Source: http://reiniciar.org/node/37
Timestamp: 2018-04-20 03:05:31+00:00

Document:
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Jahel Quiroga Carrillo, directora de la Corporación Reiniciar, Tomado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. | Reiniciar
PETICIÓN 311-08
El 14 de marzo de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una petición presentada por la Corporación REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”) por las agresiones, hostigamientos y amenazas contra la defensora de derechos humanos Jahel Quiroga Carrillo (en adelante “la presunta víctima”) así como por las actividades de inteligencia realizadas en su contra, las cuales habrían sido presuntamente perpetradas por el organismo de inteligencia del Estado y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos. Asimismo, alegan la existencia de informes de inteligencia de organismos de seguridad del Estado donde se relaciona a la presunta víctima con grupos armados ilegales.
Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y de la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y la protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8, 11, 13, 16, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en conexión con los artículos 1(1) de dicho Tratado. Por su parte, el Estado alega que los reclamos de los peticionarios son inadmisibles en vista de que los hechos materia del reclamo no caracterizan violaciones de los artículos 13, 16 y 24 de la Convención Americana, y la falta de agotamiento de los recursos internos.
Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar el reclamo admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los artículos 5, 8(1), 11, 13, 16 y 25 en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1(1) de la Convención Americana y, en aplicación del principio iura novit curia, en conexión con el artículo 2 de la Convención Americana y decidió declarar inadmisible el artículo 24 en conexión con el artículo 1(1) de la Convención Americana, notificar a las partes y ordenar su publicación en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
El 14 de mayo de 2008 se recibió en la CIDH una petición que se registró bajo el número P311-08 y tras efectuar un análisis preliminar, el 5 de junio de 2009 la CIDH procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información de conformidad con el artículo 30(3) del Reglamento. El 3 de agosto de 2009 el Estado solicitó una prórroga de 30 días para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH. El 14 de septiembre de 2009 se recibió en la CIDH el escrito de observaciones del Estado y el 2 de octubre de 2010 se recibió en la CIDH los anexos al escrito faltantes, los cuales fueron transmitidos a los peticionarios para sus observaciones. El 30 de octubre de 2009 los peticionarios solicitaron una prórroga para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH. El 14 de diciembre de 2009 los peticionarios solicitaron una prórroga adicional para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH.
El 3 de febrero de 2010 se recibió en la CIDH el escrito de observaciones de los peticionarios, el cual fue transmitido al Estado para sus observaciones. El 17 de marzo de 2010 el Estado solicitó una prórroga de 30 días para presentar sus observaciones, la cual fue otorgada por la CIDH. El 16 de abril de 2010 el Estado solicitó una nueva prórroga de 30 días para presentar sus observaciones, la cual fue otorgada por la CIDH. El 18 de mayo de 2010 el Estado presentó sus observaciones finales, las cuales fueron transmitidas a los peticionarios para su conocimiento.
Corresponde también señalar que el 7 de marzo de 2002 se recibió en la Comisión una solicitud de medidas cautelares a favor de diez miembros de la Corporación REINICIAR entre ellos su directora Jahel Quiroga, las cuales fueron otorgadas el 15 de marzo de 2002
. La medida cautelar se encuentra vigente a la fecha de aprobación del presente informe. La Comisión considera que resulta pertinente que los documentos que reposan en la MC 3-02 sean incluidos en la consideración integral de la situación materia de la petición
Los peticionarios alegan que hechos materia del reclamo se enmarcan en una situación de especial riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos. Indican que la situación en Colombia se caracteriza por la existencia de violaciones sistemáticas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Señalan que con una alarmante frecuencia, los integrantes de las fuerzas militares y grupos paramilitares les atribuyen erróneamente actividades ilegales, por lo que son puestos como blancos de ataques militares, o paramilitares o de montajes judiciales con el apoyo de los organismos y cuerpos de seguridad del Estado. Indican también que las restricciones para acceder a la información en poder del Estado son continuas y las acciones de hábeas data no son idóneas para obtener esas informaciones y proteger los derechos que su existencia y difusión afectan. Finalmente, señalan que dicho contexto, se encuentra marcado por la impunidad.
Los peticionarios señalan como antecedente que Jahel Quiroga Carrillo es una reconocida defensora de derechos humanos, fundadora de la organización no gubernamental Corporación REINICIAR en 1993 tras su desplazamiento de Barrancabermeja por su trabajo en la organización no gubernamental Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). Sostienen que como directora de la Corporación REINICIAR la presunta víctima ha efectuado denuncias sobre la grave situación de derechos humanos por la que atraviesa el país y que su labor se habría visto obstaculizada por las actividades de inteligencia de las que ha sido objeto en forma de seguimientos, hostigamientos, amenazas y apertura de investigaciones en su contra.
En cuanto a las amenazas, los peticionarios indican que, en su mayoría, aquellas provendrían de grupos paramilitares, quienes también habrían señalado las supuestas relaciones entre la presunta víctima con las FARC. Alegan que dicho señalamiento se ha reproducido en declaraciones de funcionarios públicos, con lo cual se ha estigmatizado públicamente la labor de defensa de derechos humanos realizada por Jahel Quiroga, se ha buscado desacreditarla y obstaculizar su labor y la de la Corporación REINICIAR. Señalan también que los hostigamientos se han visto reflejados en acciones ilegales de interferencia a las comunicaciones telefónicas e iniciación de acciones judiciales en contra de Jahel Quiroga.
10. Los peticionarios alegan que los hechos revelan un patrón de persecución y hostigamientos desde 1993 en contra de la presunta víctima. Indican que en ese año se habría comenzado a recibir una serie de llamadas amenazantes en la sede de REINICIAR y que a consecuencia de dichos hostigamientos, la presunta víctima y Rafael Gómez, miembro de la Junta Directiva y cofundador de REINICIAR, decidieron salir temporalmente del país como medida de protección. Alegan que en noviembre de 2001 llegó a las oficinas de la Corporación REINICIAR una tarjeta de condolencias donde se amenazaba a varios de los miembros de dicha organización, entre ellos a la presunta víctima, señalándolos de estar relacionados con las FARC. Adjunto a la tarjeta venía un comunicado, que habría sido divulgado días antes por quienes se denominan GLU-AUC (Grupo de Limpieza Urbano de las Autodefensas Unidas de Colombia), en el que se amenazaba de muerte a los defensores de derechos humanos. Asimismo, indican que la presunta víctima habría sido objeto de seguimiento mientras se desplazaba en su vehículo por la ciudad y que además habría recibido amenazas por correo electrónico.
Los peticionarios indican que en ese contexto el 15 de marzo de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la presunta víctima y otros integrantes de la Corporación REINICIAR. Los peticionarios señalan que el Ministerio del Interior y de Justicia, a través del Programa de Protección, y en consideración a la situación de riesgo de Jahel Quiroga, aprobó en el año 2002 un esquema de protección consistente en un vehículo blindado y tres escoltas, uno de ellos como conductor del vehículo. Asimismo, se aprobaron medidas de seguridad para la residencia de Jahel Quiroga como el blindaje de la puerta de acceso y cámaras de seguridad para controlar y registrar la presencia de personas en el edificio. No obstante, sostienen que a pesar que esta última medida se aprobó desde el año 2003, habría sido instalada en el año 2006. Alegan que las medidas cautelares han sido objeto de informes de seguimiento, tal como lo dispuso la Comisión, y de los cuales se concluye que el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación de protección y se ha mostrado ineficaz para remediar las fuentes de riesgo que incluso han provenido de sus propios agentes.
Los peticionarios indican que el 12 de abril de 2006 el escolta de la presunta víctima adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el marco del Programa Especial de Protección Integral a miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, Higinio Baquero Mahecha (26), fue asesinado por dos hombres armados en el centro de la ciudad de Bogotá. Alegan también que en 2007 la presunta víctima recibió información según la cual el grupo paramilitar Bloque Capital, que opera en Bogotá, estaría desarrollando un plan para asesinarla. Alegan que Jahel Quiroga puso estos hechos en conocimiento de las autoridades nacionales y la CIDH.
Los peticionarios alegan que a la presunta víctima se le habrían iniciado procesos penales infundados. Concretamente, señalan que el 7 de abril de 2000, Jahel Quiroga presentó un derecho de petición a la Directora Seccional de Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación a fin de que se le informara sobre la existencia de investigaciones penales en su contra y en caso afirmativo, le proporcionara el número del proceso, la fiscalía a cargo y que fuera escuchada en versión libre.
El 11 de mayo de 2000, la Directora Seccional de Fiscalías informó que se encontró el registro radicado No. 392173 de diciembre 24 de 1998 en contra de Jahel Quiroga, por el delito de constreñimiento ilegal, denunciante María Ildaris Rendón Toro, asignado a la Unidad Antisecuestro y que el 4 de mayo de 2000 se habría proferido resolución inhibitoria dentro del mencionado proceso. Alegan también que la Fiscalía 59 de la Unidad de Delitos contra la Libertad y otras Garantías, dispuso bajo el radicado 715966, diligencias de indagación preliminar contra la presunta víctima por la presunta comisión del delito de rebelión. Indican que el 27 de abril de 2005, dicha Fiscalía profirió resolución inhibitoria por inexistencia del delito.
En cuanto a los seguimientos realizados por los organismos de seguridad del Estado alegan que éstos habrían resultado en registros y análisis de información sobre sus labores. Concretamente, alegan que con base en dichos registros y análisis consignados en los archivos de inteligencia de Estado se habrían alentado declaraciones de personas ante las instancias judiciales en las que se señaló a Jahel Quiroga como vinculada al grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Alegan también que esos registros han tenido como consecuencia agresiones, amenazas y hostigamientos contra la presunta víctima.
Los peticionarios alegan que desde hace varios años Jahel Quiroga ha tenido conocimiento de la existencia de informes de inteligencia realizados por organismos de seguridad del Estado en los que se le relaciona con el grupo armado ilegal FARC. Alegan que en una visita de inspección a los archivos de inteligencia existentes en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) la Procuraduría General de la Nación (PGN) habría ubicado unos archivos magnéticos suministrados por el Director General de Inteligencia y el Jefe de la División de Análisis, en los que se registraron anotaciones sobre Jahel Quiroga describiendo sus actividades como defensora de los derechos humanos entre el 4 de mayo de 1995 y el 3 de marzo de 1996.
Asimismo, alegan que Jahel Quiroga tuvo conocimiento de la existencia de un archivo de inteligencia de la Central de Inteligencia Militar de Ejército, División de Análisis y Producción que se refiere a información recibida en entrevistas a desmovilizados en la ciudad de Bogotá, que la vincularía con las FARC. Indican además que entre las fuentes de la información que reposa en los archivos de inteligencia se encuentran declaraciones de personas, que habrían sido posteriormente desvirtuadas en las instancias judiciales.
Sostienen también que se habría difundido a los medios de comunicación, presuntamente por el Comando del Ejército, un informe de inteligencia donde se describía quiénes eran los representantes de las FARC a nivel internacional donde se menciona a Jahel Quiroga como representante en Alemania y sobre su papel se dice “impulsadora (sic) de las denuncias de la violación de derechos humanos”.
Alegan que la presunta víctima ha interpuesto numerosos derechos de petición ante diversas autoridades, solicitando que le permitan acceso a la información relativa a los informes de inteligencia que la involucran en los procesos judiciales que han sido adelantados en su contra o en actividades ilícitas, a fin de ejercer su derecho a la defensa.
Concretamente, el 12 de julio de 2002, la señora Jahel Quiroga Carrillo formuló derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, para que se le informara sobre la existencia de investigaciones judiciales en relación con las denuncias realizadas por la señora María Ildaris Rendón Toro y cuál es el estado de las mismas; cuál ha sido el destino de los informes de inteligencia de los que hacen parte tanto la Corporación REINICIAR como cualquiera de sus miembros y con base en estos informes se han iniciado investigaciones penales contra la organización o sus integrantes; en caso afirmativo, solicita que le suministren el número del proceso, y la fiscalía en donde cursa, para que la persona sea escuchada en versión preliminar; y si actualmente existe una investigación en contra de Jahel Quiroga Carrillo y, de ser así, se le informe el número del proceso, la fiscalía en donde se encuentra y se le escuche en versión preliminar.
Indican que el 25 de julio de 2000, mediante Oficio No. 005632, la Fiscalía General de la Nación respondió el derecho de petición y señaló que en el Centro de Información sobre Actividades Delictivas (CISAD) de la Fiscalía General de la Nación, no aparece ningún registro sobre órdenes de captura, medidas de aseguramiento a partir de 1989, Preclusiones/Cesaciones por indemnización integral a partir de 1995 y sentencias condenatorias a partir de 1990. Indican también que el 9 de agosto de 2002, el Jefe de Sección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación informó a Jahel Quiroga que consultadas las bases de datos no obran antecedentes, ni registros de inteligencia que involucren a la razón social REINICIAR o a Jahel Quiroga Carrillo.
Sostienen que el 31 de marzo de 2005 la presunta víctima solicitó al Procurador General de la Nación que se le permita conocer todos los archivos existentes sobre ella y que se dispongan las medidas necesarias y eficaces para depurar esos archivos a fin de garantizar su nombre e intimidad. Indican que posteriormente el 20 de noviembre de 2006, la presunta víctima presentó un derecho de petición dirigido al Procurador General de la Nación, en donde solicitó información sobre el seguimiento a los archivos de inteligencia militar en los que se encontraría comprometido su nombre en su condición de defensora de derechos humanos. El 15 de diciembre de 2006 la Procuradora Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos dio respuesta al derecho de petición e informó acerca de la elaboración de un documento con recomendaciones dirigidas a la Fuerza Pública, en el cual además se estaría construyendo el procedimiento específico que realizará la Procuraduría para hacer acompañamiento al tema.
En cuanto a los recursos judiciales interpuestos, alegan que el 24 de abril de 2000, la presunta víctima interpuso una denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en la que detalló hechos ocurridos entre los años 1998 y 1999, relativos a interceptaciones ilegales a su línea telefónica, hostigamientos, amenazas e intentos de judicialización en su contra. Indican que durante los años 2000, 2002 y 2005, Jahel Quiroga informó a la Fiscalía de nuevas conductas delictivas de las que ella e integrantes de REINICIAR habrían sido víctimas.
Alegan que el 11 de diciembre de 2003 Jahel Quiroga solicitó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación la acumulación de todas las investigaciones abiertas en la Fiscalía, relacionadas con los atentados y amenazas contra los integrantes de la Corporación REINICIAR, la cual fue denegada. El 1º de septiembre de 2005, la presunta víctima solicitó reactivar las indagaciones y acumular todas las investigaciones ante un despacho de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
Alegan que el Estado archivó tres investigaciones preliminares en 2003, 2004 y 2006 y que únicamente se ha limitado a citar a la presunta víctima para una investigación abierta en el 2007 y a la que se acumularon dos investigaciones iniciadas en 2008, tras la presentación de la petición ante la Comisión.
En vista de los hechos expuestos, los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5, 8, 11, 13, 16, 24, 25 en conexión con el artículo 1(1) de la Convención Americana en perjuicio de Jahel Quiroga Carrillo.
Con relación al derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5 de la Convención Americana, los peticionarios alegan que el hecho de que el nombre de la presunta víctima aparezca reseñado en documentos oficiales, como integrante del grupo armado ilegal FARC la pone en riesgo y constituye una seria alteración psíquica así como una tergiversación de su labor a favor de la democracia y de la vigencia del Estado de Derecho y por lo tanto una violación al derecho a la integridad personal. Con relación al derecho a la honra y la dignidad establecido en el artículo 11 de la Convención Americana, los peticionarios alegan que el mismo ha sido vulnerado por el Estado en vista de la falsa imputación, en cabeza de sus agentes, de pertenencia al grupo armado ilegal FARC.
Con relación al derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 13 de la Convención Americana, los peticionarios alegan que la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de otros o los propios, se ve seriamente restringido por la falsa imputación de pertenencia de la presunta víctima al grupo armado ilegal FARC.
Los peticionarios alegan que el Estado ha vulnerado el derecho de asociación establecido en el artículo 16 de la Convención Americana en perjuicio de Jahel Quiroga en vista de que la labor que ejerce como fundadora y directora de la Corporación REINICIAR se ha visto limitada por los señalamientos de su pertenencia al grupo armado ilegal FARC, las cuales han afectado la labor de denuncia internacional que ella ha realizado y realiza, en nombre de REINICIAR.
Los peticionarios alegan que el hecho de que las autoridades colombianas no hayan protegido los derechos de la presunta víctima, y que sus propios organismos de seguridad señalen a Jahel Quiroga falsamente de pertenecer a un grupo armado ilegal, sin que el Estado haya tomado acciones eficaces a fin de remediar el hecho, constituye una violación al derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de la Convención Americana.
En cuanto a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, los peticionarios alegan que el Estado no le ha otorgado a la presunta víctima las garantías judiciales para defenderse de las falsas imputaciones, ni para prevenir los riesgos que la afectan a ella y a los integrantes de REINICIAR, ni le ha ofrecido un recurso sencillo ni eficaz para ampararla judicialmente frente a la violación de sus derechos. Finalmente, los peticionarios alegan que el Estado incumplió su obligación general de respeto y garantía prevista en el artículo 1(1) de la Convención.
En cuanto a la admisibilidad del reclamo, con relación al cumplimiento con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana, los peticionarios sostienen que en relación con las investigaciones penales adelantadas por las amenazas y hostigamientos contra Jahel Quiroga se ha configurado un retardo injustificado en la tramitación de las investigaciones. Además alegan que las investigaciones no han contado con una estrategia orientada a esclarecer los hechos y a individualizar a los autores y partícipes por lo que resultaría aplicable la excepción al requisito del previo agotamiento de los recursos internos contemplada en el artículo 46(2)(c).
En cuanto a la recopilación y mantenimiento de archivos y registros de inteligencia en agencias de seguridad del Estado, así como acceso de la presunta víctima a dicha información a fin de poder ejercer su derecho a la defensa y obtener la debida protección a sus derechos; los peticionarios alegan que no existe en el orden interno un proceso específico en el que se pueda hacer valer el derecho a la información, hábeas data, cuando se trata de información recopilada y analizada por organismos de inteligencia del Estado.
En ese sentido, alegan que la inexistencia de un recurso efectivo destinado a excluir el nombre de Jahel Quiroga de los archivos de inteligencia del Estado, así como a destruir los mencionados archivos, configura la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(a) por cuanto se refiere a la inexistencia en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. Alegan adicionalmente que pese a la carencia en el orden interno de un debido proceso que garantice los derechos alegados, Jahel Quiroga realizó numerosas actuaciones que no produjeron un resultado en la protección de sus derechos.
B.Posición del Estado
En primer término, el Estado manifiesta su rechazo absoluto a cualquier actividad relacionada con amenazas, hostigamientos o injerencias arbitrarias en las comunicaciones de defensores de derechos humanos o de cualquier otro ciudadano y manifiesta su interés en que en los casos que se presenten estas circunstancias, se lleven a cabo las investigaciones y se sancionen a los responsables. Asimismo, el Estado alega que a partir de los hechos descritos por los peticionarios no es posible hablar de un patrón de persecución y hostigamiento sistemático desde 1993.
En segundo término, en cuanto a la presunta información de inteligencia el Estado alega que no hay constancia alguna de la presunta difusión en los medios de comunicación de un informe de inteligencia con la descripción de los representantes de las FARC a nivel internacional, en donde se menciona a "Jael Quiroga Carreño” como representante de ese grupo en Alemania por parte del Comando del Ejército Nacional.
Asimismo, el Estado alega que, según información proporcionada por el Ejército Nacional, el documento aportado por los peticionarios denominado "Central de Inteligencia Militar del Ejército, División de Análisis y Producción" de 6 de noviembre de 2001, era apócrifo, pues si bien contenía el nombre de un suboficial en servicio activo, la información contenida en el documento no está registrada en los archivos de inteligencia y por lo tanto no corresponde a la realidad. Alega también respecto al informe de entrevista que habría contenido los elementos de una orden de batalla y que habría sido recibido en las oficinas de REINICIAR en el año 2005, que dicha afirmación no tiene sustento probatorio en el expediente.
El Estado sostiene que en cuanto a la solicitud formulada por Jahel Quiroga el 31 de marzo de 2005 a la Procuraduría General de la Nación (ver supra III.A) tomó las medidas correspondientes y dio trámite a la solicitud. Alega que la Procuraduría General de la Nación hizo las indagaciones correspondientes con las Fuerzas Militares, se llevaron a cabo reuniones intersectoriales y finalmente, se indicó a la señora Quiroga que luego de una búsqueda en relación con las diferentes áreas de inteligencia, se encontró que no existían anotaciones con su nombre. Señala también que por mora en dar respuesta a la petición presentada por Jahel Quiroga, la Procuraduría General de la Nación inició en 2006 una investigación disciplinaria bajo el radicado 14-152514-06, la cual fue archivada mediante auto del 4 de mayo de 2007.
Indica que desde el 2004, la Procuraduría General de la Nación acompañó el ejercicio de revisión y depuración de las archivos que anunció el Gobierno Nacional y que como parte de ese acompañamiento se llevaron a cabo numerosas reuniones, no solo entre las entidades del Estado sino también con organizaciones sociales, para que estas expresaran sus inquietudes en relación con los informes de inteligencia. Señala que como resultado de dicho proceso el Ministerio de Defensa ha presentado en varias ocasiones informes sobre archivos de inteligencia de las Fuerzas Militares, se han establecido criterios de revisión de los archivos de inteligencia y se presentó y aprobó en el Congreso de la República la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1288 de 2009).
En tercer término, en cuanto a los procesos iniciados contra Jahel Quiroga, el Estado alega que con base en las investigaciones adelantadas bajo los radicados No. 392773 y No. 715966 no es posible establecer una relación directa entre las supuestas actividades de inteligencia en contra de Jahel Quiroga y la iniciación de dichas investigaciones como lo afirman los peticionarios.
Concretamente, el Estado alega que la investigación bajo el radicado 715966 se originó en la compulsa de copias hecha por el fiscal de conocimiento en la investigación, adelantada por la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado 1127B, en contra del sindicalista Hernando Hernández, la cual ordenó iniciar investigación en contra de Jahel Quiroga por el delito de rebelión.
En relación con la investigación bajo el radicado 392773, el Estado alega que la misma se inició por la denuncia de una persona identificada como María lldaris Rendón Toro por el delito de constreñimiento ilegal y que no puede concluirse que la misma se haya originado en informes de inteligencia de organismos del Estado.
Asimismo, el Estado señala que los hechos concernientes a las amenazas y hostigamientos alegados por los peticionarios han sido objeto de la implementación y seguimiento a través de las medidas cautelares y considera que (i) dichas situaciones están siendo conocidas por la Comisión en un escenario de naturaleza distinta (medidas cautelares) y que además frente a dichas situaciones el Estado ha adoptado las medidas de protección que le han sido solicitadas, (ii) no hay claridad ni pruebas sobre algunas acusaciones que se presentan contra el Estado y (iii) que existen hechos que no se relacionan con presuntas violaciones en perjuicio de Jahel Quiroga y no deben ser tenidos en cuenta en la petición. Solicita que por las razones anteriores, la Comisión no tenga en cuenta como parte de la petición, los hechos relativos a las medidas cautelares MC 3-02.
En cuanto a la inadmisibilidad de la petición, el Estado sostiene que los peticionarios no han cumplido con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos y que diversos aspectos del reclamo no caracterizan violaciones a la Convención Americana.
En cuanto al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, el Estado haciendo referencia a jurisprudencia de la Corte Interamericana concluye que en primer lugar, pueden existir recursos internos distintos, frente a situaciones distintas, que generen infracciones también distintas a la Convención Americana, y en segundo lugar pueden existir recursos distintos frente a cada uno de los derechos presuntamente vulnerados. Seguidamente, el Estado realiza un análisis separado del agotamiento de recursos internos para cada uno de los derechos de la Convención Americana, alegados como violados.
En cuanto al alegato de los peticionarios relativo a la violación del derecho a la integridad personal en relación con los presuntos atentados contra la vida e integridad física, el Estado sostiene que es necesario agotar la vía judicial, a través de denuncias ante la autoridad competente y analizar el agotamiento conjuntamente con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
Concretamente, el Estado sostiene que por los hechos del presente reclamo la Fiscalía General de la Nación ha iniciado diversas investigaciones. Alega que actualmente la Fiscalía 239 Seccional de Bogotá adelanta la investigación bajo el radicado 200704088 por la información recibida por Jahel Quiroga en marzo de 2007 relativa a un plan para asesinarla. Indica que a esta investigación se acumularon otras cuatro investigaciones y que el 18 de noviembre de 2008 se habría fijado fecha para llevar a cabo diligencia de entrevista a Jahel Quiroga el 21 de noviembre de 2008 y que aquella no habría asistido. Alega que el avance de la investigación se ha visto obstaculizado, entre otros, por la falta de colaboración de las partes. Señalan que el 9 de junio de 2009 Jahel Quiroga compareció ante la Fiscalía y manifestó no recordar los hechos concretos de las amenazas recibidas puesto que había puesto en conocimiento de las autoridades varios incidentes al respecto, y se retiró de la diligencia señalando que de ser necesario la citaran nuevamente puesto que no tenía tiempo para perder.
Indican que por los presuntos seguimientos y amenazas contra los integrantes de REINICIAR en el año 2005 así como el incidente de 26 de agosto de 2005 relacionado con la presunta interceptación del teléfono celular de Jahel Quiroga, la Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación bajo el radicado 200504525, la cual fue archivada al no encontrar circunstancias fácticas que indicaran la comisión de algún delito.
Alega que se adelantó la investigación bajo el radicado 635298 por parte de la Fiscalía 242 Seccional de Bogotá por amenazas en contra de Jahel Quiroga y otros integrantes de REINICIAR, en la cual se profirió resolución inhibitoria el 12 de marzo de 2003. Alega también que se adelantó la investigación bajo el radicado 591249 por parte de la Fiscalía 240 Seccional por el presunto delito de amenazas contra integrantes de REINICIAR, en la cual también se profirió resolución inhibitoria el 29 de abril de 2004. El Estado alega que estas dos investigaciones contaron con agencia especial de la Procuraduría 219 en lo Judicial Penal designada por la Procuraduría Delegada en Asuntos Penales.
En cuanto a las presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal y la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, de asociación y la igualdad ante la ley, establecidos en los artículos 5, 11, 13, 16 y 24 de la Convención Americana, el Estado alega que el recurso idóneo era la acción de tutela.
. Al respecto, alega que el artículo 15 de la Constitución protege el derecho a la intimidad personal y familiar y al buen nombre, así como el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Sostiene además que el procedimiento específico para atacar la información que pueda aparecer en las órdenes de batalla o informes de inteligencia se ha venido desarrollando a partir de la expedición de la Ley 1288 de 2009 de Inteligencia y Contrainteligencia.
Concretamente, el Estado señala que la Ley 1288 de 2009 creó Centros de Protección de Datos de inteligencia en cada uno de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia, con el fin de garantizar que los procesos de recolección, almacenamiento y difusión de la información de inteligencia sean acordes a los estándares constitucionales. Asimismo, el Estado alega que la Ley garantiza que aquellos datos que hayan sido recolectados como resultados de actividades de inteligencia y que dejen de ser útiles para el cumplimiento de los fines antes mencionados, sean depurados por los mismos organismos de inteligencia.
En cuanto a los mecanismos existentes para que una persona pueda aclarar si está incluida en los archivos de inteligencia, además del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, puede solicitar por escrito esta revisión a los Inspectores respectivos en las Fuerzas Militares o la Policía Nacional en el caso de los organismos de inteligencia militar o policial, o activando cualquiera de los controles previstos en la misma Ley 1288 de 2009. Por lo anterior, el Estado alega que los peticionarios no han cumplido con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos y no es posible señalar que la inexistencia o ineficacia de los recursos disponibles puesto que las violaciones alegadas tienen como recurso idóneo la acción de tutela, la cual no fue agotada.
El Estado alega también que los hechos presentados no ofrecen ningún fundamento que permita establecer violaciones a los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, de asociación y la igualdad ante la ley por lo que considera que no caracterizan violaciones a derechos consagrados en los artículos 13, 16 y 24 de la Convención Americana. En suma, el Estado solicita que la Comisión declare el reclamo inadmisible.
Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado colombiano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Colombia es un Estado parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973, fecha en que depositó su instrumento de ratificación, por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Colombia, Estado Parte en dichos tratados. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraban en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana.
Al artículo 46(2) de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando:
Según indica el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión y lo señalado por la Corte Interamericana, toda vez que un Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos por parte de los peticionarios, tiene la carga de demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan “adecuados” para subsanar la violación alegada, vale decir que la función de esos recursos dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida
En vista de las alegaciones de las partes, corresponde en primer término, aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en un caso como el presente, a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano. La Comisión observa que los reclamos del peticionario se refieren en primer término, a la ausencia de una investigación seria e imparcial por las amenazas y hostigamientos contra Jahel Quiroga; y en segundo término, la falta de acceso a la información recopilada y analizada por organismos de inteligencia del Estado a fin de solicitar su corrección y depuración.
En primer término, en cuanto a la ausencia de una investigación seria e imparcial por las amenazas y hostigamientos contra Jahel Quiroga, el Estado alega que la petición no satisface el requisito del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana en virtud de que actualmente cursa una investigación en la Fiscalía con base en la información recibida por Jahel Quiroga en marzo de 2007 relativa a un plan para asesinarla. Señala que la investigación se inició el 18 de mayo de 2007, y actualmente se encuentra acumulada en esta investigación todas las denuncias presentadas por Jahel Quiroga. Sin embargo, indica que la investigación se ha visto obstaculizada por la falta de colaboración de la presunta víctima.
Por su parte, los peticionarios alegan que con relación a las investigaciones penales adelantadas por las amenazas y hostigamientos contra Jahel Quiroga se ha configurado un retardo injustificado en la tramitación de las investigaciones. Además alegan que aquellas no han contado con una estrategia orientada a esclarecer los hechos y a individualizar a los autores y partícipes por lo que resultaría aplicable la excepción al requisito del previo agotamiento de los recursos internos contemplada en el artículo 46(2)(c).
Al respecto, los precedentes establecidos por la Comisión señalan que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal [6] y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario. La Comisión considera que los hechos expuestos por los peticionarios con relación a las amenazas y hostigamientos presuntamente cometidos contra Jahel Quiroga se traducen en la legislación interna en conductas delictivas perseguibles de oficio cuya investigación y juzgamiento debe ser impulsada por el Estado mismo y en consecuencia este recurso sería el idóneo.
La Comisión nota que las primeras amenazas denunciadas por la presunta víctima habrían ocurrido en el año 1998 y habiendo transcurrido más de diez años de interpuesta la primera denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, el 24 de abril de 2000, aún no se habría establecido responsabilidad penal de ninguna persona. Asimismo, la Comisión observa que actualmente la Fiscalía 239 Seccional de Bogotá adelanta la investigación bajo el radicado 200704088 con base en la información recibida por Jahel Quiroga en marzo de 2007 relativa a un presunto plan para asesinarla, investigación a la que se habrían acumulado todas las denuncias interpuestas, se encuentra aún en etapa preliminar.
El Estado en sus alegatos, no hizo referencia a la actividad probatoria adelantada por las autoridades judiciales a fin de identificar a los responsables en la investigación previa No. 200704088 más allá de las solicitudes de entrevista con la presunta víctima. La Comisión considera que dadas las características del presente caso y el lapso transcurrido desde que iniciaron los hechos materia de la petición y la primera denuncia ante las autoridades judiciales en el año 2000, resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana respecto del retardo en el desarrollo del proceso penal interno, toda vez que transcurridos más de 16 años, la investigación se encuentra en etapa preliminar por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta exigible.
En segundo término, en cuanto a la presunta violación del derecho a la integridad personal, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación e igualdad ante la ley, el Estado alega que la presunta víctima no habría interpuesto la acción de tutela, la cual habría constituido el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos. Asimismo, el Estado hace referencia a los mecanismos establecidos en la Ley 1288 de 2009 de Inteligencia y Contrainteligencia, los cuales no fueron agotados por los peticionarios.
En cuanto a la recopilación y mantenimiento de archivos y registros de inteligencia en agencias de seguridad del Estado, los peticionarios alegan que no existe en el orden interno un proceso específico en el que se pueda hacer valer el derecho a la información cuando se trata de información recopilada y analizada por organismos de inteligencia del Estado por lo que se configura la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(a) por cuanto se refiere a la inexistencia en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. En cuanto al procedimiento de la Ley 1288 de 2009, los peticionarios alegan que en diversas oportunidades Jahel Quiroga hizo uso de los diversos procedimientos legales disponibles, entre ellos numerosos derechos de petición, y puso en conocimiento de las autoridades los hechos sin obtener una efectiva protección de sus derechos. Señalan que la Ley entró en vigor el 5 de marzo de 2009, es decir con posterioridad a los hechos denunciados y a la presentación de la petición, y no establece mecanismo alguno para que las personas afectadas puedan controvertir la información contenida en los archivos de inteligencia, ni señala procedimientos para solicitar su corrección y depuración.
En cuanto a la acción de tutela, los peticionarios alegan que la misma no constituye el recurso idóneo a fin de resolver la situación planteada en vista de que no está destinada al esclarecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, carece de naturaleza sancionatoria y no está destinada a resolver cuestiones de reparación integral.
Finalmente, en cuanto al derecho fundamental al hábeas data, establecido en el artículo 15 de la Constitución, los peticionarios alegan que éste fue regulado el 31 de diciembre de 2008 mediante Ley Estatutaria 1266 de 2008, lo cual implica que al momento de la comisión de los hechos no se encontraba regulado. Aunado a lo anterior, alegan que el artículo 2 de la Ley excluye de su ámbito de aplicación “las bases de datos que tienen por finalidad producir la Inteligencia de Estado por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional interna y externa”.
En cuanto al reclamo relativo a la falta de acceso a la información recopilada y analizada por organismos de inteligencia del Estado a fin de solicitar su corrección y depuración y la idoneidad de la acción de tutela, la Comisión observa que el derecho al hábeas data se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución de la República de Colombia el cual ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana como “[e]l derecho fundamental al habeas data, es aquel que otorga la facultad al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de administración de bases de datos personales”
. La Corte Constitucional ha señalado que este derecho comprende (i) el derecho de la persona a conocer las informaciones sobre sí misma; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.
Asi mismo, el artículo 15 de la Constitución de la República de Colombia antes citado establece también que
[c]on el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
Al respecto, la Comisión observa que el legislador únicamente ha regulado el hábeas data para asuntos financieros y comerciales a través de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 que entró en vigor el 31 de diciembre de 2008 y no lo ha hecho para otros temas como el del presente caso. En consecuencia, según la información disponible la Comisión observa que no existe un régimen legal de hábeas data a fin de solicitar la corrección y depuración de la información recopilada y analizada por organismos de inteligencia del Estado, por lo cual la acción de tutela, que es el mecanismo existente hasta el momento para accionar el hábeas data, no constituiría el recurso idóneo a fin de resolver la situación planteada.
En cuanto a la Ley 1288 de 2009 de Inteligencia y Contrainteligencia y su Decreto Reglamentario 3600 de 2009 planteados como recursos idóneos por el Estado, la Comisión observa que aquellos entraron en vigencia el 5 de marzo y el 21 de septiembre de 2009 respectivamente, es decir con posterioridad a la presentación de la petición, y por lo cual su agotamiento no habría resultado exigible. Aunado a lo anterior, la Comisión observa que el 16 de noviembre de 2010 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Inteligencia por vicios en el trámite. No obstante, corresponde señalar que la legislación declarada inconstitucional no establecía criterios específicos para el acceso, actualización y depuración de la información de las bases de datos de inteligencia por lo que no constituía un recurso idóneo para resolver la situación planteada.
En vista de lo anterior, la Comisión concluye que el aspecto del reclamo relativo a la falta de acceso, actualización y depuración de la información de las bases de datos de inteligencia se enmarca dentro de la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(a) de la Convención que establece que dicha excepción se aplica cuando “no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados”.
La invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.
La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En el presente caso, la petición fue recibida el 14 de marzo de 2008. Las presuntas amenazas y hostigamientos que fueron denunciadas iniciaron en 1998, la primera denuncia se interpuso el 24 de abril de 2000 y que asimismo cursa una investigación penal iniciada en 2007, a la que se habrían acumulado todas las denuncias interpuestas anteriormente por la presunta víctima, y que aún se encuentra en etapa preliminar y sus efectos en términos de la alegada falta en la administración de justicia se extienden hasta el presente. La Comisión toma en cuenta además que desde que iniciaron las presuntas amenazas y hostigamientos la presunta víctima interpuso derechos de petición con el fin de defender sus intereses. Por lo tanto, en vista del contexto y las características del presente caso, así como el hecho de que aún una investigación se encuentra pendiente, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
4.Caracterización de los hechos alegados
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que en cuanto a los hostigamientos y amenazas contra Jahel Quiroga perpetradas desde 1998 y denunciadas en 2000 así como las perpetradas posteriormente y denunciadas ante las autoridades, los peticionarios presentaron reclamos respecto a la falta de una debida respuesta por parte del Estado que podría caracterizar violaciones a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial protegidos en los artículos 8(1) y 25 en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana.
En cuanto al reclamo de los peticionarios relativo a la afectación síquica de Jahel Quiroga en virtud de que el nombre de la presunta víctima aparezca reseñado en documentos oficiales como integrante del grupo armado ilegal FARC, la ausencia de una investigación efectiva destinada a la sanción de los responsables de las amenazas y hostigamientos, y la afectación al derecho a la libertad de asociación, la Comisión observa que los alegatos planteados podrían caracterizar violaciones a los artículos 5, 11 y 16 en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana.
En cuanto al reclamo sobre los presuntos hostigamientos, amenazas y estigmatizaciones contra Jahel Quiroga a consecuencia de declaraciones funcionarios del Estado; las presuntas anotaciones en los archivos de inteligencia de organismos de seguridad del Estado; y la falta de acceso, actualización y depuración de la información de las bases de datos de inteligencia, la Comisión observa que los alegatos planteados podrían caracterizar violaciones a los artículos 13 en concordancia con el artículo 1(1) y en aplicación del principio iura novit curia el artículo 2 de la Convención Americana en vista de la ausencia de regulación adecuada del hábeas data.
Respecto a la presunta violación del derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de la Convención Americana, la Comisión observa que los peticionarios no han presentado alegatos que tiendan a caracterizar una violación a la Convención Americana, por lo que no corresponde declarar dicha pretensión como admisible.
La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por el peticionario sobre la presunta violación de los artículos 5, 8(1), 11, 13, 16 y 25 en concordancia con los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Asimismo, concluye que corresponde declarar inadmisible el reclamo sobre la presunta violación del artículo 24 en conexión con el artículo 1(1) de la Convención Americana.
1. Declarar admisible el presente caso con relación a los artículos 5, 8(1), 11, 13, 16, y 25 en concordancia con los artículos 1 (1) y 2 de la Convención Americana.
2. Notificar esta decisión al Estado colombiano y a los peticionarios.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 22 días del mes de marzo de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión. [1]
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso. [2]
En su Informe Anual para 2002 la CIDH reportó que “[e]l 15 de marzo de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Rafael Gómez Serrano, Jahel Quiroga Carrillo, Diana Gallego, Luis Alberto Matta, Diana García, Edilma Rosa Granados, Denys Jiménez, Astrid Suárez, Alejandra Vega y Celmira Moreno, miembros de la organización de derechos humanos REINICIAR, con sede en la ciudad de Bogotá. Según surge de la solicitud recibida, los beneficiarios han sufrido sistemáticamente amenazas verbales y escritas y actos de intimidación tales como seguimientos y ataques en los cuales se los señala como colaboradores con grupos armados disidentes. La Comisión decidió otorgar medidas cautelares en el marco de su 114 período de sesiones y solicitó al Estado, inter alia, la investigación efectiva del origen de las amenazas y actos de hostigamiento y la presentación de información sobre si se han producido intervenciones ilegales de las líneas telefónicas de dicha organización”. CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo III, Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2002. [3]
La Corte Interamericana ha señalado que “el acervo probatorio de un caso es único e inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas del proceso, de manera que los documentos aportados por las partes con respecto a las excepciones preliminares y a las medidas provisionales también forman parte del material probatorio del caso”. Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Párr. 68. [4]
El Estado hace referencia a CIDH. Informe No. 36/05, Petición 12.170, Fernando A. Colmenares Castillo, Inadmisibilidad, México, 9 de marzo de 2005, párrs. 34, y 42. [5]
Artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión. Ver también Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 64. [6]
CIDH, Informe No. 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafos 96 y 97. Ver también Informe No. 55/97, Caso 11.137, Abella y otros, párrafo 392. [7]
Corte Constitucional, Sentencia T-705/07, Magistrado Ponente Jaime Córdova Triviño, 7 de septiembre de 2007.
Ver el video de la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso en el siguiente link: https://youtube/-EhAD0VD31w

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 23
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 17

Artículo 31