Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2008/as200812010.htm
Timestamp: 2020-04-05 09:24:31+00:00

Document:
200801-Sala Penal Segunda-2-010
Auto Supremo: Nº 010 Sucre, 21 de enero de 2008
Expediente: Santa Cruz 73/03
Partes: Ministerio Público c/ Luzman Arancibia Megias y Arnulfo Céspedes León
Tentativa de suministro de sustancias controladas
VISTOS: el requerimiento fiscal de fojas 208 a 209, sobre la no extinción de la acción penal, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Luzman Arancibia Megias y Arnulfa Céspedes León, por el delito de tentativa de suministro de sustancias controladas, previstos en los artículos 8 del Código Penal y 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y,
CONSIDERANDO: que el presente proceso se halla radicado en la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la interposición de los recursos de casación por parte de las imputadas Arnulfa Céspedes León y Luzman Arancibia Megias (fojas 194 a 196 y 198 a 200), contra el Auto de Vista número 4/2003 de 3 de enero de 2003.
Que el Ministerio Público a través del requerimiento fiscal de fojas 208 a 209, se pronunció de oficio, sobre la no extinción de la acción penal en el caso de autos, citando la Sentencia Constitucional número 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y su Auto Complementario Nº 079/2004 de 29 de septiembre de 2004, realizando consideraciones doctrinales y de orden legal y señalando los actuados judiciales que generaron demora en el trámite, para concluir requiriendo que en el caso de autos no procede la extinción de la acción penal a favor de las procesadas.
Que, en mérito a lo previsto por la Tercera Disposición Transitoria del Código de Procedimiento Penal vigente, que determina que: "Las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de éste Código.
Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa"; y siendo la excepción de extinción de la acción penal de previo y especial pronunciamiento, corresponde el análisis de los datos procesales para determinar en su caso lo que fuere de ley, de los cuales se desprenden los siguientes aspectos de hecho y de derecho:
1.- Que el caso sub lite, se inició con el Auto de apertura de proceso de 21 de octubre de 2000 (fojas 41 a 43), que ordenó el procesamiento de Luzman Arancibia Megias y Arnulfa Céspedes León, por el delito de suministro de sustancias controladas, previsto en el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, resolución con la cual fueron notificadas las imputadas el 30 de octubre de 2000 (fojas 47).
2.- Que concluido el juicio oral, los Jueces de Partido Tercero de Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz, dictaron sentencia (fojas 166 a 171), absolviendo de culpa y pena a las imputadas Luzman Arancibia Megias y Arnulfa Céspedes León, de la comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto en el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Contra dicha resolución de primer grado, Mario Cadima Cano, Fiscal de Sustancias Controladas, interpuso recurso de apelación (fojas 176).
El Tribunal de Alzada, a través del Auto de Vista número 4/03 de 3 de enero de 2003 (fojas 188 a 189 y vuelta), revocó la sentencia apelada y declaró a las procesadas Luzman Arancibia Megias y Arnulfa Céspedes León, autoras del delito de suministro de sustancias controladas en grado de tentativa, tipificado en los artículos 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y 8 del Código Penal, sancionándolas a la pena de 5 años y 4 meses de presidio a cumplir en el penal de Palmasola, además del pago de costas procesales y 200 días multas a razón de Bs. 2, por día; y las absuelve de culpa y pena de la comisión del delito de suministro de sustancias controladas, de conformidad a lo estatuido en los artículos 243, 244 inciso 1) y 290 del Código de Procedimiento Penal.
CONSIDERANDO: que, la doctrina señala que la extinción es el "Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias", y la Extinción de la acción penal y de las penas, como "La posibilidad de ejercitar una acción penal, ya sea pública ó de instancia privada, exige circunstancias o plazos que, no cumplidas aquéllas o sobrepasados éstos, ponen fín a aquella posibilidad.
Que el artículo 116-X de la Constitución Política del Estado, establece como una de las condiciones de la administración de justicia, la celeridad, en la tramitación de los procesos, en el mismo sentido el artículo 1 numeral 13) de la Ley de Organización Judicial contempla la celeridad y dice: "La justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación y resolución de las causas".
Que si bien en obrados, constan las suspensiones de algunos actuados judiciales, por inconcurrencia al debate por parte de las procesadas y en otras ocasiones de sus abogados defensores, no es menos cierto que las suspensiones de dichas diligencias judiciales, no incidieron en sumo grado, en la tramitación del proceso, tampoco la resta de los veinticinco días calendario en forma anual, por concepto de vacaciones judiciales, según los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 260 de la Ley de Organización Judicial.
Por lo expuesto precedentemente y habiendo transcurrido el término previsto por la Tercera Disposición Transitoria del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la no conclusión de la causa en un plazo máximo de cinco años; sin que hasta la fecha el Auto de Vista que confirmó la sentencia condenatoria de primer grado, hubiera adquirido el valor de cosa juzgada, cuyo proceso se inicio el 21 de octubre de 2000 (fojas 41 a 43), en base a las diligencias de policía judicial de 29 de septiembre de 2000 (fojas 1); por consiguiente corresponde determinar la extinción de la acción penal por el transcurso del término máximo previsto por ley.
Trámite que lleva el término de 7 años, 3 meses y días, desde el Auto de apertura de proceso, toda vez que a la fecha ha transcurrido abundantemente el plazo de los cinco años considerados en la Sentencia Constitucional Nº 101/2004.
POR TANTO.- la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la Tercera Disposición Transitoria del Código de Procedimiento Penal, dispone la EXTINCION DE LA ACCION PENAL por haber transcurrido el plazo máximo de los cinco años para la conclusión del proceso, a favor de las imputadas Luzman Arancibia Megias y Arnulfa Céspedes León, por el delito de tentativa de suministro de sustancias controladas, previsto en el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y 8 del Código Penal; en consecuencia se ordena el archivo de obrados, por la extinción de la acción penal ordenada, dejando sin efecto a la vez las medidas jurisdiccionales que se hubieran impuesto en contra de las encausadas.

References: artículo 51
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 116
 artículo 1
 resolución 
 artículo 51