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Timestamp: 2019-09-21 02:30:55+00:00

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STC 53/2005, 14 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 248257
STC 53/2005, 14 de Marzo de 2005
Número de Recurso: 4217-2000
Recurso de amparo 4217-2000. Promovido por don Florentino V.V. respecto a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestimó su recurso en litigio sobre revisión de invalidez permanente Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: Sentencia de suplicación que desestima por un fundamento, la condición de jubilado del solicitante, ajeno al debate procesal.
Sentencia citada en: 486 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4217-2000, interpuesto por don Florentino V.V., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Ruiz Esteban y asistido por el Abogado don Amador Fernández Freile, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social con sede en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 20 de junio de 2000. Dicha Sentencia desestimó el recurso de suplicación núm. 1021-2000 formulado contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2, de los de Ponferrada, de 1 de marzo de 2000, dictada en autos núm. 36-2000 sobre revisión de invalidez permanente. Ha comparecido el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistido por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social don Toribio Malo Malo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado el de 19 de julio de 2000 se interpuso el recurso de amparo del que se hace mención en el encabezamiento, por considerar que la resolución judicial impugnada es contraria a los derechos fundamentales a la igualdad en la aplicación jurisdiccional de la Ley y a una tutela judicial efectiva sin indefensión, reconocidos en los arts.14 y 24.1 CE.
Los fundamentos de hecho de la demanda son los siguientes:
Don Florentino V.V. nació el 24 de abril de 1941. Estuvo afiliado al régimen especial de la minería de carbón de la Seguridad Social, prestando servicios para la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A. Se encontraba jubilado cuando, en 1997, se le reconoció una incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional por padecer las dolencias siguientes: hipoacusia neurosensorial bilateral severa de posible origen profesional, con pérdidas de 88,3 por 100 en oído derecho y de 99,4 por 100 en oído izquierdo.
El 3 de junio de 1999 inició expediente administrativo en solicitud de revisión por agravación de la invalidez permanente, derivada de enfermedad común/enfermedad profesional, que le fue denegado por Resolución de la Dirección Provincial del INSS de 12 de noviembre de 1999, confirmando la propuesta del equipo de valoración de incapacidades de 19 de octubre de 1999. La entidad gestora declara que el actor se encontraba en el mismo grado de invalidez que ya tenía reconocido.
Agotada la vía previa, interpuso demanda en solicitud de revisión de su incapacidad, reclamando el reconocimiento de una invalidez permanente absoluta.
El interesado recurrió en suplicación articulando un único motivo por infracción de los arts. 134 y 137.5 de la Ley general de Seguridad Social, en relación con los arts. 17 y 18 de la Orden de 3 de abril de 1973. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, impugnada en amparo, razona, en un fundamento de Derecho único, que resulta innecesario el examen de tal denuncia pues concurre una causa legal obstativa para la revisión solicitada, habida cuenta que en la instancia se afirma, y nadie lo combate, que el actor se encontraba jubilado cuando se le declaró en situación de invalidez total, y que si bien la Sala no puede entrar a valorar tal reconocimiento, pues no es materia de la litis, sí ha de negar, como ya lo hiciera en anteriores pronunciamientos, la posibilidad de revisión una vez que se tiene la condición jurídica de jubilado, incluso cuando la contingencia desencadenante de la invalidez es la enfermedad profesional. Todo ello con fundamento en el mandato legal, no disponible ni para el juez ni para las partes, que se contiene en el párrafo segundo del apartado primero del art. 138 de la Ley general de la Seguridad Social, introducido por el art. 8.3 de la Ley de 15 de julio de 1997, en relación con lo dispuesto en el art. 143.2 y adicional octava del texto refundido, modificada ésta por el art. 13 de la precitada Ley, en vigor en la fecha de la solicitud de revisión. Desestima, en consecuencia, el recurso de suplicación y confirma el fallo de la Sentencia de instancia.
El recurrente en amparo sostiene que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 20 de junio de 2000, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad en la aplicación jurisdiccional de la Ley y a una tutela judicial efectiva sin indefensión reconocidos en los arts. 14 y 24.1 CE.
Por providencia de 20 de septiembre de 2002 la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y recabar del Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada y de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la remisión de testimonio de las actuaciones seguidas en el proceso del que trae causa el presente recurso, interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el mismo, con excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional. Como consecuencia del emplazamiento compareció ante este Tribunal el INSS, representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistido por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social don Toribio Malo Malo. Por diligencia de 11 de diciembre de 2002 se tuvieron por recibidas las actuaciones, por efectuados los emplazamientos y por personado y parte a la representación del INSS. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones al demandante de amparo, al Ministerio Fiscal y al INSS, para que dentro del término común de veinte días presentasen alegaciones.
El recurrente evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado el 20 de diciembre de 2003 en el que se ratifica en las alegaciones de su demanda de amparo.
El 14 de enero de 2003 formula su alegaciones el INSS. Sostiene que la Sentencia recurrida no vulnera el principio de igualdad del art. 14 CE pues, según se desprende del hecho probado primero de la Sentencia de instancia, no combatido de contrario, el actor estuvo afiliado al régimen especial de la minería del carbón y se encontraba jubilado cuando se le reconoció la incapacidad permanente total por enfermedad profesional. La Sentencia recurrida desestimó la pretensión, al entender que no era posible la revisión de la invalidez permanente desde la situación jurídica de jubilado (art. 143.2 LGSS). Su pronunciamiento no es irrazonable, arbitrario ni está incurso en error patente ya que se basa en la interpretación de la legalidad vigente y en la valoración de la prueba acreditada, resultando por otra parte doctrina reiterada de ese Tribunal Constitucional que la queja de aplicación desigual de la Ley debe apoyarse en términos de comparación adecuados y aportados por el propio recurrente, sin que en este caso sus alegaciones resulten aptas para un juicio comparativo entre situaciones subjetivas concretas.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escrito de 16 de enero de 2003, alega que la supuesta lesión del derecho a la igualdad constituye una invocación puramente retórica en la que no se acredita de forma alguna la alteridad o, lo que es lo mismo, un punto de comparación. Lo que denuncia el recurrente no es más que una irregular operación de subsunción del supuesto de hecho en la norma, derivando de ello un genérico agravio comparativo en relación con aquellas otras situaciones en las que hipotéticamente se efectúe correctamente la citada integración normativa. No cabe apreciar la lesión del citado derecho fundamental.
Por providencia de 24 de febrero de 2005, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
Se impugna en amparo la Sentencia de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 20 de junio de 2000, que desestimó el recurso de suplicación formulado frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, de 1 de marzo de 2000, sobre demanda de revisión de invalidez permanente. La Sentencia impugnada confirmó el fallo de la de instancia, que denegaba la pretensión de revisión del grado de incapacidad permanente por agravación, pero lo hizo sin entrar en la valoración de la existencia o no de ésta, separándose de ese modo de la operación jurídica realizada por el órgano de instancia y de la posición mantenida por la entidad gestora tanto en vía administrativa como en sede judicial. La Sala declara que la revisión de la incapacidad pretendida no es posible en Derecho por concurrir la causa legal obstativa de que el recurrente se encontraba jubilado cuando se le declaró en situación de invalidez total considerando que no cabe la revisión una vez que se tiene la condición jurídica de jubilado, incluso cuando la contingencia desencadenante de la invalidez es la enfermedad profesional.
Conviene precisar ante todo el orden de examen de las quejas, en atención a los criterios expuestos en nuestra doctrina que otorgan prioridad a aquéllas de las que puede derivarse una retroacción de actuaciones (por todas, SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 96/2000, de 10 de abril, FJ 1; 31/2001, de 12 de febrero, FJ 2; 70/2002, de 3 de abril, FJ 2; 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 2, o 100/2004, de 2 de junio, FJ 4). Puesto que el recurrente, de un lado, reprocha a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al considerar que resolvió la pretensión causando indefensión al solicitante de amparo y, de otra parte, la lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE), por aquella vulneración ha de comenzar nuestro enjuiciamiento. En efecto, al estimarse la primera queja, la retroacción permitirá salvaguardar el carácter subsidiario del proceso de amparo, así como un enjuiciamiento en suplicación con entero respeto de las garantías constitucionales.
La demanda de amparo denuncia que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión, garantizado en el art. 24.1 CE, al haber acogido una circunstancia que en ningún momento fue motivo de discusión en los escritos de las partes, considerando que la resolución judicial quebranta el principio de contradicción, dado que, al no configurar el requisito de la edad mínima establecido en el art. 143.2 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) el fundamento jurídico de la pretensión ni el de la oposición a la misma en el proceso, el demandante en amparo se abstuvo de realizar consideración alguna respecto de ese punto.
Si se tienen en cuenta las anteriores consideraciones, se comprenderá sin dificultad que, en el caso que nos ocupa, la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha extralimitado el principio iura novit curia, ha alterado esencialmente los términos del debate y ha vulnerado por ello el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión, que consagra el art. 24.1 CE.
La circunstancia expresada se ha materializado, además, en el ámbito de un recurso de alcance limitado como el especial de suplicación, en el que los términos del debate vienen fijados por el escrito de interposición del recurrente y la impugnación que del mismo haga, en su caso, el recurrido (por todas, SSTC 18/1993, de 18 de enero, FJ 3; 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; y 83/2004, de 10 de mayo, FJ 4). Esta configuración del recurso de suplicación determina que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. Éstas, bajo esas circunstancias, no pueden ser privadas de la oportunidad de alegar sobre la jubilación que a juicio del Tribunal Superior de Justicia resulta determinante de la decisión del recurso. Pues de otro modo, no dando audiencia siquiera a las partes, sufre la confianza legítima generada por los términos en que fue conformada la realidad jurídica en el proceso, que no puede desconocerse por los órganos judiciales (mutatis mutandi, STC 58/2000, de 28 de febrero, FFJJ 4 y 5). Como dice el Ministerio Fiscal, en suma, la falta de audiencia se convierte en una actuación lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que puede y debe ser evitada habilitando la Sala el oportuno trámite procesal, a fin de que las partes puedan pronunciarse sobre la cuestión que el propio Tribunal considera decisiva en la resolución del caso.
Otorgar el amparo solicitado por don Florentino V.V. y, en su virtud:
Reconocer el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de 20 de junio de 2000, que desestimó el recurso de suplicación núm. 1021-2000 formulado frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, de 1 de marzo de 2000.
Retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al de dictarse la referida Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a fin de que, tras dar audiencia a las partes, se proceda a dictar una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
SAP Murcia 82/2005, 17 de Marzo de 2005
SAP Badajoz 367/2007, 25 de Octubre de 2007
ATS 1959/2014, 13 de Noviembre de 2014
STS, 28 de Febrero de 1997

References: resolución 
 Resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
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