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Timestamp: 2016-09-25 18:07:32+00:00

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SUMARIO: I. La justicia trasnacional y su influencia en el derecho interno. A. Desarrollo progresivo; B. El deber los Estados de “adaptar” el derecho interno. II. Control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. A. Generalidades; B. ¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión Interamericana? El valor de las Recomendaciones. C. ¿Son vinculantes los fallos de la Corte Interamericana? III. Final.
I. La justicia trasnacional y su influencia en el derecho interno A. Desarrollo progresivo A modo de introito es dable poner de resalto la incidencia que progresivamente1 ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislación interna, a tal punto que poco a poco y por su influencia se han ido modificando diversas instituciones locales —de forma y de fondo— para adaptarlas a este nuevo esquema sustancial (que nace de los tratados y del ius cogens) y adjetivo (con fuente en la Carta de la OEA, las Convenciones y en los Reglamentos).2 Hace algún tiempo hubiera sido impensable para los cultores de las ciencias jurídicas en general, y del derecho internacional en particular, imaginar que los pronun1 NIKKEN, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, 1987. 2 Corte IDH, Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Serie A No. 19, párr. 13 b.
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 131-156.
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ciamientos y las directivas o Informes emitidos por entes cuasi-judiciales y judiciales —en el caso la Comisión Interamericana Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente— podrían “meterse” en la corriente sanguínea de los distintos países con tal fuerza como para lograr trastrocar sensiblemente ciertas normas locales, incluyendo a las de linaje constitucional. Podemos señalar desde ese punto de mira que el modelo aquí abordado ha producido un doble efecto, esto es, por un lado la aparición de “decisiones” o Informes de estos organismos trasnacionales “controladores” de la actividad local (en cualquiera de sus tres poderes);3 y por otro la incorporación de una serie de preceptos (los tratados y las convenciones internacionales) que se han colado en el ámbito nacional y que aparecen como directamente operativos (self executing). Tal cual lo hemos remarcado en trabajos anteriores este fenómeno ha adquirido tanta altitud que a ningún abogado que inicia hoy un proceso de cualquier tipo —ni al juez que debe resolverlo— le puede pasar inadvertido que el pleito no termina ya —como antes— dentro de la frontera, sino que puede trascender sus límites y dirigir sus pasos hacia una senda trasnacional. ¿Quién hubiera pensado hace apenas unas décadas en semejante evolución en favor del ser humano y contra los desbordes del Estado? (que siempre resulta legitimado pasivo en estos andariveles que tramitan fuera de los limbos nacionales). ¿A quién se le hubiese ocurrido en tal época, por ejemplo, que la propia Corte Suprema de la Nación Argentina —con muy buen tino— hubiera dicho en el Caso Simón4 — luego de un desarrollo progresivo de su jurisprudencia—, que el derecho local queda supeditado al Internacional de los Derechos Humanos en los delitos de lesa humanidad y que este último ejerce una especie de tutela sobre aquél; o que en el Caso Bulacio5 ciertas decisiones firmes del más alto cuerpo de justicia del país (como por ejemplo la prescripción de la acción penal) pudieran derretirse al acatar pronunciamientos de la Corte Interamericana Derechos Humanos? De ahí entonces que resulta menester recortar el rostro del sistema interamericano para verlo con nitidez y comprender a cabalidad estos notables y plausibles adelantos y reacomodamientos que han aparecido a raíz de la jurisprudencia parida por los órganos del Pacto de San José de Costa Rica; por supuesto sin olvidar en tal sentido las decisiones de los organismos de la ONU, de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Tribunal de la Unión Europea, las que directa o indirectamente vienen ejerciendo una notable influencia en el sector interno de nuestro continente.6
MORELLO habla de soberanía compartida, “Movidas y reservas de la dimensión Trasnacional del Derecho”, Revista La Ley, Buenos Aires, 2004-B, p. 1350. 4 Corte Suprema Nacional; Simón, Julio H. y otros, sent. 14-junio-2005, La Ley, Buenos Aires, 29 de julio de 2005, comentado por Gregorio Badeni. 5 Véase, Corte Suprema Nacional; Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción, E. 224. XXXIX, fallo del 23-septiembre-2004. 6 Como dice BIAVATI, “Es difícil encontrar en los ordenamientos modernos un órgano judicial
Editorial Jurídica Venezolana. o la doble instancia en los andariveles del derecho criminal. que obligan a los países a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. y por otro —y ello es quizá lo más importante— al haber implantado un plexo normativo (art. HITTERS. p. Humberto. véase. el clásico control de constitucionalidad realizado dentro de los países —por órganos centralizados (concentrado). Ediar. Caracas. por ejemplo el de rectificación y respuesta (o derecho de réplica). 22 de la Constitución Nacional) —por medio de tratados y convenciones internacionales— que entra en el torrente jurígeno local. Ediar. Administración de Justicia en Iberoamérica y Sistemas Judiciales Comparados. y se convierte en derecho positivo. JA. Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
. Añade el autor que el Derecho Comunitario —como hoy se la conoce— probablemente no existiría sin el esfuerzo eficaz y silencioso de tal cuerpo “ubicado en el palacio urbano de la periferia del Gran Ducado de Luxemburgo”. 2006. 7 CAPPELLETTI. o fragmentariamente por cualquiera de los jueces (difuso)—9 se ha tornado a partir de entonces mucho más fascinante y abarcador. Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur. y mostrar la doble influencia que en nuestro ámbito continental tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos al poner en marcha. 8 HITTERS – FAPPIANO.8 En tal perspectiva. I. a través de su control de convencionalidad le ha echado mano a los artículos 1. 29. 1999. por un lado un control supranacional (a través de la Comisión y de la Corte Interamericana). BIAVATI. “La Corte di Giustizia dell’Unione Europea”. Juan Carlos Hitters. Paolo.1). trad. En tal aspecto no debemos olvidar que según la Corte para cumplir con el manque haya contribuído al desarrollo de la Unión Europea como lo ha hecho la Corte que funciona dentro de dicho ámbito. Mauro. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. § 9. que como consecuencia de dicha evolución. B. debiendo “adoptar” las respectivas disposiciones internas al Pacto de San José (art. 1. 75 inc. t. I. t. NOGUEIRA ALCALÁ. es dable reiterar. octubre de 2005. pp. 173 y ss. México. Juan Carlos. 2). dándole cabida al contralor de convencionalidad. en Coloquio.. El deber de los Estados de “adaptar” el derecho interno En los casos antes citados la Corte IDH.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 133
Se ha configurado así lo que hemos llamado —siguiendo a Cappelletti— la dimensión supranacional del derecho del proceso y de la justicia7 con la evidente intención de que el respeto de las libertades humanas logre un nivel metanacional y uniforme (lex universalis). “Acceso a la Justicia. 1981-III-810/814. Conclusiones de un proyecto de investigación jurídico-sociológica”. Queremos de esta manera enfatizar el valor que ha adquirido ese derecho sin fronteras.1 y 2 de la Convención. 2006. 9 Sobre los diversos sistemas de control de constitucionalidad.
del 3 de mayo de 2005. Argentina. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. párr. Paraguay (cit. 120. 220. Caso Cinco Pensionistas vs. párr. párr. Caso Yatama vs. 142. Sentencia de 28 de febrero de 2003. 123. Corte IDH. párrs. párr. 16 En ese sentido. 170. Argentina. una norma consuetudinaria prescribe que el Estado que ha firmado un convenio sobre derechos humanos debe introducir en el derecho interno las modificaciones necesarias para su incorporación a tal ámbito. 112. 13 La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A No. 98. 12 Caso Yatama vs.). 18. criterio ratificado en cada momento. párr.).14 Corroborando lo expuesto no se le ha escapado a esa institución que una norma consuetudinaria generalmente aceptada apunta a señalar que el Estado debe ‘adaptar’ sus normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre esta materia. 219. Serie C No. 119. Serie A No. 101. Serie C No. es necesario: 1) el dictado de normas y 2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades consagrados en el pacto de marras. Desde antiguo13 tal Tribunal ha establecido que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona. 205 y Caso Bulacio vs. Serie C No. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. 140 a 144. párr. Caso Caesar vs. Serie C No. 2. y adquiere sentido. Idem caso Yatama vs. 91.134 • Juan Carlos Hitters
dato del aludido art. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 100. párr. Sent. Serie C No. 17 Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. 17. Guatemala (cit. Caso Bulacio. párr.). Sentencia 11 de marzo 2005. por un lado el valor del derecho de gentes. Verbitsky. sus garantías. del 17 de septiembre de 2003. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. 34. párr. 11 Corte IDH. párr. Paraguay (cit.). Sentencia de 23 de junio de 2005. párr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” (cit. Opinión Consultiva OC-18/03. Nicaragua (cit. en la que cada componente se describe completa. Caso Lori Berenson Mejía. Caso Lori Berenson Mejía (cit. 206.). Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 15 Corte IDH.16 y por otro la influencia de los tratados17 y de la jurisprudencia internacional. 127. 18 Corte Suprema de la Nación. 140. s/ habeas corpus. 6. 59. Nicaragua.). Trinidad y Tobago. 14 Opinión Consultiva OC-17/02. para el cual el Estado debe ‘adaptar’ su actuación a la normativa de protección de la convención”12 (el entrecomillado nos pertenece). y Estado de Derecho.18
10 Corte IDH. 97. en función de los otros. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”.15 Es importante repetir que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pivotea sobre dos cuadrantes fundamentales. Perú. 164. párr. y Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. de 28 de agosto de 2002. Por ello como —ya lo dijimos— resulta obligatorio suprimir los ‘preceptos’ y las ‘prácticas’ de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías10 previstas en la Convención. párr.11 “Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile). Caso Cantos vs. 100. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 205. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 92. Horacio. Serie A No. Serie C No. constituyen una tríada”. párr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados.
. párr.
2003-D. a través de algunos de sus poderes. “Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas interamericano y europeos”. Costa Rica. no se trata en verdad de “revisar” las sentencias de los tribunales domésticos.167. Generalidades La Corte IDH ha dejado en claro desde siempre que. ya que su misión consiste en ‘controlar’ si las normas locaComo bien apunta el Juez CANÇADO TRINDADE. y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. 121. párr. con ciertas disidencias. 1373. puesto que la Comisión y la Corte como únicos órganos de supervisión. en El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. (GERMÁN.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 135
II.21 Esa doctrina legal que ‘indirectamente’ tolera la fiscalización de la actividad jurisdiccional doméstica ha sido recibida por la Corte Suprema de la Nación Argentina con cierta cautela y con algunas idas y vueltas. Perú. Caso Palamara Iribarne vs. p. Albar y CANÇADO TRINDADE. Sentencia de 7 de febrero de 2006. otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto. Serie C No. Serie C No. 20 Corte IDH. Chile. 1998. Colombia.20 En ese mismo sentido ha añadido que sólo circunstancias excepcionales pueden conducir a que el cuerpo supranacional “…deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”. Antonio.. eventualmente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una decisión cuando ésta afecta derechos de individuos protegidos por la convención y se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada”. 198. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Cox Editores.22 Hemos querido adelantar a modo propedéutico que ese Tribunal internacional ha sentado la postura en el sentido de que por regla. Párr. párr. 22 HITTERS.
. órganos o agentes. Control de convencionalidad y el control de constitucionalidad A. Juan Carlos. Serie C No. Corte IDH. no se ocupa en sí de las cuestiones domésticas sino que su tarea es la de inspeccionar si los países han violado o no las convenciones sujetas a su competencia. La Ley. sino de una función más importante e imprescindible dentro de un mecanismo que se jacta de ser protector de los derechos humanos. Ante este tribunal [agregó]. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. 21 Corte IDH. 135. “Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos”. 584). Caso de la Masacre de Mapiripán vs. en principio. 144. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. él no se ocupa de modificar en forma directa el derecho interno. aunque como veremos. 13. pueden y deben determinar la compatibilidad o no con el Pacto de San José de cualquier acto u omisión en que incurran los Estados. p. en los últimos tiempos fue acatada in totum. Buenos Aires.19 Por ello ha establecido —sin entrometerse en las jurisdicciones locales— que una sentencia con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos “…tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva.
es decir los provenientes de una denuncia. OEA. y en distintos tipos de casos. Idem.25 Todo ello —no sin ciertas dudas— nos permite expresar que determinados pronunciamientos. p. Daniel. Tal sería el encuadre de la Comisión. p. pueden considerarse intrínsecamente obligatorios. en los casos en los que actúa a través de un verdadero proceso.23 en las denuncias individuales regidas por la Convención. II. las decisiones reúnen las condiciones para ser obligatorias. Comisión Andina de Juristas. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos”. pp. HITTERS. por lo que en estas situaciones la Comisión actúa como un organismo cuasi-jurisdiccional. 2ª ed. La Comisión produce Informes. ejerciendo la misión jurígena de individualización del derecho. ya que —por ejemplo— algunos entes de naturaleza no judicial. ya que se trata de un “proceso” con todas las garantías. Antes que nada importa destacar que el tema es ríspido. jurídico y político. y por ende —repetimos—. cit.
. aunque se ve una gran similitud con éstas. sobre todo partiendo de la base de que este cuerpo actúa en varias esferas. No es fácil saber si tales pronunciamientos tienen o no efecto vinculante. 1980. en La Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La revisión de las sentencias nacionales por los organismos interamericanos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
23 O’DONNELL. 1989. p. es posible la actividad contenciosa de un cuerpo no jurisdiccional. Trinidad. Perú. 24 DUNSHEE DE ABRANCHES. ya que dicho cuerpo no goza de jerarquía jurisdiccional en sentido estricto. B. podemos decir que como resulta por demás sabido.. 25 O’DONNELL. Conclusiones y Recomendaciones. op. JA-2006-I. Juan Carlos. y por ende no dicta “sentencias” como la Corte Interamericana. que deviene luego de un “proceso” con todas las garantías.. Protección internacional de los derechos humanos. 278-279. 1999. pp. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. CHIABRERA. 487 y 490. 1272. Como lo hace ver O’Donnell.136 • Juan Carlos Hitters
les acatan —o no— las convenciones internacionales. Washington. incluyendo indemnizaciones en favor de las víctimas. 487-490. como muy bien remarca O’Donnell. que por lo menos poseen un notorio valor moral. op.. Carlos. a tal punto que sus resoluciones poseen las mismas formalidades que un fallo. no se convierte en una ’cuarta instancia’ que deja sin efecto las leyes de los países. Ediar. Sin embargo. el organismo que nos ocupa ha comenzado hace ya tiempo a llevar a cabo una interpretación de las consecuencias legales de las violaciones. cit. y 392. pueden ejercitar ciertas actividades de aquel tipo. Véase también.24 Sin pretender entrar en elucubraciones demasiado complicadas ni en discusiones ateneístas. t. ¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión Interamericana? El valor de las Recomendaciones Corresponde preguntarse si las “decisiones” de la Comisión tienen valor vinculante. 490.
Caso 11. y el caso terminó en una Solución Amistosa (previa conmutación de la pena). Casal. por lo que el afectado llegó a la Comisión considerando que se había violado el aludido art. que fue rechazado. y este fue uno de los motivos para que en el ámbito doméstico se crearan algunos Tribunales de Casación penal.077 (Adla. Juan Carlos.
y 393. t.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 137
con valor moral y jurídico aunque por supuesto no son “ejecutables”. por lo que llegó en queja ante la Corte Federal. 2535). pp. por ser extraordinaria y por ende limitada por regla a las cuestiones de derecho.27 Lo cierto —y como es por demás conocido— es que la Comisión Interamericana contradijo esas pautas y sostuvo en el caso “Maqueda” que el aludido remedio no cumplía con el requisito de la doble instancia. Derecho Internacional de los Derechos Humanos.h. De todos modos no debemos olvidarnos que una de las características del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto. cit. 282-283. por lo que la Comisión desistió de la pretensión incoada. mas —como es sabido— ello no fue así. II. es que la mayoría de sus decisiones no tienen esta última característica. Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa n° 1681—. Fallos 311:274. 1999. El cuerpo Interamericano. la que en 1992 la repelió. el 9 de febrero de 1994. Interpuso ante ese Tribunal el recurso extraordinario federal. Todo hacía pensar que al estar luego en funcionamiento los tribunales de casación los problemas estaban solucionados. pues algunos pensaron hace ya tiempo que ese requisito se cumplía con la posibilidad de incoar el recurso extraordinario federal que tipifica el artículo 14 de la vieja ley federal 48. Guillermo Maqueda intervino el movimiento sedicioso de “La Tablada” en el que los rebeldes tomaron una unidad militar. Por ejemplo. 29 Informe de la Comisión. El afectado inició —por medio de la Comisión— una demanda ante la Corte regional. Corte Suprema. 8.2 h del Pacto de San José de Costa Rica impone el derecho que tiene el inculpado por un delito a recurrir ante una instancia superior. mientras que otros sostuvieron —sobre todo la jurisprudencia interamericana— que tal vía. emitió su Informe. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el viejo caso “Jáuregui” había resuelto que el requisito de la doble instancia se acataba con la posibilidad de incoar el recurso extraordinario federal.. Allí dicho tribunal prácticamente ordinarizó el recurso de casación en el ámbito nacional.2.
.086 (9 de febrero de 1994).28 El citado caso “Maqueda” fue el leading case29 en esta problemática. que imponía el juzgamiento por dicho órgano en instancia única. Dicho precepto ha dado lugar a un largo y antiguo debate en la Argentina.26 Abordamos esta problemática para intentar demostrar la influencia que han tenido en el ámbito interno argentino las Recomendaciones de la Comisión. el art. no cubría las expectativas de aquella norma supranacional. 8. ya que la Co26
HITTERS. pero producen efectos vinculantes indirectos. de 20/09/2005. XLIV-C. sosteniendo que efectivamente el Estado Argentino infringió tal norma. Por ello fue condenado en 1990 por la Cámara Federal de San Martín en virtud de un procedimiento especial regulado por la ley 23. op. Sent.
). 8. En el renombrado caso “Giroldi”. y a la par el art. 33 Fallos 321:3565.33 de similares características a “Maqueda”.a 35 La minoría en cambio. lo cierto es que la Corte Argentina había dicho en “Giroldi” y “Bramajo” —como vimos— que las mismas debían “servir de guía” para la interpretación de los tratados. donde se les dio jerarquía constitucional a ciertos documentos de derechos humanos. que el recurso federal no es idóneo para la doble instancia pues por regla no admite el control de los hechos ni de la valoración de la prueba. que en virtud de dicha reforma adquirió jerarquía constitucional (art.31 del 7 de abril de 1995. 75 inc. En el caso “Abella” (juzgado también por el alzamiento de La Tablada). que luego se potenciaron en el caso “Felicetti”. del 28 de diciembre de 1998. 8.30 habida cuenta de que el recurso de marras no resultaba apto —se dijo entonces— para satisfacer la doble instancia.2. “Abella”. Reiteró allí la Comisión. que teniendo en cuenta dicha reforma y “considerando su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales para su interpretación y aplicación…” el recurso extraordinario federal no era apto para acatar lo dispuesto en el art. 31 Fallos 318:514. y posteriores. Empero luego a partir del caso “Acosta”34 (fallado en 1998) hizo algunos cambios —retrocesos— respecto a su anterior postura. en su Informe del 18 de noviembre de 1997. 32 Fallos 319:1840. y luego ya de la Reforma Constitucional de 1994. dijo que si bien la Constitución Nacional no impone la doble instancia —recordemos que ya había sido modificada en 1994— sí lo hace el Pacto de San José de Costa Rica en el art.
. es una de las condenadas en la causa “Abella” (La Tablada)—35 que los Informes de la Comisión no resultan vinculantes para el Poder Judicial. añadiendo que los organisHabla de que toda persona tiene el derecho al ejercicio de un “recurso sencillo y rápido” que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. 22. entre ellos el Pacto de San José. constituida por los jueces Boggiano y Bossert.2 h. cambió su postura sentada en “Jauregui” y terminó diciendo. postura que ratificó en los casos “Giroldi”.138 • Juan Carlos Hitters
misión dejó sentado que el Estado argentino había violado el art. la Corte Suprema de la Nación. Puso de relieve en Acosta la mayoría de la CSN —repárese que Claudia Acosta. 34 Fallos 321: 3564. la Comisión. Tales razonamientos se aplicaron a rajatabla en el “Bramajo”32 y en otros asuntos ulteriores.2 h. 25 de la misma Convención. 8. le dieron valor vinculante.h del aludido Pacto. Añadió que la jurisprudencia de los tribunales internacionales “debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (la bastardilla no está en el texto original). A los fines de conocer cuál es el valor —vinculante— de las Recomendaciones de la Comisión.
). pero de ahí no puede deducirse que sus pronunciamientos no sean vinculantes. adopte las medidas necesarias con arreglo a sus predicamentos constitucionales. Sostuvo —también por mayoría— que las Recomendaciones de la Comisión en el Caso “Abella”39 lo fueron para el futuro. la garantía judicial del derecho de apelación a las personas procesadas bajo la ley 23. 39 Recomendó allí la Comisión en el caso que ya hemos analizado “…Que en cumplimiento de esas obligaciones previstas en los artículos 2 y 8. ‘en lo sucesivo’. lo que pide dicha norma —enfatizó— es que la condena provenga de un tribunal superior. Lo cierto es que con ese razonamiento de un plumazo casi se pulveriza la doble instancia. ésta ratificó la postura expresada en Acosta. ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido. 8. 41 El doctor Boggiano. en la causa “Recurso de hecho deducido por Jorge Francisco Alonso en la causa Alonso…” incoado el 19/09/2002.36 Conviene acotar que la minoría —de los ex jueces Boggiano y Bossert— se puso en las antípodas dando pleno valor a esos pronunciamientos. una cuarta instancia. cuando en 1998 la Cámara Federal lo condenó estaba en vigencia el art. incluyendo los fallos de la Corte Interamericana. Una interpretación distinta pondría en pugna la cláusula
La mayoría de la Corte dijo allí que por razones de seguridad jurídica las decisiones de los jueces argentinos no pueden revisarse por “ninguna jurisprudencia internacional”. que en este caso particular de Fellicetti (La Tablada).41 Expresó allí la mayoría —en síntesis— que el citado precepto “…no implica descalificar genéricamente la instancia única sino asegurar que la condena definitiva no provenga de un tribunal inferior en la escala jerárquica sino de la instancia más alta. con lo que el juzgamiento directo por ésta… en modo alguno afecta las garantías de derecho de los procesados.2 h de la Convención Americana. que puede “casar” fallos del derecho interno (solo debe decir que viola la Convención). Ello es cierto. como parte de la minoría puso de relieve.2 h.37 En el caso “Fellicetti”38 resuelto por la Corte Argentina el 21 de diciembre de 2000.2. no para los ya decididos.077…” (la comilla simple nos corresponde). y añadió algunos conceptos. al no tratarse aquellas decisiones vinculantes para el Poder Judicial”.h no requiere la renovación del debate ante un organismo jurisdiccional superior. Ahora —dijo— se puede mejorar la situación de encartado por vía del recurso de revisión que fue la vía ejercida por éste. 8. a fin de hacer plenamente efectiva. aunque de todos modos no los consideró vinculantes. 40 Criterio ratificado recientemente.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 139
mos internacionales no son otra instancia respecto de los tribunales argentinos. Señaló también que el Estado Argentino en cumplimiento de sus obligaciones internacionales “debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta razonable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión.
. 38 Fallos 323:4131. 37 Sostuvieron que dichas recomendaciones son vinculantes para todos los jueces del país (Fallos 321 y ss. y por lo tanto imperaba la doble instancia.40 Además puntualizó algo que nunca había dicho: que el art. ya que el órgano jurisdiccional interamericano no es.
45 En suma podemos decir que la Corte Nacional en anteriores integraciones había dado marchas y contramarchas “minorizando” el valor de los pronunciamientos de la Comisión. 1999-II-364. Néstor. JA. ya que al principio tanto en “Giroldi” como en “Bramajo” sostenía que los mismos debían servir de guía. por provenir de un organismo típicamente jurisdiccional. 1999-II-357. Juan Carlos. semejante conflicto carecería de solución… lo que la Convención aseguró.. (entre otros).42 En tal aspecto coincidimos entonces con Germán Bidart Campos y con Susana Albanese43 en los vinculantes efectos que tienen para los jueces del derecho interno las opiniones y decisiones de los dos órganos interamericanos del Pacto de San José. estarían desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que se han afiliado y en el que asumieron sus obligaciones. quedaran librados a merced y discreción de las autoridades argentinas…”. pues fue que la condena proviniese del tribunal superior en grado y no de uno inferior. debía tenerse en cuenta que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados —ratificado por Argentina— dice que no puede invocarse ninguna norma de derecho interno para infringir una convención internacional. 8. 43. 45 SAGÜÉS. cit. op. 44 Trabajo citado.2 h lo que no decía. En trabajos anteriores dijimos que no compartíamos aquella solución. 75 inc.. pues si los Estados se reservaran el derecho a interpretar las Recomendaciones de la Comisión. en especial p. titulado “El valor de las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.44 En tal sentido debemos reconocer la fuerza jurígena que tienen las Opiniones Consultivas y con mayor razón los fallos de la Corte Interamericana. Y en la época que la sentencia fue dictada no había sido aún creada la Cámara Nacional de Casación y los tribunales superiores de las causas penales federales eran las Cámaras Federales de Apelaciones”. pues ambas tienen sin lugar a dudas gran valor por imperio de lo establecido en el art. “Criterios establecidos…”.140 • Juan Carlos Hitters
del pacto con el art. 117 de la Constitución según la cual la Corte Suprema tiene competencia originaria y exclusiva en ciertas causas…. Véase. ya que la Corte Nacional le había hecho decir al art. reiterando allí algunos criterios ya esbozados con anHITTERS. y en todo caso ante la eventual colisión de normas. “Nuevamente sobre el valor. 22 de la Constitución.
. En un trabajo publicado bajo la autoría de ambos en JA. Dicen estos autores que el acatamiento de la Argentina a la jurisdicción supraestatal de la Comisión y de la Corte “perdería el sentido que ha de asignarle la buena fe en las relaciones internacionales si los informes de la Comisión. para jueces argentinos de los pronunciamientos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. en vez de resultar obligatorios. para aplicarlas en el ámbito doméstico según las circunstancias de cada caso concreto..
p. 47 Véase Felicetti.48 C. Maqueda. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 156. 108. del año 1999 (Fallos 323:2488) (La Ley. por lo que preferimos la posición minoritaria. 2001-C.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 141
terioridad. México. párr. Véase. 1992-C. Quedó en claro en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación que los Informes y las Opiniones de la Comisión constituyen criterios jurídicos valiosos de implementación y ordenación valorativa de las cláusulas del Pacto de Costa Rica. 543. p. Caso Cantos. ese camino no ha sido llano para los tribunales de los diversos países que componen el modelo aquí analizado. a tal punto que la Corte Suprema de la Nación Argentina ha ido evolucionando progresivamente —con marchas y contramarchas— para cumplimentar con los pronunciamientos tanto de la Comisión como los de la Corte regional. La Ley. sent. Con respecto al incumplimiento de los tratados en el ámbito doméstico este país fue por primera vez condenado por la Corte Interamericana en el año 2002 en el Caso “Cantos”. Germán. “Juicio Internacional a la Justicia Argentina. ¿Son vinculantes los fallos de la Corte Interamericana? 1. R. (323:4130). del año 1992 (Fallos 315:1492). por violentar los artículos 1. “al no tratase aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial” (la bastardilla no está en el texto). 48 Voto del Dr.XXXVII. 1992-2-296. Ekmekdjian c. Hagelin Ragnar. DJ.50 Ese tribunal mandó a la Argentina —entre otros tópicos— a fijar nuevamente de manera razonable
Caso. Roberto y otros (La Tablada). pronunciamiento del 28 de noviembre de 2002. XXXVI. Boggiano y Bossert en Fallos: 321:3555. Idem voto de los Dres.1. 2000-B. empero ello no equivale a consagrar —dijo entonces la mayoría— el deber de los jueces de dar cumplimiento a su contenido. Sergio. Revista La Ley. Los Derechos Humanos y la jurisdicción interamericana. DJ. 1. 15. 17.49 Sin embargo. 50. 787. que con el correr de los tiempos hizo mayoría. al perjudicar el acceso a la justicia del reclamante. Tasas. véase. 2001.46 En “Feliccetti”.
. 49 GARCÍA RAMÍREZ. 21/12/2000. UNAM. que deben ser tomadas en cuenta para adoptar decisiones en el derecho interno armonizadas con aquéllas. T.47 Criterio éste que nos pareció equivocado. siguió la doctrina “Acosta” —como ya hemos anticipado— sosteniendo que el Estado Argentino debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuestas favorables a las Recomendaciones de la Comisión. 2001-1-1120). 50 Corte IDH. GONZÁLES CAMPAÑA. costas y plazos en la mira de la Corte Interamericana”. también Caso Gorriarán Merlo. 2003-C. En el caso concreto Destacamos ya que las sentencias de la Corte IDH deben ser acatados por la jurisdicción interna. 1996-1-770. F. Sofovich. honorarios.
117) ni obstaculizar decisiones de órganos internacionales (párr.). 7. 8. Fayt puso de relieve que si bien es cierto que hay que acatar el fallo del aludido cuerpo regional (Fallos 321:3555). E. Luego.142 • Juan Carlos Hitters
los gastos de un pleito por considerar que los determinados con anterioridad implicaban limitaciones económicas para el acceso a la justicia. en el ámbito local no se concluyó todavía la nueva investigación ni se modificaron en su totalidad las normas domésticas implicaCorte Suprema de la Nación Argentina. (véase el voto de la minoría Dres.
. aunque —en este caso— tal actitud perjudique el derecho de defensa en el derecho interno. La Corte Nacional —en un interesantísimo decisorio y por entonces con una nueva integración— cambió de tornas y —con algunas disidencias pero en concordancia argumental— acató a cabalidad aquella sentencia. Argentina (cit. dispuso por el Decreto 1313 del 11 de agosto de 2008. 2 y 25 del Pacto de Costa Rica). un caso de impunidad por lo que el Estado debe concluir la investigación e informar sobre sus avances (párr. se ha configurado. añadió. por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. que tiene raigambre constitucional. Sin embargo la minoría entendió que el fallo debía respetarse en su totalidad por ser el mismo vinculante.51 Finalmente esa circunstancia y a fin de dar cumplimiento con la sentencia interamericana. 54 Pese a las disidencias antes señaladas todos los integrantes de la Corte Nacional (con algunas variantes argumentales) han acatado el pronunciamiento aludido partiendo de la base de que ella como parte del Estado debe cumplir los fallos de la Corte Interamericana. Espósito.224 39 del 23 de diciembre del 2004.1 de la Convención. En este aspecto el Dr. En dicho asunto (año 2003) el citado órgano local no dio total acatamiento al decisorio referido invocando razones de “derecho interno”. se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes.54 Empero —vale la pena señalarlo—. Expte. 116) mediante los cuales se pretenda impedir la investigación (arts. en esta oportunidad por la muerte de un joven por parte de la policía. Boggiano y Maqueda).1. Dispuso allí que se investigue y se sancione a los responsables y que sean indemnizados los familiares. Dijo por ejemplo que la reducción de los emolumentos de los peritos oficiales que no habían participado en el juicio internacional afectaba el derecho de defensa. 1307/2003 Decisorio del 21 de agosto de 2003. disponiendo que se juzgue nuevamente al mismo. Puso énfasis allí la Corte Interamericana siguiendo sus precedentes que son inadmisibles las disposiciones sobre prescripción o de cualquier otro obstáculo de derecho interno (párr. 119). 191) 53 Corte Suprema de la Nación Argentina. en el Caso “Bulacio”52 la Corte IDH condenó nuevamente a la Argentina por violar los artículos 4. 25 y 1. la competencia de la Corte Interamericana —añadió— se refiere exclusivamente a la responsabilidad del Estado y no a la de los individuos. Caso Bulacio vs. 52 Corte IDH.53 a tal punto que dejó sin efecto un fallo local que había decretado la prescripción de la acción penal a favor del imputado (Comisario Espósito). ello no significa que haya que restringir los derecho procesales de los individuos. 1. Miguel Ángel s/ incidente de prescripción. que el Poder Ejecutivo Nacional. Ninguna disposición de la legislación doméstica puede impedir el cumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a investigar y sancionar a los responsables (párr.
encomendar al Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Justicia.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 143
das. en mérito a ello. y la Resolución Nº 74 del 1º de agosto del corriente del Señor Procurador del Tesoro de la Nación. resolvió revocar la declaración de extinción de la acción penal por prescripción en las actuaciones judiciales que investigan la privación ilegal de la libertad de Walter David Bulacio. Seguridad y Derechos Humanos. Miguel Angel sobre incidente de prescripción de la acción penal’.520 —t. dictó en el año 2008 el decreto 1313. En el ámbito del Ministerio de Justicia. en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones’. Bulacio. lo que en el caso requiere que. entre otras obligaciones. entre los que se encuentra el de garantizar a los familiares de la víctima el derecho a la tutela judicial efectiva. iniciado con la denuncia que presentaran los familiares de Walter David Bulacio por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miguel Ángel s/ incidente. con el máximo respeto a la división constitucional de poderes. en los autos ‘Espósito. es el órgano a través del cual el Gobierno Nacional desarrolla la política en materia de promoción y defensa de los derechos humanos (conforme artículo 22 de la Ley de Ministerios. Argentina’ (Nº 11. el Señor Procurador del Tesoro de la Nación dispuso mediante Resolución Nº 74 del 1º de agosto del corriente. Seguridad y Derechos Humanos. antes aludido.752) en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. el Decreto Nº 161 de fecha 31 de enero de 2003. ambos en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. iniciado con la denuncia que presentara José María Cantos por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. según Decreto Nº 438/92— y sus modificatorias). Nº 22. Por ello el Gobierno Argentino. por fallo del 23 de diciembre de 2004. Que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de su declaración de responsabilidad internacional. por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos. la de ‘proseguir y concluir la investigación del conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos’. Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las resoluciones necesarias para que el señor Secretario de Derechos Humanos. Argentina’ (Nº 11. de prescripción de la acción penal’ del 23 de diciembre de 2004. As. pueda intervenir como parte querellante en las causas en que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter D. Que. corresponde autorizar al titular del referido Ministerio para el dictado de los
. Considerando: Que por acuerdo suscripto el 26 de febrero de 2003 con los representantes de la familia de Walter David Bulacio y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional en el caso ‘Bulacio vs. y la representación del Estado Nacional en la causa caratulada Caso Nº 11. Visto. a los efectos de evitar nuevas condenas. el tribunal internacional impuso al Estado argentino. y.636 del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Bulacio vs. Que. como lo dispuso el fallo de la Corte IDH. Que el Ministerio de Justicia. en consecuencia. y la de ‘que los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar. Bs.o.752) de fecha 18 de septiembre de 2003.. en otro orden.752 del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 11/8/2008. Que.55
[“Decreto 1313/2008. la representación del Estado Nacional en el Expediente Nº 11. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que por sentencia recaída en el caso el 18 de septiembre de 2003. el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos ‘Espósito. el Poder Ejecutivo nacional adopte intervención en las actuaciones judiciales de referencia.
Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las resoluciones necesarias para que la Secretaría de Derechos Humanos.144 • Juan Carlos Hitters
Vemos en “Espósito” (“Bulacio”) un avance en la jurisprudencia interna. 5382). a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos. t. 3º. Fallos: 321:3555. 2º — En el ámbito del Ministerio de Justicia. CSN.—Aníbal D. Dicho criterio fue ampliamente confirmado y ampliado en el Caso “Simón”. sent. María Angélica. constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados del Pacto de San José (CSN. puedan intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David Bulacio. El Señor Secretario de Derechos Humanos podrá encomendar las tareas de seguimiento de las respectivas causas judiciales a profesionales que actúen en el organismo a su cargo. ART. “El terrorismo y el desarrollo progresivo de un delito internacional”. Mesquida. 20 de septiembre de 2005. así como las directivas de la Comisión.1.—Comuníquese.752 [Espósito] del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Revista La Ley. —Fernández de Kirchner. debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho Tribunal internacional …” (párr. 57 Idem. ART. XXXVIII. 56 Véanse los casos Laríz Irondo y Arancibia Clavel. Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las resoluciones necesarias para que el Señor Secretario de Derechos Humanos. La Ley. 329. de la Constitución Nacional confiere competencia para el dictado del presente acto.752 [Espósito] del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. M. en principio. p. pueda intervenir como parte querellante en las causas en que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David Bulacio. 6)57 [énfasis agregado]. sus similitudes y diferencias con respecto a delitos de lesa humanidad. por lo cual también esta Corte. Buenos Aires. publíquese. CADH). No hace mucho ese órgano jurisdiccional ha expresado que la jurisprudencia de la Corte IDH. 58 Corte Suprema Nacional. Que la especialidad de la materia de que se trata. Por ello. 68. Aquí ese tribunal ya no habla de que los preceptos deben “servir de guía”.636 [Cantos] y Nº 11.56 En efecto. asuma la representación del Estado Nacional en los Expedientes Nº 11. o los funcionarios a quienes se les encomiende ese cometido. 14-junio-2005. y otros. Julio H. La Presidenta de la Nación Argentina Decreta: ART. Que el artículo 99.—En el ámbito del Ministerio de Justicia.
. sostuvo sin eufemismos ese cuerpo —por mayoría— que “…la decisión [de la Corte IDH] … resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. El Señor Secretario de Derechos Humanos podrá encomendar las tareas de seguimiento de las referidas causas a profesionales que actúen en el organismo a su cargo. Simón. ajena al cometido habitual de los servicios jurídicos permanentes y delegados del Cuerpo de Abogados del Estado. inciso 1.58 donde el más alto Tribunal doméstico parando mientes en los delitos de lesa humaniactos necesarios a fin de que la Secretaría de Derechos Humanos. 29 de julio de 2005. configura una situación excepcional que torna procedente la designación de abogados que actúen en forma específica para el fin propuesto. 1º.636 [Cantos] y Nº 11. Gregorio Hugo y otro c/ Estado nacional – Armada Argentina y otro s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad. 28/11/2006. Fernández”]. como asimismo asumir la representación del Estado Nacional en los Expedientes Nº 11. en GELLI.678. como decía en “Giroldi” y “Bramajo”.
—Representante del Centro de Estudios Legales y Sociales—. 29 de julio de 2005). podemos citar el caso “Verbitsky” donde el referido cuerpo. Caso Baena Ricardo y otros vs. extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”. 61 Todo ello basándose en la doctrina jurisdiccional del referido tribunal regional (véase. Véase. 65 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Víctor R. Juan Carlos. 1022).521) y “punto final” (Ley 23. Revista La Ley.DJ 18/05/2005. que en su brillante voto consideró que la Corte IDH no puede decidir sin base legal retroactivamente la imprescriptibilidad de la acción penal (párr. siguiendo los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Buenos Aires. Penal 2005 (agosto). 162. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001.62 han sido casi siempre respetuosos de los fallos de la Corte IDH no sólo en cuanto a la reparación económica. Corte IDH. BASTERRA. 2005/05/03.) . ordenó al Poder Judicial bonaerense adaptar las condiciones carcelarias a los conceptos modernos y a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a llevar a cabo acciones en tal sentido. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. “Imposibilidad de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el caso de Perú)”. 818. La Ley. de casación. Los países —salvo algunas excepciones como en Perú que finalmente luego aceptó una condena—. 16. Véase Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs.65
59 Esta vez con la disidencia del Dr. p. Chile. 63 Corte IDH. Perú (cit. Fayt. Sup. 62 Véase. CORVALÁN. sino también cuando ordenan al poder público llevar a cabo ciertas conductas reparatorias63 tanto de hacer como de no hacer. 174 .909. “Verbitsky. Rec. Calógero. Const 2005 (julio). Buenos Aires. Buenos Aires. 62.
. En el caso “Casal” la CSN ratificó lo dicho en “Simón”. 104. Serie C No. La Ley. Perú. Rec.Sup. Juan Carlos. La Ley. p. Casos: Barrios Altos vs. Diciembre de 2005.492). Serie C No. de cumplimiento obligatorio para los Estados. 154. HITTERS. con nota de Marcela I. tales como el de la irretroactividad de la ley penal (en este caso en perjuicio del reo). Serie C N° 75). Serie C No. LORENTI (H. “Los Tribunales supranacionales”. 1999-F.60 Para ello —con buen tino— y siguiendo el modelo interamericano dinamitó varios postulados jurídicos. Caso Yatama vs. 60 Dicho pronunciamiento fue criticado por varios autores (entre ellos por BADENI. P. Perú (Sentencia de 14 de marzo de 2001.83. Serie C No. la Academia Nacional de Derecho y por el Colegio de Abogados de Buenos Aires. 64 Corte IDH.) y Tribunal Constitucional vs. 71). p. Panamá. HITTERS. el de la cosa juzgada y el de la prescriptibilidad de las acciones. con nota de María de los Ángeles MILICIC. Caso La Cantuta vs. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.61 La Corte regional siguiendo lo dispuesto por los arts. “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. 32.).64 Por último y para demostrar esta influencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno. Pedro M. no ya en el asunto concreto sino como doctrina legal. Habeas corpus. PIZZOLO. El bloque constitucional federal”. La Ley. 893. Horacio”. “Verbitsky. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.1 del Pacto de Costa Rica ha dicho que sus fallos son —en el caso concreto—. Nicaragua (cit. La Cantuta vs. 2006-D. Gregorio.3 y 68. “El Caso Simón y la supremacía constitucional”. Ver también Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 2006-E.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 145
dad decretó —por mayoría—59 la inconstitucionalidad de dos leyes de impunidad como las llamadas de “obediencia de vida” (Ley 23. 7). Horacio. Corte IDH.
3 de dicho tratado. b) preventiva. Perú (cit.). pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte. La Cantuta vs. en este caso. desde luego. y.) y Tribunal Constitucional vs. Expediente N° 2730-06-PA/TC. lamentablemente. Casos: Barrios Altos vs. Casos: “Barrios Altos”. la Corte IDH en el caso “La Cantuta” ha expresado que “…De las normas y jurisprudencia de derecho interno analizadas. por ende.). párrs. Perú (cit. en general.
. “El Tribunal Constitucional de Perú” y “La Cantuta” (obligatoriedad para todos los poderes públicos) En los últimos tiempos la Corte IDH refiriéndose al derecho interno peruano y a partir de los casos: “Barrios Altos”. incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. a este Tribunal […] La cualidad constitucional de esta vinculación derivada directamente de la CDFT de la Constitución. con el agregado de que. hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso. lo cual se refleja en
66 Corte IDH. ha puesto énfasis en señalar los efectos erga omnes de sus fallos para todo el derecho interno de un país. pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la [Corte Interamericana]. por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria] CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso). queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección. En efecto. 67 Tribunal Constitucional en el caso Arturo Castillo Chirinos. Si esa Sentencia fue determinante en que lo allí dispuesto tiene efectos generales. nuestro Estado conoce en demasía. ciertamente.146 • Juan Carlos Hitters
2. evitar que este negativo fenómeno se reitere”67 [énfasis añadido]. en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional. Efecto expansivo. la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte Interamericana. se concluye que las decisiones de esta Corte tienen efectos inmediatos y vinculantes y que. del 21 de julio de 2006. Es deber de este Tribunal y. Perú. tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) reparadora. Perú (cit. “El Tribunal Constitucional de Perú” y especialmente en “La Cantuta”.66 El propio Tribunal Constitucional de dicha nación ha ratificado los efectos atrapantes de los decisorios de marras de la siguiente manera: “…La vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva (la cual. En efecto. 12 y 13. esa declaración conforma ipso iure parte del derecho interno peruano. aunada al mandato de la CDFT de la Constitución. reconocida en el artículo 62. la sentencia dictada en el caso Barrios Altos está plenamente incorporada a nivel normativo interno. incluyendo. de las que. sea vinculante para todos los poderes públicos internos. sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi. de todo poder público.
186. salvo obviamente. a los fundamentos del fallo. cómo dicho órgano interamericano ha “amplificado” notablemente su tradicional doctrina legal. Rubinzal-Culzoni Editores. 2008.). en cualquiera de los países signatarios. 7 y voto del Dr. en El papel de los Tribunales Superiores. para el caso concreto. con efecto erga omnes. Buenos Aires. como en los casos “Tribunal Constitucional de Perú” y en “La Cantuta”. Acatamiento amplio (efecto erga omnes) Ya hemos puntualizado —quizá con demasiada insistencia—. Fayt. sosteniendo ahora que la vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte resolutiva.). dispone que si un Estado firma un Tratado internacional —particularmente en el ámbito de los derechos humanos—.
. que las sentencias de dicho órgano son obligatorias para el caso concreto. Perú (cit. Segunda parte. y en algunas circunstancias para los demás asuntos de la misma esencia (como en Perú). la Corte IDH se comportó como un Tribunal Constitucional anulando las leyes de amnistía. BERIZONCE. (que vale para el caso particular).68 Por ende. sino que se multiplica expansivamente (valga la redundancia). 70 GOZAÍNI. Dichas pautas fueron aplicadas por la CSN en varios casos. p. voto del Dr. 3. Perú (cit. La duda aparece cuando se pretende saber si sus fallos originan una especie de ‘doctrina legal’ de aplicación digamos obligatoria no sólo para los delitos de lesa humanidad sino para todos los casos similares. obligando a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos similares. 31. lo cierto es que ninguna norma del Pacto de San José le da el carácter vinculante. entre los que podemos citar: Hagelin. párr. Roberto.70 Empero. 307. tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar los pronunciamientos de los órganos supranacionales correspondientes. En este orden de pensamiento parece preciso acotar que el postulado de la buena fe impuesto por el art. Osvaldo. Juan Carlos y OTEIZA. Ragner (cit.). Augusto Mario Morello. Boggiano. válido para todos los asuntos a los decisorios de la Corte IDH. a lo que añadimos que tal temperamento ha sido receptado también por nuestra CSN. 4. entonces. HITTERS. en los temas vinculados con delitos de lesa humanidad donde se han aplicado a rajatabla dichas pautas jurisdiccionales tal cual lo hemos ya señalado. citando el caso Barrios Altos vs. párr. Estudios en honor del Dr.
68 Caso La Cantuta vs. “Incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno”. Eduardo (coordinadores). importa parar mientes en que tanto en “Barrios Altos”.1 de la Convención de Viena. 69 Repárese en la similitud que tienen dichos precedentes con lo actuado por ejemplo por la CSN en el ya aludido caso “Simón”. párr.69 Obsérvese.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 147
las medidas y decisiones de los órganos estatales que han aplicado e interpretado esa Sentencia”.
de tal análisis que en principio existe por lo menos una vincularidad moral y también jurídica de acatamiento ya que el incumplimiento de los Tratados y de las directivas del Tribunal de San José impone la responsabilidad internacional del Estado en cualquiera de sus tres poderes (art. en el Reglamento y en el Estatuto. 4. N° 3. 14). párr.72 Si bien es cierto que estamos en presencia de un tipo de jurisdicción. de un método judicial alterno.4. Desde esta perspectiva. Opinión Consultiva. cit.2 Conv. del 8 de setiembre de 1983. Como con toda claridad lo ha puesto de relieve ese Tribunal esta tarea que cumple “es única en el derecho internacional contemporáneo”.1 y 2 del Pacto de San José). ¿Son vinculantes las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La competencia consultiva está regulada en el Pacto de San José. Serie A: Fallos y Opiniones. Restricciones a la pena de muerte (artículos 4. op. párr. la otra no (dado que impera automáticamente a partir de la ratificación de la convención).. 317. y tiene en miras según lo ha expresado el mencionado Tribunal—71 coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados. Surge —a nuestro modo de ver—. 15-21. OC-3/83 (cit. 15).). II. por medio del cual se puede lograr la interpretación de la Convención sub examine.148 • Juan Carlos Hitters
Por ello. la primera culmina con un fallo que en algunos casos puede ejecutarse (artículo 68. aunque este tipo de jurisdicción puede afectar ciertos intereses de ellos (párr. existen diferencias con la función “contenciosa”. la contenciosa depende de la aceptación previa de los Estados. mientras que la consultiva no es coercible. aunque la práctica internacional demuestra que siempre es acatada por los países. no lo es menos que. 1. está diciendo —desde la perspectiva del derecho interno—. que los mismos tienen valor de doctrina legal. Juan Carlos. a saber: a través de la última se dispone que se garantice al lesionado. mientras que por la consultiva se logra una interpretación de ciertos documentos internacionales (misión asesora). convengamos que los Estados no son llamados a defenderse. 1999. por ende la Corte no está obligada a resolver primero su competencia y luego el fondo (párr. según lo ha remarcado dicho organismo.2 y 4. 25. Se trata. 73 Opinión Consultiva. para resolver este desideratum es preciso acudir a la interpretación de los principios y postulados que reinan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ya que en esta actividad se busca una “interpretación” y no una “condena”. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. OC-3/83. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 14) pues no existen “demandados”.). t. y de otros tratados atinentes a los derechos humanos en el sistema interamericano. pues en verdad no resultan “denunciados”. párr.73
HITTERS. La función que nos ocupa. no tiene —tal cual vimos— efectos vin71 72
. Cuando la CSN sostiene que los pronunciamentos de la Corte IDH y de la Comisión IDH “deben servir de guía” o que “constituyen una imprescindible pauta de interpretación”. Señaló dicho cuerpo que en la tarea consultiva no hay “partes” (párr.
19). p. 1980. Elucidar la problemática escaparía a nuestro propósito. no lo es menos que en la realidad estos pronunciamientos originan un efecto similar al de la jurisdicción contenciosa. 185. 19 y 20). No obstante ello y si nos adscribimos a la teoría del órgano. que nos muestra una marcada distinción con la tarea similar que llevan a cabo.). “Las Convenciones Europeas y Americana”. IIDH. Secretaría General. 21). También varía. La palabra “caso” solamente se utiliza para la contenciosa (párrs. p. por ser un cuerpo de esencia judicial. garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. en el procedimiento contencioso. 79 PIZA ESCALANTE. IIDH. En esta oportunidad ese cuerpo ejercita una misión asesora que no tiene el mismo efecto coercitivo que se le reconoce a la contenciosa [Opinión Consultiva. como la Corte Internacional de Justicia. 123. En cambio en la temática consultiva. cit. 32]. nota 9. p.
. establecer la veracidad de los hechos denunciados y decidir sobre los mismos: sino también si fuere del caso.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 149
La verdad es que la figura de marras se inserta en el sistema regional con algunas modalidades propias.). sino a emitir su parecer sobre la interpretación de una norma jurídica. Existen algunas dudas en doctrina con respecto a la naturaleza jurídica de la función consultiva. la Corte no está llamada a resolver las cuestiones fácticas. la legitimación activa: no obstante los requisitos de la contenciosa no se extienden a la consultiva (párr.79 y tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internaciona-
culantes (párr. en La Corte Interamericana de Derechos Humanos. es decir posee una esencia especial. 74 CISNEROS SÁNCHEZ. pues parte de la base que toda la actividad de un tribunal —como el Interamericano— es jurisdiccional.76 Tan es ello así que en la Opinión Consultiva. 76 De todos modos —reiteramos— ello no nos puede llevar a confundir ambas competencias. OC-3-83 —sobre las restricciones a la pena de muerte— el gobierno de Guatemala luego que se expidió la Corte regional dispuso la abolición de ese castigo máximo.78 y si bien su esencia es típicamente asesora. “La jurisdicción contenciosa del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos”. 53. párr. Rodolfo. 77 Opinión Consultiva. si bien es cierto que en principio la respuesta parece ser negativa. no por ello deja de ser jurisdiccional. OC-3/83 (cit.77 Puede decirse —en suma— que no obstante que tales opiniones no son obligatorias en sentido estricto. OC-3/83 (cit. Costa Rica. p.74 Las discrepancias entre los autores surgen con mayor énfasis cuando se pretende saber si tales dictámenes son o no vinculantes. Thomas. dicho Tribunal no sólo debe interpretar las normas aplicables. 75 BUERGENTHAL. Carlos. en el sentido de saber si estamos ante una tarea jurisdiccional o no. op. en La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 78 DUNSHEE DE ABRANCHES. en Estudios y Documentos.75 ya que son voluntariamente acatados por sus destinatarios.. tanto el Tribunal Europeo de derechos humanos. pues como dijo la propia Corte Interamericana. sin reparos. OEA. “Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. y aquí. su fuerza radica en la autoridad moral y científica de la Corte. 168. Washington. la conclusión no admite réplica.
si bien no es vinculante en sentido propio. en lo que concierne a la protección de los derechos humanos. OC-1/82. 83 Opinión Consultiva. o el Tribunal de
. OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos).82 Ha resaltado no hace mucho dicho órgano interamericano el “amplio alcance de su función consultiva. y en particular para el Estado que lo solicitó. 82 Opinión Consultiva. con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales´ sobre derechos humanos. del 12-01-2005. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). MONTESIRI. 25. Nuevos contenidos y reformulaciones”. N° 1. 51.86
80 Opinión Consultiva.81 no lo es menos que posee “…efectos jurídicos innegables…”. párr. 81 Opinión Consultiva.). “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (artículo 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). así la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con ello se auxilia a los Estados y órganos en la aplicación de tratados relativos a derechos humanos. del 14 de noviembre de 1997. su fuerza —como vimos— se apontoca en la autoridad científica y moral de la Corte. Ramiro. 2005. párr. condicionan el modelo interno de las naciones integrantes de las respectivas comunidades (las de América Latina o las de la Europa Unida. 2001-C. 49. Serie A: Fallos y Opiniones. Serie A: Fallos y Opiniones. Esta constituye `un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano. párr. Fascículo 2. única en el derecho internacional contemporáneo. “La defensa en juicio. (cit. 84 Véase. 18. 86 Como dice MORELLO: “En la nueva edad de las garantías y de un opulento y efectivo proceso justo la gravitante influencia de los Tribunales transnacionales y sus vinculantes sentencias. La Ley.83 En síntesis puede sostenerse que esta específica alta función interpretativa que cumple el cuerpo de marras. III. párr. Final Se infiere de lo antedicho la notable influencia84 que han ejercido en el derecho interno85 los tribunales internacionales y por ende la aplicación de los tratados y de los pronunciamientos de los órganos del Pacto de San José. sin someterlos al formalismo y a las sanciones inherentes al proceso contencioso”. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 85 Conf.150 • Juan Carlos Hitters
les de los estados americanos. 26. JA. y tiene efectos jurídicos innegables para todo el modelo regional. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. Nº 19. N° 15. del 24 de setiembre de 1982. OC-15/97. MORELLO. OC-1/82. Augusto. Ricardo y ROSALES CUELLO.80 Si bien es cierto que la propia Corte IDH ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…”. “La sentencia arbitraria como vulneración al debido proceso”. Serie A: Fallos y Opiniones.
. 88 Corte IDH. Chile”89 la Corte IDH ordenó dejar sin efecto sentencias condenatorias dictadas en 1995 por la Corte Marcial de la Armada. Perú (cit. párr. Chile [cit. 72 c). Caso Almonacid Arellano y otros vs. y en paralelo observar la importancia del contralor heterónomo por parte de la Comisión y de la Corte que han terminado no sólo por inspeccionar el acatamiento por parte de los Estados de ciertas convenciones internacionales. Véase el Dictamen del perito propuesto por la Comisión Humberto Raúl Ignacio Alcalá Nogueira quien hace un detallado análisis del derecho interno chileno. op. Chile.) y Tribunal Constitucional vs. Sentencia de 5 de febrero de 2001. 148. Chile (cit. 87 HITTERS. 89 Corte IDH. Serie C No. que habían dispuesto la prohibición de la publicación de un libro el cual abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar.]. párr. La Ley. Los Tribunales supranacionales.). La Cantuta vs. 151. Chile. Perú (cit. Perú (cit. 2). 9. 91 Corte IDH. En el año 2005 en el Caso “Palamara Iribarne vs. Juan Carlos. 122. tanto de origen sustancial como adjetivo. a través del pronunciamiento en el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos). para que dentro de un pronunciamiento penal se identifique y sancione a todos los responsables de la muerte del Señor Almonacid Arellano. Caso Palamara Iribarne vs. párr. 90 El Señor Humberto Palamara Iribarne escribió el libro aludido que supuestamente dañaba la imagen de la Armada Chilena por lo que en el orden interno se dispuso la eliminación del texto del disco duro de la computadora personal de Palamara Iribarne (Corte IDH. cit. 318:514)”. y como ya lo pusimos de resalto. Chile (cit. Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs.). Por ejemplo. Chile” citando a “Barrios Altos” reiteró el criterio de la imprescriptibilidad de las leyes de amnistía y dejó en claro enfáticamente que en el derecho interno el Estado debe dejar sin efecto las resoluciones y sentencias dictadas sobre esta problemática —que permitían la impunidad— y remitir las actuaciones a la justicia ordinaria.91 Más recientemente.87 Todo ello ha logrado verdaderas mutaciones en los ordenamientos de los diversos países sujetos a este régimen. párr. Caso Palamara Iribarne vs. 73.). Sentencia de 19 de septiembre de 2006. 2002-C. Chile”92 la Corte IDH condenó a dicho país trasandino a modificar su legislación
Derechos Humanos de Estrasburgo). en el Caso “Claude Reyes y otros vs. o recurso de apelación”. Aquel tribunal dispuso en paralelo que el Estado debía permitir la edición de dicha obra. Fallos. sino también —y por vía excepcional— a las propias decisiones de los jueces locales. 92 Caso Claude Reyes y otros vs. Augusto.90 En el año 2006 en el Caso “Almonacid Arellano y otros vs. El impacto fue notable en el área penal (CS. Barrios Altos vs. esto es en el año 2006.). MORELLO. “Recurso de casación. Serie C No.88 Chile tuvo que corregir su propia Constitución.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 151
Es importante ver cómo las directivas emitidas por estos cuerpos supranacionales se han derramado como derecho positivo en el ámbito doméstico. a partir del caso “Giroldi”.
de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. con referencia a una empresa forestal relacionada con un proyecto de deforestación. De ahí la normativa dictada con vigencia a partir de abril de 2009. deberá ser respondido en un máximo de 20 días. por ser perjudicial —según los denunciantes—. Finalmente la Corte —tal cual lo adelantamos— hizo lugar a dicha pretensión e indicó que se debía adecuar el derecho interno para posibilitar la publicidad de los actos de gobierno. en los términos de los párrafos 160 y 168 de la presente Sentencia […] El Estado debe adoptar. los párrafos 69 a 71. y la parte resolutiva de la misma. en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional. 94 En Argentina. entregar la información solicitada por las víctimas. para el medioambiente e impedir el desarrollo sostenido de Chile. la información requerida ante el Comité de Inversiones Extranjeras. 132 a 137 y 139 a 143 de la presente Sentencia. sobre una resolución de su área. autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado sobre la normativa que rige este derecho. En efecto. En el mismo sentido el
93 Dicho cuerpo jurisdiccional sostuvo que “[…] El Estado debe. que corresponden a los capítulos VII y VIII sobre las violaciones declaradas por la Corte.95 extensible —según creo— a todo el ámbito interamericano en la medida en que se den similares circunstancias fácticas. Señaló allí en su pretensión liminar que las autoridades locales se habían negado a brindar a Marcel Claude Reyes y otros. la capacitación a los órganos. que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información. 88 a 103.93 Acatando tal decisorio Chile dictó una ley disponiendo que a partir de abril de 2009 —cuando entre en vigencia dicha normativa— el requerimiento de información hecho por cualquier ciudadano a un organismo público. o adoptar una decisión fundamentada al respecto. el capítulo relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia. 117 a 123. en el plazo de seis meses.152 • Juan Carlos Hitters
doméstica. a través de la entidad correspondiente y en el plazo de seis meses. el Decreto 1172/2003 obligó al Poder Ejecutivo a dar información en los casos que le sea solicitada. la Comisión Interamericana presentó una demanda con el fin de que se declare que el Estado fue responsable por la violación de los derechos consagrados en los arts. sin las notas al pie de página correspondientes. 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 25 (Derecho a la Protección Judicial). 74.
. por una sola vez. Recuérdese también que en Guatemala la Corte IDH suspendió la pena de muerte en un asunto concreto a través de una medida provisional. 77. en su caso.94 De esa forma el fallo sentó jurisprudencia reconociendo por primera vez el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental y parte de la columna basal del sistema democrático. las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. en los términos de los párrafos 161 a 163 y 168 de la presente Sentencia […] El Estado debe realizar. en los términos de los párrafos 157 a 159 y 168 de la presente Sentencia […] El Estado debe publicar. en un plazo razonable. en un plazo razonable. en los términos de los párrafos 164. 165 y 168 de la presente Sentencia […]”. 73. 95 La sentencia no sólo mandó a dar la información denegada sino también a crear las herramientas que garanticen el derecho a la información.
La Ley.97 Desde tal óptica no olvidemos que la Corte de la Nación poniendo en juego la jurisprudencia internacional ha dado instrucciones a los jueces inferiores para que eviten el agravamiento de las condiciones carcelarias y aún más. C. universal.98 Por eso señalamos que en verdad la Corte Interamericana en el campo doméstico ha jugado un papel que podríamos llamar “casatorio”99 imponiendo indirectamente
96 Véase. 1757. Ha señalado con mucha claridad dicho autor que a través de la interpretación hecha por el Tribunal del Tratado de Roma —con sede en Estrasburgo—.h. “Reformulación de la casación penal”. en especial del artículo 6° —similar al artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica— más de ochocientos millones de habitantes pertenecientes al Consejo de Europa están bajo la influencia de ese Tribunal internacional. MORELLO. atendiendo siempre a su progresividad. Carlos. integrador (internacional y nacional). Augusto. en Foro Constitucional Iberoamericano. 1-74. Suplemento Penal. como ley suprema de la humanidad que emana de la dignidad de la persona humana” (AYALA CORAO. o la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del acusado (Bulacio. causa N° 1681. 99 En sentido lato. pp. Casal. intimó a los poderes legislativos y ejecutivos bonaerenses para que adecuen la legislación procesal y las prácticas a los estándares nacionales e internacionales (“Verbitsky”). 7. tal cual sucedió en el viejo continente. Fallo del 20/09/05. un Derecho de gentes. XL. constituyendo así una base común. ISSN 1696-2494. Todas estas decisiones de los cuerpos supranacionales —especialmente las de la Corte— han servido. Este Tribunal en el caso “Casal”96 pegó un verdadero brinco para responder a lo normado en el artículos 8° 2. que “…En Latinoamérica se ha consolidado constitucional y convencionalmente un estándar mínimo común en materia de protección efectiva de los derechos humanos. GONZÁLEZ CAMPAÑA. Nº. para la consolidación de una nueva rama: el Derecho de los derechos humanos. 97 Suprema Corte de la Nación Argentina. a través de la influencia integradora de la Convención Americana y la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 153
más alto cuerpo judicial argentino —siguiendo dichas pautas— ha permitido la modificación de sentencias que habían pasado en autoridad de cosa juzgada en el sector local. como dice Marcel Storme. Germán. que descansa sobre los valores del Derecho Natural. Ello está permitiendo la confluencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el Derecho Constitucional de los Derechos Humanos. del Pacto de San José (en cuanto a la doble instancia) ampliando —por vía jurisdiccional— la competencia de la Cámara de Casación Penal atribuyéndole tareas casi propias de la alzada. Este derecho es en definitiva el nuevo Derecho global. para uniformar la jurisprudencia regional. 2005. 98 Sostiene Ayala Corao —ex integrante de la Comisión IDH—. es decir. Simón). “La repercusión de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional”. un nuevo ius commune para las Américas y concretamente para Latinoamérica […] De allí la importancia de armonizar las jurisdicciones nacionales y particularmente las constitucionales con las jurisdicciones internacionales. con la jurisprudencia constitucional. Ello ha llevado a la existencia de un núcleo fundamental o esencial de derechos que se impone a los países. a fin de lograr la protección efectiva de los derechos humanos. 2004. Octubre.
. Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa. 16.
Abelardo Perrot. 101 Sostiene MORELLO que las Corte Supremas Nacionales no son ya instancia última y que la eventual revisión de sus pronunciamientos definitivos sucede en una instancia internacional (Estudios de Derecho Procesal. para todo el Estado en asuntos similares (“Barrios Altos”. Véase. o por lo menos deben servir de guía para la interpretación de la Convención por parte de la los tribunales argentinos. Serie C No. En lo que hace a la vinculación general de la doctrina legal de los fallos de la Corte IDH. Haití. 180. pp. Caso Baena Ricardo y otros vs. Caso Yvon Neptune vs. pauta que hemos denominado “efecto expansivo” (véase punto III. C. “El Tribunal Constitucional de Perú” y “La Cantuta” por ejemplo).
. Susana. Problemas estructurales”.101 No queremos finalizar sin reiterar que estos decisorios judiciales son obligatorios para los Estados en cada caso concreto. Medidas Provisionales respecto de Venezuela del 4 de mayo del 2004.. ALBANESE. A modo conclusivo es posible reiterar que las sentencias de la Corte IDH son atrapantes no sólo para el caso juzgado.). 103 Ha dicho la Corte IDH que la responsabilidad del país —por el principio de continuidad del Estado— se origina con independencia de la época en la que se cometieron las violaciones. Buenos Aires. sino también como ha sucedido en Perú. párrs. Panamá (cit. 3-17. Caso Liliana Ortega y otras. JA.100 y ha supervisado inclusive el cumplimento de sus propios fallos. “Criterios establecidos…”.3 y 68 del Pacto de Costa Rica y la jurisprudencia del Tribunal regional que hemos citado. 1998. según la cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda).104 Sin perjuicio de ello también hemos puesto de resalto que la jurisprudencia de este órgano de la OEA —y en algunos pronunciamientos la de la Comisión—105 está revestida de cierto valor vinculante en ‘general’ (no hablamos ya del caso concreto).103 Como lo ha remarcado ese Tribunal y tal cual surge “…del artículo 27 del de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Fascículo 10-2005. Sentencia de 8 de mayo de 2008.154 • Juan Carlos Hitters
cierta homogeneidad en la interpretación de la Convención y de otros tratados. el tema es discutible. 2). t. 102 Corte IDH. 1209-1209). “Supervisión e incumplimiento de sentencias nacionales e internacionales.
100 Véase. cit. op. de conformidad con los artículos 62. II. 105 HITTERS. Corte IDH. pp. 104 Corte IDH. 41 y ss. aunque nosotros creemos que tiene valor erga omnes ya que el incumplimiento de los tratados y de directivas de los órganos del Pacto de San José. Desde este cuadrante ha puesto de relieve reiteradamente la Corte IDH que la obligación de acatar sus juicios corresponde al principio básico del derecho de la responsabilidad internacional de los países102 apontocado en la jurisprudencia internacional. [los Estados] no pueden por razones de orden interno dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida” (lo remarcado no está en el original).
“Responsabilidad del Estado por violación de tratados internacionales”.
. Medidas provisionales y medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos. 2007-C. Universidad de Talca. 27 de la Convención de Viena ya citado). Santiago de Chile. Ídem en Estudios Constitucionales. IIDH/UNAM/Temis. Juan Carlos. según lo destacamos. pp. p.¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH? • 155
imponen a la postre. 107 Sobre la responsabilidad del Estado por violación de los tratados internacionales véase el excelente libro de los juristas colombianos Ernesto REY CANTOR y Ángela Margarita REY AMAYA. Buenos Aires.
HITTERS. Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales. 2007.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica) en cualquiera de sus tres poderes106 (art. 203-222. Año 5 Nº 1. 1.107 Las Opiniones Consultivas. tienen efectos jurídicos innegables para todo el modelo regional y en particular para el Estado que las solicita. la responsabilidad internacional del Estado (arts. pp. México/ Bogotá. 875. La Ley. 246-346.
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References: Artículo 30
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 artículo 27
 Resolución 
 artículo 22
 Resolución 
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 artículo 62
 artículo 68
 artículo 2
 resolución 
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 27
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