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Timestamp: 2019-10-17 05:33:37+00:00

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Ley 227 /2004 Escala Salarial Policías P.R.
La relación e importancia del trabajador social dentro de la Criminología
Etiologia Del Delito
Stanley Cohen. La Descentralización Del Control Social Tomada en Serio
Nº 112. Reinserción Social de Menores Infractores. Una tarea pendiente - Lissa Benítez, Laura Plató, Ruth Zorrila - PortalGuarani
guia de curso de practica 475 enero a mayo 2014
Critica Baratta
Manual Ciencias Penales
criminología síntesis (1)
El perfil del delincuente informático y la legislación penal del Ecuador.pdf
Aproximación a las propuestas de prevención y control del delito desde la criminología crítica
Abogado Magna cum Laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cursa las Especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y Gobierno y Políticas Públicas, de la misma Universidad. Actualmente, Asistente del Fiscal General de
keymerguaicaipuro@hotmail.com, kavila@fiscalia.gov.ve
RESUMEN ∗
∗ Artículo tomado de la Revista: Capítulo Criminológico, Vol. 33, Nº 2. Venezuela. Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro, LUZ, 2005, pp. 225-265 (Versión corregida)
Desde el enfoque de la Criminología Crítica, el presente trabajo pretende aproximarse
a algunas propuestas de prevención y control del delito. Después de hacer un breve
recorrido por nociones fundamentales como: la política criminal integrada a una
po í ica soc a genera
e tema de la seguridad y la construcción social del miedo, se
describen dos grandes áreas donde la perspectiva crítica ha de materializar su trabajo
teórico: 1. La política criminal ejecutiva y 2. La política criminal legislativa. La
primera abarca, entre otros, el campo de la participación ciudadana, la policía
comunitaria y la justicia de paz; La segunda, atiende todo lo que tiene que ver con
las reformas legislativas en materia penal: descriminalización y criminalización de
conductas con miras a la protección de los sectores excluidos de la sociedad, primacía
de la víctima y medidas alternativas a la pena. Ambas áreas deben desarrollar
principios constitucionales y ser instrumentos de protección de los Derechos
Palabras clave: Política criminal, criminología crítica, prevención y control, seguridad, derechos humanos.
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................4
I. NOCIÓN DE CRIMINOLOGÍA CRÍTICA, CONTROL Y PREVENCIÓN .............................6
LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA EN LA PRAXIS: PROPUESTAS DE POLÍTICA CRIMINAL..8 La política criminal como parte de la política social ...................................................8 El tema de la seguridad........................................................................................10 Lucha contra la exagerada construcción del sentimiento de inseguridad Consecuenciales enfoques situacionales o pragmáticos ...........................................11
1. POLÍTICA CRIMINAL EJECUTIVA (ABOLICIONISMO EN MARCHA) .................13
1.1. Participación ciudadana en la prevención del delito: prevención
comunitaria...................................................................................13
¿Qué no debe entenderse como participación ciudadana?
Materialización de la participación ciudadana en la p evención del
delito: Comités vecinales de seguridad.............................................17 La parte oscura de la participación..................................................19
1.2. Policía comunitaria ..........................................................................21 Community policing........................................................................22
1.3. Justicia de paz ................................................................................23
2. POLÍTICA CRIMINAL LEGISLATIVA: REALISMO DE IZQUIERDA,
MINIMALISMO O GARANTISMO PENAL Y ABOLICIONISMO..........................25
2.1. Derechos Humanos y Derecho Constitucional ....................................27
2.2. Derecho Penal .........................................................................29
A. Derecho Penal Sustantivo.....................................................29
a) Descriminalización de conductas.................................30
b) Criminalización de las “otras conductas” (que hacen más
daño social).............................................................31
B. Derecho Penal Adjetivo .......................................................33
a) Primacía de la víctima................................................33
b) Medidas alternativas..................................................33
La espiral de exclusión se eleva, con la paradoja que el control del riesgo aumenta el riesgo y la seguridad de los asegurados se vuelve precaria. En lugar de aumentar la seguridad de pocos crece la inseguridad de todos.
Es evidente que las propuestas en materia de prevención y control del delito se caracterizan por el predominio de criterios eminentemente técnicos, situacionales, operativos, que buscan la eficacia y la eficiencia en el corto plazo. Razones por las cuales los debates “sociológicos” y/o “criminológicos”, sobre los derechos humanos, el sistema penal y la sociedad, quedan rezagados, pasando a un segundo plano. La criminología crítica, por el contrario, asumió ese debate. Se preocupa por
la elaboración de políticas sociales y por repensar un nuevo sistema. Seguramente esto en el mundo académico e intelectual es valorado, pero en el mundo real ¿cómo se aplica? Una de las principales virtudes de la corriente crítica es su análisis holístico de la realidad, paradójicamente, éste a su vez se convierte en una de sus principales dificultades prácticas. La elaboración de políticas criminales, dentro de esta corriente, da la impresión que éstas suelen disolverse dentro de las políticas sociales generales
(educación, salud, urbanismo, etc
políticas de una importancia y necesidad que
... están fuera de discusión, pero cuyos resultados se aprecian en el mediano y largo plazo. Dando la impresión de no estar surtiendo efecto alguno “en el corto plazo”. La criminología crítica –como lo ha admitido una de sus máximas representantes Lolita Aniyar- ha “desdeñado lo técnico” e incluso ha “rechazado la expresión “Seguridad”, por estar asociada con políticas represivas y autoritarias que han azotado a nuestra América. En este orden de ideas, la profesora zuliana señala:
“La criminología crítica puso en segundo lugar la lucha contra el crimen, porque ésta ha sido una conducta generalmente atribuida a las clases bajas. Por eso, y como contrainformación radical, se invirtió tanto esfuerzo en estudiar la
delincuencia de las clases altas. Nuestra tendencia olvidó la trascendencia que tienen, especialmente para los de menores recursos, los objetos que con tan gran esfuerzo adquieren para su modestísimo confort. Nos convertimos en una vanguardia intelectual, con un escaso contacto real con los pobres, lo que nos impedía conocer lo que pensaban en relación a esto.” 1
Ante esta situación, se hizo necesario elaborar propuestas que pudiesen materializarse también en el corto plazo, que trataran de solventar el problema del
sentimiento de inseguridad, y que dieran una mejor calidad de vida a la ciudadanía
(sin dejar de lado los proyectos a largo
plazo...)
Todo esto debía realizase en
sintonía con el trabajo teórico realizado y no podía significar el sacrificio de derechos
fundamentales (que es lo que normalmente caracteriza a las respuestas “técnicas” o “situacionales” que buscan obtener resultados inmediatos). Realizando una revisión descriptiva de carácter documental (en la cual la obra de Aniyar fue de gran orientación), el presente trabajo intenta hacer una aproximación a estas propuestas.
1 Lolita Aniyar: Entre la Dominación y el Miedo. Nueva Criminología y Nueva Política Criminal. Mérida. Ediciones Nuevo Siglo C.A., 2003, p. 81. Ver también su obra: “La Participación Ciudadana en la Prevención del Delito. Antecedentes, Debates y Experiencias.” Capitulo Criminológico, Vol. 27, Nº2. Venezuela, Instituto de Criminología , LUZ, 1999, pp. 4-5. Agradezco a la autora quien amablemente me hizo llegar tan valiosos materiales, pero muy especialmente, por haber construido caminos que podemos recorrer los que buscamos alternativas dentro del -a veces- insensible, frío, rígido, formal y conservador mundo del derecho.
I. NOCIÓN DE CRIMINOLOGÍA CRÍTICA, DE CONTROL Y PREVENCIÓN
Podría decirse –de una manera muy superficial- que la criminología crítica es la corriente que da al traste con toda la criminología tradicional, que se caracterizaba por un enfoque netamente positivista, dependiente de las categorías dadas por el derecho penal, para obtener su objeto de estudio. Abandona las concepciones legalistas, biológicas y funcionalistas (protectoras del orden establecido), que consideran al delincuente como un individuo distinto al resto de la sociedad y se concentra en el estudio del delincuente no convencional (delitos de cuello blanco o criminalidad de los poderosos) y de la violencia legal-institucional. La criminología crítica se rebela, no solamente contra la criminología existente y el derecho penal (“derecho desigual por excelencia” 2 ), sino contra todo el orden establecido. Esta nueva corriente ataca esencialmente al poder, dedicándose al estudio de temas que giran en torno al Estado, el control social (con énfasis en el sistema penal), y la búsqueda de la emancipación del ser humano. “Hizo de la sociedad y de sus males un análisis más profundo y totalizador, e incluyó lo valorativo y el compromiso con la justicia social como una tarea necesaria de la criminología.” 3 Se pasa de una “ciencia neutral respecto a los valores y a las elecciones prácticas, a una ciencia social comprometida en la transformación del propio objeto.” 4
2 Alessandro Baratta: Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal. 5ta ed. México. Siglo XXI editores, 1998, p. 169 3 L. Aniyar: Pensamiento Criminológico y Política Criminal. Resumen de sus libros: Entre la Dominación y el Miedo y Resumen Gráfico de Pensamiento Criminológico, ambos de Ediciones Nuevo Siglo, Mérida, 2003, p.7 (mimeo).
A. Baratta:
Ob.cit, p. 163
Influenciada por todos los cambios políticos y sociales de finales de los años sesenta, entre las fuentes que le nutren se encuentran las investigaciones sobre el delito de cuello blanco, el interaccionismo simbólico, el materialismo histórico y la idea de la defensa de los derechos humanos. 5 En cuanto a la idea de Prevención del delito, podemos afirmar, en un sentido amplio, que la prevención:
“ ...consiste
en preparar o disponer lo necesario anticipadamente, para evitar un
riesgo o la materialización de un determinado evento en el futuro; en nuestro
caso, la prevención sería la suma de políticas tendientes a impedir el surgimiento o avance de la criminalidad.” 6
No se debe confundir la prevención con el control, la primera se dirige fundamentalmente al origen de la criminalidad (tiene un alcance general); mientras que el segundo, no estudia las raíces del problema, opera en el caso concreto ya surgido para dominarlo, solamente le interesa el mantenimiento del orden, no pretende extinguir el delito, sólo dominarlo. 7 Para complementar la idea anterior, podemos decir con la profesora Aniyar, que el control social es:
“ ...el
conjunto de sistemas normativos cuyos portadores, a través de procesos
selectivos, y mediante estrategias de socialización, establecen una red de contenciones que garantizan la fidelidad de las masas, a los valores de un sistema de dominación; lo que, por razones inherentes a los potenciales tipos
de conductas discordantes, se hacen destinatarios sociales diferencialmente controlados según su pertinencia de clase.” 8
5 Cf. Moira Martínez: Apuntes de clase. Material mimeo; L. Aniyar: Ob. cit., pp. 7-9 ; A. Baratta: Ob. cit, pp. 155-179; 202. “La criminología crítica no ha ocultado su compromiso sobre todo con las víctimas del sistema penal y de los delitos, es decir, con los sectores desfavorecidos.” Mauricio Martínez: “El Estado Actual de la Criminología y de la Política Criminal.” Capítulo Criminológico, Vol. 27, Nº 2. Venezuela, Instituto de Criminología, LUZ, 1999, p. 53
6 Carlos Molina Arrubla: Introducción a la Criminología. 3era ed. Bogotá.
Grupo Editorial Leyer , 2000, p.36
7 Cf. Ibídem, pp. 36-37. En la primera Conferencia Europea y Norteamericana sobre la Prevención de la Delincuencia, celebrada en octubre de 1989 en Montreal, se define que la prevención: “ está dirigida a reducir la
frecuencia de ciertos comportamientos, criminalizados por la ley general, pero también las incivilités, que no representan siempre un delito, pudiendo recurrir a soluciones distintas a la sanción penal.” A. Baratta: “Política criminal: entre la política de seguridad y la política social.” Delito y Seguridad de los Habitantes. México. Editorial Siglo XXI, ILANUD y Comisión Europea, 1997, pp. 87-88.
8 En: C. Molina A.: Ob. cit, p. 38.
Teniendo una idea de estas nociones, trataremos de ver a continuación como pueden materializarse desde la criminología crítica.
El desencantamiento tal vez nos hará dejar los libros
y tratar de participar en procesos transformadores.
Porque la sociedad injusta no se transforma en justa
por la acción de unos pocos.
Lolita Aniyar 9
LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA EN LA PRAXIS: PROPUESTAS DE
POLÍTICA CRIMINAL La política criminal 10 como parte de la política social
La selección de la metodología y de los problemas a resolver en la práctica de las políticas criminales dependerá de las posiciones teóricas de sus actores (como en
todas las áreas del saber). Podemos decir que existen dos grandes posiciones: una administrativa, situacional o pragmática y la otra constituida por un modelo más amplio que viene de la criminología crítica. El primer modelo da prioridad a la parte sobre el todo, su vicio es la especificidad; el segundo da prioridad al todo sobre la parte, su vicio es la generalidad. 11 En este segundo modelo (el de la criminología crítica) no se presenta, de modo claro, una línea divisoria entre la política criminal y la política general (social,
económica, urbanística, etc
Para distinguirlas debe atenderse a la “finalidad
9 L. Aniyar: Entre la
dominación...,
10 “Por su parte, Zaffaroni y Hess, al entender –(como lo hemos entendido nosotros)- que en la criminología el
hilo conductor es el poder, afirman que no tiene sentido ¨ diferenciar ambas, pues la política criminal, más que política estatal que orienta la lucha contra el crimen, es la ideología política que orienta el control social punitivo”
Citado por Martínez Mauricio, extraído a su vez de: Lolita Aniyar: Pensamiento
Criminológico...,p.
11 Ante lo cual Emilio García advierte que la criminología crítica no debe disolver los problemas específicos del control social en “la crítica política amplia” del Estado y sus instituciones, para evitar caer en un panfleto o
diletantismo cientificista. Cf. “Epílogo y posible prólogo de una nueva etapa en la criminología crítica
latinoamericana.” En: A. Baratta: Criminología
Crítica...,
p. 243; Respecto a la dicotomía antagónica entre los
modelos ideales (situacional vs. social), Baratta admite que: “para un mejor desarrollo de la nueva
prevención sería necesaria una buena combinación de las intervenciones correspondientes a ambos
modelos, a fin de evitar los dos excesos típicos de las actuales políticas de prevención: de especialización y
de generalidad.”
p.88. Negritas nuestras.
sujetiva o intención de los actores” que las ponen en práctica. 12 Al respecto comenta Baratta: “La contraposición entre política de seguridad y política social no es lógica sino ideológica, y no sirve para esclarecer sino para confundir.” 13 Es importante destacar que la idea de política social, es también objeto de crítica por esta corriente, ya que usualmente los “sujetos peligrosos” (provenientes de grupos marginales) son considerados objetos de políticas sociales. Objetos, pero no sujetos, ya que no se vela por sus derechos, sino por la seguridad de sus potenciales víctimas. Convirtiéndose lo anterior en una falsa alternativa, ya que la idea de una
verdadera política social es de una concepción integral de la protección y de la
seguridad de los derechos de todas las personas, lo que se hace extensivo a los derechos económicos, sociales y culturales y no sólo al derecho de propiedad o a la “seguridad”. 14 Por lo tanto, una política criminal alternativa debe ser una política “de grandes reformas sociales e institucionales para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas de vida comunitaria y civil alternativas y más humanas”, 15 estos son sus principios. Por último, lo que debe destacarse es que “la política de prevención del delito y el derecho penal no pueden tomar el puesto de una política integral de derechos, por el contrario son eficaces y legítimas sólo en cuanto operen como un componente parcial y subsidiario de esta política.” 16 Sobre este mismo punto, Carlos Arslanián señala que: “la política criminológica es parte de la política social, por lo cual no
12 Política...,
Cf. Baratta:
p.81 Más adelante resalta que“desde el punto de vista epistemológico, la definición de
un hecho social, como en el caso arriba citado, resulta problemática cuando, en vez de recurrir a la función
objetiva, se debe recurrir a la intención de los actores” p.83
14 Cf. Ibídem, p.p. 84-85. Mauricio Martínez nos dice al respecto: “Si entendemos por política social la actividad estatal dirigida a satisfacer necesidades básicas de la población, ella iría o debería dirigirse fundamentalmente hacia los sectores más necesitados o cuyas necesidades insatisfechas pueden ocasionar desconocimiento de los
bienes protegidos penalmente.” El Estado
actual...,
15 A. Baratta: Criminología
Crítica...,p.
214; “En este sentido, la política de justicia social, el respeto de los
derechos humanos, la satisfacción de las necesidades reales de los sujetos en una sociedad, son algo más que una
política criminal alternativa: son la verdadera alternativa democrática a la política criminal.” En: “Requisitos Mínimos del Respeto de los Derechos Humanos en la Ley Penal.” Capítulo Criminológico, Nº.13. Venezuela. Instituto de Criminología, LUZ, 1985, p.98
16 A. Baratta: “Seguridad.” Capítulo Criminológico, Nº 29. Venezuela. Aniyar de Castro, LUZ, 2001, p.8
Instituto de Criminología Lolita
puede trazarse ninguna política criminológica fuera del marco de una general política social.” 17
El tema de la seguridad Siguiendo las ideas del maestro Baratta, podemos afirmar que de las dos grandes posiciones mencionadas en el punto anterior (situacional vs. social), en el tema de la seguridad, se derivan también dos modelos distintos: 18
1. Modelo del derecho a la seguridad: la seguridad es un derecho,
necesidad humana y una función del sistema jurídico. Hace énfasis en los delitos contra la propiedad: robo y hurto. Está íntimamente relacionado
con la construcción social del miedo (que se mencionará más adelante). Modelo dominante en Europa y EEUU.
2. Modelo de la seguridad de los derechos: la seguridad es una necesidad y
un derecho de carácter secundario, respecto a todas las otras necesidades básicas o reales, que pueden definirse como primarias (alimento, vestimenta y abrigo). Esta política abarca un campo “extremamente más amplio que la restringida prospectiva de la “lucha” contra la criminalidad.” Baratta nos ofrece en síntesis un cuadro comparativo de estos dos modelos: 19
Seguridad de los derechos
todos los derechos de
proveniente de los débiles y de los excluidos
Política tecnocrática, dirigida a la conservación del
Política democrática, dirigida al empowerment de los débiles y de los excluidos
status quo social Política centralista, autoritaria
Política local, participativa
Desconstrucción de la demanda de pena en la
opinión pública y reconstrucción de la demanda de
seguridad como demanda de seguridad de todos los derechos
Toda política de seguridad es política criminal
La política criminal es un elemento subsidiario al interior de una política integral de seguridad de los derechos
Política privada de seguridad. La seguridad es un negocio. Los ciudadanos se convierten en policías
Política pública de seguridad. La seguridad es un servicio público. Los policías se convierten en
Arslanián:
“Violencia,
Latinoamericano de Derechos Humanos. Vol. 28. Costa Rica, 1998, p. 75
18 Cf. Baratta: “Seguridad
...,”
19 Ibídem, pp. 13-14. Ver también su obra:
Aceptación de la desigualdad y autolimitación del disfrute de los espacios públicos de parte de la
ciudadanos (policía comunitaria) Afirmación de la igualdad y uso ilimitado de los espacios públicos por parte de todas las personas
víctima potencial. Seguridad a través de la reducción de los derechos fundamentales, eficientismo penal,
Seguridad en el marco de la Constitución y de los derechos fundamentales (“derecho penal mínimo”,
seguridad de los derechos)
“derecho a la seguridad” Seguridad como política de la “fortaleza Europea”
Seguridad como política de una “Europa abierta”, dirigida al desarrollo humano en el mundo
(seguridad de los derechos).
Lucha contra la exagerada construcción del sentimiento de inseguridad. Consecuenciales enfoques pragmáticos y segregacionistas
Los conocidos y populares discursos de “mano dura”, “lucha contra el crimen”, “plomo al hampa”, “que se pudran en la cárcel”, que buscan legitimar la disminución
de derechos fundamentales, a través de políticas tales como: aumento de penas (en especial en los delitos contra la propiedad), mayor represión policial (redadas en los barrios, aumento repentino de las “muertes por enfrentamiento”), solicitud de la pena
de muerte y aprobación de leyes “peligrosistas” o de “emergencia”, etc
... resultado no sólo de concepciones autoritarias por parte de algunos actores políticos del Estado, 20 “sino también de la demanda que sobre sus gobiernos ejercen grupos de poder, minorías dominantes que a su vez operan sobre medios de comunicación que, aptos para generar una gran alarma social a partir de una difusión escandalizadora de los hechos delictuales, emprenden campañas de ley y
orden.” 21 Estas campañas crean, o más bien aumentan el sentimiento de inseguridad “que de ordinario están muy por encima de los índices reales.” 22 Caracterizándose
20 En especial si están en época electoral, basta recordar la génesis de este discurso político: Ronald Reagan y Margaret Tatcher. Eficazmente asesorados por el criminólogo Wilson, máximo representante del nuevo realismo de derecha. Ver: C. Molina: Ob. cit., pp. 264-265 y Loic Wacquant: Las Cárceles de la Miseria. Manantial, pp. 21-81.
21 C. Arslanián: Ob. cit., p. 72. Negritas nuestras.
22 Ídem. “ Las crisis de seguridad, pues, más que crisis, pueden ser construcciones políticas sobre una situación de
inseguridad que es crónica en el medio urbano” L. Aniyar: “La participación
ciudadana...”,
por “una regular repartición de papeles de la víctima y del agresor, respectivamente, en los grupos sociales garantizados y “respetables” y en aquellos marginales y “peligrosos” (extranjeros, jóvenes, tóxicodependientes, pobres, sin familia, sin trabajo o sin calificación profesional).” 23 Creándose de esta manera la ideología de la Defensa
social. 24
Ante esta situación la criminología crítica da una “máxima consideración” a la función de la opinión pública (entendida como “comunicación política de base”) y a los “procesos ideológicos y psicológicos que en ella se desenvuelven apoyando y legitimando el vigente derecho penal desigual.” 25 Razón por la cual, procura la creación de una “conciencia alternativa en el campo de la desviación y de la criminalidad”, a través de una labor de “crítica ideológica, de producción científica y de información.” Promoviendo la discusión de estos temas más allá de los especialistas y los académicos, llevando el debate a la sociedad en general con especial énfasis en los más desposeídos. 26
también su obra: Entre la dominación
p. 82; “ Desde la microsociología se plantea que la realidad es
construida socialmente a partir de la subjetividad, por lo tanto, la percepción de los problemas sociales responde a una parcialidad del individuo, coincidente con sus condiciones materiales de vida, y su pertenencia a un estrato social y cultural determinado” Cisneros y Zubillaga en: Alexis Romero S, Johel J. Salas, Adela García P. y Carmen Luna: “El Miedo a la Violencia y el Guachimanismo: Instrumentalidad versus Conformidad.” Capitulo Criminológico. Vol. 29, Nº 2. Venezuela. Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro, LUZ, 2001, p.33; “La realidad social se construye. Es el modo como ella se define y el sentido que se da a las cosas lo que estructura la percepción y predispone para actuar. En ese sentido, conviene recordar el famoso teorema de
Thomas: en la vida social si algo es definido como real deviene real con todas sus consecuencias y con independencia de lo que objetivamente pueda realmente ser” Toharia en: Carmen Luisa Roche y otros: Las Voces de los Pobres Acerca de la Justicia. Caracas, Informe final (no publicado), 2001, p. 61. Negritas nuestras. El documental “Masacre en Columbine” de Michael Moore, caricaturiza y denuncia, entre otras cosas, la construcción social del miedo.
23 A. Baratta:
24 Cf. Alcira Daroqui: Las seguridades perdidas. 2003, pp. 3-5
25 Cf. Baratta: Criminología
26 Cf. Ibídem, pp. 218-219. “Es natural que a partir de estas premisas una criminología crítica no pueda
tener siempre la función inmediata de proyecto que tiene la criminología tradicional” p. 231
Creo también que, en la medida en que la
criminología crítica persiga sin compromisos su propia
función científica y política, su contribución está
destinada a ejercer un papel importante, en cual el
legislador y las instancias institucionales no podrán
dejar de tener en cuenta. Baratta 27
1. POLÍTICA CRIMINAL EJECUTIVA (ABOLICIONISMO EN MARCHA) 28
Muchos criminólogos críticos en el intento de materializar sus teorías, han saltado a la política. En Venezuela, la profesora Lolita Aniyar, ha sido una de ellos. Su prioridad son los derechos humanos relacionados con el control (procedimientos policiales, cárcel, solución de conflictos, etc.), con especial énfasis en los derechos de los marginados y la impunidad de los delitos cometidos en contra de éstos. 29 El enfrentamiento con la realidad, hizo posible falsar (en términos popperianos), o mejor aún, evaluar y contextualizar la vialidad y vitalidad de algunos planteamientos, lo que a nuestro parecer enriquece y fortalece esta corriente.
1.1. Participación ciudadana en la prevención del delito:
Prevención comunitaria. Respecto a la participación ciudadana en la prevención del delito la experiencia de Lolita Aniyar como gobernadora del Estado Zulia es referencia obligada. 30 La
27 Ibídem, p. 232. “Para ello se deberá igualmente evitar, de parte del movimiento científico y político para una
reforma radical, toda actitud sectaria de oposición global al Estado y al “poder” como si el Estado y el poder
tuvieran por una ley natural el monopolio de los movimientos tradicionales o
... afirmar la legitimidad de su propio papel en todos los niveles institucionales, científicos, administrativos y
políticos donde ellas concurren con el mismo derecho que otras formas de pensamiento.” Ídem.
28 Expresión extraída de L. Aniyar: Entre la dominación
p. 97. Utilizada para referirse a los nuevos modelos
29 Cf. L. Aniyar: Ob. cit., pp. 29-30; “Criminología y Poder. (Aventuras y Desventuras de un Criminólogo Crítico en el Ejercicio del Control Social)” Capítulo Criminológico, Edición especial. Venezuela. Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro, LUZ, 1995, pp. 5-9. “El nuestro fue un gobierno en el que los criminólogos, todos ellos pertenecientes a la corriente crítica, participaron en políticas de prevención y seguridad, aun cuando también estuvo signado por esa tendencia en materia referida a derechos humanos, como la no
aplicación de leyes de peligrosidad predelictual, el no reclutamiento forzoso, y los procedimientos no brutales de
contención de manifestaciones o de desalojo de invasiones.” L. Aniyar: “La Participación
30 Ver para toda esta sección: L. Aniyar: “La Participación Ciudadana
participación ciudadana desde la criminología crítica no es vista como “elemento de represión comunitaria, sino como una puerta abierta a respuestas más humanísticas, más sociales, a situaciones problemáticas y a las “incivilidades” 31 Este modelo, además de estar en sintonía con el ejercicio de la democracia participativa, socializa al Estado y estatiza a la sociedad (difuminándose los límites entre estos términos). 32 Solucionándose de esta manera, la imposibilidad que tiene el clásico Estado liberal de “estar lo suficientemente cerca de la gente como para compartir y comprender sus vivencias, sus necesidades, sus aspiraciones, su cotidianidad, y hasta sus diversidades.” 33 Es importante tener en cuenta que la participación ciudadana “no es más que un aspecto de la necesaria concepción global de la prevención, vinculada como está a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia, nutrición, libertad, y crecimiento corporal y espiritual.” 34 Entre las características y objetivos del modelo de participación comunitaria encontramos: 35
La búsqueda de la desburocratización del control.
• Facilitar y fortalecer la organización y solidaridad comunitaria, para el mejoramiento de la calidad de vida, el cuidado del vecindario y la defensa de los derechos humanos. En estos espacios la gente asume un sentimiento de
31 Ibídem, p.3. “Curiosamente, la presencia de los ciudadanos en la acción que tradicionalmente ha sido asignada al Estado, pertenece por igual a dos corrientes muy disímiles del pensamiento político, lo cual, sin duda, también
es una ventaja para su aceptación: 1) De un lado, puede considerarse parte de una concepción avanzada de la democracia social –la democracia participativa-, en la que los ciudadanos tienen algo propio que decir, y un espacio para actuar directamente de acuerdo a su concepción del mundo y sus intereses específicos, los cuales son
generalmente locales
concepción, profundamente humanista, desplegar la energía social es una forma de
2)Por el otro lado, que es precisamente el menos humanista, el llamado a la
... perfeccionar la democracia
participación se inscribe dentro de la actual tendencia política dominada por el binomio globalización- descentralización, que tiene que ver con el debilitamiento del Estado Nación en beneficio de la desregulación y
de la libertad en las relaciones sociales y económicas
el cual culmina con las políticas de privatización” pp. 7-
8. La criminología crítica, obviamente, se enmarca dentro de la primera corriente (democracia participativa); Ver
, p. 89-90
32 Características propias de un verdadero Estado Social de Derecho. Cf. Manuel García Pelayo: Las
Transformaciones del Estado Contemporáneo. Alianza Editorial, pp. 17-28
33 “Así, el recurso a la participación se eleva a todas las instancias de este sistema, incluida la Administración de
Justicia”. L. Aniyar: “La
Participación...”,
34 dominación...
L. Aniyar: Entre la
35 Participación...”,
Cf. L. Aniyar: “La
pp. 3; 18; 23.
pertenencia y arraigo con su comunidad, existiendo mayores vínculos e identificación entre sus integrantes. Parte de sus acciones se orientan al mejoramiento de los espacios públicos.
Disminución del miedo al delito.
Facilita el conocimiento de los modos de producción delictiva de cada zona.
Se basa más en las nociones de seguridad y vigilancia que en la acción policial.
Son los ciudadanos los que colaboran con la policía, pero no son ellos mismos
policías (ni lo parecen). Desestímula las brutalidades policiales
“La extraordinaria importancia de estos organismos que representan a la comunidad, es que la ley les concede facultades co-gestionarias que se ejercen como derechos ciudadanos. Es mucho más que ser oído, es tomar parte en la planificación y formulación de programas de prevención apropiados para cada lugar, sobre la base de la información que el propio foro da a la policía. Es también el derecho a cuestionar el modo en que el personal policial cumple con su función.” 36
Constata que la criminalidad suele ser intra-clase, intra-racial y afecta
predominantemente a los más pobres. Valoriza respuestas sociales e imaginativas.
“Siendo un modelo abierto
de reacción social, sin
más límites que los que
impone la Ley, aunque no necesariamente dentro de las propuestas que ella
propone, la solución privada de los conflictos, el arresto policial, la indemnización, o cualquier otra acción legítima posible, podía producirse en el medio.” 37
¿ Qué no debe entenderse como participación ciudadana ?
confundir la
participación ciudadana con los modelos de la
Community policing, la vigilancia del vecindario y el vigilantismo.
hablaremos en el punto 1.2., de lo segundo haremos breve mención a continuación:
Vigilancia del vecindario (neigborhood watch):
36 C. Arslanián, Ob. cit., p.88
37 L. Aniyar: Ob. cit., p.23
Son formas de coordinación vecinal para realizar patrullajes o turnos de vigilancia en el vecindario. Este sistema debe ser estrictamente controlado, ya que tiende a desviarse en prácticas antidemocráticas, tales como: el uso de cercados electrificados, de perros asesinos, llegando hasta el llamado “vigilantismo”. En el vigilantismo “puede asumirse la justicia por mano propia, o arrastrase a la comunidad en un violenta “Caza del Enemigo” que en ocasiones puede generar linchamientos.” 38 Basándose en el modelo de justicia privada. 39 Precisamente para evitar estas desviaciones es “conveniente la existencia de un buen sistema de participación ciudadana, controlado dentro de los límites legales” 40 y de respeto a los derechos humanos, sin convertir a los ciudadanos en
policías (crime stoppers 41 ).
Prevención situacional en la comunidad: espacios defendibles Podríamos decir que este es “un tipo de sistema constructivo habitacional que permite zonas de vigilancia en común, ampliamente iluminadas, o circunscritas por casas, o por muros o cercas, o con monitores, que permiten una mirada permanente sobre ellas”; 42 caracterizado también por la contratación de policías privadas, 43 “uso
de alarmas, cerraduras , ...
compra de armas”, 44 etc. Evaluando los costos de todos
estos mecanismos, se evidencia la preeminencia (o exclusividad) de estos modelos entre las clases con mayor poder adquisitivo. Dentro de este sistema se ubica
38 L. Aniyar: “La Participación
”, p. 14
39 “El Modelo de Justicia Privada parte de las siguientes precisiones: a) el control ejercido responde a intereses privados; b) el esquema de operación (vigilancia y sanciones) no está circunscrito a los mandatos legales ni a las
garantías ciudadanas; prevaleciendo criterios eficientistas sobre la base de los conceptos de riesgo y pérdida, que en ocasiones pueden inducir a la conculcación de derechos ciudadanos; y c) su legitimidad está justificada en normas legalmente establecidas, como la defensa de la propiedad, por lo que es tolerado por el propio Estado.” A. Romero S.: Ob. cit, p.35
40 L. Aniyar: Ob. cit., p. 15
41 “Mención especial merecen los llamados crime stoppers, verdadera acción policial de ciudadanos que, en algunos países, como Estados Unidos, son estimulados y gratificados cuando persiguen y capturan personas
solicitadas, y que generalmente se convierte en un oficio lucrativo.” L. Aniyar: Entre la
42 Cf. L. Aniyar: “La
43 Policía privada: “fenómeno corporativo que actúa como policía del capital, es iniciada y financiada por él. Como control social del capital, actúa bajo su autoridad, dirección y sirve a sus intereses más que los del Estado,
aun cuando en algún momento pueda haber coincidencia entre los intereses de ambos; pero en caso de contradicción prevalecerán los intereses particulares.” Morais en: Alexis Romero S: Ob. cit., p.30
44 Alexis Romero, Ibídem, p.36; 45
también el llamado guachimanismo 45 (este último fenómeno más accesible para la clase media y clase media alta). Estas modalidades (vigilantismo, espacios defendibles, guachimanismo) abandonan las teorías causalistas de la personalidad criminal y disminuyen el interés en las prácticas rehabilitadoras. 46 Son en su mayoría consecuencia de la exagerada
construcción del sentimiento de inseguridad, no buscan una solución al problema
delictivo en términos generales, estando en sintonía en muchos aspectos con el modelo del derecho a la seguridad, del que ya se ha hecho referencia.
Materialización de la participación ciudadana en la prevención del delito:
Durante la gestión de Lolita Aniyar como gobernadora se implementó una política general de acción participativa en todos los órdenes, creándose tres instancias:
• Consejo Regional de Seguridad: en la que confluían representantes del Poder Judicial, de la Policía, de las Fuerzas Armadas de Cooperación, de la Iglesia, de la empresa privada (grandes y pequeñas Asociaciones de Comercio y Producción), de cada una de las Alcaldías del Estado, y la Dirección Regional de Prevención del Delito; estaba presidido por la Gobernadora y el Secretario de Gobierno. Su finalidad:
coordinar acciones globales, diseñar estrategias basadas en las distintas experiencias de sus integrantes y evaluar resultados. • Comités Locales de Seguridad: parecido al anterior, pero esta vez organizados por municipios. • Comités Vecinales de Seguridad: integrados por las Juntas o Asociaciones de Vecinos, los agentes policiales (preferiblemente de la zona), asignados a cada
45 “Masiva utilización de vigilantes privados informales (guachimanes) (
GUACHIMÁN: Hombre que hace
vigilancia de un lugar, como por Ej. una casa en construcción, una finca o una fábrica, generalmente por las
noches o cuando está deshabitada o solitaria. –NUÑEZ, R. Y PEREZ, F. J. (1994). Diccionario del habla actual de Venezuela. UCAB. Caracas, PP. 509”. Ibídem, p. 27; 30. Guachimán es un americanismo (de nuestra América) proveniente de la palabra inglesa watchman (“hombre que vigila, que observa”, vigilante, guardián, etc ) ...
46 Cf. L. Aniyar: “La Participación
Comité; el Prefecto o Jefe Civil de la Parroquia; representantes de las iglesias activas en la zona; vecinos voluntarios; comerciantes, representantes de las escuelas y los grupos culturales y deportivos. “Estas categorías no eran fijas, y dependían del grado de voluntad de cada uno para involucrarse, y de la disponibilidad de tiempo que tenían. Condiciones para pertenecer a ellos eran tener un grupo de personas realmente interesadas en la seguridad, sin antecedentes penales y preferiblemente apartidistas.” 47 Sus características y objetivos son los mismos que se mencionaron al comienzo de esta sección (página 14). Estos últimos son la piedra angular de la política de control. “Los vecinos conocen a las personas conflictivas de su entorno y representan el primero y más eficiente nivel de detección.” 48 Existía un contacto fijo con los agentes de policía, tenían una “estación policial en el vecindario, medios rápidos de comunicación y los vecinos opinaban sobre las acciones a seguir. La misma comunidad identificaba y priorizaba sus problemas.” 49 Por otra parte, también existían centros de atención a la violencia familiar asignados a la Casa de la mujer. No es la intención hacer un análisis exhaustivo de esta propuesta, ya que se excederían los límites de este trabajo, sin embargo, a continuación mencionamos algunos aspectos que la misma Aniyar toma en cuenta en su autoevaluación:
1. Para que un modelo participativo vecinal tenga éxito es necesario, en primer lugar, asegurar las siguientes cosas: “1) que la comunidad misma identifique cuáles son los problemas; 2) que los objetivos sean compartidos; 3) que el liderazgo sea igualmente compartido. Y, 4) preferiblemente, que se cuente con la participación de jóvenes.” 50
2. Es difícil la evaluación de este tipo de procesos, ya que:
importancia de estos sistemas está menos en la cantidad que en la
En primer lugar, porque es –casi- imposible conocer la cantidad de
hechos dañinos que no se cometieron, tratándose de actividades con más
47 L. Aniyar: “La Participación
48 L. Aniyar: “Criminología y poder
49 L. Aniyar: Entre la
50 L. Aniyar: “La
énfasis en la prevención que en la represión. En segundo lugar, porque lo
cualitativo no puede ponerse en cifras. (
Como se trata de sistemas
“aprender haciendo”, y, además novedosos, los sistemas de evaluación tienen que ser sofisticados. Diseñar los instrumentos apropiados, es una tarea que
está por hacerse en el ámbito académico.” 51
Pero más adelante señala: “Sin embargo, algunos incrementos cualitativos podrían medirse: la reducción de la corrupción y la brutalidad policiales; el sentimiento de inseguridad y el aumento de la credibilidad en la función policial.” 52
3. Un fenómeno importante es que en la mayoría de los casos en los que existe una experiencia comunitaria sobre un problema, a menudo los vecinos extienden su radio de acción para ocuparse de otros: salud, educación, cultura, obras públicas, deporte, etc actividades asociativas de gobierno.
insertándose voluntariamente en
4. “Nunca hubo una queja de linchamientos, de justicia por propia mano, o algo semejante. (
incluir Comités de clases medias y altas también se
desestimuló la contratación de policías privadas, que son difícilmente controlables.” 53
La parte oscura de la participación
Estos sistemas no son totalmente efectivos (sólo forman parte de una política criminal más amplia) y en ocasiones “ellos mismos pueden resultar ingobernables.” 54
51 “No pueden medirse con números la transformación de una comunidad indiferente en una de solidaridad activa, responsable; la capacidad para innovar en soluciones. Habría que valorar la importancia del trabajo en equipo, de las soluciones que se ofrecieron en cada caso; e incluso, las relaciones delincuente-víctima que pudieron establecerse.” Ibídem, pp. 25; 27-28.
52 Ibídem, p. 25. “Tuvimos información de primera mano de la satisfacción que estos Comités generaron, y de la
estimación que los más antiguos hicieron en el sentido de que habían logrado obtener un ¨ 80% de reducción de la
delincuencia”, tomando en cuenta la cifra negra, extensísima, de las llamadas incivilidades las agresiones cotidianas” p.26
53 Ibídem, pp. 26-27
54 L. Aniyar: Entre la
los pequeños hurtos,
Estos espacios pueden ser fácilmente invadidos por intereses particulares o
grupales, que no siempre coinciden con los intereses generales. Son
trampolines políticos demasiado tentativos
Aniyar advierte:
“Partidos políticos, organizaciones caritativas y religiosas, elementos del mundo académico, y otros grupos privados, que pueden tener estrategias y hasta valores diferentes a los oficialmente perseguidos, y que están siempre dispuestos a mediatizar las organizaciones comunitarias.” 55
Por otra parte, señala el peligro de la partidización de estos núcleos sociales que pudieran convertirse también en amenazas a la disidencia política.
2. La retórica participacionista puede disolver su eficacia por los siguientes motivos: confusiones derivadas de la carencia de un análisis objetivo y metodológicamente preciso; tendencia a la abstracción y a la utopía por lo que puede devenir en pura ideología (reduciéndose la capacidad de satisfacer necesidades y aspiraciones reales, especialmente en el corto y mediano plazo) 56
3. Generalmente hay una selección de los miembros de la colectividad que son llamados a participar, “basada en su nivel de instrucción, capacidad de expresión, u otros elementos propios del estereotipo del buen ciudadano, de manera que puede producirse un proceso simultáneo de exclusión.” 57
La participación es útil y necesaria, no sólo es un derecho, 58 también es un deseo expresado por la población y constituye la retroalimentación que necesita todo Estado. 59 Sin embargo, Aniyar señala que:
tarea de la criminología crítica rechazar enfáticamente todo lo que pueda
haber en estos modelos del uso de la fuerza, aunque sea implícita; toda conminación violenta, toda amenaza de la privacidad, o “vigilantismo”. Estos problemas parecen ser los nuevos frente a una realidad que pasa por encima de lo previsto en textos legales o académicos.
55 Ídem
56 Cf. Ídem.
57 Ibídem, p. 93
58 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), artículos: 55, 62, 70, 168, 173, 184 y 253.
59 “La participación comunitaria en la cuestión de la seguridad, garantiza la eficacia y democratización del sistema penal y acuerda certeza a los procesos de consolidación democrática” C. Arslanián: Ob. cit., p. 91
Sólo un sistema de gobierno controlador de estos controles, y perfectamente democrático, puede poner límites precisos y cuidar que se observen.” 60
1.2. Policía comunitaria
La policía comunitaria es una segunda propuesta. Según Hugo Frühling, entre los factores que influyen en su surgimiento, encontramos:
1. La falta de confianza pública predominante en muchos países respecto de la policía.
2. La necesidad de modificar estrategias para enfrentar un masivo incremento de la violencia delictual presente incluso en los países considerados más seguros.
3. La necesidad de poner a la policía en sintonía con procesos de descentralización y modernización administrativos que ya tenían lugar en otros sectores del Estado. 61 El mismo autor destaca los elementos esenciales de este modelo de policía:
1. Énfasis en la actividad policial de tipo preventiva enfocada en un área geográfica muy reducida: el vecindario;
2. Promueve el establecimiento de relaciones estrechas con la comunidad con miras a consultar en forma permanente a los ciudadanos, a fin de asegurar que la policía tome en cuenta las percepciones de la comunidad; Se enfoca en la resolución de problemas de seguridad concretos que afectan a los vecinos y en la prevención, en lugar de la actuación meramente reactiva frente a las llamadas de la ciudadanía;
3. La policía estudia las condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia o las infracciones menores que trastornan la vida de las personas;
60 L. Aniyar: Entre la
61 Cf. Hugo Frühling: Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina ¿Cuál es el impacto?. Chile. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, 2003, p. 29
Supone los esfuerzos de la policía por movilizar a la comunidad en acciones preventivas;
5. Énfasis en la actuación destinada a enfrentar el temor subjetivo de los ciudadanos, sometiendo a revisión las prioridades de la policía;
6. Reconocimiento de que la comunidad desempeña un papel fundamental en la resolución de los problemas de un barrio;
7. Reconocimiento también de que los cuerpos policiales tendrían que reorganizarse para responder a las demandas de esta estrategia. 62
Luego del estudio de cuatro experiencias recientes (dos estados de Brasil, uno de Colombia y otro de Guatemala), Frühling concluye que el impacto es en “general positivo porque el acercamiento de la policía a la comunidad “revitaliza los actuales cuerpos policiales, incrementa sus niveles de apoyo social e impulsa reformas profundas de su estructura y funcionamiento””. Aunque admite que la presencia de este modelo de policía en nuestros países resuelve muy poco si esa presencia no va “acompañada de cambios institucionales, estrategias de capacitación, participación de la comunidad y coordinación con otras agencias públicas.” 63
En palabras de la profesora Aniyar, la community policing constituye la primera revolución institucional en el terreno de la prevención y el control del delito. Esta expresión abarca algo más que la de “Policía Comunitaria”. A veces puede ser acción policial de la comunidad, “los límites entre la policía comunitaria y la comunidad actuando como policía, son difusos y movedizos.” 64
62 Cf. Ibídem, p.10 63 Charo Quesada:
Policía Comunitaria: Lecciones de Cuarto Ciudades.
Un nuevo estudio analiza la
http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm? thisid=2822
http://www.minterior.gub.uy/webs/jerivera/policia_comunitaria.htm
Aniyar:
Entre la Dominación
pp.87-89.
Esto último pudiera degenerar en los modelos “neigborhood
watch” o en los “crime stoppers”, mencionados en páginas anteriores.
En todo caso, lo que se quiere resaltar es que la policía comunitaria, es más
una Teoría Policíaca que una Teoría de la Participación. Es una revisión que se hace
la policía de sí misma, tratando de disminuir su papel autoritario y represivo. 65 Lo que sin duda constituye:
avance sobre el modelo profesional, y reposa sobre un cierto grado de
participación, no representa aún un modelo totalmente social, y su éxito dependerá de la formación de los agentes policiales; así como del grado de penetración en ellos, y en los jefes de Departamentos Policiales, de la cultura corporativa.” 66
De la Community Policing se evoluciona hacia sistemas donde los niveles de participación social son más intensos, como por ejemplo: la participación ciudadana. 67
1.3. Justicia de paz
En este caso es poco lo que se ha desarrollado desde la criminología crítica (o en su defecto la búsqueda al respecto no fue lo suficientemente efectiva). Por el contrario, en grupos de corte totalmente conservador e ideológicamente identificados con la derecha política, se encuentra cierta producción sobre el tema. 68 En casos de fracaso de la acción comunitaria, recursos como: la mediación, la solución privada de los conflictos y los jueces de paz, son considerados como efectivos “para evitar el deslizamiento del delito, cuando la acción es dañina, pero aún no está incriminada.” 69 Thamara Santos en su trabajo sobre la autorregulación comunitaria de Oñati (pequeño poblado del País Vasco) hace mención de esta clase de mediación:
es un lego que actúa sin seguir un procedimiento formal para
propiciar que las partes discrepantes lleguen a un acuerdo o negocien una solución. El Juez de Paz actúa como conciliador o árbitro, porque a diferencia de
65 Cf. Ibídem, p 87.
66 Ibídem, p. 89
67 Sobre este punto ver también sus obras:
“La participación ciudadana
pp. 11-13 y Pensamiento
68 Como lo son la Asociación Civil Consorcio Justicia y el partido político Primero Justicia, que en la realidad es difícil distinguirlos el uno del otro...
69 L. Aniyar:
otros mediadores no investido de particular autoridad formal, puede ejercer un poder coactivo para que en la confrontación las partes involucradas traten de buscar por la vía pacífica la respuesta más conveniente al asunto tratado. De no ser un acto reconciliatorio o un acuerdo arbitrado el resultado de la mediación, entonces el Juez puede remitir el caso al órgano legal competente.” 70
El Juez de Paz tiene una competencia “vecinal” de mediación y conciliación para la resolución de pequeños conflictos, a través de la equidad. Es importante mencionar que la mediación “parte del supuesto básico que los participantes en un conflicto son los que mejor conocen sus necesidades, deseos y posibilidades y que, con la ayuda apropiada, son los más indicados para encontrar una solución mutuamente satisfactoria.” Esto no obsta para que el Juez pueda “hacer sugerencias, los afectados no están obligados a aceptarlas. Son ellos, y no el mediador, los actores principales de la conciliación.” 71 Las comunidades “postulan y eligen a los jueces de paz y están facultadas para destituirlos mediante referéndum revocatorio. Pero además del voto, la justicia de paz crea otras oportunidades para la participación ciudadana: la ley dispone que las comunidades también deben participar suministrando listas de técnicos, peritos, profesionales y otros miembros de la comunidad dispuestos a colaborar con la justicia de paz ad honorem.” 72
70 Thamara Santos: “La Autorregulación Comunitaria.” Capítulo Criminológico, Nº 22. Venezuela. Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro, LUZ, 1994, p. 248. “Puede afirmarse que en Oñati la validez y eficacia
del derecho de los casos concretos, o que el derecho en acción producido a través de una consuetudinaria ”
actividad jurídica de mediación, configura un genuino modelo de justicia comunitaria
71 Eva Josko de Guerón: La Justicia de paz: ¿Éxito o Fracaso?. Venezuela Analítica, http://www.analitica.com/archivo/vam1997.02/soc1.htm, 1997, p.2.
72 Ibídem, p.3. Todo esto según la Ley Orgánica de Justicia de Paz. Las colaboraciones “ad honorem” son cuestionables, en especial, porque el ejercicio de esas funciones pudieran quedar destinadas única y exclusivamente para sectores que tienen los mejores niveles socioeconómicos, creándose una discriminación hacia sectores de escasos recursos que tienen la necesidad de percibir un ingreso salarial. Siendo evidente el sesgo clasista de la actual conformación de estos espacios. Otra crítica se constituye en que ante la ausencia de remuneración por la prestación de sus servicios, se facilita un espacio para la corrupción y la aceptación de dádivas por la toma de una u otra decisión ...
MINIMALISMO O GARANTISMO PENAL Y ABOLICIONISMO
las nuevas realidades, la
criminología crítica evoluciona en las siguientes corrientes: el realismo de izquierda, el minimalismo o garantismo penal y el abolicionismo. 73
“Los neorrealistas de izquierda abogan por un uso del derecho penal, pero mínimo, lo cual los acerca a las posiciones minimalistas defendidas por Baratta, a tiempo que los abolicionistas admiten en ocasiones que un reducto de la cárcel es necesario, a lo cual los neorrealistas de izquierda replican que tampoco ellos abogan por una ampliación de la cárcel, aspecto que también sería aceptado por los minimalistas.” 74
Por su parte, el garantismo acepta la necesidad del sistema y se preocupa por
un modelo de estricta legalidad propio del Estado de Derecho, 75 alegando la
justificación de la pena, asignándole entre sus finalidades: la prevención de delitos y venganzas. 76 Como es de esperarse, a pesar de tener la misma raíz, entre estas corrientes hay fuertes discusiones y posiciones encontradas.
73 Cf. M. Martínez: “El estado
74 C. Molina A., Ídem.
actual...”,
p. 36, 38, 44 –50 y 57 y C. Molina A.: Ob.cit., p. 263
75 Ibídem, p. 275. Siguiendo las ideas de Ferrajoli: Derecho y Razón. Madrid. Editorial Trotta, 1995, pp. 851-
76 Es obligatorio hacer mención del trabajo de Elena Larrauri: Criminología Crítica: Abolicionismo y Garantismo. http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2017/larrauri17.htm. En el cual hace frente a los
argumentos del garantismo, respecto a la justificación de la pena y sus efectos “preventivos”, cuestionando tal
investigación criminológica, de la que tengo conocimiento, ha conseguido contestar de
... forma definitiva a la pregunta de si la pena previene delitos. Si pensamos en el importante rol que juega la
prevención de delitos en la justificación de derecho penal, es motivo de asombro que ninguna de las numerosas
investigaciones realizadas haya sido capaz de aportar una conclusión irrefutable a la pregunta planteada. (…) de las cuestiones más dudosas y discutidas es la capacidad del derecho penal para prevenir delitos y la
posibilidad de comprobar empíricamente que cualquier disminución del delito obedece a la existencia o severidad
de una pena en vez de a factores sociales, culturales, económicos o de otra
índole...(…)...prevención
general es la
más perfecta de las ideologías porque empíricamente ni se deja confirmar ni se deja desmentir y, en consecuencia, siempre se puede recurrir a ella para legitimar el derecho penal.” p. 9-11; Por otra parte, argumenta que en los modelos alternativos propuestos por el abolicionismo, no se prescinde del derecho como mecanismo
regulador que proporciona un marco de acción y de respeto a los derechos y garantías fundamentales, por lo que
las críticas del garantismo no tienen razón de ser: “ ...
mi opinión, sería de lamentar, desde un punto de vista
político criminal, que esta discusión nos hiciera olvidar que el objetivo inicial del abolicionismo era la abolición de la pena de prisión. Y si los abolicionistas han de extremar su atención en aras de salvaguardar las garantías de las personas en cualquier alternativa a la pena o al sistema penal, los garantistas no debieran olvidar que estas garantías debieran conducir a aplicar una pena distinta de la pena de prisión.” p.4.
Lo cierto es que todas estas teorías asumen trabajar con las herramientas que
les ofrece el sistema (que quieren abolir), ya que en el momento actual, la existencia
de éste es un hecho real que no pueden desconocer, 77 y “mientras se preparan las
condiciones políticas para abolirlo, él debe transformarse y reducirse al mínimo:
recuperarse la policía, utilizar el sistema penal y elaborar un programa de
control del delito, mínimo, democrático y multi-institucional.” 78 Si bien, postulan la
total abolición del sistema de justicia penal, se acepta “como paso intermedio la
defensa de las llamadas medidas alternativas como la libertad condicional, suspensión
condicional, arresto de fin de semana, etc.” 79 Entre las ideas y principios que las
rigen tenemos: el respeto a los derechos humanos, la vigencia de algunos principios
legales liberales 80 (tipicidad, irretroactividad, legalidad, etc
víctima, y la descriminalización de ciertos comportamientos pero, al mismo tiempo, la
criminalización de otros. 81 Esperando que el derecho penal, en esta etapa de
transición, “se convierta también en un instrumento de lucha de los sectores que
históricamente han sido oprimidos por él.” 82
77 Ya el mismo Baratta decía que se debe “evitar, de parte del movimiento científico y político para una reforma
radical, toda actitud sectaria de oposición global al Estado y al “poder” como si el Estado y el poder tuvieran por una ley natural el monopolio de los movimientos tradicionales o conservadores. La criminología crítica y el
movimiento para la reforma radical deberán
afirmar la legitimidad de su propio papel en todos los niveles
institucionales, científicos, administrativos y políticos donde ellas concurren con el mismo derechos que otras
formas del pensamiento.” Criminología
78 C. Molina A.: Ob. cit.,p. 272; 267.
79 Ibídem, p. 273
80 “Parece, pues, que volvemos a andar el camino destruido, al reclamar la aplicación de las que Arneud llamó ¨Reglas del Juego en la Paz Burguesa.¨ El camino puede tener sendas similares a las de la ideología del Iluminismo francés, pero el objetivo no es el mismo. No es la protección del mercado naciente (ahora re- naciente) para asegurar la acumulación, sin riesgos, de capital, lo que nos interesa. Sino la protección del
hombre de la calle, la recuperación de su ciudadanía.” L. Aniyar: Entre la Dominación
81 Cf. C. Molina A.: Ob. cit., p. 268 “Proponer descriminalización, pero simultáneamente admitir para unos casos la criminalización, la penalización y la prisionalización, es legitimar y justificar el sistema penal” Mauricio Martínez en: C. Molina A.: Ob. cit., p.270. Sobre la descriminalización de conductas y criminalización de otras, ver el punto 2.2. de este trabajo.
82 Ibídem, p. 274
Derechos Humanos 83 y Derecho Constitucional
Los criminólogos críticos al asumir la importancia del Estado Social de Derecho
y el tema de los derechos humanos, extienden su producción intelectual más allá del
derecho penal, de la criminología y de la política criminal (manteniendo y potenciando
la interdisciplinariedad característica de la criminología), para adentrarse en el
Derecho Constitucional. Como señala Lolita Aniyar:
“ Por cuanto lo penal, -por los graves peligros que potencialmente posee para la libertad individual-, está centralmente basado en lo constitucional, hay una determinante relación entre ambos espacios.” 84
Se podrían resumir en esta área, algunas propuestas concretas: 85
1. Las desviaciones que suelen aparecer en las reformas penales, deberían estar controladas por una norma constitucional. Es importante el respeto al principio de progresividad de los derechos, 86 como garantía para que las reformas legislativas no impliquen retrocesos ni disminución de derechos fundamentales. 87
83 Evidentemente la visión de los derechos humanos en la criminología crítica va muy en sintonía con el análisis realizado cuando hablamos del modelo de “seguridad de los derechos” (página 10). “Según Lola Aniyar de Castro, debemos distinguir tres grupos de derechos humanos: los que atañen a la libertad del cuerpo, tal como los derechos a la libertad personal o al libre tránsito; los que se relacionan con la libre disposición del espíritu, como los de opinión o de autor; y por último los derechos políticos y aquellos “que afectan la libre disposición de los medios para poner en práctica los derechos anteriormente citados”. Estos últimos llamados también derechos instrumentales son los que atraerán principalmente nuestra atención en el desarrollo del trabajo” Jorge Rosell:
“La Realización de los Derechos Humanos y el Uso Alternativo del Derecho.” Capítulo Criminológico 14, Venezuela. Instituto de Criminología, LUZ, 1986, p.143. Ver también: Herman Schwendinger y Julia Schwendinger: “Clases Sociales y la Definición del Delito.” Capítulo Criminológico 13. Venezuela. Instituto de Criminología, LUZ, 1985, pp. 214-215.
84 L. Aniyar: Pensamiento Criminológico
85 Todas las propuestas fueron extraídas de L. Aniyar: Pensamiento criminológico
11-13. Ver también su
obra: Entre la
86 Artículo 19 de la CRBV
Capítulo 3. Criminologías, Políticas Criminales y Constitución Política, pp. 69-77
87 Como sucede actualmente con las reformas del COPP, el cual poco a poco ha ido involucionando y pareciéndose, cada vez más, al viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. La misma involución está presente en la reciente reforma del Código Penal, la cual es:
1. Políticamente dañosa nacional e internacionalmente: Se evidencia una incongruencia ideológica entre esta propuesta y el discurso oficial. En aproximadamente 21 delitos se elevan las penas de manera desproporcionada y arbitraria; la reforma consiste básicamente en el aumento de penas, reducción de beneficios y protección de los funcionarios públicos. Además de criminalizar las invasiones y aumentar las penas en delitos contra la propiedad, tiene profundas coincidencias con los discursos de Margaret Tatcher y Ronald Reagan (neoliberales y represivos).
2. Inconstitucional por violar:
Especialmente en lo atinente con: la implementación de un Derecho Penal del
Acto y no del Autor (deslindándose de esta manera de las tesis peligrosistas del
positivismo); impedir “el castigo o las agravantes en razón de las condiciones
personales o los antecedentes, y lo autorice sólo en caso de los delitos de
resultado y en los de peligro concreto.”
2. Búsqueda de un referente material del delito que permita elaborar incriminaciones que obedezcan al interés general: “propuestas de la criminalización prioritaria en aras de la protección de los intereses difusos o generalizables; incriminar las violaciones a los Derechos Humanos reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas; 88 u otras propuestas relativas a cómo identificar aquellas necesidades reales que Baratta sugería como base para ubicar aquel referente material.”
3. Se destaque la importancia del uso Alternativo del Derecho. 89
4. Presencia de formulaciones garantistas, basadas en la seguridad jurídica, y la de los derechos humanos como límite de toda acción estatal.
5. Presencia de la participación ciudadana 90 y de la descentralización de la policía.
6. La participación de la víctima, en lo que se ha llamado la reapropiación de los conflictos, y su derecho a la indemnización por los perjuicios sufridos. 91
o El estatuto de libertad (art. 44. 1 CRBV): Según el cual la privación de libertad sería una
excepción a la regla. El principio de libertad durante el proceso es de carácter procesal y no de derecho material (como lo plantea la reforma) o El diseño del sistema penitenciario (art. 272 CRBV): No se busca una reforma o readaptación de los penados; Se aplican con preferencia las medidas de naturaleza reclusoria a las penas no privativas de libertad. o El principio de igualdad (art. 21 CRBV): Vulnerado por la exagerada protección que se les da a los funcionarios públicos (como en el caso del vilipendio). o El principio de progresividad (art. 19 CRBV). Los derechos y garantías deben mejorarse, nunca desmejorarse.
3. Contraria al Derecho Internacional de los DDHH
4. Dogmáticamente deficiente por desconocer los principios que rigen el Derecho Penal en un Estado democrático y social de Derecho y de justicia (art. 2 CRBV).
Agradezco al Profesor Sergio Brown por sus orientaciones en este tema y por sus consejos para la elaboración de este trabajo.
88 Un ejemplo de ello son los artículos: 29 y 271 de la CRBV.
89 Sobre el Uso Alternativo del Derecho ver: Jorge Rosell: Ob. cit., pp. 158-163; L. Aniyar:
90 Artículo 55 de la CRBV
91 L. Aniyar: Pensamiento
p. 21. Artículo 30 de la CRBV.
Pensamiento...,
Respeto a las particularidades multiétnicas 92 y valorización de la pluralidad
normativa; inclusión del error insuperable de derecho como causa de
8. El tema de la obediencia legítima y debida, por constituir un tema eminentemente político, debería ser manejado también constitucionalmente. 93
9. La Constitución debe definir expresamente un concepto de seguridad ciudadana, tomando en cuenta las limitaciones que exige el respeto a los derechos humanos y haciendo especial énfasis en: “los riesgos y daños que sufren las mujeres y niños en el sector privado, los atropellos policiales, los delitos ecológicos, los de corrupción y concusión, y las desviaciones criminales en el interior de órganos civiles y militares del Estado.” 94
10. Una disposición constitucional que explique la eficacia real del Derecho Penal
para mejorar la calidad de la vida común, sería un buen impulso a la
descriminalización. 95
11. Jueces naturales: especificidad de la protección (niños y adolescentes, mujeres,
indígenas, etc ...
Lolita Aniyar hace una interpretación extensiva de la expresión
jueces naturales 96 para los casos de los indígenas y otras minorías étnicas,
nacionales y religiosas. Igualmente, sostiene que debería aplicarse a los casos
de las mujeres –actoras o víctimas-, cuando se trata de actos que tienen que ver
con su pertenencia de género (violación, por ejemplo). Una afirmación
constitucional de estas propuestas, resolvería una aspiración de larga data. 97
2.2. Derecho Penal
92 Los artículos: 9, 119, 186 y 281,8 de la CRBV abren una puerta a estas propuestas.
93 Cf. L. Aniyar, Ibídem, p.22
94 Ibídem, p. 23. Estas ideas se desarrollarán en el punto 2.2.A)b) Criminalización de las “otras conductas”
95 Ibídem, p. 17. Estas ideas se desarrollarán en el punto 2.2.A)a) Descriminalización de conductas
96 Que en principio se encuentra reservada a aquellos casos previstos por la ley (jueces civiles y no militares para reos civiles)
97 L. Aniyar: Entre la
Dominación...,p.
“Es..
la justicia de los hombres sobre las mujeres, de los
adultos sobre los niños, y la que funciona sobre los indígenas, donde se dan mayores oposiciones entre la Ley y la realidad.” p. 51
A. Derecho Penal Sustantivo
De la crítica del derecho penal como derecho desigual derivan consecuencias
susceptibles de analizarse en dos perfiles 98 que apuntan en direcciones distintas mas
no excluyentes, sino mas bien complementarias: descriminalización de conductas (en
el caso de los delitos de las clases sometidas, o de la población en general) y
criminalización de otras (de los delitos de los poderosos o criminalidad de “cuello
blanco”). 99
a) Descriminalización de conductas
Constituye “una obra radical y valerosa de despenalización, de contracción al
máximo del sistema punitivo, excluyendo de él, parcial o totalmente, innumerables
sectores que recargan los Códigos,” 100 haciendo especial énfasis en figuras delictivas
producto de la marginación (social, económica, cultural y política): delitos de
opinión, algunos delitos contra la propiedad, el aborto, algunos contra la moralidad
pública, etc ...
La descriminalización comenzó siendo, más que una política penal-legislativa,
su negación: Abolición del Sistema Penal. “Esta última fue la propuesta más radical,
ante la cual insurge la posición de mantener un Derecho Penal Mínimo.” 101
El Derecho Penal Mínimo, no es más que la concreción conceptual de los
primeros intentos descriminalizadores. La llamada descriminalización fue sin duda el
primer más grande esfuerzo por diseñar una política penal humanista. 102
Algunas de sus propuestas son: 103
A. Baratta: Criminología crítica
,p.214
A. Baratta: Ibídem, p. 215
Ibídem, p. 15
Proposiciones provenientes de los expertos del Consejo de Europa, entre los cuales se encontraba Hulsman.
Extraídas en su totalidad de L. Aniyar: Ibídem,
15-17 Ver también su obra: Entre la Dominación...,
Capítulo 3. Criminologías, Políticas Criminales y Constitución Política, pp. 71-73
Evitar que normas exclusivamente moralizadoras se conviertan en
incriminaciones.
2. Evitar criminalizar conductas para las cuales no hay sanción posible, o que interfieran con criterios morales interiores.
3. No crear normas bajo la asunción de que ellas resolverán el problema.
4. No criminalizar conductas que son propias de: los grupos sociales más débiles; o discriminados; o que corren el peligro de serlo.
5. No criminalizar conductas que sólo puede conocer la policía cuando investiga por su propia cuenta y no por denuncia o acusación: lo que llamó Baratta, posteriormente, “Principio de la primacía de la víctima”. 104
6. No criminalizar conductas tan frecuentes, que el Derecho Penal no tiene ante ellas poder disuasivo; o que por esa frecuencia se consideren normales; o que no producen reacción de rechazo en la mayoría de la colectividad (adulterio, aborto).
7. Tampoco deben criminalizarse aquellas conductas que son producto de un desajuste psíquico o social;
8. Ni las que tienen lugar dentro de la esfera privada (incesto o conductas sexuales de cualquier índole entre adultos consintientes);
9. O que puedan tener soluciones distintas a la penal (bigamia).
La estrategia de descriminalización o despenalización implica también “la
apertura de mayores espacios de aceptación social de la desviación.” 105
b) Criminalización de las “otras conductas” (que hacen más daño
Lo primero que hay que destacar es la importancia del:
104 Del cual se hará breve mención en el punto 2.2. B) a) (página 33)
105 A. Baratta:
Criminología...,
p. 215. Ver también su obra: “Requisitos Mínimos
...ensanchamiento
y reforzamiento de la tutela penal en campos de interés
esencial para la vida de los individuos y de la comunidad: la salud, la seguridad
en el trabajo, la integridad ecológica, etc. Se trata de dirigir los mecanismos de la reacción institucional hacia la criminalidad económica, hacia las desviaciones criminales de los organismos y corporaciones del Estado (delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y desaparición forzada de personas) y hacia la gran criminalidad organizada. Se trata, al mismo tiempo, de asegurar una mayor representación procesal a favor de los intereses colectivos” 106
Este tipo de criminalidad que en la mayoría de los casos limita y cercena
derechos económicos, sociales y culturales (que afectan los intereses difusos o
generalizables), cuyas víctimas son grupos marginales, no es tomada en cuenta por
el derecho penal. 107 En este plano, si bien pueden asomarse algunos incipientes
logros (leyes de protección al ambiente, contra el crimen organizado, delitos
informáticos, 108 etc
apenas estamos en el comienzo de muchas luchas que hay
que emprender. 109
“ En el mundo globalizado, los delitos de las transnacionales adquieren mayor relevancia, por la impunidad que conlleva su desmesurado poder, su capacidad de compra o de manipulación de conciencias, su balcanización y traslación de responsabilidades, y la ocultación de los autores en complejos procedimientos decisionales.” 110
106 A. Baratta: Criminología
...,p.
214-2-15. Desde una perspectiva de “clases subalternas” se distinguen áreas
socialmente nocivas -que son inmunes al proceso de criminalización- hacia las cuales ha de desplazarse una
efectiva penalización: criminalidad económica, ecológica, política, crimen organizado, etc
que socialmente son
... mucho más dañosas que la criminalidad tradicionalmente perseguida (parte de la cual se busca descriminalizar). Cf., p. 210; Por su parte los esposos Schwendiger agregan: “Las definiciones más avanzadas de delito
identifican los delitos contra las colectividades, tales como naciones y clases explotadas, así como contra todos los individuos. Caben, además los actos imperialistas de agresión que aniquilan, oprimen y explotan al pueblo entero. Aquí también caben los daños sociales producto de la explotación de clase, de la forzada apropiación por el capital de la plusvalía generada por el trabajo.” Ob. cit., p. 217
107 Esta criminalidad aumenta cada día más con el neoliberalismo y la globalización económica. Al respecto: A.
108 “También el mundo del negocio virtual, sin domicilio real ni autores responsabilizables, que circula en el espacio sin controles y ya con tangibles efectos fraudulentos. Sin mencionar los actos de sado pornografía con
menores en la red, el turismo sexual con menores y el tráfico de inmigrantes. En estos casos se requerirán
tratados multilaterales y jurisdicción internacional.” L. Aniyar: Entre la
109 En las que los grupos de presión (contemporáneos de la criminología crítica) tienen un papel fundamental:
ecologistas, grupos antiglobalización ,etc ...
110 L. Aniyar:
p.50 Algunos abogan por la irresponsabilidad penal de las Personas
..., Jurídicas basándose en teorías ideadas para seres humanos y no para entes abstractos, la solución pudiera ser la
creación de una Teoría General de Derecho Penal para ser aplicada única y exclusivamente a estos “entes abstractos”, sin detrimento de la responsabilidad personal de sus miembros, a los cuales se les aplicaría el derecho penal tradicional.
A pesar de la validez y vigencia de las afirmaciones anteriores, Baratta advierte
que con estas propuestas no se está buscando extender el derecho penal, ya que se
podría “confirmar la ideología de la defensa social y ulteriormente legitimar el sistema
represivo tradicional tomado en su globalidad.” 111
Por último, en América Latina la sensibilidad por algunos temas relacionados
con sectores que históricamente han sido subordinados por razones distintas a las de
su pertenencia de clase: como el caso de las mujeres, niños, adolescentes y grupos
étnicos, 112 también ha motivado propuestas de criminalización y hasta de
sobrecriminalización. 113
B. Derecho Penal Adjetivo
a) Primacía de la víctima
Este principio no sólo
es inherente a
participación de la víctima en
activación procesal y sus acuerdos, también se refiere al reconocimiento de sus
derechos a indemnización y tratamiento especializado cuando corresponda. 114
b) Medidas alternativas 115
Generalmente la aplicación de estas medidas se realiza cuando existan algunas
de estas condiciones:
1. Poca gravedad del delito cometido, o la pena no muy elevada.
2. Que se trate de un delincuente primario.
111 A. Baratta:
112 Cf. L. Aniyar : Entre la
113 Cf. Ibídem, p. 66. Ejemplos: Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
114 Por lo que es también un principio de derecho sustantivo. “ También debería tomarse en cuenta, a la hora de las responsabilidades e indemnizaciones, los casos en los cuales la víctima sea “propiciatoria” –cada vez que su actitud o participación impliquen una forma de provocación o negligencias fuertemente reprochables, o una actitud no conforme a la ley-, circunstancias que pueden estar implicadas en el juicio de culpabilidad”. L.
Aniyar: Entre la Dominación
pp. 50-51. Ver artículos : 118 al 123 del COPP.
115 Ideas extraídas en su totalidad de L. Aniyar: Entre la
Dominación..,
Características de la personalidad del condenado que permitan suponer que
puede vivir en libertad o no recaer en delito.
4. Cumplimiento de algunas obligaciones derivadas de la decisión, tales como obligaciones a realizar por el condenado, fianza, o prohibición de ir o residir en determinados lugares; O indemnización, reparación, ejercer trabajo lícito, no ingerir alcohol, etc.
Lolita Aniyar nos presenta un listado genérico de las medidas alternativas
previstas en las legislaciones (que “son más o menos siempre las mismas”):
1. Trabajo comunitario, generalmente asignado fuera del horario laboral, y algunos días por semana. Normalmente es gratuito y no degradante ni estigmatizante. Preferiblemente debe ser generador de conciencia cívica, solidaria y participativa;
2. Recepción de charlas o conferencias de educación cívica;
3. Prisión de fin de semana;
4. Sistema de días-multa, multa por reparar el daño;
5. El compromiso de entregar por un tiempo parte del salario, para indemnizar a la víctima.
6. La privación de derechos (inhabilitación o interdicción)
7. Confinamiento a territorio limitado o a la casa de habitación (arresto domiciliario); o bien la prisión nocturna o en colonia agrícola; y todo lo que constituya un régimen de semilibertad. 116
8. Condena condicional o suspensión de la Pena o del Proceso.
b.1) A la prosecución del proceso
“ La estrategia de la despenalización significa
la sustitución de las sanciones
... penales por formas de control no estigmatizantes (sanciones administrativas, o civiles) y, todavía más, el comienzo de otros procesos de socialización del
116 Algunas de estas modalidades y otras están presentes en nuestro COPP como Medidas Cautelares Sustitutivas (artículos 256 al 264).
control de la desviación y de privatización de los conflictos, en la hipótesis de que ello sea posible y oportuno.” 117
Algunas de estas ideas están presentes en nuestro COPP, Título I, Capítulo III
De las Alternativas a la Prosecución del Proceso: Principio de Oportunidad (artículos
37 al 39), Acuerdos Reparatorios (artículos 40 al 41) y la Suspensión Condicional del
Proceso (artículos 42 al 46). Cuyo análisis excedería los límites del presente trabajo.
b.2) A la privación de libertad
“ Estas fases están constituidas por una ampliación de las formas de suspensión condicional de la pena y de libertad condicional, por la introducción de formas de ejecución de la pena detentiva en régimen de semilibertad ” ...
Algunas de estas ideas están presentes en nuestro COPP, Libro Quinto De la
Ejecución de Sentencia: Ejecución de la Pena (artículos 486 al 492), Suspensión
Condicional de la Ejecución de la Pena, de las Fórmulas Alternativas del Cumplimiento
de la Pena y de la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio (artículos
493 a la 512). También, ya no específicamente respecto a la pena, sino al curso del
proceso y a las medidas cautelares, en el Libro Primero, Disposiciones Generales,
Título VIII, De las Medidas de Coerción Personal, nos encontramos con el principio
del Estado de Libertad (artículo 243) y con las Medidas Cautelares Sustitutivas
(Capítulo IV, artículos 256 al 263), instrumentos para evitar la prisión preventiva.
Cuyo análisis exegético excedería los límites del presente trabajo.
117 Criminología...,
p. 215. Negritas nuestras
118 Ibídem, p. 216
Podemos decir que la criminología crítica da un mayor énfasis a la prevención,
caracterizándose ésta –en términos de Baratta- por ser un modelo “proactivo”
(distinguiéndose de los modelos “reactivos” propios de la pena) basado en la idea de
la seguridad de los derechos. Dentro de sus propuestas “instrumentales” destacan:
1. La prevención comunitaria: en la que la participación ciudadana es el núcleo fundamental, que puede extenderse a la solución comunitaria de otros problemas: salud, educación, alimentación, políticas públicas, etc ...
2. La policía comunitaria: implica no solamente la interacción de este organismo con la comunidad, sino todo un proceso de reestructuración interna y humanización de esta institución. Consiste en convertir cada día más a los policías en ciudadanos y no al contrario (convertir a los ciudadanos en policías).
Otra de las líneas de acción es contrarrestar el sentimiento de inseguridad que
siente la ciudadanía, dentro de lo cual se insertan –entre otras- las dos propuestas
anteriores. Este es un punto de particular importancia, ya que al estar relacionado
con la opinión pública, influye en la legitimidad de las políticas en materia de
seguridad, inclinándose la balanza no siempre a favor de los excluidos, ni a favor de
la protección de los derechos humanos. Razón por la cual, la formación de nuevas
visiones respecto a los procesos de criminalización es también un reto, para una
política criminal alternativa.
La construcción de un nuevo sistema jurídico-penal debe tener en cuenta la
especial protección de bienes jurídicos “colectivos” (relacionados con derechos
económicos, sociales y culturales, medio ambiente, etc.), cuyos principales agresores
no son considerados seriamente por el derecho penal. Paralelamente a lo anterior,
debe realizarse un proceso de descriminalización de figuras delictivas producto de la
exclusión (social, económica, cultural y política). Lo importante es que las formas de
control del delito, estén impregnadas del minimalismo o garantismo penal, que sean
de carácter progresivo y de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, si bien es cierto que la política criminal es y debe ser parte
integrante de una política social general, se debe ser cuidadoso de no diluir la
primera en la segunda, de manera que pierda su esencia y su efectividad. Además,
no se puede perder de vista que las propuestas estudiadas deben trabajarse en
conjunto con otras de tipo más instrumental, enmarcadas a su vez dentro una política
criminal –respetuosa de los derechos fundamentales- que las integre.
Como ya mencionamos, es evidente la preeminencia del modelo situacional-
instrumental sobre el de “prevención social”, ante lo cual decimos con Baratta que:
influencia de la criminología crítica para los proyectos de alternativas no
puede ser sino indirecta, realizable a mediano y largo plazos. Esto no constituye sin embargo una debilidad, sino al contrario la fuerza de la criminología crítica con la perspectiva de una reforma. Si no se quiere medir el valor práctico de la teoría en función del aporte tecnocrático de la racionalización de los instrumentos institucionales y se le asigna por el contrario la tarea de preparar una transformación radical del sistema penal, es decir una política criminal alternativa que no se reduzca a la política penal, se deberá convenir que la contribución que la criminología crítica puede efectuar a esta reforma por medio del análisis crítico del sistema y de la reconstrucción de los problemas sociales, no es menos importante, a mediano y largo plazos, que las recetas de aplicación inmediata.” 119
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Pensamiento Criminológico y Política Criminal.
Resumen de sus
Entre la Dominación y el Miedo y Resumen Gráfico de Pensamiento
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 Artículo 19
 Artículo 55
 Artículo 30