Source: https://www.scribd.com/document/113090427/Extradicion-Fujimori-Overhaul
Timestamp: 2017-08-21 17:09:57+00:00

Document:
Description: La Corte Suprema aprobó ampliar la extradición del ex Presidente del Perú Alberto Fujimori, encausado en su país por diversos delitos de violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción. ...
La Corte Suprema aprobó ampliar la extradición del ex Presidente del Perú Alberto Fujimori, encausado en su país por diversos delitos de violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción. En fallo dividido (causa rol 7267-2012), los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Lagos, acogieron la ampliación solicitada por el Estado peruano en la investigación denominada caso “Diarios Chicha”.
Santiago, doce de noviembre de dos mil doce. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos Décimo Quinto, Vigésimo Séptimo a Trigésimo Segundo y Trigésimo Cuarto, que se suprimen. Y teniendo en su lugar y, además, presente: Primero: Que el artículo 239 del Código Penal vigente a la época de los hechos materia del pedido de extradición disponía que: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”, es decir, sin distinguir en torno al monto de lo defraudado, a diferencia del texto actual, que sí lo considera, por lo que en aquella normativa se trataba siempre de un simple delito. Segundo: Que los sucesos atribuidos al requerido por el denominado “Caso Overhaul” se verificaron hasta el mes de septiembre de 1999, fecha de expedición del Decreto de Urgencia N° 60-1999. Por consiguiente, habrá de estarse a esa data para efectos de determinar si la acción penal destinada a perseguir dicho ilícito se hallaba prescrita de conformidad a la ley penal chilena al momento de formalizarse denuncia penal contra Fujimori Fujimori, de acuerdo a lo que disponen los artículos 94 a 100 del Código Penal. Tercero: Que entre septiembre de 1999 y el 7 de mayo de 2009 -fecha de la denuncia del Ministerio Público Peruano-, transcurrieron más de 9 años y 7 meses, lapso que excede con creces el término de 5 años previsto en el artículo 94 del Código Penal chileno para el caso de simples delitos como el de la especie, sin que consten en los antecedentes circunstancias particulares para
estimar fundadamente que el curso de la prescripción se hubiere interrumpido o suspendido. Cuarto: Que la conclusión anterior tampoco se ve alterada por aplicación de lo dispuesto en el artículo 100 del Código Penal, pues entre la fecha en que el requerido deja la Presidencia de la República -noviembre de 2000- hasta el día en que se somete a la jurisdicción de esta Corte Suprema -6 de noviembre de 2005-, en que el cómputo será de un día por cada dos de ausencia, adicionando además lo que resta hasta la fecha de la formalización de la denuncia en Perú, de todas formas se supera el tiempo de cinco años exigido por la ley nacional para estos efectos. Quinto: Que respecto del denominado “Caso Diarios Chicha”, los hechos por los cuales se ha formalizado el pedido consisten en que para la campaña de reelección del ex presidente para el período 2000 al 2005 se dispuso el manejo de los medios de prensa escrita, y para el financiamiento de dicho objetivo los ex Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, por órdenes del ex Asesor Presidencial y del requerido Alberto Fujimori Fujimori, desviaron fondos de los institutos de la Fuerza Aérea del Perú y Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo la modalidad de gastos reservados. Sobre este hecho el informe de la Fiscalía Judicial explica que la función presidencial otorga la potestad de decisión sobre diversos temas, entre los que se encuentra la administración de la hacienda pública, lo que se realiza a través de diversos órganos competentes y con atribuciones específicas. Se trata de una potestad de la más alta jerarquía que se ejerce sobre la base de funcionarios de su exclusiva confianza y le permite intervenir directamente dando órdenes generales o trazando políticas públicas en la administración de los recursos estatales. También destaca que de acuerdo al artículo 167 de la
Constitución Política del Perú, el Presidente de la República es considerado como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y en esa condición habría ordenado a sus altos mandos que enviaran fondos de sus respectivos presupuestos al Servicio de Inteligencia Nacional, sin que esa orden tuviera respaldo normativo. Por último, se consigna que el carácter de la función desempeñada por el requerido y su interés por obtener la reelección y la mecánica de funcionamiento de los Servicios de Inteligencia en ciertos regímenes, ha impulsado que la doctrina emanada del derecho internacional amplíe su conceptualización sobre la autoría de los hechos ilícitos hacia el ámbito de la corrupción, y ha discurrido sobre la responsabilidad penal que cabe a los jefes, civiles y militares, respecto de las infracciones cometidas por sus subordinados, actualmente acepta que ella concurre de acuerdo con el principio de la responsabilidad superior o de la empresa criminal conjunta. Según la primera, quien ejerce la autoridad y control efectivo sobre sus subordinados debe tomar las medidas para impedir que se cometan delitos, y una vez producidos, sancionar los ilícitos que aquéllos puedan cometer en el cumplimiento de sus órdenes, instrucciones o consignas; de acuerdo con la segunda, cuando existe un “plan común” o “propósito común” que ordena o en el cual participa el jefe, éste resulta penalmente responsable de los delitos cometidos por subordinados. Sexto: Que el artículo 233 del Código Penal chileno señala que: “El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado: 1°. Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si la substracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales
2°. Con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales. 3° Con presido mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales. En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.”. Séptimo: Que de acuerdo a estas reflexiones es claro que en los hechos materia del pedido existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político, lo cual encuadra en el delito que sanciona el artículo 233 antes transcrito. Octavo: Que en tal entendimiento y dado el monto de los fondos así sustraídos, hasta ahora, aproximadamente ciento veintidós millones de nuevos soles, resulta aplicable la penalidad contenida en el número 3° de la disposición citada, de manera tal que el plazo de prescripción aplicable en tal evento, atendido lo dispuesto en el artículo 94 del Código Penal, es de diez años. Noveno: Que los sucesos objeto de este requerimiento acaecieron entre 1998 y noviembre de 2000, de manera que al formalizarse la denuncia penal el 6 de abril de 2010, no alcanzó a enterarse el lapso requerido para sostener que la acción penal se encuentre prescrita. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el título VI, párrafo 2º del libro III del Código de Procedimiento Penal, el Tratado de Extradición suscrito con la República del Perú el año mil novecientos treinta y
dos, y la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo el año mil novecientos treinta y tres y los artículos 344 a 381 del Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, se confirma, en lo apelado, la sentencia de catorce de septiembre pasado escrita a fojas 318 y siguientes, con declaración que el delito por el que se accede a la petición de extradición solicitada por el Gobierno de Perú denominado “Caso Diarios Chicha” corresponde al de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal Chileno. Se aprueba, en lo consultado, el indicado fallo. Acordada esta última decisión con el voto en contra de los Ministros Sres. Juica y Brito quienes fueron de opinión de revocar la sentencia en cuanto rechaza la petición de extradición por el hecho punible descrito en el artículo 384 del Código Penal del Perú, respecto del denominado “Caso Overhaul” y en su lugar conceder la ampliación de extradición también por dicho ilícito, por cuanto la acción penal para su persecución no está prescrita. Al efecto estiman que, como consignó el fallo que se revisa y así se aprecia del informe de la Fiscalía Judicial, la pena graduada del artículo 239 del Código Penal, de acuerdo a la modificación incorporada al texto por la Ley N° 20.341, permite la entrega del requerido dado que contempla pena de crimen para los sucesos, calificación que excluye la procedencia de la prescripción de la acción penal. Este proceder no supone la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del requerido, por cuanto tal como se expuso en estrados, no se trata de castigarlo directamente en virtud de ese precepto legal, cuestión ajena al procedimiento de extradición, en que no se pretende juzgar su
responsabilidad sino únicamente la pertinencia del pedido de conformidad a la legislación vigente al momento que este se formaliza.
Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Dolmestch y de la disidencia, sus autores. Rol N° 7267-12.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Jorge Lagos G. No firman el Ministro Sr. Juica y el abogado integrante Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.
En Santiago, doce de noviembre de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.
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References: artículo 239
 artículo 94
 artículo 100
 artículo 167
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 94
 artículo 233
 artículo 384
 artículo 239
 resolución