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El acto de cese de un personal eventual constituye en una actuación de una Administración pública sujeta al Derecho Administrativo y no a la jurisdicción laboral. – Milicua Abogados
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A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sec. 7ª, de 15 de noviembre de 2016, nº 582/2016, rec. 88/2015, declara que el acto de cese de un personal eventual constituye en una actuación de una Administración pública sujeta al Derecho Administrativo.
El acto de cese de un personal eventual constituye en una actuación de una Administración pública sujeta al Derecho Administrativo y no a la jurisdicción laboral. Porque el nombramiento y cese del personal eventual serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento (art. 12.3 EBEP).
Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin, por lo que el personal eventual al servicio de las administraciones públicas accede a tal condición en virtud de nombramiento y no mediante contrato suscrito entre las partes.
El artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, regula el personal eventual de las administraciones públicas:
B) Como se ha dicho por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 23 de septiembre 2013, nº 156/2013, “…la Ley del estatuto básico del empleado público incluye al personal eventual como una clase de empleados públicos diferenciada de los funcionarios (de carrera o interinos) así como del personal laboral (sea fijo, por tiempo indefinido o temporal), dibujando los términos generales de su estatuto jurídico. No obstante, el artículo 12.5 de la Ley 7/2007, dispone que Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
A lo anterior no obsta la invocación por el demandante del artículo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social”.
El artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), excluye del régimen laboral las relaciones del personal de las Administraciones Públicas que se regulen por normas de Derecho administrativo al amparo de una Ley, como sería el caso del personal eventual, exclusión que impide la atribución de competencia a la Jurisdicción social. En este sentido, la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha excluido del ámbito del conocimiento de esa Jurisdicción el supuesto de cese de personal eventual como el del demandante. Así la Sentencia de 20 de octubre de 2011 de la Sala de lo Social (Sección primera) del Tribunal Supremo (recurso de casación para unificación de doctrina nº 4340/2010), sostiene que La primera conclusión que se extrae es la de que el cese del llamado » personal eventual » está excluido del objeto de la actuación de los jueces de lo social.
C) La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), sec. 1ª, de 14 de julio de 2014, nº 334/2014, rec. 226/2012, declara que siendo las funciones de la recurrente las de asesoramiento del Diputado del Común que la nombró para el puesto, su destino está ligado al de aquél, por lo que el cese de éste, provoca la finalización de la relación de trabajo de la actora. Por lo que el cese de la recurrente tiene la misma legitimidad que su nombramiento.
1º) El Diputado del Común dictó la Resolución nº 91, de 8 de febrero de 2012 que resolvió el recurso de reposición presentado por Dª Lourdes contra la Resolución del Diputado del Común nº 1184, de 9 de diciembre de 2011, por la que fue cesada como personal eventual con efectos desde el 10 de diciembre de 2011.
2º) Es objeto del presente recurso la Resolución nº 91, de 8 de febrero de 2012 del Diputado del Común que resolvió el recurso de reposición presentado por Dª Lourdes contra la Resolución del Diputado del Común nº 1184, de 9 de diciembre de 2011, por la que fue cesada como personal eventual con efectos desde el 10 de diciembre de 2011.
Estima la recurrente que el despido era nulo ya que, en realidad, no desarrollaba funciones de confianza y asesoramiento especial propias de un asesor, sino más bien las de un administrativo, figurando en su nómina en un grupo coincidente con el de los auxiliares administrativos. Expone que las funciones que venía desarrollando eran:
Tramitación de expedientes de las áreas de comercio y consumo, turismo y transportes, así como registro de la documentación perteneciente a otras áreas y otros tipos de documentos de la institución.
Responsable de la casa fija.
Relaciones Externas y Relaciones institucionales.
Gestión de entrevistas, Atención Telefónica, coordinación y distribución de tareas del equipo de trabajo.
Escaneo y archivo de documentación.
Relaciones con los medios de comunicación, elaboración y ejecución del plan estratégico de comunicación, realización de dossier de prensa y comunicados, organización y coordinación de ruedas de prensa, elaboración de mailing de medios de comunicación, asistencia y asesoramiento al equipo de dirección en materia de medios de comunicación.
Precisando que estas funciones que desarrollaba eran coincidentes con las realizadas por los tres funcionarios de carrera existentes en la institución y con la categoría de administrativo y por ello, no podían ser identificadas con funciones de confianza y asesoramiento.
Las tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa no pueden ser asignadas a un personal eventual contratado. Por ello la notificación de su cese debe considerarse nulo.
3º) La Administración demandada opone que a la recurrente se la nombró personal eventual de la Institución por el Diputado del Común, al cesar este, el Diputado del Común, por imperativo legal, tenía que cesar la nombrada. No considera de interés la cuestión relativa a las retribuciones ya que el sistema retributivo del personal eventual se diferencia del personal laboral, en cuanto se retribuyen con cargo a diferentes partidas presupuestarias; pero deben equipararse a de los administrativos porque la ley dispone que les será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera, «en lo que se adecuado a la naturaleza de su condición». Añade a todo lo expuesto que la Sentencia de 14 de mayo de 2012, recaída en el Procedimiento 111/2012, tramitado ante el Juzgado de lo Social núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria, tramitado por despido, por la hoy recurrente señaló que en relación a las funciones desarrolladas sólo la primera y la sexta pudieran corresponder a las funciones de un administrativo o auxiliar administrativo. Pero que aunque la actora realizaba tareas de carácter administrativo, estas no pueden ser sino calificadas como residuales, a tenor de la prueba practicada. A modo de conclusión señaló que «las funciones desarrolladas por la actora en su condición de personal eventual o de confianza, como auxiliar de Gabinete, eran las preponderantes y fundamentales en la prestación de servicios, revelándose las restantes labores desarrolladas por aquella como claramente marginales.» Por todo ello, se estimó la incompetencia de jurisdicción por la social, Sentencia que la propia demandante admite que ha quedado firme en escrito presentado el 18 de febrero de 2013, con el número 455 ante la Sala.
4º) El personal eventual son aquellas personas que realizan funciones «expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial» (artículo 8.1 d) del EBEP. Su régimen deriva de un nombramiento que vincula a este personal, por razones de confianza o de especial asesoramiento, al titular del cargo que ostenta legalmente potestad para designarlo.
La peculiaridad estriba en que el nombramiento y cese del personal eventual es enteramente libre, y cesa, en todo caso, con ocasión del cese de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento (artículo 12.3 de la referida Ley 7/2007). Los apartados 2 y 3 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, derogados por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, contemplaban la figura en términos muy similares, estableciendo ya el cese automático el artículo 7.4 del Real Decreto- Ley 22/1977, de 30 de marzo.
El Tribunal Supremo destaca las peculiaridades del Personal eventual en cuanto al nombramiento, naturaleza jurídica de la relación de empleo y cese, aceptada por el personal en el momento de la convocatoria como en el momento en el que fue nombrada y durante todo el tiempo en el que prestó servicios. Por lo que si discrepa de las características del nombramiento, de la naturaleza de la relación en las relaciones del puesto debía impugnar estos en las relaciones de puestos de trabajo a las que también se aquietó. Con ocasión del cese es cuando discrepa de estas consideraciones.
La Sentencia del Tribunal Supremo Sección: 7, Rec. 320/2011, en sentencia de 19 de octubre de 2012, recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. E, igualmente, la Sentencia de este Tribunal Superior de Justicia, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, Rec. 320/2011, en Sentencia de 20 de diciembre de 2013 ha desarrollado ampliamente el estudio de la naturaleza de la relación de empleo del personal eventual:
«Lo que caracteriza al personal eventual y por qué puede justificarse esta figura dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Ya hemos dicho que desde el punto de vista de las funciones y de los procedimientos de designación nada relevante debe separarle de otras figuras, puesto que también deben estar orientados a la consecución del interés público y los procedimientos deben respetar los principios de mérito y capacidad.
Lo relevante del personal eventual es que se trata de un personal que no permanece en la Función Pública cuando cesa en sus puestos ni hace carrera administrativa. Responde a un modelo público de empleo, con resonancias anglosajonas. Se trata de un personal con unos conocimientos muy específicos que atiende necesidades «no permanentes» de la organización administrativa, y brinda un asesoramiento especial a los órganos decisorios. A nuestro juicio, la cualidad de «no permanente» a la que se refiere el Estatuto Básico del Empleado Público no se refiere solo al nombramiento, sino también a la necesidad del asesoramiento especial y de las funciones que debe ejercer el personal eventual. Precisamente por eso se le denomina personal eventual, porque no pasa a integrarse en ninguno de los cuerpos o escalas de funcionarios permanentes. Si el asesoramiento sobre determinados temas fuera una necesidad permanente (por ejemplo, en materia de protocolo) debería crearse un puesto de funcionario para cubrir esas necesidades. Es precisamente este carácter «no permanente» o «eventual» de las necesidades de asesoramiento especial las que permiten justificar la existencia del personal dentro de los empleados públicos y encajarlo dentro del orden constitucional. Si los cargos políticos necesitan un asesoramiento especial, lo normal es que confíen en funcionarios públicos nombrados de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, que tienen garantizada su permanencia en el puesto y que ejercen su función de manera objetiva. Lo que les autoriza la ley es a que para la consecución de sus programas de gestión puedan reforzar el asesoramiento que reciben en concretas áreas, y siempre que no pueda ser prestado por los cuerpos de funcionarios que atienden necesidades permanentes de la organización».
5º) El personal eventual es nombrado pero también cesado libremente, y en todo caso, cuando se produzca el cese de la autoridad a la que presta la función de confianza y asesoramiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, EBEP. En los mismos términos el artículo 20.1 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto. El artículo 42.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, dispone que el Diputado del Común separará libremente a los asesores de la Institución, de acuerdo con las previsiones de la Relación de Puestos de Trabajo, en todo caso, cesarán con ocasión de la toma de posesión del nuevo Diputado del Común.
Siendo, las funciones principales de la recurrente las de Asesoramiento del Diputado del Común que la nombró para el puesto, su destino está ligado al de aquél, por lo que el cese de éste, provoca la finalización de la relación de trabajo de la actora. Por lo que el cese de la recurrente tiene la misma legitimidad que su nombramiento.
Los funcionarios tienen derecho a permisos retribuidos para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del hijo menor de edad afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave

References: artículo 12
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 42