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Timestamp: 2020-07-15 08:53:32+00:00

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La doctrina de la Corte Interamericana de DDHH, y las resoluciones de la Comisión Interamericana de DDHH, como fuentes y formas de protección de los derechos
Doctrina de la Corte Interamerica de Derechos Humanos y Resoluciones de Comisión de DDHH
La doctrina de la Corte Interamericana de DDHH, y las resoluciones de la Comisión Interamericana de DDHH, como fuentes y formas de protección de los derechos fundamentales. Eduardo J.R. Llugdar. 2016
(Obra descargable)
La insuficiencia de los Sistemas Jurídicos Nacionales, para la protección de derechos esenciales, reconocidos y garantizados inclusive por sus propias Constituciones, ha quedado en evidencia, desde el momento que en ejercicio de su soberanía han acordado suscribir tratados de derechos humanos, regidos por el derecho internacional público, a fin de fijar estándares mínimos al que deben adecuar sus legislaciones, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad internacional si no son observados. Latinoamérica no ha sido ajena a este fenómeno y a nivel regional y Universal ha decidido en la mayoría de los casos, aceptar la competencia de Organismos regionales e Internacionales de monitoreo y de juzgamiento de sus procesos de aplicación de los estándares protectorios de derechos humanos aludidos. Mediante este trabajo intentaremos demostrar hasta que punto, ha influenciado la doctrina y estándares fijados por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA, como los Comités del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en la efectiva protección de los derechos fundamentales en los países que han suscripto y ratificado los distintos tratados y pactos de DDHH.
Diccionario de Derecho Procesal y Convencional, en dos Tomos I, II: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo Martí
Diccionario Procesal Constitucional y Convencional, Tomo I
Diccionario de Derecho Procesal y Convencional, en dos Tomos I, II.
Obras de:Eduardo Ferrer Mac- Gregor y otros..
Tomo I. (Descarga)
Ferrer Mac-Gregor,
Eduardo Martínez Ramírez,
Fabiola Figueroa Mejía,
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional Tomo II
EL PAGO DE TRES MESES DE INDEMNIZACIÓN, MAS VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
EL PAGO DE TRES MESES DE INDEMNIZACIÓN, MÁS VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Indemnización por despido Injustificado derecho a:
EL PAGO DE TRES MESES DE INDEMNIZACIÓN, MÁS VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DE ELEMENTOS DE LOS SEGURIDAD PÚBLICA.
Por. Mtro. Fidel Hugo León Villafaña.
El máximo Tribunal de nuestro País (México), determino que todos los miembros de los cuerpos de seguridad pública, policias, tendran derecho por analogia del pago de tres meses de salarios por concepto de indeminización Constitucional por el despido Injustificado, mas el derecho de pago de 20 días de salario por cada uno de los años laborado por en caso de despidos injustificados, esto al interpretar el artículo 123 fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que antes a dicha interpretación se prestaba a un laguna legal, sobre que conceptos tienen derechos dichos personal cuando se han visto separados de sus funciones en casos injustificados, por las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, esto, por que dicho artículo en su apartado B, de la Constitución Federal no señalaba circunstancia alguna de sus prestaciones a los que tenia derecho, al igual que cualquier trabajador del diverso apartado A.
Es importante señalar que los miembros de los seguridad pública se les considera como una realción administrativa y no como una relación laboral, que con dicho conceptos los tirbunales que les corresponde resolver son diversos tribunales y diversas legislaciones, tocandoles connocer y resolver según se trate de dichos servidores públicos en federales o locales, esto es Tribunal de Justicia Administrativa Estatales o Federales, y en su caso la legislación que lo regulan lo son la Constitución Federal, los Códigos de Justicias Administrativas, o del Procedmiento Contensioso Administrativo, y las Ley de Seguridad Pública, leyes y reglamentos de seguridad pública, que los regulan sus relaciones entre ellos y las gobiernos respectivos, sin embargo en la mayorías de sus legislaciones establecen múltiples deberes y organización de su personal pero son escasos los derechos que contemplan para tales servidores públicos, lo cual dejaba en total estado de indefensión sobre sus derechos y prestaciones a los que tiene derecho en caso de su terminación laboral llamada administrativa.
Cabe precisar que por disposición de la propia constitución limita o prohibe a dicho personal que hubiera sido separado de su cargo justificada o no, no podian regresar, o ser reinstalados, ni por mandado de los tribunales administrativos que determinaran que fue ilegal, sin justificación dicha terminación de servicio. Pero al reclamar sus derechos o la reparación del daño (indemnización constitucional) era un verdadero problema determinar que conceptos entraban y cuales no para su cuantificación y pago por dicho despido injustificado, por que como ya se menciono no esta expresamente regulado en ninguna legislación, como lo la Ley Fdereal de Trabajo, sino que esta muy dispersa y escasa en diversas legilaciones de seguridad pública y la propia constitución.
Por ende al resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determino concaracter obligatorio para todo el país, y obliga a todos los Jueces y Magsitrados a pasar por su determinación a la aplicación por analogía el mismo artículo arriba mencionado pero en su diverso apartado "A", en su fracción XXII. Que si le da ese derecho a los trabajadores de dicho apartado.
A continuación incorporamos la Jurisprudencia completa para su conocimiento y lectura de quien asi lo considere.
Época: Décima Época, Registro: 2012129, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: XVI.1o.A. J/31 (10a.)
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, prevé el derecho al pago de una indemnización en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada la separación o cualquier vía de terminación del servicio de los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, a fin de no dejar en estado de indefensión al agraviado, ante la prohibición absoluta de reincorporarlo al servicio, pero no establece la forma en que se integrará su monto. Ante esta circunstancia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2401/2015, del que derivó la tesis 2a. II/2016 (10a.), abandonó el criterio que sostenía anteriormente, para establecer que ese derecho constitucional en favor del servidor público debe hacerse efectivo mediante la aplicación de las normas constitucionales y legales que, por analogía, resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de ordenamientos de carácter laboral, pues se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza administrativa de la relación que rige el servicio de los miembros de las instituciones policiales y el Estado, en atención a lo cual ese pago debe efectuarse en términos de lo que disponga la ley especial y, en caso de que ésta no prevea los parámetros suficientes para que se pueda fijar correctamente el monto de ese concepto, se aplicará lo señalado en la Constitución Federal, dado que en su artículo 123 se contienen las garantías mínimas que deberán respetarse en las relaciones de trabajo o servicio, tanto en el sector privado como en el público. Por lo cual, concluyó que debe acudirse al apartado A, fracción XXII, de ese numeral, el cual prevé la indemnización para los casos en que el trabajador fuese separado de su empleo sin mediar causa justificada y el patrón no esté obligado a la reinstalación, cuyo pago debe hacerse en un parámetro que comprende, por disposición legal, tres meses de salario y veinte días por cada año laborado, puesto que es el mínimo suficiente para indemnizar al trabajador de los daños y perjuicios que se le provocaron con el despido ilegal. Por tanto, para fijar el monto de la indemnización cuando un servidor público, en términos de la fracción XIII del apartado B del precepto indicado sea separado de la función pública que desempeñaba y, seguido el proceso legal, la autoridad jurisdiccional resuelva que no existió causa justificada para el cese, remoción o cualquier forma de terminación de la relación administrativa, sin posibilidad de optar por la reinstalación debe aplicarse, por analogía, la fracción XXII del apartado A citada, en el sentido de que la indemnización que debe cubrir el Estado incluye el pago de tres meses de sueldo, más veinte días por año efectivo de servicios, salvo que exista una norma específica en el ordenamiento federal o local, según corresponda, que estatuya una indemnización mayor.
Amparo directo 535/2015. Verónica Martínez Flores. 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.
Amparo directo 64/2016. Esteban Hernández Mateos. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
Amparo directo 60/2016. Francisco Javier Velázquez Troncoso. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
Amparo directo 82/2016. Juan León Espinoza. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
Amparo directo 598/2015. 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
LA REVISIÓN CORPORAL SIN CONTROL JUDICIAL, VIOLA DERECHOS HUMANOS.
Por: Licenciada Juana Reyes Cruz del Corporativo Abogados León V. & Asociados.
Revisón corporal, sin control judicial.
Por. Licenciada Juana Reyes Cruz.
Según el “Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que la revisión de menores el pasado 15 de septiembre, para ingresar al Zócalo, no violentó los derechos humanos de los asistentes y que el mecanismo se volverá a utilizar cuantas veces sea necesario. No precisó, de dónde provino la orden de las revisiones corporales a niños, sólo insistió en que fue parte de una estrategia general”. Concluyo el Servidor Público.
Mientras que la Comision Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia contra las revisiones corporales Indignas.
Por revisión corporal debemos entender la revisión del cuerpo (corporal) de las personas, sea esta de forma total, o parcial, en algunas o algunas de sus extremidades, tronco, cabeza, u otro, con la distinción sobre la inspección de persona y sobre la revisión corporal, la primera esexterna sobre el cuerpo de la persona y sus pertenencias inmediatas que puedan portarse o poseerse o adherirse al cuerpo, en las cuales pueda ocultar, objetos, instrumentos o producto del delito, en tanto la revisión corporal es propiamente sobre encima de la piel, debajo de esta, tanto interna o externa, o en sus cavidades u orificios de la persona, o través del desnudo parcial o total, dentro de su cuerpo u órganos.
O bien mediante la extracción de muestras biológicas, de fluidos, extracción de sangre, o muestras de ADN, saliva, cabello, vello, toma de imágenes de algún miembro de su cuerpo, sea externo, o imágenes del algún órgano interno o externo de esta. etc.
En tanto el control judicial, se le denomina a todos los actos que tienen una autorización o no, previa por el juez correspondiente por ley, mismo que autoriza o no, vigila, revisar, revoca, las actuaciones de las autoridades, llamese cuerpos de seguridad pública, e investigación y ministerios públicos, en lo relacionado con los procedimeintos de investigación sobre los derechos de las personas y/o de sus propiedades y/o cosas, a fin de garantizar la observancia de la ley, y no violación de los derechos humanos.
Al respecto, es importante señalar que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales (México). Señala en su artículo 251 fracción IV. Como una de las once posibles actuaciones dentro de la fase de la investigación, que no requieren autorización del Juez, en la fase de investigación.
Más adelante en su primer párrafo del mismo precepto referido ratifica lo anterior al establecer; “No requieren autorización del Juez de Control los siguientes actos de investigación; fracción IV. La revisión Corporal.
Revisión Corporal sin Control Judicial, sustento legal que lo avala.
Primero debo mencionar que el artículo 21 constitucional señala las facultades del Ministerio Público, al establecer en su primer párrafo, que la investigación de los delitos corresponde a dicha autoridad mencionada, y a los Policías, mismos que actuaran bajo su conducción y mando del primero.
Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala en su artículo 251 fracción IV. Como una de las once posibles actuaciones dentro de la fase de la investigación, que no requieren investigación previa del Juez de Control.
Más adelante en su primer párrafo del mismo precepto referido ratifica lo anterior al establecer;
“No requieren autorización del Juez de Control los siguientes actos de investigación; fracción IV. La revisión Corporal.
El mismo ordenamiento citado establece como Título V, denominado como actos de investigación, en su capítulo I, II, lo que llama disposiciones generales sobre actos de molestia. Y actos de Investigación en sus articulados 266, 267, 268, 269, 270, señalan los que define dicho Código Nacional Instrumental Punitivo.
En el primero señala que todo acto de molestia debe realizarse con respeto a la dignidad de las personas, antes de efectuarse este, debiendo informarle aquel sobre sus derechos que posee, solicitándole su cooperación, en caso de oposición o resistencia, será una revisión forzosa. (Es decir, lo van revisar coopere o no con la autoridad, por las buenas o por las malas lo van revisar.) En caso de no entender el idioma deben tomarse las medidas anteriores previa “medidas razonables para informarle sus derechos y pedirle coopere.
En tanto el segundo de los artículos citados señala como parte del capítulo II, del mismo título antes citados denominado Actos de Investigación en este artículo señala; tres aspectos el primero de ellos lo que define por inspección, y considera que esto es acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. El segundo aspecto sobre la materia de la inspección será todo aquello que se pueda apreciar a través de los sentidos, y en caso de considerarlo necesario el policía podrá auxiliarse por peritos, y por último el tercer aspecto refiere al momento de la inspección la facultad de realizar entrevistas a las personas que se encuentren en el lugar a inspeccionar y pueda proporcionar datos útil, debiendo dejar constancia de tal registro.
El tercer precepto legal, referente a la Inspección de personas, los Policías tienen la facultad de realizar la inspección sobre la persona y sus posesiones bajo dos supuestos, hace distinción en particular sobre dos momentos que son la simple inspección de persona como acto de molestia sin autorización judicial, en el primero, en caso de flagrancia, y el segundo dice cuando se existan indicios de que hagan presumir que lleva en sus ropas, cuerpo, objeto, producto, o instrumentos del delito.
Sin embargo, dicho Código no establece en el segundo supuesto temporalidad alguna en el cual se puede efectuar tal supuesto, lo que puede dar lugar a una serie de interpretaciones diversas, que dan paso a una inseguridad jurídica de las personas, por que dicho inspección podría darse en cualquier tiempo, bajo el triste argumento o interpretación, de ser sujeto a una investigación o tener indicios el Policía de que la persona inspeccionada o revisada posee en objetos, producto, instrumentos delictuosos.
Cabria preguntarnos que sobre el derecho de presunción de inocencia y pro persona no se verán vulnerados con dicho proceder por tales autoridades, bajo el simple argumento de los cuerpos de seguridad de ser sospecho o de presumirse lleva indicios de del objeto, instrumentos, o producto del delito para practicar dichas inspecciones y/o revisiones de personas y en su cuerpo y pertenencias.
No se olvide que en la investigación de los delitos, la inspección de personas dicha revisión consistirá en una exploración externa de las personas y sus posesiones, toda inspección que implique exposición de sus partes intimas del cuerpo del inspeccionado se necesita autoridad judicial. Es decir, primero te detienen, te revisan y luego averiguan si efectivamente eres o no responsable de algún delito.
Previo a todo esto el policía debe informar al sujeto a inspeccionar dicho motivo de la revisión, respetando en todo momento su dignidad.
Ahora bien el artículo 269 sobre la revisión corporal, establece que durante la investigación, la Policía o en su caso el Ministerio Público, pueden pedirle a cualquier persona que de forma voluntaria otorgue muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes biológicos, extracciones de sangre u otros análogos, o la obtención de imágenes internas de su cuerpo, siempre que no impliquen riesgos para su salud y a la dignidad de las personas.
Dicho artículo señala que en todo caso se deberá informar a la persona el motivo de la aportación y su derecho a negarse, también nos dice que cuando se trate de violencia contra la mujer la inspección corporal deberá ser llevada a cabo, en pleno cumplimiento del consentimiento informado, respetando sus derechos.
Dichas muestras deben obtenerse por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, o el que la persona elija, con apego y respeto al derecho del revisado, a los derechos humanos, y protocolo de la institución, dichas muestras serán dictaminadas y determinadas por peritos en la materia.
Es decir, dicho artículo solo lo autoriza al policía o Ministerio Público a pedirle al sospecho de examinarse, que de forma voluntaria otorgue dicha medio de prueba mencionados y explicarle el motivo de esta, y su derecho a oponerse, más no le permite a ninguno de estas autoridades su ejecución forzosa, sin mandato judicial. Sólo pedirle y decirle sus derechos a esta para que de forma voluntaria lo haga, en caso de negarse se le aplicara el establecido en el siguiente artículo 270.
Ahora bien, por último el 270del mismo ordenamiento penal, refiere que cuando no se aporten dichas muestras solicitadas de forma voluntaria, o se nieguen, estas se podrán solicitarse por conducto del Ministerio Público, o petición del policía a este, y este ultimo a le pida al Juez de control por cualquier medio, le autorice dicha revisión corporal en las personas de forma inmediata, para obtener lo requerido en la investigación sea cabello, vello, fluidos corporales, extracción de sangre, toma de imágenes interna del cuerpo, órganos o etc. Exponiéndole representante social a dicho Juez y justificando la necesidad de esta, especificando las personas o persona, lugar, tipo de prueba requerida.
Así mismo, cuando se trate del peligro de desvanecimiento del medio la prueba, dicha petición se hará por cualquiermedio expedito, y órgano Jurisdiccional en los mismos términos lo autorizara si cumple con lo establecido anteriormente señalado, en dicho artículo.
El Juez de Control ante la petición del Ministerio Público, deberá aplicar el principio de proporcionalidad y motivar dicha medida, en el entendido de que no existe otra medida menos gravosa para la persona, siempre que sea la eficaz y la idónea para tales efectos, justificando la misma en atención de la gravedad de la misma.
En el supuesto que la persona a examinar o imputado ya no esté ante él, el Ministerio Público podrá ordenar su localización y comparecencia para tales efectos.
Ante dicha revisión corporal, el examinado puede estar acompañado por persona de su confianza o de ser imputado por su defensor, siendo advertido previamente de tales derechos, lo mismo sucederá en el caso de los menores, quienes podrán ser acompañados de sus padres, tutores, de quien ejerza la patria potestad, y en caso de tratarse de inimputables. Se tomaran las medidas conducentes.
Ahora bien, la revisión corporal, no debe realizarse en cualquier cabida corporal, u otros del sospecho o sujeto a investigación sin control judicial en términos de lo señalado en el artículo 269 y 270 del precepto normativo citado anteriormente.
Pero sin embargo, dichos artículos al parecer, contradicen al 252 fracción IV y 266, porque estos dicen, no requieren autorización judicial, y en caso de negativa del sospecho de forma forzosa se le practicara. Lo haga de forma voluntaria o no coopere con los policías o Ministerio Público.
En tanto los antes mencionados 269 y 270 dicen que si se requiere dicha autorización judicial.
Al respecto, existen diversas opiniones unas en favor y otros en contra,cabe mencionar los primeros, al señalar las declaraciones periodísticas del 25 de septiembre del 2014, en el según el “Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que la revisión de menores el pasado 15 de septiembre, para ingresar al Zócalo, no violentó los derechos humanos de los asistentes y que el mecanismo se volverá a utilizar cuantas veces sea necesario”.
Como vemos la interpretación que se puede hacer sobre la inspección de personas y la revisión corporal, puede o no interpretarse en un sentido u otro. Cuando debe estar sujeta a control judicial y cuando no es necesaria tales actos. Y si dichos actos tienen o no abusos en lo que se interpreta como simple inspección externa de la persona de o pertenencias inmediatas a este como ropas bolsos, mochilas etc., y en el caso de la revisión corporal que implica el tacto o inspección por debajo de la ropa, con exhibición de partes del cuerpo. Todo ello sin mandato escrito de autoridad competente.
Prohibición de la revisión Corporal
Al respecto la legislación sustantiva punitiva federal y local para el caso de Michoacán, establece lo que considero prohíbe la revisión corporal de las personas con abuso de esta. Es decir, puede pasarse de una simple inspección de personas a una revisión corporal que invada la esfera de protección de la dignidad de la persona, en su honor, decoro y sea denigrante de esta.
El Código Penal del Estado de Michoacán vigente,establece,
Artículo 185. Cometen el delito de abuso de autoridad todo servidor público o comisionado, sea cual fuere su categoría cuando:
IV. Con abuso de sus funciones, ordenen o ejecuten las pesquisas o registro en el cuerpo de una persona;
Cabe precisar que el aún Código Sustantivo Punitivo aún vigente contempla dicha figura calificada como delito, pero el Nuevo Código Penal en el estado[1] para el nuevo sistema Penal Acusatorio, deroga dicha figura o fracción penal, en su nueva enumeración del articulado 243 al 246 para dar paso a lo contemplado por el Código Nacional de Procedimientos Penales CNPP.
Al igual que el Código Penal Federal, también tras sus reformas derogo dicha figura típica. Porque en caso de una se practique una revisión corporal y no una inspección de persona según lo distingue el Código Nacional de Procedimientos Penales, al parecer no habrá esa figura típica en el Código Penal.
Quedando a consideración como letra muerta lo estipulado en el artículo 19 Constitucional en su último párrafo que señala en lo que interesa dice; … en las aprehensiones… toda molestia que se infiera sin motivo legal, … son abusos que se deben de corregido por las leyes y reprimidos por las autoridades. Es decir al desaparecer las figuras típicas de los Código Penales, no existirá encuadramiento de la conducta y por ende no habrá sanción.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
Mientras en lo que interesa cabe destacar los articulados 1°, 14, 16, 20 apartado “B” fracción I, Constitucionales en el sentido que señala lo siguiente;
En México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados Internacionales, y de las garantías para su protección, en los cuales nuestro país sea parte, y estos derechos no podrán restringirse, ni suspenderse, solo en caso de excepción que la misma carta magna señale.
Así mismo, nos dice que las normas relativas a los derechos humanos serán interpretadas a favor de las personas favoreciéndole en todo tiempo la protección más amplia de las mismas, tanto en la constitución y en los tratados internacionales. A ellos se le conoce el principio pro persona.
Y por último en lo que interesa señala que dichas respeto de los derechos humanos tienen la obligación todas las autoridades en base a su competencia, de respetar, proteger y garantizarlos, en base los principios de interdependencia, universalidad, indivisibilidad, y progresividad. Y establece de la misma forma obligación del estado de investigar, reparar, prevenir, sancionar dichas violaciones a los derechos humanos.
Luego entonces, la autoridades deberán de prevenir cualquier violación a los derechos humanos, protegiéndolos, mismos que pueden verse vulnerados con las revisiones corporales sin mandato judicial cuando sean practicadas con abuso de estas, pero además deben ser sancionadas tales conductas, y como menciono anteriormente ya no existe en los Códigos Penales el Abuso de Confianza en tales supuestos de revisión corporal, ejecuten pesquisas, o registro en la persona con abuso de estas para los servidores públicos.
En tanto que al artículo 14 Constitucional establece prohibiciones de toda acto privativos de de derechos, los cuales pueden considerarse propiamente los derechos humanos consagrados en la propia constitución, y sólo permite en estos cuando como casos de excepción de existir juicio previo o dentro del juicio en el que se respeten dichos derechos y todas las garantías que la propia constitución establece, esto es que se siga l debido proceso, las ordenes sean emitidas por tribunal competente, que la leyes aplicadas sean anteriores al hecho, etc.
En el mismo tenor el artículo 16 Constitucional establece las prohibiciones expresas de realizar actos de molestia en las personas, familia, posesiones, etc. Y sólo permite estas en los casos que la propia constitución permite, pero además exige que dichos actos de molestia estén dados en una orden escrita por autoridad competente, fundando y motivando la causa legal del procedimiento.
Como se puede apreciar en ninguno de los tres artículos, citados señala o autoriza a los policías o Ministerio Público realizar las revisiones corporales como actos de molestia sin mandato judicial por escrito que funde y motivo dicho proceder, porqué al realizar dichos actos sin causa legal, sin control judicial, implica vulneración de los derechos humanos que esta misma reconoce, salvo en los casos que el ordenamiento citado señala, mismos que no reconoce la revisión corporal en ninguno de estos como casos de excepción, aunque la norma secundaría lo establezca en contravención de la norma suprema del país. Al señalar que por cualquier medio se puede solicitar al Juez de Control le autorice de forma inmediata, el Juez le autorizara tal medida. En el caso de que esta ya no esté ante él (Ministerio Publico) ordenes la localización y/ comparecencia para toma de muestras.
Ahora bien el artículo 20 apartado B, fracción I, establece en lo que interesa la presunción de inocencia que señala que toda persona imputada, tiene derecho a que se le presuma su inocencia, (principio de presunción de inocencia) mientras no se le demuestre lo contrario, y en caso de las revisiones corporales y la inspección de persona como ya vimos anteriormente a consideración del cuerpos de seguridad y/o del Ministerio Público cualquier persona puede ser revisado, inspeccionado si supuestamente esta en flagrancia, o conserva indicios o es sospechoso de guardar el objeto, instrumentos o producto del delito. Lo cual, como acabamos de leer anteriormente esta en clara colisión con dichos principios de legalidad, fundamentación, motivación, pro persona, y presunción de inocencia, por las razones anteriores.
Porqué no en dichos actuaciones de inspección de persona o revisión corporal, parten de las premisas de una supuesta flagrancia, o cuando se tenga indicios o sospechas de que las personas participo, o traen en sus ropas, pertenencia o adheridos al cuerpo, objeto, instrumentos o producto del delito.
Por su parte los Tratados internacionales establecen;
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece, en su artículo 7º, que nadie será sometido a ... tratos …, inhumanos o degradantes.
Como puede ser una revisión corporal sin mandato o control judicial. Si no se respetan dichos derechos de las personas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala, en su artículo 5º, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, y se pronuncia en contra de los tratos …, … o degradantes.
Es decir, todos tenemos derechos humanos y nadie puede vulnerarlos sin mandado y causa legal para ello, que conste por escrito, en entre dichos derechos se encuentra implícitos, el respeto a su integridad humana, la cual se ve violentados dicho derechos por revisiones corporales sin sustento legal y control judicial como actos de molestia sin que puedan estar debidamente justificados por ley.
En tanto, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 16 prohíbe también cualquier acto que constituya un trato o …, inhumano o degradante
Lo cual, sucede en determinadas revisiones corporales, ejecutas en la integridad de las personas sin sustento de ley, que constituyen un trato crueles, inhumano o degradante según sea tipo de revisión corporales al que someta la persona.
Aunado a lo anterior, dichas revisiones corporales son actos de molestia, vulnerantes de legalidad, y seguridad jurídicas de las personas, máxime si se realizan sin causa legal y no constan por escrito, pueden ser estas abusivas, lesivas a la dignidad humana, denigrantes, y son contrarias a los diversos instrumentos internacionales adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, que son documentos enunciativos de principios éticos fundamentales reconocidos universalmente, que si bien, no imponen obligaciones jurídicas, sí son un imperativo moral para los estados miembros de la ONU, como lo es nuestro país.
[1] El Código Penal del Estado de Michoacán, para el nuevo Sistema de justicia Penal, mediante decreto 355, del fecha 17 de diciembre del 2014, Desaparece dicha fracción antes anotada, no obstante seguirá vigente el decretó 186, para todos los procesos iniciados antes de la vigencia del nuevo sistema acusatorio, El cual necesariamente requiere de una declaratoria de vigencia por el Congreso del Estado de Michoacán para su aplicación y vigencia. Así lo establece el decreto 355, en sus artículos transitorios del primero al tercero.
En el artículo 2º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la ONU el 17 de diciembre de 1979, cuyo texto establece la obligaciónde los funcionarios de respetar y proteger la dignidad humana.
Es importante también, destacar que el referido principio de dignidad implica que todos los individuos gozan de razón, libertad y evitar todo acto de molestia, injerencia arbitraría en su intimidad, persona, seguridad jurídica, atributos que los colocan como iguales ante otros seres humanos y por encima de los demás seres vivos; esta calidad, reconocida en el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Otras voces sobre la revisión corporal
Entre las voces nacionales por mencionar solo algunas de ellas por la limitación del presente trabajo y del tiempo para su elaboración me permito mencionar lo relacionado con una queja;EXPEDIENTE DE QUEJA 239/05-O[1], emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato, en relación a un acto de revisión corporal practicado por elementos de la Policía en contra de una persona; la cual lleva por título;“REVISIONES DE RUTINA”. SON ACTOS DE MOLESTIA COMETIDAS A CARGO DE LA AUTORIDAD QUE IMPLICAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GOBERNADOS.
Algunos de sus antecedentes del caso son;
“El elemento preventivo llevó a cabo la revisión corporal de quien ahora se duele de manera injustificada; es decir, no quedó acreditado en autos que el quejoso efectivamente hubiese sido sorprendido en la comisión flagrante de una falta administrativa y, menos aún, violentar algún dispositivo del código punitivo vigente en el Estado. En efecto, de ninguna manera resulta válido argumentar que dicha violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica perpetrada en perjuicio de la parte lesa se efectuó porque según información de la autoridad y que fue obtenida a través de “una señora” -no identificada por el agente preventivo- “aproximadamente unos quince días” antes a la fecha de ocurrido el evento génesis de la presente queja le había informado que había ocurrido un robo a una negociación mercantil y, en este sentido, el elemento preventivo al optar por cuestionarle al agraviado sobre los hechos denunciados y perpetrar una revisión corporal sin consentimiento incurrió en violación de derechos humanos.
“… quedó acreditado en la especie que el disconforme única y exclusivamente circulaba en la vía pública donde se suscitaron los acontecimientos que ahora nos atañen, pero de ninguna manera que hubiese realizado la conducta que se le imputa; máxime hechos que ni siquiera fueron presenciados por la autoridad y que corresponden a una temporalidad de 15 quince días posteriores al robo cometido en contra de un establecimiento comercial”.
Más adelante refiere dicho organismo en su resolución;
“Así las cosas, no puede soslayarse la acción del servidor señalado como responsable en el presente asunto, pues consentir esta situación implicaría que cualquier cuerpo de seguridad pública fuera del marco constitucional y legal pueda arbitrariamente realizar revisiones corporales a cuanto individuo se le antoje, esto es, sin que exista flagrancia de por medio para efectuar tales conductas que vulneren los derechos fundamentales de los particulares[2]”. …Luego entonces, si no quedó demostrado que el disconforme fuese sorprendido en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de ejecutado el hecho de apariencia criminal que indebidamente se le imputó o encontrándosele en su poder el objeto del delito, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en el ilícito (en el caso en concreto el robo a un establecimiento comercial) o algún señalamiento o imputación en su contra, es evidente que no se reunían los requisitos legales que se establecen en el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato para poder llevar a cabo una detención legal en contra de un particular.
En mismo sentido de considerar las revisiones corporales como violatorios de Derechos Humanos, existe otros criterios como lo es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH en su “RECOMENDACIÓN GENERAL No. 1/2001 DERIVADA DE LAS PRÁCTICAS DE REVISIONES INDIGNAS A LAS PERSONAS QUE VISITAN CENTROS DE RECLUSIÓN ESTATALES Y FEDERALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA”.,
Al resolver una queja relaciona con una de las violaciones a los derechos humanos que con mayor frecuencia se presenta en la mayoría de los centros de reclusión es, precisamente, la relacionada con las revisiones que atentan contra la dignidad de familiares, amistades y abogados que visitan a los internos, que van desde una revisión corporal sin el menor respeto, hasta situaciones extremas en las que las personas son obligadas a despojarse de sus ropas, realizar "sentadillas", colocarse en posiciones denigrantes, e incluso se les somete a exploraciones en cavidades corporales…
Dicho institución determino que; …”Los controles y revisiones que se llevan a cabo en los centros de reclusión, son una fuente constante de prácticas que vulneran la dignidad de las personas y, por lo tanto, son violatorias de los derechos humanos de familiares, amistades y abogados de los internos, específicamente al derecho a un trato digno por parte de los servidores públicos que las llevan a cabo, quienes los obligan a desnudarse y a realizar "sentadillas", incluso a personas de avanzada edad, o los someten a exploraciones en cavidades corporales…”
Fundamentando su resolución en base al normas nacionales e internacionales citadas y enunciadas con antelación.
En otra recomendación de la CNDH se pronunció contra las revisiones corporales Indignas en los puestos de revisión en los aeropuertos al pasar por arcos detectores de metales o bastones[3]. Estableció que;
“Este hecho configura un injustificado acto de exhibición y una interferencia arbitraria, desproporcionada e innecesaria, por lo que considera que se vulneraron los derechos a la intimidad, al honor y al trato digno, que obliga a los servidores públicos a abstenerse de asumir un comportamiento humillante y denigrante”.
De lo anterior, se desprende que cuando existe una revisión corporal que atenta contra la dignidad, honor, trato digno de las personas constituyen practicas inapropiadas por los servidores públicos mismos que deben de evitarse, y prohibirse salvo los casos de flagrancia o ser resultados de una investigación en la cual se observen el debido proceso legal, y se pueda entonces de evitar cualquier violación a la presunción de inocencia de las personas, pues recordemos que los cuerpos de seguridad pública deben de regirse bajo determinados principios de legalidad y de respeto de los derechos humanos reconocidos en la carta magna, estableciendo en el artículo 21 Constitucional como lo señale en las líneas anteriores.
En mismo sentido de considerar las revisiones corporales como violatorios de Derechos Humanos, en otro criterio de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH en su “RECOMENDACIÓN GENERAL No. 1/2001 DERIVADA DE LAS PRÁCTICAS DE REVISIONES INDIGNAS A LAS PERSONAS QUE VISITAN CENTROS DE RECLUSIÓN ESTATALES Y FEDERALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA”.
Al resolver una queja relaciona con una de las violaciones a los derechos humanos que con mayor frecuencia se presenta en la mayoría de los centros de reclusión es, precisamente, la relacionada con las revisiones que atentan contra la dignidad de familiares, amistades y abogados que visitan a los internos, que van desde una revisión corporal sin el menor respeto, hasta situacionesextremas en las que las personas son obligadas a despojarse de sus ropas, realizar "sentadillas", colocarse en posiciones denigrantes, e incluso se les somete a exploraciones en cavidades corporales…
Dicha institución determino que; …”Los controles y revisiones que se llevan a cabo en los centros de reclusión, son una fuente constante de prácticas que vulneran la dignidad de las personas y por lo tanto, son violatorias de los derechos humanos de familiares, amistades y abogados de los internos, específicamente al derecho a un trato digno por parte de los servidores públicos que las llevan a cabo, quienes los obligan a desnudarse y a realizar "sentadillas", incluso a personas de avanzada edad o los someten a exploraciones en cavidades corporales…”
Es decir, que con dichas prácticas los cuerpos de seguridad pública, constantemente violaban los derechos de las personas, bajo el amparo de la prevención del delito y bajo el argumento de investigar posibles hechos delictivos, o bien por que presumían que las personas traían adheridos a su cuerpo o dentro de sus cavidades corporales, y eso violenta los derechos humanos antes mencionados de presunción de inocencia, pro persona, legalidad etc.
Ahora bien, cabe invocar el criterio sustentado en una tesis aislada que nos ayuda para ilustrarnos sobre el tema, dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con las revisiones corporales, de la Décima Época, publicada el día trece de marzo del año 2015 dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro se denomina así: “DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA.” Con número de registro: 2008638. Consultable en el libro 16, marzo del 2015, Tomo II, Tesis: 1ª. XCII/2015 (10ª.), Página 1096.
En dicho criterio dicho órgano jurisdiccional, describe lo que se considera tres niveles de contacto entre la autoridad y la personas, en el primero dice que no se requiere, justificación, en razón de ser una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, al presentarse el hecho del elemento de seguridad pública en una simple inmediación entre este y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención, y pone de ejemplo cuando un policía se le acerca a uno y le hace algunas preguntas, pero no existe restricción alguna de ningún derecho el sujeto se puede retirar en cualquier tiempo.
En el segundo supuesto o nivel de contacto se da cuando existe la restricción temporal de del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad de la sujeto, en este nivel la limitación temporal del ejercicio de un derecho o de su libertad se presenta cuando el sujeto se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico, ahora bien dicha restricción debe ser casos excepcionales y admitirse únicamente en casos que no es posible, por cuestión del tiempo, obtener un mandamiento escrito y orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la existencia de un supuesto razonable de que se está en una conducta delictiva, la que varía en cada caso en concreto, y se debe comprobar aunque sea empíricamente o a través de los sentidos. Debiendo la autoridad señalar pormenorizadamente la información que con la que se cuenta esto es: los hechos y circunstancias de la restricción y/o limitación del ejercicio de un derecho, para poder pensarse con razón que la persona está cometiendo un delito, o por si el contrario si dicha revisión fue autorizada libremente por el individuo, es decir, cuando existe dicho consentimiento otorgado de forma consiente por el sujeto, sin que exista error, en el hecho, dolo, mala fe, violencia, intimidación, coacción por parte de la autoridad de seguridad pública.
Y por último el tercer nivel de acercamiento lo es propiamente la detención de la persona, quien debe contar con todos los requisitos de ley, señalados en el artículo 16 Constitucional.
Cabe invocar un criterio sustentado por la Corte Suprema de Colombia al dictar la sentencia 822/05 de fecha 10 de agosto del 2005[1], las cual distingue la inspección corporal y la revisión corporal de manera sustancia estableció;
(...) " Distinta conclusión recae sobre la inspección corporal también mencionada en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004 en el ámbito de actividad de la policía administrativa, porque en tal procedimiento no se efectúa un simple chequeo sino una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgo de tocamientos indignantes y hasta exploración sobre la piel desnuda y espacios naturales como el ano, la vagina, la uretra, la boca, los oídos, las fosas nasales y el interior del cuerpo, sea o no mediante la introducción de instrumental médico, sondas, etc. (Sent. C-822/2005). En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial…(...)
En dicho criterio el máximo órgano jurisdiccional de Colombia, fija su posición en relación con la revisión corporal, definiendo lo que para ellos son sinónimos de esta, de forma superficial, tanto en su persona y ropa que porta la misma, y por encima de la piel, donde pueda ocultar armas o esconder evidencias. Excluyendo de dichas revisiones o registros orificios, cavidades corporales, así como revisiones internas de la piel o del cuerpo.
En tanto cuando la inspección corporal dentro de las actividades de la Policía, no se efectúa un simple chequeó, sino una verdadera intervención sobre el cuerpo de las personas, con riesgos de tocamientos indignos y hasta la exploración sobre la piel desnuda tanto en el aspecto externo, aparatos reproductivos íntimos, o bien de forma interna, sea mediante la utilización de diversos instrumentos para inspección interna del cuerpo humano, para lo cual, es claro que se está ante una vulneración de derechos. Y por ende requieren de autorización judicial.
A manera de conclusión, me permito considerar que la revisión corporal establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales CNPP, en el caso Mexicanos establecida en su artículo 251 fracción IV. Y en sus artículos 264 al 270 si es violatoria a los derecho humanos establecido en la constitución por ser actos de molestia en la personas cuando no están dentro de ningún supuestos de flagrancia y casos urgentes, no existe voluntad del sujeto, ni consentimiento de este para que se le practique tales actos en su cuerpo, posesiones, resultando anticonstitucional e inconvencional, si no está, por escrito fundada y motivada dicha práctica, porqué dichos actuaciones vulneran los derechos de las personas, al ser revisadas en su cuerpo sin su consentimiento de forma consciente, libre de vicios de la voluntad, en sus pertenencias inmediatas a ellos como vestimenta o artículos que puedan portarse o poseerse, por autoridades, tanto al extraer muestras biológicas, cabello, vellos, fluidos, extracción de sangre etc; Policías, Ministerio Público, de los cuerpos de seguridad, cuando están fuera de los supuestos de la carta magna, porque dichas revisiones corporales no están exentas, en ningún momento de cometer abusos indebidos en contra de las personas, tanto en su integridad corporal, dignidad humana, al honor, al decoro, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, motivación y fundamentación,debido a que no están sujetas a un control judicial, se generan actos de molestia en las personas por dicho proceder
No obstante, que esta revisión corporal este contemplada en una legislación federal instrumental, puesto que conforme a la jerarquización de la leyes en nuestro legislación no puede, ni debe estar por encima de nuestra carta magna, ni de los instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el gobierno mexicano, siendo una obligación constitucional el garantizar, proteger, respetar los derechos humanos favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pro de las personas, presunción de inocencia, esto es en su beneficio y no en la interpretación que en su momento le puedan dar los cuerpos de seguridad, y el Ministerio Público sobre dicha revisión favorable a su actuar bajo el argumento de encontrarse realizando una investigación y solicitar dicha orden de forma inmediata por cualquier medio al Juez de control.
Por tales motivos considero que dicha figura debe estar bajo control judicial, dentro o fuera del proceso de investigación y debe constar por escrito, fundado y motivando el acto.
EL ASEGURAMIENTO, BLOQUEO BANCARIO DEL SALARIO, PARA EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. UNA REALIDAD.
Pensión Alimenticia aseguramiento del pago
ASEGURAMIENTO, BLOQUEO BANCARIO DEL SALARIO, PARA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. UNA REALIDAD. POR ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO CIVIL O FAMILIAR EN TODO MÉXICO.
Mtro. en D. Fidel Hugo León Villafaña del Corporativo Abogados León V. & Asociados.
Es una realidad, de forma más agil y rápida para evitar que el deudor alimentario esconda, oculte, su salario, y evitar la dilatación del descuento en la que se ven inmersos miles de madres de menores, y acreedores alimentarios para tener de forma más rápida y eficaz, dicho aseguramiento del salario del deudor.
Todo ello gracias al acuerdo recien suscrito entre la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), y El magistrado presidente del Surpemo Tribunal de Justcia de la Ciudada de México, Édgar Elías Azar.
El también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib) dijo que para los jueces asegurar una cuenta no tardará más de cuatro días, pues todo se hará por medio de un acceso informático muy seguro de la Comisión Nacional de Tribunales.
De tal forma que todos los Jueces Familiares o Civiles que conozca de este tipò de asunto ya no realizaran serie de diligencias y tiempo que requeria para la realización de tales medidas como son el sin numero de oficios, exhorto, etc.
Ahora cualquier Juez desde la comodidad de su escritorio del Juzgado teniendo acceso al internet al ingresar con su respectiva contraseña, podra ejecutarlo casi de forma inmediata el aseguramiento o desbloqueo de dichas cuentas bancarias. Ahora las medidas seran más rápidas y efectivas puntializo dicho servidor público a los medios de comunciación en la entrevista realizada en la ciudad de Mexico el día 22 de abril del 2016.
Sólo falta empezar, la capacitación nacional del Juzgadores, sobre los pasos y/o procedimientos a seguir para tales medidas toda vez que se requiere de cumplir determinadas medidas de seguridad.
Mencionó dicho funcionario que con tal medida se prtende, garantizar el interes superior del menor y su acceso al derecho humano a la alimentación y a su sano desarrollo de la personalidad.
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EL DERECHO A UNA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINI
Asesorias y consultas.
Abogados Administrativo Michoacan
LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.
Por: Mtro. D. Fidel Hugo León Villafaña
La Separación, remoción, baja, cese o u otras formas determinación de la relaciones administrativas de los servidores públicos, federales, estatales, municipales, del Poder Judicial de la Federación, poderes judiciales locales, elementos de seguridad de los diversos cuerpos armados y policiales llámese, militares, marina, de investigación, peritos, actuarios, secretarios, etc. al igual de todos aquellos que están contemplados en el artículo 123 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los cuales mantienen una relación administrativa entre ellos y sus colaboradores. Se rigen por dicho artículo y sus leyes reglamentarias especiales.
Ahora bien, como en dicha constitución prohíbe su reinstalación en su centro administrativo, y en su mayoría de legislaciones no contemplan expresamente la figura equivalente a una indemnización Constitucional, que contempla el apartado “A”, por no regular la Ley Federal de Trabajo estas relaciones de carácter administrativo, sin embargo, El máximo órgano del país a determinado el derecho que se tiene a una indemnización Constitucional y demás prestaciones a las que tenga derecho, entre ellos al servicios de salud, y otras que venían recibiendo durante su relación administrativa, cuando se hayan violado el debido proceso legal en su cese, baja, o separación administrativa. Sin que sea procedente el otorgamiento del amparo para efectos de que se reponga el debido proceso en su contra de separación.
Si en el caso concreto dicho servidor público conservara sus derechos hasta en tanto no se liquidado legalmente todas las percepciones a las que tenga derecho.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, y fue publicado en Semanario Judicial de la Federación SJF. Este 18 de marzo del 2016.
Bajo el rubro que dice.
“SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. CUANDO SE DETERMINE QUE SE VULNERÓ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA POR NO HABERSE SEGUIDO PROCEDIMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS”
Época: Décima Época, Registro: 2011293, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h, Materia(s): (Común), Tesis: PC.VI.A. J/4 A (10a.)
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CARCEL POR ESCONDER Y/O DISIMULAR UN SALARIO MENOR PARA PAGAR MENOS PENSIÓN ALIMENTICIA
Abogado Familiar Michoacán LEÓN V. & ASOCIADOS
ABOGADOS FAMILIARES MICHOACAN, MORELIA. CORPORATIVO ABOGADOS LEÓN V. & ASOCIADOS
CARCEL POR ESCONDER Y/O DISIMULAR UN SALARIO MENOR PARA PAGAR PENSIÓN ALIMENTICIA. ESPECIALISTAS ABOGADOS FAMILIARES MORELIA, MICHOACAN: CORPORATIVO ABOGADOS LEÓN V. & ASOCIADOS.
Los padres deudores de la Pensión alimenticia, que escondan junto con los patrones y/o disimulen el monto de salario diario y prestaciones, con la finalidad de eludir el descuento a su haberes destinados al pago de sus obligaciones alimentarias para sus acreedores, (hijos, esposa, concubina, ascendiente o descendientes etc. ) podran ir ya a la carcel por tales motivos.
Lo anterior gracias a que la camara de diputados de congreso local de Monterrey Nuevo León, México. introdujeran modificacione al Código Penal, en sus articulos 280, 280 bis, 281 y 283.
Con dicha reformas en materia penal se considera dichas conductas como delictivas y se pretenden castigar tanto a los padres deudores, asi como a los patrones que han venido ayudando a dichos trabajadores (as), en informar montos menores de lo que realmente les pagan a estos ultimos, con la finalidad de pagar mucho menos de lo que realmente perciben, por sus relaciones laborales, en razon de que en Nuevo León, existen más de 7 siete mil divorcios y demandas de pensiones alimenticias y en muchos de los casos se esta convirtiendo en una práctica recurrente entre ambos personajes en perjuicio de los menores de edad principalmente, ex conyuges y ex concubinas.
Con dichas reformas se pretende erradicar dicho indice de personas que utilizan tales prácticas, estableciendo como castigo con una pena de cárcel que va de uno a seis años y con una multa de hasta 300 cuotas de salario mínimo.
Lo anterior, cabe mencionar como en algunos casos donde los padres de familia que han sido condenados al pago de la pensión alimenticia, se ponen de acuerdo con los patrones para reportar un menor salario y sea poco los que realmente descuentan para tales conceptos, tan es así que se a dado el caso de que ahi quienes pueden ganar desde 20 mil pesos y al esconder el salario o disimularlo solo reportan percepciones por $5,000. 00 cinco mil pesos al mes, lo cual redunda en un perjuicio directo en el intres superior del menor. Osea el acrededor alimentario.
Cabe mencionar que lo anterior dichas actos no estan establecido como conductas sancionable con carcel. pero ahora con dichas propuestas de reforma de ser aprobadas muy pronto, por el congreso local. Estas serán aplicadas a todos los infractores que lo cometan.
Teléfono o whats App
CONSTITUCIONAL EL LIMITAR EL PAGO A 12 MESES POR DESPIDO INJUSTIFICADO: 2ª SALA DE LA SCJN. escrito Por M. en D. Fidel Hugo León Villafaña
LA SEGUNDA SALA DE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESOLVIO LA CONTRADICCIÓN DE TESIS (291/2015). ENTRE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O NO, DEL ARTICULO 48 LABORAL, AL DECLARAR CONSTITUCIONAL, LA LIMITACIÓN DEL PAGO DE 12 DOCE MESES DE SALARIO CAIDOS AL TRABAJADOR, Y EL PAGO DE INTERESES EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Escrito por. M. en D. Fidel Hugo León Villafaña del Corporativo Abogados León V. & Asociados.
Con lo anterior, pone fin a los criterios enfrentados sobre la interepretación del artículo 48 de la Nueva Ley Laboral vigente desde el año 2012.
Lo anterior, toda vez que como lo mencionamos en un articulo anterior de nuestro blog. conel titulo: LIMITAR EL PAGO A 12 MESES POR DESPIDO INJUSITICADO ES CONSTITUCIONAL: 2ª SALA DE LA SCJN. en dicho criterio sostenia que se vulneraba el principio de progresividad la limitante de pagar dicho monto en los términos actuales del la legislación, ahora bien en sentido contrario, exisitia otro Tribunal Colegiado que argumentaba lo contrario y que po lo tanto no existia tal vulenarción a dicho principio de Progresividad, y que por lo tanto era valido y consittucionalmente hablado su apicación, entre otros argumentos.
Asi pues, dicha denuncia de criterios enfrentados unos a otros llamado contradicción de tesis, llego a manos de los ministros integrantes de la Segunda Sala, para analizar, discutir dichos criterios y en su caso en primer términos determinar si efectivamente se trataba del mismo tema, en cuestión y posteriormente decidir cual criterio debe prevalecer en el futuro sobre dicha cuestión, saliendo triunfador el segundo criterio en el sentido de que la limitante en cuestión no vulnera dicho principio de progesividad, y por lo tanto es legal y constitucional su aplicación en la limitación de dicho pago de únicamente 12 mese de salarios caidos a los trabajadores cuando se trate de despidos injusitificados y el pago de los intereses que el citado precepto legal dispone por dicho concepto.
Con ello se pone fin, a tal disputa, quedando obligados en lo futuro todos los tribunales laborales tanto federales y locales, a pasar por tal criterio. con independencia que en lo personal no se este conforme y con los argumentos esgrimidos en dicha resolución.
En el caso particular, de un serividor considero que si se vulnera dicho principio, y que efectivamente va en contra de los trabajadores de un derecho laboral que era un producto de la tenaz lucha de estos, pero que sin embargo, no han tuvieron actualmente las condicones para frenar esta nuevas contrareformas en muchos sentidos. pero en fij esos seran temas de otros articulos y topicos.
Para mayores dudas comentarios, sugerencias estamos a sus órdenes en ela página web. www.corporativoabogadosleonvyaosciados.com.mx, y/o eswcribanos en el cualquiera de nuestros correos o redes sociales whats App, etc. a los Teléfonos 4432572197, 4431742839. Abogados en Morelia.
Les compartimos algunos artículos relacionados con el tema.
SCJN LIMITA EL PAGO DE SALARIOS CAIDOS. Publicado en el periodico de la Jornada. 20 de enero del 2016.
Salas de la corte Resuelven asuntos en materia laboral y telecomunicaciones. Publicado en el Canal Judicial. 20/01/2016.
Proximamente les pondremos la tesis que por el momento no sale publicada en el semanario judicial d ela federacion, organo oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.

References: artículo 123
 ARTÍCULO 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 251
 artículo 21
 artículo 251
 artículo 269
 artículo 270
 artículo 269

Artículo 185
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 182
 resolución 
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 208
 artículo 251
 artículo 123
 ARTÍCULO 48
 artículo 48