Source: http://absta.info/jorge-ignacio-pretelt-chaljub-v3.html
Timestamp: 2019-10-22 03:26:56+00:00

Document:
NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada; se subraya el aparte acusado: “ CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
1.2 LA DEMANDA 1.2.1.
INTERVENCIONES Ministerio del Trabajo
Sentencia C-931/14
Referencia: expediente D-10243
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 (parcial) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Actor: Andrés Felipe Orjuela Prieto
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Andrés Felipe Orjuela Prieto, demandó la constitucionalidad del numeral 5 (parcial) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo contrario a los artículos 1, 2, 16, 18, 19, 25, y 53 de la Constitución Política.
Mediante auto del seis (06) de junio de dos mil catorce (2014), el Despacho del Magistrado Sustanciador admitió la demanda.
En atención a lo anterior, comunicó el presente proceso al Presidente del Congreso de la República e invitó a participar en el debate al Ministerio de la Protección Social, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Confederación General de Trabajo -CGT-, a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT-, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Nacional, Pontificia Bolivariana, Javeriana, Eafit, Santiago de Cali, Libre, San Buenaventura, de Medellín, del Norte, del Sinú –Seccional Montería-, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, de Ibagué y de Jurisprudencia del Rosario. Finalmente ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
… Por parte del empleador…
5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores…”.
1.2.1. El ciudadano Andrés Felipe Orjuela Prieto estima que la norma acusada vulnera los artículos 1, 2, 16, 18, 19, 25 y 53 de la Constitución Política. En consecuencia sustenta el concepto de la violación en relación con cada uno de los preceptos constitucionales de la siguiente manera:
1.2.2. Inicia el demandante afirmando, con relación al artículo 1 Superior que el concepto de moral es relativo y mutable, razón por la cual considera que hablar de una moral social es hacer referencia a un concepto discriminatorio pues esta sería simplemente una moral de las mayorías, apartando otro tipo de concepciones protegidas por la Carta mediante el reconocimiento del principio pluralista. Así, el ordenamiento constitucional propugna por la convivencia pacífica y armónica de distintos tipos de moral.
1.2.3. De lo anterior, colige que también existe un desconocimiento del artículo 2 Superior por cuanto las autoridades del Estado tienen el deber de respetar y proteger las creencias y libertades de todos los ciudadanos, y no solamente de las mayorías, razón por la cual el Estado debe garantizar el respeto y la tolerancia de los diferentes códigos morales.
1.2.4. Adicionalmente, señala que la norma cuestionada vulnera el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Carta, toda vez que la moral parte del fuero interno de la persona y el precepto demandado permite al Estado y a los empleadores invadir este plano individual a partir de la imposición de mandatos que lesionan la autonomía de cada sujeto. De este modo, se desconoce que el único límite a este derecho es la vulneración de un derecho ajeno o la causación de un perjuicio social, evento que ocurre solo con una conducta delictiva y no una propia del fuero interno.
1.2.5. El actor aprecia además que la norma vulnera la libertad de conciencia amparada por la Carta, dado que la moral se relaciona íntimamente con las convicciones o creencias personales a partir de las cuales nadie puede ser molestado por mandato expreso del artículo 18 Constitucional. En tal sentido, aduce que el aparte demandado implica la imposición de conceptos morales específicos y la sanción de proyectos de vida minoritarios, siendo contrario a la Constitución. En idéntico sentido, encuentra el ciudadano una violación del derecho a la libertad religiosa, artículo 19 Superior, pues arguye que la moral tiene connotaciones religiosas y calificar un hecho como inmoral puede dar paso a que el empleador cometa arbitrariedades que afecten la libertad de cultos.
1.2.6. Además, para el demandante el precepto objeto de reproche contraviene el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas, artículo 25, así como el principio de estabilidad laboral contemplado en el artículo 53 de la Carta. Lo anterior se explica en la indeterminación del término “inmoral o” contenido en la ley, expresión ambigua a la cual se sujeta una justa causa de terminación del contrato laboral. En este respecto, menciona, que aunque esta Corporación en sentencia C-350 de 20091 señaló que el uso de conceptos jurídicos indeterminados no está prohibido, existen situaciones y contextos en los que el uso de estas expresiones puede contrariar postulados constitucionales, cuando por ejemplo dicho grado de indeterminación compromete el ejercicio y goce de derechos constitucionales.
1.2.7. En efecto, dice, dada la indeterminación de la expresión señalada, queda a la libre interpretación y valoración del empleador esta causal de terminación unilateral del vínculo de trabajo. En su criterio, el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo con base en una “valoración personal de lo que considera como inmoral (…) dejando expuestos a los trabajadores al riesgo de un despido arbitrario, ya que (…) el trabajador no sabe si su comportamiento[,] que para él es moral puede ser inmoral para su empleador”.
1.2.8. Reitera que, aunque la Corte Constitucional ha admitido el uso de conceptos jurídicos indeterminados, también ha asegurado que existen situaciones y contextos en los que el uso de este tipo de expresiones no es aceptado constitucionalmente. Por ende, el aparte acusado resulta ser tan indeterminado que vulnera y afecta el derecho fundamental al trabajo, así como el principio constitucional de protección a la estabilidad laboral.
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) del Ministerio del Trabajo, intervino en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte la declaratoria de EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada.
A través de escrito formulado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Ministerio de Trabajo solicita que se declare la exequibilidad de la norma acusada. Con el fin de sustentar su petición, resalta la importancia de analizar el concepto de moral que se desprende de la disposición demandada, para lo cual refiere un estudio constitucional de la norma a partir de elementos puros de la teoría y filosofía del derecho como producto de la ciencia humana.
En este sentido, señala, la moral viene del vocablo Mores que traduce “costumbre”, y que este último es un elemento compositivo de la filosofía a partir del cual nace la diferenciación entre la moral y el derecho; lo que permite colegir que estos conceptos, surgen de las ciencias humanas y tienen como objetivo común la regulación del comportamiento del ser humano en sociedad, pero aclara que en el derecho dicha regulación opera mediante reglas plasmadas en normas positivas.
Siguiendo esta línea argumentativa, menciona entonces que la moral no solo se encuentra compuesta por un aspecto meramente subjetivo, sino que conlleva también un estudio y evolución social a través de la costumbre, identificando, de esta manera, una relación entre moral y derecho, sustentado adicionalmente, en la sentencia C- 224 de 19942.
De acuerdo con lo anterior, sostiene que cuando el legislador realiza una referencia a la moral, lo hace en el entendido de que son normas de común aceptación social, las cuales se pueden nombrar como moral social o colectiva, de acuerdo con la sentencia C- 814 de 20013, en la cual se determinó que “la exigencia de idoneidad moral […] debe entenderse como referida a la noción de moral social o moral pública, […] y no a la imposición de sistemas particulares normativos de la conducta en el terreno ético, a los que el juez pudiera estar en libertad de acudir según sus personales convicciones, para definir la suficiencia moral del solicitante.”
Ahora bien, luego de precisar la identidad de puntos de partida - la ciencia humana-,y de objetivos - regular el comportamiento en sociedad- el Ministerio sostiene que, aunque la forma de aplicación de cada uno de estos conceptos es diferente, ello no obsta para que una norma moral se pueda desprender o apoyar en una norma jurídica, sin que ninguno de los dos preceptos se imponga sobre el otro.
Por último, aclara que existe un pensamiento racional colectivo influenciado por elementos comunes que componen la costumbre, por lo que se debe tener en cuenta que quien interpreta y juzga la norma, tiene un concepto de moral colectiva similar a quien la cita o argumenta como posible causal de despido, dejando de lado, por tanto, la aceptación subjetiva de la misma, para concurrir dentro de lo que se considera en una conciencia colectiva como moralmente sancionable o no.
Por lo expuesto, solicita declarar la exequibilidad del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su representante legal, presentó intervención en relación con la demanda de la referencia en la que solicita que la Corte declare EXEQUIBLE el aparte impugnado del numeral quinto, literal a, del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Inicia el interviniente haciendo referencia a las relaciones que se han establecido entre el derecho y la moral, para señalar que la independencia de este frente a aquella no implica que no exista una relación entre ambos sistemas de normas. Esta conexión se presenta de forma recíproca, de tal suerte que el derecho se sirve de la moral como fundamento para establecer preceptos normativos, al tiempo que la legislación positiva moldea las costumbres sociales. Por ende, en su sentir no resulta extraño que una norma laboral tenga contenidos que hacen referencia a la moral.
Seguidamente, la Asociación subraya que la moral social e incluso la cristiana constituyen un referente válido dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Para soportar tal postura, cita algunos salvamentos de voto a las sentencias C-5704 y C-431 de 20045. Igualmente trae a colación el fallo C-224 de 19946, providencia en la cual se estima que el concepto de moral cristiana contenido en la Ley 153 de 1887 es un referente válido por reconocer un hecho social como es la prevalencia del cristianismo como religión profesada por la mayoría de la sociedad colombiana.
Asevera también que la moral social sirve como soporte a sanciones disciplinarias como las consagradas por los artículos 27 de la Ley 617 de 2000 y 115 del Decreto 2699 de 1991, que fueron declarados compatibles con la Carta por la Corte Constitucional en sentencias C-952 de 20017 y C-427 de 19948, respectivamente.
Todo lo dicho anteriormente permite concluir al interviniente que la moral no es tan indeterminada como expresa el actor, pues se erige en un parámetro válido empleado con frecuencia por el ordenamiento jurídico y aceptado en la jurisprudencia constitucional.
Así mismo, según el punto de vista expuesto por el interviniente, de la lógica del contrato de trabajo emana el deber de que prime un clima de armonía y respeto mutuo entre las partes, lo cual impide que ciertos derechos fundamentales como la autonomía personal o el libre desarrollo de la personalidad se expresen de forma plena o ilimitada. Como evidencia de ello, refiere las limitaciones al vestuario o comportamiento de los empleados “por fines comerciales, de imagen o morales”, que considera admisibles en el ámbito laboral. Tales restricciones además se ven justificadas en la subordinación que ejerce el empleador en el marco de la relación de trabajo.
Finalmente, la ANDI plantea en su intervención que la norma acusada restringe el acto inmoral o delictuoso que sirve como justa causa de terminación del vínculo contractual, a que este suceda en el establecimiento o lugar de trabajo o dentro de las labores del empleado. Aprecia el interviniente que esta regulación del deber de actuar moralmente es proporcional, toda vez que hace referencia al ámbito laboral únicamente, resultando excluidos los actos inmorales que cometa el trabajador por fuera del medio laboral.
La Universidad Externado solicita que se declare la exequibilidad de la expresión acusada “inmoral”, o que en su defecto, se declare la exequibilidad condicionada en el sentido que la expresión “inmoral” se entienda como la moral social.
En primera medida, sostuvo que entender que la expresión “inmoral o” es contraria a los postulados constitucionales señalados por el actor al considerar que deja un amplio margen de valoración jurídica al empleador en la adecuación típica, es realizar una lectura aislada y ceñida al tenor literal de la expresión acusada sin acudir a una interpretación sistemática de la misma. Agregó que la sentencia C- 043 de 20049, señaló que el ordenamiento jurídico permite conceptos como el que ahora se demanda, siempre y cuando sea posible determinar su contenido, con apoyo en criterios lógicos.
Seguidamente, hace referencia al principio de tipicidad del derecho disciplinario en materia laboral, con el fin de afirmar la aceptación de los llamados tipos abiertos o en blanco que se fundamentan en la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos. De lo anterior, puede colegirse que el empleador al invocar cualquier causal de terminación, debe realizar una aplicación e interpretación integral de aquellas disposiciones o criterios que la complementan. Por tales motivos, a la hora de verificar el cumplimiento del principio de tipicidad en materia laboral, no cabe exigir que la norma contenga una descripción detallada, completa y precisa de la conducta reprochable.
A continuación, resalta que el demandante pretende adscribir a la expresión “inmoral” un contenido propio que corresponde con su concepción personal de moral. Por tanto, la demanda plantea una interpretación particular del concepto de moral que en manera alguna puede derivarse de la norma. De admitirse dicha interpretación, sostiene, se estaría promoviendo la vulneración de los derechos de los trabajadores; por lo cual, la expresión “inmoral” debe interpretarse en clave constitucional para evitar el desconocimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Por otro lado, menciona, el hecho de que la norma no contenga de forma expresa qué actos son inmorales, no implica per se desconocer los artículos constitucionales invocados, ya que la norma se refiere al concepto jurídico de moral social, entendida como el “mantenimiento de una conducta, ya no solamente individual, inmanente, sino colectiva, que se ajuste a ciertos principios éticos y a lo que esa sociedad considera deben ser reglas de conducta que conduzcan a una convivencia armónica y al mutuo respeto”; y, por tanto, contiene una dimensión ética del ser humano que es esencial a la hora de garantizar una convivencia social. En este sentido, agrega que el concepto jurídico de moral social al que hace referencia la disposición objeto de reproche, se encuentra positivizado en diferentes normas como el artículo 13 de la ley 153 de 1887, articulo 16, 472, 627, 1524 y 1537 del Código Civil, entre otros, por lo que es constitucionalmente admisible que se utilice como referente por el legislador y el empleador al momento de calificar un comportamiento como inmoral.
Pese a lo anterior, y como último argumento, la Universidad aclara que el empleador no puede solo atender a la moral social, sino que es menester que acuda a otros elementos para atribuir sentido y contenido a la expresión “inmoral”, como la remisión normativa a las conductas descritas como inmorales en el reglamento interno de trabajo de la empresa, siempre que allí se defina de manera expresa cada una de ellas, teniendo como límite el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores, el ordenamiento jurídico, las buenas costumbres, la moral social, entre otros; y la descripción detallada, precisa y suficiente, de la conducta censurable que debió ser sometida al proceso correspondiente, en aras de garantizar el cumplimiento del debido proceso.
La Universidad Libre, a través del Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y una docente del Área de Derecho Laboral, rindió concepto por medio del cual solicita que se declare la inexequibilidad del numeral 5 del artículo 62 del CST.
1.2.4.1 Con el fin de sustentar su petición, menciona autores como H. L. A. Hart, representante del positivismo jurídico, y Habermas, con base en dichas líneas de pensamiento pretenden reconstruir los presupuestos de racionalidad inherentes al derecho moderno, donde se evidencia la necesidad de realizar una valoración de la validez de una norma o precepto sin dejar de lado la relación entre derecho y moral.
1.2.4.2. También, recuerdan que en determinadas ocasiones la Corte ha establecido que los conceptos indeterminados de alto contenido moral en normas de carácter sancionatorio son inconstitucionales; ello, por cuanto tales disposiciones en un contexto pluriétnico y multicultural adquieren un especial grado de indeterminación, para lo cual hacen referencia a la sentencia C- 431 de 200410.
1.2.4.3. Posteriormente, hace alusión a la sentencia C- 098 de 200311, en la cual se analizó la constitucionalidad de distintas normas del Decreto 196 de 1971- Estatuto del ejercicio de la abogacía-, para referir que “frente al ejercicio de una profesión las normas disciplinarias deben establecerse con referencia a las funciones y deberes propios del respectivo hacer profesional, no en atención a la conducta personal que se agota en los linderos de lo privado, o que aun campeando en la arena de lo público no trasciende ni afecta el buen desempeño de la función”. Resaltan que, en esa oportunidad, la Corte determinó que el legislador invadió injustificadamente el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
1.2.4.4. Acto seguido, la Universidad recuerda el fallo de la sentencia C- 431 de 200412, en donde se estudió una regla similar a la que se acusa en la demanda, la cual determinó declarar la inexequibilidad de la norma sancionatoria con base en el grado de indeterminación que esta tenía, en los siguientes términos: “…si bien el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos que repudian la moral social entendida como ´la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia´, […] al hacerlo debe establecer clara y precisamente cuales son aquellos actos “inmorales” que eleva a la categoría de falta disciplinaria. De otra manera, desacata el principio de legalidad que le impone precisar las conductas sancionables como faltas disciplinarias [...]”.
1.2.4.5. En este sentido, manifestaron, debe realizarse la misma valoración descrita en precedencia, ya que la expresión que ahora se demanda tiene el mismo grado de indeterminación del precepto acusado, por tanto, desconoce el principio de legalidad, pues no establece con certeza las conductas sancionables que pueden constituir una causal de justo despido. Ello puede dar lugar a que se causen violaciones de otros derechos como la intimidad, la autonomía personal y la dignidad humana, ante la arbitrariedad del empleador.
La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, solicitó que se declare la exequibilidad de la norma, en el entendido que la expresión acusada debe aplicarse conforme a los parámetros de la moral social o pública, y no de la moral individual, respetando el derecho de defensa del trabajador. Con el fin de sustentar tal solicitud, realiza una referencia a cada uno de los artículos constitucionales invocados en la demanda.
Para iniciar, considera que la expresión “inmoral” no es contraria al pluralismo que refiere el artículo 1 de la Carta Política, puesto que la norma demandada hace alusión a una moral social o pública, que en lugar de ser contraria a la Constitución, es necesaria para impartir principios y valores; y no a la moral particular que pretende referir el demandante; lo que trae como consecuencia que la expresión acusada se encuentre dentro de los límites de la moral social aceptada por el ordenamiento jurídico y la Corte Constitucional.
Respecto del artículo 2 de la Constitución, considera que no le asiste razón al demandante cuando afirma que el precepto demandado desconoce la libertad religiosa y que contrario a lo expuesto por él, el concepto de moral es aplicable al Estado Social de Derecho, de acuerdo con la Sentencia C- 404 de 199813.
Posteriormente, hace alusión a la violación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos (artículos 16, 18 y 19 respectivamente), considerando que la norma acusada sólo podría vulnerar estas libertades si se diera una indebida aplicación por parte del empleador de la causal de despido, por lo que “no se puede confundir la inexequibilidad de una norma con la cantidad de derechos fundamentales que se podrían vulnerar con una indebida aplicación, pues para esto existen mecanismos de protección que el juez constitucional ampara al momento de su vulneración”. Por otro lado, sostiene la tesis de que las libertades individuales no son absolutas y que en ciertos casos deben ceder ante la moralidad pública (sentencia C- 404 de 199814 y C-299 de 199815). Adicional a lo anterior, agrega que el empleador debe respetar las creencias y sentimientos de sus empleados y no imponer obligaciones de carácter religioso o político, ni ejecutar actos que restrinjan sus derechos; y que así como el ordenamiento le permite cierta discrecionalidad para que razonablemente termine la relación de trabajo cuando considera un acto inmoral, también lo dota de obligaciones, prohibiciones y principios que deben guiar sus relaciones y actuaciones frente a la norma.
Ahora, frente a la vulneración del artículo 25 de la Carta Política, sostiene que la unión entre el empleador y el trabajador se enmarca en una relación guiada por principios y valores en el marco del Estado social de Derecho. Por esta razón, el empleador se encuentra facultado para determinar los actos inmorales que cometa su empleado, en el marco constitucional y jurídico que rigen las relaciones laborales. Esto es así por cuanto la estabilidad laboral del trabajador no es absoluta, y el despido por justa causa, se vincula como una forma de sanción hacia este en razón de su conducta reprochable que ha hecho imposible una relación laboral basada en el respeto mutuo y la lealtad. Pese a esto, aclara que el despido realizado por el empleador debe respetar, en todo caso, el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene el trabajador, bajo el cumplimiento de unos requisitos procedimentales que hagan justa aquella actuación.
Por último, en cuanto al artículo 53 de la Constitución, señala, en primera medida, que la estabilidad laboral encuentra sus límites cuando contradice determinadas directrices establecidas por el legislador en la norma, y en segundo término, que la norma acusada no encubre al empleador para que mediante la expresión “inmoral” pueda abusar del empleado ni mucho menos soslayar su derecho a la estabilidad laboral, por cuanto “ los hechos que dan lugar a la configuración de la causal referida deben ser analizados por el empleador en forma razonable, objetiva e imparcial y estar plenamente demostrados para evitar decisiones injustificadas que puedan perjudicar al trabajador” (sentencia C - 229 de 199816).
En este sentido, afirma, la norma en ningún caso establece una libertad absoluta para que el empleador base su decisión en su moral personal y particular y, en todo caso, existe un procedimiento previo al despido en el parágrafo del artículo 62 del CST, en el cual se enmarca la norma acusada.

References: artículo 62
 artículo 62
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 278
 artículo 62
 artículo 13
 artículo 62
 artículo 1
 artículo 2
e contrario
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 62