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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 517/2004, de 20 de diciembre
Protección de menores: Acogimiento y asunción de la tutela ex lege de un menor, que ha sido declarado en desamparo. La vivienda donde se encontraba el menor estaba en condiciones de extrema insalubridad.
SENTENCIA: 00517/2004
SENTENCIA NUM 517
Palma de Mallorca, a veinte de diciembre de dos mil cuatro.
----------------------------- VISTOS por la Sección 5.ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación,
los presentes autos de juicio verbal, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Ibiza,
bajo el n.º 516/03, rollo de Sala n.º 521/04, entre partes, de una, como demandantes-apelantes, Don
Francisco y Doña Valentina, asistidos por el Letrado doña María Torres
Marí, y de otra, como demandada-apelada, Consell Insular Ibiza y Formentera, Conselleria de Bienestar Social, asistida por la Letrada doña Margarita A. Sendin Rebassa, siendo parte en este
trámite el Ministerio Fiscal.
Primero.-Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Ibiza, en fecha 2 de junio de 2004, se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimando como desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador don José López López, en nombre y representación de don Francisco y doña Valentina, defendido por el letrado D. María Torres Marí, contra la Consellería de Benestar Social del Consell Insular de Ibiza y Formentera, representada por el Procurador Doña Magdalena Tur Pereiro y defendida por la letrada doña Margarita A. Sendín Rebassa, interviniendo el Ministerio Fiscal. Debo absolver y absuelvo a dicha demandada de la pretensión deducida en orden a la revocación o reposición de la Resolución de acogimiento y asunción de la tutela ex lege del menor Braulio, dictada en fecha 27 de junio de 2003, la cual se confirma en todos sus extremos, imponiendo a la parte actora el pago de las costas procesales".
Segundo.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte actora, la cual solicitó que, con revocación de dicha resolución, se estime la pretensión deducida en el escrito inicial. Conferido traslado a las contrapartes, ambas interesaron que se confirme íntegramente la sentencia apelada de contrario. Una vez recibidos los autos por este Tribunal, se señaló para deliberación y votación el día 13 de diciembre del presente año.
Primero.-En la demanda generadora de esta litis, interpuesta por la representación procesal de don Francisco y doña Valentina, se solicitó que se deje sin efecto la resolución de la Conselleria de Bienestar Social del Consell Insular de Ibiza y Formentera mediante la cual se había acordado declarar el desamparo del menor Braulio, hijo de los demandantes, y la consecuente asunción de la tutela "ex lege" por parte de dicha Conselleria, así como el acogimiento institucional del menor en el centro CREM de Ibiza. El Magistrado "a quo" desestimó esa pretensión porque, en síntesis, consideró acreditadas las circunstancias reflejadas en el expediente tramitado por la Conselleria como justificativas de la resolución administrativa impugnada, resaltando además la actitud de los progenitores reacia a la colaboración con la administración tutelar. En disidencia con esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia apelada y se estimen las pretensiones deducidas en la demanda, a cuyos efectos adujo que el Juzgador de primera instancia había incurrido en error en la apreciación de la prueba respecto a que las circunstancias tenidas en día en su cuenta habían sido subsanadas, y a que la decisión administrativa combatida había generado efectos negativos en el menor. Tanto el Ministerio Fiscal como la Conselleria de Bienestar Social de Ibiza y Formentera se opusieron al recurso y solicitaron que la sentencia apelada de contrario sea confirmada en su integridad.
Segundo.-La revisión de los medios probatorios aportados al proceso conduce a esta Sala, de entrada, a la conclusión de que el Juez de primera instancia valoró correctamente dichas pruebas e infirió certeramente de ellas que se habían acreditado la circunstancias determinantes de la resolución administrativa cuya revocación pretende la parte actora, en concreto las condiciones de extrema insalubridad en que se hallaba el domicilio habitado por el menor Braulio con su familia, la resistencia de los padres a colaborar con la institución tutelar, y el absentismo escolar del menor. La acreditación de esos extremos se produjo, en concreto, mediante las documentales obrantes en el expediente administrativo cuya copia fue incorporada a estos autos, y también a través de las deposiciones testificales vertidas en el acto del juicio. Así, en el acta de inspección realizada por la Conselleria de Sanitat y Consum del Govern Balear en fecha 25 de junio de 2003 se constató que la vivienda estaba en "unas condiciones de extrema insalubridad", detallándose que la casa estaba sucia con excrementos de perros y gatos, que no había cocina, que las tuberías de gas estaban peligrosamente oxidadas y los inodoros impracticables, lo que concuerda con el informe emitido por la Policía Local de Ibiza en la misma fecha, en el que se especificó que al acceder a la casa se percibía "un hedor insoportable que desprende la misma, la cual se encuentra con puertas y ventanas cerradas, haciéndose necesaria la utilización de mascarillas", añadiéndose que en el inmueble había seis perros y seis gatos, y que abundaban las defecaciones de animales por doquier así como restos de alimentos, bolsas de basura y ropa sucia acumulada. Este último informe fue ratificado en el acto del juicio por dos agentes que intervinieron en su elaboración, los cuales explicaron que nunca habían visto nada igual y que lo que presenciaron era indecible, mientras que el primero de los referidos informes fue también corroborado en prueba testifical por las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Ibiza doña Gema y doña Leonor.
Por lo que concierne a la alegación dirigida a sostener que esa situación de falta de higiene y salubridad había sido ya corregida en la fecha en que se celebró el juicio, es lo cierto que mediante las fotografías aportadas por la parte actora y reconocidas por varios de los testigos, y también a través de las declaraciones de doña Gema, doña Melisa (trabajadora social del Centro de Menores), doña Rita (psicóloga), y don Adolfo (hermano Braulio) se pudo constatar que la situación había mejorado efectivamente, si bien también se acreditó que era conveniente para el menor mantener todavía la tutela del Consell, pues se requería más tiempo aún para alcanzar un estado de normalidad, en cuyo sentido se pronunciaron expresamente la señoras Gema, Melisa, Celestina y Leonor, todas las cuales, expertas en esa materia, coincidieron en que la tutela era todavía imprescindible para la protección del menor y que era conveniente mantenerla porque no había plenas garantías de que los derechos de Braulio como menor serían respetados, detallando que -precisamente merced a la favorable evolución del caso- se había pasado de la medida de residencia a meramente de centro de día. Calibrando todo ello, entiende este Tribunal que en la fecha en que se dictó la resolución por el Juzgado de Primera Instancia no había razones suficientes para dejar sin efecto la medida y, por ello, tampoco puede prosperar este motivo del recurso.
También aludió la apelante a las consecuencias negativas que la medida adoptada respecto a Braulio había causado al menor, pero esa alegación carece de suficiente refrendo probatorio, pues ninguno de los testigos confirmó esos supuestos efectos perjudiciales para Braulio, llegando la señora Melisa a decir que no le constaba que el menor hubiera sido agredido, explicando la señora Rita que el niño no tenía síntomas de estrés en el centro, y refiriéndose la señora Leonor tan sólo a que se había producido una situación de cierto rechazo por parte de algunos compañeros ante la mala higiene de Braulio, razones por las cuales no se aprecia base bastante para entender acreditadas las perniciosas consecuencias afirmadas por la recurrente, puesto que las escuetas aseveraciones efectuadas por don Adolfo respecto a que su hermano Braulio le había dicho que en el centro le pegaban o lo declarado por el propio Braulio cuando fue explorado por el Juez de primera instancia, no resulta suficiente, sin más, para declarar probado que la resolución administrativa cuestionada perjudica al menor.
Para extraer las oportunas consecuencias jurídicas de los hechos probados en este proceso, ha de tenerse presente que la patria potestad se halla regulada en los artículos 154 y siguientes del Código Civil, en los que se configura como el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y sobre los bienes de sus hijos no emancipados, constituyendo a la par un conjunto de deberes que, como inherentes a dicha patria potestad, deben asumir y cumplir los padres respecto de sus hijos (así, sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1994). La jurisprudencia del Alto Tribunal, en reiterada doctrina, establece que la patria potestad se concibe como una función al servicio del hijo, dirigida a prestarle la asistencia de todo orden a que se refiere el artículo 39.3 de la Constitución Española, por lo que todas las medidas judiciales relativas a ella han de adoptarse considerando primordialmente, como indica la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989, el interés superior del hijo (artículos 3.1, 9, y 18.1), en cuyo beneficio está concebida y orientada esta institución (sentencia de 12 de febrero de 1992), habiendo declarado además el Tribunal Supremo en esta línea que no debe olvidarse el "interés superior del menor como principio inspirador de todo lo relacionado con él, que vincula al Juzgador, a todos los Poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, con reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad del sujeto, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social, de manera que las medidas que los jueces pueden adoptar (art. 158 CC) se amplían a todo tipo de situaciones, incluso aunque excedan de las meramentes paterno-filiales, con la posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso o después de cualquier procedimiento conforme las circunstancias cambien y oyendo al menor" (sentencia de 17 de septiembre de 1996).
A la luz de esas consideraciones y de lo establecido en los artículos 154 y 160 del Código Civil respecto a los deberes y facultades de todo titular de la patria potestad en orden a velar por su hijo, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, procede desestimar el recurso de apelación, al considerar esta Sala que el Magistrado "a quo" valoró con acierto las pruebas y concluyó correctamente que en la fecha en que dictó su resolución debía mantenerse lo decidido administrativamente, sin perjuicio de lo cual, cabe señalar que la positiva evolución que se ha dado en relación con las circunstancias determinantes de aquella medida permite aventurar que la misma será dejada próximamente sin efecto, si no lo ha sido ya en la fecha actual, lo cual parece previsible a tenor de los recientes informes remitidos a esta Sala por la Conselleria de Bienestar Social de Ibiza y Formentera.
Tercero.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, pese a ser la sentencia confirmatoria de la de primera instancia, por apreciarse que el caso presentaba serias dudas de hecho en relación con la especial naturaleza del objeto de este pleito, respectivo a derechos y deberes estrictamente personales y sin contenido patrimonial alguno, así como las muy específicas circunstancias fácticas concurrentes en el supuesto enjuiciado.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Francisco y doña Valentina, contra la sentencia de fecha 2 de junio de 2004, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Ibiza, en los autos de juicio verbal de oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores de los que trae causa el presente rollo, debemos resolver y resolvemos:
1.º) Confirmar íntegramente la sentencia apelada.
2.º) No hacer imposición expresa en cuanto las costas de esta alzada.
Publicación.-Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Mariano Zaforteza Fortuny, Ponente que ha sido en este trámite, en el mismo día de su audiencia pública. Palma de Mallorca, a veinte de diciembre de dos mil cuatro.

References: Resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 resolución 
 artículo 398
 resolución