Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/ley-16-2015-21-578933126
Timestamp: 2019-09-20 20:48:40+00:00

Document:
LEY 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 578933126
Fecha de Entrada en Vigor: 13 de Agosto de 2015
Capítulo I. Intervención administrativa en la actividad económica - arts. 4 a 11
Capítulo II. Actividades económicas inocuas y actividades económicas de bajo riesgo - arts. 12 a 14
Capítulo III. Instrumentos para facilitar la actividad económica - arts. 15 a 17
Capítulo I. Modificación en materia de régimen jurídico y de procedimiento administrativo - art. 18
Capítulo II. Modificación en materia de régimen local - art. 19
Capítulo III. Adaptación de la normativa sectorial a los regímenes de intervención introducidos en el capítulo I - arts. 20 a 22
Capítulo IV. Modificación en materia forestal - art. 23
Impulsar la actividad económica mediante la supresión o la reducción de los trámites administrativos de las empresas y los profesionales para iniciar una actividad económica en Cataluña.
Agilizar y simplificar la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña.
Simplificar las relaciones entre las administraciones públicas de Cataluña mejorando su coordinación.
Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía, las empresas y los profesionales a acceder al ejercicio de la actividad económica de forma ágil y eficiente.
Las entidades públicas y los organismos autónomos que dependen de cualquiera de las administraciones públicas de Cataluña o están vinculados a ellas, en lo relativo a sus actuaciones en ejercicio de potestades administrativas.
Los consorcios adscritos a las administraciones, los organismos y las entidades públicas incluidos en este artículo, así como las entidades públicas que dependen de los consorcios o están vinculadas a ellos, en lo relativo a sus actuaciones en ejercicio de potestades administrativas.
Las entidades creadas por ley del Parlamento que no dependen de la Administración de la Generalidad ni están vinculadas a ella, en lo relativo a sus actuaciones en ejercicio de potestades administrativas.
Mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos de la Administración de la Generalidad y de la Administración local de Cataluña, especialmente los procedimientos de control de las actividades económicas sujetas a la intervención administrativa que establece la legislación sectorial, mediante la reducción, agilización y simplificación de los trámites.
Impulsar la actividad económica y la creación de empleo mediante una gestión más eficiente de los recursos de las administraciones públicas.
Consolidar instrumentos de colaboración y de coordinación entre las administraciones públicas de Cataluña en el ejercicio de las competencias de regulación, intervención y control de la actividad económica.
Título II Simplificación administrativa en el ejercicio de la actividad económica Artículos 4 a 17
Capítulo I Intervención administrativa en la actividad económica Artículos 4 a 11
El impulso de mecanismos alternativos que permitan reducir cargas a las empresas y a los profesionales.
El ejercicio de derechos o facultades en la actividad económica está sujeto a la normativa sectorial aplicable y, en particular, a las medidas de control, de policía y de intervención que se establezcan.
Los mecanismos de intervención administrativa en el ejercicio de la actividad económica son, con carácter general, la declaración responsable y la comunicación previa. En cualquier caso, los titulares de la actividad deben disponer del comprobante de pago de la tasa correspondiente.
La legislación sectorial aplicable debe atribuir la competencia para el ejercicio de la intervención administrativa a la Administración de la Generalidad o a la Administración local de ámbito supramunicipal o municipal, según cuál sea la más adecuada en función del bien jurídico a proteger.
Las administraciones públicas de Cataluña, en el ejercicio de sus respectivas competencias de intervención de la actividad económica de los ciudadanos y las empresas, solamente pueden exigir la obtención de una única licencia o autorización, u otro medio de intervención preventivo, en los supuestos establecidos por la legislación sectorial aplicable.
El establecimiento de medios de intervención preventivos sobre una misma actividad económica debe estar justificado por el interés general a proteger. No pueden exigirse licencias o autorizaciones ni aplicar otros medios de intervención preventivos para el desarrollo de una actividad económica en la que el interés general a proteger sea coincidente con otro ya existente.
Las modificaciones de los regímenes de intervención deben ser proporcionadas y congruentes con el interés general a proteger.
El control que deben ejercer las administraciones públicas sobre el inicio de actividades económicas y sobre el ejercicio de estas actividades debe ser proporcionado, no discriminatorio, transparente y objetivo, y debe estar vinculado clara y directamente al interés general que lo justifica. Las administraciones públicas de Cataluña deben aprobar anualmente planes de inspección y control de las actividades económicas para afrontar las tareas de control ex post a las que obliga la presente ley.
En la ejecución del plan de inspección y control de las actividades a que se refiere el apartado 1, las administraciones públicas que lo precisen pueden disponer de la ayuda y colaboración de otras administraciones.
En caso de que la normativa aplicable exija determinados requisitos para el inicio o para el ejercicio de la actividad económica, una vez presentada la comunicación previa correspondiente o la declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de los requisitos, la Administración pública competente, en virtud de sus potestades administrativas de verificación, control e inspección, puede comprobar en cualquier momento que se cumplen dichos requisitos y la normativa sectorial aplicable.
Las administraciones públicas, en el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos legales, deben designar a una persona responsable para que facilite la información completa durante todo el procedimiento, sea cual sea la administración responsable de las actuaciones que se deriven.
Si con la comprobación a la que se refiere el artículo 6 se constata el incumplimiento de la presente ley o de la normativa sectorial aplicable para iniciar o ejercer una actividad económica, el órgano competente debe iniciar un procedimiento que permita la enmienda de defectos o carencias. El inicio de este procedimiento no comporta la suspensión de la actividad para adecuarla a la legalidad vigente, salvo lo establecido por el apartado 3. El órgano competente debe designar a un instructor como responsable del expediente y notificarlo a los interesados.
El procedimiento administrativo de enmienda debe iniciarse inmediatamente después de la detección del posible incumplimiento y tiene una duración máxima de dos meses. Se inicia mediante la notificación a la persona interesada, que dispone del plazo de un mes para enmendar deficiencias o para cumplir los requisitos exigidos por la normativa sectorial aplicable, sin perjuicio del derecho a presentar alegaciones en el plazo de quince días a contar desde la notificación.
El inicio de la tramitación del expediente, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 1, comporta la suspensión cautelar de la actividad si existe riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente. En caso de que la actividad esté prohibida por el ordenamiento jurídico o de que no pueda cumplir en ningún caso los requerimientos de la normativa sectorial aplicable, debe acordarse su suspensión cautelar de forma inmediata.
La autoridad competente debe formular la propuesta de resolución a la vista de la documentación contenida en el expediente administrativo, una vez transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 2, independientemente de que se hayan formulado alegaciones o no.
La resolución del procedimiento administrativo debe determinar:
El archivo del expediente, si de la tramitación del procedimiento de enmiendas resulta que la actividad cumple la normativa sectorial vigente.
El cese de la actividad, si en el plazo de un mes no se han enmendado las deficiencias detectadas o si la actividad no es legalizable.
El reinicio de la actividad, si después de haber sido suspendida cautelarmente se acredita que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa sectorial vigente.
El procedimiento administrativo de enmienda de defectos es independiente y compatible con el procedimiento sancionador establecido por la normativa sectorial a la que pueda dar lugar el incumplimiento.
El procedimiento establecido por el presente artículo es aplicable en los casos en que la normativa sectorial no establece un procedimiento específico.
El procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica, por simple denuncia.
El órgano competente, sin perjuicio de lo establecido por el presente artículo, de forma excepcional y por causas justificadas puede acordar la ampliación de los plazos para enmendar las deficiencias o el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable.
El inicio de actividades económicas sin haber presentado la comunicación previa o la declaración responsable oportunas, o haberlas presentado con datos falsos o inexactos con afectaciones sobre la salud, el medio ambiente o la seguridad de las personas, es objeto de sanción, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. A falta de norma sancionadora específica preferente, estas conductas se tipifican como infracciones graves y se sancionan con una multa de 6.000 euros a 20.000 euros, atendiendo a los criterios de proporcionalidad en materia sancionadora establecidos con carácter general por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
El procedimiento y los criterios para la imposición de sanciones deben ajustarse a las disposiciones generales para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Las administraciones públicas de Cataluña deben impulsar mecanismos alternativos a la intervención administrativa para reducir las cargas administrativas de la actividad económica.
Son mecanismos alternativos a la intervención administrativa, con relación a lo establecido por el apartado 1, los instrumentos basados en el aseguramiento de la responsabilidad de los empresarios, los códigos de buenas prácticas y las guías de autoevaluación en los diversos sectores de actividades, la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información y las bases de datos de las administraciones públicas, y otros mecanismos que las administraciones públicas decidan establecer.
Las empresas y los profesionales que realizan una actividad económica que comporta un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de las personas deben cubrir su responsabilidad civil mediante contratos de seguros u otras garantías o instrumentos apropiados, que deben ser proporcionados a las características y al alcance del riesgo cubierto, de acuerdo con las disposiciones específicas de las leyes sectoriales.
Los interesados a acceder a alguna de las actividades a las que se refiere la presente ley, así como las corporaciones, los colegios profesionales, las organizaciones y las asociaciones que los representan, mediante el portal electrónico único para las empresas establecido por el artículo 16 pueden informar sobre cualquier disposición, acto o actuación de las administraciones públicas que signifique un obstáculo para la aplicación del presente título, y también pueden formular consultas relativas a la interpretación de la ley sectorial que sea aplicable en cada caso.
El órgano administrativo competente debe informar por medios electrónicos sobre la consulta o emitir informe sobre la adecuación a la presente ley de la disposición, el acto o la actuación en el plazo de treinta días.
Los informes a los que se refiere el presente artículo, al efecto de cumplir los principios de publicidad y transparencia, deben ser accesibles desde las webs institucionales habilitadas.
Capítulo II Actividades económicas inocuas y actividades económicas de bajo riesgo Artículos 12 a 14
Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables a las actividades económicas inocuas y a las actividades económicas de bajo riesgo que se desarrollan en un establecimiento. Las demás actividades económicas siguen rigiéndose por la legislación sectorial correspondiente.
Actividad económica inocua: la actividad que, con carácter general, por sus características no produce molestias significativas ni ninguna afectación considerable al medio ambiente, la seguridad de las personas ni los bienes. Las actividades económicas inocuas son las incluidas en el anexo I.
Actividad económica de bajo riesgo: la actividad que, por sus características, puede producir alguna molestia poco significativa o tiene una incidencia muy baja sobre el medio ambiente, la seguridad de las personas o los bienes. Las actividades económicas de bajo riesgo son las incluidas en el anexo II.
Los regímenes de intervención de las actividades económicas objetos de la presente ley son los siguientes:
Las actividades económicas inocuas están sujetas a declaración responsable. El titular, o la persona que le represente, debe poner en conocimiento de la Administración pública competente el inicio de una determinada actividad mediante la presentación de una declaración responsable en la que debe declarar, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al ejercicio de la actividad, que dispone de un certificado técnico justificativo de cumplirlos y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia del ejercicio de la actividad.
Las actividades económicas de bajo riesgo están sujetas al régimen de comunicación previa. El titular, o la persona que le represente, debe poner en conocimiento de la Administración pública competente el inicio de la actividad mediante una comunicación previa, en los términos establecidos por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que debe ir acompañada por el proyecto técnico justificativo del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al ejercicio de la actividad firmado por un técnico competente, y por el certificado del técnico competente que sea responsable de la puesta en funcionamiento de la actividad.
La declaración responsable o la comunicación previa a las que se refiere el apartado 1 debe contener una manifestación explícita sobre la conformidad de la actividad económica con el régimen urbanístico del suelo.
La presentación de la declaración responsable o la comunicación previa a las que se refiere el apartado 1 habilita de forma inmediata para el ejercicio de la actividad bajo la responsabilidad de su titular, y a la vez faculta a la Administración para realizar cualquier actuación de comprobación.
Las administraciones públicas no pueden introducir el régimen de autorización en el desarrollo reglamentario de las normas sectoriales que afectan a las actividades económicas reguladas por el presente capítulo.
Las actividades descritas en los anexos I y II que estén conectadas al sistema público de saneamiento no requieren permiso de vertido previo ni informe de compatibilidad urbanística, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación e inspección posteriores.
En caso de que las obras de acondicionamiento de los locales para realizar una actividad económica descrita en los anexos I y II estén sujetas al régimen de comunicación previa establecido por la legislación urbanística, dicha comunicación habilita al titular para iniciar la actividad si cumple los requisitos exigidos por el apartado 1.
Los certificados técnicos a los que se refiere el presente artículo deben limitarse a constatar los requerimientos exigibles a la actividad determinada.
El cambio de titularidad en el ejercicio de las actividades económicas produce efectos desde su comunicación a la Administración competente, y en el caso de las actividades económicas inocuas, debe incorporar una nueva declaración responsable. El portal único para las empresas establecido por el artículo 16 debe disponer de modelos normalizados.
La modificación de las condiciones en que se realizan las actividades requiere una nueva declaración responsable o comunicación previa, en función de la clasificación de los anexos I y II, teniendo en cuenta cómo queda la situación final del establecimiento como consecuencia de la modificación.
Capítulo III Instrumentos para facilitar la actividad económica Artículos 15 a 17
Las administraciones públicas de Cataluña deben adoptar las medidas necesarias para que los procedimientos para el acceso y el ejercicio de la actividad económica puedan iniciarse y finalizar por varios canales mediante una ventanilla única empresarial, de modo que desde un único punto puedan realizarse todos los procedimientos.
Los servicios que presta la ventanilla única empresarial a las empresas y a los profesionales, con relación al acceso y el ejercicio de la actividad económica, comprenden la información, el asesoramiento, la tramitación unificada y la finalización del trámite en los casos en que lo establecen las normas aplicables o los acuerdos de colaboración que puedan firmarse.
La ventanilla única empresarial actúa como red interadministrativa con el fin de facilitar el acceso a los trámites de los procedimientos administrativos que son competencia de las administraciones públicas e iniciar la tramitación a los efectos de lo establecido por el artículo 12. Para alcanzar dicho objetivo, todos los entes locales deben adherirse a la ventanilla única empresarial mediante los mecanismos que se determinen.
La Administración de la Generalidad debe poner al alcance de los ayuntamientos las soluciones tecnológicas y los instrumentos necesarios para facilitarles su adhesión, en igualdad de condiciones, a la ventanilla única empresarial.
La presentación de una comunicación previa o una declaración responsable ante la ventanilla única empresarial produce los efectos establecidos por el artículo 13.3.
La ventanilla única empresarial debe remitir a los ayuntamientos la información sobre las declaraciones responsables o comunicaciones previas recibidas que afecten a sus municipios.
La información que las empresas puedan precisar sobre los servicios y trámites de las administraciones públicas debe unificarse en un único portal electrónico, que debe permanecer a la disposición de las empresas.
Las administraciones tienen la obligación de incluir en el portal electrónico único la información sobre los textos normativos, regímenes de intervención administrativa y requisitos necesarios para habilitar para cada una de las actividades económicas.
El portal electrónico único debe organizarse de forma que facilite las relaciones entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, y debe incorporar una carpeta para cada empresa que realice actividades económicas en Cataluña.
En la carpeta a la que se refiere el apartado 3 deben integrarse todas las relaciones que se produzcan con las administraciones públicas de Cataluña a lo largo de la vida de la empresa. La carpeta debe ser compartida, compatible e interoperable, de modo que, de acuerdo con los derechos y deberes de cada parte, pueda ser consultada y actualizada tanto por las propias empresas como por las administraciones públicas, respetando lo establecido por la normativa de protección de datos y la autonomía municipal.
La carpeta a la que se refieren los apartados 3 y 4 actúa como repositorio de documentación de la empresa, para hacer efectivo el derecho de no presentar los documentos que se encuentran en poder de cualquier administración.
Se crea la Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica, a los efectos de seguir y evaluar la implantación de las medidas establecidas por la presente ley y de establecer mecanismos de colaboración entre la Administración de la Generalidad y los entes locales.
El objeto de la Comisión es impulsar el control, la evaluación y la simplificación de los trámites administrativos que afectan la actividad económica, evitar sus posibles contradicciones e identificar mejoras a introducir en la intervención administrativa.
Realizar el seguimiento de la aplicación de los regímenes de intervención que afectan las actividades económicas inocuas y las actividades económicas de bajo riesgo y de la implantación de la ventanilla única empresarial por parte de las administraciones públicas de Cataluña, así como del resto de medidas establecidas por la presente ley para facilitar la actividad económica.
Analizar y valorar las consultas y reclamaciones presentadas por los operadores económicos y sociales en virtud de lo establecido por el artículo 10, apoyar al órgano administrativo competente que debe evacuar la consulta o emitir el informe y proponer, en su caso, soluciones respetuosas con el interés general.
Identificar propuestas de mejora de la intervención administrativa en la actividad económica, proponer las acciones necesarias para implantarlas y realizar su seguimiento.
Acordar los mecanismos que deben permitir la adhesión de los entes locales a la ventanilla única empresarial.
Identificar y proponer actividades económicas inocuas y actividades económicas de bajo riesgo para actualizar los anexos I y II.
Recibir información sobre los planes de verificación, control e inspección realizados por las administraciones públicas de Cataluña, y sobre el resultado de dichos planes.
La Comisión, que tiene carácter permanente, está formada por representantes de la Administración de la Generalidad y la Administración local, y su presidencia es ejercida por un representante de la Generalidad.
La Comisión cuenta con un consejo asesor formado por personas designadas por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Cataluña, las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación y por una representación de los colegios profesionales. El consejo asesor debe formular propuestas a la Comisión sobre los temas de su competencia, de acuerdo con las funciones detalladas en el apartado 3.
El Gobierno debe establecer la organización, el régimen de funcionamiento y la composición de la Comisión y del consejo asesor.
Título III Modificación de normas con rango de ley Artículos 18 a 23
Capítulo I Modificación en materia de régimen jurídico y de procedimiento administrativo Artículo 18
Se modifica el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 23 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
Se añade un nuevo artículo, el 50 bis, a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
Se modifica el apartado 3 del artículo 110 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
Se añade una nueva disposición adicional, la decimosexta, a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
Disposición adicional decimosexta. Identificación y autentificación de los ciudadanos para acceder a la firma electrónica no avanzada
Se añade una nueva disposición adicional, la decimoséptima, a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
Disposición adicional decimoséptima. Desarrollo reglamentario de las leyes
Capítulo II Modificación en materia de régimen local Artículo 19
Se añade un nuevo artículo, el 69 bis, al texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, con el siguiente texto:
Se modifican las letras a y b del apartado 1 del artículo 17 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactadas del siguiente modo:
a) El expediente se inicia por acuerdo del ayuntamiento o ayuntamientos interesados o del consejo o consejos comarcales interesados, o bien lo inicia de oficio el departamento competente en materia de Administración local. Puede iniciarse también a petición de los vecinos, en una mayoría del 50%, como mínimo, del último censo electoral del municipio o de la parte o partes del mismo en el supuesto de segregación. En este último caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la petición en el registro municipal.
Se modifica el apartado 1 del artículo 18 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el artículo 19 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 19. Contenido del decreto o la ley de aprobación
Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 31 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactados del siguiente modo:
1. El acuerdo de cambio de denominación de un municipio debe ser adoptado por el pleno del ayuntamiento y requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Antes de la adopción del acuerdo municipal, debe abrirse información pública por un plazo mínimo de treinta días.
Se modifican las letras b y c del apartado 1 del artículo 79 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactadas del siguiente modo:
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 119 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactados del siguiente modo:
1. El proyecto de estatutos debe someterse a información pública, por un plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncios en los tablones de edictos de los ayuntamientos y la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. El proyecto definitivo de estatutos debe remitirse al departamento competente en materia de Administración local para que, en el plazo de un mes, emita informe de acuerdo con la legalidad vigente, una vez escuchado el consejo comarcal.
Se modifica la letra b del artículo 121 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactada del siguiente modo:
Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 145 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, con el siguiente texto:
4. Los entes locales deben remitir los actos y los acuerdos a los que se refiere el apartado 1 por medios electrónicos. A tales efectos, deben respetar las condiciones y los instrumentos establecidos por reglamento de acuerdo con la normativa de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y, en todo caso, los principios de responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
Se modifica el apartado 3 del artículo 206 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
3. La adquisición de bienes y derechos patrimoniales a título oneroso requiere:
Se modifica el artículo 209 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 209. Enajenación y gravamen
Se añade un nuevo artículo, el 216 bis, al texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el artículo 236 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 236. Modalidades de intervención
Se modifica el artículo 249 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 249. Gestión del servicio público
Capítulo III Adaptación de la normativa sectorial a los regímenes de intervención introducidos en el capítulo I Artículos 20 a 22
Se añade un nuevo epígrafe, el 12.59, al anexo II de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, con el siguiente texto:
12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos energéticos, serrín...) o de productos de esta (leña, pella, astilla, briqueta...) con una capacidad superior a 10.000 m3.
Se suprimen los epígrafes 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 y 12.58 del anexo III de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.
Se añade un nuevo epígrafe, el 12.59, al anexo III de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, con el siguiente texto:
12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos energéticos, serrín...) o de productos de esta biomasa (leña, pella, astilla, briquetas...) con una capacidad inferior a 10.000 m3.
Se modifica el artículo 20 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 20. Intervención municipal
»4. Los establecimientos o actividades incluidos en el anexo 1 –que se consideran de importante riesgo– que no requieren licencia de obras y no se encuentran sujetos a licencia municipal para establecimientos abiertos al público quedan sujetos al informe previo por riesgo de incendio emitido por la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, previa presentación a la correspondiente Administración municipal del proyecto técnico descriptivo y justificativo del cumplimiento de la reglamentación técnica aplicable en materia de incendios. Sobre estos establecimientos debe realizarse el acto de comprobación de acuerdo con las condiciones establecidas por el artículo 25.
»5. Los establecimientos o actividades incluidos en el anexo 1 –que se consideran de importante riesgo– que se encuentran sujetos a un régimen de licencia municipal para establecimientos abiertos al público quedan sujetos al régimen de intervención administrativa en materia de incendios por parte de la Administración de la Generalidad, el cual se integra en los procesos de obtención de esta licencia.
Se añade un nuevo artículo, el 22 bis, a la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, con el siguiente texto:
Se suprimen los epígrafes 12, 13 y 14 del anexo 1 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.
Se añade un nuevo apartado, el 8, al artículo 9 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el siguiente texto:
Se modifica el artículo 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 187. Actos sujetos a licencia urbanística
Se añade un nuevo artículo, el 187 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el siguiente texto:
Se añade un nuevo artículo, el 187 ter, al texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el siguiente texto:
Capítulo IV Modificación en materia forestal Artículo 23
Primera. Adopción por la Administración del modelo de ventanilla única empresarial
Las administraciones públicas de Cataluña, para hacer efectivo el ejercicio de las funciones establecidas por el artículo 14, deben adoptar el modelo organizativo de la ventanilla única empresarial. Los entes locales, para una eficiente prestación de este servicio, pueden utilizar las soluciones tecnológicas que el Consorcio Administración Abierta de Cataluña les pone a su alcance o bien soluciones propias, siempre que sean interoperables con los sistemas de información de la Generalidad.
La ventana única empresarial y el portal único para las empresas, al que se refieren los artículos 15 y 16, deben integrar a todas las administraciones públicas de Cataluña y estar plenamente operativos en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, salvo los municipios que deban integrar soluciones tecnológicas propias, que dispondrán de seis meses adicionales.
Segunda. Medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, por reglamento debe adoptar medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos a través de los cuales las empresas deben facilitar a las administraciones públicas de Cataluña los datos necesarios para iniciar su actividad, si estos datos están en los archivos de dichas administraciones o pueden conseguirse de otras administraciones por medios electrónicos.
Las administraciones públicas de Cataluña deben impulsar los mecanismos para que los datos únicos a los que se refiere la presente disposición puedan incorporarse a los diferentes sistemas de información de cada unidad orgánica que las necesite, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Tercera. Sustitución de referencias y remisiones en el texto refundido de la Ley de urbanismo
Las referencias a la licencia urbanística realizadas por el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, deben entenderse realizadas a la comunicación previa en caso de que, de acuerdo con el artículo 22 de la presente ley, este régimen de intervención sustituya al de la licencia urbanística.
Se modifican las siguientes remisiones del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto:
En el artículo 190.1, donde dice «artículo 187.1» debe decir «artículo 187».
En el artículo 218.1, donde dice «artículo 187.2.r» debe decir «artículo 187.1.k.».
Se añade un nuevo apartado, el 1 bis, al artículo 53 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el siguiente texto:
Se modifica el apartado 2 del artículo 53 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
Cuarta. Impulso e implantación de la ventanilla única empresarial
La Oficina de Gestión Empresarial es la responsable de impulsar e implantar la ventanilla única empresarial de las administraciones públicas en Cataluña.
La Oficina, en colaboración con las distintas unidades administrativas responsables, debe coordinar y realizar las acciones necesarias para hacer efectivo el desarrollo de la ventanilla única empresarial en Cataluña. A tal efecto, debe impulsar la definición, implantación y actualización de las herramientas y los mecanismos tecnológicos para que el inicio o la modificación de una actividad económica pueda realizarse de forma ágil, sencilla e inmediata por el canal que elija el titular de la actividad.
Quinta. Medidas para la aplicación efectiva de la presente ley
Sexta. Contenido del certificado técnico
Séptima. Documentación necesaria para el inicio de actividades que requieren informe preceptivo favorable por riesgo de incendio
El informe preceptivo favorable por riesgo de incendio, al que se refiere el artículo 21, por sí solo no habilita para el inicio de las actividades que lo requieren. Para poder iniciar la actividad, la persona interesada debe obtener y presentar al ayuntamiento un certificado de acto de comprobación favorable en materia de prevención y seguridad respecto a incendios y acreditar el cumplimiento de los requisitos y las determinaciones ambientales de acuerdo con la normativa sobre prevención y control ambiental de las actividades.
El titular puede solicitar una única actuación de control por parte de una entidad colaboradora de la Administración que acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles tanto en materia de incendios como en materia de prevención y control ambiental de las actividades.
Octava. Reglas aplicables hasta que la Ley 6/2009 se adapte a la Ley del Estado 21/2013
Mientras no se realiza la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida en la Ley del Estado 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deben aplicarse las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha normativa básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la presente disposición.
En cuanto a la denominación de procedimientos, documentos y actos administrativos derivados de los mismos, se establecen las siguientes reglas:
El procedimiento que en la Ley 6/2009 se denomina procedimiento de evaluación ambiental pasa a denominarse procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, y el procedimiento que en la Ley 6/2009 se denomina procedimiento de decisión previa de evaluación ambiental pasa a denominarse procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
El informe de sostenibilidad ambiental preliminar al que hace mención la Ley 6/2009 pasa a denominarse documento inicial estratégico; el documento de referencia al que hace mención la Ley 6/2009 pasa a denominarse documento de alcance del estudio ambiental estratégico, y el informe de sostenibilidad ambiental al que hace mención la Ley 6/2009 pasa a denominarse estudio ambiental estratégico.
La documentación ambiental que hay que presentar para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, además del borrador del plan o programa, se denomina documento ambiental estratégico.
El acuerdo sobre la memoria ambiental establecido por la Ley 6/2009, que pone fin al procedimiento de evaluación ambiental, queda sustituido por la declaración ambiental estratégica. La decisión previa de evaluación ambiental establecida por dicha ley pasa a denominarse informe ambiental estratégico.
En cuanto a plazos, se establecen las siguientes reglas:
En lo referente a resolución de discrepancias, corresponde al consejero del departamento competente en materia de medio ambiente resolver las discrepancias entre el órgano competente para aprobar un plan o programa y el órgano ambiental sobre el contenido del informe ambiental estratégico o de la declaración ambiental estratégica, si el plan o programa se refiere a materias que son competencia del mismo departamento, y al Gobierno si se refiere a materias que son competencia de un departamento distinto.
En lo referente a la evaluación ambiental estratégica simplificada, en caso de que el promotor de un plan o programa, o de la modificación de un plan o programa, sujeto a evaluación ambiental estratégica simplificada considere, sin necesidad de ningún estudio o trabajo adicional, que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, la información del documento ambiental estratégico debe consistir en la justificación de dicha circunstancia. Si el órgano ambiental constata que el plan o programa, o la modificación del plan o programa, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente ni hay ninguna administración pública afectada, puede determinar directamente en el informe ambiental estratégico que el plan o programa, o la modificación del plan o programa, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, sin necesidad de realizar consulta previa alguna.
En lo referente a la evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico, se establecen las siguientes reglas:
Son objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria:
Son objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
No deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica, por la falta de efectos significativos que producen sobre el medio ambiente, o porque los efectos ya han sido evaluados en el planeamiento urbanístico general:
En el caso de planes especiales urbanísticos en suelo no urbanizable que no califiquen suelo, si su contenido se restringe al establecimiento de actuaciones ejecutables directamente sin requerir el desarrollo de proyectos de obras posteriores, no se aplica ningún procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Estos planes deben seguir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, en su caso.
Las prescripciones contenidas en el apartado 6 comportan la no aplicación de los siguientes preceptos de la Ley 6/2009: las letras c y d del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 7; las letras c y d, y la letra e en cuanto a su referencia a las letras c y d, del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 8; y el apartado 2 del anexo 1.
Novena. Presentación al Gobierno de proyectos para el impulso de la actividad económica
El consejero del departamento competente en materia de industria, en el marco de la presente ley y sin perjuicio de las competencias atribuidas a los diferentes departamentos, para impulsar la actividad económica puede proponer al Gobierno, para su aprobación, proyectos de interés general que favorezcan los procesos de transformación sectorial o reconversión industrial de ámbitos en que históricamente haya predominado un único tipo de industria, la explotación de recursos naturales, como los yacimientos y otros recursos geológicos, o similares, y que estén en fase de importante disminución, de transformación o de cierre de su actividad principal.
La aprobación de los proyectos a los que se refiere el apartado 1 comporta la sujeción de los proyectos a los principios de la presente ley en materia de simplificación administrativa, en el ejercicio de las actividades económicas, para que dichos proyectos se materialicen de forma eficaz y eficiente, en cumplimiento de las finalidades establecidas por el artículo 3.
La configuración y aprobación de los tipos de proyectos a los que se refiere el apartado 1 debe contribuir a potenciar tanto la coordinación, colaboración y asistencia entre administraciones y entes públicos con competencias en el ámbito concreto sobre el que recaigan, como también la colaboración entre el sector público y el privado. A tal efecto, pueden suscribirse los convenios y establecerse los instrumentos de colaboración que sean necesarios.
La aprobación de los proyectos establecidos por el apartado 1 puede tener la consideración de sector de interés supramunicipal a los efectos que determina el artículo 56.1.g de la Ley de urbanismo.
Primera. Régimen de los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley
Segunda. Adaptación reglamentaria
Las remisiones internas del Reglamento a los artículos 5, 6 y 71 deben entenderse realizadas al régimen de intervención que resulta del artículo 22 de la presente ley.
Los artículos 33 a 36 del Reglamento deben seguir aplicándose a los supuestos de obras que, de acuerdo con el artículo 22 de la presente ley, pasan a sujetarse al régimen de comunicación previa.
Tercera. Envío de comunicaciones relativas al inicio de actividades empresariales antes de la adhesión de los ayuntamientos a la ventanilla única empresarial
Se derogan los apartados 1 y 2 del artículo 5 y los artículos 6 y 71 del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística, aprobado por el Decreto 64/2014, de 13 de mayo.
Se deroga la disposición adicional segunda del Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Se derogan el apartado 2 del artículo 18, los artículos 258 a 268 y los artículos 272 a 281 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril.
Se derogan todos los preceptos de disposiciones de igual o inferior rango que sean contrarios a la presente ley.
Primera. Adecuación normativa
Segunda. Simplificación y racionalización de los registros administrativos
Tercera. Obligación de los planes urbanísticos y las ordenanzas de evaluar el cumplimiento de la Directiva de servicios y la normativa de transposición
Las modificaciones de los planes urbanísticos y de las ordenanzas municipales sobre edificación y uso del suelo no adaptados a lo dispuesto por el artículo 22.1 que se aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de la presente ley, siempre que por el contenido de la modificación sea factible, deben incorporar en su memoria una evaluación a los efectos de determinar si contienen alguna restricción al acceso o al ejercicio de las actividades económicas que no cumpla las condiciones exigidas por la Directiva de servicios y la normativa de transposición y, en su caso, eliminarla.
La Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica, sin perjuicio de lo establecido por la disposición adicional quinta, debe poner a disposición de las administraciones públicas de Cataluña formularios y métodos de evaluación en esta materia.
Los apartados 2, 3 y 8 de la disposición adicional octava son aplicables desde la entrada en vigor en Cataluña de la Ley del Estado 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, es decir, desde el 12 de diciembre de 2014. El resto de reglas de dicha disposición adicional entran en vigor al día siguiente de la publicación de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Anexo I Actividades sometidas a régimen de declaración responsable
Si disponen de oficinas, se aplica DR si la superficie construida del local =500 m2.
Construcción de carreteras, vías férreas, puentes y túneles
Finalización de edificios
Otras actividades especializadas construcción
Comercio al por mayor e intermediarios, salvo vehículos a motor
Si se consideran establecimientos comerciales, si la superficie construida =120 m2.
Comercio al por mayor de equipos para las TIC
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipos
Otros tipos de comercio al por mayor especializado
Comercio al por menor, salvo vehículos a motor y motocicletas
Si la superficie construida =120 m2.
Comercio al por menor de equipos para las TIC
Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
Comercio al por menor fuera de establecimientos
Alojamientos turísticos y otros de corta duración
Aplicable a los establecimientos de turismo rural y a las viviendas de uso turístico, y en general a toda modalidad de alojamiento turístico que pueda realizarse en edificios o establecimientos con uso característico residencial de vivienda
Si disponen del informe emitido por el técnico competente para obtener la cédula de habitabilidad, este puede ser el certificado técnico necesario en estas instalaciones
Edición de libros y periódicos, y otras actividades de edición
Si la superficie construida =500 m2.
Actividades de cine, vídeo y programas de televisión
Procesamiento de datos y hospedaje; portales web
Actividades inmobiliarias por cuenta ajena
Actividades contables, auditoría y asesoría fiscal
Actividades de sedes centrales
Si la superficie construida =50 m2 (excluyendo despachos, almacenes y otras áreas auxiliares, y siempre que la superficie construida =500 m2).
Actividades de traducción y de interpretación
Otras actividades profesionales y técnicas no clasificadas en otros apartados
Actividades en alquiler
Si solo se dispone de zonas de uso administrativo cuando la superficie construida =500 m2.
Alquiler de efectos personales y efectos domésticos
Alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles
Arrendamiento de propiedad intelectual, salvo derechos de autor
Otros tipos de provisión de recursos humanos
Actividades de organizaciones empresariales y profesionales
Actividades asociativas varias
Reparación de efectos personales y domésticos
Lavado y limpieza de piezas textiles y de piel
Otras actividades de servicios personales no clasificadas en otros apartados
Anexo II Actividades sometidas a régimen de comunicación
Si se consideran establecimientos comerciales: – En establecimientos ubicados bajo edificios de cualquier uso, y de 120 m2
Establecimientos ubicados bajo edificios de cualquier uso, y de 120 m2
En el caso de naves de empresas de camiones o furgonetas de logística, campas de estacionamiento de vehículos, etc., siempre que el estacionamiento de vehículos no se encuentre ubicado en una segunda o más plantas bajo rasante, o bien si se encuentra ubicado bajo un edificio, tenga una superficie construida = 750 m2, o bien, en cualquier otro caso, tenga una 500 m2
Actividades afines al transporte terrestre
En el caso de la explotación de estacionamientos o garajes para vehículos, siempre que el estacionamiento de vehículos no se encuentre ubicado en una segunda o más plantas bajo rasante, o bien si se encuentra ubicado bajo un edificio, tenga una superficie construida = 750 m2, o bien, en cualquier otro caso, tenga una 500 m2
Restaurantes y establecimientos de comidas
Si la superficie construida = 500 m2 y con un aforo = 500 personas
Si la superficie construida = 500 m2 y con un aforo = 500 personas.
Actividades de consultoría de gestión empresarial Si la superficie construida > 500 m2.
Si solo se dispone de zonas de uso administrativo cuando la superficie construida > 500 m2. Si disponen de estacionamiento de vehículos, deben cumplir que: – El estacionamiento de vehículos no se encuentre ubicado en una segunda o más plantas bajo rasante, o bien si se encuentra ubicado bajo un edificio, tenga una superficie construida = 750 m2, o bien, en cualquier otro caso, tenga una 500 m2
Alquiler de maquinaria, equipos y bienes
Si se trata de lavandería no industrial: si 120 m2
ORDEN 19/2010 de 21 de julio, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se actualizan las tarifas de los servicios de transporte público de viajeros de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana así como los títulos de coordinación de uso en el Área de Transporte Metropolitano de Valencia.
Resolución de 10 de junio de 1998, de la Delegación Provincial de Ourense, por la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del convenio colectivo del sector del comercio de alimentación de Ourense.
Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio, por la que se delegan competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Economía y Hacienda

References: artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 10
 Artículo 18
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 110
 Artículo 19
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 19

Artículo 19
 artículo 31
 artículo 79
 artículo 119
 artículo 121
 artículo 145
 artículo 206
 artículo 209

Artículo 209
 artículo 236

Artículo 236
 artículo 249

Artículo 249
 artículo 20

Artículo 20
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 187

Artículo 187
 Artículo 23
 artículo 14
 artículo 22
 artículo 190
 artículo 218
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 21
 resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 56
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 22

Resolución