Source: https://blog.sepin.es/2019/07/derecho-indemnizacion-prision-preventiva/
Timestamp: 2019-12-07 14:34:43+00:00

Document:
Indemnización por sufrir indebidamente la prisión preventiva | Sepín
9 julio, 2019 8 julio, 2019 Julián López
Y ahora sí, podemos decir que esto va a ser así porque, después de vaivenes en nuestra doctrina jurisprudencial –a los que luego me referiré brevemente- que interpretaba el art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (SP/LEG/2015), ahora ya no estamos “solamente” ante una interpretación de un Tribunal, sino que estamos ante una declaración de inconstitucionalidad de parte de este precepto que es el que regulaba este concreto supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por funcionamiento anormal.
En concreto, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019 (SP/DOCT/82940) ha declarado la inconstitucionalidad de los incisos del art. 294.1 de la LOPJ “por inexistencia el hecho imputado” y “por esta misma causa”.
Art. 294.1 LOPJ: Redacción anterior vs Nueva Redacción
Con esta declaración de inconstitucionalidad (con el voto particular contrario de varios Magistrados) la diferencia en la redacción del art. 294.1 es la siguiente:
Redacción anterior: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.
Nueva redacción: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
¿En qué se basa el TC para declarar esa inconstitucionalidad?
La Sentencia considera que la inclusión de los incisos anulados en ese art. 294.1 es incompatible con dos principios básicos recogidos en la Constitución Española -SP/LEG/2314-, como son el de igualdad (art. 14) y el de presunción de inocencia (art. 24.2). Así, lo explica la propia Sentencia:
“Las conclusiones expuestas en los fundamentos precedentes conducen a estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad. Al poner en relación los problemas de constitucionalidad de la selección de supuestos indemnizables que dibujan los incisos controvertidos desde la perspectiva de los arts. 14 y 24.2 CE, se observa que circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho. Tampoco una interpretación amplia del art. 294.1 LOPJ, que reconozca el derecho a ser indemnizado tanto en caso de inexistencia objetiva como subjetiva, puede eludir las objeciones de ausencia de justificación razonable de la diferencia de trato y, sobre todo, de desproporción en las consecuencias, sin que, por lo demás, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia se mitigue, al perpetuar la distinción entre absoluciones por prueba de la inocencia y falta de prueba de la culpabilidad”.
¿Afectará esta sentencia a supuestos ya juzgados?
No, el Tribunal Constitucional (seguramente consciente de la avalancha de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se avecinan), se apresura a aclarar (y, sobre todo, acotar) esta cuestión en el propio texto de su sentencia:
“a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales”. Más allá de ese mínimo dirigido a preservar la cosa juzgada, debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que —en el asunto que nos ocupa— esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme (en este sentido, SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril, FJ 4; y 140/2016, de 21 de julio, FJ 14). En consecuencia, esta sentencia no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias”.
Breve repaso a la evolución jurisprudencial hasta llegar a esta declaración de inconstitucionalidad
Esta siempre ha sido una cuestión que ha merecido especial interés y seguimiento por parte del Departamento Jurídico de Sepín Administrativo. Así, ya en noviembre de 2012 publicamos nuesto post «¿Y por qué no se indemniza a Dolores Vázquez?» (https://blog.sepin.es/2012/11/y-por-que-no-se-indemniza-a-dolores-vazquez/) en el que analizaba cómo y por qué se había modificado el ámbito de los supuestos que sí daban lugar a derecho a la indemnización. Más recientemente, y como preludio a esta Sentencia del Tribunal Constitucional, nos “adelantábamos” a la nueva situación en nuestro artículo “A vueltas con el derecho a ser indemnizados de quienes fueron absueltos tras sufrir prisión preventiva” (SP/DOCT/81589) en el que precisamente intuíamos el cambio de criterio a raíz del planteamiento, por el propio pleno del Tribunal Constitucional, de una cuestión interna de inconstitucionalidad respecto de los incisos del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa«, ante su posible oposición a los derechos a la igualdad, la libertad, y a la presunción de inocencia, recogidos, respectivamente, en los artículos 14, 17 y 24 de la Constitución Española.
Pues bien, en ambos escritos, ya exponíamos la evolución que había existido respecto de la interpretación y aplicación de ese artículo 294.1 y que ha culminado ahora con la declaración de inconstitucionalidad de esos dos incisos ya citados.
Ejemplos de esta doctrina jurisprudencial, hoy totalmente superada, eran las Sentencias de la Audiencia Nacional de 26 de marzo de 2010 y del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2007 , cuyos extractos más relevantes acompaño a continuación.
«Interesa ahora aclarar el alcance de la norma que acabamos de transcribir a través de su interpretación y aplicación por la doctrina legal. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 27-6-2000 dijo lo siguiente : » — es doctrina jurisprudencial de esta Sala, reiterada y uniforme ( por todas sentencia de 1 de marzo de 1997), la equiparación de «la inexistencia objetiva del hecho a los supuestos de inexistencia subjetiva del mismo, por haberse acreditado que quién sufrió prisión preventiva no cometió el hecho que se le imputaba, ya que el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a la absolución por inexistencia del hecho, que ha de entenderse tanto la objetiva como la subjetiva ( sentencia de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1996 ), pero no cabe confundir dicha inexistencia subjetiva del hecho con la falta de acreditamiento de la participación en los hechos, pues, como acertadamente se expresa en la sentencia apelada, el citado artículo 294.1 no permite equiparar el defecto de prueba de la participación en el hecho con la existencia de prueba de la no participación, ya que sólo en este último caso el citado precepto concede derecho a la correspondiente indemnización por los perjuicios sufridos a consecuencia de la prisión preventiva» «. Por otra parte, la sentencia de 28-9-1999 del mismo alto Tribunal se expresó así : «Esta Sala ha venido declarando que la inexistencia subjetiva del hecho implica la ausencia de participación del acusado suficientemente acreditada deducida del examen conjunto de la resolución penal, pero no concurre cuando se produce una falta de convicción por inexistencia de pruebas válidas sobre la participación en los delitos del que fue acusado y éste es absuelto en virtud del principio constitucional de presunción de inocencia (v . gr., Sentencia de 12 de junio de 1999, recurso 2039/1995 , fundamento jurídico quinto)».
Por su parte, el Tribunal Supremo, calificaba de «reiteradísima» su jurisprudencia en la que equiparaba, a efectos del derecho a indemnización, los supuestos de inexistencia del hecho (inexistencia objetiva) a los casos en los que se probaba la falta de participación de quien sufrió la prisión provisional (inexistencia subjetiva). A modo de ejemplo, en la referida sentencia de mayo de 2007, el alto tribunal se expresaba de la siguiente forma:
«Esta Sala, en reiteradísimas sentencias, en relación al art. 294 LOPJ , entre otras Sentencias de 25 de Abril de 2.006 (Rec.1371/2002) y de 22 de Marzo de 2.007 (Rec.6260/2002 ), ha señalado que son subsumibles en el artículo 294 de la mentada Ley Orgánica y por tanto deben generar derecho a la correspondiente indemnización, los supuestos en que se prueba la inexistencia del hecho imputado «inexistencia objetiva» y aquéllos en que resulte probada la falta de participación del inculpado, procesado o acusado en el hecho que se le hubiese atribuido, «inexistencia subjetiva», es decir, hecho delictivo existente con prueba de no haber participado en él. Como decimos además en esas sentencias para apreciar si nos hallamos en uno de los dos supuestos referidos, que según el art. 294 LOPJ comportarían la obligación de indemnizar, se ha de examinar el auténtico sentido de la resolución pronunciada en el ámbito de la jurisdicción penal».
El 23 de noviembre del año 2010 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que explica los motivos por los que desde ese momento «revisaba» su propio criterio mantenido hasta la fecha, en el sentido de considerar que los supuestos de prisión preventiva sólo serían indemnizables en los casos de sobreseimiento o absolución debida a que se demostrara que el delito no llegó a cometerse o los hechos no eran tipificables, es decir, en los casos de «inexistencia objetiva» del hecho.
¿Y qué justificación empleó el TS para ese cambio? En la respuesta a esta pregunta viene a mi modo de ver la principal crítica que se puede hacer a la actual doctrina jurisprudencial. El Tribunal Supremo, tanto en la sentencia aludida como en otras posteriores que confirmaron el criterio, justificó su decisión en que su doctrina mantenida hasta entonces había sido puesta en cuestión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella c. España, nº 1483/02, y más claramente en la de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España.
Pero en realidad, lo que el TEDH había puesto en cuestión no era que se indemnizara a quienes resultaban absueltos por haberse probado su no participación en el delito, sino que se diera distinto tratamiento o, lo que es lo mismo, que se excluyera de indemnización a quienes habían obtenido un sobreseimiento libre por no haberse podido probar suficientemente su participación en los hechos. Es decir, el TEDH consideraba que la desestimación de la pretensión indemnizatoria con el argumento de que la no participación del demandante en los hechos delictivos no había sido suficientemente establecida dejaba una duda sobre la inocencia del demandante, y que el razonamiento, operando una distinción entre una absolución por falta de pruebas y una absolución resultante de una constatación de la inexistencia de hechos delictivos, desconoce la absolución previa del acusado, cuya declaración debe ser respetada por toda autoridad judicial, cuales sean los motivos referidos por el juez penal. Concluía el TEDH que con tal planteamiento se producía una violación del art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a la presunción de inocencia hasta que la culpabilidad haya sido legalmente declarada.
Ante esta situación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en lugar de plantearse la indemnización también en los supuestos de sobreseimiento por falta de pruebas, optó por, si se me permite la expresión, «cortar por lo sano», eliminando el derecho a la indemnización en todos los supuestos de inexistencia subjetiva.
En efecto, el TS basó su cambio de criterio en que el art. 294.1 LOPJ no prevé la indemnización en todos los supuestos de prisión provisional sino que únicamente la prevé para los supuestos de inexistencia del hecho imputado; y además, para dar legitimidad a su nueva postura, afirma que ello «no supone infracción del art. 6.2 del Convenio , pues, ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del Convenio dan lugar a reparación por una detención provisional en caso de absolución y no exigen a los Estados signatarios contemplar en sus legislaciones el derecho a indemnización por prisión preventiva no seguida de condena».
Sobre este giro en la interpretación y aplicación del art. 294.1 me permito recomendar la lectura de los comentarios a la ya famosa STS de noviembre de 2010 elaborados para SEPIN (SP/DOCT/15658) por Judith González Pedraz, quien por aquel entonces ocupaba el cargo de Subdirectora General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
Administrativo indemnización, Responsabilidad Patrimonial. permalink.
One thought on “El derecho a ser indemnizados (ahora sí) se reconoce a todos los que sufran indebidamente prisión preventiva”
16 noviembre, 2019 a las 5:30
Es lo justo. Yo estuve 19 meses en prisión preventiva a la espera del juicio, con una petición fiscal de 14 años y de 17 por parte de la acusación particular. Este error del sistema te cambia la vida, nadie está preparado para tal calvario, entras en un bucle de destrucción progresiva tanto social como familiar, económicamente es horrible, pues no solo dejas de producir dinero sino que gastas de todo lo que dispones , desprendiendote de todo lo que se pueda vender, para pagar a abogados y procuradores que interponen recursos para que te interpongan otras medidas menos gravosas , por ejemplo la entrega del pasaporte y personarse en el juzgado cada 15 días, de esta manera puedes trabajar y lo mas importante es que tu familia no sufre, porque eso es otra condena a la que también deberían recibir una indemnización, mis hijas tenían 8 años y pasaron de tenerlo todo a pasar verdaderas dificultades culminando con el divorcio de sus padres. Mi padre estaba enfermo, cáncer, de hecho nada más entrar en la sala el Juez me dió el pésame y comunicó que ese día acabaríamos antes de la hora para para que me diese tiempo a asistir al entierro de mi padre, si me perdí sus últimos 19 meses de vida.
El juicio duró una semana, firmé mi libertad el ultimo día y en la misma Audiencia, los jueces no tuvieron que deliberar mucho para reconocer mi inocencia pues lo normal es que devuelvan al acusado al centro penitenciario y unas horas más tarde un agente judicial se persona en el centro penitenciario para que el interno firme la libertad provisional a la espera de sentencia, vuelve al juzgado y envía un fax al centro con la orden de puesta en libertad, en mi caso se hizo mientras yo volvía, es tan poco que común que el funcionario de la galería me dijo que en 20 años que llevaba solo lo había visto 1 vez y que era la primera que le sucedía a el.
El 19 de Junio de 2015 volvía a casa y la sentencia que me absolvía de los delitos imputados se hizo firme el 12 de Julio, ni un mes, pronto entraremos en 2020 y yo sigo gastándome el dinero en abogados y procuradores pero ahora solicitando la indemnización y es que no solo me la denegan es que además no reconocen su error, ese error que acabó con 22 años de relación, que me privo de los ultimos momentos con mi padre privándome de velarlo cuando falleció, que me a arruinado económicamente, que me a etiquetado socialmente y por el que estoy medicandome y no me permite salir de mi habitación, por supuesto que tenemos derecho a una indemnización, tambien deberían sancionar al/los responsables con suspensión de empleo y sueldo, de ese modo se asegurarán bien disponiendo siquiera de alguna prueba que avale, en mi caso no las habían solo tenían conjeturas

References: resolución 
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 294
 resolución 
 artículo 294
 resolución