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Timestamp: 2018-12-11 15:23:02+00:00

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Bolivia – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
Seleccione una categoríaAspectos generalesAmbito aplicaciónAdministraciones Públicas competentesDefinicionesDerechos y deberes del empresarioDerechos y deberes de los trabajadoresEvaluación de riesgosPlanificación de la actividad preventivaOrganización de la actividad preventivaAuditoríasFormaciónLocales e instalacionesConsulta y participaciónVigilancia de la saludMedidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación, riesgo grave o inminente)Coordinación de actividades empresarialesInfracciones y sancionesNotificación/investigación de AT y EEPPTrabajo de menoresTrabajadores temporalesTrabajadoras embarazadasTrabajadores especialmente sensibles y/o minusválidosTrabajadores autónomosLugares y locales de trabajoInformaciónLocales e instalaciones de incendiosInstalaciones eléctricasEspacios confinadosATEXEquipos de trabajoMáquinas específicasEquipos de protección individualManipulación manual de cargasPantallas de visualización de datosAgentes químicosAgentes físicos (ruido, vibraciones, temperatura…)Agentes biológicosAmianto, PVC, SíliceRadiaciones ionizantes/no ionizantesRiesgos ergonómicosRiesgos psicosocialesVacunacionesAsistencia sanitaria en el viaje y destinoSeguridad ciudadanaCondiciones sanitariasRiesgos meteorológicos y de condiciones naturales del país (terremotos, lluvias torrenciales…)Seguridad vialAspectos culturales y de educaciónTrámites
En Bolivia, la seguridad y salud en el trabajo es un derecho de las personas incluido en la misma Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Tal y como establece su artículo 46.1, los ciudadanos bolivianos tienen reconocido el “derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”.
Este deber irrenunciable se ha traducido con los años en la elaboración de leyes y otras normas que tienen por objeto la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores frente a los riesgos a los que está expuesto con ocasión del ejercicio de sus labores.
Se desarrollan a continuación las principales normas bolivianas en materia de seguridad y salud en el trabajo:
• Ley General del Trabajo, del 8 de diciembre de 1942: Consagra el deber de previsión por parte del empresario, la protección a la salud y vida en el trabajo, la responsabilidad patronal en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y obliga a indemnizar al trabajador cuando sea víctima de un accidente o enfermedad profesional.
• Decreto Supremo del 23 de agosto de 1943: Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo.
• Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (aprobada por Decreto Ley nº. 16998, del 2 de agosto de 1979): Se trata de la principal norma del país en materia de seguridad y salud ocupacional. En ella se establece la protección a las personas y el medioambiente, se consagra la participación tripartita, al igual que las obligaciones del empresario en materia de SST, la organización y las políticas a cargo del Ministerio de Trabajo y Salud y del Consejo Nacional Tripartito. Esta Ley tiene por objeto preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
• Decreto Supremo nº 2348, del 18 de enero de 1951, por el que se establece el Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial. Dispone obligaciones atribuibles a la gira del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, si bien sin tanta profundidad como la Ley anteriormente citada.
• Decreto Supremo del 21 de junio de 1997, por el que se aprueba el Reglamento sobre Bioseguridad, del 21 de junio de 1997: La finalidad de este Reglamento consiste en minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos de las actividades susceptibles de exponer a los trabajadores y población en general frente a los riesgos derivados de los agentes biológicos.
• Resolución Ministerial 496/04, del 3 de mayo de 2004, Reglamento para la Conformación de Comités Mixtos de Higiene y seguridad Ocupacional: Este reglamento tiene por objeto regular los mecanismos, instrumentos y procedimientos con los que deberán funcionar los Comités Mixtos de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar, creados para lograr la plena participación de empresarios y trabajadores en la solución de problemas relacionados con la seguridad y salud laboral.
• Código de la Seguridad Social (Ley del 14 de diciembre de 1956): Señala las contingencias cubiertas, el régimen de indemnizaciones y pensiones. También establece algunas obligaciones atribuibles a la figura del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo como el deber de ofrecer los primeros auxilios y la atención médica necesaria a los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral o hayan contraído una enfermedad profesional.
• Decreto Supremo nº 5315, del 30 de septiembre de 1959, por el que se aprueba el Reglamento del Código de Seguridad Social y desarrollo reglamentario de las prestaciones.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia es el ente gubernamental del país responsable de registrar los accidentes y enfermedades profesionales, ocurridos en el país.
Los últimos datos disponibles datan del año 2012. En ese año se registraron un total de 5.076 accidentes de trabajo, una cifra considerablemente por debajo de los 9.272 accidentes laborales del año anterior.
Un aspecto destacable es el bajo número de enfermedades profesionales registradas, si las comparamos con el número de accidentes de trabajo a lo largo de los años. En 2012, se produjeron un total de 162 enfermedades profesionales, siendo de 374 para el periodo de 2011.
Cabe destacar, no obstante, que las cifras proporcionadas por el Ministerio no son fiables, puesto que existe en el país un profundo problema en cuanto a la aplicación de las obligaciones relativas a la notificación de los accidentes y enfermedades profesionales a la autoridad laboral (ver apartado 19 de la presente guía), por lo que el número real de accidentes y enfermedades profesionales se presume por encima, año tras año, de los sucesos registrados en la base de datos del Ministerio.
En Bolivia, la norma de referencia en materia de seguridad y salud en el trabajo la constituye el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley de General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Su ámbito de aplicación viene dispuesto en el artículo 3 de la norma, en el que se establece que la misma es de aplicación a toda actividad en la que se ocupe a uno o más trabajadores por cuenta de un empresario, persiga o no la actividad fines de lucro. Además, la norma aplica también a las siguientes actividades:
• Las desempeñadas por parte de la Administración Pública del Estado (Gobierno Central, Gobierno Local; Instituciones descentralizadas y autónomas, Empresas y Servicios Públicos; y, en general, todas aquellas entidades públicas o mixtas existentes.
• Las actividades ejecutadas por entidades cooperativas y otras formas de organización social.
• Las desempeñadas por alumnos de un establecimiento de enseñanza o formación profesional, bajo contrato de aprendizaje o de prácticas.
• Las actividades que se desarrollen en prisiones o penitenciarías, establecimientos correccionales, de rehabilitación y readaptación ocupacional o social.
Por otra parte, quedan exceptuadas del ámbito de aplicación del Decreto Ley las siguientes actividades:
• Las realizadas por las Fuerzas Armadas y los Organismos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.
• Las efectuadas en el domicilio del trabajador (teletrabajo).
• Las efectuadas por la familia del empresario en el domicilio de éste.
En Bolivia, los principales organismos públicos de Bolivia cuyas funciones se enmarcan dentro de la disciplina de la seguridad y salud ocupacional son los siguientes:
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social: Es la máxima institución en el país en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Su misión es garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio-laborales de los trabajadores del país, promover el trabajo digno, así como erradicar paulatinamente la explotación, exclusión y discriminación laboral. El actual Plan Estratégico Institucional del Ministerio persigue 4 objetivos principales que son:
Promover y proteger las condiciones socio-laborales (ingresos dignos, acceso a la seguridad social, higiene y seguridad ocupacional) de los trabajadores y trabajadoras, servidoras y servidores públicos a nivel nacional.
Erradicar progresivamente la explotación y otras formas análogas de trabajo forzado de la población en situación de vulnerabilidad laboral y las inequidades de género en el trabajo.
Generar oportunidades de acceso al empleo digno para las y los buscadores de empleo y de la población vulnerable.
Transformar la gestión pública del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el marco de las competencias y los mandatos políticos y sociales, para prestar servicios de calidad con calidez y transparencia hacia los usuarios, beneficiarios y entidades externas.
Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial: Ente gubernamental dependiente directamente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y concebido para supervisar las condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el seno de los establecimientos del país. Los objetivos que persigue este organismo son promover políticas y acciones para asegurar una adecuada relación laboral, velando por el cumplimiento y aplicación a nivel nacional de la legislación laboral y de seguridad industrial, así como de los convenios internacionales sobre la materia. Entre su larga lista de atribuciones, destacan las siguientes:
o Cumplir y hacer cumplir las normas laborales y sociales en el marco del trabajo digno.
o Promover políticas de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; asimismo la difusión y el cumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud ocupacional.
o Coordinar, elaborar y ejecutar políticas y programas en materia de seguridad y salud ocupacional, con entidades públicas y privadas, a través del Instituto Nacional de Salud Ocupacional.
o Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar actividades, tareas técnicas y operativas bajo responsabilidad de su unidad cumpliendo con las metas de gestión establecidas.
o Regular la planificación, organización, dirección y control de las actividades en las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo en lo relacionado a la atención de las demandas laborales de los trabajadores y de salud en el trabajo, referidos al pago de beneficios sociales, horas extras y otros, migraciones laborales y presentación de planillas y salarios, seguridad industrial, accidentes de trabajo y otros en el área de su competencia.
Instituto Boliviano de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano científico técnico bajo tutela del Ministerio de Trabajo y que tiene por objeto el análisis y estudio de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, de acuerdo a su reglamentación.
o Realizar actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo;
o Elaborar normas técnicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con organismos afines;
o Elaborar las Guías Técnicas para la aplicación de los Reglamentos derivados de la Ley.
o Elaborar y supervisar los protocolos y procedimientos para los exámenes médicos pre-ocupacionales y ocupacionales, sistemáticos y obligatorios para las trabajadoras y los trabajadores, coordinando labores con los entes gestores de la Seguridad Social;
o Asesoramiento técnico a las empresas y entidades públicas y privadas, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo;
o Asesoramiento técnico y colaboración pericial necesarias, a la Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus respectivas funciones de vigilancia y control;
o Establecer un sistema de registro de accidentes y enfermedades profesionales a nivel nacional;
o Implementar un procedimiento de cálculo estadístico de accidentes y enfermedades profesionales válido para Bolivia;
o Cuantas otras le correspondan para la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En Bolivia, los principales términos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores vienen legalmente definidos en el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley de General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
El artículo 4 del Decreto Ley dispone hasta 20 definiciones que contribuyen a una mayor comprensión de la norma. Se aportan las más importantes:
• Empresario. – Es toda persona física o jurídica a cargo del control o vigilancia de las actividades realizadas en un centro de trabajo, o a cargo de cualquier empleado.
• Trabajador. – Es toda persona que presta servicios a un empresario a cambio de un sueldo, salario u otra remuneración. Entran dentro de esta definición aprendices y discípulos.
• Lugar o Centro de Trabajo. – Es todo aquel sitio donde el trabajador desarrolla sus actividades.
• Seguridad Industrial u Ocupacional. – Es el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, orientado a la protección del trabajador y de los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias. También persigue como objetivos mantener la continuidad del proceso productivo y el valor patrimonial intangible del centro de trabajo.
• Riesgo Industrial u Ocupacional. – Es un estado potencial, de origen natural o artificial, capaz de desencadenar un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
• Condición Insegura. -Es toda condición física o ausencia de norma, susceptible de causar un accidente.
• Acto Inseguro. – Se trata de una acción y /o exposición innecesaria del trabajador al riesgo, susceptible de causar un accidente.
• Accidente de Trabajo. -Es un suceso imprevisto que altera una actividad de trabajo ocasionando una o más lesiones al trabajador, así como alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y, en general, en la productividad.
• Lesión. – Es la disfunción o detrimento de una función corporal causado por un accidente o enfermedad ocupacional. Las lesiones pueden ser leves, graves o fatales.
• Lesión Leve. – Es aquella que aun siendo necesaria la aplicación de primeros auxilios o atención médica, no hace que el trabajador pierda una jornada de trabajo o más.
• Lesión Grave. – Es la que produce una incapacidad laboral que hace perder al operario una o más jornadas de trabajo.
• Lesión Fatal. – Es aquella que produce el fallecimiento del trabajador.
• Investigación de Accidente. – Es la secuencia metódica que se observa en el estudio de un accidente, teniendo en consideración las condiciones existentes previas al accidente. El proceso finaliza cuando se logran determinar las causas exactas que desencadenaron el accidente y las circunstancias que contribuyeron en mayor o menor medida a la materialización del suceso.
• Estadística de Seguridad. – Es el resultado del análisis y evaluación matemática de los datos relacionados con los accidentes y enfermedades profesionales, a fin de lograr información útil para investigar, planificar y controlar la futura actividad de la higiene y seguridad ocupacional en el seno de la empresa.
• Contaminación. – Es la adición de elementos ajenos al aire normal, o la substracción de elementos constitutivos del mismo, que alteran sus propiedades físicas y/o químicas en suficiente grado como para producir efectos constatables en el hombre, los animales, los vegetales o materiales inertes.
Las obligaciones atribuibles a la figura del empresario y concernientes a la protección de la seguridad y salud en el trabajo vienen legalmente incorporadas en el artículo 6 del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979 (Libro I, Título II, Capítulo I).
El empresario deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales en materia de SST:
• Cumplir con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos relativos a la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; reconociendo que su observancia constituye parte integrante en su actividad empresarial.
• Adoptar todas las medidas de orden técnico necesarias para la protección de la vida, así como la integridad física y mental, de los trabajadores a su cargo. Esta obligación debe primar sobre la emisión de compensaciones sustantivas del riesgo como pluses de insalubridad, remuneraciones en especie, descansos extraordinarios… que no supriman las condiciones de riesgo.
• Garantizar que los centros de trabajo a su cargo disponen de una estructura sólida y que presentan unas condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad adecuadas.
• Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las estructuras físicas, maquinaria, instalaciones y útiles de trabajo.
• Controlar que las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y otros elementos en uso reúnen sus respectivos requisitos mínimos de seguridad.
• Colocar y mantener los resguardos y medios de protección de las máquinas necesarios, así como en otro tipo de instalaciones.
• Instalar a lo largo de las dependencias del centro de trabajo los equipos necesarios para la prevención y lucha contra incendios.
• Instalar los equipos necesarios para asegurar la renovación del aire, la alimentación de gases, vapores y demás contaminantes producidos, con objeto de proporcionar un ambiente saludable al conjunto de su plantilla y a la población en general.
• Proveer a los trabajadores los equipos protectores para la respiración cuando existen contaminantes atmosféricos en los ambientes de trabajo o bien cuando la ventilación u otros medios de control no sean razonablemente viables. Dichos equipos deben proporcionar protección contra el contaminante específico y ser aprobados por el organismo de certificación competente.
• Proporcionar un nivel de iluminación adecuado que garantice que todas las actividades se desarrollan en condiciones de seguridad.
• Eliminar, aislar o reducir los niveles de ruido y/o vibraciones que puedan ser perjudiciales para la salud de los trabajadores y la población en general.
• Instalar y proporcionar medios de protección adecuados en caso de existir riesgo de radiaciones.
• Asegurar la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar los riesgos resultantes del trabajo bajo presiones atmosféricas anormales.
• Proveer y mantener la ropa de trabajo y los equipos de protección individual pertinentes para proteger a la plantilla expuesta frente a los riesgos derivados de sustancias peligrosas, lluvia y humedad, frío y calor, radiaciones, niveles de ruido, caída de materiales y otros.
• Procurar que todo equipo eléctrico o instalación que genere, conduzca o consuma corriente eléctrica, está instalado, operado, conservado y provisto de todos los dispositivos de seguridad necesarios.
• Proporcionar instalaciones sanitarias mínimas para la higiene y bienestar de sus trabajadores, mediante la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos, duchas, lavamanos, taquillas y otros.
• Evitar en los centros de trabajo la acumulación de desechos y residuos que puedan constituir un riesgo para la salud de los trabajadores, garantizando un nivel óptimo de orden y limpieza de forma permanente.
• Almacenar, depositar y manipular las sustancias peligrosas con los equipos y las condiciones de seguridad necesarias, a fin de evitar los riesgos asociados a dichas operaciones.
• Señalizar los lugares de trabajo debidamente y de acuerdo a la normativa.
• Establecer y mantener Departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional, así como servicios médicos de empresa y postas sanitarias (establecimientos de asistencia sanitaria primaria) cuando resulte necesario, conforme a los establecido en el Titulo IV, Capítulo I y II de la norma.
• Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, de acuerdo a la normativa (ver apartado 14 de la presente guía).
• Prevenir, comunicar, informar e instruir a sus trabajadores sobre todos los riesgos conocidos en el centro de trabajo y sobre las medidas de prevención que deben aplicarse.
• Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad.
• Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos laborales.
• Denunciar ante la Dirección General de Higiene. Seguridad Ocupacional y Bienestar, así como a la Caja de Seguridad Social Correspondiente, los accidentes y enfermedades profesionales, conforme a lo establecido en la normativa (ver apartado 19 de la presente guía).
• Mantener un registro estadístico y actualizado de las enfermedades y accidentes de trabajo que se produzcan en el seno de su empresa.
• Analizar e investigar los accidentes de trabajo con el objeto de evitar su repetición.
• Conocer, señalar e informar a los trabajadores sobre la composición de las sustancias que se manipulen y produzcan en el proceso industrial, así como de los riesgos que éstas conllevan.
• Mantener el registro documental de los certificados médicos de aptitud, así como las fichas clínicas del personal a su cargo.
• Mantener en el propio centro de trabajo uno o más puestos de primeros auxilios, los cuales deberán estar dotados de todos los elementos necesarios para la inmediata atención de los trabajadores enfermos o accidentados. Los puestos de primeros auxilios ubicados en empresas que estén alejadas de los centros urbanos deberán brindar también atención de emergencia a los familiares de los trabajadores.
En Bolivia, la figura del trabajador tiene también una serie de obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, viniendo éstas reguladas en el artículo 7 del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979 (Libro I, Título II, Capítulo II).
Son obligaciones de los trabajadores las siguientes:
• Cumplir las normas de higiene y seguridad contenidas en la normativa boliviana en materia de seguridad y salud ocupacional.
• Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de trabajo.
• Cumplir en el centro de trabajo con las instrucciones y enseñanzas recibidas por parte del empresario sobre seguridad, higiene y primeros auxilios.
• Previamente al inicio de sus tareas, examinar el lugar de trabajo y los equipos a utilizar, a fin de asegurar su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos.
• Utilizar obligatoriamente los medios de protección personal otorgados por el empresario y asegurar su buen estado de conservación.
• Conservar los dispositivos y resguardos de protección instalados en máquinas y otros equipos, de acuerdo a las normas de seguridad.
• Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros elementos que no sean de su habitual manejo y conocimiento.
• Abstenerse de toda práctica negligente o imprudente que pueda ocasionar accidentes o daños a su salud o la de otras personas.
• Detener el funcionamiento de las máquinas previamente a su limpieza y/o mantenimiento, a efectos de evitar riesgos.
• Velar por el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
• Someterse a la revisión médica previa a su incorporación al trabajo y a los exámenes periódicos que se determinen.
• Informar inmediatamente a su superior jerárquico sobre toda avería o daño en las maquinarias e instalaciones, que puedan hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o del propio centro de trabajo.
• Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, así como la ingestión de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar su salud y la de sus compañeros de trabajo. También está prohibido fumar en aquellos casos en los que esta acción pueda acarrear riesgos.
• Denunciar ante el Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y en su caso ante las autoridades competentes, la falta de dotación por parte del empresario de los medios de protección individual.
• Participar en la designación de sus representantes en los Comités de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
En Bolivia, una de las obligaciones principales del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo consiste en identificar y evaluar los riesgos ocupacionales a los que esté expuesta la plantilla. Esta obligación deriva de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por la que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
El punto 2 de dicho artículo establece como deber del empresario el llevar a cabo todas las medidas de orden técnico necesarias para la protección de la vida, la integridad física y mental de los trabajadores a su cargo; tendiendo a eliminar todo género de compensaciones sustitutivas del riesgo como son: bonos de insalubridad, sobrealimentaciones y descansos extraordinarios, que no supriman las condiciones de riesgo. Es decir, primando la prevención de lesiones y enfermedades por encima de asignaciones que compensen al empleado por trabajar en condiciones de trabajo inseguras.
Esta obligación de carácter general se ve reforzada en disposiciones legales posteriores contenidas en la misma norma y que aplican a determinados tipos de riesgos laborales. A modo de ejemplo, en los casos en los que el trabajador esté expuesto a los riesgos de ruido ocupacional o vibraciones, el empresario deberá asegurar que estos riesgos son evaluados por personal debidamente capacitado, designado por la autoridad laboral (artículo 325 del Decreto Ley nº 16998).
La normativa boliviana en materia de seguridad y salud no alude, como norma general y de forma expresa, a la obligación de llevar a cabo una planificación de la actividad preventiva.
Ahora bien, una de las responsabilidades del empresario especificadas en el artículo 6 del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, consiste en “adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la vida, la integridad física y la mental de los trabajadores a su cargo”.
A efectos de cumplir con este deber, es necesario llevar a cabo un trabajo previo de planificación que asegure una implementación eficaz de las medidas preventivas que se pretenden adoptar. Aun así, la norma no establece cómo deberá llevarse esta planificación: no se especifica la necesidad de indicar plazos de realización de las acciones, asignación de responsables de ejecución o de revisión de las acciones, coste económico de cada una de ellas, etc.
Por otro lado, existen a lo largo de la norma capítulos aplicables a la gestión preventiva de determinados riesgos en los que se hacen algunas referencias relativas a determinadas acciones preventivas que el empresario deberá llevar a cabo. Un ejemplo lo vemos en el capítulo que regula el riesgo de radiaciones. Tal y como dispone el artículo 311 del Decreto Ley, existe la necesidad de elaborar “planes de trabajo” en los casos en los que un trabajador pueda estar expuesto a una dosis de 0,1 rems por semana.
El ordenamiento jurídico de Bolivia establece como una de las responsabilidades legalmente atribuidas a la figura del empresario la necesidad de organizar en el seno de su empresa la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este requisito normativo viene regulado en el Título IV del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979.
Tal y como dispone el artículo 38 de la norma, las empresas constituirán en sus centros de trabajo servicios preventivos de Medicina del Trabajo y de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, atendiendo a los índices de accidentalidad ocupacional, la naturaleza y características de la actividad y el número de trabajadores expuestos. Estos servicios operarán bajo la supervisión de un médico especializado en medicina del trabajo, en el primer caso, y de un ingeniero o técnico especializado en higiene y seguridad ocupacional en el otro.
El personal empleado en uno de estos servicios deberá llevar a cabo sus funciones con absoluta independencia ateniéndose exclusivamente a las reglas de la ciencia y ética profesional.
Funciones de los Servicios Médicos de Empresa
• Determinar las condiciones de salud de los trabajadores, a través de exámenes médicos iniciales y reconocimientos periódicos.
• Investigar las condiciones ambientales en las que los trabajadores desarrollan sus trabajos.
• Analizar los posibles efectos y consecuencias que puedan conllevar los agentes nocivos en la plantilla expuesta.
• Promover el mantenimiento de unas condiciones ambientales adecuadas, en coordinación con el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y la dirección.
• Detectar las manifestaciones iniciales de las enfermedades en los trabajadores, con el fin de prevenir su avance, sus complicaciones y secuelas.
• Administrar los medicamentos y materiales de curación necesarios, para los primeros auxilios, así como instruir al personal que los preste.
• Cumplimentar los formularios de denuncia de Accidentes de Trabajo; llevar una relación de las atenciones de primeros auxilios en enfermedades ocupacionales y orientar a los trabajadores respecto a sus derechos y obligaciones sobre Seguridad Social, particularmente en lo relacionado con las prestaciones.
• Asesorar a los Departamentos y Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacionales y hacerles conocer los informes que elaboren.
Funciones de los Departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional
• Investigar las condiciones de higiene y seguridad en el centro de trabajo.
• Análisis de los mecanismos de acción de los agentes potencialmente nocivos para los trabajadores expuestos.
• Promocionar la mejora de las condiciones ambientales en los centros de trabajo.
• Investigar las causas que motiven la materialización de accidentes y enfermedades en el centro de trabajo.
• Desarrollar programas preventivos y planes de acción en materia de higiene y seguridad.
• Promover e inculcar la utilización de los equipos de protección individual entre los trabajadores.
En Bolivia, el desarrollo de auditorías de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo no constituye un requisito legal al que deban dar cumplimiento las empresas establecidas en el país.
No obstante, en Bolivia son aceptados y tienen plena validez un gran número de normas internacionales, así como de estándares nacionales elaborados por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.
Se detallan a continuación las normas específicas de gestión reconocidas en Bolivia:
• ISO 9001 – Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad
• ISO 14001 – Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental
• OHSAS 18001 – Certificación de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
• ISO 22000 – Certificación de Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos
• HACCP – Certificación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
• NB 12009 – Certificación de Sistemas de Gestión para MYPE’S
• ISO/IEC 27001 – Certificación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
• TL 9000 – Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad para Telecomunicaciones
• ISO/IEC 20000-1 – Certificación de Sistemas de Tecnologías de la Información
• NB 512001 – Certificación de Sistema de Gestión Empresa Saludable
• ISO 10012 – Certificación de Sistema de Gestión de las Mediciones
• ISO 14064 – Verificaciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
• ISO/TS 29001 – Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad de Sectores Específicos – Petróleo, Petroquímica e Industrias de Gas Natural – Requisitos para organizaciones que suministran productos y prestan servicios
En Bolivia, constituye una de las obligaciones legalmente atribuidas a la figura del empresario el deber de formar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Este requerimiento viene estipulado en el artículo 6 del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el cual se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. En este sentido, todo empresario deberá prevenir, comunicar, informar e instruir a sus trabajadores sobre todos los riesgos conocidos en el centro de trabajo y sobre las medidas de prevención que deben aplicarse.
Esta obligación general viene reforzada por lo dispuesto en el artículo 403 de la misma norma, por el cual el empresario deberá informar en la forma más completa posible al trabajador sobre los riesgos a los que está expuesto. Además, deberá instruirlo y capacitarlo específicamente en el manejo de equipos de seguridad.
La formación a la que hacen referencia los párrafos anteriores deberá ser impartida en todo caso de forma previa al inicio de los trabajos. Asimismo, los trabajadores deberán ser instruidos de nuevo en caso de que se produzcan alteraciones importantes en las condiciones de trabajo que impliquen la aparición de nuevos riesgos o una mayor peligrosidad de los ya existentes.
Si bien la responsabilidad de instruir al personal recae en el empresario, la impartición de las sesiones formativas puede ser delegada en una empresa especializada que ofrezca cursos de formación específicos, cuando la empresa no disponga de un servicio propio de seguridad e higiene.
En Bolivia, los requisitos que deberán cumplir los locales e instalaciones a efectos de garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que en ellos operen, vienen regulados en el Capítulo I del Libro II del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Tal y como establece el artículo 58 de la norma, toda edificación permanente o temporal que funcione como centro de trabajo, deberá construirse de acuerdo al Código de Construcción en vigencia, a fin de garantizar su estabilidad y rigidez. Además, toda nueva construcción deberá ser sometida a la autoridad competente para el examen y aprobación de los planos de construcción. Esto aplica también a los edificios ya existentes sobre los que se pretendan llevar a cabo modificaciones o reparaciones importantes.
Requisitos en cuanto a los espacios en los locales e instalaciones
• Las edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 metros de altura desde el piso al techo.
• El número máximo de personas que se encuentren en un local no podrá exceder la media de una persona por cada 12 metros cúbicos. A efectos de cálculo, no se hará deducción del volumen de los bancos y otros muebles, máquinas o materiales, pero se excluirá la altura de éstos cuando excedan los 3 metros.
• En los locales de trabajo el espacio físico será racionalmente asignado a usos específicos, tales como áreas de circulación, trabajo, almacenamiento de materiales y servicios. Estas áreas deben estar dispuestas al mismo nivel, sin presentar una superficie resbaladiza, y estar construidas y mantenidas libres de toda obstrucción permanente o temporal.
• Las escaleras, plataformas, rampas y otros, deberán ser diseñados y dispuestos de acuerdo a la normativa de seguridad.
• Toda abertura permanente o temporal debe estar debidamente protegida y señalizada para evitar caídas de personas o materiales.
• En trabajos subterráneos, las galerías, callejones, salones, socavones, topes, chimeneas, y otros deben reunir las condiciones mínimas de dimensionamiento de acuerdo a estudios técnicos que permitan el trabajo, tránsito y transporte de materiales de forma segura.
• Los patios deben ser nivelados, drenados, y disponer de puertas de entrada y salida independientes. Cuando éstos sean utilizados para trabajos permanentes, deben colocarse cobertizos que protejan contra las condiciones atmosféricas extremas. Protección contra la caída de Personas, Barandillas y Plintos.
Por otra parte, las protecciones instaladas cerca de aberturas practicadas en el piso o en las paredes, así como en las pasarelas, lugares de trabajo elevados… para prevenir la caída de personas deben:
• Ser de material de buena calidad, de construcción sólida y de suficiente resistencia.
• En lo que respecta a las barandillas, tener una altura de un metro a 1.15 m., por encima del suelo o el piso.
• Los plintos deberán tener como mínimo 15 cm. de altura y estar sólidamente asegurados.
Requisitos en cuanto a vías de acceso y comunicaciones (instalaciones subterráneas)
• Las vías de acceso que conducen a las bocaminas deben disponer de unos desniveles técnicamente aceptados por profesionales debidamente acreditados.
• Toda mina subterránea debe tender a contar por lo menos con 2 vías de acceso a la superficie, debidamente señalizadas, separadas entre sí con un mínimo de 30 metros y sin perder de vista el área de seguridad establecida.
• Las chimeneas, zanjas y caminos abiertos en la superficie o interior de todo trabajo subterráneo deben estar protegidos por barandas y/o parrillas para evitar caídas de personas o materiales.
• Las vías de acceso para el personal y transporte, deben garantizar el tránsito simultáneo y contar con zonas de refugio cada 25 metros del trayecto.
• Las escaleras deben disponer de 5 metros de longitud como máximo.
• Toda galería, callejón y socavón debe disponer de unas dimensiones que permitan el trabajo, tránsito y transporte en forma cómoda.
• En minas con una superficie mayor a 1.000 metros, se debe contar con un sistema de comunicación telefónica con la superficie.
Requisitos en cuanto a la ventilación general
• Los locales de trabajo deben mantener, por medios naturales o artificiales, unas condiciones atmosféricas y de ventilación y renovación de aire adecuadas.
• El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxígeno en el aire.
• Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente comprobado o sospechoso de contener contaminación ambiental que suponga un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, hasta superarse dicha condición.
Otros requisitos aplicables a los locales de trabajo
• Las ventanas en descansos estarán resguardadas convenientemente para evitar caídas de material, equipos y personas.
• Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación adecuada que puede ser: natural, artificial o combinada.
• La intensidad y calidad de luz artificial deberán cumplir con los valores mínimos de iluminación establecidos por la normativa.
En Bolivia, la participación y consulta es una obligación legal atribuible a la figura del empresario. Este deber se articula mediante la composición de un Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional, el cual viene regulado en las siguientes normas:
• Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979: Capítulo VII (artículos 30-37).
• Resolución Ministerial 496/04, Reglamento para la Conformación de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional.
Ambas normas disponen los requisitos que deberán cumplirse en cuanto a la organización, composición, funcionamiento… de estos organismos internos de participación y consulta.
En Bolivia, toda empresa que emplee a 10 o más trabajadores deberá formar en el seno de su empresa un Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional. Estos entes internos serán constituidos paritariamente, por representantes del empresario y de los trabajadores, de acuerdo a la siguiente distribución:
• De 10 a 100 empleados: Deberá formarse un Comité que reúna al menos 2 representantes del empresario y 2 representantes de los trabajadores.
• De 101 a 200 empleados: Deberán formarse dos Comités, ambos reuniendo como mínimo 2 representantes del empresario y 2 de los trabajadores cada uno.
Por otra parte, la norma plantea la posibilidad de que la empresa pueda disponer de más Comités, en aquellos casos en los que su estructura cuente con numerosos centros de trabajo. Además, en los casos en los que la empresa funcione con 2 o más turnos de trabajo, deberá establecer un Comité por cada uno de los turnos en los que opera.
En cuanto a la elección de sus miembros, el empresario decidirá libremente quién debe representar sus intereses en dicho comité. Por otro lado, los representantes de los trabajadores serán elegidos en votación directa por parte de los trabajadores. El tiempo de permanencia de los representantes elegidos será de 1 año.
Las funciones legalmente atribuidas a los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional son las siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir en la empresa la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, así como otras normas vigentes en materia de SST.
2. Permanecer constantemente informados sobre las condiciones de trabajo, el ambiente laboral, el funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de protección personal y otros asuntos relacionados con la materia.
3. Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones técnicas.
4. Controlar y evaluar el registro documental y la presentación de denuncias de accidentes y enfermedades profesionales.
5. Velar por que todos los trabajadores reciben una instrucción y orientación adecuadas en el campo de la Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de difusión y formación para mantener el interés de los trabajadores.
6. Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la Dirección General de Seguridad Industrial, indicando el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales o acuerdos a los que se hubiesen llegado.
7. Al término de la gestión del Comité Mixto, se debe elaborar un informe final de las actividades realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y enfermedades profesionales que se adoptaron dentro de la empresa durante el año. Una copia de este resumen deberá ser enviado a la Dirección General de Seguridad Industrial.
En cuanto al régimen de reuniones, el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional deberá reunirse de forma ordinaria cada mes. Por otro lado, la reunión que se celebre cada 3 meses deberá contar, además de con sus representantes, con la asistencia de técnicos, médicos y mandos intermedios de la misma si los hubiere. En ella se hará balance de las acciones preventivas realizadas y del grado de cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de seguridad y salud laboral. A tales efectos deberá elaborarse un informe, el cual deberá ser remitido a la Dirección General de Seguridad Industrial.
En Bolivia, se regula la obligación del empresario de organizar y llevar a cabo un examen médico a los trabajadores a su cargo en el momento de su ingreso en la organización. Este deber viene especificado en el artículo 115 del decreto Supremo nº 224, del 23 de agosto de 1954, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley General del Trabajo.
Como norma general, estos reconocimientos se deben hacer de forma previa a la incorporación del trabajador. Ahora bien, en aquellas empresas que no dispongan de un servicio médico propio, se concede un plazo de 30 días desde la fecha de incorporación para la realización del examen médico.
Posteriormente a la realización del reconocimiento, el médico del trabajo elaborará un informe en el que se describa el estado de salud del empleado, indicando la existencia, en su caso, de las lesiones o enfermedades identificadas. En caso de existir tales, se deberán emitir 4 ejemplares de un certificado en el que consten tales lesiones o enfermedades, para ser entregado al trabajador, el empresario, a la Caja del Seguro y Ahorro Obrero y al Juez del Trabajo.
El trabajador que no se encontrara conforme con el certificado médico otorgado por la empresa, dispone de 30 días siguientes tras la entrega del mismo para reclamar la calificación al Juez del Trabajo competente, el cual envía posteriormente a un médico del trabajo para que practique un segundo examen médico al trabajador que reclama.
Además de estas disposiciones, el Decreto Supremo nº 2348, del 18 de enero de 1951, dispone en su artículo 115 que, además de los exámenes médicos iniciales contenidos en la norma citada anteriormente, el empresario deberá oranizar a su cargo un reconocimeinto médico a petición de aquellos empleados que lo soliciten. El mismo artículo dispone también que los trabajadores expuestos a materiales tóxicos o a condiciones peligrosas en el trabajo, deberán ser objeto por lo menos de un examen médico anual, y más frecuentemente si así lo considera necesario el médico del trabajo o el Departamento Nacional de Higiene y Seguridad Industrial.
En desarrollo a estas obligaciones, el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley de General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, establece algunos requisitos específicos relativos a la vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a determinados riesgos en el trabajo. A modo de ejemplo, su artículo 320 dispone que todo el personal que por razón de su trabajo esté expuesto permanentemente a radiaciones ionizantes, deberá ser controlado a través de exámenes médicos periódicos.
En Bolivia, las principales disposiciones relativas a la organización y gestión de las situaciones de emergencia en las organizaciones del país vienen principalmente reguladas por el Capítulo III del Título VIII del Decreto nº224, del 23 de agosto de 1943 (actualizado).
Tal y como se dispone en su artículo 103, en los casos de materializarse un accidente laboral o enfermedad profesional en el centro de trabajo, es responsabilidad del empresario proporcionar a la víctima la asistencia médica y farmacéutica necesaria. Asimismo, los trabajadores testigos del accidentes deberán acudir sin demora en busca de los auxilios sanitarios más próximos, sin perjuicio de la obligación patronal anteriormente mencionada.
La asistencia que debe prestarse a la víctima comprende la atención médica y quirúrgica, los medicamentos y, en general, los aparatos ortopédicos y todos los medios terapéuticos necesarios para el tratamiento médico prescrito. Esta asistencia médica y farmacéutica deberá ser costeada por el empresario desde el día en que ocurrió el accidente hasta que la víctima se encuentre en condiciones de volver al trabajo o hasta que se establezca la consideración de incapacidad permanente.
Si en el lugar de trabajo no pudiera disponerse, en condiciones adecuadas, de la asistencia médica y farmacéutica, el empresario deberá trasladar bajo su coste al trabajador a un centro asistencial u hospitalario, en el que pueda ser atendido debidamente.
Por otro lado, si el accidentado se negara a seguir el tratamiento prescrito o impidiera deliberadamente su curación, el patrono podrá solicitar del respectivo Juez del Trabajo la suspensión del pago de toda indemnización y asistencia médica.
Art. 110º El médico que por cualquier circunstancia asista a la víctima de un accidente de trabajo, está obligado, con la debida oportunidad, a expedir las certificaciones siguientes:
1. Inmediatamente de producirse el accidente: certificado en el que conste la existencia o no existencia de la incapacidad para el trabajo.
2. Obtenida la curación: de la capacidad para volver al trabajo o la calificación de la incapacidad como de permanente.
3. En caso de fallecimiento, el certificado de defunción.
Además del tratamiento y primeros auxilios que debe ofrecer el empresario a los trabajadores accidentados, aquellos centros de trabajo situados a más de 10 kilómetros de distancia de cualquier centro hospitalario deberán disponer dentro de sus dependencias de un servicio médico o botica provisto de existencias suficientes. En estos casos, el tratamiento también deberá cubrir a los familiares de los trabajadores (cónyuge, hijos menores y padres o hermanos que compartan residencia con el empleado).
Cabe decir, no obstante, que las empresas que tengan atribuida tal obligación que se encuentren cerca geográficamente, pueden asociarse a modo de disponer de un servicio médico y farmacéutico conjunto.
Por su parte, el trabajador sujeto a tratamiento está obligado a someterse al régimen prescrito por el médico de la empresa, acudiendo a las horas y días que le fueran fijados y cumpliendo el reposo en los sitios o establecimientos que le hayan sido indicados. Tampoco podrá desempeñar, en las horas destinadas al reposo, ninguna otra clase de trabajo remunerado. Cualquiera infracción de estas obligaciones autoriza la suspensión de los beneficios que estuviera recibiendo hasta la fecha en relación a su tratamiento y asistencia.
El Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, no dispone obligaciones en cuanto al deber de coordinarse en los casos en los que se dé la concurrencia de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo.
Tampoco se han encontrado referencias en el resto de decretos y reglamentos que configuran la normativa del país en materia de seguridad y salud laboral.
En Bolivia, el incumplimeinto de las obligaciones atribuibles a la figura del empresario específicamente establecidas para las finfracciones relacionadas con la seguriad y salud en el trabajo vienen legalmente dispuestas en el Capítulo 1 del Título V del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Tal y como dispone el artículo 53 de la norma, los actos y omisiones cometidos por el empresario y que constituyan una vulneración dolosa de la misma norma, de reglamentos complementarios o de las instrucciones dispuestas por un inspector de trabajo durante el transcurso de una visita, serán sancionados.
En cuanto a la cuantía de las multas económicas, éstas estarán comprendidas dentro del rango de 1.000 y 500.000 pesos bolivianos. Dentro de este intervalo, se interpondrá una cuantía eocnómica u otra en función de la gravedad de las faltas cometidas, las consecuencias de ellas generadas, el número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa.
Asimsimo, los trabajadores también pueden ser sancionados a causa del incumplimietno de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. En estos casos se interpone una multa pecuniaria cuya cuantía no podrá superar en ningún caso los 15 días de salario.
Como norma general, el proceso sancionador empieza tras la realización de una visita por parte de un inspector del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, independientemente de que el infractor sea la organización o uno de sus empleados. En ella, el inspector formaliza la denuncia, que será escrita y especificará el nombre de la empresa o del trabajador infractor, el lugar del hecho, las disposiciones incumplidas y la cuantía de la multa. El informe levantado por el inspector tendrá el carácter y valor de prueba preconstituida y gozará de presunción de certeza, salvo prueba que demuestre lo contrario.
Otro aspecto que conviene destacar es que estas sanciones no son independientes de otras acciones civiles o penales que pudieran derivarse del incumplimiento de la normativa. Esto aplica tanto a las infracciones cometidas por el empresario como por parte de uno o más empleados.
En Bolivia, las obligaciones del empresario derivadas de la materialización de un accidente de trabajo en el seno de su empresa vienen establecidas en los artículos 85 y siguientes del Decreto nº 224, del 23 de agosto de 1943, por el que se reglamenta la Ley General del Trabajo.
Es responsabilidad del empresario notificar todo accidente de trabajo ocurrido en uno de sus establecimientos. Esta comunicación podrá ser llevada a cabo por éste de forma directa o bien delegándola en un representante o empleado a cargo de la atención, dirección o vigilancia de los trabajos. Aun así, la responsbailidad de llevar a cabo dicha notificación es siempre atribuible al empresario.
La comunicación de los accidentes de trabajo deberá realizarse dentro de las 24 horas hábiles, a contar desde el momento en que tuvo conocimiento del suceso. La notificación del accidente deberá remitirse al Juez del Trabajo, o en su defecto, al Inspector de Trabajo, o a la Policía más próxima al distrito donde haya ocurrido el accidente.
Por su parte, la víctima también está obligada a informar del accidente al empresario o a cualquiera de las autoridades anteriormente indicadas.
Las denuncias de un accidente de trabajo podrán hacerse provisionalmente por teléfono u otro medio telemático, si bien deberá confirmarse presencialmente la misma lo antes posible. A estos efectos, la norma entiende por el menor plazo posible el tiempo calculado de 1 día por cada 30 kilómetros de distancia que exista entre el centrpo de trabajo y las oficinas de la administración competente para recibir la denuncia. A modo de ejemplo, si el centro d etrabajo se encontrara a unos 60 kilómetros, el empresario o el trabajaodr dispone de 24 horas para realizar la denuncia de forma telemática, y de 48 horas para confirmar la denuncia presencialmente.
Dicha notificación deberá contener los datos siguientes:
1. Nombre y domicilio del empresario o de la persona que le representa.
2. Indicación precisa del sitio en que ocurrió el accidente.
3. Nombre de la víctima, indicando el domicilio y lugar en el que se encuentra.
4. Antigüedad del trabajador.
5. Nombre y domicilio de los testigos que hubiesen presenciado el accidente o que tuvieran conocimiento de él.
6. Sueldo o salario de la víctima.
Siendo posible, se agregarán las siguientes informaciones:
1. Edad y estado civil de la víctima.
2. Causas materiales del accidente y la hora y circunstancias en que se produjo.
3. Naturaleza de las lesiones sufridas y sus consecuencias probables.
4. Certificado del médico que haya asistido a la víctima.
5. Nombre de la institución aseguradora.
Recibida la denuncia, la autoridad procederá a recabar la información necesaria, la cual se efectuará, a ser posible, en el mismo lugar donde ocurrió el accidente y en el lugar donde se encuentre la persona accidentada, de considerarse necesario. Además, la autoridad podrá requerir la presencia del empresario o de su representante y de dos testigos del accidente o de las personas que primero tuvieron conocimiento del mismo.
En Bolivia, las obligaciones en relación al trabajo de menores vienen establecidas principalmente en el Capítulo IV del Decreto Supremo nº 224, del 23 de agosto de 1954, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley General del Trabajo.
Tal y como dispone el artículo 52 de la norma, el colectivo de menores y mujeres (el Capítulo aplica por lo general a ambos colectivos) no podrá ser empleado en aquellos trabajos definidos legalmente como prohibidos, siendo éstos los trabajos considerados como peligrosos, penosos, nocivos para la salud o que pudieran atentar contra la moralidad del trabajador. El detalle de estos trabajos viene determinado en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento para la práctica del Decreto Supremo de 21 de septiembre de 1929, dictado por la Dirección General de Sanidad Pública.
En adición, estos colectivos tampoco podrán ser empleados en horario nocturno en los establecimientos industriales. En el caso concreto de los menores, esta prohibición se extiende a cualquier tipo de trabajo que quede comprendido dentro de las 00:00h y las 05:00h. Además, los menores deberán poder en todo caso disfrutar de un descanso mínimo entre jornadas de 11 horas consecutivas.
Como excepción, los menores podrán ser requeridos a trabajar en las circunstancias anteriormente mencionados en casos en los que requieran de la atención inmediata por parte del empleado. También, el Ministerio de Trabajo podrá conceder autorizaciones especiales para el empleo de este colectivo de trabajadores en casos determinados.
Por su parte, el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, reitera en su artículo 8 la prohibición de contratar a trabajadores para la realización de actividades peligrosas, penosas, nocivas para la salud o que puedan atentar contra su moralidad. Aun así, esta norma aporta de forma expresa que todo contrato celebrado para la realización de un trabajo de este tipo conllevará la nulidad automática del contrato de trabajo (además de las sanciones que se pudieran derivar).
La legislación de Bolivia en materia de seguridad y salud en el trabajo no dispone especificaciones concretas para la gestión preventiva de los riesgos a los que puedan estar los trabajadores temporales con motivo del desarrollo de sus tareas, así como tampoco de los riesgos derivados de la propia condición de trabajador temporal.
Cabe decir que la normativa laboral del país concibe la contratación temporal de trabajadores como una decisión excepcional, primando la contratación indefinida. Tal y como dispone la Resolución Ministerial nº 283/62, del 13 de junio de 1962, el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, puede ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En estos casos, el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente suscrito en forma escrita y su duración no podrá exceder 1 año.
Por otra parte, la Resolución Ministerial nº.193/72, del 15 de mayo de 1972, establece que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba legalmente establecida, así como los contratos por tiempo determinado que sean renovados periódicamente, serán automáticamente considerados como por tiempo indefinido. Para ello, deberá darse que las tareas que llevaba a cabo el empleado son propias de la actividad corporativa de la empresa.
Por último, siempre que un empresario contrate a una persona por un tiempo determinado, deberá posteriormente remitir una copia del contrato de trabajo a la oficina de la Inspección de Trabajo de la demarcación en la que se encuentre el centro de trabajo.
En Bolivia, son varias las normas y reglamentos que establecen disposiciones normativas en referencia al colectivo de trabajadoras embarazadas.
Por un lado, la protección de este colectivo se basa en prohibir el desempeño de determinados trabajos que pudieran suponer un riesgo para la salud de la mujer o del nonato. En este sentido, el artículo 8 del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, dispone la prohibición de este colectivo de desarrollar actividades definidas legalmente como de peligrosas, penosas o nocivas para su seguridad.
Cabe decir, no obstante, que esta prohibición aplica a todas las mujeres, independientemente de que se encuentren en estado de embarazo o no, y al colectivo de trabajadores menores. El incumplimiento de esta prohibición, además de poder acarrear una sanción al empresario, supone la nulidad automática del contrato de trabajo. Dicho esto, el Ministerio del Trabajo podrá conceder autorizaciones especiales de trabajo en casos determinados.
Como norma general, las mujeres y los trabajadores menores tampoco pueden ser empleados en horario nocturno en los establecimientos industriales del país. Como excepción a ello, podrán ser empleados en horario nocturno en labores de enfermería y servicios domésticos, así como en los casos excepcionales que exijan una atención inmediata. Del mismo modo que ocurre con los trabajos prohibidos mencionados en el párrafo anterior, el Ministerio del Trabajo podrá conceder autorizaciones especiales de trabajo en determinados casos.
Centrándonos específicamente en el colectivo de trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo, las principales disposiciones en cuanto a la protección de su seguridad, salud y empleo vienen dispuestas en el Capítulo VI del Título II de la Ley General del Trabajo, del 24 de mayo de 1939 y en el Decreto nº224, del 23 de agosto de 1943, que reglamenta la norma anterior.
La trabajadora embarazada tiene reconocido el derecho a un subsidio de maternidad por un plazo máximo de 45 días previamente a la fecha esperada del parto y otros 45 días posteriores al mismo, siempre que en este período la empleada no ejecute trabajo remunerado. La cuantía del subsidio supondrá un 50% de la remuneración que viniera percibiendo la trabajadora.
En cuanto a los requisitos exigidos para el derecho a la prestación, la trabajadora deberá:
• Presentar al empresario un certificado médico en el que se especifique que la empleada ha llegado al período que requiere dicho descanso.
• Que la trabajadora disponga de cuatro cotizaciones mensuales dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que se cancele el subsidio prenatal.
En aquellos casos en los que el embarazo o parto conllevara la contracción de una enfermedad a la empleada, el empresario está obligado a ampliar el tiempo de descanso hasta que la trabajadora se encuentre en condiciones de reintegrarse en la plantilla sin poner en peligro su seguridad y salud. Para esta ampliación la trabajadora deberá también presentar un certificado médico que acredite su enfermedad, y seguirá percibiendo durante este periodo la mitad de su salario.
Por otra parte, aquellas empresas que ocupen a más de 50 trabajadores están obligadas a disponer en su centro de trabajo una o más salas anexas e independientes en las que las mujeres puedan amamantar a sus hijos. Además, el empresario deberá poner a disposición a una persona competente para que esté al cuidado de los niños mientras la madre trabaja. La construcción y disposición de estas salas deben ser acreditadas ante el Ministerio de Trabajo.
En Bolivia, la norma de referencia en cuanto a la protección de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad la constituye la Ley General para Personas con Discapacidad, del 28 de febrero de 2012.
Tal y como establece su artículo 13, este colectivo tiene reconocido el derecho al empleo y a un trabajo digno y permanente. En este sentido, el artículo dispone el compromiso de la administración del Estado Plurinacional de Bolivia de establecer políticas públicas de inclusión socio-laboral que promuevan la igualdad de oportunidades.
En lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo, la norma no define requisitos específicos en cuanto a la protección de la seguridad y salud de este colectivo de trabajadores en el ámbito laboral. Asimismo, las normas del país en la materia tampoco disponen referencias específicas y relativas a la protección de empleados con algún tipo de discapacidad.
En Bolivia, la principal norma nacional en materia de seguridad y salud laboral es el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Su ámbito de aplicación (ver apartado 3 de la presente guía) no incluye a los trabajadores por cuenta propia (denominados en Bolivia como trabajadores independientes). Ahora bien, dependiendo de las circunstancias en las que el trabajador independiente ejecute su actividad, sí que podría quedar incluido dentro del ámbito de aplicación de la norma:
• En el caso de que decida emplear a un trabajador: De ser así, el trabajador independiente sería considerado a efectos legales como empresario y debería cumplir con los requisitos atribuidos a esta figura en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• En el caso de que sea responsable de un centro de trabajo: Si el trabajador independiente dispone de un local y ejerce en él su actividad, quedará incluido de igual modo dentro de la definición de empresario dispuesta en el Decreto Ley.
Por otro lado, si no se cumple ninguna de estas circunstancias, el trabajador independiente no es incluido dentro del ámbito de aplicación de la norma. Aun así, seguirá teniendo cubiertas las contingencias profesionales incluidas dentro del Sistema Integral de Pensiones, siempre y cuando se hayan hecho las contribuciones oportunas en los periodos anteriores. En Bolivia, la partida relativa a las prestaciones frente a riesgos profesionales supone un 1,71% del ingreso cotizable.
En Bolivia, la principal norma nacional en materia de seguridad y salud laboral es el Decreto Ley nº 16998, del 2
En cuanto a los requisitos que deberán cumplir los empresarios en cuanto a la puesta a disposición de lugares de trabajo, éstos vienen regulados en el Libro I, Título IV, Capítulo III del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
El artículo 43 del mencionado Capítulo, dispone la obligación del empresario de poner a disposición de los trabajadores una serie de espacios, lugares de trabajo y otros a fin de proteger la seguridad, salud y bienestar de la plantilla su cargo. Estas obligaciones se establecen en referencia a:
• Alimentación: La empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores las facilidades para la obtención de alimentos en sus dependencias o cerca de ellas, cuando no existan servicios públicos o privados de alimentación en las proximidades del centro de trabajo.
• Comedores de empresa: Con el objetivo de brindar un efectivo bienestar a sus trabajadores de acuerdo a sus modalidades de trabajo, se deberán instalar en los propios centros de actividad o en sus proximidades comedores donde se sirvan alimentos en condiciones de higiene, calidad y precios adecuados.
• Viviendas: En los casos en los que, por la ubicación de los trabajos a realizar, el empresario deba facilitar de forma temporal a sus empleados viviendas en las que puedan habitar durante la realización de los trabajos, éstas deberán reunir con los siguientes requisitos:
o Un espacio mínimo por persona de 6 m2.
o Abastecimiento de agua potable dentro de la vivienda, en cantidad suficiente para poder cubrir todas las necesidades personales y domésticas.
o Sistemas adecuados de alcantarillado y recogida de residuos.
o Adecuada protección contra el calor, frío, humedad, ruido, riesgo de incendio y protegidos frente a animales (principalmente insectos) transmisores de enfermedades.
o Instalaciones sanitarias apropiadas en cocina y baño, ventilación, lavado, luz natural e iluminación artificial.
o Un grado mínimo de aislamiento e intimidad entre las personas que viven bajo el mismo techo;
o Apropiada separación entre las habitaciones y los locales destinados a animales.
• Guarderías infantiles: Todas las empresas que empleen 50 o más trabajadoras deben contar con una guardería infantil a cargo de personal especializado que proporcione adecuada atención, alimentación, servicio de salud, recreación y educación, a los hijos de las trabajadoras.
Por último, y a efectos de hacer viable y posible el cumplimiento de algunas obligaciones citadas anteriormente, el artículo 52 plantea la posibilidad de los empresarios de contratar servicios de forma conjunta, con el objeto de reducir costes, para la puesta a disposición de los lugares y facilidades anteriormente descritas.
Además de las obligaciones específicas en cuanto a la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales (ver apartado 12 de la presente guía), el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el cual se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, dispone a lo largo de su contenido algunas menciones específicas en cuanto al deber de informar.
A modo de ejemplo, el artículo 111 de la norma dispone que todo trabajador deberá ser informado sobre la legislación vigente relativa a la protección de la maquinaria. En este sentido, es responsabilidad del empresario indicarle de manera apropiada los peligros que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones que el empleado deberá adoptar.
Asimismo, tal y como dispone el artículo 305 de la misma norma, el empresario deberá informar sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en aquellos casos en los que el trabajador esté expuesto a los riesgos derivados del trabajo con sustancias peligrosas y dañinas, sustancias inflamables, combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes, infecciosas o tóxicas, el empresario informará perfectamente a los trabajadores de los peligros inherentes a su trabajo y de las medidas de protección.
En Bolivia, las obligaciones relativas a las instalaciones y medios de protección en los locales frente al riesgo de incendio vienen reguladas en el Capítulo II del Libro II del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Tal y como dispone el artículo 90 del Decreto, todos los lugares de trabajo deben disponer de los medios mínimos necesarios para garantizar una efectiva prevención y lucha contra incendios.
En función del riesgo existente de incendio en el centro de trabajo, ya sea por la naturaleza de la actividad, los riesgos a ella asociados, el almacenamiento de materiales combustibles o inflamables…etc., las instalaciones serán categorizadas del siguiente modo:
“Instalaciones de bajo riesgo”: Son zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden lentamente, sin producir humo excesivo y que no constituyen riesgo de explosiones o emanaciones tóxicas.
“Instalaciones de riesgo moderado”: Son zonas donde se almacenan o se manipulan materiales que arden con una rapidez moderada y que desprenden gran cantidad de humo, sin conllevar el de explosiones o emanaciones tóxicas.
“Instalación de alto riesgo”: Son zonas donde se almacenan o se manipulan materiales que pueden arder con extremada rapidez y cuyas emanaciones tóxicas o explosiones constituyen un riesgo especial.
En función de la categoría de riesgo asociada a las instalaciones, todos los lugares de trabajo deberán contar, de acuerdo al tipo de riesgos de incendios que presenten, con los siguientes medios de lucha contra incendios:
Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados e identificados de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. Todo equipo concebido para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y debidamente señalizadas. Además, deberán estar permanentemente despejadas de cualquier material u objetos que obstaculicen su utilización inmediata.
Por otra parte, todos los lugares de trabajo deben contar con personal suficiente y debidamente instruido para usar correctamente el equipo contra incendio.
Sistemas de alarma: Todas las instalaciones de riesgo de incendios moderado y de riesgo alto deben disponer de un sistema de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de señales claramente audibles a lo largo de todos los lugares de trabajo de los que disponga el centro. Los pulsadores de alarma deberán estar situados en un lugar visible, de fácil acceso y en el recorrido natural de evacuación en caso de incendio. Los aparatos de alarma sonoros deben ser distintos en calidad y en tono a todos los demás aparatos sonoros, y no se utilizarán para ninguna situación diferente a la materialización de un incendio o la realización de un simulacro. A efectos de garantizar la operatividad del sistema, éste deberá ser alimentado por una fuente de energía independiente.
Plan Interno para la prevención y lucha contra incendios: Aquellos lugares de trabajo que por su naturaleza presenten un mayor riesgo de incendio, deben obligatoriamente disponer de un plan interno para el combate y prevención de su riesgo específico de incendio.
Simulacros de incendio: Como norma general, deben realizarse como mínimo dos simulacros de incendio al año, en los cuales el personal deba evacuar las instalaciones, en todos los centros de trabajo. En el caso específico de las instalaciones que presenten un riesgo alto de incendio, estos simulacros deberán además simular la necesidad de combatir un incendio por parte del personal asignado a tales efectos.
Señalización: Todos los riesgos de incendio, explosión o emanaciones tóxicas deben estar claramente señalizados, mediante carteles u otros medios similares que indiquen las precauciones y prohibiciones exigidas.
Acumulación de desperdicios: Los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente, no podrán ser acumulados sistemáticamente, debiendo ser depositados en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
En Bolivia, los requisitos que deberán cumplir las instalaciones eléctricas a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores vienen dispuestas en el Capítulo IV del Libro II del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Tal y como dispone el artículo 123 del Decreto Ley, todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y conservados, de tal manera que prevengan el peligro de contacto eléctrico de los empleados con los elementos del equipo, así como frente al riesgo de incendio. Además, deberá darse cumplimiento a los siguientes requisitos:
• En los trabajos de tendido de líneas de alta tensión, debe emplearse personal entrenado, autorizado y dotado del equipo de protección personal, materiales y herramientas adecuados al riesgo.
• Los materiales a usarse en instalaciones y equipos eléctricos se seleccionarán de acuerdo a la tensión con la que se trabaje, la carga y otras condiciones particulares de instalación del equipo.
• Solamente las personas calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos estarán autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos y circuitos eléctricos.
• Tras la instalación de un nuevo sistema eléctrico o después de que se hayan efectuado alteraciones de importancia en un sistema ya existente, una persona competente, distinta de aquélla o aquéllas que han llevado a cabo el trabajo, hará una inspección antes de colocar en servido dicho nuevo sistema o extensión.
• Todos los circuitos eléctricos e implementos mecánicos accionados por energía eléctrica deben disponer de un diagrama del circuito, además de todas las instrucciones y normas de seguridad para su empleo.
• Todas las sub-estaciones eléctricas deben estar aisladas, protegidas del contacto Intencional o accidental de terceras personas, estando su ingreso restringido únicamente a personas autorizadas.
En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricas se deberá indicar claramente su tensión. Además, se deben identificar los circuitos y aparatos mediante etiquetas u otros medios eficaces. Se deben diferenciar claramente los circuitos y aparatos de una misma instalación que funcionen bajo diferentes tensiones (por ejemplo, utilizando colores distintivos).
Asimismo, siempre que se deba realizar un trabajo en la instalación eléctrica, deberá delimitarse y señalarse la zona de trabajo a fin de evitar accidentes con motivo de la presencia de personal no autorizado.
• Los equipos eléctricos que requieran ser examinados durante su funcionamiento estarán instalados de tal manera que dispongan de un espacio de trabajo suficiente, fácilmente accesible en todos los lugares indispensables, y disponiendo el equipo de un apoyo seguro.
• Los espacios de trabajo próximos a elementos bajo tensión no podrán ser utilizados como pasajes o vías de evacuación.
• Todos los conductores eléctricos estarán apropiadamente aislados y fijados sólidamente.
• Siempre que sea factible, los conductores eléctricos estarán dispuestos de tal manera que el recorrido de cada uno de ellos pueda seguirse fácilmente.
Los contactos principales de los motores eléctricos, los interruptores térmicos, los conmutadores, los relés y los dispositivos de resistencia para los equipos situados en locales donde se fabriquen, empleen y manipulen gases o sustancias inflamables, o donde se generen o liberen polvos o partículas combustibles, deben ser especialmente diseñados y construidos para ser instalados en este tipo de ambientes, a fin de prevenir incendios y explosiones.
Cuando los transformadores, condensadores y demás equipos eléctricos contengan una cantidad de aceite superior a 5 litros por tanque, cámara o compartimiento, el recipiente que contenga el aceite deberá cumplir con los requisitos siguientes:
• Estar situado fuera del edificio industrial;
• Deberá ser instalado o construido sobre fosos, drenajes o sumideros, de manera que todo el contenido de cada uno de los recipientes pueda ser evacuado rápidamente.
Las baterías de acumuladores fijas que excedan a una tensión de 150 voltios o de una capacidad de 15 kilovatios/hora, para una duración de descarga de ocho horas, estarán colocadas en locales o compartimientos construidos convenientemente para ese fin (con pisos resistentes a ácidos y propiamente ventilados).
Conductores portátiles
Los conductores portátiles y los suspendidos, no serán instalados o empleados en circuitos que funcionen a una tensión superior a 250 voltios a tierra, de corriente alterna, a menos que dichos conductores sean aislados convenientemente por una cubierta de caucho duro y otro aislante similar.
Requisitos a nivel organizativo
Todo centro de trabajo que disponga de equipos eléctricos deberá disponer de un plan organizativo para la prevención de incendios de origen eléctrico. El personal asignado para actuar ante este tipo de contingencias deberá haber sido debidamente formado por el empresario para el desempeño de su rol.
Protección de los elementos en tensión
Siempre que sea factible, el empresario deberá disponer de cercos, cubiertas u otros resguardos en todos los elementos conductores de corriente de los circuitos o equipos eléctricos que estén bajo tensión de 50 voltios o más a tierra, en corriente alterna, incluyendo los elementos expuestos a través de ventanas o aberturas de paredes (a menos que dichos elementos estén aislados por su colocación).
Cuando los elementos metálicos que formen parte de los circuitos o equipos eléctricos se encuentren en tensión por encima de los 50 voltios a tierra, en corriente alterna o continua, deban estar al descubierto, se instalarán los medios apropiados para proteger a los trabajadores.
Instalaciones eléctricas en ambientes inflamables o explosivos
• Los aparatos eléctricos serán excluidos de todos aquellos sitios donde exista peligro constante de explosión de mezcla de gases o vapores inflamables y deberán emplazarse fuera de la zona de peligro.
• Los motores eléctricos emplazados en los locales de trabajo que contengan gas o partículas de carácter explosivo o inflamable, serán de un tipo antiexplosivo aprobado.
• Los conductores eléctricos para los aparatos antiexplosivos estarán instalados en tubos de acero enteramente enroscados, o estarán constituidos por cables blindados revestidos de acero o cable forrado de metal con aislamiento mineral.
• Dichos conductores estarán conectados a los aparatos antiexplosivos por accesorios que aseguren el mantenimiento de las características antiexplosivas de tales aparatos.
Además de las obligaciones descritas, el Capítulo IV del Libro 2 del Decreto Ley nº 16998 establece otros requisitos específicos que deberán cumplir los conductores, fusibles y otros componentes de las instalaciones y equipos eléctricos. También se disponen normas en cuanto a las revisiones de dichos equipos.
El ordenamiento jurídico de Bolivia no dispone obligaciones específicas relativas a la protección de los trabajadores. No se establecen especificaciones en el Decreto Ley nº 16998 (principal norma nacional en la materia) ni tampoco existe ningún decreto o reglamento que aborde de forma específica este tipo de riesgos en el trabajo.
Además de las obligaciones relativas a las instalaciones de incendio contenidas en el apartado 27 de la presente guía, el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, establece algunas disposiciones relativas a la protección de los trabajadores en aquellos centros de trabajo en los que se almacenen y/o manipulen sustancias inflamables o explosivas como parte del proceso productivo.
Tal y como dispone el artículo 282, a efectos de prevenir posibles escapes de líquidos inflamables o explosivos, los tanques que los contengan deberán estar rodeados por una pared impermeable de una altura tal que el espacio encerrado sea lo suficientemente grande para contener el líquido.
Por otro parte, todo local donde se fabriquen, manipulen o empleen substancias explosivas o inflamables estará provisto de medios de salidas de emergencia adecuados y suficientes que permitan una ágil y segura evacuación del personal del centro.
A efectos de contribuir a una detección precoz de un incendio en las instalaciones, los lugares de trabajo deberán disponer de un sistema automático eficaz de alarma de incendio, de un tipo aprobado por la autoridad competente en función del riesgo.
En este tipo de establecimientos, está terminantemente prohibido fumar, tal y como establece el artículo 284 de la norma. Asimismo, no estará permitido introducir fósforos, dispositivos de llama abierta, objetos incandescentes o cualquier otra sustancia o foco de ignición susceptible de desencadenar un incendio o explosión. Se colocarán en lugares bien visibles avisos de precaución a esos efectos.
Además, en aquellos centros o lugares de trabajo en los que se empleen o almacenen sustancias altamente volátiles e inflamables, se dispondrán los medios necesarios para evitar que la temperatura del ambiente del lugar de trabajo se eleve excesivamente.
Los requisitos generales que deberán cumplir en Bolivia los equipos de trabajo, a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, vienen establecidas en el artículo 107 y siguientes del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Se desarrollan seguidamente los requisitos generales aplicables a los equipos de trabajo y contenidos en la norma:
Todas las partes móviles y motores primarios, así como otras partes peligrosas que puedan tener los equipos, deberán disponer de resguardos que las protejan.
Queda prohibido vender, fabricar, alquilar o ceder cualquier máquina, equipo, herramienta y otros que se vayan a utilizar directamente en el proceso de producción y que no estén adecuadamente provistos de los dispositivos de seguridad establecidos por norma.
Todo empresario debe informar a los trabajadores acerca de la legislación vigente relativa a la protección de la maquinaria y debe indicarles de manera apropiada los peligros que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones que deben adoptar.
Todos los dispositivos de resguardo/protección deben ser inspeccionados y mantenidos periódicamente.
Ninguna persona podrá inutilizar o anular los resguardos o dispositivos de seguridad que protejan una máquina o parte de la misma que sea peligrosa. En las tareas de mantenimiento o reparación, se podrá quitar los resguardos, siempre que al acabar estas operaciones los dispositivos de protección sean debidamente instalados de nuevo.
Por otro lado, el artículo 118 del Decreto Ley establece los requisitos de diseño y fabricación que deberán respetar los medios y dispositivos de protección con el que cuenten los equipos de trabajo, siendo éstos:
Prevenir todo acceso a las zonas de peligro durante las operaciones.
No ocasionar molestias ni inconvenientes al operador.
No interferir innecesariamente en el proceso productivo.
En el caso de dispositivos de seguridad móviles, deberán funcionar automáticamente o poder accionarse con el mínimo esfuerzo.
Constituirán preferiblemente parte integrante de la máquina.
No podrán impedir ni dificultar las tareas de inspección, mantenimiento y preparación de la máquina.
Deberán ser funcionales por un largo período de tiempo.
Estar diseñados y fabricados para aguantar el uso normal del equipo, así como choques o golpes que pudiera soportar.
Deberán ser duraderos y resistentes al fuego y a la corrosión.
No podrán constituir bajo ningún concepto un riesgo en sí (sin astillas, esquinas afiladas, bordes ásperos o cualquier otro factor de riesgo).
Todos los resguardos deben estar fuertemente fijados a la máquina, al piso o techo y se mantendrán en su lugar siempre que la máquina esté operativa.
Por otro lado, los aparatos limitadores de velocidad, las paradas de emergencia, las válvulas de cierre de emergencia y otros elementos destinados al paro parcial o total del equipo, deberán estar provistos de controles a distancia.
Cualquier operario o empleado deberá informar inmediatamente a su superior sobre los defectos o deficiencias que descubra en una máquina, resguardo, aparato o dispositivo de seguridad. Por su parte, el supervisor es requerido legalmente a aplicar las medidas necesarias para evitar o controlar el riesgo derivado del mal estado de la máquina o de alguno de sus componentes.
En Bolivia, la principal norma por la que se regula la seguridad y salud de los trabajadores, el Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, dispone a lo largo de su contenido requisitos que aplican específicamente a determinados equipos de trabajo.
Ascensores y montacargas (artículo 70)
Todas las partes de la estructura, maquinaria y equipo de los ascensores y montacargas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Disponer de un diseño y ser fabricados con materiales sólidos que no presenten defectos y que aseguren una adecuada resistencia, no debiendo presentar defectos.
• Asegurar el mantenimiento periódico y llevar a cabo las reparaciones oportunas para garantizar que el equipo se encuentra en perfecto estado.
• Deberán contar con todos los accesorios y resguardos reglamentarios, a fin de evitar el contacto de alguna parte del cuerpo de los trabajadores con respecto a las partes móviles del equipo.
• El equipo deberá instalarse de modo que los mecanismos de seguridad estén operativos y respondan en función del regulador de velocidad del equipo.
• Los ascensores y montacargas deberán ser periódicamente inspeccionados por parte de profesionales especializados a intervalos regulares.
Ascensores de Minas (Artículo 71)
Los ascensores de minas, por las exigencias y condiciones ambientales que conllevan este tipo de lugares de trabajo, estarán sujetos a un reglamento especial autorizado que comprenda su instalación, inspección, mantenimiento, procedimiento de uso, pruebas de seguridad, etc.
Equipos mecánicos de transmisión de fuerza (Artículo 117)
Todo equipo mecánico de transmisión de fuerza (correas, poleas, engranajes, embragues, ruedas dentadas, cadenas y otros) que sea instalado en una máquina o del que disponga la misma, deberán ser protegidos y resguardados de una forma segura y adecuada, a fin de que ninguna de sus partes sea accesible al trabajador. El diseño y la ejecución de los medios de protección debe regirse a normas y especificaciones técnicas cuyo control estará supervisado por personal especializado.
En Bolivia, una de las responsabilidades legalmente atribuidas a la figura del empresario radica en la puesta a disposición por parte del empresario al conjunto de trabajadores a su cargo de los equipos de protección individual (EPI) necesarios para el desarrollo de sus tareas en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud (ver apartado 6 de la presente guía).
En desarrollo de este deber general, el artículo 374 y siguientes del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, disponen de forma más específica los requisitos que deberán cumplir los equipos de protección individual facilitados a la plantilla.
Dicho artículo define los equipos de protección individual como “todos los complementos o sustitutivos de la ropa de trabajo cuya función es estrictamente la de proteger al individuo frente a uno o más riesgos derivados de su trabajo. Constituyen ejemplos de EPI las mascarillas, gafas de protección, guantes, cascos, protectores de oído, botas o zapatos de seguridad, etc.
Tal y como dispone el artículo 375 de la norma, será obligatorio el suministro y uso de los equipos de protección individual en aquellos casos en los que se identifique la existencia de riesgos permanentes a los que puedan estar expuestos uno o más trabajadores. Los EPI puestos a disposición por el empresario deberán cumplir con las especificaciones técnicas respectivas, a fin de asegurar que garantizan una protección eficaz frente al riesgo correspondiente.
Además de estos requisitos de carácter general, los artículos 377 y siguientes del Decreto Ley establecen requisitos específicos en cuanto a la puesta a disposición de los EPI, en función de la parte del cuerpo a la que otorgan la protección, destacando los siguientes:
Protección de la cabeza (Artículo 377)
Deberán ser proporcionados a aquellos trabajadores que estén expuestos al riesgo de caída de objetos o materiales y a otros golpes en la cabeza (incluyendo los que pudieran sobrevenir a consecuencia de la caída del trabajador en altura).
Protección de la vista (Artículo 378)
Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de una protección apropiada para la vista.
Protección del oído (Artículo 379)
Protección del Torso (Artículos 380-383)
Si resulta necesario el uso de mandiles cerca de partes móviles o giratorias de máquinas, la falda del mandil deberá estar separada del peto y ambos deben estar muy ligeramente ajustados al cuerpo, de modo que, si el mandil queda atrapado por una parte en movimiento, éste pueda instantáneamente desprenderse del cuerpo del trabajador.
Los mandiles utilizados por parte de los trabajadores cerca de llamas abiertas, fuego y objetos incandescentes, serán confeccionados de material resistente al fuego y deberán disponer de pecheras.
Por otra parte, los mandiles empleados por parte de trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, tales como ácidos o agentes cáusticos, serán confeccionados de caucho natural o sintético, u otro material resistente a la corrosión, y dispondrán de igual modo de pecheras.
Protección de las extremidades superiores (Artículos 385-386)
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas y mitones seleccionados para prevenir los riesgos existentes, a la vez que se evita la dificultad de movimientos al trabajador.
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero, plomo, de malla metálica u otro material, según las características o riesgos del trabajo a realizar. Para el trabajo con electricidad deben usarse los guantes que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros que no cumplan este requisito indispensable.
No usarán guantes los trabajadores que operen taladros, prensas y otros equipos en los cuales el guante pueda ser atrapado por partes en movimiento.
Protección de las extremidades inferiores (Artículos 387-389)
La protección de piernas, pies y muslos se hará por medio de calzado, botas, polainas, rodilleras… seleccionados para prevenir los riesgos existentes y asegurar la facilidad de movimiento al trabajador. Estos equipos de protección individual están sujetos a las siguientes condiciones:
• Material de buena calidad y resistente a los riesgos a prevenir.
• Puedan ser quitados instantáneamente en caso de emergencia.
• Inspeccionados y mantenidos periódicamente, a fin de garantizar que ofrecen el grado de protección que se espera de ellos.
Protección del aparato respiratorio (Artículos 391 y siguientes)
Los equipos protectores del aparato respiratorio deberán cumplir con lo siguiente:
• Serán de tipo apropiado al riesgo del cual deben ofrecer protección.
• Serán aprobados por la autoridad competente.
• Se ajustarán en la medida de lo posible al contorno facial del empleado, a fin de reducir fugas.
• Ocasionarán las mínimas molestias al trabajador.
• Se vigilará su conservación y funcionamiento periódicamente.
• Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo.
• Llevarán claramente marcadas sus limitaciones de uso.
• Se almacenarán en compartimientos adecuados.
• Las partes en contacto con la piel deberán ser de un material que evitar la irritación de la piel.
Los aparatos de protección respiratoria se usarán sólo en casos de emergencia o cuando la naturaleza del proceso no permita una alternativa de protección más cómoda para el trabajador.
No existe en Bolivia regulación específica en cuanto a la protección de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de la ejecución de tareas que impliquen la manipulación manual de cargas. Tampoco establece la norma ninguna disposición que haga referencia al peso máximo de carga que podrá ser transportado por parte de un empleado.
Ahora bien, el empresario es requerido a identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los empleados a su cargo, y este principio axiomático aplica también a la manipulación manual de cargas.
A efectos de evaluar esta tipología de riesgos en Bolivia, son comúnmente aplicados estándares y metodologías de evaluación internacionales. Los principales métodos que más aceptación tienen entre los profesionales del país en materia de seguridad y salud laboral.
• Método del “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) para la manipulación manual de cargas (Estados Unidos)
• Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para la manipulación manual de cargas (España).
El ordenamiento jurídico de Bolivia no presenta disposiciones normativas específicas que apliquen específicamente a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del uso de pantallas de visualización de datos.
Aun así, existen una serie de normas desarrolladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) por las que se disponen directrices relativas a la protección de los trabajadores que operan con este tipo de equipos, a través de la adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades y características de la persona.
Norma NB/ISO 9241-4:2010: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD) – Parte 1: Introducción general.
Norma NB/ISO 9241-5:2010: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD) – Parte 4: Requisitos del teclado.
Norma ISO 9241-5:1998: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD) – Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales.
Cabe decir, no obstante, que la aplicación de estas normas es de carácter voluntario, a no ser que en la normativa se establezca una referencia explícita a una norma NB/ISO (no es el caso). Ahora bien, la principal obligación del empresario en materia de seguridad e higiene radica en garantizar un nivel de protección eficaz de la seguridad y salud de sus trabajadores. En este sentido, bien sabida es la incidencia negativa sobre la salud que implica un mal diseño del puesto de trabajo, por lo que indirectamente el empresario es requerido a cumplir los principios básicos ergonómicos a la hora de diseñar los puestos de trabajo en los que se opere con PVDs.
En Bolivia, las obligaciones legales relativas a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos vienen definidas en algunos artículos contenidos en el Capítulo IX del Libro II del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Tal y como dispone el artículo 280 del Decreto Ley, todo ambiente de trabajo se inspeccionará periódicamente a intervalos tan frecuentes como sea necesario para garantizar que las concentraciones de las substancias peligrosas se mantienen dentro de los límites permisibles de exposición.
Cualquier centro de trabajo en el que se produzcan, manejen, transporten y almacenen substancias peligrosas, deberán adoptar procedimientos de seguridad para dichas operaciones y asegurar que éstos son seguidos fielmente por parte de la plantilla.
Los recipientes que contengan sustancias peligrosas deberán estar pintados, marcados y provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificados y reconocidos por los trabajadores.
Donde exista la presencia de gases, humos o vapores corrosivos se tomarán medidas adecuadas para evitar daños a los elementos estructurales y equipos de la fábrica.
Los trabajadores dispondrán de bombas, dispositivos de volteo u otros aparatos adecuados y los usarán para vaciar recipientes de líquidos corrosivos que no estén provistos de grifos para vaciarlos. El transporte de líquidos corrosivos se efectuará en carretillas especiales con dispositivos de sujeción. Los recipientes se conservarán siempre tapados herméticamente, exceptuando el momento en que se extrae su contenido.
El empresario deberá instruir sobre cómo actuar en caso de producirse el derrame de un líquido corrosivo. En primer lugar, deberá resguardarse la zona f in de que ningún trabajador pueda pisar el líquido. La superficie afectada deberá ser lavada con agua a presión o neutralizada con cal o dolomita. Nunca deberá aplicarse serrín, estopas, trapos o cualquier material orgánico.
Cuando se desprendan accidentalmente fuertes emanaciones corrosivas debido a la rotura o deterioro de un equipo, los trabajadores deberán desalojar inmediatamente el local de trabajo.
Por otro lado, el empresario deberá poner a disposición de los trabajadores duchas especiales para casos en los que se produzcan derrames accidentales.
Sustancias infecciosas, irritantes y tóxicas
En todos los establecimientos donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias tóxicas, se deberá instalar un dispositivo de seguridad y alarma en los casos en los que se desprendan cantidades peligrosas de dichas substancias.
En cuanto a los equipos y herramientas usados en la manipulación de sustancias infecciosas irritantes o tóxicas, deben ser escrupulosamente limpiadas y desinfectadas sistemáticamente por parte de los empleados que los utilizan.
Los trabajadores expuestos a sustancias infecciosas irritantes o tóxicas estarán dotados de ropa de trabajo adecuada con cubierta para la cabeza, la cual:
• Se quitará antes de ingerir alimentos y al abandonar el local, y se depositarán en lugares asignados para la ropa de trabajo;
• No se extraerán del centro de trabajo bajo ningún concepto.
• Se conservarán en buenas condiciones, se esterilizarán cuando sea necesario y se cambiarán por otras limpias una vez cada semana.
Está prohibida terminantemente la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas y tabaco en los lugares donde existan sustancias irritantes, tóxicas e infecciosas. Asimismo, los trabajadores expuestos a estas sustancias deben extremar precauciones en el aseo personal antes de comer, beber o fumar.
Cuando se den este tipo de riesgos, el empresario informará perfectamente a los trabajadores de los peligros inherentes a su trabajo y de las medidas de protección.
Siempre que se produzca la indisposición de uno o más trabajadores a causa de una lesión, por insignificante que sea, deberán notificar dicho suceso al servicio médico de la empresa.
La legislación de Bolivia en materia de seguridad y salud en el trabajo incorpora algunas referencias explícitas en relación a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de agentes físicos.
El Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, dispone en su artículo 324 que en todos los lugares de trabajo en los que los trabajadores estén expuestos a ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del trabajo, se deberá disminuir el nivel de intensidad de estos riesgos a valores aceptables, por medios adecuados de ingeniería o, en su defecto, dotar al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones. De esta última frase se desprende el deber de primar las medidas de protección colectivas por encima de las individuales.
Tal y como dispone el artículo 325 de la norma, el riesgo de ruido deberá ser evaluado por personal técnico designado por la autoridad competente.
Por otra parte, los trabajadores que estén expuestos al riesgo de ruido ocupacional deberán ser sometidos a exámenes médicos periódicos, a fin de determinar el estado de salud del trabajador y si éste se ve afectado por la incidencia que pueda ejercer el desarrollo de su trabajo.
Para encontrar más referencias en cuanto a la protección del trabajador frente a agentes físicos, debemos remitirnos al Decreto Supremo nº 2348, del 18 de enero de 1951, por el que se aprueba el reglamento Básico de Higiene y seguridad Industrial. Esta norma dispone los siguientes deberes atribuibles a la figura del empresario:
• Iluminación: La calidad y cantidad de iluminación en cualquier zona ocupada, deberá ser adecuada para permitir la ejecución de todos los trabajos necesarios de modo seguro y sin riesgo para la visión.
• Temperatura, humedad y renovación de aire: Debe proveerse ventilación natural o mecánica a todas las zonas ocupadas, para garantizar en la medida de lo posible un ambiente saludable en cuanto a temperatura, humedad, radiación de calor y renovación de aire.
• Ruido: No debe permitirse, en ninguna zona ocupada, proceso u operación alguna que produzca ruido, a no ser que se tomen previsiones para evitar que el ruido dañe cualquier parte del cuerpo o reduzca su eficiencia o su función normal.
• Vibraciones: Para todo proceso u operación que produzca vibración dentro de cualquier zona ocupada, deberán tomarse medidas para evitar que la vibración lesione o reduzca en eficiencia las funciones normales de cualquier parte del cuerpo.
En Bolivia, la norma de referencia en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los empleados que trabajan con agentes biológicos la constituye el Reglamento de Bioseguridad, del 21 de junio de 1997.
Su Título III establece los requisitos en cuanto a la evaluación de los riesgos que deberá llevar a cabo el empresario. La evaluación de los riesgos se hará con el objetivo de determinar:
1. Los posibles efectos negativos para la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica derivados de la actividad que se realice con Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
2. La factibilidad de las medidas de gestión propuestas por la empresa.
3. La clasificación del OGM según los grupos establecidos en el presente Reglamento.
Esta categorización a la que hace referencia el párrafo anterior viene establecida en el artículo 18 de la norma y se basa en lo siguiente:
• Grupo 1: Un OGM será clasificado en este grupo y considerado de bajo riesgo según los siguientes criterios:
o No hay probabilidad de que el organismo receptor o parental provoque enfermedades a los seres humanos, animales o plantas;
o La naturaleza del vector y del inserto es tal que no es probable que cause enfermedades a los seres humanos, animales o plantas, o que es probable que tenga efectos adversos para el medio ambiente.
o No es probable que el OGM cause enfermedades a los seres humanos, animales o plantas y es poco probable que tenga efectos adversos para el medio ambiente.
• Grupo 2: Un OGM será clasificado en este grupo y considerado de alto riesgo cuando no reúna los requisitos establecidos en el Grupo 1, es decir, que el agente biológico se espera que pueda causar enfermedades a los humanos, animales y plantas y puedan suponer efectos adversos para el medio ambiente.
La evaluación de los riesgos se realizará en base a un examen profundo de la información de la que disponga la empresa sobre los siguientes parámetros:
a. Las características del OGM: El organismo receptor/parental o huésped, el organismo donante y el vector utilizado, el inserto y el rasgo codificado, el centro de origen…
b. La utilización que se la dará al agente biológico (si estará confinado, deberá ser liberado como parte del proceso, si será incorporado al mercado, escala prevista de operaciones que deberán hacerse y que impliquen la exposición de los trabajadores, los procedimientos de trabajo establecidos para las operaciones, tratamiento de desechos…y otros.
El detalle de la información requerida para efectuar la evaluación de riesgos de manera adecuada viene especificado en el Anexo I del Reglamento de Bioseguridad, del 21 de junio de 1997.
Por su parte, el Decreto Ley nº 16998, del 2 de enero de 1979, dispone algunos requisitos que aplican a sustancias infecciosas y que conviene tener en consideración. Pueden consultarse en el apartado 36 de la presente guía.
Bolivia es uno de los países que ha ratificado el Convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Seguridad en cuanto al uso del Amianto.
Este Convenio establece a grandes rasgos el deber de proteger al trabajador frente a los riesgos derivados de la inhalación de partículas de amianto. Incluye disposiciones en cuanto a la evaluación de riesgos, las medidas de protección colectivas e individuales que deberán adoptarse, vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores (a través de reconocimientos médicos iniciales y periódicos), formación en materia de PRL y otras obligaciones.
Cabe decir que el uso del amianto sigue estando permitido en Bolivia, pese a ser internacionalmente reconocida la peligrosidad que supone para el ser humano. Asimismo, las normas nacionales en materia de seguridad y salud disponen escasas referencias en cuanto a la gestión del amianto y las normas contenidas en el Convenio de la OIT tienen un escaso grado de seguimiento en el país.
En Bolivia, la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a radiaciones viene legalmente enmarcada en el Capítulo X del Libro II del Decreto Ley nº 16998, del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
Las dosis máximas permisibles acumulada en las gónadas, en los órganos hematopoyéticos y en los cristalinos a cualquier edad superior a dieciocho años, deberá calcularse con arreglo a la siguiente fórmula: D = 5 (N – 18) Siendo: D la dosis total permisible acumulada durante su vida de trabajo, en los tejidos, expresada en rems; y N la edad expresada en años.
Tratándose de personas expuestas por razones ocupacionales a una cantidad de radiación constante desde la edad de dieciocho años, la fórmula citada arroja una dosis máxima de 0,1 rems por semana, valor que debe utilizarse para los planes de trabajo y los dispositivos relativos a la protección.
Dentro de los límites que establece la fórmula, una persona expuesta por razones ocupacionales puede acumular la dosis máxima permisible en una proporción no superior a 3 rems por cada período de trece semanas consecutivas. Si es necesario como consecuencia del proceso productivo, los 3 rems se podrán absorber en una dosis única, pero esta práctica debe evitarse en lo posible.
No se tendrán en cuenta a efectos de cálculo de la dosis de exposición las irradiaciones absorbidas por el empleado fuera del trabajo, como las emanadas por la radiación natural o por la utilización médica de radiaciones.
Cuando no se conozcan con precisión los antecedentes sobre la exposición profesional de un empleado, deberá suponerse que ya ha acumulado la totalidad de la dosis que arroja la fórmula enunciada anteriormente.
Por otra parte, toda irradiación accidental de dosis superior a 25 rems debe considerarse grave y notificarse a las autoridades médicas competentes, para que éstas adopten las medidas de tratamiento apropiadas y formulen recomendaciones respecto a la exposición profesional del interesado después del accidente.
Medidas y acciones preventivas:
• Toda fuente de radiación ionizante debe contar con el blindaje integral y protección necesaria permanente, para garantizar exposiciones inferiores a las máximas permisibles a operadores, usuarios y terceras personas.
• Deberán aplicarse medidas técnicas u organizativas que eviten que ninguna persona pueda ser expuesta deliberada o inútilmente, y sin protección adecuada, a radiaciones ionizantes.
• Todos los dispositivos de protección instalados en equipos y aparatos que generen radiaciones ionizantes serán revisados e inspeccionados periódicamente por personal competente.
• Todo personal que por razón de su trabajo esté expuesto permanentemente a radiaciones ionizantes, debe ser controlado a través de exámenes médicos periódicos (no se indica periodicidad concreta).
El uso de fuentes radioactivas debe ser adecuadamente justificada ante la autoridad competente, previamente a inicio de la exposición.
Tal y como dispone el artículo 321 de la norma, se consideran como radiaciones electromagnéticas no ionizantes, las ondas de radio, microondas, láser, infrarroja y ultravioleta. En Bolivia, las radiaciones no ionizantes están sujetas a reglamentos especiales en los que se regulan las medidas de control aconsejables, la medición de la intensidad de la radiación, el tiempo de exposición y las características de la exposición.
Normas específicas que aplican al presenta apartado:
• Decreto Supremo nº 19.172, del 29 de septiembre de 1982, por el que se aprueba la Ley de Protección y Seguridad Radiológica.
• Decreto Supremo nº 24.483, del 29 de enero de 1997, por el que se reglamenta la Ley de Protección y seguridad Radiológica.
En Bolivia, el tratamiento jurídico de la ergonomía en el trabajo por parte de la normativa boliviana en materia de seguridad y salud en el trabajo está escasamente desarrollado.
A lo largo del contenido del Decreto Ley nº16998, del 2 de enero de 1979, solo se establece una mención directa y específica aplicable a la especialidad de la ergonomía en el trabajo, definida en los artículos 350 y 351. Tal y como se dispone en la norma, cuando se prevea por parte de los trabajadores la utilización de bancos, sillas, barandas, mesas u otros elementos similares, deberán ser diseñados de acuerdo a las normas elementales de ergonomía a fin de evitar esfuerzos innecesarios o peligrosos.
Además, los trabajadores deberán ser instruidos sobre los movimientos y esfuerzos que ejecuten durante su jornada con el objetivo de prevenir lesiones por sobreesfuerzos o fatiga.
Por otro lado, cabe decir también que en caso de existir riesgos ergonómicos en el puesto de trabajo, éstos deberán ser debidamente evaluados y gestionados, ya que es obligación del empresario garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Un ejemplo lo constituyen los riesgos propios de las operaciones de manipulación manual de cargas: no existe capítulo específico en la normativa que regule la gestión de estos riesgos. Sin embargo, las empresas del país están obligadas a ellos por el hecho de ser un reconocido riesgo para la seguridad y salud, haciéndose valer de métodos y estándares internacionales para la evaluación y propuesta de medidas preventivas.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) ha incorporado en el país la vigencia de algunos estándares específicos en el campo de la ergonomía en el trabajo y que, si bien no son de obligado cumplimiento general, pueden ser utilizados para articular los deberes en cuanto al agestión preventiva de este tipo de riesgos. Se reconocen en Bolivia las siguientes:
• NB/ISO 6385:2006: Principios ergonómicos para el diseño de sistema de trabajo (Correspondiente a la norma ISO 6385:2004).
• NB/ISO 7250:2010 Definiciones de las medidas básicas del cuerpo humano para el diseño tecnológico (Correspondiente a la norma ISO 7250:1996).
• NB/ISO 9241-1:2009 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD) – Parte 1: Introducción general (Correspondiente a la norma ISO 9241-1:1997).
• NB/ISO 9241-4:2010 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD) – Parte 4: Requisitos del teclado (Correspondiente a la norma ISO 9241-4:1998).
• NB/ISO 9241-5:2010 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD) – Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales (Correspondiente a la norma ISO 9241-5:1998).
• NB/ISO 11064-1:2008 Diseño ergonómico de los centros de control – Parte 1: Principios para el diseño de los centros de control (Correspondiente a la norma ISO 11064-1:2000).
• NB/ISO 11064-2:2008 Diseño ergonómico de los centros de control – Parte 2: Principios para la ordenación de las salas de control y sus anexos (Correspondiente a la norma ISO 11064-1:2000).
• NB/ISO 11064-3:2009 Diseño ergonómico de centros de control – Parte 3: Disposición de las salas de control (Correspondiente a la norma ISO 11064- 3:1999).
• NB/ISO 11064-4:2009 Diseño ergonómico de centros de control – Parte 4: Distribución y dimensiones de los puestos de trabajo (Correspondiente a la norma ISO 11064-4:2004).
• NB/ISO 11064-6:2009 Diseño ergonómico de los centros de control – Parte 6: Requisitos ambientales para centros de control (Correspondiente a la norma ISO 11064-6:2006).
La legislación boliviana en materia de seguridad y salud ocupacional no incorpora ningún apartado específico relativo a las obligaciones del empresario en cuanto a la gestión preventiva de los riesgos psicosociales.
Dicho esto, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) ha incorporado en el país la vigencia de algunos estándares específicos que versan sobre el tratamiento y gestión de algunos riesgos de tipo psicosocial, principalmente en relación a la carga mental y al diseño de los puestos de trabajo:
• NB/ISO 10075-1:2006, Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental – Parte 1: Términos y definiciones generales (Correspondiente a la norma ISO 10075-1:1991).
• NB/ISO 10075-2:2006, Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental – Parte 2: Principios de diseño (Correspondiente a la norma ISO 10075- 2:1996).
• NB/ISO 10075-3:2006, Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental – Parte 3: Principios y requisitos referentes a los métodos para la medida y evaluación de la carga de trabajo mental (Correspondiente a la norma ISO 10075-3:2004).
Según la información detallada en la base de datos de Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, aquellos ciudadanos extranjeros que decidan entrar dentro del territorio nacional de Bolivia deberán haber sido previamente vacunados frente a la Fiebre Amarilla. Asimismo, existen otras vacunaciones que, si bien no son exigidas para ingresar en el país, resultan igualmente recomendables.
• Fiebre Amarilla: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y para los viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas a través del aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí. Recomendado para todos los viajeros de edad ¿9 meses que viajen al área situada al este de los Andes con altitudes inferiores a 2.300 m.: zonas enteras de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, y los designados de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija. No se recomienda para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a áreas con altitudes superiores a 2300 m, y todas las zonas no mencionados anteriormente, incluyendo las ciudades de La Paz y Sucre.
Si bien España y Bolivia no tienen firmado ningún Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social, el ciudadano español que se desplace de forma temporal a Bolivia podrá seguir sujeto al sistema asistencial español durante su estancia temporal en el país.
Este mantenimiento de la legislación española en materia de seguridad social como la aplicable en los casos de desplazamientos temporales se sustenta en el hecho de que ambos países, España y Bolivia, son países firmantes del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este acuerdo internacional aplica a las siguientes prestaciones de carácter contributivo de la Seguridad Social:
Aun así, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social no cubre la asistencia sanitaria en el país de destino. La excepción la constituyen los casos en los que el trabajador desplazado sufra un accidente o enfermedad profesional, debiendo ser en estos casos la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la que disponga la empresa la que ofrece la cobertura.
Teniendo en cuenta esta falta de cobertura de la asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes, resulta muy aconsejable la contratación de un seguro médico de viaje que cubra los costes que puedan derivarse del tratamiento sanitario y asistencial que pueda requerir el trabajador.
Asimismo, se recomienda que el seguro médico de viaje disponga dentro de su paquete de cobertura el reembolso de los gastos derivados de una posible repatriación del empleado al país de origen (España), dado su elevado coste.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a la calidad del servicio sanitario existente entre los hospitales públicos y privados del país, dicho seguro médico de viaje debería incorporar el derecho asistencial y de tratamiento en los centros privados del país. En caso de que el trabajador deba acudir a un centro hospitalario en busca de tratamiento, conviene que lleve consigo dinero en metálico o tarjeta bancaria, puesto que determinados centros pueden exigir el pago por adelantado del tratamiento en cuestión. Posteriormente, el coste soportado por el trabajador es reembolsado por parte de la aseguradora.
Tal y como se informa desde el portal web del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, Bolivia presenta unos niveles de delincuencia ligeramente inferiores a los del resto de países colindantes (Brasil, Chile, Perú y Paraguay).
Pese a ello, en los últimos años el país ha experimentado un incremento de la inseguridad ciudadana con motivo de la aparición de nuevos delitos, principalmente el secuestro exprés, de los cuales los ciudadanos extranjeros son el principal objetivo. Existe también una importante prevalencia de atracos a turistas y trabajadores allí desplazados, especialmente mientras se desplazan en taxi.
En ambos actos delictivos, suele ser práctica común entre los captores o atracadores hacerse pasar por policías, efectivos antinarcóticos e incluso indigentes para aprovecharse de sus víctimas.
A fin de evitar o reducir el riesgo de ser víctima de un secuestro exprés en taxis desconocidos, especialmente de noche, se recomienda utilizar siempre vehículos de confianza de compañías conocidas. En general, la mayoría de estas compañías suelen trabajar con hoteles de cierta categoría frecuentados por los turistas. En los mismos se puede solicitar un taxi de confianza que evite, o al menos reduzca la posibilidad, de que estos riesgos se materialicen.
Por otra parte, se recomienda previamente a la realización de un desplazamiento informarse puntualmente sobre el estado de las carreteras, sobre eventuales bloqueos de las mismas o de aeropuertos. Asimismo, en caso de que el ciudadano extranjero decida realizar un desplazamiento durante la época de lluvias (noviembre a febrero) deberá tener en cuenta que pueden producirse inundaciones.
Definición de zonas de riesgo en el país:
Zonas de riesgo medio: Región de Chapare, Altiplano y Nor Yungas, El Alto y Santa Cruz de la Sierra (elevadas tasas de delincuencia).
Como norma general, las condiciones sanitarias y de higiene en el territorio nacional de Bolivia son deficientes, a excepción de las grandes urbes del país en las que las condiciones son algo mejores.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se aconseja extremar las precauciones para evitar la picadura de mosquitos mediante el uso de repelente y prendas con mangas y perneras largas. Estos insectos generan el riesgo de poder contraer enfermedades como la malaria, el dengue o la chikungunya.
A efectos de prevenir el riesgo de picadura de mosquito, se recomienda la puesta en práctica de las siguientes medidas preventivas:
• Mantener una dieta equilibrada y rica en proteínas (carne, pescado, huevo), hierro (legumbres) y vitamina A (fruta, verdura, leche y derivados lácteos).
• Rociar el alojamiento con spray pulverizador residual (IRS) antimosquito, el cual se recomienda que se incluya en el botiquín de viaje del trabajador desplazado. (su efecto permanece entre 3 y 6 meses). Esta medida es especialmente importante si el empleado va a residir en una zona rural o remota.
• Aplicar repelente anti mosquito a lo largo del día sobre el cuerpo del trabajador.
• Vestir con ropa que cubra sus extremidades, preferiblemente de color claro. Evitar ropa de color azul oscuro o negra.
• Evitar focos de reproducción de mosquitos en su hogar. En caso de disponer de recipientes de agua para uso doméstico, limpiarlos y cambiar de recipiente periódicamente.
• Evitar la acumulación de desechos orgánicos y agua estanca en el domicilio del trabajador.
En el caso de contraer alguna de las enfermedades anteriormente citadas, el infectado deberá acudir inmediatamente a un médico. En este sentido, se recomienda contratar un seguro médico internacional con cobertura eficaz y suficiente para todo el tiempo que dure el viaje y que cubra la repatriación.
Por otra parte, resulta muy importante evitar el consumo del agua de grifo (beber siempre agua embotellada) y no ingerir alimentos en puestos ambulantes, ya que ambas prácticas originan o incrementan el riesgo de contraer multitud de enfermedades. Se aconseja contar con medicamentos antidiarreicos.
Riesgos específicos en los territorios del país:
• Zona Andina: En las zonas de más altura, existe el riesgo de ser afectado por el “soroche” (mal de altura). Para su tratamiento es aconsejable el reposo de 2 días, no tomar alcohol ni comer mucho, beber mucho líquido, también recomiendan tratarla con infusiones de mate de coca. Deben evitar viajar a esta zona personas con problemas respiratorios o cardíacos.
• Zona Sub-Andina: Según la altitud, puede que también sea afectado por el mal de altura.
• Zona de Los Llanos: Se da un clima tropical caluroso y húmedo, especialmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni Pando y Cochabamba, en los que existe el riesgo de malaria (en algunas zonas la malaria es endémica), dengue y de chikungunya.
Bolivia es un país considerablemente expuesto al riesgo de que se originen desastres naturales en alguna de las zonas del país.
El principal de ellos lo constituyen las inundaciones y deslizamientos de tierra que pudieran originarse en consecuencia. Los territorios más afectados por las lluvias torrenciales son La Paz, Oruro, Beni y Cochabamba. Además, este último departamento presenta en algunas provincias sequías que han generado a lo largo de los años un considerable número de familias afectadas en el país.
Se detallan a continuación los principales riesgos de desastres naturales en el país, seccionados por territorios:
Departamento de la Paz: Suelen ser frecuentes durante el año deslizamientos, mazamorras e inundaciones que afectan tanto a las zonas urbanas Alto Tacagua, Jucumarini y Pampahasi, como comunidades rurales Guanay, Tipuani, Chima, San Buenaventura, Villa Caturapi, Luribay Laja, El Alto , Valencia y Carreras. La ciudad de La Paz presenta condiciones naturales muy complejas por su configuración geotécnica y topográfica (con altas pendientes), motivos por los cuales constituye una de las urbes en las que es más difícil preservar la estructura urbana, debido a que es una ciudad sometida a una infinidad de riesgos naturales, especialmente: riadas, deslizamientos, derrumbes, fluidos de barro, etc. Las zonas de la ciudad más castigadas suelen ser: Kupini, Villa Salomé, Retamani, Huanuni, Llojeta y Callapa.
Departamento de Oruro.- Sufre de frecuentes inundaciones en la zona urbana Cercado que afecta a 50 familias y 250 personas.
Departamento de Beni: Presenta inundaciones que afectan a un total de 718 familias y 3.590 personas en las comunidades de Rurrenabaque y otras ubicadas en las riberas del río Beni.
Departamento de Cochabamba: Es el más afectado por las sequías, en provincias como Arque, Bolívar y Tapacarí. También este territorio es víctima de inundaciones, especialmente en las regiones de Puerto San Francisco, Vinto y Colcapirhua.
En los últimos años, Bolivia ha experimentado una tendencia a la baja en cuanto al índice de prevalencia de accidentes de tráfico en el país. Entre 2013 y 2014, la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito bajó del 18,4 por cada 100.000habitants al 15,8 por 100.000 habitantes.
Ahora bien, pese a esta reducción de la siniestralidad en las carreteras bolivianas, el país sigue siendo uno de los países que mayor peligro conllevan en este sentido. Según un informe elaborado en 2013 conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Bolivia ocupaba el puesto 9 sobre un total de 11 países con mayor siniestralidad mortal en carreteras.
Otro destacable aspecto es la falta de fiabilidad con los datos anteriormente comentados, siendo previsiblemente mayores en la realidad. La principal razón es que estos porcentajes tan solo computan aquellos fallecimientos que hayan tenido lugar en el mismo accidente. Sin embargo, no son computadas las muertes producidas a consecuencia de lesiones graves que se hubieses originado a consecuencia del accidente de tráfico.
Con el objetivo de reducir la mortalidad en carretera que experimenta el país, se aprobó en 2013 un plan quinquenal, el Plan de Seguridad Vial 2014-2018, orientado a reducir la siniestralidad vial y que cuenta con 5 grandes planes de acción que pretenden dar respuesta a:
Un sistema de ambulancias insuficiente.
Falta de un sistema de vigilancia de las lesiones en las salas de urgencia.
Ausencia de datos en cuanto al número de accidentados que no fallecen pero que adquieren secuelas o incapacidades permanentes.
El escaso grado de cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los usuarios.
La falta de una norma que regule los estándares de calidad que deberán cumplir los casos de motocicleta.
En cuanto a la posibilidad de circular por las carreteras del país por parte de conductores españoles, comentar que desde 2007 existe un acuerdo firmado entre ambos países por el cual se reconocen los permisos de conducción recíprocamente.
En aquellos casos en los que los trabajadores españoles allí desplazados vean expirado su permiso de conducción, podrán de igual modo renovar dicho permiso en el país. Para ello, deberán acudir a una de las secciones consulares de España en Bolivia, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos:
Presentar su solicitud de prórroga de vigencia firmada por el interesado, en el formulario disponible físicamente en la Representación diplomática o consular española correspondiente. Dicha solicitud es posteriormente enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que a su vez remite la solicitud a la Jefatura de Tráfico que proceda para su renovación.
Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor si lo tuvieran, o en su defecto, pasaporte en vigor. Los extranjeros deberán aportar fotocopia de la tarjeta de residencia con el NIE (número de identidad de extranjero).
Informe de aptitud psicofísica expedido por un médico del país donde se encuentre el interesado, visado por la Misión Diplomática u Oficina Consular de España en dicho país en que figure incorporada una fotografía reciente del rostro del solicitante. Deberá especificar la aptitud para la conducción.
Copia del resguardo del pago de la tasa según las tarifas anuales vigentes. El pago se realiza mediante transferencia bancaria
La transferencia deberá realizarse de forma que en la cuenta se reciba el importe exacto de la tasa en euros.
Uno de los rasgos más característicos de Bolivia radica en el alto grado de diversidad cultural existente en el país. La mayoría de estas culturas proceden de la histórica tradición y presencia de hispanos y amerindios en el territorio nacional, si bien en los últimos años se han ido incorporando otras culturas de forma paulatina. En la actualidad, conviven en el país más de 40 grupos étnicos, muchos de ellos fieles a su tradición cultural.
Tradicionalmente, la cultura boliviana ha sido definida por la predominante población indígena y el mestizaje de sus tradiciones ancestrales, aspectos estos que han sido poco a poco influenciados por los elementos culturales europeos que fueron establecidos a consecuencia del colonialismo español. Esta conjunción de tradiciones ha conllevado con el tiempo que Bolivia disponga de una cultura rica y única en el mundo.
Sigue existiendo también un importante porcentaje de población indígena en el país. Los principales pueblos indígenas son el Quechua, Guaraní, Chiquitano, Aymara y Moxeño.
Esta multiculturalidad de la que se caracteriza la población boliviana se traduce también en cuanto al idioma, existiendo más de 30 idiomas oficiales en la República de Bolivia. Los idiomas oficiales son el español y todos los idiomas nacionales de los pueblos indígenas: idiomas oficiales: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasuawe, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
Entre ellos, el español es de largo el idioma más hablado por la población nacional (más de un 85% de ciudadanos lo conocen y practican de forma habitual). Asimismo, los documentos legales y oficiales del Estado, incluyendo la Constitución Política, las principales instituciones privadas y públicas, los medios de comunicación y las actividades comerciales utilizan el idioma español.
En cuanto a la religión, Bolivia es un estado laico cuya Constitución reconoce como derecho fundamental la libertad de culto de la sociedad boliviana. No obstante, un censo realizado por el Instituto de Estadística de Bolivia arrojó que aproximadamente el 97% de la población consideraba pertenecer a alguna religión.
Pese a tratarse de un estado laico, Bolivia sigue contando con días festivos que derivan de la tradición religiosa. Los días festivos oficiales de la República de Bolivia previstos para el año 2016 son los que a continuación se listan:
• 22 de enero: Día de la Fundación de Bolivia.
• 8 y 9 de febrero: Carnaval.
• 21 de junio: Año Nuevo Aymara.
• 6 de agosto: Día de la Independencia.
La necesidad de disponer de un visado para poder acceder al territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia varía en función del objeto del viaje.
Si la finalidad del mismo es hacer turismo en el país, el ciudadano español no requerirá de la obtención de un visado, ya que España figura como uno de los países que no requieren de él para el acceso al territorio nacional. Ahora bien, en los casos en los que el ciudadano español sea desplazado al país con el objeto de llevar a cabo una actividad remunerada, deberá disponer para ello de una visa denominada “Visa de Objeto Determinado”. Dentro de este tipo de visa existen tres categorías (trabajo, salud y familia).
Los ciudadanos españoles que vayan a desarrollar una actividad laboral deberán solicitar la tramitación de la Visa por Objeto Determinado (trabajo). Este visado permite una permanencia temporal en territorio nacional, que se establecerá en base a la actividad que se pretende desarrollar en el país. Los requisitos exigidos para la solicitud del visado son los que a continuación se detallan:
Formulario cumplimentado de Declaración Jurada de solicitud de Visa (puede ser obtenido presencialmente en el Consulado o Embajada de Bolivia en España que corresponda o bien en sus páginas web).
Dos fotografías actuales (4×4 fondo rojo).
Certificado vigente que acredite que la persona no tiene antecedentes penales, expedido por autoridad competente en el país de origen o de su última residencia legalizado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España (No aplica a menores de 16 años de edad).
Solvencia económica respaldada documentalmente según corresponda, a través de cualquiera de los siguientes documentos:
Extractos bancarios de los últimos 6 meses que consignen el nombre del solicitante.
Contrato laboral o civil.
Ingresos por concepto de alquiler y/o venta.
Documentación que acredite la actividad que desarrollará en territorio boliviano:
En caso de trabajo remunerado con relación de dependencia: Carta de Invitación de la Entidad o Empresa y documento de autorización de registro de invitación en la Dirección General de Migración, adjuntando copia simple de Acta de Constitución, NIT, Registro de Comercio (FUNDAEMPRESA).
En caso de trabajo lucrativo sin relación de dependencia laboral: Declaración jurada que establezca la actividad que desempeñara, el lugar donde se establecerá, el tiempo que pretende permanecer en Bolivia.
Representación de España en Bolivia
Avda. Cañoto esquina C/ Perú
Número piloto (centralita): +(591.3) 3346500
Fax: +(591.3) 3346501
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Fax: (+591.2) 243 42 57
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Página Web: http://www.oficinascomerciales.es/
Teléfonos: (+591.2) 244 05 05 – (+591.2) 211 34 98
Centro Iberoamericano de Formación de Santa Cruz de la Sierra.
Casilla Postal 875
Teléfonos: (+591.3) 335 13 11 – (+591.3) 335 13 22
Fax: (+591.3) 332 88 20 – (+591.3) 332 22 17
Correo electrónico: sabtacruz@aecid-ct.bo
Página Web: http://www.aecid-ct.bo
Av. Arce nº 2856.
Casilla Postal 4176
Teléfonos: (+591.2) 243 35 15
Fax. (+591.2) 243 34 23
Correo electrónico: aecid@aecid.bo

References: artículo 46
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 311
 artículo 38
 artículo 6
 artículo 403
 artículo 58
 Resolución 
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 320
 artículo 103
 artículo 53
 artículo 52
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 43
 artículo 52
 artículo 111
 artículo 305
 artículo 90
 artículo 123
 artículo 282
 artículo 284
 artículo 107
 artículo 118
 artículo 374
 artículo 375
 artículo 280
 artículo 324
 artículo 325
 artículo 18
 artículo 321