Source: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2011/06/
Timestamp: 2017-06-23 10:08:29+00:00

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Estado-Ley-Democracia: junio 2011
Inician plan de formación para divulgar leyes del poder popular.
En el portal web de la Asamblea Nacional, bajo la firma de Rayma Rondón se informa en nota de prensa sobre el inicio de la actividad de formación de Multiplicadores para la Difusión de las Leyes del Poder Popular. La nota dice:
"Con una participación masiva de voceras y voceros, la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación celebró el Acto Central del Plan de Formación de Multiplicadores para la Difusión de las Leyes del Poder Popular.
Además de los diputados socialistas Darío Vivas (DC) y Julio Chávez (Lara), presidente y vicepresidente de la instancia parlamentaria, también formaron parte de la actividad la ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa, y la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D´Amelio.
Al respecto, Vivas explicó que se acordó la articulación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral para desarrollar las actividades de formación de voceras y voceros del Poder Popular y el pueblo en general.
Señaló que cuatro son los aspectos que se cumplirán en la jornada que se extenderá por un mes. El primero de ellos –indicó tiene que ver con el conocimiento y la formación de los voceros para que puedan aplicar y construir las distintas organizaciones populares a nivel nacional.
Sobre el segundo aspecto, Darío Vivas dijo que tiene que ver con la recolección de las propuestas y sugerencias en cuanto a la aplicación de las leyes del Poder Popular que están en plena ejecución.
“En estas jornadas también revisaremos la aplicación y la adecuación de las mismas, sin descartar posibles rectificaciones. Asimismo, vamos a estar recogiendo propuestas para la elaboración de los reglamentos de algunas leyes como la Ley de las Comunas, de vital necesidad para poder desarrollar estas figuras a nivel nacional”.
En torno al cuarto aspecto, el parlamentario puntualizó que a partir de las jornadas de difusión se avanzará en la consolidación y el impulso del Poder Popular. “Se trata simplemente de que desarrollemos de manera rápida, consistente y permanente la construcción del Poder Popular para cumplir con el mandato constitucional que establece que la soberanía reside en el pueblo”. Agregó que se pretende cumplir con lo que el gobierno nacional ha estado predicando sobre la democracia participativa y protagónica. “Queremos también cumplir las leyes en lo referente a impulsar la creación del Estado Comunal y se establezca la corresponsabilidad entre el gobierno revolucionario y el pueblo organizado en función del buen vivir. Ese es uno de los objetivos fundamentales de esta jornada”.
En esta etapa, de acuerdo con las declaraciones del diputado, se cumplirá igualmente con la elaboración de la Ley de Medios de Comunicación Alternativos, Comunitarios y Populares. “Esa ley la está construyendo el Pueblo Legislador”.
Finalizó precisando que, a propósito del mes bicentenario y de la voluntad popular de elaborar sus propias leyes, los distintos colectivos de medios traerán un proyecto a la AN a mediados del mes de julio. Explicó que la Subcomisión de Medios, conjuntamente con el pueblo legislador, adelanta este trabajo que, entre otras cosas, prevé la recolección del mayor número de firmas con las que se consignará el proyecto de ley. "
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=33605:inicio-plan-de-formacion-para-difundir-las-leyes-del-poder-popular&Itemid=50
En consulta pública y el contenido central de la reforma a la Ley Contra la Corrupción.
Maritza Villaroel, firma una nota de prensa en la Asamblea Nacional, en donde presenta el contenido de la reforma a Ley Contra la Corrupción e informa sobre la consulta pública que se realizó. La nota fechada el 29 de junio de 2011 señala:
"La Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado Héctor Navarro, inició este martes el proceso de consulta del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción, norma que contempla elevarles las penas a quienes cometan ilícitos en esta materia.
Este instrumento fue aprobado en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional y por ello se procedió a la recopilación de las propuestas para el informe en segunda discusión.
El evento tuvo lugar en el Salón “Simón Rodríguez”, ubicado en el edificio “José María Vargas”, esquina de Pajaritos, donde estuvieron algunos diputados de la referida instancia; el presidente de Indepabis, Augusto Montiel, y representantes de varios ministerios, como Defensa, Relaciones Interiores y Justicia, Ambiente, entre otros.
El vicepresidente de la comisión, diputado Jesús Montilla, invitó a los presentes a realizar un minuto de silencio por la muerte del contralor general de la República, Clodosbaldo Russián.
Luego de esto, Montilla destacó que este proceso de consulta se realiza de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “La idea es enriquecer el proyecto con las propuestas que presenten los diversos sectores que tienen que ver con la materia. Los aportes que ustedes puedan hacer por la experiencia en el desempeño de sus funciones dentro de los organismos donde trabajan, son importantes”.
Precisó que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los países latinoamericanos, sino también de los países desarrollados, industrializados. “En el caso nuestro es por razones culturales, históricas o por la pérdida de los valores dentro de la sociedad capitalista, fundamentalmente en la Cuarta República después de la llegada de AD y Copei cuando se desarrolla una explosión de la corrupción”.
En el siglo XIX, Guzmán Blanco llegó a ser una de las personas más ricas de Latinoamérica, luego del ejercicio de 17 años de gobierno y ser uno de los protagonistas de la Revolución Federal. En el gobierno de Gómez también hubo hechos de corrupción y se amasaron grandes fortunas, “pero el problema de corrupción como un fenómeno generalizado viene a darse durante la llamada democracia representativa”.
Precisó que durante el gobierno revolucionario se han hecho grandes esfuerzos para reducir la corrupción, “el presidente Chávez, constantemente, ha realizado críticas a personas o funcionarios públicos; por supuesto que han habido resultados importantes, hoy en día hay presidentes de partidos que están prófugos de la justicia por estar incursos en corrupción, asimismo varios ex gobernadores: Manuel Rosales, del Zulia; Eduardo Manuitt, Guárico; Eduardo Lapi, de Yaracuy; también el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel.
Esta reforma, recalcó, fue impulsada por el deseo que tienen los poderes del Estado y todas las instituciones en asumir la lucha contra la corrupción a escala nacional; se requiere articular esfuerzos del Poder Judicial, la Fiscalía para ganar esta lucha.
Precisó que la reforma pone acento en las sanciones contra los delitos contra el erario público, aspecto sugerido por la Fiscalía General de la República.
Precisó que los consejos comunales son sujetos de esta ley por cuanto administran recursos, asimismo los del sector privado que tienen relación con la Administración Pública, si incurren en faltas, también son sancionados.
Agregó que la actual ley contra la corrupción no estipula que los delitos sobre esta materia son imprescriptibles, “por ahí debe empezar esta reforma, esos delitos son imprescriptibles”.
Precisó que uno de los aspectos novedosos de la reforma es la declaración jurada de intereses, esto es una recomendación de las Naciones Unidas a escala internacional, y tiene que ver con funcionarios que por razones profesionales o de carácter económico tienen otros ingresos diferentes a sus salarios.
Otro elemento importante es la declaración jurada de bienes y también se contará ahora con el recibo de pago del Impuesto Sobre la Renta, “esto lo podemos chequear y se constatan los ingresos”.
Precisó que las penas se hacen más punitivas, “cualquier funcionario puede incurrir en tres delitos y podría sumar penas que van de entre 10 a 15 años”.
En los delitos de peculado de uso, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, se aumenta al doble de la pena.
Igualmente, se aumenta a 15 años la inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República.
Es importante, dijo, la protección de los testigos y esto se incorpora. “Sabemos que cuando hay hechos de corrupción y están involucrados grandes recursos éstos tienden a ser sobornados, intimidados”.
Añadió que los funcionarios que desvíen o utilicen fondos o bienes del Estado para apoyar a un determinado candidato en campañas electorales serán sancionados, esa norma estaba en la ley, pero ahora se aumentan las penas, anteriormente era un máximo de cinco años y ahora es de 15 años”.
Comentó que la ley actual, por ser tan permisiva, permitió la elección como diputado del ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, “si las penas hubiesen sido de 15 años, no estaría en la AN”.
El diputado Montilla agregó que se realizarán siete consultas públicas. El próximo jueves tendrá lugar otra en la AN, con la presencia de representantes del Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, entre otros.
Posteriormente, los eventos se efectuarán en las regiones. “Hay consejos comunales que han sido denunciados por corrupción, tal como lo informó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación de su memoria y cuenta”.
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=33582:ley-anticorrupcion-aumenta-penas-por-delitos-cometidos&Itemid=50
CNE forma a comisiones electorales de Consejos Comunales.
En el portal web de la Asamblea Nacional, hay una nota de prensa firmada por Rayma Rondón en la que se puede leer sobre la relación del CNE en la formación de los Consejos Comunales, no en la certificación de la elección. La nota dice:
"Durante la instalación del Acto Central del Plan de Formación de Multiplicadores para la Difusión de las Leyes del Poder Popular, que promueve la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D´Amelio hizo una exposición sobre la participación del Poder Electoral en estas actividades.
“Es bien importante resaltar qué hace el CNE en un evento de la Asamblea Nacional, como el que celebramos este miércoles”. En tal sentido, expresó que además del artículo 37 de la Constitución Nacional (que le confiere atribuciones al Poder Electoral para acompañar las comisiones electorales), las leyes del Poder Popular involucran al máximo órgano comicial para que coopere en la formación de las comisiones electorales y todo el proceso de elecciones.
Advirtió que, ciertamente, el CNE no certifica las elecciones en estos casos, pero cumple con el acompañamiento que establecen las leyes. “Así lo hicimos durante la escogencia de los voceros del Consejo Federal de Gobierno. Allí participamos cooperando para mejorar su sistema de votaciones, tomando en cuenta que como Poder Electoral tenemos una vasta experiencia en procesos comiciales”.
La rectora aseguró que el papel del Cuerpo que representa fortalece los procesos que emprende el pueblo, además de seguir formando a las comisiones electorales de los consejos comunales. Por otra parte, recordó que en respuesta a la reestructuración del ente comicial, se creó la Oficina Nacional de Participación Ciudadana, la cual tiene su representación en cada sede del CNE en las diferentes regiones del país. “Por tal motivo, los consejos comunales deben articularse con estos centros a través de los responsables de las mismas”. Fuente:
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=33597:rectora-daamelio-explico-participacion-del-cne-en-actividad-de-la-an&Itemid=50&lang=es
El Universal en su versión digital informa con fecha martes 28 de junio de 2011, que un tribunal administrativo de la capital egipcia El Cairo anunció hoy la disolución de los consejos comunales del país, con lo que continúa el desmantelamiento del sistema heredado del ex presidente derrocado Hosni Mubarak. Con la sentencia, el tribunal sigue la argumentación de la acusación, integrada entre otros por el activista anticorrupción Hamdi Facharani, que denuncia que los 1.750 consejos fueron creados en elecciones locales manipuladas. Casi el 98% de todos los mandatos fueron otorgados entonces al partido NDP de Mubarak, también desmantelado, señaló DPA. Tras la caída de Mubarak, el Consejo Militar que gobierna el país disolvió las dos cámaras del Parlamento, ya que durante las elecciones celebradas bajo el antiguo régimen se obstaculizó la actividad de los candidatos de la oposición, se intimidó con violencia a sus seguidores y se falsificaron los resultados. Hasta ahora no está claro quién o qué sustituirá ahora a esos consejos y cuándo se elegirá a los nuevos gremios. Un nuevo Parlamento se votará en septiembre y un nuevo presidente en diciembre. Fuente:
http://internacional.eluniversal.com/2011/06/28/egipto-disuelve-consejos-comunales-de-era-mubarak.shtml
La ejecución de recursos de los Consejos Comunales en el 2009 fue menor que en el pasado.
El Universal con fecha 28 de junio de 2011 y bajo la firma de Mayela Armas, informa que en la la Memoria y Cuenta del Ministerio de las Comunas se evidencia que el pasado año fue el ejercicio en el cual los consejos comunales presentaron menos proyectos y se registró la menor ejecución de recursos. En el discurso oficial es una constante el impulso al poder popular, y ello ha implicado dejar en manos de las comunidades el desarrollo de proyectos socioproductivos, no obstante, han sido pocos los programas presentados. De acuerdo al esquema creado por el Gobierno, los consejos comunales cuando tienen los proyectos definidos, deben consignarlos ante el despacho y posteriormente se autorizan los recursos, los cuales surgen del Fondo Nacional de los Consejos Comunales. La Memoria y Cuenta indica que pasado año la gestión enfrentó obstáculos y destaca que "no se recibió un volumen mayor proyectos, motivo por el cual lo ejecutado en cuanto a las transferencias bajó respecto a años anteriores". El pasado año el saldo del Fondo de los Consejos Comunales fue 4,8 millardos de bolívares, y según el informe, esos recursos tuvieron una ejecución de 43%. Ese Fondo tiene como fuentes parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las regalías y las multas que se originan de la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. La Memoria detalla que los proyectos que sí recibieron recursos fueron aquellos destinados a la transformación del hábitat por 1,4 millardos de bolívares, proyectos socioproductivos por 451 millones de bolívares y proyectos sociales por 600 millones de bolívares. En el informe el despacho indica que otros de los aspectos que incidió en la lenta ejecución de los programas fue la adecuación a la reforma de la Ley de Consejos Comunales, que se realizó el pasado año y que se autorizó junto con los otros textos comunales como la Ley del Poder Popular, Ley de Economía Comunal, Ley de Contraloría Social y Ley de las Comunas. Lineamientos El despacho en la Memoria y Cuenta de 2010 informa los lineamientos a seguir en este ejercicio de 2011, y allí se indica que para este período se contemplan realizar transferencias a "8.000 organizaciones del poder popular", siendo el monto inicial 1,5 millardos de bolívares. Para este ejercicio se tiene que "estimular el desarrollo de las comunidades organizadas por medio del financiamiento de proyectos y por medio de las transferencias de recursos materiales y financieros para satisfacer las necesidades colectivas". Fuente:http://economia.eluniversal.com/2011/06/28/en-2010-se-redujeron-fondos-a-proyectos-de-consejos-comunales.shtml
Las regiones y los recursos vía Consejo Federal de Gobierno.
Bajo la firma de Mayela Armas, El Universal, en su versión digital de fecha 27 de junio de 2011 registra una nota de prensa que aborda el tema del Consejo Federal de Gobierno y los recursos hacia las regiones. La nota dice:
"Las regiones este año se enfrentaron a una modificación en las asignaciones por parte del Gobierno central y esos cambios han implicado una lentitud en los desembolsos de recursos, especialmente en aquellos que están previstos para proyectos. Con la entrada en vigencia de la Ley del Consejo Federal de Gobierno en 2010, las gobernaciones y alcaldías cuentan ahora con dos fuentes de financiamiento: el situado constitucional (que equivale a 20% de los ingresos ordinarios) y el Fondo de Compensación Interterritorial, que se encarga de administrar el 15% del Impuesto al Valor Agregado y el 25% de las regalías (que antes estaban por la vía del Fondo Intergubernamental para la Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales). Las cifras del despacho de las finanzas públicas sobre la gestión por proyectos indican que entre los meses de enero y mayo, las entidades recibieron por medio del situado, 42% de los recursos programados para el año que suman 26 millardos de bolívares, lo que muestra que se mantuvo un ritmo de erogación similar al de 2010. Pero las erogaciones por la vía del Fondo de Compensación Interterritorial han sido más lentas. En cinco meses se transfirió el 24% de la asignación prevista, que es cerca de 10 millardos de bolívares, mientras que para el mismo período de 2010, los recursos que estaban por Fides y LAEE tuvieron una ejecución de 35 y 40%. Las regiones en este semestre recibieron créditos adicionales por 3,8 millardos de bolívares para cubrir los pagos laborales y la emergencia por las lluvias, y aunque ya cuentan con parte de los ingresos adicionales del ejercicio, algunas de las fuentes ordinarias han tardado en transferirse. Esas asignaciones que están por la vía del Fondo de Compensación en gran medida son las que se utilizan para atender los proyectos que presentan las entidades para infraestructura, vialidad, salud, educación, servicios, entre otras áreas. Distribución La conformación del Fondo en una primera fase ocasionó una reducción de recursos, en especial para las gobernaciones. De los ingresos previstos para las entidades a través de IVA y regalías, el 42% era para las gobernaciones, ahora es 37%. Esos 5 puntos de diferencia está orientado a los ejes comunales y desarrollos de programas. Las alcaldías y los consejos comunales no sufrieron modificaciones y siguen recibiendo el 28% y 30% del dinero. Más pasos Aunado a la distribución de ingresos, las entidades para poder tramitar los recursos del Fondo de Compensación tienen que pasar por alcabalas. El pasado mes de abril fue modificado el reglamento de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, y allí se crearon más pasos para autorizar el dinero. Las entidades tienen que gestionar los recursos para los proyectos en tres instancias, cuando en el reglamento anterior (marzo de 2010) se fijaban dos. Los mandatarios regionales deben presentar sus planes de inversión a las Unidades Receptoras Estatales, que posteriormente remiten esos planes a las Oficinas Técnicas Regionales, las cuales se encargan de realizar las evaluaciones de los proyectos, y esos informes luego son enviados al Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Compensación, que realiza la presentación a la secretaría del Consejo Federal. Cuando la secretaría del Consejo Federal autorice los proyectos, el Fondo de Compensación podrá realizar los desembolsos de recursos. Si se registran modificaciones posteriores en cuanto a montos y metas, éstas tendrán que ser presentadas por las entidades a las Oficinas Técnicas y nuevamente serán sometidas a la Secretaría del Consejo. Los cambios también se extienden a los consejos comunales, cuyas asignaciones ya no sólo serán para proyectos productivos y de infraestructura, también "se emplearán en atender contingencias naturales, sociales y políticas que hayan sido autorizadas por la secretaría del Consejo Federal". Hacia los distritos Aunado a las nuevas instancias, a futuro las regiones se tendrán que enfrentar a otras limitaciones. La Ley de Presupuesto de este año indica que los montos a las provincias se asignarán a través de las regiones socioeconómicas, y apunta que "en la medida en que la legislación se vaya adecuando se consolidarán los distritos productivos, que a su vez contendrán a las comunas, y a los cuales se les destinarán más recursos", lo que significa incrementar las transferencias a esas áreas. En la Ley del Consejo Federal de Gobierno están previstos los distritos motores de desarrollo (o productivos) y son considerados como los espacios en los que "se consolidará el poder popular y las cadenas productivas socialistas". Las autoridades de esos distritos, de acuerdo al nuevo reglamento, serán designadas por el Presidente de la República. "
http://economia.eluniversal.com/2011/06/27/recursos-para-proyectos-de-las-regiones-se-ejecutan-lentamente.shtml
Es oportuno recordar que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece que el Municipio debe llevar un registro de las organizaciones que ejerzan la contraloría social en esta instancia política territorial; pareciera entonces que ahora quienes quieran participar con este mecanismo deben satisfacer dos registros para poder ejercer el control social en el ámbito local y a la vez en el nacional. Por cierto que en el proyecto de reforma parcial de la Ley Contra la Corrupción se definen una serie de funciones que toda Contraloría Social debe cumplir a los fines de colaborar o cooperar en la lucha contra la corrupción, al respecto señala el proyecto lo siguiente en su artículo 47:
Distrito Capital da recursos a Comunas en construcción.
Con fecha 26 de junio de 2011, AVN informa que el Gobierno del Distrito Capital transfirió un total de 3 millones 900 mil bolívares a las comunas en construcción del circuito 1,conformado por las parroquias Sucre y La Pastora.
El acto se realizó el pasado sábado en las instalaciones del parque Alí Primera, ubicado en la parroquia Sucre, y contó con la presencia de la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faria, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Istúriz, el director de Comunas y Protección Social, Willi Casanova y el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal.
El programa denominado Capital Semilla, entregó 650 mil bolívares a las comunas en construcción Los Frailes, Los Mecedores, Nuevo Horizonte, Guaicamacuto, La Silsa y Casalta III.
“Estamos transfiriendo poder al pueblo como nos lo ha ordenado el comandante presidente, Hugo Chávez. Este es el tercer acto que se realiza para darle al pueblo caraqueño esa nueva geometría del poder que es la construcción de las comunas. El día de hoy (sábado) cerramos con 21 comunas de las 46 en construcción de Caracas”, expresó Faría.
También explicó que para otorgar financiamiento a las comunas, estas deben presentar un proyecto avalado por todos los consejos comunales que lo integran y con la vocería de cada uno. En este acto participaron 86 consejos comunales.
La jefa de Gobierno aprovechó la visita a la parroquia Sucre para recorrer la casa de talleres Jacobo Borges, que funciona como refugio de 94 personas del eje 1 del municipio Libertador. En la inspección de áreas se corroboró el buen estado de las instalaciones. Fuente:http://www.avn.info.ve/node/64448
Los ciudadanos bajo el control fiscal en el proyecto de reforma de ley contra corrupción.
El proyecto de reforma parcial a la Ley Contra la Corrupción aprobada en primera discusión el 17 de mayo 2011(1), incorpora las Comunas, los Consejos Comunales y Organizaciones Sociales como sujetos sometidos a esta ley especial; el numeral 12 del artículo 4 del proyecto de ley señala expresamente que deben considerarse como patrimonio público todos los recursos que estas formas de organización comunitaria reciban por parte del Estado, bien sea en forma de transferencias, aportes, subsidios, contribuciones, créditos o alguna otra modalidad similar a través de la cual se persiga cumplimir con objetivos concretos de interés público. En este sentido el artículo 49 del proyecto de reforma parcial obliga a los órganos o entes del Poder Público a remitir a la conclusión de cada semestre del ejercicio fiscal a la Contraloría General de la República relación detallada, con sus respectivos soportes, de los recursos que se han transferido a los Consejos Comunales, y obvia mencionar a las Comunas y Organizaciones Sociales.
Por su parte, el artículo 48 del proyecto establece una serie de obligaciones a lo que ha denominado Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, que por interpretación debemos entender que se trata de la Unidad Administrativa y Financiera de los Consejos Comunales, los Bancos Comunales y la instancia que corresponda en las organizaciones sociales, pues de lo contrario se estaria creando otra figura distintas a las anteriores en el ya complejo diseño arquitectonico de un estado nada fácil de entender.
Esta Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, tendría las siguientes obligaciones según el artículo 48 propuesto en la reforma parcial:
1) Administrar de manera responsable, eficiente y transparente, los recursos públicos asignados a los Consejos Comunales, las comunas y otras organizaciones comunitarias.
3) Mantener actualizado el registro de la administración de los recursos asignados por cualquier órgano o ente del Poder Público, con los soportes que demuestren los ingresos y egresos efectuados, y presentarlos a requerimiento de la Contraloría Social o de cualquier órgano o ente del Poder Público.
4) Rendir cuenta trimestralmente, ante la Asamblea de Ciudadanos y la Contraloría Social, norma ésta que se encuentra expresamente señalada en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Consejos Comunales.
Oportuno es recordar que la Ley Orgánica de los Consejos Comunales reconoce expresamente en su artículo 32 la responsabilidad penal, administrativa y civil de los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera y la Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 55 establece igual responsabilidad principalmente para los integrantes del Banco Comunal, que es lo que nos interesa a los fines de este escrito, pues esa Ley Orgánica amplia la responsabilidad penal, administrativa y civil a otras instancias de la Comuna.
El proyecto de reforma parcial a la Ley Contra la Corrupción agrega a la responsabilidad de los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria en el numeral 4 del artículo 48 la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos al final de cada semestre ante la instancia correspondiente del Sistema Nacional de Control Fiscal. Estas normas creadas en el proyecto de reforma parcial de la Ley Contra la Corrupción están dirigidas a aquellos ciudadanos que voluntariamente participan en los asuntos locales comunitarios a través de los Consejos Comunales y en particular en su Unidad Administrativa y Financiera; todo este sistema de control sobre los recursos públicos, pareciera que nos lleva a crear una categoría especial de funcionarios públicos que ad honorem y con recursos del Estado contribuyen con el gobierno a cumplir con sus fines.
Si asumimos que los fines del gobierno se expresan en un Plan de Desarrollo Nacional, al cual se somete el Plan de Desarrollo Comunal, y el Comunitario, y que los recursos para los planes comunitarios serán aprobados y transferidos en función de los lineamientos que determine a tal fin el Consejo Federal de Gobierno, el vecino en esta dinámica terminará operando como un agente del gobierno nacional y se irá perdiendo la libertad a participar en los asuntos públicos, así como se ha asfixiado la capacidad operativa de los partidos políticos de oposición ante las rígidas normas de financiamiento político y de las ONGs en su capacidad financiera para asumir nuevos proyectos.
Preocupa que se cargue tanta responsabilidad al ciudadano sin un proceso de formación y capacitación previo sobre esta materia, por otro lado es necesario que esta reforma tenga como antecedente una evaluación o diagnóstico sobre la aplicabilidad de la Ley Contra la Corrupción en los últimos años y en especial frente a las distintas denuncias que se han formulado, pues el resultado de ese trabajo nos permitirá determinar si esta reforma parcial de la Ley Contra la Corrupción es suficiente, innecesaria o por el contrario incompleta.
Tenemos que tener claro, antes de terminar, que una simple ley no puede ser exitosa en la lucha contra la corrupción si está huérfana de políticas públicas orientadas a tal fin y de instituciones sólidas y autonómas que hagan frente a este grave mal que atenta contra la confianza y la transparencia de la gestión gubernamental; en especial y de manera primordial la lucha contra la corrupción requiere de un Poder Judicial objetivo y en el que el ciudadano confíe, además de todo un proceso educativo sobre el uso de lo que es público. Pero antes que todo necesitamos resolver la falta absoluta del máximo representante del Sistema Nacional de Control Fiscal, esa debe ser la prioridad.
[1] http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?490558
El Universal con fecha 24 de junio 2011, presenta un reportaje firmado por Elvia Gómez, sobre el proyecto de Ley Orgánica del Deporte, que por su importancia lo transcribo en este blog:
"De la última sesión de la Subcomisión de Deportes de la Asamblea Nacional, en la que se debate el Proyecto de Ley Orgánica del Deportes, el diputado Miguel Pizarro (Podemos-Táchira) estima que hubo noticias "buenas y malas". La revisión del texto para su segunda discusión en plenaria va por el artículo 49 de un total de 75 que componen el proyecto. En esa instancia el PSUV tiene 8 representantes y la MUD 5. La mayoría aceptó el miércoles el planteamiento del Comité Olímpico Internacional (COI) y se respetará la autonomía de las federaciones deportivas para elegir a sus autoridades, lo que eliminó un par de conflictos. El polémico instrumento amenaza en su contenido con centralizar absolutamente todas las actividades deportivas y hacer pasar cualquier iniciativa privada por los controles burocráticos de un Estado de por sí colapsado, ha alertado la representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Pizarro ratificó que de aprobarse la ley como se propuso se verán afectados desde "los 18 millones de personas que ven un juego de beisbol y los 9 que van a algún estadio" hasta los deportistas del barrio que ya no podrán pedir ayuda a su alcaldía sino esperar respuesta del Gobierno central. Pizarro dejó claro que su advertencia no es gratuitamente alarmista y puso como ejemplo al sector construcción: desde que fue asumido en su totalidad por el Gobierno ya no se construyen casas. Rechazó que el PSUV pretenda legislar "como si todos en el país son culpables y mafiosos". Destacó la importancia de que todos los sujetos de la ley sean escuchados. Consultado sobre el efecto agravante de los controles sobre la promoción del deporte en una sociedad donde los índices delictivos de han disparado, Pizarro dijo que precisamente en el proyecto no se previó crear un subsistema penitenciario para que los reclusos practiquen deporte aunque sí un subsistema comunal. "Está muy bien que los chamos usen su tiempo ocioso, pero en ese subsistema no deben participar sólo los consejos comunales, como está previsto, lo que va en detrimento de las alcaldías y gobernaciones. Ese subsistema en los barrios funcionará mejor si obliga a la cooperación entre poderes. Eso es reconocer el poder constituyente de las comunidades y el constituido que da la Constitución". Para la reunión del próximo miércoles en la AN tocará debatir tres artículos relativos a la gestión económica de la actividad deportiva. Pizarro explica que la MUD no es defensora de por sí de la iniciativa deportiva privada sino que se trata de reconocer que ese es uno de los pocos espacios que se han salvado de la polarización política y que se administra con éxito. Insistió en rechazar la ambigüedad del proyecto en la declaración de utilidad pública de las instalaciones deportivas privadas (Artículo 10) pues amenaza el principio de propiedad y no ofrece seguridad jurídica. Asimismo, ratificó el rechazo al aporte forzoso del 1% sobre los ingresos brutos que deberán hacer las promotoras deportivas privadas pues esto lo pueden soportar las grandes, pero no las medianas y pequeñas. Fuente:
http://www.eluniversal.com/2011/06/24/ley-del-deporte-no-debe-ser-ambigua-ni-centralizadora.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUpol
Una radionovela que impulsa la participación comunitaria.
Con fecha 21 de junio de 2011, el portal web de LOS TIEMPOS.COM informa sobre una radionovela que motivò a la participación de los ciudadanos. La nota dice:
"Espacios de discusión, concursos y foros se generaron en torno a “Ciudad espesa”, la radionovela de difusión nacional que motivó participación ciudadana a través de historias de exclusión, racismo y otros temas similares, contadas por los personajes de una periodista, un taxista y otros dos personajes más que habitan en un pueblo imaginario.
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/tragaluz/20110621/una-radionovela-logra-participacion-ciudadana_130704_264436.html
Participación Ciudadana como herramienta en la vertebración del territorio en Aragón.
Con fecha 20 de junio de 2011, en la pagina web de la Universidad Europea de Madrid se informa sobre el llamado a una mayor participación en busqueda de la vertebración del territorio. La nota dice:"La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA) ha propuesto este lunes aumentar la participación ciudadana como herramienta para vertebrar el territorio.
"Consideramos prioritario el asentamiento de los aragoneses en sus lugares, para lo cual es necesario emprender políticas que mejoren las comunicaciones, aseguren unos servicios públicos de calidad y la defensa del entorno en que vivimos", han afirmado en una nota.
Para potenciar el desarrollo territorial "es imprescindible potenciar estrategias de cooperación entre municipios cercanos, evitando así la atomización de algunos pueblos", han añadido.
Esta legislatura será "importante" profundizar en el Estatuto de Aragón, de modo que la democracia "evolucione, mejore y escuche a los ciudadanos que, en manifestaciones y movimientos multitudinarios, están pidiendo reformas importantes". Un objetivo es acercar el Parlamento a los ciudadanos y que estos participen en la creación de las leyes y en todas las cuestiones que les afectan. Para ello, "es fundamental que los mensajes sean claros y que conozcamos las maneras de intervenir", han señalado. La CAVA impulsa la Escuela Vecinal Aragonesa para aumentar la formación de los vecinos y mejorar así la calidad de la participación ciudadana.
La entidad exige a las Cortes de Aragón que apruebe la Ley de Asociaciones para reconocer, proteger y apoyar el tejido asociativo aragonés y la Ley de Participación Ciudadana.
CAVA exige que las Cortes aseguren el derecho a una vivienda digna, que eviten los deshaucios, que las cajas de ahorros participen de forma democrática y que promuevan la reducción de residuos."
http://www.europapress.es/aragon/noticia-movimiento-vecinal-propone-aumentar-participacion-ciudadana-vertebrar-territorio-20110620204311.html
Las Comunas a 180 dias de sancionar el reglamento sobre la materia.
Con fecha 20 de junio de 2011, bajo la firma de Milagros Gutiérrez, El Informador de Lara, destaca un reportaje sobre la situación de la Comunas en esa entidad regional, la nota dice:
"Ya transcurrieron los 180 días que establece la Ley de las Comunas como lapso máximo para sancionar su reglamento, un instrumento jurídico que debe detallar la forma de ejercer el poder popular.
Gustavo Caraballo, superintendente nacional de cooperativas, explicó que la falta de reglamento influye sólo en la explicación de metodologías y procedimientos de ciertos puntos como el levantamiento del plan de desarrollo y la justicia comunal.
La mora afecta a su vez la precisión de algunos artículos como el 8 donde se expone: “la Comuna se constituye por iniciativa popular a través de la agregación de comunidades organizadas. El Reglamento de la presente ley establecerá lo relativo al número de comunidades organizadas requeridas para su constitución, tanto en el área urbana como en el área rural.
Pese a que éste y otros artículos no se han profundizado por la ausencia del reglamento, las comunas continúan con la planificación y ejecución de proyectos.
Según Caraballo la falta de este instrumento no es una limitante para que las comunas avancen, por el contrario “están agilizando su adecuación a la ley, ajustándose a los cuatro ejes fundamentales necesarios para su funcionamiento, como lo son el consejo de ejecución, contraloría, banco comunal y consejo de planificación comunal”.
Sostuvo que el carácter legal de las comunas está soportado en la ley y que no es necesario el reglamento para su fundamento jurídico.
700 consejos comunales se han constituido desde el 2010 hasta la fecha. En total son 3.345 sólo en la entidad larense.
Experiencia larenseSegún Yaris Agüero, director del Frente Estadal Francisco de Miranda, que trabaja directamente con el Ministerio de Las Comunas, 95% del territorio larense ya tiene consejos comunales conformados, en total son 3.345, además de 46 salas de batalla y 11 comunas en construcción, de las cuales dos -El Maizal y Villa Guadalupe- son potenciales, es decir, ejemplo de organización comunal.
La experiencia del poder popular en la entidad posiciona a Lara en el cuarto lugar de los estados con mayor avance en el área comunal.
Agüero asegura que el nivel de organización del pueblo es el que va a determinar el potencial de las comunas para cubrir todas las necesidades de la zona.
Acotó que las comunas larenses tienen experiencia en la ejecución de proyectos como preescolares, empresas socio-productivas y construcción de viviendas.
Irregularidades al tantoActualmente, los promotores del Ministerio se encargan de asesorar y bajar la información de la ley a quienes conforman la comuna, al tiempo que se están atacando algunas irregularidades para su legalidad, como la adecuación de todos los consejos comunales incluidos en la estructura comunal.
Irma González, vocera de la comuna Villa Crepuscular, indicó que hay un consejo comunal que aún no está formalizado lo cual ha ocasionado cierto retraso en consolidar la legalidad de la comuna en construcción.
¿Cómo se conforman?José Carrasco, director de organización del Frente Francisco de Miranda en Lara, expuso que para conformar una comuna, los consejos comunales deben solicitar a Fundacomunal –a través de una carta- el acompañamiento político del Ministerio para que se le asigne a la comunidad un equipo de trabajo que fortalezca la evaluación de los procesos y trámites jurídicos.
Agregó que el número de consejos comunales que conformen una comuna es indiferente -pueden ser de cinco a 30-, todo va a depender de las características compartidas entre comunidades de un mismo ámbito geográfico.
La Ley de las Comunas establece que la constitución de este tipo de estructuras comienza con la iniciativa de los consejos comunales, quienes deben conformar una comisión promotora para formular la propuesta del ámbito geográfico de la comuna, además de coordinar a los voceros de educación, cultura y formación ciudadana de los consejos comunales.
Luego, la comisión redactará el proyecto de la carta fundacional donde se contemplen los siguientes aspectos: ubicación, ámbito geográfico, denominación de la comuna, declaración de principios, censo poblacional, diagnóstico de principales problemas, estrategias e inventario de potencialidades.
La carta fundacional debe ir a un referendo aprobatorio para proceder finalmente al registro de la comuna ante el órgano rector, explicó.
[*] EN DESTAQUE ComunaEs un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular. Así la define la Ley de Las Comunas."
http://www.elinformador.com.ve/impresas/lara/comunidades/mientras-reglamento-esta-mora-comunas-quedan-aparato/40152
Recursos invertidos en formación socialista durante el 2010.
Pedro Pablo Peñaloza, en El Universal, versión digital, con fecha 19 de junio de 2011, informa que hasta el año pasado existían en el país 40.629 consejos comunales y estaban en construcción 236 comunas, según la memoria y cuenta de 2010 del Ministerio para las Comunas y Protección Social. Igualmente, el despacho de Isis Ochoa indicó a la Asamblea Nacional en febrero que el año pasado se constituyeron en el país 14.584 cooperativas, para alcanzar un total de 306.792. En su informe de gestión, Ochoa destacó que el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc) destinó 2.619.459.828,58 bolívares a 7.556 proyectos de los consejos comunales. Según los cálculos del ministerio, 1.086.900 personas y 7.246 "organizaciones del poder popular" resultaron beneficiadas por esa inversión. Otro logro que reivindican es el siguiente: en su política de "crear canales regulares directos entre el poder popular y el resto de los poderes", dicen haber tramitado 1.166 casos de consejos comunales, "lo que se tradujo en la atención de más de 174.900 personas". El Safonacc se anota como un éxito haber "visitado" 7.804 consejos comunales "a fin de solicitar la rendición de cuentas de los recursos que les fueron transferidos y colaborar con ellos en la adecuación de sus organizaciones". En eso gastaron Bs 14.560,48. Al momento de identificar el "mayor obstáculo" que enfrentaron, el Safonacc reconoce: "no recibir un volumen mayor de proyectos aprobados, motivo por el cual lo ejecutado en cuanto a las transferencias bajó respecto a años anteriores". A la escuela roja En 2010, el Ministerio para las Comunas y Protección Social desembolsó Bs 8.227.232 para desarrollar un proyecto titulado "Escuela del Poder Popular". Por medio de este plan, 171.652 "voceros" (incluidos 17.542 jóvenes) participaron en "la formación comunal en las áreas ética, política, ideológica, cultural y técnica del poder popular, organizaciones comunitarias, consejos comunales y comunas en construcción, a través de programas diseñados en consonancia con los fines estratégicos de la revolución". Gracias a la "Escuela del Poder Popular", que se enmarca dentro de la estrategia de "transformar la sociedad material y espiritualmente", se generaron 410 empleos directos. "Se logró la elaboración del programa de formación ideológica, socialista y revolucionario para el proceso formativo de los voceros de la Escuela de Formación Voceros y Voceras a nivel nacional", muestra la cartera de Ochoa como otra cumbre alcanzada en 2010. Para la "Promoción del ciclo del poder comunal" orientaron Bs 3.339.950,32. Parte de la iniciativa requirió la celebración de 66 encuentros de "Generación de conciencia colectiva". La "promoción y consolidación de las salas de batalla social como instrumento para superar la pobreza" creó 50 empleos directos, 150 indirectos y consumió Bs 9.431.998,11. Igualmente, la cartera de Comunas y Protección Social dedicó Bs 3.441.131 a brindarle "acompañamiento integral" a las organizaciones del poder popular en materia de "leyes de las comunas y otros saberes". En su relación sobre 2010, el despacho de Ochoa suma esta conquista: "fueron abordados 61.309 activistas para el desarrollo de actividades políticas en 23 estados y el Distrito Capital, incluyendo los 17 circuitos priorizados en el marco de la campaña electoral de septiembre en cuanto a la educación sobre el ejercicio del voto". Entre sus "actividades relevantes" de 2010, el ministerio exhibe la "inducción a 118 facilitadores de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder ´Popular" y a otros 131 miembros de la estructuras estadales. En esta labor participaron "profesores cubanos". Fuente:
http://politica.eluniversal.com/2011/06/19/formacion-socialista-costo-bs-8227232-en-2010.shtml
Ayimar Cova Lugo, de El Universal publica el 19 de junio de 2011 un reportaje sobre la situación de Consejos Comunales en El Hatillo, al respecto entrevista a Omar Nowak, presidente de UNT El Hatillo, y para quien los COnsejos Comunales, tal y como lo expresa la ley, son instancias de "participación, articulación e integración" que permiten al "pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a sus necesidades". Sin embargo, Nowak, advierte que en El Hatillo, intereses partidistas alejan este precepto de su materialización, en un municipio donde los problemas se multiplican mientras que las asignaciones presupuestarias disminuyen. -¿Qué ocurre con consejos comunales de El Hatillo? -Para formalizar la adecuación de tu consejo comunal en la jurisdicción en el caso específico de El Hatillo tienes que ir a la casa del PSUV. Ahí te asignan una persona que va a ser el fiscal o el auditor de todo el proceso. Esa persona verá si convocaste como tenías que convocar, si se llenaron las planillas cómo debían hacerse para saber si tu consejo está legalmente constituido. -¿Este evaluador está contemplado dentro de la Ley? -El evaluador sí, pero lo que no está contemplado es que sea asignado en la casa del Psuv. Hemos visto casos como el de El Arroyo que ha cumplido lo que exige la Ley y entregaron todos sus documentos al evaluador que se encargó de llevarlos al Ministerio Popular de las Comunas, pero siguen sin recibir su adecuación. -¿Bajo cuál argumento no han sido adecuados? -La última excusa que les dieron fue que la sede del Ministerio está funcionando como albergue de algunos damnificados y como centro de acopio y que por eso los papeles se extraviaron. Pero, ¿quién se cree eso? Simplemente esta persona que sirvió de enlace determinó que la mayoría de quienes pertenecen al consejo comunal no profesan la ideología del Presidente. Y uno se pregunta si con esta forma que ellos llaman de gobierno descentralizado el Gobierno de verdad creen en la participación ciudadana o si lo que están haciendo es identificar quiénes están con ellos para ver si se autorizan fondos a una comunidad. Eso es perverso y no es justo porque tu participación está condicionada a estar dentro del proceso. -¿Cuántos consejos comunales se han podido adecuar? -De los 64 que existen solo se han podido adecuar 22 y faltan 42, pero podrían ser más. Pero no nos quedemos allí, vamos un poco más allá porque según la información que hemos podido recoger, en el periodo del ex alcalde Alfredo Peña teníamos en el municipio 122 consejos comunales y me pregunto entonces, ¿por qué hoy solo son 64 y el Ministerio no ha permitido que se adecue por lo menos la mitad? Son cosas que no se entienden si supuestamente lo que se quiere es promover la participación. -¿De estos 22, todos eran afines al proceso? -No todos, pero la proporción es de 18 que apoyan al proceso, frente a cuatro que no se identifican con el Gobierno. -¿Qué oportunidades se les quitan a las comunidades si nos les dejan inscribir en los consejos comunales? -No pueden acceder a los recursos que por derecho les corresponden. Se supone que los 20 millones de bolívares que le quitaron a El Hatillo a través del Fides y LAEE debían dárselos directamente a consejos comunales para la mejora o la eliminación de un problema pero eso no está pasando en El Hatillo. No sabemos a dónde fueron los fondos que recortaron que ni siquiera se han dado a la gente que, por años, ha sido leal al proceso votando por ellos una y otra vez. Tampoco hay que olvidar que con las modificaciones que se hicieron a las leyes de la descentralización en diciembre, los consejos comunales escogerán las personas que conformarán el Consejo Local de Planificación Pública y, aunque elijas al Alcalde que quieras, él no va a decidir cuáles obras se ejecutan sino esos consejos comunales. Si todos están con el proceso aprobarán fondos para lo que les parezca, y eso no es participación. Fuente:
http://caracas.eluniversal.com/2011/06/19/intereses-partidistas-amenazan-a-consejos-comunales-hatillanos.shtml
La participación ciudadana debe ser una actitud: Presidenta Comisión de Gobierno del Distrito Federal Mexico.
Con fecha 18 de junio de 2011, en el portal web de El Univesal de México se informa que en el Club de Periodistas, Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno del Distrito Federal, aseguró que la participación ciudadana debe ser una nueva actitud y no sólo una obligación por ley.
Reconoció el trabajo realizado por actual legislatura, ya que los diputados locales decidieron impulsar importantes reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal para impulsar la figura de Comité Ciudadano.
Dijo en un comunicado que es un primer paso que será muy importante porque permitirá trabajar en propuestas y reformas que beneficiarán a la población.
Por otro lado, señaló que los habitantes de la delegación Iztapalapa no esperaron que se creara esta ley y mucho antes hicieron una convocatoria para hacer una consulta a los ciudadanos sobre sus propuestas y así aplicar con esos criterios el presupuesto delegacional.
“Pasaron muchos años, no tenían suficientes facultades y ahora por primera vez tienen la posibilidad de decidir sobre el presupuesto”, enfatizó.
Barrales Magdaleno participó en el foro “La Ciudad de México y el presupuesto participativo. Retos para construir la democracia participativa”, organizado por la delegación Iztapalapa. con información de Humberto Martínez
Fuente:http://www.eluniversaldf.mx/iztapalapa/nota28297.html
Gobierno de Chihuaha en México firma convenio de Seguridad con asociación civil promoviendo participación.
El portal web de la Cadena de Noticias de México registra el 18 de junio 2011 una nota de prensa en la que presenta información sobre la firma de un convenio de participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana. La nota dice:
"Para contemplar la participación ciudadana en materia de seguridad, esta tarde el gobernador del estado, César Duarte, firmó un convenio con la asociación civil “Ciudadanos por una causa común”, presidida por María Elena Morera Mitre.
El convenio lo firmaron el gobernador César Duarte Jáquez, Rosa María Sandoval, fiscal especial de Control de Análisis y Evaluación de Gobierno del Estado, y María Elena Morera Mitre, presidenta de la asociación “Ciudadanos por una causa común”.
Morera Mitre dijo que "este país aportó la plataforma tecnológica a través de la cual los estados involucrados subirán la información y estadísticas de seguridad para que diferentes asociaciones y expertos, analistas desde diferentes áreas, evalúen la información y posteriormente aporten crítica constructiva y propuestas".
Son 21 los puntos que comprende el convenio, entre los que se encuentran seguridad y justicia, construcción de mejores ciudadanos, construcción de espacios públicos y educación.
De esa manera, buscan transparentar la actuación de los gobiernos. Hasta ahora son seis las entidades que han firmado el convenio, ya que se han enfocado en los gobernadores que asumieron el cargo el año pasado.
El Salón Rojo de Palacio de Gobierno fue el recinto en el que firmaron el convenio con la presencia de los titulares de los tres niveles de Gobierno, así como diputados federales y locales, consejeros del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Chihuahuense de Transparencia e Información Pública, titulares del gabinete estatal y autoridades educativas que asistieron como testigos de honor.
Así, se busca que las autoridades de las entidades federativas rindan cuentas a los ciudadanos. El plazo para subir la información es de 21 días, explicó María Elena Morera, y todos los ciudadanos pueden tener acceso a la página con el fin de exigir resultados y al mismo tiempo participar en la solución de la problemática del país."
http://www.cdn.com.mx/archivos/estado/jun11/17/firma.htm
En México un Instituto Eelctoral IEPC y un Instituto de Cultura y Sistema Educativo SEE, promueven concurso sobre participación
Con fecha 18 de junio de 2011, se puede leer en el periódico La Frontera de México la siguiente nota de prensa que habla de un Concurso promoviendo la participación Ciudadana. La nota dice:
"Dentro del esquema de trabajo para promover la cultura electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la UABC, el Instituto de Cultura y el Sistema Educativo Estatal (SEE) convocaron a un concurso denominado"Participación Ciudadana" donde recibieron 197 trabajos.
En la ceremonia de premiación se hizo un reconocimiento a los mejores trece trabajos, donde resultó ganador César Omar Dozal Duranzo, estudiante de Arquitectura en la UABC de Ensenada con el trabajo denominado "Sembrando el mañana".
Para el Instituto Electoral el principal reto es promover la participación ciudadana entre niños y jóvenes, comentó el ingeniero Enrique Carlos Blancas de la Cruz, consejero presidente del Consejo General Electoral durante el evento.
"Llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la formación de valores cívicos en nuestros niños y jóvenes nos permitirá formar desde temprana edad a ciudadanos más responsables y a contribuir de esta manera a mejorar nuestra vida democrática", recalcó el funcionario electoral.
El delegado del SEE, ex diputado local Carlos Angulo Rentería, explicó que dentro del Gobierno existe un programa permanente de participación ciudadana que permite conocer opiniones y necesidades de la sociedad sobre diferentes temas, por lo que exhortó a los jóvenes a seguir participando en este tipo de actividades que les permite desarrollar su creatividad.
Por su parte, Ricardo Dagnino Moreno, secretario general de la UABC, ratificó el compromiso de la institución por colaborar en todas las acciones que permitan avanzar hacia una educación centrada en los valores cívicos que formen ciudadanos responsables en la toma de decisiones.
Finalmente, el director general del IEPC, Víctor López Magallón, informó que los trece carteles semifinalistas se incluirán dentro de una exposición que recorrerá todo el Estado."
Fuente:http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n2113210.htm
"En la Gaceta Oficial N° 39.668 del pasado 06 de mayo, fue publicado el Decreto presidencial con valor de Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, que tiene por objeto, según sus propias palabras, asegurar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los trabajadores residenciales y generar las condiciones necesarias para su dignificación. Para ello, el Decreto-Ley se propone delimitar las acciones propias de lo que hasta ahora ha sido denominado oficio de conserjería, las partes del proceso, los derechos y obligaciones, así como los mecanismos especiales para la garantía efectiva de los derechos de este sector. Intentaremos resumir acá los principales aspectos del Decreto-Ley, incluyendo su Exposición de Motivos [en lo adelante denominada EM], en la cual llaman la atención las dos premisas que fundamentan el Decreto-Ley.
En las dos primeras líneas de esta EM encontramos la afirmación de que “las trabajadoras y trabajadores que ejercen el oficio de conserjería, constituyen una expresión viviente de la miseria estructural que aun vive nuestro pueblo, sin vivienda, sin empleo, y sometidas y sometidos a condiciones inhumanas propias de formas contemporáneas de esclavitud…”. Y en el último de sus párrafos, la EM afirma sin matices que “Esta ley parte de la premisa de que los trabajadores y trabajadoras residenciales son un grupo vulnerable y excluido en cuanto viven sometidos y sometidas a un régimen esclavista donde se vulneran sus derechos humanos fundamentales…” [Subrayado y negrilla añadidos]. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas que cita la propia EM, ¡en Venezuela podría haber al menos 100 mil trabajadores residenciales que viven sometidos a un régimen de esclavitud!
En otras palabras, según el Ejecutivo Nacional, los trabajadores que ejercen el oficio de conserjería son una expresión viviente de miseria estructural y de esclavitud, y es por ello que se parte de la premisa de que los trabajadores residenciales –sin distinción– son un grupo vulnerable y excluido que vive sometido a un régimen esclavista. Lo que no se entiende es que, según el artículo 54 de la Constitución, “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. Entonces, ¿cómo puede “dignificarse” un oficio o labor cuya existencia es, según el Gobierno, expresión viviente de miseria y esclavitud? Si la Conserjería es una forma de esclavitud, ¿lo lógico no sería prohibir ese oficio?
Tal vez para resolver esta contradicción, más adelante se afirma que el marco legal previsto para las Conserjes en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT, 1997) “ha favorecido el desarrollo en la sociedad venezolana de prácticas contemporáneas similares a la esclavitud, que si bien se encuentra formalmente abolida, encuentra un campo fértil para germinar en el marco de las relaciones de explotación capitalistas”. Es por ello, se advierte en el texto, que “si bien pueden encontrarse excepcionalmente personas con este oficio a quienes se les garantizan plenamente sus derechos como trabajador… en la mayoría de los casos nos encontramos con situaciones graves de violación a sus derechos, como el sometimiento a jornadas de trabajo diarias mayores a las 8 horas, no pago de salarios o pagos mensuales menores al salario mínimo, prohibiciones de salir embarazada, discriminación de sus hijos…, suspensión ilegal de servicios, desalojos arbitrarios, entre otras violaciones a derechos humanos…”.
Resulta evidente entonces que los conserjes o trabajadores residenciales no son por definición esclavos, y que la esclavitud no es una consecuencia del oficio de Conserjería, como aventuradamente se afirmó al inicio de la EM, sino que es consecuencia de la práctica abusiva de algunos patronos, y no necesariamente de la mayoría de ellos, lo que es también una afirmación atrevida de la EM. Esas prácticas abusivas de algunos patronos no son consecuencia necesaria de relaciones capitalistas, pues ocurren en relaciones laborales de cualquier índole; tampoco son consecuencia necesaria de un marco legal determinado; ni ocurren solamente en el sector de los conserjes, pues pueden ocurrir –y de hecho ocurren– en cualquier sector laboral. La verdad es que tales abusos son producto de interpretaciones interesadas y anticonstitucionales que hacen algunos patronos de las normas legales, en la generalidad de las relaciones laborales.
Se presenta la Ley sobre trabajadores residenciales en Conferencia de OIT.
El portal web Diario Ojo Pelao, publica con fecha 13 de junio de 2011, una nota cuyo origen señala es PRENSA UNETE-CTR, en la cual destacan que "en el marco de la Conferencia Numero 100, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se esta realizando en Ginebra Suiza del 01 al 17 de junio de 2011, uno de los grupos que trabaja intensamente es la Comisión de las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, la mayoría mujeres jóvenes organizadas en una gran Red Internacional de Trabajadoras del Hogar que tiene coordinadoras en Europa, Asia, África, America del Norte, America Latina y El Caribe.
La primera discusión sobre el trabajo decente para este sector se realizo en la 99 reunión de dicha Conferencia Internacional, con el objetivo de lograr la aprobación de un Convenio complementado por una Recomendación, que se aspira sea ratificado por los países miembros de la (OIT). El fin ultimo es humanizar y hacer respetar los derechos de estas trabajadoras, que asumen las labores domesticas y el cuidado de las personas mas vulnerables en el hogar facilitando el trabajo productivo y el progreso del grupo familiar, lo cual constituye una importante contribución a la economía mundial que ha sido históricamente invisibilizada.
Coordinado por una mujer comprometida e incansable como lo es la señora Halimah Jacob de Singapur, esta comisión esta a punto de lograr su objetivo como lo es el reconocimiento de sus derechos laborales: salario justo, seguridad social, trato digno y sobre todo, ser reconocidas como trabajadoras en las legislaciones laborales de todos los países.
La delegación venezolana ha participado activamente representada en el sector de los trabajadores por los compañeros de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) Placido Mundaray y Miriam Rodríguez, quienes han ofrecido valiosos aportes en los debates, han informado sobre la protección que ofrece la Ley Orgánica del Trabajo venezolana a los trabajadores y trabajadoras domésticos, el reconocimiento que se hace en el articulo 88 de nuestra constitución del valor económico que tiene el trabajo del hogar como productor de bienestar social y ha causado un impacto muy positivo la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales promulgada el 06 de mayo de 2011. La delegación también ha asistido a las reuniones de la red que se realizan diariamente en la OIT a las 8 am y el dia 06 de junio a la charla sobre Avances y Retos de las Trabajadoras del Hogar: Aportes desde Bolivia, organizado por la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra y la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB) realizado en la sala XXIV del Palacio de Naciones. Finalmente se logró la aprobación de un convenio y una recomendación que garantice el trabajo decente para los trabajadores domésticos, lo cual es una gran victoria para los trabajadores del mundo.
Las tres centrales sindicales asistentes a la 100ª. Conferencia Internacional del Trabajo OIT, CODESA, UNETE y CUTV, acordaron realizar un trabajo conjunto para organizar a los trabajadores domésticos en Venezuela."-- COORDINACION PRENSA UNETE-CTR
http://www.ojopelao.com/nacionales/35139-ley-especial-para-trabajadores-residenciales-de-venezuela-fue-presentada-como-ejemplo-ante-la-oit.html
"Mientras el país se debate entre la ineficiencia del gobierno para resolver los ingentes y tradicionales problemas sociales y económicos agravados en los últimos años; y los planteamientos políticos electorales con vistas a las elecciones generales del 2012, se viene adelantando gradual y progresivamente, la estrategia para imponer un sistema contrario a la democracia social y participativa prevista en la Constitución Bolivariana.
La advertencia la formula el ex gobernador del estado Trujillo y ex militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Gílmer Viloria, quien precisa que "ese sistema que se está imponiendo ni es socialista, ni capitalista, ni comunista. Es simplemente el llamado Estado Comunal presentado por Chávez a los venezolanos bajo el falso ropaje del socialismo". -¿En que sustenta esta apreciación?
Se le llama socialista pero no es sino un régimen personalista, autoritario, cuya meta es concentrar todo el poder (político, social y económico) en el Jefe Supremo. En una palabra, la tiranía de un gobernante arbitrario que se adueña del poder sin control alguno, cuyos designios a esta hora están ya establecidos en un conjunto de leyes sancionadas en el período legislativo anterior, al margen de la Constitución. -¿Cómo ha logrado avanzar Chávez hacia el autoritarismo?
Dentro del marco de esa estrategia hasta ahora se ha venido ejecutando el control de las instituciones políticas, es decir, los Poderes Públicos y el Aparato Electoral, el Banco Central, el Poder Ciudadano y el Sistema Judicial; pero también se ha puesto en práctica una política que desconoce la Descentralización prevista constitucionalmente y la Autonomía de los Poderes estadales y locales. Tiranía en marcha
Al mismo tiempo, como para ajustarse más a la definición clásica de tiranía, se planifican y ejecutan expropiaciones arbitrarias (confiscaciones) de bienes privados que, con el carácter de una política de Estado es utilizada para sancionar y reprimir: porque te opones al régimen te expropio, es la consigna. Con lo cual, además el gobierno pretende culpar a otros de su estruendoso fracaso. -¿Podría dar ejemplos de ello?
El caso de la vivienda ilustra a cabalidad este aspecto. Y todo ello se pretende sostener mediante una política de propaganda como nunca se había visto en Venezuela, a través de la cual se presenta un país que no existe o una imagen falsa de Venezuela, como corresponde a toda propaganda.
Pero este proceso de manipulación tiene la característica de girar en torno a la efigie del Jefe Supremo creando así el culto a la personalidad mediante el uso abusivo de todos los medios audiovisuales y escritos, en los que se nos hace ver a un gobernante infalible, indiscutible, omnisapiente e irremplazable, entronizando así el apologismo como instrumento de dominio político. Las cadenas de radio y televisión (transmisión simultánea) forman parte de esa campaña. Terrorismo psicológico
La degradación e inoperancia del Estado y la intimidación a las personas constituyen elementos sustanciales de esa estrategia: detenciones arbitrarias como el caso paradigmático de la Juez Afiuni por una orden directa y pública del Presidente, los sindicalistas y estudiantes procesados por protestar.
Así como los actos vandálicos y violentos de grupos organizados que invaden, agreden, amenazan e irrumpen en espacios privados y públicos bajo el estandarte de la "defensa de la revolución", llegándose a extremos que entran en el campo de la más abyecta criminalidad, como la persecución directa a personas especialmente seleccionadas, como es el caso sufrido por el periodista Manuel Isidro Molina a quien se le dio una golpiza entre las sombras por un delincuente silencioso que ni siquiera dijo una sola palabra, para no mencionar sino uno de los más recientes y resaltantes hechos de esa naturaleza, todo lo cual no es sino el desarrollo del terrorismo psicológico con el que se pretende impedir la discrepancia, el cuestionamiento y el debate político.
Acciones distraccionistas
Las urgencias políticas de semejante situación general cuyo análisis de por sí es complejo -asegura Viloria- distraen a los venezolanos y les impiden percatarse y denunciar el fondo trágico del grave asunto que se cierne sobre Venezuela. Lo inmediato prevalece y debe ser contestado, ciertamente.
-¿Qué hay detrás de estas acciones? La división que hace el gobierno entre buenos y malos, entre imperialistas y anti-imperialistas, entre patriotas y apátridas, entre socialistas y capitalistas, no son sino falsos dilemas que le permiten al gobierno esconder su verdadero plan, cuyo andamiaje ya está trazado, aprobado y sancionado en leyes de la República que debemos conocer todos y hacer un esfuerzo por comprenderlo a cabalidad, porque no obstante estar perfectamente estructurado, el gobierno lo viene aplicando gradual y progresivamente a cuentagotas, dado que las expropiaciones y otras medidas se realizan bajo la aplicación de algunas de esas leyes, pero otras ni siquiera quieren que se conozcan en todas sus consecuencias muchos menos que se cumplan en la práctica, pues el Jefe Supremo sabe muy bien que en la medida que se traten de llevar a la práctica la ciudadanía en general las rechazaría incluyendo a los propios partidarios del gobierno.
-¿Por qué no se aplican estas leyes ya, de la forma en que están concebidas?
Aplicarlas ahora sería electoralmente inconveniente. A estas leyes se les ha dado el carácter de orgánicas y son las del Poder Popular, la de las Comunas, la del Sistema Económico Comunal y la de Planificación Pública Popular entre otras, que en conjunto estructuran el Estado Comunal, no previsto en la Constitución. Véase el artículo 8, ordinales 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Popular, en la que se define la Comuna como la célula fundamental de conformación del Estado Comunal, parafraseando así el viejo concepto de familia que se conoce como la célula fundamental de la sociedad. Véase también el artículo 4 de la Ley Orgánica de las Comunas, en el que se establece las definiciones del Banco de la Comuna, Estado Comunal, Sistema Económico Comunal, entre otros conceptos a través de los cuales se prevé el llamado Autogobierno Comunal, y el artículo 60 de dicha Ley que se refiere a los Sistemas de Agregación Comunal, entre los que se indican, la Ciudad Comunal, constituida por varias comunas en un ámbito territorial determinado, la Federación Comunal como instancia de articulación de dos o más ciudades en el ámbito de un Distrito motor de desarrollo.
Estos últimos previstos en la Ley del Consejo Federal del Gobierno, cuya creación y organización dependen directamente del Presidente (Jefe Supremo); la Confederación Comunal como instancia de articulación de Federaciones Comunales en el ámbito de los llamados ejes territoriales de desarrollo. Y en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal que redunda en estas misma definiciones pero que habla del trueque, de la propiedad social, del comité de economía comunal.
-¿Cuál es el órgano que controla el Estado Comunal?
Todo ese sistema se hace depender del Ejecutivo Nacional a través del llamado Órgano Coordinador establecido en su artículo 7, con competencia incluso para otorgar la personalidad jurídica a las organizaciones socio-productivas, al margen de todo el ordenamiento jurídico venezolano para tales fines y centralizando lo que ya centraliza la Ley del Poder Popular y la Ley del Consejo Federal del Gobierno en contraposición al artículo 158 de la Constitución Bolivariana el cual establece la Descentralización, como una política nacional del Estado Venezolano.
-¿Cómo está conformado el Estado Comunal?
Está conformado por un conjunto de Instituciones que van a tener incluso un Parlamento Comunal, al margen de los Estados, Municipios y las Parroquias, regidos por un Plan económico previsto en la Ley Orgánica de la Planificación Pública y Popular, por el llamado Consejo de Planificación Comunal, al margen del artículo 299 de la Constitución, Sistema éste en el cual se establece que haya un medio de intercambio solidario a través de los llamados espacios del sistema de intercambio solidario, es decir, en cada Comuna. Viola la Constitución Esto de por sí viola el artículo 318 de la Constitución que establece como única unidad monetaria el Bolívar y no permite el uso de otra moneda sino por la vía de los tratados que pudiera suscribir la República en materia de integración económica latinoamericana.
Esa Moneda Comunal está prevista en el artículo 52 y siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Como se ve, se trata de monedas que van a circular en cada enclave económico que ni siquiera podrán usarse en la comuna contigua o más cercana (palabras inventadas) En el artículo 54 de dicha Ley se prevé que cada grupo de intercambio solidario escoja la denominación de su Moneda Comunal tomando en cuenta para ello su cultura, sus ancestros, su historia, su folklore, entre otras características. Proliferación de monedas
Cada grupo tendrá entonces su moneda y habrá tantas monedas como grupos o comunas haya. Imaginemos por un instante la cantidad de monedas comunales que habrá en el país cuando se hayan constituido todas las ciudades comunales en Venezuela y lo que eso va a significar si leemos el siguiente párrafo del citado artículo 54 que textualmente dice: "
El artículo 55 de dicha Ley, prevé que el valor de esa Moneda Comunal se expresa en el equivalente de la moneda de curso legal, es decir, en bolívares, determinado ese valor por la Asamblea de prosumidores y prosumidoras, de acuerdo a la autorización del coordinador previsto en esta ley y las resoluciones que dicte el Banco Central de Venezuela.
Tiranía en ciernes
Es fácil darse cuenta que el Estado Comunal cuando se esté llevando realmente a la práctica, no va a ser sino una tiranía que va a llegar al extremo de controlar el intercambio económico con fichas de casino de circulación restringida en el ámbito de cada comuna que el gobierno mantendrá como ghettos. -¿Qué efecto tendrá la Moneda Comunal?
Desaparecerá el bolívar como moneda de curso legal, y se puede suponer que inicialmente para acceder a las monedas comunales cada ciudadano deberá adquirir la moneda con bolívares, es decir, pagarla en bolívares, como cuando usted va a un casino y compra las fichas con las que allí se juega, sólo que en el casino, al final del juego, si es que usted gana y le quedan fichas, le devuelven los bolívares a cambio de las mismas. -¿Devolverán los bolívares en las comunas?
No. La lógica indica que las monedas comunales van a sustituir el bolívar como moneda de circulación legal y a la larga quedará como la denominación del valor de la moneda comunal, de lo contrario sería como admitir desde ya, que la moneda comunal no tendrá éxito en la medida que cada venezolano puesto a elegir entre una moneda-ficha y el bolívar optará por el bolívar. Comercio enrevesado
Imaginemos por un instante el enredo que va a significar para los venezolanos ir a comerciar -comprar o vender- de comuna en comuna. Si yo voy de la Comuna Juan Ignacio Montilla en la Ciudad comunal de Valera, a la Comuna de La Virgen del Carmen perteneciente a la Ciudad Comunal de Boconó, ambas pertenecientes al Territorio Comunal de Trujillo, otrora estado Trujillo.
¿Cuántas monedas tendrá que llevar y utilizar el ciudadano? Allá seguramente tendrá que utilizar la moneda comunal llamada Momoy. Y para viajar por Venezuela, tendrá que llevar de diferentes denominaciones, y para adquirirla, en cada ciudad comunal habrá casas de cambio comunales, así como hay bancos comunales. Las interrogantes son muchas, entre ellas: Las operaciones comerciales o mercantiles en general ¿en qué moneda se realizarán, una vez que vivamos en el Estado Comunal con Ciudades Comunales y Bancos Comunales? Y no se diga que éstas son suposiciones que se le ocurren a alguien con el sólo ánimo de cuestionar al gobierno actual, porque las leyes están ahí y así lo establecen: todas y cada una de las leyes que he mencionado publicadas desde el 17 de diciembre del 2010 al 21 de diciembre del mismo año en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, números 6009 y 60011 extraordinarios, son leyes de la República que forman parte de esa estrategia hacia la tiranía que se le está imponiendo a Venezuela al margen y contra el orden constitucional. Fuente:
http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Secciones/index.php?id=121822011&_Proc=Desp

References: artículo 211
 artículo 37
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 55
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 54
 artículo 8
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 artículo 60
 artículo 7
 artículo 158
 artículo 299
 artículo 318
 artículo 52
 artículo 54
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