Source: https://www.senado.gob.mx/64/consultoria/reciente_scjn
Timestamp: 2020-01-25 03:20:34+00:00

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LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DETERMINÓ, EN SESIÓN DEL 9 DE AGOSTO DE 2018, QUE LEGISLADORES NO PUEDEN RENUNCIAR AL FUERO. 1
Con fecha 28 de octubre de 2016, diversos Senadores interpusieron Amparo en contra del “Acuerdo de la Mesa Directiva en relación con la comunicación por la que senadores del Partido de la Revolución Democrática formulan renuncia expresa a la protección constitucional prevista en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, de fecha 29 de septiembre de 2016.
El Juzgado de Distrito competente conoció el Juicio de Amparo 1763/2016, en el que emitió sentencia con fecha 18 de septiembre de 2017, a través de la cual se negó la protección de la justicia federal a los quejosos.
La sentencia fue recurrida por los quejosos, mediante recurso de revisión, por lo que por acuerdo de fecha 8 de enero de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del mismo, registrándolo bajo el amparo en revisión 1344/2017 y con turno al Ministro José Fernando Franco González Salas, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
De conformidad con la Sentencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal se considera que la renuncia solicitada por los quejosos, respecto del fuero constitucional del que gozan, no es factible de realizarse, toda vez que dicha figura otorga protección a la función constitucional desempeñada, concretamente respecto al cargo de Senadores del Congreso de la Unión.
Asimismo, la Sala argumenta que el fuero constitucional debe entenderse como una prerrogativa que no es sujeta a disponibilidad individual por el funcionario, sino que permite garantizar la independencia, autonomía y funcionamiento de los puestos de elección popular, como es el caso de los Senadores, en virtud de que su justificación práctica permite la disminución del riesgo de paralizar el funcionamiento de las instituciones del Estado ante eventuales acusaciones mediante la atribución de responsabilidades penales.
La referida Sala precisa que dicha prerrogativa constitucional, como garante de la independencia, autonomía y del adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado, participa en una cuestión de orden público que no es renunciable por un servidor, toda vez que existe un interés superior sujeto de protección que no puede dejarse de lado, garantizando el Estado de Derecho.
1 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-07/AR%201344-2017.pdf
Estatus de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas en contra de la ley de seguridad interior.
Con fecha 21 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior.[1]
Derivado de lo anterior, diversos actores se pronunciaron en contra de la Ley, manifestando -en algunos casos- que se invadían esferas competenciales, y que se vulneraban derechos humanos consagrados en la Constitución.
Por lo antes mencionado, se presentan dos cuadros comparativos que precisan los medios de impugnación que se han hecho valer a la fecha:
Cuadro 1. Comparativo de Acciones Constitucionales promovidas en contra de la Ley de Seguridad Interior
integrantes de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso de la Unión[I]
Legislatura del Congreso de la Unión[II]
Improcedente, al no combatirse normas de naturaleza electoral.[III]
Improcedente, debido a que el promovente carece de legitimación activa.
Fecha de actualización: 12 de febrero de 2018.
Cuadro 2. Comparativo de Controversias Constitucionales promovidas en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla
Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua
Improcedente, toda vez que el artículo 105 de la Constitución General no contempla, ningún supuesto en el cual faculte a un Órgano Autónomo Estatal, como sujeto legitimado para promover una controversia constitucional.[IV]
Improcedente, toda vez que el artículo 105 de la Constitución General no contempla, ningún supuesto en el cual faculte a un Órgano Autónomo Estatal, como sujeto legitimado para promover una controversia constitucional.[V]
Improcedente, toda vez que el artículo 105 de la Constitución General no contempla, ningún supuesto en el cual faculte a un Órgano Autónomo Estatal, como sujeto legitimado para promover una controversia constitucional.[VI]
El objeto de las impugnaciones tanto en las Acciones de Inconstitucionalidad, como en las Controversias Constitucionales es invalidar la totalidad del Decreto por el que se expide la multicitada Ley. No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Municipio de Parral Chihuahua, impugnan particularmente diversos artículos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la presentación de su respectiva Acción de Inconstitucionalidad, ataca el Artículo 2 que se refiere a la definición de Seguridad Interior, el Artículo 3 que establece los principios que rigen a esta materia, Artículo 4 que delimita los conceptos que se emplearán a lo largo de dicha Ley, el Artículo 16 que prevé la facultad del Ejecutivo para actuar en casos que pongan en grave peligro la integridad de las personas, entre otros.
Por cuanto hace a la Controversia Constitucional, planteada por el Municipio de Parral, Chihuahua, se impugna el Artículo primero, que establece la competencia en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior; así mismo, el Capítulo Quinto que se refiere al Control de las Acciones en Materia de Seguridad Interior, entre otros.
[1] Decreto 21 de diciembre de 2017, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017 Consultado el 06 de febrero de 2018.
[II] Representantes comunes, Francisco Martínez Neri, José Hernán Cortés Berumen, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Norma Rocío Nahle García y Ernestina Godoy Ramos.
[II] Representantes comunes, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Herrera Ávila, Luis Venancio Sánchez
[III] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-01-25/MI_AccInconst-6-2018.pdf
[IV] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-01-30/MI_ContConst-21-2018.pdf
[V] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-02-01/MI_ContConst-23-2018.pdf
[VI] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-02-08/MI_ContConst-32-2018.pdf
La SCJN comunicó la clausura del segundo período de sesiones, correspondiente al año 2017, y el inicio del primer periodo del 2018.
La SCJN, mediante el aviso correspondiente de fecha 28 de noviembre del año en curso[1], ha comunicado que el día viernes 15 de diciembre de 2017 concluirá su Segundo Periodo de Sesiones; asimismo, el Máximo Tribunal dio a conocer que el Primer Periodo de Sesiones correspondiente al año 2018, iniciará el martes 2 de enero de dicho año[2]; por lo que la Comisión de Receso se encontrará en actividades del 16 de diciembre de 2017 al 1° de enero de 2018.
[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/avisos/documento/2017-12/Conclusion_2017.pdf
[2] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/avisos/documento/2017-12/Inicio_2018.pdf
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve Segundo Amparo contra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Declaratoria General de Inconstitucionalidad )[1]
Con fecha 25 de octubre de 2017, en sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue resuelto Amparo en Revisión 1121/2016, por el que la empresa Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la inconstitucionalidad de los Artículos 298, inciso B), fracción IV, y 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. [2]
Al respecto la Segunda Sala de la SCJN, otorgó amparo y protección de la Justicia Federal respecto al concepto de agravio hecho valer por la quejosa al manifestar que el Artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley de Telecomunicaciones transgrede su esfera de derechos al violar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que argumenta que el citado Artículo no establece de manera expresa los actos considerados como ilícitos, por lo que deja que el Instituto Federal de Telecomunicaciones defina de manera discrecional lo que se debe definir como “otras violaciones”, con lo que se produce falta de certeza respecto de la conducta sancionada.
Con la misma fecha, bajo la ponencia del Ministro Laynez Potisek, la Segunda Sala de la Suprema Corte, resolvió el Amparo en Revisión interpuesto por Televisión Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable 692/2017, en el que de manera reiterada decidió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al declarar la inconstitucionalidad del Artículo 298, inciso B), fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En ambas resoluciones la Segunda Sala estimó que la sanción establecida en dicho Artículo se traduce como excesiva, al desatender la relación que debe existir entre la conducta, las consecuencias producidas y la sanción aplicable, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 constitucional.
Dichos antecedentes representan la posibilidad de la eventual Declaratoria General de Inconstitucionalidad, por parte del Pleno de la SCJN, el cual de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá informar a la autoridad emisora sobre las resoluciones emitidas.
[1] http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGeneralesAcuerdos.aspx?asuntoID=226269 Consultado el 27 de noviembre de 2017.
[2] http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207017 Consultado el 27 de noviembre de 2017.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso de la Unión expida una Ley que regule el gasto en publicidad oficial, antes del 30 de abril de 2018.
La asociación civil “Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C”, el día 23 de mayo de 2014, hizo valer el Amparo[1] en contra de la omisión del Congreso de la Unión, para expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, según lo previsto por el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia política-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. [2]
El Amparo en comento fue sobreseído el 18 de julio del mismo año, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte determinó ejercer la facultad de atracción para conocer el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de dicha sentencia.
Al respecto en sesión del 15 de noviembre de 2017, la Primera Sala otorgó el Amparo solicitado a la Asociación Artículo 19, el cual fue aprobado por una mayoría de 4 votos y uno en contra, emitido por el Ministro Pardo Rebolledo.
La Primera Sala argumentó, entre otros aspectos, que la ausencia de reglamentación del gasto en la publicidad oficial, vulnera la libertad de expresión, de prensa y de información; asimismo puntualizo que dicha omisión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social. [3]
De igual forma, la Sala refirió que ante la falta de regulación expresa en la materia, la quejosa se encuentra en un estado de vulnerabilidad al no poder cumplir de manera cabal con su objeto social, derivado de la ausencia normativa que deviene de la omisión considerada como inconstitucional. [4]
Por lo anterior, la Primera Sala resolvió que el Congreso de la Unión deberá emitir una Ley que regule el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución antes de finalizar el segundo Periodo Ordinario de Sesiones de este último año de la LXIII Legislatura (30 de abril de 2018), a fin de subsanar la omisión motivo del Amparo.
[1] Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. EXP. 940/2014
[2] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 Consultado el 21 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de noviembre de 2017.
[3] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-11-10/15%20NOVIEMBRE%202017%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf Consultado el 21 de noviembre de 2017.
[4] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-11-10/15%20NOVIEMBRE%202017%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf Consultado el 21 de noviembre de 2017.

References: artículo 111
 resolución 
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 16
 artículo 73
 artículo 89
 Artículo 298
 Artículo 298
 Artículo 22
 Artículo 107
 Artículo 134
 Artículo 19
 Artículo 134