Source: http://formu.info/modelo-de-recurso-de-alzada-v4.html
Timestamp: 2019-01-20 03:29:37+00:00

Document:
Segundo. Defensa en base al artículo 23 del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008
Cuarto. Anulabilidad de la denegación de la prórroga.
D.______________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________________ DNI número __________________, ante el Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, comparece y como mejor proceda en derecho
Que en virtud de este escrito interpone, en tiempo y forma legales, RECURSO DE ALZADA, contra la resolución de fecha __________________, dictada por el Director Territorial de de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la provincia de ______________, con el número de expediente __________________________, por no encontrarla ajustada a derecho, con base en los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos:
Primero. Presentación de la solicitud de prórroga de subsidiación.
En fecha ______________, el interesado presentó solicitud de prórroga de subsidiación de la cuota de amortización del préstamo cualificado, concedida inicialmente por Resolución del órgano competente en fecha _______________, con número de expediente ________________, la cual se adjunta.
Segundo. Denegación de la prórroga.
En fecha _______________, el interesado ha recibido la notificación de la resolución dictada sobre la prórroga de subsidiación, por la cual se RESUELVE DENEGAR la prórroga del período de cinco años de subsidiación del préstamo cualificado concedida en su día, contrariamente a lo solicitado por esta parte.
Primero. Rechazo de la argumentación en base a la Ley 4/2013
La motivación de la resolución dictada por el órgano administrativo por la que se le deniega al Interesado la prórroga de subsidiación de préstamo, se fundamenta exclusivamente, en atención Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013 según la cual:
Régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda y Renta Básica de Emancipación.
No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.”
Atendiendo a lo que explícitamente se remarca en el apartado a) párrafo primero de la misma, debe entenderse que se mantienen y por tanto se van a pagar todas las ayudas reconocidas expresamente por las Comunidades Autónomas, tanto las de subsidiación de préstamos como las ayudas estatales directas a la entrada y subvenciones acogidas a los Planes de Vivienda 1998-2001, 2002-2005, 2005-2008 y 2009-2012. Por lo tanto, los derechos del interesado están reconocidos en el visado de compra-venta otorgado, por el organismo pertinente, con fecha _______________ perteneciente al Plan Estatal de Vivienda ______________. (Adjunto fotocopia del mismo como documento anexo)
Asimismo, el párrafo tercero es bien claro al señalar que a partir de la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda, esto es, el día 6 de Junio de 2013, no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda. La denegación incurre en contradicción a la norma puesto que los conceptos de “renovación” y “prórroga” referidos a la subsidiación de préstamo del interesado no pueden ser entendidos como nuevas concesiones de ayuda. El párrafo tercero de la norma sólo puede interpretarse y afectar a concesiones nuevas, esto es, resolución de solicitudes nuevas de ayudas, no renovaciones ni solicitudes de prórrogas sobre resoluciones de ayudas ya concedidas en origen, por lo que no se puede burlar, por tanto, los derechos del interesado con carácter retroactivo.
Según el artículo 23 del RD 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, la subsidiación a los prestatarios con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el SMI, como es el caso del interesado, se concederá por 10 años, con un período inicial de cinco años y pudiendo ser ampliada por otro período de la misma duración máxima. El articulado además señala:
La ampliación del período de subsidiación exigirá que el beneficiario de esta ayuda solicite la ampliación y acredite dentro del quinto año del primer período, que sigue reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a la subsidiación que le fue concedida.
Por lo tanto, el interesado considera que, atendiendo a la ley, la concesión de la subsidiación del préstamo cualificado lo es por una duración de 10 años y lleva implícita la concesión de la prórroga de dicho préstamo, sin más condiciones que seguir cumpliendo los requisitos económicos. Además, queda constancia de tal circunstancia en las especificaciones del visado otorgado al interesado con fecha ______________ (Adjunto fotocopia del mismo como documento anexo) Apartado II.2. Subsidiación b): Duración total de la subsidiación 10 años a cargo del Ministerio de Vivienda.
Tercero. Arbitrariedad del acto administrativo. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (Art. 9.3 C.E.). Principios de la buena fe y de confianza legítima (Art. 3 Ley 30/1992 RJAPyPAC).
Los principios de buena fe, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución, obligan a otorgar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad de ciertas situaciones jurídicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden haberse adoptado decisiones que afecten no sólo al presente, sino también al futuro condicionando éste (…) de aquí que lo que rotundamente no puede aceptarse es que una norma, ni reglamentaria ni legal, produzca una brusca alteración en una situación regularmente constituida al amparo de una legislación anterior, desarticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad podía legítimamente confiarse. Y por ello esos cambios sólo pueden admitirse cuando así lo imponga el interés público y, en todo caso, ofreciendo medios y tiempo razonable para replantear las situaciones individuales afectadas.
El interesado ha considerado oportuno reproducir un extracto sobre la arbitrariedad del F.J. 2º, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Enero de 1990, porque la arbitrariedad sobre la que se aduce nos debe remitir necesariamente a criterios de justicia material que sólo en los principios generales pueden buscarse.
El interesado considera que la Administración ha aplicado la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de forma totalmente arbitraria y además con carácter retroactivo, anulando una resolución ya concedida por la Administración que reconoce los derechos a la subsidiación del préstamo cualificado por un período de diez años, se están pasando por alto los principios antes mencionados. La interpretación arbitraria que se le da por parte del órgano que deniega la prórroga no refleja el sentido literal de la norma, y entra en contradicción con los principios recogidos en el artículo 9.3 C.E. que garantiza el principio de retroactividad, de legalidad, de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en conexión con los principios del artículo 3 LRJAPyPAC de buena fe y de confianza legítima que deben respetar las Administraciones Públicas en su actuación.
Por todo lo expuesto en los fundamentos jurídicos, la resolución por la cual se acuerda denegar la solicitud de prórroga es anulable, en base al artículo 63.1 Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo común, al incurrir en infracción del ordenamiento jurídico, ya que la solicitud ha sido resuelta de una forma arbitraria por el órgano que deniega la solicitud, aplicando una normativa distinta a la que corresponde con respecto a la solicitud formulada por el interesado, conculcando los artículos 53.2, 54.1 f) y 89.2 Ley 30/1992 sobre motivación y contenido de los actos administrativos y las resoluciones.
Quinto. Nulidad en base a la falta del trámite de audiencia.
No se ha puesto de manifiesto al interesado el “trámite de audiencia” durante el procedimiento, antes de redactar la propuesta de resolución, según lo previsto en el Art. 84.1 y 84.2 Ley 30/1992, situando al administrado en una posición de indefensión por no poder alegar lo que estimare oportuno. Por ello la resolución es nula de pleno derecho en base al artículo 62.1e Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo común.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con los artículos 114, 115 y demás normativa concordante de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Que se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma, junto con los documentos que se acompañan y, en su virtud, que se declare la nulidad de pleno derecho o la anulabilidad, lo que por derecho corresponda, de la resolución de fecha __________________, dictada por el Director Territorial de de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la provincia de ______________, con el número de expediente ___________________, por la que se deniega la prórroga de subsidiación de la cuota del préstamo cualificado, y en su lugar, se dicte otro acuerdo por el que se le conceda al interesado la prórroga de subsidiación de la cuota del préstamo cualificado en base lo especificado en el correspondiente Plan Estatal de Vivienda.
Fotocopia de la resolución de concesión de la ayuda a la subsidiación // visado de compra-venta
En ____________________a __ de ___________ de 201__
Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
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References: artículo 23
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 artículo 23
 artículo 9
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 artículo 9
 artículo 3
 resolución 
 artículo 63
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 artículo 114