Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-145-16.htm
Timestamp: 2017-11-21 22:50:25+00:00

Document:
T-145-16
Sentencia T-145/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Caso en que a través de la red social Facebook, se publicó foto del rostro de accionante en primer plano, acompañada de un comentario injurioso y contrario a su buen nombre
En primer lugar, este Tribunal ha señalado que el estado de subordinación corresponde a la situación de quien se encuentra sujeto al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas” y alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia que tiene su origen en “la obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado”. Incluso, de manera más específica ha definido dicho estado como “una relación jurídica de dependencia, que se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo”. En relación con la indefensión, por su parte, la Corte ha señalado que ésta alude a aquellas situaciones en las que la persona no cuenta con la posibilidad material de hacer frente a las amenazas o a las transgresiones de otra, en algunas ocasiones por la ausencia de medios ordinarios de defensa y en otras porque éstos resultan exiguos para resistir el agravio particular del que se trata. Así, ha precisado que “el estado de indefensión es un concepto de naturaleza fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos”, bien porque se “carece de medios jurídicos de defensa” o porque “a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales”.
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO Y LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho constitucional de doble vía
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y OPINION-Protección constitucional
La libertad de opinión tiene por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas. Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido.
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Tensión y prevalencia
DERECHO A LA RECTIFICACION EQUITATIVA Y SIN RE-VICTIMIZACION
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
(i) la rectificación en condiciones de equidad ha sido tratada como un derecho fundamental autónomo, pero íntimamente ligado a los derechos al buen nombre y a la honra; (ii) existe un derecho a la rectificación en condiciones de equidad en aquellos eventos en los que la información suministrada por un medio de comunicación resulta falsa, tendenciosa, incompleta o induce a error; (iii) los medios de comunicación son responsables por la calidad de la información que les proveen sus fuentes informativas; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad implica que la corrección tenga un despliegue comunicativo similar al inicial, que se haga dentro de un tiempo razonable y que el medio de comunicación reconozca su error.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Reglas jurisprudenciales
DERECHO A LA LIBRE EXPRESION EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS-Alcance
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD EN EL ESCENARIO DE LAS REDES SOCIALES-Subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad
La Sala considera que corresponde hacer, para el caso específico de las redes sociales, un análisis sobre las subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad de la rectificación en el escenario de las redes sociales, como son: (i) que las condiciones de equidad no suponen una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y la aclaración o rectificación de la información falsa o parcializada, sino que ésta constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, para que los destinatarios tengan claridad sobre la corrección de información que no era veraz o imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba corresponde a quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y (v) que la reparación de los derechos, según el mandato constitucional, consiste en la rectificación.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD EN EL ESCENARIO DE LAS REDES SOCIALES-Alcance
Para el caso de las redes sociales igualmente resulta aplicable la regla relativa a que la reparación constitucional de los derechos consiste en la rectificación, pues debe advertirse que en este escenario aquella no implica ni mucho menos se reduce a la posibilidad de hacer uso del derecho de réplica en la red social en donde tuvo lugar la vulneración de los derechos fundamentales. Por consiguiente, en los escenarios de mensajes instantáneos ofrecidos por las nuevas tecnologías no corresponde que se abra una discusión en la plataforma virtual de que se trate para darle la oportunidad a la persona afectada de que aclare o exponga su punto de vista, sino que, por el contrario, la protección inmediata y eficaz de sus derechos se concreta con la publicación de una rectificación en condiciones de equidad por parte de quien hizo la publicación dañosa, de tal forma que sea esa misma persona quien asuma la carga de comunicar que la información por ella no era del todo veraz y que con ella efectivamente vulneró los derechos de otra persona en particular o, según sea el caso, de un tercero.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD EN EL ESCENARIO DE LAS REDES SICIALES-Necesidad de examinar si es conveniente publicar rectificación, con el fin de evitar una re-victimización
MALTRATO EN REDES SOCIALES-Reiteración de jurisprudencia
MALTRATO EN REDES SOCIALES-Subreglas jurisprudenciales
La Corte Constitucional ha venido fijando unos parámetros a partir de los cuales es posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente de las redes sociales, da lugar a la trasgresión de derechos fundamentales, como son las que se enuncian a continuación: (i) Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra. (ii) Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que se trate. (iii) Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato. (iv) El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad. (v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad. (vi) Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien. (vii) El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta. (viii) El derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites. (ix) En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor. (x) Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afectados, siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada.
INFORMACION PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES SOCIALES DIGITALES Y EN INTERNET-Vulneración por exposición pública de la accionante en red social con información que carece de veracidad y desconoce la presunción de inocencia
La Sala encuentra que con la exposición pública de la accionante en una red social con información que carece de veracidad y que desconoce la presunción de inocencia, también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que tiene una persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con los demás; a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para autorizar la divulgación o publicación de sus datos personales y que éstos correspondan a situaciones reales; al buen nombre, enmarcado en la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida; y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos. Además el caso objeto de examen exige que se tenga en cuenta que la publicación que afectó los derechos de la tutelante se realizó en la red social Facebook, lo cual determina que, como se indicó en las consideraciones generales, la vulneración iusfundamental tenga un alcance particular en atención a las características de funcionamiento de la misma red.
DERECHO A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA-Orden de retirar de la red social Facebook publicación referente a la accionante
Referencia: Expediente T-5226202.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
La señora Keillin Julieth Pérez Silva formuló acción de tutela contra la señora Yuri Guisell Chamorro Morales, por cuanto consideró vulnerado su derecho fundamental al buen nombre, con fundamento en los siguientes
“Les quiero informar para que todos tengan cuidado miren la gran ladrona de [B]ritalia la sorprendieron robando en la empresa donde ella trabajaba y verificando no es la primera vez ya lo tiene de costumbre q (sic) trabaja y cuando renuncia manda robar las empresas yo fui la segunda víctima su nombre es Julieth Pérez Silva”[1].
1.2. Manifiesta que, si bien trabajó para la señora Chamorro Morales desde el 11 de agosto de 2014 hasta el 1 de agosto de 2015, la anterior acusación no se corresponde con la realidad, en tanto “no existe prueba de que se haya perdido algún elemento o bien de la oficina donde yo desarrollaba permanentemente la actividad laboral, que si bien bajo una relación de confianza depositada en m[í] como empleada, me otorg[ó] el manejo de las llaves de acceso al recinto, no significa que sea adecuado lanzar este tipo de improperios y otros más anexados en el documento. Además indicó la persona mencionada que mi pareja tenía las llaves de la oficina, y que lo habían visto cerca de la oficina con una maseta y las llaves (con un duplicado que jamás tuve [n]i saqué), para intentar ir a robar, o como indica la persona que ‘yo lo había mandado a robar’”[2].
1.3. De igual forma, relata que el 5 de septiembre de 2015 la accionada, que para la fecha se encontraba en estado de gravidez, la agredió y la amenazó diciéndole: “Los voy a mandar a matar a ustedes y a su hija y los voy a mandar a matar con mi esposo Harry”[3].
1.4. Finalmente, expone que acude al mecanismo tutelar en tanto, al haber sido la empleada de la accionada, considera que aún existe “una relación de dependencia jurídica laboral, es decir una situación de subordinación, situación y hechos merecedores de inmediata protección constitucional”[4].
II. Admisión y traslado
El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C, mediante auto del 11 de septiembre de 2015, admitió la demanda de tutela y ordenó su traslado. La accionada, a pesar de haber sido notificada personalmente[5], guardó silencio.
3.1. Se allegó con la demanda de tutela una copia de la publicación en la cuenta personal de la red social Facebook de la señora Yuri Guisell Chamorro Morales, con la foto en primer plano de la accionante y el comentario respectivo[6], así como copia de algunos comentarios que allí mismo hicieron otras personas con respecto a la referida publicación[7].
IV. Fallo que se revisa
Mediante decisión del 23 de septiembre de 2015 el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C. resolvió amparar los derechos fundamentales de la accionante al buen nombre, a la honra y a la intimidad, y en consecuencia le ordenó a la accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela procediera a “retirar de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la señora Keyllin (sic) Julieth Pérez Silva y los comentarios referentes a la accionante, debiendo abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías y comentarios sobre la señora Keyllin Julieth Pérez Silva (sic)”[8].
Para efectos de adoptar esta decisión el juez tuvo en cuenta que la señora Chamorro Morales había sido notificada personalmente de la solicitud de amparo y, sin embargo, había guardado silencio. De tal forma que, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[9], dio por ciertos los hechos expuestos por la actora y procedió a resolver de fondo su pedimento.
De otra parte, para fundamentar su decisión en primer lugar señaló que la acción de tutela era procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución (reglamentado por el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), por cuanto consideró que la señora Pérez Silva efectivamente se encontraba en una situación de indefensión respecto de la señora Chamorro Morales, en atención a que “la persona accionada[,] quien era la empleadora de la accionante, tiene en su poder una imagen de la actora y un control sobre los medios de publicidad en los que hace apreciaciones subjetivas y aparentemente injuriosas, es decir, la señora Chamorro Morales tiene el poder de acceso y manejo de la red social de Facebook donde hace tales publicaciones”[10].
Además, agregó que “la pretensión perseguida por la actora (la orden de suspender en forma inmediata la publicación) no puede ser satisfecha de manera oportuna a través de otra jurisdicción (civil o penal), la cual tardaría un tiempo significativo para decidir tanto acerca del tipo de vínculo entre la demandante y la accionada como sobre la pretensión mencionada, razón por la que el poder protector y reparador que tal jurisdicción tiene respecto del derecho a la honra y al buen nombre resulta precario en el presente caso”[11].
En segundo lugar, consideró que la publicación realizada por la señora Chamorro Morales en la red social de Facebook desconocía los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de la señora Pérez Silva, en tanto afecta gravemente su reputación, la valoración que puede tener dentro de una colectividad y perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, toda vez que contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[12] sobre su persona.
De acuerdo con lo descrito en el acápite de antecedentes, corresponde a la Sala establecer si la decisión de la señora Yuri Guisell Chamorro Morales de divulgar en su cuenta personal de Facebook una imagen de la señora Keillin Julieth Pérez Silva, acompañada de expresiones en las que se le imputan conductas delictivas sin que exista condena judicial contra ella por motivo de las mismas, en realidad constituye una violación de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la dignidad y, además, una expresión de maltrato a través de las tecnologías de la información.
5.3. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Reiteración de jurisprudencia
Por tanto, considerando los hechos en los que se basa la acción de tutela de la referencia es posible advertir que la señora Keillin Julieth Pérez Silva, tal y como lo expuso en el escrito de su demanda y finalmente lo convalidó el juez de instancia, efectivamente se podría encontrar, respecto de la accionada Yuri Guisell Chamorro, en un estado de subordinación o en una situación de indefensión, conforme a los criterios que se exponen a continuación.
En primer lugar, este Tribunal ha señalado que el estado de subordinación corresponde a la situación de quien se encuentra sujeto al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[13] y alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia que tiene su origen en “la obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado”[14]. Incluso, de manera más específica ha definido dicho estado como “una relación jurídica de dependencia, que se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo”[15].
En relación con la indefensión, por su parte, la Corte ha señalado que ésta alude a aquellas situaciones en las que la persona no cuenta con la posibilidad material de hacer frente a las amenazas o a las transgresiones de otra, en algunas ocasiones por la ausencia de medios ordinarios de defensa y en otras porque éstos resultan exiguos para resistir el agravio particular del que se trata[16]. Así, ha precisado que “el estado de indefensión es un concepto de naturaleza fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos”[17], bien porque se “carece de medios jurídicos de defensa” o porque “a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales”[18].
De esta manera, se ha concluido que la persona afectada en su derecho carece de defensa, es decir, de la posibilidad de dar una respuesta oportuna, inmediata y efectiva ante la vulneración o amenaza de sus derechos, cuando está expuesta a una “asimetría de poderes tal [que] no está en condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el poder del más fuerte”[19].
Ahora bien, para adelantar el anterior análisis de procedencia a partir de las particularidades del caso concreto es necesario que este Tribunal apele a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, tal como lo hizo el juez de instancia, de acuerdo con el cual cuando el accionado que ha sido debidamente notificado no rinde el informe en el tiempo concedido por el juez constitucional, se deben tener por ciertos los hechos que han dado lugar a la acción de amparo. Así, dado que la señora Yuri Guisell Chamorro Morales fue notificada personalmente el 15 de septiembre de 2015 por el empleado del juzgado[20], momento para el cual se le entregó copia de la acción de tutela, y sin embargo dentro del término concedido no ejerció su derecho de defensa en forma alguna, esta Sala concluye que acertó el juez de instancia al dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 del decreto reglamentario de la acción de amparo y, en este sentido, en reconocerle certeza a los fundamentos fácticos descritos en el escrito de demanda.
Por otra parte, en lo que se refiere a determinar la procedencia de la presente acción de tutela por dirigirse contra una persona particular, de antemano encuentra la Corte que no se puede predicar un estado de subordinación derivado de la relación laboral que mantuvieron la accionante y la accionada en el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2014 y el 1 de agosto de 2015, toda vez que dicha relación ya había cesado para el momento en que ocurrieron los hechos que fundamentan su acción de amparo, esto es, los días 7 y 9 de septiembre de la misma anualidad.
Esto último es así en tanto, tal y como lo ha reconocido esta Corporación en otras ocasiones anteriores[21], una expresión de debilidad manifiesta constitutiva de una situación de indefensión es la circunstancia fáctica de inferioridad que produce la divulgación de información u otras expresiones a través de las redes sociales pues, de una parte, quien usa los medios de comunicación tiene un amplio poder de disposición sobre aquellos y sobre los objetos que publicita y, de otra, el sujeto pasivo de dichas publicaciones dispone de mecanismos ordinarios de defensa para contener la amenaza o la vulneración a sus derechos fundamentales, pero éstos en todo caso resultan exiguos para dicho fin.
En efecto, según los hechos narrados en la tutela la Sala encuentra que los días 7 y 9 de septiembre de 2015 la accionada publicó en la red social Facebook una foto del rostro de Keillin Julieth Pérez Silva en primer plano, acompañada de un comentario injurioso e indudablemente contrario a su buen nombre.
Por tanto, se entiende que la situación de indefensión de la señora Pérez Silva se configura de manera clara, en tanto ella no tiene cómo controlar la disposición que de esa misma fotografía resuelva hacer la señora Chamorro Morales en el futuro ni sobre los comentarios que ella en su contra decida publicar en su cuenta personal de la red social Facebook con ocasión de aquella. Lo cual claramente determina que la de amparo por ella interpuesta satisfaga el requisito de procedencia de legitimación por pasiva.
Asimismo, encuentra la Sala que, si bien la señora Pérez Silva dispone de los mecanismos ordinarios de defensa para reclamar por la afectación en sus derechos a la horna o buen nombre, bien sea en materia penal con la denuncia por los delitos contra la integridad moral (injuria y calumnia), por virtud de la cual le es posible acceder a retractación; o bien, en materia civil, con la reclamación de indemnización por los perjuicios sufridos por la vía de la responsabilidad civil; en todo caso estas alternativas no revisten la rapidez y oportunidad que un caso como el estudiado demandaba en tanto, precisamente, se requería una intervención actual e inmediata que impida que la situación se siguiera prolongando en el tiempo de forma indefinida, tal como la que pretendió hacer el juez constitucional de única instancia.
En otras palabras, si bien la accionante cuenta con el proceso civil y penal para solicitar que se condene a su agresora por la responsabilidad a la que haya lugar, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, en razón a la afectación a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio, irreparable[22].
Lo anterior significa que el examen de procedibilidad en términos de eficacia que ordena el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 se fundamenta en la condición de indefensión en la que se encuentra la accionante con motivo del uso y difusión de información sobre ella en el referido medio de comunicación. Siendo ésta, entonces, la razón por la cual se considera que la acción de amparo es el único mecanismo eficaz para la protección iusfundamental reclamada.
De esta manera, someter a la señora Keillin Julieth Pérez Silva a las resultas de un proceso penal o civil, además de permitir que pueda generarse un daño consumado por la inoportuna orden de protección que puedan dispensar dichas jurisdicciones, desconocería la naturaleza preventiva y protectora de la acción de tutela.
Adicionalmente, el caso objeto de revisión reviste relevancia constitucional para efectos de que esta Corte se pronuncie sobre el alcance de las medidas de protección que profirió el juez de instancia y, en general, sobre los casos en que, a partir de publicaciones en medios de amplia circulación, como las redes sociales, se afectan los derechos al buen nombre y a la honra.
5.4.2. En relación con las distintas manifestaciones del derecho en comento esta Corporación ha establecido, de manera reiterada, que la libertad de expresión tiene un doble componente o que se expresa en dos libertades específicas. Por una parte, en la libertad de expresar las opiniones, ideas o pensamientos personales, denominada libertad de opinión o libertad de expresión en estricto sentido y, por otra, en la libertad de informar y recibir información. Así en la Sentencia T-904 de 2013[23] se sostuvo expresamente que:
Más concretamente, en la jurisprudencia constitucional se ha indicado que las libertades a las que se refiere el artículo 20 de la Constitución recaen sobre objetos diversos, pues “[m]ientras la libertad de opinión, protege ´la transmisión de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa´, la libertad de información ampara ´la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo´”[24].
De esta manera, lo anterior pone de manifiesto la diferenciación entre la subjetividad u objetividad de lo expresado en el ejercicio del derecho, toda vez que “la libertad de opinión [tiene] por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas. Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido”[25].
Una distinción que, por tanto, otorga sentido a la especificación contenida en el artículo 20 en relación con que la información sea veraz e imparcial, lo que constituye un límite expreso que llevaría a concluir que, en principio, la libertad de opinión no tiene límites[26].
Ahora bien, sobre los límites de veracidad e imparcialidad ya ha sido explicado por este Tribunal que “las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser contemplado”[27], lo cual encuentra justificación en una exigencia específica de la libertad de información, cual es que ella tiene como propósito dar cuenta de lo acontecido, lo que implica que en su ejercicio no solamente está involucrado el derecho de quien emite la información, sino también, por correspondencia, el del sujeto pasivo que recibe[28].
Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación también ha reconocido que la distinción en relación con la subjetividad y objetividad del contenido expresado no es del todo tajante pues, en cualquier caso, una opinión lleva de forma más o menos explícita un contenido informativo, al mismo tiempo que toda presentación de información supone, por su parte, algún contenido valorativo o de opinión[29]. Circunstancia que determina que, si bien en principio no pueda reclamarse absoluta o total veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, al menos sí puedan y deban exigirse tales con respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión. Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente informativo y la valoración u opinión sobre los mismos[30].
De lo anterior se deriva, entonces, que sobre los aspectos objetivos de ambas manifestaciones del derecho resulta exigible la veracidad e imparcialidad, pero que en razón de la diferencia de contenido de una y otra la exigencia será distinta, pues en el caso de la libre expresión de información el contenido objetivo resulta ser predominante, mientras que en la expresión de una opinión ésta si acaso puede predicarse o exigirse de los fundamentos fácticos en los que, en dado caso, se base el pensamiento, idea u opinión manifestada. Lo anterior, no sólo como garantía de quien recibe una determinada opinión e información sino, como se verá más adelante, también en razón de la amenaza o afectación sobre de los derechos de terceras personas que pueda implicar la publicación de cierta clase de contenidos.
Ahora, como también se anotó más atrás, luego de reconocer la libertad de fundar medios masivos de comunicación, en el mismo artículo 20 constitucional se asigna a los medios una responsabilidad social, lo que se explica en razón del alcance que una opinión o la información que se expresa, divulga o publica puede tener a través de los medios masivos. En efecto, ya en la Sentencia T-391 de 2007[31] la Corte se refirió expresamente a esta responsabilidad, precisando que el “ejercicio de las libertades de expresión e información adquiere características distintivas cuando se realiza a través de un medio de comunicación masivo, características que variarán dependiendo de cada tipo de medio. Estas variaciones repercuten, a su vez, sobre el alcance de los derechos que se ejercen, su contenido, y las posibles limitaciones de las que eventualmente son susceptibles”.
En este contexto, este Tribunal se ha referido específicamente al potencial que tiene el ejercicio de la libertad de expresión de afectar a distintos sujetos y distintos derechos involucrados en aquel, señalando que la “difusión masiva que alcanzan las informaciones transmitidas a través de ellos, su poder de penetración, el impacto profundo que pueden tener sobre la audiencia y, en general, el poder social de los medios de comunicación, lleva implícitos ciertos riesgos y puede eventualmente entrar en conflicto con otros derechos, valores o intereses constitucionalmente protegidos”[32]. Asunto que, además, puede verse matizado o reforzado con motivo del alcance que, debido a sus características, puede tener cada medio de comunicación en particular.
A partir de lo anterior, en la jurisprudencia constitucional se han establecido ya ciertas reglas orientadas a delimitar la actuación de los medios de comunicación como sujetos activos del derecho a la libertad de información con responsabilidad social, en relación con “los parámetros de (i) veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”[33].
“[e]n el caso de la libertad de información, es necesario que la misma sea veraz e imparcial y que en su ejercicio no se abuse de dicho derecho irrespetando los derechos de los demás. [Y en] cuanto a las opiniones, se exige que las mismas se diferencien de los hechos y cuando quiera que se sustenten en supuestos fácticos falsos o equivocados, es factible la rectificación respecto de dichos supuestos, así como los límites en la antijuridicidad de apologías al racismo, al odio, a la guerra o la prohibición de la pornografía infantil” [34], entre otros.
Bajo este orden de ideas, se tiene que si bien el derecho a la libertad de expresión en sus distintas manifestaciones constituye un elemento determinante para el estado democrático y goza también de una amplia protección en razón de la dignidad de cada persona y de su libertad, ello no obsta para que su ejercicio no pueda causar la violación de otros derechos, como es el caso especialmente de los derechos a la honra y al buen nombre de quienes puedan resultar afectados por la información u opinión que sea indebidamente expresada[35].
Así, este Tribunal ha sostenido que en principio se presume la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos que puedan verse afectados con su ejercicio, postura para lo cual se tiene como especial referencia el emblemático caso New York Times v. Sullivan, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos [36].
Sin embargo, la Corte ha destacado la necesidad de establecer límites a su ejercicio en los casos en los que la libre expresión puede implicar o suponer la afectación de derechos específicos como el buen nombre y a la honra, tema sobre el cual también se pueden encontrar referentes en el sistema Europeo de Derechos Humanos a los que ya ha acudido la jurisprudencia de esta Corporación[37], como el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional español en donde, al resolver sobre un recurso de amparo relacionado con unas declaraciones descalificadoras, se dijo sobre el contenido constitucional abstracto del derecho fundamental al honor que “éste ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que puedan hacerla desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o al ser tenidas en el concepto público por afrentosas” [38].
En coherencia con lo anterior, el artículo 15 constitucional establece que “[t]odas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”, por lo que esta Corporación ha entendido también que “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”[39]. Y, a su turno, ha señalado que en el artículo 21 superior “[s]e garantiza el derecho a la honra” y se indica que “[l]a ley señalará la forma de su protección”, entendida ésta como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”[40].
Asimismo, esta Corporación ha indicado “que las ´expresiones ofensivas o injuriosas´ así como informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público de una persona, lesionan este derecho, entendido como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona” y “ha resaltado que el derecho de la personalidad es un factor intrínseco de la dignidad humana, reconocida a las personas”[41]. Razón por la cual ha concluido, que:
De igual forma, este Tribunal ha reconocido la estrecha relación que existe entre el derecho al buen nombre y la honra, entendida ésta última como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”[42], especialmente a la hora en que uno u otro puedan resultar afectados por un uso extralimitado de la libertad de expresión, de manera que ha advertido que la labor del Juez en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es de establecer si efectivamente se presentó una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento[43].
Por tanto, en ambas manifestaciones de la libertad de expresión el reconocimiento de su límite o frontera no tiene por objeto hacer nugatoria esta libertad ni pretende en forma alguna establecer un tipo de censura a las opiniones o informaciones, lo que también está constitucionalmente prohibido (artículo 20). Por el contrario, y como ya lo ha explicado esta Corte con anterioridad, lo que se pretende con este reconocimiento es “(i) controlar la legalidad de los medios que se utilizan para obtener las fuentes que inspiran la expresión del autor; y (ii) establecer límites en cuanto a las posibles consecuencias que respecto a los derechos de los terceros, se derivan de revelar conceptos o creencias acerca de la ocurrencia de situaciones reales, como cuando se pretende igualar un juicio de valor u opinión a un hecho cierto e indiscutible”[44].
Así, en este escenario en el que se concreta la manifestación de la libertad de información de una forma expansiva y particular, se hace necesario que existan mayores exigencias para los medios y los profesionales que se dedican a la labor de informar pues, como también lo ha sostenido este Tribunal, lo que “se exige a quienes expresan sus opiniones, máxime cuando lo hacen a través de medios masivos de comunicación, es que se aseguren de la veracidad de los hechos sobre los que aquellas se fundan y rectifiquen en caso de que hayan basado sus opiniones en informaciones inexactas o erróneas”[45].
5.4.5. Por ende, la exigencia de la veracidad supone ciertos mínimos en relación con la información expresada sobre los hechos o acontecimientos referidos a una persona, independientemente de si el escenario en que se ejerza el derecho es el de la libertad de opinión o el de la libertad de información. Y esta exigencia, de hecho, cobra ciertos contenidos particulares según los datos que deban ser objeto de tal verificación, por lo que la Corte ha destacado la importancia de la veracidad en los casos en que se informa sobre hechos delictuales de los que se infiera que una persona tiene antecedentes penales o se encuentra vinculada a actividades ilícitas[46], en tanto, si bien la omisión del requisito de veracidad implica ya de suyo una afectación de los derechos al buen nombre y a la honra, primero que todo aquella supone una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En tal sentido, se ha expresado que:
“resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un mal entendido concepto de la libertad de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario, o a confundir una investigación con una condena. No puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información”[47].
5.4.5. Las anteriores consideraciones dan cuenta entonces de que los requisitos de veracidad e imparcialidad son una inclusión expresa de los límites que configuran el derecho a la libre expresión a partir del respeto de otros derechos, como es el caso del derecho al buen nombre y a la honra. En efecto, la configuración del derecho a la libre expresión a partir de los límites trazados por otros derechos encuentra otra manifestación evidente en el hecho que dentro de la misma disposición constitucional que lo consagra (artículo 20), se garantiza el derecho a la rectificación, como pasa a exponerse a continuación.
5.5. Derecho a la rectificación equitativa y sin re-victimización
En este sentido, desde sus primeras decisiones sobre el tema este Tribunal ha indicado que la exigencia de una rectificación supone la existencia previa de “informaciones falsas, erróneas o inexactas públicamente difundidas”[48], con lo cual “la rectificación en condiciones de equidad implica que quien las propaló corrija o modifique su dicho, también públicamente y con igual despliegue, a fin de restablecer el derecho vulnerado”[49]. Lo que quiere decir que las características de la vulneración iusfundamental en estos eventos supone una afectación que va más allá del acto de libertad de expresión que, luego de recibida la información errónea o inexacta, se proyecta en la percepción equivocada que de alguien que, a partir de la circulación de un cierto contenido, se puede hacer alguna persona o la sociedad en general.
“(i) la rectificación en condiciones de equidad ha sido tratada como un derecho fundamental autónomo, pero íntimamente ligado a los derechos al buen nombre y a la honra; (ii) existe un derecho a la rectificación en condiciones de equidad en aquellos eventos en los que la información suministrada por un medio de comunicación resulta falsa, tendenciosa, incompleta o induce a error; (iii) los medios de comunicación son responsables por la calidad de la información que les proveen sus fuentes informativas; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad implica que la corrección tenga un despliegue comunicativo similar al inicial, que se haga dentro de un tiempo razonable y que el medio de comunicación reconozca su error”[50].
5.5.2. Las condiciones de equidad exigidas implican una ponderación entre la afectación de derechos causada por el ejercicio indebido del derecho a la libre expresión y las medidas tendientes a repararla, por lo que para entender que una rectificación se ha hecho en condiciones de equidad, en la jurisprudencia constitucional se han fijado unas reglas y subreglas que fueron recopiladas en la Sentencia T-256 de 2013[51] así:
(i) En relación con la garantía de equivalencia ha indicado que ésta no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, pues ´de lo que se trata es que el lector – o receptor – pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado´.
Igualmente, corresponde hacer una adecuación de la rectificación a la que haya lugar según las circunstancias fácticas concretas. De hecho, la Corte ha indicado que cuando la obligación de rectificar se somete al pronunciamiento de una autoridad judicial, “ésta debe establecer en la respectiva providencia los lineamientos precisos bajo los cuales [la obligación de rectificar] deberá ser realizada”[52] o, en caso de controversia sobre una rectificación ya realizada, la autoridad debe determinar si la rectificación se hizo en condiciones de equidad, pues “queda en manos del juez la evaluación y la decisión correspondientes en el caso particular”[53].
Es decir que los términos de la rectificación deben responder a las circunstancias particulares de la publicación con la que se desconocieron los presupuestos constitucionales pues, como lo ha sostenido este Tribunal, únicamente se entiende que se ha rectificado cuando “con igual despliegue e importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente, el informador reconoce haberse equivocado, no en otras materias -aunque se refieran a la misma persona-, sino precisamente en el asunto objeto del error o equívoco”[54].
5.6. El derecho a la libre expresión en el contexto de las nuevas tecnologías
En efecto, el avance tecnológico cobra especial atención dentro de las políticas del Estado y en el ordenamiento jurídico, por ser ahora esos medios un elemento determinante de las relaciones sociales actuales y del ejercicio de derechos. No en vano el legislador colombiano expidió la Ley 1341 de 2009 “[p]or la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–”, con el objeto de determinar, entre otros, “el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”[55].
En efecto, en la ley anteriormente mencionada se reconoce esta realidad de la comunicación, hasta el punto que se definieron las tecnologías de la información y las comunicaciones como el “conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes”[56], dentro de las cuales sobresalen por su uso masivo y cotidiano las redes sociales, en tanto que “medio social más a través del cual se puede compartir, comunicar y entretener” pero que, al mismo tiempo, implica “un aumento exponencial de sus usuarios que tienen la posibilidad de intercambiar información, propagar ideas, participar activamente y facilitar relaciones personales”[57].
5.6.2. En este contexto, las redes sociales se muestran como una posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a la libre expresión, con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, en tanto a través de las nuevas tecnologías cualquier persona es una potencial comunicadora de información de cualquier tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance determinado por el uso que otras personas hagan de las mismas redes. Situación que marca una importante diferencia con los medios tradicionales en los que sólo ciertas personas, de ordinario periodistas, ejercían la autoría del material publicado y ello solamente a través de canales especializados.
Pues bien, estos escenarios han sido ya identificados en la jurisprudencia constitucional y, específicamente, se han resaltado ciertas situaciones que determinan un cambio respecto al manejo de los contenidos publicados en las redes sociales. Así, a partir de diferentes estudios que sobre el tema se destacaron en la Sentencia T-256 de 2012[58], se advirtió que
“Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos, los usuarios hacen completamente públicos datos y características personales que en ningún caso expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación sexual y religiosa etc.
-Existe la posibilidad de que traten y publiquen en la red información falsa o sin autorización del usuario, generando situaciones jurídicas proseguibles que pueden llegar a derivarse de este hecho.
-El hecho de que, a través de las condiciones de riesgo aceptadas por los usuarios, estos cedan derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que alojen en la plataforma, de manera que puedan ser explotados económicamente por parte de la red social”.
De hecho, sobre esto último la Corte, apoyada en algunos apartes de la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet de junio 1° del 2011[59], ha señalado que la libertad de expresión en internet se regula del mismo modo que en todos los medios de comunicación, por lo que las redes sociales no son un lugar que garantice o permita sin ninguna restricción “la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”[60]. Lo que quiere decir que el influjo de la tecnología confiere mayores herramientas y medios para ejercer el derecho a la libre expresión pero siempre dentro del marco que la Constitución lo define en relación con los requisitos de veracidad e imparcialidad, el derecho a la rectificación y el ejercicio de los derechos de terceras personas.
En coherencia con lo anterior, esta Corporación se ha referido a la protección del derecho a la libre expresión y a los límites derivados en el contexto de las nuevas tecnologías y así, por ejemplo, en la Sentencia T-015 de 2015[61] se ocupó de resolver un caso en el que se controvertía la posible vulneración del derecho al buen nombre a raíz de la publicación de una propuesta artística en distintos medios de comunicación, entre ellos la red social Facebook. Y en esta oportunidad la Corte aplicó los mismos criterios que definen el alcance del derecho a la libre expresión y que en este fallo ya se han explicado para poder decidir con base en una sentencia judicial en firme que así lo indique.
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en donde resultan involucradas las nuevas tecnologías, las limitaciones referidas en ocasiones deben hacerse aún más estrictas, teniendo en cuenta precisamente sus propias características. Características o rasgos que determinan el manejo que en ellas se hace de la información pero que, al mismo tiempo, exigen una regulación particular, pues los usuarios están en todo caso sometidos a la Constitución y, en general, a los parámetros que limitan el ejercicio de la libre expresión[62].
Lo dicho, además, tiene una estrecha relación con el hecho rescatado en líneas anteriores de que las limitaciones a la expresión se derivan de la configuración o naturaleza misma del, y no del medio dónde éste se ejerza. A lo que puede agregarse que particularmente su ejercicio en las redes sociales está supeditado a la libertad con que los usuarios disponen del contenido de sus cuentas y de la información que dan a conocer masivamente. Todo lo cual lleva a que haya una identificación directa entre la información publicada y el titular de la cuenta en donde se publica, más allá de si esta información está contendía en determinada plataforma virtual, que, por demás, suelen tener una indeterminada asignación de su propiedad más allá de las fronteras nacionales.
5.6.3.2. De otra parte, la Sala considera que aquí corresponde hacer, para el caso específico de las redes sociales, un análisis sobre las subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad de la rectificación en el escenario de las redes sociales, como son: (i) que las condiciones de equidad no suponen una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y la aclaración o rectificación de la información falsa o parcializada, sino que ésta constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, para que los destinatarios tengan claridad sobre la corrección de información que no era veraz o imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba corresponde a quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y (v) que la reparación de los derechos, según el mandato constitucional, consiste en la rectificación.
5.6.3.2.1. En este sentido, respecto de esa primera subregla es preciso partir del contenido particular de la publicación y de la forma como ésta fue difundida en la red social, de manera que se exija que, en correspondencia, la rectificación tenga el mismo alcance a partir de los distintos criterios de contenido, despliegue e importancia que puede incluir la visibilidad en la red, la difusión entre los contactos, el tiempo de publicación y demás medidas útiles que permitan alcanzar la reparación del derecho conculcado.
5.6.3.2.3. Por su parte, en lo que tiene que ver con la subregla referida a la carga de la prueba en cabeza de quien solicita la rectificación, ésta no exige distinción en el caso de las redes sociales. Lo anterior, pues también en este evento se debe tener en cuenta que cuando se trata de afirmaciones amplias e indeterminadas la carga se invierte, el sentido de que quien se niega a rectificar debe demostrar la veracidad e imparcialidad de los contenidos. Asimismo, es preciso tener en cuenta el evento destacado en esta providencia en relación con los supuestos en que se hacen públicos reproches que involucran responsabilidad penal, pues se repite que el principio de presunción de inocencia exige una sentencia en firme que dé cuenta de la veracidad de una acusación o calificación semejante.
5.7. Subreglas jurisprudenciales sobre el maltrato en redes sociales
Una modalidad especial de afectación de derechos que ha cobrado particular importancia por el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es el llamado “cyberbullying”, conocido también como ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’. Sobre este fenómeno, la Corte en su momento[63] hizo uso de una definición inicial dada por la Policía Nacional para casos que se presentaban entre menores de edad, al entenderlo que se presenta “cuando una persona menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona menor mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otros medios técnicos similares” [64].
Asimismo, en diferentes sentencias esta Corporación ha definido el “bullying” en el ambiente virtual como aquel con base en el cual el autor utiliza las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, en especial del internet y el celular, para maltratar a sus semejantes. Básicamente, el “cyberbullying” consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo[65].Aunque también se ha definido como un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos en línea para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar e insultar a otra persona, el cual no se hace de frente y por ello no es fácil identificar a su autor. Así, se ha recalcado que el ciberacoso se ha hecho popular entre niños y jóvenes, quienes creen que pueden usar la red y estos dispositivos anónimamente para molestar a sus compañeros sin percatarse del daño que hacen pues “la información se envía de manera muy rápida, y borrarla o detenerla, es tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy serias, terminando, como se ha visto en Colombia y en otros países, [incluso] en el suicidio de la víctima”[66].
En el escenario educativo esta Corporación, al realizar el control concreto de constitucionalidad en razón de la posible afectación de derechos fundamentales en los establecimientos educativos por maltrato en redes sociales, encontró que de dicho maltrato eran víctimas tanto los estudiantes –menores de edad en su mayoría–, como los docentes y directivos. Incluso, desde las primeras decisiones que versaron sobre la problemática del maltrato en redes, cuando este tipo de maltrato aún no era una práctica consolidada, esta Corporación señaló (2010) que “caso a caso, la jurisprudencia constitucional seguirá avanzando en dibujar y delinear los límites de estas nuevas dimensiones de los derechos, en plena evolución y transformación”[67].
De esta forma, paulatinamente la Corte ha ido precisando el alcance de la protección pertinente, al punto de que en ciertos casos ha exigido a instituciones educativas que implementen las medidas para hacer frente al matoneo, a fin de hacer conscientes a los menores del impacto de estas conductas y que las eviten[68]. De igual forma, esta Corporación también se ha referido de manera particular al maltrato que un estudiante puede sufrir por las expresiones que sus compañeros hacen en las redes sociales, advirtiendo que el derecho de expresarse libremente está supeditado a que no se usen expresiones insultantes ni desproporcionadas[69]. Incluso, en ocasiones ha advertido que las instituciones educativas no sólo debían tomar medidas para que dichas acciones cesaran, sino también para que se adelantara un proceso restaurativo en el que la persona agredida se sintiera reestablecida en sus derechos[70]. De manera que corresponde a cada establecimiento educativo definir cuáles son las medidas para proteger los derechos fundamentales, para hacer cesar el maltrato y, correlativamente, adoptar medidas conocidas como de justicia restaurativa, en virtud de las cuales se impida que las secuelas de la lesión de derechos se proyecte en distintas vías y continúe incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa[71].
De la misma manera, la Corte se ha referido a este tipo de maltrato en el escenario laboral, con motivo de la información que sobre los empleados se puede publicar en la red social de la empresa, y particularmente ha tratado el tema de los riesgos a los derechos fundamentales dentro de la red social Facebook. Así, esta Corporación ha rescatado la importancia que tiene el consentimiento de quien va a ser expuesto en ella para proteger el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y honra[72] y, ante tales supuestos, ha rescatado el hecho de que la mayor exposición que proporcionan las redes sociales son una fuente de amenaza para los derechos fundamentales, por cuanto poseen herramientas incontrolables de procesamiento y permiten un uso ilimitado de la información depositada por los usuarios, pues las posibilidades de que ésta pueda ser compartida son exponenciales y la mayoría de las veces desconocida por parte de los usuarios[73].
Este riesgo que se produce por el alto grado de publicidad y difusión de las redes sociales que ha sido advertido incluso en el ámbito familiar, en donde además la exposición de los datos personales pueden afectar a menores de edad, por lo que este Tribunal ha sido claro en establecer que para la protección de sus derechos es necesario obedecer a las normas constitucionales y no principal o exclusivamente la regulación propia de la red social pertinente[74].
Asimismo, la Corte se ha pronunciado sobre eventos en los que se califican la conducta de alguien en redes sociales, como en el caso objeto de la Sentencia T-050 de 2016[75], en el que una persona requería a su deudora a través de una publicación en Facebook[76]. Oportunidad en donde la Corte encontró que “que junto al mensaje divulgado se publicó una fotografía de la actora sin que mediara su consentimiento o, a falta de este, existiera una orden de la autoridad competente para que la misma fuera objeto de disposición por parte de terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en mayor medida en contra de su imagen y su buen nombre”.
A partir de lo anterior, entonces, este Tribunal indicó que aunque lo que se publica en las redes sociales está amparado por la libertad de expresión, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites se aplica a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación, según corresponda[77]. Por razón de lo cual consideró que el hecho de publicar mensajes cobrando deudas a través de un medio de comunicación de alto impacto como Facebook, con múltiples usuarios que tienen prácticamente libre acceso a toda la información que se publica, “además de ser desmedido, evidencia una intención dañina por parte de la accionada […]”. Y bajo las anteriores consideraciones señaló que los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de la accionante fueron afectados, por lo que terminó ordenando a la accionada que, “como medida simbólica”, publicara en el muro de su perfil de Facebook la correspondiente disculpa por la afectación causada a la actora; publicación que debería estar habilitada para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron acceso al primer mensaje y durante un lapso igual al que este último permaneció publicado. No obstante lo cual, en todo caso supeditó la existencia de dicha publicación a la autorización de la accionante, quien debía considerar si la misma era inconveniente.
(i) Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra[78].
(ii) Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que se trate[79].
(iii) Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato[80].
(iv) El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad[81].
(v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad[82].
(vi) Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien[83].
(vii) El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta[84].
(viii) El derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites[85].
(ix) En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor[86].
(x) Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afectados[87], siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada[88].
6.1. La señora Keillin Julieth Pérez Silva presentó la acción de tutela contra su ex empleadora, la señora Yuri Guisell Chamorro Morales, solicitando la protección de su derecho fundamental al buen nombre, en tanto ésta última publicó en su cuenta personal de la red social Facebook una foto de su rostro acompañada de un comentario para ella injurioso y contrario a su buen nombre.
La tutela le fue notificada personalmente a la señora Chamorro Morales. Sin embargo, dentro del término de traslado guardó silencio, razón por la cual el juez de la causa, en atención a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dio por ciertos los hechos contentivos de la demanda de tutela y concedió el amparo solicitado, producto de lo cual le ordenó a la accionada retirar la publicación difamatoria de la red social y abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías o comentarios sobre la accionante.
Por otra parte, en relación con el fondo del asunto, el juez concluyó que la publicación realizada por la señora Chamorro Morales en la red social de Facebook efectivamente vulneraba los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de la señora Pérez Silva, en tanto que contenía “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[89] sobre su persona que afectaban gravemente su reputación, además de la valoración que puede tener dentro de una colectividad, y perturbaban seriamente su entorno personal, familiar y social.
6.2. Esta Sala encuentra que, en principio, la decisión del fallo en única instancia proferido dentro del presente proceso de tutela se ajusta a los límites que la Constitución define para el caso específico del derecho a la libre expresión en relación con la veracidad, imparcialidad y la garantía de los derechos mencionados por el juez. Al mismo tiempo que atiende los presupuestos que sobre la materia se han desarrollado en la jurisprudencia que se resaltaron en las consideraciones generales de esta providencia. En tal sentido, se halla razón al juez cuando indica que las afirmaciones que realizó la demandada afectaban gravemente la reputación de la accionante, así como la valoración que puede tener dentro de una colectividad, además de que perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, en tanto indudablemente contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[90] sobre su persona.
6.4. Según las pruebas que obran en el expediente, se tiene que la señora Yuri Guisell Chamorro Morales utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para publicar una foto de la señora Keillin Julieth Pérez Silva, precedida de algunos comentarios con los que se le endilga la comisión de determinados delitos pero sin que conste una sentencia judicial en firme que dé cuenta de responsabilidad penal alguna. Además, dicha publicación fue vista no solo por las partes entre quienes está trabada la presente litis, sino también por aquellas personas que tienen acceso a la cuenta de la accionada, algunas de las cuales incluso la comentaron, tal y como consta en los anexos aportados por la actora.
Esta situación pone de presente una controversia en relación con el ejercicio del derecho a la libre expresión de la señora Chamorro Morales a través de la red social Facebook. A partir de ello, la Sala observa que el ejercicio del derecho en mención no se ciñó a los presupuestos constitucionales en términos de veracidad e imparcialidad. En efecto, se advierte que la exposición en Facebook de la imagen de la señora Pérez Silva acompañada de la afirmación que realiza sobre su calidad de “ladrona”, indudablemente escapa a cualquier escenario subjetivo o de opinión y, por lo contrario, refiere una acusación de una situación fáctica concreta relacionada con la comisión de un delito, pero sin que en ello se haya demostrado como cierto.
Sin embargo, en esta providencia se hizo especial énfasis en el hecho que las afirmaciones públicas sobre la responsabilidad penal de una persona deben atender a la garantía constitucional de la presunción de inocencia, por lo que para atribuirle a alguien un delito es un requisito ineludible contar con una sentencia judicial en firme que dé cuenta de ello. En consecuencia, el ejercicio del derecho a la libre expresión de la accionada resultó, a todas luces contrario al alcance constitucional del derecho y, al mismo tiempo, desborda los límites fijados en el ejercicio de los derechos al buen nombre y a la honra, pues como lo ha indicado esta Corporación “[n]o puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información”[91].
6.5. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que con la exposición pública de la accionante en una red social con información que carece de veracidad y que desconoce la presunción de inocencia, también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que tiene una persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con los demás[92]; a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para autorizar la divulgación o publicación de sus datos personales y que éstos correspondan a situaciones reales[93]; al buen nombre, enmarcado en la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida[94]; y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos[95].
Así pues, es preciso atender al hecho que la publicación ingresada por la señora Chamorro Morales pasó a circular por la red a partir de las lógicas de difusión espontánea de la misma, en donde la distribución en cadena de los mensajes desbordan el actuar del mismo autor del mensaje y, además, gozan de un nivel de difusión y de visibilidad en las cuentas personales de otros usuarios de forma masiva que indudablemente agrava la afectación de los derechos de la accionante.
Como se advirtió, las afectaciones a los derechos mencionados dentro de las redes sociales, teniendo en cuenta sus características particulares ampliamente explicadas y comentadas[96], determinan que sea necesario adoptar dos tipos de medidas distintas para hacer frente al tipo de vulneración de derechos, asociados con la percepción que la sociedad puede tener de una persona y sus calidades. En este sentido, el juez constitucional debe propender porque (i) se tomen medidas para que la afectación iusfundamental cese, pero, además, para que (ii) se restauren los derechos afectados.
Por ende, en relación con el primer aspecto la Sala advierte que el juez de tutela adoptó la medida tendiente a la cesación del daño y, en este sentido, se confirmará la orden proferida a la señora Chamorro Morales de que retire de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la tutelante y los comentarios sobre ella.
Mientras que sobre el segundo aspecto, por el contrario, llama la atención el hecho que el fallador no previó las medidas necesarias para restaurar los derechos de la señora Pérez Silva que resultaron afectados como consecuencia de la publicación reprochada y la difusión de la misma. En este sentido, se reprocha el hecho de que no se haya valorado la aplicación de una medida de rectificación en condiciones de equidad dirigida a mitigar los efectos negativos que sobre los derechos al buen nombre y a la honra pudo haber sufrido la actora.
Por lo tanto, la Sala considera que en particular el juez de amparo debió valorar la posibilidad de que la accionada (i) realizara una nueva publicación en la misma red, (ii) en la que reconociera su equivocación en relación con lo manifestado sobre la señora Keillin Julieth Pérez Silva, por cuanto faltó con ella a la verdad y desconoció la presunción de inocencia. Lo anterior en tanto esa publicación, como lo indican las reglas mencionadas, (iii) habría tenido que ser expuesta en la red social, al menos, por el mismo tiempo que aquella que generó la afectación iusfundamental, y, de manera especial, (iv) debió realizarse a la mayor brevedad posible.
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 23 de septiembre de 2015 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C.
SEGUNDO.- ADVERTIR al juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C. que en estos casos la efectiva garantía iusfundamental comprende, además de la cesación de la vulneración con la orden de retirar la publicación, la valoración sobre la medida de rectificación tendiente a la reparación de los derechos fundamentales afectados, a partir de las reglas específicas que esta Corporación ha precisado para el contexto particular de las redes sociales.
[2] Folios 1 y 2.
[7] Folios 4, 5 y 6.
[8] Folio 32.
[9] “Artículo 20.- Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
[10] Folio 23.
[11] Folio 23.
[13] Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[15] Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[16] Sentencia T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[17] Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[19] Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] Folio 15.
[21] Cfr. Sentencias T-921 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-787 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[22] Cfr. Sentencias T-277 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa, T-088 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, y T-219 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao, entre otras.
[23] M.P. María Victoria Calle Correa.
[24] Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la cual a su vez cita a la Sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[25] Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] Así pues, en la Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en donde se examinó la constitucionalidad de varias normas relacionadas con la difusión de contenidos por el medio radial, se indicó específicamente que “[e]s claro que las libertades de información y de expresión tienen un trato distinto, y la Constitución admite mayores limitaciones a la primera. En efecto, mientras que la emisión de opiniones no tiene en principio límites, la transmisión de datos fácticos está protegida sólo si se trata de una información veraz e imparcial (CP art. 20). Esto significa que la veracidad e imparcialidad constituyen condiciones de legitimidad o presupuestos que delimitan el ámbito constitucionalmente protegido de la libertad informativa, tal y como se desprende de numerosos pronunciamientos de esta Corte”.
[27] Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[28] Cfr. Sentencias T-256 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] Al respecto ver, entre otras, las sentencias: T-602 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU 1721 de 2000, T-1195 de 2004, T-218 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo, T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[32] Sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[34] Sentencia T-110 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[35] Al respecto la Sentencia T110 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en concordancia con la Sentencia T-293 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, estableció que “no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”.
[36] Sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos del 9 de marzo de 1964. Proceso 376 US 254.
[37] Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[38] Sentencia 49/2001 (febrero 26), Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español.
[39] Sentencia C-489 de 2002 M.P. Rodrigo Escoban Gil.
[40] Sentencia C-489 de 2002 M.P. Rodrigo Escoban Gil.
[41] Sentencia T-015 de 2015, Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[43] A parte citado en la Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, a partir de lo establecido en los fallos: T-603 de 1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, T-040 de 2005 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-088 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
[44] Sentencia T-110 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[45] T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto también ver las sentencias T-602 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-1721 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1198 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-218 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[46] Al respecto ver las sentencias T-512 de 1992 MM.PP. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morrón Díaz, y T-040 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia T-040 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] T-332 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[50] T-277 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
[51] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
[52] T-218 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[53] T-332 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[54] T-074 de 1995, José Gregorio Hernández Galindo.
[55] Artículo 1. De hecho, se destaca que allí también y en la que el Ministerio de Comunicaciones pasó a denominarse Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (artículo 16).
[56] Artículo 6.
[57] Sentencia T-256 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, quien a su vez se basó en el Memorandum de Montevideo, adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet.
[58] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[59] Declaración realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
[60] Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[62] Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se precisó, en relación con el caso concreto que “se resolverá a partir de las disposiciones constitucionales y de la posible afectación de derechos fundamentales contenidos tanto en el ordenamiento interno como internacional y, no a partir de la regulación establecida por la red social Facebook, pues la vulneración del contenido de un derecho fundamental no depende de la transgresión o acatamiento de éstas”.
[63] Sentencia T-713 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa. la Sala Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por los padres en representación de su hijo menor contra un colegio de Girardot para que se le protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la igualdad, vulnerados como consecuencia de la sanción que se le impuso por publicar en la red social Facebook comentarios contra la rectora de tal institución.
[64] Otra noción al respecto es que ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’ es uso de información electrónica y medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, consolas de juegos de videos, etc.) difamatorios, amenazantes, degradantes, agresivos para acosar, intimidar, amedrentar, humillar, o fines similares, realizada sobre un individuo, mediante ataques personales u otros medios de forma reiterada a lo largo de un tiempo determina
do. Las agresiones pueden realizarse bajo un formato anónimo o de identidad falsa o adulterada.
[65] Ver: Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[66] Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[67] Sentencia T-220 de 2004.
[68] En la Sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se estudió una acción de tutela interpuesta por unos padres de familia en representación de su hija menor contra las directivas de su colegio, la secretaría de educación distrital y otros, por cuanto ella era víctima de maltrato por su aspecto físico, tanto en el colegio como en las redes sociales. Además, esta Corte advirtió sobre el hecho de que, además, era preocupante el hecho de que no existiera una definición sobre el matoneo, sus elementos y tipologías o niveles de complejidad, para que fuera distinguible de otras formas de conflicto escolar, “pues ello impedía la diferenciación de una estrategia plena, que at[endiera] las necesidades puntuales de las partes, los padres de familia y, adicionalmente, de los profesores”. De manera que “los instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al problema fueron insuficientes para garantizar la restauración de los derechos de la víctima y para acreditar que la experiencia sirviera para que los menores infractores identificaran y evitaran la multiplicación de ese tipo de conductas”
[69] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.
[70] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.
[71] Por su parte, en la Sentencia Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en donde se estudió una acción de tutela presentada por una madre de familia, en representación de su hijo, contra el colegio en el cual adelantaba sus estudios, por considerar que sus derechos fundamentales fueron violentados a causa del maltrato que él recibía por parte de sus compañeros personalmente y a través de la red social Facebook. Así, la accionante solicitó que el colegio accionado les ordenara a los padres de los compañeros del joven que les prohibieran maltratarlo en cualquier forma y les exigieran respeto hacia él, eliminando para ello el grupo que crearon en Facebook en su contra y retractándose públicamente de lo que habían expresado allí.
[72] En la Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, este Tribunal revisó una acción de tutela interpuesta por una mujer contra la empresa de masajes en la que prestó sus servicios personales, por cuanto esta última se negaba a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad varias imágenes de ella que, a pesar de que en un primer momento autorizó su publicación, luego consideró que afectaban sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, pues aquéllas aparentaban que en lugar de publicitar el ofrecimiento de masajes se promocionaba el ofrecimiento de servicios de carácter sexual.
[73] Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta oportunidad la Corte mencionó entre los factores generadores de riesgo para los derechos fundamentales en las redes sociales, los siguientes: (i) la falta de “toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado”; (ii) la posibilidad de que los datos personales puedan ser utilizados por “terceros usuarios malintencionados de forma ilícita”; (iii) la posibilidad de que información falsa o sin autorización del usuario sea publicada en la red; (iv) la posibilidad que los usuarios dispongan contenidos propios en la plataforma para que sean explotados económicamente por parte de la red social sin su pleno conocimiento; (v) la posibilidad de que las redes sociales ocasionalmente permitan a los motores de búsqueda de internet indexar en sus búsquedas los perfiles de los usuarios, junto con información de contactos y perfiles de amigos; (vi) la dificultad del proceso de eliminación de información propia una vez ha sido depositada en la red; y (vii) la posibilidad que tiene estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario a través de la dirección IP y conocer el dispositivo desde el que se conecta lo cual permite contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada al usuario.
[74] En la Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se estudió una acción de tutela interpuesta por la madre de una menor de 4 años de edad en contra del padre de aquella, con la que buscó que su hija se le respetaran los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad por cuanto el tutelado había abierto a nombre de la menor una cuenta en la red social Facebook, aún a pesar de que la niña ni siquiera tenía la edad requerida por dicho portal para tal. Lo anterior, pues temía que información de la pequeña circulara de manera insegura y descontrolada en las redes sociales, de forma tal que se pudieran amenazar sus derechos fundamentales o incluso constituirse en víctima de maltrato.
[75] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[76] Sentencia T-050 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[78] Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[80] Sentencia T-713 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[82] Sentencias T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-634 de 2013 María Victoria Calle Correa.
[86] Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[87] Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[88] Cfr. Sentencia T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[89] Folio 30.
[90] Folio 30.
[91] Sentencia T-040 de 2013.
[92] Sentencia T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[93] Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[94] Sentencia T-411 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, citada en la Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[96] Cfr. Numerales 5.4 y 5.5. de las consideraciones generales de este fallo.

References: artículo 20
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 20
e contrario
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 15
 artículo 21
 artículo 20
 Artículo 1
 Artículo 6