Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/informe-ccct-20092010
Timestamp: 2016-10-20 19:51:17+00:00

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Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tor…
 COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) Asociación MINGA Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) Corporación AVRE Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS) Corporación REINICIAR Corporación Vínculos Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) Producción Editorial María del Pilar López Patiño Altavoz Editores altavozeditores@gmail.com Diseño y Diagramación Oscar Giovanny Méndez ISBN: 978-958-57021-0-3 Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero deTrocaire y la OMCT. Los puntos de vista aquí expuestos reflejanexclusivamente la opinión de la Coalición Colombiana Contra laTortura y, por lo tanto, no representa en ningún caso el puntode vista oficial de las instituciones que apoyan económicamenteesta publicación. 2.
 COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURAAsociación de Familiares de Asociación MINGA Detenidos Desaparecidos ASFADDES Corporación REINICIAR Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos - FCSPP Corporación VINCULOS Organización Mundial Contra la Tortura - OMCT 3.
C ONTENIDOPresentación ....................................................................................................... 5Introducción ....................................................................................................... 7Capítulo 1. Panorama general de la tortura y de violaciones conexas.............. 91. Práctica de la tortura, según presuntos autores .................................................... 92. Persistencia de graves violaciones conexas a la tortura ........................................ 122.1 Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, directamente atribuidas a la Fuerza Pública. ........................................................................... 132.2 Desplazamientos forzados ................................................................................. 142.3 Violencia sexual ................................................................................................. 152.4 Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes .................................................... 18Capítulo 2. Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Comité(Párrafos 12 a 17 y 21, 22 y 28) ...................................................................... 211. Recomendación 12. Sobre la situación de impunidad del crimen de tortura. ......................................................................................................... 212. Recomendación 13. Sobre elección de Fiscal General de la Nación y la ubicación de Fiscalías en instalaciones militares. ........................................... 283. Recomendación 14. Sobre las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar a los autores de actos de tortura o malos tratos. .................................................................................................. 304. Recomendación 15. Sobre la complicidad de agentes del Estado con grupos armados ilegales, la seguridad de las personas que administran justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). ............................................................................................... 395. Recomendación 16. Sobre el requerimiento a que las violaciones a los derechos humanos no sean competencia de la jurisdicción penal militar............................ 476. Recomendación 17. Sobre los derechos de las víctimas de desaparición forzada. ............................................................................................................ 497. Recomendación 21. Sobre la situación de derechos humanos en las cárceles y la impunidad de los hechos de tortura en este ámbito. ................................... 548. Recomendación 22. Sobre la Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención. ...................................................................................................... 659. Recomendación 28. Sobre el cumplimiento del Auto 092 de la Corte Constitucional en relación con los crímenes de violencia sexual. ........................ 66Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones.................................................. 69 4.
P RESENTACIÓN La Coalición Colombiana Contra la Tortura –en adelante la Coalición–, esun organismo interinstitucional, que busca potenciar el trabajo de las organi-zaciones defensoras de derechos humanos. Promueve acciones dirigidas a laprevención, protección, recuperación de las víctimas de tortura y a la difusiónde la situación de la problemática, en instancias nacionales e internacionales1. La Coalición presentó, en octubre de 2009, un informe alterno al Comi-té contra la Tortura –en adelante el Comité–. En dicho reporte, la Coaliciónconcluye que, a pesar del subregistro que existe en la documentación de latortura y de la ausencia de cifras estatales que aborden este fenómeno, seevidencia que ésta es una práctica sistemática y generalizada perpetrada portodos los grupos armados en el país. La Coalición destacó también que elEstado no ha adoptado medidas para prevenir y sancionar la tortura y lostratos crueles, inhumanos y degradantes, en los establecimientos carcelarios.La Coalición puso en evidencia, la gravedad de la violencia sexual como unaforma de tortura y el estado de impunidad en el que permanecen los crímenesde tortura y violencia sexual el país2. El Comité examinó el Cuarto Informe Periódico del Estado colombiano,en noviembre de 2009. A partir de su análisis y con el objetivo de velar por elcumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crue-les, inhumanos o degradantes –en adelante la Convención–, el Comité emitiósus observaciones finales y expidió una serie de recomendaciones al Estadocolombiano.1 La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por las siguientes organizaciones: Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES), Asociación MINGA, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación AVRE (Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a víctimas de violencia política), Corporación Centro de Atención Psicosocial, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Organización Mundial Contra la Tortura.2 Coalición Colombiana contra la Tortura, Informe Alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos a de- gradantes, Colombia 2003-2009, presentado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pág. 110, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats43.htm 5.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura El Comité solicitó además, “al Estado parte que, en el plazo de un año,proporcione información sobre el seguimiento que haya dado a las recomen-daciones formuladas por el Comité en los párrafos 12 a 17”3. El 28 de marzode 2011, el Comité envió al Estado una comunicación recordándole que suobligación de presentar el informe de seguimiento estaba vencida4. El reportedel Estado fue presentado el 14 de abril de 20115.3 ONU, Comité contra la Tortura, 43° período de sesiones, Ginebra, 2 al 20 de noviembre de 2009, CAT/C/COL/ CO/4, 4 de mayo de 2010, Párr. 33, en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/420/36/PDF/ G1042036.pdf?OpenElement.4 La carta puede ser consultada en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ReminderColombia28032011.pdf5 El informe del Estado puede ser consultado en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm6 6.
I NTRODUCCIÓN Con este Informe, la Coalición presenta al Comité, el seguimiento a reco-mendaciones. Este documento consta de tres partes: en la primera de ellas,se presenta un panorama general sobre la tortura y la persistencia de gravesviolaciones conexas a la tortura en Colombia, sobre las que el Comité habíaexpresado especial preocupación, tales como: las ejecuciones extrajudiciales ydesapariciones forzadas directamente atribuidas a la Fuerza Pública; los des-plazamientos forzados; la violencia sexual y el reclutamiento y utilización deniñas, niños y adolescentes en el conflicto armado interno. La información suministrada al Comité, aporta análisis cuantitativo a ju-nio de 2009. En el informe anterior, la Coalición entregó datos cuantitativoshasta junio de 2008. En éste y en posteriores capítulos los relatos de los casossucedidos entre 2010-2011 y los informes de instancias de protección de losderechos humanos, demuestran al Comité, que en el territorio nacional, sesiguen cometiendo la tortura y sus prácticas conexas. En el segundo capítulo, se presenta información de seguimiento a las re-comendaciones sobre las cuales solicitó información (12 a 17) y que abordanlos siguientes temas: situación de impunidad del crimen de tortura; elecciónde Fiscal General de la Nación; ubicación de Fiscalías en instalaciones milita-res; amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar a los autoresde actos de tortura o malos tratos; la complicidad de agentes del Estado congrupos armados ilegales; la seguridad de las personas que administran justiciay el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); las violaciones a los de-rechos humanos que todavía son competencia de la jurisdicción penal militar;y, finalmente, los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Por considerarlas de vital importancia para la prevención y erradicaciónde la tortura en el país, la Coalición consideró relevante que el Comité cono-ciera el estado de cumplimiento de las siguientes recomendaciones: sobre lasituación de derechos humanos en las cárceles y la impunidad de los hechosde tortura en este ámbito (21); sobre la Ratificación del Protocolo Facultativode la Convención (22); y sobre el cumplimiento del Auto 092 de la Corte Cons-titucional, en relación con los crímenes de violencia sexual (28). 7.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura En el tercer capítulo: Conclusiones y recomendaciones, la Coalición agra-dece al Comité el interés permanente por la grave situación de la tortura yotros tratos y penas crueles y degradantes en Colombia, y espera que esteinforme contribuya a que el Estado tome las medidas necesarias para la pre-vención, sanción y erradicación de estos crímenes en el país bajo un estrictocumplimiento de la Convención.8 8.
1 Panorama general de la tortura y violaciones conexas6 Los propósitos de este capítulo son dar al Comité elementos para valorarla situación general de derechos humanos y derecho humanitario en Colom-bia y hacer seguimiento a la siguiente preocupación expresada por el Comité,a partir de su examen en noviembre de 2009: Aunque se registra una disminución global en el número de denun- cias de tortura desde la última revisión periódica en 2004, al Comité le preocupa que la incidencia de tortura en el Estado parte siga siendo alta y corresponda a patrones específicos que indican una aplicación generalizada. El Comité señala que, si bien los grupos armados ile- gales tienen una importante responsabilidad en dichas violaciones, se sigue denunciando la participación o aquiescencia de agentes del Estado en esos actos. El Comité está especialmente preocupado por información que indica un aumento de casos que señalan una par- ticipación directa por parte de agentes estatales. El Comité también expresa gran preocupación por la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura como las ejecuciones extrajudiciales, las desapa- riciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños en el contexto del conflicto armado y por la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos como las mujeres, los niños, las minorías étnicas, los desplazados, la población carcelaria y las personas LGBT. (Art. 2 de la Convención)7.1. Práctica de la tortura, según presuntos autores8 Entre julio de 2001 y junio de 2009, fueron víctimas de tortura por lomenos 1834 personas, de las cuales 422 quedaron con vida, 1148 fueron ase-sinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica. Del total de casos regis-6 Donde no se diga lo contrario, los datos cuantitativos suministrados en esta sección del documento, provie- nen de la Base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas.7 ONU, CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2010, párr.11.8 Los datos aquí aportados deben entenderse como un registro mínimo de la situación de la tortura en Colom- bia. La CCJ no realiza trabajo sobre la situación carcelaria y por lo tanto muchas de las violaciones cometidas en este ámbito no han sido incorporadas a sus bases de datos. Los datos sobre violencia sexual no están incluidos en estas cifras y están abordados de manera separada en el acápite 2.3. y también constituyen un registro mínimo de la realidad. 9.
CoaliCión Colombiana Contra la torturatrados en las que se conoce el sexo (1561 víctimas), 200 eran mujeres, es decirque por cada 100 hombres víctimas de tortura aproximadamente 15 mujeressufrieron la misma violación. En los casos en los que se conoce la edad de lavíctima (610), 172 eran niños y niñas, 179 jóvenes, y 10 adultos mayores. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las tor-turas (1350), en el 90,59% de los casos se compromete la responsabilidaddel Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 41,93% (566torturas); y, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violacionescometidas por grupos paramilitares, el 48,67% (657 torturas). A las guerrillasse les atribuyó la autoría en el 9,41% de los casos (127 torturas). Gráfico 1. Registros de tortura. Julio de 2001 a junio de 2009 350 300 250 200 150 100 50 0 2 3 4 5 6 7 8 9 200 200 200 200 200 200 200 200 nio nio nio nio nio nio nio nio 001-ju 002-ju 003-ju 004-ju 005-ju 006-ju 007-ju 008-ju Julio 2 Julio 2 Julio 2 Julio 2 Jul io 2 Jul io 2 Julio 2 Jul io 2 –– tortura física seguida de homicidio - - Tortura física en persona dejada con vida .....Tortura psicológica Un hecho relevante fue la reducción relativa de los registros de los casosde tortura atribuidos a los grupos paramilitares, que pasaron de cometer almenos 157 torturas –entre julio de 2001 y junio de 2002– a 33 –entre juliode 2008 y junio de 2009–. Es importante recordar que estos hechos violentosse presentan en el marco del fallido cese de hostilidades prometido por losgrupos paramilitares a partir del 1° de diciembre de 2002. La Fuerza Pública,por el contrario, aumentó la perpetración de estos actos, al pasar de come-ter al menos 32 torturas entre julio de 2001 y junio de 2002 a 56 entre juliode 2008 y junio de 2009, con un pico entre julio de 2005 y junio de 2006de al menos 91 torturas cometidas. Entre julio de 2007 y junio de 2008, seregistraron a los grupos guerrilleros al menos 5 torturas, mientras que el añosiguiente este registro aumentó a 20.10 10.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura... Gráfico 2. Porcentaje de torturas según presuntos autores Julio de 2001 a junio de 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 02 03 04 05 06 07 08 09 nio 20 nio 20 nio 20 nio 20 nio 20 nio 20 nio 20 nio 20 001-ju 002-ju 003-ju 004-ju 005-ju 006-ju 007-ju 008-ju Julio 2 Julio 2 Julio 2 Julio 2 Julio 2 Julio 2 Julio 2 Julio 2 Paramilitares Guerrilla Responsabilidad estatal Fuerza publica Durante 2010 y 2011 la tortura continuó practicándose en Colombia y lapreocupación expresada por el Comité con respecto al comportamiento de laFuerza Pública, debe mantenerse vigente. El Informe de la Alta Comisionada delas Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca con preocupación: “La oficina en Colombia continuó registrando casos de tortura por miembros de la fuerza pública y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia de esta violación en departamentos como An- tioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada. Preocu- pa en particular la situación en Medellín, donde varias personas, incluyendo presuntos delincuentes, habrían sido víctimas de tortura y malos tratos de forma reiterada. Varias personas bajo custodia po- licial sufrieron castigos físicos y psicológicos, en ocasiones acompa- ñados de insultos racistas. Los maltratos consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico” 9.9 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 91. 11 11.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes Casos Vicente Manuel Martínez Uriel y Adelmo Esguerra Lozano Establecimiento carcelario de Acacías (Meta)10 Lunes 28 de marzo de 2011. Patio 8 del establecimiento carcelario de Aca- cías (Meta). Después de que se presentaran problemas de convivencia entre los reclusos, la guardia roció gases y castigó colectivamente a los detenidos del patio con encierro en sus celdas durante todo el día. Posteriormente, en un procedimiento de registro, el dragoneante Calderón P., le preguntó al detenido Adelmo Esguerra ¿qué es “eso”? señalando una venda que tenía para el pie. La respuesta de Esguerra fue: “una venda”. El dragoneante, disgustado, dijo: “acá mandamos nosotros”. Enseguida lo sacó de la celda y lo obligó a desnudarse y subir unos escalones, para inspeccionarle el ano. Ese mismo día el encargado del pabellón de apellido Parra y otro guardia sacaron de su celda al detenido Vicente Manuel Martínez Uriel, TD. 8144, porque estaba golpeando la celda exigiendo que terminara la medida de encierro y los dragoneantes Hernández, Padilla, Leyva y Calderón P. –junto con el cabo Torres– lo desnudaron, golpearon y rociaron gas pimienta. De- cían que había que hacerle la “cruz”, procedimiento que consiste en rociarle gas, iniciando por la coronilla, pasando por la boca, el pene, el ano y así por todo el cuerpo emulando esta figura. Como consecuencia de las torturas, el detenido presentó irritación y malestar estomacal por varios días. La Fun- dación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) ha escuchado relatos no documentados todavía de detenidos de otros establecimientos, sobre esta práctica denominada la “cruz” por lo que se podría estar consti- tuyendo esta nueva modalidad de tortura en cárceles. La FCSPP presentó acción urgente el 1° de abril de 2011 ante las autoridades penitenciarias, Gobierno Nacional, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Ge- neral de la Nación. Hasta el momento no se han dado resultados.2 Persistencia de graves violaciones conexas a la tortura En esta sección del documento se aporta un análisis sobre las violacionesconexas a la tortura sobre las cuales el Comité expresó especial preocupación,es decir: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas directamenteatribuidas a la Fuerza Pública, desplazamientos forzados, violencia sexual yreclutamiento de niñas, niños y adolescentes.10 Información sobre el caso suministrada por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, junio de 2011. Los nombres de las víctimas han sido cambiados para salvaguardar sus derechos a la dignidad humana y a la intimidad.12 12.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura...2.1 Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas directa- mente atribuidas a la Fuerza Pública La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha registrado que entre julio de2001 y junio de 2009, por lo menos 1847 personas habrían sido ejecutadasextrajudicialmente directamente por la fuerza pública, de las cuales 187 fuerondesaparecidas forzadamente antes de ser asesinadas y 297 personas habríansido desaparecidas forzadamente sin que se tenga conocimiento actual de suparadero; es decir, que se ha registrado un total de 2144 violaciones al derechoa la vida perpetradas directamente por agentes estatales en estos ocho años. Del total de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en las que se pudo esta-blecer el sexo (1689), 141 eran mujeres, de manera que por cada 100 hombres,9 mujeres sufrieron esta violación. De las víctimas en las que se pudo establecerla edad (583), hubo 155 niños o niñas y 8 adultos mayores. Entre julio de 2008 y junio de 2009, por lo menos 137 personas, fueronvíctimas de violaciones al derecho a la vida (ejecuciones extrajudiciales o desapa-riciones forzadas) atribuibles directamente a la Fuerza Pública. En su informe correspondiente a 2010 la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos hace notar que, se han seguido recibiendo denuncias de co-misión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la FuerzaPública11. En 2010, el Estado colombiano reportó a la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH), cinco casos de ejecuciones extrajudiciales atribui-bles a la Fuerza Pública12. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, en su informe de 2010, frente a la situación del derecho a lavida destacó que: “se registraron casos de muerte de personas como consecuen-cia del uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública, enparticular la Policía Nacional, o por colusión con grupos delictivos”13. Con respecto a la desaparición forzada, la Alta Comisionada manifestó: “amedida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra lapreocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada. A noviembre, eltotal de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas últi-mas, se encuentran 3073 mujeres y 3042 menores de 20 años. El aumento en elregistro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%”14.11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 5 corr. 1, 7 de marzo de 2011, Pág.358, en: http://www. cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm12 Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el País correspondiente a 2010, 25 de febrero de 2011, pág. 5, citado en CIDH, “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 5 corr. 1, 7 de marzo de 2011, Pág.358, en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm13 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 31.14 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 52. 13 13.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura Situación de impunidad Caso Elkin Gustavo Verano Hernández15 Desaparición forzada y ejecución extrajudicial 13 de enero de 2008. Elkin Gustavo Verano Hernández. De 25 años, fue víctima, junto con otras 16 personas, de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por la fuerza pública, en Soacha (Cundinamarca). Las investigaciones fueron adelantadas inicialmente por la Justicia Penal Militar, limitando la recaudación de pruebas de manera inmediata. Trans- curridos más de tres años de las ejecuciones extrajudiciales, la justicia pe- nal y la disciplinaria siguen sin proferir decisiones definitivas. En el caso de Elkin Gustavo Verano, se continúa en audiencia preparatoria desde hace dos años, sin que culmine a la fecha, por las múltiples dilaciones que se han presentado en el desarrollo del proceso. Continúa la impunidad en su caso y en el de los demás jóvenes asesinados en el municipio de Soacha, Cundinamarca.2.2 Desplazamientos forzados En 2009 fueron desplazadas más de 280 mil personas en Colombia16. Seestima que un número superior a los 5 millones de personas17 son víctimasde este delito de afectación múltiple. Las cifras oficiales dan cuenta de quecerca de de tres millones y medio de personas son víctimas de desplazamientoforzado18. El desplazamiento forzado en Colombia es consecuencia de graves y sis-temáticas violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derechohumanitario cometidas por las partes del conflicto armado interno (FuerzaPública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros), como el reclutamientoforzado y la utilización de niños y niñas en las hostilidades, el uso de minasantipersona, la toma de rehenes, así como distintas formas de involucramien-to de la población civil en las hostilidades. La Fuerza Pública es responsable del desplazamiento al desarrollar ope-raciones militares en lugares habitados, lo que genera temor en la poblacióncivil ante la inminencia u ocurrencia de combates. Otras acciones de la FuerzaPública que generan desplazamiento son las restricciones a la movilidad de15 Información suministrada por la Asociación Minga y la Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS).16 Internal Displacement Monitoring Centre, Internal Displacement Global Overview of Trends and Develop- ments in 2009, May 2010, page 13.17 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes Informa, ¿Consolidación de qué? Fe- brero de 2011. Disponible en http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2077.pdf18 Citado supra nota 10. Según las cifras oficiales el número de personas desplazadas en Colombia es de 3.573.132, para el periodo comprendido entre 1997 y 2010.14 14.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura...la población civil y el tránsito de víveres y combustibles; y los programas deerradicación de cultivos de uso ilícito, que involucran fumigaciones aéreasacompañadas de ataques militares aéreos y terrestres. La Comisión Colombiana de Jurista tuvo conocimiento de 118 casos depersonas desplazadas, víctimas de violaciones al derecho a la vida entre el1° de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2009. Al menos ocho de ellascorresponden a personas que reclamaban la restitución de sus tierras19. Enlos casos en los que se conoce el presunto autor genérico (52 víctimas), el90,38% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpe-tración directa de agentes estatales, el 21,15% (11 víctimas), y por toleranciao apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares el 69,23% (36víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la autoría del 9,62% de loscasos (5 víctimas). El Gobierno colombiano ha reconocido que entre 2007 y elprimer semestre de 2010 se registraron 1499 homicidios de personas despla-zadas y 354 casos de desaparición forzosa20.2.3 Violencia sexual La Comisión Colombiana de Juristas registró que entre julio de 2001 yjunio de 2009, ocurrieron al menos 118 casos de violencia sexual en el con-texto de la violencia sociopolítica en Colombia. En 111 casos, las víctimas sonmujeres; en 6, varones y en uno, no se identificó el sexo de la víctima. En 58casos se conoce la edad de la víctima cuando es mujer; de ellos 37 son niñas,10 son jóvenes y 11 son adultas21. Es decir que en el 81,03% de los casos enlos cuales se conoce la edad, la víctima es menor de 25 años. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de lasviolaciones (107 casos), el 98,14% de ellos se atribuyó a la responsabilidaddel Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 66,36% (71 ca-sos), y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitaresel 31,78% (34 casos). A los grupos guerrilleros se les atribuyeron dos casos,equivalentes al 1,87%. Es notable y preocupante el aumento de los registros de los casos de vio-lencia sexual atribuibles a la Fuerza Pública con respecto a los demás gruposarmados. Entre julio de 2001 y junio de 2005, ésta cometió al menos el 59,26%(32) de los casos registrados de violencia sexual, mientras que en los cuatroaños siguientes fue responsabilizada del 73,58% (39 casos). Esto coincide conla disminución de los casos registrados atribuibles a los grupos paramilitares.19 Comisión Colombiana de Juristas, Informe de seguimiento a la situación del derecho a la vida de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, 25 de marzo de 2010. Disponible en http: //www.coljuristas.org20 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada - SNAIPD -, Informe del Gobierno Nacional a la Corte constitucional sobre la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sen- tencia T-025 de 2004, Bogotá D.C., julio 1 de 2010, págs. 131 y 137.21 Se define como niña la víctima menor de 18 de años y como joven la mujer que se encuentra entre los 18 y los 25 años. 15 15.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura Gráfico 3. Porcentaje de casos de violencia sexual según presuntos autores Julio 2001-junio 2005 Julio 2005-junio 2009 38,89% 24,53% 73,58% 59,26% 1,85% 1,89% Guerrilla Paramilitares Fuerza Pública Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), también revelanque, para los años 2004 a 2009, entre los grupos armados que participan en lashostilidades, el grupo de presuntos autores con mayor número de registros enmateria de violencia sexual es la fuerza pública22. Durante este periodo, el INMLreportó 340 casos de mujeres víctimas de violencia sexual23 cuyos presuntosautores son grupos armados que participan en las hostilidades, así: a la fuerzapública se le atribuye el 75,29% (256 casos), a los grupos guerrilleros el 16,47%(56 casos) y a los grupos paramilitares24 el 8,24% (28 casos). Por su parte, el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas,sobre los niños y los conflictos armados, correspondiente a 2010 destaca: “Despierta particular inquietud el que los grupos armados cometan formas graves de violencia sexual contra las niñas reclutadas. Las estadísticas de este fenómeno, que pasa desapercibido, distan de reflejar su magnitud real. Las niñas reclutadas o vinculadas a los grupos armados ilegales son obligadas a sostener relaciones sexu- ales con adultos a temprana edad y a abortar si resultan embarazadas. También son obligadas a emplear métodos anticonceptivos muchas veces inadecuados y que atentan contra su salud. Por otra parte, según el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, entre 2006 y diciembre de 2010, en el marco de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, se documentaron 677 casos de violencia por motivos de género cometidos por exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, incluso contra niños. Sin embargo, no se ha avanzado en las investigaciones ni en el enjuiciamiento de los responsables” 25.22 Para los años anteriores, el INML no reporta la información desagregada según presuntos autores que parti- cipan en las hostilidades.23 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), Forensis Datos para la Vida 2004, pág. 167; INML, Masatugó, 2004- 2008, págs. 67 y 69 e INML, Forensis Datos para la Vida 2009, pág. 172, en: www. medicinalegal.gov.co.24 Para el año 2009 se asume que las bandas criminales corresponden a grupos paramilitares.25 Onu. Asamblea General, Informe del Secretario General, “Los niños y los conflictos armados”, A/65/820- S/2011/250, párr.160.16 16.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura... Violencia sexual cometida por miembros del Ejército Nacional contra niñas en Arauca26 Casos 15 de mayo de 2009. Tame (Arauca). Una niña de 14 años fue violada sexualmente, presuntamente por un soldado profesional del Batallón Na- vas Pardo del Ejército Nacional. El soldado fue retirado del servicio y en su contra cursa investigación penal. La Fiscalía dictó medida de aseguramien- to y orden de captura27. 8 de abril de 2010. Arauca (Arauca). Una niña de 14 años fue violada y golpeada, presuntamente por miembros de la Brigada XVIII del Ejército Nacional. La niña se dirigía al colegio cuando fue vista discutiendo con un miembro de la Fuerza Pública –hecho denunciado por la ciudadanía a las autoridades–. La niña fue encontrada inconsciente debido a un golpe propinado en la cabeza. El agresor la llevó hacia la orilla de la carretera en donde la violó sexualmente. El militar fue capturado por los hechos y se encuentra detenido por el presunto delito de acceso carnal violento28. 2 de octubre de 2010. Vereda Caño Limón, municipio de Tame (Arauca). Fue violada una niña, presuntamente por miembros de la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional. El día de los hechos, ante la falta de presencia de adultos en la casa de la niña, fueron intimida- dos otros niños que se encontraban con ella para poder llevarla a un ma- torral cercano, en donde fue violada sexualmente. Después fue obligada a bañarse con el agua de un charco con el propósito de eliminar los rastros de la acción. La madre de la niña presentó denuncia penal por los hechos ante una Fiscalía de Tame29. 14 de octubre de 2010. Vereda Flor Amarillo del municipio de Tame (Arauca). Yenny Torres Jaimes, una niña de 14 años, fue violada, tortura- da, degollada y desaparecida, presuntamente por miembros de la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional. Al medio día, el padre de la niña salió a trabajar dejando a sus hijos y a su hija solos en la casa, situación de la que se valieron los autores de los hechos para abusar sexualmente de la niña. Al regresar de su jornada laboral el padre buscó a la menor y a los niños y al no encontrarlos denunció a las autoridades su desaparición. El 16 de octubre fueron hallados en dos fosas los cuerpos, con signos de tortura, de los niños Jimmy y Jeferson Torres Jaimes –de 9 y 6 años, respectivamente–, y, el de su hermana: Yenny Torres Jaimes30.26 Información sobre el caso aportada por la Comisión Colombiana de Juristas, con base en información de los medios de comunicación.27 Acto Administrativo n.° 1443 del 10 de agosto de 2009. El proceso cursa actualmente en el Juzgado del Circuito de Saravena.28 “Se conocen otros casos de abuso sexual en Arauca”, diario El Tiempo, 28 de octubre de 2010, en: www. eltiempo.com y “El Crimen de Arauca”, Revista Semana, 6 de noviembre de 2010, en: www.semana.com.29 Íbídem.30 Íbídem. 17 17.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura Seguimiento judicial 1° de noviembre de 2010, el subteniente Raúl Muñoz Linares, coman- dante de la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5 del Ejército Na- cional de Colombia admitió haber accedido carnalmente a dos niñas de 14 años. Dentro de la investigación por los hechos, la Fiscalía entrevistó a 60 miembros del ejército e incautó los equipos de varios de ellos para analizarlos. Una prueba química preliminar arrojó que siete presentaban rastros de sangre, uno de los cuales corresponde a los de propiedad del subintendente Muñoz. El informe que coteja su ADN con las muestras de semen hallados en el cuerpo de la niña indican que es "554 trillones de veces más probable" que los espermatozoides provengan del comandante que de cualquiera de los otros militares a los que se les tomó muestra. El 6 de noviembre de 2010, la Fiscalía decidió librar orden de captura contra el subteniente Raúl Muñoz Linares y acusarlo por acceso carnal violento de las dos niñas y por el homicidio de los tres niños31.2.4 Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes32 El Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre los niñosy los conflictos armados, destaca que entre enero y diciembre de 2010, con-tinuó el reclutamiento y la utilización generalizada y sistemática de niños porlos grupos armados en Colombia. “Aunque se desconocen la magnitud y elalcance efectivos de estas actividades, en 2010 se informó al equipo de tareasde supervisión y presentación de informes del reclutamiento de niños en 19de los 32 departamentos de Colombia”33. Según otras fuentes, entre el 2009 y el 2010 hay 14 casos denuncia-dos en el Meta. Otros casos están registrados como desapariciones, lo cualse debe a que “los grupos armados amenazan a las familias si denuncian elreclutamiento de sus hijos, de allí que en muchas ocasiones sean reportadoscomo desaparecidos” 34.31 Íbídem.32 Esta sección del documento fue elaborada con los aportes de la Corporación Vínculos. En este aspecto, es im- portante recordar que, en el párrafo 29 de su informe, el Comité recomendó: “El Estado Parte debe reforzar las medidas para prevenir el reclutamiento de niños y niñas, suministrar asistencia adecuada para su reintegración y recuperación física y psicológica y perseguir la responsabilidad penal de aquellos que los reclutaron. La fuerza pú- blica deber abstenerse de poner en riesgo la neutralidad de las escuelas y respetar las normas para la entrega de niños y niñas desvinculados o capturados a autoridades civiles. El Comité recomienda que el Estado Parte extienda su plena colaboración a la Representante Especial del Secretario General para cuestiones de niños y conflicto armado con el propósito de avanzar con la implementación de la resolución 1612 del Consejo de Seguridad”.33 ONU. Asamblea General, Informe del Secretario General. “Los niños y los conflictos armados”. A/65/820- S/2011/250, párr.153.34 “Sigue el reclutamiento de menores en el conflicto armado en el Meta”, diario El Tiempo, consultado el 12 de junio de 2011, en: http://m.eltiempo.com/colombia/llano/sigue-el-reclutamiento-de-menores-en-el- conflicto-armado-en-el-meta/8421361.18 18.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura... La Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al ConflictoArmado en Colombia (Coalico)35 señala que, entre diciembre de 2010 a febre-ro de 2011, se registraron 12 casos de reclutamiento en los departamentos deCórdoba, Antioquia, Guaviare, Meta, Caldas y en las comunidades indígenasEmbera, en la frontera con Panamá. El citado informe del Secretario General de las Naciones Unidas, indicaque la Fuerza Pública continuó utilizando niñas y niños con fines de inteligen-cia, en violación del Código de la Infancia y la Adolescencia36. “En algunos casos, niños antes vinculados a grupos armados eran inte-rrogados por miembros de las fuerzas de seguridad para obtener datos sobrelos grupos armados a que habían pertenecido. Algunos de ellos permanecíanbajo la custodia de las fuerzas militares durante períodos prolongados, en ex-ceso de lo permitido por la ley, sin que se les entregaran a los agentes de pro-tección del niño. Entre mayo y junio, en el Valle del Cauca, algunos infantes demarina trataron de obtener información interrogando a niños de la región, entanto que en agosto, en Chocó, personal del Ejército Nacional presuntamenteinterrogó a cuatro niños de 13 a 16 años, desmovilizados del ELN, para obte-ner inteligencia militar. Las fuerzas armadas nacionales continuaron utilizandoa niños en actividades civiles y militares. Por ejemplo, en septiembre, huboniños de una reserva indígena del Valle del Cauca que participaron en activi-dades civiles y militares e interactuaron con soldados del Equipo de Tareas deOperaciones Psicológicas. Estas actividades, cuando se llevan a cabo en las zo-nas afectadas por conflictos, pueden poner a los niños en situación de riesgoy exponerlos a represalias por parte de los grupos armados” 37. Según el Décimo Quinto Informe Trimestral del Secretario General al Con-sejo Permanente sobre la Misión de apoyo al Proceso de Paz en Colombia(MAPP/OEA), presentado en abril de 2011, el reclutamiento de niños, niñasy adolescentes por parte de los grupos armados ilegales y el incremento desu participación en actividades delictivas, continúa siendo un motivo de granpreocupación especialmente por su fuerte impacto en las comunidades indí-genas y afrodescendientes38.35 La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) está compuesta por Corporación Paz y Democracia, Corporación Casa Amazonía (COCA), Corporación Vínculos, Benposta Nación de Muchachos, Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI Colombia), Fundación Crecien- do Unidos, Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes), Justapaz, Servicio Jesuita a Refugiados, Taller de Vida y War Child-Holanda. Ver: www.coalico.org36 ONU. Asamblea General, Informe del Secretario General. “Los niños y los conflictos armados”, A/65/820- S/2011/250, párr.156.37 ONU. Asamblea General, Informe del Secretario General. “Los niños y los conflictos armados”, A/65/820- S/2011/250, párr.156.38 Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/ OEA), Décimo Quinto Informe Trimestral, OEA/Ser.G,CP/INF.6225/11, 15 de abril de 2011, pág.2. 19 19.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura “La Secretaría General manifiesta su preocupación por las situaciones dereclutamiento de niños, niñas y adolescentes que se presentan en muchas áreasrurales del país, como las que se evidencian en áreas urbanas de Medellín (An-tioquia), Bogotá y Cúcuta (Norte de Santander). Asimismo, señala la grave situa-ción de reclutamiento de NNA que se viene dando en los últimos meses en elChocó (subregión del Bajo Baudó) y en la cordillera del departamento de Nariño(Policarpa, áreas rurales de Rosario y Leyva). De igual manera, llama la atención el incremento en la afectación quevienen sufriendo las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Se destacanlos casos de los jóvenes en el área rural del Norte del Cauca y de integrantesde la comunidad Embera en la subregión del Bajo Baudó en el Chocó, que,ante la falta de una respuesta eficaz, buscan soluciones propias para evitar elreclutamiento” 39. El Estado colombiano debe ser llamado por el Comité a implementaruna política para prevenir el reclutamiento y cualquier forma de utilizaciónde niñas, niños y adolescentes por parte de todos los grupos que participanen las hostilidades. En el mismo sentido, deben implementarse medidas paradesvincular a todas las niñas y niños que hoy hacen parte de las filas de losgrupos armados, para restablecerlos en sus derechos y para investigar y san-cionar a los perpetradores de este crimen de guerra. El Gobierno debe ga-rantizar que las niñas, niños y adolescentes no serán instrumento de guerra yprohibir todas las actividades que los involucren en actividades de inteligenciao cívico-militares.39 ONU. Asamblea General, Informe del Secretario General. “Los niños y los conflictos armados”, A/65/820- S/2011/250, párr.156.39 Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/ OEA), Décimo Quinto Informe Trimestral, OEA/Ser.G,CP/INF.6225/11, 15 de abril de 2011, pág.9.20 20.
2 Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Comité (Párrafos 12 a 17 y 21, 22 y 28) Después examinar el Cuarto Informe Periódico de Colombia ante el Co-mité, este organismo de conformidad con sus reglas de procedimiento, en elpárrafo 33 del documento que contiene sus observaciones y recomendacio-nes40, solicitó al Estado que, en el término de un año (noviembre de 2010) leaportara información adicional, sobre asuntos identificados como de particu-lar gravedad. En la carta, a través de la cual el Comité recordó al Estado queestaba en mora de cumplir con esta obligación de reportar, este mecanismomanifestó haber adoptado tal procedimiento para hacer seguimiento a asun-tos que son serios, podrían ser cumplidos por el Estado en el término de unaño y cuyas medidas considera protectivas41. En este capítulo, la Coaliciónaborda cada una de las recomendaciones sobre las que el Comité considerónecesario obtener pronta información.1. Recomendación 1242 El Comité insta al Estado Parte a que cumpla con las obligaciones conte- nidas en la Convención e investigue y castigue los delitos de tortura con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. El Comité subraya la responsabilidad de Estado Parte de asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una in- vestigación pronta e imparcial y que se sancionen esos delitos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. El Comité alienta al Estado Par- te a que garantice recursos adicionales a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que agilice su labor y señala la im- portancia que los casos correspondientes sean asignados a dicha unidad. El Comité recomienda que el Estado Parte construya un sistema centralizado para poder identificar todos los casos de tortura y su etapa de investigación.40 Documento: CAT/C/COL/CO/4.41 Carta puede ser consultada en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ReminderColombia 28032011.pdf42 Sección elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con los aportes de la Corporación Reiniciar y de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 21 21.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura Para verificar el cumplimiento de la citada recomendación, se enviaronderechos de petición a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Generalde la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría Generalde la Nación. Además se tuvo en cuenta el “Informe de Gestión de la FiscalíaGeneral de la Nación 2010, agosto de 2009 a noviembre de 2010” 43. La infor-mación se estudió con el ánimo de establecer si los motivos de preocupaciónque llevaron al Comité a emitir la recomendación destacada en el párrafo 12se habían superado.a. La falta de información fidedigna sobre los casos de tortura y las fases procesales en las cuales se encuentran. El Estado no sólo no cuenta con “un sistema centralizado para poder identi-ficar todos los casos de tortura y su etapa de investigación”, como el indicado porel Comité, sino que en los datos que reporta existen inconsistencias que impidenestablecer con claridad la situación de los casos de tortura en el sistema de justicia. En primer lugar se destaca que hay inconsistencias entre la respuesta dadaal derecho de petición por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Ge-neral de la Nación y la información divulgada al público en el citado informe degestión de la Fiscalía. Frente a la pregunta incluida en el derecho de petición sobre cuántas inves-tigaciones penales tiene a su cargo por el delito de tortura, la Unidad respondióque a su cargo hay 43 investigaciones (181 víctimas). Ante la pregunta por el estado en el que se encuentran las investigaciones,la respuesta de la Fiscalía arroja los siguientes resultados: Tabla 1. Estado de los procesos penales Ley 600 de 2000 Ley 906 de 2004Fuente: Tabla elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas, con base en Respuesta a Derecho de Petición de la Uni-dad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Oficio n.° 02212 del 15 de junio de 2011.43 Fiscalía General de la Nación: “Informe de Gestión, agosto de 2009- noviembre de 2010”, disponible en http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/InformedeGestion/infogestion2009-2010.pdf22 22.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura... En el citado informe de gestión publicado por la Fiscalía, se indica que enla Unidad de Derechos Humanos y DIH se tramitan 42 casos (185 víctimas) anoviembre de 2010. El reporte sobre las etapas de la investigación es el des-crito en la Tabla 2. En dicho informe, la Fiscalía no aclara si se refiere a casostramitados por Ley 600 de 2000 o por Ley 906 de 2004. Tabla 2. Estado de los procesos penalesFuente: Tabla elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas, con base en la Información contenida en el Informe deGestión, agosto de 2009- noviembre de 2010. La información se refiere a la Unidad de Derechos Humanos y DIH. Es evidente que la distancia entre los datos es enorme e inexplicable. Nohay claridad, ni siquiera para establecer el número de sentencias condenato-rias proferidas. Frente a la pregunta sobre cuántas sentencias condenatoriasse han proferido por el delito de tortura, la Unidad en respuesta al derecho depetición indica que son 23 (a junio de 2011)44. Sin embargo, en el informe degestión publicado (a noviembre de 2010) indica que son 33. La Fiscalía dio respuesta al derecho de petición, cuatro meses después deelevada la solicitud de información y ante una carta de insistencia presentadaante dicha entidad el 7 de junio de 201145. Esta demora impidió la posibilidadde esclarecer las preguntas generadas por las inconsistencias de la respuesta.Para el análisis que se hace a continuación, se toman como base los datos delas respuestas dada por la Unidad de Derechos Humanos y DIH al derecho depetición (Tabla 1), teniendo en cuenta que los datos contenidos en ella estánactualizados a junio de 2011.b. No se asignan todos los casos pertinentes a la Unidad de Derechos Hu- manos y Derecho Internacional Humanitario En mayo de 2009, la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía,reportó tener 38 investigaciones a su cargo por el delito de tortura46. En mayode 2010, informó que tenía 41 investigaciones47; y en su respuesta de junio de44 Nótese que la respuesta tampoco coincide con la información contenida en el derecho de petición, plasmada en la Tabla 1, en la cual se indica que habría un total de 22 sentencias.45 De acuerdo con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo colombiano, el término legal para responder es de 30 días.46 Coalición Colombiana contra la Tortura, Informe Alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos a degra- dantes, Colombia 2003-2009, presentado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en http://www2. ohchr.org/english/bodies/cat/cats43.htm47 Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Respuesta a un derecho de petición interpuesto por la Comisión Colombiana de Juristas. Bogotá, 11 de mayo de 2010. 23 23.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura2011 reportó 43 investigaciones. Es decir que, entre 2009 y 2011 no ha varia-do sustancialmente el número de investigaciones asignadas a la Unidad. Estodeja en evidencia que el Estado no ha realizado esfuerzos tendientes a cumplircon la recomendación del Comité, ni a superar los motivos de preocupaciónque dieron origen a la misma.c. El número limitado de casos que llegaron a la fase de juicio En 2009 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía informó ochocasos que habían llegado a la fase de juicio, que correspondían a 17,8% de losestados procesales.48 Para 2010, la Fiscalía reportó 2 casos en etapa de juicioque correspondían al 4,9% de los estados procesales reportados. Para 2011,la Fiscalía reportó 10 casos en etapa de juicio, lo que corresponde al 10,9%de los 91 estados procesales. Luego, el porcentaje de casos que llegan a lafase de juicio es todavía muy limitado. Sin embargo, es de anotar que, comose verá más adelante, el número de sentencias condenatorias ha aumentadodesde 2009.d. El número de sentencias condenatorias y la prevalencia de la impunidad Para 2009 la Unidad reportó 8 sentencias condenatorias, lo que significabaun 17,8% de los estados procesales. Para 2010, la Unidad reportó 20 senten-cias condenatorias; mientras que para 2011, 23 sentencias condenatorias, loque significa 25,27% de los estados procesales reportados. Es necesario que laUnidad y el sistema judicial en general continúe haciendo esfuerzos para que loscasos investigados alcancen esta fase procesal, teniendo en cuenta que todavíaun 74,3% de los casos no tienen sentencia condenatoria. Un análisis sobre el estado de impunidad de los casos de tortura en Co-lombia implica muchos más esfuerzos, pues el universo presentado en estereporte es una ínfima muestra de los hechos de tortura en Colombia y delas investigaciones penales que aún se encuentran dispersas en las distintasUnidades de la Fiscalía General de la Nación. Para 2009 la Dirección Generaldel Fiscalías informó que tenía a su cargo 10.471 investigaciones por tortura.No se cuenta con datos actualizados sobre el número total de investigacionesque cursan por tortura en la Fiscalía General de la Nación, ni sobre sus estadosprocesales. Esta información no está contenida ni en el informe de gestiónpublicado por la Fiscalía, ni en el presentado por el Estado colombiano alComité, en virtud del requerimiento hecho por el Comité en relación con lasrecomendaciones 12 a 17. Es importante que el Comité contra la Tortura requiera de nuevo al Esta-do para que suministre dicha información, garantice la implementación del48 Coalición Colombiana contra la Tortura, Informe Alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos a degra- dantes, Colombia 2003-2009, presentado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en http://www2. ohchr.org/english/bodies/cat/cats43.htm24 24.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura...sistema de información y supere el alarmante estado de impunidad en el quepermanecen los hechos de tortura en Colombia.e. Situación de impunidad de los casos documentados por las organizacio- nes de la Coalición La siguiente tabla contiene información que ilustra sobre algunos de losobstáculos que han identificado, a partir de su labor de representación devíctimas, las organizaciones de la Coalición para que los casos de tortura judi-cialmente superen el estado de impunidad: ViolaciónNombre de Fecha de los Problemas relativos al Organización de la víctima hechos proceso penal de la Fiscalía que reporta DDHH,DIH La investigación sobre el homici- dio y la desaparición la adelanta la Fiscalía 30 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Tortura, Fiscalía General de la Nación, sinGUILLERMO desaparición que hasta el momento se hayan Corporación RIVERA 22/04/2008 forzada y presentado avances en cuanto a Reiniciar FÚQUENE la identificación de los autores y homicidio. partícipes. No se adelanta nin- guna investigación sobre tortura a la que fue sometida la víctima, como se puede establecer de la necropsia. La investigación penal se ade- lanta no por el delito de tortu- ra, sino por el delito de lesionesALEXANDRA personales. La Fiscalía programó Tortura con MARÍA una diligencia de conciliación fines de 07/04/2008 que no se realizó porque las au- FCSPP JIMÉNEZ castigo. toridades no trasladaron la dete- PARRA nida del establecimiento donde se encuentra actualmente reclui- da, al lugar de la audiencia. 25 25.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura A pesar de que la representante de las víctimas ha aportado evi- Tortura, dencias suficientes para imputar JULIÁN desaparición cargos por el delito de tortura, OVIEDO forzada y 02/03/2008 solo se han imputado cargos por FCSPP MONROY ejecución los delitos de concierto para de- extrajudicial. linquir, desaparición forzada, ho- micidio en persona protegida y falsedad en documento público. La investigación actualmente se encuentra en la Fiscalía 5ª, ads- crita a la Unidad Especializada RUBÉN Tortura y con sede en Ibagué, pero hasta el momento no se ha sancio- CorporaciónDARÍO LUNA ejecución 23/08/2007 nado a nadie por estos hechos Reiniciar TRIANA extrajudicial. ni proferido medida de asegu- ramiento en contra de los mili- tares que participaron en estos hechos. Detención arbitraria El proceso está en investigaciónROBINSON y tortura Corporación 16/02/2007 preliminar en una Fiscalía de BONILLA con fines de Reiniciar Ibagué, sin resultados. obtener información. A pesar de existir un dictamen médico legal que evidencia las secuelas traumáticas de la tor- tura que padece Jerónimo, las autoridades, alegando trastor-JERÓNIMO Detención nos psiquiátricos, le han resta- Corporación SERRANO arbitraría y 06/08/2006 do credibilidad al testimonio de la víctima. La investigación ReiniciarGUARNIZO tortura. se ha centrado sobre su estado mental más que sobre la inves- tigación del delito de la tortura, razón por la cual el caso se en- cuentra en impunidad.26 26.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura... El 16 de agosto de 2002, se envió comunicación a la Comi- sión Nacional de Búsqueda de personas Desparecidas; el 29 de agosto la Unidad de DDHH de la Fiscalía informó que no obtu- vo resultados de la búsqueda. La Fiscalía 8 Especializada de Vi- llavicencio, archivó la investiga- ción en 2004. Durante seis años nada ocurrió. El 10 de octubre de 2010, el paramilitar Orosman Osten Blanco, confesó que el 10 de agosto en una carretera del departamento del Meta, munici- pio de Barranca de Upía, habían interceptado un vehículo, en el cual se transportaba un padre y un hijo, a los que habían inte- rrogado y trasladado a la Finca JOSÉ “Piel Roja” en el corregimiento ANTONIO de Algarrobo. Allí, habían llega- REYES Tortura, do dos miembros de la policía,GUARNICA desaparición a interrogarlos, torturándolos y Corporación y forzada y 10/08/2002 posteriormente dándoles muer- Reiniciar HUGO ejecución te. Los representantes de las víc-ALEXANDER extrajudicial. timas acudieron a la Fiscalía 5 de REYES Justicia y Paz en el mismo mes de octubre para que se adelan- CASTRO taran la búsqueda y se realizara la entrega de los cadáveres a la familia. Hasta la fecha, a pesar de la información suministra- da por el paramilitar, la Fiscalía no ha realizado ninguna acción tendiente a exhumar los cuer- pos; prolongando la angustia de los familiares, y negándoles el derecho a participar. Existen tres procesos judiciales sobre estos hechos; el primero, en la Fiscalía 8 Especializada de Villa- vicencio (archivado); el segundo en el despacho 5 de la Unidad de Justicia y Paz; y otro en la Fis- calía Segunda Especializada de la Unidad de Desplazamiento y Desaparición Forzada, ninguno de estos ha arrojado resultados.Fuente: Información identificada por las organizaciones que conforman la Coalición. 27 27.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura2. Recomendación 1349 El Comité insta al Estado Parte a que la designación del Fiscal General de la Nación se realice a través de criterios que garantice la elección de un profe- sional capaz de ejercer su cargo con total y plena independencia. Asimismo, el Comité recomienda que se discontinúe la ubicación de fiscales dentro de instalaciones militares.a. Elección de la Fiscal General de la Nación En diciembre de 2010, fue elegida para el cargo de Fiscal General de laNación la abogada Viviane Morales Hoyos, de una terna presentada por elpresidente Juan Manuel Santos. Las dos ternas anteriores habían sido recha-zadas por la Corte Suprema de Justicia por consideraciones relacionadas confalta de experticia en materia penal, como requisito necesario para el ejerciciodel máximo cargo de responsabilidad en lo que se refiere a política criminal. De otra parte, según el criterio de varias organizaciones sociales y dederechos humanos, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, estaba impedido parahacer una nominación objetiva para el cargo de Fiscal General de la Nación.Lo anterior, teniendo en cuenta que la persona elegida tendría que resolverasuntos que involucraban el interés particular y directo del entonces presiden-te, tales como: i) posibles investigaciones que involucraban al presidente conel paramilitarismo, derivadas de declaraciones dadas por paramilitares que lomencionaron en sus versiones libres ante la Fiscalía; ii) el presidente sosteníarelaciones de amistad con congresistas que eran investigados por vínculos conel paramilitarismo; iii) investigaciones relacionadas con el delito de cohechoen la aprobación de la reelección presidencial que llevó por segunda vez aÁlvaro Uribe Vélez a la Presidencia; y iv) investigaciones adelantadas por acti-vidades ilegales de espionaje realizadas por el Departamento Administrativode Seguridad (DAS)50. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez presentó un proyecto de reformaconstitucional que implicaba la ruptura del equilibrio de poderes del Estadoporque dejaba sin facultades a la Corte Suprema de Justicia para hacer laselección del Fiscal y centralizaba en cabeza del presidente dicha función52. El49 Esta sección fue elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas.50 Ver al respecto: Derecho de petición. Solicitud impedimento terna para la elección del Fiscal, suscrita por 16 organizaciones sociales y de derechos humanos, el 29 de septiembre de 2009, en: http://www.coljuristas.org/ documentos/comunicados_de_prensa/com_2009-10-16_anexo.pdf51 Consejo Comunal número 254, Ibagué, Tolima, disponible en http://web.presidencia.gov.co/banco/2009/oc- tubre/index.htm52 Proyecto de Acto Legislativo 025 de 2010 Cámara.28 28.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura...citado proyecto fue retirado por el presidente Juan Manuel Santos53, a travésde su Ministro del Interior y de Justicia, con el argumento de que un proyectocomo este debería estudiarse en conjunto con una reforma a la justicia que asu vez requería ser concertada con la Rama Judicial54. Hoy, la Fiscal General tiene grandes retos como las investigaciones rela-cionadas con las actividades ilegales del DAS, las investigaciones a congre-sistas con vínculos con paramilitares, las investigaciones para determinar losresponsables de las ejecuciones extrajudiciales, cometidas directamente pormiembros de la Fuerza Pública, entre otros muchos crímenes de trascendenciainternacional como la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento forzado yel reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado interno.De la superación de la impunidad, dependen, en gran parte, las garantías deno repetición de las violaciones.b. Persistencia de la ubicación de Fiscales dentro de instalaciones Militares De acuerdo con información suministrada por la Dirección Nacional deFiscalías, para el mes de abril de 2011, se encuentran ubicadas dentro deinstalaciones militares 11 Fiscalías: seis pertenecientes a la Unidad Nacionalcontra el Terrorismo y cinco vinculadas a la Unidad Nacional contra el Secues-tro y la Extorsión55. La misma entidad reportó que, desde 2009, hasta este momento se harealizado “el desmonte de tres fiscalías, dos adscritas a la Unidad Nacionalcontra el Secuestro y la Extorsión y; una adscrita a la Unidad Nacional contra elTerrorismo, esta última funcionaba en la Central de Inteligencia Militar (CIME)y fue retirada a partir del 26 de marzo del año que avanza” 56. El Estado argumenta que al mantener Unidades de la Fiscalía al interior deinstalaciones militares: “(…) se propende por la seguridad de los funcionarios(as) de la Fiscalía y de Policía Judicial, atendiendo la naturaleza y gravedad delos casos que conocen estos despachos fiscales, la entidad de la delincuenciaque se combate y la zona donde se ubican (afectadas por el orden público)” 57. Dicha razón no puede considerarse válida al menos por tres razones: laprimera está expuesta por el Comité contra la Tortura cuando afirma que: “laubicación de fiscales, delegados de la Fiscalía General de la Nación, dentrode las instalaciones militares (…) puede comprometer la independencia de sulabor (Arts. 2 y 12 de la Convención)” 58. Varias organizaciones que realizan la-53 Juan Manuel Santos se posesionó como Presidente de Colombia, en agosto de 2010.54 “Retirado el proyecto sobre elección de Fiscal”, diario El Tiempo, agosto 11 de 2010, disponible en http:// www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4092337.55 Respuesta a un derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de Juristas a la Dirección Nacio- nal de Fiscalías, Oficio DNF. 08734, abril de 2011.56 Ibídem.57 Ibídem.58 ONU. CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2010, párr.13. 29 29.
CoaliCión Colombiana Contra la torturabores de litigio, han podido constatar que: “muchos de estos Fiscales se dejanpresionar por los militares, especialmente por los que trabajan en inteligenciamilitar, en la orientación de las investigaciones” 59. En segundo lugar miembros de la Fuerza Pública son también sujetos deinvestigaciones por el delito de tortura y de otras violaciones a los derechoshumanos e infracciones al derecho humanitario. Solamente en la Unidad deDerechos Humanos y DIH de la Fiscalía, a junio de 2011 habían sido vincu-lados a investigaciones penales miembros de la Fuerza Pública, así: 271 porejecuciones extrajudiciales, 183 por desapariciones forzadas, 87 por torturas,y 15 por violencia sexual60. Esto implica que, la ubicación de funcionarias yfuncionarios de la Fiscalía, lejos de garantizar su seguridad, puede estarlosexponiendo a ataques por parte de las personas investigadas. Además, en elcontexto del conflicto armado interno las instalaciones militares están expues-tas permanentemente a los ataques de los grupos guerrilleros lo que aumentael riesgo de las funcionarias y funcionarios de la fiscalía.3. Recomendación 1461 El Comité insta al Estado Parte a que cumpla con las obligaciones conteni- das en la Convención y otros instrumentos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e investigue y castigue los delitos de tortura con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. En este sentido, señala al Estado Parte, con referencia a su Observación general 2 (CAT/C/GC/2, 2007), que el Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparciali- dad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición.a. El marco jurídico de “Justicia y Paz”: Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003 Como consecuencia del proceso de desmovilización promovido por elanterior Gobierno Nacional, se “desmovilizaron” de manera colectiva 31.671miembros de grupos paramilitares62 y de manera individual 3.682, para un to-tal de 35.353 “desmovilizados”. De estos, un número mínimo fue postuladoal procedimiento jurídico de la “Ley de Justicia y Paz” (ver infra), los restantesse hicieron acreedores de los beneficios sociales, económicos y jurídicos pre-vistos en la Ley 782 de 2002 y los Decretos 128 y 3360 de 2003. Entre los59 Información suministrada por la Corporación Reiniciar.60 Respuesta a un derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de Juristas a la Dirección Nacio- nal de Fiscalías, Oficio DNF. 08734, abril de 2011.61 Sección elaborada por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).62 Cfr. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autode- fensa/dialogos.htm30 30.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura...beneficios jurídicos se incluyen a) la terminación de procesos penales por al-gunos delitos (amnistía impropia)63, y b) la no aplicación de la pena impuestapor los jueces (indulto)64. Por ser un procedimiento de carácter administrativo, los beneficios seotorgaron de manera amplia, sin llevar a cabo una investigación adecuadaque permitiera establecer plenamente el recorrido del individuo por el grupoarmado y si el beneficiario pudo haber estado involucrado en la comisión dedelitos graves como tortura. En este contexto, fueron acreedores de benefi-cios jurídicos 10.749 paramilitares, que no confesaron la verdad respecto delos actos delictivos en los que participaron, no se iniciaron en su contra proce-sos judiciales encaminados a investigar, juzgar y sancionar tales delitos, se lesotorgó una garantía que impedirá el inicio de acciones judiciales en su contra,y fueron eximidos del deber de reparar a las víctimas. Los beneficios no fueron aplicados al número total de “desmovilizados”,más de 17.500 paramilitares quedaron imposibilitados para acceder a los be-neficios jurídicos previstos en la normativa. Ello en virtud de la decisiónadoptada el 11 de junio de 2007 por la Corte Suprema de Justicia, en laque se estableció que los desmovilizados de las estructuras paramilitares erancomo mínimo responsables del delito de concierto para delinquir agravado(para cometer violaciones a derechos humanos), conducta no cobijada por laconcesión de beneficios prevista en la Ley 782 de 200265.b. Caída de la ley sobre principio de oportunidad y aprobación de la ley 1424: persiste la amnistía de facto para más de 17.000 paramilitares En respuesta a la situación descrita en el acápite anterior, el GobiernoNacional promulgó la Ley 1312 de 200966, por medio de la cual se pretendíadar aplicación al principio de oportunidad, que permitiría a la Fiscalía Generalde la Nación, suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal de de-litos a favor de desmovilizados de grupos paramilitares67. Esta ley beneficiaríaa aproximadamente 17.500 paramilitares, tras un procedimiento sumario quecomprendía incluso la realización de audiencias colectivas68.63 Reed, Michael. Elementos del peritaje de Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Interna- cional para la Justicia Transicional, en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010.64 El Artículo 13, del Decreto 128 de 2003, establece la posibilidad de acceder a beneficios jurídicos como indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria.65 Corte Suprema de Colombia, Sala de Casación Penal, Magistrados Ponentes Yesid Ramírez Bastidas y Julio E. Socha Salamanca, Rad. No. 26945, Auto del 11 de julio de 2007.66 Promulgada el 9 de julio de 2009, “por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 (Código de Procedi- miento Penal) en lo relacionado con el principio de oportunidad”.67 Cfr. Artículo 1°, Ley 1312 de 2009.68 Cfr. Artículos 3° y 5°, Ley 1312 de 2009. 31 31.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura En el caso de la Masacre de la Rochela, la Corte Interamericana ya habíaadvertido al Estado colombiano frente a la normativa de “Justicia y Paz”, queel mismo tiene el deber de emplear “la mayor debida diligencia […] para de-terminar si realmente el beneficiario participó en dicha compleja estructura deejecución de tales violaciones”69. El 23 de noviembre de 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible lacausal de aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados de gru-pos armados, al considerar que el mismo desconoce el principio de legalidad,los límites constitucionales para su aplicación y los derechos de las víctimas a laverdad, la justicia y la reparación, e incurre en una omisión legislativa al no ex-cluir de su aplicación los casos de graves violaciones a los derechos humanos70. Ante la inexequibilidad de la ley, el Gobierno presentó con trámite de ur-gencia una nueva regulación aprobada mediante Ley 1424 de 201071. Preocupael contenido de la normativa, en tanto implementa mecanismos que promue-ven la impunidad de hechos cometidos por miembros de grupos paramilitares.La ley, permite el otorgamiento de beneficios como la suspensión de las órdenesde captura proferidas en contra de los miembros de grupos armados desmo-vilizados, y la abstención por parte de la autoridad judicial de emitir dichasórdenes, sin prever procedimientos efectivos para establecer si los beneficiariosde las mencionadas medidas han cometido graves violaciones a los derechoshumanos como tortura. Más grave aún, de acuerdo al articulado, incluso quienes hayan cometidoconcierto para delinquir agravado pueden acceder a los mencionados benefi-cios72 –es importante resaltar que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia elconcierto para delinquir con la finalidad de cometer delitos de lesa humanidad,es un crimen de lesa humanidad–. Así, en contravención de los estándares inter-nacionales en la materia, el proyecto de ley establece beneficios para favorecera autores de conductas que atentan contra la humanidad. El procedimiento establece que la información que se obtenga a travésdel mecanismo no judicial de contribución a la verdad “no podrá, en ningúncaso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto quesuscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o encontra de terceros”73. La mencionada disposición resulta altamente contradicto-ria, al promover la impunidad de hechos que pese a ser conocidos por el Estadoa partir de las declaraciones de los victimarios –emitidas dentro del mencionadomecanismo-, no serán investigados. En consecuencia, la normativa desconoce69 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 293.70 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.71 Aprobada el 29 de diciembre de 2010, “por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garan- ticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.72 Cfr. Artículo 1°, inciso 2 Ley 1424 de 2010.73 Cfr. Artículo 4°, inciso 2 Ley 1424 de 2010.32 32.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura...claramente los estándares nacionales e internacionales en materia de accesoa la justicia y derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.c. La tortura como delito y su investigación en el marco de la Ley 975 de 2005 La Ley 975 de 2005 (Ley de “Justicia y Paz”), es un procedimiento residualque se aplica a miembros de grupos armados desmovilizados a quienes no seaplique el procedimiento de carácter administrativo previsto en la Ley 782 de2002. Al mismo, solo han sido postulados por parte del Gobierno Nacional através del Ministerio del Interior y de Justicia un total de 4.072 miembros degrupos paramilitares74. Esta cifra constituye tan solo el 11.51% de los parami-litares desmovilizados. En desarrollo de la etapa propiamente judicial, hasta abril del año 2011,se han iniciado 2.600 versiones libres, de las cuales 1342 ya han terminadopor ausencia de ratificación del postulado o por su exclusión de las listas pormuerte o inasistencia a las audiencias programadas, es decir, solo 1258 estánen curso. Ahora bien, solo a 385 postulados se les ha formulado imputación,de estos únicamente a 91 se les ha formulado cargos, 12 de ellos están enetapa de legalización y exclusivamente 3 postulados han recibido condena,aunque tan solo dos de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada75. Esto,sin mencionar que se trata de imputaciones, formulaciones, legalizaciones decargos y sentencias parciales, las cuales no corresponden a la totalidad de loshechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo armado. Esta aproximación cuantitativa permite evidenciar, de un lado, que trans-curridos 6 años de la implementación de la “Ley de Justicia y Paz”, solo unnúmero limitado de postulados han ratificado de manera efectiva su voluntadde participar en este procedimiento, de otro lado, que es más limitado aúnel número de paramilitares a los que se les ha imputado delitos, formulado ylegalizado cargos y solo existe una sentencia ejecutoriada en donde se hayanvinculados tan solo dos paramilitares y no se judicializaron la totalidad de loshechos por constituir sentencia parcial.d. La investigación de la tortura en el marco de la Ley 975 de 2005 Según las cifras de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de lasdiligencias de versión libre hasta el 31 de julio de 2009 se inició la confesiónde 52 hechos de tortura y hasta el 1° de noviembre de 2010 se confesaron543 hechos. Ahora bien, a 31 de julio de 2009 se terminó dicha confesión,con 102 hechos de tortura y al 1° de noviembre, con 421 hechos76.74 Cfr. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, (2011) Consolidado de Justicia y Paz, Boletín Institu- cional. Edición Nº 16, Pág. 15.75 Ibídem.76 Cfr. Fiscalía General de la Nación, (2010) Informe de Gestión, agosto de 2009 – noviembre de 2010, Pág. 87. Recuperado en http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/InformedeGestion/infogestion2009-2010.pdf 33 33.
CoaliCión Colombiana Contra la tortura Si bien los datos que presenta la Unidad de Fiscalías para la Justicia y laPaz sobre la documentación del delito de tortura muestra un incremento enlas confesiones sobre este delito, no se ve aún la intención de investigar estecrimen como un mecanismo de terror ejercido por los paramilitares de mane-ra sistemática y generalizada. Por el contrario, el número reducido de confe-siones, permite inferir que la metodología de investigación utilizada por la fis-calía no tiene como prioridad visibilizar la ejecución de este tipo de conductas. Frente a las imputaciones, formulaciones y legalizaciones de cargos que ade-lanta la Fiscalía ante los Magistrados de las Salas de Justicia y Paz no fue posible ob-tener la información toda vez que a la fecha de cierre de este informe, la Fiscalía noha respondido el derecho de petición que se interpuso para conocer dichos datos.e. Primeras sentencias en el marco de la Ley 975 de 2005, invisibilización de la tortura A la fecha se han proferido por parte de la Sala de Conocimiento deJusticia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dos sentencias condenatoriascontra tres miembros de las estructuras paramilitares77. Sin embargo, en estosfallos no se reconoce la práctica de la tortura como un medio de control yterror en la población, mucho menos fueron judicializados efectivamente enlas mismas decisiones.• Masacre y desplazamiento forzado de Mampuján (sentencia condenatoria contra Eduard Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez). El 29 de junio del 2010, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superiorde Bogotá emitió la primera sentencia dentro del marco de aplicación de laLey 975 de 2005. En esta, se condenó a Eduard Cobos Téllez –alias ‘DiegoVecino’– y Uber Enrique Banquez –alias ‘Juancho Dique’– por las conductasrelacionadas con la masacre y desplazamiento forzado de pobladores del mu-nicipio de Mampuján en la región de los “Montes de María”, departamentode Sucre, entre otros delitos. Los hechos conocidos como la masacre de Mampuján se remontan a 10de marzo de 2000, …Cuando un grupo de aproximadamente 150 hombres pertenecientesal bloque Montes de María, portando armas y prendas de uso privativo de lasfuerzas militares ingresaron de manera violenta a la población de Mampuján,zona de Maríalabaja, anunciando a sus habitantes que debían salir de allí an-tes de la madrugada del día siguiente, so pena de que les ocurriera lo mismoque a la comunidad de El Salado (refiriéndose a la masacre de ese lugar quehabía ocurrido poco tiempo atrás)”78.77 Sentencia del Veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010) contra Eduard Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez dentro del radicado 110016000253200680077 y Sentencia del Dos (2) de Diciembre de dos mil diez (2010)s contra Iván Laverde Zapata dentro del radicado 110016000253200680281.78 Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del Veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010) contra Eduard Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez dentro del radicado 110016000253200680077.34 34.
informe de Seguimiento a laS reComendaCioneS del Comité Contra la tortura... Después de obligar a los pobladores de Mampuján a abandonar el pueblo,“[l]os paramilitares continuaron su recorrido hacia Yucalito, sitio donde supues-tamente existía un campamento de la guerrilla, pero como desconocían el ca-mino, procedieron a retener por la fuerza a 7 habitantes de la zona para que lessirvan como guía, personas que al cabo de unas horas fueron dejados en liber-tad. Una vez llegaron al sitio conocido como el Tamarindo ubicado en la veredaLas Brisas “y ante la inexistencia del mencionado campamento, alias “Cadena”ordenó la ejecución de 11 pobladores, señalados de ser subversivos” 79. La muerte de los 11 pobladores de la vereda Las Brisas en manos de losparamilitares estuvo precedida de actos de tortura como se desprende de lasactas de inspección a cadáver de las víctimas. Ejemplo de esto es la descripciónde las heridas de una de las víctimas, que según se plasma en el acta de levan-tamiento y registro de defunción presenta “[u]na herida alrededor del cuelloocasionada con arma blanca (cortopunzante), produciéndose cercenamiento,presenta signos de desprendimiento de la piel en todo el cuerpo, herida en laregión torácica producida con arma blanca, signos de quemaduras en el tóraxy cabeza”80. La Fiscalía adecuó dichas conductas al delito de homicidio agravado segúnlos artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2000, que si bien en la época de loshechos no era la vigente se aplicó en virtud del principio de favorabilidad. En eseorden de ideas, el artículo 103 que tipifica el delito de homicidio señala que “[e]lque matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años. Porsu parte, el artículo 104 contempla las circunstancias de agravación. “La penaserá de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descritaen el artículo anterior se cometiere:(…) 3. Por medio de cualquiera de las con-ductas previstas en el capítulo II del título XII y en el capítulo I del título XIII, dellibro segundo de este código…6. Con sevicia…7. Colocando a la víctima ensituación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación”. De este modo, la Fiscalía determinó que los actos de tortura no eran detal entidad para ser investigados como un delito autónomo y recurrió a la agra-vante de “sevicia” del homicidio, así se omitió la tipificación de la tortura comoconducta independiente, que en este caso tenía el propósito determinado decausar terror en la población. Esta tipificación, desconoce de un lado la verda-dera intención que persigue el autor con la conducta y de otro lado, invisibilizacriterios de sistematicidad y generalidad en la práctica de este delito. De estamanera se constituye un mecanismo de impunidad y un incumplimiento al de-ber del Estado de judicializar la tortura. Debe terse en cuenta, según lo ha manifestado la Corte IDH que es “vio-latorio del derecho de acceso a la justicia que dichos procesos no abarquen latotalidad de hechos violatorios de derechos humanos […], cuya gravedad esevidente”81.79 Ibídem.80 Ibídem.81 Corte IDH. Sentencia en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs Perú, 25 de noviembre de 2006, párr. 390. 35 Recommended

References: resolución 
 artículo 25
 Artículo 13
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 4
 artículo 103
 artículo 104