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Timestamp: 2019-10-23 19:56:24+00:00

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Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Reimpresión 2012) : Gaceta 39955: 2012 - Texto
Gaceta Oficial N° 39.955 del 29 de junio de 2012
Por cuanto en el Decreto N° 8.865 de fecha 27 de marzo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.893, de fecha 28 de marzo de 2012, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se incurrió en el siguiente error material:
En el Artículo 81
"Artículo 81. Por encima del monto máximo a contratar por la Ley de Endeudamiento Anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes públicas y aquellos gastos extraordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal (.)"
"(.) no obstante éstos serán informados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas (.)".
"Artículo 81. Por encima del monto máximo a contratar por la ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes públicas y aquellos gastos ordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, (.)".
"(.) no obstante, éstos serán informados por el Ministerio del Poder popular con competencia en materia de planificación y "finanzas (.)".
Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y cualquier otro error de forma a que hubiere lugar, manteniéndose el número, fecha y firma del citado Decreto. Dado en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil doce. Años 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
En virtud de la gran importancia que encierra para la vida de la República Bolivariana de Venezuela la adecuación de la norma a las realidades presentes, es por lo que se hace necesario modificar y darle mayor agilidad a las facultades que ofrece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público al Ejecutivo Nacional. Es así, que vista la vorágine actual a la que se ven sometidos los mercados financieros internacionales, lo cual de alguna manera siempre afecta las operaciones de crédito público que puede ejecutar el Estado Venezolano en el desarrollo de la vida nacional, se hace más que necesario, conveniente, entregar suficientes herramientas para enfrentar dicha situación. Asunto de gran trascendencia, puesto que dotados que sean los entes u organismos regulados por esta ley de las atribuciones necesarias, puede aprovecharse mejor la coyuntura de deuda soberana internacional que se hace presente. Situación ésta última, a la que afortunadamente, hasta ahora escapan en mejor posición los llamados países emergentes; y en lo particular, realidad aquella de la que sale relativamente bien librada la deuda soberana de cada uno de los países latinoamericanos, considerando especialmente la deuda soberana de la República Bolivariana de Venezuela. Así las cosas, es prudente modificar el contenido de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, tomando como base lo establecido en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo uso de la excepción allí señalada y alcanzar de esta manera un alto grado de dinamismo en las operaciones de Crédito Público que sea menester, lo que inexorablemente lleva a un progresivo y mejor manejo de la deuda pública nacional.
Igualmente con esta reforma, se pretende alcanzar un mejor y más acabado registro y control de la deuda que puedan asumir los institutos autónomos y los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad financiera y sociedades mercantiles que se encuentran exceptuados del requisito de ley autorizatoria para realizar operaciones de Crédito Público; al hacer obligatorio y perentorio el informar a la Oficina Nacional de Crédito Público de la ejecución de dichas operaciones. Se tendría así, una información más amplia, detallada, centralizada, de fácil y rápida ubicación, permitiendo un análisis superior en la toma de decisiones dentro de los escenarios en los cuales se desarrolla la administración financiera regulada por esta Ley. Decreto N° 8.865 27 de marzo de 2012
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros,
Artículo 1. Se modifica el texto del artículo 81, quedando redactado de la siguiente manera:
Por encima del monto máximo a contratar por la ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes públicas y aquellos gastos extraordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual no pueda ser compensado con recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica al que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta Ley. Igualmente, podrán celebrarse, por encima del monto máximo a contratar autorizado por la ley de endeudamiento anual, aquellas operaciones que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública, así como también aquellas derivadas de soberanía alimentaria, la preservación de la inversión social, seguridad y defensa integral en los términos previstos en la Constitución de la República y la ley. Todas las operaciones por encima del monto máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas, deberán autorizarse mediante ley especial. Para aquéllas que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la Asamblea Nacional podrá otorgar al Poder Ejecutivo Nacional una autorización general para adoptar dentro de los límites, condiciones y plazos determinados, programas generales de refinanciamiento.
Excepcionalmente y una vez utilizado totalmente el monto máximo autorizado conforme a la ley de endeudamiento anual para el Ejercicio Fiscal correspondiente, el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, podrá celebrar operaciones de Crédito Público por encima de dicha autorización destinadas exclusivamente al financiamiento del Servicio de la Deuda Pública Nacional y siempre que se trate de circunstancias sobrevenidas, no previstas o difícil de prever para el momento de entrada en vigencia la ley de endeudamiento anual. El monto de las operaciones de Crédito Público que se obtenga en virtud de la facultad aquí conferida, será imputable al monto máximo de endeudamiento a establecer en la ley de endeudamiento anual para el próximo ejercicio fiscal. Será requisito indispensable para la validez de aquellas operaciones de Crédito Público que se lleven adelante, la aprobación, por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros; igualmente, se faculta al Presidente de la República para decretar los créditos adicionales que fuere necesario. Para hacer uso de las atribuciones aquí conferidas al Presidente de la República, no será preciso contar con la autorización de la Asamblea Nacional, ni con la opinión del Banco Central de Venezuela; no obstante éstos serán informados por el del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación de las operaciones que se trate. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra que colida o en forma alguna, limite lo aquí establecido."
Artículo 2. Se modifica el texto del artículo 83, quedando redactado de la siguiente manera:
En la ley especial de endeudamiento anual se indicarán las modalidades de las operaciones y se autorizará la inclusión de los correspondientes créditos presupuestarios en la ley de presupuesto. En los supuestos a que se refiere el artículo 81 en su enunciado y el artículo 82, la Ley de Endeudamiento autorizará los respectivos créditos adicionales.
En ningún caso la Ley Especial de Endeudamiento Anual podrá establecer prohibiciones o formalidades autorizadoras adicionales a las previstas en esta Ley."
Artículo 3. Se modifica el texto del artículo 90, quedando redactado de la siguiente manera:
Los institutos autónomos y los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad financiera, así como las sociedades mercantiles del Estado, están exceptuadas del requisito de ley especial autorizadora para realizar operaciones de Crédito Público; sin embargo, requerirán la autorización del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. Así mismo, el Secretario del Consejo de Ministros deberá informar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas por medio de la Oficina Nacional de Crédito Público, dentro de los treinta días continuos siguientes a la fecha de la autorización dada por el Presidente de la República, para que esta Oficina Nacional realice el registro de dichas obligaciones financieras, contentivo del destino, monto y particularidades de cada una de ellas.
En todo caso, el monto de las obligaciones pendientes por tales operaciones, más el monto de las operaciones a tramitarse, no excederá de dos veces el patrimonio del respectivo instituto autónomo o instituto público o el capital de la sociedad; salvo que su respectiva ley especial disponga un monto mayor."
Artículo 4. Se modifica el texto del capítulo IV del Título III de esta Ley, quedando redactado de la siguiente manera: "Capítulo IV"
De las prohibiciones, atribuciones y obligaciones en materia de crédito público"
Artículo 5°. De conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación en un solo texto la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.892 de fecha 27 de marzo de 2012, con la reforma aquí dictada y en el correspondiente texto único manténgase las firmas originales de sanción legislativa y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de promulgación.
Artículo 6°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil doce. Año 201° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. Cúmplase
Los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad, regulados en esta Ley; así como los sistemas tributario y de administración de bienes, regulados por leyes especiales, conforman la administración financiera del sector público. Dichos sistemas estarán interrelacionados y cada uno de ellos actuará bajo la coordinación de un órgano rector.
2. Se entiende por entes descentralizados con fines empresariales aquellos cuya actividad principal es la producción de bienes o servicios destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provengan fundamentalmente de esa actividad.
5. Se entiende por ingresos ordinarios, aquellos ingresos que se producen de manera permanente durante el correspondiente ejercicio económico financiero.
6. Se entiende por ingresos extraordinarios, aquellos ingresos producidos de manera eventual, aunque su vigencia comprendan varios ejercicios económicos financieros.
El Ejecutivo Nacional podrá establecer normas que limiten y establezcan controles al uso de los créditos presupuestarios de los entes referidos en el artículo 6, adicionales a las establecidas en esta Ley. Tales limitaciones no se aplicarán a los presupuestos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los órganos del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, de los estados, del Distrito Metropolitano de Caracas, del Distrito Alto Apure, de los distritos, de los municipios y del Banco Central de Venezuela.
En los presupuestos se indicarán las unidades administrativas que tengan a su cargo la producción de bienes y servicios prevista. En los casos de ejecución presupuestaria con participación de diferentes unidades administrativas de uno o varios entes u órganos públicos, se indicará la actividad que a cada una de ellas corresponda y los recursos asignados para el cumplimiento de las metas previstas.
La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del Sistema Presupuestario Público y estará bajo la responsabilidad y dirección de un Jefe o Jefa de Oficina, de libre nombramiento y remoción del Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas.
Cada uno de los entes y órganos cuyos presupuestos se rigen por esta Ley, contarán con unidades administrativas para el cumplimiento de las funciones presupuestarias aquí establecidas. Estas unidades administrativas, acatarán las normas e instructivos técnicos dictados por la Oficina Nacional de Presupuesto, de conformidad con esta Ley y su reglamento.
El Proyecto de Ley del marco plurianual del presupuesto será elaborado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas, en coordinación con el Banco Central de Venezuela, y establecerá los límites máximos de gasto y de endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales para un período de tres años, así como los indicadores y demás reglas de disciplina fiscal que permitan asegurar la solvencia y sostenibilidad fiscal y equilibrar la gestión financiera nacional en dicho período, de manera que los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
El proyecto de Ley del marco plurianual del presupuesto irá acompañado de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento presupuestada para el período a que se refiere dicho marco, los objetivos de política económica, con expresa indicación de la política fiscal, así como de las estimaciones de gastos para cada uno de los ejercicios fiscales del período. Estas estimaciones se vincularán con los pronósticos macroeconómicos indicados para el mediano plazo, y las correspondientes al primer año del período se explicitarán de manera que constituyan la base de las negociaciones presupuestarias para ese ejercicio.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA, SIN FINES EMPRESARIALES
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y las prioridades de gasto, atendiendo a los límites y estimaciones establecidos en la ley del marco plurianual del presupuesto. A tal fin, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas practicará una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y de desarrollo general del país, así como una proyección de las variables macroeconómicas y la estimación de metas físicas que contendrá el plan operativo anual para el ejercicio que se formula.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas, con el objeto de delimitar el impacto anual del marco plurianual del presupuesto, por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, preparará los lineamientos de política que regirán la formulación del presupuesto.
El proyecto de ley de presupuesto será presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional antes del quince de octubre de cada año. Será acompañado de una exposición de motivos que, dentro del contexto de la ley del marco plurianual del presupuesto y en consideración del acuerdo de la Asamblea Nacional a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras, para la determinación de las autorizaciones para gastos y aplicaciones financieras, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno.
Si durante la ejecución del presupuesto se evidencia una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio, en relación con las estimaciones de la ley de presupuesto, que no pueda ser compensada con recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica a que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta Ley, el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, ordenará los ajustes necesarios, oída la opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas, por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto y la Oficina Nacional del Tesoro. La decisión será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista.
Artículo 51 El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, el Presidente o Presidenta del Consejo Federal de Gobierno, los Ministros o Ministras, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano, el Contralor o Contralora General de la República, el o la Fiscal General de la República, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Defensor Público General o Defensora Pública General, el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Procurador o Procuradora General de la República, el o la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales y las máximas autoridades de los entes descentralizados sin fines empresariales, serán los ordenadores u ordenadoras de compromisos y pagos en cuanto el presupuesto de cada uno de los entes u organismos que dirigen. Dichas facultades se ejercerán y podrán delegarse de acuerdo con lo que fije el Reglamento de esta Ley, salvo lo relativo a la Asamblea Nacional la cual se regirá por sus disposiciones internas.
Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones válidamente contraídas y causadas, salvo lo previsto en el artículo 113 de esta Ley.
Los gastos causados y no pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se pagarán durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y banco existentes a la fecha señalada. Los gastos comprometidos y no causados al treinta y uno de diciembre de cada año se imputarán automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.
La Oficina Nacional de Presupuesto, con base en la información que señala el artículo 58, la que suministre el sistema de contabilidad pública y otras que se consideren pertinentes, realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de sus efectos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para los organismos afectados, así como para el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas.
El proceso presupuestario de los estados, distritos y municipios se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las leyes estadales y las ordenanzas municipales respectivas, pero se ajustará, en cuanto sea posible, a las disposiciones técnicas que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. Las leyes y ordenanzas de presupuesto de los estados, distritos y municipios, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, se remitirán, a través del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, a la Asamblea Nacional, al Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas y a la Oficina Nacional de Presupuesto, a los solos fines de información. Dentro de los treinta días siguientes al fin de cada trimestre, remitirán, igualmente, a la Oficina Nacional de Presupuesto información acerca de la respectiva gestión presupuestaria.
Se regirán por este Capítulo los entes del sector público nacional a que se refieren los numerales 8 y 9 del artículo 6 de esta Ley, así como los otros entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales de acuerdo con la definición contenida en el artículo 7 de esta Ley.
Los directorios o la máxima autoridad de los entes regidos por este Capítulo, aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán, a través del correspondiente órgano de adscripción, a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del treinta de septiembre del año anterior al que regirá. Los proyectos de presupuesto expresarán las políticas generales contenidas en la ley del marco plurianual del presupuesto y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas; contendrán los planes de acción, las autorizaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.
Conjuntamente con el proyecto de ley de presupuesto, el Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su autorización mediante ley especial que será promulgada simultáneamente con la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, el monto máximo de las operaciones de crédito público a contratar durante el ejercicio presupuestario respectivo por la República, el monto máximo de endeudamiento neto que podrá contraer durante ese ejercicio así como el monto máximo en letras del tesoro que podrán estar en circulación al cierre del respectivo ejercicio presupuestario.
Una vez sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo Nacional procederá a celebrar las operaciones de crédito público. En todo caso será necesaria la autorización de cada operación de crédito público por la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para decidir, contados a partir de la fecha en que se dé cuenta de la solicitud en reunión ordinaria. Si transcurrido este lapso la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado, la solicitud se dará por aprobada. La solicitud del Ejecutivo Nacional deberá ser acompañada de la opinión del Banco Central de Venezuela, tal como se especifica en el artículo 86 de esta Ley, para la operación específica.
Por encima del monto máximo a contratar por la ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes públicas y aquellos gastos ordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual no pueda ser compensado con recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica al que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta Ley. Igualmente, podrán celebrarse, por encima del monto máximo a contratar autorizado por la ley de endeudamiento anual, aquellas operaciones que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública, así como también aquellas derivadas de soberanía alimentaria, la preservación de la inversión social, seguridad y defensa integral en los términos previstos en la Constitución de la República y la ley. Todas las operaciones por encima del monto máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas, deberán autorizarse mediante ley especial. Para aquéllas que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la Asamblea Nacional podrá otorgar al Poder Ejecutivo Nacional una autorización general para adoptar dentro de los límites, condiciones y plazos determinados, programas generales de refinanciamiento.
Excepcionalmente y una vez utilizado totalmente el monto máximo autorizado conforme a la ley de endeudamiento anual para el Ejercicio Fiscal correspondiente, el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, podrá celebrar operaciones de Crédito Público por encima de dicha autorización destinadas exclusivamente al financiamiento del Servicio de la Deuda Pública Nacional y siempre que se trate de circunstancias sobrevenidas, no previstas o difícil de prever para el momento de entrada en vigencia la ley de endeudamiento anual. El monto de las operaciones de Crédito Público que se obtenga en virtud de la facultad aquí conferida, será imputable al monto máximo de endeudamiento a establecer en la ley de endeudamiento anual para el próximo ejercicio fiscal. Será requisito indispensable para la validez de aquellas operaciones de Crédito Público que se lleven adelante, la aprobación, por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros; igualmente, se faculta al Presidente de la República para decretar los créditos adicionales que fuere necesario. Para hacer uso de las atribuciones aquí conferidas al Presidente de la República, no será preciso contar con la autorización de la Asamblea Nacional, ni con la opinión del Banco Central de Venezuela; no obstante, éstos serán informados por el Ministerio del Poder popular con competencia en materia de planificación y finanzas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación de las operaciones que se trate. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra que colida o en forma alguna, limite lo aquí establecido.
En la ley especial de endeudamiento anual se indicarán las modalidades de las operaciones y se autorizará la inclusión de los correspondientes créditos presupuestarios en la ley de presupuesto. En los supuestos a que se refiere el artículo 81 en su enunciado y el artículo 82, la Ley de Endeudamiento autorizará los respectivos créditos adicionales. En ningún caso la Ley Especial de Endeudamiento Anual podrá establecer prohibiciones o formalidades autorizadoras adicionales a las previstas en esta Ley.
Así mismo será consultado sobre el impacto monetario y las condiciones financieras de cada operación de crédito público. Dicha opinión no vinculante la emitirá el Banco Central de Venezuela en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud de opinión. Si transcurrido este lapso el Banco Central de Venezuela no se hubiere pronunciado, el Ejecutivo Nacional podrá continuar la tramitación de las operaciones consultadas. Capítulo III
En todo caso, el monto de las obligaciones pendientes por tales operaciones, más el monto de las operaciones a tramitarse, no excederá de dos veces el patrimonio del respectivo instituto autónomo o instituto público o el capital de la sociedad; salvo que su respectiva ley especial disponga un monto mayor. Capítulo IV
De las prohibiciones, atribuciones y obligaciones en materia de crédito público
No realizarán operaciones de crédito público, los institutos autónomos y demás personas jurídicas públicas descentralizadas funcionalmente que no tengan el carácter de sociedades mercantiles, así como las fundaciones constituidas y dirigidas por algunas de las personas jurídicas referidas en el artículo 6 de esta Ley.
Se exceptúan de esta prohibición los institutos autónomos cuyo objeto principal sea la actividad financiera, a los solos efectos del cumplimiento de dicho objeto, los entes autorizados por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministro, cuando se considere necesario para el interés nacional, en cuyo caso, será aplicable para sus operaciones de crédito público, lo establecido en el primer aparte del artículo 90, excluyendo lo previsto en el segundo párrafo de dicho artículo y en el artículo 93 de esta Ley. Igualmente, se excluyen de dicha prohibición las operaciones a que se refiere el numeral 3 del artículo 77 de la presente Ley.
Los estados, distritos y municipios, las otras entidades a que se refiere el Capítulo III del Título II y los entes por ellos creados, no podrán realizar operaciones de crédito público externo, ni en moneda extranjera, ni garantizar obligaciones de terceros.
Los contratos de empréstitos y los títulos de la deuda pública de la República llevarán la firma del Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas o sus delegados o delegadas, o del funcionario designado o funcionaria designada al efecto por el Presidente o Presidenta de la República. Se exceptúan aquellos títulos para los cuales se establezcan otras modalidades de emisión, incluida la utilización de procedimientos informáticos, de acuerdo con lo que establezca el respectivo decreto de emisión.
Los títulos de la deuda pública emitidos por la República, serán admisibles por su valor nominal en toda garantía que haya de constituirse a favor de la República. En las leyes que autoricen operaciones de crédito público, podrá establecerse que los mencionados títulos sean utilizados a su vencimiento para el pago de cualquier impuesto o contribución nacional.
Las operaciones de crédito público realizadas en contravención de las disposiciones de esta Ley, que establezcan prohibiciones o formalidades autorizatorias se considerarán nulas y sin efectos, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen. Las obligaciones que se pretenda derivar de dichas operaciones no serán oponibles a la República ni a los demás entes públicos.
El conjunto de los fondos nacionales, los valores de la República y las obligaciones a cargo de ésta, conforman el Tesoro Nacional.
La Oficina Nacional del Tesoro tendrá un subtesorero o subtesorera que llenará las faltas temporales o accidentales del Tesorero o Tesorera y las absolutas, mientras se provea la vacante.
El Sistema de Contabilidad Pública será único, integrado y aplicable a todos los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente; estará fundamentado en las normas generales de contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República y en los demás principios de contabilidad de general aceptación, válidos para el sector público.
La Oficina Nacional de Contabilidad Pública solicitará a los estados, al Distrito Metropolitano de Caracas, así como a los distritos y municipios la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; así mismo, coordinará con éstos la aplicación, en el ámbito de sus competencias, del sistema de información financiera que desarrolle.
El sistema de control interno funcionará coordinadamente con el sistema de control externo a cargo de la Contraloría General de la República.
La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna es el órgano a cargo de la supervisión, orientación y coordinación del control interno, así como de la dirección de la auditoría interna en los organismos que integran la administración central y descentralizada funcionalmente enumerados en el artículo 6 de esta Ley, excluido el Banco Central de Venezuela.
El o la Superintendente Nacional de Auditoría Interna podrá delegar en funcionarios o funcionarias de la misma determinadas atribuciones, de conformidad con lo establecido en la ley.
El Fondo para la Estabilización Macroeconómica será un fondo financiero de inversión sin personalidad jurídica, tendrá por objeto garantizar la estabilidad de los gastos a nivel nacional, regional y municipal, frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios y se regirá por las disposiciones de esta Ley y de la ley que regule su funcionamiento.
La ley que regule el Fondo de Estabilización Macroeconómica determinará los recursos que se destinarán al mismo, a nivel nacional, estadal y municipal y establecerá las reglas para su administración y funcionamiento, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad y no discriminación entre las entidades que aporten recursos al mismo.
Cuando el monto de los recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica exceda del setenta por ciento (70%) del monto equivalente al promedio del producto de las exportaciones petroleras de los últimos tres años, el excedente será destinado al Fondo de Ahorro Intergeneracional. Sin embargo, cuando las condiciones de los mercados financieros lo permitan, y de acuerdo con un programa de reestructuración de deuda pública, parte de ese excedente podrá ser utilizado en operaciones de compra o refinanciamiento de deuda pública externa e interna legalmente contraída.
La responsabilidad administrativa de los funcionarios o funcionarias de las dependencias de la administración financiera del sector público nacional, se determinará y hará efectiva de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas informará trimestralmente a la Asamblea Nacional acerca de la ejecución presupuestaria del sector público nacional, el movimiento de ingresos y egresos del Tesoro Nacional y la situación de la deuda pública, así como le proporcionará los estados financieros que estime convenientes. Con la misma periodicidad publicará los informes y estados financieros correspondientes.
Queda parcialmente derogado el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, en cuanto al servicio de inspección se refiere. El servicio de fiscalización será competencia de los órganos de la administración tributaria y, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, se ajustará a las disposiciones del Código Orgánico Tributario y las leyes especiales que regulen la materia tributaria. Quedan derogados los artículos 1, in fine, en cuanto se refiere al Fisco como personificación jurídica de la Hacienda; 2; 51, 60, 61, 62, 78, 81 numeral 4, 82 al 91, 98 al 101, 128 al 138, 146, 204, 205, 206, 208 al 210 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica de Crédito Público, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.077 de fecha 26 de octubre de 1992; la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.916 de fecha 2 de marzo de 2000, salvo lo dispuesto en el artículo 74; el aparte final del Artículo 21 y los Artículos 74 y 148 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.017 Extraordinario, de fecha 13 de diciembre de 1995, así como todas aquellas otras disposiciones que colidan con la presente Ley.
Los presupuestos de los entes descentralizados sin fines empresariales, referidos en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 6 de esta Ley, para el ejercicio 2002, se elaborarán de acuerdo con los lineamientos y normas técnicas que dicte el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas y el Ministerio del Poder Popular de adscripción, así como a las normas técnicas que imparta la Oficina Nacional de Presupuesto y se someterán a la aprobación del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros antes del 15 de septiembre de 2001. En todo lo demás se aplicarán al presupuesto de estos entes para el ejercicio 2002, las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.916, de fecha 2 de marzo de 2000 y de sus Reglamentos.
Para la formulación del presupuesto de las sociedades del Estado y otros entes sometidos al régimen establecido en el Capítulo IV del Título II de esta Ley, correspondiente al ejercicio 2001, se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.916 de fecha 2 de marzo de 2000 y sus Reglamentos.
Las disposiciones del Título II de esta Ley sobre la ley del marco plurianual del presupuesto se aplicarán gradualmente a los entes referidos en los numerales 8 y 9 del artículo 6 de esta Ley, de conformidad con lo que establezca su Reglamento.
La ejecución del Presupuesto del año 2001 y su semestre adicional, así como la liquidación de este Presupuesto, se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, identificada en el artículo 171, y en sus Reglamentos.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación y Finanzas reestructurará el Programa de Modernización de las Finanzas Públicas, a fin de que su objeto atienda prioritariamente a la implantación de los sistemas de administración financiera y de control interno, a la asistencia a los órganos rectores y a las labores de capacitación de los funcionarios o funcionarias de los organismos sujetos a las disposiciones de esta Ley, así como a la especialización de los consultores o consultoras de dichos Programas para integrar el personal de los órganos rectores.
El Ejecutivo Nacional, dentro del año siguiente a la publicación de esta Ley, presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que organice el sistema de administración de bienes del Estado, de manera que se integre a los sistemas básicos de administración financiera regulados en esta Ley, bajo los mismos criterios de centralización normativa y desconcentración operativa.
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil doce. Año 201° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuá tico y Aéreo, ELSA ELIANA GUTIÉRREZ GRAFFE

References: Artículo 81
 artículo 84
 Artículo 4
 artículo 312
 artículo 236
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 81

Artículo 2
 artículo 83
 artículo 81
 artículo 82

Artículo 3
 artículo 90

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 5

Artículo 6
 artículo 6
IN FINE
 artículo 28

Artículo 51
in fine
 artículo 113
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 86
 artículo 81
 artículo 82
 artículo 6
 artículo 90
 artículo 93
 artículo 77
 artículo 6
 artículo 92
in fine
 artículo 74
 Artículo 21
in fine
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 171