Source: https://elderecho.com/dos-cuestiones-sobre-clausulas-abusivas
Timestamp: 2018-12-14 00:30:22+00:00

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Foro 08-08-2017 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
El tipo de interés IRPH (Índice de Referencia a Préstamos Hipotecarios) es...
Respecto del control de abusividad (siguiendo entre otras las SAP de Vizcaya de 8 de febrero de 2017 -EDJ 2017/8471 y la SAP de Álava de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/28361 que, a su vez, refieren, entre otras, la STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-) aun pudiendo considerar que la cláusula que define el interés remuneratorio contiene el objeto principal del contrato que podría eliminar la posibilidad de un control de abusividad (considerando 19 y art. 4.2 de la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910-), ello no supone que dicha cláusula pueda escapar en todo caso al control de transparencia.
Así, por ejemplo, la SAP de Vizcaya, sec. 3ª, de 8 de febrero de 2017 -EDJ 2017/8471 (nº 48/2017, rec. 507/2016) considera que la cláusula que determina el interés remuneratorio a aplicar en un contrato de préstamo (en particular referido al IRPH) es una cláusula contractual que define el objeto principal del contrato y también es condición general de la contratación conforme a los requisitos establecidos en sus artículos 1 y 4 LCGC -EDL 1998/43305 (apartados 144 y 191 STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-) y, por tanto, sometida al doble control de la transparencia y abusividad (FJ 3). Según esta Sentencia para la apreciación del carácter abusivo, la doctrina del TJUE y el TS han fijado una serie de criterios en qué basar el análisis y decisión al respecto por parte del Tribunal correspondiente y, reconocido el carácter abusivo de una cláusula, ésta devendrá nula y los efectos restitutorios, vinculados a tal declaración, no tienen límite temporal (FJ 4 y 5).
La STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-, en sus apartados 210 y ss manifestaba a modo de resumen que "el artículo 80.1 TRLCU -EDL 2007/205571 dispone que "en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente (...), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa (...)-; b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido". Lo que permite concluir que, además del filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE -EDL 1993/15910 y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ….. en definitiva, como afirma el IC 2000, "(el) principio de transparencia debe garantizar asimismo que el consumidor está en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa”.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C 307/15 y C-308/15 -EDJ 2016/226005-, declaró contraria al Derecho de la Unión la doctrina que establecía el Tribunal Supremo al apreciar una afectación de orden público económico para evitar la plena retroactividad, en particular en sus apartados 73, 74 y 75 de la citada STJUE. En estos apartados el TJUE se expresa en el sentido de "que una jurisprudencia nacional (como la plasmada en la sentencia TS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-) relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910-, sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60 -EDJ 2013/21522-)”.
En el mismo sentido, por ejemplo, el apartado 130 STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 al manifestar que “tampoco es preciso que el fallo se ajuste exactamente al suplico de la demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas como abusivas”.
Cuestiones materiales y procesales en materia de condiciones generales de ...
En efecto, los tipos de interés calificados por el Banco de España como tipos de interés oficiales lo son, precisamente, porque cumplen con las características establecidas en la normativa aplicable. Para préstamos anteriores a 2011, las características se definían en el artículo 6.2 de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios -EDL 1994/15888 (la “Orden de 5 de mayo de 1994”): “a) Que no dependan exclusivamente de la propia entidad de crédito, ni sean susceptibles de influencia por ella en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades”; y “b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo”. En términos muy similares, la vigente Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre de 2011, sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios -EDL 2011/235486 (la “Orden de 28 de octubre de 2011”), dispone en su artículo 26.1: “1. En el caso de préstamos concedidos a tipo de interés variable, las entidades de crédito únicamente podrán utilizar como índices o tipos de referencia aquellos que cumplan las siguientes condiciones: // a) Que se hayan calculado a coste de mercado y no sean susceptibles de influencia por la propia entidad en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades. // b) Y que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo”.
En cualquier caso, el IRPH es un índice de referencia oficial susceptible de ser aplicado por las entidades de crédito a los préstamos y créditos hipotecarios a interés variable celebrados con consumidores; cuya definición y fórmula de cálculo viene determinado por una norma imperativa (Anexos VIII de la Circular 5/1994, de 22 de julio -EDL 1994/16977 y de la Circular 5/2012 -EDL 2012/128828-); y que se publica mensualmente en el Boletín Oficial del Estado por medio de resoluciones del Banco de España.
La primera corriente jurisprudencial aplica automáticamente los criterios del apdo. 225 de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera núm. 241/2013 de 9 de mayo -EDJ 2013/53424 (previstos para las cláusulas suelo, que, como se dice en el apdo. 188 de esta misma Sentencia, son accesorias, y no necesarias y pueden pasar más fácilmente inadvertidas), y exige, en general, para que se aprecie la transparencia que: (i) se informe al consumidor sobre los distintos índices oficiales y sus métodos de cálculo; (ii) se le proporcionen gráficos sobre la forma de comportamiento del IRPH en relación con el Euribor (aun siendo ambos índices oficiales y la información pública); o (iii) que se le entreguen simulaciones basadas en el “comportamiento razonablemente previsible” del tipo de referencia. En este grupo de sentencias se encuentran, entre otras, las Sentencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Álava de 29 de junio -EDJ 2016/154995 y 17 de noviembre de 2016 -EDJ 2016/247150-; de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 8 -EDJ 2017/8471 y 13 de febrero de 2017 -EDJ 2017/64713-; o la de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de mayo de 2017 -EDJ 2017/111671-. En la misma línea se han pronunciado algunas resoluciones de otras Secciones de Audiencias Provinciales diferentes como la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante o la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca.
La segunda corriente considera que la cláusula que prevé el IRPH como tipo de referencia no requiere las exigencias de información precontractual establecidas por la primera corriente porque (i) esta cláusula tiene un carácter nuclear o esencial, al determinar directamente el objeto esencial y necesario del contrato, y no son necesarias esas otras exigencias de información, pues no sirven al propósito de alertar al consumidor medio de su presencia e incidencia (a diferencia de las cláusulas suelo); (ii) consecuentemente, no se exige información sobre el sistema de cálculo del IRPH, simulaciones, gráficos, ni que se proporcione la posibilidad de elegir entre distintos índices al consumidor porque la información sobre todos los tipos de referencia oficiales es pública. En este grupo de sentencias se encuentran, entre otras de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, las Sentencias de 23 y 30 de marzo de 2016; las Sentencias de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de octubre de 2016 -EDJ 2016/216101 y de 17 de febrero de 2017 -EDJ 2017/57179-; y de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Baleares de 13 de octubre -EDJ 2016/196708 y 1 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/237730-. También se han dictado al menos dos sentencias de contenido similar a las anteriores por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León y por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.
La posición de nuestra jurisprudencia en este punto es plenamente conforme al artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores -EDL 1993/15910 (la “Directiva 93/13”) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”). Del Derecho de la Unión resulta, en efecto, la necesidad de que el juicio de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato atienda a “un examen del caso concreto” y que tenga “en cuenta la naturaleza, el sistema general y las estipulaciones del contrato de crédito en cuestión y su contexto jurídico y de hecho” (véanse, a modo de resumen de la jurisprudencia del TJUE, las Conclusiones del Abogado General Nils Wahl de 27 de abril de 2017, Andriciuc, asunto C-186, apdos. 61 y 38).
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE la falta de transparencia sustantiva de una cláusula que define el objeto principal del contrato en los términos del artículo 4.2 de la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910 no determina directamente su abusividad. Para ello, es necesario realizar el ulterior control de abusividad, esto es, comprobar si su contenido es contrario a las exigencias de la buena fe y causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Así lo explica, a modo de resumen de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la Sentencia del Pleno núm. 334/2017, de 25 de mayo -EDJ 2017/77541-. Del mismo modo, de la jurisprudencia del TJUE resulta claro que el juicio de abusividad en los términos del artículo 3.1 de la Directiva 93/13 es también necesario para aquellas cláusulas que no superan el control de transparencia sustantiva del artículo 4.2 de esta Directiva. Lo exponen, en particular, la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/1414-, Banco Primus, asunto C-421/14, apdos. 64 y 68; o las Conclusiones del Abogado General Nils Wahl de 27 de abril de 2017, Andriciuc, asunto C-186, apdos. 73 y ss.
Siendo ello así, no parece que pueda formularse reproche de abusividad a la cláusula a luz de la jurisprudencia indicada y de los requisitos que presiden el juicio de abusividad del artículo 82.1 del Texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios -EDL 2007/205571 (“TRLGCU”).
La elección de un tipo de referencia oficial como es el IRPH no puede considerarse como algo intrínsecamente perjudicial simplemente porque haya otros índices que —en la actualidad se encuentran en niveles más bajos. De acuerdo con ese razonamiento y por esta única razón, habría que considerar, en el momento de contratar, perjudicial cualquier tipo de referencia fijado en una escritura pues siempre podría haber índices que fueran inferiores. Y también el diferencial pactado que no fuese el más bajo del mercado en cada momento. De hecho, llevado al absurdo, este argumento equivaldría a sostener la abusividad de cualquier estipulación que fijase un precio que no fuese en cada momento el más favorable para el consumidor.
Importa aquí recordar que el equilibrio de derechos y obligaciones de las partes exigido a estos efectos, como se sigue tanto del tenor literal del art. 82.1 TRLGCU -EDL 2007/205571 como de la jurisprudencia citada en este recurso, es un equilibrio de naturaleza obligacional y causal, y no de naturaleza económica o del valor de las prestaciones y contraprestaciones de las partes.
Entre la STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 y la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005-, que es el período ahora relevante, se produjo un incremento exponencial de demandas dirigidas a la anulación de las denominadas cláusulas suelo; la mayoría de ellas, en ejercicio de la acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación. También en la mayoría de los casos (aunque no siempre), las demandas venían acompañadas de una petición de restitución de las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula. En este punto, los términos de esa petición de restitución han adoptado las más variadas fórmulas. Sería prácticamente imposible enunciar todas las variaciones utilizadas. La atención debe centrarse en un único supuesto, que responde al problema planteado: los casos en que en la petición de restitución se interesaba expresamente que los efectos restitutorios se produjesen desde el 9 de mayo de 2013, tal y como había indicado la resolución del Tribunal Supremo de esa misma fecha. No se entrará en el análisis de las distintas variaciones introducidas en ese supuesto en la forma de articulación de la petición (desde la formulación de la pretensión en los términos indicados, hasta su configuración en relaciones de subsidiariedad y/o alternatividad con otras peticiones).
Frente a ello, otras Audiencias Provinciales consideran que los términos en que se encuentra formulada la pretensión constituyen un límite infranqueable para los tribunales, de manera que si en la petición de restitución se ha establecido de forma expresa el 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 como fecha de efectos, a esa petición se ha de estar, sin que sea posible extender los efectos retroactivos al momento de celebración del contrato. Son ejemplo de esta posición las Sentencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo de 10 de enero -EDJ 2017/5022 y 8 de marzo de 2017 -EDJ 2017/60462-; de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos de 13 de enero de 2017 -EDJ 2017/2358-; de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de febrero de 2017 -EDJ 2017/40362-; de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 22 de marzo de 2017; de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca de 6 de marzo de 2017 -EDJ 2017/60385-; de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia de 4 de abril de 2017 -EDJ 2017/95129-; o de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid de 17 de marzo -EDJ 2017/53606 y 4 de mayo de 2017 -EDJ 2017/94647-.
De las dos alternativas expuestas, la segunda parece singularmente ajustada al régimen propio de las condiciones generales de la contratación y de la normativa sobre consumidores y usuarios. No en vano el artículo 12.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación -EDL 1998/43305 (“LCGC”) expresamente excluye que el éxito de la acción de cesación determine automáticamente la restitución de prestaciones: “declarada judicialmente la cesación, el actor podrá solicitar del demandado la devolución de las cantidades cobradas en su caso, con ocasión de cláusulas nulas”. La misma configuración se repite en el artículo 53 TRLGCU -EDL 2007/205571-: “a cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes”. No hay razón para adoptar una solución diferente cuando se trate de la acción individual del artículo 8 LCGC. Recuérdese, en este punto, que el presupuesto de toda acción de cesación es la previa apreciación del carácter abusivo de la cláusula, que necesariamente conlleva la declaración de su nulidad.
Ciertamente, ese principio se configura jurisprudencialmente con contornos de notable amplitud y flexibilidad. Como explica la Sentencia del Pleno Tribunal Supremo núm. 705/2015, de 23 de diciembre, “la imperatividad del control de oficio de las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con consumidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde la STJCE de 27 de junio de 2000 -EDJ 2000/13642 (caso Océano vs. Murciano Quintero), ha declarado reiteradamente la obligación del juez nacional de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores ‘tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello’”.
Pero la restitución de prestaciones se mueve en un plano diferente. No es un efecto automático derivado de la declaración de nulidad. Se requiere el ejercicio específico de una acción restitutoria, accesoria a la de nulidad o cesación (según se trate de una acción individual o colectiva), pero acción propia y específica. En la definición de los términos de esa acción el demandante es el dueño absoluto. Puede decidir ejercitarla o no. Y si la ejercita, formularla de una u otra forma. En la decisión de pedir la restitución con efectos desde el 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 pueden haber influido multitud de factores que nada tienen que ver con la protección del consumidor. Uno de ellos puede ser la pura conveniencia o estrategia del demandante para asegurar una condena y evitar un eventual pronunciamiento desfavorable en materia de costas. El destino de esa acción está, así, sometido a los principios procesales a que se viene haciendo referencia, de forma que el órgano judicial no puede apartarse de los términos en que la pretensión se ha formulado ni, por tanto, extender la restitución de prestaciones de una manera distinta a la pedida por el actor. No se tratará, en este caso, de una restricción de la protección del consumidor, sino de una resolución coherente y congruente con las pretensiones del demandante.
Esa protección, se insiste, no puede convertirse en una suerte de patente de corso que permita el sacrificio y desconocimiento de principios procesales esenciales, que guardan directa relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. No es necesario insistir en la relevancia constitucional del vicio de incongruencia, por su conexión con ese derecho fundamental. Además, como se ha adelantado, los propios tribunales se han encargado de insistir en que el principio de apreciación de oficio de cláusulas abusivas no tiene carácter absoluto. Una muestra es la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de diciembre de 2014 -EDJ 2014/284191-. Otra es el reciente Auto del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2017, que inadmite una demanda de revisión formulada contra una sentencia firme de un Juzgado de Primera Instancia por “considerar los demandantes de revisión que la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula suelo», es un documento que debe permitir la revisión de una sentencia firme anterior en la que solo se condenó a la restitución de lo indebidamente pagado tras la publicación de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013”. En ese Auto se recuerda la jurisprudencia del TJUE según la cual el principio de apreciación de oficio de las cláusulas abusivas no tiene carácter absoluto. Se hace mención en primer lugar a la STJUE de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005-: “68. A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08 ), EU: C:2009:615 , apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada”. Y también se hace referencia a la más reciente Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/1414-, Banco Primus, asunto C-421/14, dictada a propósito de las cláusulas de vencimiento anticipado: “46. Procede recordar en primer lugar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de cosa juzgada. Así, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos (véase, en particular, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615 , apartados 35 y 36). »47. Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que la protección del consumidor no es absoluta. En particular, ha declarado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009 -EDJ 2009/216356-, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615 , apartado 37, y de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005-, Gutiérrez Naranjo y otros, C 154/15, C 307/15 y C 308/15, EU:C:2016:980 , apartado 68), salvo que el Derecho nacional confiera a tal tribunal esa facultad en caso de vulneración de normas nacionales de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615 , apartado 53)”.
La situación podría quizás verse con algo más de facilidad si nos alejamos del terreno de la normativa relativa a la protección de los consumidores y usuarios. Servirá para ello un ejemplo. Imaginemos un supuesto de daños producidos como consecuencia de un accidente de circulación. En la demanda se pide como indemnización una cantidad inferior a la que resulta de la correcta aplicación del baremo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre -EDL 2004/152063 (según las modificaciones introducidas por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación). A nadie se ocurrirá entender que el órgano judicial pudiera prescindir de los concretos términos de la pretensión del actor (la víctima del accidente) y conceder de oficio una indemnización superior a la solicitada, por más que ello resultase de la correcta aplicación del baremo. Lo mismo sucede con los casos en que se pide la declaración de nulidad de una cláusula por abusiva y se añade una acción accesoria de restitución formulada en términos determinados. Si la articulación de esa acción no se ha producido de manera adecuada, la solución no puede producirse a costa de la relajación, hasta el completo desconocimiento, de principios con relevancia constitucional. Habrá de buscarse, en su caso, en otra sede.
La primera cuestión a analizar es si la adecuación que en un contrato fijan...
La primera cuestión a analizar es si la adecuación que en un contrato fijan las partes entre, por una parte, la retribución y, por otra, los servicios o bienes que se constituyen en contrapartida de aquella –como ocurre con una cláusula que ya se encuentre incorporada en contratos y que determine cuál va a ser la retribución por al capital prestado, referenciándola al IRPH puede ser objeto de control judicial.
Finalmente, la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Pleno) de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 concluyó afirmando que el que “una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia”.
Nuestro Tribunal Supremo asume, de esta manera, la doctrina de la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de marzo de 2013 -EDJ 2013/26923 (caso RWE Vertrieb AG), según la cual, la transparencia de la cláusula exige que "el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste (...)".
No parece que esta sea una posibilidad razonable. El artículo 218.1 LEC -EDL 2000/77463 impone a los Tribunales que sus Sentencias sean “congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”.
Frente a lo anterior, sólo cabe imaginar excepcionales casos en que, por política legislativa, quiera atribuirse una mayor protección judicial a un grupo de perjudicados especialmente vulnerable, y que, con tal objetivo, se articule la posibilidad de que el Tribunal, de oficio, pueda modificar al alza los efectos restitutorios inicialmente solicitados para ajustarlos a la restitución contemplada legalmente, sin incurrir en incongruencia, siempre que no se produzca infracción de los principios procesales mencionados y, por tanto, siempre que se introduzca judicialmente la propuesta de modificación en un momento procesal que no determine ninguna minoración de los medios de defensa –alegación y prueba que de ordinario corresponden al demandado.
Se nos plantean hoy dos cuestiones, ciertamente polémicas como veremos, en r...
Por lo tanto, para determinar si estas cláusulas son nulas o no, debemos atender a lo previsto en el artículo 8 de LCGC -EDL 2007/205571 que, recordemos, establece que la nulidad puede venir determinada: (i) por infringir, en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley, o en cualquier otra imperativa o prohibitiva (apartado 1) o (ii) por ser una cláusula abusiva, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor.
Existen bastantes resoluciones judiciales –en especial en primera instancia– que declaran la nulidad de la cláusula que referencia al IRPH por el primer motivo. En concreto considera que infringe lo previsto en el artículo 1256 CC -EDL 1889/1 (la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes). En concreto, el argumento que utilizan estas resoluciones (a modo de ejemplo podemos citar, las Sentencias del Juzgado Mercantil de San Sebastián de 29 de abril de 2014 Mercantil 7 de Barcelona, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mataró de 10 de febrero de 2017 o del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ourense de 30 de marzo de 2016) para considerar la cláusula nula conforme al artículo 8.1 LCGC -EDL 2007/205571 (en relación con el artículo 1256 CC -EDL 1889/1-) es que el IRPH era confeccionado con los datos remitidos por las propias entidades financieras que lo aplicaban y por lo tanto era un índice “manipulable” (como indica el Juzgado Mercantil de San Sebastián en su sentencia de 29 de abril de 2014: “En mayor o menor medida, por lo tanto, la entidad demandada influye en el importe del índice que se utiliza. Queda comprometido, por tanto, lo dispuesto en el art. 1256 CC que dispone "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden, dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". No tiene porqué haber ocurrido, pero si todas las Cajas se pusieran de acuerdo para elevar el importe del interés que ofrecen a sus olientes, el IRPH Cajas habría subido. En el reciente proceso de concentración de estas entidades han ido desapareciendo muchas de ellas, con lo que tal posibilidad (de la que no hay constancia en autos), se habría incrementado para las que subsistieron. En definitiva, algún fundamento tiene el reproche que se hace en la demanda porque, apartando por peyorativo el término "manipulable", lo que resulta indudable es que una de las partes, el prestamista., tiene la posibilidad de influir en el importe del índice tomado como referencia por el préstamo suscrito entre los litigantes”).
Sin embargo, este razonamiento (nulidad por infracción de norma legal) es rechazado por buena parte de las resoluciones de las Audiencias Provinciales (entre otras podemos citar las Sentencias de la Audiencia Provincial de Álava de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/28361-, de la Audiencia Provincial de A Coruña de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/19843 o de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 22 de mayo de 2015 y de 29 de junio de 2016 -EDJ 2015/115990-). Esta última, precisamente, rechaza de forma bastante contundente la posibilidad de manipular el IRPH indicando: “Su manipulación por parte de las entidades prestamistas, que en la propia sentencia se contempla como una simple posibilidad, solo podría conseguirse, bien falseando los datos proporcionados al Banco de España (comunicando tipos de interés superiores a los realmente concedidos) o mediante un acuerdo del conjunto de entidades (Cajas en este caso), para elevar sus tipos de interés. La primera posibilidad implicaría una conducta delictiva por parte de las entidades de crédito, que en modo alguno cabe admitir por cuanto la actividad bancaria es un sector ampliamente regulado y sometido al control de Banco de España que verifica las oportunas inspecciones en las que se detectaría tal falseamiento de datos ; y la segunda posibilidad implicaría una práctica contraria a las normas de competencia que además de ser detectada, con las consecuentes sanciones, ninguna ventaja podría acarrear para las entidades que incurrieran en tal práctica. Y ello porque aun en la hipótesis de que las Cajas de Ahorro se hubieran puesto de acuerdo para subir los intereses de sus préstamos, tal incremento, además de ser ilegal, no hubiera reportado beneficio alguno a las Cajas puesto que ante la subida de sus tipos de interés, los prestatarios hubieran acudido a solicitar sus préstamos a los bancos ; y lo mismo hubiera ocurrido a la inversa, en caso de que los bancos se hubieran puesto de acuerdo para elevar los intereses que ofrecidos a sus clientes.”
Pero esta nulidad no se ha declarado al amparo de lo previsto en el artículo 8.1 LCGC -EDL 2007/205571-, sino conforme a lo previsto en el artículo 8.2 por considerar que se trata de cláusulas abusivas en el ámbito de la contratación con consumidores al no superar el control de transparencia. Recordemos que el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -EDL 2007/205571 (en adelante, LGDCU) exige que las cláusulas no negociadas individualmente cumplan los siguientes requisitos: (i) concreción, claridad y sencillez en la redacción con posibilidad de comprensión directa, (ii) accesibilidad y legibilidad, (iii) buena fe y justo equilibrio entre los derechos de las partes. En concreto el control de transparencia comprende (tal y como recogía la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-), un doble aspecto: formal -en contratos de consumo, a fin de constatar el cumplimiento de lo dispuesto en el art 80 del TRLCU, esto es, que la redacción de la cláusula es clara, concreta y sencilla, con posibilidad de comprensión directa por el consumidor, así como de haber sido conocida por éste con carácter previo a la conclusión del contrato-; y de transparencia material -esto es, control de la comprensibilidad real de la trascendencia de la cláusula en el contrato, lo que necesariamente exige un conocimiento previo de la existencia de la misma (como señala la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara de 2 de diciembre de 2014).
Sin embargo, hay alguna resolución que, de forma sorprendente, considera que la nulidad de la cláusula de referencia al IRPH supone que el préstamo se convierta en gratuito. Así la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mataró de 10 de febrero de 2017, tras citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/1414 (apartado 71), concluye que el préstamo debe subsistir “sin devengo de interés alguno en favor de la entidad acreedora, sin poder integrarla, substituirla, complementarla o modificarla y, sin que proceda la restitución reciproca de las prestaciones inherente a la nulidad del contrato en su totalidad”. Y sigue justificando esta solución con la siguiente afirmación: “Puede parecer -extraño la existencia y subsistencia de un préstamo sin interés y, de hecho, seguramente no era esa ni la voluntad ni la finalidad de las partes al otorgar el contrato, pero no podemos perder de vista tampoco dos aspectos esenciales, como que el contrato de préstamo desde su definición en el código civil en el siglo XIX, es un contrato gratuito por esencia y, que conforme a la doctrina constante del TJUE, la declaración de abusividad que el juez nacional verifica con los efectos de exclusión de la cláusula del contrato, tiene un fin teleológico claro, advertir a los empresarios de que no pueden seguir pactando cláusulas abusivas y/o no transparentes ya que la sanción a su conducta, no es otra que la sanción ejemplar de la exclusión de la cláusula del contrato, con todos sus efectos inherentes, siempre que el mismo pueda subsistir sin la misma, como es el caso de autos según lo antes expuesto”.
Esta solución de nuestro Alto Tribunal fue, de alguna forma, contestada por los tribunales de instancia, que entendieron, en muchos casos, que la irretroactividad se establecía en el marco de un procedimiento de acción colectiva, pero que no podía predicarse de los casos en los que se trataba del ejercicio de una acción individual por un consumidor. La polémica sobre esta cuestión de nuevo llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005 considero que “el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula” y, por lo tanto, declarada la nulidad, por abusiva, de la cláusula lo procedente hubiera sido la condena a la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas de más desde el inicio del contrato.
El Tribunal Supremo ha dictado dos autos (4 de abril y 10 de mayo de 2017) en los que considera que la Sentencia del TJUE no tiene la consideración de “documento recobrado” en el que pueda fundarse una demanda de revisión. Esto es, si hubiese recaído sentencia firme no es posible modificar el pronunciamiento. Para ello invoca que ya establecía en su sentencia de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 que su pronunciamiento no afectaba a situaciones definitivamente dictadas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada, y el TJUE en su sentencia consideró que ese pronunciamiento era legítimo. En concreto el TJUE declaró: “68. A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910 (LCEur 1993, 1071) (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009 -EDJ 2009/216356-, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08 (TJCE 2009, 309) , EU: C:2009:615 , apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada”.
La cuestión que se nos plantea ahora es qué ocurre en aquellos casos en que los demandantes/consumidores, interpusieron sus demandas limitando la reclamación de devolución a las cantidades indebidamente pagadas desde el 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 (al amparo de la Sentencia del TS y con el legítimo fin de evitar una estimación parcial de la demanda que supusiera que no había condena en costas a la entidad demandante).
Tampoco podría, a mi juicio, plantearse una nueva demanda (habiendo obtenido en una primera sentencia favorable la condena a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas desde el 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-) para reclamar las demás cantidades pagadas indebidamente desde el principio del contrato. Y ello porque, en virtud de lo dispuesto en el artículo 400 LEC -EDL 2000/77463 no es posible reclamar en un procedimiento posterior. El citado artículo, recordemos, considera que, a efectos de litispendencia y cosa juzgada (art.222 LEC), los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerar los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubieran podido alegarse en este. No hay duda de que los demandantes/consumidores pudieron incluir en su demanda la solicitud de devolución de todas las cantidades (es más, casi desde que se dictó la STS de 9 de mayo de 2013, hubo juzgados de primera instancia que rechazaron la irretroactividad en las resoluciones individuales).
Así, no podemos dejar de señalar que, como recoge el citado auto del TS de 4 de abril de 2017: “47. Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que la protección del consumidor no es absoluta. En particular, ha declarado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009 -EDJ 2009/216356-, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615 , apartado 37, y de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005-, Gutiérrez Naranjo y otros, C 154/15, C 307/15 y C 308/15, EU:C:2016:980 , apartado 68), salvo que el Derecho nacional confiera a tal tribunal esa facultad en caso de vulneración de normas nacionales de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615 , apartado 53)”.
Dos distintas cuestiones se plantean en esta ocasión, cada una de las cuales...
En efecto, no cabe duda que es planteable la validez de la cláusula en cuestión desde una analítica de transparencia en su doble perspectiva formal -inclusión y material -conocimiento del adherente dado que es cláusula que define un objeto principal el contrato fijando la adecuación del precio al bien proporcionado y al servicio dado con ocasión del préstamo hipotecario bancario. Dicho de otro modo, sería dable examinar su validez bajo un control de abusividad por falta de transparencia teniendo además en cuenta que como acaba de indicar la reciente STS 334/2017, de 25 de mayo -EDJ 2017/77541-, la falta de transparencia puede provocar un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo, salvo cuando la falta de transparencia no resulta inocua para el adherente, es decir, que no tenga, efectos negativos para el mismo. Pero en todo caso tal control proyectado sobre la estipulación que fije el IRPH no presenta en esencia diferencias con la doctrina asentada por el Tribunal Supremo a partir de la doctrina del Tribunal de Justicia, respecto de otras cláusulas condiciones generales de contratación en contratos celebrados con adherentes consumidores (singularmente, cláusulas suelo), incluso desde la progresión hacia la subjetividad de la transparencia hacia la que parece que está el Tribunal Supremo transitando con su Sentencia 367/2017, de 8 de junio -EDJ 2017/93157-, siendo en todo caso relevante desde la perspectiva de la transparencia, cuál habrá de ser el alcance y nivel de la información que debe facilitar la entidad crediticia atendida la naturaleza esencialmente financiera de la cláusula IRPH, como la del Euríbor, con las dificultades añadidas de comprensión por el consumidor medio ajeno al mundo de las finanzas. Y es que como ha dicho el Tribunal Supremo -S 265/2015-, en la contratación bancaria hay muchas cuestiones que guardan relación con el precio, cuyo entendimiento puede llegar a ser difícil o, cuando menos, "no fácil" para un consumidor.
Y decíamos que a nuestro entender la respuesta ha de ser negativa en atención a dos factores de índole normativo, a saber, en primer lugar porque se trata de un índice oficial que fue introducido en la Norma sexta bis de la Circular 8/1990, de 7 de septiembre -EDL 1990/14470-, modificada por la Circular 4/1994 del Banco de España -EDL 1994/16981-, lo que implica que no es la entidad crediticia quien ha fijado las pautas para decidir el IRPH en cada periodo y en segundo lugar, porque la Disposición Adicional 15ª de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre -EDL 2013/178110 mantiene vigente el IRPH entidades de crédito.
Es cierto que el cálculo del indicado índice es complejo. También lo es el Euríbor. De hecho, un consumidor medio que carezca de conocimientos financieros no conoce a día de hoy el criterio financiero que permite la fluctuación del Euríbor como índice de referencia, no obstante lo cual parece razonable que se admita en la contratación aunque el consumidor no conozca los cálculos matemáticos que se verifican para su determinación y que son sometidos al control de los correspondientes organismos de regulación. Pero debemos insistir que eso afecta al concepto de transparencia, no a la validez intrínseca de la cláusula que fija el índice de referencia, sin que conste por otro lado que sea un índice sustancialmente manipulable -es índice legal, como hemos visto lo que por otro lado, también cabría predicar, vistas las últimas decisiones de la Comisión sancionando a diversas entidades por ello respecto del Euríbor.
Pues bien, desde nuestro punto de vista, la respuesta ante el planteamiento de si habría incongruencia en caso de que a pesar de que la petición fuera de retroacción hasta la fecha fijada por la doctrina del Tribunal Supremo en Sentencia 139/2015, de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 se concediera por el Tribunal desde la fecha del contrato, ha de ser negativa teniendo en cuenta que para que tenga lugar tal proyección por el Tribunal deben respetarse dos condiciones, primera, el respeto a la voluntad de la partes ya que cabe en todo caso un posible aquietamiento a la cláusula abusiva toda vez que la tutela del consumidor no puede imponerse contra su voluntad, habiendo señalado en este sentido, la sentencia del caso Pannon (ut supra), en su apartado 33 que “el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula”, de tal forma que “cuando considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone”, criterio abundado por el apartado 35 de la sentencia Banif Plus Bank Zrt, que al referirse a la articulación de mecanismos de contradicción concluye que la posibilidad ofrecida al consumidor de expresar su opinión extremo obedece también a la obligación que incumbe al juez nacional de tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, no obstante, que es contrario a que se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula.
Ya la STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 señalaba en relación a esta cuestión que “en la medida en que sea necesario para lograr la eficacia del Derecho de la Unión, en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deban atemperar las clásicas rigideces del proceso, de tal forma que, en el análisis de la eventual abusividad de las cláusulas cuya declaración de nulidad fue interesada, no es preciso que nos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es preciso que el fallo se ajuste exactamente al suplico de la demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas como abusivas. ”. Y la posterior STS 705/2015, de 23 de diciembre de 2015 -EDJ 2015/253610-, pronunciándose de forma expresa sobre la problemática del control de oficio y el principio de congruencia y de defensa y alegación al decir que “aunque la pretensión inicial se fundara en el desequilibrio entre las partes, las entidades demandadas pudieron defenderse sobradamente sobre la validez de las cláusulas impugnadas, y específicamente sobre el control de transparencia, puesto que fue objeto del debate en los recursos de apelación y, por tanto, en la segunda instancia. Además, no cabe considerar que el control de transparencia de las cláusulas incluidas en contrato con consumidores, como instrumento diferenciado del previo control de inclusión, fuera una novedad inesperada introducida por la sentencia recurrida”, señalando más en concreto respecto el control de oficio y el principio de contradicción que “La jurisprudencia del TJUE es tan clara y contundente que puede afirmarse que la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única limitación de salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. Las sentencias del TJUE permiten que el juez -aun sin alegación de las partes realice los controles de inclusión, transparencia y abusividad, al margen del procedimiento o fase en que se suscite”, doctrina de donde cabe colegir la suficiencia del debate abierto en la apelación para poder acogerse la alteración de la pretensión inicial, lo que a la postre enlaza con el principio del control de oficio que tiene un límite extraordinariamente flexible en cuanto al momento del planteamiento y que por tanto permite, salvando defensa, audiencia y contradicción, formular plateamientos acordes con la defensa de los principios base de la cuestión fijados por la doctrina del Tribunal de Justicia, habiendo señalado al respecto la STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 -EDJ 2016/226005-, que “la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 exige que el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula (sentencia de 30 de mayo de 2013, Jőrös, C-397/11, EU:C:2013:340, apartado 42).”.
Dice en relación a ello la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre del 2016 -EDJ 2016/226005 en lo que aquí interesa lo siguiente:
“De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.” –paragf 61-
La primera de las cuestiones que se plantea en esta edición del Foro se refi...
No obstante, se ha cuestionado si, en tanto para el cálculo del índice se toma en consideración el tipo de interés aplicado por las entidades de crédito en las operaciones de préstamo hipotecario, el IRPH no cumpliría las condiciones que deben reunir los índices o tipos de referencia que pueden ser utilizados por las entidades de crédito en préstamos a tipo de interés variable particularmente la que se refiere a que el índice «no sea susceptible de influencia por la propia entidad en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades» (art. 26.1.a Orden EHA/2899/2011 -EDL 2011/235486-). Desde luego, siguiendo la literalidad del precepto, podría parecer que este índice efectivamente puede ser susceptible de ser «influido por la entidad mediante acuerdos o prácticas conscientemente paralelas» (la norma se refiere únicamente a la «susceptibilidad para ser influido» y no a que efectivamente sea o pueda ser manipulado por las propias entidades de crédito). Sin embargo, su inclusión entre los tipos o índices oficiales despeja cualquier duda sobre su legalidad (véanse, entre otras muchas, las SSAAPP de Guipúzcoa, de 9 de junio -EDJ 2015/150650 y de 10 de julio de 2015 -EDJ 2015/149788-, de Álava de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/28361-, de Barcelona, sección 15, de 28 de abril de 2016 -EDJ 2016/92321-, de Córdoba, sección 1, de 6 de septiembre de 2016 y 21 de febrero de 2017, o de Alicante, sección 6, de 11 de mayo de 2017; en la doctrina, por todos, GONZÁLEZ CARRASCO, Mª C., «Una carrera hasta el fondo de la degradación jurídica en materia de cláusulas abusivas hipotecarias: Juzgado 7 Collado Villalba», en Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 7/2013, págs. 265 a 270, en particular, págs.. 266 y 267).
El debate sobre esta cuestión puede resultar en alguna medida estéril si seguimos la interpretación acogida por el TS en su conocida Sentencia de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424 dado que, en ella, nuestro Alto Tribunal estima que, aun cuando se trate de una cláusula que describe o define el objeto principal del contrato y, por ello, quede excluido el control de abusividad (en la medida en que no se considere condición general de la contratación o, aun considerándose, se entiende que no cabe dicho control), dicha cláusula debería superar el test de transparencia en los términos en los que se fórmula por el propio TS: transparencia formal o documental (control de inclusión) y transparencia sustancial (comprensibilidad real de la cláusula para el consumidor). De modo que, no superando este test, podría declararse la nulidad de la cláusula no por abusiva en el sentido de “desequilibrada” sino por abusiva en tanto que no transparente.
El criterio el TS no está exento de críticas pues, si bien no es discutible la fundamentación del control de inclusión o de incorporación (transparencia formal o documental) en los arts. 5.5 y 7, letra b, de la LCGC -EDL 1998/43305 (desarrollados específicamente en relación con las cláusulas que determinan el tipo de interés variable en los contratos de préstamo hipotecario por el art. 26.2 de la Orden EHA/2899/2011 -EDL 2011/235486-), en cambio no es claro cuál es el fundamento legal de ese control de «transparencia sustancial» en cuya virtud ha de poder verificarse que «el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo» (§ 210 de la STS de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-), para lo cual será necesario acreditar que la información suministrada al consumidor le permita tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega dicha cláusula o puede jugar en la economía del contrato (sobre esa sustancial indefinición de la STS de 9 de mayo de 2013 vid., entre otros, CARRASCO PARERA, A. y CORDERO LOBATO, E., «El espurio control de transparencia sobre condiciones generales de la contratación», en Revista CESCO de Derecho del Consumo, 7, 2013, pág. 178).
La segunda cuestión que se plantea en el Foro se refiere al alcance de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005 sobre retroactividad de la declaración de nulidad de una cláusula suelo. El TJUE analiza el alcance de la no vinculación prevista en el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE -EDL 1993/15910-, interpretando que la misma equivale a la nulidad de pleno de derecho de la cláusula declarada no transparente (y, por tanto, abusiva) y determina que ha de considerarse como si la cláusula nunca hubiese existido y, en consecuencia, nunca hubiese producido efectos debiendo procederse al reintegro de los pagos que en su caso se hubiesen producido en aplicación de dicha cláusula. De este modo, si un tribunal aprecia que, en atención a las circunstancias del caso, una cláusula predispuesta en un contrato de préstamo hipotecario no es transparente (tanto en sentido formal o documental, como en sentido material o sustancial), deberá ordenar la restitución de los importes satisfechos por el consumidor como consecuencia de su aplicación desde el mismo momento de su inclusión (y no, por tanto, en el supuesto de las cláusulas suelo a partir de la fecha establecida arbitrariamente por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 -EDJ 2013/53424-).

References: artículo 80
 artículo 6
 resolución 
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 82
 resolución 
 artículo 12
 artículo 53
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 218
 artículo 8
 artículo 1256
 artículo 8
 artículo 1256
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 80
 resolución 
 resolución 
 artículo 400
 artículo 6