Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0029_ES.html
Timestamp: 2020-07-03 20:45:39+00:00

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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE
(2) La legislación en materia de protección de los consumidores debe aplicarse eficazmente en toda la Unión. Sin embargo, el exhaustivo control de adecuación de las directivas en materia de protección de los consumidores y comercialización llevado a cabo por la Comisión en 2016 y 2017 en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) permitió concluir que la eficacia de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores se ve comprometida por la falta de conocimiento de la misma tanto entre los comerciantes como entre los consumidores, y por la insuficiente ejecución y las limitadas posibilidades de reparación de los consumidores.
(2) La legislación en materia de protección de los consumidores debe aplicarse eficazmente en toda la Unión. Sin embargo, el exhaustivo control de adecuación de las directivas en materia de protección de los consumidores y comercialización llevado a cabo por la Comisión en 2016 y 2017 en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) permitió concluir que la eficacia de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores se ve comprometida por la falta de conocimiento de la misma tanto entre los comerciantes como entre los consumidores, y por el uso insuficiente que se hace de las medidas de reparación.
(6) Con el fin de facilitar una aplicación más coherente de las sanciones, en particular respecto de las infracciones intraunión, las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión a las que se alude en el Reglamento (UE) 2017/2394, deben introducirse criterios comunes no exhaustivos para la aplicación de multas. Tales criterios deben incluir la naturaleza transfronteriza de la infracción, a saber, si la infracción ha perjudicado a los consumidores también en otros Estados miembros. Deben tenerse en cuenta asimismo los medios de reparación por el daño causado facilitados por el comerciante a los consumidores. Las infracciones reiteradas por parte de un mismo autor ponen de relieve una propensión a cometer tales infracciones y, por consiguiente, constituyen un indicio significativo de la gravedad de la conducta y de la correspondiente necesidad de elevar el nivel de la sanción para lograr una disuasión efectiva. El criterio de los beneficios económicos obtenidos o de las pérdidas evitadas debido a la infracción resulta especialmente relevante cuando la legislación nacional prevé la imposición de multas como sanción y establece la multa máxima como un porcentaje del volumen de negocio del comerciante, y cuando la infracción afecta únicamente a uno o a algunos de los mercados en los que actúa el comerciante.
(6) Con el fin de facilitar una aplicación más coherente de las sanciones, en particular respecto de las infracciones intraunión, las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión tal y como se las define en el Reglamento (UE) 2017/2394, deben introducirse criterios comunes no exhaustivos para la aplicación de multas. Tales criterios deben incluir la naturaleza transfronteriza de la infracción, a saber, si la infracción ha perjudicado a los consumidores también en otros Estados miembros, en caso de que esa información esté disponible a través de las disposiciones recogidas en el Reglamento (UE) 2017/2394 relativas al intercambio de información. Deben tenerse en cuenta asimismo los medios de reparación por el daño causado facilitados por el comerciante a los consumidores, así como el grado en que el comerciante ha actuado para reparar las consecuencias de la infracción en cuestión y mitigar sus posibles efectos adversos. Las infracciones reiteradas por parte de un mismo autor ponen de relieve una propensión a cometer tales infracciones y, por consiguiente, constituyen un indicio significativo de la gravedad de la conducta y de la correspondiente necesidad de elevar el nivel de la sanción para lograr una disuasión efectiva. El criterio de los beneficios económicos obtenidos o de las pérdidas evitadas debido a la infracción resulta especialmente relevante cuando la legislación nacional prevé la imposición de multas como sanción y establece la multa máxima como un porcentaje del volumen de negocio del comerciante, y cuando la infracción afecta únicamente a uno o a algunos de los mercados en los que actúa el comerciante.
(7) Por otra parte, en las multas impuestas como sanción se deberán tener en cuenta el volumen de negocio y los beneficios anuales del comerciante infractor y las multas que se hayan aplicado al comerciante en otros Estados miembros por la misma infracción, en particular, en el contexto de las infracciones generalizadas de la legislación en materia de protección de los consumidores y de las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que son objeto de una investigación y ejecución coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394.
(7) Por otra parte, en las sanciones se deberán tener en cuenta las multas que se hayan aplicado al comerciante en otros Estados miembros por la misma infracción, en particular, en el contexto de las infracciones generalizadas y de las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que son objeto de una investigación y ejecución coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394.
(8) Puede que estos criterios comunes no exhaustivos respecto a la aplicación de sanciones no sean relevantes para decidir sobre las sanciones en relación con todas las infracciones, y en particular en relación con las infracciones menos graves. Los Estados miembros deben tener en cuenta asimismo otros principios generales del Derecho aplicables a la imposición de sanciones, como el de non bis in idem.
(8) Puede que estos criterios comunes no exhaustivos respecto a la aplicación de sanciones no sean relevantes para decidir sobre las sanciones en relación con todas las infracciones, y en particular en relación con las infracciones menos graves. Los Estados miembros deben tener en cuenta asimismo otros principios generales del Derecho aplicables a la imposición de sanciones, como el de non bis in idem y las garantías procesales y de protección de datos aplicables que figuran en el Derecho de la Unión y los ordenamientos jurídicos nacionales, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales.
(9) Con el fin de garantizar que las autoridades de los Estados miembros puedan imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en relación con las infracciones generalizadas de la legislación en materia de protección de los consumidores y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que sean objeto de una investigación y ejecución coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394, deben introducirse las multas como un elemento obligatorio de las sanciones por tales infracciones. Para garantizar el carácter disuasorio de las multas, los Estados miembros deben fijar en su legislación nacional una multa máxima para tales infracciones de un nivel que represente al menos el 4 % del volumen de negocio anual del comerciante en el Estado miembro en cuestión.
(9) Con el fin de garantizar que las autoridades de los Estados miembros puedan imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en relación con las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que sean objeto de una investigación y ejecución coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394, deben introducirse las multas como un elemento obligatorio de las sanciones por tales infracciones. Para garantizar el carácter disuasorio de las multas, los Estados miembros deben fijar en su legislación nacional una multa para tales infracciones de una cuantía máxima de 10 000 000 EUR o de al menos el 4 % del volumen de negocio anual del ejercicio anterior del comerciante en el Estado miembro en cuestión, optándose por el importe más elevado.
(10) Cuando, como resultado del mecanismo de coordinación previsto en el Reglamento (UE) 2017/2394, una única autoridad nacional competente en el sentido de dicho Reglamento imponga una multa al comerciante responsable de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión en la Unión, deberá ser capaz de imponer una multa de al menos el 4 % del volumen de negocio anual del comerciante en todos los Estados miembros afectados por la acción de ejecución coordinada.
(10) Cuando, como resultado del mecanismo de coordinación previsto en el Reglamento (UE) 2017/2394, una única autoridad nacional competente en el sentido de dicho Reglamento imponga una multa al comerciante responsable de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión en la Unión, deberá ser capaz de imponer una multa de hasta 10 000 000 EUR o de al menos el 4 % del volumen de negocio total anual del ejercicio anterior del comerciante en todos los Estados miembros afectados, optándose por el importe más elevado.
(11) No debe impedirse que los Estados miembros mantengan o introduzcan en su legislación nacional multas máximas superiores basadas en el volumen de negocio para las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión de la legislación en materia de protección de los consumidores, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2017/2394. El requisito de establecer la multa a un nivel no inferior al 4 % del volumen de negocio del comerciante no debe aplicarse a las normas adicionales de los Estados miembros sobre los pagos periódicos de sanciones, como las multas diarias, por el incumplimiento de cualquier decisión, orden, medida provisional, compromiso del comerciante u otra medida destinada a detener la infracción.
(12) Al decidir con qué fines se utilizan los ingresos derivados de las multas, los Estados miembros deben tener en cuenta el objetivo último de la legislación en materia de protección de los consumidores y su aplicación, que consiste en salvaguardar el interés general de los consumidores. Por tanto, los Estados miembros deberán considerar la asignación de al menos una parte de los ingresos de las multas a la mejora de la protección de los consumidores en sus jurisdicciones, por ejemplo mediante iniciativas como el apoyo a los movimientos o las actividades de los consumidores encaminados a procurar su empoderamiento.
(12) Al decidir con qué fines se utilizan los ingresos derivados de las multas, los Estados miembros deben tener en cuenta el objetivo último de la legislación en materia de protección de los consumidores y su aplicación, que consiste en salvaguardar el interés general de los consumidores. Por tanto, los Estados miembros deberán asignar los ingresos de las multas a un fondo dedicado a ofrecer reparación en caso de daños sufridos por los consumidores o a la mejora de la protección de los consumidores o de la protección de otros intereses públicos en sus jurisdicciones, por ejemplo asignándolos a actividades para empoderar a los consumidores, organizadas bien directamente por el Estado miembro, bien a través de organizaciones nacionales de consumidores.
(15) Los Estados miembros deben velar por que las medidas correctoras se encuentren a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el fin de eliminar todos los efectos de tales prácticas. Para alcanzar tal objetivo, los Estados miembros han de procurar la disposición de medidas correctoras contractuales y no contractuales. Como mínimo, las medidas correctoras contractuales facilitadas por los Estados miembros deben incluir el derecho a la resolución del contrato. Las medidas correctoras no contractuales previstas en la legislación nacional deben incluir, como mínimo, el derecho a una indemnización por daños y perjuicios. No se impedirá a los Estados miembros que mantengan o introduzcan derechos a otras medidas correctoras adicionales para los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el fin de garantizar la eliminación plena de los efectos de tales prácticas.
(15) Los Estados miembros deben velar por que las medidas correctoras se encuentren a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales. Para alcanzar tal objetivo, los Estados miembros han de procurar la disposición de medidas correctoras contractuales y no contractuales en su legislación nacional. Las medidas correctoras contractuales facilitadas por los Estados miembros deben incluir el derecho a resolver un contrato y otras medidas correctoras que reflejen la gravedad variable de los daños potenciales, incluido el derecho a una reducción del precio o a una indemnización por daños. Las medidas correctoras no contractuales previstas en la legislación nacional deben incluir el derecho a una indemnización por daños y perjuicios. No se impedirá a los Estados miembros que mantengan o introduzcan derechos a otras medidas correctoras adicionales para los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el fin de garantizar la eliminación plena de los efectos de tales prácticas.
(19) Por tanto, los requisitos de transparencia específicos para los mercados en línea deben incluirse en la Directiva 2011/83/UE para informar a los consumidores que utilicen los mercados en línea sobre los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas, si celebran un contrato con un comerciante o un no comerciante (por ejemplo, otro consumidor), si es aplicable la legislación en materia de protección de los consumidores, y qué comerciante es responsable de la ejecución contractual y de garantizar los derechos de los consumidores cuando estos sean de aplicación. Esta información debe facilitarse de manera clara y comprensible y no solo mediante una referencia en las cláusulas y condiciones tipo o en un documento contractual similar. Los requisitos de información aplicados a los mercados en línea deben ser proporcionados y han de alcanzar un equilibrio entre un elevado nivel de protección de los consumidores y la competitividad de dichos mercados. No debe exigirse a los mercados en línea que refieran los derechos específicos de los consumidores al informar a estos de su aplicabilidad o no aplicabilidad. La información que debe facilitarse sobre la responsabilidad de garantizar los derechos de los consumidores depende de los acuerdos contractuales entre el mercado en línea y los comerciantes terceros pertinentes. El mercado en línea puede referirse al comerciante tercero como el único responsable de garantizar los derechos de los consumidores, o describir sus responsabilidades específicas cuando asuma la responsabilidad relativa a determinados aspectos del contrato, por ejemplo, la entrega o el ejercicio del derecho de desistimiento. La obligación de proporcionar información sobre los principales parámetros que determinan la clasificación de los resultados de las búsquedas se entiende sin perjuicio de cualesquiera secretos comerciales relativos a los algoritmos subyacentes. Tal información debe contener una explicación sobre los principales parámetros por defecto utilizados por el mercado, pero no es necesario que se presente de un modo personalizado respecto a cada una de las consultas efectuadas.
(19) Por tanto, los requisitos de transparencia específicos para los mercados en línea deben incluirse en la Directiva 2005/29/UE y en la Directiva 2011/83/UE para informar a los consumidores que utilicen los mercados en línea sobre los principales parámetros presentados por orden de importancia relativa que determinan la clasificación de las ofertas, si celebran un contrato con un comerciante o un no comerciante (por ejemplo, otro consumidor), si es aplicable la legislación en materia de protección de los consumidores, y qué comerciante es responsable de la ejecución contractual y de garantizar los derechos de los consumidores cuando estos sean de aplicación. Esta información debe facilitarse de manera clara y comprensible y no solo mediante una referencia en las cláusulas y condiciones tipo o en un documento contractual similar. Los requisitos de información aplicados a los mercados en línea deben ser proporcionados y han de alcanzar un equilibrio entre un elevado nivel de protección de los consumidores y la competitividad de dichos mercados. No debe exigirse a los mercados en línea que refieran los derechos específicos de los consumidores al informar a estos de su aplicabilidad o no aplicabilidad. La información que debe facilitarse sobre la responsabilidad de garantizar los derechos de los consumidores depende de los acuerdos contractuales entre el mercado en línea y los comerciantes terceros pertinentes. El mercado en línea puede referirse al comerciante tercero como el único responsable de garantizar los derechos de los consumidores, o describir sus responsabilidades específicas cuando asuma la responsabilidad relativa a determinados aspectos del contrato, por ejemplo, la entrega o el ejercicio del derecho de desistimiento. La obligación de proporcionar información sobre los principales parámetros que determinan la clasificación de los resultados de las búsquedas se entiende sin perjuicio de cualesquiera secretos comerciales de conformidad con la Directiva 2016/943 relativos a los algoritmos subyacentes. Tal información debe contener una explicación sobre los principales parámetros por defecto utilizados por el mercado, pero no es necesario que se presente de un modo personalizado respecto a cada una de las consultas efectuadas.
(19 bis) Los requisitos de transparencia para los mercados en línea deben ser rigurosos con el fin de proteger al consumidor incluso después de estar sujeto a un contrato a distancia o fuera del establecimiento, o a cualquier oferta correspondiente si información esencial adicional está disponible solo después de la venta. Los consumidores deben estar protegidos frente a la compra o el uso de contenidos ilegales, que pueden suponer una amenaza para su salud y seguridad, y debe permitírseles que se valgan de cualquier recurso disponible, también a través de los mecanismos de resolución alternativa de litigios previstos en la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. Por lo tanto, debe informárseles cuando hayan comprado un producto o servicio ilegal o en caso de que la oferta fuese engañosa. Los mercados en línea no siempre saben cuándo una oferta o un producto es ilegal. Sin embargo, cuando tienen conocimiento de dicha información tras la venta, deben compartirla no solo con los comerciantes sino también con los consumidores. Este requisito se ajusta a la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 ter, puesto que solo se aplicaría una vez que un mercado en línea haya recibido un aviso, confirmado su validez y procedido a la retirada de la oferta, producto o servicio ilegal.
1 bis Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
1 ter Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
(19 ter) Cabe señalar que las páginas web de comparación no clasifican y muestran necesariamente los productos de manera objetiva por precio y calidad y que los consumidores pueden no ser conscientes de que los mercados en línea pueden recibir pagos por dar una prominencia indebida a un determinado producto o servicio. Como consecuencia, los órganos reguladores nacionales deben supervisar los sectores en los que los consumidores tienden a utilizar páginas web de comparación y realizar investigaciones para determinar si los consumidores comprenden con exactitud las clasificaciones del mercado. En caso de discrepancias, deben adoptarse medidas sectoriales específicas.
(20) De conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE45, los mercados en línea no deben ser obligados a verificar el estatuto jurídico de los proveedores terceros. En cambio, el mercado en línea debe exigir a los proveedores terceros de productos en dicho mercado que indiquen su condición de comerciantes o no comerciantes a efectos de la legislación en materia de protección de los consumidores, y que proporcionen esta información al mercado en línea.
(20) Los mercados en línea deben ser obligados a adoptar medidas razonables para garantizar que los servicios que prestan no son objeto de uso indebido, dejando a los consumidores en una situación vulnerable. Debe existir un nivel adecuado de protección coherente con la naturaleza de los bienes y servicios vendidos y las pruebas reales de daños derivados de la venta. En concreto, los mercados en línea deben supervisar las actividades que indiquen que un comerciante se hace pasar por un no comerciante para influir en las decisiones y expectativas de los consumidores con respecto a la calidad del producto o servicio que están comprando.
45 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
(21) A menudo, el contenido digital y los servicios digitales se suministran en línea con arreglo a contratos en los que el consumidor no paga un precio, pero proporciona datos personales al comerciante. Los servicios digitales se caracterizan por la intervención continua del comerciante a lo largo de la vigencia del contrato para permitir al consumidor que haga uso del servicio, por ejemplo, el acceso, la creación, el tratamiento, el almacenamiento o la puesta en común de datos en formato digital. Son ejemplos de servicios digitales los contratos de suscripción a plataformas de contenidos, almacenamiento en la nube, correo web, medios sociales y aplicaciones en la nube. La intervención continua del proveedor de servicios justifica la aplicación de las normas sobre el derecho de desistimiento previstas en la Directiva 2011/83/UE que permiten efectivamente al consumidor probar el servicio y decidir, durante el periodo de catorce días desde la celebración del contrato, si quiere utilizar el servicio o no. Por el contrario, los contratos relativos al suministro de contenido digital que no se facilitan en un soporte material se caracterizan por una actuación única del comerciante, que proporciona al consumidor uno o varios elementos específicos de contenido digital, como archivos de música o de vídeo concretos. Esta naturaleza única de la provisión de contenido digital subyace a la excepción del derecho de desistimiento recogida en el artículo 16, letra m), de la Directiva 2011/83/UE, con arreglo al cual el consumidor pierde el derecho de desistimiento cuando se inicia la ejecución del contrato, como sucede con la descarga o la emisión en continuo (streaming) del contenido en cuestión.
(21) A menudo, el contenido digital y los servicios digitales se suministran en línea con arreglo a contratos en los que el consumidor no paga un precio, pero proporciona datos personales al comerciante. Los servicios digitales se caracterizan por la intervención continua del comerciante a lo largo de la vigencia del contrato para permitirle al consumidor hacer uso del servicio que permite la creación y el tratamiento de datos en formato digital, así como el acceso a ellos o su almacenamiento. Son ejemplos de servicios digitales los servicios para compartir vídeo y sonido y otro almacenamiento de archivos, el tratamiento de textos o los juegos que se ofrecen en el entorno de computación en la nube y los medios sociales. La intervención continua del proveedor de servicios justifica la aplicación de las normas sobre el derecho de desistimiento previstas en la Directiva 2011/83/UE que permiten efectivamente al consumidor probar el servicio y decidir, durante el periodo de catorce días desde la celebración del contrato, si quiere utilizar el servicio o no. Por el contrario, los contratos relativos al suministro de contenido digital se caracterizan por una actuación única del comerciante, que proporciona al consumidor uno o varios elementos específicos de contenido digital, como archivos de música o de vídeo concretos. Esta naturaleza única de la provisión de contenido digital subyace a la excepción del derecho de desistimiento recogida en el artículo 16, letra m), de la Directiva 2011/83/UE, con arreglo al cual el consumidor pierde el derecho de desistimiento cuando se inicia la ejecución del contrato, como sucede con la descarga o la emisión en continuo (streaming) del contenido en cuestión.
(22) La Directiva 2011/83/UE se aplica ya a los contratos de suministro de contenido digital que no se facilitan en un soporte material (es decir, el suministro de contenido digital en línea), con independencia de que el consumidor pague un precio en dinero o proporcione datos personales. Por el contrario, la Directiva 2011/83/UE solo se aplica a los contratos de servicios, incluidos los contratos de servicios digitales, en los que el consumidor paga o se compromete a pagar un precio. En consecuencia, dicha Directiva no se aplica a los contratos de servicios digitales en los que el consumidor proporciona datos personales al comerciante sin pagar un precio. Dadas sus similitudes y la intercambiabilidad de los servicios digitales pagados y los servicios digitales prestados a cambio de datos personales, ambos deben estar sujetos a las mismas normas de conformidad con la Directiva 2011/83/UE.
(22) La Directiva 2011/83/UE se aplica ya a los contratos de suministro de contenido digital con independencia de que el consumidor pague un precio en dinero o proporcione datos personales. Por el contrario, la Directiva 2011/83/UE solo se aplica a los contratos de servicios, incluidos los contratos de servicios digitales, en los que el consumidor paga o se compromete a pagar un precio. En consecuencia, dicha Directiva no se aplica a los contratos de servicios digitales en los que el consumidor proporciona datos personales al comerciante sin pagar un precio. Dadas sus similitudes y la intercambiabilidad de los servicios digitales pagados y los servicios digitales prestados a cambio de datos personales, ambos deben estar sujetos a las mismas normas de conformidad con la Directiva 2011/83/UE.
(23) Debe garantizarse la coherencia entre el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE y la [Directiva sobre contenidos digitales], que se aplica a los contratos de suministro de contenido digital o servicios digitales en virtud de los cuales el consumidor proporciona datos personales al comerciante.
(23) Debe garantizarse la coherencia entre el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE y la [Directiva sobre contenidos digitales], que se aplica a los contratos de suministro de contenido digital o servicios digitales en virtud de los cuales el consumidor proporciona o se compromete a proporcionar datos personales al comerciante.
(24) Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE debe ampliarse para abarcar asimismo los contratos con arreglo a los cuales el comerciante provee o se compromete a proveer un servicio digital al consumidor, y este facilita o se compromete a facilitar datos personales. De manera similar a los contratos de suministro de contenido digital que no se facilitan en un soporte material, la Directiva debe aplicarse siempre que el consumidor proporcione o se comprometa a proporcionar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante para suministrar el contenido digital o el servicio digital, y el comerciante no trate tales datos para ningún otro fin. Todo tratamiento de datos personales debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.
(24) Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE debe ampliarse para abarcar asimismo los contratos con arreglo a los cuales el comerciante provee o se compromete a proveer un servicio digital al consumidor, y este facilita o se compromete a facilitar datos personales. De manera similar a los contratos de suministro de contenido digital, la Directiva debe aplicarse siempre que el consumidor proporcione o se comprometa a proporcionar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante para suministrar el contenido digital o el servicio digital de conformidad con la [Directiva sobre contenidos digitales], y el comerciante no trate tales datos para ningún otro fin. El Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales se aplica a todos los datos personales tratados en relación con contratos de suministro de contenidos o servicios digitales.
(25) Cuando el contenido digital y los servicios digitales no se suministren a cambio de un precio, la Directiva 2011/83/UE tampoco debe ser aplicable a situaciones en las que el comerciante recopile datos personales exclusivamente para mantener en condiciones de conformidad el contenido digital o un servicio digital, o con el único fin de cumplir requisitos legales. Tales situaciones podrían incluir casos en los que las leyes aplicables exijan el registro del consumidor por motivos de seguridad e identificación, o en los que un desarrollador de programas de código abierto únicamente recabe datos de los usuarios para garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad de dichos programas.
(25) Para garantizar la plena armonización con la Directiva sobre contenidos digitales, cuando el contenido digital y los servicios digitales no se suministren a cambio de un precio, la Directiva 2011/83/UE tampoco debe ser aplicable a situaciones en las que el comerciante recopile datos personales con el único fin de cumplir requisitos legales a que esté sujeto el comerciante. Tales situaciones podrían incluir casos en los que las leyes aplicables exijan el registro del consumidor por motivos de seguridad e identificación.
(26) La Directiva 2011/83/UE tampoco debe aplicarse a las situaciones en las que el comerciante solo recopile metadatos, como las direcciones IP, el historial de navegación u otra información recogida y transmitida, por ejemplo, mediante cookies, excepto cuando alguna de esas situaciones se considere un contrato con arreglo a la legislación nacional. Tampoco debe ser aplicable a situaciones en las que el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el comerciante, esté expuesto a anuncios exclusivamente para obtener acceso a contenido digital o a un servicio digital. No obstante, los Estados miembros deben seguir siendo libres de ampliar la aplicación de las normas de la Directiva 2011/83/UE a tales situaciones o de regular de otro modo las situaciones que se excluyen del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
(26) La Directiva 2011/83/UE tampoco debe aplicarse a las situaciones en las que el comerciante solo recopile metadatos, información sobre el dispositivo del consumidor o el historial de navegación, excepto cuando alguna de esas situaciones se considere un contrato con arreglo a la legislación nacional. Tampoco debe ser aplicable a situaciones en las que el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el comerciante, esté expuesto a anuncios exclusivamente para obtener acceso a contenido digital o a un servicio digital. No obstante, los Estados miembros deben seguir siendo libres de ampliar la aplicación de las normas de la Directiva 2011/83/UE a tales situaciones o de regular de otro modo las situaciones que se excluyen del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
(32 bis) Los contratos relativos al suministro puntual de energía no procedente de la red deben quedar eximidos del derecho de desistimiento. De lo contrario, el comerciante asumiría un riesgo incalculable de reventa debido a la fluctuación de los precios del mercado.
(33) La Directiva 2011/83/UE establece normas plenamente armonizadas respecto al derecho de desistimiento de los contratos a distancia y celebrados fuera del establecimiento. En este contexto, se ha puesto de relieve que dos obligaciones concretas constituyen una carga desproporcionada para los comerciantes y deben suprimirse.
(34) La primera atañe al derecho del consumidor a desistir de los contratos de venta celebrados a distancia o fuera del establecimiento incluso después de utilizar los bienes más de lo necesario para determinar su naturaleza, características y funcionamiento. De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2011/83/UE, un consumidor sigue estando facultado para desistir de las compras en línea o fuera del establecimiento aun cuando haya utilizado el bien más de lo permitido; no obstante, en tal caso, el consumidor podrá ser considerado responsable de la disminución de valor del bien en cuestión.
(35) La obligación de aceptar la devolución de tales bienes genera dificultades para los comerciantes que deban evaluar la «disminución de valor» de los bienes devueltos y revenderlos como productos de segunda mano o descartarlos. Distorsiona además el equilibrio entre un alto nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas que persigue la Directiva 2011/83/UE. Por tanto, debe eliminarse el derecho de los consumidores a devolver bienes en tales situaciones. El anexo I de la Directiva 2011/83/UE «Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento» también debe ajustarse de conformidad con esta modificación.
(36) La segunda obligación se refiere al artículo 13 de la Directiva 2011/83/UE, conforme al cual los comerciantes pueden retener el reembolso hasta que hayan recibido los bienes devueltos, o hasta que el consumidor haya aportado pruebas de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero. En determinadas circunstancias, esta última opción puede exigir efectivamente a los comerciantes que reembolsen a los consumidores antes de recibir los bienes devueltos y de haber tenido la posibilidad de inspeccionarlos. Distorsiona además el equilibrio entre un alto nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas que persigue la Directiva 2011/83/UE. Por consiguiente, la obligación de los comerciantes de reembolsar al consumidor en virtud únicamente de la prueba de que los bienes se han devuelto al comerciante debe suprimirse. El anexo I de la Directiva 2011/83/UE «Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento» también debe ajustarse de conformidad con esta modificación.
(38) Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es necesario eliminar la referencia al número de fax de la lista de medios de comunicación en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE, ya que el fax rara vez se utiliza y en gran medida se encuentra obsoleto. Por otra parte, los comerciantes deben poder facilitar, como alternativa a una dirección de correo electrónico, otros medios de comunicación en línea con los consumidores, por ejemplo, formularios y chats en línea, siempre que tales medios alternativos permitan al consumidor conservar el contenido de la comunicación en un soporte duradero de forma similar al correo electrónico. El anexo I de la Directiva «Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento» también debe ajustarse de conformidad con esta modificación.
(38) Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es necesario eliminar la referencia al número de fax de la lista de medios de comunicación en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE, ya que el fax rara vez se utiliza y en gran medida se encuentra obsoleto. Dada la variedad de tipos de empresas que participan en actividades comerciales, no se considera necesario obligar a todos los comerciantes a utilizar la comunicación en línea en todos los casos. No obstante, si el comerciante utiliza la comunicación en línea, deben facilitarse los detalles de esa información al consumidor. Por otra parte, los comerciantes deben poder optar por la utilización de otros medios de comunicación en línea con los consumidores, por ejemplo, formularios y chats en línea, siempre que tales medios alternativos permitan al consumidor conservar el contenido de la comunicación en un soporte duradero de forma similar al correo electrónico. El anexo I de la Directiva «Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento» también debe ajustarse en consecuencia.
(40) Debe ajustarse el punto 11 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE que prohíbe la publicidad encubierta en contenidos editoriales en los medios de comunicación, con el fin de aclarar que la misma prohibición es aplicable también cuando un comerciante facilita información a un consumidor en forma de resultados de las búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas por el consumidor.
(40) Debe ajustarse el punto 11 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE que prohíbe la publicidad encubierta en contenidos editoriales en los medios de comunicación, con el fin de aclarar que la misma prohibición es aplicable también cuando un comerciante facilita información a un consumidor en forma de resultados presentados de forma destacada, posicionamiento que no obtendrían si se presentasen dentro de la parte principal de los resultados de las búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas por el consumidor. Ese posicionamiento destacado debe quedar claramente indicado.
(40 bis) Los consumidores confían cada vez más en las reseñas y recomendaciones de otros consumidores cuando toman decisiones de compra. Por tanto, debe considerarse como una práctica comercial desleal inducir a error a los consumidores afirmando que una reseña es veraz cuando no se haya adoptado ninguna medida razonable y proporcionada para garantizar que dicha reseña refleje las experiencias reales de los consumidores. Tales medidas podrían incluir, por ejemplo, medios técnicos para verificar la fiabilidad de la persona que publica una reseña, la solicitud de información para verificar que el consumidor ha utilizado realmente el producto, y la facilitación de información clara a los consumidores sobre la manera en que se procesan las reseñas, por ejemplo, si todas las reseñas, positivas o negativas, se publican o si estas reseñas han sido patrocinadas o influidas por una relación contractual con un comerciante.
(40 ter) Por el mismo motivo, el anexo I de la Directiva 2005/29/CE debe actualizarse para incluir los anuncios o recomendaciones que den la falsa impresión de que amigos o conocidos compraron, utilizaron y aprobaron un producto, servicio o contenido digital.
(41) El artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. Sin embargo, la comercialización entre Estados miembros de productos como idénticos cuando, en realidad, presentan una composición o unas características significativamente diferentes puede inducir a error a los consumidores y dar lugar a que adopten una decisión sobre una transacción que no habrían adoptado de otro modo.
(41) La comercialización de un producto con una presentación idéntica o aparentemente idéntica a otro producto que se comercializa con la misma marca pero que presenta diferencias en cuanto a su composición o sus características, cuando esta distinción no está clara y ampliamente marcada de modo que sea visible de inmediato para el consumidor, es una práctica engañosa. Esta práctica debe considerarse desleal y, por tanto, añadirse a la lista de prácticas comerciales engañosas que se consideran desleales en todas las circunstancias en virtud del anexo I de la Directiva 2005/29/CE. Sin embargo, un comerciante puede adaptar productos de la misma marca para diferentes mercados geográficos debido a factores legítimos, como el suministro de ingredientes locales, los requisitos de la legislación nacional, los objetivos de reformulación o las preferencias de los consumidores demostrables, si bien tales preferencias deben quedar avaladas por pruebas satisfactorias. Pueden derivarse posibles pruebas a partir de ensayos con consumidores mediante degustación o ensayos de productos a ciegas y otros métodos para determinar una clara preferencia en la elección de los consumidores. En los casos en que los bienes sean materialmente diferentes en su composición o características, al tiempo que dan la impresión, por su apariencia, descripción o representación gráfica, de ser idénticos a otros bienes comercializados en otro Estado miembro, esta diferencia debe ser marcada de manera clara y comprensible para que sea visible de forma inmediata para el consumidor; Sin embargo, especialmente en el caso de los productos comercializados para lactantes o niños de corta edad, como los alimentos infantiles, se entiende que es muy poco probable que las diferencias o preferencias gustativas regionales se manifiesten de forma clara, por lo que no es posible basarse en ellas cuando el comerciante comercialice productos con una composición o unas características materialmente diferentes.
(42) Por tanto, tal práctica puede calificarse como contraria a la Directiva 2005/29/CE, sobre la base de una evaluación caso por caso de los elementos pertinentes. Con el fin de facilitar la aplicación de la legislación vigente por parte de las autoridades de los Estados miembros en materia de protección de los consumidores y alimentación, se formularon directrices sobre la aplicación de la normativa comunitaria vigente a las situaciones de calidad dual de los alimentos en la Comunicación de la Comisión de 26 de septiembre de 2017 «relativa a la aplicación de la normativa de la UE en materia alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual de los productos: caso específico de los alimentos»46. En este contexto, el Centro Común de Investigación de la Comisión desarrolla actualmente un enfoque común respecto a la comprobación comparativa de productos alimentarios.
(43) No obstante, la experiencia en materia de ejecución ha puesto de relieve que tal vez no quede claro para los consumidores, los comerciantes y las autoridades nacionales competentes qué prácticas comerciales pueden ser contrarias a la Directiva 2005/29/CE en ausencia de una disposición explícita. Por consiguiente, la Directiva 2005/29/CE debe modificarse para garantizar la seguridad jurídica tanto para los comerciantes como para las autoridades encargadas de velar por la aplicación de la legislación, abordando de manera explícita la comercialización de un producto como idéntico al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una composición o unas características significativamente diferentes. Las autoridades competentes deberán evaluar y abordar, caso por caso, tales prácticas con arreglo a las disposiciones de la Directiva En su evaluación, la autoridad competente debe tener en cuenta si tal diferenciación resulta fácilmente identificable por los consumidores; el derecho del comerciante a adaptar los productos de la misma marca a los distintos mercados geográficos debido a factores legítimos, como la disponibilidad o la estacionalidad de las materias primas; las preferencias definidas de los consumidores o las estrategias voluntarias encaminadas a mejorar el acceso a alimentos saludables y nutritivos, así como el derecho de los comerciantes a ofrecer productos de la misma marca en paquetes de distinto peso o volumen en diferentes mercados geográficos.
(44) Si bien las ventas fuera del establecimiento constituyen un canal de venta legítimo y consolidado, como las que se realizan en las instalaciones empresariales del comerciante o la venta a distancia, algunas prácticas de comercialización particularmente agresivas o engañosas en el contexto de las visitas al domicilio del consumidor sin el consentimiento previo de este o durante excursiones comerciales pueden colocar a los consumidores bajo presión para que lleven a cabo compras de bienes que, de otro modo, no adquirirían, o compras a precios excesivos que a menudo conllevan un pago inmediato. Tales prácticas se dirigen a menudo a personas de edad avanzada u otros consumidores vulnerables. Algunos Estados miembros consideran que estas prácticas resultan poco apropiadas y que es necesario restringir determinadas formas y aspectos de las ventas fuera del establecimiento en el sentido de la Directiva 2011/83/UE, como la comercialización agresiva y engañosa o la venta de productos en el contexto de visitas no solicitadas al domicilio del consumidor o de excursiones comerciales, por motivos de orden público o del respeto de la vida privada de los consumidores que protege el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. De conformidad con el principio de subsidiariedad, y con el fin de facilitar su aplicación, debe aclararse, por tanto, que la Directiva 2005/29/CE se entiende sin perjuicio de la libertad de los Estados miembros para adoptar medidas sin necesidad de una evaluación caso por caso de la práctica específica, con objeto de proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a las visitas no solicitadas a su domicilio particular realizadas por comerciantes con el fin de ofrecer o vender productos o en relación con las excursiones comerciales organizadas por comerciantes con el fin o el efecto de promover o vender productos a los consumidores, cuando tales medidas estén justificadas por razones de orden público o de protección de la vida privada. Tales disposiciones deben ser proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros deberán notificar las disposiciones nacionales adoptadas en este sentido a la Comisión para que esta pueda poner esta información a disposición de todas las partes interesadas y supervisar la naturaleza proporcionada y la legalidad de tales medidas.
(44) Si bien las ventas fuera del establecimiento constituyen un canal de venta legítimo y consolidado, algunas prácticas de comercialización particularmente agresivas o engañosas en el contexto de peticiones persistentes y no deseadas en el domicilio del consumidor sin el consentimiento previo de este o durante excursiones comerciales pueden colocar a los consumidores bajo presión para que lleven a cabo compras de productos que, de otro modo, no adquirirían, o compras a precios excesivos que a menudo conllevan un pago inmediato. Tales prácticas se dirigen a menudo a personas de edad avanzada u otros consumidores vulnerables. De conformidad con el principio de subsidiariedad, y con el fin de facilitar su aplicación, debe aclararse, por tanto, que la Directiva 2005/29/CE se entiende sin perjuicio de la libertad de los Estados miembros para adoptar disposiciones con objeto de proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a prácticas específicas relacionadas con las peticiones persistentes y no deseadas a su domicilio particular realizadas por comerciantes con el fin de ofrecer o vender productos o en relación con las excursiones comerciales organizadas por comerciantes con el fin o el efecto de promover o vender productos a los consumidores, cuando tales disposiciones sean proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por razones imperiosas de interés público. Los Estados miembros deberán notificar las disposiciones nacionales adoptadas en este sentido a la Comisión para que esta pueda poner esta información a disposición de todas las partes interesadas y supervisar las prácticas que estén sujetas a esas disposiciones nacionales, así como su proporcionalidad y legalidad.
Artículo 1 – párrafo 1 – punto –1 (nuevo)
Artículo 2 – párrafo 1 – letras l bis, l ter y l quater (nuevas)
–1) En el artículo 2, párrafo 1, se añaden las letras siguientes:
l bis) «mercado en línea»: un proveedor de servicios que permite a los consumidores celebrar contratos en línea con comerciantes y consumidores en la interfaz en línea de dicho mercado;
l ter) «servicio de comparación»: un servicio que ofrece a los consumidores una comparación de distintas ofertas realizadas por comerciantes de bienes o servicios sobre la base de criterios, incluidos el precio, las características o las reseñas, o que identifica a comerciantes relevantes de bienes, servicios o contenidos digitales para los consumidores, con el fin de facilitar el inicio de transacciones directas entre dichos comerciantes y los consumidores, con independencia del lugar en el que se lleven a cabo las transacciones;
l quater) «interfaz en línea»: una interfaz en línea tal como se define en el artículo 2, punto 16, del Reglamento (UE) 2018/302.
«La presente Directiva no impide que los Estados miembros adopten disposiciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a ciertas prácticas de comercialización o venta particularmente agresivas o engañosas en el contexto de visitas no solicitadas llevadas a cabo por comerciantes al domicilio de los consumidores o con respecto a las excursiones comerciales organizadas igualmente por comerciantes con el objetivo o el efecto de promocionar o vender productos a los consumidores, siempre que tales disposiciones estén justificadas por razones de orden público o de protección del respeto de la vida privada.»;
«La presente Directiva no impide que los Estados miembros adopten disposiciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a ciertas prácticas de comercialización o venta específicas definidas como particularmente agresivas o engañosas en el contexto de peticiones persistentes y no deseadas llevadas a cabo por comerciantes en el domicilio de los consumidores, o con respecto a las excursiones comerciales organizadas igualmente por comerciantes con el objetivo o el efecto de promocionar o vender productos a los consumidores, siempre que tales disposiciones sean proporcionadas y no discriminatorias y estén justificadas por razones imperiosas de interés público.»;
2) En el artículo 6, apartado 2, se introduce la letra c) siguiente:
«c) cualquier operación de comercialización de un producto como idéntico al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una composición o unas características significativamente diferentes.».
Artículo 7 – apartado 4 – letra e bis (nueva)
3 bis) En el artículo 7, apartado 4, se añade la letra siguiente:
«e bis) en el caso de los productos o servicios ofrecidos en mercados en línea, si el tercero que ofrece los bienes o servicios es un comerciante o no.».
Artículo 7 – apartados 5 bis y 5 ter (nuevos)
3 ter) En el artículo 7, se añaden los apartados siguientes:
«5 bis. Cuando un mercado en línea o un servicio de comparación facilite el acceso a las reseñas de los consumidores sobre los productos, la información que se indica a continuación se considerará significativa:
a) una descripción de los procesos utilizados para solicitar y presentar las reseñas de los consumidores y si se verifica la autenticidad de dichas reseñas; y
b) en caso de que tales verificaciones tengan lugar, una descripción de las principales características de la verificación.
5 ter. Cuando se ofrezca a los consumidores la posibilidad de buscar productos sobre la base de una consulta en forma de palabra clave, frase u otras entradas, los mercados en línea y los servicios de comparación proporcionarán información sobre los principales parámetros —presentados en orden de importancia relativa— que determinan la clasificación de las ofertas presentadas al consumidor como resultado de su consulta.».
1. Además del requisito de garantizar unos medios adecuados y eficaces para procurar el cumplimiento en el artículo 11, los Estados miembros garantizarán que existan, asimismo, medidas correctoras contractuales y no contractuales a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el fin de eliminar todos los efectos de tales prácticas de conformidad con su legislación nacional.
1. Los Estados miembros garantizarán que existan medidas correctoras contractuales y no contractuales a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales de conformidad con su legislación nacional.
2. Entre las medidas correctoras contractuales figurará, como mínimo, la posibilidad de que el consumidor rescinda unilateralmente el contrato.
2. Entre las medidas correctoras contractuales figurará la posibilidad de que el consumidor rescinda unilateralmente el contrato. También se facilitarán medidas correctoras adicionales que reflejen la naturaleza y la gravedad del incumplimiento, incluido el derecho a obtener una reducción del precio o el derecho a obtener una indemnización por daños. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de las legislaciones nacional o de la Unión que rigen la aplicación de dichas medidas.
Artículo 11 bis – apartado 3
3. Entre las medidas correctoras no contractuales figurará, como mínimo, la posibilidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el consumidor.
3. Entre las medidas correctoras no contractuales figurará la posibilidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el consumidor.
b) el número de consumidores afectados, incluidos los de otros Estados miembros;
b) el número de consumidores que hayan sufrido daños en el Estado miembro en cuestión y en otros Estados miembros, cuando dicha información esté disponible de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2017/2394;
Artículo 13 – apartado 2 – letra c
c) las acciones emprendidas por el comerciante para mitigar o corregir los daños sufridos por los consumidores;
c) las acciones emprendidas por el comerciante para mitigar o corregir los daños sufridos por los consumidores, incluidas las medidas adoptadas por el comerciante para notificar la infracción o cooperar con los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas competentes;
d) cuando proceda, el carácter deliberado o negligente de la infracción;
d) el carácter deliberado o negligente de la infracción;
Artículo 13 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
f bis) si el comerciante afirma que cumple los códigos de conducta o satisface las cualificaciones pertinentes;
2 bis. Los Estados miembros ejercerán los poderes establecidos en el presente artículo de forma proporcionada, eficiente y eficaz con arreglo a la legislación de la Unión, incluidos los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las garantías procesales y las normas de la Unión aplicables en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y la legislación nacional.
3. Cuando la sanción que deba imponerse sea una multa, también se tendrán en cuenta en la determinación de su importe el volumen de negocio anual y el beneficio neto del comerciante infractor, así como las multas impuestas por la misma u otras infracciones de la presente Directiva en otros Estados miembros.
3. También se tendrán en cuenta en la determinación del nivel de la sanción las multas impuestas por las mismas infracciones de la presente Directiva en otros Estados miembros.
4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones generalizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el sentido del Reglamento (UE) n.º 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.
4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones generalizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que se impongan como resultado de una acción coordinada emprendida de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/2394 incluyan la posibilidad de imponer multas, cuyo importe máximo será de 10 000 000 EUR o, al menos, del 4 % del volumen de negocio anual del comerciante en el ejercicio precedente en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate, optándose por el importe más elevado.
5. Al decidir sobre la asignación de los ingresos derivados de las multas, los Estados miembros tendrán en cuenta el interés general de los consumidores.
5. Los Estados miembros dedicarán los ingresos derivados de las multas a la mejora de la protección del interés general de los consumidores, en particular mediante la creación de un fondo destinado a ofrecer reparación en caso de daños sufridos por el consumidor y, si procede, daños de otro tipo, como los daños a los intereses ambientales o a otros intereses públicos protegidos, sufridos como consecuencia de la infracción.
Artículo 13 – apartado 6 bis (nuevo)
6 bis. Los Estados miembros no estarán obligados a establecer un sistema exhaustivo de actuación pública para imponer sanciones en virtud de la presente Directiva.
Artículo 1 – párrafo 1 – punto –6 (nuevo)
Anexo I – punto 6 bis (nuevo)
–6) En el anexo I, se inserta el punto siguiente:
«6 bis) Mostrar una reducción de precio sin indicar el precio de referencia en el que se basa el anuncio de reducción de precio y sin poder justificar la exactitud de dicho precio de referencia durante los 30 días previos a dicho anuncio.».
11) Recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación, o facilitar información en respuesta a las consultas en línea efectuadas por un consumidor, para promocionar un producto, pagando el comerciante por dicha promoción, pero sin que ello quede claramente especificado en el contenido o los resultados de la búsqueda o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor (publirreportajes; colocación retribuida o inclusión retribuida). Este supuesto se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2010/13/UE48.
11) Recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación, o facilitar información en respuesta a las consultas en línea efectuadas por un consumidor, para promocionar un producto, pagando el comerciante directa o indirectamente por dicha promoción, o colocarlo en posición destacada sorteando la parte principal de los resultados de las búsquedas, pero sin que ello se aclare de forma concisa, fácil e inteligible en el contenido o los resultados de la búsqueda o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor (publirreportajes; colocación retribuida o inclusión retribuida). Este supuesto se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2010/13/UE48.
48 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
Anexo I – punto 13 bis (nuevo)
6 bis) En el anexo I, se inserta el punto siguiente:
«13 bis) Afirmar o crear la impresión de otro modo, mediante su apariencia, descripción o representación gráfica, de que un bien es idéntico o aparentemente idéntico a otro bien comercializado en otro Estado miembro cuando no lo es, a menos que dichos bienes difieran en razón de preferencias claras y demostrables de los consumidores regionales, suministro de ingredientes locales, o requisitos de la legislación nacional, y esta distinción esté clara y exhaustivamente marcada de modo que sea visible de forma inmediata para el consumidor.».
Anexo I – punto 23 bis (nuevo)
6 ter) En el anexo I, se inserta el punto siguiente:
«23 bis) Utilizar distintas técnicas que permiten comprar entradas de eventos a gran escala, también a través de software automatizado, para revenderlas por un importe superior a su valor nominal.».
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 quater (nuevo)
Anexo I – punto 23 ter (nuevo)
6 quater) En el anexo I, se inserta el punto siguiente:
«23 ter) Afirmar o crear la impresión de otro modo de que una reseña de un producto es presentada por un consumidor que ha utilizado realmente el producto, sin tomar medidas razonables y proporcionadas para garantizar que dicha reseña refleja experiencias de consumidores reales.».
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 quinquies (nuevo)
Anexo I – punto 23 quater (nuevo)
6 quinquies) En el anexo I, se inserta el punto siguiente:
«23 quater) Crear la falsa impresión de que otros consumidores compraron, utilizaron o recomendaron un determinado producto, servicio o contenido digital sobre la base de parámetros no relacionados, entre ellos preferencias de marca o localización geográfica.».
Los consumidores confían cada vez más en las reseñas y recomendaciones de otros consumidores cuando toman una decisión de compra. Por lo tanto, el anexo I debe modificarse para incluir esta práctica engañosa.
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
16) «contrato de suministro de contenido digital que no se facilita en un soporte material»: un contrato en virtud del cual un comerciante suministra o se compromete a suministrar contenido digital específico al consumidor y el consumidor paga o se compromete a pagar su precio. Se incluyen aquí también los contratos en los que el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante con el fin de suministrar el contenido digital o de cumplir los requisitos legales a los que está sujeto, y el comerciante no trate tales datos para ningún otro fin;
16) «contrato de suministro de contenido digital»: un contrato en virtud del cual un comerciante suministra o se compromete a suministrar contenido digital al consumidor y el consumidor paga o se compromete a pagar un precio. Se incluyen aquí también los contratos en los que el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante para suministrar el contenido digital con arreglo a [la Directiva sobre contenidos digitales], o cumplir los requisitos legales a los que está sujeto, y el comerciante no trate tales datos para ningún otro fin;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17
17) «servicio digital»: a) un servicio que permite al consumidor la creación, el tratamiento o el almacenamiento de datos en formato digital, o el acceso a estos; o b) un servicio que permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros usuarios de dicho servicio, o cualquier otra interacción con dichos datos, incluidos los medios para compartir vídeo y sonido y otro almacenamiento de archivos, el tratamiento de textos o los juegos que se ofrecen en el entorno de computación en la nube y los medios sociales;
17) «servicio digital»: a) un servicio que permite al consumidor crear o almacenar datos en formato digital, o acceder a estos; o b) un servicio que permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros usuarios de dicho servicio, o cualquier otra interacción con dichos datos;
18) «contrato de servicio digital»: un contrato en virtud del cual un comerciante provee o se compromete a proveer un servicio digital al consumidor y el consumidor paga o se compromete a pagar su precio. Se incluyen aquí también los contratos en los que el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante con el fin de suministrar el servicio digital o de cumplir los requisitos legales a los que está sujeto, y el comerciante no trate tales datos para ningún otro fin;
18) «contrato de servicio digital»: un contrato en virtud del cual un comerciante provee o se compromete a proveer un servicio digital al consumidor y el consumidor paga o se compromete a pagar un precio. Se incluyen aquí también los contratos en los que el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante para suministrar el servicio digital con arreglo a [la Directiva sobre contenidos digitales], o cumplir los requisitos legales a los que está sujeto, y el comerciante no trate tales datos para ningún otro fin;
Artículo 3 – apartado 3 – letra k
1 bis) En el artículo 3, apartado 3, la letra k) se sustituye por el texto siguiente:
«k) de servicios de transporte de pasajeros, a excepción del artículo 8, apartado 2, y de los artículos 19, 21 y 22;»;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537797342987&from=EN)
Esta modificación es necesaria por motivos de coherencia lógica del texto y porque está directamente ligada a otras enmiendas admisibles.
h) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente del contenido digital y los servicios digitales con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que quepa esperar razonablemente que este pueda conocer;
h) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente del contenido digital y los servicios digitales con otros aparatos o programas diferentes de aquellos con los que suelen usarse contenidos digitales o servicios digitales del mismo tipo;
c) la dirección geográfica del establecimiento del comerciante y su número de teléfono, dirección de correo electrónico u otros medios de comunicación en línea que garanticen que el consumidor puede mantener la correspondencia con el comerciante en un soporte duradero, para que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz. Cuando proceda, el comerciante facilitará también la dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa;
c) la dirección geográfica del establecimiento del comerciante y su número de teléfono, dirección de correo electrónico y otros medios de comunicación en línea, cuando estén disponibles, que garanticen que el consumidor puede mantener un registro de contacto con el comerciante y conservar copias de la correspondencia escrita con el comerciante en un soporte duradero, para que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz. Cuando proceda, el comerciante facilitará también la dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa;
Artículo 6 – apartado 1 – letra s
s) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente del contenido digital y los servicios digitales con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que quepa esperar razonablemente que este pueda conocer;
s) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente del contenido digital y los servicios digitales con otros aparatos o programas diferentes de aquellos con los que suelen usarse contenidos digitales o servicios digitales del mismo tipo;
Artículo 6 bis – párrafo 1 – parte introductoria
Antes de que un consumidor quede obligado por un contrato a distancia, o cualquier oferta correspondiente, en un mercado en línea, el mercado en línea facilitará además la siguiente información:
Antes de que un consumidor quede obligado por un contrato a distancia, o cualquier oferta correspondiente, en un mercado en línea, el mercado en línea, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2005/29/CE, facilitará además la siguiente información de forma clara y sencilla:
Artículo 6 bis – párrafo 1 – letra a
a) los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas presentadas al consumidor como resultado de su consulta en el mercado en línea;
Artículo 6 bis – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
d bis) si se han utilizado algoritmos o sistemas de toma de decisiones automatizados, y en qué modo, para presentar ofertas o determinar precios, incluidas las técnicas de fijación de precios personalizadas.».
Artículo 6 bis – párrafo 1 – letra d ter (nueva)
d ter) el sistema de cálculo de descuentos en los precios de los productos o servicios mostrados como resultado de la búsqueda en el mercado en línea.».
Con frecuencia, los precios rebajados que se ofrecen, por ejemplo, en los mercados en línea de viajes, no existen en las fechas concretas en las que está buscando el consumidor. Por lo tanto, los resultados de las búsquedas de los mercados en línea deberían incluir información precisa sobre los descuentos en los precios.
Artículo 6 bis – párrafo 1 – letra d quater (nueva)
d quater) cuando proceda, la clasificación, la categorización o el nivel de calidad oficiales de un producto.».
En algunos sectores, existen sistemas de clasificación oficiales (por ejemplo, el sistema de estrellas de los hoteles en el sector turístico). Los mercados en línea deberían indicar la clasificación oficial de un producto o servicio cuando proceda.
Artículo 6 bis – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros podrán mantener o introducir requisitos de información adicionales en sus legislaciones nacionales.
Después de que un consumidor quede vinculado por un contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento, o cualquier oferta correspondiente, en un mercado en línea, y cuando la oferta del bien o servicio vendido se haya notificado al mercado en línea y haya sido eliminada por este porque sea ilegal, el mercado en línea deberá comunicar de inmediato al consumidor de forma clara y comprensible la siguiente información:
a) la ilegalidad o presunta ilegalidad del producto o servicio vendido o de su oferta, así como su eliminación;
b) la identidad del comerciante que publicó la oferta eliminada;
c) el motivo de su eliminación.
Los mercados en línea que tengan conocimiento de que una oferta, un producto o un servicio concretos de su plataforma es ilegal deberían informar a los consumidores sobre la posible ilegalidad de la oferta, el producto o el servicio adquiridos por estos. Dicha obligación aumentaría la transparencia y, por ende, mejoraría la protección de los consumidores.
4 bis) Se añade el artículo siguiente:
Requisitos de seguimiento de los operadores de mercados en línea
Los operadores de mercados en línea deberán tomar las medidas razonables necesarias para garantizar que no se hace un uso indebido de los servicios que ofrecen que pueda propiciar la vulnerabilidad de los consumidores. Deberá existir un nivel de protección adecuado a la naturaleza de los bienes y servicios vendidos y a cualquier evidencia real de perjuicios derivados de su venta. En particular, los operadores deberán realizar el seguimiento de cualquier actividad que sugiera que un comerciante esté fingiendo no serlo con el objetivo de influir en las elecciones de los consumidores y en sus expectativas con respecto a la calidad del producto o servicio que van a adquirir.».
Artículo 2 – párrafo 1 – punto –5 (nuevo)
–5) En el artículo 7, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. En los contratos celebrados fuera del establecimiento, el comerciante facilitará la información exigida en el artículo 6, apartado 1, al consumidor en un soporte duradero. Dicha información deberá ser legible y estar redactada en términos claros y comprensibles.»
Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles. En la era digital, no es necesario establecer por defecto que toda la información deba facilitarse en papel.
Artículo 2 – párrafo 1 – punto –5 bis (nuevo)
–5 bis) En el artículo 7, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. El comerciante deberá facilitar al consumidor una copia del contrato firmado en un soporte duradero, incluida, cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del consumidor y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento a que se refiere el artículo 16, letra m).»
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=ES)
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
«3. Salvo en caso de que el comerciante se haya ofrecido a recoger él mismo los bienes, en los contratos de venta, el comerciante podrá retener el reembolso hasta haber recibido los bienes devueltos.»;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
5. En lo que respecta a cualquier contenido digital, en la medida en que no constituya datos personales, que haya sido cargado o creado por el consumidor al utilizar el contenido digital o el servicio digital suministrado por el comerciante, el comerciante cumplirá las obligaciones y podrá ejercer los derechos previstos en [la Directiva sobre contenidos digitales].
5. En lo que respecta a cualquier contenido digital, en la medida en que no constituya datos personales, que haya sido facilitado o creado por el consumidor al utilizar el contenido digital o el servicio digital suministrado por el comerciante, el comerciante cumplirá las obligaciones y podrá ejercer los derechos previstos en [la Directiva sobre contenidos digitales].
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – punto 1
«Tras la resolución del contrato, el consumidor se abstendrá de utilizar el contenido digital o el servicio digital y de poner estos a disposición de terceros.»;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – punto 1 bis (nuevo)
1 bis) se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Tras la resolución del contrato, el consumidor se abstendrá de utilizar el contenido digital o el servicio digital y de poner estos a disposición de terceros.»;
(véase la enmienda al artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2011/83/UE)
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 – punto 1 bis (nuevo)
Artículo 16 – párrafo 1 – letra b
1 bis) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) el suministro de bienes, la prestación de servicios o el suministro de energía que no sea de red cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero o del mercado de materias primas o de la energía que el comerciante no pueda controlar y que puedan producirse durante el período de desistimiento;»;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537955310239&from=FR)
Esta enmienda es necesaria debido a la lógica interna del texto y a que está inextricablemente ligada con otras enmiendas admisibles.
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 – punto 1 ter (nuevo)
Artículo 16 – párrafo 1 – letra h
1 ter) en el apartado 1, la letra h) se sustituye por el texto siguiente:
«h) los contratos en los que el consumidor haya solicitado específicamente al comerciante que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente u otras prestaciones igualmente urgentes; si, en esa visita, el comerciante presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento deberá aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales;»;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1537446850688&from=EN)
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 – punto 3
Artículo 16 – párrafo 1 – letra n
3) se añade la letra siguiente:
«n) el suministro de bienes que el consumidor haya manejado, durante el plazo del derecho de desistimiento, más de lo necesario para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.».
Artículo 24 – apartado 2 – letra d
Artículo 24 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
2 bis. Los Estados miembros ejercerán los poderes establecidos en el presente artículo de forma proporcionada, eficiente y eficaz, con arreglo a la legislación de la Unión, incluidos los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las garantías procesales y las normas de la Unión aplicables en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679 y la legislación nacional.
Artículo 24 – apartado 4
4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones generalizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el sentido del Reglamento (UE) n.° 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.
4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones generalizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que se impongan a raíz de la conclusión de una acción coordinada emprendida de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/2394 incluyan la posibilidad de imponer multas, cuyo importe máximo equivaldrá a 10 000 000 EUR o, al menos, al 4 % del volumen de negocio anual del ejercicio anterior del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate, optándose por el importe más elevado.
5. Los Estados miembros utilizarán los ingresos derivados de las multas para mejorar la protección del interés general de los consumidores, en particular mediante la creación de un fondo destinado a ofrecer reparación en caso de daños sufridos por el consumidor y, si procede, daños de otro tipo, como los daños a los intereses ambientales o a otros intereses públicos protegidos, sufridos como consecuencia de la infracción.
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – punto 1 – letra a
Anexo I – letra A
a) el tercer párrafo del punto A bajo el epígrafe «Derecho de desistimiento» se sustituye por el siguiente:
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – punto 1 – letra c
c) el punto 4 bajo el epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación» se sustituye por el texto siguiente:
«[4.] En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los bienes en caso de desistimiento, insértese la siguiente información: "Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes devueltos."»;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – punto 1 – letra d
Anexo I – punto 5 – subpunto c
d) se suprime el subpunto c) del punto 5 bajo el epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación».
Artículo 8 ter – apartado 2 – letra b
[La referencia en el encabezamiento al acto modificado («Artículo 8 ter - apartado 2 - letra b» se corresponde con «Artículo 8 ter - apartado 2 - letra c» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a una incorrecta numeración de la propuesta de la Comisión en su versión EN.]
Artículo 8 ter – apartado 2 – letra c
[La referencia en el encabezamiento al acto modificado («Artículo 8 ter - apartado 2 - letra c» se corresponde con «Artículo 8 ter - apartado 2 - letra d» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a una incorrecta numeración de la propuesta de la Comisión en su versión EN.]
Artículo 8 ter – apartado 2 – letra d
[La referencia en el encabezamiento al acto modificado («Artículo 8 ter - apartado 2 - letra d» se corresponde con «Artículo 8 ter - apartado 2 - letra e» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a una incorrecta numeración de la propuesta de la Comisión en su versión EN.]
Artículo 8 ter – apartado 2 – letra f bis (nueva)
Artículo 8 ter – apartado 4
Artículo 8 ter – apartado 5
Artículo 8 ter – apartado 6 bis (nuevo)
[La referencia en el encabezamiento al acto modificado («Artículo 8 ter - apartado 2 - letra b» se corresponde con «Artículo 8 ter - apartado 2 - letra j» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a una incorrecta numeración de la propuesta de la Comisión en su versión EN.]
[La referencia en el encabezamiento al acto modificado («Artículo 8 ter - apartado 2 - letra c» se corresponde con «Artículo 8 ter - apartado 2 - letra k» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a una incorrecta numeración de la propuesta de la Comisión en su versión EN.]
Artículo 8 – apartado 2 – letra d
[La referencia en el encabezamiento al acto modificado («Artículo 8 ter - apartado 2 - letra d» se corresponde con «Artículo 8 ter - apartado 2 - letra l» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a una incorrecta numeración de la propuesta de la Comisión en su versión EN.]
Artículo 8 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)
Aplicación «Derechos del consumidor europeo»
1. A más tardar el 1 de enero de 2021, la Comisión habrá desarrollado una aplicación móvil que sirva como punto de acceso para los ciudadanos que deseen obtener información sobre sus derechos como consumidores y para aquellos que deseen resolver extrajudicialmente los litigios contemplados por el Reglamento (UE) n.º 524/2013, además de ayudarlos con las reclamaciones presentadas a través de la Red de Centros Europeos del Consumidor.
2. La aplicación móvil a que se refiere el apartado 1 tendrá las siguientes funciones:
a) facilitar un modelo de impreso electrónico de reclamación que el consumidor pueda rellenar;
b) presentar el impreso de reclamación cumplimentado a la plataforma de resolución de litigios en línea creada en virtud del Reglamento (UE) n.º 524/2013 o al Centro Europeo del Consumidor competente, en función de las partes implicadas;
c) ofrecer una información precisa y actualizada de manera clara, comprensible y fácilmente accesible sobre los derechos y garantías de los consumidores en relación con la compra de bienes y servicios.
El ponente considera que, en muchos ámbitos, la propuesta de la Comisión es una buena base de partida, pues introduce reformas satisfactorias basadas en los resultados del ejercicio REFIT.
El proyecto de informe, por tanto, no propone grandes cambios al enfoque inicial de la Comisión, excepto a una de las cuestiones más conflictivas: las modificaciones al derecho de desistimiento.
El ponente comprende y comparte la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos de los consumidores y las expectativas de las empresas. En el caso del derecho de desistimiento, se han constatado casos de abusos de la legislación vigente por parte de una minoría de consumidores. Esto puede resultar difícil para las pequeñas empresas, y el ponente sigue abierto a medidas de alivio alternativas que puedan introducirse para estas empresas.
Sin embargo, la propuesta presentada por la Comisión envía una señal negativa a los consumidores y, en opinión del ponente, compromete el crecimiento del comercio electrónico. A medida que avanzamos con la estrategia del mercado único digital, el ponente considera que también debemos garantizar que los fundamentos legislativos de otros actos apoyen a los ciudadanos y a las empresas a medida que se van desplazando hacia la venta electrónica. En este ámbito en particular, la venta de productos en línea se ve facilitada por la capacidad de los consumidores de ejercer el derecho de desistimiento de forma sencilla. Un cambio en este sentido podría disuadir de la compra en línea, lo que, en opinión del ponente, no sería bueno para ninguna de las partes.
Por lo que se refiere a las sanciones, el ponente propone varias enmiendas en aras de la claridad. En particular, propone que se refleje en el articulado de manera más clara la posición expresada en los considerandos sobre en qué casos puede imponerse una multa basada en el volumen de negocios. En los artículos correspondientes, no queda claramente ligado a las ocasiones en que se ha llevado a cabo una actuación satisfactoria en el marco del Reglamento CPC, por lo que se explicita ahora.
El ponente propone también desarrollar la reflexión de la Comisión sobre cómo garantizar que las sanciones se utilizan para promover los intereses de los consumidores. En opinión del ponente, las sanciones benefician tan solo tangencialmente —o nada— a las personas que han sufrido los daños. Tomando un ejemplo actual, los propietarios de los Volkswagen afectados pueden no percibir ninguna diferencia por que un Gobierno nacional imponga o no una multa, y la multa tampoco remedia necesariamente el daño medioambiental de forma directa. Por tanto, se propone establecer un vínculo más claro entre los ingresos procedentes de las multas y la adopción de medidas concretas para apoyar a los consumidores afectados.
El ponente propone nuevas aclaraciones sobre las disposiciones relativas a las visitas no solicitadas y a las excursiones comerciales, con el fin de aclarar las condiciones en las que los Estados miembros pueden decidir introducir restricciones. Debe quedar claro que no se trata de un debate sobre las ventajas o desventajas de la venta a domicilio, sino de una disposición específica para abordar los casos de prácticas agresivas o engañosas que puedan producirse.
Por lo que se refiere a la calidad dual de los productos, el ponente ha tomado buena nota de los resultados preliminares del informe de propia iniciativa de la Comisión IMCO sobre la calidad dual de los productos. En él se observaba que algunas de las propuestas de la Comisión podrían mejorarse; sin embargo, el informe no formulaba ninguna recomendación en cuanto a mejoras concretas. El ponente considera que el texto podría mejorarse haciendo mayor referencia a las metodologías de alcance europeo, y este cambio se introduce en los considerandos.
Por lo que respecta a las obligaciones de transparencia para los mercados en línea, el ponente introduce dos aclaraciones.
La primera se refiere a los anuncios que aparecen dentro de los resultados de búsqueda. El ponente está de acuerdo con la Comisión en que esto debe aclararse; sin embargo, hay ocasiones en que los «pagos efectuados» constituyen tan solo uno de los varios criterios de clasificación de los resultados de la búsqueda. En estos casos, el pago no es el parámetro dominante, por lo que no parece conveniente que se los trate de la misma forma que a los anuncios de pago. En el caso del anuncio, el pago garantiza que, para determinadas palabras clave, el anuncio aparecerá en la página independientemente del funcionamiento del algoritmo del mercado. La propuesta del ponente pretende que sea este último ejemplo el que se considera, algo que entiende que es también el objetivo de la Comisión.
La segunda aclaración introducida se refiere al resumen que debe facilitar el mercado en línea de sus principales parámetros de clasificación de los resultados de búsqueda. En este contexto, el ponente considera que la brevedad es una virtud. La información que se facilita a los consumidores debe ser fácil de entender y aplicarse a lo que están viendo en la pantalla. No es muy útil para el consumidor que se le presenten doce páginas de descripción sobre la forma en que puede funcionar el motor de búsqueda, sobre todo si está buscando algo con prisa. Por otra parte, el consumidor suele tener la opción de reformular los resultados de la búsqueda a través de filtros y reorganizando herramientas del sitio web. Por lo tanto, el ponente considera suficiente que los mercados en línea indiquen los principales parámetros y que no es necesario hacer una descripción detallada.
Por último, el ponente ha introducido una propuesta relacionada con el funcionamiento de la plataforma de resolución de litigios en línea y el trabajo de los Centros Europeos del Consumidor. El ponente cree que podría apoyarse la visibilidad y el ejercicio de los derechos de los consumidores mediante la introducción de una aplicación móvil. Esta aplicación tendría dos objetivos: a) actuar como un punto de referencia sencillo para los consumidores que deseen comprender y aplicar sus derechos como consumidores; y b) servir como segundo punto de acceso para los servicios de resolución de litigios y asistencia ofrecidos por la plataforma de resolución de litigios en línea y los Centros Europeos del Consumidor. La aplicación no tendría funciones en este sentido más allá de dirigir las reclamaciones a la entidad adecuada; sin embargo, muchos consumidores no conocen bien estos sistemas y servicios, por lo que este servicio de «señalizar y dirigir» representaría un valor añadido para ellos.
Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 7

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6

Artículo 7
 artículo 7

Artículo 7
 artículo 7
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 35

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 8

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 2
 artículo 7
 artículo 6

Artículo 2
 artículo 7
 artículo 16

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2
 resolución 

Artículo 2
 resolución 
 artículo 14

Artículo 2

Artículo 16

Artículo 2

Artículo 16

Artículo 2

Artículo 16

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

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 resolución 
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