Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Venezuela.4109.02.htm
Timestamp: 2018-08-19 15:59:55+00:00

Document:
Venezuela Petición 4109/02 Admisibilidad
INFORME Nº 6/04
14. El 30 de mayo de 2002, los peticionarios presentaron información adicional. En su escrito, alegaron que a pesar de la solicitud de la Comisión para investigar los hechos ocurridos, la Fiscalía no actuó con diligencia y que había "transcurrido más del plazo razonable para una investigación de los hechos, sin que hasta la fecha se haya avanzado sustancialmente en las mismas." Asimismo informaron sobre un incremento en agresiones a los periodistas después de la adopción de las medidas cautelares por la Comisión. Dada la situación de riesgo en que se encontraron los periodistas y la falta de medidas tomadas por el Estado para protegerlos, RCTV se vio obligado a tomar medidas de protección para sus trabajadores, dotándoles de chalecos antibalas, cascos y máscaras antigases.
15. El Estado envió una carta el mismo 30 de mayo indicando que el caso de los periodistas de RCTV se encontraba "en fase de investigación."
35. El 19 de junio la Comisión nuevamente dirigió nota al Estado solicitado una reunión en la sede del Estado, en la fecha y la hora que proponga el Estado con el fin de cumplir con lo resuelto por la Corte Interamericana relativo al mecanismo de seguimiento de las medidas provisionales. Hasta la fecha del presente informe no se ha concretado dicha reunión.
36. El 16 de septiembre de 2003 la CIDH recibió una solicitud de ampliación de las medidas provisionales a favor de los trabajadores de RCTV, Pedro Nikken, Carlos Colmenares y Noé Pernía que fueron remitidas a la Corte el 29 de septiembre de 2003.
▪ 18 de abril de 2002, la periodista Luisiana Ríos fue objeto de una agresión verbal en la sede del Palacio Presidencial de Miraflores donde cubre su fuente reportil por parte del capitán del Ejercito José Rodrigo García Contreras.
▪ El 2 de mayo de 2002 Luisiana Ríos fue objeto de amenazada verbales por parte de miembros simpatizantes de los llamados Círculos Bolivarianos tales como “te vamos a matar, sucia perra, rata, habladora de paja, conspiradora, traidora a la patria”. Dichas amenazas se produjeron mientras la periodista cubría la interpelación del señor Pedro Carmona en el Parlamentos.
43. Añaden que los hechos de agresión verbal, llevados a cabo por el Estado desde sus más altas instancias o por grupos vinculados al gobierno contra los peticionarios de manera reiterada, continuada y sistemática ha generado un patrón de hostigamiento al derecho de información y expresión configurando una violación al artículo 13 de la Convención Americana.
44. En cuanto al agotamiento de los recursos internos los peticionarios indican tener acceso físico a las actas del expediente que obra en el Ministerio Público, en los Órganos Policiales de instrucción y los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control. También informan haber podido presentar escritos ante la Fiscalía. Sin embargo, manifiestan que la acción del Ministerio Público, único titular de la acción penal en los delitos de acción pública[3], sólo se remite a tomar declaraciones a las presuntas víctimas sin accionar diligentemente sobre las pruebas presentadas por los mismos con el fin de identificar y sancionar a los responsables.
52. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Venezuela se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Al respecto la Comisión nota que en su presentación original los peticionarios indicaron como presuntas víctimas a Luisiana Ríos; Luis Augusto Contreras Alvarado; Eduardo Sapene Granier; Javier García; Isnardo Bravo; David Pérez Hansen; Wilmer Marcano; Winston Gutiérrez e Isabel Mavarez.
53. Asimismo, con posterioridad a la presentación de la denuncia ante la CIDH se denunciaron la ocurrencia de nuevos y similares hechos en perjuicio de los siguientes trabajadores de RCTV Erika Paz, Samuel Sotomayor, Anahís Cruz, Herbigio Henríquez, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos, Argenis Uribe, Pedro Nikken, Noé Pernía y Carlos Colmenares. Ello motivó que la Comisión y con respecto a algunos de ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaran medidas cautelares y provisionales respectivamente (supra, párr. 15, 16 y 17). Dado el carácter sobreviniente y la similitud de los actos denunciados en relación con la presente petición y el de las personas protegidas por las medidas cautelares y provisionales, la Comisión decidirá sobre la inclusión de Erika Paz, Samuel Sotomayor, Anahís Cruz, Herbigio Henríquez, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos, Argenis Uribe, Pedro Nikken, Noé Pernía y Carlos Colmenares como presuntas victimas en su informe de méritos, después de que ambas partes hayan tenido la oportunidad de presentar sus argumentos en concordancia con el artículo 38 y concordantes del Reglamento de la CIDH .
61. Por su parte, los peticionarios alegan que resulta aplicable al caso la excepción al previo agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(c) debido al retardo injustificado por parte del Ministerio Público en llevar a cabo en forma expedida y dentro de los plazos establecidos por la ley las investigaciones sobre los hechos denunciados. También alegan la existencia de indicios de impunidad y falta de independencia que rodean la investigación del presente asunto. Los peticionarios arguyen que el Ministerio Público debería estudiar los elementos probatorios por ellos presentados, identificando a los responsables. Indican que contrariamente a la responsabilidad del Ministerio Público, dicho órgano del Estado se ha limitado únicamente a tomar declaraciones. Los peticionarios indican que ante la falta de iniciativa del Ministerio Público, los peticionarios han contribuido activamente a la instrucción de la investigación mediante “testimonios de las victiman, consignación de videos, grabaciones, pruebas documentales, fotos digitalizadas que identifican a los responsables de sucesos de violencia, y la colaboración en las experticias planimétricas para determinar las trayectorias balísticas. Asimismo, las presuntas víctimas han acudido a los organismos medico-forense para que se le practicaran experticias tendentes a determinar los daños corporales.
62. Ante el planteamiento de los peticionarios sobre la inactividad del Ministerio Público, el Estado argumenta que los peticionarios no han utilizado los mecanismos de defensa procésales internos a su alcance previstos en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano[6]. Indica, el Estado que en caso de ser cierto el retardo injustificado, los peticionarios no ejercieron acciones jurídicas ante los jueces de la República para que le ordene a la representación fiscal la práctica de las investigaciones y los plazos para que termine de investigarse cada caso en concreto.
63. Indican los peticionarios que de acuerdo a lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal[7], el Fiscal del Ministerio Público debe procurar concluir con la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. De igual forma esta norma le otorga al imputado el derecho de solicitar a un Juez de Control que se establezca un plazo no mayor de ciento veinte (120) días para que concluya con la investigación, una vez transcurridos los seis (6) meses desde la individualización de los imputados.
64. Sostienen los peticionarios que aunado a lo establecido en el artículo 23 del mismo Código[8] “sería mas que suficiente un lapso de 90 días para las identificaciones, imputaciones y acusación de los responsables”. Argumentan los peticionarios que existe falta de voluntad de la Fiscalía General para investigar y que el plazo razonable para la investigación no debería pasar de 180 días. Indican los peticionarios que la denuncia original ante el Ministerio Público se presentó el 31 de enero de 2002 sin que hasta la fecha se haya dictado ningún acto conclusivo pese a los elementos por ellos aportados que presuntamente identifican a distintas personas en los hechos objeto de la investigación. Los peticionarios puntualizan que la propia ley venezolana obliga a los fiscales del Ministerio Público a ejercer la acción penal[9] en la forma estipulada por la ley so pena de incurrir en sanción.[10] Esto es, es el Ministerio Público, a través de sus fiscales, quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, la dirección, supervisión de los órganos policiales y conclusión de la investigación.
65. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana exige el agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna, conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que la mera presentación de información sobre el avance de los procesos judiciales internos no resulta equivalente a la interposición expresa del requisito del previo agotamiento de los recursos internos.[11]
73. Conforme a lo previsto en el artículo 46(1)(b) de la Convención, toda petición debe ser presentada en plazo para que pueda ser admitida, a saber, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada de la sentencia definitiva adoptada a nivel interno.
74. La petición en cuestión cumple con lo dispuesto en el artículo 32 (2) del Reglamento de la CIDH que establece que “en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable”. Teniendo en cuenta la fecha de los hechos denunciados, la CIDH considera que se cumple el requisito de presentación dentro de un plazo razonable.
77. El criterio aplicable a la evaluación del cumplimiento de estos requisitos difiere del que se aplica a la determinación del fondo de una petición; la CIDH debe realizar una evaluación prima facie para establecer si la petición invoca fundamentos de una aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención, pero no para determinar la existencia de una violación de derechos. Esta determinación implica un análisis sucinto que no supone prejuzgar sobre el fondo del asunto. Al establecer dos etapas --una referente a la admisibilidad, y la otra al fondo del asunto-- el Reglamento de la Comisión refleja esta distinción.
78. A este respecto, la Comisión concluye, a los efectos de la admisibilidad, que los peticionarios han formulado denuncias que, de probarse tenderían a configurar violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana en relación con los artículos 1, 2, 5(1), 8, 13, y 25. Asimismo, a partir del análisis de la petición, la Comisión considera que la denuncia alegada no está comprendida en las hipótesis de los incisos (b) y (c) del artículo 47 y, por tanto, satisface los requisitos exigidos por la Convención Americana.
[1] Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 (2) del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Freddy Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, no participo en el debate ni en la decisión del presente caso.

References: artículo 13
 artículo 44
 artículo 38
 artículo 46
 artículo 313
 artículo 23
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 17