Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3107
Timestamp: 2020-08-07 01:49:47+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2017-3107
Documento BOE-A-2017-3107
«BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2017, páginas 20635 a 20646 (12 págs.)
BOE-A-2017-3107
En el recurso interpuesto por don Fernando Gutiérrez Valdenebro, notario de Mérida, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Badajoz número 1, don Luis José Moreno Camacho, por la que se deniega la inscripción de una escritura de compraventa.
Presentadas las anteriores escrituras en el Registro de la Propiedad de Badajoz número 1, en unión de sendas diligencias subsanatorias, se produjo la inscripción de la cancelación, siendo denegada la inscripción de la escritura de compraventa que fue objeto de la siguiente calificación: «Entrada: 2417/2016. Hora: catorce horas y veinte minutos. Presentante: don M. I. C. J. Fecha de presentación: 26/07/2016. Número de asiento: 29. Diario: 76. Objeto: compra. Protocolo: 746/2.016. Fecha del documento: 26/07/2016. Autorizante: don Fernando Gutiérrez Valdenebro. Aportación de documento: 19/09/2016/14/11/16. Retirado: Devuelto: Registro de la Propiedad número uno de Badajoz Calificado el precedente documento, copia autorizada en soporte papel con nota de oficina liquidadora de escritura de compraventa autorizada por el notario de Mérida don Fernando Gutiérrez Valdenebro el 26.07.16, con el nº 746 de protocolo, del que otra copia autorizada electrónica fue presentada telemáticamente el mismo día de su otorgamiento, habiéndose aportado por vía telemática el 19.09.16 dos diligencias subsanatorias de igual fecha y aportado la copia calificada el 19.09.16 junto con testimonio de igual fecha en soporte papel comprensivo de dichas dos diligencias (si bien en el mismo se dice referir a la matriz 745 del protocolo cuando en realidad, por su contenido, ha de referirse a la nº 746, pudiendo tratarse de un error material), habiéndose aportado hoy, por la representante de la sociedad compradora, simple fotocopia de escrito presentado al Juzgado Mercantil por la sociedad vendedora, de diligencia de ordenación de 07.11.16 y de providencia de dicho Juzgado de 09.11.16, de las que no resulta posible verificar su autenticidad, todo exclusivamente respecto de la participación indivisa de finca descrita con el nº 2, única radicante en la demarcación de este registro, se deniega y suspende la inscripción, por haberse observado el/los siguiente/s defectos insubsanable y subsanable sobre la base de los hechos y fundamentos de derecho que a continuación se expresan: 1.–Sin que conste asiento alguno relativo a procedimiento concursal en el Registro de la Propiedad, se encuentra cerrada la hoja de la sociedad vendedora en el Registro Mercantil en virtud de lo ordenado por el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz en auto 69/2016 de 09.03.16, del que se incorpora testimonio inscrito en el Registro Mercantil a la escritura de compraventa, mediante el que se declara el concurso de la vendedora y, simultáneamente, por apreciar insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la misma, la conclusión del concurso, acordándose la extinción de la sociedad y el cierre de su hoja registral. “Concurso Express”. (Art. 176.1.3 y 176. bis. 4 y 178.3 LC). 2.–Razona el auto en su fundamento tercero para justificar la insuficiencia de masa, que si bien existen dos fincas cuyo valor de mercado asciende a 8.341.448,79 €, las mismas se encuentran afectas a un crédito, no contra la masa sino concursal privilegiado garantizado con dos hipotecas sobre las mismas, siendo la deuda principal a favor de BBVA de 10.117.284 €, resultando por tanto el valor de las fincas insuficiente para abonar dicho crédito privilegiado, quedando un activo de unos 25.000 € para cubrir el resto del pasivo ascendente a 827.718,70 €, por lo que se concluye que no concurre suficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la misma, siendo por ello procedente la admisión a trámite del concurso de la ahora vendedora y su simultánea conclusión en referido auto. 3.–Con la misma fecha y nº 744 de protocolo del mismo Notario se otorga por BBVA una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas sobre expresada participación de finca que se ha inscrito con fecha 26.10.16. Siendo el importe de principal de dichas hipotecas de 7.762.238,79 € (el de la inscripción 8ª) y de 296.000 € (el de la inscripción 12ª). En la misma se afirma que yendo a ser transmitida la participación hipotecada se ha alcanzado el acuerdo de que la parte prestataria (la ahora vendedora) reintegre al banco 750.000 € y 300.000 €, –que el banco recibe mediante sendos cheques en la escritura de compra calificada para destinar a esa cancelación–, “condonando el banco a la sociedad vendedora el resto de los importes de los préstamos”. 4.–Dicha condonación evidencia la aparición de un activo sobrevenido, (s.e.u.o. 7.008.238,79 sólo en cuanto al capital de la participación de finca calificada), que aboca a la reapertura del concurso ex Art. 179.2 LC. limitada a la liquidación del activo, a la que se ha de dar la publicidad de los artículos 23 y 24 de la LC., procediendo a la reapertura de la hoja en el Registro Mercantil. Y si bien ciertamente la reapertura debe ser objeto de solicitud, por aplicación del principio de rogación, en cualquier caso y ante su falta, lo que no se produce es la conclusión definitiva del procedimiento concursal y la reanudación del régimen ordinario de las sociedades establecido en la Ley de Sociedades de Capital, sino que la declaración de fin del concurso y de extinción de personalidad jurídica lo es bajo la premisa de que el conjunto de las relaciones jurídicas del deudor estén asimismo extinguidas. Si no es así la titularidad sigue siendo de la persona jurídica cuya personalidad subsiste sin perjuicio de que la reapertura del procedimiento precise declaración del juez competente conforme artículo 179.2 de la Ley Concursal. Lo que no es posible entender es que la sociedad haya dejado de estar en concurso y la aparición de activo sobrevenido derivado de la condonación actúe como si el concurso no existiera. (Cfr. Último párrafo del fundamento 3 y fundamento 4 de la RDGRN 17.12.12). 5.–Aunque no hubiese existido tal activo sobrevenido, se ha procedido al otorgamiento de la compraventa -según resulta de la primera de las diligencias de subsanación-, por quien en su día fuera el administrador solidario de la extinguida sociedad, (sustituyéndose así en la diligencia el concepto de liquidador solidario con el que intervenía en la redacción originaria de la escritura). La sociedad así extinguida por resolución del Juez del concurso (Art. 178.3 Ley Concursal) que, aunque no se hubiese dado la circunstancia de activo sobrevenido, ya era titular de ciertos bienes (al menos las fincas) no sobrevenidos ni aparecidos después, que han de integrarse en el tráfico y ser enajenados, ha de tener la necesaria personalidad para ello y precisa de un proceso liquidatorio de tales bienes que no se ha llevado a cabo al haberse cerrado la hoja registral a pesar de no haberse procedido, previamente, a la constancia registral de su disolución y liquidación (Art. 247 del RRM), como ocurriría ordinariamente en el régimen de la LSC. En esta extraña situación la Ley no determina cómo se lleva a cabo ese proceso liquidatorio, ni quiénes ni en qué concepto han de realizarlo, ni siquiera a quienes ni en qué concepto corresponde la legitimación para los actos dispositivos, por lo que cabe afirmar que: A).–No pueden entenderse legitimados los administradores como tales, pues la disolución de la sociedad abre el período de liquidación (371 LSC.) y, con la apertura de éste período, cesan los administradores extinguiéndose su poder de representación (374 LSC), ni tampoco pueden estimarse convertidos automáticamente en liquidadores a quienes fueron los administradores de la sociedad conforme al art. 376.1 de la Ley de Sociedades de Capital ya que –además de la necesidad de comprobar la inexistencia de disposición estatutaria en contrario, que no consta– el propio artículo 376.2 de citada ley excluye tal conversión, al determinar que “no procede el nombramiento de liquidadores si la disolución es consecuencia de la apertura de la fase de liquidación en concurso”. Y, aunque en este doctrinalmente denominado “Concurso Express” no habría propiamente apertura formal de dicha fase, sí que habría la declaración judicial de la extinción de la sociedad que implicaría la disolución y la consiguiente automática apertura de la fase de liquidación ex art. 376.1 de la LSC y, si no estuviese expresamente excluido por el art. 376.2 LSC, la conversión en liquidadores de quienes hubiesen sido administradores, salvo disposición estatutaria en contrario. B).–El auto judicial dispone 1.–declaración concurso, 2.–declaración de la conclusión del mismo, 3.–extinción de la sociedad y, 4.–finalmente el cierre de su hoja registral, pero todo en un mismo y simultáneo acto, precisando el fundamento tercero que “los efectos de esta resolución serán los propios de la conclusión del concurso y no los de la declaración. En definitiva, ni se nombrará administrador concursal, ni desplegará la declaración del concurso los efectos sobre el deudor, los acreedores y los actos perjudiciales para la masa. Por otro lado deberá acordarse la extinción de la persona jurídica y el cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil. (Art. 178.3 LC)”. Ello implica que la liquidación habría de llevarse a cabo en el ámbito del cumplimiento de lo tercero ordenado por el juez, es decir de la “extinción” de la sociedad, pues la misma implica un proceso comprensivo de disolución, liquidación y cierre de hoja y, por tanto fuera del concurso. Pero como las cuatro cosas están ordenadas simultáneamente, lo lógico sería que la liquidación se hubiese practicado, aun extra concursalmente, antes del cierre de la hoja registral (247 RRM) lo que, desde luego, no se ha hecho. Como no se ha hecho así, volver ahora a ese punto precisaría, en principio, que la sociedad tuviese hoja abierta en el RM de donde resultaría la legitimación representativa para ese proceso liquidatorio, ya fuese de los administradores convertidos en liquidadores automáticamente por no existir disposición estatutaria en contra (376.1) o ya de los liquidadores que fuesen nombrados e inscritos siendo a ellos a quienes correspondería no sólo la legitimación sino el deber de enajenar los bienes sociales ex Art. 387 de la LSC. C.–Finalmente la LSC (Art. 400), en sede de regulación de activo y pasivo sobrevenido en el ámbito societario ordinario no concursal (que no sería propiamente el caso ya que la finca existía), establece un régimen no sólo para la formalización de los actos anteriores a la cancelación de los asientos registrales, sino para todos los supuestos en que concurra la circunstancia de “…o cuando fuere necesario”, determinando que “los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de esta”, lo que no solucionaría el problema de la legitimación dispositiva en el presente supuesto ya que, como se ha dicho, en nuestro caso ni hay ni hubo liquidadores antes del cierre de la hoja. Sin embargo el 400.2 en relación con el n.º 1 anterior sí parece que ofrece una vía de solución, pues cabría afirmar que “… cuando fuere necesario…2.–En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido la sociedad”. Se entiende, Juez de lo Mercantil, naturalmente ahora no por ser el juez del concurso sino el competente para las cuestiones civiles que se promuevan al amparo de la normativa de sociedades mercantiles [Cfr. Art. 86.ter 1 y 2.a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial]. Lo que en el presente caso, dado que la escritura ya se ha otorgado, implicaría la necesidad de que dicho Juez Mercantil -no del concurso- la ratificase, previos los trámites oportunos. Por todo lo cual se deniega y suspende la inscripción pretendida por los siguientes defectos insubsanable el primero y subsanable el segundo, de no haber existido el primero: 1.–Resultar de los hechos anteriores la aparición de un activo sobrevenido con posterioridad a la declaración de conclusión del concurso por insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la misma, que aboca a la reapertura del concurso con finalidad exclusivamente liquidatoria de dicho activo en los términos que han quedado expresados, sin perjuicio de que la reapertura del procedimiento precise declaración del juez competente. 2.–Aunque no hubiese existido el defecto anterior, no resultar acreditada la legitimación de los otorgantes ni la validez del acto dispositivo contenido en el título calificado en los términos referidos. Arts. 18 Ley Hipotecaria, 1259 Código Civil, 371, 376, 387 400 de la Ley de Sociedades de Capital, 176, 176 bis, 178, 179 de la Ley Concursal 247 Reglamento del Registro Mercantil y demás preceptos concordantes, así como RDGRN de 17 diciembre de 2012, (BOE 25.01.13) entre otras. Contra la presente nota de calificación (…) Badajoz a catorce de noviembre del dos mil dieciséis.–El registrador de la Propiedad (firma ilegible) Fdo: Luis José Moreno Camacho».
Contra la anterior nota de calificación, don Fernando Gutiérrez Valdenebro, notario autorizante del título calificado, interpuso recurso el día 13 de diciembre de 2016 en el que, resumidamente, expone: «(…) Fundamentos de Derecho.–A) Respecto al primero de los defectos de la nota de calificación cabe alegar lo siguiente: 1.º–Que no se ve como la condonación por parte de la entidad acreedora privilegiada de la parte de deuda no cubierta por el importe íntegro del precio de la compraventa realizada, pueda evidenciar la aparición de activo sobrevenido, cuando lo que realmente sobreviene es la extinción del pasivo preexistente correlativamente a la desaparición del activo enajenado afecto al pago de aquel; y máxime cuando la condonación realizada no tiene por causa las mera liberalidad del acreedor, sino que la causa es onerosa, y está definida por las recíprocas prestaciones de extinción de deuda y entrega del inmueble (STSJ Madrid 10 de junio de 2011); que en el mismo sentido se pronuncia esa Dirección General cuando refiriéndose a la causa, afirma que no es gratuita sino compleja, más conectada con acuerdos transaccionales (Res. DGRN 14 de julio de 2015). 2.º–Que presupuesto esencial para proceder a la reapertura del concurso ex artículo 179.2 LC es la aparición de bienes o derechos con posterioridad a la conclusión del mismo, lo que no se da en el presente caso al constar ya en fase concursal y pre concursal la existencia del activo, y no resultar de la condonación activo liquidable alguno, por lo que no puede proceder la reapertura por dicha causa. 3.º–Que en consecuencia, no son de aplicación los fundamentos de la resolución citada por el registrador en su nota, que se refiere a un caso de créditos sobrevenidos con posterioridad a la conclusión del concurso. 4.º–Que de prevalecer la tesis del registrador se llegaría al absurdo de reabrir un concurso con la misma insuficiencia de masa activa que motivó su conclusión, pues carece de sentido que la cantidad condonada suponga activo liquido repartible alguno entre los acreedores. B) Respecto al segundo de los defectos de la nota de calificación cabe a legar lo siguiente: 1.º–Que es doctrina reiterada por ese Centro Directivo, que incluso después de la cancelación registral persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad como centro residual de imputación en tanto no se agoten las relaciones jurídicas de las que la sociedad es titular (RR.DGRN 13 y 20 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1999 y 14 de Febrero de 2011. entre otras). Que la cancelación de dichos asientos no perjudica al acreedor toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma (Res. DGRN 29 de abril de 2011 y STS 20 mayo de 2013, SAP Madrid 17 de junio de 2016, auto AP Barcelona 19/15 de 16 de febrero). 2.º–Que en la medida que la extinta sociedad conserva un cierto grado de personalidad jurídica debe existir un órgano que pueda representarla a tales fines; que dicho órgano debe estar encarnado por los administradores o liquidadores que lo fueran al tiempo de la conclusión del concurso y cancelación de los asientos registrales de la sociedad; que dado que no pueden existir liquidadores (arts. 372 y 376.2 LSC) y que no se ha provisto nombramiento de administrador concursal (Fundamento 3º del auto), la representación social solo puede ostentarla el ultimo administrador con cargo inscrito, como en el caso ocurre, cuyo poder de representación no se haya totalmente extinguido (artículos 145.3 LC, 374.2LSC), y máxime cuando con la conclusión del concurso cesan las limitaciones a las facultades del deudor (Fundamento 3.º auto y art. 178 LC); que mantener lo contrario implicaría una situación de acefalia que impediría la total conclusión de las relaciones jurídicas pendientes de la sociedad. 3.º–Que la Autoridad Judicial, a la vista de las circunstancias concurrentes, entre las que se encuentran la existencia de los créditos privilegiados y de las fincas afectas al pago de los mismos, decidió, al amparo de los artículos 176 bis 4 y 178 LC, declarar la sociedad en concurso con simultánea conclusión del mismo por insuficiencia de la masa activa ordenando simultáneamente su extinción y cancelación de sus asientos, lo que supone implícitamente, admitir la liquidación abreviada practicada, que se ha realizado por tanto en cumplimiento del auto, y como consecuencia de un proceso concursal; que incluso de la nota de calificación parece inferirse que si el acto se hubiera realizado con posterioridad al auto pero con anterioridad a la cancelación de la hoja social, hubiera tenido acceso al registro, cuando como se ha dicho en el considerando primero, la cancelación de dicha hoja, ni extingue totalmente la personalidad jurídica de la sociedad, ni puede perjudicar al acreedor. 4.º–Que no resulta coherente cuestionar la validez del acto dispositivo negando su acceso registral y permitir sin embargo, el del acto cancelatorio, que sí se ha inscrito, pues como dice la STSJ de Madrid citada, existe un solo negocio destinado de manera esencial a cancelar el préstamo hipotecario a cambio de la transmisión del inmueble, no resultando admisible que se disgregue o divida el mismo, que es lo que el registrador hecho inscribiendo uno y denegando el otro, con lo que ello supone; que en definitiva, se cancela porque se cobra, lo que no sería posible sin la enajenación cuestionada. 5.º–Que la ratificación de la Juez de lo Mercantil, que en nuestro caso es la misma que ha conocido el concurso, parece por tanto innecesaria por lo dicho en los considerandos segundo y tercero anteriores, y máxime cuando lo que el registrador pretende es la reapertura del concurso; que la misma es contraria a un pronunciamiento judicial firme, pues obliga a la juez a revisar el auto de conclusión del concurso contra el que ya no cabe recurso; y que resulta mejor entender, como ha quedado dicho en el considerando tercero, que la escritura cuestionada haya sido otorgada por el último administrador, solidario en nuestro caso, con cargo inscrito, instancia naturalmente más adecuada, en términos de legitimación y eficiencia, para ostentar la representación formal de la sociedad extinguida. 6.º–Que a modo de epílogo, como dice uno de los considerandos de la RDGRN 20 de mayo de 1992 “aconseja la búsqueda de soluciones que garantizando debidamente el equilibrio entre los intereses concurrentes, armonicen con las exigencias de agilidad y certeza en el tráfico inmobiliario, evitando costosas y complicadas actuaciones, que no por ello redundan en una mayor protección de los intereses que pretenden defenderse...”».
– La sociedad «Construcciones Cruzmar, SL», es titular de tres cuartas partes indivisas de la finca registral 32.087 de Badajoz y de otra finca radicante en otro distrito hipotecario. Dicha participación estaba gravada con las hipotecas de sus inscripciones 8ª y 12.ª a favor de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA».
– Mediante auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz, de fecha 9 de marzo de 2016, se acordó declarar en estado de concurso a la citada sociedad así como la simultánea conclusión del mismo por insuficiencia de masa activa ordenando, en consecuencia, la extinción de la sociedad y el cierre de su hoja en el Registro Mercantil competente, lo que se efectuó con fecha 4 de mayo de 2016.
– Con fecha 26 de julio de 2016, la sociedad «Construcciones Cruzmar, SL», la entidad «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA» y la sociedad «Cruzjara, SL», otorgaron escritura de compraventa de la citada finca, procediéndose en escritura separada, a la cancelación de los préstamos hipotecarios que gravaban la misma, previa condonación a la entidad deudora de la parte de crédito no cubierta con el importe de la venta y otorgando carta de pago por la totalidad de la deuda.
– De providencia de fecha 9 de noviembre de 2016, dictada por Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz en los mismos autos de concurso ordinario número 55/2016, resulta que, con posterioridad al otorgamiento de la escritura calificada, se solicitó la intervención del juez concursal en orden a la autorización o aprobación de la compraventa efectuada, resolviendo el mismo que, no constando solicitud de reapertura y, dado que el concurso esta archivado, carece de competencia para autorizar o refrendar dicha compraventa. Dicha providencia fue acompañada sin constancia de su firmeza.
– La escritura de cancelación de hipoteca se inscribe en el Registro causando la inscripción 19.ª de la finca registral.
3. Una vez concluido el concurso, la Ley Concursal tras las sucesivas reformas operadas en su articulado por las leyes 38/2011, de 10 de octubre, y 25/2015, de 28 de julio, diferencia según el deudor sea persona física o jurídica. En el primer caso, dispone el artículo 178.2 de la Ley Concursal que «el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la apertura del concurso o no se declare nuevo concurso…». No es sino consecuencia del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor del artículo 1911 del Código Civil con las salvedades establecidas en el artículo 178 bis siguiente. En el supuesto del deudor persona jurídico el artículo 178.3 de la Ley Concursal anteriormente transcrito, dispone su extinción y la cancelación de su inscripción.

References: artículo 179
 resolución 
 artículo 376
 resolución 
 artículo 179
 resolución 
 artículo 178
 artículo 1911
 artículo 178
 artículo 178