Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195101-012-18117-2017-16-281.HTML
Timestamp: 2019-12-14 09:22:10+00:00

Document:
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, tiene incoado el ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA, representado judicialmente por los abogados Soired Hernández, Mercedes González, Yubis Yajure y Efraín Castro Beja, contra la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A., representada judicialmente por los abogados Jimmy Wilson Montenegro, Carlos Calma Canache, María Emilia Gamboa y Francisco Cordido Páez; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante el fallo proferido en fecha 17 de febrero del año 2016, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 20 de julio de 2015, que declaró sin lugar la falta de cualidad alegada por la entidad de trabajo demandada y parcialmente con lugar la demanda; y confirmó la sentencia apelada.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social se dio cuenta el 3 de mayo del año 2016 y en esa misma fecha, se designó ponente al Magistrado Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo.
SEGUNDO: Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 168, numeral 3o de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo denuncio que la sentencia recurrida, incurrió en el vicio de "inmotivación" por no expresar las razones de hecho y de derecho para soportar la decisión. En efecto, la parte motiva de la decisión recurrida es prácticamente una transcripción de las consideraciones vertidas por el Tribunal de la causa para declarar con lugar (sic) la reclamación accionada (Véase que lo copiado abarca desde el vuelto del folio 365 hasta el 369 inclusive, segunda pieza del expediente, en los que se encuentra inserta la sentencia de primera instancia). Pues bien, la motivación de la recurrida se limitó a acoger los argumentos proferidos por la sentencia de primera instancia, lo que resulta en una evidente falta de fundamentos por ausencia de apoyo argumentativo propio en su decisión. En este sentido la "... doctrina señala que «la motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria» (COUTURE, EDUARDO.: Fundamentos)” (Sic), siendo que la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, ha reiterado ".... que el pronunciamiento por parte del sentenciador superior que se limite a transcribir totalmente la (sic) sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia y hacerlas suyas como decisiones de alzada, sin contener sus propias consideraciones respecto a los motivos que soportan la decisión, como lo asentó la Sala de Casación Civil, incumplen lo preceptuado en el ordinal 4o del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como lo es que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Por tanto, si bien considera este alto Tribunal que los sentenciadores de alzada pueden realizar dichas transcripciones, deben expresar necesariamente sus propias razones de hecho y de derecho para sustentar la decisión, por cuanto es obligación de todo sentenciador, como antes se indicó, expresar las razones por las cuales confirma o revoca la decisión objeto de su conocimiento..." (Omissis). Como antes se indicó, el juzgador de alzada sólo realizó una transcripción de lo decidido por el Juzgado "A quo" sin realizar el más mínimo análisis propio sobre las actuaciones cursantes en los autos, los alegatos esgrimidos en la audiencia ni de las pruebas aportadas por las partes en el juicio, al punto que concluye "... que el juicio vertido por el tribunal A quo, se encuentra totalmente ajustado a derecho y conforme a justicia, juicio que comparte esta Alzada, motivo por lo cual considera que el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente entidad de trabajo Inversiones Diseños Family C.A., no tiene fundamento legal alguno…"(Sic), es decir, ni siquiera emite un juicio de valor propio, razón por la cual sostenemos que la motivación expuesta por la recurrida no constituye una auténtica motivación, en desacato del ordinal 4o del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, el vicio cometido fue determinante en el dispositivo del fallo, pues esa manifiesta deficiencia en la motivación, impropia por demás, apoyada tan solo en el razonamiento esgrimido en la sentencia de primera instancia, no era suficiente para proporcionar apoyo fáctico y normativo a la declaratoria de condena realizada, lo que es censurado con la nulidad del fallo y así pido sea declarado de conformidad las previsiones del artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (Resaltado del escrito de formalización parcialmente transcrito).
Consecuentemente con lo anterior debe inferir esta Alzada que el juzgador de juicio encontró justificados motivos que le condujeren a calificar la condición del accionante como trabajador; pues, de los dichos propios de la recurrente tanto de su escrito de contestación así como lo señalado en los actos orales se pudo bien constatar que las actividades realizadas por el ciudadano Pedro Manuel González Villasana, se constituían bajo la figura de comisionista, figura ésta intrínsecamente ligada al elemento de ajenidad dada la contraprestación configurativa del valor del producto; que en este caso se trata de la venta de los insumos que le suministrare la sociedad mercantil Inversiones Diseños Family, C.A., de lo cual se extrae expresamente que le eran indicados los montos porcentuales que el accionante percibiría en razón del producto colocado, lo que indica indefectiblemente que las labores realizadas por el demandante comprendían el objeto mismo de la accionada, no siendo otro que la venta de los productos o insumos por ella comercializados. En tal sentido considera quien aquí decide que el juicio vertido por el tribunal A quo, se encuentra totalmente ajustado a derecho y conforme a justicia, juicio que comparte esta Alzada, motivo por lo cual considera que el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente entidad de Trabajo Inversiones Diseños Family, C.A., no tienen fundamento legal alguno. Y así se decide.
Señala el apoderado judicial del accionante en el escrito de demanda que el mismo comenzó a prestar servicios subordinados para la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A., en fecha 1° de febrero del año 2011, desempeñándose como vendedor, en un horario comprendido de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., devengando durante la relación laboral comisiones sobre las ventas que realizaba por toda la zona oriental, según constancia de trabajo que anexó marcada con la letra “B”, incluyendo las ciudades de Maturín, Puerto La Cruz, Barcelona, Tucupita y Puerto Ordaz, entre otras; que las comisiones de los últimos 6 meses en promedio fue de Bs. 377.341,00, lo que equivale a un salario normal mensual de Bs. 62.890,17, a un salario normal diario de Bs. 2.096,33, así como a un salario integral diario de Bs. 2.739,55 y que el promedio diario de los últimos tres meses fue de Bs. 2.287,44; que estuvo trabajando en la empresa demandada de forma ininterrumpida hasta que en fecha 26 de agosto del año 2013, en la cual se encontraba desempeñando sus funciones en la ciudad de Maturín del Estado Monagas, recibió una llamada telefónica del presidente de la mencionada entidad de trabajo, el ciudadano Willian García, en donde le indicaba que estaba despedido sin justa causa; y, que hasta la fecha no se le habían cancelado las prestaciones sociales, por lo que exige el pago de los pasivos laborales que se le adeudan, demandando los conceptos y montos que se detallan a continuación:
Por su parte, la empresa demandada en la contestación a la demanda y de conformidad con lo estipulado en el artículo 135 de la Ley adjetiva, alegó como punto previo la falta de cualidad de ésta, para sostener el juicio y del accionante para intentarlo; por cuanto, aduce que el ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA, en ningún momento fue contratado para laborar en la sede de la demandada como vendedor, bajo la dependencia y en beneficio de dicha empresa.
Asimismo, la sociedad mercantil accionada niega, rechaza y contradice, que el demandante prestare servicios subordinados para su patrocinada en un horario de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; que devengara como salario durante la relación laboral, comisiones sobre las ventas que éste realizaba por toda la zona, incluyendo las ciudades de Maturín, Puerto la Cruz, Barcelona, Tucupita, Puerto Ordaz, entre otras; que percibiera como salario comisiones, que en promedio de los últimos 6 meses fuesen de Bs. 377.341,00, equivalentes a un salario normal mensual de Bs. 62.890,17, para un salario normal diario de Bs. 2.096,33, para alcanzar un salario integral diario de Bs. 2.739,55; que estuviere trabajando para la accionada en forma ininterrumpida hasta el 26 de agosto del 2013, en la cual niega que el presidente de la misma Willian García, le comunicara vía telefónica que estaba despedido sin justa causa.
1. Mérito favorable de autos: el cual no constituye medio de prueba alguno, sólo la solicitud de aplicación del principio de comunidad de la prueba o de adquisición que rige en todo momento el sistema probatorio venezolano, y que el Juez está en todo el deber de aplicar de oficio.
2.4. Copias de cheques, marcada con la letra “B” la cursante al folio 104 y con la letra “D” las cursantes a los folios 109, 111, 113, 117, 118, 120, 121, 122 y 123 todos de la pieza 1 del expediente, suscritos por el ciudadano William García, quien funge como Presidente de la sociedad mercantil demandada INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A. como consta en las actas del expediente; apreciándose que la parte demandada igualmente promovió documentales que cursan a los folios 136 y 137, que resultan idénticas a las que fueron consignadas por el actor y rielan a los folios 104 y 123, así como también la accionada reconoció las documentales insertas a los folios 109, 117 y 118 que corresponden a los cheques emitidos por ésta; por lo cual se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, verificándose algunos pagos realizados al demandante.
3. Prueba de exhibición de documentos:
4. Prueba de informes:
2. Prueba testimonial: Promueve como testigos a los ciudadanos Edixon Vásquez, José Villanueva, Julio Salvatierra y Arístides Riera Román; de los cuales los dos primeros, no comparecieron a rendir sus declaraciones a la audiencia de juicio, por lo cual esta Sala no tienen nada que apreciar al respecto.
En cuanto a las testimoniales de los ciudadanos Julio Salvatierra y Arístides Riera Román, se aprecia que éstos prestaron el juramento de Ley y respondieron a todas las preguntas formuladas, indicando lo siguiente:
El ciudadano Julio Salvatierra, señaló que ejecuta actividades de vendedor para la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A.; que sí conoce al demandante; que en la actividad que desempeña no recibe instrucciones por parte de la accionada; que no realiza funciones exclusivas para la demandada; que devenga por el desempeño de sus funciones el 10% de las comisiones; que no es el mismo porcentaje con otras empresas que tienen el mismo ramo; que sí elabora un formato respecto a la actividad que desarrolla como vendedor; que le cancelan las comisiones de 45 a 60 días aproximadamente; que desconoce que el accionante ejerza actividades para otras empresas del mismo ramo; indica que ejerce sus actividades como vendedor en los Estados Táchira, Zulia, Barinas, Trujillo, Mérida, Aragua, Caracas, Los Valle del Tuy y parte de los llanos; que no tiene conocimiento donde el actor ejercía sus actividades de vendedor y que la mercancía que vende es facturada por la empresa demandada.
Por su parte, el ciudadano Arístides Riera Román, manifestó que ejecuta actividades de vendedor para la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A.; que sí conoce al demandante; que ejerce funciones como vendedor a comisión; indica que no recibe instrucciones de parte de la empresa accionada; que no realiza ninguna actividad de forma exclusiva para la parte demandada; que percibe por el desempeño de vendedor comisionista el 10% de la comisión de la venta útil; que las comisiones que perciben son superiores a las de otras empresas que tienen el mismo ramo; que no elabora ningún formato sobre la actividad que desarrolla como vendedor; que le cancelan las comisiones de 45 a 55 días, y que sí le consta que el accionante realiza actividades para otras empresas del mismo ramo; que ejecuta sus actividades como vendedor en los Estados Falcón, Carabobo, en todo el oriente, o cualquier otro estado que un cliente lo requiera; que en el desempeño de sus actividades como vendedor lleva varios productos, se dirige al negocio que tiene la misma línea de cosméticos que es lo que más lleva y ofrece los distintos productos; que al momento de un pedido se elabora un formato o una hoja de pedido del producto porque sólo se trabaja con muestrarios y se envía a la oficina principal, ya que la empresa demandada es quien factura y envía, siendo directamente la misma quien realiza la cobranza.
3. Prueba de informes:
De la falta de cualidad del ciudadano Pedro Manuel González Villasana como demandante y de la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A., como demandada y de la naturaleza de la relación existente entre éstas:
En tal sentido, la Sala de Casación Social, en reiterada jurisprudencia ha señalado una lista de criterios o indicios, a los fines de poder determinar el carácter laboral o no de una relación, y en fallo Nº 1778 de fecha 06 de diciembre de 2005 (caso: Siomara Carmen Moreno González contra Vallés Servicios de Previsión Funeraria, C.A.), estableció lo siguiente:
Para ello, la Sala en la referida sentencia N° 489, de fecha 13 de agosto de 2002 (caso: Mireya Beatriz Orta de Silva contra Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela), estableció un inventario de indicios que permiten determinar la naturaleza laboral o no de una relación jurídica, indicando:
f) Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).’. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).
1. Forma de determinación de las labores: Las actividades desempeñadas por el actor, consistían en prestar sus servicios como vendedor, comercializando los productos que ofrece la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A., percibiendo comisiones por las ventas que le reportara realizadas.
2. Tiempo y condiciones del trabajo desempeñado: Del análisis del acervo probatorio no se logró comprobar en qué horario realizaba sus funciones el actor para la demandada, ni tampoco el tiempo en el cual prestó sus servicios; sin embargo, al haber admitido la accionada, la prestación del servicio por el actor y no haber indicado simplemente que la actividad ejecutada por el actor finalizó en fecha 25 de agosto del año 2013, se entiende admitida la fecha en la cual alegó haber iniciado sus labores para la demandada, a saber, el 1° de febrero del año 2011 y respecto a la culminación de la misma, siendo que no probó la accionada la fecha que señaló a tales efectos, se tiene como cierto que la fecha de terminación de ésta fue el 26 de agosto del año 2013, tal como lo expresó el accionante en su libelo de demanda. Por lo tanto el tiempo de la relación fue de dos (2) años, seis (6) meses y veinticinco (25) días. Asimismo, respecto a la forma en la cual desempeñó sus actividades el demandante, quien manifestó que había sido en forma subordinada e ininterrumpida, es preciso señalar que la empresa accionada no logró demostrar lo contrario, es decir, no justificó en autos que el mismo, ejecutara tales actividades en forma independiente, por el contrario, del análisis efectuado a las testimoniales se constató que el accionante realizaba sus funciones de vendedor para la demandada, que ésta era la que le facturaba y cobraba directamente a los clientes y por ello, le pagaba comisiones al actor con base en las ventas que le reportaba como realizadas. En tal sentido, se establece que el accionante prestó sus servicios de manera personal, subordinada, directa, continua e ininterrumpida, como vendedor en la zona oriental del país, incluyendo las ciudades de Maturín, Puerto La Cruz, Barcelona, Tucupita, Puerto Ordaz, la cual fue asignada por la demandada.
3. Forma de efectuarse el pago: tal y como fue expuesto anteriormente, de las testimoniales analizadas y valoradas precedentemente, se evidenció que la demandada le pagaba comisiones al actor con base a las ventas que le reportaba como realizadas; así como de las relaciones de ventas y copias de cheques, igualmente ya valorados, se constató que la contraprestación recibida por la actividad, era un pago regular efectuado al actor bajo la modalidad de comisiones, a razón del 8% al inicio y posteriormente del 10% de las ventas que realizaba.
4. Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: La empresa accionada no demostró que las tareas realizadas por el actor se caracterizaran por un marco de autonomía, por el contrario, éste le reportaba las ventas efectuadas y era la empresa la que cobraba directamente a los clientes, pagándole posteriormente las respectivas comisiones al demandante de la presente causa.
5. Inversiones, suministro de herramientas y materiales para la prestación del servicio: Se verificó de las testimoniales analizadas y valoradas, que el demandante únicamente realizaba la venta de los productos que ofrecía la demandada con ayuda de los catálogos suministrados a tales efectos.
Por otra parte, alegó la empresa demandada en la contestación a la demanda como punto previo la falta de cualidad de ésta, para sostener el juicio y del accionante para intentarlo; por cuanto, aduce que el ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA, en ningún momento fue contratado para laborar en la sede de la demandada como vendedor, bajo la dependencia y en beneficio de dicha empresa.
Resta por decidir sobre los conceptos pretendidos por el reclamante y por el hecho que la demandada, opuso como defensa de fondo la inexistencia de una relación de trabajo cuya presunción se encuentra establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, siendo que no logró desvirtuar la presunción de existencia de la relación de trabajo, quedando evidenciados los elementos que configuran la relación de trabajo por cuenta ajena, la contraprestación por la labor cumplida y la subordinación en el desempeño de la labor; en consecuencia, resulta forzoso para esta Sala de Casación Social, declarar la existencia de una relación de trabajo entre el ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA y la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A. Así se declara.
Establecido lo anterior, de seguidas se analizará lo relativo a la procedencia de los conceptos reclamados, teniendo en cuenta que, corresponde al empleador la carga de probar el pago liberatorio de los conceptos laborales adeudados de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para lo cual, en virtud de que la relación laboral del ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA comenzó el 1° de febrero del año 2011 y terminó el 26 de agosto del año 2013; se aplicará la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, hasta el 6 de mayo de 2012; y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras a partir del 7 de mayo del mismo año, hasta la terminación de la relación. Así se declara.
1. De las vacaciones y bono vacacional:
En tal sentido, como en el presente caso la relación laboral se inició el 1° de febrero del año 2011, prolongándose hasta el 26 de agosto del año 2013, el ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA, adquirió el derecho al bono vacacional, atendiendo a la fecha y culminación de la relación laboral que existió con la accionada, con la antigua Ley Orgánica del Trabajo (1997), por el período vacacional 2011-2012; y con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, hasta agosto del año 2013.
1-2-2011 al 1-2-2012
1-2-2012 al 1-2-2013
1-2-2013 al 26-8-2013
2. De las utilidades:
Es el caso, que al demandante ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA, se le generó el derecho a las utilidades bajo la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 -aplicable ratione temporis-, hasta diciembre de 2011; y, para las utilidades del período comprendido entre diciembre de 2011, hasta diciembre del año 2012, así como la fracción correspondiente al período laborado en el año 2013, bajo la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; no obstante, a fin de no perjudicar a la única parte recurrente, en aplicación al principio de personalidad de los recursos, se ratifica lo establecido por el juzgado de alzada en cuanto al número de días y salario base de cálculo, ordenándose en consecuencia el pago de 12,5 días de salario (a razón de Bs.1.364,89 diarios) correspondientes al ejercicio económico del año 2011, 30 días de salario (a razón de Bs.1.661,89 diarios) correspondientes al año 2012 y 20 días de salario (a razón de Bs.2.096,34 diarios) correspondientes al año 2012, lo cual deberá calculase mediante experticia complementaria de fallo. Así se declara.
3. De la Antigüedad:
En relación a la cantidad que le corresponde al trabajador demandante ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA, por las prestaciones sociales establecidas en el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (1997), las cuales deben incorporarse al nuevo sistema (en virtud que el monto que resulte de ambos cálculos a su vez deberán ser sumados entendiéndose que la totalidad constituye la garantía de prestaciones sociales generadas por el accionante durante la relación laboral de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), se calcularán a razón de 5 días por cada mes de prestación de servicio, iniciando el 1° de febrero del año 2011, hasta el mes de abril del año 2012, toda vez que a partir del mes de mayo del año 2012, se debe aplicar lo establecido en el artículo 142 literales “a” y “b” de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
4. De los intereses sobre la prestación de antigüedad:
5. De la indemnización por despido injustificado:
En razón de todo lo antes expuesto, se declara con lugar la demanda incoada por el ciudadano PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VILLASANA contra la sociedad mercantil INVERSIONES DISEÑOS FAMILY, C.A.; no obstante, no se condena en costas del proceso a la parte demandada, atendiendo el principio de personalidad de los recursos, limitado a la prohibición de reformatio in peius, o sea, de empeorar el gravamen causado por la sentencia recurrida, ya que al ser la accionada la única recurrente, no debe ser desmejorada su condición, toda vez que la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 20 de julio de 2015, confirmada por el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 17 de febrero del año 2016, declaró de forma errónea “parcialmente con lugar la demanda”, a pesar de haber resuelto la procedencia de todos los conceptos que fueron demandados, pues condenó el pago de la indemnización por despido injustificado, antigüedad, intereses sobre la prestación de antigüedad, utilidades vencidas y fraccionadas, bono vacacional vencido y fraccionado, intereses moratorios, corrección monetaria, vacaciones fraccionadas y vacaciones no disfrutadas, éstas últimas sobre las cuales se pronunció el juez ad quem y así lo confirma esta Sala, considerando acertadamente que era el mismo pedimento denominado por el accionante como “vacaciones vencidas” y con base en ello, no condenó en costas a la accionada. Así se declara.
MÓNICA G. MISTICCHIO TORTORELLA EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

References: artículo 168
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 175
 artículo 135
 artículo 53
 artículo 72
 artículo 108
 artículo 142