Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2009/05/
Timestamp: 2019-02-19 07:58:23+00:00

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JUSTICIA CIEGA: mayo 2009
Los secretarios judiciales, dispuestos a "liderar" los cambios en la Justicia
Los secretarios judiciales se han mostrado "esperanzados" con el Plan Estratégico de Modernización para la Justicia y dispuestos a "liderar e impulsar" este cambio para mejorar y agilizar el servicio al ciudadano y cuyo pilar básico es la Nueva Oficina Judicial. Este es el mensaje que han querido transmitir el medio centenar de secretarios judiciales coordinadores provinciales de toda España (que representan a un colectivo de más de tres mil personas) reunidos en Toledo durante las jornadas de trabajo celebradas en esta capital y en las que, por primera vez, han asistido varios representantes del Ministerio de Justicia, lo que han agradecido.
Así, poco antes de la clausura del encuentro, la secretaria judicial coordinadora de la provincia de Toledo, María Teresa Rodríguez Valls, explicó que los reunidos salen "esperanzados" y han mostrado su disposición a "impulsar" el cambio que la Justicia necesita en nuestro país y el compromiso de conseguirlo "con toda la energía del mundo".
En esta cita también se han establecido las fases y la cronología para ir aplicando las mejoras y las reformas y cuyo "pilar básico" pasa por la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
En el nuevo diseño de la Oficina Judicial los secretarios judiciales tendrán la responsabilidad de la organización, gestión, inspección y dirección del personal en los aspectos técnicos procesales en cada órgano judicial, mientras que los jueces se dedicarán a juzgar y ejecutar.
No obstante, la portavoz de los secretarios judiciales coordinadores, conocedores de la situación de los juzgados en cada provincia, son conscientes de que la nueva organización de la oficina Judicial no solucionará por sí misma los problemas y las necesidades que tiene la Justicia en España.
La nueva Oficina Judicial va a servir para "racionalizar" el trabajo, pero, está claro, agregó Rodríguez, que son necesarios más medios humanos y económicos y también instrumentos informáticos.
La Nueva Oficina Judicial se implantará a partir del próximo mes de enero, según el Ministerio de Justicia, una vez que los grupos parlamentarios del PSOE y PP alcanzaran un acuerdo sobre los cambios que hay que hacer en algunas leyes procesales que permitan la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
En este encuentro de secretarios judiciales coordinadores han participado varios representantes del Ministerio de Justicia, entre ellos el secretario general y el director general para la Modernización de la Justicia, Ignacio Sánchez e Ignacio de la Mata, respectivamente.
Canarias: El Diputado del Común considera que la Justicia no está administrada adecuadamente
El Diputado del Común, Manuel Alcaide, analizó el estado de la Justicia en Canarias y se mostró muy preocupado por el déficit en la administración de justicia. Afirmó que Canarias es la segunda comunidad del Estado con más retrasos en este apartado y aseguró que este hecho se debe a la estructuración que se realizó en torno al poder judicial dentro de nuestro sistema, que se hizo muy mal porque no se pensó y estructuró de forma adecuada.
Manuel Alcaide, Diputado del Común, afirmó en el programa La Trapera de Radio San Borondón que la justicia en Canarias está muy deteriorada por el abandono que está sufriendo. Afirma que la división de los poderes es esencial y que si no existe no puede haber democracia. En este sentido dijo que hoy mismo se puede ver en la prensa el estado de la Audiencia Provincial, en donde se evidencia la acumulación de los asuntos.
Considera que la Justicia en Canarias no está administrada adecuadamente, algo que ya ha dicho por activa y por pasiva, porque con tres patas no se puede caminar bien, ya que si éstas no se coordinan se traban. En este sentido, el Consejo general del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las diferentes autonomías representan esas tres patas que actúan cada una por separado, dificultando la buena marcha de la Justicia que bajo su óptica tendría que depender solamente de un organismo que controlara todo el personal y trabaje en la eficacia del trabajo en todo momento.
En su argumentación parte de la base de que la estructura esencial de la administración de Justicia no es la correcta, es decir, en la Constitución ya no se formula un poder judicial independiente y adecuado a las necesidades que tenemos porque entre otras cosas no se fija un presupuesto para la administración de Justicia, que debió haberse realizado, para que esta, con las partidas consignadas, organice su funcionalidad de acuerdo con las necesidades que cada territorio va teniendo con respecto a pleitos y problemas que se plantean.
A su juicio, se trata de un problema muy difícil de resolver, porque el dinero ayudaría a mejorar, pero no se puede tener funcionarios interinos, secretarios interinos, jueces sustitutos, porque a la hora de la verdad la profesionalidad de los titulares queda en entredicho, siendo éste uno de los grandes problemas que tiene la Justicia y que cada día que pasa es más difícil de resolver.
Hay una voz de alarma porque para resolver un pleito de los social se puede tardar más de un año cuando debería resolver en 15 días o un mes. Explicó Alcaide que cuando se constituyó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo se hizo para que ejerciera control a los jueces, y que el resto de personal de los órganos judiciales como secretarios, oficiales, auxilares, etc., dependen del Ministerio de Justicia, con lo que se demuestra que en la justicia hay constituidas tres patas fundamentales.
Para Manuel Alcaide, si encima el Ministerio de Justicia desplaza las competencias a las diferentes comunidades autónomas es como para volverse loco ya que coordinar todo este entramado es muy difícil, de aquí viene todo este trajín en la justicia.
Asegura que este es el transfondo de la problemática en torno a la justicia y su mal funcionamiento, de ahí las enormes dificultades que se tiene para poder organizar una administración de justicia adecuadamente. Para Alcaide, o la administración de justicia comienza a actuar más diligente o se pone en peligro la democracia.
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El Defensor del Pueblo advierte que la reforma de la Justicia "no admite más retrasos"
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, advierte en su Informe Anual relativo a 2008 que "la reforma y modernización de la organización administrativa de la Justicia es una tarea de los poderes públicos que no admite más retrasos", y destaca que la vigencia de los derechos fundamentales "depende en gran parte de que los jueces y tribunales puedan desarrollar su trabajo bajo unas condiciones aceptables, si no óptimas".
A lo largo de su informe, Múgica califica de "complicada" la situación de la jurisdicción penal, dado el aumento de la litigiosidad consecuencia de determinadas reformas legales, como es la nueva tipificación de conductas en los delitos contra la seguridad vial.
La situación también se complicó por la huelga de funcionarios que se mantuvo durante los meses de febrero y marzo, que tuvieron fiel reflejo en las quejas de los ciudadanos ante este órgano "al agravarse los perjuicios y retrasos ocasionados a miles de expedientes en tramitación o pendientes de ser instruídos".
Además, el informe alude al "celo excesivo" con el que los medios de comunicación se han hecho eco de las "consecuencias muy negativas, a veces trágicas, que se desprenden de la incapacidad de algunos órganos judiciales", en clara alusión, aunque sin apuntarlo expresamente, de la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por el caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés.
Entre los aspectos que merecen una atención prioritaria, el Defensor del Pueblo destaca el exceso de carga de trabajo de los jueces, la falta de medios materiales, escasez de personal, excesiva movilidad de la plantilla de funcionarios, deficiente formación del personal interino y, de manera destacada, la imposibilidad de interconexión de las bases de datos judiciales. Todas estas cuestiones están siendo tratadas en la reforma legal para la Implantación de la Oficina Judicial.
DILACIONES Y REGISTRO CIVIL.
Durante 2008, el Defensor del Pueblo tramitó un 541 quejas por dilaciones indebidas en la Administración de Justicia, de las cuales 229 se referían a la jurisdicción civil, 198 a la jurisdicción penal, 56 a la social, los mismos sobre la contencioso-administrativa y 2 a la jurisdicción militar. Las efectuadas en 2008 fueron realmente 334, las restantes corresponden a fechas anteriores a este año y continuaban sin resolver a la fecha del cierre del informe.
En su informe, el Defensor del Pueblo admite la necesidad de proceder a una reforma del sistema de Registro Civil que, dice, precisa "con carácter urgente" adaptarse a los criterios de eficacia y rapidez exigibles a toda Administración en el siglo XXI. En este sentido, señala que se ha constatado que "la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de medios materiales y personales que soportan los registros civiles es un problema generalizado".
"La mayoría de los jueces encargados del Registro Civil deben compatibilizar estas funciones propiamente jurisdiccionales, lo que supone de hecho la imposibilidad de una dedicación permanente a los funciones propias del Registro Civil, y a las actuaciones que requieren la inmediación del encargado, que se han visto incrementadas en los últimos tiempos, por los que reclaman soluciones urgentes", argumenta en su informe.
Aunque asegura ser "consciente" del desafío que supone una reforma del sistema de Registro Civil por la "complejidad" de los problemas que plantea --cita expresamente "la informatización de los juzgados de paz de toda España y la digitalización de todas las páginas de los libros de registros civiles y juzgados de paz que en la actualidad se está cometiendo"--, reconoce, no obstante, que la necesidad "urgente" de que adapten a los criterios de "eficacia y rapidez" que exige cualquier Administración del siglo XXI.
Asimismo, el Defensor del Pueblo recuerda que en anteriores informes ya denunció "el deficiente servicio prestado" por los registros civiles y recalca que "hasta la fecha, y a pesar de las medidas que se han ido adoptando", no se ha conseguido agilizar el servicio. "El significativo y un claro reflejo del mal funcionamiento de este servicio público, el que prácticamente, en el 100 por cien de las quejas presentadas contra el Registro Civil, el ciudadano tiene razón y está justificada su denuncia", argumenta.
Por último, indica que la propia Secretaría de Estado de Justicia admite en un informe remitido al Defensor del Pueblo "las disfunciones en la gestión de los medios personales adscritos a los registros civiles" una vez transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas.
Las propuestas para mejorar el servicio, recuerda, serán estudiadas en el marco de una comisión permanente acordada en el marco de la pasada Conferencia Sectorial de Administración de justicia.
COORDINACIÓN CON LAS FISCALÍAS
Múgica se refiere también a la situación actual de la Administración de Justicia y menciona como posible solución la creación del plan de mejora que debaten en la actualidad el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las principales asociaciones de jueces.
En este sentido recoge en su informe que durante el pasado año efectuó una recomendación al CGPJ para que el órgano de Gobierno de los jueces tuviera en cuenta "la necesaria coordinación" del plan con la Fiscalía General del Estado "en relación con todos los procedimientos en los que intervenga el Ministerio Público".
Por otro lado, Múgica reclama en su informe "el establecimiento de algún mecanismo que facilite la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos de Humanos.
Alicante: Los API crean un tribunal para resolver los litigios de los alquileres
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (COAPI) cuenta desde esta semana con la primera Corte de Arbitraje de los Api en España, un sistema para resolver los conflictos inmobiliarios con las mismas competencias que un juzgado, pero que permitirá solucionar los casos de impagos y posterior desahucio en tan sólo dos meses, reduciendo así el tiempo medio de un año si el caso termina en un contencioso judicial, según apuntó Marifé Esteso, presidenta del colectivo de agentes inmobiliarios de la provincia.
El Colegio, como entidad de derecho público que es, decidió crear este órgano acogiéndose a la regulación de la Ley de Arbitraje de 2003, a fin de abrir una nueva línea de trabajo para los asociados y, por otro lado, trata de incentivar el mercado del alquiler en una provincia en la que, como en casi todas las de España, los propietarios de viviendas recelan antes de sacarlas al mercado del alquiler por los problemas estructurales, amparados en la mayoría de las ocasiones por la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, con los que se encuentran cuando el inquilino decide no pagar la renta.
Quebraderos de cabeza, años de litigios y, en muchos casos, epílogos plagados de situaciones en las que el dueño del piso lo recupera "en pésimas condiciones o destrozado", según apuntaron fuentes del colectivo. La propia presidenta del COAPI, Marifé Esteso, apuntaba que "entre las personas que viven de alquiler te puedes encontrar de todo. Desde el inquilino ideal que cumple con la renta y cuida la casa como si fuera suya, hasta con auténticos profesionales que se conocen la legislación y a los que prácticamente resulta imposible notificar una citación", subrayó Marifé Esteso, presidenta de un colegio del que forman parte 250 profesionales repartidos por todos los municipios de la provincia.
La Corte de Arbitraje se constituye como un instrumento de resolución de conflictos en los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales a fin, de que tanto los propietarios como los inquilinos puedan resolver sus diferencias en un plazo breve, y se presenta ahora mismo como una la alternativa mucho más rápida y económica que acudir los Tribunales de Justicia, según los Api.
Los laudos (figura con el valor de una sentencia) que dicte la Corte tendrán un valor equivalente a las decisiones judiciales y también gozarán de carácter ejecutivo. Marifé Esteso asegura que el Colegio tiene los medios para que se dicten en un plazo que, en ningún caso, excederá de los dos meses, sin que sea obligatoria la intervención de abogados o procuradores. El servicio está a disposición de los Api colegiados y de cualquier persona, mediante la inclusión de una cláusula anexa a un contrato de arrendamiento, incluso los que ya están en vigor. Esteso mostró su confianza en que el nuevo servicio arbitral que prestarán los Api permita impulsar la contratación de los alquileres de pisos.
Seguro antimorosos
La puesta en marcha de la Corte de Arbitraje del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria representa un salto cualitativo en el mercado del alquiler. Hasta ahora, los dueños de un piso sólo contaban para resolver conflictos con morosos con el Juzgado, o con los seguros de dos años contra los impagos, desperfectos en las viviendas y costas judiciales que ofrece la Agencia Valenciana de Alquiler -institución pública- durante los dos primeros años de vigencia del alquiler de los pisos que reciben. También existe la Junta Arbitral de Consumo, pero dilucida sobre temas de consumo: electrodoméstico con desperfectos tras la compra, teléfono móvil que falla o, por ejemplo, incumplimiento de las condiciones de un viaje.
Mil casos al año
Jueces, dueños de viviendas y agentes de la propiedad inmobiliaria se las ven y las desean todos los años para poder actuar contra los morosos, entre los que se dan casos de auténticos artistas del "escaqueo". Personas a las que resulta prácticamente imposible notificarles que deben acudir al juzgado, con lo cual el caso no puede arrancar. Existen casos de morosos a los que no se pudo entregar la nota durante un año.
Los juzgados registran unos mil casos al año, según apuntó Vicente Magro, presidente de la Audencia, quien, precisamente, logró el pasado fin de semana durante un congreso con 400 juristas celebrado en Oviedo, sacar adelante una propuesta para la creación de juzgados especiales en los que se dirimirían temas como impagos de rentas o hipotecas. El proyecto está ya en la Comisión de Justicia del Congreso. En la provincia estarían en Alicante y Elche.
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Castilla-La Mancha: Valerio pide a Caamaño una financiación adecuada para el traspaso de Justicia
La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, ha manifestado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, su interés en llegar a un acuerdo sobre la transferencia de la Administración de Justicia a Castilla-La Mancha con "una financiación adecuada".
Valerio ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con Caamaño de más de una hora de duración en el Ministerio, donde ambos han expresado su interés en impulsar el traspaso de la Administración de Justicia.
La consejera ha trasladado al ministro que Castilla-La Mancha parte de "un déficit histórico muy importante en materia de infraestructuras" que quizás ha sido uno de los principales "escollos" para llegar a un acuerdo en los últimos años sobre la transferencia de la Administración de Justicia del Estado a la Comunidad Autónoma.
Castilla-La Mancha va a "heredar" 51 edificios judiciales, de los cuales a once hay que hacerlos de nuevo, otros muchos necesitan de reformas y a la mayoría hay que adaptarlos a la normativa de accesibilidad.
Todo ello requerirá una inversión "muy importante", según Valerio, quien ha mostrado su deseo de que el Ministerio de Justicia siga con las obras que ha comenzado y dé un apoyo especial para cubrir este déficit histórico en materia de infraestructuras.
La titular de Justicia también ha puesto "encima de la mesa" la ratio tan negativa que Castilla-La Mancha tiene en estos momentos de 8,4 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa en el último lugar de las diecisiete comunidades autónomas, cuando la media nacional es de 10 jueces por cada 100.000 habitantes.
No obstante, ha reconocido que el Ministerio de Justicia ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos cinco años para incrementar en veintidós el número de unidades judiciales en Castilla-La Mancha, aunque, de forma paralela, se ha producido un aumento "muy importante" de la población en la región de aproximadamente 250.000 personas más.
Ha comentado además la gran presión demográfica y el incremento de trabajo en los juzgados que han sufrido dos zonas de la Comunidad Autónoma que son el Corredor del Henares -el partido judicial de Guadalajara- y La Sagra en Toledo -Illescas, Torrijos y Talavera-.
Valerio ha expresado al ministro su interés en alcanzar a un punto de encuentro sobre la transferencia de la Administración de Justicia, pero, para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es "absolutamente fundamental conseguir una financiación adecuada".
La consejera ha subrayado que no sería responsable por parte de la Comunidad Autónoma asumir la competencia de un asunto tan importante para la ciudadanía como es la Justicia, si no es con una financiación adecuada.
El objetivo de la transferencia es "mejorar la justicia en Castilla-La Mancha", ha apuntado Valerio, quien ha señalado que, a la voluntad de hacer las cosas bien, "hay que acompañarla con dinero porque, de lo contrario, será muy difícil poder cumplir con los objetivos del Plan Estratégico para la Justicia de Castilla-La Mancha".
No ha querido concretar ni cifras ni plazos sobre el traspaso y ha asegurado que "a la Comunidad Autónoma no le importa tanto el cuándo como el cuánto" en alusión al coste efectivo de la transferencia.
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Vigo: Los jueces de Familia esperan más de un año por informes decisivos sobre menores
Los dos juzgados de Familia de Vigo están aquejados de muchos males. La sobrecarga de trabajo que justifica la tercera sala que finalmente no se creará este año –lo que ha causado un profundo malestar entre la judicatura viguesa– es uno de los problemas. Pero no el único. Porque hay mucho más: por ejemplo, que los magistrados se ven obligados a esperar hasta quince meses por informes psicológicos para decidir sobre una custodia o un régimen de visitas o que entre sus cometidos también está dictar órdenes de internamientos psiquiátricos o realizar informes sobre incapacidades, un trabajo "a mayores" que agrava aún más el colapso de estas salas.
Una reiterada demanda es la creación de un equipo psicosocial exclusivo para los dos tribunales de Familia. Una petición que nunca fue atendida. "En la actualidad estamos esperando una media de hasta 15 meses por estos informes, ya que los dos equipos que hay son para todos los juzgados", afirman fuentes judiciales. La situación es tan grave que en muchos casos se está optando por no solicitar estas pruebas periciales para evitar demoras en la resolución de asuntos en los que siempre hay menores de por medio. "Si podemos ya no los pedimos; pero hay veces que no queda más remedio, porque si nos encontramos con que un niño no quiere ver a su padre, hay que ahondar en el asunto con la intervención del psicólogo y la trabajadora social", apuntan las mismas fuentes.
Otro "frente" con el que se encuentran los juzgados de Familia son los puntos de encuentro, unos centros que tienen como función mediar en el intercambio de hijos de padres separados cuando entre la pareja no existe una buena relación. El que funciona en Vigo, "Aloumiño", está colapsado. "Se ha dado el caso de necesitarlo y de no tener hueco en meses; a un padre no le puedes privar de un régimen de visitas, por lo que, mientras esperamos, hay que buscar soluciones alternativas, como que sea un familiar el que vaya a buscar el niño...", resumen.
Cada juzgado registra una media de 1.500 asuntos anuales. Además de separaciones y divorcios, deben decidir sobre custodias, regímenes de visitas o concesión de pensiones alimenticias o compensatorias. Pero la labor de jueces, secretarios y funcionarios no se limita a la jurisdicción de Familia. Y es que a estas salas también le compete realizar internamientos psiquiátricos e informes sobre incapacidades. Una labor en la que cada tribunal emplea al menos cuatro mañanas al mes, en las que hay que salir del juzgado para ir a hospitales y centros psiquiátricos para ver a los pacientes. A uno de los juzgados vigueses le tocó ayer ir al Hospital do Meixoeiro: tras ver a los afectados, en la mesa tienen nueve expedientes sobre incapacidades, cuya resolución obliga a la celebración de juicios.
La mayoría de los problemas que aquejan a los tribunales de Familia no son nuevos. Pero siguen ahí. El año pasado uno de los jueces de Vigo tiraba la toalla porque la sala en la que trabajaba "estaba sin medios y abandonada a su suerte". En una extensa entrevista, el magistrado proponía un sistema de "mediación" con un equipo de psicólogos destinado a parejas que van a iniciar un proceso de separación. Algo que reduciría el número de divorcios contenciosos y que, en la actualidad, ya se está realizando de forma experimental en un juzgado de Santiago. "Sería muy interesante que se pusiese en marcha algo así en Vigo, porque habría más separaciones de mutuo acuerdo; es tan importante como crear el tercer juzgado", concluyen.
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Alvarez: "No puedo dar plazos para la Ciudad de la Justicia de Sevilla"
Begoña Alvarez, Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, reconoce que el sistema necesita cambios profundos y dice hacer suyas las reclamaciones de los jueces, pero cree que su visión se basa en necesidades que considera extraordinarias por la situación económica.
–Tiene el encargo del presidente de hacer de la justicia y la administración pública una solución y no un problema para los ciudadanos. Con la justicia en el punto de mira, ¿siente miedo?
–Miedo no, lo que tengo es la responsabilidad compartida con funcionarios, magistrados, jueces, fiscales, abogados y procuradores, en que esto hay que cambiarlo. Es un sistema que hay que adaptar al siglo XXI, evidentemente no arrasando con el anterior sino construyendo nuevos edificios. Es un reto interesante y lo afronto con seguridad porque sé que se puede mejorar el servicio.
- Su solución no es más medios sino reorganizar los que hay. ¿Cree que los profesionales comparten su opinión? El TSJA en su memoria reclama 36 juzgados y 1.200 funcionarios más.
- Creo que estamos todos en la misma línea de comenzar por la reorganización. La memoria del TSJA arroja unos datos que se van a convertir en reivindicación para esta Consejería. Pero son datos de 2008, cuando España ya estaba inmersa en una crisis global, y hay un número de demandas y reclamaciones de los ciudadanos superior al habitual. Las soluciones hay que reflexionarlas y adaptarlas a las necesidades no extraordinarias que responden a una crisis sino a lo que va a requerir un servicio público.
- Pero el retraso no es de hace un año, viene de largo.
- Todos estamos de acuerdo en que la justicia necesita una modernización y un cambio.
- ¿Cómo explica al ciudadano y al sector que pese al colapso se quiten funcionarios de refuerzo en juzgados como el que instruye el caso Mari Luz?
- Un refuerzo se pone extraordinariamente para una situación específica, como casos de estafa que tienen muchas partes, tipo Nevada, o de gran alarma social, como el de Mari Luz. Son casos que requieren refuerzos durante la instrucción y cuando acaba esa fase, se retiran porque no son ampliaciones de plantilla. De todas formas, en el caso Mari Luz estamos atentos y si reaparece la necesidad o lo reclama el juzgado volverá a reforzarse.
- Prevé crear unidades especializadas para agilizar los juzgados. ¿No depende de la reforma estatal de la Oficina Judicial?
- Podemos crear servicios de notificaciones y unidades de apoyo a la ejecución penal, que son una necesidad real, seguramente en Sevilla y también en otras ciudades.
- ¿Qué cambiará con la reforma del sistema informático de los juzgados, el Adriano?
- Será compatible con el del Ministerio, vamos a trabajar en la interconexión de juzgados y en las notificaciones telemáticas, que son reivindicaciones de la ciudadanía y una necesidad real en cualquier administración en el siglo de las comunicaciones.
- ¿Podrá un juez conocer el historial del procesado aunque no haya sentencias firmes?
- Depende del delito y de lo que la ley permita, porque tiene que haber garantías para los ciudadanos. Para casos de abusos sexuales como el de Mari Luz habrá un registro específico al que sí se podrá acceder.
- El Estatuto y el programa para la legislatura prevé crear un Consejo de Justicia Andaluz. Algunos creen que 17 consejos multiplicarán los problemas.
- Es un órgano de gobierno de los jueces en Andalucía que requiere la reforma de la Ley Orgánica. Estará compuesto no sólo por jueces y magistrados sino por juristas de prestigio. Podrá adoptar algunas medidas disciplinarias de los jueces y para convocar plazas, habrá que ver qué competencias le delega el CGPJ.
- ¿Ve viable iniciar los proyectos de todas las ciudades de la justicia esta legislatura? ¿Hay fecha para la de Sevilla?
- Son una prioridad. Cada una va a tener un ritmo distinto, porque las circunstancias varían en cada provincia. En Sevilla, estamos anticipando todos los pasos para que cuando los terrenos estén a nuestra disposición, podamos comenzar las obras, pero plazos no puedo dar. En Sevilla y otras ciudades, apostamos por el modelo de campus, aunque el edificio único también es válido.
- La oferta pública de empleo se redujo a la mitad pero se prometió agilizarla. ¿No vamos ya con retraso para convocarla y resolverla en el año?
- El primer criterio con el que se diseñó era cubrir todas las necesidades y el segundo la austeridad lógica en tiempos de crisis. Los plazos se van a cumplir pero son procesos complejos y vamos a trabajar para mejorarlos, pero nosotros también necesitamos tiempo.
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Madrid: Los jueces presionarán hasta que se reforme la Justicia
Los jueces de Madrid han acordado en la junta celebrada en la mañana de este jueves instar a las asociaciones judiciales a adoptar las "medidas de presión" que consideren oportunas, al considerar que los avances conseguidos en la negociación con el Ministerio de Justicia son insuficientes.
La junta de jueces celebrada en Madrid era una de las convocadas este jueves en casi medio centenar de ciudades o provincias españolas -entre ellas en Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao- para analizar la marcha de las negociaciones que las asociaciones judiciales mantienen con el Gobierno.
En la junta de Madrid, celebrada esta mañana en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla, se ha aprobado por unanimidad un documento, en el que los magistrados declaran su insatisfacción con los resultados que hasta ahora han arrojado dichas negociaciones e instan a las asociaciones a adoptar medidas de presión.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha explicado que durante la reunión no se ha realizado un pronunciamiento concreto sobre la huelga anunciada para el 26 de junio por las asociaciones, ya que son éstas las que deben decidir esa convocatoria.
No obstante, los jueces de Madrid consideran que, ante los pocos avances de la negociación, es necesario recurrir de nuevo a medidas de presión para conseguir que se dé cumplimiento a sus reivindicaciones para mejorar la Justicia.
En concreto, en el acta de la junta los magistrados manifiestan el desacuerdo con la medida adoptada finalmente respecto de los señalamientos de los juicios, así como con el reparto de las cargas de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por ello, han acordado dar un plazo para que "avance la situación" y convocar una nueva junta general el próximo 8 de octubre.
Según González-Armengol, en el caso de que para esa fecha no se hayan producido nuevos avances, la junta de jueces de Madrid se "sentirá liberada" para adoptar sus propias decisiones e incluso medidas de presión, al margen de las asociaciones.
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Zaragoza: Silva da por zanjada la polémica del segundo Juzgado de Guardia
El segundo Juzgado de Guardia de Zaragoza tendrá que esperar. Así quedó manifestado en un informe solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que llegó al Departamento de Justicia de la DGA hace menos de un mes. Este informe echó por tierra las aspiraciones de amplios sectores de la carrera judicial y la sociedad aragonesa por ver en funcionamiento esta segunda unidad.
Este acuerdo del Consejo, “demoledor”, según ha indicado el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, “da por zanjada” la cuestión. Una polémica que ha generado “desgaste” en las instituciones, según ha reconocido Silva, quien ha asegurado que “no se equivocaron” al defender que dicho juzgado no era necesario.
Ahora la creación o no del nuevo juzgado queda supeditado a la creación del Juzgado de Instrucción número 13 en la capital aragonesa. Silva ha asegurado que “el Consejo General son los que mejor conocen los datos” respecto a las estadísticas de trabajo, por lo que “el actual sistema de trabajo puede continuar” y el CGPJ se ha mostrado “contundente” en este planteamiento.
El segundo Juzgado de Guardia ha sido uno de los temas que ha centrado la comparecencia del consejero de Justicia aragonés en la Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior para dar cuenta de los primeros 17 meses de funcionamiento de la Justicia tras entregar el Estado dicha competencia a Aragón el 1 de enero de 2008.
El otro tema que ha generado la atención de los diputados ha sido la decisión de crear tres sedes judiciales en la capital aragonesa: el edificio de la Audiencia para acoger la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA); los juzgados de la plaza del Pilar que acogerán los tribunales de lo Civil mientras que los edificios que albergaron los pabellones de las Comunidades Autónomas del recinto Expo acogerán la jurisdicción de lo Penal. Estas cuestiones están en “previsión”, aunque una vez establecidas se podrá decidir si cambiar o ajustar el número de juzgados.
La creación de tres sedes judiciales responde a que Zaragoza “no está encorsetada” como Madrid a nivel de espacio y no se producen las mismas distancias entre una sede y otra, “la distancia entre los juzgados de la plaza del Pilar y la futura sede de la Expo es similar a ir desde el Pilar a la plaza Paraíso”. Además, la dispersión de permite en un plazo de “medio y largo plazo” decidir futuros traslados o creación de nuevos juzgados.
Esta cuestión no ha satisfecho a la oposición, la portavoz del PP en la comisión, Yolanda Vallés, se ha mostrado poco convencida de estos planteamientos. Silva ha indicado que él “debe ser coherente” y ha manifestado que en la ciudad de la Justicia de Valencia “ya se han dado problemas” en el planteamiento de este complejo.
Garzón es imputado por prevaricación y las asociaciones judiciales lo aprueban
El Tribunal Supremo ha hecho público este miércoles un auto en el que se admite a trámite una querella por prevaricación presentada el pasado 26 de enero contra el juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por el sindicato Manos Limpias. El delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal, consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son y de ser probado puede apartar a un juez de la Carrera Judicial.
Dicha querella denuncia la actuación del instructor en la causa general que decidió abrir a la Guerra Civil y el franquismo con la oposición del Ministerio Fiscal.
¿Qué opinan las asociaciones judiciales?
Los portavoces de las asociaciones judiciales creen correcta la decisión del Supremo. Según ha manifestado el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, hay motivos "suficientes" para admitir la querella, en la que se asegura que el magistrado de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no lo era. Gallardo añade que la investigación del Tribunal Supremo para determinar si hubo o no prevaricación será "complicada", porque "se están juzgando intenciones y si usó una ley con intereses espurios".
También la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, a través de su portavoz Antonio García, considera que de los hechos descritos en la querella "no se puede descartar la posible existencia de un delito de prevaricación". "Garzón no tiene más derechos que cualquier ciudadano de este país, pero tampoco menos", ha apuntado.
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria también aprueba la admisión a trámite de la querella, pero considera que finalmente acabará archivándose. "Podrá ser discutible en tema de competencias, pero de ahí a una prevaricación me parece una exageración", ha apuntado su portavoz, Marcelino Sexmero.
En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, que espera asimismo que el Supremo archive el asunto y opina que "los hechos que sucedieron sobre la Memoria Histórica no se corresponden con exactitud con los contenidos en la querella" de Manos Limpias.
Fuente: Libertad Digital , elimparcial.es
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Oviedo: Seiscientos empleados públicos se manifiestan ante la falta de negociación con el Gobierno del Principado
Más de seiscientos empleados de la sanidad, educación, justicia y administración pública asturiana se han manifestado ayer por las calles de Oviedo para exigir al Gobierno del Principado que negocie con los sindicatos profesionales en las mesas sectoriales. José María Alejo García, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), ha asegurado que el Principado es la primera administración que ha dejado de convocar la mesa sectorial de todas las que tienen transferidas las competencias de Justicia, y ha criticado la falta de "desatención" del Gobierno asturiano en los cinco meses que lleva gestionando la justicia en el Principado.
Esta movilización ha sido convocada por diez sindicatos profesionales (SIMPA, SATSE, SAE, SICEPA/USIPA, STAJ, CSI, USIPA, ANPE, SUATEA y CSIF) y las federaciones de educación y sanidad de CCOO.
Estos sindicatos representan a unos 33.000 trabajadores de los 38.000 que están adscritos a la administración regional, lo que, según ha asegurado el representante del SIMPA, José Luis Sánchez, supone un noventa por ciento de los empleados públicos.
Sánchez ha criticado la política que mantiene la administración regional llevando las negociaciones con los sindicatos a la Mesa General e "impidiendo" el trabajo en las sectoriales.
Ha reseñado que la manifestación pretende devolver la negociación en las mesas sectoriales que han sido cerrada por "un capricho de la administración que sólo quiere negociar con dos sindicatos".
Ha asegurado que tienen la intención de continuar con las movilizaciones "hasta donde haga falta" e incluso no ha descartado la huelga.
Bajo el lema "Sanidad, Justicia, Administración Pública y Educación: Por la Mesa Sectorial" recorrieron la calle Uría de Oviedo, desde la estación de Renfe hasta la sede de Presidencia, para hacer público un manifiesto en el que exigen de manera férrea la convocatoria de caracter inmediato de las Mesas Sectoriales.
Los sindicatos incidieron además en que no hay "impedimento legal" para que se lleven a cabo las mesas sectoriales al margen y como complemento de la Mesa General de la Función Pública o la Mesa de la Comunidad Autónoma. "Es la única comunidad que no tiene mesas sectoriales", lamentaron las organizaciones sindicales.
Durante la movilización los manifestantes gritaron consignas contra el presidente regional, Vicente Álvarez Areces y contra la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Y es que para los sindicatos las declaraciones de esta última son "una falacia y una provocación".
"Las mesas generales se están utilizando en Asturias como una pantalla para ocultar los recortes de plantilla, los traslados forzosos o para encubrir la puesta en marcha de medidas que atentan contra los derechos públicos de los empleados asturianos", destacaron los manifestantes.
Fuente: soitu.es , rtpa.es
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Cádiz: San Fernando, El Puerto y Chiclana sufren graves carencias judiciales
San Fernando, El Puerto y Chiclana sufren carencias tanto en sus instalaciones judiciales como en los medios necesarios para ofrecer un servicio adecuado en sus respectivas poblaciones.
Numerosas voces se han alzado en San Fernando en los últimos meses para demandar la creación de un cuarto juzgado ante la excesiva carga de trabajo que soportan los Juzgados de la ciudad, entre ellos la delegación local del Colegio Provincial de Abogados.
La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recomienda abrir este nuevo juzgado después de recabar los datos de 2008 de la actividad judicial, que señala que en La Isla el número de procedimientos está un 60,2% por encima de los módulos que se marcan como pauta. Si un juzgado puede atender al año una media de 2.500 asuntos penales, en San Fernando cada uno de los tres juzgados alcanzaron los 3.107 casos. Lo mismo ocurre con los contenciosos: mientras la media para un normal desarrollo se sitúa en 380, en la ciudad se llega a los 745. El TSJA ya advirtió en 2007 de la necesidad de crear el cuarto juzgado en San Fernando, a pesar de que entonces no se sobrepasaban los casos penales.
A esta demanda se suma otra histórica, relacionada con las instalaciones que ocupa ahora el Palacio Judicial. A su mal estado se une la falta de espacios para un correcto funcionamiento, del que funcionarios y profesionales se quejan desde hace tiempo. Los tres juzgados comparten dos salas de vistas, por lo que se producen demoras; faltan despachos; no haya salas para los testigos, ni para reuniones entre abogados y clientes; y los documentos se amontonan en pasillos y otras estancias no destinadas al archivo de los mismos.
Ni el pintado de las paredes, ni el arreglo de la red eléctrica, ni la instalación de aire acondicionado, cuestiones ya realizadas, solventan los problemas de un edificio viejo y poco acondicionado para el desarrollo de la actividad judicial. A pesar de ello, desde la Delegación Provincial de Justicia se rechazó tras estudiarlo la posibilidad de un traslado provisional a otras dependencias, aunque sí se plantea sacar a locales cercanos los archivos.
La construcción de un nuevo Palacio Judicial en la ciudad solucionaría estos problemas. Se hará en la avenida Constitución, aunque firmado el convenio de cesión entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía el pasado octubre, no hay hasta la fecha novedad alguna sobre esta actuación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reclamado en su memoria del año 2008 la creación de dos nuevos juzgados en El Puerto: el nº 6 de Primera Instancia e Instrucción y el segundo de Vigilancia Penitenciaria. Estas dos peticiones recogidas en la memoria obedecen por una parte a la acumulación de casos atrasados y a la incorporación de nuevos litigios derivados de la actual coyuntura económica de crisis, y por otro al considerable aumento de la carga de trabajo que se ha registrado en la jurisdicción penitenciaria como consecuencia de la apertura de la prisión Puerto III en junio de 2007.
Otra cuestión pendiente es la construcción de la nueva sede judicial, que sustituya a las "insuficientes" instalaciones del edificio actual de los Juzgados, ubicado en el polígono de Las Salinas, muy alejado del casco urbano y en una zona industrial. Aunque el Ayuntamiento ha ofrecido a la Consejería de Justicia una parcela en la Angelita Alta para construir los nuevos juzgados, no ha obtenido aún respuesta respecto a la recepción de dichos terrenos.
Como se viene denunciando desde hace meses por funcionarios, trabajadores, sindicatos y otros sectores relacionados con la administración de Justicia, el de Chiclana sigue siendo uno de los partidos judiciales con más deficiencias y necesidades de mejora de la provincia de Cádiz.
Así, aunque ya se ha anunciado la próxima creación del quinto Juzgado en la ciudad para finales del presente año, ha sido el propio presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río, el que ha reconocido recientemente que esta importante mejora no será suficiente para dar respuesta a la sobrecarga de trabajo existente en este partido judicial.
Jueces, funcionarios, abogados y procuradores del citado partido judicial reclaman desde hace meses un aumento en las plantillas de estos Juzgados, así como la mejora del material con el que cuentan, ya que, entre otros problemas, denuncian un sistema informático arcaico y escasos medios materiales para una correcta atención a los ciudadanos. El sistema de sustituciones ha sido otro de los problemas criticados por los trabajadores de los Juzgados, entre otros motivos, por los importantes retrasos con los que se cubren las bajas de funcionarios y la escasa experiencia de los trabajadores que se incorporan para cubrir estas sustituciones, lo que ralentiza aún más una administración ya de por sí colapsada.
La necesidad de que se cree un Juzgado exclusivo de Violencia de Género es otra de las demandas planteadas por jueces y trabajadores de los Juzgados de Chiclana, dado el importante número de causas que se registran y los escasos medios materiales y humanos con los que cuenta el mismo para atenderlas con garantías y sin que suponga un mayor retraso para el resto de causas.
Entre otras soluciones, además de la creación de nuevas salas, jueces, funcionarios y sectores afectados por el colapso existente han planteado la necesidad de que este partido judicial, que en la actualidad abarca las poblaciones de Chiclana, Conil, Medina, Paterna, Benalup y Alcalá, se divida en dos, con la constitución de Medina como nueva cabeza de partido de la zona que se le vincule.
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Estados Unidos: Obama nombra a la primera juez hispana en el Tribunal Supremo
Por primera vez en sus más de 200 años de historia, el Tribunal Supremo de EEUU tendrá a una juez hispana entre sus miembros. Sonia Sotomayor es la elegida por el presidente, Barack Obama, para ocupar la vacante que dejará David Souter en verano.
Obama describió a la seleccionada como "una mujer inspiradora que será una gran juez" gracias a su "riguroso intelecto" y a la experiencia adquirida durante su "brillante carrera".
El Senado deberá votar entre julio y agosto su confirmación, un proceso que no se espera especialmente difícil dada la amplia mayoría demócrata en la Cámara. Una vez aprobada, Sotomayor —divorciada y a punto de cumplir 55 años— se incorporaría al Supremo cuando se abra el nuevo periodo de sesiones el próximo 5 de octubre, convirtiéndose así en la tercera mujer que llega a la institución. Antes lo hicieron Sandra Day O'Connor, jubilada en 2005, y Ruth Bader Ginsburg, aún en el cargo.
De Princeton a Yale
Nacida en el Bronx de un obrero y una enfermera puertorriqueños, Sotomayor obtuvo su diploma 'summa cum laude' en la Universidad Princeton en 1976, donde ganó el Premio Pyne, el más importante dado a los estudiantes de esa institución.
Tres años más tarde, se licenció como abogada en la Universidad de Yale, donde fue editora de la revista 'Yale Law Journal', y posteriormente fue fiscal asistente de distrito en Nueva York. Desde ese puesto llevó adelante casos de robos, asaltos, brutalidad policial y pornografía infantil.
En 1984 pasó al sector privado para dedicarse principalmente a asuntos de propiedad intelectual, hasta que George Bush padre la postuló en 1991 para el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, donde se convirtió en la juez más joven y la primera hispana en todo el estado.
Más tarde, en 1997, Bill Clinton la designó para el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Federal, pero su postulación se trabó en el pleno del Senado. Los republicanos veían en esa promoción un paso más en la senda hacia el Supremo, y no fue hasta octubre del año siguiente cuando fue confirmada.
Sin novedad en el reparto
Ahora, la jubilación de Souter, de 69 años, y su sustitución por Sotomayor permitirá al presidente dejar su impronta en el organismo que tiene competencias en temas como el aborto o la pena de muerte, aunque no cambiará significamente el balance de poder.
Souter fue elegido por el primero de los Bush, pero sorprendió a los conservadores al adoptar decisiones bastante alejadas de la derecha. Su sucesora probablemente no conseguirá modificar la actual división entre los liberales —como se denomina en EEUU a los progresistas— y los conservadores, que habitualmente se imponen por cinco votos a cuatro.
En cambio, esta designación vitalicia dejará un legado judicial que debería prolongarse hasta décadas después de que Obama deje la Casa Blanca en 2013, si no logra la reelección, o en 2017.
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Huesca: El futuro Palacio de Justicia tendrá más de 11.000 metros cuadrados
La funcionalidad, la modernidad en el diseño y un espacio suficiente para ampliaciones serán las características fundamentales del futuro Palacio de Justicia de Huesca, cuyo anteproyecto dio a conocer el Gobierno de Aragón.
El anteproyecto del Palacio de Justicia, que unificará las sedes judiciales de la ciudad, plantea un inmueble de 11.150 metros cuadrados con una moderna arquitectura. Pretende que el inmueble resulte funcional y que tenga capacidad para sucesivas ampliaciones en función de posibles incrementos del número de órganos judiciales de Huesca. El edificio tendrá seis plantas (una de ellas sótano) y entre el 30 y el 40 por ciento del espacio se reserva para sucesivas ampliaciones. Las obras pueden licitarse a finales de este año o principios de 2010.
El Gobierno de Aragón tiene ya elaborado el anteproyecto del edificio, que se levantará en la calle de Calatayud, junto a las zonas en expansión urbana del Polígono 41 y el antiguo cuartel Alfonso I. La parcela ha sido cedida por el Ayuntamiento y cuenta con una superficie de 5.722 metros cuadrados. El terreno corresponde a una zona de equipamiento público obtenida por el Consistorio en el convenio que regula la operación urbanística del Polígono 41.
En la nueva sede han de ubicarse las instalaciones de nueve Salas: la Audiencia, el Juzgado de lo Penal, cuatro juzgados de primera instancia e instrucción, el juzgado de lo Social, el de lo Contencioso-Administrativo y el de Menores. Además, ha de tener cabida la Fiscalía y contar con otros servicios auxiliares. La plantilla total de estas instancias es de 95 funcionarios. Hay que recordar que están distribuidos en tres edificios: la Audiencia (calle de Moya), los juzgados del Coso Alto y un inmueble de la avenida del Santo Grial, donde se ubica el Juzgado de Menores.
El inmueble dispondrá de una sección para la Audiencia Provincial, ampliable a una segunda; ocho juzgados ampliables a trece, dotados todos ellos de sala de reuniones; siete salas de vistas -cinco de ellas de 70 metros cuadrados, una de 80 y otra de 150-; zona de biblioteca, sala de conferencias con una capacidad de 70 personas; archivo y almacén de 650 metros cuadrados y 86 plazas de aparcamiento, además de despachos y 350 metros cuadrados destinados a servicios comunes.
La planta baja se destinará al público, con una zona de información, unidad de seguridad y control, ventanilla única, registro civil, sala de bodas, instalaciones del juzgado de guardia, salas de vistas, zona para abogados y procuradores y un salón de conferencias.
En la entreplanta, se ubicarán el Juzgado de Menores (con sala de vistas), la biblioteca y oficinas.
Las tres plantas restantes serán la sede de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, lo Social, Contencioso-Administrativo, la Fiscalía, la Audiencia Provincial y la Presidencia de la Audiencia.
Se ha tenido en cuenta en el anteproyecto la circulación de profesionales, público y detenidos para que no compartan espacios.
El Departamento de Política territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha venido manteniendo en los últimos meses contactos con profesionales de la Administración de Justicia para que aportaran ideas sobre el edificio y su distribución de espacios.
El Gobierno autonómico ha encargado ya el proyecto básico y el de ejecución.
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El Gobierno quiere imponer una fianza para poder recurrir las resoluciones judiciales
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trata de convencer a los grupos parlamentarios para que inicien de inmediato una reforma legal que obligue a cualquier ciudadano, empresa o institución a depositar una fianza simbólica para poder recurrir las resoluciones de los jueces o tribunales. Si el recurso prospera, el recurrente recuperará el dinero en depósito. Si los tribunales desestiman la impugnación, perderá el dinero, que se destinará a mejorar el funcionamiento de la administración de justicia.
Caamaño explicó en el Senado que el objetivo fundamental de la medida es minimizar o terminar con las decenas o centenares de miles de impugnaciones «sin fundamento» que cada año se presentan en España y que, en su mayor parte, sólo persiguen dilatar al máximo los procesos, al tiempo que se convierten en una de las causas fundamentales del actual atasco judicial.
Cree que esta fianza no cercena el derecho a la justicia de todos los ciudadanos porque en caso de que el recurso tenga base y sentido la medida será inocua y el recurrente no perderá el dinero.
Entiende que sólo perjudicará, y servirá de «advertencia», a quienes recurren por sistema y táctica todas las resoluciones, «en lo que constituye un fraude de ley».
Caamaño puso como ejemplo de la magnitud del problema que genera esta práctica perversa el dato de que el 80% de las disposiciones judiciales recurridas el año pasado terminaron confirmadas por los tribunales superiores, que desestimaron los recursos.
Si los planes del ministro prosperan, la fianza previa a la interposición de recursos podría ser una realidad entre el próximo verano y el 1 de enero de 2010, que es el período en el que se prevé que entre en vigor lo dispuesto en la citada norma.
Los comentarios de Caamaño en el Senado sólo permiten adelantar que piensa en una fianza de baja cuantía -«de tarifa plana», según sus palabras-, que sería de aplicación a todos los órdenes judiciales (penal, social, contencioso y civil), y que tendría que satisfacerse en cada impugnación. De hecho, el ministro no sólo habló de los recursos contra sentencias, sino también de los presentados contra autos, providencias y todo tipo de resoluciones judiciales, ante el mismo juez o ante tribunales superiores. No aclaró si el valor del depósito será igual para todas las instancias o si el precio variará según el recurso sea ante un juez, una audiencia provincial o un tribunal superior.
Tres efectos positivos
El responsable de Justicia aseguró que el cambio legal tendría tres efectos positivos. El principal, «desalentar al recurrente que abusa». Los otros dos se derivan del destino que prevé dar a este dinero: ayudar a financiar la plataforma tecnológica para interconectar los distintos sistemas informáteforma es uno de los mecanismos previstos para reducir «el altísimo nivel de litigiosidad» de los juzgados españoles, debido a la enorme cantidad de procesos -9 millones al año- y a su excesiva duración. Junto al «depósito previo» el ministro quiere emprender un proceso de simplificación y disminución de los recursos judiciales posibles -que ahora alcanzan a todas las decisiones judiciales- e introducir cambios legales que descarguen a los magistrados de todos los asuntos que no son «propiamente judiciales». Para cumplir el último objetivo, anunció que potenciará el arbitraje, la conciliación y la mediación y enviará al Parlamento una ley de Jurisdicción Voluntaria, para que conflictos menores puedan ser resueltos por secretarios judiciales, notarios o registradores.
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Barcelona: Dimite el juez decano por presunta agresión a su mujer
El juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, imputado por un presunto maltrato a su esposa, ha presentado ayer lunes su dimisión ante la "pérdida de confianza" en su persona que ha provocado en algunos de sus compañeros esta imputación, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
"Siempre he tratado de representarles por igual con la máxima dignidad, la que se merece la Carrera Judicial", manifiesta en un comunicado el decano.
La dimisión de Regadera se produce después de que la semana pasada 18 de los 33 jueces de instrucción de Barcelona firmaran una carta en la que solicitaban al decano su "inmediata dimisión" ante la situación procesal en la que está envuelto y "en aras a la defensa del principio de transparencia que la sociedad demanda".
Regadera ha considerado oportuno dimitir después de recibir esta carta porque "pese a ser muy minoritaria la petición, es suficiente para renunciar a la representación de los jueces de Barcelona", según consta en otra carta remitida a los casi 200 jueces que ejercen en la demarcación barcelonesa.
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Madrid: La saturación en los juzgados de lo social retrasa el cobro de los despidos
"A los juzgados, por el callejón". En el número 22 de la calle de Orense, un cartel indica que hay que doblar la esquina para encontrar la puerta de los juzgados de lo social. El edificio, antiguo y descuidado, alberga nueve de los 39 tribunales que resuelven los asuntos laborales de Madrid. El resto (salvo uno) se sustancia unas manzanas más allá, en el número 59 de la calle de Hernani, donde la actividad es frenética.
El trabajo de los jueces incluye resolver las demandas por despidos y las reclamaciones de indemnizaciones o atrasos en los salarios. Y este año, con la crisis, va camino de duplicarse.
"Estamos muy preocupados, la situación se nos ha ido de las manos", explica con inquietud el magistrado Benito Raboso, decano de los juzgados de lo social de Madrid. "Estamos al 200% de nuestro ritmo normal". El aumento de trabajo ya empezó a notarse el año pasado. De 45.533 asuntos ingresados en 2007 se pasó a 63.566 en 2008. A día de hoy, se estima que pueda llegarse a los 80.000, a la vista de que en el primer trimestre se han registrado ya 20.010. Una saturación que sufren quienes buscan ayuda en la justicia.
"Las sentencias por despidos tardaban en dictarse entre un mes y un mes y medio en 2007. Ahora duplicamos los plazos", ejemplifica Raboso. Pero el problema no acaba ahí. Los retrasos afectan también al dinero público: si la sentencia se demora más de 60 días, se puede reclamar al Estado que abone los salarios de tramitación (lo que deja de cobrar el trabajador desde su despido hasta entonces).
El papel se amontona por las esquinas del edificio de la calle de Orense. Hay archivadores hasta en los pasillos de camino al baño. Muchas salas carecen de ventanas y el aire acondicionado funciona cuando quiere.
"El problema es que tenemos la toga reventada", expone Emma Cobo, titular del Juzgado número 29. "El trabajo nos desborda y los medios no proporcionan eficacia para las partes", añade. Se refiere a la escasez de salas, a lo obsoleto de los sistemas informáticos, a las esperas. La Consejería de Justicia se comprometió a unificar los juzgados en sedes únicas por jurisdicción mientras se pone en marcha la Ciudad de la Justicia. "Se mejorarán las instalaciones y el funcionamiento", alegan en referencia a los de lo social. Pero todavía no se sabe cuáles ni cómo.
El trasiego de documentación forma parte de la jornada. Las dos sedes principales de los juzgados de lo social están cerca, pero el ir y venir supone una tarea añadida para los trabajadores. Los de los juzgados de la calle de Orense deben desplazarse a la sede central, la de Hernani, que es donde se reciben todos los asuntos de la jurisdicción social de Madrid (a excepción de los de Móstoles, que cuenta con dos juzgados propios): unas 300 demandas y cerca de 600 escritos cada día.
"Están llegando el doble de asuntos que hace unos años", asegura César Hernández, responsable del departamento que registra los escritos nuevos. Un total de 11 personas se ocupa de esta tarea y de clasificar los documentos sin descanso, con unos medios no muy boyantes, desde las instalaciones a la tecnología. "A menudo tenemos problemas de red", detalla una informática del Decanato. Añade que desde hace tiempo trabajan con una red de un mega para unos 300 usuarios. "Ahora van a ampliarla", concede.
En la planta baja de la sede central, jueces y letrados esquivan a la gente apiñada frente a un panel electrónico donde se suceden los números, al modo de un puesto de mercado. Cada pocos minutos, una trabajadora asoma la cabeza por la puerta y llama al siguiente. Entra en una habitación pequeña compartida por cinco abogados, tres administrativos y dos becarios. Es el Servicio de Orientación Jurídica. Se atiende a los trabajadores con premura. "Querríamos un margen de 30 minutos por persona, pero tenemos que conformarnos con 10", explica la coordinadora, Josefa García. "Atendemos a más de 100 al día", dice. El paro amenaza aquí en todas sus versiones. Desde inmigrantes sin contrato hasta trabajadores que un día se encontraron la obra cerrada y nunca recibieron una carta de despido con la que empezar a cobrar el desempleo.
La crisis se respira en cada una de las salas de estos juzgados. Magistrados, secretarios, funcionarios y abogados coinciden en el diagnóstico: falta personal y faltan medios. La Junta de Jueces, que representa a los magistrados de Madrid, quiere plantear un plan de refuerzo que incluya cinco juzgados "bis" (provisionales) para afrontar la situación. Así lo expusieron al Consejo General del Poder Judicial.
"La social es la jurisdicción que se está viendo más castigada por la crisis", afirma el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. "Y los asuntos que trata son temas prioritarios. Si no funciona bien, la justicia ya no sirve para nada", zanja. El Ministerio sólo prevé crear un nuevo juzgado de lo social este año en Madrid.
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Asturias: Los sindicatos siguen adelante con la movilización para pedir al Principado mesas sectoriales
Los sindicatos ANPE, CSIF, FE-CCOO, SAE, SATSE, Sicepa, SIMPA, Suatea, Usipa, CSI y STAJ, mantienen su convocatoria de movilización para mañana con el propósito de exigir al Gobierno del Principado que convoque mesas sectoriales bajo el lema 'Sanidad, Justicia, Administración Pública y Educación: Por la Mesa Sectorial'.
La marcha comenzará a las 18.00 horas de la estación de Renfe de Oviedo, según indicaron fuentes sindicales. "La movilización sigue adelante porque no ha habido muestra alguna por parte de la Administración para abordar la constitución de mesas sectoriales", apuntaron desde los sindicatos.
Así, para los representantes de los empleados públicos del Principado es una "necesidad urgente" disponer de foros de negociación específicos para cada ámbito laboral de la administración. "No se pide dinero ni menos jornada, se pide simplemente que se restablezcan los marcos de negociación sectoriales", apuntillaron.
También inciden desde los sindicatos en que no hay "impedimento legal" para que se lleven a cabo las mesas sectoriales al margen y como complemento de la Mesa General de la Función Pública o la Mesa de la Comunidad Autónoma. "Es la única comunidad que no tiene mesas sectoriales", lamentan las organizaciones sindicales.
Por ello, reseñan que en 2009 la Administración "no tiene que limitar ningún ámbito de negociación" y esperan que éstas puedan celebrarse cuanto antes. Con ese propósito esperan alcanzar una alta participación en la movilización prevista para mañana.
Fuente: rtpa.es
Córdoba: Vocales del CGPJ descartan la creación de un juzgado de guardia de 24 horas
Córdoba no contará, al menos, en los próximos años, con un juzgado de guardia durante 24 horas. Así lo pusieron de manifiesto los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Torres y Antonio Dorado, que estuvieron en Córdoba.
En este sentido, apuntaron que este juzgado, demandado por magistrados, funcionarios y sindicatos, no está previsto en el plan de necesidades elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para 2010.
Los vocales explicaron, además, que tampoco está prevista la creación de un nuevo juzgado de instrucción en la capital (el número 8), condición que plantea el reglamento para contar con un órgano judicial de 24 horas.
No obstante, recordaron que está prevista la creación del juzgado de Primera Instancia número 9 y otro nuevo de lo mercantil, así como nuevas plazas judiciales que conllevan la puesta en marcha del juzgado número 3 de Posadas y el segundo de menores en la capital cordobesa.
Publicado por LIBRA a las 23:07 0 comentarios
Teruel: Más de 100 juicios del Juzgado de lo Social siguen atascados, ahora por falta de fondos
Un total de 130 juicios, de los más de 300 que dejó sin resolver el anterior juez del Juzgado de lo Social de Teruel -José Luis Eduardo Morales Ruiz- siguen pendientes de ser repetidos y de obtener finalmente una sentencia al no haber sido prorrogado todavía el contrato del secretario judicial que inició este trabajo el año pasado.
Mientras que el Ministerio de Justicia autorizó recientemente que el juez nombrado a mediados de 2008 para acabar con el colapso del Juzgado turolense continuara trabajando por otros seis meses y acabara así toda la faena, no ha hecho lo mismo con el secretario, una figura indispensable en la celebración de las vistas al tener que dar fe de todo lo que allí ocurre.
Fuentes del ámbito jurídico calificaron de "vergonzoso" el retraso del Ministerio de Justicia en habilitar el presupuesto necesario para nombrar al secretario. Explicaron que la cuantía para pagar el trabajo de dicho funcionario no llega a 500 euros al mes.
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Vigo: Justicia confirma que no existe previsión de crear un juzgado de Familia este año
Los temores de los procuradores vigueses se han visto confirmados. El Ministerio de Justicia confirmó que entre los juzgados que se abrirán este año en Galicia no se encuentra el tercer juzgado de Familia de Vigo, cuya creación daba por hecha el juez decano Jaime Bardají.
La puesta en marcha de esta sala exclusiva de divorcios y separaciones también puede producirse mediante la transformación de uno de los tribunales de Primera Instancia de la ciudad, pero esta opción tampoco se baraja, al menos a corto plazo, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es a quien compete llevar a cabo esta especialización.
Los juzgados que ya se han creado o se pondrán en marcha este año en la comunidad gallega son el Juzgado de lo Social número 5 y el Mercantil número 2 de La Coruña, la Sala de lo Mercantil número 3 de Pontevedra –el CGPJ aún debe decidir si se ubica en Vigo o en la ciudad del Lérez–, así como otros tres tribunales en Lugo Ferrol y Tui. En la programación de Justicia para este 2009 también se incluyen tres plazas de magistrado para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Pesa a que el juez decano anunciaba hace unos días que iba a contactar con la Xunta para buscar ubicación para el nuevo juzgado de Familia, los procuradores alertaron de que no estaba creado. Una advertencia que, finalmente, ha ratificado Justicia.
Publicado por LIBRA a las 22:08 0 comentarios
Justicia aprueba alguna de las reivindicaciones laborales de los jueces
El Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales han llegado a un acuerdo para aproximar el estatuto de los jueces a la función pública y ha aprobado diversas medidas de conciliación cuya reivindicación llevó este colectivo a la primera huelga de la historia de la democracia. Entre ellas están la reivindicación histórica de los jueces de suprimir el traslado forzoso por motivo del ascenso de juez a magistrado, la creación de la figura del juez de adscripción territorial o la concesión de excedencia voluntaria por cuidado de hijos y familiares.
El Ministerio ha informado de otras nuevas medidas acordadas durante las reuniones mantenidas en abril y mayo para alcanzar el llamado Acuerdo Social por la Justicia que anunció en marzo el responsable de la cartera, Francisco Caamaño, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
En la reunión mantenida entre las asociaciones e instituciones judiciales y los representantes ministeriales se ha acordado crear la figura del juez de adscripción territorial para reducir el número de jueces interinos y favorecer la atención de los juzgados y tribunales por jueces y magistrados de carrera. También se han mejorado aspectos como el de la articulación de la función judicial en materia de los señalamientos con la necesaria gestión por parte de los secretarios judiciales de la agenda de señalamientos, informa el Ministerio en un comunicado.
Otras de las medidas aprobadas encaminadas a favorecer la conciliación laboral y profesional de los jueces es la oferta de excedencia voluntaria por cuidado de hijos o familiares o la posibilidad de participar en los concursos ordinarios de traslados. La segunda propuesta, relativa a la provisión de plazas en las audiencias provinciales, supone la supresión del cómputo por mitad de la antigüedad para los miembros que hubieran servido en órganos mixtos.
No obstante, han quedado pendientes, de momento, otros asuntos de calado como el desarrollo de un paquete de medidas de agilización que permita reducir el volumen de procesos tramitados para agilizar el funcionamiento de la justicia. A estas medidas se sumarán próximamente otras medidas da conciliación, la cobertura de vacantes o las sustituciones, que se abordarán en una segunnda fase del plan de trabajo, según el Ministerio.
La Justicia tiene graves problemas y los ciudadanos creen que los registros civiles son el mayor de ellos. El año pasado, estos organismos concentraron el 52% de las quejas que los ciudadanos interpusieron ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el mal funcionamiento de Juzgados y Tribunales. La mayor parte de las reclamaciones estuvieron relacionadas con los tiempos de espera, el personal insuficiente y el escaso horario de atención al público.
La modernización de la Justicia suena bien pero sobre el terreno es una entelequia. El Registro Civil Único de Madrid, uno de los 22 constituidos en España de estas características, es una colección de gente perdida, colas de una hora, pasillos saturados y archivos del pleistoceno. Las filas doblan la esquina a primera hora de la mañana.
Las competencias sobre la Administración de Justicia están transferidas a la Comunidad de Madrid. La dotación de jueces, fiscales y secretarios judiciales corresponde al Ministerio de Justicia. Y su director, el magistrado José María Bento Company, depende jerárquicamente del CGPJ. Las competencias están claras pero su combinación práctica es desastrosa.
“Las quejas vienen porque no se nos da el apoyo necesario. No es que se les atienda mal, es que no se les puede atender”, aclara nada más empezar el magistrado José María Bento. “El fenómeno de la inmigración ha multiplicado nuestro nivel de trabajo pero estamos con los mismos jueces, fiscales y secretarios que en 1985 y las instalaciones no dan para más. La Comunidad de Madrid nos dejó un edificio contiguo que nos sirve de respiradero”, cuenta Bento.
La informatización de los archivos del Registro Único de Madrid arrancó en 2001. Cualquier partida de nacimiento con fecha anterior, por ejemplo, debe ser buscada en la sala de libros del sótano. El documento tarda varios días en estar disponible. Los registros civiles de las diferentes ciudades de España tampoco están conectados. Un fiscal del registro de Barcelona no puede saber si una persona ha intentado cerrar siete matrimonios de conveniencia en Sevilla. Las filas para inscribir a un hijo, declarar una defunción, iniciar un expediente de nacionalidad o contraer matrimonio llegan al final del pasillo porque no hay aplicaciones informáticas para hacer las gestiones desde casa.
Los padres mandan a los abuelos para esquivar una mañana de ventanilla en ventanilla. Como le ha ocurrido a Enrique, abuelo retirado, que espera en la cola de Información, la primera criba. “Me han mandado mis hijos para solicitar una copia de la partida de nacimiento de mi nieto. Yo estoy jubilado, así que tengo todo el tiempo disponible”, cuenta Enrique. Juan, que espera en la misma fila, viene a inscribir a su segundo hijo. “Me salva que soy funcionario y tengo 15 días, porque me parece que voy a pasar aquí la mañana”.
Belén, funcionaria del departamento de nacimientos, asegura que están a pleno rendimiento y que, aunque consiguieran tener más compañeros de refuerzo, en su zona ya no cabe una sola persona.
El 23,9% de las reclamaciones cursadas en 2008 por los españoles ante la Unidad de Atención del CGPJ se quejaban del excesivo tiempo de espera. La segunda denuncia en número estaba relacionada con la escasez de plantilla de los registros (el 12,8% del total), seguida del horario de atención al público insuficiente (11,8% ), la lenta tramitación de los asuntos (8,2% ) y la organización irracional de la burocracia (6,2% ).
Las quejas de los ciudadanos se acentúan en las grandes ciudades, donde la mayor presencia de inmigrantes, obligados a solicitar a los registros todo tipo de documentos, ha afectado más a la prestación de los servicios. Pero no sólo Madrid, Barcelona o Valencia tienen problemas para absorber la demanda de asuntos. El CGPJ ha tenido que dotar de servicios especiales al registro civil de Torrelavega por el alto descontento que habían manifestado sus usuarios. La situación también dista mucho de ser perfecta en Cartagena. Antonio pudo inscribir a su hija al segundo intento, después de acudir y ver cómo se agotaban las citas a primera hora. "No entiendo cómo a estas alturas todavía hay que ir al sitio bien temprano y hacer cola para coger un numerito", denuncia Antonio.
Soluciones dispares
La descentralización de los servicios y la disparidad en los problemas que padece cada oficina se están afrontando con soluciones de urgencia aisladas e inconexas que sólo permiten a la Justicia salvar momentáneamente el tipo. Mientras en Madrid la informatización arrancó en 2001, en Torrelavega se ha puesto un programa en marcha para digitalizar los documentos archivados desde 1950. Los registros de Cataluña han logrado de las autoridades más medios personales y materiales, los de Andalucía han comenzado a abrir sus puertas por las tardes y los de la Comunidad Valenciana han creado su propio servicio informático para tramitar las quejas de los ciudadanos y no aportan datos a la estadística nacional.
El responsable del Registro Único de Madrid denuncia que no hay "voluntad política para invertir en una institución judicial que está en permanente contacto con los ciudadanos". "El edificio es antiguo. En las bodas, en invierno se pasa frío y calor en verano —prosigue Bento—. Hace unos años tramitábamos al año 4.000 expedientes de nacionalidad y en 2009 vamos a superar los 36.000 estando prácticamente los mismos. ¿Quién tiene culpa de eso? Esa es la pregunta".
Andrés Galán, letrado con experiencia en temas civiles, se pregunta por qué se mantienen procedimientos de otro siglo en un campo de la Administración sencillo, que no plantea demasiados retos técnicos. “Los nacimientos deberían ser comunicados automáticamente a los registros por los hospitales. No hay ningún motivo para que en pleno siglo XXI la gente tenga que desplazarse a llevar en mano un papel. Y lo mismo podrían hacer las funerarias con las defunciones".
La Unidad de Atención destaca que las reclamaciones ciudadanas producen mejoras de la Administración de Justicia en un 26% de los casos. Los ciudadanos tendrán que seguir denunciando lo que las autoridades no son capaces de prever.
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Argentina: Judiciales de todo el país pararán el 27 de mayo
Con la firma de su secretario general, Jorge Izquierdo, la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) emitió una declaración convocando a un paro de los trabajadores judiciales de todo el país para el próximo 27 de mayo.
La declaración sostiene:
Realizadas consultas a las filiales en conflicto la FJA ha RESUELTO: DISPONER UN PARO NACIONAL DE ACTIVIDADES para el día 27 de MAYO próximo en apoyo a los legítimos reclamos salariales de las filiales MISIONES, CORDOBA y MENDOZA y además solidarizarse con todas las filiales en conflicto y también en el marco del PARO NACIONAL dispuesto por la CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS (CTA) para que la crisis no la paguen los trabajadores.
REIVINDICAMOS la sanción de la ley de convenciones colectivas de trabajo, la restitución para todos los trabajadores judiciales del país del 82% móvil, rechazamos el pago en negro de cualquier remuneración al sector.
Exigimos el pleno respeto a la libertad sindical hoy gravemente atacada por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA que incluso desconociendo determinaciones internacionales de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO pretende acallar a los judiciales mediterráneos que masivamente han salido a exigir la dignidad que como trabajadores debe reflejarse en ingresos que permitan afrontar el proceso de desvalorización de la moneda. En este aspecto avalamos TODAS LAS MEDIDAS DE ACCION DIRECTA que se llevan a cabo hasta que la respuesta salarial sea positiva.
En cuanto a la filial MISIONES repudiamos el pago en negro de más del 70% de las remuneraciones de los trabajadores del sector, exigimos se dejen sin efecto los descuentos de haberes por las medidas que apoyan el pedido de blanqueo de las remuneraciones y exigencia que ya tiene mas de tres años de antigüedad, pidiendo además, que la independencia del Poder Judicial del Ejecutivo misionero sea una realidad para permitir que haya en ese estado provincial un PODER JUDICIAL al servicio del pueblo y no del poder de turno.
La falta de garantías en la Justicia de Misiones ha sido denunciada nacionalmente por los abogados, los magistrados y nuestro sector. La Cámara de Diputados de la Nación debe hacerse cargo de las enormes irregularidades que se cometen en el norte argentino abandonado a su suerte.
En MENDOZA el incremento de sueldos a los magistrados de más de un 50% no tiene correlato con los trabajadores del sector a los cuales se pretende pagarles una irrisoria suma en negro violando la legislación vigente. Los privilegios del sector de la magistratura en MENDOZA producen un profundo repudio en todo el ámbito nacional y hace necesario que el Gobierno de JAQUE establezca reglas de juego equilibradas y que evite establecer una sociedad para reprobos (los trabajadores) y elegidos (los jueces) que agreden al sentido común y convierten en letra muerta la justicia social que la clase trabajadora lucha por restablecer en un país que cada día agranda más la brecha social.-
BUENOS AIRES, 12 de mayo de 2009.-
JORGE ALBERTO IZQUIERDO _Secretario General Federación Judicial Argentina.-
Fuente: Federación Judicial Argentina
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Navarra: Aumento "alarmante" de la litigiosidad mercantil
La crisis económica ha repercutido de forma importante en la litigiosidad registrada el pasado año en Navarra, de forma que el juzgado de lo Mercantil ha visto incrementado de forma "alarmante" el número de asuntos incoados, con un 152% más de concursos de acreedores registrados. Así lo ha advertido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, quien en la presentación de la Memoria Judicial 2008 ha asegurado que "sin duda" el pasado ha sido "el peor" año de los que ha vivido en el cargo, debido a la carga de trabajo, que a su juicio hace "inaplazable abordar a fondo las reformas orgánicas que una Administración de justicia moderna exige".
"Esta es la asignatura pendiente de la democracia española", ha advertido, ya que "si no funciona la Administración de Justicia estamos ante un problema social de primer orden porque sin ella no hay seguridad jurídica y los derechos se resienten", ha advertido para insistir en su "preocupación" por el funcionamiento de un "sistema obsoleto", ya que es "el mismo que el del siglo XIX".
Por ello, ha abogado por "un gran pacto de Estado para hacer de la justicia un elemento común y no de discordia", al tiempo que ha apreciado que el reciente relevo en la cartera de Justicia "invita al optimismo y a la esperanza".
En cuanto a la Memoria Judicial de 2008, Fernández, recién reelegido en el cargo para otros cinco años, ha destacado que el pasado año por primera vez los asuntos ingresados en los juzgados y tribunales navarros han superado los 100.000, una tendencia que "no es novedosa o especialmente preocupante, pero sí lo es que supere el porcentaje de aumento de años anteriores" hasta sumar un 10,5%.
Tras atribuir a la crisis económica este aumento, ha destacado que también el ritmo de resolución ha aumentado, pero a un 5,29%, insuficiente para el elevado número de asuntos nuevos incoados, por lo que la tasa de pendencia aumentó a un 22,22%.
En ese sentido, ha destacado de forma especial el incremento en un 44% (2.114 más que en 2007) de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona, encargados de resolver reclamaciones entre particulares y empresas y, si bien la tendencia al alza fue constante durante todo el año, el ingreso en el cuarto trimestre superó en un 72% al mismo período de 2007.
Fernández ha incidido en que la crisis económica "repercutió notablemente en el Juzgado de los Mercantil, que vio incrementado de forma alarmante el número de asuntos incoados. Así, los concursos de acreedores -antiguas suspensiones de pagos y quiebras- ascendieron un 152%".
Junto con la jurisdicción civil, la social es la que más reflejó la dimensión de la crisis económica actual, de forma que según los datos de la memoria, en 2008 se produjo un incremento en el ingreso de asuntos del 18,19%, siendo más significativo en el apartado de despidos, con un 41,61% y de reclamaciones de cantidad con un 33,8%, y la tendencia en 1009 sigue en alza, aunque el nuevo juzgado de lo Social (el cuarto) hace prever unos mejores resultados.
En cuanto al área penal, su actividad fue de nuevo alta, de forma ingresaron 2.113 procedimientos abreviados, se resolvieron 1.952 y la pendencia se situó en 1.577, de forma que se fijaron un 30,88% más señalamientos que un año antes y se celebraron un 37% más, con un 44,39% más de sentencias, si bien el 54% lo fueron con conformidad del acusado.
Sí ha mostrado "optimismo" por los resultados obtenidos tras la entrada en funcionamiento del cuarto Juzgado de lo Penal y la previsión de la creación este año de un quinto, que normalizará la situación, ha dicho.
Otras de las demandas son la "necesaria" creación de la sección Cuarta de la Audiencia Provincial y la de un segundo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, aspecto éste último en el que Fernández ha señalado que en 2008 se ha producido una "disminución clara" en la violencia doméstica y un "estancamiento" en la violencia de género.
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El juez Tirado abandona la jurisdicción penal a petición propia
El juez sevillano Rafael Tirado Márquez, sancionado por su retraso en ejecutar una condena de cárcel dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, dejará la jurisdicción penal para incorporarse a la contencioso-administrativa. En fechas próximas, el magistrado cambiará de despacho para convertirse en el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez Tirado ha solicitado el traslado a dicho juzgado, vacante desde el pasado mes de abril, cuando su anterior titular, José Guillermo del Pino Romero, fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Las fuentes detallaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha concedido el traslado a Tirado y ahora se está a la espera de que el nombramiento aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para optar a la plaza en el juzgado de lo contencioso, cuentan con preferencia las solicitudes de magistrados que lleven cinco años en esta jurisdicción y, si no hay ningún candidado, como ha ocurrido con la plaza adjudicada a Tirado, se valora el escalafón y los años de antigüedad en la carrera judicial, 17 en el caso del juez del caso Mari Luz.
Tirado tendrá que hacer ahora un curso de unos diez días que se le exige a todos los jueces que cambian de jurisdicción con un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
'Huida' de los jueces de lo Penal
Aunque la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Sevilla es la más saturada de todas en la capital hispalense, con una tasa de congestión del 0,33, según el último informe del CGPJ, frente a la del 0,09 de los juzgados de lo penal, los penales también están en una situación dramática por el atasco en la ejecución de sentencias.
«Aquí hay mucho retraso, pero la tensión no es la misma», señala un magistrado que conoce bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De hecho, en los últimos meses se ha detectado una «cierta huida» de jueces desde los juzgados de lo penal a lo contencioso administrativo en Sevilla. Tirado, por lo tanto, no va a ser el primer juez que haga el cambio de jurisdicción.
Tirado se ha visto en el ojo del huracán desde que el pederasta Santiago del Valle fue detenido en marzo de 2008 por la muerte de la niña de Huelva y salió a la luz que había una sentencia firme de dos años y nueve meses de cárcel contra él, que debía ejecutar este juez, por haber abusado de su hija. En diciembre del año pasado, el CGPJ impuso a Tirado una multa de 1.500 euros por una falta de carácter grave, por los retrasos en ejecutar la condena a Del Valle.
La sanción generó una gran polémica porque el Gobierno reclamó insistentemente para Tirado una suspensión de tres años, con la que estaba de acuerdo el presidente del PP, Mariano Rajoy.
Cuando el Gobierno comprobó que el CGPJ no le había hecho ningún caso y había fijado en 1.500 euros la cuantía de la multa, anunció inmediatamente que modificaría el régimen disciplinario de los jueces «para evitar que hechos así puedan volver a repetirse», dijo el entonces el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
«La ley únicamente prevé la sanción de multa de 300,51 euros a 3.005,06 euros para las faltas de carácter grave que cometen los jueces, lo que constituye una decisión del legislador que, con independencia de la opinión que pudiera merecer, veda cualquier otra posibilidad que incluso pudiera parecer más adecuada», detalla la resolución de 84 folios del CGPJ en la que confirma la multa de 1.500 euros.
Tirado arroja la toalla en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla sin que la Administración haya dado soluciones al grave problema que sufren estos órganos a la hora de ejecutar las sentencias.
En toda Andalucía, los juzgados de lo penal acumulan ya casi 60.000 sentencias sin ejecutar, es decir un 29% más que en el año anterior, según el último informe del CGPJ referido a la actividad del año 2008. En Sevilla, el atasco es aún mayor, ya que el año pasado se cerró con 10.003 sentencias sin ejecutar, un 44% más.
Pese al atasco y al escándalo generado por el caso Mari Luz hace un año, lo cierto es que los juzgados siguen con las mismas herramientas de entonces porque ninguna de las medidas anunciadas está todavía operativa. Ni el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes anunciado por el Ministerio de Justicia ni el servicio común de apoyo para la ejecución de la Consejería de Justicia.
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