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Timestamp: 2020-01-27 06:34:55+00:00

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Vigencia desde 04 de Septiembre de 2001. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2003 hasta 01 de Agosto de 2003
TÍTULO PRELIMINAR. FINALIDADES, OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES
TÍTULO I. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
CAPÍTULO I. PLANES TERRITORIALES Y PLANES URBANÍSTICOS
CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO TERRITORIAL
SECCIÓN 1. EL PLAN REGIONAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
SECCIÓN 2. LAS NORMAS URBANÍSTICAS REGIONALES
SECCIÓN 3. LOS PROYECTOS SINGULARES DE INTERÉS REGIONAL
CAPÍTULO III. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
SECCIÓN 2. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
SECCIÓN 3. LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA
SECCIÓN 4. LOS PLANES PARCIALES
SECCIÓN 5. LOS PLANES ESPECIALES
SECCIÓN 6. OTROS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PLANEAMIENTO
CAPÍTULO IV. FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES URBANÍSTICOS
SECCIÓN 2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA
SECCIÓN 3. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES
SECCIÓN 4. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES ESPECIALES
SECCIÓN 5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DEMÁS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PLANEAMIENTO
SECCIÓN 6. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE URBANISMO
CAPÍTULO V. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES
CAPÍTULO VI. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS
TÍTULO II. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO
CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO
SECCIÓN 1. SUELO URBANO
SECCIÓN 2. SUELO URBANIZABLE
SECCIÓN 3. SUELO RÚSTICO
TÍTULO III. EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN
CAPÍTULO II. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA
SECCIÓN 1. NORMALIZACIÓN DE FINCAS
SECCIÓN 2. EXPROPIACIÓN FORZOSA
SECCIÓN 3. OCUPACIÓN DIRECTA
SECCIÓN 4. REPARCELACIÓN
SECCIÓN 5. CONVENIOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO IV. OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES
CAPÍTULO V. ACTUACIONES AISLADAS
CAPÍTULO VI. ACTUACIONES INTEGRADAS
SECCIÓN 2. SISTEMA DE COMPENSACIÓN
SECCIÓN 3. SISTEMA DE COOPERACIÓN
SECCIÓN 4. SISTEMA DE EXPROPIACIÓN
SECCIÓN 5. SISTEMA DE CONCESIÓN DE OBRA URBANIZADORA
CAPÍTULO VII. NORMAS DE EJECUCIÓN EN LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS
TÍTULO IV. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO
CAPÍTULO I. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 183 Actos sujetos a licencia urbanística
Artículo 184 Licencias urbanísticas y suministros de obra
Artículo 185 Licencias de primera ocupación
Artículo 186 Licencias de apertura y actividades clasificadas
Artículo 187 Relaciones entre los diferentes tipos de licencias
Artículo 188 Régimen
Artículo 189 Competencia
Artículo 190 Procedimiento
Artículo 191 Plazos
Artículo 192 Silencio administrativo
Artículo 193 Carteles Informativos
Artículo 194 Obras promovidas por las Administraciones Públicas
CAPÍTULO II. PARCELACIONES
Artículo 195 Concepto
Artículo 196 Indivisibilidad de las parcelas
Artículo 197 Parcelaciones ilegales
Artículo 198 Régimen
Artículo 199 Procedimiento
CAPÍTULO III. EL DEBER DE CONSERVACIÓN Y SU LIMITE LA DECLARACIÓN DE RUINA
Artículo 200 Deberes de uso y conservación
Artículo 201 Ordenes de ejecución
Artículo 202 Declaración de ruina
TÍTULO V. DISCIPLINA URBANÍSTICA
Artículo 203 Competencia sobre inspección urbanística
Artículo 204 Deber de colaboración con la inspección
Artículo 205 Facultades genéricas de la inspección
Artículo 206 Funciones de la inspección
CAPÍTULO II. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Artículo 207 Obras de edificación y uso del suelo que estén realizándose sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de la licencia
Artículo 208 Obras de edificación y uso del suelo ya concluidas y llevadas a cabo sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de la licencia
Artículo 209 Competencias autonómicas
Artículo 210 Obras de edificación y uso del suelo que estén realizándose al amparo de una licencia manifiestamente ilegal
Artículo 211 Obras de edificación y uso del suelo ya concluidas y llevadas a cabo al amparo de una licencia manifiestamente ilegal
Artículo 212 Protección de zonas verdes, espacios libres y suelos rústicos
Artículo 213 Suspensión de suministros
Artículo 214 Definición de infracción y compatibilidad con otras medidas de protección de la legalidad urbanística
Artículo 215 Clasificación de las infracciones urbanísticas
Artículo 216 Infracciones muy graves
Artículo 217 Infracciones graves
Artículo 218 Infracciones leves
Artículo 219 Personas responsables
Artículo 220 Responsabilidad de las personas jurídicas
Artículo 221 Prescripción de las infracciones
Artículo 222 Tipos de sanciones y cuantía de las multas
Artículo 223 Reglas para determinar la cuantía de las sanciones
Artículo 224 Procedimiento sancionador
Artículo 225 Prescripción de sanciones
Artículo 226 Publicidad de las sanciones
Artículo 227 Afectación de las sanciones
Artículo 228 Competencia
TÍTULO VI. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO
CAPÍTULO I. PATRIMONIOS PÚBLICOS DEL SUELO
Artículo 229 Constitución
Artículo 230 Bienes que integran el patrimonio municipal del suelo
Artículo 231 Consignación de créditos en los Presupuestos municipales para el patrimonio municipal del suelo
Artículo 232 Reservas de terrenos
Artículo 233 Destino
Artículo 234 Cesiones onerosas
Artículo 235 Cesiones gratuitas
Artículo 236 Cesiones entre Administraciones
Artículo 237 Competencia
Artículo 238 Patrimonio regional del suelo
CAPÍTULO II. DERECHO DE SUPERFICIE
Artículo 239 Derecho de superficie
CAPÍTULO III. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO
Artículo 240 Derechos de tanteo y retracto
Artículo 241 Delimitación de áreas
Artículo 242 Ejercicio del derecho de tanteo
Artículo 243 Ejercicio del derecho de retracto
Artículo 244 Pago
Artículo 245 Adjudicación de viviendas
CAPÍTULO IV. EDIFICACIÓN FORZOSA
Artículo 246 Obligación de edificar
Artículo 247 Registro de solares
Artículo 248 Inclusión de bienes en el Registro
Artículo 249 Venta forzosa
Artículo 250 Cese de efectos de la inclusión en el Registro
Artículo 251 Obligaciones del adquirente
Artículo 252 Expropiación forzosa
TÍTULO VII. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN JURÍDICO
CAPÍTULO I. LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Artículo 253 Comisión Regional de Ordenación del Territorio
CAPÍTULO II. LA COMISIÓN REGIONAL DE URBANISMO
Artículo 254 Comisión Regional de Urbanismo
CAPÍTULO III. ACCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 255 Vía de apremio
Artículo 256 Acción pública
Artículo 257 Acciones civiles
Artículo 258 Registro de la Propiedad
Artículo 259 Objeto y capacidad general
Artículo 260 Límites
Artículo 261 Convenios de planeamiento
Artículo 262 Convenios de gestión
Artículo 263 Responsabilidad por incumplimiento
Artículo 264 Publicidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Comisión Mixta Interdepartamental
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Contravalor en euros de las sanciones y actualización de cuantías
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Plan de Ordenación del Litoral
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Normativa aplicable y adaptación de Planes anteriores
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Planes aprobados con anterioridad
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA Instrumentos urbanísticos en ejecución
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Instrumentos urbanísticos en tramitación
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Otorgamiento de licencias y autorizaciones
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA Cesiones de aprovechamiento
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA Comisiones Regionales de Ordenación del Territorio y Urbanismo
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA Suspensión de licencias comerciales
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA Construcciones en suelo no urbanizable o rústico
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA Medidas cautelares en ámbito del litoral
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Plazos de aprobación de los instrumentos de planificación territorial
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Normas reglamentarias
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Autorización de desarrollo reglamentario
BOC 21 Agosto. Corrección de errores L 2/2001 de 25 Jun. CA Cantabria (ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria)
L 5/2019 de 23 Dic. CA Cantabria (medidas fiscales y administrativas)
Disposición transitoria primera redactada por el artículo 21 de la Ley [CANTABRIA] 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre «B.O.E.» 15 enero 2020).
Artículo 27 redactado por el apartado uno del artículo 17 de la Ley [CANTABRIA] 9/2017, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 29 diciembre).
Artículo 29 redactado por el apartado dos del artículo 17 de la Ley [CANTABRIA] 9/2017, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 29 diciembre).
L 7/2017 de 22 Sep. CA Catabria (modificación L 3/2016 de 28 Oct. de modificación L 2/2001 de 25 Jun., de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno)
Letra e) del número 4 de la disposición adicional octava suprimido por el artículo único de la Ley [CANTABRIA] 7/2017, 22 septiembre, de modificación de la Ley de Cantabria 3/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 29 septiembre).
L 5/2017 de 15 May. CA Cantabria (modificación de la L de Cantabria 2/2001 de 25 Jun. de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo)
Disposición adicional undécima introducida por el artículo único de la Ley [CANTABRIA] 5/2017, 15 mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 24 mayo).
R Administraciones Territoriales 15 Feb. 2017 (Acuerdo Comisión Bilateral de Cooperación-CA Cantabria, en relación L 3/2016, de modificación de la L 2/2001 de 25 Jun., Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico)
Véase el número primero del anexo de la Res. 15 febrero 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 3/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.E.» 1 marzo).
L 3/2016 de 28 Oct. CA Cantabria (modificación de L 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la comunidad autónoma)
Disposición adicional octava introducida por el apartado uno del artículo primero de la Ley [CANTABRIA] 3/2016, 28 octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 7 noviembre). Disposición adicional novena introducida por el apartado dos del artículo primero de la Ley [CANTABRIA] 3/2016, 28 octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 7 noviembre). Disposición adicional décima introducida por el apartado tres del artículo primero de la Ley [CANTABRIA] 3/2016, 28 octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 7 noviembre). Disposición transitoria decimotercera introducida por el apartado cuatro del artículo primero de la Ley [CANTABRIA] 3/2016, 28 octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 7 noviembre).
L 4/2014 de 22 Dic. CA Cantabria (del Paisaje)
Número 3 del artículo 59 redactado por la disposición adicional segunda de la Ley [CANTABRIA] 4/2014, 22 diciembre, del Paisaje («B.O.C.» 29 diciembre).
Artículo 47 redactado por número uno del artículo 28 de Ley [CANTABRIA] 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre). Número 2 del artículo 61 redactado por número dos del artículo 28 de Ley [CANTABRIA] 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre). Artículo 102 bis introducido por número tres del artículo 28 de Ley [CANTABRIA] 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre). Número 1 del artículo 222 redactado por número cuatro del artículo 28 de Ley [CANTABRIA] 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).
Número 2 del artículo 190 redactado por artículo 21 de Ley [CANTABRIA] 10/2013, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).
TC, Sala Primera, S 254/2015, 30 Nov. 2015 (Rec. 6860/2014)
Inciso «o judiciales», contenido en el número 1 del artículo 65 bis, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 254/2015, de 30 noviembre 2015, nº recurso 6860/2014.
L 4/2013 de 20 jun., CA Cantabria (régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento)
Artículo 65 bis introducido por el artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 4/2013, 20 junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento («B.O.C.» 3 julio). Letra e) del número 1 del artículo 233 introducida, en su actual redacción, por el artículo 2 de la Ley [CANTABRIA] 4/2013, 20 junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento («B.O.C.» 3 julio). Letra f) del número 1 del artículo 233 renumerada y redactada por el artículo 2 de la Ley [CANTABRIA] 4/2013, 20 junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento («B.O.C.» 3 julio), su contenido se corresponde con el de la anterior letra e).
TC, Sala Segunda, S 92/2013, 22 Abr. 2013 (Rec. 4596/2011)
Párrafo quinto del apartado 4, en cuanto se refiere a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley [CANTABRIA] 2/2011 de 4 abril, declarado nulo e inconstitucional por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 92/2013 de 22 abril. Apartado 5, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley [CANTABRIA] 2/2011 de 4 abril, declarado nulo e inconstitucional por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 92/2013 de 22 abril.
L 5/2012, 11 Dic., CA de Cantabria (Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo)
Disposición transitoria primera redactada por número uno del artículo 1 de Ley [CANTABRIA] 5/2012, 11 diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 19 diciembre). Artículo 26 redactado por número dos del artículo 1 de Ley [CANTABRIA] 5/2012, 11 diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 19 diciembre). Artículo 190 redactado por número tres del artículo 1 de Ley [CANTABRIA] 5/2012, 11 diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 19 diciembre). Disposición transitoria undécima derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [CANTABRIA] 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 19 diciembre).
L 3/2012, de 21 Jun., CA Cantabria (modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo)
Letra j) del número 2 del artículo 45 introducida por el artículo primero de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Número 2 del artículo 94 redactado por el artículo segundo de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Número 3 del artículo 100.bis redactado por el artículo tercero de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 108 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 109 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 110 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 111 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 112 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 113 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 114 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 115 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 116 redactado por el artículo quinto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Artículo 195 redactado por el artículo sexto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Disposición adicional quinta redactada por el artículo séptimo de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Número 6 de la disposición transitoria segunda redactado por el artículo octavo de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Disposición transitoria novena introducida, en su actual redacción, por el artículo noveno de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio). Número 2 del artículo 105 redactado por el artículo cuarto de la Ley [CANTABRIA] 3/2012, de 21 Jun., por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 29 junio).
Párrafo 1.º del número 1 del artículo 26 redactado por el número 1 del artículo 27 de la Ley [CANTABRIA] 5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31 diciembre). Párrafo 1.º del número 4 de la Disposición Transitoria 1ª redactado por el número 2 del artículo 27 de la Ley [CANTABRIA] 5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31 diciembre).
Ley 2/2011, de 4 de Abr. CA Cantabria (se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria)
Artículo 258 redactado por el artículo 1 de la Ley [CANTABRIA] 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística («B.O.C.» 13 abril). Disposición adicional sexta introducida por el artículo 2 de la Ley [CANTABRIA] 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística («B.O.C.» 13 abril). Disposición adicional séptima introducida por el artículo 3 de la Ley [CANTABRIA] 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística («B.O.C.» 13 abril).
L 6/2010, 30 Jul. CA Cantabria (Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo)
Número 3 del artículo 34 redactado por el apartado uno del artículo 5 de la Ley [CANTABRIA] 6/2010, 30 julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 13 agosto). Número 2 del artículo 190 introducido por el apartado dos del artículo 5 de la Ley [CANTABRIA] 6/2010, 30 julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 13 agosto). Artículo 193 redactado por el apartado tres del artículo 5 de la Ley [CANTABRIA] 6/2010, 30 julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 13 agosto). Artículo 211 bis introducido por el apartado cuatro del artículo 5 de la Ley [CANTABRIA] 6/2010, 30 julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 13 agosto). Párrafo 3.º del número 2 del artículo 221 redactado por el apartado cinco del artículo 5 de la Ley [CANTABRIA] 6/2010, 30 julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 13 agosto). Número 2 del artículo 256 redactado por el apartado seis del artículo 5 de la Ley [CANTABRIA] 6/2010, 30 julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.C.» 13 agosto).
Disposición adicional quinta redactada por el número dos del artículo 12 de la L [CANTABRIA] 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 30 diciembre). Disposición transitoria duodécima introducida por el número cinco del artículo 12 de la L [CANTABRIA] 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 30 diciembre). Número 3 del artículo 59 redactado por el número uno del artículo 12 de la L [CANTABRIA] 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 30 diciembre). Párrafo segundo del número 7 del artículo 29 introducido por el número uno bis del artículo 12 de la L [CANTABRIA] 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 30 diciembre). Párrafo segundo de la disposición transitoria undécima introducido por el número tres del artículo 12 de Ley [CANTABRIA] 6/2009, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 30 diciembre/«B.O.E.» 21 enero 2010).
L 2/2009, 3 Jul. CA Cantabria (Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria)
Artículo 112 redactado por el número uno del artículo primero de la L [CANTABRIA] 2/2009, 3 julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio). Artículo 113 redactado por el número dos del artículo primero de la L [CANTABRIA] 2/2009, 3 julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio). Artículo 114 redactado por el número tres del artículo primero de la L [CANTABRIA] 2/2009, 3 julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio). Disposición adicional quinta introducida por el artículo segundo de la L [CANTABRIA] 2/2009, 3 julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio). Disposición transitoria novena derogada por el número uno del artículo tercero de la L [CANTABRIA] 2/2009, 3 julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio). Disposición transitoria undécima introducida por el número dos del artículo tercero de la L [CANTABRIA] 2/2009, 3 julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio). Número 1 del artículo 116 redactado por el apartado cuatro del artículo primero de la Ley [CANTABRIA] 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria («B.O.C.» 10 julio; Corrección de errores «B.O.C.» 5 agosto).
L 7/2007 de 27 Dic. CA Cantabria (medidas fiscales y de contenido financiero)
Letra e) del artículo 8 redactada por el número uno del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra e) del artículo 12 introducida, en su actual redacción, por el número dos del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra f) del artículo 12 renombrada por el número dos del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con la anterior letra e). Letra g) del artículo 12 renombrada por el número dos del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con la anterior letra f). Letra h) del artículo 12 renombrada por el número dos del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con la anterior letra g). Número 1 del artículo 26 redactado por el número tres del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 1 del artículo 27 redactado por el número cuatro del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 3 del artículo 29 redactado por el número cinco del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 6 del artículo 29 redactado por el número cinco del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 4 del artículo 38 redactado por el número seis del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Artículo 40 bis introducido por el número siete del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra f) del número 1 del artículo 52 introducida por el número ocho del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 52 redactado por el número nueve del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 1 del artículo 56 redactado por el número diez del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Artículo 58 bis introducido por el número once del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 1 del artículo 60 redactado por el número doce del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 3 del artículo 82 introducido, en su actual redacción, por el número trece del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 4 del artículo 82 renumerado por el número trece del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con el anterior número 3. Número 2 del artículo 83 redactado por el número quince del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 4 del artículo 83 redactado por el número dieciséis del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 4 del artículo 90 redactado por el número diecisiete del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 94 redactado por el número dieciocho del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra d) del número 1 del artículo 95 introducida por el número diecinueve del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 95 redactado por el número veinte del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra e) del artículo 98 introducida por el número veintiuno del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra d) del artículo 100 redactada por el número veintidós del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Artículo 100 bis introducido por el número veintitrés del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Artículo 103 redactado por el número veinticuatro del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 104 redactado por el número veinticinco del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 111 redactado por el número veintiséis del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 4 del artículo 116 redactado por el número veintisiete del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Artículo 118 redactado por el número veintiocho del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 126 redactado por el número veintinueve del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 3 del artículo 200 introducido por el número treinta del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Número 2 del artículo 216 redactado por el número treinta y uno del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Letra c) del número 1 del artículo 233 redactada por el número treinta y dos del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). La expresión «los promotores», contenida en el párrafo introductorio del artículo 98, ha sido introducida por el número treinta y tres del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), en sustitución de la anterior «los propietarios». La expresión «los promotores», contenida en el párrafo introductorio del artículo 100, ha sido introducida por el número treinta y tres del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), en sustitución de la anterior «los propietarios». La expresión «los promotores», contenida en el párrafo 1.º del artículo 106, ha sido introducida por el número treinta y tres del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), en sustitución de la anterior «los propietarios». La expresión «los promotores», contenida en el artículo 99, ha sido introducida por el número treinta y tres del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre), en sustitución de la anterior «los propietarios». Número 4 de la disposición transitoria primera redactado por el número treinta y cuatro del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 31 diciembre).
L 19/2006 de 26 Dic. CA Cantabria (medidas fiscales y de contenido financiero)
Número 8 del artículo 29 redactado por el artículo 11 de la Ley [CANTABRIA] 19/2006, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero («B.O.C.» 29 diciembre).
L 6/2005 de 26 Dic. CA Cantabria (medidas administrativas y fiscales para la comunidad en 2006)
Número 3 de la disposición transitoria primera redactado por el artículo 9 de la Ley [CANTABRIA] 6/2005, 26 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 («B.O.C.» 30 diciembre). Número 4 de la disposición transitoria primera redactado por el artículo 9 de la Ley [CANTABRIA] 6/2005, 26 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 («B.O.C.» 30 diciembre).
L 7/2004 de 27 Dic. CA Cantabria (medidas administrativas y fiscales)
Número 7 del artículo 29 redactado por el número 2 del artículo 12 bis de la Ley [CANTABRIA] 7/2004, 27 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Número 10 del artículo 29 renumerado por el número 3 del artículo 12 bis de la Ley [CATALUÑA] 7/2004, 27 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 8. Número 8 del artículo 29 introducido, en su actual redacción, por el número 4 del artículo 12 bis de la Ley [CANTABRIA] 7/2004, 27 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre). Número 9 del artículo 29 introducido por el número cinco del artículo 12 bis de la Ley [CANTABRIA] 7/2004, 27 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales («B.O.C.» 31 diciembre).
L 2/2004 de 27 Sep. CA Cantabria (plan de ordenación del litoral)
Ley 2/2003 de 23 Jul. CA Cantabria (medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo)
Artículo 253 derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley de Cantabria 2/2003, de 23 de julio, de «Establecimiento de Medidas Cautelares Urbanísticas en el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo» («B.O.C.» 31 julio /«B.O.E.» 19 agosto). Artículo 254 derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley de Cantabria 2/2003, de 23 de julio, de «Establecimiento de Medidas Cautelares Urbanísticas en el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo» («B.O.C.» 31 julio /«B.O.E.» 19 agosto). Téngase en cuenta que las referencias que en la presente Ley se hacen a «la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y a la Comisión Regional de Urbanismo» deben entenderse hechas a la «Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo», conforme se establece en la disposición final primera de la Ley de Cantabria 2/2003, de 23 de julio, de «Establecimiento de Medidas Cautelares Urbanísticas en el Ámbito del Litoral y Creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo» («B.O.C.» 31 julio).
L 10/2002 de 23 Dic. CA Cantabria (medidas administrativas y fiscales)
L 9/2001 de 22 Dic. CA Cantabria (medidas fiscales y administrativas de la CA Cantabria para el año 2002)
Número 2 de la Disposición Transitoria 9.º redactado por la Disposición Adicional 2.ª de la Ley [CANTABRIA] 9/2001, 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2002 («B.O.C.» 31 diciembre).
1. El Derecho Urbanístico español ha sufrido recientemente profundos cambios que han afectado tanto al sistema de fuentes y a los criterios competenciales, como a cuestiones más sustantivas de orientación y enfoque.
En efecto, la asunción de competencias legislativas en materia urbanística por las Comunidades Autónomas, la concreción de las competencias del Estado que llevó a cabo la STC 61/1997, de 20 de marzo y el contenido de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, han propiciado un importante cambio de perspectiva. La confluencia de estos tres factores incide en el Derecho Urbanístico tanto en el plano formal y competencial como en el sustantivo.
2. Cantabria, como otras Comunidades Autónomas tras la destacada Sentencia del TC de 20 de marzo de 1997, aprobó una Ley de carácter provisional para salvar la situación derivada de dicha Sentencia. Se trataba de adoptar una medida provisional que, por las razones que en la Exposición de Motivos de dicha Ley se explican, suponía «rescatar» el Derecho estatal anulado por razones exclusivamente competenciales en la STC 61/1997, esto es, el Texto Refundido de 1992. Esa fue la razón y la justificación de la Ley 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
El carácter provisional de la medida y el hecho de que con posterioridad se aprobara la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, imponía la necesidad de un texto legislativo propio que abordara con pretensión de complitud el Derecho Urbanístico propiamente dicho, esto es, lo que hasta el momento ha sido objeto del Derecho estatal preexistente. El resultado es la presente Ley. Un texto que parte de la base de unas cuantas ideas que interesa inmediatamente resaltar y que está enmarcado con carácter general por dos tipos de condicionantes: la Ley estatal de Régimen del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril de 1998, y lo que se podría enunciar como la «cultura» jurídico-urbanística española tradicional.
3. La Ley 6/1998 es un condicionante obligado. En efecto, la legislación autonómica no puede desconocer la normativa dictada válidamente por el Estado en el ejercicio de sus propias competencias; normativa que condiciona y enmarca a la Ley autonómica, aunque ese marco admita en más de un aspecto interpretaciones de desarrollo más o menos extensivas.
De ahí que no sea impertinente recordar ahora algunas de las ideas fundamentales de la citada Ley estatal.
La Ley 6/1998 es, desde luego, tributaria de la Sentencia constitucional 61/1997, pero no obedece sólo a esta preocupación competencial. Según se deduce de su Exposición de Motivos es una determinada óptica económica la que inspira al legislador de 1998; una óptica que podría enmarcarse en el contexto de una cierta liberalización del suelo como instrumento para facilitar la oferta que abarate la vivienda resultante. Esta genérica finalidad se pretende articular mediante un par de instrumentos técnicos, algunos de los cuales, como la citada Ley reconoce, precisan «una continuidad por parte de los legisladores de las diferentes Comunidades Autónomas, sin la cual la reforma que ahora se inicia quedaría incompleta», dado que el Estado carece de competencias en materia de urbanismo y sólo puede aportar soluciones parciales a los objetivos políticos que indirectamente se deducen de la citada Ley.
De la Ley 6/1998 destacan, pues, dos cuestiones principales. La primera consiste en incorporar potenciales contenidos urbanísticos a todo el suelo no expresamente protegido y formalmente excluido de la urbanización. La segunda se dirige a modificar el régimen de las valoraciones, a efectos fundamentalmente expropiatorios.
Por lo que hace a la primera cuestión el cambio se sitúa en la regulación de las distintas clases de suelo; regulación que la Ley considera el «presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana». Pues bien, ahí, con la confesada pretensión de facilitar el aumento de oferta de suelo, se considera susceptible de ser urbanizado «todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación» de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento y en la legislación territorial o sectorial. Esto es, dicho de otra manera, el suelo no urbanizable o rústico deja de ser el suelo residual.
Si antes, en efecto, el Plan definía el suelo urbano y el urbanizable, considerándose el resto como no urbanizable, ahora se pretende que el suelo residual sea el suelo urbanizable, definido negativamente como aquel que «no tenga la condición de urbano o de no urbanizable». El suelo no urbanizable o rústico precisará en adelante de una positiva consideración y previsión en tal sentido (artículo 9). Y es el plan el que debe decir en función de qué valores de los expuestos genéricamente en la Ley y por qué excluye del proceso urbanizador un determinado suelo. Va de suyo, pues, que el resto o es urbano porque así lo clasifica el Plan o es genéricamente urbanizable.
Por lo que hace a la segunda cuestión -el régimen de las valoraciones- la Ley elimina la dualidad de valores hasta ahora aplicables, de manera que establece un único valor -el valor real-, aquel que tenga el bien de que se trate en el mercado del suelo. Fijado el principio, la Ley se limita a establecer el método aplicable para fijar dicho valor real en cada clase de suelo.
4. La cultura jurídico-urbanística es también un condicionante obligado a la competencia legislativa autonómica. En este caso, no se trata de la imposición de las derivaciones de una competencia ajena, sino de una consecuencia de la prudencia.
Y es que, desde la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, con la que se puede decir que nace verdaderamente el Derecho Urbanístico español, se ha ido consolidando poco a poco y no sin dificultades un haz de conceptos, una suma de presupuestos, un lenguaje y un modo de encarar el fenómeno urbano. No conviene, por tanto, sin muy buenas razones y por el simple argumento de la originalidad, prescindir del bagaje cultural que una disciplina -el Derecho Urbanístico- ha generado desde hace ya cuarenta años. La originalidad aquí no es necesariamente un dato positivo. Hay que conservar en lo posible los valores de la primitiva Ley de 1956, que no hicieron sino perfeccionarse en sus posteriores modificaciones. Y entre esos valores está el puramente metodológico y el del propio lenguaje, que en el mundo del Derecho es esencial porque proporciona seguridad.
1. Desde estos postulados, cabe enumerar ya algunos de los principios inspiradores de la Ley.
El texto pretende ser fiel al marco normativo estatal. No es preciso insistir en ello porque no es más que explicitar una exigencia constitucional. Ello no obstante, el carácter básico de muchos preceptos de la Ley 6/1998 no impide desarrollos diferenciados en las Comunidades Autónomas porque, como es sabido, el Estado no puede en esos casos agotar la materia al regular las «bases». Las Comunidades Autónomas deben poder disponer de un margen para llevar a cabo «una política propia» y así lo han interpretado, por lo demás, todas las Comunidades que han legislado después de 1998, actuando en consecuencia en materias como la regulación del suelo rústico o las diferentes clases de suelo urbanizable.
Al mismo tiempo, la Ley pretende ser fiel a lo que se ha venido llamando la «cultura jurídica urbanística» convencional. No es posible, ni conveniente prescindir de golpe de la terminología, el bagaje conceptual, lingüístico y de principios generales acuñados a lo largo del tiempo. Eso no significa, sin embargo, que la presente Ley sea siempre continuista. En primer lugar, porque algunos de esos principios han resultado afectados por la Ley estatal 6/1998, de aplicación prevalente. En segundo término, porque conviene tener en cuenta si no todas sí algunas de las soluciones originales aportadas por las Leyes autonómicas que se han aprobado con posterioridad a dicha Ley de 1998. Y, finalmente, porque la oportunidad de poder articular un marco normativo propio permite diseñar las soluciones que mejor se adapten a la realidad y a las necesidades de Cantabria.
En todo caso, la Ley sigue una sistemática tradicional y asume soluciones y criterios ensayados en la legislación estatal anterior y en otras Leyes autonómicas posteriores. Se han rechazado conscientemente otras innovaciones y se han incorporado algunos mecanismos, técnicas o redacciones novedosas cuando se ha creído conveniente en función de la realidad social, de los objetivos propuestos o de lo que se ha pensado como mejora técnica o de lenguaje.
2. Una opción que conviene destacar es la idea de afrontar en un único texto la regulación del urbanismo y la ordenación del territorio; políticas y regímenes del suelo íntimamente conectados entre sí. Esa opción supone derogar la Ley autonómica preexistente, la Ley 7/1990, de 30 de marzo, de ordenación territorial.
Las razones en que se funda esta opción son de varios tipos.
En primer lugar, la ordenación del territorio y el urbanismo constituyen un continuum sin deslinde neto y claro. La visión municipal del urbanismo ha de integrarse en la más amplia de la ordenación territorial. Pero, a su vez, la perspectiva general de la ordenación territorial no es casi nada si no se plasma, incide y concreta en la más específica ordenación del suelo, que se hace a nivel municipal. Ello conduce a la conveniencia de contemplar conjuntamente ambas perspectivas, como por lo demás han hecho otras Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, hay que reconocer que desde hace tiempo se asiste a un cierto repliegue de la idea del plan como panacea global y potencialmente omnicomprensiva de todos los usos en ámbitos territoriales amplios. Se ha dicho que la ordenación del territorio es la plasmación geográfica de la política económica, a la que habría que añadir hoy también la política medioambiental. Y si esto es así, coincidiendo como coinciden en el diseño de esas políticas varias Administraciones por razones estrictamente competenciales, se hace verdad otra afirmación sostenida por la doctrina hace ya tiempo: que en lo que se refiere a los grandes instrumentos de ordenación del territorio y teniendo en cuenta el dinamismo y la variabilidad de la coyuntura económica, importa casi más el cómo que el qué. Es decir, no se trata de hacer instrumentos rígidos que sean inviables por la complejidad de sus exigencias o por lo ambicioso de sus determinaciones. No se trata tampoco de hacer instrumentos inútiles que haya que reformar en cuanto cambie una sola de sus variables o previsiones. Se trata de posibilitar diseños, previsiones, instrumentos flexibles, sin apenas exigencias materiales previas, que dependerán de cada momento, pero respecto de los que se detalla, sobre todo, lo importante: un procedimiento que garantice la participación y, con ella, la asunción del contenido y la garantía de su viabilidad y continuidad.
Por estas y otras razones -como la necesidad de simplificar los instrumentos planificadores y prever mecanismos útiles, interrelacionados y apegados a la realidad- parece razonable una contemplación conjunta de las materias «urbanismo» y «ordenación territorial», tanto más cuanto que en una Comunidad pequeña, la ordenación territorial apela y conecta directamente con el urbanismo, entendido éste no sólo como la regulación de las construcciones urbanas, sino también, en general, la disciplina de los asentamientos humanos. Una perspectiva que incluye el suelo urbano que hay que consolidar, rehabilitar o conservar; el suelo que se debe urbanizar -esto es, el suelo de crecimiento- y, también, desde luego, el régimen del suelo rústico, en el que se han prever tanto los criterios de su protección como las limitadas posibilidades constructivas que se admitan en él.
La Ordenación del Territorio se puede definir como la expresión espacial de la política económica, social y ambiental de toda sociedad, suponiendo a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. Por consiguiente los objetivos específicos de la Ordenación del Territorio son fundamentales y, de acuerdo con esta Ley, pretenden alcanzar la articulación territorial de la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes.
Desde estas perspectivas el planeamiento territorial se contempla con un carácter muy flexible en cuanto al ámbito considerado -autonómico o comarcal- y en cuanto a los contenidos -sin apenas exigencias formales o determinaciones precisas-, pero incidiendo, por el contrario, en el procedimiento de elaboración, en el que se da expresamente entrada a la participación de otras Administraciones, como expresión de la doctrina constitucional acerca de la coordinación y colaboración competencial, y en el que, en algún caso, se prevé un trámite parlamentario que le otorga especial solemnidad formal.
3. La Ley pretende la mayor simplificación posible. Manteniendo un esquema clásico, como no podría ser de otra manera, trata de simplificarlo, tanto desde la óptica de los contenidos como desde la perspectiva del lenguaje. Se manejan pocos tipos de planes, se unifica su denominación, se evitan listas de determinaciones reiterativas o englobadas en otras, se procura que la terminología empleada responda a su contenido, se define o, mejor, se especifica lo que se ha creído conveniente aclarar y, en general, se intenta articular todo el régimen jurídico desde una permanente preocupación por la sistemática, de manera que del sumario y del texto resultante se puedan deducir globalmente su contenido y su porqué.
Por las mismas razones ya señaladas se pretende que la Ley sea realista. Eso significa partir de lo que existe: tanto de la realidad jurídica como de la realidad física.
Desde el primer punto de vista los rasgos más significativos de Cantabria son los de un territorio relativamente pequeño en el que existen 102 municipios de distinta entidad: 14 municipios de menos de 500 habitantes; 16 municipios con población entre 500 y 1.000 habitantes; 45 municipios con población entre 1.000 y 3.000 habitantes; 9 entre 3.000 y 5.000 habitantes; 8 municipios con población entre 5.000 y 10.000 habitantes y 10 municipios con población superior a 10.000 habitantes (4 sólo con más de 15.000).
A esta realidad jurídico-administrativa habría que añadir la realidad física. Los poblamientos no siempre se corresponden con núcleos compactos como en otros lugares de España. La población está, además, claramente asentada en la costa. Los municipios costeros agrupan aproximadamente al 65 por 100 de la población total de la Comunidad Autónoma, pero significan apenas el 14 por 100 del territorio. Buena parte de los primeros tienen en común su carácter turístico, lo que significa una potencial presión urbanística, necesidades estacionalmente diversificadas y una realidad diferenciada.
Desde el punto de vista de la realidad del planeamiento urbanístico existente la situación es la siguiente: hay en la actualidad 12 Planes Generales de Ordenación Urbana, 64 Normas Subsidiarias de Planeamiento, 20 Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano y sólo en 6 municipios (todos ellos inferiores a 1.000 habitantes) no existe ningún instrumento, aunque en algún caso están en tramitación.
Esta situación es coherente con la entidad y la problemática de cada municipio. Así, de los 10 municipios con población superior a 10.000 habitantes, en 9 hay Plan General y en uno Normas Subsidiarias; en los 8 municipios con población entre 5.000 y 10.000 habitantes hay 2 Planes Generales y 6 Normas Subsidiarias. En los 9 municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes hay 1 Plan General y 8 Normas Subsidiarias. En los 45 municipios con población entre 1.000 y 3.000 habitantes hay 37 Normas Subsidiarias de planeamiento y en 8 existen tan sólo Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano. Y en 24 de los 30 municipios de menos de 1000 habitantes existe también algún instrumento de ordenación: 12 Normas Subsidiarias y 12 Proyectos de Delimitación del suelo urbano.
Esta situación formal puede considerarse satisfactoria en la medida en que el 75 por 100 de los municipios tienen un instrumento de planeamiento suficiente: Planes Generales o Normas Subsidiarias.
Estos datos conducen a establecer diferencias y posibilidades para unos y otros municipios. Menos exigencias en el planeamiento de los municipios pequeños, pero, a cambio, mayores previsiones de aplicación directa en la Ley. Posibilidad de mayores exigencias de estándares en los municipios turísticos, a cuyo efecto se maneja no sólo el tradicional criterio de la densidad sino también el del número máximo de viviendas, dado que los apartamentos turísticos pueden conllevar menores metros cuadrados para la misma densidad. Previsiones específicas igualmente para los municipios pequeños.
La Ley dedica atención prioritaria al suelo rústico, a partir de tres premisas fundamentales. La primera es la idea de proteger todo lo que merece ser protegido por sus valores sustantivos mediante decisiones políticas motivadas. Las otras dos ideas se basan, una, en considerar el dato sociológico de la preexistencia de unos asentamientos tradicionales como la pedanía, la aldea o el barrio, que deben poder seguir existiendo, y, otra, en tener en cuenta una gradación de regímenes protectores que posibiliten una adecuación a las necesidades de una región en sí misma diversa pero que precisa, no obstante, una visión de conjunto. De ahí la necesidad de enfocar con una visión global y, a la vez, diferenciada la realidad de la vivienda aislada. La Ley no contempla una indiscriminada proliferación de este tipo de asentamientos que, sin control, podrían conducir a consecuencias negativas difíciles de reparar. De ahí que sólo se permita este tipo de edificaciones en el suelo rústico de protección ordinaria en los supuestos y con las limitaciones que establezca el planeamiento territorial o, en su caso, las previsiones más limitativas del planeamiento municipal. Serán dichos instrumentos de ordenación los que encaucen y discriminen en cada caso, con prudencia y con todo tipo de cautelas, esa eventual demanda. Encauzar es guiar, orientar, dirigir. Significa canalizar, es decir, no dar la espalda a la realidad sino orientarla. Huir de la ficción consistente en prohibir todo para que, a la postre, se acabe por no prohibir nada. Porque si se prohíbe todo no se discrimina nada y la presión o los datos fácticos se imponen muchas veces. La cuestión es identificar la línea de defensa a ultranza. Y en ella no hay, no debe haber, tolerancia alguna. Esa línea, además de en el suelo rústico de especial protección, se configura en torno a prohibiciones precisas, exigencias positivas y criterios mínimos que, sin perjuicio de lo previsto en el planeamiento municipal, fijarán los instrumentos territoriales inspirados en criterios finalistas que constan en la Ley.
4. Por lo demás, fiel al principio realista a que se ha hecho referencia y, como ahora también se dirá, al criterio municipalista ínsito en la descentralización general de nuestro sistema político, la Ley pretende ser, más que una imposición, un marco en materia de planeamiento y de gestión. No así en la disciplina.
Se pretende, pues, una Ley flexible y posibilitadora. La flexibilidad del marco supone que se habilita a los municipios para elaborar planes de distinta entidad y contenidos; unos planes que van desde unas exigencias mínimas -todavía menores en los pequeños municipios o en aquellos que el Gobierno determine en atención a sus peculiaridades- a un contenido mayor o más complejo. Una especie de acordeón normativo que se amplía o se reduce. Ello no obstante, hay, sí, un mínimo de aplicación directa, que es variado y que en ocasiones puede ser modificado por el Gobierno. Y unos estándares urbanísticos, entendidos como criterios materiales que se imponen obligatoriamente a los planes y cuyo desconocimiento conlleva su radical nulidad.
La flexibilidad de contenidos del planeamiento general resulta compensada con la previsión de normas protectoras más intensas, las normas de aplicación directa -que se imponen por sí mismas, con o sin Plan, y que, en todo caso, condicionan a éstos- y los estándares urbanísticos -que, aunque no son de aplicación directa, se imponen también al planeamiento municipal-. Ahí queda resguardado y protegido el ámbito o núcleo mínimo legal, el denominador normativo común a partir del cual el planificador municipal podrá ampliar las exigencias, pero no reducirlas.
En esta misma línea la Ley dedica atención prioritaria al medio ambiente; atención que se plasma en varios de los estándares citados, de modo que, en términos finalistas y en sintonía con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se impone como principio y objetivo lograr un nivel de protección alto.
5. Otra línea destacada de la Ley es su decidida opción municipalista. Si el modelo económico global es una competencia estatal y el modelo territorial genérico una política autonómica, el urbanismo es, sobre todo, una decisión municipal. Una decisión municipal que tiene que respetar, claro es, las competencias estatales y autonómicas y que, desde ese punto de vista, debe mantener el equilibrio. Debe considerarse, en todo caso, que la Constitución apuesta por la autonomía local, que ha adquirido nuevo impulso tras el llamado «Pacto Local» plasmado en diversas reformas legislativas aprobadas en la primavera de 1999.
Es verdad que la autonomía local no significa un ámbito competencial propio de carácter fijo y compacto, porque no es ese el modelo de la regulación del Régimen Local, que en sus aspectos básicos corresponde al Estado. Es verdad que las competencias locales les vienen atribuidas a los municipios por la Ley sectorial -estatal o autonómica- de que se trate, conforme dispone el artículo 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Es igualmente cierto que el concepto de autonomía local, como ha dicho el Tribunal Constitucional, apela más al cómo ejercitar las competencias de que se disponga -sin controles de oportunidad- que al cuánto competencial. Pero no es menos cierto que sobre todos estos criterios de articulación formal sobrevuela siempre el ya citado principio descentralizador.
Este último es el punto de vista adoptado en la Ley. Se busca un equilibrio entre el poder municipal y la salvaguarda de los intereses supramunicipales. Aumento del poder municipal, sí, -para elegir el tipo de plan, optar por sus contenidos, regular el suelo, etc.-, pero aumento que no interfiera otros intereses propios de la Comunidad. Y se procura articular el equilibrio mediante técnicas diversas. Así, la limitación del margen discrecional de la Comunidad Autónoma para aprobar los Planes Generales se compensa con la posibilidad de que ella misma lleve a cabo Planes de ordenación territorial que se imponen a los urbanísticos. Se preven también informes motivados, que a veces son vinculantes. Y se esbozan en muchos otros aspectos técnicas de equilibrio similares.
1. La sistemática general de la Ley es convencional y se articula en torno a las tres cuestiones básicas del proceso urbanístico y la actividad urbanizadora: el planeamiento, la ejecución y el control, con algunas referencias adicionales a los instrumentos de intervención en el mercado del suelo y a la organización administrativa.
Así, la Ley se divide en ocho Títulos. Un Título Preliminar, dedicado al objeto, contenido y principios generales, y otros siete Títulos en los que se aborda, respectivamente, el Planeamiento Territorial y Urbanístico, la clasificación y régimen jurídico del suelo, la ejecución del planeamiento, la intervención administrativa en la edificación y uso del suelo, la disciplina urbanística, los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, la organización administrativa y el régimen jurídico.
2. El Título Preliminar, como acaba de indicarse, precisa el objeto, contenido, finalidades, fundamento competencial y principios generales de la Ley. Define la función pública, plasma las competencias administrativas y, por lo que hace a la Comunidad Autónoma, sienta las bases de sus relaciones con las demás Administraciones en presencia.
La Ley precisa en este Título Preliminar que la ordenación territorial se concibe como una competencia básicamente autonómica por afectar a una visión supramunicipal del espacio y que, por el contrario, las competencias urbanísticas de gestión son, como regla, municipales, en virtud del principio descentralizador que anima a la propia estructura del Estado, sin perjuicio, claro es, de la eventual «dirección y control» que correspondan a la Administración Autonómica, de conformidad con las previsiones de la Ley.
En todo caso, el urbanismo exige una visión de conjunto. De ahí la referencia a la colaboración interadministrativa como correlato de la doctrina constitucional acerca de la coordinación y la cooperación. Es un principio general, una declaración de intenciones, que eventualmente puede derivar en plasmaciones más concretas.
Una novedad de este Título Preliminar es la concreción de diversos derechos que se entienden básicos tanto desde la óptica de los principios constitucionales, como desde la más concreta finalidad de acercar la Administración al ciudadano en una materia que tanto le afecta y que condiciona su vida cotidiana. Algunos de esos derechos reiteran previsiones de Leyes generales; otros son derivaciones o concreciones de principios genéricos, y algunos, en fin, resultan enteramente novedosos.
3. El Título Primero está dedicado al Planeamiento Territorial y Urbanístico y se divide en seis Capítulos. El primero comienza distinguiendo los instrumentos propios de la ordenación territorial y del urbanismo. El segundo aborda el planeamiento territorial (el Plan Regional de Ordenación Territorial, las Normas Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singulares de Interés Regional), su contenido, elaboración, aprobación y eficacia. El tercero se refiere al planeamiento urbanístico, singularizando las normas de aplicación directa y los estándares urbanísticos, y contemplando detalladamente el contenido de los distintos tipos de Planes: Planes Generales, Planes Parciales, Planes Especiales y otros instrumentos complementarios del planeamiento. El Capítulo IV está íntegramente dedicado a la formación y aprobación de los distintos tipos de planes urbanísticos, y en el mismo se contienen algunas normas novedosas para facilitar la participación. El Capítulo V se refiere al clásico argumento de los efectos de los planes y el VI a la regulación del planeamiento en los pequeños municipios, su contenido mínimo y el procedimiento de su aprobación.
La estructura del planeamiento que se diseña es sencilla. Pero quizá convenga en este momento una sintética aclaración.
Se prevé, en primer lugar, un Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que puede abarcar todo el territorio de Cantabria o zonas concretas del mismo, y plasmarse en uno o varios Planes. Se concibe con enorme flexibilidad de contenidos y documentación y, tras un procedimiento que incluye una amplia participación, es aprobado como Ley por el Parlamento. Si contiene previsiones concretas son de aplicación directa y vinculan al planeamiento municipal.
En segundo lugar, y todavía ubicado en el Capítulo de la ordenación territorial pero con un contenido más concreto de carácter urbanístico (por prever tipologías, usos y contenidos precisos ...), están las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), que, como el PROT, pueden eventualmente ser comarcales. Estas Normas no son de aplicación directa. Rigen en ausencia de planeamiento municipal. De manera que sus funciones son: suplir la falta de Planes municipales o completar, en su caso, las determinaciones de dichos Planes. Las Normas Urbanísticas Regionales las aprueba el Gobierno.
Como instrumentos excepcionales de política territorial se preven, por fin, los denominados Proyectos Singulares de Interés Regional, presentes también en otras legislaciones autonómicas, mediante los cuales se posibilita que la Comunidad Autónoma, en casos especiales y previa declaración formal de interés supramunicipal, desarrolle actuaciones industriales o de equipamientos que excedan de las posibilidades ordinarias de las Entidades Locales.
Descendiendo ya al plano estricto del urbanismo cabe mencionar, en primer y principal lugar, las normas de aplicación directa de la Ley (que rigen y se imponen en todo caso, tanto si hay planes como si no los hay) y los estándares urbanísticos (que no rigen directamente, pero condicionan el planeamiento dado que éste no puede prescindir de ellos). Aquí se contiene el marco normativo material y sustantivo, que es clave en toda la Ley. A partir de esos mínimos los contenidos dependen efectivamente del planeamiento municipal, respecto del cual la Ley se limita a posibilitar opciones.
Ese planeamiento municipal está presidido por los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tienen un contenido mínimo y necesario y otro posible y eventual. De modo que, además de las determinaciones realmente mínimas (que lo son aún más para los pequeños municipios), pueden prever otras adicionales a modo, como antes se dijo, de un acordeón normativo, en función de las necesidades y deseos municipales. A partir de esta opción sólo se utiliza una denominación: Planes Generales de Ordenación Urbana, que aprueba la Comisión Regional de Urbanismo conforme a criterios reglados.
En desarrollo siempre del PGOU están los Planes Parciales (PP), que no pueden modificar el Plan General, salvo cuando éste -como se posibilita y permite- regule aspectos propios de un PP. Su aprobación corresponde, según los casos, a los Ayuntamientos o a la Comisión Regional de Urbanismo.
Están, además, los Planes Especiales, que tienen distinta operatividad y contenidos. En concreto, se preven cuatro tipos de Planes Especiales: de desarrollo del PROT; de desarrollo del PGOU; Planes independientes municipales en casos y materias tasados y limitados; y Planes derivados o impuestos por normas sectoriales.
Finalmente, se prevé, con alguna pequeña variante respecto de su regulación actual, una serie de instrumentos complementarios del planeamiento (Estudios de detalle, Proyectos de Urbanización...) o al margen de él (Ordenanzas de construcción, con remisión a la legislación de Régimen Local para su aprobación y contenido).
El resultado es un sistema de fuentes que compagina la preservación de las competencias autonómicas y la autonomía municipal.
4. El Título Segundo aborda la clasificación del suelo y el régimen jurídico anudado a sus distintas clases. Se divide en dos Capítulos, referidos, respectivamente, a las clases de suelo y a su régimen jurídico.
La Ley prevé tres grandes clases de suelo: suelo urbano, urbanizable y rústico; denominación esta última a que se acoge el antiguo suelo no urbanizable a fin de reflejar con rotundidad el rechazo deliberado de una concepción residual o simplemente negativa de dicho suelo. Pero se preven diferentes tipos tanto en el suelo urbano -consolidado y no consolidado- y en el urbanizable -delimitado y no delimitado-, como en el suelo rústico -de especial protección y de protección ordinaria-, según han hecho ya otras Leyes autonómicas. Con todo, el régimen jurídico del suelo urbano no consolidado y el del urbanizable delimitado son idénticos y en el fondo intercambiables.
La Ley permite que el planeamiento general desarrolle en detalle no sólo el suelo urbano consolidado sino también el urbano no consolidado e, incluso, el urbanizable delimitado, si el planificador así lo quiere y puede de acuerdo con las necesidades del municipio. La consecuencia es que cuando el Plan general se comporta respecto de esos suelos como un Plan Parcial podrá ser modificado posteriormente por éstos.
Particular atención se dedica al suelo rústico, desde una perspectiva protectora y, al mismo tiempo, pragmática. Según criterio al que ya se ha hecho mención, la Ley distingue dentro del suelo rústico el de especial protección -que puede venir obligado por otra normativa sectorial o resultar de una voluntad municipal-, sometido al régimen restrictivo de la Ley o al que lo sea aún más por aplicación de la legislación sectorial. En todo caso, la competencia para autorizar obras en este tipo de suelo lo es siempre de la Administración autonómica. El suelo rústico de protección ordinaria es un suelo igualmente preservado del desarrollo urbano, pero en el que, con condiciones y cautelas, se pueden autorizar algunas construcciones. Excepcionalmente se podrán autorizar viviendas aisladas, pero esa posibilidad sólo es factible, como ya se ha dicho, de acuerdo con las previsiones que al respecto contemplen los distintos instrumentos de planeamiento territorial, respetando, además, desde luego las normas generales de aplicación directa y las previsiones más rigurosas que, en su caso, puedan establecer los Planes municipales.
La previsión de los derechos y deberes de los propietarios en todas las clases de suelo viene impuesta por la legislación estatal y se plasma también en los artículos correspondientes de este Título.
5. El Título Tercero está dedicado a la ejecución del planeamiento, esto es, a lo que convencionalmente se suele llamar gestión urbanística. En él se ha procurado insistir aún más en la estructura sistemática y en la aclaración de conceptos comúnmente utilizados pero que pueden generar cierta dificultad de entendimiento; una dificultad que quizá esté en el origen de una cierta idea negativa que acusa de oscurantismo a esta parcela del Ordenamiento y que, en aras del principio de transparencia, conviene contribuir a evitar.
A tal efecto, se ha dividido el Título en siete Capítulos. Los dos primeros (Disposiciones generales y Aprovechamiento urbanístico) tienen carácter instrumental y se dedican a cuestiones o exigencias previas, en términos que pretenden ser clarificadores, y que, aun con algunas novedades, no resultan muy diferentes de lo previsto en la normativa anterior.
El Capítulo III aglutina los distintos instrumentos de gestión (la normalización de fincas, la expropiación forzosa, la ocupación directa, la reparcelación y los convenios urbanísticos) y regula su contenido y operatividad.
Los Capítulos IV a VI, por su parte, abordan la manera de gestionar y ejecutar el planeamiento en cada tipo de suelo y para cada aspecto concreto. Así, se regulan las actuaciones para la obtención de terrenos dotacionales, las actuaciones aisladas -normalmente en suelo urbano- y las actuaciones integradas en unidades de actuación, esto es, lo que la legislación anterior solía denominar actuaciones sistemáticas, con detallada referencia a los sistemas de ejecución, que son los tradicionales -compensación, cooperación y expropiación- más el nuevo sistema de concesión de obra urbanizadora, de protagonismo privado sin merma del control público.
Mención singular merece el sistema de cesión de viales para todo el suelo urbano en los pequeños municipios, en los que se precisa un tratamiento sencillo y ágil acorde con sus habitualmente reducidas necesidades. A ello se dedica el Capítulo VII de este Título.
Los mecanismos de gestión tratan de conjugar dos objetivos. En primer lugar, aplicar el precepto constitucional según el cual la comunidad ha de participar en parte de las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, de manera que se logren para la colectividad las dotaciones y equipamientos necesarios como correlato de los beneficios privados que el Plan genera. Y, de otra parte, distribuir equitativamente dichos beneficios entre los distintos propietarios, de manera que las cargas sean asumidas de forma justa e igualitaria entre todos.
El primer objetivo no precisa ahora de mayor explicación. Se plasma en mecanismos técnicos conocidos, en cuya regulación, entre otras previsiones, se concreta una opción absolutamente respetuosa con la legislación del Estado y, al tiempo, con los diferentes criterios de los municipios. Se quiere decir, así, que el porcentaje de aprovechamiento que los propietarios deben ceder a la Administración porcentaje que la legislación estatal fija con carácter de máximo. se contempla en la Ley con el mismo carácter máximo, de manera que los Planes de cada municipio pueden mantenerlo o reducirlo.
Para lograr el segundo objetivo se opta por tomar como referencia un ámbito que permita una gestión razonable sin apelación a planteamientos irreales. El Plan genera desigualdades. Pero no es razonablemente posible reconducir esas desigualdades iniciales en términos de absoluta justicia e igualdad respecto de los propietarios de todo el municipio. Siempre habrá una desigualdad básica que podrá y tendrá que ser abordada desde otros sectores del Ordenamiento, singularmente el del régimen fiscal y tributario. Por esa razón los procesos de equidistribución se preven en el seno de unidades más pequeñas y siempre por referencia a uno o varios Sectores. Se impone que las diferencias entre unidades de actuación dentro de cada Sector no sean excesivas, fijando un porcentaje diferenciador máximo. Por su parte, las diferencias entre Sectores sólo tienen como límite el concepto indeterminado de la coherencia y el desarrollo urbano racional. Todo ello obliga al planificador a explicitar las opciones y aleja el debate sobre el Plan del automatismo con que a veces se ha contemplado, para centrarse en la necesaria explicación de los criterios a que se acaba de hacer referencia.
Por lo que hace a la ejecución del planeamiento mediante unidades de actuación se contemplan, como ya se ha dicho, tres sistemas tradicionales, con algunas variantes tendentes a simplificar el régimen jurídico y hacerlo, en su caso, más inteligible. Además, se han asumido en la Ley algunas previsiones contenidas con anterioridad en normas reglamentarias. Se prevé, asimismo, como sistema de ejecución el sistema de concesión de obra urbanizadora, en cuya regulación destaca la preocupación por la seguridad y garantía de los propietarios; aspecto este cuya eventual ausencia ha sido uno de los flancos críticos que el citado sistema ha generado. La regulación del procedimiento de otorgamiento de la concesión y, sobre todo, la previsión del derecho de concesión preferente de los propietarios pretenden atajar ese problema.
6. El Título Cuarto se divide en tres Capítulos y se refiere a cuestiones por lo general no discutidas y muy consolidadas: la intervención administrativa en la edificación y uso del suelo, esto es, el régimen de licencias; parcelaciones; deber de conservación; declaración de ruina.
No hay aquí novedades destacables, por más que se haya insistido en la clarificación de algunas cuestiones hasta ahora no suficientemente explícitas. El régimen de la licencia urbanística; las relaciones entre los distintos tipos de licencia; la prohibición de proporcionar suministros a obras sin licencia, con el correspondiente correlato sancionatorio; la vinculación de las órdenes de ejecución que superen el deber de conservación a la simultánea previsión subvencionadora y la regulación de la declaración de ruina concentran el grueso de este Título.
7. El Título Quinto está, todo él, dedicado a la disciplina urbanística, distinguiendo en tres Capítulos diferentes el régimen de la Inspección como actividad previa a las sanciones, las medidas de protección de la legalidad urbanística, diferenciables de la actividad sancionadora propiamente dicha, y la tipificación de infracciones y sanciones.
Tampoco en este punto cabe identificar novedades de importancia que merezcan un comentario singularizado, a no ser la previsión de la publicidad de las sanciones, que, como mecanismo desincentivador, ya existe en otras ramas del Ordenamiento. En lo demás, se acogen soluciones ya ensayadas, con la necesaria adaptación también a los postulados del régimen sancionatorio común.
8. El Título Sexto alude a varios instrumentos de intervención en el mercado del suelo: patrimonios públicos, derecho de superficie, derechos de tanteo y retracto y supuestos de edificación forzosa. Cada uno de estos instrumentos se contempla en un Capítulo diferenciado. Se trata de posibilidades ya existentes en la normativa anterior y que conviene mantener, aunque muchos de estos instrumentos eran en la práctica, si no desconocidos, sí apenas aplicados.
La Ley prevé la existencia de un patrimonio regional del suelo al servicio de la política autonómica de ordenación del territorio, de actuaciones de interés autonómico o para apoyar acciones urbanísticas de los municipios.
9. Finalmente, el Título Séptimo está dedicado a la organización administrativa y al régimen jurídico.
Por lo que hace referencia a la organización se prevé la existencia de un Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo, como órgano consultivo y de participación, y dos Comisiones Regionales operativas, que concentran las facultades de la Administración autonómica en las materias de ordenación del territorio y urbanismo y que podrán subdividirse en función de criterios especializados en los términos que reglamentariamente se prevean.
En el Capítulo de acciones y recursos se sintetizan las potestades y el régimen jurídico aplicable por remisión a la legislación estatal pertinente. Se mantiene el principio de la acción popular para la exigencia de la observancia de la normativa urbanística y en un Capítulo específico se regulan sustativamente y en detalle los Convenios urbanísticos, distinguiendo entre convenios de planeamiento y convenios de gestión. Se enumeran sus límites, se preven las consecuencias del incumplimiento y se impone la publicidad como obligado contrapeso a una forma de actuación tan necesaria y conveniente como precisada de transparencia y de control.
10. Varias Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales completan el texto.
Por lo que hace a las Disposiciones Adicionales destaca la previsión en una de ellas de un Plan de Ordenación del Litoral equiparado a todos los efectos al Plan de Ordenación Territorial que puede aprobarse en ausencia de éste y que, por tanto, puede ser también desarrollado por Planes especiales. Se concreta en dicha Disposición el ámbito del citado Plan, que será el de los municipios costeros excluyendo del mismo los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente y aquellos otros que gocen ya de algún instrumento especial de protección, precisándose también los fines y contenidos de dicho Plan, que, en general, coinciden con los del Plan Regional de Ordenación Territorial al que, como se dice, suplen en una zona que por sus especiales características y problemas comunes debe ser contemplada de inmediato con criterios homogéneos y singulares.
En cuanto al régimen transitorio se pretende que el tránsito de la situación actual a la prevista por la nueva Ley se produzca de manera suave y sin sobresaltos. Así, sin perjuicio de la aplicabilidad inmediata de la nueva Ley en todo aquello que no precise la intermediación de un Plan, no se contempla como una exigencia inmediata la adaptación de los planes preexistentes. Por el contrario, se preven plazos largos de adaptación, aunque dicha adaptación se fomenta por el procedimiento de vincular a ella la posibilidad de modificar algunas determinaciones básicas de los planes o impedir la puesta en práctica de algunas competencias que la Ley reputa municipales hasta la efectiva revisión o adaptación del planeamiento anterior. Se facilita también la posibilidad de aportar de inmediato más suelo al mercado, en coherencia con la Ley estatal 6/1998, simplificando la reclasificación de suelo urbanizable residual sin necesidad de adaptar el planeamiento anterior a la nueva Ley.
Para los Planes que continúan en vigor se fijan criterios de equivalencia con las previsiones de la nueva Ley para que ésta sea viable y se contemplan asimismo normas específicas para los instrumentos que a la entrada en vigor de la Ley estén en ejecución, para los planes en tramitación o los municipios sin plan, manteniendo, en todo caso, el régimen anterior de cesiones de aprovechamiento en tanto no se proceda a la revisión o adaptación de los Planes municipales.
La Comunidad Autónoma basa su título competencial para la aprobación de esta Ley en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (modificada por Leyes orgánicas 7/1991, de 13 de marzo, 2/1994, de 24 de marzo, y 11/1998, de 30 de diciembre), según el cual la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en la Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, competencia que será ejercida en los términos dispuestos en la Constitución.

References: Artículo 183

Artículo 184

Artículo 185

Artículo 186

Artículo 187

Artículo 188

Artículo 189

Artículo 190

Artículo 191

Artículo 192

Artículo 193

Artículo 194

Artículo 195

Artículo 196

Artículo 197

Artículo 198

Artículo 199

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Artículo 203

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Artículo 224

Artículo 225

Artículo 226

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Artículo 228

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Artículo 234

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Artículo 237

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Artículo 239

Artículo 240

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Artículo 243

Artículo 244

Artículo 245

Artículo 246

Artículo 247

Artículo 248

Artículo 249

Artículo 250

Artículo 251

Artículo 252

Artículo 253

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Artículo 255

Artículo 256

Artículo 257

Artículo 258

Artículo 259

Artículo 260

Artículo 261

Artículo 262

Artículo 263

Artículo 264
 artículo 21

Artículo 27
 artículo 17

Artículo 29
 artículo 17
 artículo 59

Artículo 47
 artículo 28
 artículo 61
 artículo 28
 Artículo 102
 artículo 28
 artículo 222
 artículo 28
 artículo 190
 artículo 21
 artículo 65

Artículo 65
 artículo 1
 artículo 233
 artículo 2
 artículo 233
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 26
 artículo 1
 Artículo 190
 artículo 1
 artículo 45
 artículo 94
 artículo 100
 Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 195
 artículo 105
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 27

Artículo 258
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 34
 artículo 5
 artículo 190
 artículo 5
 Artículo 193
 artículo 5
 Artículo 211
 artículo 5
 artículo 221
 artículo 5
 artículo 256
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 59
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 12

Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 artículo 116
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 26
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 16
 artículo 38
 artículo 16
 Artículo 40
 artículo 16
 artículo 52
 artículo 16
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 artículo 56
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 Artículo 58
 artículo 16
 artículo 60
 artículo 16
 artículo 82
 artículo 16
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 artículo 16
 artículo 83
 artículo 16
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 artículo 94
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 artículo 95
 artículo 16
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 artículo 16
 artículo 98
 artículo 16
 artículo 100
 artículo 16
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 Artículo 103
 artículo 16
 artículo 104
 artículo 16
 artículo 111
 artículo 16
 artículo 116
 artículo 16
 Artículo 118
 artículo 16
 artículo 126
 artículo 16
 artículo 200
 artículo 16
 artículo 216
 artículo 16
 artículo 233
 artículo 16
 artículo 98
 artículo 16
 artículo 100
 artículo 16
 artículo 106
 artículo 16
 artículo 99
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 12

Artículo 253
 Artículo 254
 artículo 2
 artículo 24