Source: https://es.scribd.com/doc/51909101/1/A-Cosa-juzgada-irrita
Timestamp: 2016-05-05 02:32:34+00:00

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2. 1. A. Cosa juzgada írrita for Galeano, Juan J. y Otros
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Los doctores Rimondi y Bruzzone dijeron:
Respecto de la imputación por el delito de peculado que se le ha formulado a Juan José Galeano, su defensa
plantea, en el contexto de su recurso de apelación la violación de la garantía del ne bis in idem. Ello en atención
a que el nombrado habría sido oportunamente sobreseído por el mismo hecho en la causa N° 3150/97 del
registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de esta ciudad, para ese entonces, a
cargo del juez Gabriel Cavallo. En implícita relación con este planteo, los abogados J. M. U. y J. J. R., al
informar oralmente, criticaron expresamente el mencionado sobreseimiento por considerarlo como cosa juzgada
írrita.
Es de destacar que, además de su introducción en el marco de los recursos a estudio, la querella ha planteado
la cuestión en forma incidental. En la actualidad, en la instancia originaria tramita una incidencia iniciada por el
abogado U. requiriendo la nulidad del sobreseimiento dictado en la mencionada causa N° 3150/97.
Cabe señalar, en cuanto al doble planteo, que la introducción del asunto por el abogado U. al informar en
esta alzada encontraría justificación en lo decidido por el magistrado a quo ante su cuestionamiento originario,
toda vez que el juez Lijo dispuso, en la incidencia, estar a lo resuelto en el principal (auto actualmente
recurrido).
Por tanto, esta sala, ante la motivación del recurso de la defensa y la respuesta oral de la querella, se
encuentra habilitada para dar tratamiento a la nulidad articulada a la vez que su resolución previa resulta
indispensable para ingresar al tratamiento del resto de los agravios formulados. En consecuencia, corresponde
expedirse sobre el particular en el presente.
Ingresando al fondo de la cuestión, cabe mencionar que la defensa técnica de Galeano, ahora a cargo del Dr.
M. C., al presentar el informe previsto por el art. 454, CPPN, amplió los fundamentos de los agravios
esgrimidos en primera instancia al momento de recurrir el auto en crisis.
En primer lugar, trató la afectación a la garantía constitucional del ne bis in idem en lo que atañe al pago de
los cuatrocientos mil dólares o pesos a Telleldín y por el que fuera procesado su asistido en orden al delito de
peculado. Sobre el particular, destacó que Galeano fue sobreseído por este suceso el 12 de septiembre de 1997
en la causa N° 3150/97 del Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 7, adquiriendo dicha decisión autoridad de cosa
juzgada. Por tal motivo, sentado en preceptos constitucionales, entendió que se está vulnerando la garantía que
lo protege contra la doble persecución penal.
Señaló que esta circunstancia no fue debidamente valorada en el auto de mérito atacado, puesto que existe
identidad de imputado, hecho y objeto. Remarcó algunos pasajes de la causa N° 3150/97 y apoyó su postura con
citas de doctrina y jurisprudencia, en las que se destacan los alcances del sobreseimiento, la cosa juzgada y el ne
Cabe pues analizar, sintéticamente, esta garantía constitucional que posee todo individuo en nuestro país a la
luz del principio de seguridad jurídica. Pero ante todo, debe destacarse como pilar fundamental de la cuestión —
haciendo propio el pensamiento de Goldschmidt— , que la sentencia debe ser justa (4). La sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada, en principio, no podría ser revisada en el futuro alcanzando sus efectos, incluso, al
patrimonio, toda vez que los derechos con contenido económico adquiridos por sentencia firme se incorporan
irrevocablemente, gozando de inmunidad ante una ley posterior (5).
Indudablemente, el principio trae aparejado, en materia penal, la garantía del ne bis in idem o de protección
contra la múltiple persecución (6), la que fue incorporada de manera explícita por los tratados internacionales
con jerarquía constitucional, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 18, 33 y 75, inc. 22°, C.N.).
Esta herramienta de protección judicial tutela a todo imputado del riesgo de una nueva persecución penal,
simultánea o sucesiva, por la misma realidad histórica (7). Pero para que ella opere en el sentido señalado, se
exigen tres requisitos: eadem persona (identidad en la persona), eadem res (identidad en el objeto) y eadem
causa pretendi (identidad en la causa de persecución) (8).
En cuanto al primer requisito, en este caso, su determinación no ofrece ninguna dificultad: se trata del
imputado Galeano. En lo que atañe a la identidad objetiva, ella apunta a la exacta imputación, es decir, la
investigación debe concentrarse en el mismo comportamiento por el cual esa persona ya fue debidamente
juzgada, sin que una nueva subsunción en conceptos jurídicos y valoraciones distintas afecten esta garantía; tal
extremo, también se encuentra constatado en cuanto se inició una investigación para determinar si efectivamente
se había abonado una suma de dinero al detenido Telleldín. Finalmente, la identidad de causa de persecución
tiene que ver con los límites racionales a este principio (9), fundado en cuestiones que hacen al ejercicio de la
acción, jurisdicción y competencia. En efecto, son estos requisitos los que permiten distinguir cuándo existen
riesgos sobre una doble indagación ante la falta de una decisión de mérito que ponga fin al proceso. Lo que se
debe establecer en cada caso puntual es si la sentencia o resolución goza de autoridad de cosa juzgada formal o
material (trátese de condenas, absoluciones y sobreseimientos o desestimaciones, archivos o sobreseimientos
provisionales), para comprobar si se encuentra amparada por la garantía en estudio.
Ahora bien, ante la eventual comprobación de esta triple identidad cabe preguntarse igualmente si es posible
la revisión de la cosa juzgada. La respuesta afirmativa se impone con base en respetada doctrina y trascendentes
fallos del más alto tribunal.
La vía apropiada para tal revisión es la acción de nulidad por cosa juzgada írrita, la cual ha observado una
interesante evolución pretoriana en el ámbito del derecho procesal constitucional. Dicha acción tiene raigambre
constitucional, toda vez que "Destronar a la cosa juzgada nula o írrita es una de las batallas constitucionales y
procesales más elocuentes y necesarias para dar prioridad a la verdad objetiva, y, con ella, a la justicia, cuyo
afianzamiento ordena imperativamente el preámbulo" (10). Precisamente, tanto en su respuesta oral en esta sede
como en la incidencia abierta en la causa N° 3150/97, ésta fue la vía escogida por la querella representada por el
abogado U.. Por ello, inicialmente, evaluaremos la procedencia de este requerimiento o, en otras palabras, si la
resolución dictada el 12 de septiembre de 1997 es formalmente válida o no.
Al igual que el ne bis in idem lo era antes de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, esta acción es
una garantía no enumerada, lo que se desprende de la interpretación de los arts. 18 y 33 de la Carta Magna; ello
fue así entendido en numerosas decisiones judiciales (11), y se dejó sentado ante qué circunstancias la
"sentencia firme" cede por la declaración de nulidad.
A efectos de enmarcar debidamente la cuestión, resulta útil recurrir a la obra de Gil Domínguez quien, al
analizar los fallos de la Corte Suprema sobre el tema, resumió las causales que habilitan encuadrar a la cosa
juzgada írrita, agrupándolas en cuatro cuestiones fundamentales: vicios formales, vicios sustanciales, error
judicial y la injusticia propiamente dicha (12).
Las primeras (vicios formales) pueden provenir del actuar de las partes o de la propia agencia judicial, a
través de la aparición de documentos desconocidos al momento de sentenciar o por la maquinación, artificio o
engaño destinado a conseguir esa respuesta jurisdiccional. Las segundas (vicios sustanciales) derivan
directamente de la violación al debido proceso, también por el comportamiento de los sujetos procesales y/o los
magistrados intervinientes. La tercera (error judicial), se desprende directamente del actuar del tribunal, ya sea
tergiversando las citas doctrinarias o la jurisprudencia empleada en la cuestión a dirimir y, agregamos, la teoría
En cuanto a la injusticia propiamente dicha, se verifica cuando el auto atacado cumple con todos los
recaudos formales y sustanciales, no obstante lo cual su aplicación genera una situación objetiva de extrema
injusticia (13), que sería el supuesto más extremo de todos por colisionar con los principios en juego que hacen
Establecidos los supuestos que habilitan a declarar la nulidad de la cosa juzgada, cabe mencionar que no
existe acuerdo sobre cuál es el órgano competente para dictar dicha resolución. La postura mayoritaria se inclina
por el tribunal que dictó la sentencia atacada; mientras hay quienes sostienen que la revocatoria de la cosa
juzgada es una acción autónoma y no incidental, por lo que no hay fuero de atracción a favor del proceso
originario, sino un nuevo proceso (14).
En el caso en estudio, empero, cualquiera de las dos posturas habilita la competencia de esta alzada; ya sea
porque la causa originaria (3150/97) tramitó ante el Juzgado Federal N° 4, cuyo actual titular lleva adelante la
presente encuesta — y a la cual acumuló la primera— , o bien porque actúa como tribunal superior de la causa
por vía de apelación.
Sentado lo anterior, corresponde ingresar al análisis de la cuestión que fuera motivo recursivo. El TOF N° 3,
al momento de dictar sentencia en la causa N° 487/00 — a la que se acumularon los expedientes N° 496/00,
501/01 y 502/01— , en el punto dispositivo XXXII ordenó extraer testimonios por la posible comisión de un
delito de acción pública que resultaría de la actuación del juez Gabriel Rubén Cavallo en la instrucción de la
causa N° 9845 (3150/97) del registro de la Secretaría N° 7 del Juzgado Nacional Criminal y Correccional
Federal N° 4 de esta ciudad (ver p. 4233 del legajo de sentencia); destacó algunas particularidades tales como el
trámite del expediente, comparó los argumentos esgrimidos por el mencionado magistrado en las excusaciones
presentadas en éste y en la causa N° 10.036 (11.066/98) de la Secretaría N° 8 ante el juzgamiento del mismo
imputado (Galeano) y la intervención de la camarista Luisa Riva Aramayo en estos planteos inhibitorios (conf.
fs. 3329/3331 de la sentencia).
Resulta indispensable, para arribar a una decisión, efectuar un repaso de las constancias de la causa N°
3150/1997. Dicho expediente se inició a raíz de la extracción de testimonios dispuesta por el Dr. Bergés, en
virtud de las manifestaciones efectuadas por el abogado Mariano Cúneo Libarona (h.) ante el Juzgado de
Instrucción N° 4, Secretaría N° 113, quien habría referido el episodio que lo tuvo por víctima al recibir frases
coactivas en el marco de la entrega de un videocassette en el que se había registrado una reunión entre el
entonces juez Juan José Galeano, su secretario Juan De Gamas y Carlos Alberto Telleldín.
La judicatura de mención remitió testimonios a la Cámara Federal para que sorteara el juzgado que debía
intervenir en dicho proceso, y resultó desinsaculado el que se encontraba a cargo de Cavallo (ver fs. 3/5 del
citado expediente). Recibidos los actuados, el juez los remitió al Juzgado Federal N° 12, Secretaría N° 24, (sin
vista previa a la Fiscalía ni auto fundado por el cual se declaraba la incompetencia) donde tramitaba la causa N°
2912, a raíz de la denuncia de Juan José Galeano por la sustracción del cuestionado videocassette y la extorsión
que sufriera de parte de Cúneo Libarona (h), en ese entonces abogado defensor de J. J. R.. Pero las actuaciones
fueron devueltas puesto que no existía requerimiento fiscal de instrucción ni Cavallo había dictado un auto
fundado en el cual declarara su incompetencia (ver fs. 5, 8 y 10).
El 16 y 22 de abril le corrió vista al Ministerio Público fiscal (fs. 10 vta. y 41), oportunidad en la que el
fiscal Carlos Stornelli requirió la instrucción del sumario en los términos de los arts. 180 y 188 de la ley
instrumental, solicitando la producción de una serie de medidas (ver fs. 42/45).
A partir de este acto de impulso del proceso por parte del Ministerio Público Fiscal, sin volver a plantear la
conexidad que fuera rechazada por ausencia de la vista ahora existente, el juez instructor dispuso una única
diligencia — la transcripción del video— y tuvo presente ocho medidas también peticionadas por el fiscal. El
12 de mayo — a más de un mes de estar al frente de la encuesta y aún inconclusa la única medida dispuesta
(confr. fs. 59)— , advirtió que su situación particular podría verse inmersa en las causales del inciso 11° del art.
55 del ritual, lo que motivó su excusación, alegando razones de "amistad manifiesta" con la parte, pero sin
detallar la supuesta relación que los unía (fs. 60), lo que sí hizo en la causa N° 11.066/98.
La inhibición no fue aceptada por la juez María R. Servini de Cubría; la magistrada destacó que Cavallo no
había mencionado con cuál de los imputados lo unía un vínculo de amistad, señaló que no resultaba coherente
su actuación con lo resuelto a posteriori (en cuanto al vínculo de amistad someramente expresado respecto de
una de las partes), y remitió testimonios al superior. La Sala I (compuesta por los Dres. Horacio R. Vigliani,
Luisa M. Riva Aramayo y Juan P. Cortelezzi) resolvió que debía seguir interviniendo el Dr. Cavallo, titular del
Juzgado Federal N° 4, habida cuenta que la genérica invocación de una relación de amistad no constituía motivo
suficiente para apartar al magistrado (fs. 87).
Al serle devueltas las actuaciones, el juez Cavallo tuvo nuevamente presente las medidas de prueba
solicitadas por el fiscal (declaraciones testimoniales de Mariano Cúneo Libarona (h.) y Juan Pablo Vigliero,
determinar la nómina de empleados del Juzgado Federal N° 9 en cada Secretaría, actas efectuadas por el
secretario De Gamas, copias certificadas de todas las resoluciones recaídas desde julio de 1996, entre otras
más), solicitando, por otro lado, copias de actuaciones e informes a los Juzgados Criminales y Correccionales
Federales N° 9 y 12, copia del decreto 2023/94 al Boletín Oficial y dispuso que se les recibiera declaración
testimonial a los fiscales de aquel proceso, Eamon Müllen y José Barbaccia (ver fs. 90 y 106).
Asimismo, ordenó otras medidas, entre ellas: solicitó ad effectum videndi et probandi la causa N° 2912/97
del Juzgado Federal N° 12; informes y actuaciones a la Comisión Bicameral Especial por el seguimiento de los
atentados a la AMIA y la Embajada de Israel; informes a la sucursal Cabildo del Lloyds Bank sobre posibles
cuentas de Telleldín y Boragni a partir de julio de 1996 y, finalmente, requirió a la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Comunidad le haga saber si se había reglamentado el Decreto PEN 2023/94.
Entre otras probanzas, se recibió declaración testimonial a Stinfale, Beraja y Telleldín (ver fs. 164/166, 168,
174/175, respectivamente), quienes actualmente se encuentran imputados por su participación en el delito de
peculado que habilitara esta instancia revisora.
Con fecha 3 de septiembre de 1997, el juez Cavallo dejó sin efecto la citación a prestar declaración
testimonial cursada a Müllen y Barbaccia para decidir, pocos días más tarde — 12 de septiembre de 1997— ,
desvincular definitivamente del proceso tanto a Juan José Galeano como a Juan De Gamas, siendo notificada de
esa resolución la fiscal Stella Maris Scandura, adjunta en la Fiscalía Federal N° 4 de la que era titular Stornelli,
el 16 de septiembre siguiente (fs. 176 y 177/187).
Los argumentos por los que sobreseyera a los nombrados, a prieta síntesis, fueron que, de las pruebas
colectadas, no advirtió maniobra ilícita alguna perpetrada por funcionarios judiciales, teniendo en cuenta las
manifestaciones bajo juramento de Carlos Telleldín (imputado en la causa instruida por Galeano), Víctor
Stinfale (su abogado defensor en ese proceso), y Rubén Beraja (titular de una de las instituciones querellantes).
Agregó a dichos testimonios, una somera valoración de las transcripciones del videocassette, la falta de
instrumentación del decreto PEN 2023/94 por parte del Secretario de Seguridad respecto del Fondo de
Recompensa contra el Terrorismo Internacional y la ausencia de cuenta bancaria a nombre de Telleldín y/o Ana
Boragni. Por último, destacó que al momento de resolver tuvo en cuenta las circunstancias particulares que
rodearon la entrevista grabada que surge del video y, por último, que Galeano se encontraba al frente de la
investigación del atentado terrorista que más conmovió a la sociedad argentina.
Las irregularidades en la tramitación y resolución, como ya se mencionara, fueron advertidas por los jueces
del TOF N° 3, quienes culminaron el juicio extrayendo testimonios por la actuación del juez Cavallo en ese
proceso, por los motivos señalados párrafos arriba. Como consecuencia de ello, se formó la causa 15.985/04
para la cual resultó sorteado el Juzgado Federal N° 3 del juez Daniel Rafecas, Secretaría N° 5, quien decretó el
sobreseimiento del magistrado el 15 de diciembre de 2004.
Sin perjuicio del auto desvinculatorio que benefició al juez Cavallo, corresponde evaluar la validez formal
de la resolución recaída en la causa N° 3150/97, a la luz de los requisitos de procedencia de la cosa juzgada
írrita que ya se mencionaron. Relatadas brevemente las particularidades del caso, y analizada la doctrina y
jurisprudencia relativa a la cuestión puesta en tela de juicio, deben resaltarse varias circunstancias que nos
llevan a concluir que la resolución en crisis (y el proceso que concluye) reconoce vicios formales y sustanciales
que, como mínimo hacen al error judicial, generando una solución viciada a la que se pretendió dar apariencia
de legitimidad. Así, corresponde declarar la nulidad por cosa juzgada írrita del auto dictado por el juez Cavallo
en la causa N° 3150/97 del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7, de esta ciudad, tal
como lo solicitara la querella representada por el Dr. U. al informar oralmente ante el tribunal, ocasión en la que
destacó la intervención formal e informal y oficiosa de la ex camarista Riva Aramayo como pieza central de la
maniobra de encubrimiento seguida, y que reconoce como antecedente su propia intervención para obtener la
declaración de Telleldín en el sentido que aquí se investiga.
En primer lugar, cabe resaltar el planteo de competencia entre los Juzgados N° 4 y N° 12, formulado sin
tomar los mínimos recaudos legales, siendo rechazado por dichos defectos formales (por no haber corrido vista
al Ministerio Público fiscal ni fundado los motivos que hacen a la conexidad de sendos procesos, como ya se
mencionara). Pero sorteada la ausencia de requerimiento de instrucción, tras haberlo formulado el fiscal
Stornelli, el juez Cavallo no volvió a disponer la incompetencia por conexidad objetiva entre ambas
investigaciones (arts. 41, inc. 2° y 42, inc. 2°, CPPN) para, en su caso, dirimir la competencia por contienda
negativa ante el superior, lo que implica una contramarcha en su decisión inicial.
En segundo lugar, otra cuestión que no puede dejar de ser tratada es la forma manifiestamente despareja de
proceder al momento de plantear su inhibición en el sumario de marras y en otro de su mismo tribunal. En
efecto, en el primero se aprecia una fórmula genérica para apartarse, reconociendo "amistad manifiesta con la
parte", pero sin especificar ni siquiera con cuál (Galeano o De Gamas). Sin embargo, llama poderosamente la
atención que en otro expediente prácticamente contemporáneo a este acto (causa N° 11.066/98), se excusó de
entender en una denuncia contra Galeano, invocando la causal de íntima amistad (art. 55, inc. 11°, CPPN),
oportunidad en la que hizo un pormenorizado detalle de qué vínculos lo unían con él. Casi ocioso resulta
recordar que en la causa N° 3150/97 su excusación fue rechazada por dicho defecto formal.
También es curioso que en esa oportunidad tampoco intentara de manera vehemente desvincularse del
proceso originario, mejorando los pobres argumentos apuntados en su excusación sino, por el contrario, una vez
más retuvo bajo su órbita la investigación. En estas dos situaciones, se advierten planteos notoriamente
imperfectos, no reiterados luego de su saneamiento, lo que constituye un claro vicio sustancial.
En lo que respecta a la prueba producida en ese sumario, faltaron importantes diligencias requeridas por la
Fiscalía, entre ellas el "borrador" mencionado en el criticado video; las declaraciones del personal de la
Secretaría N° 17 de la dependencia a cargo de Galeano; el pedido de informes de cuentas bancarias a todas las
entidades pues sólo se cursó a la sucursal Cabildo del Lloyds Bank (cuando en la más sencilla de las
investigaciones ello se pide a la casa matriz y, en casos de mayor envergadura, al propio Banco Central de la
República Argentina — como aquí lo ameritaba— ). Es más, ni siquiera se notificó a los imputados de la
existencia de la causa seguida en su contra ni de los elementos de prueba reunidos en ella (aun cuando, algunos,
habían sido aportados por los propios acusados), a tenor de lo normado en los arts. 73, 279 y concordantes del
código adjetivo. Se advierte así la omisión de prueba pertinente y la producción de la insustancial,
configurándose un notorio vicio formal.
Se debe destacar que los testimonios prestados por Telleldín, Stinfale y Beraja, hoy procesados por este
suceso, fueron tomados en cuenta para dictar la resolución desincriminante sin analizar si ellos reflejaron la
realidad de lo acontecido cuando, de la lectura de las distintas declaraciones indagatorias de Telleldín, y el
cambio de versión efectuado el 5 de julio de 1996, podía inferirse la mendacidad de las referidas en primer
Otro elemento que el tribunal advierte no sólo como llamativo, sino como producción de prueba fraudulenta,
es la formación del "Legajo de Recompensa" en el Juzgado N° 9 por pedido del defensor de Telleldín el 6 de
junio de 1997, en función del decreto PEN 2023/94. La incidencia se planteó a dos meses de iniciadas las causas
3150/97 y la 2912/97, del Juzgado Federal N° 12 en la cual Beraja y Stinfale declararon sobre este asunto (fs.
113/119, 120/121 y 122/123); resulta sugestivo que dos meses más tarde de haberse originado el legajo en
cuestión, los nombrados y Telleldín declararon ante el juez Cavallo, negando la existencia del pago (ver fs.
164/166, 168 y 174/175).
Vistas así las cosas, no caben dudas de que la incidencia se formó para justificar aquel pago espurio y servir
de prueba en este proceso.
El estudio de la resolución permite concluir que el único fundamento cierto de su motivación era el hecho de
que "el Juez Galeano... lleva a adelante la investigación contra el atentado a la sede de la A.M.I.A que no
debemos olvidar, se trató del atentado terrorista que más conmovió a la sociedad argentina por la gravedad del
mismo." (cfr. fs. 187 de la causa N° 3150), operando esta circunstancia para el entonces titular del Juzgado
Federal N° 4, como una exótica causa de justificación supralegal que le habría permitido al juez Galeano hacer
lo que hizo, lo que es jurídicamente insostenible.
Las particularidades que rodearon a este expediente, no culminan con la reseña efectuada ya que
sorpresivamente se dejan sin efecto declaraciones testimoniales ordenadas (las de los ex fiscales) y se pasa a
estudio los autos para resolver para nueve días después (12/09/97) dictar el sobreseimiento en crisis. Lo
llamativo de este cambio de rumbo es que desde el 15 hasta el 23 de septiembre, el titular de la Fiscalía N° 4,
Carlos Stornelli, gozó de una licencia por cuestiones académicas y culturales, quedando como subrogante la
fiscal Scandura. Esta circunstancia no puede pasarse por alto, puesto que en el precitado expediente intervenía
un representante del Ministerio Público proactivo (Stornelli), lográndose así notificar la resolución (el 16 de ese
mes y año) a una funcionaria designada por sólo una semana y quien parecía estar ajena a los pormenores del
proceso en el que consintió el desvinculamiento de los encausados, pero que frente a los antecedentes del caso
debió haber obrado de otra forma. Así, es dable afirmar que la resolución se fundó en testimonios cuya
objetividad resultaba insostenible pues era evidente que estaban involucrados e interesados en la suerte del caso
en condición de parte (los testigos, reiteramos, se encuentran, en la actualidad, imputados por el mismo hecho),
en una supuesta causa de justificación no prevista legalmente y, además, se dictó de modo tal de obviar la
intervención del agente fiscal que había dado sobradas muestras de su intención de proseguir el caso. A lo
dicho, debemos sumar la intervención de la entonces camarista Riva Aramayo, quien también sería parte de este
expediente por haber operado a efectos de torcer la voluntad del imputado Telleldín en el sentido buscado.
Corresponde resaltar nuevamente, como era de público y notorio, conforme fuera destacado por la querella, la
influencia y capacidad de incidencia sobre la actuación de los integrantes del fuero federal en aquellos años que
tenía la nombrada y su ubicación como nexo con el poder político de turno.
Es más, en cuanto a la voluntad de intervenir del fiscal Stornelli su presentación glosada a fs. 237 de la
causa N° 3150/97, la confirma, ya que en ella solicitó que se le corriera vista por la eventual "nulidad por cosa
juzgada írrita", más allá de lo que había dictaminado su colega, el fiscal Patricio Evers, quien reconoció también
que el agente fiscal que debía intervenir era el primero.
Analizadas las cuestiones de hecho y prueba, así como también la doctrina y la jurisprudencia que tratan la
materia, se considera que el auto de sobreseimiento dictado el 12 de septiembre de 1997 en la causa de marras
de la Secretaría N° 7 del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 es nulo al basarse en prueba incompleta
y/o fraudulenta y las demás irregularidades reseñadas.
En efecto, si se retoman las causales que habilitan a esta clase de declaración de nulidad, sin dificultad
alguna se puede observar que el caso encuadra dentro de las dos primeras (vicios formales y sustanciales) y
también y, fundamentalmente, de la tercera (error judicial). En otras palabras: más allá de que quienes
declararan como testigos respecto de la inexistencia del pago no eran técnicamente tales, por deponer en causa
propia, lo cierto es que la versión que brindaron era falsa. El reconocimiento por parte de agentes de la SIDE y,
en especial, de su titular, sobre la materialización del pago a Carlos Alberto Telleldín, el que se concretó en dos
ocasiones con la intervención fundamental del magistrado del Juzgado Federal N° 9, sustenta debidamente esta
conclusión. A ello, se debe sumar la confirmación de esta realidad, en posteriores declaraciones, por parte de
Telleldín, Boragni, Stinfale y el propio Galeano, quien en su acto de defensa dijo que la maniobra fue "una
acción de inteligencia reglamentada y legítima montada para obtener información y conocer la verdad real".
Siguiendo esta línea de pensamiento, puede señalarse la maquinación, engaño y producción de prueba
fraudulenta en pos de la decisión judicial, sostenida y controlada, a su vez, desde la alzada por la misma sala,
que conocía del hecho de origen, integrado por la camarista Riva Aramayo. Entre ellas se encuentra el "Legajo
de Recompensa", formado a raíz de la petición de la defensa de Telleldín (cuyo abogado era Stinfale) a casi un
año del pago de los cuatrocientos mil dólares o pesos, a dos meses del inicio de la causa N° 3150/97 y tres
meses antes del sobreseimiento de los imputados. Este elemento, no parece tener otra finalidad más que la de
justificar legalmente el pago cuestionado, máxime ante la falta de reglamentación del decreto presidencial
2023/94, y así servir de condición dirimente en el proceso que instruía el juez Cavallo.
También es notable la limitación del pedido de informes de cuentas bancarias a nombre de Telleldín y/o
Boragni, el cual fue sólo dirigido a una sucursal de un banco determinado. Los principios de la lógica y de la
experiencia general indicaban que se debió haber adoptado un método más amplio y no como se procedió, a una
sola sucursal de una entidad bancaria porque pareciera querer cubrir formalmente, de manera defectuosa, un
curso de investigación que necesariamente debió ser más amplio, teniendo como única finalidad otorgarle
apariencia de exhaustividad a una investigación que debía concluir desvinculando a los imputados. Las
irregularidades reseñadas son de una gravedad tal que habilitan per se la anulación del sobreseimiento dictado.
A ello se debe aditar que la persona favorecida con la resolución era amiga del juez, conforme expresamente lo
reconoció Cavallo en la causa N° 11.066/98, por lo que concluimos, sin duda alguna, que la indagación estaba
dirigida exclusivamente y desde su inicio, a que el denunciado adquiriera ese estado procesal desvinculante. En
ese orden de cosas, no puede pasarse por alto el comportamiento del juez de grado, en especial, la manera
abrupta en la que dejó sin efecto la declaración testimonial de los fiscales que había ordenado y la velocidad con
que dictó el sobreseimiento, auto que fue notificado en ausencia del titular de la Fiscalía N° 4, el fiscal Stornelli,
justo una jornada después de que comenzara el uso de una licencia por cuestiones académicas y culturales.
Todos y cada una de estas cuestiones sumadas ofrecen un cúmulo de razones que objetivamente hablan de la
irregularidad con que se llegó al sobreseimiento que aquí se cuestiona.
Sentado ello y llegado el turno de analizar la última de las causales de la nulidad por cosa juzgada írrita,
merece citarse el emblemático fallo "Martínez de Perón", en el cual la CSJN, en sus considerandos señaló que:
"No ha habido juicio válido si entre las irregularidades producidas pueden señalarse gravísimas violaciones a las
reglas de la ética, fundamento esencial de toda norma de derecho, que debe hacerse efectivo en una sentencia
judicial. La búsqueda de la verdad, no su ocultamiento, debe constituir el substrato de toda sentencia, que
alcanza, en ese sentido, las características de un acto moral. Una sentencia dictada en aquellas condiciones no es
válida, sino un acto nulo, del cual no pueden desprenderse los efectos jurídicos de la cosa juzgada" (15).
Las cuestiones desarrolladas más arriba, demuestran objetivamente que no se persiguió la averiguación de la
verdad, sino la apariencia de ello para obtener un pronunciamiento desincriminatorio para ser esgrimido,
precisamente, ante la eventualidad de que la maniobra urdida saliera a la luz y no hubiera existido un tribunal
con la valentía y la claridad de lo que debe ser el trabajo jurisdiccional como los que integraron el TOF N° 3,
que puso al descubierto la operación de ingeniería judicial orquestada. Los hechos hablan por sí solos, y
sostener lo contrario es una burla a la inteligencia y choca contra todas las reglas de la experiencia general. El
espíritu de la administración de justicia no sólo abarca la aplicación del derecho vigente sino también que la
decisión jurisdiccional sea derivación razonada de los hechos de la causa. En otras palabras, estos actos, en
especial cuando son definitivos, deben ser imparciales, justos, fundados y oportunos, debiendo prevalecer la
verdad objetiva sobre la formal (16).
Indudablemente, el sobreseimiento de Galeano, en la causa N° 3150/97 (teniendo como base los
fundamentos antes señalados), no sólo es incorrecto por nutrirse de prueba fraudulenta, sino que dejaría sin
posibilidad de un real juzgamiento por este acontecimiento delictivo, cuanto menos, a quien sería uno de sus
principales responsables sobre la base de un proceso plagado de irregularidades. Así, ante todas las causales
esgrimidas, la solución es una sola: la nulidad por cosa juzgada írrita.
Debemos destacar que este remedio ya había sido propuesto por el Dr. Pablo Jacoby durante el debate en el
TOF N° 3, e incluso por el mismo juez Gabriel Cavallo, en su presentación espontánea en la causa N°
15.985/2004, del Juzgado Federal N° 3, Secretaría N° 5 (fs. 28). Es más, el juez Daniel Rafecas, titular del
referido juzgado, si bien dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito y, en consecuencia, el
sobreseimiento de Cavallo, reconoció la existencia de una trama de falsedades que afectó de lleno al proceso
que instruyó el nombrado magistrado (fs. 53 vta.), más allá de que fue descubierta con posterioridad al
sobreseimiento de Galeano. En este sentido puede enumerarse que:
1. Objetivamente, el juez — Cavallo— que tuvo a su cargo la investigación, contemporáneamente, en otro
sumario, expresamente había admitido su amistad íntima con el juez — Galeano— que debía ser investigado.
2. Objetivamente, uno de los jueces de cámara — Riva Aramayo— que decidió que el juez Cavallo siguiera
interviniendo, participó en el origen de la maniobra que concluyó con el pago que debía investigarse, y era una
suerte de reaseguro por eventuales apelaciones. Cavallo no fue apartado por una cuestión formal, al no haber
indicado con claridad cuál era la causal que le impedía seguir interviniendo, cuando ello era de público y
notorio, y quien intervino en la cuestión fue, precisamente, alguien quien como juez de cámara, resolvió en un
expediente donde lo que se debía investigar la implicaba directamente.
3. Objetivamente, los testigos convocados para declarar sobre la existencia del pago — Telleldín, Stinfale y
Beraja— , lo estaban haciendo en causa propia, y brindaron una versión de lo ocurrido acorde a sus intereses en
4. Objetivamente, la investigación fue encorsetada, no produciéndose la prueba solicitada por el Ministerio
Público Fiscal (por ej., los testimonios de Mariano Cúneo Libarona (h) y Juan Pablo Vigliero; nómina del
personal del Juzgado Federal N° 9, etc.) y practicándose otra visiblemente parcializada (pedido de informes
bancarios).
5. Objetivamente, el agente fiscal — Stornelli— que intervenía originariamente en el caso, no recurrió la
decisión en su momento por la manera abrupta en que concluyó el asunto cuando se encontraba de licencia pero
al tomar conocimiento de la formación del incidente de "Cosa juzgada írrita" solicitó que se le diera
intervención y ante la negativa del Sr. Juez de grado interpuso recurso de apelación el cual, — al no ser
concedido por el a quo por las razones expuestas a fs. 121/128 del incidente— articuló el remedio previsto por
el art. 476, y ccds, CPPN — queja registrada bajo el N° 40.722— .
Esta sintética enumeración nos permite afirmar que objetivamente, nadie corrió riesgo procesal alguno,
porque de antemano se estaba conformando la solución a la que se arribó que, de ser otra, hubiera impedido que
se llevara adelante el juicio oral que se encontraba en ciernes, impidiendo así que se pudiera juzgar al grupo de
policías bonaerenses que se quería imputar. Y este es el argumento central que hace inaplicable, en el caso, el
principio del ne bis in ídem: no hubo riesgo procesal de ser imputados, efectivamente, para nadie. Así, la
nulidad del sobreseimiento no compromete la garantía contra la múltiple persecución penal porque Galeano, en
realidad, no fue perseguido penalmente con anterioridad por el hecho en cuestión
Y debemos destacar, por último, que ese asunto sólo pudo originarse debido a la extracción de testimonios
dispuesta por el entonces juez de instrucción Mariano Bergés, con motivo de la denuncia e investigación, que
hizo pública la aparición de filmaciones clandestinas que se hacían en el juzgado federal a cargo de Galeano y
de donde surgía que éste se encontraba negociando una ampliación de la declaración de un detenido a su
disposición a cambio de recibir una importante suma de dinero. El caso es más grave aún que el supuesto de
autodenuncia donde aquél que se sabe responsable de un delito, pero conoce de la orfandad probatoria existente
en ese momento, promueve la investigación en su contra para obtener un pronunciamiento desincriminatorio.
Hacer esto es tergiversar los principios en propio beneficio y los jueces deben ser precavidos en ese sentido. De
la misma forma, las apariencias formales de legitimidad del procedimiento no pueden prevalecer sobre la verdad
de lo acontecido, cuando objetivamente se advierte que se actuó en la forma irregular que fuera expuesta y
donde Galeano nunca corrió riesgo procesal alguno de ser imputado formalmente.
Por todo ello, a su vez, se deberán extraer testimonios para investigar, respecto de Stella Maris Scandura, la
posible comisión del delito previsto en el art. 274, CP, porque al haber consentido el sobreseimiento dispuesto
en la causa N° 3150/97, frente a la posición que había evidenciado, con claridad, el titular de la Fiscalía N° 4, no
persiguió el delito en cuestión como era su deber, como mínimo recurriendo la decisión de la que se notificó.
Entonces, el auto puesto en crisis pierde, de este modo, la autoridad de cosa juzgada, abriendo ahora la
posibilidad de un nuevo estudio de los episodios acaecidos entre el 5 de julio y el 17 de octubre de 1996 (fechas
en las que se concretó el pago de manera parcializada), susceptible de un verdadero examen jurisdiccional. En
consecuencia, encontrándonos ante una causal de las contempladas por el art. 168, párrafo segundo, CPPN,
corresponde declarar la nulidad del auto de fecha 12 de septiembre de 1997, por el cual se sobreseyó en orden al
hecho ventilado en la causa N° 3150/97, la que, previa nota que deberá dejarse, corresponde que se acumule
materialmente a estos autos principales.
Resuelto el primer aspecto de la cuestión del modo indicado, el segundo (falta de acción por cosa juzgada)
se ha tornado abstracto, lo que así debe declararse.
Ya se han señalado, en el contexto de las consideraciones precedentes, los motivos que agravian a la defensa
de Juan José Galeano respecto a uno de los puntos de la disposición del juez de grado que se refiere a lo que el
letrado asistente considera como una violación de la garantía ne bis in idem. No obstante, habré de reiterar, sólo
a modo de breve reseña, que los argumentos del agraviado radican en que dicha infracción estaría vinculada con
el suceso individualizado en el auto en crisis como "Pago de U$S 400.000 a Carlos Telleldín. Peculado" por
cuanto, a criterio del apelante, su patrocinado ya habría sido juzgado por este mismo acontecimiento en la causa
N° 3150/97 que también tramitara por ante el juzgado de origen y en la cual se dictara sobreseimiento a su
respecto el 12 de septiembre de 1997.
Para abonar su convencimiento, el abogado sostiene que la delimitación de los hechos que atañen a ambos
sumarios es similar, conforme el contenido del requerimiento de instrucción realizado por el agente fiscal del
sumario más antiguo y a la índole de la prueba allí dispuesta por el instructor, ya que este expediente N° 39.816
(N° 9789/2000 del Juzgado Federal N° 4) se nutre de circunstancias idénticas al anterior caso, cuya persecución
intenta ahora reeditar el a quo (v. fs. 742/829).
Al respecto, y si bien ya los restantes miembros que componen esta sala han convergido en una opinión
mayoritaria, habré de plasmar seguidamente mi disenso con la solución propiciada para este punto, pues
considero que cabe auspiciar el planteo del defensor.
Los contenidos de mi divergencia pueden sintetizarse en conocidos criterios de interpretación de nuestra
carta fundamental. Así, es ya sabido que el aforismo "bis de eadem re ne sit actio" del antiguo derecho romano,
denominación rememorada hace varios años por Esteban Ymaz en un sustancioso artículo sobre el tema (17) y
reducido a la expresión latina que hasta hoy sobrevive como"ne bis in idem", estuvo desde siempre
implícitamente integrado a la letra de nuestra Constitución conforme a la exégesis armónica de los principios y
garantías no enumerados, en conjugación con los del debido proceso y la defensa en juicio (artículos 33 y 18,
respectivamente). Luego de la reforma de 1994, con la incorporación al cuerpo constituyente de los tratados
internacionales sobre derechos humanos (artículo 75, inciso 22, CN), la garantía impera explícita e
incuestionablemente en las normas alusivas de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8,
inciso 4) donde se asienta en forma categórica que "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos" y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 14, inciso 7) que prefija: "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país".
Resta considerar el Código Procesal Penal de la Nación, que en su título de apertura, al enumerar las garantías
fundamentales del proceso, establece que "Nadie podrá ser... perseguido penalmente más de una vez por el
mismo hecho" (art. 1), tomando como premisa que "...los preceptos adjetivos se presumen sancionados en
salvaguardia de los derechos fundamentales de los justiciables insertados en los mandatos de la Constitución
Nacional" (18).
Así, en el conspicuo pensamiento del recordado constitucionalista Ekmekdjian, el referido derecho al debido
proceso legal se inscribe en otro más amplio que denominaba genéricamente "derecho a la jurisdicción" —
dentro del cual se encuentra el de ejecutar la sentencia firme— íntimamente ligado a la cosa juzgada, entendida
ésta como un atributo que caracteriza a las sentencias estables para no ser revisadas, tanto en el proceso donde
fueran dictadas como en ningún otro (19).
Pero también cabe destacar que esta ponderación difiere de la del también vigente jurista Bidart Campos,
conforme puede apreciarse de su opinión extraída de la obra "La raíz constitucional de la nulidad de cosa
juzgada" que fuera reproducida en las consideraciones precedentes a este voto.
Ante esta disyuntiva conceptual, me inclino por la primera tesis, por cuanto se trata de una concreta
reafirmación del viejo principio "res iudicata pro veritare habetur" (la cosa juzgada se tiene por verdad) y está
referida a una de las garantías esenciales e incólumes del sistema democrático, que por lógica debe ser
resguardada en pos de la seguridad jurídica.
Esta garantía asiste por igual a quienes ya fueron sometidos a un proceso, así como también a la generalidad
de los ciudadanos por su carácter de derecho en expectativa, pues obliga a su respeto el propio orden público y
la sustancia constitucional que la califica. Desde tal perspectiva, la protección de la intangibilidad de las
sentencias que han pasado en autoridad de cosa juzgada se erige para delimitar los alcances del poder represivo
del Estado, evitar la reedición de cuestiones ya debatidas, analizadas y, por ende, consolidadas mediante un
veredicto jurisdiccional, y propender a la materialización de la seguridad jurídica.
Desde otra, la expectativa general en la particularización de esta última, entendida como "Condición
esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran que, como es
obvio, solamente se logra en los Estados de derecho..." (20), permanecería supeditada a la eventualidad de que
los integrantes de la comunidad social quedaran indefinidamente expuestos a ser perseguidos nuevamente por
una cuestión ya concluida. Es decir, a ser sojuzgados — y no juzgados— por el poder estatal. No debe perderse
la visión de que estamos refiriéndonos a un mandato constitucional, ergo, "no es susceptible de alteración ni aun
por vía de la invocación de leyes de orden público..." (21).
En cuanto al caso que ahora reclama nuestra consideración y específicamente en lo referente al aspecto de
los consabidos requisitos exigibles de la triple identidad (persona, objeto y causa) creo innecesario adentrarme
mayormente en su análisis a fin de establecer el nexo vinculante que atañe a la cuestión jurídica en juego, toda
vez que dichas exigencias se dan en el caso, tal como ya lo consideraran los colegas preopinantes. La clara
identidad subjetiva no amerita discusión, así como tampoco la concerniente a la causa, pues sólo cabe
mencionar que ésta se refiere a la pretensión represiva viabilizada por la acción penal, ejercida mediante el
poder-deber inherente al juzgador del pretérito proceso para examinar el suceso imputado desde todos los
posibles ángulos legales, a quien le corresponde exclusivamente la persecución penal. Pero ésta cesa por obra de
una sentencia sobre el fondo del asunto, a partir de la cual la acción penal ya está actuada y no puede volver a
revivir, aún cuando el pronunciamiento no haya examinado el hecho con toda la amplitud debida (22). Dicha
misión jurisdiccional se encuentra aquí satisfecha, pues el magistrado que investigara la conducta del prevenido
Galeano actuó dentro del marco de su competencia y jurisdicción hasta agotar la vigencia de la pretensión
represiva desde la totalidad del ordenamiento legal aplicable (principio iuria novit curia).
Por tanto, sólo resta ampliar, con algunas someras estimaciones, lo referente a la identidad del objeto
procesal, ya que el juez de grado ha concluido en que tal extremo no se verifica entre ambos sumarios.
En tal sentido, entiende que el suceso constituyente del objeto de esta pesquisa excede del indagado en la
causa n° 3150/97, dado que aquí se investigan las tratativas relacionadas con el acuerdo entre los reprochados
Juan José Galeano y Carlos Alberto Telleldín tendientes al pago de una suma dineraria aportada por la
Secretaría de Inteligencia del Estado con el fin de obtener una nueva versión del principal implicado en el
ataque a la entidad, la que se efectivizara el 5 de julio de 1996. En cambio, en el ya mentado expediente N°
3150/97, el hecho se habría circunscrito al encuentro mantenido por los mismos protagonistas el 10 de abril de
1996, lo cual denota, conforme al criterio del judicante, la falta de correspondencia entre ambos
acontecimientos, pues este último constituiría tan sólo un segmento del suceso investigado en las actuaciones
que hoy se analizan.
Para corroborar esta impresión, con sólo acudir a la consulta del contenido del requerimiento de instrucción
formulado por el fiscal actuante a fs. 42/45 vta. y de los considerandos que integran la resolución dictada en el
sumario N° 3150/97 (ver fs. 177/187), se desprende con nitidez la íntima vinculación que guardan ambas
imputaciones, tomándose en cuenta la descripción de los hechos y las medidas que allí requiriera el
representante del Ministerio Público Fiscal.
Es de observar que en la causa de mención (N° 3150/97) el fiscal Stornelli imputó al prevenido los sucesos
que integran el requerimiento de referencia conforme al registro de la videocinta donde quedara plasmada la
entrevista entre el ex magistrado y Carlos Alberto Telleldín, mantenida el 1° de julio de 1996, destacando sus
expresiones en cuanto al presunto interés de terceros en la adquisición de los derechos de un libro
supuestamente escrito por el detenido a su disposición. Así, dicha conversación se traduciría en una disimulada
referencia a que la verdadera finalidad perseguida con la oferta de la suma dineraria era lograr una nueva
declaración por parte de Telleldín, para involucrar a los policías en el atentado terrorista. A esta inferencia
conduce el contenido del diálogo entre los dos interlocutores respecto de detalles del acuerdo, tales como el
monto pactado, la entrega del material probatorio, la obtención de otras declaraciones en la causa y en esencia,
la renovada versión del principal comprometido en el hecho. En la cita de mención, Galeano aparentaba actuar
como una especie de intermediario transmitiendo la palabra de los oferentes — a quienes no individualizó en
ningún momento— demostrando así su particular interés en la declaración ampliatoria con los nuevos datos que
habrían de indicársele a la persona que se encontraba detenida en la notoria causa.
Ahora bien, de la mera compulsa entre los pormenores del hecho de reseña anterior y los que atañen al que
describiera en su resolución el juez Cavallo, puede apreciarse que éste se remitió en sus considerandos a cuanto
sintetizara en su requerimiento el representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que resulta lógicamente
válida la deducción de que nos hallamos ante dos imputaciones de un idéntico suceso fáctico atribuido a la
Sin dejar de coincidir con el juez de la anterior instancia en que éste sería sólo un aspecto o un comienzo de
todas las maniobras delictivas que luego sobrevinieran como consecuencia del pago y que habrán de analizarse
en forma separada, cierto es que este hecho puntual ya ha sido ventilado y juzgado en otro expediente judicial
anterior, por lo que debe ser excluido de la enunciación de imputaciones que hoy se le dirige al ex juez federal.
Es que la identidad de hecho se refiere al objeto que tiene el proceso penal, entendido como el
acontecimiento de la vida real que constituye el tema del proceso y del cual se pretenden extraer consecuencias
jurídicas. Se trata del episodio descrito lo más detalladamente posible, sin que interese que recaiga bajo más de
una calificación jurídica (23).
Sin perjuicio del concluyente convencimiento que he dejado evidenciado en los párrafos anteriores, resulta
oportuno señalar que también detuve mi atención en el contenido de los escritos presentados por otros
querellantes aquí legitimados al contestar la vista conferida en cuanto a la nulidad que ha planteado el acusador
particular J. J. R. en el incidente formado al respecto en la causa N° 3150/97, que se encuentra reservado en
secretaría. Allí, los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Oficina
Anticorrupción coincidieron en la improcedencia del planteo de nulidad del querellante U..
El primero, a fs. 88/89 vta. de dicho legajo, basó sus argumentos en que la acción de nulidad de la cosa
juzgada abusiva por vicios sustanciales podría oponerse en perjuicio del vencido sólo en materia civil y a través
de la demanda de revisión, como una pretensión autónoma contra la cosa juzgada írrita, una vez agotadas todas
las vías recursivas. Asimismo, reafirmó su convicción al estimar allí que sólo compete al imputado oponer, por
vía de excepción, la cosa juzgada material.
El segundo, si bien no dio una respuesta categórica a ciertos interrogantes que dejara trazados, requirió
igualmente, aunque en forma implícita, el rechazo de la pretensión del acusador particular.
Por tanto, es factible deducir que aun cuando el principio de la cosa juzgada civil sea esencial — aunque no
absolutamente inexpugnable— dicho carácter se vigoriza aún más en materia penal, donde su desconocimiento
no puede ser opuesto en detrimento del imputado, quien, en cambio, tiene legitimidad para deducirla, por vía de
excepción, en su propio beneficio (arts. 340 y 343, CPPN). Tal derecho le es reconocido para el supuesto de
volver a ser juzgado por un mismo hecho luego de haber soportado la sustanciación de un proceso legalmente
válido y donde obtuvo, en definitiva, un pronunciamiento judicial que posteriormente lo inmuniza contra la
persecución ex officio del Estado.
Entonces, no está legitimada la reedición persecutoria en perjuicio de una persona ya firmemente juzgada,
por medio de la invalidez de un pronunciamiento liberatorio firme, como lo es en este caso la resolución del
juez Cavallo, pues una obstinada pretensión represiva se traduciría, paradójica e injustamente, en la "írrita"
ofensa a los preceptos constitucionales de cita anterior.
La máxima corte argentina "ha reconocido el rango constitucional y la tutela inmediata de ese derecho
federal, en razón de que no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por el hecho anteriormente
penado, sino también la exposición al riesgo que ello ocurra mediante el sometimiento a juicio de quien ya lo ha
sufrido por el mismo hecho (Fallos: 292:202; 299:221; 308:84 y 1678; 311:1451; 314:377; 319:43, entre
muchos otros y también conforme párrafo del dictamen del procurador fiscal en el recurso de hecho "Alcaraz,
Oscar Antonio s/p.s.a. de robo calificado"; Causa N° 30/2000C, A. 379. XXXVII, ...); también sentenció que
"una interpretación amplia de la garantía contra el múltiple juzgamiento conduce no sólo a la inadmisibilidad de
imponer una nueva pena por el mismo delito, sino que lleva a la prohibición de un segundo proceso por el
mismo delito, sea que el acusado haya sufrido pena o no la haya sufrido, y sea que en el primer proceso haya
sido absuelto o condenado" (24).
Hasta donde llega mi conocimiento, los regímenes republicanos, salvo ciertas excepciones, a través de sus
leyes o precedentes jurídico-procesales en materia penal, admiten la revisión de las sentencias sólo para
favorecer a los condenados, quienes pretenden por dicha vía que se enmiende un error judicial, una decisión
basada en pruebas falsas o inexistentes o en normas más rígidas al tiempo del juzgamiento o para desandar el
camino de una solución injusta que haya podido perjudicarlos.
Nuestro país participa de esta corriente desde que su legislación autoriza la retractación de la sentencia
condenatoria en reparo del condenado (25). Así, el código adjetivo vigente (Ley 23.984) prevé que el remedio
reparador "...procederá en todo tiempo y a favor del condenado" contra las sentencias que presenten ciertas
características que se encarga de determinar (art. 479) y que "...deberá tender siempre a demostrar la
inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometió o que falta totalmente la prueba en que se basó la
condena..." (art. 480, ibídem), salvo que se funde en que el hecho reprochado encuadra en una norma penal más
favorable o la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna (conjugación de los dos preceptos aludidos).
Es así que el Estado, a través de sus distintos órganos judiciales, tiene una sola oportunidad de llevar a un
imputado a juicio por un hecho determinado (26) y no puede por ende volver a aplicar su imperium sobre un
asunto precluido, lesionando con ello el derecho del enjuiciado.
Esta referencia, lógicamente es relativa a los Estados de Derecho, donde algunas estructuras constitucionales
cimientan esta garantía para impedir cualquier trasgresión a su naturaleza inalienable (conf. Constituciones de
los Estados Unidos de Norteamérica [Enmienda V]; Alemania, Portugal, Constitución Política de Colombia,
entre otras) o bien lo hacen a través de sus leyes procesales (Italia, Francia) o mediante la propia jurisprudencia,
luego consagrada por la ley interna (Inglaterra).
Me adhiero entonces a la firme y mayoritaria doctrina que sostiene la tesis de la inmutabilidad del instituto,
pues ha sido consecuente en señalar que la cosa juzgada es "... un principio fundamental de orden público en el
proceso, que tiene jerarquía constitucional y se manifiesta en el atributo o calidad de inmutables que se reconoce
a ciertos pronunciamientos penales firmes o inimpugnables sobre la pretensión represiva... en virtud del cual la
aplicación de la ley sustantiva al caso concreto realizada por el juez no puede ser variada, modificada o abolida
— especialmente en perjuicio del imputado— , sea en el mismo proceso o en uno posterior, o por medio de
otros actos legislativos o del Poder Ejecutivo, manteniéndose la situación definitivamente adquirida aun cuando
mediaren deficiencias del procedimiento causantes de nulidades absolutas" (27).
Esta idea de irreversibilidad se fortifica en la conclusión de Maier cuando explica que la decisión
jurisdiccional puede considerarse consolidada cuando "...queda firme o pasa en autoridad de cosa juzgada, es
decir, cuando han sido agotados los medios de impugnación que el mismo reglamento procesal prevé,
obteniéndose la solución definitiva..." "....una vez que se alcanzó la cosa juzgada ella es irrevisable en perjuicio
del acusado absuelto o del condenado con miras a una condena superior por más que se pueda demostrar el
fracaso del procedimiento y de la decisión que le pone fin para cumplir la función de realizar el Derecho penal
que le es propia, aspecto que acentúa el carácter de garantía individual de la regla" (28), así como en la
concepción de Hitters, evocando a su vez a Bielsa y otros, en cuanto la res iudicata sólo es definitiva e
inmodificable cuando ha habido contienda promovida por la lesión de un derecho o de un interés legítimo, y la
decisión a la cual se refiere ha sido dictada en virtud de un procedimiento regular, con garantías de defensa,
audiencia, prueba y alegación. Además, los decisorios judiciales firmes (cuando han puesto fin a un proceso con
una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y se han agotado las vías recursivas ordinarias) son
inmutables y su vocación de eternidad sólo puede ser alterada cuando se opere un cambio de las circunstancias
que dieran origen al fallo o cuando se detecten ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto (29),
extremos estos últimos que mis distinguidos colegas parecen advertir en la especie pero que yo no alcanzo a
También asiste a mi convicción la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, que igualmente ha consagrado
la inmutabilidad de un pronunciamiento abroquelado por la cosa juzgada, pues ésta "...configura uno de los
pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido
con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones o corregir yerros en
cualquier momento, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso,
cuyo respeto es uno de los pilares de estado de derecho"; "Los argumentos basados en la equidad y la justicia no
son eficaces para afectar la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales que, en la medida en que constituye un
presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia del orden público y posee jerarquía constitucional";
"El respeto por la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen
constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden
público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible
de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior" (Fallos, 312:376;
315:2406 y 328, respectivamente, entre otros).
Párrafo aparte merece el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Martínez de Perón,
María Estela" (30) invocado como uno de los principales sustentos del voto mayoritario.
En lo tocante a dicha sentencia, interpreto diversamente sus alcances, pues los motivos que la respaldaran se
centran en un aspecto muy distinto al tema que se trae actualmente a nuestro estudio.
Digo así, porque el argumento esencial en que se asentaran los votos de los señores ministros que
conformaran la mayoría para fundar la revocatoria del sobreseimiento dispuesto en la primera instancia, radicó
en la invalidez de la sentencia dictada por un magistrado carente de jurisdicción, circunstancia que difiere de la
ahora cuestionada.
Este fallo constituye, hasta donde he indagado, un solitario precedente referido a un caso de entidad penal
con un vicio en su raíz que condujera a declarar su nulidad, pues el tribunal superior se pronunció en igual
sentido, en diversas oportunidades y con distintas conformaciones, respecto de otras cuestiones ajenas a dicha
materia (31). En este caso excepcional — cabe recordar— los entonces miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación debieron fallar en un contexto temporal donde no regía el Estado de Derecho y por ende
las garantías constitucionales se encontraban supeditadas a un estatuto (v. Boletín Oficial del 31 de marzo de
1976). Creo que no es ociosa esta observación pues, pese a dichos condicionamientos, nada llevaría hoy a
cuestionar la incolumidad del pronunciamiento mencionado (siendo que éste resultó ser el medio para
desbaratar la firmeza de otro por razón de un vicio que autorizaba, según sus fundamentos, a desconocerlo como
cosa juzgada material), dado que la doctrina mayoritaria reconoció tradicionalmente la intangibilidad de las
sentencias dictadas por los tribunales de justicia en los períodos de facto (32), como también lo hizo la
jurisprudencia (33).
Ello afianza más mi convicción de que la nulidad de la cosa juzgada "írrita" podría admitirse casi sin
vacilación en asuntos de naturaleza civil, pero su aplicación análoga a una cuestión penal se torna
extremadamente restrictiva, en tanto pueda verse afectada la garantía de la res iudicata que asiste, como dijimos,
a todo habitante de la Nación y es de clara improcedencia cuando no es invocada por quien ha sido sometido a
un juicio penal, pues sólo puede ser rectificado si se dan las circunstancias que autoricen una revisión a su favor.
Tampoco voy a soslayar en este desarrollo las particularidades del sumario que se iniciara en virtud de lo
ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 en la causa N° 487/2000. Allí se dispuso la
extracción de testimonios para investigar penalmente la actuación del juez Cavallo (cfr. fs. 1/1 vta. y 45/54 vta.
de la causa N° 15.985/04, que corre por cuerda), con motivo de las observaciones acerca de su desempeño en la
causa N° 3150/97 que culminara con el sobreseimiento del imputado Galeano por inexistencia de delito. Este
dato no es menor, pues el magistrado que adoptara tal decisión trató por separado cada uno de los hechos que
conformaba la denuncia del tribunal de juicio para concluir en la inadvertencia de cualquier tipo de irregularidad
merecedora de reproche en el mentado sumario N° 3150/97. Es de resaltar que su tesitura fue propiciada y luego
avalada por los tres fiscales que allí intervinieran en representación del Ministerio Público al solicitar de
consuno la desestimación de la denuncia pues resultaba "...muy difícil entender cual fue la actividad
supuestamente complaciente y de dudosa validez llevada adelante por el Dr. Cavallo, cuando...lejos estuvo de
conocer, y mucho más de encubrir, las maniobras ilícitas que se le enrostran al Dr. Galeano, por cuanto actuó
conforme a derecho y ciñéndose en un todo a las constancias de la causa" (conf. fs. 36/43 vta.).
Entonces, estimo válido y oportuno que me remonte también a las actuaciones de mención anterior, pues
como el querellante R. pretende que se deje sin efecto una resolución judicial pasada en autoridad de cosa
juzgada y además favorable al imputado, de ser auspiciada su aspiración, ésta incidiría colateralmente en la
desatención de los alcances de un segundo pronunciamiento que igualmente ha adquirido firmeza y convalida la
actuación del juez que desligara de la persecución penal al procesado en la presente causa por el mismo suceso.
El reclamo de la querella es consecuentemente de inequívoca improcedencia, tanto en razón de la
inamovilidad del fallo como por lo inadecuado de tal pretensión.
Es así que el cuadro reseñado me persuade a promover la operatividad de la garantía del ne bis in idem para
resolver el caso bajo estudio, pues ésta cobija puntual y exclusivamente el derecho del encausado Galeano a no
ser juzgado nuevamente por un idéntico acontecimiento delictivo que fuera precedentemente encuadrado en la
figura típica del peculado (art. 261, CP), por cuanto éste ha sido objeto de investigación en otro expediente que
concluyera en una solución liberatoria a favor del prevenido y la misma ha adquirido irrefutable firmeza,
constituyendo, por ende, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado expresamente al sentar que, agotada la vía
recursiva en una causa anterior, y firme el sobreseimiento definitivo dictado en ella, la sustanciación de una
nueva querella constituye una violación de la garantía constitucional que protege contra el doble juzgamiento,
siendo que la prohibición de la reiterada persecución penal no veda únicamente la aplicación de una nueva
sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un
nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho (34).
En lo personal, también he tenido oportunidad de expedirme al respecto en otros casos similares, donde
sostuve el mismo criterio que ahora vuelvo a sustentar, considerando que "Si en lo que concierne a un mismo y
único hecho, al imputado, simultáneamente se lo sobresee y procesa, se viola el principio de "non bis in idem"
(35) o cuando estimé que "la ausencia de un recurso de apelación legalmente promovido en contra de la
resolución finalmente revocada le otorgó firmeza y calidad de cosa juzgada. La posterior actuación
jurisdiccional e investigativa entra en colisión con el principio constitucional del ne bis in idem, pues existe una
resolución firme que puso fin a la persecución penal. Por ello, debe hacerse lugar a la excepción de falta de
acción interpuesta por la defensa del imputado" (36).
En consecuencia, propongo al Acuerdo que se haga lugar a la excepción de falta de acción por cosa juzgada
introducida por la defensa de Juan José Galeano. Por ende, que se revoque parcialmente el auto de fs. 1/240 vta.
de este legajo, sólo en cuanto a lo decidido en su punto I, donde se dictara su procesamiento en orden al suceso
de anterior análisis y que se encuadrara en la figura típica del peculado (art. 261 Código Penal), debiendo
estarse al sobreseimiento dictado a fs. 177/187 (con su aclaratoria de fs. 188/188 vta.) de la causa N° 3150/97, la
cual debe acumularse jurídicamente a la presente.
2. 1. B. Peculado
Resuelta por mayoría la cuestión de la cosa juzgada írrita es el turno de dar respuesta a los agravios
puntuales introducidos por la defensa de Juan José Galeano en la pieza recursiva que habilitara esta instancia y
ampliados sus fundamentos en el informe escrito en virtud del art. 454 del ritual.
Así, señaló genéricamente que la resolución cuenta con vicios de fundamentación, en lo que atañe a las leyes
de derivación del pensamiento y de razón suficiente y el principio de coherencia, puesto que se ha omitido
valorar la prueba acumulada en su conjunto. Además, destacó que el juez de grado vinculó a Galeano por
hechos por los cuales ya fue juzgado (aunque sin especificar cuáles), desprendiéndose ello de los argumentos
introducidos en el memorial — los que fueran tratados precedentemente en la nulidad de la cosa juzgada írrita—
como de la copia acompañada relativa a la excepción de cosa juzgada interpuesta ante el juez instructor.
A su vez, se agravió la parte de que el juez a quo valoró probanzas obtenidas en declaraciones vertidas bajo
juramento de decir verdad de personas que coexistentemente eran imputadas en la causa instruida como
consecuencia del atentado a la sede de la AMIA, agregando también que evaluó declaraciones testimoniales que
no fueron producidas en la judicatura instructora, ocasionándole el perjuicio de no poder intervenir en dichos
actos. En ese orden de cosas, expuso la defensa que la resolución apelada se fundó en las conclusiones a las que
arribaran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, la Cámara Nacional de Casación Penal y de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal, el observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, tergiversando el análisis del cuadro probatorio al ser sacado
de contexto. Puso también de manifiesto que la prueba colectada en autos era insuficiente para adoptar la
decisión jurisdiccional en crisis.
Al abordar la conducta subsumida en el tipo penal de peculado (hechos I.a.), expuso el Dr. Hermida que no
fue debidamente considerado el descargo de su ahijado procesal en cuanto a la confidencialidad y secreto que
guardaban las leyes vigentes en ese entonces en materia de inteligencia de Estado, sosteniendo que aquél no se
apartó de los patrones legales pertinentes. Hizo especial hincapié en que Juan José Galeano de modo alguno
consensuó los términos de la declaración ni dirigió el accionar de Carlos Alberto Telleldín. Por el contrario, su
versión venía siendo anticipada en los medios de comunicación y ante otros magistrados. Aclaró que si bien el
propio inculpado reconoció el pago en su acto de defensa, resaltó que la operación "fue una acción de
inteligencia reglamentada y legítima montada para obtener información y conocer la verdad real" (fs. 10.789
vta).
Asimismo, en la pieza presentada ante esta sala, la defensa dejó planteada la vulneración de los principios de
inmediatez y contradictorio, al valorar el juez de grado las declaraciones testimoniales materializadas ante el
TOF N° 3. Reiteró que ello afectó el derecho de defensa puesto que impidió a las partes estar presentes en
dichos interrogatorios, circunstancia que se agrava si se tiene en cuenta que no se tomaron en el marco de esta
causa, aun cuando su reproducción no hubiera demandado más de dos meses.
Cabe adelantar que, por las razones que se expondrán, entiende la mayoría del tribunal que el procesamiento
del imputado, en orden a la conducta calificada como peculado, en carácter de partícipe primario, merece
Con relación a la descalificación de las declaraciones de las personas que fueron imputadas en el proceso
instruido como consecuencia del atentado a las sedes de las mutuales judías, cabe decir que ellas fueron
absueltas por el TOF N° 3 y avalada la sentencia por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Más
allá de que este último acto jurisdiccional se halle recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo
cierto es que los actos de gobierno emanados de los dos órganos mencionados inferiores gozan de plena fe. Esta
afirmación se encuentra avalada por el art. 7° de la Constitución Nacional que reconoce esta prerrogativa a las
provincias y al Gobierno Federal en base a la supremacía del orden que se desprende de la detallada lectura de
los arts. 33 y 75, inciso 22°, del máximo texto legal. Sentado este principio, cabe afirmar que no existe motivo
para desatender aquellas declaraciones de los hoy querellantes, en aquella causa imputados, cuando nos
encontramos en la etapa preliminar de un proceso por delitos de acción pública. Por ello, sus expresiones son de
momento hábiles para resolver sobre el punto y demás agravios planteados contra el auto de mérito recurrido.
Por otro lado, si bien resulta atendible el reclamo de la parte en lo que atañe a la falta de producción en la
sede instructora de algunos testimonios, como ser los de Salinas y Semorile, ello no es suficiente para conmover
la conclusión a la que se arribará, dado que no genera un gravamen de imposible ulterior reparación, toda vez
que su producción no se advierte como especialmente necesaria para resolver este asunto y se puede solicitar
posteriormente en la instrucción o, eventualmente, en el debate.
Sin perjuicio de ello, la prueba colectada resulta suficiente para avalar el auto en crisis, con el alcance
requerido por el art. 306, CPPN. Como sostiene calificada doctrina, "El auto de procesamiento requiere la
afirmación probable de que alguien ha violado la ley penal" (37). Cabe recordar que en esta etapa simplemente
basta que las constancias sumariales sirvan para acreditar provisoriamente las sospechas iniciales que luego se
reflejan en el auto de mérito dictado en virtud del art. 306 del ritual y en cumplimiento de las garantías legales y
constitucionales. En otras palabras, el auto en crisis no requiere una certidumbre apodíctica por parte del juez
acerca de los extremos requeridos para decretarlo (38).
Sobre el particular, se ha dicho también que "... la certeza que se pretende no es la que necesita un tribunal
de juicio para fundamentar una sentencia condenatoria; pues conforme lo dispone el art. 306 CPPN, para fundar
un auto de procesamiento se requieren elementos de convicción suficientes para estimar que ha existido un
hecho delictuoso y que el imputado es culpable como partícipe de éste, y en el caso la multiplicidad de
elementos recogidos, valorados conforme a la sana crítica racional, autoriza a mantener la conclusión
incriminante en su contra con el grado de provisoriedad que le es propia..." (39). No se puede perder de vista
que el auto de procesamiento tiene por finalidad estabilizar la imputación dirigida al encausado respecto del
suceso criminoso por el que se dicta (40).
Así, y dentro del marco probatorio citado por el a quo en dicho acto jurisdiccional, se destacan los videos
correspondientes a las jornadas del 10 de abril y 1° de julio de 1996, las escuchas telefónicas de esa fecha y las
manifestaciones vertidas por los testigos Claudio Adrián Lifschitz, Roberto Dios, los agentes de la SIDE y, en
sus declaraciones indagatorias, Carlos Alberto Telleldín. De igual modo, se debe valorar la formación del legajo
de recompensa, a la luz del decreto PEN 2023/94 y las constancias asentadas en el incidente de excarcelación de
Telleldín. Deben aunarse a lo dicho las publicaciones del diario "Página 12" — casi un año antes del suceso en
estudio— y el propio reconocimiento del encartado al afirmar que el pago consistió en una "acción de
Estas probanzas, por sí solas resultan suficientes para sustentar el auto en crisis.
Otro de los agravios planteados por la defensa es el incumplimiento de los principios de inmediatez y
contradicción. Al igual que el anterior tampoco prosperará. Sobre el particular, enseñó Clariá Olmedo cuáles
eran los criterios para la introducción de la prueba, destacando la libertad de la adquisición de ésta pues el hecho
se puede acreditar de cualquier modo (41). Sin lugar a dudas, este sentido amplio respecto del objeto probatorio
a introducirse y la selección del medio, es el criterio que fue adoptado por el legislador en el ordenamiento
procesal vigente, teniendo como única limitación su pertinencia y utilidad (arts. 199 y 206, CPPN).
Sobre la inmediatez, el autor afirmó que no debe haber intermediarios entre la prueba recibida y el órgano
jurisdiccional que ha de dictar la condena. A este principio le otorga especial importancia en relación al tribunal
que deberá dirigir el debate oral, público y continuo, el cual en definitiva recibirá de este modo las probanzas
(42). Ahonda sobre la cuestión Bacigalupo quien afirma que este principio no es necesario en la etapa del
sumario, habida cuenta que el juez de instrucción no debe alcanzar una convicción. En cambio, es un requisito
para el plenario por la certeza que debe alcanzarse al momento de dictar sentencia condenatoria. Culmina el
autor de delinear los límites de este principio al decir que "el juez de instrucción puede tomar en consideración
para los fines de la instrucción una declaración prestada ante otro juez" (43).
En consecuencia, tanto la inmediatez como la publicidad, la oralidad y la continuidad son principios propios
del plenario a los que se suma el de contradicción, del cual también se aqueja la defensa por su inobservancia en
el sumario. Este principio rector viene necesariamente ligado al de continuidad, a raíz de la concentración de
actividades de los sujetos procesales y la posibilidad de controlar tanto la prueba de cargo como la de descargo,
a fin de obtener mayor plenitud en el debate, respetando la garantía de igualdad de armas entre quienes acusan y
quienes se defienden.
Pero como ya se dijera, éstos operan fundamentalmente en la siguiente etapa. En efecto, el proceso sumarial
se caracteriza por su modalidad escrita, público únicamente para las partes, sin posibilidad plena de controvertir
la prueba y discontinuo en su producción; agregando Bacigalupo que "la exclusión de estos principios del juicio
oral en la instrucción tiene una razón de economía procesal que no puede ser negada" (44).
Para concluir con este punto, es dable afirmar que la incorporación de prueba testimonial generada en otro
proceso no causa gravamen alguno a la parte, habida cuenta que ella si bien puede ser reproducida en la etapa
del sumario, es en la del juicio oral donde debe valorarse adecuadamente la entidad de las pruebas reunidas, sin
perjuicio de que los plausibles argumentos ofrecidos por la defensa, deben ser evaluados en la siguiente etapa
pues es técnicamente imposible concluir el caso en este momento como se propone.
Aclarados los cuestionamientos de índole general, resta evaluar el agravio de falta de elementos de prueba
de cargo colectados en la pesquisa y la crítica realizada a la resolución del juez de grado. En este sentido, se
considera que la base probatoria resulta suficiente para homologar el temperamento adoptado.
Es preciso destacar que el pago en sí, no es materia de controversia. El hecho, como suceso histórico, fue
plenamente acreditado durante el juicio oral llevado a cabo por el atentado a la AMIA y admitido por todos los
que, de una u otra manera, intervinieron en él. Lo cuestionado, vale la pena reiterar, no es el pago sino en
algunos casos el carácter ilícito que se le atribuye en tanto, en otros, se discute el conocimiento de la
De la filmación de la reunión mantenida entre Telleldín, Galeano y De Gamas, en el ámbito del juzgado,
queda en evidencia la negociación que se llevó a cabo para que el allí imputado y detenido — causa N° 1156—
declarara falsamente. Las imágenes son contundentes: un juez de la Nación ofrece entregar el dinero exigido por
el encausado a cambio de que brinde una versión de los hechos que permita atribuir la intervención en el
atentado a la AMIA a un grupo de, entonces, miembros de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Es claro
que durante la entrevista se está negociando el monto que se abonaría por la declaración de Telleldín en ese
sentido, mediante la cual podría formalizarse la versión ya adelantada a Galeano por quien en vida fuera Luisa
Riva Aramayo en el mes de agosto de 1995, y que habría sido perfeccionada en reuniones posteriores tales
como la del 10 de abril del siguiente año. De la filmación de esta última se advierte en forma elocuente que
Galeano indica a Telleldín, mediante la exhibición de fotografías, quiénes eran los policías que debían ser
reconocidos. Ninguna justificación legal de la reunión luce plausible. No es función de un magistrado, en
ejercicio de la judicatura, respecto de un imputado detenido, actuar como intermediario en una operación
comercial en el rubro editorial y tampoco como agente de inteligencia en una compra de información. A este
respecto, y con relación, al encausado Galeano, resulta absolutamente válida la equiparación entre pago y
tortura efectuada por el Tribunal de Enjuiciamiento (la cual se analiza infra, al tratar la situación procesal de
Telleldín). Adviértase que ni siquiera en el derecho comparado, por ejemplo en el modelo anglosajón, son los
jueces los que llevan adelante "negociaciones" con personas imputadas de cometer delitos para arribar a un
acuerdo, sino que ellas, y más allá de la opinión que tengamos al respecto, son realizadas por los agentes del
Estado encargados de sostener la acusación, pero nunca por aquél que tiene que resolver la imputación que el
Estado, como parte, le dirige.
Puede afirmarse, sin hesitación, que el pago de los cuatrocientos mil dólares o pesos provenientes de las
arcas del patrimonio nacional tras la disposición efectuada por Hugo Anzorreguy a pedido de Galeano —
enmascarado como la supuesta adquisición de los "derechos de propiedad intelectual" para la publicación de un
"libro"— , y que tuvo como fin "comprar" la versión incriminante de Telleldín contra los efectivos de las
Brigadas de Investigaciones de Lanús y Vicente López, fue una operación ilegal. Esta afirmación encuentra un
trascendental respaldo en las declaraciones testimoniales brindadas por Claudio Lifschitz, quien desde el
comienzo de esta prolongada encuesta penal, mucho antes de la audiencia oral en el tribunal de juicio, afirmó
terminantemente que el dinero era para que Telleldín declarara como lo hizo (fs. 399/420 y su exposición en el
TOF N° 3).
Esto era conocido, al menos, por Anzorreguy, Finnen, Brousson, Beraja, Stinfale, Boragni, Müllen y
Barbaccia desde antes de la reunión del 1° de julio de 1996, habida cuenta de que este último encuentro fue el
marco para terminar de coordinar el monto y modalidad en la que se efectuaría la transacción para que Telleldín
declarara del modo perseguido por quien fuera titular del Juzgado Federal N° 9. Al sostener que, cuanto menos,
del pago sabían las personas nombradas, se acota la afirmación respecto de quienes, hasta el momento, se ha
dictado una decisión de mérito por este hecho, sin perjuicio de que era casi de público conocimiento la turbia
cuestión, fundamentalmente tras la publicación de la nota de "Página 12" (07/10/95), titulada "Berajar y dar de
nuevo", en la que se daba cuenta de una supuesta reunión entre Galeano, Beraja, Stinfale y Telleldín en los
estrados del tribunal, en la que se ponía como condición para que el último declarara, que se garantizara su
seguridad, una suma de dinero y su puesta en libertad (ver fs. 10.289/10.295), extremos que muchos años
después fueron corroborados (entre otras evidencias, por las videofilmaciones citadas y el acta de notificación
obrante a fs. 53 del incidente de excarcelación de Telleldín).
El cuadro de cargo no termina allí. Prueba de ello es la ampliación de la declaración indagatoria de Telleldín
llevada a cabo tan sólo cuatro días después de su última entrevista con el entonces juez Galeano (05/07/94) por
dos simples y claras cuestiones. La primera, es el evidente cambio de versión de Telleldín respecto de las
anteriores, indicando a los policías bonaerenses que resultaron imputados como quienes se llevaran la camioneta
"Renault Trafic" en lugar de Ramón Martínez, siguiendo así el sentido acordado en los encuentros previos
(10/04 y 01/07/96). El segundo dato relevante, guarda relación con las inusuales y hasta insólitas alternativas de
la audiencia en la que una persona detenida, y en pleno acto de defensa, recibe un teléfono celular por parte de
un agente de la SIDE — Carlos Molina Quiroga por orden de Alejandro Brousson— y en ausencia de su
abogado defensor. Lo cierto es que el llamado telefónico tenía por finalidad confirmar que el pago se había
concretado, cabe aclarar que Ana Boragni (quien realizó el depósito en el Banco Quilmes de Ramos Mejía)
estaba acompañada por Víctor Stinfale (letrado de su marido, quien en esos momentos ampliaba su indagatoria
cambiando su versión inicial) y la entrega era supervisada por otros agentes del servicio de inteligencia
(Brousson, Héctor Salvador Maiolo, Isaac García, Luis N. González y Juan Carlos Legascue).
Las testimoniales de los hermanos Cristaldo Brizuela del 14 de junio de ese año, demuestran una vez más
las tratativas orientadas a cumplir con lo pactado. Los nombrados fueron instruidos por Telleldín y su abogado
— Stinfale— en el mismo ámbito del tribunal sobre cómo debían declarar. Tal circunstancia fue afirmada por
Lifschitz ante el TOF N° 3 (ver legajo de transcripciones de las declaraciones testimoniales de Lifschitz del 10 y
11/9/03, reservado en secretaría).
Otra muestra del acuerdo son las declaraciones bajo juramento que, cinco y seis días después, prestaron
Eduardo Telleldín, Claudio Cotoras y Hugo Pérez (10 y 11/07/96), entre otras. Todas ellas sirvieron de sustento
para que los fiscales Müllen y Barbaccia requirieran la detención de varios policías. Ello fue dispuesto el mismo
11 de julio, acto en el que Galeano ordenó recibirle declaración indagatoria, en calidad de detenidos, a Ribelli,
Burguete, Rago, Arancibia, Huici, Ibarra, Leal, Albarracín, Araya, Bacigalupo, Bareiro, Barreda, Quinteros y
Cruz. Veinte días más tarde (31/07/96), el ex juez dictó los procesamientos de Ribelli, Ibarra, Leal y Bareiro en
calidad de partícipes por las muertes, lesiones y daños generados por el atentado a la AMIA.
Toda vez que lo acordado dio sus frutos, el 17 de octubre de 1996, se concretó la segunda entrega de dinero
pactada, es decir, los restantes doscientos mil dólares o pesos, en la sucursal Belgrano del Banco Río, entidad en
la que en el mes de julio, contemporáneamente con el primer pago, Boragni ya había abierto una caja de
seguridad (fs. 3493/3499).
Una clara evidencia del empleo ilegítimo de los fondos públicos es la formación del Incidente de
Recompensa al que se hiciera alusión al tratar la nulidad de la cosa juzgada írrita. En efecto, ya ante lo inusual
del "contrato de edición" por el supuesto "libro" que Telleldín habría de concretar, se intentó cubrir de legalidad
el acto ilícito con el tardío pedido que formulara Stinfale en favor de Telleldín (06/05/97), ratificado por el
pretenso beneficiario (06/06/97), solicitud efectuada en el marco del decreto PEN 2023/94. De intermediario en
la concesión de un contrato de edición, se pasó al argumento de la compra de información de inteligencia como
si el juez pudiera actuar como un agente del Estado facultado para ello. También en este caso, existió un
irregular modo de instruir el expediente por parte del juez Galeano; concretamente, se hace referencia a los
inconvenientes y demoras que sufriera la tramitación de la incidencia. Sugestivamente, el primer legajo formado
para evaluar el pago de una recompensa contra el terrorismo internacional se traspapeló por más de siete meses,
hallándoselo durante la feria judicial del período estival (26/01/98). El 30 del mismo mes y año, el entonces
fiscal adjunto presentó su dictamen solicitando que se rechazara la petición en análisis por resultar prematura.
Quince meses más tarde, se agregaron copias del procesamiento de Telleldín del 2 de noviembre de 1998,
mediante el cual se lo declaró partícipe necesario de los delitos allí enumerados, y lo resuelto posteriormente, el
11 de mayo del año siguiente por la Sala I de la Cámara Federal, confirmando el auto recurrido. El legajo se
cerró de manera híbrida, en cuanto nada se dijo directamente sobre la cuestión, remitiéndose Galeano a lo
expuesto en el auto de mérito.
En el incidente de excarcelación también existen evidencias que acreditan el desvío ilegítimo de fondos
públicos, a raíz del incumplimiento de una de las exigencias formuladas por Telleldín, concretamente, la de
recuperar su libertad luego de incriminar a los policías. Es así que en el acta del 31 de octubre de 1997, cuando
se notificó al nombrado de la denegación de su excarcelación, se dejó constancia de sus dichos: "estaban
cumplidos los términos y si no se le concedía la libertad, declararía que había mentido, que se le había pagado
para que declarara contra los policías, que había mentido en el juzgado del Dr. Cavallo porque estaba
presionado por el suscripto, y de esa manera perjudicaría todos los avances de la investigación..." (fs. 53). Cabe
aclarar aquí que "el suscripto" era el imputado Galeano y no es ocioso recordar que la libertad y el pago a
Telleldín iban ya unidos como parte del acuerdo, desde la mencionada nota del diario "Página 12", publicada
Frente a este cuadro cargoso, Galeano, como se mencionara, ensayó su defensa calificando al acto como una
acción de inteligencia reglamentada y legítima, montada para obtener información; una "...compra de
información realizada por el poder ejecutivo de conformidad con el ordenamiento entonces vigente, de la que el
juzgado intentó servirse con el único objetivo de conocer qué era lo que Telleldín quería decir" y que, en
consecuencia, le eran aplicables las calificaciones de estricto secreto y confidencialidad que imponían las leyes
y decretos que regulaban las actividades de la SIDE. Afirmó que se limitó a "...volcar en la causa los resultados
de un proceso de compra de información por parte de organismos oficiales del Estado para obtener de parte del
imputado el relato sobre la realidad de lo ocurrido". A este respecto, corresponde destacar la incongruencia de
sostener su ajenidad en el pago frente a la actividad que personalmente desarrolló, y que quedó registrada en los
videos en que se grabaron las entrevistas con Telleldín, en relación a la fijación del monto del dinero a entregar
y la información que debía suministrar en la indagatoria el detenido.
Su defensa hizo un importante esfuerzo en la extensa presentación ante este tribunal para tratar de sustentar
lo insostenible. Pero la realidad es muy distinta a la que se quiere reflejar en esa pieza. Galeano sabía de la
ilicitud de la maniobra. Se pretendió eliminar toda sospecha sobre la incriminación de los policías por la nueva
versión de Telleldín. Quiso dársele un marco de legalidad, espontaneidad y sinceridad a los dichos del
nombrado, ocultándose hasta las últimas consecuencias la verdad histórica del suceso. En su defensa, Galeano
pretendió restar importancia a qué organismo del Estado efectuó el pago (sea la Secretaría de Seguridad o la
Secretaría de Inteligencia), pues, sostuvo, todos los involucrados dependían directamente del Presidente de la
Nación y los fondos utilizados para ello correspondían a los reservados, según el decreto "S" 5.315/56 y la ley
"S" 18.302. Además, insistió en que esta actividad era de inteligencia y se hallaba amparada por la normativa
que regulaba a la SIDE (leyes "S" 20.195 y 19.373), por lo que no podía quedar asentada en el sumario, siendo
"estrictamente confidencial y secreto". Agregó que tomó conocimiento que la "compra de información" se venía
gestando en el organismo de inteligencia y que tenía dos posibilidades al respecto: una, quedarse en su despacho
esperando que las cosas sucedieran y la otra, adoptar una postura activa en búsqueda de la verdad para el avance
El descargo esbozado por Galeano, como ya adelantamos, parece olvidar una circunstancia trascendental: el
imputado era el juez a cargo de la causa y, como tal, su obligación fundamental e ineludible era la de resguardar,
ante todo, los derechos y garantías de las partes sometidas a proceso. Vale señalar que la garantía del juez
natural e imparcial es la mínima que debe respetar un proceso para que sea legal y justo constituyendo, de tal
modo, una verdadera herramienta de protección para el imputado (45). De acuerdo al caso en estudio, lejos se
encuentra la actuación de Galeano de la labor de un juez penal que debe cumplir con el precepto constitucional
del art. 18 y 1° del ritual respecto de los funcionarios policiales investigados.
De este modo, las explicaciones de la "acción de inteligencia", no logran conmover el cuadro cargoso
reunido o, en todo caso, deben discutirse ampliamente en el marco del debate. Obvio resulta decir que Juan José
Galeano, como juez de la Nación, tenía la obligación de actuar y no quedarse en su público despacho como
manifestara. La cuestión es cómo debía hacerlo, y la respuesta es sencilla: respetando la Constitución y la ley,
cumpliendo la finalidad de la instrucción, es decir, comprobar si existe un hecho delictuoso, estableciendo las
circunstancias que lo califiquen, determinando sus autores y partícipes como también la extensión del daño
causado (art. 193, CPPN). La obligación de descubrir la verdad tiene sus límites, impuestos por los derechos y
garantías de los que gozan los habitantes del suelo argentino, en especial, el debido proceso sustantivo y
adjetivo, previstos por los arts. 18, 33 y los pactos de derechos humanos enumerados en el art. 75, inciso 22°, de
la Constitución Nacional y por el art. 1° y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.
Mal puede hoy el imputado resguardarse en los alcances de una ley secreta destinada para los servicios de
información del Estado. La única actividad secreta que tiene una investigación penal es el secreto de sumario,
que lejos está de parecerse a los actos que puede efectuar dicho organismo.
Esta herramienta investigativa está prevista en el art. 204 del digesto ritual, pero como todo acto
jurisdiccional tiene sus límites. En efecto, tiene requisitos de procedencia y debe limitarse su duración, habida
cuenta que la ley exige que debe decretarse mediante auto fundado cuando la publicidad del expediente ponga
en peligro el descubrimiento de la verdad. Pero la regla exceptúa a los actos definitivos e irreproducibles, los
que siempre serán públicos para las partes. En cuanto al coto temporal, la medida puede disponerse por 10 días,
prorrogable sólo por otro plazo igual. También puede instaurarse nuevamente el secreto de sumario en las
mismas condiciones cuando de la indagación surjan nuevos imputados. No cabe duda de que ese secreto no es
in eternum, adquiriendo nuevamente publicidad el sumario, inclusive las diligencias por las cuales se lo decretó,
una vez transcurrido el máximo plazo legal. En otras palabras, no importa la medida ni sus alcances, siempre
quedará plasmada en la causa y será, más tarde o más temprano, pública para las partes, quienes deben poder
controlar su legalidad.
Lo hecho por Galeano dista demasiado de esta descripción. Por ello, resulta absolutamente evidente que las
acciones de inteligencia no pueden entrometerse en una encuesta penal. La ley "S" 20.195 establece como
misión de la Secretaría de Estado realizar actividades informativas y producir inteligencia para la Seguridad
Nacional, fijando para ello sus funciones específicas (arts. 1° y 2°). Por otro lado, el art. 8° autoriza a este
organismo a prestar colaboración en tareas judiciales, destacando que no tendrá facultades compulsivas ni
realizará tareas propias de las fuerzas de seguridad (art. 6°, ...).
Analizada la carta orgánica de la SIDE pueden diferenciarse dos grandes bloques de funciones. Por un lado,
la que le es propia, que es la recolección de información; por el otro, la desempeñada a título de colaboración
con otros órganos. En caso de que se trate de un órgano jurisdiccional, siempre debe actuar por pedido fundado
del magistrado y para actos específicos, como por ejemplo, la intervención y escuchas directas de abonados
telefónicos. Pero en ninguna parte de la normativa que fuera secreta o de la actual Ley de Inteligencia Nacional
(25.520), se autoriza a algún organismo a efectuar inteligencia de Estado en un sumario judicial y, mucho
menos, pagarle a un imputado para que declare, sea su versión verdadera o, como en autos, falsa, y este dato no
es menor. La hipótesis sobre la que se asienta la defensa consiste en intentar legitimar un obrar que parte del
presupuesto controvertido de que la información que introducía Telleldín era veraz, lo que no es cierto, de
acuerdo a las conclusiones a las que arribara el TOF N° 3. No existe, hasta donde tenemos conocimiento,
legislación ordinaria o de excepción de país alguno, que justifique la compra de voluntad de un imputado para
que, a cambio de mejorar su situación procesal, sea impuesto para que mienta incorporando prueba falsa en el
proceso. En consecuencia, si ya es claramente ilegítimo que un juez autorice y promueva el pago a un imputado
para que brinde una determinada versión del hecho por el que está siendo investigado, mucho más es si lo hizo
para que mienta.
De este modo, se da por acreditado, con el grado de probabilidad requerido para la presente etapa procesal,
que el imputado Galeano prestó una colaboración indispensable para el desvío de los caudales públicos cuyo
manejo estaba a cargo del encausado Anzorreguy, por su condición de Jefe de la SIDE. Precisamente, acordó
con Telleldín los términos de su nueva versión de los hechos, así como el monto del precio que se le pagaría por
ello, y la forma en que se haría efectivo el pago.
Esta mera enunciación demuestra que su colaboración fue de una trascendencia, de acuerdo al plan sceleris
desarrollado, que es dable afirmar, que sin ella el delito no habría podido cometerse, tal y como acaeció. Por
todo lo aquí expuesto, corresponde homologar el auto impugnado en cuanto dictó el procesamiento de Juan José
Galeano en orden al delito de peculado en carácter de partícipe necesario (arts. 45 y 261, CP). Así lo votamos.
El juez Carlos Alberto González dijo:
Atento a la solución a la que arribo al tratar el planteo de nulidad por cosa juzgada írrita, entiendo que
corresponde revocar parcialmente el punto I del auto apelado y decretar el sobreseimiento de Juan José Galeano
en orden al delito de peculado por el que fuera indagado, con la expresa mención de que la formación de la
presente en lo que a este hecho respecta, en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado con
anterioridad. Así lo voto.
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