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Timestamp: 2019-02-19 09:03:55+00:00

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﻿ Sentencia 39798 de marzo 13 de 2012
SENTENCIA 39798 DE 13 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO. NO SE PUEDE COMPENSAR LA CONDENA IMPUESTA AL EMPLEADOR POR REPARACIÓN PLENA DE PERJUICIOS CON LAS SUMAS RECIBIDAS POR EL PAGO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A CARGO DE LA ARP, PORQUE SON OBLIGACIONES DIFERENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, ARP
Sentencia 39798 de marzo 13 de 2012
Ref.: Expediente 39798
Bogotá , D.C., trece de marzo de dos mil doce.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de CEMENTOS RIO CLARO S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de diciembre de 2008, en el proceso seguido por AMPARO JÍMENEZ DE RIAÑO e IRINEO RIAÑO en su contra.
Los demandantes iniciaron proceso ordinario contra la empresa recurrente para que se declare la existencia de la relación laboral entre JUVENTINO RIAÑO q.e.p.d. y la demandada; junto con la existencia de la culpa patronal por parte la empresa en el accidente de trabajo que le causó la muerte del trabajador. En consecuencia de lo anterior, se condene al pago de los perjuicios materiales, discriminados por daño emergente y lucro cesante, y por los perjuicios morales.
Fundamentaron sus pretensiones en que el causante inició el contrato de trabajo desde el 30 de agosto de 1991; el 28 de abril de 2000, a las 5:45 de la mañana, ocurrió el accidente de trabajo que le costó la vida al trabajador. El causante se desempeñaba en la recolección de muestras de caliza que luego llevaba al laboratorio de la compañía para su análisis. El lugar de trabajo se encuentra ubicado en una plataforma al lado de una máquina electromecánica, propia para el transporte de caliza, materia prima del cemento, que maneja de 400 a 500 toneladas del producto por hora, y en la cual el trabajador se desempeñaba.
El accidente ocurrió cuando el causante trataba de tomar una muestra de caliza de la máquina que en ese momento manipulaba, la cual no se encontraba en buenas condiciones para su funcionamiento debido a que le hacía falta unas guardas de seguridad que evitan que quien la manipula se acerque demasiado y sea arrastrado por ella. Además de las guardas de seguridad, la máquina también cuenta con una valla que se extiende a lo largo de la banda, y que a falta de esta se constituye en una parada de emergencia, la cual se encontraba a una altura inadecuada que la hacía inservible y que impidió al trabajador valerse de ella para detener la máquina.
Según el dictamen médico, la causa de la muerte fue el shock hipovolémico secundario a trauma cerrado de tórax y de abdomen, por estallido del hígado y laceraciones del riñón derecho, lesiones de esta naturaleza esencialmente mortales.
Un mes después de ocurrido el accidente, debido a la falta de las bandas que la máquina, con urgencia, requería para su correcto funcionamiento, la empresa hizo el arreglo que necesitaba y amplió la plataforma en la cual trabajaba el causante.
Pese a haberse originado la muerte por culpa del empleador, la empresa no ha cancelado la indemnización respectiva por los perjuicios a los demandantes, quienes dependían económicamente de su hijo.
La demandada se opuso a las pretensiones, admitió la ocurrencia del accidente de trabajo, pero dijo no tener conocimiento de lo que estaba haciendo el hijo de los demandantes a la hora del accidente, pues nadie estuvo presente en ese momento. El trabajador fallecido fue encontrado en la plataforma del módulo donde se toman las muestras de caliza. La máquina estaba en buen estado de funcionamiento y contaba con todas las guardas y medidas de seguridad requeridas. El empleador no tuvo culpa en el accidente. Y no se presentaron los perjuicios reclamados en razón a que los demandantes recibieron y van a continuar recibiendo, en forma vitalicia, la pensión de sobrevivientes de parte de la ARP, en cuantía de $540.110 mensuales, desde el 28 de abril de 2002, y los morales, a su juicio, no son procedentes dado que no hubo culpa patronal. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación, culpa de la víctima, inexistencia de perjuicios, compensación de culpas y subrogación.
El Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, en octubre 16 de 2008, dirimió la instancia y condenó a la empresa demandada al pago de $57.762.745, por concepto de indemnización de perjuicios materiales y morales a favor del padre del trabajador; y por $78.513.418, por el mismo concepto, esta vez a favor de la madre del causante. Declaró no probada la compensación.
El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2008, confirmó la condena impuesta mediante la sentencia de primer grado.
Estableció como problema jurídico inicial el determinar la existencia de la culpa patronal en el accidente sufrido por el trabajador. Encontró probado que el 26 de abril de 2000 ocurrió la muerte, como también, la calidad de padres de los demandantes.
Para la definición de accidente de trabajo se apoyó en la decisión 584, “Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo” de la CAN, y trascribió el literal n) de su artículo 1º. A continuación, trascribió el artículo 216 del CST, del cual extrajo dos exigencias para que proceda la indemnización plena de perjuicios por la ocurrencia de un accidente de trabajo: i) la culpa del empleador y ii) que esté plenamente comprobada esta.
Sobre la culpa patronal de la empresa puesta en entredicho por la empresa en la apelación, el tribunal, luego del examen de la prueba testimonial obrante en el expediente, afirmó que era evidente que el accidente sufrido por el trabajador no fue presenciado por ninguno de los declarantes; sin embargo, ese solo hecho no era descalificador de la demostración de una culpa patronal, como lo pretendía el apelante, por cuanto, en estas circunstancias, se admitía cualquier medio de prueba; incluso los indicios aunados a otras pruebas como las declaraciones de terceros, la prueba pericial y la inspección judicial, eran plena prueba.
Con base en lo anterior, procedió a examinar la inspección judicial y el informe pericial, y la sana crítica de tales pruebas lo llevó a dar por probado que el actor conocía el oficio en razón a sus 4 años de experiencia, además tenía capacitación y entrenamiento en su labor; la empresa tenía reglamento de higiene y seguridad industrial y contaba con personal encargado de la seguridad industrial; igualmente encontró probado que, con anterioridad, en dicha máquina, no había ocurrido accidente de trabajo alguno, como también que ningún trabajador había mencionado inseguridades en dicha labor de toma de muestras.
Tras lo anterior, aludió a la obligación especial del empleador contenida en el numeral 2º del artículo 57 del CST, cuyo texto trascribió. Enseguida, señaló que el sub problema que surgía a partir de la prenombrada obligación era establecer si las medidas tomadas por la empresa sobre la máquina eran razonables para proteger la vida del causante. Sobre lo cual concluyó que las pruebas en su conjunto no dejaban duda acerca de la culpa patronal, pues, a su juicio, la accionada debía conocer de las inseguridades detectadas por los mismos trabajadores y no confiarse de que no había sucedido nada aún, y era claro que la empresa debía responder por la culpa leve, esto es como un hombre de mediana cordura lo hace en sus negocios, y no por culpa grave, como lo pretendía la empresa, por cuanto debió obrar con diligencia y cuidado en determinar las seguridades e inseguridades de una máquina que de por sí realiza un trabajo peligroso, pues contenía un rodillo triturador de piedra caliza; por tanto, era razonable imaginar que de caer una persona allí, con la banda en movimiento, conforme la inclinación de la banda y el rodillo triturador, la mayoría de las consecuencias podrían ser fatales; para el tribunal, no bastaba, entonces, con dar la seguridad de protección industrial sobre el trabajador sino de la maquinaria en sí.
Sobre la objeción del salario que debía tomarse, según lo previsto en el artículo 218 del CST, consideró que no existía contradicción alguna con el salario tomado por el dictamen, “pues este parte del salario básico de $518.192, cifra que debe ser indexada por la potísima razón de la pérdida del poder adquisitivo que ha menguado este valor por los años transcurridos después del fatídico accidente, no puede pretender el abogado apelante que la cifra después de 3 años sea la misma cantidad, por cuanto estaríamos frente a un empobrecimiento real de la parte demandante y no puede predicarse que debemos atenerse (sic) a lo estrictamente dicho por el artículo por cuanto ello va en contravía de la Constitución Política en cuanto a que el salario es movible y de las sentencias de la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Magna, sobre el tema de la indexación, como un elemento esencial de justicia. Así mismo se ha considerado.
Igualmente, el salario atiende a la productividad de una persona vinculada y dependiente de un empleador, dado que es la fuente de ingresos y por ello igualmente debe tenerse en cuenta en las proporciones mensuales para calcular la productividad para efectos de la indemnización, aquellos beneficios o prestaciones que la ley contempla y que de no haber ocurrido el accidente, continuaría disfrutándolo el trabajador como las cesantías, los intereses a las cesantías y la prima de servicios o cualquier otra prima, excluyendo como el dictamen lo hizo las vacaciones y por ello es acertada la suma de $877,649 como base para la indemnización de perjuicios”.
El tribunal dijo no referirse a la objeción presentada contra el segundo dictamen, en razón a que no se fundamentó por qué no se le debería dar credibilidad.
Y sobre la excepción de compensación relativa a que debía descontarse la condena impuesta de lo que reconozca la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, no accedió; se apoyó en jurisprudencia de esta Sala de la Corte, entre otras, en la sentencia del 9 de agosto de 1979, que, según el tribunal, dice que tal rebaja constituiría un enriquecimiento ilegítimo e irreparable para la entidad de seguridad social que atendió el percance del trabajador por el aspecto meramente laboral. Refirió que, posteriormente, se había admitido el descuento, pero solo hasta cuando la sentencia del 9 de noviembre de 2000 cambió la posición, en razón a que no podía beneficiar la propia culpa del empleador, y que estos riesgos no se protegen por la seguridad social. Y agregó que tal posición tenía su razón de ser “…en cuanto que la culpa patronal y la prestación económica parcial de invalidez proviene de dos causas diferentes”.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada pretende la casación parcial de la sentencia de segundo grado, y que, en sede de instancia, se confirme y modifique la sentencia del juzgado, para absolver a la demandada de las pretensiones de la parte actora en el concepto de daño material-lucro cesante.
Para tal fin propone un solo cargo que fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO. Acusa la sentencia por vía directa, por infracción directa de los artículos 127, 193 numeral 2º, 216 y 218 del CST, Ley 776 de 2002, 11 a 14; D. 1771 de 1994 artículo 12 inciso 2º, reglamentario del D. 1295 de 1994, concordado con los artículos 63, 1613 y 1614 del CC.
Manifiesta que es un hecho aceptado y no objeto de conflicto el que los actores, en su calidad de padres de los trabajadores, son titulares de la pensión de sobrevivientes a cargo del sistema de seguridad social, en cuantía de 14 mesadas al año, incrementada cada año, con la prestación asistencial de salud a los titulares; es un hecho confesado y lo analiza el juez al resolver la compensación. Seguidamente sustenta tres reparos a la sentencia:
1. Ajuicio del impugnante, el ad quem se equivoca rebelándose contra la norma, cuando establece un daño concreto y cierto en el patrimonio de los padres dependientes del causante. Para que una culpa de la víctima produzca una consecuencia jurídica económica, esta requiere, según el profesor Cabanellas, de una acción positiva, antijurídica, nacida de un elemento subjetivo que produce un daño, definido este por profesor Hans H. Fischer en la obra los daños civiles y su reparación (sic), en la siguiente forma: “Llámese daño todo detrimento o lesión que una persona experimenta en el alma, cuerpo o bienes, quienquiera que sea su causante y cualquiera la causa sea, aunque se lo infiera el propio lesionado o acontezca sin la intervención del hombre.” (Los daños civiles y su reparación. Hans H. Fisher Universidad de Jena, Alemania, traducido por W. Roces, Universidad de Salamanca-Madrid MCMXXVIII).
Alega que es claro que, en el patrimonio de los actores, no existe menoscabo patrimonial concreto y cierto de forma presente ni futura, pues reciben pensión de sobrevivientes, lo que hace que el juez de instancia se haya revelado contra el mandato de los artículos 11 a 14 de la Ley 776 de 2002, 1613 y 1614 del CC; no existe pérdida de un ingreso causado por la muerte del hijo frente al que existe dependencia o subordinación económica.
2. Como segundo reparo, dice el censor que el ad quem se equivocó al tomarle un ingreso para valorar la indemnización plena conformado por retribuciones diferentes al salario; con esto, asegura, el ad quem se rebela contra los artículos 127 y 218 del CST, el cual regula las retribuciones de trabajo en salario, descansos, prestaciones sociales, auxilio de transporte e indemnizaciones, ordenando, para las prestaciones por responsabilidad objetiva y eventual culpa del empleador que se causan en el accidente de trabajo, que estas se valoren limitado al concepto de salario devengado al día del hecho, mandato expreso del artículo 128 citado, y la descripción de su constitución está en el artículo 127 ibidem.
3. En tercer lugar, según el censor, también se equivoca el ad quem, rebelándose contra la norma, al negar el mandato perentorio que ordena descontar de la indemnización plena de perjuicios lo pagado por el sistema de seguridad social en riesgos profesionales. Las prestaciones sociales y especiales fueron de cargo del empleador hasta que se produce la subrogación legal ordenada en el artículo 193 del CST. Y de forma expresa, en el artículo 216 del CST se ordena que, del monto de la indemnización, se descuente el valor de las prestaciones pagadas por concepto de la responsabilidad objetiva consagrada en el capítulo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Producida la subrogación de las prestaciones del riesgo profesional en el sistema de seguridad social universal e integral, se ordena, en forma perentoria, en el D. 1771 de 1994, art. 12 inciso 2º, que lo es el D. 1295 de 1994, sustituido por la Ley 776 de 2002, donde al interpretar la aplicación del artículo 216 del CST, en unidad de todo el ordenamiento jurídico colombiano con un sistema de seguridad social, se ordena, de forma perentoria, el descuento que debe hacerse de la indemnización total y ordinaria por perjuicios el valor de las prestaciones objetivas asumidas por el sistema de seguridad social; rebelarse contra esta norma es un pago doble por un mismo hecho, y se desconoce la subrogación del sistema de seguridad social.
Alude a la jurisprudencia laboral que se ha orientado por la compensación de lo pagado por el riesgo profesional, entre otras la sentencia 4321, 7995, la de fecha 10 de septiembre de 1997 sin indicar radicado, y los salvamentos de voto en los procesos 24828 y 23643.
Se opone a la prosperidad del recurso. Se apoya en la sentencia 19357 de esta Sala que dice que el artículo 216 del CST radica exclusivamente en cabeza del culpable la indemnización total y ordinaria de perjuicios. Y en la sentencia 22656, donde se hace énfasis en la diferencia entre la indemnización plena de perjuicios y la indemnización del sistema de riesgos profesionales.
El recurrente se duele de que la sentencia de segunda instancia incurrió en infracción directa, falta de aplicación, de los artículos 216 y 218, Ley 776 de 2002, 11 a 14; D. 1771 de 1994 artículo 12 inciso 2º, reglamentario del D. 1295 de 1994, concordado con los artículos 63, 1613 y 1614 del CC.
Observa la Sala que, contrario a lo dicho por el censor, el ad quem sí aplicó los artículos 216 y 218 del CST, pues hizo alusión expresa a ellos para resolver las pretensiones como quedó atrás reseñado, por lo que no pudo incurrir el tribunal en la violación achacada.
“Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las Administradoras del Riesgo Profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T.
Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, al referirse a esta temática había adoctrinado que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del C. S. del T., mantiene invariable la tesis según la cuál las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es posible que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral.
Por tanto, conforme al precedente citado que actualmente sigue esta Sala, no es posible compensar las sumas que resulta a deber la empresa a título de lucro cesante, por los perjuicios materiales incluidos en la reparación integral del daño, en aplicación del artículo 216 del CST, con las recibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, por tratarse de obligaciones diferentes. Lo cual fue justamente lo que dispuso el ad quem.
Respecto a la supuesta infracción directa del artículo 218 del CST acusada, observa la Sala que tal denuncia no apunta al pilar de la sentencia sobre el particular. El ad quem, en atención a la inconformidad del apelante, luego de trascribir el texto del artículo 218 del CST, consideró que no había “contradicción alguna con el salario tomado por el dictamen, pues este parte del salario básico de $518.192, cifra que debe ser indexada, por la potísima razón de la pérdida del poder adquisitivo que ha menguado este valor por los años transcurridos después del fatídico accidente, no puede pretender el abogado apelante que la cifra después de tres años sea la misma cantidad, por cuanto estaríamos frente aun (sic) empobrecimiento real de la parte demandante y no puede predicarse que debemos atenerse (sic) a lo estrictamente dicho por el artículo por cuanto ello va en contra de la Constitución Política en cuanto a que el Salario es movible y de la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Magna sobre el tema de la indexación […]
Es evidente que el censor, al formular el 2º reparo de cara al salario tomado por el ad quem para liquidar el lucro cesante, no atendió a los razonamientos expuestos por el Tribunal, pues este sí tuvo en cuenta el salario básico, a más que lo indexó por las razones anotadas e incluyó lo que dejaba de devengar el trabajador no solo por salario, sino por cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicios y cualquier otra prima, sin incluir las vacaciones, lo cual, efectivamente, hace parte del lucro cesante.
Es bien sabido que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia; su propósito es hacer el control de legalidad de la sentencia impugnada, según los lineamientos trazados por el legislador para tal efecto, como garantía del debido proceso. Por tanto, a la Sala le está vedado pronunciarse por fuera de los límites propios del recurso de casación.
Lo anterior basta, para rechazar el recurso, dado que los pilares de la decisión mantienen incólume su presunción de legalidad.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Se le condena a pagar la suma de $6.000.000 por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de diciembre de 2008, en el proceso seguido por AMPARO JIMENEZ DE RIAÑO e IRINEO RIAÑO en su contra.

References: artículo 1
 artículo 216
 artículo 57
 artículo 218
 artículo 12
 artículo 128
 artículo 127
 artículo 193
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 12
 artículo 216
 artículo 12
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 218
 artículo 218