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Timestamp: 2020-01-29 19:11:23+00:00

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Sentencia nº 1694 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Octubre de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 754590069
G., Distrito Nacional, hoy 31 de octubre de 2018, años 175° de la
Sobre el recurso de casación interpuesto por Reyson José Peña
Germán, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de
la cédula de identidad y electoral núm. 003-0109304-3, domiciliado y
residente en la Duvergé núm. 31, barrio Los Tiburones, Baní, provincia
Peravia, imputado, contra la sentencia núm. 0294-2017-SSEN-00010,
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do más adelante;
Oído a la Jueza Presidenta abierta la audiencia para el debate del
Oído al Licdo. J.B.N., en la formulación de sus
conclusiones, en representación de L.M.S., S. de los
Santos Tejeda y S.M.T.S., recurridas;
suscrito por el Licdo. W. de los Santos Ubrí, defensor público, quien
actúa en nombre y representación de R.J.P.G.,
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 7 de marzo de 2017,
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audiencia para el día 16 de octubre de 2017, a fin de debatirlo oralmente,
que el 2 de septiembre de 2015, el Procurador Fiscal Adjunto del
Distrito Judicial de Peravia, L.. R.E.V.G., presentó
acusación y solicitud de apertura a juicio contra Reyson José Peña
Germán, por los tipos penales de asesinato, crimen precedido de otro
crimen y porte ilegal de arma de fuego, culpándolo de presunta
violación a las disposiciones legales de los artículos 295, 296, 297, 298,
302 y 304 del Código Penal Dominicano; 39, párrafo III de la Ley núm.
36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; acusación que fue
acogida parcialmente por el Juzgado de la Instrucción del Distrito
Judicial de Peravia, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el
encartado, variando la calificación jurídica a la de violación a las
disposiciones de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal
Dominicano y la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de
Distrito Judicial de Peravia, dictó el 8 de agosto de 2016, la sentencia
“PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada al hecho por el juez de la instrucción de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano y la Ley 36, sobre armas por los artículos 295 y 304 del Código Penal y artículo 39 párrafo III de la Ley 36, sobre armas; SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano R.J.P.G. por haberse presentado pruebas suficientes de que el procesado cometió los tipos penales de homicidio seguido de otro crimen, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal y violación a la Ley 36, sobre armas en su artículo 39 párrafo III, en perjuicio de los señores J.A. de los Santos y M.S.; en consecuencia, se condena a cumplir treinta (30) años de reclusión mayor en la Cárcel Pública de Baní, más el pago de las costas penales; TERCERO: Acoge como regular y válida la constitución en actor civil presentada por las víctimas L.M.S., Sulenny de los S.T.S., en cuanto a la forma, por cumplir con los requisitos legales; y en cuanto al fondo, condenan al procesado R.J.P.G. al pago de una indemnización ascendente a la suma de un millón quinientos mil pesos (RD$1,500,000.00), a favor de las víctimas citadas; CUARTO: En cuanto a las costas civiles no fueron solicitadas; QUINTO: Fija la lectura íntegra de esta sentencia para el día veinticinco (25) de agosto del año dos mil dieciséis (2016). Para cuya audiencia, esta decisión vale citación para las partes presentes y representadas”;
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Cristóbal el 26 de enero de 2017, cuya parte dispositiva se describe a
“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintiséis (26) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. W. de los Santos Ubrí, abogado defensor público, actuando a nombre y representación del ciudadano R.J.P.G., contra la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00100, de fecha ocho (8) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia la referida sentencia queda confirmada; SEGUNDO: E. al recurrente al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, ya que a pesar de haber sucumbido a sus pretensiones en esta instancia ha recibido asistencia legal gratuita proveída por la oficina de la defensa pública; TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;
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“3.5 Que respecto del primer medio hemos procedido a examinar los testimonios que fueron vertidos en la plenaria, por Yaniris Tivisay Tejeda, J.D.P. de la Cruz y L.B.S.. 3.6 Que el testigo J.D.P. de la Cruz (a) J., declaró en el juicio, en síntesis, que se encontraba conversando con el hoy occiso, quien estaba en el interior de su vehículo en un lugar denominado nueva imagen a las 6:30 de la mañana, que en ese momento llegó el imputado R.J.P.G. a bordo de un motor Z y que le hizo múltiples disparos al hoy
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69.3 de la Constitución Política de la República Dominicana, 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Código Procesal Penal, habida cuenta de que los medios probatorios aportados a la plenaria permitieron enervar el principio de presunción de inocencia con el que llegó al proceso R.J.P.G.”;
infundada por falta de motivación en lo relativo a la valoración de los
medios de pruebas, el imputado recurrente R.J.P.G. le
imputa a la Corte a-qua haber confirmado la condena de 30 años de
reclusión mayor impuesta a este, tras haber errado en la ponderación de
los elementos probatorios sometidos al contradictorio, pues ninguno de
los testimonios valorados, a su juicio, resultan suficientes para vincularlo
con los hechos que se le imputan;
Considerando, que de lo expuesto se colige en otro lugar de esta
decision, que contrario a lo planteado por el recurrente, la Corte a-qua
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manera motivada y ajustada al derecho; que esa alzada estableció las
razones por las que el tribunal de juicio le retuvo responsabilidad penal
al reclamante sobre la base de las pruebas aportadas al proceso, de
manera específica las testimoniales, cuya valoración conforme a los
criterios de la sana crítica, arrojaron de manera contundente su
participación en los hechos imputados; de este modo, la alzada no ha
incurrido en la sostenida falta de fundamentación de la decisión
objetada, toda vez que cada uno de los elementos probatorios valorados
en sede de juicio, y correctamente observados por la Corte a-qua, dan
por comprobado su participación en el ilícito colegido, por lo que
procede rechazar este aspecto;
Considerando, que el recurrente, como segundo aspecto del medio
invocado, sostuvo que:
“…en lo concerniente a las conclusiones ofertadas por la defensa, en las cuales le solicita a los juzgadores, que en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 400 del Código Procesal Penal por tener ribetes de índole constitucional, revoque el traslado a la Cárcel Pública de la ciudad de Baní, en el sentido de que no existe una orden de un juez competente que dispuso su envío a la citada
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evidencia que tal como lo reclama el recurrente, la Corte a-qua omitió
estatuir lo concerniente al aludido aspecto; que sobre este particular, esta
Segunda Sala entiende prudente señalar que el contenido del mismo
versa sobre un punto que por ser de puro derecho puede ser suplido por
Considerando, que en virtud de las disposiciones establecidas en el
artículo 437 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15
de 10 de febrero de 2015, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia está legitimada para decidir lo reprochado por el recurrente, por
efecto de la falta de estatuir de la alzada, toda vez que estamos frente a
una petición hecha por el privado de libertad por una decisión contra la
cual, aún está pendiente de conocer el recurso de casación, la cual es
accesoria al recurso en cuestión, en cuyo caso es competente el juez o
tribunal apoderado de lo principal, como se ventila en la especie;
Considerando, que en ese tenor, del análisis y ponderación de las
actuaciones remitidas a esta Segunda Sala que conforman el presente
proceso, se desprende que mediante sentencia emitida por el primer
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confirmada por la Corte a-qua, toda vez que lo vertido en su recurso de
apelación no prosperó ante dicha alzada; que verificadas las demás
piezas que integran el dosier procesal, se comprueba que dicho
recurrente se encuentra guardando prisión en la Penitenciaría Nacional
de La Victoria, situación esta que desvirtúa lo dispuesto en el Tribunal aquo, y por demás, no resguarda la tutela de los derechos subjetivos del
hoy recurrente en torno al lugar de cumplimiento de la sanción
impuesta; ya que dicha sanción ha de cumplirse en el recinto carcelario
dispuesto en las decisiones judiciales que así lo confieran, lo cual no debe
ser objetado por los encargados de recintos carcelarios, a menos que se
consigne una condición especial que así lo amerite, situación esta que en
la especie no se configura, conforme lo indicado en la sentencia de juicio,
además de que, el control de toda sanción, una vez se haga definitiva,
podrá ser examinada por el Juez de Ejecución de la Pena, quien tiene a su
cargo la remisión de la orden de ejecución del fallo al establecimiento en
donde debe cumplirse la condena, pudiendo corregir las faltas o fallas
del sistema, lo que imposibilita al referido operador jurídico cumplir lo
autorizado por la normativa procesal penal;
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dispuesto por el artículo 427.2.a del Código Procesal Penal, procederá a
dictar propia sentencia en este aspecto sobre la base de las
comprobaciones de hecho ya fijadas por las decisiones intervenidas, en
consecuencia, ordena que la pena de treinta (30) años de reclusión mayor
impuesta al recurrente R.J.P.G. sea cumplida en la
Cárcel Pública de Baní, dando cumplimiento a la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00100, emitida el 8 de agosto de 2016 por el Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia de
Peravia, que así lo dispuso; acogiendo de esta manera este punto del
medio analizado, supliendo la omisión de la Corte a-qua, por tratarse de
invocados en los medios objetos de examen, salvo el punto acogido,
procede el rechazo de los demás aspectos del recurso de casación que se
eximir al recurrente del pago de las costas del procedimiento pese no
han prosperado sus pretensiones, por haber sido asistido por un
Primero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación incoado por R.J.P.G., contra la sentencia núm. 0294-2017-SSEN-00010, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 26 de enero de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia;
Segundo: Dicta directamente la sentencia del caso, en consecuencia, ordena que la pena de treinta (30) años de reclusión mayor impuesta al recurrente R.J.P.G. sea cumplida en la Cárcel Pública de Baní, dando cumplimiento a la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00100, emitida el 8 de agosto de 2016 por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Juzgado
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Tercero: Rechaza los demás aspectos del recurso de casación incoado;
Cuarto: E. del pago de las costas al recurrente;
Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para fines correspondientes.
(Firmado).-A.A.M.S.-EstherE.A.C.-HirohitoR.

References: artículo 39
 artículo 39
 artículo 246
 artículo 426
 artículo 400
e contrario
 artículo 400

artículo 437
 artículo 427