Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0037.01.SPA
Timestamp: 2019-09-20 12:18:21+00:00

Document:
EUR-Lex - 52019IE0936 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 52019IE0936 - EN
Document 52019IE0936
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Escuchar a los ciudadanos de Europa por un futuro sostenible (Sibiu y más allá)»
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Listening to the citizens of Europe for a sustainable future (Sibiu and beyond)’
OJ C 228, 5.7.2019, p. 37–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
(2019/C 228/06)
Ponentes: Vladimíra DRBALOVÁ
Yves SOMVILLE
217/6/8
Escuchar a los ciudadanos de Europa por un futuro sostenible
En razón de la diversidad de sus miembros, el CESE actúa de puente entre las instituciones de la UE y sus ciudadanos y, como tal, desea proponer su ambiciosa visión de futuro, en la que Europa se convierte en el líder mundial del desarrollo sostenible.
La creación de la Unión Europea es uno de los proyectos pacíficos, sociales y económicos, de mayor éxito en la historia europea. Nuestra Europa se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres, democracia, estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de personas pertenecientes a minorías (1). Estos valores deben seguir estando en el centro de las políticas y la evolución futuras de la UE.
Siete décadas de paz y estabilidad en Europa suponen un logro histórico excepcional. El proyecto europeo y la construcción de la Unión Europea lo han hecho posible uniendo a los ciudadanos de Europa —y, paulatinamente, a los Estados europeos— con un propósito común. Ello explica por qué la UE sigue siendo un proyecto atractivo para los países candidatos y para los países que participan en la política de vecindad de la UE. No obstante, Europa debe estar preparada para afrontar nuevos cambios geopolíticos. El CESE debe desempeñar un papel a la hora de concienciar sobre el hecho de que la paz no puede darse por sentada para siempre.
El mercado único, en todas sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales, es el elemento esencial de la integración europea. Por ello, debe tener la capacidad de generar crecimiento sostenible e innovación, atraer inversiones y fomentar una competitividad sostenible de sus empresas en unos mercados globalizados. Sin embargo, también es importante reconocer que las repercusiones positivas del mercado único no se han distribuido equitativamente y que no todos los ciudadanos están en condiciones de disfrutar de su prosperidad.
Crecimiento sostenible significa que el crecimiento no solo debe ser cuantitativo, sino de hecho más bien cualitativo, lo cual implica i) no explotar el medio ambiente ni la mano de obra; ii) unas condiciones de vida equitativas; iii) un crecimiento económico medido no solo por el flujo anual, sino también por los patrimonios acumulados y su distribución; iv) satisfacer las necesidades de todos con los recursos del planeta; v) desarrollar economías que nos permitan prosperar, independientemente de que estas crezcan o no; y vi) un ciclo cerrado de flujo de ingresos entre las familias, las empresas, los bancos, el gobierno y el comercio que funcione de manera social y ecológica. La energía, los materiales, el mundo natural, la sociedad humana, el poder y la riqueza que compartimos están, en su integridad, fuera del modelo actual. Se ignora el trabajo no remunerado de los cuidadores —principalmente, el de las mujeres—, a pesar de que ninguna economía podría funcionar sin ellos (2).
Por su parte, la competitividad sostenible es un modelo que mantiene el equilibro entre la prosperidad económica, los problemas medioambientales y la inclusión social. En este contexto, el Índice de Competitividad Global adaptado a la sostenibilidad debe considerar dos dimensiones nuevas: la medioambiental y la social (3).
Las cuatro libertades, a saber, la libertad de circulación de bienes, ciudadanos, servicios y capital, que juntas permiten el desarrollo comercial y económico, el empleo, la creatividad y la innovación, el intercambio de competencias y el desarrollo de infraestructuras en zonas remotas, son la esencia de Europa. El buen funcionamiento de las libertades económicas y las normas sobre competencia va de la mano de los derechos sociales fundamentales, pero no debería menoscabarlos.
A pesar de ello, la UE sigue enfrentándose a retos económicos, sociales, medioambientales y políticos excepcionales, tanto internos como externos (4), que ponen en riesgo su existencia (el proteccionismo en el mercado único, las desigualdades sociales, el populismo, el nacionalismo y el extremismo) (5), así como a importantes cambios tecnológicos y del panorama geopolítico.
La aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, otros riesgos medioambientales y el fracaso colectivo a la hora de aplicar políticas eficaces son también una importante amenaza para la población, la economía y los ecosistemas de Europa. Esta es la razón por la que necesitamos una estrategia sólida de la UE para la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las sociedades más equitativas obtienen mejores resultados medioambientales y tienen una mayor capacidad de aumentar su sostenibilidad.
Existe una necesidad clara de satisfacer la demanda de empleos de calidad por parte de los ciudadanos de toda Europa, especialmente en las regiones con una alta tasa de desempleo, principalmente entre los jóvenes, o que se enfrentan a cambios estructurales. Ello nos impone a todos (instituciones, gobiernos, interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil) la obligación de redefinir una Europa sostenible que fomente la creación de empleos de calidad.
Debemos mejorar de manera urgente el acceso a los mercados de trabajo, vinculando la creación de empleos de calidad con la mejora del sistema educativo, a fin de generar competencias adecuadas, por ejemplo, mediante el sistema dual.
Las dimensiones sociales y medioambientales están interrelacionadas, y la economía debe propiciar la renovación social, económica y cultural, especialmente favoreciendo y desarrollando competencias clave y aumentando la diversificación. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas debe alentar al sector privado para que contribuya a alcanzar los objetivos económicos, sociales y medioambientales sostenibles, de modo que se promueva el aumento equitativo y sostenible del bienestar de todos y la protección de los derechos sociales, humanos y laborales (6).
La dimensión cultural, en toda su diversidad, del proyecto europeo también debe ser reconocida plenamente en todas las políticas de la UE. Esto implica conocer y promover el patrimonio cultural, integrar una dimensión cultural y creativa en la educación, y favorecer la creación contemporánea como motor de cohesión y desarrollo.
La sostenibilidad es un proceso con visión de futuro que debe ser guiado por una fuerte voluntad política y por la determinación de configurar una Unión Europea sostenible transformando nuestras economías hacia un futuro resiliente y cooperativo, eficiente desde el punto de vista de los recursos, con bajas emisiones de carbono y socialmente inclusivo (7), en el que los comportamientos, las acciones y las decisiones de los gobiernos, las empresas, los trabajadores, los ciudadanos y los consumidores estén determinados por su impacto económico, medioambiental y social responsable.
El CESE pide, en primer lugar, una estrategia general de sostenibilidad a la hora de aplicar la Agenda 2030, garantizada por un presupuesto ambicioso de la UE.
La competitividad y la sostenibilidad no son incompatibles, siempre que los aspectos sociales y medioambientales constituyan una parte esencial de la definición de competitividad. La competitividad no debe definirse exclusivamente en términos cuantitativos y de precios, sino preferiblemente teniendo en cuenta también los valores europeos, los aspectos cualitativos y la sostenibilidad, como parte de un mercado único plenamente desarrollado y que funcione correctamente.
Europa necesita un nuevo modelo de crecimiento, que sea cualitativamente diferente de lo que hemos tenido hasta ahora, que sea más inclusivo socialmente y más sostenible ecológicamente hablando, y que fomente y acompañe la convergencia de las transiciones digitales y ecológicas en nuestros países y sociedades.
La inversión sostenible es un instrumento esencial para impulsar y promover el proceso de refuerzo del liderazgo de Europa en el camino hacia una sociedad sostenible. Debe impulsar la creación de empleos de calidad, las energías renovables, los sistemas educativos, un transporte público ecológico, asequible y accesible, la tecnología digital de diseño ecológico, la investigación y la innovación.
Las empresas europeas deben cumplir su función y sus responsabilidades, y actuar como líderes para el resto del mundo si la competitividad y la sostenibilidad económica de nuestro sistema europeo se redefinen con respecto a los límites del único planeta que tenemos.
2. La Europa de los ciudadanos
Para los ciudadanos europeos, Europa está cada vez más fuera de la solución y se percibe cada vez más como un problema. Las amenazas a las que se enfrenta actualmente son el nacionalismo y el proteccionismo. Ante la pérdida de identidad y valores, y el olvido de la dimensión cultural del proyecto europeo, Europa está teniendo dificultades para encontrar las respuestas a los problemas locales y globales.
Aceptar las inquietudes legítimas de los ciudadanos y promover su participación democrática es muy importante, especialmente en el caso de los jóvenes. Mejorar y reformar los mecanismos de participación y los procesos de consulta existentes en la UE resulta esencial. Las cuestiones relativas a los jóvenes se incluyen en el pilar europeo de derechos sociales, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), entre otros.
Un diálogo civil estructurado debe ser un instrumento real de participación democrática, tal y como se establece en el artículo 11, apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión Europea (8).
El CESE, como representante institucional de la UE de la sociedad civil organizada, seguirá participando activamente en el proceso de elaboración de políticas.
También es necesario seguir apoyando y mejorando la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), tal y como se establece en el artículo 11, apartado 4, del TUE como primer instrumento de participación transnacional a nivel mundial. Por su parte, el CESE ha luchado por la aplicación de un conjunto de normas más simple y comprensible (9), y actúa además como intermediario entre la Comisión y los ciudadanos, principalmente organizando anualmente la conferencia del Día de la ICE y prestando asistencia y apoyo a los organizadores de este tipo de iniciativas.
Debe involucrarse a la juventud y los jóvenes deben participar en el proceso político europeo (10) mediante la promoción de un compromiso cívico más amplio, en particular a través de las elecciones, el voluntariado, la adhesión a organizaciones juveniles y la participación en la democracia en el lugar de trabajo y el diálogo social (11). El CESE fomentará la participación de los jóvenes en sus actividades y organiza actos dirigidos a los jóvenes, como «Tu Europa, tu voz» y el premio a jóvenes emprendedores.
Deben adoptarse medidas encaminadas a garantizar una mayor responsabilidad y transparencia de las decisiones tomadas por las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, implicando también a los entes locales y regionales, para conseguir el apoyo de los ciudadanos, como, por ejemplo, reformar los métodos de trabajo del Consejo en aras de una mayor transparencia, y resolver los problemas de rendición de cuentas y transparencia que plantea el recurso generalizado a los «diálogos tripartitos» antes de la adopción de actos en la primera y segunda lecturas del procedimiento legislativo ordinario (12) (13).
Se deben crear mecanismos institucionales que incrementen el impacto de los dictámenes del CESE en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones de la UE, por ejemplo, aumentando el control del seguimiento de los dictámenes del Comité y concluyendo un Acuerdo de Cooperación con el Consejo de la Unión Europea con el fin de garantizar, entre otros aspectos, que se proporciona información de forma sistemática a los grupos de trabajo del Consejo sobre los dictámenes del Comité.
Es esencial obtener el apoyo de los ciudadanos para la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a fin de forjar un nuevo pacto social.
3. Una Europa social
El modelo social europeo debe proporcionar una protección sólida y equitativa a todos los ciudadanos, a la vez que mitiga la pobreza y ofrece oportunidades para que todos prosperen. Unos ingresos decentes deberían estrechar la brecha entre los ricos y los desfavorecidos y garantizar la calidad de vida. Todo el mundo debería disfrutar de normas laborales dignas, igualdad, un mayor bienestar y una disminución de las desigualdades en materia de sanidad que se registran entre los países y dentro de ellos, así como entre las distintas generaciones. Los principios clave que deben guiar las agendas políticas nacionales y europeas son la inclusión y la protección social, los empleos de calidad, la igualdad de género, una sanidad pública y una atención sanitaria de calidad asequibles y accesibles, el acceso a viviendas asequibles y de calidad, la justicia medioambiental, una educación pública de alta calidad y el acceso equitativo a la cultura.
Un nuevo «pacto social» que ofrezca a todos los ciudadanos una sociedad más justa y equitativa es indispensable. Esta es la razón por la que el CESE pide un programa de acción social con el fin de transponer la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en todos los niveles.
El CESE exige una mejora general de los sistemas educativos, así como una mayor inversión en ellos, y apoya el derecho universal a la formación continua para que los ciudadanos puedan adquirir competencias, así como reciclarlas y perfeccionarlas. Un aumento de las inversiones en las instituciones, políticas y estrategias que apoyen a las personas en las futuras transiciones laborales y la implementación de una agenda transformadora y cuantificable para la igualdad de género son elementos que deberían recibir un apoyo generalizado (14).
Las políticas públicas y las medidas legislativas deben garantizar que todos los ciudadanos y residentes europeos gozan del mismo nivel de protección y pueden ejercer sus derechos y libertades fundamentales. La UE debe mejorar sus políticas y acciones a fin de garantizar la igualdad de género, así como que todas las personas que sufran diversas formas de discriminación tengan las mismas oportunidades en la sociedad.
Dada la creciente preocupación que suscitan las diferencias de progreso entre los Estados miembros, las medidas para garantizar un salario mínimo y una renta mínima, como parte de un proceso de convergencia social en la UE, pueden constituir un importante elemento de protección social. Esto contribuiría a conseguir un nivel de vida digno en todos los países, a la vez que ayudaría a fomentar el crecimiento y aumentar la convergencia —o evitar la divergencia— dentro de la UE (15).
Una transición sostenible requiere una inversión en sistemas de protección social eficaces e integrados que ofrezcan servicios de calidad (16).
El diálogo social y unos sistemas sólidos de negociación colectiva entre los interlocutores sociales deberían prevalecer como instrumentos clave para anticipar y gestionar las transiciones y los cambios.
Las medidas anteriormente mencionadas deberán contribuir a crear unas condiciones de competencia equitativas que faciliten la plena realización del mercado único.
4. Medio ambiente sostenible
Los riesgos medioambientales siguen dominando los resultados del Informe global de riesgos que se elabora cada año. Este año, son tres los que se encuentran entre los cinco principales riesgos por probabilidad y cuatro por impacto. Los fenómenos meteorológicos extremos han sido el riesgo que suscita mayor preocupación, aunque los encuestados afirman sentirse cada vez más inquietos por el fracaso de las políticas medioambientales: después de haber descendido en la clasificación tras el Acuerdo de París, el «fracaso de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él» ha subido de nuevo hasta la segunda posición de la clasificación por impacto de este año (17).
En un planeta muerto, no habrá vida, empleo ni empresas. Por consiguiente, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático exigen como requisito indispensable que la UE cree empleos de calidad (18) y aporte una solución que beneficie a los empresarios, los trabajadores y otros representantes de la sociedad civil. Retrasar la adaptación o no actuar en absoluto podría conducir a un incremento considerable del coste total del cambio climático (19) y a que su impacto sea extremo en la biodiversidad, incluida la humanidad.
El proyecto de Pacto Europeo de Financiación Climática ha sido objeto de debate durante varios años y lo sigue siendo. Este Pacto permitiría mantener a la UE su posición de liderazgo en materia de desarrollo sostenible y en la lucha contra el cambio climático (20).
Esta estrategia debe garantizar que al menos el Acuerdo de París se aplique de forma completa e inmediata y se refleje a través de la armonización de los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2030 y 2050 con el compromiso de limitar el aumento de la temperatura a un máximo de 1 °C y mediante políticas climáticas ambiciosas de la UE, incluida la rápida eliminación de todos los combustibles fósiles, pasando de la eficiencia energética a una reducción absoluta del uso de energía. La UE deberá acelerar la transición equitativa y sostenible hasta alcanzar el nivel más alto posible de energías renovables (21) que sean limpias y asequibles, favorezcan la participación de la comunidad en la propiedad y no provoquen pobreza energética ni perjudiquen a la competitividad sostenible de las empresas europeas a nivel global.
El Pacto de Financiación Climática debe abarcar todos los aspectos de una política de cambio climático, como una transición justa para mitigar los efectos del cambio y compensar los daños y pérdidas, así como políticas reales de adaptación al cambio climático.
El CESE reitera su llamamiento para que se desarrolle una política alimentaria integral (22) en la UE, cuyos objetivos sean crear dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, vincular la agricultura a la nutrición y los servicios de los ecosistemas y garantizar cadenas de suministro que salvaguarden la salud pública de todos los grupos de la sociedad europea. Una distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria es esencial.
La agricultura podría ser parte de la solución de mitigación del cambio climático (economía circular, almacenamiento de CO2, etc.), ya que cubre una elevada proporción del territorio europeo. Además, la agricultura sostenible desempeña una importante función a la hora de mantener el tejido socioeconómico en las zonas rurales.
La UE debe pasar de una economía lineal a una economía circular sin carbono. Las políticas de economía circular deben garantizar que los ciclos sean duraderos, breves, locales y limpios. Para algunas actividades industriales específicas, el tamaño de los circuitos puede tender a ser amplio (23).
Se deben establecer y cumplir normas comunes con el fin de ofrecer aire y agua limpios y proteger nuestros océanos. Deben aplicarse medidas ambiciosas para detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad en Europa y a nivel mundial, y erradicar la explotación insostenible de los recursos naturales (también los del Sur Global). Estas medidas deben adoptarse para que los niveles de consumo europeos estén en consonancia con la capacidad de producción del planeta, también mediante la aplicación de estrategias de suficiencia (24).
5. La empresa europea como un líder sostenible a nivel global más sólido
Las empresas permiten el desarrollo social y medioambiental, y la competitividad sostenible es un requisito necesario para que estas desempeñen su función en la sociedad. Las empresas tienen un funcionamiento cada vez más sostenible basado en sus circunstancias y recursos específicos propios, y en colaboración con sus partes interesadas, para controlar, evaluar e informar sobre los impactos sociales, medioambientales, en la protección del consumidor y en los derechos humanos de sus actividades comerciales. Por tanto, Europa necesita adoptar un enfoque en sus políticas que esté en consonancia con su objetivo de convertirse en líder global en el desarrollo sostenible. En Europa, ya existen empresas que están a la cabeza, aunque deben ser más ambiciosas y extender esta mentalidad sostenible a lo largo de las cadenas de valor, incentivando de manera particular a las pymes.
Multitud de modelos nuevos están transformando la relación entre productores, distribuidores y consumidores. Algunos de estos nuevos modelos (como la economía funcional, la economía colaborativa y las finanzas responsables) tienen por objeto abordar otros retos clave para las personas y el planeta que son esenciales para el desarrollo sostenible, como la justicia social, la gobernanza participativa y la conservación de los recursos y el capital natural.
La cuarta revolución industrial en curso está modificando drásticamente la economía mundial y, en concreto, la producción y los servicios relacionados con la industria. Europa necesita una auténtica transformación digital para recuperar la competitividad sostenible a nivel global y generar un crecimiento y empleos sostenibles. Europa necesita un cambio general para convertirse en la región digital más dinámica del mundo, teniendo en cuenta el carácter global de la economía digital y la integración de las empresas en las cadenas de valor mundiales.
La necesidad de respaldar estos modelos innovadores representa para la UE la oportunidad de asumir el liderazgo de modelos económicos sostenibles e innovadores que hacen indisociables los conceptos de prosperidad económica, protección social de calidad y sostenibilidad medioambiental, y que definen una «marca europea».
Las empresas europeas deben seguir impulsando la innovación y la creatividad y respetar normas elevadas relacionadas con los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente en Europa. Si bien la elaboración de políticas inteligentes y la buena gobernanza desempeñan un papel importante a la hora de fijar el marco adecuado, son las empresas y sus trabajadores, en estrecha cooperación con los científicos e investigadores, los que innovan y aportan soluciones en respuesta a las necesidades de la sociedad.
Un entorno empresarial que ayude a prepararse para el futuro se basa en mercados abiertos y en la competencia leal, se define por sus aspectos sociales y medioambientales, y ofrece condiciones propicias y favorables a la actividad empresarial.
Debe ofrecerse orientación y apoyo para que todas las empresas, y en particular las pymes, puedan asumir la digitalización, invertir tendencias inadecuadas de la inversión en tecnología e innovación a través de la concienciación, el fomento de la financiación, el apoyo a la investigación y el desarrollo y la inversión en capacidades adecuadas.
6. El comercio libre y justo
La política de comercio de la UE es un factor clave aplicable a la UE en conjunto que, de hecho, une a todos sus Estados miembros. La política comercial ha ayudado a la UE a aumentar su prosperidad mediante intercambios comerciales con un gran número de socios. En la actualidad, la UE es la principal fuerza comercial a nivel mundial, ya que existen más de 30 millones de empleos relacionados con el comercio internacional (25), desempeña un importante papel en el comercio de los servicios y presenta superávits comerciales significativos, por ejemplo, con Estados Unidos (más de EUR 107 900 millones en los primeros once meses de 2018). Al mismo tiempo, la UE representa y promueve, a través del comercio, los valores de inclusión social y protección del medio ambiente, que son esenciales para configurar una globalización sostenible, esto es, una forma de globalización que beneficiará no solo a las grandes empresas e inversores, sino también a los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los agricultores, los consumidores y las pymes.
La UE pretende promover —multilateral, bilateral y unilateralmente— una visión de la política comercial que combina el enfoque mercantilista tradicional sobre el acceso al mercado (arancelario y no arancelario) con los objetivos de desarrollo sostenible para luchar contra el cambio climático.
La política comercial de la UE ha reforzado el papel de la sociedad civil tanto durante la fase de negociación como durante la fase de aplicación gracias a las contribuciones de los grupos consultivos internos. El CESE defiende la profesionalización de todas las organizaciones que permiten a los ciudadanos tener más voz a la hora de determinar el contenido de los acuerdos comerciales, así como un mayor control del cumplimiento de los compromisos y normas «cualitativos» por parte de los socios comerciales (26).
Al igual que su diplomacia y su política de vecindad, la política comercial de la UE debe reflejar sus propios valores internos y ser coherente con ellos dado que es el líder global en sostenibilidad. La UE debe tener la capacidad de mantener su competitividad y gestionar sus alianzas con socios clave, a la vez que conserva, refuerza y mejora su modelo de normas elevadas en los ámbitos social y medioambiental.
El CESE pide, en concreto, una agenda de política comercial ambiciosa en sus tres niveles (unilateral, bilateral y multilateral), una política que genere crecimiento y empleo en la UE y promueva, a su vez, una política comercial basada en normas a nivel global.
A nivel unilateral, la UE debe modernizarse y mejorar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) y la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) a fin de fomentar el desarrollo de los países menos adelantados y de los países en desarrollo.
A nivel bilateral, la UE debe seguir abriendo nuevos mercados, aumentando las oportunidades de negocio y mejorando la satisfacción de los consumidores con más socios, sin dejar de garantizar elevadas normas sociales y medioambientales en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios.
A nivel multilateral, la UE debe tomar la delantera en la reforma de la OMC con el fin de evitar la parálisis del Órgano Permanente de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias. El CESE ha adoptado recientemente un paquete de propuestas a corto y medio plazo, ambicioso y con visión de futuro, para esta reforma (27). Los objetivos son garantizar que la OMC, la única guardiana del comercio internacional, contribuya de manera fundamental a la consecución de los ODS, mantenga la coherencia entre las normas comerciales y las normas de trabajo internacionales, y facilite el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París.
La apertura al comercio requiere instrumentos de defensa comercial eficaces y un mecanismo de control operativo de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos de la UE. Su objetivo es, naturalmente, proteger a la UE y a sus consumidores, trabajadores y empresas de las prácticas comerciales desleales y abusivas.
Es esencial aumentar la cooperación a nivel internacional con todas las organizaciones pertinentes (OCDE, CEPE/ONU, OIT, OMC, etc.) para enfrentarse de manera eficaz a los retos globales como el cambio climático, la pobreza, el fraude, la evasión fiscal y los ciberataques.
7. Bienes y servicios públicos
Según el principio 20 del pilar europeo de derechos sociales, «Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales» (28). Estos servicios no pueden funcionar únicamente de conformidad con las normas comunes de la competencia y del mercado: es fundamental disponer de normas específicas que garanticen que todos los ciudadanos pueden acceder de manera asequible a estos servicios considerados esenciales y reconocidos como valores comunes de la Unión (29).
Las autoridades públicas deben promover los ODS mediante la contratación pública aplicando de forma proactiva los criterios de contratación sociales y medioambientales definidos en la nueva legislación europea sobre contratación pública.
Los servicios públicos básicos (30) como la educación, la sanidad, la atención a la infancia y el transporte público, así como bienes públicos como el agua potable, el aire limpio y la conservación del suelo, entre otros, deben ser accesibles para todos a un coste asequible.
8. Equidad fiscal
La política fiscal en la UE tiene dos componentes: la imposición directa, que sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros, y la imposición indirecta, que afecta a la libre circulación de bienes y a la libre prestación de servicios en el mercado único. Sin embargo, respecto de la imposición directa, la UE ha establecido algunas normas armonizadas sobre fiscalidad de las empresas y las personas físicas, mientras que los Estados miembros han adoptado medidas conjuntas para evitar la evasión fiscal y la doble imposición. No obstante, la UE debe seguir promoviendo un sistema fiscal equitativo que obligue a las personas físicas y jurídicas a pagar impuestos sobre sus ingresos y beneficios de manera proporcional. Por lo que respecta a la fiscalidad indirecta, la UE coordina y armoniza la legislación relativa al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales. Garantiza que no se distorsione la competencia en el mercado interior a causa de las diferencias en los tipos impositivos indirectos y los sistemas que ofrecen a las empresas de un país una ventaja injusta sobre las demás.
La falta de transparencia, la discriminación, la distorsión de la competencia y las prácticas fiscales perniciosas aumentan las desigualdades económicas y reducen las inversiones y el empleo, lo que conduce al descontento social, la desconfianza y el déficit democrático. Esta es la razón por la que debería aplicarse una política fiscal de la UE equitativa, al tiempo que se mantiene la coherencia —evitando la adopción de medidas contradictorias— con la estrategia global de sostenibilidad a fin de promover la convergencia económica y social, la cohesión social y la inversión en el desarrollo sostenible.
La necesaria reforma de la UEM debe incluir una mayor coordinación fiscal entre sus miembros y una representación unificada del euro en las organizaciones internacionales.
El CESE respalda la equidad fiscal y la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y las prácticas financieras de los paraísos fiscales; un objetivo común de las instituciones de la UE, los gobiernos y las empresas debe ser trabajar juntos para establecer mecanismos eficaces como las dos Directivas contra la elusión fiscal (31).
La coordinación en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal debe incluir medidas contra la erosión de la base tributaria de las sociedades y la transferencia de beneficios: la Comisión Europea estimó su cuantía entre 50 000 y 70 000 millones EUR al año antes de que empezaran a aplicarse medidas. La cuantía del IVA no recaudado se valora en aproximadamente 150 000 millones EUR anuales.
La UE debe cooperar con otras regiones económicas para luchar eficazmente contra la corrupción y la evasión fiscal en todo el mundo y garantizar que las normas internacionales sobre fiscalidad de las empresas sean claras, transparentes, objetivas y previsibles.
El público exige cada vez más con mayor firmeza que la fiscalidad se utilice para garantizar la cohesión social, luchar contra el calentamiento global y promover el crecimiento sostenible.
El CESE pide medidas fiscales eficaces y coordinadas que garanticen que todas las empresas paguen su parte equitativa de impuestos y contribuyan a los presupuestos públicos nacionales y europeos para que los gobiernos puedan cumplir sus objetivos en materia de derechos sociales (32). El CESE apoya la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (33).
Como consecuencia de los nuevos modelos empresariales, que utilizan plataformas de internet y otras herramientas digitales, las empresas dependen menos de la presencia física en un país. El CESE cree que es muy importante desarrollar nuevos principios sobre cómo asignar beneficios empresariales a un Estado miembro de la UE y cómo gravarlos, en diálogo con los socios comerciales, y participar activamente en los debates en curso en la OCDE y el G-20 en torno a un acuerdo mundial sobre la economía digitalizada, con el fin de evitar cualquier escalada de tensiones comerciales y fiscales entre los principales agentes económicos a nivel mundial (34).
9. Gobernanza
Dirigir la transformación hacia el desarrollo sostenible requiere un nuevo enfoque de gobernanza, así como nuevos instrumentos y normas a la hora de elaborar y aplicar las políticas de la UE. El desarrollo sostenible requiere una política holística e intersectorial que garantice que los retos económicos, sociales y medioambientales se abordan conjuntamente.
La UE debe velar por que todas sus políticas internas y externas sean coherentes y estén en consonancia con los ODS, de modo que se tengan debidamente en cuenta los principios de eficiencia, proporcionalidad y sostenibilidad.
El uso de instrumentos para mejorar la legislación de la Comisión Europea es otra forma de garantizar la integración del desarrollo sostenible en las políticas europeas. Todas las evaluaciones de impacto de la Comisión deben evaluar los impactos medioambientales, climáticos, sociales y económicos para que la sostenibilidad sea considerada e integrada debidamente. Las evaluaciones ex post también deben analizar las tres dimensiones en un firme enfoque integrado. También son necesarias las consultas a los interlocutores sociales, respetando las disposiciones del TFUE en las que se estipula la consulta específica de trabajadores y empresarios sobre legislación relacionada con cuestiones sociales (artículo 154, apartado 2). Las consultas al Comité Económico y Social Europeo, el CDR y los parlamentos nacionales constituyen otro componente del conjunto de instrumentos para mejorar la legislación al objeto de cumplir el requisito de participación que constituye el núcleo de la Agenda 2030.
Teniendo en cuenta los ODS, la Plataforma REFIT y las evaluaciones y estudios de impacto deben garantizar que la legislación favorece a las empresas y a los ciudadanos. Estos instrumentos deben seguir usando en el futuro todas las fuentes disponibles, incluida la sociedad civil, para evaluar cómo mejorar la eficacia y eficiencia de la legislación de la UE para que cumpla sus objetivos. Estos instrumentos deben contribuir a mejorar ampliamente la reglamentación del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, no solo para simplificar y reducir cargas innecesarias y garantizar la consecución real de los objetivos legislativos sin rebajar su nivel, sino también para ayudar a revisar, validar, modificar, mejorar o cumplir mejor la legislación existente.
El Semestre Europeo, como marco de gobernanza económica de la UE, se centra de algún modo en el empleo y los resultados sociales, aunque presenta debilidades en lo que respecta a los riesgos que entraña el cambio climático y los avances de la UE hacia la consecución de los objetivos de París, tal y como se señala en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2019 (35). El CESE exige una estrategia de desarrollo sostenible con visión de futuro enmarcada en un ciclo de desarrollo sostenible, basado en indicadores y objetivos sociales, económicos y medioambientales complementarios.
Es necesario que el diálogo social se reconozca como un instrumento de aplicación de la agenda de desarrollo. El diálogo social requiere un entorno propicio y un marco institucional eficaz, que comienzan con el respeto de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. La UE debe trabajar con los interlocutores sociales para promover buenas prácticas en las relaciones laborales y unas administraciones del trabajo eficaces.
La UE debe reforzar sus vínculos con los Estados miembros y recuperar la confianza de sus ciudadanos a través de una aplicación adecuada de un enfoque de desarrollo local participativo que permita el desarrollo local integrado y la participación de los ciudadanos y sus organizaciones desde la base. El CESE está convencido de que el desarrollo local participativo podría ofrecer muchas ventajas como instrumento eficaz de desarrollo local europeo (36).
10. Enfoque integral de la política de migración
El debate sobre el futuro de una Europa sostenible no puede pasar por alto el planteamiento sobre la migración de Europa. Los cambios demográficos muestran que Europa necesitará migrantes, su talento, sus competencias y su potencial emprendedor. Es urgente que se modifiquen el discurso y las políticas sobre migración mediante una cooperación más estrecha con los terceros países a fin de garantizar un debate racional basado en los hechos. Los refugiados y migrantes no deben percibirse como una amenaza, sino como una oportunidad para el modelo económico y social europeo (37). Para ello, necesitamos un enfoque y una estrategia integrales de migración.
La UE debe adoptar políticas y medidas que apoyen una migración segura, ordenada y regular, y reforzar la inclusión y la cohesión sociales. La UE debe coordinarse de manera más estrecha con la OIT en lo que respecta a la migración de mano de obra y los programas de integración.
El CESE exige rutas legales seguras para los refugiados cuando lleguen a la UE. Se necesita un enfoque coordinado entre todos los Estados miembros y las partes interesadas europeas y nacionales, sobre la base de la responsabilidad compartida, la distribución equitativa, la convergencia y el respeto de los derechos fundamentales, con el fin de incluir más opciones para la reagrupación familiar, la reubicación y el reasentamiento.
La no integración entraña riesgos y costes económicos, socioculturales y políticos. Por tanto, la inversión en la integración de los migrantes es la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros.
La integración es bidireccional y tanto la comunidad de acogida como los migrantes tienen derechos y deberes; por lo tanto, la responsabilidad debe ser compartida entre ambas partes. No es justo ni sostenible aspirar a que los recién llegados se integren sin ayuda en un contexto de considerables barreras sociales, culturales y económicas. Para facilitar este proceso, las políticas públicas deben abordar los temores, preocupaciones e inquietudes de los diversos sectores de la población de las sociedades de la UE para evitar los discursos antieuropeístas y xenófobos. Para ello, las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones, así como una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos.
La guerra, el cambio climático y la falta de expectativas en terceros países pueden provocar un flujo continuado, e incluso creciente, de refugiados y migrantes. Limitar los factores que empujan a la migración en general es un desafío a nivel mundial. Aumentará la migración de todo tipo (incluidos los migrantes climáticos) debido al fenómeno en aumento de las personas desplazadas. Ante esta situación, la UE debe estar mejor preparada para coordinar su distribución entre los Estados miembros. En este contexto, el CESE ya ha puesto de manifiesto cómo los procesos económicos desequilibrados pueden contribuir a la desestabilización. Por tanto, defiende que el Tratado de Lisboa proporciona un mandato lo suficientemente amplio para revisar la política de inmigración con el objetivo de regular la situación de los «individuos desplazados por factores medioambientales».
11. El presupuesto de la UE
El CESE reconoce el elevado valor añadido europeo de los programas en los que las propuestas de marco financiero plurianual de la Comisión para el período 2021-2027 concentran los principales aumentos de gasto (I+D+i, Erasmus+). No obstante, el Comité cuestiona que estos aumentos se realicen a costa de importantes recortes en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la política de cohesión y la política agrícola común (PAC), debido a los esfuerzos realizados para reducir el presupuesto de la UE, que baja del 1,16 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE de los 27 (presupuesto en vigor) a tan solo el 1,11 % en el marco financiero plurianual posterior a 2020.
El CESE cuestiona los recortes propuestos en los compromisos previstos para la PAC. Dichos recortes imposibilitarán la aplicación de un modelo de desarrollo rural sostenible —un objetivo global de la nueva reforma de la PAC— y de otros objetivos incluidos en la reciente Comunicación de la Comisión sobre el futuro de los alimentos y la agricultura.
Desgraciadamente, la propuesta de la Comisión parece excesivamente orientada a preservar el statu quo, y el CESE lamenta el desequilibrio entre la naturaleza y la dimensión de los nuevos retos de la UE y sus objetivos y los recursos disponibles para alcanzarlos.
La desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas nacionales y europeas está dando lugar a un auge de los movimientos políticos que cuestionan los valores y principios democráticos y la propia UE. Algunos de estos movimientos políticos ahora forman parte de varios gobiernos de los Estados miembros de la UE.
Para hacer frente a las prioridades económicas, sociales y medioambientales, tanto las nuevas como las existentes, la Unión necesita, en este momento crítico desde un punto de vista político, un presupuesto de la UE sustancial. La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 es modesta y poco ambiciosa. Al igual que el Parlamento Europeo y el CDR, el CESE exige que los recursos supongan el 1,3 % de la RNB y que los ingresos procedan en su mayoría de los recursos propios de la UE mediante el establecimiento de los impuestos propuestos por el Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», presidido por Mario Monti (38).
El CESE opina que los recursos deben ser transferidos a los Estados miembros siguiendo los criterios de justicia distributiva para restablecer la convergencia económica y social interrumpida por la crisis (39).
El CESE considera necesario que el próximo marco financiero plurianual aumente la financiación para permitir i) la aplicación por parte de los Estados miembros de la Declaración de Gotemburgo sobre el pilar europeo de derechos sociales con el fin de estimular la creación de empleos de calidad en el contexto del desarrollo sostenible, ii) el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y iii) la aplicación del Acuerdo de París mediante la promoción de transiciones justas hacia sociedades ecológicas y digitalizadas.
La UE necesita unos presupuestos ambiciosos que sean instrumentos de políticas que desarrollen una estrategia clara para fortalecer a la Unión, con mayor integración, más democracia, un apoyo más firme a las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la UE, mayor apoyo a las empresas para que hagan frente a los desafíos medioambientales y digitales, una dimensión social más fuerte y un mayor apoyo a la vida rural. Solo así podrá la UE limitar y superar las fuerzas centrífugas internas y hacer frente a los riesgos geopolíticos externos.
El CESE apoya la propuesta de que la recepción de fondos de la UE por parte de los Estados miembros esté supeditada al respeto del principio del estado de Derecho, un pilar fundamental de valores de la UE según lo dispuesto en el artículo 2 del TUE.
Si no se comunican de forma adecuada, ni siquiera los conceptos y programas políticos más ambiciosos a nivel de la UE servirán para acortar la distancia actual entre la Unión y sus ciudadanos.
Este desequilibrio entre las iniciativas, las actividades y las decisiones a escala de la UE y la percepción que los ciudadanos tienen de ellas lleva a un círculo vicioso de ciudadanos desinformados o mal informados que ha desembocado en un aumento del populismo en la mayoría de los Estados miembros. Al mismo tiempo, se viene observando la aparición de un sentimiento antieuropeísta en algunos sectores de la población, que puede perjudicar los esfuerzos incesantes de construcción del proyecto europeo.
Por tanto, se necesita urgentemente una estrategia de comunicación general común a todas las instituciones de la UE, a todos los niveles, que incluya a los agentes de la sociedad civil, para luchar contra esta falta de información y contra la información deliberadamente falsa.
Para que una política de comunicación sea eficaz, tiene que adoptar la forma de un diálogo real entre los que proporcionan la información y los que la reciben a fin de evitar un enfoque de arriba abajo.
La información significativa, creíble y dinámica sobre las cuestiones europeas ayuda a concienciar y generar interés por ellas.
El CESE, como puente entre la UE y sus ciudadanos, y a través de sus 350 miembros, debe actuar de intermediario para facilitar dichas medidas coordinadas. La diversidad de los miembros del CESE es una importante ventaja, ya que permite establecer contacto con el máximo número de ciudadanos de todas partes de Europa. En concreto, se debe prestar más atención a los jóvenes.
La UE debe reconocer y apoyar de manera más adecuada el papel clave del CESE a la hora de acortar distancias con los ciudadanos europeos.
Asimismo, la UE debe descentralizar sus diálogos con los ciudadanos para que los municipios y regiones puedan empezar a desarrollar una identidad y un propósito europeos comunes.
Las políticas de la UE deben responder mejor a las propuestas de los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil al objeto de brindarles motivos para que participen.
El CESE debe evaluar la aplicación de las políticas de la UE en los Estados miembros todos los años en función de los objetivos políticos expuestos en el presente Dictamen, al objeto de aportar respuestas concretas a los ciudadanos sobre los efectos que el hecho de pertenecer a la UE tiene en su vida cotidiana.
Bruselas, 20 de marzo de 2019.
(1) Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
(2) Esta definición de crecimiento sostenible es de Kate Raworth, del Instituto de Cambios Medioambientales de la Universidad de Oxford, y se basa en su concepto de la «economía donut», una innovadora alternativa a la economía del crecimiento, así como en el nuevo modelo sostenible para el siglo XXI que podría ayudar a acabar con el desequilibrio (https://www.kateraworth.com/doughnut/).
(3) Esta definición se basa en el trabajo de Sten Thore y Ruzanna Tarverdyan sobre la competitividad sostenible: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000664?via%3Dihub
(4) Dictamen del CESE, de 18 de octubre de 2017, sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa» (DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).
(5) Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el tema «El auge de la violencia neofascista en Europa».
(6) Dictamen del CESE, de 7 de diciembre de 2017, sobre «El papel central del comercio y la inversión en la consecución y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 27).
(7) Dictamen del CESE, de 21 de septiembre de 2016, sobre «Desarrollo sostenible: Inventario de las políticas interiores y exteriores de la UE» (DO C 487 de 28.12.2016, p. 41).
(8) Dictamen del CESE, de 14 de noviembre de 2012, sobre «Principios, procedimientos y acciones para la aplicación del artículo 11, apartados 1 y 2, del Tratado de Lisboa» (DO C 11 de 15.1.2013, p. 8).
(9) Dictamen del CESE, de 13 de julio de 2016, sobre «La iniciativa ciudadana europea (revisión)» (DO C 389 de 21.10.2016, p. 35).
(10) Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2016-2018;
Estrategia de participación infantil Eurochild de 5 de abril de 2017;
Programa sobre juventud de las Naciones Unidas: Youth Participation in Development – Summary Guidelines for Development Partners (Participación de los jóvenes en el desarrollo. Resumen de las directrices para los socios por el desarrollo).
(11) Dictamen del CESE, de 18 de octubre de 2018, Comunicación de la Comisión sobre «Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes: una nueva Estrategia de la UE para la juventud» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 142).
(12) Dictamen del CESE, de 17 de septiembre de 2015, sobre «Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa» (DO C 13 de 15.1.2016, p. 183).
(13) Resolución del CESE, de 5 de julio de 2017, «Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa y otros aspectos» (DO C 345 de 13.10.2017, p. 11).
(14) Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT: «Trabajar para un futuro más prometedor», 22 de enero de 2019.
(15) Dictamen del CESE, de 20 de febrero de 2019, sobre la Comunicación de la Comisión «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial» (DO C 190 de 5.6.2019, p. 24).
(16) Documento de reflexión de la Comisión Europea «Para una Europa sostenible de aquí a 2030», 30 de enero de 2019.
(17) The Global Risk Report 2019 (Informe global de riesgos 2019) para el Foro Económico Mundial – Resumen ejecutivo.
(18) Dictamen del CESE, de 25 de enero de 2017, sobre «Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales» (DO C 125 de 21.4.2017, p. 10).
(19) OCDE, Informe «The Economic Consequences of Climate Change» (Las consecuencias económicas del cambio climático) de 2 de septiembre de 2016.
(20) Dictamen del CESE, de 17 de octubre de 2018, sobre el «Pacto Europeo de Financiación Climática» ( DO C 62 de 15.2.2019, p. 8 ).
(21) Dictamen del CESE, de 2 de julio de 2015, sobre «El Protocolo de París, un plan rector para combatir el cambio climático global más allá de 2020» (DO C 383 de 17.11.2015, p. 74).
(22) Dictamen del CESE, de 6 de diciembre de 2017, sobre la «Contribución de la sociedad civil al desarrollo de una política alimentaria integral en la UE» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 18).
(23) Dictamen del CESE, de 27 de abril de 2016, «Paquete sobre la economía circular» (DO C 264 de 20.7.2016, p. 98).
(24) Manifesto for a Sustainable Europe for its Citizens (Manifiesto por una Europa sostenible para sus ciudadanos), 28 de septiembre de 2018.
(25) Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, «Comercio para todos».
(26) Dictamen del CESE, de 23 de enero de 2019, sobre «El papel de los grupos consultivos internos en el seguimiento de la aplicación de los acuerdos de libre comercio» (DO C 159 de 10.5.2019, p. 28).
(27) Dictamen del CESE, de 23 de enero de 2019, titulado «Reformar la OMC para adaptarse a la evolución del comercio mundial» (DO C 159 de 10.5.2019, p. 15).
(28) Estos servicios, que la Comisión describe como «servicios esenciales» y sobre los que el principio 20 no aporta una lista exhaustiva, pertenecen a los «servicios de interés general» sujetos a obligaciones de servicio público. El concepto de «servicios esenciales» no existe en el Derecho de la UE, que aborda exclusivamente los servicios públicos (transporte) y los servicios de interés general (económicos y no económicos).
(29) Actualmente, el CESE está elaborando un Dictamen de iniciativa titulado «Promoción de servicios esenciales para una mejor aplicación del pilar social» en el marco de su contribución a la Cumbre de Sibiu y más allá.
(30) Dictamen del CESE, de 17 de octubre de 2018, sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 165).
(31) Dictamen del CESE, de 20 de septiembre de 2017, «Un sistema fiscal favorable a una competencia equitativa y al crecimiento» (DO C 434 de 15.12.2017, p. 18).
(32) Véase la nota 31.
(33) Dictamen del CESE, de 20 de septiembre de 2017, sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)» (DO C 434 de 15.12.2017, p. 58).
(34) Dictamen del CESE, de 12 de julio de 2018, sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa» (DO C 367 de 10.10.2018, p. 73).
(35) Véase la nota 22.
(36) Dictamen del CESE, de 7 de diciembre de 2017, sobre «Ventajas del enfoque de desarrollo local participativo (DLP) para un desarrollo local y rural integrado» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 36).
(37) Dictamen del CESE, de 12 de diciembre de 2018, sobre «Los costes de la no inmigración y la no integración» (DO C 110 de 22.3.2019, p. 1).
(38) Informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» sobre la futura financiación de la UE, diciembre de 2016.
(39) Dictamen del CESE, de 19 de septiembre de 2018, sobre «El marco financiero plurianual para el período 2021-2027» (DO C 440 de 6.12.2018, p. 106).
Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 59.4 del Reglamento interno):
a) Punto 1.5
Modifíquese de la manera siguiente:
Crecimiento sostenible significa que el crecimiento no solo debe ser cuantitativo, sino de hecho más bien cualitativo, lo cual implica i) no explotar el medio ambiente ni la mano de obra; ii) unas condiciones de vida equitativas; iii) un crecimiento económico medido no solo por el flujo anual, sino también por los patrimonios acumulados y su distribución; iv) satisfacer las necesidades de todos con los recursos del planeta; v) desarrollar economías que nos permitan prosperar, independientemente de que estas crezcan o no; y vi) un ciclo cerrado de flujo de ingresos entre las familias, las empresas, los bancos, el gobierno y el comercio que funcione de manera social y ecológica. La energía, los materiales, el mundo natural, la sociedad humana, el poder y la riqueza que compartimos están, en su integridad, fuera del modelo actual. Se ignora el trabajo no remunerado de los cuidadores —principalmente, el de las mujeres—, a pesar de que ninguna economía podría funcionar sin ellos. El concepto de crecimiento sostenible se refiere al crecimiento que tiene en cuenta no solo consideraciones económicas sino también consideraciones sociales y medioambientales. En los últimos años, se han presentado diferentes tipos de modelos económicos, por ejemplo, la «economía donut», que aspira a satisfacer las necesidades esenciales de todos (sobre la base de doce «fundamentos sociales») con los recursos del planeta (definidos mediante nueve «límites del planeta»). Como consecuencia, se han formulado propuestas para medir el crecimiento con indicadores que vayan «más allá del PIB».
El objetivo es aclarar que el texto suprimido no es una definición comúnmente aceptada de crecimiento sostenible sino que se refiere al modelo económico formulado por Kate Raworth, que se menciona en la nota a pie de página. De hecho, el texto tampoco describe la idea central de este modelo de «economía donut», sino que mezcla requisitos previos, características, implicaciones y aspectos de medición relacionados con él.
b) Punto 1.6
Por su parte, el concepto de la competitividad sostenible se refiere a es un modelo que mantiene el equilibro entre la prosperidad económica, los problemas medioambientales y la inclusión social. En este contexto,Ello se refleja, por ejemplo, en el Índice de Competitividad Global adaptado a la sostenibilidad elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM) debe considerar dos dimensiones nuevas: la medioambiental y la social.
El Índice de Competitividad Global adaptado a la sostenibilidad tiene específicamente en cuenta las dimensiones social y medioambiental.
c) Primer recuadro (tras el punto 1.14), segundo topo
La competitividad y la sostenibilidad no son incompatibles, siempre que los aspectos sociales y medioambientales constituyan una parte esencial de la valoración de los productos y servicios en los mercadosdefinición de competitividad. La competitividad no debe definirse exclusivamente en términos cuantitativos y de precios, sino preferiblemente teniendo en cuenta también los valores europeos, los aspectos cualitativos y la sostenibilidad.
Las definiciones no determinan la competitividad de los mercados.
d) Primer recuadro (tras el punto 1.14), quinto topo
Las empresas europeas, los trabajadores y los consumidores europeos y toda la sociedad civil europea deben cumplir su función y sus responsabilidades, y actuar como líderes para el resto del mundo en materia de sostenibilidad si se redefinen la competitividad y la sostenibilidad económica de nuestro sistema europeo con respecto a las fronteras del único planeta que tenemos.
Todos los agentes de la sociedad civil deben cumplir sus funciones y responsabilidades. Esto es cierto con independencia de las definiciones.

References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 2
 Artículo 2
 Resolución 
 artículo 11
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