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20.OtaduyCron | Yurisprudensi | Hukum Perburuhan
CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA 2005. DERECHO ECLESIÁSTICO ESPAÑOL
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Fallo Asociacion Benghalensis - CSJN
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Régimen recursivo para la reforma a la justicia civil- Fuentes y Vargas
001 SUMARIO
(7) Calificación Del Personal de Confianza o de Dirección Supeditada a ...
70001-33-33-006-2013-00016-01(60050)A
Fernandez Isabel Maria
1.1.-Sentencia-Unificación-Corte-Suprema-28383-2016-Newsletter-Agosto.pdf
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03-Ju-01_jurisprudencia Sobre Propiedad Horizontal
20130423-el_plazo_de_prescripcion_para_interponer_una_demanda_de_reposicion_es_de_10_anos (1).doc
CRNICA DE JURISPRUDENCIA 2005.
DERECHO ECLESISTICO ESPAOL
I TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. II TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL. III TRIBUNAL SUPREMO. 1. Enseanza de la religin. 2. Estatuto del profesorado de religin. 3. Efectos civiles de los ttulos
eclesisticos. 4. Conciertos educativos. 5. Patrimonio histrico. 6. Objecin de conciencia. 7. Derecho de asilo. 8. Matrimonio. IV AUDIENCIA NACIONAL. 1. Sacerdotes y religiosos secularizados en el Rgimen de
Clases Pasivas. 2. Profesores de religin. 3. Inscripcin registral de entidades religiosas. V TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. 1. Profesores
de religin. 2. Rgimen tributario. Impuesto de Sociedades. 3. Impuesto sobre el valor aadido. 4. Impuesto sobre bienes inmuebles. 5. Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos. 6. Matrimonio. 7. Libertad de culto y derecho de reunin. 8. Patrimonio histrico. 9. Clrigos y religiosos
secularizados. 10. Objecin de conciencia. VI AUDIENCIAS PROVINCIALES. 1. Matrimonio. 2. Impuesto sobre el Valor aadido. 3. Delitos contra los sentimientos religiosos. 4. Aconfesionalidad del Estado.
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Seccin 2.), de 13
de septiembre de 2005 (TEDH 2005/93)
El asunto tiene su origen en una demanda dirigida contra la Repblica
de Turqua, por motivo de la condena del editor de una novela en aplicacin
del delito de blasfemia. Algunos pasajes del libro, segn el informe pericial solicitado por la Fiscala turca, implicaban cierto elemento de humillacin, de
desprecio y de descrdito hacia la religin, el Profeta y la creencia en el Dios
del Islam. El demandante aleg violacin del artculo 10 del Convenio (libertad de expresin).
El Tribunal desestima la demanda. Recuerda que la libertad de expresin
constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrtica,
aunque en el contexto de las creencias religiosas puede legtimamente figurar la
IUS CANONICUM, XLVI, N. 91, 2006, pgs. 321-354
obligacin de evitar expresiones que son gratuitamente ofensivas al prjimo o
profanadoras. Se detiene principalmente en el anlisis del n. 2 del artculo 10:
la necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrtica de las restricciones de la libertad de expresin. El Tribunal considera que la medida en litigio trataba de ofrecer una proteccin contra los ataques ofensivos a cuestiones
consideradas sagradas por los musulmanes. Hay una opinin disidente. Sugiere
visitar de nuevo la jurisprudencia del Tribunal en la materia para ofrecer una
proteccin ms decidida a la libertad de expresin.
Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera), de 18 de abril (RTC
2005/88)
La demandante de amparo, religiosa secularizada que solicita reconocimiento de pensin de jubilacin, denuncia la vulneracin del art. 14 por la
Sentencia de 28 de febrero de 2001, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al no tratar por igual a la recurrente que al colectivo de religiosos asimilado al rgimen general de la Seguridad Social, sin que exista causa objetiva legal alguna, dice, que propicie tal desigualdad. Sostiene la citada Sentencia del
Tribunal Supremo la tesis de que el perodo asimilado a cotizado reconocido en
favor de los religiosos secularizados no puede ser anterior a la creacin del Rgimen Especial de los Trabajadores Autnomos, a quienes fueron asimilados.
Los sacerdotes que se integraron en el Rgimen General, en cambio, se encuentran beneficiados a la hora de fijar el dies a quo del cmputo, porque las
normas del Rgimen General permiten una retroaccin mayor.
El Tribunal Constitucional confirma la tesis del Supremo, por cuanto la
alegada vulneracin del principio de igualdad es inexistente; la diferencia deriva del distinto rgimen de Seguridad Social en que religiosos y sacerdotes fueron encuadrados. La diferenciacin aparece justificada por razn de la diversa
actividad desarrollada por unos y otros.
Auto del Tribunal Constitucional (Sala Segunda, Seccin 3.), de 7 de noviembre (RTC 2005/385 Auto)
Los demandantes, profesores de religin integrados en una Asociacin
Profesional, alegan la vulneracin del art. 14 y 28, por su exclusin, en las elecciones sindicales, del censo de elegibles del personal laboral de la Consejera de
CRNICA DE JURISPRUDENCIA 2005. DERECHO ECLESISTICO ESPAOL
Educacin de Andaluca. Se desestima la demanda. No hay vulneracin del art.
14 debido a la desigualdad de posiciones jurdicas entre los profesores de religin y los restantes, que justifica un trato dispar. La exclusin del censo, por
otra parte, no deriva de una condicin sindical sino de la falta de antigedad de
Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera), de 21 de noviembre
(RTC 2005/296)
Los demandantes de amparo fueron acusados de delito de falsedad en
documento oficial, tras ser detenidos en el control de pasaportes del aeropuerto de Barajas con sendos pasaportes autnticos a nombre de otras personas pero con sus fotografas y con dos billetes de avin con destino a Miami a nombre de los titulares de los pasaportes. Los acusados haban llegado en febrero a
Madrid procedentes de Cuba y haban solicitado un asilo que les fue posteriormente denegado. Realizaron los actos descritos ante el temor a la repatriacin
a Cuba y a sufrir persecucin religiosa por su pertenencia a los testigos de Jehov. La Sentencia de instancia, absolutoria, fue revocada por la de apelacin,
que es la que se recurre.
Se invocan tres quejas de amparo. La primera se refiere a la vulneracin
de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantas; la segunda, al derecho de libertad religiosa, pues lo estaban ejercitando los
acusados cuando intentaban evitar la repatriacin a Cuba, pas donde no se les
permita ejercerlo como miembros de la confesin de los testigos de Jehov; la
tercera se refiere al derecho a la presuncin de inocencia.
Se desestima la alegada vulneracin de la libertad religiosa, porque no
se impugna aqu un acto del poder estatal que haya impedido o limitado directamente una actuacin de los recurrentes conforme a sus creencias religiosas.
La pretensin de los demandantes supondra justificar un delito por la preservacin del futuro ejercicio de la libertad religiosa. El respeto a los derechos fundamentales y otros bienes jurdicos protegidos constitucionalmente impiden el
reconocimiento de la libertad en tales circunstancias.
Se han seleccionado diecisiete resoluciones 14 sentencias y 3 autos, que permiten captar, a mi juicio, lo sustancial de la doctrina del Alto
Tribunal sobre la materia religiosa a lo largo del ao. Las cuestiones educati-
vas constituyen el flanco ms expuesto a la conflictividad judicial. Diversos
aspectos del estatuto del profesorado de religin que sern sistemticamente analizados a continuacin acaparan buena parte de las resoluciones presentadas (siete sentencias y dos autos). Entre todas las resoluciones en materia de enseanza, estimo que la ms relevante desde el punto de vista de la
doctrina jurdica es la Sentencia de 25 de enero, que declara la conformidad
a Derecho de las previsiones de la LOCE sobre la asignatura Sociedad, Cultura y Religin.
En la crnica anual de la jurisprudencia del Tribunal Supremo no suelen faltar y as sucede tambin en esta ocasin algunas resoluciones de exequatur de sentencias cannicas de nulidad matrimonial.
1. Enseanza de la religin
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de
25 de enero de 2005 (RJ 2005/1624)
La Junta de Extremadura consider que la Asignatura Sociedad, Cultura y Religin, tal como qued establecida en la Disposicin Adicional primera y el Anexo primero que la desarrolla del Real Decreto 832/2003, de 27 de
junio, por el que se establece la ordenacin general y las enseanzas comunes
del Bachillerato, no era conforme a Derecho. La Sentencia del Tribunal Supremo es, evidentemente, de gran relevancia, porque los trminos del recurso obligan al Alto Tribunal a analizar el diseo constitucional del sistema educativo
Las razones por las que consideraba que la norma no era conforme a Derecho se pueden resumir en cuatro puntos: imposicin de la obligacin de declarar la religin; falta de cobertura del derecho a una educacin ajena a las religiones; configuracin del rea en su conjunto desde una perspectiva del hecho
religioso; reconocimiento de competencias a la autoridad religiosa que convertira a stas en autoridades educativas.
Los motivos invocados son rechazados. Se recuerda el pronunciamiento
del propio Tribunal acerca de la validez del sistema de opcin entre la enseanza religiosa escolar y las alternativas; no existe un derecho a una educacin
impartida con total ajenidad a las religiones, de una u otra clase; la norma impugnada contempla el necesario pluralismo cientfico en el enfoque de las enseanzas; y la intervencin de la autoridad religiosa se concilia adecuadamente
con el respeto a los valores constitucionales.
2. Estatuto del profesorado de religin
Derechos econmicos
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 19 de enero de 2005
(RJ 2005/1737)
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 16 de junio de 2005
(RJ 2005/9680)
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 8 de marzo de 2005
(RJ 2005/4115)
Continan plantendose dudas acerca de los derechos econmicos de
los profesores de religin dimanantes de la aplicacin del Convenio 20 de mayo 1993 y de 26 de febrero de 1999. En Sentencia de 19 de enero de 2005 se
trata acerca de reclamacin de pago de diferencias salariales existentes entre lo
que haba percibido una profesora de religin y moral catlicas en centros pblicos de EGB y lo que haba cobrado los profesores interinos durante determinado perodo de tiempo del ao 2001. La actora apoy su pretensin en el Convenio suscrito en 20 de mayo de 1993 entre la Administracin central y la
Conferencia Episcopal Espaola.
Resuelve la Sala con arreglo al criterio sentado de manera definitiva,
dice, por Sentencia de 9 de abril de 2003 (RJ 2003/9172). Con posterioridad
a 1 de enero de 1999 es decir, a la entrada en vigor del art. 93 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social y del subsiguiente Convenio suscrito entre el 26 de febrero de 1999 entre la Conferencia Episcopal Espaola y el Gobierno la equiparacin salarial
que la actora reclamaba slo se producira cuando se desarrollaran las previsiones del Convenio de 1999, que lo sealan en un perodo de cuatro aos a
partir del 1 de enero de 1999, no habindose producido tal circunstancia en el
ao 2001.
Vase tambin Sentencia de 16 de junio de 2005. A los profesores recurrentes no se les aplic la equiparacin econmica con los trabajadores interinos, prevista en el Convenio de 20 de mayo de 1993, y tampoco tenan reconocida por sentencia firme tal equiparacin. No procede acceder a esa
equiparacin retributiva en el perodo en el que se reclama en la demanda. La
Sentencia transcribe los razonamientos de la de 10 de diciembre de 2002 (RJ
2003/1953).
En Sentencia de 8 de marzo de 2005 se aborda un procedimiento de
conflicto colectivo por el que se denuncia la aplicacin del artculo 3 del Convenio General de Cooperacin entre la Comunidad de Madrid y la Provincia
Eclesistica de Madrid sobre Enseanza Religiosa Catlica. El trmino perodo
lectivo, que utiliza la norma, no se corresponde necesariamente con hora completa, como reclamaban los trabajadores. Por otra parte, la naturaleza administrativa del Convenio hace difcil pensar que del mismo puedan derivarse derechos u obligaciones laborales para ninguna de las partes, ni tampoco para los
trabajadores y Sindicatos ubicados dentro del mbito geogrfico al que se extiende el indicado Acuerdo.
No condicin funcionarial de los profesores de religin
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Recurso de casacin nm. 7359/2000), de 25 de enero de 2005 (RJ 2005/1162)
2 de febrero de 2005 (RJ 2005/1168)
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Recurso de casacin nm. 2636/2000), de 25 de enero de 2005 (RJ 2005/1572)
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja entendi, en las sentencias
de referencia, que la relacin de servicio que una con la Administracin a los
profesores de religin y moral catlicas en colegios de Primaria y Secundaria
era la propia de funcionarios interinos y no reconocerlo de ese modo entraara una discriminacin contraria al artculo 14 de la Constitucin. No comparte el criterio la Sala de casacin. Por una parte, precisa que el juicio de
comparacin de los profesores de religin con los funcionarios interinos realizado por la Sentencia recurrida no es acertado, porque la existencia de estos
ltimos exige la presencia inexcusable de un taxativo elemento normativo establecido en el artculo 5.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (Texto articulado de 7 de febrero de 1964): que dichos funcionarios interinos ocupen plazas de plantilla en tanto se provean de funcionarios de carrera. Este
elemento normativo no concurre en tales demandantes, desde el momento en
que el especfico cometido profesional desarrollado por ellos no constituye el
contenido de ninguna plaza de la plantilla funcionarial de la Administracin
Por otro lado, el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social proclama para los profesores de
religin la relacin laboral, por lo que es aconsejable evitar soluciones del orden contencioso-administrativo que puedan ser contradictorias con la jurisprudencia de orden social.
La tercera Sentencia apuntada (RJ 2005/1572), aunque resuelve, como las otras, un Recurso de casacin contra Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja en un supuesto semejante, merece un comentario particular.
La conclusin a la que llega es la misma: la relacin jurdica de los
Profesores de Religin no entraa la condicin de funcionario interino, como
errneamente formula la Sala de instancia, ya que su especfico cometido profesional no constituye el contenido de ninguna plaza de la plantilla funcionarial de la Administracin demandada. Es sumamente valiosa, sin embargo, la
extensa y ordenada exposicin del rgimen normativo aplicable a los profesores de religin, en etapas sucesivas y hasta el momento actual, as como la sntesis que realiza de la doctrina unificada del Tribunal Supremo sobre el mismo
tema. Adems, se refiere a la interesante doctrina de la misma Sala, en Sentencia de 26 de abril de 2004 (RJ 2004/2652), relativa al valor normativo de
los Convenios celebrados en aplicacin de Acuerdos internacionales vigentes
entre el Estado espaol y la Santa Sede. Se trae a colacin esta doctrina para
rebatir la argumentacin del Abogado del Estado, que invocaba la contradiccin entre las clusulas del Convenio suscrito entre el Gobierno Espaol y la
Santa Sede el 20 de mayo de 1993 de valor reglamentario, en su opinin
y la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Corrige el Alto Tribunal tal criterio, afirmando que, dichas clusulas, no pueden considerarse preceptos reglamentarios que puedan declararse nulos por ser contrarios a una norma con
rango de Ley, pues el Convenio no se limita a expresar el criterio slo del Gobierno espaol, sino que impone tambin la voluntad de la Santa Sede, que
autoriza al Presidente de la Conferencia Episcopal Espaola para su firma como manifestacin de dicha voluntad y si decretramos la nulidad del Convenio no slo estaramos dejando sin efecto la voluntad del Gobierno manifestada en el Convenio, sino la de la Santa Sede, que expresa su voluntad a
travs de un representante autorizado en Espaa, con lo que estaramos anulando un Convenio o Tratado, concordante de voluntades entre dos o ms sujetos de Derecho Internacional por voluntad unilateral de una de ellas, el Estado Espaol, al margen de las normas de Derecho Internacional cuya
observancia resulta preceptiva de conformidad con el artculo 42.1 del Convenio de Viena sobre derecho de los Tratados, por lo que llegamos a la conclusin de que el Convenio de 20 de mayo de 1993 hay que declararlo conforme a Derecho.
Empleador de los profesores de religin
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 14 de junio de 2005 (JUR
2005/174815)*
El Recurso interpuesto contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina ya sentada por el Tribunal Supremo no tiene contenido
casacional de unificacin de doctrina. Es lo que acontece en el caso. La doctrina unificada (Sentencia de 10 de julio de 2002) establece que la condicin de
empleador ha de atribuirse a la Administracin del Estado (Ministerio de Educacin y Ciencia), porque el examen de los artculo 1 y 2 del Real Decreto
3936/1982 en relacin con la Orden de 9 de septiembre de 1993 y con las dems disposiciones que se alegan en el recurso pone de manifiesto que la posicin empresarial corresponde a la Administracin estatal, porque es la que asume las facultades propias de esa posicin y, aunque la Comunidad Autnoma
de Andaluca tienen atribuida la competencia en materia de enseanza, el concreto traspaso de los medios y servicios del profesorado de religin en ese nivel
todava no ha tenido lugar.
No renovacin de la propuesta del Ordinario
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 19 de abril de 2005
(RJ 2005/5057)
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 19 de septiembre de
2005 (RJ 2005/8675)
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 7 de abril de 2005 (JUR
2005/167902)
Dos importantes sentencias abordan el problema de la no renovacin de
la propuesta de un profesor de religin por parte del Ordinario, cuando aparecen indicios de violacin de derechos fundamentales.
En la primera (de 19 de abril de 2005) se resuelve un recurso en el que
se alega que la no renovacin de la propuesta responda a actuaciones contrarias a la libertad sindical. Niega el Tribunal Supremo que corresponda ejercitar
una accin de despido porque lo que se pide, en realidad, es una nueva contra* Tngase en cuenta, en adelante, que la abreviatura JUR se refiere a resoluciones no publicadas en los productos CD/DVD de Aranzadi. Se encuentran solamente en la base Westlaw.
tacin. Sin embargo, no puede haber contratacin sin nueva propuesta del Ordinario, de manera que ste debe intervenir necesariamente en el proceso.
Siendo as que el Obispado no ha sido demandado se produce una situacin de
falta de litisconsorcio pasivo necesario y se decreta la nulidad de actuaciones.
La doctrina del Tribunal es especialmente iluminadora en lo que toca a la explicacin de la complejidad de la posicin empresarial en la enseanza religiosa catlica en los centros docentes pblicos.
En la segunda (de 19 de septiembre de 2005), se afronta un supuesto
anlogo, en el que no procede decretar la nulidad de actuaciones porque en esa
ocasin el Obispado fue efectivamente demandado. La desestimacin del Recurso trajo causa de la defectuosa denuncia de la infraccin, por cuanto no se
razon por qu la sentencia recurrida haba infringido el amplio nmero de normas invocadas. En los fundamentos jurdicos aparecen interesantes desarrollos
doctrinales acerca de la configuracin especial (de la relacin de los profesores de religin catlica), dentro de la que resalta precisamente el que se trata de
un contrato temporal al margen de los supuestos que autoriza el artculo 15 del
En el Auto de 7 de abril de 2005 se confirma el carcter temporal de la
relacin de trabajo de los profesores de religin, que no puede ser mutado por
una clusula contractual que introduzca la continuidad del mismo hasta que se
produzca la propuesta en contra motivada por parte del Ordinario. Estamos en
presencia de normas internacionales y estatales de carcter imperativo que no
pueden alterarse por clusulas contractuales pactadas en el mbito de las relaciones privadas.
3. Efectos civiles de los ttulos eclesisticos
4 de julio de 2005 (RJ 2005/6602)
Declara el derecho del recurrente Bachiller en Teologa, ttulo equivalente a Licenciado y con plenos efectos civiles a ser nombrado funcionario
de carrera en la misma fecha que los dems seleccionados de su promocin, con
plenos efectos econmicos y administrativos, aunque la diligencia del ttulo se
hiciera con posterioridad al plazo de presentacin de solicitudes para participar
en el procedimiento. Lo requerido por el Ordenamiento es la concurrencia en
el aspirante de las condiciones de titulacin entendidas en sentido sustancial,
al margen de meras insuficiencias documentales.
4. Conciertos educativos
4 de mayo de 2005 (RJ 2005/4288)
Considera acertado ponderar, como legtima causa de modificacin de
un concierto las dos circunstancias siguientes: la disminucin de alumnos y el
propsito de procurar con la modificacin del concierto un reparto igualitario
de alumnos entre todos los centros sostenidos con fondos pblicos.
5. Patrimonio histrico
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 10 de febrero de 2005
(RJ 2005/1134)
Conoce Recurso de casacin por infraccin de ley planteado contra un
Auto de la Audiencia Provincial de Logroo, en el que se aprecia la prescripcin y sobreseimiento del delito de apropiacin indebida de bienes del patrimonio histrico. Se formulan interesantes reflexiones sobre la conveniencia de
la modificacin del rgimen prescriptivo, para otorgar especial proteccin a los
bienes del Patrimonio cultural, pero es tarea que corresponde al legislador.
Abusos como el que da ocasin a este pronunciamiento judicial deben alertar
a los administradores pblicos competentes para que introduzcan sistemas de
inspeccin y control de tal patrimonio, pero el Derecho Penal (...) no puede
subvenir al despojo que estuvo a punto de consolidarse irremediablemente, por
haber prescrito el delito enjuiciado.
6. Objecin de conciencia
23 de abril de 2005 (RJ 2005/6382)
Se dirige Recurso de casacin contra Sentencia del TSJ de Andaluca
(Granada), de 30 de julio de 2002, que inadmiti el Recurso contencioso-administrativo para la proteccin de derechos fundamentales contra la Orden de
la Consejera de la Salud de la Junta de Andaluca que regula las existencias mnimas de medicamentos y productos sanitarios en oficinas de farmacia y almacenes farmacuticos. El Recurso contencioso-administrativo se interpuso por
considerar que ciertos productos incluidos entre los de obligada dispensacin
vulneran el derecho fundamental a la vida, as como la libertad ideolgica y de
conciencia (es el caso de los progestgenos, cuyo principio activo es el Levonorgestrel, y los preservativos).
El Tribunal declara no haber lugar al Recurso de casacin por falta de
legitimacin de la parte actora. El Alto Tribunal no excluye la reserva de una
accin en garanta del derecho a la objecin de conciencia para aquellos profesionales sanitarios con competencias en la materia de prescripcin y dispensacin de medicamentos.
7. Derecho de asilo
11 de abril de 2005 (RJ 2005/3214)
La solicitante de asilo bas su peticin en la represin que deca haber
sufrido como consecuencia de su discrepancia con el rgimen poltico gobernante en Cuba, plasmada en su colaboracin con una institucin de la Iglesia
cubana (Caritas), en visitas y asistencia a presos polticos y en denuncias pblicas sobre el estado de la sanidad en Cuba. Se ordena el recibimiento del pleito a prueba y la continuacin de la tramitacin: no es lgico aadir ese obstculo a la dificultad de prueba que de por s tienen las persecuciones, pues
quienes la practican no suelen dejar seales tangibles ni jactancias pblicas.
8. Matrimonio
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 19 de abril de 2005 (JUR
2005/127837)
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 23 de marzo de 2005
(RJ 2005/3200)
El Auto de referencia otorga exequatur a la Sentencia de divorcio de matrimonio celebrado en forma civil, cuyos efectos se extienden al cannico celebrado posteriormente, en fecha muy cercana al primero.
La Sentencia de 23 de marzo concede, asimismo, el exequatur. No se advierte contradiccin entre la sentencia cannica y el orden pblico porque, en
el plano del derecho interno, el compromiso o aceptacin de la indisolubilidad
del matrimonio no le impide promover su disolucin ejercitando la accin personal de divorcio que tendr, si prospera, plenos efectos civiles.
1. Sacerdotes y religiosos secularizados en el Rgimen de Clases Pasivas
Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de mayo de 2005 (JUR 2005/208160)
En el mismo sentido, sentencias de 9 de mayo (JUR 2005/239095); de 6
de junio (JUR 2005/238677); de 1 de julio (JUR 2005/239289); de 18 de julio
(JUR 2005/237671); de 19 de septiembre (JUR 2005/275120); de 6 de octubre
(JUR 2005/262081); de 24 de octubre (JUR 2005/272811).
Son varias las sentencias que aplican doctrina semejante a propsito de
la reclamacin de sacerdotes y religiosos secularizados que solicitan no verse
obligados a soportar el abono del capital coste en la pensin de jubilacin reconocida en el rgimen de Clases Pasivas. Se impugna el art. 5 del Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, que impone tal obligacin1, alegando que la Ley
de Clases Pasivas no establece ninguna contraprestacin. No cabe duda, sin
embargo, de que el Real Decreto citado encuentra cobertura legal suficiente en
la Disposicin adicional dcima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social2.
No hay desigualdad de trato con sacerdotes y religiosos secularizados que
se jubilan en la Seguridad Social. El deber de abonar el capital coste no vulnera el principio de igualdad, sino que es la solucin ms acorde con dicho principio, ya que la Ley 13/96 orden el reconocimiento y regulacin de la Seguridad Social de sacerdotes y religiosos secularizados sin hacer distincin entre los
jubilados por el rgimen de Seguridad Social y los que accediesen a la pensin
como funcionarios; dado que el desarrollo reglamentario de la Ley previ, para
los primeros, el deber de los beneficiarios de soportar la parte de las cotizaciones necesarias para capitalizar la pensin, resultara una desigualdad de trato
que no se siguiera solucin anloga para los funcionarios de clases pasivas.
1. En los supuestos de reconocimiento del derecho a pensin de jubilacin o retiro, o
de mejora de la anteriormente reconocida, el interesado vendr obligado a abonar una parte de su importe total, exclusivamente por los aos de ejercicio del ministerio sacerdotal o
de profesin religiosa que se computen.
2. El Gobierno, en el plazo mximo de seis meses a partir de la aprobacin de esta Ley,
aprobar las disposiciones normativas que sean necesarias a los efectos de computar, para los
sacerdotes y religiosos/as secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o
religin, y en el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusin en el Sistema de la
Seguridad Social, con objeto de que se les reconozca el derecho a la percepcin de la pensin de jubilacin denegada o a una cuanta superior a la que tienen reconocida.
2. Profesores de religin
Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 30 de septiembre de 2005 (JUR 2005/262292)
Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 11 de octubre de 2005 (JUR 2005/261862)
No cabe la extensin de efectos de la sentencia dictada por el Juzgado
Central de lo Contencioso Administrativo solicitada por la profesora de religin, por falta de jurisdiccin de lo contencioso-administrativa para resolver la
cuestin retributiva de los profesores de religin en centros pblicos de enseanza, vinculados por relacin laboral con el Ministerio de Educacin. A tenor,
una vez ms, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005 (RJ
2005/1572), la relacin jurdica de los profesores de religin no entraa la condicin de funcionario interino. La competencia para decidir sobre las consecuencias jurdico-laborales de tal relacin es de la jurisdiccin social.
3. Inscripcin registral de entidades religiosas
Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 2 de noviembre de 2005 (JUR 2005/271849)
Se impugnan sendas resoluciones del Ministerio de Justicia que denegaron la inscripcin en el Registro de Entidades Religiosas de una Fundacin catlica sobre la base de que los fines declarados exceden de lo que pueden considerarse como fines estrictamente religiosos, a pesar de contar con el
certificado de fines religiosos expedido por el Arzobispado de Barcelona y visado por la Conferencia Episcopal Espaola.
Invoca la Sala doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en la Sentencia de 15 de febrero de 2001, que califica el acto de control de acceso al Registro de mera constatacin (no de calificacin) de que la entidad solicitante
no es alguna de las excluidas por el art. 3.2 de la Ley Orgnica de Libertad Religiosa, y que las actividades o conductas que se desarrollan para su prctica no
atentan al derecho de los dems al ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, ni son contrarias a la seguridad, salud o moralidad pblicas, como elementos en que se concreta el orden pblico protegido por la ley en una sociedad democrtica, al que se refiere el art. 16.1 CE.
Declara la falta de fundamento de la denegacin de la inscripcin registral.
V. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
En el mbito de la jurisdiccin de los Tribunales Superiores, el grueso de
las resoluciones judiciales sobre materia religiosa en trminos exclusivamente numricos afecta al estatuto del profesorado de religin y al rgimen tributario de las entidades eclesisticas, sin perjuicio del inters de muchas otras
sentencias sobre las variadas cuestiones que completan esta Crnica. En relacin con el tema primeramente mencionado, hay que tener en cuenta que no
se discute tanto las caractersticas de la relacin jurdica de los profesores de religin cuanto los derechos econmicos implicados. En esa direccin nos conduce el anlisis de la jurisprudencia que sigue.
1. Profesores de religin
Continan siendo frecuentes las resoluciones sobre reclamaciones salariales derivadas de una interpretacin errnea del Convenio de 20 de mayo de
1993. A partir de la entrada en vigor del celebrado en 1999, las condiciones
econmicas de los profesores de religin se rigen por las clusulas de este ltimo y no por el de 1993, salvo que medie reconocimiento de los derechos all
contenidos por resolucin administrativa o sentencia judicial.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalua (Sala de lo Social), de
17 de enero de 2005 (JUR 2005/82311)
Se plantea la eficacia de las previsiones de la Disposicin adicional 2.
de la LOGSE, tras la reforma efectuada por el art. 93 de la Ley 5/1998, respecto de las retribuciones devengadas en fechas posteriores a su entrada en vigor.
La Sala resuelve mediante remisin a doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de diciembre de 2002, que declara la irretroactividad de la norma
del nuevo Convenio: la nueva regla recogida en la disposicin adicional 2. de
la LOGSE slo puede interpretarse, por tanto, como una regla destinada a los
profesores de religin no afectados por el convenio de 1993, a los contratados
a partir de la entrada en vigor de la Ley 50/1998 o a los perodos de prestacin
de servicio posteriores a 1 de enero de 1998, pero no es aplicable a los perodos
de asimilacin ya completados por quienes, como los actores, han prestado servicios en los aos 1994 a 1998, aunque el incumplimiento de la Administracin no les hubiera permitido hacer efectivos sus derechos. La norma, que no
contiene previsin especfica de retroactividad, no puede ser interpretada de
otra forma, pues en caso contrario tendra un contenido expropiatorio contrario a los artculos 9.3 y 33.2 de la Constitucin Espaola.
Vase tambin, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalua (Sala
de lo Social), de 20 de junio de 2005 (JUR 2005/180800).
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (Sala de
lo Social), de 4 de mayo de 2005 (AS 2005/1994)
En el mismo sentido: 5 de mayo (JUR 2005/198326); 7 de junio (JUR
2005/209709); 16 de junio (JUR 2005/209639); 17 de junio (JUR 2005/211522);
21 de junio (JUR 2005/213725); 1 de julio (JUR 2005/202967).
La cuestin planteada versa sobre las diferencias salariales de los profesores de religin y moral catlicas en centros pblicos en solicitud de la equiparacin con el personal interino en perodos posteriores al 1 de enero de1999
(alcance y lmites de la retroactividad del contenido de la disposicin adicional
2. de la LOGSE), que ha sido ya objeto de unificacin de doctrina, mediante
sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2003: Es evidente que el nuevo sistema de equiparacin retributiva que estableci el art. 93 de la Ley
50/1998 entr en vigor el da 1 de enero de 1999 (art. 2.1 CC) y que, por tanto, desde ese momento debe ser aplicado, por imperio legal, a todos los profesores de religin contratados a partir de esa fecha, sin que constituya un obstculo para ello, el hecho de que en anteriores cursos escolares, aqullos hubieran
mantenido similares vnculos de carcter temporal para impartir su docencia y
percibido una retribucin superior a la prevista por el art. 93 ya citado. Cuando se conciertan en el tiempo sucesivos contratos temporales, legalmente vlidos, no cabe exigir de modo unilateral, en el ltimo de ellos, el respeto de los
derechos que se disfrutaban durante la vigencia de los anteriores, puesto que los
derechos y obligaciones que delimitan el marco de una concreta relacin laboral se extinguen definitivamente con ella, salvo excepciones que no vienen al
Esto ltimo es lo que, cabalmente, ha ocurrido en el Convenio de 26 de
febrero de 1999, donde la Conferencia Episcopal y el Gobierno, al disear la
aplicacin del nuevo sistema de equiparacin introducido en la D.A. 2. de la
LOGSE por el art. 93 de la Ley 50/1998, pactaron mantener excepcionalmente la vigencia de la equiparacin retributiva prevista en el Convenio del 93 a
aquellos profesores de religin a los que ya se les haba reconocido durante sus
anteriores contratos temporales. Posiblemente, lo decidieron as en atencin a
la peculiar situacin contractual en que stos se encuentran y a las indudables
dificultades de comprensin que para dichos profesores hubiera supuesto ver reducida la retribucin que haban venido percibiendo antes de la entrada en vigor de la Ley 50/1998, por el hecho de formalizar un nuevo contrato temporal.
La lectura del Convenio muestra que las partes signatarias limitaron la
excepcin, como por otra parte parece lgico, a aquellos profesores de religin que venan cobrando ya la retribucin del Convenio del 93 a la entrada
en vigor de la Ley 50/1998 porque se les haba reconocido la equiparacin
econmica del Convenio del 93, bien por la Administracin pagadora, bien
por sentencia firme. Esa estipulacin de las partes interesadas debe producir
por tanto los efectos que le son propios (art. 1091 del Cdigo Civil) y no es
susceptible de ampliacin a otros supuestos distintos de los que aqullas convinieron.
Hay varias resoluciones que afrontan reclamaciones sobre el pago de determinados complementos salariales.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha (Sala de lo
Social), de 29 de septiembre de 2005 (AS 2005/2338)
Alega la parte recurrente que el reconocimiento a los profesores de Religin del denominado complemento especfico de Comunidad Autnoma, por
acuerdo de 23 de septiembre de 2003 de la Comisin Paritaria del IV Convenio del Personal laboral de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha,
supone un trato discriminatorio respecto del resto del personal laboral al servicio de la Junta de Comunidades, entre los que se encuentra la actora. Sin embargo, sostiene la Sala, el reconocimiento del denominado Complemento Especfico de Comunidad Autnoma a los Profesores de Religin tiene su origen
en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Espaol con la
Santa Sede en el Acuerdo de 3 de enero de 1979 y en las Leyes y Acuerdos posteriores que lo desarrollan, tanto a nivel estatal como de esta Comunidad Autnoma, tras el traspaso de competencias en materia de enseanza no universitaria y se justifica por el peculiar rgimen jurdico de dichos Profesores de
Religin, que ostentan la condicin de personal laboral temporal, coincidente
con el curso escolar, pero que han de percibir las retribuciones correspondientes al nivel educativo de los profesores interinos.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y Len, Valladolid (Sala
de lo Social), de 19 de diciembre de 2005 (AS 2005/3504)
Se solicita el reconocimiento de los derechos derivados de la antigedad, como los trabajadores fijos. El hecho de que la relacin laboral sea temporal en nada impide, alega el recurrente, la percepcin del complemento de antigedad. La Sala se extiende sobre la doctrina del carcter objetivamente
especial de la relacin de trabajo de los profesores de religin y se remite a la
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2000.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Canarias, Las Palmas (Sala de lo
Social), de 29 de septiembre de 2005 (JUR 2005/242180)
Se confirma la Sentencia de instancia, que admiti la demanda del actor en reclamacin del pago del complemento especfico por cargo directivo. Se
trata de una cuestin puramente laboral, donde la Administracin acta como
empresario, por lo que la jurisdiccin competente es la social. Por otra parte, el
propio legislador afirma la Sala ha abordado la cuestin estableciendo expresamente que las Jefaturas de Departamento de Religin pueden ser desempeadas por profesores de Religin que son laborales.
Un comentario especial merece la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia Castilla-La Mancha (Sala de lo Social), de 29 de marzo de 2005 (AS
2005/578), en la que se discute el reconocimiento de la antigedad a efectos retributivos de los profesores de religin, para concluir que no cabe la acumulacin de contratos a efectos del abono del complemento salarial de antigedad
establecido en el Convenio aplicable al caso.
El inters se encuentra en el marcado sesgo de sus expresiones, crticas
del rgimen legal vigente, por ms que resuelva en el sentido apuntado en el prrafo anterior. Califica la relacin como anmala vinculacin laboral, fruto
de la excepcional triangularidad que deriva del acuerdo suscrito por el Estado espaol con la llamada Santa Sede y de la intervencin del llamado Ordinario diocesano. Al encontrarse la vinculacin especial de los profesores de
religin muy apartada de la normalidad del resto de empleados pblicos laborales de la Administracin no cabe pretender que se les apliquen aspectos particulares de la regulacin de stos.
2. Rgimen tributario. Impuesto de Sociedades
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid (Sala de lo ContenciosoAdministrativo), de 18 de mayo de 2005 (JT 2005/817)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y Len (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 31 de octubre de 2005 (JUR 2005/271925)
Destaco dos importantes sentencias relativas a la aplicacin del Impuesto de Sociedades a las entidades eclesisticas y a otras de carcter no lucrativo.
La primera, del TSJ de Madrid, introduce un criterio interpretativo del
artculo V del Acuerdo celebrado entre la Santa Sede y el Estado espaol sobre
asuntos econmicos3.
El recurso contencioso-administrativo, presentado por una asociacin
religiosa inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia, trae causa de una liquidacin provisional del impuesto de sociedades, que aplic un tipo de gravamen del 25% en lugar del 10%, que, en opinin de la recurrente, le corresponda a tenor de la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
participacin privada en actividades de inters general. El Tribunal entiende
que el referido artculo V del Acuerdo sobre asuntos econmicos no establece
un concreto beneficio fiscal, en cuyo caso no podra ser modificado por la legislacin interna espaola, sino que constituye una norma de remisin al Ordenamiento jurdico-tributario del Estado Espaol, por lo que no puede considerarse que la legislacin interna espaola slo sea aplicable en cuanto
establece la bonificacin del 10% prescindiendo de los requisitos que establece
para su concesin, sino que la remisin al Ordenamiento jurdico-tributario del
Estado Espaol ha de efectuarse en su totalidad respecto del beneficio controvertido, debiendo concurrir los requisitos que establece dicho Ordenamiento
(en la referida Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participacin privada en actividades de inters general).
La recurrente no acredit en el ejercicio objeto de controversia el cumplimiento de dichos requisitos. Concretamente, la acreditacin en tiempo
oportuno de su naturaleza de entidad sin fines lucrativos.
La parte actora en el Recurso que da origen a la segunda Sentencia objeto de consideracin es la Diputacin Provincial de Len, que recurre la liquidacin del Impuesto sobre Sociedades por parte de la AEAT de Castilla y Len. Se
plantea el alcance del artculo 5.2 de la Ley 61/1978, sobre la exencin del impuesto de sociedades (de aplicacin, asimismo, a las confesiones religiosas)4. La
3. Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el
artculo IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benfico-docentes,
mdicas u hospitalarias o de asistencia social tendrn derecho a los beneficios fiscales que el
ordenamiento jurdico-tributario del Estado espaol prev para las entidades sin fin de lucro
y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benficas privadas.
4. Dicha norma establece: 2. Estn igualmente exentos del Impuesto sobre Sociedades:
a) Las Administraciones pblicas territoriales distintas del Estado y de las Comunidades Autnomas. b) La Iglesia Catlica y las asociaciones confesionales no catlicas legalmente reconocidas. c) Los montepos y mutualidades de previsin social, siempre que la naturaleza y
cuanta de sus prestaciones est comprendida dentro de los lmites legalmente fijados. d) La
Cruz Roja Espaola. e) Los establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de carcter temporal para arbitrar fondos calificados o declarados benfi-
cuestin consiste, ms concretamente, en determinar si los rendimientos financieros no sujetos a retencin fruto de la inversin de excedentes temporales de
tesorera en activos regulados en el Art. 8 de la ley 14/1985 de 29 de mayo, cuando son percibidos por las entidades enumeradas en el artculo 5.2 de la Ley
61/1978, estn exentos o no a tributacin en el Impuesto sobre Sociedades.
La Administracin tributaria entiende que no estn exentos, porque son
rendimientos derivados de la cesin del patrimonio de dichos entes. Por el contrario, la Administracin recurrente estima que la compra y el subsiguiente rendimiento de estos activos no es en absoluto una cesin de uso del patrimonio,
y consiguientemente los rendimientos obtenidos estn exentos del Impuesto sobre Sociedades.
La Sala resuelve que las entidades del art. 5.2 gozan de exencin por los
beneficios que obtienen por el ejercicio de su actividad fundacional. Pero
cuando todo o parte del beneficio obtenido es colocado en una cuenta corriente, o, adquiere ttulos de Deuda Pblica, la entidad fundacional est manejando
por cuenta propia unos beneficios y ejerciendo una actividad distinta de la fundacional. De este modo, los rendimientos obtenidos quedan fuera de la exencin
contemplada en el precepto citado. La exencin analizada opera respecto de las
rentas obtenidas en el ejercicio de la actividad fundacional, y no en el ejercicio
de actividades extrafundacionales, por mucho que los beneficios as conseguidos
se destinen posteriormente al fin fundacional. Se rechaza, en suma, la tesis que
preconiza para las entidades del tipo de la demandante un mbito omnicomprensivo de la exencin, no circunscrito a su actividad fundacional.
3. Impuesto sobre el valor aadido
En las resoluciones que a continuacin se recogen no se cuestiona la
exencin del IVA de las entidades de la Iglesia catlica, sino otros aspectos
cos o de utilidad pblica por los rganos competentes del Estado siempre que los cargos de patronos, representantes legales y gestores de hecho sean gratuitos y se rindan cuentas al rgano de protectorado correspondiente. f) Los partidos polticos, las centrales sindicales, los colegios profesionales, las organizaciones patronales, las Cmaras Oficiales y las asociaciones sin
nimo de lucro, siempre que en cada supuesto exista reconocimiento legal expreso de la personalidad jurdica de la entidad en cuestin. La exencin a que se refiere este nmero no alcanzar a los rendimientos que estas entidades pudieran obtener por el ejercicio de explotacin econmica, ni a los derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido, ni
tampoco a los incrementos de patrimonio. A estos efectos, se entendern rendimientos de
una explotacin econmica todos aqullos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenacin por cuenta propia de los medios de produccin y de recursos humanos o de uno de
ambos con la finalidad de intervenir en la produccin o distribucin de bienes o servicios.
relacionados con la aplicacin del Impuesto en supuestos en los que una determinada entidad eclesistica aparece involucrada. La mayor parte de las resoluciones sobre la materia nos sitan, en realidad, en el terreno del Derecho administrativo sancionador, en la medida en que se denuncia el hecho
de haber dejado de ingresar parte de la deuda tributaria correspondiente al
El punto ms frecuentemente discutido es la interpretacin de la regla
de la prorrata prevista en el art. 102 de la Ley del IVA, que es de aplicacin
cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efecte conjuntamente entrega de bienes o prestacin de servicios que originen el derecho a la deduccin y otras operaciones de anloga naturaleza que
no habiliten para el ejercicio del citado derecho. Suele plantearse con ocasin
de trabajos realizados en favor de la Iglesia catlica, como consecuencia de la
exencin parcial del IVA que tiene reconocida.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid (Sala de lo ContenciosoAdministrativo), de 17 de febrero de 2005 (JUR 85106)
La empresa constructora impugna la resolucin del TEAR que confirm
la liquidacin del impuesto del IVA relativa a una serie de operaciones de rehabilitacin de templos, habindose concedido expresamente la exencin del
impuesto a favor de la Iglesia catlica. La entidad actora pretende que se declare la nulidad de la liquidacin recurrida porque considera que en su caso era
aplicable la regla de la prorrata especial.
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aadido, en sus arts. 102 y siguientes, regula la regla de la prorrata, a la que me he
referido anteriormente, que contempla dos modalidades: general y especial. Esta ltima, segn el tenor literal del art. 103.2 de la Ley 37/1992, slo es aplicable en dos supuestos: cuando los sujetos pasivos opten por la aplicacin de dicha regla en los plazos y forma que se determine reglamentariamente (esto es
mediante la oportuna declaracin presentada en el mes de noviembre del ao
anterior al que deba surtir efecto, como establece el art. 28 del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprob el reglamento del mismo
impuesto); o cuando el montante total de las cuotas deducibles en un ao natural por aplicacin de la prorrata general exceda del 20% del que resultara en
aplicacin de la regla de prorrata especial. Fuera de estos casos, se aplica la regla de la prorrata general. Sin embargo, la actora que pretende que se le aplique
la modalidad especial, ni ejercit la oportuna opcin, ni acredit encontrarse
en el segundo supuesto del exceso del 20%, por lo que fue correcta la aplicacin
por la Administracin de la regla de prorrata general, cuyos clculos aquella
parte no discute.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y Len, Burgos (Sala de
lo Contencioso-Administrativo), de 18 de febrero de 2005 (JT 2005/550)
En el presente Recurso se alega el error involuntario padecido en la aplicacin de la regla de la prorrata, del art. 102 de la Ley del IVA, debido a la complejidad de la norma y al desconocimiento de las alteraciones tributarias que
suponan para el emisor de las facturas las operaciones exentas del IVA (en las
obras de construccin de una Iglesia parroquial). La Sala estima que concurre
el elemento culpabilstico necesario para que proceda la sancin. Consecuentemente, si la recurrente conoca que una parte de sus operaciones estaban
exentas, y as aparecan en sus Libros Registros, y no repercuti el IVA, no indicando en las declaraciones presentadas las operaciones exentas realizadas, impidiendo as a la Administracin tener conocimiento de las mismas, hemos de
concluir que no estamos en un supuesto de discrepancia razonable de criterio
entre la Administracin tributaria y el sujeto pasivo, por lo que concurre el elemento culpabilstico cuestionado, siendo por ello conforme a derecho la sancin impuesta.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalua (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 13 de abril de 2005 (JT 2005/700)
Impugna la parte actora la Resolucin del TEAR y en su argumentacin
exculpatoria apunta una determinada interpretacin del art. IV. C, del Acuerdo entre Espaa y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre asuntos econmicos, que merece ser recogida en este comentario5.
5. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las dicesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las rdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrn derecho a las siguientes exenciones: Exencin
total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentacin del clero, al
sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad. En su desarrollo, el apartado Segundo, letra
b) de la Orden del Ministerio de Economa y Hacienda de 29 de febrero de 1988, establece:
La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las dicesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las rdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada
y sus provincias y su casas tienen derecho a la exencin del IVA siempre que los bienes recibidos se destinen al culto, a la sustentacin del clero, al sagrado apostolado o al ejercicio
Sostiene la recurrente, en efecto, que la exencin reconocida a la Iglesia catlica tendra un carcter pleno y no limitado. En tal sentido, ella misma se
beneficiara de la exencin de la que se beneficiaron las entidades eclesisticas
adquirentes de los inmuebles. Al no poder repercutir a las entidades eclesisticas el IVA soportado a lo largo de la construccin de las obras finalmente entregadas, tampoco le corresponde soportarlo, siendo por tanto posible su deduccin e ilegtima la aplicacin del sistema de prorrata general llevada a cabo
por la Administracin Tributaria en las Actas de disconformidad, a efectos de
clculo de la cuota tributaria. Frente a dicha alegacin, la Administracin demandada sostiene que la exencin reconocida a favor de la Iglesia Catlica no
tiene carcter pleno, sino que responde al concepto aceptado doctrinalmente de
exencin limitada. En virtud de este planteamiento, slo la Iglesia Catlica es
beneficiaria de la misma, de modo que quienes, como el recurrente, procedan a
la entrega de bienes inmuebles a la Iglesia Catlica, deben soportar el IVA correspondiente.
Confirma el Tribunal la tesis de la Administracin. El IVA soportado
para la realizacin de obras, relacionadas con operaciones exentas afirma,
no puede ser objeto de deduccin, puesto que la Ley ha convertido al contratista que realiza una operacin con una entidad exenta de tributacin en consumidor final, de forma que tendr que soportar el impuesto que haya tenido
que abonar a sus proveedores para tal fin, si es que los hay.
La doctrina ha criticado el criterio normativo que sustenta esta solucin,
por cuanto conduce al incremento de los costes de la produccin para compensar la partida del impuesto que no se puede deducir. En cualquier caso, la
exencin del impuesto, segn el Acuerdo con la Santa Sede, es slo para la Iglesia Catlica, que por otra parte concluye la Sentencia no obtiene la exencin de forma automtica o gracial por parte de la Administracin, sino sobre
la base de un reconocimiento recogido en un Tratado internacional, de forma
que la Hacienda Pblica slo efecta una mera comprobacin de la concurrencia de los requisitos formales.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid (Sala de lo ContenciosoAdministrativo), de 28 de septiembre de 2005 (JUR 2005/252675)
El caso que se resea a continuacin es de naturaleza claramente diversa a los anteriores, pues se trata de una negativa al reconocimiento de la exencin del IVA a una Parroquia por entender la Administracin que la ejecucin
de obra no rene las condiciones que la Ley establece para que tengan relevancia a efectos de la exencin.
En efecto, el art. 8,2. 1 de la Ley 37/1992 considera entrega de bienes
las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construccin o rehabilitacin
de una edificacin. Por otra parte, se exige que el costo de los materiales utilizados alcance un determinado porcentaje del montante de la obra.
El Recurso de la entidad eclesistica, sin embargo, prosper, porque la
resistencia administrativa a calificar la obra como rehabilitacin careca de
la argumentacin mnima.
4. Impuesto sobre bienes inmuebles
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Pas Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 31 de marzo de 2005 (JT 2005/1103)
Se trata de una interesante Sentencia en materia de aplicacin de beneficios fiscales la exencin del IBI, concretamente a las entidades de la
Iglesia catlica, con arreglo a la ley de Fundaciones de 1994 y a su Reglamento
de 1995. En el caso, se alegaba la no acreditacin de la ausencia de nimo de
lucro de la entidad correspondiente la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra ni la vinculacin de los bienes al fin educativo, conforme al
art. 5.1 de la Norma Foral 5/1995, de la Hacienda guipuzcoana, mediante la que
se establece incentivos fiscales a la participacin privada en actividades de inters general.
Resuelve la Sala sobre la base de la Sentencia del Tribunal Supremo de
10 de marzo de 2001, que sent doctrina en inters de ley sobre el particular. La
aplicacin de los beneficios fiscales previstos en la ley a las entidades catlicas
sea en al artculo IV o en el V del Acuerdo sobre asuntos econmicos requiere que los bienes sobre los que se pretenden renan dos requisitos: la titularidad cannica y la afectacin a los fines especficos de la entidad, acreditados oportunamente.
Hecha la transposicin de las normas estatales a las autonmicas cuya correspondencia es perfecta slo cabe concluir que apareciendo indiscutida la titularidad sobre un inmueble dedicado a un actividad docente-universitaria y afecto justamente por ello al fin o destino de la entidad universitaria
de que se trata, se han de tener por acreditados los hechos normalmente constitutivos de tratarse de una entidad religiosa inscrita, que desarrolla su actividad
docente sin nimo de lucro, como lo hace el citado artculo 5.1 de la Norma
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalua (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 8 de abril de 2005 (JT 2005/690)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalua (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 26 de mayo (JT 2005/867)
Se plantean nuevos casos de una cuestin ya conocida por la Sala reclamacin por parte de la Universidad de Barcelona de la exencin del IBI y
resuelta conforme al criterio mantenido desde de Sentencia de 25 de enero de
El origen de la controversia se encuentra en la derogacin de los beneficios fiscales respecto de los tributos locales contenida en la Disposicin adicional 9. de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, de las Haciendas Locales, que
conlleva la inaplicacin a tales tributos del art. 53.1 de la Ley para la Reforma
Universitaria, que anteriormente los reconoca. Sin embargo, las universidades
podran acogerse al art. 58.1 y Disposicin adicional 5. de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, como equiparadas a las fundaciones benfico-docentes. Me
permito subrayar la afirmacin de la Sala relativa a que, si bien la rbrica de la
mencionada Disposicin se refiere a la Iglesia catlica y otras iglesias y comunidades religiosas, tambin se extiende a otras entidades no confesionales. Las
rbricas de los preceptos legales se recuerda carecen de eficacia normativa
directa, dado su carcter preferentemente sistemtico y didctico, de forma que
cuando haya discrepancia entre el texto legal y la rbrica, aqul habr de prevalecer sobre sta.
Por otra parte, la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades incorpor otra vez la norma de la exencin de los impuestos locales, conforme a
letra de la LRU, y vuelve a revivir dice el texto de la Sentencia importantes exenciones y beneficios fiscales para las universidades. En todo caso, es
necesario que estas entidades acrediten la afeccin (sic) o destino del bien de
que se trate al cumplimiento de la finalidad que fundamentan, en cada caso, la
existencia del beneficio fiscal.
5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalua (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 17 de febrero de 2005 (JT 2005/576)
La entidad benfica Caritas diocesana de Barcelona reclama la exencin
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana. La Sentencia se hace eco aunque no resultara de aplicacin al caso
del cambio legislativo operado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Rgimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (art. 15.3 y Disposicin adicional octava)6. Se trata dice de
una norma legal de indudables efectos innovativos en esta materia y que, frente a la doctrina legal del Tribunal Supremo, proclama la exencin del impuesto que nos ocupa respecto de los incrementos correspondientes cuando la obligacin legal de satisfacerlo recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos. La
exencin pasa de ser mixta, conforme a la doctrina legal del Alto Tribunal, a
ser subjetiva, a partir de la vigencia de tal Ley 49/2002.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Asturias (Sala de lo ContenciosoAdministrativo), de 29 de julio de 2005 (JUR 2005/224369)
Con motivo del recurso que plantea la esposa del causante contra la liquidacin del Impuesto de Sucesiones realizada por el TEAR, se discuten, en
esta interesante Sentencia, los efectos civiles del matrimonio cannico no inscrito en el Registro Civil.
Es de notar la curiosa circunstancia de que la recurrente no manifestara
estar casada con el causante hasta la fase de alegaciones ante el TEAR, atribuyndose ambos la condicin de solteros, y que el causante, al otorgar testamento, se declarase soltero y carecer de toda suerte de herederos forzosos. Con todo
sostienen la Sala, es lo cierto que el Cdigo Civil en sus artculos 59 y ss.
6. Art. 15. Tributos locales. 3. Estarn exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligacin legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitucin o transmisin de derechos
reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a ttulo oneroso por una
entidad sin fines lucrativos, la exencin en el referido impuesto estar condicionada a que
tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exencin en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Disposicin adicional octava. Fundaciones de entidades religiosas. Lo dispuesto en esta
Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Catlica y en
los acuerdos y convenios de cooperacin suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones
y comunidades religiosas, as como en las normas dictadas para su aplicacin, para las fundaciones propias de estas entidades, que podrn optar por el rgimen fiscal establecido en los
artculos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este ltimo caso presenten la certificacin de su
inscripcin en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el
nmero 5. del artculo 3 de esta Ley.
viene atribuyendo plenos efectos civiles al matrimonio contrado en forma religiosa, aadiendo el artculo 60 que para el pleno reconocimiento de los mismos se estar a lo dispuesto en el siguiente captulo relativo a la inscripcin del
matrimonio en el Registro Civil para que produzca plenos efectos civiles, y aunque el matrimonio cannico produce plenos efectos civiles desde la fecha de su
celebracin, su falta de inscripcin, una vez trascurridos cinco das de su celebracin, no perjudica a terceros, artculo 70 de la Ley del Registro Civil, de tal
modo que siendo la Hacienda Pblica un tercero, el matrimonio no produjo
efectos en relacin a ella hasta la fecha de su inscripcin, posterior al nacimiento de la deuda tributaria.
7. Libertad de culto y derecho de reunin
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 15 de febrero de 2005 (RJCA
2005/178)
A pesar de la autorizacin por parte de la Subdelegacin del Gobierno de
la concentracin prevista en la Plaza de la Baslica de la Candelaria, en concurrencia con los actos religiosos celebrativos del da de la Patrona, el Ayuntamiento prohibi dicha concentracin. La Sala otorga tutela al derecho de reunin, remitiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en Sentencia
195/2003, de 27 de octubre, que resulta de plena aplicacin al caso. La Sala entiende que se pudo haber delimitado el espacio a ocupar en una parte determinada de la plaza, o, incluso, haber realizado una ponderacin de los derechos fundamentales en conflicto a fin de restringir o incluso no permitir dicha reunin.
8. Patrimonio histrico
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla y Len (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 28 de enero de 2005 (JUR 2005/54532)
Procede a la anulacin de la Orden de la Junta de Castilla y Len que
autoriz la ejecucin de obras de reforma del presbiterio de la Catedral de vila. A juicio del recurrente, se dificultara la visin de un conjunto de tumbas de
valor histrico y, por las caractersticas de las laudas, tambin artstico.
Estima la Sala de aplicacin el art. 4 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histrico Espaol, relativo a la expoliacin, por cuanto las obras proyectadas, segn
el informe pericial, sufriran dos graves peligros en su integridad. Por otra par-
te, las obras proyectadas protegeran adecuadamente la funcin social religiosa
que tiene la Catedral, dice, pero no el resto de las funciones sociales que cumple
un monumento, como es el poder ser visitado, visto, estudiado, investigado, etc..
El rgano juzgador se toma la licencia de aadir sugerencias tcnicas como, por ejemplo, con referencia al altar y al ambn, apoyar estos elementos
fuera de las laudas, (de manera que) permita quedar su estructura volando sobre las mismas, o bien instalar estos elementos sobre rieles, de tal forma que se
puedan desplazar fcilmente por una sola persona y permitan la visin del conjunto total de las laudas. Concluye prudentemente, sin embargo, que no corresponde a esta Sala dar la solucin.
9. Clrigos y religiosos secularizados
14 de abril de 2005 (JUR 2005/172536)
La cuestin debatida gira en torno al contenido de la Ley 13/96 de 30
de diciembre y los Reales Decretos que la desarrollan (487/1998, 2655/1998 y
432/2000), los cuales reconocen al colectivo de sacerdotes y religiosos secularizados de la Iglesia Catlica el derecho a obtener una pensin de jubilacin o a
aumentar el importe de la que ya tuvieran reconocida, mediante el procedimiento de computar como cotizados los aos que formaron parte de aqulla, y
como contraprestacin a dicho reconocimiento se impone a dichas personas la
obligacin de ingresar el capital-coste de la parte de la pensin que se derive de
los aos de cotizacin que se le hayan reconocido.
En la presente demanda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicita la declaracin de nulidad de la sentencia de instancia por haber omitido
pronunciamiento acerca de la obligacin, con arreglo a la legislacin vigente,
arriba mencionada, del pago del capital-coste, al resolver sobre una reclamacin de incremento de la pensin de jubilacin tras el cmputo de los aos de
dedicacin a la vida religiosa. Sostiene la Sala de suplicacin que se trata de resolver si la resolucin administrativa que se encuentra en el origen del conflicto es una caso de gestin recaudatoria o de gestin prestacional de la Seguridad
Social. Se inclina, conforme a doctrina reiterada de la propia Sala, por la segunda da las posibilidades, de manera que no hay duda de la competencia de la
jurisdiccin social. En tal caso, la Sentencia de instancia debi pronunciarse sobre el abono del capital-coste y al no hacerlo se declara la nulidad de la Sentencia de instancia con reposicin de los autos al momento inmediatamente
anterior a dictar sentencia.
10. Objecin de conciencia
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 20 de octubre de 2005 (JUR 2005/273052)
Se alega vulneracin de los derechos de no discriminacin y de libertad
religiosa por la denegacin de la solicitud de ser examinado en horario o da distinto del sbado, en el primer ejercicio de la oposicin para el acceso al Cuerpo de maestros, siendo para el recurrente da de culto conforme a su religin e
impidindole cumplir sus deberes religiosos.
Tras una recopilacin bastante desordenada e inconexa de la doctrina
constitucional sobre libertad religiosa, concluye la Sala que no encuentra signo
alguno que suponga impedimento o coaccin de que el recurrente exponga y
ejercite sus convicciones religiosas.
No se entra en el segundo motivo del Recurso la vulneracin del art.
12 de la Ley 24/1992, de10 de noviembre, pues el procedimiento especfico
de proteccin de los derechos fundamentales tan slo puede enjuiciar la conformidad del acto o disposicin objeto del recurso con los derechos fundamentales, quedando vedada cualquier otra cuestin.
VI. AUDIENCIAS PROVINCIALES
He seleccionado diez resoluciones que me parecen de inters. Todas ellas
presentan circunstancias estimables y aplican eficazmente la doctrina legal. La
mayora de las resoluciones versan sobre matrimonio: declaracin de ajuste al Derecho del Estado y, particularmente, efectos de la rebelda en el proceso cannico.
Auto Audiencia Provincial de Vizcaya nm. 513/2005, de 5 de julio (JUR
2005/229571)
Declara ajustada a Derecho la Sentencia dictada por el Tribunal Eclesistico sobre nulidad de matrimonio cannico. Aunque, conforme a la doctrina ms reciente del Tribunal Supremo (Sentencia de 27 de junio de 2002), debe entenderse que la resolucin eclesistica fue dictada en rebelda del
demandado, declarado ausente en sede cannica, el hecho de que ste contrajera segundo matrimonio cannico significa que acept en un todo la Sentencia del Tribunal Eclesistico.
Aade la Sala que la condicin de que la resolucin cannica sea ajustada al derecho del Estado para que tenga eficacia civil no implica que los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional civil deban emitir una declaracin de
derecho material o sustantivo ya que esto ya se hizo en la resolucin eclesistica, sino, simplemente, una comprobacin de que puede desplegar su eficacia en
el orden civil. As se desprende de lo dispuesto en el Acuerdo Jurdico con la
Santa Sede y el artculo 80 del Cdigo Civil, declaracin que ha de fundarse en
la justificacin por el juez de que la resolucin eclesistica se ajusta al Derecho
del Estado, pero no significa que haya de procederse a examinar la existencia de
paralelismo entre las causas de nulidad matrimonial previstas en el Derecho
Cannico con las establecidas en el Cdigo Civil como una revisin del procedimiento cannico como cuestin de fondo. El reconocimiento por el Estado
de las resoluciones dictadas por los rganos competentes de la Iglesia Catlica
ha de respetar la autonoma normativa de la Santa Sede, como Estado propio
para regular el matrimonio y la disolucin del vnculo matrimonial, debindose comprobar que la sentencia cannica no contradice el Derecho del Estado y
es ajustada a l.
Auto Audiencia Provincial de Castelln nm. 91/2005, de 20 de abril (AC
2005/902)
Se cuestiona la interpretacin que ha de darse a trmino rebelda expresado en el art. 954 LEC cuando se trata de resoluciones de Tribunales eclesisticos. Tras una extensa exposicin de posiciones jurisprudenciales utilizando la expresin en sentido lato, se remite a la doctrina del Tribunal
Supremo, en Sentencia de 27 de junio de 2002, que, como se sabe, no distingue entre la involuntariedad o voluntariedad de la no comparecencia del demandado a los efectos de impedir la eficacia en el orden civil de la resolucin
cannica. En el primer caso, le debe amparar el principio de tutela judicial efectiva del artculo 24 de la Constitucin espaola; y en el segundo, el principio
de la libertad religiosa establecida en el artculo 16 de dicho Texto, y sobre todo el de la aconfesionalidad del Estado. Ya que podr estar de acuerdo una persona afirma el Alto Tribunal en someterse a una contienda judicial matrimonial dentro del cauce procesal cannico, y as atenerse a todas las
consecuencias que se deriven de la resolucin que se dicte. Pero lo que no se
puede obligar a nadie es a que se atenga a las consecuencias de una resolucin
cannica, cuando voluntariamente no quiere someterse al proceso cannico
matrimonial de la que la misma es consecuencia, ya sea por sus convicciones o,
incluso, por su inters. De todo ello se extrae que si en el proceso eclesistico
uno de los cnyuges se constituy voluntariamente en situacin procesal de re-
belda, habida cuenta el derecho a la libertad religiosa y la aconfesionalidad del
Estado, as como la imposibilidad derivada de uno y otra de obligar a nadie a
aceptar una resolucin que afecta a sus convicciones personales religiosas o incluso a su simple inters, no se puede conceder eficacia civil a la resolucin que
pone fin a aqul.
Auto Audiencia Provincial de Toledo nm. 15/2005, de 2 de marzo (AC
2005/644)
Se recoge la misma doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 27
de junio de 2002. La Sala considera la actuacin de la demandada en el procedimiento como de ausencia o rebelda de las denominadas de conveniencia, es
decir, de aquellas que si se tratara de una sentencia de tribunal extranjero carecera de efectos impeditivos para la concesin del exequatur, pero que tratndose de una decisin cannica de nulidad de matrimonio, al entrar plenamente en juego los principios de libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado, s
producira, segn la sentencia del Tribunal Supremo ms atrs citada, el efecto
semejante al de la rebelda, pues no otra cosa cabe proclamar de quien no comparece y contesta a la demanda, comparece a prestar declaracin y responde
con frases airadas al Tribunal decidiendo unilateralmente poner fin a la prueba
y sin ms ausentarse de la Sala, dejando incluso el acta sin firmar y, por ltimo,
no compareciendo al examen del psiclogo que iba a reconocerla para elaborar
una prueba pericial.
Auto Audiencia Provincial de Jan nm. 43/2005, de 15 de julio (AC
2005/1627)
Procede a la revocacin del Auto denegatorio del reconocimiento de los
efectos de la decisin pontificia sobre matrimonio rato y no consumado y hace
posible el acceso a la tutela judicial solicitada. Resuelve a partir de la conocida
doctrina establecida por Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre
de 1995, que declar que el ajuste al Derecho del Estado no impone una revisin de fondo y contenido sustantivo de la decisin pontificia, as como la inexistencia de lesin del orden pblico. A falta de pruebas acreditativas de que
la decisin pontificia contrara abiertamente al orden pblico interno, o resulte atentatoria contra el derecho constitucional reitera el Auto, la homologacin solicitada resulta estimable, pues el referido orden ha de estar no slo
al servicio del Estado sino preferentemente al de los ciudadanos y sus derechos
inviolables, uno de los cuales es el matrimonio cannico, por estar expresa y le-
galmente reconocido. En consecuencia, el ajuste al Derecho del Estado se produce sobre la base de concurrencia de las condiciones formales para el reconocimiento de las sentencias extranjeras, con el plus que presenta su no contradiccin a los principios jurdicos pblicos y privados de nuestro ordenamiento
de Estado en su sntesis exponencial de orden pblico interno, sustantivo y procesal y con el cumplimiento necesario de derecho a la tutela judicial que acoge
el art. 24 de la Constitucin.
Sentencia Audiencia Provincial de Granada nm. 35/2005, de 24 de enero
(JUR 2005/140252)
En Recurso de apelacin frente a una Sentencia sobre eficacia civil de
sentencia cannica y modificacin de medidas, se pide que, entre las consecuencias de la nulidad matrimonial, se cuente que deje de tener efectos el reconocimiento de la pensin compensatoria del art. 97 del Cdigo Civil, fijada
en el procedimiento de separacin y ratificada despus en el de divorcio, a favor de la ex esposa. La respuesta es negativa. Los efectos civiles de las resoluciones eclesisticas sobre nulidad reguladas por la Ley civil son de exclusiva
competencia de los tribunales civiles (Sentencia del Tribunal Constitucional
de 13 de enero de 1997).
Adems, el conflicto jurisdiccional entre una sentencia firme de divorcio, con sus consiguientes efectos econmicos, y una sentencia firme de nulidad cannica, cuyos efectos civiles tambin fueron reconocidos y fijados, ha de
resolverse manteniendo los efectos acordados en la sentencia de divorcio, ya
que la existencia de una sentencia firme de nulidad cannica y el subsiguiente reconocimiento de sus efectos civiles, no puede estimarse como cambio sustancial de circunstancias para dejar sin efecto lo acordado en la sentencia firme de divorcio. Llegar por este solo hecho a la solucin contraria
sera tanto como otorgar a la jurisdiccin cannica efectos de prevalencia civil sobre los Jueces y Tribunales del Estado, hecho que impide, en absoluto, el
principio de exclusividad jurisdiccional (Sentencia del Tribunal Supremo de 5
de marzo de 2001).
Sentencia Audiencia Provincial de Badajoz nm. 6/2005, de 14 de enero
(JUR 2005/42283)
Se solicita declaracin de nulidad del matrimonio civil por falta de consentimiento, al haberlo emitido bajo reserva mental y error en las cualidades
personales. No se prueba la falta de consentimiento. Aunque se diera por cier-
to el hecho hipottico alegado de que la apelada haba mantenido relaciones
sentimentales con un compaero de trabajo, meses antes de contraer dicho matrimonio, ello no puede interpretarse por s slo como que se reservase unilateralmente sus efectos, y ms concretamente que no quisiere cumplir con los deberes de fidelidad, convivencia y socorro que el matrimonio comporta.
Es desestimada, asimismo, la invocada causa 4. del art. 73 CC error
en las cualidades personales que por su entidad hubieren sido determinantes de
la prestacin del consentimiento, ya que no cualquier error en la personalidad de uno de los contrayentes da derecho al otro a alegar la nulidad por engao, sino que ha de referirse a cualidades que tienen un carcter permanente, no
las meramente accidentales o circunstanciales.
Concluye el juzgador, para reforzar su tesis desestimatoria, con una referencia al Cdigo de Derecho Cannico, que califica como precedente de nuestra vigente regulacin civil. Pues bien en su nueva redaccin del canon 1097,
proclama que el error sobre la cualidad, al ser un error accidental, no dirime el
matrimonio, a no ser que se pretenda dicha cualidad, directa y principalmente;
por lo que, en conclusin, el desconocimiento que se arguye por el recurrente
de la falta de lealtad y honestidad de la esposa, despus de diez aos de relaciones de noviazgo, no puede interpretarse como esencial para constituir causa de
nulidad, de ah que debamos compartir los escuetos, pero acertados, razonamientos de la sentencia apelada para desestimar la demanda reconvencional del
2. Impuesto sobre el Valor Aadido
Sentencia Audiencia Provincial de Madrid nm. 273/2005, de 13 de abril
(JUR 2005/114644)
Se recurre contra la condena al pago de costas. El demandante se opone
a la tasacin de costas, al estimar indebida la partida de IVA de las minutas de
Abogado y Procurador que han prestado servicios a la asociacin cannica demandada, exenta del pago del impuesto.
No comparte el criterio la Sala. En conformidad con el art. IV del
Acuerdo entre el Estado espaol y la Santa Sede sobre asuntos econmicos y la
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1988, no parece que la prestacin de
servicios jurdicos a entidades como la demandante est exenta del impuesto,
ya que la citada Orden Ministerial se refiere exclusivamente a las entregas de
bienes y no a la prestacin de servicios.
3. Delitos contra los sentimientos religiosos
Sentencia Audiencia Provincial de La Rioja nm. 201/2005, de 30 de marzo (JUR 2005/96474)
La alteracin psquica exime de responsabilidad penal al autor de un delito contra los sentimientos religiosos, del art. 523 del Cdigo Penal. Con todo,
concurren en el caso los requisitos que, conforme al art. 95 del Cdigo Penal
permiten adoptar una medida de seguridad.
Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid nm. 367/2005, de 21 de octubre (JUR 2005/261311)
Recurso de apelacin por delito contra los sentimientos religiosos (art.
525. 1 Cdigo Penal). Se confirma la realizacin de la accin tpica, que constituy sin duda una afrenta a dogmas y creencias religiosas de la Iglesia catlica, pero no se aprecia la concurrencia del elemento subjetivo del injusto: que
la accin se realice para ofensa de los sentimientos religiosos de los miembros
de una confesin religiosa. El acusado, afectado por un trastorno paranoide de
la personalidad, sostena que su intencin era hacer uso de su libertad de expresin. La manera burda y grosera de comportarse el acusado, expresndose
de una forma que no resulta respetuosa con los sentimientos ajenos, tratando de
imponer sus valoraciones e interpretaciones de un dogma religioso con una actitud intransigente, e intentando que prevalezcan sus valoraciones por encima
de las opiniones y creencias de los dems, es sin duda una conducta extravagante, probablemente en conexin directa con el trastorno que padece, conducta que le lleva a mostrarse ante los dems como vctima por el hecho de
pensar y actuar de una manera distinta a los dems (...), pero como se explica
ampliamente en la resolucin recurrida, en su fuero interno concluye la Sala su conducta no estaba dirigida a lesionar los sentimientos religiosos ajenos,
sino a su deseo de expresar y exteriorizar sus opiniones discrepantes.
4. Aconfesionalidad del Estado
Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Andaluca, Sevilla, de
18 de marzo (RJCA 2005/275)
Recurso interpuesto contra la Orden de la Consejera de Justicia y Administraciones Pblicas de la Junta de Andaluca por la que se declaraba la ade-
cuacin a la legalidad de los estatutos de Rgimen y Gobierno de Abogados de
Sevilla, que declaran la aconfesionalidad del Colegio si bien por secular tradicin tiene por Patrona a la Santsima Virgen Mara, en el Misterio de su Concepcin Mariana.
Expone la Sentencia la asentada doctrina del Tribunal Constitucional en torno a la materia y hace unas consideraciones interpretativas ms o menos pertinentes acerca del art. 16 de la Constitucin. Aade otras reflexiones
sobre determinados aspectos de la sociologa religiosa espaola y concluye que
el reconocimiento del cuestionado Patronazgo no implica otorgamiento de
privilegios a una determinada confesin religiosa, sino que recoge un hecho relevante y peculiar de su pasado histrico, que no ha encontrado, por otra parte, ningn obstculo en las Administraciones de las que dependa su definitiva
entrada en vigor. (...) El patronazgo en cuestin no hace caer en confesionalidad religiosa al Colegio de Abogados de Sevilla ni supone la vulneracin de la
libertad religiosa, al no imponer ninguna confesin, sino que se limita a recoger un hecho histrico relevante, con independencia de su mayor o menor grado de misterio, circunstancia que se considera irrelevante dado el carcter con
el que se recoge la advocacin mariana pues no constituye la imposicin de un
dogma de fe a los colegiados ni se tiene en cuenta su comprensin para el hecho
de estar en esa situacin ni en definitiva se vulnera el principio constitucional
de libertad religiosa pues el demandante no ha expuesto situacin alguna derivada del patronazgo que denuncia por el que deba entenderse vulnerado.
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