Source: http://www.libertadidioma.com/2007/20070206.htm
Timestamp: 2018-11-19 03:38:12+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Martes 6 Febrero 2007
Una recusación de libro
EDITORIAL Libertad Digital 6 Febrero 2007
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido aceptar la recusación contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, quien no podrá finalmente intervenir en los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Como recordarán los lectores, este magistrado, así como el marido de la presidenta del Tribunal, Jesús Leguina, fue contratado por la Generalidad para la elaboración de un informe de asesoramiento para la redacción del Estatuto, objeto de la causa.
En estos tiempos en los que, como decía Orwell, "hay que defender lo obvio", y hasta celebrar como extraordinario lo que no deja de ser el normal funcionamiento del Estado de Derecho, no podemos dejar de mostrar nuestro respaldo a una resolución que ha tenido en cuenta la forma tan clara en la que este magistrado había incurrido en una de las causas de abstención o recusación contempladas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como es la de haber "desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito".
Ahora bien, precisamente porque esta recusación era de libro, no podemos dejar de señalar –y criticar– los cinco votos discrepantes de cinco magistrados de "tendencia progresista", así como la anterior resolución judicial de ese Tribunal, en la que no se admitió la recusación de la presidenta María Emilia Casas. Aunque en este caso no fuera ella, sino su marido, quien también cobró y participó en el informe encargado por la Generalitat, su vínculo matrimonial debería haber sido tenido en cuenta, no ya por aquella máxima romana sobre "la mujer del César", sino por la causa número 10 de recusación de ese mismo artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como era y es la de "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".
En cualquier caso, y dando por descontada la honorabilidad de todos los magistrados –incluido el recusado–, no podemos dejar de denunciar las presiones que el frente social-nacionalista, con el Gobierno de Zapatero a la cabeza, vienen haciendo desde el primer día para que este Tribunal también considere ese Estatuto "limpio como una patena". Más aun, en unos tiempos en que ese mismo Gobierno, con Zapatero a la cabeza, no quiere romper con una organización terrorista, que ha exigido hasta por escrito que "ninguna Constitución, ni ley, ni ordenamiento jurídico sea obstáculo" para su chantajista "apaciguamiento".
Recusación inevitable en el TC
Editorial ABC 6 Febrero 2007
LA recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps ha provocado una crisis interna en el Tribunal Constitucional, no tanto por el hecho de haber sido finalmente admitida, sino por el tiempo empleado en resolverla y por la división del órgano en dos bloques (seis votos frente a cinco). Todo esto se habría evitado si el propio magistrado se hubiera abstenido de participar en la resolución del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, en vez de una autocrítica mínimamente objetiva -suficiente para constatar que su imparcialidad estaba comprometida tras asesorar a la Generalitat catalana en el planteamiento de determinados aspectos estatutarios-, Pérez Tremps optó por forzar a sus compañeros a tomar una decisión costosa personal e institucionalmente.
Sin duda, la recusación era inevitable. Con los criterios que el propio TC ha establecido para preservar la imparcialidad de los tribunales, la recusación de Pérez Tremps tendría que haber sido unánimemente aceptada y en mucho menos tiempo. Existía una clara apariencia de falta de imparcialidad por su parte, sin perjuicio de reconocerle la calidad académica que merece, porque ya se había manifestado en su etapa profesional sobre el objeto del recurso -la constitucionalidad de lo que luego fue el Estatuto-, aunque fuera «indirectamente». Además, había percibido unos honorarios -sin duda, legítimos- por ese asesoramiento profesional que ahora, como juez, lastraba su idoneidad para resolver el caso. Este era el único planteamiento admisible y lo prioritario era dotar de las debidas garantías al proceso constitucional en el que se había planteado la recusación. Sólo la mala gestión de este incidente procesal por parte del TC y del propio magistrado ha agravado los efectos de la recusación.
No está escrito cuál ha de ser el resultado del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Ha habido mucha premura en establecer vínculos entre las posiciones sobre este asunto y el criterio a favor y en contra de la recusación de Pérez Tremps. Este enfoque resulta precipitado y da lugar a hacer conjeturas poco respetuosas. Sin embargo, lo cierto es que el desenlace de la recusación se ha hecho en condiciones ambientales que abonaban esas interpretaciones, que pronostican una resolución del caso desfavorable al Gobierno y a la Generalitat. Los magistrados del TC tienen derecho a ejercer su función jurisdiccional sin estas presiones, que sólo aumentarán los daños ya sufridos en su imagen por el órgano soberano en la interpretación del texto constitucional. Hay que evitar que se produzcan otros nuevos. En este sentido, sería un despropósito añadido que Pérez Tremps dimitiera como magistrado para facilitar al Gobierno la designación inmediata de un sustituto. En tal caso, el magistrado sólo conseguiría dar la razón a quienes atribuyen su contumaz negativa a abstenerse a un designio político vinculado exclusivamente a sacar adelante el Estatuto catalán. Por dignidad personal no debería siquiera plantearse esta posibilidad.
Si promoviera esa vacante, el Gobierno demostraría una falta de consideración insólita hacia la institución sobre la que descansa la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Y, en todo caso, estaríamos ante un auténtico fraude de ley -un fraude de Constitución-, pues una recusación no es una inhabilitación profesional, sino una garantía del ciudadano en un proceso concreto. Cuestión distinta es que el Gobierno se tome esta recusación como un revés. Motivos tiene para sentirlo como tal. Es probable que un mejor conocimiento de los antecedentes profesionales del candidato le habría ahorrado este contratiempo. En todo caso, el Gobierno ya tiene ante sí suficientes episodios para juzgar cómo ha sido su relación con los poderes jurisdiccionales del Estado -buen pasivo del todavía ministro de Justicia- después de la campaña de descrédito contra el Consejo del Poder Judicial, de la interferencia política constante en los asuntos judiciales relacionados con el «proceso de paz» y, ahora, con la definitiva composición del TC que ha de resolver el Estatuto catalán, antesala de una resolución que dejará a solas a Zapatero con su responsabilidad política en esta reforma estatutaria que él personalmente desbloqueó y que nunca debió ser aprobada.
Recusación en el Tribunal Constitucional
Pablo Sebastián Estrella Digital 6 Febrero 2007
La recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps del Tribunal Constitucional, que le impedirá participar en los debates sobre los recursos presentados ante dicha Corte en contra del nuevo Estatuto de Cataluña, constituye un hecho jurídico y político de suma importancia porque la salida de este magistrado, nombrado por el Gobierno del PSOE, deja en minoría de cinco contra seis al sector progresista del Tribunal frente a la que sería mayoría de magistrados conservadores o afines al Partido Popular. Lo que, de quedar así, podría conducir a una contundente declaración de inconstitucionalidad de muchos de los artículos de Estatuto catalán y abriría una crisis, sin precedentes, en Cataluña y en las relaciones del Gobierno tripartito con el Gobierno central y el citado Tribunal. Convirtiéndose todo ello, de paso, en un precedente definitivo frente a las pretensiones de ETA y del PNV de alcanzar en el País Vasco cotas de soberanía aún mayores que las que se han incluido en el Estatuto de Cataluña.
Pero puede que esta sangre no llegue al río porque el Gobierno de Zapatero guarda en su manga un as como es la posibilidad de provocar la dimisión de Pérez Tremps —que fue nombrado por el Ejecutivo y no por las Cortes— para luego elegir otro magistrado favorable al Estatuto, garantizando así el empate que siempre solucionaría a favor del Estatuto el voto de calidad de la presidenta, Casas Bahamonde, que pertenece a la zona de influencia del PSOE y cuyo marido también se ha visto contaminado por el Estatuto catalán. Si esto ocurre, el Gobierno garantizaría el apoyo del Tribuna al nacionalismo catalán con el nombramiento de un magistrado expresamente seleccionado para ello, aunque al poner en marcha semejante artimaña el presidente Zapatero destruyera, de un plumazo, la independencia y credibilidad de dicho Tribunal.
Semejante operación sería, además de un bochornoso escándalo político y jurídico, un fraude contra la mayoría natural del Tribunal, que para estos debates quedó regulada por la aplicación de sus propias normas internas aceptando la recusación de Pérez Tremps, quien en ningún caso se había mostrado dispuesto a dimitir ante su delicada situación. Pero que ahora, por presión política del PSOE, se podría prestar a ello demostrando que no es persona digna de haber entrado en esa Corte, porque su espantada tendría un claro sesgo político y se llevaría a cabo cuando sólo ha cumplido dos años y medio del total de los nueve que le corresponden a su mandato.
Si el Gobierno se atreve a semejante golpe de mano, no respetando la normalidad del Tribunal y con el objetivo de vulnerar la Constitución, la crisis que ya embarga a otras instituciones del Estado se instalaría en este Alto Tribunal como evidente sospecha de manipulación e interferencia política, provocando una obligada alarma social, política y judicial de consecuencias imprevisibles.
Si, por el contrario, las cosas quedan como están y el Tribunal recusa todos los artículos del Estatuto catalán que a todas luces son inconstitucionales, entonces se abriría una seria crisis política por el enfrentamiento entre Cataluña y el Estado que, en realidad, ha sido provocado por el Gobierno de Zapatero y el PSOE al aprobar en las Cortes un Estatuto que no es constitucional y que pensaban hacerlo pasar como si lo fuera con la ayuda del voto de calidad de la presidenta porque, en ese momento, no contaban con la recusación de Pérez Tremps, que ya veremos cómo acaba.
Un magistrado que ha sido recusado precisamente por haber redactado un dictamen que le fue encargado y pagado por la Generalitat de Cataluña y del que parte de sus trabajos han sido incluidos en el nuevo Estatuto. Sin lugar a dudas, una temeridad del magistrado que ahora permite su recusación. Creando una situación que los sectores más prudentes y españolistas del PSOE deberían aprovechar para reconducir a favor de España todos los disparates del Estatuto catalán, frenando en seco las aspiraciones de ETA y PNV para un nuevo Estatuto del País Vasco, con lo cual le harían un buen servicio a España y al PSOE también antes de que las cosas y los disparates de este Gobierno nos lleven a una peor y más conflictiva situación que la actual.
Manifestación 3-F
El himno apropiado
Cristina Losada Libertad Digital 6 Febrero 2007
Es verdad que los nacionalistas han adoctrinado a muchos para ser anti-españoles, pero también lo es que nos volvieron a hacer españoles a otros que en la espesura que ya clareaba del franquismo, identificamos lo español con la arenga patriotera de la dictadura. El tiempo se encargó de ir disolviendo aquel prejuicio y el reaccionario delirio nacionalista, y en especial el terrorista, harían el resto. Pero aún quedaba algo por hacer y esa tarea pendiente la ha precipitado este Gobierno. Había empezado a acometerse allí donde más asfixiada estaba la libertad. En el lugar donde la libertad y la vida de los no nacionalistas se hallaba directamente vinculada a España. Y por eso resulta lógico y natural que el punto de inflexión de este proceso de rescate de la nación, ahora in extremis, lo haya marcado un grupo cívico vasco al culminar la manifestación que organizó el sábado con los acordes del himno nacional. Hasta los menos aficionados a las banderas y los himnos, quizá porque en su día enarbolamos unas y cantamos otros con fervor ciego y excesivo, hemos visto como un acto de sobria y necesaria racionalidad la recuperación de una simbología integradora que los nacionalismos han querido enterrar con odio y trapacerías y cuya labor ha secundado el zapaterismo con flacidez intelectual y turbiedad moral.
Hay a quien le parece raro que una manifestación contra ETA concluya con el himno nacional. Y hay a quien le parece francamente mal, como es el caso del Gobierno, que al aludir a la falta de precedentes ha subrayado algo que no los tiene: que al Gobierno de una nación democrática le moleste que suene el himno en un acto cívico. Lo extraño, bien mirado, es que no pusiera el colofón a todos los actos públicos contra ETA, los de estos años y los anteriores. Y ello por una razón que hasta don Diego y ZP entenderán: la actividad criminal de ETA está dirigida contra España; el enemigo de la ETA se llama España; miles de personas han sido asesinados, heridas, amenazadas y extorsionadas por representar a España; la dictadura del terror en el País Vasco no ha tenido ni tiene otro objetivo que destruir España; el combustible que hace girar el motor criminal de la banda es el odio a España. Luego, ¿qué más apropiado que se erija en tema musical de la lucha contra el terrorismo etarra, el himno de España? Era apropiado y había que apropiárselo. Los ciudadanos tenían que apropiarse de aquello que se les ha estado expropiando. Y está.
No es quién el Gobierno para confiscar el himno nacional, pero dice mucho de quién es, de quiénes son, la apoplejía que han sufrido al escucharlo en una marcha multitudinaria contra ETA y la negociación con ETA, que son dos asuntos inseparables. Y tiene sentido, lo del ataque. Pues el camino emprendido por el Gobierno para que la ETA deje de existir, o así lo parezca, pasa justamente por que deje de existir España. El himno y la bandera representan lo que ha de sacrificarse para que el monstruo se sacie por un rato. Y quieren recluir a uno y a otra en el fondo del armario los mismos dirigentes que se inclinan obsequiosos en cuanto les sacan el muestrario de símbolos nacionalistas. Ahí está, sin ir más lejos, el himno que entonan los proetarras, colgado de la web de las Juventudes Socialistas de España para su descarga. Qué dirían sus ancestros.
Más o menos, lo que dicen los socialistas, con o sin carné, del Foro Ermua. Que al Foro debe ir la felicitación por el redescubrimiento, y no al PP, que no hubiera tenido la osadía de mostrarse tan "políticamente incorrecto". Si uno de sus nuevos dirigentes, como Núñez Feijóo, cree que mencionar la unidad de la nación es "españolista", o sea, que la Constitución es "españolista", y España seguramente también, ¡qué no pensará del himno! Como poco, que es una incómoda reliquia. Pues va a ser que no. Y la reacción del Gobierno demuestra que ha percibido su poder. Su poder de cohesión. Porque la potencia democrática de los símbolos que unen ha salido a la calle para derrotar la prepotencia totalitaria de los que separan.
La España de Ermua que Zapatero ignora
Ignacio Villa Libertad Digital 6 Febrero 2007
La pataleta y el enfado del partido socialista en torno a algo que debería ser un asunto menor, como es que un acto cívico se cierre con el himno del país donde éste tiene lugar, es la señal más clara de la preocupación con que observan lo ocurrido el sábado en las calles de Madrid. En la manifestación del Foro Ermua estaban representados la mayoría de los españoles, muchos de ellos votantes socialistas. Pero no estaba el Gobierno, no estaba el PSOE (aunque sí dirigentes como Rosa Díez, aunque a título personal) ni tampoco los nacionalistas vascos. Nada nuevo.
Zapatero empezó presionando a las víctimas del terrorismo, más tarde intentó engañar a todos los españoles con el proceso de rendición, luego procuró quitar trascendencia al atentado de ETA en Barajas en el que asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos inocentes y ahora ningunea a España. Sabe que cada vez está más sólo, que cada vez está más aislado y que cada vez cuenta con menos apoyos. Sabe perfectamente que el sábado en Madrid había en la calle muchas personas que lo votaron el año 2004, muchos de los cuales no votarán más al PSOE, al menos mientras él u otros como él estén en su dirección. Pero Zapatero no escucha a nada que no sea su propia y engreída voz, de modo que persistirá en una huida hacia ninguna parte que acabará suponiendo su suicidio político. Si no fuera por lo que va a destruir en el intento, sería para alegrarse.
El presidente del Gobierno quiere ignorar que el sábado salió España a la calle. La España de Ermua, de la libertad, de la democracia y de la transición. La verdadera España del consenso, sin exclusiones y sin sectarismos. La España de derechas y de izquierdas que quiere que la Nación siga en pie. La manifestación del sábado no se organizó en contra de nadie en concreto sino a favor de la libertad y, por tanto, de negociar ningún atributo de esa libertad con terroristas. Es cierto, eso sí, que Zapatero se ha convertido por elección propia en un obstáculo para esa libertad. Pero de eso no tienen la culpa los cientos de miles de personas que se echaron a las calles de Madrid.
Dos días después de la manifestación organizada por el Foro Ermua, lo único que ha quedado claro es que el Gobierno no está dispuesto a rectificar. No quieren salirse del guión de la rendición del Estado de Derecho a los terroristas. Su soberbia se lo impide.
IGNACIO CAMACHO ABC 6 Febrero 2007
CON lógica cabal, el Foro de Ermua ha recordado a los socialistas la sencilla manera que tienen a su alcance para evitar esa «patrimonialización» de la bandera y el himno de España que tanto parece preocuparles: usándolos en sus actos y manifestaciones como emblemas de la defensa de la libertad y la igualdad de los ciudadanos españoles. De cajón. Símbolos constitucionales para los valores de la España constitucional. Que por no ser de nadie, son de todos... de todos los que creen realmente en esos valores sobre los que se levantó nuestra refundación democrática. Ahí les duele la impostura.
Porque no hay más que ver la carita que pone Zapatero en las (escasas) ocasiones en que se ve obligado a participar en protocolos militares u oficiales con el correspondiente aparato de simbología ceremonial. Se le nota el cartón, se palpa su incomodidad, su rigidez, su engorro. Los dirigentes de este nuevo PSOE adanista -Felipe dixit- y tardoprogre tienden a creer que estas cosas de los símbolos del Estado pertenecen al pacto forzoso que la izquierda hubo de aceptar en una Transición dirigida por el franquismo residual, y que en el mejor de los casos forman parte de una parafernalia propia de los partidos de fútbol. Ellos como se sienten a gusto es bajo los compases de la Internacional y detrás de la enseña republicana, esa rancia antigualla tricolor que lucía, bien visible y a tamaño XXL, en la marcha «por la paz» del 13 de enero. Eso sí, cuando van a Cataluña se ponen firmes con mucho respeto al sonar «Els segadors», vibrante y pacifista himno en el que se insta a cortar cabezas a golpes de hoz.
Quizá el aspecto más negativo del zapaterismo sea que ha devuelto a la socialdemocracia española a la mentalidad previa al pacto de la transición, saltando por encima del pragmatismo patriótico que, con todos sus defectos, supuso la etapa gonzalista, y recayendo en lo que Lenin -otro pragmático- llamó la enfermedad infantil del izquierdismo. Esta gente considera el himno y la bandera un vergonzante asunto del facherío, como si los hubiese inventado Franco, y el mismo concepto de nación española les parece una cuestión reaccionaria, un resabio carca, una reliquia retrógrada. En esa supuesta modernidad tan pueril han disuelto la idea de la nación como garante de la igualdad, y dado cuerda a un identitarismo a la carta, un confederalismo fragmentario que prima los derechos de los territorios sobre los de los ciudadanos. Eso sí que es reaccionario, pero para saberlo hay que estudiar un poco de Historia.
Frente a ese disgregacionismo involucionista, los emblemas del Estado están ahí como símbolo del amparo de la libertad de todos. Para evitar que alguien se los apropie lo que procede no es liarse a banderazos, sino asumir y generalizar su uso sin complejos y con naturalidad cívica. Eso se llama patriotismo constitucional, y trata de algo llamado España.
Editorial minutodigital 6 Febrero 2007
El PSOE, experto en distraer la atención de los asuntos realmente importantes, ha encontrado ya la manera de anular el contundente éxito de la manifestación del sábado. En vez de escuchar el clamor de la calle en contra de la negociación del Gobierno con la Eta, ha decidido crear una discusión artificial sobre la utilización de la Marcha Real y la Bandera Española.
“ Es como si quisiera volver a la dicotomía España-Antiespaña. Sin embargo, aún somos muchos los que deseamos, como decía la letra del pasodoble de Las Corsarias que ”El día que yo me muera / si estoy lejos de mi Patria / sólo quiero que me cubran/ con la Bandera de España”. ”
El muñeco de paja elegido para centrar los ataques en la exhibición de la bandera y la reproducción pública del himno ha sido Diego López Garrido, que acusó al PP de apropiarse de ambos símbolos. Sin embargo, olvida varias cosas. La primera es que no fue el PP quien organizó el acto, y por tanto ninguna responsabilidad puede tener en la utilización de ambos símbolos. Segunda, que el Real Decreto 1560/1997 no establece prohibiciones concretas para la utilización del Himno Nacional. Simplemente establece que los símbolos patrios deben utilizarse con respeto. Por eso, todavía en muchas misas solemnes, en el momento de la Consagración, se toca el Himno de España. Por eso, igualmente, es todavía corriente que los españoles engalanen sus balcones y ventanas con la enseña nacional cuando en Semana Santa pasa por su calle un paso procesional.
A la bandera y al himno se le ofenden cuando algunos se avergüenzan de ellos, como le sucede al PSOE, que en las manifestaciones que lideraba ZP en esos felices tiempos en que eran oposición, ocultaban la bandera constitucional para exhibir solo la inconstitucional tricolor, que nunca fue bandera de todos los españoles, sino sólo de una parte.
Igual se le ofende cuando en algunos centros oficiales se la arría por rechazo a lo que representa, como ocurre en el País Vasco y en Cataluña. Sin embargo, que se sepa el Gobierno del Señor Rodríguez no ha llamado la atención a sus socios por esta falta de respeto.
El hecho de saltar ahora el PSOE sobre este tema demuestra hasta qué punto han llegado en la supuesta Recuperación de la Memoria Histórica. No en vano en 1931 la audición de la Marcha Real supuso la disculpa gubernamental de los incendios de iglesias y conventos de todo España. Los hechos, hoy olvidados por muchos son los siguientes: El 14 de abril de 1931, y por medio de un golpe de Estado camuflado de victoria electoral, se proclamó la republica. La derecha quedó descolocada por la rapidez de los hechos y poco a poco empezaron a organizarse. A principio de mayo se reunieron unos alfonsinos en un piso de la calle Alcalá de Madrid y fundaron el “Círculo Monárquico Independiente”. Al final de la reunión, como colofón, hicieron sonar en un gramófono la Marcha Real. La reproducción fue escuchada por unos izquierdistas que pasaron por allí y tras el intento frustrado de entrar por la fuerza al inmueble decidieron ir a incendiar el cercano periódico ABC. Como tampoco pudieron, tomaron la firme decisión de ir a quemar iglesias y conventos. Azaña se negó a reprimir estos actos vandálicos con su famosa frase de “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”, y el Gobierno llegó aún más lejos, pues el 10 de mayo culpo a la “provocación” de los monárquicos de las quemas de las Iglesias.
Pues bien, parece que de nuevo estamos en las mismas, pues la Bandera o el Himno Español son provocadores. Esto demuestra a las claras que este Gobierno es una agrupación de intereses sectarios que ni representa ni quiere representar a todos los españoles y dejar fuera de su acción de gobierno a más de la mitad de España. Es como si quisiera volver a la dicotomía España-Antiespaña. Sin embargo, aún somos muchos los que deseamos, como decía la letra del pasodoble de Las Corsarias que ”El día que yo me muera / si estoy lejos de mi Patria / sólo quiero que me cubran/ con la Bandera de España”.
Daniel Sirera Libertad Digital 6 Febrero 2007
La negación del derecho al pataleo
Lorenzo Contreras Estrella Digital 6 Febrero 2007
El Gobierno ha intentado, con todo su despliegue de medios propagandísticos y también su capacidad de descalificación, privar a la manifestación convocada en Madrid por el Foro de Ermua, lógicamente respaldada también por el PP, de legitimidad al convertirla en un acto contra el Gobierno y un robo de símbolos. Lo más significativo de este intento de deslegitimación ha sido la condena del uso de banderas y el himno nacional, aduciéndose contra ese uso una reglamentación que lo limitaba y lo constreñía a episodios concretos y tasados. Cuando uno recuerda el uso y abuso que de las banderas y los símbolos nacionalistas se realiza sin que el Gobierno y las autoridades delegadas en los distintos territorios abran la boca para desautorizar la conversión de esas músicas y esas banderas en expresiones equivalentes a himnos y gestos separatistas, no queda más remedio que protestar y vituperar la desigualdad de las situaciones. Nada se diga de los insultos contra autoridades y representantes españoles, sobre todo si pertenecen a la oposición política o a la llamada derecha fascista, así denominadas por muy demócratas que esas personas puedan ser.
Las banderas y símbolos usados en la manifestación de Madrid eran constitucionales, y los gritos contra Zapatero no desmerecían de tantos y tantos improperios dedicados a determinados políticos en las llamadas “nacionalidades” y fuera de ellas por el simple hecho de ser españoles, ahora tildados despectivamente de “españolistas”. La propaganda oficial zapaterista, en su intento extemporáneo de pasarle factura al franquismo, nos la pasa a todos los demócratas que no militamos en el PSOE, que, a la vista de las realidades, está sobrado de la “E”, de la “O” y hasta de la “S”. Es una actitud que olvida hasta qué punto hubo una transición a partir de 1978, cuando socialistas e incluso comunistas aceptaron la bandera rojigualda y el himno nacional, que ahora tantos aspavientos producen en la nueva era abierta por ZP.
La crítica organizada por el Gobierno y sus apoyos mediáticos carece además de lógica. Se dice que fue una manifestación contra el Ejecutivo, como si fuese posible separar un rechazo a la negociación con ETA de una crítica contra el Gobierno que la protagoniza e impulsa cuando la banda terrorista acaba de perpetrar en Barajas uno de los atentados más atroces que se recuerdan.
Le quieren arrebatar a una gran parte de la sociedad española, no necesariamente adicta al PP toda ella, de algo tan elemental como el derecho al pataleo ante la sinrazón. Y cuando se gritan determinados eslóganes contra los autores de esa sinrazón, quienes se escandalizan por ello olvidan el “concierto” que organizaron contra el Gobierno del PP en los días del “Prestige”, que por cierto contrasta con el silencio dedicado al lamentable suceso de la bahía de Algeciras, que ha dejado contaminada una parte del litoral gaditano.
Ahora como ciudadanos hemos sido testigos de la entrega, que no captura, de los prófugos de Jarrai, Haika y toda esa caterva de la “izquierda abertzale”, cantera de perfectos terroristas, que habían desafiado la condena del Tribunal Supremo. La entrega ha sido pactada, una detención convenida a gusto de los detenidos, con su horario y su previo mitin, en el mismísimo centro de Bilbao. Una detención “a la carta” para que los chicos que queman autobuses y mobiliario urbano a cada paso, no se sintieran excesivamente incómodos. Naturalmente, la Ertzaintza aceptó las condiciones de qué, el dónde y el cuándo. Todo sea por la preservación de ese valor superior que se llama diálogo, siempre a gusto del que lo controla. A esa finalidad contribuyen los “asesores” del Gobierno vasco, la quinta columna internacional de Ibarretxe y de ETA, que calificaron el atentado de Barajas como mero incidente. Dicen estos asesores que en un “proceso de paz” un episodio de esa naturaleza no merece llamarse “criminal y execrable atentado”, y que determinados lenguajes son una mera cuestión de cultura periodística.
Todo sea por la paz. Hasta el próximo bombazo.
Escándalo con el etarra De Juana
A estas alturas de la legislatura, no queda ya ninguna duda de que el Gobierno ha contribuido de forma decisiva a fortalecer social y anímicamente a ETA y a su entorno. La capacidad de los etarras por concatenar sus acciones de forma absolutamente coordinada con el fin de aumentar -lamentablemente, con éxito- los efectos propagandísticos de sus actividades está quedando más que acreditada en los últimos días. A la esperpéntica detención de los miembros de Jarrai y Segi ha seguido la destrucción de una estación de tren; y a ella, en el plazo de horas, siguió otro golpe de efecto de ETA: el despliegue periodístico de «The Times» en relación con la huelga de hambre del etarra De Juana Chaos, autor de 25 asesinatos. Si la doctrina oficial sobre la negociación con ETA parte de la base de que debe haber una voluntad manifiesta de abandonar la vía terrorista, las declaraciones de De Juana al diario británico deberán ser recordadas más de una vez en los próximos tiempos. Desde este punto de vista, la ya difícil posición de Zapatero encuentra nuevos obstáculos con este tipo de actuaciones.
Lo más llamativo de este episodio es la extraña forma que tiene la administración penitenciaria de ejercer sus competencias porque las consecuencias, con De Juana, resultan escandalosas. Un recluso que goza de gran notoriedad pública y está sometido a cuidados sanitarios por causa de una huelga de hambre no puede realizar una entrevista de estas características sin contar con todas las facilidades. En términos jurídicos, las personas privadas de libertad por sentencia judicial se encuentran respecto de la administración pública en una relación de supervisión especial y, por tanto, están sometidas a potestades públicas más intensas. O bien las autoridades penitenciarias no han cumplido sus obligaciones, en cuyo caso son responsables por omisión, o bien han optado directamente por facilitar las cosas al preso de ETA, lo que sería gravísimo.
Sea por ineficacia o por cooperación activa, el Ministerio de Interior, responsable del funcionamiento de las prisiones, ha cometido un grave error que puede contribuir a difundir una imagen distorsionada e injusta de España en el extranjero, que es lo que persigue ETA siempre que puede -y le dejan- para tratar de convertir a sus asesinos en mártires. Y a pesar de todo, el Gobierno sigue empeñado en ofrecer una imagen de flexibilidad hacia los presos de la banda. Una resolución de la Audiencia Nacional ha evitado que De Juana obtenga un provecho indebido de esa situación en la que él se ha colocado por voluntad propia. Por eso, es inadmisible que se le facilite la posibilidad de exponer ante la prensa internacional criterios que ofenden una vez más la memoria de las víctimas y el sentir de la sociedad
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 6 Febrero 2007
Apenas conocida la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba organizaciones terroristas a Jarrai, Haika y Segi, los 23 condenados se dieron a la fuga. El ministro del Interior aseguró que «en cuestión de poco tiempo ingresarán en prisión los 23, en las próximas horas o los próximos días. Ese es mi vaticinio y creo que no me voy a equivocar».
No se ha equivocado y es justo destacarlo. En cuestión de horas, unas 360, los jóvenes prófugos fueron detenidos el domingo en el frontón de la Esperanza. Es verdad también que se entregaron ellos. La mayoría acudieron a la concentración con la mochila y convocaron a los medios de comunicación para encerrarse después en el frontón con sus simpatizantes para ser detenidos uno a uno por la Ertzaintza, pero Rubalcaba no había descendido a los detalles y no cabe, por tanto, hacerle reproche alguno.
El implacable portavoz del grupo socialista en el Congreso, en cambio, se ha puesto excesivamente campanudo al comentar las detenciones como si fuesen un triunfo de la investigación policial: «Saben que en España, antes o después, quién la hace la paga, que cuando se comete un acto terrorista o se comete un delito, las instituciones funcionan, las fuerzas de seguridad actúan, les detienen y les ponen a disposición judicial».
Hubiera sido preferible afrontar la explicación con un poco menos de triunfalismo, habida cuenta de que no habían cruzado la frontera, han estado aquí durante los últimos 15 días, sin que las fuerzas de seguridad acertasen a dar con ellos. Pero sí podemos celebrarlo como un triunfo para las estadísticas: ayer, la Policía autónoma consiguió en una sola operación sumar el 43,9% de los detenidos en relación con el terrorismo durante todo el año pasado y aún nos quedan once meses. Este envidiable ratio sólo conoce parangón en los asombrados versos con los que el poeta Eladio Cabañero ironizaba sobre el prolífico escritor portugalujo Mario Ángel Marrodán: «Cojones, dijo el cartero,/ tres libros de Marrodán/ y estamos a dos de enero».
Uno de los hitos de la Marcha de la Libertad que recorrió Hego Euskal Herria (Euskadi Sur en el lenguaje de la época) fue la aparición en Durango de los extrañados. Así se llamaba a los últimos militantes de ETA que Suárez no se había atrevido a liberar antes de las elecciones, entre los que figuraban los seis condenados a muerte en el proceso de Burgos.
Fue aquel un acontecimiento épico, lleno de incertidumbre, cuyo meollo consistía en el triunfo de la impunidad, en aparecer y desaparecer para dejar en evidencia a la Policía. Esta vez los extrañados han sido los ertzainas.
Caben interpretaciones sobre su entrega. Los forofos de la negociación y los optimistas de la escuela de López Garrido pueden pensar que es la contribución de estos muchachos al proceso de paz, aunque es mucho más probable que estemos ante el toque de campana para una próxima campaña de la kale borroka. O así.
Un triunfo de la legalidad
Francisco Marhuenda La Razón 6 Febrero 2007
El catedrático Pablo Pérez Tremps, magistrado del Tribunal Constitucional, se tendría que haber abstenido. Era una decisión razonable. La recusación del PP para que no pudiera intervenir en los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña estaba muy fundada. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por un dictamen jurídico encargado por el Institut d’Estudis Autonomics, dependiente de la Generalitat. El texto elaborado por este organismo dirigido por el catedrático Carles Viver Pi Sunyer, ex vicepresidente del Alto Tribunal, sirvió de base para los trabajos de la comisión parlamentaria que elaboró el Estatut. Por tanto, los fundamentos de la recusación, tanto en el fondo como en la forma, entraban de lleno las causas previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Era tan evidente que sorprende la actitud numantina de Pérez Tremps y la pirueta del Fiscal General al hacer suyos los argumentos del magistrado del TC.
La recusación no es ni un ataque personal ni afecta al prestigio y credibilidad de Peréz Tremps, sino que es un mecanismo que garantiza y preserva la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Las propuestas de su informe fueron incorporadas al texto del Institut d’Estudis Autonòmics, pero es importante destacar que Carles Viver buscaba conseguir complicidades, tal como dijo en su día, para que el Estatuto tuviera apoyos en el mundo académico y político. La decisión del Constitucional ahuyenta la sombra de la polémica decisión de García Pelayo sobre Rumasa.
Una revisión constitucional contraria a la que pretende Zapatero
Por Manuel Muela El Confidencial 6 Febrero 2007
Durante los últimos días, tan agitados políticamente, hemos oído cómo el presidente del Gobierno nos promete el Edén con la ejecución de un proyecto de España que, según él, será un regalo para los españoles del futuro. Suponemos que lo cree así y que lo dice de buena fe, pero su obligación como gobernante sería contrastar sus proyectos con la realidad y prestar oídos a quienes desde diferentes tribunas transmiten sus dudas sobre lo que pretende y el daño que algunas de sus propuestas pueden hacer al Estado, cuya fortaleza dice defender. El último aviso le acaba de llegar de la mano de quien fuera su valedor intelectual, el profesor Sosa Wagner, que pone en entredicho las reformas constitucionales predicadas por su otrora dilecto alumno.
Para nadie es un secreto que la crisis del Gobierno, acentuada desde los trágicos acontecimientos de Barajas, tiene una relevancia especial porque se solapa con la crisis constitucional, de la Constitución de 1978, puesta de manifiesto en éstos dos años, pero fabricada laboriosamente durante los 25 anteriores. El jefe del Gobierno no ha sido el artífice de la crisis –acusación que sería injusto endosarle-; simplemente se ha dado de bruces con ella y tiene graves dificultades para ordenarla, probablemente porque ha elegido un camino que le lleva en dirección contraria al que las necesidades demandan. Porque si se trata de fortalecer al Estado como instrumento ineludible para conseguir la libertad y la igualdad de los españoles, mal se puede obtener tal fortaleza agravando su debilitamiento, en aras del pensamiento neofeudal que se ha adueñado de los comportamientos públicos de España.
Es un hecho aceptado por toda la historiografía que España es uno de los primeros Estados modernos que, en la Europa del siglo XV, nacieron asociados al concepto de nación y personificados en Monarquías patrimoniales, capaces de superar las concepciones feudales de la Edad Media y dar paso a una Edad Moderna, más ilustrada y evolucionada económica y socialmente, bajo las pautas del Renacimiento. Ese Estado-nación fue una construcción jurídico-política que permitió a las monarquías europeas de la época llevar a cabo la ordenación y gobernación homogénea de sus territorios, a la par que acometían la expansión colonial de los siglos XVI y XVII.
España participó significativamente en los ideales que configuraron el Estado Moderno, pero conviene advertir que una errónea deriva política de las Dinastías –tanto de la Casa de Austria como de la Casa de Borbón- impidió la evolución natural y ordenada del Estado, rodeado del aprecio de los propios españoles. Después de la Paz de Westfalia de 1648, nuestra Historia se distancia y separa de las corrientes dominantes en Europa, favorables a la soberanía de los Estados, haciendo abstracción del hecho religioso. España no siguió ese camino y pagó el precio de su declive y aislamiento.
Como consecuencia de ello, el Estado se encontraba en España muy desacreditado cuando se produjeron los primeros intentos de cambiarlo en el siglo XIX, al socaire de los vientos provenientes de la Revolución Francesa. Al contrario que los europeos del mismo siglo, cuyo objeto principal fue dar otros contenidos ideológicos a sus Estados respectivos, los españoles que deseaban el cambio se encontraban con la necesidad de cambiarlo de arriba abajo o, mejor dicho, de acometer su reconstrucción. Tal era su ruina y descrédito.
Las Cortes de Cádiz, con la aprobación de la Constitución de 1812, dieron carta de naturaleza a un Estado-nación que reconocía la soberanía nacional y preconizaba la unidad de la nación bajo los principios liberales. Los diputados de Cádiz no abjuraron del Estado, sino que lo transformaron para hacer posible su continuidad y, lo que es más importante, lograr el aprecio de los españoles hacia las nuevas instituciones.
La mediocridad y mal hacer del rey Fernando VII, junto con las disputas de la dinastía por razones hereditarias, sumieron al país en un siglo XIX atroz, que impidió la reconstrucción del Estado tal como habían pretendido los liberales de Cádiz. El liberalismo español cayó en la tela de araña de las peleas dinásticas y no pudo dominar las inercias retardatarias que aquellas imponían, pero, aun así, dejó un caudal doctrinal, basado en la defensa de la unidad de la nación española, cuya soberanía era indiscutible. El Estado, no obstante, no pudo superar el daño infligido por la dinastía.
Eso explica que cuando España se abrió finalmente a las ideas democráticas y de progreso, afloraran de inmediato sentimientos generalizados de anticentralismo y, en bastantes casos, de antiestatalismo, que han provocado la necesidad de enunciar formulaciones políticas nuevas. Toda la política y la historia españolas del pasado siglo han vivido condicionadas por el problema anterior y en ello seguimos.
La autonomía regional y la Segunda República
El derecho a la autonomía regional se reguló, por vez primera, en la Constitución de la Segunda República, con las suficientes cautelas para evitar su extensión desmedida o apresurada y para preservar la preeminencia del propio Estado. Los recuerdos de experiencias anteriores pesaron sobremanera en los constituyentes republicanos y excitaron su prudencia y también su inteligencia política. Hasta tal punto ello fue así que los artículos de la Constitución dedicados a la organización nacional no dejaban abierta ninguna cuestión relativa a los poderes y facultades de la República ni, en su caso, a los de las futuras regiones autónomas.
Con el fin de dejar clara la preeminencia del Estado como factor de integración, el artículo 22 de la Constitución republicana se redactó en los siguientes términos: “Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia”.
Impelida por las circunstancias, la Constitución de 1978 tuvo que abordar el mismo problema y, en mi opinión, lo hizo de forma más laxa y apresurada, primando en exceso las tesis nacionalistas y promoviendo desde el poder la constitución de numerosas regiones autónomas, las cuales configuran el actual Estado de las Autonomías.
Desprecio por los valores del Estado
Durante los 27 años de vigencia de la Constitución se ha producido un fortalecimiento social y político de las minorías nacionalistas que gobiernan en regiones importantes, Cataluña y País Vasco, en paralelo con un desprecio de los valores del Estado como factor de unidad nacional e igualdad social, no solo en esas regiones, sino, lo que es más grave, en el resto de las regiones autónomas, que han dedicado grandes esfuerzos presupuestarios para cultivar y desarrollar originalidades autóctonas con las que afirmarse en su supuesta identidad específica. Todas olvidan, casi sin excepción, que jurídicamente son órganos del Estado al que menoscaban y rehuyen en un ejercicio de miopía política claramente lesivo para los intereses generales.
Por su parte, los sucesivos gobiernos nacionales, sustentados por partidos con responsabilidades de poder en la mayoría de las Comunidades Autónomas, han sido complacientes con el fenómeno y, en bastantes casos, han hecho dejación de sus competencias, sobre todo en materia educativa. Como consecuencia de ello, el poder central se encuentra inerme para ejecutar la mayoría de las políticas que interesan a los ciudadanos, tal que la educación, ya mencionada, la sanidad, la vivienda, las obras públicas, la fiscalidad, incluso algunos aspectos importantes del sistema financiero. Son las diferentes Comunidades Autónomas las que ostentan el verdadero poder, que suelen ejercer sin visión del conjunto del Estado al que pertenecen y deben su propio origen.
El desarrollo y ejecución de ese modelo político ha producido una gigantesca tela de araña de intereses, fundamentalmente políticos y económicos, en los que se incluye una determinada clase política profesionalizada, renuente a cualquier cambio de modelo. La Constitución, perfectamente blindada, y las leyes electorales han venido garantizando el disfrute, en alternancia ordenada, del poder público para los protagonistas y guardianes de la Transición. Los ciudadanos han sido testigos, y sufridores en algunos casos, de una construcción jurídico-política que deja poco espacio a sus iniciativas, salvo las convocatorias electorales periódicas, bastante ahormadas por los partidos dominantes.
El sinsentido de las reformas estatutarias
Pero, a pesar del caudal de privilegios recibidos, las minorías nacionalistas han puesto sobre la mesa pretensiones de mayor calado, aprovechando la endeblez parlamentaria de un Gobierno dispuesto a hacerse eco de las mismas: fruto de ello han sido los proyectos generalizados de reformas estatutarias, a los que se han apuntado todos los partidos políticos -dignos émulos del café para todos de 1978- sin excepción y sin realizar la menor autocrítica sobre el magro balance que, para el ciudadano que paga tributos, presenta hoy el proceso iniciado hace casi treinta años. Se trata de engordar la tela de araña hasta donde se pueda, mejor dicho, hasta donde lleguen los recursos públicos.
Dada la situación creada, que amenaza con ir a más, valdría la pena apelar a la concepción liberal y republicana del Estado para establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de las regiones, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento del Poder Central como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, recuperando parte de las facultades perdidas en educación, sanidad y vivienda, por citar algunas materias sensibles, junto con el enriquecimiento de las competencias de los municipios, que son la administración más cercana a los ciudadanos. Sería justo la revisión constitucional contraria a la que pretende el señor Zapatero.
En mi opinión, el progreso y el bienestar de los españoles no deberían sacrificarse en el altar del pensamiento neofeudal y del clientelismo político que, como nueva versión del caciquismo, inexplicablemente se ha adueñado de nuestra vida pública, siendo su conclusión la división y el empobrecimiento de nuestro Estado.
Zapatero depende ahora de un Tribunal Constitucional "rebelde"
Editorial Elsemanaldigital 6 Febrero 2007
El Tribunal Constitucional (TC) aceptó ayer la recusación de Pablo Pérez Tremps en el recurso sobre el Estatut catalán. El magistrado había elaborado para la Generalitat catalana un informe jurídico, por el que percibió seis mil euros como honorarios profesionales, precisamente sobre materias de discutida constitucionalidad en el Estatut. Una mayoría de los magistrados del TC ha considerado que Tremps no está en posición de ejercer correctamente su tarea en este caso, aunque la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, sí participará en las deliberaciones sobre la nueva norma autonómica, aunque su marido colaboró en el mismo informe que ha llevado a la recusación de Tremps.
La decisión tiene un marcado carácter político. A pesar de que los magistrados ejercen como juristas, son designados para sus puestos por distintos mecanismos políticos, de manera que tienden a dividirse en un grupo "conservador" y otro "progresista". Estas dos tendencias están equilibradas en el Alto Tribunal, de manera que las decisiones sobre las cuestiones políticas dependen muy a menudo de un solo voto. Para un PSOE que tiene como buque insignia de esta legislatura el Estatut catalán, y que en torno a él ha construido tanto sus alianzas parlamentarias en Madrid como su modelo de Estado y hasta su proyecto de paz en el País Vasco, la ausencia de Pérez Tremps en las deliberaciones puede suponer que varios de los artículos que el Partido Popular considera inconstitucionales sean declarados como tales.
Para José Luis Rodríguez Zapatero, en unos meses en los que toda su tarea se va a centrar en la preparación de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, la decisión de ayer es grave. Una sentencia desfavorable sobre el Estatut puede marcar la campaña de modo negativo para el PSOE y favorable para las candidaturas avaladas por Mariano Rajoy.
Sin embargo, el problema del Estatut catalán en sí mismo no quedará definitivamente cerrado sea cual sea el signo final de la sentencia. La delimitación de las competencias de las distintas Administraciones en la Constitución de 1978 se presta a múltiples interpretaciones, y esa ambigüedad está en la raíz de los problemas que dirime ahora el Tribunal. Por buena e imparcial que sea la voluntad de los magistrados que dicten sentencia la solución definitiva tendrá que venir de una decisión política, que sólo podrá darse cuando Gobierno y Oposición, es decir, PSOE y PP en cualquier caso, lleguen a un gran pacto nacional al respecto. Pero Zapatero no está ahora en eso, y se teme lo peor a la luz de la decisión de ayer.
El magistrado del TC que asesoró a la Generalitat no decidirá sobre el Estatut
La decisión se tomó por seis votos a favor y cinco en contra, entre ellos el de la presidenta La mayoría sostuvo que se veía afectada la imparcialidad objetiva de Pérez Tremps, a quien propuso el PSOE para ir al Alto Tribunal
F. Velasco La Razón 6 Febrero 2007
Madrid-El trabajo que realizó Pablo Pérez Tremps para la Generalitat relacionado con el nuevo Estatut de Cataluña y por el que, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 31 de diciembre, percibió 6.000 euros, le impedirá participar en la resolución por el Tribunal Constitucional de los recursos presentados contra la norma estatutaria catalana. Tras seis días de intensa deliberación, los once magistrados del Alto Tribunal concluyeron que existen causas objetivas que impiden a Pérez Tremps intervenir en ese asunto, aunque, eso sí, se evidenció una fractura en dos entre los integrantes del Pleno.
Al final, y a la vista de que las posiciones eran prácticamente inamovibles, se «cerraron» ayer las deliberaciones con la postura que ya era mayoritaria el pasado jueves, es decir, estimar la recusación de Pérez Tremps. Por un solo voto. Seis de los magistrados consideraron que existía causa suficiente para que no participara en la resolución de los recursos, y otros cinco sostuvieron que el dictamen que había realizado no entraba directamente en el contenido del Estatut, por lo que no estaba «contaminado» para formar parte del tribunal.
De esta forma, Guillermo Jiménez, Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado, Roberto García Calvo, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata fueron los que decidieron que había que estimar la recusación. Todos ellos, a excepción de Rodríguez Zapata, fruto de un pacto en el Senado entre PP y PSOE, fueron propuestos o auspiciados por el Partido Popular.
Por contra, la presidenta del TC, María Emilia Casas, Manuel Aragón, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala se opusieron a la admisión de la misma. Todos ellos contaron con el aval del PSOE y emitirán votos particulares contra la decisión de la mayoría.
«Haber desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo» ha sido la causa por la que se estimó el recurso del PP. Es decir, los magistrados han entendido que existe una relación directa entre el dictamen de Pérez Tremps y el contenido del Estatut, por lo que su participación podría estar de alguna forma «condicionada» y afectada su imparcialidad objetiva, según explicaron fuentes jurídicas.
Revés para el fiscal general
El fallo del Tribunal Constitucional supone también un serio revés para la Abogacía del Estado, Parlamento y Ejecutivo catalán y Fiscalía, cuyo principal responsable, Cándido Conde-Pumpido, insistió en que no había causas que justificase la recusación. De hecho, el fiscal jefe ante el TC, Juan Cesáreo Ortíz Úrculo, era partidario de estimar el recurso del PP, pero Conde-Pumpido le expresó sus discrepancias y, por ello, le ordenó a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde -quien había sido designada para ese cargo meses antes-, que presentara el informe, contrario a las pretensiones de los «populares». El argumento de la fiscalía era que una recusación similar de Pérez Tremps ya fue resuelta hace ahora un año.
Sin embargo, la mayoría del TC ha entendido que no se trata de cuestiones similares, ya que en esta ocasión hay circunstancias nuevas y relevantes, principalmente el contrato, de carácter administrativo, que suscribió Pérez Tremps con el entonces consejero la Generalitat, Joan Saura, para la realización del trabajo, y que el encargo se despachó a menos de un mes de que fuese nombrado magistrado del Alto Tribunal, a propuesta del PSOE. Se le pedía precisamente que buscara cómo encajar ante el Tribunal Constitucional y ante la Unión Europea las competencias exteriores que el Estatut debía otorgar a la Generalitat y sus conclusiones coinciden con los artículos que, al final, se dedicaron a esta cuestión.
Pérez Tremps alegó ante el Constitucional que no se trató de un dictamen, sino que fue un estudio encargado a varios profesores universitarios y magistrados del Supremo, entre ellos él mismo.
«Politización partidista»
Este fallo, a la vista de la configuración del Tribunal Constitucional, puede tener una influencia decisiva a la hora de resolver sobre si el Estatut se ajusta o no a la Constitución. Y, junto a ello, impedirá que resolución se pueda adoptar con el voto de calidad de la presidenta.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, mostró su «sorpresa» por la «insólita» decisión del TC y destacó que es la primera vez que se admite una recusación «de un profesional, profesor de Derecho Constitucional, por un trabajo de carácter doctrinal, académico y científico», en referencia al estudio que elaboró Pérez Tremps para la Generalitat.
El diputado autonómico y ex parlamentario nacional Francesc Homs consideró que existe la impresión de que el TC está en «una deriva de politización partidista» con la decisión que adoptó, informa Ep.
Primer tropezón judicial de Zapatero
El magistrado recusado fue nombrado a propuesta socialista La decisión del Alto Tribunal podría dejar en mayoría a los jueces que dudan de la constitucionalidad del proyecto
C. Morodo La Razón 6 Febrero 2007
MADRID- La relevancia de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Constitucional (TC) trasciende al plano político, aunque en el ámbito jurídico no sea menor debido a que la larga deliberación sobre la recusación contra el magistrado Pablo Pérez Tremps ha fracturado en dos al Alto Tribunal -jamás había admitido la recusación de uno de sus miembros.
La lectura como varapalo al presidente del Gobierno es inevitable. José Luis Rodríguez Zapatero ha tutelado y ha impulsado en primera persona la cuestionada reforma estatutaria catalana, y el fallo de ayer le deja, de momento, sin uno de los magistrados designados, precisamente, a propuesta suya en un órgano judicial que tiene entre sus manos la patata caliente de resolver los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el proyecto. Resolución de la que depende no sólo el futuro de este texto, sino el modelo plurinacional de Estado que, según algunas interpretaciones políticas y jurídicas, esconde el plan de reforma territorial impulsado por el líder socialista.
Que Pérez Tremps quede apartado del debate es un asunto de alto calado político ya que altera el equilibrado reparto de fuerzas en el plenario del TC. Con la prevención de posibles trasvases a un lado o al otro de la balanza a los que lleve el debate de fondo, ahora son mayoría los magistrados menos favorables al proyecto, los seis contra cinco que ayer decidieron a favor de la recusación, sin que haya posibilidad de un empate técnico, al ser once los votos, que pudiese ser resuelto por el de calidad de la presidenta, María Emilia Casas. La importancia de lo que estaba en juego ha hecho que tanto el abogado del Estado como el propio fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, se hayan significado en la segunda recusación promovida por el PP. El primero tomó parte a favor de Tremps con un escrito de diez páginas que hizo llegar al TC, mientras que Conde Pumpido ordenó a la teniente fiscal de este tribunal, Ángeles Sánchez, que también se opusiese a las tesis de los populares.
Este partido confía en que el TC resuelva sobre la constitucionalidad del Estatut antes de las generales, mientras que el PSOE es consciente de las consecuencias negativas de perder el pulso ante el Alto Tribunal. Por de pronto, una crisis con sus aliados catalanes sobre una reforma que cuenta ya con el aval del Gobierno para ponerla en marcha.
Sobre las presiones socialistas para que Tremps dimita y así poder cubrir su puesto con otro afín, desde el PP se advierte que eso sería un fraude. Federico Trillo, que ha llevado este asunto junto a Soraya Sáenz de Santamaría, se felicitó ayer del fallo del TC porque demuestra que su partido actuaba «en defensa de la legalidad».
Excusa de malos perderos
Antonio Jiménez Periodista Digital 6 Febrero 2007
Presiento que a partir de ahora, una vez advertido lo mucho que al parecer le ha molestado al Gobierno y al PSOE que cientos miles de españoles enarbolaran banderas de España y oyeran con respeto el himno nacional, el Gobierno, el partido que le apoya y sus socios parlamentarios, van a escuchar muchas veces más en actos y manifestaciones cívicas las notas del himno entre un mar de 'rojigualdas'. No quieren caldo y van a tomar varias tazas.
No deja de ser lamentable que desde el Gobierno se haya intentado desviar la atención de lo que representó la exitosa y multitudinaria marcha contra ETA y la política negociadora de Zapatero, deslizando una forzada reprobación a los organizadores, Foro de Ermua, no el PP, por la supuesta utilización sectaria de los símbolos nacionales, que tanto deben avergonzarles a ellos por lo poco que los exhiben en sus convocatorias, como la manifestación anterior del 13 de enero.
Lo de este país y sus símbolos nacionales resulta 'kafkiano' y el colmo es que sea un partido que todavía se denomina 'socialista español' y en el Gobierno, el que reprenda a cientos de miles de españoles por airear sin complejos su condición de tales al identificarse con su himno y su enseña nacional.
Nadie puede imaginar que en Francia, Italia, Gran Bretaña y no digo Estados Unidos, alguien pudiera reprochar el uso de las enseñas e himnos nacionales durante actos cívicos o políticos, sean del signo que sean, como los que habitualmente se convocan en cualquier país democrático. Muy al contrario, es raro que no se utilicen.
Por tanto, lo más sustancial e importante de lo ocurrido en Madrid la tarde del sábado 3 de febrero no fue que tras la última alocución firmada por Mikel Buesa se pusiera broche final con las notas del himno de España, sino la inequívoca voluntad de cientos de miles de españoles que por séptima vez se movilizaron en la calle, inasequibles al desaliento, en apoyo de las víctimas del terrorismo y contra ETA y cualquier iniciativa política del Gobierno que les suponga una afrenta, un insulto.
Lo relevante y trascendente fue escuchar la voz desgarrada y sincera de Teresa Jiménez Becerril exigiéndole a la vicepresidenta De la Vega que se disculpara ante su madre, a quien ETA asesinó a un hijo, después de atravesar media España para manifestarse de buena fe, o la de Conchita Martín recordándole a los que siguen hablando de paz que los terroristas no ponen en riesgo la paz sino la libertad, o de Mikel Buesa preguntándose dónde estaba Zapatero entre los cientos de miles de presentes y porqué no quiere la unidad para derrotar a ETA.
Poner el acento en la utilización del himno es una excusa de malos perdedores como diría Manuel Pizarro.
Un Tribunal especial y muy singular
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Febrero 2007
Ayer se produjo un empate técnico, aunque se obtuvo por un voto a favor la recusación presentada por el PP contra el juez Sr.Pérez Tremps. El motivo, algo que por ser de pura lógica parecería obvio a cualquier persona decente. Conflicto de Intereses. Pues sobre eso, un hecho demostrado por la participación directa de ese juez en la elaboración de un Informe jurídico para la Generalitat-previo pago de honorarios- sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha habido hasta cinco jueces que han opinado que es admisible juzgar sobre el mismo asunto, pero desde una perspectiva neutral. Quizás hubiera que recordar a Sus Señorías las incompatibilidades que llevan el ser nombrado miembro de ese Alto Tribunal, que tiene misiones tan importantes como defender la Constitución de España como Nación.
Básicamente El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, por mayoría de 3/5 de sus miembros en cada Cámara), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos).
La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.os del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Es claro que en esa composición los designados por las Cámaras solo son 2/3 del total y el otro tercio lo elige el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial, que a su vez está compuesto por 20 miembros y un Presidente.Estos veinte miembros se reparten como sigue:
* 12 son jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, de los que el Congreso propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. A su vez, las Cámaras seleccionan estos miembros de entre los hasta 36 candidatos presentados por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un grupo que represente al menos el dos por ciento de los jueces y magistrados en servicio activo.
* 8 son abogados u otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. 4 de ellos son propuestos por el Congreso y 4 por el Senado, por mayoría de tres quintos.
Así que en resumen, el Tribunal Cosntitucional se parece a un Jurado popular, pero en el que los fallos deben adoptarse por mayoría simple. Eso resta credibilidad a un sistema que, sobre el papel, parece diseñado para reunir a todas las sensibilidades, dado que se requiere el consenso mayoritario de los 3/5 de las Cámaras de representantes en la designación de los miembros. Pero el error está en que el Gobierno de turno puede arbitrariamente sustituir sus dos representantes o promover la dimisión del recusado para imponer a otro miembro, afín a las tesis gubernamentales.
Creo que el dictamen sobre el Recurso de Inconsitucionalidad del Estatuto de Cataluña y en el futuro otros de similares contenidos insolidarios y de tintes separatistas y exclusivistas, no pueden ser sometidos a la más mínima sombra de duda sobre la neutralidad de los jueces encargados de resolver. La apuesta sobre la Unidad de España y la igualdad de los españoles en cualquier parte del territorio nacional, es demasiado grande para que solo pueda depender de la sensibilidad política de estos "doce justos", donde ya se ve que en lo fundamental , en al menos cinco de sus integrantes, tiene un sesgo de discrecionalidad en la interpretación de las incopatibilidades manifiestas, aunque estas se hubieran producido previas al nombramiento.
¿A QUÉ PARTIDO PERTENECE NUÑEZ FEIJOO?
Para el Sr. Feijoo defender lo que dice la Constitución, proclamar que España es una sola nación indisoluble es un extremismo.
Minuto Digital 6 Febrero 2007
Mientras el PP se presenta en España como garante de la unidad de la patria y como solución a los desmadres que Zapatero está provocando en al cohesión nacional, el líder del PPdeG se permite el lujo de ir por libre con un discurso contrario al de su, en teoría, partido. En declaraciones a la radio “galega”Alberto Núñez Feijóo consideró un "exceso innecesario" la inclusión de la "indisolubilidad de la nación española" en los textos estatutarios, así como considerar a Galicia como una nación.
"Dentro de estos extremos, proponemos que Galicia es una nacionalidad con identidad propia", dijo al tiempo que recordó que la propuesta estatutaria de su partido también hacia un guiño a los nacionalistas al recoger el término "sentimiento nacional".
Es decir para el Sr. Feijoo defender lo que dice la Constitución, proclamar que España es una sola nación indisoluble es un extremismo. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el PP para el Sr. Feijoo debe ser un partido de extrema derecha, opuesto, por lo que nos cuenta, a la extrema izquierda separatista representada por el BNG. ¿Le ha explicado alguien a este sujeto cual es el ideario del PP?
"Nosotros no planteamos un Estatuto de nación, ni un Estatuto españolista (sic), sino un texto galleguista porque es ahí donde coinciden la mayoría de los gallegos". Desde luego una amplia base del propio Partido Popular en Galicia en modo alguno coincide con semejante planteamiento. Y tampoco una amplia base de los ciudadanos. Pueden preguntar a esos urbanitas gallegos que no votan, y que seguro seguirán sin votar al PPdeG, castellanoparlantes en un 90 %, que se tienen que tragar lo del galleguismo lingüístico. Quizás si piensen igual la caterva de polítiquillos profesionales que rodean al Sr. Feijoo y cuya máxima y única aspiración es ocupar un sillón oficial a base de ordeñar el discurso plañidero de pedir más dinero para su Galicia andrógina, que ni es nación ni se identifica como parte de España.
El PPdeG precisaba de una profunda renovación que conectase sobre todo con el elector urbano, cuya falta de apoyo explica la perdida del poder de la derecha en Galicia. Feijoo no ha renovado el partido en Galicia, que conserva las malas costumbres heredadas del fraguismo, simplemente se ha limitado a sostener un discurso ambiguo, que ni es carne ni pescado, y que consecuentemente no convence a nadie. Un discurso que desde luego no logra atraer a extraños y que está consiguiendo ahuyentar a propios.
El «complejo ETA» vuela una estación de tren tras la burla de Jarrai
M. LUISA G. FRANCO ABC 6 Febrero 2007
BILBAO. El artefacto que destruyó en la madrugada de ayer la estación de tren de Luchana, en Baracaldo, fue de tal potencia que, en un primer momento, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza,consideró como hipótesis más probable la autoría de ETA, que habría vuelto a actuar después del atentado de la T-4.
Posteriormente, la Ertzaintza informó de que los autores del atentado eran los grupos de «kale borroka», que son parte de la organización terrorista, tal y como sentenció en su momento el Tribunal Supremo, pero se diferencian en su infraestructura y en el material que utilizan para cometer los atentados.
Artefacto asesino
No obstante, el artefacto colocado en Baracaldo por los grupos que practican el terrorismo urbano, considerado técnicamente como «casero» por la Ertzaintza, podría haber matado a alguna persona que casualmente se encontrara en los alrededores a la una menos diez de la madrugada.
Los autores del atentado, según explicó la Ertzaintza, forzaron la puerta de acceso a la estación y colocaron el artefacto en el interior del edificio, donde los especialistas de la Policía vasca localizaron restos de una garrafa que podría haber contenido líquido inflamable. Según el informe de la Policía vasca, el atentado se llevó a cabo con un artefacto como los que utilizan habitualmente los grupos de «kale borroka», rociado con gasolina para prenderle fuego, sin que hayan aparecido restos de materiales explosivos.
Renfe explicó que la explosión del artefacto dañó las máquinas dispensadoras de billetes, las canceladoras, las taquillas y el tejado y destruyó el mobiliario. Los bomberos tuvieron que trabajar desde la una hasta las cuatro de la madrugada para sofocar el incendio, si bien la compañía ferroviaria limpió las vías con rapidez y los trenes empezaran a circular a primera hora de la mañana por las dos líneas afectadas, aunque con retrasos, recuperando la normalidad sobre las dos de la tarde.
Es el tercer ataque que se produce contra la estación de Luchana. El anterior tuvo lugar el pasado 12 de octubre, con la tregua de ETA teóricamente en vigor. Entonces, otro artefacto estalló en la puerta de la estación, que sufrió daños en la puerta y en los cristales.
El atentado de ayer tuvo lugar horas después de que 18 de los 19 miembros de Segi que se encontraban huidos de la Justicia se presentaran juntos en el centro de Bilbao, arropados por dirigentes de Batasuna y unos doscientos simpatizantes de las tramas juveniles de ETA, para ser detenidos allí por la Ertzaintza. Las Fuerzas de Seguridad aseguran que el la burla de Jarrai y el atentado de ayer son parte de un plan «sincronizado».
Ese mismo día, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, alertaba públicamente de que los datos objetivos que baraja la Ertzaintza indican que ETA «está activa y puede actuar en cualquier momento».
Los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena y Joseba Álvarez y el portavoz del colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna Juan María Olano comparecieron ayer en rueda de prensa en la localidad guipuzcoana de Usurbil para advertir de que el «proceso» está «a punto de naufragar» y para llamar a la «movilización nacional» el próximo día 20 para «exigir condiciones democráticas para Euskal Herria».
Nacionalistas y socialistas pidieron ayer a Batasuna que se desmarque del terrorismo etarra, mientras que el PP insistió en que la única forma de conseguir la paz es derrotar a ETA.
El Gobierno vasco señaló que «con bombas no hay distensión, ni proceso de paz alguno» y se preguntó «si éste es el camino mediante el cual se generan nuevas oportunidades para la paz, tal y como afirman día tras día portavoces de la izquierda abertzale».
El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, instó a Batasuna a que aclare si el «diálogo» que dice defender es un «diálogo con bombas». Ares consideró que «si los dirigentes de la izquierda abertzale no condenan actos como el perpetrado en Baracaldo se pondrá una vez más de manifiesto que siguen amparando y justificando la violencia y que siguen siendo incapaces de optar por vías políticas».
En parecidos términos se expresó el delegado del Gobierno, Paulino Luesma, quien pidió a Batasuna que dé «un paso decidido y valiente» y condene «sin paliativos estos actos de chantaje y de terror». La portavoz del PP en Baracaldo, Amaya Fernández, señaló que «lo que nos queda para conseguir la paz y la libertad».
DENUNCIA PENAL CONTRA DE JUANA CHAOS POR ENALTECIMIENTO DE TERRORISMO
Nota Plataforma cívica España y Libertad 6 Febrero 2007
Yolanda Morín, Coordinadora General de la plataforma cívica España y Libertad considera "que estas declaraciones son un motivo más para no ceder ante el chantaje del terrorista ya que demuestran que De Juana continua justificando los crímenes de ETA y no muestra arrepentimiento de ningún tipo."
España y Libertad ha procedido a interponer denuncia penal contra el etarra De Juana Chaos durante esta misma mañana en la Audiencia Nacional
El preso etarra afirma en declaraciones recogidas por el diario británico The Times en fecha de 5 de febrero de 2007, y reproducidas por todos los medios de comunicación españoles, que no siente remordimientos por los 25 asesinatos que ha cometido, para acto seguido justificar los mismos al manifestar que "¿Puedes culpar al reprimido de las acciones del represor? ¿Puedes culpar a la violada de las acciones del violador?". A la denuncia España y Libertad ha acompañado copia del artículo integro publicado por The Times.
España y Libertad entiende que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo previsto y penado en el art. 578 del C.P.: “El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código”.
Según España y Libertad, en el caso presente nos encontramos con un asesino terrorista condenado por la muerte de 25 personas, que además ha sido recientemente condenado una vez más, por realizar amenazas terroristas desde la cárcel, realizando unas manifestaciones que claramente suponen una humillación y menosprecio para las víctimas de sus delitos, ya que el terrorista, no solo no se arrepiente de sus crímenes, sino que intenta justificarlos comparando a sus víctimas con violadores o represores. Colocándose a su vez él mismo en la posición de ofendido, argumento, que va más allá de una mera libertad de expresión de la opinión para entrar de lleno en lo que no es más que una vía para motivar y justificar las acciones criminales terroristas de ETA, que de esta manera simplemente serian la reacción de una personas, reprimidas o violadas contra sus violadores y represores.
Por último España y Libertad pide que se habra proceso penal contra el etarra.
Pelayo uría, Prensa
La asociación de fiscales culpa a Pumpido del «despropósito de la institución»
Madrid- La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, responsabilizó ayer directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de haber deteriorado «seriamente la imagen de la carrera fiscal» por la postura «cambiante» del Ministerio Público respecto al etarra De Juana Chaos. El portavoz de la AF, Guillermo García-Panasco, aseguró al respecto que con esa actuación se contribuye «a la sospecha de influencia política en su funcionamiento y representa el paradigma del despropósito como institución del Ministerio Fiscal».
Así, criticó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajase de 96 a 13 años su petición de condena, o, alternativamente, 4 años de prisión, y cuestionó igualmente que apoyase que fuese excarcelado para que cumpliese la condena en su domicilio. «Esa actuación cambiante no contribuye a eliminar cualquier sospecha sobre la postura del Ministerio Fiscal según la coyuntura política del momento. Nos parece malo que se planteen las cosas en los términos de “ahora toca ser duro” o “ahora no tanto”», afirmó García-Panasco. Por otro lado, la AF volvió a criticar los aspectos esenciales del proyecto de reforma del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Así, señaló que con el texto del Ejecutivo el fiscal general seguirá estando «muy vinculado» al Ejecutivo que lo nombre. Para evitarlo, proponen un mandato de cinco años.
También solicitan que la decisión del Consejo Fiscal sea relevante para los nombramientos de los fiscales de Sala.
El portavoz de la AF calificó de «sectaria» la política de nombramientos de Pumpido.
Mikel Buesa: «A Zapatero le avergüenzan los símbolos de España, él se siente «del Estado»»
POR BLANCA TORQUEMADA ABC 6 Febrero 2007
-¿Esperaba esta reacción del Gobierno, estas críticas a la utilización del himno nacional y de la bandera de España en la movilización convocada por el Foro?
-Una reacción así no me la esperaba, pero tampoco me sorprende, porque soy conocedor de la vergüenza que sienten estos progresistas de pacotilla a la hora de utilizar los símbolos nacionales. Pero ni ahora ni antes nos ha importado. En diversos actos organizados por el Foro se ha interpretado el himno. Por ejemplo, en el paseo de Sarasate de Pamplona o en la plaza Moyúa de Bilbao, lugares en los que, por cierto, llevaban sin poder oír el himno en la calle más de veinticinco años... A nosotros no nos avergüenza sentirnos españoles y reclamarnos españoles.
-¿Qué le han parecido las recriminaciones basadas en argumentos legales, como las de López Garrido o López Aguilar?
-Me ha sorprendido extradordinariamente que estas dos personas, que son catedráticos de Derecho, hayan hablado de «uso ilegítimo» de los símbolos y se hayan remitido para ello al Decreto de 1997 que regula su uso. Sólo caben dos opciones: que no se hayan leído jamás ese texto o que su cátedra les haya tocado en una rifa. Únicamente hay en ese Decreto dos elementos que podrían habernos afectado, y que son la condición de que el himno suene en su integridad, cosa que ocurrió, y que sea escuchado con respeto. En este último aspecto, los asistentes no sólo lo escucharon con respeto, sino con gran emoción. A la gente se le saltaban las lágrimas.
-El Foro de Ermua ha hecho precisamente seguimiento de aquellos casos en los que es obligatorio utilizar los símbolos, y no se usan...
-Así es. Este Gobierno no es capaz de obligar a su amigo Ibarretxe a que cumpla la ley y haga ondear la bandera de España en Ajuria Enea, y sin embargo nos ataca a nosotros por llevarla a las calles. A Zapatero y a otros miembros del Gobierno les avergüenza ser españoles. Ellos prefieren ser «del Estado». Y así lo que consiguen es separarse de la inmensa mayoría. La gente es de derechas o de izquierdas, pero generalmente no es de un partido, ni del PP ni del PSOE. Por eso tantas personas se sumaron a esta manifestación de afirmación nacional. No sólo se debe luchar contra el terrorismo con la Policía, los jueces y las leyes, sino también con la idea política de la nación española.
-¿Ha hecho algún socialista acuse de recibo de la invitación que les enviaron para participar en la marcha?
-No. E incluso algún listo ha hecho alusión a que el PSOE no había sido invitado. Allá ellos, si no se dan por aludidos. Si Zapatero se hubiera puesto al frente, presidiendo la marcha, se hubiera llevado detrás a la inmensa mayoría. Pero no lo ha hecho porque es un cobarde que no quiere derrotar a ETA.
-En Moncloa sigue la cantinela de que la manifestación ha sido más contra el Gobierno que contra ETA.
-Si decimos en nuestro lema que queremos la derrota del terrorismo y el Gobierno interpreta que eso va contra él, ello significa que el Ejecutivo quiere negociar con ETA. Yo aspiro a la unidad para vencer a los terroristas, pero también prefiero la situación actual que la unidad para negociar, porque desde ahí estaríamos a un paso de la secesión del País Vasco.

References: resolución 
 artículo 219
 resolución 
 artículo 219
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 219
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 57