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Timestamp: 2020-05-26 06:53:35+00:00

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Javier Cassini, Auditor Jefe de PRL, publica en el portal jurídico Legal Today un artículo sobre la visión de un auditor del Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales sobre la Coordinación de Actividades Empresariales en materia preventiva. Mostramos un extracto a continuación:
Auditando sistemas de gestión en Coordinación de Actividades Empresariales
El escenario generalizando al que se enfrenta un auditor del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales es la valoración de dos aspectos:
Si la gestión CAE sobre el papel que realiza la empresa se ajusta a la normativa.
Si lo que la empresa manifiesta y expone que hace se corresponde con la realidad y existen registros de ello.
Dentro de las empresas que se subcontratan hay dos tipos claramente definidos:
Las empresas subcontratadas que hacen una tarea puntual. Un ejemplo claro es una empresa que va a realizar una reforma de albañilería en una nave industrial.
Las empresas subcontratadas que acuden periódicamente al centro de trabajo principal. Las empresas de mantenimiento de instalaciones o equipos de trabajo son un claro ejemplo de este tipo de tarea.
La información que se cruza entre empresa principal y subcontratadas tiene un doble sentido: tanto la empresa principal como las subcontratadas deben aportar información para establecer los adecuados medios de coordinación. Por eso, el Auditor del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales va buscando evidencias que respondan, entre otras, a las siguientes cuestiones:
¿Existen empresas subcontratadas por la empresa auditada? ¿Están bien identificadas?
Dichas subcontratas, ¿lo son de modo puntual o periódico?
¿Se han designado y organizado medios de coordinación previstos en la norma?
Dichos medios, ¿son adecuados a la actividad de la empresa y cumplen adecuadamente su cometido?
¿Informa el empresario principal a los empresarios subcontratados de los riesgos inherentes a las instalaciones de la empresa donde van a prestar servicio y las medidas a tomar en caso de emergencia?
¿Se asegura el empresario principal de que esta información llega a los trabajadores de la empresa subcontratista que van a prestar servicio?
Por ello, ¿se define qué trabajadores concretos de las empresas subcontratistas son los que van a desarrollar tareas en la empresa principal?
¿Está debidamente legalizada la situación laboral de los trabajadores de la empresa subcontratista que vayan a entrar en la empresa principal?
¿Se ha puesto a disposición de dichos trabajadores la vigilancia de la salud prevista en la normativa vigente? Si resulta ser obligatoria, ¿se ha realizado el reconocimiento médico específico preceptivo?
¿Disponen los trabajadores de la empresa subcontratista que vayan a trabajar en la empresa principal de la formación e información en prevención de riesgos laborales adecuada a sus funciones?
Si es necesario, ¿se informa a los trabajadores de la empresa principal de posibles riesgos adicionales por algún trabajo concreto a realizar por alguna empresa subcontratada?
Una vez definido todo lo anterior, ¿existe un procedimiento de control, tanto documental como de la actividad real de la empresa subcontratada, de la actividad de coordinación de actividades empresariales en materia preventiva?
¿Responde ese procedimiento de control a las posibles interferencias en materia preventiva que puedan darse entre varios subcontratistas?
La lista de preguntas podría aumentarse, sobre todo en función de la actividad de la empresa principal y tareas subcontratadas, pero es claro que debe de existir un procedimiento de gestión claro que contemple todas las posibilidades que puedan acaecer en esta materia.
Como en todo proceso empresarial, se busca el medio más sencillo que garantice la mejor gestión. Para ello, el Art.11 del RD 171/2004 define, de modo no exhaustivo, una serie de medios de coordinación con los que la empresa principal puede organizar y controlar su sistema de coordinación de actividades empresariales.
Si se trata de una sola empresa subcontratada nos encontramos con un proceso sencillo. Pero, en las empresas de elevado tamaño y dadas las tendencias generales de aumento de la subcontratación en el entorno empresarial, es muy frecuente que existan muchas empresas subcontratadas trabajando simultáneamente en una empresa principal.
Esto provoca una considerable burocratización de este proceso: hay que solicitar numerosos documentos a los subcontratistas, lo que puede ralentizar el comienzo de los trabajos o asumir riesgos innecesarios, permitiendo accesos en condiciones preventivas dudosas o inexistentes.
Además, si este control se hace de modo manual por parte de los recursos humanos en materia preventiva de la empresa principal, la velocidad y variabilidad de este asunto lleva frecuentemente al error o a faltas de control, frecuentemente detectadas en una Auditoría del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Es fácil encontrar subcontratistas que lleven un tiempo considerable prestando servicios sin un debido control, con cambio constante de trabajadores que entran en la empresa principal, etc.
Resumiendo, nos encontramos con un asunto que, en materia preventiva, suele conllevar mucha dedicación de tiempo con escasa fiabilidad. Pensemos en los técnicos de prevención dedicándose el mayor tiempo posible a realizar prevención y no tareas documentales en las que se producen frecuentemente errores. En casos de accidente, estos errores suelen llevar a la empresa principal a asumir responsabilidades jurídicas de diversa índole según el caso. Es importante mencionar que estas responsabilidades no se pueden dar únicamente por el hecho del control inicial de cumplimiento del subcontratista, sino que también pueden darse por el hecho de la falta de vigilancia ante incumplimientos del subcontratista durante el desarrollo de trabajo. No hay que olvidar que el trabajo se está desempeñando en el centro de trabajo del empresario principal y esta circunstancia conlleva un deber de vigilancia en materia preventiva.
Además de lo anterior, el empresario principal debe disponer de un sistema y construir un procedimiento:
Que le garantice el cumplimiento de la norma
Que sea adecuado a las circunstancias de su empresa en materia de CAE
Que sea lo más sencillo posible
Que no termine con un control inicial
Que no tenga grietas y localice en el momento de ocurrencia las faltas de cumplimiento
Que permita a los técnicos de prevención de su empresa disponer de tiempo para asumir un adecuado control de la actividad que se está realizando, mientras se ejecuta
De este modo, minimicemos accidentes y posibles consecuencias jurídicas nada deseables.
Hoy en día, se nos antojan muy lejanos los tiempos en los que todo se controlaba manualmente. En materia de CAE es vital disponer de un procedimiento rápido y seguro, que nos facilite el acceso a información en cada momento -sin información real no podemos actuar eficazmente y estaremos en manos del azar-. Desde hace años se vienen desarrollando en el mercado herramientas informáticas que proporcionan a la empresa principal una importante ayuda para definir sus medios de coordinación y crear un entorno de trabajo seguro y controlado.
Auditor Jefe de Prevención de Riesgos Laborales
e-coordina es una herramienta que permite el control en gestión CAE del que habla Javier Cassini en su artículo. Si quieres conocer esta aplicación y ver de qué forma se adapta a tus necesidades, solicita una demostración gratuita en este enlace:
La aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales a los trabajadores autónomos viene determinada por el artículo 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según este artículo, la ley no se aplica al trabajador autónomo con carácter general sino que únicamente se le aplica cuando así lo disponga la misma. Es decir, la norma tiene que hacer una referencia expresa al trabajador autónomo para que sea fuente de derechos y obligaciones.
La norma que regula las relaciones del trabajador autónomo es la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajador autónomo, en la que se recoge expresamente que tiene derecho a su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo.
En el artículo 5 de la Ley 20/2007 se establece que es deber del trabajador autónomo cumplir con las obligaciones que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como a seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
Así pues, los autónomos tienen derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, al igual que las empresas que los contratan.
En el artículo 8 de la misma ley se hace mención expresa al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regula la Coordinación de Actividades Empresariales. Establece que cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y trabajadores de otras empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los centros de trabajo de las empresas para las que presten servicios, serán de aplicación los deberes de cooperación, información e instrucción.
Con respecto al deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en un mismo centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. Este deber de cooperación se concreta en la obligación de información recíproca sobre los riesgos específicos de la actividad que desarrollen y que puedan afectar a trabajadores de otras empresas.
Esto significa que el trabajador autónomo debe conocer los riesgos específicos de su actividad y si estos pueden afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes.
Esto nos lleva a preguntarnos si el trabajador autónomo tiene o no tiene la obligación de realizar una evaluación de riesgos laborales. La respuesta es: no en todos los casos, sólo en los que su actividad lleve aparejada la concurrencia simultánea con trabajadores de otras empresas en un mismo centro de trabajo.
Si esto es así, deberá conocer los riesgos de su actividad y su gravedad. Para ello deberá identificar los riesgos y evaluarlos mediante una metodología con los requisitos recogidos en el Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención. En caso de que su actividad no requiera esta concurrencia, el trabajador autónomo no estará obligado a evaluar los riesgos.
Sin embargo, en el caso de que el trabajador autónomo trabaje en un centro de una empresa titular, su obligación será la de cumplir con los requisitos e instrucciones de esa empresa titular (según el artículo 9 de la Ley del Real Decreto 171/2004).
Por su parte, la Ley 20/1997 establece obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales para las empresas que contratan a trabajadores autónomos. Éstas se concretan en:
Informar al trabajador autónomo de los riesgos de su actividad.
Dar las instrucciones de seguridad necesarias al trabajador autónomo.
En caso de que el trabajador autónomo opere con equipos, productos, materias o útiles proporcionados por la empresa titular, proporcionar la información necesaria para que la utilización y manipulación de esas herramientas se produzca sin riesgos para su seguridad y salud.
Las empresas que contraten a trabajadores autónomos la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad deberán vigilar por el cumplimiento de la normativa en PRL.
Si no se cumple cualquiera de las obligaciones anteriores y como consecuencia se produce un accidente que afecte al trabajador autónomo, el empresario responderá de los daños y perjuicios que tengan como causa dicho incumplimiento.
Este es el marco legal de las obligaciones del trabajador autónomo en materia de prevención de riesgos laborales en general y de coordinación de actividades empresariales en particular. Si bien ello no quiere decir que en la relación de la empresa que contrata a un trabajador autónomo no se puedan establecer otros requisitos adicionales u otras obligaciones, como la exigencia de una determinada formación en materia de PRL o la realización de un reconocimiento médico laboral con el consiguiente certificado de aptitud.
La Ley 20/2007 hace mención expresa a los contratos como fuente de deberes en materia de seguridad y salud laboral para los trabajadores autónomos. Esto quiere decir que además de las obligaciones recogidas por la Ley, la empresa que contrata a un trabajador autónomo puede establecer deberes adicionales en materia de seguridad y salud laboral, fruto de la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de contratar. Esto supone que muchas empresas puedan exigir a los trabajadores autónomos que cumplan con una serie de obligaciones, más allá de las exigidas por la Ley, para que puedan trabajar con ellos; así como pueden establecer en el contrato las consecuencias del incumplimiento por parte del autónomo de estos deberes u obligaciones. Estas consecuencias se pueden materializar en la resolución del contrato, multas económicas o incluso indemnizaciones de cualquier tipo, siempre y cuando se hayan pactado expresamente en el contrato.
En conclusión, además de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales recogidas en la Ley y que van dirigidas a salvaguardar la seguridad de los trabajadores de otras empresas que pueden concurrir con estos trabajadores autónomos, a efectos de evitar accidentes, la empresa que los contrata debe establecer con claridad en el contrato cuáles son los requisitos que debe cumplir un trabajador autónomo en materia de PRL (capacitación para realizar la evaluación de riesgos, requisitos de formación o requerimiento de aptitud médica).
CEO de e-coordina

References: artículo 3
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 resolución