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Timestamp: 2018-06-23 09:59:43+00:00

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Proceso n.º 31238 corte suprema de justicia
CASACIÓN N° 31238
ABRAHAM JOSÉ SERRANO PRADOS
Proceso n.º 31238
Alcance del artículo 34 de la Ley 600 de 2000.
La disposición regula dos eventualidades distintas relacionadas con la caducidad de la querella. La primera, cuando el querellante legítimo se entera acerca de la comisión del punible en la misma fecha de su ocurrencia. Y la segunda, cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito le impiden conocerla en ese momento. Para el primer evento, el precepto determina que la querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes. Respecto del segundo, dispone que “el término se contará a partir del momento en que aquéllos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a un (1) año”.
Los diversos segmentos de un precepto -ello es claro- no pueden examinarse aisladamente, sino en función de la figura que allí regula. Para el caso, el mencionado artículo se intitula “caducidad de la querella” y, en efecto, su contenido versa sobre la oportunidad en la cual debe ésta presentarse, so pena de operar su caducidad.
Para facilitar la comprensión de lo dicho, se mencionan los siguientes ejemplos: i) Si el conocimiento se obtiene a los dos meses de ocurrida la conducta delictiva, el interesado cuenta con seis (6) meses más para presentar la querella, es decir, en total ocho (8) meses; ii) Si el conocimiento se obtiene a los seis (6) meses, tendrá otro tanto para promover la acción penal; iii) si el perjudicado conoce el delito a los diez (10) meses de cometido, tendrá tan sólo dos (2) meses para activar la jurisdicción; iv) finalmente, si la ocurrencia del ilícito llega a su conocimiento después de transcurrido un (1) año de perpetrado, habrá en ese caso operado el fenómeno de la caducidad de la querella.
La anterior hermenéutica se corrobora si se examinan los antecedentes legislativos relacionados con la caducidad de la querella. En efecto, el artículo 24 del Decreto 050 de 1987 (Código de Procedimiento Penal de ese año) disponía que la querella debía presentarse dentro del término de seis meses, contados a partir de la comisión del hecho punible. El estatuto procesal que sucedió a dicha codificación (Decreto 2700 de 1991), en su artículo 32 amplió ese término, en cuanto estableció que dicho requisito de procedibilidad debía cumplirse dentro del lapso de un (1) año.
Recuérdese que “la querella es la solicitud que el ofendido o agraviado con la conducta punible formula en contra del autor del comportamiento, como condición necesaria de procesabilidad prevista por el legislador en relación con determinados tipos penales, porque considera que en ciertos específicos casos debe primar la voluntad de la víctima del ilícito, cuyo interés podría verse vulnerado en forma más grave con la investigación que sin ella. Por ello, en tales eventos el legislador restringe la facultad investigativa del Estado, condicionándola a la previa formulación de la querella como medio de protección de dicho interés personal1.
Se precisa lo anterior por la eventual favorabilidad que pudiera aducirse en este caso con relación a la regulación establecida en la Ley 906 de 2004 sobre la caducidad de la querella. A este respecto, la jurisprudencia de la Sala tiene consolidado el criterio según el cual la querella tiene unos efectos procesales y otros sustanciales, refiriéndose los primeros a su condición de presupuesto para la iniciación de la acción penal, mientras los segundos a las situaciones que impedirían la declaración de responsabilidad de una persona y la consiguiente imposición de sanción, como es el caso del desistimiento, la conciliación o la indemnización integral2.
Desde luego, el principio de favorabilidad solamente resulta aplicable en el caso de los efectos sustanciales, como cuando iniciada la actuación procesal una ley posterior atribuye al delito naturaleza querellable, caso en el cual el proceso podría terminar por desistimiento, conciliación o indemnización integral, no así si se trata de los efectos procesales, porque “cuando la ley señala como condición de procesabilidad la querella en relación con algunas conductas punibles -entre ellas la de aprovechamiento de error ajeno, objeto de pronunciamiento en este caso- y que la misma sea promovida dentro de un lapso determinado, este término no puede a posteriori y en virtud de una nueva normativa ser sustituido para reputar retroactivamente una extemporaneidad o caducidad concurrente, como que los supuestos que la hacen viable sólo deben ser apreciados en el momento en que la querella se promueve”3.
No obstante, encuentra la Sala que la voluntad del legislador no fue cambiar la regulación establecida en la Ley 600 de 2000, sino continuar con la distinción que en esta última se estableció. En esas condiciones, para dar coherencia al artículo 73, acatar la intención que animó su redacción y hacer viable su aplicación, ha de entenderse –criterio que entonces prohija la Corte- que dicha norma realmente fijó en un (1) año el término máximo en el cual resulta oportuno presentar la querella, contado desde la comisión del delito, cuando la víctima conoce de su ocurrencia con posterioridad.
Con ocasión de las lesiones sufridas en accidente de tránsito cuando se movilizaban en un bus de la empresa TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A. (BERLINASTUR S.A.), Néstor Camacho Jiménez, María Inés Zabala Rodríguez y ellos a su vez en representación de Yolanda Camacho Zabala, otorgaron poder al abogado ABRAHAM JOSÉ SERRANO PRADOS para que iniciara el respectivo proceso de reclamación de perjuicios por la vía ordinaria en lo civil contra la mencionada sociedad, actuación que le correspondió tramitar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad de Bucaramanga.
Los once millones a cargo de la firma transportadora fueron entregados al abogado ABRAHAM JOSÉ SERRANO PRADOS, en su condición de apoderado de los demandantes, de la siguiente forma: i) la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), mediante cheque 007823236 del Banco de Bogotá, consignado el 20 de diciembre ulterior en la cuenta No. 2951-29961 del Banco Granahorrar y ii) la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), mediante cheque 03784035 del Banco Colpatria, consignado el 15 de enero de la anualidad siguiente, en la misma cuenta a nombre de SERRANO PRADOS.
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de la capital santandereana, mediante auto del 17 de mayo de 2002, no aceptó la transacción, motivo por el cual el apoderado de la demandada interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio apelación. El primero lo resolvió el mencionado despacho el 2 de julio siguiente no reponiendo la decisión y, el segundo, lo fue por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad el 1° de noviembre posterior, en el sentido de aprobar el acuerdo transaccional.
En desarrollo de esta diligencia, ante el requerimiento del querellante en el sentido de que le fuera entregada la suma de $16.000.000 producto de la transacción celebrada en el proceso ordinario civil, ABRAHAM JOSÉ SERRANO PRADOS manifestó “estar de acuerdo con la propuesta del señor Néstor Camacho y que tales dineros le serán entregados en un lapso de cuarenta y cinco días toda vez que se deben llevar a cabo diferentes trámites para lograr el giro de dichos dineros por parte de la compañía aseguradora”.
Sin embargo, como el querellado no cumplió con el compromiso asumido, por auto del 12 de septiembre siguiente se ordenó la apertura formal de instrucción, dentro de la cual se vinculó mediante diligencia de indagatoria a ABRAHAM JOSÉ SERRANO PRADOS, en contra de quien, una vez cerrada la investigación, se profirió resolución de acusación el 10 de marzo de 2005 por el delito de “abuso de confianza, consagrado en el artículo 249 del …C.P.”.
Señala el libelista que se pretermitieron las formas propias del juicio “cuando se inobservó lo previsto en forma clara por la norma de Procedimiento Penal, referido a la caducidad de la querella (art. 34 C de P.P.); máxime cuando las normas procesales son de orden público y, por ende, de estricto cumplimiento”.
Partiendo de encontrar demostrada la materialidad de la conducta atribuida al acusado, en cuanto las pruebas acreditan que recibió de la compañía BERLINASTUR S.A, producto de la conciliación realizada con esa empresa, las sumas de $8.000.000 y $3.000.000 representadas en cheques del Banco de Bogotá, que consignó en su cuenta personal los días 21 de diciembre de 2001 y 15 de enero de 2002, respectivamente, la Procuradora Delegada considera acertada la apreciación del Tribunal en el sentido de que es a partir del 2 de noviembre de 2002 cuando el demandante podía exigir jurídicamente a su apoderado la entrega del dinero recibido por concepto de la transacción.
Se muestra, de otro lado, en desacuerdo con la tesis del actor según la cual el querellante tenía conocimiento de la apropiación de los dineros aún antes de revocarle el poder al procesado, afirmación que la Procuradora Tercera considera especulativa, en cuanto carece de respaldo probatorio. Contrariamente, encuentra que el perjudicado Néstor Camacho Jiménez manifestó al ampliar la denuncia haber tenido conocimiento de los pagos apenas en el mes de enero de 2003, cuando se entrevistó con el abogado de la compañía BERLINASTUR S.A., señalamiento que encuentra respaldo en los autos del 17 de mayo y 2 de julio del año 2002, en los cuales el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga negó la transacción, “de cuyos textos no se infiere pago alguno de (sic) o cancelación efectuada a las propuestas de conciliación entre las partes del litigio”.
En su criterio, confirma el desconocimiento de los pagos el memorial presentado por el abogado Hernando Villamizar González, designado por Camacho Jiménez en reemplazo del aquí procesado después de revocarle el poder. En dicho escrito, añade, a pesar de solicitarse al juez la continuación del proceso ante la improbación de la transacción, para nada se menciona lo relativo al desembolso de dinero por ese concepto.
1) Momento de consumación del delito:
No se remite a discusión que el procesado ABRAHAM JOSÉ SERRANO PRADOS, ejerciendo como apoderado de los señores Néstor Camacho Jiménez y María Inés Zabala Rodríguez, así como de Yolanda Camacho Zabala, menor de edad representada legalmente por estos últimos, celebró en diciembre de 2001 contrato de transacción con la empresa BERLINASTUR S.A., en virtud del cual dicha empresa convino indemnizar a los demandantes por razón del accidente de tránsito provocado por un bus de esa compañía
La Corte discrepa de dicho planteamiento. Sobre el abuso de confianza, la jurisprudencia desde antaño tiene establecido que se trata de un punible de comisión instantánea, cuya consumación ocurre en el momento mismo en que el agente efectúa un acto externo de disposición de la cosa o de incorporación de ella a su patrimonio, con ánimo de señor o dueño, esto es, con animus rei sibi habendi, o como otros expresan, cuando procede uti domine4.
Tal criterio ha sido reiterado en varias ocasiones, como ocurrió con los autos del 18 de febrero de 19985 y del 16 de diciembre de 20026. En ese último se señaló lo siguiente:
No es verdad que la materialización del abuso de confianza quedó en suspenso mientras se producía la aprobación de la transacción, pues así el querellante hubiese repudiado el arreglo efectuado por su apoderado, como lo refirió aquél durante la presente actuación procesal, lo cierto es que el dinero tenía como beneficiarios a los demandantes, quienes por tanto eran los únicos legitimados para disponer del mismo, así en una eventual improbación final de la transacción estuvieran obligados a devolverlo a la empresa deudora. Tan cierto es ello que esta última bien hubiera podido aceptar su conservación por parte de los acreedores como parte de pago de la indemnización, mientras se definía el monto final.
El precedente jurisprudencial de la Sala con el cual el Ministerio Público sustenta su postura carece de esa virtud, porque se refiere a una situación basada en supuestos fácticos y jurídicos diversos a los presentados en este caso7. En efecto, si bien en dicha providencia se hizo mención a la expedición de copias del proceso civil, en cuyo marco el allí procesado (también un profesional del derecho) se apropió de la indemnización pagada al demandante, tal referencia no se hizo para prohijar la tesis según la cual el punible se consumó al producirse la expedición de dichas copias, sino para significar que fue en ese momento cuando el afectado tuvo conocimiento de la comisión del delito.
2) Alcance del artículo 34 de la Ley 600 de 2000 y su aplicación en este caso:
Recuérdese que “la querella es la solicitud que el ofendido o agraviado con la conducta punible formula en contra del autor del comportamiento, como condición necesaria de procesabilidad prevista por el legislador en relación con determinados tipos penales, porque considera que en ciertos específicos casos debe primar la voluntad de la víctima del ilícito, cuyo interés podría verse vulnerado en forma más grave con la investigación que sin ella. Por ello, en tales eventos el legislador restringe la facultad investigativa del Estado, condicionándola a la previa formulación de la querella como medio de protección de dicho interés personal8.
Se precisa lo anterior por la eventual favorabilidad que pudiera aducirse en este caso con relación a la regulación establecida en la Ley 906 de 2004 sobre la caducidad de la querella. A este respecto, la jurisprudencia de la Sala tiene consolidado el criterio según el cual la querella tiene unos efectos procesales y otros sustanciales, refiriéndose los primeros a su condición de presupuesto para la iniciación de la acción penal, mientras los segundos a las situaciones que impedirían la declaración de responsabilidad de una persona y la consiguiente imposición de sanción, como es el caso del desistimiento, la conciliación o la indemnización integral9.
Desde luego, el principio de favorabilidad solamente resulta aplicable en el caso de los efectos sustanciales, como cuando iniciada la actuación procesal una ley posterior atribuye al delito naturaleza querellable, caso en el cual el proceso podría terminar por desistimiento, conciliación o indemnización integral, no así si se trata de los efectos procesales, porque “cuando la ley señala como condición de procesabilidad la querella en relación con algunas conductas punibles -entre ellas la de aprovechamiento de error ajeno, objeto de pronunciamiento en este caso- y que la misma sea promovida dentro de un lapso determinado, este término no puede a posteriori y en virtud de una nueva normativa ser sustituido para reputar retroactivamente una extemporaneidad o caducidad concurrente, como que los supuestos que la hacen viable sólo deben ser apreciados en el momento en que la querella se promueve”10.
3) Caso concreto: un evento de no exigencia de querella:
Pese a la afirmación en contrario del casacionista, refulge probatoriamente claro en el plenario que el señor Néstor Camacho Jiménez conoció la comisión del delito en enero de 2003, conforme lo sostiene atinadamente el Ministerio Público en su concepto. Así se deriva de lo expuesto por el querellante en sus distintas intervenciones procesales, al declarar que el abogado siempre le ocultó haber recibido dineros por razón del proceso civil que promovió a su nombre. En particular, en declaración rendida el 7 de enero de 2005 refirió:
“Yo en el 2003 en enero fui a berlinas (sic) allá y hablé con el abogado de Berlinas y me dijo que esa plata él la había cogido, en Berlinas del Fonce de acá de Bucaramanga,… el Doctor me dijo ya se le pagó todo acá…”11.
La manifestación del señor Camacho Jiménez es convincente porque, incluso, todavía el 17 de junio de 2003, cuando se celebró audiencia de conciliación en desarrollo de la presente actuación, el procesado estaba negando haber recibido los dineros, en cuanto allí supeditó la suscripción de algún acuerdo conciliatorio a que la compañía aseguradora girara dicho capital12, situación con la cual se desvirtúa su exculpación consistente en haber enterado al querellante de su recibo pocos días después de realizado el contrato de transacción con la empresa BERLINASTUR S.A.
En efecto, en el accidente de tránsito que generó la presentación de la demanda contra la empresa BERLINASTUR S.A. también resultó lesionada la hija común de los señores Néstor Camacho Jiménez y María Inés Zabala Rodríguez, es decir, Yolanda Camacho Zabala, por cuya razón igualmente ella otorgó poder al abogado Abrahán José Serrano Prados, aun cuando lo hizo a través de sus progenitores por ser menor de edad, condición ostentada todavía cuando se consumó el abuso de confianza, como se desprende tanto de la diligencia de conciliación celebrada en el mes de diciembre de 2001, como del contrato de transacción, en cuanto en esos actos la menor actuó también a través de sus representantes legales13.
La consagración de la referida excepción en dicha normatividad tiene como fundamento la sentencia C-459 de 1995, en la cual la Corte Constitucional consideró contrario al ordenamiento fundamental exigir querella a los menores de edad, pues ello iba en contravía de sus intereses superiores, así como de la prevalencia otorgada a sus derechos, a cuya protección deben concurrir no sólo la familia sino la sociedad y el propio Estado. Sobre este particular, la referida Corporación señaló:
“Junto a la familia, ámbito privilegiado de protección del menor, la sociedad y el Estado -dispone la Constitución- , “tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno -no parcial ni condicionado, subraya la Corte- de sus derechos”. Justamente con el objeto de hacer posible el cumplimiento de la obligación de asistencia y protección que la Carta impone a la familia, a la sociedad y al Estado, “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.
En consecuencia, como en el presente caso uno de los sujetos pasivos del delito de abuso de confianza cometido por el acusado SERRANO PRADOS ostenta la condición de menor de edad, es claro que para la iniciación de la acción penal no se requería la presentación de querella. Es decir, el ilícito podía perseguirse oficiosamente.
1 Auto de 18 de octubre de 2006 Rad. 25963. En el mismo sentido, auto del 25 de abril de 2007, radicación 26902.
2 Cfr. Sentencia del 24 de abril de 2003, radicación 15820.
3 Auto del 12 de mayo de 2007, radicación 27016
 Auto del 27 de noviembre de 1980. M. P. Dr. FABIO CALDERÓN BOTERO.
5 Radicación 13982.
6 Radicación 20269.
7 Se trata del auto del 14 de noviembre de 2007, radicación 28226.
8 Auto de 18 de octubre de 2006 Rad. 25963. En el mismo sentido, auto del 25 de abril de 2007, radicación 26902.
9 Cfr. Sentencia del 24 de abril de 2003, radicación 15820.
10 Auto del 12 de mayo de 2007, radicación 27016
 Folio 73 cuaderno principal.
 Folio 5 cuaderno ídem.
 Folios 10 y 13 cuaderno ídem.

References: artículo 34
 artículo 24
 artículo 32
 artículo 73
 resolución 
 artículo 249
 artículo 34