Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc1182-2016-2008-00064-de-febrero-8-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_03dc3d8d595e4efc8f5f50d19b286a33&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 14:18:44+00:00

Document:
SENTENCIA SC1182-2016 DE 08 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS. EN NINGÚN CASO, EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS PUEDE SER INTERPRETADO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS SINO EN SU AUTÉNTICO ALCANCE, LO QUE SUPONE ACEPTAR QUE LAS CONVENCIONES JURÍDICAS DE LAS PARTES IRRADIAN SUS EFECTOS A CIERTA CATEGORÍA DE TERCEROS QUE NO LE SON COMPLETAMENTE EXTRAÑOS, A QUIENES LES ASISTE LEGITIMACIÓN PARA DISCUTIR EN EL ÁMBITO DEL PROCESO LOS HECHOS Y ACTOS QUE LESIONAN SUS INTERESES. EXISTEN TERCEROS A LOS CUALES EL INCUMPLIMIENTO, LOS VICIOS EN SU FORMACIÓN, EL OCULTAMIENTO DE LA VOLUNTAD REAL DE LOS CONTRATANTES Y EL DESEQUILIBRIO EN SU CONTENIDO PRESTACIONAL LOS ALCANZA Y AFECTA PATRIMONIALMENTE EN ESTE EVENTO. ASÍ, EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD NO PUEDE IMPONERSE COMO UN OBSTÁCULO O BLINDAJE DEL CONVENIO FRENTE A LAS PERSONAS QUE, AUNQUE OSTENTAN UN INTERÉS JURÍDICO SERIO EN VIRTUD DE LOS EFECTOS QUE LE REPORTA ESE NEGOCIO JURÍDICO, NO CONCURRIERON A SU CELEBRACIÓN. DE TAL MANERA, TERCEROS AJENOS A LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PUEDEN SER TITULARES DE LA ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME.
TEMAS ESPECÍFICOS:DAÑO PATRIMONIAL, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, LESIÓN ENORME, PROCESO ORDINARIO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DEL CONTRATO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:532 DE ABRIL DE 2016, PÁG.685
Sentencia SC1182-2016/2008-00064 de febrero 8 de 2016
SC1182-2016
Radicación 54001-31-03-003-2008-00064-01
1. No genera discusión alguna la calificación que se ha dado a la “legitimación en la causa” como uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la pretensión, es decir, como condición de la acción judicial, de ahí que se le haya considerado como cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, pues alude a la materia debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este.
Tal atributo, en términos generales, se predica de las personas que “se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio”, en virtud de lo cual se exige “para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso”(6).
Aunque la garantía de acceso a la administración de justicia —ha dicho esta Sala— constituye un principio de orden constitucional, solamente “el titular de derechos o quien puede llegar a serlo, está facultado para ponerla en funcionamiento, frente al obligado a respetarlos o mantenerlos indemnes”, de tal modo que si alguna de las partes carece de esa condición “se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda” (CSJ SC 4468, 9 Abr. 2014, Rad. 2008-00069-01) y, por lo tanto, se erige en “motivo para decidirla adversamente” (CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628).
Acoger la pretensión en la sentencia depende de, entre otros requisitos, que “se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (...). Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquel, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando este demanda a quien no es poseedor” (CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628, reiterado en CSJ SC, 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01).
El ordenamiento adjetivo autoriza invocar la falta de ese presupuesto sustancial, al tenor del artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, como “excepción previa”, aunque también es admisible plantearla como mecanismo de defensa en la contestación de la demanda, y en todo caso, es deber del juez asumir su examen de manera oficiosa en la sentencia.
2. Son múltiples los criterios bajo los cuales se reconoce legitimación en la causa a las partes de un juicio. El primero de ellos, como es lógico, está vinculado a la titularidad por activa o por pasiva de la relación jurídica o derecho subjetivo que se debate en la acción; otro es el que se relaciona con la facultad del Ministerio Público de promover acciones para beneficio de derechos particulares y de ejercer la defensa del demandado en los casos en los que tiene asignada esa función.
Se encuentran también los terceros que, sin ser titulares de la relación jurídica litigiosa, ni representantes de estos, obran en nombre propio, pero haciendo valer derechos ajenos o soportando obligaciones que no son suyas, tal es el caso del acreedor que ejercita una acción pauliana; el tenedor de la prenda que la reclama o defiende ante terceros y el accipiens que demanda la pertenencia de un bien, entre otras hipótesis previstas en la ley.
Por último, deben incluirse las situaciones en las que —ha apuntado la doctrina procesal más autorizada— “la existencia objetiva del derecho y de la acción y de su pertenencia subjetiva se ofrecen separadas al juez”, lo que ocurre “cuando otras personas se presentan como posibles interesados activa o pasivamente en una acción”(7).
Ejemplo de lo anterior es la presencia de “varios interesados respecto de un mismo objeto o patrimonio, o se haya privado de las acciones correspondientes a cierto patrimonio, al sujeto de este, y pueda discutirse si una acción corresponde a algunos de los interesados o al total de ellos o al patrimonio considerado como ente (comunidad, sociedad, dote, herencia yacente, etc.)”(8).
De modo que no es un único parámetro el que permite establecer si a las partes les asiste o no legitimatio ad causam, sino que es imperativo analizar un “conjunto de circunstancias, condiciones o cualidades de cierta categoría de sujetos, respecto a la relación o al estado jurídico objeto del proveimiento que reclama un determinado sujeto”(9).
El elemento común en los casos mencionados es el interés jurídico específico y concreto del sujeto en el objeto del litigio o de la decisión reclamada, pues tanto lo tiene el titular del derecho o relación sustancial discutida o de la obligación correlativa como el que, en procura de obtener un beneficio propio, ejerce la defensa de derechos ajenos, y también el Ministerio Público, que resguarda el interés de la sociedad en las causas litigiosas en las que interviene, el cual se puede hallar implícito, incluso, cuando aboga por personas que se encuentran en determinadas condiciones (menores e interdictos), pues aun en ese evento se puede identificar el interés general que existe en la protección de los incapaces.
La conclusión de lo expuesto es que el interés en el litigio, factor que es determinante en la legitimación en la causa litigiosa, puede asistirle a varias personas por activa y por pasiva aunque solo algunos de ellos sean los titulares de la relación jurídica material, de ahí que a unos y a otros les deba ser reconocida.
3. Bajo esa perspectiva se debe analizar el contenido de los preceptos del ordenamiento civil que el casacionista estima quebrantados, los cuales atañen a la procedencia de la acción rescisoria de la venta por lesión enorme en el precio pagado o recibido por la cosa.
El artículo 1946 del Código Civil consagra que el contrato de compraventa “podrá rescindirse por lesión enorme”, y el 1947 establece que el vendedor sufre esa afectación “cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende”, y el comprador a su vez la experimenta en el evento de que “el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella”, entendiéndose que el justo precio “se refiere al tiempo del contrato”.
Las citadas disposiciones sustanciales permiten deducir que la acción rescisoria tiene el claro propósito de garantizar el principio de equidad o equilibrio económico en las prestaciones de los contratantes, que se mide en la proporción fijada por el legislador.
3.1. Respecto de la legitimación para incoarla se ha dicho que “(...) el vendedor, o el comprador, que se considere enormemente lesionado en relación con el precio de un inmueble transferido en compraventa, está legitimado para pedir la rescisión del contrato” (CSJ SC, 6 May. 1968), añadiéndose posteriormente que “teniendo como objeto... el restablecimiento en lo posible del equilibrio contractual, son las partes intervinientes en el negocio jurídico en que se pregona la lesión, en términos generales, los legitimados para incoar la acción, vale decir, el comprador o el vendedor, según el extremo que haya sido la víctima” (CSJ SC, 5 May. 1998, Rad. 5075; el subrayado es ajeno al texto).
Si el contratante ha fallecido, la acción, que es personal y de carácter patrimonial “pasa a sus herederos, ‘porque formando parte tal acción de la universalidad transmisible del causante, se fija en cabeza de sus sucesores universales, como los demás bienes transmisibles. Basta pues, la vocación hereditaria de herederos forzosos o simplemente legales o testamentarios, para que quien goce de ella tenga interés jurídico para ejercer las acciones que tenía su antecesor y pueda ejercitarlas en las mismas condiciones que este podría hacerlo si viviera’ (sentencia del 19 de diciembre de 1962)”(10).
En otra oportunidad indicó esta Corporación que:
(...) La rescisión por lesión enorme, según la forma como ella quedó concebida en los artículos 1946 y siguientes del Código Civil, tiene que ser vista como institución que puede ser ejercida respecto de los contratos de compraventa de inmuebles, y solo por el comprador y el vendedor que hayan podido ser afectados al realizar una tal negociación; traduce esa idea que los ajenos al negocio no están legitimados para ejercitar la respectiva acción, lo cual armoniza, además, con el principio de la relatividad de los contratos, en virtud del cual, quienes no concurran a su celebración, mal podrían ser vistos como perjudicados por su efecto. Los contratos, por regla general, ni aprovechan ni perjudican a los que no han concurrido a celebrarlos (CSJ SC, 12 Dic. 2003, Rad. 2002-0039-01; destacado propio).
Y después sostuvo: “(...) la transferencia definitiva del inmueble a un tercero de buena fe, impide que este pueda resultar cobijado por la protesta de lesión, que es asunto que concierne únicamente a quienes intervinieron en la venta fustigada, y que, por lo mismo, no puede afectar el patrimonio de esos terceros” (CSJ SC, 30 Ene. 2007, Rad. 1993-2889-01).
Los aludidos pronunciamientos refieren al principio conforme al cual, generalmente, la lesión enorme en el contrato de compraventa solo perjudica al vendedor o al comprador del bien, y a que no puede adelantarse el proceso rescisorio contra terceros adquirentes de buena fe, pues no les es oponible el negocio antecedente en el que ocurrió ese menoscabo.
No obstante, dado que no solo los primeros pueden resultar afectados por el desequilibrio patrimonial, dicha regla admite excepciones, las cuales de ningún modo son incompatibles con que la rescisoria sea considerada como una acción personal, pues tal atributo únicamente indica que no responde “al hecho de ser el actor titular de derecho real sobre la cosa” (CSJ SC, 30 Ago 1955, LXXXI, 79; CSJ SC, 13 May 1987, G.J. 2427, p. 213), pero no la adscribe de manera exclusiva a los contratantes.
3.2. El asunto de la legitimación de las partes en la lesión de ultra dimidium no puede estar, tampoco, regido por la aplicación del principio de relatividad de los contratos en la forma restrictiva en que se le ha entendido, la cual conduce a una falsa idea acerca de los efectos de esos negocios que desconoce su proyección sobre la situación jurídica de personas que no han intervenido en el acto.
Ese postulado, conocido por el aforismo romano res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest, en desarrollo del cual se ha afirmado que los acuerdos de voluntad no generan consecuencias sino entre los contratantes, lo que dimana de que siendo el acuerdo de voluntad una “ley” para las partes (art. 1602, C.C.) no puede este imponerse a quienes no han manifestado su consentimiento para celebrarlo, no tiene hoy el carácter absoluto que antes se le atribuyó, e incluso su alcance ha sido morigerado (CSJ SC, 4 May 2009, Rad. 2002-00099-01).
Ha existido un mal entendimiento del aludido principio —explicó la jurisprudencia— “todo por echarse al olvido que en los alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo. Dicho de otro modo, no solo el patrimonio de los contratantes padece por la ejecución o inejecución del negocio jurídico; también otros patrimonios, de algunos terceros, están llamados a soportar las consecuencias de semejante comportamiento contractual” (CSJ SC, 28 Jul 2005, Rad. 1999-00449-01).
Y como ejemplo de lo anterior, señaló:
No hace mucho, por ejemplo, alegaba un recurrente que ante el impago de un cheque, el tenedor, así encontrase culpable al banco de ese hecho, necesariamente tenía que reclamarle al girador, pues al banco no podía demandar ya que ninguna relación contractual lo unía a él; y tampoco podía hacerlo extracontractualmente porque si aun así resultaba menester establecer el eventual incumplimiento por el banco del contrato de cuenta corriente, de todos modos sería permitir que la acción de un extraño terminara definiendo la suerte del contrato, y sin la comparecencia de todos sus celebrantes. A lo cual hubo de responder la Corte en los siguientes términos: Planteamiento semejante parecería encontrar apoyo en el citado principio (res inter allios acta). “Se dirá, en efecto: el contrato no incumbe sino a sus celebrantes, y por consiguiente las acciones que allí se deriven no tienen más titular que ellos mismos; todo intento de los demás por penetrar en el contrato, ha de ser rehusado.
Ese argumento —sostuvo— “deja de ver que un hecho puede generar diversas proyecciones en el mundo jurídico; de aquí y de allá (...). Los perjuicios de un comportamiento anticontractual, verbigracia, podrían lesionar no solo al cocontratante sino afectar a terceros, e incluso llegar a afectar no más que a terceros: el mismo hecho con roles jurídicos varios”(11).
3.3. En la periferia del contrato, entonces, existen terceros a los cuales el incumplimiento, los vicios en su formación, el ocultamiento de la voluntad real de los contratantes y el desequilibrio en su contenido prestacional los alcanza y afecta patrimonialmente.
La distorsión de que ha sido objeto el axioma res inter allios acta ha representado, en no pocos casos, la imposición de un obstáculo o blindaje del convenio frente a las personas que, aunque ostentan un interés jurídico serio en virtud de los efectos que le reporta ese negocio jurídico, no concurrieron a su celebración, cuando su genuino alcance excluye únicamente a quienes son enteramente ajenos a la relación contractual, también llamados terceros absolutos o penitus extranei.
Son ellos los sujetos totalmente extraños al contrato y que no tienen vinculación alguna con las partes, por lo que aquel ni les perjudica ni les aprovecha.
En el grupo de los no celebrantes del convenio, sin embargo, también se encuentran los terceros relativos, quienes sí guardan una vinculación jurídica con los contratantes por cuanto dicho pacto les irradia derechos y obligaciones.
En ese sentido “puede suceder —anota Morales Molina— que un tercero se halle jurídicamente vinculado a una de las partes principales o a la pretensión que se debate, y que por ello pueda resultar afectado por la sentencia que llegue a proferirse. A este se le denomina tercero interesado, y por razón de su interés jurídico la ley le brinda los medios de intervenir en el proceso para hacerlo parte”(12).
Dentro de esa categoría están los “cesionarios, o los herederos o causahabientes a título universal o singular” y también los deudores solidarios o de obligación con objeto indivisible, los coherederos, los comuneros, los titulares de derechos reales principales cuando la propiedad se halla desmembrada, el cónyuge respecto a bienes sociales, el adquirente de cosa litigiosa, o el propietario del bien gravado con garantía real.
Tal modalidad se ha hecho extensiva a los acreedores en relación con los actos jurídicos realizados por el deudor, toda vez que el patrimonio de este constituye prenda general de garantía, y también se reconoce en “aquellos en cuyo favor se ha estipulado una relación contractual, según los términos del artículo 1506 del Código Civil” (CSJ SC, 5 Ago 2013, Rad. 2004-00103-01).
En la providencia que se acaba de citar, la Corte se pronunció sobre los efectos de la declaración de la simulación de un negocio jurídico y sostuvo que “muy a menudo ocurre que como resultado de las relaciones jurídicas posteriores al contrato simulado, las consecuencias de este tienen incidencia directa en otras personas, ante lo cual cabe preguntarse si un acto aparente posee la virtualidad de lesionar los intereses de terceros; entendiendo por estos últimos —en sentido amplio— los sucesores a título universal (herederos y legatarios), los acreedores quirografarios, los causahabientes a título particular, e, incluso, el penitus extraneus”.
Los terceros relativos están legitimados para participar en el litigio, es decir están en una condición en virtud de la cual ellos mismos hubieran podido ejercer la pretensión, o sea que son sujetos de intervención principal, pues poseen un derecho propio distinto de los del demandante y demandado, de ahí que no es posible acallar su interés jurídico con el solo argumento de que no concurrieron a la formación del contrato.
De ahí que su legitimación haya sido reconocida por la jurisprudencia en acciones como la de simulación, pues “todo aquel que tenga un interés jurídico protegido por la ley, en que prevalezca el acto oculto sobre lo declarado por las partes en el acto ostensible, está habilitado para demandar la declaración de simulación. Ese interés puede existir lo mismo en las partes que en los terceros extraños al acto, de donde se sigue que tanto aquellas como estos están capacitados para ejercitar la acción... (G.J. tomo LXXIII, pág. 212)” (CSJ SC, 27 Ago. 2002, Rad. 6926).
4. La acción rescisoria, en este caso, fue promovida por quien ostentaba la condición de socio mayoritario de Inversiones Asociados Compañía Ltda., la cual enajenó el lote de terreno que constituía el único activo de la sociedad a favor de Nelly Duarte Villamizar, y a pesar de que no celebró la compraventa, es innegable que estaba legitimado para incoar la acción rescisoria por la lesión enorme que estimó configurada en ese negocio, como a continuación se explica.
4.1. Ya en otras oportunidades, esta Sala ha admitido la legitimación de los socios para reclamar contra los negocios en cuya celebración no han intervenido en virtud de los perjuicios que estos les irrogan, incluso en contra de la voluntad de otros asociados y sin que el demandante ostente la representación legal de la persona jurídica, avance en la doctrina jurisprudencial de la Corporación que, sin duda, deja ver que, en ningún caso, el principio de relatividad de los contratos puede ser interpretado en términos absolutos sino en su auténtico alcance, lo que supone —como se dijo— aceptar que las convenciones jurídicas de las partes irradian sus efectos a cierta categoría de terceros que no le son completamente extraños, a quienes les asiste legitimación para discutir en el ámbito del proceso los hechos y actos que lesionan sus intereses.
Es así como en sentencia proferida el 30 de noviembre de 2011, se indicó que “(...) el socio, durante toda la existencia de la persona jurídica societaria, sin perjuicio de otras relaciones jurídicas derivadas del contrato social y de su calidad de asociado, es acreedor o titular de prerrogativas exigibles frente a la sociedad (cfr. art. 379, C. Co.)” en virtud de lo cual “ostenta legitimidad para reclamar ante la justicia que se declare la simulación del correspondiente negocio jurídico, con miras a salvaguardar, se insiste, los derechos patrimoniales que se desprenden de sus relaciones con la sociedad” en el evento de que “con el acto aparente se pongan en riesgo, de manera fundada y evidente” sus derechos”, como ocurre “cuando, v. gr., se manifieste que la sociedad se desprende a título oneroso de un bien, pero, en realidad, nada recibe a cambio como contraprestación”, lo que se justifica porque “de mantenerse una operación como la anteriormente descrita sus intereses ciertamente se afectarán a partir de ese momento” (Rad. 2000-00229-01).
Y posteriormente, por vía refleja se aceptó la legitimación de los socios en los procesos de simulación, al reconocerle tal atributo al acreedor del asociado de una persona jurídica que había enajenado un inmueble, y a la heredera de un socio del ente moral que vendió un bien de ese tipo.
En el primero de esos pronunciamientos, sostuvo la Sala:
(...) es evidente que con relación a “negocios jurídicos de disposición de activos” celebrados por la respectiva “sociedad en comandita”, se torna imperioso reconocerle “legitimación al acreedor del socio” cuyas “cuotas de capital” se hallan embargadas a favor de la ejecución para el cobro de su crédito, a fin de que pueda ejercitar la “acción de simulación”, como garantía auxiliar de protección del “derecho de prenda general” reconocido en el artículo 2488 del Código Civil, toda vez que la enajenación ficticia de “elementos del activo patrimonial de la sociedad”, puede traer como consecuencia la pérdida de valor de las “cuotas de capital” si por ejemplo el convenio fuere simulado y también porque esos actos repercuten en la disminución de la participación del socio deudor en una eventual liquidación de la sociedad.
Las reseñadas circunstancias, evidencian de manera ostensible la generación de perjuicio no solo para los “acreedores” de la compañía, sino respecto de quienes ostentan esa calidad con relación a los “socios” que tengan “cuotas de capital”, cuando hayan obtenido el decreto de medidas cautelares sobre esos “derechos patrimoniales de su deudor” con antelación al contrato atacado, de donde emerge el “interés jurídico” que faculta a los nombrados “terceros” para promover la “acción de simulación” frente a “negocios jurídicos anómalos de disposición de activos celebrados por la respetiva sociedad” (CSJ SC, 2 Ago 2013, Rad. 2003-00168-01; se subraya).
En la otra providencia se indicó:
En el caso sub judice no existe duda de que la actora está legitimada para promover esta acción, dado que es heredera del difunto socio de la entidad demandada, lo que la faculta para solicitar la declaratoria de simulación del negocio que resulta contrario a sus intereses, sobre todo si se tiene en cuenta que la sentencia que declaró que es hija del causante quedó ejecutoriada mucho antes de la fecha de interposición de esta demanda...
En consecuencia, como “la herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente” (artículo 1013 del Código Civil), entonces deviene ostensible que la sucesora está legitimada para reclamar la restitución de los bienes para la sociedad en la que su ascendiente tenía participación económica al momento de su muerte (CSJ SC, 5 Ago. 2013, Rad. 2004-00103-01).
A la par de lo anterior se ha aceptado que la legitimación de los terceros para formular la acción de simulación es “eminentemente restringida, puesto que “el contrato no puede quedar expuesto a que cualquier persona que tuviera conocimiento del acto, pudiera asistirle interés para hacer prevalecer la verdad”“ (CSJ SC, 5 Sep. 2001, Rad. 5868), de ahí que cada caso siempre deba evaluarse “a la luz de las particulares circunstancias en que dicho negocio se haya verificado y en que, respecto de él, se encuentre el tercero demandante” (CSJ SC, 30 Nov. 2011, Rad. 2000-00229-01).
4.2. Si en materia de simulación, la Corte ha admitido la legitimación de los asociados para demandar los negocios jurídicos fingidos y fraudulentos celebrados por las sociedades comerciales en que participan, similar criterio es el que debe regir en el presente caso, pues varias razones confluyen para aceptar la habilitación del actor en la formulación de la acción rescisoria.
En primer lugar, el demandante hacía parte de una sociedad de responsabilidad limitada, que descansa sobre “una base de confianza y de consideración a las calidades personales de los socios”(13), en virtud de la cual existe una relación intuito personae entre los asociados como en las sociedades de personas; concretamente, Inversiones Asociados Cía. Ltda. estaba integrada por cinco socios:
SOCIO % CUOTAS SOCIALES
Yebrail Mateus Gordillo 20%
Aldo Antonio Fuentes Castro (demandado) 20%
Álvaro Jesús Uribe Castellanos 10%
Ángela Castellanos de Uribe 10%
A lo anterior se adiciona que al momento de instaurarse la demanda, la persona jurídica se hallaba liquidada mediante acta de junta de socios de 5 de diciembre de 2006, inscrita el 10 de enero de 2007 bajo el Nº 09320957 del Libro IX del Registro Mercantil (fl. 2, cdno. 1), con lo cual se extinguió la sociedad, de ahí que cualquiera de los socios estaba legitimado para incoar acciones judiciales tendientes a la protección de sus derechos.
De otra parte, el actor no solicitó que los efectos jurídicos derivados de la eventual prosperidad de sus pretensiones se materializaran exclusivamente en su favor, toda vez que al reclamar que se decretaran “las prestaciones mutuas a que hubiere lugar”, ordenándose la “devolución del precio y la cancelación de la escritura y su registro”, hizo referencia a las consecuencias que dimanan de la rescisión para quienes fueron parte del convenio, y por ende, en relación con Inversiones Asociados Cía. Ltda., sus destinatarios serían necesariamente los exsocios.
Por último, en su condición de exasociado, el demandante alegó la existencia de un perjuicio derivado de la venta del inmueble que constituía el único activo de la desaparecida sociedad, situación de la que surgió para él un interés jurídico protegido por la ley, susceptible de debatirse a través de este proceso.
En efecto, aunque en vigencia de la sociedad, esta “forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados” según lo preceptuado por el artículo 98 del Código de Comercio, son innegables las relaciones que se forman entre los asociados y el ente moral, de las cuales dimanan una serie de derechos de contenido económico para los primeros.
Tales prerrogativas o potestades están relacionados principalmente con el aporte realizado por los primeros que genera para la sociedad la obligación correlativa de reintegrarlos en las situaciones y en la forma establecida en la ley (arts. 143 a 148, C. Co.), de lo cual proviene su interés permanente en sus acciones, cuotas o partes de interés social, y también en el pago de las utilidades o dividendos generados por el ejercicio del objeto de la entidad, aprobados de manera periódica por la asamblea o junta de socios, del que son acreedores en forma proporcional a la parte pagada de su participación (arts. 149 a 157 ib.), que en la sociedad de responsabilidad limitada corresponde a la totalidad del capital social, porque este es pagado íntegramente al constituirse la compañía y al solemnizarse cualquier aumento del mismo (art. 354).
En cuanto al reintegro de los aportes, establece el estatuto mercantil que la sociedad debe proceder a realizarlo durante la etapa liquidatoria, después de pagar las obligaciones externas contraídas por esta, y también cuando sea declarado nulo el contrato social respecto del correspondiente asociado.
De ahí que desde el nacimiento de la persona jurídica, quienes la conforman tienen un interés jurídico indiscutible vinculado a los derechos que tienen dentro de ella, particularmente los de restitución de sus aportaciones y pago de las utilidades obtenidas.
4.3. El actor tiene, entonces, esa calidad o condición subjetiva que le otorga la facultad para pretender la declaración de ser lesiva la venta del inmueble que constituía el único activo de la sociedad vendedora, la cual se encontraba en estado de liquidación al momento de celebrarse dicho negocio, porque tiene un interés jurídico particular en el resultado de la litis, que además es serio y actual, en la medida en que del desequilibrio prestacional alegado, deriva un perjuicio propio de carácter patrimonial en cuanto a la disminución del valor a distribuir entre los socios por razón de dicho contrato celebrado entre el liquidador de la sociedad Inversiones Asociados Cía. Ltda. y Nelly Duarte Villamizar.
Lo anterior como consecuencia de no ingresar a los activos corrientes de la empresa lo que pudiera corresponder al justo precio del bien enajenado.
De ese modo, puede perseguir tanto la rescisión que tendría por efecto restituir el predio al patrimonio de la persona jurídica y así reconstituir aquel, como que se complete lo pagado hasta el importe del referido valor, pues se aumentaría el monto que habría de recibir en la liquidación adicional del haber social.
La indicada afectación es constitutiva del interés jurídico que lo habilita para acudir a la jurisdicción, porque a pesar de la consagración de la acción de responsabilidad civil frente a los administradores por los perjuicios que culposa o dolosamente le ocasionen, entre otros, a los asociados (art. 200, C. Co.), e igualmente contra el liquidador (art. 255 ib.) ante el daño originado por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, esas acciones no pueden impedir la utilización de otros instrumentos procesales.
Dentro de esos mecanismos están aquellos dirigidos a impugnar los negocios jurídicos que impliquen, por ejemplo, la disposición de activos, en razón de no consagrarse legalmente restricción a dicha facultad, ya que corresponden a litigios concebidos para resguardar o amparar los derechos patrimoniales de los exsocios desconocidos o mermados.
4.4. En compendio, ni el principio de la relatividad de los contratos, ni la existencia de otras acciones judiciales, sirven de barrera para que la controversia planteada por el exsocio mayoritario de Inversiones Asociados Cía. Ltda. pueda ser dirimida de fondo.
5. En este punto del análisis, resulta incontestable que el Tribunal cometió el error jurídico que le atribuyó el casacionista, en razón de lo cual prospera el cargo planteado y, en consecuencia, se casará el fallo recurrido, debiéndose proferir en sede de instancia el que ha de reemplazarlo.
1. No puede generar discusión alguna, a partir de las consideraciones expuestas al resolver sobre la demanda de casación, que el exsocio Álvaro Martínez Hernández ostenta legitimación para impetrar la acción rescisoria de la venta celebrada por Inversiones Asociados Cía. Ltda. y Nelly Duarte Villamizar respecto del lote de terreno al que le fue asignado el folio de matrícula inmobiliaria 260-745 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta.
El objeto del litigio es establecer si, tal como lo alegó el actor, en ese negocio jurídico se presentó una desproporción prestacional exorbitante al haber pagado la compradora un valor inferior a la mitad de su justo precio, hipótesis prevista en la primera parte del artículo 1947 de la codificación civil, frente a la cual el legislador le otorgó dos opciones a la adquirente: consentir en la rescisión, o completar el importe en la cantidad correspondiente con deducción de una décima parte, siendo esos los efectos de un fallo estimatorio de las pretensiones de la demanda.
No obstante, tal decisión no puede proferirse sin la comparecencia de las personas que son sujetos de la relación jurídica debatida, quienes eventualmente habrán de soportar las prestaciones mutuas que se producirán si llegara a rescindirse el negocio.
El artículo 83 del estatuto procesal civil establece:
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados... (el subrayado no es del texto).
2. En este caso, teniendo en cuenta que la sociedad vendedora se encontraba disuelta y liquidada a la fecha en que se presentó el libelo que dio inicio al proceso y, por lo tanto, se había extinguido la personalidad jurídica de ese ente moral, el contradictorio en este asunto debía integrarse con las personas naturales que la conformaban a la época de la enajenación, en la forma y términos señalados en la norma precitada.
De acuerdo con el acta mediante la cual se aprobó la cuenta final de liquidación de Inversiones Asociados Cía. Ltda., a ese momento además del demandante Álvaro Martínez Hernández y del demandado Aldo Antonio Fuentes Castro (liquidador), eran socios Yebrail Mateus Gordillo, Álvaro Jesús Uribe Castellanos y Ángela Castellanos de Uribe, cuyos intereses se verían directamente afectados de llegar a tomarse una decisión de fondo.
3. Al no haberse procedido de la señalada manera, la actuación adelantada queda parcialmente viciada, como lo sostuvo esta Sala en la Sentencia CSJ SC 6 Oct. 1999. Rad. 5224 al rectificar la doctrina de la Corporación, conforme a la cual hasta entonces se consideraba que, en el evento de advertir el sentenciador ad quem la falta de integración de un litisconsorcio necesario en alguno de los extremos de la relación jurídico-procesal, el fallo tendría que ser inhibitorio.
La rectificación obedeció a “razones de orden jurídico y de conveniencia en pos de lograr que, en últimas, se llegue a producir una justa y oportuna composición de los litigios, y, por sobre todo, en cumplimiento del preciso mandato legal contenido en el artículo 37-4 del Código de Procedimiento Civil, que le impone a los jueces el deber de emplear todos los poderes de que se halla investido para evitar los fallos inhibitorios, los que, en esencia, no son propiamente sentencias”.
Dentro de los razonamientos del primer carácter se afirmó que la conclusión expuesta con anterioridad por la jurisprudencia no encontraba respaldo en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, porque un entendimiento lógico de esa norma e integrado con todo el ordenamiento procesal civil permitía afirmar que:
(...) primero, que es cierto que todas las medidas de integración del litisconsorcio necesario deben surtirse en el trámite de la primera instancia; y segundo, que, en cambio, no es cierto que una vez superada tal instancia el sentenciador superior, de continuar la deficiente conformación de aquel, no le queda otro camino que abstenerse de proveer sobre el fondo del asunto puesto a su consideración. En efecto, lo único que en esta hipótesis impide el precepto es “resolver de mérito”, lo que indudablemente deja espacio para que el juzgador ad quem pueda adoptar cualquier medida procesal, legalmente admisible, que conduzca a solucionar la anómala situación, mientras no resuelva de fondo que es lo único que en verdad se le prohíbe; mucho más, si precisamente, como se dijo, es deber ineludible del juez evitar los fallos inhibitorios.
La medida procesal que le corresponde adoptar al fallador de segunda instancia —agregó— está dada por la consagración de la causal 9ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual se produce, entre otros eventos, cuando se deje de notificar o emplazar a una de “las demás personas que deban ser citadas como parte”, situación que atañe con los litisconsortes necesarios, quienes deben ser citados al proceso justamente para que se pueda resolver de mérito sobre la cuestión litigiosa; situación que se da tanto frente a aquellos litisconsortes que mencionados en la demanda y en el auto admisorio de la misma no fueron notificados de este; como frente a quienes deben ser citados, y no lo han sido, a pesar de que por la ley o por la naturaleza del litigio deben demandar o ser demandados; todo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil.
El decreto de la nulidad —concluyó la providencia— comprenderá el trámite adelantado en la segunda instancia y la sentencia apelada u objeto de consulta, puesto que abolida esta se restituye la posibilidad de disponer la citación oportuna de las personas que debieron formular la demanda o contra quienes se debió dirigir esta, para los fines que atañen con la defensa de sus intereses; se dan así unas ventajas prácticas de valor apreciable, con relación al fallo inhibitorio, consistentes en que subsiste el mismo proceso, se evita que se pierda tiempo y la actividad procesal producida hasta ese momento, se mantienen los efectos consumados de las normas sobre interrupción de la caducidad y prescripción; y, por sobre todo, se propende porque de todos modos se llegue al final a la composición del litigio (criterio reiterado en CSC SC, 23 Mar. 2000, Rad. 5259; CSJ SC, 29 Mar. 2001, Rad. 5740; CSJ SC, 22 Abr. 2002, Rad. 6278; CJS SC, 5 Dic. 2011, Rad. 2005-00199-01; CSJ SC).
4. Por consiguiente, situada la Corte en la sede del Tribunal y a efectos de corregir el vicio que afecta parcialmente lo rituado, anulará las actuaciones surtidas después de la sentencia apelada y dicha decisión, para que el juez a quo cite al proceso a Yebrail Mateus Castillo, Álvaro Jesús Uribe Castellanos y Ángela Castellanos de Uribe, con quienes debió integrarse el contradictorio, y renueve el trámite invalidado, conservando validez las pruebas decretadas y practicadas en el proceso.
En virtud de la nulidad que será declarada, en la cual están comprendidas las actuaciones de la segunda instancia, no se condena en costas en esta.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de doce de octubre de dos mil doce, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario referenciado, sin costas en casación por prosperar el recurso, y como juzgador de segunda instancia,
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir de la sentencia proferida el nueve de diciembre de dos mil once por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, sin perjuicio de la validez de las pruebas decretadas y practicadas en el proceso.
2. Ordenar al juez a quo que proceda a integrar el contradictorio con los señores Yebrail Mateus Castillo, Álvaro Jesús Uribe Castellanos y Ángela Castellanos de Uribe, en la forma y términos establecidos en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil y, en su momento, a renovar la actuación anulada.
1 Folio 40, c. 7.
4 Folio 18, c. 1.
6 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo Primero. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1968, p. 185.
7 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Bogotá: Temis, 1961, p. 490.
8 Op. cit., p. 491.
9 ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil, citado en DEVIS ECHANDÍA, op. cit., p. 519.
12 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 8ª ed. Bogotá: Editorial ABC, 1983. p. 239.
13 GUAL VIDAL. La sociedad de responsabilidad limitada. Citado por RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles. México: Edit. Porrúa S.A. Tomo II, 1977, p. 354.

References: artículo 6
 artículo 1946
 artículo 1506
 artículo 2488
 artículo 98
 artículo 1947
 artículo 83
 artículo 37
 artículo 83
 artículo 140
 artículo 83
 artículo 83