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Timestamp: 2019-12-08 15:58:40+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 88, de 31/05/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 88
Sesión plenaria núm. 84
celebrada el jueves, 31 de mayo de 2001
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, número 112, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 110/000068.) . . .
(Página 4329)
- Declaración de España al Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 113, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 110/000069.) . . . (Página 4329)
- Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal) (hecho en París el 18 de junio de 1964) y Protocolo por el que se modifica el Anexo de Seguridad del Acuerdo (Bruselas, 2 de junio de 1998). «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 114, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 110/000070.) . . . (Página 4330)
- Canje de notas de fechas 18 y 20 de diciembre de 2000, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá por el que se enmienda el Convenio de cooperación cultural entre España y Panamá de 2 de mayo de 1979 y se deroga el Convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos académicos y de incorporación de estudios de 15 de marzo de 1926. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 117, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 110/ 000071.) . . . (Página 4330)
- Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 120, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000072.) . . . (Página 4330)
- Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho «ad referendum» en Pekín el 25 de junio de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 121, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000073.) . . .
(Página 4330)
- Convenio entre el Reino de España y la República Helénica, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 122, de 6 de abril dc 2001. (Número de expediente 110/000074.) . . . (Página 4330)
- Aceptación por España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960, modificado por los Protocolos de 1964 y 1982 (Convenio de París). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 123, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000075.) . . .
- Convenio entre el Reino de España. la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros estados, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 124, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000076.) . . . (Página 4330)
- Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 125, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000077.) . . .
- Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 130, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000078.) . . .
- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Argentina modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de 1969, hecho en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 131, de 20 de abril de 2001.
(Número de expediente 110/000079.) . . . (Página 4330)
- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y el Gobierno de Jamaica, hecho en Puerto España el 4 de julio de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 132, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000080.) . . .
- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), hecho en Puerto España el 4 de julio de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 133, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000081.) . .
- Convenio sobre Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Polonia, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2001.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 134, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000082.) . . . (Página 4330)
- Acuerdo marco de cooperación técnica, cultural y científica entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 3 de julio de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 135, de 20 de abril de 2001.
(Número de expediente 110/000083.) . . . (Página 4330)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Trinidad y Tobago al Convenio de La Haya relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 137, de 27 de abril de 2001. (Número de expediente 110/ 000084.) . . . (Página 4331)
- Invitación a la adhesión de la República de Estonia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 138, de 27 de abril de 2001. (Número de expediente 110/000085.) . . .
(Página 4331)
-Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 21-1, de 1 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000021.) . . . (Página 4339)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 4329)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre de 2000 . . . (Página 4329)
Declaración de España al Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas, del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996 . . . (Página 4329)
Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal) (hecho en París el 18 de junio de 1964) y Protocolo por el que se modifica el Anexo de Seguridad del Acuerdo (Bruselas, 2 de junio de 1998) . . .
Canje de notas de fechas 18 y 20 de diciembre de 2000, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá por el que se enmienda el Convenio de cooperación cultural entre España y Panamá de 2 de mayo de 1979 y se deroga el Convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos académicos y de incorporación de estudios de 15 de marzo de 1926 . . . (Página 4330)
Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 . . .
Página 4328
Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho «ad referendum» en Pekín el 25 de junio de 2000 . . . (Página 4330)
Convenio entre el Reino de España y la República Helénica, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2000 . . . (Página 4330)
Aceptación por España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960, modificado por los Protocolos de 1964 y 1982 (Convenio de París) . . . (Página 4330)
Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000 . . . (Página 4330)
Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000 . . . (Página 4330)
Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en roma el 28 de noviembre de 2000 . . . (Página 4330)
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Argentina modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de 1969, hecho en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001 . . . (Página 4330)
Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), hecho en Puerto España el 4 de julio de 1999 . . . (Página 4330)
Convenio sobre seguridad social entre el Reino de España y la República de Polonia, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2001 . . .
Acuerdo marco de cooperación técnica, cultural y científica entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 3 de julio de 1999 . . . (Página 4330)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Trinidad y Tobago al Convenio de la La Haya relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980... 4330)
Invitación a la adhesión de la República de Estonia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988 . . . (Página 4331)
Intervienen en el debate conjunto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales los señores Aymerich Cano, en relación con el Convenio trilateral entre Francia, el Reino de España y el Principado de Andorra; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en relación con el Tratado entre el Reino de España y la República Italiana; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), en relación con los dos convenios sobre la libre circulación de nacionales de la República Francesa y del Reino de España en el Principado de Andorra y con el Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común; las señoras Cunillera i Mestres, que se refiere al Convenio trilateral entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, sobre la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, y Moreno Sirodey, en relación con el Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, ambas del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Ricomá de Castellarnau, en relación con los convenios entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, y Aristegui y San Román, que se refiere al Tratado entre el Reino de España y la República Italiana, ambos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se someten a votación los todos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que son aprobados.
(Página 4339)
Proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición . . .
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Mardones Sevilla.
Sometida a votación la enmienda número 31 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, se rechaza por dos votos a favor y 276 en contra.
Sometido a votación el apartado 2, del artículo 1.º del dictamen, se aprueba por 275 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Sometido a votación el resto del dictamen, con la corrección técnica señalada en el debate, se aprueba por 277 votos a favor y uno en contra.
Votación de conjunto . . . (Página 4349)
Sometido a votación de conjunto por el carácter de orgánico del proyecto de ley, se aprueba por 277 a favor y una abstención.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto de ley orgánica del dictamen de Comisión sobre iniciativas legislativas, referida al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición, no se llevará a efectos antes de las nueve y media de la mañana.
DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OTROS DELITOS GRAVES, HECHO EN MADRID EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000068.)
- DECLARACIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CON CARÁCTER PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de expediente 110/ 000069.)
Página 4330
- ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN NUCLEAR ENTRE LAS PARTES DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (TRATADO ATOMAL) (HECHO EN PARIS EL 18 DE JUNIO DE 1964) Y PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE SEGURIDAD DEL ACUERDO (BRUSELAS, 2 DE JUNIO DE 1998) (Número de expediente 110/000070.)
- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 18 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2000, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR EL QUE SE ENMIENDA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y PANAMÁ DE 2 DE MAYO DE 1979 Y SE DEROGA EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE VALIDEZ DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DE 15 DE MARZO DE 1926. (Número de expediente 110/000071.)
- CONVENIO EUROPEO SOBRE INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 110/000072.)
- CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, HECHO AD REFERENDUM EN PEKÍN EL 25 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente 110/000073.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA HELÉNICA, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000074.)
- ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN DE ESLOVENIA AL CONVENIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR, 1960, MODIFICADO POR LOS PROTOCOLOS DE 1964 Y 1982 (CONVENIO DE PARÍS). (Número de expediente 110/000075.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO A LA CIRCULACIÓN Y ESTANCIA EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA DE NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000076.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN, RESIDENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE SUS NACIONALES, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000077.)
- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA PERSECUCIÓN DE DELITOS GRAVES MEDIANTE LA SUPERACIÓN DE LA EXTRADICIÓN EN UN ESPACIO DE JUSTICIA COMÚN, HECHO EN ROMA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000078.)
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA MODIFICANDO EL CONVENIO DE NACIONALIDAD DE 14 DE ABRIL DE 1969, HECHO EN BUENOS AIRES EL 6 DE MARZO DE 2001. (Número de expediente 110/000079.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 4 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000080.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM), HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 4 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000081.)
- CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA, HECHO EN MADRID, EL 22 DE FEBRERO DE 2001.
(Número de expediente 110/000082.)
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CULTURAL Y CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 3 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000083.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO AL CONVENIO
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DE LA HAYA RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000084.)
- INVITACIÓN A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA AL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL Y A LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LUGANO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1988. (Número de expediente 110/000085.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, se van a efectuar conjuntamente los debates de los puntos incluidos en este apartado del orden del día. ¿Grupos que desean intervenir en alguno de los convenios? (Pausa.) En primer lugar, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
La intervención de este diputado del Bloque Nacionalista Galego se va a referir al convenio trilateral entre Francia, el Reino de España y el Principado de Andorra, relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de estos tres países, hecho en Bruselas el 4 de diciembre del 2000. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich, por favor.
Señorías, no se está oyendo prácticamente la intervención del señor Aymerich. Ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señor Aymerich.
Decía que la intervención del Bloque Nacionalista Galego se va a referir a este convenio y, al igual que ya manifestamos en la Comisión de Asuntos Exteriores, va a ser una intervención en la que justifiquemos nuestra oposición, es decir, nuestra negativa, a la ratificación de este convenio trilateral. Antes de explicar las razones, antes de entrar en los motivos que apoyan esta oposición del Bloque Nacionalista Galego a la ratificación del convenio trilateral entre la República Francesa, el Reino de España y el Principado de Andorra, quiero hacer una salvedad. Nuestra posición parte, como no podía ser de otra manera, del respeto exquisito a la soberanía y la independencia del Principado de Andorra; precisamente por eso, porque consideramos que el Estado andorrano es un Estado de pleno derecho, es un Estado que en el concierto internacional debe situarse en pie de igualdad con otros Estados europeos, exigimos que el Gobierno español (y a él se dirigen nuestras demandas) defienda los intereses de los trabajadores gallegos y españoles que residen y trabajan en Andorra con la misma eficacia o con la misma fuerza con que lo hace en otras ocasiones, no por cierto en otros convenios recientes, como el Convenio entre la Unión Europea y la Confederación Helvética, al que también tuvimos ocasión de oponernos. Los motivos son simples.
Estamos ante un convenio que carece totalmente de reciprocidad. Es decir, los derechos que tienen los ciudadanos andorranos desde la propia entrada en vigor del convenio no se reconocen sino pasado un cierto periodo de tiempo y cumpliendo una serie de condiciones que desde luego no se exigen a los ciudadanos españoles. Se puede decir, como el portavoz del Grupo Popular manifestó en la Comisión de Asuntos Exteriores, y tiene algo de razón, que cómo un nacionalista no va a entender que estas salvedades o estos desequilibrios obedecen a la preocupación legítima del Principado de Andorra de mantener su identidad. Pero desde nuestro punto de vista, la identidad, la cultura, la lengua del Principado de Andorra se pueden mantener sin necesidad de conculcar derechos sociales y derechos laborales que para nosotros deben tener carácter universal o por lo menos un carácter uniformemente invocable en toda Europa.
El Gobierno español a través de este convenio realiza una defensa ineficaz de los intereses de los trabajadores gallegos y españoles en Andorra, y no lo dice sólo el Bloque Nacionalista Galego, lo dice también el propio Sindicato Andorrano de Trabajadores, lo dicen sindicatos españoles y franceses, que han manifestado ya su posición a este respecto. Debe recordarse que aunque la Constitución andorrona de 1993 reconoce el derecho a al libre sindicación, esta previsión constitucional no ha sido aún objeto de desarrollo legislativo, de desarrollo normativo y, por tanto, en la práctica es un derecho que no se puede ejercer. Hay que señalar, por ejemplo, que el Sindicato Andorrano de Trabajadores está legalizado, pero como asociación cultural, como una asociación más; por tanto, no se reconoce ni el derecho a elecciones sindicales en las empresas, no existe representación sindical en las empresas, por lo que esta mera tolerancia de un sindicato impide que pueda realizar un ejercicio eficaz de defensa de los derechos de los trabajadores andorranos. Los derechos laborales son inexistentes: despido libre, con un preaviso de 15 días. A los 25 días el despedido o la despedida se queda sin cobertura social, lo cual es una invitación a que abandone el territorio del Principado de Andorra. No existe una jurisdicción especializada en contiendas, en pleitos laborales, lo que obliga a acudir a la jurisdicción civil y a esperar en las reclamaciones por despido dos años como mínimo. Cualquier denuncia ante la Inspección laboral andorrana deriva indefectiblemente en
el despido del trabajador, por cuanto las denuncias no pueden ser anónimas. Hay otras cuestiones, como que el Gobierno andorrano, y así se reconoce en la propia prensa andorrana, aunque ha firmado la Carta Social Europea, manifiesta que desconoce, que no sabe aún cuando la va a ratificar, por tanto, cuándo va a entrar en vigor para el Principado de Andorra. En definitiva, se trata de cuestiones que para nosotros son fundamentales y que nos llevan a oponernos a este convenio.
También debemos resaltar que esta falta de derechos laborales, esta casi explotación laboral que se práctica en Andorra, cuenta con la connivencia de los poderes públicos españoles. El Inem colabora con el Principado de Andorra y con la Unió Hotelera Andorrana, con una de las principales asociaciones de Andorra para el reclutamiento de trabajadores; reclutamiento de trabajadores con la excusa de que en Andorra hace falta mano de obra, cuando lo que existe en Andorra es una elevadísima rotación en los puestos de trabajo. No es difícil encontrarse a gallegos españoles en Andorra que trabajan como temporeros en la hostelería y que en tres meses tienen tres trabajos diferentes. Por tanto, esta situación debería hacer reflexionar a SS.
SS. y a modificar la posición frente a este convenio, si es que tienen ya alguna prefijada. Repito -ya para terminar- que no estamos cuestionando, ni mucho menos, la soberanía y la independencia del Principado de Andorra; nuestras demandas se dirigen al Estado español y le pedimos que no firme un convenio de libre circulación, es decir, de práctica extensión de libertades comunitarias básicas, con un país en el que no se respetan derechos sociales y derechos laborales que forman parte del acervo común europeo, porque la libre circulación sin derechos es consagrar, legalizar la explotación laboral y el dumping social, y desde luego para consagrar la explotación laboral y el dumping social que nadie cuente con el Bloque Nacionalista Galego.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio por cuanto hay un diputado intentando hacer uso de la palabra.
Voy a fijar posición con respecto al punto 48 relativo al tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000.
Mi grupo quiere manifestar su voto favorable a este tratado bilateral entre España e Italia por entender -siendo representante de una región de economía sensible por el turismo como es Canarias, donde frecuentemente se ubica algún delincuente internacional y actúan las denominadas mafias del crimen organizado- que hay que establecer un procedimiento sumario pero con respeto a los principios de derechos de nuestras dos naciones.
En los considerandos o en la exposición de motivos de este tratado se reconocen los principios, en primer lugar, de valoración del comportamiento, de confianza en la estructura de los servicios y sistemas judiciales tanto de España como de Italia, que son dos naciones en las que hay regímenes democráticos que han suscrito la Declaración de derechos humanos, que están en la Unión Europea, que están en convenios y alianzas internacionales, que han firmado el Convenio de Schengen. Ambas están firmando todos los acuerdos en los que los principios democráticos de un espacio judicial y policial europeo se están llevando a cabo, y cuando llega esta ocasión -aunque sea en una interpretación de lo que podíamos llamar en el lenguaje de la Unión Europea cooperación reforzada en la lucha contra el crimen organizado- esto tiene que tener una aprobación, hay que darle luz verde.Se respetan todos los principios de la Unión Europea, tanto de la acción común del Consejo Europeo de 1988, las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999, así como precisamente la declaración conjunta que hicieron en julio del pasado año los ministros de Justicia de España y de Italia.
Tal vez nos hubiera gustado ver en el articulado de este convenio o tratado la relación de delitos graves que se entiende que pueden ser objeto de la aplicación de este tratado. Solamente se habla en los considerandos o en la exposición de motivos o preámbulo en su último párrafo de los delitos graves de terrorismo, de crimen organizado, tráfico de estupefacientes, seres humanos, abuso sexual contra menores y tráfico ilícito de armas. Tal vez la experiencia lleve a poner esto de una manera más concreta para los principios de seguridad jurídica en el texto articulado del convenio o acuerdo que estamos debatiendo aquí.
Quiero destacar el artículo 4 de la detención preventiva preliminar, que tiene que ser confirmada por la autoridad judicial competente; la decisión relativa a la entrega que se regula en el artículo 5 donde la condición de nacional de la parte requerida no será obstáculo para la entrega y las garantías técnicas policiales a través de las oficinas centrales nacionales de Interpol que se contemplan en el artículo 7 en la ejecución de la entrega, pero en lo demás, señora presidenta, se garantiza plenamente las aplicaciones técnico- jurídicas o jurídico-policiales que debe tener esta arma defensiva para que estos dos países que tienen todas estas relaciones políticas, sociales, laborales y de tipo estructural económico, con la sensibilidad que hay en España y en Italia por una lucha contra el crimen mafioso y organizado, puedan disponer rápidamente de este instrumento
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para el objeto señalado en su título. Por esa razón, señora presidente, mi grupo va a votar favorablemente esta norma.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Me voy a referir por separado tanto a los dos convenios que hacen referencia a la libre circulación de nacionales de la República Francesa y del Reino de España con el Principado de Andorra, y con terceros estados -que son dos convenios separados-, y por otro lado después haré un mínimo comentario sobre el convenio con la República Italiana, al que acaba de hacer referencia el portavoz de Coalición Canaria.
Es evidente que Andorra tiene una historia muy complicada, que no es el momento de comentar, sin la cual no se entiende absolutamente nada ni se entiende nunca ninguno de los instrumentos jurídicos internacionales que se puedan firmar con el Principado o que forman parte de su propio entramado jurídico; una historia que es la única que justifica, y no es poco, su propia identidad y su propia personalidad. Esa identidad es la que Andorra tiene la obligación de seguir manteniendo y conservando, convirtiéndose en permanente régimen de excepción en el ámbito internacional. No cabe ninguna duda de que muchos de los modelos o de los planteamientos, que a lo mejor pueden parecer absolutamente ordinarios (y lo serían en las relaciones que puede tener el Reino de España o cualquier otro Estado con otro miembro de las Naciones Unidas), cuando hablamos del Principado de Andorra han de ser matizados, entre otras cosas también porque eso no causa un gravísimo perjuicio a nadie y porque realmente acaba estando siempre en juego la propia supervivencia del Principado de Andorra. Cuando estamos hablando de la libre circulación de personas y de la libertad de establecimiento por evidentes razones geográficas y demográficas, es obvio que en el caso de Andorra no se puede establecer un sistema claro y normal de reciprocidad como sí sería normal con cualquier otro Estado con el que España firmara un convenio de estas características; un sistema de pura y dura reciprocidad ante los súbditos andorranos, los súbditos franceses y los súbditos españoles supondría -y es bastante obvio- la desaparición del propio Principado de Andorra en un plazo breve de tiempo prácticamente por conquista demográfica. Por tanto, es lógico que el Principado de Andorra se intente proteger de una forma que sea compatible, evidentemente, con la protección de los derechos fundamentales, con el propio Convenio europeo de los derechos humanos, del cual Andorra es parte, y con los principios más elementales del derecho, incluido el ámbito social, incluida la Carta social europea. Hay que buscar un equilibrio entre esa protección y la preservación de la propia identidad de Andorra. Y ese equilibrio es el que han intentado lograr estos dos convenios que fueron firmados por la República Francesa, el Reino de España y el Principado de Andorra. De ahí que nosotros entendamos lo que son los comentarios y las preocupaciones que suscitan la oposición de algunos grupos de esta Cámara a este texto y, sin embargo, nos inclinemos a favor de lo que es la preservación de la identidad y las preocupaciones que tiene detrás el Principado de Andorra, que le han llevado a firmar este documento y este convenio internacional, que hoy vamos a ratificar, que evidentemente han sido razones de suficiente peso para que hayan sido aceptadas y compartidas por la República Francesa y por el Reino de España.
No cabe duda de que alguna de las denuncias que ha formulado en voz alta el portavoz del Bloque Nacionalista Galego se corresponden en buena medida con la realidad, pero esas ya no tienen nada que ver con este convenio. Es perfectamente cierto que puede mejorarse el ámbito laboral, el derecho laboral en Andorra (y lo podemos decir desde aquí con absoluto respeto a la soberanía del Principado de Andorra), pero son cuestiones de derecho interno de Andorra, que nos consta que Andorra está perfeccionando, como lo está haciendo en tantas otras cuestiones que hacen referencia a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. De hecho, hace apenas unos meses visitó Andorra el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europea, el señor Gil Robles, y en su informe también trata todos estos temas. Por tanto, es obvio que algunas de las cuestiones están sobre la mesa y que Andorra está en un proceso de modernización y de incremento del reconocimiento de los derechos laborales de sus trabajadores nacionales y extranjeros, y me refiero específicamente a cuanto ha sido comentado sobre la libertad sindical y la inexistencia real en Andorra de un pluralismo sindical, ni siquiera de una estructura sindical equiparable a la del resto de Europa. Ese es un paso que tiene que dar Andorra y que desde aquí animamos a hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver, por lo menos no es el objeto de los convenios que vamos a votar dentro de un momento. Desde esta perspectiva nosotros apoyamos al Gobierno de Andorra en el proceso de modernización de su marco laboral y de su estructura social y apoyamos al Principado de Andorra en este convenio en el que está en juego la libre circulación, la entrada, la salida, la libertad de establecimiento de nacionales, franceses y españoles y de terceros Estados.
En cuanto al otro Convenio, solo dos palabras. El Convenio entre España y la República Italiana en materia de cooperación, que supone la superación del espacio de extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000, merece
que efectivamente hagamos un comentario en voz alta. Es un instrumento absolutamente novedoso y, en la medida en que se vaya generalizando en el conjunto del espacio europeo, pasaremos a tener un verdadero espacio judicial europeo y un verdadero espacio policial europeo. No cabe duda de que en su momento el Gobierno del Partido Popular presentó esa cuestión como algo muy importante en la lucha contra el terrorismo, y así es, y era una parte del sentido que motivó el enorme interés político con el que el Gobierno del Partido Popular vendió -si se me permite la expresión- este texto a la opinión pública. Pero no nos llamemos a engaño, porque este texto tiene -tanto o más que en el ámbito del terrorismo- otra faceta que es absolutamente la recíproca. (Rumores.) Este texto que vamos a ratificar hoy, entre otras cosas impide, por el momento, respecto de Italia y esperemos que poco a poco también respecto de otros muchos Estados, que España se convierta en un santuario de mafiosos, narcotraficantes y responsables del crimen organizado, que es uno de los riesgos que tiene España precisamente por las ventajas de su clima y la comodidad y excelencias de su geografía. (Rumores.) La realidad es que con este instrumento se va a impedir y ya se está impidiendo...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guardans, por favor.
Señorías, les ruego guarden silencio, pero también les ruego que lo mantengan, al objeto de que los diputados que están interviniendo puedan hacer audible su intervención.
Adelante, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Decía que con este instrumento se está no solo asegurando una absoluta colaboración de la República Italiana con el Reino de España en materia antiterrorista, sino que se impide -y de hecho la aplicación anticipada de esta Convenio ya ha empezado a dar los frutos de la filosofía que tiene detrás- que una buena parte de los responsables de las distintas mafias que pueden operar en Italia se instalen en España. Por tanto, es un Convenio que tiene todo el interés, desde el punto de vista del Reino de España, pero también desde el punto de vista de la República Italiana y que supone un paso muy importante para la construcción de algo que nosotros deseamos, y es que se establezca en el plazo más breve posible -aunque necesitará algunos años- una generalización de este régimen hacia el conjunto de la Unión Europea y que lleguemos a tener en toda Europa un verdadero espacio judicial común, un espacio donde no haya resquicio para el crimen organizado, donde realmente las fronteras que hoy ya han desaparecido en el ámbito de las mercancías, personas y capitales, desaparezcan también y no puedan ser nunca utilizadas al servicio y para la protección simplemente de la delincuencia y, sobre todo, de la delincuencia con más medios que es el crimen organizado.
Por ello, damos la bienvenida a este Convenio y, evidentemente, le daremos nuestro voto a favor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir para fijar la posición del Grupo Socialista en el Convenio número 47, Convenio trilateral entre España, Andorra y Francia, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales. En el debate en Comisión del día 23 nuestro grupo se abstuvo, posición que vamos a mantener en este momento por las razones que voy a explicar brevemente. Voy a intentar, aunque repita alguno de los argumentos que se utilizó en Comisión, fijar mi atención no tanto en el respeto -cómo no- que nuestro grupo tiene por la decisión que tome el Gobierno andorrano libremente en el ejercicio de su soberanía, sino por algo que he echado de menos en alguna de las intervenciones anteriores el interés que los grupos de esta Cámara debemos tener por los residente españoles en Andorra.
Andorra es un país que tiene 60.000 habitantes, de los cuales, como he dicho antes, 30.000 son españoles para los que no existe el principio de reciprocidad. Me parece que decir en esta Cámara que no se puede exigir reciprocidad es un dato muy relevante. Debemos exigir que nuestros residentes españoles en Andorra, tanto los trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, tengan los mismos derechos que nosotros le vamos a reconocer a cualquier ciudadano andorrano que venga a residir a España. España y Francia van a reconocer a los andorranos las mismas ventajas que vaya a tener cualquier ciudadano de cualquier país miembro de la Unión Europea. Los ciudadanos españoles que residen en Andorra, bien sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, no van a tener esos mismos derechos. Me parece que no exigir al Gobierno español que haya sido duro y que haya reivindicado esos derechos para los ciudadanos españoles no merece un voto afirmativo para este convenio en esta Cámara.
De esos 30.000 españoles que residen en Andorra, los que trabajan por cuenta ajena no tienen reconocido ningún derecho, no tienen derecho a la afiliación sindical, están sometidos al despido libre, no tienen desempleo y, cuando son despedidos de sus empleos, al cabo de 25 días no tienen Seguridad Social. Un gobierno que sea consciente de la defensa que debe hacer de sus ciudadanos no puede consentir que 30.000 de ellos se vean sometidos a estas condiciones laborales, de la misma manera que no puede consentir que los que trabajan por
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cuenta propia y quieran establecer su negocio deban tener 10 años de residencia efectiva e ininterrumpida, pero es que para las profesiones liberales deben tener 20 años de residencia efectiva e ininterrumpida.
Se me ha dicho aquí que no podemos exigir de Andorra que tenga reciprocidad. A mí me parece que eso no es así, pero en cualquier caso no nos corresponde a nosotros decir al Gobierno andorrano qué es lo que debe hacer con sus nacionales, aunque sí debemos decirle al Gobierno español que no ha estado a la altura de las circunstancias, que este convenio se ha estado negociando durante muchos años.
Durante muchos años el Consejo de residentes españoles en Andorra ha hecho llegar sus reivindicaciones, a las cuales ha hecho oídos sordos, excepto en alguna cosa muy puntual, como la comisión mixta que va a haber de seguimiento de este convenio, que es una aportación del Consejo de residentes españoles. Este es uno de los motivos por los cuales nosotros no vamos a votar en contra de este convenio, sino que solamente nos vamos a abstener, porque queremos dar un voto de confianza, pero sí creemos que hay que decir con toda rotundidad al Gobierno español que no ha sabido defender a los residentes españoles en Andorra, que no ha sabido exigir al Gobierno andorrano que, al mismo tiempo que nosotros vamos a ayudarles en el desarrollo y en el avance de su Estado y de su consolidación, como decía antes el interviniente de Convergència i Unió, tenga ese reconocimiento. Si se quiere hablar de identidad andorrana, hay que reconocer la aportación que a esa identidad han hecho los residentes españoles. Como hay que hacer ese reconocimiento, hay que exigir también que se les reconozcan los mismos derechos que nosotros vamos a reconocer a cualquier andorrano que venga a trabajar o se quiera establecer en España.
Como he dicho antes, el Gobierno español ha negociado durante muchos años este convenio. La negociación ha sido larga y ardua, pero resulta que se ha firmado ese convenio en un momento muy conveniente para el partido que hoy gobierna en Andorra. Resulta que, después de muchos años, este convenio se ha firmado en plena campaña electoral andorrana, favoreciendo a una de las partes que contendían en esas elecciones, que hizo de ese convenio el uso partidista que era de esperar que se hiciera. Por eso, porque nosotros creemos que el Gobierno español ha fallado en la defensa de los intereses de los residentes españoles en Andorra, no podemos votar a favor de este convenio y, como hemos dicho en la Comisión y en público cuando hemos tenido ocasión, nosotros no tenemos la responsabilidad de pedir responsabilidades al Gobierno andorrano ni somos quienes debemos exigirle ese reconocimiento, es el Gobierno español el que no ha estado a la altura de las circunstancias, el que ha preferido, antes que defender a 30.000 españoles que están sometidos a esa legislación, ayudar a un partido amigo a ganar las elecciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO SIRODEY: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar posición respecto al Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre.
En la Comisión de Asuntos Exteriores, celebrada el miércoles 23 de mayo, el Grupo Socialista manifestó la disconformidad con este tratado porque considera que la creación de un espacio judicial común debe realizarse utilizando instrumentos propios de la Unión Europea, y no mediante acuerdos bilaterales, como ya han recordado otros países como Portugal, Francia, Alemania y Bélgica, y además porque el Grupo Socialista ya presentó en junio de 2000 una alternativa en forma de proposición no de ley, aún pendiente de debate y votación, que pretende compaginar los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución con la necesidad de que no queden impunes delitos graves en los supuestos de que, por aplicación de las garantías procesales, no se concedan las extradiciones solicitadas.
Precisamente por que no quede impune ningún delito grave cometido y por responsabilidad política, mi grupo va a votar a favor de este tratado no sin dejar de manifestar que sigue manteniendo las razones que en su día expuso en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero que entiende que por responsabilidad política debe votar a favor. Creemos que podría haber otras garantías, pero como ahora se trata de que quien cometa un delito no se escape a la acción de la justicia y no queremos dejar ni un resquicio por donde alguien que haya cometido un delito pudiera quedar impune, votaremos a favor de este tratado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moreno.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar nuestra posición sobre los convenios suscritos por España, Francia y Andorra, que corresponden a los números 46 y 47 del orden del día, compartiendo el tiempo con el señor De Arístegui, que hará lo propio con el convenio referido a Italia. Estos convenios son documentos que pretenden avanzar hacia la coordinación de las legislaciones española y francesa sobre circulación y estancia de extranjeros con la legislación andorrana, teniendo en cuenta la dificultad
que conlleva el hecho de que los dos primeros países sean miembros de la Unión Europea, y por tanto sujetos a los acuerdos relativos a la supresión de controles de personas en las fronteras comunes, y que Andorra, como bien saben SS.SS., observe cierta complejidad en sus ordenamientos legislativos y administrativos.
Los argumentos que motivan el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la firma del convenio relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales ya fueron claramente expuestos en el debate celebrado en la Comisión de Asuntos Exteriores de la semana pasada. Lógicamente, mis palabras de hoy van a ir en la línea de reafirmar lo que allí se comentó, y tan sólo voy a aprovechar esta intervención para remarcar aquello que consideremos más importante.
Previamente quisiera dejar claro, a raíz de lo expuesto por algún portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra, que estamos tratando ahora la conveniencia o no de refrendar un convenio internacional firmado por países extranjeros y que, en consecuencia, obliga a los países entre sí. Con ello estoy diciendo que de nada sirve abordar la discrecionalidad y la dureza del régimen general de extranjeros andorranos, ya que, estando de acuerdo con ello y coincidiendo también con este aspecto, este régimen, sea el que fuere, se enmarca dentro de la soberanía que tiene el país vecino en cuanto a su capacidad legislativa y normativa. Igualmente, a efectos prácticos, poco tiene que ver el presente convenio con la situación de nuestros trabajadores en Andorra y su relación con la Hacienda española, cuestión que se tocó de forma más directa y más intensa en la Comisión de Asuntos Exteriores. Esta es una cuestión que afecta únicamente a la legislación española sobre materia fiscal, sobre este impuesto, y por tanto poco o nada tiene que ver con los objetivos perseguidos en este convenio internacional.
Lo que verdaderamente le importa a mi grupo es valorar si con la firma de este convenio se van a conseguir mejoras significativas para el importante colectivo de ciudadanos españoles que se encuentran en Andorra. La lectura detenida y atenta de los diversos artículos de los que consta el convenio nos hace reafirmar que supone un importante avance en la equiparación de trato entre nuestros ciudadanos y los andorranos. Estudiantes, trabajadores, unidades familiares van a ver cómo se incrementa su nivel de derechos, y lo que es más importante cómo se reducen también los agravios comparativos que los llevaban a situaciones de clara inferioridad con los locales andorranos. En este sentido, hay que empezar señalando que el convenio consigue ya la plena igualdad de trato para el mayor de los colectivos españoles que se encuentra en Andorra, el de los trabajadores por cuenta ajena, especificando claramente la obligatoriedad en la no discriminación a la hora de definir las condiciones de trabajo que han de regir el desempeño de sus funciones a nuestros asalariados.
Otras líneas que se observan con avances significativos son las referidas a la posibilidad de establecimiento por cuenta propia y, como he dicho, a la reagrupación familiar. En el primero de los casos se reduce la moratoria que existía de 20 a 10 años, es decir se reduce a la mitad, se ganan 10 años, y en el segundo caso se consigue que la familia directa, esposa, hijos y ascendientes a cargo de la persona que tenga permiso de residencia en Andorra, lo puedan conseguir también de forma automática. Podríamos señalar, y aquí coincido con lo que se ha expuesto por alguno de los portavoces, ciertas disfunciones sobre el trato otorgado a nuestros trabajadores para acceder al sector público andorrano. Ciertamente, se reconoce la exclusividad sólo para los ciudadanos andorranos de acceder a dicho tipo de empleo, no existiendo en consecuencia el enunciado principio de reciprocidad. Se ha comentado también -voy a ser muy breve- la realidad demográfica del país andorrano, que evidencia incrementos importantes en cuanto a residentes extranjeros frente a una población pequeña y estable de ciudadanos andorranos, con lo cual entendemos que las autoridades andorranas tienen legítimo derecho a intentar preservar lo que es la identidad como país soberano que es. Por tanto, consideramos lógico que este principio de reciprocidad no se evidencia y en consecuencia introducimos un elemento de discrepancia con lo que ha manifestado el Grupo Parlamentario Socialista.
Por todo ello, y dado que estamos hablando de dos convenios que entendemos avanzan de modo importante hacia la consecución de equiparación de derechos (estamos hablando de dos convenios que intentan coordinar legislaciones entre países con situaciones administrativas muy diferentes) y que reafirman los lazos de amistad y de cooperación que existen entre España y Andorra, vemos que favorecen los intereses españoles y, sobre todo, los intereses y los derechos de nuestros ciudadanos allí residentes. Ello nos lleva a manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la firma de estos dos convenios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ricomá.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a la firma de este Tratado entre España e Italia para superar la institución de la extradición. Al tratarse del ámbito de las cooperaciones reforzadas -el Tratado de Schengen también lo fue- es desde hace muy poco parte del acervo comunitario y, por tanto, no se trata de un instrumento claramente extracomunitario, sino todo
lo contrario. Además, este tipo de tratado también está integrado en los mandatos de las 62 conclusiones de Tampere.
El terrorismo, el crimen organizado y otras formas graves de delito son quizá los retos más graves a los que se van a enfrentar nuestras sociedades democráticas en el futuro. Estamos intentando crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa. Una Europa que intenta manifestar y subrayar su compromiso firme con la defensa y garantía máxima de los derechos... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Arístegui, por favor.
(Pausa.) Adelante, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Decía que estamos tratando de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que tiene su fundamento esencial en la garantía máxima de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de Europa. Es sin duda ese ámbito en el que más se ha avanzado en la Unión Europea en los últimos cinco años. Se puede decir con toda claridad que con tratados como el que nos ocupa estamos intentando poner coto a ese riesgo grave que supone la delincuencia organizada, los sindicatos del crimen, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos o de armas.
Creemos que el delito trasnacional no reconoce fronteras ni jurisdicciones, tratando siempre de aprovecharse de los resquicios que nuestros Estados de derecho le permiten, resquicios a través de los cuales intentan colar su ponzoña. Así, la confianza en nuestros respectivos Estados de derecho, en nuestros ordenamientos jurídicos, en nuestros sistemas judiciales y su independencia ha sido la base esencial que ha llevado a España y a Italia a avanzar claramente en la construcción de este espacio, aunque nosotros pensamos que vamos a conseguir ir mucho más allá de la institución de la extradición, una institución claramente decimonónica y que por desgracia permite agarraderas muy serias y sólidas al crimen organizado y al terrorismo. Eso significaría un triunfo de la delincuencia.
España ha sido pionera en la construcción de este espacio, un espacio de libertad, seguridad y justicia, con la propuesta del presidente del Gobierno para que se celebrase un Consejo Europeo en Tampere, el cual consiguió uno de los resultados más espectaculares de cuantos se conocen en las cumbres europeas: 62 conclusiones y mandatos claros a los gobiernos de los Estados miembros, entre otras cosas la armonización de las legislaciones penales, a las que se adelanta este convenio. España ha sido pionera también en conseguir que Europol tuviese competencias en materia de lucha contra el terrorismo y hoy vuelve a ser pionera, junto con Italia, en la firma de un tratado de esta naturaleza claramente integrado dentro de las 62 conclusiones de Tampere, suponiendo un avance espectacular en el ámbito de la creación de este espacio. Ha sido un tratado aplaudido y apoyado por gobiernos como el sueco, el francés o el comisario Vitorino, que felicitó al ministro de Justicia español por la consecución de un logro tan importante en el ámbito europeo. Además, nos consta que el Gobierno español está explorando la conclusión de tratados de esta naturaleza con otros gobiernos, como lo están haciendo ya otros Estados miembros, siguiendo la estela dejada por Italia y por España, países que han contribuido enormemente a la creación de este espacio de libertad, seguridad y justicia.
Así pues, debemos felicitarnos y felicitar al Gobierno por la conclusión de este tratado y tener la esperanza de que podremos garantizar con mayor firmeza la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos de Europa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui.
Iniciamos la votación sucesiva de los distintos dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
En primer lugar, acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 274.
Declaración de España al Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 274; en contra, uno.
Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal) y Protocolo por el que se modifica el anexo de seguridad del Acuerdo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 271; abstenciones, seis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 278.
Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 274; abstenciones, tres.
Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 276; abstenciones, una.
Convenio entre el Reino de España y la República Helénica, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.
Aceptación por España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960, modificado por los protocolos de 1964 y 1982.
Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 277; abstenciones, una.
Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 179; en contra, dos; abstenciones, 98.
Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 278; abstenciones, una.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Argentina modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de 1969.
Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y el Gobierno de Jamaica, hecho en Puerto España el 4 de julio de 1999.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 278; en contra, uno.
Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe.
Convenio sobre Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Polonia.
Acuerdo marco de cooperación técnica, cultural y científica entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 275; abstenciones, tres.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Trinidad y Tobago al Convenio de La Haya relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Por último, invitación a la adhesión de la República de Estonia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN.
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
A este dictamen se han mantenido enmiendas por parte del Grupo Mixto y por parte del Grupo de Coalición Canaria.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia.
Ante este proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición, mi grupo quiere hacer las siguientes tomas de posición. En primer lugar, vamos a votar favorablemente el carácter de ley orgánica que tiene este proyecto de ley porque entendemos que es necesario y por imperativo constitucional. Creo que se ha sacado un buen texto legal y, como por ausencia no tuve ocasión de expresar estas posiciones en el trámite de Comisión para que quedara constancia en el «Diario de Sesiones» y en las actas de esta Cámara, debo hacer un reconocimiento ahora y una valoración positiva del contexto de la ley. Quiero resaltar aquí a los artífices de esta posibilidad y del enriquecimiento que ha tenido con las sugerencias y enmiendas de los grupos parlamentarios. Quiero reconocer aquí la labor conciliadora de don José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y la gran cordialidad dirigida a este diputado en relación con las enmiendas que tengo el deber parlamentario y de conciencia de defender aquí. Pero también quiero resaltar la labor de ayuda, de asesoramiento que hemos tenido los parlamentarios miembros de la ponencia de este proyecto de ley.
Quiero reconocer aquí, dentro del prestigioso cuerpo de letrado de las Cortes, la labor de don Manuel Fraile, letrado que nos ha iluminado e ilustrado para poner un orden administrativo y de sentido común jurídico en los textos, y enriquecer la versión original que nos remitió el Gobierno.
Paso, señora presidenta, a defender las tres enmiendas que al respecto han quedado vivas, números 31, 32 y 33, presentadas por mi grupo. Me voy a referir, en primer lugar, a la 32 porque tiene un carácter totalmente distinto de las otras que he citado, las enmiendas 31 y 33. A mi juicio, trata sobre la corrección de un defecto de omisión formal. Cuando nos referimos en el artículo 8 a los recursos o peticiones no admisibles, nosotros proponemos que salvo que dicha petición tenga por objeto recabar la resolución o acuerdo en tiempo. Lo primero que quiero decir es que en las materias que se están regulando en este artículo 8, cuando se habla de la inadmisión de peticiones, se dice que no se admitirán aquellas sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme. Nosotros nos basamos en el artículo 24 de la Constitución, en la tutela judicial efectiva, en el caso de que el que haya solicitado un derecho de petición, si sobre la materia objeto de
la misma existe un procedimiento parlamentario, judicial o administrativo, no tenga derecho, no pueda ejercer una petición que resuelva en el tiempo aquello cuando sea materia que las leyes hayan dicho que la Administración resolverá en un plazo determinado. Es un caso frecuente no en el área excepcional de los procedimientos parlamentarios -en los judiciales sí son bastantes frecuentes-, me refiero al administrativo, a la discrecionalidad de la Administración.
Los que formamos parte de la Comisión del Defensor del Pueblo estamos cansados de ver denuncias ante el Defensor del Pueblo de procedimientos administrativos que se dilatan en el tiempo, conculcando los plazos que leyes determinadas han señalado como obligatorios a la Administración para dictar la resolución, y es el ciudadano el que hace un derecho de petición no sobre la materia objeto, que fue la primera, sino para pedirle a la Administración que, por favor, en el sentido que sea, positivo o negativo, denegatorio o aprobatorio, resuelva el litigio planteado. Hace uso del derecho de petición, que no se refiere al fondo de la materia, sino al tiempo o al calendario en que se tenga que resolver. Esta es la razón y el fundamento de nuestra enmienda, que no se refiere a la materia objeto de la petición, sino a la exigencia a la Administración. Esto es el pan nuestro de cada día en las dilaciones administrativas. Ante la desesperación, el ciudadano, por ejemplo, en los litigios de herencia, en los litigios de reclamaciones de multas, etcétera, le pide a la Administración que haga lo que quiera, que se lo conceda o que se lo deniegue, pero que, por favor, lo haga en el plazo reglamentario marcado. Este parece un derecho mínimo que un ciudadano en un Estado de derecho debe tener.
Me voy a referir ahora a las otras dos enmiendas, números 31 y 33, que traen razón en el tema del derecho de petición que de manera colectiva se les vuelve aquí a restringir o a denegar a los militares. Comienzo diciendo, respecto a la enmienda 33, que trae causa de la 31 en gran medida, que propongo que por esta vía del derecho de petición se haga una modificación de las Reales Ordenanzas. Quiero anunciar a la Cámara, señora presidenta, que retiro la enmienda 33 por respeto a las Reales Ordenanzas y porque el Gobierno ha anunciado el envío a esta Cámara de la ley del derecho de asociación, a la que mi grupo va a presentar enmiendas sobre la reivindicación para los militares profesionales del derecho de asociación, cuestión que se les niega en una norma preconstitucional, que son las Reales Ordenanzas. Desde que se aprobaron la Constitución, las Reales Ordenanzas y las leyes que están invocando derecho de petición ha tenido lugar, ni más ni menos, que una modificación trascendental de la estructura de las Fuerzas Armadas españolas, desapareciendo el servicio militar obligatorio, que venía a reconocer a los soldados de reemplazo el derecho sindical, siempre que lo ejercieran fuera de los cuarteles. Hoy día nos encontramos con unas Fuerzas Armadas profesionales.
La disposición final séptima de la Ley 17/1999 viene a decir que antes del 31 de diciembre de 2002 -supongo que ahora será de 2001-, el Gobierno está obligado a remitir al Parlamento las leyes de adecuación de los derechos y obligaciones de los militares profesionales. Aquí vamos a incrustar nuestra enmienda al derecho de asociación. Por tanto, mantengo viva la enmienda número 31, retirando, por esta razón que he dicho, la enmienda número 33. ¿Qué ocurre en la situación actual, señores diputados y señora presidenta? Resulta que a los militares se les reconoce en esta ley que estamos discutiendo el derecho de petición. En su artículo 1 se dice: «Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica». La legislación específica es el artículo 160 de la Ley 17/1999, de las Fuerzas Armadas Profesionales. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que se les reconoce el derecho individual y no el derecho colectivo, porque el derecho colectivo está considerado nada más y nada menos en el Código Penal Militar como delito de sedición. Es muy fuerte a estas alturas que, como se les ocurra reunirse a más de tres militares y firmar un escrito conjunto de petición relativo a viviendas militares, a temas culturales o sociales, incurran en el delito de sedición con penas gravísimas en el Código Penal Militar.
Nosotros no tratamos de conculcar el artículo 29.2 de la Constitución. Si un colectivo de militares se reúne en la sala de banderas o en el patio de cuartel o en una compañía y hacen una reivindicación normal y natural a sus superiores, esta reivindicación que por vía individual les está permitida, por vía colectiva es delito de sedición. ¿Qué ocurre en la realidad? Los que estamos día a día como parlamentarios tratando de resolver adecuaciones de la legislación militar vemos sencillamente que la máquina multicopista funciona. Se hacen centenares de instancias iguales cuando hay una reivindicación y se encargan los colectivos o las asociaciones de esposas de militares de hacernos llegar las copias de los centenares y miles de escritos de carácter individual, que son radiografías totalmente iguales, porque funciona el boca a boca; resulta que, haciendo uso del derecho de petición individual militar, sus organizaciones paralelas reproducen la reivindicación de la petición ante la Administración, y el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría y la Dirección de Personal reciben, haciendo uso del derecho individual, centenares y miles de instancias iguales o similares en las que solamente varían la firma y el nombre del peticionario que está haciendo uso del derecho individual. Vamos a normalizar esta cuestión porque es un absurdo, es una especie de autoengaño. Resulta que creemos que se están cumpliendo las formalidades debidas y la realidad de los hechos es otra. Nosotros lo que proponemosaquí es sencillamente el reconocimiento de la personalidad
jurídica para no conculcar el delito de sedición de unos militares que forman un colectivo para hacer una petición conjunta.
Está reconocida la personalidad física de cada peticionario, sea civil o militar, en este proyecto de ley del derecho de petición y nosotros decimos cuál es la fórmula de no conculcar el artículo 29.2 de la Constitución o las leyes militares que lo regulan, que es muy sencilla, la figura interpuesta de la personalidad jurídica, que no física -que está reconocida en esta ley y en las anteriores que he citado-, de las asociaciones, asociaciones que no tienen que tener el carácter de sindicalismo militar. Pero para eso legíslese, regúlese.
No se puede tener a colectivos sin una norma de referencia que hoy día es norma común en los ambientes del derecho, en los derechos constitucionales y en las agrupaciones incluso militares de los países miembros de la OTAN o extranjeros.
A esto se refiere nuestra enmienda numero 31, en la que pedimos que tengan este derecho de petición, como lo tienen en el ámbito civil tanto las personas físicas, cada funcionario en sí mismo, cada persona o cada ciudadano, como los colectivos a través de sus asociaciones, porque la ley -y lo sabemos muy bien los que pertenecemos a cuerpos de funcionarios civiles del Estado- nos permite el acceso al derecho de petición bien individualmente, bien colectivamente, bien por asociaciones profesionales. ¿Cuántos recursos contencioso- administrativos, cuántas reclamaciones ante la Administración no son hechas individualmente por un ciudadano, colectivamente por una agrupación de ciudadanos que se reúnen en una sala y firman un documento de reivindicación, a través de asociaciones vecinales, asociaciones de cuerpos de funcionarios, asociaciones civiles, culturales, sociales, económicas o de cualquier tipo? Pues vamos a naturalizar, fijándonos en los reglamentos correspondientes a estas situaciones.
A esto es, señora presidenta -y termino-, a lo que se refiere nuestra enmienda, que trata de poner normalidad, sensatez y adecuación a un derecho de petición, para que en un Estado libre de derecho, a unos colectivos democráticos y profesionales, como son nuestras Fuerzas Armadas, no se les niegue ningún derecho democrático y profesional.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto se dan por decaídas al no haber ningún miembro del grupo. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el derecho de petición, que constituye el objeto del proyecto de ley orgánica que hoy nos ha dado cita ante el Pleno de esta Cámara, es un derecho fundamental que, siguiendo una pauta que se remonta con alguna puntual excepción hasta el Estatuto de Bayona de 1808, ha sido incorporado también a la Constitución de 1978, que lo reconoce y proclama en su artículo 29. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Basta un leve repaso de la larga historia del constitucionalismo español para observar que durante los últimos doscientos años este derecho ha estado caracterizado de muy diferentes formas en el derecho positivo peninsular; lo ha sido como un derecho de las Cortes en relación con el Rey; lo ha sido como un derecho de los ciudadanos en relación indistintamente con las Cortes o con el propio monarca; lo ha sido como un derecho de los ciudadanos a hacer uso de su legitimación procesal para recabar actuaciones o decisiones del Senado; lo ha sido de muy diferentes maneras. Pero estas caracterizaciones históricas, que han ido perdiendo sentido conforme se alteraban los presupuestos políticos e institucionales en los que se encardinaban, hoy puede afirmarse sin temor a errar que se encuentran definitivamente superadas.
Ya en la Constitución de 1876, y mucho más claramenteen la de la Segunda República, se dibujan los perfiles esenciales de lo que en nuestra cultura jurídica y política actual se conoce como derecho de petición, un derecho de los ciudadanos a dirigir a los poderes públicos, y en materias de su competencia, peticiones de respuesta discrecional o graciable, para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico no prevea cauces y procedimientos específicos; un derecho que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, permite a los ciudadanos dirigir peticiones a los poderes públicos solicitando gracia o expresando súplicas o quejas, sin que en él se incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado. Esta es precisamente la concepción que hace suya la Constitución de 1978 cuando establece en su artículo 29 que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Hasta la fecha, la ley a la que nos remite este precepto de la Carta Magna, de cara a definir en qué forma y con qué efectos se podrá ejercitar el derecho de petición, es una ley anterior a la Constitución y, por tanto, ajena, si no contraria, a los principios que la inspiran.
El objeto del proyecto que hoy nos ocupa consiste precisamente en actualizar esta remisión legal, adaptándola a las exigencias y orientaciones que impone el marco constitucional; marco que no se impone al legislador orgánico en los estrictos términos en los que está fomulado, sino a través de la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha pronunciado numerosas sentencias en torno al alcance y contenido de este derecho. Por ello, al abordar el desarrollo del artículo 29 de la
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Constitución, hemos de tener en cuenta que, siguiendo los propios dictados del Alto Tribunal, el derecho de petición, desde una perspectiva negativa, excluye cualquier pretensión con fundamento en la alegación de un derecho subjetivo o un interés legítimo especialmente protegido y, desde un prisma positivo, puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, expresando súplicas o quejas, pero, en cualquier caso, ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables.
Así lo hace el proyecto que centra nuestra atención en este debate.
Su artículo 3 excluye del ámbito del derecho de petición las solicitudes, quejas o sugerencias, para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la ley, y su artículo 2 regula en términos muy abiertos el contenido de este derecho, estableciendo, además, que podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las administraciones públicas, respecto a las materias de su competencia.
Si bien el apartado 2 de su artículo 11 específica que para acceder a la petición será preciso que la autoridad u órgano competente para conocer de ella, la estime fundada; expresión que encierra a todas luces el reconocimiento a las instituciones destinatarias de la petición de una facultad discrecional para estimar si aquélla está fundada o no y, en consecuencia, debe ser atendida o no.
Quisiera destacar en torno a ese punto la especial configuración que recibe en el proyecto la facultad discrecional que la norma reconoce a los poderes públicos ante los que puede ejercerse este derecho fundamental. El informe de la ponencia, ulteriormente aprobado por la Comisión Constitucional, distingue dos fases en el proceso decisorio: un juicio inicial que versa sobre si la petición está fundada o no, y una declaración de voluntad que afecta a la decisión de atenderla o no hacerlo, y en caso afirmativo, adoptar las medidas que estime oportunas, a fin de lograr su plena efectividad.
La facultad discrecional se centra en torno al juicio inicial. Es la institución destinataria de la petición la que decide si está fundada o no y lo hará discrecionalmente; pero si el juicio es positivo, es decir, si tras ejercer esta facultad discrecional considera que la petición está efectivamente fundada, la actuación procedente viene taxativamente reglada por la norma. Cuando la petición se estime fundada, señala el proyecto, la autoridad u órgano competente para conocer de ella vendrá obligado a atenderla. Como puede verse, el texto no prevé aquí discrecionalidad alguna. La única actuación legalmente correcta, en ese caso, es reglada y está claramente predeterminada en la norma. Cuando la petición se estime fundada, la institución está obligada a atender la petición. Esto, sin embargo, no significa que en esta segunda fase del proceso no exista margen alguno para la discrecionalidad. La norma no establece mandato específico alguno en relación con el supuesto de que la institución destinataria de la petición no estime a ésta fundada.
Ante el silencio de la norma, se ha de entender, en sentido contrario, que en este caso no está obligado a desatenderla, sino que podrá decidir discrecionalmente si la atiende o no. De ahí la necesidad de limitar el ejercicio de esta facultad con el muro inexorable de la arbitrariedad, radicalmente proscrita para todos los poderes público, como se sabe, por el artículo 9.3 de la Constitución. Como puede verse, la regulación contenida en el proyecto respeta escrupulosamente los parámetros que ha fijado el Tribunal Constitucional en relación con el alcance y contenido de este derecho.
Otro aspecto que interesa retener a los efectos de este debate es el hecho de que la Constitución entroniza este derecho como un derecho fundamental de los que pueden ser objeto de tutela a través del procedimiento preferente y sumario, previsto en el apartado segundo del artículo 53 de la Constitución, y del recurso de amparo, al que hace referencia el artículo 161, apartado b), de la propia ley fundamental. Como señalaba, este dato no es irrelevante para el legislador orgánico empeñado en el desarrollo del artículo 29 de la Constitución. ¿Por qué no lo es? Porque, como todo derecho fundamental, el de petición tiene también lo que el artículo 53 de la Carta Magna antes citado denomina el contenido esencial; un contenido que la regulación legal ha de respetar inexorablemente porque constituye el núcleo absolutamente necesario para la real y efectiva protección de los intereses que tutela jurídicamente el derecho en cuestión. Según el Tribunal Constitucional, el contenido esencial de este derecho como tal es mínimo y se agota con la mera posibilidad de ejercitarlo, formulando la solicitud, sin que de ello pueda derivarse perjuicio alguno al interesado. Ahora bien, el contenido comprende algo más, aun cuando no mucho más, incluye -lo ha explicitado así el alto tribunal-, primero, la exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido. Segundo, se le dé el curso debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera el receptor. Y tercero, se tome en consideración lo que supone para el destinatario una doble obligación: una primera que consiste en exteriorizar el hecho de la recepción, y otra final que consiste en comunicar al interesado la resolución que se adopte, sin que ello incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado.
Pues bien, el dictamen de la Comisión Constitucional no solamente respeta escrupulosamente todos estos contenidos del derecho, sino que lo hace además desde la perspectiva de facilitar al máximo el ejercicio del derecho de petición por parte de los interesados en hacerlo. Quisiera destacar en este punto que la incorporación al texto de las enmiendas número 2 y 11, del Grupo Vasco, ha contribuido a dotar al articulado del texto de un contenido más ajustado al sentido de la
jurisprudencia constitucional, cuando ha postulado que el contenido esencial de ese derecho incluye la posibilidad de formular solicitudes a los poderes públicos sin que de ello pueda derivarse perjuicio alguno al interesado, y únicamente excluye aquellas peticiones cuya formulación tuviera reconocido un cauce...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señoría, ha terminado su tiempo; debe ir concluyendo, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta. Concluyo inmediatamente.
Decía que únicamente excluye aquéllas cuya formulación tuviera reconocido un cauce específico por parte del ordenamiento jurídico, incluida la acción popular en el proceso penal o la acción pública en el contencioso contable o en el ámbito urbanístico.
La retirada de nuestras enmiendas 15, 18 y 21 responde a la idea, compartida por todos los grupos parlamentarios, de disociar, a efectos procedimentales, la regulación específica que hace el proyecto objeto del presente debate, de la que efectúa con carácter general la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo común. Ello ha supuesto la eliminación de todas las referencias que en este texto se hacían a la Ley de procedimiento administrativo, pero nos emplaza a abordar también, en correspondencia, los retoques que hayan de llevarse a cabo en esta última y muy especialmente en su artículo 43.2. Por lo demás, la actitud de consenso que ha presidido el trabajo llevado a cabo en el seno de la ponencia por parte de los diferentes grupos parlamentarios, ha permitido depurar técnicamente y mejorar algunos de los aspectos del texto del proyecto, que en el momento de su remisión a la Cámara, hay que reconocerlo, era un producto maduro y bastante elaborado. Por tanto, nuestro voto será favorable al dictamen de la Comisión y sólo nos queda hacer votos por que la voluntad de consenso se imponga también en lo sucesivo, cuando se trate de discutir, de debatir sobre normas o instituciones básicas, nucleares en el sistema constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, este derecho que hoy pretendemos desarrollar forma parte de la participación de la sociedad civil en los asuntos de gobierno que atañen a sus intereses. Ustedes conocen la insatisfacción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre otras instituciones de participación, como, por ejemplo, la capacidad de iniciativa legislativa y la insatisfacción que suelen producirnos los sistemas de queja de las administraciones públicas; también, nuestra persistente opinión de que en el terreno de la participación política es precisamente donde menos innovación se imprime en el sistema político español. Sólo en el nivel local encontramos experiencias participativas, que, por cierto, se empobrecen con bastante frecuencia.
Hoy abordamos un derecho referido a todo el campo institucional, que hasta hoy estaba confinado a límites preconstitucionales. Nuestro grupo enfatiza la importancia de todos los instrumentos de participación social, colectiva o individual, en la medida en que, a las razones tradicionales que aconsejan modelos de participación para el enriquecimiento de la práctica democrática, se unen otras razones que justifican nuevas medidas de enriquecimiento del marco institucional y las prácticas políticas. Nuevas razones entre las que señalamos el crecimiento de la actividad de gobierno que multiplica los problemas de calidad de vida y demandas de bienestar; la multiplicidad y la diversidad de los servicios públicos prestados, que generan excesivas estructuras burocráticas; la necesidad de personalizar la representación política, mejorar los canales de comunicación con la sociedad y mejorar las capacidades de control de la política; por último, pero no menos importante, los procesos de marginación y de exclusión que se producen en nuestras sociedades, que reclaman de los responsables políticos canales de proximidad y acercamiento a estas realidades.
Desde esta perspectiva afronta nuestro grupo su concepción del derecho de petición, un derecho que debe ser publicitado para que consigamos respuestas a estas razones que acabamos de enunciar.
Izquierda Unida desea un derecho de petición convertido en instrumento útil para desarrollar la participación en la definición de programas y proyectos, para promover la iniciativa y el voluntariado en objetivos sociales a los que la política no presta atención y también para reforzar el tejido asociativo en la medida en que este derecho permite mejorar las capacidades de intervención de numerosas organizaciones.
La actitud de las instituciones ante esta nueva regulación del derecho de petición no puede basarse en la pasiva aceptación de una legislación básica que define la condición de ciudadanía. Debemos, entre todos, destacar el aspecto innovador que puede representar este derecho. El ciudadano y la ciudadana deben encontrar en el ejercicio de la petición un instrumento para afirmar derechos sociales, muy relacionados con la calidad de vida, que tienen por objeto la defensa del ciudadano y la ciudadana frente a los problemas orgánicos de nuevo tipo, provocados por el desarrollo de nuestras sociedades o que hasta ahora no se han contemplado suficientemente desde el punto de vista político. Información, derecho de privacidad, indefensión entre empresas de servicios, seguridad vital, transparencia del procedimiento administrativo, etcétera, son campos
donde hasta ahora la ciudadanía carecía de instrumentos de intervención. El sistema político español debe demostrar que participación y eficacia no son conceptos contradictorios, que se pueden encontrar fórmulas y derechos participativos que contribuyan a encontrar soluciones en los ámbitos en los que ciudadanos y ciudadanas detectan problemas.
Los ciudadanos se enfrentan cada vez más a problemas más globales e interconectados, cuestiones difíciles de segmentar, de definir y de ser abordadas. Muchos problemas que tienen poco en común con estructuras de decisión y administrativas definidas para otro tipo de problemas. El derecho de petición ahora regulado, tal como lo interpreta Izquierda Unida, debe permitir la consideración y la respuesta global a muchos de los problemas que la ciudadanía nos plantea. Recientes debates en esta Cámara, por ejemplo, la cuestión del agua, han puesto de manifiesto que lo que en ciertos ámbitos técnicos puede resultar de sentido común o doctrina universalmente reconocida choca con incomprensiones del ámbito social, que fuerzan nuevas soluciones técnicas.
No cabe duda de que el derecho de petición puede resultar incómodo para el gestor político y sus equipos técnicos, pero constituye un recurso relevante de una sociedad que en muchas ocasiones se ve alejada de la práctica política y sus mecanismos para la adopción de decisiones. El derecho de petición puede ser una oportunidad perdida o, por el contrario, una vía de avance que permita mayor capacidad de comunicación por parte de las instituciones. El tema no reside, y muchas veces lo interpretan así los gestores políticos, en la capacidad de vender soluciones o de hacer madurar rápidamente a la sociedad, como parece anunciarse de vez en cuando, especialmente cuando se pierden elecciones. La cuestión es la capacidad de compartir definiciones de problemas y aumentar la legitimidad de la acción política por la vía de análisis compartidos. Desde esta perspectiva, acción política, eficiencia y participación no son contradictorias, sino absolutamente complementarias.
En definitiva, señorías, desearíamos que este derecho que enriquece la condición de ciudadanía pasara del papel a la práctica cotidiana, que no se viera, como tantos otros, empobrecido por interpretaciones restrictivas y parapetos administrativos. Hemos avanzado por la vía del consenso para definir un derecho; ahora nos enfrentamos a la voluntad política de hacerlo efectivo. No entraré ahora en el terreno de juicios de intención, sino que deseo que nos convoquemos colectivamente para ponderar ante los ciudadanos y ciudadanas la utilidad de este derecho. Tenemos la experiencia de los derechos de sugerencia, petición y queja estructurados en los ámbitos de la Administración local y consagrados por algunas cartas municipales; su ejercicio es irregular y su potencialidad más notable que los resultados que se obtienen. Esta es la preocupación con la que debemos afrontar este ejercicio del derecho de petición en el futuro y la experiencia que sin duda las instituciones estatales deben mejorar. Las administraciones del Estado se encuentran, respecto a la participación social y ciudadana, en una fase que no acaba de consolidar una perspectiva clara de innovación y experimentación.
Este es el objeto que nos planteamos al compartir con ustedes este nuevo derecho que hoy iniciamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Señorías, señor ministro de Administraciones Públicas, hoy debatimos y aprobaremos en el Pleno del Congreso un proyecto de ley orgánica que desarrolla un derecho fundamental, comprendido en el artículo 29 de la Constitución, el derecho de petición.
Quisiera recordar en este momento que la solemnidad que siempre conlleva aprobar una ley orgánica que desarrolla un derecho fundamental no debe hacernos olvidar que la Constitución es norma jurídica, que es norma jurídica aplicable y que lo es especialmente en materia de derechos fundamentales. Los derechos que están en el título I de la Constitución, muy en especial en su sección 1.ª, son, señorías, derechos subjetivos de los ciudadanos. Por el mero hecho de estar recogidos en la Constitución, vinculan a los poderes públicos y son efectivos. Pero también es cierto que, en el supuesto específico del derecho de petición, el artículo 29 de la Constitución nos otorga a todos este derecho, afirmando que lo tenemos en la forma y con los efectos que determine la ley. La propia Constitución, siendo un derecho subjetivo, nos remite a la forma y a los efectos que determine la ley, en este caso la ley orgánica que el Pleno del Congreso aprobará para su remisión al Senado. Ya teníamos una ley, era una ley preconstitucional, de 22 de diciembre de 1960, que había sido adaptada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero, señora presidenta, señorías, era necesario que las Cortes Generales -que son las competentes para aprobar la ley orgánica que hoy va a aprobar el Congreso de los Diputados-, incluso, si me lo permiten, por propia estética constitucional, elaboraran una ley orgánica que desarrolle específicamente el derecho de petición.
Por tanto, hoy es una buena noticia que esta Cámara impulse esta ley orgánica. Era uno de los aspectos que nos quedaban por desarrollar de ese título I, y muy específicamente de su sección 1.ª, capítulo segundo, de la Constitución. Ese enfoque de desarrollo de lo que es un derecho fundamental, repito, creemos que era necesario, que faltaba en nuestro ordenamiento,
y hoy va a ser una buena noticia la aprobación de esta ley.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo que ha sido su trayectoria en el ámbito del desarrollo constitucional, hoy va dar su apoyo a este proyecto de ley orgánica, sabiendo que ha sido objeto, gracias a la labor de todos los ponentes, al esfuerzo de consenso que siempre debe implicar un desarrollo constitucional. Por tanto, nos congratulamos de que esta ley llegue a la Cámara con un amplio consenso, que va a facilitar su aprobación, espero que por todos los grupos de la Cámara. Es cierto -y quiero reconocerlo- que este consenso obliga a todos a hacer cesiones. También en el ámbito de la regulación estricta del derecho de petición hay aspectos que nuestro grupo quizás considera que deberían haber quedado más abiertos a lo que es el reconocimiento de la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas, pero, globalmente, el texto merece nuestro apoyo, nuestra aprobación y, por tanto, hoy, nuestro grupo, como ha hecho siempre en todos los aspectos de desarrollo constitucional, va a dar su voto favorable.
Está hoy -y quiero congratularme de ello- en este Pleno del Congreso el ministro de Administraciones Públicas, y es bueno que esté. Yo ya le pido a su Ministerio que ponga un especial celo en lo que debe ser el desarrollo, por parte de las administraciones públicas, y muy en concreto de la Administración general del Estado, de lo que el texto que hoy vamos a aprobar comporta. Porque el texto, señor ministro, contempla que desde cualquier órgano administrativo se puedan recibir peticiones, con unos plazos que van a obligar a su rápida respuesta, con la obligación de hacer una memoria anual de las peticiones recibidas, de qué forma se han contestado. Y eso es importante. Como lo es también el hecho de caracterizar el derecho desde la óptica de la amplitud, sujeto que se caracteriza y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. Esa amplitud en el derecho es positiva. Y también es positivo que se reconozca la posibilidad de dar audiencia particular a un ciudadano cuando esa petición merece de esa atención específica y justificar al ciudadano cuando vamos a atender su petición. Porque un derecho subjetivo como este debe conllevar siempre la satisfacción final del ciudadano de ver que su petición, si era adecuada y ha sido estimada, comporta una decisión de carácter general y es atendida por el poder público. Por tanto, es positivo asimismo este aspecto del proyecto de ley.
Es una ley, señora presidenta, que va a vincular a esta Cámara y al Senado, y los respectivos reglamentos arbitrarán de qué forma. Pero esta ley orgánica del derecho de petición nos obliga a que en el próximo reglamento del Congreso de los Diputados -y obligará a una modificación en el del Senado- se recoja la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considera oportuno. Esta Cámara también va a recibir peticiones. Quiero decir, señora presidenta, señorías, que no podemos hacer un buen balance de cómo ha funcionado hasta este momento el derecho de petición ante esta Cámara. Hay una Comisión de Peticiones en el Congreso, pero básicamente lo que genera es una carga burocrática y miles de fotocopias, porque llega una petición y lo que se hace es trasladarla a los grupos, sin atender para nada el objeto material de la misma. Esto va a cambiar con esta ley orgánica, esperemos que sea así, y el ciudadano tendrá reconocido de forma más efectiva lo que ya era un derecho subjetivo por el solo hecho de estar en la sección 1.ª del capítulo segundo del título I de la Constitución.
Para finalizar, señora presidenta, señorías, nuestro grupo ha detectado en la redacción final algún aspecto técnico que quizá hará necesario algún ajuste en esa segunda lectura en el Senado, a pesar de la gran labor que se ha hecho por los servicios de la Cámara y por todos los ponentes, y por tanto en el Senado nuestro grupo va a presentar alguna enmienda para corregirlo. Pero repito que, globalmente, tenemos que congratularnos hoy de la aprobación por el Congreso de este proyecto de ley orgánica, que esperamos que pueda tener en su aplicación unos efectos positivos para el conjunto de la ciudadanía.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, el derecho de petición que se regula en esta ley orgánica no solamente se hace porque faltaba ese desarrollo constitucional -es uno de los pocos derechos que todavía no están desarrollados por una ley postconstitucional-, sino que además lo queremos entender como una decisión política de esta Cámara de recuperar y de potenciar un derecho que se ha venido considerando declinante, un derecho de segunda división, un cuasi derecho. El derecho de petición era algo así como una asignatura secundaria, eso que se llamaban las marías hace algunos años.
Este proyecto de ley, esta decisión de la Cámara, que va a ser seguro que unánime, este consenso que se ha instalado en todo el procedimiento sin duda obedece a una decisión política, y es que queremos tomarnos en serio el derecho de petición, como un elemento de participación política fundamental y que España necesita. Es sabido que el sistema constitucional español deja poco espacio de intervención política a los ciudadanos de una forma directa, es un sistema fuertemente representativo, todo canalizado a través de los órganos constitucionales, de los partidos políticos. La única vía prácticamente de democracia directa, que es la de la
iniciativa legislativa popular, exige 500.000 firmas; es casi imposible conseguirlo y de hecho, hasta este momento, creo que ninguna ha llegado a finalizar su tramitación en esta Cámara. Esto hace que la intervención directa de los ciudadanos a través del derecho de petición sea un elemento que debería ser, si se toma en serio, una forma de compensar eso que, al menos por nuestra parte, entendemos que es una limitación significativa de nuestro sistema constitucional. Es una forma, por tanto, importante de participación democrática de aquellas iniciativas que no tienen otra vía y, por consiguiente, es una forma de cierre del sistema del Estado social y democrático de derecho en eso que se han llamado los intereses sociales débiles o debilitados, aquellos que no tienen una fórmula para poder llegar a los poderes públicos y a los que el derecho de petición abre definitivamente una vía para poder hacerlo ante autoridades de todo tipo y ante el propio Parlamento.
Es una forma de participación en positivo, mientras que la forma de participación, por ejemplo, de las quejas ante el Defensor del Pueblo tiene siempre un sentido más reivindicativo, más en negativo, más de queja específicamente ante lo que funciona mal. El derecho de petición puede ser una forma positiva de participación, de planteamiento de iniciativas que a los ciudadanos se les ocurre que deben, en defensa también del interés general, no sólo del interés particular, llevarse a cabo por los poderes públicos. Nosotros creemos que el proyecto, tal como ha quedado después de su tramitación parlamentaria, da una respuesta adecuada a esta necesidad. Además, el Grupo Socialista específicamente -todos los ponentes han participado, por supuesto- se ha preocupado de forma extraordinaria del derecho de petición. Hay una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, que, cuando acabe la tramitación de este proyecto de ley, será retirada, y gran parte de su contenido, el sustancial, sin duda, se ha volcado en este proyecto de ley, en el que nos sentimos representados. Se amplía mucho la posibilidad del derecho de petición y se amplía también, por cierto, a los no españoles, a los ciudadanos extranjeros o apátridas, lo que demuestra que los ciudadanos extranjeros, sea cual fuere su situación administrativa, tienen derechos fundamentales -que se les han negado con ocasión de la tramitación de la Ley de extranjería-; por ejemplo, el derecho de petición. Por tanto, aunque esto no sea una ampliación de la democracia española, sí que será mejor nuestra democracia después de la aprobación de este proyecto de ley.
Es importante destacar, como ha señalado el señor Jané, que en este proyecto de ley se establece una obligación de las autoridades públicas a contestar y, si consideran fundada la petición, a ejecutarla, y eso será también objeto de control jurisdiccional. Se crea una nueva posibilidad de control jurisdiccional sobre la Administración y las autoridades públicas respecto a las cosas que hacen bien o que deberían hacer y que, si están dentro de la legalidad, deben hacer. No sólo pueden hacerlas, como decía el señor Erkoreka, sino que deben hacerlas, si el ciudadano pide algo que la ley exige, y esto puede ser controlado por los tribunales.
Yo quisiera referirme específicamente, para ir terminando, a la audiencia especial. Se trata de un elemento de participación fundamental. El legislador orgánico considera que el derecho de petición debe permitir al ciudadano que pide tener presencia personal ante las autoridades. En el caso de las Cámaras, del Congreso de los Diputados, por ejemplo, lo que se exige es que los reglamentos establezcan la posibilidad, si se considera oportuno y no sólo si se considera necesario, de venir a esta Cámara, para hacerse oír personalmente por los diputados y diputadas. Esta es una posibilidad no puesta hasta ahora en práctica, que da una gran potencia a este proyecto de ley y que nosotros hemos considerado siempre un elemento fundamental a la hora de dar nuestro apoyo. La capacidad de intervención colectiva en defensa de intereses, no solamente personales sino también generales, hace que la relación entre Parlamento y pueblo sea más estrecha. El ilustre constitucionalista clásico italiano Constantino Mortati decía del derecho de petición, no sé si algo exageradamente, que era la expresión de los sentimientos políticos del pueblo, una forma de llevar a las autoridades y a los poderes los sentimientos políticos del pueblo de una forma directa. Con nuestra Constitución, es difícil realizarlo.
Por eso, el derecho de petición, políticamente, a través de la presencia incluso física de los peticionarios en esta Cámara, nos parece de extraordinaria importancia, aparte de que es una forma de llevar información y de contribuir al trabajo parlamentario, lo que es muy necesario en esta Cámara, en el Senado y en las comunidades autónomas, en sus asambleas legislativas. Porque no olvidemos que este proyecto de ley obliga también a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a establecer la posibilidad de audiencia de los peticionarios, cuando se considere oportuno, ante las Cámaras.
Naturalmente, esto va a depender de la actitud política que se tenga.
Desde luego que los grupos que hemos consensuado este proyecto de ley -y yo quiero destacar que, aunque en otras ocasiones no puedo decir lo mismo, en este caso el Grupo Popular ha tenido una actitud muy positiva a la hora de consensuar este proyecto de ley, a través de su portavoz, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro- hemos puesto toda la carne en el asador y nos hemos tomado en serio de verdad la importancia del derecho de petición, pero hace falta que la actitud política de su desarrollo siga a lo que dice esta Cámara. Eso vincula al Gobierno y a la Cámara, a los órganos rectores de esta Cámara. El Gobierno tiene que potenciar el derecho de petición, tiene que hacer saber a la gente que existe esa posibilidad, tiene que dar vía y tiene, por tanto, que
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actuar positivamente a ese respecto. Y eso depende fundamentalmente del Gobierno, de él depende que este proyecto no se quede en algo simbólico que aprobamos hoy, sino que realmente sea un instrumento de participación, de la que tan necesitadas están las sociedades complejas del Estado del bienestar como, por ejemplo, la sociedad española, instalada en Europa.
El Parlamento Europeo, por cierto, hace unos días, ha potenciado también el derecho de petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. También los órganos rectores de la Cámara. Lo decía el señor Jané y estoy absolutamente de acuerdo. El derecho de petición ha sido algo muy secundario en las actividades de esta Cámara y no se sabe bien qué hacer con muchas peticiones que llegan y que reciben una tramitación muy mediocre, que sin duda habrá llevado a muchos peticionarios a una profunda insatisfacción. Es necesario que esto se arregle, es necesario que haya medios, asimismo medios materiales, para que el conjunto de grupos y de diputados y diputadas de esta Cámara pueda realmente atender esas peticiones, tramitarlas.
El proyecto de ley nos da esa oportunidad y es perfectamente posible que sea así. En el Grupo Parlamentario Socialista tenemos esa actitud y saludamos que hoy podamos aprobar en esta Cámara -seguro que por unanimidad o casi por unanimidad- un importante derecho fundamental, de participación democrática, que hay que recuperar para una necesitada en este sentido democracia española.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López Garrido.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
Señorías, debatimos esta mañana el proyecto de ley orgánica del derecho de petición que en su día remitió el Gobierno a las Cortes, dando así cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Es un proyecto que llega al Pleno mejorado y enriquecido tras su paso por los trámites parlamentarios de ponencia y comisión y, como han puesto de manifiesto los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, llega también a este Pleno con un alto grado de consenso, al punto de que prácticamente no queda ninguna enmienda viva que discutir, salvo aquellas referidas a materias cuyo contenido sustancial no es propio del derecho de petición, sino de otro derecho, el derecho de asociación, y que adelanto que no podrán obtener el respaldo de nuestro grupo parlamentario. Es un proyecto de ley necesario, reclamado desde hace algún tiempo por la doctrina y los distintos operadores jurídicos, y que nos va a permitir, como se ha dicho, superar la vigente normativa preconstitucional, la ya citada Ley 92/1960, de 22 de diciembre, en parte no derogada por la Constitución, pero inspirada en principios políticos incompatibles con ella y que además venía demostrándose insuficiente para garantizar y canalizar las necesidades actuales del derecho de petición.
Y es que nos encontramos ante un derecho que, aunque calificado por parte de la doctrina como un derecho de entidad menor o reliquia histórica, lo cierto es que es el primero y originario de todos los demás. No en vano la capacidad de formular peticiones al poder establecido ha sido un mecanismo tan antiguo que se ha conocido en todas las civilizaciones, estando fuertemente enraizado en la tradición jurídica de España y del resto de los países de nuestro entorno. Así, era costumbre conocida que las coronas de Aragón y de Castilla recibieran en lugar público o por escrito las peticiones de sus súbditos; la resolución dependía únicamente de la magnanimidad del monarca y daba respuesta al único derecho que por aquel entonces se podía ejercer: el derecho a pedir. Sin embargo, la Revolución Francesa y las primeras constituciones europeas cambian completamente la situación. Los súbditos se convierten en ciudadanos con derechos y, al introducirse progresivamente instrumentos de participación y desarrollarse progresivamente también los mecanismos propios del Estado de derecho, la relevancia del derecho de petición se fue reduciendo con el paso del tiempo.
En España, como bien recordaba el señor Erkoreka, la Constitución de 1812 no recogió el derecho de petición. Sin embargo, la primera ley reguladora del mismo se promulgó durante su vigencia; me refiero a la ley relativa a la prescripción de los justos límites del derecho de prescripción, del año 1822. A partir de ahí, el constitucionalismo español ha venido reconociendo e incorporando en sus textos este derecho hasta nuestras fechas, en que se recoge en el artículo 29 de nuestra Constitución, dentro de la sección 1.ª, capítulo segundo del título I, relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que goza de las prerrogativas propias de estos derechos, la vinculación de todos los poderes públicos a su ejercicio, su obligado desarrollo mediante ley orgánica y sus singulares vías de amparos ordinario y constitucional. Y si nuestra Constitución lo reconoce en un lugar preeminente, lo mismo podríamos decir del resto de las constituciones europeas, siendo así que el derecho de petición es considerado en todos los países europeos como una característica esencial del Estado de derecho, como un vehículo para expresarse, para relacionarse, para comunicarse directamente con los poderes públicos y como instrumento para dar respuesta a las insuficiencias de las que pudiera adolecer, en un Estado complejo, la democracia representativa. Por eso no es de extrañar que el propio Tribunal Constitucional considerara, en su célebre sentencia
de 14 de julio de 1993, que el derecho de petición tiene mucho de instrumento de participación ciudadana y algo de ejercicio de libertad de expresión como posibilidad de opinar.
Pues bien, esa filosofía, esa naturaleza, junto con la doctrina que sobre el mismo ha venido acuñando durante los últimos años el Tribunal Constitucional, se recogen claramente en el proyecto de ley orgánica del derecho de petición que hoy valoramos. En ese sentido, cabe destacar la concepción amplia que se da del citado derecho, tanto en su titularidad como en el destinatario de la petición. Ya se ha dicho en esta tribuna. Se reconoce la titularidad no sólo a los españoles, sino también a los extranjeros, pudiendo ejercitarse ante cualquier autoridad, institución o Administración pública, superando así el sistema de lista vigente hasta la fecha.
En cuanto al objeto de la petición, también se caracteriza por su amplitud, pues la solicitud o petitum puede versar sobre cualquier asunto o materia para cuya satisfacción, eso sí, el ordenamiento jurídico no tenga establecido un procedimiento administrativo o judicial específico, evitando así vías paralelas para satisfacer una misma pretensión. Debe versar por tanto sobre algo a lo que no se tiene estricto derecho, pues si la petición encuentra un mínimo respaldo jurídico, entonces se escapará del contenido de este derecho y se asentará en otras figuras reguladas en nuestro ordenamiento.
Esto es así porque se pretende que el derecho de petición persiga proteger y amparar aquellos intereses que no lo están en el ordenamiento jurídico, funcionando como una suerte de cierre al conjunto de garantías de nuestro Estado de derecho. Así, cuando un ciudadano no pueda recurrir a ningún procedimiento administrativo o judicial para conseguir aquello que pretende y que considera justo, siempre podrá acudir como última instancia al ejercicio del derecho de petición. De ahí la importancia, la relevancia, de este proyecto de ley.
Otra de las características de este derecho contempladas en el proyecto de ley es la sencillez de su ejercicio, huyendo de toda concepción formalista. Por ello, el proyecto de ley contempla que las peticiones deberán formularse por escrito, por cualquier medio, incluidos los de carácter electrónico, y con los requisitos mínimos que permitan la identificación de su titular, pudiendo utilizarse a tal efecto, y esto es muy importante resaltarlo, y en su ámbito territorial las distintas lenguas oficiales existentes en España.
Otro elemento esencial que recoge el proyecto de ley son las garantías que se otorgan al peticionario, que, aunque no le conceden el derecho a obtener respuesta favorable a su pretensión, pues ésta se mueve en el ámbito de lo estrictamente discrecional o graciable, sí obligan a los poderes públicos a motivar su respuesta y a contestar en el plazo máximo de tres meses desde que se presentó el escrito de petición.
Por último, y en reconocimiento a la autonomía organizativa de las Cámaras, se remite a sus respectivos reglamentos el desarrollo y tramitación del derecho de petición ante las mismas contemplado en el artículo 77 de nuestra Constitución, si bien con dos novedades importantes: la primera de ellas es la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considera oportuno, y la segunda es la posibilidad de convertir en petición ante las Cámaras las iniciativas legislativas populares que no reúnan todos los requisitos exigibles para su tramitación, novedades que, junto a otras mejoras, ya han sido glosadas por los diferentes portavoces de otros grupos parlamentarios, por lo que no me entretendré en su examen, pues, repito, han sido suficientemente explicadas.
Sí quiero mencionar una corrección técnica que pretende este grupo, pues aunque la enmienda número 47, del Grupo Popular, fue aceptada en ponencia y en Comisión, no aparece incorporada en el texto del artículo 6.1 del proyecto, por lo que pediría que se realizase esa pequeña corrección técnica.
Las enmiendas números 31 y 33, de Coalición Canaria, que ha explicado el señor Mardones, hacen referencia a temas que nosotros consideramos que no pertenecen al ámbito estricto del derecho de petición, sino al del derecho de asociación, por lo que, sin que usted tenga que renunciar, señor Mardones, a su pretensión, muy legítima, le pedimos que las traslade al ámbito que les corresponde, que es el proyecto de ley reguladora del derecho de asociación. Pero sí haré mención a la enmienda número 32, que sí pertenece a este ámbito. En relación con dicha enmienda, aun reconociendo la bondad de su pretensión, entendemos que introducir la posibilidad de ejercitar el derecho de petición al sólo efecto de recabar en los procedimientos resolución o acuerdo en tiempo puede ser un elemento perturbador, pues se escapa al ámbito de lo discrecional o graciable característico de este derecho. Si existe una obligación legal de resolver en tiempo, ya no estamos ante una petición, sino ante la reclamación previa de exigir el cumplimiento de los plazos de procedimiento, algo que no es propio de la naturaleza de este derecho. De ahí que no la podamos aceptar.
Por último, señorías, quisiera resaltar algo que a mi juicio es muy importante. Quisiera resaltar el clima de diálogo, acuerdo y consenso que han presidido los trabajos parlamentarios de este proyecto de ley, por lo que quisiera agradecer, como han hecho otros grupos, el apoyo y asesoramiento que nos ha prestado el letrado de la Comisión, don Manuel Fraile, y reconocer y agradecer también especialmente el talante y el esfuerzo de todos los ponentes, los señores Erkoreka, López de Lerma, Ruiz, Romeu, López Garrido y Mardones, a quienes agradezco también su generosa mención en relación con mi persona, y a mis compañeros de grupo la señora Matador y el señor Belda; talante y esfuerzo que, reitero, han permitido alcanzar fórmulas de entendimiento
que mejoraran y enriquecieran el texto de la ley, una ley importante que desarrolla este histórico derecho que esperemos alcance el grado de conocimiento y relevancia que le corresponde y sea un instrumento útil para el conjunto de los ciudadanos; una ley importante porque con su aprobación, junto con la ley de asociaciones, que en breve entrará en esta Cámara, se cerrará el catálogo de desarrollo normativo de nuestros derechos fundamentales desde una perspectiva constitucional. Hoy, señorías, lo haremos con el mismo espíritu que impregnó el pacto constitucional, con el máximo consenso entre los grupos, lo que permite afirmar con satisfacción -y con ello termino- que, si bien en origen este fue un proyecto de ley del Gobierno, hoy también lo es de todos los grupos parlamentarios. Y este, señorías, es el mejor principio para un buen proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, deseo anunciar, a la vista de las explicaciones que ha dado el señor Bermúdez de Castro sobre la enmienda número 32, que la retiro y mantengo viva únicamente para votación la número 31. En consecuencia, solicito votación separada del apartado 2 del artículo 1 del proyecto de ley al que iba dirigida esta enmienda. Todo lo demás lo votaremos favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones. Así será tenido en cuenta. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas referidas al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición, que va a ser única y exclusivamente la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, por cuanto la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Mixto, ha decaído y las números 32 y 33, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, han sido retiradas.
Sometemos a votación la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, dos; en contra, 276.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Iniciamos la votación del dictamen.
En primer lugar, sometemos a votación el apartado 2, del artículo 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 275; en contra dos; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido apartado 2, del artículo 1.
A continuación, votamos el resto del dictamen con la corrección técnica señalada en el debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 277; en contra, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto por el carácter orgánico del proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado con carácter orgánico.

References: artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 53
 artículo 161
 artículo 29
 artículo 53
 resolución 
 artículo 43
 artículo 29
 artículo 29
 resolución 
 artículo 29
 artículo 77
 artículo 6
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
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