Source: https://www.scribd.com/doc/56674102/Mecanismos-de-Control-Fiscal-Ambiental-en-Colombia
Timestamp: 2017-10-21 00:33:15+00:00

Document:
Uploaded by EdnaAlexandraGalindoRivas
MECANISMOS DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL ECONOMIA Y COSTOS AMBIENTALES
MONICA VALBUENA RUBIO EDNA ALEXANDRA GALINDO RIVAS DIANA PATRICIA MORA GONZALEZ
Docente: Leonel Rodríguez
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIIL “UNISANGIL” FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA PÚBLICA YOPAL 2011 INTRODUCCION
En el presente trabajo se expone la información existente relacionada con los mecanismos de control fiscal ambiental en Colombia, donde se muestra que quien lo estableció fue la constitución como derecho colectivo y generó con ello una conexidad entre un derecho fundamental y el medio ambiente. Es por eso que una persona puede considerar que la perturbación del ambiente afecta o amenaza de modo directo su vida o la de su familia y, en este sentido, las personas tienen derecho a participar en las decisiones que lo afecten. Es por tal razón que una de los grandes retos es hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano como mecanismo de participación activa. Es por ello que este documento pretende aportar información para realizar el control fiscal ambiental a las entidades públicas y a los particulares que ejercen funciones sobre el patrimonio natural; pero igualmente definir qué es el control fiscal ambiental y aportar argumentos que permitan comprender los retos y perspectivas de las contralorías y los ciudadanos para garantizar el cuidado y protección del patrimonio natural de nuestro país.
En Colombia el control fiscal nació con la constitución política del 91 exactamente con la ley 142 del año 1993, a través de la Contraloría General de la Republica, a nivel departamental, distrital o municipal se vigilan a todas las personas o
entidades que manejen fondos o bienes del Estado; su ejecución se realiza en función e los sistemas de control financiero, de gestión y de resultados, de igual forma esta soportado por los principios de eficiencia, economía, equidad y la valoración de los costos ambientales. El control fiscal es un tema que tomo fuerza mundial a partir de la conversación que desarrollaron las naciones unidad en los años 70 en Estocolmo, fue desde entonces que se estableció lo importante que era para cada nación el vigilar sus recursos naturales de una forma más estricta y dinámica cuerpo lo que en los años 70 fue una conversación. Las naciones entre ellas Colombia tomaron conciencia que los bienes ambientales son de igual o mayor importancia para un Estado como los bienes económicos ya que estos generan una estabilidad y una calidad de vida para los ciudadanos fue así que se generaron las directrices para ejecutar el control fiscal. Se estableció que las Entidades Fiscalizadoras a nivel mundial debían realizar auditorías de regularidad y de rendimiento así como también debían realizar auditorías ambientales, de igual forma se estableció que estas entidades realizaran asesorías a sus gobiernos para la formulación de legislación, políticas y programas encaminados a la protección de los recursos naturales. De acuerdo a lo anterior las auditorías ambientales cuentan con un componente a nivel mundial, este componente se refiere a la necesidad de que cada gobierno establezca políticas ambientales para poder ser evaluados, algunos países solo establecieron una política nacional ambiental otros derivados un sin número de políticas y programas ambientales. Antes de la constitución del año 1991 en Colombia el control fiscal ejercido por las Contralorías era pasivo, policivo e improductivo debido a su orientación numérica, presupuestal y financiera, al igual que en el mundo en su inicio el control fiscal en Colombia no tomaba dentro de sus temas importantes la parte ambiental; para ese entonces en Colombia se ejecutaba el control previo el cual solo constataba datos mas no se preocupaba por controlar realmente las actuaciones de la administración. En ese entonces la contraloría estaba controlando antes, durante y después de las actuaciones del administrador lo que hacia que en ocasiones la corrupción de nuestro país se viera favorecida ya que en algunas ocasiones las auditorias solo
se limitaban a verificar datos que se encontraban en formatos establecidos o simplemente se dedicaban a ser entorpecedoras de las actuaciones de los actos administrativos que daban como resultados desfavorecedores para los planes, programas y políticas de las empresas auditadas, fue por esta razón que el grupo de constitucionalistas del año 91 tomo como una de sus principales tareas la reformación por decirlo de algún modo de los entes de control, ellos buscaron créales una real autonomía y capacidad operativa dentro del marco constitucional a estos entes; de esta manera se abre paso del control previo, preceptivo y posterior a un modelo de control posterior y selectivo, es decir el control se iniciaría a ejecutar no sobre todos y cada uno de los recursos o actividades o cuentas sino sobre una muestra técnica elaborada que permitiera realizar conclusiones precisas de todo el organismos objeto de control de esta menar se paso de un control fiscal número – legal a un control de naturaleza económica, contable, financiera, física y jurídica denominado de gestión y resultados. La constitución del 91 fue la que dio paso a que en nuestro país y en los entes de control se reconociera la importancia de los recursos naturales y del medio ambiente estableciendo el control fiscal en materia ambiental estableciendo que los recursos naturales constituyen no solo un factor vital de desarrollo, con igual o superior connotación que el capital, el trabajo, la tecnología como factor para la sostenibilidad. El control fiscal ambiental (CFA) es una herramienta de evaluación de la gestión de las entidades públicas, con el fin de proteger las inversiones en materia ambiental y evaluar las acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente y, a su vez, que se dé un uso racional a los recursos naturales y al medio ambiente pertenecientes a toda la comunidad. El tema ambiental, como objeto de control dentro de las distintas entidades públicas, viene siendo evaluado en términos de inversión presupuestal año tras año, dejando a un lado la evaluación de la gestión ambiental, la cual no está limitada a meros aspectos económicos, sino que permite otro tipo de evaluación enmarcada en todos los principios del control fiscal, (eficiencia, eficacia, equidad y economía), siendo éste el marco de referencia para la realización de auditorías integrales llevadas a cabo por las entidades fiscalizadoras en sus diferentes niveles. El CFA busca unificar los criterios de evaluación de la gestión ambiental con el fin de permitir la confrontación de cada evaluación con otras y así establecer
diagnósticos históricos sobre la gestión ambiental de las entidades públicas. Con este sistema de control fiscal ambiental se abre el campo de aplicación del control fiscal y se permite que al finalizar una evaluación se obtengan resultados tanto cuantitativos como cualitativos en el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o actividades relacionados con el medio ambiente, así como su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El CFA es aplicable a todas aquellas entidades públicas, mediante las auditorías realizadas por el organismo de control competente, y su conocimiento y dominio está dirigido al personal que labora en estos organismos de control para que ejerzan una labor de control eficaz e integral. Mediante la aplicación del CFA se logran evidenciar cuáles son los principales problemas ambientales, las acciones o actividades que han realizado las entidades públicas y en qué medida estas acciones han sido eficaces, eficientes, económicas y equitativas para el medio ambiente, que son los principios fundamentales del control fiscal. Se pueden establecer como objetivos del control fiscal ambiental los siguientes: • Evaluar la gestión ambiental de las entidades del Estado, fundamentados en el marco legal ambiental existente en Colombia y de acuerdo con las políticas internas de cada entidad. • Implementar metodologías precisas de evaluación ambiental, tales como indicadores y valoración de los costos ambientales. • Verificar el cumplimiento de normas y políticas en el desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y actividades relacionadas o no con el medio ambiente. • Conocer el sistema de control interno de cada entidad, con el fin de establecer cómo es la gestión ambiental interna. • Determinar los costos y beneficios sociales de los proyectos ambientales o no, ejecutados por las entidades del Estado, con el fin de determinar la efectividad de la inversión en protección, prevención, conservación, uso, manejo, mitigación, investigación, seguimiento, regulación, evaluación, contingencia, monitoreo, restauración del deterioro y protección de los recursos naturales y del ambiente.
Evaluar si el gasto público ambiental se ejecutó de conformidad con los planes, programas y proyectos, en concordancia con las políticas ambientales de Colombia.
• Corroborar que los proyectos, obras o programas adelantados por la entidad pública no creen pasivos ambientales, ni deterioren los recursos naturales existentes.
Determinar y evaluar si las entidades del Estado tienen en cuenta la participación de la comunidad en el proceso de gestión ambiental, cuando la población resulte afectada por las actividades que la entidad realiza, así como su incidencia en el proceso de toma de decisiones que puedan afectar su entorno físico. REALIZAR EL CONTROL FISCAL
3. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA AMBIENTAL
Para que las entidades fiscalizadoras puedan ejercer su función en control fiscal es necesario que conozcan las herramientas existentes en todo el mundo para la evaluación ambiental; de igual manera es necesario que dichas entidades sepan cómo aplicarlas, según los casos específicos de cada empresa o entidad pública del Estado. Así mismo, es primordial fundamentar el control fiscal ambiental en el marco legal sobre el cual se rija el sujeto de control y según las políticas adoptadas por Colombia en materia ambiental. También es importante referirse a metodologías 12 tales como indicadores ambientales y de valoración de costos ambientales, para fundamentar los criterios de evaluación de los proyectos, programas y demás actividades que realicen las entidades del Estado y que afectan positiva o negativamente el medio ambiente. A continuación se describen las principales herramientas de evaluación ambiental utilizadas en el mundo, como es el caso de las normas técnicas y los tratados internacionales ratificados por Colombia, y las aplicables en el ámbito nacional, como son la legislación ambiental y la valoración de costos e indicadores ambientales, que no se han adoptado de manera eficaz en Colombia, dado que su formulación se ha realizado solo para casos muy específicos, reduciendo su campo de acción. 3.1. NORMAS TÉCNICAS
Para la realización de las auditorías, además de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, existen las normas ISO, que fueron adoptadas por el Icontec, y que son de gran importancia, ya que orientan al auditor para la evaluación y realización de la auditoría. Adicionalmente, las autoridades ambientales o sanitarias, dependiendo de su competencia, exigen el cumplimiento de la legislación vigente y se convierten en un factor coercitivo, adicional a las presiones que de por sí el mercado ha comenzado a ejercer sobre los productos que en él se comercializan. Es por esto que el hecho de implementar las normas técnicas hace que sea más confiable el producto o actividad que se encuentra certificado en una de estas normas. Existen varias normas técnicas sobre las cuales se puede guiar el sistema de control fiscal ambiental. Estas son: NTC - ISO 9000 Su objetivo es la aptitud de la organización para colocar a disposición productos de calidad que satisfagan al cliente. La norma se concentra en la satisfacción del cliente. Las partes interesadas son propietarios, empleados, proveedores y la sociedad. Se especifican los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización: a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar en forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. b. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente. NTC - ISO 14000 Norma internacional sobre administración ambiental, prevista para proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema efectivo de administración ambiental, que se pueda integrar con otros requisitos administrativos, para ayudarles a lograr sus metas económicas y ambientales. Esta norma no debe usarse para crear barreras arancelarias, ni para aumentar o cambiar las obligaciones legales de una organización. Su objetivo es mantener la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
La evolución de las inquietudes de la ambiente.
sociedad por la protección del medio
Se especifican los requisitos para el sistema de gestión ambiental. Aplica solo para aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente que la organización puede controlar y en los que parece posible influir. OSHAS 18000 Su objetivo es el aumento de la seguridad ocupacional y la protección de la salud de los empleados, así como la protección ambiental en la empresa vinculada con la protección ocupacional, a cargo de los empleadores. Los aspectos ambientales solo se tienen en cuenta cuando repercuten en la salud y seguridad ocupacional. Son medidas para la prevención de accidentes de trabajo y de los riesgos para la salud derivados del trabajo, incluyendo las medidas para un diseño del trabajo apropiado para los seres humanos. El empleador tiene que tomar decisiones dirigidas a la protección laboral, tomando en cuenta las condiciones que pueden afectar la seguridad y la salud de los empleados. NTC - ISO 19000 Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoria y evaluarla objetivamente para determinar la medida con la cual se cumplen los criterios de auditoria. Se orienta sobre: • Principios de auditoría. • Gestión de programas de auditoría. • Realización de auditorías de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental. • Competencia de auditoria de sistemas de gestión de calidad y ambiental. • Es aplicable a toda la organización que necesite realizar y gestionar auditorias de sistemas de calidad o ambiental, internas o externas. 3.2. POLÍTICAS Y DIRECTRICES EN MATERIA AMBIENTAL
El área del medio ambiente y el desarrollo sostenible se han convertido en unas de las más dinámicas del derecho y la política nacional e internacional. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y hoy en día es parte de un importante número de tratados, convenciones y protocolos que regulan temas tan variados como la capa de ozono, el cambio climático global, y el movimiento internacional de desechos peligrosos. Estos acuerdos tienen importantes implicaciones para el país, en términos de obligaciones y compromisos, los cuales forman parte integral de nuestro ordenamiento jurídico ambiental, en virtud de las leyes de la República que los aprueban. Sin embargo, debido a su gran número y diversidad, en ocasiones es difícil acceder a ellos u obtener los textos actualizados de los mismos. Para las entidades fiscalizadoras encargadas de velar por el cumplimiento de las funciones de todas las entidades públicas a su cargo, es muy importante conocer el marco normativo sobre el cual se rigen ambientalmente estas entidades, lo cual permite realizar de manera acertada las evaluaciones tanto para su gestión como para el control de las inversiones que se realicen en materia ambiental. Es importante para el ejercicio de un CFA (el cual se ejecuta a través de auditorías) que el ente que realice la evaluación contextualice la labor de su objeto de control en materia de políticas, normas y legislación que rigen la actividad del auditado y que permitan demostrar si su labor es eficaz, eficiente, equitativa y económica. La mayoría de las entidades públicas ejecutan proyectos de inversión en esta materia. Unos son de carácter puramente ambiental, ya que su propósito fundamental es el mejoramiento, conservación o recuperación de recursos naturales; y otros tienen capacidad de producir impactos ambientales, pues para desarrollar su actividad se apropian de elementos del entorno, ya sea como insumos o para depositar los residuos que su actividad genera. Es por esto que Colombia, desde 1974 y mediante el Código de Recursos Naturales Renovables, exigió la formulación de declaraciones de efecto ambiental y de estudios ecológicos previos a la ejecución de proyectos. La intención de la norma era en primer lugar forzar al dueño del proyecto a planificar ambientalmente
su actividad y, en segundo término, permitir la actuación del administrador de los recursos naturales renovables con el fin de mantener control sobre la intervención. Con la Constitución Política de Colombia de 1991, el país se vio abocado a unos cambios radicales en muchos frentes, entre ellos el ambiental. La Constitución se desarrolla mediante una serie de normas conexas o directas, siendo la más importante para el sector la ley 99 de 1993, piso fundamental de una nueva gestión ambiental basada en el concepto de sostenibilidad. Mediante la ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental, se generaron los mecanismos de planificación ambiental, se fortaleció el área ambiental y la reglamentó. A continuación se presenta la síntesis de políticas que actualmente forman parte importante de la reglamentación ambiental en Colombia (documentos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y que son de aplicación directa al ejercer el control fiscal ambiental, ya que proveen elementos claves de gestión en diversos niveles, los cuales están determinados por las funciones de cada entidad. 3.2.1. POLÍTICA DE POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE El Estado colombiano tiene como principal responsabilidad la orientación de los procesos sociales y económicos hacia el logro del desarrollo humano sostenible. Los dos elementos que permiten concretar este propósito nacional son la población y el medio natural, los cuales constituyen los dos principales soportes de la nación y, por supuesto, de su desarrollo. La política nacional de población y medio ambiente está orientada al cumplimiento de dos objetivos generales: Orientar los procesos poblacionales para que los esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población garanticen la oferta sostenible de los bienes y servicios ambientales que ésta utiliza para tal fin. Propiciar el mejoramiento y sostenibilidad de las condiciones ambientales en las que se fundamentan la calidad de vida y el desarrollo de la población colombiana.
En cumplimiento de estos objetivos se plantean varios ejes orientadores de la política. El desarrollo precisa de un crecimiento económico con tasas superiores al crecimiento de la población. Pero este crecimiento, como condición del bienestar de la población, debe darse dentro de parámetros de equidad y sostenibilidad ambiental. La inversión real, la generación de empleo, la mayor retribución del trabajo y el crecimiento del ahorro público y privado, son factores decisivos y orientadores de la política económica. De igual manera, el desarrollo no debe obtenerse en desmedro del patrimonio natural de la Nación, ni de las condiciones que garantizan el derecho que tiene la población a un ambiente sano y productivo. Una población sana y productiva, en un ambiente sano, es uno de los fines de una política de población y medio ambiente. Bajo estas consideraciones, esta política debe contribuir al conjunto de factores que inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Desde el punto de vista de las directrices de la política ambiental –y en particular de la relación población-medio ambiente– interesa también la prevención y mitigación de los impactos negativos sobre el entorno y sobre la población, ocasionados por el desarrollo y la ampliación de la infraestructura física-productiva (energética, portuaria, vial y de telecomunicaciones). Interesa de igual manera la distribución equitativa de los beneficios de la apertura, su retribución ambiental, la protección del sistema alimentario nacional que soporta las economías campesinas, la protección de los derechos territoriales de los grupos étnicos y, en general, la conservación y regulación de los usos del patrimonio ambiental de la Nación para garantizar su sostenibilidad. La política parte de una consideración básica: el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables, tiene una relación significativa con el logro del desarrollo sostenible y con sus dinámicas demográficas. Por esta razón, llama la atención sobre la necesidad de incorporar en las políticas sectoriales la dimensión ambiental. Señala, igualmente, la necesidad de atender los procesos de población que inciden sobre los ecosistemas estratégicos, en especial, de aquellos que son relevantes por el papel que juegan en los servicios ambientales o por la riqueza y complejidad de su biodiversidad. Reconoce también la continuidad y la relación de interdependencia existente entre la población dispersa en los campos colombianos y los núcleos aglutinantes de
población alrededor de los cuales se estructura la ruralidad. Esta consideración de política implica que deban ser simultáneamente consideradas las acciones en el ámbito rural y en los núcleos urbanos de influencia. Finalmente, con base en un análisis integrado de los procesos ambientales y poblacionales, nacionales y regionales, plantea la necesidad de crear las condiciones para que los procesos de ordenamiento territorial y ambiental del territorio nacional sean definidos a partir de tres ejes básicos: las necesidades y potencialidades de la población, las potencialidades de los suelos y ecosistemas en un contexto de avance tecnológico y la obligación que tiene el conjunto de la población de preservar y proteger su medio ambiente. 3.2.2. POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Es posible que debido a las características cambiantes del medio ambiente y a la turbulencia de la sociedad colombiana, y por el hecho mismo de que el desarrollo sostenible no es un producto estático sino un proceso dinámico, nunca llegue a existir una “versión final” de la política para la participación ciudadana en la gestión ambiental. Por el contrario, la política se concibe más como un proceso en construcción permanente, que depende del contenido “vital” que logren otorgarle en la práctica los distintos actores sociales, tanto pertenecientes al Estado como a la sociedad civil en su heterogeneidad. De lo que sí estamos seguros es de que sin una verdadera y eficaz participación ciudadana en la gestión ambiental no puede existir desarrollo sostenible y de que en Colombia no podrá existir paz mientras no exista sostenibilidad, al igual que no podrá existir desarrollo sostenible si no hay paz. Los objetivos planteados por la política para la participación ciudadana en la gestión ambiental son los siguientes: Garantizar una participación amplia, deliberada, consciente y responsable de la ciudadanía en la preservación de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes ambientales y, en general, en la gestión ambiental, que cumpla una función eficaz en la construcción del desarrollo sostenible y que contribuya a generar las condiciones para que la sociedad civil adquiera cada vez más capacidad de incidencia en el acto de gobernar.
Establecer directrices conceptuales y operativas para la interpretación y aplicación del concepto de participación ciudadana por parte de las instituciones públicas que forman parte del Sina (Sistema Nacional Ambiental), y generar condiciones objetivas y subjetivas que permitan la aplicación en la práctica de esas directrices. Los principios básicos de la política para la participación ciudadana en la gestión ambiental se podrían resumir en los siguientes puntos: • La gestión ambiental debe tener carácter transversal, trans-sectorial, interdisciplinario y multidimensional. La participación en la gestión ambiental, en consecuencia, debe ejercerse con una visión global y holística del medio ambiente y de la sociedad. • La sostenibilidad constituye el orientador final y la medida de eficacia de la gestión y en consecuencia de la participación. La participación debe medirse en función de si contribuye o no a la sostenibilidad. • La participación constituye un requisito sin el cual no es posible alcanzar la sostenibilidad y es un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirles a los actores acopiar y procesar la información necesaria y convertirla en decisiones concretas dentro de procesos determinados. Sin información de calidad no puede haber participación eficaz. • La participación en la gestión ambiental debe contribuir a la construcción de una cultura participativa por parte de un número cada vez más amplio de actores sociales y a generar las condiciones que posibiliten la paz en Colombia.
La acción del Estado, a través del Sina, irá encaminada a posibilitar la participación, en términos de equidad, de los distintos actores que concurren a los espacios de diálogo y de concertación y que ejercen o pretenden ejercer ciudadanía, en cualquiera de los escenarios en los cuales se debe materializar el concepto de desarrollo sostenible.
• El reconocimiento de la biodiversidad del ambiente y del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana y el reconocimiento de la confluencia en el espacio y en el tiempo de múltiples y diversos actores, conflictos y realidades sociales.
• El reconocimiento y respeto al peso que tienen y deben tener las instancias y actores regionales y locales en la gestión ambiental. • La participación ciudadana deberá formar parte de los planes de gestión ambiental de regiones y ecosistemas transfronterizos. • Las políticas estatales sobre participación ciudadana, sobre educación ambiental y sobre población, deberán desarrollarse de manera trenzada y coherente, en función del objetivo último de hacer de Colombia una sociedad sostenible en donde la vida con calidad sea posible para todos los habitantes. • La necesidad de garantizar la participación de la naturaleza en las decisiones que la afectan. 3.2.3. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Se entiende que la política ambiental en su conjunto es educativa; que el cambio cultural debe ser un compromiso colectivo en donde cada ciudadano asuma su papel social con una mentalidad solidaria y cooperativa. En este sentido, la educación ambiental se orienta hacia la producción de cambios sustanciales en las maneras de pensar y actuar, no solo en relación con el medio sino también, y principalmente, en nuestras relaciones con el otro. La educación ambiental debe facilitar la comprensión de los grandes problemas del deterioro socio ambiental, que sensibilice y comprometa a los colombianos en la urgencia de participar activamente en la formación del país que deseamos. La educación ambiental debe estar orientada hacia la creación de espacios de intercambio y comunicación en los cuales el ciudadano tendría la oportunidad de aportar a la construcción de un proyecto colectivo de sociedad. En este sentido, animar procesos de participación que conduzcan a la concertación de la voluntad general, sería una de las metas de la educación ambiental. Es por ello que se han propuesto los siguientes objetivos para la política nacional de educación ambiental:
Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el país, tanto en educación formal, como no formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades
técnicas y la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la educación ambiental, hacia horizontes de construcción de región y de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente. En este contexto, aportar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, a propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que incorporen un concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también social y que, por supuesto, ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural para avanzar hacia la cualificación de las interacciones sociedad-naturaleza-cultura y la transformación adecuada de nuestras realidades ambientales.
Formular estrategias que permitan incorporar la educación ambiental como eje transversal en los planes, programas, proyectos y otros, que se generen en el sector ambiental y en el sector educativo y, en general, en la dinámica del Sina, desde el punto de vista no solo conceptual (visión sistémica del ambiente y formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde las acciones de intervención de los diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en la problemática particular. Esto por supuesto en el marco de su pertinencia contextual y del mejoramiento de la calidad de la educación. Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta (intersectorial e interinstitucional) de las acciones de educación ambiental, que se generen desde el Sina para los niveles formal, no formal e informal, reconociendo las particularidades de los diversos contextos ambientales y adecuándolas a la dinámica del desarrollo local, desde los propósitos de descentralización y autonomía regional. En este sentido es fundamental entonces, coordinar acciones con los demás sistemas que propendan por el mejoramiento de la calidad del ambiente y por ende de la calidad de vida en el país, bien sea desde intencionalidades de intervención o de investigación, o bien desde factores naturales o factores antrópicos. Esto particularmente con el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), ya que es fundamental incorporar procesos educativos para la “gestión del riesgo” en la cultura ambiental del país.
3.2.4. POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD
La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el desarrollo presente y futuro de Colombia. La diversidad biológica tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los componentes intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales asociadas. La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio y se deben preservar sus componentes y procesos evolutivos. Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad deben ser utilizados de manera justa y equitativa en forma concertada con la comunidad. Teniendo en cuenta el hecho de que la biodiversidad es vital para nuestra existencia por los servicios ambientales que se derivan de ella y por sus múltiples usos, entre los que están la alimentación, los combustibles fósiles, que son subproductos de ella, y las fibras naturales.
La política nacional de biodiversidad debe desarrollarse en un plan de acción nacional en el cual se definan los responsables de las diferentes acciones y los recursos humanos, institucionales, de infraestructura y financieros para la implementación de las estrategias e instrumentos. A su vez, el plan de acción nacional debe ir acompañado de planes de acción regionales liderados por las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, en los que se definan las acciones prioritarias para las regiones y sus mecanismos específicos de implementación.
El objetivo de la política de biodiversidad es promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales.
Para el cumplimiento de este objetivo se propone la siguiente estrategia de conservación, la cual incluye las medidas de conservación in situ a través del sistema de áreas protegidas, la reducción de los procesos y actividades que causan pérdida o deterioro de biodiversidad y la recuperación de
ecosistemas degradados y especies amenazadas. La estrategia de conocimiento abarca la caracterización de componentes de la biodiversidad en los niveles eco sistémico, de poblaciones, especies y el nivel genético y la recuperación del conocimiento y las prácticas tradicionales. La estrategia de utilización busca promover el uso de sistemas sostenibles de manejo, apoyar y promover el establecimiento de bancos de germoplasma y programas de biotecnología, diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad y mecanismos para la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso. También, incluye medidas para procurar el desarrollo sostenible del potencial económico de la biodiversidad.
3.2.5. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE
El uso sostenible, la recuperación y manejo de poblaciones silvestres, el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo y la modernización de las gestiones pública y privada, fueron los temas fundamentales a partir de los cuales se desarrollaran unas líneas de acción que orientaron la formulación, priorización, promoción, evaluación y fortalecimiento de los planes, programas, proyectos y acciones en materia de fauna silvestre.
Los lineamientos de política definidos deben de ser acogidos nacionalmente como un esquema que permita posicionar a la fauna silvestre en un lugar prioritario dentro de la agenda política, institucional, económica y social del país, con el fin de que las acciones, formuladas a corto y mediano plazos, estén apropiadamente coordinadas y orientadas al cumplimiento de metas a largo plazo.
El objetivo propuesto para la política es el de generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa socioeconómica para el desarrollo del país, garantizando la permanencia y
funcionalidad de las poblaciones naturales y de los ecosistemas de los cuales hacen parte.
La gestión de la fauna silvestre en el país se orientará hacia un desarrollo paralelo y complementario de las siguientes cuatro estrategias:
Uso sostenible del recurso Recuperación y manejo de poblaciones silvestres Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo Modernización de la gestión
Dichas estrategias deberán mantenerse a largo plazo buscando propender por la conservación del recurso, a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos y del fortalecimiento de los entes directa o indirectamente relacionados con la administración, para el desarrollo de las funciones que les competen en este tema. En este marco, los recursos captados y asignados para la gestión en fauna silvestre serán destinados, de manera prioritaria, al desarrollo de las líneas de acción definidas. 3.2.6. POLÍTICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza y por tanto su manejo es tema central para la gestión ambiental, ya que permea e interrelaciona los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana. Estos son los lineamientos de una política que contiene conceptos e información para estimular la coordinación intersectorial que el manejo del agua requiere desde las perspectivas de la oferta-demanda del recurso, su calidad y los aspectos institucionales pertinentes. Estos lineamientos de política adoptan estrategias y acciones programáticas e instrumentales y presenta los avances más significativos de sus programas relativos al agua. Si bien la mayor parte del
documento se refiere al agua continental, también cubre los espacios marino y atmosférico. La formulación de estos lineamientos de política pretende también coordinar la acción de las distintas entidades estatales que de una u otra manera están vinculadas con el manejo del agua y a través de la participación de estas en su definición y consecución. Para ello se planteó como objetivo general, el de manejar la oferta nacional del agua sosteniblemente, para atender los requerimientos sociales y económicos del desarrollo, en términos de cantidad, calidad y distribución espacial y temporal. Los lineamientos de política para el manejo del agua ofrecen un punto de partida a los diferentes actores que en él intervienen, para la concertación y participación pública y privada en torno al tema del agua, buscando consolidar la gestión ambiental en este tema.
3.2.7. POLÍTICA DE ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ZONAS COSTERAS
Colombia a lo largo de sus 3.000 kms. de litorales en los dos océanos y en sus sistemas insulares, presenta todos los ricos, diversos y productivos tipos de ecosistemas marino-costeros del trópico. Ellos están dotados de una gran capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen las crecientes actividades económicas, así como los diversos usos tradicionales de las comunidades locales. Sin embargo, la tendencia pasada y actual en el uso de los ecosistemas costeros de la Nación es desarrollar actividades que se justifican más por su rentabilidad a corto plazo y por los beneficios que producen para sectores particulares, que por los beneficios que aportan en el largo plazo para la calidad de vida de la sociedad colombiana en su conjunto. Como resultado tenemos un crecimiento desordenado del turismo, planificación pobre de la línea de costa, contaminación a lo largo de los tramos más densamente poblados y fuertemente explotados, erosión de la faja costera, degradación y pérdida de hábitats y disminución progresiva de la pesca. Este cúmulo de problemas se debe también a una mala planificación del uso del suelo en los litorales y a procedimientos igualmente equivocados para el control
del desarrollo, uso excesivo o nocivo de los recursos costeros, sobrecarga de la capacidad de sustentación y a un manejo, monitoreo y vigilancia deficientes por parte del sector público. Frente a este reto, el Ministerio del Medio Ambiente, partiendo de unos elementos y objetivos generales establecidos en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la ley 99 de 1993 relacionadas con la formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas al ordenamiento ambiental del territorio costero y de los mares adyacentes, planteó como objetivo general el siguiente: Generar las directrices para el manejo integrado y desarrollo sostenible de las zonas costeras colombianas, que permitan mediante el ordenamiento ambiental territorial, un desarrollo armónico de las actividades socioeconómicas productivas y el mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes costeros. La presente política se fundamenta en la promoción de la utilización de las herramientas que brinda el ordenamiento territorial para asignar usos sostenibles al territorio marítimo y costero nacional, a propiciar formas mejoradas de gobierno que armonicen y articulen la planificación del desarrollo costero sectorial, a la conservación y restauración de los bienes y servicios que proveen sus ecosistemas, a la generación de conocimiento que permita la obtención de información estratégica para la toma de decisiones de manejo integrado de estas áreas y a impulsar procesos de autogestión comunitaria y de aprendizaje que permitan integrar a los múltiples usuarios de la zona costera en la gestión de su manejo sostenible. Se busca entonces que los lineamientos de esta política sean acogidos a escala nacional, regional y local, desarrollándose en el marco del correspondiente plan de acción nacional que define los responsables, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación, el uso sustentable de los recursos y del ambiente costero de la Nación. 3.2.8. POLÍTICA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución y la ley en torno al ordenamiento ambiental del territorio, el Ministerio del Medio Ambiente formuló los “lineamientos para la formulación de la política nacional de ordenamiento ambiental del territorio”.
Este instrumento se constituye en la base para abordar un proceso de discusión y concertación con los diferentes actores nacionales, regionales y territoriales con responsabilidad en el tema, como premisa fundamental para garantizar su legitimidad y viabilidad con miras a su posterior implementación. Por esto se plantearon los siguientes objetivos para orientar la implementación de esta política: • Disminuir los procesos de migración y ocupación insostenible hacia áreas de alto valor ecosistémico y cultural. • Identificar, promover y establecer usos sostenibles del territorio y los recursos naturales, en áreas rurales transformadas.
• Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema de asentamientos humanos del país, para mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los impactos negativos generados a escala nacional, regional y local en el territorio. • Promover la recuperación, mantenimiento y uso sostenible de la oferta hídrica, como factor fundamental en la orientación del proceso de ocupación y uso del territorio. En los lineamientos para la formulación de la política nacional de ordenamiento ambiental del territorio se presenta el marco conceptual sobre el ordenamiento ambiental y su relación con el ordenamiento territorial, el marco de política ambiental nacional e internacional, un diagnóstico de los principales problemas que se pretenden atacar con la aplicación de esta política, el marco de competencias de las diferentes instancias y niveles territoriales sobre ordenamiento territorial, para con base en ello, proponer un cuerpo de principios, objetivos específicos, estrategias, acciones e instrumentos para orientar el desarrollo nacional, regional y territorial con criterios de sostenibilidad. Con los presentes lineamientos de política se pretende sentar las bases para adelantar un proceso de desarrollo y regionalización de los mismos, a partir de la creación de escenarios de discusión y concertación en los diferentes niveles territoriales con la participación de los diversos actores de la vida nacional y regional con incidencia en la configuración del territorio.
3.2.9. POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA La política nacional de producción más limpia fue formulada como una respuesta a la solución de la problemática ambiental de los sectores productivos, que busca fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en lugar de tratarla una vez generada, con resultados significativos para la construcción de las posibilidades reales de sostenibilidad y competitividad sectorial. Es por ello, que se propuso como objetivo general el siguiente: Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo plazo. La implementación de esta política requiere del compromiso tanto del gobierno como de los sectores productivos, fundamentalmente porque los problemas ambientales se han vuelto muy complejos para su control, solo a través de regulación directa, y porque alcanzar el desarrollo sostenible de las actividades productivas implica enfrentar los nuevos retos de la competitividad nacional e internacional, considerando que la gestión ambiental es una fuente de oportunidades y no un obstáculo. En el documento que contiene las políticas se presentan las generalidades de la problemática ambiental asociada a los sectores productivos a nivel nacional, enmarcada en el contexto internacional; se consideran los aspectos conceptuales referidos al tema; se hacen algunas reflexiones sobre la situación actual de los principales tópicos de la política ambiental; se desarrolla la propuesta de política nacional de producción más limpia, basada en las iniciativas nacionales existentes; recoge algunas de las recomendaciones fundamentales de las experiencias internacionales en el tema y, por último, avanza en el desarrollo de la fase inicial de las estrategias sectoriales, dejando en los actores involucrados la responsabilidad de avanzar hacia las etapas posteriores del desarrollo de la política. 3.2.10. POLÍTICA PARA USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS Los lineamientos de política definidos en ese documento recogen las diferentes acciones y estrategias de otras políticas nacionales e internacionales en aspectos
relacionados con la protección del medio ambiente y la salud, por el uso y manejo de plaguicidas. Igualmente pretende incluir la dimensión ambiental en forma coherente y armónica con las políticas de desarrollo agropecuario y sanitario, de tal forma que se prevenga y se minimice la contaminación ambiental, y reducir los riesgos sobre la salud humana por el inadecuado uso de plaguicidas. El objetivo general establecido para esta política es prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente ocasionados durante las diferentes etapas del ciclo de vida de los plaguicidas, garantizando el crecimiento económico, la competitividad, el bienestar social y la protección de los recursos naturales, mediante la promoción de prácticas ambientalmente sanas y seguras y la racionalización y optimización del uso de los plaguicidas. Los principales aspectos que abordan los lineamientos de política ambiental para el subsector de los plaguicidas los constituye el fortalecimiento institucional, la inclusión de la dimensión ambiental dentro de las diferentes políticas, la evaluación ex ante del impacto de la política ambiental dentro de la economía nacional, la generación de una cultura de racionalidad y la generación de tecnologías limpias o ambientalmente sanas para la protección de cultivos y la seguridad alimentaria. En el marco de estos documentos los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Medio Ambiente presentan a la sociedad en general una solución a la problemática actual relacionada con el uso y manejo de sustancias químicas, iniciando un trabajo coordinado en la gestión ambiental con el subsector de plaguicidas. En el documento se presenta una reseña general de los plaguicidas en el país, con algunos datos sobre la producción de los mismos; se aborda la problemática asociada al uso y manejo de los plaguicidas; para luego relacionar los principales impactos que presentan estos productos en el agua, el aire, el suelo, los alimentos y la salud de las personas; se describe la regulación en Colombia, la cual se ha enfatizado en el esquema de comando y control, con una serie de normas directas y complementarias y se señalan algunas implicaciones de tipo arancelario que influyeron en el fácil acceso a los plaguicidas de los agricultores, como parte de una medida económica para afrontar la crisis agropecuaria. Igualmente se definen los lineamientos de política sectorial, las condiciones para establecerlos, sus
principios, objetivos específicos, estrategias, líneas de acción y mecanismos de evaluación. 3.2.11. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con una problemática de tanta actualidad como la protección del medio ambiente, la gestión de los residuos sólidos ocupa un lugar principal dentro de la gestión ambiental. Esta gestión integrada es el término aplicado a todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y su meta básica es administrar los residuos de una forma que sea compatible con el medio ambiente y la salud pública. La política de residuos tiene como objetivo fundamental el de minimizar de la manera más eficiente los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos y, en especial, minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico. El documento de política presenta un resumen de los principales problemas de la situación actual del manejo de los residuos sólidos en el país; destacando los aspectos ambientales más críticos que fueron detectados en el análisis sectorial de residuos sólidos en Colombia, documento liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y que contó con el apoyo de la OPS/OMS y el Banco Mundial, en el cual se encuentra de manera detallada una presentación de la problemática y manejo de los residuos sólidos por municipios y regiones, pero, igualmente, contiene las bases de la formulación de política, los objetivos necesarios para consolidación de la misma, con sus estrategias específicas, acciones y metas para desarrollarlos. 3.2.12. POLÍTICA DE BOSQUES El Ministerio del Medio Ambiente en un intenso proceso de discusión y concertación con entidades y actores públicos y privados en los niveles nacional y regional, formuló la política de bosques. Este documento presenta los aspectos relacionados con el desarrollo forestal productivo, transformación y comercialización, los cuales se enmarcarán bajo los parámetros ambientales sostenibles. La política de bosques tiene como objetivo general el de lograr el uso sostenible de los bosques, con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación del sector
forestal en la economía nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para alcanzar estos propósitos se formulan cuatro estrategias fundamentales: modernizar el sistema de administración de bosques; conservar recuperar y usar los bosques naturales; fortalecer los instrumentos de apoyo y consolidar la posición internacional. Las estrategias referidas brindan al tema un novedoso marco nacional que conlleva un giro radical en las tendencias de manejo forestal existentes, el cual debe ser desarrollado regionalmente por las corporaciones, de acuerdo con las condiciones particulares de cada región. La política de bosques es el primer paso para brindar respuestas efectivas e integrales que contribuyan a proteger y conservar nuestros bosques, a detener y reversar sus procesos de deterioro, a prevenir los impactos negativos generados por las políticas públicas de otros sectores y a asegurar el compromiso de la sociedad civil y del sector privado en la conservación, utilización y aprovechamiento sostenible de los bosques.
3.2.13. POLÍTICA AMBIENTAL URBANA Los lineamientos de política ambiental urbana propenden por alcanzar centros urbanos que brinden a sus habitantes la posibilidad de satisfacer sus necesidades de vivienda y entorno cultural y social, sin imponer demandas excesivas sobre los recursos naturales y los ecosistemas que los sustentan. Por lo anterior los lineamientos de política ambiental urbana debe ser el punto de partida para iniciar el proceso tendiente a construir la Política ambiental Urbana, instrumento indispensable para la construcción de ciudades sostenibles, pero igualmente debe ser el marco de referencia del proceso de Gestión ambiental Urbana. A continuación se presenta el objetivo general de la política ambiental urbana: Orientar, promover y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en los
centros urbanos, estableciendo lineamientos de gestión que posibiliten la integralidad y sostenibilidad ambiental en Colombia. Con el fin de dar viabilidad al objetivo propuesto, el documento “lineamientos de política ambiental urbana” propone una serie de estrategias y líneas de acción para cada uno de ellos, las cuales deberán ser discutidas y concertadas con los diferentes actores institucionales y sociales, involucrados en la gestión ambiental urbana. 3.3. ESTRATEGIAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Si bien es cierto que Colombia es un país rico en diversidad natural y cultural, ha basado en buena medida su desarrollo económico en la explotación inadecuada de sus recursos, suponiendo una existencia ilimitada y un libre acceso a los mismos, que han conducido a un creciente deterioro expresado en la reducción de la biodiversidad (más del 30% de la cobertura forestal silvestre ha sido destruida); la deforestación (a una tasa entre 150.000 a 300.000 hectáreas al año); la degradación del suelo (aproximadamente el 45% de los suelos del territorio nacional se usa para fines diferentes a los de su vocación y el 8,5% presenta erosión muy severa); el desecamiento de las fuentes de agua (a pesar de ser un país rico en agua, en el 14% del territorio nacional hay déficit y se secan en promedio dos pequeños cauces por día) y la pérdida de la calidad del aire. Por lo anterior, Colombia es reconocido internacionalmente como un “Hot Spots”; es decir, un país de doble condición: altísima oferta biodiversa y altísimas tasas de destrucción de la misma. Una de las estrategias seguidas mundialmente para la conservación de la biodiversidad es la declaración de áreas naturales protegidas, entendidas como superficies de tierra o mar especialmente consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a perpetuidad, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, las cuales son manejadas a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. Este tipo de estrategia se reconoce como conservación in situ, es decir en medios silvestres y naturales, garantizando los procesos de desarrollo evolutivo, genético y regulatorio. Colombia, en los últimos cinco años, ha producido profundos cambios conceptuales y normativos que reorientan no solo la gestión ambiental general del
país, sino también la administración y el manejo de las áreas naturales protegidas en el territorio nacional, que han permitido intensificar las estrategias para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural que posee el país, en conjunción y armonía con otras políticas como la de bosques, biodiversidad, participación ciudadana, fauna silvestre, educación ambiental, entre otras. En 1993 se establece y crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (Sina), con lo cual se dota al Estado de los instrumentos necesarios de control y regulación ambiental, dentro del respeto de los principios de la concertación y la participación. El Plan Nacional de Desarrollo (1994 -1998) contempla, por primera vez, la variable ambiental como un factor básico para el desarrollo social y económico del país y establece como objetivo nacional el avance gradual hacia el desarrollo humano sostenible, dando énfasis, entre otros, a la conservación de ecosistemas estratégicos. En Colombia se establece en materia de áreas naturales protegidas, que estas deben basar su misión en dos aspectos primordiales: la conservación del patrimonio natural y cultural y la racionalización del aprovechamiento de recursos naturales en el marco de un desarrollo humano sostenible. Desde esta perspectiva, las áreas protegidas se constituyen en áreas fundamentales para el desarrollo nacional por los bienes y servicios ambientales que estas unidades de conservación prestan en forma directa e indirecta a las poblaciones locales y a los asentamientos regionales. Igualmente resulta indispensable reconocer los requerimientos políticos y normativos para ampliar las posibilidades de protección, preservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana a través de nuevas fórmulas de gestión, administración y responsabilidad local y regional para asegurar la conservación del patrimonio natural nacional. 3.4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL –PGA–15 En la presentación del Plan de Gestión Ambiental 2001-2009, para Bogotá, se lee que “en el desarrollo histórico de la planificación urbana y regional, lo ambiental es a veces visto como invitado de última hora, por no decir que advenedizo. Y algo de justicia hay en ello. ¿Qué es este discurso que llega terminando siglo, se apropia de conceptos y métodos de los venerables anfitriones y comienza a decir lo que se puede y lo que no? La gestión ambiental, con su perspectiva holística, con su
método de sistemas y su organización jerarquizada de factores físicos, bióticos y socioculturales, es una forma de planificar y manejar que se complementa bien con los demás enfoques del urbanismo y la planeación; se justifica internamente por su coherencia explicativa y su poder de análisis y predicción en los procesos urbanos y regionales y se convalida al exterior, en el paradigma del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible; ese huidizo modelo fundado en la posibilidad teórica de resolver nuestros apremiantes problemas, sin vaciar las esperanzas de nuestros hijos y nietos. Que nuestro ambiente satisfaga las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras, hace ineludible la cuestión de cuáles son esas necesidades y aspiraciones, cuál es una interpretación confiable y legítima de las mismas y qué clase de ciudad quiere quién”. El PGA para la ciudad capital establece un marco conceptual; hace un análisis de los procesos y factores que inciden en el medio ambiente de la ciudad, en los aspectos físico, económico y sociocultural; fija la política ambiental en la ciudad; define las estrategias generales de la gestión ambiental y determina los programas y subprogramas en materia de ecosistemas estratégicos y biodiversidad, manejo agropecuario sostenible, ecourbanismo, transporte, ciclo del agua y de los materiales, industria y minería. También establece una agenda ambiental regional.
3.5. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –POT El punto de partida estructural del POT es una política de sostenibilidad, que garantice en el largo plazo un equilibrio entre la estructura ecológica y la estructura urbana condicionada por las exigencias del desarrollo futuro y por la visión compartida que se tenga de él. Las políticas adoptadas para la sostenibilidad del desarrollo ambiental y económico establecen que para incrementar la posibilidad de acceder al disfrute de la estructura ecológica es necesario “reducir la contaminación desde las fuentes”. En relación con las determinantes ambientales para el desarrollo urbanístico de la ciudad, el mismo documento orienta las acciones a “controlar la degradación ambiental, minimizar la contaminación atmosférica, sonora, visual, hídrica y mejorar las condiciones para el manejo de basuras y disposición de desechos en el territorio, definiendo soluciones concretas e integrales”.
Se plantea entonces la aplicación de sostenible de la ciudad y el territorio.
una doble estrategia para el desarrollo
De compartimiento: asignando espacios a funciones ambientales específicas, en términos de preservación o restauración de elementos y procesos naturales. De compromiso: involucrando criterios ambientales en el diseño y manejo de apropiación del territorio, así como en la combinación local de actividades. 3.6 DECLARACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES17 3.6.1. DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO Se adoptó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992. Como un conjunto de principios sin fuerza jurídicamente vinculante, la declaración busca reafirmar y desarrollar la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), con el principal objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (principio 1), así como el derecho soberano de los Estados para aprovechar sus recursos naturales y haciendo explícita la responsabilidad de los mismos de velar por la conservación del medio ambiente, en el sentido de evitar que las actividades que se realizan bajo su jurisdicción o control causen daño al medio ambiente de otros Estados o en áreas fuera de cualquier jurisdicción nacional (principio 2). En el marco de este objetivo, la declaración contempla acciones que se deberían adoptar en el ámbito social, económico, cultural, científico, institucional, legal y político. La declaración señala la necesidad de erradicar la pobreza (principio 5) y de modificar los patrones de consumo y producción que resultan ambientalmente insostenibles (principio 8). Reconoce la especial situación en que se encuentran los países en desarrollo (principio 6) y hace explícito el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, frente a la salud y la integridad de ecosistemas y se fundamenta en las distintas contribuciones a la degradación ambiental global (principio 7). Teniendo en cuenta que el logro del desarrollo sostenible involucra directamente a los ciudadanos, la declaración contempla una serie de mecanismos que buscan que los interesados tengan acceso a la información, a los procesos de toma de decisiones y a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes (principio
10). La declaración reconoce la necesidad de formulación de instrumentos legales tanto a nivel nacional como internacional que regulen de manera adecuada la protección del medio ambiente (principios 11 y 13). Reconociendo los impactos que sobre el medio ambiente tiene el desarrollo económico, se señala la necesidad de un sistema económico internacional que permita el “crecimiento económico y desarrollo sostenible de todos los países” y donde las disposiciones comerciales con fines ambientales no constituyan un medio de discriminación ni una barrera para el comercio internacional (principio 12). En este mismo sentido, se exhorta a los países a internalizar los costos ambientales y crear instrumentos económicos partiendo del principio de el que contamina paga (principio 16). La declaración establece como medidas de cautela para la protección ambiental, la aplicación del principio de precaución (principio 15) y la evaluación de impactos ambientales (principio 17), cuando haya riesgo de daños considerables al medio ambiente. Se reconoce el papel que juegan en la conservación del medio ambiente los principales grupos dentro de la sociedad. En este sentido, se señala la necesidad de fomentar el reconocimiento y la participación de las mujeres (principio 20), los jóvenes (principio 21), y las comunidades indígenas y tradicionales (principio 22), para alcanzar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 3.6.2. DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO Adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo en junio de 1972. Reconoce la importancia del medio humano natural y artificial para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, así como la necesidad de proteger y mejorar el medio humano como un deseo de los pueblos y un deber de los gobiernos. Reconociendo el derecho soberano de los Estados para explotar sus propios recursos de acuerdo con su propia política ambiental y señalando el deber que tienen los Estados de garantizar que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o control no causen daño al medio de otros estados o zonas fuera de toda jurisdicción (principio 21), la declaración señala la importancia de velar por la
conservación, en beneficio de generaciones presentes y futuras, de los recursos renovables y no renovables de la tierra (principios 3 - 5). Se debe detener la descarga al medio y de manera particular al mar, de sustancias contaminantes que pongan en peligro la salud humana y los ecosistemas (principios 6 y 7). Los Estados deben cooperar en el desarrollo del derecho internacional en relación con la responsabilidad y la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales (principio 22). La declaración reconoce las especiales necesidades de los países en desarrollo en materia de conservación del medio y desarrollo económico y social, en este sentido establece que se debe promover la asistencia financiera y tecnológica como complemento de los esfuerzos internos de los países en desarrollo principio 9), así como procurar que las políticas ambientales estén encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual y futuro de los países en desarrollo (principio 11); en este mismo sentido, se señala la importancia de destinar recursos a la conservación del medio con especial consideración de las necesidades de los países en desarrollo (principio 12). Adicionalmente, se deben fomentar, en especial en los países en desarrollo, la investigación y desarrollo científico en el sector ambiental (principio 20).
La declaración señala la importancia de la ordenación y planificación en el uso y manejo de los recursos (principios 13 y 14), así como en materia de asentamientos humanos (principios 15 y 16). Así mismo, hace explícita la necesidad esencial de desarrollar una labor de educación e información en cuestiones ambientales dirigida a los distintos sectores de la población (principio 19). 3.6.3. CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS (RAMSAR) Adoptada en Ramsar, Irán el 2 de febrero de 1971, modificada según el Protocolo de París de 1982 y las Enmiendas de Regina de 1987, es el primero de los tratados globales para la conservación y uso racional de los recursos naturales. Establece el marco para la cooperación internacional hacia la conservación y uso racional de los humedales. Reconoce la importancia de los humedales en la
regulación de los ciclos hidrológicos y como hábitat de flora y fauna y considera que las aves acuáticas migratorias deben considerarse como recurso internacional. La convención tiene como objetivo principal garantizar la conservación y manejo racional de los humedales reconociendo la importancia de las funciones que cumple, su riqueza en flora y fauna y su valor económico, como ecosistemas que generalmente ocupan zonas de transición entre áreas húmedas permanentes y áreas generalmente secas. Establece que las partes deben fomentar la conservación de los humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional y el manejo racional de los humedales en su territorio (artículo 3), así como apoyar las políticas y regulaciones actuales y futuras para la conservación de estos ecosistemas (artículo 5). Para la protección de los humedales y las aves acuáticas se deben crear reservas naturales en estos que garanticen su cuidado y vigilancia (artículo 4-1). Cada parte para depositar el instrumento de ratificación o adhesión debe designar al menos un humedal para ser incluido en la lista de humedales de importancia internacional 18, sin perjuicio de los derechos soberanos de la parte sobre su territorio. La elección de un humedal para ser incluido en esta lista debe fundamentarse en su importancia ecológica, botánica, zoológica, limnológica e hidrológica (artículo 2). En relación con los humedales que se encuentren en su territorio, toda parte tiene el derecho a adicionar o retirar humedales a la lista, ampliar o reducir el área de los ya incluidos. El retiro o reducción del área de los humedales de lista se debe justificar por razones urgentes de interés nacional (artículo 2-5). En tal caso la parte debe compensar la pérdida recursos de humedales, estableciendo nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y protección de una porción adecuada del hábitat (artículo 4-2). En términos de cooperación internacional la convención dispone que las partes deben realizar consultas entre si sobre la implementación de las obligaciones que resultan de la convención, en especial en el caso de humedales ubicados en territorio de más de un país (artículo 5).
3.6.4. DECLARACIÓN SIN FUERZA JURÍDICA OBLIGATORIA, DE PRINCIPIOS PARA UN CONSENSO MUNDIAL RESPECTO DE LA ORDENACIÓN LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DE TODO TIPO Adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Este conjunto de principios es el primer consenso global sobre los bosques, que hace un llamado a “reverdecer” el planeta (principio 8-a) con el principal objetivo de contribuir a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo y teniendo en cuenta sus usos y funciones, en el contexto del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de manera sostenible. Los principios reconocen el derecho soberano e inalienable de los Estados de explotar sus propios recursos naturales incluyendo sus bosques de acuerdo con una política compatible con el desarrollo sostenible y señala la responsabilidad que los mismos tienen de evitar actividades que perjudiquen el medio ambiente de otros Estados. Se reconoce la importancia de los bosques por su potencial para suplir las necesidades de la población, en términos sociales, económicos, ecológicos y culturales (principio 2-b), así como el papel que juegan en los procesos ecológicos, en la protección de ecosistemas frágiles y del recurso del agua y actuando como depósitos de diversidad biológica (principio 4). Se señalan las funciones de los bosques como fuente de energía, de materia prima para la industria y de bienes y servicios (principio 4-a,d,e). Dada la importancia explícita de los bosques para la vida del hombre, los principios recomiendan tomar medidas para la protección de los bosques, tales como protección contra los efectos nocivos de la contaminación, los incendios, las plagas, las enfermedades (principio 2-b). Así como el diseño y ejecución de políticas, leyes y estrategias para la conservación, ordenación y desarrollo sostenible de los bosques (principios 3-a y 8-f), y la promoción de evaluaciones de impacto ambiental de medidas con potenciales efectos negativos sobre los recursos forestales (principio 8-h). Se hace un llamado a mejorar y aumentar la cooperación internacional encaminada a alcanzar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques (principio 1-b). Dicha cooperación deberá ser a nivel técnico y financiero
(principios 8-c, 10), así como tecnológico (principio 11), científico (principio 12-a) y a nivel de investigación (principio 12-c), en especial hacia los países en desarrollo (principios 7-b y 10). Se reconoce la necesidad de mecanismos adecuados que permitan la participación de la comunidad en general en las políticas de desarrollo y conservación forestal (principio 2-d). De manera especial se señala la importancia de la participación activa de la mujer en este campo (principio 5-b), así como el reconocimiento en la política forestal, de los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales y los habitantes de las zonas boscosas (principio 5-a). Los principios señalan la importancia de armonizar las políticas forestales con las políticas de desarrollo económico y comercial (principio 13-d). En este sentido se destaca la necesidad de un comercio internacional abierto de productos forestales (principio 13-a), donde se busque la reducción de las barreras arancelarias al comercio de estos productos (principio 13-b), así como las medidas unilaterales que restrinjan el mismo (principio 14).
3.6.5. CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Reconoce la preocupación global por las actividades humanas que han modificado las concentraciones naturales de gases de efecto invernadero en la atmósfera, intensificando a su vez el efecto invernadero natural, lo cual implicará un aumento en la temperatura de la superficie y la atmósfera de la Tierra, que puede tener efectos negativos sobre los ecosistemas y la humanidad. El objetivo principal de la convención es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 19 en la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas de las actividades humanas en el sistema climático. Tal nivel de estabilización se debe lograr dentro de un plazo que permita la adaptación de los ecosistemas al cambio climático, asegure que la producción de alimentos no se vea amenazada y permita el desarrollo sostenible (artículo 2). La convención reconoce que para el logro de su objetivo se deben tener en cuenta: el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio
de precaución, las necesidades especiales de los países en desarrollo y el derecho al desarrollo sostenible que tienen los Estados (artículo 3). Todos los países parte de la convención deben elaborar, actualizar y presentar a la Conferencia de las Partes, su comunicación nacional que incluya su inventario nacional de las emisiones y absorción de gases de efecto invernadero en su territorio y la información adicional contenida en el artículo 12.5. Las partes deben promover la formulación y ejecución de programas orientados a la mitigación del cambio climático (artículo 4.1). La convención establece de manera particular compromisos para los países desarrollados parte y aquellos con economías en transición, enumerados en el anexo I, quienes deben limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de regresar a sus niveles de emisiones de 1990 para el año 2000 y proteger y mejorar sus depósitos y sumideros de gases de efecto invernadero. Estas políticas y medidas pueden ser aplicadas conjuntamente entre las partes (artículo 4.2). Los países desarrollados parte, excluyendo los países con economías en transición, deben brindar asistencia a los países en desarrollo parte, en términos de recursos financieros nuevos y adicionales para que puedan cumplir con los compromisos que surgen de esta convención (artículo 4.3) y hacer frente a los costos que les representen adaptarse a los efectos del cambio climático (artículo 4.4), así como promover la transferencia de tecnología ambientalmente racional (artículo 4.5). Se establece la Conferencia de las Partes como órgano supremo de la convención, la cual es responsable de examinar periódicamente el estado de aplicación en que se encuentra la convención (artículo 7). El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico es el responsable de proporcionar información sobre los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la convención (artículo 9). El Órgano Subsidiario de Ejecución es el encargado de ayudar a la Conferencia de las Partes en la evaluación del cumplimiento de la convención (artículo 10). 3.6.6. CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN Parte del principio de que los países generadores de desechos deben ser responsables del manejo y transporte de Estos. Se basa en la premisa de proteger a países que no cuentan con la capacidad técnica para el manejo de desechos
peligrosos. El convenio tiene como objetivo principal controlar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para proteger la salud humana y el medio ambiente y, en especial, proteger a los países que no cuentan con la capacidad técnica para el manejo de desechos peligrosos. El convenio consagra el derecho de los Estados de prohibir la importación o eliminación de desechos peligrosos (artículo 4.1) y permite que los Estados parte impongan medidas internas nacionales más estrictas que las dispuestas en el convenio, en aras de la protección de la salud humana y el medio ambiente y que estén de acuerdo con el convenio y las normas de derecho internacional (artículo 4.11). Se prohíbe la importación de desechos a países que no cuentan con la capacidad para manejarlos de manera adecuada y se permite la exportación de los mismos hacia países que sí la tengan (artículo 4.2). Los países parte del convenio deben tomar medidas tendientes a minimizar la generación de desechos peligrosos (artículo 4.2). Deben prohibir la exportación o importación de desechos hacia países que no son parte de la convención, salvo que se autorice por un acuerdo internacional que no vaya en detrimento de lo dispuesto por este convenio en términos del manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos (artículo 4.5). Adicionalmente, deben prohibir la exportación y eliminación de desechos peligrosos en la zona situada al sur de los 60º de latitud Sur, sean o no esos desechos objeto de un movimiento transfronterizo (artículo 4.6). Para el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, las partes deben cumplir con requisitos de notificación, autorización, empaque y documentación establecidos por el convenio (artículo 6). Cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos que se realice en condiciones que contradigan lo dispuesto por este convenio, debe considerarse como tráfico ilícito y ser castigado por la legislación nacional (artículo 4.3 y 4.4). Se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del convenio, los desechos que, por ser radioactivos, estén sometidos a otros sistemas de control internacional, incluidos instrumentos internacionales que se apliquen específicamente a materiales radioactivos y los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya descarga este regulada por otro instrumento internacional (Marpol) (artículo 1). La Conferencia de las Partes es el órgano encargado de revisar la aplicación del convenio y de promover la armonización de las medidas y políticas para el manejo
de desechos peligrosos (artículo 15). La Secretaría cumple las funciones de administración, coordinación y divulgación de información (artículo 16). 3.6.7. TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA Representa la voluntad de los ocho países que comparten la Cuenca Amazónica para adoptar el compromiso de actuar conjuntamente para promover el desarrollo, la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, así como su uso racional, todo esto en el marco de la equidad y mutuo beneficio (artículo I). El convenio reafirma el derecho soberano de los estados para utilizar y aprovechar los recursos naturales que se encuentran en su territorio (artículo IV) y se aplica en los territorios de las partes contratantes en la Cuenca Amazónica y territorios de las partes contratantes que posean características que los vinculen con esta (artículo II). El convenio reconoce la importancia de los ríos para el desarrollo social y económico y en este sentido establece que las partes contratantes deben garantizar la libertad de navegación comercial en los ríos amazónicos (artículo III), así como habilitar y mejorar las vías navegables (artículo VI) y promover el uso racional de los recursos hídricos (artículo V). Las partes contratantes deben adoptar medidas tendientes a promover la investigación científica e intercambio de información con el fin de conservar y aprovechar de manera racional los recursos naturales de la Amazonia (artículo VII) En reconocimiento del valor que representa la población que habita los territorios amazónicos, el convenio dispone que las partes contratantes deben tomar acciones para mejorar las condiciones sanitarias de la región (artículo IX), así como adoptar medidas conjuntas que promuevan el desarrollo económico y social, con el fin de incrementar el empleo racional de los recursos humanos (artículo XII). En términos de cooperación entre las partes contratantes, el convenio establece que estas deben cooperar en la investigación científica y en el establecimiento de un sistema de intercambio de información que permitan acelerar el desarrollo económico y social de la región. En este marco se debe crear una infraestructura de transporte y comunicación que permita la integración de la región amazónica al desarrollo de cada país. Adicionalmente las partes deben cooperar para aumentar el turismo en la región en el marco de la protección a las comunidades indígenas y
los recursos naturales (artículo XIII) arqueológica (artículo XIV).
y para conservar la riqueza etnológica y
3.7. NORMAS QUE REGULAN LA GESTIÓN AMBIENTAL20 El marco legal colombiano señala que la gestión ambiental debe realizarse con pleno respeto por la autonomía, la cultura e identidad de comunidades y territorios y en forma transversal, integrada y participativa, a fin de lograr coherencia y armonía entre las acciones locales y las escalas y niveles de la administración local, regional, departamental y nacional, acompañada de la participación real y efectiva de cada una de las comunidades municipales. Dicha gestión debe basarse en:
Los tratados y convenios internacionales multilaterales y bilaterales aprobados y ratificados por Colombia
Son realizados con el objeto de establecer alianzas mundiales de cooperación entre todos los sectores claves de la sociedad, en los que se respeten los intereses comunes, se proteja la integridad de los componentes que integran el medio ambiente y se guarde el equilibrio con el desarrollo. • Normas ambientales de la Constitución Política de Colombia En la estructura de la Constitución colombiana, los artículos alusivos al medio ambiente se agrupan en seis campos de acción diferente: El medio ambiente como derecho colectivo, fundamental y principio rector del Estado (artículos 7, 8, 49, 67, 79, 80, 81, 82, 95 y 215). El medio ambiente como derecho colectivo social o fundamental (artículos 79, 88 y 330). El medio ambiente como paradigma de un nuevo modelo de desarrollo. Este grupo establece el vínculo entre el medio ambiente y desarrollo (artículos 333, 334, 339, 340 y 361). El medio ambiente como condicionante de la propiedad privada, la economía y las empresas (artículos 58, 63 y 66). El medio ambiente como componente de la política internacional (artículo 226). Y el medio ambiente en relación con la estructura organizativa y funcional del Estado (artículos 267, 268, 277, 282, 289, 310, 313, 317, 330 y 331). La ley 99 de 1993 Esta ley es la base fundamental para lograr el desarrollo sostenible (concepción básica de la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro-1992) y en ella queda
estipulada gran cantidad de los mandatos escritos en la Constitución Política. Dentro de la estructura de esta ley se distinguen los siguientes grupos de normas: • Principios ambientales • Sistema Nacional Ambiental –Sina– • Planificación y gestión (instrumentos económicos –tasas– e instrumentos de gestión –licencias–) • Licencias ambientales (estudios de impacto ambiental - planes de manejo ambiental) • Participación ciudadana (derecho de intervención, audiencias públicas, consultas obligatorias). • Control y vigilancia. El Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente Contiene las normas técnicas de manejo (uso, aprovechamiento, explotación, conservación, preservación, protección y restauración) de los recursos naturales renovables, no solo considerando las generaciones presentes sino las futuras y acorde con el desarrollo sostenible. Además armoniza toda la normatividad en materia de aguas, suelos, bosques y fauna; de esta manera busca el manejo integral de los recursos naturales. Normas de carácter legal aplicables a nivel municipal En desarrollo de las disposiciones de carácter constitucional, las leyes 99 de 1993 y 136 de 1994 asignaron funciones en materia ambiental a las corporaciones autónomas regionales, a los departamentos, a los municipios, a los grandes centros urbanos y a los territorios indígenas, las cuales han sido revisadas y analizadas. De dicho análisis resultan fundamentales para el diseño del modelo asociado al planteamiento de tipologías para la gestión ambiental municipal, los siguientes temas: - Funciones de las corporaciones autónomas regionales. Disposiciones de la ley 99/93, artículo 31.
- Funciones de los departamentos en materia ambiental. Según lo que establece el artículo 64 de la ley 99/93. - Funciones de los municipios y distritos en materia ambiental. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 99/93. - Funciones de los grandes centros urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población urbana igual o superior a un millón de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la ley 99/93. - Funciones de los territorios indígenas. Los territorios indígenas tienen las mismas funciones y deberes definidos para los municipios en materia ambiental, por disposición del artículo 67 de la ley 99/93. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponde otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tienen la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. De otra parte, conforme lo dispone la Constitución Nacional, los concejos municipales adoptan la estructura administrativa del municipio, en la cual asignan funciones a las diferentes dependencias, tales como secretarías, departamentos administrativos, oficinas asesoras y establecimientos públicos. Igualmente, los concejos municipales tienen la capacidad de establecer, dentro de los límites que fije la ley, los impuestos, tasas y contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones municipales y de crear exenciones tributarias. En este sentido, los municipios pueden, mediante tarifas diferenciadas o exenciones tributarias, estimular a sus habitantes para el desarrollo de la gestión ambiental. Por disposición de la ley 388 de 1997, los municipios en la actualidad cuentan con una carta de navegación de largo plazo en lo que se refiere al ordenamiento físico del territorio, pues deben tener sus planes de ordenamiento territorial. Al haberse concertado estos planes de ordenamiento entre los municipios y las corporaciones
autónomas regionales según lo dispone la ley 507 de 1999, se garantiza que la variable ambiental haya sido incluida en el proceso de ordenamiento. De otra parte los alcaldes municipales cuentan con una función reglamentaria, prevista en la ley 136 de 1994, que los faculta para dictar las disposiciones necesarias para hacer cumplir los acuerdos dictados por los concejos municipales. Este instrumento les permite a los alcaldes adoptar las medidas del caso para poner en marcha las disposiciones que en materia ambiental haya adoptado el concejo del respectivo municipio. La expedición de esta normatividad debe tener en cuenta los principios de gradación normativa, armonía regional y rigor subsidiario contenidos en el artículo 63 de la ley 99 de 1993, cuando se refieran a normas técnicas tales como estándares de calidad ambiental y medidas de policía. Al asignar las funciones que deben cumplir, se crea un compromiso, tanto para los funcionarios públicos como para los particulares, en relación con la gestión ambiental, pues los primeros tienen el deber de hacer cumplir la ley y los segundos, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios, tienen la posibilidad de emplear mecanismos jurídicos tales como las acciones de cumplimiento y las acciones populares para que se cumpla con las normas adoptadas por el municipio. • Normas reglamentarias para planificación ambiental a nivel municipal. Para garantizar la planificación integral por parte del Estado del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales están sujetos a la armonización. Para este efecto, los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial deben elaborar sus planes, programas y proyectos de desarrollo en lo relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las corporaciones autónomas regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales deben encargarse de armonizarlos.
Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política, los concejos municipales pueden dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, para lo cual pueden dictar normas y estatutos de planificación ambiental, que atiendan las disposiciones legales de carácter superior. Con el fin lograr coherencia en los procesos de planeación de los diferentes niveles nacional, regional y local, el municipio deberá apelar al acompañamiento y trabajo interinstitucional entre entidades del Estado y sociedad civil, evitando conflictos de competencias o jurisdicción, duplicidad de funciones o decisiones contradictorias y basadas en los siguientes principios:
Armonía regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la política nacional ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la Nación.
• Gradación normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por las autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política a los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del gobierno nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. • Rigor subsidiario. Las normas y medidas de la Policía Ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación
del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la ley 99 de 1993. 3.8. AUDITORÍA AMBIENTAL La auditoría ambiental es una herramienta de gestión ambiental que involucra una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la forma como la organización, los procesos y los equipos se están desempeñando con el propósito de proteger el medio ambiente. Esta herramienta se ocupa de examinar cómo se está facilitando el manejo y el control de las prácticas ambientales y de evaluar el cumplimiento de las políticas, lo cual incluye el cumplimiento de las normas legales.
EVALUACION DE TIPO
Sistemática Documentada Periódica Objetiva
Funcionamiento de la organización Sistema de gestión ambiental SGA Procedimiento de protección del medio ambiente
El proceso de auditoría debe cumplir las siguientes características: 1. Objetividad: el auditor debe contar con suficiente independencia mental y funcional de las actividades realizadas por la entidad para analizar, interpretar y evaluar el desarrollo y registro de las operaciones adelantadas por esta. 2. Sistemático: porque a través de una metodología permite que el auditor exprese y sustente una opinión sobre la gestión desarrollada por la entidad. 3. Documentada o altamente profesional: exigiendo conocimientos sólidos de auditoría, medio ambiente y recursos naturales y disciplinas afines, respaldados por una amplia experiencia en preparación de programas, conducción del trabajo y elaboración de informe. 4. Periódica: Debe ser oportuno tanto en su ejecución como en el informe, lo cual está determinado por la legislación de cada país; el informe debe reflejar los resultados del examen con base en criterios, condiciones, causas y efectos sobre hallazgos y recomendaciones. La auditoría ambiental es una parte novedosa de la administración ambiental, que nace por iniciativa privada, como respuesta a una serie de eventos desafortunados sucedidos en algunas industrias químicas y a la creciente aparición de normas que propendían por la protección de los recursos naturales y la salud de la comunidad. La auditoría ambiental surge en los Estados Unidos a finales de la década de los 70, por parte de empresas como General Motors, Olin y Allied Signal, entre otras. Se denominó auditoría de cumplimiento medioambiental y posteriormente las empresas por su propia iniciativa pusieron en marcha la auditoría, para presentar informes en las visitas de inspección periódica de los funcionarios de la Environment Protection Agency (EPA). En la Unión Europea surgen a mediados de 1984, siendo Holanda el primer país que la incorporó como herramienta de gestión ambiental y, en 1988, la Cámara Internacional de Comercio (CIC) recomienda su inclusión, aclarando que esta debe ser voluntaria y los datos obtenidos son de uso exclusivo de las empresas. Actualmente la auditoría ambiental se encuentra en vías de alcanzar su madurez, enfocándose hacia los sistemas de gestión y la identificación de riesgos.
La auditoría ambiental se puede aplicar en empresas y obras particulares y en empresas y obras del Estado, teniendo como base los mismos principios pero dando una replicabilidad especifica al contexto donde sea utilizada. 3.8.1. TIPOS DE AUDITORÍA Según los objetivos para los cuales se va a desarrollar una auditoría ambiental, esta se puede clasificar en tres tipos:
Auditoría de sistema: Permite realizar una evaluación amplia de la efectividad y de la documentación de todo el sistema de gestión. A través de un examen sistemático e independiente, primero se realiza una “verificación previa” de la descripción del sistema de gestión, incluyendo todas las instrucciones, para ver si hay una concordancia adecuada con la normatividad base. A continuación se evalúan en el lugar todas las actividades relevantes, verificando si lo planeado es igual a lo ejecutado y si el sistema es capaz de responder a las necesidades u objetivos planteados por la organización. Auditoría de desempeño o “performance”:
Se evalúa el desempeño en el área de protección ambiental con relación a las diferentes acciones o actividades que se desarrollan en la institución. El fin de esta evaluación es verificar que las acciones realizadas tengan en cuenta el mejoramiento ambiental, es decir la optimización de procesos con miras al desarrollo sostenible. Auditoría de cumplimiento: Proceso de verificación para identificar y evaluar objetivamente las evidencias, con el propósito de comprobar la conformidad de una institución con los criterios de examen. Los criterios de examen son: • Los requisitos ambientales (Plan o evaluación ambiental). • Disposiciones legales. • Políticas, objetivos y programas (internas). 3.8.2. AUDITORÍA FISCAL AMBIENTAL Proceso metodológico, objetivo, imparcial y técnico que ejercen las entidades fiscalizadoras para evaluar el uso, administración, protección, preservación del medio ambiente y los recursos naturales, en cuanto se refiere al cumplimiento normativo, conforme a los principios que rigen el control fiscal, por parte de las instituciones gubernamentales –ejecutoras, normativas y reguladoras de políticas, programas, proyectos y actividades– así como de los particulares que manejen o exploten los mismos. PRINCIPIOS Este proceso deberá realizarse en forma tal que permita verificar el cumplimiento de los principios establecidos para el ejercicio de la auditoría ambiental ejercida por el ente fiscalizador, entre ellos (ver numeral 1.1 de este documento):
Eficacia Eficiencia Economía
Equidad Transparencia: está referida a la difusión de la auditoría, con el fin de sensibilizar y concientizar a los funcionarios y pobladores, sobre la necesidad de conservar el ambiente y propender por el desarrollo sostenible. Sostenibilidad ambiental: este principio se refiere a que la gestión, los programas, proyectos y actividades que desarrolle la entidad a auditar, deben conducir al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades Congruencia: consiste en verificar la conveniencia y oportunidad de una situación o acción. Es todo lo conveniente, conducente, oportuno y por ende eficaz.
De otra parte, las entidades fiscalizadoras deben mantener los principios o normas generales de auditoría fiscal los cuales se resumen a continuación: • Los planes y procedimientos formales existentes deben ser regulados mediante normas básicas y complementados con manuales o guías destinados a orientar de manera uniforme, tanto la práctica de la auditoría ambiental como la programación anual del control gubernamental en materia de medio ambiente o de sus recursos naturales. • Los objetivos y alcances específicos de la auditoría fiscal ambiental deben ser definidos durante la planificación del examen, de manera clara y precisa; los alcances específicos podrán ser modificados en función de los resultados
Podemos concluir que el control Fiscal es de gran importancia para el desarrollo socio-económico de cualquier nación, esta debe ser adaptada a las realidades de
cada nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina, a fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo social que persigue, en Colombia este control fiscal ambiental lo hacen la entidades competentes para ello y todo este ejercicio es con el fin de salvaguardar el patrimonio público ambiental de los colombianos.
Documents Similar To Mecanismos de Control Fiscal Ambiental en Colombia
Derechos y Deberes Ambient Ales
Historia de Las Cosas.doc
Entrega Trabajo Individual Paso 2 Aporte
Apuntes de Clase Economía Ambiental 2015-i
UNIDAD I Desarrollo

References: artículo 12
 artículo 31
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 63
 artículo 80
 artículo 313
 artículo 51