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Timestamp: 2015-09-03 06:46:19+00:00

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Ley de Transporte Terrestre - Caracas a Pedal
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Proyecto de Ordenanza Metropolitana en Promoción al uso de la bicicleta
Ley de Transporte Terrestre Descarga la Ley de Transporte Terrestre
LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TÍTULO I
Artículo 2. El Sistema Nacional de Transporte Terrestre tiene como finalidad ordenar, transformar y orientar el sector hacia su pleno desarrollo. Asimismo, la ejecución de la infraestructura que se requiere para operarlo de manera eficiente y la coordinación de los órganos competentes del Poder Público, en la rectoría, planificación y ejecución de los procedimientos para el control del transporte terrestre.
Artículo 5. Es de la competencia del Poder Público Nacional, en materia de transporte terrestre, lo relacionado con licencias de conducir, el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, tipología de unidades de transporte, condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que la ley y los reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos, el transporte de carga, la circulación en el ámbito nacional, el régimen sancionatorio, el control y fiscalización del tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios, los servicios conexos de carácter nacional, los procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que le atribuya la ley.
Artículo 6. Es de la competencia del Poder Público Estadal, en materia de transporte terrestre, la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, en coordinación con el Poder Público Nacional, el servicio de transporte terrestre público y terminales de pasajeros y pasajeras interurbanos de carácter estadal, la ejecución, conservación, administración, aprovechamiento y el control de la circulación de las vías terrestres estadales y el destino de las multas impuestas, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Artículo 29. Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Transporte
Terrestre, las siguientes:
10.Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, pudiendo constituir apoderados generales o especiales.
11.Presentar la memoria y cuenta del Instituto a la consideración del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre.
12.Suscribir las comunicaciones dirigidas a entidades bancarias, públicas o privadas, relacionadas con solicitudes de información sobre estados de cuenta por concepto de depósitos especiales para pagos de contratos y el movimiento de las cuentas, referentes a los fondos del Instituto.
13.Abrir, movilizar y cerrar las cuentas del Instituto, conjuntamente con el Vicepresidente o Vicepresidenta, o con el gerente de administración.
14.Las demás que le confieran la ley y los reglamentos.
Artículo 31. Son atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta del Instituto
Nacional de Transporte Terrestre, las siguientes:
Artículo 32. Se crea el Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial, a los fines de administrar los recursos provenientes de las multas indicadas en el numeral 2 del artículo 25 de esta Ley; sin personalidad jurídica y dependiente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. El Fondo tendrá como objetivo principal optimizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad vial en el territorio nacional, mediante la elaboración de programas y proyectos de inversión en materia de equipamiento y educación vial, que serán sometidos anualmente o con la periodicidad que requieran las circunstancias, a la aprobación del Directorio del Instituto.
Artículo 42. Los peritos avaluadores autorizados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, están obligados a certificar y reportar mensualmente a éste, los vehículos que hayan sido calificados como inservibles, con la finalidad de desincorporarlos del Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras.
Artículo 43. Los centros de compra y venta de componentes automotrices usados, están obligados a reportar mensualmente al Instituto Nacional de Transporte Terrestre, los vehículos o componentes de vehículos que adquieran, con la finalidad de ser desincorporados del Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. De no cumplir con lo establecido en este artículo incurrirán en las sanciones establecidas en esta Ley.
Artículo 52. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, practicará la revisión técnica, mecánica y física de los vehículos, a los fines de verificar el buen estado de funcionamiento y las características de las unidades del parque automotor existente. Los resultados de la revisión serán insertados al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. Los vehículos que no aprueben la revisión no podrán circular por las vías públicas o privadas destinadas al uso público.
Artículo 61. Los vehículos que en el marco de los acuerdos o convenios internacionales suscritos por la Republica Bolivariana de Venezuela ingresen al país en condición de turistas, podrán circular con sus placas identificadoras de origen durante el tiempo de su estadía legal, siempre que posean la garantía o póliza de responsabilidad civil y se sometan a todos los requisitos que fije el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.
1. Licencias de primer grado (1°) para conducir vehículos no motorizados. Tipo “A”, a personas mayores de catorce (14) años de edad, para conducir vehículos de tracción humana; Tipo “B”, a personas mayores de dieciséis (16) años de edad, para conducir vehículos de tracción animal.
2. Licencias de segundo grado (2°) para conducir motocicletas. Tipo “A”, a personas mayores de dieciséis (16) años de edad para conducir motocicletas con cilindrada hasta ochenta centímetros cúbicos (80 cm3); Tipo “B”, a personas mayores de dieciocho (18) años de edad para conducir motocicletas de cualquier cilindrada.
3. Licencias de tercer grado (3°) para conducir vehículos a motor destinados al transporte privado de personas, con capacidad hasta de nueve (9) puestos, incluyendo el del conductor o conductora; vehículos destinados al transporte de mercancías, cuya capacidad de carga y peso bruto vehicular máximo no exceda los dos mil quinientos kilogramos (2.500 Kgs). Tipo “A”, a las personas mayores de dieciséis (16) años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad, sujetas al régimen especial restrictivo previsto en el Reglamento de esta Ley; Tipo “B”, a las personas mayores de dieciocho (18) años de edad.
Artículo 69. Los funcionarios y funcionarias diplomáticos o consulares acreditados en el país, podrán obtener la licencia para conducir, siempre y cuando exista reciprocidad de acuerdo a lo establecido en los convenios internacionales vigentes. Las condiciones y requisitos se establecerán en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 70. Las licencias y los títulos de conducir podrán ser suspendidos, anulados o revocados por la autoridad administrativa competente, que la haya expedido o el ente jurisdiccional competente por las causas previstas en esta Ley. Serán anuladas cuando hayan sido otorgadas mediante un acto viciado en razón de defectos de forma esenciales a su validez, o por falta de los requisitos de fondo. Serán revocadas cuando sobrevenga impedimento que incapacite física, mental o legalmente a su titular para conducir vehículos, y cualquiera otra prevista en el capítulo correspondiente a las sanciones administrativas, y serán suspendidas en los casos previstos en esta Ley.
De los Propietarios, Propietarias, Conductores, Conductoras y sus Obligaciones
4. Salvaguardar la fluidez y seguridad de la circulación e intercambiarse recíprocamente los datos de identificación de los vehículos y de las personas involucradas en el accidente y de ser posible de los testigos presénciales.
Artículo 97. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es la autoridad competente en todo el territorio nacional para autorizar, sistematizar y supervisar el servicio de transporte terrestre de carga. Será competencia de los estados, en coordinación con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre a través del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, el control de este servicio en la red vial nacional. La circulación, estacionamiento y demarcación, así como la naturaleza, peso, volumen, peligrosidad y otras características particulares de la carga, serán regulados en el Reglamento de esta Ley.
a.1 Colectivo a.2 Individual
a) General, a granel, perecedera y frágil b) De alto riesgo.
Capítulo III De los Permisos
Las normas de atención especial se establecerán en el Reglamento de esta Ley. El pasajero o la pasajera podrán hacer valer sus derechos conforme a los procedimientos establecidos en el Título VIII de esta Ley.
Artículo 117. El servicio de transporte terrestre público de personas, modalidad individual, es aquel donde el usuario y la usuaria fija el lugar de destino y se realiza sin sujeción a rutas. Las características y tipología de las unidades, incluyendo los taxis y moto taxis, serán las establecidas en las Normas del Sistema Nacional de Calidad. Las condiciones y requisitos para otorgar la autorización del servicio se establecerán en el Reglamento de esta Ley.
a. Neumáticos en malas condiciones. b. Sistema de luces internas y externas sin funcionamiento. c. Parabrisas, vidrios y espejos retrovisores, en mal estado. d. Sistema de frenos y dirección en mal estado. e. Cuando los asientos no reúnan los requisitos mínimos de seguridad, comodidad e higiene.
a. Cuando el prestador o prestadora del transporte opere en zonas o rutas distintas a las autorizadas. b. Cuando el prestador o prestadora aumente las tarifas establecidas por el órgano competente. c. Cuando el prestador o prestadora incumpla con cualquiera de las obligaciones y condiciones previstas en la certificación de prestación del servicio.
a. Por renuncia de la prestación del servicio, en forma escrita a las autoridades competentes; b. Por la muerte o incapacidad jurídica del prestador o prestadora del servicio, si fuere persona natural.
c. Por la quiebra o liquidación de la persona jurídica. d. Por la no renovación de la certificación a su vencimiento. e. Por la revocatoria de la certificación.
Artículo 126. A los efectos de esta Ley, es carga de alto riesgo aquella compuesta de productos peligrosos, que por sus características, causen daños a las personas, medio ambiente, vehículos y demás bienes. Se incluyen dentro de las cargas de alto riesgo aquellas cuyas dimensiones o pesos superen el máximo establecido en las Normas del Sistema Nacional de Calidad.
Artículo 129. Las autoridades de puertos y aeropuertos, públicos y privados, las industrias siderúrgicas, metalmecánica, eléctricas, electrónicas, química, petroquímica, petrolera y gasífera, así como cualquiera otra actividad que genere carga, incluyendo las de alto riesgo, transportadas por vías terrestre, deben establecer los sistemas de pesajes correspondientes en los puntos de origen del transporte, a objeto de ajustar las cargas a los límites permitidos, conforme a lo establecido en las Normas del Sistema Nacional de Calidad en materia de transporte terrestre.
Examen para la conducción de vehículos con cargas de alto riesgo y sobredimensionados
Artículo 137. El ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, en coordinación con el Ejecutivo Estadal, aprobará los proyectos de servicios conexos de las áreas de servicios viales y de instalaciones de servicios públicos en autopistas y carreteras nacionales para el transporte terrestre automotor de personas y de carga, tomando en consideración la ubicación, características operativas y viales, cuyas normas y requisitos se establecen en el Reglamento de esta Ley, en concordancia con el ordenamiento jurídico que rige la materia.
Artículo 139. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente encargado de otorgar certificación del proyecto, registro de servicio y certificado de operación de servicios conexos de los terminales generadores, transferencia e ínter modales de carga, tomando en consideración la ubicación, características operativas y viales, cuyas normas y requisitos se establecen en el Reglamento de esta Ley en concordancia con el ordenamiento jurídico que rige la materia.
Artículo 140. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente encargado de autorizar a las personas jurídicas e instituciones educativas para operar como escuela del transporte, mediante la licencia de operación de servicio conexo, así como ejercer su supervisión y control, todo lo cual se establecerá en el Reglamento de esta Ley.
Articulo 155. Los organismos públicos o privados autorizados para realizar trabajos de empotramiento o instalación de servicios públicos en las vías, deberán dejarlas en iguales o mejores condiciones de la que tenían antes de su intervención, todo ello de conformidad con lo previsto en el Reglamento de esta Ley.
Inventario de las características físicas de la red vial Artículo 159. El ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre conjuntamente con los estados deberá mantener actualizado, el inventario de la red vial y el nomenclador vial del territorio nacional, a los fines de su incorporación al Registro Nacional de Transporte.
Estudio técnico – económico – financiero
Artículo 168. Los estados, para instalar o actualizar estaciones recaudadoras de peaje en las vías nacionales, deberán realizar un estudio técnico – económico – financiero, que justifique su ubicación y características, así como la determinación de las tarifas, el cual deberá presentarlo al ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, a los efectos de evaluar los estudios y otorgar la correspondiente factibilidad.
Parágrafo Único: hasta tanto la autoridad competente en la materia no establezca en las autopistas y vías de circulación rápida un canal exclusivo para la circulación de motociclistas, estos deberán circular por el canal de hombrillo, quien contravenga esta disposición será sancionado o sancionada con cinco Unidades Tributarias (5 U.T.), de acuerdo a lo establecido en este artículo.
Artículo 172. Los y las peatones, ciclistas y demás conductores y conductoras de vehículos de tracción a sangre que incumplan con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento o en las resoluciones que dicte el ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, serán amonestados por el órgano de ejecución competente y deberán asistir a un curso formativo, conforme a lo indicado en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 173. Los conductores y las conductoras de vehículos que efectúen competiciones de velocidad o “piques” en las vías públicas, serán sancionados o sancionadas con multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), sin perjuicio de las demás sanciones penales o civiles correspondientes.
d. Los conductores y las conductoras que hayan acumulado tres (3) sanciones por conducir vehículos a exceso de velocidad o bajo influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Artículo 185. Las multas establecidas por infracciones a las normas de transporte terrestre prescribirán a los cinco (5) años contados a partir de la notificación del sancionado o sancionada, de la decisión que pone fin al proceso. Igual lapso de prescripción tendrá la acción del Estado para exigir responsabilidad por las infracciones indicadas a partir de la fecha de su comisión.
rtículo 188. Las multas a que se refiere esta Ley deberán ser pagadas en la respectiva oficina receptora de fondos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación. Vencido dicho plazo se causarán intereses de mora, sin necesidad de requerimiento previo de las autoridades administrativas del transporte terrestre, desde la fecha de su exigibilidad hasta la extinción total de la deuda.
Procedimiento para aplicación de multas Artículo 191. El procedimiento administrativo para la aplicación de las multas impuestas por las infracciones establecidas en este título, será el previsto en esta Ley para la aplicación de multas por infracciones de tránsito.
Artículo 203. Cuando en el acto de comparecencia el presunto infractor o presunta infractora compruebe el pago de la multa o admita la infracción imputada y proceda a su pago, se dará por concluido el procedimiento administrativo.
Artículo 205. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acto de comparencia o del vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, laautoridad administrativa competente dictará su decisión, confirmando o revocando la sanción impuesta.
Responsabilidad del funcionario o funcionaria por decisión extemporánea Artículo 207. La falta de decisión oportuna en los plazos previstos en el presente procedimiento, a excepción del recurso de reconsideración, acarreará la culminación del procedimiento administrativo, y la consecuente responsabilidad de los funcionarios o funcionarias involucrados conforme a la ley.
Curso de orientación en la materia de educación y seguridad vial Artículo 209. La autoridad del transporte terrestre que conozca de las infracciones cometidas por los conductores o las conductoras que hayan puesto en peligro la circulación del tránsito y la seguridad de las personas, según lo establecido en el Reglamento de esta Ley, sin perjuicio de la multa correspondiente, podrá disponer que asistan con carácter de obligatoriedad a un curso de orientación en materia de educación y seguridad vial, que no excederá de treinta (30) horas, ni podrá dictarse en días laborables.
Artículo 210. Las autoridades competentes que conozcan y actúen en accidentes de tránsito terrestre, están obligadas a remitir la información al Sistema Nacional de Registro de Transporte Terrestre, el cual llevará el registro estadístico nacional de accidentes de tránsito.
Artículo 211. En los casos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de transporte terrestre u otras que afecten los derechos e intereses de los usuarios y las usuarias, distintas a las actuaciones por accidentes o infracciones, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
Artículo 213. Todo procedimiento penal que derive de accidentes de transporte terrestre, se desarrollará conforme con lo establecido9 en el Código Orgánico Procesal Penal.
Cuarta. Las personas jurídicas que prestan servicio de transporte terrestre público de personas en la modalidad de cuatro (4) o cinco (5) puestos en rutas interurbanas y posean certificación de prestación de servicio vigente, autorizada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tienen un lapso de cuatro (4) años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para realizar el mejoramiento del servicio con vehículos nuevos o usados, no mayores de cinco (5) años y capacidad de cuatro (4) o cinco (5) puestos, de conformidad con las Normas del Sistema Nacional de Calidad o de unidades cuya tipología corresponda a rutas interurbanas que cumplan con las demás disposiciones previstas en el Reglamento de esta Ley.
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 Artículo 159

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Artículo 173

Artículo 185
 Artículo 191

Artículo 203

Artículo 205
 Artículo 207
 Artículo 209

Artículo 210

Artículo 211

Artículo 213