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Timestamp: 2017-08-20 14:28:01+00:00

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Decreto Ley 7/2011, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego (Vigente hasta el 13 de Mayo de 2012).
Publicado en BOIB núm. 194 de 29 de Diciembre de 2011
Vigencia desde 30 de Diciembre de 2011. Esta revisión vigente desde 30 de Diciembre de 2011 hasta 13 de Mayo de 2012
D. Ley [BALEARES] 7/2011, 23 diciembre, derogado por la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 4/2012, 30 abril, por la que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego («B.O.I.B.» 12 mayo), el 13 de mayo de 2012. Véase Res [BALEARES] del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el D. Ley 7/2011, 23 diciembre 2011, por el que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego («B.O.I.B.» 9 febrero 2012).
El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears prevé la posibilidad de que el Consejo de Gobierno apruebe normas con rango de ley mediante decretos ley. Este artículo establece concretamente que ‘En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de Decretos ley que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni al ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears’.
La redacción de este apartado adopta una configuración similar a la del artículo 86.1 de la Constitución Española. Por una parte, exige un presupuesto de hecho que lo habilite, en concreto una ‘extraordinaria y urgente necesidad’, y, de la otra, limita la aplicación del decreto ley, en el sentido que están vetados de esta vía normativa determinados ámbitos materiales, como los derechos que prevé el Estatuto, el régimen electoral, el presupuesto o las instituciones de la Comunidad Autónoma.
Esta configuración similar determina que sea de aplicación la doctrina del Tribunal Constitucional, expresada en múltiples sentencias, tanto con respecto al presupuesto de hecho que lo habilita como a la definición de los límites materiales del decreto ley.
La extraordinaria y urgente necesidad, presupuesto que habilita el decreto ley, ha sido objeto de sentencias sucesivas del Tribunal Constitucional -como las sentencias 29/1982, 6/1983, 29/1986 y 23/1993-, que han moderado los términos literales de esta exigencia, de manera que son constitucionalmente admisibles los decretos ley dictados para circunstancias difíciles de prever o en virtud de coyunturas económicas que requieran una respuesta rápida.
El artículo 25 de la Constitución Española establece que nadie podrá ser condenado o no sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
El presente decreto ley, que cumple el mandato legal teniendo en cuenta las exigencias constitucionales citadas, toma en consideración, asimismo, lo establecido en las disposiciones comunitarias que exigen a los estados miembros de la Unión Europea la adopción de las normas necesarias para aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales y, por extensión, en el caso del Estado español, de las normas de las comunidades autónomas.
‘29. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.’
‘34. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos o energía nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general. Seguridad de las instalaciones, de los procesos y de los productos industriales.’
‘47. Defensa de los consumidores y de los usuarios, en el marco de las bases y la ordenación de la actividad económica general y en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.’
La extraordinaria y urgente necesidad se evidencia, por una parte, por las recientes modificaciones de la normativa estatal. Así, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio, añadió dos nuevas infracciones graves a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. La introducción de estos dos nuevos tipos de infracción es insuficiente para la consecución de un régimen sancionador consolidado que llegue a todos los incumplimientos de la normativa en materia de industria, particularmente con respecto a determinadas conductas constitutivas de incumplimientos normativos de naturaleza meramente formal o procedimental o que no comporten peligro o daño grave para las personas, las cosas o el medio ambiente, y que, en buena lógica, tienen que implicar infracciones de carácter leve. En este sentido, justamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 162/2008, de 15 de diciembre, declaró nulo e inconstitucional el artículo 31.3.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en materia de infracciones leves, lo cual exige una nueva tipificación por parte del legislador autonómico. Por otra parte, y en materia de juego, la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, ha derogado la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración pública en materia de juegos de suerte, envite o azar, y ha introducido un nuevo régimen sancionador en el marco de la competencia estatal en esta materia. De esta manera, y ante las dudas y la inseguridad jurídica que pueda suponer la aplicación supletoria de este régimen sancionador estatal, es preciso que el legislador autonómico establezca un régimen sancionador propio en el ámbito de sus competencias, con el fin de no caer en un vacío normativo que dificulte o imposibilite la persecución de los hechos constitutivos de infracción administrativa en este sector de actividad.
Finalmente, y con respecto a la legislación autonómica en materia de consumo, hay que actualizar las cuantías correspondientes a las sanciones que fijó inicialmente la Ley 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears, claramente desfasadas actualmente, a fin de que cumplan efectivamente su función preventiva y punitiva, inherente a cualquier norma sancionadora. En este último sentido, lo cierto es que hay una íntima conexión entre la tipificación de la infracción y cuantificación de la sanción. Tanto es así que el establecimiento de las tipificaciones de las conductas administrativas ilícitas consideradas infracción van precedidas siempre de la sanción correspondiente, siempre respetando el principio de proporcionalidad y guardando la adecuación debida entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y sanción que se deba imponer. En este contexto, y de la misma manera que hace el Estado en su ámbito competencial, se ha considerado conveniente trasladar al ámbito de las sanciones graves en esta materia de consumo la regla que la Ley 1/1998 fijaba únicamente para las sanciones muy graves, consistente en la posibilidad de incrementar la cuantía de la sanción hasta llegar al quíntuple del valor de los productos o servicios objeto de la infracción, de manera que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.
Con respecto a la adopción de medidas administrativas urgentes en el ámbito propio del sector del juego, se tiene que señalar que, atendiendo al marco jurídico estatal vigente aplicable a la instalación de máquinas, terminales o equipos de juego, y a la concesión de autorizaciones de actividades de juego, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la necesidad urgente de establecer un régimen jurídico propio que dé cobertura al régimen de autorizaciones de las actividades reservadas en los locales de hostelería y en el ejercicio de las actividades no reservadas con respecto a la apertura de establecimientos presenciales específicos.
El presente decreto ley consta de una exposición de motivos; una parte dispositiva (tres artículos) -cuyo objeto es regular el régimen sancionador de diversas materias atendiendo a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de acuerdo con el Estatuto de Autonomía-; tres disposiciones adicionales, y tres disposiciones finales.
Se tipifican como infracciones leves en materia de industria las siguientes acciones:
d) No colaborar con las administraciones públicas en el ejercicio de las funciones reglamentarias que se deriven de la Ley 21/1992 cuando no implique resistencia constitutiva de falta grave.
e) Incumplir los plazos otorgados por la autoridad competente a las personas a las que se requiera para presentar documentos solicitados por el órgano competente, cuando no implique resistencia constitutiva de falta grave.
1. Son infracciones administrativas en materia de juego y apuestas las acciones u omisiones tipificadas en el presente decreto ley, incluso cuando impliquen mera negligencia. Las infracciones administrativas en materia de juego se clasifican en muy graves, graves y leves.
a) Realizar actividades de organización, gestión o explotación de juegos y apuestas sin las autorizaciones o inscripciones pertinentes, o con incumplimiento de los requisitos y las condiciones que se establezcan, así como organizar, gestionar o explotar juegos o apuestas en locales o recintos no autorizados, en condiciones distintas en las autorizadas, o por parte de personas no autorizadas.
c) Ceder las autorizaciones concedidas, a no ser que la cesión se realice con las condiciones o los requisitos que establezcan las normas vigentes. De esta infracción, serán responsables tanto el cedente como el cesionario.
d) Alterar la realidad u omitir información de los documentos y datos que se aporten para obtener la correspondiente autorización.
a) Publicitar los juegos de azar o las apuestas o los establecimientos donde se practiquen al margen de las normas establecidas o las autorizaciones concedidas. De esta infracción, será responsable el titular de la autorización.
c) Utilizar elementos o máquinas de juegos no homologados o no autorizados, o sustituir de forma fraudulenta el material o los elementos de juego.
a) Ejercer violencia, coacción o intimidación sobre los jugadores en los locales o recintos donde tengan lugar los juegos o las apuestas, por parte de las entidades o empresas titulares, organizadoras o explotadoras de estas actividades o de las personas al servicio de estas empresas, e igualmente del personal empleado o directivo de los establecimientos o las empresas.
b) Conceder préstamos o créditos por parte de las entidades o empresas titulares, organizadoras o explotadoras de actividades de juego o de apuestas, o de las personas al servicio de estas empresas, o del personal empleado o directivo de los establecimientos.
c) Permitir que se concedan préstamos o créditos a jugadores o apostantes en los locales o recintos donde tengan lugar los juegos o las apuestas, por parte de las entidades o empresas titulares, organizadoras o explotadoras de actividades de juego o de apuestas.
d) Producirse el impago total o parcial a los jugadores o apostantes de los premios o las cuantías de que sean ganadores.
f) Producirse la participación como jugadores del personal empleado o directivo, así como de accionistas y de partícipes de empresas dedicadas a la gestión, la organización y explotación del juego o apuesta, directamente o a través de terceras personas en los juegos o apuestas que gestionen, organicen o exploten.
a) Tolerar o consentir expresamente o tácitamente la organización, realización o práctica de juegos o apuestas en locales no autorizados o por parte de personas no autorizadas.
b) No disponer de los libros o soportes informáticos exigidos por la normativa en materia de juegos y apuestas, o llevarlos incorrectamente.
c) No enviar al organismo competente en materia de juego los datos o documentos que les requiera.
e) Negarse a colaborar con los funcionarios o encargados del control o de la inspección, o no exhibir los documentos acreditativos de las autorizaciones, así como negarse a abrir o mostrar las máquinas o elementos de juego para su comprobación.
a) Tolerar o permitir la instalación o explotación de máquinas con premio programado, o de máquinas de azar, sin las autorizaciones o sin cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.
b) Transmitir las máquinas con premio programado en cualquiera de sus modalidades, o máquinas de azar, con incumplimiento de las condiciones establecidas reglamentariamente.
c) Instalar o explotar un número de máquinas en premio programado en cualquiera de sus modalidades, o máquinas de azar, que exceda del autorizado.
a) No exhibir en los establecimientos de juego o apuestas, así como en las máquinas con premio programado en cualquiera de sus modalidades y máquinas de azar, los documentos acreditativos de su autorización.
10. Las conductas constitutivas de infracciones previstas en el presente decreto ley podrán ser sancionadas mediante la aplicación de las sanciones, graduadas adecuadamente, que se prevén y de las que dispongan las normas de desarrollo. En la graduación de las sanciones se ponderarán las circunstancias que concurran en los hechos y, especialmente, la intencionalidad del infractor, el daño producido tanto a terceros como a la Administración, la peligrosidad de la conducta, la trascendencia social y económica de la acción u omisión, la reincidencia o reiteración, aplicando, en todo caso, el criterio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantía y los efectos de la sanción.
c) Revocación de la autorización para la explotación y gestión de juegos o apuestas o de la habilitación del establecimiento.
d) Inhabilitación definitiva para el desarrollo de actividades de juegos o apuestas, sólo para al caso de reincidencia.
e) Comiso y destrucción de las máquinas, los materiales o los elementos de juego, en los casos de las infracciones recogidas en el apartado 2.a) y en las letras c), i) y f) del apartado 3 de este artículo.
f) Comiso del importe obtenido por los juegos o las apuestas, en los casos de las infracciones que recogidas en el apartado 2.a) y en las letras c), e) y f) del apartado 3 de este artículo.
15. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses; las graves, al año, y las muy graves, a los dos años, contadores desde el día en que se cometió la infracción. El plazo de prescripción quedará interrumpido desde la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador al infractor. El cómputo de prescripción se reanudará desde el día que el expediente concluya sin sanción o se paralice durante más de tres meses, si no es por causa imputable a la persona interesada.
Igualmente, el cumplimiento debidamente acreditado ante la Administración competente de las obligaciones o los derechos formales del presunto infractor, por iniciativa propia, en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador, antes de que se dicte la resolución, supondrá una reducción del 15% sobre la cuantía propuesta en el acuerdo o la resolución de inicio o, en su caso, en la propuesta de resolución.
Las reducciones a que se refieren los párrafos anteriores de este apartado se podrán acumular.
En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears únicamente se podrán instalar en los establecimientos de hostelería, salones de juego, bingos, casinos o locales presenciales cuya actividad principal sea ajena a la comercialización de juegos, las máquinas, los terminales o los equipos de juego previstos en la normativa reglamentaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears no se podrá autorizar la apertura de locales presenciales cuya actividad principal sea la explotación de juegos en el ámbito de las actividades de juego no reservadas de competencia estatal hasta que no se regule el régimen de autorización mediante una disposición administrativa de carácter general.
En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con respecto a los expedientes de autorizaciones administrativas para la instalación, la apertura, el funcionamiento y la modificación de todo tipo de actividad de juego y de los establecimientos donde éstas se desarrollen, no se requerirán más informes preceptivos y vinculantes que los que expresamente establezca la normativa autonómica propia sobre la materia.
Queda sin efecto en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears el apartado 2, norma 1ª, de la letra B del anexo del Real Decreto 123/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de casinos, juegos y apuestas.
En un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor de este decreto ley, el Gobierno de las Illes Balears deberá aprobar la disposición administrativa de carácter general mencionada en la disposición adicional segunda.
El presente decreto ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

References: artículo 49
 artículo 86
 artículo 25
 artículo 149
 artículo 31
 resolución 
 Real Decreto