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Timestamp: 2018-07-18 16:42:12+00:00

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Administrativo | Blog de Río y Santos Abogados
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Se haya regulado en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El primero de los artículos se refiere a los procedimientos iniciados a instancia de parte, el cual establece que “el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario”.
Sin embargo, tras la reforma efectuada en el 2009, se ha modificado el contenido del presente artículo y se ha añadido un segundo párrafo al primer apartado: “el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (…), aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo”.
La desestimación por silencio administrativo permite a los solicitantes la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo correspondiente (art. 43.2); mientras que la estimación tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. En caso de que posteriormente la Administración responda, si se estimó por silencio administrativo, la decisión de la Administración sólo puede ser confirmatoria del mismo, mas si el silencio fue desestimatorio, éste no vincula a la Administración que puede estimar la pretensión del solicitante (art. 43.3)
Finalmente el último párrafo del artículo 43 establece que “los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días”.
Por su parte el art. 44, referido a los procedimientos iniciados de oficio “el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver” y continúa analizando dos posibilidades: si del procedimiento pueden derivarse el reconocimiento o la creación de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas han de entenderse desestimadas; pero si del procedimiento se derivan situaciones desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, salvo que el procedimiento se paralice por culpa imputable al interesado.
El plazo máximo para resolver será el que establezca la norma reguladora en el procedimiento, y, a falta de dicha norma, el plazo será de tres meses a contar desde el acuerdo de iniciación, si se trata de un procedimiento iniciado de oficio, o desde la fecha en que la solicitud haya entrado por el registro del órgano competente para su tramitación, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 42.3). Por otra parte, la normativa no puede establecer un plazo superior a seis meses, salvo que sea una norma con rango de ley o una norma comunitaria (art. 42.2).
Por otra parte, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Sin embargo, reiterada jurisprudencia (SSTS de 27 de octubre de 2003, de 16 de enero, 5 y 9 de junio de 2006 y de 26 de febrero de 2007; SSTS 14 de octubre de 1992, de 3 de octubre de 199 y de 23 de enero de 2004, entre otras) ha equiparado al silencio a una notificación defectuosa del acto presunto (…) y teniendo en cuenta que las notificaciones defectuosas no resultan convalidables por el simple transcurso de plazo (art. 58.3 de la Ley 30/92), y por ello establecen que, la impugnación contencioso-administrativa de una resolución deducida por silencio administrativo, carece de plazo preclusivo.
En cuanto a lo que establecen los Estatutos de la Universidad de Oviedo (Decreto 12/2010, de 3 de febrero), en primer lugar hay que acudir al art. 109 donde se reconoce el carácter de Administración pública y su sometimiento al ordenamiento jurídico que le corresponde como tal. Además, en el art. 110.1 se precisa que “las resoluciones del Rector (…) agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición. Este mismo recurso podrá interponerse frente a los actos de trámite cualificado de dichos órganos” y en su párrafo tercero “las disposiciones de carácter general dictadas por el (…) Rector serán impugnables di­rectamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
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Un matrimonio maliayés, primero de Asturias que reclama dinero por el robo de su bebé
Luisa Mari García dio a luz en Cabueñes a una niña prematura el 17 de julio de 1977. A los dos días le notificaron la muerte, pero no pudo ver el cadáver.
Ningún padre, posiblemente, esté preparado para afrontar la muerte de un hijo, pero mucho menos para que se lo roben en el propio hospital, al poco de nacer, sin más explicaciones que la de un fallecimiento repentino difícil de entender. La que podría ser una de las peores experiencias de la vida la sufren, después de casi 34 años, Sergio Cabañas Granda y María Luisa Amparo (Luisa Mari) García Llosa.
Este matrimonio de Villaviciosa es, según el abogado ovetense de la pareja, Fruela Río Santos, el primero de la región que ha presentado una reclamación patrimonial contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) por considerarlo el responsable de los hechos que denuncian y que ocurrieron en el antiguo Hospital de Cabueñes, de Gijón, hace más de 30 años. Advierten de que si llegan a agotar la primera vía, la administrativa, que tiene un plazo legal de seis meses para contestar y por la que piden una indemnización al Principado, están decididos a emprender la segunda, la judicial. Todo es poco para tratar de mitigar el sufrimiento vivido y el tiempo que hubieran podido disfrutar junto a su hija, que hoy tendría 33 años, y que ya nadie podrá devolverles.
Sergio Cabañas y Luisa Mari García se casaron en octubre de 1975 y una de sus ilusiones era tener descendencia. La mujer sufrió un aborto antes de dar a luz a una niña el 17 de julio de 1977 en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social José Gómez Sabugo, de Gijón, hoy el Hospital de Cabueñes. Ingresó embarazada de seis meses y una semana, y en el informe médico consta que fue «un parto prematuro normal» mediante el que nació una «hembra viva»; como incidencia, se destaca que «se extrae la placenta». Asimismo, consta que «en el posparto se retira la lactancia».
La mujer estaba acompañada por sus padres, pues la profesión de su marido, pescador, le impidió estar a su lado cuando dio a luz. Cuando el padre acudió al hospital, dos días después del nacimiento de la hija, el personal sanitario le notificó que el bebé había fallecido. Aseguran que en ningún lado consta que haya habido ninguna complicación ni pista alguna que confirmara su muerte. El matrimonio asegura que les negaron ver el cadáver; ni se lo entregaron para poder darle sepultura. «Nos dijeron que para qué… Que costaba dinero el traslado y enterrarla y que se encargaban ellos de todo», asegura Luisa Mari García. La mujer recibió el alta el día 21, firmada por el entonces jefe del servicio de tocoginecología.
Aunque actualmente sí se conservan los informes médicos de la madre, no figuran los del bebé. Apuntan que en el hospital les han explicado que estos recién nacidos «eran subidos a neonatología con el fin de que pudiesen fallecer en un ambiente caliente y cómodo», en referencia a la incubadora, y que «el destino de dichos abortos solía ser la incineración». Pero al matrimonio no le convence la explicación, porque en aquella época no era una práctica habitual.
A Sergio Cabañas y Luisa Mari García, que posteriormente sufrieron el fallecimiento de otro hijo de un año, les comenzaron a asaltar las dudas sobre la verdad de esta historia que les contaron en el hospital cuando salieron a la luz pública, hace unos meses, numerosos casos en toda España de niños robados al nacer para entregarlos en adopción.
Creen que el suyo puede ser uno más de los casos que hay en el país. Nada descabellado, porque conocen a más familias en Villaviciosa que iban a dar a luz a Gijón que relatan situaciones similares. Las sospechas también se han incrementado porque son demasiadas las personas que destacan el enorme parecido de Luisa Mari con una chica de Gijón que suele frecuentar la calle Corrida, con la que incluso han llegado a confundirla. Creen que puede ser Mari Carmen, la hija que perdieron y que ahora tienen esperanzas de recuperar.
http://www.lne.es/centro/2011/05/19/matrimonio-maliayes-asturias-reclama-dinero-robo-bebe/1077043.html
Plazo para el ejercicio de la reclamación patrimonial contra la Administración
Immanuel Kant, en su obra Crítica de la Razón Pura, hace referencia a los conceptos de espacio y tiempo. Ambos son muy relevantes en el mundo jurídico y especialmente en las acciones. Las acciones legales, están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico por medio de preceptos, que habilitan al sujeto activo a ejercitarlas para obtener su finalidad.
En el mundo de las Reclamaciones Patrimoniales, los ciudadanos pueden verse perjudicados en sus derechos (pensemos en el ciudadano que por culpa del mal estado de la acera se cae y se fractura brazo) ante el funcionamiento deficiente de los servicios municipales. El ciudadano perjudicado puede reclamar responablidad a la Administración responsable pero ¿existe algún plazo para interponer la acción reparadora? La respuesta es afirmativa y una vez transcurrido dicho plazo (que dicho sea de paso puede interrumpirse), la acción se extinguirá y el daño no podrá ser resarcido. La solución la encontramos en el art. 142.5 de la Ley 30/1992
“En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”
La acción prescribe una vez transcurrido el plazo de un año, contados desde el momento en que puede ejercitarse (“dies a quo”), es decir, desde el día en que concurren todos los requisitos que la hacen viable (STS 19 de septiembre 1989, 4 de julio 1990, 21 de enero 1991, 3 de mayo 2000…).
El plazo señalado anteriormente, un año, debe aplicarse de diferente modo dependiendo de si se trata de un daño permanente o un daño continuado. En este sentido se pronuncia la STS 18 de enero 2008
“la acción…debe ejercitarse…en el plazo de un año, computado a partir de que se produzca el hecho o el acto lesivo…También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas…en cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del período del año…”
Con todo ello, y para concluir, el plazo de un año se aplicará respecto de aquellos daños, físicos y/o psíquicos, que pueden determinarse a partir de un día fijo (pérdida de un ojo, inundación, accidente por mal estado de la vía pública…) que será el que se tomará para el cómputo del plazo. Mientras que en el supuesto de los daños continuados, el plazo se computa desde el día que cesan los efectos.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución