Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448911&fecha=23/08/2016
Timestamp: 2019-04-21 19:00:30+00:00

Document:
RESOLUCIÓN que contiene la Declaratoria de rescate de la Concesión otorgada en favor de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S
· CFCM no acreditó las presuntas maquinaciones o artificios de la SCT en la substanciación del presente procedimiento, mismo que se inició con un Acuerdo con el que se le dieron a conocer las causas que motivan el rescate.
· CFCM no acreditó que la SCT la indujera para que renunciara a la Concesión. A mayor abundamiento, no se trata de un procedimiento cuyo objeto sea dicha renuncia.
· La SCT notificó debidamente a CFCM el inicio del presente procedimiento y le otorgó la garantía de audiencia y defensa, con estricto apego a la ley.
· En ejercicio de su garantía de audiencia y defensa, CFCM compareció, tuvo acceso al expediente e hizo valer lo que a su derecho convino.
· CFCM solicitó copia de todo el expediente, misma que se le entregó en tiempo y forma.
· CFCM no precisó en qué consiste el error en que supuestamente se le ha hecho incurrir.
· Oficio DGTFM 4.3.2.-077/13 de 13 de febrero de 2013.
· Oficio DGTFM 4.3.2.-177/13 de 1 de abril de 2013.
· Oficio DGTFM4.3.2.-FF67/13 de 22 de abril de 2013.
· Oficio DGTFM4.3.2.-FF68/13 de 22 de abril de 2013.
· Oficio DGTFM4.3.-332/2013 de 13 de junio de 2013.
· Oficio DGTFM 4.3.2.-FF330/13 de 22 de julio de 2013.
· Oficio DGTFM4.3.-286/2014 de 14 de marzo de 2013.
· El "aseguramiento" que hizo la SCT carece de fundamento legal;
· El "depósito" que hizo la SCT carece de fundamento legal; y
· La reanudación de la modalidad que hizo SCT en el Oficio SCT50/2013 carece de fundamento legal".
"Suponiendo sin conceder que se han actualizado los supuestos para rescatar los bienes afectos a la concesión, la SCT debe considerar que todo rescate se debe llevar a cabo mediante indemnización (indemnización que resulta independiente a la indemnización por la modalidad que impuso la SCT desde el año 2007 y de la indemnización por la actividad administrativa irregular del Estado)." (Énfasis añadido)
Así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXXVII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 819, cuyo rubro y texto establecen a la letra:
"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PROCESO QUE DEBE SEGUIRSE PARA RECLAMAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO POR AQUÉLLA. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su Capítulo III, establece el procedimiento que habrá de seguirse para exigir la responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales. Dicho proceso inicia con el recurso de reclamación que se interpone y tramita ante la entidad o dependencia presuntamente responsable, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Una vez emitida la resolución, dicho acto podrá ser revisado ya sea mediante el recurso de revisión, ante la misma autoridad en vía administrativa, o bien directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En caso de que se optara por la vía administrativa, de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión se presenta ante la autoridad que emitió el acto impugnado, dentro de los siguientes quince días a que surta efectos la notificación de dicho acto, debiendo expresar agravios y anexar el acto impugnado. Posteriormente, resuelve el superior jerárquico de la autoridad responsable. Por su parte, en caso que se optara por la vía jurisdiccional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la demanda se presenta dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a que surta efectos la notificación del acto impugnado, ya sea mediante escrito ante la Sala Regional competente o en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea. Después se emplaza al demandado para que conteste, se desahogan pruebas y se presentan alegatos, para culminar el proceso con la sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". (Énfasis añadido)
· Cumplir con todo lo señalado en la Carta de Intención;
· Pagar a CFCM el importe correspondiente a la carga transportada con equipo de CFCM en las vías concesionadas desde el 10 de agosto de 2007 y hasta la fecha en que la SCT efectivamente restituya a CFCM las vías concesionadas (o la fecha en que el rescate quede firme);
· Pagar a CFCM el importe correspondiente a la renta por el uso del equipo y el activo asegurado desde el 10 de agosto de 2007 y hasta la fecha en que la SCT efectivamente entregue a CFCM los bienes asegurados (o la fecha en que el rescate quede firme);
"Artículo 23. Para atender necesidades derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor, la Secretaría estará facultada para imponer modalidades en la operación y explotación de las vías férreas y en la prestación del servicio público de transporte ferroviario, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario. En su caso, el afectado percibirá la indemnización que corresponda por la afectación habida en virtud de la modalidad impuesta." (Énfasis añadido)
"CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS SOCIAL. La concesión se define como aquella institución del derecho administrativo que surge como consecuencia de que el Estado, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, en forma temporal, no pueda o no esté interesado en cumplir directamente determinadas tareas públicas, con lo que se abre la posibilidad de encomendar a los particulares su realización, quienes acuden al llamado, por lo general, en atención a un interés de tipo económico. Así, del artículo 28, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se regula la citada institución jurídica, se desprende que su objetivo fundamental consiste en satisfacer el interés social, dejando en segundo plano el interés particular del concesionario, tomando en cuenta que en dicha disposición se hace depender el otorgamiento de las concesiones al hecho de que se trate de casos de interés general y vincula a las leyes secundarias a establecer las modalidades y condiciones a través de las cuales se garantice la eficacia en la prestación de los servicios públicos, la utilización social de los bienes del dominio de la Federación, y la preservación del interés público, lo que efectivamente evidencia la intención del legislador de hacer prevalecer el interés social sobre el particular." (Énfasis añadido).
Décima Época. Registro: 2009506. Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III. Materia Administrativa. Tesis: I.1o.A.104 A (10a.) Página: 1969
"Artículo 1 °. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece."
"Artículo 1 °...
"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Énfasis añadido).
Décima Época. Registro: 2004748. Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906
"GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". (Énfasis añadido)
Octava Época. Registro: 217539. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Enero de 1993. Materia Común. Página: 263
Es un hecho notorio que el desarrollo de proyectos de infraestructura en materia de comunicaciones y transportes trae consigo beneficios sociales importantes. El desempeño del sector ferroviario de carga es crítico para el impulso de la economía mexicana. Éste provee el eje central para las cadenas de suministro eficientes para el sector industrial. Tanto la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han reconocido también la importancia de estos proyectos y su impacto en el desarrollo nacional. La OCDE en el estudio denominado "Desarrollo del Transporte Ferroviario de Mercancías en México", y la UNAM en la "Evaluación Específica Costo-Efectividad. Operación y Conservación de Infraestructura Ferroviaria". Ambos documentos obran en el expediente de este rescate, como anexos 14-B y 24-C, respectivamente, y cuyas copias certificadas fueron entregadas a CFCM, a solicitud expresa de su parte, sin que los hubiere objetado o cuestionado en forma alguna su contenido, por lo que los mismos tienen valor y eficacia plenos.
· Transportan mercancías de 0 a 1.8 millones de toneladas anuales.
· Operan con un rango de velocidad de 20 km/h.
· Las condiciones físicas de las vías son:
· Transportan mercancías de 8.8 a 16 millones de
· Operan con un máximo de velocidad de 56 km/h.
· Las condiciones físicas de la vía son:
· Transformar las condiciones de la infraestructura de las vías para adecuarse a los flujos de carga actuales y potenciales.
· Mejorar la interconexión con otros medios de transporte.
· Propiciar mayores inversiones para el desarrollo económico y social.
· Incrementar los índices de competitividad de la región.
· Promover la generación de empleos.
Tiene aplicación el criterio del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS SOCIAL que se cita en el apartado V de la presente resolución.
"CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. LÍMITES PARA SU OTORGAMIENTO A LOS PARTICULARES. Los particulares no gozan de un derecho preexistente respecto de las concesiones administrativas, esto es, en su esfera jurídica no obra alguna prerrogativa para su otorgamiento ni en relación con los bienes o servicios públicos eventualmente sujetos a alguna, partiendo de que conforme al artículo 27, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado es el titular originario de esos bienes y servicios, y es sólo por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia que, eventualmente y en forma temporal, puede decidir facultar a los particulares para su uso, aprovechamiento, explotación o realización, conservando, en todo caso, sus facultades para decretar la revocación de la concesión o el rescate de los bienes y servicios en cuestión." (Énfasis añadido)
Décima Época. Registro: 2009505. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III. Materia Administrativa. Tesis: I.1o.A.105 A (10a.) Página: 1968
"No podemos ser ingenuos: lo que está haciendo la SCT es privar inconstitucional e ilegalmente a CFCM de sus derechos. El rescate de una concesión se realiza cuando el concesionario no puede hacer frente a las supuestas condiciones adversas (seguridad nacional, necesidad de llevar a cabo mayores inversiones, etc.). Sin embargo, CFCM no ha podido prestar el servicio desde el año 2007, a pesar de que la SCT comunicó al FIT la terminación de la modalidad el 23 de noviembre de 2012. ¿De quién está rescatando la SCT la concesión? De si mismo, pues el estado actual de las vías cortas Chiapas y Mayab es atribuible al FIT (quien mantiene y opera desde 2007 las vías cortas Chiapas y Mayab) y a SCT (por haber impuesto la modalidad al FIT y no haber devuelto la operación a CFCM).
En 1898, un tribunal de Nueva York, en la famosa causa de Riggs versus Palmer, tuvo que decidir si un heredero instituido en el testamento de su abuelo podría heredarle por dicho testamento, aun después de haber asesinado a su abuelo con ese fin. El tribunal comenzó su argumentación con la concesión (sic) siguiente: "Es absolutamente cierto que las leyes que regulan el otorgamiento, la prueba y los efectos del testamento, y la restitución de bienes, si se interpretan literalmente, y si su vigor y eficacia no pueden en modo alguno y bajo ninguna circunstancia verificarse o modificarse, otorgan estos bienes, en propiedad, al asesino". Pero el tribunal hizo notar seguidamente que "la vigencia y los efectos de todas las leyes y todos los contratos pueden ser verificados a la luz de las máximas más generales y fundamentales del common law. Nadie tiene derecho a aprovecharse de su propio fraude, o a sacar provecho de su delito, o a fundar una demanda en su propia iniquidad, o a adquirir la propiedad a consecuencia de su crimen": Así pues, el asesino no entró en posesión de la herencia.1 (Ronald Dworkin, " ¿Es el derecho un sistema de normas?", en Dworkin, Ronald, Filosofía del Derecho, México, FCE, 2014, p. 87)
Resulta absurdo que la SCT manifieste que el rescate le permitirá mejorar las condiciones de las vías cuando el FIT es quien ha mantenido y operado el servicio público ferroviario desde el año 2007 como consecuencia de la modalidad que impuso la SCT. ¿Por qué ha permitido la SCT durante todos estos años que la falta de inversiones y mantenimiento de las vías provoquen la situación actual? ¿Fabricó la SCT esta situación a lo largo de los años para privar ahora a CFCM de sus derechos, disfrazando dicho acto de un supuesto rescate?
"EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los
objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional". (Énfasis añadido).
Novena Época. Registro: 175593. Pleno. Tesis de Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006. Materia Constitucional y Administrativa. Tesis: P./J. 39/2006. Página: 1412
Es claro que una expropiación es un acto en perjuicio del titular de un derecho, tal como ocurre con el rescate. Sin embargo, en el presente caso la SCT pretende afectar los derechos de CFCM cuando ésta no es responsable del estado actual de las vías ni de la operación del ferrocarril. ¿De quién está rescatando SCT la concesión? ¿Del FIT? ¿De si misma? Pues entonces sería suficiente con cumplir la ley y devolver a CFCM la prestación del servicio. Si la SCT y el FIT hubieran cumplido sus obligaciones en el marco de la Concesión, se hubieran activado los mecanismos previstos en la Concesión para mejorar el estado actual de las vías cortas Chiapas y Mayab. En el presente caso, tal parece que CFCM está siendo "sancionada" por la ineptitud de otros. Como ya se señaló anteriormente, es un principio de Derecho que nadie puede aprovecharse de su propio error o torpeza."
"PRUEBAS. SON INCONDUCENTES SI TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR HECHOS AJENOS A LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De conformidad con el principio de congruencia que rige en materia de pruebas, previsto en los artículos 366 y 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, todo medio de convicción que se ofrezca y desahogue en el proceso debe guardar relación con algún punto controvertido, por lo que no es dable jurídicamente aportar pruebas para acreditar aspectos que no son tema de discusión entre las partes; de ahí que su desestimación por inconducentes por parte de la responsable, no resulte violatoria de garantías". (Énfasis añadido).
Novena Época. Registro: 184594. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, Marzo de 2003. Materia(s): Civil. Tesis: XI.2o. J/26. Página: 1607
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO."
"PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL. De acuerdo con el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, que es la materia del juzgamiento constitucional, frente al propio acto autoritario de molestia y los planteamientos que tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de garantías formulen para sostener la legalidad o la constitucionalidad de tal acto; de modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de garantías, deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por el quejoso o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, dado que carecerían de vinculación con la Litis". (Énfasis añadido).
Novena Época. Registro: 194511. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: V.1o.25 K. Página: 1443
· Escrito FCCM-DGTFM-0017/13 de 11 de abril de 2013.
· Escrito FCCM-DGTFM-0018/13 de 12 de abril de 2013.
· Escrito FCCM-DGTFM-0031/13 de 14 de junio de 2013.
· Escrito FCCM-DGTFM-0032/13 de 18 de junio de 2013.
· Escrito FCCM-DGTFM-0041/13 de 3 de septiembre de 2013.
· Escrito FCCM-DGTFM-0042/13 de 5 de septiembre de 2013.
"COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa (Énfasis añadido).
Octava Época. Registro: 215183. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 68, Agosto de 1993. Materia Común. Tesis: V.2o. J/70. Página: 73
"COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". (Énfasis añadido).
Octava Época. Registro: 206288. Primera Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988. Materia Común. Página: 183"
Es aplicable la tesis jurisprudencial que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo XXXVII, página 1279, que a la letra dice:
"SERVICIOS PÚBLICOS. Cuando el acto reclamado consiste en una disposición encaminada a dar mayor eficacia a un servicio público, no procede conceder la suspensión, toda vez que la sociedad tiene vivo interés en el buen funcionamiento de los servicios públicos." (Énfasis añadido).
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. - Entre los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, destaca el señalado en segundo término, consistente en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, si en principio la estimación del orden público corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contiene el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría."(Énfasis añadido)
SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 20 último párrafo de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la terminación de la Concesión no extingue ningún tipo de obligaciones contraídas por el concesionario durante su vigencia, incluyendo los seguros.
DÉCIMO. Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación y háganse las anotaciones administrativas y registros de ley.
DÉCIMO PRIMERO. Hágase del conocimiento de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V. que puede impugnar la presente resolución, en términos de los artículos 3, fracción XV, y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante el recurso administrativo de revisión ante esta Secretaría, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente de su legal notificación o a través del juicio contencioso administrativo federal, en términos del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente de su legal notificación.

References: artículo 28
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 217
 artículo 217
 ARTÍCULO 124
 artículo 124
 artículo 20
 artículo 2