecimiento económico, permiten estimar que "la tasa de desempleo aumente de la de 2.8 por ciento observada hacia el segundo bimestre de 2008, por encima de 3.5 por ciento en 2009 para el total del estado; mientras, Tijuana es posible que alcance una cifra histórica de desempleo que puede superar 4 por ciento de la población abierta. Estas cifras de desempleo serían la más altas registradas en el entidad en lo que va de la década".
Este problema, de por sí grave para el bienestar de la población residente en la entidad y en particular en Tijuana, podría agudizar con el retorno de miles de migrantes que a principios de año buscar ingresar en Estados Unidos y ante la imposibilidad de lograrlo tratan de encontrar un empleo en la zona. Públicamente se ha dicho que un en caso de que la industria muestre signos de recuperación y comiencen a reactivarse algunas líneas de producción, dicho sector no tendrá la capacidad para dar empleo a las personas que lleguen a Tijuana a inicios del próximo año en busca de una oportunidad laboral.
Por ello, la desaceleración económica estadounidense, el nivel de inseguridad prevaleciente, la entrada en vigor de los ajustes fiscales, que hay que reconocer que a nadie dejo satisfechos, la lentitud en los cruces fronterizos agudizados con la implementación del sistema de aforo vehicular, que el gobierno federal ha establecido en los puntos de cruce de la frontera norte del país, y que es visto por algunos sectores como una ocurrencia, se han convertido en factores que están inhibiendo la dinámica económica de Baja California y para el caso de toda la franja fronteriza.
La crisis que hoy vivimos contiene elementos que pueden llevar a una recuperación económica de la franja fronteriza antes que esto se logre en el resto del país. Sin embargo, ello dependerá no sólo de recuperación del dinamismo económico de Estados Unidos sino, también, de las medidas que se llevan a cabo en forma coordinada por los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos organizados de la franja fronteriza.
Nuestra postura es que ya no es posible ni correcto que se continúen tomando decisiones de corte centralista, que no recogen las propuestas o demandas de las regiones, apoyadas en estudios realizados por centros de investigación que conocen mejor que nadie la realidad local, como es el caso de la grave situación que se registra en la franja fronteriza.
Por ello, desde esta tribuna ponderamos el esfuerzo que realizan representantes de los sectores productivos que piden ser escuchados por las autoridades federales para promover opciones orientadas a contrarrestar el escenario adverso. Como representantes populares no podemos dejar de ver con simpatía y apreciar y valorar su gran sentido de responsabilidad y compromiso con el futuro de la frontera.
Igualmente, valoramos la capacidad creativa de las redes de gobiernos locales que agrupan a los gobiernos de los estados fronterizos y a los municipios de la región, que canalizan recursos para darle forma y sustento a propuestas y proyectos que buscan promover el desarrollo económico fronterizo, en coordinación con los estados vecinos del otro lado de la frontera.
En particular, hacemos nuestra la propuesta para crear zonas de manufactura segura, que pretende ser una alternativa para garantizar el flujo de mercancías, con una visión responsable y compatible con el ambiente.
Ponderamos el esfuerzo propositivo de quienes plantean la necesidad de crear zonas económicas estratégicas, para incrementar el nivel de competitividad de la región, gozando de un esquema arancelario más acorde con la nueva realidad.
Y no se diga de la propuesta que pretende desarrollar la planta productiva verde, apoyada en las fuentes de energía renovables que dan acceso a estímulos y recursos provenientes de bonos de carbono y otras fuentes de financiamiento que pueden ser de gran utilidad para la región.
En suma, consideramos urgente que desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordemos abrir todos los espacios necesarios para promover la más amplia participación de los gobiernos locales, los sectores productivos , las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico de la franja fronteriza del norte, en el debate que seguramente habremos de protagonizar en 2010 para construir nuevos esquemas hacendarios que nos permitan encauzar el esfuerzo nacional por una ruta de crecimiento económico, con justicia, equidad y sustentabilidad.
En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Único. En el marco de los trabajos para concretar una reforma hacendaria integral en el próximo periodo ordinario de sesiones, se instruye a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para promover un amplio proceso de consultas y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y actores económicos y sociales de la frontera norte del país que permitan impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral de la región fronteriza desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de diciembre de 2009.
Diputada Laura Elena Ledesma Romo (rúbrica)
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, Ricardo Sánchez Gálvez, presenta ante la Cámara de Diputados puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a instaurar mediante las Secretarías de Desarrollo Social, y de Economía políticas y acciones que coadyuven a la reactivación y protección de la producción lechera nacional y al rescate de los pequeños productores, con base en las siguientes
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 sostiene que el sector agropecuario y pesquero tiene carácter estratégico y prioritario para el desarrollo del país dado que, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas, en éste vive la cuarta parte de la población del país en la cual, pese a los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en el sector, persiste un segmento relevante en tal condición.
El gobierno federal reconoce en el PND que la pobreza rural y la cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hacen necesario continuar los apoyos del sector para que mejore su productividad y se promueva su sustentabilidad.
Por esa razón se plantea la necesidad de garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento de la producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de la población, así como fortalecer su comercialización mediante la promoción y el ordenamiento de mercados. De acuerdo con el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la leche está considerada entre los productos básicos y estratégicos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la producción de leche ha tenido un crecimiento de 10.3 por ciento en los últimos años, equivalente a 22 por ciento del valor total del sector pecuario, que lo ha colocado como el décimo quinto productor de leche a escala mundial.
No obstante lo anterior, es conveniente señalar que el país se halla también como el quinto importador de leche, dado que alrededor de 30 por ciento de su consumo total es adquirido, principalmente, de países como Nueva Zelandia, Irlanda, Uruguay y Argentina.
Con la finalidad de aprovechar las potencialidades del sector, el gobierno federal, a través de Liconsa, instaura el Programa de Adquisición de Leche Nacional, el cual persigue el objetivo de apoyar la comercialización del lácteo producido por pequeños y medianos ganaderos que enfrentan problemas de colocación de leche, además de reducir en forma gradual y parcial las importaciones.
En el sexenio pasado, la captación que realiza Liconsa respecto de la producción nacional de leche pasó de 0.26 por ciento en 2000 a 4.47 en 2006. No obstante, dicho incremento aún se considera insuficiente dado el crecimiento del sector, por lo que se requieren políticas y acciones adicionales que coadyuven a su reactivación y protección.
La delicada situación de los productores nacionales de leche se agravará aún más si no se pone un freno a las importaciones del alimento, dado que la inclusión de los 5 millones de litros de leche rehidratada por Liconsa diariamente genera una distorsión en el mercado que afecta a unos 220 mil productores.
Pese a que el país no tiene compromiso más que con Estados Unidos para la importación de leche en polvo, no se han impuesto aranceles a otros países, como es el caso de Nueva Zelanda. Por esta razón, resulta totalmente injusto que se ponga en riesgo la economía de 220 mil familias, que no se fortalezca la economía nacional y que se debilite al sector rural, sobre todo si tenemos en cuenta que Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelandia, Colombia, Brasil y Perú han adoptado la imposición de aranceles y cuotas de importación entre las políticas de apoyo de su sector lácteo.
Por ello resulta necesario que el gobierno federal emprenda acciones encaminadas a fortalecer el sector productivo nacional fomentando el consumo y la comercialización de leche fresca en el país a través de Liconsa, fijando un arancel de carácter temporal a la importación de leche deshidratada.
A la par de las acciones de política pública del Ejecutivo federal, esta soberanía se ha de empeñar en analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas elaboradas con productos importados, dado que no contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional porque no pagan impuestos a la importación ni al consumo.
Por último, el argumento para que Liconsa no se abastezca de leche fresca siempre ha sido el tema presupuestal. No obstante, si orientáramos el programa Oportunidades a los 220 mil productores que difícilmente encuentran demanda para su producción, el importe del subsidio sería de 2 mil 400 millones de pesos.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Liconsa para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, creando demanda para los productores nacionales, que tanto lo necesitan en este momento.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, fije un arancel temporal sobre la importación de leche deshidratada, exceptuando lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de coadyuvar a la estabilización del mercado nacional de leche.
Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se elabore un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas y jurídicas de la implantación de una cuota compensatoria o tasa arancelaria a la importación de leche en polvo, a fin de coadyuvar con los empresarios mexicanos al crecimiento y sustento de la industria lechera nacional.
Cuarto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas importadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2009.
Diputados: Ricardo Sánchez Gálvez, José Luis Íñiguez Gámez, Alba Leonila Méndez Herrera, Juan de Jesús Pascualli Gómez, Arturo Torres Santos, Enrique Octavio Trejo Azuara, Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbricas).
Los suscritos, diputados federales Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Hilaria Domínguez Arvízu y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados según las siguientes
1. Como es de todos conocido, la pobreza en México ha crecido de manera exponencial en el periodo de 2006 a 2008. Así lo demuestra la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales.
2. El medio rural ha sido, tradicionalmente, uno de los sectores donde las crisis económicas pegan con mayor fuerza y donde se ubica el mayor porcentaje de población marginada y altamente marginada, con alto nivel de rezago y con menor índice de desarrollo humano.
3. Recientemente la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, en su estudio Panorama social de América Latina 2009, confirma que México fue el país de la región donde la pobreza creció en mayor proporción, siendo el sector rural donde más se resintió.
4. Esto también se refleja en 2009, año que podemos considerar "atípico", no sólo por los efectos nocivos de las crisis recurrentes, sino por fenómenos, como la sorpresiva embestida del virus de la influenza A (H1N1), los 3 millones de desempleados, la creciente violencia del crimen organizado, la caída estrepitosa de las reservas y la producción petroleras, la caída de las remesas, etcétera.
5. Resulta preocupante e insensible que recursos que son fundamentales para la actividad productiva de miles de campesinos y pequeños productores del campo, como lo son los comprometidos en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario, sean retenidos por el Ejecutivo federal.
6. Conviene mencionar que no existe en el decreto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, ni en la Ley de Presupuesto y su Reglamento, como tampoco en los convenios de coordinación que se suscriben con cada estado, así como en las mismas Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elementos que faculten al Ejecutivo federal a determinar, unilateralmente, los plazos de radicación de los recursos de los estados.
7. En consecuencia, resulta improcedente mantener en los fideicomisos recursos que son propiedad de los productores y además solicitar la devolución de estos recursos por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que dejan de pertenecer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y, como consecuencia, legalmente se les consideran ejercidos, una vez que fueron transferidos a los estados.
8. Estamos claros que, al pretender retirar los recursos de los Fofaes, no se está afectando a los estados, se está afectando a los productores, a los más pobres de este país; en un momento en el cual invertir cualquier recurso será siempre insuficiente para atender la enorme problemática de la pobreza.
9. Por otra parte, es claro que esta disposición dificulta el correcto ejercicio de los recursos, toda vez que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en el artículo 35, incisos V y VI, determina, con toda precisión, y mandata a la Sagarpa "federalizar" los recursos en términos precisos.
10. A mayor abundamiento, los artículos e incisos del decreto en comento son concluyentes en los términos siguientes: a) Mandata a la Sagarpa la federalización del recurso. No son entonces las entidades federales agentes técnicos de esa secretaría; tampoco la aportación de recursos por parte de los estados condiciona el ejercicio del presupuesto convenido;
b) La disposición de radicar los recursos antes del último día hábil de febrero obedece a que éstos se puedan ejercer con oportunidad durante los ciclos agrícolas; para ello, las reglas de operación de 2009 se modificaron, a efecto de constituir una sola bolsa en los Fofae y, de esta manera, garantizar con ello que con aportación de recursos estatales o federales se cumpla ese mandato. No obstante lo anterior, no se ha podido realizar su correcta aplicación, a pesar de que las mismas reglas de operación prevén que para iniciar de manera expedita el ejercicio, podíamos atraer solicitudes aprobadas de 2008; y
c) También se establece que si el Estado cumplimenta el total de sus aportaciones mediante una solicitud vinculante, podría recibir 100 por ciento de las aportaciones federales, hecho que la Sagarpa ignoró, en el marco de la firma de los convenios de coordinación; ahora pretende mediante estos mecanismos ignorar el cumplimento de la segunda ministración, cuando ha sido por responsabilidad de la misma dependencia el no ejercicio de los recursos radicados en los Fofae. 11. Conviene mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, la Cámara de Diputados aprobó recursos para los Fofae por un monto de 16.1 miles de millones de pesos, de los cuales, a principios de noviembre, se habían radicado 12.8 miles de millones de pesos. De esta cantidad, 72 por ciento corresponden a recursos federales y 28 por ciento de recursos estatales. No obstante, los recursos comprometidos ascienden a 12.4 miles de millones de pesos, correspondiendo a recursos federales 65 por ciento y estatales 35 por ciento.
Es realmente inconcebible que el Ejecutivo federal actúe de manera tan irresponsable e inconsciente, toda vez que estos recursos no pertenecen al Ejecutivo, sino ya vienen etiquetados para miles de campesinos y pequeños productores.
I. Se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.
II. Se exige al Ejecutivo federal que concluya con la publicación de los recursos convenidos entre la Sagarpa y los gobiernos de los estados.
Ruego a usted, presidente, conforme lo establece el artículo 59 de nuestro reglamento, consulte a esta honorable asamblea si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente resolución.
Salón de sesiones, a 3 de diciembre de 2009.
Diputados: Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Hilaria Domínguez Arvizu, Gerardo Sánchez García (rúbricas).
El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Primera. Que de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Cámara de Diputados, como una atribución exclusiva de control, la fiscalización de los recursos públicos, a través de la revisión de la Cuenta Pública, con el objetivo de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Segundo. Que de acuerdo a dicho precepto, la Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación, sin que a la fecha se haya dado dicho proceso en el pleno de la Cámara.
Tercero. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, el presidente de la Mesa Directiva velará por la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo. También, le corresponde dar curso a los asuntos y negocios y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara.
Cuarto. Que en el marco del artículo 38 de la Ley Orgánica, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos corresponde establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno el siguiente
Único. Se solicita al presidente de la Mesa Directiva, quien también preside la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que, considerando lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General, y en uso de las facultades que confieren los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica y 21 del Reglamento para el Gobierno Interior, convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno, a fin de que se determine el procedimiento para la discusión de la Cuenta Pública de 2007 y su inscripción en el orden del día.
El suscrito, Francisco Hernández Juárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a incorporar en la comisión de intermediación el tema de la contratación colectiva de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de Luz y Fuerza del Centro, al tenor de las siguientes
A más de un mes del conflicto laboral derivado del decreto emitido por el Ejecutivo federal sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y de las diferentes vías que se han intentado construir con las instancias del gobierno federal competentes en la solución de este problema laboral, la disposición de la autoridad para abrir mecanismos para que el diálogo entre las partes en conflicto pueda encontrar la vía para los acuerdos, apenas empieza a mostrarse.
El Sindicato Mexicano de Electricistas sigue luchando por el respeto a los derechos laborales de sus integrantes, utilizando las vías pacíficas a su alcance para contrarrestar la campaña mediática del gobierno federal y lograr que la opinión pública conozca la situación real por la que atraviesa el sector eléctrico, y que la solución no pasa por responsabilizar a las y los trabajadores de las políticas que gobiernos anteriores y el actual han sostenido de subsidios cruzados, de falta de inversión para modernizar la planta, del despido de la noche a la mañana de más de 44 mil trabajadoras y trabajadores sin haber agotado las posibilidades de rescatar al sector eléctrico. El sindicato sigue buscando a través de los Poderes Judicial y Legislativo la vía de negociación.
El señor Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, propuso el lunes 30 de noviembre –a través de un medio televisivo–, la creación de una comisión de intermediación conformada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado, el director del Instituto Politécnico Nacional y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de abrir un espacio de negociación que permita encontrar los acuerdos necesarios en el marco del respeto irrestricto de los derechos laborales y la contratación colectiva.
El gobierno federal, a través del secretario de Gobernación decidió "tomar la palabra" y aceptar ese espacio de intermediación; sin embargo, separó de la posible agenda a tratar temas fundamentales para las trabajadoras y trabajadores como es la contratación colectiva y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Aunque la propuesta está en la mesa y los interlocutores se dicen dispuestos a participar es fundamental que el diálogo propuesto rinda frutos; se ha dado el primer paso para encontrar los acuerdos, restablecer el estado de derecho y sentar las bases de un diálogo respetuoso entre los actores para la solución del conflicto, por eso consideramos fundamental que de entrada no se descarten de la agenda los aspectos centrales que originaron este conflicto y sin cuyo tratamiento la intermediación propuesta podría quedar nulificada. Proponemos que esta soberanía respalde políticamente el establecimiento de esta mesa diálogo y exhorte a las parte a no acortar de antemano un diálogo cuyos resultados serían alentadores para encontrar una solución fundamentada en la equidad y los derechos de las y los trabajadores electricistas.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su respaldo a la instalación de una comisión de intermediación que coadyuve a través de una mesa de diálogo a encontrar por consenso las medidas que solucionen el conflicto laboral suscitado por el decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Segundo. Asimismo, exhorta al gobierno federal a incluir en la agenda de la mesa de diálogo –a que se refiere el resolutivo anterior– los temas referentes a la contratación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Finalmente, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se tramite la siguiente proposición como un asunto de urgente resolución.
El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados a conducirse en estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el manejo de los remanentes presupuestales que se generen derivado del cierre presupuestal del ejercicio fiscal de 2009 en este cuerpo legislativo, bajo las siguientes
1. Que los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen que: Artículo 53. Los ejecutores de gasto informarán a la secretaría, antes del último día de febrero de cada año, el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio anterior.
Artículo 54. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado, debida y oportunamente, las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.
Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos podrán ser hasta por 80 por ciento del monto de endeudamiento autorizado como diferimiento de pago en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse su pago.
2. Que se tienen como antecedentes los resultados de la auditoría integral a la gestión financiera de la Cámara de Diputados que realizó la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006 de los resultados se destacan los siguientes hallazgos: • Se determinó que se obtuvieron ingresos excedentes por un importe de 136 mil 585.81 pesos, los cuales al final del ejercicio 2006 no contaban con autorización presupuestal, no obstante, no fueron concentrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
• De igual forma no fueron reintegrados a la Tesofe recursos por un importe de 1 millón 863 mil 534.99 pesos, los cuales se determinó que eran remanentes de ejercicios anteriores, derivados de los trabajos de depuración y cancelación de la cuenta de acreedores diversos; sin embargo, al tratarse de recursos que no fueron utilizados para cubrir compromisos del ejercicio presupuestal al que correspondieron, éstos deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cabe mencionar que por ambas observaciones, la Auditoría Superior de la Federación emitió a la Cámara de Diputados una acción preventiva o recomendación y dos acciones correctivas: una solicitud de aclaración-recuperación y un pliego de observaciones.
La recomendación se formuló en los siguientes términos:
La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Cámara de Diputados instruya a quien corresponda para que en lo subsecuente los ingresos excedentes cuya ampliación presupuestaria no haya sido obtenida al final del ejercicio, sean concentrados a la Tesorería de la Federación; en cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que al efecto disponga el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
3. Que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación realizó auditoría a la gestión financiera de la Cámara de Diputados, de cuyos resultados se destacó, en relación al asunto de mérito, lo siguiente:
Resumen del resultado número 2, observación número 1
Se observó mediante el acta de depuración y cancelación de saldos, del 30 de octubre de 2008, que la Dirección General de Programación Presupuesto y Contabilidad determinó un saldo a favor de la Cámara de Diputados por mil 32.2 miles de pesos, así como un remanente por 18.8 miles de pesos, lo que hace un total de 1 millón 51 mil pesos.
Al respecto, se determinó que los mil 51.0 miles de pesos, por tratarse de recursos que no fueron utilizados para cubrir compromisos del ejercicio presupuestal al que correspondieron, deben ser reintegrados a la Tesofe, de conformidad con el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
No se omite señalar que, dentro del importe referido en el párrafo que precede, se incluyen recursos por 444.2 miles de pesos, que fueron observados en la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2006, y que a la fecha aún está pendiente de solventarse.
Derivado de la presentación de resultados preliminares, la Cámara de Diputados presentó a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente interpretación del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: …El artículo (sic) de mérito, en la parte conducente, indica que "los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio". De su simple lectura se desprende que tal aseveración… debe ser desechada de plano por esa Auditoría (sic) Superior, por la simple y sencilla razón que esta Cámara de Diputados no recibió subsidio o transferencia alguna durante el ejercicio 2007. … …Para finalizar, es importante, también, que esa Auditoría [sic] Superior, tome nota de que (sic) la tesorería de esta Cámara de Diputados es auxiliar de la Tesofe en los términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Servicio de Tesorería de la Federación y, por lo tanto, según el artículo 4o. de esa misma ley, presta también, al igual que la propia Tesofe, los servicios de tesorería de la federación. Así las cosas, resulta ocioso pretender la aplicación de esta Cámara de Diputados del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, habida cuenta, que sería tanto como pedir a la propia Tesofe que reintegre recursos a la Tesofe. … Resumen del resultado número 8, observación número 1
Se comprobó que con cargo al Presupuesto de 2007, se adquirieron vales por un total de 68 mil 388.9 miles de pesos, de los cuales se distribuyeron 47 mil 85.5 quedando un remanente de 29 mil 496.6, al respecto no se acreditó su cabal necesidad para el ejercicio 2007.
Lo anterior manifiesta que la Cámara de Diputados adquirió vales para evitar la concentración a la Tesofe de 87 mil 326 miles de pesos por concepto de remanente de recursos al final del ejercicio de 2007, en contravención del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Resumen del resultado número 9, observación número 2
Se autorizó la utilización de los recursos provenientes de las economías por 78 mil 886.2 miles de pesos, para dar a los grupos parlamentarios recursos adicionales a los recibidos y, de esta manera, evitar la concentración de dichos recursos a la Tesofe, lo que contravino lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4. Que de conformidad con la interpretación del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no hay duda de que el Poder Legislativo federal, del cual forma parte la Cámara de Diputados, es un sujeto obligado por dicha ley, en especial en su calidad de ejecutor de gasto.
En tal virtud, se encuentra vigente una obligación jurídica inobjetable e ineludible para la Cámara de Diputados de reintegrar todos los recursos que por cualquier motivo conserve al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Estos incluyen en particular aquellos derivados de ahorros, economías y subejercicios. Los recursos deben ser entregados en los tiempos y forma señalados en el ordenamiento citado.
5. Que si bien desconocemos el desglose del ejercicio presupuestal de la Cámara de Diputados, así como los montos presupuestales estimados al cierre preliminar del ejercicio fiscal de 2009, es importante señalar, desde ahora, que si hubiere remanentes del presente ejercicio fiscal, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habría que enterarlos y reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Único. Se solicita al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados a conducirse en estricto arreglo al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente en lo que hace a sus párrafos tercero y quinto, y que en consecuencia los remanentes generados en el presente ejercicio fiscal se enteren a la Tesorería de la Federación.
Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Raúl Domínguez Rex, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presenta a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, en cuestión de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita exhortar a la Secretaría de Gobernación a no otorgar más permisos para la apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números, así como que proporcione la información sobre los juicios que enfrenta dicha dependencia, en materia de juegos y sorteos.
Es de conocimiento público que en mayo de 2005, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, otorgó siete permisos que en su conjunto autorizaban la operación de más de 300 centros de apuestas en nuestro país.
Lo anterior provocó que personalidades de diversos sectores de la sociedad realizaran reiterados llamados de la autoridad en comento, para detener la entrega discrecional de permisos para operar dichos centros de apuestas.
La respuesta de la dependencia ya referida fue que ya no se entregarían más permisos para operar un solo centro de apuestas, sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, debido a que en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, se puede observar que se han autorizado alrededor de 133 centros de apuestas adicionales a los que se reportaban en agosto de 2005.
En la página de Internet se puede observar que se habían autorizado hasta el día de hoy la operación de más de 850 centros de apuesta, de los cuáles apenas se encuentran funcionando poco más de 300. Además, la dependencia en cuestión supervisó durante el ejercicio de 2008 el desarrollo de 650 sorteos, 4 mil 345 peleas de gallos, mil 134 carreras de caballos en escenarios temporales, así como, al menos, 7 permisos para el cruce de apuestas en ferias regionales, sin contar con los espectáculos televisivos y de radio que se llevan a cabo.
Lo anterior implica una gran labor de vigilancia y control, sin embargo, la Secretaría de Gobernación apenas cuenta con poco más de 50 inspectores para todo el país, situación que resulta incomprensible si se toma en cuenta que la dependencia en comento ha seguido autorizando permisos para nuevos establecimientos de centros de apuesta.
Por tanto, resulta preocupante la falta de eficiencia por parte de la secretaría en materia control y vigilancia de los centros de apuesta y demás actividades relacionadas, situación que genera que el juego ilegal se desborde en todas sus variantes a través de establecimientos que no cuentan con los permisos correspondientes que no cumplen con la normativa aplicable en materia de protección civil y que además se corre el gran riesgo que dicha actividad sea infiltrada por grupos de delincuencia organizada.
En los tiempos de crisis económica en los que vivimos, debemos evitar una oferta excesiva de juego, ya que puede representar para las familias mexicanas una salida falsa a sus problemas económicos, lo que puede poner en riesgo sus ingresos económicos.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
1. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a no expedir más permisos para la operación de nuevos centros de apuestas en México, en tanto no cuente dicha dependencia con las condiciones óptimas para un eficiente control y vigilancia de la actividad.
2. Se solicita a la Secretaría de Gobernación toda la información sobre las solicitudes de permisos que se encuentran en proceso de estudio, así como los juicios que actualmente enfrenta en materia de juegos y sorteos, con objeto de que dicha información sirva como material de estudio para que esta soberanía inicie el estudio de una reforma sustancial a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
La que suscribe, Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El 17 de octubre de 1953, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada con el fin de reconocer el derecho al sufragio femenino. Sin lugar a duda se trató de un evento sin igual que debe de ser recordado por significar un momento histórico muy importante en la historia de nuestro país.
Asentado lo anterior, debemos poner sobre la mesa que, a sólo 39 años de dicha modificación constitucional, en la Conferencia de Atenas de 1992 se presentaba no sólo una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, sino toda una exigencia de vertebración social en un cuadro de responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha afirmado que un orden internacional democrático y equitativo requiere, entre otras cosas, el ejercicio de los siguientes derechos:
La promoción de un orden económico internacional basado en la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones, la interdependencia, el interés común, la solidaridad y la cooperación entre todos los Estados; (...)
La promoción y consolidación de instituciones internacionales transparentes, democráticas, justas y responsables en todos los ámbitos de cooperación, en particular por medio de la aplicación de los principios de la participación plena y en condiciones de igualdad en sus respectivos mecanismos de adopción de decisiones; el principio de una representación regional equitativa y equilibrada de hombres y mujeres en la composición del personal de todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas; (...); y el derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos.
Una abierta apuesta por la idea de democracia paritaria se ha plasmado en la composición de uno de los órganos más relevantes instituidos en el último tiempo al amparo del derecho internacional. Me refiero al Tribunal Penal Internacional. En efecto, el artículo 36.8.a) del Estatuto de Roma dispone que "al seleccionar a los magistrados, los Estados partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la corte haya: [...] iii) representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres".
En el ámbito regional americano existe también una preocupación por potenciar la integración de la mujer en los niveles de toma de decisiones.
Puede mencionarse, en esta línea, el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. Dentro de los objetivos prioritarios de este programa destaca "la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de decisiones en todos los niveles", recomendándose a los Estados miembros, entre otras cosas, "la adopción, según sea el caso, de medidas de acción positiva, de carácter legislativo, administrativo y judicial dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las estructuras de la sociedad".
A partir del Consenso de Quito, documento resultado del trabajo de las delegaciones de 24 países representadas en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevado a cabo del 6 al 9 de agosto de 2007, se establecen obligaciones para los Estados parte entre otras medidas.
México debe de adoptar acciones positivas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos y alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local.
Asimismo, México debe fomentar la cooperación regional e internacional, particularmente en materia de género, trabajando para que el orden internacional sea propicio para el ejercicio de la ciudadanía plena y al ejercicio real de los derechos humanos, incrementando la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales que definen la agenda de seguridad, paz y desarrollo.
En este consenso, nuestro país se comprometió a garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias; formular e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua, así como otros recursos naturales y productivos, facilitar el acceso al financiamiento y tecnologías; favorecer políticas públicas que establezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar; asegurar el acceso a la salud integral de las mujeres; así como adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia de mujeres, adolescentes y niñas que hayan sido víctimas de violencia.
Es entonces obligación del Estado mexicano ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en la región garantizando y estimulando su participación y valorando su función en el ámbito social, económico y en la definición de las políticas públicas, adoptando medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación; así como facilitar la capacitación política para el liderazgo de las mujeres.
Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Único. Que la Junta de Coordinación Política solicite al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) realizar un informe donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito; y se exhorte a todos los legisladores, y en especial a los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, a que conforme a los resultados del informe que realice el CEAMEG asumamos el compromiso de legislar en las materias que haga falta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009.
Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)
Los suscritos, diputados federales Juanita Arcelia Cruz Cruz y Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a etiquetar $33,469,548.55 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil, quinientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional) de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2010 a efecto de resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes.
a) En fecha 9 de marzo de 2001, se constituyó la persona moral denominada: Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, con sede en Putla de Guerrero y con sucursales en Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco, San Juan Mixtepec y Santiago Nuyoo, en el estado de Oaxaca.
b) El 29 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), el cual tiene por objeto apoyar a los ahorradores de las sociedades en las que se haya comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable, que consisten en la evaluación de los estados financieros de una sociedad de ahorro y préstamo cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo por fraude o insolvencia financiera de la entidad a la que pertenezcan.
c) Después de cinco años de operar, el 29 de mayo de 2006, los administradores y empleados principales de la cooperativa abandonaron las oficinas administrativas, llevándose el ahorro de más de 1,500 socios, por un total de $160, 000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 m.n.) y los socios de la entidad de ahorro, en el mes de junio 2006, denuncian a los administradores de Sacriputla SC de RL, dando inicio a la defensa de su patrimonio con gestiones jurídicas administrativas, movilizaciones y cabildeos.
d) Ante esos sucesos en el mes de marzo de 2009 el Pleno de la honorable Cámara de Diputados instruyó a las Comisiones unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que constituyesen un grupo plural de trabajo con el objeto de dar seguimiento y coadyuvar en la solución definitiva del fraude cometido por la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL.
e) En los meses de junio del 2006 al mes de marzo del 2009, continúan las movilizaciones, gestiones y cabildeos, mismo que pasan por las procuradurías local y federal; diversas instancias de los gobiernos ejecutivos federal y estatal; la presidencia de la República; y desde luego, esta soberanía en sus comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, Presupuesto y Cuenta Pública y la Junta de Coordinación Política. Los afectados, mediante la autogestión, logran instalar el caso en la agenda pública institucional.
f) En el mes de octubre 2007, la Sociedad Cooperativa denominada Sacriputla SC de RL, es declarada disuelta, instaurándose el proceso de liquidación en el mes de noviembre del año 2008.
g) En marzo 2009, con el antecedente de que diversos gobiernos estatales han cumplido con la ley ente actos similares, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura obtiene la aprobación del pleno a un punto de acuerdo que contiene tres apartados: 1. se exhorta al gobierno del Estado de Oaxaca a cumplir con sus obligaciones ante la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores;
2. se exhorta al gobierno del Estado de Oaxaca a suscribir con el Fideicomiso Pago el convenio que la ley establece para resarcir el daño; y
3. se instruye a que en Comisiones Unidas, las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, Presupuesto y Cuenta Pública den seguimiento al caso. La presidencia de la Mesa Directiva notifica el exhorto al gobierno del estado.
h) En el mes de abril 2009, el Gobierno del Estado de Oaxaca reconoce legitimidad en la demanda de los afectados, confiesa insolvencia.
i) En cumplimiento al apartado 3 del punto de acuerdo, la Comisión Conjunta de Fomento Cooperativo y Economía Social, Presupuesto y Cuenta Pública rinde su informe ante la Mesa Directiva de la Cámara y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política. Este informe, derivado de una gira de trabajo por Oaxaca y de entrevistas personales con los principales actores involucrados en el conflicto, concluye con el compromiso de que la administración de Estado, a través de sus diputados federales de la LXI Legislatura, promoverá en su presupuesto 2010, la inclusión del recurso correspondiente para cumplir con este compromiso.
j) En el mes de octubre 2009, el gobierno del estado de Oaxaca, a través de su coordinador general del Coplade, remite al coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propuesta para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2010 sea considerado el recurso para atender este caso.
k) En el inicio de esta LXI Legislatura, en el mes de septiembre del 2009, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión retomó esta problemática y presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 incluyera, como parte del presupuesto destinado al gobierno del estado de Oaxaca, una partida especial destinada al pago de los ahorradores defraudados por la Cooperativa Sacriputla. Lamentablemente dichos recursos, aunque se incluyeron en el Presupuesto General del estado de Oaxaca, no fueron especialmente etiquetados para el fin indicado y deberán ser objeto de reasignación por parte del Congreso local del estado de Oaxaca.
La situación actual que guarda esta grave problemática que afecta a miles de familias pobres de la región Mixteca de Oaxaca, conlleva a plantear lo siguiente:
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social constituyó el Grupo plural anteriormente indicado y se dio a la tarea de investigar la problemática antes descrita, llegando a la conclusión de que habiendo disposición por parte del titular del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), licenciado Guillermo Barnés García, de firmar el convenio de coordinación que permita resarcir parte del patrimonio de los ahorradores defraudados y habiéndose practicado la auditoría correspondiente y acreditado que los socios defraudados enlistados en el padrón cumplían con los requisitos que marca la Ley del Fipago, solamente faltaba la firma del gobernador del estado de Oaxaca para suscribir el citado convenio de coordinación y proceder a resarcir hasta el 70 por ciento de los ahorros de los afectados por la cooperativa Sacriputla.
Sin embargo, a mediados del año 2009, el gobierno del estado manifestó que, aunque reconocía la gravedad del problema social desatado a raíz del fraude cometido por los directivos de la cooperativa Sacriputla, no disponía en su Presupuesto de Egresos 2009 de los recursos solicitados.
En tal virtud, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión retomó esta problemática y presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 incluyera, como parte del presupuesto destinado al gobierno del estado de Oaxaca, una partida especial destinada al pago de los ahorradores defraudados por la cooperativa Sacriputla. Lamentablemente dichos recursos, aunque se incluyeron en el Presupuesto General del estado de Oaxaca, no fueron especialmente etiquetados para el fin indicado y deberán ser objeto de reasignación por parte del Congreso Local del estado de Oaxaca.
La situación actual que guarda esta grave problemática que afecta a miles de familias pobres de la región Mixteca de Oaxaca, conlleva a plantear las siguientes
Se trata de un fraude de grandes dimensiones que afectó a pobladores de comunidades de alta marginación de la Mixteca oaxaqueña y que lleva más de tres años sin solución alguna. Esta problemática afecta principalmente a mujeres jefas de hogar, amas de casa, campesinos minifundistas y pequeños comerciantes de una de las regiones que tiene un alto índice de migración y de pobreza, como lo es la Mixteca alta oaxaqueña, quienes hasta el día de hoy se encuentran en la más completa indefensión legal.
El gobierno del estado ha solicitado que este problema se incluya como parte de las tareas a atender en el Coplade, lo cual equivale a reconocer que se trata de un problema serio que requiere de una atención institucional urgente y eficaz, de tal suerte que los ahorradores defraudados por la cooperativa Sacriputla reciban los beneficios de las políticas públicas establecidas.
Con base en los considerandos anteriores, estimamos imprescindible exhortar al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a efecto de que realice la reasignación presupuestal correspondiente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2010, incluyendo en el mismo una partida especial por $33, 469, 548.55 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil, quinientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional) destinada a recuperar los ahorros de los socios defraudados por la cooperativa Sacriputla, con lo cual se le daría pleno cumplimiento a los establecido en el artículo 10 de la Ley que crea el Fipago y se resolvería en forma definitiva un problema social y económico que ha tenido funestas consecuencias para la mixteca oaxaqueña en lo que se refiere al desarrollo humano y social de sus habitantes.
Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad a lo establecido por los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Primero. La honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a efecto de que revisen, ajusten e incluyan una partida especialmente etiquetada en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio relativo al año dos mil diez, con el objeto de liberar $33,469,548.55 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil, quinientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional) destinados al pago de mil quinientos ahorradores defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca a efecto de que formalice la suscripción del convenio de coordinación con el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y esté en condiciones de cumplir con lo establecido en la ley que regula al Fideicomiso Pago.
Dado en el recinto de la honorable Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2009.
Diputados: Juanita Arcelia Cruz Cruz, Luis Felipe Eguía Pérez (rúbricas).
El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, referente a la exhortación al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene al secretario de Gobernación que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se pague de inmediato la cantidad de 4 mil pesos acordados en su favor, al tenor de las siguientes
1. Con fecha 24 de mayo de 2005 se publicó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
2. Al efecto, se constituyó el fideicomiso número 2016 que tuvo como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC.
3. El último reporte de la situación financiera del patrimonio respectivo, rendido por el licenciado Jorge Martínez Pérez-Salazar, Director de Atención de la Unidad de Enlace Federal, indica que al 30 de septiembre de 2009, había "inversiones en valores por 858 millones, 555 mil, 97 pesos con 40 centavos", con lo que se sustenta el hecho de que existen fondos suficientes para llevar a cabo el pago al que más adelante me referiré.
5. La ley en comento tiene la finalidad de otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos, que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América, durante los años de 1942 a 1964.
6. De acuerdo con la ley, los beneficiarios serán los ex trabajadores migratorios o, en su caso, sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan.
7. Se acordó, por el Comité Técnico del Fideicomiso, que se entregara a los beneficiarios del citado instrumento, la cantidad de 4 mil pesos, que dadas las condiciones económicas del país, aun cuando es mínima, cuando menos servirá para cubrir los gastos más elementales de este fin de año.
8. No obstante la obligación que tiene el Comité Técnico citado, para "ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley", según el artículo 5o., fracción XIII, de la propia ley, de entregar esos exiguos recursos, la misma se ha diferido por razones, que son más bien argumentos que caen en el terreno de las trabas y obstáculos, para los beneficiarios del apoyo.
9. En esas condiciones lo que de inicio tenía un buen propósito, en los hechos se trastoca en una inadecuada acción de gobierno.
Por las motivaciones expuestas, el suscrito, diputado federal, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente resolución con
Artículo Único: El Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene al Secretario de Gobernación, se cumpla de inmediato con el acuerdo de entregar la cantidad de 4 mil pesos a cada uno de los beneficiarios respectivos, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a 3 de diciembre del año dos mil nueve.
Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a vigilar y controlar los contenidos de la programación transmitida por los medios de comunicación, con el objetivo de excluir imágenes nocivas y perturbadoras para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, con base en la siguiente
En México, a partir de 1996, se comenzaron a transmitir con intensidad programas informativos especializados en la nota roja, haciendo uso del recurso amarillista y escandaloso, los cuáles lograron pronto altos índices de rating y audiencia; hoy la violencia está presente en casi todos los programas de televisión del país.
Según un estudio de Instituto Tecnológico de Monterrey, hay audiencia en el 83 por ciento de los 30 programas de televisión abierta, lo cual es preocupante, debido a la reiterada presencia de la violencia que contribuye al aprendizaje, imitación, temor y pérdida de valores, especialmente en menores de edad. Asimismo hay que resaltar que la UNESCO ha publicado que en nuestro continente, la mitad de los niños y las niñas dedican el 50 por ciento de sus horas de ocio a ver televisión.
Los dibujos animados con audiencia casi exclusiva de menores, son los programas con mayor número de secuencias violentas mezcladas con humor, adicionalmente en la mayoría de los casos exhibidos en televisión, la violencia no recibe castigo o lo recibe de manera ilegal, es decir, como venganza o tomando justicia por propia mano. Además se exhibe cotidianamente el uso de armas.
Estas conductas negativas pueden ser aprendidas o imitadas con facilidad por los infantes, dañando así su sano desarrollo mental.
La Ley para la Prevención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece la obligación de las autoridades para verificar que los medios de comunicación eviten la difusión y publicación de información en horarios de clasificación "A", con contenidos perjudiciales para su formación que promuevan la violencia y hagan apología del delito y la ausencia de valores.
En la Ley Federal de Radio y Televisión se previene en contra de la violencia, por lo que al respecto se determina que, "deben evitar influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud".
Este mismo ordenamiento jurídico faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar la clasificación de los programas televisivos, así como controlar la programación difundida para que cumpla con los preceptos legales, asimismo está autorizada para sancionar a los medios de comunicación que violen la norma. Pero la abundante cantidad de escenas de violencia transmitidas por televisión en cualquier horario, pone de manifiesto que la Secretaría de Gobernación no está cumpliendo con su obligación de vigilar la correcta clasificación de los programas de televisión, así como su contenido violento.
Los niños y las niñas están expuestos todos los días a recibir mensajes nocivos a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión.
En un estudio se observó, que en 10 horas de programación para niños y niñas, se registraron 582 actos violentos, de los cuales 252 corresponden a muertes, y en una sola hora (de 12:00 a 13:00 hrs.) los menores pueden ser testigos de 183 eventos, lo que hace un promedios de 3 por minuto; dichas escenas se concentran en algunos horarios y caricaturas específicas.
En la actualidad el tema de la violencia en televisión ha generado gran preocupación, debido a que estimula la conducta agresiva en los niños y niñas, los cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles o para adultos, siendo los primeros seis veces más agresivos. Entre los actos violentos vistos por los menores están: asesinatos, guerras, puñetazos, cuchilladas, patadas, accidentes violentos y destrucción de propiedades, entre otros.
Los niños y niñas que ven violencia en la pantalla se comportan de manera más agresiva, sin importar su localización geográfica, sexo, nivel socioeconómico o si tienen problemas emocionales; tal actitud se debe, a que la televisión fomenta dicha conducta de dos formas: 1. Por imitación y
2. Por aceptación de dicho comportamiento como algo apropiado. La violencia en la televisión es algo perjudicial para los niños y niñas, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la exposición repetida a la misma a través de los medios de comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales a través de ella. Aunado a esto, también se puede ver mermada la vida familiar, con la difusión de falsos valores y modelos de comportamiento degradantes, todo ello al recibir información distorsionada y manipulada sobre los hechos y problemas de la actualidad.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ejercicio de sus facultades vigile el contenido que se transmite a través de los medios de comunicación y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes del país.
El suscrito diputado César Daniel González Madruga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal así como al jefe delegacional en Tlalpan a mantener, con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de la demarcación al amparo de sus garantías de autodeterminación, al tenor de las siguientes
En México, tanto la Constitución General de la República como en sus similares de las entidades federativas, se consignan las garantías de autodeterminación de las comunidades indígenas con el fin entre otras de que éstas, establezcan con base en sus usos y costumbres de manera libre sus reglas y mecanismos democráticos de organización política y de convivencia interna.
Para ello, se mandata a las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer las bases fundamentales necesarias para garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Es el caso que el cuarto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Asimismo, el inciso A del dispositivo mencionado, consigna que la Constitución federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para entre otras, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural así como elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. Para ello mandata a que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconozcan y regulen tales derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
Por su parte, el inciso B del mismo artículo de referencia establece que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, deberán establecer las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
El 21 de marzo de 2007, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el que se crea el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal como un órgano de coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal y participación ciudadana, enfocado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.
Dicho acuerdo establece que el consejo lo presidirá el jefe de Gobierno del Distrito Federal además de estar integrado por los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Medio Ambiente, de Desarrollo Social, de Salud, de Turismo, de Cultura, de Protección Civil, de Educación, de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y por los Órganos Político-Administrativo de cada demarcación territorial.
Asimismo, en las Reglas de Operación y Reglamento Interno del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal se señala el establecimiento de Consejos Delegacionales los cuales son los órganos del Consejo, de coordinación y participación ciudadana, enfocados al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México en cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Es el caso que en la delegación Tlalpan en el Distrito Federal, desde hace más de una década los pueblos de Magdalena Petlacalco, Parres "El Guarda", San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Chicalco, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco y Chimalcoyotl, todos ellos originarios de dicha demarcación, se encuentran constituidos en un Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan los cuales con base en sus usos y costumbres, designan bajo el procedimiento de voto universal, secreto y directo en las urnas a sus representantes rurales.
De esa forma, tenemos que el día 22 de noviembre pasado, el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, emitió la Convocatoria a los habitantes de los pueblos que integran dicho consejo a participar en la elección del "Subdirector de Relaciones con los Pueblos Originarios de Tlalpan", el cual tiene la responsabilidad fundamental de representar a las comunidades ante cualquier instancia de gobierno.
La convocatoria de referencia establece que el registro de los candidatos habría de llevarse a cabo los días 23 y 24 de noviembre pasados, esto es, hasta dos días después de emitida la convocatoria y la elección habrá de llevarse a cabo el próximo día 6 de diciembre del presente año. Asimismo, se señala que una vez electo el Subdirector de Relaciones con los Pueblos Originarios de Tlalpan el jefe delegacional en Tlalpan habrá de darle posesión y nombramiento al representante electo de los pueblos rurales.
En ese orden de ideas, si bien estamos ciertos que es una garantía inalienable de las propias comunidades, el establecer con base en sus usos y costumbres las reglas con las cuales habrá de llevar a cabo los ejercicios democráticos de elección de sus representantes, también es un hecho que las distintas autoridades, en el caso que nos ocupa el Gobierno del Distrito Federal y la delegación política en Tlalpan, de conformidad con el artículo 2o. constitucional antes mencionado, tienen el mandato de garantizar permanentemente la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Dicho en otras palabras, si las comunidades originarias de Tlalpan en ejercicio de su autodeterminación definieron llevar a cabo un proceso de elección de sus representantes con todos los componentes característicos de un proceso abierto y democrático y del cual, las autoridades delegacionales habrán de validar el debido desarrollo del mismo, entonces es de esperarse que dichas autoridades en cumplimiento del mandato Constitucional señalado tomen las medidas para garantizar que dicho proceso en efecto se ha desenvuelto respetando en cada una de sus etapas los derechos políticos de los pobladores.
Se afirma lo anterior, en virtud de que se considera que para que la autoridad delegacional en Tlalpan pueda validar a la persona que resultó electa como representante de los pueblos rurales, debió primeramente validar que en todas las etapas derivadas del proceso electoral en curso que lleva a cabo el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, se preservaron las garantías de imparcialidad, objetividad y certeza a tal grado de contar con la seguridad de que la mayoría de los pobladores de los nueve pueblos que conforman el Consejo mencionado, hubiesen estado informados con el debido tiempo y de diferentes formas sobre la emisión de la convocatoria a postularse como representantes.
De no haberse llevado a cabo esa validación por parte de las autoridades, no se puede tener la certeza de que la jornada electoral que habrá de celebrarse el próximo domingo 6 de diciembre en los pueblos de Tlalpan, se ha desarrollado en estricto apego a los principios democráticos que le dé legitimidad y por el contrario, es de presumirse que fue truncado el derecho fundamental de ser votados de muchos miembros de las comunidades tlalpenses mencionadas y de ser así, difícilmente las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la delegación podrían asegurar que se garantizó el desarrollo integral de las comunidades en mención como se encuentran obligados.
La historia nos ha enseñado que la falta de transparencia y de certeza en los procesos democráticos de elección de representantes populares, abre la puerta a prácticas que vician la legitimidad de la voluntad popular.
En ese orden de ideas, resulta primordial honrar la composición pluricultural de nuestro país a partir de fomentar el irrestricto respeto a las distintas formas de organización derivadas de los usos y costumbres de nuestras comunidades. En ellas guardamos los más preciado de nuestras raíces culturales.
Es importante resaltar que el hecho de que la autoridad vele por el establecimiento de las bases mínimas que garanticen la legítima participación de los pobladores de determinada comunidad, en el proceso de elección de los representantes determinado por la propia comunidad, no implica de ninguna forma una contravención a las garantías de autodeterminación con fundamento en los usos y costumbres de los pueblos y por el contrario, si constituye una muestra clara del compromiso con el fortalecimiento de su participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas como lo tienen todas las autoridades constitucionalmente encomendado.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes
Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal así como al jefe delegacional en Tlalpan a que, con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, se mantenga una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de Tlalpan al amparo de sus garantías de autodeterminación.
Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que gire sus instrucciones a las autoridades correspondientes a fin de que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a los propósitos para los cuales fue creado el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, consistentes en el fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 2o. constitucional y con el fin primordial de garantizar el verdadero fortalecimiento de las prácticas tradicionales.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 3 de diciembre de 2009.
Diputado César Daniel González Madruga (rúbrica)
El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
1. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 64 de 125 países, atendiendo la competitividad de su infraestructura. Por sectores, ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras.
2. Por lo anterior, y en virtud de que la infraestructura carretera es de vital importancia para el desarrollo económico y social del país, ésta debe ser más moderna, confiable y segura.
3. Para apoyar este objetivo de mejoramiento y modernización de esta infraestructura, en el año 2006, el Congreso Local de Guerrero, emitió un Acuerdo Parlamentario, exhortando respetuosamente "a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinaran los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad", el cual fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el lunes 10 de noviembre del año dos mil seis.
4. Que, consecuentemente, la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en uso de la facultad exclusiva que le concede la fracción IV del artículo 74 de nuestra Norma Suprema, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 autorizó, con un criterio de "equidad social", un monto de $60.7 (sesenta millones, setecientos mil pesos) para la primera etapa de la construcción y ampliación a cuatro carriles de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, para un avance físico de 2 kilómetros, aproximadamente; lo que constituye, como lo hemos sostenido de manera reiterada, un viejo reclamo de las y los acapulqueños, cuya conquista, no es exclusiva de los representantes populares locales y federales, sino de sectores poblacionales olvidados, ubicados en el sector poniente de la ciudad y puerto de Acapulco, con enormes deseos y necesidad de un desarrollo social, turístico armónico y equitativo.
5. Esta obra representa una necesidad estratégica para detonar el desarrollo, que permitirá el incremento en la generación de bienes y/o servicios que constituyen el fundamento de otras actividades derivadas de ellos, así mismo, fue producto de la solicitud de amplios sectores poblacionales, que por años habían visto pospuesta, la posibilidad de contar con una mejor vía de comunicación y conectividad con el resto de la ciudad, y de mejorar las condiciones de desarrollo y calidad de vida.
6. Sin embargo, la construcción de esta primera etapa ha generado un reclamo generalizado de la sociedad, en especial de los prestadores de servicios turísticos, comerciantes y habitantes de la zona poniente de Acapulco, por las graves irregularidades y malas condiciones en que se encuentra ya, la primera etapa de la ampliación de la carretera Mozimba Pie de la Cuesta, las cuales se hicieron evidentes a partir de las primeras lluvias en el puerto, generando el taponamiento de canales pluviales, y con ello, la inundación de la vía.
7. La segunda etapa de la carretera de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, con una longitud de nueve kilómetros, es necesaria , ya que representa una de las principales arterias que se requieren para detonar la zona poniente de Acapulco y, con ello, propiciar el desarrollo más equilibrado de nuestra ciudad.
8. De igual forma, se han realizado marchas y bloqueos de la vía, en protesta por la lentitud de los trabajos, en esta segunda etapa de la ampliación a cuatro carriles de la carretera citada, debido a que está muy próxima la temporada vacacional y estando esta vía en tan mal estado, no se permitirá el fácil acceso de los turistas a la zona poniente, agravando aún más la situación económica de la zona.
Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. La Sexagésima Primera Legislatura hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ordene una auditoría y, en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños, del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de la Constructora Diamante, que, a sólo unos meses, ya presenta deficiencias como baches y hoyos y exija al Grupo Mexicano de Desarrollo acelere los trabajos, incremente el personal y las jornadas laborales, del segundo tramo, a efecto de que, a más tardar el 18 de diciembre, estén disponibles y liberados los dos sentidos de esa importante vía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de noviembre de 2009.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que confieren los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial del voto de los mexicanos en el exterior, conforme a la siguiente
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno se encuentra plenamente facultado para decidir la constitución de comisiones especiales, siempre que se estimen necesarias, para hacerse cargo de asuntos específicos.
El propósito del presente punto de acuerdo es crear la comisión especial del voto de los mexicanos en el exterior.
El objeto de la comisión será impulsar una reforma a fondo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante tres estrategias específicas: Analizar la experiencia inédita de 2006, en la cual los connacionales en el exterior tuvieron, por primera vez en la historia del país, la oportunidad de ejercer el derecho al sufragio de manera extraterritorial, para realizar un diagnóstico y evaluar dicha experiencia, con miras a su perfeccionamiento.
Hacer un estudio comparativo y una recopilación de todas las propuestas e iniciativas de ley en la materia, tanto las que han sido presentadas en el Congreso de la Unión como en las legislaturas estatales, así como por parte de la sociedad civil, la academia, centros de estudio e investigación, y organizaciones y liderazgos representantes de los migrantes. Lo anterior, a efecto de encontrar las coincidencias y los puntos en común, y trazar una estrategia centrada en alcanzar un proyecto capaz de reunir el consenso de las diversas fuerzas políticas en el tema.
Presentar iniciativas de ley, plurales, para aportar nuevos elementos, escenarios y posibilidades, para estar en condiciones de arribar a nuevos esquemas antes de 2012, que sean jurídicamente viables, y que concreten el anhelo de fortalecer los derechos político-electorales de los migrantes y connacionales en el exterior. De sus integrantes
La comisión especial del voto de los mexicanos en el exterior tendrá 30 integrantes, designados por la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.
La comisión tendrá un plazo de dos años para cumplir sus tareas, de acuerdo con la siguiente estrategia: - En el periodo noviembre de 2009-febrero de 2010, la comisión se dará a la tarea de analizar las propuestas existentes para detectar puntos en común y coincidencias, con la finalidad de construir y presentar una nueva iniciativa de ley, plural y amplia para provocar el consenso en torno al tema entre las fuerzas políticas y dar viabilidad a la reforma del voto de los mexicanos en el exterior.
- En el lapso marzo-octubre de 2010, la comisión conducirá los esfuerzos y las negociaciones pertinentes para que se agote y se cumpla el proceso legislativo, y estén dadas todas las condiciones, para que se concrete la reforma legislativa.
- Finalmente, en el periodo noviembre de 2010-octubre de 2011 la comisión dará el seguimiento oportuno para evaluar los avances en la materia y proponer las medidas para que podamos arribar en 2012 al desarrollo pleno y el perfeccionamiento del voto de los mexicanos en el exterior. De su justificación
Haber hecho posible el voto de los mexicanos en el exterior en 2006 fue en sí mismo un logro del Congreso mexicano, del Instituto Federal Electoral, de los partidos políticos, de los migrantes y sus organizaciones, y de la nación misma.
Sin embargo, del universo posible de votantes, menos de 1 por ciento de quienes contaban con credencial de elector acudió a votar. Lo anterior no puede explicarse por una falta de interés de los connacionales, por ningún motivo. Por el contrario, se debió, entre otros factores, a los siguientes: • La aprobación del marco jurídico para el voto en el exterior en una fecha sumamente cercana al inicio de su implantación, lo que no permitió efectuar una planeación adecuada al respecto.
• Un diseño, esquema y marco para el voto extraterritorial con graves limitaciones, que contuvo demasiadas inhibiciones y restricciones.
• El ejercicio del voto no fue gratuito en todas sus etapas para los electores en el exterior.
• Una insuficiente promoción y difusión.
• La falta de mecanismos e incentivos que alienten y motiven el ejercicio del sufragio. La nacionalidad mexicana no se pierde por emigrar. En este país no es admisible ni permisible tener mexicanos de primera y de segunda categorías; los migrantes tienen los mismos derechos como mexicanos que quienes residimos en el territorio nacional, por lo que debemos garantizar las condiciones óptimas para que puedan ejercerlos y tener acceso a ellos.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con
Único. Se crea la Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior, de acuerdo con el objeto, el mandato, los objetivos, el número de integrantes y el plazo planteados y descritos en la presente proposición.
Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009.
La suscrita, diputada Narcedalia Ramírez Pineda, presenta punto de acuerdo mediante el cual propone constituir, a través de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, una Comisión Especial encargada de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo, y a sus derechos que es impostergable proteger y al mismo tiempo, solicite a la secretaría de gobernación y relaciones exteriores, un informe amplio, sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de Estados Unidos y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio.
Durante estos días, en el diario El Universal se han publicado una serie de reportajes que denuncian el calvario que viven los trabajadores sin documentos en los Estados Unidos, soportando en los campos agrícolas jornadas de hasta 16 horas, muchas veces, con temperaturas de hasta 95 grados Fahrenheit que les causan insolación y muerte. Son crónicas estrujantes; testimonios dramáticos de campesinos y jornaleros indígenas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Guanajuato entre otros, que venden su fuerza de trabajo en los valles de California Estados Unidos, o en nuestro país, en los valles de San Quintín, en Sinaloa o Sonora, cuya tragedia social, no podemos silenciar y menos ignorar.
Cada emigrante que se va sin documentos a la "tierra prometida" ilusionado por el sueño americano, encuentra normalmente la explotación, la criminalización y las actitudes xenofóbicas de quienes los tratan como delincuentes, en lugar de seres humanos en busca de un trabajo. Carecen de todo, incluso de educación y salud para sus hijos, y, por supuesto, de cualquier recurso que proteja sus derechos humanos. Pero lo que más los atormenta es el miedo a ser deportados. Viven, los que encuentran trabajo, prácticamente escondidos y su temor lo explotan malos granjeros estadounidenses que los someten a duras condiciones de trabajo que violan los más elementales derechos de la convivencia civilizada.
Son hechos indignantes que ocurren todos los días y afectan a millones de nuestros compatriotas, en los campos de México, especialmente niños y mujeres, pero que muchas veces pasaban desapercibidos o conocidos sólo por los que los sufrían y sus allegados. Hoy están a la vista de todos: Los reportajes e informaciones de los medios de comunicación llaman a nuestra acción, sobre todo de las autoridades que ya no pueden dar más la espalda a los hechos denunciados.
En nombre de esa realidad vengo hoy a esta tribuna a demandar al Gobierno de la República que asuma el rescate de los derechos laborales y humanos de estos compatriotas, explotados en su miseria y por la falta de opciones en sus comunidades empobrecidas.
La causa social de estos humildes mexicanos llama también a nuestra responsabilidad como legisladores del pueblo que somos. Ha llegado el momento de revisar a profundidad el marco jurídico que tutela los derechos de los trabajadores del campo. Pienso que estamos ante la gran oportunidad para iniciar una nueva relación con nuestros colegas, los legisladores norteamericanos y buscar un acuerdo migratorio que reconozca entre otras cosas, la aportación de los trabajadores mexicanos al desarrollo y crecimiento de la economía norteamericana.
Son cerca de 4 millones de campesinos sin tierra, con minifundios, o con tierras empobrecidas que presionados por la pobreza, la falta de empleo y alternativas que se ven forzados a emigrar y buscar otros horizontes en nuestro país para su sobrevivencia y la de sus familias, las que reclaman nuestras iniciativas.
Las remesas de 400 mil de nuestros compatriotas que cada año cruzan la frontera del miedo para trabajar en Estados Unidos y Canadá, y los más de 10 millones de mexicanos que ya viven allá, ayudan a paliar la miseria de sus familias rotas, pero también aportan recursos considerables a la economía de nuestro país. Son el segundo generador de ingresos después del petróleo, a pesar de la crisis y del profundo desempleo que hoy los agobia por la recesión que vive la economía norteamericana y que ha hecho bajar considerablemente sus envíos a sus familias. Pero además pagan puntualmente sus impuestos. Durante el 2008, los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53,000 millones de dólares en impuestos directos e indirectos, monto que representa más del doble de las remesas que enviaron a México en el mismo periodo.
Por todas estas razones, señor presidente, me permito presentar el siguiente
Único: Constituir, a través de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, una Comisión Especial y plural que se encargue de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo, y a sus derechos que es impostergable proteger y, al mismo tiempo, solicite a la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, un informe amplio, sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de los Estados Unidos y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio.
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento respetuosamente a esta soberanía punto de acuerdo, bajo la siguiente
Las aduanas, en el ámbito mundial, son infraestructura fundamental para el intercambio comercial con el resto del mundo, desempeñan un papel básico en la economía y seguridad nacional, ya que por su naturaleza ejercen control de los bienes transportados internacionalmente.
En las 48 aduanas localizadas en México existen múltiples ordenamientos en la materia para la modernización, que intervienen en la regulación de ese sistema. El esfuerzo ha sido poco, ya que se requiere una plataforma sólida para profundizar en la modernización de las aduanas y orientarlas como facilitadoras de la competitividad, del control y de la seguridad que contribuyan al aumento de los ingresos en el proceso de exportación y en el de importación, favoreciendo el combate al contrabando, la piratería, la corrupción y la no discriminación.
El Sistema de Supervisión y Control Vehicular es uno de los proyectos de modernización que la Administración General de Aduanas ha puesto en marcha en todas las aduanas del país.
Dicho sistema se compone de dispositivos que, en teoría, tardarían aproximadamente ocho segundos para tomar el peso, dimensiones, placas, fotografía del tipo de vehículo, lo que permite al procesador central hacer cruces de información y determinar si es de riesgo y, en su caso, solicitar que sea revisado.
Fue instalado en la aduana fronteriza de Nogales y Agua Prieta, Sonora, provocando un severo caos, ya que se instauró un solo carril vehicular y uno de autodeclaración, lo cual genera filas de vehículos que tardan hasta dos horas en pasar procedentes de las vecinas ciudades de Nogales y Douglas, Arizona, ciudades con las que se tienen estrechas relaciones comerciales y sociales. Aunado a esto, dicho sistema no ha sido del todo eficiente, ya que se han suscitado diversos incidentes de fallas los cuales retrasan aun más el paso vehicular.
Los retrasos tienen repercusiones no sólo para la industria maquiladora, principal fuente de ingresos en estas ciudades, sino en general en el comercio que se ha visto disminuido en sus ventas. La mala imagen que se ha creado nuestro país debido a la inseguridad y la grave recesión económica por la que atravesamos, hace que estas medidas sean totalmente inoportunas sobre todo porque se acerca la época navideña en la que el flujo vehicular se incrementa notoriamente.
Como parte de la acciones encaminadas a resolver este problema, la legislatura estatal de Coahuila aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a retirar dicho sistema o en su defecto a implementar otros mecanismos de revisión que agilicen el flujo vehicular y han enviado diversos oficios al Ingeniero Juan José Bravo Moisés, Administrador General de Aduanas, signado por diversos organismos corporativos de esa entidad.
Preocupado por el grave problema y por la inminente temporada navideña en la que una gran cantidad de paisanos nos visitan, presentamos el siguiente:
Único. Se exhorta a la Administración General de Aduanas para que de manera inmediata solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en las aduanas de Nogales y Agua Prieta, Sonora, o suspenda, en su caso, su implementación durante la temporada navideña, comprendida en los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010.
Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
Los que suscribimos este documento, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto De Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamin Hill, Sonora, y la forma en que afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos, y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas.
En Sonora, por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en las carreteras federales por parte de la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, pérdidas económicas del comercio por entregas fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunos kilómetros en la revisión.
La revisión a la que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causan, sin duda, actos de molestia, en menoscabo de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, que a la letra establecen: Artículo 14, segundo párrafo:
Artículo 16, primer párrafo:
Nadie pude ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo anterior, podemos manifestar que los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente conocidos como "Precos", constituyen actos de molestia al ciudadano que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías individuales, pues se realizan revisiones en bienes personales, como equipaje o carga de particulares, sin orden girada por autoridad competente que funde y motive la razón que le da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados anteriormente, particularmente porque, al no tener la orden señalada, se actualiza el supuesto de la falta de atribución de la autoridad para realizar tales actos.
Ahora bien, no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados "retenes", dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo los operativos encaminados a la erradicación del tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados, y considerando que estos operativos han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país.
En cambio, se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión, en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas, como son las familias, transportistas de perecederos, agricultores, comerciantes, turistas nacionales y extranjeros, por citar algunos.
Es de conocimiento público que el objetivo que tiene el gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado con el objetivo de que sea el Ejército Mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y se instalen equipos necesarios tales como arcos de rayos gama, con lo que a su vez, se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar cada camión de manera física y manual.
Tal es el caso del punto de revisión ubicado en la carretera federal número 2, en el tramo de Hermosillo a Benjamin Hill, que, a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión, sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación, tan costosa y, desafortunadamente por los resultados, tan inútil.
Por ello, para colocarnos a la vanguardia en esta lucha, pero sin continuar violentando nuestras garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza de los ciudadanos; más aún cuando perturban la paz y ahuyentan al turismo nacional e internacional, así como también provocan cuantiosas pérdidas económicas a los sectores industriales y agrícolas del país y de Sonora.
En dicho tenor, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición de
Único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en caso de aplicar un plan específico para el combate al flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implementar revisiones a las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible de la economía nacional.
Diputado Ernesto De Lucas Hopkins (rúbrica)
La suscrita diputada federal, Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), 39 numeral 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, para que a la brevedad dictaminen el punto de acuerdo, que insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad de la vacuna contra la influenza A (H1N1) y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirirla y aplicarla, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas, y a la Profeco a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en prácticas dolosas, al tenor de las siguientes
Primera. En la sesión del martes 6 de octubre de 2009, la suscrita presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por el que se que insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad de la vacuna contra la influenza A (H1N1) y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirirla y aplicarla, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas, y a la Profeco a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en la prácticas dolosas.
Segundo. El punto de acuerdo de referencia fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, para su estudio y dictamen.
Tercero. El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que haya recibido los asuntos turnados. Asimismo, el artículo 91 de dicho cuerpo normativo señala que cuando una comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio lo manifestará a la Cámara antes de que expire el término de cinco días.
No obstante lo anterior, han transcurrido dos meses desde su presentación y turno correspondiente, pero las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía no han presentado al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para excitar a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía a que presenten el dictamen correspondiente, toda vez que han transcurrido con exceso los cinco días después de aquel en que se les turnó un asunto.
Quinto. El punto de acuerdo en cuestión se deriva del ofrecimiento o la venta de vacunas falsas que, desde el pasado mes de octubre, comenzó, a inundar diversos espacios publicitarios con anuncios como los siguientes: "¡Ya tenemos la vacuna contra la influenza, adquiérala aquí" o "Protégete contra la influenza, apártala con 100 pesos"; en otros casos, simplemente se proporciona los números telefónicos para adquirirla.
Al respecto, también desde octubre pasado, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, admitió en los medios masivos de información que personas sin escrúpulos estaban vendiendo u ofertando a la población la adquisición de vacunas falsas contra la influenza, por lo que hizo un llamado para no caer en este engaño.
Sexto. Conviene precisar que desde el multicitado mes de octubre pasado, las autoridades de la Secretaría de Salud no han tomado las medidas necesaria para evitar la venta de vacunas falsas contra la influenza A (H1AN1), y prueba de ello es que el lunes 30 de noviembre, nuevamente por los medios de información se dio a conocer la persistencia de esa práctica fraudulenta.
La excitativa se fundamenta también en que la venta vacunas falsas no sólo implica un fraude económico a aquellas personas que caigan en el garlito de adquirirlas. Lo peor es que estarían poniendo en riesgo su salud y su vida, porque de nada les servirían para combatir el nuevo virus pandémico.
Por lo expuesto, solicito atentamente a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que:
Único. Con base en los términos de las consideraciones expuestas y de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía de la Cámara de Diputados, para que a la brevedad presenten el dictamen correspondiente al punto de acuerdo, por el que se que insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad de la vacuna contra la influenza A (H1N1) y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirirla y aplicarla, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas, y a la Profeco a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en la prácticas dolosas.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009.
El 2 de diciembre de 2008, a los 59 años, dejó esta vida Carlos María Abascal Carranza después de una dolorosa enfermedad enfrentada con gallardía, con actividad fecunda hasta los últimos momentos. Confortado con el amor de sus seres queridos, Carlos llegó a su meta en esta vida.
Carlos Abascal Carranza fue un hombre plenamente comprometido con el ser humano, con la dignidad de la persona, con el bien común. Su trayectoria gubernamental fue ejemplo de congruencia, de tolerancia, de diálogo y de entendimiento; y es así que en su memoria, en este aniversario luctuoso bien vale recordar algunos de los legados tangibles que dejó Carlos Abascal Carranza como servidor público.
Secretario del Trabajo y Previsión Social, primero, después secretario de Gobernación, cargos que asumió con entrega, compromiso pleno y con esa peculiar vocación de servicio que resulta ejemplar.
Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal promovió una nueva visión de las relaciones laborales, que concretó en tres realizaciones: la nueva cultura laboral, la primera; el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, la segunda y logró la concreción de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la tercera. Me referiré a estos tres temas, que siguen teniendo una vigencia plena.
Desde 1995, cuando la crisis económica del sexenio de Ernesto Zedillo ponía en peligro el desarrollo de México, Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y Carlos Abascal, entonces dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, intentaron poner fin a ese antagonismo histórico de lucha de clases e iniciar una etapa de colaboración basada en nuevos valores y nuevas actitudes en el mundo del trabajo.
Para tal fin don Fidel Velázquez se presentó en la Coparmex para firmar el documento denominado "Por una nueva cultura laboral", "considerando la difícil situación por la que pasa nuestro país, basándonos en nuestra convicción de que las crisis solamente se pueden superar si permanecemos unidos trabajando por el bien común"
La nueva cultura laboral es un cambio positivo de mentalidad en las relaciones de trabajo que tiene el objetivo de reivindicar el valor del trabajo y la dignidad de las personas que lo realizan, superando la visión reduccionista que considera al trabajo, y en muchos casos a las personas que lo realizan, como un insumo o una mercancía; y trascendiendo por completo la visión de antagonismo, de lucha entre trabajadores y empresarios. La nueva cultura laboral sublima la dignidad de la persona y es ésta el fundamento que determina el valor del trabajo.
Con una nueva cultura laboral se busca erradicar algunos vicios que todavía se viven en el mundo del trabajo y reforzar las cualidades, tratando de construir una nueva relación entre trabajadores, empresarios y gobierno. Una cultura de "unidad de esfuerzos y no la lucha de clases".
Para la nueva cultura laboral el trabajo contribuye a la realización personal y debe valorarse mediante un salario justo, tomando en cuenta la situación del trabajador y su familia, así como las posibilidades de la empresa y las condiciones económicas del país.
La nueva cultura laboral busca mejores condiciones de vida para los trabajadores mexicanos, a través de una mayor y mejor capacitación, que les permita ser más productivos y participar más activamente en su empresa, para que las ganancias generadas se traduzcan en salarios más justos y en condiciones laborales más dignas, hacia un México más competitivo.
Son ocho los objetivos centrales de la nueva cultura laboral: 1. Fomentar la revaloración del trabajo humano, otorgándole la dignidad que le corresponde –No es un castigo… El trabajo es una forma de contribuir al desarrollo de nuestras familias y del país.
2. Propiciar niveles de remuneración justos y equitativos.
3. Impulsar la capacitación de los trabajadores y empresarios. Los empleadores conscientes han descubierto que la mejor inversión que pueden hacer es en las personas, en la capacitación.
4. Favorecer el cuidado del medio ambiente y la aplicación integral de las disposiciones relativas a seguridad e higiene.
5. Estimular la creación de empleos y la preservación de los existentes.
6. Consolidar el diálogo y la concertación como los métodos idóneos para que las relaciones obrero-patronales se desarrollen en un clima de armonía, en contraste de la visión marxista de la lucha de clases.
7. Promover el pleno cumplimiento de los derechos constitucionales, legales y contractuales de carácter laboral.
8. Reconocer la importancia de dirimir las controversias ante los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia laboral. Sigue siendo un reto crear una cultura laboral en México, fundada en el respeto a la persona y a su plena realización, para que nos acerquemos al objetivo que consiste en un mundo laboral más justo, más digno y por ende, más competitivo en la globalización.
Otra concreción de gran trascendencia de Carlos Abascal fue el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, organismo de diálogo social reconocido por la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares.
En los considerandos del acuerdo que crea el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos se reconoce: Que México vive hoy una situación económica caracterizada por la globalización de la economía, lo que implica una mayor competencia para producir y vender bienes y servicios, …lo que sólo se logra con la concurrencia armónica del gobierno, los factores de la producción y la sociedad.
Que frente a esas nuevas realidades económicas, resulta inaplazable transitar a una nueva cultura laboral, que partiendo del reconocimiento a la dignidad de la persona y, por tanto, del trabajo como actividad que permite no sólo la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano, sino también como instrumento de dignificación de su existencia, logre una mejor distribución de la riqueza mediante niveles salariales verdaderamente remuneradores, que impulse y promueva la capacitación para la productividad, la prevención de accidentes, la seguridad e higiene en los centros de trabajo, a la vez que profundice en la conciencia de la sociedad la impostergable necesidad de la conservación de los recursos naturales y el cuidado de la ecología en su conjunto; pero también una cultura laboral que se funde en el diálogo, la concertación y los entendimientos entre autoridades, trabajadores y empresarios como las únicas vías para la solución de diferencias y el desarrollo sostenido de los centros de trabajo y de las actividades productivas.
Que es responsabilidad del gobierno realizar las acciones y establecer los mecanismos e instancias que permitan, con el concurso de los sectores interesados, el crecimiento y el desarrollo nacionales en un marco de estabilidad de la economía y abatimiento y control de la inflación, para lograr elevar el nivel de vida de todos los mexicanos, en particular de aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, mediante, entre otras acciones, la creación de condiciones que les haga acceder a un empleo pleno, digno y bien remunerado que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Por estas y otras razones se creó el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos como un órgano permanente de consulta e instancia de coordinación, participación y colaboración del sector laboral.
Los esfuerzos que se realizaron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inspirados por la nueva cultura laboral y animados por los encuentros del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, lograron que –en colaboración con los empresarios y los trabajadores– diputados del PRI, del PAN y del PVEM de la LVIII Legislatura presentaran una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la intención de mejorar el entendimiento entre trabajadores y empleadores, impulsar y eficientar la capacitación, aumentar la productividad, mejorar los salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo a fin de ofrecer más y mejores empleos, así como para promover la celeridad y la transparencia.
Los diputados de esta legislatura tenemos la invitación para darle a México una Ley Federal del Trabajo mejorada, que se adapte a la inminente necesidad de promover el empleo, aumentar las posibilidades de contratación, multiplicar las unidades productivas y darle al mundo del trabajo un dinamismo como nunca antes se ha visto en este país.
El mejor homenaje que podemos darle a Carlos será, sobre todo, seguir su ejemplo. Rescatar su legado es el verdadero honor que se le puede otorgar a un gran político que tuvo siempre en la mira a su México.
Carlos Abascal solía decir que "el político tiene como misión la construcción del bien común y la realidad temporal". Me parece evidente que, en su vida como dirigente, como servidor público (expresión que él prefería a la de "funcionario público) Carlos cumplió adecuada y honrosamente esa meta: construir el bien común y la realidad temporal. Carlos supo plasmar en acciones de gobierno, en instituciones y en el pensamiento político, su fe, su amor a Dios y al prójimo, y su amor a la patria de manera fecunda.

References: artículo 58
 artículo 179
 artículo 35
 artículo 59
 artículo 58
 artículo 74
 artículo 22
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 59
 Artículo 53

Artículo 54
 artículo 54
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 artículo 5
 artículo 4
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 artículo 36
 artículo 10
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 58
 artículo 2
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 artículo 74
 artículo 42
 artículo 58
 Artículo 14

Artículo 16
 artículo 87
 artículo 91
 artículo 21