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Timestamp: 2017-12-17 12:09:17+00:00

Document:
LEY 25.348
APROBACION DE UN ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL CON COLOMBIA
BUENOS AIRES, 1 de Noviembre de 2000
BOLETIN OFICIAL, 05 de Diciembre de 2000
TRATADOS INTERNACIONALES-COLOMBIA-ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL-COOPERACION INTERNACIONAL
ARTICULO 1 - Apruébase el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y la República de Colombia, suscripto en Buenos Aires el 3 de abril de 1997, que consta de veintisiete (27) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
ANEXO A: ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA
ARTICULO 1: Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y de sus respectivos ordenamientos jurídicos, en la realización de investigaciones y procedimientos penales iniciados por hechos cuyo conocimiento corresponda a las autoridades competentes de la Parte Requirente. La asistencia será prestada aun cuando los hechos por los cuales se solicita no constituyesen delito según las leyes de la Parte Requerida.
ARTICULO 2: 1. Para los efectos del presente Acuerdo:
a) "Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial" se entenderán como sinónimos.
b) "Decomiso": significa la privación con carácter definitivo de bienes productos o instrumentos del delito, por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente.
c) "Instrumentos del delito": significa cualquier bien utilizado o destinado a ser utilizado para la comisión de un delito.
d) "Producto del delito": significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos directa o indirectamente, por cualquier persona, de la comisión de un delito o el valor equivalente de tales bienes.
e) "Bienes": significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
ALCANCE DE LA ASISTENCIA artículo 3:
ARTICULO 4: 1. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Acuerdo para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial, sin previa autorización de la Parte Requerida.
ARTICULO 5: 1. Las solicitudes de asistencia que en virtud del presente Acuerdo se formulen , así como sus respuestas, serán enviadas y recibidas a través de las autoridades centrales, tal como se indica en el siguiente enunciado:
a. Por la parte argentina, la autoridad central será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
b. Con relación a las solicitudes de asistencia recibidas por Colombia, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación; con relación a las solicitudes de Asistencia Judicial presentadas por Colombia, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.
ARTICULO 6: Las Autoridades Competentes son, en la República Argentina, las autoridades judiciales y el Ministerio Público Fiscal y en la República de Colombia, las autoridades judiciales.
a) Las solicitudes serán cumplidas de conformidad a la legislación de la Parte Requerida, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
ARTICULO 8: 1. La Parte Requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.
3. La Parte Requirente mantendrá la reserva de las pruebas e información proporcionadas por la Parte Requerida, salvo que su levantamiento sea necesario para la investigación o procedimientos descriptos en la solicitud.
SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL artículo 9:
ARTICULO 9: 1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la Parte Requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán ser formalizadas a la mayor brevedad posible y contendrán al menos la siguiente información:
c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la solicitud de asistencia judicial, adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones legales pertinentes;
f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con la investigación o el proceso; Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas.
ASISTENCIA CONDICIONADA artículo 10:
ARTICULO 10: 1. La Autoridad competente de la Parte Requerida, si determina que la ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté realizando en dicho Estado, podrá aplazar su cumplimiento o condicionarlo en la forma que considere necesaria.
RECHAZO DE LA SOLICITUD artículo 11:
ARTICULO 11: 1. La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando:
ARTICULO 12: 1. La Parte Requerida fijará la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia judicial y las comunicará por escrito a solicitud de la Parte Requirente.
2. Las pruebas que se practiquen por las autoridades competentes de la Parte Requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico.
La valoración de dichas pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la Parte Requirente.
3. La Parte Requerida de conformidad con su legislación interna y, a solicitud de la Parte Requirente, podrá recibir testimonio de personas con destino a un proceso o investigación que se siga en el Estado Requirente. la Parte Requirente podrá solicitar la ejecución de las pruebas necesarias de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
ARTICULO 13: 1. La solicitud de asistencia judicial enviada a las autoridades competentes de la Parte Requerida, que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, deberá ser transmitida por la Autoridad Central de la Parte Requirente por lo menos 45 días antes a la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la solicitud.
En caso contrarío, la Autoridad Central Requerida lo devolverá a la Parte Requirente. No obstante, la Autoridad Central de la Parte Requerida podrá solicitar por escrito a la Parte Requirente la ampliación del término.
3. La solicitud de asistencia judicial deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado
ARTICULO 14: 1. El testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere ante la autoridad competente de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido o detenido por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.
3. La garantía temporal prevista en los párrafos precedentes cesará en sus efectos cuando la persona que compareciera no hubiese abandonado el territorio de la Parte Requirente, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, en un plazo de 10 días desde que le hubiere sido notificado por las autoridades competentes que su presencia no es más necesaria o habiéndolo abandonado, regresare al mismo, salvo en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
ARTICULO 1: 1.a) Cuando la citación para declarar ante la autoridad competente de la Parte Requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la Parte Requerida, para acceder a la solicitud será indispensable que el detenido preste su consentimiento por escrito.
b) La autoridad competente de la Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla en las mismas condiciones tan pronto como hubiere cesado la necesidad que motivó la solicitud que diera lugar al traslado, a menos que la autoridad competente de la Parte Requerida solicitare expresamente y por escrito que tal persona fuera puesta en libertad.
2. En todos los casos, la decisión sobre el traslado en virtud del párrafo 1 del presente artículo, será discrecional de la autoridad competente de la Parte Requerida y la negativa podrá fundamentarse, ente otras consideraciones, en razones de conveniencia o de seguridad.
ARTICULO 16: 1. Las autoridades competentes de la Parte Requerida, previa solicitud de asistencia judicial, se esforzarán en averiguar si dentro de su jurisdicción se encuentra cualquier producto o instrumento de un delito y notificarán los resultados o las pesquisas a las autoridades competentes de la Parte Requirente a través de las Autoridades Centrales. Al efectuar el requerimiento, la Parte Requirente notificará a la Parte Requerida la base de su creencia de que dichos productos o instrumentos del delito se pueden hallar en su jurisdicción.
3. Cuando el condenado por un delito ha dispuesto de los productos o instrumentos del mismo, la autoridad competente de la Parte Requerida, a solicitud de la autoridad competente de la Parte Requirente, determinará si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trababa o podía haberse tratado de los productos o instrumentos del delito. Si la autoridad competente de la Parte Requerida determina que el tercero no actuó de buena fe, ordenará el decomiso de los bienes.
ARTICULO 17: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y de acuerdo con las previsiones del presente artículo, la autoridad competente de una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de embargar preventivamente, secuestrar o incautar bienes para asegurar que éstos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso.
b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a Ias disposiciones legales pertinentes;
4. Las autoridades competentes de cada una de las Partes informará con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto del embargo, secuestro o incautación solicitada o adoptada.
5. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá imponer una condición que límite la duración de la medida solicitada, la cual será notificada con prontitud a la autoridad competente de la Parte Requirente, explicando su motivación.
ARTICULO 18: 1. En el caso de que el requerimiento de asistencia se refiera a una orden de decomiso, la autoridad competente de la Parte Requerida podrá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1:
a) Ejecutar la orden de decomiso emitida por una autoridad competente de la Parte Requirente relativa a los instrumentos o productos del delito; o
b) Información sobre las pruebas que sustentan la base sobre la cual se dictó la orden de decomiso; c) Información que indique que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada;
6. En cada caso, la Parte Requerida podrá acordar con la Parte Requirente la manera de compartir el valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución del requerimiento por la Parte Requerida en cumplimiento de este artículo, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el artículo 5.5 (b) (ii) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y teniendo en cuenta la cantidad de información y cooperación suministrada por la Parte Requerida.
INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES artículo 19:
ARTICULO 19: Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, las autoridades competentes de la Parte Requerida tomarán según su ley las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes afectados por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial. Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, incautación o decomiso, podrá interponer los recursos previstos en la legislación interna de la Parte Requerida ante la autoridad competente de dicha Parte.
GASTOS artículo 20:
ARTICULO 20: 1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia judicial serán sufragados por la Parte Requerida. Cuando se requieran para este fin gastos de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento al requerimiento, así como la manera en que se sufragarán los gastos.
2. Los honorarios de peritos, gastos de viaje, alojamiento u otros gastos de imputados, testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de una solicitud de asistencia judicial, incluyendo aquellos de los funcionarios que lo acompañen, correrán por cuenta de la Parte Requirente.
COMUNICACION DE CONDENAS
ARTICULO 21: Cada Autoridad Central informará anualmente a la otra las sentencias condenatorias que sus autoridades judiciales hubieran dictado contra nacionales de la otra Parte.
ARTICULO 22: 1. Cada Autoridad Central comunicará a pedido de la otra los antecedentes penales de una persona en la medida que lo permitan sus propias leyes.
ARTICULO 23: 1. Toda denuncia cursada por una autoridad competente cuya finalidad sea incoar un proceso ante la autoridad competente de la otra, se transmitirá a través de las Autoridades Centrales.
ARTICULO 24: Los documentos previstos en el presente Acuerdo estarán exentos de toda legalización consular o formalidad análoga.
CONSULTAS artículo 25:
ARTICULO 25: Las Autoridades Centrales de las Partes contratantes celebrarán consultas, para que el presente Acuerdo resulte lo más eficaz posible.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS artículo 26:
ARTICULO 26: Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este Acuerdo será resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.
ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA artículo 27:
ARTICULO 27: El presente Acuerdo entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que las Partes se comuniquen por Notas Diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales.
El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento, mediante Nota Diplomática, la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia judicial en curso.
Hecho en Buenos Aires, a los tres días del mes de abril de 1997, en dos ejemplares, en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

References: artículo 3
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27