Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/01/ue-interpretacion-expansiva-del.html
Timestamp: 2019-05-19 15:13:07+00:00

Document:
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: UE. Interpretación expansiva del mantenimiento de la condición de trabajador por cuenta propia y del derecho de residencia en un Estado miembro. Notas a la sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-442/16).
UE. Interpretación expansiva del mantenimiento de la condición de trabajador por cuenta propia y del derecho de residencia en un Estado miembro. Notas a la sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-442/16).
1. Es objeto de anotación en la presente entrada del blog la sentencia dictada por la SalaQuinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 20 de diciembre, en elasunto C-442/16, que versa, sustancialmente, sobre el concepto de trabajador por cuenta propia, o más exactamente su mantenimiento después de dejar de ejercer la actividad profesional, y sus efectos (positivos si se considera que existe tal mantenimiento) sobre el derecho de residencia de la persona interesada en otro Estado miembro, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
EL TJUE dará respuesta a la cuestión prejudicial planteada, exactamente tres preguntas, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, por el Tribunal de apelación de Irlanda mediante resolución de 29 de julio de 2016.
El abogado general,Sr. Melchior Wathelet, presentó sus conclusiones el 26 de julio de 2017, siendo una de ellas acogida por el TJUE, en realidad sobre la única cuestión sobre la que se pronuncia, ya que no responderá a las dos restantes, “habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial”. La importancia del asunto sometido a conocimiento del TJUE fue destacada en dichas conclusiones, afirmándose que el órgano jurisdiccional remitente brindaba al TJUE “la oportunidad de precisar el alcance de la ciudadanía de la Unión Europea y disipar las posibles dudas a este respecto que no resolvieron las sentencias de 11 de noviembre de 2014, Dano (C‑333/13, EU:C:2014:2358); de 15 de septiembre de 2015, Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597); de 25 de febrero de 2016, García-Nieto y otros (C‑299/14, EU:C:2016:114), y de 14 de junio de 2016, Comisión/Reino Unido (C‑308/14, EU:C:2016:436)”.
El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Procedimiento prejudicial — Directiva2004/38/CE — Persona que ha dejado de ejercer una actividad por cuenta propia — Mantenimiento de la condición de trabajador por cuenta propia — Derecho de residencia — Normativa de un Estado miembro que reserva la concesión de un subsidio para demandantes de empleo a las personas que dispongan de derecho de residencia en el territorio de dicho Estado miembro”.
2. El litigio encuentra su origen en sede judicial nacional irlandesa con la presentación de una demanda por parte de un ciudadano de nacionalidad rumana y residente en Irlanda, trabajador por cuenta propia que cesó en su actividad, se inscribió después como demandante de empleo y solicitó la percepción del subsidio reconocido en la normativa irlandesa para tales demandantes.
Su petición fue desestimada por las autoridades administrativas de Irlanda, por considerar que no reunía los requisitos legales para su percepción, más exactamente por no acreditar en el momento de su solicitud que seguía ostentando el derecho de residencia en dicho país.
Para llegar a esta conclusión, las autoridades irlandesas aplicaron el art. 6, apartado 2, del Reglamento de 2006 por el que se traspuso la Directiva 2004/38 al ordenamiento interno. La normativa nacional irlandesa dispone que todo ciudadano de la UE podrá residir en territorio irlandés durante más de tres meses si es trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado, así como también que podrá permanecer, cuando cese su actividad “si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleada durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente del Department of Social and Family Affairs [Ministerio de Asuntos Sociales y Familiares, Irlanda] y la FAS [Autoridad para la formación y el empleo, Irlanda] con el fin de encontrar un trabajo”.
El texto nacional es prácticamente idéntico al de la Directiva comunitaria, en concreto sus art. 7.1 a) (siempre que, conviene recordar el apartado b, disponga para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad) y 7.3, y a estos hay que añadir el art. 14, regulador del derecho de residencia, cuy apartado 4 prohíbe con carácter general, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el cap. VI, la expulsión de ciudadanos de la UE que entraron en el territorio del Estado de acogida para buscar trabajo, “mientras puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados”.
3. Queda constancia en la información disponible sobre el supuesto fáctico que el ciudadano rumano entró en Irlanda en octubre de 2007, siendo mantenido económicamente durante su primer año de estancia por sus hijos mayores de edad, ya residentes en territorio irlandés. Más adelante, durante cuatro años (octubre 2008 – octubre de 2012) trabajó como escayolista autónomo y abonó en territorio irlandés “sus impuestos, los seguros sociales y demás tributos que gravan la renta”. Debido a la disminución de la carga de trabajo, cesó en su actividad y se inscribió como demandante de empleo, siendo así, además, que no disponía ya de ingresos, debido a que sus hijos habían abandonado el país y no le mantenían económicamente.
Agotada la vía administrativa, tras ser desestimado el recurso presentando contra la resolución denegatoria de su petición, el trabajador acudió a la vía judicial, alegando que de acuerdo con el art. 7 de la Directiva 2004/38 mantenía la condición de trabajador por cuenta propia y que por ello también mantenía su derecho de residencia. Tras la desestimación de su demanda por el Tribunal Superior, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, que (vid apartado 20) “remitió esa apelación al tribunal remitente”.
Se le plantearon varias dudas al tribunal de apelación, que fueron las que le llevaron a plantear las cuestiones prejudiciales, tras poner de manifiesto previamente que el recurrente no acreditaba disponer de recursos suficientes, ni de seguro de enfermedad, y que tampoco había defendido la existencia de un derecho de residencia permanente que ya hubiera adquirido por residir durante más de cinco años en Irlanda.
Sobre esta última cuestión, el abogado general defendió en sus conclusiones que sí lo tenía, ya que debían computarse no sólo los cuatro años de actividad profesional sino también el año en que fue mantenido económicamente por sus hijos y en el que por consiguiente también disponía de recursos económicos requeridos por la normativa comunitaria para no depender del erario público, y en tal caso ya no sería necesario entrar a dilucidar sobre la aplicación del art. 7.3, ya que “las condiciones de dicho artículo no son aplicables al derecho de residencia permanente” (art. 16.1: “1. Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Dicho derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el Capítulo III”). El TJUE no entrará a conocer de esta cuestión, dado que no ha sido planteada en las cuestiones prejudiciales.
En efecto, aquello que motiva las dudas del tribunal es saber si una persona que ha sido trabajadora por cuenta propia durante cuatro años, y ha dejado de trabajar, mantiene tal condición al amparo de lo dispuesto en el art. 7.3 b) de la Directiva (“si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo”), o de otra disposición del Derecho de la Unión, y sigue gozando del derecho de residencia; o más exactamente, y este es el núcleo central del debate suscitado, si el citado precepto de la Directiva se refiere únicamente a trabajadores por cuenta ajena, o también se aplica a “quienes se encuentran en una situación comparable tras haber trabajado como autónomos durante ese tiempo”.
La cuestión prejudicial planteada al respecto es la siguiente: “1) Un ciudadano de la Unión que i) es nacional de otro Estado miembro; ii) ha residido legalmente y trabajado por cuenta propia en un Estado miembro de acogida durante aproximadamente cuatro años; iii) ha cesado en su actividad laboral o económica por falta de trabajo y iv) se ha inscrito como demandante de empleo en el servicio de empleo competente ¿mantiene la condición de trabajador por cuenta propia conforme al artículo 7, apartado 1, letra a), o al amparo del artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva [2004/38] o de otro modo?.
Las dos restantes cuestiones prejudiciales, como ya he indicado, no serán respondidas por el TJUE, por lo que sólo las reproduzco a los efectos de que todas las personas interesadas tengan conocimiento de ellas: “2) En caso de respuesta negativa, ¿mantiene el derecho a residir en el Estado miembro de acogida sin haber cumplido los criterios recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) o c), de la Directiva [2004/38] o solo está protegido frente a la expulsión en virtud del artículo 14, apartado 4, letra b), de dicha Directiva? 3) En caso de respuesta negativa, ¿es compatible con el Derecho de la Unión, en particular con el artículo 4 del Reglamento n.º 883/2004, la denegación a dicha persona del subsidio para solicitantes de empleo (que es una prestación especial no contributiva en el sentido del artículo 70 del Reglamento n.º 883/2004) por no haber acreditado tener derecho de residencia en el Estado miembro de acogida?”.
4. El TJUE recuerda primeramente cuál es la normativa europea y nacional aplicable.
Con respecto a la primera, cabe indicar que si bien es referenciada en las conclusiones del abogado general, en atención a las cuestiones prejudiciales planteadas, al no darse respuesta a las preguntas segunda y tercera no será tomado en consideración el Reglamento (CE) núm. 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre coordinación de los sistemas de Seguridad Social, modificado por el Reglamento núm. 883/2009, de 16 de septiembre de 2009, aun cuando sí es citado inicialmente.
Sí será la norma de referencia, la citada Directiva 2004/38/CE, con mención expresa a sus considerandos 3 y 4, en los que se enfatiza la necesidad de simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y residencia de “todos los ciudadanos de la Unión”, los arts. 1 (finalidad), 7 (derecho de residencia por más de tres meses) y 14 (mantenimiento del derecho de residencia).
En relación con la normativa nacional irlandesa, se menciona la ley consolidada de protección social de 2005, que regula la prestación de un subsidio por desempleo, condicionado a que el solicitante disponga de ingresos inferiores a la cuantía previamente fijada por las autoridades competentes, así como también a que la persona interesada “tenga su residencia habitual en Irlanda en la fecha en que se solicita dicha concesión”. La norma está estrechamente vinculada con el Reglamento antes citado, en concreto con sus arts. 6 y 20.
5. Para dar respuesta (única) a la primera cuestión prejudicial planteada, el TJUE pone de manifiesto en primer lugar las dudas suscitadas por el tribunal remitente respecto a la aplicación del art. 7.3 b) de la Directiva (haber quedado en paro involuntario…. tras haber estado empleado…) a un trabajador por cuenta propia, dudas que a juicio del TJUE implican que el tribunal remitente considere que la norma sólo sería de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena.
6. El debate se centra, pues, en qué debe entenderse por “paro involuntario”, expresión que ciertamente a mi parecer puede ir referida a la pérdida de un trabajo asalariado (por ejemplo, en España utilizamos la expresión “cese de actividad” para referirnos a la situación del trabajador por cuenta propia que posibilita el reconocimiento de una prestación económica en los términos regulados en la normativa del trabajo autónomo), pero que no necesariamente ha de ser así en el Derecho Europeo, y más teniendo en cuenta, como muy bien expone el abogado general en sus conclusiones, al defender la tesis expansiva, que la interpretación más restrictiva implicaría que “un ciudadano de la Unión que hubiera ejercido una actividad económica por cuenta ajena durante un año gozaría de una «protección» mayor que un ciudadano de la Unión que ha desarrollado una actividad económica y contribuido a la financiación del sistema fiscal y social del Estado miembro de acogida durante cuatro años, si bien como trabajador por cuenta propia (pudiendo ocurrir, en su caso, que la actividad desempeñada sea idéntica en ambos supuestos)”.
7. Es por ello, que, tomando en consideración la diversidad, y no unanimidad, en la redacción de las diferentes versiones lingüísticas, de la estructura de la norma no cabe concluir con una interpretación restrictiva de los conceptos de “paro involuntario” y “tras haber estado empleado”, ya que ambos pueden ser perfectamente aplicable a las relaciones laborales asalariadas y a las prestaciones de servicios autónomas.
8. Por todo lo anteriormente expuesto, y con ello concluyo, el TJUE acepta la interpretación expansiva del art. 7.3 b) de la Directiva, considerando que una persona trabajadora por cuenta propia puede mantener su derecho de residencia en otro Estado miembro si ha abandonado su actividad “por causas ajenas a su actividad y se ha inscrito ante el servicio de empleo competente de este último Estado miembro con el fin de encontrar un trabajo…”.
Etiquetas: TJUE, trabajo autónomo

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 70