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Timestamp: 2019-11-18 14:38:26+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 511, de 07/03/2019
cve: BOCG-12-D-511
130/000058 Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página4)
130/000059 Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears. Convalidación ... (Página4)
162/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página16)
162/000906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados.
Enmienda ... (Página19)
Aprobación ... (Página20)
161/000429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la consideración como Patrimonio Cultural de determinados espectáculos con animales. Desestimación así como enmiendas formuladas ... (Página20)
161/002091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua propia. Aprobación así como enmienda formulada ... (Página22)
161/002330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración del Olivar como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página23)
161/003390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de la Jota aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aprobación así como enmienda formulada ... (Página24)
161/003439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de Granada como "Capital Europea de la Cultura 2031". Aprobación así como enmienda formulada ... (Página25)
161/003772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI. Aprobación así como enmiendas formuladas ... (Página26)
161/004170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página28)
161/004223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Aprobación así como enmienda formulada ... (Página31)
172/000179 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la garantía del derecho a la vivienda en el Estado español ... (Página32)
172/000180 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción urgente de medidas de lucha contra la morosidad en la actividad económica para evitar que el impago de facturas perjudique a las pymes ... (Página32)
172/000181 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y luchar contra el tráfico ilegal de personas ... (Página33)
173/000135 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique si la reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página35)
173/000136 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las negociaciones de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con el independentismo catalán. Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página38)
173/000137 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de actuar de forma urgente ante los datos de la Organización Meteorológica Mundial, que muestran cómo los cuatro últimos años han sido los más cálidos desde que hay registros y que confirman el agravamiento del cambio climático. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página40)
140/000033 Declaración institucional sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y la diversidad en el ámbito del deporte ... (Página44)
140/000034 Declaración institucional sobre el reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores ... (Página45)
LUCIO CARRASCO, María Pilar 28-02-2019
CAMPOS ARTESEROS, Herick Manuel 28-02-2019
130/000058
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad (núm. expte. 130/000058), se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000049), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
130/000059
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.
REAL DECRETO-LEY 4/2019, DE 22 DE FEBRERO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS
A la vista de las normas recogidas en este real decreto-ley, resultantes de cumplir el mandato establecido en la citada disposición adicional sexta, resulta crucial que el escenario regulador descrito entre en vigor de forma inmediata, de modo que los agentes económicos puedan conocer el marco jurídico aplicable a las actividades e inversiones producidas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y planificar así sus decisiones empresariales teniendo en cuenta el nuevo contexto. En otros términos, concurren los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución Española (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FF.JJ. 4 y 7).
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene unas circunstancias específicas como consecuencia de su condición insular y plurinsular. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears cuenta con una
estructura productiva fuertemente marcada por tales circunstancias, responsable, por una parte, del dinamismo de su economía, pero, al mismo tiempo, también de sus condicionantes. La defensa de la insularidad, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, goza de un consenso general.
El título II contiene una regulación específica en materia de transporte. La insularidad conlleva unos sobrecostes de transporte para los territorios afectados, que se traduce en gastos adicionales que han de soportar los ciudadanos residentes en dichas regiones y una desventaja competitiva para las empresas radicadas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Esta realidad ya supuso en su momento la
puesta en marcha de un sistema de compensaciones que ahora viene a perfeccionarse, adaptándose a un nuevo entorno, en el que se pretende que esas compensaciones sean lo más próximas a los costes adicionales que realmente sufren los residentes en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Así se traduce, en primer término, en relación con el transporte marítimo y aéreo de personas, dotado de un régimen de bonificaciones que llegan a alcanzar el 75 por ciento de las tarifas de los trayectos directos, sean de ida o de ida y vuelta, entre la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el resto del territorio nacional, o el régimen aplicado a las conexiones interinsulares. Y, en segundo lugar, con la necesaria garantía de que contará siempre con servicios marítimos y aéreos de calidad, que se asegurarán en su caso con la imposición de obligaciones de servicio público e incluso la celebración de contratos públicos. De esta forma, se salva la existencia en todo caso de una prestación mínima de servicios regulares, frecuencias, precios y capacidad mínima que reforzará la cohesión territorial de las islas y de estas con la Península.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta conjunta de la Ministra de Hacienda, del Ministro de Fomento, de la Ministra de Política
Territorial y Función Pública y de la Ministra para la Transición Ecológica, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2019,
4. Atendiendo a la necesidad urgente de reducir de forma significativa la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica a la vez se garantiza el suministro eléctrico, el Gobierno
fomentará la sustitución tecnológica de la generación eléctrica en Illes Balears por fuentes de energía renovables y de bajas emisiones.
2. En todo caso, las declaraciones de obligación de servicio público o los contratos a que se refiere el apartado anterior deberán garantizar una prestación mínima de servicios regulares y de frecuencias con objeto de reforzar la cohesión territorial de las islas y de estas con la Península, y en el transporte aéreo
requisitos en materia de continuidad, regularidad de precios o capacidad mínima que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial.
2. Para los ejercicios siguientes, la dotación anual para el año "t" se calculará aplicando a la dotación inicial su índice de actualización. Se entiende por índice de actualización el cociente resultante de dividir el importe total de las inversiones ejecutadas por el Sector Público Estatal en infraestructuras
ferroviarias de alta velocidad y en carreteras de interés general correspondiente al ejercicio presupuestario "t-2" y los mismos conceptos, en términos homogéneos, referidos al ejercicio presupuestario que se fije como año base.
162/000771
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 421, de 28 de septiembre de 2018.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad.
"1. Ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador.
2. Reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, modificando el servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y acerque a sus homólogos europeos.
3. Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.
4. Adjudicar las nuevas concesiones hidráulicas llevadas a término con nuevas condiciones de operación competitivas y medioambientalmente sostenibles; con el fin de que se someta este tipo de producción a las necesidades técnicas del sistema en coordinación con un modelo energético con más capacidad renovable.
5. Reformar el bono social eléctrico y crear un bono social gasista, para que en ambos casos a) su solicitud sea automática; b) el criterio de adjudicación sea la renta del hogar y otras consideraciones de índole social; c) sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencia.
6. Imponer nuevas obligaciones a las empresas eléctricas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras, a través de modificaciones normativas a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y al Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre.
7. Apoyar reformas normativas que elimine las trabas al autoconsumo en nuestro país, que derogue el nefasto Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, de autoconsumo de energía eléctrica.
8. Desarrollar los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
9. Implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.
10. Consolidar una legislación que evite los conflictos de intereses entre las responsabilidades políticas y empresariales.
11. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.
12. Revisar y reordenar la fiscalidad medioambiental, no con afán recaudatorio, sino para garantizar su eficiencia, respetando el principio de quien contamina paga, y de modo que contribuyan eficazmente a una transición energética sostenible, destinando la recaudación a medidas de apoyo a aquellos sectores perjudicados para favorecer su transición."
"1. Reformar el mercado eléctrico, aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, para acabar con los beneficios caídos del cielo.
2. Ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador.
3. Reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, modificando el servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y acerque a sus homólogos europeos.
4. Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.
5. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100 % renovable.
6. Reformar el bono social eléctrico y crear un bono social gasista, para que en ambos casos a) su solicitud sea automática; b) el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar; c) sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial; d) que todas las empresas de los sectores correspondientes, incluyendo todos los segmentos del mismo, asuman su coste proporcionalmente a su volumen de facturación; e) se reduzca el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables.
7. Imponer nuevas obligaciones a las empresas eléctricas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras, a través de modificaciones normativas a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y al Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre.
8. Apoyar reformas normativas que elimine las trabas al autoconsumo en nuestro país, que derogue el nefasto Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre de autoconsumo de energía eléctrica.
9. Desarrollar los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cantidades que actualmente se están repercutiendo en factura a las personas consumidoras.
10. Implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.
11. Introducir modificaciones en la normativa encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas.
12. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.
13. Realizar una reforma de calado que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Dicha reforma deberá buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal."
Se plantea esta enmienda con el objeto de acordar un texto compatible con la legislación comunitaria que, en virtud de las sucesivas directivas, no habilita al Estado a ejercer el control de activos en el sector de la generación eléctrica.
Asimismo, se suprime el punto 1, dado que ya existen instrumentos fiscales de aplicación sobre las tecnologías referidas en el ámbito de la generación.
Finalmente se plantean, entre otras cuestiones, mejoras en el ámbito de la fiscalidad con el fin de abordar la necesaria reforma de la materia de manera efectiva y eficiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley de Pleno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad.
Se propone la modificación del punto 4 que queda redactado en los siguientes términos:
"4. Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específica a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable por cuotas de potencia y territorios."
"2. Modificar los criterios de retribución para alinear las inversiones con la transición energética."
"7. Garantizar el acceso neutro a los datos de consumo del consumidor y su cesión a terceras partes."
"13. Establecer una tasa al CO2 intensa, progresiva, fiscalmente neutra para promover las inversiones en descarbonización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados publicada en el "BOCG. Confieso de los Diputados", serie D, núm. 465, de 14 de diciembre de 2018.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de las familias con hijos en colegios concertados.
1. Garantizar el derecho al concierto, respondiendo a las demandas de las familias y favoreciendo las iniciativas de la sociedad que enriquezcan la oferta educativa.
2. Adecuar progresivamente el modelo de financiación de la escuela concertada, con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. A tal efecto, el Gobierno fijará un calendario razonable de tiempo para adecuar el módulo de conciertos al coste real de la enseñanza.
3. En tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de fa educación concertada, se modificará la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la citada ley dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada ley."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 465, de 14 de diciembre de 2018, en sus propios términos:
2. En tanto en cuanto no se trate esta cuestión en dicha Mesa, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada."
161/000429
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la consideración como Patrimonio Cultural de determinados espectáculos con animales, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 27, de 4 de octubre de 2016.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la consideración como Patrimonio Cultural de determinados espectáculos con animales.
1. Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, una normativa de bienestar animal que garantice que los espectáculos con animales que cumplan unos estándares de calidad, protección, cuidado y bienestar de los animales.
2. Trabajar, junto con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en inspecciones sobre el cumplimiento de la normativa existente en protección y bienestar animal.
1. Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, una relación de espectáculos con animales que incumplan los reglamentos taurinos autonómicos y que estén sujetos a motivos excepcionales por su declaración como: Fiesta de Interés Turístico, Espectáculo Tradicional, Espectáculo o Fiesta Tradicional de Interés Turístico Regional, Fiesta Tradicional de Interés Turístico Nacional y Festejo Taurino Tradicional.
2. Revisar, junto con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, los criterios de concesión de cualquiera de las calificaciones anteriormente mencionadas, así como de la que hizo de la tauromaquia Patrimonio Cultural y cuantas calificaciones en este sentido se hayan producido en Comunidades Autónomas o en municipios de nuestra geografía.
3. Abrir un proceso de negociación con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, con el fin de proceder a la supresión de las excepcionalidades por motivos de Fiesta de Interés Turístico, Espectáculo Tradicional, Espectáculo o Fiesta Tradicional de Interés Turístico Regional, Fiesta Tradicional de Interés Turístico Nacional, y Festejo Taurino Tradicional en los reglamentos taurinos autonómicos.
4. Abrir un proceso de negociación con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, con el fin de proceder a la eliminación de los espectáculos taurinos en que los animales utilizados tengan menos de los años, es decir, becerros y becerras. Estos espectáculos están regulados, en ocasiones, por el Reglamento de Espectáculos Taurinos Estatal y en otros por los Reglamentos de Espectáculos de los que se han dotado algunas comunidades autónomas. Incluso, en algunos casos, los reglamentos de festejos populares hacen referencia a los mismos en cuanto a su desarrollo. La eliminación de este tipo de festejos, los más crueles de los que desarrollan dentro de la actividad taurina, se dé o no muerte pública a los animales, deberán ser prohibidos modificando los reglamentos taurinos que sea necesario.
5. Remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de seis meses, propuesta de reforma de la Ley General de Patrimonio y propuestas de Reglamentos de Calificaciones Patrimoniales y de protección cultural que no incluya los espectáculos taurinos que incumplan los Reglamentos Taurinos autonómicos, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la consideración como Patrimonio Cultural de
determinados espectáculos con animales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Se propone sustituir el texto quedando redactado como sigue:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para vigilar el cumplimiento de la normativa estatal, autonómica y local a los efectos de evitar aquellos actos que produzcan maltrato animal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002091
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, aprobó la Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua propia, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 208, de 14 de septiembre de 2017, en sus propios términos:
- Efectivizar y desarrollar los artículos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que el Estado español rubricó en 2002 optando por la mayor protección posible para el gallego, catalán y euskera, comprometiéndose a "cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes".
- Adoptar las medidas necesarias y modificar el marco normativo correspondiente para que los procedimientos judiciales puedan realizarse en lengua propia, dando cumplimiento así al uso del gallego y de las otras lenguas cooficiales en la justicia.
- Llevar a cabo las actuaciones precisas y dar las instrucciones adecuadas para garantizar que toda la Administración General del Estado respete los derechos de los hablantes en lengua gallega, catalana o vasca a poder ser atendidos en la lengua propia, realizar trámites diversos, disponer de formularios o textos administrativos de uso habitual en formato bilingüe o en lengua propia y censurar las actitudes del personal a cargo del Estado que incurra en formas irrespetuosas para con los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
- Respetar desde la Administración General del Estado la toponimia oficial de Galicia, evitando las deformaciones toponímicas o su castellanización forzada e incorrecta.
- Realizar una campaña en colaboración con la Xunta de Galicia para normalizar el uso de la lengua gallega en las relaciones laborales, económico-sociales, financieras o empresariales y en los medios de comunicación poniendo en valor la riqueza plurilingüística existente en el Estado."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua propia.
1. Trabajar junto a las Comunidades Autonómicas que poseen lengua cooficial para desarrollar la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y garantizar el derecho de los ciudadanos al uso de la lengua, tanto oficial como cooficial, en sus interacciones con la administración.
2. Llevar a cabo las actuaciones precisas y dar las instrucciones adecuadas para garantizar que todas las administraciones autonómicas respeten los derechos de los castellanoparlantes en sus respectivos territorios para permitir realizar trámites diversos, disponer de formularios o textos administrativos de uso habitual en formato bilingüe y censurar las actitudes del personal a cargo del estado que incurre en formas irrespetuosas para con los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
3. Rechazar cualquier tipo de uso de la administración educativa y el uso de los medios públicos como la televisión autonómica para el adoctrinamiento escolar con fines políticos.
- Llevar a cabo las actuaciones precisas y dar las instrucciones adecuadas para garantizar que toda la Administración General del estado respete los derechos de los hablantes en lengua gallega, catalana o vasca a poder ser atendidos en la lengua propia, realizar trámites diversos, disponer de formularios o textos administrativos de uso habitual en formato bilingüe o en lengua propia y censurar las actitudes del personal a cargo del estado que incurre en formas irrespetuosas para con los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
161/002330
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la declaración del Olivar como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 230, de 17 de octubre de 2017, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con la Junta de Andalucía a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye, impulse y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la
Candidatura del Olivar andaluz como Paisaje Cultural en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la declaración del Olivar como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con la Junta de Andalucía a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye, impulse y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la Candidatura del Olivar andaluz como Paisaje Cultural en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-María Torres Tejada, Diputada.- Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Jota aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018, en sus propios términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, realizada la solicitud por parte del Gobierno de Aragón y la aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cultura de la Jota Aragonesa en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Jota aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se propone modificar el texto quedando redactado como sigue:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez presentada por la Comunidad Autónoma y previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la Jota Aragonesa en la lista Representativa del patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO."
Palacio del Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2019.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003439
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la candidatura de Granada como "Capital Europea de la Cultura 2031", presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 393, de 18 de julio de 2018, en sus propios términos:
- Manifiesta su apoyo a la candidatura de la Ciudad de Granada para su declaración como "Capital Europea de la Cultura 2031", reconociendo su riqueza y diversidad cultural en Europa.
- Insta al Gobierno a valorar su propuesta en el proceso de selección por el título de Capital Europea 2031."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la candidatura de Granada como "Capital Europea de la Cultura 2031".
"El Congreso de los Diputados, visto el consenso mostrado entre los principales partidos políticos representados en esta Cámara, así como instituciones y agentes económicos, tanto granadinos y andaluces, manifiesta su apoyo a la candidatura de la Ciudad de Granada para su declaración como "Capital Europea
de la Cultura 2031", reconociendo su riqueza y diversidad cultural en Europa, instando, por ello, al Gobierno a valorar su propuesta en el proceso de selección por el título de Capital Europea 2031."
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, aprobó la Proposición no de Ley sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 437, de 23 de octubre de 2018, en sus propios términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar, en diálogo con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Ayuntamiento de Torremolinos, en las siguientes actuaciones relacionadas con el "Pasaje Begoña":
- Acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del "Pasaje Begoña" y de la redada del 24 de junio de 1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su orientación sexual e identidad sexual, garantizando los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.
- Creación de un Archivo Histórico LGTBI y un Centro de Interpretación, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización, teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, para recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI.
- Acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del "Pasaje Begoña" y de la redada del 24 de junio de 1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su orientación sexual e identidad sexual garantizando los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.
- Creación de un fondo documental y bibliográfico de temática LGTBI, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 81/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."
- Creación de un Archivo Histórico LGTBI y un Centro de Interpretación, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 81/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en diálogo con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Ayuntamiento de Torremolinos, a llevar a cabo las actuaciones correspondientes relativas a la promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del "Pasaje Begoña" y de la redada del 24 de junio de 1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su orientación sexual e identidad sexual, y garantizando los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-Carolina España Reina, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004170
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley del Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 489, de 29 de enero de 2019, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley que actualice la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, incluyendo en esta actualización las medidas emprendidas en el Proyecto Mujer y Deporte para promover la igualdad de la mujer en el ámbito deportivo y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluyendo, al menos, las siguientes medidas:
- Apartado específico sobre la existencia de planes de igualdad en todas las federaciones deportivas con mecanismos de registro y evaluación efectivos que permitan conocer la implementación y desarrollo de los mismos.
- Obligatoriedad para todas las federaciones y clubes deportivos de la existencia de protocolos, aprobados en Junta Directiva y visible en su página web, contra el acoso y el abuso sexual, solicitando a las personas que vayan a trabajar en ámbitos deportivos en el que exista una relación con menores de edad y mujeres, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, delitos de violencia de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.
- Medidas para que los periodos sin actividad por causa de embarazos y maternidad no penalicen a las mujeres deportistas a la hora de optar a becas.
- Fomentar la incorporación de deportistas en trabajos técnicos de las federaciones en casos en los que la maternidad o lesiones impidan que puedan seguir compitiendo.
- Obligatoriedad de que los premios de campeonatos y competiciones que se organicen o se encomienden a un tercero por una Administración Pública, o se financien total o parcialmente a través de fondos públicos, posean la misma cuantía en la categoría femenina y masculina.
- Obligación de que las primas que las federaciones otorgan a sus equipos por victorias y campeonatos sean iguales para hombres y mujeres.
- Promoción de la igualdad en el deporte mediante campañas informativas en diferentes medios.
- Eliminación de toda cláusula contractual discriminatoria para las mujeres deportistas.
- Medidas de promoción, difusión e investigación de la situación de la mujer en el deporte.
- Impulso de medidas de formación de mujeres técnico, árbitros y otros ámbitos en los que se encuentre infrarrepresentada.
- Promoción de medidas para la orientación y transición profesional para la contratación de exdeportistas mujeres de alto nivel/alto rendimiento.
- Ayudas complementarias a mujeres deportistas por nacimiento, adopción y cuidado de hijos.
- Promoción de medidas de ayudas para desplazamientos y para la formación académica reglada.
- Medidas para reducir la "brecha de género" en la práctica deportiva.
Asimismo, se insta al Gobierno a que trabaje activamente con la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) para que en toda su programación, tanto de radio, como televisiva, y especialmente en "prime time", el espacio destinado a deporte tenga un espacio reservado a noticias y retransmisiones de competiciones deportivas femeninas."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte.
- Apartado específico sobre la existencia de planes de igualdad en las federaciones deportivas con mecanismos de registro y evaluación efectivos que permitan conocer la implementación y desarrollo de los mismos.
- Obligatoriedad para las federaciones y clubes deportivos de la existencia de protocolos, aprobados en Junta Directiva y visible en su web, contra el acoso y el abuso sexual, solicitando a las personas que vayan a trabajar en ámbitos deportivos en el que exista una relación con menores de edad y mujeres, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.
- Velar para que los periodos sin actividad por causa de embarazos y maternidad no penalicen a las mujeres deportistas a la hora de optar a becas.
- Obligatoriedad de que los premios de campeonatos y competiciones públicos y privados, posean la misma cuantía en la categoría femenina y masculina.
- Ayudas complementarias a mujeres deportistas, por nacimiento, adopción y cuidado de hijos.
- Promoción de medidas de ayudas para desplazamientos. Y para la formación académica reglada.
- Medidas para reducir de la "brecha de género" en la práctica deportiva.
Así mismo, se insta a que trabaje activamente con la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) para que en toda su programación, tanto de radio, como televisiva, y especialmente en "prime time", el espacio destinado a deporte tenga un espacio reservado a noticias y retransmisiones de competiciones deportivas femeninas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-Ángel Luis González Muñoz, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley del Deporte, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Se propone modificar el punto quinto y el último párrafo del texto, así como la supresión del punto sexto, quedando redactado como sigue:
"El Congreso de los Diputados [...]
- (Suprimir).
Así mismo, se insta a continuar trabajando activamente con la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) para que en toda su programación, tanto de radio, como televisiva, el espacio destinado a deporte tenga un espacio reservado a noticias y retransmisiones de competiciones deportivas femeninas, siempre que sea posible en el horario de prime time."
161/004223
La Comisión de Cultura y Deporte, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, aprobó la Proposición no de Ley sobre la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 494, de 12 de febrero de 2019, en sus propios términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se incluya en la agenda del Ministerio de Cultura y Deporte la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Una conmemoración donde se dé lugar con rigor a todas las interpretaciones y visiones que de este importantísimo episodio se tienen."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México.
1. Declara su apoyo a los actos conmemorativos del V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, como acontecimiento de nuestra historia y de la historia universal y de Hernán Cortés como una de las grandes figuras del Renacimiento.
2. Insta al Gobierno de España a:
- La creación de una Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, que impulsará y coordinará las actividades que lleve a cabo la Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte y Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con la Junta de Extremadura, y, en su caso, con otras entidades públicas y privadas, así como los particulares, que en ella participen.
- Colaborar con España Global y el Instituto Cervantes para materializar la puesta en marcha de iniciativas, a través de diversos canales de comunicación, orientados a visibilizar las diferentes actividades programadas con motivo de la conmemoración del V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México.
- Impulsar actividades culturales conmemorativas que cuente con la implicación de investigadores junto con las Universidades y asociaciones académicas que estén vinculadas con sus trabajos de historia.
- Declarar la conmemoración del V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México como acontecimiento excepcional de interés público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-Pedro Acedo Penco, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la garantía del derecho a la vivienda en el Estado español, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Margall i Sastre, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la garantía del derecho a la vivienda en el Estado español, para su debate en Pleno.
En el Estado español no está garantizado el derecho a la vivienda que la sacrosanta Constitución establece en su artículo 47, que más allá de consagrar el derecho a una vivienda digna y adecuada, obliga a los poderes públicos a hacer efectivo ese derecho y a impedir la especulación.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación urgente sobre la garantía del derecho a la vivienda en el Estado español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
172/000180
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción urgente de medidas de lucha contra la morosidad en la actividad económica para evitar que el impago de facturas perjudique a las pymes, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación urgente al Gobierno sobre la urgencia de adoptar medidas de lucha contra la morosidad en la actividad económica, para evitar que el impago de facturas perjudique a las pymes.
En los inicios de la Legislatura se presentaron en el Congreso de los Diputados y en el Senado sendas iniciativas parlamentarias destinadas a luchar contra la morosidad en el pago entre empresas, morosidad que evidentemente perjudica principalmente a las pymes.
El 20 de junio de 2017 el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una de ellas, una semana después, el 28 de junio, el Pleno del Senado, a propuesta del PDeCAT, aprobó una segunda
Proposición de Ley de lucha contra la morosidad, posteriormente el Congreso acordó tramitar ambas iniciativas en una ponencia conjunta. En ambos casos la aprobación se produjo por una amplia mayoría, casi por unanimidad. Desde la aprobación por el Pleno del Congreso y del Senado de estas iniciativas ha transcurrido más de un año y medio sin que el trámite parlamentario avanzara, ha habido una actividad dilatoria que no se corresponde con la voluntad manifestada por los grupos parlamentarios al aprobar la torna en consideración de ambas iniciativas. Con el anunciado cierre de la legislatura se frustra así la expectativa de miles de pequeñas y medianas empresas que confiaban ver finalmente una normativa legal que articulase un régimen sancionador para luchar contra la morosidad en el pago entre empresas y unas medidas suficientes para dar mayor seguridad jurídica a las relaciones comerciales.
Es preciso recordar algunas cifras. Con datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, entidad constituida con el objetivo de impulsar una cultura ética sobre el cumplimiento de los plazos de pago y que agrupa a un conjunto de instituciones sectoriales de todo el Estado, representando a cerca de un millón de empresas, si el plazo de pago entre empresas está fijado en 60 días, el plazo medio empresarial en la actualidad se sitúa en los 85 días y, en el caso de las empresas del IBEX se sitúa en los 169 días. En el caso de las administraciones, que deberían pagar a los 30 días, el plazo medio de pago se sitúa en los 82 días.
El perjuicio para las pymes de esta situación resulta evidente, por lo que, para un buen funcionamiento de la actividad económica y para evitar graves situaciones de ahogo financiero que a menudo comporta el impago de facturas a las pymes, urge que el Gobierno asuma la adopción de medidas de lucha contra la morosidad comercial, incluso por Real Decreto Ley, con el fin de no postergar por más tiempo la adopción de unas medidas sobre las que todas las fuerzas políticas se han pronunciado favorablemente, pero que incompresiblemente su tramitación no ha avanzado.
Por todo ello los Diputados del PDeCAT, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, presentan una interpelación urgente al Gobierno sobre la urgencia de adoptar medidas de lucha contra la morosidad en la actividad económica, para evitar que el impago de facturas perjudique a las pymes, así como establecer un régimen sancionador.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000181
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y luchar contra el tráfico ilegal de personas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Interpelación urgente al Gobierno, sobre su actuación para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y luchar contra el tráfico ilegal de personas.
Desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez hemos presenciado un lamentable espectáculo de utilización de la política migratoria con decisiones medidas que iban en un sentido, unas veces y en el contrario, otras.
De esta forma, si en junio asistíamos a la recepción del Aquarius en Valencia, a bombo y platillo, haciendo así de efecto llamada para otros inmigrantes y, lo más peligroso, para las mafias; en diciembre veíamos como el Open Arms, que se supone era uno de los aliados del Gobierno en Salvamento Marítimo, quedaba bloqueado en el puerto de Barcelona. Al Open Arms luego se unió el "Aita Mari", bloqueado en Guipúzcoa por similares motivos.
Con anterioridad, habíamos visto como el Open Arms se veía obligado a abandonar el puerto de Motril por no poder trabajar allí ni firmar los convenios que le había prometido el Gobierno. Veíamos, también, como el pesquero español, Nuestra Señora de Loreto quedaba perdido en el mar con 12 inmigrantes a bordo ante las negativas del mismo Gobierno que unos días antes sí aceptaba la llegada de otro barco. La UE tuvo que corregir al Gobierno de España, recordando que Libia no era "un puerto seguro", como aseguraban en esas fechas la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Ahora sabemos también que España ha acordado con Marruecos "devolver las pateras a sus costas", según la prensa. Que Salvamento Marítimo pueda dejar parte de los inmigrantes rescatados en las costas marroquíes, una decisión que meses atrás hubiera criticado el ejecutivo de Sánchez que parecería ser el único con una respuesta, con la solución mágica, al reto migratorio.
Lo que iba a ser "el fin inmediato de las concertinas" se ha convertido en un baño de realidad, ante una situación inédita de la frontera sur de España y de Europa: los asaltos masivos a las vallas de Ceuta y Melilla que han tenido que ser controlados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y de lo que parecía el "gran milagro", la Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, solo hemos sabido que Pedro Sánchez, desde el egocentrismo al que nos tiene habituados, se puso de ejemplo del buenismo, una vez más.
Mientras tanto, veíamos como el número de inmigrantes se multiplicaba desde la llegada al Gobierno del Partido Socialista, creciendo hasta el 170 % más que en la primera mitad de 2018 y duplicando las cifras con respecto a 2017 (y multiplicando por 7 las de 2016). Según la OIM en 2018 llegaban a España 160 personas al día en pateras, jugándose la vida. Esta cuestión es aún más desgarradora en el caso de los Menores Extranjeros No Acompañados, los MENA, que han pasado de algo de 6.248 en abril de 2018, a 12.437 a finales del mismo año, siendo utilizados por las mafias como "atractivo" del tráfico ilegal de personas.
Así, ante las negativas de Italia y Malta, España se convertía en la ruta segura para la inmigración en el Mediterráneo central y occidental. Sin contar con la Unión Europea, ante una situación insostenible, igual que pasara con la crisis de los cayucos, España, con el Partido Socialista, vuelve a ser la tierra fácil ¡ojo! no para los inmigrantes, sino para la actividad ilícita de las mafias, una actividad tipificada en el Código Penal, e incluida en el mismo por las reformas del Partido Popular.
En este contexto hemos sabido, por la prensa, que el Gobierno ha encargado un informe que le permitiría desarrollar un plan para reducir la inmigración en un 50 %. Un bandazo más en su política migratoria que se suma a los presupuestos irresponsables, poco ejecutables y nada sociales que había presentado y en los que delegaba la responsabilidad de la política migratoria a entidades sin fines lucrativos y Comunidades Autónomas.
El Gobierno de Sánchez parece hacer oídos sordos al artículo 149.12 de la Constitución Española, que indica que le corresponde al Gobierno la definición, planificación, regulación y desarrollo, de la Política Migratoria.
Ni la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, ni el CIS que indica que la migración es una de las mayores preocupaciones de los españoles, han hecho que el Gobierno Socialista tomara las riendas de una cuestión que debe ser tratada como una política de Estado, buscando consensos en el Parlamento y soluciones prácticas que los ciudadanos entiendan, y no respuestas grandilocuentes que se convierten en espuma del "buenismo", caldo de cultivo de extremismos y populismos y en alimento para el engaño de los más desfavorecidos, los que se juegan la vida para llegar a Europa.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una completa dejación de funciones en política migratoria, sin priorizar la lucha contra las mafias que mueven el tráfico ilegal de seres humanos y que cada día ponen en peligro la vida de cientos de personas. Sin preocuparse de la atención e integración de esos inmigrantes. Sin preocuparse de la convivencia social y de los riesgos que tienen sus políticas irresponsables que, ante el desconocimiento y la desorganización, fomentan del discurso del odio. Y sin coordinar sus respuestas a nivel europeo ni preocuparse de buscar una solución a nivel internacional que responda a uno de los retos más importantes que tenemos en nuestra época, el reto migratorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Interpelación urgente para que el Gobierno explique su actuación para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y luchar contra el tráfico ilegal de personas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000135
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique si la reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, para que explique si su reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza.
El pasado miércoles 20 de febrero la Ministra de Educación y Formación Profesional, con ocasión del debate de la interpelación urgente del Grupo Popular para que explique si su reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza, puso en evidencia que el objeto de la aprobación de su proyecto de ley, el mismo día que el Presidente anunció la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril, no son las reformas profundas y necesarias que precisa el sistema, sino dar fe del cumplimiento al acuerdo que firmó el PSOE en 2013 con el resto de la oposición para derogar la LOMCE, y hoy es el precio que pagan a los socios que le auparon al gobierno.
Pero además su proyecto no garantiza el ejercicio de la libertad de enseñanza ni el derecho a la educación en condiciones de igualdad, porque lejos de confiar más en la escuela pública y apostar por el profesorado, el proyecto de Ley de Gobierno de Sánchez no contempla con ambición la formación docente, la autonomía de los centros, los principios de transparencia y rendición de cuentas, ni el papel que le corresponde al Estado como principal garante del derecho a la educación y a la libertad, como consagra la Constitución.
"Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno de España a que elabore una Ley de reforma educativa, previo diálogo y pacto con el resto de las fuerzas parlamentarias y la comunidad educativa, que se someta al trámite del informe del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado, con el objetivo de afrontar los retos de una educación de futuro, acorde a la 4.ª revolución industrial, que garantice una educación de calidad, equidad y en libertad, mediante:
- Un refuerzo del ejercicio de las competencias del Estado en el marco que la Constitución le atribuye en los artículos 27 y 149.1.30.ª para alcanzar un sistema educativo cohesionado.
- Un modelo que garantice la libertad de elección de las familias, promoviendo una educación pública de calidad y una oferta formativa de iniciativa social que responda a las demandas plurales de las familias.
- Un modelo que garantice la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especializada, tanto de la enseñanza pública como privada concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias.
- Un modelo que garantice la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, en el marco constitucional del derecho a la libertad de educación que estipula el artículo 27 de la Constitución española. A tal efecto, se adecuará el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de
garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad y, en tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada, se reforzará que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sean deducibles en los términos recogidos de la citada ley.
- Un sistema transparente que permita la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad del sistema educativo, mediante un modelo de evaluaciones censales y externas, y el refuerzo de la Alta Inspección.
- Un modelo que garantice que todos los alumnos, con independencia del lugar en que residan, tengan una formación común con un currículo básico en todas las etapas educativas.
- Un modelo flexible e innovador, adaptado a los retos y las exigencias de un mundo en constante evolución, que forme a los alumnos en competencias digitales, fortalezca las humanidades y las disciplinas STEM.
- Un modelo que actúe sobre cada alumno para desarrollar todas sus capacidades, prestando especial atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje y con necesidades educativas especializadas.
- Un modelo en el que el Estado garantice la enseñanza en castellano y del castellano en todo el territorio del Estado.
- Un modelo que sitúe al profesor en el centro del sistema educativo. Para ello, se diseñará una verdadera carrera profesional constituida por el conjunto de grados y funciones que cada profesor pueda alcanzar como consecuencia de la evaluación de su desempeño, del reconocimiento de su ejercicio profesional y de las actividades de formación, innovación e investigación, junto con el impulso de la movilidad en todo el territorio nacional de todos los cuerpos docentes. Asimismo, se aprobará un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para e] acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad.
- Un modelo que dote de mayor autonomía pedagógica y organizativa a los centros, con nuevos modelos de gestión que faciliten la innovación educativa en el plano organizativo, curricular y de gestión económica."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, para que explique si su reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
"Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que elabore una Ley de reforma educativa, previa diálogo y pacto con el resto de las fuerzas parlamentarias y la comunidad educativa, que se someta al trámite del informe del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado, con el objetivo de afrontar los retos de una educación de futuro, acorde a la 4.ª revolución industrial, que garantice una educación e calidad, equidad y en libertad, mediante:
- Un refuerzo del ejercicio de las competencias del Estado en el marco que la Constitución le atribuye en los artículos 27, 149.1.30.ª, para alcanzar un sistema educativo cohesionado.
- Un modelo que garantice la libertad de elección de todas las familias, promoviendo una educación financiada con fondos públicos de calidad que comprenda también una oferta formativa de iniciativa social que responda a las demandas plurales de las familias, de forma que sea accesible a todos y que la escolarización sea equilibrada y sin segregación.
- Un modelo que garantice la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, en el marco constitucional del derecho a la libertad de educación que estipula el artículo 27 de la Constitución española. A tal efecto, se adecuará el modelo de financiación y el procedimiento de admisión de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad y, en tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada, se reforzará que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sean exclusivamente voluntarias y sean deducibles en los términos recogidos en la presente ley.
- Un sistema transparente que haga posible tener una valoración del sistema educativo en su conjunto, que permita la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad y equidad del sistema educativo, mediante un modelo de evaluaciones censales y externas, un sistema de indicadores para la mejora los centros educativos que tengan en cuenta su valor añadido, y el desarrollo y refuerzo de la Alta Inspección como agencia independiente.
- Un modelo flexible e innovador, adaptado a los retos y exigencias de un mundo en constante evolución, que forme a los alumnos en competencias digitales y ciudadanía digital responsable, fortalezca las humanidades y las disciplinas STEM, promueva la igualdad de género y enseñe a identificar y prevenir la violencia.
- Un modelo equitativo que ofrezca a cada alumno la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades, prestando especial atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales y en desventaja por origen socioeconómico o cultural. Para ello se garantizarán el derecho subjetivo a becas y ayudas, las medidas de apoyo y refuerzo y los recursos materiales y humanos que respondan a las necesidades de cada alumno.
- Un modelo que sitúe al profesor en el centro del sistema educativo. Para ello, se diseñará una verdadera carrera profesional constituida por el conjunto de grados y funciones que cada profesor pueda alcanzar como consecuencia de la evaluación de su desempeño, del reconocimiento de su ejercicio profesional y las actividades de formación, innovación e investigación, junto con el impulso de la movilidad en todo el territorio nacional de todos los cuerpos docentes. Se incentivará atraer y retener al profesorado más competente en los centros educativos donde más necesidades hay. Asimismo, se aprobará un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad.
- Un modelo que favorezca la escolarización temprana como etapa educativa clave en el desarrollo de niños y niñas y en la compensación de las desigualdades de origen.
"Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno de España a que elabore una Ley de reforma educativa, previa diálogo y pacto con el resto de las fuerzas parlamentarias y la comunidad educativa, que se someta al trámite del informe del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado, con el objetivo de afrontar los retos de una educación de futuro, acorde a la 4.ª revolución industrial, que garantice una educación e calidad, equidad y en libertad, mediante:
- Un modelo que garantice la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, en el marco constitucional del derecho a la libertad de educación que estipula el artículo 27 de la Constitución española. A tal efecto, se adecuará el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad y, en tanto se alcance la equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada, se reforzará que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sean deducibles, en los términos recogidos en la citada ley.
- Un sistema transparente que permita la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad del sistema educativo, mediante un modelo de evaluaciones censales externas, y el refuerzo de la Alta Inspección.
- Un modelo que sitúe al profesor en el centro del sistema educativo. Para ello, se diseñará una verdadera carrera profesional constituida por el conjunto de grados y funciones que cada profesor pueda alcanzar como consecuencia de la evaluación de su desempeño, del reconocimiento de su ejercicio profesional y las actividades de formación, innovación e investigación, junto con el impulso de la movilidad en todo el territorio nacional de todos los cuerpos docentes. Asimismo, se aprobará un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
173/000136
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las negociaciones de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con el independentismo catalán, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente a la Vicepresidenta del Gobierno sobre sus negociaciones con el independentismo catalán.
Desde que el pasado 1 de junio de 2018 se aprobara la moción de censura que encumbró al presidente Sánchez en la Moncloa, los intentos del Gobierno por complacer a los partidos independentistas de Cataluña se han evidenciado cada vez más desesperados y estériles.
La primera de las cesiones a destacar fue su disposición a negociar con dichos partidos independentistas al margen de las instituciones representativas de los catalanes y del conjunto del pueblo español, en el marco de la llamada "mesa de partidos".
La segunda cesión, consecuencia de la anterior, consistió en aceptar la figura de un "mediador", o relator, que el movimiento separatista pretende usar para ayudar a difundir, con su propaganda internacional, dos ideas: que España no es una democracia y que hay un "conflicto Cataluña-España", como si de dos estados independientes se tratara. El presidente Sánchez ha cedido y replicado así los marcos mentales nacionalistas.
La tercera cesión del Gobierno socialista ante el movimiento secesionista catalán fue la de comprometerse a estudiar los famosos 21 puntos que entregó secretamente el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dicho documento contiene diversas propuestas de los partidos independentistas que son simplemente inaceptables: el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, el inicio de un proceso de "desfranquización" de España y el respeto a los Derechos Humanos. Resulta tan delirante hablar del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña como la crítica -implícita en la propuesta- a la "franquización" de España o el supuesto poco respeto de esta a los Derechos Humanos, de la misma forma que resulta delirante que un presidente del Gobierno de España se muestre dispuesto a "estudiar" estas propuestas en secreto, faltando el respeto a todos los españoles.
Todos estos intentos desesperados de persuadir a los partidos independentistas constituyen una amenaza gravísima para la estabilidad de España y para los intereses de los españoles. Aun así el pasado 13 de febrero de 2019 tanto el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana como PdeCat (del Grupo Parlamentario Mixto) votaron a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno, sentenciando así la Legislatura y el mandato de Sánchez. Esta circunstancia demuestra una vez más que negociar con los partidos independentistas no conduce a nada que resulte deseable para el conjunto de los españoles.
Todo lo descrito previamente lo ha llevado a cabo el Gobierno con un manifiesto desprecio por la inmensa mayoría de los españoles que considera que son esos partidos independentistas los responsables de la grave crisis política desencadenada, especialmente, desde el pasado año 2017, cuando la coalición independentista abandonó la legalidad y, en perjuicio de todos, abocó al país a una situación de conflictividad social que aún no se ha superado.
El Gobierno de España ha claudicado en su voluntad de enfrentarse contra el separatismo dogmático y excluyente, en nombre y representación de la abrumadora mayoría de españoles contraria al independentismo. El Gobierno ha primado satisfacer las demandas del independentismo para garantizar su permanencia en la Moncloa, faltando así a su compromiso con los valores democráticos, la legalidad y la defensa de la libertad y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España; un compromiso que ha demostrado ser subsidiario y totalmente supeditado a los intereses superiores del partido socialista en el Gobierno.
"Teniendo presente lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A no volver a negociar con los partidos independentistas al margen de la legalidad y de las instituciones representativas españolas y catalanas.
2. A no debatir, bajo ninguna circunstancia, ninguno de los 21 puntos que constan en el documento entregado secretamente por el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez."
173/000137
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de actuar de forma urgente ante los datos de la Organización Meteorológica Mundial, que muestran cómo los cuatro últimos años han sido los más cálidos desde que hay registros y que confirman el agravamiento del cambio climático, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la necesidad de actuar de forma urgente ante los datos de la Organización Meteorológica Mundial, que muestran cómo los cuatros últimos años han sido los más cálidos desde que hay registros, y que confirman el agravamiento del cambio climático; sin embargo todavía el Gobierno no ha presentado la prometida ley de cambio climático y transición energética.
1. Basar el contenido de la futura y urgente Ley de Cambio Climático y Transición Energética en unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030, 2040 y 2050, con un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35 % respecto de 1990, un objetivo del 45 % del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares; en 2050, los objetivos son: 95 % de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990, 100 % del consumo de energía final cubierto mediante fuentes de origen renovable y 50 % para el objetivo de eficiencia energética.
2. Elaborar y tramitar como ley, cada cinco años, unos Presupuestos de Carbono desglosados por sectores para los cinco años siguientes, que ayuden a conseguir los objetivos globales de reducción de emisiones.
3. Elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética que incluya, entre otras medidas, la rehabilitación energética anual de un mínimo de 200.000 viviendas, priorizando a los hogares y barrios más vulnerables.
4. Elaborar un Plan de Energías Renovables.
5. Aprobar, de manera urgente, el Real Decreto de Autoconsumo y el Real Decreto de Acceso y Conexión para asegurar la puesta en marcha efectiva del autoconsumo.
6. Diseñar un nuevo esquema para las subastas renovables, que deberá tener como criterio principal de adjudicación el coste de generación de cada tecnología, expresado en EUR/MWh; e incluir la posibilidad de que se establezcan subastas específicas para los sistemas eléctricos insulares así como zonas en las que haya quedado liberada infraestructura de red por el cierre de centrales de generación.
7. Realizar una auditoría de todos los costes del sector eléctrico en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
8. Prohibir en todo el territorio estatal la prospección y la extracción de hidrocarburos; en particular, prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking.
9. Aprobar las siguientes medidas en relación con el transporte:
- Establecer los siguientes objetivos mínimos de venta de vehículos eléctricos (turismos) respecto del total de turismos vendidos: 3 % en 2020, 25 % en 2025, 70 % en 2030 y 100 % en 2040.
- Establecer como objetivo una penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías, expresado en toneladas-kilómetro, del 25 % en 2030 y del 50 % en 2050.
10. Incorporar Planes de Transición Justa que garanticen empleos locales en los sectores que puedan verse afectados por la transformación del modelo energético y productivo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de actuar de forma urgente ante los datos de la Organización Meteorológica Mundial, que muestran cómo los cuatro últimos años han sido los más cálidos desde que hay registros y que confirman el agravamiento del cambio climático.
1. Elaborar la futura y urgente Ley de Cambio Climático y Transición Energética con una amplia participación y consenso para garantizar un marco legal estable y una aplicación efectiva. La Ley debe contar con un respaldo científico y técnico sólido que permita fijar unos objetivos ambiciosos y realistas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030, 2040 y 2050, en línea con el marco de energía y clima acordado a nivel de la Unión Europea.
3. Elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética en colaboración con el sector privado, e introduciendo incentivos adecuados de mercado para alcanzar que incluya, entre otras medidas, la rehabilitación energética anual de un mínimo de 300.000 viviendas, priorizando a los hogares y barrios más vulnerables.
4. Elaborar un Plan de Energías Renovables, que envíe las señales adecuadas al sector privado para favorecer la mayor presencia de alternativas renovables en el mix energético español.
8. Impulsar un Plan Integral para la Descarbonización del Transporte, que incentive la renovación del parque automovilístico de bajas y cero emisiones, donde el sector público debe liderar con el ejemplo, promoviendo conjuntamente la industria y la demanda de la movilidad sostenible de nuestro país y fijando unos objetivos ambiciosos y realistas para la penetración de alternativas de bajas y cero emisiones en el transporte de mercancías, con especial atención al transporte ferroviario.
9. Elaborar planes de adaptación y mitigación al cambio climático sectoriales para aquellas actividades estratégicas como: la pesca, la agricultura, el turismo, la industria 4.0 y que refuercen la colaboración público-privada.
10. Incorporar Planes de Transición Justa que garanticen empleos la protección social y la reconversión laboral de los trabajadores locales en los sectores que puedan verse afectados por la transformación del modelo energético y productivo.
11. Aprobar una Ley de Economía Circular: que impulse la transición desde el origen, desde el diseño y producción, para reducir al mínimo los residuos a vertedero (zerowaste to landfill).
12. Actualizar el Plan Hidrológico Nacional, adaptándolo al reto del cambio climático y escenarios 2030-2050. El nuevo PHN redefinirá con nitidez las funciones del Estado en materia de agua de forma que se aseguren unos criterios mínimos comunes de sostenibilidad, seguridad, solidaridad y calidad para todos los ciudadanos, desde la perspectiva del interés general, con independencia del territorio en el que viven, y con el objetivo de poner fin a la heterogeneidad de planteamientos y actuaciones por parte de las Comunidades Autónomas."
"1. Basar el contenido de la futura y urgente Ley de Cambio Climático y Transición Energética en unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030, 2040 y 2050, con un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35 % respecto de 1990, un objetivo del 45 % del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares; en 2050, los objetivos son: 95 % de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990, 100 % del consumo de energía final cubierto mediante fuentes de origen renovable y 50 % para el objetivo de eficiencia energética.
a) Establecer los siguientes objetivos mínimos de venta de vehículos eléctricos (turismos) respecto del total de turismos vendidos: 3 % en 2020, 25 % en 2025, 70 % en 2030 y 100 % en 2040.
b) Establecer como objetivo una penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías, expresado en toneladas-kilómetros, del 25 % en 2030 y del 50 % en 2050.
Todos los expertos en la lucha contra el Cambio Climático destacan la complejidad del reto, las oportunidades que encierra y la importancia de la gobernanza y de la participación de todos los agentes relevantes para el éxito de esta lucha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2019.-Melisa Rodríguez Hernandez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de actuar de forma urgente ante los datos de la Organización Meteorológica Mundial, que muestran cómo los cuatro últimos años han sido los más cálidos desde que hay registros y que confirman el agravamiento del cambio climático.
- Establecer [...] 2040.
- Establecer [...] en 2050.
- Articular una estrategia conjunta con el sector de la automoción para acompañarlo en las políticas industriales y de empleo, en la transición hacia fabricación de vehículos que no emiten gases de efecto invernadero.
10. Incorporar [...] productivo.
11. Retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic del Parlament de Catalunya.
12. Territorializar el Fondo del Carbono entre las comunidades autónomas para mitigar las emisiones de los sectores difusos, como el transporte o la vivienda, así como implementar políticas de adaptación.
13. Incrementar las dotaciones a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona para situarlas en importes, al menos equivalentes, a las correspondientes a 2008.
14. Proceder a la creación de un Órgano consultivo independiente para luchar contra el cambio climático que elabore periódicas evaluaciones y recomendaciones sobre las políticas y estrategias destinadas a mitigarlo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y diversas en el ámbito del deporte.
"Cada 19 de febrero se celebra el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte. Este tributo existe gracias a Justin Fashanu, primer futbolista profesional de la historia en declararse abiertamente homosexual en 1990.
Si bien es cierto que las personas LGTBI han avanzado en los últimos años en su lucha por la igualdad, la no discriminación y la defensa de la diversidad, el deporte sigue siendo un espacio que en muchas ocasiones se resiste a la aceptación y la promoción de la diversidad por orientación sexual o identidad de género.
En España no hay datos sobre la situación personas de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en el deporte. Son muy pocas las personas deportistas de reconocido prestigio que hacen pública su orientación sexual por miedo a las consecuencias que ello pueda conllevar, a la vez que contadas entidades deportivas promueven el deporte entre el colectivo LGTBI.
- Denunciar y penalizar socialmente los comportamientos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios en el entorno del deporte.
- Acabar con cualquier expresión de violencia ya sea física o verbal en los espacios deportivos, los campos de juego y las gradas, por cualquier causa y especialmente por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género.
- Equiparar el reconocimiento público de las deportistas femeninas respecto a los masculinos, así como los precios que se otorguen en cualquier manifestación deportiva.
- Garantizar la práctica deportiva de las personas trans e intersexuales de acuerdo a su sexo sentido, protegiendo sus derechos y su intimidad, y velando especialmente en el deporte de élite por una reglamentación que asegure las condiciones de igualdad.
- Reconocer y situar la diversidad sexoafectiva, la expresión e identidad de género y la orientación sexual como elementos enriquecedores.
- Utilizar un lenguaje inclusivo que evite las expresiones discriminatorias por razón de género, orientación sexual y expresión e identidad de género.
- Hacer realidad el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito del deporte en España.
- Incluir en la regulación de toda la actividad deportiva los valores de la diversidad, la igualdad de trato y no discriminación.
Todas estas acciones buscan la consecución de un objetivo final:
El Congreso de los Diputados de España comparte estos objetivos y se compromete a impulsar las acciones anteriormente mencionadas y con ello promocionar políticas respetuosas con la diversidad y que fomenten un deporte inclusivo y tolerante."
140/000034
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional sobre reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores.
"Según las denuncias presentadas, el robo de bebés, la desaparición forzosa de menores, ha tenido incidencia en distintas etapas, mediante la separación de miles de menores de sus familias, para darlos en adopción, o para que los inscribieran como hijos biológicos. Unas ocurrieron bajo el régimen de la dictadura franquista, y otras tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución y las leyes que surgen de la misma, que son las que conforman nuestro actual Estado de Derecho. Tras la aprobación de la Constitución, el mayor número de denuncias se concentra en torno a los años 80, y se extienden en el tiempo llegando hasta principios de los años 2000.
Tal y como constata entre sus recomendaciones, el Informe Anual del Defensor del Pueblo en el primer semestre de 2017, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica.
Este problema ha merecido la atención de instancias internacionales, como, por ejemplo, el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, El Relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff; el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas y una Misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos las víctimas tienen el derecho a la reparación integral por los derechos vulnerados. Entre esos derechos, el principio de reparación integral establece el reconocimiento público (el derecho al reconocimiento de la verdad y perdón público) de este drama.
Lamentamos no haber podido conseguir la aprobación de la ley en esta legislatura en la que, sin embargo, se ha avanzado en la consecución de consensos importantes que trabajaremos por mantener, sobre todo porque las víctimas necesitan contar con instrumentos eficaces en la investigación de la verdad en las desapariciones de menores que de forma repetida han ocurrido en este país con el consiguiente dolor y sufrimiento para las personas afectadas.
El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama el derecho a la propia identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes, como fundamento del orden político democrático de nuestro país.
Ante la persistente situación recordamos los tratados y convenios que son parte de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto de obligado cumplimiento como son el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos que reconoce a todos esos padres y madres, hermanos y otros familiares afectados el "derecho humano a la vida familiar" sin injerencias externas. Así mismo, el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a establece que "los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen". Y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, suscrita por España, establece en su artículo 25 dedicado a la infancia, que "los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente"."

References: artículo 97
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 97
 artículo 193
in fine
 artículo 17
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 36
 artículo 193
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 47
 artículo 97
 artículo 180
 Real Decreto 
 artículo 97
 artículo 180
in fine
 artículo 149
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 27
 artículo 184
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 25