Source: https://es.scribd.com/document/77340566/Proceso-Penal-Garantias-y-Avocamiento-Trabajo-Final
Timestamp: 2017-02-25 00:11:23+00:00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA VICERRECTORADO ACADEMICO DECANATO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y POSTGRADO SAN JOAQUIN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
San Joaquín de Turmero, Enero 2012 INDICE GENERAL
Portada………………………………………………………………………….…….i Portada interna………………………………………………………………………ii Índice General…………………………………………………………………….…iii Lista de Cuadros…………………………………………………………………....iv Resumen……………………………………………………………………………..v INTRODUCCIÓN……………………………. ………………………………..……1 CAPITULOS I CONTEXTO EMPIRICO……………………………………………………...4 Caracterización del Objeto de Investigación………………………...4 Objetivos de la Investigación………………………………………….6 Objetivos Generales………………………………………………6 Objetivos Específicos……………………………………………..6 Justificación de la Investigación……………………………………...6 II CONTEXTO TEORICO Antecedentes…………………………………………………………..9 Teorías de Entrada…………………………………………………..21 Aspectos Conceptuales……………………………………………..22 Fundamentación Legal………………………………………………29 CONCLUSIONES…………………………………………………………………38 REFERENCIAS………………………………...………………………………….40
i 1. Desarrollo del debate……………………………………………………...17
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA VICERRECTORADO ACADEMICO ii DECANATO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y POSTGRADO SAN JOAQUIN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
En el proceso penal existe un punto de suma importancia que debe obligatoriamente ser observado en su desarrollo, las garantías procesales y legales están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales vinculadas en forma directa o indirecta en actividades individuales. Todo esto viene a conformar una plataforma legal donde descansan todas estas garantías por parte del Estado hacia el individuo y que le permitan el respeto a la dignidad humana, allí se analizan entonces todo lo que es el proceso penal, las garantías del proceso y el avocamiento como mecanismo especial. El estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo primordial, velar por que se apliquen y cumplan los elementos formales, que se refieren a permitir el acatamiento de las normas que han de aplicarse. Por tal razón utiliza como plataforma legal los principios que limitan sus funciones en la búsqueda de una información en la que está en juego la verdad de un hecho, siempre en resguardo de los principios y garantías tanto constitucionales como legales.
1 Palabras claves: proceso penal, garantías dentro del proceso y el avocamiento. INTRODUCCION
iii El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y analizada para dictar un derecho justamente equitativo. Es el camino que hay que seguir, un ordenamiento preestablecido de carácter técnico. garantiza, además la defensa contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado. El Derecho Procesal Penal tiene sus propias características que permiten diferenciarlo de otras ramas del Derecho, porque se presenta como un derechos Especialísimo ante las otras ramas de esta tan grandiosa carrera. El Estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo, esta garantía además debe estar respaldada por un debido proceso y el derecho a la defensa. En toda esta responsabilidad igualitaria para todos los ciudadanos, que tiene el Estado para que el individuo como elemento fundamental de la sociedad pueda desenvolver sus actividades libremente, siempre y cuando su comportamiento esté acorde con las normas reguladoras que el Estado impone, están las normas reguladoras de tipo constitucional. Frente a estos principios que limitan la función del Estado en la búsqueda de una información que esté vinculada en algún hecho, donde el
2 individuo tenga una supuesta participación y haya transgredido las normas establecidas, existen algunas consideraciones que el mismo Estado como garante de la acción penal, ejercida a través del Ministerio Público, debe tener en cuenta, y fundamentarla en las formas lícitas y legales que deben guardarse en el logro de la búsqueda de esa información, que conlleve a la veracidad de algún hecho. Todas estas garantías procesales y legales están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales vinculadas en forma directa o indirecta con as actividades individuales. Todo esto viene a conformar una plataforma legal donde descansan todas estas garantías por parte del Estado hacia el individuo y que le permitan el respeto a la dignidad humana. Actualmente con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, se puede hablar de las "Garantías del Debido Proceso", que no son más que el conjunto de condiciones necesarias para la validez del mismo, condiciones estas que deben cumplirse y atenderse para asegurar la adecuada defensa de los derechos ciudadanos, dentro de estas garantías se encuentra el de poder contar con todas aquellas pruebas o medios de prueba que puedan ayudar a dilucidar la comisión de un hecho punible y aplicarle al culpable su respectiva sanción, esto constituye el fin del proceso. En el campo del proceso penal, los medios de pruebas que establecía el legislador en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal se encontraban clasificados en la confesión, inspección ocular, documentos públicos o privados, declaraciones de testigos, peritos o facultativos y en indicios y presunciones. Esta enumeración era taxativa, por el contrario el
3 Código Orgánico Procesal Penal no establece esta enunciación anterior, refiere el mismo, que se podrá probar por cualquier medio de prueba que pueda comprobar todos los hechos y circunstancias de interés siempre que no sean contrarios a la ley y sean obtenidos lícitamente.
CAPITULO I CONTEXTO EMPIRICO Caracterización del Objeto de la Investigación
El derecho procesal en Venezuela desde la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal, a resultado beneficiosos tanto para el sujeto activo del delito como para el sujeto pasivo del mismo, pues se ha convertido en todo un proceso garantista para ambas parte, sin la posibilidad de que existan vicios en él, ni que la decisión que tome el juez como arbitro sea desligada a lo presentado a lo largo del procese por las partes intervinientes. Esto hace de alguna manera interesante el estudio de la adjetiva y sustantiva penal, aprobadas por la Asamblea Nacional en el año de 1999. El proceso penal también es definido como “el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano sancionador y el procesado o demandado, para buscar la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las partes que en el intervienen.” El estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo primordial, velar por que se apliquen y cumplan los elementos formales, que se refieren a permitir el acatamiento de las normas que han de aplicarse. Por tal razón utiliza como plataforma legal los principios que limitan sus funciones en la búsqueda de una información
5 en la que está en juego la verdad de un hecho, siempre en resguardo de los principios y garantías tanto constitucionales como legales. En virtud de lo planteado resulta importante analizar los aspectos del proceso penal venezolano, los principios y garantías que rodean todo el proceso y la institución del avocamiento, con el propósito de observar los intríngulis del todo lo que encierra la ley penal adjetiva penal venezolana.
En otro orden de ideas, la Constitución cumple una función fundamentalmente normativa y reguladora, y los códigos, leyes y normas que con posterioridad se dicten tienen como objetivo básico, la reglamentación detallada de toda aquella subestructura, su funcionamiento, objetivos, medios, limitaciones y obviamente los derechos y deberes inherentes a los miembros de la sociedad. En tales circunstancias, los códigos y leyes de una nación deben estar perfectamente armonizados con la Ley, los jueces al aplicarlos, y los ciudadanos al interpretarlos, deben hacerla cumplir, teniendo en cuenta esos parámetros políticos e ideológicos que nutren constitucionalmente toda la normatividad de una nación. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el acceso a la justicia como derecho inherente al ser humano, es decir, que constituye un derecho fundamental el acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso va mas allá cuando contempla a los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Expresado así como ha sido, el proceso penal en Venezuela es totalmente garantista para las partes litigantes, pero valdría la pena preguntar si el mismo es aplicado tal y como la constitución y la ley lo plantea?.
Objetivo General Analizar el proceso penal venezolano, sus garantías durante el desarrollo del mismo, así como la institución del avocamiento.
Objetivos Específicos Analizar las teorías de entradas que sustentan la investigación. Establecer las garantías procesales, tanto constitucionales como legales. Analizar en detalle el avocamiento.
Los aspectos relacionados con el proceso penal, sus garantías y el avocamiento, son de suma importancia ya que el Estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo, esta garantía además debe estar respaldada por un debido proceso y el derecho a la defensa. En toda esta responsabilidad igualitaria para todos los ciudadanos, que tiene el Estado para que el individuo como elemento fundamental de la sociedad
7 pueda desenvolver sus actividades libremente, siempre y cuando su comportamiento esté acorde con las normas reguladoras que el Estado impone, están las normas reguladoras de tipo constitucional. Frente a estos principios que limitan la función del Estado en la búsqueda de una información que esté vinculada en algún hecho, donde el individuo tenga una supuesta participación y haya transgredido las normas establecidas, existen algunas consideraciones que el mismo Estado como garante de la acción penal, ejercida a través del Ministerio Público, debe tener en cuenta, y fundamentarla en las formas lícitas y legales que deben guardarse en el logro de la búsqueda de esa información, que conlleve a la veracidad de algún hecho. Todas estas garantías procesales y legales están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales vinculadas en forma directa o indirecta con as actividades individuales. Todo esto viene a conformar una plataforma legal donde descansan todas estas garantías por parte del Estado hacia el individuo y que le permitan el respeto a la dignidad humana principalmente. Actualmente con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, se puede hablar de las "Garantías del Debido Proceso", que no son más que el conjunto de condiciones necesarias para la validez del mismo, condiciones estas que deben cumplirse y atenderse para asegurar la adecuada defensa de los derechos todos los ciudadanos, dentro de estas garantías se encuentra el de poder contar con todas aquellas pruebas o medios de prueba que puedan ayudar a dilucidar la comisión de un hecho punible y aplicarle al culpable su respectiva sanción, esto constituye el fin del proceso.
8 En el campo del proceso penal, los medios de pruebas que establecía el legislador en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal se encontraban clasificados en la confesión, inspección ocular, documentos públicos o privados, declaraciones de testigos, peritos o facultativos y en indicios y presunciones. Esta enumeración era taxativa, por el contrario el Código Orgánico Procesal Penal no establece esta enunciación anterior, refiere el mismo, que se podrá probar por cualquier medio de prueba que pueda comprobar todos los hechos y circunstancias de interés siempre que no sean contrarios a la ley y sean obtenidos lícitamente, he aquí entonces parte de lo novedoso y garantista de esta ley. De manera que definitivamente quienes son los mas beneficiados con este nuevo proceso son los que en algún momento forman parte de el, pues permitirán esgrimir públicamente sus alegatos que desvirtúan lo que señale la parte contraria, estando presente en sala un arbitro, el cual es el encargado de tomar la ultima decisión según lo planteado.
El Proceso Penal Venezolano está constituido por varias fases, las cuales, tienen su fundamento en el Procedimiento Ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal de Fecha 14 de Noviembre de 2001, teniendo como finalidad, el establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho con la debida observancia de sus principios. Para Secuencia o serie de actos que se desenvuelven
progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Serie ordenada de actos preestablecidos por la Ley y cumplidos por el órgano jurisdiccional, que se inician luego de producirse un hecho delictuoso y terminan con una Resolución final. Según Pedro Juan Montoya Auxiliar Jurídico Tecnológico de Antioquia (2008), “en el Proceso Penal se denuncia la comisión de un delito, luego se actúan todas las pruebas pertinentes para que el órgano jurisdiccional resuelva la situación jurídica del procesado, archivando el Proceso, absolviendo al procesado o condenándolo”.
Analizando un poco lo expresado por este trabajo extraído a través de Internet, se puede notar que el proceso no es mas que la consecución10 una a serie de actos formales que se derivan un hecho punible, y busca por sobre todas las cosas el esclarecimiento de ese hecho a través de la búsqueda de la verdad, que de fe que esa persona que esta siendo acusada cometió o no el delito en cuestión, y que será probado en un proceso que además esta señalado con lapsos y con una cantidad de principios que desde el punto de vista de los derechos humanos blindan el proceso con miras al respeto de todo ser humano, sin dejar de lado una posible sanción si se hallare culpable. Además de lo ya reflejado el proceso penal se compone de 4 fases, las cuales detallan el desarrollo de lo establecido en el Código Orgánico procesal penal, de las cuales se hará un breve resumen. fase de investigación El proceso penal se inicia por los siguientes modos: por flagrancia
(248), de oficio (283), por denuncia (285) y por querella (292). Por Flagrancia (248). El aprehensor dentro de las 12 horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a disposición del MP; quien dentro de 36 horas siguientes lo presentara al Juez de <control, expondrá como se produjo la aprehensión; y según sea el caso solicitara la aplicación del procedimiento abreviado o el ordinario (373); El Juez de Control decidirá de la solicitud del MP dentro de las 48 horas siguientes desde que sea puesto el aprehendido a su disposición. Si decide el procedimiento ordinario se continua Audiencia de presentación AP (punto omega). con la
Ahora cuando la noticia del delito es recibida por el MP, bien de oficio (283), por denuncia (285) y por querella (292); El MP como director de la 11 primera fase, le corresponde el inicio de la investigación. El MP oficiara a los órganos de investigación (CICPC) para practicar4 las diligencias necesarias y urgentes, dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás participes del hecho punible y el aseguramiento de los objetivos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Dados los indicios que señalen la individualización de un hecho punible, el MP solicitara una orden de aprehesion al Juez de Control, este en vista que concurran los requisitos del 250 (privativa de libertad) resolverá dentro de las 24 horas siguientes. Una vez aprehendido el imputado este deberá ser conducido dentro de las 48 horas siguientes ante el Juez de Control, donde se realizara la audiencia de presentación. La audiencia de presentación (AP) debe contar con la presencia: las partes, y la victima (si la hubiera); y se presentan 3 posibilidades: a.- Libertad del imputado,( no hay elementos o indicios pertinentes). b.- Que se cumpla con el 250-251-252, y se dicta un auto de privativa de libertad (254), el Juez acuerda mantener la medida privativa de libertad durante la fase preparatoria (fase de investigación). El periodo de investigación es de 3º días continuos y prorrogables por un máximo de 15 días si el Fiscal lo solicita por lo menos con 5 días de anticipación. Al final de esta fase de investigación el MP debe presentar el acto Conclusivo. c.- Cuando se den las condiciones. (250,251,253) de que no hay peligro de fuga y son delitos con penas menores de 10 años; en todas los delitos con penas menores de 3 años y con buena conducta pre delictual (253); entonces proceden medidas cautelares sustitutivas (256). El MP continua
con la investigación, y pasados 6 meses de la individualización del imputado, el imputado o la victima pueden solicitar al Juez de Control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días ni mayor de 120 días para la 12 conclusión de la investigación. El MP puede solicitar una prórroga y vencida esta dentro de los 30 días siguientes debe presentar el acto conclusivo. El acto conclusivo está a cargo del MP, ya que la fase de investigación está a cargo del, y puede concluir de 3 maneras: 1.- Archivo fiscal (315), si el fiscal estima y no hay elementos suficientes para proponer la acusación, decretara el archivo. Esto no evitara que se pueda reabrir la investigación si aparecieran nuevos elementos de convicción. Esto debe ser comunicado a la víctima, quien podría ejercer recurso. 2.- Sobreseimiento (318), que puede solicitar el fiscal ante el Juez de Control; esto pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado, haciendo cesar toda medida de coerción dictada. 3.- La acusación (326), cuando el MP estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Tanto el archivo fiscal, como el sobreseimiento, mantienen el proceso en fase preparatoria. Aquí termina la fase de investigación con el acto conclusivo, al investigado se le llama imputado/imputada, y se cuentan los lapsos por días continuos. Fase intermedia
Ahora, la fase intermedia, es la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia del principio acusatorio; y determina si hay fundamento serio para llevar a juicio al imputado. Presentada la acusación (327), el Juez de Control convocara a las 13 partes a una audiencia oral, que se realizara dentro de un plazo de 15 a 20 días hábiles. La victima podrá dentro del plazo de 5 días, contados de su notificación a la convocatoria, adherirse a la acusación del MP, o presentar acusación particular propia. Hasta 5 días antes del día fijado para la audiencia preliminar, el Fiscal, la victima ( si ha querellado o presentado acusación particular propia), y el imputado; deben de presentar el escrito de Descargo (328) que puede contener: 1. Oponer excepciones (28) 2. Pedir o revocar medida cautelar (256) 3. Solicitar AH (376) 4. Proponer acuerdos reparatorios (40) 5. Suspensión condicional del proceso (42) 6. Proponer pruebas en estipulación entre partes. 7. Promover pruebas. 8. Ofrecer nuevas pruebas (con conocimiento posterior) En la audiencia preliminar las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones (329) , el Juez de Control informara a las
partes de las alternativas de prosecución del proceso: AH (326), .oportunidad (37), acuerdos reparatorios ( 40), y suspensión condicional del proceso ( 42). La audiencia preliminar tendrá carácter contradictorio, y se controla la acusación en forma formal y material analizando los requisitos de fondo).El 14 Juez debe decidir: excepciones planteadas, aprobar acuerdos reparatorios, ratificar, revocar, sustituir o imponer una medida cautelar, acordar suspensión condicional del proceso, sentenciar con respeto a la AH, y decidir con respecto a la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por las partes. El juez de Control también resolverá al final de la audiencia preliminar sobre el sobreseimiento (331) o admitir, total o parcialmente la acusación del MP o del querellante y ordenara la apertura a juicio oral y público; para esto 35 emitirá el auto de apertura a juicio (331), que determinara: el objeto del juicio oral ( hecho imputado calificado jurídicamente) ; contendrá la identificación de la persona acusada; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional; y una exposición sucinta de los motivos en que se funda las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes; la orden de abrir el juicio oral y público; y el emplazamiento de las partes a que concurran en el plazo de 5 días ante el Juez de juicio. Fase de juicio Es en esta fase donde se concretan en su mayor esplendor los principios del procedimiento que rigen el sistema oralidad, principios publicidad, inmediación procesal desarrollado por el COPP: de las pruebas y la y concentración, al igual que algunos
del proceso, como la libre valoración
participación activa y pasiva en la administración de justicia. Al respecto la
Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. 10-027. Sent. N° 1000, expresa:
magistrado Luisa Estella Morales Lamuño, en sentencia de fecha 26-10-10
15 En el orden penal, la opinión de fondo deviene –en principioen la defensa de juicio, toda vez que en dicha fase el juez, en atención a los principios de inmediación, oralidad, concentración y publicidad y conforme las reglas de la sana critica, hace merito de la prueba recibida y de los hechos probados por tales medios.
Esta fase de juicio se subdivide, si se quiere, en varias subfases, a saber son las siguientes: 1. Preparación del debate: en este periodo tiene lugar como aspecto fundamental la integración del tribunal; es en esta oportunidad, donde en función del delito de que se trate se va a materializar el principio de participación ciudadana. En tal virtud, si se trata del juzgamiento de un delito que mereciere pena de mas de cuatro años de privación de libertad corresponde conocer a un tribunal mixto (integrado por un juez profesional y dos escabinos). Cuando se trate de un delito mereciere pena inferior que a cuatro años de privación de libertad
debate que se regirá por los ya mencionados principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, y donde la actividad probatoria estará presidida por los principios de concentración e que el tribunal igualdad, por tanto, los únicos actos de prueba
apreciara, son los que practiquen en el juicio oral, con inmediatez y contradiectoriedad, salvo el caso excepcional de la prueba anticipada que se incorpora al juicio por su lectura. Una vez constituido el tribunal, juramentados los escabinos, si se trata de un tribunal con 16 participación popular, y, verificada la presencia de las partes, el juez presidente debe declarar abierto el debate, advirtiendo al acusado y al publico sobre la importancia y significado del acto. Seguidamente, debe exponerse la acusación por parte del fiscal y el querellante, si lo hubiere, y el defensor su defensa. 2.1 Orden de la recepción de pruebas: después de la declaración del acusado el juez presidente debe recibir la prueba en el orden siguiente: en primer lugar interviene los expertos. Si resulta conveniente el tribunal puede disponer que los expertos presencien los actos del debate. Seguidamente de recibe la declaración de los testigos, uno por uno. Antes de su declaración los testigos no pueden comunicarse entre si, ni con otras personas, ni ver, oír o ser debe disponer si continúan en la antesala o se conteste preguntas capciosas, sugestivas o informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el juez presidente retiran. El juez presidente debe moderar el interrogatorio y evitar que el declarante impertinentes, procurando que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las partes. 2.2 Clausura del debate: terminada la recepción de las pruebas, el juez presidente debe conceder la palabra, en primer termino al fiscal, luego al querellante y posteriormente al defensor, para que expongan sus conclusiones. Seguidamente debe otorgar al fiscal y al defensor
la posibilidad de replicar, para referirse solo a las conclusiones formulada por la parte contraria. 2.3 Retiro de la acusación: el COPP no contempla previsión alguna sobre el retiro de la acusación por parte del Ministerio Publico. Por 17 tanto, resulta fundamental el manejo de los criterios que podrían esgrimirse en caso de que se planteara tal situación. 3 Deliberación de la sentencia: una vez concluido el debate el tribunal debe decidir, para ello, si se trata de un tribunal mixto los integrantes del tribunal deben previamente haber deliberado en secreto.
Exposición del MP y del Querellante
Fase de ejecución En esta fase el Juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. Así tenemos que al tribunal de ejecución le corresponde: 1º. La ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme; 2º. Todo
lo relacionado con la libertad del penado, rebaja de penas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio y extinción de la pena; 3º. La determinación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad; 4º. La 18 acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona. El tribunal de ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar su libertad condicional. Definitivamente esta es la etapa mas importante de todo el proceso, luego de haber atravesado por dos fases finalmente concluye y da paso a la intervención de la criminología, ciencia que se ha estudiado desde hace mucho años atrás y que permite al que se ha señalado responsable de un hecho punible reivindicarse con la sociedad, preparase para volver nuevamente a formar parte de los que gozan de libertad plena, lamentablemente vemos con mucha preocupación que tan importante etapa no se cumpla tal y como fue diseñada , esta situación pues trae consigo quizás mucha de las consecuencia que hoy día se vive, y es que es difícil ver al responsable de un delito como un ser humano que siente y padece los embates de esta sociedad tan convulsionada y acostumbrada al juzgamiento, cabe hacer especial énfasis si trasladar la responsabilidad de esta fase al Ministerio de Servicios Penitenciarios seria la solución al mounstro que tiene por nombre el sistema penitenciario, valdría la pena observar planteamiento tan crucial para el futuro si ese de los reos es positivo y mejorara
tan lamentable situación. Crear dispositivos en aras de solventar es buena idea desde luego todo con miras a una solución productiva y que se maneje a través del tiempo, es lo mejor, pero a mi consideración muy particular jugar con el futuro de los penados y la misma sociedad, que al final es igualmente
afectada, es delicado y mucho mas cuando por encima del bienestar común esta los ideales políticos, pues aquí lo que se busca es implementar la justicia sin burocratismo alguno. se puede 19 señalar como punto de origen, y mas importante dentro de desarrollo de un proceso penal es que La Constitución de un país constituye la columna vertebral de los postulados políticos e ideológicos relacionados con la estructuración del estado y del funcionamiento macro de sus diversas ramas, así como el señalamiento de los objetivos, expectativas, esperanzas y medios con que se ha de contar para cumplir la finalidad última cual es la realización individual y colectiva de los miembros que integran la comunidad nacional. Como consecuencia de tales perspectivas, la Constitución cumple una función fundamentalmente normativa y reguladora, y los códigos, leyes y normas que con posterioridad se dicten tienen como objetivo básico, la reglamentación detallada de toda aquella subestructura, su funcionamiento, objetivos, medios, limitaciones y obviamente los derechos y deberes inherentes a los miembros de la sociedad. En tales circunstancias, los códigos y leyes de una nación deben estar perfectamente armonizados con la Ley, los jueces al aplicarlos, y los ciudadanos al interpretarlos, deben hacerla cumplir, teniendo en cuenta esos parámetros políticos e ideológicos que nutren constitucionalmente toda la normatividad de un país. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el acceso a la justicia como derecho inherente al ser humano, es decir, que constituye un derecho fundamental el acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso En cuanto a las garantías que sobre el proceso pesan
va mas allá cuando contempla a los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Partiendo de esta premisa es importante reforzar que la constitución el 20 es el origen y punto de arrancada a la creación de códigos y leyes subsecuentes a esta, que garanticen con plena armonía el respeto a un debido proceso y con ello los derechos humanos, con el propósito de que el proceso penal sea llevado con total apego al marco jurídico y a su vez este blindado de legalidad absoluta. En cuanto a la institución del avocamiento Roxana Medina de Zaibert en su trabajo sobre el avocamiento, señala que:
…es una figura denominada por nuestra jurisprudencia como excepcional, la que a través de su regulación, adquiere carácter de recurso extraordinario que solo procede bajo la concurrencia de ciertos requisitos establecidos en el articulo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y cuya competencia esta atribuida a las Salas del Tribunal Supremo, las que podrán de oficio o a solicitud de partes, asumir el conocimiento de los expedientes o causas que se encuentren en curso en cualquier tribunal de la republica, en el estado o instancia en que se encuentren, con la limitación única de que se trate de casos graves, de escandalosas violaciones al orden publico que puedan afectar la imagen del Poder Judicial, la paz publica, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios previstos a favor de las partes.
El avocamiento como ya se evidencio no es mas que un acto mediante el cual un tribunal superior asume el conocimiento de una causa que por ley le corresponde decidir a uno de inferior jerarquía, siendo una figura excepcional ejercida por partes legítimas para hacerlo con la finalidad
de que el órgano se pronuncie, sobre las actuaciones judiciales sobre un proceso en curso, corrigiendo la injusticia o la ilegalidad que se pueda haber cometido donde curse la causa, declarando la nulidad de tales actuaciones, se trata del cuestionamiento de una decisión judicial o de la sustanciación llevada en un procedimiento. 21 Teorías de Entradas El Derecho Procesal es un conjunto de normas que regulan los tres pilares del debido proceso, con la única finalidad de la aplicación de las leyes de fondo, o derecho sustancial. El Derecho Procesal se ocupa también de la competencia, y la regula; así como la actividad de los jueces. Asimismo, materializa la ley de fondo en la sentencia. En el Derecho Procesal Penal también existe un conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso concreto. El Derecho Procesal Penal es aquélla disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas-procesal-penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un Proceso Penal. En síntesis, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del Proceso Penal. De igual manera se observa que van de la mano las garantías en el proceso penal tanto constitucionales, que son inviolables, como las legales, todo conforma el blindaje del proceso que se este desarrollando con único
propósito de que las actuaciones sean totalmente apegadas a derecho sin vulneración a los derechos humanos. En cuanto al avocamiento la Sentencia Número 035, Expediente Nº A070523 de fecha 31/01/2008: 22 ..El avocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes. ... esta excepción no puede convertirse en la regla y pretender que este Máximo Tribunal se avoque a conocer cualquier violación del ordenamiento jurídico, si la misma puede ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente.
Claramente la sentencia especifica las causas por las cuales el avocamiento es efectivo y procede como tal, de igual manera el articulo108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señala las condiciones en las cuales será admitido el avocamiento, dejando claro que esta figura especial, por cuanto no se aprecia dentro del Código Orgánico Procesal Penal.
Aspectos Conceptúales
En cuanto al proceso señalan autores como, Sergio García Ramírez (1980:23), “el proceso es una relación jurídica, autónoma y compleja, de naturaleza variable, que se desarrolla de situación en situación, mediante hechos y actos jurídicos, conforme a determinadas reglas de procedimiento, y que tiene como finalidad la resolución jurisdiccional del litigio, llevando ante el juzgador por una de las
partes o atraído a su conocimiento directamente por el propio juzgador.”
Al respecto el autor se refiere al proceso como una serie de actos acorde a las leyes que determinen y lo regulen, y que finaliza o persigue el 23 esclarecimiento y búsqueda de la verdad por parte del juez.
Para Magali Vázquez González (2008:17), constituye una serie encadenada de actos dirigidos hacia una finalidad, que se concreta en la reconstrucción metodológica de un suceso, lo cual supone un orden lógico de aprehensión valorativa desde la posibilidad, pasando por la probabilidad, para finalmente arribar a la certeza sobre su comisión, su carácter delictivo, la imputación y responsabilidad que pueda predicarse, así como los efectos civiles derivados del hecho, o en caso contrario establecer la inocencia del sindicato, aun en términos de posibilidad en aplicación del principio in dubio pro reo” En este concepto se agregan situaciones nuevas, como en la mayoría de los ediciones y textos, el proceso no es mas que una consecución de actos que persiguen el esclarecimiento de un delito, pero a esta definición le fue agregado la responsabilidad civil dentro del derecho penal, es decir, también se determina si dentro del hecho cometido existe responsabilidad civil que se puedan dar durante la comisión de un delito. Sobre el debido proceso la máxima sala de la Republica se ha pronunciado en diversas ocasiones, a continuación se señalan jurisprudencias que orientan hacia un proceso justo y con respeto a los principios constitucionales y legales, es así como la sentencia N° 124 de fecha 04-04-2006 de la Sala de Casación Penal señalo: …el debido proceso esta constituido por las garantías fundamentales que aseguran la correcta administración de justicia y comprende, entre otras cosas, el derecho a la defensa y el
derecho a ser oído, siendo estos derechos individuales que deben garantizarse en las diferentes etapas del proceso, no pudiendo ningún órgano del estado coártalos bajo cualquier pretexto” (Cursivas de la autora). 24
La máxima sala aclara e indica tácitamente que el Estado bajo ningún concepto debe quebrantar estos derechos básico para el desarrollo de cualquier proceso, señalando principalmente el derecho a la defensa y a ser oído, expresados en el articulo 49 constitucional, los cuales no solo son individuales, sino a que son inviolables. Según Yeriny Conopoima (2010:25), el debido proceso, como garantía fundamental, comprende otros derechos y garantías fundamentales, como el derecho a la defensa y a la prueba, la presunción de inocencia, el acceso al expediente y a toda información y dato relevante para la defensa, a la notificación y motivación debida de los cargos, a la exclusión de las pruebas ilegitimas, al uso de los recursos y excepciones prevista en la ley. La aplicación de estos derechos y garantías procedimentales en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las personas, no admite duda, relajamiento o moderación alguna. Es de suma importancia resaltar que las garantías son la columna vertebral del proceso, iniciando con el derecho a la defensa, el acceso al expediente y a toda información relacionada con la defensa, pues si ella se demuestra fácilmente la indefensión del administrado, y en consecuencia difícilmente podrá realizar sus alegatos que busquen exculparlo de lo que se le acusa, es por ello que principalmente hay que hacer énfasis en las garantías que establece la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en conjunto con las que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, y así de esta manera poder llevar un procedimiento justo para ambas partes, donde su resultado será sin duda alguna la búsqueda de la verdad sobre el delito cometido.
Al aplicar la ley penal, se esta interpretando, que no es mas que buscar el sentido y alcance de la norma en orden a aplicarla al caso correcto. En algunos casos ese sentido y alcance no se deduce claramente de la previsión legal lo cual implica que en defecto del elemento literal debe el interprete, en atención a lo dispuesto en el articulo 4 del Código Civil, acudir al espíritu del legislador. 25 Es por ello que es tan importante el observar las garantías dentro del proceso por ello la Constitución de un país constituye la columna vertebral de los postulados políticos e ideológicos relacionados con la estructuración del estado y del funcionamiento macro de sus diversas ramas, así como el señalamiento de los objetivos, expectativas, esperanzas y medios con que se ha de contar para cumplir la finalidad última cual es la realización individual y colectiva de los miembros que integran la comunidad nacional. Como consecuencia de tales perspectivas, la Constitución cumple una función fundamentalmente normativa y reguladora, y los códigos, leyes y normas que con posterioridad se dicten tienen como objetivo básico, la reglamentación detallada de toda aquella subestructura, su funcionamiento, objetivos, medios, limitaciones y obviamente los derechos y deberes inherentes a los miembros de la sociedad. En tales circunstancias, los códigos y leyes de una nación deben estar perfectamente armonizados con la Ley, los jueces al aplicarlos, y los ciudadanos al interpretarlos, deben hacerla cumplir, teniendo en cuenta esos parámetros políticos e ideológicos que nutren constitucionalmente toda la normatividad de una nación. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el acceso a la justicia como derecho inherente al ser humano, es decir, que constituye un derecho fundamental el acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso va mas allá cuando contempla a los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El artículo 26 constitucional señala que: "… el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles". Esta norma destaca no 26 solo el derecho de acceso a la justicia para la protección de sus derechos e intereses, incluso los de carácter colectivo y difuso, sino el derecho a la tutela efectiva de los mismos y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente. La norma señalada incorpora al constitucionalismo patrio el principio del derecho a la tutela efectiva. Al mismo tiempo, el artículo 27 de nuestra Carta Magna, siguiendo la orientación del artículo 49 de la Constitución de 1961, reguló la institución del amparo, definitivamente como un derecho de rango constitucional que se manifiesta mediante el ejercicio de múltiples medios o recursos judiciales de protección incluyendo por supuesto la acción de amparo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estatuye en su artículo 2, los valores supremos del Estado, erigiéndose en un: "… Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". Denominación que se incorporó siguiendo la tradición del constitucionalismo contemporáneo. Por otra parte, la idea de Estado Social es la de un Estado con obligaciones sociales que procura de la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en la actividad económica y social como Estado Prestacional, tal carácter social deriva principalmente del valor fundamental de la igualdad y no discriminación que deriva del preámbulo y del artículo 1 del texto referido
que además de derecho fundamental es el pilar de actuación del Estado, y de la declaración del principio de la justicia social como base del sistema. Asimismo, entre los fines del Estado se encuentra el de las Garantías 27 Constitucionales, tal como lo determina el artículo 3 de la actual Carta Magna, que precisa como la garantía más importante (esto a consideración de quien realiza el presente trabajo), la del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados, lo cual a la vez es un valor fundamental del Estado. Lo que implica que el acceso a la justicia es un derecho de estricto cumplimiento considerado como valor fundamental en un Estado Democrático y Social de Derecho. A través de los cuales se encuentra enmarcado dentro de los fundamentos y alcances de los derechos de la persona humana y el tratamiento constitucional del derecho del acceso a la justicia, imponiendo además, su operatividad como derecho material y esto se da cuando se establece que: "toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia…". Pero al mismo tiempo todas las personas tienen derecho a ser amparadas por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, considerando que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. El acceso a la justicia lleva consigo otros derechos entre los que se destacan, el derecho a ser oído, el principio de la tutela judicial efectiva, que según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concretos. También dijo la
Comisión que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los requisitos de admisibilidad de una acción puede constituir una violación a ese 28 derecho fundamental. El recurso sencillo y rápido amparado por la Convención Americana impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. El Derecho a la tutela judicial efectiva, regulado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en el artículo 49, por lo que se entiende derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso. a. Derecho a la defensa. b. Derecho a ser notificado de los cargos que se le imputan. c. Derecho a la presunción de inocencia. d. Derecho de acceso a las pruebas. e. Derecho a la no valoración de pruebas ilícitas. f. Derecho a ser oída en toda clase de procesos. g. Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. h. Derecho a intérprete. i. Derecho a ser juzgado por jueces naturales. j. Derecho a no confesarse culpable. k. Derecho a no ser juzgado por actos u omisiones no previstos en la ley como delitos, faltas o infracciones. l. Derecho a no ser juzgado por los mismos hechos que hubiese sido juzgado anteriormente.
Como manifestación del derecho al debido proceso, que involucra el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal, tenemos el derecho a la igualdad de armas procesales, que consiste en la posibilidad y oportunidad que tienen las partes en igualdad de condiciones, de alegar, defenderse, producir pruebas, presentar informes y observaciones, recurrir de los fallos que le sean adversos y en definitiva, utilizar cualquier herramienta procesal que le garantice su derecho a defenderse, esto se traduce, en que la permisión de utilización de una herramienta procesal a una de las partes y su prohibición a la otra, constituye desigualdad que desemboca en lesión al derecho constitucional de igualdad de armas procesales. Basamento Legal
Todo el proceso penal es regido estrictamente por la constitución principalmente y subsecuentemente por las leyes y norman, en cuanto ajusten al proceso penal, en virtud de ello se señalaran los artículos establecidos que hacen de un proceso su respeto a el y ajustado de conformidad con lo que señala el marco jurídico vigente del país. En fecha 1° de julio de 1999, entró en vigencia en nuestro país el Código Orgánico Procesal Penal, el cual ha sido objeto de varias reformas parciales, en el se reiteran los derechos y garantías constitucionales relacionados con las garantías judiciales y el debido proceso, que si bien son una reiteración de aquellas, se hace con una finalidad pedagógica y
propedéutica, para los interpretes y aplicadores de la ley penal en el procesal penal. 30 Estos derechos, principios y garantías constitucionales insertas en el Código Orgánico Procesal Penal, son los que a continuación detallaremos: Juicio previo y debido proceso, se establece el sistema acusatorio como procedimiento de juzgamiento al decirse en el artículo 1 que: "Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial…" Establece el legislador en este articulo las garantías constitucionales del debido proceso, de legalidad, celeridad, juez natural únicamente en cuanto hace relación con la imparcialidad, oralidad y publicidad. El artículo 2 establece el ejercicio de la jurisdicción, esta se administrará en nombre de la República y por autoridad de la ley, reiterándose el principio constitucional que defiere en el Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se consagra el derecho de participación ciudadana en la
administración de justicia. Artículo 3. Se determina la autonomía e independencia de los jueces respecto de los diversos órganos del poder y se establece que sólo deben obedecer a la ley y al derecho. Los jueces deben cumplir y hacer que se cumplan sus decisiones y se precisa que las demás autoridades de la República colaboren para el cumplimiento de tales fines.
Se consagra el principio de prohibición de absolución de instancia, determinándose que el Juez no puede fundamentándose en circunstancia alguna abstenerse de decidir sobre la causa que se le plantee. 31
Se establece el concepto genérico del Juez natural y que la competencia para aplicar la Ley en los procesos penales corresponde a los jueces ordinarios o especializados, establecidos por las leyes con anterioridad a la ocurrencia de los hechos objetos del proceso. Se reitera la el principio de presunción de inocencia, establecido en el articulo 8, mientras no se demuestre culpabilidad, mediante una sentencia. Se reafirma el principio de libertad, según el cual las disposiciones que restrinjan o limiten la libertad u otros derechos de imputados, o su ejercicio será de carácter excepcional y la misma deberá ser interpretada de manera restrictiva. Se dispone igualmente que su aplicación sea proporcional a la pena imponible. Se dispone el respeto a la dignidad humana y el derecho a estar acompañado por un abogado de confianza cuado la comparecencia del ciudadano sea dispuesta por un funcionario judicial. S precisa igualmente que la presencia del abogado sólo servirá para que se cumpla con el derecho a la defensa y al debido proceso. Este principio aparece reglamentado en el mismo código en el artículo 117, en cuanto a los límites de la actuación policial dentro del proceso penal y en el artículo 125 ejusdem, donde se enumeran los derechos el imputado. Igualmente en los artículos 130 y siguientes, en los que se establecen las formalidades, derechos y garantías del imputado al rendir su declaración. Es claro que todas estas normas procesales citadas, tienen como finalidad última, garantizar de manera concreta el respeto a la dignidad debida a los
seres humanos cuando se convierten en sujetos procesales dentro del proceso. Se atribuye la titularidad de la acción penal al Ministerio Público,32 quien está obligado a ejercerla salvo las excepciones legales, que manifiesta el referido Código. En cuanto al derecho a la defensa se consagra para todos los sujetos procesales, así como la igualdad entre los mismos, se dispone que los jueces y demás funcionarios judiciales no puedan tener contacto directo ni indirecto con ninguna de las partes sobre los asuntos sometidos a su consideración, excepto cuando se encuentren todas presentes. El establecimiento de la oralidad como principio rector, es el procedimiento que naturalmente adopta el sistema acusatorio. Sólo podrán apreciarse las pruebas incorporadas en la audiencia oral y pública. La cuestión anterior significa que las pruebas deben ser practicadas delante de los jueces que hayan de decidir y que aquellas pruebas que no puedan ser practicadas en la misma por diversas razones, deben ser incorporadas durante su realización para que puedan ser apreciadas. El artículo 333, se refiere a la publicidad del juicio oral, exceptuándose los casos en que se vea afectado el pudor o la vida privada de alguna de las partes, cuando se perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad. Principio de inmediación, es una de las características importantes del sistema acusatorio, se requiere que las pruebas sean practicadas en presencia del juez que va a tomar la decisión final, para que mediante su
percepción pueda tener mayores elementos de juicio que le posibiliten llegar a la verdad histórica de los hechos y con ello a la justicia. El principio de concentración en el articulo 17 del Código Orgánico 33 Procesal Penal, establece que la audiencia debe desarrollarse idealmente en un mismo día y si es necesario interrumpir esta diligencia, que la misma continúe a la mayor brevedad. El objetivo de la concentración es evitar que el transcurso del tiempo lleve a olvidar al Juez el contenido de las pruebas o el alegato de las partes. Este principio se reglamenta en el artículo 335 del mismo código. El proceso tiene carácter contradictorio, que no es más que el derecho de las partes de probar y de contradecir las pruebas que se esgrimen durante la fase de juicio oral y publica. Se reitera el principio constitucional establecido en el artículo 334 de la Carta Magna y se determina que en el ejercicio de tal deber, se deben aplicar las normas constitucionales sobre todas otras que le fueren contrarias. Principio del "non bis in ídem", que impide plural persecución sucesiva cuando un hecho calificado como delito ha sido objeto de un fallo o sentencia firme. Consagra como excepción los casos amparados con el recurso extraordinario de revisión, dentro de los que se incluye el caso de la pena más favorable, o la promulgación de una norma que quita al hecho el carácter penal. Se implanta el principio de la libre apreciación de las pruebas de conformidad con las reglas de la sana crítica, que no son otras que la aplicación de la lógica, las máximas de experiencia y la ciencia, el que se complementa con el principio de la libertad probatoria en el proceso penal.
Como puede observarse, el constituyente venezolano ha creado los instrumentos normativos necesarios para la concreción en nuestro país de una verdadera democracia, toda vez que con una justicia precaria no se puede pregonar la existencia de un Estado democrático, pero establecidos 35 34 estos parámetros normativos es a los jueces y en general a todos los funcionarios judiciales y a los ciudadanos que deben colaborar con la justicia, bien en calidad de testigos, peritos, escabinos o jurados o de cualquier otra manera, los que en verdad deben concretar en la realidad ese propósito político de justicia y de democracia. En cuanto a las garantías constitucionales, para el desarrollo del proceso penal indician con el acceso a la justicia, señalada en el articulo 25 indicando que “ toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses…” Este articulo no expresa mas que la garantía que ofrece el Estado y que tienen los administrados de acceder a la administración de justicia. Luego el articulo 2 y 7 hablan de los valores supremo que tiene el Estado Venezolano y la primacía de la Constitución, indicando que se debe un respeto y acatamiento a todos los órganos de la administración publica a que deben estar sujetos a los principios y garantías aquí establecidos. A ello también se le agrega el articulo 21, el cual establece la igualdad ante la ley, indicando que todos somos iguales ante la ley, prohibiéndose en todo momento la discriminación. Muy importante es señalar los derechos civiles, iniciados en el capitulo III de la carta magna, y el cual establece el derecho a la vida en su articulo 43, el arresto sin orden judicial, articulo 44 donde a demás se señalan que los únicos supuestos para privar a una persona de su libertad, es con una orden judicial o que sea sorprendido en flagrancia, importante es reflejar el contenido del articulo 46 donde se establece el maltrato por parte de la
autoridad, y la columna vertebral del proceso, el articulo 49 donde están señaladas las garantías judiciales y administrativas del proceso, las cuales se señalan a continuación: artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 36 administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuado para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 37 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. La aplicación de este articulo supone un proceso limpio y sin ninguna vulneración. Contrario a lo aquí establecido, supone la aplicación del articulo 25, el cual señala que toda acto violatorio al debido proceso será nulo.
En el mundo actual en el que vivimos, y sobre todo en una sociedad tan convulsionada y estresada permanentemente como esta, el derecho penal y la representación del estado siempre jugara un papel preponderante en el castigo a los transgresores de la ley, es por ello que a pesar de que se aprecia en la revisión que se haga sobre la normativa legal penal la gran responsabilidad con la que carga el Estado, cuando se trata de esta materia, no es menos cierto que la intervención de la ciudadanía juega un rol fundamental contra la impunidad, que repercutirá principalmente en la seguridad para todos en general, por que las personas en su común también tienen carga en esto que llamamos derecho penal, que básicamente es el tema que se toco a fondo el trabajo de investigación. Es así como en el modo legalmente regulado de realización de la administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la finalidad de realizar el Derecho penal material.
Estos actos se suceden entre la noticia del delito, a partir de la cual se promueve la acción, se desarrolla el recorrido a través de las fases, para finalmente llegar a la sentencia. Los actos marchas sin retorno, y proceden hacia el momento final. El fin institucionalmente propuesto para el proceso penal no es sólo la 39 realización del Derecho Penal material sino también el cumplimiento de las bases, principios y garantías constitucionales del enjuiciamiento penal o el programa constitucional, ya que el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución del Estado, y es por ello que la implementación de cualquier medida que, en pos de descubrir la verdad para imponer una pena, vulnere los derechos y garantías de los ciudadanos excediendo los límites constitucionalmente impuestos a los poderes públicos, resulta simultáneamente repugnante a los principios básicos del proceso penal.
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial N° 36.680. 30 de Diciembre de 1999.
Código Orgánico Procesal Penal. (2008). Gaceta Oficial N° 5.894. 26 de Agosto del 2008. Luisa, M. Sala Constitucional. Exp. 10-027. Sent. N° 1000. Octubre 2010
Vásquez, M. (2008). Derecho Procesal Penal Universidad Católica Andrés Bello. 3era edición. Caracas.
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 artículo 49
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 2
 Artículo 3
 artículo 117
 artículo 125
 artículo 333
 artículo 335
 artículo 334
 artículo 49