Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A026-10.htm
Timestamp: 2017-11-25 11:04:16+00:00

Document:
A026-10
AUTO 026/10
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por pretender reabrir debate decidido en sentencia SU913/09 y querer conservar condición de notarios interinos
NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD-Calidad de notarios interinos no confiere derecho inamovible pues deben ser desplazados por quienes hayan surtido concurso público
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia SU913 de 2009 de Beatriz Elena Castaño Alzate, Consuelo Londoño Restrepo y Campo Elías Daza Oñate. Acción de tutela T-2210489 AC.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre las solicitudes de nulidad de la Sentencia SU-913 de 2009, radicadas el 18 de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010, respectivamente, instaurada por las ciudadanas Beatriz Elena Castaño Alzate, Consuelo Londoño Restrepo y el ciudadano Campo Elías Daza Oñate.
Con fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve (2009), se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad parcial del numeral VIGÉSIMO SÉPTIMO de la parte resolutiva la sentencia SU- 913 de 2009, suscrita por las señoras Beatriz Elena Castaño y Consuelo Londoño Restrepo. Esta fue reiterada posteriormente, a través de apoderado, mediante memorial radicado el día 12 de enero de 2010, al cual se adhirió -en el mismo sentido de la pretensión- el señor Campo Elías Oñate.
Solicitan los peticionarios declarar que: i.) Las autoridades competentes del Estado y en particular la Superintendencia de Notariado y Registro no tienen que proveer los cargos en las notarías que se encuentren en interinidad o en encargo y, que fueron creadas con posterioridad al concurso, con las listas de elegibles actualmente vigentes. ii.) Declarar que por tanto están en firme los actos administrativos mediante los cuales fueron designados notarios interinos en dichas plazas, su posesión y su actual actividad, la cual deben seguir desempeñando normalmente.
3.1 Cargo. Vulneración del derecho al debido proceso por extralimitación del competencia por parte de la Corte Constitucional.
El cargo propuesto por el solicitante puede resumirse de la siguiente manera:
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte Constitucional puede revisar fallos proferidos por los jueces y tribunales de la República, pero al hacerlo únicamente pueden resolver acerca de los asuntos planteados en los procesos correspondientes, y en relación con los derechos fundamentales afectados o amenazados con miras a su protección efectiva.
Es decir, que los fallos de revisión que profiere la Corte Constitucional están circunscritos a la unificación de jurisprudencia y al examen de sentencias en relación con el tema propio de la tutela, por lo cual dichos fallos de revisión no tienen por objeto la resolución sobre asuntos ajenos a las sentencias incoadas que fueron materia de procesos ya revisados.
En este caso, contra lo expresamente dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el numeral Vigésimo Séptimo de la parte resolutiva de la sentencia SU 913 de 2009, dispuso sobre la provisión de cargos que fueron creados con posterioridad al concurso sobre el cual versaban las acciones de tutela, de manera que la Corporación carecía de competencia para impartir órdenes o decisiones al respecto. Dicha orden fue incluida en la parte resolutiva sin que hubiese sido materia de controversia en el concurso ni en ninguno de los procesos acumulados.
Consideran los peticionarios que tales determinaciones afectaron derechos individuales y concretos de personas que no participaron ni como accionantes ni como accionados dentro del proceso de revisión, con lo cual se vulneró el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, dado que no se siguieron las normas propias de cada juicio y, sólo hasta la fecha del fallo de revisión se generaron consecuencias negativas para los solicitantes respecto de situaciones jurídicas que sólo podían ser revocados en la forma prescrita por el Código Contencioso Administrativo.
Mediante oficio del 18 de diciembre de 2009, se radicó oportunamente la solicitud de nulidad parcial de la sentencia SU 913-09, incoada por las señoras BEATRIZ ELENA CASTAÑO ALZATE, CONSUELO LONDOÑO RESTREPO y el ciudadano CAMPO ELIAS DAZA OÑATE, en consideración a que dicha sentencia fue notificada a través de un diario de amplia circulación nacional, esto es, en el periódico El Tiempo el día 16 de diciembre de 2009. En consecuencia, dicha solicitud fue radicada dentro del término de ejecutoria del fallo. Por consiguiente, para el asunto bajo estudio se encuentran acreditado el presupuesto formal de oportunidad dentro del trámite de nulidad.
En cuanto a la legitimidad en la causa para solicitar la nulidad, las solicitantes presentan la solicitud de nulidad en su calidad de notarias 30 y 31 en interinidad de Medellín y notario 12 interino de Barranquilla, respectivamente, razón por la cual la Corte encuentra que los peticionarios están legitimados en la causa para iniciar el presente incidente.
6. La causal de nulidad invocada.
Aducen los solicitantes que en la parte resolutiva de la sentencia SU 913 de 2009, se profirió una orden que afecta a particulares no vinculados al proceso y que por tanto no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa. Consideran, en su calidad de notarios interinos, que el fallo se extendió a aspectos que no fueron materia de las acciones de tutela en revisión y que vulnera situaciones particulares y concretas que no pueden ser desconocidas.
Al respecto, conviene recordar que en la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009, se trató in extenso las razones por las cuales los nombramientos en los cargos de notarios debe efectuarse en propiedad y las razones por las cuales el fallo no tendría efecto inter partes sino un efecto inter comunis. Al respecto señaló la Corte:
“4.1.1 El mérito como requisito para el ejercicio de la función pública notarial y la distinción entre notarios en propiedad, interinidad y encargo.
La sentencia C-741 de 1998, precisó que el servicio público notarial que prestan los particulares, entraña el ejercicio de una función pública y por ese sólo hecho se debe asegurar el principio de igualdad en cuanto al acceso a la carrera notarial a través de un concurso de méritos (CP art. 40). Así. el concurso de notarios se asimiló al previsto por el artículo 125 de la Carta para el nombramiento de funcionarios públicos y su incorporación a la carrera administrativa, pues en ambos casos se hacía necesario diseñar un procedimiento de selección con base estrictamente en el mérito, mediante el cual las personas mejor calificadas pudiesen acceder al desempeño de una función pública. Por su parte, en las sentencias C-647 de 2000 y C-097 de 2001, la Corte dejó nuevamente a salvo la obligatoriedad del concurso al señalar que cuando la Constitución dispuso que el nombramiento de notarios se efectuaría mediante concurso, apuntó hacia la eficiencia en la prestación del servicio, a la vez que sentó las bases de un régimen especial de carrera para los notarios.”
En dicha providencia se dejó expresamente consignado que en los términos del inciso primero del artículo 146 del estatuto notarial solo puede acceder al nombramiento en propiedad quien ha sido seleccionado mediante concurso, privilegiando el mérito dentro del concurso notarial. De manera que si los mecanismos de encargo e interinidad son utilizados, no para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, sino para desconocer el mandato constitucional relativo a la obligatoriedad de los concursos para el nombramiento de los notarios (CP art. 131), entonces se está ante una clara desviación de poder, que acarrea la nulidad de la correspondiente actuación administrativa. Sobre este aspecto particular precisó la referida sentencia:
“Cuando el nombramiento como notario derive de una situación diferente a la de encontrarse incluido en una lista de elegibles, por haber surtido con éxito el concurso de méritos correspondiente, y haber obtenido el mejor puntaje, el notario podrá ser validamente desplazado por quien tenga derecho a ocupar el cargo en propiedad sin necesidad de trámite o autorización adicional alguna, pues en tal caso no tendrá a su favor ningún derecho adquirido ni ninguna situación jurídica consolidada.” (Subrayado fuera de texto)
En el caso particular de los solicitantes, su nombramiento en interinidad no les otorga ningún derecho adquirido. Por el contrario, es deber del Estado en cumplimiento del artículo 131 Superior proveer dichas plazas mediante las listas de elegibles debidamente conformadas, previo concurso. De allí el sentido de que la Ley 588 de 2000 otorgue a las listas de elegibles una validez de dos (2) años, plazo que no tendría sentido si ellas no tuviesen vocación para se usadas en la provisión de los cargos de notarios que sean creados durante su vigencia.
De esta manera no pueden los solicitantes afirmar que son titulares de un derecho adquirido o que a su favor existe un acto administrativo de carácter particular y concreto inmodificable, pues en el mismo acto de nombramiento se previene que se les nombra en interinidad hasta tanto se designe un notario en propiedad, de manera que tal como se dejó previsto en el fallo que se acusa de nulidad, el nombramiento en interinidad tiene un carácter precario, ya que la obligación constitucional plasmada en el artículo 131 Superior es la de proveer tales cargos en propiedad mediante concurso.
Precisamente, dentro las razones por las cuales la Corte Constitucional declaró probado un estado de cosas inconstitucional tiene que ver con las siguientes reflexiones, expresadas en la sentencia SU 913 referida :
“Lo hasta aquí expuesto revela la inexistencia de razones materiales que amparen la dilación injustificada del nombramiento en propiedad como notarios de aquellas personas que por su mérito se hicieron acreedoras a tal designación en estricto acatamiento del artículo 131 Superior, pues si bien el estado de cosas inconstitucional tuvo su origen en la renuencia a celebrar el concurso de méritos, lo cierto es que hoy a pesar de su realización, no puede entenderse conjurada la situación hasta tanto la provisión absoluta de estos cargos se haga efectiva y se termine de una vez por todas con 18 años de interinidad en el ejercicio de la función fedante.”
“…13.2.2 Imposibilidad de materializar la provisión de los cargos de notarios a partir de los resultados del concurso.
En ese orden, concluye la Sala que permanece el estado de cosas inconstitucional y, en consecuencia, tal como ha sucedido a propósito de otros casos emblemáticos, la Corte Constitucional continúa y continuará ejerciendo competencia sobre este caso particular en su calidad de guardiana de la Constitución Política, según se señala en el artículo 246 Superior. Desde ese punto de vista la Corte tomará las medidas necesarias para unificar posiciones jurídicas respecto al concurso notarial y conjurar de manera definitiva las prácticas enfiladas a impedir la materialización del contenido del artículo 131 Superior y socavar así los derechos fundamentales de los concursantes.”
Como se nota, la Corte tomó decisiones generales en orden de garantizar la observancia del artículo 131 Constitucional, amparada en un estado de cosas inconstitucional y otorgando a la sentencia un efecto inter comunis que ha sido aceptado en casos emblemáticos por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Es fácilmente perceptible que no existe justificación alguna para acceder a la nulidad incoada, en la medida que lo alegado no puede enmarcarse dentro de ninguna de las circunstancias descritas como transgresoras de las normas que regulan el proceso de revisión de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional sino que, por el contrario, pretende reabrir el debate decidido por la sentencia SU 913-09, para conservar sin razón justificada su condición de “interinos” en contravía de lo ordenado por el artículo 131 Superior. En efecto, si el cargo de nulidad invocado por los intervinientes, consiste, como se ha dicho, en que la sentencia SU 913 de 2009 desconoció derechos adquiridos contenidos en actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se designaron notarios en calidad de “interinos”, es apenas natural que el mismo no tiene asidero porque dicha calidad no confiere un derecho inamovible en la medida que deben ser válidamente desplazados por notarios en propiedad que hayan surtido un concurso público y hayan obtenido el puntaje necesario para ocupar dicho cargo a partir de las listas de elegibles validamente conformadas y vigentes al momento de creación de la notaría.
Por estas razones, la Sala Plena de la Corte Constitucional desestima la solicitud de nulidad parcial contra la sentencia SU-913 de 2009 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional al encontrar que no se vulneró el debido proceso de los solicitantes.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, analizada la solicitud de nulidad presentada por las peticionarias,
PRIMERO.- DENEGAR la petición de nulidad parcial formulada por las señores BEATRIZ ELENA CASTAÑO ALZATE, CONSUELO LONDOÑO RESTREPO y el ciudadano CAMPO ELIAS DAZA OÑATE en contra de la sentencia SU-913 de 2009.

References: artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 artículo 125
 artículo 146
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 246
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131