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Timestamp: 2018-09-20 13:36:58+00:00

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Extranjería, derechos humanos y abogados de oficio - PDF
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Valentín Cortés Rivas
1 Extranjería, derechos humanos y abogados de oficio España que fue un país de emigrantes, es ahora un país de acogida. Los actuales flujos migratorios no son temporales, van a ser una constante y tienen una influencia considerable en el orden económico, en el social, en el político, y también en el ordenamiento jurídico, que origina una atención especializada y singular del Derecho de Extranjería. Los Colegios de Abogados no son ajenos a este cambio y se han venido preparando para atender las necesidades específicas de este colectivo mediante la creación de Turnos especializados en extranjería con abogados formados en la materia y con servicios específicos de Extranjería. Desde el Consejo General de la Abogacía se coordina esta labor a través de la Subcomisión de Extranjería. En este informe se reseñan actuaciones de los Turnos especializados de los Colegios de Abogados de Melilla, Ceuta, Las Palmas, Figueres e Irún. Estos Colegios comparten la peculiaridad de encontrarse en territorios fronterizos. En el caso de los tres primeros de fronteras exteriores y en los dos últimos interiores con Estados de la Unión Europea. Todos tienen en común un deseo: que, en todo caso y condición, se garantice el respeto de los derechos humanos. Melilla: preparados para situaciones de excepción Ante la emergencia de los supuestos de extranjería, de lo singular de su regulación y lo particular de su tratamiento también en el ordenamiento jurídico, se antoja necesario que la organización irrenunciable por los Colegios de Abogados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita en materia de extranjería sean claramente diferenciados del resto de otros servicios. Aparece así la conveniencia de establecer un Turno especial de Extranjería, que lo presten abogados adscritos a ese específico y especializado Turno. Debe existir una simetría en todos los Colegios de Abogados y el establecimiento de estos turnos debe ser generalizado a aquellos Colegios que aún no cuenten con ellos. El servicio público de Oficio de Extranjería que prestamos los Colegios de abogados, debe ser un servicio de calidad. Y esa calidad se conseguirá en la medida en que se preste con eficacia, prontitud y cualificadamente. Aquí reside la característica y la proyección que ha de tener la actuación letrada de oficio en materia de extranjería. El abogado en extranjería no es un mero logógrafo, sino que es sensible y humano en su trabajo y en el contacto con las personas inmigradas otra consideración llevaría a la deshumanización de nuestra profesión, en el ejercicio de ésta que ampara y garantiza el ejercicio de derechos humanos, en primitiva expresión. La Abogacía Institucional debe contribuir a la formación efectiva de los abogados adscritos a los Turnos de Extranjería, incluso con carácter obligatorio, y favorecer la intervención y asistencia a los diversos programas formativos que se imparten, que pretenden servir de instrumento que contribuya a que los abogados, en continuo aprendizaje y formación, puedan, como hasta ahora, dar una pronta respuesta y de calidad cuando se requiere su intervención, como servicio público que vienen prestando. La organización por el Colegio de Abogados de Melilla y la Subdirección General de Asilo del Ministerio de Interior de unas Jornadas de Protección Internacional supuso, felizmente, el inicio de una colaboración estrecha entre dicha Administración y el CGAE, a través de la Subcomisión de Extranjería, organizándose jornadas en otros puntos calientes de la geografía nacional de entrada irregular de inmigrantes. La referida colaboración, en menos de un año, va a dar como fruto un convenio de colaboración permanente de carácter bianual que va a incidir en la formación de la abogacía española en materia de protección internacional y, también, en algunas otras actuaciones letradas en otros supuestos de extranjería. Este camino podría seguirse por otras administraciones pues las 32
2 Esta idea, a desarrollar convenientemente, puede resultar útil como herramienta de trabajo. Valla de Melilla en la que se produjeron los intentos de salto masivos a finales de consecuencias que se prevén solo pueden ser positivas y bien recibidas por el conjunto de la Abogacía. Igualmente, hay que proclamar la necesidad y urgencia de que todos los Colegios de Abogados cuenten con un Protocolo de actuación letrada en materia de extranjería, como manera de homogenizar la intervención letrada en los supuestos contemplados en la ley y también como necesidad de organización de los servicios especiales de Turno de extranjería. Unos protocolos que ordenen, recojan y aglutinen las normas e indicaciones imprescindibles y necesarias para el ejercicio del derecho fundamental a la asistencia jurídica en este caso gratuita que se proclama de todas las personas, incluidos los extranjeros no residentes legalmente en España. Al igual que ha sucedido con carácter general con la puesta en marcha por parte del CGAE de un Observatorio de la Justicia Gratuita, la creación específica de un Observatorio de Extranjería, con participación de las distintas administraciones, el CGAE y también el propio CGPJ parece una medida a tener en cuenta, por cuanto la entidad y auge del derecho de extranjería merece por si misma tener un punto de encuentro, análisis y estudio propio, en su vertiente jurídica, que redunde en la mejora del servicio que se presta. La ausencia de criterios homogéneos en la Administración del Estado es una nota constante que debe ser corregida sin demora. La disparidad de criterios en función de la interpretación que da cada administración, inciden de manera notable en la seguridad jurídica, como certeza de derecho, también de su aplicación o interpretación. Por sí misma queda justificada la concurrencia del CGPJ, pues es precisamente en el funcionamiento de los juzgados y tribunales donde se produce una mayor colapso y retardo en ventilar la cuestión objeto de jurisdicción, con el consiguiente alejamiento de la administración de Justicia de la ciudadanía y pérdida de crédito. Melilla ciudad fronteriza y foco de presión migratoria es sin duda un centro de interés para el estudio del fenómeno migratorio y de extranjería. Los sucesos de finales de 2005, con saltos masivos de la valla que circunda el perímetro fronterizo de la ciudad, supusieron una redimensión del problema de la inmigración en Melilla. A aquellos sucesos extraordinarios y dramáticos, hubo que aportar soluciones y actuaciones también extraordinarias, de manera urgente e inmediata. El resultado de esa excepcional y compleja situación, en cualquier caso un supuesto más de actuación letrada en materia de extranjería, significó la necesidad de acomodar la práctica de la Abogacía a dichos supuestos. Una ordenación racionalizada, a tenor de la masiva demanda de asistencias jurídicas, de los sistemas de adscripción de guardias que hasta entonces regían en materia de Turno que ya con anterioridad se prestaba por un turno especial de este Colegio y un despliegue extenso de medidas que desde el primer momento se adoptaron por todos los órganos colegiales: así se efectuó una coordinación intensa con la Jefatura Superior de Policía, Juzgado de Guardia, Delegación de Gobierno, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y otras instituciones a fin de que los servicios se pudieran prestar por el despliegue de Turnos de letrados que desde el primer momento se establecieron, con todas las garantías que exige el derecho de defensa. La colaboración de representantes de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, favorablemente acogida, supuso también un apoyo a las actuaciones y decisiones que se habían adoptado. 33
3 Desde entonces, el Colegio de Abogados de Melilla ha establecido un sistema de trabajo y de organización, además de un protocolo de actuación que posibilita y prevé la asistencia letrada tanto las situaciones de normalidad como las que se pudieran producir de anormalidad o carácter extraordinario en cualquier momento, ante cualquier situación, máxime sabiendo que la asistencia jurídica es también garantía de derechos, y necesita de la ayuda de la abogacía para que queden debidamente atendidos. Los derechos y las garantías son la ley del más débil 1, en este caso de las personas migradas. La frontera exterior que separa España y Marruecos en Ceuta Ceuta: Mejoras en el procedimiento de defensa El pasado mes de junio, el Colegio de Abogados de Ceuta suscribió con la Oficina Única de Extranjería-Brigada Provincial de Documentación y Extranjería, 1 LUIGI FERRAJOLI, Derechos y Garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta. Madrid, un Protocolo de Actuación en materia de Asistencia Letrada y notificaciones en los procedimientos preferentes de expulsión, con el que se ha mejorado la garantía de defensa jurídica en la tramitación de esos expedientes. Ceuta es frontera terrestre de la Unión Europea con Africa, y, por tanto, lugar habitual de entrada y paso de extranjeros indocumentados, cuya meta no es permanecer en esta ciudad autónoma, sino dirigirse a la península o a cualquier otro país de Europa. Subsaharianos, argelinos y, últimamente, personas procedentes de Oriente (India, Pakistán, Bangladesh, etc.), son los extranjeros a los que habitualmente asistimos en los procedimientos preferentes de expulsión, si no han solicitado asilo o si, habiéndolo solicitado, no se ha admitido a trámite su petición. Es frecuente que algunas de estas personas, durante la tramitación del procedimiento, sean trasladadas a un centro de internamiento de inmigrantes en la península, en espera de que se pueda llevar a cabo la repatriación, o bien, en algunos casos, tras permanecer el tiempo máximo legal de internamiento, si no son reclamados por sus países de origen o no se va a poder materializar la expulsión por no ser reconocidos por sus autoridades, continúan su viaje al punto de destino, en la mayoría de las veces incierto. Estos desplazamientos y el desconocimiento por parte de la Administración del domicilio del extranjero, una vez fuera del centro de internamiento, ha venido dificultando la notificación de los actos administrativos que se generaban con posterioridad a la incoación del expediente y, por supuesto, de la resolución que pone fin a esto. Del mismo modo, en esos casos, el letrado de oficio que había asistido al extranjero en el momento de la incoación del expediente, desconoce cuándo, cómo y dónde, se estaban practicando las notificaciones y si era deseo del extranjero recurrir la resolución de expulsión. Por ello, el letrado debía esperar que fuera el propio extranjero el que se pusiera en contacto con él y le remitiera la resolución o acto administrativo que se le había notificado. En aras de mejorar la asistencia letrada al extranjero, consideramos que no sólo era necesario informarle del derecho de estar asistido por un letrado durante la tramitación del expediente, sino también de la posibilidad de poder conferirle su representación con arreglo a lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/92. A partir de la firma del Protocolo, en el trámite de notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, que se hace en presencia del letrado designado de oficio, se informa al extranjero que puede otorgar su representación al letrado actuante en el procedimiento, en los términos establecidos en el artículo 32, apartados 1 y 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entendiéndose con éste las sucesivas actuaciones administrativas hasta su efectiva terminación, con excepción en su caso de las que deban serle notificadas personalmente. En el momento del otorgamiento del poder, que se incorpora al acta de notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, y al objeto de que el extranjero disponga en todo momento de los datos más significativos para la comunicación con su representación letrada, se incorporan al acta el nombre y apellidos completos del letrado, número de colegiado, teléfono fijo y móvil, dirección de correo electrónico y número de fax. En el orden práctico, se acuerda igualmente en el Protocolo, que las notificaciones a los letrados se efectuarán a través del Colegio de 34
4 Abogados, quien se hará cargo de practicarlas y recoger la firma de los letrados, devolviendo las diligenciadas con una periodicidad semanal. En todo caso, si ha de interponerse recurso contenciosoadministrativo contra la resolución que acuerda la expulsión, se designará al mismo letrado que ha representado al extranjero durante la tramitación del expediente de expulsión. Con la puesta en marcha de este acuerdo y la designación de un mismo letrado para la defensa del extranjero, tanto en el procedimiento administrativo como en el contencioso-administrativo, creemos haber mejorado la prestación de la asistencia gratuita en materia de extranjería. Los cayucos son las embarcaciones utilizadas para llegar al archipiélago canario Canarias: respuesta y compromiso de los Colegios de Abogados La mundialización de la economía, el desequilibrio del desarrollo económico en los diferentes países, el desprecio en el tratamiento de los derechos humanos de la población, la globalización de la cultura, el potenciamiento del consumo occidental, el empobrecimiento de algunos países, las nuevas tecnologías empleadas como medio de transmisión y reclamo a la presencia en un mundo más perfecto en Occidente, son, entre otros, factores que invitan a los movimientos migratorios de seres humanos que tienen como objetivo lograr una existencia digna para sí y para los suyos. Esta libertad de circulación viene consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que determina expresamente el derecho de toda persona a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio. La sociedad canaria desde antaño es conocedora activa de los movimientos de población, respondiendo siempre con una actitud acogedora y respetuosa. En 1994 con el reforzamiento del control de la frontera sur del territorio peninsular español, se comenzó a producir en las islas orientales de Canarias (Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria) una cada vez más creciente llegada de barquillas con inmigrantes magrebíes, que partían de Marruecos y del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, que supuso una premonición de lo que sería la situación en un futuro. Ante tal hecho, el Colegio de Abogados de Las Palmas, que extiende sus competencias a las islas de Fuerteventura y Gran Canaria, dio una rápida respuesta fundamentada en dos pilares básicos: la formación de los letrados, y la articulación de un servicio de asistencia e información jurídica a las personas que llegaban a nuestras islas. En un principio el servicio se pudo prestar con solvencia mediante la actuación de 11 letrados en la isla de Fuerteventura, que estaban a pie de playa asistiendo jurídicamente a los inmigrantes que llegaban transportados en pequeñas e inseguras barquillas y sin más equipaje que la ropa que llevaban puesta y las ilusiones en un mundo mejor. Poco a poco el fenómeno fue en aumento, y ya desde el año 1999 la llegada de barquillas se convirtió en algo permanente y masivo en todas nuestras islas orientales, lo que implicó una rápida respuesta en el aumento del número de letrados para prestar al asistencia necesaria. A partir del 5 de Agosto de 2005, con la llegada de un cayuco al municipio grancanario de Agaete, procedente del África subsahariana, en el que viajaban más de 50 personas, surge el conocido actualmente como fenómeno de los cayucos, embarcaciones, con otras condiciones de seguridad, con mayor capacidad, que desde Mauritania, Senegal y otros países recorren miles de kilómetros por el mar para llegar a Canarias y poder continuar su camino hacia Europa en busca de una vida digna, siempre que esa vida no quede ahogada en el océano que nos une a África. Esta nueva fórmula de traslado de los inmigrantes del África continental, es la respuesta surgida al control que Marruecos ha impuesto tras la firma de acuerdos al respecto con España, aunque la llegada de inmigrantes desde ese territorio ha disminuido pero no ha cesado. El Colegio de Las Palmas ha respondido a esta nueva circunstancia, incrementando el número de letrados que prestan sus necesarios servicios de asistencia jurídica a los inmigrantes en cada uno de los puntos de llegada, y reforzando igualmente los criterios de formación. Así, ya hace años, por un lado se incluyó en los ciclos formativos de la Escuela de Práctica Jurídica la materia de Extranjería e Inmigración como indispensable en la formación práctica de los nuevos letrados; y por otro lado, se impartieron cursos especializados de formación para los letrados que deseen acceder al Turno específico de Extranjería, complementando todo ello con una labor continuada de reciclaje formativo mediante la celebración de seminarios, jornadas y debates permanentes que sitúen al letrado en un contacto más directo, si cabe, con 35
5 la realidad de los inmigrantes que acuden a nuestro territorio. Imprescindible resulta decir que los inmigrantes que arriban a Canarias, no son sólo del África Continental. Hay colombianos, ecuatorianos, peruanos, rumanos, búlgaros, asiáticos, que también acuden a solicitar los servicios de asistencia jurídica organizados por el Colegio Las Palmas, recibiendo una satisfactoria atención, sin que hasta la actualidad no consten quejas sobre el mismo. La masiva recepción de inmigrantes (casi en lo que va de año) ha implicado para toda la sociedad canaria, la instrumentalización de medidas que permitan prestar el auxilio y acogida dignos a estas personas, por lo que se ha producido una creciente implantación de centros de internamiento de emigrantes (CIEs), que no siempre son suficientes, así como un continuo traslado de esas personas de un centro a otro, lo que ocasiona, en muchos casos, una desinformación de los letrados sobre el lugar en el que se encuentra su defendido. Ante esta nueva situación, el Colegio ha planteado la urgente necesidad de constituir un Servicio Especial de Orientación Jurídica en los CIEs., bajo la tutela directa del Colegio de Abogados, con la finalidad de llevar de un registro serio y estricto sobre la situación de cada persona inmigrante, conocimiento de su letrado, que podrá ser de gran utilidad en el caso que se produzca un traslado repentino, como sucede en la actualidad. Esta necesidad obedece a que tales registros no son ofrecidos a los letrados con la diligencia necesaria. En el caso de las repatriaciones, traslados, o cualquier otra acción que se produzca acerca del inmigrante no basta con designarle un nuevo letrado, si a éste no se le da la oportunidad de conocer con exactitud y celeridad los antecedes y posibles expedientes y/o procedimientos que existieran contra el mismo. Esta propuesta no ha recibido respuesta de la Administración. Desde la Abogacía, desde el Colegio de Abogados de Las Palmas, consideramos que, tal y como se mandata en el artículo 10 de la Constitución Española, todas las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la propia Constitución reconoce se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por supuesto ello incluye el respeto escrupuloso a los migrantes, por todo ello, no podemos llamar extranjero al que trae el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos cuando no existían fronteras Una frontera interior separa España y Francia en Irún y Figueres Figueres: Garantizar asistencia jurídica desde la incoación del procedimiento Esta pequeña ciudad, en la falda de los Pirineos, cerca del mar y a un paso de Francia, tiene un centenario Colegio de Abogados que, como todos, tiene organizado su Turno. Junto a los turnos generales de penal, civil y social, tiene sus Turnos especiales de violencia de género, menores y, desde este año, extranjería, exigiéndose una formación específica en la materia a los letrados para la incorporación al mismo. Este último Turno es el que ha dado más que hablar en los últimos tiempos, incluso algún sindicato policial y determinada prensa han atacado y acusado a nuestro Colegio y al de Guipúzcoa de querernos enriquecer con el mismo. Hace un par de años el Colegio de Figueres tuvo conocimiento por la prensa de que en la frontera con Francia se estaba procediendo a denegar la entrada a miles de extranjeros sin la preceptiva asistencia letrada. Se constató que era así y el Colegio presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Girona y, mediante la Subcomisión de Extranjería del Consell de Colegios de Abogados de Catalunya se denunciaron los hechos al síndic de Greuges quien, a su vez, lo elevó al defensor del Pueblo. La Subcomisión de Extranjería del CGAE se interesó vivamente en el tema y fruto de ello fue el Informe sobre la problemática de la asistencia letrada en las fronteras interiores Schengen que se presentó en el marco de una jornada celebrada en el Colegio en mayo de 2006, informe que estamos convencidos desencadenó la reforma del Reglamento de Extranjería aprobado recientemente. El Turno de extranjería, en un Colegio como el de Figueres, que por su territorialidad no tiene órganos administrativos con competencia en autorizaciones de residencia y trabajo; se circunscribe prácticamente al procedimiento sancionador, con un volumen considerable de trabajo, atendidas las especiales circunstancias que se conjugan en nuestra circunscripción (frontera, costa, tráfico internacional de mercancías, circulación de trenes 36
6 internacionales, etc.). En este aspecto, el Colegio y, más concretamente la Comisión del T.O. y la subcomisión de Extranjería, han tenido que batallar con las comisarías al objeto de que se garantice la asistencia jurídica al extranjero desde el mismo momento de la incoación del procedimiento, en lugar de remitirlo al Colegio para cursar la solicitud de asistencia jurídica. Para ello tenemos establecido un sistema de localización permanente de un abogado de guardia para que éste se desplace a las tres comisarías del CNP de nuestra demarcación territorial. Actualmente tenemos en estudio la posibilidad de creación de un SOJ de Extranjería mediante convenios con la administración local, así como la mejora y potenciación de nuestras relaciones y colaboración con Colegios extranjeros. Por un lado, con el Colegio de Abogados de Perpinyà para una mejor coordinación en la problemática de la frontera y, por otro, el establecimiento de relaciones con Colegios de Abogados de países con mucha emigración en nuestra demarcación. No podemos olvidar que la población extranjera, principalmente del Magreb y Sudamérica, ya llega a alcanzar cotas del 20 por ciento del censo de habitantes. Sin duda, el establecimiento de relaciones con Colegios de sus países de procedencia aportará beneficios a dichos colectivos y, a su vez, favorecerá la creación de nuevas formas de trabajo a nuestros colegiados. Irún: por la defensa de los derechos fundamentales El 1 de Julio de 1995 se puso en marcha el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa. Tras la realización del pertinente curso de formación, 42 letrados formaron el primer turno especializado en la materia en Euskadi. Se trataba de ofrecer el mejor servicio jurídico a ciudadanos extranjeros, normalmente objeto de procedimientos sancionadores, prácticamente siempre de expulsión. Esos expedientes de expulsión, que han supuesto prácticamente más de un 95 por ciento del contenido propio del servicio, se incoaban por parte de las Comisarías del Cuerpo Nacional de San Sebastián e Irún. Esta localidad, fronteriza con Francia (Hendaya), ha absorbido, por su parte, la mayoría de los mencionados expedientes sancionadores. Los miembros asistían igualmente a solicitantes de asilo, normalmente polizones, que llegaban al puerto de Pasajes, frontera exterior Schengen. Inicialmente, y con los datos de que se disponía, el Colegio organizó las guardias con un letrado por semana, esperando que la experiencia indicara si tal criterio podía mantenerse o no en el futuro. De inmediato, se comprobó que las asistencias eran mucho más frecuentes de lo previsto, y se reorganizó el servicio mediante guardias diarias de 24 horas. Al principio, los miembros recogían su busca a primera hora de la mañana y lo devolvían al día siguiente, bien en las propias oficinas administrativas del Colegio, bien en el Juzgado de Guardia (lugar previsto al efecto para los días festivos). Posteriormente, se habilitó un teléfono móvil, que es el medio de comunicación existente, con un número ya conocido por todo el mundo, incluida la policía. El número de miembros ha ido variando a lo largo de los años, llegando a alcanzar el centenar en En la actualidad, último trimestre de 2006, somos 72 letrados en el Turno. Además, previsto para la materia sancionadora y de asilo, el Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha gestionado desde marzo de 2003 un Servicio de Asesoramiento Jurídico, llamado HELDU, financiado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, del Gobierno Vasco, en el que existe una Dirección de Inmigración. Dicho servicio, prestado con exclusividad por tres letrados (dos mujeres y un hombre) y dos administrativas, está destinado a inmigrantes en situación de irregularidad y trata de buscar la forma de regularizar a sus usuarios. Hasta ahora, los Colegios de Abogados de los tres territorios históricos de la comunidad autónoma (Álava y Vizcaya también lo prestan) firmaban anualmente un convenio con el citado departamento del Gobierno Vasco, pero, a punto de vencer su cuarto año de vigencia, el Gobierno vasco ha decidido convocar un concurso público para la adjudicación del servicio y modificar la forma de su prestación. Una de las cuestiones que más ha preocupado al Colegio de Guipúzcoa la constituye la formación. Desde un primer momento, el Turno de Extranjería se organizó como un servicio especializado, al que se podrían adscribir cuantos letrados lo desearan, tras realizar un curso de formación. De esta manera, anualmente (desde hace cinco años en la Escuela de Práctica Jurídica) se organiza el curso de formación, cuyo contenido es el homologado por el CGAE. Hace dos años, en 2004, y tras la última reforma de la Ley Orgánica 4/2000, la Junta de Gobierno del Colegio consideró que no solamente era necesario realizar el curso de formación para acceder al Turno, sino que era imprescindible el reciclaje de todo el colectivo del Turno y para permanecer en él, resulta obligatorio igualmente 37
7 acudir a las reuniones que se celebran cada dos o tres meses. En los primeros años, la competencia judicial en esta materia correspondía en primera instancia a las Salas de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con sede en Bilbao. Si inicialmente no era necesario procurador, la reforma de la Ley de la Jurisdicción supuso, a partir de 1998, el nombramiento de un procurador en Bilbao para los recursos contenciosos impulsados desde Guipúzcoa. La creciente importancia cuantitativa de los procedimientos determinó que los recursos tardaran en resolverse un largo período de tiempo, superior, en muchas ocasiones, a un año. La atribución con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la competencia en la materia de extranjería, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo ha supuesto a partir de 2004 que los recursos sean resueltos normalmente en primera instancia en un plazo de seis meses. El Colegio de Guipúzcoa, firmemente convencido de la necesidad de defender los derechos fundamentales en cualquier situación y circunstancia, no ha dudado en denunciar la violación de los derechos Han elaborado este informe fundamentales de los inmigrantes y en llevar dicha denuncia al orden jurisdiccional que procediera, incluido el penal. No solamente se realizaba algo de lo que se estaba convencido, sino que se daba cumplimiento de esta manera a las conclusiones que los Encuentros anuales en materia de extranjería vienen adoptando al respecto. De esta manera, a partir de enero de 2004 se han dictado por parte de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián determinadas resoluciones que han constituido un hito y precedente importante en la configuración judicial del derecho de extranjería. En materia de polizones, el Juzgado de lo Contencioso nº 1 (sentencia de 15 de diciembre de 2004) declaró que se había vulnerado el artículo 24 de la Constitución, por la falta de asistencia letrada a cuatro polizones de un buque en junio de 2004 en el puerto de Pasajes (frontera exterior Schengen). Con fecha 26 de octubre de 2005, el propio Juzgado de lo Contencioso nº 1 declaró igualmente que la asistencia letrada era totalmente necesaria en cualquier procedimiento de extranjería (expulsión, devolución o retorno), y que para ello no era obstáculo alguno el Convenio de Readmisión suscrito en noviembre de 2002 por Francia y España. En abril de 2005, la policía había procedido a devolver a Francia, sin expediente alguno ni asistencia letrada a casi un centenar de personas de origen asiático, que acababan de entrar por Irún, procedentes de Francia, a dos semanas del final del proceso de normalización. Finalmente, durante el pasado mes de junio la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha sobreseído sendos procedimientos penales instruidos frente a los responsables de los Grupos de Extranjeros de las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de San Sebastián e Irún. Además, a finales de 2004 y comienzos de 2005 se procedió a ejecutar resoluciones de expulsión, sin notificarlas previamente a los letrados-representantes de las personas extranjeras (lo que en la práctica imposibilitaba el recurso judicial con solicitud de medida cautelar), por lo que se presentaron denuncias ante los Juzgados de Instrucción de las dos localidades citadas. Personado el Colegio como acusación, el Juzgado de Irún llegó a imputar por un delito de prevaricación a dos funcionarios de la Comisaría. Antes de que se formulara escrito de acusación, un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía llevó a la Audiencia Provincial a declarar que las irregularidades producidas no tenían naturaleza de infracción penal, y que, en todo caso, deberían resolverse en la jurisdicción contenciosoadministrativa. Antonio S. Zapata Navarro Abogado, responsable de Extranjería del Colegio de Melilla Isabel Valriberas Acevedo Decana del Colegio de Abogados de Ceuta Inés Miranda Abogada del Colegio de Abogados de Las Palmas Javier Monzón Responsable de Extranjería del Colegio de Abogados de Las Palmas Joan R. Puig Pellicer Responsable de Extranjería del Colegio de Abogados de Figueres Iñaki Almandoz Coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Irún 38
8 Begoña Odriozola de Felipe Coordinadora del SAOJI. Colegio de Abogados de Zaragoza Esta importante iniciativa, en una época en la que todavía el fenómeno migratorio parecía algo lejano, surge de un colectivo de letrados del Colegio de Zaragoza, realmente preocupados por la situación social y de absoluta indefensión legal en la que se encontraban en ese momento los extranjeros no comunitarios en nuestra ciudad. SAOJI surge desde la solidaridad y para la solidaridad. Y desde el momento de la creación del Servicio, la solidaridad ha sido el principal valor que ha orientado la actuación profesional de todos los abogados que en él han participado, además de, por supuesto, una gran preparación profesional en un campo tan convulso y tan sometido a vaivenes políticos como es el derecho de extranjería. Algunos no reconocen a los abogados demasiado afecto a los valores de generosidad y entrega que otras profesiones parecen no tener que demostrar. Sin embargo, la creación de esos servicios que defienden a las capas más desprotegidas de nuestra sociedad, anticipada y desinteresadamente, sin buscar notoriedad, rompen ese falso cliché. El Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI), es fruto de un convenio suscrito entre el Colegio de Abogados de Zaragoza y la Diputación General de Aragón, hace ahora catorce años, el 7 de diciembre de El fenómeno migratorio ha sido, es y será un fenómeno en alza. El mal reparto de la riqueza en el mundo, la persecución que sufren muchas personas por pertenecer a una determinada etnia, religión o movimiento político está obligando a muchos seres del mundo a dejar su tierra, incluso arriesgando su propia vida, e intentar alcanzar una vida mejor. La inmigración es una cuestión de plena actualidad en nuestra sociedad tanto por el impacto en los medios de comunicación como por la inquietud e inseguridad que la llegada masiva de extranjeros produce en todos nosotros. La inmigración se nos presenta como un fenómeno novedoso y desconocido; la consecuencia de esta ignorancia es, con frecuencia, el miedo a la diferencia, la xenofobia y el racismo. Quince años de trabajo El discurso de la inmigración como problema discurre de forma paralela a la difusión 30
9 Más de personas han pasado por el SAOJI desde su fundación, en los últimos cuatro años y sólo ha habido una queja por la actividad profesional interesada de falsas ideas que hacen que este colectivo se convierta a menudo en el blanco de acusaciones infundadas. El desconocimiento de lo diferente es el verdadero productor del miedo. Afrontar que empezamos a encontrarnos ante una sociedad multicultural nos hará estar en disposición de resolver los problemas. El Colegio de Abogados de Zaragoza, a través del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante, ha realizado un trabajo arduo y difícil. Podemos afirmar con orgullo que desde el lejano año 92, más de personas extranjeras han solicitado ayuda del SAOJI; que durante los últimos cuatro años se han tramitado más de expedientes y que, además, todo ello con un índice de aceptación tan alto por parte de los solicitantes que, en todos los años de funcionamiento del Servicio no se ha tramitado ante el Consejo de Gobierno del Colegio más que una sola queja por la actividad profesional. SAOJI es hoy un referente en Zaragoza. Alrededor de 60 abogados colegiados pertenecientes al Servicio y con una alta cualificación profesional en el campo del derecho de extranjería, atienden de lunes a viernes, en guardias diarias a una media de diez personas extranjeras, el 50 por ciento de las cuales son susceptibles de tramitar su expediente con objeto de solucionar sus problemas. Los expedientes requieren una gran laboriosidad y esfuerzo y los emolumentos que se obtienen por la tramitación de estos asuntos son simbólicos. La apuesta de la Abogacía zaragozana en el campo de la defensa de los derechos de las personas inmigrantes y carentes de recursos ha sido muy importante. No es un caso único: son muchos los Colegios de Abogados de España que están siguiendo el mismo camino. Las necesidades son todavía importantes, pero la mayoría de los Colegios de Abogados afrontan con rigor y mucho trabajo la defensa de los derechos de un colectivo tan desprotegido en todos los ámbitos como es la población inmigrante. 31

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 24