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Timestamp: 2019-10-17 11:10:14+00:00

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﻿ DECRETO 3969 DE 2005
DECRETO 3969 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:SE PROMULGA LA "CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 17 DE DICIEMBRE DE 1979. APROBADA MEDIANTE LEY 837 DE 2003.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1276 DE DICIEMBRE 15 DE 2005, PG.1075
DECRETO 3969 DE 2005
“Por el cual se promulga la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979)”.
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944 en su artículo 1º dispone que los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;
Que el Congreso Nacional mediante Ley 837 del 16 de julio de 2003, publicada en el Diario Oficial 45.252 del 18 de julio de 2003, aprobó la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979);
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-405 del 4 de mayo de 2004 declaró exequibles la Ley 837 del 16 de julio de 2003 y la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979);
Que el 14 de abril de 2005 Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de adhesión a la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979). En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 13 de mayo de 2005, de acuerdo con lo previsto en su artículo 18.2;
“De conformidad con el artículo 16, párrafo 2 de la convención, Colombia declara que no se considera vinculada por el párrafo 1 del mismo artículo”,
ART. 1º—Promúlgase la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979).
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto de la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979)).
Reafirmando el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en otras resoluciones pertinentes de la asamblea general,
1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la detenga y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente convención.
2. Si llegare a poder de un Estado parte cualquier objeto que el delincuente haya obtenido como resultado de la toma de rehenes, ese Estado parte lo devolverá lo antes posible al rehén o al tercero mencionado en el artículo 1º, según proceda o a sus autoridades competentes.
b) Por sus nacionales o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio, si en este último caso ese Estado lo considera apropiado;
c) Con el fin de obligar a ese Estado a una acción u omisión, o
2. Cada Estado parte adoptará así mismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 1º en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
2. La detención y las otras medidas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, serán notificadas sin demora, directamente o por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas:
e) Al Estado del cual sea nacional el presunto delincuente o si este es apátrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;
3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, tendrá derecho:
a) A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado del que sea nacional o de aquel al que por otras razones competa el establecimiento de esa comunicación o si se trata de una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;
4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo, se ejercerán de conformidad con las leyes y reglamentaciones del Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, a condición, sin embargo, de que esas leyes y reglamentaciones permitan que se cumplan cabalmente los propósitos a que obedecen los derechos concedidos en virtud del párrafo 3 del presente artículo.
5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado que, con arreglo al inciso b) del párrafo 1 del artículo 5 pueda hacer valer su jurisdicción, a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
6. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 1 del presente artículo, comunicará sin dilación sus resultados a los Estados u organización mencionados en el párrafo 2 del presente artículo e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
2. Toda persona respecto de la cual se entable un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1º, gozará de las garantías de un trato equitativo en todas las fases del procedimiento, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en el derecho del Estado en cuyo territorio se encuentre.
a) Que la solicitud de extradición por un delito mencionado en el artículo 1º se ha hecho con el fin de perseguir o castigar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o
i) Por alguna de las razones mencionadas en el inciso a) del presente párrafo, o,
2. Con respecto a los delitos definidos en la presente convención, las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradición aplicables entre Estados partes, quedan modificadas en lo que afecte a los Estados partes en la medida en que sean incompatibles con la presente convención.
3. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, reconocerán los delitos previstos en el artículo 1º como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud.
4. A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos previstos en el artículo 1º se han cometido no solo en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5º.
Siempre que los convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra o los protocolos adicionales a esos convenios sean aplicables a un acto determinado de toma de rehenes y que los Estados partes en la presente convención estén obligados en virtud de esos convenios a procesar o entregar al autor de la toma de rehenes, la presente convención no se aplicará a un acto de toma de rehenes cometido durante conflictos armados, tal como están definidos en los convenios de Ginebra de 1949 y en sus protocolos, en particular los conflictos armados mencionados en el párrafo 4 del artículo 1º del Protocolo Adicional I de 1977, en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente convención que no se solucione mediante negociaciones, se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el estatuto de la corte.
3. Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 de este artículo, podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
1. La presente convención está abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1980, en la sede de las naciones en Nueva York.

References: artículo 1
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1