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Timestamp: 2013-06-19 05:49:34+00:00

Document:
Indicadores juicio justo PGJDF
Después de una pausa por el nacimiento de Samuel y Olivia, El Juego de la Corte me publica dos textos acerca de las recientes decisiones de la Corte sobre las reformas a las constituciones de Querétaro, Guanajuato y Oaxaca que protegen la vida a partir de la fecundación. Ojalá sean de su interés.Como siempre, agradezco sus comentarios.http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2653http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2666
El pasado 15 de enero Thomas y yo nos convertimos en los orgullosos papás de Olivia y Samuel. Por este motivo, estaré "fuera de circulación" durante algunas semanas.
La culpa no es de la CorteLa irritación por Florence no debe dirigirse a la Corte ni a ella, sino a nuestro pésimo sistema de procuración de justicia, desmantelado desde hace una década.http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2013/01/27/la-culpa-no-es-de-la-corte/
La importancia del "Caso Cassez"
La relevancia de Cassez
Ana Laura Magaloni Kerpel26 Ene. 13
REFORMALa Corte estableció que, en una democracia constitucional, los supuestos "seres del mal" tienen derechos que las policías y los ministerios públicos no pueden pasar por alto. Esos derechos son de todosPocos casos en la Suprema Corte han sido tan controvertidos a nivel social y mediático como el caso de Florence Cassez. No me sorprende que, en el contexto actual, sea extraordinariamente complicado dotar de contenido real y tangible a los derechos constitucionales de los acusados. Vivimos en un país en donde muchos, muchísimos, han padecido y padecen los efectos de la violencia. Quizá ello explique por qué, según Reforma, 83% de los encuestados estimaron que fue una decisión equivocada.No obstante, cabe destacar que algunas de las grandes decisiones de los tribunales constitucionales, esas que hacen historia y cambian paradigmas sociales, en su momento fueron decisiones incómodas, furiosamente criticadas y altamente impopulares. Recordemos, por ejemplo, lo complicado e impopular que fue en su momento para la Corte Suprema norteamericana declarar inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas o liberar a Miranda, acusado de secuestro y violación, porque la policía lo incomunicó y no respetó sus derechos constitucionales. Con el paso del tiempo, no obstante, este tipo de decisiones que mueven el statu quo se convierten en sentencias que renuevan el compromiso de la comunidad política con los valores que distinguen a una democracia constitucional de una dictadura. El caso de Cassez, creo, va ser leído así en algunos años. Me explico.Durante el sexenio de Calderón, se construyó un discurso autoritario y repleto de prejuicios en torno a los denominados "criminales". La política de seguridad fue diseñada a modo de guerra. Desde la narrativa gubernamental, la lucha contra las organizaciones criminales era la lucha entre dos grupos armados: las Fuerzas Armadas y la policía, por un lado, y los "criminales", por el otro. Esa guerra presuponía que los bandos están definidos a priori: los buenos contra unos seres del mal, crueles e inhumanos. En ese mundo maniqueo, no es necesario un sistema de justicia que defina quién es responsable de un delito y quién es inocente. Tampoco se le exige al Estado demostrar con pruebas, juicios y procedimientos creíbles la culpabilidad. Presumir la inocencia del acusado o garantizar su derecho a un juicio justo parecen atentar contra el sentido común. En un contexto de guerra ya se sabe quién está en el bando opuesto. En vez de un juicio, basta con presentar a alguien ante las cámaras de televisión para que todos, incluido el juez que lo juzga, estén convencidos de su culpabilidad y de su "gran maldad". Esto último justifica, además, cualquier tipo de atropello: desde los golpes hasta la tortura o la muerte. En la guerra lo que cuenta es atrapar (o acabar) con el enemigo, no importa cómo.¿A quiénes atraparon las autoridades federales durante el sexenio de Calderón? El CIDE levantó recientemente una encuesta a la población en reclusión en los Centros Federales de Readaptación Social. Se trataba sólo de internos sentenciados. Seis de cada 10 de estos "seres del mal" no cometieron ningún delito violento. Están por "delitos contra la salud", de los cuales 40% por transportar droga, 38% por poseerla, 15% por venderla al menudeo. Además, 60% de los sentenciados por drogas tuvieron que ver con la marihuana, una droga que comienza a ser legal en el mundo. A pesar de todo ello, muchos fueron golpeados durante su detención y firmaron sus respectivas confesiones.Según esta encuesta, el momento de mayor arbitrariedad y maltrato de los sentenciados sucede en la detención. Prácticamente seis de cada 10 encuestados sufrieron golpes por parte de la policía o los militares. El maltrato fue de muchos tipos: patadas (85%), agresión con objetos (68%), sofocación o asfixia (55%), inmersión en el agua (52%), toques eléctricos (35%), quemaduras (15%), entre otros. Como en los viejos tiempos, cuatro de cada 10 firmaron su confesión. Ninguna de estas violaciones tuvo consecuencias en el juicio. Todos fueron considerados culpables por el juez.En el contexto actual posiblemente resulta irrelevante. Sectores importantes de la población piensan que esos que habitan las cárceles son "seres del mal" a los que se les puede violentar y abusar de sus derechos. Por ello, la sentencia del caso Cassez es incómoda. La Corte estableció que, en una democracia constitucional, los supuestos "seres del mal" tienen derechos que las policías y los ministerios públicos no pueden pasar por alto. Esos derechos son de todos y cada uno de los ciudadanos que enfrenten un proceso penal. Además, la arbitrariedad, el abuso, la simulación y la mentira que caracterizan a nuestro sistema de persecución criminal, y que el caso Cassez exhibió de manera ejemplar, hacen imposible que se pueda determinar quién es inocente y quién es culpable. Ello no gusta mucho: ¿no es que ya sabíamos a priori quiénes eran los buenos y quiénes los malos? Pues, resulta que la Corte dijo que no es así y ello nos puede ayudar a movernos del discurso maniqueo e iniciar el largo y complicado camino para construir un sistema de procuración e impartición de justicia digno de ese nombre.
"La tarea de la
interpretación es encontrar un resultado constitucionalmente correcto a través
de un proceso racional y controlable, y que a su vez, éste resultado sea
justificable de manera racional y controlable, para de ésta forma generar
certeza y previsibilidad jurídicas"
El pasado 3 de enero el
diputado Arroyo Vieyra presentó una iniciativa para modificar el artículo 1°
constitucional[1] pues estima que existen
problemas para interpretar el llamado principio pro personae (o pro homine) en
conjunción con el artículo 133 constitucional[2]
que establece el principio de supremacía constitucional. Después de que más de
1000 personas y organizaciones se manifestaran en contra de dicha iniciativa,
el diputado Arroyo dijo que no la apoyaría. La Carta la puedes firmar AQUI
Sin embargo, ha trascendido que el
diputado Raymundo King será el encargado de promoverla. El diputado Arroyo
engañó a la opinión pública: cuando se vio enredado en el asunto declaró que ya no apoyaría su iniciativa, pero la realidad es que como
Presidente de la Cámara no puede “darse el lujo” de estar en el ojo del huracán, más cuando organizaciones de la talla de Amnistía Internacional le llamaron la atención, y pasó la estafeta a uno de
los secretarios de la Comisión de Puntos Constitucionales. La iniciativa sigue caminando y todo bajo el pretexto de que "se debe discutir", sí, pero no en el Legislativo, sino en la Corte. La realidad es que no hace
falta una reforma al artículo 1°, lo que hace falta es respetar la división de
poderes y comprender que la interpretación y la determinación de los alcances
de las normas constitucionales, sobre todo aquéllas que establecen principios
de interpretación o reglas de conflicto, corresponden al Poder Judicial y no al
Durante varias décadas, el
artículo 133 ha
sido interpretable y existen diversas posturas. Nunca se le había ocurrido al
legislador “aclarar” sus alcances para ayudar a los ministros a resolver las
dudas sobre la jerarquía de leyes y tratados, ¿por qué ahora? ¿por qué con
Al leer el artículo 133 no
queda clara cuál es la jerarquía entre tratados y leyes generales, por ello la
Suprema Corte ha tenido que interpretar los alcances de este artículo, subsistiendo
hasta ahora lo determinado en el llamado caso Mc Cain del que se desprende la tesis P. IX/2007:
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE
DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
El 4 de marzo de 2010, la
Corte tuvo ocasión de revisar la posibilidad de que los tratados
internacionales sirvieran de parámetro de control al analizar si la CNDH podría
interponer una acción de inconstitucionalidad por contravención a un tratado.
El Pleno resolvió que no y la tesis Mc Cain continuó prevaleciendo.
constitucional de junio de 2011, conocida como “reforma de derechos humanos”
modificó tanto el artículo 1° como el 105 para permitir que los tratados
internacionales se conviertan en parámetro de control de regularidad de las
normas inferiores, ello implica pues la existencia de un bloque o un conjunto
de normas materialmente fundamentales con base en las cuales se controla la
coherencia del sistema. La iniciativa presentada
por Arroyo Vieyra se justifica en la idea de que al existir este bloque de
constitucionalidad se lastima el principio de supremacía constitucional del 133
en tanto que la Constitución no es el parámetro de control primario. Esto es un
error. No existe ninguna
contradicción, el 133 es la regla de membresía y el 1° es el principio de
interpretación. Son dos cosas distintas y confundirlas es lo que está poniendo
en peligro la reforma al 1° que implica un avance enorme en el reconocimiento,
protección y garantía de nuestros derechos. La nueva redacción del artículo 1° establece:
a) el rango constitucional de los derechos humanos
reconocidos en los Tratados Internacionales; b) el principio pro personae, es decir, se deberá
preferir aquella interpretación que favorezca a los derechos de la persona y; c) que todas las autoridades, en el ámbito de sus
A mi parecer, estos párrafos interpretados en
conjunto con el 133 establecen un sistema de fuentes que incluye a las normas
de derechos humanos contenidas en tratados internacionales incorporados de
acuerdo con las reglas que para el caso establece la Constitución (76, 89, 133).
Este nuevo sistema de fuentes se refiere a las reglas para la creación y la
modificación de normas. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011
incluye en las normas sobre producción a las contenidas en tratados
internacionales sobre derechos humanos, de manera que la red de validez
normativa comienza en un bloque de normas materialmente constitucionales que
incluyen a las normas formalmente constitucionales, a las normas creadas
jurisprudencialmente por la
Corte y a las normas internacionales de derechos humanos. Este conjunto determinará la validez del resto de
normas del ordenamiento jurídico y a la vez, existe entre éstas una relación de
validez. Me explico:
Para que una norma internacional de derechos humanos
forme parte del Bloque, es necesario que ingrese de acuerdo con los parámetros
de validez formal y material que la propia Constitución establece. Aquí cabe
hacer un comentario acerca de la inquietud de algunas personas que dicen que “debe
asegurarse de que para formar parte del Bloque, los tratados sean
constitucionales”, creo que este argumento no se sostiene, pues por un lado, la
práctica nos dice que difícilmente un tratado de derechos humanos será
Constitución ya que por regla general éstos pretenden ser
amplios y garantistas. Pero, si ello no fuera suficiente, el principio pro
personae salva esta situación ya que, si un tratado internacional de derechos
humanos establece un derecho contrario a nuestra Constitución, ello implicaría
que la norma constitucional sería más amplia y por tanto prevalecería por
encima de la norma del tratado. Además, el tratado deberá ser revisado por el
Senado para formar parte de ese Bloque, lo que implica que si el tratado es
contrario a la Constitución, no puede formar parte del orden jurídico mexicano –en
términos del 133-.
Las reglas de conflicto que se resuelven por criterio
jerárquico que plantea el 133 según la resolución conocida como Mc Cain son:
1) Tratado vs. Ley (cualquiera), se resuelve por
jerarquía y prevalece el tratado (y es precisamente el tema de la tesis Mc
Cain, en donde se coloca a los tratados como jerárquicamente superiores a las
leyes pero inferiores a la
Constitución. Además, existe una tesis aislada
que se desprende de ese amparo en revisión 120/2002 en donde se establece la
presunción de constitucionalidad de los tratados)
2) Ley general vs. Ley ordinaria, se resuelve por
jerarquía y prevalece la Ley
general (orden jurídico superior de carácter nacional integrado por la Constitución, las
leyes generales y los tratados: Mc Cain)
3) Constitución vs. Ley (cualquiera), se resuelve por
jerarquía y prevalece la
4) Constitución vs. Tratado (no sobre derechos
humanos), se resuelve por jerarquía y prevalece la Constitución (aunque
aquí entren otras consideraciones como el pacta
sunt servanda, que aquí no es posible resolver).
Y con la reforma de 2011, existe ahora una nueva
regla de conflicto de acuerdo con el criterio de prevalencia: 5) Para definir qué norma prevalece entre una norma
Constitucional y un Tratado Internacional, se resuelve por la vía del principio
pro personae, es decir, prevalece la norma que contenga
una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos
restrictiva, cuando se trate de limitarlos. Precisamente esta fue la operación
realizada por el Pleno en la acción de inconstitucionalidad 155/2007.
El artículo 133
establece la regla de
validez para los tratados internacionales –deben estar de acuerdo con la Constitución para
poder ingresar al sistema jurídico nacional- Pero también, interpretado en
conjunción con el artículo 1° establece una regla sobre producción de normas que
fija el requisito de validez para todas las demás normas del sistema jurídico
nacional. No se puede entonces simplificar el problema en uno de jerarquía de tratados, pues por un lado su
membresía al orden jurídico depende de su coherencia con la Constitución
(material y formal) y por otro, son a su vez fuente del ordenamiento. Por ello la figura de la
pirámide es ya insuficiente y es esta figura la que –creo yo- prevalece entre
los detractores del vigente artículo 1°. Se requiere pensar el orden jurídico
La jerarquía no
implica necesariamente que la norma creada a partir de otra norma sea
jerárquicamente inferior a ésta, implicando con ello que no pueda ser una norma
referente de validez del resto del ordenamiento, pues por ejemplo el artículo
135 establece la regla de validez para las reformas constitucionales, y éstas
al cumplir con ésta no son jerárquicamente inferiores. Los artículos 94, 105 y
107 establecen la facultad de la
Corte para interpretar y definir el alcance de las normas
constitucionales y las normas creadas a partir de la jurisprudencia son también
normas sobre producción que dotan de validez a las demás. Es decir, la nueva
regla del artículo 1° lo que hace es establecer que los tratados válidos (de
acuerdo con el 133) serán normas sobre producción, que junto con el 103-107
permiten a la SCJN
como Tribunal Constitucional la creación jurisprudencial de normas
(como lo son las tesis de jurisprudencia en materia de derechos para todo juez)
y por ende, todo esto genera una red de normas que, efectivamente adquieren su
validez de la propia Constitución pero que por ser parámetros de validez para
el resto del ordenamiento, tienen igual jerarquía. Entonces, para comprender la idea del Bloque se deben
identificar dos momentos, cuando la norma internacional ingresa al sistema y
cuando la norma internacional funciona como parámetro de validez para controlar
la coherencia del sistema:
1) Primer momento: El ingreso o membresía de las normas
de tratados, en donde la
Constitución es suprema pues dota de validez a todas las
2) Segundo momento: Como regla de ingreso de normas
inferiores y control de regularidad, en donde habrá que atender -en materia de
derechos humanos- tanto a la
Constitución como las normas de tratados internacionales (y a
las normas creadas por la vía jurisrpudencial) En el segundo momento, que es propiamente cuando la
norma ya es válida y opera en la realidad, tenemos pues 3 clases de normas:
-> N1 norma constitucional (por ej. artículo 4to
derecho a la protección de la familia)
-> N2 norma de Derechos Humanos (por ej. artículo
17 de la Convención
y su interpretación hecha al derecho a la protección de la familia en Karen
Atala)
Además las N2 estarían compuestas en dos niveles: N2a
normas textuales y N2b precedentes (obligatorios: pacta sunt servanda, acto soberano la aceptación de la
jurisdicción)
-> N3 tesis de jurisprudencia que la Corte emita sobre el
concepto de familia (por ej. las tesis de la AI 2/2010)
La operación interpretativa para el control de
regularidad sería pues contrastar este Bloque* con la norma en revisión:
* Para resolver conflictos
dentro de este Bloque opera el criterio de prevalencia del principio pro
la idea de Bloque opera únicamente en el segundo momento, lo que deja a salvo
la idea de supremacía constitucional, siendo la Constitución la norma fuente
primordial del orden jurídico. A principios de 2012, la Corte discutió la
Inconstitucionalidad 155/2007 en la que la mayoría determinó inaplicar una
norma constitucional en atención al principio pro personae por considerar que
existía una norma en un tratado internacional más protectora. Para los 6 del
bloque mayoritario, al interpretar el principio pro homine se debe realizar una
interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en
los Tratados Internacionales y en consecuencia preferir la norma que contenga
una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la más
restrictiva, cuando se trate de limitarlos. A pesar de que los ministros no quisieron determinar
si esto da lugar a un Bloque de Constitucionalidad, me parece que es claro que
esta interpretación del artículo 1° da lugar a un conjunto de normas
materialmente constitucionales. Del engrose de dicha resolución se desprende lo
Del artículo transcrito [artículo 1° constitucional]
se desprende, en primer lugar, que todas las autoridades del país, dentro del
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas no sólo a velar por los
derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, sino también por
aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte. En segundo lugar, que al configurar los
contenidos de tales derechos, cualquier autoridad del Estado mexicano debe preferir la
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.
En este sentido, al resolver el asunto Varios
912/2010, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia determinó que tal
disposición debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone
el artículo 133 de nuestra Constitución Federal y, a partir de ello, estableció
la existencia de un parámetro de control de la regularidad de las normas
que integran el sistema jurídico mexicano.
Este parámetro se refiere a un conjunto de normas a
partir de cual se determina la regularidad o la validez de las normas que
integran al ordenamiento jurídico mexicano. Adicionalmente, este parámetro
constituye un catálogo normativo que permite a los juzgadores determinar cuál
de ellas resulta más favorable para las personas, a fin de ser tomado en cuenta
para la circunstancia particular a la que se enfrenten.Dicho parámetro está compuesto, tal como ya los
sostuvo este Tribunal en la resolución del expediente varios 912/2010, en su
párrafo 31, de la siguiente manera:
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los
artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial
derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado
mexicano sea parte;
criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y
los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada
Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.
La existencia de este parámetro de regularidad
constitucional, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte, no
determina ex ante un
criterio de jerarquía entre las normas que lo integran. Ello es así, debido a
que de acuerdo con el texto del segundo párrafo del nuevo artículo primero
constitucional, cada una de las autoridades debe favorecer la protección más
amplia para cada caso concreto.
Lo anterior implica la existencia de un objetivo
constitucional: favorecer en todo momento la protección más amplia de los
derechos humanos. A fin de cumplir este objetivo, en cada una de los casos que
se les presenten en el ámbito de sus competencias, tanto los juzgadores, como
las demás autoridades del Estado mexicano, deberán elegir si son los derechos
humanos de fuente constitucional (así como sus interpretaciones) o los derechos
humanos de fuente internacional, los que resultan más favorables. Es decir, de
las opciones normativas posibles, nacionales o internacionales, las autoridades
deberán elegir y preferir la que resulte en una protección más amplia de las
En este entendido, es claro que no es procedente
establecer un criterio jerárquico entre los diversos instrumentos normativos
que integran el parámetro de regularidad constitucional que ha sido descrito. Lo
procedente es que los jueces del Estado mexicano al interpretar el contenido de
un determinado derecho humano, elijan el estándar que resulte más favorable
para los individuos de entre los contenidos en fuente constitucional o aquellos
que se deriven de fuente internacional.Consecuentemente, corresponde a los jueces, en el
ámbito de sus competencias constitucionales y legales, la realización de un
ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del
segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional para la elección del
estándar normativo que integrará el parámetro de regularidad constitucional a
aplicar en cada caso concreto, buscando siempre el objetivo constitucional:
aplicar el que resulte en el mayor beneficio de las personas.
A partir de esta obligación genérica de todos los
jueces del Estado mexicano, ya en el ámbito de sus atribuciones tratándose de
las acciones de inconstitucionalidad, esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación no debe limitarse al texto constitucional, sino que también debe tomar en
cuenta lo establecido en los convenios internacionales suscritos por el Estado
Mexicano, aun cuando no hayan sido invocados. Así, la integración del parámetro
de control de constitucionalidad en cada caso concreto, para el posterior
segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional realizado por este
Tribunal, debe incluir de forma oficiosa los estándares derivados de las
disposiciones internacionales que establezcan derechos humanos contenidas en
A pesar de que no se han publicado las tesis aisladas
y de jurisprudencia que se desprenden de esta acción de inconstitucionalidad,
sus determinaciones pueden entenderse como jurisprudencia ya que todas las
votaciones alcanzaron la mayoría necesaria. En agosto de 2012, la segunda sala al resolver el
amparo directo 30/2012 tuvo también ocasión para pronunciarse con respecto a la
relación de los artículos 1° y 133. La tesis aislada 2a. LXXV/2012 (10a.) es
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o.
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 10 DE JUNIO DE
2011, RESPETA ESTE PRINCIPIO.La reforma al artículo 1o. de la Carta Magna,
publicada el 10 de junio de 2011, en modo alguno contraviene el principio de
supremacía constitucional consagrado desde 1917 en el artículo 133 del propio
ordenamiento, que no ha sufrido reforma desde el 18 de enero de 1934, y en cuyo
texto sigue determinando que "Esta Constitución, las leyes del Congreso de
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión", lo cual
implica que las leyes y los tratados internacionales se encuentran en un plano
jerárquicamente inferior al de la Constitución, pues en el caso de las leyes
claramente se establece que "de ella emanan" y en el de los tratados
"que estén de acuerdo con la misma". Por otra parte, la reforma de
2011 no modificó los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, en la parte en
que permiten someter al control constitucional tanto el derecho interno, como
los tratados internacionales, a través de la acción de inconstitucionalidad, la
controversia constitucional y el juicio de amparo. Además, el propio artículo 1o.
reformado dispone que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los
que México sea parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y
restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la Constitución, no en
los tratados; disposición que resulta acorde con el principio de supremacía
constitucional. Principio que también es reconocido en el ámbito internacional,
en el texto del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, al prever la
posibilidad de aducir como vicio en el consentimiento la existencia de una
violación manifiesta que afecte a una norma de importancia fundamental de su
dos contradicciones pendientes de resolver (Contradicción de Tesis 293/2011 y 21/2011). En ellas, se plantean las
cuestiones sobre bloque de constitucionalidad, jerarquía de tratados
internacionales y vinculatoriedad de precedentes de la Corte Interamericana.
La 293 quedó pendiente de votación pues no se
alcanzaba la mayoría para aprobarlas. Plantea las dos siguientes tesis: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, FORMAN PARTE DEL
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD DE DERECHOS HUMANOS. JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS. ES OBLIGATORIA PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA
MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
La 21 fue retirada para modificación, pero trata
sobre jerarquía entre Constitución y tratados internacionales e interpretación
de los artículos 1° y 133.
De la resolución de ambas contradicciones se
obtendrán los criterios jurisprudenciales necesarios para resolver el alcance
del artículo 1° y su relación con el 133 que tanto preocupa a los diputados del
El problema a resolver por la Corte no es el del concepto
-abstracto -de Bloque de Constitucionalidad, sino su concepción en México el
cual se deberá desarrollar y dotar de contenido por la vía jurisprudencial,
como lo han hecho ejemplarmente otras Cortes como la de Costa Rica o la de
Colombia. No hace falta la “ayuda” del legislativo. Se trata de un problema de
interpretación, señores y señoras diputadas, dejen que lo resuelvan los
encargados de determinar el alcance de las normas constitucionales: los
ministros y ministras de la Suprema Corte. [1] El artículo
1° establece –en lo que interesa a este texto- lo siguiente: En los Estados Unidos
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las
Las normas relativas a los derechos
Todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
[2] El artículo 133 constitucional establece
lo siguiente: Esta Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de
Por qué es regresiva la iniciativa de reforma al 1° constitucional
Miedo al cambioPedro Salazar UgarteEL UNIVERSAL09 de enero de 2013Reformar la constitución no es cosa de poca monta. Mucho menos si se quiere cambiar el artículo primero y alterar las reglas relativas a los derechos humanos. Por eso sonaron las alarmas cuando el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra presentó una iniciativa en esa dirección. Se trata del presidente de la Cámara de Diputados, quien, además, es un priísta distinguido y connotado, y su propuesta apunta a neutralizar los efectos progresistas de la reforma de 2011 en materia de derechos. Así que bienvenida la preocupación: el partido en el gobierno propone echar marcha atrás a una de las transformaciones más ambiciosas en materia constitucional del México moderno. Suena exagerado, pero no lo es. Veamos por qué.Se trata, sobre todo, de una cuestión de jerarquías. Antes, hasta junio de 2011, la Constitución era la norma suprema del ordenamiento jurídico. Estaba, según la teoría clásica, en la cúspide de la pirámide. Las normas contenidas en los 136 artículos de la constitución eran el parámetro de validez de todas las otras normas vigentes en México. Eso implicaba que cualquier norma que contradijera al documento constitucional podía declararse inválida. Para eso servían las acciones de inconstitucionalidad. Así que nuestros derechos estaban en la Constitución y en los demás documentos jurídicos que se ajustaran a la misma. Todo esto cambió con la reforma de 2011. Mutó la lógica de la jerarquía. A partir de entonces la Constitución comparte su supremacía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Juntos —la Constitución y los tratados— conforman lo que se conoce como "bloque de constitucionalidad". De esta forma, a la vez que aumentó el número de derechos de los que las personas somos titulares, se activó una especie de "jerarquía por contenidos". Esto significa que, en caso de contradicción, la norma que prevalece es la que ofrece mayor garantía a los derechos y no necesariamente la que está "arriba" de la pirámide. A eso se le llama "control de convencionalidad". Toda una revolución jurídica que otros países de América Latina emprendieron desde la última década del siglo XX y que fue clave para su consolidación democrática.Lo que propone el diputado Arroyo es, sencillamente, volver al pasado. Su idea es introducir un párrafo en el primer artículo de la Constitución que diga que, en caso de contradicciones entre los tratados y la Constitución, prevalecerá esta última. Con ello hace suyas las preocupaciones de abogados y jueces que se han resistido al cambio y pretenden mantener el estado de cosas en el que operaron por décadas. La iniciativa, entonces, tiene seguidores pero, por su sentido, es retrógrada y conservadora. Además es innecesaria porque la propia Constitución, en su artículo 105, ofrece respuesta a la preocupación del legislador del PRI. Ahí se dice que, si existe una contradicción entre cualquier norma general con la Constitución, prevalecerá esta última. Pero también se advierte que si ese conflicto implica una vulneración de los derechos humanos, entonces, prevalecerá el bloque de constitucionalidad. Es decir, imperarán nuestros derechos. De esta forma la Constitución ofrece una salida a las contradicciones normativas que exigen destreza judicial.Los cambios que conlleva la reforma de 2011 no son fáciles de operar. Más bien lo contrario. Enfrentamos una transición jurídica que impone retos mayúsculos a todos los operadores del derecho. En particular a los jueces que deben conocer los tratados internacionales y aprender a razonar en clave de derechos. Por ello la reforma es una oportunidad que demanda responsabilidad y arrojo. Sienta las bases para una transformación de la cultura jurídica del país que conduce a colocar a los derechos de las personas —contenidos en la Constitución y los tratados— en el centro de la relaciones públicas. Por eso la iniciativa de Arroyo debe desecharse. No por absurda, sino por regresiva. Investigador del IIJ de la UNAM Share
Rechazamos la modificación al artículo 1° constitucional
Dip. Francisco Agustín
Arroyo Vieyra, Presidente de la
Cámara de Diputados Diputadas y diputados
Como es de su conocimiento, el pasado 3 de enero del año en
curso se publicó en la gaceta
parlamentaria una iniciativa de reforma que busca modificar el segundo párrafo
del artículo 1° constitucional para quedar como sigue:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una
contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados
Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto
constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.
Al respecto, nos permitimos
manifestarles que la propuesta de reforma en cita, además de carecer de una
finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo 1° al incumplir
la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de
sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos
humanos de conformidad con el principio de progresividad.
En efecto, las reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos publicadas el día 10 de junio de 2011, conocidas como
“reforma en materia de derechos humanos” representan un cambio de enorme
relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en
nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del
artículo 1° implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los
derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al
texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que
deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares. La reforma al artículo 1° refuerza el carácter garantista de
nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos
humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la
sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter
fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto
Ello implica que los derechos humanos reconocidos vía
tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren
protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos
humanos de carácter convencional se vuelven vigentes y directamente vinculantes
para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos y la
norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como
“principio pro personae” se debe
realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en
la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia se debe
siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se
trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de
limitarlos. El hecho de que no exista una jerarquía entre normas de
derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en
los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios
constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos
de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos. Sin embargo, debe aclararse que ello no implica que la
Constitución pierda su supremacía, ni tampoco que los derechos se conviertan en
absolutos. No hay pérdida de la supremacía constitucional pues el
artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al
sistema jurídico nacional, de manera que la Constitución mexicana permanece
como “el filtro” de ingreso al sistema.
Sin embargo, una vez ratificado el tratado, al formar parte del sistema
jurídico mexicano, la norma internacional de derechos humanos –cuya
compatibilidad con la Constitución ya fue revisada por el Senado- funciona a la
par de la Constitución como parámetro de validez para controlar la coherencia
consideramos que la presentada el pasado 3 de enero es una reforma regresiva en
1) Establece
una jerarquía normativa para la interpretación, con lo cual retrocede en el
avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la
persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae” y la interpretación
conforme a tratados, pues al establecer que el texto constitucional es el que
debe prevalecer, desnaturaliza y nulifica dichos criterios constitucionales de
2) Retrocede
en el número y la amplitud de la protección de derechos humanos reconocidos, ya
que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén
reconocidos textualmente en la Constitución.
en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación
de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos,
que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya
reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas. 4) Excluye
a nuestra Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América,
regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias
débiles o en proceso de consolidación.
Por todo lo dicho en esta carta, las personas e
instituciones suscritos solicitamos
atentamente se deseche dicha iniciativa que pone en peligro los avances
logrados con la reforma de derechos humanos de 2011 y se reorienten los
esfuerzos legislativos en la materia para profundizar y ampliar los derechos
que nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos
reconoce a todas las personas en México. Pueden tener la confianza que,
bajo ese espíritu acompañaremos los trabajos de la Legislatura en todo lo
Para firmar la carta AQUI
Cabezut
Ìguiniz
Minerva Nora
Campos Cuauhtémoc de Dienheim
Pbro. Wilfrido Mayrén
Luis Emilio Giménez
Guevara Bermúdez
Alonso González de
García Huerta
Aguilar Álvarez Castro
Torres Patiño
Daniel Gerschenson
Rodrigo Santisteban
Edgar S. Caballero
Zetina Antonio
Meyra Segura
Palacios Serrato
Ricardo Lagunes
Carlos Ariel Olvera
Arantza Vargas
Ma. Eugenia Linares
Asistencia Legal por
los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Abogados Democráticos, A.C. (ANAD)
Catedra UNESCO de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C.
Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño", A.C.
Ciudadanos en Apoyo a
los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C. (COMDH)
Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Justicia y Paz, Arquidiócesis de Oaxaca
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Hacia una Cultura Democrática
A.C. (ACUDE)
Humaniza, Grupo
Académico, A.C.
Oaxaca A.C.
Iniciativa Ciudadana y
Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.)
para los Derechos Humanos y la Democracia, A.C. (IMDHD)
Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE)
Mexicanos Primero,
Red Mesa de Mujeres de
de la Infancia en México REDIM
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para
Ririki Intrevención Social
Coordinación Regional de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS”
(RED TDTT)
actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas,
A.C. (Guadalajara, Jal.)
Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos
"Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y
Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de
Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro
de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro
Juárez", A. C. (Distrito Federal)
Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec,
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”.
A.C. (Tapachula, Chis)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan,
A. C. (Tlapa, Gro.)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd.
(León, Gto.)
(Oaxaca, Oax.)
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan,
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.
C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray
Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.)
Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco,
Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León,
Gto.)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito
Centro Regional de Defensa de DDHH José María
Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.)
A. C. (Oaxaca, Oax.)
Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida,
Yuc.)
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C.
(CILADHAC) (Torreón, Coah.)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos
Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle
de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.)
Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y
Vida" (Distrito Federal)
Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”,
A.C. (Texmelucan, Pue.)
Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma
Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos
Gobixha A.C.(Codigodh A.C)
(Palenque, Chis.)
Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo
de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.)
Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la
Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.)
Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”,
AC. (Huayacocotla, Ver.)
Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental,
A. C. (Colima, Col.)
(Comalcalco, Tab)
(Villahermosa, Tab)
Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel
Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)
Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de
Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.)
Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos
Humanos. (Culiacán, Sin.)
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.)
(Chilpancingo, Gro.)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario,
A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.)
Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara,
Jal.)
A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla
(Puebla, Pue)
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA
–León (León, Gto.)
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (Estado de México)
Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.);
(Villahermosa, Tab.);
Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca,
Hidalgo);
(Distrito Federal).
Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrado
por 17 organizaciones:
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal)
Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal)
Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal)
Centro de Reflexión
y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal)
Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal)
en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro)
Derecho a la Salud (Chiapas)
Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo - DECA Equipo Pueblo
Information and Action Network México - FIAN Sección México (Distrito Federal)
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla)
de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal)
para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco)
la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal)
para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat –
HIC AL (Distrito Federal)
Radar-Colectivo de
Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).
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 artículo 133
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artículo 133
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 ARTÍCULO 133
 artículo 1
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 resolución 
 artículo 133
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135
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17
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 ARTÍCULO 1
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 artículo 1
 artículo 46
 resolución 
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1
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 artículo 105
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