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Timestamp: 2019-10-15 04:27:12+00:00

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﻿ Sentencia C-714 de septiembre 12 de 2012
SENTENCIA C-714 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, ES COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO RELATIVO AL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS DEL AELC”, SUSCRITO EN GINEBRA, CONFEDERACIÓN SUIZA, EN NOVIEMBRE 25 DE 2008. Y LA LEY 1513 DE FEBRERO 6 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENIO INTERNACIONAL, ACUERDOS DEL TLC
Sentencia C-714 de septiembre 12 de 2012
Sentencia C-714 de 2012
Referencia: expediente LAT 381
Revisión de la Ley 1513 de febrero 6 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008”.
Bogotá, D.C., de septiembre de dos mil doce
El texto del “Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC” suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008, y de la ley aprobatoria objeto de revisión son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial Nº 48.335, de febrero 6 de 2012:
“Ley 1513 de 2012
Diario Oficial Nº 48.335 de 6 de julio de 2009
Por medio de la cual se aprueba el ‘Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008.
Visto el texto del ‘Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008, que a la letra dice:
Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre La República de Colombia y los Estados del AELC
Las partes confirman los siguientes entendimientos comunes, y confirman que estos entendimientos constituyen una parte integral del acuerdo. Para mayor certeza:
En relación con el subpárrafo (p) (i) del artículo 4.2 (definiciones).
Una condición necesaria para que una persona jurídica califique como ‘persona jurídica de una parte’ de conformidad con el subpárrafo (p) (i) del artículo 4.2 (definiciones) es estar constituida o de otra forma organizada bajo la ley de esa parte. Las personas jurídicas que no cumplan con esa condición no están cubiertas por la definición del subpárrafo (p)(i), incluso si ellas cumplen con otros criterios de tal párrafo, por ejemplo, la subsidiaria en una no parte de una compañía establecida en una parte no está cubierta por la definición del subpárrafo (p)(i).
Otra condición necesaria requerida de conformidad con el subpárrafo (p)(i) es ‘estar dedicada a operaciones comerciales substanciales’. Una persona jurídica puede cumplir esta condición desarrollando operaciones comerciales en el territorio de cualquier parte. Una persona jurídica puede también cumplir con esta condición desarrollando operaciones comerciales en el territorio de una no parte miembro de la OMC en la medida que esa persona jurídica es propiedad o controlada por personas de esa parte que cumplen con las condiciones del subpárrafo (i)(A), por ejemplo aquellas que están constituidas o de otra forma organizadas bajo la ley de aquella otra parte y están dedicadas a operaciones comerciales substanciales en el territorio de cualquier parte.
En relación con los artículos 4.3 (Trato de Nación Más Favorecida) y 4.5 (Trato Nacional)
Una parte podrá adoptar un impuesto indirecto u otros impuestos a los servicios transfronterizos en la medida que dichos impuestos sean compatibles con los artículos 4.3 (Trato de Nación Más Favorecida) y 4.5 (Trato Nacional) del capítulo 4.
En relación con el párrafo 4 del artículo 4.7 (reglamentación nacional)
Con respecto a la aplicación de los criterios señalados en los subpárrafos (i), (ii) y (iii) del párrafo 4 del artículo 4.7 (reglamentación nacional) del capítulo 4 (Services), el párrafo 4 del artículo 4.7 (reglamentación nacional) tiene el mismo efecto que los párrafos 4 y 5 del artículo VI del AGCS.
En relación con el párrafo 3 del artículo 1º del anexo XVI
Nada bajo el párrafo 3 del artículo 1º del anexo de servicios financieros impide a una Parte tomar en consideración el hecho de que un nuevo servicio financiero es suministrado en los principales mercados de los Miembros de la OMC para permitir suministrar tal servicio bajo el artículo 2º del anexo.
En relación con el artículo 6º del anexo XVI
El artículo 6º del anexo de servicios financieros cubre la adopción o exigibilidad de medidas de medidas (sic) no discriminatorias de aplicación general tomadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias y políticas conexas de crédito o cambiarias. Este párrafo no afectará a las obligaciones de una Parte de conformidad con el artículo 4.13 (pagos y transferencias).
Sin limitar las otras aplicaciones o significados del párrafo previo, incluyendo su oración final, el párrafo previo permite a una Parte aplicar regulaciones cambiarlas no discriminatorias de aplicación general a la adquisición, por parte de sus residentes, de servicios financieros de proveedores transfronterizos de servicios financieros. Una Parte podrá, bajo las provisiones del artículo 6º del anexo de servicios financieros, impedir o limitar las transferencias de una institución financiera o de un proveedor transfronterizo de servicios financieros a, o en beneficio de, una persona afiliada o relacionada a dicha institución o proveedor, a través de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solvencia, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras o de los proveedores transfronterizos de servicios financieros. Este párrafo no prejuzga respecto de cualquier otra disposición de este acuerdo que permita a la parte restringir las transferencias.
En testimonio de lo anterior., los abajo firmantes, siendo debidamente autorizados para ello, han firmado este memorando de entendimiento.
Suscrito en Ginebra, el 25 del mes de noviembre de dos mil ocho, en dos originales en los idiomas inglés y castellano. Un original será depositado por los estados de la AELC bajo la custodia del Reino de Noruega, quien actuará como depositario y Colombia tendrá el otro original.
Bogotá, D. C., 31 de marzo de 2009
ART. 1º—Apruébase el ‘Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el ‘Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Dada en Bogotá, D. C., a los 6 de febrero de 2012
Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte(2), dicho control se caracteriza por: (i) ser previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) ser automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) ser integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tener fuerza de cosa juzgada; (v) ser una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumplir una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
Este tribunal ha señalado que dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Empero, si el tratado es multilateral, sería posible formular declaraciones interpretativas y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
En cuanto al examen de fondo, este consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si aquellas se ajustan o no a la Constitución Política.
Precisado y reiterado el alcance del control constitucional, entra la Corte a examinar la ley aprobatoria y el instrumento internacional de la referencia.
2.1. Remisión de la ley aprobatoria y del acuerdo aprobado por parte del Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional remitió a esta corporación en febrero 8 de 2012, copia auténtica de la Ley 1513 de febrero 6 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008”, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
Según lo informó a esta corporación el Ministerio de Relaciones Exteriores, el memorando de entendimiento que se aprueba mediante la Ley 1513 de 2012 fue suscrito en noviembre 25 de 2008 por Luis Guillermo Plata Páez, quien para esa fecha se desempeñaba como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, a quien el entonces Presidente de la República confirió plenos poderes para el efecto. Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados(3), es claro que resulta válida la suscripción de este instrumento a nombre del Estado colombiano.
En marzo 31 de 2009 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al ya referido memorando y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 16 superior.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1513 de 2012.
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 234 de 2011 Senado:
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar y de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, el día 31 de marzo de 2011.
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 148 de abril 1º de 2011, en las páginas 21 a 28. De esta manera, se cumplieron los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1º ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por el senador Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 242 de mayo 9 de 2011, páginas 22 a 29. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación de marzo 5 de 2012 enviada por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión de mayo 11 de 2011, según consta en el acta 32 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta Nº 755 de octubre 11 de 2011.
En lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la referida acta 32, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el tercer lugar de una lista de cinco proyectos, leída poco antes del levantamiento de la respectiva sesión, previamente a la cual el secretario de la comisión informó: “que el siguiente punto del orden del día es: anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión”.
De otra parte, agotada la lista de proyectos, y después de haberse sometido a votación varias proposiciones, se anunció por el señor presidente, senador Guillermo García Realpe que “se levanta la sesión y se convoca para el día martes a las 10:00 a. m.”.
Se observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en términos suficientemente claros y explícitos, lo que a juicio de la Corte permitió que sus destinatarios (los miembros de la comisión) se enteraran de manera clara y precisa del objeto de tal anuncio, conforme a lo reiteradamente planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, y en lo que atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se hizo alusión a “la próxima sesión”, fórmula de determinabilidad igualmente aceptada por la Corte por cuanto, además, la convocatoria realizada antes de levantarse la sesión precisó la fecha de esta última.
A continuación, en cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es mayo 17 de 2011, diligencia que contó con la participación y voto favorable de 9 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el Acta 33 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 755 de octubre 6 de 2011, páginas 13, 14 y 24 a 26.
Así, concluye la Sala que la aprobación del proyecto por parte de esa comisión legislativa cumplió la totalidad de los requisitos aplicables y que el anuncio previo tuvo las condiciones necesarias para amparar válidamente esa votación.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo Senador Juan Lozano Ramírez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 358 de junio 2 de 2011, en las páginas 1 a 8. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión de junio 8 de 2011, según consta en el acta 60 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 485 de julio 6 de 2011.
En esta última acta se observa que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de “proyectos que se discutirán y aprobarán para la próxima sesión”, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el último lugar de una lista de 6 proyectos para segundo debate) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el martes 14 de junio. Por ello se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
De otra parte, según lo informó en marzo 6 de 2012 el secretario general del Senado, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate con la asistencia de 95 de los senadores que conforman esa cámara legislativa en la sesión plenaria realizada en junio 14 de 2011. Información que es concordante con lo que consta en el acta 61 de la plenaria del Senado, publicada en la Gaceta Nº 486, de julio 6 de 2011.
La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Telésforo Pedraza Ortega, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 668 de septiembre 8 de 2011, páginas 4 a 7.
Según puede comprobarse en el Acta 8 de esa comisión, publicada en la Gaceta Nº 869 de noviembre 21 de 2011 (págs. 39 a 43), el anuncio de votación de este proyecto en esa célula legislativa se produjo en septiembre 28 de 2011.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, ya que estuvo enmarcado por la reiterada prevención de que se hacía “para la próxima sesión en donde haya aprobación de proyectos de ley”, y de la advertencia en el sentido de que “estos proyectos son anunciados para dar cumplimiento al Acto Legislativo 1 de 2003”. Cabe anotar que la primera de estas precisiones se dio, incluso, en dos oportunidades enteramente concordantes, en primer lugar por parte de quien presidía la comisión, el representante José Ignacio Mesa Betancur, y luego por parte de la secretaria de la misma, Pilar Rodríguez Arias.
Seguidamente, el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en octubre 11 de 2011 con diez votos por el SI y dos votos por el NO del total de 18 representantes que conforman esa comisión, todo lo cual consta en el Acta 9 de la misma fecha, que fuera publicada en la Gaceta Nº 1011 de diciembre 23 de 2011 (págs.. 31 a 39).
Ahora bien, a pesar de la anotación realizada por la Procuraduría General de la Nación frente al supuesto incumplimiento de este requisito, se puede constatar que el mismo se observó en debida forma, pues pese al tiempo transcurrido entre una y otra reunión, la sesión del día 11 de octubre de 2011 efectivamente fue la siguiente en la que hubo aprobación de proyectos de ley, que fue justamente el criterio de determinabilidad con base en el cual se especificó, el día del anuncio, cuándo tendría lugar la votación de los proyectos anunciados. Y luego, para mayor claridad y certeza, el orden del día de esta última fecha (según se constata en la referida acta 9) se refirió a la discusión y aprobación de proyectos “anunciados en sesión del día miércoles 28 de septiembre de 2011”, con lo que no queda duda posible sobre el cumplimiento de esta exigencia constitucional.
Para la Sala es claro que no existe entonces, en este punto, un defecto procedimental que pudiera ocasionar la parcial invalidez del trámite legislativo. Sin embargo, frente a la objeción formulada por el Ministerio Público, conviene recordar el principio de instrumentalidad de las formas, conforme al cual debe tenerse en cuenta que “las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo”(4). Así, en aplicación de ese principio, estima la Sala que las circunstancias en que se observó en este caso el requisito del anuncio previo permiten constatar que este cumplió su finalidad de prevenir a los miembros de esta comisión sobre la futura aprobación de este proyecto, tal como lo demuestra la activa participación de aquellos durante la sesión en que se realizó el debate y aprobación del mismo.
Por todo lo anterior, la Sala concluye que el aviso efectuado es válido, ya que fue suficientemente preciso y se refirió a una fecha claramente determinable, como de manera reiterada lo ha aceptado la jurisprudencia de esta Corte, fecha en la que, conforme a lo anunciado, se produjeron el debate, votación y aprobación de este proyecto en la respectiva comisión.
La ponencia para segundo debate, fue presentada también por el Representante Telésforo Pedraza y fue publicada en la Gaceta Nº 862 de noviembre 18 de 2011, en las páginas 20 a 24.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de marzo 7 de 2012, suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes, informa que este se produjo el 29 de noviembre de 2011, según consta en el acta 103 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 29 de febrero 14 de 2012.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, y a solicitud de quien la presidía, la subsecretaria (en ejercicio de la función secretarial) expresó: “se anuncian los siguientes proyectos, para la sesión plenaria del día 30 de noviembre del 2011, o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o de actos legislativos”. A continuación, se leyeron un total de 18 proyectos de ley para segundo debate, mencionándose en 4º lugar el proyecto 276 de 2011, Cámara, que es aquel que una vez aprobado vino a convertirse en Ley 1513 de 2012.
Finalmente, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del Acta 104 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 15 de febrero 3 de 2012, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por unanimidad de los representantes asistentes durante la sesión realizada en diciembre 5 de 2011.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el proyecto de ley 234 de 2011 – Senado / 276 de 2011 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1513 de 2012, la Corte observa lo siguiente:
El proyecto de ley surtió de manera satisfactoria la totalidad de las diligencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues el mismo: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los lapsos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado para su revisión a conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos respectos, la Ley 1513 de 2012 debe ser considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su trámite legislativo.
3. Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante Ley 1513 de 2012.
Tal como anteriormente se mencionó, este breve Memorando de Entendimiento hace parte integrante del Acuerdo de Libre Comercio (en adelante ALC) suscrito entre la República de Colombia y los Estados del AELC, que junto con sus anexos y apéndices, fueron todos suscritos simultáneamente en noviembre de 2008. En esa medida el instrumento en revisión tiene el mismo propósito del tratado principal al que accede, que fue en su momento analizado y encontrado exequible por este tribunal(5), y que consiste en fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el país y los Estados miembros del AELC, así como remover los obstáculos que pudieran existir para la expansión del comercio mundial, contribuyendo al desarrollo económico y social de los Estados Partes, en el marco del respeto por la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales(6).
Este memorando de entendimiento tiene como objetivo particular fijar el alcance de algunas estipulaciones del acuerdo principal, con el ánimo de evitar dificultades hermenéuticas en su aplicación. Específicamente, hace referencia al capítulo 4 de aquel sobre “comercio de servicios” y al anexo xvi, sobre “servicios financieros”.
Así, según consta en la exposición de motivos del proyecto de ley aprobatoria que se revisa, este memorando “resulta necesario para darle aplicación e interpretación integral a ciertas disposiciones contenidas en el acápite de servicios financieros del ALC, en tanto precisa cómo las partes entienden ciertos derechos y obligaciones en esta materia”.
Esas finalidades, tanto la de carácter general que anima el acuerdo de libre comercio como la específica que justifica la firma de este memorando, son compatibles con la Constitución de 1991, pues contribuyen al logro de varios de sus objetivos, entre ellos la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales del país (C.P., art. 226), así como al cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho, al impulsar la prosperidad general (art. 2º ídem) y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366 íd.).
El texto de este instrumento consta de cinco (5) distintas precisiones en relación con igual número de disposiciones del ALC que le antecede y al cual accede este memorando de entendimiento.
La primera aclaración se realiza frente al artículo 4.2 del ALC (Definiciones), determinándose el alcance de las condiciones que debe tener una persona jurídica de una Parte, para que califique como tal, en la definición del subpárrafo (p)(i) del citado artículo.
Se indica en el memorando que (i) una persona jurídica debe “estar constituida o de otra forma organizada bajo la ley de esa parte”, aclarando que aunque se cumplan otros criterios del párrafo, esa condición es esencial. Igualmente, se expresa que (ii) la persona jurídica debe estar dedicada a operaciones comerciales substanciales, indicando que las operaciones comerciales pueden ser realizadas en el Estado Parte o en cualquier otro Estado sin importar si es o no miembro de la OMC.
Como segunda cláusula aclaratoria, se establece que las partes tienen la posibilidad de adoptar impuestos indirectos o de otra clase, sobre los servicios transfronterizos, siempre que estos sean compatibles con los artículos 4.3 (trato de nación más favorecida) y 4.5 (trato nacional) del ALC.
La tercera disposición establece que el párrafo 4 del artículo 4.7 (reglamento nacional), tiene los mismos efectos que los párrafos 4 y 5 del artículo VI(7) del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC, AGCS, implicando ello que la reglamentación nacional se debe orientar hacia el reconocimiento o aceptación de los títulos de aptitud, el establecimiento de normas técnicas y el otorgamiento de licencias para suministrar algún servicio, de acuerdo a criterios objetivos, transparentes y no restrictivos.
En cuarto lugar, el memorando de entendimiento indica que nada bajo el párrafo 3 del artículo 1º del anexo XVI sobre Servicios Financieros(8), impide a una parte tomar en consideración el hecho de que un nuevo servicio financiero sea suministrado en los principales mercados de los miembros de la OMC, para permitir suministrar tal servicio bajo el artículo 2º de dicho anexo(9).
Finalmente, la última cláusula de este instrumento delimita el alcance hermenéutico del artículo 6º del ya referido anexo XVI, indicando que el Banco Central, la autoridad monetaria o cualquier entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias o cambiarias de una parte, debe adoptar medidas no discriminatorias y de aplicación general, sin afectar las obligaciones de las Partes contenidas en el artículo 4.13 del ALC (pagos y transferencias).
Señala el memorando, que en virtud y en concordancia con ese artículo 6º, una Parte puede aplicar regulaciones cambiarias a la adquisición por parte de sus residentes de servicios financieros ofrecidos por proveedores transfronterizos. Así mismo, faculta a las Partes para impedir o limitar las transferencias financieras de un proveedor transfronterizo de servicios financieros, a través de la aplicación “equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solvencia, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones”.
Teniendo en cuenta la circunstancia de que el acuerdo cuya constitucionalidad se revisa tiene carácter estrictamente accesorio, en cuanto mecanismo de interpretación y aplicación de otro instrumento principal, ya analizado y declarado exequible por esta corporación, surge evidente que el contenido de este memorando sería así mismo exequible.
Sin embargo, más allá de esta relación, examinado directamente el contenido material de sus estipulaciones, encuentra la Sala que nada en ellas contraviene la Constitución Política, y que por el contrario, ciertamente cumplen su objetivo de contribuir al mejor entendimiento y claridad en la aplicación y ejecución del ALC simultáneamente suscrito, a partir de lo cual se facilitan los procesos conducentes a contrarrestar las distorsiones del mercado, obtener la efectiva liberación comercial frente a los Estados de la AELC y hacer efectivo el trato igualitario entre los inversionistas y las naciones.
Todo esto permite llevar a la práctica objetivos superiores tan importantes como la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (C.P., art. 226) y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho, fomentando la prosperidad general (art. 2º ídem) y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366 íd.), lo cual conduce también a aceptar que el referido clausulado es plenamente exequible.
Por las mismas razones encuentra igualmente la Corte que ninguna de las disposiciones del memorando de entendimiento estudiado justifica ni requiere la formulación de reservas por parte del Estado colombiano al momento de proceder al depósito de su ratificación.
Agotado el análisis del instrumento aprobado mediante Ley 1513 de 2012, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que aquel se ajusta integralmente a los preceptos constitucionales.
Ello es así por cuanto, de una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para que el referido tratado pueda integrarse al ordenamiento jurídico interno. Y de otra, porque los objetivos y el contenido de este memorando de entendimiento apuntan al logro de objetivos compatibles con el texto superior, como son los de internacionalización de las relaciones económicas y la búsqueda de la prosperidad general que persigue el acuerdo de libre comercio al que accede.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’ suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 25 de noviembre de 2008.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1513 de febrero 6 de 2012“Por medio de la cual se aprueba el ‘memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la Republica de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008”.
(2) Ver Sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(3) Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de 1985. “Artículo 7º. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: // a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o // b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. // 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: // a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; // b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; // c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.
(4) Este principio ha sido aplicado por la Corte en el análisis de vicios procedimentales en gran cantidad de decisiones. Ver, entre las más recientes, las sentencias C-788 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-240 de 2012 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
(5) Cfr. Sentencia C-941 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio), por la cual la Corte declaró exequible la Ley 1372 de 2010 que incorporó al derecho interno este acuerdo de libre comercio.
(6) Preámbulo: “Resueltos a fortalecer los lazos de amistad y cooperación, y deseosos, mediante la remoción de obstáculos al comercio, a contribuir al desarrollo y expansión del comercio mundial; Reafirmando su compromiso con la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; construyendo sobre la base de sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio y los demás acuerdos negociados bajo dicho marco y otros instrumentos de cooperación; Reafirmando su compromiso al desarrollo económico y social y el respeto por los derechos de los trabajadores, incluyendo los principios de la Organización Internacional del Trabajo; apuntando a crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar la salud y estándares de vida, y a asegurar a través de la expansión de flujos comerciales y de inversión, un volumen de ingresos reales amplio y de crecimiento constante, y así promover un desarrollo económico extenso con miras a reducir la pobreza; decididos a crear un mercado ampliado y seguro para las mercancías y los servicios, y a asegurar un marco jurídico y un ambiente previsible para el comercio, los negocios y las inversiones mediante el establecimiento de reglas claras y mutuamente ventajosas; resueltos a fomentar la creatividad e innovación mediante la protección de los derechos de propiedad intelectual manteniendo a la vez un balance entre los derechos de los titulares y los intereses del público, particularmente en educación, investigación, salud pública y acceso a la información; decididos a implementar este acuerdo de manera compatible con la protección y conservación del medioambiente, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación ambiental”.
(7) “ART. VI.—Reglamentación nacional: 4. Con objeto de asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios, el consejo del comercio de servicios, por medio de los órganos apropiados que establezca, elaborará las disciplinas necesarias. Dichas disciplinas tendrán la finalidad de garantizar que esas prescripciones, entre otras cosas: a) se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de suministrar el servicio; b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; c) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por sí una restricción al suministro del servicio.
5. a) En los sectores en que un Miembro haya contraído compromisos específicos, dicho miembro, hasta la entrada en vigor de las disciplinas que se elaboren para esos sectores en virtud del párrafo 4, no aplicará prescripciones en materia de licencias y títulos de aptitud ni normas técnicas que anulen o menoscaben dichos compromisos específicos de un modo que: i) no se ajuste a los criterios expuestos en los apartados a), b) o c) del párrafo 4; y ii) no pudiera razonablemente haberse esperado de ese Miembro en el momento en que contrajo los compromisos específicos respecto de dichos sectores. b) Al determinar si un miembro cumple la obligación dimanante del apartado a) del presente párrafo, se tendrán en cuenta las normas internacionales de las organizaciones internacionales competentes que aplique ese miembro…”. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm
(8) ART. 1º anexo XVI: “… 3. ‘nuevo servicio financiero’ significa un servicio de naturaleza financiera, incluyendo los servicios relacionados con productos nuevos o existentes, o la manera como se distribuye un producto que no es suministrado por ningún proveedor de servicios financieros en el territorio de una parte pero que se suministre en el territorio de otra parte”.
(9) Artículo 2º anexo XVI: “Acceso a mercados para nuevos servicios financieros. Una parte permitirá a un proveedor de servicios financieros de otra parte establecido en su territorio ofrecer en dicho territorio cualquier nuevo servicio financiero”.

References: artículo 4
 artículo 4
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
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 artículo 6
 artículo 1
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 artículo 241
 artículo 7
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 4
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
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 Artículo 2