Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37147/ES/impact_of_the_covid19_virus_on_the_justice_field
Timestamp: 2020-05-29 00:18:45+00:00

Document:
El coronavirus ha dado lugar a una crisis que no se detiene en las fronteras y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. La justicia europea no es una excepción a este respecto.
3. Uso de herramientas digitales por parte del poder judicial
Esta página tiene por objeto ofrecer una visión general de las medidas adoptadas dentro de la Unión Europea en relación con la pandemia de COVID-19 que afectan al poder judicial, a las autoridades nacionales y a los profesionales de la Justicia, pero también a las empresas y los ciudadanos.
Dado que la situación está cambiando rápidamente y la información sobre este tema sigue evolucionando, esta página se actualizará de forma periódica para reflejar los nuevos avances.
El Consejo de Europa también ha creado una página web sobre las medidas nacionales en el ámbito de la justicia a raíz de la pandemia de COVID-19. Puede consultar la página aquí.
La RJE (en materia civil y mercantil)
Puede haber situaciones en las que los ciudadanos y las empresas necesiten realizar una acción procesal en un asunto transfronterizo, pero no puedan hacerlo debido a las medidas de emergencia adoptadas en un Estado miembro de la UE a fin de contrarrestar la propagación de la COVID-19. Estas medidas pueden dar lugar a:
la suspensión total o parcial de la actividad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades que pudieran necesitar los ciudadanos y las empresas;
la imposibilidad temporal de obtener asistencia jurídica gratuita;
dificultades para recibir la información que normalmente proporcionan las autoridades competentes;
otros problemas prácticos, por ejemplo, retrasos en la ejecución de una resolución en un contexto transfronterizo o en la notificación o el traslado de un documento judicial;
ajustes temporales en términos de comunicación con el público (por correo electrónico, por teléfono o por correo postal).
El cuadro que figura a continuación ofrece una visión general de la información proporcionada por los puntos de contacto de la RJE en relación con las medidas temporales adoptadas en los Estados miembros de la UE.
Cuadro comparativo: Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la cooperación judicial civil (929 KB)
Si necesita información adicional, consulte la página web del Ministerio de Justicia del Estado miembro sobre el que necesita información.
EFECTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS PLAZOS
Las medidas especiales adoptadas por los Estados miembros no afectan directamente a los plazos establecidos en la normativa de la UE en materia judicial civil y mercantil.
La mayoría de los plazos que se rigen por el Derecho de la Unión no tienen consecuencias directas cuando llega su fecha de vencimiento [1] y, en la mayoría de los casos, su vencimiento no tendrá ninguna consecuencia directa para las autoridades, los órganos jurisdiccionales o los ciudadanos, a lo sumo podrán ocasionar algún retraso.
En otros casos, los instrumentos de la UE que establecen plazos fijos también pueden contemplar exenciones en circunstancias excepcionales [2], que podrían comprender la situación extraordinaria actual, por ejemplo, cuando las actividades de las autoridades o los órganos jurisdiccionales se vean gravemente perturbadas o incluso se paralicen.
Sin embargo, el vencimiento de otros plazos establecidos por los instrumentos de la UE puede privar a los ciudadanos o a los órganos jurisdiccionales de la posibilidad de realizar actuaciones procesales, como interponer un recurso contra una resolución, con consecuencias irreversibles dentro del proceso [3] y sin que pueda aplicarse una prórroga o exención contemplada en el instrumento concreto de la UE. En tales casos de efecto preclusivo, no puede presuponerse desde un primer momento que las circunstancias derivadas de esta crisis justifican una excepción del Derecho de la Unión aplicable en materia de plazos. Al mismo tiempo, es obvio que la crisis de la COVID-19 crea una situación excepcional que plantea dificultades importantes tanto para los ciudadanos como para las autoridades y que puede originar situaciones en las que no sea posible temporalmente, o sea excesivamente difícil, respetar las obligaciones establecidas por el Derecho de la Unión.
Por esta razón, la protección del acceso efectivo a la justicia debe ser un criterio importante a la hora de valorar:
si un plazo ha vencido;
qué consecuencias procesales pueden surgir de su vencimiento.
Por ejemplo, las restricciones generales a la vida social que afectan a los órganos jurisdiccionales, pero también a los servicios postales, así como a la posibilidad de consultar a un abogado y preparar escritos o alegaciones judiciales podrían poner en peligro el acceso de los ciudadanos a la justicia. Como resultado, en función de las circunstancias específicas, puede estar justificado que la duración de la crisis no cuente a efectos de los plazos procesales. Esto puede variar en función de diferentes situaciones: si los órganos jurisdiccionales operan con normalidad respecto de asuntos urgentes de Derecho de familia, debido a que tienen carácter prioritario, también se pueden mantener los mismos plazos.
Al realizar esta valoración, la decisión del Estado miembro sobre la interrupción de los plazos en el ámbito nacional puede servir como punto de referencia importante (incluso si no afecta directamente a los plazos establecidos por el Derecho de la Unión, desde el punto de vista jurídico) a fin de tener en cuenta si el acceso efectivo a la justicia se ve obstaculizado de tal manera que la suspensión de los plazos también pueda considerarse justificada para los plazos establecidos por el Derecho de la Unión.
[1] En particular con respecto a la cooperación entre autoridades u órganos jurisdiccionales, por ejemplo, los plazos establecidos en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, para que el organismo receptor remita el acuse de recibo, o en el artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2003/8/CE, sobre la justicia gratuita.
[2] Véase el artículo 11, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis o el artículo 18 del Reglamento relativo a la orden europea de retención de cuentas.
[3] Véase, por ejemplo, el artículo 15, apartado 5, del Reglamento Bruselas II bis, que establece un plazo de seis semanas para que otro órgano jurisdiccional se declare competente; de lo contrario, es competente el primer órgano jurisdiccional al que se presentó la demanda; el artículo 8 del Reglamento relativo a la notificación y el traslado de documentos establece un plazo de una semana para que el organismo receptor se niegue a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse; el artículo 19, apartado 2, del Reglamento en materia de obligaciones de alimentos establece un plazo de 45 días para solicitar el reexamen de una resolución en materia de alimentos, etc.
La pandemia de COVID-19 y la paralización de grandes sectores de la economía han ocasionado una caída drástica en el flujo de efectivo de las empresas y un peligro de insolvencia generalizada. El cuadro que figura a continuación ofrece una visión general de las medidas adoptadas por los Estados miembros para hacer frente a esta situación y prevenir la insolvencia de empresas viables ocasionada por esta crisis temporal. Estas medidas pueden estar relacionadas con:
medidas adicionales directa o indirectamente relacionadas con situaciones de insolvencia de empresas, incluidas, cuando así lo indiquen los Estados miembros, medidas más amplias para ayudar a los empresarios a superar las dificultades económicas causadas por la pandemia de COVID-19.
Cuadro comparativo sobre las medidas de los Estados miembros en materia de insolvencia a raíz de la COVID-19 (1485 KB)
La RJE (en materia penal)
Muchos Estados miembros han impuesto restricciones estrictas para evitar la propagación del coronavirus, que afectan también a la cooperación judicial en materia penal y a la aplicación de los instrumentos de la UE.
La Secretaría de la Red Judicial Europea (RJE) está recopilando información relacionada con la cooperación internacional en asuntos penales y publicándola en la sección especial sobre la COVID-19 de la página web de la RJE. Dado que el acceso a determinada información está restringido, debe dirigirse a su punto nacional de contacto o a la Secretaría de la RJE para solicitar estos datos.
Grupo de coordinación de la orden de detención europea
La crisis ocasionada por la COVID-19 tiene repercusiones inmediatas en la cooperación judicial en materia penal, como los procedimientos de orden de detención europea.
Durante la crisis actual, es esencial que los Estados miembros intercambien información de forma rápida y eficiente en los siempre delicados procedimientos de entrega. En este contexto, la Comisión, en colaboración con Eurojust, la RJE (en materia penal) y la Secretaría General del Consejo, ha puesto en marcha un Grupo de coordinación de la orden de detención europea. El Grupo también puede ser útil en otras situaciones en que sea necesario un intercambio de información rápido entre Estados miembros, por ejemplo, en respuesta a sentencias del TJUE, y que afecten directamente al buen funcionamiento de la orden de detención europea.
Derechos procesales de los sospechosos y acusados
La pandemia de COVID-19 también afecta al ejercicio de los derechos procesales de los sospechosos y acusados. La comunicación directa con abogados, intérpretes o terceros (mientras los sospechosos o acusados estén privados de libertad) es más difícil.
Se recomienda el uso de llamadas y videoconferencias u otros instrumentos de comunicación a distancia. Además, deben adoptarse medidas de seguridad, tales como protecciones de cristal en las comisarías o en los centros de detención, a fin de facilitar el ejercicio del derecho de asistencia letrada o a contar con un intérprete.
Asimismo, en estos momentos de crisis de la COVID-19, los derechos procesales de los sospechosos y acusados deben respetarse para garantizar un proceso justo. Las autoridades competentes deben interpretar de manera restrictiva las excepciones limitadas establecidas en las directivas en vigor para cuando existan razones imperiosas; no deben aplicarse a gran escala.
Víctimas de delitos: apoyo y protección durante la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19
En virtud de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que todas las víctimas de delitos tengan acceso a servicios de apoyo general y especializado, que sean confidenciales y gratuitos y que respondan a las necesidades individuales de las víctimas. El acceso a un apoyo y una protección que respondan a las necesidades específicas de las víctimas debe estar disponible en cualquier circunstancia, inclusive la situación específica ocasionada por la pandemia de COVID-19.
La situación de las víctimas de violencia doméstica se ve particularmente agravada por el distanciamiento social y el aislamiento durante los períodos de confinamiento. Las personas que viven con una pareja violenta y los niños con padres maltratadores están, por un lado, más expuestos al control coercitivo, la violencia y el abandono; por otro lado, su acceso al apoyo y la protección es más limitado.
Se insta a los Estados miembros a que adopten medidas especiales para apoyar y proteger a las víctimas de violencia doméstica en el marco de sus regímenes nacionales de emergencia para la COVID-19. En particular, es fundamental garantizar el acceso efectivo a servicios de apoyo en línea y fuera de línea, incluidos la ayuda psicológica y otros servicios sociales. Especialmente, las víctimas de violencia doméstica deben tener acceso a refugios, ayuda psicológica, apoyo postraumático y asesoramiento. Las autoridades policiales nacionales también deben prestar especial atención a los casos ya registrados y los nuevos de violencia doméstica. Asimismo, es esencial garantizar la protección física de las víctimas.
Las páginas específicas para cada país del Portal de e-Justicia ofrecen información general sobre la manera en que están organizados el apoyo y la protección a las víctimas en los distintos Estados miembros.
Diversos interlocutores (incluidas las agencias de la UE y organizaciones de apoyo) proporcionan información práctica sobre cómo garantizar el apoyo y la protección de las víctimas durante la pandemia de COVID-19:
Puede obtener información sobre los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica más cercanos aquí (Women Against Violence Europe).
Puede obtener información sobre las líneas nacionales de llamadas de emergencia para mujeres aquí (Instituto Europeo de la Igualdad de Género).
Puede obtener información sobre cómo establecer y prestar servicios de apoyo y asesoramiento a distancia para las víctimas de violencia doméstica en la página web de Victim Support Europe.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un boletín sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los derechos fundamentales. Incluye ejemplos de buenas prácticas de varios Estados miembros sobre cómo garantizar el apoyo y la protección de las víctimas de violencia doméstica.
La Organización Mundial de la Salud también ofrece una serie de consejos sobre cómo apoyar y proteger a las víctimas de violencia doméstica durante una pandemia.
Víctimas de ciberdelincuencia
Según la Europol, la pandemia de COVID-19 brinda nuevas oportunidades para que los delincuentes se aprovechen de los temores y las condiciones de trabajo de los ciudadanos. La cantidad de ciberataques es elevada y se espera que aumente aún más. Debido a que un gran número de personas teletrabaja desde casa, se ha multiplicado la probabilidad de que los ciberdelincuentes exploten las oportunidades y vulnerabilidades existentes.
La Europol ha preparado una serie de consejos de prevención y sensibilización para ayudar a la ciudadanía a incrementar su ciberseguridad. Durante estos tiempos de mayores riesgos, resulta particularmente importante utilizar el control parental para proteger la actividad en línea de los niños, proteger los dispositivos electrónicos con contraseña, número de identificación personal o información biométrica y comprar a proveedores en línea fiables (tras verificar las valoraciones individuales).
Puede obtener más información sobre cómo mantenerse seguro en línea aquí.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea informa de un aumento en la mayoría de los Estados miembros de la UE de los incidentes de racismo, xenofobia e intolerancia contra ciertas comunidades nacionales o étnicas, vinculados a la pandemia de COVID-19.
Los esfuerzos de los Estados miembros con respecto a las víctimas de delitos de odio deben estar destinados a fomentar la denuncia de dichos delitos, mejorar la investigación precisa de los motivos de prejuicio y ofrecer apoyo a las víctimas.
Situación en las prisiones
Como resultado de la pandemia de COVID-19, las administraciones de las prisiones nacionales se encuentran bajo presión para limitar los efectos del virus en el entorno cerrado y vulnerable de las prisiones. Entre las medidas para evitar la propagación del virus figuran la suspensión temporal de todas las visitas familiares y de las actividades con personas externas, tales como el deporte y la formación profesional.
Tanto el personal como los presos están preocupados por su salud. Los presos sufren por la falta de actividades y visitas, lo cual hace que sea complicado mantener motivado al personal y evitar motines por parte de los presos.
En particular, los Estados miembros que se enfrentan a altos índices de hacinamiento en las prisiones se ven obligados a tomar decisiones difíciles sobre una posible libertad anticipada.
Asimismo, la mayoría de los Estados miembros ha aplazado todos los traslados físicos de presos en virtud de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008.
La Comisión pretende apoyar a los Estados miembros en sus respuestas a la situación en las prisiones facilitando el intercambio de información y buenas prácticas.
A tal efecto, se remite a la lista de páginas web útiles que figura a continuación y que contiene información sobre el tema de la COVID-19 en las prisiones en diferentes Estados miembros de la UE:
La Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales (EuroPris), una organización cofinanciada en el marco del programa «Justicia» de la Comisión Europea, tiene una página especial sobre las medidas en las prisiones europeas a raíz de la pandemia de COVID-19.
A finales de marzo de 2020, EuroPris puso en marcha un grupo de correo electrónico que reúne a expertos (actualmente hay un total de 84 expertos) y comparte actualizaciones diarias de todas las preguntas y respuestas recibidas.
Las actualizaciones diarias también pueden consultarse en su página web.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) ha publicado una declaración de principios relacionados con el trato de las personas privadas de su libertad en el contexto de la pandemia de COVID-19.
El Consejo de Cooperación Penológica del Consejo de Europa ha publicado una declaración relacionada con la COVID-19, en inglés y francés.
Puede obtener más información relacionada con la COVID-19 y las prisiones y la libertad vigilada en la página web del Consejo de Europa, incluidas las últimas Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa (2019).
IPS Innovative Prison Systems ha publicado una guía básica para responsables de la toma de decisiones sobre prácticas y recomendaciones a nivel mundial, COVID-19 Pandemic Response Fighting the invisible threat in prisons (Respuesta a la pandemia de COVID-19. La lucha contra la amenaza invisible en las prisiones), Joana Apóstolo, Rita Martins y Pedro das Neves.
El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT):
En su última sesión de febrero, el SPT publicó unas pautas para los mecanismos nacionales de prevención (MNP) en relación con el tema.
El 30 de marzo de 2020, el SPT publicó pautas detalladas sobre una serie de medidas que deben adoptar los Gobiernos y los organismos de supervisión independientes para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19.
La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) ha puesto en funcionamiento un centro de información que recopila y sistematiza datos sobre la privación de libertad y la COVID-19.
Penal Reform International (PRI) ha publicado una nota informativa, Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison (El coronavirus: la asistencia sanitaria y los derechos humanos de las personas en prisión)
El Observatorio Europeo de las Prisiones, una red de ONG europeas coordinada por Antigone desde 2012, ha recopilado información sobre la manera en que los países europeos se enfrentan al virus, incluido un informe titulado «COVID-19: what is happening in European prisons?» (COVID-19: ¿qué está ocurriendo en las prisiones europeas?) y un mapa interactivo con información sucinta sobre cada Estado miembro.
La Oficina Regional para Europa de la OMS ha publicado unas orientaciones provisionales sobre cómo hacer frente a la COVID-19 en las prisiones y otros lugares de detención.
La comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha hecho una declaración sobre la pandemia de COVID-19: Hay que adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los presos en Europa.
La pandemia de COVID-19 también afecta al régimen de la libertad vigilada en la UE. Las organizaciones del ámbito están definiendo nuevas formas de trabajar y proporcionan instrucciones adicionales al personal responsable para que gestionen su trabajo y sus responsabilidades. La Confederación de la Libertad Vigilada Europea, una organización cofinanciada en el marco del programa «Justicia» de la Comisión Europea, publica información, medidas y protocolos sobre cómo los servicios y autoridades en materia de libertad vigilada en toda Europa están haciendo frente a la pandemia de COVID-19.
Ha señalado prácticas comunes y elaborado recomendaciones relacionadas con la COVID-19 en el ámbito de la libertad vigilada:
los servicios y autoridades en materia de libertad vigilada de toda la UE siguen y cumplen las pautas y consejos proporcionados por las autoridades nacionales para mantener seguros no solo a los profesionales del ámbito y a las personas sujetas al régimen, sino también a la comunidad en general;
la comunicación entre los profesionales del ámbito, así como con otras partes interesadas, se realiza por teléfono, correo electrónico o videoconferencias; los servicios y autoridades en materia de libertad vigilada que ya cuentan con infraestructuras digitales se encuentran en una situación ventajosa;
las reuniones presenciales entre los profesionales del ámbito y las personas sujetas al régimen se sustituyen por la comunicación a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o videoconferencias;
los delincuentes de alto riesgo son una prioridad de máximo nivel de los servicios y autoridades en materia de libertad vigilada en la UE; dichos delincuentes están identificados y se les da prioridad a efectos de supervisión, intervención o tratamiento, especialmente aquellos con antecedentes de violencia doméstica;
en la mayoría de los países, los trabajos en beneficio de la comunidad se han suspendido o aplazado;
la vigilancia electrónica continúa de manera habitual; las reuniones presenciales se sustituyen por llamadas telefónicas u otras herramientas en línea;
poner a más personas bajo libertad vigilada no debe conducir nunca a una saturación de la libertad vigilada ni a una presión irresponsable sobre el número de casos atendido por los profesionales del ámbito; las sanciones que se impongan con carácter alternativo deben ser significativas y utilizarse de forma adecuada para evitar a una situación de supervisión masiva;
dado que las audiencias y vistas judiciales se han aplazado, se espera que tras la pandemia de COVID-19 habrá una mayor presión para redactar y entregar los informes previos a la sentencia, lo que tendrá una repercusión directa en el trabajo cotidiano de los profesionales del ámbito;
todos los servicios y autoridades en materia de libertad vigilada en la UE están preocupados por el muy probable aumento de los casos de violencia doméstica, para lo que solicitan una mayor atención.
Varios Estados miembros han tomado medidas para reforzar el uso de herramientas digitales por parte del poder judicial a raíz de la crisis ocasionada por el coronavirus.
El cuadro que figura a continuación proporciona información sobre las medidas temporales adoptadas en los Estados miembros:
Herramientas digitales utilizadas por el poder judicial (197 KB)

References: resolución 
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 19
 resolución