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Timestamp: 2019-04-19 02:30:58+00:00

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Acuerdo y Sentencia 156/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 156/19
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA CARNICAS VILLACUENCA S.A. C/ PROCESO ARBITRAL CARATULADO YVU POTY S.A. C/ PABENSA S.A. Y CARNICAS VILLACUENCA S.A. S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO". AÑO: 2017 - N° 130.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, MIRYAM PEÑA CANDIA y JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, quien integra esta Sala por inhibición del Doctor ANTONIO FRETES, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA CARNICAS VILLACUENCA S.A. C/ PROCESO ARBITRAL CARATULADO YVU POTY S.A. C/ PABENSA S.A. Y CARNICAS VILLACUENCA S.A. S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Sebastián Quesada, en nombre y representación de la firma Yvu Poty S.A., bajo patrocinio del abogado Horacio A. Peroni.
A la cuestión planteada la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Se presenta ante esta Corte el Abg. Sebastián Quesada, en nombre y representación de la firma Yvu Poty S.A., y bajo patrocinio del Abg. Horacio A. Peroni, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 111 de fecha 29 de diciembre de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, en los autos: “RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA CARNICAS VILLACUENCA S.A. C/ PROCESO ARBITRAL CARATULADO YVU POTY S.A. C/ PABENSA S.A. Y CARNICAS VILLACUENCA S.A. S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, por considerar que se trata de un fallo arbitrario.
Sostiene que el Tribunal dictó un fallo contra legem, soslayando lo dispuesto por la ley especial aplicable al caso, específicamente, el Art. 40 de la Ley N° 1879/2002 "De Arbitraje y Mediación". Refiere que se han extralimitado en el ejercicio de las facultades legales que le acuerda dicha norma, al declarar arbitrariamente la nulidad de los laudos arbitrales, apartándose de las causales taxativamente previstas en la ley como causales de nulidad de un laudo arbitral. Indica que han fallado con un rigorismo procesal no aplicable en sede arbitral, analizando cuestiones de fondo y forma que ni siquiera fueron materia de agravios, y que en cambio no argumentó sobre ninguna de las cuestiones taxativamente previstas en la ley especial. Agrega que sería además incoherente, puesto que si bien hace referencia al proceso, pasa a analizar el fondo de la cuestión y la justicia del fallo, denotando supuestos errores in iudicando del Tribunal Arbitral, sin tener las facultades legales y jurisdiccionales para hacerlo.
A su turno, se presentó el Abg. Alberto Mendoza Cuevas, en nombre y representación de las firmas Carnicas Villacuencas S.A. y Pabensa S.A. a contestar el traslado, solicitando el rechazo de la acción por su improcedencia, al considerar que el fallo si se halla fundado en la ley especial.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado aconsejó se haga lugar a la presente acción, por considerar que el fallo impugnado efectivamente deviene arbitrario, por haberse apartado de las causales de nulidad taxativamente previstas en el Art. 40 de la Ley N° 1879/2002.
Por la resolución objeto de impugnación, el Tribunal de Alzada -en mayoría- había resuelto: "Declarar la nulidad del Lauda Arbitral N° 01/2016 de fecha 05 de julio de 2016 y en consecuencia, también la de su rectificatorio N° 02 del 14 de julio del 2016 y su aclaratorio N° 05 del 20 de julio del 2016, dictados por el Tribunal Arbitral Ad Hoc, imponiendo las costas en esta instancia en el orden causado". El pronunciamiento fue emitido con motivo del recurso de nulidad interpuesto por la firma Cárnicas Villacuenca S.A., contra el laudo dictado en el marco del proceso arbitral caratulado: "YVU POTY S.A. C/ PABENSA S.A. Y CARNICAS VILLACUENCA S.A. S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO", que había resuelto hacer lugar a la demanda de rescisión de contrato promovida por la firma Yvú Poty S.A. condenando a la parte demandada al pago de la suma de U$. 386.926,33, en concepto de daños e intereses, así como la restitución de los bienes objeto del contrato rescindido a la actora.
Entre otros argumentos, sostuvieron que si bien los cuestionamientos de la parte recurrente versaban más bien sobre el fondo de la cuestión, centrándose en la labor interpretativa de los árbitros; no obstante, en mayoría concluyeron en que correspondía declarar la nulidad del laudo, con base en la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de controlar a posteriori la actuación de los árbitros, respecto a la regularidad procesal de la causa, esto es, en cuanto a la vigencia de los derechos y garantías procesales de las partes.
Prosiguió diciendo que el fallo adolecía del vicio de incongruencia por citrapetición, al entender que el Tribunal Arbitral no se había pronunciado específicamente respecto a Pabensa S.A. -firma demandada en forma subsidiaria-; asimismo, por haber omitido tratar y resolver sobre el pedido de compensación, pago de renta de los inmuebles y monto de la indemnización. Agregó que si bien se acogía la pretensión de la parte actora en concepto de lucro cesante; sin embargo, solo se hace referencia a intereses. Por último, indicó otras inexactitudes en el laudo, como ser la afirmación acerca de la inexistencia de la cláusula penal.
Entrando al análisis de la presente acción de inconstitucionalidad, haciendo un cotejo con las constancias de autos, los términos de la impugnación y la fundamentación desplegada por el Tribunal de Alzada, se puede notar que los argumentos esgrimidos por la firma accionante cuentan con un sustento jurídico y lógico que permiten considerar la causal de arbitrariedad para descalificar el fallo impugnado. Ello, en razón de haberse violado el deber constitucional y legal que tienen los magistrados de fundar y motivar suficiente y eficientemente sus decisiones en la Constitución y en la ley, habiéndose apartado de la normativa especial aplicable al caso, extralimitándose en el ejercicio de su potestad revisora, lo cual traduce una afrenta al mandato inserto en el Art. 256 de nuestra Carta Magna.
Habiendo adelantado mi opinión sobre la cuestión sometida a estudio, creo oportuno señalar que si bien en reiterados fallos esta Corte ha sostenido que esta vía excepcional no constituye una tercera instancia para la revisión de las cuestiones de fondo y forma que fueron debatidas y resuellas en las instancias ordinarias; si se halla habilitada para supuestos en que se advierta una ostensible conculcación de derechos, principios o garantías constitucionales en las decisiones emanadas de los juzgadores, siendo justamente esta la circunstancia que se aprecia en el caso de autos.
En efecto, el quid de la cuestión radica en determinar si el fallo cuestionado se enmarca o no en el régimen legal específico aplicable en materia de impugnación de laudos arbitrales; más específicamente, si los motivos esgrimidos por el Tribunal para justificar su decisión, se incursan en alguna de las hipótesis taxativamente previstas como causales de anulación en el Art. 40 de la Ley N° 1879/2002.
Es sabido que en materia de arbitraje rige el principio de autonomía, así como el de irrecurribilidad y definitividad del laudo arbitral, de manera a evitar intromisiones innecesarias e injustificadas da la justicia ordinaria, que conspiren contra su eficacia como método alternativo de resolución de conflictos. En consonancia con estos principios, es que la ley especial prevé un marco acotado de posibilidad de revisión de laudos arbitrales que se circunscribe únicamente a la declaración de nulidad, pero sólo en caso de concurrir las causales estrictamente enumeradas en la ley.
De más está resaltar el carácter estricto que rige en materia de nulidades, y máxime cuando la ley especial de Arbitraje y Mediación contempla una enumeración exhaustiva de hipótesis - números clausus fuera de las cuales el órgano jurisdiccional competente -Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial- debe abstenerse de incursionar, so pena de extralimitarse en el ejercicio de la potestad revisora que le acuerda la ley. En este sentido, le está vedado juzgar el criterio jurídico, o de interpretación y apreciación del material fáctico y jurídico, en cuanto hacen a la cuestión de fondo. En suma, el control a posteriori permitido se circunscribe a un control formal de la regularidad del procedimiento y del objeto de arbitraje, así como su adecuación al compromiso arbitral y leyes imperativas, de manera que el laudo no aparezca contrario al orden público interno o internacional. Es así que de conformidad con el Art. 40 de la Ley N° 1879/2002, la parte recurrente deberá alegar y probar: 1- la incapacidad de alguna de las partes del acuerdo; 2- la invalidez del acuerdo, con base en la ley a la que las partes lo han sometido, o en virtud de la legislación paraguaya; 3- la falta de notificación de la designación de un árbitro o de las actuaciones, o cualquier otra circunstancia que impida a las parles hacer valer sus derechos; 4- Que el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contenga decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje; 5- la falta de adecuación del procedimiento arbitral, o de la composición del tribunal con el acuerdo arbitral, o a falta de acuerdo, con la ley especial paraguaya. Por su parte, también procederá la nulidad cuando el tribunal compruebe que según la ley paraguaya, el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público interno o internacional.
Analizando los agravios esgrimidos por la parte impugnante ante el Tribunal de Apelaciones, la misma fundó su recurso de nulidad en discrepancias en tomo a la interpretación de los hechos y la valoración probatoria, así como en la aplicación del derecho. Por su parte, si bien el Tribunal advierte que los agravios versan sobre errores in indicando que hacen a) fondo de la cuestión, se aboca a un análisis oficioso por comprometer el recurso de nulidad cuestiones de orden público. En este sentido, señala que existen vicios procesales como ser la incongruencia por citrapetición, al entender que no hubo un pronunciamiento expreso respecto a la demandada en forma subsidiaria, la firma Pabensa S.A.; asimismo, hace referencia a otras inexactitudes, como ser la afirmación falsa de inexistencia de cláusula penal, lo cual no fue entendido de esta forma por el Tribunal Arbitral.
Pues bien, lo cierto es que lo argumentado por el tribunal para justificar su decisión no se incursa en ninguna de las hipótesis previstas en el Art 40 de la Ley N° 1879/2002, que autorizan la declaración de nulidad a pedido de la parte recurrente, ni en caso de constatación oficiosa por parte del tribunal. Al respecto, el in fine del citado artículo era claro al prescribir: "Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando. (...) b) El tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público internacional o del Estado paraguayo... ".
En este sentido, la citrapetición a la que alude el tribunal en relación a uno de los sujetos procesales, en este caso Pabensa S.A., no se puede considerar tal, en cuanto en la parte resolutiva consta que las pretensiones fueron acogidas en contra de la "parte demandada", que a criterio del Tribunal estaba integrada tanto por la firma Cárnicas Villacuencas S.A. como Pabensa S.A. En efecto, en la parte analítica expresamente argumentó que si bien había sido demandada subsidiariamente, con arreglo al Art. 538 del C.C., debía entenderse que "...Pabensa S.A. está originalmente obligada a cumplir el contrato y a sufrir las consecuencias de esta rescisión, al igual que Cárnicas Villacuencas SA Por tanto, los efectos de esta sentencia le afectan igualmente, en cuanto a los daños y la responsabilidad derivada de la restitución de los bienes...". En síntesis, para el tribunal Arbitral no existía subsidiariedad sino que ambas firmas estaban obligadas y eran responsables en el mismo grado. Con respecto a las demás inexactitudes a las que se hace referencia, tienen que ver más bien con interpretación de cláusulas contractuales, lo cual no puede ser revisado por esta vía por constituir errores in iudicando. En síntesis, el Tribunal no pudo justificar su decisión, producto de un examen oficioso, en la afrenta al orden público interno o internacional.
De lo antedicho se sigue que asiste la razón al accionante, puesto que efectivamente el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, al dictar el Acuerdo y Sentencia N° 111 de fecha 29 de diciembre de 2016, anulando el Laudo Arbitral N° 01/2016, así como su rectiticatorio y aclaratorio, se ha apartado de la norma especial aplicable al caso - Art. 40 de la Ley N° 1879/2002 - que delimita las causales específicas que autorizan la declaración de nulidad del laudo arbitral, habiéndose excedido en el ejercicio de su potestad jurisdiccional revisora que le acuerda la ley especial; todo lo cual autoriza su descalificación como acto jurisdiccional por arbitrariedad.
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar la nulidad del A y S N° 111 de fecha 29 de diciembre de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, con el alcance previsto en el Art 560 del C.P.C. Costas a la perdidosa, Art 192 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: El Abogado Sebastián Quesada, en representación de la firma Yvu Poty S. A. y bajo patrocinio del Abogado Horacio Peroni, promovió acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 111, de fecha 29 de diciembre de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, en el expediente caratulado: “Recurso de Nulidad interpuesto por la firma Carnicas Villacuenca S.A. c/Proceso arbitral caratulado Yvu Poty S. A. c/ Pabensa S. A. y Cárnicas Villacuenca S.A. s/ incumplimiento de contrato".
Afirma el accionante que la resolución impugnada es arbitraria pues se ignoró la aplicación del artículo 40 de la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación", que establece de manera taxativa, detallada y puntual, las facultades del órgano jurisdiccional en los recursos de nulidad interpuestos contra laudos arbitrales. Sigue diciendo que, no obstante lo establecido en la norma citada, el Tribunal en mayoría analizó el fondo de la cuestión debatida en juicio y la forma en que los árbitros se expidieron en el laudo, a pesar de que la parte demandada recurrente no expresó agravios relacionados a ello. "En forma totalmente inconstitucional, contradictoria y fuera de la ley el Tribunal en lo Civil y Comercial. Primera Sala señala, que "La acción de nulidad -que, en el caso de autos, no es una acción sino un recurso-, otorga al órgano jurisdiccional la facultad de controlar las garantías y derechos procesales de las partes en un proceso arbitral sean respetadas, realizando un examen a posteriori y externo del proceso''. Esta manifestación de la Miembro pre-opinante, riñe y contraria lo establecido en la Ley de Arbitraje en la que, en forma taxativa y puntual se determinan los casos en tos que sería procedente la impugnación de un laudo arbitral por vía del recurso de nulidad (...)". En concreto, el accionante señala que fueron vulnerados los artículos 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional, por lo que solicita la declaración de inconstitucionalidad del Acuerdo y Sentencia N° 111, de fecha 29 de diciembre de 2016 (fs. 43/49).
A fs. 79/82, el Abogado Alberto Mendoza Cuevas, en representación de la firma Cárnicas Villacuenca S. A. y Pabensa S. A., contestó el traslado corrido, manifestando que el accionante pretende convertir a la Sala Constitucional en tercera instancia, al cuestionar el criterio de los Magistrados que en mayoría votaron por la anulación del laudo arbitral. Agregó que el Tribunal fundó el fallo en la Ley 1879/02, así como en las disposiciones del Código Civil y en principios generales del Derecho, por lo que no puede hablarse de falta de fundamentación o fundamentación aparente. Solicitó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida.
El Fiscal Adjunto, Abg. Augusto Salas Coronel, se expidió conforme a los términos del Dictamen N° 1898, con fecha 7 de setiembre de 2018, en el que aconsejó hacer lugar a la acción promovida, por resultar el Acuerdo y Sentencia N° 111, violatorio del artículo 256 de la Constitución Nacional (fe. 89/93).
Entrando al estudio de fondo, es preciso remarcar que la labor de selección e interpretación de las normas jurídicas aplicables a los asuntos litigiosos, corresponde a los jueces y tribunales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional. El control de constitucionalidad de resoluciones judiciales se limita a la revisión de la adecuación de éstas a las normas constitucionales, procediendo la nulidad solo en los casos de notable arbitrariedad, fundamentos manifiestamente irrazonables o errores patentes.
De los autos traídos a la vista de esta Corte se desprende que el Abogado Alberto Mendoza Cuevas, en representación de la firma Carnicas Villacuenca S. A., impugnó ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, el laudo dictado por el Tribunal Arbitral conformado por los Abogados Juan Bautista Fiorio (Presidente), Manuel Riera Escudero y Diego Manuel Zavala Serrati (Árbitros titulares), en el caso individualizado: “Yvu Poty S. A. c/ Pabensa S. A. y Carnicas Villacuenca S.A. s/ incumplimiento de contrato". En virtud del referido laudo arbitral 01/2016, el Tribunal dispuso: 1) HACER LUGAR, con costas y honorarios, a la demanda de rescisión de contrato y, en consecuencia, condenar a la parte demandada a: 1.1) Pagar a la parte adora la cantidad de USD 386.926.33 (Dólares americanos trescientos ochenta y seis mil novecientos, con 33/00) en concepto de daños e intereses, dentro del plazo de 10 días de haber quedado firme y ejecutoriado este laudo, sin perjuicio del derecho de la parte demandada de solicitar un ajuste de la liquidación en los términos del exordio de este laudo. 1.2) Ordenar a la parte demandada la restitución de los bienes objeto del contrato rescindido que permanecieran en su poder, dentro del plazo de 10 (diez) días de haber quedado firme y ejecutoriado este laudo, dejando constancia de ello en acta que se labrará en presencia del secretario del Tribunal. 2) RECHAZAR la reconvención. S) IMPONER a las partes las costas y honorarios a la parte demandada, quien deberá abonarlas dentro de los 10 (diez) días de haber quedado firme y ejecutoriado este laudo. 4) REGULAR los honorarios de los abogados de las partes en las cantidades expresadas en el exordio de esta resolución. 5) ANOTAR (...)". Igualmente fueron impugnados los laudos N° 02/2016 (Rectificatorio) y N° 03/2016 (Interpretativo/Aclaratorio).
El Abogado Sebastián Quesada, en representación de la firma Yvu Poty S. A., contestó el traslado corrido por escrito de fs. 86/89 (autos principales). Por Acuerdo y Sentencia N° 111, de fecha 29 de diciembre de 2016 (fs. 95/103), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, por mayoría de sus miembros, declaró la nulidad del Laudo Arbitral N° 1/2016 de fecha 5 de julio de 2016 y en consecuencia, también la de su rectificatorio N° 02 del 14 de julio de 2016 y su aclaratorio N° 03 del 20 de julio de 2016, dictados por el Tribunal Arbitral Ad Hoc, imponiendo las costas en esta instancia en el orden causado. Esta es la resolución objeto de control de constitucionalidad.
Al respecto, el control de la constitucionalidad de las decisiones judiciales está directamente relacionado con la motivación de éstas. Alejandro Nieto enseña que: "la decisión judicial implica, salvo excepciones, ejercicio de un cierto arbitrio, que es necesario y. por ende, lícito en principio sin perjuicio de la posibilidad de un uso indebido que es cabalmente la arbitrariedad" (El arbitrio Judicial, Editorial Ariel. Barcelona, 2000, p. 15). La exigencia al órgano jurisdiccional de una "motivación suficiente" es una garantía esencial del justiciable. Sin embargo, este control del arbitrio judicial no significa su negación, sino todo lo contrario, pues el Juez posee un margen de discrecionalidad que le permite tomar decisiones y, éstas solo pueden ser calificadas de arbitrarias si no contienen fundamentación o son manifiestamente irrazonables.
En el sub examine se advierte que los Juzgadores en mayoría se apoyaron en criterios legales y doctrinarios que sostienen la facultad de control del órgano judicial sobre la actuación de los árbitros. Concretamente señalaron que "la acción de nulidad otorga al órgano jurisdiccional la facultad de controlar que las garantías y derechos procesales de las partes en un proceso arbitral sean respetadas, realizando un examen a posteriori y externo del proceso (...) Las partes al someterse a una justicia convencional y no la ordinaria, se obligan a acatar sus reglas y procedimientos, sin embargo, el someterse al arbitraje no implica que las partes renuncien al elemental derecho de tutela jurídica del Estado (...)". Luego de analizar el caso, los Conjueces expresaron que las disposiciones de la parte resolutiva del laudo arbitral son genéricas, sin considerar estrictamente la posición de cada una de las partes demandadas; y, al no pronunciarse el Tribunal específicamente respecto a la condena o no a la firma Pabensa S. A., quedó configurado el vicio de incongruencia (art. 159 inc. c) del C.P.C.). Por otra parte, agregaron que el laudo incurrió en inexactitudes y desconocimiento de la norma del artículo 454 del Código Civil. Ante tales razones concluyeron que la resolución del Tribunal es arbitraria, por cuanto la misma fue dictada sin considerar convenientemente las constancias de autos, ni los efectos de la terminación del contrato, vulnerando de tal forma él derecho de las partes demandadas.
Hasta lo aquí dicho, conviene detenemos a examinar cuales son las limitaciones al que debieron ceñir el estudio que realizaron del recurso de nulidad regulado en el Art. 40 de la Ley No. 1879/2002 que muy claramente prescribe "...El recurso de nulidad. Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial con competencia territorial sobre el tugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante el recurso de nulidad, conforme al presente capítulo. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando: a) la parte que interpone la petición pruebe que: 1.Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación paraguaya: 2. No ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos: 3. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje: no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas: o 4. La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o. a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o b) "El tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público internacional o del Estado paraguayo...".De la transcripción de la norma legal, se infiere entonces que el tribunal se encontraba vedado a estudiar, valorar y expedirse solo sobre lo que la parte recurrente hubiese probado fehacientemente y dentro de los alcances establecidos en la disposición legal transcripta. De la lectura del escrito de impugnación del laudo se constata que el Abog. Alberto Mendoza Cuevas en nombre y representación de Carnicas Villacuenca S.A., expresa su solitaria disconformidad con la labor efectuada por parte de los árbitros del tribunal de arbitraje, al considerar el decisorio temerario, contradictorio, injusto y forzado para favorecer a una de las partes; situaciones que no son procedentes para afectar con la nulidad al fallo.
En un fallo anterior, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Primera Sala de la Capital, abonando la argumentación arriba sostenida, expresó cuanto sigue “...En el desarrollo de estos puntos, no se observa que el razonamiento jurídico seguido por el Tribunal Arbitral se haya extraviado o resulte descabellado o falto de concordancia. La sentencia no aparece como irrazonable o contraria a derecho, es decir no se observa una arbitrariedad en las conclusiones y mucho menos falta de logicidad. En cualquier caso, el desacierto en cuanto al criterio que la recurrente atribuye al Tribunal Arbitral no es suficiente para declarar la nulidad de la resolución, en la medida que no se observa que el fallo sea caprichoso o arbitrario, y, porque además, las partes eligieron conscientemente someter el litigio a un arbitraje, designando los árbitros que iban a decidir el pleito, a sabiendas, de que la cuestión debería de ser resuelta en una sola instancia, sin posibilidad de apelación. Por último, es bueno recordar que la alzada no tiene en este caso, potestad para juzgar el criterio jurídico seguido por los Árbitros, y que la instancia se abre al solo efecto de examinar si el laudo se encuentra comprendido en alguna de las causales de nulidad establecidas en el Art. 40 de la Ley 1879/02, y en este sentido no se observan vicios de procedimientos o un apartamiento de la ley en la interpretación de los hechos y del derecho invocado, por lo que no resta otra cosa que desestimar el recurso de nulidad.". (Ac. y Sent. No. 098.28/12/10. Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital) (C.P.C. Comentado. La Ley Paraguaya. Año 2012. Pág. 336/337).
Sin lugar a dudas, en el caso de estos autos estamos frente a una ostensible extralimitación por parte del Tribunal de Apelaciones en el deber de cumplimiento de sus potestades jurisdiccionales señaladas para estos casos en el Art 40 de la Ley No. 1879/2002, al haber follado más allá de sus atribuciones decisivas. El órgano revisor del recurso nulidad interpuesto, actuó arbitrariamente y fuera de sus facultades legales, al fundar su fallo en mayoría en institutos jurídicos de fondo y forma que hicieron al objeto principal de las pretensiones de las propias partes originarias, siendo estas las que aceptaron voluntariamente someterse al proceso de arbitraje; arrojando como resultado el laudo arbitral No. 01/2016 de fecha 05 de julio de 2016.
Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad por la visible arbitrariedad por parte del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital que contravino el Art. 256 de la Constitución Nacional; y consecuentemente debe anularse la resolución impugnada de conformidad a lo dispuesto en el Art. 560 del Código Procesal Civil. Con respecto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la vencida en virtud a lo dispuesto en el Art 192 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno el Doctor TORRES KIRMSER manifestó que se adhiere al voto de la Ministra preopinante. Doctora PEÑA CANDIA, por los mismos fundamentos.
Asunción, 28 de marzo de 2019.
HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del A. y S. N° 111 de fecha 29 de diciembre de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital.
COSTAS a la perdidosa.
REMITIR estos autos al tribunal que le sigue en orden de turno, para su nuevo juzgamiento, de conformidad con el Art. 560 del C.P.C.
Raul Torres K. Ministro

References: resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 40
 artículo 256
 resolución 
 artículo 454
 resolución 
 resolución