Source: https://tc.vlex.es/vid/lotc-stc-f-j-15355325
Timestamp: 2020-06-03 08:29:02+00:00

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STC 100/1996, 11 de Junio de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355325
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 758/1994
1. Es notorio que la lesión alegada se plantea por el actor ante este Tribunal por vez primera, a través del recurso de amparo, sin haber dado oportunidad alguna a los órganos de la jurisdicción ordinaria de examinarla o, en su caso, proceder a su reparación. Con ello se ha incumplido el presupuesto previsto en el art. 44.1 c) LOTC. Se ha de concluir pues que la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, que constituye la esencial finalidad del mismo (STC 287/1993, por todas), no se ha visto respetada en este caso y en relación con el primer motivo del recurso, que ha de ser desestimado por tal causa [F.J. 1]. 2. Según tiene dicho este Tribunal (STC 97/1987), «el art. 24.2 de la C.E. no se extiende a garantizar un Juez concreto, sino únicamente comprende el derecho a que la causa sea resuelta por el Juez -el competente- o por quien funcionalmente haga sus veces», de forma que, junto a la constatación de aquella sustitución procesal, es preciso alegar cuál sea la transcendencia material y real que la misma comporta en el caso concreto, para dotar de cierto contenido material a la incidencia procesal que, de otro modo, carece del mismo [F.J. 1]. 3. Este Tribunal viene precisando (por todas, STC 301/1994) que la expresión constitucional «dilaciones indebidas» (art. 24.2 C.E.) constituye un «concepto jurídico indeterminado», lo que por su imprecisión exige examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y si ésta puede considerarse justificada, porque tal derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales; y también ha señalado que es necesario denunciar previamente el retraso o dilación, con el fin de que el Juez o Tribunal pueda reparar -evitar- la vulneración que se denuncia; de forma que la pretensión de amparo no puede prosperar si previamente no se ha dado oportunidad al órgano judicial de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esa denuncia previa no significa un simple requisito formal, sino una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.2 C.E., por la cual, poniendo de manifiesto al órgano judicial su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa (STC 73/1992) [F.J. 2]. 4. La constatación de la omisión procesal consistente en no haber dado traslado al querellado de la interposición y admisión de la querella (art. 118 L.E.Crim.) -merecedora, sin duda, de reproche desde esa perspectiva procesal- no dota por sí misma de contenido y relevancia a la queja planteada, desde la perspectiva constitucional que ahora nos ocupa, pues la finalidad de aquella comunicación judicial se encuentra precisamente en la información acerca de la situación o condición real en que se encuentra el querellado en la causa, para que éste pueda ejercitar su derecho de defensa y sin que se produzca una real indefensión material como consecuencia del desconocimiento de su verdadera condición. De tal manera que, como también se ha afirmado por este Tribunal (STC 135/1989), «es el instructor quien debe efectuar una provisional ponderación de aquella sospecha contra persona determinada, y sólo si la considera verosímil o fundada... deberá considerar a ésta como imputada, poner en su conocimiento la imputación y permitirle o proporcionarle la asistencia de Letrado (...) pues (...) es necesario reconocer al Juez instructor un razonable margen de apreciación en el reconocimiento de la condición de imputado a quien se atribuya la comisión de un hecho punible en cualquier actuación sumarial (...) advirtiendo que el órgano instructor no deberá retrasar el otorgamiento de tal condición ni prevalerse de un consciente retraso para interrogarle en condición de testigo» [F.J. 3]. 5. En el supuesto que ahora se analiza, y, aun siendo cierta la incorrección procesal a que se ha hecho referencia anteriormente, relativa a la falta de notificación inmediata al querellado de su condición de tal, lo cierto es que ni el demandante de amparo se vio privado de intervención en la fase inicial del proceso, ni del conocimiento de su condición de querellado, ni del ejercicio de sus derechos de alegación y contradicción en la causa. En el presente caso, desde el momento en que el Juez instructor, tras realizar algunas diligencias de comprobación iniciales, acordó oír al querellado lo hizo en su condición de tal, asistido de Letrado e informándole de los derechos que podía ejercitar a partir de tal momento en el proceso, que no había entrado en ningún trámite preclusivo. De ello se deduce que, a partir de tal momento, el querellado conoció perfectamente su condición, estuvo asistido técnicamente y pudo intervenir en el proceso en condiciones de igualdad, ejercitando el derecho de defensa, quedando enterado asimismo de aquellas diligencias iniciales frente a las cuales pudo alegar cuanto tuviese por conveniente. En consecuencia, la posibilidad de participación del querellado en el proceso se produce con antelación más que suficiente respecto del escrito de acusación y dando oportunidad al mismo de ser oído, alegar y participar en la causa antes de aquella acusación formal y apertura de juicio oral [F.J. 4].
Sentencia citada en: 1068 sentencias, 22 artículos doctrinales
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don Vicente Gimeno Sendra, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y don Javier Delgado Barrio, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 758/94, promovido por don Francisco G. C. bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Consuelo Rodríguez Chacón, y defendido por el Letrado don Cristóbal Guillén Castaño, contra las Sentencias, de fechas 22 de junio de 1992 y 28 de enero de 1994, dictadas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, respectivamente, en el procedimiento penal abreviado núm. 26/89 (rollo 9/92), seguido por delito de prevaricación. Ha sido parte don Juan L. C. representado por el Procurador don Jorge Deleito García y defendido por el Letrado don Rafael López Prats. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Alvaro Rodríguez Bereijo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 8 de marzo de 1994 procedente del Juzgado de Instrucción de Guardia, don Francisco G. C. bajo la representación procesal de la Procuradora doña Consuelo Rodríguez Chacón, interpuso recurso de amparo contra las Sentencias, de fechas 22 de junio de 1992 y 28 de enero de 1994, dictadas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, respectivamente, dictadas en el procedimiento penal abreviado 26/89 (rollo 9/92), seguido por delito de prevaricación. Alega el actor la vulneración por dichas resoluciones judiciales de los derechos fundamentales a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.), al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 C.E.) y a ser informado de la acusación y derecho de defensa (art. 17.3 C.E.).
a) Durante los años 1980 y 1981, siendo el recurrente, don Francisco G. C. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, en cumplimiento de un Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente y previo informe favorable de los Servicios Técnicos de dicho Ayuntamiento, se realizaron obras de limpieza y acondicionamiento de la zona denominada Cuevas de Poniente de dicha ciudad; zona calificada en el Plan General de Ordenación Urbana, entonces vigente, como zona verde, en cuyo informe se hacía constar que se había llevado a efecto el derribo de unas ochenta cuevas que estaban abandonadas y semiderruidas, y que quedaban treinta y siete cuevas más que impedían la conclusión de la obra de saneamiento empezada. La Comisión Municipal Permanente, en Sesión celebrada el día 10 de febrero de 1981, acordó entonces facultar al señor A. para que realizase las gestiones pertinentes con los ocupantes, o aparentemente propietarios, de las citadas cuevas a fin de conseguir su desalojo y posterior demolición.
Según se declara como probado en la Sentencia de instancia, en el mes de junio de ese mismo año 1981, en virtud de la orden verbal directa del Alcalde, don Francisco G. C. se procedió a la demolición de la casa cueva núm. 3 de las Cuevas de Poniente, propiedad de don Juan L. C. asimismo, en fecha no acreditada, pero comprendida entre los años 1980 y 1981, don Francisco G. dio orden verbal de demolición de la casa situada en el núm. 2 de la calle Isabel la Católica, de Yecla, casa que pertenecía por herencia a doña Dolores H. I.
b) Ambos propietarios formalizaron querella criminal contra el Alcalde, actual recurrente en amparo, haciéndolo don Juan L. C. mediante escrito de fecha 30 de abril de 1985 por los presuntos delitos de daños, coacciones e imprudencia temeraria. El Juzgado de Instrucción de Yecla incoó las correspondientes diligencias previas núm. 294/85, en fecha 3 de mayo de 1985, elevándolas a sumario en fecha 27 de enero de 1986 con el núm. 5/86.
Por providencia de fecha 17 de diciembre de 1985 se ordena que se reciba declaración al querellado, señalando para ello el día 17 de enero de 1986, como así se hizo. Siendo así que, desde el día 30 de abril de 1985, fecha del escrito de querella, hasta el día 17 de enero de 1986, en que se tomó declaración al querellado, transcurrieron doscientos sesenta y dos días desde que se formuló la acusación hasta que el acusado fue informado de ella.
d) Durante los días 15 y 16 de junio de 1992 se celebra la vista oral, siendo el mismo día 15, inmediatamente antes del comienzo de la vista, cuando se comunicó a las partes que uno de los Magistrados que componían el Tribunal según el Auto por el que se había señalado el inicio de las sesiones de juicio, concretamente don Carlos M. M. no había acudido a la Audiencia, por lo que se designaba en su lugar, a fin de que formara parte del Tribunal, al Magistrado don Juan María Lozano Sánchez, que fue en efecto uno de los miembros que compusieron el Tribunal que dictó Sentencia en la instancia. La ausencia del primero de los Magistrados indicados no se justificó en modo alguno.
e) En el procedimiento abreviado recayó Sentencia núm. 18/92, en fecha 22 de junio de 1992, en cuya parte dispositiva se condenó a don Francisco G. C. como autor responsable de un delito de prevaricación culposa, a la pena de seis años y un día de inhabilitación especial y al pago de la mitad de las costas del juicio, con inclusión de las correspondientes a la acusación formulada por don Juan L. C. y a que indemnizase a este último en la cantidad de 1.091.450 pesetas, declarando la responsabilidad civil subsidiaria del Excmo. Ayuntamiento de Yecla; al tiempo que se absolvía al mencionado acusado del delito que se le imputaba por doña Dolores H. I. por considerar extinguida dicha responsabilidad criminal como consecuencia de la prescripción de la infracción penal.
3. Contra las dos Sentencias dictadas en la causa penal, la de la Audiencia Provincial de Murcia y la del Tribunal Supremo, se formula el presente recurso de amparo. Considera el recurrente que se ha producido, en primer lugar, la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.), por cuanto desde la fecha del escrito de querella -30 de abril de 1985- hasta la del inicio del juicio oral 15 de junio de 1992 transcurrieron más de siete años, sin que dicha dilación se encuentre justificada en modo alguno ni sea imputable al recurrente. Tampoco cabe admitir la justificación que de tales dilaciones hace el Tribunal Supremo en su Sentencia, porque comete un error al hacer recaer la tardanza en el Ayuntamiento, explicando al respecto que se retrasó el envío de determinada documentación al Juzgado, siendo el propio recurrente, en su condición de Alcalde del expresado Ayuntamiento, el responsable del mencionado retraso, cuando, en realidad, en esas fechas (año 1989) el demandante ya no ostentaba tal cargo de Alcalde desde hacía tres años.
En segundo término, se ha lesionado, según el actor, el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, porque fue en el mismo acto de la vista del juicio oral -el día 15 de junio de 1992- cuando se comunicó al recurrente que uno de los Magistrados que figuraba como componente de la Sala en la anterior resolución por la que se señalaba la fecha del juicio, don Carlos M. M. sería sustituido por otro Magistrado, don Juan María Lozano Sánchez, sin que se justificara ni se adujese causa alguna para tal modificación en la composición del Tribunal llamado a dictar Sentencia sobre el asunto.
Finalmente, alega también el demandante la vulneración del derecho de defensa y a ser informado de la acusación, con invocación del art. 17.3 C.E.; lesión, que hace derivar del hecho de que, desde la fecha de presentación de la querella contra el mismo, 30 de abril de 1985, hasta la providencia dictada por el Juzgado de Instrucción el 17 de diciembre de 1985 acordando se le recibiese declaración, transcurrieron doscientos sesenta y cinco días, y, por tanto, durante todo ese tiempo desde que se formuló la acusación el acusado no quedó enterado de ella ni se encontró, por tanto, en posición de igualdad procesal respecto de la parte querellante.
En virtud de todo lo expuesto, el solicitante de amparo suplica de este Tribunal se dicte Sentencia por la que, otorgando el amparo pedido, se declare la nulidad de la Sentencia 18/92 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, dictada en fecha 22 de junio de 1992, y, en consecuencia, la nulidad también de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 28 de enero de 1994, reconociendo expresamente la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por medio de otrosí solicita se acuerde abrir un período de proposición y práctica de prueba en el recurso de amparo, y también, mediante segundo otrosí, solicita se suspenda la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia mientras se tramita el presente recurso de amparo, en virtud de lo dispuesto en el art. 56 LOTC, porque dicha ejecución ocasionaría un perjuicio que haría perder al recurso de amparo su finalidad; sin que proceda, por otro lado, la prestación de fianza respecto de dicha suspensión, pues el demandante ya la tiene prestada judicialmente.
7. El 31 de mayo de 1994 se persona ante este Tribunal don Juan L. C. representado por el Procurador don Jorge Deleito García y defendido por el Letrado don Rafael López Prats, solicitando se le tuviera por parte en el recurso de amparo.
9. Por providencia de 12 de diciembre de 1994, la Sección tiene por recibidos los documentos aportados por el recurrente y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, acuerda dar vista de todas las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señor D. G. y señora R. C., para que dentro de dicho término presentasen las alegaciones que a su derecho conviniesen. Dentro del mencionado plazo, podrán igualmente el Ministerio Fiscal y el Procurador, señor D., alegar respecto de la prueba presentada de contrario, conforme dispone el art. 89 de la mencionada Ley Orgánica.
11. El día 4 de enero de 1995 se recibe el escrito de alegaciones de don Juan L. C. En él opone, en primer término, la concurrencia de la causa de inadmisión del recurso de amparo prevista en el art. 44.1 c) LOTC; esto es, la falta de invocación formal en el proceso del derecho fundamental que se estimaba vulnerado, tan pronto como, conocida la violación, hubiera lugar para ello. Dicha causa concurre respecto de los tres derechos fundamentales en cuya lesión se sustenta la demanda de amparo; si bien, respecto del derecho al Juez ordinario es especialmente patente, pues no se hizo invocación ni protesta alguna respecto de la alteración en la composición de la Sala, ni en el momento del juicio, ni, posteriormente, al formular el recurso de casación. Respecto de los otros dos derechos fundamentales, la invocación no se hizo en tiempo hábil, pues sólo fueron alegados a través del recurso de casación, pero no cuando la lesión se consumó, que, en ambos casos, lo fue en un momento anterior. Así, la finalidad a que atiende dicho requisito, que no es otra que la de posibilitar la reparación de la lesión constitucional por los propios órganos judiciales, respetando la naturaleza subsidiaria propia del amparo, no fue posible en este caso, por lo que es de aplicación la doctrina constitucional al respecto (sentada, entre otras, en las SSTC 117/1989, 130/1989 y 287/1993).
En lo que respecta al fondo de la petición de amparo planteada, se señala que, según reiterada doctrina constitucional (de la que es exponente la STC 73/1992), es preciso que la dilación indebida, que se afirma sufrida en el proceso, haya sido denunciada en el seno del mismo, y en este supuesto no lo fue en ningún momento ante el órgano judicial que se afirma como causante de la misma, sino sólo cuando la dilación ya había cesado y la causa penal se encontraba decidida en la instancia. Pero, además, la denuncia carece de relevancia, como ya sostuvo el Tribunal Supremo en su resolución de casación, pues el concepto de dilación indebida de la causa es un concepto jurídico indeterminado, que precisa de su concreción en atención a las circunstancias del caso concreto; y, en este supuesto, aunque es cierta la duración de siete años desde la presentación de la querella hasta la Sentencia de instancia, fueron muchas las diligencias que se practicaron en el procedimiento, que sufrió una doble transformación de diligencias previas a sumario, y de éste a procedimiento abreviado. En lo que respecta al derecho de información y defensa, tampoco adquiere esta queja relevancia, pues, a lo ya señalado por el Tribunal Supremo en su resolución para descartarla, ha de añadirse que en este supuesto el juzgador siguió escrupulosamente el criterio que se mantiene en la STC 135/1989; esto es, ponderó y valoró, antes de inculpar y poner en conocimiento del querellado la querella, una serie de datos, investigando los mismos, de forma que, sólo tras su comprobación, se tomó declaración al recurrente, y en esta primera declaración se le enteró de sus derechos y estuvo asistido de Letrado. Finalmente, tampoco adquiere contenido la lesión del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, pues, además de no recusar ni manifestar nada el demandante en relación con la sustitución del Magistrado a la que se refiere y de la que tuvo conocimiento, como él mismo reconoce, al inicio del juicio, es que, además, tal y como se afirmó en la Sentencia de 10 de junio de 1987, el derecho que consagra el art. 34.2 C.E. no garantiza la actuación de un Juez concreto, sino la resolución por el Juez legalmente previsto o por quien «funcionalmente haga sus veces». En virtud de todo ello, termina suplicando el señor L. C. se desestime el recurso de amparo interpuesto de contrario, al tiempo que se opone a la admisión de algunos de los documentos aportados como prueba por el recurrente por no guardar relación con el objeto del recurso.
Finalmente, el demandante alega la vulneración de sus derechos a ser instruido, de defensa, y a no padecer indefensión (art. 24.1 C.E.); pues bien, esta cuestión sí fue planteada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo al formalizar el recurso de casación y obtuvo una adecuada respuesta por parte de dicho Tribunal; el Ministerio Fiscal hace suyo ahora ese razonamiento añadiendo que, en el fondo, lo que sigue latiendo en el planteamiento de esta vulneración es la misma motivación que late en la denuncia de dilaciones indebidas; pero, además, para que la queja prosperase en este punto, sería imprescindible que la demanda de amparo objetivara la indefensión y perjuicio material que se hubiera producido como consecuencia de aquel proceder irregular por parte del Juzgado Instructor; sin embargo, en este supuesto, la condena del actor no se ha basado ni en lo actuado antes de recibirle declaración (asistido, además, de Letrado), ni en la declaración en sí, sino en otros acervos documentales obrantes en autos, tal y como se desprende de la simple lectura de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia (Fundamento Jurídico Tercero). En virtud de todo lo expuesto, el Ministerio Fiscal concluye interesando la desestimación del amparo solicitado, por entender que las resoluciones judiciales recurridas no han vulnerado el art. 24.1 y 2 C.E.
Pues bien, la concurrencia y apreciación de tal causa de inadmisión del recurso, en relación con la primera de las lesiones en que se sustenta el amparo-derecho al Juez predeterminado por la Ley- es, en efecto, manifiesta. La sustitución de uno de los Magistrados de la Sala en el mismo momento del inicio de la vista pública, de la que se hace derivar la lesión constitucional indicada, fue oportunamente comunicada en ese mismo momento procesal al demandante de amparo y a su representación procesal, conforme él mismo reconoce en su escrito de demanda, sin que en tal momento, o durante el desarrollo de la vista, que se celebró en dos sesiones durante los días 15 y 16 de junio de 1992, formulase dicha parte protesta alguna al respecto ni hiciese alegación sobre tal extremo en tal acto, como tampoco posteriormente al formular el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es notorio, pues, que dicha lesión se plantea por el actor ante este Tribunal por vez primera, a través del recurso de amparo, sin haber dado oportunidad alguna a los órganos de la jurisdicción ordinaria de examinarla o, en su caso, proceder a su reparación. Con ello se ha incumplido el presupuesto al que se viene haciendo referencia [previsto en el art. 44.1 c) LOTC]. Y, en fin, se ha de concluir que la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, que constituye la esencial finalidad del mismo (STC 287/1993, por todas), no se ha visto respetada en este caso y en relación con este primer motivo del recurso, que ha de ser desestimado por tal causa.
Y ello, al margen de que la queja en cuestión carezca también de relevancia constitucional, pues no concreta tampoco el recurrente la incidencia material que aquella sustitución funcional produjo en este determinado caso; esto es, la repercusión que, en la garantía de imparcialidad que constituye la ratio de aquel derecho fundamental al Juez predeterminado por la Ley, supuso la modificación de la composición de la Sala Juzgadora. Respecto de esta omisión, sólo puede ahora reiterarse lo ya dicho en la STC 97/1987, fundamento jurídico 4., al señalar que: «... el art. 24.2 de la C.E. no se extiende a garantizar un Juez concreto, sino únicamente comprende el derecho a que la causa sea resuelta por el Juez -el competente- o por quien funcionalmente haga sus veces», de forma que, junto a la constatación de aquella sustitución procesal, es preciso alegar cuál sea la transcendencia material y real que la misma comporta en el caso concreto, para dotar de cierto contenido material a la incidencia procesal que, de otro modo, carece del mismo.
Así, el demandante de amparo hace derivar la lesión del derecho a no sufrir dilaciones indebidas en la causa de la duración -excesiva, a su juicio- que aquélla tuvo desde que se formuló la querella criminal (año 1985) hasta que se señaló fecha para la celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Murcia (año 1992); pero, es lo cierto que la primera queja que por tal motivo elevó el actor ante los órganos judiciales tuvo lugar cuando ya se había dictado Sentencia por la Audiencia Provincial, y precisamente al interponer el correspondiente recurso de casación contra esa decisión ante el Tribunal Supremo. Este planteamiento de la queja-genérica, por un lado, y carente de denuncia hábil, por otro- determina su inconsistencia, a tenor de la reiterada doctrina de este Tribunal sobre el contenido del derecho fundamental que nos ocupa, pues no satisface ninguna de las exigencias que se derivan de tal criterio doctrinal.
Este Tribunal viene precisando repetidamente al respecto (por todas, STC 301/1994) que la expresión constitucional «dilaciones indebidas» (art. 24.2 C.E.) constituye un «concepto jurídico indeterminado», lo que por su imprecisión exige examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y si ésta puede considerarse justificada, porque tal derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni aún siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales; y también ha señalado que es necesario denunciar previamente el retraso o dilación, con el fin de que el Juez o Tribunal pueda reparar -evitar- la vulneración que se denuncia; de forma que la pretensión de amparo no puede prosperar si previamente no se ha dado oportunidad al órgano judicial de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esa denuncia previa no significa un simple requisito formal, sino una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.2 C.E., por la cual, poniendo de manifiesto al órgano judicial su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa (STC 73/1992).
Del examen de lo actuado en el mencionado procedimiento penal se desprende que, en efecto, tras la presentación de la querella, ratificación en la misma del querellante y su admisión a trámite, el Juez instructor efectuó diversas diligencias, solicitadas por quien ejercía la acción penal, consistentes en la comprobación documental de determinados extremos y la declaración de algunas personas, para acordar posteriormente la declaración del querellado; acto, este último, en el que el recurrente se encontró asistido de Letrado y en el que, asimismo, se afirma, quedó enterado de los derechos que le asistían; desde este momento procesal el demandante tuvo, por tanto, conocimiento de la acusación, pudo intervenir en la causa debidamente asistido y cuantas veces tuviese por conveniente, sin que se advierta desigualdad alguna en su participación procesal a partir de tal fecha. Por tanto, se trata ahora de determinar si durante la inicial fase del proceso, ya indicada -que se extiende al período de doscientos sesenta y cinco días desde que se formalizó la querella hasta la primera declaración del querellado- se produjo una lesión relevante de las garantías y derechos del inculpado en el proceso penal que examinamos. Y, ciertamente, no fue así en este caso, por dos órdenes de motivos.
Ante todo, ha de reseñarse la constante doctrina de este Tribunal (por todas, STC 186/1990, fundamento jurídico 5.) en orden a que «... el art. 24 C.E., en cuanto reconoce los derechos a la interdicción de la indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado los principios de contradicción e igualdad, lo que impone la necesidad de que se garantice el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible, y que dicho acceso lo sea en condición de imputada, para garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aun en fase de instrucción judicial, situaciones de indefensión. Y por ello, el Juez instructor, tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de ésta, deberá considerarla imputada, con ilustración expresa del hecho punible cuya participación se le atribuye para permitir su autodefensa y una efectiva y equilibrada contradicción ...», pues, como también se ha señalado (STC 273/1993, fundamento jurídico 2., in fine) «... se impone la necesidad de que se garantice el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible y que dicho acceso lo sea en condición de imputada, para garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aun en la fase de instrucción judicial, situaciones materiales de indefensión...». Desde esta primera perspectiva se constata la existencia de una irregularidad procesal en las actuaciones penales que se examinan, consistente en la falta de traslado y notificación al querellado de la interposición y admisión de la querella criminal formulada contra el mismo, en la forma que expresamente dispone el art. 118.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ahora bien, la constatación de tal omisión procesal -merecedora, sin duda, de reproche desde esa perspectiva procesal- no dota por sí misma de contenido y relevancia a la queja planteada, desde la perspectiva constitucional que ahora nos ocupa, pues la finalidad de aquella comunicación judicial se encuentra precisamente en la información acerca de la situación o condición real en que se encuentra el querellado en la causa, para que éste pueda ejercitar su derecho de defensa y sin que se produzca una real indefensión material como consecuencia del desconocimiento de su verdadera condición. De tal manera que, como también se ha afirmado por este Tribunal (STC 135/1989, fundamento jurídico 3.) «... Es el instructor quien debe efectuar una provisional ponderación de aquella sospecha contra persona determinada, y sólo si la considera verosímil o fundada... deberá considerar a ésta como imputada, poner en su conocimiento la imputación y permitirle o proporcionarle la asistencia de Letrado (...) pues (...) es necesario reconocer al Juez instructor un razonable margen de apreciación en el reconocimiento de la condición de imputado a quien se atribuya la comisión de un hecho punible en cualquier actuación sumarial (...) advirtiendo que el órgano instructor no deberá retrasar el otorgamiento de tal condición ni prevalerse de un consciente retraso para interrogarle en condición de testigo».
Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 758/94
Mi discrepancia con el parecer de la mayoría, según expuse durante las deliberaciones de esta Sentencia, se centra en un punto concreto: si un retraso de doscientos sesenta y dos días en comunicarle al imputado la existencia en el Juzgado de dos querellas criminales contra él debe considerarse una mera «irregularidad procesal», o si, por el contrario, esa dilación supone un atentado al derecho de defensa, dada la interpretación que este Tribunal Constitucional ha dado al art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, integrando tal precepto en el art. 24.2 C.E.
1. La STC 44/1985 precisó bien, en su fundamento jurídico 3., el sentido y el alcance del nuevo art. 118 L.E.Crim., conforme quedó redactado en la Ley de 4 de diciembre de 1978. Las Cortes Constituyentes, incluso antes de aprobar nuestra Carta Magna, quisieron poner fin a las instrucciones judiciales realizadas a espaldas de los querellados, creando al efecto la categoría de «imputado», que corresponde y ahora nos limitamos a transcribir la STC 44/1985- «a toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundamentadamente, un acto punible, permitiéndole ejercitar el derecho de defensa en su más amplio contenido, actuando en el procedimiento penal cualquiera que éste sea, desde que se le comunique inmediatamentente la admisión de denuncia o querella o cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de delito».
«La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados», y son numerosas las Sentencias de este Tribunal Constitucional que han considerado y valorado positivamente esta obligación constitucional de actuar así los Jueces (SSTC 37/1989, 135/1989, 186/1990, 152/1993, 128/1993, 129/1993, 273/1993, 290/1993, 121/1995, entre otras).
Precisamente en la importante STC 186/1990, del Pleno, quedó plasmada la doctrina: «Tan pronto como el Juez instructor, tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de ésta, deberá considerarla imputada con ilustración expresa del hecho punible cuya participación se le atribuye para permitir su autodefensa, ya que el conocimiento de la imputación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la defensa en la fase de instrucción».
3. Nuestra jurisprudencia, al exigir la inmediata comunicación al imputado de la admisión de una querella criminal contra él, no niega, sino que reconoce al Juez la facultad de apreciar previamente la verosimilitud de la denuncia, o, para decirlo con las palabras de la STC 135/1989, «es el instructor quien debe efectuar una provisional ponderación de aquella atribución y sólo si él la considera verosímil o fundada de modo que nazca en él una sospecha contra persona determinada, deberá considerar a ésta como imputado, poner en su conocimiento la imputación y permitirle o proporcionarle la asistencia de Letrado».
5. A mi entender, en suma, debió concederse el amparo constitucional a don Francisco G. C. por haber sido violado su derecho de defensa del art. 24.2 C.E., en la configuración que este precepto constitucional obtiene por las normas del art. 118 L.E.Crim.
STS 984/1997, 11 de Noviembre de 1997

References: resolución 
e contrario
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e contrario
in fine