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Timestamp: 2016-10-01 05:42:08+00:00

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compatible con el propio tenor literal del artículo 189° CT. los requisitos y los efectos de la regularización. como resulta evidente. por cierto.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Destaca la perspectiva objetiva de la regularización tributaria. el ámbito de aplicación. se refieren al hecho o injusto culpable. no al autor. esto es.
. Tal consideración es. que a final de cuenta impide toda posibilidad de someter a proceso penal por los hechos punibles objeto de regularización.ULADECH – PIURA
En tanto se trata de una causa material de exclusión de punibilidad ex post factum sus efectos liberatorios de la sanción penal necesariamente alcanzan o benefician a todos los intervinientes en el delito –autores y partícipes-.
quien fallece a consecuencia de la agresión.
El artículo 189° CP se configura cuando el agente como consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima. resultado que no quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. esto es. Es de esta manera que el agente roba valiéndose del ejercicio de violencia física contra la víctima. siempre que el agente hubiere podido prever este resultado es una situación de preterintencionalidad heterogénea. 6
. Aquí el autor mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. se produce la muerte de la víctima…”. En efecto en estas disposiciones se regula lo siguiente: Artículo 108° CP: “Será reprimido […] el que mate a otro concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias: 2. infiere lesiones a una persona.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 3-2009/CJ-116 Asunto: ROBO CON MUERTE SUBSECUENTE Y DELITO DE ASESINATO. un caso de tipificación simultánea. cuando […] como consecuencia del hecho. en que el homicidio es el delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. en este caso. de un típico supuesto de homicidio preterintencional donde el resultado sólo se le puede atribuir al agente a título de culpa.
Distinto es el caso del asesinato para facilitar u ocultar otro delito. pero de una misma conducta expresamente descrita.
El asunto es que el ordenamiento penal vigente contiene dos tipos legales que aluden a la muerte de una persona en conexión con la comisión de otro delito. entonces. El citado dispositivo regula. el asesinato implica una relación de medio-fin. le ocasiona o le produce la muerte. pues. dolosa y culposa. Se trata. Artículo 189° (último párrafo) CP: “La pena será […]. En el primer supuesto para facilitar otro delito. pero como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella le causa la muerte. Para facilitar u ocultar otro delito”. Es obvio. Se trata de los artículos 108° CP sobre el delito de asesinato y 189° CP sobre delito de robo con agravantes.
en el segundo supuesto para ocultar otro delito. que conduciría al descubrimiento o esclarecimiento de su delito. Ello ocurre. en la circunstancia o en el contexto situacional en que interviene ha de valorar la perpetración del homicidio como vía para garantizar su objetivo ligado siempre a otro delito. dispara contra su perseguidor o contra quien trata de impedir su fuga. el delito previamente cometido o el que está ejecutándose es la causa del comportamiento homicida del agente. por ejemplo. cuando el agente es sorprendido en el acto del robo y para evitar su captura.ULADECH – PIURA
posible la ejecución del delito-fin. siempre doloso.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. el agente. Por consiguiente.
mediante la Ley 28730. lesiones y una falsificación de documentos. por ejemplo. ha establecido que la pena concreta para tales casos. El concurso real es heterogéneo cuando los delitos realizados por el mismo autor constituyen infracciones de distinta especie. Es decir. a su vez. El concurso real es homogéneo si la pluralidad de delitos cometidos corresponden a una misma especie. según la oportunidad en que tales ilícitos se fueron.
Existen dos formas de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo. surgirá. 8
. Se produce un concurso real de delitos cuando un mismo autor con una pluralidad de acciones independientes entre sí. descubriendo. sucesivamente. A diferencia del concurso ideal (que presenta unidad de acción). es decir. a aquellas que ya fueron impuestas en los juzgamientos precedentes. el denominado concurso real retrospectivo o posterior. a las INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. de la aplicación del mismo procedimiento regulado para el concurso real de delitos en el artículo 50º CP.ULADECH – PIURA
El artículo 50º del Código Penal (CP) regula el denominado concurso real de delitos. Luego deberá someter el resultado o pena concreta total del concurso real retrospectivo.
La modificación del artículo 51º CP. cuando en diversas ocasiones y de modo independiente se cometieron varios robos. Constituye una modalidad especial de concurso real de delitos. si en distintas oportunidades se cometieron un hurto. Es decir. realiza. varios delitos autónomos. el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal. el órgano jurisdiccional competente en cada juzgamiento deberá adicionar las penas concretas parciales que obtenga por los delitos que procesó. también. Se configura cuando los delitos que componen el concurso no fueron juzgados simultáneamente en un solo proceso penal. al autor de esa pluralidad concursal de delitos independientes se le fue sometiendo a juicio y condenando secuencialmente por cada hecho punible.
cuando menos. uno de los delitos en concurso).
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.ULADECH – PIURA
hasta la realización de la audiencia respectiva y la consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipada. no encuentra obstáculo a su acumulación. uno de los exponentes de la justicia penal negociada. que lo que hace es redefinir el marco penal correspondiente. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases. Es claro. desde la perspectiva del imputado.ULADECH – PIURA
La terminación anticipada es un proceso penal especial y. en tanto permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP). Es. por lo demás. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. además. 10
El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible.
El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de una sexta parte. Sección V. la INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. la pena. Ésta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de carácter genérica y excepcional. de ahí que es lógica la disposición procesal que la diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y. artículos 468°/471°. está suficientemente desarrollada en el Libro V. una forma de simplificación procesal. además. por tanto. la reparación civil y las consecuencias accesorias. uno de los efectos benéficos de este proceso especial. cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación preparatoria y constituye. en sus aspectos esenciales. que audiencia preparatoria es privada. del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). quien apunta a que su caso no se ventile públicamente. que va desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada. que se sustenta en el principio del consenso. Su regulación. Ahora bien.
1 NCPP). puede ser apelada por los demás sujetos procesales. es decir. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular. el proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°. Además. Es así que podemos llegar a decir que el proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. una vez definida. es que ha de operar la reducción en una sexta parte.
. tasada.ULADECH – PIURA
El artículo 468°. aprobatoria del acuerdo. es una pauta de disminución fija y automática.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Sobre ésta.
siempre provisional. es decir. referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva. a la forma de autoría o de participación. esto es.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público identifican el contenido de la acusación fiscal y condicionan su eficacia procesal. es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado. La Fiscalía. Mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal.5 de la Constitución. La característica común de las normas citadas. quien ha de haber ser sido comprendido como tal mediante una acto de imputación en sede de investigación preparatoria o instrucción.ULADECH – PIURA
La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159°. Desde la perspectiva objetiva. la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido. la acusación debe mencionar acabadamente la fundamentación fáctica. así como el ofrecimiento de medios de prueba.
La acusación debe incluir un título de imputación determinado. fiscal o judicial. en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad. En la etapa intermedia en el NCPP se afilia al sistema legal de la obligatoriedad INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado (expresamente. como se sabe. una calificación. desde una perspectiva subjetiva. 1° y 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Los 349° NCPP y 92°. según se trate del NCPP. la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan.1 NCPP). artículo 344°. 12
. del hecho punible objeto de investigación preparatoria o instrucción. indicar con todo rigor el título de condena y concretar una petición determinada. Éste comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible. al grado del delito.
del control del requerimiento fiscal. esto es. verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal. El Juez de la Investigación Preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal.
el órgano jurisdiccional deberá evaluar en cada caso la necesidad especial de aplicar una consecuencia accesoria en los niveles de equidad cualitativa y cuantitativa que correspondan estrictamente a las circunstancias del suceso sub judice y según los criterios de determinación anteriormente detallados. las exigencias generales que derivan del principio de proporcionalidad concreta o de prohibición del exceso.ULADECH – PIURA
El CP incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las denominó consecuencias accesorias. 14
. En tal sentido. Y en el artículo 105º CP se detalla un amplio catálogo de sanciones que se aplicarán a estos entes colectivos. también. Sin embargo. siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o encubrimiento de un delito. Es pertinente destacar que por su naturaleza sancionadora.
Efectivamente. Únicamente los artículos 104º y 105º CP se refieren a consecuencias accesorias que pueden recaer sobre una persona jurídica. Con esta decisión político criminal la legislación nacional procuraba establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde resultase involucrada una persona jurídica. INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.
En el Código Penal las consecuencias accesorias se encuentran ubicadas en el Capítulo II del Título VI del Libro Primero .
En el artículo 105º CP no existen reglas de determinación que orienten la aplicación judicial. así como la justificación interna o externa de las decisiones jurisdiccionales que impongan las distintas consecuencias accesorias que dicha norma contempla. con justificada racionalidad.Parte General. estas dos disposiciones aluden a consecuencias accesorias con distintas funciones y efectos. las consecuencias accesorias imponen que su aplicación judicial observe. en el artículo 104º CP se regula una especie de responsabilidad civil subsidiaria que deberá afrontar la persona jurídica ante las limitaciones económicas de sus funcionarios o dependientes vinculados en la comisión de una infracción penal.
ante la autoridad competente.ULADECH – PIURA
En el artículo 105º CP también se incluyen salvaguardas a favor de los derechos de terceros: trabajadores y acreedores. Cada una de estas normas legisla aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal. los derechos y garantías reconocidos a las personas jurídicas. En el NCPP las normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal se encuentran comprendidas entre los artículos 90º/93º. la intervención del ente colectivo sancionado hasta por dos años.
. así como sobre la actividad procesal que estas pueden desplegar. el Juez está autorizado por dicha norma para disponer. los que pudieran resultar afectados con la imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica. Por consiguiente.
que fija el plazo en el que prescribe la acción penal. Mediante la prescripción de la acción penal se limita la potestad punitiva del Estado. a construir el ámbito abstracto de la pena.fijada por la ley para el delito” -prescripción ordinaria-. 16
. individualización de la pena concreta. sobre el que tendrá esfera de movilidad. primero. cuantitativa y. En base a estos dos criterios el Juez se abocará. tal como explica la doctrina. dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y. Dicha actividad se realiza al final del proceso. identificación de la pena básica. 49° DEL CP.
La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y valorativo que ha de permitir la concreción cualitativa. Finalmente entrará en consideración la verificación de la presencia de las “circunstancias” que concurren en el caso concreto. mientras que el artículo 83º CP reconoce la denominada prescripción extraordinaria de la acción penal. 46°-A Y ART.
El CP reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 8-2009/CJ-116 Asunto: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL ART.
Dicha institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 80º CP.
Para efectos de determinar la prescripción de la acción penal nuestra legislación ha optado por tomar en cuenta la pena abstracta fijada para el delito. con él. el mismo que será igual “…al máximo de la pena -abstracta. Ésta se configura como la respuesta pre constituida a un conjunto de hechos que INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. a examinar la posibilidad de una mayor concreción en la pena abstracta. es decir. ejecutiva de la sanción penal. a veces. la responsabilidad del supuesto autor o autores. y segundo. sobre este fundamento el Juez considera el hecho acusado como típico antijurídico y culpable. una vez que se han actuado y contradicho las pruebas. que se produce cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.
. culpable y punible. en el que se contienen los elementos que fundamentan el merecimiento y necesidad de aquella pena-marco.ULADECH – PIURA
coinciden en construir un determinado tipo de injusto penal. sucede en un estadio posterior y final. por el contrario. Por ello se señala que la determinación judicial de la pena es el acto por el cual el Juez pondera la infracción a la norma y la transforma en una medida de pena determinada (pena concreta). La pena concreta. y su magnitud es siempre expresión de la ponderación del ilícito culpable (cuantificación de la culpabilidad).
norma que prescribe: “El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad. la privación de libertad del individuo sobre el que recae la acción típica. a quien se la oculta. esto es. a quien no se le encuentra en los lugares donde normal o razonablemente debía estar. como presupuesto o como acción preparatoria incorporada al tipo legal.ULADECH – PIURA
El delito de desaparición forzada es considerado como un crimen internacional por el Derecho Internacional Penal Convencional. actualmente. que ha de tener. está regulado en nuestro derecho interno por el artículo 320° del Código Penal. Su punto de inicio no es la privación de libertad sino el momento en que empieza a incumplirse INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. precisamente. y b) la no información sobre la suerte o el paradero de la persona a quien se le ha privado de su libertad. se consolida cuando se cumple este elemento. Lo expuesto en el párrafo anterior tiene relevancia en la medida en que el citado artículo 320º del Código Penal no se ha adecuado estrictamente a la prescripción normativa de la desaparición forzada tal como está expresada en las normas internacionales del cual forma parte. Son dos las conductas sucesivas que han de tener lugar para la tipificación de este ilícito: a) la privación de libertad de una persona. es un delito complejo que puede ser cometido de diversas maneras.
Como el delito de desaparición forzada es de ejecución permanente presenta singularidades en relación a la aplicación de la ley penal en el tiempo. Además. en cuanto a su conducta típica. 18
. y cuyo origen puede ser ab initio legal o ilegal. La desaparición debidamente comprobada: no dar información de una persona. ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación conforme al artículo 36º inciso 1 y 2”. no brindar la información legalmente impuesta sobre el paradero o situación jurídica del afectado.
El tipo legal de desaparición forzada.
Así lo manda la Constitución y el Código Penal –artículos 103° y 6°. Cabe puntualizar que la desaparición forzada de personas sólo puede ser atribuida por hechos.2. 15°. legislación que se encuentra acorde con los artículos II de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. que consisten en la negativa de proporcionar información sobre la suerte de una persona a quien se privó de su libertad. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de Código Penal de 1991 que consagró tal conducta como delito y señaló la pena correspondiente.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. respectivamente-. 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Parte Tercera del Estatuto de Roma.ULADECH – PIURA
el mandato de información. siempre bajo la perspectiva de su ejecución permanente.
y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme”.
Entonces. […]. definió sus referentes legislativos. Esta pena se caracteriza por privar al condenado de algunos derechos. En él se estipuló lo siguiente: “La ejecución de la pena de inhabilitación. personales. con igual finalidad aclaratoria. ese mismo órgano judicial debe remitir la causa al Juez Penal competente para dar inicio al proceso de ejecución…”. En tal sentido. que cualquiera sea su condición y operatividad. desde la perspectiva legal y judicial. […] A continuación. del 18 de julio de 2008. en caso de ser impuesta como pena conjunta. como paso previo. el tema objeto de análisis y aclaración. que al adquirir firmeza la sentencia condenatoria el órgano jurisdiccional de instancia que la dictó cumpla con lo dispuesto en el artículo 332° del Código de Procedimientos Penales. Su aplicación se rige por un criterio de especialidad que implica. También demanda. o por incapacitarlo para el ejercicio de diversas funciones o actividades. corre paralelamente a las otras penas principales. 20
. fijó los alcances jurídicos de la pena de inhabilitación.ULADECH – PIURA
El Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116. públicas inclusive. así como las exigencias procesales para su imposición y los mecanismos de su debida ejecución. está vinculado con el párrafo 15° del Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116. profesionales o políticos. por promover cierto nivel de controversia hermenáutica. dicha sanción estará siempre en función a la naturaleza del delito de que se trate y al principio de proporcionalidad. un reexamen el párrafo 9° del citado Acuerdo Plenario en cuanto acotó que ”El término de la inhabilitación. requiere. pena principal o accesoria. que los alcances de la pena de inhabilitación respecto del Acuerdo INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.
Concretamente. su contenido. duración y cómputo. del 18 de julio del año próximo pasado.
del 18 de julio de 2008.ULADECH – PIURA
Plenario número 2-2008/CJ-116. en especial los fundamentos jurídicos 9° y 11°.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. funcionan plenamente en aquellos Distritos Judiciales en los que se dictó la referida pena con arreglo al NCPP. el plazo de ejecución se inicia desde esa fecha. Por ende.
. Esta pena se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la impuso adquirió firmeza. no antes.
se ha indicado que los citados acuerdos plenarios desarrollarían una “interpretación generalizadora más consolidada de una determinada institución jurídico penal o de un específico artículo del Código Penal o de la Ley Procesal Penal”5. Además. siguiendo el criterio apuntado. En este sentido. según indica algún autor. la otra tendiente a establecer a nivel general cual es el significado más justo atribuible a la norma —que es el objetivo preciso de una sentencia emanada de un Acuerdo Plenario”. resulta obvio que se elegirá aquella que ofrezca una interpretación más consolidada. a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. pues resultaría adecuado que se busque la concordancia de aquello que resulta ser un componente decisivo para la solución de casos legales: los antecedentes de los tribunales. puede intuirse la relevancia que alcanzará aquel significado que los tribunales atribuyan a una norma.ULADECH – PIURA
Sobre la base de lo apuntado. en tanto los jueces al resolver casos deben emplear criterios homogéneos en aras de mantener una clara línea jurisprudencial y así evitar proceder de manera arbitraria. Sin embargo. Dicha disposición indica lo siguiente: “Los integrantes de las Salas Especializadas. pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales. de acuerdo a una corriente de opinión. en realidad dicha actividad sería muy INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad.”. es generadora de “significados más justos”. pues el mismo delimitará el modo en que resolverán controversias. Asimismo. 22
. Lo que explicaría el interés por realizar tal actividad que . se han reconocido dos direcciones en la interpretación judicial de la ley (atribución de significado): “una tendiente a individualizar la solución más justa en relación a la peculiaridad del caso concreto —propia de las ejecutorias tradicionales—. 116° de la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ) regula la realización de los acuerdos plenarios por parte de sus salas especializadas. el art. Así.
cabe destacar que la redacción de algunos de los delitos contra la libertad sexual han sido objeto de severas críticas. de algún modo. no ejercen función jurisdiccional. es difícil negar que su influencia.
. llevaremos a cabo un conciso análisis del Acuerdo Plenario n°1-2011/CJ-116 con la finalidad de presentar nuestras observaciones sobre aquello que podría considerarse a nivel general como “el significado más justo atribuible a la norma” pues. se afirma que los acuerdos plenarios no debería tener el mismo efecto “vinculante” que el de las sentencias. Teniendo en cuenta lo señalado. determinará qué doctrinas legales serán tenidas en cuenta al momento en que los encargados de resolver un conflicto tomen una decisión en particular. Por otro lado. pues el legislador ha buscado —desde antaño— la tutela de una difusa “moralidad”. la misma que se vio reforzada por el hecho de que las costumbres y las convenciones sociales tuvieron por mucho tiempo un importante poder regulador de las conductas humanas en sociedad. pues solo se trata “de reuniones de magistrados que no tienen el valor de jurisprudencia en la que se discuten cuestiones penales y procesales dudosas o sobre las que existen discrepancias y que es solo de utilidad en cuanto a consumo interno”.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. según la doctrina ibérica.ULADECH – PIURA
semejante a los denominados “acuerdos del pleno no jurisdiccionales” previstos en la legislación española y que. si bien es cierto.
en ese sentido. se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible”. pues con ello se va conseguir una justicia justa y un equilibrio punitivo en función a la real magnitud de la participación del agente. en el caso de los extraneus. el marco concretado para el autor de un delito de infracción de deber. Es ese contexto. no puede sostener una mayor extensión de los mismos para el extraneus”. los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Esta posición.ULADECH – PIURA
En el Acuerdo se menciona que la dúplica del plazo de prescripción previsto en el art. y es coherente con el art. 24
. lo extraemos de la pena conminada a los autores en los tipos de la parte especial: “En suma. guarda absoluta coherencia con la regulación prescrita en el artículo 88º CP que estatuye “La prescripción corre. 80 CP no es extensible a los extraneus ya que no ostentan ningún deber especial: Así. asimismo. Esta distinción entre intervenciones principales y accesorias tiene el efecto de la escisión del término de la prescripción. los extraneus “no infringen el deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público y. no son merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de la prescripción. en términos de prescripción. También lo explican a partir de los principios de proporcionalidad y de razonabilidad.
Los plazos de prescripción. 88 CP: “Desde esta perspectiva y al amparo de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. es necesario que exista una diferenciación entre el intranei y extraneus derivada de la diferente condición y ausencia del deber jurídico especial.
pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que sólo corresponde al autor”. pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores.
. pues se haría responder más gravemente a una persona por una condición que no ostenta. tal cualidad (funcionarios públicos) no puede comunicarse al resto de los partícipes. Titulo XVIII.ULADECH – PIURA
En buena cuenta. Interpretar lo contrario atentaría al principio de culpabilidad.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. del Libro Segundo del CP-.
sujeto activo genérico (delito común). Estos problemas son los que ha motivado la discusión y aprobación del Acuerdo Plenario Nº 3-2011/CJ-116 en el VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria.
Estos supuestos se pueden advertir en las fórmulas legales de los delitos de favorecimiento a la prostitución y trata de personas. c. Sin embargo. la vigencia de los preceptos de ambos delitos. Se entiende que este traslado de posición de labor preventiva general obedece a las recomendaciones y alcances del Protocolo Adicional para Prevenir. promover o favorecer la prostitución (conductas típicas). para que ejerza la prostitución. el delito de trata era considerada como otra forma delictiva de atentado contra la libertad sexual. especialmente de mujeres y niños de las Naciones Unidas. situación de vulnerabilidad o concesión de pagos o beneficios. conforme al artículo 182 del Código Penal.
Específicamente. Se mantiene la estructura del tipo objetivo: a. conforme al Código Penal de 1991. mediante engaños. cualquier persona natural (sujeto pasivo genérico).
Cabe señalar. Reprimir y sancionar la Trata de Personas. ha sido solo modificado por la Ley Nº 28251 del 8/junio/2004.ULADECH – PIURA
El delito de favorecimiento a la prostitución (artículo 179). Las variaciones legislativas han consistido en el incremento de la pena conminada y la inclusión de nuevas formas agravadas. el problema se advierte en determinar qué tipo penal es de aplicación en casos concretos de promoción o favorecimiento de la retención de personas. que se ve reflejada al momento de definir la pena a aplicar a casos concretos. 26
. han generado problemas aplicativos de su tipicidad. b. Adviértase que si el Juzgador asume la tipicidad del delito de favorecimiento a la INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. que antes de la vigencia de la mencionada ley.
diferenciación. atendiendo la función del sujeto activo: el tratante (sujeto activo del delito de trata de personas) actúa como proveedor. como impulsor o facilitado
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Ante estos problemas aplicativos.ULADECH – PIURA
prostitución. por el contrario. no se advierte conceptos diferenciadores de ambos delitos. mientras que el promotor. en el que el uso sexual o la prostitución es el fin y no el resultado. la pena a imponerse es entre 4 a 6 años. Como se observa. mientras que si aceptar la tipicidad del delito de trata de personas.
. se pretende ensayar un argumento diferenciador. ya que el delito de trata de personas también es un delito de móvil lucrativo. el Acuerdo Plenario Nº 3-2011/CJ-116 no establece claramente los límites de tipicidad de ambos delitos. en los párrafos 15 y 16 del acuerdo plenario. genera una confusión aplicativa. precisando que en el delito de trata de personas es un delito de tendencia interna trascendente. la pena a aplicarse es entre 8 a 15 años. Así. mientras que el delito de promoción a la prostitución es un delito de corrupción sexual de móvil lucrativo.
violenta seriamente el principio de proporcionalidad. la toma en consideración de las circunstancias modificativas “exige.ULADECH – PIURA
El argumento sostenido en el noveno fundamento jurídico el criterio cuantitativo solo es previsto. respectivamente. Y. desde luego. son elementos accidentales en el sentido de que de ellas no depende el ser del delito. Esto. pues todos los autores reconocen en él la presencia de circunstancias agravantes del tipo básico de hurto. la previa comprobación de la existencia del delito con todos sus elementos”. consideramos que no se puede recurrir a la forma agravada de un tipo penal en tanto no se verifique la concurrencia de todos los elementos del tipo básico y. 28
. lo que parece más importante. sino solo su gravedad. Quizás sea bueno precisar esto aún más. sería inobjetable siempre que lo previsto en el artículo 186 CP constituyese un tipo autónomo.
Las agravantes. una figura penal donde la configuración típica no dependiera en absoluto de un tipo básico. la circunstancia agravante. además de irrazonable. esto es. mas no para el hurto en su forma agravada]. según se estimen aplicables a distintas figuras penales o para algún delito en específico. ponemos en tela de juicio lo sostenido en el undécimo fundamento cuando alude a la pluriofensividad o mayor lesividad de las circunstancias agravantes recogidas INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Las agravantes pueden ser genéricas o específicas. como circunstancias modificativas del delito.
En este orden de ideas. De no ser así. por ejemplo. de una cajetilla de cigarrillos perpetrada con destreza. obviamente. tendríamos que sancionar con la pena del hurto bajo su forma agravada la sustracción y apoderamiento. de noche o por dos o más personas. Cosa que no parece suceder en el artículo 186 CP. Por esta misma razón. para el caso del hurto simple (artículo 185 CP). por el artículo 444 CP.
ineficacia del sistema. ese escándalo que se produce en algunos que consideran que un injusto no puede quedar sin sanción penal. Lo mismo podríamos decir a propósito de las salidas alternativas de potestad fiscal en el Código Procesal Penal de 2004. habría que recordar los perjuicios que se ocasionan con un populismo punitivo. con un entendimiento maximalista del Derecho Penal: sobrecarga judicial. eventualmente.ULADECH – PIURA
en el artículo 186 CP. pues los ejemplos acabados de mencionar parecen suficientemente indicativos de que ello no siempre es así. sobrepoblación penitenciaria.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. y frente a ese horror vacui. es de anotar que algunos de los ejemplos reseñados en el décimo fundamento del Acuerdo podrían. ser reconducidos a otras figuras penales: violación de domicilio (artículo 159 CP) y pertenencia a organización criminal (artículo 317 CP). etc. Con todo.
La propia existencia de medidas alternativas a la pena da buena cuenta de la inconveniencia de perseguir y sancionar todo hecho punible. cifra negra.
OPORTUNIDAD Y FORMA La doctrina es unánime al considerar que la “responsabilidad civil” establecida en un proceso penal y por un juez penal es de naturaleza civil. sin embargo no se pronuncia sobre la naturaleza de la “acción civil” que se ejercita en el proceso penal. ello. debido a que existe una íntima relación de dependencia entre la “acción civil” y la “responsabilidad civil”. Esta íntima relación nos permite extender. podemos establecer como argumentos que fundan la naturaleza civil de la acción civil los siguientes:
a. mientras que los fines de la acción penal son preventivos3. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal busca tutelar bienes o intereses particulares. en cambio. b. los argumentos que sustentan la naturaleza civil de la “responsabilidad civil” a la “acción civil” que se promueve en el proceso penal. Los fines que se persiguen con la promoción de la acción civil son compensatorios o reparatorios.
Estos argumentos dejan en claro que la determinación de la naturaleza de la INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. sino de su origen y de los fines que persigue”.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116 Asunto: LA CONSTITUCIÓN DEL ACTOR CIVIL: REQUISITOS.
De esta forma. En efecto. tutela bienes o intereses sociales. pues.
Sabemos que el pronunciamiento del juez sobre la existencia o no de la responsabilidad civil es exigible cuando previamente se ha ejercitado la acción civil. La regulación de la acción civil en el proceso penal en el Código penal y en el Código procesal penal no determina la naturaleza de la acción civil. la acción penal. 30
. c. “la naturaleza de las instituciones jurídicas no dependen del cuerpo legal al que pertenecen.
por un lado. Siendo ello así.ULADECH – PIURA
acción civil no tiene como fundamento la presunta comisión de un delito o el tipo de proceso en el que es promovido que.
. el ejercicio de ambas acciones en el proceso penal permite. es el penal5. la naturaleza “civil” de las instituciones es determinada en fu nción a los bienes particulares que se protegen y los fines compensatorios que se persiguen. para el caso bajo análisis. y del objeto procesal civil. y. por el otro. no hay duda que la acción civil promovida en el proceso penal es de naturaleza civil en tanto que no deja de tutelar intereses privados ni deja de perseguir fines reparatorios. el penal. Por el contrario. el hecho de que un Juez penal resuelva cuestiones civiles tampoco determina su naturaleza. en segundo lugar. la formación del objeto procesal penal. en primer lugar. Ahora bien. la acumulación de ambos en un único proceso.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. De igual modo.
esta labor de abstracción pasa por precisar qué modelo procesal o qué fusión de modelos acoge el Código de 2004. En el mismo fundamento. la motivación escrita de las resoluciones.
Al respecto. pues nuestra INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. se indica que la Ley de Leyes no se refiere.
Precisamente. Al respecto. y citando a Montero Aroca. qué debe comprender una resolución debidamente motivada y el porqué de la exigencia de la motivación escrita. como se evidencia en el mismo texto del Acuerdo Plenario. parte de un enfoque esencialmente exegético. consideramos que el gran punto de partida es la definición del modelo procesal del Código de 2004. obviándose la explicación lógica del fundamento de las normas contenidas en el Código. expresamente. quizás sea por eso que en el sexto fundamento del acuerdo plenario. a la oralidad como principio procesal de relevancia constitucional –supuesto que es de aplicación al sistema peruano. y no como un principio con valor en sí mismo. la motivación de las resoluciones y. advertimos que el análisis realizado en torno a qué entender por oralidad y cuáles son sus alcances.ULADECH – PIURA
Mediante el acuerdo plenario 6 -2011. se desarrolle la afirmación que luego sirve de base para el resto del desarrollo de la temática sobre la oralidad: la vulneración de la oralidad no constituye un vicio de inconstitucionalidad. se procura reforzar el concepto de oralidad como principio que funge de medio para que otros principios vinculados al procedimiento puedan ser efectivamente aplicados. la Corte Suprema estableció como doctrina legal criterios vinculados a la oralidad. 32
. Esta labor resulta ser cardinal tanto más si. específicamente. tanto en relación a la Constitución como al Código procesal penal. pero el primero de los fundamentos jurídicos.
Al aproximarnos al acuerdo plenario.
es posible derivarla. donde se señala que el enjuiciamiento ha de ser oral y contradictorio.
. De hecho. siendo en buena cuenta la oralidad y la publicidad los principios rectores en este ámbito (…). b) el registro de audiencias. el Acuerdo Plenario sigue con una suerte de lim itación del principio de oralidad y. este argumento sirve de bisagra en el tránsito hacia el desarrollo de la motivación de las resoluciones. en el caso del proceso penal concluye esta primera parte del análisis con lo prescrito en el Título Preliminar del Código de 2004. c) la diferencia de los supuestos en los que se dictan las resoluciones orales y las escritas. para ello. de los principios procedimentales de publicidad. inmediación y concentración. especialmente de las resoluciones escritas.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. se niega de modo tácito que el Código de 2004 apueste por un proceso íntegramente oral. Así.ULADECH – PIURA
Constitución tampoco contiene tal reconocimiento-. a partir del reconocimiento de la oralidad como característica principal del enjuiciamiento. Sin embargo. para determinados momentos y actos procesales. y.
Cuando se aborda el tema de la motivación de las resoluciones se está aludiendo tangencialmente a tres aspectos: a) la audiencia.
. De esta forma. señala que los actos de conversión. transferencia.ULADECH – PIURA
El Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116. el AP 7-2011 concluye que dadas las posibilidades alternativas de realización de delitos de lavado de modo posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente del capital ilegal. b) se disfruten las ganancias del lavado. aborda tres aspectos concretos: i) el delito fuente en el lavado de activos.
En efecto. por ende la afectación al bien jurídico es continua. y iii) las medidas de coerción de carácter real en el blanqueo de capitales. el AP 7-2010 INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Luego. es decir que el autor ya no puede prolongar la acción delictiva y afectación al bien jurídico tutelado. ocultamiento y tenencia tienen autonomía típica y momentos consumativos diferentes. Y los analiza teniendo como hilo conductor las consecuencias de estos aspectos en la actividad cautelar real. ii) el agotamiento de este ilícito. Siendo un criterio diferenciador que las primeras etapas de conversión y transferencia son de consumación instantánea.
Respecto al segundo tema del agotamiento en el delito de lavado de activos. deviene en la comisión de un supuesto de lavado de activos cuando : a) se produce una transformación de las ganancias ilegales provenientes del crimen organizado. o se procede simplemente al traslado encubierto. el AP 7-2011 establece que todo agotamiento del delito fuente. o contrata a un tercero para las operaciones de lavado. o sólo se salvaguarden. no cabe excluir a priori una investigación por lavado de activos ni tampoco evitar o desestimar las medidas de coerción de carácter real que pudieran corresponder. mientras que en las etapas de ocultamiento y tenencia se presenta una consumación permanente. y c) si interviene en ello el sujeto activo del delito fuente. ya que queda en potestad del autor el decidir cuándo finalizar su injusto. y siempre en relación al delito fuente. el AP 7-2011 sobre el delito fuente en el lavado de activos.
el AP 7-2011 se aleja completamente de la problemática planteada. en torno a los procedimientos de investigación e imposición de medidas coercitivas de carácter real.
Finalmente. y no propone reglas operativas “vinculantes” y homogéneas para los órganos de colaboración. sobre las medidas de coerción de carácter real en el blanqueo de capitales. sea por el mismo agente o por terceros.ULADECH – PIURA
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. persecución y decisión.
se establece que los beneficios penitenciarios no son derechos del condenado. sino que “constituyen incentivos que desde el Estado se conceden a los internos para facilitar su readaptación social”.° 08-2011 hace un esfuerzo por presentar algunas directrices sobre los beneficios penitenciarios.
Si bien. en un inicio. sobre la redención de la pena y respecto a la aplicación temporal de la norma penitenciaria que regula los beneficios penitenciarios. este órgano constitucional ha cambiado de doctrina jurisprudencial. la Corte Suprema reafirma lo sostenido en su Resolución Administrativa n. fijando doctrina legal sobre aspectos relacionados a su naturaleza jurídica.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116 Asunto: BENEFICIOS PENITENCIARIOS. en cuyos considerandos. es ambiguo respecto a la naturaleza de los beneficios penitenciarios.° 297-2011-PP-PJ. a la forma de otorgamiento.° 297-2011-P-PJ. sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal. TERRORISMO Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
El Acuerdo Plenario n. regladas jurídicamente y entendidas como garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal”. 36
. “importan el ejercicio de potestades discrecionales. esta postura fue compartida por el Tribunal Constitucional. estableciendo que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. con el fin de concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno.
En principio. pues si bien se ratifica en el contenido de la Resolución Administrativa n.
El Acuerdo Plenario bajo análisis. al señalar que para el otorgamiento de beneficios penitenciarios será necesario no solo el cumplimiento de requisitos objetivos sino también que se exigirá el cumplimiento de otros requisitos INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. del 12 de agosto de 2011. en jurisprudencia reiterada. primero y segundo.
deberá realizar una prognosis favorable acerca de su resocialización.
subjetivos. en especial. en el Expediente n. quien goza de un poder discrecional para modularlos en el caso concreto. inciso 22 de la Constitución)”. 139.
. a fin de verificar. concluye que “ solo desde esta perspectiva –de ahí su naturaleza mixta. como la prognosis favorable de reinserción social.° 00012-2010-AI13:“los beneficios penitenciarios son las medidas que el legislador o la autoridad administrativa adopta con el objeto de alcanzar el fin constitucionalmente protegido de la rehabilitación de penado (art. que este no cometerá nuevo delito. sino que además.
Los beneficios penitenciarios no son de obligatorio cumplimiento.puede inferirse que los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos condicionados del penado. en el que el rol del Juez es central. en otras palabras. deberá analizar la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento penitenciario. conforme lo ha establecido recientemente el Tribunal Constitucional. pues el Juez para otorgarlos no solo debe verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos. el entendimiento y aplicación de los requisitos subjetivos”.
AL ARTICULO 170° DEL CODIGO PENAL. Asimismo se establece que los delitos contra la libertad sexual. aunque existe tolerancia de la víctima. lo que se protege son las condiciones físicas y psíquicas para el ejercicio sexual en libertad. como bien lo ha señalado el Acuerdo Plenario N° 04INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. El Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116. cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica. lo protegido no es la inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la intangibilidad sexual o indemnidad sexual. señala que el bien tutelado en los atentados con personas con capacidad de consentir jurídicamente es la libertad sexual. 38
Los accesos carnales no consentido en agravio de menores entre 14 y 18 años. como la prevista con la dación de la Ley N° 28251. en su fundamento 16. Ahora se señala que si el artículo 173 inciso 3 no se aplica para relaciones sexuales consentidas de los mayores de 14 y menores de 18 años. se extrajo la descripción fáctica contenida en el inciso 4 del segundo párrafo del artículo 170 Ley 28251/2004) y que fue traslada automáticamente al inciso 3 del artículo 173. o por su minoría de edad. se sostiene que es urgente y necesario que se regule una modalidad agravada del artículo 170 del Código Penal. Además que las conductas criminales previstas en los artículos 170 y 173 del CP. Se sanciona la actividad sexual en sí misma. Además el fundamento 15. han sido objeto de modificaciones. establece que los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente. grave alteración de la conciencia o retardo mental.
La controversia se da respecto al delito de violación sexual a menor de edad cuya edad es mayor a 14 años de edad y menor de 18 años. se protege la indemnidad sexual y la libertad sexual.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 1-2012/CJ-116 Asunto: RECONDUCCION DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL NO CONSENTIDO POR ADOLESCENTES MAYORES DE 14 Y MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD. en el caso del artículo 173. ya que la norma actual lo estipula en el artículo 170 del Código Penal y no en el artículo 173° del Código Penal para casos de violación sexual a menor de edad.
A nivel judicial mientras no rectifique el Parlamento Nacional lo que se halla desarreglado. castigando como violación agravada de la libertad sexual. se concluye que la ley valida a ser judicialmente aplicada en casos de abuso sexual de mayores de 14 y menores de 18 años de edad. agregando dicho supuesto de hecho en el texto actual del indicado artículo. la conducta violenta contra personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad. es el artículo 170 del CP.
. como el inciso 6 del segundo párrafo o creando un tercer párrafo con el contenido precitado.
2008/CJ-116. Por lo tanto la conducta de acontecimiento sexual abusivo o violento en agravio de personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad se ubica dentro del marco del artículo 170 del CP.
Lo que se recomienda es que el legislador reponga el sentido del inciso 4 del segundo párrafo (anterior versión) del artículo 170 CP.
Que los hechos deben ser compatibles con el grado de sospecha inicial simple. Así el parágrafo 14° del Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116. la delictuosidad del hecho atribuido.
Respecto a la Acción de Tutela se encuentra normada en el artículo 71 del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP) y que han sido abordados en el Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116. Asimismo dicho artículo estipula algunos derechos fundamentales que protege como son el conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado.
Nuestro sistema procesal penal establece que no corresponde al órgano jurisdiccional un amplio control de los presupuestos jurídico-materiales en sede de investigación penal preparatoria. limita el ejercicio de la acción de tutela (califica de residual) a los derechos que están enumerado en el artículo 71 del NCPP. incluye también los derechos “sustanciales”.
Asimismo el artículo IX del Título Preliminar. ya que esto lo ejerce el Ministerio Publico. Que el imputado primero debe acudir al propio Fiscal para solicitarle las subsanaciones INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. es decir que exista un hecho de apariencia delictiva perseguible y que se le pueda atribuir a una o más personas con un nivel de individualización razonable y riguroso. y fundada en puntos de partida objeticos.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 2-2012/CJ-116 Asunto: AUDIENCIA DE TUTELA E IMPUTACION SUFICIENTE. para que se pueda abrir una persecución penal y deben ser alejada de meras presunciones. 40
. No se puede cuestionar en vía de tutela los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la DFCIP. y que el parágrafo 18° establece la irrecurribilidad de la DFCIP. que son presupuestos básicos de su debido ejercicio. que solo están reservados para el órgano jurisdiccional intervenir solo para enmendar presuntos desafueros del fiscal o propósito de la expedición de la Disposición y Formalización de Continuación de la Investigación Preparatoria (en adelante DFCIP) Verbigracia.
menos. En caso que el fiscal desestime la solicitud o ante la falta de respuesta.
. Que en estos casos la función del Juez de la Investigación Preparatoria es disponer las subsanaciones de la imputación plasmada en el DFCIP. de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación.ULADECH – PIURA
correspondientes en orden a la precisión de los hechos atribuidos. tiene la posibilidad de acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal. Hay que precisar que el acuerdo plenario señala que bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y.
ACUERDO PLENARIO N° 3-2012/CJ-116.
Hay que precisar que el artículo 339 inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004 no ha derogado no modificado las reglas contenidas en el artículo 83 y 84 de Código Penal.
En el derecho comparado. respecto a la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal. Se entiende que la incoación de un proceso contra el auto de un hecho punible es causal de suspensión de la prescripción de la acción penal y no de interrupción. 42
. y que se suspende desde que el procedimiento de dirige contra él. Asunto: SOBRE LA NECESIDAD DE REEVALUAR LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION DISPUESTA EN EL ARTICULO 339. en el artículo 233° literal a) señala que la formalización de la investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal conforme al artículo 96 del Código Penal.
Respeto al plazo razonable de la suspensión de la prescripción en el artículo 339° INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. puesto que ambas disposiciones son independientes aunque aluden a la suspensión de la prescripción de la acción penal. perdiendo el tiempo transcurrido. al analizar el artículo 339 inciso 1. siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito.°1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL 2004. Un sector minoritario ha establecido que la suspensión debe ser entendida como interrupción y que dicho artículo ha derogado los artículos 83° y 84° del Código Penal. ha señalado en su fundamento 27 que lo que el legislador ha regulado es la institución de la suspensión y no el supuesto de interrupción de la prescripción. En dicho código penal se establece que la prescripción se interrumpe. Por lo que la interpretación hecha por dicho plenario es correcta.
Hay que precisar que el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116. respecto a la suspensión de la prescripción de la acción penal cuando el fiscal ha formalizado investigación. caso Chile.
inciso 1. el plenario establece que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo.
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