Source: http://absta.info/repblica-de-colombia-tribunal-administrativo-de-antioquia.html
Timestamp: 2018-10-19 00:26:21+00:00

Document:
Descargar 167,59 Kb.
Tamaño 167,59 Kb.
MEDELLÍN, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD
Demandante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Demandado: GUSTAVO QUINTERO BARRERA
Radicado: 05 001 23 33 000 2014 00063 00
Asunto: SENTENCIA Nº S2 - 118
Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993. / En virtud de la incorporación de los funcionarios de las universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, se estableció la obligación para dichos entes educativos de afiliar a sus servidores a uno de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones a más tardar al treinta (30) de junio de 1995.
La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, por conducto de apoderada judicial regularmente constituida al efecto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Lesividad en contra del señor GUSTAVO QUINTERO BARRERA, con el fin de que esta Corporación se pronuncie sobre las siguientes:
PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 149 del veintidós (22) de abril de 2005, “Por la cual se ordena un pago”, proferido por el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia y en virtud de la cual se pagaba al accionado el valor resultante de la aplicación del IBL consagrado en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES asumiera el mismo.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho se solicita CONDENAR al accionado a restituir a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, las sumas de dinero pagadas en virtud del mencionado acto administrativo desde el veinte (20) de diciembre de 2004, hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2013, relacionadas en la certificación del veinte (20) de noviembre de 2013, que actualizadas ascienden a la suma de trescientos once millones doscientos ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos ($311.285.034), más los valores que se causen hasta el momento en que adquiera firmeza la sentencia.
TERCERA: Que se condene en costas al accionado.
En apoyo del petitum que se somete al conocimiento del Tribunal, en la demanda se hizo el relato de las siguientes circunstancias fácticas, que resumidamente se presentan, siendo fieles a la intención del libelista:
El señor GUSTAVO SILVIO QUINTERO BARRERA laboró como empleado público – docente, en el cargo de profesor de tiempo completo, entre otros, para la entidad accionante desde el día tres (3) de abril de mil novecientos setenta y dos (1972).
Hasta la expedición de la Ley 100 de 1993 la Universidad de Antioquia reconoció directamente las pensiones de vejez de sus empleados, sin descontar aporte alguno, siendo afiliados sus empleados, entre ellos el accionado, al ISS (hoy en Liquidación) a partir del treinta (30) de junio de 1995, realizando los aportes correspondientes.
Toda vez que la entidad accionante definía los factores de liquidación de la pensión de vejez, sin efectuar deducción alguna, en consecuencia y por lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenía entendido que a quien se encontrara en régimen de transición y que le hiciera falta menos de diez (10) años para obtener la pensión de vejez, debía serle reconocida la prestación económica por el ISS, tomando como base de liquidación todo lo devengado.
La Universidad de Antioquia cotizó al ISS por todo su personal, teniendo en cuenta todos los factores salariales; sin embargo, los mismos fueron devueltos por éste, por lo que solicitó por escrito del veintiuno (21) de agosto de 2001, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a quienes se encontraban en transición y les faltaba menos de diez (10) años para adquirir el derecho, con inclusión de todo aquello devengado y que constituía factor salarial.
El ISS resolvió desfavorablemente la solicitud de la actora, mediante comunicación del veinticinco (25) de febrero de 2002, por considerar taxativos los factores que integraban el IBL, por lo que la entidad accionante procedió a expedir la Resolución Rectoral 12094 del cuatro (4) de mayo de 1999, sustentada en la interpretación que hizo la Universidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que los beneficiados no se vieran afectados por la negativa del ISS de liquidar la pensión con base en lo devengado, subrogándose la obligación reclamada al ISS hasta que se agotaran las vías judiciales, fijándose mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999 los destinatarios del beneficio.
Mediante comunicación del doce (12) de noviembre de 2004 el accionado presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada mediante el Oficio 1010-26998 a partir del veinte (20) de diciembre de 2004, fecha en la cual el ISS expidió la Resolución 22306, a través de la cual reconoció a partir de dicha fecha la pensión de vejez al demandado, siéndole reconocido por la Universidad accionante un bono pensional mediante la Resolución Administrativo 390 del treinta (30) de agosto de 2004, por valor de trescientos noventa y siete millones trescientos ocho mil pesos ($397.308.000), de los que asumiría trescientos noventa y tres millones quinientos setenta y un mil pesos ($393.571.000), que consignó al ISS.
La entidad demandante mediante la Resolución Administrativa 149 del veintidós (22) de abril de 2005 ordenó cancelar al demandado la diferencia del IBL de conformidad con lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del reconocimiento de la pensión y hasta que el ISS lo reconociera motu proprio o por orden judicial, para lo cual el accionado presentó ante el ISS solicitud de reliquidación de la pensión de vejez, correspondiendo como valor temporalmente reconocido al pensionado la suma de un millón ciento sesenta y siete mil doscientos dieciséis pesos ($1.167.216) mensuales, con los aumentos anuales sobre el IPC correspondientes.
Varios pensionados han demandado a la entidad accionante con el fin de que les sea reconocido el pago establecido en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, generándose un precedente judicial de acuerdo con el cual el IBL de la pensión de vejez corresponde independientemente del beneficiario, a las cotizaciones efectivamente sufragadas a la AFP, y que debe tenerse en cuenta para tomar decisiones administrativas, manteniéndose la posición de que la Universidad de Antioquia no se encuentra obligada a realizar dicho pago.
Los pagos realizados a favor del accionado hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2013 ascienden a los ciento ochenta y dos millones novecientos sesenta mil cuarenta y ocho pesos con veinte centavos ($182.960.048,20), y actualizados al primero (1°) de diciembre de 2013 a la suma de trescientos once millones doscientos ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos ($311.285.034).
La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, por el contenido de su artículo 1°, encontrándose radicada con el N° 2009-01178, a cargo del Despacho del Magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia Dr. Juan Guillermo Arbeláez Arbeláez, quien profirió sentencia el diez (10) de octubre de 2013, indicando que el acto no generaba ninguna discriminación y que era entendible la interpretación hecha en su momento por la entidad.
Mediante Resolución Rectoral 35823 del diecisiete (17) de octubre de 2012, se derogó la Resolución Rectoral 12094 del cuatro (4) de mayo de 1999, ordenando resolver las situaciones de carácter individual creadas a partir de la misma, siendo demandado dicho acto por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, correspondiendo el conocimiento de la demanda a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia de la Magistrada Dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, con radicado 2012-00945, denegando la medida provisional solicitada mediante auto del veinticinco (25) abril de 2013 y en sentencia del diecisiete (17) de octubre de 2013, decidió denegar las pretensiones, ambas decisiones con fundamento en que el aquí accionante actuó con mera liberalidad sin estar obligada a mantener en el tiempo el acto administrativo
12. Mediante Oficio del diez (10) de octubre de 2013, notificado el dieciséis (16) de octubre de 2013 se requirió al demandado con el fin de que solicitara a Colpensiones la extensión de jurisprudencia y se le aplicara la SU del Consejo de Estado, para que fuera dicha AFP y no el accionante quien continuara pagando el valor reconocido, sin que el demandado allegara respuesta alguna.
DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Se citó en la demanda, como fundamentos de derecho de las pretensiones de la demanda los artículos 48 de la Constitución Política, 10 de la Ley 4 de 1992, 77 de la Ley 30 de 1992, 1 del Decreto 1158 de 1994, 18, inciso 3, 151, 131 y 228 de la Ley 100 de 1993.
Advirtió el apoderado de la parte accionante que si bien al momento de expedirse la Resolución Rectoral 12094 del cuatro (4) de mayo de 1999 y reglamentarse la misma a través de la Resolución Administrativa No. 16628 del veinticinco (25) de junio de 1999, no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, el contenido de la Resolución 12094 del cuatro (4) de mayo de 1999 presenta una inconstitucionalidad sobreviniente, teniendo en cuenta que ésta se contrapone al texto constitucional.
Manifestó que aunque la interpretación que en su momento le diera la Universidad al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, diferenció los conceptos “devengado” y “cotizado”, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones han de liquidarse única y exclusivamente teniendo en cuenta lo cotizado, de donde resulta cuestionado el contenido de la Resolución No. 149 del veintidós (22) de abril de 2005. Al respecto, la parte accionante trajo como referencia varias providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Medellín, en las cuales se realiza un análisis sobre los factores a tener en cuenta en la liquidación de la pensión de jubilación de un beneficiario del régimen de transición.
De otro lado, advirtió que la Ley 100 de 1993 estableció la obligación de los empleadores de los sectores público y privado de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones, por tanto, al expedirse el Decreto 2337 de veinticuatro (24) de diciembre de 1996, todo aquel que contara con vínculo laboral había sido afiliado al sistema desde el primero (1) de julio de 1995, de tal modo que a cargo del ente universitario sólo se encontraban aquellos que al treinta y uno (31) de diciembre de 1996, hubieran cumplido tanto la edad como el tiempo de servicios, o que a dicha fecha, se encontraban retirados de la entidad habiendo cumplido el tiempo de servicios y estuvieran a la espera de llegar a la edad exigida para gozar de la pensión de vejez.
Lo anterior para concluir que el demandado no se encontraba bajo ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, para que pudiera considerarse que alguna obligación pensional le asistiera frente a él, pues, al treinta y uno (31) de diciembre de 1996, contaba con cuarenta y ocho (48) años de edad.
Finalmente, informó que la Resolución No. 12094 del cuatro (4) de mayo de 1999 se derogó mediante la Resolución No. 35823 del diecisiete (17) de octubre de 2012, acto administrativo que fue demandando ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, correspondiendo su conocimiento a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrada Ponente Dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, quien mediante auto de veinticinco (25) de abril de 2013 negó la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, y posteriormente, mediante sentencia del diecisiete (17) de octubre de 2013, se negaron las súplicas de la demanda.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
Mediante memorial obrante a folios 344 a 365, a través de apoderado judicial, el señor Gustavo Quintero Barrera, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.Advirtió que el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue claro al preceptuar que la liquidación de las pensiones de vejez del grupo de personas antes delimitado debía efectuarse con base en el promedio de lo devengado, concepto comprensivo de todos los factores con naturaleza salarial percibidos por el servidor. En este orden, los servidores públicos cobijados por dicha norma conservaron el derecho a que la pensión de vejez les fuera liquidada con el salario promedio percibido y no con el promedio de lo cotizado, pues, se trata de conceptos jurídicos diferentes.
Indicó que en las Resoluciones Nos. 12094 y 16628 de 1999, las cuales no fueron impugnadas en la demanda de la referencia y permanecen incólumes, se estableció que la Universidad pagaría vía subrogación la cuota parte pensional insoluta hasta que el Instituto de Seguros Sociales, actualmente Colpensiones, asumiera “bien motu proprio, o por orden judicial” la obligación pensional a su cargo.
Señaló que el acto administrativo demandado tuvo como sustento la satisfacción de los presupuestos establecidos en las resoluciones referidas, teniendo en cuenta que el accionado es beneficiario del régimen de transición en materia pensional y le faltaban menos de diez (10) años para adquirir su derecho, para el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993. Así mismo, afirmó que se tuvo como sustento para la expedición del acto administrativo demandado la omisión del Instituto de Seguros Sociales de liquidar la pensión de vejez del demandado con base en la regla establecida en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Manifestó que el pago con subrogación permite que un tercero asuma el pago de la obligación insoluta en cabeza del deudor, transfiriéndosele por ministerio de la ley los derechos del acreedor primigenio, para efectos de poder recobrar del deudor aquello que voluntariamente decidió pagar.
Consideró que el acto administrativo demandado no vulnera las normas invocadas, toda vez que, el Acto Legislativo 01 de 2005 es posterior a la fecha en que se profirió la Resolución Rectoral 12094 del cuatro (4) de mayo de 1999 y la Resolución 149 de veintidós (22) de abril de 2005, sin que pueda desconocer situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad.
Indicó que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado avala la interpretación que acogió la Universidad respecto del régimen de transición pensional de sus servidores para efectos de asumir la subrogación. Al respecto cita varias providencias, entre ellas la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de 2010, con ponencia del Magistrado Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Argumentó que la sentencia C – 258 de 2013, proferida por la Corte Constitucional no puede erigirse en fundamento para la nulidad del acto demandado que se impugna, ya que dicha decisión únicamente concierne al régimen pensional de los congresistas y de los servidores públicos a quienes se les aplica el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
Concluye que si los anteriores razonamientos no fuesen acogidos y se llegase a estimar que el acto impugnado debe ser anulado, debe dársele aplicación a la regla contenida en el artículo 164 #1 literal c del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que determina que no hay lugar a que la entidad recupere las prestaciones pagadas a un particular que ha obrado de buena fe, como es el caso del accionado.
Finalmente, y teniendo en cuenta los anteriores argumentos presenta las siguientes excepciones:
Legalidad del acto administrativo acusado.
Buena fe del demandado (excepción relevante frente a la pretensión consecuencial de restitución)
En la audiencia de pruebas celebrada el día treinta y uno (31) de julio de la presente anualidad, se corrió traslado a las partes para que allegaran por escrito sus alegatos de conclusión, registrándose las siguientes intervenciones:
- Parte demandada – folios 135 a 148 -. Dentro del término legal para presentar sus alegatos de conclusión en el proceso de la referencia, la parte accionada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, argumentando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró el supuesto normativo “promedio de lo devengado”, el cual es comprensivo de todos los factores con naturaleza salarial percibidos por el servidor, tales como prima de vacaciones, de navidad y de servicios y no puede confundirse con el concepto de promedio de lo cotizado.
Advirtió que el Consejo de Estado ha mantenido una línea jurisprudencial sobre los factores a tener en cuenta en la liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, manifestando que debe tenerse en cuenta todo lo devengado por el trabajador.
Manifestó que la resolución demandada correspondió a una decisión libre del ente universitario enmarcada dentro del ámbito de la autonomía universitaria y no en una imposición de un tercero. Indicó que la figura de la subrogación pensional no deja desamparado al ente universitario ni afecta el patrimonio público, pues, precisamente le atribuye el derecho a cobrarle al deudor, en este caso Colpensiones, la obligación que viene asumiendo en su nombre, sin que para el ejercicio de tales derechos requiera de la aquiescencia o participación del acreedor inicial.
Solicitó se le diera aplicación a la regla contendida en el artículo 164, numeral 1, literal c del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que determina que no hay lugar a que la entidad recupere las prestaciones pagadas a un particular que ha obra de buena fe, en caso de que prospere el cargo de nulidad del acto demandado.
- Parte demandante –folios 149 a 155 -. La apoderada judicial de la parte demandante, en el escrito de alegatos de conclusión, ratificó los argumentos presentados en el acápite de concepto de violación del libelo petitorio. Así mismo, advirtió que para que se entienda que existe un derecho adquirido es necesario que el mismo se haya otorgado de conformidad con la Ley y la Constitución, no obstante con la expedición del acto demandado se violó varias disposiciones legales relacionadas con los factores a tener en cuenta para la liquidación de las pensiones, así como lo concerniente a la competencia.
Reiteró que no era competencia de la Universidad de Antioquia realizar los pagos referidos al accionante con ocasión del acto administrativo demandado, pues, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, las obligaciones del empleador se resumirían en efectuar la afiliación al sistema, realizar las cotizaciones y pagar el correspondiente bono pensional.
Manifestó que debían tenerse en cuenta los esfuerzos infructuosos de la Universidad de Antioquia tendientes a que el Instituto de Seguros Sociales recibiera las cotizaciones sobre todo lo devengado, así como las demandas presentadas por el ente universitario, pretendiendo la reliquidación de las pensiones de sus servidores beneficiarios del régimen de transición teniendo en cuenta todo lo devengado por los mismos.

References: Resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 48
 Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 164
 artículo 36
 resolución 
 artículo 164
 artículo 151