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Timestamp: 2017-12-14 19:07:12+00:00

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tema 13 [72999] | Derecho Constitucional I (UMA) | Unybook
TEMA 13: LA LEY 1.
INTRODUCCIÓN Existen diferentes tipos de leyes. Pero no son todas fuentes del derecho, pues para serlo deben poseer un régimen jurídico diferenciado. Las leyes pueden ser:  Autonómicas  Estatales: Estatutos Autonómicos, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Dentro de la ley orgánica vemos: 1.
Leyes orgánicas de delegación o transferencia de la competencia, pero no son fuente del Derecho.
Leyes marco Leyes de delegación legislativa. Las Cortes Generales delegan funciones determinadas al gobierno.
Leyes de armonización (150 CE). También se las considera fuente del derecho independiente.
Leyes de reserva de ley. Se da cuando una materia solo se puede regular por ley cuando la CE lo dispone.
LEY ORGÁNICA  REGULACIÓN: La ley orgánica se regula en el artículo 81 de la CE.
 REQUISITOS: Necesita para su aprobación, modificación o derogación, la mayoría absoluta en el Congreso. No pueden ser aprobadas como leyes de comisión (75 CE).
 MATERIAS QUE REGULA: El primer párrafo del 81 establece mediante una enumeración taxativa las materias que se regula mediante Ley Orgánica. Esas cuatro materias establecidas configuran la reserva de ley. Es una reserva positiva, porque regula lo que sí se puede regular. En cambio, es una reserva negativa en tanto que la materia reservada positivamente a la ley orgánica, está prohibido para otras normas jurídicas. Cualquier otra materia no incluida en la enumeración taxativa se regula por ley ordinaria.
Para la creación de la ley orgánica, se plantea si basta con que la ley se apruebe por mayoría. Para aprobar una ley orgánica no es suficiente el concepto formal, pues también se requiere que la materia que regule esté dentro de la enumeración taxativa (81 CE).
La materia con más interés es la de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en la sección I capítulo II título I, quedando fuera por ejemplo el artículo 14. La CE no reserva toda la regulación, sino el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. El desarrollo es la regulación que de algún modo incida en un derecho fundamental o libertad pública. Se regula el alcance, garantía, límites, titulares y elementos esenciales.
 MATERIAS CONEXAS: son materias que no forman parte propiamente de la reserva de Ley Orgánica, pero están relacionadas con ellas. Hay ocasiones en que el legislador que aprueba la Ley Orgánica, por razones de técnica legislativa, considera adecuado regular otras materias que no son reservadas a la Ley Orgánica pero son importantes.
Por ello, lo hace todo en un mismo texto normativo: la materia reservada y sus otros aspectos relacionados no reservados.
El régimen jurídico de esas materias es definido por el Tribunal Constitucional utilizando el principio de congelación de rango, que significa que todo lo que está incluido en una Ley Orgánica sigue el régimen jurídico propio de una Ley Orgánica (el término rango no está bien utilizado porque la Ley Orgánica no tiene un rango distinto de las leyes ordinarias) Por tanto, su posterior modificación o derogación necesita la mayoría absoluta de la Cámara en una votación sobre el total del proyecto.
El Tribunal Constitucional utiliza este principio por un motivo de seguridad jurídica, para que todo lo que está en una Ley Orgánica esté en forma de bloque. Sin embargo, surge el problema de la necesidad de mayoría absoluta a la hora de modificar cualquier aspecto de la ley, y ello conlleva la petrificación del ordenamiento jurídico. Para evitarlo, el legislador establece algunos artículos que no tienen carácter orgánico, porque no regulan materia propia de Ley Orgánica, sino las otras materias relacionadas.
Si el legislador orgánico se confunde a la hora de realizar este deslinde, y deja fuera aspectos propios de materia conexa, a éstos se le aplicará la congelación de rango. Lo que ocurre es que esta decisión del legislador es revisable, bien porque sea un error o porque la minoría parlamentaria no está de acuerdo con ese deslinde.
1 Por tanto, se trata de un deslinde susceptible de control de constitucionalidad, que se podrá plantear en los momentos posteriores a la publicación de la Ley Orgánica, o durante su vigencia.
Si el Tribunal Constitucional entiende que el legislador se ha equivocado y la Ley Orgánica ha desbordado la materia propia de la reserva, sin precisar que tienen carácter ordinario a pesar de estar ahí incluidas, se está vulnerando el artículo 81 CE, y serían inconstitucionales. Sin embargo, esa declaración de inconstitucionalidad no conlleva la nulidad de esos preceptos. Por tanto, se solucionará estableciendo que los preceptos seguirán siendo válidos pero con carácter ordinario.
El principio de competencia sirve para resolver de forma definitiva el conflicto entre una Ley Orgánica y una ley ordinaria. A modo de excepción habría que tener en cuenta que si la Ley Orgánica no se ajusta a las competencias que le son propias de la reserva, no será ya Ley Orgánica, sino ley ordinaria, y por tanto, ya se aplicará el principio derogatorio.
La resolución definitiva de estos conflictos solo puede llevarla a cabo el Tribunal Constitucional, que lo hace mediante un principio provisional: principio de aplicación preferente de la Ley Orgánica cuando el operador jurídico entiende que la Ley Orgánica es una norma competencialmente válida, es decir, no desborda las materias que le están reservadas. Como este principio es provisional, no afecta a la validez de las leyes: es decir, la ley ordinaria no deja de ser válida, simplemente que en ese caso concreto prevalece la Ley Orgánica.
¿Qué ocurre si el operador jurídico entiende que la Ley Orgánica ha desbordado la reserva de Ley Orgánica? (si no se excediera sería irrelevante cuál de las dos fuera anterior en el tiempo, puesto que prevalece la Ley Orgánica).
Hay dos posibilidades: - (CAE EN EL EXAMEN DE FORMA PRÁCTICA!!!) Ley ordinaria anterior/ Ley Orgánica posterior: este conflicto se resuelve provisionalmente a favor de la Ley Orgánica posterior, aunque se ha excedido. No hace falta plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Los operadores jurídicos podrían resolver por sí mismos provisionalmente, puesto que lo que el Tribunal Constitucional podría decir es que puesto que la Ley Orgánica se ha excedido es inconstitucional, pero si el motivo es únicamente el hecho de excederse de la materia reservada para ella, ello no supondrá su expulsión del ordenamiento jurídico, sino únicamente que será considerada válida pero como ley ordinaria.
Llegados a este punto, lo que nos encontramos son dos leyes ordinarias, una anterior y otra posterior, y aquí sí entra en juego el principio de cronología, según el cual la segunda ley deroga a la primera, puesto que regulan la misma materia y es posterior.
En este caso no hay ningún riesgo, porque sea cual sea la decisión del Tribunal Constitucional, la solución será idéntica: prevalece la Ley Orgánica, tanto si se considera constitucional y sigue siendo Ley Orgánica, como si se considera inconstitucional y se degrada a ley ordinaria.
- Ley Orgánica anterior en el tiempo/ ley ordinaria posterior: este conflicto solo puede resolverse aplicando estrictamente el principio de competencia. En este caso sí hay riesgo: el único que puede declarar que la Ley Orgánica se ha excedido de su ámbito competencial es el Tribunal Constitucional. Por tanto, habría que plantear la cuestión de inconstitucionalidad, no pudiendo resolver el operador jurídico por sí mismo.
o Si el Tribunal Constitucional la considera inconstitucional y la degrada a ley ordinaria, se resolvería según el principio de cronología y resolvería a favor de la ley posterior.
o Si el Tribunal Constitucional la considera constitucional y la mantiene como Ley Orgánica, se resuelve el conflicto mediante el principio de competencia, y se resolvería a favor de la Ley Orgánica, aunque sea anterior en el tiempo.
Son Leyes Orgánicas, pero no siguen el régimen de las Ley Orgánica: sigue un régimen jurídico diferenciado. Tienen unas características especiales que le hacen ser algo más que un tipo de Ley Orgánica.
 REGULACIÓN: Están regulados en el artículo 147 CE: norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado lo reconocerá y amparará como parte de su ordenamiento jurídico.
Esto significa que están subordinados a la Constitución, al igual que el resto de fuentes del Derecho, por lo que no podrá ser inconstitucional. No obstante, es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, por lo que equivale a la Constitución dentro de su ámbito autonómico (norma de cabecera del ordenamiento autonómico). Actúa como una especie de nexo entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos.
2  MATERIAS QUE REGULA: Hay una serie de cuestiones que tienen que regular y que constituyen su contenido mínimo. Si no lo regulan, no serán normas válidas. Estas materias son: o Denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
o Delimitación de su territorio.
o Denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias (principio de auto-organización de la CA).
o Las competencias que se asumen dentro del marco establecido por la Constitución.
o Procedimiento de reforma de los estatutos.
 DIFERENCIAS RESPECTO ALAS DEMÁS LEYES ORGÁNICAS: o Las materias que regula o El procedimiento de elaboración: la Ley Orgánica es una norma íntegramente estatal, porque procede de las Cortes Generales. sin embargo, el Estatuto de Autonomía es una norma en la que confluyen dos voluntades:  la voluntad estatal, que es la que lo aprueba: el Estatuto sigue el mismo procedimiento que una Ley Orgánica para ser aprobada (mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados).
 la voluntad autonómica, que colabora en su elaboración.
 RELACIÓN ENTRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y EL RESTO DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: o Si el conflicto se da entre el estatuto y la Constitución: se resuelve mediante el principio de supremacía constitucional, puesto que la Constitución es superior.
o Si el conflicto se da entre el estatuto y una Ley Orgánica posterior en el tiempo: se resuelve a favor del principio de competencia, teniendo en cuenta a quién le corresponde regular esa materia. Si la competencia corresponde al estatuto, siempre se resolverá el conflicto a su favor, independientemente de cuál sea anterior en el tiempo. Por tanto, no opera el principio de cronología. Hay dos motivos: porque es una materia reservada al estatuto, y porque éste tiene un procedimiento específico de reforma, y por tanto no podrá ser reformado por una Ley Orgánica posterior cualquiera.
Hay que tener en cuenta que los estatutos forman parte por excelencia del bloque de la constitucionalidad. Esto significa que a la hora de tener en cuenta un parámetro de constitucionalidad para examinar la constitucionalidad de las leyes, se tendrán en cuenta los estatutos, además de la Constitución. Ej. Se considera que una ley de carreteras es inconstitucional porque la competencia corresponde a la CA. Para determinar si realmente es inconstitucional, se tendrán en cuenta también los estatutos, para ver si la CA podía asumir la competencia.
LAS LEYES DEL ART. 150 CE.
Son leyes relacionadas con las competencias de las Comunidades Autónomas y con las del Estado.
- Artículo 150.1 se refiere a las leyes marco: se trata de una ley ordinaria, que sigue su régimen jurídico propio. Su denominación “marco” se refiere a su contenido.
Se refiere a competencias estatales referidas en el 149.1 Constitución: estas competencias son exclusivas del Estado. Por tanto, a través de la ley marco lo que se hace es atribuir a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas referidas a la materia que es de competencia estatal, pero respetando el marco de los principios, las bases y las directrices establecidas en la propia ley estatal. Se le atribuye parte de la competencia, pero no toda.
En definitiva, lo que hace es transformar una competencia estatal exclusiva en una competencia compartida entre y las Comunidades Autónomas. A través de la ley marco queda establecido lo que le corresponde a cada uno de ellos:  Al Estado le corresponde la facultad de establecer las bases, los principios y las directrices que después tiene que respetar la CA a la hora de dictar normas.
 La CA tiene capacidad normativa, pero solo para dictar normas legislativas (no reglamentos). No obstante, esa capacidad normativa es limitada, puesto que tiene que respetar las bases, los principios y las directrices que sigue correspondiendo establecer al Estado. Por tanto, lo que la CA lleva a cabo son las leyes de desarrollo de lo que establece el Estado.
- Artículo 150.2 se refiere a las Leyes Orgánicas de delegación o transferencia: son leyes exclusivamente estatales, aprobadas por las Cortes Generales. Se refieren a materias que el 149.1 reserva exclusivamente al Estado, por lo que son materias de titularidad estatal.
Tienen un límite, puesto que tiene que tratarse de materias que por naturaleza sean susceptibles de delegación o transferencia.
Se puede transmitir a la CA facultades legislativas, reglamentarias y/o de mera ejecución. Hay que tener en cuenta que solo se transmiten facultades, pero la competencia sigue correspondiendo al Estado.
3 Las leyes de estos dos primeros preceptos amplían las competencias que la CA ha asumido en el estatuto, pudiendo asumir otras adicionales. Tienen un carácter expansivo.
- Artículo 150.3: Se refiere a las leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias correspondidas a éstas últimas, cuando así lo exija el interés general.
Tienen un carácter restrictivo, limitando las competencias que la CA había asumido en el estatuto. Lo hace equiparando siempre por lo bajo disposiciones normativas dictadas por las Comunidades Autónomas.
Para que el Estado pueda dictar estas leyes, se requiere que más de una CA haya dictado normas sobre una materia, que la regulación sea dispar o incluso contradictoria y que entorpezca el tráfico jurídico.
Se requiere además que el interés general exija la necesidad de dictar esta ley. En este caso, el interés general es el presupuesto habilitante, es decir, es la situación que permite al legislador dictar este tipo de norma. Es a las Cortes Generales a las que corresponde determinar que concurre este presupuesto. Esta constatación también se manifiesta mediante mayoría absoluta.
Esta apreciación de las Cortes Generales está sujeta a control del Tribunal Constitucional, que puede verificar dicha concurrencia posteriormente. A este control se puede llegar mediante cualquiera de los procesos: recurso, cuestión o autocuestión.
Las Cortes Generales tienen que aprobar la necesidad de dictar esa ley mediante mayoría absoluta de ambas Cámaras. A partir de ese momento, la ley se tramita como una ley ordinaria.
Derecho Constitucional I - tema 3 (2015) Apunte
Derecho Constitucional I - tema 4 (2015) Apunte

References: artículo 81
 artículo 14
 artículo 81
 resolución 
 artículo 147
 Artículo 150
 Artículo 150
 Artículo 150