Source: http://www.isipedia.com/derecho/apuntes-de-tercero/derecho-penal-ii/delitos-contra-la-libertad
Timestamp: 2018-04-20 06:56:10+00:00

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Delitos contra la libertad - Apuntes UNED
Detenciones ilegales: tipo básico
Por libertad como bien jurídico ha de entenderse tanto la deambulatoria (libertad de movimiento) como la de poder decidir libremente sobre la forma de actuar en sociedad, así como en la formación de la voluntad.
El tipo básico se contempla en el art. 163.1 CP, dónde se castiga al particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad.
Pena: Prisión de cuatro a seis años.
Como se apuntó, el bien jurídico protegido es la libertad deambulatoria; la libertad personal que se garantiza en los arts. 17 y 19 CE.
Sujeto activo solamente pueden ser los particulares, pues los delitos cometidos por autoridad o funcionario público se encuentran tipificados en el art. 167 CP.
Sujeto pasivo puede ser cualquiera, incluso los menores o incapaces. También las personas internas en una prisión pueden ser sujetos pasivos de este delito si dentro del centro penitenciario se les priva de la posibilidad de moverse por el interior del mismo, fuera de las condiciones establecidas por la legislación penitenciaria.
Consiste la acción, como se desprende del propio texto legal, en encerrar o detener a una persona privándole de su capacidad de movimiento. Puede realizarse bien introduciéndola en lugar cerrado, bien impidiendo que se mueva en lugar abierto, como puede ser atándola, sujetarla por cualquier procedimiento, empleando narcóticos que la dejen inconsciente, etc. En el art. 163 CP no se exige ninguna finalidad por lo que los móviles de la detención son irrelevantes. El encierro o detención ha de ser contra la voluntad de la víctima, sin que sea necesaria una oposición clara y terminante de la misma, siendo suficiente con una oposición tácita.
Sólo cabe la comisión dolosa, con dolo específico de cometer la detención. En todo caso, la voluntad del sujeto activo ha de ir dirigida de forma consciente a privar de la facultad de moverse libremente al sujeto pasivo.
Se trata de un delito permanente.
El consentimiento excluye la tipicidad siempre que sea anterior o simultáneo a la detención o encierro. Si con posterioridad el sujeto que ha consentido ser privado de libertad cambia de criterio y pide ser liberado, si la persona que le retiene se niega a ponerlo en libertad cometerá un delito de detención ilegal. El consentimiento otorgado con posterioridad a una detención ilegal es irrelevante, pues nos encontramos ante un delito público consumado; sólo tendrá relevancia respecto a los plazos en relación a la pena que corresponda imponer, que será el del período anterior al de la prestación del consentimiento.
También caben las causas de justificación de legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho. Especial interés ofrece el internamiento en centros adecuados de enfermos mentales, así como el aislamiento de personas como consecuencia de riesgos inminentes y extraordinarios para la salud. El internamiento de un enfermo mental sin causa justificada puede dar lugar a una detención ilegal.
La consumación se produce en el momento en que el sujeto pasivo pierde su capacidad de moverse libremente como consecuencia del encierro o detención. No importa cual sea el lugar, que puede ser mueble o inmueble, como un automóvil. Se trata de un delito de permanencia relativa y consumación instantánea, prolongándose la lesión del bien jurídico hasta que el sujeto queda en libertad. No cabe el delito continuado. Es necesario un tiempo mínimo, pues a veces estaremos ante una tentativa si el sujeto pasivo consiguió eludir la situación en supuestos en que la retención fue mínima. La diferencia entre consumación y tentativa con frecuencia resultará confusa.
Otras veces estaremos ante unas coacciones, pues si en la detención ilegal es necesaria cierta permanencia y duración, y que, además, se persiga impedir la libertad de movimiento, ello no es requisito necesario en las coacciones. De lo anterior se desprende que con frecuencia habrá dificultades para distinguir supuestos de coacciones y de detención ilegal, lo que no sucederá con los encierros, donde normalmente estaremos siempre ante delitos de detención ilegal. Este, en cualquier caso, es un delito de consumación instantánea. La simple detención o inmovilización para cometer un delito de robo no constituye detención ilegal. La detención ilegal es de aplicación preferente respecto del delito de coacciones, por ser ley especial.
El delito se puede cometer en comisión por omisión, como sería el supuesto de no abrir la puerta de quien tiene obligación de hacerlo a una persona que se encuentra en lugar cerrado por razones de trabajo, seguridad, etc. El obligado a abrir tendrá el deber de hacerlo por su posición de garante. Si en un mismo acto se detiene a más de una persona, habrá tantos delitos como personas detenidas. Estamos ante un concurso ideal de delitos a resolver por el art. 77 del CP.
Se castiga en el art. 163.2 CP, como tipo privilegiado, la detención ilegal cuando “el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto”.
Pena: Prisión de dos a cuatro años.
Es condición necesaria en este supuesto que el sujeto activo del delito no “haya logrado el objetivo que se hubiera propuesto”, pues de lograrlo se le aplicaría la pena del art. 163.1 CP. También se aplicará el 163.2 CP si el sujeto no se había propuesto objetivo alguno con la detención, pues aunque lo normal es que se persiga alguno, puede haber excepciones. No es posible el desistimiento pero si la atenuante de arrepentimiento espontáneo. Cabe el arrepentimiento tanto en la fórmula de confesar la infracción a las autoridades con anterioridad a conocer que se ha iniciado contra él un procedimiento judicial, como en la reparación de los daños a la víctima o disminución de los efectos del delito. Ambas circunstancias son compatibles. La apreciación de una supondría imponer la pena en su mitad inferior, mientras que la estimación de las dos, llevaría a rebajar la pena en uno o dos grados.
Se castiga en el art. 163.4 CP al “particular que fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarle inmediatamente a la autoridad”.
Pena: Multa de tres a seis meses.
Para conocer cuales son los supuestos en que una persona puede detener a otra hay que acudir a la LECrim. Esta ley autoriza la detención de quien vaya a cometer un delito, del delincuente in fraganti, de los que se fuguen de una cárcel o al ser conducidos a ella o a los condenados que estuvieren en rebeldía.
Se castiga en el art. 163.3 CP el encierro o detención por más de quince días.
Pena: Prisión de cinco a ocho años.
Según el art. 165 CP se agravan las penas de los supuestos previstos en los dos artículos anteriores “si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.
Pena: Se impondrá en su mitad superior la que correspondería en los respectivos casos previstos en los arts. 163 y 164 CP. En el art. 165 CP se contemplan varias situaciones, pudiendo suceder que concurran dos o más, por ejemplo, simulación de autoridad y que la víctima fuera un menor o incapaz.
Se castiga en el art. 166 CP al “reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida”.
Pena: La superior en grado a las señaladas en cada caso. Respecto a esta pena agravada se hace una excepción, pues no se aplicará en los casos en que al detenido o secuestrado se le “haya dejado en libertad”.
El fundamento de la agravación de la pena es simplemente el hecho de no dar “razón del paradero de la persona detenida”, salvo que la haya dejado en libertad. La persona que detiene o secuestra a otra se constituye en cierta medida, y dentro naturalmente de lo exigible, en garante de la misma, de modo que debe velar por ella. Si el sujeto durante la detención da muerte a la víctima estamos ante un concurso real de delitos, lo mismo que si la lesiona, arremete sexualmente, etc.
Se castiga en el art. 167 CP a “la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en los artículos anteriores”.
Pena: Las respectivamente previstas en cada caso en los arts. 163 a 166 CP, en su mitad superior, y además, la de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.
En estos supuestos no es de aplicación la circunstancia agravante 7ª del art. 22 CP (“prevalerse del carácter público que tenga el culpable”). El concepto de autoridad y funcionario público a efectos penales se recoge en el art. 24 CP. Sujeto activo del delito sólo pueden ser los que tienen atribuciones para llevar a cabo la detención de alguna persona; cometen el delito al abusar del ejercicio de su cargo, extralimitándose en sus competencias.
Estamos ante un delito especial que solamente podrán cometer los Magistrados y Jueces, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los demás funcionarios pueden cometer cualquiera de los delitos previstos en los arts. 163 a 166 CP, siempre que actúen como particulares; si lo hacen abusando de su condición de funcionario le será de aplicación la agravante 7ª del art. 22.
La LECrim recoge los supuestos en los que unos y otros tienen la obligación de detener, pues de no hacerlo podrían incurrir en un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La valoración de la gravedad de la infracción penal ha de hacerse en base a la forma de acontecer los hechos, cabe error, vencible o no, en el funcionario.
Se castiga en el art. 164 CP “el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad”.
Pena: Prisión de seis a diez años. La pena se eleva de diez años y un día a quince años, es decir, la superior en grado, si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del art. 163.3 CP. La pena será de tres a seis años menos un día, es decir, la inferior en grado, si se dieren las condiciones del artículo 163.2 CP. La pena se impondrá en su mitad superior en los casos previstos en el art. 165 CP.
La “condición” a que hace referencia el texto legal puede ser cualquiera, aunque las más frecuentes son de tipo económico.
El secuestro es un supuesto agravado de detención ilegal sobre la base de la exigencia de alguna condición para la libertad. Este delito ha tenido especial relevancia en los secuestros de personas por parte de grupos terroristas en los que se pide un rescate para poner en libertad a la víctima, siendo excepcionales otras reivindicaciones.
Se castiga en el art. 168 CP: “La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este Capítulo, es decir, los de detenciones ilegales y secuestros”.
Pena: Inferior en uno o dos grados a la señalada al delito de que se trate.
En el art. 169 CP se da un concepto de amenazas al disponer: “El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal…”. El bien jurídico protegido es la libertad en la formación de la voluntad para actuar, así como hacerlo del modo que el sujeto decida.
Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona.
Sujeto pasivo también puede serlo cualquiera, siempre que tenga aptitud y capacidad para percibir la amenaza, por lo que no pueden serlo las personas de corta edad o quienes por padecer alguna deficiencia mental no pueden llegar a percibir el contenido de la amenaza.
Consiste la acción en manifestar directamente al sujeto pasivo del delito o en hacerle llegar por un medio eficaz la intención de causarle “a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal...”
Es muy amplia la gama de personas a las que puede extenderse la referencia al mal que se anuncia debido a la amplitud que se deriva de que las personas estén “íntimamente relacionadas”. Al hacerse referencia a “un mal que constituya delito” quedan excluidos los supuestos constitutivos de falta, pues las amenazas de carácter leve se contemplan en el art. 620 CP.
El mal con que se conmina ha de tener la entidad suficiente como para que pueda causar efecto en el sujeto pasivo, pues cuando la amenaza sea leve estaremos ante una falta del art. 620 CP, o incluso, ante una conducta impune por la nula relevancia del mal que se anuncia. El mal que se anuncia no es necesario que produzca en la víctima la perturbación anímica perseguida por el autor. Sólo es posible la conducta dolosa. El sujeto ha de ser consciente de que conmina con un mal. La consumación del delito se produce en el momento en que el sujeto activo pone en conocimiento del sujeto pasivo el mal que pretende inferir. Es posible la tentativa, que se daría cuando el anuncio del mal no llegara al conocimiento de la persona a la que se dirige la amenaza.
Amenaza de un mal que constituya delito
Según el párrafo primero del art. 169 CP se castiga al “que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituye delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socio-económico”, de alguna de las formas que se recogen a continuación:
Se castigan en el art. 169.1º CP los supuestos en que “se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiese conseguido su propósito”. Pena: Prisión de uno a cinco años. Si quien amenaza no consigue su propósito la pena es de prisión de seis meses a tres años.
En el párrafo 2º del art. 169.1º CP se prevén una serie de supuestos en los que se agrava la pena cuando “las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o reproducción, o en nombre de entidades grupos reales o supuestos”. Pena: Las previstas en el párrafo primero del art. 169.1 CP en su mitad superior, según se haya conseguido o no el propósito que perseguía el que amenazaba.
Se castigan en el artículo 169.2º los supuestos en que “la amenaza no haya sido condicional”.
Así como en las amenazas condicionales el sujeto activo exige que se lleve a cabo por el amenazado un comportamiento determinado, en las no condicionales no se exige nada en concreto. Se trata de un delito de mera actividad, pues se amenaza con un mal aparentemente real y verosímil, no siendo necesario que se produzca en el sujeto a quien va dirigida la amenaza ninguna perturbación anímica.
Amenazas contra grupos de población, étnicos, culturales, religiosos y otros
Se castigan en el artículo 170.1 CP los supuestos en los que “las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo”.
Pena: Las superiores en grado a las previstas en el art. 169 CP.
Amenazas con fines terroristas
Se castiga en el art. 170.2 CP a “los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas”.
Estamos ante una figura que no encaja en las amenazas. Aquí el sujeto activo del delito pide a determinados grupos que ejecuten los hechos previstos en el apartado 1 del art. 170 CP. La petición, que ha de ser pública, ha de ir encaminada a la intervención de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. Hay aquí cierta relación con la apología.
Según el art. 171.1 CP: “Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, según el artículo 171.1, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior”.
La amenaza ha de ser condicional, quedando excluidas del tipo las que no lo fueran.
La pena se ha de imponer, según el art. 171.1 CP, teniendo en cuenta “la gravedad y circunstancias del hecho”. Si el culpable hubiera conseguido su propósito se le impone la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses en su mitad superior.
Se castiga en el art. 171.2 CP a quien “exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares, que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés”. La pena varía según se haya conseguido o no todo o parte de lo exigido.
Pena: Prisión de dos a cuatro años si se ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.
La condición que se impone tiene contenido económico. Si se conmina con un daño que constituye un delito estaremos ante uno de los supuestos del artículo 169.1 CP. Los hechos que se amenazan revelar han de ser referentes a la vida privada, o también los referentes a las relaciones familiares.
Dispone el art. 171.3 CP respecto al chantaje que: “Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados”.
En principio, y por tratarse de un delito público, el ministerio fiscal tiene el deber de perseguirlo, pese a lo que dispone el precepto que aquí se comenta, que es de dudosa constitucionalidad.
Supuestos en los que una amenaza leve se transforma en delito como consecuencia de la relación entre el sujeto activo y pasivo
Se castiga en el párrafo primero del art. 171.4 CP al “que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.
Pena: Prisión de seis meses a un año, o de trabajo en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Según el párrafo segundo del art. 171.4 CP “igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”.
Supuesto atenuado
Se castiga en el artículo 171.5 CP al que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de éste artículo.
Pena: Prisión de tres meses a un año, o de trabajo en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.
Dispone el párrafo segundo del art. 171.5 CP: “Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5 en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de éste Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza”.
Supuesto atenuado para los apartados 4 y 5: Dispone el art. 171.6 CP. “No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal razonándolo en sentencia, en a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.
La integridad moral es un derecho fundamental plasmado en el art. 15 CE. Ese es el bien jurídico protegido en estos delitos, aunque en el campo penal tiene sus propias connotaciones.
El tipo básico de las coacciones se recoge en el párrafo primero del art. 172.1 CP donde se castiga al que “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”.
Pena: Prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses. Para la imposición de la pena dispone el art. 172 CP que se tendrá en cuenta “la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.
El bien jurídico protegido es la libertad de obrar de las personas, la libertad de decidir su forma de actuar tanto activa como omisiva, es decir, de hacer o no hacer algo.
Sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo sólo podrá serlo aquel que sea susceptible de poder sucumbir ante la coacción, en cuanto ha de entender lo que persigue el autor; por lo que no pueden ser sujetos pasivos las personas de corta edad ni los que por padecer problemas mentales no tienen capacidad de entender lo que pretende el autor de los hechos.
Consiste la acción en impedir a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto. El primer comportamiento es omisivo para el sujeto pasivo, pues le impide hacer algo, mientras que el segundo es activo, obligándole a realizar un comportamiento por la fuerza. En ambos supuestos la conducta es impune si el sujeto actúa legalmente, como se verá más adelante. Aunque del texto se desprende que solo la fuerza puede dar lugar a coacciones, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten junto con la “vis física”, la violencia intimidativa ejercida directamente sobre el sujeto pasivo o a través de terceras personas, por ejemplo se puede golpear a un hijo para que el padre lleve a cabo un comportamiento determinado, o persistir en la destrucción de objetos de valor propiedad del sujeto pasivo si éste no realiza el comportamiento que quiere el autor del delito. En estos supuestos la zona divisoria con las amenazas es confusa, especialmente con las condicionales, por lo que en ocasiones habrá que decidirse en favor del delito de amenazas cuando a través de la intimidación se persigue influir en la formación de la voluntad del sujeto pasivo. Sólo son posibles las conductas dolosas. El autor, además de tener la conciencia y la voluntad de la acción que ha de ser realizada, ha de concurrir el “animus” específico de querer restringir la libertad de otro, lo que cierra el paso a dolo eventual.
No son posibles las formas imprudentes, no sólo porque no caben técnicamente, sino porque no se reconocen en el CP. Son posibles todas las causas de justificación cuando los sujetos actúen conforme a derecho.
Dentro de las formas de ejecución son posibles tanto la consumación como la tentativa. El delito se consuma con la realización del acto al que fue conminado el sujeto, o con la abstención de hacerlo. Estamos ante una tentativa cuando el sujeto activo no consigue doblegar la voluntad del sujeto pasivo.
Coacción para impedir el ejercicio de un derecho fundamental
Dispone el párrafo segundo del art. 172.1 “cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental”.
Pena: Prisión de seis meses a tres años o multa de 12 meses a 24 meses en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.
Concurso: El concurso de leyes que plantea el art. 172 CP estará relacionado con los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, tipificados en los arts. 510 y siguientes CP y otros recogidos en el Código. El concurso no será posible en muchos supuestos, unas veces porque ya se emplea la coacción para el fin perseguido por el autor y otras porque no cabe para la comisión del delito la utilización de la misma.
Coacción para impedir el disfrute efectivo de la vivienda
Según el párrafo tercero del artículo 172.1 “se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”.
Pena: Prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses en su mitad superior.
Estos supuestos pueden plantear dificultades a la hora de determinar que ha de entenderse por “impedir el legítimo disfrute”.
Supuestos en los que una coacción leve se transforma en delito como consecuencia de la relación entre el sujeto activo y pasivo
Se castiga en el párrafo primero del art. 172.2 CP al que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
Según el párrafo segundo del art. 172.2 “igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”.
Dispone el párrafo tercero del art. 172.2 CP: “Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de éste Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza”.
Supuesto atenuado en relación con los párrafos anteriores
Dispone el párrafo último del art. 172.2 CP: “No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado”.

References: artículo 163
 artículo 169
 artículo 170
 artículo 171
 artículo 169
 artículo 171
 artículo 173
 artículo 48
 artículo 172
 artículo 48