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Timestamp: 2019-09-23 21:02:33+00:00

Document:
Disposiciones Nacionales y Provinciales de Protección de la Familia (1)
LEY 9861 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA
Artículo 2º.- Con esta finalidad, la Provincia de Entre Ríos adhiere expresamente al compromiso internacional asumido por el Estado Argentino al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando sus principios rectores y contenido normativo, los que se consideran, en lo pertinente, parte integrante y complementaria de la presente Ley, conjuntamente con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores Privados de la Libertad y
las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD) las que se
publicarán como anexo de la presente Ley.-
Artículo 22º.- El Estado Provincial garantizará a todo niño o adolescente imputado de la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito, los siguientes derechos y garantías:
a) A ser investigado y juzgado por un órgano judicial con competencia específica, formación especializada en la materia, independiente e imparcial.
b) A no ser juzgado sino por acciones u omisiones tipificadas, como delito o contravención, en una ley anterior al hecho del proceso, que permita su conocimiento y comprensión como tales.
c) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia firme de condena, debiendo ser tratado como tal durante todo el proceso.
d) A no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni constreñido a participar coactivamente en actos de contenido probatorio.
e) A ser informado por toda autoridad interviniente de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, de los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y las pruebas existentes en su contra, de su derecho a no declarar contra sí mismo, y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutores o responsables y de su defensor.
f) A que sus padres o responsables sean informados de inmediato en caso de aprehensión, del lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa, Juzgado y organismo policial interviniente.
g) A nombrar abogado defensor, por sí mismo o a través de sus representantes legales, desde la existencia de una imputación en su contra, con independencia de que se haya o no dado formal iniciación al proceso, siendo inviolable el derecho a la defensa y las garantías del procedimiento. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado.
h) A no declarar durante todo el proceso y a no ser llamado a tal fin por ninguna autoridad, pudiendo ser oído personalmente sólo por el juez interviniente y únicamente en caso de ser expresamente solicitado por el niño o adolescente. También tendrá derecho a presentar su descargo por escrito. El niño y adolescente podrá prestar declaración, verbal o escrita, en cualquier instante del proceso, debiendo ser ella recibida, bajo pena de nulidad, previa asistencia técnica. La autoridad policial no podrá recibir declaración al niño y adolescente en ningún caso.
i) A la igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá producir todas las pruebas que considere necesarias para su defensa.
j) A no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación, debiéndose respetar su vida privada en todas las etapas del procedimiento.
k) A que su situación frente a la atribución delictiva que se le formule sea decidida sin demora, en una audiencia oral y contradictoria, con plenas garantías de igualdad y de defensa.
l) A no ser privado ilegalmente de su libertad, ni ser limitado en el ejercicio de sus derechos más allá de los fines, alcances y contenidos de cada una de las medidas que se le deban imponer, de conformidad con la presente Ley.-
Artículo 62º.- El Juzgado Penal de Niños y Adolescentes tendrá competencia exclusiva cuando menores de dieciocho (18) años de edad, aparezcan como autores o partícipes en la comisión de un hecho calificado por la ley como delito o contravención.
Artículo 63º.- El juzgamiento oral en única instancia de los adolescentes punibles estará a cargo del juez o tribunal con competencia especializada que se organice a partir de la entrada en vigencia del proceso acusatorio en la Provincia. El juzgamiento comprenderá la declaración de responsabilidad o de irresponsabilidad penal y, en audiencia aparte, la imposición o no de pena. Dicho tribunal resolverá, asimismo, en grado de apelación, los recursos interpuestos contra las resoluciones del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes.-
Capítulo II - Del procedimiento de familia
Artículo 69º.- Las causas que se sustancien ante los Juzgados de Familia tramitarán según las normas de esta Ley. En todos los supuestos contenidos en el artículo 64 se aplicará el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio sumario, salvo disposición específica respecto de trámite especial contemplado en esta Ley, el código procesal o leyes especiales, como los previstos en la Ley Nº 9198 y la Ley Nº 8806.-
Artículo 70º.- Trabada la litis el Juez anoticiará al equipo interdisciplinario para que realice las evaluaciones diagnósticas correspondientes. Luego convocará a las partes, sus letrados, al Defensor de Menores y a los integrantes del equipo interdisciplinario a una audiencia que será dirigida por el Juez y se realizará con su presencia, bajo pena de nulidad. En esta oportunidad el Juez orientará a las partes con el fin de arribar a una conciliación, pudiendo solicitar toda clase de informes verbales al equipo interdisciplinario. Podrá, además, hacer comparecer a cualquier persona sea del grupo familiar o no, que pueda aportar elementos para la mejor solución de la cuestión.
En caso de arribarse a un acuerdo, el Juez lo homologará.
Si no se lograra, dictará providencia en la que se admita y ordene la producción de pruebas ofrecidas por las partes o interesadas por el Ministerio Público, señalando la fecha para la celebración de audiencia de vista de causa. Lo tratado en la audiencia preliminar será de carácter reservado y no se dejará constancia por escrito, salvo acuerdo de partes.
Si el actor o reconviniente no compareciera a esta audiencia sin justa causa, a pedido de parte, se lo tendrá por desistido de la pretensión y se le impondrán las costas.
Si en iguales circunstancias no compareciera el demandado o reconvenido se fijará nueva audiencia en un plazo no mayor de diez (10) días, bajo apercibimiento de que, en caso de incomparecencia sin justa causa, se le aplicará una multa a favor de la otra parte que se fijará entre 10 y 50 ius, cuyo importe deberá depositarse dentro del tercer día de notificado.-
Artículo 71º.- A pedido de parte o cuando el Juez lo estime conveniente en interés del niño, del adolescente o del grupo familiar se adoptarán medidas cautelares o autosatisfactivas.-
Artículo 72º.- Audiencia de vista de causa. Hasta la oportunidad de la audiencia de vista de causa se agregarán los informes. Si resultara procedente la producción de prueba pericial y sin perjuicio de su concurrencia a la audiencia de vista de causa los peritos anticiparán su dictamen por escrito no menos de dos (2) días antes de la audiencia.
Deberán verter las explicaciones que el Juez depusiera de oficio o a pedido de parte en la misma audiencia. En esta oportunidad se producirá la prueba confesional y testimonial debiendo comparecer las partes y sus letrados.
La audiencia será dirigida por el Juez quien deberá estar presente, bajo pena de nulidad. En esta oportunidad el Juez podrá estar asistido por el equipo interdisciplinario e interrogar libremente a las partes, peritos y testigos, labrándose acta de todo lo actuado. Producida la prueba, las partes quedan facultadas para formular sus alegatos, los que serán "in voce". Seguidamente, el representante del Ministerio Público, emitirá su dictamen. Finalizado el debate quedará concluida la etapa pasando los autos a despacho para el dictado de la sentencia.-
Artículo 73º.- Las medidas de protección se sustanciarán por el procedimiento de conocimiento sumarísimo que seguidamente se establece. De la solicitud de la medida se correrá traslado a los progenitores o responsables legales del niño o adolescente por tres días para que comparezcan y contesten, no pudiendo formular reconvención. Se les dará la oportunidad de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y se garantizará a todas las partes involucradas el debido proceso y la oportunidad de ser escuchados.
En caso de tratarse de las medidas de protección previstas en los incisos e) y f) del artículo 57 antes de la sustanciación de la acción y salvo que razones de gravedad y urgencia autorizaran su prescindencia, se requerirá el informe de la actuación administrativa y se correrá vista al Defensor de Menores, a fin de que el mismo estime si se han agotado las medidas administrativas.
La audiencia preliminar será fijada dentro de los 5 días y deberán ser citados bajo pena de nulidad los padres, asistidos de letrados, el niño, el Defensor de Menores y el organismo administrativo de protección interviniente. De subsistir cuestiones litigiosas convocará dentro de 15 días audiencia de vista de causa y dictará sentencia en un plazo no mayor de 5 días. En el transcurso del proceso, y aún antes de la sustanciación de la demanda, si de los hechos alegados y pruebas rendidas, surgiera la necesidad de disponer alguna medida de protección de carácter provisorio y urgente, previa intervención del Equipo Interdisciplinario del Juzgado y con vista al Defensor de Menores, el juez podrá disponerla de oficio o a pedido de parte, en todos los casos previa escucha del niño y sus padres o responsables legales.-
Artículo 74º.- La duración de las medidas previstas en el artículo 54 estará sujeta al resultado de la evaluación de seguimiento que realizará el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, previo informe de los profesionales intervinientes, debiendo observarse las prescripciones del último párrafo del artículo citado.
Transcurridos seis meses de dispuesta la medida, agregados los informes de seguimiento y la evaluación del Equipo Interdisciplinario y previa vista al Defensor de Menores deberá resolverse en definitiva.-
Artículo 75º.- Los recursos de apelación contra las sentencias definitivas se concederán libremente y con efecto suspensivo, excepto cuando el Juez haya dispuesto la adopción de una medida de protección, en cuyo caso se concederá en relación y con efecto devolutivo.-
Artículo 76º.- Las sentencias interlocutorias y providencias simples que causen un agravio irreparable por la sentencia definitiva, serán apelables en relación y con efecto suspensivo.-
Capítulo III - Del procedimiento penal aplicable a los menores de 18 años de edad.
Artículo 77º.- Hasta tanto se reforme la Ley Nº 22.278 que regula el actualmente denominado Régimen Penal de Menores; las disposiciones del CAPITULO III –NORMAS DE PROCEDIMIENTO PENAL , contenidas en la Ley Nº 9324 deberán ser interpretadas y aplicadas con arreglo a los principios establecidos en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 19 de la Ley Nacional Nº 26.061 y de su Decreto reglamentario Nº 415/2006 y en el artículo 22 de este cuerpo legal, de modo de garantizar a los niños y adolescentes imputados de la comisión de un delito el pleno respeto de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Artículo 78º.- El juez Penal de Niños y Adolescentes deberá procurar deslindar los aspectos relativos al proceso penal tendientes a comprobar el hecho y la autoría responsable de su autor, los que serán objeto de su intervención y competencia específica, de las cuestiones asistenciales relativas a la situación personal y socio-familiar del niño y adolescente, las que deberán ser encuadradas conforme las disposiciones de la Ley Nº 26.061 y concordantes de este cuerpo legal.-
Artículo 79º.- En caso de conflicto entre cualquiera de las normas aplicables a niños y adolescentes imputados de delito o contravención, será de aplicación la que mas favorezca a los derechos del niño o adolescente.
Artículo 80º.- La presente Ley asegura la recurribilidad de toda decisión jurisdiccional y de toda medida que afecte los derechos del niño y del adolescente, a excepción del capítulo III de la Ley 9324.
A partir de la entrada en vigencia de la presente; deróganse las Leyes Provinciales Nºs. 8490 y 9324, excepto el Capítulo III de esta última y el artículo 231 del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos.
Las autoridades judiciales de aplicación de esta Ley de protección integral, deberán archivar todas las causas de contenido asistencial, abiertas conforme a los criterios de las Leyes derogadas de patronato nacional Nº 10.903 y provinciales Nºs. 8490 y 9324, debiendo comunicar su archivo a la autoridad administrativa de aplicación para la continuidad de la intervención de ésta a través de las políticas públicas con criterios de articulación y corresponsabilidad con otras áreas gubernamentales si así se considerara necesario en un enfoque de derechos. Igual criterio deberá aplicarse para las causas iniciadas a partir de la vigencia de la Ley Nº 26.061 a excepción de los casos en que se hubiera dispuesto una medida excepcional o debería resolverse de conformidad a lo previsto en el artículo 64 inciso o) de la presente Ley.-
Artículo 81º.- Comuníquese, etc.-
Publicado en Disposiciones Nacionales y Provinciales de Protección de la Familia

References: Artículo 2

Artículo 22

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 69
 artículo 64

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73
 artículo 57

Artículo 74
 artículo 54

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77
 artículo 19
 artículo 22

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80
 artículo 231
 artículo 64

Artículo 81