Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030522.htm
Timestamp: 2018-11-19 12:09:42+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 22 Mayo 2003
Germán Yanke Libertad Digital 22 Mayo 2003
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 22 Mayo 2003
Un poco menos de ETA
Editorial ABC 22 Mayo 2003
El Supremo avisa a Atucha
Editorial La Razón 22 Mayo 2003
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Mayo 2003
¿Qué hará Atutxa ahora
EDITORIAL Libertad Digital 22 Mayo 2003
Un senador en Maruri
FLORENCIO DOMÍNGUEZ/ El Correo 22 Mayo 2003
¿Montar un negocio con Zapatero
Julián Lago La Razón 22 Mayo 2003
Un serio aviso a Zapatero
Antonio Martín Beaumont La Razón 22 Mayo 2003
Editorial El Correo 22 Mayo 2003
Los efectos políticos del Supremo
FERNANDO ÓNEGA La Voz 22 Mayo 2003
El Supremo y los proetarras
Editorial El Ideal Gallego 22 Mayo 2003
El discurso político de Setién
RAFAEL AGUIRRE El Correo 22 Mayo 2003
Cartas al Director El Correo 22 Mayo 2003
Antonio Casado El Ideal 22 Mayo 2003
Lo que Bin Laden quiere
RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 22 Mayo 2003
Alejandro Muñoz-Alonso 22 Mayo 2003
Cuestión de régimen
José Javaloyes La Estrella 22 Mayo 2003
Plataformas cívicas y asociaciones de víctimas de ETA piden a los vascos el voto para los constitucionalistas
MADRID. ABC 22 Mayo 2003
El TS acusa a Atucha de perpetuar a propósito la acción política de ETA y le ordena disolver SA
J. Prats / F. Velasco - Madrid.- La Razón 22 Mayo 2003
Ediles nacionalistas pasaban como gastos hasta la gomina para el pelo
D. Mazón - Madrid.- La Razón 22 Mayo 2003
La mujer que denunció a ETB por el vídeo de ETA pide que sea condenada por apología del terrorismo
Agencias Libertad Digital 22 Mayo 2003
La Fundación para la Libertad rinde homenaje a Gotzone Mora en Getxo
ARACELI FERNÁNDEZ/GETXO El Correo 22 Mayo 2003
Radicales atacan la sede del PP de Ermua y la comandancia de Marina de San Sebastián
O. B. DE O./BILBAO El Correo 22 Mayo 2003
«En España no hay centralismos. Nos determinamos todos»
ROSA ECHEVERRÍA ABC 22 Mayo 2003
El Tribunal de Cuentas señala la falta de «objetividad» en contratos de las CC AA
Redacción - Madrid.- La Razón 22 Mayo 2003
ABC 22 Mayo 2003
«Nunca han existido elecciones libres en el País Vasco»
Marta Borcha - Madrid.- La Razón 22 Mayo 2003
¿Qué se le ocurrirá ahora a Atutxa, al Presidente del Parlamento Vasco, para incumplir la última resolución del Tribunal Supremo y mantener a SA como grupo parlamentario? Porque el Tribunal Supremo ha sido claro: SA es un derivado de Batasuna y las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento, incluso para el Parlamento Vasco.
Ahora hay que esperar a saber cuál será la respuesta de la Mesa del Parlamento Vasco, en donde el nacionalismo –acompañado de IU– tiene la mayoría. En caso de no cumplir la resolución judicial tendrán que argumentar la razón de la negativa, y la utilización del término soberanía parlamentaria no se tiene en pie. La misma Constitución, en su artículo 118, recoge: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. Por otra parte, el artículo 117 de la misma Constitución recoge como función judicial la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, precepto del que es un desarrollo el artículo 12 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuando dice: “Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político”. Con ello, y el Código Penal, cuando hace mención del delito de desobediencia en sus artículos 410 y 411, la solución parece clara: el Parlamento Vasco tendrá que cumplir, después de meses de excusas y de declaraciones sin sentido, la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna.
Así, la Sala VI del Tribunal Supremo tiene dos vías, una contra aquellos que no cumplan con la obligación legal de colaborar con la justicia, en referencia al delito de desobediencia, y otra para obtener la propia aplicación de la sentencia de 13 de marzo, por la que se ilegalizó a Batasuna. Con arreglo a esta segunda vía, el Tribunal Supremo habrá de sustituir a la Mesa del Parlamento Vasco en este concreto supuesto y obligar a que SA desaparezca como grupo parlamentario propio en el citado Parlamento autonómico. Esto último, aunque novedoso, tiene su defensa legal en la obligación de todos los jueces y tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado –una obligación de carácter constitucional- y que le puede obligar a sustituir al Parlamento Vasco en tal función. Ello sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir los integrantes del tripartito sin mantienen su negativa a cumplir una resolución judicial.
Porque la excusa de la soberanía del Parlamento Vasco y de que el Reglamento de la Cámara no tiene previsto la ilegalización de un grupo parlamentario es fantasiosa. Utilizar el argumento de la soberanía parlamentaria para defender el incumplimiento de una resolución judicial es, como mínimo, mantener un argumento ridículo, caer en el absurdo: la soberanía parlamentaria lo es en referencia a sus competencias, pero no sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales, algo que entre de lleno dentro de las competencias del Poder Judicial. Montesquieu es posterior a los orígenes del pueblo vasco; pero a pesar de ello, la división de poderes es fundamental para nuestro ordenamiento constitucional y para cualquier democracia digna de tal nombre.
Lo mismo cabe decir sobre la excusa de que la Cámara Vasca no tiene prevista una situación semejante. El cumplimiento de una resolución judicial no es algo que pueda quedar a lo que el Reglamento de una cámara autonómica tenga o no previsto, ya que la ejecución de una resolución judicial no se solicita, se exige; y su no cumplimiento da lugar a un posible delito de desobediencia. De hecho, lo inimaginable sería que tuviera previsto si puede cumplir o incumplir una resolución judicial.
La Sala Especial del Tribunal Supremo ha zanjado el desacato en que se había colocado el Parlamento vasco, por decisión de los grupos nacionalistas y de IU, al negarse a disolver el grupo parlamentario sucesor de Batasuna, Sozialista Abertzaleak (SA). Todos los magistrados han vuelto a estar de acuerdo en una decisión que exigía un esfuerzo argumental y una motivación cualificada, ambos conseguidos, culminando así un proceso en el que la dirección asumida por el presidente del TS, Francisco Hernando, ha estado a la altura de la responsabilidad institucional que el Parlamento encomendó a la Justicia. El auto de disolución de SA extiende los efectos de la sentencia de ilegalización de Batasuna a la última presencia institucional, fraudulenta y simulada, del entramado político de ETA. Y lo hace resolviendo lo que es obvio en un Estado de Derecho: la superioridad de los Tribunales en la aplicación de la Ley y en la determinación de sus consecuencias.
Resuelve así el conflicto político -no jurisdiccional- que la Mesa del Parlamento vasco ya había configurado contra los autos dictados por el juez Garzón tras la suspensión cautelar de Batasuna. En cuanto al efecto concreto de la disolución, el auto dispone dos argumentos definitivos. Por un lado, desmonta la tesis de la independencia jurídica entre partido y grupo parlamentario, lo que permite dar continuidad de la disolución de Batasuna al grupo SA. Por otro, es el propio TS el que ordena la disolución de ese grupo, remitiendo a la Mesa del Parlamento la tarea de acomodar esa decisión conforme a la organización de la Cámara, lo que supone adscribir los parlamentarios del grupo disuelto al Mixto. No hay usurpación de funciones. Para ejecutar una sentencia firme ningún órgano administrativo necesita una potestad reglamentaria específica. Sólo hace falta voluntad de cumplir; oponerse entrará en el ámbito jurídico penal.
Con SA disuelta se hace completamente exacta la afirmación de que ETA no estará presente en las urnas ni en las instituciones vascas, lo que políticamente implica para el nacionalismo gobernante una definición más nítida de sus perfiles soberanistas y rupturistas. Sin una izquierda abertzale competitiva, el PNV presenta su oferta electoral en un dilema de relevancia constituyente, más que constitucional: el futuro de la relación del País Vasco con el resto de España. La conducción del curso político vasco a este extremo no admite la corresponsabilidad paritaria que se atribuye al Gobierno popular y al nacionalismo, recurso salomónico que elude el compromiso que exige la situación. El problema tiene mucho más calado que el de una mera disputa entre extremos: está sobre la mesa la pervivencia del pacto constitucional. Por otro lado, una mirada a la historia más cercana resulta aleccionadora. Fueron los socialistas vascos los primeros en tomar decisiones cuando vieron la aproximación del PNV a la izquierda abertzale. Por eso rompieron un pacto de Gobierno con el nacionalismo, que empezó en 1986 y consagró la política de transversalidad entre PSE y PNV.
El «espíritu de Ermua» y la ruptura del socialismo vasco con el PNV abrieron una nueva etapa política, marcada por el objetivo que ayer reiteraba en Bilbao el presidente Aznar: la consolidación de una alternativa constitucional al nacionalismo. Los emplazamientos del PP a los socialistas, sin negar los excesos de palabra que a veces los acompañan, para que se definan sobre la disyuntiva planteada por el nacionalismo tienen su justificación en el discurso irregular de los líderes nacionales y vascos del PSOE, enmarcado, sin embargo, en una mancomunidad leal del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Aunque resulte una simplificación impropia de la democracia, las ofertas electorales de PP y PSE a los ciudadanos vascos están obligadas a fijar sus posiciones con la misma claridad con que lo ha hecho el nacionalismo. El error del socialismo vasco sigue siendo el temor a perder autonomía por expresar un mensaje coincidente con el del PP, pero el resultado de equivocar la identidad del verdadero adversario acaba siendo la instalación en un terreno de nadie.
E l auto del Tribunal Supremo, por el que se ordena a la Cámara regional vasca la disolución del grupo parlamentario sucesor de Batasuna, contiene una serie de consideraciones legales y jurídicas que, por su obviedad, no suelen reflejarse habitualmente en las sentencias. De ahí que haya que interpretarse el auto del Alto Tribunal como una clara advertencia al presidente del Parlamento autónomo vasco, Juan María Atucha, sobre la necesidad imperiosa de que cumpla la Ley y la haga cumplir.
Esta posición, en cierto modo excepcional, del Supremo implica que los jueces que integran la Sala Especial no están dispuestos a dejar ningún resquicio al PNV para que pueda seguir manteniendo un absurdo pulso político que en nada debe afectar a las decisiones de carácter jurisdiccional. Porque, como afirma el alto tribunal, dentro del Estado no existen ni pueden existir poderes autónomos o autoinmunes al Derecho, ya que los poderes públicos están sometidos a la Carta Magna y al resto del ordenamiento jurídico.
La desobediencia a este auto por parte de cualquier responsable de la Cámara vasca supondría, por lo tanto, un grave atentado al Estado de Derecho, que tiene los medios jurisdiccionales precisos para corregirlo.
Y esto lo sabe de sobra Atucha. Tal vez por ello el Supremo le hace una última consideración de carácter docente: «Es inadmisible que un pronunciamiento jurisdiccional quede sin contenido por una pura apreciación política ajena a previsiones legales».
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Mayo 2003
LAS direcciones del PSOE e IU se quejan de que Aznar hable de la «coalición social-comunista» para explotar el voto del miedo cuando lo que deberían plantearse es si realmente aquélla produce miedo y por qué. Esta es la cuestión.
Es verdad que el pacto produce un cierto estremecimiento y no, como quiere Llamazares, porque alguien trate de recuperar los fantasmas del franquismo. Si la derecha española tuvo el papel de protagonista en la transición fue porque legalizó a comunistas y socialistas, hizo con éstos los pactos de La Moncloa y redactó con ellos la Constitución. Ya para entonces los fantasmas se habían esfumado. Lo que hoy puede producir miedo no es la evocación de aquel PCE ni de aquel PSOE ni la repetición de pactos similares a los que se dieron entonces en los Ayuntamientos, sino el nuevo rostro de la izquierda y su nueva estrategia en unos momentos de fragilidad nacional.
En los comienzos de la democracia española el pacto de socialistas y comunistas estaba estrictamente limitado al ámbito municipal. El primer interesado en dejar bien claro el alcance era el PSOE. Jamás se le ocurrió a González manifestarse por las calles junto a Carrillo y a los líderes sindicales y aun menos en un clima de asaltos a sedes de la derecha y de terribles agresiones verbales contra el Gobierno de turno. Por otro lado, aquel PCE de la transición había demostrado una fidelidad al proyecto de la Monarquía española constitucional de la que ahora parece arrepentirse y, por lo que respecta a los dos partidos de la izquierda, no compartían todavía las connivencias federalizantes con los nacionalistas vascos y catalanes sencillamente porque éstos seguían manteniendo su ideal independentista en el plano de lo ideológico, en sus programas máximos.
¿Por qué en aquellas condiciones iba a provocar miedo el anuncio de una coalición social comunista en los Ayuntamientos?
Ha habido dos cambios notables en estos años. Uno ha sido la liquidación del diseño que surgió después de la segunda guerra mundial y que aún acogió nuestra democracia, según el cual los papeles de los partidos de izquierda quedaban limitados a la crítica interna del sistema. Es paradójico, pero muy explicable, que con la práctica extinción de los partidos comunistas y la prescindibilidad de la socialdemocracia hoy pueda darse una mayor inestabilidad. La izquierda vuelve a la raíz, a las fuentes, se reconoce en las críticas al sistema mismo y se funde con las viejas heterodoxias trotskistas o estalinistas en el magma de la antiglobalización.
Pero en España este proceso tiene una singularidad especial: se da en el contexto de la crisis nacional. De tal manera que las izquierdas ven en ésta una posibilidad de recuperación. Y eso es lo que da miedo. El nuevo rostro antiglobalizador y antisistema en unos momentos en los que parecen poder prosperar las fórmulas antinacionales o pluriestatales. Los dos ideales de la izquierda profunda encuentran hoy su expresión en la revuelta contra la economía de mercado representada por los movimientos de la antiglobalización y el asalto al Estado aun cuando sea tan radicalmente autonómico como lo es el nuestro. Lo de menos son los pactos municipales. Lo preocupante es la mezcla de la voluntad arrasadora de los valores que aseguran la cohesión nacional con un talante entreguista ante todo lo que pueda debilitar lo que hemos entendido siempre como nuestra civilización. Esto es lo que verdaderamente da miedo de la coalición social-comunista. No su traducción municipal ni la evocación de los viejos fantasmas.
¿Qué hará Atutxa ahora?
La Justicia ha demostrado que ETA y Batasuna son la misma cosa y, consecuentemente, ha dispuesto que todas las pantallas, clones y sucedáneos de la pantalla política de la banda terrorista deben ser erradicados de las instituciones democráticas y privados de todo acceso al dinero público. Así lo entendió el Parlamento navarro, hace ya más de ocho meses, cuando disolvió el grupo parlamentario de Batasuna en cumplimiento de la resolución del juez Garzón que suspendía cautelarmente las actividades de Batasuna y de todas sus organizaciones afines. Incluida Socialistas Abertzales de Navarra, el nuevo nombre que eligió Batasuna para su grupo en la Cámara foral con el objeto de eludir su disolución después de la aprobación de la nueva Ley de Partidos.
Sin embargo, el Parlamento vasco, presidido por Juan María Atutxa, ni siquiera después de que la sentencia del Supremo ilegalizara en firme a la rama “política” de ETA, se ha avenido a cumplir con lo dispuesto por la Justicia. Ni aun cuando EEUU y la Unión Europea incluyeron recientemente a Batasuna en sus listados de organizaciones terroristas. Era evidente que el antiguo grupo de Batasuna en el Parlamento vasco, al igual que hizo en Navarra, cambió su nombre por el de Socialistas Abertzales para eludir la acción de la Justicia o, cuando menos, para retrasarla todo lo posible. Pero, en lugar de colaborar con la Justicia –como era su obligación, dada su condición de cargo público–, ha preferido colaborar con los diputados de ETA en la consecución de un evidente fraude de ley al amparo de un ficticio escrúpulo formal como es el de considerar, por el mero hecho del cambio de denominación, a SA algo distinto de ETA-Batasuna.
Pero la Sala especial del Tribunal Supremo –la misma que ilegalizó Batasuna, tal y como prescribe la ley– ha aclarado finalmente y por unanimidad las “dudas” de Atutxa y del tripartito gobernante en Vitoria: el presidente de la Cámara vasca debe disolver inmediatamente el grupo ahora denominado SA y sus diputados tendrán que pasar al grupo mixto, perdiendo así las prebendas asociadas a la condición de grupo parlamentario: especialmente los 15.000 euros por mes y grupo (que ahora tendrán que repartir con los diputados de IU), la posibilidad de presentar iniciativas parlamentarias y la disposición de un turno propio de palabra en los debates.
Después de la resolución del Supremo, a Atutxa, y al resto de integrantes de la Mesa del Parlamento vasco, básicamente les quedan dos alternativas: cumplir fiel y puntualmente lo dictaminado por el alto Tribunal o incurrir en un delito de desobediencia –que juzgaría el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su condición de aforado en territorio vasco– para el que están previstas penas de multa e inhabilitación, sin que por ello dejara de cumplirse la resolución, aun cuando fuera necesario –sería un caso inédito– que el Tribunal Supremo tuviera que sustituir a la Mesa para ejecutar la disolución de SA.
La excusa de la división de poderes y la circunstancia de que el reglamento de la Cámara vasca no contemple expresamente la disolución de un grupo –los argumentos de Atutxa en el escrito que dirigió al alto Tribunal– no son, ni deben ser, ningún obstáculo para el cumplimiento íntegro por parte del Parlamento autonómico de la sentencia que ilegaliza Batasuna. Del mismo modo que tampoco es obstáculo para el cumplimiento de una sentencia la circunstancia de que, por ejemplo, los estatutos de una sociedad mercantil no hayan contemplado explícitamente la posibilidad de que sus administradores puedan ser separados del cargo por decisión judicial.
Aunque cabe la posibilidad de que el presidente de la Cámara autonómica vasca intente plantear un conflicto de competencias –previsto en la Constitución sólo para las relaciones entre los ejecutivos autonómicos y el estatal, pero no para las relaciones entre el Poder Legislativo y el Judicial, cuyas competencias están muy bien definidas– ante el Tribunal Constitucional, lo más probable es que ni siquiera llegue a admitirse a trámite: la Constitución deja bien clara la obligación de todos los ciudadanos e instituciones, empezando por los poderes públicos, de colaborar con la Justicia y de cumplir las resoluciones judiciales.
Por tanto, es casi seguro que Atutxa ha quemado su último cartucho en la defensa numantina –aunque formalmente legal– de la permanencia oficial de ETA en las instituciones democráticas. A partir de ahora, el presidente del Parlamento vasco deberá optar entre cumplir con la Justicia o cruzar la línea que delimita la legalidad de la ilegalidad. Que elija una u otra dependerá, en buena medida, de la estrategia conjunta que el PNV haya podido pactar con ETA-Batasuna. El “plante al Estado español” ofrecido por Egibar a Ibarretxe podría dar comienzo, después de verificar los resultados de las elecciones, precisamente con la negativa de Atutxa a ejecutar la disolución de Socialistas Abertzales. Aunque también es posible que el PNV prefiera cumplir con la Justicia y esperar hasta después del verano para lanzar el órdago del referéndum separatista con el apoyo de ETA, cuyos diputados, en pago al respaldo institucional de Atutxa, respaldarían con sus votos el plan de Ibarretxe.
Iñaki Ezkerra La Razón 22 Mayo 2003
Maruri es un pueblo que no le sonaría a nadie de nada si no fuera por la estigmatización indecente y la persecución demencial que ha sufrido su cura, Jaime Larrínaga, a manos de una panda de vecinos nacionalistas. Gracias a la movilización democrática de muchos vascos, el PP va a poder presentar candidaturas en todas las localidades de Euskadi para estas municipales del 25-M y gracias a ese logro sin precedentes Maruri podrá votar al PP. Quien encabeza esa candidatura es la senadora Ascensión Pastor, la mujer que hizo con ese partido la travesía del desierto en el Ayuntamiento de Bilbao durante la década de los noventa, la que fue haciendo crecer con valentía y voluntad esa opción política por la que nadie daba dos duros entonces y que hoy es una sólida alternativa de poder en esa ciudad. En las municipales del 91 Ascensión sacó cuatro concejales. En las del 95 obtuvo siete. Luego Antonio Basagoiti alcanzaría ocho en las del 99 empatando con el peneuvista Azkuna, diferencia que se dirimió por los pelos a favor de este último con el otro concejal que sacó EA.
Además de senadora, Ascensión Pastor enseña Historia del Derecho a los estudiantes de la Universidad de Deusto desde hace un cuarto de siglo. A mí me parece emocionante la aventura política y humana de esta mujer que tiene edad de abuela joven y podría vivir como una reina preocupada sólo por el té con las amigas. A mí me impresionan las ganas de luchar de tantas señoras y señores de edad que en cualquier otra parte de España estarían viendo la tele o disfrutando del paseo con la familia o la charla con los amigos y que en el País Vasco se juegan el tipo haciendo eso, Historia del Derecho en vivo, llevando el Estado de Derecho a cada rincón y diciéndole a ETA que si no quiere taza, aquí tiene taza y media.
A mí que no me cuenten batallitas antifranquistas esos del PNV que no hicieron nada en el franquismo salvo prosperar. A mí que me cuente Ascensión su aventura en Maruri y su ascensión electoral en el Consistorio bilbaíno durante Los años de plomo (tomo la expresión del título del excelente libro sobre las víctimas de ETA que ha publicado Isabel San Sebastián). Si el domingo Basagoiti gana las elecciones, yo me acordaré de esta señora conservadora que ha renunciado a una vida tranquila y burguesa, de esta dama revolucionaria y heroica a su pesar, que no va de lo que no es, de esta misionera del voto libre, de esta jabata de la democracia y de todos los candidatos incombustibles de la Euskadi constitucionalista, que ¬como Ascen¬ son la reserva moral de la política española. Y brindaré con ella y con ellos porque los tendré a mi lado.
Las encuestas difundidas durante la campaña han coincidido al dibujar un panorama post-electoral en el que los pactos serán imprescindibles para alcanzar las mayorías necesarias para gobernar a buena parte de las instituciones vascas. Ser la fuerza más votada no garantiza, ni mucho menos, tener el número de electos suficientes para hacerse con el control de ayuntamientos y diputaciones. A partir del día 26, va a contar la capacidad de pactar con otras fuerzas tanto como el número de representantes obtenidos.
Desde el momento en que se han conocido estos datos se han intensificado en el discurso nacionalista los mensajes encaminados a presionar a los socialistas a fin de evitar posibles pactos del PSE con el PP. Se busca espantar a eventuales votantes socialistas que pudieran ser reacios a acercamientos hacia el Partido Popular y se busca también generar el máximo de tensión en el seno del PSE-EE con la esperanza de activar resortes contrarios al entendimiento entre constitucionalistas. Una operación de desgaste de este tipo se practicó con Nicolás Redondo y no les fue del todo mal.
Resulta una paradoja que el nacionalismo recrimine a los socialistas después de que haya sido incapaz de conseguir el menor acercamiento al PSE-EE desde 1998. En estos últimos cinco años el PNV, como partido mayoritario, no ha querido o no ha sido capaz de tender puentes hacia quienes fueron socios suyos durante una larga etapa. No fue posible en la constitución de los ayuntamientos en 1999, a pesar de que muchos socialistas lo deseaban, porque entonces todavía imperaba el veto establecido en el pacto con ETA.
La inflexibilidad posterior ha hecho imposible el entendimiento en materia de presupuestos por parte del Gobierno y tampoco ha habido acuerdos políticos sobre asuntos de calado con la salvedad de los pactos de Arkaute que no son sino mínimos en materia de seguridad. Ahora, al nacionalismo le asustan los frutos de su cerrazón durante estos últimos años.
¿Montar un negocio con Zapatero?
De verdad, de verdad, que la Historia no la escriben los vencedores, por mucho que se insista que quienes escriben la Historia son, resumámoslo en dos palabras, los in-decisos que diría Jesulín de Ubrique. En estas elecciones, especialmente abiertas, los son- deos registran hasta un 30 por ciento de voto in-deciso, o sea de voto no decidido, cosa que no es lo mismo que el voto oculto aunque ambos, voto indeciso y voto oculto, aparezcan bajo la leyenda única del «no sabe/no contesta».
Indeciso, por ejemplo, fue el nacionalismo vasco que, en los albores de la Guerra Civil, no sabía si apoyar la legalidad republicana o enrolarse al requeté de Mola, el «director» de la sublevación, al punto incluso de que el Gobierno autónomo del lendakari Aguirre intentara cerca del III Reich posibles apoyos nazis para alcanzar la independencia de Euskadi. O sea, que los auténticos indecisos son aquellos que albergan dudas interesadas, más o menos, sobre si apoyar a Mola o a la República en suma. Que una cosa es el voto indeciso, que es voto dubitativo, y otra bien diferente el voto oculto, que es voto indubitativo pero pudoroso. Cuando González, al final de su mandato en concreto, el voto oculto era mayoritariamente socialista por la vergüenza que producía lo de la corrupción mientras que ahora el voto oculto es popular por lo de la guerra, sobre la cual la oposición ha volcado su campaña electoral a toda pastilla para deteriorar, cuanto más mejor, a Aznar.
El problema para los socialistas reside, pues, en que parte del voto indeciso se derive no hacia ellos sino hacia el voto oculto merced a las políticas sociales promovidas por el Gobierno, lo que tiene cabreada a la Oposición, y con razón, que tiene la recuperación popular del voto perdido, sustancialmente centrista, que es donde está el mogollón. Que si se pierde Madrid que si no se pierde, que si en Zaragoza la Virgen del Pilar se ha aparecido en carne mortal a Belloch, que si también Valladolid está en el aire, que veremos a ver qué ocurre en las Baleares con la Munar con el tenderete abierto, que si repiten los populares con Camps en la Comunidad Valenciana, donde el Plan Hidrológico está haciendo más estragos a Plá que la guerra mismamente, que si esto, que si lo otro. Está claro, no obstante, que al PP el personal le tiene ganas, y más los dos millones de nuevos electores prestos a perder su virginidad en las urnas, no por lo que haya hecho o dejado de hacer, sino por su actitud indolente, lo cual ya ocurrió al socialismo cuando iba de sobrado.
Así que al final el cuerpo electoral ponderará si las ganas que tiene al PP el 25-M son más que las ganas que tiene de que regresen los brujos sociatas, ahora de la mano de Zapatero, que es un chico todo lo simpático que se quiera, con el que nos daríamos una vuelta en bici por el pueblo pero con el que nos pensaríamos dos veces montar a medias un negocio de recauchutados para bicicletas, cosa que tampoco es lo mismo, ni de coña.
El editorial publicado anteayer, a cinco días de la cita electoral, por el diario «El País» titulado «Simplismos» debe entenderse como un serio aviso a José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien el periódico de Polanco bajo su mancheta parece querer «matar más de un pájaro con un solo tiro». Por un lado, colocó distancia entre el periódico de referencia del socialismo español y el secretario general del PSOE, por lo que pueda pasar el domingo, porque las encuestas no les conceden tan brillantes resultados como vienen aventurando.
También promueve «El País» un acto de racionalidad política al resaltar la equivocación de Zapatero al justificar, en alguna manera, los actos terroristas cometidos en Casablanca con tal de volver a la carga electoral contra el Gobierno por su apoyo a la guerra de Iraq. Decir, como hace el editorialista de «El País», que «cuando menos» es un imprudente el que afirma que los atentados de Casablanca son una respuesta directa a la posición que ha mantenido el Gobierno de Aznar sobre la guerra de Iraq, es un misil ¬«inteligente»¬ a la estrategia de Zapatero.
Pero del mismo modo ¬el editorial¬ es una capacitada advertencia a Felipe González, que en referencia a los atentados en Marruecos defiende que «la estrategia de Estados Unidos, Reino Unido y España para combatir el terrorismo es un error que genera más odio y provocará más atentados». «El País» se anticipa en su editorial a ese tipo de explicaciones de González y otros «amigos» socialistas y les advierte que «no valen los argumentos que dejan en manos de los terroristas el papel de árbitros en el dilema moral que siempre supone decidir la participación de un país en una acción bélica».
Zapatero y González ante estos atentados han perdido la ocasión de callarse; o, mejor aún, posicionarse en la línea de pensamiento que por suerte ahora impera: la de tolerancia cero con el terrorismo, que no se pregunta ¿por qué matan los terroristas?, sino ¿por qué mueren los inocentes? Y responde inmediatamente: por culpa siempre de la sinrazón terrorista.
El Tribunal Supremo dictó ayer la sentencia por la que resuelve la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. La inapelable resolución contiene los argumentos suficientes como para concluir que su contenido no supone menoscabo alguno de la autonomía del Parlamento vasco como cámara legislativa. En el sistema de representación que rige la conformación de la Cámara autonómica no existe otra vía para acceder a un acta de parlamentario que la de concurrir a las elecciones dentro de una candidatura inscrita a tal efecto por un partido, una coalición de partidos o una agrupación de electores. De ahí que el propio Reglamento del Parlamento vasco llegue a precisar que los grupos parlamentarios integran a los electos que «hubiesen comparecido bajo una misma formación, grupo, coalición o partido político».
Desde un punto de vista formal, los grupos parlamentarios gozan de la autonomía que el propio legislativo les brinda respecto a los partidos de referencia. Pero en realidad su actuación obedece a las directrices de estos. En el caso que nos ocupa, los hechos han demostrado que la propia denominación de Sozialista Abertzaleak fue adoptada por Batasuna para procurar su «continuidad operativa» en previsión de su ilegalización como partido. La sentencia por la que el Tribunal Supremo resolvió la ilegalización de Batasuna habría resultado incompleta si el Alto Tribunal no hubiese tenido en cuenta tan evidente realidad. Máxime cuando el funcionamiento de dicho grupo heredero de Batasuna constituye una referencia pública que trasciende la actividad estrictamente parlamentaria.
La inexistencia de una cláusula reglamentaria que contemple el procedimiento de ejecución de una sentencia judicial de disolución de un grupo parlamentario no puede ser razón suficiente para que los órganos de gobierno de la Cámara vasca se resistan a aplicarla. Tal y como el propio Tribunal Supremo expone entre sus razonamientos -citando la jurisprudencia del Constitucional-, cumplir las sentencias judiciales constituye una ineludible obligación en el Estado de Derecho. La negativa expresa a acatar y aplicar la referida sentencia afectaría a una parte sustantiva del sistema democrático y del equilibrio entre los poderes constitucionales. Pero, igualmente, la eventualidad de que la Presidencia y la Mesa del Parlamento vasco opten por eludir la ejecución de la sentencia, procediendo a la tramitación previa de una reforma del Reglamento que introduzca el supuesto de aplicación de resoluciones judiciales en materia de organización interna de la Cámara, y posibilitando que tal reforma acabe frustrada en una votación plenaria, infligiría un daño de difícil reparación. El hecho de que la sentencia del Supremo inste al presidente y a la Mesa del Parlamento a cumplir la resolución «sin demora» adquiere, en este contexto, una especial significación. Porque cada gesto de resistencia o renuencia a la aplicación de la sentencia se convertirá en un factor de grave erosión del orden constitucional.
ESTE PAÍS sufre una especie de condena: desde 1977, no hubo proceso electoral donde los jueces no le hayan dado un protagonismo especial a Herri Batasuna. Desde la primera ocasión, en que se decidió procesar al histórico Telesforo Monzón en plena campaña, la historia se ha repetido sistemáticamente. Hasta hoy, que supongo que será la última vez, porque Batasuna ya está fuera de la legalidad. Pero hoy, cuando sólo quedan 48 horas de campaña, todos los periódicos publican la orden del Supremo de disolver el grupo de Batasuna en el Parlamento vasco.
La ilegalización de este partido se había llevado con notable éxito: no hubo grandes conflictos de orden público, las protestas de los nacionalistas han sido digeribles , e incluso ETA parece haber aceptado con resignación la realidad de los hechos. La resolución del Supremo, legalmente inevitable, introduce un nuevo ingrediente. Le presta a todo el nacionalismo un plus de presencia en la opinión pública que el nacionalismo se dispone a aprovechar. Quiero decir que nos debemos disponer a escuchar frases solemnes sobre la intromisión del Estado en un parlamento autónomo, asalto a la soberanía o uso de la Justicia con fines partidistas. Por supuesto, se utilizarán todas las triquiñuelas para retrasar el cumplimiento.
¿Y la propia Batasuna? Pues, increíblemente, va a capitalizar esta resolución. Se seguirá presentando como mártir de los poderes del Estado. Dirá esas lindezas de genocidio ideológico . Llamará a sus fieles para que le voten, aunque ese voto sea un sufragio perdido. Pero será su seña de identidad y su defensa: un alto número de votos nulos le permitirán decir ante el mundo que han ilegalizado a un importante porcentaje del pueblo vasco. Arzalluz y los suyos, aunque aprovechen publicitariamente el momento, tienen que estar cabreadísimos. Y es que cada voto nulo será un voto que ellos pierden, después de haber soñado tanto con él. Y algo peor: salvo que Odón Elorza se deje seducir, se quedan sin tener con quién completar mayorías. No se puede pactar con un voto nulo.
Juan María Atutxa se hizo popular en su época de consejero vasco de Interior por la imagen que ofrecía de vivir en permanente estado de enfado. El salto a la presidencia del Parlamento de Vitoria redujo su protagonismo y difuminó su apariencia de hombre crispado, no obstante, la resolución del Tribunal Supremo ordenándole la disolución inmediata del grupo Sozialista Abertzaleak ha vuelto a mostrar al Atutxa enojado. Sin embargo, no ha sido el único dirigente del PNV al que no le ha gustado nada la decisión judicial, actitud que confirma que el partido de Xabier Arzalluz da cada vez menos importancia a los principios constitucionales. Si el plan secesionista de Juan José Ibarretxe ya era un ataque en toda regla a la Carta Magna, el empeño en no respetar la división de poderes y menospreciar los autos de los tribunales supone que el PNV está dispuesto a cruzar la frontera de la legalidad. Ya llega con que en el País Vasco exista desde hace casi cuarenta años un grupo que vive del otro lado de la ley, que sólo sabe alimentarse del crimen y la extorsión, circunstancias que le han conducido precisamente a la situación en la que se halla en la actualidad. Los “peneuvistas” no pueden cometer el mismo error; la tradición democrática de la que tanto les gusta presumir merece un respeto. Hacer lo contrario sería consagrar una mentira, que “casualmente” es la norma de conducta de ETA.
La presentación en San Sebastián del libro de José María Setién 'De la ética y el nacionalismo', en plena campaña electoral y rodeado de la plana mayor del PNV guipuzcoano, fue un acto cargado de repercusiones eclesiales y de significación política. Sus cuatro capítulos recogen dos escritos anteriores y la respuesta crítica a dos documentos episcopales: a un artículo de Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, titulado 'La conciencia cristiana ante el terrorismo de ETA', y a la Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (CEE) 'Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias', de noviembre del año pasado. Como siempre en Setién, el estilo está muy trabado lógicamente, pero a partir de unos principios, algunos bien discutibles, que se convierten en operativos en contacto con una visión de la realidad vasca, en mi opinión, muy unilateral.
Fundamentalmente el libro es un alegato a favor de la legitimidad del nacionalismo vasco, que es presentado como necesariamente radical porque sus principios le exigen reivindicar un «derecho originario y natural a la autodeterminación». Se da por supuesta la condena sin paliativos del terrorismo de ETA, que es considerado expresión de un nacionalismo totalitario, de raíz marxista, que nada tiene que ver con el nacionalismo sabiniano, que al parecer no requiere cautela alguna. Diversas veces he mostrado mis discrepancias profundas con Setién, pero huyendo del apasionamiento que sus intervenciones solían desatar y de las imputaciones falsas que no pocas veces se le atribuían. En este artículo me ciño sólo a algunos aspectos, que considero claves, de su libro.
Encuentro, ante todo, una utilización inadecuada y confusa del concepto de nación, entendida como realidad sociocultural, como pueblo, como realidad social y que sería el sujeto del derecho natural y originario de autodeterminación. Pero, en mi opinión, el punto de partida debe ser la persona humana, sujeto primario de derechos, reconocido como ciudadano en una sociedad democrática que nace de la voluntad popular y que, como tal ciudadano, prevalece sobre las pertenencias étnicas, religiosas o electivas que pueda tener. Naturalmente el desarrollo de la persona requiere la constitución de ámbitos de sociabilidad, que pueden tener sus propios derechos, que serán siempre secundarios y no podrán avasallar la libertad de los individuos. En concreto en el País Vasco de nuestros días, la libertad que falta no es la del pueblo vasco para autodeterminarse, sino la de muchísimos ciudadanos no nacionalistas para vivir y expresarse, no sólo por la amenaza terrorista, sino por la coacción social. Del derecho inequívoco a la autodeterminación de cada persona no se sigue que las naciones siempre y necesariamente tengan «un derecho natural y originario de autodeterminación». Todo grupo social tiene derecho a desarrollar con libertad sus peculiaridades, pero esto no implica necesariamente el derecho de una nación a convertirse en Estado. No se pueden equiparar aspiraciones legítimas con derechos estrictos, cuya no consecución implica injusticia.
La CEE habla del «olvido que, con frecuencia, sufren las víctimas del terrorismo y su drama humano». Setién matiza y saca a colación la instrumentalización de las víctimas por «la opción política españolista». ¿Es todo lo que tiene que decir sobre las víctimas? ¿No reconoce la injusticia y el escarnio con que se las ha tratado? ¿Ni la deuda que la Iglesia tiene con ellas y que otros obispos han reconocido? Una visión ética de inspiración cristiana del problema vasco debe tener en la memoria y justicia debidas a las víctimas un punto de referencia esencial. Pero nada de esto se encuentra en el libro que comento.
En la polémica con sus colegas de la CEE, Setién responde a su afirmación de que cometería una grave inmoralidad «quien rechazando la actuación terrorista quisiera servirse del fenómeno del terrorismo para sus intereses políticos», diciendo que el mismo juicio moral merecería quien excluya el planteamiento nacionalista «solamente por la supuesta razón de no favorecer al terrorismo». Suponiendo que ambas actitudes se den en el País Vasco, ¿de verdad cree que merece el mismo juicio moral quien se beneficia del terrorismo porque condivide sus fines que quien se juega la vida porque lo combate? Además, en mi opinión bien discutible ciertamente, la presión de ETA y su entorno, en buena medida mafioso, ha contribuido decisivamente a que las reivindicaciones nacionalistas adquieran una centralidad social que, con toda probabilidad, no tendrían en una sociedad vasca no sometida a semejante coacción violenta y atosigante. Han sido dirigentes conspicuos del PNV quienes han hablado de que no hay movimiento de liberación nacional sin brazo armado. ¿No se le abren las carnes cuando oye eso de que «otros mueven el árbol y nosotros cogemos las nueces»?
El razonamiento escolástico se convierte en coartada escapista cuando Setién comenta el siguiente párrafo de la CEE: «Tampoco es admisible el silencio sistemático ante el terrorismo. Esto obliga a todos a expresar responsablemente el rechazo y condena del terrorismo y de cualquier forma de colaboración con quienes lo ejercitan o lo justifican». Estas palabras ponen el dedo en la llaga que debe escocer a la sociedad vasca y a la Iglesia en particular. De lo que aquí se habla no es del silencio de los amedrentados por las amenazas. De lo que se trata es de tanto pasar de largo ante la falta de libertad, de la exclusión ideológica, de las amenazas a miles de ciudadanos (más de 40.000 según Gesto por la Paz), de la falta de solidaridad con las víctimas, de tanto silencio obsequioso y cobarde ante la apología del terrorismo. Quien habla en nombre de la ética -y no digamos nada si lo hace en nombre del Evangelio- tiene que exhortar a la sociedad vasca a vencer el miedo y la comodidad, a solidarizarse con los amenazados y a rebelarse cívicamente contra el fanatismo. Pero el libro, muy comprensivo con los que callan, no dice nada de esto.
Polemizando con el arzobispo de Pamplona, Setién aborda el problema candente y delicado de la promoción del euskera y afirma que «es éticamente aceptable la existencia de una intencionalidad política en los proyectos dirigidos a su recuperación y consolidación». Pero no dice nada de la patrimonialización por una ideología de lo que es un bien de todos. ¿No es el uso político del euskera un grave impedimento para su más amplia aceptación social? ¿No tiene nada que decir monseñor Sstién cuando ve al euskera convertido en santo y seña del rupturismo social más atribiliario?
En mi opinión, el nacionalismo totalitario, etnicista y excluyente de ETA y su entorno se ha revestido en ocasiones, más antes que ahora, de marxismo, pero fundamentalmente es un desarrollo de la ideología sabiniana originaria. De otra forma no habría tenido ni tanta extensión social ni, mucho menos, tan amplias complicidades sociales. Un nacionalista democrático no debe ofenderse por esta afirmación. Todas las ideologías, incluido el cristianismo, pueden tener y, de hecho, tienen sus perversiones que, con frecuencia, practican la violencia. Uno de los méritos del documento de la CEE es que analiza las raíces del terrorismo con mayor profundidad que otros documentos episcopales y es un acierto cuando considera teológicamente como idolatría la absolutización de la ideología nacionalista que late detrás del terrorismo. Pero esto tampoco le gusta a Setién, que dice: «Difícilmente se encontraría hoy un nacionalismo radical que, 'de verdad', quisiera situar a su proyecto político en el lugar de Dios». Que hay una forma de nacionalismo vasco que funciona como religión de sustitución y que ha contribuido a la desertización del espíritu cristiano en amplios sectores sociales es cosa demostrada por los sociólogos. El 'fanatismo' etimológicamente es envolver de halo sagrado lo que es profano. Setién rechaza con notable frivolidad un diagnóstico teológico que entra en lo más profundo de la degeneración del nacionalismo exacerbado.
Creo que puede hacerse una lectura del documento de la CEE mucho más positiva que la realizada por Setién. Es un texto que no tiene el menor atisbo de españolismo reaccionario y que acepta explícitamente las opciones nacionalistas democráticas. Afirma que España es producto de un complejo proceso histórico que no puede romperse «unilateralmente», y dice: «No es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y propugnar la creación de un nuevo Estado». Lo cual implica que sí hay modos legítimos de propugnarlo. El pensamiento de la CEE se aclara cuando añade que «la Constitución es hoy el marco jurídico ineludible para la convivencia... Se trata de una norma modificable, pero todo proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico». Me temo que aquí está la madre del cordero para el actual nacionalismo vasco y para Setién, que no discute directamente este párrafo decisivo. Tras su giro reciente, el nacionalismo silencia, cuando no niega, la existencia de una democracia en España. El Estatuto, recibido en su momento como la base de una convivencia democrática entre vascos y en el Estado, es ahora deslegitimado por principio como una carta otorgada. El libro de Setién reviste de argumentos éticos este rupturismo político. Afirma que el marco jurídico vigente, cuya naturaleza democrática queda ímplicitamente descalificada, no ofrece posibilidades de transformación interna que pueda satisfacer a los nacionalistas vascos. Lo que Setién ya apuntó en la conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI en 1988 se dice ahora de forma más clara y razonada.
El libro que ha dado pie a estas líneas tiene una decidida voluntad de intervención política y José María Setién se confirma como uno de los principales ideólogos de la deriva soberanista del nacionalismo vasco, que ha fracturado la sociedad vasca. Reprocha Setién al documento de la CEE que no sea independiente «respecto del lenguaje condenatorio utilizado por ciertas instancias políticas interesadas». Pero de su libro hay que decir que ofrece, con un presunto revestimiento ético, la justificación política del nacionalismo representado por el 'Plan Ibarretxe'.
Iñaki Agirre/Bilbao Cartas al Director El Correo 22 Mayo 2003
Resulta impresionante la satánica 'candidez' de Setién cuando afirma en su libro que «el proyecto político que del mismo -del ejercicio del derecho de autodeterminación- pueda surgir no tiene por qué ir en contra de los derechos humanos, libertades y derechos políticos de los no nacionalistas». Monseñor pretende no ver que ya en una autonomía gobernada por el nacionalismo se están conculcando las libertades de no nacionalistas e incluso de nacionalistas. Monseñor, y mucha gente como él, pretenden no ver que lo imprescindible ahora es recuperar el derecho a pensar por uno mismo cuál es la mejor alternativa política para Euskadi sin coacciones de ningún tipo. Se trata de educar a quienes creen que tienen derecho a imponer lo que quieren por la fuerza, por el miedo. Monseñor cree que la 'independentzia' traerá la paz y no quiere ver que la (nefasta) costumbre de usar la violencia y el miedo como arma de presión es un sustrato venenoso para la construcción de cualquier nación. Y nada cristiano, aunque esto le suene a música celestial.
Como si utilizasen el mismo manual de comportamiento, al igual que ETA se sirvió de la televisión autonómica vasca para difundir sus intenciones, Al Qaeda ha vuelto a remitir un vídeo a Al Jasira en el que el número dos de la organización terrorista, Aiman Al Zawahiri, ha llamado a los musulmanes a intensificar su guerra santa contra americanos y judíos. Los temores alimentados por los recientes atentados en Casablanca ya tienen fundamento. Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania algo barruntaban cuando decidieron cerrar sus embajadas en Arabia Saudí. Es probable que más legaciones de y en otros países sigan ahora el mismo camino. Porque la amenaza no es baladí. El sistema del fundamentalismo islámico para sembrar el terror es, desgraciadamente, un modelo de eficacia. Ante tal amenaza, resulta absurdo divagar sobre el papel que ha jugado la invasión de Irak, aunque las palabras del brazo derecho de Bin Laden no dejan lugar a demasiadas especulaciones: “los iraquíes no están solos en su lucha”. La guerra santa ya no es una cuestión religiosa. Hace tiempo que dejó de serlo. Es un conflicto entre dos formas de vivir: la que encumbra la libertad por encima de cualquier consideración y la que ningunea la condición humana para ponerla a los pies de una doctrina. Cualquier análisis conduce al escalofrío. Por más que se dialogue, por más que se emborronen hojas de ruta, por más que el mundo baile de un lado a otro de la mesa, todos los caminos conducen a una espiral de violencia cuyo fin es, hoy por hoy, una utopía. No son buenas noticias. No.
Ya se comprende que desde unas formaciones políticas interesadas en desbordar un marco legal se haga muy cuesta arriba asumir lo que significa el imperio de la norma frente a la tentación de la arbitrariedad, pero así es como ha decidido organizarse el mundo civilizado.
Es la primera reflexión que provocan las reacciones iniciales del nacionalismo vasco, donde se hace circular alegremente el concepto de la “prevaricación”, como manufactura política, al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que decide la disolución del brazo parlamentario de un partido previamente declarado fuera de la ley por el alto tribunal.
Frente a esas reacciones se impone una cierta dosis de pedagogía. Veamos: si habla el Tribunal Supremo habla el máximo órgano del Poder Judicial, uno de los tres pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Habla en nombre de la ley, de la norma escrita que a todos obliga, no en nombre de un partido, ni del Gobierno, ni de la oposición, ni de un grupo corporativo.
Lo que dice la sala especial del Tribunal Supremo es que si un partido político es ilegal lo es a todos los efectos. También en su representación parlamentaria. Esto es lo que al parecer no había quedado demasiado claro en la sentencia del 27 de marzo, que declaró a Batasuna fuera de la ley.
Ahora se despejan las dudas y el asunto queda resuelto con toda nitidez, una vez verificado el hecho de que este grupo parlamentario de la cámara de Vitoria, aunque con distinto nombre, está formado por las mismas siete personas que obtuvieron su acta en las listas de un partido posteriormente declarado ilegal.
Por tanto, si el partido es ilegal también lo es su grupo parlamentario. En consecuencia, se ordena su disolución en requerimiento dirigido al gobierno de la cámara vasca, presidido por Juan María Atutxa.
A la Mesa del Parlamento vasco sólo le queda cumplir la sentencia. Se podrán hacer todas las interpretaciones libres que se quiera, porque no hay otros límites en los espacios alumbrados por el principio de oportunidad. Pero el principio de legalidad obliga a todas las instituciones del Estado.
En esa perspectiva, la que está iluminada por el imperio de la ley, la Mesa de la cámara no tiene más salidas que la de aplicar el Reglamento donde está perfectamente previsto el supuesto de disolución de un grupo parlamentario por decisión de los tribunales. Aunque a escala individual cada uno de sus integrantes pueda conservar su escaño. Lo que no pueden conservar son los beneficios, organizativos, económicos, de expresión como grupo, de representación etcétera.
Por RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 22 Mayo 2003
LO que Bin Laden quiere -o quería en el caso de que ya no esté con vida- lo ha venido repitiendo insistentemente desde comienzos de los 90 y es algo muy simple, tanto que nunca se le hizo mucho caso: recomponer un imperio musulmán bajo la forma de una república islámica de corte integrista y radical. El camino para conseguirlo era también muy claro, derrocar inicialmente a los regímenes del Islám moderado, a quienes tildaba de corruptos, y promover desde ahí una revolución islamista mundial a través de la guerra santa.
La victoria sobre las fuerzas soviéticas en Afganistán la interpretó Bin Laden como una fuente no sólo de inspiración moral -las fuerzas de la religión frente a los impíos-, sino, sobre todo, como un estallido de entusiasmo en las masas musulmanas por el cambio a través de las armas. Con Alá de su lado, los integristas podían derrotar a sus enemigos por muy poderosos que éstos parecieran.
Aunque sólo unos pocos lo vieron entonces, el ataque a los Estados Unidos estaba cantado. Por un lado, Bin Laden necesitaba expulsar del Golfo a los americanos, al considerarles el soporte último de las monarquías tradicionalistas, empezando por la familia real saudí. También necesitaba echarlos de la zona para poder acabar, en su momento, con el Estado de Israel. Pero sobre todo, Bin Laden y su red Al Qaeda necesitaban humillar a Norteamérica, ir más allá de un coche bomba ante una sede diplomática o una instalación militar en la zona. Agrediendo en su suelo se aspiraba a acelerar los sentimientos aislacionistas del pueblo americano; además, agrediendo catastróficamente en los Estados Unidos se esperaba doblegar su voluntad y potenciar una actitud de apaciguamiento que les acabaría rindiendo a sus pies.
Afortunadamente Bin Laden se equivocó y la reacción de Norteamérica fue la contraria: en lugar de resignada aceptación, un redoblado esfuerzo por combatir el terror; en lugar de retraimiento, un decidido intervencionismo global. La gran sorpresa de Bin Laden no será haber conseguido destruir las Torres Gemelas, como se le escuchaba decir en una cinta de vídeo, sino la acción militar que en menos de un mes tras los atentados del 11-S se le vino literalmente encima.
Mucho se ha discutido desde entonces sobre la eficacia de la intervención militar para desarticular Al Qaeda, pero una cosa es cierta, desde la caída de Kandahar, Al Qaeda ha visto su capacidad de mando y control severamente mermada y se encuentra acosada en numerosos frentes, geográficos y funcionales (finanzas, logística, etc.). Nadie puede negar que los Estados Unidos y la coalición internacional han logrado notables éxitos en su lucha contra el terrorismo. En las últimas semanas, incluso, media docena de dirigentes de la banda de Bin Laden han sido capturados.
La victoria de la coalición en Afganistán, de hecho, supuso un importantísimo golpe psicológico para Bin Laden y sus secuaces: ellos tampoco eran invulnerables y se les podía vencer. Con la caída de Afganistán, Bin Laden perdió mucho de su retórica y su deseo de inflamar a las masas musulmanas se volvió más irreal que nunca. Ese sentimiento de frustración y derrota es algo presente en estos momentos en muchos árabes tras la rápida victoria angloamericana sobre el Irak de Saddam Hussein, victoria que se interpreta como una incapacidad islamista de llevar adelante su estrategia y hacer avanzar su ideario.
Los recientes atentados de Ryad y Casablanca, atribuibles a grupos relacionados con Al Qaeda -y más exactamente con el Frente Mundial Islámico por la Jihad organizado en 1998 por el mismo Bin Laden- prueban que el terrorismo islámico sigue vivo y operativo, cosa que, dicho sea de paso, nadie dudaba. Pero también pone de manifiesto que ha perdido buena parte de su capacidad de actuación. El grado de coordinación entre los atentados en Arabia Saudí y Marruecos está sujeto a debate, pero es evidente que la letalidad de dichas acciones recuerda más al inicio de Al Qaeda que al terrorismo de masas del 11-S. ¿Significa eso que Al Qaeda no puede repetir un ataque tan letal como los de septiembre de 2001? Ningún analista de inteligencia iría tan lejos en sus afirmaciones. Han sido miles los terroristas entrenados en Afganistán por los lugartenientes de Bin Laden y es más que probable que una parte de ellos aguarde entre nosotros las órdenes y el momento oportuno para atentar.
Pero hay algo que, al hablar de la mente terrorista, siempre hay que tener presente: es el éxito de sus ataques su alimento básico. Ser capaces de causar muerte y destrucción es su mayor motivación para seguir atentando y asesinando. No provocar una matanza, no causar una explosión, en suma, permanecer inactivos, forzosa o voluntariamente, es rápidamente percibido públicamente como debilidad e impotencia, justo lo contrario de lo que el plan de Bin Laden necesita. De ahí que se temiera en los servicios antiterroristas occidentales un ataque inminente por parte de Al Qaeda. ¿Quiere decir esto que hay una causa-efecto automática entre la guerra en Irak y estos atentados? No necesariamente. Al Qaeda también hubiera necesitado de hacer oír su mortífera voz aún sin la guerra contra Saddam Hussein. Después de Bali, estaba encajando malamente las detenciones y desarticulaciones de células terroristas. Aunque no puede negarse que sus líderes saben muy bien cuáles son las sensibilidades occidentales y cómo elegir los momentos y a sus víctimas.
Ahora bien, si son sus éxitos los que traerán más atentados, cabe extraer algunas consecuencias. La más clara, que una política de aislamiento respecto al mundo, no nos eliminará de su lista de potenciales objetivos. Por desgracia, Bin Laden conocía España mucho antes de que los españoles supiéramos de él. Mientras que la comunidad de inteligencia pensaba que los elementos ligados a grupos terroristas islámicos utilizaban nuestro suelo patrio como zona de descanso o retiro, Mohamed Atta estaba organizando el 11-S desde nuestras playas; cuando el país entero esperaba de Bin Laden un manifiesto antiamericano el día del ataque a Afganistán, el gurú de Al Qaeda hace remontar sus quejas a la conquista de Al Andalus -nuestra Reconquista-, tierra que sigue considerando propiedad histórica del Islam.
Pensar que por nuestra política exterior somos un objetivo más o menos deseable para los asesinos de Bin Laden es dejarse guiar por un equívoco, más peligroso si cabe si se concluye que España debe separarse de la lucha global contra el terrorismo y distanciarse de los Estados Unidos. América tiene que ser castigada, según Al Qaeda, no por lo que hace, sino por lo que es. Y nos guste o no, los españoles pertenecemos al mismo mundo liberal y democrático, de valores y derechos humanos universales e inherentes a las personas, que América. Y por lo que somos y representamos estaremos en el punto de mira de Al Qaeda, no por lo que hagamos o dejemos de hacer.
Los terroristas desencadenan su destrucción y horror en función de dos variables, motivación y oportunidad. Evitando enfrentarse a ellos para que no nos ataquen es regalarles más motivo de orgullo y satisfacción, es otorgarle mayor capacidad de aterrorizar y lo seguirán haciendo. Separarse de Estados Unidos de la lucha contra el terror es, simplemente, negarse los mejores medios a nuestro alcance para combatir a los terroristas. Para vencer al terrorismo la única opción es el compromiso activo de las democracias liberales; para ser derrotados, la política del avestruz.
Después de los atentados de Riad y Casablanca varios países además de los afectados han incrementado sus medidas de alerta contra el terrorismo islamista, hasta ponerlas en «alerta naranja», el nivel inmediatamente anterior al máximo de la «alerta roja». Como era de prever no han faltado quienes han conectado estos últimos atentados con la guerra de Iraq y se han recordado las palabras del presidente egipcio Mubarak que dijo que la guerra produciría «mil Ben Laden». En la campaña electoral española, algunos líderes de la izquierda, en un alarde de irresponsabilidad, han ido aún más lejos y han llegado a decir que, al ponerse del lado de EE UU, «Aznar nos ha puesto en el punto de mira» de ese terrorismo.
Hace falta tener muy poca memoria para olvidar que, desde 1998, Osama Ben Laden ha declarado abiertamente la guerra al «corrupto y decadente» Occidente y que ya entonces dedicó un significativo párrafo a España con el argumento de que Al Andalus era tierra musulmana. En estas ideas se envenena a los terroristas suicidas que forman parte de las diversas redes, descentralizadas pero muy conectadas entre sí y coincidentes en ideas y propósitos, que forman parte de esa compleja galaxia en cuya cúspide está Al Qaida. Ya en los años ochenta el terrorismo islamista puso una bomba en un restaurante madrileño cercano a Barajas con catastróficos resultados. Y nuestro país se convirtió después en lugar de refugio de esos activistas, lo que explica que prefirieran no ejecutar aquí actos terroristas. Como durante mucho tiempo hizo ETA en Francia.
Pero pensar que si miramos para otro lado y nos refugiamos en la egoísta irresponsabilidad, como quiere Zapatero (de lo que quiere Llamazares es mejor ni hablar), pertenece al extendido género de la estupidez política. Atribuir a los terroristas cualquier grado de racionalidad carece de fundamento. Por ejemplo, Ben Laden inició sus acciones como protesta por la presencia de tropas de EE UU en Arabia Saudí y resulta que lleva a cabo su primer atentado allí, precisamente cuando los americanos anuncian que se van a marchar. Zapatero pronto nos propondrá el «diálogo» con Al Qaida.
Salen, entrelazadas, las rojas cerezas del terrorismo islámico..Los suicidas marroquíes de Casa blanca procedían de dos lugares: de una villamiseria de la capital económica marroquí y de las Madrazas integristas de Arabia. Tres de los detenidos por los policías saudíes son súbditos marroquíes, presumiblemente formados como sus compatriotas/bomba del pasado viernes, en los mismos centros coránicos de fanatización. Y su proyecto de secuestrar un avión para estrellarlo, como sus correligionarios del 11-S, es una aberración clonada de la que perpetraron éstos. Las matrices de las Madrazas no parecen dar para mucho más: poco mensaje religioso y mucha dinamita. Es lógico, por tanto, que los gobernantes norteamericanos sigan elevando los niveles de alerta en su propio territorio, además de cerrar las sedes de su representación diplomática y consular en Arabia.
Pero si todo esto es lógico, lo será también que Washington exija a Riad la clausura o la intervención de las Madrazas saudíes como elemento central de las prometidas reformas políticas. La hora de los ulemas se encuentra a punto de sonar en Arabia. El terrorismo de Al Qaeda ha pasado de ser un problema para el Estado saudí a constituirse en una cuestión de Estado. No es asunto cualquiera de orden público, diferenciado de los demás sólo en términos cuantitativos de intensidad o premura. Se trata de un problemón, cualitativamente definido y diferenciado de los otros que pueda tener el país. Y más aun que una cuestión de Estado, como he dicho, es una cuestión de régimen. Y lo es porque concierne y afecta a las médulas constitutivas del Reino de Arabia.
El Reino de Arabia, cuyo establecimiento como tal es datado oficialmente en tiempos anteriores a la independencia lograda tras de la derrota del Imperio Otomano en 1918, es una bóveda soportada por tres pilares: el militar históricamente ejercido por los Saud; el religioso, expresado en el islamismo estricto del wahabismo, y el económico, cuyo eje es la riqueza petrolera, con las reservas más grandes del mundo. Los Estados Unidos apostaron por Saud y Saud apostó por los Estados Unidos. De ese acuerdo arrancó la estabilidad interna y la seguridad regional de Arabia, y desde el mismo pacto fue posible que la secularización que traía bajo el brazo el nacionalismo árabe, limitadamente socialista y republicano, no se llevara por delante el régimen establecido en Riad. Fue posible también que el gasto desordenado en armamento de otros Estados del petróleo se convirtiera en un ordenado flujo de petrodólares hacia la industria norteamericana de armamento, aunque también hacia la británica. ¿Un matrimonio de conveniencia? Sí, de conveniencia, pero también de larga duración. Y, además, hasta dónde le ha sido posible, Arabia ha operado siempre – en estricta sintonía con los EE.UU.- como válvula de regulación de los precios del petróleo en el seno de la OPEP.
Pues bien, a la columna religiosa del régimen político saudí, hecha con la madera del fundamentalismo, la han cancerado la termitas almohades de los ulemas y de sus seguidores hiper-integristas de Al Qaeda. Sanear esa estructura, limpiarla y darle un tratamiento de larga duración no es tarea baladí ni programa de menor cuantía. Es, pura y simplemente, lo dicho: una cuestión de régimen. La reforma en que consiste el saneamiento puede suponer un desafío como el que enfrentó al Sha del Irán con los ayatolás. Pero ahora ya se tiene la experiencia lograda con los errores catastróficos que entonces se cometieron por los Servicios norteamericanos – es un decir- de Inteligencia. El avispero está en Arabia. jose@javaloyes.net
Las plataformas y colectivos de víctimas del terrorismo que en los últimos años están plantando cara a ETA y al «nacionalismo obligatorio» hicieron público ayer una declaración en la que animan a los ciudadanos a votar a los constitucionalistas y confían en que «el totalitarismo vasco continúe su declive electoral».
Sostienen que plantearse estos comicios «como un enfrentamiento entre partidos nacionalistas y constitucionalistas» es «un grave error» porque lo que habrá el 25 de mayo será «un enfrentamiento electoral» entre «quienes de hecho se han convertido en los abogados defensores de los terroristas» y «quienes han decidido enfrentarse al terror desde la más estricta legalidad democrática». En otro párrafo denuncian que el País Vasco es el único lugar de la UE donde numerosos colectivos están amenazados y donde, por ello, «no se dan las condiciones democráticas básicas». Consideran que lo que no pueden hacer los ciudadanos «es permanecer ciegos» ante la actitud que «mantienen los actuales dirigentes nacionalistas vascos» que en 1998 firmaron un pacto secreto con ETA, que la ciudadanía lo conoció después porque lo reveló la propia banda.
«En beneficio de los terroristas»
Los pacifistas y las víctimas recuerdan que los nacionalistas «se comprometieron con ETA» a «romper con el Estatuto, con la Constitución y con los partidos constitucionalistas». Les reprochan haber buscado «todos los subterfugios para incumplir la Ley, siempre en beneficio de los terroristas», haber ofrecido sus listas a Batasuna» así como «subvencionar y proteger» al entorno terrorista. No acaban ahí las denuncias: «han lanzado una propuesta -inviable- de Estatuto de Libre Asociación que sólo aumenta la división en la sociedad y cuya discusión democrática y en igualdad de condiciones resulta imposible al estar la mitad autonomista de la población vasca potencialmente amenazada».
«A todos nos debería espolear la gravedad de los problemas de los que estamos hablando. Si cuando el gobierno conservador de Austria pactó con el ultraderechista Heider -añaden-, la gran mayoría de nosotros consideramos que dicho pacto reclamaba una respuesta general de la ciudadanía, ¿qué no requerirá cuando, entre otras muchas cosas, han pactado en nuestra propia tierra con ETA y mantienen las actitudes descritas de connivencia con el totalitarismo?».
Los firmantes creen «urgente» que los constitucionalistas superen divisiones «para defender lo básico, lo que nos une, y no desaprovechar la oportunidad que el 25 de mayo nos brinda para mejorar el País Vasco». Así, consideran que «es urgente hacer un ejercicio de sensatez, de sentido común; la comunidad internacional no está por las aventuras étnicas, ni por la configuración de estados excluyentes, ni por el apoyo a políticas totalitarias, por muy tradicionales que éstas sean. Y la comunidad internacional no va a desaparecer», en directa alusión al manifiesto que un grupo de intelectuales de prestigio internacional (Sontag, Grass, Vargas Llosa, Arrabal...) firmaron contra la complicidad de los nacionalistas con los terroristas.
Así las cosas, exponen en su declaración que «es necesario votar de acuerdo con valores y proyectos democráticos que propugnan una defensa activa de la libertad, que apoyan la lucha desde la legalidad, pero con todos los medios, contra los asesinos totalitarios que manchan de sangre nuestra sociedad y contra sus cómplices». Por ello, estiman, «es urgente dar nuestro voto consciente a quienes hacen frente a la deriva del nacionalismo y defienden una Euskadi plural, sin connivencias de ningún tipo con ETA y su entorno, en la que las diferencias entre nacionalistas y no nacionalistas (...), se resuelvan desde el respeto y la lealtad a las instituciones».
«Deseamos que para el bien de nuestra tierra, el totalitarismo vasco continúe su declive electoral y exhortamos a los ciudadanos a que apoyen las opciones de libertad, de solidaridad y de convivencia en paz que representan hoy las siglas PP, PSE-EE y UA».
IU recuerda a Madrazo que debe acatar el fallo aunque vea «correcto» un conflicto de jurisdicción
El Tribunal Supremo acordó ayer la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak y requirió al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atucha, a fin de que la Mesa de la Cámara cumpla «sin demora» la resolución judicial. En el auto notificado ayer, los magistrados advierten a Atucha que su negativa supondría la perpetuación, «por decisión consciente de un órgano de gobierno parlamentario», de la acción política de ETA. La Sala recuerda que «no existen poderes autoinmunes al Derecho» y que no acatar la sentencia sería un «grave atentado al Estado de Derecho».
La Sala Especial del Tribunal Supremo lanzó ayer una seria advertencia al presidente del Parlamento vasco, el nacionalista Juan María Atucha, por su negativa, planteada públicamente, a ejecutar la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.
En el auto por el que acordó la disolución de SA, que fue notificado ayer, el Supremo recuerda que «el origen de los partidos que han sido ilegalizados se asienta en un reparto expreso y consciente de funciones con una organización terrorista». «Si esa misma situación de partida ¬argumenta¬ resulta ser el factor aglutinante o de vertebración de determinados grupos parlamentarios, aparece claro que la continuación de tales grupos» relacionados con ETA «supondría el mantenimiento en funciones públicas de grupos en los que aquel estado de relaciones, que tan gravemente lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del propio sistema democrático resultan, es perpetuado por decisión consciente de un órgano de gobierno parlamentario».
Ilegalidad del PNV
La Sala subraya que «no atisba razón alguna por la cual la disolución (...) pueda comportar afrenta de ninguna clase a la dignidad democrática e institucional de la Cámara ». En este sentido, los magistrados consideran inadmisible «que un pronunciamiento jurisdiccional, que no es sino manifestación de lo previsto por el mismo legislador, quede sin contenido por una apreciación política ajena a previsiones legales». Además, la Sala pone de manifiesto que cuando los poderes públicos incumplen las resoluciones firmes de los jueces y tribunales «ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho», y destaca que «no existen» dentro del Estado «poderes autónomos o autoinmunes al Derecho». A este respecto, recuerda que el artículo 9.1 de la Constitución establece que los poderes públicos están sometidos a la Carta Magna y al resto del ordenamiento jurídico.
Por otra parte, mientras PP y PSE solicitaban ayer la disolución inmediata de SA, el PNV, EA e IU/EB mantenían que la resolución invade competencias propias de la institución y condiciona su capacidad de autoorganización. El más gráfico fue el secretario general de EA, Gorka Knörr, quien aseguró que los magistrados «se han equivocado de tiempo y de lugar. Esto (por el Parlamento vasco) no son las Cortes franquistas».
Para ganar tiempo, la Mesa del Parlamento propondrá la próxima semana reformar el reglamento para poder disolver SA. Este movimiento supondrá dejar la decisión en manos del pleno, aunque todo apunta a que la propuesta será rechazada y no se acatará la sentencia. De hecho, Javier Madrazo ha anunciado que planteará un conflicto de jurisdicción, lo que retrasará aún más el proceso. A este respecto, IU Federal vio ayer «correcto y lógico» el recurso de IU-EB, aunque señaló que lo importante «es acatar la decisión» del TS. Arnaldo Otegui anunció que seguirán trabajando como grupo parlamentario.
Cargaron al Presupuesto entradas de cine, cazadoras o camisetas
El PNV de Bilbao facturó durante el año 2000 y parte del 2001, y con cargo al Presupuesto municipal, casi siete millones de pesetas en gastos personales como gomina, entradas de cine, ropa comprada en Roma y comidas sin especificar, copas y puros, tal y como reflejan facturas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN. Si bien hay comidas que entran dentro del normal funcionamiento de un Ayuntamiento, otras, cargadas como «almuerzos de trabajo», constan únicamente de varias bebidas alcohólicas en diversas ciudades.
Entre los días tres y diez de noviembre de 2000, el ex alcalde de Bilbao, José María Gorordo, realizó un viaje a Argentina con un presupuesto de 500.000 pesetas. En ese viaje, el líder de ICV, socio nacionalista de Azcuna, compró gomina y fue al cine, costes que luego cargó al Ayuntamiento bilbaíno como gastos del viaje.
Otro de los gastos más curiosos que aparecen en las facturas a las que ha accedido LA RAZÓN es el de la concejal de Transportes, Isabel Sánchez Robles. Entre sus cuentas figura, en un viaje oficial a Roma y Turín, una factura de treinta mil pesetas en una tienda turinesa en la que la edil compró, entre otras prendas, una camiseta y una cazadora. que cargó al Ayuntamiento.
Además de estos gastos más personales, los concejales del PNV cargaron a las arcas municipales multitud de comidas como «almuerzos de trabajo por continuidad en el mismo» que son pagadas sin especificar ningún tipo de detalle sobre el número de comensales o que constan únicamente de bebidas alcohólicas. En algunas de estas facturas, se pasan como «almuerzos de trabajo» whiskies, copas, puros y cigarrillos pagados con dinero de fondos municipales.
Si bien este concepto es entendido como aquellos que se realizan, como su propio nombre indica, por continuidad laboral, algunas de las facturas no reflejan esa idea. Además de cuentas bajo este nombre que superan las cuarenta mil pesetas en los mejores restaurantes, sin que se especifique ni justifique en muchos casos el número de comensales ni quiénes eran, ciertos ediles del Consistorio del peneuvista Iñaki Azcuna, llegaron a cargar a las arcas de la institución bajo este concepto cuentas sólo por copas. Como ejemplo, la factura del 20 de julio de 2000, datada a las ocho de la tarde en un hotel de Santiago de Compostela, que el concejal de Cultura, José Luis Sabas, cargó como «almuerzo por continuidad» y que constaba de un ron de siete años, dos cervezas, una ginebra y otro ron de cinco años. Este mismo edil, en un viaje a Roma, incluyó entre los gastos diez mil pesetas en concepto de un «Cuba libre», dos vodka tonic y dos licores grappa. Además de ocupar el primer puesto en gastos, con más de millón y medio, Sabas es el que cargó la cuenta más alta por una comida, celebrada en la Cafetería Sabin Etxea, por más de cincuenta y una mil pesetas. Además, fue el que más gastó en alcohol, superando las 61.000 pesetas, entre las que se cuenta un vino de 8.400 pesetas que acompañó entre otras cosas una ensalada de bogavante de más de siete mil pesetas.
Tras él, el concejal de Bienestar Social del PNV, Eusebio Melero, que se quedó a sesenta mil pesetas del millón. De las 940. 471 pesetas que gastó, la inmensa mayoría en comida, 32. 000 fueron empleadas sólo en alcohol y 6.400 en puros.
El tercero en el ránking figura Andoni Recagorri, concejal de Iniciativa Ciudadana encargado del área de Salud y Consumo, que gastó 858.444, la mayoría en comidas.
ES SU SEGUNDA DENUNCIA CONTRA ETB
La mujer que denunció a ETB por el vídeo de ETA pide que sea condenada por "apología del terrorismo"
Pancha Navarrete, una mujer de Pamplona, es quien ha denunciado a ETB, la cadena pública vasca de televisión, por la emisión del vídeo de ETA. Su objetivo es que “esta exaltación o apología del terrorismo sea juzgada y, si puede ser, condenada”. Navarrete, que ya denunció la emisión de otro vídeo de ETA en ETB en 1999, dice estar dispuesta a retirar su denuncia si la Fiscalía se lo pide.
Según informa Europa Press, la pamplonesa Pancha Navarrete está dispuesta a retirar su denuncia contra ETB, si alguien se lo pide, “para que continúen las labores de la Fiscalía General del Estado”, que congeló las diligencias informativas que había abierto al haberse presentado una denuncia por parte de la propia Navarrete. La denuncia que ha presentado a título particular esta ciudadana navarra va dirigida contra Xabier Arzalluz por considerarlo responsable último de la emisión. Pancha Navarrete ha recordado que hizo lo mismo en 1999, tras un vídeo emitido en ETB con tres miembros de ETA. La denuncia fue admitida a trámite por Baltasar Garzón, “y el fiscal paralizó las actuaciones porque comunicó que no veía indicios de ningún tipo de delito”. Finalmente, el asunto se archivó. “Es incomprensible que no se hubiera presentado ninguna denuncia en la Audiencia Nacional. En 1999 tampoco se había presentado ninguna. La diferencia es que hoy hay una conciencia mucho mayor sobre el tema”, explicó.
“La sociedad española está mucho más concienciada de hasta dónde está llegando el problema de los terroristas y de su entorno. Hay una voluntad política también mucho más firme respecto a estos temas e incluso el Código Penal ha cambiado”, recalcó. Según explicó, el argumento de su denuncia es que el vídeo en cuestión es “propaganda de los terroristas” y que su emisión “en un Estado de Derecho es inadmisible” y una “agresión” al propio Estado de Derecho. A su juicio, la ETB “está al servicio del Gobierno nacionalista” y “todos sabemos la actitud del PNV en este tema”. Según Pancha Navarrete, “ETB hace continuas agresiones al Estado de Derecho, empezando por su actitud permanente hacia Navarra. La invasión, la intromisión continua en los asuntos de Navarra es para llevarla al Tribunal Constitucional, que en su día emitió una sentencia prohibiendo a los organismos oficiales del País Vasco utilizar el escudo de Navarra, el mapa territorial, cosa que ETB, y perdón por la expresión, se toma a pitorreo”, añadió.
La profesora admite que «si no nos echan una mano, esto a veces es muy duro»
Más de 200 personas rindieron homenaje a Gotzone Mora en un acto que, organizado por la Fundación para la Libertad, tuvo lugar ayer en Getxo. En un ambiente distendido y cordial, en el que destacó la presencia de miembros de la comunidad universitaria, Mora se refirió al acoso que padece, junto con otros compañeros de la UPV, admitiendo que «si no nos echan una mano, esto resulta a veces muy duro».
La profesora, número dos de la lista socialista en el municipio, denunció los «privilegios que otorga la UPV a los presos de la banda terrorista». Aseguró que para ellos la matrícula, los libros y el material «son gratuitos», y dudó de la equidad en las calificaciones, basándose en presiones que ella misma ha vivido. «En este país, ¿quién se atreve a suspender a un preso de ETA?», preguntó. La portavoz de la plataforma Profesores por la Libertad criticó la «pasividad» del Ejecutivo vasco respecto a esta situación y acusó a Anjeles Iztueta, consejera de Educación, y al lehendakari de mantener una «ambivalencia» imposible. «O se está al lado de las víctimas o de los verdugos».
En el acto participó también Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general de los socialistas vascos, quien articuló un discurso esperanzador. Reconociendo de antemano la posibilidad de que «alguno se moleste», afirmó que «socialistas y populares se tienen que poner de acuerdo para frenar a los nacionalistas».
Habló de un «camino de esperanza» que comienza con la ilegalización de Batasuna y manifestó que «la Universidad es el corazón de ETA, el tejido más sensible de la banda terrorista», por lo que otorgó un importancia capital a la labor de la homenajeada.
Intentan incendiar la casa de un funcionario de la subdelegación de Gobierno en la capital guipuzcoana
Los rebrotes de 'kale borroka' que están afectando a la campaña electoral desde que ETA hizo público su último comunicado tuvieron ayer su continuidad en los ataques sufridos por el PP e instituciones dependientes de la Administración central. En la localidad vizcaína de Ermua, los radicales atacaron la sede del PP mientras que en San Sebastián fueron objeto de sabotajes la vivienda de un funcionario de la Subdelegación del Gobierno y la Comandancia de Marina.
La primera de las acciones de 'kale borroka' se produjo a las once de la noche del martes, cuando cuatro encapuchados se aproximaron a la Comandancia de Marina y lanzaron seis artefactos incendiarios contra el edificio. Las botellas inflamables alcanzaron la fachada del local y provocaron un fuego de pequeñas dimensiones. Según informó la Subdelegación del Gobierno, los daños sufridos son de escasa importancia.
Un trabajador de la representación del Estado en la capital guipuzcoana fue precisamente el segundo objetivo de los radicales. A las siete y cinco de la tarde de ayer, un artefacto casero compuesto por una botella de líquido inflamable y un potente petardo estallaba en la vivienda de un funcionario de la subdelegación del Gobierno, situada en el barrio de Bera Bera. El ataque no causó ningún herido, pese a que los familiares del empleado se encontraban en el interior de la casa en el momento del sabotaje. Según informó el Departamento de Interior, las llamas, que fueron sofocadas por los propios vecinos sin que fuera necesaria la intervención de los Bomberos, provocaron daños de escasa consideración en la puerta y las paredes del inmueble.
Petardo y reloj
El tercer sabotaje se produjo en la localidad vizcaína de Ermua, donde los violentos atacaron la sede del Partido Popular, situada en la calle Zubiaurre. La Ertzaintza localizó en el acceso a la oficina un artefacto casero compuesto por una bombona de 'camping gas' y un dispositivo de ignición formado por un reloj y un petardo. Según informó la Ertzaintza, únicamente estalló el dispositivo pirotécnico, por lo que los desperfectos son mínimos.
La presidenta del PP de Guipúzcoa, María San Gil, condenó ayer el ataque perpetrado contra el trabajador y mostró su solidaridad con el afectado y su familia. «A pesar de que este terrorismo callejero quiere amedrentar a la sociedad vasca, no lo van a conseguir», agregó. Desde las filas del PSE-EE, el secretario general de Guipúzcoa, Manuel Huertas, condenó también «sin paliativos» ese ataque y aseguró que «el único mensaje de ETA es el de la violencia y se basa en el odio y el fanatismo».
Esta oleada de acciones de violencia callejera se inició hace unos días. El pasado lunes, los radicales hicieron estallar de forma simultánea tres bombas de fabricación casera en Zalla, cuyo objetivo eran los juzgados de paz y las oficinas del Inem y de Telefónica. En los ataques, que se produjeron de manera coordinada, no hubo heridos y la cuantía de los daños sufridos fue escasa. Un día antes, el domingo de madrugada, los violentos colocaron una bomba casera en una tienda de venta de cuadros propiedad de Julia Tercero, concejala en Zumarraga tras sustituir al asesinado Manuel Indiano. La explosión causó daños de escasa consideración en el exterior del comercio.
MADRID. La cabeza de don Julián Marías continúa siendo ese universo perfectamente organizado que ha ido transmitiendo sabiduría y conformando la realidad de la España real a lo largo de los años. Ahora, desde ese universal conocimiento, considera que nuestra sociedad goza de buena salud. «Por supuesto, está tranquila y equilibrada, no hay tensiones grandes. Es mejor que en otras épocas donde sí existían hostilidades e incluso reacciones de enemistad que no existen ahora. Con las elecciones se ven diferencias de opinión, pero no se le considera al contrario como a un enemigo y eso me parece muy positivo». Opina que en la sociedad española existe bastante concordia, lo cual no quiere decir que haya acuerdo, porque don Julián distingue claramente entre los dos conceptos.« Las actitudes hostiles son anticuadas, explica. Los ciudadanos valoran el hecho de que se plantee una actitud de entendimiento. Yo recuerdo los años 30, por ejemplo, donde había muchas tensiones y hostilidades. Todo eso está mejor ahora». En cambio si España en su conjunto ha dado un paso adelante, a su juicio, en el País Vasco se ha dado un paso atrás. «Allí hay una fuerza muy negativa y muy hostil que no tiene ganas de convivir con los demás. La situación aquí es peor que en el conjunto de España, porque hay una tensión que se debe evitar. Yo confío mucho en la capacidad de reacción de las personas individuales, de modo que hagan el vacío a los que no quieren convivir. Ahora hay una táctica curiosa, consistente en atacar a otros con lo que estos opinan. El «no a la guerra» parece significar que los demás quieren la guerra y no es así».
Respecto a la autodeterminación considera «que los españoles somos libres. Nos determinamos todos. En España no hay ningún centralismo, ningún centro que decida nada. Es un conjunto de países que se pueden expresar y mantener cualquier posición civilizadamente. Eso no quisiera yo que se perdiera nunca». En este sentido le parece muy positiva la actitud del juez Garzón «porque hay grupos que no quieren convivir, mantienen una actitud violenta y eso no se puede aceptar». Entiende que «cuando alguien desfigura la realidad y miente -yo tengo una profunda antipatía hacia la mentira- hay que darse cuenta de ello y perder confianza en el que miente. Sobre la verdad se puede construir, sobre la mentira nunca». Para don Julián uno de los problemas más serios que tenemos que afrontar es el del terrorismo internacional.«Es muy grave y difícil de superar, porque está muy organizado y hay gentes muy interesadas».
Denuncia la poca «transparencia y rigor» de adjudicaciones y subvenciones
El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la adjudicación de contratos y en la concesión de subvenciones por parte del sector público autonómico, según se recoge en su Informe de Fiscalización del ejercicio de 1999, aprobado recientemente. El órgano fiscalizador advierte de la falta de «transparencia» y «objetividad» de los entes regionales a la hora de la concesión de obras, que no suelen quedar recogidas con precisión por escrito. Asimismo, el informe pide «mayor rigor» a la hora de conceder ayudas.
El órgano fiscalizador advierte que en las adjudicaciones de contratos mediante concurso por parte de entidades públicas de las comunidades autónomas se observa en algunos casos que «no son coherentes» con los principios de «transparencia» y «objetividad», dado que los «criterios» de adjudicación no quedan recogidos en las cláusulas con precisión.
También pone de relieve que los informes técnicos de valoración de las ofertas a concurso, que sirven de fundamento para conceder una adjudicación, en ocasiones presentan «diferentes deficiencias», como en las relativas a la valoración de los precios de las distintas ofertas que optan al concurso que se hacen en función de las medias y no de las bajas, lo que resulta contrario al principio de economía en la gestión de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas detecta asimismo «frecuentes» retrasos en la ejecución de los contratos que no están «amparados» por la concesión de prórrogas justificadas, a la vez que no consta, precisa el informe, la imposición de sanciones a los contratistas, tal como se prevé legalmente. Igualmente, pone de relieve que también con «frecuencia» se aprueban modificaciones de proyectos de obras ya en ejecución sin que se acredite la existencia de nuevas necesidades para llevar a cabo tales cambios que, precisa, podrían haberse previsto cuando se elaboraron los proyectos originarios de las obras.
Por otro lado, el informe aconseja establecer un «mayor rigor» en la comprobación de los «requisitos» que deben reunir los beneficiarios de subvenciones, como el hecho de que el destinatario de las mismas no concurra con otras ayudas, así como que quede acreditado que está al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, entre otras cuestiones. También considera deseable que se compruebe con «mayor rigor» si la subvención cumple con la finalidad para la que fue otorgada y, en su caso, para que se proceda al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.
Irregularidades de control
Otra de las irregularidades dectectadas por el órgano fiscalizador hace referencia a los avales otorgados por las administraciones generales en los que se detecta «deficiencias de control interno» que impiden disponer de todos los datos necesarios para valorar su situación, en particular, para proceder a la evaluación del riesgo derivado de los avales otorgados a fin de ejercicio.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el «elevado» nivel de modificaciones presupuestarias de las Universidades en hasta un 22 por ciento de media sobre los créditos iniciales.
La Universidad de Alcalá invistió ayer como doctor «honoris causa» al filósofo Fernando Savater, por su valiente defensa de la libertad y la dignidad humana. En un acto solemne que tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad, Savater dedicó su discurso a analizar las relaciones de los intelectuales y el terrorismo, criticó a los intelectuales que a lo largo de la historia han sentido una «oscura fascinación» por los violentos, y definió el terrorismo como un fenómeno «totalitario» que «intenta el dominio de la sociedad» actuando «sobre aquello que más tememos» y que no es útil porque «no crea sociedad ni humanidad».
Raúl Guerra Garrido publica «Cuaderno secreto»
De nuevo la provincia de León sirve a Guerra Garrido como musa para sus obras. Si ya enmarcó «El otoño siempre hiere» en la región de El Bierzo, el escritor regresa ahora a estas tierras con «Cuaderno secreto» para revivir, mediante el cuaderno de su abuelo, el mundo «mágico» que rodea a este valle.
Nacido en Madrid en 1935 y afincado desde 1960 en San Sebastián, el escritor Raúl Guerra Garrido lleva más de treinta años entregado a la literatura. Su voluntad de abordar los problemas de su tiempo y en concreto los del terrorismo le han llevado a soportar las amenazas y agresiones de los grupos proetarras y asistir al incendio de la farmacia que regentaba en San Sebastián hace ahora tres años. A pesar de ello, Guerra Garrido, que presentó ayer su último libro, «Cuaderno secreto» (El Aleph), no se cansa de defender que «el narrador debe ceñirse a su tiempo, y eso, en el País Vasco, te golpea de violencia».
Miembro del Foro de Ermua, el escritor confesó su pesimismo ante la situación vasca: «Es absurdo concovar elecciones en el País Vasco porque la mayoría de los votantes tiene miedo, no hay libertad, y los candidatos saben que se exponen al tiro en la nuca». Y añadió: «nunca han existido elecciones libres y aún pasará mucho tiempo hasta que se consiga».
Cansado y harto «de vivir y de escribir sobre el País Vasco», Guerra Garrido afirma que «nunca más volveré a escribir sobre esta tierra». Por ello, en «cuaderno secreto» concentra su mirada en «el entorno mágico» del paisaje de El Bierzo a través del diario de su abuelo boticario José Garrido. «Entre todo lo que se perdió en el atentado a la farmacia, comprendí que lo que más me importaba era el cuaderno de mi abuelo, lleno de escritos y anotaciones, de modo que este libro es un intento de restañar los sentimientos perdidos», señaló. A caballo entre la novela, el ensayo y la autobiografía, «mi libro se adhiere al género híbrido», el escritor usa el recurso literario del manuscrito para revivir los recuerdos de su abuelo. Un hombre que, en opinión de su nieto, fue «hijo de la Ilustración y de la Institución Libre de Enseñanza» y estuvo muy interesado «en erradicar la superstición y en dar fe del misterioso hechizo de algunas leyendas populares y la presencia de brujas».
La relación que Garrido Guerra desarrolla en su libro con El Bierzo, «donde toda maravilla tiene su asiento», es fruto del «espíritu estrambótico» que rodea a esta región leonesa. «El Bierzo es una tierra extraña surcado por infinitos ríos, en la que vivió la última pareja de unicornios y en la que existieron hombres capaces de intentar demostrar la cuadratura del círculo o el movimiento perenne, igual que lleva a los asistentes a una reunión a recurrir al disfraz de templario», explicó el narra- dor. Curiosamente, añadió, en ella existe el único punto del Camino de Santiago en el que, «por concesión papal, se concede el jubileo, y bajo su suelo se encuentran metales, como el oro de los romanos». El escritor reveló que «la zona fue considerada durante la época de las Cortes de Cádiz como provincia de El Bierzo y en ella se ha comprobado que existieron un número superior de bachilleres que en otras».

References: resolución 
 resolución 
 artículo 118
 artículo 117
 artículo 12
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 artículo 9
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