Source: http://asociacion.org.ar/resena_huelga.php
Timestamp: 2017-03-29 01:31:32+00:00

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por Sebastián A. Caffini
BOLETÍN TEMÁTICO DE LA C.N.A.T. – marzo de 2008 [ver]
Fallos posteriores de la C.N.A.T.
Huelga y despido. 1 a 5.
Huelga y salarios. 6 a 8.
Fallos de tribunales laborales provinciales
Buenos Aires. 9 a 14.
Córdoba. 15 a 17.
Corrientes. 18 a 21.
Chaco. 22 a 23.
Chubut. 24 a 25.
Entre Ríos. 26 a 27.
Formosa. 28 a 29.
Jujuy. 30.
Mendoza. 31 a 32.
Neuquén. 33 a 36.
Río Negro. 37 a 40.
San Luis. 41.
San Juan. 42.
Santa Fe. 43 a 44.
Santiago del Estero. 45 a 47.
Salta. 48.
Tucumán. 49 a 50.
Fallos de tribunales de otros fueros
a) Responsabilidad del sindicato por daños y perjuicios. 51 a 52.
b) Huelga como caso fortuito o fuerza mayor. 53 a 55.
a) Huelga y despido. 56.
a) Huelga y salarios en el sector público. 57 a 60.
a) Huelga y servicios esenciales. 61.
a) Usurpación. 62 a 63.
b) Usurpación en concurso con otros delitos. 64 a 65.
c) Intimidación pública y amenazas coactivas. 66.
d) Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación. 67 a 69.
e) Violación de domicilio y daño. 70.
f) Estado de necesidad. 71.
g) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación. 72 a 74.
h) Turbación de la posesión. 75 a 76.
a) Huelga y salarios. 77. b) Huelga como caso de fuerza mayor para el deudor provisional. 78 a 79.
FALLOS POSTERIORES DE LA C.N.A.T. Huelga y despido.
1. Hace al ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical participar en medidas de acción directa y tales derechos se encuentran garantizados constitucionalmente, por lo que el hecho de que a través de la huelga se generen ciertos daños a la empresa (consecuencia lógica de tales medidas) no resulta suficiente para validar el despido de los trabajadores que en ella intervinieron y, a su vez, el hecho de que a nivel colectivo se hubiere considerado ilegal su convocatoria por violentar lo dispuesto en la ley 14.786 no permite excluir del análisis la pauta evaluativa a la que alude el art. 242 L.C.T. para la ponderación del comportamiento individual del trabajador involucrado. (CNAT, Sala II, 27/10/2009, “Domínguez, Jorge Bruno c/FATE SA s/juicio sumarísimo”)
2. El sólo hecho de participar en una o más medidas de acción sindical –aunque analizadas en el plano colectivo sean injustas, ilegales o ilegítimas- no basta para que se considere que el trabajador fue despedido con justa causa en los términos del art. 242 L.C.T., pues es necesario demostrar que las modalidades y circunstancias personales del caso concreto –analizadas en el plano individual dentro de un conflicto de derecho- configuraron injuria que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. (CNAT, Sala II, 27/10/2009, “Domínguez, Jorge Bruno c/FATE SA s/juicio sumarísimo”)
3. La parte demandada apela la sentencia de la instancia anterior, que acogió el reclamo de autos (…) La prueba reseñada da cuenta de que la abstención de tareas por parte del trabajador se encontraba enmarcada en el conflicto colectivo y en las medidas de acción directa. A mi juicio, la causa invocada no es justificada porque la abstención de prestar tareas en tales condiciones no constituye una grave falta de conducta, con lo que la sanción resulta al menos desproporcionada. En consecuencia, y por lo expuesto, propondré que se confirme lo decidido en la instancia anterior (del voto del Dr. Guibourg).
Es cierto que la participación de un dependiente en una medida de fuerza ilegal o ilegítima constituye una falta pero, la misma debe ser valorada en función de las pautas del art. 242 LCT a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la cesantía, imponiéndose entonces considerar la magnitud de la misma, el tiempo que se habría prolongado, el carácter de instigador o promotor del trabajador, sus antecedentes disciplinarios, antigüedad, etc.. Por otra parte, y esto es relevante en el caso, la empleadora no intimó al trabajador para que depusiera su actitud antes de disponer el despido, tal intimación resulta necesaria pues sólo después de cumplido tal recaudo puede afirmarse que el empleado mantuvo la conducta considerada injuriosa y que ello hacía imposible la prosecución del vínculo. Cabe señalar que el principio de buena fe obliga al empleador a intimar al trabajador en forma previa, consignando los deberes de conducta y las obligaciones contractuales que reputa incumplidos así como el apercibimiento de las consecuencias jurídicas que se generarían en el caso de persistir en su actitud (del voto de la Dra. Porta). (CNAT, Sala III, 25/03/2009, “Alfieri, Christian G. c/Plavinil Argentina S.A.”)
4. El art. 14 bis reconoce el derecho de huelga a los gremios, pero ello no implica que se afecten derechos de terceros más allá de lo que significa el cese de labores. Si bien la participación de un dependiente en una medida de fuerza ilegal o ilegítima constituye una falta, la misma debe ser valorada en función de las pautas del art. 242 L.C.T. a los efectos de determinar la admisibilidad o la inadmisibilidad de la cesantía. En el caso, los trabajadores, a quienes se les adeudaban salarios, ocuparon la empresa y no acataron la conciliación obligatoria, participaron en la medida de fuerza adoptada y permanecieron en el lugar de trabajo. Más allá del derecho que les asistía a ejercer legítimamente una huelga, lo cierto es que traspasaron el límite de ese derecho al afectar el establecimiento de la demandada. No soslayo que toda huelga produce un daño, pero ese perjuicio no puede traducirse en un ilícito (ocupación del establecimiento de la demandada). En efecto, la huelga consiste en la abstención concertada de trabajo, destinada a presionar al empleador mediante esa misma inactividad. Agregar a ese ejercicio otras vías de hecho que privan al empleador del acceso a sus propias instalaciones o del uso de ellas como lo garantiza el art. 14 de la Constitución Nacional constituye en sí mismo una falta que, en principio, no consiente la continuidad de la relación de trabajo. (Del voto del Dr. Guibourg, en minoría).
En el caso, la empleadora incurrió en falta de pago de la remuneración por un largo período y los trabajadores contaban con una extensa antigüedad en el empleo. Por su parte la empleadora no intimó a los trabajadores para que depusieran su actitud antes de disponer el despido. Tal intimación resulta imprescindible pues sólo después de cumplido ese recaudo puede afirmarse que el empleado mantuvo la conducta considerada injuriosa y que ello hacía imposible la prosecución del vínculo. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría). (CNAT, Sala III, 18/12/2008, “Kusema, Liliana Elizabeth c/Antonio Pascale y Luis Laquis soc. de hecho integ. por Antonio Pascale y Luis María Laquis s/despido”)
5. Si bien la participación de un dependiente en una medida de fuerza ilegal o ilegítima constituye una falta, ésta debe ser valorada en función de las pautas del art. 242 L.C.T. a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la cesantía, imponiéndose entonces considerar la magnitud de la misma, el tiempo que se habría prolongado, el carácter de instigador o promotor del trabajador, sus antecedentes disciplinarios, antigüedad, etc.. De lo contrario, si se aplicara automáticamente la ecuación “ilegalidad de la huelga = justificación del despido”, además de violar la norma del art. 242 ya mencionado (que confiere a los jueces la facultad de apreciar en concreto la conducta de las partes en orden a la disolución del vínculo) se quebrantaría uno de los pilares de todo régimen disciplinario, cual es el de la proporcionalidad entre la falta y la sanción. (CNAT, Sala III, 10/04/2008, “Paiba Liliana Noemí c/Aerosol Síntesis S.A. y otros s/despido”)
Huelga y salarios.
6. En el caso de una medida de acción directa como es la huelga, los trabajadores no tienen derecho a percibir los salarios que se devengan durante el conflicto en el que participaron mediante una abstención concertada de prestar servicios, rigiendo el principio según el cual no corresponde salario sin trabajo. En este sentido, la CSJN tiene dicho que, en tanto la responsabilidad del empleador no se funde en ley que razonablemente la imponga, ni en su conducta culpable o en una convención, la imposición del pago de salarios en los días de huelga vulnera los derechos que garantizan los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, que no pueden desconocerse con base en lo prescripto en el art. 14 de la Ley Fundamental (CSJN, 5/8/63, “Buhler, Erico F. y otros c/Talleres Galc y Cía. SRL”, Fallos: 256:307). (CNAT, Sala IV, 12/11/2008, “Colombo Vicenta c/Poder Judicial de la Nación s/juicio sumarísimo”)
7. En el caso el juez a quo rechazó la acción de amparo entablada por la Unión de Trabajadores de la Educación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, por la que se cuestiona la implementación de descuentos en los sueldos de los docentes que se plegaron a una jornada de paro, medida que habría sido anunciada por la demandada a través de los medios de comunicación masiva. Cabe confirmar dicha resolución ya que es doctrina consolidada que los salarios de huelga no se pagan, a menos que haya culpa del empleador (conf. CS, Fallos 256:307). Asimismo y como expresa el Ministerio Público Fiscal “la trascendencia que podría tener la culpa de la demandada en el origen del conflicto requiere una elucidación fáctica que excede el marco procesal del amparo”. (CNAT, Sala VIII, 30/09/2008, “Unión de Trabajadores de la Educación –UTE- c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/acción de amparo”) 8. No cabe considerar “práctica antisindical” por parte de la empleadora el descuento de los días en que tuvo lugar una huelga. En este sentido, los trabajadores no tienen derecho a percibir los salarios que se devengan durante el conflicto en el que participaron mediante una abstención concertada de prestar servicios, rigiendo el principio que sostiene que no corresponde salario sin trabajo, ya que si bien resulta indiscutible que el empleador debe “soportar” la huelga cuando ésta se produce dentro de los límites de su legítimo ejercicio, no puede válidamente pretenderse que este último deba además “financiarla”, lo cual tendría lugar en caso de obligarlo a continuar en el pago de los salarios de aquellos dependientes que no han puesto su fuerza de trabajo a disposición de la patronal. (CNAT, Sala IX, 13/06/2008, “Endrigo Laura Gabriela c/Poder Judicial de la Nación s/juicio sumarísimo”)
Titularidad del derecho de huelga.
9. El cese de actividades decretado por los trabajadores al margen de la asociación profesional pertinente no produce la suspensión de los contratos individuales de trabajo. (SCBA, 26/07/1994, “Duartez, Roberto c/Nodulfer Berisso S.R.L. s/despido”) 10. El cese de actividades de los trabajadores no dispuesto por la asociación de trabajadores con personería gremial que los nuclea con arreglo al régimen legal vigente, no configura una forma del ejercicio del derecho de huelga. (SCBA, 30/04/1991, “Alimonta, Blanca Haydeé y otros c/Yagan Pesquera S.A. s/nulidad de despido”)
Huelga y despido. Delegado sindical.
11. No obstante la actitud de alzamiento en que incurrieron los actores al desobedecer la disposición ministerial que declaró la ilegalidad de la medida de fuerza, lindando con el ejercicio abusivo de los derechos, se correspondió con otra de igual naturaleza por parte de la empresa demandada quien dispuso el despido de los actores amparados por el escudo de la tutela sindical sin haber ejercido tempestivamente la medida cautelar dispuesta en el art. 30 del decreto 467/88, reglamentario de la ley 23.551 (Adla, XLVIII-B, 1408; 1565), conducta que genera la responsabilidad que prevé el art. 51 de la citada ley. (T.Trab. Bahía Blanca, 25/08/1994, “Heit, Román G. y otros c/Induclor S. A.”)
Huelga y despido. 12. Si el cese de actividades del que participó el actor no fue dispuesto por la organización sindical a la que pertenecía, con arreglo al régimen legal vigente, su intervención y protagonismo en la medida de fuerza dispuesta por otra entidad gremial no configura una forma del ejercicio del derecho de huelga. En consecuencia, el contrato de trabajo no queda suspendido y la abstención de prestar servicios configura un incumplimiento individual de sus obligaciones contractuales que –sin necesidad de intimación previa– habilita al empleador –de adquirir entidad suficiente (art. 242, ley de contrato de trabajo)– para disponer su cesantía con justa causa. (SCBA, 18/06/1991, “Vega, Juan C. c/Bianchetti S. A.”)
13. Admitido que el cese de actividades en el que participaron los actores y el resto del personal de la firma demandada ha sido una forma legítima del ejercicio del derecho de huelga, durante la duración del diferendo los contratos de trabajo quedan suspendidos y entonces la abstención colectiva de los trabajadores a prestar servicios no debe considerarse como incumplimiento individual de sus obligaciones contractuales. (SCBA, 06/07/1984, “Leiva, Horacio y otros c/Swift Armour S.A. s/despido”)
14. Configura injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo la conducta del trabajador que gesta una medida de fuerza utilizando el establecimiento del principal como sede para su puja gremial con la entidad sindical e induciendo a sus compañeros a participar en un cese de actividades que no es expresión del derecho de huelga previsto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. (SCBA, 30/04/1991, “Alimonta, Blanca Haydeé y otros c/Yagan Pesquera S.A. s/nulidad de despido”)
15. Para garantizar la inviolabilidad del derecho de propiedad, la ley suprema solo exige que el habitante sea "titular" de un derecho adquirido conforme al orden jurídico. El término "propiedad" comprende todos los intereses apreciables que un sujeto puede tener fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un "valor" reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado o bien que nazca de acto administrativo (derecho subjetivo), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, as- sea el Estado mismo. La privación de un derecho subjetivo incorporado al patrimonio de la agente, solo puede efectuarse mediante "...sentencia fundada en ley" (art. 17 C.N.). El acto administrativo regular (es decir aquél que reúne condiciones esenciales de validez relativas a su "forma" y "competencia"), resulta irrevocable en sede administrativa si declara un derecho sentido que únicamente ellos pueden disponerla. La huelga puede ser dispuesta por los trabajadores de un "gremio" determinado estén o no afiliados a una entidad sindical, bastando que lo sea por una "pluralidad" de trabajadores (LINARES QUINTANA, Segundo "Tratado..." T. V, Págs. 530 y sgtes.). La voz "gremio" utilizada en la Convención Constituyente de 1957 no solo engloba al sindicato o asociación profesional, sino a todo "grupo de trabajadores que desempeñan una determinada actividad. (TSJ, 19/05/1992, “Goycoechea de Granillo Maria Raquel c/Municipalidad de Río Ceballos s/empleo público”)
Huelga y sanciones.
16. Resulta nulo el acto que aplicó a la actora una suspensión por "abandono de tareas", ya que desconoció que lo fue en ejercicio e invocación de un derecho de raigambre constitucional (derecho de huelga), máxime cuando ni siquiera se invocó que la no prestación de servicios haya sido susceptible de tener el efecto directo o indirecto de comprometer la eficacia o continuidad de la actividad administrativa desarrollada por el organismo del que formaba parte, que hubiese llevado a privilegiar el interés público comprometido, en contraposición al derecho invocado por la accionante. La sola invocación de la "jerarquía" del cargo desempeñado para excluir a la agente del derecho de huelga atenta contra el principio de igualdad (art. 16 C.N.) (TSJ, 01/04/1992, “Vélez Medardo c/Municipalidad de Córdoba s/ley de convertibilidad”)
Huelga y despido.
17. La distinción entre conflictos individuales (entre los cuales deben comprenderse los llamados "pluriindividuales") y colectivos radica en quién sea el titular de los intereses que provocan la diferencia, ya que si lesiona el de alguno o varios, se tratará de un conflicto individual, mientras que si el interés lesionado es el de toda una categoría profesional, se estará en presencia de un conflicto colectivo de derecho o de intereses. En cuanto a la pretensión de ilegitimidad de la medida de fuerza, por no haberse cumplido los pasos previos que prevén las leyes 16936 y 14786, se considera que los términos en que está concedida la comunicación patronal no cumple con las exigencias de los arts. 243 de la Ley 20744 (t.o.), ya que carece de la suficiente claridad acerca de los motivos en que se funda la medida. La alusión a la supuesta falta de cumplimiento de "los pasos previos que indican las leyes 14786 y 16936" sin ninguna otra precisión comporta una declaración imprecisa y genérica, comprensiva de diversas circunstancias distintas. Esto es suficiente para considerar inmotivado el distracto. Sin embargo, aún suponiendo que tal deficiencia no se diera, se estima que el resultado será el mismo y que no le asiste razón a la demandada, ya que tanto los empleados como la entidad sindical que los nuclea habían efectuado los pertinentes comunicados sobre la existencia del conflicto a la autoridad de aplicación, según surge de las constancias agregadas, de las que resulta también que aquélla había omitido disponer el arbitraje obligatorio a los términos de dichas leyes y de la 20638. (CTrab. Córdoba, Sala 1, 02/06/1993, “Román Carlos Alberto c/Noe Navarro y otro s/despido”)
18. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que si bien la huelga de solidaridad no es ilícita por sí, sino que su calificación está condicionada con relación a los hechos y personas con quienes la solidaridad es practicada, cabe considerarla ilegítima cuando es declarada por solidaridad con el personal despedido por el empleador, pues en tales circunstancias no responde a un interés colectivo o gremial. Ello establecido, es dable concluir que la empleadora adoptó una medida disciplinaria (despido del trabajador) proporcionalmente adecuada a la falta debidamente demostrada en autos, máxime cuando la injuria tiene suficiente sustento y recae en los deberes a cargo del dependiente, más aún tratándose de un servicio público en el que deben extremarse los cuidados para su normal desarrollo. (STJ, 05/08/1994, “Alegre Abdón c/El Expreso Ciudad de Posadas S.R.L. s/indemnización”) Huelga y servicios esenciales.
19. El ejercicio del derecho de huelga, al igual que todos los derechos no es absoluto, pues hay servicios muy necesarios que no pueden suspenderse, como los de salud y de policía en general, en los aspectos más esenciales y peligrosos como serían la defensa contra determinadas plagas, pestes, epidemias, la higiene, la seguridad. De producirse una interrupción en los llamados servicios esenciales se afecta un interés mayor que es la continuidad que se ve amenazada por un peligro y en este caso el derecho del particular no puede ejercerse de modo que vulnere derechos constitucionales de terceros de mayor prioridad o que con su ejercicio se produzca un daño irreparable. El derecho de huelga debe sistematizarse equilibrando dos aspectos: las garantías constitucionales del derecho de huelga y la continuidad de los servicios esenciales, en especial del derecho administrativo local, tanto provincial como municipal. No es correcta la amplitud otorgada a la calificación de servicio público para toda la gestión municipal pues ello implicaría lisa y llanamente la negación del derecho de huelga por lo que la restricción solo debe ser para casos en que los servicios sean esenciales. (STJ, 15/09/1994, “A.O.E.M. c/Municipalidad de Corrientes s/recurso facultativo")
20. El derecho de huelga, en principio, hace perder los salarios por el periodo de abstención laboral, salvo el caso excepcional que la huelga hubiera sido provocada por dolo u acto similar del empleador, situación esta no invocada en autos en que se reclamaba como cautelar el cese del descuento por los meses correspondientes a los periodos de huelga. (STJ, 12/09/2007, “Sindicato De Trabajadores Judiciales c/Estado de la Pcia. de Corrientes -Poder Judicial- s/amparo”) Huelga y despido.
21. La negativa del trabajador a declarar en un sumario interno labrado por el empleador-en el caso, por un paro de actividades dispuesto por los dependientes-, efectuando planteos improcedentes, legitima el despido en tanto importa un actuar contrario al principio de buena fe que emana del art. 63 de la ley de contrato de trabajo. Es procedente el despido del trabajador que participó en un paro de actividades si no se probó que la organización que nuclea a los dependientes del sector -en el caso, transporte automotor de pasajeros- haya intervenido orgánicamente en la medida, siendo dicha conducta contraria al deber de buena fe del art. 63 de la ley de contrato de trabajo. (Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz Letrada de Corrientes, 03/03/2000, “Paiva, Ramón S. c/El Tigre S. A.”)
Paro dentro del establecimiento.
22. Aún dentro de la concepción restrictiva que considera que únicamente
existe huelga cuando se opera el abandono concertado de los lugares de trabajo, la llamada suspensión indirecta pluri-individual (paro de actividades en los lugares de trabajo) no sería en ningún caso una forma ilegítima de ejercicio del derecho de huelga sino la aplicación de principios de derecho común ejercitado colectivamente. (Cámara de Apelaciones del Trabajo de Chaco, Sala 1, 21/10/1991, “Soto Paulino y otros c/Ingemad S.A. y/o responsables s/indemnización por antigüedad”)
Huelga y salarios. 23. Resulta procedente la medida cautelar innovativa solicitada en el marco de un amparo a fin de que se ordene a un Banco la devolución de las sumas descontadas de los haberes del personal como consecuencia de una huelga, toda vez que se encuentran comprometidos valores esenciales de la vida humana como las remuneraciones alimentarias de los trabajadores que se ven seriamente disminuidas con el descuento (del voto de la doctora Rodríguez de Dib).
Corresponde hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada en el marco de un amparo a fin de que se ordene a un Banco la devolución de las sumas descontadas de los haberes del personal como consecuencia de una huelga, puesto que recibir el salario de manera diferida en caso de hacerse lugar al amparo causaría un grave perjuicio a los trabajadores, en cambio si se lo rechazara no ocurriría lo mismo con la entidad bancaria (del voto del doctor Siri). (Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, Sala II, 26/08/2004, “Asociación Bancaria c/Nuevo Banco del Chaco y/o q.r.r.”)
24. Debe destacarse el carácter sinalagmático de la relación que obliga al Estado a pagar el salario siempre que el agente haya prestado el servicio y no cuando dejó de hacerlo por voluntad propia y sin amparo en alguna de las causales previstas en la ley para gozar de licencia con pago de haberes. El derecho de huelga del empleado tiene su correlato en la no percepción del salario por no haber motivos que generen el mismo. No puede exigir el cumplimiento quien no ha cumplido- "exceptio non adimpleti contractus”.
Los descuentos de los días no trabajados no afectan derechos constitucionales, por el contrario, el ejercicio legítimo y no abusivo del derecho de huelga implica que el trabajador que lo ejerce no puede ser despedido, ni privado de los derechos que derivan de la seguridad social, conductas que sí implicarían respuestas punitivas. Así, la doctrina elaborada por los juslaboralistas, sostiene en forma casi unánime que en principio, la participación de los trabajadores en una huelga de carácter legal no genera derecho al cobro de salarios por el plazo de inactividad. (Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala A, 15/06/2006, “A. de T. E. s/acción de amparo”)
25. Si bien la huelga no produce por sí misma la ruptura del vínculo laboral, resulta necesario la expresión de voluntad del empleador para extinguirlo, ya que la huelga no puede constituir injuria; la única que puede constituirla es la conducta individual del trabajador en huelga, cuya valoración deberá realizar el juez tomando en consideración la gravitación que ha tenido en su comportamiento la parte. (Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 21/05/1999, “Barreto, Agapito de Jesús c/Patagonia Argentina S.R.L. y/u otro”)
ENTRE RIOS Legalidad de la huelga. Huelga y despido.
26. Si la huelga ha sido declarada ilegal, la decisión adoptada por la empleadora en ocasión de producirse el tercer día de no prestación de servicios, aparece como adecuada a la conducta asumida por el trabajador, la cual resulta violatoria de la obligación contractual a su cargo y, por ende, debe ser calificada como injuriosa en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el orden nacional la ley 14.786 en sus artículos 2 y 8 condiciona el derecho de recurrir a medidas de acción directa a la comunicación del conflicto a la autoridad administrativa. Si bien en el ámbito de nuestra provincia no existe norma similar, ha de entenderse que resulta necesario que los trabajadores que requieren determinada modificación en las condiciones de trabajo o en las remuneraciones, por el principio de buena fe que debe regir las relaciones laborales -artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo-, antes de adoptar una medida extrema como lo es la huelga, busquen llegar a una solución del conflicto por los medios conciliatorios, tal como lo es recurrir a la intervención de la autoridad administrativa del trabajo. Si las medidas de fuerza fueron llevadas a cabo con anterioridad a la fecha de la audiencia de conciliación fijada por la autoridad administrativa -lo que evidencia que la decisión de los trabajadores al respecto fue adoptada antes de que tuvieran la certeza de que no había posibilidad de llegar a un acuerdo con la patronal y la finalidad perseguida con tal medida era un reclamo salarial-, debe considerarse que el ejercicio del derecho de huelga debe ser calificado como ilegal. (C.Trab. Conc. del Uruguay, 29/04/1994, “Cabrera Roque Agapito c/Ferreri Ganadera S.A. s/indemnizacion por despido”)
Legalidad de la huelga. 27. Si no se advierte una situación de entidad suficiente como para generar una huelga de las proporciones de la aquí tratada, en su extensión, tanto en número de participantes como a su duración, ya que fue decretada en solidaridad por el despido de dos de los trabajadores –en definitiva queda reducida a un caso–, debe concluirse que la medida dispuesta ha excedido el marco dentro del cual debe ejercerse el derecho constitucional de huelga, debiendo calificársela de ilegal. (C.Trab. Conc. del Uruguay, 20/03/1996, “Aldana Omar Américo y otros c/Manfico S.A. s/diferencias salariales”)
Huelga. Operatividad del derecho.
28. La huelga es un derecho de raigambre constitucional que está especialmente garantizado en el art. 14 bis. Es un derecho operativo (no es programático), es decir, puede ser invocado y ejercido aunque no haya ley reglamentaria a su respecto. En esta materia no existe una ley de fondo, sino que la normativa vigente apunta a reglamentar los servicios esenciales y a fijar procedimientos de solución de conflictos. (T.Trab. Formosa, Sala II, 20/10/2007, “García, Karina Noemí c/El Pajarito S.A. y/o quien en derecho resulte responsable”) Huelga y despido.
29. Si bien la participación de un dependiente en una medida de fuerza ilegal o ilegítima constituye una falta, la misma debe ser valorada en función de las pautas del art. 242 de la LCT a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la cesantía, imponiéndose entonces considerar la magnitud de la misma, el tiempo que se habría prolongado, el carácter de instigador o promotor del despedido, sus antecedentes disciplinarios, antigüedad –en el caso 32 años–, etc.; puesto que de lo contrario, es decir si se aplicara automáticamente la ecuación –ilegalidad de la huelga = justificación del despido–, además de violar la norma del mencionado art. 242 (que confiere a los jueces la facultad de apreciar en concreto la conducta de las partes en orden a la disolución del vínculo) se quebrantaría uno de los pilares de todo régimen disciplinario, cual es el de la proporcionalidad entre la falta y la sanción. Respecto a los motivos alegados por la demandada para despedir, considero menester señalar que el máximo Tribunal ha sostenido que no puede constituir criterio interpretativo válido el de anular unas normas constitucionales por aplicación de otras, sino que debe analizarse el conjunto como un todo armónico, dentro del cual cada disposición ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás (Fallos 311: 2272). Y desde dicha perspectiva es cierto que el ejercicio del derecho de huelga no autoriza a los trabajadores a apropiarse de la planta industrial del empleador, sino únicamente a abstenerse de prestar servicios pues lo contrario implicaría reconocer al derecho de huelga consagrado por el art. 14 bis un rango de superior jerarquía que el de propiedad contemplado por el art. 17 de la Constitución Nacional. Pero no es menos cierto que la ilegalidad de una medida de fuerza no constituye necesariamente una justa causa de disolución porque para ello es necesario que se curse al trabajador en huelga una previa intimación a que retome sus tareas y sólo en el caso de desobediencia a dicho requerimiento se podría considerar la negativa como injuriosa en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo. (T.Trab. Formosa, Sala I, 10/04/2007, “González, Carlos Daniel c/El Pajarito S.A. s/acción común”) JUJUY
Huelga en el sector público.
30. En materia de servicios públicos, el derecho de huelga de los agentes afectados queda restringido a supuestos de excepción. La Administración de Justicia, es más que un servicio público ya que se trata de una de las funciones esenciales del Estado, cuya paralización no afecta solo al justiciable concreto, sino al Estado mismo y a la comunidad en general, desde que –mediante las medidas de huelga– a aquel se lo priva de uno de sus poderes y a éste, al ciudadano se le impide el derecho constitucional de peticionar justicia. (STJ Jujuy, 17/06/1994, “Abraham, Omar Alberto y otros c/Superior Tribunal de Justicia s/acción de amparo”)
31. La huelga se conceptualiza como una suspensión colectiva del contrato de trabajo o de empleo público, supone que se rompe la bilateralidad de las prestaciones debidas. En consecuencia, el pago de los salarios no se compadece con el concepto de huelga, ya que generaría un enriquecimiento sin causa para el trabajador que adhiere a la huelga. (SCJ, 09/02/1989, “Sosa Roberto Raymundo c/Gobierno de la Provincia de Mendoza s/acción procesal administrativa”)
32. No es ilegítimo el acto administrativo que dispuso el descuento de salarios durante los días de huelga realizado por los docentes, siendo irrelevante el hecho que la huelga no haya sido declarada ilegítima pues lo que motiva el pago del salario es la conducta dolosa o culposa de la patronal que provoca la huelga, conducta que no se probó en la especie. No corresponde la anulación de la resolución administrativa –en el caso, emanada del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Mendoza– mediante la cual se dispone descontar los haberes por los días de huelga dispuestos por los trabajadores si la patronal no provocó culposa o dolosamente la medida. Es procedente descontar a los trabajadores, los haberes por los días de huelga que hubieren dispuesto, cuando la medida no haya sido provocada por la conducta culposa o dolosa de la patronal, siendo irrelevante que la huelga no se haya declarado ilegítima. (SCJ, 26/12/2000, “Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza S.U.T.E. c/Dirección General de Escuelas s/acción procesal administrativa”)
33. Analizando las constancias de autos y la documentación acompañada, opino que la actuación de los demandados en los acontecimientos considerados injuriosos han tenido indudablemente una motivación de gestión sindical, enderezados a incidir contra la política implementada por la patronal, imponiendo un régimen salarial innovativo de las condiciones imperantes –productividad– y la “tercerización” de servicios en detrimento del personal estable. Y bien, dentro del marco conceptual esbozado precedentemente, teniendo en cuenta el carácter antisistémico del derecho de huelga ejercido en la especie por los actores, la presunción de legitimidad que se infiere del conflicto laboral subyacente y la necesidad de ponderar prudencialmente la proporcionalidad entre las medidas de presión y las reivindicaciones tenidas en miras, es lícito concluir que las supuestas injurias invocadas en los telegramas (v.gr., fs.2) que surtieron el efecto previsto por el art. 243 LCT, no alcanzan a conformar ejercicio abusivo del derecho consagrado por el art. 14 bis CN, ni gravedad suficiente como para justificar el despido en los términos del art. 242 LCT, más aún teniendo en consideración la prudencia con que debió actuar la empleadora en atención de lo dispuesto por el art. 53 inc. e) de la ley 23551. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala I, 14/08/2007, "Balbuena Pablo y otros c/C.V.C. S.A. s/despido")
34. La mera constatación notarial de la presencia del actor, frente a la base tomada por ocho operarios –luego demandados por daños y perjuicios– presentando un memorial de reclamos, no suple la acreditación de la causal de despido invocada: "participación activa y directa en la toma por la fuerza del equipo...", ya que sólo demuestra haber estado junto a centenares de compañeros tanto de la empresa como de otros emprendimientos petroleros, en la presentación de un petitorio, sin que de ello se infiera la intervención activa y directa en la toma, que se le atribuye.
Más allá de la participación del actor en el conflicto colectivo suscitado entre la demandada y la mayor parte de su personal, persistiendo aún después de decretada la conciliación obligatoria, la empleadora no ha logrado acreditar la incursión del trabajador en las conductas que, sin precisión suficiente, le atribuyó en el telegrama enderezado a cumplir con la exigencia del art. 243 LCT, por lo que, a la luz de las pautas fijadas por el Art. 242 lex. cit., teniendo en cuenta que el trabajador tenía 21 años de antigüedad en la empresa, carecía de faltas disciplinarias anteriores al despido, y que al momento del hecho se encontraba suspendido y en goce de vacaciones, el despido en cuestión no se encuentra adecuadamente justificado.
Aún cuando en el caso se desestimara la justa causa del despido respecto del trabajador, la gravedad del conflicto gremial en cuyo marco se decidió el despido, permite eximir a la empleadora de la sanción prevista por el art. 2° de la Ley 25.323, según lo establecido en el segundo párrafo "in fine" del artículo citado. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala I, 05/03/2009, "C., L. A. c/Pride Internacional S.R.L. s/indemnización")
35. Resulta injustificado el despido directo decidido respecto de un trabajador que participó en una huelga en el marco de la cual permaneció junto a otros compañeros fuera del establecimiento patronal, bloqueando una de las puertas de ingreso si, la medida en la que participó el actor no impidió la prestación del servicio a cargo de la demandada y tanto los vehículos como los trabajadores que no adhirieron a la medida pudieron ingresar por otros accesos desde que, ello permite concluir que no medió una desnaturalización del derecho constitucional de huelga. (C. Civ. Neuquén, Sala 2ª, 06/11/2008, “Rattaro, Héctor Arsenio c/Emp. de Ómnibus Centenario SR.L.”) Huelga y servicios esenciales.
36. El decreto 2184/1990 contiene tres mecanismos hermenéuticos para definir los servicios esenciales: a) una tipificación abierta; b) una enumeración no taxativa de hipótesis y otra enumeración no taxativa sujeta a un juicio de valor, en orden a la ocurrencia de casos de extrema gravedad. En base a tales criterios se califican como esenciales aquellos servicios cuya interrupción total o parcial pueden poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad de la población o de las personas. Poca duda puede caber en torno al carácter esencial de la Administración de Justicia, sin que quepa supeditarlo al "requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", por cuanto se trata de un Poder del Estado, cuya efectiva prestación condiciona el reconocimiento de la provincia como tal (art. 5 C.N.) y resulta indispensable para la salvaguarda de la libertad y los derechos de las personas. (C. Civ. Neuquén, Sala 1ª, 09/02/2000, “Massaccesi, Omar D. c/Provincia del Neuquén s/acción de amparo”)
37. La jurisprudencia dominante ha establecido que la legitimidad de la huelga no impone el pago de los salarios, con la única excepción del supuesto en que el movimiento de fuerza se produzca por culpa del empleador.
En aquellos casos en que el paro fuere instrumentado sin asistencia a los lugares de trabajo y durante la totalidad de la jornada laboral, no existen dudas acerca de la operatividad del principio de que no se devenga la remuneración ordinaria.
La excepción non rite adimpleti contractus autoriza al empleador a abstenerse de cumplir con la totalidad de la propia obligación, pero no hace desaparecer a ésta totalmente, ya que deberá efectuarse un cálculo aproximado, fundado en averiguaciones serias y razonables. Ciertamente que cuando el trabajo a desgano tiene el efecto de una paralización total, se entiende que no se debe ninguna remuneración. (STJ, 20/12/2002, “Un.T.E.R. s/queja en ‘Un.T.E.R. c/Provincia de Río Negro s/amparo sindical’”) Persona de fuerzas armadas y de seguridad. 38. El personal policial no puede por sí ni por otra organización reconocida jurídicamente, ser sujeto activo del derecho de huelga, entre otros, aunque se le permita la libre expresión como a cualquier ciudadano al igual que el derecho de peticionar a la autoridad. (STJ, 13/10/2005, “Personal Policial Pcia. de Río Negro s/amparo s/competencia”) Huelga y servicios esenciales. 39. Esa restricción al derecho de huelga es aun más notoria en los casos de servicios esenciales, pues se produce una clara confrontación entre los participantes de la medida y la comunidad, que se ve privada de esos servicios (por ej., salud, agua, transporte, comunicación, educación). Concretamente, además de los aspectos reglamentarios que surgen del art. 8 de la Ley 14786 y de la propia normativa provincial (ley 3803 y Dec. 222/96), resulta insoslayable destacar lo dispuesto en la Ley nacional Nº 25864, que garantiza un mínimo de ciento ochenta días de clase anuales en las instituciones educativas de todo el país, lo que ciertamente resulta inconciliable con la adopción de una medida de fuerza por tiempo indeterminado. (STJ, 20/04/2009, “F., S. s/amparo s/competencia”)
40. La huelga es la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral. No dispone tal medida el trabajador individual sino el "grupo". Adviértase que el art. 14 bis, párr. 2do. de la C.N. reconoce la huelga como derecho de los gremios y que el art. 41, párr. 3ro., apart. 4 de la Constitución Provincial, reserva a los sindicatos el derecho a declararla. Sin embargo la decisión adoptada en el ámbito colectivo produce efectos en la órbita individual, legitimando la no prestación del débito laboral por parte del trabajador que se pliega a ella, conducta que –por tanto– no constituye incumplimiento contractual, tal como ocurriría si el dependiente actuara por decisión propia. (STJ, 06/02/1996, “Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro Un.T.E.R. s/acción de inconstitucionalidad”)
41. Es improcedente el pago de salarios durante los días de huelga en razón del carácter sinalagmático de la relación laboral o de empleo público, que provoca la interdependencia de las obligaciones. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 1 de San Luis, 14/09/2007, “Gargiulo, Claudia Elena c/Colegio San Luis Gonzaga”) SAN JUAN
Huelga y salarios. Aspectos procesales. Legitimación activa para reclamarlos.
42. El reclamo de los haberes descontados por el empleador a sus trabajadores por los días no trabajados como consecuencia de su adhesión a las medidas de fuerza dispuestas por el gremio que los representa, no puede ser intentada por el presidente de dicha unión gremial, puesto que el mismo carece de legitimación activa, para promover la acción de amparo para el cobro de dichos haberes, pues el derecho que se pretende tutelar por esta vía es un derecho subjetivo individual que pretende resguardar el patrimonio de las personas afectadas.
La acción de amparo hubiera requerido del reclamo de las personas que efectivamente sufrieron los supuestos daños patrimoniales, como presupuesto de viabilidad, ya que la causa de la pretensión esta fundada en ese hecho y no en actos ilegítimos de la autoridad pública que pudieran haber lesionado derechos o garantías referidos a la asociación que representa el amparista. (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería, 12/02/1996, “Unión Judicial de San Juan c/Corte de Justicia s/amparo”)
Huelga y despido. Declaración de ilegalidad. Titularidad del derecho.
43. Es procedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción pretendiendo la anulación de la resolución municipal que dispuso la cesantía del agente por haber participado de una huelga anunciada y dispuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales, desde que en primer lugar, asiste razón al recurrente al sostener que el Ejecutivo municipal carecía de atribuciones, como parte en el conflicto colectivo, para declarar la ilegalidad de una medida de fuerza; en segundo lugar y si bien es cierto que no se había acreditado la obtención de la personería gremial por parte del mencionado Sindicato, sí se encontraba acreditada su inscripción en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, con carácter de asociación gremial de primer grado, por lo que se trataba de una entidad simplemente inscripta, con todas las facultades y derechos que, como tal, le reconoce la ley 23551. Y, en tercer lugar, porque habiendo sido cumplidas las medidas de acción directa por la totalidad del personal, se expulsó sólo a un grupo de agentes, practicándose un "trato discriminatorio", en razón del ejercicio de los derechos sindicales. En función de tales circunstancias que permiten desentrañar la verdadera dirección de la voluntad administrativa, debe tenerse por ilegítima la medida expulsiva dispuesta, debiendo reincorporarse al recurrente conforme lo dispone el artículo 48 Anexo I de la ley 9286, salvo que él mismo opte por el cobro de la indemnización pretendida en su demanda. (CSJ, 29/12/2004, “Migueles, Luis Alberto c/Municipalidad de Vera s/recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción”)
44. La provisión de energía eléctrica es un servicio público de gran trascendencia social, pues su prestación es necesaria para el desarrollo normal de la vida comunitaria, al punto de justificar restricciones al derecho constitucional de huelga. Tanto en nuestra legislación como en la comparada se califica de esencial el abastecimiento de energía eléctrica. (CSJ, 03/08/1994, “Alcacer, Miguel Ángel c/Provincia de Santa Fe”)
Legalidad de la huelga.
45. La existencia de una huelga por solidaridad no es materia constitucional; cabe considerarla ilegal cuando es declarada por solidaridad con el personal despedido por el empleador, pues en tales circunstancias no corresponde a un interés colectivo o gremial. (STJ, 01/04/1998, “Bonardi Werfil Adalberto c/Empresa E.T.A. Manuel Belgrano y/o prop. y/o resp. s/sueldos caídos, vacaciones, etc.”)
46. La declaración de ilegalidad de una huelga no autoriza al patrón a despedir a los empleados que la apoyan, sino que es menester una intimación previa de reintegro; recién cumplida la misma se puede disolver el contrato sin indemnización. (STJ, 01/04/1998, “Bonardi Werfil Adalberto c/Empresa E.T.A. Manuel Belgrano y/o prop. y/o resp. s/sueldos caídos, vacaciones, etc.”)
Huelga por solidaridad. 47. Las medidas de fuerza por solidaridad a un compañero despedido, no responden a una causa de naturaleza laboral, no encontrándose incluidas entre las garantías del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por que en tales circunstancias puede considerarse que no responden a un interes colectivo. (Cámara del Trabajo y Minas, 26/04/1996, “Bonardi Werfil Adalberto c/Empresa E.T.A. Manuel Belgrano y/o prop. y/o resp. s/sueldos caídos, vacaciones, etc.”)
Huelga en el sector público. Administración de justicia.
48. Si bien el derecho de huelga es operativo, su consagración constitucional no significa que sea absoluto, sino que es pasible de reglamentación normativa, ya que se lo debe armonizar con las demás garantías y derechos constitucionales. El ejercicio del derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos, ni el orden social, ni la paz pública; valores cuya tutela se halla a cargo del Estado por una imposición constitucional que supone reconocerle las facultades que fuesen necesarias para asegurarla. Los derechos constitucionales –el de huelga, entre ellos– no se afectan por la imposición de condiciones a su ejercicio, que guardan adecuada proporción con la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido: la correcta administración de justicia. Desde el momento que la autonomía de la Provincia se halla condicionada constitucionalmente a que ésta asegure su administración de justicia, no puede privársela de que provea a la regulación necesaria para garantizarla, lo que sin hesitación conlleva la facultad de caracterizar como esencial, en su jurisdicción, al servicio de justicia, independientemente de los servicios que se consideren esenciales para toda la Nación. No debe perderse de vista que la imposibilidad de cumplir con alguna de las obligaciones constitucionales prescriptas en el art. 5 de la Constitución Nacional puede dar lugar a la intervención federal. Es posible, conforme los principios de la OIT, que una actividad no comprendida entre aquellos servicios considerados esenciales por la ley, pueda ser calificada como tal. El derecho de huelga no puede tener el mismo tratamiento cuando se trata de los reclamos interpuestos por los empleados del Estado que cuando lo ejercen los trabajadores privados. Es obvio que el interés público está mucho más connotado y afectado cuando se trata de interrumpir la prestación de los servicios públicos esenciales que cuando la suspensión del trabajo se refiere a actividades privadas. Sin perder de vista que el objetivo de la limitación de la huelga en los servicios esenciales es proteger el interés general de la población, ningún agravio ocasiona al derecho de los trabajadores, ni se avizora irrazonabilidad, al exigirse, para considerar legítima la huelga, que no se desarrolle conforme a una de sus formas irregulares. No pueden ser objeto de cuestionamiento los descuentos de haberes por los días que no fueron trabajados, por adherir los agentes a medidas de fuerza dispuestas oportunamente por la entidad gremial que los representa. El carácter suspensivo que se reconoce a la huelga no justifica la subsistencia de la obligación de pagar los salarios, que son una contraprestación, en el contrato sinalagmático conmutativo de trabajo, de la labor también suspendida de los empleados u obreros; tal doctrina tiene fundamento en la igualdad jerárquica de todos los preceptos constitucionales. (CJ Salta, 27/06/2006, “Agremiación de Empleados Judiciales y de la Procuración de Salta y otros s/acción de inconstitucionalidad”)
49. El derecho de huelga ha sido garantizado por nuestra Constitución Nacional a los sindicatos con personería gremial (art. 14 bis CN.) y no a los trabajadores. El conflicto originario, y que a posteriori derivara en el presente litigio, fue un reclamo de incrementos salariales insatisfecho por la demandada, que motivó medidas de acción directa por parte de los trabajadores y que concluyó en el despido de los mismos. Dicho reclamo, constituye un típico conflicto de intereses, se encuentra regulado por la ley Nacional 14786 y, eventualmente, si la conciliación hubiera desembocado en un arbitraje, por la ley 16936. La primera de las disposiciones mencionadas establece los procedimientos a observar por los sindicatos antes de disponer medidas de acción directa, como lo es la huelga. A su turno la ley 23551 (Asociaciones Sindicales), establece que los estatutos de los gremios deben contener las normas de procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical (art. 16 inc. i) y su decreto reglamentario (467/1988, art. 16), precisa que dichas medidas deberán estar previstas dentro de aquéllas que permitan las leyes y las convenciones colectivas. Además indica que se deberá establecer cuales son los órganos de la asociación sindical facultados para disponerla y el procedimiento para adoptar la decisión. Vale decir que el ejercicio legítimo del derecho de huelga, por parte de los sindicatos con personería gremial, originado en un conflicto de intereses, como en este caso, supone no sólo que la medida de acción directa haya sido dispuesta por los órganos competentes del gremio conforme a un procedimiento normativamente preestablecido, sino también que se haya observado el trámite previsto en la ley 14786. (CSJ, 28/12/1999, “Villoldo, José Rubén y otros c/Satra S.A. s/indemnizaciones”)
Límites al derecho de huelga.
50. Sin entrar a juzgar sobre la licitud o ilicitud de la huelga, aun cuando fuere lícita, su cumplimiento implica abstención del débito laboral cuyos límites se circunscriben a todo perjuicio que deba soportar la empleadora por ‘la abstención laboral del trabajador’, pero cuando el ‘no hacer’ deja de ser tal, para transformarse en una conducta dirigida a lesionar o afectar la propiedad de la empleadora, violando su derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita y su derecho de propiedad al bloquear el ingreso de los camiones con materia prima, el derecho de los demandados se transforma en un acto contra legem y en una injuria hacia el empleador". "La libertad de huelga no puede amparar a quienes realicen amenazas contra la libertad de trabajo ni a quien cometa actos de violencia contra personas o bienes, puesto que todos estos son actos patológicos que quedan fuera de la protección del derecho de huelga". (C. Trab. Tucumán, Sala 4ª, 31/05/2004, “Cruz Alta S. A. c/Osores, Jorge L. y otros”)
a) Responsabilidad del sindicato por daños y perjuicios.
51. La declaración como ilegal por parte de la autoridad pública de una huelga resuelta por los trabajadores no conlleva como consecuencia necesaria la responsabilidad de la asociación gremial involucrada frente a los comerciantes independientes que demandaron –en el caso–por daños y perjuicios por haber sido afectados por dicha huelga. Ello es así, pues no es suficiente comprobar que un hecho ha sido antecedente de uno consecuente para que sea imputable, sino que es necesario que tenga por sí la virtualidad de producir semejante resultado.
La repercusión de una huelga ferroviaria sobre las ventas de un comerciante –demandante en el caso, por daños y perjuicios– independiente debe considerarse una consecuencia casual. En nuestro régimen legal positivo estas consecuencias se encuentran marginadas por su carácter accidental. (CNACiv., Sala F, 17/03/1998, “González, Jorge c/La Fraternidad Asociación Gremial”)
52. El derecho de huelga solamente ampara al trabajador en aspectos disciplinarios y de estabilidad cuando se limita a negarse a cumplir con las prestaciones propias de su función; pero sea cual fuere la justicia del reclamo, se ultrapasa la protección constitucional y se entra de lleno en la ilegalidad cuando se recurre a la toma de la propiedad ajena. Ello, como todo acto ilegal, genera responsabilidad civil.
Si el sindicato, por nota membretada y firmada por su secretario general, y por el secretario adjunto, comunica a la Subsecretaría de Trabajo que "Ante esta situación hemos procedido a ocupar pacíficamente las instalaciones de la empresa en resguardo de nuestras fuentes de trabajo", surge que el sindicato, no los obreros a quienes éste estaría tratando de aconsejar, mediando para evitar males mayores, como hubiera sido de reconocerse la versión sustentada por la accionada, es quien ha asumido como acto propio –resuelto previa asamblea de trabajadores– la decisión de "ocupar pacíficamente". La libertad de huelga no puede amparar a quienes realicen amenazas contra la libertad de trabajo; ni a quien cometa actos de violencia contra las personas y los bienes. Todos estos casos patológicos quedarán fuera de la protección del derecho de huelga y harán caer sobre los infractores las sanciones que la ley prevé. La correlación de las disposiciones de los arts. 43, 1109, 1113 y concs. del Cód. Civil contempla la responsabilidad solidaria que corresponde declarar en el caso. (Cám. de Apel. Civ. y Com. Gral. Roca, Río Negro, 17/10/1990, “Operaciones Especiales Argentinas S. A. c/Sindicato Petrolero Neuquén y otro”).
b) Huelga como caso fortuito o fuerza mayor.
53. Aceptada la existencia de la huelga que protagonizaron empleados del Ferrocarril, como así también que los contenedores se encontraban sobre vagones al momento de producirse el movimiento. El criterio predominante en la doctrina y la jurisprudencia desde hace muchísimo tiempo, es que la huelga no constituye por sí misma fuerza mayor y por ende no exime en principio de responsabilidad por incumplimiento, si sólo es interna o parcial (conf. Baudry-Lacantinerie, t. 13, l924; Colin-Capitant, t. 2, lO; Pic, Traité de leg. ind. 426/27; Unsain, Leg. Obrera, 158/6O, cit. por Rezzónico, Luis María, "Estudio de las Obligaciones en nuestro derecho civil", pág. 1O6, edit. Ciencias Económicas, Buenos Aires, ed. 1958).
Desde antaño se encuentra aceptado que la huelga constituye un caso clásico de caso fortuito, cuando reúne las características de la figura, es decir, que el hecho imprevisible o inevitable, provoca la imposibilidad del cumplimiento. Se debe tratar entonces de una huelga de carácter general que cierra al deudor toda perspectiva de cumplimiento (Cám. Fed., J.A., t. 38, pág. 44 y l955-III, pág. 163; cit. por Llambías, J.J., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", t. I, edit. Perrot, ed. l978;). En el mismo sentido se expide Rezzónico, cuando la huelga es general o externa al establecimiento o empresa del obligado ("Estudio de las Obligaciones en nuestro derecho civil", pág. 106, edit. Ciencias Económicas, Buenos Aires, ed. 1958). En el supuesto de autos, se presenta justamente este último caso, en tanto no se trata de un movimiento de fuerza en la empresa demandada sino en otra empresa ajena -en el caso ferrocarriles-, que, por lo demás, produjo una paralización total y fue declarada ilegal. Además, ocurrió durante el lapso que contempla el reclamo de la parte actora. (CNACyCF, Sala 2, 30/06/2005, “ELMA S.A. c/Facca S.R.L. s/daños a contenedores/demora en la devolución”).
54. El paro de actividades que comenzó a las 12.00 horas del día 23 de noviembre último no puede ser calificado de imprevisible, pues fue profusamente anunciado por los medios periodísticos, de modo que no es posible admitir que el ciudadano medio pueda haberse visto sorprendido por la medida de fuerza. El inicio de la huelga tuvo lugar cuando habían transcurrido tres cuartas partes del horario en que los tribunales atienden al público, de modo que - empleando una razonable diligencia- los litigantes pudieron aprovechar esa jornada para cumplir sus actividades, al menos en forma parcial. a ello se suma el principio -pacíficamente sustentado por la doctrina- que señala que la suspensión debe ser impetrada antes del cumplimiento del término, porque una vez fenecido este no es posible disponer suspensión o interrupción alguna (conf. Falcón, e.m., "Código Procesal", t. ii, p. 115; Fenochietto, c.e., "Código Procesal", t. 1, p. 559; Morello, a.m. y otros, "Códigos Procesales", 2ª ed., t. II.b, p. 876 y jurisprudencia allí citada). No obstante, a pesar de haber tenido la posibilidad de observar esa regla -pues sin descontar día alguno, el plazo para contestar la demanda finalizaba el lunes 27 de noviembre-, la recurrente no formuló su pedido sino hasta el día 30 del mismo mes, cuando el término se encontraba vencido. Existe otro elemento de juicio -no menor, por cierto- para decidir la cuestión, y es la total ausencia de razones que permitan determinar la real incidencia que tuvo la huelga en el sub examen. La apelante ni siquiera menciona cual o cuales habrían sido los obstáculos concretos que debió enfrentar con motivo del paro, sino que se limita a formular alegaciones genéricas acerca de la falta de transporte e intimidaciones, aunque sin relacionarlas en forma directa con las tareas y actividades que debió llevar a cabo para contestar el traslado de la demanda en forma oportuna. En tales condiciones, careciendo completamente de elementos de convicción que autoricen a sostener la existencia de una relación directa entre la huelga y la oportunidad en que la codemandada contesto la acción, no corresponde admitir la solución excepcional postulada. (CNACyCF, Sala 2, 18/04/2001, “Agencia Marítima Silversea S.A. c/Prop. y/o Arm. Bq. Itacuru s/abordaje”) 55. Marienhoff sostiene que la huelga "puede constituir un caso de fuerza mayor si fuere totalmente exterior o ajena al contratante, es decir, si éste no sólo no dio lugar o no la facilitó, sino además, si efectuó todos los esfuerzos conciliatorios que razonablemente
pueden exigírsele; además, debe constituir un impedimento insuperable para el obligado, siendo por esto que la huelga debe tener carácter 'general', abarcando todo un gremio, produciendo en la rama de la respectiva industria una paralización total...". (CSJ Santa Fe, 03/12/2003, “Empresa 9 de Julio S.R.L. c/Municipalidad de Rosario s/recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción”)
a) Huelga y despido. 56. En cuanto al despido de los demás incidentistas presentados en autos, la fallida manifestó que, a raíz del paro de actividades operado los días 13 y 14 de octubre de 1997, el distracto laboral de éstos fue también con justa causa, como prescribe el art. 242 de la L.C.T.
Debe ponerse de manifiesto que la abstención laboral es un derecho garantizado constitucionalmente, y para ser causa de un despido, debe haberse configurado una injuria de entidad tal que impida la normal consecución del contrato laboral. Dicho en otras palabras, para que la huelga constituya justa causa del distracto laboral, debe el hecho traer aparejado la pérdida de confianza en el trabajador, cuestión no dilucidada en la causa. La incumbencia del "onus probandi" de la causa invocada para justificar el despido, recae en el empleador. Por otra parte, no dejo de observar la calificación que el dictamen emanado de la Subsecretaría de Trabajo, Delegación de La Matanza, efectuó en relación a la calificación de la huelga y que fuera mencionado por la a quo en la sentencia recurrida. Consecuentemente, considero procedente hacer lugar a la verificación por despido de los incidentistas en los términos del art. 245 de la L.C.T. (CNACom., Sala C, 20/03/2009, “Vázquez Gil y Cía. S.A. s/quiebra s/inc. de verif. de créd. por Oviedo María Adán y otros”)
a) Huelga y salarios en el sector público.
57. Procede desestimar la acción de amparo incoada por la Asociación Judicial Bonaerense contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tendiente a anular la resolución de la Suprema Corte Provincial que redujo los salarios de los trabajadores judiciales que ejercieron el derecho constitucional de huelga, pues, no puede considerarse que la falta de pago de los días no trabajados configure una alteración sustancial del referido derecho que pueda estimarse lesivo del mismo (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, 24/04/2008, “Asociación Judicial Bonaerense c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires”).
58. Corresponde ordenar, con carácter cautelar, que la Provincia de Buenos Aires se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que afecte la percepción íntegra de los salarios del sector docente que participó de las medidas de fuerza realizadas por las entidades gremiales accionantes, ya que se encuentra prima facie acreditada la vulneración al derecho de huelga reconocido en el art. 39 inc. 2 de la Constitución Provincial, en tanto se dispuso una detracción patrimonial de las remuneraciones de los docentes sin sustento formal ni jurídico.
La legalidad de los descuentos compulsivos en los haberes del personal docente que participó de varias medidas de fuerza se encuentra legítimamente controvertida por las entidades gremiales accionantes, puesto que su admisión implicaría la supresión del derecho de huelga, sin que se aprecien justificadas sus razones mediante el dictado del acto administrativo que habilite dicho accionar. (Juzg. 1ª Inst. en lo Cont. Adm. Nº. 1 de La Plata, 19/12/2006, “Federación Educadores Bonaerenses y otro c/Provincia de Buenos Aires”)
59. La participación de un empleado administrativo en una medida de fuerza, torna procedente los descuentos efectuados por la Administración pública sobre su remuneración mensual, en razón de los días no trabajados, dado que se encuentra acreditado que no pertenecía al sector en conflicto y su adhesión a la medida lo fue con fines de solidaridad y apoyo, sin que a ello obste la circunstancia de haber asistido a su lugar de trabajo, pues la falta de prestación de servicios releva a la administración de pagar salarios.
Siendo que la medida de fuerza de la cual participara el trabajador fue adoptada con asistencia a los lugares de trabajo, resulta improcedente el descuento del suplemento por presentismo, pues para su percepción es condición indispensable la asistencia y puntualidad en el período tomado como base, circunstancia acreditada en la especie.
El complemento no remunerativo descontado a un trabajador por su adhesión a una medida de fuerza debe ser proporcional a los días no trabajados, incluso cuando las propias partes admiten que el mismo integra la remuneración normal, mensual y habitual.
Resulta improcedente descontar al trabajador los habares por los días que participó de una medida de fuerza, dado que se afecta el derecho de huelga que le asiste, pues se encuentra acreditado que se solidarizó con sus colegas, así como la ausencia de declaración de ilegalidad de las medidas adoptadas y la participación de la asociación gremial (del voto en disidencia del doctor de Mattía). (Cám. Cont. Adm. Nº 1 Santa Fe, 13/06/2006, “Kappes, Bernardo J. c/Municipalidad de Esperanza”) 60. Corresponde hacer lugar a la acción de amparo colectivo interpuesta por asociaciones sindicales, ordenando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de efectivizar cualquier acto o hecho que, como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas por el sector docente, afecte la percepción íntegra de los salarios; toda vez que la verosimilitud en el derecho invocado se encuentra acreditada por hallarse conculcado el derecho de huelga reconocido por el art. 39, inc. 2° de la Constitución Provincial, disponiendo una detracción patrimonial en los salarios sin sustento formal y jurídico, dado que no se ha dictado ningún acto administrativo que habilite dicho accionar, y sin haber agotado las instancias de negociación colectiva conforme lo prevé el art. 39, inc. 4° de la misma Constitución. Resulta procedente la acción de amparo colectivo interpuesta, en cuanto pretende que se ordene al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires abstenerse de efectivizar cualquier acto o hecho que -como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas por las entidades sindicales docentes- afecte la percepción íntegra de los salarios del sector; toda vez que el peligro en la demora se encuentra configurado por la índole alimentaria de los haberes afectados por los descuentos que mediante esta acción se impugnan y atento a que la importante función que cumple la retribución salarial trasciende las fronteras del derecho estrictamente patrimonial, en cuanto su limitación agravia la dignidad del individuo, al impedirle el goce pleno de los derechos que le aseguren un nivel de vida adecuado para su subsistencia y la de su grupo familiar (Juzg. 1ª Inst. en lo Cont. Adm. Nº. 1 de La Plata, 27/07/2005, “Sindicato Unificado de la Educación –Suteba- y otro c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires”)
DICTAMENES DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
a) Huelga y servicios esenciales.
61. La resolución materia de recurso, dictada como consecuencia de las medidas de fuerza anunciadas para los días 23 y 24 de noviembre de 2000 por la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), el Movimiento de Trabajadores Argentinos (M.T.A.) y la Central de Trabajadores Argentinos (C.T.A.), resolvió calificar como servicios esenciales, entre otras, a las siguientes actividades: transporte público de pasajeros (ferroviarios, aéreos, subterráneos, transporte automotor de corta y larga distancia), transporte de cargas, transporte de combustibles, transporte y suministro de gas, servicios de correos, servicios de recolección de residuos, administración de justicia, servicios portuarios y servicio de clearing bancario.
En el caso que se analiza, las restricciones impuestas por el acto cuestionado al ejercicio del derecho en huelga, en lo que se refiere al servicio público de transporte, se adecuaron a las previsiones de la Organización Internacional del trabajo y a la normativa interna (ley 25.250 y decreto 843/00) , al tiempo que también ha expresado dicha resolución las razones que justificaron su dictado; todo lo cual debe llevar a descalificar el vicio de falta de motivación que le atribuyen las quejosas y desestimar, por consiguiente, el recurso jerárquico que articularan. (P.T.N., Dictamenes 242:433, 03/09/2002)
62. Corresponde sobreseer en orden al delito de usurpación a los trabajadores que, en el marco de un conflicto laboral, habrían tomado en forma pacífica el establecimiento de la empleadora pues, visto que la turbación de la posesión de un bien realizada en una protesta laboral no resulta arbitraria en los términos del artículo 2469 del Código Civil, debe concluirse que la conducta investigada no encuadra en la figura del artículo 181 del Código Penal. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 6ª, 23/06/2008, “Bavio, Soledad y otros”)
63. La ocupación de una fábrica es ilegítima, aun en la hipótesis de que los obreros tuvieran la razón y la empresa no. En el orden jurídico vigente no existen derechos absolutos, por lo que la concesión específica del derecho a huelga con jerarquía constitucional no es obstáculo para la sanción de tipos de conductas que importen extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho. El texto constitucional no justifica la comisión de todos los delitos comunes en el curso de los movimientos huelguísticos.
Si los trabajadores que ocuparon la empresa realizaron actos de posesión, administración y disposición de las materias producidas que en ella, no puede establecerse que su tenencia fuera a título de simple o pacífica "medida de fuerza laboral".
Por ello, aun sin dejar de reconocer las circunstancias personales de los trabajadores y su condición social, debe confirmarse su procesamiento en orden al delito de usurpación. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 7ª, 09/11/2004, “Righini, Juan C.”)
b) Usurpación en concurso con otros delitos.
64. Corresponde procesar como coautores del delito de usurpación en concurso ideal con los delitos de daño y privación ilegal de la libertad, a aquellos delegados gremiales que habrían ingresado en forma furtiva a un establecimiento, impidiendo el egreso a los empleados que se encontraban prestando tareas y dañando las maquinarias de la empresa pues, el referido proceder importó un exceso en el ejercicio del derecho de huelga en cuanto, privó a los propietarios de la disposición de las instalaciones fabriles e impidió a los trabajadores continuar con su trabajo y retirarse del lugar cuando así lo decidieran. La ocupación permanente de las instalaciones de la empresa y la retención de mercaderías no puede considerarse justificada por el ejercicio del derecho de huelga. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 7ª, 22/10/2007, “Siri, Luis Alberto y otros s/rec. de apel.”)
65. La conducta del imputado, consistente en el ingreso furtivo en la planta en la que trabaja y en la que se desempeña como delegado gremial, impidiendo el normal funcionamiento de las maquinarias, causando daños en las instalaciones de la empresa y conminando a cesar en sus tareas a los empleados dispuestos a acatar la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y a concurrir a una asamblea, mediante amenazas e intimidaciones e impidiéndoles egresar del lugar, importó un abierto exceso en el ejercicio del derecho de huelga —art. 14 bis, Const. Nacional—, en cuanto conculcó las garantías consagradas en los arts. 14 y 17 de la Carta Magna. El derecho colectivo de los trabajadores de reclamar ante sus empleadores —art. 14 bis, Constitución Nacional— no se encuentra en situación de prevalecencia respecto de los derechos de propiedad, de inviolabilidad del domicilio y de transitar o trabajar libremente —arts. 14, 17 y 18, cuerpo normativo citado—.
Corresponde confirmar el procesamiento del encartado en orden a los delitos de usurpación en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, en concurso real con el delito de daño, pues la ocupación permanente de las instalaciones de la empresa, la retención de mercaderías, maquinarias y herramientas, la coacción sobre los demás trabajadores y los daños constatados no pueden entenderse justificados por derivar del ejercicio de un derecho de raigambre constitucional. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 7ª, 22/10/2007, “Rivero, Nicolás”)
c) Intimidación pública y amenazas coactivas – grupos no sindicales.
66. El reclamo planteado por trabajadores desocupados, o piqueteros, cuya finalidad era la de exigir la creación de nuevos puestos de trabajo en el marco de un conflicto sindical de los empleados de una empresa de subterráneos no resulta subsumible en un supuesto de intimidación pública —art. 211, Cód. Penal—, ya que no se dieron voces de alarma, ni se amenazó con la producción de delitos de peligro común, ni se emplearon medios que se utilizan a ese fin.
No configura amenaza coactiva —art. 149 bis, Cód. Penal— el reclamo efectuado por personas desocupadas —piqueteros— dirigido a obtener puestos de trabajo, impidiendo la venta de pasajes en el marco de un conflicto sindical de empleados de subterráneos, ya que, si hubiera sido desarrollado por trabajadores no sería visto como delito, sino como el pleno y legítimo ejercicio del derecho de huelga, y, por ende, si para aquel que tiene trabajo es visto de esta manera, también tiene que serlo para quien lo reclama del modo en que se lo hizo. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 1ª, 25/10/2005, “Sandoval, Rodolfo R.”)
d) Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación.
67. Configura el delito previsto en el art. 194 del Cód. Penal la conducta de quienes intervinieron en el incendio de diversos elementos colocados sobre las vías del tren para impedir su paso, cualquiera haya sido el tiempo que duró dicho impedimento, pues se trata de una infracción material o de resultado, dolosa, y se consuma al impedirse o frustrarse el normal funcionamiento del transporte o servicio, sin que la brevedad del lapso de la interrupción haga que tal conducta deje de constituir la repudiada por la ley (del voto del doctor Tragant). El tipo penal del art. 194 del Cód. Penal constituye una norma cuya razonabilidad genérica parece estar más allá de todo análisis, y su aplicación al caso de quienes intervinieron en el incendio perpetrado para impedir el paso de un convoy ferroviario no puede ser desechada sin más, en tanto protege derechos constitucionales de tanta entidad como el de transitar libremente -elemento esencial de la libertad-, ni menos aún afirmar su desuetudo, que dejaría sin protección el citado derecho constitucional (del voto del doctor Tragant). El art. 191 del Cód. Penal, en cuanto reprime a quien emplea cualquier medio para entorpecer la marcha de un tren o hacerlo descarrilar, ocasionando un peligro común, no requiere para su configuración que la detención o entorpecimiento del tránsito ferroviario se prolongue por determinado período de tiempo, sino que basta con que el agente despliegue cualquier medio tendiente a provocar que dicha situación se materialice -en el caso, intervención en el incendio de ciertos elementos colocados sobre las vías férreas-, aun de manera efímera, para que el delito se consume (del voto del doctor Riggi). (C. Nac. Casación Penal, Sala III, 23/04/2004, “Alais, Julio A. y otros s/rec. de casación”)
68. No puedo afirmar, bajo ningún concepto que la acción que en principio se les imputa a P., F. y D. G., pueda subsumirse en tipo penal que protege la seguridad de los medios de transporte, porque el impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte público, no puede limitarse sólo a estar parados en las vías, como en el caso, impidiendo la circulación de un convoy, cuando detrás de ese hecho existe un reclamo laboral como propósito primigenio y cuya única finalidad es que sus reclamos sean escuchados.
Fallar en esta dirección es simplemente juzgar una conducta sobre la base de una estricta limitación que me confiere mi función. (Del voto de la Dra. López González, al que adhiere la Dra. Garrigós de Rebori).
La modalidad con la que se llevó adelante el reclamo, esto es, descender a la vías, formar barricadas, etc., se vio desnaturalizada desde el momento en que otros empleados de la empresa prestataria se disponían a brindar un servicio de emergencia, siendo que el accionar descripto les vedó, a aquellos, la posibilidad de ejercer su derecho constitucional a trabajar, como así también a los usuarios el de transitar libremente (ver fs. 1/2, fs. 7, fs. 22/23, fs. 47 y fs. 48/49).
Además, considero que los bienes jurídicos penalmente tutelados son un límite al ejercicio del derecho de huelga, por cuanto se trata de conductas que el legislador consideró reprochables y merecedoras de castigo, y desde el momento en que están destinados a dar protección a otros derechos de igual jerarquía, garantizados, asimismo, por nuestra Carta Magna. (Del voto en disidencia del Dr. Pociello Argerich). (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 5ª, 27/08/2009, “P., N. R. y otros”)
69. La prueba incorporada al legajo permite tener por acreditado que los encartados interrumpieron el servicio de subterráneos cuando descendieron a las vías férreas en el marco de un conflicto gremial que mantenían con la empresa "Metrovías S.A.", por el cual exigían un aumento de sus salarios.
La medida no fue sorpresiva, sino que, por el contrario, se adoptaron una serie de recaudos -por la propia empresa y por la compañía de seguridad- a fin de que sepan los usuarios lo que estaba ocurriendo. Ese reclamo planteado por los imputados que, como delegados gremiales prestan servicio en la empresa mencionada, y que fuera canalizado a través de una huelga, resulta legítimo, por cuanto constituye un ejercicio regular de los derechos constitucionales consagrados en el art. 14 bis de la ley fundamental y art. 8, inc. 1 apartado d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incorporados por el art. 75, inc. 22 de la C.N., quedando descartado el tipo penal del art. 194, por lo que corresponde su desvinculación de este proceso. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 1ª, 04/07/2007, “Fontes Rodríguez, Andrés A.”)
e) Violación de domicilio y daño.
70. Corresponde procesar como coautores de los delitos de violación de domicilio y daño a los dirigentes gremiales que, en el marco de una protesta sindical, ingresaron por la fuerza a las dependencias de varias entidades financieras y dañaron la propiedad privada, ya que dicho proceder importó un abierto exceso en el ejercicio del derecho de huelga consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, siendo por ende pasible de adecuación típica. El empleo de violencia so pretexto de un estado de conflicto gremial, los daños ocasionados a los bienes de las entidades empleadoras y el cercenamiento de los derechos de exclusión en resguardo de la propiedad resultan incompatibles con el legítimo ejercicio del derecho a huelga. Toda vez que entre todos aquellos que se condujeron por fuera de la protección legal del derecho de huelga existió tanto la decisión común de desplegar las acciones desvaloradas como así también la manera conjunta de llevarlas a cabo, deben tenerse por satisfechos los aspectos objetivo y subjetivo de la coautoría funcional. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 7ª, 21/05/2007, “Calfat, Claudia y otros”) f) Estado de necesidad. 71. Las posiciones gremiales sostenidas ante la requisitoria periodística, ante las autoridades policiales y ante la intervención notarial, demuestran que los delegados y los dirigentes de los obreros eran plenamente conscientes de la presión que estaban ejerciendo a través de actos perturbadores de la normal actividad de la planta fabril ocupada. Por tal motivo no estamos ante una de las hipótesis de inculpabilidad previstas por el art. 34, inc. 1º del Cód. Penal. No configura "estado de necesidad" justificante en los términos del art. 34, inc. 3º del Cód. Penal, la negativa empresarial a abonar los "bonos por presentismo" y la suspensión temporaria de trabajadores en conflicto. (Cámara 2a en lo Crim. y Corr. Mar del Plata, Sala III, 07/06/1994, “Saravia, Abdul A. y otros”)
g) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación.
72. El derecho de huelga no autoriza a convertir en lícitas cualesquiera conductas de acción directa, ni obsta a sancionar los hechos que exceden el ejercicio razonable de ese derecho, o que revistan naturaleza delictuosa. (Del voto de la minoría). Aunque se considere probado el hecho de que no se podía salir del establecimiento, la significación jurídica de ello escapa a la parcela controlada por el art. 158 del Cód. Penal, que tampoco contempla a nivel de tipo el abucheo reprochador ante la falta de adhesión a la huelga (Del voto de la mayoría). (C. Crim. y Corr. Morón, Sala II, 28/06/1994, “Lombardía, José R. y otro”)
73. Del procesamiento decretado respecto de Bárbara E. Browne: En primer término es preciso señalar que dicho temperamento fue adoptado respecto del hecho ocurrido el 10/2/2006, alrededor de las 16:00 cuando la imputada habría amenazado a Ángela M. de las Mercedes González mientras ésta se encontraba en el sector del vestuario del "Buque Casino Estrella de la Fortuna" ubicado sobre la calle Elvira Rawson de Dellepiane, dársena sur del Puerto de Buenos Aires.
Dicho suceso habría tenido lugar en el marco de un conflicto sindical en el que la acusada, mientras participaba como manifestante, le habría referido a González "si te cambiás, atenete a las consecuencias, ya sabes lo que te va a pasar", para luego empujarla y expresarle "con vos y los de la caja está todo mal".
Los elementos que surgen del análisis de las constancias del sumario conforman un panorama que permite dar crédito a los dichos de la denunciante pues la conducta de la acusada habría sido desplegada en un contexto lo suficientemente intimidatorio para forzarla a adherir a la medida sindical que se llevaba a cabo e imposibilitar a la denunciante de actuar de manera independiente. (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4ª, 22/09/2008, “Browne, Bárbara y otro”)
74. Por huelga (art. 158 CPen.) se entiende un abandono colectivo del trabajo hecho voluntariamente por los obreros, que puede ser general o parcial, temporaria o por tiempo indefinido, producida ya o en preparación. Los sujetos activo y pasivo de este delito no pueden ser sino obreros; si quien ejerce la violencia no es un obrero, no corresponderá la aplicación de este artículo de la ley sino de las incriminaciones comunes que puedan corresponder, según el resultado de su conducta. Autor sólo puede ser el obrero, el que realiza tareas en relación de dependencia, y cuando falta la calidad mencionada en el sujeto activo o en el pasivo, puede estarse ante otros delitos contra la libertad. Si los hechos son atribuidos a los integrantes del Sindicato de Camioneros, que no tienen la calidad requerida y actuaron en una empresa que no se encontraba en huelga, no puede encuadrarse el actuar en el delito previsto por el art. 158 CPen. Por ello, corresponde que continúe interviniendo el juzgado de instrucción. (C. Nac. Crim. y Corr., sala 7ª, 19/10/2004, “Zenklusen, Jorge y otros”)
h) Turbación de la posesión.
75. La tipicidad de la conducta endilgada, requiere que el autor siempre deba realizar actos materiales en relación al uso y goce del inmueble, vale decir, contra el "corpus" posesorio, que, correlativamente, sin despojar al poseedor, restrinjan su uso y goce por éste; supuesto que si aun no puede desecharse, procede revocar la resolución que sobreseyó a los imputados (del voto del Dr. González Palazzo, al que adhirió el Dr. Gerome). (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4ª, 15/11/2002, “Alcaraz, Luis R. y otros”)
76. No cabe, entonces, admitir que terceros en relación o no de dependencia laboral con la empresa poseedora, efectúen en instalaciones de la misma asambleas permanentes u otros actos de fuerza contraviniendo la voluntad de los legítimos representantes de aquélla; menos aún, que con la mera resistencia a moverse (lo cual ya es una obstaculización física) y hasta con expresiones verbales amenazantes apontocadas en la fuerza del número de personas, impidan a fleteros o camioneros autorizados por la empresa a cargar productos o a mover efectos pertenecientes a esta última.
Actos de esa índole no son compatibles con el funcionamiento normal de la planta, como parece deducirlo el Dr. D. la C. cuando niega la turbación y aduce que los empleados administrativos y el personal de vigilancia continuaban trabajando (f. 206 vta.). Tampoco se trata de que la fábrica haya o no podido operar, sino de que en sus espacios e instalaciones imperara o no la voluntad y la acción de los agentes de la empresa con la amplitud acordada por el art. 9 de la Constitución bonaerense y los arriba citados artículos del Código Civil, aún felizmente vigentes.
Los descriptos actos e inconductas reunieron, por su naturaleza y sus efectos, las condiciones físicas, morales y conceptuales inherentes a una prolongada y violenta turbación posesoria, sancionada penalmente por la norma del art. 181 inc. 3 CP. (C. Crim. y Corr. Mar del Plata, Sala 3,ª 07/06/1994, “S., A. A. y otros”)
a) Huelga y salarios. 77. No corresponde, a fin de suplir el requisito del presentismo exigido por las reglamentaciones vigentes para el pago de las asignaciones familiares, considerar como trabajados los días que el personal de la empresa cumplió con un cese de actividades y que, pese a no mediar declaración de ilegalidad, la empleadora no le abonó los salarios correspondientes y, por ende, no hizo la contribución de ese período al fondo común que administra la caja de asignaciones familiares. Admitir lo contrario significaría perjudicar indebidamente el fondo solidario. (CNASS, Sala 3ª, 26/04/1993, “S.A. Córdoba Del Tucumán A.I. y C. c/C.A.S.F.P.I. s/seguridad social”)
b) Huelga como caso de fuerza mayor para el deudor provisional.
78. Con respecto a los terceros ajenos a la relación de trabajo la huelga debe ser considerada como una situación de fuerza mayor. Por ello, el deudor previsional debe ser exculpado de la morosidad en que incurrió para sus pagos en la materia, si ello fue producto de una huelga bancaria que afectó la gestión de las cámaras compensadoras de cheques bancarios del Banco Central. (CNASS, Sala 1ª, 12/08/1996, “Encyclopedia Británica de Argentina c/Dirección General Impositiva”)
79. Resulta improcedente la deuda previsional determinada en virtud del atraso en el depósito de aportes, si el día del vencimiento la firma impugnante envió a un empleado para efectuar dicho depósito, y éste al encontrarse con un paro de empleados bancarios introdujo el cheque en el buzón para clientes del banco, ya que la circunstancia de que el dinero depositado haya ingresado a la cuenta del organismo previsional recién al día siguiente, no puede imputarse a la culpa del depositante.
La situación de huelga de los dependientes del establecimiento bancario excusa al deudor previsional de la mora en el pago de los aportes y contribuciones. No puede olvidarse, en tal sentido, que la empresa es libre de planear su giro financiero en la entidad que escoja y no tenía por qué saber que el personal del establecimiento iba a adoptar una medida de fuerza cuya existencia autoriza la aplicación de los arts. 513 y 514 del Cód. Civil. (CNASS, Sala 3ª, 20/02/1992, “S.Y.F. Trachter e Hijos S.R.L. c/Dirección Nacional de Recaudación Previsional”) :: Asóciese :: Contáctenos

References: resolución 
 artículo 242
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 48
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2469
 artículo 181
 resolución