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﻿ Sentencia 5993 de agosto 13 de 2001
SENTENCIA 5993 DE 13 DE AGOSTO DE 2001
CONTENIDO:TRANSPORTE Y CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO. ES CONSIDERADA COMO ACTIVIDAD PELIGROSA. APLICACIÓN EXTENSIVA DE LAS NORMAS REFERENTES A SERVIDUMBRE MINERA A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO.
Sentencia 5993 de agosto 13 de 2001
Ref. Expediente 5993
Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil uno.
Se decide el recurso extraordinario de casación formulado por la parte demandada respecto de la sentencia proferida el 11 de Diciembre de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por JOSÉ ALEJANDRO ARANGO VÉLEZ contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “ECOPETROL”.
1. El aludido demandante convocó a proceso ordinario a la referida empresa demandada, para que en la sentencia se declarara que ésta era responsable del daño inferido en las tierras y ganados de la hacienda “Oro Negro”, por lo que debía ser condenada a pagar los perjuicios sufridos con ocasión de la contaminación de las aguas, los suelos y los pastos, en cuantía de $ 34´800.000 por lucro cesante al imposibilitar el cultivo de arroz y $ 131´000.000 como daño emergente, más los intereses comerciales de las anteriores cifras desde el 10 de abril de 1992 hasta la ejecutoria de la sentencia condenatoria y, en adelante, moratorios hasta el momento en que se realice el pago.
2. Para soportar estas pretensiones se esgrimieron los hechos que así se sintetizan:
A. El señor José Alejandro Arango Vélez, según los términos de la escritura pública 847 del 20 de marzo de 1992, era usufructuario de la finca denominada “Oro Negro”, ubicada en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja.
B. La finca en mención sufrió graves perjuicios con ocasión de la contaminación con hidrocarburos por razón de la explotación petrolera realizada por Ecopetrol, lo que impidió que el demandante pudiera desarrollar un cultivo de arroz en las cien hectáreas en que era posible. También como consecuencia de la intoxicación por los desechos de los hidrocarburos, se produjo la muerte de 77 cabezas de ganado entre el 10 de Abril y el 10 de Agosto de 1992, semovientes cuyo solo precio de “emposte” era de $ 23´000.000, lo que constituye un ejemplo real y práctico del “daño emergente”.
C. Adicionalmente, el número total de cabezas de ganado que había en la finca era de 1.077, pero descontando las que fallecieron, quedaron 1.000 que sobrevivieron a la intoxicación y que fue posible vender con merma de 80 kilos por cabeza, es decir, con pérdida de $ 78´000.000 en total por este concepto, más los gastos de transporte y otros en cuantía de $ 10´000.000, cifras que, agregándoles la erogación por asesoría jurídica que se estima en $ 30´000.000, arrojan un gran total por daño emergente de $ 131´000.000, más el monto del lucro cesante en la cantidad que anteriormente se anotó.
3. La sociedad demandada dio respuesta al libelo mediante escrito oportunamente presentado ante el juez del conocimiento, con oposición a las pretensiones de la demanda.
4. Planteado así el litigio, la primera instancia culminó con sentencia de fecha 25 de agosto de 1994, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, negó las pretensiones formuladas.
5. Inconforme el demandante interpuso recurso de apelación que, una vez tramitado y previo el decreto y práctica de las pruebas ordenadas oficiosamente por el Tribunal Superior de Bucaramanga, fue decidido con la sentencia del 11 de diciembre de 1995, en la que se revocó el fallo impugnado y, en su lugar, se declaró a la sociedad demandada civilmente responsable de los daños inferidos al señor Arango, por lo que la condenó al pago de $ 11´220.000 como valor de los animales muertos; $ 52´000.000 por la merma sufrida en los vacunos sobrevivientes; $ 3´796.976 por concepto de movilización del ganado intoxicado; además de la corrección monetaria de las anteriores cifras desde 1992 hasta que se realice el pago.
Expresó el sentenciador de segundo grado que en los hechos alegados como soporte de la demanda, se advertía la ocurrencia de un riesgo propio de la servidumbre minera legal que soportaba el predio a favor de Ecopetrol, “circunstancia en la cual el explotador está obligado a resarcir el daño en virtud de lo dispuesto en el código de minas (D. 2655/88) principalmente en su artículo 177” (fl. 172, cdno. 4).
Bajo este supuesto y con relación a las probanzas, manifestó que los testimonios recogidos en el curso de la segunda instancia confirmaron la afirmación del libelista respecto del derrame de crudo en la finca “Oro Negro” a mediados de 1992, el que causó daños a los terrenos y a los ganados que allí pastaban. Ciertamente, sostuvo, el testigo Lorenzo Uribe Quintero fue quien observó por primera vez el problema del ganado impregnado de crudo, dio aviso a su propietario y, por petición de éste, evacuó las reses de la finca. Así mismo este deponente colaboró con su venta y constató la muerte de 68 de los animales afectados.
Resaltó también los testimonios de los señores Salomón Villegas, quien corroboró la contaminación del ganado con petróleo y fue uno de los que asistió a los animales enfermos, lo mismo que del zootecnista Guillermo Camacho Gil, de cuya declaración destacó que había sido la primera persona llamada a asistir el caso de la contaminación de los bovinos, cuando se presentaron las primeras muertes; que además recorrió la finca por aquella época y observó que los potreros y las aguas estaban cubiertas de petróleo crudo; que los animales fueron tratados por él en las fincas aledañas y, finalmente, que las reses que sobrevivieron fueron vendidas con una merma que osciló entre el 35 y el 50%, debido a la intoxicación por la ingestión de hidrocarburos, ya que no observó otra causa probable del problema.
Destacó también el juzgador que la afectación del ganado por el derrame de petróleo, fue igualmente confirmada por el testigo Armando Esparza, y que la declaración de Jairo Iván Loaiza, empleado de Ecopetrol, nada le aportaba al proceso.
Señaló luego el fallador, que no resulta posible atribuir al demandante culpa por mantener ganados permanentes en la finca y no en tránsito, porque este planteamiento de la parte demandada carece de asidero, pues si Ecopetrol es beneficiaria de la servidumbre legal impuesta al predio, esta entidad era la obligada a evitar que sucedieran percances como el que dio origen a este litigio.
De otro lado, precisó que si bien resulta cierto que la finca es anegable en algunas épocas del año, también era verdad que la causa de la intoxicación del ganado fue la ingestión del petróleo. Por tanto, “Si los daños no se pueden atribuir a las inundaciones, mal puede Ecopetrol eludir su responsabilidad con ese detalle” (fl. 175, cdno. 4)
A continuación, el Tribunal, tras descartar el reconocimiento de perjuicios por el arroz que se habría dejado de cultivar, acotó que los perjuicios acreditados en el expediente se reducen al daño por la muerte de 68 animales, cuyo valor, tomando las cifras del dictamen pericial, asciende a $ 11´220.000; a la “merma” del ganado sobreviviente de la intoxicación, que los peritos calcularon en $ 52´000.000; a los gastos de movilización, arrendamiento de potreros y administración del ganado que, de acuerdo con los recibos y demás documentos anexos a la demanda, asciende a la suma de $ 3´796.976.
Finalmente, anotó el fallador que como las cifras aludidas fueron valores estimados para el año de 1992, necesariamente debía ordenarse su indexación, utilizando para ello el índice de precios al consumidor.
Por lo expuesto, entonces, revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.
El casacionista impugnó la sentencia del Tribunal a través de cuatro cargos, los tres primeros soportados en la causal primera de casación, alegando la violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho, mientras que el último fue apoyado en la causal segunda, por existir, a juicio del censor, inconsonancia con las pretensiones de la demanda, por lo cual pidió que se casara en forma parcial la sentencia.
La Corte despachará delanteramente los tres primeros cargos, que ameritan consideraciones comunes, toda vez que, en lo fundamental, tienen un mismo basamento. Luego se ocupará de la cuarta acusación, en la que sólo se aspira a quebrar un tópico del fallo.
La acusación se perfiló por violación indirecta de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la demanda y de las pruebas.
Señaló el censor como normas violadas por el Tribunal, las siguientes: los artículos 2º y 177 del Código de Minas, por falta de aplicación el primero y por aplicación indebida el segundo; el segundo inciso del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 760, 759 y 1760 del Código Civil por falta de aplicación; el artículo 12 del Decreto 960 de 1970 y el artículo 12 del Decreto 1250 de 1970, ambos por falta de aplicación.
Después de enumerar las pruebas que predicó como mal apreciadas por el Tribunal, expresó el casacionista que el fallador encontró la fuente indemnizatoria en la existencia de una “servidumbre minera legal que soporta el predio”.
Precisó entonces el recurrente, que las servidumbres son doctrinariamente naturales, legales y voluntarias y que cuando se trata de imponer una servidumbre legal existen dos caminos: bien mediante acuerdo entre las partes, bien, ante la falta de acuerdo, por sentencia judicial. En este asunto no existe servidumbre que haya sido impuesta a favor de Ecopetrol, luego, por este aspecto, existió un yerro fáctico del Tribunal al tener por probada, sin estarlo, la existencia de una servidumbre sobre el predio, independientemente de si ostenta el carácter de minera o no, puesto que esta última tampoco está probada.
En cuanto a los hechos, recordó los soportes probatorios que tuvo la decisión del ad quem, especialmente los testimonios de Lorenzo Uribe, Salomón Vanegas y Guillermo Camacho, tras lo cual criticó la valoración realizada por el juzgador, para señalar que no estimó las pruebas en su conjunto y que, además, “las recorta, en otras las amplía y en otras las ignora”, pues los deponentes expresaron aspectos que no fueron tenidos en cuenta, así: Lorenzo Uribe afirmó también que la finca era inundable y que no se podía explotar normalmente; Salomón Vanegas no declaró sobre la causa del derrame, como tampoco estuvo en la finca “Oro Negro”, y frente a la pregunta en la que se le interrogó sobre la contaminación y sus causas, la respuesta le fue insinuada; el zootecnista Camacho confirmó la versión sobre anegabilidad de la finca. Con relación a la narración de Armando García, sostuvo que con su exposición se corroboraba la inspección que hicieron funcionarios de Ecopetrol y el demandante a la finca, lo que dio origen al informe interno de fecha julio 30 de 1992, visible a folio 153 del cuaderno 1, en el que se expresó que hubo un pequeño derrame de crudo en Diciembre de 1991, controlado en un 70%, y que el 30% restante no implicaba expansión del mismo. Del testimonio de Jairo Iván Loaiza, destacó que en él se hizo referencia a la visita al predio por parte de los ingenieros León y Rodríguez y, además, reiteró la inundabilidad de la finca; de la versión testifical de Guillermo León Flórez, acotó que no sólo refiere la anegabilidad del fundo, sino también que las aguas estancadas implicaban descomposición, haciendo impotable el agua; del testimonio de Jorge Arturo Rodríguez, subrayó que hizo alusión a la inundabilidad del predio, así como a su contaminación excesiva proveniente de las aguas negras de Barrancabermeja.
De otro lado, precisó el recurrente que el demandante afirmó que los hechos ocurrieron en 1992, cuando el informe del Departamento de Producción de Ecopetrol los ubicó en diciembre de 1991. Y de los dictámenes periciales reclamó el casacionista que el fallo sólo se refirió a los avalúos, sin estudiar otros aspectos que de allí se deducen, como aquel relativo a la escasa probabilidad de trayectoria del crudo (fl. 31, cdno. 5).
Criticó también la postura del Tribunal por haber aceptado, sin ningún fundamento probatorio, que había 1.000 reses en el predio, sin parar mientes en el hecho de que los peritos partieron de las cifras dadas por el demandante, dejando de lado cualquier tipo de verificación. Así las cosas, tampoco existe prueba sobre el número de semovientes existentes en la finca.
Agregó el casacionista que el Tribunal no tuvo en cuenta la confesión ficta del demandante, toda vez que éste no asistió al interrogatorio de parte que debía absolver y no justificó su inasistencia. Por lo tanto, en cumplimiento de la ley procesal, el ad quem debió presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en las excepciones de mérito, por cuanto no hubo interrogatorio escrito.
A manera de conclusión de su censura, el recurrente manifestó que si el fallador hubiese interpretado correctamente la demanda y el acervo probatorio existente, habría concluido que: no se probó la causa de los daños alegados, ni su época; no se comprobó el número de animales; la contaminación no se produjo por derrame de crudo sino por la llegada de las aguas negras de Barrancabermeja; la finca tiene una capacidad máxima para el levante de 618 animales y, finalmente, que no está probado que exista una servidumbre a favor de la entidad demandada.
En este cargo, el señor casacionista reprodujo la acusación formulada en la censura anterior, aludiendo a las mismas normas que allí se señalaron como infringidas, con inclusión del artículo 2341 del Código Civil; a la misma clase de error y con iguales objeciones y críticas a las conclusiones del Tribunal, agregando que “al no estar probados los extremos de la responsabilidad civil extracontractual, debe absolverse a la demandada de los cargos formulados en el libelo” (fl. 54, cdno. 5).
También en este ataque se iteró la acusación inicial, agregando como normas violadas los artículos 64 y 2357 del Código Civil, por falta de aplicación. Puntualizó el censor en este cargo, que aspiraba a la casación parcial de la sentencia, en orden a que la Corte modifique el fallo, en el sentido de “reconocer que la responsabilidad no es íntegra de Ecopetrol y que además, y según arbitrum iudicis reduzca la indemnización por existir culpa concurrente de la parte demandante” (fl. 19, cdno. 5), puesto que, a su juicio, “del estudio completo de las declaraciones rendidas y de los dictámenes periciales, aparece con relación a la finca: 1. Que es inundable; 2. Que la finca, como lo expresan los peritos, tiene tres partes: una alta que no se inunda, una media en donde la inundación pasa pronto, y una baja en la cual la inundación se mantiene; 3. Que la inundación produce contaminación. 4. Que, si los ganados se contaminaron fue porque estaban en la parte baja, donde no deberían estar. 5. Que contaminación también es producida por las aguas negras de la ciudad de Barrancabermeja, circunstancia ésta en la cual no tiene ninguna intervención ECOPETROL” (fl. 72, cdno. 5)
Por tanto, si el Tribunal hubiere interpretado correctamente la demanda y el acervo probatorio, ha debido concluir que si la capacidad óptima de carga de la finca era de 2 cabezas por hectárea, como lo sostuvieron los peritos, el número de animales que se encontraba en ella era de 618, teniendo en cuenta una cabida de 309 Has.; que si las reses muertas a consecuencia de la intoxicación fueron 68, las “mermas” debían calcularse sobre los animales sobrevivientes, esto es, 550 (618-68) y no sobre 1.000; que en la contaminación existió una concausa no imputable a Ecopetrol, como fue la presencia de las aguas negras de Barrancabermeja y que el demandante se expuso imprudentemente al daño, por lo que debía reducirse la indemnización.
Por lo anterior, el censor pidió que se casara parcialmente la sentencia y que, en sede de instancia, la Corte reforme el fallo, así: que hubo 68 reses muertas y 550 contaminadas; que las aguas negras de Barrancabermeja contribuyeron en un 70% a la contaminación y, en consecuencia, la indemnización a cargo de Ecopetrol debía ascender tan solo al 30% del valor de las reses muertas y contaminadas; que hubo culpa de la víctima y que la indemnización debe reducirse según arbitrium iudicis.
1. A tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, tiene establecido la jurisprudencia vernácula de la Corte que dicho medio de impugnación, no obstante habilitarse frente a aquellas sentencias que, como resultado de errores en la apreciación probatoria, resultan infringiendo la ley sustancial, no constituye una instancia más en la que pueda intentarse una aproximación al litigio, de suerte que, tratándose de la causal primera y cuando se acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, será necesario que el recurrente demuestre, si de error de hecho se trata, no sólo que la equivocación es manifiesta, abultada o evidente, es decir, que “puede detectarse a simple golpe de vista, tanto que para descubrirlo no se exigen mayores esfuerzos o razonamientos, bastando el cotejo de las conclusiones de hecho a que llega el sentenciador y lo que las pruebas muestren” (cas. civ. de 2001; exp. 6347), sino que también es trascendente, “esto es, influyente o determinante de la decisión ilegal o contraria a derecho; lo cual, descarta, entonces, según lo tienen entendido jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su reconocimiento ningún efecto práctico produciría” (cas. civ. oct. 20/2000; exp. 5509), por lo menos frente al cometido de la Corte de proveer a la realización del derecho objetivo que, en esa hipótesis, no se vería lesionado.
Esta particular característica de la casación adquiere mayor importancia, si se tiene en cuenta que los Jueces gozan de una discreta autonomía para valorar las pruebas, motivo por el cual, en orden a lograr la infirmación de la sentencia, “no basta oponer un planteamiento coherente sobre lo que debió ser el análisis probatorio, el cual, por atinado que sea, es insuficiente para quebrar el fallo, en la medida en que el papel de la Corte como Tribunal de Casación, es el de verificar si el Juez de instancia aplicó rectamente el derecho, no así revisar una vez más y como si fuera uno de ellos, el conflicto jurídico sometido a definición de la jurisdicción” (cas. civ. feb. 13/2001; exp. 5809).
2. Al amparo de estas breves reflexiones, destácase que, en estrictez, los errores enrostrados al sentenciador en los tres primeros cargos formulados por el señor casacionista, no existen, o de existir, sólo en gracia de discusión, no serían evidentes y menos aún trascendentes, de suerte que carecen de la virtualidad suficiente, en las descritas hipótesis, para invalidar el fallo censurado. En efecto:
A. En lo que atañe a la existencia de una servidumbre, es preciso anotar que el inciso 2º del artículo 9º del Código de Petróleos (D. 1056/53), concede “a favor de la explotación de petróleo…el derecho a establecer la servidumbre de oleoductos”, gravamen éste que, con independencia de los requisitos necesarios para su imposición (D. 2655/88, arts. 54, 189, inc. 2º, 194, 197 y 200 ib. y título XX), tiene su fuente en la ley, de modo que puede ser ejercitado por el beneficiario, con la sola exigencia de darle “aviso formal al dueño u ocupante del predio sirviente, dado directamente o por medio del alcalde”, surtido el cual, podrán ocuparse “las zonas necesarias para sus obras y trabajos, a menos que el dueño u ocupante solicite constituir caución previa”, “con el objeto de garantizar el pago de los perjuicios que llegare a sufrir por causa de las servidumbres”, caso en el cual, “no podrán iniciarse o tendrán que suspenderse las obras y trabajos, mientras que dicha caución no fuere constituida” (D. 2655/88, arts. 179 y 180).
Y aunque, en rigor, no se trata de una servidumbre propiamente minera, como la calificó el Tribunal (fls. 172 y 175, cdno. 4), tal error de denominación no implica que el ad quem se hubiere equivocado en la aplicación de las normas sobre la materia, so pretexto de que el artículo 2º del Código de Minas, exceptúa a los hidrocarburos del campo de su aplicación —los cuales “se regulan por las normas especiales sobre la materia”—, comoquiera que, en todo caso, el artículo 9º del Código de Petróleos remite a las disposiciones de aquel, en orden a que “la industria del petróleo”, también goce de las “servidumbres establecidas a favor de las minas”.
Pero con independencia de esta consideración legal, el reproche que a este respecto se formula es intrascendente, rectamente entendido, puesto que la condena al pago de perjuicios efectuada por el juzgador, aún si se descartara —en gracia de discusión— la existencia de la servidumbre, encontraría soporte en el régimen de la responsabilidad civil establecido en los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, tal y como lo invocó el demandante (fls. 127 y 129, cdno. 1), específicamente en las normas que, como el artículo 2356 del Código Civil, desarrollan el postulado general que —ab antique— permea la prenotada disciplina, según el cual, quien causa daño a otro está obligado a indemnizarlo (neminen laedere), disposición que impone de manera especial la obligación de reparar el daño por quien asume el riesgo de ejercitar una específica y calificada conducta o de manipular bienes que, per se, involucran un riesgo que el común de las personas no debe soportar, actividades dentro de las cuales se encuentra, según los lineamientos que de antaño ha trazado esta Corporación, el transporte y la conducción de petróleo, considerada —no sin razón— como peligrosa, “por el riesgo inherente a la naturaleza misma de las sustancias y la potencialidad para dañar que se les reconoce con independencia de las precauciones que se adopten en el desarrollo del proceso de producción y consumo” (cas. civ., oct. 25/99; exp. 5012), todo sin perjuicio, claro está, de la exitosa alegación de la presencia —o concurrencia— de una típica causa extraña llamada a interrumpir el nexo causal y, por contera, a impedir que se materialice una condena de carácter pecuniario, según el caso, por ausencia jurídica de responsabilidad, siendo necesario destacar desde ahora que la censura, como será explicado, no logró derribar a través de sus acusaciones, los argumentos probatorios que le sirvieron al fallador para considerar estructurados los elementos de la responsabilidad.
B. Ahora bien, el recurrente, en los tres cargos que se analizan, fustiga al sentenciador por haber recortado, ampliado o ignorado algunos medios de prueba, con soporte en los cuales, a su juicio, se demostraba que “la finca “Oro Negro” queda en un…terreno anegadizo”; que dicho predio se encuentra en el área de influencia de los caños El Rosario y San Silvestre, el primero originado en la Ciénaga Miramar, donde se depositan las aguas negras de Barrancabermeja, de lo que se deduce que, “en caso de haber contaminación, ésta no es exclusivamente de crudos” (fls. 31, 49 y 68, cdno. 5), motivo por el cual no se probó cual fue “la causa de los daños que alega el demandante” (fls. 35 y 53, ib.) o, por lo menos, se acreditó “que existió una concausa no imputable enteramente a Ecopetrol” (fl. 72, ib.); que la zona contaminada por el derrame de crudo, circunscrita a 600 metros cuadrados y sin posibilidad de extensión a otros potreros, está ubicada en un terreno pantanoso en donde el ganado no puede pastar (fls. 32, 50 y 68, ib.), por lo que “si los ganados se contaminaron fue porque estaban en la parte baja, donde no debían estar”, lo que significa que “el demandante se expuso imprudentemente al daño”, imponiéndose la reducción de la indemnización (fls. 72 y 73, ib.).
No obstante, es de advertir que para el Tribunal no fueron extrañas tales circunstancias, por lo que no puede entenderse, stricto sensu, que recortó los testimonios de Lorenzo Uribe, Guillermo Camacho Gil, Armando García y Guillermo León Flórez; o que adicionó la declaración de Salomón Vanegas Villar e ignoró las de Jairo Iván Loaiza y Jorge Arturo Rodríguez (fls. 25 a 29; 43 a 47 y 62 a 66, cdno. 5). Antes bien, el ad quem precisó que aunque fuera verdad que “los terrenos son anegables en ciertos meses del año,…, es asunto irrelevante si lo cierto es que para el momento en que el derrame de crudo se presentó la finca tenía ganados y la causa de la intoxicación fue la ingestión del petróleo” Más aún, señaló también que no se podía atribuir culpa al demandante “por mantener ganados permanentes y no como hicieron sus antecesores, que sólo tenían ganados en tránsito,…, planteamiento (que) no tiene la fortaleza necesaria para sostenerse”, puesto que era responsabilidad de Ecopetrol “mantener las líneas de conducción en buen estado, vigilarlas permanentemente de tal suerte que aquellas que merezcan ser reemplazadas por su natural deterioro, sea por corrosión o por otra causa, lo sean antes de que causen daños a terceros” (fl. 175, cdno. 4).
Claramente se deduce, entonces, que para el sentenciador de segundo grado, la causa determinante del deceso de las 68 cabezas de ganado y de la “merma” en su peso de las restantes que había en el predio, independientemente de su real pertinencia causal, fue la intoxicación por consumo de petróleo, sin que para nada incidiera el hecho de que el predio, “en ciertos meses del año”, se anegara o que estuviese bajo la influencia de caños contaminados, conclusión que no aparece como caprichosa, antojadiza o arbitraria, sino, por el contrario, ceñida a la prueba escrutada por el fallador, si se tiene en cuenta que, efectivamente, los testigos Lorenzo Uribe Quintero —quien primero se apersonó del problema— y Guillermo Camacho Gil —el zootecnista que atendió a los bovinos afectados—, entre otros, manifestaron que “no se necesita saber mucho sino observar el estado de los animales el pelaje lleno de aceite y la boñiga aceitosa que los animales botan, para saber que animales que no han m rido (sic) por petróleo las demás quedan con secuelas” (fl. 86, cdno. 4), e igualmente que el ganado presentó síntomas “que eran desde una baja temperatura alopesía (caída del pelo), diarreas y un descenso en los niveles de vitamina A en la sangre, a consecuencia de las natas de los residuos de petróleo que se encontraban en los pastos” (se resalta; fl. 92, ib.), declaraciones éstas que, en lo pertinente, el recurrente no cuestionó y que —formalmente— podían servirle de estribo al juzgador para colegir, como lo hizo, que la causa adecuada del daño, fue el derrame de petróleo.
Importa destacar, además, que si bien es cierto algunos testigos refirieron que en época de invierno “esas zonas quedan totalmente inundadas y el agua estancada empieza a descomponer la materia orgánica, generando un agua no apta para el consumo de animales” (José Guillermo León; fl. 9, cdno. 3), y que la inundabilidad obedece a que la zona está rodeada “del río Magdalena, del río Sogamoso y del caño San Silvestre”, tributario del caño El Rosario, depositario de las aguas negras de Barrancabermeja (Jorge Arturo Rodríguez González, fl. 11 vlto, ib.), hecho éste que corroboraron los peritos Contreras-López (fl. 47, cdno. 4), ni los declarantes, ni los auxiliares de la justicia, atribuyeron total o parcialmente a ese fenómeno el haber sido la causa de la muerte y la pérdida de peso del ganado. Antes bien, aquellos fueron enfáticos al precisar que no les constaban los hechos, que no tenían “conocimiento directo” de ellos o de que “las vacas hayan tomado agua de la que él dice” (fls. 9 y 11, cdno. 3).
Fluye de lo expuesto, que los errores enrostrados al fallador de segundo grado, en adición a lo afirmado en líneas que anteceden, no existen, en puridad, o por lo menos —hipotéticamente de existir— no son evidentes o manifiestos, en el grado superlativo que, ministerio legis, se exige en casación, de suerte “que por contrario que resulte a los —legítimos— intereses de un recurrente el resultado probatorio sacado por el sentenciador, esa sola circunstancia no estructura por sí misma error de este linaje”, ni da lugar, por ende, al quiebre de la sentencia, puesto que “la posibilidad de que una de las partes traiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador —por razonables que luzcan—, no significa que esta última deviene sin más en contraevidente, y de ahí que, cual lo ha puntualizado con insistencia la Corte, “sea necesario que la labor del recurrente se encamine a demostrar el error visiblemente grave del juzgador” (sent. de Cas. Civil, sep. 24/98)” (cas. civ. feb. 14/2001; exp. 6399).
C. Similares reflexiones corresponde hacer en lo tocante con el número de reses afectadas, pues el Tribunal, para concluir que fueron 68 las cabezas de ganado que murieron por causa del derrame de petróleo, y que para la época en que sucedieron los hechos, pastaban en la finca mil cabezas de ganado, se soportó en las declaraciones de Lorenzo Uribe y Guillermo Camacho Gil, las cuales no están en contradicción con lo dictaminado por los peritos.
En efecto, el señor Uribe, a cuya versión el ad quem le dio especial trascendencia, al punto de calificarla como “verdadero paradigma del testimonio técnico” (fl. 173, cdno. 4), manifestó que cuando recibió el ganado “murieron 11 cabezas y luego en las fincas donde se llevó el ganado a pastar murieron 57 más”, agregando que “el ganado que yo recibí era más de mil cabezas, en su mayoría ganado de dos años” (fl. 84, cdno. 4), afirmación que fue corroborada por el señor Camacho, quien presume que, “en ese entonces,…, la capacidad de carga de dicha finca —cuya extensión es de 516 has.— sea de dos animales por hectárea” (fl. 93, cdno. 4), lo que le permitió concluir al sentenciador de segunda instancia, que la hacienda Oro Negro “estaría al tope, por esa época” (fl. 174, ib.), todo lo cual se corrobora —en parte— con el bono de venta que obra a folio 95 del cuaderno 1, referente a la adquisición por el demandante de 307 reses, las que el sentenciador entendió incluidas en la estimación realizada por los peritos (fl. 179, cdno. 4), sin que en modo alguno tal prueba, en sí misma considerada, pueda entenderse indefectiblemente limitativa —y excluyente— del número de animales que, al tiempo de los hechos, había en la referida hacienda.
Esta conclusión del ad quem no resulta contraevidente, por el hecho de que los peritos Contreras-López, al igual que los expertos Gómez-García, hayan dictaminado que “La capacidad de carga real y normal con técnicas apropiadas y mejoramiento de praderas, calculado fue de 2 cabezas/Ha”, no sólo porque, a este respecto, confirman lo atestiguado por el señor Camacho, sino también porque el índice de “3.48 cabezas(Ha)” que consideran “alto para la zona en condición de praderas naturales”, fue determinado con referencia a un total de 309 has. destinadas para el levante de 1077 reses (fls. 114 y 115, cdno. 4). Expresado de otro modo, no se puede sostener que hay error de hecho evidente porque, según las experticias, la capacidad máxima de la finca era de 618 cabezas de ganado (309 x 2), lo que excluiría la posibilidad de que existieran más de 1000 como lo refieren los testigos, en la medida en que una y otra pruebas parten de un número de hectáreas diferente: 309 la pericial y 500 la testimonial, de suerte que si se aplica la capacidad de carga real dictaminada al total del área de la hacienda (516 x 2), el resultado se acerca al número de cabezas declarado por los señores Uribe y Camacho, todo lo cual permite afirmar que la pericia —recta vía— no se opone a los testimonios registrados, o por lo menos éstos no resultan manifiestamente antagónicos frente a aquella, de modo tal que se imponga indefectiblemente corregir al sentenciador.
Es importante precisar que la diferencia en el número de hectáreas destinada a la ganadería, ciertamente tiene su manantial en la propia demanda, en la que se refirió que el demandante, por causa del derrame de petróleo, “se abstuvo de hacer cultivo de arroz en las posibles cien (100) hectáreas” que destinaría a la agricultura, dejando 309 para la ganadería (fl. 125, cdno. 1). Sin embargo, como el Tribunal descartó el perjuicio reclamado por la imposibilidad de adelantar ese cultivo, sobre la base de que se trataba de una “quimera” (fl. 176, cdno. 4), no resulta contrario a la evidencia, o por lo menos no surge en forma coruscante, que para la determinación de la capacidad ganadera de la hacienda, se hubiere tomado el total de su extensión, sin limitarla a una parte de ella, como lo hicieron los peritos, sobre la base de que para la fecha en que ocurrieron los hechos, no existía cultivo alguno, lo que permitía inferir que todo el predio —y no sólo 309 hectáreas— estaba destinado al pastaje del ganado.
Conviene recordar que según reiterada jurisprudencia de la Corte, “el sentenciador de instancia goza de autonomía para calificar y apreciar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen pericial, mientras la conclusión que él saque no sea contraevidente, sus juicios al respecto son inmodificables. Consecuente con lo anterior, los reparos por la indebida apreciación de la fuerza probatoria de una pericia, deben dirigirse a demostrar que el juez vio el dictamen de una manera distinta a como aparece producido, y que sacó de él una conclusión ilógica o arbitraria, que no se compagina con lo que realmente demuestra, porque, de lo contrario es obvio que lo así inferido por el fallador está amparado en la presunción de acierto, y debe ser respetado en casación” (CCXII, pág. 143, reiterada en cas. civ. abr. 12/2000; exp. 5042).
Por ello mismo, no erró el Tribunal al haber acogido el dictamen aludido en orden a cuantificar los perjuicios causados, pues aunque en él, ciertamente, se parte de los referidos datos suministrados en la demanda, el juzgador no se plegó irrestrictamente a la experticia, sino que tuvo en cuenta, de una parte, que contrario a lo consignado por los auxiliares, no eran 77 sino 68 las reses muertas, por lo que redujo la cuantía del daño estimada por aquellos a $ 11´220.000, tomando tan sólo como criterios el peso promedio del ganado (300 Kgs.) y el precio del kilogramo ($ 550) (fls. 114 y 177, cdno. 4); y de la otra, que si para establecer el perjuicio causado por la “merma” en el peso del ganado, se debía partir de la existencia de 1000 reses, no era porque así lo señalaran los expertos, sino porque de ello dieron fe los testigos Lorenzo Uribe y Guillermo Camacho, como se acotó (fls. 114, 177 y 178, ib.), muy a pesar de que este último declaró que se había afectado un 70% del lote, sin que la sola circunstancia de darle el fallador mayor crédito a un testigo que a otro, en un punto en particular, constituya error protuberante, así la propuesta hermenéutica del impugnante luzca más coherente que la de aquel, habida cuenta que es al juzgador de instancia a quien corresponde, “dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de la sana crítica, establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión y desechando otro, lo que quedará en firme si se armoniza con su contenido y resulta razonable y lógica, pues sólo sería atacable en casación por error de hecho evidente cuando la conclusión sea contraevidente o absurda, porque la única lógica y conducente sea la que se apoye en los demás testigos” (CCXLIX, pág. 1360). Y no podía ser de otra manera, pues en materia casacional, bien se conoce, los yerros fácticos deben “ser evidentes, manifiestos, palmarios e incontestables, para poder enervar la presunción de acierto que ampara a la sentencia” (cas. civ. ago. 14/2000; exp. 5552), la que “no puede derribarse más que cuando el sentenciador se estrella violentamente contra la lógica o el buen sentido común” (CCXXXI, pág. 644).
Menos aún se puede considerar que como los testigos Salomón Vanegas, Armando García y Jairo Iván Loaiza, no hicieron referencia concreta a la cantidad de ganado, debía entonces desestimarse la versión de Lorenzo Uribe, no sólo porque cada una de ellos se encontraba frente a los hechos en circunstancias distintas (el señor Vanegas, se encargó de cuidar el ganado; y a los otros, por razón de su oficio, nada les constaba), sino también porque en un sistema de valoración probatoria como la persuación racional, soportado en la sana crítica, como tantas veces se ha puntualizado, las pruebas no se cuentan, sino que se pesan, habida cuenta que su ponderación, ab origine, debe realizarse con estricto apego a lo cualitativo y no a lo cuantitativo, lo que traduce que el Juez, al momento de apreciar el mérito de los medios probatorios, más que atender su número, ha de plegarse a su solidez y a su convicción racional.
D. De otro lado, no existe error fáctico por la supuesta preterición de la confesión ficta que se habría materializado por la inasistencia injustificada del demandante a absolver el interrogatorio de parte que solicitó Ecopetrol (fl. 8, cdno. 3), toda vez que dicha presunción, cuando no hay interrogatorio escrito, como en este caso, sólo puede deducirse respecto de los hechos en que se soporten las excepciones de mérito (CPC, art. 210, inc. 2º), excepciones que la parte demandada no propuso, como quiera que la contestación a la demanda que las incorpora, visibles a folios 173 a 184 del cuaderno principal, no produjo efecto alguno, dado que mediante providencia de fecha julio 27 de 1993 (fls. 197 a 199, ib.), se revocó el auto admisorio para inadmitir dicho libelo, que luego de corregido, provocó la admisión de fecha agosto 9 siguiente (fl. 208, ib.), tras lo cual se le dio respuesta, pero esta vez sin proponer excepción de fondo alguna (fls. 222 a 227 ib.). Expresado de otro modo, no existe confesión ficta respecto “de los hechos… de las excepciones de mérito”, sencillamente porque éstas no se formularon.
E. Finalmente, tampoco resulta evidente o manifiesto el error que se le atribuye al Tribunal en lo tocante con la fecha en que ocurrieron los hechos, no sólo porque de las pruebas recaudadas, como se anotó, surge con claridad que el derrame de petróleo sí se produjo en la época alegada por el demandante (primer semestre de 1992, según los testimonios de Lorenzo Uribe y Guillermo Camacho, entre otros), afectando los terrenos de la finca “Oro Negro”, sino también porque el informe que se señala como omitido, de fecha julio 30 de 1992 (fl. 153, cdno. 1), no podía ser apreciado por tratarse de una copia simple que, por no reunir los requisitos de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, carece de todo valor probatorio.
Con fundamento en la causal segunda de casación contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el casacionista acusó la sentencia de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda.
Expresó el recurrente que el actor, en el pedimento segundo de su demanda, solicitó una condena por lucro cesante por la suma de $ 34´800.000 y por daño emergente de $ 131´000.000, más los intereses comerciales corrientes sobre ambas cifras desde el 10 de abril de 1992 hasta cuando la sentencia condenatoria quedara en firme y, de ahí en adelante, intereses moratorios igualmente legales, cifras que demandó fueran satisfechas de conformidad con el artículo 1625 del Código Civil.
Bajo estas premisas, el impugnante concluyó que, cuando el demandante fija los aspectos indemnizatorios, no le es posible al juzgador condenar a la corrección monetaria si ésta no se solicitó en la demanda. Por tanto, en el caso sub lite, el Tribunal, al decretar el reembolso de las sumas precisadas anteriormente y actualizadas con base en la corrección monetaria calculada de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, otorgó en su decisión más de lo solicitado por el demandante, hecho que originó su inconsonancia por fallo extra petita.
En consecuencia, el casacionista pidió que se casara parcialmente la sentencia y, ubicada la Corte en sede de instancia, reformara el fallo en el sentido de que en la condena a cargo de la demandada no había lugar al reconocimiento de corrección monetaria.
1. Se sabe que la congruencia de los fallos judiciales, constituye principio rector del ordenamiento procesal civil (CPC, art. 305), en virtud del cual se le imponen diáfanas fronteras a la función jurisdiccional, por definición “reglada y, por contera, limitada, no sólo por obra de la ley, sino también con arreglo al pedimento de las partes,…, artífices señeros del marco dentro del cual, a posteriori, deberá el fallador inscribir su resolución” (cas. civ., sep. 4/2000; exp. 5602), motivo por el cual se ha considerado que dicho postulado “es el reverso del principio de idoneidad”[1] predicable de las peticiones de los contendientes, que de ser aptas para provocar un fallo estimatorio, imponen —de paso— que este sea acorde con el alcance de tales súplicas.
Es esta una regla vinculada a la causa jurídica de la sentencia, a “la reclamación que ha engendrado el proceso en el que la sentencia se dicta”[2], lo que explica que, de antaño, para preservar ese nexo con el thema decidendum, la legislación procesal haya establecido que “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta” (CPC, art. 305), norma ésta que recoge la antiquísima regla que así se enuncia: nea et judex ultra, extra o citra petita partium.
A lo anterior se agrega que, para que este motivo de casación pueda predicarse, es necesario que el vicio procedimental aflore del simple cotejo o parangón objetivo entre la decisión y el libelo petitorio, su respuesta y, en su caso, la norma jurídica, esto es, de “una labor comparativa indispensable entre el contenido de fondo de la relación jurídico procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo”, con el fin de establecer una de las tres causas de ocurrencia de la anomalía en cuestión” (Sent. 022, jun. 16/99; cas. civ. jun. 28/2000; exp. 5348), es decir, que el Juez concedió más de lo pedido (ultra petita), o que se abstuvo de pronunciarse sobre algo que le fue solicitado (mínima petita), o que decidió por objeto o causa diferente a la invocada en la demanda (extra petita), según las hipótesis que consagra el mencionado artículo 305 del estatuto procesal.
2. Descendiendo al caso sub lite, fácilmente se advierte que la parte actora no solicitó en su demanda que los valores reclamados a título de perjuicio fueran reajustados monetariamente, limitándose a reclamar “los intereses comerciales corrientes…, desde el 10 de abril de 1992 hasta cuando quede la sentencia condenatoria en firma, y de ahí en adelante “moratorios” igualmente legales, hasta cuando se verifique el pago” (fls. 127 y 128, cdno. 1).
Por tanto, como la sentencia del Tribunal alteró la petición de reconocimiento de réditos, para, en su lugar, ordenar la indexación de la condena impuesta a la entidad demandada, sin encontrarse el juzgador facultado para ello, se concluye que el fallo es incongruente por extra petita, toda vez que se desfiguró la pretensión del demandante, para decidir —en tal aspecto— por fuera de lo pedido.
Ese divorcio patente entre la pretensión y la decisión, obliga a la Corte, en este caso en particular y dados los claros y específicos términos en que fue planteada la referida súplica condenatoria, a casar la sentencia impugnada, en orden a excluir el reajuste monetario de la suma por la cual se condenó a Ecopetrol, sin que la Sala, en su lugar, pueda reconocer los intereses que fueron demandados, habida cuenta que el demandante no formuló ningún cargo por tal omisión del sentenciador de segundo grado, lo que implica que aquel, tácitamente, estuvo conforme con la decisión proferida por éste.
Como la decisión de la Corte está circunscrita a excluir del fallo del Tribunal, la orden de corregir monetariamente la condena impuesta a la sociedad demandada, por no haber sido solicitada, la Sala, en este punto, se remite a los argumentos expuestos para despachar el cargo.
Para una mejor comprensión de la decisión de instancia, se reproducirá el pronunciamiento del Tribunal, excluyendo la referida indexación.
En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 11 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por JOSÉ ALEJANDRO ARANGO VÉLEZ contra LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, “ECOPETROL” y, en sede de instancia,
“Se revoca en su totalidad la sentencia de fecha proferida por el juzgado civil del circuito de la ciudad (Barrancabermeja), dentro del proceso ordinario tramitado allí a instancia de José Alejandro Arango Vélez contra la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, el 25 de agosto de 1994. En su lugar se dispone:
“1. Se declara que la Empresa Colombiana de Petróleos —ECOPETROL— es responsable civilmente de los daños inferidos en la hacienda “Oro Negro”, o “Berlín” cuyo usufructuario era por el año de 1992, el demandante JOSÉ ALEJANDRO ARANGO VÉLEZ, como consecuencia del derrame de petróleo crudo acaecido durante el uso de servidumbre legal de explotación y conducción petrolera.
“2. Por tanto, con arreglo a lo explicado en la parte motiva se condena a ECOPETROL a pagar las siguientes sumas:
“a. Once millones doscientos veinte mil pesos ($ 11´220.000) por concepto de 68 animales muertos;
“b. Cincuenta y dos millones de pesos ($ 52´000.000) por la merma sufrida por los vacunos sobrevivientes; y
“c. Tres millones setecientos noventa y seis mil novecientos setenta y seis pesos ($ 3´796.976) por concepto de movilización del ganado intoxicado.
“3. Se condena en costas del proceso a la parte demandada. Tásense y liquídense las de esta instancia”.
Sin costas en casación por haber prosperado el recurso.
Magistrados: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.
[1] Pedro Aragoneses. Sentencias congruentes. Madrid. Aguilar. 1957, pág. 10.
[2] Jaime Guasp. Derecho Procesal Civil. Madrid. Instituto de Estudios Políticos. 1968. T. I, pág. 516.

References: artículo 177
 artículo 210
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 2341
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2356
e contrario
 artículo 368
 artículo 1625
 artículo 305