Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632331.html
Timestamp: 2019-03-27 02:36:42+00:00

Document:
as201632331
Auto Supremo Nº 331/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-PTS.438/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 168 a 169, interpuesto por Grover Vargas Lezcano Administrador Regional y Mirvia Arrueta Montesinos Abogado Regional Potosí, en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 87/2015 de 16 de noviembre, cursante de fs. 163 a 165, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del trámite de reclamaciones de renta de viudedad seguido por Rosa Isla Huanca Vda. de Choque, derecho habiente del asegurado Fermín Choque Vedia contra el SENASIR, la contestación de fs. 175 a 178, el auto de fs. 174 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y
Que, mediante Resolución Nº 00006604 de 11 de julio de 2012, cursante a fs. 45, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, otorgó en favor de la derecho-habiente Isla Huanca Rosa, renta única de viudedad equivalente al 80% de la renta que por enfermedad profesional correspondía a su causante Fermín Choque Vedia, en el monto de Bs. 1.543,51.- (un mil quinientos cuarenta y tres 51/100 bolivianos) incluido el incremento de Ley, que se pagaría a partir del mes de agosto de 2011.
Posteriormente, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, mediante Resolución Nº 00002350 de 15 de mayo de 2015 de fs. 79 a 80, resolvió: suspender definitivamente la renta única de viudedad otorgada en favor de la Sra. Isla Huanca Rosa, en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución; luego dispuso que por el Área de Revisión de Renta se proceda a determinar lo indebidamente cobrado por la Sra. Isla Huanca Rosa y que por la Unidad de Asesoría Legal se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la misma.
Contra esta resolución Isla Huanca Rosa, derecho habiente del asegurado Fermín Choque Vedia interpuso recurso de reclamación de fs. 101 a 103, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 557/15 de 31 de julio de 2015 de fs. 111 a 115, confirmando la Resolución Nº 00002350 de fs. 79 a 80 de obrados, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa en vigencia.
En grado de apelación interpuesta de fs. 147 a 151, por Rosa Isla Huanca, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de Vista Nº 87/2015 de 16 de noviembre, revocó la Resolución Nº 557/15, por el que confirmaba la Resolución Nº 00002350 suspendiendo definitivamente la renta de viudedad a favor de la recurrente y disponiendo la cancelación de la misma calificada por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto en la suma de Bs. 1.543,51.- desde la fecha que fue suspendida dicho beneficio. Sin costas.
Esta resolución originó que los representantes del SENASIR interpongan el recurso de casación en el fondo de fs. 168 a 169, acusando en síntesis lo siguiente:
Que, a fs. 71 a 74 de obrados, cursa informe Nº 99 de fecha 27 de marzo de 2015, emitido por el Registro Cívico de Potosí, en el cual se evidencia que el señor Fermín Choque Vedia tiene tres partidas de matrimonio bajo el siguiente detalle 1) ORC Nº 395, Libro Nº 501060140MO, Partida Nº 57, Folio Nº 57 matrimonio entre los señores Fermín Choque Vedia y Dominga Martínez Gutiérrez, con fecha de inscripción 11 de enero de 1970; 2) en la ORC Nº 395, Libro Nº 5010600150MO, Partida Nº 1 Folio Nº 8 matrimonio entre los señores Fermín Choque Vedia y Dominga Martínez Gutiérrez, con fecha de inscripción 11 de enero de 1970; 3) ORC Nº 1361, Libro Nº 500130040MO, Partida Nº 198, Folio Nº 32, se evidencia el matrimonio entre los señores Fermín Choque Vedia y Rosa Isla Huanca, con fecha de inscripción 28 de marzo de 1974, asimismo en la ORC Nº 387, Libro Nº 500020190MO, Partida Nº 198, Folio Nº 32, se evidencia el matrimonio entre los señores José María Alejo Fernández y Rosa Isla Huanca con fecha de inscripción 5 de junio de 1964. Finalmente señala que la señora Dominga Martínez Gutiérrez con fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1948, no tiene fecha de defunción a la fecha.
Continuó manifestando que, está demostrado que el causante Fermín Choque Vedia, no tenía libertad de estado al momento de contraer matrimonio con la señora Rosa Isla Huanca, requisito establecido además en el art. 46 del Código de Familia que señala: “no puede contraer nuevo matrimonio antes de la resolución del anterior”, por su parte el art. 52 del Código de Seguridad Social, señala: “La Renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior, a la esposa o a la falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante, siempre que no hubiera existido impedimento para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiera iniciado dos años o más antes del deceso”. Por lo que el tribunal ad quem, al disponer el pago de la renta de la segunda esposa está vulnerando lo establecido por el art. 46 del Código de Familia (CF) y el art. 52 del Código de Seguridad Social (CSS), por cuanto el causante tenía un impedimento legal al tiempo de contraer su segundo matrimonio.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo case el auto de vista recurrido cursante de fs. 163 a 165 de obrados.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:
Que de la revisión exhaustiva de los datos del proceso y del contenido del recurso, se desprende que la controversia trata sobre la suspensión definitiva de la renta única de viudedad de la Sra. Rosa Isla Huanca, por Resolución Nº 00002350, toda vez que no tenía libertad de estado para contraer nuevo matrimonio con la impetrante; asimismo acusó que el tribunal de apelación habría transgredido y mal aplicado el art. 46 del CF y art. 52 del CSS, motivo por el cual no correspondería se otorgue renta de viudedad a favor de la solicitante.
Al respecto, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que tal acusación no es evidente, ya que de acuerdo al certificado de defunción de fs. 37, se evidencia el fallecimiento de Fermín Choque Vedia en fecha 11 de agosto de 2011, luego a fs. 36 cursa el certificado de matrimonio del causante con la derecho- habiente, celebrado en fecha 28 de marzo de 1974, con todo el valor probatorio que le otorgan los arts. 1287 y 1534 del Código Civil, vigente a la fecha de la presentación de la renta de viudedad, además de fs. 97 y 98, cursan fotocopias de la filiación del causante con identificación del grupo familiar dependiente en su calidad de esposa del titular de la renta en la Caja Nacional de Salud, teniendo una vida en común estable y singular por más de 30 años, además fue quien lo acompañó y lo cuidó hasta el día de su fallecimiento; habiendo en esta relación procreado más de cuatro hijos, cursa a fs. 38 la solicitud de renta de viudedad en su condición de esposa derecho habiente de su finado esposo Fermín Choque Vedia, con matrícula Nº 480929 CVF, rentista del sector RP, Cooperativas Minera “Reserva Fiscal” Ltda. aspecto corroborado a fs. 45, con la Resolución Nº 00006604 de 11 de julio de 2012, emitida por el Viceministerio de Pensiones y Seguros, donde se otorga en favor de Isla Huanca Rosa, renta única de viudedad equivalente al 80% de la renta que por enfermedad profesional correspondía a su causante en el monto de Bs. 1.543,51.- incluido incremento de Ley, que se pagará a partir del mes de agosto de 2011.
Desvirtuando con ello, lo afirmado por el SENASIR, que basándose en el informe del Servicio Cívico de fs. 71 a 74, al establecer que el estado civil del causante era casado, y que al no tener libertad de estado no podría contraer nuevo matrimonio con la solicitante, sin tomar en cuenta toda la documentación presentada durante la tramitación del proceso, descrita líneas arriba, literales que demuestran de manera convincente que la solicitante como esposa del causante lo acompañó hasta el momento de su fallecimiento, por lo que corresponde aplicar al caso presente el art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición que prevé: “se concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente o a la falta de esta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal, en los registro de la Caja Nacional de Salud, siempre que el asegurado no o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio, vale decir, que el causante debía ostentar el estado de solterio, viudo o divorciado mediante sentencia ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso…”.
Que, en la especie, el tribunal de alzada mediante Auto de Vista Nº 87/2015 de 16 de noviembre, al revocar la Resolución impugnada Nº 557/15 de 31 de julio, emitida por la Comisión de Reclamación de rentas del SENASIR y disponer se conceda renta de viudedad desde la fecha que fue suspendido dicho beneficio, actuó de manera acertada, emitiendo un fallo con la debida motivación y fundamentación, conforme determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), concordante con el art. 227 del mismo cuerpo legal.
En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se niegue el derecho a recibir renta de viudedad a la esposa del causante a quien le corresponde en su condición de derecho- habiente del rentista Fermín Choque Vedia, de tal manera, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios plasmados en los arts. 35. I y 45. II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
En ese marco normativo, la Sentencia Constitucional Nº 0776/2012 de 13 de agosto, reiterando el entendimiento preciso: “…es potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de la vida y salud física y mental; la seguridad económica, vivienda, descanso y la protección del núcleo familiar; cobertura o contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventivas y curativas, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo, renta de invalides, de vejez, derechohabiente, y las demás asignaciones familiares”, más aún, si se considera que la “renta de viudedad” tiene un contenido propio cual es de garantizar a las personas que accedan a este beneficio, los recursos económicos consecuentes al trabajo de su causante, necesario para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca. En ese marco, el derecho a la seguridad social ésta directamente relacionada a la satisfacción de los derechos humanos, protegiendo a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales; que buscan cubrir las necesidades básicas del beneficio de la renta, quien es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivo los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el capítulo segundo del título primero, correspondiendo a la primera parte de la Constitución Política del Estado, máxime considerando que las personas de la tercera edad constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento, al que tanto el Estado como sociedad en su conjunto, por los riesgos a los que están expuestos, tienen la obligación de dar prioridad al cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, tomando en cuenta además que el art. 13. I de la CPE, establece que los derechos reconocidos son inviolables, universales independientes, indivisible y progresivos y que es el Estado quien tienen el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
Por otro lado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180. I de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
Bajo estas premisas se concluye que el auto de vista recurrido, no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, por ello, corresponde resolverlo conforme previenen los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Renta de Curso de pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 168 a 169, interpuesto por el SENASIR.

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