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Timestamp: 2017-01-18 22:04:56+00:00

Document:
Procesal Penal, Garantias Constitucionales y el Avocamiento
DECANATO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y POSTGRADO SAN JOAQUIN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
EL PROCESO PENAL, LAS GARANTIAS PROCESALES Y EL AVOCAMIENTO
PROYECTO FINAL DE INVESTIGACION PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA
AUTORA: María Fuentes N
Tutora: Yeriny Conopoima
San Joaquín de Turmero, Diciembre, del 2011
INDICE GENERAL pp. PORTADA…………………………………………………………………………….i
PORTADA INTERNA……………………………………………………………… ii
INDICE GENERAL………………………………………………………………….iii
RESUMEN..…………………………………………………………………………iv
I CONTEXTO EMPIRICO………………………………………………………….4
Caracterización de la Investigación…………………………………………4
Objetivos de la Investigación………………………………………………...5
Objetivo General………………………………………………………………5
Justificación……………………………………………………………………5
II CONTEXTO TEORICO………………………………………………………….7
Antecedentes…………………………………………………………………..7
Teorías de Entrada……………………………………………………………9
Aspectos Conceptuales………………………………………………..……11
Fundamentación Legal……………………………………………………...45
III CONTEXTO METODOLOGICO……………………………………………...68
Tipo de Investigación………………………………………………………..68
IV CONTEXTO CRITICO………………………………………………………...70
Referencias…………………………………………………………………….72
La reciente investigación tiene como propósito o fin realizar un análisis sucintó del proceso penal en su verdadera acepción la cual cumple la realización de ciertos valores, como la reconstrucción metodológica de un suceso destacándose , la certeza de comisión, el carácter delictivo, la debida imputación, y la responsabilidad que pueda aplicarse, para que finalmente se establezca la inocencia o la culpabilidad del individuo, además el proceso penal encara de frente a la realización de la justicia, el bien común y el bienestar de la sociedad, siempre buscando la efectividad del derecho material y las debidas garantías que en el intervienen. En esta investigación analizaremos, no solamente el proceso penal sino lo que son las garantías procesales como libertad individual, siendo el Estado el único garante de que estos procesos, conjugados entre deberes y derechos se lleven a cabo con total plenitud de manera constitucional tal cual como las leyes, tratados, acuerdos y convenios internacionales lo establecen, asimismo examinaremos de manera explícita lo referente al avocamiento el cual asume el conocimiento de una causa la cual corresponde decidir dentro de un orden constitucional, a fin de subsanar errores o injusticias que no debieran cometerse y que permitan el respeto a la dignidad humana. Toda la investigación se llevara a cabo con la metodología documental la cual permitirá la profundización de los conocimientos, de manera bibliográfica y doctrinaria a lo largo de su desarrollo tal como lo establece el manual para la elaboración, presentación de trabajos de investigación de la UBA.
El Proceso Penal, las garantías procesales y el avocamiento son tres procesos o se les puede llamar procedimientos obligatorios en los cuales se enmarca la justicia penal ya que estos se invocan en nombre del Estado como garante y protector de la Administración de Justicia en nuestro país, cuyo único objetivo es ser el árbitro que resuelve el conflicto planteado entre las partes en búsqueda de la verdad, procurando la seguridad, el valor fundamental de lo jurídico y el bienestar general, llevándose a cabo la averiguación de la verdad y la verificación de la justicia siendo un medio de servicios a los fines de la gran tutela penal. Actualmente nuestro Sistema Penal Venezolano es consagrado ante el COPP, siendo este el instrumento legal predilecto en la profundización de una justicia donde predomina la igualdad, la equidad en cuanto a todo precepto constitucional como lo establece nuestra carta magna, dando carácter de respeto y dignidad humana.
Este es un proceso el cual ha ido evolucionando gracias a la constitución del 1999, en ella está contenido la regulación de una tutela judicial y efectiva, el debido proceso, la presunción de inocencia, la participación ciudadana, y uno no menos importante como lo es el Estado Social de Derecho y Justicia. En cuanto a las garantías procesales nombradas en el párrafo anterior que son un tentáculo más del proceso penal, cabe destacar que las mismas son el modo de cumplir con los principios de una seguridad jurídica llena de igualdades evitando que un poder punitivo corrompa estos derechos fundamentales teniendo un alto grado de protección a todo individuo. Las garantías procesales y legales están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales vinculadas en forma directa o indirecta con las actividades individuales.
El avocamiento se atribuye por asuntos cuya gravedad y consecuencias que pudiera producirse un fallo destinado, este amerite un tratamiento de excepción con el fin de prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra Carta Fundamental, evitando que el Poder Judicial pudiera verse e entredicho ante una situación de caos. Todo esta investigación tienen su fundamentación legal en la Carta Magna, en el novedoso Código Orgánico Procesal Penal, y otras leyes que están bien entrelazadas con el Sistema de Administración de Justicia, formando un escenario solido de condiciones necesarias asegurar la defensa de los ciudadanos, una gama de procesos justos sin ningún tipo de dilación .
La investigación aporta una serie de beneficios para ambas partes en los procesos, quedando estructurada de la manera que lo estipula el Manual para la Elaboración de Trabajos de Investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la siguiente forma: Capítulo I. Contexto Empírico, el cual establece la caracterización de la investigación, objetivos generales, específicos, y la justificación. Capítulo II, se desarrolla el contexto teórico, las teorías de entrada, aspectos conceptuales. Capítulo III. Se establece el contexto metodológico, tipo de investigación y procedimiento. Capítulo IV el contexto crítico que corresponde a las conclusiones y referencias.
De esta manera se concluye el trabajo investigativo del tema mencionado.
En este trabajo investigativo se visualiza los factores y medidas que cuales nos conllevan al proceso penal, las garantías procesales y el avocamiento para así lograr la sincronización tan estrecha que existe entre ellas, en base a la restructuración, que ha transformado nuestro sistema penal en pro de la organización eficiente que van específicamente con el fin del buen funcionamiento del Sistema de Justicia hasta agotar los recursos ordinarios y extraordinarios que determine la Ley. A continuación abordaremos algunas interrogantes necesarias al análisis preciso referente al tema:
¿Qué es el proceso penal, en su sentido amplio?
¿Que son las garantías procesales?
¿Qué es el Avocamiento?
Realizar análisis sucinto del Proceso Penal, las garantías procesales y el Avocamiento.
Investigación y análisis del proceso penal, las garantías procesales, mencionado los principios procesales y el avocamiento, estableciendo sus fundamentaciones legales desde la perspectiva del sistema penal.
La investigación se trata del análisis del proceso penal y sus componentes por decirlo de alguna manera como los son las garantías procesales y el avocamiento, ya como se menciono es como una conjugación de los tres procesos o procedimiento los cuales se encuentran muy entrelazados ya que para que exista uniformidad dentro de los mismos se debe establecer la consecución del proceso como tal.
El Proceso Penal es un conjunto de actos tendientes a la investigación y esclarecimiento de hechos punibles, con el fin de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en tales delitos y establecer su culpabilidad o inocencia.
Estos actos tendientes a la investigación del esclarecimiento de hechos punibles deben de ir sobre seguidos de la protección de las garantías constitucionales para que se ejecute el proceso penal con toda
responsabilidad en la búsqueda de la verdad por medios idóneos y la correcta aplicación de los medios necesarios para una sana aplicación de normas. En este sentido, la justicia penal venezolana tiende a desarrollar herramientas para su mejor funcionamiento Dentro de este objeto y del cambio radical de las instituciones jurídicas penales, se ha introducido en Venezuela; figuras que anteriormente no habían sido consideradas, tendientes a colaborar con los principios que rigen al derecho procesal penal, permitiendo la celeridad y economía procesal, así como una mayor humanización dentro del proceso.
Por lo tanto, es factible analizar con vista a la doctrina y la normativa legal que regula la analizar el proceso penal. En consecuencia, para la especialidad del derecho penal es necesario revisar algunos supuestos vacíos que obligan que determinados conceptos sean objeto de un nuevo planteamiento o en su caso revisión desde la perspectiva jurídica.
Por tal motivo, esta investigación adquiere importancia en el derecho procesal penal en aras de contribuir a que el sistema penal consolide ante sus funcionarios o administradores de justicia se colmen de responsabilidad, al igual que los defensores y fiscales del Ministerio Público personas en conflicto con la ley y la sociedad en general; tengan a su alcance un material bibliográfico con información clara y precisa que le sirva de consulta en relación al proceso penal en la legislación de Venezuela.
Sergio García Ramírez(1980), de una tesis u otra pero principalmente de la primera el proceso penal es una relación jurídica, autónoma y compleja, de naturaleza variable, que se desarrolla de situación en situación, mediante hechos y actos jurídicos, conforme a determinada reglas de procedimientos y que tiene como finalidad la resolución jurisdiccional del litigio, llevado ante el juzgador por una parte o atraído a su conocimiento directamente del propio juzgador ,el objetivo del proceso, lo hemos dicho ya, es la resolución general del litigio.
Prieto Castro y Cabiedes lo define como un conjunto de actividades reguladas por el Derecho Procesal penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la sentencia o acto por el cual se realiza el derecho de defensa del orden jurídico público, que implica la efectividad del derecho de castigar del Estado.
Alejandro J (2000), las garantías procesales son de carácter fundamental y evidentemente suma importancia y tienen que estar incluidos en cualquier sistema penal que se diga ser justo y protector de los derechos humanos.
En fecha 1° de julio de 1999, entró en vigencia en nuestro país el Código Orgánico Procesal Penal, el cual ha sido objeto de varias reformas parciales, en el se reiteran los derechos y garantías constitucionales relacionados con las garantías judiciales y el debido proceso, que si bien son una reiteración de aquellas, se hace con una finalidad pedagógica y propedéutica, para los intérpretes y aplicadores de la ley penal y procesal penal.
La Acción Penal es la facultad que la ley atribuye a un sujeto de derecho para iniciar la averiguación de los hechos presuntamente constitutivos de delito, perseguir a los presuntos autores o participes y presentar cargos formales contra ellos y sostenerlos durante todo el juicio y en los recursos. (comentarios al código orgánico procesal penal cita textual Erick Lorenzo Sarmiento).
Es aquella acción ejercitada por el Ministerio Público o por los particulares (según la naturaleza del delito), para establecer, mediante el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la responsabilidad en un evento considerado como delito o falta, el fin de es la aplicación del derecho material por parte del juez, el objeto es la aplicación de una pretensión punitiva.
Para la Tesis Romanista o Clásica de la Acción, actualmente queda descartado el postulado que señalaba que "la acción es el mismo derecho (ius puniendi) en pie de guerra o el derecho de perseguir en juicio lo que se debe". El Estado y la sociedad harán valer sus derechos por medio de la intervención del llamado Ministerio Público, particularmente representado en la Fiscalía General de la República; será esta entidad pública la encargada de ejecutar los actos jurídicos/procesales pertinentes, para hacer valer la ley.
El antecedente se relaciona estrechamente con la investigación de manera directa por cuanto las legislaciones sean diferentes, pero existe la variable del proceso penal y la acción penal en las cuales existe el estrecho proceso de velar por las garantías procesales de los individuos, la libertad individual y la dignidad humana. Teorías de entrada
La teoría del proceso penal tiene por objeto el estudio de un conjunto de materias indispensables, no sólo para conocer su contenido, sino también para justificar el porqué de la regulación por parte del legislador. En una acepción el procedimiento puede señalar o se la forma, el método de cuya aplicación al objeto dependerá la transformación de un estado a otro del proceso.
Goldschmidt sostiene que uno de los fines esenciales del procedimiento penal es la averiguación de la verdad y la verificación de la justicia. Beling postula el proceso es un medio al servicio de los fines de la tutela penal, donde se percata que es un medio idóneo para realización del derecho en sentido amplio.
En conclusión podemos destacar que sin la existencia de un proceso es imposible aplicar la Ley.
El proceso supone una actividad generadora de actos jurídicamente regulados, todos ellos encaminados a obtener una determinada resolución jurisdiccional. El proceso está constituido por la serie de actos del juez y de las partes y, aun de terceros, que van encaminados a la realización del derecho objetivo. Estos actos considerados en su aspecto exterior y puramente formal, constituyen el procedimiento.
En un época de cambios, y de cambios realmente trascendentales. Precisamente, nos interesa en este momento una transformación vital para todos: la modificación de la administración de la justicia penal.
Es importante destacar las dos caras de un sistema inquisitivo y el actual que es acusatorio para así dilucidar la importancia de las garantías procesales, en el sistema inquisitivo se aplicaba e método escrito, era clandestino y secreto, reinaba la violación de los derechos humanos, no existía la figura de la participación ciudadana y la presunción de inocencia se llamaba presunción de culpabilidad es decir nadie era inocente sino todos eran culpables independientemente de los elementos de convicción.
En el actual sistema acusatorio predomina la oralidad, publicidad, la presunción de inocencia considerando personalmente que esta es la indemnidad que lleva la batuta en este ámbito de garantías procesales, los ciudadanos tienen el rol de participar en el proceso como escabinos o jurados.
Es evidente y de gran importancia la inclusión en cualquier sistema penal que se diga ser justo y protector de los derechos humanos siendo primer factor preponderante en todo proceso penal.
Ahora bien tenemos la figura del avocamiento la cual entra en vigencia mediante la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por obra de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, como competencia excepcional de la Sala Político Administrativa estableciendo que todas las salas pueden establecer esta facultad y se ha ampliado el alcance que tienen la misma como figura procesal.
Su origen proviene del periodo de las monarquías absolutas de Europa a finales del siglo XV, y del siglo XVIII caracterizado por la concentración de poderes en el monarca, quien era el soberano.
Siendo su verdadera naturaleza jurídica que se ejerce como un recurso, dando como resultado la corrección o legalidad sobre una actuación, ya que ejerce a solicitud de la parte legitimada con la finalidad de que el órgano se pronuncie.
Es el constituye a una serie encadenada de actos dirigidos hacia una finalidad, la cual se concretan en la reconstrucción metodológica de un suceso, lo cual supone un orden lógico de aprehensión valorativa desde la posibilidad, pasando por la probabilidad, para finalmente arribar a la certeza sobre su comisión, su carácter delictivo, la imputación y responsabilidad que pueda acreditarse, así como los efectos civiles derivados del hecho, o en caso contrario, establecer la inocencia del sindicado aun en términos del principio in dubio pro reo.
También se define como el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano sancionador y el procesado o demandado, para buscar la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las partes que en el intervienen.
Es el modo legalmente regulado de la realización y la administración de justicia. Está conformado por todos los actos necesarios para la ejecución de una sentencia. Estos actos suceden entre la noticia del delito, a partir el cual se manifiesta la acción, y la sentencia. Los actos marchan sin retorno para poder llegar al momento final. El fin institucional propuesto para el proceso penal es la realización de derecho penal. El derecho procesal penal tiene un conjunto de normas que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) la conducta que constituyen el delito, evaluando las circunstancia particulares en cada caso.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) atribuye a dos órganos del Estado, respectivamente, las funciones de averiguar la verdad y decidir conforme a la ley sustantiva, de esta manera se garantiza que el imputado, a quien se reconoce como titular de derechos y deberes procesales, pueda defenderse eficazmente de la hipótesis delictiva que sostiene el Ministerio Publico. En orden a formular esa hipótesis delictiva el Código adjetivo atribuye al Ministerio Público la dirección de la fase de investigación o fase preparatoria del proceso penal.
a) Investigación de oficio: Por ser el Ministerio Publico el director de esta primera fase le corresponde el inicio de la investigación, en caso de que la noticia del delito fuere recibida por los órganos de la policía, estos necesariamente deberán comunicarlo al Ministerio Publico dentro de las doce horas siguiente. De conformidad con lo previsto en el COPP los órganos de policía solo estarían facultados para practicar “diligencias necesarias y urgentes dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás participes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
B) Denuncia. A fin de permitir que los ciudadanos puedan contribuir con el mantenimiento de la paz social que se quebranta con la comisión de delitos, se conserva la denuncia como una facultad de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de tales hechos, salvo las excepciones tradicionales, esto es, los casos de particulares, en los que la omisión de denunciar constituya delito, el caso de los funcionarios públicos que tuvieren noticia de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones y los profesionales de la salud que llamados a prestar el auxilio de su arte o ciencia, tuvieren noticias de la comisión de ciertos delitos; fuera de estos tres casos de denuncia obligatoria, esta alternativa sigue consagrándose como una facultad y por tanto el código declara que el denunciante no es parte en el proceso
C). La querella es el acto mediante el cual la victima pone en conocimiento del tribunal la presunta comisión de un delito y señala directamente a la persona a quien se atribuye su comisión. Con la admisión de la querella la victima adquiere la condición de parte. La regulación de que la querella hace el COOP prácticamente acaba con la acción popular que tradicionalmente se ha mantenido en el sistema procesal venezolano y que permite que cualquier particular agraviado o no se puede constituir en acusador.
El COPP (Art. 280 y S.S.) atribuye al Ministerio Publico la dirección de esta primera fase y por esta vía, la preparación del juicio oral, en tal virtud, su labor fundamental será la búsqueda de la verdad, la recolección de todos los elementos de convicción orientados a determinar si existen o no razones para proponer la acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o de otro modo, requerir el sobreseimiento. Al mismo tiempo debe posibilitarse la defensa del imputado.
-En la calificación del hecho.
-En la responsabilidad de sus autores.
-En el aseguramiento de las evidencias relacionadas con su perpetración.
El Ministerio Publico dentro de los quince días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitara al juez de control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción esta evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
a) Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Publico, lo que el Código denomina Archivo Fiscal.
b) Con la solicitud de sobreseimiento que efectué el fiscal del Ministerio Publico ante el juez de control.
c) Con la proposición de la acusación, acto que daría lugar a la apertura de la fase intermedia.
A) Archivo Fiscal: Si el fiscal del Ministerio Público, una vez desarrollada la investigación, estima que no hay elementos suficientes para proponer la acusación, decretara el archivo. Esto no evita la posibilidad de que posteriormente se pueda reabrir esa investigación si aparecieren nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la victima que haya intervenido en el proceso y el código reconoce un recurso a su favor, dado que esta tiene la posibilidad de solicitar al juez de control que examine los fundamentos del archivo es decir la victima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes. En este caso si el juez estima que la solicitud de la victima esta fundada, debe declararlo y remitir las actuaciones al Fiscal Superior para que este ordene a otro fiscal de proceso realizar lo pertinente, es decir el nuevo fiscal que recibe las actuaciones, analizando su contenido, podrá disponer la práctica de otros actos de investigación y presentar un acto conclusivo
B. Sobreseimiento: La segunda forma de concluir esta fase es con el sobreseimiento que puede solicitar el fiscal ante el juez de control. El sobreseimiento es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno o varios imputados determinados, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal.
a. Un pronunciamiento judicial, aun cuando se acuerde por solicitud del fiscal del proceso. Art. 320 COPP “El fiscal solicitara el sobreseimiento al Juez de control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que proceden una o varia de las causales que lo hagan procedente. En tal caso se hará el siguiente trámite: Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocara a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Si el juez no acepta la solicitud enviara las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición Fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictara pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenara a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.
b. Fundado, pues debe dictarse cuando esta acreditada alguna de las circunstancias previstas en el artículo 318 del COPP.
El Fiscal deberá solicitar al juez de control es sobreseimiento cuándo:
1. El hecho objeto del proceso no se realizo o no puede atribuírsele al imputado; Si uno de los objetos del proceso y, básicamente de la fase preparatoria, es la comprobación del hecho punible presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivo la apertura del proceso no hubiere existido o se determina que el imputado no es el responsable de el, esto es, no es autor ni participe del hecho de que se trata, procede la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento.
3. La acción penal ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; Respecto de este motivo, deben interpretarse armónicamente las previsiones del Art. 48 del COPP (extinción de la acción penal) y Art. 103 y ss. Del CP (extinción de la responsabilidad penal). El articulo 48 del COPP enumera como causales de extinción de la acción penal: 1) La muerte del imputado. 2) La amnistía. 3) El desistimiento o el abandono de la querella en los delitos de instancia de parte agraviada. 4) El pago del máximo de la multa, previa la admisión del hecho, en los hechos punibles que tengan asignada esa pena. 5) La aplicación de un criterio de oportunidad, en los supuestos y formas previstos en este código. 6) El cumplimiento de los acuerdos reparatorio. 7) El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el Juez, en la audiencia respectiva. 8) La prescripción salvo que el imputado renuncie a ella.
Si no existe un “fundamento serio” no es posible la proposición de la acusación, por tanto, si no es posible que puedan incorporarse nuevos elementos a la investigación y los recabados son suficientes para solicitar el enjuiciamiento publico del imputado, el Fiscal del Ministerio Publico debe solicitar la declaratoria de sobreseimiento; lo contrario supondría el someter al imputado a un proceso carente de fundamento que irremediablemente desencadenara en una sentencia absolutoria, exponiéndolo, no obstante a la pena del banquillo.
Conforme a lo previsto en el Art. 324 COPP, el auto por el cual se ordene el sobreseimiento de la causa debe reunir los siguientes requisitos:
1. El nombre y el apellido del imputado; con esta exigencia se persigue la identificación inequívoca del imputado; a tal efecto, deberá atenderse a la identificación verificada con base a la regla del Art. 126 del COPP, es decir a través de sus datos personales y señas particulares
.2. La descripción del hecho objeto de la investigación; En resguardo del principio ne bis in idem, debe determinarse el hecho que motivo el inicio del proceso. Tal determinación, cuando el sobreseimiento se dicta en la audiencia preliminar, deberá estar referida a la imputación hecha en la acusación por el Ministerio Público.
3. Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación de las disposiciones legales aplicadas; este requisito supone que el juez deberá indicar en la decisión las razones que le llevaron al convencimiento de que está acreditada la causal de sobreseimiento, detallándolas una a una.
El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya querellado, podrá interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto que declare el sobreseimiento. Art. 325 COOP.
C. Acusación: Cuando el Ministerio Publico estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, deberá proponer la acusación ante el juez de control, con base al Art. 326, la acusación deberá contener: 1) Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor. 2) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado. 3) Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan. 4) La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. 5) El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad. 6) La solicitud de enjuiciamiento del imputado.
El juez de control deberá determinar si hay o no elementos suficientes para llevar a juicio al imputado, con base a la acusación del Ministerio Publico y a los argumentos de la defensa que se ventilen en el acto central de la fase intermedia, cual es la audiencia preliminar. Esa determinación supone que el juez deberá efectuar no solo un control formal sobre la acusación, control que se reduce a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, esto es, identificación del o los imputados y la descripción y calificación del hecho atribuido, sino también un control material que consiste en el análisis de los requisitos de fondo en que se basa el pedido del Ministerio Publico, es decir, si la acusación tiene un fundamento serio.
Es en consecuencia la acusación, el único acto conclusivo que tiene la potencialidad para dar inicio a la fase siguiente, pues tanto el archivo fiscal como el sobreseimiento mantienen el proceso en fase preparatoria , lo cual tiene una serie de implicaciones en cuanto a la forma de computar los lapsos procesales; no obstante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en diversas sentencias ha sostenido que “ el sobreseimiento es un acto conclusivo que finaliza con la fase de investigación o preparatoria, entrando automáticamente a la fase intermedia, en la que no se computaran los sábados, domingos, días feriados o los días en que no haya despacho, todo ello de conformidad con los artículos 172 y 320 ibidem…”.
La fase intermedia es la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia primaria y fundamental del principio acusatorio; la existencia de la acusación, es decir, que haya un sujeto diferente del órgano judicial que ejercite la acción penal. Esta etapa ubicada entre la fase preparatoria y la de juicio oral, tiene por función determinar si hay fundamento serio para llevar a juicio el imputado, con ello se previene la sanción anticipada o llamada por la doctrina española “pena del banquillo”, la cual se configuraría si el juez de esta fase se limitare a intervenir de manera meramente formal homologando lo actuado por el Ministerio Publico.
Según las previsiones del COPP durante la fase intermedia se procuran además la depuración del procedimiento, toda vez que pueden las partes oponer las excepciones que no hayan sido planteadas con anterioridad o que se funden en hechos nuevos, no es posible, son embargo, que el juez de control ordene la práctica de nuevas pruebas ni pueda complementar la acusación.
Audiencia Preliminar Art. 327 COPP: Presentada la acusación el juez convocara a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte. La victima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria, adherir a la acusación del Fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 326. La admisión de la acusación particular propia de la victima al término de la audiencia preliminar, le conferirá la cualidad de parte querellante n caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiere sido declarada desistida.
7. Promover las pruebas que producirían en el juicio oral, con indicación de su pertinencia y necesidad
2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Publico o del querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la victima;
Auto de apertura a juicio: Este auto, que debe dictar el juez de control al término de la audiencia preliminar si admite la acusación debe contener, según lo dispuesto en el artículo 331 COPP:
Conforme a lo dispuesto en la aludida norma el auto de apertura a juicio es inapelable.
Otras decisiones: Además de la admisión de la acusación puede el juez de control, concluida la audiencia preliminar, sobreseer, en caso de que rechace totalmente la acusación. También debe ordenar la corrección de vicios formales en la acusación (del Ministerio Publico o de la victima), resolver las excepciones planteadas, aprobar los acuerdos reparatorio, ratificar, revocar, sustituir o imponer una medida cautelar, acordar la suspensión condicional del proceso, sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos, y, decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por las partes para el juicio oral.
Presentación del debate: En este periodo tiene lugar como aspecto fundamental la integracional del tribunal; es en esta oportunidad, donde en función del delito de que se trate se va a materializar el principio de participación ciudadana. En tal virtud, si se tratare del juzgamiento de un delito que merece pena de mas de cuatro años de privación de libertad, corresponde conocer a un tribunal mixto (integrado por un juez profesional y dos escabinos). Cuando se tratare de un delito que mereciere pena inferior a cuatro años de privación de libertad corresponde conocer a un tribunal unipersonal integrado por un juez profesional y deben seguirse los tramites del procedimiento abreviado.
Una vez constituido el tribunal, juramentados los escabinos, si se trabaja de un tribunal con participación popular, y , verificada la presencia de las partes, el juez presidente debe declarar abierto el debate , advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. Seguidamente debe exponerse la acusación por parte del fiscal y el querellante, si lo hubiere, y el defensor su defensa.
Si durante el debate se comete un delito, el tribunal debe ordenar la detención del autor y el levantamiento de un acta con las indicaciones pertinentes, aquel debe ser puesto a disposición del funcionario del Ministerio Público que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, a fin de que procede a la investigación. Debe destacarse que es este el único caso establecido en el COPP en el cual el juez realiza un acto propio de los órganos de persecución penal, no obstante se justifica en la circunstancia de que el delito perpetrado en audiencia es un delito flagrante y, en estos casos, incluso cualquier particular estaría facultado para aprehender al sospechoso, a tenor de lo dispuesto en el articulo 248 del Código adjetivo.
Debe permitirse al acusado que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente por el Ministerio Publico, el querellante, el defensor y el tribunal, en ese orden.
A fin de resguardar el derecho a la defensa se dispone la advertencia al acusado, en caso de que en el curso de la audiencia el tribunal observe la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes. Con ello se garantiza la posibilidad de que el acusado se refiera a ella y no sea sorprendido con una calificación jurídica que no pudo contradecir y, al mismo tiempo, que la acusación presentada por el Ministerio Publico y la victima (o solo esta si se trata de delitos de instancia privada) pueda defender su pretensión.. De la misma manera debe procederse en caso de ampliación de la acusación realizada por el Ministerio Público o por el querellante que genere un cambio en la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, sin perjuicio del derecho de las partes, a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Si ese derecho fuere ejercido, el tribunal deberá suspender el debate por un plazo que fijara prudencialmente y el cual tiene como limite la previsión del artículo 337 del COPP, según la naturaleza de los hechos y las necesidades de la defensa. El querellante puede adherirse a la ampliación realizada por el Ministerio Público.
En efecto, sin perjuicio del control que ejerce el juez, tal como se desprende de lo establecido en los artículos 351 y 363 del COPP, es posible que durante el debate el Ministerio Publico amplié la acusación “mediante la inclusión de un nuevo hecho que no haya sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura a juicio, que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, o que el juez de juicio sentencie con base a una calificación jurídica distinta a esos autos, siempre que hubiere advertido al acusado sobre tal posibilidad.
Orden de la recepción de las pruebas: Después de la declaración del acusado el juez presidente debe recibir la prueba en el orden siguiente: en primer lugar deben intervenir los expertos. Si resulta conveniente el tribunal puede disponer que los expertos presencien los actos del debate. Seguidamente se recibirá la declaración de los testigos, uno por uno. Antes de su declaración lo testigos no pueden comunicarse entre si, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo el juez presidente debe disponer si continúan en la antesala o se retiran.
Una vez que el testigo o experto hayan expuesto la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento sobre los hechos objeto del proceso, el juez debe permitir el interrogatorio directo, iniciándolo quien lo propuso y luego las otras partes, en el orden que el juez presidente consideren conveniente. En todo caso se procurara que la defensa interrogue de último. Luego, el tribunal puede interrogar al experto o al testigo.
El experto o testigo que oportunamente citado no haya comparecido, puede ser conducido por medio de la fuerza pública, a tales efectos, el juez puede solicitar a quien lo propuso que colabore con la diligencia. La inasistencia de cualquiera de ellos puede dar lugar a la suspensión del juicio por una sola vez. Sino concurrieren al segundo llamado o no pudieren ser localizados para su conducción por la fuerza pública, el juez continuara prescindiéndose de esa prueba.
Clausura del debate: Terminada la recepción de las pruebas, el juez presidente debe conceder la palabra, en primer termino al fiscal, luego el querellante y posteriormente al defensor, para que expongan sus conclusiones. Seguidamente debe otorgar al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar, para referirse solo a las conclusiones formuladas por la parte contraria. No se permite la lectura de escritos, salvo que se trate de citas textuales de doctrina o jurisprudencia con el fin de ilustrar el criterio del tribunal. Si está presente la víctima y esta desea exponer, debe dársele la palabra, aunque no haya presentado querella. Finalmente, el juez presidente debe dar al acusado la última palabra. Este derecho del acusado, como una manifestación del derecho a la defensa que impediría nueva contradicción del acusador sobre sus alegatos de defensa, puede, como derecho al fin, ser renunciado por aquel. Una vez que el acusado expusiere, si a bien lo tiene, el juez debe declarar cerrado el debate.
Nos inclinamos por la primera postura por considerar que no obstante que el Ministerio Publico , ejerce la acción penal en nombre del Estado, ese mismo Estado por ser el titular del ius puniendi, debe ajustarse a la legalidad y decidir con base al resultado del proceso, por tanto, si el debate ha conducido a una sentencia condenatoria, a pesar del retiro de la acusación el tribunal debe condenar; ello no obsta para que absuelva si esa es la consecuencia que se deriva de las pruebas practicadas en su presencia.
Esa congruencia o correlación debe ser subjetiva y objetiva. La primera se refiere a la persona del acusado e implica que no podrá ser condenado si no tuvo previamente aquella condición. La correlación objetiva se refiere al hecho punible e impone su inmutabilidad. La sentencia que se dicte deberá contener los siguientes requisitos (articulo 364 COPP):
De lo anterior se advierte que son tres los tipos de sentencia que puede dictar el tribunal de juicio (absolutoria, de sobreseimiento, y de condena) Si se dictare una sentencia absolutoria esta ordenara la libertad del imputado, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y fijara las costas. Aun cuando tal pronunciamiento judicial no esté firme debe ordenarse la libertad del acusado, la cual se hará efectiva desde la propia sala de audiencias.
Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandara inscribir en él una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal, del proceso en el cual se dicto la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Como aspecto significativo destaca la obligatoriedad de que la sentencia se emita inmediatamente después de la deliberación que en secreto deberán efectuar los jueces que integren el tribunal una vez concluida la audiencia: juez profesional en el caso del tribunal unipersonal, escabinos y juez profesional en el caso de tribunal mixto, según se haya integrado el tribunal.
Se prevé como supuesto excepcional que si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornan necesario definir la redacción de la sentencia, se leerá solo su parte dispositiva y el juez presidente (en todo caso el profesional) expondrá sintéticamente a las partes y al público los fundamentos de hecho y de derecho que motivó la decisión. La publicación de la sentencia se llevara a cabo, a más tardar, dentro de diez días siguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva.
2. El nombre y apellido de los jueces, partes, defensores y representantes.
Pero, el proceso no llega allí, puesto que luego de dictada la sentencia, se procede a la ejecución de la misma: Fase de ejecución (Art. 478 y siguientes), correspondiente al Tribunal de Ejecución. El avocamiento
Su significado corresponde a ”dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer para sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”.
El Avocamiento en este caso consiste en el acto mediante el cual el tribunal superior asume el conocimiento de una causa que por Ley le corresponde decidir a uno de inferior jerarquía.
En Venezuela se consagro esta institución en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en el numeral 29 del artículo 42 que establecía “Es de la competencia de la Corte como mas alto tribunal de la República ( )29 solicitar algún expediente que curse ante un tribunal y avocarse al conocimiento del asunto, cuando lo juzgue pertinente”.
Señala Peña Solís que para el año 1976 el único país en el que estaba vigente esta figura era en España, en la Ley del Poder Judicial sancionada durante la dictadura de Franco, quien había muerte el año anterior y este fue el modelo a seguir por los redactores de nuestra Ley.
A pesar de que no encontramos en los textos legales, en sus exposiciones de motivos o en las discusiones parlamentarias de elaboración de la Ley, el argumento o finalidad de la incorporación de esta institución hemos observado como en las diversas decisiones de la sala Politicoadministrativa del tribunal supremo de Justicia se ha establecido las finalidades de la creación del avocamiento en nuestro derecho.
En sentencia de fecha 11 de Noviembre de 1999, citada en la sentencia N°162 del 17 de febrero de 2000, expediente numero 15940 la Sala Político administrativa del tribunal Supremo de Justicia estableció:…teleológicamente la figura de avocamiento ha sido creada por el Legislador patrio, a los fines de impedir o prevenir situaciones no deseadas que puedan perturbar el orden institucional, ya sea afectando actividades políticas, económicas, sociales cuyo normal desenvolvimiento está amparado por el texto fundamental.
Esta figura jurídica se ha establecido con la finalidad de que esta Sala, en todo momento, tenga la posibilidad de subsanar o corregir el orden procedimental en caso de que el mismo haya sido subvertido, ene fin para establecer el orden infringido, evitar conflictos que puedan ocasionar trastornos, confusión, zozobra colectiva o que de algún modo, puedan entorpecer la actividad pública.
Posteriormente, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2000, signada con el numero 01067, expediente 16668, la misma Sala sostuvo que el ordinal 29 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia contempla una figura homologa a la que existe en el derecho anglosajon, denominada (writs of certiorario o writs of error) que faculta a la Sala en cada caso concreto a emitir órdenes similares a las del derecho referido, a fin de subsanar errores o injusticias que no debieran cometerse.
A tal efecto, el magistrado Martin Pérez Guevara, con ocasión de un voto salvado presentado en el expediente contentivo de la solicitud de avocamiento en el caso ramón Carmona Vásquez, comparo el avocamiento como una institución del derecho anglosajon conocida como writs of certiorario o writs of error.
Justifica entonces, el desorden procesal que no pueda ser controlado por las partes y por el tribunal en donde se sustancia la causa, y también cuando en función de prevención de un posible desorden que pueda justificarse y que de no evitar causaría perjuicios. Se observa que la justificación también va encaminada a evitar que el Poder Judicial pueda verse entredicho ante una situación de caos, tomando como razones fundamentales para el avocamiento las de interés público.
Igualmente en nuestro país se consagro la figura de la avocación en la ley Orgánica de la Administración Publica promulgada en Octubre del 2001, en el artículo 41, en el cual se establece que la avocación o avocamiento es el acto mediante el cual el órgano superior asume la competencia para resolver un asunto determinado, la cual ha sido asignada previamente por la Ley a un órgano complejo, teniendo solo cabida en el marco de la relaciones interorganicas, siempre que tanto el órgano avocante como el avocado detenten la misma competencia material, en distintos grados y solo procede bajo el cumplimiento de determinados requisitos que reflejan el carácter excepcional de la avocación.los requisitos a los que se aluden son los órganos siguientes:
a) El órgano superior debe invocar razones de índole técnica, económica, social, jurídica o de interés público;
b) La existencia de una relación de jerarquía entre el Órgano superior y el inferior que tienen asignada la competencia para resolver el asunto objeto de la avocación;
c) El acto de avocación debe ser motivado, solo basado en las razones indicadas en el primer punto;
d) Dicho acto debe ser notificado a todos los interesados en el procedimiento, antes de que se resuelva el fondo del asunto;
e) El acto o acuerdo de avocación solo resulta impugnable conjuntamente con la resolución que sobre el fondo del asunto dicte el órgano que se avoco.
Contempla la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 18 la figura del avocamiento y así establece:
Cualquiera de las Salas del tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
El avocamiento se ha venido tratando como un recurso, el cual es ejercido mediante solicitud de parte legitimada para ello, con la finalidad de que el órgano se pronuncie sobre las actuaciones judiciales en un proceso en curso corrigiendo la injusticia y la ilegalidad que se pudo haber cometido.
Con la entrada en vigencia de la ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia, se regulo de una forma más amplia los requisitos de procedencia, los que se encuentren establecidos en el articulo 18 y se establecen como los siguientes:
a) Que el avocamiento compete a cualquiera de la Salas del tribunal Supremo de Justicia.
b) Que puede hacerse de oficio o a petición de parte.
c) Que puede hacerse con conocimiento sumario de la situación.
d) Que se puede recabar de cualquier Tribunal de instancia, en el Estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa.
e) Que asume el conocimiento directo del asunto o en defecto lo asigna a otro tribunal.
A estos requisitos se suma una serie de normas y advertencias que la propia norma establece para el ejercicio de este recurso y así establece:
a) La atribución deberá ser ejercida con suma prudencia.
b) Solo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico.
c) Que perjudique ostensiblemente la imagen del poder Judicial, la paz pública la decencia o la institucionalidad venezolano.
d) Se hallan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieron ejercido.
Adicionalmente a esto se establece una serie de requisitos concurrentes para que pueda proceder el avocamiento esos son:
a) Que el asunto curse ante algún tribunal de la república.
b) Que la materia vinculada sea de la competencia de la Sala.
c) Que las irregularidades que se alegan hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia.
De conformidad con lo previsto en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, todo tribunal de la República podrá ejercer el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso concreto, en cuyo supuesto dicha sentencia estará expuesta a los recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar; quedando a salvo en todo caso que la Sala Constitucional haya uso de oficio e instancia de parte, de la competencia prevista en el numeral 16 de este articulo y se avoque a la causa para revisarla cuando esta se encuentre definitivamente firme.
Tomando en cuenta el principio de la supremacía constitucional, fundamentado por Kelsen; es la Constitución la norma suprema del ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que las demás leyes emanan de ella. En este sentido , están incluidos en el texto constitucional, una serie de preceptos ,que constituyen la base legal del principio arriba mencionado, entre ellos el artículo 7 ,el cual establece;” "La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico….. Ommisis”. En concordancia con este el articulo 25 ejusdem dispone lo siguiente: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo…. Ommisis”. Igualmente el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal reza: "Corresponde a los Jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la República. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma Constitucional" quiere decir que los jueces deben aplicar correctamente la norma Constitucional y en caso de que colide esta con alguna ley se aplicará la constitución.
Es verdad, pero también lo es el hecho de que Venezuela se constituye en un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia como se expresa en el texto constitucional vigente desde 1999; destinado a garantizar la defensa , validez, vigencia de los Derechos Humanos y Fundamentales conforme a los principios establecidos en el artículo 2 y 3 de nuestra Carta Magna; así mismo, a lo explícitamente establecido en el articulo 19 ejusdem.
Existe una importante relación entre la Constitución de Venezuela y el Derecho penal, según Riviera (2002): “en el proceso de incorporación a la ley suprema o fundamental de las normas del derecho penal que limita el poder punitivo del Estado y que establece parámetros superiores a las leyes especialmente a la ley procesal, para que sea efectiva la realización de libertades y la tutela de los derechos de las personas”.
En este orden de ideas, nuestra Constitución contiene en su articulado la incorporación de normas con incidencias en el Derecho Penal, esto se debe al carácter garantista de nuestro Estado .Es decir, la protección de la ciudadanía, el bien jurídico tutelado por excelencia: la vida, la libertad y otros bienes jurídicos frente al poder punitivo del mismo; como una suerte de autolimitación para evitar los excesos y extralimitaciones al ejercer el ius puniendi y de esta manera lograr una efectiva tutela judicial o garantía jurisdiccional incluida en el artículo 26 ,que establece la posibilidad de las personas de acceder a los órganos jurisdiccionales en la búsqueda del cumplimiento de su pretensión, en otras palabras ,ejercer una acción para que sea tramitada ,a través de un proceso que le otorgue un mínimo de garantía y de esa forma obtener una sentencia ajustada a derecho.
Es así como, nos encontramos con la garantía del debido proceso y aquí es propicio hacer una acotación, respecto a que después de promulgada la Constitución de 1999, fue necesario reformar el Código Procesal Penal, vigente para la fecha, con la intención de adecuarlo al requerimiento de los principios y garantías expuestos en el texto fundamental; Obviamente era necesario, por lo que hemos explicado anteriormente. Como acotábamos, ese acceso a la justicia lleva de la mano otros derechos que conforman las garantías procesales, y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio, el error o a la arbitrariedad consagrados en el artículo 49 de la Constitución, entre las que destacan: el juicio previo, el derecho a la defensa, ,a la inmediación judicial, a acceder a las pruebas y ser notificado de los cargos que se le imputan, al juez natural, la presunción de inocencia, derecho a ser oído, derecho a un intérprete de ser necesario, a no confesarse culpable ni declarar en su contra, a la legalidad, derecho a no ser juzgado por los mismos hechos por los que ya se hubiese juzgado ( la cosa juzgada) ,entre otras.
De igual manera, el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal dice: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante un juez imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”. Para concluir, la Constitución de la República garantiza que los presuntos responsables de la comisión de hechos punibles sólo puedan ser condenados mediante el cumplimiento de un proceso penal, en el cual se restringe rigurosamente el uso de la prisión como consecuencia jurídica del delito.
Es el principio jurídico, procesal o sustantivo según el cuál toda persona tiene derecho a una garantía mínima con el fin de asegurar un resultado justo en el debido proceso, y también se le permite tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente a un juez.
El Debido Proceso Penal, es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Este principio procura el bien de las personas, como de la sociedad y su conjunto.
- Las personas tiene el interés de defender todas sus pretensiones dentro el proceso.
- La sociedad tiene el interés de que el proceso sea llevado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permiten mantener el orden social.
Características que lo configuran
El derecho procesal se considera una rama del derecho público, formal, instrumental y autónomo.
Normal: pues regula la forma de la actividad jurisdiccional del Estado; es decir, cumplimiento de ciertos requisitos o formalidades para que sea procedente una cualquiera actuación judicial. Todo esto constituye el Debido Proceso.
Secundario, porque deviene de una ley constitucional, es decir no actúa por sí mismo, sino en función de un derecho subjetivo. Según el Articulo N°49 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho hacer notificada de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a alas pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho s recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta constitución y en la ley.
1. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
2. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
3. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
4. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
5. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
6. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
7. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.
1) El principio del juicio previo y debido proceso: el artículo 1º establece las pautas de un juicio previo y del debido proceso. El enunciado de este principio es bastante amplio y expreso. Sin embargo, debo decir que el juicio previo está relacionado con el principio de exclusivismo de la ley o de legalidad, por el cual toda persona tiene derecho a que se le juzgue conforme, no sólo a una ley que establezca previamente el delito y la pena, sino también a una ley que señale el procedimiento a seguir. En virtud de este postulado, nadie puede ser condenado sin ser sometido previamente a un juicio penal, oral y público. En cuanto al debido proceso, existe la necesidad de un Juez imparcial, que no tenga más interés que el de administrar justicia. También resulta necesaria la observancia de todos los derechos y garantías en el proceso, así como que el juicio se realice sin dilaciones indebidas, es decir, sin retrasos o demora alguna, lo que está vinculado con el principio de preclusión, por el cual el proceso penal debe ir siempre hacia adelante en el tiempo, buscando constantemente el resultado procesal natural, o sea, la sentencia firme.
2) El principio de la participación ciudadana: este principio se encuentra consagrado en el artículo 3º. En virtud de este principio, los ciudadanos podrán participar directamente en la administración de la justicia penal, a través de la figura de los escabinos o jueces legos y el jurado. Los escabinos o jueces legos son personas ajenas al Poder Judicial elegidas del pueblo por el Consejo de la Judicatura, a través de sorteo. Dos (2) escabinos y un Juez profesional conforman lo que se ha denominado Tribunal Mixto, competente para conocer de las causas por delitos cuya pena sea mayor de 4 años en su límite superior hasta un máximo de 16 años, pero durante estos primeros 2 años de vigencia del C.O.P.P., el Tribunal Mixto conocerá de las causas por delitos cuya pena en su límite superior exceda de 16 años y sea menor de 20. Por su parte, el tribunal de jurados está integrado por nueve (9) ciudadanos, al igual que los escabinos, ajenos a la rama judicial, e igualmente elegidos por sorteo. El Tribunal de Jurados conoce de las causas por delitos cuya pena en su límite superior exceda de 16 años, pero durante los primeros 2 años de vigencia del C.O.P.P., este Tribunal conocerá de las causas por delitos cuya pena privativa de libertad, en su límite superior, exceda de 20 años.
3) El principio de afirmación de la libertad: es uno de los pilares del nuevo sistema y, al mismo tiempo, uno de los aspectos que mayores críticas ha recibido. Establecido en los artículos 9º y 250, consiste en que el imputado gozará de su libertad durante todo el desarrollo del proceso, en principio, puesto que pueden aplicarse diversas medidas de coerción personal, tales como la privación de libertad, como última opción y siempre subsidiaria de las demás medidas, que son excepciones al principio. La consagración de este principio se fundamenta en el hecho de dejar atrás la concepción del proceso como pena anticipada, que era lo que sucedía en el Sistema Inquisitivo venezolano. De esta manera, el artículo 252 expresa: "Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código".
4) El principio de presunción de inocencia: es fundamental en el Sistema Acusatorio que el imputado se presuma inocente. Así, el artículo 8º señala: "Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se la trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme". De esta manera, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, dejando atrás la preminencia que tenía en el Sistema Inquisitivo la premisa de que toda persona es culpable, a menos que se pruebe lo contrario. En este mismo sentido, en el sistema vigente, el imputado no debe probar, o sea, no tiene la carga de la prueba de su inocencia (como era en el sistema derogado), sino que el acusador es el que tiene la carga de la prueba de la culpabilidad del imputado.
5) El principio de oralidad: este principio está pautado en el artículo 14, que se refiere a que "el juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia". La oralidad es sumamente importante porque contribuye a la transparencia y celeridad del proceso, y porque aporta una carga de percepción por parte del Juez, escabinos, jurados, abogados, fiscales y público en general, de la aptitud y la forma de expresión de aquellos que intervienen durante el proceso.
6) El principio de oportunidad: otro importante principio es el de oportunidad, establecido en el artículo 37, que se incluyó en el Código con el objetivo de descongestionar la administración de justicia y evitar el hacinamiento carcelario. Este principio permite al fiscal del Ministerio Público prescindir del ejercicio de la acción penal o ejercerla en cuanto alguno de los sujetos que intervinieron en el hecho, siempre que medie aprobación del Juez de control. Existen diversos supuestos de aplicación de este principio, tales como los acuerdos reparatorios (referidos a bienes patrimoniales o delitos culposos), la suspensión condicional del proceso u otros supuestos señalados taxativamente en el prenombrado artículo 31, cuando, por ejemplo, se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés público, es decir, cuando se trate de los denominados delitos de bagatela.
7) El principio de publicidad: sin duda, algo que es característico de este nuevo proceso penal es su publicidad, establecida en el artículo 15. El hecho de ser público garantiza su transparencia, al mismo tiempo que elimina la clandestinidad que predominaba anteriormente. Debemos distinguir, como señala Eric Pérez, entre publicidad inter partes y publicidad erga omnes. La primera se refiere al conocimiento que del proceso pueden tener las partes, publicidad ésta que hallamos presente en todo momento. La publicidad erga omnes o universal, entretanto, viene a concretarse plenamente en la fase de juicio, que como sabemos, corresponde al llamado juicio oral y público. Además, la publicidad controla indirectamente la probidad de los jueces y hasta de las propias partes. Por ejemplo, a un testigo falso le costará mucho más dar declaraciones contrarias a la verdad, al verse presionado psicológicamente por el público asistente al juicio. Hay, sin embargo, ciertas excepciones al principio de publicidad, establecidas en el artículo 336 del Código en comento.
8) El principio de Inmediación: otro principio fundamental es el de la inmediación. El artículo 16 señala que "los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento". Lo mismo rige para los jurados y escabinos.
9) El principio de Concentración: de conformidad con este postulado, enunciado en el artículo 17, una vez que se inicia el debate, éste debe concluir en el mismo día. Si ello no fuera posible, continuará durante los días que fueran necesarios hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, en determinados casos. Como vemos, esto, obviamente, coadyuva a la celeridad procesal, es decir, a una más expedita administración de justicia.
10) El principio de Contradicción: el artículo 18 establece que el proceso tendrá carácter contradictorio. Este principio es garante de la seguridad jurídica y del derecho a la defensa, ya que, desde el primer instante, ambas partes podrán exponer sus argumentos y alegatos, lo cual permitirá conservar al Juez una visión verdaderamente objetiva e imparcial de los hechos controvertidos.
11) El principio de Apreciación de las pruebas: el artículo 22 dispone que "las pruebas se apreciarán por el tribunal según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia". Hay libertad de prueba.
12) El principio de información: por medio de la consagración de este principio en el artículo 113, se eliminó el conocido secreto sumarial, dando paso al derecho de estar informado que tienen tanto la víctima como el indiciado. Es de tal importancia este principio. Los órganos de policía en los plazos que se les hubieren fijado, comunicarán al Ministerio Público el resultado de las diligencias practicadas. En ningún caso, los funcionarios o funcionarias policiales podrán dejar transcurrir más de doce horas sin dar conocimiento al Ministerio Público de las diligencias efectuadas.
En resumen se tiene que el Juicio previo y debido proceso, se establece el sistema acusatorio como procedimiento de juzgamiento al decirse en el artículo 1 que: "Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial…" Quiso de esta forma establecer el legislador venezolano las garantías constitucionales del debido proceso, de legalidad, celeridad, juez natural únicamente en cuanto hace relación con la imparcialidad, oralidad y publicidad.
El artículo 2 establece el ejercicio de la jurisdicción, esta se administrará en nombre de la República y por autoridad de la ley, reiterándose el principio constitucional que defiere en el Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se consagra el derecho de participación ciudadana en la administración de justicia. El artículo 3 Se determina la autonomía e independencia de los jueces respecto de los diversos órganos del poder y se establece que sólo deben obedecer a la ley y al derecho. Los jueces deben cumplir y hacer que se cumplan sus decisiones y se precisa que las demás autoridades de la República colaboren para el cumplimiento de tales fines. Se consagra el principio de prohibición de absolución de instancia, determinándose que el Juez no puede fundamentándose en circunstancia alguna abstenerse de decidir sobre la causa que se le plantee.
Se establece el concepto genérico del Juez natural y que la competencia para aplicar la Ley en los procesos penales corresponde a los jueces ordinarios o especializados, establecidos por las leyes con anterioridad a la ocurrencia de los hechos objetos del proceso. Se reitera la el principio de presunción de inocencia, mientras no se demuestre culpabilidad, este principio se traduce en el hecho que la carga de la prueba corresponde al Estado y que por tanto es a los funcionarios que ejercen la represión quienes deben demostrar la existencia del hecho, la infracción de la norma penal, la autoría y la responsabilidad penal, porque si el Estado no es capaz de realizar tales demostraciones la presunción de inocencia persistirá y la sentencia absolutoria se impondrá.
Se dispone el respeto a la dignidad humana y se reitera el derecho a estar acompañado por un abogado de confianza cuando la comparecencia del ciudadano sea dispuesta por un funcionario judicial. Se precisa igualmente que la presencia del abogado sólo servirá para que se cumpla con el derecho a la defensa y al debido proceso.
El artículo 15, se refiere a la publicidad del juicio oral, exceptuándose los casos en que se vea afectado el pudor o la vida privada de alguna de las partes, cuando se perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad.
Se incluye el principio de concentración que es otra de las características del sistema acusatorio y que significa que la audiencia debe desarrollarse idealmente en un mismo día y si es necesario interrumpir esta diligencia, que la misma continúe a la mayor brevedad. El objetivo de la concentración es evitar que el transcurso del tiempo lleve a olvidar al Juez el contenido de las pruebas o el alegato de las partes. Este principio se reglamenta en el artículo 17del mismo código.
El proceso tiene carácter contradictorio, que no es más que el derecho de las partes de probar y de contradecir las pruebas que se esgrimen durante la fase de juicio oral y público.
Principio del "non bis in ídem", que impide plural persecución sucesiva cuando un hecho calificado como delito ha sido objeto de un fallo o sentencia firme.
Consagra como excepción los casos amparados con el recurso extraordinario de revisión, dentro de los que se incluye el caso de la pena más favorable, o la promulgación de una norma que quita al hecho el carácter penal.
Según los Principios de Garantías los Podemos encontrar reflejados en nuestro código procesal penal y ellos se encuentran registrados desde el artículo 1 hasta el Artículo 22.
Artículo 1º. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante un juez imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Artículo 2º. Ejercicio de la jurisdicción. La justicia penal se administrará en nombre de la República y por autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Artículo 10. Respeto a la dignidad humana. En el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza. El abogado requerido, en esta circunstancia, sólo podrá intervenir para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 1º.
Artículo 12 Defensa e igualdad entre las partes.La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades.
Los jueces profesionales, escabinos, jurados y demás funcionarios judiciales no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus abogados, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas.
Artículo 22. Apreciación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por el tribunal según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.
En cuanto al avocamiento
La ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente, desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela numero 37.942 de 20 de Mayo de 2004, contempla la figura del avocamiento en su artículo 18 apartes 10,11,12 y 12 y o tenor es el siguiente:
Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado, en que se encuentre cualquier expediente, para resolver se avoca y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto, le asigna a otro tribunal.
Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y solo cuando se perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia institucional democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.
El avocamiento judicial fue instituido como una potestad de la Sala Politicoadministrativa de la Corte Suprema de Justicia, lo que se concluía de la interpretación del artículo 42, en concordancia con el articulo 43 el cual expresaba que la Corte en su Sala Politicoadministrativa conocería de los asuntos referidos a los restantes ordinales (entre los cuales establece el 29 que no fue asignado expresamente a una de las otras salas) previsto en el articulo 42 y de cualquier otro que sea de la competencia de la Corte, si no estaba atribuida a laguna de las otras Salas.
Los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia señalaban lo siguiente:
Articulo 42.es de competencia de la Corte como lo mas alto Tribunal de la República:
29. Solicitar algún expediente que se curse ante otro Tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto, cuando lo juzgue pertinente;
Articulo 43.La Corte conocerá en pleno de los asuntos a que se refiere el artículo anterior en sus ordinales 1° al 8°.
Articulo 42 ordinal 291, en concordancia con el artículo 43 de la ley comentada.
Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia se regulo legalmente la facultad de todas las Salas de recabar de los Tribunales de instancia cualquier expediente para su avocamiento y resolución del asunto o asignarlo a otro tribunal, lo que contempla el aparte 10 del artículo 18 supra transcrito.
En el artículo 5, ordinal 48 de la Ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia, prescribe que es competencia de todas las Salas del máximo Tribunal”48. Solicitar de oficio o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente.
Numerales 47 al 52 estima que el conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia que conozca, adicionalmente a lo anterior podemos afirmar que existen dos formas de avocamiento a ser ejercida exclusivamente por la Sala Constitucional, uno que se encentra consagrado en el articulo 5 numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que dispone: la revisión de las sentencias dictadas por las Salas, cuando exista una denuncia fundadamente respecto a ala violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Carta Magna, Tratados , Pactos o Convenios internacionales suscritos y ratificados debidamente por la República Bolivariana de Venezuela o haya sido dictada a consecuencia de un error inexcusable.
La segunda forma la vemos en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que consagra que de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo tribunal de la República podrá ejercer el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso concreto, en cuyo supuesto dicha sentencia estará expuesta a los recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar, quedando a salvo en todo caso.
La función de los objetivos en cuanto a la particularidad de la investigación es de carácter jurídico dogmática y documental, ya que el único propósito se desarrollará con el sustento de fuentes bibliográficas utilizando método de recolección de datos e información mediante la elaboración de fichas bibliográficas, considera Ramírez (1992), en su libro titulado Como hacer un Proyecto de Investigación, que ésta es:
Una variante de investigación científica cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológicos, sociológicos, etc.) de la alta calidad a través de la indagación exhaustiva sistemática y rigurosa, utilizando técnicas muy precisas de la documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la información atinente al fenómeno a estudiar (p.55).
La presente investigación jurídica dogmática se realizará mediante el estudio de diversas disposiciones legales, bibliografías y doctrina jurídica nacional; relacionadas con el tema de estudio, a fin de recabar la información pertinente para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación tomando en consideración el carácter jurídico de la misma al respecto, considera Jaime (1989), en su libro titulado Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica:
La investigación jurídica es la que se consulta con las fuentes formales del Derecho, las cuales se encuentran siempre consignados en documentos escritos. Es por ello que el manejo de las fuentes bibliográficas y las técnicas para la recopilación de información documental, son herramientas necesarias para la realización de este tipo de trabajo (p. 233)
El método a utilizar es el deductivo – analítico, que permitirá a partir del análisis general de la documentación existente describir una situación particular con apoyo de la teoría del tema a estudiar. Según Méndez (1998), en su libro titulado Metodología guía para elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, determina que “el conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas” (p. 97).
Así mismo, la investigación será abordada siguiendo el esquema de investigación documental propuesto por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el cual consta de: Introducción donde se desarrolla el planteamiento del tema a investigar, el objetivo general y los objetivos específicos, justificación, alcance, metodología y estructura del trabajo. El cuerpo del trabajo (ideas analizadas propuestas en forma de capítulos, conclusiones), Bibliografía y Anexos.
Se aplico el método hermenéutico el cual nos brindo herramientas el cual auxilia para realizar las tareas de manera interpretativa tal como lo establece Ruggiero, en menester de obtener mejores resultados en la investigación realizada.
De todo lo expuesto a lo largo de la investigación, como conclusión podemos dilucidar que nuestro conglomerado sistema de Justicia venezolana se rige tal cual como se estableció en la legislación, aun sabiendo que dentro del mismo existen la gran lucha por los vicios y el desvió de las normas penales, siendo este un instrumento primordial en la Administración de Justicia, el cual evoluciono gracias al nacimiento de la nueva Carta magna, lo cual nos ha llevado como sociedad al estudio de mecanismo para fortalecer las bases del Sistema Penal Venezolano, consolidando principios, garantías, la libertad individual y la dignidad humana como factor principal en nuestra sociedad.
Este nuevo sistema lo lideriza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al establecer la igualdad equidad y la participación ciudadana como objetivos claves, ya que el régimen anterior clamaba por cambios profundos en el sistema; en la investigación se analizo la reestructuración del mismo como un gran aporte positivo al gran cambio tratando en lo posible la mínima perturbación de todo ciudadano brindando garantías y principios los cuales no vulneren los derechos humanos.
En los tres temas que se desarrollaron, a lo largo de la investigación se enfocaron varios tipos de derecho como lo es el real el cual es ejercido de forma inmediata sobre un derecho, el derecho subjetivo el cual son las facultades que proporcionan beneficios, privilegios los cuales son disfrutables desde nuestro origen y esencia, y así entre otros , ejerciendo una conexión profunda entre estos términos en lo que se refiere a el proceso penal, las garantías constitucionales y la figura del avocamiento. Esta conexión resguarda a todo individuo en una gama de costumbres, equidad, valores y experiencias, ya que son un instrumento de organización social mediante las normas establecidas rumbo a las relaciones sociales las cuales se admiten o se limitan a las reglas de conducta, teniendo como resultado un medio de solución de conflictos ofreciendo pautas para la resolución de los mismos.
El Proceso Penal, las garantías procesales y la figura del avocamiento son como especie de un conjunto de reglas, actuaciones, relaciones que estimulan el desarrollo del Sistema, en cuanto al poder y la moral en la sociedad, al dominio del Estado en función a la afinidad de su competencia.
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 artículo 3
 artículo 252
 artículo 8
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 artículo 37
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 artículo 15
 artículo 336
 artículo 16
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 artículo 113
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 artículo 2
 artículo 3
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Artículo 12

Artículo 22
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 artículo 42
 artículo 43
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 artículo 18
 artículo 5
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