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Timestamp: 2017-12-11 05:43:42+00:00

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Denuncias Efectuadas | Cárceles y Política Penitenciaria
Denuncias efectuadas en el ámbito Federal
Han sido tantas las violaciones y perjuicios a los detenidos en Marcos paz que cada día que pasa me doy cuenta que en consecuencia han sido muy pocas las denuncias que realice contra ese complejo.
A continuación voy a dar un pormenorizado desarrollo de la actividad judicial que se ha desplegado en la jurisdicción:
Mi decisión en enfrentar al servicio penitenciario y su aparato tuvo sustento en lo que normalmente denominamos “la gota que rebalso el vaso”, y esa situación se completo el día 02 de septiembre de 2004 cuando se produjo un hecho lamentable que indigno a toda la población de los que en ese tiempo habitábamos el pabellón Nº 1 del Modulo 4.
Eran aproximadamente las 10:00 horas cuando de pronto interrumpe en la calma de la mañana y el desayuno un procedimiento de requisa.
La puerta de acceso se abre e ingresan a gran velocidad un grupo de unos 20 o 25 efectivos de esa división portando cascos escudos y palos, arrasando con lo que en su loca carrera se ponían adelante. Le pegaron tanto a los jóvenes como a las personas mayores ( de mas de 60 años).
Si bien en ese momento este tipo de procedimiento no nos era ajeno a nuestro conocimiento, nos llamo poderosamente la atención semejante salvajismo sin motivo aparente.
Al cabo de una hora ya habían roto termos, elementos caldarios y mampostería del alojamiento, la azúcar quedo diseminada por el suelo mezclada con el jabón en polvo, la yerba, y otros elementos que a esa altura estaban totalmente destruidos.
Esto ultimo quedaría en segundo plano después que este grupo comenzara a golpear sin causa a determinados internos entre los que estaban personas mayores enfermas. El saldo final fue internos lesionados trasladados al hospital, mayores desmayados en el suelo y este grupo de requisa efectuando su retirada rápidamente y al mejor tiempo del lejano oeste, con el mismo vandalismo.
Ante esta aberrante situación se decidió concurrir al Juzgado Federal en turno (Federal 1), y radicar la correspondiente denuncia que fue registrada bajo el Número 13.374, caratulada Apremios Ilegales, Robo y Lesiones Leves.
DESCRIPCION DE LAS DENUNCIAS Y SUS ESTADOS ACTUALES
Nº 13.374 – APREMIOS ILEGALES, ROBO, LESIONES LEVES – Fecha de Inicio 02 de septiembre de 2004 – Juzgado federal Nº 1 a cargo del Juez Dr. Castelli – a la fecha no se ha producido novedades, no se ha ni siquiera llamado a prestar declaración a los testigos aportados en su momento por los denunciantes.
Nº 2.766 IRREGULARIDADES EN ORDEN A LA LEY 24.660 – Fecha de Inicio 19de octubre de 2004 – Juzgado Federal Nº 3 a cargo del Juez Dr. Criscuolo
Como es público y notorio, a los internos nos dan comida en pésimo estado de conservación y escaso de proteínas y vitaminas necesarias para el desarrollo de la vida en prisión, que para nada se equipara a la de la vida en libertad, en prisión los gérmenes infecciosos y malignos se propagan con mas facilidad a raíz de la promiscuidad de los mismos internos y de la falta de cuidados de los facultativos encargados de ello. La atención médica es inexistente, los medicamentos no son suministrados y como resultado a estos faltantes son nuestros familiares los que deben proveer estos elementos, que en definitiva y en la practica solo un porcentaje mínimo llega a las manos del interno ya que son regularmente saqueados por los enfermeros. El espacio de la recreación no es para nada congruente con lo estipulado en las normas internacionales y consecuentemente incorporadas por la ley 24.660. Así también el trabajo (solo un 10 % desarrolla tares remuneradas).
Los procedimientos de la requisa son totalmente degradantes a la persona humana, momento propicio para el robo de pertenencias. Fuera de toda norma convalidada por el art. 18 de la C.N
La sección de visita seria siempre sintético lo que se pudiera comentar sin redactar un libro completo de aberraciones vinculadas a las violaciones de los derechos humanos. Tanto para el interno como para su grupo familiar, que va desde los reiterados robos de pertenencias suministradas por el visitante, hasta típicas violaciones a los derechos de la intimidad de la persona visitante.
Podría seguir haciendo comentarios de otras cuestiones, pero creo suficientes estas para graficar esta cuestión.
En los autos referidos denuncie en gran parte la violación al art. 18 de la Constitución Nacional y la omisión a la ley 24.660, dando cuenta que prácticamente la Cárcel de Marcos Paz era para castigo y no para rehabilitación, allí aporte todos los datos necesarios para que S.S., tuviera elementos que merituaran la investigación. Así fue, pues el Ministerio Publico Fiscal impulso la acción penal, pero la causa sufrió el mejor retardo de justicia, quedo planchada en un cajón. En tanto el agravamiento en Marcos Paz seguía, y la impunidad de los guardias cárceles se iba acentuando a medida que percibían que la justicia estaba a favor de ellos.
A la fecha no se ha expedido el tribunal con una resolución, lo que se conoce como encajonamiento del expediente
Nº 3396 ACCION DE AMPARO POR OMISION A LA LEY 24.660 – Fecha de Inicio 17 de Febrero de 2005 – Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Juez Dr. Rodríguez
En función a la encarecida demora judicial por la investigación y consecuente cese de agravamiento que todos los internos alojados en Marcos Paz, un grupo de internos decidimos conducirnos nuevamente a la justicia. Esta vez buscando eco en el art. 43 y conforme la normativa de la ley 16.986.
Como pude y con mi escaso conocimiento en las cuestiones de derecho intente un improvisado Amparo Colectivo en resguardo de la ley 24.660, que a través del servicio penitenciario el poder ejecutivo por omisión venia ocasionando el gravamen descripto en párrafos anteriores en ocasión de presentar la formal denuncia. Es así que apelando a los requisitos que proceden viable este tipo de medios idóneos, ya que el remedio anterior intentado careció de efecto sobre el gravamen causado y que por el paso del tiempo iría increcendo.
La decisión del juez Rodríguez fue adversa a la intentada, como corresponde se intento una apelación al superior, encontrando nuevamente otra pared. A esta altura empezaba a reconocer la impenetrable estructura de esta mega asociación ilícita que es el poder judicial.
Luego el defensor de la cámara federal de san martín me estaría criticando las formas de redacción del escrito con formato “amparo”, según el Dr. Gilardengui, el mismo se intento con bases genéricas lo que daba la posibilidad ambigua y viable para una decisión negativa al respecto, luego con el tiempo debo admitir que en un porcentaje le asistió la razón, pero en otra no, se estaba solicitando el reconocimiento de la ley 24.660 en toda su extensión y alcance.
En resumidas cuentas el argumento final y desde donde se fundamento la negativa fue en que había otros remedios judiciales en tramite y que estos a su vez eran idóneos.
Posteriormente se intenta un Amparo en el contencioso administrativo por el mismo problema de la omisión del ejecutivo por la ley 24.660, intente darle una reforma a la estructura y la modificación según una secretaria que en un momento me atendió, era apropiada, solo restaba la admisibilidad de la Jueza, pero eso nunca ocurrió, la asociación ilícita tiene sus tentáculos muy grandes.
Nº 3258 – TORTURAS PSICOLOGICAS – FALTO A LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS – fecha de inicio Abril de 2005 Juzgado Nº 3 a cargo del Juez Dr. Criscuolo.
En el mes de abril del año 2005 aproximadamente, en una requisa se nos filma totalmente sin ropas, luego ese video es usado como academia para el personal e incluso el mismo es mostrado con la misma intención al personal encargado de la educación, luego por estas mismas personas que no pertenecen al servicio penitenciario sino a la dirección de escuelas de la provincia de buenos aires, nos comentan la situación a titulo de broma, con chistes basados en alusión a ciertas partes del cuerpo. Situación esta que indigno a muchos y así decidimos intentar la denuncia correspondiente en el Juzgado Federal III de morón, quedando registrada bajo el numero 3258. En esta denuncia participo el mismo Jefe de Gabinete de la Secretaria de derechos Humanos de la Nación Dr. Rodolfo Matarollo. Incluso así esta denuncia también fue archivada.
Nº 6546 – ACCION DE HABEAS CORPUS – Fecha de Inicio 21 de Junio de 2005 –
Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Juez Dr. Castelli
Con fecha 21 de Junio de 2005, bajo el Numero 6546 interponemos tres internos Acción de habeas corpus en representación del colectivo de internos alojados en el complejo II , todos los fundamentos fueron redactados atento a toda la problemática existente en el lugar en relación a la atención medica, la comida, la visita, las requisas, la educación, el trabajo, etc, etc.
Esta presentación ingreso al Federal I a cargo del Dr. Castelli, esta vez la cuestión tuvo otro final, fue rechazado in limine. Por supuesto sin previo traslado ante S.S., esta vez decidieron hacerlo completo, vulnerando todo y cada uno de los derechos de los presentantes. Obviamente la decisión fue apelada y al momento se encuentra esperando la admisibilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este expediente se le solicito informe a la Procuración Penitenciaria, la misma confirmo totalmente mis dichos, alegando que son frecuentes este tipo de denuncias a su línea gratuita de asistencia. Luego también informo el Ministerio, aduciendo que allí se registraban diversas denuncias del interno Urquijo.
INTERPONEMOS ACCION DE HABEAS CORPUS
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional en Turno
Los suscriptos, Luis Alberto Urquijo Estévez, Dni. 21.538.596, alojado actualmente en el Pabellón Nº 2 del Modulo 4, del Complejo Penitenciario Federal II, Marcos Paz; a disposición del T.O.C. Nº 15 de la Capital Federal, en causa Nº 1790; Jose Norberto Rodríguez, Dni. 10.620.668, alojado en el mismo lugar, a disposición del T.O.C. Nº 25 de esa capital, en causa Nº 1590; y Marcelo Fabian Olivera, Dni. 17.649.271, alojado en el mismo lugar, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de la Capital Federal.
Muy respetuosamente y como mejor proceda, por derecho propio a V.S, decimos:
Que venimos por la presente a interponer Acción de Habeas Corpus en relación al agravamiento en el estado de detención (Según Art. 3º Inc 2º (Ley 23.098)) que venimos sufriendo los internos del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por la omisión a la ley 24.660, sus decretos y resoluciones, como así también que a partir de estas circunstancias devienen restringidos los derechos adquiridos constitucionalmente a través de los arts. 16, 18, 43 y 75 inc. 22, donde el derecho internacional que este ultimo articulo garantiza, son totalmente vulnerados, afectando la dignidad humana, produciendo así, típicas violaciones a los derechos humanos.
Esta acción se presenta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, en amparo a todas las personas detenidas en el complejo Penitenciario Federal II sito en la localidad Bonaerense de Marcos Paz.
Solicitamos a V.S, que asuma su competencia respecto de la situación de este colectivo de personas, se repare la situación descripta y se determine un mecanismo que evite la reiteración de estas omisiones en el futuro.
Solicitamos a V.S, que luego de las verificaciones necesarias, se pronuncie expresamente acerca de la legitimidad constitucional y legal del encierro de estas personas en las condiciones en que se hallan.
Por otra parte, requerimos que V.S., ordene el cese de esta situación y a tal fin entendemos que es necesario el establecimiento de una instancia de ejecución en la que, a través de un mecanismo de dialogo entre todos los actores involucrados pueda determinarse, y controlar V.S., el modo en que la administración podrá hacer efectivo el cese de la detención de personas en condiciones denigrantes.
Han existido muchas resoluciones referidas a la misma cuestión, pero solo han abarcado aspectos parciales del problema que aquí se denuncia. En consecuencia, han sido ineficaces en punto a prevenir las reiteraciones de las violaciones. Ello hace imperiosa la intervención de V.S., a fin que la decisión final tenga efectos relevantes respecto de la situación en el Complejo Penitenciario federal cuestionado.
Esta claro, no se trata de que V.S., defina de que modo debe subsanarse el problema, pues esta es una competencia de la administración. Sin embargo estamos convencidos de la necesidad de que, en la ejecución de la orden de cese del agravamiento V.S., despliegue de modo vigoroso su poder jurisdiccional ejerciendo plenamente la función Republicana de ultimo custodio de los derechos individuales.
En función de ello, solicitamos que V.S., verifique si la administración ha previsto ya el establecimiento de un programa de acción dirigido a repara las infracciones constitucionales que hoy se verifican en Marcos Paz o que en su caso ordene su elaboración y que, de modo constante y hasta su conclusión, controle el cumplimiento de este plan por parte de la administración, a fin de asegurar que la deplorable situación en el C.P.F.II, reciba una solución al fin.
A tal efecto y en relación al momento critico que la Argentina debe afrontar en materia carcelaria, el comité contra la tortura de la Naciones Unidas expuso sus motivos de preocupación, siendo algunos de ellos enumerados de la siguiente forma:
a) Las numerosas alegaciones de tortura y malos tratos cometidos de manera generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tanto en las provincias, como en la Capital Federal;
b) La desproporción entre el elevado numero de denuncias por actos de torturas y malos tratos y las mínimas condenas dictadas por dichas causas, así como los retrasos injustificables en la investigación de casos de tortura, todo lo cual contribuye a la impunidad existente en esta materia;
c)La practica reiterada por parte de los funcionarios judiciales de realizar una calificación errónea de los hechos asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad (por ejemplo, Apremios Ilegales), sancionados con penas inferiores, cuando en realidad merecen la calificación de tortura;
d) El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los establecimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados médicos apropiados que podrían equivales a tratos inhumanos y degradantes;
e) Las presuntas represalias, intimaciones y amenazas recibidas por quienes denuncian actos de tortura y malos tratos
f) Las vejaciones y tratos degradantes que tienen lugar durante las requisas personales que se le practican a las personas que visitan los centros de detención;
g) La falta de independencia del personal medico de los establecimientos penitenciarios, quienes pertenecen a la institución penitenciaria.
V.S., resulta competente en razón de lo dispuesto por el art. 8º inc. 2º de la Ley 23.098.
La situación que denunciamos resulta de una gravedad inobjetable y es imperioso que V.S, se avoque a su tratamiento y resuelva la problemática que comprende a la totalidad de las personas detenidas en el C.P.F. II.
Numerosos planteos han sido realizados en relación con este tema por los respectivos defensores oficiales, fiscales y jueces en el ámbito de los distintos departamentos judiciales, pero la entidad del problema enunciado exige sin dudas su análisis global, debiéndose descartar la viabilidad de los reclamos particulares para alcanzar la solución efectiva.
La denigrante situación de los presos en Marcos Paz, no puede seguir siendo tratado mediante enfoques parciales que acotan su campo de análisis y limitan por ello la respuesta jurisdiccional posible.
La Ley 23.098 deviene instaurada directamente del art. 43 de la C.N., pues este articulo claramente establece: “…Toda persona puede interponer acción expedita y rápida…cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en su caso de agravamiento ilegitimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.”.
Luego la Ley 23.098, inmaculadamente especifica su alcance; “…corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad publica que implique:…agravación ilegitima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso, si lo hubiere.”
Ante el ataque a los derechos por acción y omisión que nos llevan a este planteamiento, a favor de la queja por la violación a los derechos humanos (actividad contraria a nuestra carta magna, por ende inconstitucional, siendo tal transgresión merito suficiente para plantear esta causa judiciable), a tal efecto son los jueces los encargados de deparar remedio a tamaña problemática, con el fin de proteger el derecho lesionado.
Las Constitución Nacional establece que:”… las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”. Y en igual sentido se erigen las normas de los documentos internacionales cfr jerarquía constitucional que proscriben todo trato o pena cruel, inhumana o degradante (cfr. C.N. art. 18 y 75 inc 22; declaración universal de derechos humanos, art. 5º; declaración americana de derechos y deberes del hombre, art VVV, in fine, y XXVI; pacto internacional de los derechos civiles y políticos; art. 10 inc 1º; convención americana sobre derechos humanos, art. 5 inc 2º).
Según la Ley, los programas de asistencia o tratamiento deben dirigirse “a reducir diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida en libertad, tendiéndose a preservar o reforzar la continuidad de los vínculos familiares, educacionales y laborales”. Resumiendo esto mas claramente se podría enumerar de la siguiente manera;
a) Atención y tratamiento integral para la salud;
b) Convivencia en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene;
c) Vestimenta apropiada que no deberá ser en modo alguno degradante o humillante;
d) Alimentación…cuantitativa y cualitativamente suficiente para el mantenimiento de la salud;
e) Comunicación con el exterior;
f) Educación, trabajo, descanso y goce del tiempo libre….”
A continuación expondremos los puntos en cuestión que no se ajustan a la legislación de la Ley de Ejecución Penal (24.660)y, que por omisión del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación, nos vemos lesionados gravemente en el derecho Constitucional que nos asiste de ser rehabilitados y tratados dignamente.
Somos alimentados con una dieta excesivamente fuera de los parámetros de aceptación normal, en cuanto a la cantidad, calidad, proteínas y vitaminas apropiadas para el mantenimiento de una persona.
Según el art. 65 de la Ley 24.660, la alimentación del interno estará a cargo de la administración, será adecuada en criterios higiénicos-dietéticos
A la fecha solamente nos es entregado una ración de alimentos por cada internos en el horario de 14:30 a 15:30 y, otra ración entre el horario de 17:30 a 18:30, sorteando el desayuno y la merienda, tampoco hay un menú establecido. La alimentación carece de la temperatura y cocción adecuada, como así también la correspondiente higiene.
INSUMOS PERSONALES PARA EL ASEO Y VESTIMENTA
Los insumos de limpieza no son entregados correspondientemente, las necesites básicas no son cubiertas.
Según la Ley 24.660, en su art. 60 es preciso en relación al aseo del interno, el cual será obligatorio y será la administración la que deberá proveer al interno de los elementos indispensables para su higiene.
Con respecto a la vestimenta y ropa, el art. 63 previene acerca de la obligación de la administración de suministrar dichos elementos a los detenidos, actividad que no se lleva a cabo, ante esta situación y tratando medianamente de paliar la situación, es que un grupo solidario de internos dedican gran parte de su tiempo en requerirle a grupos de ayuda externos (como por ejemplo Caritas), su colaboración, asistencia esta que no logra cubrir necesidades mínimas.
En cuanto a la asistencia sanitaria, esta es totalmente deficiente. No se brinda la oportuna asistencia medica, tampoco se respetan los tratamientos prescriptos.
El capitulo IX de la ley 24.660 en el art. 143 enuncia que el interno tiene derecho a la salud, también que deberá brindársele oportuna asistencia medica integral.
A raíz de este inconveniente el interno se ve obligado a cursar a diario al juzgado en turno sendos habeas corpus, con el fin de ser asistido.
También como resultado de esta negligencia ligada al abandono de persona, se halla en investigación dos muertes dentro del modulo 4 de este complejo, bajo sospecha de negligencia medica.
Los medicamentos en su gran mayoría son suministrados por nuestros visitantes, siendo que las autoridades alegan la falta de suministros.
A los fines específicos, el servicio penitenciario federal, ha establecido como medio idóneo un diagrama de horarios y días hábiles habilitados a tal fin. Es así que los dias martes o miércoles (según el mes) el interno recibe la visita solamente femenina, (de 14:30 a 16:30), y los días sábados o domingos (según el mes), por la mañana recibe la visita masculina, (de 09:00 a 11:30 Hs), y por la tarde, la visita femenina (de 14:00 a 16:30 hs).
Ahora bien, reglamentariamente el S.P.F, se conduce ajustado a los términos señalados, pero se produce la paradoja que en realidad la visita masculina comienza a las 09:30 o 10:00, pero siempre concluye a las 11:30 hs.
También esto sucede con la visita femenina ya que comienza a las 14:30 y concluye a las 16:30 hs.
Es dable señalar que a través del decreto 1136/97, se reglamento la visita. El art. 5 dice: “… el personal penitenciario deberá facilitar y estimular las relaciones del interno con su familia, en tanto fueran convenientes para ambos…”.
En el ámbito de las relaciones familiares y sociales, es otro de los inconvenientes de relevancia, ya que este sistema, bajo ningún punto de vista fomenta el afianzamiento de los lazos afectivos, familiares y sociales. Es mas, la política criminal impuesta implementa los medios mas retrógrados, ineficientes y nocivos, tanto para el interno como para el visitante, aportando un trato totalmente descortés con el visitante, abusando plenamente e su autoridad mediante la exigencia de medidas no sujetas a las disposiciones vigentes, como por ejemplo ilustrativo del párrafo anterior, puedo observarle a V.S., que al visitante se le requiere “tramite de reincidencia criminal” (cuyo valor ronda los $ 40). Siendo que en realidad la ley solo requiere documento que acredite identidad. Así lo establece el art. 11 del decreto 1136/97: “…en todos los casos el visitante deberá comprobar su identidad mediante la presentación de los siguientes documentos.
1 Argentinos:
a) Libreta de enrolamiento; b) Libreta cívica; c) Documento Nacional de Identidad; d) Cedula de Identidad…..”
Se han prohibido el ingreso de cartas abiertas y papeles personales por intermedio de la visita; ropa de color negra, gris, verde, etc., zapatillas usadas, camperas, etc, etc. Toda esta prohibición sin el correspondiente decreto fundado por el director del establecimiento, contrariando la ley, puesto que ningún decreto o reglamento vigente aclara tales prohibiciones.
Es así que para acceder medianamente al derecho de la visita dentro de los parámetros normales es necesario asiduamente recurrir a la entidad del habeas corpus, siendo esta actividad contraproducente tanto para el interno, su familia y el mismo servicio penitenciario que termina administrativamente supercargazo.
A los fines específicos de una correcta reinserción social, el pilar fundamental es afianzar el vinculo familiar que pueda motivar una correcta contención que a su vez le brinde un camino apropiado a la reeducacion.
A ello nos referimos apoyados en la teoría de Pedro Dorado Montero “… no es castigo lo que el delincuente merece, sino Cuidados y Remedios, pues que la misma sociedad es la causante de su mal”.
Sin escapar del contexto en el cual nos hallamos analizando, la visita, la gravedad se sigue multiplicando, tan así que explayarse plenamente en este tema seria suficiente merito como para disponer un planteamiento único e individual. La gravosa situación que causa en el interno y su entorno es irreparable psicológicamente, no es poca cosa que al revisar los alimentos, el personal encargado de dicha tarea no implemente los medios idóneos concernientes a la higiene, practicando requisas en estos alimentos con las propias manos, sin guantes, mezclando alimentos indiscriminadamente.
En discrepancia con tal medida ya hubo precedentes que son apropiados exponer en este momento: “… que el tribunal tiene probado que el día 24 de diciembre de 1997, poco después de las 17:30 hs, en el interior de la U. 16 del S.P.F., al momento en que el grupo de agentes del S.P.F., integrado por Rubén R. Blanco, Sergio I. Huenul, el encargado Tito R. Veron y el oficial a cargo Eduardo E. Ricardo, practicaba la requisa de los internos que regresaban al pabellón nº 9 se desarrollaron los hechos vejatorios en perjuicio del condenado S.J.P. Que a continuación se detallan.
Cuando el interno S.J.R, arriba al lugar en que se estaban requisando a los internos que reingresaban al pabellón nº 9 llevaba consigo una comida preparada a base de gallina y ensalada que le habían traído sus familiares. En esta ocasión fue obligado a desnudarse inmotivadamente y, uno de los imputados Rubén R. Blanco, dirigiéndose a Sergio I. Huenul, previo a recordarle este que hacia tiempo que estaba destinado en la unidad le dijo “…a este revísalo bien que lo vamos a…”. Ante ello Huenul introdujo sus manos en el bols que contenía los alimentos referidos y los revolvió, lo que provoco la reacción del interno reclamando por ese trato. Por ello el merito al acuerdo al que se arribo el 09/03/2001 el tribunal resolvió: …Condenar a Sergio I. Huenul, de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento a la pena de dos años de prisión cuyo cumplimiento se deja en suspenso bajo condición que fije domicilio y se someta al control del patronato de liberados del lugar de su residencia, por el termino de cuatro años a la pena conjunta de inhabilitación especial para desempeñarse como empleado de un servicio penitenciario o de otras fuerzas de seguridad por doble tiempo de la condena y al pago de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de vejaciones agravadas (art. 45, 144 bis inc 3º y ultimo párrafo, en función del art. 142 inc1º; 2º; 26; 27 bis, 40 y 41 del C.P.N y art 401 y 403 del C.P.P.N)(102.455 – T.O.C Nº 9 – 2001/03/16 – Ricardo E. y otros.)
El art. 70 de la Ley 24.660 dice: “…para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupan, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuaran con las garantías que reglamentariamente se determinen y entro del respeto a la dignidad humana.”.
Vale aclara que en cualquier establecimiento carcelario es de suma importancia la realización de estos procedimientos que tiendan a prevenir posibles daños en las personas y en las cosas. Pero aquí hay algo muy importante, no es posible lograr una adecuada prevención causando un daño mayor con el procedimiento. Analizando la situación prevalece el delito sobre la prevención.
Nada mas oportuno que describir la rutina de la requisa y sus procedimientos, para poner en evidencia la terrible violación a los derechos humanos que debemos soportar los aquí detenidos.
El procedimiento se realiza en forma habitual una vez al mes y en horario de la mañana. Este grupo ingresa al pabellón con una dotación de entre 30 y 40 efectivos, los cuales a su ingreso emprenden corridas innecesarias portando escudos, palos, cascos y escopetas, golpeado a los infortunados que no alcanzan a superar su velocidad. Literalmente somos “arriados” hacia el fondo del pabellón, aprisionados por escudos, donde nos hacen correr nuevamente con las manos atrás y la cabeza gacha hasta la entrada del pabellón, y a un costado somos parados de esa misma forma en que vinimos corriendo a los efectos de practicarnos un plantón de aproximadamente una hora o una hora y media, momento este que el mencionado grupo utiliza para requisar las celdas, situación propicia para que estos efectivos se hagan de efectos personales y de alimentación que nos son robados.
Como galardón final, somos obligados a quitarnos nuestras ropas totalmente, en este preciso momento es cuando llega la ultima etapa de filmación a la que somos expuestos.
De ninguna forma se puede justificar un procedimiento de estas características, ya que la población carcelaria del modulo 4, pabellones 1.2 y 3, son internos de características disciplinarias, que a la fecha no han sentado precedentes de atentados contra la autoridad penitenciaria.
En apoyo a este criterio, las Naciones Unidas en el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en su apartado 15 – VIGILANCIA DE PERSONAS BAJO CUSTODIA O DETENIDAS – Dice: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearan la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas.”.
Nuevamente el T.O.C Nº 9 entiende sobre el tema y muy criteriosamente respalda los derechos constitucionales que le asisten a las personas detenidas y así lo expresan: “…al efecto es relevante tomar en cuenta el art. 70 de la ley 24.660 de Ejecución Penal, la aplicación y ejercicio de las facultades de este art., deben ser entendidas a la luz de lo que dispone el art. 18 de la Constitución Nacional en cuando advierte:…las cárceles se la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
La diferencia entre severidades y privaciones conforme a la ley y la constitución y los actos de vejación o severidad prohibidas por el art. 144 bis inc. 3º del C.P.N., esta dada
Toda personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
“PRINCIPIO 6
Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran y protegerán la dignidad humano y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”
De todas estas reglas y principios, sean evidentemente necesarios para el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la declaración universal de derechos humanos y, cuando el estado de que se trate sea parte, en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de la naciones unidades.
De modo singular, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (adoptadas por el primer congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrada en Ginebra en 1955, y aprobadas por el congreso económico y social en sus resoluciones 633c (XXIV) de 31 de Julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de Mayo de 1977.
“DISCIPLINA Y SANCIONES
27- El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer mas restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común”
Igual finalidad de protección de la dignidad humana subyace el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (adoptado por la asamblea general en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988).
Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, no podrán invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
Por su parte, también el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptado por la asamblea general de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979), impone una actuación ajustada a la dignidad de la persona humana.
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir de ley respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y respetaran los Derechos Humanos de todas las personas”.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.
De todas estas reglas y principios, surge de la finalidad, la dirección al fin legitima del acto del encargado de guardar a los detenidos, y la proporcionalidad entre fines y medios son elementos relevantes para jugar si el acto constituye un acto irregular de la autoridad o una vejación.
“…Como se ha señalado en el caso de autos, no se trata de poner en tela de juicio si las autoridades penitenciarias deben tener facultades para realizar requisas dirigidas a mantener el orden y la seguridad de los internos del establecimiento, sino de examinar su modo de ejecución y si, en todo caso aparecían como fundamentalmente necesarios para el fin legitimo”-
(102.4355 – T.O.C.Nº 9 – 2001/03/16 – Ricardo E. y Otros).
La ley habla claramente sobre la dignidad y el respeto de la persona detenida, ahora bien, ¡se cumple la ley en estos términos?, ¡donde están listos limites a las vejaciones?, son preguntas que tal vez puedan ser volcadas en un curso en derechos Humanos para el personal penitenciario.
En el ámbito del estudio y la capacitación del interno no hay política que fomente la actividad educativa. Aun no se ha implementado un plan de estudio orientado a la capacitación de oficios, que al interno lo conduzcan a una correcta rehabilitación, incorporándole la costumbre al trabajo y su provecho legitimo.
Art. 133 (Ley24.660). “…desde su ingreso se asegurará al interno el ejercicio de su derecho de aprender adoptándose los medios necesarios para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción”.
Art. 137 (Ley 24.660) “…la administración fomentará el interés del interno por el estudio, brindándole la posibilidad de acceder a los servicios educativos en los distintos niveles del sistema.”
Art. 140 (Ley 24.660) “…en todo establecimiento funcionará una biblioteca para los internos, adecuada a sus necesidades de instrucción, formación y recreación, debiendo estimularse su utilización.”.
TRASBAJO:
Esta actividad se encuentra relegada en ultima instancia. Solo el 10 % del total de la población carcelaria tiene acceso al trabajo.
El ministerio de justicia y derechos humanos de la nación, puso en marcha el “programa nacional de trabajo”, este programa se haya instalado en diferentes establecimientos carcelarios dependientes del servicio penitenciario federal, siendo Marcos Paz la excepción.
El art. 106 (Ley 24.660), establece:“…el trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.”.
Podemos decir que esta actividad esencialmente puede ayudar al interno a aprender un oficio. El hecho de estar ocupado facilita la convivencia y disminuye los conflictos que pueden potenciarse por el ocio. Podríamos decir también que adquirir algún oficio dignifica a la persona y esto procura crear hábitos de una cultura del trabajo, dar capacitación y abrir un camino que una vez que el interno recupere su libertad, se pueda reinsertar con una ocupación que le cierre las puertas de “la necesidad” de delinquir.
La recreación a la que tenemos acceso es de 40 minutos, de lunes a viernes, el sábado, domingo y feriados, estamos excluidos de esta actividad, quedando recluidos dentro del pabellón junto con otros 49 internos, usufructuando del ocio desde las 08.30 hs a 19:00 hs, creando así continuos conflictos de convivencia dentro del lugar, que sus medidas no superan los 20 metros por 30 metros, donde a raíz de esta situación se producen terribles peleas, que afectan la integridad física de los internos.
De esta forma se nos coarta l derecho al acceso al aire libre, puesto que el patio contiguo al pabellón es el único medio que nos permite el acceso al beneficio nombrado.
Según el primer congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, observó en su apartado 21 – “Ejercicios físicos”:
“1) El interno que no se ocupe en un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre;
2) Recibirán durante el periodo reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y equipo necesario.”
En igual sentido es compartido este criterio por todas las regulaciones referidas por lo que debe verificarse esta efectiva posibilidad de acceso a espacios abiertos, con la consiguiente facultad de desplazarse a través de ellos, a fin de poder predicarse la legalidad de un encarcelamiento.
TRASLADOS DE INTERNOS
El traslado de los internos se lleva a cabo dentro de un contexto vejatorio y degradante para el interno.
El art. 71 (Ley 24.660) segundo párrafo sostiene; “…la administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles evasiones las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al interno”.
El interno es esposado y encadenado al piso del vehículo, sin las medidas de seguridad legisladas por el ordenamiento vial vigente.
El interno es trasladado sin correspondiente cinturón de seguridad, lo que conllevaría en caso de accidente a sufrir graves lesiones en sus brazos, muñecas y otras partes del cuerpo.
El articulo 16 de la Constitución Nacional es claro en su expresión: “…La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni titulares de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley,…”. Esta oración que contiene el articulo que estamos comentando, la palabra “ley”, esta tomada como sinónimo de derecho, es decir, que la igualdad no se limita al tratamientote las normas emanadas el poder legislativo, sino que también se la garantiza frente a los demás habitantes.
“La igualdad”, es la posibilidad que tiene cada hombre de acceder a un espacio de libertad intransferible, inalienable, similar al de los demás hombres. Si hay algunos que tienen un espacio mayor que el de otros, lo han obtenido cercenando porciones de cada espacio de libertad de esos otros.
El sistema en el cual nos encontramos encarcelados es el denominado “Máxima Seguridad”. Este sistema cuenta variadas medidas estrictas, que van desde doble puertas y rejas, hasta trato exclusivamente severo, reflejado en la requisa personal del interno, sus objetos y lugares de alojamiento, etc.
El cúmulo mayoritario de los internos alojados en el lugar, somos procesados, con el derecho constitucional que nos asiste respecto a la inocencia.
Los módulos que cuentan con estas medidas son los módulos III. IV y V, modulo I y II son los denominados, “Mediana Seguridad”.
Al ingresar al complejo, los internos que hemos pertenecido a alguna fuerza de seguridad, somos conducidos y alojados en el modulo IV.
Es dable señalar que dentrote lo que se denomina ·Ex Fuerzas de Seguridad”, se reconocen a las policías provinciales, federales, ejercito, armada, fuerza aérea, prefectura y servicios penitenciarios.
Hoy el Servicio Penitenciario Federal ha entendido que ese espacio de libertad al cual nos referíamos mas arriba, no tiene la importancia necesaria y así nos deja nuestra porción de libertad cercenada, esta porción que nos toca a nosotros, se la han cedido a otra parte de estas fuerzas de seguridad, alojados en el modulo II, en un régimen de mediana seguridad sin otro motivo fundado que la preferencia, o algo aun peor, el negocio, la usufructuacion economiza de este alojamiento V.I.P.
Cabe aclarar que estos internos alli alojados se encuentran en la misma situación judicial que la nuestra
De esta forma se ha creado una brecha discriminatoria entre unos y otros, haciendo caso omiso a la igualdad a que refiere la Constitución Nacional a través de su articulo 16.
ACATAMIENTO TOTAL DE LA LEY 24.660, DECRETOS Y RESOLUCIONES
El reclamo esta dirigido especialmente al Derecho Constitucional que asiste a toda persona privada de su libertad, alojada en establecimientos carcelarios, y que por omisión del poder ejecutivo nos encontramos lesionados.
Como ya lo expusimos anteriormente en la presente acción, el requerimiento se basa en los Derechos otorgados a través de la Constitución Nacional (art. 16, 18,43 y 75 inc. 22), pactos y tratados internacionales y, por ultimo ley de ejecución privativa de la libertad Nº 24.660, decretos y resoluciones, ósea, en los términos que la normativa internacional, constitucional y legal reclama toda vez que estos derechos al momento son coartados por el poder ejecutivo, a través de su política penitenciaria subyugada del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación.
Las pretensiones de estas partes están dirigidas al respeto a la ley vigente 24.660, decretos y resoluciones, cuyas líneas fundamentales seguimos en lo sucesivo, la redacción de las normas referidas no reclama una exégesis compleja: el poder coercitivo del estado que se manifiesta a través del encierro solo puede desplegarse de un modo acorde con el debido respeto a cada individuo, por su sola condición de sujeto de derechos, y esto quiere decir que entre todos los limites que el estado debe respetar en el ejercicio de su poder punitivo, existe un conjunto de prescripciones específicamente vinculadas con las condiciones materiales que deben garantizar para el encarcelamiento de una persona. Este universo de deberes estatales se encuentra expresado de modo genérico, bajo formulas esencialmente idénticas tales como la proscripción e tratos crueles, inhumanos y degradantes, el reconocimiento explicito de la dignidad del sujeto privado de su libertad o la disposición de establecimientos sanos y limpios, cláusulas cuyo respeto no admite discusión alguna en todo estado democrático de derecho.
La pregunta acerca de que hacer aquí y ahora, frente al fenómeno en cuestión, también teniendo en cuenta la necesidad de seguridad de las personas frente al delito no puede conducir a la inacción judicial.
Como afirma Elias Carranza, no podemos caer en una trampa inaceptable: “la responsabilidad estatal de velar por la seguridad de los habitantes y prevenir el delito no implica que deba haber personas hacinadas en las cárceles o que (como decía Vivien Stern) …quien fue encerrado durante dos años por hurtar una radio de 12 dólares debe ser contagiado de una enfermedad incurable. La higiene en las cárceles y la eliminación del hacinamiento y otras penas crueles, inhumanos o degradantes son responsabilidad inmediata del estado, tanto como lo es la labor de prevención del delito”. (Elias Carranza, superpoblacion penitenciaria en América Latina y el caribe; en AAVV, Justicia Penal y superpoblacion penitenciaria, Elías Carranza (Coordinador); ILANUD, Naciones Unidas y Siglo XXI, 1º, México, 2001; Pag. 34).
En definitiva, se trata de definir que características debe tener un lugar de encierro para que el encarcelamiento de una persona allí pueda considerarse digno y la respuesta normativa a este interrogante es la primera cuestión que debe satisfacerse pues solo sobre tal base podrá desplegarse la debida actividad jurisdiccional.
Las normas con base en las cuales se puede establecer el conjunto de condiciones que debe reunir un alojamiento digno son numerosas y de diversa jerarquía junto a las disposiciones de la ley de ejecución penal ya citada, se erigen otros instrumentos sobre la base de las cuales es correcto fundar la construcción del estándar mínimo exigidos.
Estas regulaciones relativas a la situación de las personas privadas de su libertad permiten dirigir la actividad jurisdiccional hacia la definición el contenido concreto de la obligación estatal.
Nuestro más alto tribunal en razón a tener que expedirse en un reclamo del C.E.L.S. inherente a las pésimas condiciones en que se cumple la pena privativa de la libertad en comisarías de la provincia de Buenos Aires, esto dijo: “…que la privación de la libertad, al titulo que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación , pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. “las cárceles en si mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumenten ese mal” (Núñez Ricardo, Derecho Penal Argentino. Parte General. Tomo II, Ed. Bibliográfico Argentino; Bs. As. 1960)…que este tribunal ha expresado: “que un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que ella exija (Art. 18 C.N.), tal postulado, contenido en el capitulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país, ya que figura en términos mas o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a mas de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los derechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces de desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo, como tal impone al estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”.”la seguridad, como deber primario del estado no solo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente ala delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirvan formas desviadas del control penitenciario”. (Fallos: 318:2002).
Todo este conjunto de criterios, leyes, fallos y derechos constitucionales se ven avalados a través de las Naciones Unidas.
Las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” de las Naciones Unidas preparadas por la comisión internacional Penal y penitenciaria, aprobadas en el primer congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en ginebra en 1955 y ampliadas en 1977 y 1984, ofrecen un aporte relevante. Es compartido por todos, y en este sentido la utilización de ese cuerpo normativo es eficiente aquí, que las Reglas Mínimas deben servir de guía en la aplicación del derecho interno, con valor de pauta interpretativa. Las “Reglas” de las Naciones Unidas, reflejan el consenso de la comunidad internacional acerca de las condiciones adecuadas mínimas admitidas para el encarcelamiento de una persona y en consecuencia las disposiciones allí contenidas, poseen valor preeminente para la determinación del alcance de las normas de derecho en juego.
Es por todo ello que estas partes reclamamos el derecho a:
Una dieta apropiada en proteínas y vitaminas, en un correcto estado de conservación, con la cocción adecuada, temperatura y cantidad acorde
Horarios de distribución adecuados, donde el almuerzo no tenga un intervalo de dos o tres horas con la cena.
Entrega de desayuno y merienda.
Un menú preestablecido que no gire en torno a una dieta de verduras, que deje abierta la posibilidad de conformar una dieta con vegetales sin la correspondiente higienización.
Una correcta higiene que desplace de la dieta actual cualquier insecto y algún que otro objeto extraño a la dieta y no aceptado dentro del contexto alimentario.
Estas normas reclamadas en función de las cuales el estado quede obligado a ofrecer una nutrición diaria suficiente a las personas privadas de su libertad.
2) Insumos personales:
Entrega de elementos de aseo propios a los fines de una correcta limpieza del pabellón.
Entrega de elementos de higiene personal como así también, previa evaluación social, entrega de vestimenta acorde a la época del año.
3) Asistencia Medica:
Correcta atención sanitaria dispuesta las 24 hs. del día, con atención de todas las especialidades.
Entrega de los medicamentos necesarios en el momento oportuno.
Acogimiento total al decreto 1136/97 y reglamentos aplicables a esta sección con respeto al mínimo establecido para el horario y días permitidos para la visita.
Mínimo dos veces a la semana para visita femeninas y masculinas.
Mínimo dos horas de visita
Acatamiento riguroso de los horarios establecidos a tal efecto.
Facilitación y estimulación de parte del servicio penitenciario para con el interno y su familia, a fin de consolidar los lazos afectivos, como lo enuncia el decreto 1136/97 en su art. 5.
Se disponga una nomina de efectos y objetos no autorizados a ingresar, con motivo fundado por el director del establecimiento.
Autorización de ingresos de visitantes con el correspondiente documento que acredite identidad, como lo enuncia en el art. 11 del decreto 1136/97, sin necesidad de tramitar otra documentación que la ley reclame.
Se habiliten los talleres de capacitación profesional conforme el art. 133 de la ley 24.660, y se disponga el acceso libre de la población carcelaria a la biblioteca a fin de fomentar la costumbre del interno al estudio, al efecto de brindarle a este, una opción valida al momento de encontrarse en libertad, que le aporte una alternativa viable lejana a la delincuencia.
Se activen los programas laborales organizados y puestos en marcha en otros establecimientos del S.P.F., por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo el “Programa Nacional del Trabajo”, a los efectos de cumplir con la ley 24.660, incorporándole la costumbre al trabajo del interno y paralelamente romper el ocio imperante en el lugar, que solo conlleva a capacitar al interno en el crimen.
7) Recreación:
Se establezcan cronogramas de actividades diarias, respetando las reglas mínimas internacionales a tal efecto.
Habilitando los recreos todos los días al menos una hora, si el tiempo lo permite, a fin de poder predicarse la legalidad del encarcelamiento. Puesto que la convivencia se dificulta, mas aun en un sector de 20 metros por 30 metros asignado a fin de que allí se alojen 50 internos, sin la posibilidad de tener acceso a nuestras celdas.
Las “reglas mínimas”hablan de un baño para quince personas, como mínimo, en este lugar se encuentran habilitados dos baños para cincuenta personas. Los mismos se encuentran sin respiración ni luz artificial y con la promiscuidad que puede haber en este tipo de baños.
Ante esta problemática solicitamos se nos permita el acceso permanente a nuestras celdas, a fin de contar con la higiene que el caso meritua.
8) Traslado de internos:
Se arbitren los medios idóneos a los efectos que se cumpla con la ley vigente en materia de traslados de detenidos, puesto que es de suma peligrosidad los viajes en las condiciones supra indicadas, sin el correspondiente cinturón de seguridad y encadenados al piso, creando así una lesión vejatoria y degradante, que solo inflinge en nosotros un padecimiento innecesario.
9) Igualdad ante la ley:
Se contemple la posibilidad de unificar un criterio único y razonable en cuanto al alojamiento de internos procesados, ubicándolos en un lugar donde todos tengan las mismas posibilidades en su alojamiento, como así también en su convivencia de un sistema de mediana seguridad, donde el ingreso de objetos y alimentos es mas amplio, sin necesidad de tener que estar imputado de 193 muertes, como por ejemplo el Sr Omar Chaban.
10) Requisas:
Se implemente una reforma en estos procedimientos, tendientes a lograr el total respeto a los derechos humanos, “Las reglas mínimas”, y sobre todo, se respete la dignidad de las personas detenidas.
Como ya lo hemos expuesto anteriormente, el contexto propio de estos procedimientos son clásicos de tiempos pasados de represión y tortura.
No es posible aceptar en estos tiempos tratos crueles, como corridas y plantones, torturas tales como golpes, apretones de escudos y amenazas. Las vejaciones que el mundo repudia en Irak, como por ejemplo, filmaciones de prisioneros desnudos, hoy el estado Argentino a través del servicio penitenciario federal lo ha puesto en acción.
Solicitamos se establezcan reglamentos acorde a estos tiempos, que sirvan tanto al servicio penitenciario, como al interno, limites que no permitan estos abusos innecesarios.
Una alternativa propuesta seria la judializacion de los procedimientos de requisa, donde el poder judicial fiscalice el procedimiento y no se cometan las violaciones señaladas.
11) Habeas Corpus:
Se disponga a través de los medios pertinentes, la correspondiente orden que corresponda, a fin que el servicio penitenciario federal reciba la acción de habeas corpus, siendo que los funcionarios públicos del complejo penitenciario federal II, se niegan a efectuar tal tramite judicial.
12) Reglamento Interno:
Se le de al interno el correspondiente reglamento interno a los efectos que este conozca los derechos y deberes y se evite errores involuntarios con respecto al acatamiento del sistema actual, y así también conozca de sus derechos.
La norma del art. 15 de la Ley 23098 establece que: si a pedio de los intervinientes se estima necesario la realización de diligencias probatorias, el juez determinará su admisibilidad.
En este caso y a fin que la respuesta del poder ejecutivo resulte útil a la solución del problema planteado, sugerimos a V.S., que se requiera al poder ejecutivo (Ministerio de Justicia), la información que a continuación se detalla:
a) Alimentación: Menú diario de comidas (Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena); descripción de la dieta; horario de la entrega; medidas de higiene utilizadas
b) Insumos personales: Insumos disponibles a los efectos de entregar a los internos (Aseo-Vestimenta-Otros); cantidades entregadas (Nomina de internos beneficiados).
c) Asistencia Medica: Médicos disponibles en el C.P.F II; distribución de guardias; Horarios de atención.
Medicamentos entregados; Medicamentos suministrados por los visitantes.
d) Visita: Reglamentación vigente de la sección; requisitos a los efectos del ingreso del visitante; días y horarios establecidos al efecto; elementos permitidos al acceso; elementos prohibidos a su acceso.
e) Requisas: Reglamentación vigente, descripción de los procedimientos; resultados de estas requisas realizadas en los últimos 12 meses, en los pabellones 1,2 y 3 del modulo 4, documentación fílmica en existencia.
f) Educación; curso de formación dictados en el área; otras actividades ofrecidas en la sección; biblioteca (cantidad de internos concurrentes).
g) Trabajo: Áreas laborales disponibles, cantidad de internos trabajadores; cantidad de peculios.
h) Recreación: Cronogramas de patios (Días y horarios cedidos al efecto); actividades deportivas al aire libre (días y horarios cedidos al efecto); actividades deportivas en lugar cerrado (días y horarios cedidos al efecto).
i) Traslado de internos: Reglamentación actual; procedimientos y formas de traslados; medidas de seguridad aplicadas.
j) Cronograma diario de actividades: Planificación y distribución.
k) Alojamiento: Distribución de la población carcelaria, según módulos y pabellones (internos con conducta, procesados, penados, ex fuerzas de seguridad, enfermos, etc.).
l) Reglamento interno: Reglamento interno vigente en el complejo penitenciario federal II, Marcos Paz.
AUDIENCIA Y PRUEBA:
Conforme al art. 14 de la ley 23.098, que autoriza la audiencia con la presencia de los actores es que estas partes creen que la importancia de los derechos afectados y la gravedad de la situación que se denuncia justifican la realización de la audiencia prevista a fin que la cuestión suscitada sea resuelta bajo las máximas garantías de publicidad e inmediación en la recepción de la prueba. En razón de la extensión del conflicto y de la diversidad de actores e intereses involucrados, entendemos que la discusión abierta del problema justifica designar audiencia oral, al mismo tiempo, al mismo tiempo, la misma pluralidad de actores interesados justifica la utilización de este mecanismo que permita un tramite mas ágil y fructífero del proceso.
1) Se cite a la audiencia a cuatro personas detenidas, sugerimos a tal efecto a :
LEONARDO FRIAS – MOD 4 – PAB 2
EDUSRDO IPARRAGUIRRE – MOD 4 – PAB 1
CRISTIAN LUGO – MOD 4 – PAB 2
DANIEL SOLZONA – MOD 4 – PAB 2
A fin que describan las condiciones de alojamiento y tratamiento en el C.P.F. II.
2) Se cite a un funcionario del Servicio Penitenciario Federal del C.P.F.II, a los efectos que describan la forma en que despliega su función en el lugar cuestionado.
3) Se cite a un secretario de cada juzgado Federal de Morón, a los efectos que describan la problemática que en sus juzgados han sido motivo de denuncias por parte de los internos.
4) Se cite al Secretario de política penitenciaria criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los efectos que describa la política desplegada desde ese área y produzca informe acerca de los costos económicos que inflinge cada interno al estado, como así que partida económica se gira al complejo II para satisfacer la necesidad de los internos allí alojados.
La norma del art. 17 inc. 4 de la ley 23.098 es amplia y ordena a V.S., rechazar o acoger la petición “resolviendo lo que corresponda”. En virtud de ello y en función de considerar que resulta la solución mas adecuada al conflicto planteando, solicitamos a V.S., que. Verificadas las violaciones denunciadas, declare su ilicitud, ordene su cese actual y prevenga su reiteración futura, habilitando a tal fin una instancia de ejecución en la que los interesados cuenten con amplias facultades a fin de dar satisfacción a lo ordenado por el Tribunal.
En este caso, tomar adecuado conocimiento de la situación irregular y ordenar el cese de los actos u omisiones lesivas, resultan potestad inmediata al mandato de garantía y, por ello, puede afirmarse que el objeto primero de la decisión frente a la verificación de una infracción debe ser la modificación de las condiciones actuales de detención para adecuarlas a las prescripciones legales (respecto del convenio de la decisión de los habeas corpus correctivos, cfr. M.Salt, “Los derechos fundamentales de los reclusos”; Del Puerto, 1999, Bs. As. Pág. 287). Si tal modificación es inviable, no resultara posible evadir la discusión acerca de la legalidad de la continuación del encierro, no obstante la validez del origen del titulo en virtud del cual se impuso oportunamente la medida de coerción sobre la persona afectada.
En tal sentido expuesto, existen numerosas decisiones judiciales adoptadas respecto de la situación de los detenidos en las que fue ordenado el cese de algún acto u omisión de la administración penitenciaria en ejercicio de los deberes judiciales de contralor sobre las características del encierro (c.f.r., entre otras, las decisiones comentadas por German Bidart Campos. “Un habeas corpus en tutela de la dignidad de los detenidos, Ed. T. 157 y “Un habeas corpus exitoso cancela el traslado irrazonable de un persona privada de su libertad”. Ed. T 135, Pág. 747, o la decisión de la C.C.C de Gral. Roca Sala III, del 25 de octubre de 1995 con relación al Recurso de amparo presentado por el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación; J.P.B.A. T. 92, Pág. 145; con comentario favorable de José Daniel Cesano en “Los objetivos constitucionales de la ejecución Penitenciaria”, Alveroni, Córdoba, 1997, Pág. 135 y 138), solución necesaria, por cierto, a fin de censurar los efectos de la infracción.
El laconismo del régimen de la acción de habeas corpus tanto respecto de la definición de las características precisas que debe observar el encarcelamiento legitimo de un persona, como respecto de las consecuencias especificas de su infracción, no puede erigirse en un enigma irresoluble que. Bajo el pretexto de silencio legal, impida, en definitiva, todo contralor eficaz de los derechos de las personas detenidas. Por ello es debido a la jurisdicción la solución de pretensiones correctivas colectivas; ello permitiría además “…la solución mas eficiente de reclamos referidos a ciertos derechos que presentar una peculiar conformación si se los piensa de manera agregada. El suministro de medicamentos, el mantenimiento general de un edificio, la provisión de alimentos, las practicas regulares de requisas violentas, etc, reclaman una consideración global que un concepto individual de interés no parece satisfacer adecuadamente” (cfr. C.E.L.S., informe anual, hechos 2000 – Argentina 2001; Capitulo VI: Situación carcelaria: Hacinamiento, violencia e indefensión, Siglo XXI, Bs. As., 2001. Pág. 217).
Como sugerimos anteriormente, es de imperiosa necesidad la aplicación de un medio idóneo a fin de establecer las fugas de suministros remitidos por el Estado a los establecimientos penales. Para ello, la aplicación de una intervención al Servicio Penitenciario Federal, seria sumamente positiva, a los efectos que se analice y proyecte una política carcelaria acorde a los nuevos tiempos, inspirados en conceptos contemporáneos ligados a la rehabilitación, concordantes con los mandatos constitucionales. Subsidiariamente la aplicación de una auditoria dentro del ámbito motivo de critica, podría ventilar situaciones que constatadas aportarían un canal adecuado a la solución en parte, de este conflicto.
Por lo precedentemente expuesto de V.S.; solicitamos:
1) Tenga por interpuesta la presente acción, en legal tiempo y forma.
2) Se requieran los informes en los términos solicitados.
3) Designe audiencia y provea la prueba solicitada.
4) Oportunamente, haga lugar a la acción interpuesta, declare la ilegitimidad de las situaciones denunciadas y ordene su cese y reparación.
5) Habilite una instancia de ejecución a fin de poder discutir todos los interesados las mejores condiciones a fin de dar satisfacción a lo ordenado por V.S.
Luis Alberto Urquijo Estévez
Norberto José Rodríguez
Marcelo Fabián Olivera
Buenos Aires, 21 de junio de 2005.-
Nota: 19.537/05
Expte. 6720
AL SR. JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N º1
DE MORON PCIA. BS. AS.
DR. GERMAN ANDRES CASTELLI
Tengo el agrado de dirigirme a V.S. en orden a lo establecido por la ley 25.875 y en causa nº 6546 “S/ Acción de Habeas Corpus”.
Ampliando y respondiendo puntualmente las requisitorias solicitadas le informo;
a) hemos recepcionado quejas por mala y escasa alimentación no así en los últimos meses.
b) los insumos personales conforme lo dicho por los internos no cubren las necesidades básicas.
c) se han recepcionado quejas por la demora en el ingreso de los visitantes, lo que en algunos casos redunda en la disminución del horario real de la visita. Asimismo hemos tomado conocimiento que en varias unidades dependientes del S.P.F. se solicitan otros requisitos a los visitantes que no están previstos en el reglamento, como es el caso de la solicitud de reincidencia o la realización de una nueva tarjeta de visita frente a un nuevo traslado.
e) como se señalara en el informe remitido previamente, se recepcionaron numerosos reclamos de familiares de internos por el procedimiento de requisa personal (ver pág. 3 2do. Párrafo). Asimismo como también se señalo en pagina 5, segundo párrafo, se recepcionaron quejas por el proceder de la requisa con los internos, siendo denunciadas oportunamente por este organismo ante los Juzgados competentes.
f) se desconoce si existe concretamente una política de estimulo a la educación. Si podemos señalar que no resulta significativa la cantidad de internos que estudia con relación al total de la población de alojados.
g) con relación al trabajo, me remito a lo señalado en pagina ½ del informe ya señalado.
h) ídem punto anterior
i) no se ha tomado conocimiento de lo señalado en ese punto
j) Existen dos pabellones del modulo IV donde son alojados internos provenientes de fuerzas de seguridad, con el objetivo de resguardar la integridad
Física de estos internos ante la posibilidad que surjan inconvenientes con el resto de la población.
Por ultimo, le hago saber a V.S. que el interno Urquijo y demás internos alojados en el modulo IV del Complejo Federal II, han presentado distintos reclamos en re4lacion a los puntos que se hace mención en el oficio en cuestión. De esto se puso en conocimiento oportunamente al titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón y a las autoridades ministeriales en las distintas reuniones de trabajo que se han mantenido.
Sin otro particular saludo a V.S. con atenta consideración.
INTERPONEMOS RECURSO DE CASACION – EXPTE. 3107
Excma. Cámara de Apelaciones Federal de San Martin
Los suscriptos. Luis Alberto Urquijo, alojado en el C.P.F. II de Marcos Paz, a disposición del T.O.C. Nº 15 de la Capital Federal, en causa Nº 1790, y José Norberto Rodríguez, alojado en el mismo lugar y a disposición del T.O.C Nº 35 de Capital federal, en causa Nº 1590. Muy respetuosamente y como mejor proceda a V.V.E.E. decimos:
Que venimos por el presente acto a interponer por propio derecho recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Casación penal, contra la resolución de fecha 24 de junio de 2005, en causa Nº 3107 de esta Sala, por la cual no se hace lugar a la acción de habeas corpus interpuesta ante el Juzgado Federal Nº 1 de Morón.
II) PROCEDENCIA:
Los suscriptos se hallan legitimados para deducir el presente en calidad de amparados, art. 3, inc. 2º y art. 19 de la ley 23.098, y art. 43 de la C.N., haciendo uso del recurso extraordinario “Pauperis”.
“…los reclamos de quienes se encuentran detenidos, mas halla de los reparos formales que pudieran merecer, deberán ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y que es obligación de los Tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permite ejercer la defensa sustancial que corresponda…”(Fallos 308:1386; 310:592 y 1934, causa v.252 XXII, “Vellin, Roberto José, rta el 19/12/91, J,P,B.A. T. 79, f. 629, p.302).
III) FUNDAMENTOS:
Resulta motivo de agravio el considerar a contrario de lo resuelto por esta sala en causa Nº 3107.
Esta parte discrepa totalmente con la resolución por los motivos que a continuación expondremos:
1.- Esta Excma. Cámara obvio un detalle de suma importancia, no se procedió a certificar ninguna firma de la presentación de habeas corpus, ni por el Servicio Penitenciario Federal, ni por la Sec. Penal que tramito el expte. En cuestión.
2.- Esta misma Sec. No ratifico formalmente el tramite, en ningún momento los internos fuimos conducidos ante la presencia del Sr. Juez como enuncia la ley.
“…el habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el Juez o Tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad física de la persona, para impedir su desaparición o indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.(Corte Int. 19-07-95- Caso Neira Alegría. Parr. 82).
De estos dos acápites se destaca manifiestamente la tramitación irregular que el expte. 3107 tuvo en su pilar fundamental, como lo es su inicio, es por ello, que esta parte meritúa con sobrado fundamento la nulidad de lo actuado, solicitando se proceda a realizar las diligencias judiciales correspondientes a tenor de lo establecido por ley.
3.- De la verificación recabada por el magistrado instructor poco se puede vislumbrar como para omitir una opinión acertada en el grave tema en cuestión, puesto que; a) sobre la alimentación: solamente se pudo saber de parte del S.P.F., a través de la división administrativa que, “…la alimentación no resulta escasa en cuanto a cantidad, ni pobre en calidad, por cuanto la misma se ajusta a un menú preestablecido por la división asistencia medica, división nutrición, teniendo en cuenta la cantidad de calorías y valor proteico necesarias para el cuerpo humano.”.
Luego a su turno la Procuración Penitenciaria informo que; “…se han recepcionado quejas por la mala y escasa alimentación”.
De ningún modo el S.P.F. informo de forma amplia y certera, no a porto documentación que acredite fehacientemente la veracidad del informe, claro que no lo hizo, porque es falso.
Luego la Procuración Penitenciaria, una institución dedicada exclusivamente al ámbito carcelario, y que tiene a disposición de los internos una línea gratuita (0800-333-9736), donde recepciona infinidad de denuncias. A razón de ello esta misma Procuración informo que en el C.P.F. II, “…no hay recepción a los grandes reclamos en relación con la comida”.
Analizando la situación, de ninguna forma se puede avalar la conclusión del señor juez Dr. Castelli, puesto que eso seria querer esconder un elefante debajo de una frazada. Queda mucho a la vista.
Igualmente lo mas expuesto en el decisorio en crisis, fue sin duda la desidia del Dr. Castelli, ya que entre otras cosas, obvio una inspección ocular en el lugar, situación que, alguno de los que hemos trabajado ligados a la Justicia y a la investigación de un delito, no podemos obviar, por lo menos, si queremos arribar a la verdad.
B) Asistencia Médica: ocurre lo mismo que en el anterior apartado, el S.P.F. informa prácticamente que esta a la altura de la Clínica Suizo Argentina, y la Procuración alega que se recepcionan quejas por falta de una adecuada asistencia. Lo que la Procuración ignora es que muchos internos, por coacción del S.P.F. no denuncian el tráfico de medicamentos que efectúa el S.P.F., incluso la impunidad es tal, que hasta se roban los medicamentos que nuestros familiares nos traen, puesto que el S.P.F dice no tener.
Como ilustración as esta problemática sanitaria, se puede mencionar la denuncia del Sr. Héctor Díaz, de habeas corpus presentado en la sec. 11 del Juzgado Federal Nº 3 de Morón, en octubre de 2004, por desatención medica.
c) requisas: la Procuración Penitenciaria efectúo reiteradas recomendaciones al S.P.F. en cuanto a los procedimientos y sus abusos. Al respecto el Sr. Director Principal del C.P.F. II, informo que “…las requisas son aleatorias y que se adecuan a los reglamentos vigentes”. Omitiendo ventilar las características del procedimiento, que indefectiblemente pondría de manifiesto la ilegalidad del acto, totalmente vinculado a la tortura, a la vejación y al robo de nuestras pertenencias, que a cada requisa debemos soportar.
La constancia que aval ello, es la denuncia Nº 13.374, de la Sec. 1 del Juzgado a cargo del Dr. Castelli, iniciada el 01/09/04, cuyas actuaciones se encuentran en trámite. Si dios quiere y la virgencita de lujan lo permite, ya cumplirá un añito, y estas partes evalúan la posibilidad de al recuperar la libertad antes del año 2019, de festejarle un grato cumpleaños de 15, claro esta, que para esa fecha los testigos estarán todos muertos. Por el momento la gran mayoría, ya obtuvo la libertad. Pero según opinan los colegas del Dr. Castelli y jueces de esta distinguida Cámara, esta es la vía adecuada y no la excepcional del Amparo o del Habeas Corpus.
d) recreación: según el S.P.F, “…la recreación esta a cargo de la sección educación, y esta resulta suficiente”, esto también es falso. La recreación en el patio contiguo al salón de usos múltiples, no es ámbito de la sección educación, sino de la división seguridad interna y requisa, a raíz de esto, la Procuración se explayo mediante informe al Juzgado Federal Nº 1, con motivo del presente habeas corpus. En el expone: “… que hay una limitación de actividad puramente recreativa de una sola hora diaria de recreo en el patio externo contiguo a los salones de usos múltiple de cada pabellón”. Pero ello tampoco es así, puesto que los días sábados, domingos y feriados, no tenemos acceso a él. Tampoco es cierto que esos días tengamos acceso a ninguna película por el sistema (C.C.T.V). Como excusa a esta restricción de recreo de los días señalados, el S.P.F. argumenta la intensiva a fluencia de visita. Pero nada tiene que ver la visita con el patio contiguo al pabellón.
También queda claro que el Director Principal en su informe sigue ocultando información, puesto que no presento tampoco un cronograma de actividades diarias.
e) Visitas: en este punto el S.P.F. fue sumamente escueto, obvio explicar porque requiere de los visitantes tramites suplementarios que la ley no estipula si realmente se ajusta al decreto 1.136/97, ¿Por qué la Procuración Penitenciaria habla de quejas por demora en el ingreso de visitantes?, ¿Por qué habla así también de que el S.P.F requiere solicitud de reincidencia que no esta previsto en el reglamento?.
Bueno en realidad, si V.V.E.E. aplican la lógica, podrán deducir fácilmente los porque.
f) Trabajo: la Procuración Penitenciaria en el mismo informe, apoya los dichos de los suscriptos, al indicar el bajo porcentaje de internos afectados a las actividades laborales. Pero el S.P.F insiste en que “todos los internos tienen acceso al mismo”. Al respecto, estas partes pudieron averiguar que existe el denominado “Programa Nacional del Trabajo en Cárceles y Reinserción social”. Este programa depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y esta dirigido por el Sr. Juan De Filippi, ahora bien, el programa existe, pero no en Marcos Paz.
g) Traslados: el S.P.F informo lo que solo es de público conocimiento, que los traslados son realizados en minibús y móviles tipo mini celular, pero en ningún momento hablo de encadenamientos al piso, ni tampoco de los accidentes que han ocurrido en relación a esta problemática. Ósea, el S.P.F informo lo que se le ocurrió y V.S., creyó lo que le convenía.
4.- Según V.S., el Dr. Castelli, los elementos recabados no revisten circunstancia de emergencia, prevista de la acción de habeas corpus. Aberrante apreciación de V.S., tal vez no sea su fuerte el derecho constitucional, Seria dable que un Juez de la Nación esta obligado a velar por la constitución Nacional, y esta no habla de emergencias, habla de derechos adquiridos, de que todo habitante de la Nación, tiene el derecho a respetar la ley, y a que a su vez se le garantice la aplicación de ella en igualdad de condiciones.
Cuando se habla de la ley 23.098, art. 3, inc 2º, no se puede interpretare el agravamiento en el estado de detención solo se entenderá por emergencia. V.S., podremos ser legos en el derecho, pero no estúpidos.
Hoy nos encontramos detenidos, muchos de nosotros, cumpliendo con la ley, así se nos legitimo nuestro encarcelamiento a través de la ley 24.390 o su modificación. Y así como respetamos esta ley permaneciendo en el lugar de detención cumpliendo una pena anticipada, (“por las dudas”), exigimos también se respeten las demás leyes, como por ejemplo, la ley 24.660, o, 23.098. Recién ahí podremos hablar de un correcto estado de derecho. Y debemos aclararle al Dr. Castelli y a miembros de la Excma. Cámara, que ustedes justamente están para ello, para arbitrar un correcto estado de derecho, sino, ¿para que se les paga un sueldo y se los nombra en ese cargo?. Apropósito de esto, no podríamos ser tan “injustos”, y dejar fuera al Ministerio Publico Fiscal, puesto que pareciera que obtener una matricula de abogado los habilita en un circulo vicioso, que salvo excepciones, todos comulgan la misma política, que basa a su pilar fundamental en ofrecerle la impunidad a los poderosos, fundamento semejante afirmación en lo que observamos durante años la justicia. Con respecto al “trabajo” realizado por el Sr. Fiscal. Según la ley 24.946, art. 40, inc. D, “…los fiscales deberán concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no solo para formar conocimiento y “controlar” la situación de los alojados en ellas, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la Constitución Nacional”.
Desde que nos encontramos detenidos (la gran mayoría que impulsan la presente denuncia, mas de dos años), jamás vimos ni tampoco nos entrevisto ningún fiscal de Morón, tampoco un Juez, y si han visitado el lugar, lo hicieron a escondidas. Pero sinceramente creemos que no han venido, puesto que de haber sido así, serian autores del delito de encubrimiento.
5. No podemos dejar de evaluar las contradicciones expuestas en su decisorio por V.S al momento de afirmar que solo se trata de una crítica general a las condiciones de alojamiento y traslado brindada a los internos del C.P.F.II, la denuncia presentada. Pero luego reconoce que “…ha dado curso a las acciones urgentes, procediéndose, por ejemplo, a traslados a otras unidades, a hospitales para revisión medica, a conseguir medicamentos”. Entonces, si han tenido que conseguir remedios mediante la presentación de otros habeas corpus, es porque realmente la situación denunciada por la Procuración y los suscriptos se ajusta a la verdad. Que los remedios son insuficientes o que son robados por el S.P.F.
Hubo un hombre que hizo quitar para siempre esos humillantes trajes a rayas que le ponían a los presos. Impidió también que se engrillara a los detenidos. Ese hombre de gran humildad se llamo Roberto Pettinato. Intento eliminar los rasgos más retrógrados del sistema. Hasta busco mejorar la dieta de los reclusos y alentar los deportes. Tenia un lema: “que la revolución llegue a las cárceles.
Hay coincidencia entre los estudios que la cárcel deteriora, porque sumerge en condiciones de vida especialmente violenta, muy diferente de las de la sociedad libre y, sobre todo, hace retroceder al preso a etapas superadas de su vida. Por elementales razones de orden interno, se regula la vida en prisión como en la niñez o adolescencia, bajo una autoridad que ordena todos los actos. No es raro por ello que el detenido sufra grandes perturbaciones psicológicas.
La presión no puede ser de otra manera. Esta concebida así. Incluso reparte papeles. Se asignan roles negativos, como los de lideres internos, y roles desviados: Sera aquello que le digas que sea durante años y lo será para los guardias y para los otros presos.
La prisión es una pena que aplica la justicia. Se supone que la pena tiene un fin, que en teoría busca mejorar al infractor.
Esta a la vista que el encierro no mejora a nadie. Los riesgos de homicidios y suicidios en prisión son diez veces más altos que en la vida libre, en una violenta realidad de motines, violaciones, corrupción, carencias medicas, alimentarias, higiénicas. Así la cárcel es un daño corporal y eventualmente una pena de muerte. No hay mucha gente, y menos autoridades, a las que les importe lo que pasa en las penitenciarias.
El derecho penitenciario, o de ejecución penal como es más correcto decir, no puede desentenderse del fin de la pena. Hay dos posturas. Los que hablan de resocialización, lo cual parece imposible por como es la esencia del Servicio Penitenciario y los que asumen sin problema que las cárceles son depósitos de personas que funcionan como venganza. Así las cosas, el debate central debería ser cual es el sentido de penar.
Las prisiones están repletas. La mayoría de los internos viene de grupos sociales vulnerables.
Hay quien plantea que lo que solo queda por hacer es mejorar el trato: que sea lo menos inhumano y dañino posible, como pregonaba Pettinato.
Un solo mensaje se desprende del fallo de la justicia en la presente denuncia, que la impunidad, la corrupción y el doble discurso, no se van a rendir tan fácilmente. Pues no encontramos otro justificativo a tal decisión, ya que V.S., entre otras cosas, ni siquiera se tomo la molestia de enviar un secretario para comprobar tamaña problemática, aunque habernos puesto ante su presencia habría clarificado mínimamente la situación, pero claro, tal vez habría sido el puntapié inicial al esclarecimiento de un cumulo de delitos perpetrados por el S.P.F.
Una vez se escribió una frase que seria oportuna para simplificar esta aberración judicial.
Apropósito de esto, Pagina 12 fue muy oportuno en publicar el 13-02-05, en su pág. 3 de ese periódico un artículo que dirigió a los jueces ya su vez paradójicamente, les sugirió un manual de diez puntos para arrullar causas, a continuación transcribo:
1.- cuando reciba una denuncia indague al sospechoso de inmediato. No importa que no tenga pistas concretas. Hágalo, Después, ¿Quién sospechara de su siesta?. Hay otra variante. Si el denunciado es un funcionario, acepte de inmediato la denuncia y manténgala latente. No lo indague nunca. Siga la máxima que un juez le dijo a un actual ministro: “Cuando un político me denuncie yo pienso: Mañana será caratula”.
2.- Sea espectacular. Allane aunque pueda conseguir los datos por internet. Eso le permitirá dormir la causa sin que nadie piense que Ud. es lento o corrupto.
3.- Si necesita información del exterior, escriba los exhortos con errores. Deben ser leves, para que solo los advierta el país receptor, pero no la opinión pública Argentina. Deniegue el apoyo técnico que le ofrezcan de Suiza o los E.E.U.U. mande exhortos a Uruguay, que suele archivarlos. Y escriba pedidos sin para. Serán rechazados, pero no le dirán que Ud. Tuvo mala intención.
4.- Si es camarista, analice durante un año cualquier estupidez elevada por los jueces de primera instancia. Si integra el nivel de Casación en una provincia o en el Estado Nacional, olvídese de los plazos y los términos de prescripción. Devuelva las causas tarde.
5.- Si es Juez Federal, espere una eternidad para elevar una causa a juicio oral, en realidad Ud. Puede producir una cantidad suficiente de pruebas y después, aportar elementos nuevos. Olvídelo, busque el último detalle aunque la obsesión destruya el caso.
6.- Si forma parte de un Tribunal Oral, no empiece nunca un juicio. Diga que le faltan elementos imprescindibles.
7.- Pida peritajes de más, sobre todo contables. Aguarde la llegada de elementos innecesarios.
8.- Envié cientos de oficios a los órganos judiciales que (Ud. Lo sabe) estén en connivencia con su procesado, y luego no denuncie ninguna irregularidad que venga de ellos.
9.- Si esta en el fuero Penal Económico, deles vía libre a los administradores de una quiebra. Si la causa muere no será su culpa.
10.- Si es fiscal no fastidie al juez con pedidos concretos. Deje que el haga su trabajo solo. Y omita en lo posible las denuncias de oficio anqué haya un delito públicamente visible. Ud. Estas obligado a hacerlo porque es funcionario y lo obliga el Código Penal, pero tranquilícese: muchos periodistas suelen prestar atención solo a la espectacularidad de las apariencias.
V.V.E.E., queremos manifestarles que no es nuestra intención hacernos eco de semejante injuria, lo que no desvirtúa que este manual se este poniendo en practica por algunos jueces. Lo que si estamos en condiciones de manifestar, es una conclusión que hemos elaborado y que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo hoy con este Poder Judicial; “Hoy los jueces son tan incorruptibles, que ni sobornándolos hacen justicia”.
Ojala que dios y la patria los hagan recapacitar en sus conductas y no sigan oprimiendo al ignorante y al que menos tiene.
Por lo precedentemente expuesto de V.V.E.E., solicitamos:
1.- Se conceda el recurso impetrado y se eleven las presentes actuaciones a la Cámara Nacional de Casación Penal.
2.- Oportunamente se revoque el decisorio en crisis y se conceda la acción de habeas corpus.
3.- Se de vista a la defensoría oficial federal Nº 2 de Morón, a fin que sustancie la defensa técnica.
4.- Hacemos expresa reserva del caso federal.
SOSTIENE Y FUNDAMENTA RECURSO DE CASACION
Aníbal J.L. GILARDENGHI, Defensor Publico Oficial de Luis Alberto URQUIJO y José Norberto RODRIGUEZ ante el Tribunal en el expediente nº 3.107, de la Secretaria nº 3, Sala I del mismo a V.E. manifiesto:
I. REFLEXION PREVIA.
La corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en más de una oportunidad que los reclamos de quienes se encuentran privados de la libertad mas allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley (fallos: 308:1386; 310: 592 y 1.934; 311: 2.502,; 314:1.909).-
Además admitió en tales supuestos presentaciones extemporáneas e informales al sostener que era de equidad y aun de justicia, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor (Fallos: 5:549).-
El inciso 2 del articulo 3º de la ley 23.098 describe los casos en que procede la acción de habeas corpus correctivo, dejando librado a la interpretación jurisprudencial la definición que se entiende por “agravación ilegitima de las condiciones de detención “Los jueces deben analizar frente al caso concreto, si la situación denunciada constituye una agravación de las condiciones de detención que toma al encierro en ilegitimo y exige la modificación del hecho que provoca la ilegitimidad del encierro.-
Esta característica de la regulación normativa ha permitido que a través del habeas corpus correctivo sea posible la intervención judicial en multiples aspectos de la vida carcelaria.
Pero también ello permitió que los jueces al momento de decidir sobre los casos concretos, adoptaran una postura sumamente amplia para justificar las deficiencias del funcionamiento del servicio penitenciario y para limitar el contenido de los derechos de las personas privadas de libertad.-
Que vengo a proveer el patrocinio letrado a la presentación realizada por los accionantes in forma pauperis a fs. 1/8, por la que
interpusieron recurso de casación contra el decisorio de la alzada de fs. 107 de la causa 3.107 del registro de la Secretaria 4 Sala II, que confirmo la resolución del juez de grado de fs. 96/104 de la causa Nº 6.546 Secretaria Nº 3 (que corre por cuerda separada) que rechazo el recurso de habeas corpus presentado por mis asistidos.-
Consecuentemente solicito se declare admisible el recurso de casación interpuesto y se eleve la presente conjuntamente con la causa Nº 6.546 del juzgado Federal Nº 1 de Morón Secretaria Nº 3 agregada según interlocutorio de fs. 19 a estos actuados.-
III.- LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. Requisitos de admisibilidad.-
En el presente confluyen los requisitos para el progreso de la via impugnativa:
a) El presente recurso encuentra su procedencia en la previsión del art. 456 inc. 2º del C.P.P.N., en la medida en que el fallo atacado ha inobservado la ley procesal cuyo incumplimiento acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones, ello por transgredir plurales garantías constitucionales (art. 18 y 19 de nuestra carta magna y concordantes de los Pactos Internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional);
b) Se trata de una resolución recurrible, a tenor de lo dispuesto por el art. 457 del C.P.P.N., ya que se trata de un recurso contra una sentencia definitiva, que causa gravamen irreparable para mis pupilos, efectivo y propio;
c) El recurso se deduce ante el mismo Tribunal que dicto sentencia y dentro del plazo establecido por el art. 463 del citado texto legal.
Al respecto los peticionantes recién tomaron conocimiento del fallo cuestionado al momento de la presentación de fs. 2/8 de estos obrados.-
En tanto esta defensa oficial estuvo en condiciones de proveer el patrocinio a los accionantes y brindar andamiento al recurso luego de recibir la causa con los principales agregados por cuerda (fs. 19).-
Por las consideraciones expuestas por mis asistidos que por razones de brevedad y economía procesal doy por reproducidas y las que infra he de exponer considero que la sentencia debe ser casada.-
IV.- GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA DOBLE INSTANCIA:
Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia existe el común entendimiento de que el recurso de casación tradicional, ese que pretendería respetar a rajatabla con estricto rigor formal, la soberanía del tribunal de juicio, en orden a las cuestiones fácticas resueltas intangiblemente en la condena, no garantiza el legitimo derecho al recurso con los alcances consagrados por la legislación supranacional.
Es decir la legislación procesal ha contemplado un remedio, este es el recurso de casación, que resulta un medio hábil para satisfacer el derecho a la doble instancia en materia criminal, pero que es anterior a la incorporación de los tratados internacionales a nuestra carta magna. Es este el único remedio establecido en la normativa procesal penal de la Nación, que debe ser interpretado ampliamente para que resulte adecuado, a riesgo de incumplir compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino y fundamentalmente erigir a una norma procesal con mayor jerarquía que la constitución.
A tenor de lo dispuesto por el Art. 8º apartado 2,inc h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integra nuestra Carta Magna, como uno de los derechos al debido proceso legal, corresponde conceder remedio a fin de asegurar la garantía mínima a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, por lo que no es admisible la distinción entre cuestiones de hecho o de derecho, ya que lo que se trata es de asegurar la revisión de la correcta aplicación o no, de una norma de fondo, es decir, aplicar en plenitud el derecho a la doble instancia.
Por ello la Sala IV de la Cámara nacional de Casación en la causa Nº 4807 del registro de esta sala, caratulada: “López, Fernando Daniel. S/recurso de queja 15 de octubre de 2004) sostuvo “…. El derecho al recurso significa -como ha sido subrayado por la Corte Interamericana, citando el comentario general número 13 del Comité de Derechos Humanos- que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo en el ámbito de los hechos, en el ámbito del derecho y, particularmente, en el ámbito de la pena. El debido proceso forma parte de este derecho, y la revisión de esta Cámara de Casación Penal no puede resultar limitada ni restringirse exclusivamente al derecho, sino que debe convertirse en un recurso que -sin sacrificar la inmediación- haga justicia en el caso concreto.
En otros términos, el derecho de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que lo tornen ilusorio, e independiente de la denominación que se le dé al recurso existente para impugnar un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen
integral de la decisión recurrida (cfr. Corte IDH, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia del 2 de julio de 2004, puntos 164 y 165).
Lejos de constituir un criterio dogmatico de delimitación, la tradicional separación entre cuestiones de hecho y de derecho importa al retraimiento continuo de la garantía invocada, pues no solo ignora -como ha sido señalado en el voto de los jueces Petracchi y Fayt en fallos 321:494- que “en la mayor parte de los casos, la propia descripción de los presupuestos fácticos del fallo está condicionada ya por el juicio normativo que se postula (conf. Luigi Ferrajoli, “Derecho y Razón”, trad. De P. Andrés Ibáñez y otros, Madrid, 1945, t. II, págs. 294 y sgtes.).
En suma, los compromisos internacionales asumidos por la Nación impiden que mediante formulaciones teóricas se niegue el tratamiento del planteo del recurrente en segunda instancia….”
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (S) (20/09/2005 autos “Casal Matías E. y otro”, sostuvo que “….la interpretación restrictiva del alcance de la materia de casación, con la consiguiente exclusión de las llamadas cuestiones de he hecho y de prueba, viola el derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria consagrado en el Art. 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B 1250).-
En síntesis, a partir de una interpretación integradora del art. 8.2 h de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Art. 456 del Cod. Procesal Penal de la Nación, debe concluirse que en nuestro derecho resulta aplicable la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento, lo cual produce como consecuencia el abandono de limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho.
V.- BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS SOMETIDOS A JUICIO
El 21 de junio de 2005 Luis Alberto Urquijo, José Norberto Rodríguez y Marcelo Fabián Olivera en su carácter de internos de la Unidad del Servicio penitenciario Federal de Marcos Paz, interpusieron un recurso de habeas corpus correctivo y colectivo.-
Además de las denuncias, incumplimientos y violaciones de raigambre constitucional, ofrecieron y solicitaron la producción de la prueba.-
El juez de grado soslayo las medidas propuestas, solicitando informes a los denunciados y al procurador penitenciario.
Además ordeno la constatación por parte de un fedatario, de las demandas y/o denuncias que hubieren presentado con anterioridad los accionantes.-
Luego con los informes producidos resolvió rechazar la acción de habeas corpus emprendida por los denunciantes, detallando lo antes mencionado y el resultado de los mismos.-
Además de fundamentar su decisorio sostuvo:
1.- Que todas las cuestiones referidas en la acción ya están en conocimiento del Ministerio de Justicia del cual depende el Servicio Penitenciario Federal y forman parte del expte. Nº 3798/05 al igual que el expte. 6720 de la Procuración Penitenciaria.-
2.- Que en diversas presentaciones anteriores la Cámara del Circuito resolvió confirmar el rechazo de las acciones, ya que estaba siendo investigada por el Juzgado Federal Nº 3 de Morón y no se advertía situación de riesgo actual en la demora;
3.- Que la presentación en análisis no reviste la circunstancia propia de emergencia de la acción de amparo;
4.- Que conforme el artículo 3º de la ley 24.660 dispone la remisión de lo actuado a cada uno de los jueces a cuya disposición se encuentran los detenidos.-
Pero resulta que incurriendo en una flagrante contradicción y a pesar del rechazo del habeas corpus por los argumentos expuestos, en el acápite IV del resolutorio decide oficiar al Ministerio de Justicia para optimizar, en la medida de lo posible, las condiciones de alojamiento y traslado de los internos del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.-
VI.- EL FALLO RECURRIDO-CRITICA Y FUNDAMENTO DEL RECURSO.
Inobservancia de las normas procesales, cuyo incumplimiento se conmina con sanción de nulidad y violación de las normas constitucionales (ARTICULOS 398, 456 INC. 2º Y 404 INC. 2º DEL CPPN, 18, 75 INC. 22 DE LA CONSTITUCION NACIONAL).
Para cumplir con una verdadera revisión de la sentencia condenatoria en la instancia casatoria no debe atenderse a una distinción meramente formal en el nomen iuris de las cuestiones expresadas en los agravios, como así tampoco de los incisos del articulo 456 del CPPN, invocados para la procedencia del recurso, sino que, por el contrario, deben analizarse los motivos de manera complementaria, con independencia de su clasificación.
Se ha rechazado la presentación de Urquijo y los coaccionantes, sin que se hayan verificado los extremos señalados en la petición, toda vez que no se ha constituido el a quo o un funcionario por delegación en la Unidad Penitenciaria, para verificar la verosimilitud de las graves violaciones denunciadas en la petición.
Ello no puede suplirse con los informes requeridos a las autoridades denunciadas o al Procurador Penitenciario que carece de facultades para ello.- Además no se cito a los accionantes para ratificar la presentación y/o ampliar, ni se produjo ninguno de las pruebas propuestas por los mismos.-
Contrariamente por lo resuelto por el a quo, y confirmado por la alzada, sostengo que la petición formulada por mis pupilos resulta idónea para la protección de los derechos afectados, toda vez que los mismos requieren una acción expedita y rápida sin que exista otro medio judicial que pueda cumplir con los fines requeridos.- Además se interpone contra actos y omisiones de autoridades públicas que prima facie lesionan, restringen y alteran con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos por la Constitución incorporados por el art. 75 inc. 22 de la C.N y la ley.
No puede descartarse la acción emprendida por los accionantes, so pretexto de existir interposiciones anteriores de recursos de tipo similar, puesto que ante la falta de respuesta de las presentaciones de mis asistidos se habrían verificado hechos que importarían nuevas lesiones a los derechos y garantías de los mismos, es decir que con cada día de malos tratos, falta de higiene, de alimentación adecuada, inexistencia de atención medica, se produce una nueva violación constitucional cuya única vía de reparación resulta ser la intentada por los peticionantes.-
Asimismo se incurre en un claro error conceptual, al sostener que el ejercicio de la acción tenga lugar de manera individual y separada ante cada uno de los jueces a cuya disposición se hallan detenidos quienes interponen el
habeas corpus, como también equivale a desvirtuar la previsión constitucional de una acción grupal o colectiva como medio mas idóneo para la solución de la controversia en el caso de los derechos de incidencia colectiva.
Por lo demás, en atención a la situación denunciada, que el propio juez de grado reconoce aun parcialmente en el acápite IV de decisorio (fs. 104 causa 6.546 anexa), el ejercicio de acciones individuales en procesos separados podría incluso perjudicar a los miembros del colectivo.
Así tal rechazo confirmado por la alzada el 24 de junio del 2.005 fs. 107 Registro Nº 2.945 de la Sala II Secretaria Nº 4, se encuentra desprovisto de fundamentación, no bastando conforme fuera explicitado ut supra, con la remisión a peticiones similares, sin que exista la comprobación de las circunstancias reseñadas por mis asistidos.
A su vez debe ser valorado que constantemente se recibe la información de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales sobre la creciente preocupación respecto de las condiciones en que son alojados los detenidos en las cárceles y comisarias de nuestro país. En este sentido una visita de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU luego de recorrer 11 cárceles y comisarias que alojan internos calificaron las condiciones de los detenidos como “graves, crueles e inhumanas”, en especial criticaron la falta de infraestructura sanitaria, la superpoblación y las condiciones de hacinamiento “peores a las condiciones de países no democráticos como irán”.
En la eventualidad de que puedan verificarse casos de agravamiento de las condiciones de detención de las personas que están alojadas en una unidad penitenciaria, que importarían trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad internacional del Estado Nacional, debe ser el Poder Judicial que ordene que, con la debida urgencia del caso, se hagan cesar toda circunstancia que ponga en peligro la vida y la integridad física de los detenidos, extremando la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y de las demás que Nacional e Internacionalmente, imponen el tratamiento digno de toda persona privada de la libertad, en especial en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros.
No se pretende que el órgano jurisdiccional realice un análisis acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de los cursos de acción que el
Poder Ejecutivo desarrolla en la materia, pero si que se someta al control de legitimidad legal y constitucional, esto es de los estándares jurídicos fijados en materia penitenciaria por la constitución nacional y diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky” (C.S. 03/05/05, La Ley, Sup. Const. 2005 julio, pag. 32) ha reconocido a las herramientas previstas en el art. 43 de la Constitución Nacional un carácter amplio, cuando permiten la protección de bienes jurídicos de valor prioritario como es la vida, la integridad física y la salud del ser humano, no precisamente para reducir o acortar su tutela sino para privilegiarla.
Por cuanto se ha advertido sobre el riesgo a la salud e integridad física de los requirentes y el colectivo, debe concederse un alcance amplio al art. 43 de la C.N., por considerarse violada la norma del artículo 18 “in fine” del mismo cuerpo, y diversas normas contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte del bloque constitucional.
Por otra parte “Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas”, si bien carecen de la misma jerarquía de los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal, se han convertido, por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad.
No es posible permanecer indiferente ante situaciones incompatibles con la Constitución Nacional y los Tratados internacionales y dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado su preocupación por la dolorosa realidad que afecta a las personas privadas de su libertad, debe asegurarse que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos penitenciarios no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos.
Ante la invocación de violaciones de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los tratados de jerarquía Constitucional incorporados por el art. 75 inc. 22 de la C.N., y la ley 24.660, formulo expresa reserva del caso federal de acuerdo a la modalidad impetrada (artículo 14 de la ley 48), ya que según el criterio del mas alto Tribunal de Justicia de la Nación, es definitiva a los fines del recurso extraordinario, la decisión que declaró inadmisible la acción impetrada.-
Además el gravamen que provoca es de imposible e insuficiente reparación ulterior en la medida en que las denunciadas vulneraciones de distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales demandan una tutela judicial efectiva e inmediata que no admite el diferimiento a otro tipo de procesos o instancias.-
1º) Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por ése tribunal, el 24 de junio (fs. 107 de la causa 3.107 del registro de la Secretaria 4 Sala II), que confirmo la resolución del juez de grado de fs. 96/104 de la causa Nº 6.546 Secretaria Nº 3 (que corre por cuerda separada) rechazando el recurso de habeas corpus presentado por mis asistidos.-
2º) Se haga lugar al remedio ante la Cámara Nacional de Casación Penal para que se imprima el tramite respectivo y se expida conforme a lo peticionado (art. 464, 471 y concordantes del CPPN).
3º) Se case la sentencia en crisis, en todo en cuanto ha sido materia recursiva.
4º) Se tenga presente la reserva del caso federal de acuerdo a la modalidad impetrada (art. 14 de la ley 48).
Quieran VV.EE tenerlo presente y proveer de conformidad.-
DEFENSORIA OFICIAL, 17 de Noviembre de 2.005.-
E. 9.025
Aníbal José Luis Gilardenghi
Causa Nº 6546 – Sala II – “Urquijo Luis Alberto y Rodríguez José Norberto s/recurso extraordinario”
REGISTRO Nro: 9259
///nos Aires 16 de noviembre de 2006.
Para decidir acerca de la admisibilidad de los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 46 vta., 48 y 60/61.
1º) Que los procesados Luis Alberto Urquijo y José Norberto Rodríguez deducen los remedios federales “in forma pauperis” que fueron fundados legal y técnicamente -a fs. 64/73- por el señor Defensor Público Oficial doctor Guillermo Lozano contra la decisión de este tribunal de fecha 18 de marzo del año en curso, por la cual se declaro mal concedido el recurso de casación articulado contra la resolución emanada de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martin, en cuanto confirmo el pronunciamiento del juez de grado que desestimo la denuncia de habeas corpus impetrada.
2º) Que al fundar el recurso extraordinario el letrado defensor por las razones de hecho y derecho que explicita a fs. 64/73 solicito la descalificación del fallo por aplicación de la doctrina de las Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de arbitrariedad de sentencias, pues carecía de adecuada fundamentación e incurrió en rigorismos formales omitiendo pronunciarse respecto de la vulneración del derecho federal oportunamente invocado.
Planteó el pretenso agravamiento de las condiciones de detención de sus asistidos y adujo que existía cuestión constitucional toda vez que conforme había sido resuelto el caso, el derecho a la vida, a la integridad física, a la ejecución de la pena privativa de la libertad en absoluto resguardo de los derechos humanos y el derecho a
una instancia revisora de las decisiones de los jueces de la causa, no habrían sido garantizados en el pronunciamiento recurrido.
3ª) Que al contestar el traslado conferido a fs. 74 el señor Fiscal General ante esta instancia doctor Ricardo Gustavo Wechsler – fs.75 y vta. – solicito que no se hiciera lugar a la vía intentada, quedando finalmente estos autos a estudio del Tribunal.
4ª) Que el remedio federal ha sido interpuesto en término habida cuenta la fecha que el defensor fue notificado de la voluntad recursiva de los inculpados (confr. Fallos: D. 293. XXXIX “Dubra, David Daniel y otro s/causa Nº 348”; V. 146. XXXIX “Villarreal Rodríguez, Oscar Alejandro s/homicidio culposo -causa Nº 332/00-“, falladas el 21 de setiembre de 2004.).
En tales condiciones, se considera que el recurso no resulta extemporáneo.
Una vez superada la cuestión relativa a la tempestividad del remedio federal, cabe señalar que de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo decidido acerca de los alcances que la Constitución y la ley asignan al habeas corpus como remedio para garantizar el amparo otorgado por el art. 18 de la Carta Fundamental, suscita cuestión federal suficiente para ser analizada en la instancia extraordinaria (fallos: 323:4108 y sus citas).
Además, la resolución recurrida constituye sentencia definitiva, a tenor de lo establecido en el articulo 7 de la ley 23.098, y proviene del tribunal superior de la causa, de conformidad con el criterio establecido por el Alto Tribunal en el precedente de fallos: 327:5756.
Por lo expuesto, esta Sala RESUELVE: Conceder los recursos extraordinarios deducidos a fs. 46 vta., 48, 60/61 y fundados a fs. 64/73, sin costas.
Regístrese, notifíquese y elévese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con oficio de estilo.
Dr. Juan E. Fegoli
Dr. Gustavo Michel
solo espero q el seoñor urquijo estevez ya este en libertad ,si es q hay justcia en este pais.
By: Silvina Rota on abril 18, 2010
POR FAVOR PARA VER SI LA MINISTRA MANDA EL TRASLADOS DE LOS PRIVADOS DE LIBRETAD QUE ESTAN ANNEGADOS EN YARE ES URGENTE
By: JARAMILLO on mayo 1, 2014

References: in fine
 resolución 
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 artículo 3
 artículo 18
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 artículo 18
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