Source: https://www.scribd.com/document/251609152/Fallos34386-apelacion-violacion-del-derecho-de-defensa-en-juicio-tiempo-prudencial-camara-de-acusacion-de-cba-pdf
Timestamp: 2018-11-21 21:29:02+00:00

Document:
Fallos34386 apelacion violacion del derecho de def...
Eficacia de Los Elementos de Convicción en El Proceso Por Colaboración Eficaz
13116-52228-1-PB (1)
Resumen Apuntes Proceso Civil III
RECURSO DE APELACIÓN - REQUERIMIENTO DE CITACIÓN A JUICIO - EJERCICIO
EFECTIVO DEL DERECHO DE DEFENSA - PLAZO PRUDENCIAL - NULIDAD. PRINCIPIO
1.En el sub judice, debe ser anulada la requisitoria fiscal de elevación a juicio, en tanto de las constancias de autos surge que el imputado no ha tenido una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de
defensa material, dado que no se le ha otorgado el tiempo mínimo necesario para llevar adelante ninguna estrategia defensiva. 2.El legislador ha considerado que el fiscal, para revisar una causa no investigada por él y dictaminar en ella, necesita de hasta seis días corridos (CPP, art. 347). Pues bien, es razonable pensar que un defensor necesita aproximadamente de ese tiempo –en tanto no se trate de causas
complejas, en las que el plazo ha de ser mayor– para poder interiorizarse de la causa y elaborar una
estrategia que importe un ejercicio efectivo de la defensa. El órgano persecutor debe, en consecuencia,
abstenerse de requerir la citación a juicio durante ese lapso razonable.3.De este modo, el art. 354 del
CPP debe ser entendido de la siguiente manera: el fiscal de instrucción sólo puede requerir la citación a
juicio si la declaración del imputado obrante en la causa puede ser tenida, en el caso concreto, como un
ejercicio efectivo del derecho de defensa. Si, por el contrario, la declaración del imputado no puede
reflejar más que un ejercicio meramente formal del derecho en cuestión (que es lo que por regla ocurre
en los supuestos de abstención y/o negación del hecho sin ulterior declaración), y no obstante ello el
ministerio público requiere la elevación a juicio, esa requisitoria presentará un vicio que, de presentarse
además determinadas circunstancias, conlleva su nulidad absoluta, pues hace a la intervención del imputado en el proceso y afecta directamente a la garantía constitucional de defensa en juicio, generando
en consecuencia una nulidad declarable, aun de oficio, en cualquier momento del proceso (CPP, arts.
185 inc. 3º, 186 segundo párrafo y cctes.).4.Es sabido que lo dirimente para decidir si corresponde o no
declarar una nulidad es el denominado principio de interés, conforme al cual toda nulidad (incluso la
de carácter absoluto) sólo debe ser dictada en la medida en que el vicio del acto genere un perjuicio
cierto al que la reclama. Pues bien, este principio impacta también en la resolución de casos como el
presente, en el sentido de que incluso cuando se trata de la omisión de formas esenciales en el cumplimiento de determinados actos procesales, lo determinante no es esa omisión en sí, sino el efecto pernicioso real y efectivo que ella produce o puede producir en la posición procesal del potencial afectado
(Voto en mayoría de los DresBarberá y Gilardoni). 5.si el apelante no ofrece nuevos argumentos
probatorios, sólo en casos excepcionales resultará factible disentir desde esta alzada con lo ya resuelto
al respecto por tribunales que, como sucede con los juzgados de control, han tenido oportunidad de
revisar minuciosamente toda la prueba colectada en autos. De allí que, salvo supuestos de manifiesto
error en la valoración de la prueba por parte del inferior –lo cual no sucede en el caso sub examine–, la
ausencia de argumentos sustancialmente nuevos en el recurso de apelación conducirá, por regla, a su
rechazo en esta sede, como de hecho corresponde que suceda en este caso ( Voto en minoría del Dr.
no se encuentran acreditados en autos los aspectos objetivo y subjetivo del tipo delictivo. pasando los autos a estudio del tribunal. se ha visto afectado el derecho de defensa de su asistido. insuficientes a los efectos de fundar la elevación dispuesta. 53/58 vta. 46) y elevados los autos a este tribunal (fs. presenta informe sobre el fundamento de sus pretensiones.I) No hacer lugar a la oposición al requerimiento de elevación a juicio. conforme al orden que antecede. de autos) y en lo que a los agravios se refiere. tanto de la solicitud de ampliación de la declaración indagatoria de su pupilo procesal. impidiéndosele producir prueba alguna y prestar declaración sobre el hecho cuya comisión se le atribuye (conf. 41/43 vta. en su opinión. en su carácter de defensor del incoado Sergio Alfaro Farías.. 465 del código de rito. como de la prueba ofrecida. de autos). la relación del hecho intimado ha soslayado las circunstancias de modo. disponen que emitirán sus votos en el siguiente orden: 1º) Gabriel Pérez Barberá. el apelante. de fecha 06/02/12. 45/45 vta. manifestando que se agravia en razón de considerar que. sino también la ampliación de la declaración indagatoria prestada por su pupilo procesal. el planteo opositor no es de recibo . de autos por el Dr. En dicho escrito la defensa manifiesta que. solicitando el apelante respecto de esta cuestión no sólo el testimonio de Agustina Astudillo.2 45/45 vta. Bernardo Javier Cima. por ante el a-quo e interpone recurso de apelación en contra del auto arriba mencionado. 41/43 vta.. a su juicio. manifiesta que. a su juicio. III) El juez de control en el decisorio apelado (obrante a fs. en su opinión.. Y CONSIDERANDO: A) Que. el vocal Gabriel Pérez Barberá dijo: I) A fs. durante el término del emplazamiento establecido en el art. DE LOS QUE RESULTA: Que los señores vocales de esta Cámara de Acusación. 3º) Francisco Horacio Gilardoni. Asimismo se agravia el apelante en lo que atañe al rechazo. a su juicio. de autos. en contra del Auto Interlocutorio N° 1. considerando el quejoso que las probanzas colectadas resultan. Bernardo Javier Cima. dando así cumplimiento a lo normado por el art. su escrito obrante a fs. en su carácter de defensor del incoado Sergio Alfaro Farías. 2º) Carlos Alberto Salazar. 462 del CPP. en cuanto dispone: “. Plantea el letrado la nulidad de la requisitoria de elevación de la causa a juicio en razón de considerar que. obrante a fs. impugnando el hecho relatado en la pieza acusatoria. que era quien acompañaba al incoado en ese momento..”. 48). II) Concedido el recurso (fs. de autos comparece el Dr. reunidos con el objeto de dictar resolución en estos autos.
b) el mismo día. un análisis minucioso de la causa me convence de que debe ser anulada la requisitoria fiscal de elevación a juicio. fs. y a la cartera y al celular como a los objetos arrebatados. lo que concuerda plenamente con el acta de secuestro de fs. manifieta el juez que. modo y lugar contenidos en la plataforma fáctica. todos coinciden en su afirmación de que la prenda que cubría su torso era “azul con rayas”. fechada el día martes 29/11/11 (conf. y c) inmediatamente después de la solicitud de copias. En efecto.por estimar que la prueba colectada en autos resulta suficiente como para sostener. ya que la presente es meramente preparatoria del juicio. IV) Ingresando al tratamiento de la apelación interpuesta. en consecuencia. tanto la existencia histórica del hecho. a saber: a) el imputado Alfaro Farías presta su declaración indagatoria con fecha viernes 25/11/11 (conf.). “una campera” o “una remera”. a lo que se le hace lugar (conf. fs. 29/29 vta. 6.). lo que es coincidente con lo manifestado por el policía que intervino en el procedimiento. fs. El magistrado no advierte contradicción en los dichos de los testigos Galván y Goesende. considera el magistrado que la nueva declaración indagatoria y la declaración de la novia del encartado pueden ser ofrecidas en la etapa procesal venidera. 31/33). de una atenta lectura de las constancias de autos surge de manera evidente que el imputado no ha tenido una oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa material. en las circunstancias de tiempo. dado que no se le ha otorgado el tiempo mínimo necesario para llevar adelante ninguna estrategia defensiva. considerando el juez que la instrucción se encuentra completa. esto es. En razón de ello. destacando que las mujeres reconocieron al encartado como al autor del hecho cuando él se encontraba en el suelo. en orden a permitirle al imputado el ejercicio efectivo de su defensa material. y correspondiendo. obra en autos la requisitoria fiscal de elevación a juicio. En lo que atañe a la vestimenta del encartado. el día hábil inmediato posterior al de la declaración indagatoria referida. 30/30 vta. con el grado de probabilidad requerido por esta etapa del proceso. como la autoría del inculpado y su punibilidad. Tal circunstancia surge de un simple repaso de las fechas de los actos procesales cumplidos en autos durante la investigación preliminar. el abogado defensor solicita copias simples de todas las actuaciones. la elevación a juicio de la presente causa. Se . oportunidad ésta en la que se limita a negar el hecho y abstenerse de declarar. si bien los testigos refieren que vestía “un buzo”. con el grado de probabilidad requerido por esta estapa del proceso. encontrándose acreditados ambos extremos de la imputación jurídicoprocesal.
Frente a ello. 354). 106 del CPP Nación (que concede expresamente al abogado defensor el derecho a examinar las actuaciones antes de aceptar el cargo). como una mera formalidad para poder acceder a las actuaciones antes de aconsejar a sus asistidos una determinada defensa material. En efecto. en virtud de lo dispuesto por el art. que el fiscal de instrucción se contente con esa primera declaración del perseguido penalmente para. como todas las demás que hacen a su accionar como órgano persecutor penal.4 trata. que es lo que quiere la Constitución. requerir la citación a juicio. debe ser ejercida sin vulnerar el derecho a la defensa del imputado. del CPP local. art. 312. como se ve. y no en aras de garantizar un ejercicio efectivo de ella. en la que éste negó el hecho y se abstuvo de declarar. 321:1424. que debe ser diligente en el ejercicio de su profesión. 331:2520). y esto último es precisamente lo que no ha ocurrido en autos. puede tener como consecuencia –al menos en determinadas circunstancias– el cierre de toda posibilidad a que incluso un abogado defensor diligente pueda ejercer su tarea técnica de modo efectivo. entonces. en nuestra provinca la primera declaración del imputado es utilizada estratégicamente por los defensores. ciertamente. Fallos. Pero obliga también a los órganos del Estado a conducir el procedimiento de forma tal de permitirle al defensor técnico ser diligente en su tarea. Ello. 311:2502. 327:5095. Es sabido que. como límite de toda actividad estatal en el proceso penal. 308:1386. primera parte. en este caso concreto el fiscal dictó su requerimiento de elevación de la causa a juicio el día hábil inmediato posterior a la primera declaración del imputado. Aquel ha orientado su actividad persecutoria. Es verdad que. Esa conducta del fiscal . dado que el CPP de Córdoba no contiene una norma como la del art. genera una obligación para el abogado defensor. Sin embargo. 319:1496. cuya legitimidad debe ser puesta en examen en esta sede. En este sentido. acto seguido y de modo prácticamente inmediato. el fiscal puede requerir la elevación de la causa a juicio. de un accionar de por sí sumamente llamativo. muchas veces. que es lo que exige la Corte Suprema como máximo intérprete de la Constitución. en tanto garantía constitucional. tal como fuera ya reseñado. es sabido que la CSJN tiene dicho en numerosos precedentes que la mencionada garantía obliga a que la defensa técnica del imputado pueda ser ejercida de manera efectiva y no sólo de modo meramente formal (cf. en tanto se den los demás requisitos que exige la ley (CPP. tomada declaración al imputado. 329:1794. que permite a las partes el examen de las actuaciones sólo después de la primera declaración del imputado. en función de un cumplimiento meramente formal de la garantía de defensa. que opera. es claro que esta facultad del ministerio público.
durante el cual el defensor perfectamente pudiera haber hecho lo que no hizo. En cuanto a la primera. en función de la actuación de la fiscalía. el defensor nada ha podido hacer (y no se tiene por tanto ningún indicio. ciertamente. la omisión resultante será achacable sólo a él. Corresponde analizar. pero que bien pueden orientar lo que debe ser considerado un accionar correcto en este contexto. no medien faltas de respuesta del ministerio público o de la jurisdicción a expresas solicitudes de la defen- . finalmente. pese a haber contado con todas las posibilidades para llevar adelante su tarea de modo adecuado. 259 y 260 del CPP. Este. de cuáles hayan sido las circunstancias concretas del caso. En efecto: si dicho proceder se consintiera. como se dijo. por el accionar del fiscal. lo cual es constitucionalmente inaceptable. claramente. hubiera podido ejercitar. si no declaran materialmente en forma exhaustiva en esa primera oportunidad. consagran los arts. de modo amplio. o una situación en la que se está ante un defensor que. que por supuesto no agotan el universo posible de hipótesis que podrían presentarse. en tanto autoriza al imputado a declarar “cuantas veces quiera” (siempre que. etc. no es el caso de autos. 266 del CPP. a continuación. que alguna de estas tres inaceptables consecuencias se produzca depende. con lo que se afectaría el derecho a no declarar o a abstenerse de ello que. el perjuicio defensivo que se genere si se presentan esas circunstancias: si el fiscal de instrucción requiere la elevación a juicio después de un tiempo prudencial tras la primera indagatoria. sin ser negligente. por cierto. Y. a él –y no al Estado– le será imputable el perjuicio sufrido por su asistido por no haber contado con una defensa efectiva sino meramente formal.puede significar. además. no obstante no ha ejercitado a tiempo la actividad defensiva que. no lo hizo. acerca de su diligencia). En ese caso. Pues no es lo mismo. se generaría en los sometidos a proceso un temor fundado a que. su finalidad no sea sólo dilatoria o perturbadora). que en la práctica termine siendo letra muerta la norma del art. no podrán ya hacerlo durante la investigación preliminar (pues corren el riesgo de que el fiscal pida la elevación a juicio sólo con esa primera declaración). u otra en la que. la constatación de que el defensor ha sido negligente presume que. Ahora bien. tal proceder del ministerio público puede llegar a tener en la práctica un efecto coactivo y restrictivo respecto a la defensa. ni positivo ni negativo. por ejemplo. cada una de estas situaciones hipotéticas. En cuanto a la segunda situación. también será imputable al propio defensor. en tanto y en cuanto. una situación en la que el abogado defensor ha sido diligente que una en la que no lo ha sido. y no al Estado.
elaborar la estrategia que considere más conveniente para una defensa efectiva de su asistido. entonces el órgano persecutor penal está obligado a conceder al defensor un plazo prudencial para que éste. El plazo deberá adecuarse a las características del caso concreto. nada dice. En este supuesto sí es flagrante la violación a la garantía constitucional de defensa en juicio por parte del ministerio público. o pidiendo participación en los actos instructorios. que en su aspecto material ha de concretarse en forma plena sólo en la ampliación de su declaración. Como se ve. como se dijo. y en ese sentido no está de más remarcar nuevamente que las hipótesis aquí indicadas como posibles son sólo ejemplos y de ninguna manera un catálogo exhaustivo. manifiesta. pueda dar cumplimiento al mandato de defensa efectiva. o da muestras de que puede llegar a considerar posible una segunda declaración (solicitando copias. del derecho de defensa. no es viable establecer un término fijo. en efecto. simplemente. Tampoco es necesario que el órgano persecutor penal dicte resolución alguna en el que fije un plazo. Desde luego. incluso sabiendo que la defensa quería interiorizarse pormenorizadamente de la causa porque había solicitado copias (que de hecho le fueron expedidas). Tratándose de un lapso prudencial. no prevé en una norma expresa el derecho del abogado a leer las actuaciones antes de aceptar el cargo) obliga al órgano persecutor penal a considerar a la primera declaración del imputado como una mera formalidad. inmediatamente después de cumplida la primera indagatoria. o incluso. porque ese accionar del fiscal ha impedido precisamente lo que la Corte en tantas ocasiones ha enfatizado que debe garantizarse: un ejercicio efectivo. para cada . que no es su voluntad que su asistido declare nuevamente (pues considera que esa es la estrategia defensiva más conveniente para ese caso). el defensor nada ha podido hacer. a partir de ese momento. el fiscal requiere la citación a juicio en forma prácticamente inmediata tras la primera indagatoria.). y ser en consecuencia más o menos extenso según la complejidad de la causa y de otras circunstancias que. Lo que en estas actuaciones ha ocurrido es lo planteado en la tercera hipótesis: por el accionar del fiscal. El diseño de nuestro sistema procesal (que. como consecuencia de ello.6 sa. por el contrario. y no meramente formal. la defensa pueda tener acceso pleno al expediente y. y el defensor. por ejemplo. etc. Pero si esto último no sucede. cada caso deberá ser analizado conforme a sus circunstancias específicas. En este caso. con la debida constancia escrita. que debe ocurrir solamente para que. Pero tampoco esto es lo que ha sucedido en autos. durante él. solicita expresamente una nueva audiencia para la declaración ampliatoria de su asistido. no podrá predicarse este mero carácter formal a la primera declaración del imputado si el defensor.
en autos “Sicot”: prohibición de la nulidad por la nulidad misma). sino el efecto pernicioso real y efectivo que ella produce o puede producir en la posición procesal del potencial afectado. en el caso concreto. necesita de hasta seis días corridos (CPP. Pues bien. Nº 206. de acuerdo con los criterios de orientación fijados en las consideraciones precedentes. Si.caso. corresponda valorar. y no obstante ello el ministerio público requiere la elevación a juicio. (cf. por el contrario. corresponde demostrar ese perjuicio como condición pre- . es sabido que lo dirimente para decidir si corresponde o no declarar una nulidad es el denominado principio de interés. conlleva su nulidad absoluta. Así. en consecuencia. También en este caso. en las que el plazo ha de ser mayor– para poder interiorizarse de la causa y elaborar una estrategia que importe un ejercicio efectivo de la defensa. el legislador ha considerado que el fiscal. 347). abstenerse de requerir la citación a juicio durante ese lapso razonable. El órgano persecutor debe. con los plazos legales que sí están previstos e incluso orientarse en función de éstos. lo determinante no es esa omisión en sí. De este modo. es razonable pensar que un defensor necesita aproximadamente de ese tiempo –en tanto no se trate de causas complejas. debiendo dicho término ser armónico. el art. por lo tanto. 3º. Pues bien. por ejemplo. aun de oficio. en cualquier momento del proceso (CPP. este principio impacta también en la resolución de casos como el presente. pues hace a la intervención del imputado en el proceso y afecta directamente a la garantía constitucional de defensa en juicio. de presentarse además las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente. 354 del CPP debe ser entendido de la siguiente manera: el fiscal de instrucción sólo puede requerir la citación a juicio si la declaración del imputado obrante en la causa puede ser tenida. esa requisitoria presentará un vicio que. por supuesto.). del 13/08/08. art. conforme al cual toda nulidad (incluso la de carácter absoluto) sólo debe ser dictada en la medida en que el vicio del acto genere un perjuicio cierto al que la reclama. generando en consecuencia una nulidad declarable. en el sentido de que incluso cuando se trata de la omisión de formas esenciales en el cumplimiento de determinados actos procesales. para revisar una causa no investigada por él y dictaminar en ella. la declaración del imputado no puede reflejar más que un ejercicio meramente formal del derecho en cuestión (que es lo que por regla ocurre en los supuestos de abstención y/o negación del hecho sin ulterior declaración). 186 segundo párrafo y cctes. TSJ. sin perjuicio de todo lo dicho hasta aquí. 185 inc. Ahora bien. como un ejercicio efectivo del derecho de defensa. Sent. arts.
incluso en casos como esos puede ser de todos modos perjudicial para el imputado que no se le dé opotunidad de declarar materialmente si su finalidad es indicar alguna circunstancia referida no a la existencia del hecho ni a su autoría. Como consecuencia de ello. en función de lo aquí resuelto. sustentaría a futuro también la solicitud de declaración de la testigo requerida a partir de lo dispuesto por el art. en el término de tres días haga uso de su derecho a solicitar una ampliación de la declaración de su defendido (CPP. eventualmente. 267 y cctes. en función de lo que resulte de la actividad defensiva. V) Por todo lo expuesto. admite. el apelante no brinda ningún argumento que demuestre el error de la valoración efectuada por el a-quo en lo atinente tanto al examen de los elementos de convicción colectados en los presentes actuados en orden a establecer. y a partir de allí actuar en consecuencia. conforme a la normativa procesal aplicable (CPP. si es su deseo. 37 vta. no obstante que. corresponde declarar en estas actuaciones la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio.8 via al dictado de la nulidad en cuestión por el vicio señalado. sino a algún motivo que aminore su responsabilidad. 267 del CPP. los autos deben bajar a la fiscalía de instrucción interviniente. la defensa expone que en el momento del hecho Alfaro Farías se habría encontrado regresando de un baile en compañía de su novia. Es lo que se desprende con toda claridad no sólo de lo ya dicho (características del hecho y modalidad de la investigación) sino también de la circunstancia específica de que. por cierto –y otra vez sólo a título de ejemplo–. hipótesis alternativas a la de la acusación cuya eficacia no puede ser negada a priori. con el grado de probabilidad requerida por esta etapa del proceso. como al . a fs. un análisis minucioso de la causa me convence de que el recurso intentado debe ser rechazado.. 550 y 551 CPP). Distinta podría ser la situación –y dicho esto sólo en principio y a mero título de ejemplo– en un caso de flagrancia en la que el hecho delictivo hubiese sido presenciado en forma directa por testigos independientes. dijo: Ingresando al tratamiento de la apelación interpuesta. art. y ésta deberá notificar al defensor del imputado para que. En efecto. pues se trata de un hecho que. Agustina Astudillo.. Sin costas (arts. Así voto. B) Que el vocal Carlos Alberto Salazar. ambos extremos de la imputación jurídico-delictiva. 266). en cuanto correspondan). por sus características de comisión y por la modalidad de su investigación judicial. al menos potencialmente. art. dato éste que bien podría ingresar a través de una nueva declaración del imputado y que. Y al respecto sólo cabe concluir que ese perjuicio cierto para la defensa aparece en estas actuaciones con toda claridad.
En tal sentido. sino que dicha novedad debe poder inferirse objetivamente y en términos sustanciales del contraste entre las impugnaciones interpuestas. pues constituye una derivación razonable tanto de las constancias de autos como del derecho aplicable. resulta correcta. dichos fundamentos ya han sido considerados por el señor juez de control –como queda claro en la resolución apelada. en los hechos. han tenido oportunidad de revisar minuciosamente toda la prueba colectada en autos. Es cierto que. a su tiempo. como sucede con los juzgados de control. formalmente. por regla. en la que se hace referencia a los agravios del impugnante– y han recibido por lo tanto una respuesta concreta por parte de la jurisdicción. salvo supuestos de manifiesto error en la valoración de la prueba por parte del inferior –lo cual no sucede en el caso sub examine–. pero que de ninguna manera ponen en crisis la argumentación del inferior. por lo demás. no basta que el recurrente simplemente exprese. negando el hecho y absteniéndose de declarar–. fs. y como ya se adelantara. que el impugnante mayormente se ha limitado a reproducir por ante esta alzada los mismos e idénticos fundamentos que expresara oportunamente en su planteo opositor (conf. bien puede fundarse válidamente la pretensión de que nada impide que se solicite en esta sede la revisión de una resolución anterior en función de argumentos impugnaticios –relacionados con el mérito de la causa– ya utilizados. sólo en casos excepcionales resultará factible disentir desde esta alzada con lo ya resuelto al respecto por tribunales que. además. con el argumento de que un tribunal superior en jerarquía puede valorar de distinta manera el mismo razonamiento expresado por el impugnante ante un inferior. y ello es precisamente lo que no es posible concluir aquí. . los argumentos de la apelación deben tener la eficacia señalada para lograr demostrar la equivocación del a-quo. si el apelante no ofrece nuevos argumentos probatorios. sino que se limita a realizar una serie de manifestaciones que indican su propio punto de vista en relación con el mérito de la causa. que sus argumentos son nuevos. lo cual tampoco ocurre en el presente. Se observa. De allí que. fue indagado con todas las formalidades de ley.rechazo de su solicitud de ampliación de la declaración indagatoria prestada oportunamente por el encartado –quien. la cual. Pues bien. Por otra parte. razón por la cual la comparto en su integridad y me remito a ella en homenaje a la brevedad. como de hecho corresponde que suceda en este caso. además de sustancialmente nuevos. 36/39 de autos). la ausencia de argumentos sustancialmente nuevos en el recurso de apelación conducirá. a su rechazo en esta sede. Pero no lo es menos que.
) y bajar los autos a la fiscalía de instrucción interviniente para que proceda conforme a lo dispuesto en los considerandos de la presente. PROTOCOLÍCESE. 3º. 550 y 551 CPP). que la decisión del a-quo debe ser confirmada. Sin costas (arts. Así voto. . considero que no debe hacerse lugar al recurso intentado y. en consecuencia. En consecuencia este tribunal. por mayoría. con costas (arts. dijo: Que comparte lo sostenido por el vocal de primer voto. NOTIFÍQUESE Y BAJEN.10 Por todo lo expuesto. RESUELVE: Declarar la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio (CPP. 550 y 551 del CPP). arts. adhiriendo en consecuencia a él y pronunciándose en el mismo sentido. 186 2º párrafo y cctes. 185 inc. C) Que el vocal Francisco Horacio Gilardoni.
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