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Timestamp: 2013-05-23 09:09:28+00:00

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Cristina Fernández de Kirchner - Mashpedia
Para otros usos de "Cristina Fernández" o "CFK", véanse Cristina Fernández (desambiguación) y CFK (desambiguación).
10 de diciembre de 1989 – 10 de diciembre de 1995
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (AFI: [ˈkiɾʃneɾ]; n. La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada. Presidente de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2007.
3.4 Política distributiva
3.4.1 Reestatización del Sistema Previsional
3.5 Política económica
3.6 Política de educación
3.7 Política energética
3.7.1 Proceso de expropiación de Repsol YPF
3.8.1 Soberanía de las Islas Malvinas
3.9 Política laboral
3.11 Festejos del Bicentenario
3.12 Ministerios
4.1 Escándalo de la valija
Biografía personal Cristina Elisabet Fernández nació en La Plata,[nota 2] capital de la Provincia de Buenos Aires. Es la primera hija de Eduardo Fernández, descendiente de españoles (gallegos y asturianos) y de Ofelia Esther Wilhelm, descendiente de alemanes.[11] [12] Tiene una hermana dos años menor llamada Gisele.[13] [14]
Cristina Kirchner junto a Máximo y Florencia en el despacho presidencial, el día de su reasunción como presidenta de la Nación.
Cuando regresaron a La Plata se enteraron que el Turco Achem y Carlos Miguel, dirigentes históricos de la FURN, habían sido secuestrados. En las semanas posteriores, mientras Néstor daba las últimas materias de la carrera, se alojaban en casa de amigos. Cacho y Mabel regresaron a Las Flores de donde ambos eran oriundos. Él fue capturado a las pocas semanas y actualmente es un desaparecido. Desde 2004 hay un monumento a los desaparecidos en aquella ciudad que lo incluye.[31] [32] [33]
Biografía política Cristina y Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2010 visitan la ESMA convertida en espacio de la memoria. Los acomapñan Julio Alak, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo, Eduardo Luis Duhalde, Oscar Parrilli.
A comienzos de los años ochenta, el matrimonio Kirchner fundó el ateneo Juan Domingo Perón, plataforma política con la que Néstor pelearía la intendencia de Río Gallegos en 1983. Los acompañaban Pepe Salvini (con quien Néstor había fundado el Centro de Estudiantes Santacruceños), Daniel Varizat, Alicia Kirchner, el Negro Chávez, Carlos Zannini y Cacho Vázquez. Se denominaban el Grupo Calafate. La capital santacruceña tenía en aquella época 70 000 habitantes, 30 unidades básicas y 3 listas dentro del peronismo, todas con militancia activa.[nota 5] Su referente a nivel provincial era Jorge Cepernic.[40]
Su primer cargo electivo fue en 1989 como legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Ya en aquella época habían fundado el Frente para la Victoria Santacruceña. Néstor fue elegido intendente de la ciudad en 1987 y luego gobernador de la provincia en 1991.[nota 6] Cristina Kirchner encabezaba la Secretaria Legal y Técnica de la provincia.[41] [42] [43]
Durante la campaña electoral a la primera gobernación de Néstor en 1991, fue Cristina Kirchner su jefa de campaña. Liliana Mazure, dueña de una imprenta de Buenos Aires, recuerda sus viajes y cómo diseñaban a mano los afiches, y que era Cristina Kirchner quien los modificaba.[44]
Desde lo político se identificaban con el peronismo renovador, cuya cabeza a nivel nacional era Antonio Cafiero. Este sector del partido estaba enfrentado al gobierno menemista, cuyo bloque negó los votos en el congreso al proyecto de ley presentado por Néstor sobre zonas francas para la Patagonia. Según Cristina Kirchner siempre estuvieron en contra del modelo neoliberal, hecho que algunos medios de comunicación reflejaron, principalmente cerca de la elecciones legislativas de 1997 y luego de las elecciones presidenciales de 2003.[45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]
Durante el debate por la privatización de YPF, tanto Néstor como Cristina Kirchner se manifestaron a favor de la aprobación de la transferencia del dominio del petróleo a las provincias, proyecto que incluía la privatización de YPF. Asimismo, Cristina Kirchner pronunció un discurso en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz en la que declaró la necesidad de sanción del «proyecto de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales».[52] El traspaso efectivo del dominio se hizo recién en 2003.[53]
Sobre la privatización, en 2012 durante la presentación del proyecto de ley para expropiar el 51 % de las acciones de Repsol YPF, Cristina Kirchner dijo «Por la reforma de 1994, la propiedad de los yacimientos se transfirió precisamente a las provincias. He estado casada doce años con un gobernador, y sé lo que significa administrar todos los días las urgencias, las necesidades, y muchas veces se adoptan decisiones. Y no porque los gobernadores no quieran defender los intereses de sus provincias, sino que muchas veces se encuentran acuciados por necesidades muy importantes que tienen que cubrir como la educación, la salud, obras importantes que les quitan y les restan poder de negociación.»[54]
En 1994 junto a su marido, fue Convencional Constituyente en la reforma constitucional de ese año.[55] En dicha reforma apoyó la incorporación del Derecho a réplica y el Habeas data así como la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros que atenúa el sistema presidencialista.
Se opuso a la eximición de pagar el Impuesto a las ganancias que votó el Senado en 1997. En dicha sesión dijo «a ningún Peronista le resultará fácil de explicar que votó en favor de declinar una porción de la coparticipación que le corresponde» y «Nosotros históricamente, a través del Peronismo, incentivamos la movilidad social hacia arriba. Ahora aparecemos cristalizando la situación de los menos protegidos social y económicamente y empujando a la clase media hacia abajo».[56]
También votó en contra a la reforma hecha al Consejo de la Magistratura y a la privatización de la Represa de Yacyretá.[57] Fue tildada de «revoltosa» y expulsada en 1997 del bloque del PJ.[58] [59]
Renunció a su banca de senadora e ingresó ese mismo año como diputada también por Santa Cruz. La primera aparición a nivel nacional fue en 1998 durante el debate por el litigio con Chile por los límites en el Campo de Hielo Patagónico Sur. La posición oficial en ambos países era su aprobación sin más. Los medios de comunicación trataban el tema de la pérdida de cientos de kilómetros de glaciares de agua dulce como «el precio de la paz con Chile». Cristina Kirchner recorrió varias universidades del país expresando sus razones para oponerse, lo mismo que Néstor como gobernador. Ese año recibió un memorándum en el que se le comunicaba que quedaba desafectada de todas las comisiones en las que participaba, que eran Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, Coparticipación Federal, Economías Regionales, Educación, Familia y Minoridad, Relaciones Exteriores y Culto.[60]
En 1999 presidió la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA. Según Diego Buranello ―quien trabajó junto a Cristina Kirchner―, en aquellos años no había una política oficial que buscara esclarecer el caso AMIA. La comisión logró que Juan Carlos Passero, jefe de la Policía Federal Argentina declarara que «hubo graves negligencias y errores administrativos en la fuerza». Esto ocurrió durante la interpelación que le hizo varias horas Cristina Kirchner, luego de la desaparición en el juzgado del juez Juan José Galeano, de 66 casetes que contenían escuchas al teléfono de Carlos Telleldín.[61]
Fue vicepresidenta segunda de la Comisión Especial Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero en la Cámara de Diputados de la Nación en 2000. La comisión, presidida por Elisa Carrió y de la que también formaba parte Alicia Castro, realizó un trabajo que Cristina Kirchner no firmó porque según ella tenía contradicciones entre los capítulos I y III, por lo que terminó avalando otro informe.[nota 7] [62]
Ese año fue uno de los pocos legisladores que se opuso a la aprobación de la ley de concursos y quiebras, que era parte de una serie de medidas impuestas por el FMI. Durante el debate dijo «en unos meses más a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente. Y no precisamente aquel “infame trapo” que algunos creían que iba a flamear en la Argentina allá en la década de los años setenta, sino bandera roja de remate».[63]
Durante un debate con David Viñas, ese año declaró «Yo soy más optimista, en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando toma una lista, vea quién está y que decida en consecuencia. Y que a los que no están conformes, como tantísima gente que no está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe.»[64]
En 2001 fue elegida nuevamente senadora por la provincia de Santa Cruz. Asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Junto a ella trabajaba la penalista Valeria Loira, quien recuerda que el trabajo con Cristina Kirchner siempre fue arduo. La senadora rechazaba los resúmenes, además todos los trabajos que se hacían debían tener fuente fiable y verificable de los autores principales de cada tema legal, versiones de los principales medios y las transcripciones taquigráficas de debates en el Senado. Algunos de los proyectos que trató la comisión fue la modificación del Consejo de la Magistratura, la modificación a la ley que luego permitió la actual conformación de la Corte Suprema y la ley de Acceso a la Información Pública.[65]
Como presidenta de la Comisión, fue agredida físicamente cuando su comisión investigaba al senador peronista Luis Barrionuevo por la quema de urnas durante la elección a gobernador en la provincia de Catamarca en 2003. La Comisión pidió que se lo apartara del cargo, pero el Senado decidió que permaneciera.[66]
El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones de 2007. El acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Ya había sido mencionada repetidas veces como «cuadro político presidenciable» por varios miembros del Partido Justicialista y del gabinete del gobierno kirchnerista.[67] [68]
Amado Boudou y Cristina Fernández observan los palcos del Congreso, el día de la asunción a su segundo mandato.
El 28 de octubre del citado año se consagra ganadora en primera vuelta con el 45,29 % de los votos positivos ―con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983―, en una elección donde la abstención fue la mayor desde las elecciones de 1922,[69] sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta esa fecha.
El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección,[70] la misma fue una decisión que, según sus propias declaraciones, había tomado desde la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner, firme candidato del Frente para la Victoria para los comicios presidenciales.[71]
Recibió el apoyo manifiesto de diversos sectores, entre ellos: el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Hugo Moyano,[72] el secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) Antonio Caló,[73] el secretario general de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y Central de Movimientos Populares (CMP) Luis D'Elía,[74] así como también el de varios gobernadores, legisladores, funcionarios, las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (presididas por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente)[75] y Hugo Chávez (presidente de Venezuela) quien afirmó, durante la entrega de una distinción en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que la mandataria «es la mujer que Argentina necesita ahora para seguir con el rumbo de esta nave».[76] Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.[77]
Presidencia Artículo principal: Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Ciencia y tecnología CFK ante el Congreso Nacional en la apertura de sesiones ordinarias de 2013.
Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.[78] [79]
Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP,[80] así como la finalización de la Central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores regresaran al país.[81] [82] [83] [84] Otro logro tecnológico durante su gobierno fue la producción nacional de radares militares y civiles para control del tráfico aéreo y control del narcotráfico construidos en su totalidad por INVAP.[85] [86]
En 2008, por iniciativa de la presidenta, el Estado adquirió el paquete accionario de las privatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. De esa manera el país recuperó la línea de bandera. En 2009 se reestatizó la histórica Fábrica Argentina de Aviones, privatizada por Carlos Menem en 1995, ubicada en Córdoba. En 2012 se acordó con la brasileña Embraer el ensamblaje de aviones en la planta.[87]
En 2010, la ANSÉS (Administración Nacional de la Seguridad Social) inició el plan Conectar Igualdad de entrega y puesta en funcionamiento de tres millones de netbooks con acceso a Internet a todas los alumnos de públicas primarias y secundarias del país. A 2011, un año después del decreto 459/10 que lo creó, se ha entregado el primer millón.[88]
En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.[89]
Política ambiental La política ambiental del gobierno de Cristina Kirchner tuvo básicamente como ejes la reglamentación de las leyes de bosques en 2007 y sanción de la ley de glaciares en 2010. Sobre esta última, la presidenta había vetado la ley original aprobada en 2008 aduciendo que las actividades que ordenaba dicha ley, al disponer sobre recursos provinciales, excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.[90] [91]
La ley exige que el poder ejecutivo debe encargarse de realizar un inventario sobre áreas glaciares. Como hasta inicios del año 2012, dicho registro no comenzó y el Gobierno de la Nación Argentina demora en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno Nacional, la ley aún no puede aplicarse.[92]
Política de derechos humanos Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París, Bertrand Delanoë.
Durante su presidencia, Cristina Kirchner continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos de los noventa, que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
La política de derechos humanos de Néstor y Cristina Kirchner, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura.
Política distributiva El 28 de octubre de 2009, mediante el Decreto 1602/09, la presidenta creó la Asignación Universal por Hijo, que consiste en una transferencia que el Estado hace a los padres por cada hijo de entre 12 semanas de gestación y los 18 años. Los padres deben acreditar estar desocupados u ocupados en la economía informal, además deben ganar como máximo el salario mínimo y acreditar el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. Esta medida es progresiva desde el punto de vista de la distribución de la renta, y posicionó a Argentina como el país con mejor y más amplia seguridad social de Latinoamérica.
Según un informe de 2011 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 5,7 %, lo que significa una reducción significativa desde los 33,8 puntos porcentuales de pobreza que había al iniciar su mandato,[93] ubicándose como la más baja en América latina, por delante de Uruguay (6,7 %). La indigencia disminuyó del 7,2 al 1,9 %, siendo la segunda más baja de la región.[94] Además, según informes del Banco Mundial, entre 2003 y 2009 Argentina duplicó su clase media pasando de 9,3 millones a 18,6 millones de personas, casi la mitad de la población.[95]
En 2009 el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de primera división y creó el programa «Fútbol para todos», permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros. Posteriormente en 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana, encuentros de fútbol Nacional B, Argentino A, Argentino B y Torneo del Interior donde el equipo participante tenga relevancia, Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley para la zona donde el equipo tenga relevancia.
La estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional que creó el gobierno, incorporó a más de dos millones y medio de personas lo que acompañado de dos aumentos anuales por ley, generaron una redistribución hacia sectores de bajos ingresos y colocó a Argentina en el primer lugar de América Latina en cobertura previsional.[96] Desde el gobierno del expresidente Néstor Kirchner en 2003 hasta agosto del 2012, el aumento para los jubilados fue del 1253 %.[97]
Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2,8 millones de personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000, y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000.[98] En el año 2012 se creó el plan PRO.CRE.AR que tiene como objetivo la construcción de 100 000 viviendas en 4 años, y créditos a bajas tasas para familias que ya poseen un terreno propio y para las que no lo poseen.[99]
Reestatización del Sistema Previsional El 21 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que elevaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.[100] [101] [102] [103] [104] [105] Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado[106] y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.[107] [108] [109] [110] [111] [112]
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Wall Street, junto a Amado Boudou, entonces titular de la Ansés y actualmente vicepresidente de la Nación
Pese a la amenaza por parte del representante de las AFJP, quien aseguraba que recurriría a «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados»[113] y la existencia de posteriores excepciones (en casos puntuales) al traspaso de los fondos a la Ansés que se tramitaron en la justicia,[114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] el proyecto fue enviado para su apreciación en la Cámara de Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, por 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones.[121] [122]
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue encaminado al Senado, donde se sometió a votación en la noche del 19 de noviembre del mismo año, siendo sancionado por una amplia mayoría[123] de 46 votos afirmativos, contra 18 negativos y una abstención.[124] [125] [126] [127] Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema provisional y ponía fin a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.[128]
De acuerdo con un informe de la Ansés publicado a mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP[129] [130] y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 000 millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98 224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquel momento llegó a 201 027 millones de pesos.[131]
Política económica Variación del coeficiente salarial a nivel país. Base cuarto trimeste 2001 = 100. Se observa una recomposición ininterrumpida del salario real.[132]
Serie desestacionalizada del estimador mensual de la actividad industrial. Base 2006 = 100. Se observa que crece hasta llegar a su máximo en marzo de 2012 con un 35% más de actividad industrial.[133]
La política económica que sigue es expansionista. Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.[134] La política cambiaria consiste en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representa una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.[135] Se critica la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5 % del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7 %), Chile (8,4 %) o Estados Unidos (10,2 %).[136] Algunos productos de primera necesidad están exentos de tributar IVA, mientras otros tienen una tasa reducida a la mitad.
La inflación en Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es de alrededor del 11 % anual, aunque según consultoras privadas es del 25.6 %.[137] Uno de los puntos más criticados de la gestión de los Kirchner es el cambio que se produjo dentro del citado organismo desde enero de 2007.
Los relevamientos estadísticos que realiza el INDEC y los que realizan los institutos de estadística de las provincias arrojan resultados distintos. La oposición política critica los índices basándose en el ingreso de nuevos empleados al instituto y se acusa al gobierno de ocultar los «verdaderos números» de la economía.[138] [139] Por su parte el Fondo Monetario Internacional amenazó con sanciones si no se «corrige» el índice de precios al consumidor.[137] El gobierno defiende su posición diciendo que lo que cambió fue la metodología de relevamiento: se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de ochocientos dieciocho productos a cuatrocientos cuarenta, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y «servicio doméstico». Sobre este último el vicepresidente Amado Boudou le dijo a Maximiliano Montenegro: «claramente no es parte del costo de vida [...] ¿sabe cómo lo medían? Telefónicamente entre tres o cuatro amigos para ver cuánto pagaban cada uno en su casa».[140]
Anteriores economistas de su gobierno como Martín Lousteau y Martín Redrado, propusieron bajar el gasto y así reducir la presión distributiva, situación no aceptada por Cristina Kirchner.[141] [142] El objetivo según el gobierno no es bajar el crecimiento a costa de los que menos tienen sino ampliar la oferta.[143] Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Según muchos economistas, entre ellos Maximiliano Montenegro, se critica a estos programas por ser insuficientes para contrarrestar la inflación.
El viernes 3 de agosto del 2012 se abonaron 2 300 millones de dólares para el pago del Boden 2012, la última cuota de la herramienta financiera puesta en marcha por el gobierno argentino para solucionar el corralito y la pesificación asimétrica de los bancos después de la crisis. Saldados los 19 600 millones de dólares en concepto de capital e intereses, el gobierno kirchnerista devuelve a los ciudadanos el dinero adeudado después del corralito. Esto se suma a la política de desendeudamiento iniciada en el 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner (cuando la deuda representaba un 166 % del PBI), hasta el 2012 (cuando solo representa un 41,8 %). Así mismo la deuda en dólares se redujo de un 92 % del PBI a solo un 8,4 %.[144]
Política de educación Lo sentimos, pero tu navegador tiene JavaScript inhabilitado o no tiene ningún reproductor compatible instalado.
La política educativa del gobierno de Cristina Kirchner es una continuación de la gestión de Néstor Kirchner. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64 % en 2003 a 6,81 % en 2012.[145] Después del Plan Quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el período 2003-2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más de mil escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos.[146] Hacía el año 2012 el gasto en educación superó el 6,8 % del PBI[147]
Este crecimiento en los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales y la creación de nuevas universidades como la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza,[148] la Universidad Nacional de Avellaneda,[149] y la Universidad Nacional de José Clemente Paz[150] la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Oeste. Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de la Matanza cuyo presupuesto creció un 820%.[151] Este aumento se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación.
Política energética Uno de los primeros planes fue el total reemplazo a nivel nacional de las lámparas incadescentes por las de bajo consumo, como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica. Es plan incluyó la entrega gratuita de tres lámparas por hogar. Posteriormente se implementó a través de la norma IRAM 11900 el etiquetado energético de los artefactos eléctricos.
Proceso de expropiación de Repsol YPF Lo sentimos, pero tu navegador tiene JavaScript inhabilitado o no tiene ningún reproductor compatible instalado.
En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales cancelaron por incumplimiento de contrato las concesiones de áreas con yacimientos petroleros que estaban en manos de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. La provincia del Neuquén canceló tres concesiones: Don Ruiz (de 109 km2.), Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman en total una superficie de 242,4 km2..[152] En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15 % en las bolsas.[153] Inmediatamente, las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz retiraron las concesiones a Repsol YPF.[154] [155] [156]
El 13 de abril hubo fuertes rumores de que se encontraba en proceso un borrador de proyecto de ley para "reestatizar YPF", cuyo primer artículo establecía de "utilidad pública" y "sujetas a expropiaciones" el 50,01 % de las acciones de la petrolera. No obstante en su momento, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, había desmentido esa versión.[157] Finalmente, el 16 de abril, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el cual se declara de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos" y por lo tanto el gobierno nacional en uso de sus facultades constitucionales expropia el 51 % de la acciones de Repsol YPF. Durante su discurso afirmó que se trataba de «una recuperación de la soberanía» y «no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada».[158]
Política internacional CFK y Dilma Rousseff en Caracas en la cumbre 2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Los gobiernos kirchneristas iniciaron una relación muy estrecha con los miembros del Mercosur, especialmente Brasil y Venezuela. El gobierno también se muestra cercano a las figuras de José Mujica y Rafael Correa.
Argentina tiene una presencia internacional destacada. Es miembro del Grupo de los 20 y del Grupo de los 77. Asimismo Cristina Kirchner ejerce la presidencia de este último.
Entre otros asuntos personalmente atendidos por Cristina Kirchner se encuentra el desagravio al Paraguay por la Guerra de la Triple Alianza y nombró como «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado2 con base en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos). También viajó a Perú para reafirmar lazos luego del Escándalo por venta de armas a Ecuador y Croacia durante los años noventa cuando se sucedió el último de los conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador. Este desagravio tiene su explicación en que Perú ayudó abiertamente a Argentina en la Guerra de las Malvinas.
Soberanía de las Islas Malvinas Artículos principales: Exploraciones petroleras sobre mares de las Islas Malvinas y Crisis diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas de 2010-2012.
Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respaldo de la comunidad latinoamericana y el Caribe en torno a la postura de recuperar las islas mediante la vía pacífica mientras que el Reino Unido a través de los dichos de su primer ministro británico David Cameron señalaron que la soberanía de las Malvinas la deciden los mismos isleños por su derecho de autodeterminación. A pesar de la militarización del océano Atlántico Sur denunciada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas, el primer ministro Cameron respondió que dicho envió de buques no es una acción de militarización de la región de las islas y el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios rutinarios.[159] [160]
Política laboral La política laboral del gobierno de Cristina Kirchner consiste en profundizar la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, política iniciada por el presidente Néstor Kirchner.
Más del 90 % de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre regulación de las relaciones laborales en la empresa y condiciones de trabajo.[161]
El gobierno de Cristina Kirchner continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144 549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714 907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los 1 531 940 extranjeros registrados en el censo de 2001.[162]
También se aumentaron las indemnizaciones por riesgos del trabajo, modificando el régimen legal y eliminando el tope máximo que había impuesto la legislación anterior.[163]
El 26 de agosto de 2011 anunció un incremento del 25 % del salario mínimo convirtiéndose en el más alto de Latinoamérica en términos adquisitivos, llegando a los 2300 pesos argentinos.[164]
El 3 de septiembre de 2012, Paolo Rocca, dueño de Techint, el grupo empresarial más grande de Argentina, criticó al gobierno de Kirchner por los altos salarios alcanzados, dando a conocer que un obrero en Argentina ganaba en ese momento 24 dólares por hora, el doble de lo que ganaba un obrero mexicano (12 dólares) y casi el triple de lo que ganaba un obrero brasileño (9 dólares), aunque reconociendo también que el obrero argentino estaba mejor calificado.[165] Con motivo de estas declaraciones Rocca envió una carta a la presidenta Kirchner en la que confirma que en dicha ocasión "he presentado los valores del costo horario de la mano de obra en nuestras instalaciones industriales en la región".[166]
Medios de comunicación Véase también: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 creada por la última dictadura. Este proyecto había sido una de las plataformas electorales de ambos gobiernos kirchneristas. Actualmente la ley tiene suspendido judicialmente el artículo 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma; tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley entrará completamente en vigor el 8 de diciembre de 2012.[167]
Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales[168] [169] [170] y espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás,[171] [172] principalmente en el interior del país, donde aún se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.
Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional[173] y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.[174] [175] [176] [177]
Festejos del Bicentenario Artículo principal: Bicentenario de Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la avenida Nueve de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo y finalizó el 25 de mayo, Día del Bicentenario. Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.[178]
Ministerios El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los doce elegidos, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y cinco asumieron por primera vez un ministerio.
10 de diciembre de 2011 - en el cargo
10 de diciembre de 2007 - 23 de julio de 2008
22 de junio de 2010 - en el cargo
15 de diciembre de 2010 - en el cargo
10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2010
26 de noviembre de 2008 - en el cargo[179]
1 de julio de 2010 - en el cargo
8 de julio de 2009 - en el cargo
10 de diciembre de 2007 - 7 de julio de 2009
29 de junio de 2009 - en el cargo
10 de diciembre de 2007 - 29 de junio de 2009³
20 de julio de 2009 - en el cargo
10 de diciembre de 2007 - 20 de julio de 2009
1 de octubre de 2009 - 10 de diciembre de 2011
10 de diciembre de 2007 - 8 de julio de 2009
Crítica Escándalo de la valija Artículo principal: Escándalo de la valija.
Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, comprometió a la presidenta Fernández de Kirchner, en un sonado caso de contrabando de dinero, al sostener públicamente que el mismo estaba destinado a su campaña electoral y había sido enviado por el gobierno de Venezuela.[180] El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta que calificó el hecho como una «operación basura» proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados», para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina. La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.[181]
Paro agropecuario patronal Artículo principal: Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008.
El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.[182]
La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada sojización del campo argentino y preservar la «política de dólar alto».[182] Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.
La medida significó, en lo inmediato, un incremento del 35 % al 44,1 % en promedio de la tasa de retención sobre la soja, un incremento del 32 % al 39,1 % para el girasol y reducción sobre las alícuotas al maíz del 25 % al 24,2 % y del trigo del 28 % al 27,2 % en promedio.[183] [184]
La Resolución 125 fue rechazada por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro patronal (lockout) con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.[185]
En lo político el «campo» ―como lo definieron varios medios de comunicación― era un conjunto heterogéneo con sectores históricamente enfrentados, como la Federación Agraria Argentina (que representa a los pequeños y medianos productores) y la Sociedad Rural Argentina (que representa a los terratenientes o las clases altas porteñas) y militantes trotskistas. Asimismo incluyó sectores políticos relegados durante las elecciones de 2007.[186]
El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, y la presidenta Cristina Kirchner declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado.[187] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.
El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.[188]
El sistema de retenciones móviles fue modificado en tres oportunidades. En la primera, se corrigieron los defectos en las tablas de aplicación de porcentajes ya que «destruían» el mercado de futuros. En la segunda modificación se dispuso el reintegro de retenciones a los pequeños productores y, finalmente, se eliminaron las tasas marginales más altas que llegaban al 95 % de retención en caso de una subida «extrema» del precio. Aún con estas modificaciones, el ministro Lousteau renunció. Asimismo el gobierno decidió mantener vigente la medida a pesar de la renuncia de su autor.[189] [190]
El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.[191] [192]
Imagen del gobierno y la oposición El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significaron una importante caída de la imagen de Cristina Kirchner, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».[193]
Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa.[193]
A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43 % de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67 % y Mauricio Macri con el 23,39 %.[194]
En febrero de 2009 la imagen negativa de la presidenta creció del 39 % al 41 %, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29 %.[195] La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.[195] La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarreó un enfriamiento de la actividad económica.[195]
Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubicaba la imagen positiva de la presidenta entre el 46 % y el 52 %.[196]
En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo, publicada en los diarios Perfil[197] y El Mundo (Madrid),[198] ubicó a Fernández con un 64 % de imagen positiva.
En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo.[199] [200] Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008.[201] En 2010 cayó al puesto número 68 en dicho ránking.[202] En 2011 ascendió al puesto 17 y en 2012 volvió a ascender al puesto 16 de la misma publicación.[203]
Situación del vicepresidente Cobos Lo sentimos, pero tu navegador tiene JavaScript inhabilitado o no tiene ningún reproductor compatible instalado.
Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo de 2010 inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina.
El voto de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.
Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde.[204] El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debía reemplazar a la presidenta cada vez que esta se ausentaba del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.
Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.[205]
Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.[206]
Esta situación, que permitía al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprobaba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debía renunciar.[207] Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.[208]
Conflicto por el Fondo del Bicentenario Véase también: Fondo del Bicentenario.
El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.[209]
La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central,[210] y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.[211]
Ante la demora en la implementación del fondo, el 7 de enero de 2010, la Presidenta firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituirlo como presidente del BCRA por incumplimiento y fraude de los deberes de funcionario público.[212] [213] Para ello, la Presidenta de la Nación convocó de urgencia a todos los ministros que integran el Gabinete Nacional, los cuales refrendaron dicho decreto de necesidad y urgencia.[214] [215]
El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina,[216] [217] pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidenta no se la aceptaría.[218]
El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont.[219] Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.[220]
Retiro de subsidios El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció el retiro de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país.[221] La medida fue recibida en forma crítica por los principales medios informativos y opositores al gobierno nacional. Según los mismos, el retiro de subsidios no tiene que ver con mejorar la distribución de la renta, sino con mejorar las cuentas fiscales.[222]
La aplicación de subsidios había sido impuesta en forma gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar en forma indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner las transferencias hacia los sectores medios y altos comenzó a tener fuertes críticas, incluidos los mismos medios que luego criticaron el retiro de dichas transferencias.[223] [224] [225]
La cuenta fiscal de 2011 destinada a la Asignación Universal por Hijo fue de algo más de 10 000 millones de pesos. Mientras que en 2010 el Estado Nacional erogó en subsidios al consumo más de 40 000 millones, de los cuales alrededor de 16 000 millones fueron a bolsillos de sectores medios y altos. Según Javier González Fraga, en 2008 un millón de familias del Gran Buenos Aires con ingresos superiores a los 6000 pesos recibió transferencias por 750 pesos mensuales en concepto de tarifas baratas.[226]
Como las transferencias desde el sector público a los privados puede ser visto como un impuesto negativo, la progresividad en los subsidios se da a la inversa que en los impuestos: se debe transferir más a los de menor ingreso. De transferirse en igual proporción tanto a ingresos bajos como a ingresos altos, la transferencia se hace regresiva respecto a la renta.[227] Este fue el argumento del Gobierno para retirar subsidios a quienes pueden pagarlo.[221]
Acusaciones y movilizaciones Artículo principal: 8N.
Algunos intelectuales y políticos opositores catalogan la gestión como de "marcado corte populista"[228] [229] [230] [231] [232] haciéndose eco también algunos medios internacionales.[233] [234] [235]
Es criticado el gobierno por el reparto a las provincias de los fondos coparticipables, establecido durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), existiendo provincias,[236] Santa Fe[237] y San Luis[238] que realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina solicitando reparación, ante lo que consideran avasallamiento de sus derechos constitucionales por parte del gobierno nacional. El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni consideró que «un fallo de la Corte no resolverá la pelea por coparticipación» y que «habría que discutirlos en una mesa de negociación».[239]
La gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha debido enfrentar una manifestación popular denominada 8N, que es el nombre dado a una masiva movilización ocurrida el 8 de noviembre de 2012 en la Argentina.[240]
Las consignas y reclamos de los manifestantes fueron muy heterogéneas y en algunas ocasiones contradictorios entre sí. Algunos de las más reiterados consistían solamente en insultos contra la presidenta[241] y sus funcionarios, entre muchos otros.[242] [243] [244] [245] Llegando el PRO incluso a exhibir imágenes de violencia física contra los funcionarios.[246]
Ley antiterrorista En octubre de 2011 el Poder Ejecutivo Nacional giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modificó la Ley 26.268 y que duplica las penas de los delitos de asociación ilícita cuando se los comete con el propósito de «aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».[247]
Según Reynaldo Sietecase esta Ley 26.734, sancionada el 22 de diciembre de 2011, respondió al proceso regional de endurecimiento de las penas contra el terrorismo. También según el mismo autor, su sanción obedeció a la exigencia del GAFI de endurecer las penas contra el terrorismo, a la vez que se amenazó a la Argentina de ser expulsada del G-20 si no se cumplía este requisito.[247] [248]
El proyecto original fue criticado ya que dejaba al arbitrio del juez la interpretación de lo que puede ser una «finalidad terrorista». En la interpretación del principio constitucional de Legalidad, se exige que la tipificación penal sea lo menos laxa posible, por lo que el Ejecutivo introdujo un párrafo al artículo 41 quinquies en el que se establece «Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.» También dicha Ley modificó el artículo 33 del Código Procesal Penal estableciendo que solo entenderán los Jueces con competencia federal, evitando así la intervención de los jueces provinciales.[248]
Notas al pie ↑ María Estela Martínez de Perón, fue elegida vicepresidente en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, y asumió la presidencia por el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974.
↑ Entonces llamada Ciudad Eva Perón.
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↑ http://www.clarin.com/politica/fortuna_0_751124907.html
↑ «De eso no se habla», artículo de M. Loewy en el diario El Argentino, 10 de junio de 2009. «Siempre me definí contra el aborto ―aseguró Cristina Kirchner en 2005, cuando era senadora― porque soy católica, pero también debido a profundas convicciones».
↑ «Cristina legisladora: diez recuerdos de una opositora mediática y rebelde», artículo de M. Jastreblansky en el diario La Nación del 5 de septiembre de 2011.
↑ «Cristina Kirchner: “Siento la responsabilidad de construir un país distinto al de nuestros primeros 200 años de historia”», artículo en el diario Página/12, 23 de octubre de 2011.
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↑ Sandra Russo: La Presidenta: historia de una vida, cit., t. VI, § 1, pág. 138.
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