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Timestamp: 2018-01-18 17:49:34+00:00

Document:
Sentencia C-374 de 2002 Corte Constitucional
SCC03742002
SENTENCIA C-374 de 2002
en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241-4 de la Constitución Política, y cumplidos los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, dicta la siguiente
Actores: Jorge Luis Pabon Apicella y Luz Beatriz Pedraza Bernal
Ver arts. 5 y 6 Ley 678 de 2001
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, mediante escritos separados los ciudadanos Jorge Luis Pabón Apicella y Luz Beatriz Pedraza Bernal demandan los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001.
Mediante auto del 22 de octubre de 2001, se admitieron las demandas, se ordenó su fijación en lista, se dispuso correr traslado de las mismas al Jefe del Ministerio Público y se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los departamentos de Derecho Público de las Universidades Externado de Colombia, Rosario y Javeriana.
1. Obrar con desviación de poder
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho
4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física corporal."
1. Expedientes D- 3756 y D-3763
Jorge Luis Pabón Apicella en un primer escrito de demanda considera que el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 viola el preámbulo y los artículos 2, 13, 83, 84, 90, 209 228 y 230 de la Constitución Política y en bloque de constitucionalidad el preámbulo y los artículos 1, 9 y 71 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
2. Expediente D-3757
Luz Beatriz Pedraza Bernal, señala que los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001 violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 29, 83, 84 de la Constitución Política de Colombia por las siguientes razones:
El académico Germán Giraldo Zuluaga intervino en la presente causa par defender la constitucionalidad de las normas demandadas, con fundamento en las siguientes apreciaciones:
En su opinión, no puede interpretarse el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 como lo hace el demandante Pabón Apicella, quien toma como términos diferentes la violación manifiesta de la ley y la violación inexcusable de la misma, por cuanto dichos términos son semejantes.
Aduce que los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 no son contrarios a la Carta ni constituyen aniquilamiento de los principios de igualdad, presunción de inocencia, carga de la prueba y buena fe, como erradamente lo sostiene la demandante Pedraza Bernal, por cuanto según los textos acusados para que pueda tenerse como existente la presunción de dolo o de culpa grave es menester acreditar plenamente los hechos indicadores en que se sustenta cada una de las causales de presunción.
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, Delegado del Ministerio de Justicia y del Derecho justificó la constitucionalidad de las normas acusadas de la siguiente forma:
Al cargo formulado por el demandante Pabón Apicella (D- 3756) contra el artículo 6 numeral 1º de la Ley 678 de 2001, primera causal de presunción de la culpa grave que es la "violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho", se anteponen los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, que avalaron la primera causal de presunción señalada en el artículo 71 de la Ley 270 de 1996 y justifican la razonabilidad de la causal enjuiciada, toda vez que como se manifestó en dicho pronunciamiento, el yerro que exige la norma ha de ser cualificado e intenso y no una simple equivocación humana en el ejercicio de la interpretación jurídica de las reglas de derecho.
Respecto a lo argumentado por la demandante Pedraza Bernal, sostiene que una lectura correcta de los artículos 5 y 6 que se acusan permite concluir que el legislador no estableció un sistema de presunción de culpabilidad en el que el funcionario demandado en repetición o llamado en garantía deba asumir la carga probatoria de su inocencia, pues el legislador recurrió a una técnica legislativa muy común en materia probatoria al diseñar un sistema de presunciones legales con finalidades probatorias, más no un sistema de presunción de responsabilidad. Se trata de dos órdenes legales muy distintos, el primero facilita, por seguridad jurídica y motivos de orden público, el esclarecimiento de las situaciones jurídicas imprecisas y el segundo por el contrario, presume directamente una situación jurídica para derivar consecuencias jurídicas.
El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia intervino a través del Profesor Sergio González Rey para defender la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 apoyado en las siguientes razones:
El ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella al atacar inicialmente el artículo 6 numeral 1º de la Ley 678 de 2001 incurre en una errónea interpretación, toda vez que cuando la norma exige violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho para presumir culpa grave, no hace otra cosa que recoger en forma congruente la legislación existente para establecer que no toda violación normativa manifiesta debe hacer presumir la culpa grave.
En relación con la demanda de la ciudadana Luz Beatriz Pedraza Bernal quien solicita a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de los artículos 5° y 6° de la ley 678 de 2001 por crear una presunción contraria a la de inocencia, considera que las presunciones objeto de la crítica no desconocen ni el principio de la buena fe ni mucho menos el principio de presunción de inocencia, ejes sobre los que giran los argumentos de la demanda.
El señor Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón solicita a la Corte constitucional, en concepto No. 2760, declarar la exequibilidad de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001. Los argumentos que expone en su concepto son los que se resumen a continuación:
Prosigue el Procurador en su concepto argumentando que la remisión que hace el demandante Pabón Apicella a los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, que se ocupa del dolo no es de recibo, porque si dicha norma no exige la concurrencia de los factores de manifiesta e inexcusable se debe a que la presunción del dolo como lo indica la norma, opera cuando el agente quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, aspecto que difiere sustancialmente de la concepción de la culpa grave, y eso fue lo que efectivamente el legislador desarrolló al consagrar las causales a que aluden los artículos 5 y 6 de la citada disposición.
Respecto a los argumentos que expuso Pabón Apicella en su demanda, expresa el Procurador que el artículo 90 de la Constitución Política no hace distinción alguna sobre el tratamiento que deben recibir los distintos servidores públicos a quienes se les puede iniciar la acción de repetición, razón por la que el legislador en un solo cuerpo normativo podía regular todo lo concerniente a la reparación del daño a través de la acción de repetición contra los servidores o ex servidores públicos, sin necesidad de elaborar un régimen especial para los agentes judiciales, teniendo en cuenta que el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, dispone que la acción de repetición también se ejercerá contra los funcionarios de la Rama Judicial, de conformidad con lo dispuesto en esa ley y en las normas que sobre la materia se contemplan en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Es decir, que lo no regulado en la ley estatutaria sería resuelto con lo establecido en la ley que consagra la acción de repetición.
En relación con la diferencia que plantea el actor Pabón Apicella, respecto a que el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia presume la culpa en el agente jurisdiccional, sin exigir que la infracción sea directa y recaiga únicamente sobre la Constitución y la ley como sucede en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, reitera el Jefe del Ministerio Público que el parágrafo 3 del artículo 2 de la citada ley, dispone que en relación con los agentes judiciales, se seguirá aplicando tanto las disposiciones contenidas en la ley que consagra la acción de repetición como en la Ley de Administración de Justicia.
2. Inhibición de la Corte respecto de las demandas D-3756 y D-3763
Uno de tales requerimientos es la existencia de un cargo concreto de constitucionalidad que, según la jurisprudencia, constituye presupuesto material para que pueda proferirse un fallo de mérito. Por consiguiente, "el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad".(1)
Sobre este particular se ha precisado que la sustentación específica del concepto de la violación, como carga mínima que en cabeza del ciudadano que ejercita la acción de inconstitucionalidad, racionaliza el trabajo de esta Corporación en la medida en que permite situar la controversia en el plano constitucional. De ahí que antes de pronunciarse sobre el fondo de una demanda sea necesario entrar a verificar si el actor ha formulado materialmente un cargo, "pues de no ser así, la decisión debe ser, en principio, inhibitoria, ya que la demanda sería sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inexequibilidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control de constitucionalidad". (2)
La Corte es particularmente celosa de la observancia de este requisito, pues si se admiten demandas que no satisfacen esta mínima exigencia la acción de inconstitucionalidad se convertiría en una suerte de control oficioso de constitucionalidad que no está previsto en la Carta. Por ello, para evitar tal situación "se necesita saber en concreto las razones por las que el demandante encuentra que la norma acusada viola las normas constitucionales invocadas", puesto que la informalidad de la acción de inconstitucionalidad "no se traduce en la inexistencia absoluta de parámetros para su ejercicio ya que a la Corte Constitucional no le corresponde construir el escenario de la confrontación jurídica pues, en tales circunstancias, estaría ejerciendo una revisión oficiosa de inconstitucionalidad, la cual no le está permitida por la Carta Política".(3)
Para que la argumentación expuesta en el concepto de violación sea admisible constitucionalmente se requiere además que exista una correspondencia lógica entre las normas acusadas como inconstitucionales, las normas constitucionales que se consideran infringidas y las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, por lo cual es menester que los cargos del demandante giren en torno a las normas demandadas y no a otras distintas. En consecuencia, si las razones que esgrime el actor en su libelo no se predican de las normas demandadas sino de normas diferentes, la Corte no puede emitir pronunciamiento de fondo alguno, por cuanto "tampoco le está permitido considerar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley con base en los cargos planteados en relación con una disposición diferente". (4)
Hechas estas observaciones, advierte la Corte que las demandas formuladas por el ciudadano Pabón Apicella contra el artículo 6° de la Ley 678 de 2001, no contienen un cargo concreto de inconstitucionalidad que obligue a un pronunciamiento de fondo, toda vez que los argumentos con los que se intenta plantear una contradicción entre el precepto impugnado y los mandatos superiores que se citan como infringidos, no son claros ni precisos y están soportados en múltiples citas jurisprudenciales que carecen de contexto. Adicionalmente, el actor dirige sus reproches contra disposiciones no demandadas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia referentes a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, impidiendo de esta forma que la Corte pueda ejercer el control constitucional.
Por estas razones, en la parte resolutiva de esta providencia la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre las citadas demandas y en consecuencia, centrará su atención en resolver los interrogantes que plantea la demanda D-3757 formulada por la ciudadana Luz Beatriz Pedraza Bernal contra los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001.
En criterio de la ciudadana Luz Beatriz Pedraza Bernal los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, al establecer las presunciones de dolo y de culpa grave de la conducta de los agentes del Estado, para los efectos de la acción de repetición, vulneran el principio constitucional de igualdad (CP art. 13), porque discriminan al servidor o ex servidor público por el solo hecho de serlo, en la medida en que estas personas no pueden alegar en su favor la presunción de inocencia ya que se encuentran en una situación de presunta responsabilidad.
Para la Corte la existencia de presunciones es un asunto que concierne con el aspecto probatorio de determinado supuesto de hecho, pues "al probarse los antecedentes o circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción. Así pues, a quien favorece una presunción sólo corresponde demostrar estos antecedentes o circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho presumido y del derecho subsiguiente, correspondiéndole a la parte que se opone demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió, si la presunción es simplemente legal, o solamente la inexistencia de estos últimos, si la presunción es de derecho". (5)
Igualmente, según la jurisprudencia constitucional las presunciones de carácter legal no comprometen, en principio, el debido proceso pues "nada obsta para que el legislador, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones". (6)
Estos propósitos quedaron consignados en la exposición de motivos al proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 678 de 2001, donde se justificó el régimen de presunciones contemplado en las normas impugnadas al reconocer que "el legislador debe facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de repetición una misión imposible. Señalar causales de presunción de dolo y la culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de repetición sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la presunción, con el objeto de invertir la carga de la prueba para hacer de la acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente para la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para presumir que el funcionario actuó con dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte demandad demostrar que el supuesto de hecho que se alega no se configuró". (8)
Coincide la Corte con el Procurador en que la responsabilidad entendida como el deber de asumir las consecuencias de un acto o hecho no tiene las mismas implicaciones en las distintas áreas del derecho, pues en materia penal es de carácter personal al paso que en materia civil es de naturaleza patrimonial. De ahí que la culpa en materia penal nunca se presume, al paso que en el campo del derecho civil puede presumirse como sucede en las hipótesis a que se refieren los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 bajo revisión. Estas observaciones resultan válidas para desvirtuar el reparo del actor por presunta violación a la presunción de inocencia, máxime si se tiene presente que el artículo 2° del mencionado ordenamiento legal define la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial.
Y en cuanto hace a la violación del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, para la Corte es evidente que el cargo es improcedente, pues la norma Superior no puede ser quebrantada por los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, ya que como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional la presunción de buena fe está orientada a proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él en todas sus gestiones, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe. (9) Al efecto, valga recordar que según del artículo 83 Superior"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas"
1. Sentencia C-447 de 1997, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
2. Sentencia C-1256 de 2001. M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes.
3. Sentencia C-087 de 2002
4. Sentencia C-652 de 2001
5. Sentencia C-238 de 1997
6. Sentencia C-388 de 2000
7. Ponencia para primer debate en el Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 14 del 10 de febrero de 2000. Página 16.
8. Ponencia para primer debate en el Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 14 del 10 de febrero de 2000. Página 16.
9. Sentencias C-544 de 1994 y C-540 de 1995

References: artículo 241
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 71
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 71
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 83
 artículo 83