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I.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE RETORNO FUNDADAS EN EL CONVENIO DE LA HAYA. - PDF
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Concepción Medina Sáez
1 CUESTIONARIO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE RETORNO DE MENORES EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 Y LAS DECISIONES SOBRE DERECHO DE VISITAS. MINISTERIO DE JUSTICIA. I.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE RETORNO FUNDADAS EN EL CONVENIO DE LA HAYA. Disposiciones Legislativas Especificas: 1.- Convenio n.º XVIII de la Conferencia de La Haya sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 25 de octubre de Informe Explicativo. Guía practica. 2.-Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de Unión Europea, Reglamento (CE) n.º 2201/03 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Fecha de entrada en vigor: 1 de agosto de 2004 Fecha de aplicación : 1 de marzo de Otras Disposiciones: 4.- Tratado Bilateral, Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho custodia y derecho de visitas y devolución de menores, hecho en Madrid el 30 de mayo de Disposiciones Legislativas General. 5.- Legislación interna. Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, artículos a 1.909, ambos inclusive, relativos a Medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional de menores. Estos artículos se han introducido por la Ley Orgánica / 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. Estos artículos están en vigor, en virtud de la Disposición Derogatoria Única apartado 1-1º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, en vigor desde el 7 de enero de 2001, se mantendrá en vigor hasta la vigencia de una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. 1
2 II. CARÁCTER EJECUTIVO Y RECURSOSJURIDICOS. 1. a) Una decisión de retorno basada en el Convenio de La Haya puede ser objeto de apelación u otro tipo de recursos? Si, contra la resolución que dicta el Juez del Juzgado de Primera Instancia o de Familia, esta previsto expresamente en el articulo de la LEC que se pueda interponer Recurso de Apelación. El plazo para interponer el Recurso de Apelación contra el Auto resolviendo sobre la restitución del menor es de 5 días, desde la notificación del Auto. Se ha de tramitar con carácter preferente. La tramitación esta expresamente regulada en la LEC, en relación con los traslados del escrito de interposición a las partes y al Ministerio Fiscal, y en relación con los plazos. 1. b) Puede interponerse una sola vez, cual es la instancia que tiene competencia para pronunciarse? Solo puede presentarse una vez, y se ha de resolver por la segunda instancia la Audiencia Provincial. Hay un plazo para resolver improrrogables de 20 días desde que tiene entrada en su sede. 2. a) Medidas para su efectiva Ejecución. Es necesario para que sea ejecutiva, es decir que se dicte un nuevo Auto declarando su Ejecución Provisional, aunque cuando se haya apelado la resolución. Esta Ejecución provisional la puede solicitar cualquiera de las partes interesadas. 2. b) Órgano competente para tomar esta decisión. El mismo Juzgado de Primera Instancia o de Familia que resolvió sobre la restitución del menor y dicto el primer Auto. 3. Es preciso que sea definitiva y no susceptible de recurso para ejecutar? No es necesario que la resolución judicial sea definitiva, es decir resuelta por la Audiencia Provincial para que sea ejecutiva, no obstante si se apela la resolución declarando la restitución del menor 2
3 es necesario para poder ejecutarla siempre que se haya dictado una nueva resolución declarando la Ejecución provisional, para poder puede devolver al menor, materializando su restitución. En la practica es frecuente que los Jueces acuerden esperar a la ejecución de la resolución adoptada hasta que se haya resuelto el Recurso de Apelación, en parte por el plazo tan breve para resolver que tiene la Audiencia Provincial que es de 20 días, y en parte para evitar nuevos traslados del menor, si la resolución de la segunda instancia no confirmará la restitución del menor al país de su residencia habitual, acordada por el Juzgado en la primera instancia. Otro Recurso posible. Además del recurso de Apelación sobre el fondo de la cuestión, ya expuesto, con carácter excepcional solo se puede interponer Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Solo puede interponerse una vez, después de que este resuelto el Recurso de Apelación. El Tribunal Constitucional puede acordar la suspensión del Auto que acuerda la devolución del menor, si por las circunstancias que concurren lo considera de interés para el menor, tanto del Auto dictado por en primera instancia como en segunda instancia, o del que se dictará en ejecución, para ello es necesario un pronunciamiento previo en este sentido, fundamentando las razones por las que lo acuerda, y que se realiza en el Auto de admisión a tramite del Tribunal Constitucional. 4. Recursos en la fase ejecutiva. En la fase ejecutiva pueden acordarse dos resoluciones judiciales acordando la devolución del menor: El Auto de Ejecución Provisional, de la resolución de primera instancia que acordó la devolución del menor, y que se encuentra apelada. El Auto resolviendo la Ejecución. Este Auto no es necesario que se dicte en aquellos supuestos en que el Auto contiene todos los pronunciamientos relativos al traslado del menor, señalando el día, la hora el lugar y la forma de la entrega para la devolución del menor. Contra el Auto que resuelve la Ejecución Provisional solo se puede interponer una oposición a ella, ante el mismo Órgano que lo dicto, los plazos para su interposición, (es de cinco días), y de resolución están regulados en la LEC, se resuelve por Auto decidiendo sobre la oposición a la Ejecución Provisional previamente acordada, o a las medidas Ejecutivas concretas acordadas, contra el que no cabe recurso alguno. 3
4 Una vez firme la resolución acordando sobre la restitución del menor, se despachara ejecución a petición de cualquiera de las partes, o del Ministerio Fiscal, mediante Auto que no será susceptible de recurso alguno. Sin perjuicio de ello se puede formular oposición al Auto que despacha ejecución, que se resuelve por el mismo Tribunal, por Auto, contra él se puede interponer Recurso de Apelación, sin perjuicio de ser ejecutable. III.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A. La decisión a ejecutar y los objetivos de la ejecución. 1. Respuesta Con carácter general se acuerda en el Auto que resuelve la solicitud el retorno del menor al país donde tenia su residencia habitual. Apartado b). Además las resoluciones concretan el Estado al que ha de retornar, y según el supuesto concreto y las circunstancias que concurren en cada caso, si se ha de entregar el menor al solicitante o si retornará con el otro progenitor, si ha de concurrir algún representante del Consulado o especialista ( Psicólogo o Trabajador Social), a la entrega. Apartado a) Igualmente se señala el día, el lugar y la hora de la entrega del menor, etc.algunas entregas se realizan en presencia de los Magistrados, o en un Punto de Encuentro Familia, puntos neutrales para las partes, que cuentan con personal especializado que facilite la situación al menor. Apartado c) 2. Respuesta. El objetivo que se pretende con carácter general en la resolución que se adopta es asegurar el retorno del menor al estado donde reside habitualmente. Apartado c) No se realiza ningún pronunciamiento sobre los progenitores, relativo a la guarda y custodia de los menores, que deberá resolver el Juzgado competente, donde tenia su residencia habitual, sin perjuicio 4
5 de poner en conocimiento de este Juzgado los hechos que hayan podido resultar probados. Resulta excepcional que el objetivo pueda ser otro, como entregar al menor al solicitante o persona por el designada en el Estado donde se ejecuta, o alejarlo del secuestrador, que solo en supuestos concretos pueden tener su justificación, y deberán adoptarse en beneficio del menor, como complemento de la finalidad general. Apartados a) y b). 3. Respuesta. La responsabilidad de organizar la repatriación del menor, teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurran, para que se realice sin problemas para el menor, y cumpliendo todo lo acordado en la resolución es del Juez o Magistrado que adopta la resolución. Para que se realice con éxito puede solicitar la colaboración del personal especializado colaborador del Juzgado, de la Entidad Pública de la Comunidad Autónoma del territorio, que tienen encomendada la protección de los menores, si existiera un supuesto de desamparo, o inadecuado ejercicio de los deberes de la protección por el progenitor que tiene al menor, o de las Autoridades diplomáticas del Estado al que se va a restituir al menor. B. Participantes implicados en la ejecución. 1. Respuesta. Adoptada una resolución judicial acordando la restitución de un menor, si no se cumple voluntariamente por las partes, si que es necesario una solicitud especifica para su ejecución. En especial es necesario, cuando la resolución judicial que se ha dictado lo ha sido en términos generales, sin concretar todos y cada uno de los aspectos para su materialización. 2. Respuesta. La decisión judicial se inicia normalmente por la petición de La Autoridad Central, y en menor medida del solicitante personalmente y a través de su representante legal. También puede acordarse de oficio por la Autoridad Judicial que adopto la resolución cuando tiene conocimiento de su incumplimiento, se mantienen las circunstancias que dieron lugar a su adopción y lo considera necesario, adoptándose en interés del menor. 5
6 3. Respuesta. Las Ejecuciones se han de adoptar siempre por la Autoridad Judicial, y en sus propios términos. Siendo obligatoria su intervención y su resolución, conforme a la LEC. Las leyes procésales establecen como obligatoria además la intervención del Ministerio Fiscal, y del Secretario Judicial del Juzgado. El Juez puede acordar, si lo estima necesario la intervención de Psicólogo, del Trabajador Social, o del Punto de Encuentro Familiar, para que colaboren y faciliten la entrega del menor, encargándoles informes de la situación y pudiendo realizar propuestas al Juez, practica forense habitual en los Juzgados en España. La intervención de las Entidades Públicas es más excepcional, y solo se acuerda por el Juez cuando es necesario adoptar alguna medida de protección del menor. 4. Respuesta. A). En nuestro país es la misma Autoridad Judicial la que dicta la resolución resolviendo sobre la restitución del menor y la que ejecuta lo acordado, no existiendo en la actualidad autoridades distintas encargadas específicamente de la ejecución, ni oficinas de ejecución. La Autoridad Central, el Ministerio Fiscal y las propias partes personadas formalmente, solicitante y a quien se le pide la devolución, en el procedimiento pueden solicitar los peticiones que estimen de su interés, para que se pueda ejecutar la resolución adoptada, o formulando la correspondiente oposición o apelación a las resoluciones que se dictan, en este sentido colaboran en la ejecución, para su control. El fondo de las resoluciones de primera instancia, se controlan en las resoluciones que se dictan en la segunda instancia por el Tribunal colegiado de la Audiencia Provincial. B). Si la Autoridad Judicial de Primera Instancia ha rechazado la solicitud de devolución del menor, y en apelación se ha ordenado el retorno del menor, la instancia encargada de la ejecución es el Juzgado de Primera Instancia, que esta obligado a ejecutar la resolución acordada por la Audiencia Provincial en apelación. El control de la ejecución se ha de realizar procesalmente a través de los Recursos de Apelación contra las resoluciones que se dicten en el Juzgado de Primera Instancia. 6
7 C. El procedimiento de Ejecución propiamente dicho. 1. Existe un plazo establecido para la ejecución cuando en la propia resolución judicial se fija este plazo, y se concreta el día de la entrega del menor, o del plazo voluntario para su entrega. Por ello es muy importante que en la resolución judicial se concreten con claridad estos extremos. En caso de no constar especificados en la resolución judicial, se ha de solicitar su ejecución al mismo Tribunal, y solicitando que se concrete todos los extremos, si no se cumple voluntariamente. 2. No es habitual conceder un plazo determinado para el cumplimiento voluntario de la resolución que acuerda la restitución del menor, hay que tener en cuenta que la parte lo ha podido hacer desde que se le requirió para la entrega del menor y se le notifico la solicitud de restitución que se ha formulado ante los Tribunales. 3. Hay posibilidades legales de adoptar Medidas de carácter cautelar para evitar que escondan al menor, o se trasladen con el a otro país,... etc, desde el principio del procedimiento, tanto antes de que se dicte la resolución judicial, como una vez dictada hasta su ejecución. Las Medidas que se pueden adoptar siempre han de tener un carácter cautelar y provisional, y serán relativas a la custodia del menor, y a la imposibilidad de que se le traslade a otro Estado, y a cualquier otra medida que el Juez estime necesaria y conveniente para el menor, para preservarle de cualquier peligro. Se pueden acordar por el propio Juez de oficio, o a petición de la Autoridad Central, el Ministerio Fiscal o las partes, solicitante y contra quien se dirige. 4. La sustracción de un menor es un delito penal, se pueden ver involucrados las partes, la Autoridad Judicial civil y penal, el Ministerio Fiscal, y la Policía. 5. Cuando la ejecución ha sido iniciado, las partes pueden solicitar todas las Medidas que estiman de interés, y es el Juez quien tiene la competencia para adoptarlas, y establecer los mecanismos de control de los mismas, encargándolo al personal colaborador: psicólogo, y Trabajador social fundamentalmente, o a cualquier otro organismo o entidad, por ejemplo notificando al colegio donde estudia el menor la nueva situación, dando la orden de que el menor no pueda salir del país, ingreso del menor en un Centro Público dependiente de la Entidad Pública,...etc. 7
8 6. Se pueden acordar Medidas Cautelares previas, de carácter económico, como la caución de una cantidad como garantía de que no se realizará ninguna actuación indebida, o de carácter personal sobre el propio menor, como las citadas anteriormente. También se puede requerir al progenitor o persona que tiene al menor de las consecuencias penales que una actuación contraria a lo acordado en la resolución judicial tendría. Las medidas coercitivas penales se adoptaran únicamente en el ámbito penal, por el Juez competente si hay causa para ello, e incluye la detención del posible autor del delito 7. Las Medidas coercitivas o su aumento en la intensidad de las mismas, han de ser adoptadas específicamente por la Autoridad Judicial competente conforme a las normas penales. 8. Estas medidas tanto las penales como las civiles, que se han de adoptar en interés del menor, pueden ser solicitadas y acordadas fuera del horario de oficina o en día festivo, en los Juzgados de Guardia, que permanecen las 24 horas del día abiertos en todo el territorio nacional. D. Costas. Sobre los gastos en que hay incurrido el solicitante incluidos los del viaje y los que ocasione la restitución del menor, al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, se ha de pronunciar el Juez en el Auto que resuelve la restitución del menor, concretando que son a cargo de la persona que traslado al menor., 1 El Juez resuelve en cada caso concreto, si los costes de la ejecución han de ser abonados por la parte a la que le son desestimadas sus peticiones, o si se declaran de oficio en cuyo caso cada parte ha de abonar las causadas a su instancia. Se calculan por el Secretario Judicial en la correspondiente tasación de costas a la vista de las peticiones y documentos de las partes que se presentan en el Juzgado de Primera Instancia. 2. Es posible obtener los beneficios de la Asistencia Jurídica Gratuita, siendo de aplicación el Convenio tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, y el Convenio europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita hecho en Estrasburgo el 27 de enero de Si se han concedido los beneficios de la asistencia jurídica gratuita a una de las partes, para el procedimiento también los tiene para la ejecución de las resoluciones dictadas. 8
9 Si no se tienen concedidos los beneficios de la Justicia Gratuita, cada parte deberá abonar sus gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo, sin perjuicio de lo que el Juez resuelva en el Auto sobre las costas causadas. No es necesario ningún pago anticipado al órgano de ejecución para que actué, sin perjuicio de los pagos a los Abogados y Procuradores que intervienen en la ejecución. 3. Los costes de la repatriación del menor al país donde tenia su residencia habitual esta expresamente previsto en la Ley que si se acuerda su restitución son a cargo de la persona que traslado al menor. El pago adelantado no es una condición para la ejecución. 4. Los solicitantes extranjeros pueden obtener información acerca de los costes de la ejecución bien de la Autoridad Central, de los Colegios de Abogados de cada ciudad, ya sea directamente o por Internet. 5. El Juzgado de Primera Instancia encargado de la Ejecución de la resolución en que se acuerda la devolución o restitución de un menor, testa obligado adoptar todas las decisiones que sean precisas en interés del menor, para su cumplimiento, hasta su total materialización. IV INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 1.- No se dispone de datos No se dispone de datos respecto a cuantas decisiones han tenido que ser ejecutadas. 2- En el año 2001 hubo 103 solicitudes: 85 de restitución 18 devisitas En el año 2002 hubo 143 solicitudes: 117 de restitución 26 de visitas En el año 2003 hubo 157 solicitudes: 129 de restitución 28 de visitas No se dispone de datos respecto a los casos en que se interpuso recurso jurídico para evitar la ejecución. 3.- No se dispone de datos. 4.- No se dispone de datos. V COOPERACIÓN 9
10 1. La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, REGUÉ, creada por el Acuerdo Reglamentario 5/2003, del Consejo General del Poder Judicial realiza una labor en materia de cooperación judicial internacional, con asistencia a los Juzgados y Tribunales Españoles, para una correcta aplicación de los Tratados Internacionales. Existen Puntos de Contacto Institucionales, Técnicos, Miembros de la Red, y Colaboradores, uno de ellos en concreto para la materia de Sustracción Internacional designado como experto por el propio CGPJ. Independientemente de lo antes expuesto, en relación con la Red Judicial Europea en materia Civil, existen cuatro Puntos de Contacto en España, dos en el Consejo General del Poder Judicial y dos en el Ministerio de Justicia ( Subdirección general de Cooperación Jurídica internacional) para proporcionar información y atender consultas de las autoridades judiciales en materias de índole civil, entre las que se incluye la sustracción de menoras. 2. Existe un Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visitas y devolución de menores, hecho en Madrid el 30 de mayo de El papel activo en la ejecución de las decisiones lo tienen : 1. La Autoridad Central: Ministerio de Justicia. 2. Los Juzgados de Primera Instancia de Familia, cuya relación y direcciones figuran en el ATLAS JUDICIAL CIVIL, http//europa.eu.int/comm/justice-homejudicialatlascivil 3. Fiscalía. 4. INTERPOL 3.- Ministerio de Justicia- Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional ( Servicio de Convenios). C/ San Bernardo Madrid. Tel ó Fax Este Servicio se encuentra en permanente contacto con todas las Abogacías del Estado con sede en cada Provincia, las cuales le asisten en los procedimientos pasivos en curso, es decir, respecto a las solicitudes de restitución provenientes del extranjero. VI FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROFESIONALES. 10
11 La oferta de Cursos, Seminarios, Jornadas, y Reuniones de trabajo es en la actualidad muy amplia, en relación con las Instituciones organizadoras, como en su duración, contenido, y publico al que van dirigidos. Unos son presénciales y otros virtuales por Internet. 1. Existen Cursos y Seminarios para: Jueces y Magistrados, a nivel nacional, como internacional. Secretarios Judiciales. Fiscales. Abogados. Policía. Personal colaborador: Psicólogos y Trabajadores Sociales. 2 Y 3. Los Cursos y Seminarios de los Jueces y Magistrados son organizados por el Consejo General del Poder Judicial, todos los años, en tres ámbitos importantes: a. Curso de Formación inicial en la Escuela Judicial. b. Cursos de Formación Permanente. c. Cursos especiales y concretos, por la importancia de la materia. Estas actividades se desarrollan tanto en el ámbito nacional dirigidos únicamente a Jueces nacionales, como en Seminarios conjuntos con otros Jueces de la Unión Europea, y como en Jornadas de Trabajo y Reuniones Internacionales, ya sean bilaterales o de todos los países de Hispanoamérica. Los Cursos de carácter nacional por la importancia de la materia se están realizando todos los años. Los diversos Colegios de Abogados de España también están organizando Cursos sobre esta materia, con carácter regular, en los de ciudades más pequeñas en menor medida que en las de gran población, concreto el Colegio de Madrid los organiza desde hace 10 años, en la actualidad de una media de 10 cursos anuales, para Abogados y también Policía. Existen también Cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial, Universidad y Colegios de Abogados, para todos los profesionales que trabajan estos temas, así en el año 2005 se han realizado en Madrid y Barcelona. 4. Se considera necesaria y de gran interés esta formación para todos los profesionales que intervienen en la aplicación de los Convenios y Reglamentos relativos a la sustracción internacional de menores. 11
12 Por ello se debe de mantener y ampliar esta formación. Igualmente se esta publicando las Conferencias y clases impartidas en los Cursos para ayudar a una mayor divulgación. VII OTRAS INFORMACIONES 1.-La página web del Ministerio suministra una amplia información al ciudadano sobre esta materia: -> Información Jurídica -> Canal Internacional -> Sustracción Internacional de Menores. O bien: -> Atención al ciudadano -> Menores - > Siguiente -> Sustracción Internacional de Menores. Idioma : español.. La aplicación del Reglamento (CE) 2201/03, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, hace prever una nueva etapa, en la aplicación de la nueva normativa y consecuentemente en el conocimiento del Convenio de La Haya, lo que permitirá profundizar en su estudio. VIII DECISIONES QUE CONCEDEN UN DERECHO A MANTENER UN CONTACTO / DERECHO DE VISITA La experiencia en la aplicación del Convenio de La Haya en relación con las decisiones que conceden el derecho de visitas, son escasas. Su desarrollo es incipiente. Por ello no se puede dar una contestación a todos y cada una de las preguntas realizadas en el formulario. A los Tribunales han llegado muy pocas solicitudes que exigieran un pronunciamiento sobre la organización o la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de visita. Algunas han sido rechazadas, entendiendo que la finalidad del articulo es la colaboración entre las Autoridades Centrales, y que necesita un desarrollo que permita una mayor aplicación con intervención judicial. 12

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