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Timestamp: 2019-08-22 07:24:34+00:00

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Efectos de las Barreras Electorales - e
EFECTOS DE LAS
BARRERAS ELECTORALES
ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTORAL
CANARIO A RAÍZ DE LA STC 225/1998
M.^ REYES PÉREZ ALBERDI
1. INTRODUCCIÓN. 2. LAS BARRERAS ELECTORALES EN OTROS ORDENAMIENTOS
CONSTITUCIONALES. 3. BARRERAS DE ACCESO EN LOS SUBSISTEMAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ANTERIOR A LA
STC 225/1998. 4. ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTORAL AUTONÓMICO CANARIO
TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA OPERADA POR LA LEY ORGÁNICA 4/1996. A)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL CANARIO: 1. CIRCUNSCRIPCIÓN: LA
ISLA. 2. LA DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS: EL PRINCIPIO DE LA TRIPLE PARIDAD. 3. LAS
BARRERAS ELECTORALES. B) COMENTARIO DE LA S T C 225/1998. 5. RECAPITUAL-
cióN FINAL.
Revista de Derecho Político, núm. 52, 2001, págs. 357-401
El objetivo de estas páginas es realizar un análisis detallado de
los distintos problemas de constitucionalidad que puede suscitar la
elevación del porcentaje mínimo de votos necesario para poder optar
a la obtención de un escaño (barrera electoral) por la Ley Orgánica
4/1996, que reforma el Estatuto de Autonomía canario, cuya constitucionalidad ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 225/1998, de 25 de noviembre (BOE de 30 de
diciembre de 1998).
Las barreras de acceso son un elemento más de los sistemas
electorales a través del que se excluye del reparto de escaños a aquellas candidaturas que no han superado el porcentaje mínimo de los
sufragios válidamente emitidos establecido en la legislación electoral.
Su presencia en los sistemas electorales viene unida a aquellos sistemas que han venido a calificarse como proporcionales y con ellas se
pretende conjugar ios dos fines básicos que deben perseguir los siste-
M.5 REYES PÉREZ ALBERDI
mas electorales: la representatividad y la gobernabilidad. No obstante,
de acuerdo con gran parte de la doctrina ^ no debemos quedarnos en
un concepto formal de proporcionalidad, y en este sentido, consideraramos dentro de este calificativo a aquellos sistemas electorales que
alcanzan una adecuación entre los votos recibidos por cada partido o
coalición electoral y los escaños obtenidos por los mismos. De esta
forma, se incluirían dentro de esta clasificación tanto los sistemas electorales que cuentan con fórmulas electorales proporcionales como los
cada vez más frecuentes sistemas mixtos, que combinan la fórmula
electoral y la mayoritaria 2.
En nuestro país, los conflictos de constitucionalidad provocados
por las barreras electorales se plantean básicamente con el artículo
23.2 de la Constitución donde, como es sabido, se recoge el derecho de
acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos -ya que estas cláusulas pueden suponer un trato discriminatorio
entre distintos candidatos al incidir en el número de votos necesarios
para alcanzar cada escaño- cuando dicha medida no responde a una
Por todos, basta citar DIETER NOHLEN: Sistemas Electorales Del Mundo,
editado por el CEC, Madrid, 1981
Basta citar los ejemplos de Alemania {Vid. supra pág.s 6-8) y m á s
recientemente Italia. Este país que se había venido caracterizando por un sistema
muy proporcional en el que alcanzaban representación un gran número de partidos
políticos, en 1993 modificó su sistema electoral hacia otro modelo de corte totalmente inverso, de manera que tres cuartos de los diputados son elegidos en colegios uninominales por un sistema de mayoría relativa, mientras que el otro cuarto
es elegido en circunscripciones electorales de forma proporcional (mediante la fórmula D'Hont). En el caso de la Cámara de los Diputados, se añade un requisito adicional, pues sólo entrarán en el reparto regional aquellas listas que hayan obtenido
a nivel nacional un mínimo del cuatro por ciento. Para una visión más extensa del
sistema electoral italiano puede consultarse SÁNCHEZ FÉRRIZ, REMEDIO: «Teoría y realidad de las instituciones italianas», en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra de
Fadrique Furio Ceriol núm 13, Valencia, 1995, págs. 17-48, GAMBINO, SILVIO y MOSCHELLA, GiovANNi: «La reforma electoral en Italia: un modelo opinable de democracia
mayoritaria» en formas de gobierno y sistemas electorales. La experiencia italiana y
española (Coord.s GERARDO RUIZ RICO y SILVIO GAMBINO), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
1997, págs. 129-228; DE VERGOTTINI, GIUSSEPPE: Diritto Costituzionale,
CEDAM, Padua,
1997, pág.s 408-410; BARILE, PAOLO, CHELI, ENZO Y GRASSI, STEFANO: Istituzioni
Pubblico (Ottava edizione), CEDAM, Padua, 1998, pág.s 177-186 y PALADÍN, LIVIO:
Diritto Costituzionale, CEDAM, Padua, 1998, pág.s 290-300. Una breve visión histórica expresiva de las necesidades que motivaron el cambio del sistema electoral
puede verse en FALCON, GIANDOMENICO: Lineamenti di diritto pubblico, 7.- edición,
CEDAM, Padua, 1999, pág.s 212-215 y en PASQUINO, GIANFRANCO: «I sistemi elettorali»
en Manuale di diritto pubblico, vol.ll: L'organizzazione costituzionale (a cura di GiuLiANO AMATO e AUGUSTO BARBERA), II Mulino, Bolonia, 1997, pág.s 67-102, aunque
especialmente 84-95.
ESTUDIO DE LAS BARRERAS ELECTORALES
finalidad legítima que sitúe el trato diferenciado dentro de los límites
de lo razonable.
Por ello, como tarea previa, antes de comentar la STC 225/1998,
puede resultarnos muy útil investigar en el Derecho comparado para
encontrar qué finalidades se han considerado legítimas en la normativa electoral de otros países que han hecho uso de este elemento. En
este apartado prestaremos una especial atención a Alemania, ya que
nuestro Tribunal Constitucional se ha servido de la jurisprudencia del
Tribunal Federal en esta materia como demuestran sus constantes
referencias a este país. Después nos centraremos en los anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional con la intención de fijar cuál
ha sido la línea jurisprudencial sentada hasta el momento.
2. LAS BARRERAS ELECTORALES EN OTROS
ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES 3
La finalidad esencial que se consigue con la introducción de
barreras de acceso es la simplificación del sistema de partidos, es decir,
la presencia de un menor número de partidos políticos en la Cámara
representativa, evitándose así la excesiva atomización de la representación parlamentaria, con el objeto de la formación de mayorías suficientes en el Parlamento que permitan la gobernabilidad del país.
Como consecuencia de esta medida, lógicamente, se producen
dos fenómenos adicionales: en primer lugar, la pérdida de votos que,
debido a la aplicación de la barrera, no van a ser nunca computados, lo
cual se traduce en la no consideración de las opciones políticas de
parte del electorado; y, como segundo efecto, la disminución de la proporcionalidad del sistema. Esta disminución tendrá distinta relevancia,
como veremos a continuación, en función del porcentaje de la barrera
y del ámbito de la misma, es decir, si la barrera se encuentra prevista a
nivel nacional o regional, o si por el contrario se establece a nivel provincial o de circunscripción.
Sin embargo, la presencia de barreras también puede producir a
la larga el efecto contrario: aumentar la proporcionalidad del sistema
Para un análisis exhaustivo de los sistemas electorales desde una pers-
pectiva comparada pueden consultarse NOHLEN, DIETER: op. cit; ROSE, RICHARD: «En
Torno a las Opciones en ios Sistemas Electorales: Alternativas Políticas y Técnicas»
en Revista de Estudios Políticos núm. 34,1983 y VALLES, JOSEP M . y BOSCH, A.: Sistemas Electorales y Gobierno Representativo, Ariel, 1997.
M.s REYES PÉREZ ALBERDI
como consecuencia de la reorientación del comportamiento electoral
con objeto de evitar los votos inútiles o perdidos. Por ello, el electorado
«responsable» no vota a los pequeños partidos, sino a aquéllos que,
teniendo una ideología o un programa político más cercano al partido
que votarían si no integrase el sistema este elemento que desfigura la
proporcionalidad del mismo, van a obtener con seguridad representación parlamentaria. Como consecuencia de ello, desaparecen gran
parte de los votos perdidos y aumenta la proporcionalidad global del
sistema '*.
Hasta aquí hemos visto los efectos que podríamos calificar como
generales. Sin embargo, la concreta configuración del sistema electoral, va incidir también en gran manera en otros efectos que la barrera
mínima produzca en el mismo. En este sentido, debemos prestar especial relevancia, como hemos dicho, al porcentaje de la barrera electoral
y al ámbito sobre el que actúa la misma.
Así, en sistemas electorales que cuentan con barreras electorales
bajas (de en torno al 1 o 2 por 100): por ejemplo Holanda ^, Israel ^ y
Como veremos, ésta ha sido una de las consecuencias más llamativas
de la introducción de las barreras legales en Alemania.
El vigente sistema electoral de Holanda tiene su origen en las enmiendas a la Constitución efectuadas en los años 1917 y 1919, a través de las que se
introdujeron en este país el sufragio universal y un nuevo sistema electoral de
orientación proporcional en orden a reflejar más acertadamente las distintas tendencias políticas presentes en la sociedad holandesa. El comportamiento electoral
de Holanda s i e m p r e se había caracterizado por un intenso p l u r a l i s m o , c o m o
demuestra el hecho de que contaba con un sistema de partidos pluripartidista muy
fragmentado (en el que lograban representación cinco grandes partidos) bajo el
anterior sistema electoral de corte mayoritarlo.
Los elementos más característicos del actual sistema electoral son la existencia una única circunscripción electoral - e n consecuencia, el tamaño de esta circunscripción es igual al número de miembros del Parlamento (150)-, una fórmula
electoral proporcional y listas cerradas y no bloqueadas. No obstante, esta circunscripción electoral se encuentra dividida en 19 colegios electorales (Krieskr'mgen) a
efectos exclusivamente de presentación de candidaturas y de emisión de voto.
En el año 1933 se adoptó, junto con otras medidas, la aplicación de una
barrera electoral del 1 por 100. Con todas ellas se pretendía un objetivo claro: limitar t a n t o el número de listas que se presentaban c o m o los grupos en el
Parlamento; Sin embargo, los efectos de las medidas introducidas, en especial de
las barreras de acceso, dado su carácter de extraordinariamente bajo, no han afectado a la proporcionalidad global del sistema y tampoco al número de partidos que
participa en las elecciones que sigue siendo muy alto, por ejemplo en 1967, 15; en
1971, 22 o en 1977,25.
En los años 70 se vivió en Holanda un intenso debate acerca de la conveniencia de una nueva reforma del sistema electoral con objeto de simplificar el sis-
Dinamarca ^, no producen efectos perceptibles, e incluso se encuentran clasificados como sistemas proporcionales puros. La introducción
tema holandés de partidos, al que se culpaba del inmovilismo y la inestabilidad
política holandesa. Entre las medidas a introducir se pedía un aumento de la barrera
electoral al 3 por 100, incluso al 5 por 100. Sin embargo, estudios de diversas comisiones demostraron que aunque ello provocaría la desaparición de los partidos más
pequeños, seguiría inalterable el sistema tradicional de cinco partidos. Ello evidencia que no podemos supravalorar los efectos que provocan los sistemas electorales
sobre el sistema político, sobre todo cuando, como en Holanda, la estructuración
concreta del sistema de partidos refleja el «encasillamiento» histórica y confesionalmente condicionado de la sociedad holandesa. Sin embargo, tal aumento de la
barrera no se produjo y, por el contrario, la barrera mínima se ha establecido en un
número de votos equivalente a un 0,67 (o lo que es lo mismo 1/150) por 100 del
cociente electoral.
En conclusión, en Holanda se ha configurado un sistema electoral caracterizado por una elevada proporcionalidad, en el que la introducción de las barreras
electorales sólo persigue la exclusión del arco parlamentario de aquellos partidos
marginales que no reciben apenas apoyo del electorado, de ahí que se haya clasificado entre los sistemas proporcionales puros.
En Israel también existe una única circunscripción a escala nacional, las
candidaturas también se presentan en forma de lista que en, este caso, son cerradas
y bloqueadas, lo cual ha concedido un enorme peso en la vida política del país a los
aparatos centrales de los partidos.
La fórmula electoral es proporcional (procedimiento del cociente electoral)
con reparto de escaños según el método de restos mayores. Este método beneficia
a los partidos más pequeños; quizás, para compensar este efecto (y evitar, por
tanto, la presencia en el Parlamento -el Knesset- de partidos muy minoritarios), se introdujo una barrera electoral de 1 por 100. En 1992 fue elevada medio
punto. Por tanto en la actualidad la barrera electoral es del 1,5 por 100 de los votos
válidamente emitidos en todo el país.
Los efectos de la introducción de esta barrera son inapreciables desde el
punto de vista sistemático-electoral y político. Tanto es así que Israel se clasifica
dentro de los países con proporcionalidad pura.
Dinamarca cuenta con un sistema muy complejo de atribución de escaños. Este sistema fue introducido en 1920, y sus rasgos esenciales continúan vigentes de modo que sólo se han modificado pequeños detalles desde entonces. La
Constitución danesa establece los dos principios que ha de respetar el sistema electoral danés, que reflejan una gran preocupación por su ajustada proporcionalidad.
En este sentido, preceptúa que los miembros del Folketing {e\ Parlamento unicameral) serán elegidos por representación proporcional, para asegurar la igual representación de las diferentes opiniones del electorado y que en la determinación del
número de escaños a repartir entre las circunscripciones deberá tener en cuenta el
número de habitantes, el número de electores y la densidad de población de la
El Fo/fcef/ngr cuenta con 179 escaños, de los cuales 4 pertenecen a los territorios de Groenlandia y las Islas Feroe (correspondiendo 2 escaños a cada uno de
ellos) y son elegidos de acuerdo con una normativa propia; los 175 restantes a Dinamarca -Islas Sjaelland (donde se encuentra Copenhague), Bornholm, Lolland-Falster, y Fionia y la península de Jutlandia-.
de este elemento cumple la finalidad general: evitar una representación excesivamente fragmentaria, pero con la intención de excluir del
Parlamento únicamente a partidos muy minoritarios que apenas gozan
del apoyo del electorado ^. En todos ellos las barreras están previstas a
nivel nacional o regional, nunca a nivel de circunscripción.
En sistemas electorales con barreras altas, del 3 al 5 por 100 o
incluso superiores, las barreras de acceso producen efectos claraEstos 175 escaños son distribuidos en dos fases que operan en distintos
niveles: nacional o de circunscripción.
En la primera se distribuyen de forma definitiva 135 escaños, dividiéndose a
estos efectos el territorio en 17 circunscripciones plurinominales y aplicándose la
formula Saint-Lágue.
La segunda fase, tiene por objeto el reparto de los 40 escaños restantes, que
son compensatorios y pretenden mejorar la proporcionalidad del sistema. Este
reparto tiene lugar a nivel nacional, es decir, como si existiese una única circunscripción, en la cual se distribuyen los 175 escaños que corresponderían a todo el
territorio mediante una formula de resto mayor (que beneficia a los pequeños partidos). Para ello se tienen en cuenta todos los votos válidamente emitidos, aunque
sólo participan en este reparto aquellas candidaturas que superan una de estas tres
barreras: a) haber obtenido un escaño directamente en el anterior reparto por circunscripciones, b) haber superado el promedio de votos por escaños en al menos
dos de las tres regiones, y por último c) conseguir el 2 por 100 de los votos validamente emitidos a nivel estatal. Con ello se pretende excluir a p a r t i d o s m u y
minoritarios. Tras esta segunda operación, se fija el número global de escaños que
va a corresponder a cada candidatura, que nos va a servir de base para la atribución
de los 40 escaños compensatorios. A este número se le restan los escaños que cada
partido ha recibido en la primera distribución por circunscripciones y la diferencia
resultante (que necesariamente tiene que ser positiva porque en la primera atribución se reparten 135 escaños y en la segunda 175) se completa con los escaños
compensatorios. Una última operación determina la distribución de estos escaños
en el seno de cada partido según los votos que hayan recibido a nivel regional,
dividiéndose a estos efectos Dinamarca en tres regiones: la ciudad de Copenhague,
las Islas y Jutlandia. El número de escaños que corresponde a cada región es fijado
q u i n q u e n a l m e n t e , para el periodo de 1990-1994 correspondieron 4 escaños a
Copenhague, 16 a las Islas y 20 a Jutlandia.
Los efectos de la introducción de la barrera electoral son prácticamente inapreciables. A pesar de ello, hay opositores a su vigencia; de hecho, se han votado
en el Folketing diversos intentos de reforma del sistema electoral en este punto,
argumentando que es poco democrática y que deja a algunos votantes sin representación en contradicción con el principio de igualdad de voto proclamado en la
Constitución. Por otro lado, también existen partidarios de que la barrera electoral
se eleve al 5 por 100 como en Alemania. Ninguna de estas reformas ha sido aprobada. Para una visión más completa del sistema electoral danés puede consultarse
http://www.ft.dk/baggrund/00000048/00232623.htm,
donde encontrará además
bibliografía específica sobre su funcionamiento.
En todos estos países, la normativa electoral da una especial importancia a la representatividad por encima de la gobernabilidad.
m e n t e perceptibles; de manera que puede ya constatarse una m a y o r
d i s t o r s i ó n d e la d e s p r o p o r c i o n a l i d a d e n e l s i s t e m a e l e c t o r a l , a l q u e s e
atribuye la función de lograr mayorías estables en aras a posibilitar la
estabilidad del sistema político y la gobernabilidad del país. En consecuencia, la reducción del número de partidos parlamentarios es
El ejemplo más característico es Alemania 9, donde el Tribunal
Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se vio en la necesidad de
modificar su sistema electoral pues el sistema vigente en la República de Weimar
había provocado una excesiva fragmentación parlamentaria. De todas formas, eso
no nos puede llevar, como efectivamente sucedió, a culpar al sistema electoral de
todos los males ocasionados en el periodo de entreguerras y que culminaron con
una nueva guerra mundial.
El constituyente alemán rechazaba la ¡dea de adoptar un sistema tan proporcional como el de Weimar, lo que le llevó a crear un sistema realmente novedoso
«según los principios de una elección proporcional vinculado a la elección personal». Se trata de un sistema híbrido que utiliza tanto la fórmula electoral proporcional como la mayoritaria.
Cada elector dispone de dos votos: el primero para la elección directa de un
candidato en circunscripciones uninominales mediante mayoría relativa, y con el
s e g u n d o , vota a una lista cerrada y bloqueada de un partido a nivel federal
mediante una fórmula proporcional. Para calcular el número de escaños que corresponden a cada partido se toman en consideración únicamente los segundos votos,
p o r t a n t e el elemento decisivo para la atribución de escaños es la proporcionalidad.
Para poder participar en el reparto de escaños es necesario que el partido haya
obtenido tres escaños directos o el 5 por 100 de los votos segundos válidos a escala
federal. No obstante, la legislación alemana establece una excepción a esta barrera,
de modo que no será de aplicación para los partidos representantes de minorías
nacionales, en concreto, para la minoría danesa del Lánd de Schleswig-Holstein.
Con ello se pretende evitar que fuerzas con gran implantación en un cont e x t o territorial d e t e r m i n a d o , pero débiles en el conjunto del Estado pued a n v e r s e a p a r t a d a s d e l P a r l a m e n t o , lo cual provocaría una i m p o r t a n t e
deslegitimación del sistema en esa zona y podría convertir al sistema electoral en
un elemento de desintegración nacional. (Piénsese las enormes dificultades que
hubiera acarreado para la convivencia democrática, la exclusión de nacionalistas
catalanes o vascos por medio de una cláusula de este tipo).
La introducción de esta barrera, conjugada con los restantes peculiaridades
del sistema alemán, ha producido los siguientes efectos:
evita la tendencia inmanente al fraccionamiento de partidos consecuencia de
la elección proporcional, ya que a) provoca la disminución del número de partidos
políticos que presentan candidaturas ante sus escasas posibilidades de éxito electoral; b) contrarresta la fundación de partidos políticos nuevos y, c) favorece la concentración de los votos. De hecho, entre 1961 y 1983 sólo tres partidos obtuvieron
representación parlamentaria: CDU/CSU, SPD y FPD. En 1983, veintidós años después, se integró un cuarto grupo: los Verdes y en 1990 un quinto partido: el PDS.
es responsable del aumento considerable de votos perdidos Cal menos en un
primer momentoA
M.« REYES PÉREZ ALBERDI
Constitucional Federal i° ha confirmado en múltiples ocasiones la
constitucionalidad de la barrera legal del 5 por 100 ''•', de manera que
considera que esta cláusula no atenta contra el principio de igualdad de
oportunidades de los partidos políticos al venir justificada por valores
constitucionalmente relevantes como es la necesidad de prevenir el
fraccionamiento del Parlamento en un número excesivo de partidos.
Las circunstancias excepcionales de la unificación alemana supusieron una excepción a esta regla. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 29 de septiembre de 1990 -BVerfGE, 82, 322 (337 y
Esto puede llevarnos a hacernos pensar que el sistema alemán provoca graves efectos desproporciónales, y sin embargo eso no es así, porque el mismo proceso de concentración del sistema de partidos ha provocado que sean m u y pocos
los partidos que presenten candidaturas, como consecuencia de ello el porcentaje
de votos que queda sin utilizar ha d i m i n u i d o considerablemente y, por consiguiente, el sistema ha recuperado su proporcionalidad. La barrera electoral actúa
así como elemento disuasorio a la presentación de candidaturas.
La existencia de una barrera electoral provocó en Alemania un fenómeno
curioso. Hemos dicho que hasta 1983 sólo existían tres grupos parlamentarios:
CDU/CSU, SPD y FPD, el último de ellos, actuaba como partido «bisagra» (es decir,
c o m o partido que ayudaba a conseguir mayorías, de f o r m a que de su actitud
dependía quien gobernaba en Alemania) con un porcentaje bastante bajo de escaños, del 5,8 por 100 al 12 por 100 aproximadamente, por eso siempre estaba en la
cuerda floja pues un acto de reorientación de su política podía provocar la pérdida
del apoyo de gran parte de su electorado, y, en consecuencia, su expulsión del Parlamento por no superar la barrera electoral. En 1967 estuvo a punto de ocurrir esto,
al haber provocado en 1966 un cambio de gobierno de CDU/CSU al SPD, en las
siguientes elecciones fue castigado por sus votantes, pasando de un 9,5 por 100 de
los votos al 5,8 por 100.
•'" El Tribunal Constitucional Federal mantiene un concepto material de
igualdad del sufragio, con ello se quiere decir, que exige no sólo que todos los votos
tengan el mismo valor numérico, lo que se traduce en la prohibición del voto plural,
sino también, la igualdad en el resultado, de forma que todos los votos deben tener
el mismo peso (Záhlwert) y las mismas oportunidades de éxito (Erfoigswert) en el
resultado de la elección, de forma que cualquier desigualdad debe ser fundamentada en razones especialmente justificadas e irrefutables. Vid. TRUJILLO, GUMERSINDO:
«El Estado y las Comunidades Autónomas ante la exigencia del voto igual» en
Revista Española de Derecho Constitucional,
n ú m . 2,1981, pág.s 9 y siguientes,
especialmente, pág.s 22-26.
11 Vid. en este sentido SWs/fGE 4,40; 4,380; 34,81; 14,121... Sin embargo, el
Tribunal Constitucional Federal ha advertido, tempranamente, que la compatibilidad de la cláusulabarrera con el principio de igualdad no se puede enjuiciar en abstracto de una vez y para siempre. Las circunstancias del Estado en el que debe
aplicarse deben ser tomadas en consideración y, de esta f o r m a , determinar la
inconstitucionalidad (por afectar al principio de igualdad de oportunidades) de una
provisión legal en un Estado determinado y no en otro. También es necesario tener
en cuenta la existencia de circunstancias excepcionales en la vida de un Estado:
BVerfGE 1, 208; 5 1 , 252; 82, 322.
ss.)- declaró inconstitucional la extensión de la barrera del 5 por 100
del § 6 de la Ley electoral federal al territorio ampliado al ser considerada contraria a la igualdad de oportunidades de los partidos políticos
(artículo 21.1 de la Ley Fundamental de Bonn) y a la igualdad de voto
(artículo 38.1 de la misma norma). Esta nueva regulación concedía sólo
tres meses a los partidos operantes hasta ese momento en el territorio
de la República Democrática para disponer de candidatos y ganar la
adhesión de electores en la totalidad del territorio alemán, con lo cual
se impedía de hecho que estos partidos pudieran alcanzar votos en el
territorio de la República Federal. Por ello, en la práctica, esta medida
iba a suponer que la cláusula del 5 por 100 a nivel federal operase
como una barrera del 24 por 100 para el territorio electoral accesible a
tales partidos, mientras que a aquellos partidos que actuasen en la
República Federal les bastaba alcanzar el 6 por 100 de los votos de su
territorio para superar la citada barrera del 5 por 100 federal. De ahí que
excepcionalmente para las primeras elecciones alemanas el legislador
siguiese las directrices del Tribunal imponiéndose el principio de votar
unidos, pero contabilizar los votos por separado ^2.
No obstante, en este segundo supuesto (la vigencia de barreras
electorales altas), si la cláusula se encuentra prevista a nivel nacional ó
regional va a provocar la desaparición del espectro parlamentario de
partidos políticos que tienen localizados sus apoyos electorales en circunscripciones o zonas muy determinadas.
Para evitar este efecto, algunos países han introducido correcciones a este elemento, así en Alemania la barrera federal no se aplica a
las minorías nacionales o en Suecia ""^ se corrige con la previsión de
12 Existe traducción de los pronunciamientos más importantes efectuados
por el Tribunal Constitucional Federal en la citada sentencia. Vid. Boletín de Jurisprudencia Constitucional núm. 182, 1996, pág.s 205 y ss). Para una visión un poco
más extensa de este asunto pueden consultarse KIRCHHOF, PAUL: «Tareas del BundesVerfassungsGericht en una época de cambios» en Revista Española de Derecho
Constitucional, núm 49, 1997, pág.s 9 y ss y GARCÍA ROCA, JAVIER: Cargos Públicos
Representativos. (Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución), Aranzadi, 1998,
pp. 222-221 y 342 in fine.. También, el breve comentario que PEDRO CRUZ VILLALÓN ha
realizado de esta sentencia. Vid. CRUZ VILLALÓN, PEDRO: «Legislación electoral y circunstancias excepcionales: La igualdad de oportunidades de los partidos políticos
en las primeras elecciones generales de la nueva R. F. A (Sentencia del Tribunal
Constitucional Federal alemán de 24 de septiembre de 1990).» en Revista Española
de Derecho Constitucional, núm. 30, 1990, pág.s 129 y ss.
•13 Suecia, como todos los países escandinavos, se encontró muy preocupada, desde siempre, por conseguir un sistema que refleje una gran proporcionalidad. De ahí que introdujeran muy pronto (en 1907) un sistema proporcional con
escrutinio de votos según la fórmula D'Honty atribución de escaños a nivel de cir-
que aquellos partidos que, aunque no hayan superado la barrera del 4
por 100 nacional, sin embargo hayan obtenido el 12 por 100 de los
votos emitidos en su circunscripción, participan en el reparto de escaños de su bastión electoral (pero no en los restantes). Veremos cómo
en Canarias la previsión de una segunda barrera electoral del 20 por
100 (30 por 100 en la nueva regulación) a nivel de circunscripción tiene
por objeto corregir los efectos derivados de la aplicación de la barrera
del 3 por 100 regional (6 por 100 en la actualidad), permitiendo así la
representación parlamentaria de las islas menores que, de otra forma,
podrían ver como partidos que lograron el apoyo de una gran mayoría
del electorado de las mismas quedan fuera del Parlamento ^*.
Por el contrario, cuando la barrera se encuentra prevista a nivel
de circunscripción favorece a aquellos partidos que tienen localizado
su electorado en una zona y perjudica a aquéllos que gozan de un
apoyo difuso 1^.
cunscripción. No obstante, como ello provocaba la existencia de votos sobrantes
que no se tomaban en consideración, y, ante la crítica de los partidos pequeños, se
modificó la formula electoral, aplicándose desde entonces una variante de la D'Hont:
la Saint Lagué modificada, que aumenta la proporcionalidad. Desde los años 70, se
aplica una barrera electoral antes de proceder a la distribución de escaños del 4 por
100 a nivel nacional. No obstante, si un partido consigue el 12 por 100 de los votos en
una circunscripción, pero no supera la barrera del 4 por 100 nacional, participa en el
reparto de los votos de su bastión electoral. Esta medida fue introducida para evitar
la representación en el Riksdag de un gran número de partidos pequeños.
En definitiva, para combatir una excesiva fragmentación parlamentaria que impidiera la formación de mayorías estables en el seno del Parlamento. Efecto que se ha
conseguido, de forma que la introducción de esta cláusula ha propiciado la estabilización del sistema de partidos sueco. Es necesario destacar que en la actualidad Suecia posee un sistema en el que es posible expresar la preferencia por uno de los
miembros de la lista (aunque para que sean tenidas en cuenta las preferencias y alterar el orden de la lista fijado por los partidos el candidato debe haber obtenido al
menos el 8 por 100 de los votos de su partido en la circunscripción) y con una distribución de escaños en 2 niveles. De los 348 escaños que componen el ñ/s/cdag, 310
son elegidos en las 29 circunscripciones plurinominales de manera definitiva, mientras que los 39 restantes, son escaños compensatorios que intentan ajustar la proporcionalidad al peso real de los partidos en t o d o el país. En el escrutinio de
igualación también se aplica la cláusula de barrera.
•"* Podría darse el caso extremo en el que una isla estuviese representada
en el Parlamento autonómico por partidos políticos sin o con escasa implantación
en la misma. Así por ejemplo en las elecciones autonómicas de 1995, la AHÍ (Asociación Herreña Independiente), obtuvo un 43,19 de los sufragios validamente emitidos en la isla de El Hierro, correspondiéndole por ello un escaño; sin embargo si
no existiese esa segunda barrera, la AHÍ, pese a ser la lista más votada de la circunscripción, no habría obtenido en ningún caso representación.
15 Esto ocurre en nuestro país en las elecciones a Cortes Generales con las
minorías catalana, canaria y vasca, que se ven beneficiadas por el sistema debido al
Si al ámbito espacial de la barrera añadimos otros elementos, en
especial el tamaño de las circunscripciones, (pues, como es sabido,
existe una relación directamente proporcional entre el tamaño de las
circunscripciones y la proporcionalidad del sistema: cuanto más
pequeñas son las circunscripciones, menor es la proporcionalidad global del mismo), los efectos de las barreras varían notablemente. Así, si
la barrera tiene un ámbito nacional y ello va unido al predominio de circunscripciones pequeñas, o incluso medianas, el sistema va a provocar
grandes efectos mayoritarios. Basta citar, a este respecto, el caso de
Liechtenstein hasta la reforma de 1989 ''6. Por el contrario, la presencia
de una barrera electoral prevista a nivel provincial en sistemas con circunscripciones mayoritariamente pequeñas, va a provocar la falta de
operatividad práctica de la misma, de lo cuál tenemos claro ejemplo en
España ''^, donde la barrera legal del 3 por 100 sólo actúa en provincias
fuerte apoyo que reciben en sus territorios de procedencia, mientras que Izquierda
Unida, que cuenta con un apoyo muy difuso, siempre consigue menos escaños que
los que, en principio, de no existir restricciones a la proporcionalidad, le corresponderían.
16 En este país se introdujo el principio proporcional en 1939, unido a las
listas cerradas y bloqueadas, a un reparto de escaños según la fórmula HagenbachBischoty a una barrera electoral del 18 por 100 a nivel nacional. Con una cláusula de
acceso tan alta se pretendía contener a la minoría germanista en un momento
tan difícil como el que se vivía entonces tras la anexión de Austria por Alemania,
ocasionando efectos mayoritarios debido a la gran desproporcionalidad que provocaba. No obstante, se logró el objetivo que se perseguía, y así sólo obtuvieron
representación parlamentaria los partidos tradicionales: el PPC (Partido Progresista
de los Ciudadanos) y UP (Unión Patriótica). Esta elevada barrera estuvo vigente
hasta 1962, año en que fue suprimida en orden a lograr una mayor proporcionalidad, pues ya no se daban las circunstancias que había justificado su introducción.
En 1973, la Constitución volvió a incluir una cláusula de barrera del 8 por 100
a nivel nacional, para evitar la excesiva f r a g m e n t a c i ó n parlamentaria. Sin
embargo, unida a una mala distribución de las dos circunscripciones en que se
divide el país en cada c o m i d o , que además de ser de tamaño mediano (6 y 9 escaños), no se había adaptado al crecimiento poblacional, provocó graves efectos desproporciónales, incluso mayoritarios nuevamente. En concreto, el PPC con un 51,1
por 100 de los votos no obtuvo la mayoría de los escaños, ganando UP. Por ello, se
solicitó insistentemente una reforma constitucional que modificase el sistema electoral. Tras un primer fracaso, por la no aprobación del referéndum de 1975, en 1989
se reformaron las circunscripciones electorales, y así se aumentó el número de
escaños por circunscripción a 10 y 15 escaños, logrando mejorar la proporcionalidad del sistema.
1^ Como es sabido, el sistema electoral para el Congreso es el de la elección proporcional en circunscripciones plurinominales, que toman como base una
unidad administrativa preexistente: la provincia, excepto las ciudades de Ceuta y
Melilla, que constituyen por sí mismas circunscripciones. Los escaños se distribuyen a nivel de circunscripción, conforme a la fórmula D'Hont. La propia Constitución
como Madrid y Barcelona, pues en las restantes el propio tamaño de
las circunscripciones impide obtener escaños incluso a aquellas listas
que han superado con creces el porcentaje de la cláusula de acceso.
En resumen, dos son las finalidades legítimas que a nivel comparado han justificado la presencia de las barreras electorales dentro de
un sistema electoral: evitar una excesiva fragmentación parlamentaria
y posibilitar la presencia dentro de la Cámara de fuerzas minoritarias
establece el mecanismo para la distribución de los escaños entre las circunscripciones: Estableciendo un mínimo por provincia: 2 diputados, excepto para Ceuta y
Melilla que contarán con uno solamente, así, ya tenemos repartidos 102 escaños,
los restantes hasta llegar a 350 (número total de diputados de que se compone el
Congreso en virtud de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, acogiendo la que ya había establecido con anterioridad el RD-ley del977
dentro del margen que le permite la Constitución, que sólo afirma que «el Congreso
se compone de un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos
Diputados») se distribuyen por cantidad de población. Las listas son cerradas y bloqueadas y existe una barrera legal de 3 por 100 a nivel provincial.
Los diferentes estudios realizados sobre el funcionamiento de este sistema
electoral nos ponen de manifiesto las evidentes distorsiones de la proporcionalidad (que alcanza niveles propios de sistemas con fórmulas electorales mayoritarias, lo cual es fuente de innumerables críticas que exigen la reforma del sistema).
Estas distorsiones se deben fundamentalmente a dos factores: a) los escaños atribuidos a cada circunscripción
no guardan estrecha relación con el número de electores, como consecuencia de la atribución inicial de dos diputados por provincia, lo
que provoca una sobrerrepresentación de las circunscripciones pequeñas, poco
pobladas, b) el pequeño tamaño de un gran número de circunscripciones
grave obstáculo para que la fórmula D'Hont, ya de por sí favorecedora para los
grandes partidos, pueda tener efectos plenamente proporcionales. Son numerosos
los autores que, prácticamente desde su implantación, abogan por la conveniencia
de la reforma de nuestro sistema electoral. En este sentido, y sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse las propuestas: ALARCÓN CABRERA, CARLOS: «Desde el voto
hasta el escaño» (Trabajo sin publicar). MONTERO, JOSÉ RAMÓN y GUNTHER, RICHARD y
otros: La Reforma del Régimen Electoral, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid 1994. MONTERO, JOSÉ RAMÓN: «El Debate Sobre el Sistema Electoral: Rendimientos, Criterios y Propuestas de Reforma» en Revista de Estudios Políticos, n ú m .
95, 1997, pág.s 9-46. PALLARES, FRANCESC: «La distorsión de la proporcionalidad en el
sistema electoral español. Análisis comparado e hipótesis alternativas», en Revista
de Estudios Políticos, n ú m . 23, 1981, pág.s 233-267 y SANTAOLALLA, FERNANDO: «Problemas Jurídicos del Voto Bloqueado» en Revista de Estudios Políticos, n ú m 53,
1986, págs. 29 y ss.
Sin embargo, la introducción de una barrera legal del 3 por 100 no ha traído
apenas consecuencias, pues en la práctica sólo puede ser aplicada en las provincias
de Madrid y Barcelona, porque, en las demás, el propio tamaño de la circunscripción niega a los partidos que no hayan alcanzado ese límite la posibilidad de
obtener un escaño. Para una visión más extensa de nuestro sistema electoral puede
consultarse BARAS, MONSERRAT y BOTELLA, J U A N : El sistema
Ed. Tecnos,
en el conjunto del Estado pero con una fuerte implantación en una zona
3. BARRERAS DE ACCESO EN LOS SUBSISTEMAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL ANTERIOR A LA STC 225/1998
En este epígrafe no pretendemos analizar detalladamente todos
los ordenamientos autonómicos que han previsto la presencia de una
barrera legal, sino simplemente a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estudiar cuáles son los fines o efectos de las mismas que el Alto Tribunal considera compatibles con la Constitución.
Con este objeto, en el próximo epígrafe, se atenderá especialmente a
las formulaciones de la STC 225/1998, principal motivo de inspiración
de las presentes páginas, aunque no ha sido la única fuente jurisprudencial consultada para su redacción, pues difícilmente podríamos
entender los resultados que en ella se obtienen sin haber hecho abstracción previamente de los anteriores pronunciamientos del Tribunal
sobre las barreras de acceso.
No obstante, antes de entrar al análisis jurisprudencial veamos
algunos de los ordenamientos que prevén esta barrera y a los que ha
hecho referencia el Tribunal Constitucional en alguna de sus Sentencias. Así, el art. 8.2 ^^ del Estatuto de Canarias fijaba la necesidad de
obtener el 3 por 100 de los votos válidos en el ámbito de la región, o
bien el 20 por 100 de los mismos en la respectiva circunscripción electoral: que en el caso de Cananas es la isla; el art. 12.2 del Estatuto de la
Comunidad Valenciana introduce la exigencia de lograr un número de
votos superior al 5 por 100 de los emitidos en la Comunidad Autónoma; al igual que los Estatutos de autonomía de Castilla la Mancha y
Cantabria (Disposición Transitoria primera 2 b) y Disposición transitoria
primera 3, respectivamente). También el artículo 11.4 del Estatuto de
Madrid y la Disposición Transitoria Primera apartado 1, letra c), de la
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra fijan este límite.
Por su parte Asturias y Murcia, que a pesar de ser Comunidades
Autónomas uniprovinciales, establecen una subdivisión provincial; la
primera, en la Disposición Transitoria primera, 2 c) de su Estatuto de
•is Según redacción dada por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto y
que ha sido objeto de reforma por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre.
M a REYES PÉREZ ALBERDI
Autonomía, sigue el régimen general de un mínimo del 3 por 100 para
la demarcación, (es decir, para esa subdivisión regional que se establece), no para la provincia o región, que allí es lo mismo; Murcia, en
cambio, establece fórmula que se aproxima a la canaria: Un 5 por 100,
pero no de cada circunscripción, sino de toda la región (Disposición
Transitoria primera, 2 d)).
Las restantes Comunidades Autónomas que prevén la existencia
de una barrera electoral establecen un umbral mínimo que, al igual que
la Ley Electoral de 1985, suele oscilar entre el 3 y el 5 por 100 (aunque
normalmente es del 3 por 100), tomando como demarcación de
referencia la provincia.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en tres ocasiones
con anterioridad a la STC 225/1998 sobre la constitucionalidad de las
barreras de acceso: SSTC 75/1985,72/1989,193/1989 19. Todas ellas dictadas en el desarrollo de sendos procesos de amparo en los que determinados candidatos no electos impugnan su no proclamación como
diputados como consecuencia de la aplicación de una barrera legal,
sobre la base de que dicha actuación ha supuesto, en primer lugar, una
violación de los artículos 14 y/o 23.2 de la Constitución por implicar una
vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los
cargos públicos representativos 20 y, al mismo tiempo, una vulneración
•19 Existen otros dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los
que se han visto involucradas las barreras electorales, SSTC 71/1989 y 265/1993. El
primero de ellos es fruto de un recurso de amparo electoral contra el acta de proclamación de candidatos de las elecciones locales al Ayuntamiento de Burgos de
1987 interpuesto por Izquierda Unida. Consideraba este grupo que las irregularidades cometidas en el cómputo de los sufragios habían impedido a esta candidatura
superar la barrera electoral del 5 por 100 de los votos válidamente emitidos que
impone el artículo 180 de la LOREG. La segunda Sentencia tiene su origen en la
reclamación interpuesta por el CDS ante la exclusión de este partido político del
reparto de escaños por la circunscripción de Madrid en las elecciones generales
1993, por considerar que a efectos de la aplicación de la barrera no deben computarse los votos en blanco. Ambos recursos fueron desestimados, por motivos que
en este momento no vienen al caso exponer. Lo que si interesa destacar es que en
ellos los recurrentes parten de la plena constitucionalidad de las cláusulas de
barrera, limitándose su impugnación a lo que ellos consideran una incorrecta exclusión del reparto.
20 El Tribunal Constitucional sostiene que en cualquier reclamación por
discriminación que se plantee por alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 23 (y, en especial en los comprendidos en el apartado 2), no será necesario
invocar el artículo 14, salvo que se acredite alguna de las circunstancias específicamente prohibidas por este último precepto. Sin ánimo de exhaustividad, cfr. SSTC
86/1987, de 1 de junio; 15/1988, de 10 de febrero; 72/1989, de 21 de febrero; 36/1990,
de 1 de marzo; 45/1992, de 2 de abril, entre otras muchas.
de la exigencia de proporcionalidad, que debido a su carácter de derecho de configuración legal 21 cabe integrar bien ex Constitutione o bien
ex lege dentro del contenido del derecho de acceso al cargo de parlamentario autonómico.
En la STC 75/1985 el Tribunal Constitucional se pronunciaba
sobre la aplicación del ya derogado artículo 20.4.b) del Real Decreto
20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, en las elecciones al
Parlamento de Cataluña. Este artículo, que preveía una barrera legal
del 3 por 100 a nivel provincial en las elecciones generales, era aplicable en esta Comunidad Autónoma en virtud del la Disposición Transitoria cuarta de su Estatuto de Autonomía.
La STC 72/1989 confirma la constitucionalidad de la barrera electoral del 20 por 100 de los votos válidamente emitidos en la circunscripción que -junto a otra barrera del 3 por 100 regional- se preveía,
como hemos visto, en el artículo 8.3 del Estatuto de Autonomía de
Canarias según la redacción dada por la Ley Orgánica 10/1982 (derogada por la Ley Orgánica 4/1996).
Por último, la STC 193/1989 resuelve la reclamación presentada
por el Partido Cantonal de Cartagena que, como consecuencia de la
aplicación de la cláusula-barrera del 5 por 100 regional prevista en el
artículo 15 b) de la Ley Autonómica 2/1987, había quedado excluido del
reparto de escaños pese al amplio apoyo obtenido en la circunscripción de Cartagena, la única por la que se presentaba, al no haber
superado dicho tope mínimo.
Con respecto a la primera de las impugnaciones (vulneración del
derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos
representativos), el Tribunal Constitucional tiene ya consolidada una
línea jurisprudencial desde la primera de las sentencias dictadas y que
luego se repite en las restantes 22, en la que consagra que:
21 Sobre qué debe entenderse por derecho de configuración legal y la
necesidad de que el desarrollo legislativo de estos derechos respete la garantía del
contenido esencial que es posible identificar también en esta clase de derechos
resulta imprescindible consultar JAVIER GARCÍA ROCA: op.cit. pág.s 151 y ss. (quien
además trata de construir ese contenido a partir de una interpretación sistemática
de las normas constitucionales, vid. especialmente pág.s 159-167); ESTHER MARTÍN
NúÑEz: El Régimen Constitucional
del Cargo Público Representativo,
CEDECS, Barcelona, 1993, pág.s 67 y ss. y FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: El derecho
de sufragio pasivo. Prontuario de jurisprudencia constitucional. Ed. Aranzadi, Pamplona, 2000, pág. 27 y ss.
22 Cfr. STC 75/1985, Fundamento jurídico 4; 72/1989, Fundamento jurídico
2 y 193/1989, Fundamento jurídico 6.
«Debe afirmarse, por el contrario, que el principio democrático de la
igualdad se encuentra abierto a las fórmulas electorales más diversas, y
ello porque se trata de una igualdad en la Ley, o como el mismo art. 23.2
de la Constitución establece, de una igualdad referida a las «condiciones» legales en que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla,
por lo que la igualdad, por lo tanto, no prefigura un sistema electoral y excluye otros, sino que ha de verificarse dentro del sistema electoral que sea libremente determinado por el legislador,
impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir de las
reglas de tal sistema, y no por referencia a cualquier otro.
La reflexión anterior es aplicable a cada uno de los momentos en
que un proceso electoral puede descomponerse, y en relación a las pretensiones de los distintos sujetos que en tales momentos intervienen. Si
se aplica a la fase del escrutinio o, más concretamente, de atribución de
los puestos o escaños en los órganos representativos en función de los
votos obtenidos, no cabe apreciar que sea discriminatoria la exigencia, para tener derecho a esa transformación
de votos en
escaños, de obtener, al menos, un cierto porcentaje de votos,
pues la misma exigencia de la regla quiebra la igualdad de supuestos a
partir de la que sería posible la comparación entre las candidaturas que
sí obtengan y las que no ese porcentaje, del mismo modo que, en el
caso de un sistema m a y o r i t a r i o , no existiría la posibilidad de comparar,
y, por tanto, de afirmar la existencia de discriminación entre candidaturas que sí, y otras que no obtienen la mayoría electoral y, en consecuencia, representación en el correspondiente distrito o circunscripción.
Lo significativo, en todo caso, desde la perspectiva del artículo 23.2 de la Constitución, puesto en relación con el artículo
14, es que la regla legal se aplica a todas las candidaturas por
igual, sin que conste la existencia de obstáculos para que todas
ellas concurran a unas mismas elecciones, y en unos mismos
distritos o circunscripciones en las mismas condiciones legales
y sin que conste, tampoco, la existencia de diferencias
injustificadas o irrazonables en la aplicación de esa concreta regla, que
es por su intrínseca naturaleza enteramente justificada y fundada como
se establecerá en el siguiente fundamento jurídico.» ^3.
En c o n c l u s i ó n , no existe v u l n e r a c i ó n del principio de igualdad
porque la medida estaba prevista con carácter previo por la ley y se
aplicaba por igual a todas las candidaturas, sin que conste la existencia
de obstáculos para que todas ellas concurran a unas m i s m a s elecciones y en unas m i s m a s circunscripciones con los m i s m o s requisitos
No nos h a l l a m o s , por t a n t o , ante un supuesto de desigualdad
ante la ley, pues la ley es aplicada por igual a todas las candidaturas.
sino que la desigualdad radica en la propia ley, aunque no puede considerarse discriminatoria porque responde a una finalidad del legislador que no puede tacharse de irrazonable o arbitraria. La STC 193/1989
es la nnás clara en este punto, cuando dice:
«No puede negarse, c o m o se dijo, que la Ley Electoral Murciana contenga un t r a t a m i e n t o desigual. Pero esta desigualdad sólo podría consid e r a r s e d i s c r i m i n a t o r i a , y p o r e l l o l e s i v a d e l a r t í c u l o 23.2 d e la
Constitución, si careciera de una justificación objetiva y razonable. (...)
En el caso presente, la lectura del artículo 15 a) de la Ley 2/1987 revela la
pretensión del legislador a u t o n ó m i c o de primar a aquellos partidos, coaliciones o agrupaciones de electores que t e n g a n una suficiente presencia o aceptación electoral en el conjunto de la región y en d e t r i m e n t o de
aquellas otras circunscritas a un á m b i t o local más reducido...» 2*.
Más adelante nos detendremos en el análisis de las concretas
finalidades que el Tribunal ha considerado legítimas y, por tanto, no
vulneradoras de los principios de igualdad y, en su caso de proporcionalidad, tal y como se encuentran configurados por la Constitución.
De otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional parte de la
base de que el artículo 23.2 no determina la necesidad de proporcionalidad en relación al régimen de acceso de los cargos públicos representativos, sino que ésta es una exigencia derivada de otros preceptos
constitucionales 25 (en concreto de los artículos 68.3 y 152 26 de la
Constitución) o de los Estatutos de Autonomía que quedan integrados
dentro del contenido del derecho. Sobre este punto también se establece la doctrina básica en la STC 75/1985, en la que el Alto Tribunal
2* De manera implícita reconoce el Tribunal Constitucional que ese tratamiento desigual o diferenciado consiste en el distinto número de votos que necesita
cada candidatura - y en consecuencia, cada cargo público- para acceder a un escaño
25 Considero muy importante recordar que la exigencia de proporcionalidad no se construye de la misma manera en ambos preceptos constitucionales. Así,
en el artículo 68.3 este requisito queda reducido al ámbito de la circunscripción,
mientras que el artículo 152 predica esta exigencia del propio sistema electoral y es
matizada por la necesidad de garantizar también una adecuada representación de
todas las partes del territorio.
26 Resulta controvertido, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, la cuestión de si los requisitos que el artículo 152 de la
Constitución impone a los sistemas electorales autonómicos son aplicables a todas
las Comunidades Autónomas o bien sólo a aquéllas que accedieron a la autonomía
por la vía del artículo 151 de la Constitución, una interpretación literal de la norma
nos llevaría a considerar como correcta esta última consideración. Sin embargo,
creemos que desde el momento en que las Comunidades Autónomas del artículo
«no es posible hablar, sin mayor precisión, de «un» sistema de
escrutinio proporcional como de algo perfectamente delimitable, de
manera unívoca, en todos sus contornos, pues todo lo más que
puede apreciarse, en la simple afirmación de tal sistema, es una
voluntad de procurar, en esencia, una cierta adecuación entre
votos recibidos y obtención de escaños, y ello es algo que ya fue
considerado por este Tribunal Constitucional, en su Sentencia 40/1981,
de 18 de diciembre según la cual:
«... la representación proporcional es la que persigue atribuir a cada
partido o a cada grupo de opinión un número de mandatos en relación a
su fuerza numérica. Cualesquiera que sean sus modalidades concretas,
su ¡dea fundamental es la de asegurar a cada partido político o grupo de
opinión una representación, si no matemática, cuando menos sensiblemente ajustada a su importancia real.»
Ni la Constitución ni en este caso el Estatuto catalán, han pretendido,
en efecto, introducir, agotando la regulación de la materia, un sistema
«puro» de proporcionalidad, y si con tal expresión se entiende que la
única opción constitucionalmente válida sería la que atribuyese, sin desviaciones, los escaños de modo exactamente proporcional al porcentaje
de votos conseguidos, debe decirse que semejante sistema ni existe
entre nosotros, desde luego, ni en el Derecho comparado en parte
alguna, ni acaso en ningún sistema imaginable. La proporcionalidad
es, más bien, una orientación o criterio tendencial, porque siempre, mediante su puesta en práctica, quedará modulada o corregida por
múltiples factores del sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que cualquier concreción o desarrollo normativo del criterio, para
hacer viable su aplicación, implica necesariamente un recorte respecto a
esa "pureza" de la proporcionalidad abstractamente considerada.» 27.
143 de la CE, han adoptado la misma estructura orgánica que las del 151, deben
imponérseles las mismas limitaciones. A favor de incluirlas dentro del ámbito del
artículo 152 se manifiestan las SSTC 72/1989 y 225/1998 y PABLO SANTOLAYA MACHETTI:
«La Delimitación de Competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en Materia Electoral» en Revista de Derecho Político, núm., 24, 1987, pág.s 31 y ss
(en concreto pág. 45). En contra, SSTC 75/1985 y 193/1989 y Luis MARÍA DÍEZ-PICAZO:
«Los Criterios de Representación Proporcional del Artículo 68.3 de la Constitución:
su alcance y proyección a efectos distintos de la elección para el Congreso de los
Diputados» en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor García de Enterría, tomo III, Civitas, Madrid, 1991, págs, 2057 y ss. (en concreto pág.
2065).
2' La cursiva es nuestra.
En resumen, la exigencia de proporcionalidad ha de verse como
un imperativo de tendencia, que no prefigura la libertad de configuración del legislador, por ello puede verse modulada en aplicación de
diferentes factores. En concreto en esta Sentencia el Tribunal Constitucional cita algunos de los recortes de proporcionalidad vigentes en
nuestro ordenamiento y cuya legitimidad no se cuestiona en este
momento 28;
El primero de ellos viene fijado por la propia norma constitucional
al regular la composición del Congreso de los Diputados, pues atribuye
una representación mínima de dos diputados por provincia, como ya
hemos visto, siempre que se introduce un criterio de representación
territorial se originan desviaciones de la proporcionalidad, casi siempre
graves y difíciles, cuando no imposibles de contrarrestar por la acción
de otros elementos, produciéndose sesgos mayoritarios en un sistema
electoral aunque utilice una fórmula electoral proporcional.
Los restantes vienen establecidos actualmente 29 por el legislador orgánico, y son la propia regla D'Hont (pues de su aplicación
resulta una cierta ventaja para aquellas listas que han conseguido un
numero mayor número de votos) y la exigencia de haber obtenido un
mínimo del 3 por 100 de los votos válidamente emitidos en la circunscripción para poder participar en el reparto de los escaños.
Considera el Tribunal Constitucional que todas estas medidas, y
en especial la barrera electoral de 3 por 100, que es la única que se
impugna en el recurso, responden a una misma finalidad del legislador: evitar que la representación de los electores en la Cámara sea en
exceso fragmentaria, debiendo quedar, por este motivo, encomendada
a formaciones políticas de cierta relevancia. Son, en definitiva, instrumentos para dotar de capacidad de expresión a los órganos del Estado
y proporcionar centros de decisión política eficaces que permitan al
propio Estado adoptar una línea política general de actuación, favoreciendo por tanto la gobernabilidad del país. Alude el Tribunal, como
base de su argumentación, a los problemas que ha ocasionado en
otros periodos de nuestra historia reciente y de la de países de nuestro
entorno, una excesiva atomización parlamentaria. Siendo necesario, en
consecuencia, mecanismos que conjuguen el valor del pluralismo político (artículo 1.1 de la Constitución), representado por la proporciónanos Cfr. STC 75/1985, fundamento jurídico 5.
29 La sentencia hacía referencia al RD-Ley 20/1977, sin embargo la LOREG
ha venido ha reproducir sus previsiones en ese punto, estableciendo las mismas
restricciones la proporcionalidad.
M.a REYES PÉREZ ALBERDI
dad, con la pretensión de la efectividad de la organización y actuación
de los poderes públicos. Una justificación que se encuentra presente
también en los sistemas electorales de otros países (a este respecto,
como es costumbre en nuestro Tribunal Constitucional, se cita en la
Sentencia 75/1985 el precedente de Alemania).
En conclusión, la primera finalidad que el Tribunal Constitucional
considera legítima, por ello, justificación objetiva y razonable en orden
a no apreciar un trato discriminatorio derivado de la aplicación de una
medida que en caso de carecer de esta motivación podría suponer una
infracción de la igualdad en el acceso a los cargos públicos representativos, al mismo tiempo que una vulneración del principio de representación proporcional exigido por los artículos 68.3 y 152.1 de la
Constitución, es la de combatir la excesiva atomización de la representación en aras del favorecimiento de la formación de gobiernos estables sostenidos en la confianza de la mayoría parlamentaria.
Mención aparte requiere la STC 72/1989; ya que, por las propias
especialidades del sistema electoral canario, se añaden otras justificaciones adicionales a unas barreras electorales también muy peculiares.
Como hemos visto, se prevén dos tipos de barreras de acceso. Por un
lado, una barrera del 3 por 100 a nivel regional, cuya legitimidad no
cuestiona el recurrente, en base a la doctrina ya sentada anteriormente
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 75/1985 30; por otro lado,
se prevé una segunda barrera electoral altísima (y que no tiene parangón con ningún otro sistema electoral autonómico) del 20 por 100, esta
vez, a nivel de circunscripción, cuya compatibilidad con la Constitución
también confirma el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la justificación que ofrece sobre la misma es muy diferente a la establecida con
anterioridad e incluso de efecto contrario. Ya no se trata de evitar una
representación excesivamente fragmentaria, sino de corregir los efectos derivados de la aplicación de la primera barrera, que puede provoco Sin embargo es conveniente destacar que nos encontramos ante dos
supuestos muy diferentes, a pesar de que tanto el RD-Ley 20/1977 como el Estatuto
de Canarias en su anterior redacción fijen una barrera legal de 3 por 100, el presupuesto de que parten es muy distinto, pues en el primero el ámbito es la circunscripción: la provincia; mientras que el ámbito del segundo es todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, y por tanto todo el ámbito de las elecciones, produciendo
unos efectos muy diferentes en cuanto a la exclusión de las candidaturas, como
luego veremos, y que, sin embargo, el Tribunal, no llegó a analizar por no haber
sido directamente impugnada esta barrera por el recurrente. Para estar en el mismo
supuesto el límite del 3 por 100 tendría que haber estado referido al conjunto de
votos válidamente emitidos en cada circunscripción, que en el caso de las elecciones autonómicas en Canarias no es la provincia, sino la isla.
car, debido al tamaño desigual de las circunscripciones, que determinadas fuerzas políticas mayoritarias en el seno de la circunscripción,
pero minoritarias en el conjunto de la Comunidad Autónoma puedan
quedar fuera del Parlamento por no superar la barrera del 3 por 100 a
nivel regional. Pues es conocido que alguna de las islas (por ejemplo, la
isla de El Hierro) tiene un número de electores inferior a ese 3 por 100.
Por tanto, la presencia de la barrera electoral responde a las
peculiaridades del caso canario y tiene por objeto o finalidad la de asegurar la presencia de las minorías por razón del territorio.
Resumiendo, el Tribunal Constitucional considera que no existe
una vulneración del principio de igualdad en el acceso a los cargos
públicos representativos porque la igualdad que exige el artículo 23.2
CE es, en principio, una igualdad ante la ley, que se concreta en que la
ley aplicada sea la misma para todas las candidaturas. En este punto,
adopta el Alto Tribunal un concepto formal de igualdad.
Sin embargo, este argumento es desmentido por el propio Tribunal para el caso de elecciones generales y autonómicas porque la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía imponen la exigencia de
proporcionalidad. Proporcionalidad que ha sido definida por el Tribunal Constitucional como «una cierta adecuación entre votos recibidos y
escaños». Por tanto, el integrar el contenido del artículo 23.2 CE con el
principio de proporcionalidad supone dotar a la igualdad de cierto contenido material: La igualdad en el acceso a los cargos públicos exige un
peso semejante de todos los votos y unas análogas oportunidades de
éxito 31- De ahí la necesidad de justificar en términos de razonabilidad
las desviaciones de la regla de la proporcionalidad.
Por tanto, para no apreciar una vulneración del artículo 23.2 por
infligir un tratamiento diferenciado derivado del distinto valor de los
votos, éste necesita ser justificado por medio de una finalidad razonable, que evite que ese trato diferenciado se convierta en discriminat o r i o . De otra f o r m a , es decir, si partiésemos de un concepto
meramente formal de igualdad y de proporcionalidad, entendidas
como igualdad ante la ley y como aplicación de una fórmula proporcional respectivamente, no sería necesario justificar, al contrario de lo que
hace el Tribunal Constitucional, las desviaciones de esta regla.
En este trabajó defenderemos, por tanto, que el sistema electoral
canario impone también un concepto material de igualdad en el resul31 Aunque no una completa equivalencia, como ocurre en el caso de Alemania. Vid. supra nota 10.
tado, de forma que cualquier desigualdad debe ser siempre fundada en
razones especialmente justificadas e irrefutables.
4. ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTORAL AUTONÓMICO CANARIO
TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA OPERADA POR LA LEY
ORGÁNICA 4/1996
La reforma estatutaria introducida por la LO 4/1996 ha realizado
importantes modificaciones en el sistema electoral autonómico de
Canarias, cuya constitucionalidad ha quedado confirmada, de forma no
muy satisfactoria, por la STC 225/1998, de 26 de noviembre (BOE, 30 de
diciembre). Este subsistema electoral ha resultado polémico desde su
nacimiento. Prueba de ello, es que la tramitación de la reforma del
Estatuto canario fue aprobada por unanimidad en casi todos sus puntos, tanto en el Parlamento canario, como en las Cortes Generales,
salvo en el atinente al sistema electoral 32, que sólo contaba con el
apoyo del Partido Popular y Coalición Canaria (socios en el Gobierno
nacional y regional), y por el contrario, disfrutaba de la oposición de las
restantes fuerzas políticas presentes en la Asamblea autonómica: Partido Socialista (PSC-PSOE), Plataforma Canaria Nacionalista (PCN) 33 y
la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ). En el Parlamento Nacional,
la proposición de reforma gozaba especialmente de la oposición de
Izquierda Unida (lU) 3*, PSOE y AHÍ 35.
32 Para un análisis detallado de la tramitación de la proposición de reforma
estatutaria acometida por la Ponencia especial instituida al efecto en el Parlamento
canario (noviembre de 1991) hasta su aprobación definitiva por el Pleno del congreso de los Diputados cinco años después, el 19 de diciembre de 1996, puede consultarse la breve crónica del profesor TRUJILLO en el Capítulo «Canarias» de la obra
colectiva Informe sobre las Comunidades Autónomas (dir. E. A J A ) . Asimismo, pueden consultarse los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11 de
junio de 1996 (Pleno), 24 de octubre de 1996 (Comisión) 31 de octubre de 1996
(Pleno) y 19 de diciembre de 1996 (Pleno) y del Senado de 28 de noviembre de1996
(Comisión) y 4 de diciembre de 1996 (Pleno).
33 Coalición constituida por el Partido de Independientes de Lanzarote
(PIL) y los Independientes de Fuerteventura, que, como veremos, ha desaparecido
del mapa parlamentario (pese haber aumentado su apoyo popular) tras las recientes elecciones de 13 de junio de 1999, sin lugar a dudas, a raíz de la aplicación de las
diversas cláusulas de exclusión previstas en la nueva redacción de la norma estatutaria aprobada por LO 4/1996.
3* Fuerza política que siempre ha resultado perjudicada por el sistema
electoral canario, pues nunca ha logrado rebasar el mínimo exigido para poder
entrar en el reparto de escaños, aunque la suma total de los votos obtenidos en
todo el territorio autonómico es mucho mayor que el de algunas agrupaciones
El origen de esa oposición es desde un primer momento bien
clara: de la regulación finalmente aprobada se desprenden graves contradicciones con la Constitución. Esto llevó a la interposición por el
Defensor del Pueblo de un recurso de inconstitucionalidad sobre el que
se pronuncia la STC 225/1998. Antes de empezar analizar la citada Sentencia, considero imprescindible realizar una breve descripción del
subsistema electoral canario, lo que dotará de una mayor claridad a la
exposición 36.
A) Breve descripción del sistema electoral canario
Las disposiciones estatutarias, que en la actualidad fijan el régimen de atribución de escaños, son el artículo 9 y la Disposición transitoria primera que obedecen al siguiente tenor literal:
1. El Parlamento, ó r g a n o representativo del pueblo canario, estará
constituido por Diputados a u t o n ó m i c o s elegidos por sufragio universal,
directo, igual, libre y secreto.
es el de representación
nacionalistas que únicamente se presentan en las islas menores. Por ello lU siempre ha propugnado para Canarias una circunscripción única y la desaparición de las
barreras, con objeto de conseguir un sistema verdaderamente proporcional, y, con
ello, mejorar sus resultados electorales.
35 Entre los diversos motivos de oposición, (además de la vulneración del
principio de proporcionalidad, que constituye el principal motivo de impugnación
ante el Tribunal Constitucional) el más importante es sin duda que la opción política
que fue definitivamente aprobada, supone la consolidación de los grupos políticos
presentes en el Parlamento autonómico, pues impide el acceso de todos aquellos
partidos nacionalistas que no se encuentren integrados dentro de Coalición Canaria, así como la aparición de nuevos partidos (puesto que al necesitar para obtener
representación en el Parlamento que superar todos los escollos que el propio sistema incorpora, no tendrán la posibilidad de un crecimiento electoral progresivo, ya
que de entrada se les exige un fuerte apoyo popular. Con lo cual no van a poder
defender eficazmente la bondad de sus propuestas ni disfrutar de las ventajas derivadas de su condición de partidos con representación parlamentaria (financiación
pública, acceso a los medios de comunicación, etc.). Por tanto, siempre serán unos
grandes desconocidos para la mayoría del electorado perpetuándose su condición
de partidos extraparlamentarios.
36 Para un estudio más detallado del sistema electoral y autonómico canario puede consultarse LÓPEZ AGUILAR, JUAN FERNANDO: «Los problemas de constitucionalidad del sistema electoral autonómico canario. (La "insoportable permanencia"
de una Disposición Transitoria)» en Revista Española de Derecho
núm. 5 1 , pág.s 95-139, así como la bibliografía en él citada.
3. El número de Diputados autonómicos no será inferior a 50 ni
superior a 70.
4. Cada una de las Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La
Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife constituye una circunscripción
1. De acuerdo con lo establecido en el art. 9 del presente Estatuto, y
en tanto no se disponga otra cosa por una ley del Parlamento Canario
aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, se fija en
60 el número de Diputados del Parlamento Canario, conforme a la
siguiente distribución: 15 por cada una de las Islas de Gran Canaria y
Tenerife; ocho por La Palma; ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura; cuatro por La Gomera y tres por El Hierro.
2. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 del presente Estatuto, y en tanto no se disponga otra cosa por una ley del Parlamento Canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus
miembros, se establece que sólo serán tenidas en cuenta aquellas
listas de partido o coalición que hubieran obtenido el mayor
número de votos válidos de su respectiva circunscripción
electoral Y las siguientes que hubieran obtenido, al menos, el 30
por 100 de los votos válidos emitidos en la
insular o, sumando los de todas las circunscripciones
donde hubiera presentado candidatura, al menos, el 6 por 100
de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad
Autónoma 3^, 38.
Las peculiaridades del r é g i m e n electoral canario e n c u e n t r a n a
nivel doctrinal su justificación en el artículo 138 de la C o n s t i t u c i ó n :
«El Estado garantiza la realización efectiva del principio
solidaridad consagrado
en el artículo 2 de la Constitución,
velando por el
adecuado y justo
las diversas partes del territorio español, y atendiendo
en particular a
del hecho insular» y así, la s i m p l e a l u s i ó n en la
37 La cursiva es nuestra.
38 Podemos destacar, por tanto, notables diferencias con la regulación
anterior (antiguo artículo 8 y Disposición transitoria primera): en primer lugar la
elevación de las barreras: de un 3 por 100 regional a un 6 por 100, y de un 20 por
100 Insular a un 30 por 100. En segundo lugar la introducción de un tercer elemento corrector: la previsión de que en t o d o caso accederá al parlamento la
fuerza más votada, pues la elevación de los umbrales de exclusión podía llevar
aparejada la consecuencia de que no alcanzase representación parlamentaria ni
siquiera al partido político que contase con al mayor número de sufragios en la
Constitución a un fenómeno geográfico (la insularidad de su territorio
y la gran lejanía del Archipiélago de la Península Ibérica) 39, como
«peculiaridad» o si se prefiere como «hecho diferencial» (al que la
propia Norma fundamental atribuye dos importantes consecuencias:
a) un tratamiento diferenciado en el plano económico que serviría
para justificar el reconocimiento de un especial régimen económico y
fiscal a esta Comunidad ^o y tj) el reconocimiento de los Cabildos
como órganos de administración de las islas), se ha interpretado en el
sentido de convertir a la isla en el elemento central de todo el sistema
autonómico canario '*'', llegando incluso a afectar a la propia clave
política de la representación parlamentaria, como veremos más adelante 42.
El sistema autonómico canario se encuentra marcado por lo que
se ha denominado el síndrome del insuiarísmo, que consiste en una
exacerbación del sentimiento insularista que desemboca en la defensa
exclusiva y excluyente de los intereses insulares *^; exacerbación a la
que ha contribuido notablemente cada uno de los elementos «peculiares» del sistema electoral canario: la circunscripción, la distribución de
los escaños y las barreras electorales **.
El conocido concepto de insularidad alejada.
Cfr. Disposición adicional tercera y artículo 141.4 de la Constitución.
Para una descripción del régimen autonómico canario puede consul-
tarse J . F. LÓPEZ AGUILAR: «La Forma de Gobierno Canaria» en GERARDO RUIZ RICO y
SILVIO GAMBINO (Coord.s): op. cit. págs. 581-627. Téngase en cuenta que su redacción
es anterior a la reforma estatutaria.
Vid. infra nota 44.
Cfr. J . F. LÓPEZ AGUILAR, «Los problemas...» op. cit. p. 108.
** Otras manifestaciones del insularismo presentes en el Estatuto autonómico se encuentran en los artículos 12.4 («Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple, a excepción de los casos en que en este propio Estatuto se establezca otro
sistema de mayorías. No obstante, cuando al menos los dos tercios de los Diputados representantes
de una Isla se opusieran en el Pleno a la adopción de un
acuerdo por considerarlo perjudicial para la misma, el asunto se pospondrá a la
sesión siguiente»)^ 12.5 («La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno Canario
y a los Diputados autonómicos o aun Cabildo Insular.»), pues de todo ello -sistema
electoral, artículo12.4 y 12.5- parece desprenderse que sólo los representantes de
cada isla pueden defender adecuadamente los intereses de la misma, lo cual afecta
claramente (tal y como apuntábamos antes) a la propia clave política de la representación, pues supone una sustitución del mandato representativo en virtud del
cual, como es sabido, cada diputado representa a la totalidad de los electores, por
un mandato que podríamos denominar como territorial, en virtud del cual el representante defiende no ya el interés general, de todos los electores, sino intereses
particulares de un determinado territorio, al representar en el Parlamento autonómico a su isla.
7. Circunscripción: la isla
El Archipiélago canario está compuesto por trece islas, de las cuales
sólo siete tienen reconocida personalidad jurídica, pasando las otras seis a
depender administrativamente de Lanzarote y Fuerteventura *5. El Estatuto de Autonomía, artículo 9 párrafo 3, dispone que el Parlamento contará
con un número de Diputados autonómicos que no será inferior a 50 ni
superior a 70, habiéndose fijado por la Disposición transitoria primera en
60. Al mismo tiempo preceptúa que cada una de las islas que tradicionalmente han tenido atribuida personalidad jurídica constituye una circunscripción, en tanto no se establezca otra cosa por una ley del Parlamento
Canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros *6.
El sistema electoral canario ofrece en este punto una importante
peculiaridad al establecer una circunscripción electoral de ámbito inferior a la provincia: la isla, porque, aunque existen en Derecho autonómico comparado otras Comunidades Autónomas que establecen
subdivisiones provinciales, por ejemplo Murcia o Asturias, se trata
siempre de Comunidades Autónomas uniprovinciales.
*5 Cfr. en este sentido el artículo 2 del Estatuto de Autonomía canario: «El
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago
integrado por las siete Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera,
Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por las Islas de Alegranza, La Graciosa,
Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, agregadas
administrativamente a Lanzarote, salvo la de Lobos, que lo está a Fuerteventura.»
^s Durante la tramitación parlamentaria de la reforma estatutaria existieron diversas propuestas por parte de los grupos parlamentarios de lU, que como
hemos dicho antes defendía una circunscripción única (aunque posteriormente
manifestó su intención de adherirse a la propuesta socialista) y del PSOE, que propugnaba una ampliación del número de diputados, todavía sin determinar, pero
que podría oscilar entre 10 o 20 (cualquier modificación de esta cifra que supere los
10 diputados requiere de reforma estatutaria), añadiéndose una nueva circunscripción de ámbito regional donde se adjudicarían estos nuevos escaños. Con esta
nueva circunscripción se perseguirían dos objetivos. Mejorar la proporcionalidad
global del sistema y fortalecer los sentimientos regionales, obligando a las formaciones políticas a tener que presentar candidatos claros a la presidencia del
Gobierno y, sobre todo, programas políticos que superen el ámbito insular.
Esta última propuesta está muy en consonancia con las tendencias doctrinales de reforma del sistema electoral del Congreso, pues para mejorar la proporcionalidad se sugiere la creación de una circunscripción de segundo grado, de ámbito
más extenso que la provincia (o que los distritos que se creasen), ya sea la Comunidad Autónoma, ya todo el territorio nacional, en la que se distribuirían los escaños
no directamente asignados en la circunscripción provincial. Se trata p o r t a n t e de un
modelo muy similar al de la elección proporcional «personalizada» vigente como
hemos visto en Alemania. En este sentido pueden consultarse los trabajos de FRANCESc PALLARES: op. cit
y CARLOS ALARCÓN CABRERA: op.
2. La distribución de escaños: el principio de la triple paridad
El primer párrafo de la reiterada Disposición Transitoria Primera
establece una artificiosa distribución de los escaños entre las diferentes circunscripciones, conforme a lo que se conoce como la regla o el
principio de las tres paridades:
La primera de las paridades hace referencia a la equivalencia
entre el total de escaños asignados a las islas de una provincia frente a
los de la otra. De esta forma las islas de Tenerife (15 escaños), La Palma
(8 escaños). La Gomera (4 escaños) y El Hierro (3 escaños) suman 30
escaños, al igual que las de Gran Canaria (15 escaños), Lanzarote (8
escaños) y Fuerteventura (7 escaños). La segunda viene dada por la
equivalencia entre el número de diputados asignados a las islas mayores (30 escaños que suman Tenerife y Las Palmas) frente a las menores
(otros 30 escaños) y por último, la tercera paridad se refiere a la equivalencia entre el número de escaños que suman las islas menores de
cada provincia (15 escaños) frente al número de escaños que corresponde a la isla donde se encuentra la capital de la provincia.
Como sabemos, la introducción de elementos territoriales (un
número mínimo de representantes por circunscripción, por ejemplo)
siempre provoca graves efectos mayoritarios.
De hecho, el sistema de la triple paridad es el factor de desproporcionalidad más relevante del sistema canario, más incluso que las
barreras electorales, y a pesar de ello, no ha sido impugnado ante el
Tribunal Constitucional por su contradicción tanto con el principio de
proporcionalidad y con el derecho de igualdad en el acceso a los cargos públicos representativos 4^.
Debemos tener en cuenta que, en las recientes elecciones al Parlamento autonómico de junio de 1999 *^, tan solo 5.407 electores de la
isla de El Hierro, han elegido 3 diputados autonómicos, mientras que
Ni es probable que se impugne, pues no podemos olvidar que pese a las
críticas, este sistema ya se encontraba vigente en la anterior redacción del texto
estatutario, y que, al mismo tiempo, también se le atribuyen, sobre todo por los
defensores de posturas insularistas, no pocas virtudes. La más relevante es que se
ha considerado que la participación de las islas menores en el Parlamento de Canarias es un factor esencial en la política del Archipiélago que ha permitido, a su juic¡o,el desarrollo de dichas islas, consiguiendo un equilibrio interinsular positivo que
facilita el logro de uno de los fines que proclama el Estatuto: la solidaridad entre las
islas, siendo éste un instrumento esencial para el enriquecimiento de estas islas
''8 Ver Cuadro I.
367.800 electores grancanarios o 338.305 tinerfeños a 15, lo que nos
demuestra una gran disparidad entre las valencias de los votos derivada simplemente de la distinta residencia de cada uno de ellos, dando
lugar a un ratio de 1/13,6 que enfrenta a un elector herreño con un
grancanario o de 1/12,7 con un tinerfeño '*9.
Total censo electoral: 1.348.469
30% circunscripción
6% Comunidad
110.340 - 49.821
11.020 - 49.821
7.760 - 49.821
338.305
101.492 - 49.821
13.392 - 49.821
3.480 - 49.821
1.622 - 49.821
830.352
C U A D R O i: Participaciór)
de 13 de junio
de 1999 ^
Estas desviaciones del principio de igualdad de voto no tienen
paralelismo con ninguna otra presente en los diversos sistemas electorales (Congreso ^i o Derecho electoral autonómico comparado) vigentes en nuestro país.
No obstante, el Derecho autonómico comparado nos proporciona otro caso de preterición del principio de proporcionalidad a
favor del principio de territorialidad: la Comunidad Autónoma del
País Vasco, donde también existe un reparto paritario de escaños
entre las circunscripciones, que en este caso son los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, correspondiendo a cada una de
ellas 25 parlamentarios. La disparidad entre las valencias de los sufrá-
Para realizar este ratio hemos tenido en cuenta únicamente los votos
validamente emitidos, no el número hipotético de electores de cada una de la circunscripciones, que dado el elevado porcentaje de abstención es mayor.
Fuente: P a r l a m e n t o d e C a n a r i a s ,
http://www.parcan.rcanaria.es/eleccio-
nes99.
51 Así, en las elecciones al Congreso de los Diputados, el voto de un elector soriano vale tanto como el voto de cuatro madrileños.
gios es, sin embargo, mucho menor (el máximo es de 1/4,4 que
enfrenta ai voto vizcaíno frente al alavés). Ahora bien, debe advertirse
que esta anomalía del sistema electoral vasco es plenamente legítima, gozando de plena apoyatura en el mismo texto constitucional:
la muy famosa Disposición Adicional Primera, que introduce importantes particularidades en la configuración constitucional de esta
Comunidad Autónoma ^^.
La regla de la triple paridad no tiene, en el caso canario, un
soporte en la Norma Fundamental. No por ello la regulación tiene que
ser contraria a la misma, y por tanto inconstitucional. Para ello, el Tribunal Constitucional debe apreciar la existencia de una contradicción
entre la regulación fijada en la Disposición Adicional Primera con
alguno de los preceptos constitucionales: En este caso, creemos que
podría apreciarse dicha contradicción, como hemos visto, con el artículo 23.2 53, fundamentalmente. El análisis que debiera seguir a partir
de aquí el Alto tribunal sería muy similar al efectuado a la hora de confirmar la constitucionalidad de las barreras electorales, aunque de
resultado contrario.
Para ello debemos partir del contenido esencial del artículo 23.2,
que, por lo que aquí nos interesa^*, es (como concreción del principio
de igualdad ^^) la garantía de la situación de los ciudadanos para que
sean igualmente elegibles. En este punto, una vez constatada la exis52 Además, como ya fue advertido por el profesor Trujillo, el Estatuto de
Autonomía vasco no ha consagrado el principio de voto igual entre los principios
que definen el régimen del sufragio, a diferencia de lo que establece el artículo 9.1
del Estatuto de Autonomía canario (vid. supra pág 20). Cfr. TRUJILLO, GUMERSINDO: «El
Estado...», op. cit, pág.s 49-50.
T a m b i é n el artículo 152 d e la C o n s t i t u c i ó n .
5^ Como es bien conocido, el Tribunal Constitucional ha realizado una
Interpretación extensiva del contenido del artículo 23.2 de la Constitución de forma
que el derecho a acceder a los cargos públicos comprende también el derecho a
permanecer en los mismos, pues de otra forma quedaría vacío de contenido. {Vid.
por todas SSTC 5/1983, de 4 de febrero; 10/1983 de 21 de febrero, 32/1985, de 6 de
marzo y un largo etcétera)
55 Para una visión más extensa del principio de igualdad pueden consultarse: GARCÍA MORILLO, J : «La cláusula general de igualdad» en AA..VV: Derecho
constitucional wo\. I, Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. RUBIO LLÓRENTE, F: «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 31, 1991. CARRASCO PERERA. A.: «El juicio de
razonabilidad en la justicia constitucional» en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 11,1984 y JIMÉNEZ BLANCO, A. (Coord.): «Artículo 14» en Comentario a
la Constitución. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Ed. Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 1993.
tencia de un trato desigual en situaciones de hecho iguales (dos candidatos al Parlamento canario no acceden al órgano representativo en
idénticas condiciones legales, pues dependiendo de la circunscripción
por la que se presenten van a necesitar un número muy diferente de
apoyos ciudadanos), para no apreciar la existencia de un trato discriminatorio debe constatarse la existencia de una justificación objetiva y
razonable de esa diferencia de trato.
En este test de razonabilidad, debería probarse que la diferencia
de trato responde a una finalidad legítima, esto es, constitucionalmente admisible. En este caso, la finalidad de esta regla de la triple
paridad, no sólo es constitucionalmente admisible, sino que además
constituye la realización de un mandato constitucional: asegurar la
representación de las diversas zonas del territorio (Artículo 152.1 Constitución).
Ahora bien, entre la finalidad perseguida y el medio utilizado
para ello (y que supone un trato discriminatorio) debe existir una conexión efectiva, y por tanto, en nuestro supuesto, la desigualdad que
introduce la regla de las tres paridades debe asegurar la representación
de las diversas zonas del territorio, como ciertamente sucede.
Pero, además, es necesario garantizar la proporcionalidad de las
consecuencias que se derivan de la relación entre todos estos elementos. Con ello queremos decir que debe existir además una proporción
entre la diferencia de trato que se otorga y la finalidad perseguida 56. Es
en este punto donde creemos que falla la regla de distribución de escaños fijada para Canarias. Porque no debemos olvidar que el artículo
152.1 exige además que la Asamblea legislativa de las Comunidades
Autónomas sea elegida además por un sistema de representación proporcional.
En consecuencia, y aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establezca que la proporcionalidad dentro de un sistema electoral debe ser considerada como un imperativo de tendencia, debe ser
al menos eso, y no verse completamente anulada mediante la implantación de un sistema que en absoluto persigue una mínima adecuación
entre votos recibidos y obtención de escaños. Por tanto el Tribunal
56 Debe advertirse que el Tribunal Constitucional debe respetar en todo
momento la libertad de configuración del legislador, de forma que no puede entrar
a analizar la oportunidad de la medida y si habría otras opciones que cumplirían
mejor esa finalidad, sino que sólo puede entrar analizar si la medida adoptada se
encuentra dentro de los márgenes que marcan lo que es proporcional en la relación
entre la desigualdad de hecho y la finalidad perseguida.
Constitucional, a la hora de efectuar el test de razonabiiidad y fijar los
márgenes de dentro de los cuales la relación entre la diferencia de trato
y finalidad perseguida, no puede olvidar el mandato a favor de un sistema proporcional que el constituyente dirige al legislador, debiendo
declarar inconstitucional un sistema como el de las tres paridades,
donde únicamente se persigue garantizar la representación equivalente de todas las partes del territorio.
Sin lugar a dudas resulta muy difícil conciliar ambos mandatos
en un sistema como el canario donde la representación de las distintas
partes del territorio en el Parlamento autonómico no puede olvidar el
«hecho insular», lo que se traduce en que todas las islas deben tener
representación en el mismo.
Se han ofrecido diversas propuestas de solución que mejorarían
la proporcionalidad del sistema. La más conocida es la defendida por el
PSOE durante la tramitación de la reforma estatutaria, consistente en,
por un lado, la conservación de la regla de las tres paridades tal y como
se encuentra enunciada actualmente y por otro en la ampliación del
número de Diputados autonómicos (en un primer momento se sugirió
hasta el número de 80, pero más tarde se dejó sin concretar en orden a
alcanzar el mayor grado de consenso posible en la aprobación de la
enmienda; sin embargo, este grupo parlamentario sólo logró el apoyo
de Izquierda Unida y por tanto no consiguió ser definitivamente aprobada); este exceso de escaños resultante de la ampliación se distribuiría en una circunscripción regional.
Otra propuesta de solución es la de asignar un número mínimo
de Diputados por isla, que incluso podría ser un parlamentario ^7 en la
isla de El Hierro, distribuyéndose los restantes en proporción a la
población de cada isla.
57 El Tribunal Constitucional en Sentencia 45/1992, de 2 de abril ha declarado constitucional la posibilidad de asignar un único diputado a la isla de Formentera «En efecto, el legislador autonómico Balear se vio enfrentado, a la hora de
regular los criterios de distribución de escaños entre las distintas islas, no sólo con
la necesidad de conciliar los criterios de proporcionalidad
y adecuada representación de cada una de ellas, sino también con el hecho de que los parlamentarios a
elegir constituirían no sólo el Parlamento Balear, sino también los diferentes Consejos Insulares, órganos de gobierno y administración de las respectivas islas.
Desde esta óptica es, en primer lugar, plenamente acorde a los preceptos
estatutarios y constitucionales
que se otorgue a la isla de Formentera un único
representante, que asegure su representación como tal tanto en el Parlamento
como en el Consejo Insular del que forma parte junto a la isla de Ibiza, sin que ello
suponga vulnerar el precepto que impone un sistema proporcional». (La cursiva es
3. Las barreras
El último elemento del sistema electoral canario, que introduce
también importantísimas desviaciones de la regla de la proporcionalidad, es la ampliación de las barreras de acceso, que ya se encontraban
presentes en la regulación anterior. Así, de una primera barrera legal
del 3 por 100 de ámbito regional se ha pasado a otra de un 6 por 100.
En segundo lugar, la barrera del 20 por 100 de ámbito insular
(que como sabemos tiene por finalidad evitar que determinadas fuerzas políticas de gran implantación en la circunscripción que, de no operar esta segunda cláusula, quedarían excluidas del Parlamento como
consecuencia de la aplicación de la primera barrera) ha sido sustituida
por otra del 30 por 100.
Sin embargo, y lo que es más increíble, ha sido necesario introducir un nuevo elemento corrector: la previsión de que en todo participará en la distribución de escaños la candidatura más votada en la
circunscripción. Esta medida se introdujo en el Senado como una
enmienda el texto aprobado por el Congreso ^^ (que a su vez había
modificado el texto que había sido remitido a las Cortes generales
como proposición de ley por el Parlamento canario y que, aunque también preveía la elevación de las barreras, ésta era menor: en concreto a
un 5 y a un 25 por 100 respectivamente), al advertirse que de la regulación aprobada podía derivarse la paradoja de que en determinadas
islas, las conocidas como islas menores, no alcanzasen representación
las fuerzas más votadas.
En el epígrafe siguiente analizaremos con mayor profundidad
este tercer elemento, pues en éste sólo pretendíamos sintetizar los rasgos más característicos del sistema electoral canario, lo que constituye
un paso previo indispensable para poder entrar a analizar la Sentencia
225/1998.
B) Comentario de la STC 225/1998
La Sentencia del Tribunal Constitucional 225/1998, de 25 de
noviembre, resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el Defensor del Pueblo exclusivamente contra el párrafo segundo
de la Disposición Transitoria Primera de la LO 4/1996, de 4 de diciem58 Que sólo preveía las barreras del 6 por 100 para toda la Comunidad
Autónoma y del 30 por 100 insular
bre, de reforma de la LO 10/1982, de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de Cananas, por su posible contradicción con los artículos 1.1,6,
9.2 y 3, 14, 23.2 y 152.1 de la Constitución y contra el 9 del propio Estatuto de Autonomía de Canarias.
Sin embargo, en un estudio centrado en la averiguación de los
efectos que produce la introducción de barreras de acceso en los sistemas electorales, creemos conveniente ceñir nuestro análisis al estudio
de las impugnaciones de los artículos 23.2 y 152.1 que como hemos
visto son los que siempre se encuentran involucrados a la hora de confirmar o rechazar la constitucionalidad de estas cláusulas alteradoras
de la proporcionalidad de los sistemas electorales ^9.
59 No obstante, no puedo resistirme a transcribir algunos de los pronunciamientos que, aunque no relacionados directamente con el tema que nos ocupa,
realiza el Tribunal Constitucional sobre el resto de las cuestiones incluidas en el
petitum de la demanda del Defensor del Pueblo. Se trata, como el propio Tribunal
advierte, de aspectos jurídico-formales relativos al sistema de fuentes del derecho.
En primer lugar, por lo que se refiere a la impugnación del artículo 9.3 que se
fundaba en el hecho de que la regulación de del sistema electoral, al realizarse en
una Disposición Transitoria que exige para su modificación una mayoría muy cualificada, (concretamente habrá de realizarse por ley autonómica aprobada por las dos
terceras partes de sus miembros), vulnera dos de los mandatos dirigidos al legislador en el mencionado precepto al ocasionar inseguridad jurídica (pues crea confusión jurídica la calificación como disposición transitoria de una norma que en la
práctica va a resultar tan definitiva o permanente como la del resto del articulado
del Estatuto de Autonomía) y suponer una quiebra del principio de interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
Sobre la primera de las impugnaciones (la trasgresión del principio de seguridad jurídica), el Tribunal Constitucional afirma que «el grado de acierto del legislador acerca de la naturaleza temporal o definitiva de la disposición legal impugnada
y su calificación como norma de derecho transitorio no es per se elemento condicionante de su constitucionalidad, ni supone en su sola consideración, individual,
una quiebra del principio de seguridad jurídica reconocido en el art. 9.3 CE. Calificar
como transitoria una regulación jurídica de vigencia temporalmente
puede ser, en su caso, expresión de una mala técnica legislativa, mas de dicha circunstancia no cabe inferir de modo necesario una infracción del mencionado
principio constitucional.
Ciertamente, no corresponde a la jurisdicción constitucional
pronunciarse sobre la perfección técnica de las Leyes» y que no puede apreciarse
ninguna vulneración de la seguridad jurídica porque «En todo caso, el precepto
estatutario que se recurre es perfectamente claro y no ofrece especiales
de comprensión y entendimiento que puedan inducir a error o confusión (...) Por
tanto, no puede afirmarse la caracterización del precepto recurrido como norma de
Derecho transitorio conduzca, en este caso, a una falta de certidumbre sobre el
derecho aplicable.» (La cursiva es nuestra).
También se aduce que la norma crea inseguridad jurídica y comporta una
quiebra del principio de interdicción de la arbitrariedad en la medida en que produce una degradación encubierta de rango normativo, permitiendo al legislador
Lo cierto es que en la presente sentencia el Tribunal Constitucional no establece ninguna doctrina innovadora, sino que lo que hace es
repetir la doctrina sentada en la Sentencia 72/1989, lo cual, a nuestro
modesto entender, en algunos puntos resulta insostenible por cuanto
la modificación de las barreras, en especial el aumento de la barrera
interinsular al 30 por 100, ha provocado una variación del presupuesto
de hecho del que se parte, como intentaremos demostrar.
Lo primero que debemos advertir, tal y como el Tribunal Constitucional hace, es que en este caso no va manifestarse el Alto Tribunal
sobre la licitud constitucional de las barreras de acceso, pronunciamiento que no solicita el Defensor del Pueblo, quien parte de una aceptación de la citada doctrina, sino sobre sus límites. Por tanto dado que
autonómico modificar una materia que, como consecuencia de la propia disposición transitoria impugnada, tiene la condición y rango de estatutaria y que se
encuentra, en consecuencia, afecta al procedimiento de reforma previsto en el propio Estatuto de Autonomía. Con respecto a este punto el Tribunal Constitucional
argumenta que, existen determinadas materias que pese a venir reguladas en el
propio Estatuto no forman parte de la reserva material del mismo (determinado en
el artículo 147.2 de la Constitución), y p o r t a n t e tan legítimo habría sido incluirlas en
la normativa estatutaria como no hacerlo. Ahora bien, su inclusión en la norma
básica de la Comunidad Autónoma provoca una congelación de rango, y, por tanto,
no cabe que sean reformadas por otro procedimiento distinto al previsto en el artículo 147.3 de la Constitución (que exige en todo caso la aprobación por las Cortes
Generales mediante Ley Orgánica), aunque «sípueden atribuir, en todo o en parte,
la determinación definitiva de su contenido al legislador
Y esto es lo que sucede en el presente caso. Por más que el legislador estatutario establezca una regulación provisional, lo que hace es deferir al legislador
autonómico el contenido definitivo de la regulación, lo que no comporta abrir el
Estatuto a un inconstitucional proceso de reforma, sino efectuar una atribución
constitucionalmente posible».
En resumen, no existe infracción de los principios establecidos en el artículo
9.3 de la Norma Fundamental. En primer lugar, porque, aunque la técnica legislativa
no sea la más adecuada, el precepto es lo suficientemente claro para no generar
ningún tipo de incertidumbre y, en segundo lugar, porque es constitucionalmente
legítimo que el propio legislador estatutario, atribuya definitivamente una determinada materia al legislador autonómico, siempre que no pertenezca al ámbito material afectado por la reserva estatutaria.
La segunda impugnación del Defensor de Pueblo que ofrece gran interés y
que, por cierto, no ha sido contestada por el Tribunal Constitucional, es la vulneración
por parte de la reiterada Disposición Transitoria Primera del artículo 9.2 del propio
Estatuto de Autonomía canario. En este punto creemos muy acertada la opinión del
Abogado del Estado, quien considera que no puede apreciarse la antiestatutoriedad
de normas estatutarias, dada la vigencia del principio de unidad del Estatuto de Autonomía (a imagen y semejanza del principio de unidad de la Constitución), que impide
diferenciar entre normas estatutarias por razón de su distinta fuerza o valor, y en consecuencia, no es posible hablar de la infracción de un precepto estatutario por otro.
la proporcionalidad no es más que un criterio tendencial que puede
verse modulado por la presencia de otras finalidades que, junto a la de
representar el pluralismo político presente en la sociedad, también
deben cumplir los sistemas electorales. Nos encontramos con un problema de congruencia, de adecuación de la medida, que en sí supone
un tratamiento diferenciado en el acceso a los cargos públicos representativos, a la finalidad perseguida por la norma. Ya que, como sabemos, si no existe una conexión efectiva entre el medio y el fin, las
cláusulas de acceso no superarían el conocido test de razonabilidad:
Constituirían, por ello, un tratamiento carente de justificación objetiva
y razonable, o lo que es lo mismo, discriminatorio, y, en consecuencia
habría que declarar la inconstitucionalidad de las mismas.
Ningún reproche cabe efectuar a la argumentación del Tribunal
Constitucional sobre la barrera electoral del 6 por 100 de los votos válidamente emitidos en la totalidad de la circunscripción. La misma tiene
por objeto evitar que la representación sea en exceso fragmentaria.
Finalidad que sin duda cumple, y «cuya validez se aprecia si tenemos
en cuenta que el proceso electoral en su conjunto, no es sólo un canal
para ejercer derechos individuales (personales o de grupo) reconocidos por el artículo 23 CE, sino que es también, a través de esta manifestación de derechos subjetivos, un medio para dotar de capacidad de
expresión a las instituciones del Estado democrático y proporcionar
centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación general de la acción de aquél.» ^o.
En cuanto a la proporcionalidad de la medida, recuerda el Tribunal Constitucional que en la STC 193/1989 ya confirmó la constitucionalidad de una cláusula limitativa del 5 por 100 a nivel regional
introducida por el artículo 15 a) de la Ley 2/1987 de elecciones a la
Asamblea regional de Murcia, y que topes de tal magnitud no son
extraños ni en Derecho comparado 6i ni en otros ordenamientos autonómicos (por ejemplo. Comunidad Autónoma Valenciana, Comunidad
Autónoma de Madrid o Comunidad Autónoma de Navarra).
Por tanto, esta práctica común en otros ordenamientos de nuestro entorno democrático demuestra que:
« (...) las barreras electorales, en virtud de los fines constitucionales
a los que sirven, no vulneran ni el derecho de igualdad ni el contenido
esencial del derecho de
^° Cfr. STC 225/1998, Fundamento Jurídico 5. (La cursiva es nuestra),
fií
Como sabemos, en la STC 75/1985 (Fundamento Jurídico 5) el Tribunal
Constitucional citó expresamente el caso de Alemania. Vid. supra. pág. 17.
306.658
183.290
PCN*
PCN* = Plataforma Canaria Nacionalista, en las últimas elecciones se han presentado
como Federación Nacionalista Canaria.
CUADRO II 62; Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de 13 de junio de 1999 y 28 de julio de 1995.
sufragio pasivo siempre que su efecto limitador del escrutinio
proporcional se proyecte de manera igual sobre un sector relativamente reducido de los ciudadanos que ejercen sus derechos
de representación, lo que implica (...) que, en principio, no resulten
constitucionalmente admisibles aquellas barreras que establezcan porcentajes superiores a los indicados, salvo que excepcionalmente concurran poderosas razones que lo justifiquen.» 63.
No obstante, el Tribunal Constitucional concluye diciendo que el
caso e s t u d i a d o , un p u n t o p o r c e n t u a l s u p e r i o r no s u p o n e n i n g u n a
infracción de la doctrina sentada, sobre t o d o si t e n e m o s en cuenta los
elementos correctores que después se introducen en aras a posibilitar
una adecuada representatividad de las islas menores, a las que c o m o
Fuentes: Los datos de las elecciones de 1995 han sido aportados por el
Ministerio del Interior (http://www.mir.es/elecciones/junio99),
datos de 1999 son ofrecidos por el Parlamento de Canarias {http://www.parcan.rcanaria.es/elecciones99/comunidad.htm).
Cfr. STC 225/1998, Fundamento Jurídico 5. (La cursiva es nuestra).
s a b e m o s si afectaría de f o r m a d e s p r o p o r c i o n a d a una cláusula de
acceso t a n alta pues ello supondría privar a los electores de tales islas
del derecho a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la
Constitución), pues ninguna candidatura podría superar el tope del 6
por 100 regional, a ser su censo electoral inferior a tal cifra ^4 y por
supuesto, a los representantes de su derecho de acceso.
«Ahora bien, como a continuación se precisará con mayor detalle,
esa misma circunstancia, sólo explicable desde las peculiaridades propias de una Comunidad Autónoma insular como la de Canarias, es la
que sitúa a la indicada barrera del 6 por 100 en el límite de lo
tolerable, pues, ese incremento
Y la correlativa reducción de posibilidades de acceso al escaño
para las fuerzas políticas minoritarias se corrige, en cierto modo,
en las islas menores, por el trato favorecedor de que son objeto
las minorías político-territoriales
mediante las otras cláusulas
contenidas en el mismo precepto legal. En cuanto a las islas mayores, es cierto que la barrera electoral excede en un punto a la barrera del
5 por 100 de los votos válidos en la Comunidad Autónoma, cuya legitimidad este Tribunal ya ha reconocido; pero esta diferencia no es suficiente
para que este Tribunal, que no ha elevado a categoría un determinado
porcentaje numérico, declare la inconstitucionalidad de tal barrera electoral apreciada en el conjunto del sistema electoral canario.» 65.
La segunda de las barreras plantea más p r o b l e m a s , c o m o ya
hemos advertido antes, puesto que, creemos que no supera el test de
razonabilidad,
y que por t a n t o , introduce un t r a t a m i e n t o discriminatorio que i m p i d e acceder a los cargos públicos representativos en condiciones de igualdad.
Para confirmar la constitucionalidad de esta cláusula de exclusión el Tribunal Constitucional t a m b i é n acude a la doctrina sentada en
la STC 72/1989, en donde, c o m o recordaremos, justifica la barrera del
20 por 100 interinsular, considerándola plenamente adecuada y razonable a las peculiaridades geográficas y poblacionales del Archipiélago e,
incluso pieza indispensable de su régimen electoral, pues con ella se
persigue asegurar la presencia de las minorías por razón del
un instrumento completamente necesario para asegurar la adecuada
representación de cada isla. Finalidad que t a m b i é n se aduce en la justificación de la barrera del 30 por 100:
6* El 6 por 100 de los votos válidamente emitidos (830.352) en las últimas
elecciones de 13 de junio de 1999, era 49.821 votos. Sin embargo el censo electoral
de las islas de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura no supera esta cifra, al contar
con 6887,14.736 y 41.590 electores respectivamente.
65 Ibidem. (La cursiva es nuestra).
«Barreras» o cláusulas de exclusión que, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Canarias, no tienen por exclusivo objeto restringir los efectos proporcionales de la fórmula electoral utilizada, en beneficio de otros
criterios favorables a la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma,
como pueden ser evitar la excesiva fragmentación política de la Cámara
autonómica, o favorecer la estabilidad gubernamental. En rigor, a esa
finalidad únicamente responde la denominada «barrera regional» ahora
situada en el 6 por 100 de los votos válidos emitidos. Contrariamente, el
fin perseguido por la «barrera local o de la circunscripción» -que
la norma impugnada sitúa en el 30 por 100- es el de asegurar la
presencia de fuerzas políticas mayoritarias en la circunscripción
pero minoritarias en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Su
objetivo no es, pues, el de excluir a la minorías, sino el de asegurar su presencia por razón del territorio. De este modo.
Escrutado %
PIL* = Partido Independiente de Lanzarote, integrado en la coalición PCN.
I F * * = Independientes de Fuerteventura. Integrado en la coalición PCN.
CUADRO ill ^6; Resultados de las elecciones autonómicas de 13 de junio de 1999, por circunscripciones.
si la primera de las mencionadas cláusulas de exclusión («barrera
regional») favorece a las fuerzas políticas mayoritarlas en la Comunidad
Autónoma en favor de la gobernabilidad y estabilidad, la segunda
supone un correctivo de la primera en beneficio de la representación de
cada isla, permitiendo la presencia en el Parlamento canario de candidaturas de fuerte implantación insular, aunque con escaso nivel de voto en
su valoración global desde la óptica del voto emitido en el conjunto de la
Sin embargo, pese a buscar el mismo fin, en esta caso no existe
una adecuación de la medida introductora del trato diferenciador a la
finalidad perseguida. La barrera del 30 por 100 no asegura la presencia
de minorías territoriales en el Parlamento canario, sino que en la práctica se constituye en un elemento de exclusión de las mismas, ocasionando un grave perjuicio al valor del pluralismo político, y al mismo
tiempo, se convierte en un elemento de perpetuación de las mayorías
políticas actuales, de forma que ninguna fuerza política nacionalista
que no se encuentre integrada en Coalición Canaria va a lograr representación parlamentaria. Por tanto un tope del 30 por 100 es excesivo y
no se encuentra dentro del límite de lo constitucionalmente admisible.
Dicha cifra ha sido escogida de manera arbitraria precisamente para
evitar el acceso a determinadas candidaturas que son las que se beneficiaban de la cláusula del 20 por 100, y que gozaban un apoyo popular
en sus islas de alrededor del 25 por 100.
Por ello, si no existe una adecuación de medio a fin, podemos
concluir que la barrera legal carece de una justificación objetiva y razonable. Bien es cierto que los efectos de la inclusión de esta barrera
intentan corregirse con una tercera regla que posibilita el acceso en
todo caso de la lista más votada (por tanto supone, por increíble que
parezca una medida correctora de otra que a su vez era correctora). Sin
embargo, esta medida no legitima la barrera anterior y además vuelve
a plantear problemas de constitucionalidad pues ¿por qué una lista que
alcanza un 28,53 por 100 de los votos puede alcanzar hasta cuatrto
escaños si es la lista más votada de la isla mientras que si es la
segunda lista más votada, a sólo 0,4 puntos porcentuales, se queda sin
representación? 68,
Fuente: Parlamento de Canarias (http://www.parcan.rcanaria.es/elecciones99/Circunscripciones)
67 Ibidem.. F u n d a m e n t o Jurídico 7. (La cursiva es nuestra).
68 No obstante, no podemos olvidar, que el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional tuvo lugar en el seno de un recurso de inconstitucionalidad y, por
ello, antes de la aplicación práctica del sistema.
Pero lo que es más, esta conclusión puede llevarnos a rechazar
también la constitucionalidad de la barrera del 6 por 100, pues como
hemos visto, el Tribunal Constitucional cifraba la proporcionalidad de
la medida respecto de las islas menores en la existencia de determinados elementos correctores. Una vez que estos instrumentos se
demuestran ineficaces, el aumento del tope máximo, y la correlativa
disminución de posibilidades de acceso para las fuerzas políticas
minoritarias en el conjunto del territorio archipielágico ya no queda
dentro del límite de lo constitucionalmente admisible.
Todas estas previsiones, como podemos ver claramente en los
Cuadros II y III, se han confirmado. De esta forma el PIL, integrado en la
PCN, pese haber aumentado su apoyo popular, no ha logrado representación, aunque ha sido la segunda lista más votada en la circunscripción de Lanzarote con sólo 20 votos menos que CC, primera fuerza
en la circunscripción, que ha obtenido 4 escaños. Mientras que el PP,
con tan sólo el 13,27% de los votos sí ha obtenido un escaño.
De esta forma, en la práctica, sólo han obtenido representación
aquellas fuerzas que superan la barrera del 6 por 100 de los votos válidamente emitidos: CC, PSOE y PP, con la honrosa excepción de AHÍ que
cuenta con el respaldo del 51,29% de los electores de su circunscripción.
5. RECAPITULACIÓN FINAL
electorales por medio del que se excluye del reparto de escaños a
aquellas candidaturas que no hubiesen superado el porcentaje mínimo
de los sufragios válidamente emitidos establecido en la legislación
electoral. Su presencia en los sistemas electorales proporcionales
(entendiendo portales aquellos que alcanzan una adecuación entre los
votos recibidos y los escaños obtenidos) persigue la conjugación de los
dos fines que todo sistema electoral debe tener presente: el pluralismo
político y la gobernabilidad. De esta forma el principal efecto, pues no
en vano constituye su razón de ser, es la simplificación del sistema de
partidos, consiguiendo la presencia de un menor número de partidos
políticos en el Parlamento y evitando así la excesiva atomización de la
representación parlamentaria, con el objeto de la formación de mayorías suficientes en el mismo que permitan la gobernabilidad del país.
Indudablemente, la introducción de este elemento va a producir
una disminución de la proporcionalidad del sistema cuya relevancia va
a diferir notablemente entre los distintos sistemas electorales en función de su concreta configuración: (fundamentalmente del porcentaje
de la barrera y de su ámbito de referencia, pudiendo ser este todo el
territorio de las elecciones o cada una de sus circunscripciones) y también en función de la configuración de los restantes elementos del sistema electoral: (especialmente del tamaño de las circunscripciones).
No obstante, esta disminución de la proporcionalidad no nos va a llevar inmediatamente a calificar a un sistema como mayoritario (entendiendo portal a aquél que, con el objeto deliberado de lograr mayorías
artificiales, concede un valor desigual a los votos emitidos). Pues la
proporcionalidad es siempre, tal y como establece nuestro Tribunal
Constitucional, una orientación o criterio tendencial que puede verse
modulada o corregida por múltiples factores del sistema electoral. Uno
de los cuales son las barreras electorales, cuya legitimidad constitucional ha sido confirmada por las SSTC 75/1985, 72/1989, 193/1989 y
225/1998. Y es que, hasta algunos sistemas que han sido clasificados
como proporcionales puros (Israel, Dinamarca u Holanda), prevén una
barrera de este tipo, con el sólo objetivo de excluir a partidos escasamente relevantes.
Sin embargo, en aquellos sistemas electorales en los que la
barrera se encuentra prevista a nivel nacional o regional, y donde, por
consiguiente, la exclusión de las candidaturas se efectúa sobre la totalidad de los votos emitidos en el conjunto de las circunscripciones,
podemos encontramos con la vigencia de una segunda barrera correctora. Ya que tal configuración de las barreras electorales va a provocar
la desaparición del espectro parlamentario de partidos políticos que
tienen localizados sus apoyos electorales en circunscripciones o zonas
muy determinadas. Así en Suecia aquellos partidos que, aunque no
hayan superado la barrera del 4 por 100 nacional, sin embargo hayan
obtenido el 12 por 100 de los votos emitidos en su circunscripción, participan en el reparto de escaños de su bastión electoral (pero no en los
restantes). Se añade por tanto, en estos casos un tercer fin a los sistemas electorales: conseguir una adecuada representación de las distintas zonas del territorio.
En nuestro país el Tribunal Constitucional ha confirmado en las
Sentencias antedichas la constitucionalidad de las finalidades de los
sistemas electorales que son conseguidas a través de las barreras de
acceso: la gobernabilidad y la representación adecuada de todas las
partes del territorio. En ellas se plantea la vulneración por el instrumento de las barreras electorales del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos y, al mismo
tiempo, del principio de representación proporcional (reconocido en
los artículo 68.3 y 152.1 de la Constitución). Este derecho, como concreción del principio de igualdad, exige la aplicación del llamado test
de razonabilidad, pues no todo trato desigual es discriminatorio, sino
sólo aquél que carece de una justificación objetiva y razonable.
Así, la primera finalidad que el Tribunal Constitucional considera
legítima, y, con ello, justificación objetiva y razonable en orden a no
apreciar un trato discriminatorio derivado de la aplicación de una
infracción de la igualdad en el acceso a los cargos públicos representativos y al mismo tiempo una vulneración del principio de representación proporcional, es la de combatir la excesiva atomización de la
representación en aras del favorecimiento de la formación de gobiernos estables sostenidos en la confianza de la mayoría parlamentaria.
Porque, aunque el proceso electoral es un canal para ejercer los derechos individuales reconocidos por el artículo 23 de la Constitución,
también es, a través de esta manifestación de derechos subjetivos, un
medio para dotar de capacidad de expresión a las instituciones del
Estado democrático y proporcionar centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación general de la acción de
aquél. De igual forma, se considera que la medida es congruente y proporcionada al fin que se pretende conseguir, no suponiendo un sacrificio al derecho de acceso que pueda quedar fuera de los límites de lo
constitucionalmente admisible por exorbitante.
El caso canario ha sido «especial» desde la aprobación de su
Estatuto de Autonomía en 1982, pues la necesidad de conciliar las
necesidades del hecho insular, que exige la representación de todas las
islas en el Parlamento canario, llevó a sancionar un sistema electoral
que, a nuestro juicio, roza la inconstitucionalidad en lo que se refiere a
la regla de las tres paridades. Desde entonces se prevé concurrencia de
dos barreras: una primera del 3 por 100 de los sufragios válidamente
emitidos en toda la Comunidad Autónoma (en la actualidad, tras la
aprobación de la LO 4/1996, ha sido elevada al 6 por 100), que persigue
la finalidad general de posibilitar la gobernabilidad, y otra del 20
porlOO (ahora del 30 por 100), cuyo objetivo es corregir los efectos de
la aplicación de la primera barrera, que puede producir, debido al desigual tamaño de las circunscripciones, que determinadas fuerzas políticas mayoritarias en el seno de la circunscripción, pero minoritarias en
el conjunto de la Comunidad Autónoma puedan quedar fuera del Parlamento por no superar esta barrera. Por tanto esta medida no puede ser
considerada exorbitante sino plenamente razonable y adecuada a las
peculiaridades geográficas y poblacionales del archipiélago canario, e
incluso pieza necesaria de su régimen electoral organizado sobre circunscripciones insulares con la indudable finalidad de conformar un
Parlamento con representaciones de cada una de las islas. Se trata de
un elemento imprescindible para conseguir la adecuada representación de todas las zonas del territorio.
Sin embargo, la elevación de los topes máximos producida en la
reforma estatutaria que logró ser definitivamente aprobada tras un
largo proceso de cinco años, al 6 por 100 de los votos emitidos en la
totalidad de las circunscripciones y el 30 por 100 de los emitidos en
cada isla (que por increíble que parezca hizo necesaria la introducción
de una enmienda para garantizarse que en todo caso accederían a la
Cámara autonómica las listas más votadas en la circunscripción) ha
venido a modificar sustancialmente la situación, de ahí que no podamos compartir las conclusiones a las que llega el Alto Tribunal en la
Sentencia 225/1998 donde confirma la constitucionalidad de la reforma
del sistema electoral canario. El Tribunal Constitucional hace depender
la constitucionalidad de la barrera del 6 por 100 para las islas menores
en la existencia de elementos correctores: la barrera del 30 por 100 y la
excepción de la lista más votada. Lo cual es completamente lógico porque de otro modo la medida podría calificarse de desproporcionada, al
impedirse con la misma el derecho de acceso en condiciones de igualdad de los representantes y el de participación de los electores de las
citadas islas. Sin embargo, dichas medidas correctoras no sólo no
cumplen la finalidad que las justifica (asegurar la presencia en el
órgano de representación autonómica de las minorías por razón de
territorio), sino que en la práctica van a constituirse en un instrumento
clave para la exclusión de las citadas fuerzas políticas. Carentes por
tanto de justificación, debemos considerar que los nuevos topes electorales infligen un tratamiento discriminatorio que impide el derecho
de acceso a los cargos públicos representativos en condiciones de
igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Norma Fundamental.
acuerdos administrativos de caracter gral.
consejo supremo electoral - Asamblea Nacional de Nicaragua
RELACIÓN DE CIUDADANOS INSCRITOS PARA OPTAR PARA
Anexo 4 LISTA PRELIMINAR DE CIUDADANOS CONSIDERADOS
Tesis XXXIII/2009 INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES
actas electorales. la firma sin protesta de los representantes de los

References: artículo
23
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in fine
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