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BOE.es - Documento BOE-A-2007-13826
Documento BOE-A-2007-13826
Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia.
«BOE» núm. 171, de 18 de julio de 2007, páginas 31238 a 31251 (14 págs.)
BOE-A-2007-13826
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2007/05/21/7
En el título VI se crea la Comisión Técnica de Precios y Valores, que informará los precios aplicables a las transacciones contempladas en la presente ley, los cuales serán aprobados en Consello de la Xunta de Galicia. Este órgano colegiado está formado por representantes de la Administración —de las consejerías competentes en materia de agricultura, medio ambiente, economía y ordenación del territorio—, de las entidades locales gallegas, del catastro, de las cooperativas gallegas y, finalmente, de las organizaciones profesionales agrarias.
1. Es objeto de la presente ley regular el uso racional de la superficie agraria útil en la búsqueda de su conservación y evitar su abandono, articulando medidas que favorezcan y dinamicen la oferta y la demanda como las que siguen:
a) Constituir el Banco de Tierras de Galicia, en el que se relacionen todas las fincas rústicas vinculadas a los destinos especificados en el artículo 5.2 de la presente ley.
b) Establecer el régimen jurídico del Banco de Tierras de Galicia.
c) Regular los diferentes procedimientos de incorporación de fincas del Banco de Tierras de Galicia y de cesión de las mismas.
d) Regular el procedimiento para la declaración de fincas incultas o abandonadas que posibilite la realización de prácticas agronómicas de conservación y la preservación del entorno y de las condiciones medioambientales.
2. El Bantegal tendrá como función fundamental alcanzar la movilización de las superficies agrarias útiles improductivas, favoreciendo de este modo el redimensionamiento de las explotaciones.
1. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en las zonas de especial interés agrario, entendiendo por tales las fincas con acuerdo de concentración firme posterior a 30 de diciembre de 1992.
2. También tendrán la condición de zonas de especial interés agrario aquellos ámbitos territoriales que, mediante decreto, determine el Consello de la Xunta al resultar necesarios para conseguir una adecuada gestión del Banco de Tierras de Galicia.
1. Superficie agraria útil: la totalidad del suelo rústico de protección agropecuaria, según lo establecido en la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y las zonas de especial interés agrario declaradas por decreto del Consello de la Xunta.
2. Finca rústica: superficie agraria útil delimitada que constituye una heredad o parcela.
3. Barbecho: finca rústica en la que ha habido cultivo en la campaña agrícola anterior y en la presente está en descanso sin tener aprovechamiento agroganadero alguno.
4. Posío: finca rústica en la que ha habido cultivo en la campaña agrícola anterior o ha estado a barbecho y en la presente no tiene cultivo agrícola pero tiene aprovechamiento ganadero, normalmente mediante pastoreo.
5. Monte o terreno forestal: todo terreno, excluyendo los anteriores, en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
6. Explotación agraria: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí mismo una unidad técnico-económica.
7. Persona titular de la explotación: la persona física o jurídica o, en su caso, la entidad asociativa sin personalidad jurídica propia que ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.
8. Persona agricultora profesional: la persona física que, siendo titular de una explotación agraria, obtenga al menos el cincuenta por cien de su renta total de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre que la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al veinticinco por cien de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
9. Persona agricultora a título principal: la persona agricultora profesional que obtenga al menos el cincuenta por cien de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
10. Persona agricultora joven: la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria.
11. Zonas de especial interés agrario: las fincas concentradas en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, y las que se concentren con posterioridad, siempre que en esos supuestos el acuerdo de concentración sea firme. Tendrán también la consideración de zonas de especial interés agrario aquellas que, mediante decreto, sean declaradas así por el Consello de la Xunta.
Artículo 5. Formalización de actos y destino de los bienes y derechos del Banco de Tierras de Galicia.
Artículo 6. Publicidad de los bienes del Banco de Tierras de Galicia.
Artículo 7. La sociedad pública Bantegal y su régimen jurídico.
Del régimen jurídico de la incorporación de bienes al Banco de Tierras de Galicia
Artículo 9. Derecho de adquisición preferente.
1. En el marco de la presente ley, la sociedad pública Bantegal disfrutará de un derecho de adquisición preferente, que ejercitará conforme a las normas de derecho privado y que se concretará con arreglo a lo previsto en los artículos siguientes, ante cualquier transmisión a título oneroso o negocio jurídico gratuito inter vivos de fincas rústicas ubicadas en las zonas de especial interés agrario, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de derecho civil de Galicia y el Código civil.
2. No habrá lugar al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto desarrollados en los artículos 10 y 11 de la presente ley, en las transmisiones gratuitas inter vivos, a favor de personas que tengan la condición de hijos y descendientes, ascendientes o parientes consanguíneos hasta el tercero grado y a favor del cónyuge o persona que estuviera conviviendo con el transmitente en el momento en que se produzca el hecho, en este último caso siempre que se cumplan los requisitos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, ni en las aportaciones de bienes realizadas por un cónyuge a su sociedad de gananciales.
3. Los derechos de tanteo y retracto contemplados en el presente artículo serán preferentes respecto a cualquier otro derecho de adquisición establecido por la legislación vigente, excepto los retractos de graciosa, el de la persona arrendataria de arrendamientos rústicos, incluidos los históricos, el de lugar acasarado o aparcería y el de personas que tengan la condición de colindantes, coherederos y comuneros, y el de propietarios colindantes que sean titulares de explotaciones prioritarias, en los términos establecidos en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, en el Código civil y en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
4. Las adquisiciones realizadas por la sociedad Bantegal a consecuencia del derecho de tanteo regulado en el artículo 10 de la presente ley no obstarán el ejercicio de los derechos de retracto por los colindantes, coherederos o comuneros.
5. El ejercicio de estos derechos, así como la renuncia a los mismos, requerirá informe favorable de la consejería competente en materia de agricultura.
6. El precio a abonar en todos los supuestos en que se ejerzan los derechos de adquisición preferente contemplados en la presente ley incluirá, además del precio de la transmisión o, en su caso, la valoración del bien, los costes del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la transmisión, los costes necesarios y útiles hechos en la cosa transmitida y los impuestos satisfechos a consecuencia de la transmisión.
Artículo 10. Procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo.
1. Las personas titulares de fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario habrán de notificar a la sociedad Bantegal, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, la decisión de transmitir las fincas en todo o en parte, o participaciones indivisas sobre las mismas.
2. En dicha notificación se hará constar la descripción y los datos catastrales y, en su caso, registrales del bien que se pretende transmitir, los de identificación y profesión de las personas transmitente y adquiriente, así como el destino que se quiere dar a la finca o explotación y el precio o, en su caso, la valoración del bien y la forma de pago proyectados, si la transmisión fuera onerosa.
3. La sociedad Bantegal podrá ejercitar el derecho de tanteo durante el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la recepción de la notificación, salvo que esta fuera incompleta o defectuosa. En este último caso, la sociedad Bantegal podrá requerir a la persona transmitente los datos incompletos o la subsanación de los defectos, quedando entre tanto en suspenso el plazo señalado.
Artículo 11. Procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto.
1. La sociedad Bantegal podrá ejercitar el derecho de retracto cuando no se le hubiera hecho la notificación contemplada en el artículo precedente, si se hubiera omitido en la misma cualquiera de los requisitos establecidos y no se hubiera atendido al requerimiento hecho por la sociedad Bantegal para su subsanación, se hubiera producido la transmisión después de haber caducado la notificación o antes de que hubiera caducado el derecho de tanteo, así como cuando se hubiera realizado la transmisión en condiciones distintas de las notificadas.
2. Este derecho se ejercitará en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la transmisión efectuada, que la persona adquiriente habrá de realizar, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la firma del contrato por el que se realice la transmisión, a la sociedad Bantegal, indicando las condiciones en que se efectuó, mediante entrega de copia del documento en que se hubiera formalizado. Si no se realizara la notificación, el plazo de treinta días hábiles se contará desde que el Bantegal tuviera conocimiento de la transmisión efectuada y de sus condiciones.
3. Si la transmisión se hubiera producido a consecuencia de un procedimiento de ejecución judicial, la persona que resulte adjudicataria vendrá obligada a dar conocimiento de la resolución a su favor a la sociedad Bantegal. En este supuesto el derecho de retracto habrá de ejercitarse en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha notificación, abonando como precio el fijado judicialmente en el final, sin perjuicio de abonar los demás costes establecidos en el apartado 6 del artículo 9 de la presente ley.
4. El titular de la notaría habrá de notificar a la sociedad Bantegal cualquier transmisión en la que haya intervenido respecto a una finca rústica ubicada en una zona de especial interés agrario. Se hará mediante remisión de copia simple de la escritura, en la cual constará la justificación de haber procedido el transmitente a la realización de la notificación contemplada en el artículo 10 de la presente ley, y con los requisitos recogidos en la misma, o, en su caso, la renuncia de la sociedad Bantegal al ejercicio del derecho de tanteo.
Artículo 13. Cesión temporal de fincas rústicas al Banco de Tierras de Galicia.
1. Las entidades públicas, de acuerdo con su legislación de aplicación, así como los particulares, podrán ceder a la sociedad Bantegal, previa aceptación expresa por parte del órgano correspondiente de la misma, la gestión del uso y aprovechamiento de las fincas rústicas de las que sean titulares ubicadas en zonas de especial interés agrario, para su integración en el Banco de Tierras de Galicia.
2. La cesión de la gestión de una finca rústica a favor del Bantegal conlleva la autorización para que la sociedad ceda su uso y aprovechamiento a terceras personas por un periodo máximo de cinco años, sin perjuicio del consentimiento a que hace referencia el artículo 19.5 de la presente ley.
3. La cesión se realizará mediante contrato suscrito por la persona cedente y el órgano que corresponda de la sociedad Bantegal, donde se determinarán las condiciones, los derechos y obligaciones de las partes, las causas y los efectos de resolución del contrato.
4. El propietario o titular podrá solicitar el rescate de la cesión al Bantegal en cualquier momento, salvo en caso de arrendamiento, en el cual no podrá hacerlo hasta la extinción del mismo. La petición será resuelta en el plazo no superior a un mes.
5. Los bienes transmitidos continuarán, en su caso, inscritos en el registro de la propiedad a nombre de la persona que tenga la condición de propietario.
6. Los propietarios cedentes de fincas al Banco de Tierras de Galicia procederán a poner a disposición del Bantegal, a petición del mismo y a efectos de consulta, todos los documentos que tengan que ver con la propiedad de dichas fincas.
7. El Bantegal no aceptará cesiones gratuitas cuando ello pueda implicar la asunción de gravámenes, cargas o afecciones que excedan del valor de la cesión.
Artículo 14. Efectos de la cesión.
1. La cesión de la gestión del uso y aprovechamiento de las fincas rústicas al Bantegal se entenderá sin perjuicio de que la persona propietaria o titular pueda seguir realizando la explotación de las mismas, así como el cultivo, mejoras y demás actuaciones que considere precisas, y no la exime de efectuar las labores de conservación y mantenimiento, en tanto la sociedad Bantegal no disponga su posterior cesión a terceras personas.
2. Cualquier actuación que afecte de manera singular a las características de la explotación o finca cuya gestión fue cedida y a su valor habrá de ser comunicada a la sociedad Bantegal con una antelación mínima de treinta días naturales, para su conocimiento, salvo supuestos de fuerza mayor u otras circunstancias imprevisibles, que habrán de comunicarse en la mayor brevedad después de su acontecimiento.
3. La sociedad Bantegal podrá establecer una comisión por gastos de gestión no superior al cinco por cien del precio y tipo de la posterior cesión a terceras personas, que será deducida de las liquidaciones efectuadas a la persona titular de la finca rústica.
4. Si el contrato se resolviera con anterioridad a la cesión a terceras personas del uso y aprovechamiento de la finca rústica, por causas imputables a su propietario, este habrá de abonar a la sociedad Bantegal una comisión por gastos de gestión, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
5. No podrá solicitarse la resolución del contrato de cesión de la gestión del uso y aprovechamiento de una finca en caso de vigencia del contrato de cesión firmado con terceras personas.
6. Finalizado el periodo pactado contractualmente, la sociedad Bantegal garantizará para la persona propietaria o titular el rescate de la finca en las mismas condiciones de uso en que se ha entregado.
7. Durante el periodo de la cesión al Bantegal podrán producirse alteraciones de dominio o titularidad de la finca cedida, siempre que lleven implícita la subrogación del pacto contractual con terceras personas.
De la transmisión de los bienes incorporados al Banco de Tierras de Galicia
Artículo 15. Regímenes de adjudicación.
1. La sociedad pública Bantegal podrá transmitir los bienes y derechos integrantes del Banco de Tierras de Galicia mediante los regímenes de adjudicación que a continuación se establecen, en función de la titularidad del bien de que se trate:
a) Los bienes y derechos de titularidad de la sociedad pública Bantegal podrán adjudicarse a terceras personas, tanto en propiedad como en régimen de cesión del uso o aprovechamiento, de acuerdo con las condiciones específicas de cada bien, según determine la consejería competente en materia de agricultura a propuesta de la sociedad Bantegal.
b) Los bienes y derechos de titularidad de entes públicos o privados puestos a disposición de la sociedad pública Bantegal sólo pueden cederse a terceras personas para el uso y aprovechamiento de los mismos por tiempo determinado, en régimen de concesión o arrendamiento.
2. Unos y otros quedarán necesariamente vinculados a los fines establecidos en el artículo 5.2 de la presente ley. Será en cualquier caso causa de resolución del contrato el incumplimiento del destino de la finca.
De la enajenación de bienes y derechos de titularidad de la sociedad Bantegal
Artículo 17. Enajenación mediante subasta pública o concurrencia.
1. En los supuestos de adjudicación mediante subasta pública, el pliego de condiciones contendrá, al menos, los límites siguientes:
b) El precio tipo en función de los valores fijados por el Consello de la Xunta según el informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores.
c) La condición de persona titular de explotación agraria, persona profesional de la agricultura, persona agricultora a título principal o joven en los ofertantes, el modo de acreditarla y el destino agrario de las fincas objeto de adjudicación.
d) La obligación de constituir un depósito previo del veinte por cien del precio tipo para poder participar en la subasta y el procedimiento de ingreso.
2. En los supuestos de adjudicación en régimen de concurrencia, el pliego de condiciones contendrá, al menos, los extremos siguientes:
c) La acreditación o compromiso de destino agrario de los bienes objeto de adjudicación.
e) Los criterios de adjudicación, con su ponderación, que, además del precio, habrá de tener en cuenta los factores contemplados en el artículo 5.2 de la presente ley.
3. Los procedimientos a seguir se determinarán reglamentariamente. En todo caso, la celebración de la subasta habrá de anunciarse en el Diario Oficial de Galicia con una antelación mínima de treinta días hábiles.
Artículo 18. Enajenación mediante adjudicación directa.
1. La adjudicación directa de bienes y derechos de titularidad de la sociedad Bantegal habrá de motivarse en la concurrencia, al menos, de alguna de las circunstancias siguientes:
a) Lindes de la finca o fincas, previo ofrecimiento a las personas titulares de todas las fincas colindantes, aplicándose en caso de concurrencia lo establecido en el artículo 1523 del Código civil.
b) Incorporación al patrimonio público de las administraciones por conveniencia medioambiental u otros motivos de interés social determinado.
c) Acceso a las tierras por parte de mujeres labradoras que sufren violencia y han tenido que abandonar su casa y sus tierras por la violencia de género.
2. El precio de adjudicación directa será fijado en función de los valores determinados por el Consello de la Xunta según el informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores.
De la cesión a terceras personas por tiempo determinado
Artículo 19. Cesiones de las fincas rústicas a terceras personas.
1. Las fincas rústicas integrantes del Banco de Tierras de Galicia podrán ser cedidas por la sociedad Bantegal a terceras personas para su uso y aprovechamiento, mediante cualquier negocio jurídico válido en derecho, por tiempo determinado.
2. En caso de concurrencia de solicitudes de cesión sobre una misma finca, en los criterios de adjudicación habrán de tenerse en cuenta, con la ponderación que se determine, los factores establecidos en el artículo 5.2 de la presente ley.
3. El contrato de cesión será formalizado por la sociedad Bantegal como cedente y la tercera persona como cesionaria. Las cláusulas del contrato habrán de contener las determinaciones siguientes:
c) El precio tipo será establecido por la sociedad Bantegal, no pudiendo ser nunca diferente a los valores que, para ese año, haya establecido el Consello de la Xunta, previo informe de la Comisión Técnica de Precios y Valores, a no ser que exista mutuo acuerdo entre el propietario y el cesionario.
4. La cesión por el Bantegal a terceras personas, así como las sucesivas prórrogas, habrán de ser comunicadas para su conocimiento, en su caso, a la persona titular de la finca con una antelación mínima de un mes antes de la entrada en vigor del contrato suscrito.
5. La cesión por el Bantegal a terceras personas por un periodo superior a cinco años, incluidas las prórrogas o renovaciones, requerirá, en su caso, el consentimiento expreso de la persona titular de la finca rústica.
6. La sociedad Bantegal comunicará al registro de la propiedad que corresponda la suscripción del contrato de cesión con terceros, a los efectos de realizar, en su caso, la oportuna inscripción de la cesión y de su plazo.
7. La sociedad Bantegal, con cargo a los presupuestos o por sus propios medios, por la contratación de medios ajenos o por convenios con terceros, podrá realizar labores de acondicionamiento de fincas en los tres meses siguientes al inicio del periodo del contrato de cesión a terceras personas, a petición de estas, y en los tres meses siguientes al término del periodo de ese mismo contrato, a petición de la persona propietaria, para mejorar las condiciones agronómicas de las fincas.
Artículo 20. Garantía de la renta a la persona titular de la finca rústica.
Artículo 22. Causas y procedimiento para la resolución de las cesiones.
1. Las cesiones otorgadas por el Bantegal sobre los bienes integrados en el Banco de Tierras de Galicia podrán ser resueltas previa tramitación de expediente contradictorio, con audiencia de la persona beneficiaria de la cesión, en el que se acredite la existencia de alguna de las causas de resolución previstas en la normativa reguladora del negocio jurídico de que se trate. Serán además causas de resolución:
a) El incumplimiento del destino de la finca especificado en el contrato de entre los contemplados en el artículo 5.2 de la presente ley.
2. Será competente para la tramitación del expediente la sociedad Bantegal. Antes de la declaración de resolución, se ofrecerá a la persona beneficiaria de la cesión la posibilidad de cumplir sus obligaciones en el plazo que se determine previamente durante la tramitación de dicho expediente contradictorio.
3. En el acuerdo que declare resuelta la cesión, se efectuará la liquidación de la misma con valoración expresa y desglosada de las mejoras útiles y subsistentes realizadas por la persona beneficiaria de la cesión, a los efectos de su pago, con deducción de los daños y perjuicios existentes en la finca, y se fijará el plazo máximo en el cual habrá de proceder al desalojo, que no podrá ser superior a dos meses y comenzará a contar al día siguiente al de la recepción de la notificación si no existe cosecha pendiente y, si existe, al del siguiente a ser recogida.
Artículo 23. Supuestos de subrogación.
1. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre fincas rústicas incorporadas al Banco de Tierras son indivisibles.
a) El cónyuge o persona que estuviera conviviendo con él en el momento en que se produzca el hecho; en este último caso siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.
d) Las personas trabajadoras de la explotación, por orden de antigüedad.
3. La persona que sea la nueva cesionaria deberá ser mayor de edad o emancipada y reunir o estar en situación de adquirir las condiciones determinantes del contrato, subrogándose en su título, con las mismas condiciones, derechos y obligaciones, previa autorización de la sociedad Bantegal.
Proyectos agrarios prioritarios
Artículo 24. Proyectos agrarios prioritarios.
1. Podrán ser declarados como proyectos agrarios prioritarios, a efectos de promover la mejora o, en su caso, la dotación de su base territorial productiva, aquellos en que concurra alguna de las características siguientes:
a) Que faciliten la ampliación o implantación de explotaciones con dimensiones y estructuras que favorezcan la creación de empleo, especialmente si es de gente joven y/o mujeres.
b) Que impulsen la ampliación o creación de la base territorial de cooperativas u otras asociaciones agrarias.
c) Que contribuyan al establecimiento o fijación de la población en las zonas especialmente afectadas por el envejecimiento de la misma.
2. La declaración como prioritario de un proyecto agrario corresponderá al Consello de la Xunta, a propuesta de la consejería competente en materia agraria y/o forestal, cuando el proyecto sea de esa naturaleza.
3. Los proyectos que en virtud de la presente ley se declaren prioritarios tendrán derecho de preferencia para la disponibilidad de las fincas integrantes del Banco de Tierras de Galicia.
Artículo 25. Medidas tributarias.
Artículo 27. Aprobación de los precios.
Artículo 28. Comisión Técnica de Precios y Valores.
a) Una presidencia, nombrada por la consejería competente en materia de agricultura.
b) Una vocalía nombrada por la consejería competente en materia de economía.
c) Una vocalía nombrada por la consejería competente en materia de ordenación del territorio.
d) Una vocalía nombrada por la consejería competente en materia de medio ambiente.
e) Una vocalía nombrada por el organismo representativo de los municipios y provincias gallegas.
f) Una vocalía nombrada por la Gerencia Territorial del Catastro.
g) Una vocalía nombrada por el asociacionismo del cooperativismo agrario gallego.
h) Tres vocalías nombradas por los representantes de las organizaciones profesionales agrarias pertenecientes al Consejo Agrario Gallego.
3. El consejo de administración de la sociedad Bantegal podrá nombrar hasta tres representantes en la Comisión Técnica de Precios y Valores, con derecho a voz pero sin voto.
4. En la secretaría, con derecho a voz pero sin voto, actuará un funcionario o funcionaria de la consejería competente en materia de agricultura.
5. El funcionamiento de la comisión se ajustará a lo dispuesto en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, título II, capítulo II, sobre órganos colegiados.
Artículo 29. Informe anual.
1. La Comisión Técnica de Precios y Valores recibirá el informe anual de actividades de la sociedad Bantegal y los informes sobre precios y valores que elaboren los servicios técnicos agrarios de la consejería competente en materia de agricultura y la propia sociedad Bantegal.
2. Por las evidentes diferencias en las distintas zonas del país e incluso por la variabilidad a lo largo del tiempo, la Comisión Técnica de Precios y Valores emitirá un informe anual preceptivo para la fijación por el Consello de la Xunta de los precios a aplicar por la sociedad Bantegal, en el cual constará:
a) El precio tipo que establecerá la sociedad Bantegal en los contratos de cesiones y otras transacciones, determinado por zonas geográficas en función de parámetros como productividad, ubicación, configuración geofísica y aquellos otros que técnicamente se consideren.
b) Aquellas otras consideraciones y recomendaciones que estime oportunas respecto a la gestión del Banco de Tierras de Galicia y de su sociedad gestora.
De las fincas incultas o abandonadas
a) Finca inculta: finca rústica sometida a explotación agraria hasta tiempos recientes sin que en la actualidad se realice práctica laboral alguna ni cultivo alguno sobre la misma, mostrando una cobertura evidente de matorral o sus restos, en el caso de haber ardido, de especies leñosas y arbustivas, con un porcentaje de ocupación superior al cincuenta por cien de extensión superficial y porte medio superior a cincuenta centímetros.
b) Finca abandonada: finca rústica no sometida a ninguna práctica de cultivo o mínimo laboreo, no cultivada ni destinada a pastoreo, ni al mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada desde el punto de vista medioambiental, con un porcentaje de ocupación de matorral y sus restos superior al setenta y cinco por cien de extensión superficial y porte medio superior a cincuenta centímetros, así como las plantaciones forestales realizadas en tierras de vocación productiva agraria cuando la cubierta vegetal de sotobosque, de naturaleza herbácea o arbustiva, presente un estado que propicie de forma grave la aparición de incendios.
c) Finca en situación de grave abandono: finca inculta o abandonada que, por su situación, pueda favorecer la aparición y propagación de incendios, fenómenos de erosión y una especial incidencia de malas hierbas, plagas o enfermedades que puedan afectar a las fincas colindantes, o en la que su falta de mantenimiento permita el desarrollo incontrolado de vegetación espontánea invasora que amenace con romper el tradicional equilibrio agroecológico de la finca o zona de cultivo determinada y con afectar por extensión a los campos de cultivo circundantes.
Artículo 31. Excepciones.
a) Las fincas que estén incorporadas al Banco de Tierras de Galicia, salvo las que la sociedad Bantegal haya cedido a terceras personas.
b) Las que se encuentren en proceso de concentración parcelaria, desde el inicio de las obras de la red de caminos principales hasta transcurridos seis meses desde la toma de posesión.
c) Las fincas que por conveniencia medioambiental, destino cinegético o circunstancias análogas de interés social determinado, declaradas por el órgano que corresponda de la consejería competente en materia de medio ambiente, hagan inviable su explotación agraria, siempre que reciban las apropiadas labores de mantenimiento y no representen riesgo de incendio ni perjuicio a colindantes.
d) Las fincas rústicas en situación de barbecho o posío, siempre que su situación no pueda favorecer fenómenos de erosión o de aparición de incendios, así como invasión de malas hierbas, plagas o enfermedades que representen perjuicio a colindantes.
e) Aquellas sobre las que se realice, a lo menos, agricultura de conservación, entendiendo por tal las diversas prácticas agronómicas adaptadas a las condiciones locales dirigidas a alterar lo menos posible la composición, estructura y biodiversidad de los suelos agrícolas, evitando así su posterior erosión y degradación, y que no representen riesgo de incendio ni perjuicio a colindantes.
Artículo 32. Incoación.
Artículo 34. Finalización.
1. La declaración de finca inculta, abandonada o en situación de grave abandono se hará por la persona titular de la dirección general competente previo informe de los servicios técnicos de la delegación provincial correspondiente.
2. El procedimiento habrá de ser resuelto y notificado a los interesados en el plazo de seis meses, el cual comenzará a contar desde la fecha de la incoación. Si no fuera notificado en ese plazo se producirá la caducidad del mismo, sin perjuicio de que pueda iniciarse otro expediente si se mantuviera la situación de abandono.
3. La resolución de la dirección general podrá ser recurrida en alzada ante el consejero competente en materia de agricultura, en la forma y plazo contemplados en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 35. Consecuencias de la declaración de finca inculta, abandonada o en situación de grave abandono.
1. En la resolución que declare estas situaciones se otorgará un plazo, el cual no excederá de treinta días hábiles, para que la persona titular de la finca elija alguna de las opciones siguientes:
a) La realización de una agricultura de conservación, en los términos establecidos en el artículo 31.e) de la presente ley.
b) Su enajenación, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico válido, a favor de cualquier persona agricultora profesional o joven.
Artículo 36. Ausencia de propietario.
Artículo 37. La actuación inspectora.
1. La consejería competente en materia de agricultura desarrollará actuaciones de control e inspección sobre todas las fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario y respecto a los proyectos agrarios prioritarios, en orden a comprobar su adecuación a las condiciones establecidas en la presente ley y normas que la desarrollen, para garantizar la preservación del entorno y de las condiciones medioambientales.
2. A estos efectos, el personal de esta consejería que desarrolle estas funciones tiene la condición de agente de la autoridad, teniendo los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia la presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.
Artículo 38. Infracciones administrativas.
Artículo 39. Tipificación de infracciones.
1. Se considerarán infracciones de carácter leve:
a) La falta de notificación a la Administración de la opción elegida, con arreglo a lo establecido en el artículo 35.1 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie igual o inferior a una hectárea.
b) El incumplimiento de la realización de la opción elegida en el plazo otorgado, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.2 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie igual o inferior a una hectárea.
c) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o perjuicios a fincas colindantes y las que afecten a la integridad o el funcionamiento de bienes y sistemas públicos, en ambos casos por importe inferior a 1.500 euros.
e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley que no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
a) La falta de notificación a la Administración de la opción elegida, con arreglo a lo establecido en el artículo 35.1 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie superior a una hectárea.
b) El incumplimiento de la realización de la opción elegida en el plazo otorgado, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.2 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie superior a una hectárea.
c) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o perjuicios a fincas colindantes y las que afecten a la integridad o el funcionamiento de bienes y sistemas públicos, en ambos casos por importe de entre 1.500 y 9.000 euros.
d) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como suministrar información inexacta o documentación falsa.
e) El mantenimiento de la finca en situación de inculta, abandono o grave abandono transcurrido un año desde la fecha de la notificación de su declaración.
a) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o perjuicios a fincas colindantes y las que afecten a la integridad o el funcionamiento de bienes y sistemas públicos, en ambos casos por importe superior a 9.000 euros.
b) El mantenimiento de la finca en situación de inculta, abandono o grave abandono transcurridos más de dos años desde la fecha de la notificación de su declaración.
1. Las infracciones tipificadas en los apartados del anterior artículo serán sancionadas con las multas siguientes:
2. El apercibimiento sólo procederá en el supuesto de infracciones leves, siempre y cuando la persona infractora no fuera sancionada con anterioridad por cualquier infracción de las tipificadas en la presente ley.
Artículo 41. Graduación de las sanciones.
d) La reincidencia, por comisión en el plazo de dos años de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así se hubiera declarado por resolución firme. Este plazo comenzará a contar desde que la resolución haya adquirido firmeza en vía administrativa.
2. No obstante lo recogido en el apartado anterior, la cuantía de la sanción podrá aminorarse motivadamente, a juicio del órgano competente para resolver según el tipo de infracción de que se trate, en atención a las circunstancias específicas del caso, entre ellas el reconocimiento y la enmienda de la conducta infractora y la reparación de los daños causados, antes de que se resuelva el correspondiente expediente sancionador, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.
3. Los criterios de graduación recogidos en el apartado 2 no podrán utilizarse para agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.
4. La propuesta de resolución del expediente y la resolución administrativa que recaiga habrán de explicitar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en el apartado 1 del presente artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas, la sanción se impondrá en la cuantía mínima prevista para cada tipo de infracción.
Artículo 42. Reparación del daño o indemnización.
Artículo 43. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no hubieran procedido a la reparación o indemnización en la forma y plazo otorgados en la resolución, no hubieran elegido alguna de las opciones contempladas en el artículo 35.1 de la presente ley o no la hubieran ejecutado en los términos establecidos en el apartado 2 del mismo artículo, el órgano que ha dictado la resolución podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.
2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, no pudiendo ser el importe de las mismas superior a 1.000 euros.
3. La ejecución por la administración de la reparación ordenada será por cuenta del infractor.
1. La persona física o jurídica titular del dominio o de otro derecho real de disfrute sobre las fincas, salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o aprovechamiento a favor de una tercera persona.
2. Si existiera, la persona física o jurídica que sea titular de las fincas en régimen de arrendamiento, aparcería o cualquier otro derecho de uso o aprovechamiento análogo, salvo que en el curso del expediente demuestre que las personas arrendadoras o cedentes le impiden el normal desarrollo de los derechos de uso o aprovechamiento de las fincas, en cuyo caso la responsabilidad recaería sobre estas.
3. Los causahabientes de las herencias indivisas y comunidades hereditarias, los representantes de las herencias yacentes, los cotitulares de las sociedades gananciales y comunidades de bienes, los miembros de sociedades civiles y entidades carentes de personalidad jurídica, todos ellos propietarios de fincas rústicas que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o aprovechamiento a favor de una tercera persona. En su caso, las personas copartícipes responderán solidariamente de las sanciones impuestas.
Artículo 45. Órganos sancionadores competentes.
1. El órgano con competencia para incoar el expediente sancionador será la persona titular de la delegación provincial correspondiente de la consejería competente en materia de agricultura del territorio en donde radique la finca, y si existieran varias competentes, la correspondiente a la superficie de la finca de más extensión.
Artículo 46. Duración del procedimiento sancionador.
Artículo 47. Prescripción de las infracciones.
Disposición adicional única. Comunicación de instrumentos de planeamiento urbanístico.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.
Uno. El artículo 27 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda redactado de la manera siguiente:
2. La consejería competente en materia de montes podrá ejercitar la gestión cautelar prevista en el apartado 1 de este artículo directamente o mediante su encomienda a entes o empresas cuyo capital sea íntegramente público.»
Dos. El artículo 30 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda redactado de la siguiente manera:
3. Los beneficios derivados del plan de mejora y aprovechamiento de los montes gestionados cautelarmente, una vez deducidos los gastos e inversiones en la gestión y mejora del monte, serán para la comunidad. Si no existiera esta, serán para el municipio o municipios en donde radique el monte, que los destinará o destinarán a mejoras de interés general en las parroquias correspondientes.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia.
Uno. Se modifica el artículo 31 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, el cual queda redactado de la manera siguiente:
Dos. Las restantes referencias contenidas en la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, al fondo de tierras se entenderán hechas al Banco de Tierras de Galicia.
Disposición final tercera. Período transitorio para la incoación de expedientes sancionadores.
Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2007.–El Presidente, Emilio Pérez Touriño.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia», número 104, de 31 de mayo de 2007)
Fecha de disposición: 21/05/2007
Fecha de entrada en vigor: 01/06/2007
Publicada en el DOG núm. 104, de 31 de mayo de 2007.
La modificación del art. 31 y referencias indicadas de la Ley 10/1985, de 14 de agosto se establece de acuerdo con la redacción dada a la Ley 12/2001, de 10 de septiembre.
el art. 25, por Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2011-18161).
con la excepción indicada , por Ley 6/2011, de 13 de octubre (Ref. BOE-A-2011-17718).
SE MODIFICA las referencias indicadas, por Ley 15/2010, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-2546).
Art. 1 y las refencias indicadas en la Ley 12/2001, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2001-21174).
arts. 27 y 30 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-1990-3358).
Art. 31 y las referencias indicadas en la Ley 10/1985, de 14 de agosto (Ref. BOE-A-1985-23695).
art. 30.1.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).
CITA Ley 9/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1267).

References: artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9
 artículo 10

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 
 artículo 9
 artículo 10

Artículo 13
 artículo 19
 resolución 

Artículo 14
 resolución 

Artículo 15
 artículo 5
 resolución 

Artículo 17
 artículo 5

Artículo 18
 artículo 1523

Artículo 19
 artículo 5

Artículo 20

Artículo 22
 resolución 
 resolución 
 artículo 5

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34
 resolución 

Artículo 35
 resolución 
 artículo 31

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35

Artículo 41
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 35
 resolución 

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 31