Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-12049.htm
Timestamp: 2017-12-12 00:44:02+00:00

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B.O.E. Nº 166 de 13/07/2005
La ConstituciÃ³n EspaÃ±ola obliga a los poderes pÃºblicos a promover las condiciones necesarias y a dictar las normas precisas para hacer efectivo el derecho de todos los espaÃ±oles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
En los Ãºltimos aÃ±os se ha producido un crecimiento de la oferta de viviendas nuevas sÃ³lo comparable en tÃ©rminos cuantitativos a las cifras alcanzadas en los aÃ±os 60, la Ã©poca de gran crecimiento de la poblaciÃ³n urbana y de urbanizaciÃ³n acelerada de nuestro paÃ­s. Al mismo tiempo se ha producido un incremento sostenido de los precios y del nÃºmero de viviendas vacÃ­as. Pero el incremento de la oferta no se ha visto acompaÃ±ado de una mejora de las condiciones de acceso de los ciudadanos a la vivienda. Antes bien, el incremento de los precios ha generado tal desfase entre los precios de la vivienda y los salarios que el acceso a una vivienda digna y adecuada ha sido difÃ­cil y ha obligado a muchos ciudadanos a hacer un esfuerzo excesivo durante gran parte de su vida para acceder a una vivienda.
El crecimiento de la construcciÃ³n residencial tampoco ha solucionado el problema social de acceso a la vivienda que afecta a multitud de ciudadanos, ni ha respondido a la creciente demanda y a las necesidades de vivienda de una parte importante de la poblaciÃ³n. La especulaciÃ³n ha dificultado aÃºn mÃ¡s y en muchos casos, impedido, el acceso a la vivienda de un nÃºmero elevado de personas.
Ante tal situaciÃ³n, y superando una etapa anterior de claro relajamiento de la inversiÃ³n, se hace necesaria la acciÃ³n de los poderes pÃºblicos para complementar la acciÃ³n de los mercados y corregir algunas de las consecuencias negativas de su funcionamiento, con medidas dirigidas a paliar la falta de vivienda protegida asequible para los ciudadanos con menos recursos, y conseguir los fines constitucionales.
No obstante, no hay que olvidar la estrecha relaciÃ³n existente entre la actividad promocional y rehabilitadora del sector de la vivienda, con la polÃ­tica econÃ³mica general, en razÃ³n del efecto multiplicador que el impulso de la actividad del sector de la construcciÃ³n tiene para el desarrollo econÃ³mico y, en especial, como elemento generador de empleo. Esto determina su consideraciÃ³n dentro de la actuaciÃ³n del Estado a la hora de planificar las lÃ­neas generales de la actividad econÃ³mica y, en particular, en el sector de la construcciÃ³n.
Pero, ademÃ¡s, la polÃ­tica de vivienda, en relaciÃ³n con la del suelo, se articula como una polÃ­tica de ciudades, porque la vivienda, en el suelo que ocupa, con todas las infraestructuras y equipamientos urbanos que la acompaÃ±an y la hacen habitable, constituye el tejido bÃ¡sico de la ciudad. Ya la ConstituciÃ³n establece este vÃ­nculo entre el derecho a la vivienda y la regulaciÃ³n de los usos del suelo, al encomendar a los poderes pÃºblicos la misiÃ³n de regular la utilizaciÃ³n del suelo de acuerdo con el interÃ©s general para impedir la especulaciÃ³n y promover la efectividad de los derechos de los ciudadanos en relaciÃ³n con Ã©ste, en especial el derecho a la vivienda.
En este marco, el Plan de Vivienda contribuye al triple objetivo de un desarrollo urbano sostenible: por un lado, la consecuciÃ³n de la calidad y conservaciÃ³n medioambiental, evitando el despilfarro de los recursos naturales; por otro, de la equidad y prevenciÃ³n de la exclusiÃ³n social; y, finalmente, de la eficiencia y productividad integral de la economÃ­a. Estos objetivos en su conjunto contribuyen a mejorar, de manera integral, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Todos ellos responden a mandatos constitucionales y, ademÃ¡s, a compromisos internacionales del Gobierno EspaÃ±ol, como el Protocolo de Kyoto; o a polÃ­ticas de Ã¡mbito europeo, como la Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de Lisboa y la Agenda de Goteborg. AdemÃ¡s, el Plan de Vivienda plasma la coordinaciÃ³n y cooperaciÃ³n con todos los agentes del sector y con el resto de las Administraciones PÃºblicas, Comunidades AutÃ³nomas y Entidades Locales, dentro del marco constitucional de competencias en esta materia.
Este escenario justifica una actuaciÃ³n decidida por parte del Estado, a travÃ©s del Ministerio de Vivienda, para facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible, en una ciudad mÃ¡s habitable que contribuya a construir un territorio mÃ¡s equilibrado.
El nuevo Plan de Vivienda gira alrededor de los siguientes ejes estratÃ©gicos:
En primer lugar, el objetivo prioritario es que la vivienda protegida amplÃ­e su peso en el conjunto de los mercados de vivienda, como instrumento para la mejor satisfacciÃ³n de las necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder, mediante esfuerzos razonables, a los mercados de vivienda libre.
En segundo lugar, contribuirÃ¡ a un mayor equilibrio entre las formas de tenencia, fomentando el alquiler hacia una equiparaciÃ³n con la propiedad, y promoviendo la movilizaciÃ³n del parque de viviendas desocupadas para el alquiler. El fomento del alquiler favorece a los colectivos con menores rentas y a aquÃ©llos con necesidades especiales y, ademÃ¡s, en la medida en que contribuye a movilizar el parque vacÃ­o, a un uso mÃ¡s eficiente de los recursos naturales y econÃ³micos.
En tercer lugar, se impulsa, como parte fundamental de la polÃ­tica de vivienda, un conjunto de actuaciones en materia de suelo edificable destinado preferentemente a viviendas protegidas. Para optimizar el uso de los recursos naturales y econÃ³micos, y promover una utilizaciÃ³n racional del suelo, el Plan de Vivienda fomenta actuaciones en el suelo edificable destinado preferentemente a vivienda protegida, favorece la rehabilitaciÃ³n, la movilizaciÃ³n del patrimonio residencial existente, y la conser-vaciÃ³n del patrimonio histÃ³rico. Para ello promueve la rehabilitaciÃ³n de viviendas, a travÃ©s de figuras como las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral, y la rehabilitaciÃ³n en centros histÃ³ricos, con la concesiÃ³n de ayudas para la rehabilitaciÃ³n aislada en ciertos supuestos, como son la mejora de la accesibilidad, la reducciÃ³n del consumo energÃ©tico, o la seguridad estructural.
En cuarto lugar, aunque el Plan tiene un alcance universal, se dirige especÃ­ficamente a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna. De modo especial, el Plan tiene en cuenta a grupos sociales que tienen necesidades especÃ­ficas por sus circunstancias personales a igualdad de niveles de ingresos, tales como, por ejemplo, los jÃ³venes, las familias numerosas y las monoparentales, los mayores de 65 aÃ±os, las personas con discapacidad y sus familias, asÃ­ como las personas vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero y del terrorismo. Y, dentro de estos grupos, las ayudas estatales directas a la compra de viviendas se dirigen bÃ¡sicamente a quienes acceden por primera vez al mercado de vivienda en propiedad.
En quinto lugar, el Plan promueve la adaptaciÃ³n de las tipologÃ­as de vivienda a las necesidades de las familias, adecuÃ¡ndolas a las nuevas formas de vida, a las actuales estructuras familiares, y a las mayores necesidades de accesibilidad de mayores y personas con discapacidad.
Por Ãºltimo, el Plan se basa en la concertaciÃ³n y cooperaciÃ³n institucional entre todas las Administraciones PÃº-blicas y con los agentes sociales y econÃ³micos. El Plan incorpora mecanismos de adaptaciÃ³n y flexibilidad para favorecer su ejecuciÃ³n y gestiÃ³n por parte de las Comunidades AutÃ³nomas, y ademÃ¡s supone incrementar la participaciÃ³n de las Entidades Locales. En este sentido, el Plan prevÃ© un Consejo Nacional y las Comisiones multilaterales y bilaterales de seguimiento, que son instrumentos de participaciÃ³n, ejecuciÃ³n y evaluaciÃ³n, ademÃ¡s de la Conferencia Sectorial.
En resumen, el Plan pretende adecuarse a la realidad de la problemÃ¡tica del acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, pero con la vista puesta en un horizonte estratÃ©gico, a medio y largo plazo, en el que la estructura misma del mercado de la vivienda vaya siendo modificada a travÃ©s de la presencia de un segmento protegido cuantitativamente cada vez mÃ¡s significativo, que juegue un papel de estabilizador del subsector, a pesar de sus eventuales perturbaciones de carÃ¡cter cÃ­clico, prestando el servicio que requieren aquellos grupos de poblaciÃ³n que no pueden acceder al mercado libre de viviendas en condiciones aceptables.
Este Real Decreto se estructura en diez capÃ­tulos, seis disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria y tres finales.
El CapÃ­tulo I, bajo la denominaciÃ³n de Â«Disposiciones GeneralesÂ», regula de forma pormenorizada el marco en el que se va a desarrollar todo el programa de ayudas para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Tras definir el objeto y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n, hace una enumeraciÃ³n de conceptos con su correspondiente definiciÃ³n, con el fin de ayudar a una mejor comprensiÃ³n de su contenido. A lo largo de su articulado, se concretan los sujetos que van a verse beneficiados por las actuaciones, con indicaciÃ³n de los requisitos que les serÃ¡n exigidos; se hace referencia al tipo de actuaciones protegidas y a su delimitaciÃ³n temporal y territorial. Tiene aquÃ­ cabida la determinaciÃ³n del precio bÃ¡sico y la cuantÃ­a del precio mÃ¡ximo de venta, asÃ­ como la duraciÃ³n del rÃ©gimen de protecciÃ³n de las viviendas protegidas, que se extenderÃ¡ a toda la vida Ãºtil de la vivienda, considerando como tal un perÃ­odo mÃ­nimo de 30 aÃ±os. Por Ãºltimo, se hace referencia a las ayudas financieras a la vivienda y sus requisitos, asÃ­ como al destino y ocupaciÃ³n de las viviendas, con la fijaciÃ³n de sus limitaciones de disponer y los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones PÃºblicas y de otros agentes.
El CapÃ­tulo II, denominado Â«Acceso de los ciudadanos a viviendas en arrendamientoÂ», recoge las condiciones que deben reunir los inquilinos, y se da un trato preferencial a determinados colectivos como los jÃ³venes menores de 35 aÃ±os, las vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero y del terrorismo, las familias numerosas, las familias monoparentales, y las personas con discapacidad. TambiÃ©n se regulan la cuantÃ­a y la duraciÃ³n de las subvenciones a los inquilinos.
El CapÃ­tulo III tiene por tÃ­tulo Â«Acceso de los ciudadanos a viviendas en propiedad de nueva construcciÃ³n y a viviendas usadasÂ». Regula, con carÃ¡cter general, las condiciones requeridas para poder acceder a este tipo de vivienda. Trata, en su secciÃ³n 1.Âª, de las viviendas de nueva construcciÃ³n: clases de viviendas protegidas y precios mÃ¡ximos de venta, condiciones de los prÃ©stamos convenidos, y las ayudas estatales a la entrada. La secciÃ³n 2.Âª tiene el mismo contenido pero referido a la adquisiciÃ³n protegida de viviendas usadas.
El CapÃ­tulo IV regula las Â«Medidas para impulsar la oferta de viviendas asequibles para los ciudadanosÂ» a lo largo de catorce artÃ­culos agrupados en dos secciones. La secciÃ³n 1.Âª recoge todo lo relativo a las viviendas en arrendamiento, protegidas y libres, con rentas limitadas. Se prevÃ©n dos tipos de actuaciones: la promociÃ³n de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para arrendar y la movilizaciÃ³n del parque residencial existente para que se destine a alquiler. La secciÃ³n 2.Âª establece las condiciones de los prÃ©stamos convenidos a promotores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para venta.
El CapÃ­tulo V recoge las Â«Medidas para fomentar la urbanizaciÃ³n del suelo para viviendas protegidasÂ», y detalla el tipo de urbanizaciÃ³n que se estimula, los requisitos exigidos para tener subvenciones, y la labor que ejecutarÃ¡ la Entidad PÃºblica Empresarial de Suelo (SEPES).
El CapÃ­tulo VI se refiere a las Â«Medidas para impulsar la rehabilitaciÃ³nÂ». La secciÃ³n 1.Âª regula el Ã¡mbito y condiciones generales de las actuaciones de rehabilitaciÃ³n mientras que la secciÃ³n 2.Âª establece los conceptos generales para la financiaciÃ³n de estas actuaciones. Las tres secciones siguientes regulan determinados tipos de rehabilitaciÃ³n: las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral, las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos y las medidas para impulsar la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas.
El CapÃ­tulo VII regula el Â«Programa de mejora de la calidad, la innovaciÃ³n y la sostenibilidad de la edificaciÃ³nÂ», y establece ayudas a los promotores para la mejora de la calidad, la sostenibilidad de los edificios, y el impulso de experiencias innovadoras.
El CapÃ­tulo VIII es el referido al Â«Programa de vivienda para jÃ³venesÂ». PrevÃ© ayudas destinadas a la compra y al alquiler de viviendas, fija las caracterÃ­sticas y los requisitos exigibles.
El CapÃ­tulo IX regula las Â«Relaciones con las Comunidades AutÃ³nomas y otras InstitucionesÂ» y hace referencia a los convenios de colaboraciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas y con entidades de crÃ©dito. Regula tambiÃ©n la creaciÃ³n de ventanillas Ãºnicas, del Consejo del Plan de Vivienda y de la ComisiÃ³n Multilateral de Seguimiento del Plan.
El CapÃ­tulo X se refiere a la Â«EjecuciÃ³n y evaluaciÃ³n econÃ³mica del Plan estatal 2005-2008Â». En Ã©l se recogen los recursos financieros necesarios para su ejecuciÃ³n.
Las disposiciones adicionales regulan diversos aspectos relacionados con la ejecuciÃ³n del Plan de Vivienda, como la cuantÃ­a del Precio BÃ¡sico Nacional para 2005; los aranceles notariales y registrales que se aplican en las transmisiones de viviendas protegidas, y el Registro de Viviendas Protegidas.
El Real Decreto finaliza con ocho disposiciones transitorias, una disposiciÃ³n derogatoria y tres disposiciones finales.
En su elaboraciÃ³n, en un proceso amplio de participaciÃ³n, se ha consultado a las Comunidades AutÃ³nomas, a la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Municipios y Provincias, asÃ­ como a las asociaciones y organizaciones mÃ¡s representativas del subsector.
Este Real Decreto se dicta en ejercicio de las competencias que el artÃ­culo 149.1.13.Âª de la ConstituciÃ³n atribuye al Estado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 1 de julio de 2005,
Este Real Decreto tiene por objeto regular el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible que constituya su residencia habitual y permanente, cuando no puedan satisfacer, mediante un esfuerzo razonable, sus necesidades de una vivienda adecuada, accesible, de calidad y sostenible, en una ciudad habitable que permita el ejercicio de sus derechos de ciudadanÃ­a.
El Plan extenderÃ¡ sus efectos desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2008.
A los efectos de lo previsto en este Real Decreto, se entenderÃ¡ por:
La unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no estÃ©n integradas en una unidad familiar, asÃ­ como a las parejas de hecho reconocidas legalmente segÃºn la normativa establecida al respecto.
Son compradores de las viviendas las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, los adjudicatarios miembros de cooperativas o de comunidades de propietarios, a partir del momento en que se les adjudique la propiedad de una vivienda individualizada y los promotores individuales de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para uso propio, a partir del momento de la obtenciÃ³n de la calificaciÃ³n definitiva de su vivienda.
Asimismo, se entenderÃ¡n como compradores, las entidades sin Ã¡nimo de lucro que adquieran las viviendas para arrendar o para cederlas a personas fÃ­sicas que cumplan las condiciones generales de acceso a las viviendas protegidas.
Son promotores, las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, pÃºblicas o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen, programen y financien, con recursos propios o ajenos, la ejecuciÃ³n de las actuaciones protegidas relativas a la construcciÃ³n de nuevas viviendas, a la adquisiciÃ³n de viviendas usadas para su cesiÃ³n en arrendamiento, a la rehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas o a la urbanizaciÃ³n de suelo.
Asimismo, se entenderÃ¡n por tales, los promotores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para uso propio, ya se trate de personas fÃ­sicas individualmente consideradas, hasta el momento de la obtenciÃ³n de la calificaciÃ³n definitiva de su vivienda, o agrupadas en cooperativas o en comunidades de propietarios, asÃ­ como los promotores de rehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas, ya se trate de sus propietarios o de sus inquilinos cuando, conforme a la legislaciÃ³n aplicable, puedan estos Ãºltimos realizar las obras protegidas.
Son las medidas y los recursos, financieros o de otro tipo, que la AdministraciÃ³n General del Estado destina al cumplimiento del objeto de este Real Decreto, que podrÃ¡n ser:
a) El establecimiento de precios mÃ¡ximos de venta y de adjudicaciÃ³n de las viviendas protegidas.
b) El establecimiento de precios mÃ¡ximos de renta de las viviendas en rÃ©gimen de arrendamiento.
c) La generaciÃ³n de suelo edificable, con unos precios mÃ¡ximos de repercusiÃ³n que permitan la promociÃ³n y existencia de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n.
d) La fijaciÃ³n de aranceles notariales y registrales reducidos para la transmisiÃ³n de las viviendas protegidas previstas en este Real Decreto.
a) Los prÃ©stamos convenidos, es decir, los acogidos a convenios de colaboraciÃ³n entre el Ministerio de Vivienda y las entidades de crÃ©dito colaboradoras del Plan Estatal 2005-2008, para compradores y promotores de actuaciones protegidas.
b) Las ayudas econÃ³micas estatales directas mediante la aportaciÃ³n de recursos presupuestarios estatales, en forma de subsidios de prÃ©stamos, subvenciones y ayudas.
Las ayudas previstas en este Real Decreto son independientes de los beneficios fiscales que pudieran corresponder a los destinatarios de aquÃ©llas.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas del Plan Estatal 2005-2008 y para determinar su cuantÃ­a.
7. Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
Es el indicador definido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalizaciÃ³n de la regulaciÃ³n del salario mÃ­nimo interprofesional y para el incremento de su cuantÃ­a, que se considera unidad de medida para la determinaciÃ³n de la cuantÃ­a de los ingresos familiares, en su cÃ³mputo anual, incluyendo dos pagas extras.
8. CalificaciÃ³n o declaraciÃ³n de una actuaciÃ³n como protegida.
Es el acto administrativo emanado del Ã³rgano competente de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en virtud del cual se declara la protecciÃ³n de las actuaciones reguladas en este Real Decreto.
Se entenderÃ¡ por viviendas de protecciÃ³n oficial o viviendas protegidas las asÃ­ calificadas o declaradas por el Ã³rgano competente de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que cumplan los requisitos establecidos en este Real Decreto.
Las viviendas protegidas podrÃ¡n destinarse a la venta o al arrendamiento, y han de constituir el alojamiento habitual y permanente de sus ocupantes.
Con independencia de otra posible denominaciÃ³n, en cumplimiento de la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en ejercicio de sus competencias, las viviendas protegidas para venta podrÃ¡n calificarse o declararse en funciÃ³n de los ingresos de los solicitantes, de rÃ©gimen especial, de precio general y de precio concertado.
Igualmente, las viviendas protegidas para arrendamiento podrÃ¡n calificarse o declararse de renta bÃ¡sica y de renta concertada.
Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisiciÃ³n, en segunda o posterior transmisiÃ³n, se considera protegida previo el cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de venta, en siguientes transmisiones, o de renta, si es que se ocupan en rÃ©gimen de arrendamiento, estÃ¡ limitado durante los plazos establecidos en este Real Decreto.
11. Precio BÃ¡sico Nacional.
Es la cuantÃ­a en euros por metro cuadrado de superficie Ãºtil, que sirve como referencia para la determinaciÃ³n de los precios mÃ¡ximos de venta, adjudicaciÃ³n y renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en este Real Decreto. SerÃ¡ establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos.
12. Ãmbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior.
Son aquellas zonas que sean asÃ­ declaradas mediante Orden del titular del Ministerio de Vivienda, a propuesta de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en consideraciÃ³n a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de las viviendas libres. Pueden integrar diversos municipios, o bien municipios aislados o, incluso, Ã¡mbitos intraurbanos de un municipio.
En dichos Ã¡mbitos territoriales, el precio mÃ¡ximo de venta de las viviendas objeto de las ayudas podrÃ¡ incrementarse, en relaciÃ³n con los precios mÃ¡ximos establecidos con carÃ¡cter general.
Se entiende por personas con discapacidad, las comprendidas en el artÃ­culo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaciÃ³n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
ArtÃ­culo 3. Ciudadanos beneficiarios de las ayudas del Plan.
PodrÃ¡n ser beneficiarios de las ayudas, las familias y personas que cumplan los requisitos previstos en este Real Decreto relativos a los niveles de ingresos familiares y a otras circunstancias personales, exigibles en general y para cada tipo de actuaciÃ³n protegida.
Se consideran beneficiarios con derecho a protecciÃ³n preferente, definidos por la legislaciÃ³n especÃ­fica que, en su caso, les resulte de aplicaciÃ³n, los siguientes:
b) JÃ³venes de hasta 35 aÃ±os.
c) Personas mayores de 65 aÃ±os y sus familias.
d) VÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero y vÃ­ctimas del terrorismo.
h) Otros colectivos en situaciÃ³n o riesgo de exclusiÃ³n social.
ArtÃ­culo 4. Actuaciones protegidas.
1. La promociÃ³n de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n destinadas a la venta, el arrendamiento, o el uso propio, incluidas las promovidas en rÃ©gimen de derecho de superficie o de concesiÃ³n administrativa.
2. La promociÃ³n, en rÃ©gimen de cofinanciaciÃ³n, de las viviendas calificadas o declaradas como viviendas protegidas de promociÃ³n pÃºblica para alquilar.
3. La compra de las viviendas de nueva construcciÃ³n para venta, indicadas en el apartado 1, asÃ­ como la adquisiciÃ³n de viviendas usadas, para su tenencia en rÃ©gimen de propiedad.
5. El apoyo econÃ³mico a los inquilinos de las viviendas arrendadas.
6. La rehabilitaciÃ³n de Ã¡reas en proceso de degradaciÃ³n y de centros histÃ³ricos; y la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de las Comunidades AutÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de otros entes pÃºblicos territoriales.
7. La urbanizaciÃ³n de suelo, incluyendo, en su caso, su adquisiciÃ³n onerosa, destinado preferentemente a la promociÃ³n de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, para su inmediata calificaciÃ³n.
8. La promociÃ³n de la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificaciÃ³n y del parque residencial existente.
9. El apoyo econÃ³mico a las ventanillas Ãºnicas de vivienda para la gestiÃ³n de las actuaciones protegidas en vivienda y suelo, y, en su caso, a los registros pÃºblicos de demandantes de viviendas, incluyendo otros sistemas de transparencia y prevenciÃ³n del fraude en esta materia.
ArtÃ­culo 5. DuraciÃ³n del rÃ©gimen de protecciÃ³n de las viviendas protegidas y limitaciÃ³n del precio de las vi-viendas usadas.
1. Las viviendas sujetas a regÃ­menes de protecciÃ³n pÃºblica que se acojan a las medidas de financiaciÃ³n establecidas en este Real Decreto tendrÃ¡n un rÃ©gimen de protecciÃ³n, sin posibilidad de descalificaciÃ³n voluntaria, que se extenderÃ¡ a toda la vida Ãºtil de la vivienda, considerando como tal un perÃ­odo de 30 aÃ±os, contado desde su calificaciÃ³n definitiva, aunque las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n establecer un plazo superior. Las viviendas protegidas de precio concertado se regularÃ¡n conforme a lo que determine la normativa autonÃ³mica que les sea de aplicaciÃ³n.
2. La ayuda para la adquisiciÃ³n protegida de las viviendas usadas, y de las definidas en el artÃ­culo 27.2.c) y d) del presente Real Decreto, implicarÃ¡ que los precios de venta en las siguientes transmisiones de aquÃ©llas estarÃ¡n limitados a los precios mÃ¡ximos determinados conforme a lo establecido en este Real Decreto durante el perÃ­odo que establezcan las Comunidades AutÃ³nomas, que no podrÃ¡ ser inferior a 15 aÃ±os desde la fecha de adquisiciÃ³n.
ArtÃ­culo 6. DeterminaciÃ³n del Precio BÃ¡sico Nacional. Precios mÃ¡ximos de venta. DeclaraciÃ³n de Ã¡mbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior y sus grupos.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposiciÃ³n adicional primera, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, se determinarÃ¡, en el mes de diciembre de los aÃ±os 2005, 2006 y 2007, la cuantÃ­a del Precio BÃ¡sico Nacional, teniendo en consideraciÃ³n la evoluciÃ³n del Plan Estatal 2005-2008, los indicadores de precios de las viviendas libres, los costes de la edificaciÃ³n residencial, asÃ­ como la evoluciÃ³n de los tipos de interÃ©s y de la situaciÃ³n general y previsible de la economÃ­a. Dicho Acuerdo serÃ¡ publicado en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
2. A partir del Precio BÃ¡sico Nacional, las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n fijar, segÃºn su propia normativa, las cuantÃ­as mÃ¡ximas de los precios de venta y de renta de las viviendas acogidas al presente Real Decreto, por debajo o por encima del mencionado precio bÃ¡sico, para cada una de las zonas, localidades o, incluso, Ã¡mbitos intraurbanos que correspondan. En todo caso, las cuantÃ­as mÃ¡ximas de los precios fijados no podrÃ¡n superar las establecidas para cada supuesto en este Real Decreto.
3. Los precios mÃ¡ximos asÃ­ determinados podrÃ¡n incrementarse si la vivienda objeto de la actuaciÃ³n protegida estÃ¡ situada en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior.
4. La declaraciÃ³n de nuevos Ã¡mbitos territoriales, como de precio mÃ¡ximo superior, o de modificaciÃ³n de los existentes, se realizarÃ¡ mediante Orden del titular del Ministerio de Vivienda, durante el primer trimestre de cada uno de los aÃ±os 2006, 2007 y 2008, a propuesta de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
5. En los Ã¡mbitos territoriales declarados de precio mÃ¡ximo superior, las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n incrementar el precio mÃ¡ximo de venta de las viviendas acogidas a este Real Decreto, a que se refiere el apartado 2 de este artÃ­culo, en los siguientes porcentajes mÃ¡ximos:
a) Ãmbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior del grupo A: hasta un 60 por 100 de incremento, para las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, y hasta un 90 por 100, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisiÃ³n y las viviendas protegidas de precio concertado.
b) Ãmbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior del grupo B: hasta un 30 por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, y hasta un 40 por 100, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisiÃ³n.
c) Ãmbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior del grupo C: hasta un 15 por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, y hasta un 20 por 100, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisiÃ³n.
ArtÃ­culo 7. CÃ³mputo de los ingresos familiares.
1. Los ingresos familiares a que se refiere el artÃ­culo 2.6 de este Real Decreto, se determinarÃ¡n de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente y se referirÃ¡n a la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no estÃ©n integradas en una unidad familiar, asÃ­ como a las parejas de hecho reconocidas legalmente segÃºn la normativa establecida al respecto.
2. El cÃ¡lculo de los ingresos familiares se computarÃ¡ del modo siguiente:
a) Se partirÃ¡ de la cuantÃ­a de la parte general y especial de la renta, reguladas en los artÃ­culos 39, 40 y 51, respectivamente, del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, correspondiente a la declaraciÃ³n o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al perÃ­odo impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentaciÃ³n vencido a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderÃ¡ al importe declarado o, en su caso, comprobado por la AdministraciÃ³n tributaria. Si el interesado no hubiera presentado declaraciÃ³n, por no estar obligado a ello, la acreditaciÃ³n de sus ingresos familiares se efectuarÃ¡ mediante declaraciÃ³n responsable, relativa a los artÃ­culos citados del texto refundido antes mencionado, sin perjuicio de la posible comprobaciÃ³n administrativa.
b) La cuantÃ­a resultante se convertirÃ¡ en nÃºmero de veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
c) El nÃºmero de veces del Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples resultante podrÃ¡ ser ponderado mediante la aplicaciÃ³n, por parte de las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de un coeficiente multiplicativo Ãºnico, comprendido entre 0,62 y 1, en funciÃ³n de:
1. El nÃºmero de miembros de la unidad familiar, en especial, si se trata de una familia numerosa o si algÃºn miembro de la familia es una persona con discapacidad, en las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
2. La relaciÃ³n existente entre el precio bÃ¡sico y los precios mÃ¡ximos de venta vigentes en las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, incluso por barrios o distritos municipales.
3. Otros factores determinados por las Comunidades AutÃ³nomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando las circunstancias de hecho asÃ­ lo requieran.
3. Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios, el solicitante individual tendrÃ¡ que acreditar de nuevo sus ingresos, en la forma establecida en este ar-tÃ­culo, al solicitar la subsidiaciÃ³n del prÃ©stamo que le corresponda directamente o por subrogaciÃ³n en el obtenido por la cooperativa o comunidad de propietarios a la que pertenezca.
A estos efectos, se considerarÃ¡ que cumple las condiciones para obtener ayudas financieras, si los ingresos familiares nuevamente acreditados no superan en mÃ¡s de un 20 por 100 a los que se determinan en este Real Decreto para cada tipo de ayudas financieras. En el supuesto de que se superara dicho porcentaje, el solicitante individual podrÃ¡ adquirir y ocupar la vivienda en cuestiÃ³n, sin derecho a ayudas econÃ³micas directas.
4. La solicitud de ayudas financieras a la vivienda implicarÃ¡ la autorizaciÃ³n para que la AdministraciÃ³n PÃºblica competente pueda solicitar la informaciÃ³n de carÃ¡cter tributario o econÃ³mico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboraciÃ³n que se establezca con la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria o con otras Administraciones PÃºblicas competentes.
Si el Ã³rgano competente de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla pudiera disponer de tales informaciones, no se exigirÃ¡ a los interesados la aportaciÃ³n individual de certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, ni la presentaciÃ³n de sus declaraciones tributarias.
ArtÃ­culo 8. Ayudas financieras a la vivienda.
1. PodrÃ¡n adoptar las modalidades siguientes:
a) PrÃ©stamos convenidos: son aquellos concedidos por las entidades de crÃ©dito pÃºblicas y privadas, en el Ã¡mbito de los convenios de colaboraciÃ³n suscritos entre el Ministerio de Vivienda y las referidas entidades.
b) Ayudas econÃ³micas directas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que pueden ser:
1. Subsidiaciones de los prÃ©stamos convenidos.
3. Otras ayudas econÃ³micas directas destinadas a facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
2. El Ministerio de Vivienda satisfarÃ¡, con cargo a sus presupuestos, las ayudas econÃ³micas estatales directas en aquellos casos en que las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla hayan reconocido el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a dichas ayudas, dentro de las condiciones y lÃ­mites cuantitativos establecidos en este Real Decreto, y segÃºn lo acordado en los correspondientes convenios de colaboraciÃ³n suscritos entre ambas Administraciones, incluyendo, en su caso, la posibilidad de modificar el coste presupuestario de dichas ayudas, segÃºn lo indicado en el apartado 3.
3. La tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n de las referidas ayudas, dentro de las condiciones y lÃ­mites mÃ¡ximos cuantitativos establecidos en este Real Decreto, corresponderÃ¡ al Ã³rgano competente de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que, asimismo, gestionarÃ¡ el abono de las subvenciones citadas en el apartado 1.b).2.
A tales efectos, en los convenios de colaboraciÃ³n que se suscriban entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla se harÃ¡ referencia a las ayudas que con la misma finalidad estas Administraciones pudieran decidir aportar de forma complementaria o sustitutiva, segÃºn su normativa propia.
4. La suma de las ayudas estatales directas a las que se refieren los pÃ¡rrafos b).2 y 3 del apartado 1 de este artÃ­culo, y las ayudas directas aportadas por las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, junto con el prÃ©stamo convenido, en su caso, no podrÃ¡n superar el precio, coste o presupuesto protegido, segÃºn corresponda, de las actuaciones protegidas.
ArtÃ­culo 9. PrÃ©stamos convenidos.
1. Los prÃ©stamos convenidos tendrÃ¡n las caracterÃ­sticas generales que se establecen en el presente artÃ­culo, con independencia de las cuantÃ­as y plazos de carencia y de amortizaciÃ³n que, en cada caso, se establezcan para las diferentes actuaciones protegidas.
2. Los prÃ©stamos convenidos serÃ¡n concedidos por entidades de crÃ©dito que hayan suscrito con el Ministerio de Vivienda los convenios a que se refiere el artÃ­culo 79, y dentro del Ã¡mbito y las condiciones que Ã©stos establezcan y no se podrÃ¡ aplicar comisiÃ³n alguna por ningÃºn concepto en relaciÃ³n con dichos prÃ©stamos convenidos.
3. El tipo de interÃ©s efectivo anual inicial serÃ¡ acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, y su cuantÃ­a serÃ¡ la resultante de aplicar un coeficiente reductor a la media de los tres Ãºltimos meses, con informaciÃ³n disponible, del tipo porcentual de referencia de los prÃ©stamos hipotecarios del conjunto de entidades de crÃ©dito, elaborado por el Banco de EspaÃ±a. El coeficiente reductor serÃ¡ 0,9175, establecido mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2002, publicado mediante ResoluciÃ³n de la SecretarÃ­a de Estado de Infraestructuras, de 10 de abril del mismo aÃ±o.
El tipo inicial asÃ­ determinado, redondeado a dos decimales, tendrÃ¡ vigencia, al menos, hasta la finalizaciÃ³n del aÃ±o 2005. En el primer trimestre de cada uno de los aÃ±os 2006, 2007 y 2008, asÃ­ como a partir de 2009, inclusive, se volverÃ¡ a revisar y, en su caso, a modificar, dicho tipo de interÃ©s efectivo inicial, aplicando el mismo procedimiento.
El tipo de interÃ©s efectivo resultante serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los nuevos prÃ©stamos convenidos que se concedan y a todos los prÃ©stamos convenidos concedidos con anterioridad, en el marco de este Real Decreto, desde el primer vencimiento que se produzca, transcurrido un mes de la publicaciÃ³n del citado tipo de interÃ©s en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
4. Las cuotas que se paguen a la entidad de crÃ©dito serÃ¡n constantes a lo largo de la vida del prÃ©stamo, dentro de cada uno de los perÃ­odos de amortizaciÃ³n a los que corresponda un mismo tipo de interÃ©s.
5. Los prÃ©stamos serÃ¡n garantizados con hipoteca, salvo cuando recaigan sobre actuaciones protegidas en materia de rehabilitaciÃ³n, en cuyo caso dicha garantÃ­a sÃ³lo podrÃ¡ exigirse si, a juicio de la entidad de crÃ©dito fuera necesario, dadas la cuantÃ­a del prÃ©stamo solicitado y la garantÃ­a personal del solicitante.
ArtÃ­culo 10. SubsidiaciÃ³n de los prÃ©stamos convenidos.
1. La subsidiaciÃ³n de los prÃ©stamos convenidos consistirÃ¡ en el abono a la entidad de crÃ©dito de una cuantÃ­a fija, en funciÃ³n del prÃ©stamo convenido, sea el inicial o el resultante de una amortizaciÃ³n anticipada parcial, del nivel de ingresos familiares del prestatario y de la modalidad de actuaciÃ³n protegida. La citada cuantÃ­a serÃ¡ descontada previamente por la entidad de crÃ©dito de las cuotas de amortizaciÃ³n de capital e intereses o sÃ³lo de intereses, en el perÃ­odo de carencia, cuando proceda, en cada vencimiento.
2. La cuantÃ­a de la subsidiaciÃ³n se cifrarÃ¡ en un nÃºmero de euros anuales por cada 10.000 euros de prÃ©stamo convenido, extendiÃ©ndose proporcionalmente a fracciones de dicha cantidad. Dicha cuantÃ­a se prorratearÃ¡ para cada vencimiento del prÃ©stamo convenido, en funciÃ³n del nÃºmero de vencimientos a lo largo de la anualidad.
3. El Consejo de Ministros acordarÃ¡, excepcionalmente, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, una modificaciÃ³n de las cuantÃ­as de las subsidiaciones, incluso para prÃ©stamos convenidos en proceso de amortizaciÃ³n, si la modificaciÃ³n les resultara favorable, cuando se modifique sustancialmente el tipo de interÃ©s de referencia, y si las circunstancias asÃ­ lo aconsejaran.
4. La subsidiaciÃ³n de prÃ©stamos tendrÃ¡ efectividad a partir de la fecha de la escritura de formalizaciÃ³n del prÃ©stamo convenido, o de la subrogaciÃ³n en Ã©l por parte del destinatario de la subsidiaciÃ³n, una vez obtenida la preceptiva autorizaciÃ³n y, en su caso, el reconocimiento previo del derecho a la subsidiaciÃ³n, por parte de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La efectividad de la subsidiaciÃ³n de prÃ©stamos convenidos, cuando Ã©stos hubieran sido formalizados antes de la autorizaciÃ³n o reconocimiento administrativo del derecho, requerirÃ¡ la resoluciÃ³n expresa de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y se iniciarÃ¡ durante el quinquenio reconocido, a partir de la fecha de recepciÃ³n por parte del Ministerio de Vivienda de dicha resoluciÃ³n.
En el caso del promotor individual para uso propio, la subsidiaciÃ³n tendrÃ¡ efectividad cuando se inicie la amortizaciÃ³n del prÃ©stamo.
5. La subsidiaciÃ³n de prÃ©stamos se concederÃ¡ por un perÃ­odo de cinco aÃ±os salvo en los casos en los que este Real Decreto disponga expresamente otra cosa.
ArtÃ­culo 11. Condiciones generales para acceder a las ayudas financieras a la vivienda.
1. Para acceder a las ayudas financieras a la vivienda serÃ¡ preciso cumplir las condiciones que se seÃ±alan en este artÃ­culo, y las exigidas para cada modalidad de actuaciÃ³n protegida.
2. Las actuaciones para las que se solicita ayuda financiera a la vivienda han de ser calificadas o declaradas como protegidas por las Comunidades AutÃ³nomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla y las viviendas objeto de dichas actuaciones han de dedicarse a residencia habitual y permanente de sus destinatarios, sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 13 respecto a la cesiÃ³n temporal de viviendas.
3. Los precios mÃ¡ximos de venta, adjudicaciÃ³n o renta de las viviendas no pueden exceder, segÃºn los casos, de los que se establecen en este Real Decreto.
4. Las superficies Ãºtiles mÃ¡ximas de las viviendas, sin perjuicio de lo establecido para las actuaciones de rehabilitaciÃ³n, no pueden exceder de la siguiente extensiÃ³n:
a) De 90 metros cuadrados, con carÃ¡cter general. Cuando se trate de viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente, podrÃ¡ sobrepasarse dicho lÃ­mite, hasta un mÃ¡ximo del 20 por 100 de superficie Ãºtil, conforme a la normativa de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) De 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas. Los promotores podrÃ¡n incluir, en cada promociÃ³n, para su adquisiciÃ³n por familias numerosas, hasta un 5 por 100 de viviendas con una superficie Ãºtil que no exceda de 120 metros cuadrados, a las que les serÃ¡ aplicable, ademÃ¡s de los requisitos relativos a la publicidad e informaciÃ³n especÃ­fica que puedan establecer las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, lo dispuesto en el artÃ­culo 27.2.b).
5. Para el cÃ³mputo de la superficie Ãºtil se aplicarÃ¡ la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su defecto, las normas establecidas para las viviendas de protecciÃ³n oficial en el artÃ­culo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
6. Corresponde a las Comunidades AutÃ³nomas o a las Ciudades de Ceuta y Melilla reconocer el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Real Decreto para acceder, segÃºn el caso, a las diferentes ayudas financieras, dentro de las condiciones y lÃ­mites cuantitativos establecidos en este Real Decreto y segÃºn lo acordado en los correspondientes convenios suscritos entre ambas Administraciones.
ArtÃ­culo 12. Compradores que acceden por primera vez a la vivienda en propiedad.
PodrÃ¡n acogerse al sistema de ayudas para el primer acceso a la vivienda en propiedad, los compradores cuyos ingresos familiares, corregidos segÃºn establece el artÃ­cuÂ­lo 7, no excedan de 3,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples y que no tengan ni hubieran tenido vivienda en propiedad, o que teniÃ©ndola, o habiÃ©ndola tenido, sus titulares no dispongan del derecho de uso o disfrute de la misma o el valor de la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por 100 del precio mÃ¡ximo total de venta de la vivienda objeto de la actuaciÃ³n protegida.
ArtÃ­culo 13. Destino y ocupaciÃ³n de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer. Derechos de tanteo y retracto.
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para uso propio y las adquiridas, sea para uso propio o para su cesiÃ³n en rÃ©gimen de arrendamiento, se destinarÃ¡n a residencia habitual y permanente del propietario o, en su caso, del inquilino, y deberÃ¡n ser ocupadas por los mismos dentro de los plazos establecidos en la legislaciÃ³n aplicable. Las viviendas protegidas, asÃ­ como las viviendas usadas adquiridas para su cesiÃ³n en rÃ©gimen de arrendamiento, podrÃ¡n cederse temporalmente a vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social, asÃ­ como a los afectados por actuaciones de remodelaciÃ³n o rehabilitaciÃ³n efectuadas por los organismos pÃºblicos en barrios o zonas siempre que de las mismas se derive la necesidad de proceder a realojamientos temporales de toda o parte de la poblaciÃ³n correspondiente. En estos supuestos, se estarÃ¡ a las normas y procedimientos que se establezcan respecto a la cesiÃ³n temporal de las viviendas.
2. Los compradores de viviendas acogidas a este Real Decreto, no podrÃ¡n transmitirlas Ã­nter vivos ni ceder su uso por ningÃºn tÃ­tulo, durante el plazo mÃ­nimo de diez aÃ±os desde la fecha de la formalizaciÃ³n de la adquisiciÃ³n.
3. La prohibiciÃ³n de transmitir o de ceder el uso de las viviendas podrÃ¡ dejarse sin efecto en el caso de subasta y adjudicaciÃ³n de la vivienda por ejecuciÃ³n judicial del prÃ©stamo. Si se hubieran obtenido ayudas financieras, se requerirÃ¡ la previa cancelaciÃ³n del prÃ©stamo y el reintegro de las ayudas econÃ³micas estatales recibidas, mÃ¡s los intereses legales producidos desde el momento de la percepciÃ³n.
4. TambiÃ©n podrÃ¡ dejarse sin efecto la prohibiciÃ³n de transmitir o de ceder el uso de las viviendas, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda, o cuando concurran otros motivos justificados, siempre que medie autorizaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla y se respeten los procedimientos establecidos por Ã©stas. Igualmente, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se requerirÃ¡ la previa cancelaciÃ³n del prÃ©stamo y el reintegro de las ayudas econÃ³micas directas estatales recibidas a la AdministraciÃ³n concedente, en su caso, mÃ¡s los intereses legales producidos desde el momento de la percepciÃ³n.
5. La prohibiciÃ³n de transmitir o de ceder el uso de las viviendas podrÃ¡ dejarse sin efecto cuando se trate de cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del nÃºmero de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda mÃ¡s adecuada a sus necesidades especÃ­ficas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros.
b) Personas mayores de 65 aÃ±os, que deseen trasladar su domicilio habitual y permanente.
c) Personas con discapacidad y las vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero o del terrorismo que deseen trasladarse a otro alojamiento mÃ¡s adecuado a sus necesidades especÃ­ficas.
En todos estos supuestos, si se hubieran obtenido ayudas financieras, sÃ³lo se requerirÃ¡ la previa cancelaciÃ³n del prÃ©stamo.
6. Una vez transcurridos diez aÃ±os desde la formalizaciÃ³n de la compraventa, la transmisiÃ³n Ã­nter vivos o la cesiÃ³n del uso de la vivienda a que se refiere este artÃ­culo, conllevarÃ¡ la pÃ©rdida de la condiciÃ³n de convenido del prÃ©stamo, en su caso, pudiendo la entidad concedente decidir su resoluciÃ³n.
7. La venta y adjudicaciÃ³n de las viviendas acogidas a este Real Decreto habrÃ¡ de efectuarse a demandantes inscritos en los registros pÃºblicos previstos al efecto por las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, segÃºn los procedimientos que Ã©stas regulen, que, en todo caso, deberÃ¡n garantizar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, asÃ­ como eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones.
No obstante ello, los convenios de colaboraciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla previstos en el artÃ­culo 78 de este Real Decreto, podrÃ¡n prever otros procedimientos, que garanticen los principios citados en el pÃ¡rrafo anterior y de ellos se darÃ¡ cuenta a las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
8. La prohibiciÃ³n de disponer y las limitaciones establecidas en este artÃ­culo se harÃ¡n constar expresamente en las Escrituras PÃºblicas de compraventa, de adjudicaciÃ³n o de declaraciÃ³n de obra nueva en el supuesto de promociÃ³n individual para uso propio, y se adjuntarÃ¡ a dichas escrituras pÃºblicas, una copia testimoniada o compulsada de la calificaciÃ³n definitiva de la vivienda, o, en su caso, en la Escritura PÃºblica de formalizaciÃ³n del prÃ©stamo hipotecario. En ambos supuestos, dichas prohibiciÃ³n y limitaciones se inscribirÃ¡n en el Registro de la Propiedad, donde se harÃ¡n constar por medio de nota marginal.
9. Las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n establecer sobre las viviendas calificadas o declaradas protegidas, con destino a su venta, que regula este Real Decreto, derechos de tanteo y de retracto a favor de:
a) Dichas Administraciones, otras de carÃ¡cter territorial establecidas en las propias Comunidades AutÃ³nomas u otras entidades pÃºblicas designadas por Ã©stas.
b) Las agencias o sociedades pÃºblicas de alquiler legalmente creadas.
c) Los demandantes de dichos tipos de viviendas inscritos en los correspondientes registros pÃºblicos.
10. Asimismo, las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n establecer sobre las vi-viendas calificadas o declaradas protegidas, con destino a su venta, que regula este Real Decreto, cualquier otra clase de medida que garantice el destino y los lÃ­mites de precios de venta de dichas viviendas y, en definitiva, el cumplimiento de los fines establecidos en las actuaciones protegidas a que se refiere el artÃ­culo 4.
ArtÃ­culo 14. Efectos del incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso y de cualesquiera otros requisitos exigidos en este Real Decreto para cada una de las actuaciones pro-tegidas objeto de ayudas financieras a la vivienda, incluyendo la no obtenciÃ³n de calificaciÃ³n o declaraciÃ³n definitiva de las actuaciones, conllevarÃ¡, en todo caso, ademÃ¡s de las sanciones que correspondan, de conformidad con la naturaleza de la infracciÃ³n cometida, y segÃºn la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y la normativa establecida al respecto por las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, la pÃ©rdida, en su caso, de la condiciÃ³n de prÃ©stamo convenido y la interrupciÃ³n de la subsidiaciÃ³n otorgada, asÃ­ como el reintegro a la AdministraciÃ³n General del Estado de las cantidades satisfechas con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda en concepto de ayudas estatales financieras directas, incrementadas con los intereses de demora desde su percepciÃ³n.
ArtÃ­culo 15. Condiciones para obtener subvenciones a inquilinos.
1. Para obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el apartado 5 del artÃ­culo 4, tendrÃ¡n preferencia las personas que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda, en los tÃ©rminos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener una edad no superior a 35 aÃ±os.
b) Ser vÃ­ctima de la violencia de gÃ©nero o del terrorismo.
e) Pertenecer a un colectivo en situaciÃ³n o riesgo de exclusiÃ³n social.
f) Estar inserto en otros grupos de protecciÃ³n preferente, segÃºn la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En los supuestos anteriores, los eventuales beneficiarios habrÃ¡n de tener unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, y la renta anual que satisfagan ha de oscilar entre el 2 por 100 y el 9 por 100 del precio mÃ¡ximo a que se refiere el artÃ­culo 32.1.a) para las viviendas protegidas para arrendamiento de renta bÃ¡sica. Los ingresos familiares anuales se referirÃ¡n, en este caso, a los de todos los ocupantes de la vivienda con independencia de que exista entre los mismos relaciÃ³n de parentesco.
2. La superficie mÃ¡xima computable para las viviendas serÃ¡ de 90 metros cuadrados de superficie Ãºtil y para el garaje y trastero, las previstas en el apartado 4 del ar-tÃ­culo 19, aun cuando las superficies reales respectivas sean superiores.
3. Para la concesiÃ³n de este tipo de ayudas serÃ¡ necesario que el solicitante presente el contrato de arrendamiento para su visado ante el Ã³rgano competente en materia de vivienda de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con los procedimientos que Ã©stas establezcan.
ArtÃ­culo 16. CuantÃ­a y duraciÃ³n de las subvenciones a inquilinos.
1. La cuantÃ­a mÃ¡xima anual de la subvenciÃ³n no excederÃ¡ del 40 por 100 de la renta anual que se vaya a satisfacer, ni de un mÃ¡ximo absoluto de 2.880 euros, y podrÃ¡ ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador, directamente por las Comunidades AutÃ³nomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, o a travÃ©s de la agencia o sociedad pÃºblica que se encargue de la gestiÃ³n del arrendamiento.
2. La duraciÃ³n mÃ¡xima de esta subvenciÃ³n serÃ¡ de veinticuatro meses, condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
3. No se podrÃ¡n obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos, al menos, cinco aÃ±os desde la fecha de su reconocimiento.
4. Las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n establecer, dentro de los lÃ­mites referidos de ingresos, rentas y cuantÃ­a mÃ¡xima de subvenciÃ³n, los criterios objetivos de selecciÃ³n de los inquilinos, incluyendo la edad de los mismos, asÃ­ como los de graduaciÃ³n de las cuantÃ­as de las subvenciones, que consideren convenientes para adaptarlas a las necesidades de su Ã¡mbito territorial.
Acceso de los ciudadanos a viviendas en propiedad de nueva construcciÃ³n y a viviendas usadas
ArtÃ­culo 17. Condiciones para acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las viviendas usadas.
1. Para acceder en propiedad a las viviendas protegidas para venta y a las usadas a las que se refiere el artÃ­cu-lo 27, los beneficiarios han de disfrutar de unos ingresos familiares que correspondan a los siguientes baremos:
a) Que no excedan de 6,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples si se trata de viviendas protegidas de precio concertado.
b) Que no excedan de 5,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples si se trata de viviendas protegidas de precio general o de viviendas usadas.
c) Que no excedan de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples si se trata de viviendas protegidas de rÃ©gimen especial.
2. AdemÃ¡s de los ingresos a que se refiere el apartado anterior, las personas que deseen acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las viviendas usadas no pueden ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica, salvo en caso de ocupaciÃ³n temporal de la vivienda por motivo de realojamientos bajo el control de organismos pÃºblicos, a que se refiere el artÃ­culo 13.1.
3. Quienes deseen acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las viviendas usadas tampoco pueden ser titulares de una vivienda libre, cuando su valor, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100 del precio mÃ¡ximo total de venta de la vivienda objeto de la actuaciÃ³n protegida. Este valor se elevarÃ¡ al 60 por 100 en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del nÃºmero de miembros de su unidad familiar.
b) En el caso de personas mayores de 65 aÃ±os, de las personas con discapacidad o de vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero o del terrorismo.
ArtÃ­culo 18. Condiciones para acceder a las ayudas financieras a la vivienda.
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, para poder obtener prÃ©stamos convenidos.
b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 3,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples para ser beneficiarios de ayudas estatales financieras directas y acogerse al sistema especÃ­fico de ayudas financieras para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
Las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n establecer lÃ­mites mÃ­nimos de ingresos familiares u otras condiciones sobre la naturaleza u origen de dichos ingresos, como condiciÃ³n para poder acceder a las ayudas financieras para adquisiciÃ³n de viviendas con una garantÃ­a razonable de poder hacer frente a las obligaciones derivadas del prÃ©stamo hipotecario, y ofrecerÃ¡n, alternativamente y en la medida de lo posible, viviendas protegidas en rÃ©gimen de arrendamiento.
2. AdemÃ¡s de los requisitos relativos a los ingresos familiares establecidos en el apartado anterior, los solicitantes no pueden haber obtenido previamente ayudas financieras para adquisiciÃ³n de vivienda, al amparo de planes estatales de vivienda, durante los diez aÃ±os anteriores a la solicitud actual de la ayuda. Se entenderÃ¡ que se han obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este Real Decreto, cuando se haya formalizado el prÃ©stamo convenido.
No obstante, no serÃ¡ preciso cumplir esta condiciÃ³n:
a) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba a la adquisiciÃ³n de una vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular.
b) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba a un incremento del nÃºmero de miembros de la unidad familiar para adquirir una vivienda por parte de una familia numerosa, con mayor superficie Ãºtil de la que tenÃ­a.
c) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras se produzca por la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad sobrevenida de algÃºn miembro de la unidad familiar del solicitante.
En los tres supuestos serÃ¡ necesaria la previa cancelaciÃ³n del prÃ©stamo convenido anteriormente obtenido. Respecto de las ayudas econÃ³micas directas se podrÃ¡ optar por devolver las ayudas o por percibir la diferencia si procediera.
SecciÃ³n 1.Âª Viviendas de nueva construcciÃ³n en propiedad
ArtÃ­culo 19. Clases de viviendas protegidas o de protecciÃ³n oficial de nueva construcciÃ³n para venta y sus precios mÃ¡ximos.
1. Las viviendas de nueva construcciÃ³n, calificadas o declaradas como protegidas destinadas a la venta, se clasifican, a efectos de la gestiÃ³n de las ayudas financieras, en los siguientes tipos aunque tengan otra denominaciÃ³n en los planes o programas propios de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla:
a) Viviendas de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen especial. Bajo esta denominaciÃ³n se incluyen las viviendas de nueva construcciÃ³n calificadas a los efectos establecidos en el artÃ­culo 91.dos.6.Âº de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, o a los efectos de los impuestos que, en el caso de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se aplican en lugar de aquÃ©l, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples siempre que su precio mÃ¡ximo de venta por metro cuadrado de superficie Ãºtil no exceda de 1,40 veces el Precio BÃ¡sico Nacional.
b) Viviendas protegidas de precio general. Esta denominaciÃ³n se refiere a las viviendas de nueva construcciÃ³n asÃ­ calificadas o declaradas por las Comunidades AutÃ³nomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuyo precio mÃ¡ximo de venta por metro cuadrado de superficie Ãºtil no exceda de 1,60 veces el Precio BÃ¡sico Nacional.
c) Viviendas protegidas de precio concertado. Esta calificaciÃ³n se refiere a las viviendas cuyo precio mÃ¡ximo no exceda, por metro cuadrado de superficie Ãºtil, de 1,80 veces el Precio BÃ¡sico Nacional.
2. En los tres tipos descritos, el precio mÃ¡ximo se calcula con independencia del incremento adicional de precio que pudiera corresponder por la eventual ubicaciÃ³n de la vivienda en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior.
3. Cuando se trate de promociones de vivienda para uso propio, el precio mÃ¡ximo de adjudicaciÃ³n, o valor de la edificaciÃ³n sumado al del suelo que figure en la declaraciÃ³n de obra nueva, en caso de promociÃ³n individual, tendrÃ¡n los lÃ­mites establecidos en el artÃ­culo anterior e incluirÃ¡n el conjunto de los pagos que efectÃºe el promotor individual, el cooperativista o comunero que sean imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la promociÃ³n y la individualizaciÃ³n fÃ­sica y jurÃ­dica de Ã©sta, incluyendo, en su caso, los honorarios de la gestiÃ³n.
Se entenderÃ¡ por gastos necesarios, los de escrituraciÃ³n e inscripciÃ³n del suelo y los de la declaraciÃ³n de obra nueva y divisiÃ³n horizontal, asÃ­ como los del prÃ©stamo hipotecario, seguros de percepciÃ³n de cantidades a cuenta y otros anÃ¡logos. No tendrÃ¡n tal consideraciÃ³n las aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de participaciÃ³n en otras actividades que pueda desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.
4. Cuando la promociÃ³n incluya garajes o trasteros, con independencia de que estÃ©n o no vinculados a la vivienda, el precio mÃ¡ximo de venta por metro cuadrado de superficie Ãºtil de Ã©stos, que figurarÃ¡ asimismo en la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n provisional de la vivienda, no podrÃ¡ exceder del 60 por 100 del precio mÃ¡ximo de venta por metro cuadrado de superficie Ãºtil de la vivienda.
El precio mÃ¡ximo total de venta incluirÃ¡, en su caso, el de un trastero y el de un garaje. A estos efectos, sÃ³lo serÃ¡n computables como mÃ¡ximo 8 metros cuadrados de superficie Ãºtil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie Ãºtil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
ArtÃ­culo 20. Precios mÃ¡ximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
1. En el marco del Plan estatal 2005-2008, el precio mÃ¡ximo de venta, por metro cuadrado de superficie Ãºtil, en segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda de nueva construcciÃ³n calificada o declarada protegida, serÃ¡ fijado por las Comunidades AutÃ³nomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, con un lÃ­mite de hasta 2 veces el precio de venta inicial de la vivienda, una vez actualizado mediante la aplicaciÃ³n de la variaciÃ³n porcentual del Ãndice de Precios de Consumo, Ãndice General, registrada desde la fecha de la primera transmisiÃ³n hasta la de la segunda o ulterior transmisiÃ³n de que se trate.
2. Este sistema de precios mÃ¡ximos de venta serÃ¡ de aplicaciÃ³n mientras dure el rÃ©gimen legal de protecciÃ³n.
ArtÃ­culo 21. CaracterÃ­sticas de los prÃ©stamos convenidos para compradores.
1. Los compradores podrÃ¡n obtener prÃ©stamos convenidos directamente o por subrogaciÃ³n en el pago de la carga hipotecaria del prÃ©stamo convenido al promotor.
2. En ambos casos, y sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 24.3 para la obtenciÃ³n de la ayuda estatal directa a la entrada, la cuantÃ­a mÃ¡xima computable del prÃ©stamo, serÃ¡ igual al 80 por 100 del precio fijado en la Escritura PÃºblica de compraventa o de adjudicaciÃ³n, o del 80 por 100 del valor de la edificaciÃ³n sumado al del suelo, que constarÃ¡ en la escritura de declaraciÃ³n de obra nueva, cuando se trate de prÃ©stamos a promotores individuales para uso propio.
En el supuesto regulado en el artÃ­culo 18.2.b), dicha cuantÃ­a del prÃ©stamo convenido no podrÃ¡ exceder de la diferencia entre el precio total de la vivienda protegida objeto de adquisiciÃ³n y el valor de la vivienda ya poseÃ­da a que se refiere dicho artÃ­culo, y se atendrÃ¡ a los demÃ¡s requisitos exigibles en el supuesto del primer acceso a la vivienda en propiedad.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de ayudas financieras, la cuantÃ­a global del prÃ©stamo, calculada segÃºn se establece en los pÃ¡rrafos anteriores, podrÃ¡ incrementarse como mÃ¡ximo hasta el 80 por 100 del precio mÃ¡ximo legal de venta de aquÃ©llos, en prÃ©stamos a promotor o hasta el 80 por 100 del precio o del coste real, segÃºn proceda, en los restantes supuestos.
ArtÃ­culo 22. Reglas sobre amortizaciÃ³n de los prÃ©stamos convenidos para compradores.
1. El prÃ©stamo tendrÃ¡ un plazo de amortizaciÃ³n de veinticinco aÃ±os, precedido, en el caso de los prÃ©stamos al promotor para uso propio, de un perÃ­odo de carencia cuya duraciÃ³n mÃ¡xima serÃ¡ de tres aÃ±os desde la formalizaciÃ³n del prÃ©stamo. Este perÃ­odo podrÃ¡ ampliarse hasta cuatro aÃ±os cuando medien circunstancias que, a juicio de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, aconsejen dicha ampliaciÃ³n hasta un aÃ±o adicional, como mÃ¡ximo, siempre que se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista.
Los prÃ©stamos a adquirentes podrÃ¡n ser objeto de amortizaciÃ³n parcial o total previamente al plazo indicado, a instancia del prestatario y con el acuerdo de la entidad financiera prestamista, segÃºn se concrete en los convenios a que se refiere el artÃ­culo 79, y sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 24.4.
Los prÃ©stamos cuyos titulares se encuentren acogidos al sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad, no perderÃ¡n su condiciÃ³n de convenidos en el caso de que su perÃ­odo de amortizaciÃ³n sea ampliado excepcionalmente, hasta un mÃ¡ximo de dos aÃ±os, por acuerdo entre la entidad prestamista y el prestatario, mediante interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones de desempleo que, a juicio de dicha entidad financiera, afecten significativamente a la capacidad de pago del prestatario. La primera interrupciÃ³n no podrÃ¡ tener lugar antes de la completa amortizaciÃ³n de las tres primeras anualidades.
En estos supuestos de ampliaciÃ³n excepcional del perÃ­odo de amortizaciÃ³n, la subsidiaciÃ³n de los prÃ©stamos se reanudarÃ¡ cada vez que se reinicie el perÃ­odo de amortizaciÃ³n.
2. En el caso de que exista prÃ©stamo al promotor, y salvo en el supuesto de promociÃ³n individual para uso propio, la adquisiciÃ³n de la vivienda mediante el otor-gamiento de la correspondiente Escritura PÃºblica de compraventa o adjudicaciÃ³n, interrumpe tanto el perÃ­odo de carencia como el devengo de intereses correspondiente a este perÃ­odo y determina el inicio del perÃ­odo de amortizaciÃ³n.
Con el otorgamiento de la Escritura PÃºblica, el comprador o adjudicatario asume las responsabilidades derivadas de la hipoteca que grava a la vivienda, y deberÃ¡ satisfacer a partir de ese momento la amortizaciÃ³n del principal e intereses del crÃ©dito hipotecario. A tal efecto, se remitirÃ¡ copia simple de dicho documento a la entidad financiera, cuyos gastos correrÃ¡n a cuenta del promotor.
Si de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 118 del texto refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946, se hubiere pactado que el comprador o adjudicatario se subrogarÃ¡ no sÃ³lo en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino tambiÃ©n en la obligaciÃ³n personal con ella garantizada, aquÃ©l quedarÃ¡ ademÃ¡s subrogado en dicha obligaciÃ³n si la entidad financiera prestase su consentimiento expreso o tÃ¡cito.
3. La concesiÃ³n de los prÃ©stamos convenidos directamente al comprador se atendrÃ¡ a las siguientes condiciones:
a) Que la vivienda haya obtenido la calificaciÃ³n o la declaraciÃ³n definitiva.
b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o adjudicaciÃ³n entre el comprador o adjudicatario y el promotor de la vivienda y que entre el visado de dicho contrato y la solicitud a la entidad financiera del prÃ©stamo convenido no hayan transcurrido mÃ¡s de seis meses.
c) Que cuando el promotor hubiera recibido un prÃ©stamo convenido para la misma vivienda, lo cancele previa o simultÃ¡neamente a la concesiÃ³n del prÃ©stamo al comprador o adjudicatario.
ArtÃ­culo 23. SubsidiaciÃ³n de prÃ©stamos convenidos para compradores.
1. El Ministerio de Vivienda subsidiarÃ¡ los prÃ©stamos convenidos obtenidos por los compradores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para venta, de rÃ©gimen especial y de precio general, acogidos al sistema de financiaciÃ³n para primer acceso a la vivienda en propiedad, en la cuantÃ­a y por los perÃ­odos que a continuaciÃ³n se indican:
a) 82 euros al aÃ±o, por cada 10.000 euros de prÃ©stamo, durante un mÃ¡ximo de 10 aÃ±os, cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
b) 48 euros al aÃ±o, por cada 10.000 euros de prÃ©stamo, durante un mÃ¡ximo de 5 aÃ±os, cuando los ingresos familiares sean superiores a 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples y no excedan de 3,5 veces dicho Indicador.
Este sistema de subsidiaciÃ³n es compatible con la obtenciÃ³n de la ayuda estatal directa a la entrada.
2. La subsidiaciÃ³n correspondiente a los prestatarios con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, se concederÃ¡ por un perÃ­odo de cinco aÃ±os y podrÃ¡ ser ampliada por el mismo importe inicialmente concedido, por otro perÃ­odo de la misma duraciÃ³n mÃ¡xima.
La ampliaciÃ³n del perÃ­odo de subsidiaciÃ³n exigirÃ¡ que el beneficiario de esta ayuda solicite la ampliaciÃ³n y acredite, dentro del quinto aÃ±o del primer perÃ­odo, que sigue reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a la subsidiaciÃ³n que le fue concedida.
Se entenderÃ¡ que se cumplen dichas condiciones, por lo que se refiere a los ingresos familiares, cuando no excedan de 2,5 veces el citado Indicador PÃºblico o cuando, siendo superiores, la media de aquÃ©llos en los dos aÃ±os anteriores al de la revisiÃ³n, con plazo de presentaciÃ³n vencido, a los efectos de la declaraciÃ³n por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, no varÃ­e en mÃ¡s de un 20 por 100, en relaciÃ³n con los ingresos familiares acreditados en el momento de la concesiÃ³n inicial de la subsidiaciÃ³n.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantÃ­a fija de subsidiaciÃ³n correspondiente en cada caso se incrementarÃ¡ durante los primeros cinco aÃ±os del perÃ­odo de amortizaciÃ³n del prÃ©stamo convenido, en una cuantÃ­a anual por cada 10.000 euros de prÃ©stamo, de 50 euros, si los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, o de 30 euros, si dichos ingresos superan 2,5 veces, pero no exceden de 3,5 veces el citado Indicador.
ArtÃ­culo 24. Ayuda estatal directa a la entrada.
1. La ayuda estatal directa a la entrada consiste en el abono, en pago Ãºnico, de una cantidad fija en euros determinada por el nivel de ingresos y las circunstancias personales o familiares del solicitante que se especifican en el siguiente artÃ­culo, destinada a facilitar el pago de la entrada correspondiente al precio de venta o adjudicaciÃ³n de la vivienda, cuando se trate de una vivienda calificada o declarada como de rÃ©gimen especial o de precio general; o de la suma de los valores de la edificaciÃ³n y del suelo, en caso del promotor para uso propio.
2. PodrÃ¡n solicitar dicha ayuda los compradores que tengan derecho a acogerse al sistema especÃ­fico de ayudas financieras para el primer acceso a la vivienda en propiedad, de acuerdo con el artÃ­culo 12.
3. La obtenciÃ³n de la ayuda estatal directa a la entrada requerirÃ¡, ademÃ¡s de la condiciÃ³n indicada en el apartado anterior, que la cuantÃ­a del prÃ©stamo convenido no sea inferior al 60 por 100 del precio total de la vivienda.
4. Una vez obtenida la ayuda, la amortizaciÃ³n anticipada parcial o total del prÃ©stamo antes de haber trans-currido los cinco primeros aÃ±os del perÃ­odo de amortizaciÃ³n conllevarÃ¡ el reintegro de la misma, asÃ­ como de las restantes ayudas estatales financieras directas percibidas con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Vivienda, incrementadas con los intereses de demora desde su percepciÃ³n, previstos en los artÃ­culos 37.1 y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
ArtÃ­culo 25. CuantÃ­a de la ayuda estatal directa a la entrada.
1. La cuantÃ­a de la ayuda estatal directa a la entrada depende de los ingresos familiares, asÃ­ como, en su caso, de otras circunstancias personales o familiares del solicitante, segÃºn se especifica en los apartados siguientes de este artÃ­culo. Las cuantÃ­as correspondientes a dichas circunstancias personales o familiares no serÃ¡n acumulables entre sÃ­, correspondiendo Ãºnicamente la mÃ¡s elevada de las varias posibles que se especifican.
2. La cuantÃ­a general corresponde al siguiente baremo:
a) Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, ascenderÃ¡ a 7.000 euros.
b) Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples pero no lo superan 3,5 veces, ascenderÃ¡ a 4.000 euros.
3. En el caso de las familias numerosas, el baremo aplicable, sin perjuicio de lo establecido en la legislaciÃ³n vigente de familias numerosas, serÃ¡ el siguiente:
a) Familias con tres hijos: si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples se abonarÃ¡n 10.000 euros; si exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo superan 3,5 veces, se abonarÃ¡n 7.000 euros.
b) Familias con cuatro hijos: si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples se abonarÃ¡n 10.600 euros; si exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo superan 3,5 veces, se abonarÃ¡n 7.600 euros.
c) Familias con cinco o mÃ¡s hijos: si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples se abonarÃ¡n 11.200 euros; si exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo superan 3,5 veces, se abonarÃ¡n 8.200 euros.
4. Si concurren en los solicitantes algunas de las circunstancias que a continuaciÃ³n se reseÃ±an, la ayuda ascenderÃ¡ a 7.900 euros si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples; o a 4.900 euros si los ingresos del solicitante exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo superan en 3,5. Las circunstancias concurrentes pueden ser cualquiera de las siguientes:
a) Constituir una unidad familiar formada Ãºnicamente por el padre o la madre y los hijos.
b) Formar una unidad familiar en la que haya personas con discapacidad, en las condiciones establecidas en la legislaciÃ³n sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
c) Constituir una unidad familiar que tenga a su cargo a alguna persona de mÃ¡s de 65 aÃ±os o cuando el solicitante tenga esa misma edad.
d) Que entre sus integrantes haya vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero o del terrorismo, otros colectivos en situaciÃ³n o riesgo de exclusiÃ³n social o que pertenezcan a otros grupos de protecciÃ³n preferente segÃºn la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
5. La cuantÃ­a de la ayuda estatal directa a la entrada fijada en los apartados anteriores de este artÃ­culo, asÃ­ como en el artÃ­culo 75.1 de este Real Decreto, se incrementarÃ¡, cuando la vivienda estuviera situada en un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior, en las siguientes cuantÃ­as:
a) 1.000 euros, cuando se trate de un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior del grupo A.
b) 550 euros, cuando se trate de un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior del grupo B.
c) 300 euros, cuando se trate de un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior del grupo C.
6. Con carÃ¡cter excepcional, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, valorada la evoluciÃ³n y perspectivas del subsector vivienda y de los mercados financieros, y si las circunstancias lo aconsejaran, podrÃ¡ modificar las cuantÃ­as de la ayuda estatal directa a la entrada.
ArtÃ­culo 26. Procedimiento de abono de las ayudas estatales directas a la entrada y de reintegro a las entidades financieras.
1. La cuantÃ­a total de la ayuda estatal directa a la entrada, previa resoluciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se satisfarÃ¡ a sus destinatarios, directamente y mediante pago Ãºnico, por las entidades financieras concedentes del prÃ©stamo convenido, en el momento de la formalizaciÃ³n de aquÃ©l, o de la subrogaciÃ³n en el prÃ©stamo obtenido por el promotor. En el caso del promotor para uso propio, la ayuda se percibirÃ¡ en el momento en que se inicie la amortizaciÃ³n del prÃ©stamo convenido.
2. La cuantÃ­a abonada en concepto de ayuda estatal directa a la entrada serÃ¡ reintegrada por el Ministerio de Vivienda a dichas entidades financieras al contado y sin intereses, con independencia de cualesquiera circunstancias personales que puedan afectar al destinatario de la citada ayuda estatal.
SecciÃ³n 2.Âª Viviendas usadas en propiedad
ArtÃ­culo 27. Ãmbito de las actuaciones protegidas.
1. A efectos de este Real Decreto, se considera adquisiciÃ³n protegida de viviendas usadas la efectuada a tÃ­tulo oneroso, de viviendas libres en segunda o posteriores transmisiones, y en las condiciones establecidas en esta secciÃ³n.
2. PodrÃ¡n obtener las mismas ayudas financieras que las viviendas usadas a que se refiere el apartado 1 anterior, las siguientes modalidades de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regÃ­menes de protecciÃ³n pÃºblica, adquiridas en segunda o posterior transmisiÃ³n.
A estos efectos, se considerarÃ¡n asimismo segundas transmisiones, las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento, salvo que la normativa de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades AutÃ³nomas de Ceuta y Melilla disponga lo contrario.
b) Viviendas, adquiridas en primera transmisiÃ³n, sujetas a regÃ­menes de protecciÃ³n pÃºblica, con superficie de hasta 120 metros cuadrados, a las que se refiere el artÃ­culo 11.4.b) de este Real Decreto, cuando haya transcurrido un plazo de un aÃ±o como mÃ­nimo desde la fecha de la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a las que se destinaban.
c) Viviendas libres de nueva construcciÃ³n, adquiridas cuando haya transcurrido un plazo de dos aÃ±os como mÃ­nimo entre la expediciÃ³n de la licencia de primera ocupaciÃ³n, el certificado final de obra o la cÃ©dula de habitabilidad, segÃºn proceda, y la fecha del contrato de opciÃ³n de compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, con una superficie Ãºtil que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o nÃºcleos de poblaciÃ³n que no superen los 10.000 habitantes de derecho y que cumplan los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la normativa de las Comunidades AutÃ³nomas.
ArtÃ­culo 28. Precios mÃ¡ximos de venta.
1. El precio mÃ¡ximo de venta de las viviendas usadas, por metro cuadrado de superficie Ãºtil, serÃ¡ de 1,60 veces el precio bÃ¡sico nacional, con independencia del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicaciÃ³n de la vivienda en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estÃ©n o no vinculados a la vivienda, el precio mÃ¡ximo de venta por metro cuadrado de superficie Ãºtil de los mismos no podrÃ¡ exceder del 60 por 100 del precio mÃ¡ximo de venta por metro cuadrado de superficie Ãºtil de la misma.
A efectos de determinaciÃ³n del precio mÃ¡ximo total de venta, sÃ³lo serÃ¡n computables como mÃ¡ximo 8 metros cuadrados de superficie Ãºtil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie Ãºtil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
2. El precio mÃ¡ximo de venta de las viviendas acogidas a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica serÃ¡ el que corresponda segÃºn las normas especÃ­ficas que les sean de aplicaciÃ³n, siempre que su precio de venta no exceda de los mÃ¡ximos establecidos en el apartado anterior de este artÃ­culo.
3. El precio mÃ¡ximo de venta de las viviendas a que se refieren las letras b), c) y d) del artÃ­culo 27.2 de este Real Decreto, serÃ¡ el mismo que corresponda a una vivienda libre usada acogida a lo prevenido en esta norma, en la misma ubicaciÃ³n, en el momento de la compra.
4. A efectos de segundas y posteriores transmisiones de las viviendas usadas, acogidas a este Real Decreto, y de las demÃ¡s viviendas a que se refieren las letras c) y d) de su artÃ­culo 27.2, se aplicarÃ¡n, en cuanto a los precios mÃ¡ximos de venta, los criterios aplicables a las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, y durante el perÃ­odo establecido en el artÃ­culo 5.2. Cuando se trate de las viviendas a las que se refiere el apartado 2 de este artÃ­culo, serÃ¡n de aplicaciÃ³n sus normas especÃ­ficas.
ArtÃ­culo 29. CaracterÃ­sticas de los prÃ©stamos convenidos a los compradores.
1. Los prÃ©stamos convenidos a los compradores de viviendas usadas tendrÃ¡n las mismas caracterÃ­sticas que los correspondientes a los prÃ©stamos directos de compradores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, salvo en los supuestos contemplados en el artÃ­culo 27.2.b) y d), en los que podrÃ¡n obtenerse los prÃ©stamos convenidos correspondientes a 90 metros cuadrados Ãºtiles, con independencia de que la superficie real, dentro del lÃ­mite establecido en dicho artÃ­culo, sea mayor.
2. Para la obtenciÃ³n de los prÃ©stamos a que se refiere el apartado anterior, se cumplirÃ¡n los siguientes requisitos:
a) Que se haya celebrado contrato de opciÃ³n de compra o de compraventa, debidamente visado por el Ã³rgano administrativo competente, acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para obtener las ayudas financieras a la vivienda.
b) Si el vendedor hubiese recibido un prÃ©stamo convenido para la misma vivienda, deberÃ¡ cancelarlo previa o simultÃ¡neamente a la formalizaciÃ³n del prÃ©stamo al comprador, salvo en el supuesto contemplado en el ar-tÃ­culo 70.2.b) de este Real Decreto.
c) Que entre la celebraciÃ³n del contrato de opciÃ³n de compra o de compraventa y la solicitud del visado del mismo por el Ã³rgano competente no hayan transcurrido mÃ¡s de cuatro meses.
d) El plazo de validez del visado para solicitar a la entidad financiera el prÃ©stamo convenido serÃ¡ de seis meses desde su otorgamiento, salvo que las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla dispongan otro distinto.
ArtÃ­culo 30. SubsidiaciÃ³n de los prÃ©stamos convenidos y ayuda estatal directa a la entrada.
1. La subsidiaciÃ³n de los prÃ©stamos convenidos concedidos a compradores de las viviendas a las que se refiere este capÃ­tulo, acogidos al sistema de financiaciÃ³n para primer acceso a la vivienda en propiedad, serÃ¡ la misma que corresponda a compradores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, de precio general, acogidos al sistema de financiaciÃ³n para primer acceso a la vivienda en propiedad.
2. Cuando la vivienda se ubique en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior, las cuantÃ­as y perÃ­odos mÃ¡ximos de subsidiaciÃ³n serÃ¡n los siguientes:
a) 69 euros al aÃ±o, por cada 10.000 euros de prÃ©stamo, durante un mÃ¡ximo de 10 aÃ±os, cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
b) 40 euros al aÃ±o, por cada 10.000 euros de prÃ©stamo, durante un mÃ¡ximo de 5 aÃ±os, cuando los ingresos familiares sean superiores a 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples y no excedan de 3,5 veces el citado Indicador.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantÃ­a fija de subsidiaciÃ³n correspondiente en cada caso, se incrementarÃ¡ durante los primeros cinco aÃ±os del perÃ­odo de amortizaciÃ³n del prÃ©stamo convenido en una cuantÃ­a anual de 50 euros por cada 10.000 euros de prÃ©stamo, si los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, o de 30 euros, si dichos ingresos superan 2,5 veces, pero no exceden de 3,5 veces el citado Indicador.
4. La cuantÃ­a de la ayuda estatal directa a la entrada serÃ¡ la misma que corresponda a compradores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, de precio general, acogidos al sistema de financiaciÃ³n para primer acceso a la vivienda en propiedad.
SecciÃ³n 1.Âª Viviendas en arrendamiento, protegidas y libres, con rentas limitadas
ArtÃ­culo 31. Modalidades de actuaciones protegidas.
Con la finalidad de estimular la oferta de viviendas en arrendamiento, protegidas o no, pero con rentas limitadas, para ponerlas a disposiciÃ³n de ciudadanos con niveles de ingresos medios y bajos, se protegerÃ¡n, en las condiciones establecidas en este Real Decreto, las siguientes lÃ­neas de actuaciones:
a) La promociÃ³n de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para arrendar, incluyendo las viviendas asÃ­ calificadas, provenientes de la rehabilitaciÃ³n de edificios completos y las destinadas preferentemente a jÃ³venes; y la cofinanciaciÃ³n de la promociÃ³n de viviendas de protecciÃ³n oficial de promociÃ³n pÃºblica, asimismo para arrendar.
b) La movilizaciÃ³n del parque residencial, mediante el apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal fina-lidad.
c) La rehabilitaciÃ³n individual de viviendas, o de un edificio completo, destinadas al arrendamiento, segÃºn se determina en los artÃ­culos 67 y 70 de este Real Decreto.
SubsecciÃ³n 1.Âª PromociÃ³n de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para arrendar y cofinanciaciÃ³n de la vivienda de protecciÃ³n oficial de promociÃ³n pÃºblica
ArtÃ­culo 32. Condiciones de las viviendas, de los inquilinos, y rentas mÃ¡ximas de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n financiadas con destino a arrendamiento.
1. PodrÃ¡n ser calificadas como protegidas, para arrendarlas, a efectos de este Real Decreto, y con independencia de que a efectos de planes o programas propios de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla tengan otra denominaciÃ³n especÃ­fica, aquellas viviendas de nueva construcciÃ³n que, segÃºn la normativa propia de dichas Comunidades y Ciudades, se incluyan, a efectos de precios mÃ¡ximos legales de referencia, ingresos de los compradores y sistema de ayudas financieras, en los siguientes grupos:
a) Viviendas protegidas para arrendar de renta bÃ¡sica. Se trata de las viviendas de nueva construcciÃ³n asÃ­ calificadas o declaradas por las Comunidades AutÃ³nomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y cuyo precio mÃ¡ximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie Ãºtil no exceda de 1,60 veces el precio bÃ¡sico nacional, con independencia del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicaciÃ³n de la vivienda en un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior.
b) Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada. Se trata de las viviendas de nueva construcciÃ³n asÃ­ calificadas o declaradas por las Comunidades AutÃ³nomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y cuyo precio mÃ¡ximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie Ãºtil no exceda de 1,80 veces el precio bÃ¡sico nacional con independencia del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicaciÃ³n de la vivienda en un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior.
2. Si la vivienda tuviera garaje, trastero, o ambos, se aplicarÃ¡, a efectos de sus precios mÃ¡ximos legales de referencia, asÃ­ como para la determinaciÃ³n del precio mÃ¡ximo legal total, lo establecido en el artÃ­culo 19.4 de este Real Decreto.
ArtÃ­culo 33. Condiciones de cesiÃ³n y enajenaciÃ³n de las viviendas de nueva construcciÃ³n con destino a arrendamiento.
1. Las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, y las provenientes de la rehabilitaciÃ³n de un edificio completo, para su cesiÃ³n en arrendamiento, que se acojan al Plan estatal 2005-2008, deberÃ¡n estar vinculadas a dicho rÃ©gimen de uso durante un perÃ­odo mÃ­nimo de diez o de veinticinco aÃ±os.
Dicho plazo de vinculaciÃ³n, que deberÃ¡ figurar en la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n provisional de actuaciÃ³n protegida, se contarÃ¡ a partir de la fecha de la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n definitiva.
2. Las viviendas protegidas a 10 aÃ±os, una vez transcurrido Ã©ste continuarÃ¡n siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 5 del presente Real Decreto, salvo las de renta concertada. El arrendador podrÃ¡ mantenerlas en rÃ©gimen de alquiler u ofrecerlas en venta, a compradores que cumplan las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas definidas en este Real Decreto, ateniÃ©ndose a los precios mÃ¡ximos establecidos en el artÃ­culo 20 del mismo.
3. Las viviendas protegidas a 25 aÃ±os, una vez transcurridos diez aÃ±os continuarÃ¡n siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 5 del presente Real Decreto. El arrendador deberÃ¡ mantenerlas en rÃ©gimen de alquiler y podrÃ¡ ofrecer en venta hasta un cincuenta por 100 de las mismas, al precio mÃ¡ximo legal de referencia al que se refiere el artÃ­culo 32 del presente Real Decreto, a compradores que cumplan las condiciones previstas en el mismo para poder acceder a las viviendas usadas. A tales efectos, se requerirÃ¡ autorizaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, asÃ­ como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Ã©stas.
4. A efectos de lo previsto en los apartados 2 y 3 tendrÃ¡n preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que hayan permanecido al menos cinco aÃ±os en rÃ©gimen de arrendamiento en dichas viviendas.
5. Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler podrÃ¡n enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversiÃ³n inmobiliaria. La enajenaciÃ³n serÃ¡ por promociones completas, segÃºn proceda de acuerdo con la normativa aplicable, en cualquier momento del perÃ­odo de vinculaciÃ³n a dicho rÃ©gimen de uso, sin sujeciÃ³n a los precios legales mÃ¡ximos de referencia establecidos en el artÃ­culo 32.1 de este Real Decreto, previa autorizaciÃ³n, y en las condiciones fijadas por parte del Ã³rgano competente de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Los titulares promotores podrÃ¡n:
a) Retener la gestiÃ³n de las promociones enajenadas, con la obligaciÃ³n, en todo caso, por parte de los compradores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas mÃ¡ximas establecidos en este Real Decreto, subrogÃ¡ndose en sus derechos y obligaciones y pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en la financiaciÃ³n cualificada que hubieran obtenido los promotores.
b) Ceder la gestiÃ³n de las mismas a organismos pÃºblicos, entidades sin Ã¡nimo de lucro, o a sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, con la obligaciÃ³n, por parte de los gestores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas mÃ¡ximas establecidos en este Real Decreto.
6. Las viviendas promovidas para ser destinadas a arrendamiento podrÃ¡n ser edificadas sobre suelos en rÃ©gimen de cesiÃ³n del derecho de superficie, bajo cualquier modalidad del mismo, o aplicando otros procedimientos establecidos por la normativa de las Comunidades AutÃ³nomas, siempre que ello no impida el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del arrendador.
7. SÃ³lo podrÃ¡n acceder a las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n calificadas para arrendamiento aquellos ciudadanos con ingresos familiares que no excedan de:
a) 5,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, cuando se trate de viviendas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica.
b) 6,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, cuando se trate de viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada.
ArtÃ­culo 34. Rentas mÃ¡ximas de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n financiadas con destino a arrendamiento.
1. Las rentas mÃ¡ximas anuales de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n financiadas con destino a arrendamiento serÃ¡n un porcentaje del precio mÃ¡ximo legal total de referencia calculado segÃºn la duraciÃ³n del perÃ­odo de amortizaciÃ³n del prÃ©stamo, del modo siguiente:
a) La renta anual mÃ¡xima inicial en las viviendas de nueva construcciÃ³n o procedentes de rehabilitaciÃ³n en arrendamiento, a 10 aÃ±os, serÃ¡ el 5,5 por 100 de los precios mÃ¡ximos legales totales de referencia a que se refiere el artÃ­culo 32.1.a) y b), segÃºn proceda.
b) La renta anual mÃ¡xima inicial en las viviendas de nueva construcciÃ³n o procedentes de rehabilitaciÃ³n en arrendamiento, a 25 aÃ±os, serÃ¡ el 3,5 por 100 de los precios mÃ¡ximos legales totales de referencia a que se refiere el artÃ­culo 32.1.a) y b), segÃºn proceda.
La renta resultante deberÃ¡ figurar en el visado del contrato de arrendamiento, expedido por las Comunidades AutÃ³nomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, sin que pueda superar, por metro cuadrado de superficie Ãºtil, el nÃºmero de veces el Precio BÃ¡sico Nacional vigente en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento, segÃºn sea la modalidad de vivienda protegida en arren-damiento, y sin perjuicio del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicaciÃ³n de la vivienda en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior. Si la vivienda tuviera garaje o trastero serÃ¡ de aplicaciÃ³n el porcentaje establecido en el artÃ­culo 19.4 de este Real Decreto, a efectos del cÃ¡lculo del precio de los mismos y del precio legal total mÃ¡ximo de referencia.
2. La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse, podrÃ¡ actualizarse anualmente en funciÃ³n de las variaciones porcentuales del Ãndice Nacional General del Sistema de Ãndices de Precios al Consumo.
3. El arrendador podrÃ¡ percibir, ademÃ¡s de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, asÃ­ como las demÃ¡s repercusiones autorizadas por la legislaciÃ³n aplicable.
ArtÃ­culo 35. Viviendas de promociÃ³n pÃºblica en arren-damiento.
PodrÃ¡n acogerse al sistema de cofinanciaciÃ³n establecido en el artÃ­culo 40 de este Real Decreto las viviendas calificadas o declaradas protegidas de promociÃ³n pÃºblica, segÃºn lo establecido en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real DecretoLey 31/1978, de 31 de octubre, sobre PolÃ­tica de Vivienda, o en la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples o de otro lÃ­mite inferior que establezca la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se destinen a arrendamiento, por un plazo no inferior a diez aÃ±os.
ArtÃ­culo 36. Reglas generales sobre ayudas financieras.
AdemÃ¡s de las ayudas en forma de suelo ya urbanizado, o destinadas a este propÃ³sito, a que se refiere el capÃ­tulo V de este Real Decreto, los promotores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para arrendamiento podrÃ¡n obtener prÃ©stamos convenidos, subsidiaciÃ³n para los mismos y subvenciones.
ArtÃ­culo 37. PrÃ©stamos convenidos a promotores.
Los prÃ©stamos convenidos, ademÃ¡s de las caracterÃ­sticas generales que son de aplicaciÃ³n a los prÃ©stamos a promotores de viviendas para arrendamiento, reunirÃ¡n las siguientes caracterÃ­sticas:
a) La cuantÃ­a mÃ¡xima del prÃ©stamo, a efectos de la determinaciÃ³n de los importes de las ayudas econÃ³micas estatales directas, serÃ¡ del 80 por 100 del precio mÃ¡ximo legal total de referencia que corresponda, segÃºn el artÃ­culo 32.1 de este Real Decreto.
b) El plazo de amortizaciÃ³n de los prÃ©stamos serÃ¡ de diez o de veinticinco aÃ±os, precedido de un perÃ­odo de carencia cuya duraciÃ³n mÃ¡xima serÃ¡ de tres aÃ±os, ampliable hasta cuatro aÃ±os como mÃ¡ximo, cuando medien circunstancias que, a juicio de la Comunidad AutÃ³noma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y previo acuerdo de la entidad prestamista, aconsejen dicha ampliaciÃ³n.
ArtÃ­culo 38. SubsidiaciÃ³n de prÃ©stamos convenidos.
La subsidiaciÃ³n para los prÃ©stamos cualificados obtenidos por promotores de actuaciones destinadas a arrendamiento, conforme a la previa resoluciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, responderÃ¡ al siguiente baremo:
Viviendas de renta bÃ¡sica
DuraciÃ³n perÃ­odo amortizaciÃ³n calculado en aÃ±os
SubsidiaciÃ³n (â¬/aÃ±o/ 10.000 â¬ de prÃ©stamo). 295 177 263 205
DuraciÃ³n subsidiaciÃ³n calculada en aÃ±os. 1.Âº a 5.Âº 6.Âº a 10.Âº 1.Âº a 5.Âº 6.Âº al 20.Âº
SubsidiaciÃ³n (â¬/aÃ±o/ 10.000 â¬ de prÃ©stamo). 70 35 100 70
Durante el perÃ­odo de carencia, la subsidiaciÃ³n aplicable serÃ¡ la misma que la correspondiente a los cinco primeros aÃ±os del perÃ­odo de amortizaciÃ³n.
ArtÃ­culo 39. Subvenciones a promotores.
1. El Ministerio de Vivienda subvencionarÃ¡ a los promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica, cuya superficie Ãºtil no exceda de 70 metros cuadrados.
Las cuantÃ­as de las subvenciones serÃ¡n las siguientes:
PerÃ­odo de amortizaciÃ³n
CuantÃ­a subvenciÃ³n calculada en euros
10 aÃ±os 8.000
25 aÃ±os 11.000
Las cuantÃ­as de las subvenciones se incrementarÃ¡n, cuando la vivienda estuviera situada en un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior, en las siguientes cuantÃ­as, segÃºn el grupo:
CuantÃ­a subvenciÃ³n adicional calculada en euros
10 aÃ±os 3.000 2.000 1.000
25 aÃ±os 4.000 2.700 1.300
2. A propuesta de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Vivienda podrÃ¡ autorizar que se anticipe al promotor la percepciÃ³n de hasta el 50 por 100 de la subvenciÃ³n, previa certificaciÃ³n de la iniciaciÃ³n de las obras.
A propuesta, asimismo, de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, dicho anticipo podrÃ¡ alcanzar la totalidad de la mencionada subvenciÃ³n, cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a percibir, durante los primeros cinco aÃ±os, de modo que dicha renta se sitÃºe en 1 punto porcentual menos que las establecidas en la regla 1 del artÃ­culo 34 de este Real Decreto.
Las cantidades cuyo anticipo autorice el Ministerio de Vivienda conforme a las disponibilidades presupuestarias deberÃ¡n ser garantizadas mediante aval u otros medios de garantÃ­a aceptados por el Ordenamiento JurÃ­dico que aseguren su devoluciÃ³n en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtenciÃ³n de la subvenciÃ³n, o de falta de la calificaciÃ³n o de declaraciÃ³n definitiva o, en su caso, de la ausencia de la certificaciÃ³n de finalizaciÃ³n de las obras.
ArtÃ­culo 40. CofinanciaciÃ³n de los costes de promociÃ³n.
En los tÃ©rminos en que se acuerde en los convenios de colaboraciÃ³n que se suscriban con las Comunidades AutÃ³nomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla para la aplicaciÃ³n y desarrollo del Plan estatal 2005-2008 o en convenios especÃ­ficos, y de conformidad con lo regulado en el artÃ­culo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, el Ministerio de Vivienda cofinanciarÃ¡ el coste de promociÃ³n, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o declaradas protegidas de promociÃ³n pÃºblica, siempre que vayan a permanecer en rÃ©gimen de arrendamiento por un perÃ­odo mÃ­nimo de diez aÃ±os y que la superficie Ãºtil mÃ¡xima de las viviendas no exceda de 70 metros cuadrados o de 90 cuando la unidad familiar conste de cuatro o mÃ¡s miembros.
La cuantÃ­a mÃ¡xima de la cofinanciaciÃ³n estatal serÃ¡ del 30 por 100 del coste de la promociÃ³n, que, a estos efectos, no podrÃ¡ computarse por mÃ¡s de 1,10 veces el precio bÃ¡sico nacional vigente en el momento de iniciarse la promociÃ³n.
El abono de la aportaciÃ³n financiera estatal podrÃ¡ fraccionarse en anualidades, con un nÃºmero mÃ¡ximo de tres, y una entrega inicial de hasta el 30 por 100, al comienzo de la obra, segÃºn acuerden las Administraciones actuantes.
SubsecciÃ³n 2.Âª Medidas para fomentar el arrendamiento del parque residencial desocupado
ArtÃ­culo 41. AdquisiciÃ³n de viviendas usadas para arrendar.
1. Las entidades sin Ã¡nimo de lucro, los organismos pÃºblicos y las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, segÃºn establece el artÃ­culo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrÃ¡n adquirir, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, viviendas usadas a las que se refiere el artÃ­culo 27 de este Real Decreto, excepto las sujetas a regÃ­menes de protecciÃ³n pÃºblica, para arrendarlas a inquilinos cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, ateniÃ©ndose a los plazos y rentas mÃ¡ximas previstos en los artÃ­culos 33 y 34 de este Real Decreto para las viviendas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica.
2. Para obtener ayudas financieras, las viviendas asÃ­ adquiridas habrÃ¡n de cumplir las condiciones que a continuaciÃ³n se fijan, siempre conforme a la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla:
a) El precio mÃ¡ximo de adquisiciÃ³n serÃ¡ el correspondiente al de viviendas usadas.
b) DeberÃ¡n estar vinculadas al rÃ©gimen de uso al que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo durante un perÃ­odo mÃ­nimo de diez o de veinticinco aÃ±os, ateniÃ©ndose a las rentas mÃ¡ximas, condiciones y posibilidades aplicables a las viviendas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica.
c) Para segundas y posteriores transmisiones, en los precios mÃ¡ximos de venta se aplicarÃ¡n los mismos criterios que corresponden a las viviendas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica, y durante el mismo perÃ­odo, salvo que la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla establezca otro superior.
d) Las limitaciones sobre el destino del uso de la vivienda y sobre los precios mÃ¡ximos de venta y renta habrÃ¡n de figurar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalizaciÃ³n del prÃ©stamo hipotecario, haciÃ©ndose constar tal circunstancia en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.
ArtÃ­culo 42. Tipos de ayudas para la adquisiciÃ³n de viviendas usadas para arrendar.
Las entidades, organismos pÃºblicos y sociedades a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 41 que adquieran viviendas usadas para su cesiÃ³n en arrendamiento en las condiciones indicadas, podrÃ¡n obtener las ayudas que se establecen a continuaciÃ³n:
a) Un prÃ©stamo convenido cuya cuantÃ­a mÃ¡xima serÃ¡ del 80 por 100 del precio total de la vivienda, sin perÃ­odo de carencia.
b) La misma subsidiaciÃ³n que las viviendas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica, salvo cuando la vivienda se ubique en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior, en cuyo caso la subsidiaciÃ³n responderÃ¡ al siguiente baremo:
SubsidiaciÃ³n (â¬/aÃ±o/ 10.000 â¬ de prÃ©stamo). 248 149 221 173
DuraciÃ³n de la subsidiaciÃ³n calculada en aÃ±os. 1.Âº a 5.Âº 6.Âº a 10.Âº 1.Âº a 5.Âº 6.Âº al 20.Âº
c) La misma subvenciÃ³n, y bajo las mismas condiciones, que las viviendas protegidas para arrendar, de renta bÃ¡sica.
ArtÃ­culo 43. Ayudas a propietarios de viviendas libres para arrendarlas.
1. PodrÃ¡n obtener una subvenciÃ³n del Ministerio de Vivienda aquellos propietarios de viviendas libres desocupadas cuya superficie Ãºtil no exceda de 120 metros cuadrados y las ofrezcan, por un perÃ­odo mÃ­nimo de cinco aÃ±os, en arrendamiento mediante cualquiera de las siguientes formas:
b) CesiÃ³n por cualquier otro tÃ­tulo a la Comunidad AutÃ³noma donde estÃ© situada o a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
c) A travÃ©s de agencias, sociedades pÃºblicas o entidades colaboradoras, que incluyan entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas, mediante los procedimientos que establezca el Ã³rgano competente en materia de vivienda de la correspondiente Comunidad AutÃ³noma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La subvenciÃ³n se destinarÃ¡ en parte a cubrir los gastos que se ocasionen para asegurar contra posibles impagos y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. El propietario podrÃ¡, no obstante, renunciar a formalizar dichos aseguramientos, lo que habrÃ¡ de certificar expresamente.
3. La cuantÃ­a de la subvenciÃ³n serÃ¡ de 6.000 euros. La entrega de dicha subvenciÃ³n se harÃ¡ efectiva al titular de la vivienda libre en las condiciones y con los requisitos que determinen las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla.
4. La renta mÃ¡xima anual inicial a percibir por el titular de la vivienda libre serÃ¡ del 5,5 por 100 del precio mÃ¡ximo legal de referencia de la vivienda. Esta cantidad se determinarÃ¡ aplicando a una superficie Ãºtil que no podrÃ¡ exceder de 90 metros cuadrados, el precio mÃ¡ximo legal de referencia de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para arrendamiento de renta concertada. En el caso de que existieran garaje y trastero no podrÃ¡n exceder las superficies mÃ¡ximas de los mismos de las que corresponden a las establecidas en este Real Decreto para las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, con independencia de que las superficies Ãºtiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero, pudieran ser superiores a las indicadas.
SecciÃ³n 2.Âª Viviendas de nueva construcciÃ³n en propiedad
ArtÃ­culo 44. PrÃ©stamos convenidos a promotores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para venta.
1. Los promotores de viviendas de nueva construcciÃ³n calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas que estÃ©n destinadas a la venta, podrÃ¡n obtener, ademÃ¡s de las ayudas para suelo ya urbanizado, o destinadas a este propÃ³sito, a que se refiere el capÃ­tulo V de este Real Decreto, prÃ©stamos convenidos que se otorgarÃ¡n conforme a las siguientes condiciones que se agregan a las generales establecidas en el artÃ­culo 9:
a) Para la determinaciÃ³n del importe de las ayudas econÃ³micas estatales directas, la cuantÃ­a mÃ¡xima computable serÃ¡ igual al 80 por 100 del precio mÃ¡ximo de venta o adjudicaciÃ³n fijado en la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n provisional de la vivienda como protegida.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de ayudas financieras, la cuantÃ­a global del prÃ©stamo, calculada segÃºn se establece en el pÃ¡rrafo anterior, podrÃ¡ incrementarse como mÃ¡ximo hasta el 80 por 100 del precio mÃ¡ximo legal de venta de aquÃ©llos, si se trata de prÃ©stamos al promotor, o hasta el 80 por 100 del precio o del coste real, determinado segÃºn se establece en el artÃ­culo 19.4 de este Real Decreto, si se trata de un promotor para uso propio.
No serÃ¡ objeto de ayudas financieras a la vivienda la promociÃ³n de locales.
b) El prÃ©stamo tendrÃ¡ un plazo de amortizaciÃ³n de veinticinco aÃ±os, con un perÃ­odo de carencia cuya duraciÃ³n serÃ¡ de tres aÃ±os desde la formalizaciÃ³n del prÃ©stamo, perÃ­odo ampliable hasta cuatro aÃ±os como mÃ¡ximo cuando medien circunstancias que, a juicio de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con la entidad prestamista, lo aconsejen.
2. El perÃ­odo de carencia finalizarÃ¡, dando inicio al perÃ­odo de amortizaciÃ³n, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de venta y adjudicaciÃ³n, en la fecha de otorgamiento de la correspondiente Escritura PÃºblica, tras la expediciÃ³n de la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n definitiva.
b) En los supuestos de promociÃ³n individual para uso propio, en la fecha de otorgamiento de la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n definitiva o, en su caso, de la Escritura PÃºblica de declaraciÃ³n de obra nueva.
3. Las disposiciones de los prÃ©stamos podrÃ¡n atenerse a un calendario pactado con la entidad prestamista en funciÃ³n de la ejecuciÃ³n de la inversiÃ³n, de la evoluciÃ³n de la venta o de las adjudicaciones de las viviendas, cuando esta condiciÃ³n sea aplicable.
Los promotores deberÃ¡n efectuar la primera disposiciÃ³n del prÃ©stamo en un plazo no superior a seis meses desde su formalizaciÃ³n, no pudiendo transcurrir entre las restantes disposiciones mÃ¡s de cuatro meses, salvo que medie justa causa.
La falta de disposiciones del prÃ©stamo, sin causa justificada, en los plazos establecidos, podrÃ¡ determinar la resoluciÃ³n del contrato con la devoluciÃ³n anticipada de las cantidades dispuestas en su caso.
Medidas para fomentar la urbanizaciÃ³n de suelo para viviendas protegidas
ArtÃ­culo 45. UrbanizaciÃ³n protegida de suelo y destino del mismo.
1. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de actuaciones protegidas en materia de suelo las de urbanizaciÃ³n del mismo, incluyendo la adquisiciÃ³n onerosa del mismo en las condiciones establecidas en el apartado 5 de este artÃ­culo, para su inmediata edificaciÃ³n, con destino predominante a la promociÃ³n de viviendas calificadas o declaradas como protegidas.
2. A los efectos del apartado anterior, al menos el 50 por 100 de la edificabilidad residencial del Ã¡mbito de urbanizaciÃ³n deberÃ¡ destinarse a dicho uso. Se entenderÃ¡ como Ã¡mbito de urbanizaciÃ³n la unidad de ejecuciÃ³n o Ã¡mbito definido a efectos de la urbanizaciÃ³n conjunta y sistemÃ¡tica de dos o mÃ¡s parcelas.
3. PodrÃ¡n acogerse a las ayudas econÃ³micas establecidas en este Real Decreto para las Ã¡reas de urbanizaciÃ³n prioritaria de suelo, aquellas en las que se destine, al menos, el 75 por 100 de la edificabilidad resultante del Ã¡mbito de urbanizaciÃ³n, a la promociÃ³n inmediata de viviendas calificadas o declaradas como protegidas, y que sean objeto de acuerdo de la ComisiÃ³n Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artÃ­culo 78.c) de este Real Decreto, con participaciÃ³n del Ayuntamiento correspondiente.
4. Cuando el suelo objeto de urbanizaciÃ³n forme parte de patrimonios pÃºblicos de suelo, se considerarÃ¡ que constituye un Ã¡mbito de urbanizaciÃ³n. Y se considerarÃ¡ que dicho suelo constituye un Ã¡rea de urbanizaciÃ³n prioritaria de suelo siempre que, al menos, el 50 por 100 de la edificabilidad residencial total se destine a viviendas protegidas para arrendamiento, o a viviendas calificadas o declaradas como de rÃ©gimen especial o de promociÃ³n pÃºblica. Esta afectaciÃ³n del suelo a dichas finalidades deberÃ¡ inscribirse registralmente.
5. En las Ã¡reas de urbanizaciÃ³n prioritaria la actuaciÃ³n protegida podrÃ¡ incluir la adquisiciÃ³n onerosa del suelo a urbanizar, siempre que Ã©ste aÃºn no haya sido adquirido en el momento de la solicitud de las ayudas.
ArtÃ­culo 46. Requisitos para acceder a las ayudas financieras.
1. El promotor deberÃ¡ cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del suelo, una opciÃ³n de compra, un derecho de superficie o un concierto formalizado con quien ostente la titularidad del suelo o cualquier otro tÃ­tulo o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanizaciÃ³n.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os, por sÃ­ o mediante concierto con promotores de viviendas, la construcciÃ³n de, al menos, un 50 por 100 de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n. El cÃ³mputo del plazo se iniciarÃ¡ a partir de la conformidad del Ministerio de Vivienda a la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n a la que se refiere el artÃ­culo siguiente, salvo que el planeamiento vigente o la legislaciÃ³n urbanÃ­stica aplicable establezcan otro plazo diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una memoria de viabilidad tÃ©cnico-financiera y urbanÃ­stica del proyecto, en la que se especificarÃ¡ la aptitud del suelo objeto de actuaciÃ³n para los fines perseguidos, los costes de la actuaciÃ³n protegida, la edificabilidad residencial, y el nÃºmero de viviendas a construir ya sean libres o protegidas, segÃºn tipologÃ­a y otras caracterÃ­sticas que puedan dar lugar a la obtenciÃ³n de las subvenciones establecidas en el artÃ­culo 47.1. Asimismo, la memoria deberÃ¡ contener la programaciÃ³n temporal pormenorizada de la urbanizaciÃ³n y edificaciÃ³n, el precio de venta de las viviendas protegidas y demÃ¡s usos previstos del suelo, el desarrollo financiero de la operaciÃ³n, asÃ­ como los criterios de sostenibilidad que se aplicarÃ¡n a la urbanizaciÃ³n.
2. Para poder acogerse a la financiaciÃ³n correspondiente a las Ã¡reas de urbanizaciÃ³n prioritaria, asÃ­ como en el supuesto al que se refiere el artÃ­culo 45.4, serÃ¡ necesario que se formalice un convenio de colaboraciÃ³n, en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento, entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla y con la participaciÃ³n del Ayuntamiento correspondiente en cuyo tÃ©rmino se ubique la actuaciÃ³n de urbanizaciÃ³n. En este convenio, conforme al nÃºmero de objetivos y del volumen de recursos estatales convenidos, se concretarÃ¡n las condiciones de financiaciÃ³n y, en su caso, los compromisos y aportaciones financieras de la Comunidad AutÃ³noma y del Municipio correspondiente, asÃ­ como el sistema de seguimiento y evaluaciÃ³n de las actuaciones acordadas.
3. No se podrÃ¡n obtener ayudas financieras para las actuaciones en materia de suelo cuando la solicitud de las mismas sea presentada con posterioridad a la obtenciÃ³n del prÃ©stamo convenido correspondiente a las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n a edificar en dicho suelo. Tampoco cabrÃ¡ la obtenciÃ³n de ayudas financieras cuando la unidad de ejecuciÃ³n, o parte de la misma, ya las hubiera recibido, incluso en el marco de planes estatales anteriores.
4. DeberÃ¡ inscribirse en el Registro de la Propiedad la afectaciÃ³n del suelo objeto de financiaciÃ³n a la finalidad establecida, por lo que se refiere a nÃºmero de viviendas protegidas previstas, incluyendo sus tipologÃ­as y otras caracterÃ­sticas que puedan dar lugar a la obtenciÃ³n de las subvenciones establecidas en el artÃ­culo 47.1 siguiente.
ArtÃ­culo 47. Subvenciones.
1. El Ministerio de Vivienda subvencionarÃ¡ al promotor, por cada vivienda protegida a construir en el Ã¡mbito de urbanizaciÃ³n, con una cuantÃ­a fija en metÃ¡lico, en funciÃ³n del porcentaje de viviendas protegidas previstas sobre el nÃºmero total de viviendas a construir, asÃ­ como por algunas caracterÃ­sticas de las viviendas protegidas.
Dichas subvenciones tendrÃ¡n las siguientes cuantÃ­as:
CuantÃ­a general (â¬/vivienda protegida)
CuantÃ­a adicional por cada vivienda protegida < 70 m2
> 50 < 75 1.300 500
Ãreas de urbanizaciÃ³n prioritaria (â¥75): Â Â
â€ Sin adquisiciÃ³n de suelo 2.500 500
â€ Con adquisiciÃ³n de suelo 2.800 500
El pago de estas subvenciones, destinadas directamente a quienes vayan a destinar suelo urbanizado a viviendas protegidas, se fraccionarÃ¡ en funciÃ³n del desarrollo y justificaciÃ³n de la inversiÃ³n y de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Vivienda.
2. Cuando la programaciÃ³n inicial establecida se modifique sin que las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el Ã¡mbito del convenio de colaboraciÃ³n que se suscriba con el Ministerio de Vivienda, lo hayan autorizado, o cuando los retrasos en el cumplimiento de dicha programaciÃ³n, salvo causa justificada, pongan de manifiesto la imposibilidad de cumplir el plazo de construcciÃ³n establecido en el artÃ­culo 46.1.b), serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el artÃ­culo 14 de este Real Decreto respecto al incumplimiento.
ArtÃ­culo 48. El operador pÃºblico de suelo SEPES.
Con objeto de fomentar la urbanizaciÃ³n de suelo para vivienda protegida, la Entidad PÃºblica Empresarial de Suelo (SEPES), en el marco del Plan estatal 2005-2008, ejecutarÃ¡ los siguientes cometidos:
a) La promociÃ³n de suelo urbano para uso residencial.
b) La adquisiciÃ³n, por cualquier tÃ­tulo, de terrenos destinados a la formaciÃ³n de reservas de suelo, preparaciÃ³n de solares o cualquier otra finalidad anÃ¡loga.
c) La ejecuciÃ³n de planes y proyectos de urbanizaciÃ³n, la creaciÃ³n de infraestructuras urbanÃ­sticas y las actuaciones protegidas en materia de vivienda que le encomienden las Administraciones competentes.
CAPÃTULO VI
Medidas para impulsar la rehabilitaciÃ³n
SecciÃ³n 1.Âª Ãmbito y condiciones generales de las actuaciones de rehabilitaciÃ³n
ArtÃ­culo 49. Ãmbito de las actuaciones protegidas de rehabilitaciÃ³n.
1. Las actuaciones protegidas en materia de rehabilitaciÃ³n deberÃ¡n estar incluidas en uno de los Ã¡mbitos siguientes:
a) Ãreas de rehabilitaciÃ³n integral.
b) Ãreas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos.
c) PodrÃ¡n tambiÃ©n acogerse a la financiaciÃ³n establecida en este Real Decreto, aquellas actuaciones aisladas de rehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas que, aÃºn no estando incluidas en los Ã¡mbitos definidos anteriormente, tengan por objeto:
- Mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo barreras de todo tipo, asÃ­ como adecuar el edificio o la vivienda a las necesidades especÃ­ficas de personas con discapacidad y personas mayores de 65 aÃ±os.
- ReducciÃ³n del consumo energÃ©tico, segÃºn lo indicado en los artÃ­culos 52.1.c) y 53.1.c) de este Real Decreto, mediante una disminuciÃ³n de la demanda energÃ©tica, a travÃ©s de mejoras en la envolvente del edificio, aumentando el rendimiento de las instalaciones tÃ©rmicas.
2. Todo ello, siempre que sus caracterÃ­sticas se adapten a lo establecido en este Real Decreto.
ArtÃ­culo 50. Concepto de Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n integral.
A los efectos de este Real Decreto, se entenderÃ¡n como Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral los tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradaciÃ³n fÃ­sica, social o ambiental, asÃ­ declarados por las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y acogidos a las ayudas econÃ³micas correspondientes mediante acuerdo de la ComisiÃ³n Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artÃ­culo 78.c) de este Real Decreto, con participaciÃ³n del Ayuntamiento correspondiente.
Se considerarÃ¡n acciones de actuaciÃ³n preferente aquellas que vayan dirigidas a la erradicaciÃ³n del chabolismo y la infravivienda y estÃ©n acompaÃ±adas de actuaciones integrales de desarrollo social y econÃ³mico en el territorio.
ArtÃ­culo 51. Concepto de Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n de centro histÃ³rico.
A los efectos de este Real Decreto, se entenderÃ¡n como Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos los nÃºcleos urbanos y ciudades histÃ³ricas declaradas o no Bien de InterÃ©s Cultural o categorÃ­a similar de la legislaciÃ³n autonÃ³mica y aquellos que tengan incoado expediente para obtener las citadas declaraciones, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado, y acogidas a las ayudas econÃ³micas correspondientes mediante acuerdo de la ComisiÃ³n Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artÃ­culo 78.c) de este Real Decreto, con participaciÃ³n del Ayuntamiento correspondiente. Si estÃ¡n declaradas Bien de InterÃ©s Cultural o categorÃ­a similar, deberÃ¡n tener aprobado un plan especial de protecciÃ³n, conservaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n de los previstos en la legislaciÃ³n estatal o autonÃ³mica de protecciÃ³n del Patrimonio HistÃ³rico o, si no lo tuvieran, habrÃ¡n de disponer del mismo en los plazos establecidos en el mencionado acuerdo de la ComisiÃ³n Bilateral de Seguimiento.
ArtÃ­culo 52. Condiciones generales que deben cumplir las viviendas.
1. Las viviendas objeto de actuaciones de rehabilitaciÃ³n protegidas deberÃ¡n tener una antigÃŒedad mayor de 15 aÃ±os, salvo que las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla establezcan otra superior. No serÃ¡ preciso cumplir dicha condiciÃ³n en los supuestos siguientes:
a) Cuando se trate de obras que tengan por finalidad suprimir barreras de todo tipo a las personas con discapacidad, o las destinadas a adecuar la vivienda a las necesidades especÃ­ficas de aquÃ©llas o de las personas mayores de 65 aÃ±os.
b) Cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa tÃ©cnica aplicable, cuando esta Ãºltima hubiera entrado en vigor con posterioridad a la terminaciÃ³n de la vivienda.
c) Cuando las obras a realizar tengan por objeto la reducciÃ³n del consumo energÃ©tico, mediante la incorporaciÃ³n o mejora del aislamiento tÃ©rmico o del acÃºstico; la adecuada distribuciÃ³n de espacios interiores, iluminados y ventilados o mediante la utilizaciÃ³n de sistemas de ahorro energÃ©tico.
2. El edificio en el que se ubica la vivienda deberÃ¡ presentar condiciones suficientes de seguridad estructural y de estanqueidad frente a la lluvia.
3. Las viviendas carecerÃ¡n de alguna de las condiciones de habitabilidad siguientes: accesibilidad a personas con discapacidad; existencia y correcto funcionamiento de servicios sanitarios y cocinas; existencia y correcto funcionamiento de instalaciones elÃ©ctricas; existencia y correcto funcionamiento de instalaciones de saneamiento y fontanerÃ­a; existencia y correcto funcionamiento de sistema de calefacciÃ³n; existencia y correcto funcionamiento de extracciÃ³n de humos y ventilaciÃ³n; aislamiento tÃ©rmico; aislamiento acÃºstico; adecuada distribuciÃ³n de espacios interiores, iluminados y ventilados; y sistemas de ahorro energÃ©tico.
ArtÃ­culo 53. Condiciones generales que deben cumplir los edificios.
1. El edificio objeto de actuaciÃ³n de rehabilitaciÃ³n protegida deberÃ¡ tener una antigÃŒedad mayor de 15 aÃ±os, salvo que las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla establezcan otra superior. No serÃ¡ preciso cumplir dicha condiciÃ³n en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de obras de adecuaciÃ³n funcional de los edificios que tengan por finalidad suprimir barreras de todo tipo y promover la accesibilidad de las personas con discapacidad, o facilitar el acceso a sus viviendas a las personas mayores de 65 aÃ±os.
b) Cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa tÃ©cnica aplicable, cuando esta Ãºltima hubiera entrado en vigor con posterioridad a la terminaciÃ³n del edificio.
c) Cuando las obras a realizar tengan por objeto la reducciÃ³n del consumo energÃ©tico.
2. Asimismo el edificio deberÃ¡ tener, al menos, un 50 por 100 de su superficie Ãºtil existente o resultante de las obras destinada al uso de vivienda y carecer de alguna de las condiciones siguientes:
b) Adecuadas condiciones de protecciÃ³n frente a incendios.
f) Sistemas adecuados de evacuaciÃ³n del agua de lluvia y saneamiento.
g) Sistemas de ahorro energÃ©tico.
ArtÃ­culo 54. Condiciones generales que deben cumplir los promotores.
Los promotores deberÃ¡n cumplir alguna de las condiciones siguientes:
1. Dedicar la vivienda o edificio objeto de la actuaciÃ³n a su residencia habitual y permanente, durante un plazo mÃ­nimo de cinco aÃ±os desde la finalizaciÃ³n de las obras.
2. Dedicar la vivienda o edificio objeto de la actuaciÃ³n al alquiler durante un perÃ­odo mÃ­nimo de cinco aÃ±os desde la finalizaciÃ³n de las obras.
ArtÃ­culo 55. Condiciones generales de las actuaciones de rehabilitaciÃ³n.
Las actuaciones protegidas de rehabilitaciÃ³n deberÃ¡n:
1. Ajustarse a la normativa del planeamiento urbanÃ­stico vigente que sea de aplicaciÃ³n, incluyendo las disposiciones sobre eliminaciÃ³n de barreras y promociÃ³n de la accesibilidad que resulten de aplicaciÃ³n.
2. Preservar el uso residencial de las viviendas y edificios objeto de la actuaciÃ³n.
3. Asegurar la diversidad social y el realojamiento, en su caso, de la poblaciÃ³n residente en los tÃ©rminos establecidos en la legislaciÃ³n vigente.
SecciÃ³n 2.Âª Conceptos generales para la financiaciÃ³n de actuaciones de rehabilitaciÃ³n
ArtÃ­culo 56. Concepto de presupuesto protegible.
A efectos de este Real Decreto, se considera presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitaciÃ³n el coste real de las obras determinado por la suma del precio total del contrato de ejecuciÃ³n de las obras, los honorarios facultativos y de gestiÃ³n y los tributos satisfechos por razÃ³n de las actuaciones.
ArtÃ­culo 57. Concepto de presupuesto protegido.
1. En la rehabilitaciÃ³n de viviendas, el presupuesto protegible que corresponde a la superficie Ãºtil de la vivienda objeto o resultado de la actuaciÃ³n de rehabilitaciÃ³n, computando como mÃ¡ximo 120 m2 Ãºtiles por vivienda.
2. En la rehabilitaciÃ³n de edificios, el presupuesto protegible que corresponde a la superficie Ãºtil total del edificio, incluidos espacios comunes, viviendas y locales comerciales, cuando Ã©stos participen en el coste de ejecuciÃ³n, y computando como mÃ¡ximo 120 m2 Ãºtiles por vivienda o local. Cuando de una rehabilitaciÃ³n se deriven necesariamente obras de adecuaciÃ³n de algunas viviendas, podrÃ¡ incluirse el coste de las mismas en el presupuesto protegido de dicha rehabilitaciÃ³n.
3. Las obras de rehabilitaciÃ³n de una vivienda podrÃ¡n extenderse a una plaza de garaje y a un trastero, cuando estÃ©n vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de rehabilitaciÃ³n, computÃ¡ndose, a efectos de determinaciÃ³n del presupuesto protegido, las superficies mÃ¡ximas a que se refiere el artÃ­culo 19.4 de este Real Decreto.
4. La cuantÃ­a mÃ¡xima del presupuesto protegido, por metro cuadrado de superficie Ãºtil computable a efectos de prÃ©stamos convenidos y ayudas estatales financieras directas, serÃ¡ del 70 por 100 del Precio BÃ¡sico Nacional vigente en el momento de la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n de la actuaciÃ³n de rehabilitaciÃ³n como protegida.
5. Las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrÃ¡n fijar una cuantÃ­a mÃ­nima del presupuesto protegido como condiciÃ³n adicional para incluir estas actuaciones en el Ã¡mbito de la protecciÃ³n estatal.
SecciÃ³n 3.Âª Ãreas de rehabilitaciÃ³n integral
ArtÃ­culo 58. Ãmbito de las actuaciones protegidas en Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral.
1. En dichas Ã¡reas podrÃ¡n ser protegidas las actuaciones de rehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas y si fuera necesario, las de ejecuciÃ³n de la urbanizaciÃ³n o reurbanizaciÃ³n del Ã¡mbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demoliciÃ³n.
2. En el supuesto de promociÃ³n de viviendas de nueva construcciÃ³n sujetas a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica en el Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n, serÃ¡n de aplicaciÃ³n, en su caso, los sistemas de ayudas financieras establecidos en este Real Decreto.
3. Con objeto de optimizar los recursos e informar a los ciudadanos sobre las actuaciones de rehabilitaciÃ³n, los acuerdos para financiaciÃ³n de estas Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n podrÃ¡n incluir, como parte del coste global de las actuaciones, el establecimiento de ventanillas Ãºnicas de vivienda suficientemente dotadas de personal y medios necesarios, coordinÃ¡ndose, en su caso, con los servicios de mediaciÃ³n social.
4. El acuerdo sobre financiaciÃ³n del Ã¡rea, a que se refiere el artÃ­culo 59.1 de este Real Decreto, podrÃ¡ incluir la posibilidad de que las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla eximan a los promotores de actuaciones de rehabilitaciÃ³n en dicha Ã¡rea de cumplir las limitaciones establecidas relativas a metros cuadrados computables a efectos del cÃ¡lculo del presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de ayudas financieras y antigÃŒedad mÃ­nima del edificio.
ArtÃ­culo 59. Ayudas econÃ³micas para las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral.
1. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n consistirÃ¡n en subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas a los promotores de las actuaciones protegidas, sean personas fÃ­sicas o entes gestores, que se abonarÃ¡n a travÃ©s de las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, o de la forma en que se acuerde con las mismas.
SerÃ¡ necesario, a estos efectos, que se suscriba un acuerdo en el seno de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, con la participaciÃ³n del Ayuntamiento en cuyo tÃ©rmino se ubique el Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n, de conformidad con lo que establece el artÃ­culo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, para cada Ã¡rea en cuestiÃ³n, o, dentro de un Ã¡rea, para una cifra adicional de objetivos a rehabilitar y financiar. En ningÃºn caso se podrÃ¡ superar la cifra global de los objetivos de esta lÃ­nea de actuaciones convenida y del volumen mÃ¡ximo de gasto estatal autorizado. En dicho acuerdo se concretarÃ¡n, asimismo, las aportaciones financieras y sus fÃ³rmulas de pago, los compromisos de las Administraciones interesadas y las fÃ³rmulas especÃ­ficas de seguimiento para la liquidaciÃ³n efectiva de la subvenciÃ³n.
2. El Ministerio de Vivienda deberÃ¡ recibir previamente una memoria-programa donde se recojan, al menos, los siguientes extremos:
a) Las correspondientes delimitaciones geogrÃ¡ficas; los elementos sociolÃ³gicos, incluyendo, en su caso, el programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar con otras Administraciones PÃºblicas a fin de alcanzar el impacto social dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradaciÃ³n.
b) Los aspectos tÃ©cnicos y econÃ³micos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programaciÃ³n, en especial la estimaciÃ³n de los costes, debidamente desglosados a efectos de las subvenciones y las fuentes de financiaciÃ³n previstas, que justifiquen la viabilidad financiera de la operaciÃ³n.
Cuando las actuaciones consistan en la ampliaciÃ³n de las cifras de los objetivos a rehabilitar y financiar en un Ã¡rea previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, serÃ¡ necesaria la conformidad de la ComisiÃ³n Bilateral de Seguimiento previa presentaciÃ³n de la documentaciÃ³n que complemente la inicialmente aportada.
3. Las subvenciones serÃ¡n las siguientes:
a) Una subvenciÃ³n por un importe mÃ¡ximo del 40 por 100 del presupuesto total de la obra de rehabilitaciÃ³n, con una cuantÃ­a media por vivienda subvencionada, objeto o consecuencia de la rehabilitaciÃ³n, que no supere los 4.500 euros.
b) Una subvenciÃ³n destinada a las obras de urbanizaciÃ³n y reurbanizaciÃ³n en el Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n, incluyendo, en su caso, las obras de demoliciÃ³n, por un importe mÃ¡ximo del 20 por 100 del presupuesto de dichas obras, con un lÃ­mite del 20 por 100 de la subvenciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.
c) En las actuaciones dirigidas a la eliminaciÃ³n de infraviviendas, el porcentaje mÃ¡ximo global a que se refiere el pÃ¡rrafo a) podrÃ¡ elevarse al 50 por 100 del presupuesto y la cuantÃ­a media por vivienda subvencionada a 5.500 euros siempre que, al menos, el 40 por 100 del coste de las actuaciones se deba a la necesidad de rehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas para adecuarlos, a efectos del realojo temporal, total o parcial, de la poblaciÃ³n afectada. Los edificios objeto de adecuaciÃ³n podrÃ¡n, excepcionalmente, estar ubicados fuera del Ã¡mbito del Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n.
SecciÃ³n 4.Âª Ãreas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos
ArtÃ­culo 60. Medidas de fomento de la rehabilitaciÃ³n en Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos.
1. En los centros histÃ³ricos podrÃ¡n ser protegidas las siguientes actuaciones:
a) RehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas.
b) EjecuciÃ³n de la urbanizaciÃ³n.
c) EjecuciÃ³n de la reurbanizaciÃ³n.
2. En caso de promociÃ³n de viviendas de nueva construcciÃ³n sujetas a algÃºn rÃ©gimen de protecciÃ³n pÃºblica en el centro histÃ³rico objeto de rehabilitaciÃ³n, serÃ¡n de aplicaciÃ³n, en su caso, los sistemas de ayudas financieras a la vivienda establecidos en este Real Decreto.
3. Las actuaciones de rehabilitaciÃ³n se ajustarÃ¡n estrictamente al Plan Especial de ProtecciÃ³n y RehabilitaciÃ³n vigente, y no financiarÃ¡n en ningÃºn caso las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones objeto de rehabilitaciÃ³n.
4. Con objeto de optimizar los recursos e informar a los ciudadanos sobre las actuaciones de rehabilitaciÃ³n, los acuerdos para financiaciÃ³n de estas Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n, que se atendrÃ¡n a lo establecido al respecto para las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral, deberÃ¡n incluir como parte del coste global de las actuaciones, el establecimiento de ventanillas Ãºnicas de vivienda, suficientemente dotadas de personal y medios necesarios para desarrollar las tareas de informaciÃ³n, diagnÃ³stico, preparaciÃ³n de documentaciones tÃ©cnicas de obra menor y seguimiento y supervisiÃ³n de las obras a realizar por los particulares. La dotaciÃ³n de recursos humanos deberÃ¡ especificarse en dichos acuerdos. Asimismo, se incluirÃ¡ la cofinanciaciÃ³n de los gastos para la elaboraciÃ³n del plan especial de protecciÃ³n.
5. El acuerdo sobre financiaciÃ³n del Ã¡rea, a que se refiere el artÃ­culo 61, podrÃ¡ incluir la posibilidad de que las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla eximan a los promotores de las actuaciones de rehabilitaciÃ³n de cumplir las limitaciones establecidas relativas a metros cuadrados computables a efectos del cÃ¡lculo del presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de ayudas financieras y antigÃŒedad mÃ­nima del edificio.
ArtÃ­culo 61. Ayudas econÃ³micas para las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos.
1. Las ayudas financieras a la vivienda y edificios en las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos consistirÃ¡n en subvenciones a los promotores de las actuaciones protegidas, sean personas fÃ­sicas o entes gestores, que se abonarÃ¡n a travÃ©s de las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, o de la forma en que se acuerde con las mismas. SerÃ¡n aplicables, a este respecto, las mismas condiciones que se establecen en el artÃ­culo 59.1 de este Real Decreto para las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n integral.
2. Las subvenciones serÃ¡n las siguientes:
a) Una subvenciÃ³n por un importe mÃ¡ximo del 50 por 100 del presupuesto protegido de las obras de rehabilitaciÃ³n de edificios y viviendas, con una cuantÃ­a mÃ¡xima por vivienda subvencionada de 6.000 euros.
b) La cuantÃ­a mÃ¡xima de la financiaciÃ³n para las obras de urbanizaciÃ³n y reurbanizaciÃ³n en Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos serÃ¡ igual al 30 por 100 del presupuesto protegido para este tipo de obras, con un lÃ­mite del 30 por 100 del importe total de las ayudas a las que se refiere el pÃ¡rrafo a) anterior.
SecciÃ³n 5.Âª Medidas para impulsar la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas
ArtÃ­culo 62. Condiciones para acceder a las ayudas financieras.
A efectos de acceder a las ayudas financieras establecidas en este Real Decreto para las actuaciones de rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas, serÃ¡ necesario:
1. Que la actuaciÃ³n de rehabilitaciÃ³n haya sido calificada o declarada como protegida por la Comunidad AutÃ³noma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Que el edificio o vivienda objeto de las actuaciones no se encuentre incluido en un Ã¡rea de rehabilitaciÃ³n integral o de centro histÃ³rico, acordada, a efectos de financiaciÃ³n, con el Ministerio de Vivienda.
3. Que, a efectos de la obtenciÃ³n de ayudas financieras, se cumplan las condiciones especÃ­ficas establecidas en esta SecciÃ³n 5.Âª
4. Que los solicitantes, promotores para uso propio, no hayan obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitaciÃ³n aislada de edificios o viviendas, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales de vivienda, durante los diez aÃ±os anteriores a la solicitud actual de la misma. Se entenderÃ¡ que se ha obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este Real Decreto, cuando se haya formalizado el prÃ©stamo convenido o se haya expedido la resoluciÃ³n administrativa reconociendo el derecho a una subvenciÃ³n estatal.
ArtÃ­culo 63. Ayudas financieras para la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas.
1. Las ayudas financieras para la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas consistirÃ¡n en prÃ©stamos convenidos, con o sin subsidiaciÃ³n, y en subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas a los promotores, que se abonarÃ¡n a travÃ©s de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. No serÃ¡ objeto de ayudas financieras la rehabilitaciÃ³n de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtenciÃ³n de prÃ©stamo convenido, cuando se trate de la rehabilitaciÃ³n de elementos comunes de edificios y los locales participen en los costes de ejecuciÃ³n y de lo establecido en el artÃ­culo 68.1.
SubsecciÃ³n 1.Âª PrÃ©stamos convenidos y subsidiaciÃ³n a la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios.
ArtÃ­culo 64. CaracterÃ­sticas de los prÃ©stamos convenidos a la rehabilitaciÃ³n de edificios.
1. AdemÃ¡s de las caracterÃ­sticas generales de los prÃ©stamos convenidos reguladas en el artÃ­culo 9 de este Real Decreto, los prÃ©stamos convenidos para actuaciones de rehabilitaciÃ³n de edificios tendrÃ¡n las siguientes caracterÃ­sticas:
a) El prÃ©stamo convenido podrÃ¡ alcanzar la totalidad del presupuesto protegido.
b) El plazo mÃ¡ximo de amortizaciÃ³n serÃ¡ de quince aÃ±os, precedido de un perÃ­odo de carencia cuya duraciÃ³n serÃ¡ de dos aÃ±os, perÃ­odo ampliable a tres aÃ±os como mÃ¡ximo cuando medien circunstancias que, a juicio de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla y contando con el acuerdo de la entidad prestamista, aconsejen dicha ampliaciÃ³n.
2. PodrÃ¡n obtener prÃ©stamo convenido para financiar la actuaciÃ³n protegida de rehabilitaciÃ³n de un edificio, todos los titulares u ocupantes de las viviendas, al margen de sus ingresos familiares.
ArtÃ­culo 65. SubsidiaciÃ³n de prÃ©stamos convenidos para la rehabilitaciÃ³n de edificios.
1. El Ministerio de Vivienda subsidiarÃ¡ los prÃ©stamos convenidos para la rehabilitaciÃ³n de edificios del modo siguiente:
a) Cuando el titular del prÃ©stamo sea arrendatario o propietario de una o varias viviendas en el edificio objeto de rehabilitaciÃ³n, y sus ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, la subsidiaciÃ³n serÃ¡ de 127 euros anuales por cada 10.000 euros de prÃ©stamo convenido.
b) Cuando el titular del prÃ©stamo, sea persona fÃ­sica o jurÃ­dica, tuviera una o varias viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento vigente sujeto a prÃ³rroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no se exigirÃ¡ el requisito relativo a lÃ­mite de ingresos familiares y la subsidiaciÃ³n para el arrendador de dichas viviendas serÃ¡ de 159 euros anuales por cada 10.000 euros de prÃ©stamo convenido.
2. La subsidiaciÃ³n establecida en el apartado anterior de este artÃ­culo se aplicarÃ¡ a toda la vida del prÃ©stamo asÃ­ como, en su caso, al perÃ­odo de carencia.
SubsecciÃ³n 2.Âª Subvenciones a la rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas
ArtÃ­culo 66. Subvenciones a la rehabilitaciÃ³n de viviendas para uso propio.
1. Los ingresos familiares de los titulares de las viviendas, promotores de la rehabilitaciÃ³n, no podrÃ¡n exceder, a efectos de la obtenciÃ³n de subvenciones estatales, de 3,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
2. La cuantÃ­a mÃ¡xima por actuaciÃ³n subvencionada en vivienda serÃ¡ del 25 por 100 del presupuesto protegido de la obra de rehabilitaciÃ³n, con los siguientes lÃ­mites mÃ¡ximos:
a) 2.280 euros, con carÃ¡cter general.
b) 3.100 euros, cuando los titulares de las viviendas tengan mÃ¡s de 65 aÃ±os o se trate de una persona con discapacidad y las obras se destinen a la eliminaciÃ³n de barreras de todo tipo o a la adecuaciÃ³n de la vivienda a sus necesidades especÃ­ficas.
c) Una cuantÃ­a adicional del 7 por 100 de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras que tengan por objeto la adecuaciÃ³n a la eficiencia energÃ©tica, en las condiciones a que se refiere el artÃ­culo 71.2 de este Real Decreto, con un lÃ­mite de 200 euros.
ArtÃ­culo 67. FinanciaciÃ³n especÃ­fica de la rehabilitaciÃ³n de viviendas destinadas a alquiler.
1. El titular de una vivienda, promotor de su rehabilitaciÃ³n, que vaya a ser destinada a alquiler, en las condiciones establecidas en este Real Decreto para las viviendas protegidas destinadas a dicho uso, y durante un plazo mÃ­nimo de cinco aÃ±os, podrÃ¡ obtener una subvenciÃ³n de 6.000 euros.
2. PodrÃ¡ obtenerse una cuantÃ­a adicional del 7 por 100 de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras que tengan por objeto la adecuaciÃ³n a la eficiencia energÃ©tica, en las condiciones a que se refiere el artÃ­culo 71.2 de este Real Decreto, con un lÃ­mite de 200 euros por vivienda o local que participe en los costes de la rehabilitaciÃ³n.
3. Si la vivienda a rehabilitar fuera calificada o declarada provisionalmente como protegida, para arrendamiento, el titular de la misma, promotor de su rehabilitaciÃ³n, podrÃ¡ obtener las ayudas financieras que corresponderÃ­an a un promotor de viviendas protegidas para arrendamiento, en la modalidad que corresponda, teniendo que ser destinadas las viviendas a dicho uso y cumplir todas las condiciones respecto a superficies, rentas mÃ¡ximas y vinculaciÃ³n temporal mÃ­nima al rÃ©gimen de arrendamiento.
4. En los supuestos de los apartados anteriores de este artÃ­culo, la vivienda podrÃ¡ destinarse a alquiler directamente o a travÃ©s de su cesiÃ³n, por cualquier tÃ­tulo, a las Comunidades AutÃ³nomas o a las Ciudades de Ceuta y Melilla, o bien a alguna agencia o sociedad pÃºblica de alquiler.
ArtÃ­culo 68. Subvenciones a la rehabilitaciÃ³n de edificios para uso propio.
1. La subvenciÃ³n a la rehabilitaciÃ³n de edificios solicitada por la comunidad de propietarios serÃ¡ lineal, con una cuantÃ­a mÃ¡xima del 10 por 100 del presupuesto protegido, a distribuir en funciÃ³n de los criterios que establezcan las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, con un lÃ­mite de 1.040 euros por vivienda, incluyendo los locales que participen en los costes de ejecuciÃ³n de la rehabilitaciÃ³n.
3. Adicionalmente, podrÃ¡n obtener una subvenciÃ³n complementaria a tÃ­tulo personal, aquellos titulares de las viviendas del edificio, promotores de la rehabilitaciÃ³n, cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples. La cuantÃ­a mÃ¡xima de la subvenciÃ³n serÃ¡ del 15 por 100 del presupuesto protegido, con un lÃ­mite de 1.500 euros con carÃ¡cter general, o de 2.500 euros, cuando dichos titulares tengan mÃ¡s de 65 aÃ±os o se trate de personas con discapacidad y las obras se destinen a la eliminaciÃ³n de barreras de todo tipo y a la promociÃ³n de la accesibilidad.
ArtÃ­culo 69. FinanciaciÃ³n especÃ­fica de la rehabilitaciÃ³n de edificios unifamiliares.
Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda que precisara de obras de rehabilitaciÃ³n, las ayudas financieras serÃ¡n las que correspondan a la actuaciÃ³n predominante, segÃºn dispongan las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla.
ArtÃ­culo 70. FinanciaciÃ³n especÃ­fica de la rehabilitaciÃ³n de edificios destinados a venta o alquiler.
1. El promotor de la rehabilitaciÃ³n de un edificio completo podrÃ¡ solicitar para la vivienda o viviendas que vayan a resultar tras la rehabilitaciÃ³n, su calificaciÃ³n o declaraciÃ³n como viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, para su venta o arrendamiento, siempre que dichas viviendas cumplan la normativa que les sea aplicable, asÃ­ como las condiciones establecidas en este Real Decreto, a cuyo sistema de ayudas financieras podrÃ¡n acogerse el promotor y los compradores.
2. Si el promotor no solicitara la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n a que se refiere el apartado anterior, podrÃ¡ optar por alguna de las siguientes alternativas:
a) Solicitar las ayudas financieras establecidas en este Real Decreto para la promociÃ³n de viviendas en arrendamiento, previa conformidad de las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando la totalidad de las viviendas resultantes de la rehabilitaciÃ³n vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las condiciones respecto a superficies, rentas mÃ¡ximas y vinculaciÃ³n temporal mÃ­nima al rÃ©gimen de arrendamiento.
b) Solicitar las ayudas financieras establecidas con carÃ¡cter general para la rehabilitaciÃ³n de edificios.
3. Se entenderÃ¡ que la totalidad de las viviendas van a ser destinadas a arrendamiento aunque el propietario del edificio tenga en el mismo su domicilio habitual.
CAPÃTULO VII
Programa de mejora de la calidad, la innovaciÃ³n y la sostenibilidad de la edificaciÃ³n
ArtÃ­culo 71. Ayudas a promotores para la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificaciÃ³n.
1. Los promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas, de nueva construcciÃ³n, podrÃ¡n obtener subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda cuando dichas viviendas incorporen mejoras en su calidad, por encima de los mÃ­nimos obligatorios, que contribuyan a mejorar el grado de sostenibilidad de la edificaciÃ³n. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerÃ¡ las subvenciones y los requisitos y condiciones para su obtenciÃ³n, cuando se aprueben tanto los instrumentos que permitan evaluar los niveles de calidad como el CÃ³digo TÃ©cnico de la EdificaciÃ³n, determinando aquellas medidas de aplicaciÃ³n obligatoria tendentes a garantizar mÃ­nimos de calidad y de sostenibilidad en la edificaciÃ³n. En cualquier caso, las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n cuya solicitud de calificaciÃ³n o declaraciÃ³n provisional sea posterior a la publicaciÃ³n de este Real Decreto, deberÃ¡n incluir los requisitos mÃ­nimos exigibles por lo que se refiere a incorporaciÃ³n de energÃ­a solar tÃ©rmica.
2. Los promotores de las actuaciones de rehabilitaciÃ³n aislada de edificios y viviendas, a que se refiere la secciÃ³n quinta del capÃ­tulo 5 de este Real Decreto, podrÃ¡n obtener las subvenciones allÃ­ establecidas por mejoras en eficiencia energÃ©tica, cuando se apruebe una Orden del titular del Ministerio de Vivienda, que determine las caracterÃ­sticas y requisitos para su obtenciÃ³n.
ArtÃ­culo 72. Impulso a experiencias innovadoras.
El Ministerio de Vivienda podrÃ¡ convenir con otras Administraciones PÃºblicas competentes y agentes, con cargo a las reservas a las que se refiere el artÃ­culo 83.3 de este Real Decreto, la financiaciÃ³n de la urbanizaciÃ³n y ejecuciÃ³n de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas.
CAPÃTULO VIII
Programa de vivienda para jÃ³venes
ArtÃ­culo 73. Vivienda joven en alquiler.
1. PodrÃ¡n acogerse a las ayudas financieras correspondientes a las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n de renta bÃ¡sica, aquellas viviendas declaradas protegidas en virtud de la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que sean de nueva construcciÃ³n, o procedentes de la rehabilitaciÃ³n de edificios, y destinadas a arrendamiento, especialmente para jÃ³venes, u otros colectivos, como personas mayores, inmigrantes y otros posibles ocupantes para los que las caracterÃ­sticas de estas viviendas resulten adecuadas.
En caso de que exista, serÃ¡ tambiÃ©n protegida la superficie Ãºtil correspondiente a servicios comunes, con un mÃ¡ximo del 20 por 100 de la superficie Ãºtil total de las viviendas; asÃ­ como una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo requieran las ordenanzas municipales. La superficie Ãºtil mÃ¡xima computable de la plaza de garaje, asÃ­ como el precio mÃ¡ximo legal de referencia, por metro cuadrado de superficie Ãºtil, serÃ¡n los mismos que los de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n de renta bÃ¡sica.
La superficie Ãºtil de estas viviendas estarÃ¡ comprendida entre 30 y 45 metros cuadrados, incluyendo, en su caso, la superficie destinada a servicios comunes.
2. Las subvenciones a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n para arrendar, establecidas en el artÃ­culo 39 de este Real Decreto, tendrÃ¡n las siguientes cuantÃ­as, si las viviendas reÃºnen las caracterÃ­sticas de las viviendas protegidas en alquiler a las que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo, incluyendo en dicha superficie Ãºtil mÃ¡xima la protegida correspondiente a servicios comunes:
CuantÃ­a subvenciÃ³n (â¬)
10 aÃ±os 10.200
25 aÃ±os 13.200
Las cuantÃ­as de las subvenciones se incrementarÃ¡n, cuando la vivienda estuviera situada en un Ã¡mbito territorial declarado de precio mÃ¡ximo superior, en las mismas cuantÃ­as, segÃºn el grupo, que las establecidas en el citado artÃ­culo 39.
3. La renta anual mÃ¡xima inicial serÃ¡ la misma que la de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n, de renta bÃ¡sica, a 10 o a 25 aÃ±os, segÃºn proceda.
Articulo 74. Subvenciones a los inquilinos jÃ³venes.
Los inquilinos jÃ³venes de hasta 35 aÃ±os de edad que soliciten las subvenciones establecidas en el artÃ­culo 15 de este Real Decreto, para facilitar el pago de su renta, se incluirÃ¡n entre los grupos preferentes a que dicho artÃ­culo hace referencia.
ArtÃ­culo 75. Ayudas a la compra de vivienda.
1. Las cuantÃ­as de las ayudas estatales directas a la entrada, establecidas en el artÃ­culo 25.2 de este Real Decreto, serÃ¡n las siguientes, cuando los solicitantes sean jÃ³venes que aporten la totalidad o la mayor parte de los ingresos familiares:
a) Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples: 10.000 euros.
b) Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5 veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples, pero no superan 3,5 veces el citado Indicador: 7.000 euros.
2. Si concurren en los jÃ³venes solicitantes alguna o varias de las circunstancias que se reseÃ±an en el artÃ­culo 25.4 de este Real Decreto, la cuantÃ­a de las ayudas a las que se refiere el apartado 1 anterior se incrementarÃ¡ en 1.000 euros.
3. En el supuesto de antiguos compradores, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de hasta 35 aÃ±os, cuyas viviendas no excedieran de 70 metros cuadrados Ãºtiles, que necesitan adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del nÃºmero de miembros de su unidad familiar, dichos compradores se asimilarÃ¡n a las familias numerosas a efectos de las excepciones favorables contempladas en los artÃ­culos 13.5.a); 17.3.a); y 18.2.b), de este Real Decreto.
ArtÃ­culo 76. Preferencia para el acceso a viviendas protegidas en propiedad.
Los jÃ³venes que habiten viviendas en alquiler, tanto las financiadas conforme al presente capÃ­tulo, como habiendo sido beneficiario de las subvenciones del capÃ­tulo II, a partir del quinto aÃ±o desde el inicio de la percepciÃ³n de las mismas, tendrÃ¡n preferencia para acceder a las viviendas protegidas en propiedad, de acuerdo con la normativa que establezcan las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla.
ArtÃ­culo 77. CofinanciaciÃ³n de viviendas de promociÃ³n pÃºblica en arrendamiento para jÃ³venes.
1. El Ministerio de Vivienda cofinanciarÃ¡, en los tÃ©rminos en que se acuerde en los convenios de colaboraciÃ³n que se suscriban con las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, para aplicaciÃ³n y desarrollo del Plan Estatal 2005-2008, o en convenios especÃ­ficos, el coste de promociÃ³n, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o declaradas protegidas de promociÃ³n pÃºblica, siempre que vayan a permanecer en rÃ©gimen de arrendamiento por un perÃ­odo mÃ­nimo de veinticinco aÃ±os y que la superficie Ãºtil mÃ¡xima de las viviendas no exceda de 70 metros cuadrados, o de 90 metros cuadrados cuando la unidad familiar conste de cuatro o mÃ¡s miembros, siempre que se destinen preferentemente a jÃ³venes o a experiencias de convivencia intergeneracional.
La cuantÃ­a mÃ¡xima de la cofinanciaciÃ³n estatal serÃ¡ del 40 por 100 del coste de la promociÃ³n, que, a estos efectos, no podrÃ¡ computarse por mÃ¡s de 1,10 veces el precio bÃ¡sico nacional vigente en el momento de iniciarse la promociÃ³n.
El abono de la aportaciÃ³n financiera estatal podrÃ¡ fraccionarse en anualidades, con un nÃºmero mÃ¡ximo de tres, y una entrega inicial de hasta el 30 por 100, al inicio de la obra, segÃºn acuerden ambas Administraciones.
2. Igualmente, en los mismos tÃ©rminos establecidos en el apartado anterior, el Ministerio de Vivienda podrÃ¡ cofinanciar, a travÃ©s de la firma de convenios especÃ­ficos con instituciones pÃºblicas y entidades sin Ã¡nimo de lucro con finalidad social, con la participaciÃ³n de la Comunidad AutÃ³noma interesada, el coste de promociÃ³n, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o declaradas protegidas de promociÃ³n pÃºblica, siempre que vayan a permanecer en rÃ©gimen de arrendamiento por un perÃ­odo mÃ­nimo de veinticinco aÃ±os y que la superficie Ãºtil mÃ¡xima de las viviendas no exceda de 70 metros cuadrados, destinadas a jÃ³venes en situaciones especÃ­ficas.
Relaciones con las Comunidades AutÃ³nomas y otras instituciones
ArtÃ­culo 78. Convenios de colaboraciÃ³n con Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
La aplicaciÃ³n y desarrollo del Plan Estatal 2005-2008, en cuanto a las relaciones con las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, se efectuarÃ¡ mediante los convenios de colaboraciÃ³n a los que se refiere el artÃ­culo 83.2 de este Real Decreto, que tendrÃ¡n validez para toda la duraciÃ³n del Plan. En dichos convenios de colaboraciÃ³n se recogerÃ¡n los siguientes aspectos:
a) Objetivos totales que las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla han convenido con el Ministerio de Vivienda, segÃºn la distribuciÃ³n territorial a que se refiere el apartado 4 del artÃ­culo 83, expresados en nÃºmero de actuaciones protegidas a financiar durante el perÃ­odo 2005-2008, con el desglose por modalidades de actuaciones previstas y por distribuciÃ³n estimada de las mismas por aÃ±os.
b) Mecanismos de seguimiento y control respecto al cumplimiento de los objetivos, incluyendo, en su caso, la eventual implantaciÃ³n de sistemas informÃ¡ticos que faciliten a las Administraciones implicadas una informaciÃ³n actualizada del cumplimiento del Plan.
c) La creaciÃ³n de Comisiones Bilaterales de Seguimiento, presididas, respectivamente, por el Titular del Ministerio de la Vivienda y el titular de la ConsejerÃ­a o Departamento responsable en materia de vivienda, por parte de las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
En el seno de dichas Comisiones Bilaterales de Seguimiento se acordarÃ¡ la financiaciÃ³n especÃ­fica de las Ã¡reas prioritarias de urbanizaciÃ³n de suelo y las Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n.
Excepcionalmente, podrÃ¡n acordarse reajustes de los objetivos convenidos, garantizando en todo caso el cumplimiento en su conjunto de los objetivos del Convenio y del Plan de Vivienda. Los reajustes de los objetivos sÃ³lo podrÃ¡n basarse en:
1. La sustituciÃ³n de unas cifras de objetivos por otras entre diferentes lÃ­neas de actuaciones protegidas, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen.
2. La utilizaciÃ³n, en su caso, de las reservas no territorializadas a las que se refiere el artÃ­culo 83.3 de este Real Decreto.
3. La aplicaciÃ³n de otros procedimientos para estimular el grado de eficiencia del Plan, que se especifiquen en los convenios de colaboraciÃ³n que se suscriban entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, incluyendo la posibilidad de que los objetivos convenidos para cada programa anual del Plan tengan validez Ãºnicamente hasta cierto momento del aÃ±o, pasando a estar a disposiciÃ³n de cualquiera de las citadas Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades a partir de ese momento.
En cualquier caso, estos reajustes de objetivos no podrÃ¡n dar lugar a volÃºmenes de gastos estatales o de recursos financieros que excedan de los mÃ¡ximos a los que se refiere el artÃ­culo 83.1.
TambiÃ©n podrÃ¡ acordarse, en su caso, en dichas Comisiones Bilaterales de Seguimiento, el acceso a los fondos no territorializados inicialmente, a los que se refiere el artÃ­culo 83.3 de este Real Decreto, asÃ­ como excepcionalmente la autorizaciÃ³n para descalificar una vivienda protegida, antes del perÃ­odo previsto en el artÃ­culo 5.1, en Ã¡mbitos territoriales concretos y previa justificaciÃ³n basada en la existencia de un parque de viviendas protegidas suficiente.
d) Compromisos presupuestarios a asumir, en su caso, por parte de cada AdministraciÃ³n, incluyendo la posibilidad, a propuesta de las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, de modificar los costes presupuestarios de las ayudas econÃ³micas directas o, incluso, de que alguna de las modalidades de vivienda protegida acogidas a este Real Decreto no conlleve, en todo o en parte, las ayudas econÃ³micas estatales directas establecidas con carÃ¡cter general, por haberlas sustituido de otro modo la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, circunstancia que deberÃ¡ figurar en la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n provisional.
e) Compromisos en materia de gestiÃ³n del Plan, expresando los instrumentos y medidas a adoptar por parte de cada AdministraciÃ³n para su correcta ejecuciÃ³n, dentro de la estrategia general de las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, y las subvenciones que correspondan a la creaciÃ³n y mantenimiento de ventanillas Ãºnicas de vivienda para informaciÃ³n y gestiÃ³n de las actuaciones protegidas, asÃ­ como para prevenciÃ³n del fraude en esta materia.
f) Protocolos de informaciÃ³n y comunicaciÃ³n a los ciudadanos sobre la participaciÃ³n de las Administraciones en la financiaciÃ³n de las actuaciones protegidas del Plan 2005-2008.
g) El suministro de la informaciÃ³n sobre el Plan de Vivienda para su incorporaciÃ³n al Registro de viviendas protegidas al que se refiere la disposiciÃ³n adicional sexta de este Real Decreto.
ArtÃ­culo 79. Convenios de colaboraciÃ³n con entidades de crÃ©dito.
1. El Ministerio de Vivienda podrÃ¡ establecer convenios de colaboraciÃ³n, con validez para toda la duraciÃ³n del Plan Estatal 2005-2008, o con otra periodicidad inferior, con las entidades de crÃ©dito pÃºblicas y privadas, seleccionadas segÃºn los criterios establecidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al objeto de garantizar la disponibilidad del volumen de prÃ©stamos convenidos y de las cuantÃ­as necesarias para la ayuda estatal directa a la entrada, requeridos para la financiaciÃ³n de las actuaciones protegidas, dentro del volumen mÃ¡ximo a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 83, asÃ­ como a fin de subsidiar la totalidad o parte de aquÃ©llos, segÃºn corresponda, y de reintegrar las cuantÃ­as de la ayuda estatal directa a la entrada abonadas por aquellas entidades, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, en la forma establecida en este Real Decreto.
2. El titular del Ministerio de Vivienda podrÃ¡, en virtud de lo establecido en el artÃ­culo 83.1.b), de este Real Decreto, determinar anualmente, o con otra periodicidad, la distribuciÃ³n cuantitativa de los volÃºmenes mÃ¡ximos de prÃ©stamos a conceder por las entidades de crÃ©dito, en el marco de los convenios de colaboraciÃ³n con las mismas, segÃºn las necesidades de prÃ©stamos convenidos en cada Comunidad AutÃ³noma y Ciudades de Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta las actuaciones y las modalidades de estas Ãºltimas convenidas con cada una de dichas Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades.
3. El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas en el convenio por parte de una entidad de crÃ©dito habilitarÃ¡ al Ministerio de Vivienda para modificar o resolver dicho convenio.
Articulo 80. Ventanillas Ãnicas de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda podrÃ¡ conceder a las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, subvenciones para la implantaciÃ³n y mantenimiento de Ventanillas Ãnicas de Vivienda para la informaciÃ³n y apoyo a la gestiÃ³n de actuaciones protegidas, asÃ­ como para la prevenciÃ³n del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constituciÃ³n, mejora y mantenimiento de registros pÃºblicos de demandantes. Las cuantÃ­as de las subvenciones se incluirÃ¡n en los respectivos convenios de colaboraciÃ³n previstos en el artÃ­culo 78 de este Real Decreto.
ArtÃ­culo 81. Consejo del Plan de Vivienda.
Con objeto de garantizar la participaciÃ³n social durante la vigencia del Plan 2005-2008, se crea el Consejo del Plan de Vivienda, presidido por el Titular del Ministerio de Vivienda, en el que participarÃ¡n representantes de las Administraciones PÃºblicas y de los principales agentes econÃ³micos y sociales relacionados con dicho Plan y el Consejo de Consumidores y Usuarios. Se establecerÃ¡ la composiciÃ³n y normas de funcionamiento de dicho Consejo mediante Orden Ministerial.
ArtÃ­culo 82. ComisiÃ³n Multilateral de Seguimiento del Plan.
AdemÃ¡s de la convocatoria y celebraciÃ³n de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, que se regirÃ¡ por sus propias normas, y de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento a que se refiere el artÃ­culo 78.c), se convocarÃ¡n comisiones multilaterales de seguimiento del mencionado Plan, que podrÃ¡n ser presididas por el Secretario General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, o, por su delegaciÃ³n, por el Director General de Arquitectura y PolÃ­tica de Vivienda, con asistencia de los Directores Generales responsables de la gestiÃ³n de los planes de vivienda de cada una de las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla que suscriban convenio para el Plan Estatal 2005-2008 con el citado Ministerio.
CAPÃTULO X
EjecuciÃ³n y evaluaciÃ³n econÃ³mica del Plan Estatal 2005-2008
ArtÃ­culo 83. Recursos financieros.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, autorizarÃ¡ las cuantÃ­as mÃ¡ximas de los siguientes recursos financieros:
a) El gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las ayudas econÃ³micas estatales directas, esto es, los subsidios de prÃ©stamos, las subvenciones y las ayudas estatales directas a la entrada, vinculadas a las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, financiables durante el Plan Estatal 2005-2008, en conjunto y por anualidades.
b) El volumen mÃ¡ximo de recursos a convenir por el Ministerio de Vivienda con entidades financieras para la concesiÃ³n de prÃ©stamos convenidos por parte de las mismas para financiar las actuaciones protegidas del Plan en su conjunto.
2. Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, autorizarÃ¡ la firma, para el conjunto del Plan, de convenios de colaboraciÃ³n entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla asÃ­ como de convenios de colaboraciÃ³n con entidades financieras de crÃ©dito para ejecutar y desarrollar los convenios de colaboraciÃ³n con dichas Comunidades AutÃ³nomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
3. El titular del Ministerio de Vivienda, dentro de los lÃ­mites de los recursos financieros previstos de conformidad con los apartados anteriores, podrÃ¡ establecer una serie de reservas de recursos no territorializados inicialmente, para cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecuciÃ³n del presupuesto, de conformidad con el artÃ­culo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4. El titular del Ministerio de Vivienda, asimismo, analizadas las propuestas de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, fijarÃ¡ la distribuciÃ³n inicial de los restantes recursos mediante los convenios de colaboraciÃ³n con aquÃ©llas, a partir de indicadores objetivos al efecto, y con entidades financieras, a los que se refieren los artÃ­culos 78 y 79 de este Real Decreto, segÃºn las modalidades de actuaciones protegidas, los programas anuales de actuaciÃ³n y, en su caso, las entidades financieras.
El gasto mÃ¡ximo aprobado, derivado de los convenios de colaboraciÃ³n con las Administraciones territoriales y con las entidades financieras, podrÃ¡ modificarse en mÃ¡s o en menos, por el titular del Ministerio de Vivienda, dentro de los lÃ­mites a que se hace referencia en el apartado 1.a) de este artÃ­culo y de conformidad con los procedimientos previstos en los correspondientes convenios.
5. En cualquier caso, las cuantÃ­as mÃ¡ximas de las ayudas estatales financieras directas vinculadas al Plan estatal 2005-2008 se atendrÃ¡n a los lÃ­mites presupuestarios que imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada aÃ±o.
6. Una vez formalizados los convenios de colaboraciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, asÃ­ como con las entidades financieras, el Ministerio de Vivienda elevarÃ¡ a la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos una memoria en la que se especifiquen los compromisos presupuestarios que se derivan de los mismos y su congruencia con los crÃ©ditos disponibles y la polÃ­tica presupuestaria general.
DisposiciÃ³n adicional primera. CuantÃ­a del Precio BÃ¡sico Nacional.
1. La cuantÃ­a del precio bÃ¡sico nacional, a que se refiere el artÃ­culo 2.11 de este Real Decreto, se fija en 695,19 euros por metro cuadrado de superficie Ãºtil.
2. A efectos, Ãºnicamente, de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias, y debido a su condiciÃ³n de insularidad ultraperifÃ©rica en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, la cuantÃ­a aplicable de precio bÃ¡sico serÃ¡, en el marco del Plan Estatal 2005-2008, un 10 por 100 superior a la del Precio BÃ¡sico Nacional. La cuantÃ­a de la ayuda estatal directa a la entrada establecida en el artÃ­culo 25 de este Real Decreto, que obtengan los solicitantes de actuaciones declaradas como protegidas en el Ã¡mbito de esta Comunidad AutÃ³noma, cuando se apliquen los coeficientes mÃ¡ximos, a efectos de precio de venta, a que se refiere el artÃ­culo 19.1.a) y b), se incrementarÃ¡ en 200 euros adicionales, salvo que dichas actuaciones protegidas se encuentren ubicadas en un Ã¡mbito territorial de precio mÃ¡ximo superior, en cuyo caso se aplicarÃ¡ Ãºnicamente el incremento general establecido en el artÃ­culo 25.5.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, podrÃ¡ acordar un aumento del precio bÃ¡sico aplicable a la Comunidad AutÃ³noma de Illes Balears y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuya condiciÃ³n de extrapeninsularidad pudiera dar lugar a unos costes de construcciÃ³n significativamente superiores a los del resto del territorio nacional.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Subvenciones a la vivienda de protecciÃ³n oficial de promociÃ³n pÃºblica.
El Ministerio de Vivienda continuarÃ¡ satisfaciendo, con cargo a sus presupuestos, una subvenciÃ³n personal y especial a los compradores en primera transmisiÃ³n de viviendas de protecciÃ³n oficial de promociÃ³n pÃºblica, vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, asÃ­ como en las normas de las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total a efectuar por la vivienda. El importe de la subvenciÃ³n coincidirÃ¡ con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido que grave la transmisiÃ³n de estas viviendas, o, en el caso de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias y de las de Ciudades de Ceuta y Melilla, el tipo impositivo de los Impuestos que se aplican en lugar de aquÃ©l.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Aranceles notariales y registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas protegidas.
1. Los honorarios de Notarios y Registradores de la Propiedad relativos a todos los actos o negocios jurÃ­dicos necesarios para que las viviendas de protecciÃ³n oficial o declaradas protegidas queden disponibles para su primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n, asÃ­ como los relativos a los prÃ©stamos hipotecarios correspondientes a dichas viviendas, que hayan obtenido el carÃ¡cter de convenidos en el Ã¡mbito de este Real Decreto, tendrÃ¡n la reducciÃ³n establecida en el artÃ­culo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio, modificado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio.
La primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n, asÃ­ como, en su caso, la subrogaciÃ³n en el prÃ©stamo hipotecario cualificado, de cada una de dichas viviendas, gozarÃ¡ de la mencionada reducciÃ³n de los derechos de matriz, primera copia e inscripciÃ³n; y, tratÃ¡ndose de viviendas cuya superficie Ãºtil no exceda de 90 metros cuadrados, tendrÃ¡n los derechos arancelarios que se indican en los apartados 2 y 3.
2. Los derechos arancelarios de los Notarios aplicables a la primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n de dichas viviendas serÃ¡n, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n de la vivienda: 60,047119 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos, la cantidad seÃ±alada se incrementarÃ¡, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 9,015182 y 6,010121 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantÃ­a real en el mismo acto de la primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n para asegurar el precio aplazado, la cantidad seÃ±alada se incrementarÃ¡, por todos los conceptos, en el siguiente importe: 30,020555 euros.
3. Los derechos arancelarios de los Registradores aplicables a la primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n de las referidas viviendas serÃ¡n, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n: 24,016444 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos, la cantidad seÃ±alada se incrementarÃ¡, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 6,010121 y 3,005061 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantÃ­a real, la cantidad seÃ±alada se incrementarÃ¡, por todos los conceptos, en el siguiente importe: 12,008222 euros.
4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes a la primera transmisiÃ³n o adjudicaciÃ³n, asÃ­ como, en su caso, a la subrogaciÃ³n en el prÃ©stamo hipotecario cualificado, se precisarÃ¡ que sea la Ãºnica vivienda del comprador y se destine a su residencia habitual y permanente.
5. Los beneficios a que se refiere esta disposiciÃ³n adicional se entienden sin perjuicio de los que fueran mÃ¡s favorables, en funciÃ³n de la legislaciÃ³n a cuyo tenor se obtuvo la calificaciÃ³n de las viviendas.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Subvenciones de planes estatales de vivienda.
A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del ar-tÃ­culo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se entenderÃ¡ que tienen el mismo destino especÃ­fico todos los fondos para subvenciones vinculadas a planes estatales de vivienda, remitidos a las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y que se encuentren en poder de las mismas.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Plan de Dotaciones BÃ¡sicas para Ceuta y Melilla.
Los convenios de colaboraciÃ³n con las Ciudades de Ceuta y Melilla, en desarrollo del Plan de Dotaciones BÃ¡sicas para dichas Ciudades, se regirÃ¡n segÃºn sus propias clÃ¡usulas, con independencia de lo establecido en los ar-tÃ­culos 40 y 77 de este Real Decreto.
DisposiciÃ³n adicional sexta. Registro de Viviendas Protegidas.
El titular del Ministerio de Vivienda, mediante Orden, establecerÃ¡ un Registro de Viviendas Protegidas acogidas a este Plan, en el que se incluirÃ¡n, al menos, los promotores de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n y los beneficiarios de las ayudas econÃ³micas directas estatales.
DisposiciÃ³n transitoria primera. InclusiÃ³n en el Plan de determinadas actuaciones protegidas.
1. En tanto no se publique en el BoletÃ­n Oficial del Estado el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determine, por primera vez para el Plan 2005-2008, el tipo de interÃ©s efectivo anual de los prÃ©stamos convenidos con entidades de crÃ©dito, se podrÃ¡n seguir realizando las siguientes actuaciones:
a) Calificar provisionalmente o visar actuaciones protegidas segÃºn el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiaciÃ³n de actuaciones protegidas del Plan 2002-2005 para Vivienda y Suelo.
b) Conceder prÃ©stamos cualificados a promotores, o a compradores y adjudicatarios, si se trata en estos dos Ãºltimos casos de prÃ©stamos directos, asÃ­ como solicitar las ayudas econÃ³micas directas condicionadas a la previa obtenciÃ³n de dichos prÃ©stamos, segÃºn el citado Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, prÃ©stamos y ayudas que podrÃ¡n ser reconocidas, en su caso. El plazo mÃ¡ximo para solicitar dichas ayudas, siempre que los correspondientes prÃ©stamos hayan obtenido la conformidad del Ministerio de Vivienda, finalizarÃ¡ el 31 de diciembre del aÃ±o 2008.
c) Admitir solicitudes de subvenciones no condicionadas a la previa obtenciÃ³n de prÃ©stamo cualificado, para su posterior reconocimiento, en su caso.
Las cifras de ayudas econÃ³micas reconocidas no podrÃ¡n exceder a las cifras mÃ¡ximas de objetivos acordados para el programa anual 2004 del Plan de Vivienda 2002-2005 y, si fuera necesario, a las del programa anual, no iniciado y convenido, de 2005.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo establecido en esta disposiciÃ³n transitoria, se computarÃ¡n en el marco de los convenios establecidos en el artÃ­culo 78, como parte de los objetivos acordados entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual correspondiente, dentro del citado Plan Estatal 2005-2008.
2. La declaraciÃ³n de Ã¡mbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior, a que se refiere el artÃ­culo 6.4 de este Real Decreto, deberÃ¡ efectuarse para el aÃ±o 2005, en el plazo mÃ¡ximo de tres meses, desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto. Hasta esa fecha, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de Ã¡mbitos territoriales de precio mÃ¡ximo superior los municipios singulares declarados en el marco del Plan de Vivienda 2002-2005, adaptÃ¡ndose a las nuevas caracterÃ­sticas y precios mÃ¡ximos establecidos en este Real Decreto. A estos efectos, los municipios singulares del Grupo 0 se considerarÃ¡n integrados en el Grupo A.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. InclusiÃ³n en el Plan de actuaciones calificadas a las que no se haya concedido prÃ©stamo convenido.
Las actuaciones calificadas o declaradas provisionalmente protegidas, que no hubieran obtenido prÃ©stamo convenido con anterioridad a la fecha en que se publique en el BoletÃ­n Oficial del Estado el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determine, por primera vez para el Plan Estatal 2005-2008, el tipo de interÃ©s efectivo anual de los prÃ©stamos convenidos con entidades de crÃ©dito, podrÃ¡n acogerse a su normativa siempre que sus caracterÃ­sticas se adecuen a las establecidas en el mismo, mediante la oportuna diligencia, en su caso, por parte de la Comunidad AutÃ³noma o las Ciudades de Ceuta y Melilla. En dicha diligencia se expresarÃ¡n tanto las modalidades y cuantÃ­as de ayudas financieras a las que se reconozca el derecho en cada caso como la conversiÃ³n de los ingresos alegados, cuando ello proceda, a nÃºmero de veces el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples del aÃ±o al que se refieren dichos ingresos.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo dispuesto en la presente disposiciÃ³n transitoria, se computarÃ¡n como parte de los objetivos acordados entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad AutÃ³noma correspondiente o las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual en el que obtengan prÃ©stamo cualificado, dentro del citado Plan estatal 2005-2008.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. AdquisiciÃ³n protegida, a precio tasado, de viviendas promovidas en suelos financiados en el marco de planes anteriores.
1. Los compradores o adjudicatarios de viviendas libres de nueva construcciÃ³n destinadas a su venta a precio tasado, promovidas sobre suelo que haya obtenido financiaciÃ³n cualificada al amparo de los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995, de 28 de diciembre, podrÃ¡n acogerse al sistema de financiaciÃ³n cualificada establecido en el capÃ­tulo 3, secciÃ³n 2.Âª de este Real Decreto, siempre que aquÃ©llos, asÃ­ como las viviendas, cumplan las condiciones y caracterÃ­sticas estable-cidas en el mismo, sin que en este Ãºltimo caso sea de aplicaciÃ³n el plazo de dos aÃ±os a que se refiere el artÃ­culo 27.2.c) de este Real Decreto.
2. Las viviendas a las que se refiere el apartado 1 de esta disposiciÃ³n transitoria se computarÃ¡n, una vez obtengan prÃ©stamo cualificado, en el cupo anual de objetivos acordados entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla para el Plan de Vivienda 2005-2008 referido a las actuaciones protegidas reguladas en el capÃ­tulo III, secciÃ³n 2.Âª de este Real Decreto.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta. Ayudas financieras para actuaciones derivadas de planes y programas anteriores.
1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, y sin perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones transitorias, el Ministerio de Vivienda no darÃ¡ conformidad a concesiones de prÃ©stamos convenidos, ni admitirÃ¡ ninguna propuesta o reconocimiento de nuevos derechos a ayudas econÃ³micas directas, en base a la normativa de planes y programas anteriores de vivienda, salvo lo determinado respecto a plazos temporales concretos en la normativa reguladora de dichos planes y programas.
2. Todos los prÃ©stamos directos que se concedan, entre la fecha de publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» del Acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria primera y el 31 de diciembre del aÃ±o 2008, a compradores o adjudicatarios de viviendas de protecciÃ³n oficial acogidas para su promociÃ³n a normativas anteriores de financiaciÃ³n estatal, se ajustarÃ¡n en su concesiÃ³n y beneficios a lo establecido en este Real Decreto.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. LÃ­mites temporales a la concesiÃ³n de ayudas financieras.
1. No podrÃ¡n concederse prÃ©stamos convenidos a promotores, o a compradores y adjudicatarios, si se trata en estos dos Ãºltimos casos de prÃ©stamos directos, al amparo de este Real Decreto con posterioridad al 31 de diciembre del aÃ±o 2008.
2. Las ayudas econÃ³micas directas condicionadas a la previa obtenciÃ³n de prÃ©stamo convenido, sÃ³lo podrÃ¡n reconocerse respecto de las actuaciones protegidas reguladas en este Real Decreto que hubieran obtenido prÃ©stamo convenido hasta el 31 de diciembre del aÃ±o 2008, siempre que el Ministerio de Vivienda preste su conformidad al mismo. El plazo mÃ¡ximo para solicitar dichas ayudas econÃ³micas directas finalizarÃ¡ el 31 de diciembre del aÃ±o 2012, y podrÃ¡n ser reconocidas, en su caso, siempre que se refieran a actuaciones que no excedan de la cifra mÃ¡xima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan Estatal 2005-2008.
3. Las subvenciones no condicionadas a la previa obtenciÃ³n de prÃ©stamo cualificado, podrÃ¡n reconocerse, en su caso, si hubieran sido solicitadas hasta el 31 de diciembre del aÃ±o 2008, siempre que el nÃºmero de subvenciones reconocidas no exceda de la cifra mÃ¡xima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan Estatal 2002-2008.
4. En el caso de las viviendas protegidas de nueva construcciÃ³n promovidas sobre suelos cuya financiaciÃ³n haya sido calificada como actuaciÃ³n protegida al amparo de la normativa del Plan Estatal 2005-2008, deberÃ¡n ser, necesariamente, incluidas por las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante la correspondiente reserva y con prioridad a otras actuaciones protegidas, entre los objetivos susceptibles de ayudas directas estatales, en su caso, que correspondan a las Comunidades AutÃ³nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla en el aÃ±o en que, segÃºn la memoria tÃ©cnico-financiera, estÃ© prevista la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n definitiva de las viviendas como protegidas.
Las cuantÃ­as y condiciones de los prÃ©stamos convenidos para la financiaciÃ³n de estas viviendas, asÃ­ como las ayudas estatales directas que, en su caso, correspondan, se regirÃ¡n por la normativa del Plan regulado por este Real Decreto.
DisposiciÃ³n transitoria sexta. AmpliaciÃ³n del perÃ­odo de carencia.
La ampliaciÃ³n hasta cuatro aÃ±os del perÃ­odo de carencia en prÃ©stamos a promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas, de nueva construcciÃ³n, a que se refiere este Real Decreto, serÃ¡ aplicable, en las condiciones establecidas, a aquellas viviendas que hayan obtenido prÃ©stamos convenidos en el Ã¡mbito de planes estatales de vivienda anteriores, y cuyos promotores soliciten dicha ampliaciÃ³n, en las condiciones establecidas en este Real Decreto, en los seis meses siguientes a la publicaciÃ³n del mismo en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
DisposiciÃ³n transitoria sÃ©ptima. Ãreas de rehabilitaciÃ³n de centros histÃ³ricos acogidas al Plan de Vivienda 2002-2005.
El Ministerio de Vivienda no admitirÃ¡ las eventuales propuestas de prÃ³rroga de las anualidades convenidas de financiaciÃ³n con cargo al Plan de Vivienda 2002-2005, para aquellas Ã¡reas de rehabilitaciÃ³n que incluyan centros histÃ³ricos, si en los dos aÃ±os siguientes a la fecha de publicaciÃ³n de este Real Decreto en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» no se hubiera aprobado el plan especial de protecciÃ³n, conservaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 51 de este Real Decreto y siempre que se acuerde por las Comisiones Bilaterales.
DisposiciÃ³n transitoria octava. Registros pÃºblicos de demandantes.
Los registros pÃºblicos de demandantes a los que se refiere este Real Decreto o los procedimientos anÃ¡logos de los que se darÃ¡ cuenta a las Comisiones Bilaterales de Seguimiento, deberÃ¡n haberse puesto en funcionamiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. Hasta ese momento, la venta y adjudicaciÃ³n de las viviendas en primera y posteriores transmisiones se regularÃ¡ por lo que disponga la normativa propia de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarÃ¡n derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de este Real Decreto, y de los efectos de las situaciones creadas al amparo de las mismas:
a) El Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiaciÃ³n de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.
b) El Real Decreto 1042/2003, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiaciÃ³n de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean los municipios singulares del grupo O a efectos de la adquisiciÃ³n protegida de viviendas.
c) El Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiaciÃ³n de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 y se crean nuevas lÃ­neas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
El presente Real Decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.13 de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinaciÃ³n de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica.
Se faculta a los Titulares de los Ministerios de Vivienda, de EconomÃ­a y Hacienda y de Justicia, para dictar, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones se precisen para el desarrollo y ejecuciÃ³n de este Real Decreto.
MARÃA ANTONIA TRUJILLO RINCÃN

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