Source: https://colectivoboliviano.wordpress.com/2008/10/
Timestamp: 2018-03-22 02:23:15+00:00

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octobre | 2008 | COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE
Servidumbre por deudas y sobre explotación de recursos naturales en la Chiquitaní
Posted in Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 31 octobre, 2008
En la Chiquitanía persisten relaciones de servidumbre temporal por endeudamiento de la fuerza de trabajo de las comunidades indígenas chiquitanas, que a través del mecanismo del « adelanto » o pago anticipado que se acostumbra recibir de contratistas, « pirateros » y patrones, engancha a los comunarios indígenas que se ven obligados a efectuar tareas de « rumbeo » (búsqueda de árboles en el bosque), marcaje de los árboles, corte y carguío de los mismos, a precios realmente ridículos frente a los que se obtienen los dueños del capital y los contratistas en el mercado, sin ni siquiera haberse dado ninguna molestia o trabajo para percibir los ingresos y la ganancia obtenida.
BOLPRESS, 31 octubre de 2008
CIDOB y el Observatorio de Derechos Humanos firman acuerdo para el desarrollo de las TICs en los 34 pueblos indígenas del oriente boliviano
Posted in Derechos Humanos,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008
La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales suscribieron un convenio para la capacitación de líderes indígenas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). El Observatorio, implementado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), tiene por objetivo democratizar el acceso a la información en Bolivia. El acuerdo permitirá a las organizaciones trabajar por garantizar la vigencia del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: « Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión ».
Para el Observatorio, el medio es Internet. Desde su sitio http://www.observatorioddhh.org <http://www.observatorioddhh.org/> , se define como « un instrumento de difusión, información y denuncia de los conflictos emergentes por el ejercicio de los derechos humanos. Permitiría a los asociados realizar campañas y proponer instrumentos o estrategias de prevención y contención de la violencia, además de articular y fortalecer las alianzas entre los diversos actores involucrados en el conflicto ».
El responsable del Observatorio, Emir Iskenderián, indicó que « en este proceso, uno de los servicios brindados es el aporte de recursos para realizar capacitaciones en tecnologías de la información y comunicaciones, para lograr mejorar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas ». Hasta ahora, el taller llegó a mujeres y hombres de los pueblos Guarayo, Guaraní, Chiquitano, Ayoreo y Yuracaré.
En las capacitaciones, los indígenas aprenden a crear un blog en su propio idioma, sea bésiro, zamuco o guaraní, por ejemplo. « Proyectos de este tipo son muy fundamentales para nosotros. A lo largo de este año trabajaremos por avanzar en otras cosas de las TICs. Es una gran oportunidad para seguir capacitándonos con las hermanas y hermanos que lo necesitan », dijo el vicepresidente de la CIDOB, el mojeño Pedro Nuny.
El Observatorio contribuirá a tender redes entre los blogs de varios pueblos del oriente a los que llega el taller, como una manera de acortar las distancias entre Chaco, Amazonía y Chiquitanía. A través de Internet, los indígenas que puedan conectarse tendrán oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones con gran parte del mundo.
« Es una oportunidad para empezar a trabajar por los derechos indígenas desde esta rama de la comunicación. En los últimos años, Internet ha tenido un desarrollo impresionante y permite a las organizaciones tener un posicionamiento esencial. Es parte de la lucha de los pueblos indígenas », consideró Leonardo Tamburini, director ejecutivo del CEJIS.
Según Eliana Rioja, comunicadora de la CIDOB, el convenio inicia « un proceso de capacitación a líderes en el uso y manejo de las nuevas tecnologías. Las hermanas y hermanos no sólo serán receptores de la información, sino generadores ». Luego de las firmas, las partes dejaron los lapiceros para levantar los vasos de brindis: « Viene la chaya con chicha », anunció Nuny.
Bienvenidos a la nueva Megacoalición por el Sí
Posted in Política par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008
El gobierno en cuenta regresiva y con Plan nacional de Desarrollo a medias
La liebre del retroceso, agazapada durante los últimos meses en la alta yerba del oficialismo, saltó de pronto el pasado fin de semana hacia las galerías del Parlamento para negociar desnuda pero con la agilidad de siempre un pacto que los nacionalistas de los años 40 habrían denunciado como entreguista pero que sus apologistas no terminan de celebrar, mientras las contrapartes se aprestan a sumergirse en otro año de elecciones, propaganda y gastos a raudales.
« Las propuestas que hicieron para aprobar en Sucre, y después en Oruro, eran un poco fuertes para después negociarlas », reveló en las últimas horas el presidente Evo Morales.
Gonzalo Castellanos del TAN definirá el derecho propietario del predio Yasminka, reclamado por Yasminka Marinkovic y su esposo Robert Jakuvek Fojs
Posted in Comunicados/Discursos par colectivoboliviano sur 24 octobre, 2008
El rescate de 12 mil hectáreas robadas al Estado y al pueblo guarayo depende de un vocal del Tribunal Agrario
El 14 de octubre de 1998, los esposos Robert Jakuvek Fojs y Yasminka Catarina Marinkovic solicitaron a la oficina departamental del INRA de Santa Cruz la tenencia de cinco mil hectáreas de « terrenos baldíos y vírgenes », situados a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
Los Jakuvek-Marinkovic informaron que las tierras reclamadas eran « baldías y vírgenes », es decir que pertenecían al Estado. Pero en una segunda solicitud el 30 de noviembre de 1998, demandaron el saneamiento de 12.152 hectáreas ubicadas a 60 kilómetros de la comunidad Santa María, dentro del cantón Yaguarú, en el camino carretero Santa Cruz-Beni, « en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993 ».
En su primera demanda, el matrimonio reconoció que los predios carecían de antecedentes agrarios, y en su segunda solicitud 45 días después aseguraron que cumplían con la Función Económica Social de ley. La contradicción quedó registrada en el informe técnico jurídico N. 097/2001 enviado al director departamental del INRA.
A lo largo del trámite, los beneficiarios incurrieron en repetidas contradicciones respecto a la fecha de su posesión. El portavoz de la familia Juan Manuel Arias dijo que Robert Jakuvec, el verdadero dueño de Yasminka, ocupaba las tierras desde 1993. En otras declaraciones los demandantes aseguraban la posesión desde 1994, mientras que algunos documentos establecen que estarían en el lugar desde 1998.
El predio solicitado por el matrimonio Jakuvek-Marinkovic está dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo Guarayo en proceso de saneamiento que se encontraba inmovilizada desde 1997.
De acuerdo con la ley 1715, toda posesión posterior a 1996 es ilegal y todas las actividades realizadas en los predios después de 1997 no son reconocidas porque violan las resoluciones de inmovilización de la TCO.
A pesar de ello, el INRA aceptó el inicio de un trámite de « saneamiento simple ». En pericias de campo realizadas en julio de 2000, los técnicos evidenciaron un desmonte de 100 hectáreas y la existencia de alrededor de 30 reces. Sin embargo, certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas.
Los Jakuvek-Marinkovic tendrían que haberse dado por sobre satisfechos, pues la norma manda reconocer sólo la superficie que cumple la FES cuando no existe un título de propiedad perfecto o cuando el título tiene vicios de nulidad. Pero no fue suficiente para la familia.
El 21 de agosto de 2002, los Jakuvek-Marinkovic se apropiaron irregularmente de otras 10 mil hectáreas de tierra mediante un « acta de conciliación » suscrita con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori. De esta forma, la hacienda Yasminka creció de 2.558 a 12.587 hectáreas. (1)
Además, ex autoridades de INRA admitieron como pruebas de cumplimiento de la FES documentos privados de dudosa validez. En el caso de Yasminka, se validaron « notas de entrega » y « notas de crédito », considerados documentos privados de carácter doméstico sin valor probatorio alguno. (2)
En 2004, cuatro años después de las pericias de campo, se añadió al plano de la hacienda un punto geodésico que no se había visto antes. Gracias a esa misteriosa modificación apareció dentro de Yasminka un pequeño descampado de 35 hectáreas anterior a 1996 denominado « Once por ciento », de propiedad de Santos Méndez Carrillo.
Se presume que los Jakuvek-Marinkovic se valieron del pequeño descampado y se atribuyeron trabajo ajeno para demostrar que toda la hacienda Yasminka era anterior a 1996. Sin embargo, imágenes satelitales tomadas entre 1993 y 2006 demuestran que se hicieron trabajos en esas tierras caracterizadas por ser « monte alto » recién a partir de los años 2000 y 2001.
El 10 de julio de 2007, el Viceministerio de Tierras formalizó una denuncia penal ante el Fiscal General de la República en contra de Robert Jakuvek Fojs, Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval y Silvia Ximena Ovando Bilbao La Vieja por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, tipificados por los artículos 199, 203 y 146 del Código Penal.
El 12 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso Milton Mendoza comunicó el inicio de las investigaciones al Juez Instructor y Cautelar Segundo en lo Penal Julia Parra.
El 20 de julio de 2007, el ciudadano Rubén Darío Bascopé Hurtado presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la ciudad de Santa Cruz en contra de Jakuvek, Marinkovic, Silvia Ovando y Eliane Capobianco por la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica destinados al acaparamiento de tierras en la provincia Guarayos.
El proceso registrado con el número 0705076/07 quedó a cargo del fiscal Osmar Arias. Los imputados se presentaron voluntariamente a prestar declaraciones informativas, negando los delitos que se les imputaban.
Se presume que este proceso abierto en Santa Cruz fue una « autodenuncia » con el objetivo de trasladar a la capital cruceña el proceso iniciado en La Paz. El 20 de agosto de 2007, los imputados Jakuvek Fojs, Marinkovic de Jakuvek y Ovando interpusieron una demanda de Excepción de Incompetencia en razón de territorio, solicitando la declinatoria de competencia de la Juez Julia Parra.
En septiembre de 2007, la juez Parra declaró probadas las excepciones de incompetencia en razón de territorio, disponiendo la remisión del proceso a la ciudad de Santa Cruz.
El Ministerio Público y el Viceministerio de Tierras interpusieron un Recurso de Apelación Incidental, el cual pasó a conocimiento de la Sala Penal Segunda integrada por Dora Villarroel y Armando Pinilla, quienes devolvieron los antecedentes a la juez Parra disponiendo que corrija los errores procedimentales de forma y de fondo, y dicte una nueva resolución.
El 15 de mayo del 2008, la juez Parra emitió la Resolución 633/2008 mediante la cual ratificó y declaró Probada la Excepción de Incompetencia en Razón de Territorio.
El 20 de mayo de 2008 se formalizó la Querella Criminal y el 30 de mayo el Viceministerio de Tierras interpuso un Recurso de Apelación Incidental contra la Resolución N. 633/2008, el cual se encuentra pendiente de resolución.
En manos del TAN
El 19 de octubre de 2007, en representación de Yasminka Marinkovic y Robert Jakuvek, Nenad Matkovic Vrajincan interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN), impugnando la Resolución Administrativa RA-ST-0529/2007 del INRA. El proceso contencioso administrativo registrado como expediente N. 63 se halla pendiente de resolución.
El presidente del TAN Luis Arratia Jiménez informó que el proceso contencioso que definirá el derecho propietario del predio Yasminka fue sorteado para resolución el 1 de septiembre de 2008, quedando a cargo del caso el vocal relator Gonzalo Castellanos.
Mediante un Auto, se solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia y se pidió un informe técnico al geodesta del TAN.
La resolución del proceso Yasminka depende directamente del vocal del TAN Gonzalo Castellanos. En sus manos está hacer justicia y devolver la tierra usurpada al Estado y al pueblo guarayo, o consolidar un latifundio malhabido.
1. La Ley INRA indica que la FES, la base para el reconocimiento de derechos, se verifica en pericias de campo (arts. l66 I 3 de la Ley 1715 y 290 – 293 del D.S. 25763). La verificación de la FES significa contar vacas y medir el terreno con herramientas tecnológicas. Contrariando la norma, a fines de los años 90, ex autoridades utilizaron la novedosa figura de « conciliación entre partes » para reconocer derechos propietarios de la tierra. Firmaron el acta de conciliación de Yasminka la directora interina del INRA Santa Cruz de entonces Eliane Beatriz Capobianco Sandoval (ex constituyente de Podemos) y Silvia Ximena Ovando Bilbao la Vieja, ex directora nacional de TCOs. Ambas autoridades violentaron la normativa y validaron el mecanismo ilícito de la « conciliación » para beneficiar a los empresarios, y ahora son enjuiciadas por la comisión del delito de uso indebido de influencias. Se instruyó el inicio de un proceso administrativo en contra de 16 ex funcionarios del INRA: Fernando Caballero, Guillermo Rivero Cuéllar, Iván Altamirano, Yaquelín Zabala, Ivón Vedia, Jorge Aguilera, Eliane Capobianco, Silvia Ovando, Wilson Vaca, Magali Padilla, Jaime Luisi, Jorge Chavarria, Mónica Justiniano y José Landrie Alfredo Caballero. También firmaron el acta de conciliación de Yasminka Henry Escalante, abogado de los guarayos, (trabajaba para los indígenas en el CEJIS, pero con el tiempo se fue entendiendo mejor con los latifundistas; hoy es alto funcionario de la Prefectura de Santa Cruz) y Jorge Amantegui, asesor legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz – FEGASACRUZ (actual jefe de gabinete del Prefecto Rubén Costas).
2. En el texto del acuerdo conciliatorio del predio Yasminka se presenta como pruebas 1. Una « Autorización para venta » de 2.100 dosis de vacunas antiaftosa fechada el 20 de agosto de 2002; 2. Nota de entrega N. 4495 de Veterinaria La Quinta de fecha 1 de julio de 2002; 3. Nota de crédito N. 1036 de Servicios Veterinarios Fortaleza del 1 de julio de 2002 por 1000 dosis de vacunas; 4. Un contrato de trabajo con el Ing. Evert Durán Rodríguez suscrito el 20 de agosto de 2002 para la elaboración de un Plan de Manejo Forestal para 4912 has.; 5. Nota de entrega N. 8988 de Agroinco SRL del 20 de agosto de 2002 que detalla la entrega de 2100 dosis de vacuna aftosa; 6. Contrato privado de compraventa de ganado vacuno suscrito el 28 de junio de 2002 por los esposos Jakuvek Marincovic y la Empresa Laguna Corazón SA (en ese momento Yasminka M. era co propietaria y ejecutiva de la empresa Laguna Corazón y por tanto el negocio lo hizo ella sola) y 7. Acta de Reconocimiento de la « Central Yaguarú » (sic). Los certificados de vacunación, de veterinaria, de adquisición de ganado, etc. son complementarios y sirven para aclarar, pero en ningún caso para sustituir o contradecir lo que se apreció en terreno, observa un informe del Defensor del Pueblo de 2005 referido al caso.
De Ric a Melgar
Posted in MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLITICA,Medios de comunicación,Racismo par colectivoboliviano sur 23 octobre, 2008
En Santa Cruz se ha levantado una suerte de persecución contra « collas » y « cambas traidores » libre de límites. Si no se baja la cabeza ante las ideas de una oposición extremista que se cobija bajo el paraguas cívico, las personas están sometidas a un hostigamiento público que parece de otro siglo. La violencia simbólica y física anulan entonces derechos básicos. Uno de los recientes casos del que los medios, esencialmente televisivos, no han dicho gran cosa, es el de Salvador Ric.
El viernes 3 de octubre, gente de los movimientos ultras pro-cívicos, salieron del Comité Cívico a las calles para hacer « jocha ». La escena fue un café de la avenida Monseñor Rivero (barrio chic cruceño) donde encontraron a Salvador Ric, conocido empresario y ex ministro del Gobierno del MAS durante los primeros meses de gestión. Se acercaron y, sin anestesia, le exigieron que abandone el local. Ric simplemente se trasladó a otro café de la misma avenida donde los ultra intolerantes mutaban palabras en violencia física. El ex ministro terminó refugiándose tras los mostradores. Finalmente buscó seguridad en la planta alta del local hasta que llegó la Policía (tan venida a menos por allá), para salvarlo, pues según la prensa, abandonó el lugar resguardado por uniformados y disfrazado de policía.
« Abandoné la política hace más de dos años » dijo Salvador Ric horas más tarde, cuando el punto no es ese, sino el descarado abuso de sectores poblacionales cuyo mundo es tan estrecho que no logra dar paso a ningún grado de diferencia entre ellos y los otros, los que piensan diferente. Sólo este enorme vacío explica que una mujer lance sin tapujos: « juro por Dios, juro por esta tierra, que ese hijo de perra no amanece vivo, mierda ». Bajo sus promesas a Dios, su lealtad a la cruz y a Santa Cruz se han perdido en el peor de los infiernos. El del espíritu de venganza, ese que impulsa a escribir « listas de traidores », ese que derivó en atentados a los « indeseables », en agresiones públicas como la que le tocó a Alfonso Román, intelectual cruceño que fue humillado delante de cámaras de televisión.
Los casos precedentes, pese al paso de las semanas, no se enfrían porque son muestras de la irracionalidad que sufrimos cotidianamente. Viene también al caso porque en la anterior semana una de las noticias duras fue la detención de Jorge Melgar y vale la pena un par de consideraciones en paralelo. De entrada, llama la atención que la flagrante violación de los derechos ciudadanos de Román o de Ric (por citar apenas dos apellidos) no haya ocupado el centro de la discusión mediática como lo fue en días pasados la detención de Melgar. Por supuesto que nos sumamos a las voces que piden términos democráticos en las detenciones, en el trato a los familiares y criticamos el uso de capuchas en una detención bajo ley. Sin embargo, estos dobleces no nos hacen quitar la vista del núcleo del asunto: las razones de la detención.
A diferencia de Ric y de Román, Melgar no tomaba un café ni salía de ser entrevistado. Está acusado de sedición, de conspiración, de participar en tomas de instituciones, sin mencionar el detalle de sus antecedentes penales. Sus defensores afirman que se trata de una venganza política por conducir el programa Camila y Macarena, contrario a la línea gubernamental. El problema real es que uno puede ser todo lo opositor que quiera siempre y cuando no se salga de la raya democrática. Entonces, vociferar que tal y tal sean fusilados, vociferar que hay razas malditas u otras perlas más es no haber entendido el ABC de la democracia y es injustificable en cualquier contexto. Es simplemente execrable. Periodista o no, comentador o no, camba o colla.
Fuente: Blog de Omar Quiroga. http://omarquiroga.blogspot.com
À 40 jours des attaques contre les organisations sociales dans l’Est de la Bolivie
Posted in Pueblos indígenas,Racismo par colectivoboliviano sur 22 octobre, 2008
40 jours après l’attaque contre des organisations autochtones et de droits humains, à Santa Cruz de la Sierra, perpétrée par des groupes de délinquants subordonnés à la Préfecture et au Comité civique de ce département, nous ne pouvons pas encore compter sur des garanties minimums nous permettant de retourner travailler dans nos bureaux.
Le 9 septembre dernier, au milieu d’une supposé « révolte populaire » financée par des groupes opposés au gouvernement du président Evo Morales, les bureaux du Centre d’études juridiques et de recherche sociale (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS) ont été attaqués, mis à sac et incendiés par 50 jeunes et adolescents employés par des personnes liées à la Préfecture et au Comité civique. Le soir du même jour, les bureaux du Centre de recherche et promotion de la paysannerie (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA) de Ascension de Guarayos, dans le nord du département de Santa-Cruz, ont aussi été assaillis et mis à sac par des personnes reliées au Comité civique de cette municipalité et à la mairie.
À Trinidad, notre bureau doit fonctionner dans la clandestinité depuis qu’a circulé, de façon non officielle, une « liste » sur laquelle figurent des noms de personnes et d’institutions « ennemies de l’autonomie et de la bénitude (de la benianidad) » qui sont l’objet de persécution et d’agression. À Riberalta, depuis un mois, de la même façon que les dirigeants et autorités locales liés aux mouvements sociaux le sont, les ONG CEJIS Riberalta, CIPCA Nord et l’Institut pour l’homme, l’agriculture et l’écologie (Instituto para el Hombre Agricultura y Ecología – IPHAE) ont dû fermer leurs portes et leurs employés ne peuvent pas travailler ni circuler librement dans cette localité du nord de l’Amazonie.
Le 15 septembre, le Comité civique régional a donné aux employés de ces institutions 24 heures pour abandonner Riberalta : « dans le cas contraire nous ne somme pas responsable de ce qui peut vous arriver » ont menacé les partisans du préfet Ernesto Suarez. Ce jour-là, la Coordination interinstitutionnelle de droits humains a demandé au sous-préfet de la province Vaca Díez, Augustín Vargaz, de protéger la vie et l’intégrité des personnes encore aujourd’hui persécutées parce qu’elle ne se range pas aux mots d’ordre des groupes de pouvoir traditionnels.
L’après-midi du 9 septembre, en face des bureaux détruits du CEJIS de Santa Cruz, un tiers de sa bibliothèque a été brûlée. Celle-ci était reconnue internationalement pour sa spécialisation sur les thèmes législatifs, autochtones, paysans, agraires et fonciers. L’incinération des livres a été classiquement célébrée par ceux qui, de façon obtuse, croient que les idées qu’ils combattent disparaîtront en faisant de la fumée avec des papiers.
Les 10 et 11, les bureaux de la Coordination des peuples ethniques de Santa Cruz (Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC) et de la Confédération des peuples autochtones de Bolivie (Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB) ont été occupés par des autochtones expulsés du mouvement autochtone et recyclés comme fonctionnaire de la Préfecture et du Comité. Ils s’octroient une représentativité mais n’ont pas de base. À moins que leur base soit les dizaines de jeunes « engagés pour voler » comme ceux-ci se définissent devant les caméras de télévisions. Les bureaux de l’Organisation nationale des peuples autochtones de Bolivie ont été récupérés cinq jours plus tard grâce à une action coordonnée des citoyens du quartier Villa 1er mai et des autochtones.
La CPESC, située à moins d’un coin de rue, a été détruite par les vandales engagés à cette fin. Il n’est resté que des murs branlants de la Grande maison des peuples de l’Orient. C’est de là qu’étaient parties plusieurs marches de centaines de kilomètres demandant à l’État bolivien de reconnaître les droits des peuples autochtones. C’est là qu’est né le Pacte d’unité, principale référence des mouvements sociaux du pays, et où ont été rédigés plusieurs documents qui aujourd’hui sont des lois. C’est là qu’a été conçue, en 2002, l’idée folle de marcher pour exiger la convocation d’une Assemblée constituante. Est-ce que les groupes de pouvoir de l’Est ont cru qu’en effaçant le siège social de la CPESC il n’y aurait plus de mouvement autochtone dans les départements qu’eux considèrent comme des grandes propriétés?
Devant cette situation de violence, des actions légales ont immédiatement été entreprises auprès des autorités compétentes pour qu’on enquête et qu’on identifie les responsables de ces actes.
Nous dénonçons la placidité de l’enquête du Ministère public de Santa Cruz qui se cache derrière – selon sa définition – le « système juridique de garanti » de ce pays pour ne pas citer à comparaître les dizaines de supposés démocrates qui ont agressé brutalement des innocents, attaqué des propriétés publiques et privées, menacé et maintiennent toujours dans l’angoisse les populations qui ne partagent pas leurs valeurs de totale violation des droits humains. Les visages de ces personnes ont été captés par plusieurs canaux de télévision privés au moment même où ils commettaient ces méfaits et se vantaient de les commettre.
40 jours après l’attaque contre les organisations, la Justice s’est bornée à demander ces images aux canaux de télévision privés dont les possesseurs sont de prospères propriétaires de grandes étendues de terre ou d’anciens fonctionnaires des partis politiques de droite qui défendent et couvrent la violence exercée contre ceux qui n’adhèrent pas à la dictature civique des préfectures subie dans l’Est du pays.
40 jours plus tard, ces canaux n’ont pas fourni les images parce que – c’est évident – ça ne leur viendrait jamais à l’idée de donner des informations qui pourraient bloquer les fruits de la violence qu’ils sèment dans chaque minute de leur transmission. Nous déplorons l’attitude des médias de communication qui violent le droit des citoyens à recevoir une information vraie.
La population n’a toujours aucune influence sur le discours des médias qui est celui des propriétaires de ces médias. La seule ressource qui nous reste c’est d’adresser directement notre message et notre vision à chaque personne individuellement. Cela donne des résultats avec certains organismes comme les Nations Unies, La Commission interaméricaine pour les droits humains (CIDH) de l’Organisation des États américains (OEA), la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), le Parlement de l’Union européenne et l’Union des pays sud-américains (UNASUR).
Mais le travail pour abattre le mur d’omerta qui fait taire les voix discordantes et oblige à une permanente autocensure est long et ardu. C’est pourquoi le combat contre l’impunité est la priorité des organisations comme le CEJIS où nous travaillons à la construction permanente d’une société juste, incluante et solidaire.
Leonardo Tamburini, Directeur exécutif du CEJIS
Traduction: Louise Lavallée
Note: Cette note a été publié aussi en espagnol dans notre blog le 20 octobre 2008

References: artículo 19
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