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Timestamp: 2020-05-30 16:09:03+00:00

Document:
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural: Gaceta 4623: 1993 - Texto
Gaceta Oficial Nº 4.623 Extraordinario del 3 de septiembre de 1993
Esta Ley tiene por objeto establecer los principios que han de regir la defensa del Patrimonio Cultural de la República, comprendiendo ésta: su investigación, rescate, preservación, conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento, exhibición, custodia, vigilancia, identificación y todo cuanto requiera su protección cultural, material y espiritual.
La defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía.
Se declara de utilidad pública e interés social la preservación, defensa y salvaguarda de todas las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República, y que por su contenido cultural constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.
Cuando la preservación de bienes que integren el Patrimonio Cultural de la República, implique una limitación que desnaturalice los atributos del derecho de propiedad, su titular podrá reclamar al Estado la indemnización correspondiente.
En estos casos, a los efectos de determinar la indemnización, se seguirán los criterios establecidos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social.
El Patrimonio Cultural de la República es inalienable e imprescriptible en los términos de esta Ley.
Corresponderá oficialmente al Instituto del Patrimonio Cultural todo cuanto atañe a la defensa del Patrimonio Cultural aquí prevista, con las excepciones que esta Ley establezca. Capítulo II
El Patrimonio Cultural de la República a los efectos de esta Ley, está constituido por los bienes de interés cultural así declarados que se encuentren en el territorio nacional o que ingresen a él quienquiera que sea su propietario conforme a lo señalado seguidamente:
12. El entorno ambiental o paisajístico - rural o urbano - requerido por los bienes culturales, muebles o inmuebles para su visualidad o contemplación adecuada;
Se crea el Instituto del Patrimonio Cultural. El Reglamento de esta Ley determinará la estructura orgánica y las modalidades operativas correspondientes.
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene por objeto la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de las obras, conjuntos y lugares a que se refieren los artículos 2º y 6º de esta Ley.
En el cumplimiento de su objeto, el Instituto establecerá la coordinación necesaria con los Estados y Municipios de acuerdo con lo establecido por la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.
El Instituto del Patrimonio Cultural, estará adscrito al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, el cual podrá ejercer su tutela por órgano del Consejo Nacional de la Cultura.
El Consejo Nacional de la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, ejercerá las siguientes atribuciones:
1. Determinar las obras, conjuntos y lugares que forman parte del Patrimonio Cultural de la República. Tal determinación se hará mediante resolución, debidamente motivada, la cual se publicará en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA;
3. Autorizar, si lo considera procedente, la exploración, estudio o excavación de yacimientos arqueológicos o paleontológicos, conforme a la normativa que se dicte al respecto;
4. Autorizar los convenios interinstitucionales necesarios para el logro de su objeto;
5. Organizar el presupuesto interno de gastos del mismo;
6. Regular y dictar las normas relativas a la investigación, restauración, conservación, salvaguarda, preservación, defensa, consolidación, reforma y reparación de las obras, conjuntos y lugares a que se refieren los artículos 2º y 6º de esta Ley, a excepción de lo referente a los bienes, cuya competencia exclusiva sea del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, caso en el cual coadyuvará en el mejor logro de sus objetivos;
7. Actuar como órgano de consulta vinculante en aquellos casos en los cuales el Presidente de la República resuelva declarar un bien cultural como monumento nacional;
8. Actuar como instancia de consulta previa obligatoria ante los órganos municipales y estadales en las materias de planes de ordenación urbanística y convenios de delimitación y transferencia de los servicios nacionales sobre protección de bienes culturales;
9. Elaborar el inventario general de los bienes culturales muebles e inmuebles de la nación y de las reliquias históricas y remitirlo al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República;
10. Constituir el Registro General de los bienes culturales, muebles e inmuebles que hayan sido declarados patrimonio de la República o que por sus características sean de interés cultural para la nación;
11. Realizar según lo disponga el Reglamento de esta Ley, las notificaciones correspondientes en los casos en que se declaren a un bien como monumento nacional;
12. Recibir las notificaciones y emitir la debida autorización a los propietarios públicos o privados de bienes declarados Patrimonio Cultural o de bienes de interés cultural cuando estos van a ser objeto de enajenación, gravamen u otra limitación al derecho de propiedad;
13. Prestar la asistencia técnica necesaria a aquellas instituciones públicas o privadas, civiles o eclesiásticas, nacionales o extranjeras, a los fines de lograr lo establecido en el artículo 2º de esta Ley;
14. Firmar los Acuerdos Internacionales que permitan el resguardo de nuestro Patrimonio Cultural en sitios fronterizos y todos aquellos Acuerdos de carácter internacional destinados a la salvaguarda de los bienes declarados Patrimonio Cultural o de interés cultural para la Nación;
15. Autorizar la ejecución de los programas de planificación o de desarrollo que se presenten en las zonas de protección circundantes a los monumentos nacionales;
16. Atender las solicitudes, notificaciones y requerimientos de los museos, entidades eclesiásticas o civiles sobre el deterioro o ruina de bienes culturales muebles o inmuebles bajo su custodia;
17. Levantar el mapa arqueológico y paleontológico de la República;
18. Celebrar convenios de explotación y excavación de yacimientos arqueológicos o paleontológicos con instituciones científicas nacionales o extranjeras;
19. Patrocinar, conjuntamente con las instituciones culturales, académicas y educativas, con los medios de comunicación social y con los demás organismos culturales, públicos y privados, campañas divulgativas y formativas en el ámbito nacional, regional y local, en apoyo a la defensa y preservación del Patrimonio Cultural de la República;
20. Notificar a los propietarios de los bienes culturales sobre la declaratoria de éstos como Patrimonio Cultural de la República o su consideración de interés cultural para la Nación;
21. Estimular la creación de museos de historia, cultura popular, ecología y parques arqueológicos; y
22. Las demás que le señalen esta Ley y sus Reglamentos.
Estas atribuciones serán ejercidas tomando en cuenta la coordinación necesaria con los Estados y los Municipios.
Del Consejo Consultivo del Instituto del Patrimonio Cultural
El Instituto del Patrimonio Cultural contará con un Consejo Consultivo, órgano asesor de alto nivel, el cual podrá recomendar al Instituto del Patrimonio Cultural los instrumentos, procedimientos y mecanismos necesarios. Este Consejo asegurará una representación genuina de todos los sectores nacionales interesados en los fines para los cuales se crea dicho Consejo.
1º El Presidente del Instituto, quien presidirá sus deliberaciones. 2º Un representante del Ministerio de Relaciones Interiores, vinculado a la coordinación del desarrollo estadal y municipal.
3º Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
4º Un representante del Ministerio de la Defensa.
5º Un representante del Ministerio de Educación.
6º Un representante del Ministerio del Desarrollo Urbano.
7º Un representante del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
8º Un representante del Ministerio de Hacienda.
9º Un representante del Consejo Nacional de la Cultura.
10º Un representante de la Corporación de Turismo de Venezuela.
11º Un representante de la Academia Nacional de la Historia.
12º Cinco (5) especialistas en materia de arquitectura, arqueología, restauración de bienes muebles e inmuebles, paleontología, ecología y restauración de libros. La designación de los especialistas, corresponderá a los gremios respectivos, conjuntamente con las Universidades Nacionales y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas.
13º Dos (2) representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción.
Parágrafo Único: Los representantes de los organismos indicados en los ordinales 2º al 13, serán designados por la máxima autoridad de éstos. Dichos representantes serán de su libre nombramiento y remoción.
DE LOS BIENES DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL Y DE INTERÉS CULTURAL
De la Declaratoria de los Bienes que Constituyen el Patrimonio Cultural de la República
La declaratoria de un bien de interés cultural como monumento nacional corresponderá al Presidente de la República en Consejo de Ministros. Los demás bienes del artículo 6º de esta Ley serán declarados tales por el Instituto del Patrimonio Cultural.
Parágrafo Único: La declaratoria de sitios de patrimonio histórico-cultural o arqueológico, como áreas bajo régimen de administración especial, se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, pero el control de la ejecución de los planes de éstas lo ejercerá el Instituto del Patrimonio Cultural. Capítulo II
Son monumentos nacionales los bienes inmuebles o muebles que sean declarados como tales en virtud de su valor para la historia nacional o por ser exponentes de nuestra cultura.
Parágrafo Único: Mantendrán su condición de monumentos nacionales los bienes que hubieren sido declarados como tales con anterioridad a esta Ley.
La declaración de monumento nacional la notificará el Instituto del Patrimonio Cultural cuando el bien sea de propiedad particular a su propietario; y si fuera inmueble, hará igual participación al Registrador Subalterno de la jurisdicción en que se encuentre ubicado el inmueble para que estampe una nota marginal en los protocolos correspondientes.
En la misma se hará constar la declaración a los efectos de esta Ley.
La declaración de monumento nacional de un inmueble o mueble de propiedad nacional, estadal o municipal la notificará el Instituto del Patrimonio Cultural a la autoridad que lo tenga a su cargo a los fines de la salvaguarda del mismo. Dicha autoridad participará al Instituto del Patrimonio Cultural cualquier circunstancia que amenace ruina parcial o total al monumento e impedirá, a la vez, que se realice en el mismo cualquier obra de construcción nueva o adosada o apoyada a él, reconstrucción, reparación, reforma, demolición, cambio de ubicación, de destino o de uso sin la debida anuencia de este organismo.
Cuando el bien declarado monumento nacional sea de propiedad particular, el propietario está en la obligación de notificar al Instituto del Patrimonio Cultural:
Los gravámenes, limitaciones y servidumbres sobre bienes de propiedad particular declarados monumentos nacionales, sólo podrán constituirse previa autorización del Instituto del Patrimonio Cultural, la cual se concederá una vez comprobado que los actos proyectados no perjudicarán los méritos del monumento. El Estado gozará de un derecho perpetuo de paso sobre los inmuebles de propiedad particular declarados monumentos nacionales.
Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Instituto del Patrimonio Cultural la ejecución intentada sobre bienes declarados monumentos nacionales.
Verificado el remate, se suspenderá la adjudicación definitiva del bien al rematador durante el lapso de treinta (30) días hábiles, dentro del cual el Estado podrá pedir que se le adjudique el bien ejecutado haciendo suya la postura formulada por aquél.
Los Jueces, Registradores, Notarios y demás autoridades, notificarán al Instituto del Patrimonio Cultural la presentación de cualquier documento de enajenación o de constitución de gravámenes, limitaciones o servidumbres sobre bienes de propiedad particular declarados monumentos nacionales y se abstendrán de dar curso a los mismos si no constare el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Los bienes muebles o inmuebles de propiedad eclesiástica que hayan sido declarados o se declaren monumentos nacionales, están sujetos a las disposiciones de esta Ley.
En cuanto a la ejecución de nuevas construcciones en dichas zonas, el Instituto del Patrimonio Cultural establecerá las relaciones volumétricas adecuadas al conjunto monumental e impedirá que las mismas restrinjan su visualidad y contemplación. Capítulo III
De los Bienes Inmuebles de Valor Histórico, Artísticos o Ambientales no Declarados Patrimonio Cultural
Quedan sometidos a la inspección y vigilancia del Instituto del Patrimonio Cultural, a los fines de su protección y conservación, las edificaciones de cualquier época perteneciente a nuestra arquitectura civil, militar o religiosa, con todo lo que contengan, en los cuales el Instituto del Patrimonio Cultural por declaración expresa, reconozca determinados valores históricos, artísticos o ambientales.
Los propietarios de los bienes mencionados en el artículo anterior, estarán en la obligación de participar al Instituto del Patrimonio Cultural el estado en que se encuentren estos bienes, así como cualquier acto traslativo de la propiedad que afecte el derecho.
De los Bienes Muebles de Valor Artístico o Histórico no Declarados Patrimonio Cultural de la República
Sin perjuicio de las atribuciones propias de los Directores de los museos nacionales, estadales o municipales, no podrá ejecutarse ningún trabajo de reparación, restauración ni cambio alguno que desvirtúe y desnaturalice el sentido y concepto original de los bienes a los cuales se refieren los artículos 2º y 6º de esta Ley. Asimismo, cualquier cambio de sede o destino sobre los bienes muebles que se encuentren en dichos museos sin que medie el correspondiente informe favorable del Instituto del Patrimonio Cultural, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Ninguna autoridad civil, militar o eclesiástica que tenga a su cargo bienes muebles de valor histórico o artístico, propiedad del Estado o de otras personas jurídicas de carácter público, podrá ordenar o permitir que se ejecuten sobre ellos los trabajos o cambios a que se refiere el artículo anterior, si los mismos no han sido autorizados por el Instituto del Patrimonio Cultural. Artículo 28
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene la facultad de impedir o paralizar cualquier trabajo que se realice sin su aprobación, sobre los bienes que trata este Capítulo y en caso que el mismo se haya comenzado o concluido, podrá ordenar que se proceda a reponer el bien a su estado anterior.
Están sometidos a esta Ley los bienes muebles de cualquier época propiedad de particulares, que a juicio del Instituto del Patrimonio Cultural sea de interés conservar por su excepcional valor histórico o artístico. Dichos bienes serán inscritos en un catálogo especial.
Parágrafo Único: Los propietarios de bienes muebles, catalogados por el Instituto del Patrimonio Cultural, deberán hacer del conocimiento de éste las traslaciones de propiedad que efectúen a los fines de las anotaciones correspondientes.
No se permitirá la salida del país de ningún bien mueble catalogado, sin que haya constancia de haber sido ofrecido en venta al Estado a través del Instituto del Patrimonio Cultural. Igual tratamiento se dará a aquellos casos en que el Instituto del Patrimonio Cultural haya permitido la introducción al país de bienes de excepcional valor histórico o artístico, con la facultad de reexportarlos y hayan permanecido en el país por más de diez (10) años.
La presente disposición podrá afectar a bienes muebles individualmente considerados o a colecciones de ellos.
De las Poblaciones y Sitios que por sus Valores Típicos, Tradicionales, Naturales, Históricos, Ambientales, Artísticos, Arquitectónicos o Arqueológicos sean Declarados Objeto de Protección y Conservación
El Instituto del Patrimonio Cultural podrá declarar que determinadas poblaciones, sitios y centros históricos, en su totalidad o en parte, por sus valores típicos, tradicionales, naturales, ambientales, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos y demás bienes establecidos en el artículo 6º numeral 7 de esta Ley, queden sometidos a la preservación y defensa que esta Ley establece. Artículo 32
Los trabajos de reconstrucción, reparación y conservación y las construcciones nuevas a realizarse en una población, sitio o centro histórico de los que trata este Capítulo, requerirán la autorización previa del Instituto del Patrimonio Cultural.
A los efectos de la autorización a que se refiere esta disposición, los interesados deberán acompañar la correspondiente solicitud de los planos y especificaciones del proyecto de la obra que se piense efectuar.
Si en la ejecución de la obra autorizada no se llenaren las condiciones señaladas, el Instituto del Patrimonio Cultural tendrá facultad para exigir que se modifique la misma o se restituya al estado anterior.
En las poblaciones, sitios y centros históricos a que se refieren los artículos anteriores, el Instituto del Patrimonio Cultural, regulará, con la colaboración de las autoridades competentes, todo lo relativo a la colocación de anuncios, avisos o carteles y a la ubicación de garajes, estacionamientos de vehículos, expendios de gasolina y lubricantes, kioscos, templetes o cualesquiera otras construcciones, ya sean permanentes, temporales o provisionales, conforme a las exigencias establecidas en esta Ley.
El Instituto del Patrimonio Cultural elaborará un censo de las poblaciones y sitios que por sus valores típicos, tradicionales, naturales, históricos, artísticos o ambientales así lo requieran; y levantarán, igualmente, planos de los mismos en los cuales deberá demarcar las zonas de protección.
Los programas de planificación y desarrollo que se proyecten en esas zonas, deberán hacerse del conocimiento del Instituto del Patrimonio Cultural.
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA REPÚBLICA
Son propiedad del Estado todos los bienes culturales declarados Patrimonio Cultural de la República, relativos al patrimonio arqueológico, prehispánico, colonial, republicano y moderno, así como los bienes del patrimonio paleontológico que fuesen descubiertos en cualquier zona del suelo o subsuelo nacional, incluidas las zonas subacuáticas, especialmente las submarinas. Artículo 36
Se prohibe la destrucción de los bienes a que se refiere el artículo anterior.
El Estado gozará de un derecho perpetuo de paso sobre los inmuebles de propiedad particular en los cuales se encuentren algunos de los bienes señalados en el artículo 29 de esta Ley.
Los propietarios de terrenos bajo los cuales se encuentren objetos arqueológicos o paleontológicos, no podrán oponerse a los trabajos de exploración, levantamiento e inventario que el Instituto del Patrimonio Cultural autorice.
El Instituto del Patrimonio Cultural podrá impedir, provisionalmente, y por un término no mayor de sesenta (60) días continuos, hasta tanto autorice los trabajos de exploración, la correspondiente ocupación de terrenos de propiedad particular, cuando debajo de ellos se descubran objetos arqueológicos o paleontológicos.
Todo trabajo que tienda a descubrir, explorar, estudiar o excavar yacimientos arqueológicos o paleontológicos, deberá ser previamente autorizado por el Instituto del Patrimonio Cultural. La autorización anterior sólo será concedida a arqueólogos o paleontólogos profesionales, así como a renombradas instituciones científicas, nacionales o extranjeras.
El Instituto del Patrimonio Cultural podrá permitir la salida de colecciones de duplicados de objetos arqueológicos a favor de instituciones científicas extranjeras cuando no se juzguen útiles para los museos o instituciones nacionales, estadales o municipales; igualmente permitirá la salida de aquellas piezas que requieran tratamiento especial para su conservación, restauración o examen.
La exportación de los bienes a que se refiere esta Ley, sin autorización del Instituto del Patrimonio Cultural, será considerado como contrabando y penado conforme a la legislación nacional, obligando su devolución al territorio de la República.
Todos los bienes de interés cultural declarados como tales, cuya propiedad no pueda ser demostrada al requerirlo así el Ejecutivo Nacional, pasarán a la custodia y protección de la República. Artículo 43
Las gobernaciones de los Estados y las municipalidades podrán establecer servicios de protección y defensa de los bienes ubicados en su territorio y que llenen las condiciones establecidas en el artículo 6º de esta Ley.
Asimismo, podrán adoptar las medidas destinadas a su salvaguarda, siempre que en los procesos de restauración y revitalización de dichos bienes, se cumplan las previsiones de esta Ley, sus reglamentos y las normas y procedimientos que dicte el Instituto del Patrimonio Cultural.
El Instituto del Patrimonio Cultural suscribirá convenios con las instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, cuyo objeto se relacione con el Patrimonio
Cultural a fin de desconcentrar las ejecuciones de sus programas y utilizar la capacidad instalada y la experiencia de dichas instituciones.
Quedan obligados a una participación activa en pro de la defensa, rescate y conservación del Patrimonio Cultural de la República todos los ciudadanos que habiten en su territorio.
Será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2º y 6º de esta Ley.
El que por haber obrado con imprudencia o negligencia; o bien con impericia en su profesión, arte o industria; o por inobservancia de esta Ley, de sus reglamentos, normas, órdenes escritas o disposiciones oficiales ocasionen algún daño a esos bienes, será sancionado con la mitad de la pena anterior.
Quienes en búsqueda de bienes arqueológicos o paleontológicos realicen exploraciones o excavaciones no autorizadas, serán sancionados con la pena prevista en el artículo que antecede.
Las demás infracciones a esta Ley y a sus Reglamentos que no constituyan delito, serán sancionadas con multa de cinco mil (5000) a diez mil (10000) días de salario mínimo urbano. La sanción será impuesta por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del Instituto del Patrimonio Cultural. Artículo 48
Las sanciones, anteriormente previstas, tendrán prelación sobre las que pudiera establecer la Ley Penal del Ambiente, para los delitos y faltas aquí contemplados.
Sin menoscabo de lo que disponga la legislación protectora de derechos intelectuales, se considera delito contra el Patrimonio Cultural de la República, la utilización lucrativa del nombre de sus artistas, sin las autorizaciones suyas o de sus herederos o causahabientes, conforme a lo previsto en esta Ley.
El Instituto del Patrimonio Cultural podrá someter al Ejecutivo Nacional los proyectos de reglamentos correspondientes a esta Ley.
Se derogan todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que colidan con esta Ley.
Se deroga la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela No. 21.787 del 15 de agosto de 1945.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres. Año 183º de la Independencia y 134º de la Federación.
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia,
(Gaceta Oficial N° 35.569 del 18 de octubre de 1994)
Decreto N° 384 12 de octubre de 1994
En uso de la atribución que me confiere el ordinal 10 del artículo 190 de la Constitución y de conformidad con el artículo 7º de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en Consejo de Ministros,
El Instituto del Patrimonio Cultural es un Servicio Autónomo sin personalidad Jurídica, creado por ley y tutelado por e Consejo Nacional de la Cultura.
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene por objeto todo cuanto atañe a la defensa del Patrimonio Cultural de la República, así como la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de los bienes de interés cultural así declarados que se encuentren en el Territorio Nacional o que ingresen a él quien quiera sea su propietario.
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene su sede principal en la ciudad de Caracas, sin perjuicio de que se puedan establecer otras dependencias por parte del Consejo Nacional de la Cultura, de acuerdo con las necesidades del país, en cualquier parte del Territorio Nacional, así como a instar a las Gobernaciones de los Estados, del Distrito Federal y a las Municipalidades a crear órganos similares a niveles regionales de forma de cooperar con las tareas del Instituto del Patrimonio Cultural.
El Instituto del Patrimonio Cultural gozará de autonomía administrativa, en el ejercicio de sus funciones. Artículo 5
El Instituto del Patrimonio Cultural de acuerdo con la Ley de su creación, actuará como un órgano de consulta del Presidente de la República y de los órganos estadales y municipales, de acuerdo con los numerales 7 y 8 del artículo 10 de la Ley.
El Instituto del Patrimonio Cultural por orden de su Ley de creación, es también un órgano de inspección y vigilancia.
El Instituto del Patrimonio Cultural por mandato de la Ley es un órgano de autoridad en el ejercicio de sus funciones y es un órgano de Dirección en la materia que comprende los bienes de interés cultural, por lo que será obligatoria su intervención y autorización en esta materia.
El Instituto del Patrimonio Cultural funcionará con el presupuesto que le asigne anualmente el Congreso Nacional a través de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.
De la Organización del Instituto del Patrimonio Cultural
El Instituto del Patrimonio Cultural contará con un Presidente de libre nombramiento y remoción del Presidente del Consejo Nacional de la Cultura, con un Consejo Consultivo, un Comité Superior de Dirección, un Comité de Coordinación Operativa y un Comité de Contratación y Licitación.
La Presidencia es la máxima autoridad del Instituto y ejerce las funciones de gobierno del mismo.
Las ausencias absolutas o temporales del Presidente las suplirá la persona que designe el Presidente del CONAC.
1.-Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la institución, así como las decisiones legales y reglamentarias correspondientes.
2.-Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de la política institucional que ejerza el Consejo Nacional de la Cultura en la materia establecida en el artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
3.-Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Instituto. 4.-Representar al Instituto y ser órgano de enlace con el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, y el Consejo Nacional de la Cultura.
5.-Elaborar u aprobar el plan anual de actividades del Instituto del Patrimonio Cultural, y evaluar la marcha del Instituto en función de los objetivos y metas establecidas.
6.-Definir y aprobar modificaciones de la estructura organizacional de la institución.
7.-Preparar el anteproyecto del presupuesto anual del Instituto y someterlo a aprobación del Consejo Nacional de la Cultura.
8.-Elaborar el presupuesto y la programación anual de la Institución.
9.-Administrar, ejecutar el presupuesto de la Institución y rendir cuenta de su gestión ante el consejo Nacional de la Cultura.
10.-Autorizar los trabajos concernientes a los bienes de interés cultural.
11.-Evacuar las consultas correspondientes, establecidas en la Ley.
12.-Ordenar las inspecciones y la vigilancia respectivas, a los fines de la protección y conservación de las edificaciones correspondientes.
13.-Iniciar los procedimientos establecidos en la Ley.
14.-Informar al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura sobre acuerdos, resoluciones y actividades realizadas.
15.-Designar y remover al personal del Instituto.
16.-Elaborar los proyectos de acuerdo de forma simplificada de carácter internacional y someterlos a la consideración del Consejo Nacional de la Cultura, para su envío al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República.
17.-Servir de órgano de estudio, consulta y asesoría para el Instituto.
18.-Administrar y controlar la asignación presupuestaria acordada al instituto.
El Consejo Consultivo es un cuerpo colegiado, integrado por el Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, quien lo presidirá, y diez y siete (17) representantes de organismos
Públicos y privados designados de acuerdo con lo establecido en la Ley.
El Consejo Consultivo deberá celebrar reuniones ordinarias, una vez cada seis (6) meses. Igualmente se reunirá en forma extraordinaria, cada vez que el Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural así lo requiera, previa convocatoria respectiva, la cual deberá hacerse con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de la reunión.
El quórum del Consejo Consultivo lo constituye el número entero superior a la mitad de sus miembros.
Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes a la sesión. En caso de empate se considerará pospuesta la proposición para la próxima sesión. De persistir el empate, decidirá el voto del Presidente.
Son atribuciones del Consejo Consultivo, como órgano asesor, recomendar al Instituto del Patrimonio Cultural los instrumentos, procedimientos y mecanismos que consideren necesarios para el cabal desarrollo de los programas y actividades.
El Comité Superior de Dirección está integrado por: el Presidente, los Gerentes Ejecutivos y Administrativo.
El Comité de Coordinación está integrado por el Presidente, Gerente Ejecutivo, el Gerente Administrativo y por los responsables de áreas correspondientes al nivel Operativo.
Son funciones de los Comités Permanentes:
1.-Servir de canales de comunicación e información.
2.-Permitir la integración de distintas perspectivas en el análisis de problemas y formulación de propuestas.
3.-Facilitar la Coordinación, programación y asignación del trabajo.
4.-Promover el uso compartido de los recursos.
Modalidad Operativa del Instituto del Patrimonio Cultural
El Instituto del Patrimonio Cultural funcionará de acuerdo con los siguientes niveles de decisiones:
1.- NIVEL POLÍTICO-INSTITUCIONAL: representado por la Presidencia y el Consejo Consultivo, que tiene la facultad de considerar las modalidades de participación e intervención política-institucional en el marco de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
2.- NIVEL DE APROBACIÓN DE GESTIÓN: representado por la Presidencia, con la facultad para aprobar o improbar los planes y gestiones del Instituto del Patrimonio Cultural
3.- NIVEL ESTRATÉGICO: representado por el Comité Superior de Dirección, el cual tiene la facultad de establecer las políticas, lineamientos estratégicos, objetivos generales y los planes de desarrollo del Instituto del Patrimonio Cultural.
4.- NIVEL TÉCNICO-OPERATIVO: representado por el Comité de Coordinación Operativa, con las facultades para desarrollar y ejecutar los programas, proyectos, acciones de intervención, mecanismos de gestión y coordinación de los procesos técnicos-operativos, socio-culturales y gerencial-administrativo.
1.- Procesos técnicos-operativos, los cuales comprenden la valoración y registro, las autoridades, la intervención sobre el bien, la protección legal, la protección física y la puesta en valor y mantenimiento.
2.- Procesos socio-culturales constituidos por la asistencia técnica institucional, promoción y difusión, formación educativa, investigación, documentación e información, regulación (normas, acuerdos, convenios) y relaciones institucionales.
3.- Procesos gerenciales-administrativos, constituidos por planificación, programación, proyectos, presupuesto, contrataciones, licitaciones, inspección, supervisión, administración de personal y recursos y control gerencial-administrativo.
La Gerencia Ejecutiva es la unidad encargada de asistir al Nivel Directivo del Instituto en:
1.- Formular y mantener el Sistema de Planificación y Desarrollo del Instituto.
2.- Formular y evaluar ejecución del Presupuesto.
3.- Formular y mantener los Sistemas y Procesos Técnicos-Operativos del Instituto.
4.- Establecer y mantener procesos de relaciones institucionales.
5.- Desarrollar, organizar y mantener el Sistema de Información Gerencial-Técnico para el adecuado control de la gestión del Instituto.
La Gerencia Administrativa es la unidad encargada de asistir al Nivel Directivo del Instituto en:
1.- Administrar con eficacia los recursos del Instituto.
2.- Organizar y ejecutar el Presupuesto.
3.- Organizar y mantener las estructuras, sistemas y procedimientos requeridos para lograr los objetivos y metas establecidas.
4.- Desarrollar, organizar y mantener el sistema de información gerencial-administrativo necesario para el adecuado control de la gestión. Sección Tercera
El Instituto será dotado de unidades de apoyo en las áreas jurídicas, de divulgación y relaciones públicas, de personal, de administración, de planificación y desarrollo y de relaciones institucionales, las cuales serán creadas previa consulta con los órganos asesores de la Administración Pública competentes en la materia. Del mismo modo, el Instituto creará cualquier otra dependencia necesaria en orden al cabal cumplimiento de su objeto.
La Contraloría Interna tiene por objeto asesorar a la Presidencia del Instituto, en todo lo relacionado a fijación de políticas administrativas, financieras y contables, realizar el control de las actividades y gestión del Instituto y llevar al control de la ejecución presupuestaria.
El Nivel operativo corresponderá a las siguientes áreas: Registro Nacional de Bienes Culturales, Conservación de Bienes Muebles, Conservación de Bienes Inmuebles, Conservación de Bienes Arqueológicos y Conservación de Testimonios y Procesos Culturales. En el mismo sentido, el Instituto creará cualquier otra dependencia necesaria en orden al cabal cumplimiento de su objeto.
De acuerdo a las características propias previstas en la Ley de creación del Instituto del Patrimonio Cultural, éste preparará los proyectos de reglamentos especiales, para ser sometidos a la consideración del Consejo Nacional de la Cultura y su puesta en vigencia por el Ejecutivo Nacional y los reglamentos internos relativos a su funcionamiento, que serán sometidos a la probación del Consejo nacional de la Cultura.
Dado en Caracas, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Año 184° de la Independencia y 135° de la Federación.

References: artículo 2
 artículo 6
 Artículo 28
 artículo 6
 Artículo 32
 Artículo 36
 artículo 29
 Artículo 43
 artículo 6
 Artículo 48
 artículo 190
 artículo 7
 Artículo 5
 artículo 10
 artículo 10