Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6063-de-febrero-21-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ca12f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 23:31:46+00:00

Document:
﻿ Sentencia 6063 de febrero 21 de 2002
SENTENCIA 6063 DE 21 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:PRESUPUESTOS PROCESALES. REPRESENTACIÓN, CAPACIDAD PARA SER PARTE Y CAPACIDAD PROCESAL DEL HIJO PÓSTUMO.
Sentencia 6063 de febrero 21 de 2002
Ref.: Expediente 6063
Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil dos.
EXTRACTOS: «Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala Civil—, el 31 de enero de 1996, en el presente proceso ordinario (responsabilidad civil extracontractual), promovido por la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes, en su propio nombre y en representación de sus hijas menores Ana Isabel y Lina Marcela Franco Rodríguez, así como por el señor José Gustavo Marín Marín, contra la recurrente, Esso Colombiana Limited.
1. Mediante escrito presentado el 20 de marzo de 1990, las personas antes mencionadas formularon demanda contra la Esso Colombiana Limited, pretendiendo la indemnización de los perjuicios sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 21 de octubre de 1989, acerca del cual se explicó lo siguiente:
El sábado 21 de octubre de 1989, el señor Luciano Adolfo Giraldo, conducía el carro tanque de placas NE 85-53, propiedad de la Esso Colombiana Limited, cumpliendo su labor de abastecer algunas estaciones distribuidoras de combustibles, por cuanto era trabajador de dicha sociedad. Siendo las 3:30 de la madrugada, el vehículo en mención descendió por la calle 50 hasta llegar al cruce con la autopista, donde detuvo la marcha para dar paso a otro vehículo que transitaba por la calzada oriental, motivo por el cual, tratándose de un automotor con longitud mayor a los 10 metros, con tal posición obstruyó totalmente el paso de los vehículos que por la calzada occidental se dirigían de Medellín a Caldas.
Entre tanto, a esa misma hora, el señor Luis Albeiro Franco López, conducía el automóvil de servicio público de placas OL 0315, modelo 1978, marca Dogde, afiliado a la flota rápido transportes La Valeria, prestando el servicio de transporte de pasajeros entre Medellín y Caldas. Fue así, cuando al llegar al sitio de ubicación del automotor de la demandada, “sorpresivamente” se lo encontró “imprudentemente” “atravesado” en la calzada occidental de la autopista y cerrando el paso de los vehículos que por allí transitaban. A pesar del esfuerzo que hizo para evitar la colisión, “al igual que otro vehículo que lo antecedía”, el accidente se produjo, porque además “no se alcanzaba a ver de lejos por la poca luminosidad del lugar”.
Como consecuencia del accidente murió el conductor Luis Albeiro Franco López y uno de los pasajeros. Además, el vehículo OL 0315 quedó inservible, puesto que los destrozos hacían imposible la reparación.
El señor Luis Albeiro Franco López era cónyuge de Elvia Rosa Rodríguez Builes, con quien había procreado dos hijas: Ana Isabel y Lina Marcela, menores de 4 y 5 años de edad. Por lo demás, la citada señora se encontraba en el sexto mes de embarazo el día en que murió su cónyuge.
Luis Albeiro Franco López trabajaba para el señor José Gustavo Marín Marín en la conducción del vehículo mencionado, percibiendo un salario promedio de $ 135.000 mensuales, que “en su casi totalidad” entregaba a su esposa para el sostenimiento de la familia.
El vehículo OL 0315 tenía un valor comercial de seis millones de pesos ($ 6.000.000) y producía diariamente $ 15.000 netos en la actividad del transporte público. Por último, se anotó que el señor Franco López para el día de su muerte tenía una edad de 27 años y su cónyuge 29.
2. Como antes se expresó, con fundamento en los anteriores hechos se pretendió que la sociedad demandada como civilmente responsable fuera condenada a indemnizarle a los demandantes los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales, padecidos con ocasión de la muerte de su cónyuge y padre, estos últimos por la equivalencia monetaria de un mil gramos oro. Pretensiones que igualmente se hicieron extensivas al “hijo póstumo”. Por su parte, el señor José Gustavo Marín Marín pretendió el pago de los perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante (seis y cinco millones, respectivamente), derivados de la pérdida total del vehículo automotor.
3. La demanda que por reparto correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itaguí, fue admitida por auto de 21 de mayo de 1990. La sociedad demandada en la oportunidad legal la contestó oponiéndose a lo pretendido, no sin antes negar los hechos que introducían una calificación a la real ocurrencia del accidente. Concretamente explicó que “el carro tanque no ocupaba íntegramente el costado occidental de la autopista y el encuentro con él, no pudo resultar sorpresivo... Poco antes de este accidente, otro vehículo había sufrido uno similar contra el mismo carro tanque y el señor Luciano Giraldo conductor al servicio de la Esso había corrido para auxiliar a sus ocupantes y no podía movilizar el vehículo hasta tanto no se lo permitieran las autoridades de tránsito... la velocidad que desarrollaba en el momento del impacto debió ser altísima, según se desprende de la distancia recorrida después de presentado el impacto”.
Con apoyo en dichas explicaciones se propuso como excepción de fondo la liberación de la responsabilidad presunta por cuanto el accidente se produjo como consecuencia de un caso fortuito, “dado que el señor Luciano Giraldo se vio obligado a bajar del carro tanque dejándolo inmovilizado en el sitio de la colisión, porque momentos antes un vehículo que se desplazaba a gran velocidad por la misma vía, había pasado por debajo del tanque del vehículo que conducía y él se aprestaba en compañía de agentes del tránsito a auxiliar a los ocupantes de ese primer vehículo. El conductor de ese primer vehículo conducía en avanzado estado de embriaguez como lo prueba la necropsia de su cadáver y el señor Giraldo en cumplimiento de disposiciones legales no podía movilizar su vehículo hasta tanto le fuera permitido por la autoridad competente...”.
De otro lado, también se alegó como excepción la culpa exclusiva de la víctima, pues debido a la exagerada velocidad del conductor Luis Albeiro Franco López, no advirtió la presencia de un vehículo de las dimensiones y el volumen del carro tanque de la Esso.
4. Cumplido el trámite correspondiente al proceso ordinario de mayor cuantía, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itaguí, el 5 de octubre de 1994, profirió sentencia de primera instancia absolviendo a la parte demandada y condenado en costas a la demandante.
5. Apelado el fallo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, emitió el suyo el 31 de enero de 1996, revocando el de primera instancia, y en su lugar condenando a la Esso Colombiana Limited, “como responsable parcial de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión del accidente de tránsito origen del litigio”, a pagar las siguientes sumas de dinero:
“$ 10.533.558, en favor del señor José Gustavo Marín Marín, por los perjuicios reclamados en el proceso.
$ 353.664.50, en favor de la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes, por concepto de daño emergente. Para esta misma demandante, como lucro cesante, la suma de $ 21.559.193.
$ 4.875.229, para el señor Luis Albeiro Franco Rodríguez por concepto de lucro cesante futuro.
En favor de Lina Marcela y Ana Isabel Franco Rodríguez como indemnización por lucro cesante $ 10.779.605, para cada una.
Por perjuicios morales, para la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes la suma de $ 1.400.000 y para cada uno de sus hijos $ 700.000”.
Contra la aludida sentencia la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de casación, de cuya decisión se ocupa ahora la Corte.
1. Como se anotó, la muerte del señor Luis Albeiro Franco López, padre del menor Luis Albeiro Franco Rodríguez, se produjo el 21 de octubre de 1989, es decir, cuando éste aún no había nacido, porque este hecho apenas tuvo ocurrencia el 17 de enero de 1990. De manera que posición jurídica no es otra distinta que la de un hijo póstumo, o sea, el que nace después de la muerte de su padre.
Ahora, si para el momento del accidente y para la fecha del otorgamiento del poder por la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes (27 de noviembre de 1989), esa era la condición de quien posteriormente tomó el nombre de Luis Albeiro Franco Rodríguez, no se halla argumento válido para desconocer que cuando la citada señora, madre del mencionado menor, confirió el referido poder en nombre propio, también podía actuar para el nasciturus, sin poderlo identificar de otra manera, precisamente por no haber y por ende carecer de nombre, pero con los derechos imputables a los hijos nacidos antes de la muerte de su padre, porque para los efectos del derecho se finge nacido siempre que se trate de salvaguardar sus intereses, como se ha entendido desde el derecho romano y el antiguo derecho español: “demientra que estuviere la criatura en el vientre de su madre, dice la Ley 3ª, tit. 23, partículo 4º(sic), toda cosa que se faga o se diga a prodella, aprovéchase ende, bien assi como si fuesse nascida, mas lo que fuese dicho o fecho a daño de su persona o de sus cosas nol empesce”. En otros términos, como lo explica Escriche, el hijo concebido se reputa nacido y con capacidad para adquirir, “a lo menos de derecho” “cuando se trata de su interés”. Por supuesto que esta concepción no es extraña a la legislación colombiana, porque de alguna manera los artículos 232 y 233 del Código Civil, reconocen con anticipación la capacidad adquisitiva de derechos del hijo póstumo, condicionada al nacimiento vivo y en el tiempo debido, que son circunstancias no discutidas en el caso presente, pero que por tenerse por cumplidas concretan los derechos y obligaciones en quien por ya ser persona tiene capacidad de goce.
Claro está, que la madre del menor en el caso presente, cuando confirió el poder actuó para sí misma y guardó silencio sobre el hijo que estaba por nacer, radicando ahí la queja del recurrente que habrá de ser rechazada por lo que seguidamente se explicará.
2. Al lado de la competencia del juez y de la demanda en forma, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia acogiendo en el punto la teoría expuesta por Von Bülow, identifica como presupuestos procesales, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal o para comparecer al proceso, atribuyendo la primera conforme a lo consagrado por el inciso 1º del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a “toda persona natural o jurídica”, por el hecho de serlo, razón por la cual se ha asimilado a la capacidad de goce del derecho sustantivo, pues al fin y al cabo se trata de una cualidad o aptitud “para ser titular (sujeto) de la relación jurídico-procesal”. La segunda, en cambio, establecidas por el inciso 2º del citado artículo 44, se asocia a la capacidad de ejercicio y se predica de “las personas que pueden disponer de sus derechos”, que son los que pueden “comparecer por sí al proceso”. Se trata de una aptitud para obrar procesalmente, que el Código de Procedimiento Civil establece en forma positiva cuando preceptúa que lo puede hacer quien tiene capacidad para “disponer de sus derechos”, y negativamente cuando exige que las personas incapaces (los demás), “deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales” (art. 44, inc. 2º, ibíd).
Igualmente con reiteración se ha sostenido, que la ausencia de la capacidad para ser parte en uno de los extremos subjetivos de la relación jurídico-procesal, por lo regular impide resolver el mérito del conflicto, generando por consiguiente una sentencia inhibitoria, pues aquélla apenas resulta conformada en apariencia, ya que ontológica y jurídicamente sólo puede entenderse debidamente constituida cuando las dos posiciones, activa y pasiva, son ocupadas por sujetos que gozan de esta aptitud (personas naturales o jurídicas). Si el defecto se presenta con respecto al presupuesto de la capacidad procesal, porque a pesar de no gozar de ella comparece por sí mismo al proceso, o lo hace por intermedio de un representante que no tiene esa calidad, porque ni la ley ni la convención se la confirío, o “gestiona en la litis por medio de otra persona que se identifica como procurador judicial, no encontrándose ésta revestida del correspondiente poder o mandato” (Sent, cas, mayo 12/77), se origina una causa de nulidad procesal, específicamente prevista en el ordinal 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, imputándose el interés para alegarla exclusivamente a la parte indebida o mal representada, según lo reseña el inciso 3º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil.
En torno a esta perspectiva jurídica necesariamente debe reconocérsele al menor Luis Albeiro Franco Rodríguez capacidad para ser parte de este proceso, desde el momento en que fue persona, o sea, desde el mismo instante de su nacimiento, ocurrido el 17 de enero de 1990, conforme lo declara el certificado de registro de nacimiento que aparece a folio 128 del cuaderno primero. Empero, la controversia se suscita con relación al presupuesto de la capacidad procesal, ya en sentir del recurrente éste no podía tenerse por demostrado, por cuanto para la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al proceso, acaecida el 15 de marzo de 1990, siendo el citado menor de edad (infante), y por ende incapaz, no podía “disponer de sus derechos”, y por consiguiente, la comparecencia al proceso debía realizarse por intermedio de su representante legal, para el caso su señora madre Elvia Rosa Rodríguez Builes.
Ahora bien, como así no se presentó la comparecencia, dice el casacionista, el tribunal incurrió en el error de hecho que se denuncia, cuando consideró que estaban reunidos los presupuestos procesales, incluido el comentado, sin advertir que el poder conferido por la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes (fl. 41-1), no involucraba al menor Luis Albeiro Franco Rodríguez, como no podía tenerlo en cuenta, se agrega, porque para ese momento éste aún no había nacido, pues como ya se señaló este hecho ocurrió el 17 de enero de 1990, en tanto que el poder se otorgó el 27 de noviembre de 1989, razón por la que en él expresamente se declaró que la señora “Elvia Rosa Rodríguez Builes, mayor de edad, vecina de Pereira, actuando en mi nombre y en nombre y representación de mis hijos menores Ana Isabel y Lina Marcela Franco Rodríguez...” (resaltado del texto).
Desde luego que en el expediente no obra otro poder conferido por la señora Rodríguez Builes en nombre y representación de su menor hijo Luis Albeiro Franco Rodríguez, no obstante lo cual la demanda se presenta el 15 de marzo de 1990, incluyendo pretensiones para el llamado “hijo póstumo”, sin otra identificación, cuando como ya se dijo, el mencionado menor era persona desde el 17 de enero de 1990, y por ende con capacidad para ser parte.
Como bien se aprecia, la supuesta ausencia del presupuesto procesal de la capacidad para comparecer al proceso (capacidad procesal), se hace derivar de la inexistencia de un poder otorgado por la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes en nombre y representación de su hijo menor Luis Albeiro Franco Rodríguez, pues en opinión del impugnante, dada su incapacidad, ésta era la única forma de suplirla, para así por contera entender superado el presupuesto en comentario.
El planteamiento anterior, así el casacionista lo oriente por la vía de la causal 1ª del artículo 368, para propugnar por una sentencia inhibitoria, lógica y jurídicamente no puede sustraerse del ámbito de la causal 5ª, porque en definitiva lo denunciado no es más que un motivo de nulidad, concretamente el previsto por el ordinal 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues la ausencia de un poder otorgado por la madre en nombre y representación de su hijo, necesariamente conduce a concluir que el apoderado judicial obró para dicho menor sin ninguno, ya que obviamente éste tampoco se lo confirió. “Desde luego —ha dicho la Corte— que si alguien, diciéndose apoderado de otro sin serlo, actúa en el proceso, es evidente que el problema es de representación judicial; y si de carencia absoluta de poder se trata, se generaría la nulidad prevista en el numeral 7º del artículo 140 del Código Procedimiento Civil, aspecto que sólo podría denunciarse en casación por la causal 5ª del artículo 368 in fine, y no por la primera como como aquí se ha hecho, que como se sabe, supone siempre un vicio in judicando y no in procedendo” (G.J., T. CCXXVIII, 2467).
Lo anterior es suficiente para desechar este aspecto del cargo por la equivocación en la causal elegida, que aún de haber sido correcta tampoco podría prosperar por carencia de legitimación, pues como ya se explicó, el único legitimado para protestar por la ausencia de representación sería “la persona afectada”, como expresamente lo declara el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con lo expuesto, por este aspecto el cargo no prospera.
3. El segundo sector del cargo que es objeto de examen, lo destina el casacionista a denunciar como fruto de errores de hecho en la apreciación de sendas pruebas (los documentos que aparecen a fls. 37 y 38 del c. principal), la conclusión que a la postre se reflejó en condena a favor del señor José Gustavo Marín Marín, de ser éste el propietario del vehículo de servicio público ol-0315, condición argumentada para fundar la pretensión indemnizatoria. Lo anterior, porque en opinión del recurrente, el tribunal desfiguró el contenido objetivo del documento que obra a folio 37 ibídem (certificado de tránsito), “al hacerle decir lo que él no expresa”, pues allí se lee que el propietario del vehículo mencionado es “Estupiñán Duque Luis Fernando” y no José Gustavo Marín Marín. En tanto que el segundo documento, el de folio 38 (compraventa del vehículo), fue erradamente apreciado por el ad quem, recortándole su real contenido, “pues pasó por alto” la cláusula de reserva de dominio a favor del vendedor Estupinán Duque, en él contenida.
Como con frecuencia lo repite la corporación, al quebrantamiento de normas de derecho sustancial puede llegarse indirectamente, es decir, como consecuencia de errores cometidos en el ámbito de la apreciación de las pruebas producidas en el proceso, distinguiéndose entre los errores de hecho y los de derecho. Tratándose de la primera clase de error, que es la que viene al caso, la Corte predica que éste se presenta, cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da una interpretación manifiestamente contraria a su contenido objetivo, bien porque se lo adiciona o se lo cercena, modalidad esta a la cual acude el casacionista para denunciar los errores en comentario, pues conforme a su exposición a los referidos documentos el ad quem les desfiguró su verdadero contenido material haciéndole decir al de folio 38 algo que no declara, como que el propietario del automotor fuera José Gustavo Marín Marín, y cercenando el de folio 39, “pues pasó por alto” la cláusula de reserva de dominio a favor del vendedor Luis Fernando Estupiñán Duque.
A decir verdad, el certificado de tránsito aparece a folio 37, señala como propietario del vehículo OL-0315, para el 11 de diciembre de 1989, a “Estupiñán Duque Luis Fernando”. Por su lado, el documento de folio 38, contentivo del contrato de compraventa que acerca del citado automotor celebraron el 3 de mayo de 1989 Luis Fernado Estupiñán Duque (vendedor) y José Gustavo Marín Marín (comprador), en la claúsula tercera establece a favor del vendedor una “reserva de dominio”.
Dichos documentos, en modo alguno declaran lo que el tribunal leyó en ellos, es decir, que el señor José Gustavo Marín Marín sea propietario del vehículo mencionado. Claramente el primero indica el nombre de otra persona, la de Luis Fernando Estupiñán Duque, quien en el segundo se reserva el derecho de dominio con ocasión del contrato de compraventa antes referido. Sin embargo, la conclusión fáctica que con apoyo en ellos obtuvo el tribunal, es decir, la propiedad del señor Marín Marín, constituye un tema probatorio que el recurrente no puede traer a casación, porque por lo inoportuno resulta siendo un medio nuevo, vedado, entonces, como tema en el ámbito del recurso extraordinario, ya que desde la propia demanda el apoderado del señor Marín, además de alegar su legitimación a partir del derecho de dominio sobre el vehículo OL-0315, adujo como prueba del mismo los citados documentos, sin que la parte demandada introdujera alguna controversia sobre el punto o acerca del alcance material de ellos. Antes, contrariamente, de modo pacífico aceptó la propiedad del señalado codemandante, no sólo en la audiencia de conciliación, sino, ulteriormente, en el alegato de conclusión de primera instancia donde expresamente tildó al señor Marín de propietario del vehículo, sin aflorar ninguna dubitación al respecto. Por supuesto, que la Sala se releva de hacer cualquier análisis en torno a la forma de probar el dominio sobre los automotores, punto no propuesto por el recurrente, porque el planteamiento está hecho en el estricto marco probatorio y específicamente en la materialidad de la prueba.
Por consiguiente, por este aspecto el cargo no prospera.
4. Otro fragmento del cargo lo orienta el casacionista a denunciar como errores evidentes de hecho, la apreciación que el ad quem hizo de la factura que aparece a folio 54-3, puesto que no advirtió que ésta no había sido autenticada no reconocida por quien la suscribe, “ni de ella puede deducirse que su valor haya sido pagado por la señora Elvia Rosa Rodríguez o que ésta esté debiendo su monto”. Idéntico error plantea con respecto a la apreciación del dictamen, pues éste se limita a ofrecer el resultado del reajuste monetario de la mencionada factura, pero sin que él pueda derivarse lo de su pago o adeudamiento, “circunstancia de sí fue advertida en el anterior dictamen, como se lee a folios 117, lo que no fue visto por el tribunal”. De modo, que en consideración del casacionista, la condena por este aspecto carece de fundamento probatorio.
No se precisa de mayor esfuerzo argumentativo para desechar la queja formulada por el casacionista y descartar así la prosperidad de esta parcialidad del cargo, porque el documento al cual él hace referencia era perfectamente apreciable por el ad quem, ya que el mismo fue reconocido como proveniente de la persona jurídica a quien se atribuye, por el empleado que en ella cumplía las labores relacionadas con el contenido declarativo del documento, señor Luis Fernando Arango Madrid, “Director de servicios exequiales” (fl. 59-3).
Con todo, resulta pertinente acotar que el reclamo del casacionista por haberse apreciado y otorgado valor probatorio a un documento carente de autenticidad, denunciado como error de hecho, resulta desenfocado porque de ser cierta la deficiencia se estaría frente a un típico error de derecho, ya que en ese caso lo que estaría desconociendo el juzgador sería una regla de apreciación probatoria al otorgarle valor de convicción a un documento que por no ser auténtico no lo ameritaba. Desde luego, como ya se advirtió, que aún bajo esta perspectiva el reproche carece de razón, por cuanto el mencionado documento fue reconocido por su autor, entendiendo por tal no quien lo elaboró materialmente, sino como lo dice Carnelutti, “aquél a quien el orden jurídico atribuye su formación, es decir, respecto del cual se verifican los efectos de la formación misma”, que para el caso era la persona jurídica de derecho privado a la cual se hizo el pago, a cuyo nombre actuó la persona que en el proceso hizo el reconocimiento, sin que para nada importe lo de la elaboración material atribuida a otro trabajador.
De otro lado, aunque se entendieran válidas y razonables las argumentaciones del casacionista, específicamente en lo atinente al error de hecho porque el tribunal supuso que el referido documento acreditaba el pago de la señora Elvia Rosa Rodríguez o que ésta debía la suma de dinero allí señalada como valor de los servicios funerarios, lo cierto es que se estaría en presencia de un medio nuevo sorpresivamente hecho valer ahora, sin duda alguna desconociendo la lealtad para con la otra parte y el mismo derecho de defensa de ésta, porque tal documento con el contenido y estado en que se halla, fue aducido por la parte demandante con la propia demanda (anexo), manifestándose expresamente que con él se demostraba el valor de lo pagado a la funeraria San Vicente por la señora Rodríguez Builes, a cuyo favor se impetró la respectiva condena en el acápite de las pretensiones (véase fls. 50 y 53 del c. ppal.), sin que del lado de la demandada se hubiera formulado algún reproche con respecto al contenido declarativo del documento y la atribución que en relación con él hacia la parte demandante. Por lo demás, como lo ha predicado la Corte, toda alegación probatoria que no se formuló en el curso de las instancias, contándose con oportunidad para ello, constituye medio nuevo en casación.
Dado lo anterior, esta parcialidad del cargo tampoco puede tener éxito.
5. Como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia de la corporación, uno de los elementos configurativos de la responsabilidad patrimonial de linaje extracontractual, como la de este caso, está definido por la relación de causalidad adecuada entre el daño y la conducta del agente de quien se pretende la indemnización, o como lo ha dicho la Corte, es necesario “que exista conexión causal jurídicamente relevante entre un evento dañoso que lesiona a quien exige ser reparado, y como causa y origen de ese mismo evento dañoso, un factor de atribución legal de responsabilidad a cargo de ese agente contra el que es reclamada dicha indemnización” (S. de C., nov. 23/90, G.J. Nº 2443, págs. 64 y ss.). Igualmente se ha predicado que ese nexo se rompe cuando se demuestra que entre la actividad y el daño, se ha interpuesto un hecho extraño no imputable a quien aparenta ser victimario, que bien puede ser la propia actividad de la víctima, o la fuerza mayor o la intervención de un tercero.
Tratándose de la actividad de la víctima, ésta puede influir en el alcance de la responsabilidad haciendo irrelevante total o parcialmente la conducta de la persona a quien se hace la imputación. La primera situación, que conduce a la exoneración total, se presenta cuando esa actividad, dadas las circunstancias particulares de cada caso, rompe la relación de causalidad porque el daño se atribuye a la culpa exclusiva de la víctima. El segundo evento implica una atenuación de responsabilidad, por la aparición de concausas, pues lo que sucede es una concurrencia de culpas, ya que al lado de la del victimario confluye la de la víctima. De ahí que para esos casos, la Sala haya dicho, que mediando pluralidad de causas “y si se trata concretamente de supuestos donde en este plano concurren el hecho ilícito del ofensor y la conducta de la víctima, fundamental es establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del menoscabo habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro. Por eso, en la estimación que a los juzgadores de instancia les corresponde hacer de la forma como el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de una acción civil de reparación, nunca deben perder de vista que existe allí involucrado un problema de causalidad y que, por consiguiente, su tarea empieza por discernir —atendiendo naturalmente las circunstancias específicas de cada caso y en ejercicio de un amplio poder de razonable apreciación fáctica que la jurisprudencia de casación les ha reconocido reiteradamente (V. G.J. tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699 y CLXXXVIII, pág. 186, entre otras), el segmento de causalidad que le cabe a cada partícipe en el daño cuyo resarcimiento se pretende; entonces y por principio, a cada cual se procurará hacerle soportar las secuelas del daño en la medida y proporción en que su conducta se identifique como causa de dicho resultado dañoso, lo que equivale a afirmar, en tesis general por supuesto, que la distribución del daño entre ofensor y ofendido procede hacerla de acuerdo con el criterio de la influencia causal de las respectivas actividades, vale decir observando a manera de factor preponderante el grado de causalidad imputable al obrar de cada uno frente a aquel acontecimiento”. (G.J. Nº 2443, págs. 64 y ss.).
En orden a regular la proporción de la indemnización en consideración a la incidencia o relevancia de cada una de las intervenciones culposas, el artículo 2357 del Código Civil, teniendo en cuenta la concurrencia de las dos culpas, o sea la del agente del daño y la del que lo padece, establece que en estos casos la apreciación “está sujeta a reducción”; reducción que se ha dejado al razonable arbitrio judicial, atendidas las circunstancias particulares de cada caso y por supuesto de la información ofrecida por el acervo probatorio obrante en el expediente, pues sólo así se puede llegar a una justa proporcionalidad en la distribución de la responsabilidad.
Si bien es cierto que no existen criterios fijos e intangibles para llegar a la tasación del daño cuando éste es consecuencia de culpas concurrentes, lo que también es claro que éste no puede ser el resultado de antojadizas y arbitrarias deducciones, sino efecto de un prudente juicio, extraño al capricho y voluntarismo del juzgador, porque como antes se anotó, y lo ha señalado la Corte, esa es una cuestión fáctica “que debe fijar el fallador de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (CPC, art. 174), para luego, sobre la base de hechos comprobados a satisfacción y no en gracia de meros artificios en no pocas veces fruto de soluciones dogmáticas preconcebidas, determinan de modo matemático las proporciones en que debe efectuarse la división y de consiguiente, mitigar las prestaciones de reparación en el sentido y cuantía que proceda, cometido en el que ha de prevalecer ante todo la virtud de la prudencia y en cuyo desarrollo es en donde se hacen actuales, adquiriendo la plenitud de su vigencia, los poderes de ejercicio discrecional que a los jueces de instancia les reconoce la doctrina jurisprudencial rememorada en el párrafo precedente...”.
De modo que cuando el fallador se sustrae a esos criterios objetivos y por la vía de la arbitrariedad y el mero subjetivismo llega a conclusiones contraevidentes y carentes de razonabilidad, que a simple vista se descubren como tales, entonces, según lo ha entendido la Corte, la “discrecionalidad deja de ser inquebrantanble y si además, la influencia en los dispositivo de la susodicha equivocación es de envergadura tal”, procedente resulta el examen del mérito de un cargo en casación formulada por vía indirecta atribuyendo, como en el caso se propone, la violación de normas de derecho sustancial como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
Con todo, el caso examinado no se compadece con la hipótesis teórica que se ha dejado expuesta, y que en otras ocasiones le ha permitido a la Corte entrar en el campo de la discrecionalidad del ad quem para abolir su fallo por hallar evidentemente acreditado un factum completamente distinto al concebido o descubierto por dicho juzgador. Basta una simple lectura de la sentencia impugnada para advertir que el tribunal en modo alguno cometió los errores de hecho que la censura le atribuye, pues la condena impuesta (pagar el 70% de los daños, y no el 50% o el 30%, como lo reclama el casacionista), estuvo determinada en este caso por una discrecionalidad razonable y objetiva, ya que no fue fruto del capricho del fallador, sino el resultado del examen crítico del caso, “apreciadas las circunstancias” del mismo, en consideración a la información y dada por las pruebas formal y oportunamente allegadas al expediente (CPC, arts. 174 y 187).
La exclusión del control de casación de conceptos jurídicos de grado y mensura, como son los que integran la aplicación del artículo 2357 del Código Civil, tiene su razón de ser no tanto por el “margen de juicio” o discrecionalidad o soberanía del juez de instancia, sino, como lo ha dicho la doctrina española, por el empleo de “módulos relativos que suelen variar de un caso a otro”. De ahí que la Corte en las referencias jurisprudenciales atrás traídas a colación, sólo entienda válida esa intromisión cuando se descubre esa contraevidencia fáctica, porque ahí el modelo no parte de la discrecionalidad sino de la arbitrariedad. Pues bien, si no se verifica la contraevidencia, como aquí ocurre, intangible queda el juicio prudente de la instancia y la soberanía del fallador en la propia apreciación de las pruebas.
El tribunal comprendió los hechos en la forma como los demuestra el proceso, sin incurrir en desfiguraciones de ninguna especie, ni en las omisiones de apreciación probatoria que le achaca el impugnante. Dedujo la culpa “en el conductor del tractocamión (aceptada por la censura) desde el inicio del paso de la autopsia sin asegurarse de que ambas calzadas estuvieron totalmente despejadas y que le era posible hacer el cruce de la misma sin detenerse, esto es, sin convertirse en un obstáculo para quienes transitaban por la parte occidental de la vía... y si como se dice por la demandada, éste tuvo que detenerlo para dar paso a otro carro, era porque realmente cuando se inició el cruce, no se daban las condiciones para atravesar la autopista... por lo que generó un estacionamiento indebido que se constituyó en una de las causas de los sucesos conocidos en autos” (una primera colisión y ésta que en este proceso se investiga). Luego, el tribunal averigua por la culpa del otro conductor, y halla que a una velocidad moderada podía haber pasado, porque además era posible observar la presencia de la tractomula que aparecía como obstáculo, razón por la cual lo califica como descuidado o imprudente en su desempeño, pues además considera que conducía a exceso de velocidad si se tiene en cuenta la distancia “entre el lugar y el sitio en el cual se detuvo el vehículo después de pasar por debajo del carrotanque, y la ausencia de huella de frenada...”.
Atribuir con apoyo en los anteriores hechos que son idénticos a los descritos por las pruebas que se denuncian como pasadas “por alto”, un 30% de responsabilidad que deben asumir los demandantes y el resto a la parte demandada (70%), es el resultado de esa razonable discrecionalidad, extraña al objeto casacional en tanto no aparezca la contraevidencia del juicio, como aquí no ocurre, porque la conclusión a la que llega el tribunal, surge de las propias circunstancias del caso de acuerdo con las evidencia que arrojan las pruebas legalmente practicadas, que le permitien al ad quem hacer una elemental composición de lugar para edilgarle mayor proporción a la concurrencia de la culpa de la demandada.
Por lo expuesto, esta parte del cargo no prospera.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, el 31 de enero de 1996, en el presente proceso ordinario (responsabilidad civil extracontractual), promovido por la señora Elvia Rosa Rodríguez Builes, en su propio nombre y en representación de sus hijas menores Ana Isabel y Lina Marcela Franco Rodríguez, así como por el señor José Gustavo Marín Marín, contra Esso Colombiana Limited.
Las costas del recurso extraordinario son de cargo de la parte recurrente.

References: artículo 44
 artículo 44
 artículo 140
 artículo 143
 artículo 368
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 368
in fine
 artículo 143
 artículo 2357
 artículo 2357