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Timestamp: 2017-12-11 13:30:16+00:00

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Las relaciones de consumo en el nuevo Código Civil y Comercial La resurrección del bystander
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Las relaciones de consumo en el nuevo Código Civil y Comercial
La resurrección del bystander
Por Fernando Shina[1]
§ 1. Presentación. En algún sentido este breve ensayo tiene una debilidad insalvable que deroga todas sus pretensiones. Lo confieso abiertamente: el trabajo se presenta bajo la fórmula de una interrogación aparente cuya finalidad, sin embargo, no es hallar una respuesta sino precisamente la opuesta. Las reflexiones que siguen procuran evitar que una contestación conclusiva de por terminado el tema relacionado con el tercero expuesto a la relación de consumo.
Quiero decir a mi favor que la cuestión del ‘bystander’ no es una materia que pueda ser decidida estudiando más, o leyendo mejores textos, o acudiendo a una conciencia más esclarecida para que su mejor pensamiento ilumine las opacidades del nuestro. La existencia o la derogación del bystander de nuestro sistema normativo no es un dilema que pueda agotarse con una respuesta. Estamos, afortunadamente, frente a un asunto que debido a su complejidad es vacilante y escurridizo.
Tampoco ignoro que presentar un ensayo cuya conclusión postula el triunfo de las incertidumbres adolece de una debilidad prácticamente insuperable. Sin embargo, esa impotencia que deja inconclusa la idea que pretende establecer es, a mi modo de ver, el único mérito de estas anotaciones: mantener en estado indeterminado un tema que tiene tanta importancia que es mejor reflexionar sobre su contenido antes que decidir su extinción.
§ 2 El dilema. Este es el interrogante que propongo no resolver sino examinar:¿la figura del tercero expuesto a la relación de consumo, que oportunamente postulara el artículo 1° LDC luego de su modificación por la ley 26.361, quedó definitivamente derogada por la ley 26.994?
§ 3. Las normas en juego En primer lugar vamos a presentar cada una de las normas, vigentes y póstumas, que están relacionadas con el bystander criollo.
1.El artículo 1° de la ley 24.240, modificado por la ley 26.361;
2.El artículo 1° de la ley 24.240, reformado por la ley 26.994.
3.El artículo 1094 Código Civil y Comercial.
4.El artículo 1096 del Código Civil y Comercial.
a) El primigenio artículo 1° LDC. La gigantesca maquinaria de legitimación. Veamos qué decía el artículo 1° LDC luego de ser modificado por la ley 26.361. Esa norma, en efecto, establecía una formulación muy amplia para definir el universo de sujetos que debían ser considerados usuarios o consumidores. La norma, en su segundo párrafo disponía: Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.
La lectura del texto nos impone una conclusión: todos somos consumidores o usuarios en todo momento. De esta forma, prácticamente, no queda ninguna relación jurídica que no sea, en simultáneo, una relación de consumo. En su momento la doctrina nacional se había ocupado de esta extensión un poco exagerada de la norma, entendiendo que la amplitud conceptual tenía un arraigo constitucional: “El art. 42 de la Const. Nacional, se refiere a los derechos de los consumidores y usuarios ‘en la relación de consumo. Entendemos que es lo correcto, pues la tutela no va dirigida a un sector de la población, sino a toda persona que halle en ese supuesto”[2] La noción de tercero expuesto, desde sus orígenes, estaba destinada a romper la idea de un contrato para llenar de contenido social a las relaciones de consumo. “En nuestra opinión, el texto constitucional adopta esta expresión no porque dude de que existe un contrato, ya que hay una oferta y una aceptación, sino para referirse, con una visión más amplia, a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios…La ley 26.361, con criterio amplio, incorpora la expresión ‘relación de consumo…”[3]
A pesar de la aparente exageración del texto no estoy seguro de que la norma, aún bajo esa formulación extrema, estuviera equivocada. Pero más allá de afinidades personales, el texto legal nunca fue bien visto por la doctrina nacional (siempre conservadora a la hora de aportar las ideas que escasean) ni, mucho menos, por los poderosos sectores integrados por los proveedores de bienes y servicios (Particularmente las aseguradoras). Estos últimos, y con razón, veían que la norma marcaba un claro avance hacia ellos en materia de responsabilidad.-
No caben dudas que la inclusión de un sujeto abstracto denominado ‘expuesto a la relación de consumo’ aumenta los límites en los que se desarrolla la teoría general de la responsabilidad porque aumenta, casi infinitamente, las posibilidades de tramitar un reclamo. “Por otra parte, la exposición a un relación de consumo en rigor no constituye ninguna regla de legitimación, legitima a todos frente a un daño cuya causalidad se acredite ocasionada por algún objeto, actividad o cosa que pueda ser denominada producto; claro está sin que se tal término encuentre precisión en alguna fuente del sistema jurídico.”[4] Tiene razón Santarelli, la noción de tercero expuesto, dada su amplitud, nos legitima a todos para ser titulares de eventuales acciones de responsabilidad contra proveedores de bienes y servicios.-
Uno de los pilares que sostiene la tan mentada defensa del consumidor consiste, justamente, en facilitar el acceso a la justicia de los usuarios El verdadero acceso a la justicia consiste en, no solo permitir que el usuario se queje sino alentarlo, desde el Estado, a que lo haga. “En cuanto a los requisitos básicos que deben contener los procedimientos destinados a dar andamiento a este tipo de demandas, señalamos los siguientes: a) procedimientos gratuitos, ágiles y abreviados, y que contengan instancias conciliatorias; b) legitimación activa amplia, comprensiva del afectado, las asociaciones, las autoridades administrativas, el Ministerio Público y el defensor del pueblo…e) posibilidad de obrar preventivo, mediante dictado de medidas urgentes de cese o restitutivas; mecanismos indemnizatorios fluidos que no sólo permitan otorgar reparaciones a los afectados sino que, además, desalienten y eviten ganancias empresariales ilegítimas o fraudulentas.”[5]
Comparto la idea de Rusconi; es esencial para la buena marcha del Derecho del consumidor que existan procedimientos que sean gratuitos, y en lo que la legitimación activa para acceder a ellos sea lo más amplia posible.
La organización internacional de Naciones Unidas sostiene que es inherente al derecho del consumidor la creación, por parte de los Estados, de procedimientos –judiciales y administrativos - que faciliten y estimulen los reclamos de los usuarios. En ese sentido, las Directrices para la protección del consumidor, tanto en su primera formulación del año 1985 como en la última reforma del pasado mes de julio de 2015, sostienen la necesidad de aceitar los mecanismos públicos para hacer reclamos apropiados. Así, en el punto E. n° 36 se establece: “Los Estados Miembros deben establecer o mantener medidas jurídicas o administrativas para permitir que los consumidores o, en su caso, las organizaciones competentes obtengan compensación mediante procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles. Al establecerse tales procedimientos deben tenerse especialmente en cuenta las necesidades de los consumidores de bajos ingresos…Se debe facilitar a los consumidores información sobre los procedimientos vigentes y otros procedimientos para obtener compensación y solucionar controversias.
Es clave para la buena marcha de las relaciones de consumo que existan muchas quejas de usuarios enojados, y procedimientos ágiles que las contengan. El instituto del bystander va en esa dirección; en definitiva, todos sus secretos se resumen en la creación de una gigantesca legitimación activa para efectuar reclamos.
Cuando se analiza esta figura, no debe perderse de vista que no hay mejor estímulo para mejorar las inversiones del sector productivo que el enojo bien encausado de los propios clientes. Porque a medida que los reclamos se multiplican y las indemnizaciones incrementan su valor los productores, humanos, demasiado humanos, disponen más recursos económicos y técnicos para mejorar la calidad, la seguridad y la idoneidad de los bienes y servicios que mercadean. Más o menos así funcionan las cosas en los países más avanzados que el nuestro; y no hay nada que indique que la receta no sea aplicable a la Argentina que tanto atraso tiene en tantas las materias sociales y académicas.
En un trabajo anterior hemos manifestado que “Nadie va a invertir en hacer productos más seguros si el precio de esa inversión supera el valor de la pena que deberá pagar si ocurre un evento dañoso.”[6] La misma lógica puede aplicarse, no ya al monto de los resarcimientos, sino a la cantidad de pleitos que llegan a tribunales. Si el universo de sujetos legitimados para reclamar aumenta, la eventualidad de tener que soportar más juicios presiona –saludablemente - para que el sector productivo invierta más en la seguridad y la calidad de sus productos y, a la postre, disminuya la litigiosidad. En definitiva lo que proponemos no es tan difícil de entender; la idea es que haya menos juicios no porque se promueva el acceso a la justicia de los quejosos sino porque mejora la calidad de los bienes y servicios que se mercadean.
Pero para que eso ocurra hay que dotar de poder a los verdaderos protagonistas del mercado: los consumidores. La derogación o limitación de la figura del bystander, en última instancia, perjudica a toda la sociedad de consumo. Se trata de un recurso regresivo que solamente la burocracia (demasiado poderosa) industrial de un país subdesarrollado puede sostener con tanto ahínco. Para colmo, esos lobbistas siempre encuentran los oídos listos de académicos cuidadosamente disfrazados de progresistas jurídicos.-
b)El artículo 1° LDC luego de la reforma de la ley 26.994. Lagigantesca maquinaria del lobby empresario. Luego de la reforma de la ley 26.994, el segundo párrafo del artículo 1° LDC quedó redactado así: Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Es decir: la gigantesca maquinaria del lobby empresario -en complicidad con el progresismo apócrifo y regresivo de cierta escuela - borró de un plumazo la última oración del artículo 1° LDC que incluía, como sujeto consumidor, al tercero expuesto a una relación de consumo. Fin del bystander.
¿Fin del bystander?
c)El artículo 1.094 CCC. A todo evento, y previendo que al terminar este trabajo la cuestión del bystander quedará exactamente igual de insegura, vale la pena recordar que las dudas en materia de derecho del consumidor tienen un importante valor: ellas siempre vuelcan la solución hacia lado más favorable al consumidor. Ese principio general, que originariamente estaba contenido en el artículo 3° LDC (esa norma sigue vigente), hoy es reforzado por el artículo 1.094 CCC. Esta norma dispone: Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.
Por lo tanto, si en un caso concreto existiera la más mínima duda acerca de si un sujeto es un tercero o un consumidor se deberá optar por asignarle la condición de usuario. Frente a la incertidumbre, prevalece la idea de relación de consumo y tutela del sujeto consumidor. La idea de protección del sujeto es más próxima a la Constitución Nacional que aquella que la restringe o anula; por eso la duda –fáctica o normativa - siempre vuelve al sujeto convertida en un derecho efectivo: “El Derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que gira dentro del sistema de Derecho Privado, con base en el Derecho Constitucional. Por lo tanto, las soluciones deben buscarse, en primer lugar, dentro del propio sistema, y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo, y aún derogatorios de normas generales[7].”
En efecto, el Derecho del consumidor ha logrado una centralidad protagónica dentro de nuestro ordenamiento jurídico: “El dictado de la normativa de protección al consumidor ha virado el punto de análisis de la normativa involucrada; en efecto, así como se predicaba que la ley 24.240 se inscribía en el contexto de normas destinadas a salvaguardar el funcionamiento del mercado, hoy es sustentable la idea que el centro de la regulación del mercado lo constituye el derecho del consumidor y los principios consagrados en su normativa.”[8].
El nuevo código Civil y Comercial, a pesar de algunos yerros, asume esa centralidad del derecho del consumidor. Por eso me permito manifestar que la eliminación del bystander, o su confusa limitación, contraviene esa tendencia tan saludable.
§ 4. Las extrañas injerencias del Código Civil y Comercial en el derecho del consumidor.
Sin que haya una buena razón que lo justifique ni otra mejor que lo impida, el Código Civil y Comercial incorpora en su plexo normativo contenidos propios de la ley de defensa del consumidor.
Tengo opinión negativa sobre esa promiscuidad normativa. Entiendo que era mejor modificar la ley especial manteniendo su absoluta autonomía, o bien derogarla para incluirla en el nuevo código. Me parece que mantener dos sistemas inevitablemente ocasionará dudas, confusiones y choques. Pero no tengo más sustento para esta opinión que mi creencia –quizás algo antigua – de que un sistema normativo único es menos ambiguo que uno doble y repleto de normas que no son exactamente iguales ni completamente distintas.
En la aversión que me causa esta convivencia de sistemas normativos se cuelan una o dos cuestiones colaterales, y quizás cargadas de cierto prejuicio. En primer lugar, nuestra doctrina tiene un goloso favoritismo por debatir banalidades en forma interminable (recordamos, a modo de ejemplo, que estuvimos 50 años discutiendo la intrascendente cuestión - que dividía las aguas en el medio de la gran sequía académica - acerca de la responsabilidad contractual o extracontractual). En segundo lugar, la justicia que supimos conseguir para resolver nuestra propia convivencia pacífica no deja de asombrarnos con una lentitud que imita a la eternidad. Tanto la banalidad como la lentitud extrema pueden tener efectos muy nocivos, haciendo que un tema menor tarde años en resolverse.
Recuerdo al lector que algo muy parecido a eso (el choque entre trivialidad y desidia) ocurrió con la increíble (¿interminable?) discusión acerca de la legitimación activa de las asociaciones de defensa del consumidor para actuar en juicios de clase. Ese tema, que ya tiene cerca de 10 años de estéril discusión pasó por todas las instancias judiciales sin que a la fecha la cuestión sea certera. Ello, a pesar de que el artículo 55 LDC resuelve la cuestión de manera positiva.
En fin. Ojalá me equivoque y las confusiones que me inquietan no lleguen a existir; y si ocurren, que sean fácilmente superadas por la doctrina, la jurisprudencia y los abogados que litigan sosteniendo posiciones interinas, pero favorables o contrarias a la figura que analizamos.
Pero más allá de esa opinión personal, lo cierto es que los legisladores del nuevo Cód. Civ y Com han optado por la solución opuesta.
Según la Comisión Redactora del flamante código, al incluir los aspectos protectorios de la ley especial (24.240) en la ley general (26.994) esos principios iban a resultar reforzados para quedar a salvo de una eventual reforma regresiva. En pocas palabras, el Código Civil y Comercial se ocupa de cuestiones propias de las leyes especiales para, según dicen sus creadores, asegurar los beneficios de la ley específica impidiendo que una reforma furtiva los extinga en una de esas tertulias trasnochadas a que nos tiene acostumbrado el Congreso de la Nación. El argumento, debo decirlo, es raro porque lo usual es que las leyes especiales cubran algunos aspectos específicos que, justamente por esa condición, exceden las posibilidades de la ley general.
No obstante, quizás sea posible la excepción que nos proponen los juristas de la Comisión Redactora. Y, repito, no hay motivo para dudar de una afirmación que viene enunciada por las personas más prestigiosas de nuestra escuela. Veamos: Por estas razones se propone incluir en el Código Civil una serie de principios generales de protección del consumidor que actúan como una "protección mínima", lo que tiene efectos importantes: a) En materia de regulación, ello implica que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores. b) Ninguna ley especial en aspectos similares pueda derogar esos mínimos sin afectar el sistema. El Código, como cualquier ley, puede ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que con relación a cualquier ley especial. Por lo tanto, estos "mínimos" actúan como un núcleo duro de tutela. c) También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque hay reglas generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos, del Código Civil que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje normativo común. d) En el campo de la interpretación, se establece un "dialogo de fuentes" de manera que el Código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes. El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor.[9]
En resumidas cuentas, la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial nos indica que, más allá de la ley especial del consumidor, se incluirán en el código general protecciones mínimas que actuarán como un refuerzo de las defensas establecidas en la ley especial. De esta forma, se propone crear una suerte de escudo o piso duro de tutela que no puede ser perforado por ninguna otra ley. Los derechos del consumidor adquieren entonces una tutela mínima que podrá ser mejorada y nunca empeorada por las leyes especiales.
No está mal la reflexión. Pero me parece que tampoco representa un gran aporte a los derechos del consumidor. El Código Civil y Comercial, como otras leyes ordinarias, puede ser modificado total o parcialmente por otra ley; lo que hoy es un principio de gran novedad e importancia mañana puede convertirse en una norma oxidada que ya no sirve y que se modifica por otra de sentido opuesto. El único escudo de acero que tienen los derechos del consumidor es su pertenencia a la exclusiva familia de los derechos constitucionales; y esa jerarquía le viene dada por el artículo 42 CN y no por una ley, que por más extensa e importante que sea, no deja de ser una ley ordinaria dentro del sistema normativo.
En ese mismo orden de ideas, Aída Kemelmajer de Carlucci señala: “Otras veces se decidió traer sólo el llamado núcleo duro, describir el piso mínimo de protección relativo a las materias esenciales, sin perjuicio de la mayor que la ley especial pueda contener. Así, por ejemplo, convencidos de que un Código del siglo XXI no puede silenciar al consumidor, un sujeto de la cotidianidad, se reguló aquello que la doctrina más prestigiosa entiende que integra ese núcleo duro, o sea, las normas que tienen por finalidad mejorar las reglas sobre el consentimiento, y eliminar o disminuir los desequilibrios.”[10]
Comparto el contenido de la cita; es impensable un ordenamiento jurídico de nuestros días que, aferrado a reglas decimonónicas, le dé la espalda al consumidor de bienes y servicios. Pero, no obstante, lamento que el bystander se haya hundido en el piso blando de una reforma que lo abandonó en la dogmática positiva, a pesar de no abandonar los discursos encendidos de progresismos un poco inverosímiles.
§ 5. El bystander en el nuevo Código Civil y Comercial.
a) Introducción. Lo dicho en el parágrafo que antecede nos permite meternos de lleno en el tratamiento que el nuevo código hace sobre el derecho del consumidor en general, y en particular sobre la figura del bystander o tercero expuesto a la relación de consumo. No debemos olvidar que en el Libro III, Título III, Capítulos 1 a 4, artículos 1092 a 1122 el Código Civil y Comercial se dedica a legislar sobre contratos de consumo. Ello nos lleva a examinar detenidamente una serie de disposiciones y, fundamentalmente, lo explicado por la Comisión Redactora.
Al referirse al contrato de consumo, la Comisión Redactora manifiesta: Estas definiciones receptan las existentes en la legislación especial, depurando su redacción y terminología conforme a observaciones efectuadas por la doctrina. En especial cabe mencionar la figura del "consumidor expuesto", incluido en la ley especial dentro de la definición general de consumidor. Ello ha sido una traslación inadecuada del Código de Defensa del Consumidor de Brasil (artículo 29), que contempla esta noción en relación a las prácticas comerciales, pero no como noción general. Como se advierte, la fuente, si bien amplía la noción de consumidor, la limita a quien se halla expuesto a prácticas abusivas, lo que aparece como absolutamente razonable. En cambio, la redacción de la ley 26.361, carece de restricciones por lo que, su texto, interpretado literalmente, ha logrado una protección carente de sustancialidad y de límites por su amplitud. Un ejemplo de lo expuesto lo constituye el hecho que alguna opinión y algún fallo que lo recepta, con base en la frase "expuestas a una relación de consumo", han considerado consumidor al peatón víctima de un accidente de tránsito, con relación al contrato de seguro celebrado entre el responsable civil y su asegurador. La definición que surge del texto constituye una propuesta de modificación de la ley especial. De todos modos, y tomando como fuente el artículo 29 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, la hemos reproducido al regular las "Prácticas abusivas" toda vez que, en ese caso, su inclusión aparece como razonable.[11]
Vamos a analizar los aspectos más relevantes de estas reflexiones que son, ni más ni menos, los antecedentes más directos que hay sobre las nuevas normas.-
b) La definición de consumidor y los recursos idiomáticos. En primer lugar la Comisión Redactora explica el artículo el artículo 1° LDC, luego de la modificación de la ley 26.361, había asumido una posición excesivamente amplia frente a la noción de consumidor. Para la Comisión Redactora esa amplitud improcedente se debió a una traducción inadecuada del artículo 29 del Código de del Consumidor de Brasil.
Es decir, luego de varios años de vigencia de la mencionada ley nos venimos a enterar que todo el revuelo que había ocasionado la incorporación a del ‘bystander’ a nuestro ordenamiento se debió, no a su concepción revolucionaria de la teoría contractual clásica, sino a un defecto de traducción del idioma portugués.
El argumento, además de original, es insólito y de una notable debilidad de contenido. En lo personal, siempre he defendido las virtudes teóricas que el bystander aportaba a nuestro sistema, sobre todo en el derecho del consumidor. Pero además, confieso sin pena ni reproche que utilicé esa figura en mi trajín abogadil, y también cuando me desempeñé como funcionario de la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Provincia de Chubut. También expliqué con entusiasmo sus bondades durante mi labor docente en distintas universidades y foros nacionales. Hice todo eso, lector, sabiendo apenas unas pocas palabras del bello idioma portugués. Pero estimo que mi criterio no se hubiera modificado por conocer a fondo ese idioma. No creo que haya existido entre el bystander y el derecho nacional un malentendido idiomático.
El artículo 1° LDC, en su versión más amplia era una norma buena; su intención era lograr que un mayor número de personas se vieran amparadas por una ley que protege a un sujeto colectivo que es universal, pero sumamente vulnerable: el usuario y consumidor de bienes y servicios. Por más que se haya querido presentar una exageración normativa, esa norma legal surge dentro de un contexto socioeconómico que exige una protección de sentido totalizador. En una economía a gran escala, todos somos consumidores. Hoy día el derecho del consumidor es un estatuto de ciudadanía del mercado.[12] Ni más ni menos: el artículo 1° LDC protegía a todos los ciudadanos del mercado expuestos al consumo y sus vicisitudes.-
La finalidad del artículo ahora modificado era proteger a víctimas ajenas a una contratación pero causalmente vinculadas con un hecho que les ocasionó un daño. Se trataba de una norma verdaderamente revolucionaria y progresista que le traía aire bueno a nuestra sistemática. El jurista Lorenzetti, tiempo atrás, explicaba con cierto entusiasmo las bondades del bystander: “Debe interpretarse que se trata de personas que están expuestas, sin tener la finalidad de consumidor, incluyendo a las víctimas de un daño derivado de productos, de publicidades, de prácticas comerciales. En estos casos la relación de consumo es un hecho lícito o ilícito que está vinculado causalmente con un daño sufrido por una persona. De este modo se acepta una figura similar al bystander, como se lo conoce en el Derecho anglosajón.”[13]
El bystander es una persona que resulta ser víctima de una relación de consumo ajena pero causalmente vinculada al daño que sufre; esa es la clave de la figura: la relación causal entre el daño padecido por la víctima y el hecho dañoso. Desgraciadamente los reformistas dejaron de lado una regla jurídica básica: lo único importante a la hora de encender responsabilidades y repartir indemnizaciones es la vinculación causal entre el hecho –lícito o ilícito - dañoso y el daño padecido por la víctima. López Mesa enseña: “La relación de causalidad, o nexo causal entre la conducta del responsable y el daño causado, es la base de la responsabilidad civil. Si no se puede trazar un nexo de causalidad adecuada entre la antedicha conducta y el daño acreditado, no queda más que la resignación cristiana de la víctima, pues ella no puede obtener resarcimiento de quien no se halla unido al daño por un nexo adecuado de causalidad.”[14]
El bystander, por más amplio que el concepto resultara para algunos juristas, es un sujeto que había padecido un daño antijurídico, y causalmente vinculado con la persona a quien dirigía su reclamo. Es decir: la existencia de un bystander presupone, en simultáneo, la de un proveedor, y la de una infracción típica (antijuridicidad), y la de un daño; finalmente, supone también la existencia de una vinculación causal adecuada. Si falta alguna de estas piezas podrá haber bystander pero no habrá derecho a que ese sujeto reclame nada. Estas cuestiones eran, por cierto, mucho más importantes que la extensión de la figura, o sus parecidos con otras figuras extranjeras.
c) Las correcciones idiomáticas y los fallidos conceptuales. Ya convertida en una academia de lenguas vivas la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial nos explica que en Brasil, la figura del bystander se utiliza como una noción referida a las prácticas comerciales abusivas concretas y no como una noción general.
Ese tratamiento general era, según la comisión, el principal defecto de nuestro artículo 1° LDC. Por eso dice: Como se advierte, la fuente, si bien amplía la noción de consumidor, la limita a quien se halla expuesto a prácticas abusivas, lo que aparece como absolutamente razonable…” Por el contrario, nuestro artículo 1° LDC no contiene esa limitación expresa haciendo que la norma sea insostenible: a criterio de los legisladores: “En cambio, la redacción de la ley 26.361, carece de restricciones por lo que, su texto, interpretado literalmente, ha logrado una protección carente de sustancialidad y de límites por su amplitud…”
Francamente la explicación dada no es comprensible. Porque por más que el artículo 1° LDC no lo dijera está claro que se refería a un sujeto que había padecido una práctica abusiva o antijurídica causalmente vinculada con el daño sufrido en su persona. Seamos claros: nadie puede reclamar por un daño que no esté causalmente emparentado con un hecho. El daño padecido por causa justa o jurídica no es reparable ni en español, ni en inglés ni en portugués.
No es este un problema de amplitud de conceptos, sino de la legitimidad que las personas tienen para ser titulares de un reclamo. Y por más amplio que sea el concepto de consumidor no incluye a sujetos expuestos a prácticas que no sean abusivas o antijurídicas. En pocas palabras: sin antijuridicidad, no hay responsabilidad Desde la escuela más clásica, López Mesa nos aporta un poco de claridad. Veamos: “La responsabilidad civil constituye una obligación de segundo orden; ello implica que se configura sólo ante el incumplimiento de un deber jurídico u obligación primaria preexistente cargo de un sujeto que luego, si dicho incumplimiento ha sido la causa adecuada del daño, es responsabilizado por él.”[15]
La limitación contenida en el código extranjero es de una obviedad tan notoria que su inclusión en una norma es abundante. La modificación mutiladora que sufrió el artículo 1° LDC no tuvo absolutamente nada que ver con una cuestión idiomática. Avancemos. Por el contrario, los verdaderos motivos de la nueva traducción del bystander son también aportados por la Comisión Redactora cuando dice: Un ejemplo de lo expuesto lo constituye el hecho que alguna opinión y algún fallo que lo recepta, con base en la frase "expuestas a una relación de consumo", han considerado consumidor al peatón víctima de un accidente de tránsito, con relación al contrato de seguro celebrado entre el responsable civil y su asegurador.[16]
En efecto, todo el melodrama montado alrededor del bystander tiene una única explicación: el instituto perjudicaba al sector integrado por las superpoderosas compañías de seguros. La modificación de la norma no se debió a un defecto idiomático sino a la conveniencia de ese grupo empresario. Y como no podía ser de otra manera, la pujante escuela de juristas progresistas-regresivos una vez más le prestó el oído a los lobbistas de ese equipo; y los hizo sin dejar de posar en fotos sonrientes, en el medio de discursos bonitos que despilfarran progresismos sin sustancia. Finalmente vino la esforzada traducción para que todos entendamos que la palabra lobby significa impunidad.
Y ya que estamos hablando de claridad idiomática, no voy a privarme de decir que me parece absolutamente razonable y justo que los peatones, víctimas de accidentes de tránsito, tengan acción directa contra las compañías aseguradoras. Pero el punto no radica en la extensión del término consumidor, sino en que atropellar a una persona es un acto ilícito, dañoso y antijurídico que legitima la reacción jurídica de la víctima (contra el responsable y contra su aseguradora).
El artículo 1716 CCC dispone: “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este código”. La fuente de la obligación indemnizatoria no surge de la condición de usuario sino de esta norma que les da a las víctimas la legitimación suficiente y necesaria para que obtengan una reparación. Y, sin dudas, la mejor chance de obtener una reparación adecuada consiste en demandar de manera directa a la compañía de seguros.-
En sentido similar se expresa Federico Moeykens: “Es sabido que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se reconoce acción directa al damnificado en el contrato de seguro contra la aseguradora, quien sólo puede hacerla comparecer a juicio catándola en garantía, según lo previsto en el artículo 118 de la Ley de Seguros. A la luz de los nuevos enunciados de la ley 26.361 el tercero beneficiario y el damnificado, sin formar parte de la relación de consumo que se concibe originariamente entre el asegurado y quien contrató los servicios de cobertura de riesgos, se encuentran alcanzados y amparados por el microsistema protectorio del consumidor de seguros, y por ende merecen idéntica tutela por parte del Estatuto del Consumidor.”[17]
Por otra parte, no debemos olvidar que el titular responsable tomó ese seguro (que en el caso del seguro automotor es obligatorio por imperio de la ley 24.449) para proteger a las eventuales víctimas que, desde luego, siempre serán terceros ajenos a esa contratación. Pero esa condición no les debería impedir el ejercicio de sus derechos y reclamar directamente contra la compañía aseguradora. Y no vale la pena disimular los motivos por los cuales es preferible demandar a la compañía de seguros: el patrimonio de una aseguradora es muchísimo más suculento que el del responsable. Por otra parte, luego de saciar a la víctima la compañía podría iniciar contra su cliente las acciones regresivas que estime más justas.
d)La resurrección de un bystander anémico. Ahora sí veamos en qué quedó la figura del bystander luego de las correcciones idiomáticas que le hizo la ley 26.994. Para eso hay que analizar algunas normas contenidas dentro del Libro III, Título III, Capítulo 2 del CCC (artículos 1096 a 1.103).
En primer lugar vamos a examinar el artículo 1096 CCC que dispone: Las normas de esta Sección y de la Sección 2a del presente Capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092.
La norma establece que los sujetos protegidos de las prácticas abusivas son: ‘todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no…” Sinceramente no encuentro en esta fórmula ninguna diferencia conceptual con lo que proponía el viejo artículo 1° LDC cuando establecía era consumidor quien: “… de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo…”.
Decir todas las personas (indeterminadas) expuestas a las prácticas comerciales es exactamente lo mismo que decir cualquier persona expuesta a una relación de consumo. No creo que el esfuerzo de traducción dispuesto por el legislador haya dado los resultados previstos. El artículo 1.096 CCC se formula incluyendo al mismo universo de personas que incluía el artículo 1° LDC. La diferencia, si existe alguna, hay que buscarla no en el universo de sujetos contenidos sino en las condiciones objetivas requeridas para que ese grupo de personas pueda ser titular de la acción.
En ese orden, el artículo 1.096 CCC dice que los expuestos a la relación de consumo tendrán acción si son afectados por informaciones insuficientes o publicidades engañosas. Esto significa que habrá bystander o tercero expuesto a la relación de consumo siempre que la cuestión involucre informaciones defectuosas o publicidades engañosas.
El origen de esta restricción sí está en Derecho brasileño cuyo artículo 29 del Código de Defensa de los Consumidores protege a sujetos ajenos a una contratación. Lorenzetti, comentando ese artículo señala: “El consumidor está en contacto con la publicidad abusiva, engañosa, fraudulenta; está sometido a ofertas condicionan la compra de un producto a otra, puede ser afectado por situaciones monopólicas, puede ser tratado discriminatoriamente, puede existir omisión de información. En estos casos no hay contrato, sino un trato previo, una especie de responsabilidad precontractual ampliada ostensiblemente.”[18]
En verdad, en los casos mencionados no hay una construcción jurídica que involucre a un tercero expuesto; sencillamente hay una serie de infracciones a la ley de defensa del consumidor, tales como información defectuosa, ofertas falsas, trato discriminatorio, publicidades engañosas, etc. Lo que Lorenzetti describe no es un sujeto de derecho sino tipos objetivos de antijuridicidad.
Por algún motivo se quiso limitar la figura del bystander a las situaciones previstas en los artículos 1.096 a 1.103 del CCC, dejando de lado todo lo que hasta ahora habíamos andado en materia de protección a los terceros expuestos. Francamente no se entiende porque se admite una protección contra una publicidad engañosa de un desinfectante para baños y se le restringe tutela a quien es atropellado por un automóvil. Definitivamente, no creo que ese vaivén haya ocurrido por un malentendido lingüístico entre los idiomas portugués y español. Creo, más vale, que prevaleció el idioma universal que hablan las grandes corporaciones: la rentabilidad, aún en perjuicio de miles de personas.
En síntesis, bajo el nuevo sistema normativo el bystander existe pero de manera mucho más limitada que la prevista en el modificado artículo 1° LDC. En la nueva dogmática, el tercero expuesto a las prácticas comerciales tendrá acción legal si hubo una información defectuosa en la oferta de un bien o servicio. Y lo mismo cabe decirse con relación a las publicidades engañosas.
El bystander, como sujeto indeterminado y ajeno a la contratación directa de bienes y servicios, sigue vivo dentro de nuestro ordenamiento aunque su potencia haya sido atenuada. Los planteos jurídicos que ocurrirán en tribunales, y los fallos que de ellos se ocupen serán los encargados de marcar los límites de esta figura tan difícil de encuadrar.
§ 6 La jurisprudencia. A pesar de los graves problemas que los reformistas intuyeron al momento de modificar el art. 1° LDC la jurisprudencia había recibido positivamente la figura del bystander, consolidando lentamente una doctrina judicial prudente y ajustada a nuestro medio. Veamos, al pie de página, algunos casos recientes.[19]
§ 7. Las terminaciones.-
Toca ahora poner en limpio las ideas presentadas en este trabajo para que el lector pueda encontrar en ellas alguna utilidad.
a)La figura jurídica del bystander es de origen sajón. Se trata de un tercero expuesto a una situación dañosa de la que resulta formalmente ajeno. El bystander rompe la regla del efecto relativo de los contratos.
b)El bystander apareció en nuestro medio en el año 2008, cuando la ley 26.361 modificó el artículo 1° de la ley 24.240.
c)La figura, lentamente, se fue abriendo paso en la doctrina y la jurisprudencia. En la actualidad, su aceptación en la jurisprudencia estaba consolidada.
d)La ley 26.994 vuelve a modificar el art. 1° LDC y deroga la figura del tercero expuesto o bystander. El motivo de la exclusión es la excesiva amplitud que le imponía a la noción de consumidor.
e)A nuestro modo de ver, el motivo real de la exclusión fue el poderoso lobby del sector empresario, particularmente las aseguradoras, que advirtieron que la aceptación del bystander comprometía una importante rentabilidad que iban a perder.
f)El artículo 1.096 CCC, propone una fórmula limitada de bystander. El tercero expuesto deja de ser un concepto genérico y limita su existencia a las prácticas comerciales abusivas, tales como informaciones defectuosas y publicidades engañosas. La fuente de inspiración de esta norma es el artículo 29 del Código de Defensas del Consumidor del Brasil.
g)La nueva dogmática implica un fuerte retroceso para los derechos del consumidor.
h)La nueva dogmática tiene un seguro ganador: ganaron los seguros.
[1] Abogado (UBA - 1987); especialista en relaciones de consumo. Fue Asesor legal de la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de la provincia de Chubut. Se ha desempeñado como docente del área de Estudios Sociales para el Providence School Department, Rhode Island (Estados Unidos – 2002-2004). En la actualidad se desempeña como Director de contenidos editoriales de Editorial Astrea. Su labor docente en la actualidad es la de Profesor de la Maestría en derecho Civil Patrimonial, en la materia Derecho el Consumidor de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Asimismo, es Profesor invitado de la Maestría en derecho de la Empresa y de los Negocios en la Universidad de la Sabana, Bogotá. Colombia y Profesor Titular. Curso de Posgrado. Defensa del consumidor. Pontificia Universidad Católica Argentina. En 2015 publicó Código Civil y Comercial concordado. Ed. Astrea. En 2014 publicó Daños al consumidor. Ed. Astrea En 2009 publicó " La Libertad de expresión y otros derechos personalísimos. Un ensayo de derecho comparado". Ed. Universidad. Puede ser contactado en fernandoshina@gmail.com.
[2] Juan M. Farina. Defensa del consumidor y del usuario. Ed. Astrea, año 2009, pg. 21.
[3] Juan M. Farina. Defensa del consumidor y del usuario. Ed. Astrea, año 2009, pg. 21
[4] Ver Fulvio Santarelli en Picasso – Vázquez Ferreyra. Ley Defensa del Consumidor, T 1. Ed. La Ley, año 2013, pg. 53.
[5] Dante Rusconi. Manual de Derecho del Consumidor. Ed. Abeledo Perrot, año 2009, página 111.
[6] Fernando E. Shina. Daños al consumidor. Ed. Astrea, año 2014, pg. 163.
[7] Ricardo L. Lorenzetti. Consumidores. Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2009, pg. 50.
[8] Ver Fulvio Santarelli en Picasso – Vázquez Ferreyra. Ley Defensa del Consumidor, T 1. Ed. La Ley, año 2013, pg. 57.
[9] Código Civil y Comercial concordado. Ed. Astrea, año 2015, página 317.
[10] Código Civil y Comercial concordado. Ed. Astrea, año 2015, pg. 5.
[11] Código Civil y Comercial concordado. Ed. Astrea, año 2015, página 318.
[12] Ver Gustavo Caramelo en Picasso – Vázquez Ferreyra. Ley Defensa del Consumidor, T III. Ed. La Ley, año 2013, pg. 69.
[13] Ricardo L. Lorenzetti. Consumidores. Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2009, pg. 127.
[14] Marcelo J. López Mesa. Presupuestos de la responsabilidad civil. Ed. Astrea, año 2013, pg. 375.
[15] Marcelo J. López Mesa. Presupuestos de la responsabilidad civil. Ed. Astrea, año 2013, pg. 304.
[16] Código Civil y Comercial concordado. Ed. Astrea, año 2015, pg. 318.
[17] Ver Federico R. Moykensen Picasso – Vázquez Ferreyra. Ley Defensa del Consumidor, T II. Ed. La Ley, año 2013, pg. 482
[18] Ricardo L. Lorenzetti. Consumidores. Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2009, pg. 99.
[19] 1) A. D. d. V c/ Banco Cetelem Argentina S.A. Cám. Fed. Apelac. Cuarta Circunscripción. Córdoba- SALA A – 23/06/2015.(…) la Ley 24.240 no sólo protege al consumidor, sino que también es abarcativa también del denominado “bystander”, esto es protege también a quien no es parte del acto de consumo, que ni siquiera adquirió o utilizó el bien como destinatario final, pero que está expuesto a las consecuencias de las operaciones de consumo, tal como ha sucedido en autos con la actora, quien como consecuencia de la operatoria llevada a cabo por el Banco Cetelem S.A. se vio perjudicada en sus derechos.” Citar: elDial.com - AA9014.
2) Expte. 76.619/2007 - “G., D. E. F. c/ V. S J O. CNCIV – SALA H 09/05/2011. “La ley 26.361 amplió el concepto de consumidor y lo ha extendido a quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, utiliza servicios como destinatario final y a quien "de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo" (art. 1°, ley 26.361). A raíz de ello, resulta totalmente inaplicable el concepto de efecto relativo de los contratos (arts. 1195 y 1199 del C. Civil) respecto de las personas que están expuestas a dichas relaciones de consumo (conf. Sobrino, W. A. R., "La inoponibilidad de la franquicia de los seguros obligatorios", La Ley del 24/7/08)…La víctima pasa a ser lo que se conoce en doctrina como “bystander” y ello trae aparejado que se encuentre protegida por los derechos que el estatuto del consumidor le acuerda. Citar: elDial.com - AA6D16.
3) A.D.O. c/ A.R.F. CNCIV – SALA L – 30/06/2010.“La ley 24.240 modificada por la ley 26.361 ilumina el camino con más claridad. La importante reforma introduce la figura del “bystander”, el dañado colateral o adyacente a una relación de consumo. Ahora es consumidor o usuario quien, de cualquier manera, está expuesto a una relación de consumo (art. 1). De allí que cualquier dañado por producto o servicio calificable como de consumo está beneficiado, de ahora en más sin lugar a dudas, con la protección legal. Esto viene a confirmar que son consumidores en los términos de la ley 24.240 quienes hayan sido dañados en su persona o bienes por accidentes de tránsito en que resulte responsable el autotransporte público de pasajeros. Argumento adicional para legitimar pasivamente a la aseguradora (art. 40).”(Del voto de la mayoría). Citar: elDial.com - AA6233.
4) M., J. J. c/ Catedral Alta Patagonia CNCIV – SALA L – 20/04/2010. A los efectos de la ley 24.240 no es consumidor sólo quien paga por un servicio o producto, o quien lo usa (caso de la actora); también lo es el dañado indirecto o colateral, el “bystander”, meramente expuesto a una relación de consumo. En situación que guarda similitud, esta Sala ha resuelto que la obligación de seguridad tiene como acreedor no sólo a quien participa de un entretenimiento o juego (en locales o patios de juego de un centro comercial) sino también a cualquier persona meramente asistente o acompañante. Citar: elDial.com - AA6018.
Citar: elDial DC20BA

References: artículo 1
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 artículo 1094
 artículo 1096
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 artículo 3
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 artículo 55
 artículo 42
 artículo 29
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 artículo 1716
 artículo 118
 artículo 1096
 artículo 1092
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 artículo 29
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