Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-898-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 19:32:33+00:00

Document:
T-898-08
Sentencia T-898/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El actor solicita la entrega del inmueble de cuya posesión fue despojado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto en las decisiones de instancia no se presenta ninguna de las causales de procedibilidad aducidas
Referencia: expediente T-1884351
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil ocho (2008).
En el proceso de revisión de las sentencias de tutela proferidas el 18 de febrero y el 27 de marzo de 2008 por las Salas Civil y Laboral respectivamente de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se negó el amparo solicitado
1. Asegura ser poseedor real y material de un bien inmueble ubicado en la Carrera 69B núm. 5C-05 de Bogotá.
2. Sostiene que los mencionados derechos los adquirió mediante escritura pública núm. 1.456 de 1º de septiembre de 2001, mediante compra realizada a la señora Carmen Caicedo de Piedrahita “de los derechos de posesión que adquirió en el inmueble por más de 20 años, posesión quieta, pacífica, pública e ininterrumpida, ejerciendo actos de señor y dueño y no reconociendo a otro como dueño”.
6. Asegura que para “obtener el reconocimiento de mi derecho” adelantó proceso de declaratoria de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, expediente que cursa en el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, proceso radicado núm. 01-0884 de Alfonso Caicedo Peñuela contra Carmen Caicedo de Piedrahita y personas indeterminadas.
8. Afirma que el Juzgado 13 de Familia de Bogotá ordenó el embargo y secuestro del inmueble ubicado en la Carrera 69B núm. 5C-05, “diligencia que realizó el comitente el día 12 de julio de 2004, diligencia que fue atendida por mi ARRENDATARIO, señor Carlos Arturo Farfán Fandiño, quien informó al funcionario comisionado que él se encontraba en condición de arrendatario, siendo ARRENDADOR el aquí accionante”.
12. El Juzgado 13 de Familia de Bogotá, mediante providencia del 16 de mayo de 2005, declaró infundada y no probada la posesión “que ejerzo sobre el inmueble”, y en consecuencia, negó el levantamiento de la medida cautelar de secuestro, condenando en costas al accionante, “pese a que el Juzgado me había concedido previamente AMPARO DE POBREZA”. Y más adelante indica “La mencionada providencia indica en la parte motiva, que la razón fundamental para tomar tal decisión es que el suscrito incidentante en ese momento, no probó adecuadamente el hecho de la posesión, por haber aportado sólo pruebas documentales, argumentado la juez, apoyada en citas de jurisprudencia, que la posesión se prueba de manera exclusiva y excluyente por medio de testimonios”.
15. Comenta que el 21 de septiembre de 2005 solicitó la exclusión de la partición del referido inmueble, para lo cual previamente concurrió al proceso “para que se me reconociera como heredero a título universal, sin perjuicio de las acciones y derechos previamente adquiridos por mi, es decir, los referidos a la posesión alegada…lo anterior para legitimar la calidad exigida por el artículo 605 del C.P.C., aportando a la solicitud todos y cada uno de los documentos requeridos por ídem norma”.
18. Asegura que el Tribunal decidió, en primer lugar, el recurso de apelación formulado contra el auto que negó la exclusión de bienes de la partición, “pasando por alto la decisión del primer auto al despacho para resolver la apelación sobre la negativa del levantamiento del secuestro por el hecho de mí posesión, mediante providencia de fecha 31 de agosto de 2006; en dicha providencia se argumenta que no le asistió razón al juez a-quo cuando negó la exclusión del bien inmueble, por no haberse allegado “todos y cada uno de los documentos legales y pertinentes, que para tal fin ordena el inciso 2º del artículo 605 del Código de Procedimiento Civil”, es decir, que se le haya razón al recurrente por los precisos motivos con los cuales fundamentó su recurso de apelación y se resalta el error respecto de los motivos expuestos por el a-quo para negar dicha solicitud, pero posteriormente la sala encuentra que no se puede acceder a la solicitud de exclusión por que en opinión del tratadita Pedro Lafont Pianetta, el momento para pedir la exclusión del bien de la partición es en la diligencia de inventarios y avalúos, por ello el interesado perdió su legitimación para solicitar la exclusión”.
19. Sostiene que la anterior decisión judicial constituye una flagrante vía de hecho, por cuanto la doctrina es criterio auxiliar de la función judicial de interpretación de la ley, pero cuando ésta es clara, el funcionario debe aplicarla. Así pues – explica- , el artículo 605 del C.P.C. establece con absoluta claridad que la exclusión de bienes de la partición procede respecto de bienes inventariados, por lo mismo no se puede exigir, como lo dice el tratadista, que en la diligencia de inventarios y avalúos se solicite la no inclusión del bien para estar legitimado, ya que la norma es clara al referirse a bienes inventariados, “por lo que si se solicita es la no inclusión, quiere decir que de prosperar, tal bien jamás estaría inventariado y no se puede excluir algo que nunca estuvo incluido”. A renglón seguido indica que “La providencia advierte que la diligencia de inventarios y avalúos se realizó el día 1º de agosto de 2005, pero pasa por alto que si bien es cierto que mi apoderado asistió a dicha diligencia, también lo es que en auto de fecha 3 de agosto de 2005, el juzgado dispuso la continuación de esta diligencia de inventarios y avalúos que calificó como adicionales. Dice la providencia, citando al Doctor Pedro Lafont Pianetta, que procedería la exclusión en caso de que el interesado no haya podido solicitar la no inclusión del bien en la diligencia de inventarios y avalúos, por no haber intervenido o porque la causa fuera con posterioridad a la aprobación. Se debe advertir que en ostensible error no se tuvo en cuenta tampoco que se trata de una sucesión doble e intestada, inicialmente la sucesión de la señora CARMEN CAICEDO DE PIEDRAHITA se tramitó sin la presencia del suscrito ALFONSO CAICEDO PEÑUELA y que la diligencia de inventarios y avalúos del 100% del inmueble del que he venido ejerciendo actos de posesión, obra en el expediente, cuya acta tiene fecha 13 de mayo de 2004 y mediante auto de fecha 31 de mayo de 2004, el Juzgado le impartió aprobación en todas sus partes; ahora bien, en la fecha citada por el Tribunal para afirmar que mi apoderado asistió a la diligencia de inventarios y avalúos, el apoderado JUAN DE JESUS MARTINEZ GUASCA presenta nuevamente el inventario y avalúo del 100% del inmueble, aclarando posteriormente en la diligencia que se trataba solo del 50% del inmueble, razón por la cual, el 1º de agosto de 2005 no se culminó la diligencia, la cual solo continuó sin la presencia de mi abogado el 6 de septiembre de 2005, fecha en la cual el juzgado dictó un auto en la audiencia pública aclarando que en la diligencia del 13 de mayo de 2004 se inventarió únicamente el 50%, olvidando el juez que no era procedente aclarar, sino que se imponía la necesidad de declarar sin efecto el auto ilegal que aprobó en todas sus partes la diligencia de inventarios y avalúos del 100% del inmueble, aunado a que el día 5 de diciembre de 2006, se realizó otra diligencia de inventarios y avalúos adicionales en el proceso de sucesión; circunstancias que no pude alegar en mi defensa, ya que eran otros los motivos que fundamentaron la apelación, contra argumentos nuevos y muy distintos del fallador, respecto de los cuales no tengo recurso alguno para hacer notar monumentales errores, salvo la presente acción de tutela”.
20. Sostiene que, posteriormente, la Sala de Decisión, mediante providencia del 13 de agosto de 2007, resolvió el recurso de apelación contra el auto que negó el levantamiento del embargo y secuestro, en el sentido de confirmarlo, es negando el levantamiento de la medida, “dándole inicialmente la razón a mi abogado en cuanto a que como él lo manifestó en la sustentación de la apelación, la prueba testimonial no es exclusiva y excluyente como lo entendió el Juzgado 13 de familia al tener por no probada adecuadamente la posesión con base en la abundante prueba testimonial aportada, ya que la misma se debía probar por testimonios, pero posteriormente aduce para negar el levantamiento del embargo y secuestro que yo no probé fehacientemente que hubiera cambiado mi calidad de heredero de la causante por la de poseedor y que al presentarme al proceso como heredero, reconocí derechos de propiedad. Téngase presente que el incidente de desembargo se formuló el día 16 de julio de 2004 (probando sumariamente el hecho de mi posesión al tiempo de realizarse la diligencia de secuestro) y se falló el día 16 de mayo de 2005, en primera instancia, posteriormente me presenté al juzgado atendiendo un requerimiento para manifestar si aceptaba o no la herencia de mi hermana, el día 1º de agosto de 2005, aclarando en el poder que firmé que lo hacía sin perjuicio de mis acciones y derechos previamente adquiridos, sabiendo que existían otros bienes diferentes al inmueble que se embargó en el proceso y que “para no reconocer derechos de propiedad” en contra de mi calidad de poseedor, considero injusto no perseguir bienes de la herencia de mi hermana, para no perder la posesión respecto del bien que considero no debe figurar en la partición, por el hecho, repito, de mi posesión, y la existencia de un proceso ordinario de declaración de pertenencia, recuérdese que acepté a título universal, no dije que aceptaba respecto de determinado bien. Adicionalmente, por falta de estudio del expediente, el Tribunal no tuvo en cuenta que me presenté al proceso como heredero, para legitimar con esta calidad mi solicitud de exclusión de bienes de la partición, tal como lo manda el artículo 605 del C.P.C. y no para reconocer ningún derecho sobre mi inmueble”.
3. Se le ordene al Juez 13 de Familia de Bogotá, a manera de restablecimiento del derecho, le entregué el inmueble ubicado en la Cra. 69B núm. 5C-05 de Bogotá, de cuya posesión fue despojado, restituyéndosele todos sus frutos y cánones de arrendamiento retenidos.
4. Que de manera subsidiaria, se decrete la suspensión del proceso de sucesión que cursa en el Juzgado 13 de Familia de Bogotá, radicado núm. 0026-2004, sucesión de Carmen Caicedo de Piedrahita, hasta tanto se falle el juicio ordinario de declaración de pertenencia que cursa en el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá
Indica la señora Jueza 21 Civil del Circuito de Bogotá que en el proceso de pertenencia que cursa ante su Despacho aún no se ha dictado sentencia, “me abstengo de realizar cualquier pronunciamiento al respecto dado que el inmueble a que se hace mención en la tutela, es la heredad de la cual se está solicitando se decrete la prescripción adquisitiva a favor del señor ALFONSO CAICEDO PEÑUELA”.
En sentir de la Sala, los funcionarios judiciales accionados no incurrieron en yerro alguno, en la medida en que sus decisiones se apoyan sobre argumentos razonables, en el sentido de que no podía prosperar el incidente de levantamiento del secuestro bien por no haber demostrado en forma fehaciente le accionante la posesión alegada, ni que hubiera cambiado su calidad de heredero de la causante por la de poseedor, así como que no procedía la exclusión del inmueble solicitada mediante objeción al trabajo de partición, al haberse abstenido de formular ese reparo frente al inventario y avalúo de los bienes relictos.
Consideró la Sala Laboral que, una vez analizada la providencia del 31 de agosto de 2006 de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se confirmó la decisión proferida por el Juzgado 13 de Familia de Bogotá, en la cual se negó la exclusión de la partición del inmueble, se concluye que aquélla está edificada sobre reglas mínimas de razonabilidad jurídica. Agrega que los argumentos expuestos en sede de amparo fueron igualmente discutidos al interior del proceso, motivo por el cual no se vislumbra causal alguna de procedencia de la acción de tutela contra sentencias.
- Fotocopia del registro civil del accionante
- Fotocopia de la escritura pública núm. 1.456 del 1 de septiembre de 2001 de la Notaría 26 del Círculo de Bogotá.
- Fotocopia de las decisiones adoptadas por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso de sucesión de la señora Carmen Caicedo de Piedrahita.
- Cuaderno original del proceso ordinario de pertenencia adelantado por el señor Alfonso Caicedo Peñuela.
Actuando mediante apoderado, el accionante presentó incidente de desembargo y levantamiento del secuestro, el cual fue negado por el Juzgado 13 de Familia de Bogotá, por cuanto, a su juicio, la posesión alegada, con base en el artículo 687, numeral 8 del C.P.C. tiene que probarse únicamente mediante testimonios.
De igual manera, el accionante sostiene que solicitó la exclusión de la partición del bien en comento, para lo cual, y ante la negativa del Juzgado 13 de Familia de levantar el embargo y secuestro del mismo con base en la posesión, concurrió al proceso de sucesión “sin perjuicio de las acciones y derechos previamente adquiridos en el inmueble poseído”. No obstante lo anterior, en ambas instancias la solicitud fue negada: en el Juzgado con el argumento de que no había aportado todos y cada uno de los documentos que para tal fin ordena el inciso segundo del artículo 605 del C.P.C.; en segunda instancia, precisó que no le asistió razón al juez de conocimiento cuando negó la exclusión del bien inmueble, por no haberse allegado todos los documentos, ya que éstos sí reposaban en el expediente, pero la Sala no accedió a la exclusión ya que, en opinión del tratadista Pedro Lafont Pianetta, el momento para hacer la solicitud es en la diligencia de inventarios y avalúos.
Precisó el actor que el argumento del Tribunal constituye una vía de hecho, ya que el artículo 605 anotado indica textualmente que la exclusión de bienes de la partición procede respecto de bienes inventariados, por lo que considera que tales determinaciones afectan su derecho al mínimo vital, pues es una persona de más de 85 años de edad, se encuentra gravemente enfermo, es cabeza de familia, y el sustento de ésta deriva del arriendo del inmueble del cual fue despojado, sin tener en cuenta su posesión real y material.
En consecuencia, el accionante solicita, en concreto, se dejen sin efectos las siguientes providencias (i) del 13 de agosto de 2007, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se resolvió la apelación del auto del 16 de mayo de 2005, dictado por el Juzgado 13 de Familia de Bogotá; (ii) del 31 de agosto de 2006, proferida por la misma Sala, mediante la cual se resolvió la apelación del auto de fecha 3 de octubre de 2005. De igual manera, pide que se le ordene al Juez 13 de Familia de Bogotá, a manera de restablecimiento del derecho, le entregué el inmueble ubicado en la Cra. 69B núm. 5C-05 de Bogotá, de cuya posesión fue despojado, restituyéndosele todos sus frutos y cánones de arrendamiento retenidos, y que de manera subsidiaria, se decrete la suspensión del proceso de sucesión que cursa en el Juzgado 13 de Familia de Bogotá, radicado núm. 0026-2004, sucesión de Carmen Caicedo de Piedrahita, hasta tanto se falle el juicio ordinario de declaración de pertenencia que cursa en el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá
PRIMERO CONFIRMAR los fallos de tutela proferidos el 18 de febrero y el 27 de marzo de 2008 por las Salas Civil y Laboral respectivamente de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se negó el amparo solicitado.
SEGUNDO ORDENAR que por Secretaría de la Corte se devuelva inmediatamente al Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, el original del proceso de pertenencia promovido por el señor Alfonso Caicedo, el cual consta de siete (7) cuadernos de 568, 28, 9, 193, 127, 122 y 21 folios respectivamente.

References: artículo 605
 artículo 605
 artículo 605
 artículo 605
 artículo 687
 artículo 605
 artículo 605