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Timestamp: 2018-08-16 15:41:15+00:00

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SALA ORDENA NUEVO JUICIO: SE ARROGARON POSESIÓN DE TERRENO Y JUEZA LOS ABSOLVIÓ DE USURPACIÓN
Hermanos Cumpa Correa presentaron un certificado de posesión sobre 18 hectáreas en las Pampas de Pimentel, pero en la Gerencia de Agricultura no existe el expediente supuestamente generado en 1988.
En el 2013 despojaron a Wina Isasi Berrospi de su propiedad, debidamente inscrita en Registros Públicos, pero la magistrada Eva Vásquez Vásquez señaló que no se acreditó su vinculación con los hechos.
Wina Isasi Berrospi recibió de su madre un terreno de 10 hectáreas debidamente saneado y con asiento en Registros Públicos ubicado en Pimentel. A fin de asegurar su propiedad solicitó la colocación de hitos y el levantamiento de un plano georeferenciado, su reconocimiento como contribuyente en el municipio distrital y cumplió con los trámites correspondientes. Sin embargo, en el 2013 aparecieron los hermanos Cumpa Correa y tomaron posesión del bien, teniendo como único respaldo un certificado del Ministerio de Agricultura supuestamente emitido a fines del 80. Se ha probado que el documento es falso, pero la jueza Eva María Vásquez Vásquez los absolvió del delito de usurpación. La instancia superior anuló la controversial sentencia.
El 28 de diciembre del año pasado la magistrada del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo emitió la Resolución N° 3 del Expediente 6833-2016-91 seguido contra los hermanos Abraham, Margarita y Carlos Cumpa Correa por el delito de usurpación agravada.
En su fallo, la juez absolvió a los acusados de la imputación fiscal por el delito contra el patrimonio en agravio de Wina Isasi Berrospi, según precisó, tras evaluar los hechos y las pruebas aportadas en el proceso.
El Ministerio Público relató ante Vásquez Vásquez que los hermanos Cumpa Correa ingresaron al terreno de Isasi Berrospi el 24 de agosto del 2013, cuando esta iniciaba la colocación de hitos y el cercado del mismo, pese a que el área era de su propiedad conforme lo indica la Partida Electrónica N° 02190460, existente en Registros Públicos. Su argumento fue que ellos eran posesionarios del bien.
Ese mismo día en horas de la noche los hermanos Cumpa Correa regresaron al terreno, ubicado próximo a la carretera que une a los distritos de Pimentel y San José, acompañados de un grupo de personas que procedieron a destruir los 140 hitos y a desalojar con violencia a los guardines que Isasi Berrospi había dejado en su propiedad. Tres años después, el 5 de agosto del 2016 se constató que los Cumpa Correa habían tomado posesión del bien en ausencia de la real propietaria, por lo que para el Ministerio Público estaba acreditada la comisión del delito de usurpación agravada.
En virtud de ello, la fiscalía solicitó al juzgado la pena de cinco años de prisión y el pago de 30 mil soles como reparación civil.
Durante el juicio, los hermanos Cumpa Correa aseveraron que eran posesionarios del terreno desde la década del setenta y que en 1988 obtuvieron un certificado del Ministerio de Agricultura, conduciendo desde entonces la supuesta propiedad de manera pública y pacífica. A esta la identificaban como predio Santa Margarita.
PRUEBAS DE ISASI
Isasi Berrospi, abogada de profesión, probó al juzgado que el terreno había sido comprado por su madre a Eduardo Becerra Carrasco en el 2007, cuya propiedad estaba inscrita desde 1920 e incluso que al momento de adquirir el bien asumió el gravamen que pesaba sobre este por una deuda con la Caja Municipal de Piura.
“Nosotros al adquirir la propiedad también asumimos la deuda, nada hacía suponer que había problemas dentro del inmueble, sabiendo que era un terreno rústico totalmente limpio, incluso atravesado por el Dren 3100. En la municipalidad verificamos que la documentación estaba en regla, adquirimos el terreno y pusimos a un guardián. Luego estos informaron que siempre transitaban por la zona unos señores identificados como Cumpa Correa, quienes pagaban a la municipalidad tributos por una propiedad no identificada, por lo que la misma comuna los quitó del padrón de contribuyentes. Por esa razón inicié el trámite para obtener un Código Único Catastral - CUC y registrar los planos perimétricos de mi propiedad. Llegó un ingeniero del Sistema Nacional de Catastro desde Lima y tras la verificación me otorgaron el CUC”, informó la agraviada a la jueza.
Dadas las características de la propiedad, por la presencia del Drem 3100, Isasi Berrospi tramitó la segmentación del terreno en dos lotes con la misma raíz registral: uno de siete hectáreas y otro de tres, generándose de este modo la Partida Registral N° 11209598, del Lote 1, con CUC N° 41649430000, con un área de 19 mil 698.82 metros cuadrados, expedida por SUNARP Chiclayo sin ningún tipo de carga o gravamen, cancelación u otros, y la Partida Registral N° 11209599, del Lote 2, con CUC N° 41649440000, con un área de 71 mil 235.20 metros cuadrados, también sin cargas, gravámenes o cancelaciones.
En el juicio, el Ministerio Público aportó como pruebas un acta de constatación policial del 25 de agosto del 2013, en la que se confirman los daños causados tras el ingreso de los hermanos Cumpa Correa, así como la ruptura de los hitos; el plano de la propiedad; la Resolución de Gerencia N° 194-A2010-MDP-GM, emitida por la Municipalidad Distrital de Pimentel donde se consigna que la propietaria del bien es Wina Isasi, reconociéndola como contribuyente y un acta de constatación fiscal del 5 de agosto del 2013 donde se acredita que esta había sido despojada de su propiedad.
PRUEBAS DE LOS ACUSADOS
Por su parte, la defensa de los hermanos Cumpa Correa presentó al juzgado diversos documentos, los mismos que fueron rebatidos por el Ministerio Público.
Por ejemplo, alcanzó una resolución de marzo del 2013 que certificaba que estos eran posesionarios y no propietarios del bien y la Hoja Informativa N° 1357-2005, emitida por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras –PETT, el 13 de diciembre del 2015, con lo que se acreditaba supuestamente que los Cumpa Correa habían continuado con el proceso de saneamiento del bien a su favor. Sobre este documento, el Ministerio Público refutó indicando que en realidad se precisaba que no se podía adjudicar el terreno a nombre de Margarita Cumpa Correa porque solicitaba un predio superpuesto a la propiedad de Eduardo Becerra Carrasco, quien contaba con partida registral. Fue este quien vendió el bien a la madre de Wina Isasi.
También presentaron una copia de la Resolución Suprema N° 240-84-AG/DGRAAR, del 31 de mayo de 1984, a cuyo amparo supuestamente los Cumpa Correa iniciaron el trámite para que se les adjudiquen 18 hectáreas de terreno. Sin embargo, el documento solo tenía valor para fines crediticios. Asimismo, un informe pericial técnico por el cual según la defensa de los acusados se demostraba que estos sembraban en el área cultivos de pan llevar, cuando en lo real el informe certificaba que se trataba de un terreno eriazo.
Adjuntaron, además, documentos de otros procesos ajenos a la acusación que revisaba la jueza Vásquez Vásquez.
ANÁLISIS DE LA JUEZA
La jueza concluyó que la propiedad, con partida desde 1920, fue vendida por Eduardo Carrasco a la madre de Wina Isasi, que los hitos que esta colocó en su terreno fueron derribados y que tanto Abraham como Margarita Cumpa Correa se inscribieron en la comuna de Pimentel como contribuyentes por tener calidad de posesionarios, pero que su registro fue anulado al existir una propietaria del bien.
Asimismo, que quedaron acreditados los gastos acarreados para la construcción de los hitos por parte de Isasi Berrospi, que a Margarita Cumpa no se le podía adjudicar porque el terreno que solicitaba al PETT se superponía a la propiedad de Eduardo Becerra, posteriormente asignada a Wina Isasi y que la misma entidad declaró improcedente el pedido de los hermanos Cumpa Correa.
Sin embargo, señala que no quedó acreditada la vinculación de los acusados con la destrucción de los hitos, por lo que resolvió absolverlos de la imputación penal.
La magistrada argumentó además que ya el Ministerio Público había decidido en dos instancias no formalizar investigación contra los hermanos Cumpa Correa por el delito de usurpación.
Isasi Berrospi acudió a la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, la misma que emitió la Sentencia N° 16-2018, del 26 de abril de este año, declarando nulo el fallo de la jueza Vásquez Vásquez y ordenando que se emita un nuevo pronunciamiento por otro juez de juzgamiento. La apelación fue secundada por el sexto despacho de investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.
La sala confirmó que la investigación archivada por el Ministerio Público contra los hermanos Cumpa Correa correspondían a hechos distintos a la acusación que revisó la jueza Vásquez Vásquez, toda vez que la carpeta fiscal de ese caso fue generada en el 2012, un año antes de los hechos denunciados por Isasi Berrospi.
Del mismo modo, la sala refirió que la jueza de primera instancia había realizado una valoración indebida de la prueba actuada, puesto que de los medios alcanzados podía inferirse la participación de los hermanos Cumpa Correa en los hechos denunciados.
Además, para la sala la jueza infringió el principio de no contradicción, pues esta reconoció que el terreno estaba en posesión paralela de los absueltos y de la agraviada.
La sala concluyó que la jueza “ha incurrido en error in iudicando al haber dado una interpretación errónea a las pruebas actuadas en el juicio oral, así como en error in cogitando, referente al vicio en el razonamiento por defecto de las premisas fácticas, inobservando la justificación externa e interna y, por lo tanto, incurrió en motivación defectuosa en la expedición de la sentencia, con la consiguiente afectación al debido proceso”.
Con Oficio N° 1168-2016-GR-LAMB/GRA-ASPAyCR, del 15 de agosto del 2016, el gerente regional de Agricultura, Ricardo Romero Rentería, informó a Wina Isasi Berrospi, que en los archivos de la dependencia no se encontró expediente alguno que diera origen al Certificado de Posesión N° 377-88-AG-UAD/III.L.DRA.AR, del 13 de mayo de 1988, que sirvió de prueba central para que los hermanos Cumpa Correa argumenten ser posesionarios de 18 hectáreas en las Pampas de Pimentel, con la denominación de parcela “Santa Margarita”.
Abraham Cumpa Correa trabajó en el área administrativa del Ministerio de Agricultura.
CUESTIONAN A GERMÁN MONTERO: ¿FISCAL DE CRIMEN ORGANIZADO BLINDÓ A PERCY QUESQUÉN DÍAZ?
El fiscal Germán Montero Ugaz archivó una investigación por peculado de uso contra expresidente del Directorio de EPSEL S.A., Percy Quesquén Díaz, a pesar que en otra Carpeta Fiscal este habría aceptado su responsabilidad.
El 25 de abril del 2017, el ex gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque -EPSEL S.A., Juan Miguel Valdivia Goycochea, denunció ante el Consejo Nacional de la Magistratura que en mayo del 2013, por disposición verbal del entonces presidente del Directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz, contrató al abogado Víctor Alejandro Varillas Falen como Asesor Legal Externo de la empresa del agua, lo cual no tendría nada de extraño, sino fuera porque el referido letrado es hermano de la esposa del fiscal adjunto provincial Germán Montero Ugaz, quien tenía a su cargo la Carpeta Fiscal N° 3303-2012, donde se le investigaba a Quesquén Díaz por presumiblemente haber cometido el delito de peculado de uso en agravio de la empresa paramunicipal.
Ese sería el menor de los problemas del hoy integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque.
Con fecha 31 de octubre del 2012 distintos medios de comunicación de circulación regional informaron que en el inmueble ubicado en la calle 28 de Julio N° 597 del pueblo joven Diego Ferré, se había observado a trabajadores de EPSEL S.A. realizando labores de construcción y que el predio pertenecería presumiblemente a Percy Quesquén Díaz. Ante la “notitia criminis”, el fiscal provincial coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo remitió al fiscal adjunto Germán Edgardo Montero Ugaz la disposición de investigar respecto que obreros de EPSEL “…estarían laborando en la construcción de la casa de Percy Quesquén Díaz, actual presidente del Directorio de EPSEL y que además habría utilizado camiones de la citada empresa para transportar material y desmonte, haciendo referencia expresa al volquete de placa M2F-880, por lo que se estaría frente al delito de Peculado…”.
O sea, no solo se cuestionaba que trabajadores de EPSEL hayan realizado labores en el predio, también se señalaba que el inmueble en construcción pertenecería al expresidente de EPSEL S.A.
La investigación preliminar se formalizó con la Carpeta Fiscal N° 3303-2012, por lo que el 29 de noviembre del 2012, Montero Ugaz tomó la declaración testimonial de Percy Quesquén Díaz, quien entre otras cosas señaló no poseer bienes inmuebles y que ignoraba que personal de EPSEL S.A. se haya apersonado a la dirección indicada a realizar labores particulares. Dijo que se había enterado del hecho a través de los medios de comunicación y que el referido predio le pertenecía a su hermano Rubén Quesquén Díaz.
ARCHIVO PRELIMINAR
El 5 de febrero de 2013, mediante Disposición N° 3, Montero Ugaz dispuso no formalizar ni continuar con la Investigación Preparatoria contra Percy Quesquén Díaz por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso en agravio del Estado, disponiendo el archivo definitivo, basado en que los trabajadores de EPSEL S.A. no habían realizado trabajo alguno a favor de Percy Quesquén Díaz, y de conformidad con la información obtenida de SUNARP, el inmueble ubicado en la Calle 28 de Julio N° 597 le pertenecía a Rubén Quesquén Díaz.
Además, señaló que según la misma fuente el expresidente de la empresa del agua poseía un inmueble ubicado en la Manzana M, Lote 20, de la Urbanización La Florida, versión contradictoria con la declaración brindada por Quesquén Díaz cuando manifestó que no poseía bienes inmuebles. No obstante ello, el fiscal Germán Edgardo Montero Ugaz, sin valorar que el investigado le había mentido, dispuso el archivo definitivo de la investigación.
Por considerar que no se había efectuado una adecuada investigación en la búsqueda de elementos de convicción, al haberse obviado la realización de determinadas diligencias, como por ejemplo la verificación in situ de los trabajos realizados o no haber valorado adecuadamente el hecho que según Registros Públicos el inmueble pertenecía a Rubén Quesquén Díaz, lo cual no exoneraba a Percy Quesquén Díaz del delito de peculado de uso, Carlos Lazo Gutiérrez, Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque, con fecha 19 de febrero del 2013, presentó ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo un recurso de queja contra la disposición del fiscal, solicitando se formalice la investigación.
El peculado de uso se configura cuando el funcionario público usa o permite que un tercero use bienes del Estado en su beneficio.
El recurso de queja fue resuelto por el fiscal superior penal, Julio Enrique Morales Saldaña, quien mediante Disposición N° 01-2013-MP-4°FSPT-DJLAMB, del 5 de abril del 2013, dispuso revocar la disposición, declarando FUNDADA la queja de derecho interpuesta por Lazo Gutiérrez.
Morales Saldaña señaló en su cuarto considerando que “…no se puede aseverar con certeza que no existan indicios razonables de la comisión del delito de Peculado de Uso en agravio del Estado…”, disponiendo entre otras diligencias que se tome la declaración ampliatoria de Rubén Quesquén Díaz para que detalle la forma como adquirió el inmueble y señale la procedencia del dinero con el que realizó la operación de compra.
Con la formalización de la Investigación Preparatoria, se dispuso la realización de nuevos actos de investigación, es por ello que el 15 de julio del 2013 amplió su declaración testimonial Rubén Quesquén Díaz ante el fiscal Germán Montero. Allí se refirió a la propiedad.
“La compra la hice a un vecino por la suma de tres mil nuevos soles, y ese dinero lo obtuve de mis ahorros que he realizado, toda una vida, porque yo soy profesor, con más de 16 años de labor para el Estado, …aparte que doy clases particulares de matemática; además ejerzo la profesión de abogado …”.
Continuando con la declaración, en la pregunta tres se le interrogó sobre la entidad bancaria donde tenía depositado su dinero para la compra y construcción del inmueble ubicado en la Calle 28 de Julio 597 – Diego Ferré, a lo que Rubén Quesquén Díaz respondió: “Son ahorros que los he tenido juntando en mi domicilio. Habiendo llegado a ahorrar la suma de setenta mil nuevos soles…”.
De lo declarado por el hermano del ex presidente del Directorio de EPSEL S.A., se concluye que ni siquiera aportó el nombre del “vecino” al que le compró el inmueble, el fiscal tampoco se lo preguntó y lo que quizás sea lo más relevante es que no pudo acreditar la procedencia del dinero para la compra, limitándose a señalar que era producto de sus ahorros, pero solo alcanzó como medio probatorio una Boleta de Pago donde se podía corroborar que su remuneración neta ascendía a mil 152.71 soles. Tampoco adjuntó un solo Recibo por Honorarios que acredite su ejercicio profesional de abogado.
El 6 de diciembre del 2013, el fiscal provincial titular del Tercer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Javier Quiroz Grosso, presentó el requerimiento de sobreseimiento en la Carpeta Fiscal 3303-2012 ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Esta carpeta estaba a cargo del fiscal Germán Montero Ugaz.
El 15 de abril de 2015, el Montero Ugaz presentó ante la Jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el Oficio N° 3303-2012-3°FPPCH-CHICLAYO/GEMU, solicitando “…tenga a bien, disponer Consentir la Resolución N° 03 de fecha 18/07/14 que declara: Declarar Fundado el Sobreseimiento…”, dictado en el Expediente 5155-2013, proceso seguido contra Percy Quesquén Díaz.
DECLARACIÓN DEL CASO “LIMPIOS”
En la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, que investiga el caso “Los limpios de la corrupción”, en declaraciones brindadas el 21 de enero del 2015, Percy Quesquén Díaz aceptó ser el verdadero propietario del inmueble ubicado en la Calle 28 de Julio N° 597 – Diego Ferré, luego que su coimputado José Nicolás Baca Távara declarase el 12 de ese mes, ante la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, que el referido inmueble en realidad pertenecía a Percy Quesquén Díaz, echando por tierra la versión de que su hermano había adquirido el terreno donde posteriormente se construyó un edificio de cuatro pisos.
Lo que es más grave, declaró que el verdadero precio pagado fue de aproximadamente 20 mil dólares americanos y no los tres mil soles (a todas luces subvaluados) que según Rubén Quesquén Díaz le había costado el inmueble.
Todos estos hechos están consignados en la Disposición N° 238, del 19 de diciembre del 2016, en la que se formaliza la investigación preparatoria contra Rubén Quesquén Díaz por el delito de Lavado de Activos en la Carpeta Fiscal 2447 – 2014.
El CE-22-2014
Con fecha 19 de enero del 2015 (tres meses antes de la solicitud de sobreseimiento), en la “Ampliación de Declaración”, el aspirante a colaborador eficaz con clave CE-22-2014, en la Carpeta 2447-2014 (donde uno de los fiscales partícipes de la investigación era Germán Montero Ugaz), señaló textualmente:
“…En este acto hago entrega de una vivienda de 45 metros cuadrados, aproximadamente, edificada en 4 niveles, de material noble, ubicada en la avenida 28 de Julio N° 597, pueblo joven Diego Ferré – Chiclayo, que está a nombre de mi hermano Rubén Quesquén Díaz, a quien le pedí autorización de uso de su nombre, por cuanto tenía problemas, en ese momento del año 2012, con mi esposa Claudia Pecsen Gonzales; este bien inmueble lo mencione inicialmente cuando pedí ser colaborador y como quiera que se debe su existencia a través de dinero que no era de fuente lícita, cumplo con su entrega, para que se muestre mi grado de arrepentimiento; es un área pequeña, pero por sus niveles de construcción invertí la suma de 150 mil soles…”.
En consecuencia, el fiscal Germán Montero Ugaz habría tenido participación directa en el archivo preliminar y posterior sobreseimiento en la investigación seguida contra Percy Quesquén Díaz en la Carpeta Fiscal 3303-2012, por el delito de peculado de uso en agravio de EPSEL S.A., pese a las graves contradicciones y suficientes elementos de convicción para inferir que quien realmente adquirió y construyó el inmueble ubicado en la Calle 28 de Julio N° 597 – Diego Ferré fue el expresidente de la empresa del agua.
Luego el mismo Montero Ugaz solicitó el consentimiento del sobreseimiento pese que Quesquén Díaz había reconocido en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, investigación en la cual el fiscal también fue partícipe, que él era el verdadero propietario del referido bien inmueble, todo esto, luego que Percy Quesquén Díaz ordenara la contratación de Víctor Alejandro Varillas Falen (cuñado de Montero Ugaz) como Asesor Legal Externo de EPSEL S.A.
RUMBO A LAS BODAS DE PLATA: AL 2021: JAVIER VELÁSQUEZ HABRÁ GANADO COMO CONGRESISTA CASI OCHO MILLONES DE SOLES
Es el político que más años suma como congresista de la República por Lambayeque. Su carrera política se inició como dirigente departamental del Partido Aprista Peruano y en 1995 se convirtió en parlamentario, repitiendo el plato cinco veces consecutivas. En julio del 2021, Ángel Javier Velásquez Quesquén cumplirá dos décadas y media sentado en una curul.
La popularidad de Javier Velásquez creció como la espuma tras el atentado del que fue víctima junto a otros partidarios apristas en Zaña, en diciembre de 1994. Al año siguiente se convirtió en Congresista de la República al sumar cinco mil 437 votos.
El sueldo de un congresista en aquellos años, como se mantiene hasta hoy, ascendía a 15 mil 600 soles mensuales, gozando además de diferentes beneficios como recibir hasta 14 sueldos al año por las gratificaciones de julio y diciembre. Además, los congresistas de provincias reciben un sueldo adicional por gastos de instalación, que se otorga al inicio de la legislatura, gastos de representación y desde 1995 un bono de escolaridad. En el tiempo se han sumado otros privilegios como las tarjetas por Navidad, pagos por vacaciones, la asignación por función congresal de siete mil 600 soles y más.
En el 2000 Velásquez Quesquén volvió a postular al Congreso y pese a que obtuvo 13 mil 21 votos no logró hacerse de un escaño. Para su suerte, al año siguiente, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se convocó a elecciones y en el 2001 retornó como legislador por Lambayeque al alcanzar 39 mil 978 votos.
Para las elecciones del 2006 Javier Velásquez volvió a postular como representante de Lambayeque y fue reelecto con 45 mil 448 votos. De ese período congresal, que se prolongó hasta julio del 2011 existen las declaraciones juradas que este presentó al Poder Legislativo. Al inicio de aquel mandato Velásquez Quesquén declaró ingresos por 10 mil 260.16 soles mensuales; bienes valorizados en 142 mil soles y en el rubro de otros declaró la suma de 71 mil 60 soles.
Actualmente, el Artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República obliga a que los parlamentarios presenten una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas por cada año que se comprende dentro del período de representación. Dicha exigencia está vigente en el reglamento desde el 2004 y antes estaba considerada en el Artículo 8 del Reglamento.
Sin embargo, pese a que en el 2006, para iniciar su tercer período como congresista cumplió con el reglamento, para el año siguiente no alcanzó su declaración jurada.
En el ejercicio 2008 – 2009, siendo presidente del Congreso, Velásquez Quesquén declaró percibir 15 mil 600 soles de su sueldo más dos mil soles del sector privado, sumando 17 mil 600 soles mensuales. Sus bienes que en el 2006 estaban valorizados en 142 mil soles se habían incrementado a 239 mil 686, mientras que en el rubro de “Otros” declaró ingresos por cinco mil soles. A ello se suman los siete mil 617.20 soles que recibió como asignación por función congresal.
Entre julio del 2009 y septiembre del 2010, Javier Velásquez ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros, recibiendo una remuneración equivalente al sueldo congresal. En el 2011, declaró ingresos de 15 mil 600 soles mensuales procedentes del sector público, bienes por 245 mil 855.37 soles y en el rubro de “Otros” 87 mil 412.89 soles.
El líder aprista volvió a postular al Congreso para el período 2011 – 2016, recibiendo el respaldo de 43 mil 876 electores. En el período 2011 - 2012 declaró que la valorización de sus bienes se había triplicado, pasando 245 mil 855.37 a 631 mil 809.65 soles. Sus ingresos mensuales seguían siendo de 15 mil 600 soles.
Entre el 2012 y el 2013, el patrimonio de Velásquez Quesquén siguió en aumento, llegando a 847 mil 669.29 soles y en el ejercicio congresal 2013 – 2014 declaró que sus ingresos totales seguían siendo 15 mil 600 soles como legislador, que por otros concepto recibió ingresos anuales de 211 mil 231.60 soles y que su patrimonio había decrecido a 765 mil 985.24 soles. El legislador no presentó su declaración correspondiente al período 2014 – 2015.
Para el 2016, al término de su cuarto mandato como congresista, Javier Velásquez informó que sus ingresos mensuales por el sector público ascendían a 23 mil 217.20 soles (15 mil 600 como congresista y siete mil 617.20 por asignación), que sus bienes ascendía a 575 mil 497.90 soles y que había percibido el ingreso de 20 mil 40.24 soles del sector privado.
El año pasado, el representante por Lambayeque informó que sus ingresos por el sector público fueron nuevamente de 23 mil 217.20 soles mensuales, más 62 mil 400 también del sector público por otros conceptos (no precisa), y 19 mil 559.31 del sector privado. Sus bienes fueron valorizados en 589 mil 309.54 soles.
En la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Velásquez Quesquén informó ser propietario de dos inmuebles: una casa valorizada en 477 mil 778.03 soles, ubicada en la Urbanización El Ingeniero III, en José Leonardo Ortiz, y otra valuada en 60 mil 407.30 soles ubicada en la Urbanización San Juan. Además, que poseía una camioneta Toyota Hi Lux, valorizada en 80 mil soles.
Asimismo, declaró al jurado que su remuneración bruta anual es de 312 mil 614.41 soles, toda procedente del sector público.
Teniendo en consideración ese monto, que se desprende de su remuneración como parlamentario, se calcula que al 2021, cuando cumpla 25 años de labor legislativa, Javier Velásquez habrá cobrado del Estado aproximadamente siete millones 815 mil 360.25 soles, a razón de un millón 563 mil 72.05 soles por cada quinquenio.
En el 2011, el legislador informó que también poseía un terreno en valorizado en 30 mil soles en Cerro Azul – Cañete y una cuenta de ahorros en el Banco Continental con 80 mil dólares, bienes que para el 2016 ya no aparecieron en su hoja de vida.
DEUDAS AL 2016
Postulando para su quinta reelección, en enero del 2016, Expresión consultó a las centrales de riesgo la situación crediticia de los entonces congresistas, entre ellos Javier Velásquez Quesquén. La investigación arrojó que para ese momento el parlamentario aprista era el que menos deudas tenía. Solo debía 10 mil 760.34 soles, aunque su condición en el sistema financiero estaba calificada como de mediano riesgo. (Expresión 945).
Al 28 de enero del 2016 Velásquez Quesquén le debía ocho mil 305.08 soles al Banco Continental y 456.84 soles al Banco Falabella del Perú.
En ese momento, los ingresos anuales del parlamentario ascendían a 309 mil 804 soles. Sin embargo, en el 2014, entre enero y octubre, tuvo capacidad para pagar una deuda de 478 mil 755.14 soles. Otro hecho particular es que para entonces el legislador mantenía una deuda de mil 908.42 soles con el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.
Además, se conoció que Velásquez Quesquén fue registrado en el 2002 como presidente de la Asociación Civil Pro Lambayeque, dada de baja de oficio por la SUNAT.
Cuando llegó al Congreso de la República, en 1995, Velásquez Quesquén fue designado integrante de la Comisión de Fiscalización y de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social; entre el 2001 y el 2002 presidió la Comisión y Fiscalización y Contraloría e integró nuevamente la Comisión de Trabajo.
Del 2002 al 2003 fue parte de la Mesa Directiva del Congreso, además de los grupos de trabajo de Fiscalización, Constitución y Reglamento y Trabajo. Repitió la presidencia de la comisión de Fiscalización en el período legislativo 2003 – 2004 y 2004 – 2005.
Fue vocero de la Célula Parlamentaria Aprista entre el 2006 y el 2007 y al período siguiente ocupó la presidencia del Congreso.
Actualmente integra la Comisión de Constitución y Reglamento, preside la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas y forma parte de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.
También integra la Comisión de Seguimiento al proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por El Niño Costero, la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de la Alianza del Pacífico y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En los últimos dos años Velásquez Quesquén ha sido promotor de las siguientes leyes: Ley que Modifica la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado y Restablece los Beneficios Tributarios; Ley que Restituye al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas la condición de organismo público ejecutor y la Ley que Modifica el Decreto Legislativo que dicta Disposiciones Destinadas a Optimizar el Funcionamiento y los Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud.
Asimismo promovió la Ley que crea el Fondo Turismo Emprende; la Ley que Establece Medidas para Promover el Comercio de Productos Forestales y de Fauna Silvestre de origen legal; Ley que Modifica la Ley del Impuesto a la Renta; la Ley que Modifica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la que Declara Héroes de la Democracia a los Comandos Chavín de Huántar.
Otras normas son la Ley de Restructuración Agraria Especial; la Ley de Reactivación de la Marina Mercante; la Ley de Modifica el Código Penal tipificando el delito de Apología al Terrorismo; la Ley que Modifica el Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial; la Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo y la Ley que Modifica la Creación del Fondo de Adelanto Social; la Ley que Regula el Uso Medicinal y Terapéutico del Canabis y sus derivados.
También, la Ley que Modifica la Ley de Desarrollo y Formalización de la Propiedad Informal y la Ley que Declara de Necesidad Pública la Construcción de un nuevo Mercado Modelo para Chiclayo y la expropiación de inmuebles para la obra.
Javier Velásquez fue secretario general departamental del Partido Aprista Peruano – PAP y luego saltó a la Dirección Política Nacional de la agrupación, función que desempeñó entre los años 2004 y 2008.
En el 2009 asumió la presidencia de la Comisión Política del PAP, puesto en el que se mantuvo hasta las controversiales elecciones de renovación dirigencial del partido, anulada por el Jurado Nacional de Elecciones. Paras las presidenciales del 2011 se postuló como precandidato sin concretar su inscripción.
Cuando el PAP y el Partido Popular Cristiano formaron la Alianza Popular, para las presidenciales del 2016, Velásquez Quesquén se desempeñó como secretario general.
Javier Velásquez es abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en 1986, tiene una Maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otra en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico.
Entre el 2006 y el 2008 fue docente a tiempo parcial de la Universidad de San Martín de Porres – USMP Filial Norte.
Velásquez Quesquén llegó con 35 años al Congreso. En marzo de este año cumplió 58 y sigue como parlamentario.
PROPONE QUE SE ESTANDARICE PRODUCCIÓN DE ESPECIALISTAS JUDICIALES: ODECMA LAMBAYEQUE APLICÓ 147 SANCIONES
Corte de Lambayeque trabaja en la implementación de una radio oficial para emitir notificaciones y edictos.
La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA Lambayeque presentó una propuesta para mejorar el retardo en el trámite de los procesos judiciales que ha sido seleccionada en el Primer Concurso Nacional de Creatividad e Innovación en el Poder Judicial. Esta consiste en establecer un estándar de productividad en las secretarías de los juzgados para que se emitan como mínimo 20 escritos diarios. Otra iniciativa, también nacida aquí, es que se cree un registro de procesados y sentenciados a nivel nacional.
El año pasado, la ODECMA Lambayeque impuso 147 sanciones a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, representando el 12 % de las quejas presentadas por los usuarios por casos de inconducta funcional. Ninguna estuvo referida a actos de corrupción en el ejercicio de la labor jurisdiccional.
Cástulo Rojas Díaz, jefe de la oficina desconcentrada desde enero del 2017, explica que la mayoría de sanciones son por retardo en la administración de justicia, algunas por infracciones a los deberes funcionales cometidas por jueces de Paz no Letrados y otras por afectación al debido proceso, las que han ameritado la formulación de propuestas de suspensión. También se tienen actuaciones irregulares que lindan con la omisión de funciones.
“No se ha denunciado actos de corrupción pese a que se ha hecho la promoción respectiva de que tanto en ODECMA como en la OCMA estamos llanos a recibir las denuncias con reserva de identidad. Cualquier ciudadano o interesado que conozca de algún hecho ilícito o de corrupción, acoso o cualquier otro tema grave, puede acceder a la reserva de la identidad que se puede mantener hasta el final”, detalla.
A las sanciones se suman los procesos disciplinarios iniciados por disposición directa del Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, como los existentes contra los jueces Cecilia Grandez Rojas, José Alfaro Sotomayor y Bárbara Castro Escobedo. A los dos primeros se les atribuye, entre otras cosas, haber mantenido una relación extramatrimonial lo cual se configuraría como una falta muy grave contra la Ley de la Carrera Judicial.
“Hay justiciables que formulan su queja acá y otros en Lima y cuando OCMA considera que debe asumir la investigación así lo hace o de lo contrario nos deriva a nosotros el caso. Muchas veces se cuestiona el criterio de los jueces y esa es una causal de improcedencia de la queja, porque nosotros no podemos interferir en lo que resuelve un juez en tanto su decisión se ajuste al marco legal”, menciona Rojas Díaz.
Añade que la mayor incidencia de quejas se da por retardo y también por cuestionamientos al criterio del juez, lo cual es inviable de revisar por la ODECMA.
“También hay denuncias en la Fiscalía de Control Interno que atiende imputaciones penales que no necesariamente tienen que ver con hechos de corrupción, como el abuso de autoridad, prevaricato o el rehusamiento de deberes funcionales. Estos casos se manejan de manera independientes y ahí la ODECMA no tiene ninguna competencia”, señala.
El magistrado refiere que una de las principales preocupaciones de su despacho es garantizar la eficiencia y eficacia del servicio de justicia, que debe ser oportuno y célere, y para ello se requiere de herramientas que permitan medir la productividad de los órganos jurisdiccionales.
ESTÁNDAR PARA ESPECIALISTAS
Es por esta razón que la ODECMA Lambayeque ha presentado dos propuestas que han sido seleccionadas para la etapa final del Primer Concurso Nacional de Creatividad e Innovación en el Poder Judicial, consistentes en contribuir a la mejora de la administración de justicia.
La primera apunta a que se fijen estándares de productividad en las secretarías de juzgado, a fin de superar el retardo existente en los órganos jurisdiccionales.
“No se trata únicamente de sancionar, sino de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la administración de justicia y en ese sentido se ha elevado una propuesta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que se estandarice la producción de los especialistas legales en todas las especialidades. Estamos haciendo una propuesta para que los especialistas provean o den cuenta de 20 escritos diarios, 100 semanales y 450 mensuales. Con eso creo que podríamos solucionar el retardo”, señala Rojas Díaz.
Actualmente, cada especialista judicial emite entre ocho y 12 escritos diarios, pues no existe un estándar como sí sucede con los jueces, quienes están obligados a cumplir metas periódicas.
Por ejemplo, en el Juzgado de Paz Letrado de Faltas de Chiclayo se emiten, por secretario, en promedio 3.9 escritos diarios y en el Juzgado de Familia de José Leonardo Ortiz el promedio diario por secretario es de 7.1 escritos.
Los escritos son importantes porque sirven de insumo para el proyecto de la resolución de la calificación y/o contestación de demandas, autos de citación a juicio, trámite de pedidos, articulaciones, devolución o remisión de expedientes, emisión de decretos de mérito trámite y más, cuya elaboración no representa mayor dificultad.
La falta de productividad diaria por parte de los servidores judiciales ocasionaron, por ejemplo, que en el 2017 el Primer y el Segundo Juzgado de Paz Letrados Laborales de Chiclayo acumulen retrasos del 32.47 y 34.68 %, respectivamente. Es decir, de cada 100 escritos ingresados solo se dio atención oportuna a 68, en promedio.
“Si a los jueces se les pide un estándar de producción, también debemos nosotros emitir una herramienta normativa que establezca un estándar de producción para los especialistas. Esta es una propuesta nacida de la ODECMA Lambayeque. Justamente al hacer las mesas de trabajo y recabar la información sobre la productividad encontramos que no hay una producción estándar en los diferentes órganos jurisdiccionales. Entonces, lo que queremos es estandarizar a fin de optimizar recursos, ejercer un mejor control y de ser el caso capacitar o en su defecto aplicar las sanciones con un mayor rigor, con más propiedad. Si bien es cierto la ley establece plazos cortos como, por ejemplo, dar cuenta o proveer en 48 horas o cinco días, no establece el estándar mínimo de producción y hay que considerar que todo servidor debe tener el soporte y esfuerzo y esto tiene límite dentro del marco normativo”, expone Cástulo Rojas.
REGISTRO DE PROCESADOS
Otra de las propuestas presentadas por la ODECMA Lambayeque al concurso es la creación de un registro jurisdiccional a través de la implementación de buenas prácticas y un registro informático de procesados y sentenciados con o sin beneficios penitenciarios.
“El 50 % de los internos del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo ha sido o es procesado por delitos contra el patrimonio y ese es el principal factor que influye en la inseguridad ciudadana. Frente a ello hemos propuesto el registro de procesados, porque es necesario saber quiénes son reincidentes, situación que se presenta en la mayoría de casos de delitos contra el patrimonio”, menciona.
También es importante – anota – conocer la situación de los sentenciados a penas suspendidas, quienes gozan de libertad pero deben cumplir reglas de conducta o la de los procesados que tienen medidas de restricción.
“Estamos incidiendo para que los jueces penales hagan cumplir dichas reglas de conducta, porque se trata de personas que están sujetas al control judicial. El año pasado tuvimos una mesa de trabajo con aproximadamente 500 reos libres a quienes se les exhortó el cumplimiento de las normas y con los jueces hemos realizado un piloto para que sean ellos quien realicen el control de las medidas. Se ha dispuesto el control biométrico, que en mi opinión no cumple con lo que señala la norma de que el juez mismo realice la supervisión de los reos libres”, explica.
La creación del registro ayudaría a que se verifique además los antecedentes plenos de quienes aspiran a beneficios premiales como la colaboración eficaz, debido a que se han detectado casos de procesados que habiendo incumplido acuerdos previos con la autoridad judicial son considerados como tal a pedido del Ministerio Público.
AUDIENCIAS FRUSTRADAS
El jefe de la ODECMA comenta también que al inicio de su gestión hizo conocer su preocupación por reducir el índice de audiencias frustradas. Entre el 2015 y el 2016 el 27 % de las audiencias judiciales programadas se frustraron. Es decir, de 30 mil audiencias calendarizadas, aproximadamente siete mil no se realizaron.
“Al cabo del control que se ha hecho hemos reducido el índice al 18 %. Estamos haciendo las mediciones y este año el objetivo es llegar a un 9 %, que aun así es alto. En este sentido se trata de optimizar y coordinar con la defensa técnica, la defensa pública y el Ministerio Público e internalizar en los jueces la imagen que se presenta como administración de justicia. Si se convoca a una audiencia y esta no se realiza definitivamente hay un perjuicio económico y a la propia institución.
Este tema de la frustración de audiencias incide en que los procesos se prolonguen de manera indefinida en algunos casos. Juicios que deberían terminar en uno o dos años se prolongan hasta tres o cuatro año”, sostiene.
Hasta fines del 2016 cerca de mil audiencias se frustraron por inasistencia de los fiscales, más de cuatro mil por inconcurrencia de la defensa técnica y poco más de dos mil por razones atribuibles al Poder Judicial, como deficiencias de notificación y falta de logística.
“Por ejemplo, en los pueblos como Motupe, Olmos y Lambayeque nos falta logística. Por eso se ha hecho la propuesta para la creación de una radio oficial. El Código Procesal Civil hace 25 años consideró la notificación por radiodifusión como medio eficaz y el Código Procesal Penal también lo permite, pero nos hace falta ese soporte. Se ha conformado una comisión para la implementación de la radio oficial. Yo creo que con eso vamos a reducir el número de audiencias frustradas porque el número de usuarios o justiciables van a ser notificados por radio. Tenemos un diario oficial y la ley nos permite también tener una radio oficial a fin que se canalicen los edictos y notificaciones que dictan todos los órganos jurisdiccionales de la corte”, comenta.
JUZGADOS Y AZUCARERAS
Por otro lado, Cástulo Rojas reconoce que los problemas irresueltos en las empresas agroindustriales de Lambayeque representan una carga para la imagen del Poder Judicial, debido a que todas las decisiones que se adoptan en los juzgados civiles donde ser revisan los casos referidos a estas generen controversia y rechazo de ciertos sectores.
El magistrado menciona que los problemas de las azucareras deben ser resueltos por sus propios actores, que son los accionistas, en el entendido de que siendo estas corporaciones privadas les corresponde a ellos asumir la solución de las discrepancias societarias.
“Particularmente en Lambayeque hay dos azucareras que tienen esa problemática: Tumán y Pucalá. Respecto a nuestras funciones, en el caso de Pucalá existe una directiva expresa de la OCMA que señala que todo conflicto materia de queja debe ser derivado a Lima, esto por un tema de seguridad debido a las amenazas que recibió en el 2013 el entonces jefe de la ODECMA Lambayeque”, explica.
LAS ADENDAS DEL PROYECTO OLMOS: LAVA JATO: CAMBIOS EN LOS CONTRATOS ORIGINALES HABRÍAN BENEFICIADO A ODEBRECHT
Acuerdos fueron suscritos por el gobernador Humberto Acuña.
Lo que para el gobernador de Lambayeque Humberto Acuña Peralta y sus funcionarios fue una reunión con resultados satisfactorios, para la presidenta de la comisión que investiga el caso “Lava Jato” en el Congreso de la República, Rosa Bartra Barriga, no lo fue. El viernes último la autoridad regional acudió ante el grupo de trabajo para responder sobre las adendas que firmó a favor de Odebrecht en el Proyecto Olmos, cayendo – a decir de la parlamentaria fujimorista – en contradicciones.
Olmos es uno de los megaproyectos que Odebrecht, a través de dos concesionarias, ejecutó en Lambayeque y sobre el cual se han levantado diversas opiniones, además de dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación a partir del escándalo “Lava Jato”, que compromete a la gigante constructora brasilera.
En ese marco, la comisión que preside Bartra Barriga decidió citar para el viernes 11 de mayo al gobernador regional de Lambayeque, con el objetivo que explique las razones por las que firmó dos adendas a favor de las concesionarias de Odebrecht, responsables de las fases de trasvase e irrigación del Proyecto Olmos.
El contrato para la ejecución del componente de trasvase de Olmos, que comprende la construcción de la Presa Limón, el Túnel Trasandino y otras obras menores, se firmó en el 2004, durante del gobierno de Alejandro Toledo, en tanto el contrato para las obras de irrigación se suscribió en el segundo gobierno de Alan García, a mediados del 2010.
Si bien la administración de Humberto Acuña como gobernador regional empezó recién en el 2011, para la comisión este debía explicar al detalle por qué es que firmó adendas que modificaron los contratos iniciales que suscribió el Estado Peruano, representado por el gobierno regional, y Odebrecht para la ejecución de ambas fases del ansiado proyecto lambayecano.
LA CONTROVERSIA DEL TRASVASE
La perforación del Túnel Trasandino, de casi 20 kilómetros de extensión, de los cuales 14 trabajó la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, se retomó en el 2006 y concluyó en diciembre el 2011, con casi dos años de retraso. La concesión es de 20 años a favor de la compañía que se cuentan a partir del 2004.
El contrato inicial establecía que la subsidiaria de Odebrecht debía entregar la obra en el 2009, para en adelante cobrar al Estado la Remuneración Unitaria Básica – RUB por el trasvase de las aguas del río Huancabamba. Sin embargo, en el proceso de excavación se produjeron hechos naturales no imputables al concesionario, como el incremento del caudal del río en el 2008, que afectó considerablemente el frente oriental y su campamento, y los estallidos de roca entre el 2009 y el 2010.
Esto llevó a CTO a invocar el reconocimiento de dos conceptos: perjuicio económico-financiero y sobrecostos en la obra, ambos considerados en el contrato.
El primer concepto se refería a que debido a los atrasos por razones no imputables a la constructora el túnel no había ingresado en operación en el tiempo previsto y, en consecuencia, la compañía no había percibido el pago anual por el trasvase de las aguas. El segundo concepto versa sobre los gastos adicionales que había ejecutado la empresa para continuar con las excavaciones pese a los estallidos.
Hasta el 2010, la posición del Gobierno Regional de Lambayeque, propietario del Proyecto Olmos, era la de no reconocer ninguno de los dos conceptos. En respuesta, Odebrecht paralizó de manera unilateral los trabajos en el 2011 y con el afán de hallar una solución tanto concedente como concesionaria llegaron al acuerdo de someter la pretensión a peritaje. El acta se firmó el 16 de septiembre del 2011 siendo Humberto Acuña gobernador regional.
Odebrecht exigía que el gobierno regional le reconozca casi 50 millones de dólares por perjuicio económico y 74 millones de dólares por sobrecostos.
Para el peritaje del perjuicio económico el Gobierno Regional de Lambayeque contrató los servicios del experto financiero Sergio Bravo Orellana, mientras que para resolver la controversia del sobrecosto se llamó al experto Jorge Alva Hurtado, actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI y decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú.
Bravo Orellana resolvió que debía reconocérsele a CTO el pago de 49 millones 326 mil dólares como perjuicio económico, en tanto Alva Hurtado determinó que el sobrecosto solo ascendía a cinco millones 684 mil dólares.
En función de lo establecido por los peritos y con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la administración de Acuña Peralta aceptó la suscripción de una adenda al contrato de concesión, admitiendo el pago de los más de 49 millones de dólares por perjuicio económico y los cinco millones de dólares por sobrecostos.
El contrato original de concesión señala expresamente en su cláusula 3.4, que en los casos en los que se produzcan retrasos o demoras por causas no imputables al concesionario y estos ocasionen perjuicio económico-financiero, “se otorgará la prórroga necesaria del plazo de la concesión, para que el concesionario pueda resarcirse de dicho perjuicio mediante el cobro de la Remuneración Unitaria Básica durante el período adicional de la concesión”.
Pese a lo indicado en el contrato, la administración de Acuña Peralta firmó la adenda y aceptó el pago adelantado de los 49 millones 326 mil dólares indicados por el perito Sergio Bravo Orellana.
Empero, lo que nadie dijo en su momento es que Bravo Orellana tenía antecedentes de haber dado pronunciamientos favorables a Odebrecht, como por ejemplo la entrega de la misma concesión del Trasvase Olmos, en el 2004, al desempeñarse como integrante del Comité de Licitación de Proinversión, cargo desde el cual un año después también le otorgó a la compañía la concesión de la Interoceánica Sur, en el gobierno de Alejandro Toledo.
En el segundo gobierno de Alan García, Bravo Orellana fue nombrado viceministro de Transportes.
Hoy, Bravo Orellana es uno de los exfuncionarios de Proinversión a los que el Ministerio Público investiga por el caso “Lava Jato”.
ADENDA DE LA IRRIGACIÓN
La otra adenda que se cuestiona de la gestión de Humberto Acuña sobre el Proyecto Olmos tiene que ver con el componente de irrigación.
Tras un polémico debate que ameritó la participación del MEF, de la Contraloría General de la República y del propio parlamento, en junio del 2010 el Estado Peruano y H2Olmos, también subsidiaria de Odebrecht, firmaron un contrato de concesión por 25 años al aprobarse la iniciativa privada que esta presentó para irrigar 43 mil 500 hectáreas, de las cuales 38 mil se ubican en el Valle Nuevo y cinco mil 500 en el Valle Viejo de Olmos.
El propósito de este proyecto fue ejecutar las obras para conducir las aguas trasvasadas del río Huancabamba con infraestructura mayor y menor de riego hasta las tierras a beneficiar. Al igual que en el caso del trasvase, la subsidiaria de Odebrecht asumió la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
Dentro del contrato se estableció la cláusula referida a la subasta de las 38 mil hectáreas del Valle Nuevo, de cuya venta se obtuvieron los recursos para la realización de las obras de irrigación. La cláusula 6.1, en su párrafo final, señala expresamente lo siguiente:
“En ningún caso el concesionario o sus accionistas, ni las empresas vinculadas directa o indirectamente al concesionario o a sus accionistas, podrán participar de la subasta”.
Con ello, H2Olmos u Odebrecht, directamente, quedaban prohibidos de adquirir tierras en el Proyecto Olmos.
La cláusula 6.3 del contrato indica además que la subasta se declaraba exitosa al configurarse dos condiciones: la venta total de las 38 mil hectáreas y que el dinero recaudado de la misma sea, como mínimo, 161 millones 500 mil dólares.
El 9 de diciembre del 2011 y el 12 de abril del 2012 se realizaron las dos subastas de las tierras nuevas de Olmos, procesos en los cuales se vendieron 28 mil hectáreas y se acumuló 142 millones 669 mil 288 dólares. Semanas después, una de las adquirientes en la subasta, Danper Trujillo, desistió de la compra de tierras.
Debido a que no se habían configurado las dos condiciones exigidas en el contrato la subasta no podía declararse exitosa, por lo que ha sugerencia del Scotiabank y del Banco de Crédito del Perú – BCP, encargados de la estructuración financiera del proyecto, se determinó la modificatoria de la cláusula 6.1 del contrato.
De este modo, el 30 de mayo del 2012, el gobernador regional de Lambayeque suscribió la adenda que permitió que Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. adquiriera en total 16 lotes del Valle Nuevo de Olmos, convirtiéndose en propietaria de 11 mil 500 hectáreas, tierras que posteriormente vendió.
El viernes 11 el gobernador de Lambayeque llegó a la sesión de la Comisión “Lava Jato” acompañado de Francisco Gayoso Zevallos y Juan Saavedra Jiménez. Acuña Peralta y el primero, ex gerente del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, fueron citados para responder por su intervención en la firma del acta de trato directo, del 16 de septiembre del 2011, y del acta de transacción extrajudicial celebrada con CTO para resolver la controversia del perjuicio económico y los sobrecostos del Túnel Trasandino.
Asimismo, Acuña Peralta y Saavedra Jiménez, actual gerente del PEOT, dieron respuesta a las interrogantes referidas al componente de irrigación del Proyecto Olmos. También fue citado Juan Andrés Marsano Soto, exrpresentante legal de CTO y de H2Olmos.
Tras la sesión, que duró cinco horas, la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, declaró: “No hemos encontrado mucha convicción en sus respuestas (de Acuña Peralta) y ha quedado claro también que se ha pagado por el uso de agua no trasvasada por años”.
Un informe previo del Congreso de la República concluye que el Estado pagó 50 millones de dólares adicionales a Odebrecht en una de las etapas del Proyecto Olmos. Ese pago es el que determinó el perito Sergio Bravo Orellana y que fue aceptado por el Gobierno Regional de Lambayeque en contra de lo señalado en el contrato del trasvase.
Según una nota de prensa enviada por el Congreso de la República, la legisladora de Fuerza Popular fue clara en sostener que las adendas realizadas no sirvieron para mejorar las condiciones del contrato en favor del Estado, sino más bien beneficiaron a la empresa brasilera.
Incluso, dijo que tal como se había manejado este proceso de inversión no calificaba como licitación sino como obra pública pues el Estado puso la mayor cantidad de capital y las garantías para que Odebrecht pueda operar.

References: Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Artículo 23
 Artículo 8
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