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Timestamp: 2017-09-26 18:22:36+00:00

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La cesión global de activo y pasivo como ilusión jurídica colectiva, o de cómo el Título IV de la Ley 3/2009 vulnera la Tercera DirectivaUlpilex.es | Ulpilex.es
Posted on January 10, 2010 by Plotino
Y -como digo- el caso del que me voy a ocupar aquí –el régimen de la llamada “cesión global de activo y pasivo”- es ejemplar en este sentido, porque constituye el objeto de una verdadera ilusión colectiva que dura ya más de quince años y en la que viene participando el conjunto de nuestra comunidad jurídica nacional incluyendo al propio legislador.
Esta ilusión o sueño colectivo consiste en pensar que nuestra ley podía y puede crear un nuevo tipo de “modificación estructural” –la cesión global de activo y pasivo- como algo independiente y al margen de la normativa general sobre fusiones y escisiones y de los requisitos imperativos que para éstas derivan del derecho comunitario, fundamentalmente de la Tercera y la Sexta Directivas.
Este sueño colectivo, al que tras una serie de dudas iniciales fuimos sucumbiendo todos bajo la poderosa sugestión del artículo 117 de la LSRL de 1995, tuvo ya un primer y sobresaltado despertar cuando la célebre resolución de la DGRN de 22 de mayo de 2002 confirmó la calificación de un registrador mercantil de Barcelona que se había negado a inscribir una de esas por entonces frecuentísimas escrituras de disolución de una filial con cesión global de todo su activo y pasivo a su sociedad matriz en pago de la cuota de liquidación de la misma, y ello alegando que, para ese supuesto, la aplicación del procedimiento del art. 117 de la LSRL a una SA vulneraba la Tercera Directiva sobre fusiones de sociedades anónimas. Y es que ese caso de extinción de una sociedad anónima íntegramente participada con traspaso en bloque de todo su patrimonio a la matriz se considera por la citada Directiva como una fusión y, como tal, sujeta al régimen correspondiente, en especial, a la exigencia de acuerdo de la junta de socios de la sociedad cesionaria o absorbente.
Y efectivamente así era y así es, porque el art. 24 de la Tercera Directiva dispone: “Los Estados miembros organizarán, para las sociedades sometidas a su legislación, la operación por la que una o varias sociedades se disolverán sin liquidación y transferirán la totalidad de su patrimonio activa y pasivamente a otra sociedad que fuera titular de todas sus acciones y demás títulos que confieran derecho a voto en la junta general. Esta operación se someterá a las disposiciones del Capítulo II –que es el capítulo que regula la fusión por absorción-, a excepción de…”, etc.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las cesiones globales de activo y pasivo que se llevaban a cabo en la práctica eran subsumibles en ese caso (extinción de una sociedad participada al 100 % con traspaso de todo el patrimonio a la correspondiente matriz en pago de su cuota de liquidación), esta operación para las sociedades anónimas desapareció de la noche a la mañana del tráfico jurídico. Para llegar al mismo resultado hubo que acudir otra vez a la fusión por absorción de sociedad íntegramente participada regulada en el por entonces en desuso art. 250 LSA (que es el antecedente del actual art. 49 de la Ley 3/2009): un supuesto de fusión aligerado de algunos trámites (no hacía falta aumento de capital de la absorbente, ni informe de administradores ni de expertos independientes sobre el proyecto de fusión); pero, en cualquier caso, se trataba de una fusión y por tanto había que elaborar y depositar un proyecto, tomar como base contable de la operación los balances, en su caso auditados, de las dos sociedades implicadas, publicar todos los anuncios de una fusión, y celebrar junta general de las dos sociedades, es decir, también de la absorbente. (En contraste con el régimen mucho más simple que para la cesión global de activo y pasivo había diseñado el art. 117 LSRL de 1995 –y que el art. 246 RRM parecía considerar aplicable también a la SA-: no necesidad de proyecto, acuerdo de junta sólo de la cedente y publicación de un número menor de anuncios).
Y esta inercia mental, esta potente pre-comprensión es lo que nos ha llevado al Título IV de la flamante Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, donde ya no tenemos un artículo, como antes el 117 de la LSRL, sino una decena de ellos dedicados a regular de manera específica esta operación de la cesión global. Y, ¡sorpresa!, esta operación, que tan tocada había quedado en sede de anónimas, resulta que ha renacido de sus cenizas como el Fénix y nos la encontramos ahora más lozana que nunca, convertida en la verdadera estrella de la nueva ley, en la más atrevida y apreciada apuesta de nuestro legislador, que, todo satisfecho, nos la ofrece en la exposición de motivos como un instrumento legislativo más para la transmisión de empresas.
Si antes era una operación sólo aludida en una sibilina frase de la LSA y que en la LSRL y en el RRM se encontraba arrinconada en la sede de liquidación de la sociedad disuelta, sin que el legislador se hubiera siquiera dignado a pronunciar respecto de la misma de forma expresa las solemnes palabras “sucesión universal” (de manera que tal eficacia había que considerarla implícita en el reconocimiento del derecho de oposición de acreedores), ahora es investida nada menos que del rango de “modificación estructural”, se trae a esta ley especial, “rompiendo amarras con aquella concepción que limitaba esta operación al ámbito propio de la liquidación” (por cuanto ahora la extinción de la sociedad cedente no es algo de esencia de la misma), y por supuesto es bendecida ya expressis verbis con el taumatúrgico efecto de la sucesión universal. Y, como digo, se dedica a la misma todo un título de la Ley, un título distinto de los que regulan la fusión y la escisión, sin ni siquiera ser sometida a la desconsideración que podría suponer una remisión supletoria genérica a la normativa de la fusión (sólo hay remisiones a la normativa de la fusión en algún punto concreto). ¡La operación de cesión global es tan original y sui generis que no necesita régimen supletorio!
Eso sí, nuestro legislador ya ha aprendido la lección y no piensa tropezar dos veces en la misma piedra. Al tiempo que dedica todo un título específico a la cesión global, se cuida de disponer en el artículo 53 que “también constituye una fusión la operación mediante la cual una sociedad se extingue transmitiendo en bloque su patrimonio a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aquélla”. Se tratará, por definición, de una fusión de sociedad íntegramente participada, subsumible en el régimen simplificado del art. 49 de la Ley, pero, en cualquier caso, una fusión y no la operación específica de cesión global de activo y pasivo del Título IV (y ello ahora tanto para anónimas como para limitadas).
Pero, fuera de este caso, para esta ley, la cesión global es una operación de “modificación estructural”, como digo, perfectamente diferenciada de la fusión, con sus propios requisitos y su propio procedimiento. Una operación que se nos ofrece como el no va más de la ingeniería societaria y jurídica, porque una sociedad va a poder enajenar la totalidad de su patrimonio con efecto de sucesión universal sin necesidad de extinguirse y cualquiera que sea la condición del cesionario o cesionarios, también, ¿por qué no?, una persona física. Lo que abre ya un campo casi ilimitado a la imaginación del jurista: ¿no podrá, al cabo de un tiempo, ese cesionario persona física ceder a su vez en globo a un tercero el mismo patrimonio empresarial que de esta forma adquirió?; ¿y por qué la cesión global no podría ser parcial, solo de parte del patrimonio, conservando la cedente la parte restante, como sucede en una escisión parcial y ahora también en la segregación?
Discordancias del nuevo régimen ¿Por qué no es “modificación estructural” para el cesionario?
Así, la primera impresión que obtenemos es que esto se parece ya más al procedimiento de una fusión: ahora resulta que hay un “proyecto de cesión global”, con una serie de menciones obligatorias y que se debe depositar en el Registro Mercantil; y también hay un informe de administradores; y el acuerdo de la junta se somete al mismo régimen que el de una fusión (así, para una SRL, ya no basta con la mayoría reforzada de una modificación estatutaria, como en el régimen del art. 117 LSRL, sino que son necesarios los dos tercios propios de un acuerdo de fusión); y el número de anuncios ahora coincide con el de la fusión o escisión (precisamente, porque esta ley ha reducido el número de anuncios de la fusión y escisión); y, además del derecho de oposición de los acreedores, se establece una responsabilidad solidaria de la cedente y los demás cesionarios por las deudas asumidas por cada uno de ellos, lo que está copiado precisamente del régimen de la escisión.
Pues -nos contestamos inmediatamente- porque la cesión global sólo es “modificación estructural” para la sociedad cedente, pero no para el cesionario, aunque éste sea una sociedad. Precisamente, es definitorio del supuesto, según el art. 81 de la Ley 3/2009, que la contraprestación que satisface el cesionario a la cedente o a los socios de ésta no consista en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario. De manera que la cesión nunca afecta a la estructura de capital de la sociedad cesionaria, porque no puede dar lugar a un aumento de capital de la misma ni a la entrada de nuevos socios. Sólo supone para esta sociedad un cambio en la composición cualitativa de su patrimonio: adquiere un conjunto patrimonial a cambio de transmitir, normalmente, una cantidad de dinero.
¿Es que resulta más grave para los socios de la sociedad absorbente este supuesto del art. 53 de absorción de una sociedad íntegramente participada, que lo que para los socios de la sociedad cesionaria supone el supuesto del art. 81, es decir, adquirir todo el patrimonio de una sociedad –con todo lo que ello supone de responsabilidades y contingencias por la actividad anterior de la misma- a cambio del pago de un precio en dinero? .
Imaginemos que este caso del art. 81 se trata también de cesión por la sociedad íntegramente participada a favor de su matriz, satisfaciendo ésta una contraprestación en dinero que ingresa en el patrimonio de la filial cedente, que sigue existiendo; ¿por qué hay más peligro para los socios de la sociedad cesionaria cuando la cesión se realiza en pago de la cuota de liquidación, y por tanto sin salida de ningún elemento del patrimonio de la cesionaria aparte de lo que supone la amortización de las acciones o participaciones de la filial, que cuando la cesión es a cambio de un precio en dinero u otros bienes que salen de la matriz y van a parar a la filial a cambio del patrimonio cedido? ¿Por qué el segundo caso, respecto de la sociedad cesionaria, es un acto de la competencia exclusiva de su órgano de administración, y no así necesariamente el primer caso respecto de la sociedad absorbente?
Ya hemos visto que el nuevo régimen procedimental de la cesión global de activo y pasivo en esta nueva ley se ha aproximado al de la fusión. Pero, a poco que nos fijemos, nos daremos cuenta de que nos faltan piezas. Resulta que en la cesión global no hace falta ningún balance, ni –por supuesto- de la cesionaria, ni de la cedente, y por tanto ninguna auditoría o verificación independiente del balance. Qué curioso, ¿no?, cuando lo que se está transmitiendo es precisamente la totalidad de un patrimonio, con todo su activo y su pasivo. Obsérvese que en el supuesto del art. 53, si al menos una de las sociedades es anónima, es imprescindible el balance de las dos con los requisitos de antigüedad máxima del artículo 36 y, en su caso, con la correspondiente auditoría. Pero aún falta algo más y de gran relevancia: el informe de experto independiente sobre el proyecto de cesión global. Ya hemos visto que ahora, como novedad, se introduce la necesidad de un informe de los administradores de la sociedad cedente; pero lo que no se exige en ningún caso, aunque la cedente sea una SA y el acuerdo de su junta no se tome por unanimidad, es un informe de experto independiente, como el que es ineludible en caso de fusión o de escisión cuando interviene una SA y el acuerdo no es unánime (salvo en el caso del art. 53, porque se aplica el régimen del art. 49)3.
¿No les resulta un poco chocante? Fíjense bien, ¿cuál es, en definitiva, la cuestión clave desde el punto de vista del socio de una compañía que cede en globo todo su activo y pasivo? Pues, evidentemente, el problema de la valoración del patrimonio cedido, es decir, el problema de la fijación de la contraprestación que debe satisfacer el cesionario y que recibirá la sociedad cedente o directamente los socios de la misma como cuota de liquidación. Lo cual no es una valoración cualquiera, porque no se trata de valorar un elemento patrimonial asilado, sino el conjunto de un patrimonio empresarial en funcionamiento, lo que puede suponer tener en cuenta un fondo de comercio, el valor de la organización, etc. ¿Y quién determina esa valoración y esa contraprestación en el régimen que diseña esta Ley 3/2009? Pues, evidentemente, un acuerdo entre el cesionario y el socio o socios mayoritarios de la sociedad cedente –aquel socio o socios que alcanzan la mayoría precisa para acordar una fusión según el tipo societario de que se trate-. ¿Y no interviene instancia alguna independiente y técnica que controle de alguna manera esa valoración, aunque sea a efectos informativos para facilitar una adecuada toma de esta decisión por los socios?: ¿un experto independiente que emita un informe sobre el proyecto de cesión?, ¿un auditor que verifique el balance que se toma como base de la operación? Pues nada de ello, porque, como hemos visto, ni siquiera hace falta tomar como base un triste balance que haya formulado bajo su responsabilidad el órgano de administración y aprobado la junta. ¿Y nos proporciona la ley algún criterio conforme al cual se pueda enjuiciar si esta valoración está hecha o no correctamente, como sucede en relación con el tipo de canje en una fusión o una escisión (donde la ley exige su fijación sobre la base del “valor real del patrimonio”)? Pues nada de nada, lo único que encontramos en la ley es la exigencia de que el proyecto de cesión global contenga “información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio”. En fin, ¿cuánto vale el patrimonio social? Pues lo que esté dispuesto a pagar ese cesionario que va a entrar en la operación. ¿Y qué puede hacer el socio minoritario que no está de acuerdo con esa valoración? Pues resignarse.
Claro, pero todo esto ya pasaba en el régimen del art. 117 LSRL de 1995: tampoco exigía esa norma ningún balance ni informe alguno de experto independiente. Sí, pero no era exactamente lo mismo, porque, como recordarán, en el sistema de la LSRL la cesión global de activo y pasivo se regulaba en sede de liquidación societaria –por cuanto esta cesión global iba ligada necesariamente a la extinción de la sociedad cedente- y, a la vista sobre todo del artículo 121 LSRL, que establecía el contenido en general de la escritura de extinción de la sociedad, la cesión global era una forma abreviada de liquidación del patrimonio social, pero no excluía la existencia de la fase de liquidación, y en especial de determinadas garantías de los socios propias del régimen general de liquidación de una sociedad de capital.
¿Y qué es lo que sucede ahora tras la Ley 3/2009? Pues que nuestro legislador, que tan orgulloso se muestra de su obra, ha cometido un verdadero desafuero. Porque, por una parte, al convertir la cesión global en una “modificación estructural” de significado polivalente objeto de una regulación específica sin amarras con la que es propia de los procesos liquidatorios, incluso cuando la misma tiene efecto extintivo de la compañía cedente, ha venido a desactivar los mecanismos de defensa del socio minoritario frente a la cesión global propios del régimen general de la liquidación societaria (desde luego, si la cesión global es no liquidatoria, aunque el acuerdo aprobatorio de la misma no haya sido unánime, la escritura de cesión global se va a otorgar e inscribir sin esperar plazo alguno de impugnación de balance o acuerdo alguno; y si es liquidatoria, de la frase legal “En todo caso, la contraprestación que reciba cada socio deberá respetar las normas aplicables a la cuota de liquidación” del art. 81.2 in fine, no parece que se pueda derivar tampoco semejante posibilidad de impugnación). Pero, por otra parte, se traslada la cesión global al terreno de las modificaciones estructurales, pero sin todas las consecuencias, diseñando para la misma, por el contrario, un régimen específico aligerado de trámites que son esenciales en supuestos análogos de fusión o de escisión. Así, no se exige balance, ni, en su caso, auditoría del mismo, ni informe de experto independiente, en supuestos en que tratándose de una fusión o escisión sí serían precisos (cuando la cedente es una sociedad anónima y el acuerdo no es unánime). Pero, eso sí, para lo malo sí hay equiparación: porque, dada la remisión al art. 47 en sede de fusión, la cesión global una vez inscrita es inimpugnable “siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta Ley”, y como ninguna de las previsiones legales en sede de cesión global hacen referencia a un criterio de valoración, no hay forma de que en esta materia se infrinja esta ley. Lo más que le quedará al socio disidente que se considere perjudicado es esa acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados que reconoce como paliativo ese art. 47, pero que este caso no se sabe ni contra quién podrá dirigirla –no parece, desde luego, que contra el cesionario-, ni cuál puede ser el fundamento de antijuridicidad de la responsabilidad que se reclame si, como digo, para esta ley el precio de la cesión es una cuestión de mercado, y las cosas valen, en definitiva, lo que se paga por ellas.
Y, si caemos en la cuenta de una incongruencia legal de tal envergadura, nuestra siguiente cuestión es: ¿resulta compatible con el sistema de las directivas comunitarias un régimen como el que diseña nuestra ley para esta operación de cesión global? ¿No es extraño que semejante agujero en el sistema sea compatible con el régimen de las directivas; que nuestro legislador haya sido capaz de inventarse una figura sui generis de modificación estructural, que puede regular como le dé la gana, porque es comunitariamente atípica? Una figura que se presta además a todo tipo de combinaciones que permiten eludir los requisitos propios del régimen de fusiones y escisiones. A unas maniobras elementales de elusión del art. 53 de la Ley 3/2009, y por tanto, del art. 24 de la Tercera Directiva, ya me he referido. Pero muchas otras son concebibles utilizando como instrumento la cesión global para eludir, no ya ese casi inane art. 53, sino el régimen general de la fusión en sociedades pluripersonales con socios disidentes. Así, el socio mayoritario acuerda una cesión global con otra sociedad a cambio de un precio fijado a la baja. El precio recibido se reparte entre los socios de la cedente y ya están los disidentes fuera a un coste bajo. A continuación, la sociedad cesionaria aumenta capital ofreciendo las nuevas acciones o participaciones al que fuera socio mayoritario de la cedente, el cual aporta como contravalor de las acciones que recibe el dinero que recibió como su parte en el precio de la cesión. Con ello, habremos llegado a un resultado muy semejante al de una fusión societaria, vulnerando todo el espíritu del régimen de la fusión pero sin infringir norma legal alguna.
Y justo entonces, dando un nuevo repaso a la Tercera Directiva y con la mente predispuesta tras imaginar este supuesto de fraude que les he expuesto, fui a dar con el art. 30 de la misma, que dice lo siguiente: “Cuando la legislación de un Estado miembro permita, para una de las operaciones mencionadas en el artículo 2, que la compensación en especie supere el porcentaje del 10 %, serán aplicables los Capítulos II y III, así como los artículos 27, 28 y 29.”. Y además, el art. 31: “Cuando la legislación de un Estado miembro permita una de las operaciones mencionadas en los artículos 2, 24 o 30, sin que todas las sociedades transferidas dejen de existir, el Capítulo II, con excepción de la letra c ) del apartado 1 del artículo 19, y los Capítulos III y IV, serán respectivamente aplicables”. Estas dos normas integran un Capítulo V con la rúbrica: “Otras operaciones asimiladas a la fusión”. Y lo que pretende la Directiva con estas normas se explica en el penúltimo de los considerandos de su preámbulo: “es necesario extender las garantías aseguradas a los socios y a los terceros, en el marco del proceso de fusión, a determinadas operaciones jurídicas que tengan, respecto a puntos esenciales, características análogas a las de la fusión con el fin de que no pueda eludirse esta protección”.

References: artículo 117
 resolución 
sui generis
 artículo 53
 artículo 36
 artículo 121
in fine
sui generis
 artículo 2
 artículo 19