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Timestamp: 2017-12-16 09:17:29+00:00

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Sentencia T.S.J. Cantabria 344/2010, de 12 de mayo
Interposición del recurso de suplicación: Interés preventivo o cautelar. Revisión de los hechos probados: El error de hecho debe ser evidente, y debe derivarse de prueba pericial o documental eficaz y eficiente. No cabe realizar un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios, porque supondría sustituir el criterio objetivo del juzgador de instancia, que aprecia los elementos de convicción. La conclusión del Juzgado de lo Social debe calificarse como adecuada a las circunstancias. Desestimación del recurso.
SENTENCIA: 00344/2010
Rec. Núm. 315/10
En Santander, a doce de Mayo de dos mil diez.
En el recurso de suplicación interpuesto por Real Estambul S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Cuatro de Santander, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias, quién expresa el parecer de la Sala.
Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por D. Juan Carlos siendo demandado Real Estambul, S.L. sobre contrato de trabajo y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 2 de febrero de 2.010 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
1.º- El demandante ha venido prestando servicios profesionales para REAL ESTAMBUL S.L., desde febrero del año 2005, - confesión de la empresa-, hasta el 31 de diciembre de 2006, con la categoría de jefe de restaurante, y salario de 1.290,98 euros al mes con inclusión de pagas extras.
2.º- El actor el día 3 de enero de 2007 ha percibido de la empresa la suma de 10.000 euros, y el 3 de diciembre de 2006 otros cinco mil euros, -folio 28 y 29-.
3.º- Se celebró entre las partes conciliación previa, la cual resultó intentada sin efecto.
Primero.-Se pretende en un único motivo la revisión de los hechos probados, del primero en concreto, para hacer contar que la prestación de servicios del actor transcurrió hasta el mes de mayo de 2006 y no hasta el 31 de diciembre de 2006. Habiendo obtenido la parte recurrente una sentencia a su favor, justifica la interposición del recurso ante la eventual reclamación que, por tal constancia, le pueda plantear en el futuro el trabajador. Incluso cuando se considera que existe, pese a obtener sentencia a su favor, un interés preventivo o cautelar, dada la efectividad que pueda tener la cosa juzgada positiva (art. 223.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en un proceso posterior, es lo cierto que ninguna prueba hábil se aporta con dicha finalidad. Tan sólo se refleja la disconformidad o insuficiencia global con la practicada, que es argumento de un juicio ordinario o de una apelación pero no de un recurso de suplicación.
El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios (STSS 18-11-1999 [RJ 1999, 9189]). Ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia, que aprecia "los elementos de convicción" (artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral), concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones, por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales.
También inadmisible la llamada "prueba negativa", a la que se acude cuando se expresa que "no se acredita por la actora"; siempre que exista un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la valoración judicial (y en el caso actual aunque de forma somera se la documental, confesión y testifical) resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión fundada en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se trate. Es reiterado el criterio jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 26-3-1996 [RJ 1996, 2495], 26-9-1995 [RJ 1995, 6894], 21-6-1994 [RJ 1994, 5465], 21-3-1990 [RJ 1990, 2204], 21-12-1989 [RJ 1989, 9066], 15-7- 1987 [RJ 1987, 5388], 15-7-1986 [RJ 1986, 4143 y 4148], 3-6-1985 [RJ 1985, 3333 ], etc.) conforme al cual la mera alegación de prueba negativa no puede fundar la denuncia de un error de hecho (STSJ Castilla-La Mancha de 13-9-2001 [JUR 2002, 36771]).
Sin relevancia asimismo la cita del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En realidad, dicho artículo, como el precedente artículo 1214 del Código Civil, resuelve el problema de la carga de la prueba, al establecer que corresponde al actor la prueba de los hechos que sean fundamento de su demanda o constitutivos del derecho que reclama y al demandado los hechos impeditivos, por oponerse a la constitución válida del derecho y los extintivos. No regula el artículo 217 el problema de la valoración de la prueba sino el del onus probandi y, por ello, es inoperante en suplicación, dada su generalidad, salvo que la resolución de instancia se haya fundado en ella a efectos decisivos, como tuvo ocasión de señalar el extinto Central de Trabajo (S. 14-12-1978, 24 y 31-1, 7-3, 30-4 y 23-5-1979, entre otras) y el Tribunal Supremo (S 10-2 y 24-10-68, a modo de ejemplo).
No siendo norma valorativa, ni que autoriza a valorar la apreciada, sería invocable sin embargo, cuando se aplique indebidamente dicha distribución porque habiéndose aportado prueba, por ejemplo, se haya atribuido las consecuencias negativas y propias de una eventual carencia a quien, sin embargo, la aportó.
No es el caso porque en el supuesto actual pese a la cita de dicha norma, la conclusión de instancia, siquiera respecto al dato litigioso, no parte de la aplicación sin más de tal precepto ante la falta de prueba o perjudicando a quien la aportó, sino que, partiendo de la valoración conjunta, que beneficia además a la ahora recurrente, la conclusión no puede calificarse de irracional o ilógica, como se pretende, sino adecuada a las circunstancias.
En cuanto al hecho de que, conforme a actos de las partes, resulte inverosímil que se mantenga la relación laboral con una persona denunciada, se trata de circunstancia que, siquiera indiciaria, tuvo que ser valorada en la instancia. La prueba ha de ser fehaciente, es decir, la que refleje la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, porque si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria.
Segundo.-Conforme al artículo 233 de la Ley de Procedimiento laboral, resulta obligado hacer expresa imposición de costas y en la cuantía habitual.
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Real Estambul S.L., contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º cuatro de Santander, con fecha dos de febrero de 2010 (Proceso 942/2008), dictada en virtud de demanda seguida por D. Juan Carlos contra Real Estambul S.L., debemos confirmar íntegramente dicha resolución.
Se hace expresa imposición de costas en cuantía de 600 euros y en concepto de honorarios de Letrada de la parte impugnante.
Dese a los depósitos constituidos el destino legal correspondiente.
Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para la unificación de doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación; debiendo acreditar la parte demandada, si recurriere, mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personación, la consignación de un depósito de 300 € en la entidad de crédito BANCO BANESTO, sucursal de MADRID C/Barquillo núm. 49, oficina 1006 con el n.º de Cuenta 2410, para la Sala Social del Tribunal Supremo.

References: artículo 2
 artículo 117
 artículo 217
 artículo 1214
 artículo 217
 resolución 
 artículo 233