Source: http://www.slideshare.net/joelito2012/7-concesion-minera-y-la-propiedad-de-los-recursos-hma
Timestamp: 2016-05-06 20:54:17+00:00

Document:
7 concesion minera y la propiedad de los recursos hma
FORMATO DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL C...
Alex Meza Ccahuana
HUMBERTO MARTINEZ APONTE (*)Revista Advocatus No. 21, 2010LA CONCESION MINERA, derecho a la explotación de los recursos de la NaciónEsta ponencia pretende ser directa en sus conceptos, que parten de las siguientestesis que vamos a desarrollar:1.- No es cierto que las comunidades campesinas sean despojadas de la riqueza mineral que albergan sus territorios.2.- Una equivocada interpretación de nuestra historia está llevando a algunos a afirmar que el Derecho Minero está apropiándose de un bien o riqueza que debe pertenecer al propietario del terreno, actualmente identificado en el debate como comunidades campesinas o nativas.3.- Los yacimientos minerales son una riqueza de la Nación, que el Estado administra a través de otorgar derechos al aprovechamiento de estas sustancias, bajo el sistema de concesiones mineras.4.- Es interés de la Nación que los yacimientos puedan generar riqueza al ser explotados, por lo que no cabe que el interés minoritario de quienes accidentalmente residen en el área de influencia directa o indirecta, puedan obstaculizar el desarrollo de un proyecto minero.5.- Las poblaciones cercanas a los proyectos mineros les corresponde percibir los beneficios establecidos en la legislación: Canon Minero, Regalías, y Aporte Voluntario.6.- Los proyectos mineros deben dar estricto cumplimiento a las normas ambientales, y los posibles daños o incomodidades que puedan derivarse de una operación minera próxima deben ser compensados adecuadamente por el titular minero, atendiendo a la magnitud de dicha afectación, y brindando oportunidades para que la economía local pueda ser proveedora de la industria.Como hemos adelantado en el enunciado con que iniciamos la ponencia,consideramos que la posición liderada intelectualmente por algunos liberales y por otrolado por neo-indigenistas que se apoyan en el convenio 169 de la OIT, no se ajusta ala verdad histórica ni jurídica sobre la propiedad de los recursos minerales en el Perú.Veamos cual ha sido la evolución del derecho comparado, y del derecho en el Perú,respecto a la propiedad de los recursos minerales. Para ello, realizaremos un análisisexegético de las normas mineras en el tiempo, especialmente las del Derecho Indianoy Republicano, hasta llegar al Convenio 169 de la OIT.Derecho antiguoEs aceptado que en tiempos del Derecho Romano Clásico, se admitía la constituciónde derechos de explotación minera por el Estado en terrenos públicos, pero que en losterrenos privados dicha explotación debía hacerla el propietario del suelo o quien ésteautorizara. Es decir, el dueño del terreno superficial lo era también del mineral delsubsuelo, principio que sostiene el dominio funduario o de accesión.
Sin embargo, en el régimen Tardo Romano, que se había nutrido del desarrollo delDerecho Romano Provincial, en el remoto año 320 DC (Constitución de Constantinus),ya se permite al particular a extraer sustancias minerales de terreno ajeno, con lo queva desapareciendo el concepto clásico que reunía en el dueño del terreno el derechoexclusivo a la propiedad de los minerales. Es decir, desde el propio Derecho Romanodel siglo IV, ya existía diferenciación entre propiedad del suelo y yacimiento mineral.Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, encontramos en el DerechoCastellano en el año 1138, mediante disposición de Alfonso VII en la Corte de Nájara,que éste considera claramente que es el rey el único dueño de los yacimientos, yquien puede otorgar las autorizaciones para su explotación: “Todas las minas de oro, é de plata, é de plomo, é de otra guisa cualquier que minera sea en el Sennorio del Rey, ninguno non sea osado de labrar en ella sin mandato del Rey.”1En el desarrollo del Derecho Medieval Castellano, estos conceptos se van aclarandoen las Siete Partidas (año 1263), en las Ordenanzas de Birbiesca (ano 1387);prosiguiendo en la Edad Moderna con las Ordenanzas Antiguas (año 1559), laPragmática de Madrid (año 1563) y las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno (año 1584).En el Derecho Indiano destaca por su claridad las Ordenanzas de Toledo (año 1574),que con respecto a este tema no puede ser más preciso: “Por cuanto todos los minerales son propios de S.M. y derechos realengos por leyes y costumbres, y así los da y concede a los vasallos y súbditos donde quiera que los descubrieren y hallaren, para que sean ricos y aprovechados, dándoles leyes y ordenanzas, para que gocen de ellos y los labren (…) y porque algunas personas, así encomenderos, como caciques y principales y otros que poseen heredades y estancias, impiden que en sus tierras no les puedan entrar a buscar y descubrir, y así están ocultos y sin que de ellos reciba la república la utilidad para que fueron criados. Ordeno y Mando, que de aquí adelante ninguno de los susodichos impida, ni haga resistencia a todos los que quisieren hacer los dichos descubrimientos, de cualquier estado o condición que sean, sino que libremente los dejen dar catas, y buscar minas y metales.” (De los descubridores, registros y estacas, ord. I)Abundando en esta norma nacida en esta tierra, Toledo señala: “La razón porque S.M. concede los minerales a las personas que los descubren, y manifiestan, siendo suyos y pertenecientes a su real patrimonio, es porque los labren y beneficien, y sus súbditos y vasallos sean ricos y aprovechados, y de lo que de ellos resultare, se le paguen sus quintos y derechos.” (De los despoblados, ord. I)En las Ordenanzas de Minería de 1783, aplicables en el Perú en 1785, se aprecia lassiguientes disposiciones: Art. 1º.- Las minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión dispuesta en la ley IV, título XIII, libro VI, de la Nueva Recopilación. Art. 2º.- Sin separarlos de mi Real Patrimonio, las concedo a mis Vasallos en propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento por herencia o manda, ó de
cualquier otra manera enagenar (sic) el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean, y en personas que puedan adquirirloDerecho republicanoLas referidas ordenanzas, con sus modificaciones y agregados, continuaron vigenteshasta el año 1900, en base a lo dispuesto en el Reglamento Provisional del 12 defebrero y 8 de octubre de 18212. En nuestro primer Código de Minería, no huboningún cambio, sino más bien, la actualización de los conceptos de separación delyacimiento minero de la propiedad superficial, considerándose a la concesión como underecho al que se compara, hoy podemos afirmar que metafóricamente y para darle lacondición de derecho real, con la propiedad común: Artículo. 4º.- La propiedad de las minas es separada y distinta de la del terreno o fundo superficial; y el dominio, posesión, uso y goce de ella son transferibles, con arreglo a las leyes comunes y a las disposiciones especiales de este Código. Artículo 5º.- La propiedad minera legalmente adquirida es irrevocable y perpetua, como la propiedad común; y la única causa especial de caducidad es la falta de pago del impuesto de que trata el artículo 28 de esta ley.La Constitución del año 1920 reafirma esta idea, y por primera vez reivindicaexpresamente el dominio de los yacimientos para el Estado en una normaconstitucional: Artículo. 42.- La propiedad minera en toda su amplitud pertenece al Estado. Sólo podrá concederse la posesión o el usufructo en la forma y bajo las condiciones que las leyes dispongan.Con una redacción muy similar, la Constitución del año 1933 precisa: Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares.El Código de Minería de 1950 agrega a los conceptos ya señalados sobre dominio delEstado sobre los yacimientos minerales, una distinción muy precisa entre suelo yyacimiento que llegará hasta nuestros días: Artículo 1º.- Las sustancias minerales de toda naturaleza que se encuentren en el suelo y en el subsuelo del territorio nacional, son bienes de propiedad del Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. Todo lo relativo a su explotación por los concesionarios es de utilidad pública y se regirá por las disposiciones de este Código. Artículo 7º.- La mina es un inmueble distinto y separado del terreno superficial en que está ubicada, aunque su concesionario sea también el propietario del suelo.El dominio del Estado sobre los recursos mineros coincidió perfectamente con losprincipios estatistas del Gobierno Revolucionario iniciado en 1968, que en la LeyGeneral de Minería de 1971, Decreto Ley Nº 18880, precisaba:
II.- Son bienes de propiedad del Estado, inalienables e imprescriptibles, los yacimientos minerales, cualquiera que sea la naturaleza de las sustancias que contengan. Artículo 8º.- La concesión minera es un inmueble distinto y separado de la superficie en donde esté ubicada. (...) Por la concesión se otorga al titular un derecho real.En al Constitución de 1979 continúa expresamente recogido el concepto de dominiodel Estado sobre los yacimientos minerales: Art. 118.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a los particulares.La Ley General de Minería de 1981- DL 109, retomó la redacción utilizada en laConstitución de 1933, II. Todos los recursos minerales, incluso los geotérmicos, pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescindible. Artículo 15.- La concesión minera es un inmueble distinto y separado de la superficie donde está ubicada. (…) Artículo 17º.- La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma de los atributos que esta Ley reconoce al concesionario. (...)El Decreto Legislativo 708 que constituye la más importante reforma minerarepublicana, no tuvo ya que agregar más conceptos a la ley, consignando todos ellosen el texto único ordenado que fundió en un texto orgánico las normas sobrevivientesdel D.L. 109 con las modificaciones del D.L. 708. Sin embargo, ninguna de estasmodificaciones estuvo referida al dominio del Estado sobre los recursos minerales,concepto éste suficientemente regulado en el D.L. 109.La Constitución Política del Perú de 1993, actualmente vigente, insistió en que eldominio reside en la Nación: Artículo 66.- Recursos Naturales Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.Paralelamente a la legislación constitucional y minera, tenemos la legislación comúnque regula la propiedad.El Código Civil de 1852 no introdujo ninguna disposición sobre el alcance de lapropiedad predial, por lo que el concepto de separación del fundo y yacimiento comobienes independientes, presente en las Ordenanzas, continuó vigente.
El Código Civil de 1936, concordante con la Constitución de 1933, reiteró el dominiodel Estado sobre ciertos bienes, entre ellos los yacimientos minerales, excluyendoconsiguientemente de la propiedad común a los yacimientos minerales: Artículo 822.- Son del Estado: 4.- Las tierras públicas, entendiéndose por tales las que no han tenido dueño y las que han sido abandonadas por el dueño que tuvieron; las minas y los bosques y demás fuentes naturales de riqueza, antes de su concesión; los ríos y demás aguas corrientes y los lagos, así como sus respectivos cauces y álveos; Artículo 854.- La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial, y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La regla de este artículo comprende la propiedad de lo que se encuentra bajo el suelo, excepto las minas y las aguas, que están regidas por leyes especiales.El Código Civil de 1984 considera a los yacimientos minerales y a las concesionesmineras como inmuebles, y al igual que en el Código anterior, expresamente excluyede la propiedad predial común a los yacimientos minerales: Artículo 885.- Son inmuebles: 3. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. Artículo 954.- La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales.Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos NaturalesLa aprobación de la Ley Orgánica de Aprovechamiento de losRecursos Naturales Nº 26821, dictada por mandato de la Constitución de 1993,permitió introducir a la normativa minera, en este caso al amparo de una ley dedesarrollo constitucional, enunciados fundamentales que permiten explicar mejor losconceptos de dominio del Estado sobre los yacimientos minerales.Así tenemos que se incorpora a la ley el concepto ya desarrollado en la doctrina sobreel nacimiento de la propiedad privada de los minerales, haciendo coincidir ello con elmomento de la extracción, acto mediante el cual los minerales extraídos sufren unadoble transformación: por un lado, dejan de ser bienes inmuebles, como los quepermanecen en el yacimiento, pasando a la condición de bienes muebles; y al mismotiempo, nace el derecho de propiedad privada sobre esa porción de mineralesdesprendido del yacimiento, que en su condición de productos pasan a ser bienesmuebles de propiedad del titular de la actividad minera, sujetos en adelante a lasreglas de propiedad de estos bienes. Artículo 4.- Alcance del dominio sobre los recursos naturales Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Artículo 19.- Otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales
Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún titulo a los particulares.La concesión minera otorga un “derecho real” según el artículo 66 de la Constitución,pero en qué consiste este derecho? La Ley Orgánica, coincidiendo con el artículo 9del TUO de la Ley General de Minería que señala que “la concesión minera otorga asu titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos mineralesconcedidos”, precisa que dicho derecho real es un derecho al aprovechamientootorgado, el cual permite realizar la actividad minera concedida, y en el caso de losyacimientos, obtener legítimamente la propiedad del mineral que se extraiga. Artículo 23.- La concesión La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Las concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta Ley o la legislación especial exijan para mantener su vigencia. Las concesiones son bienes incorporales registrables. Pueden ser objeto de disposición, hipoteca, cesión y reivindicación, conforme a las leyes especiales. El tercero adquirente de una concesión deberá sujetarse a las condiciones en que fue originariamente otorgada. La concesión, su disposición y la constitución de derechos reales sobre ella, deberán inscribirse en el registro respectivo.En la concesión minera radica el único título que confiere legitimidad a la adquisiciónde propiedad sobre las sustancias extraídas. Si bien es cierto que, además de estetítulo de concesión se requieren otros permisos y autorizaciones, especialmente lacertificación ambiental de la que tanto se habla ahora, o la autorización del dueño de lasuperficie para ingresar o pasar por su propiedad superficial, la falta de estos últimosno hace ilegítima la adquisición en propiedad de los minerales, como si ocurriría en elcaso de faltar el título de concesión. La extracción de mineral sin certificaciónambiental debería acarrear la orden administrativa de paralización de la actividad, y lamulta por el ilícito administrativo, pero no la reivindicación del mineral extraído, quelegítimamente ha ingresado al patrimonio del titular de la concesión minera.Por ello, consideramos necesario advertir sobre la perniciosa tendencia existente entreciertos funcionarios del sector, de considerar al título minero como un mero derecho depreferencia catastral, que sólo permite excluir a otras pretensiones mineras en el área.Esta tendencia debe ser combatida, pues lo único que consigue es debilitar laseguridad jurídica en la que descansa la enorme inversión que demanda poner unyacimiento en operación.Pero además, esa interpretación desconoce los principios constitucionales quesustentan el derecho real del título minero, el cual proviene de una larga tradiciónjurídica e histórica, de la cual no podemos desatendernos por ocurrencias quepretenden dar soluciones fáciles a los falaces cuestionamientos que hacen sectoresantimineros.La concesión minera otorga derecho sobre el subsuelo? Nuestra respuesta es clara:no otorga derecho sobre el subsuelo, entendido éste en su concepción de predio, ni
siquiera de espacio. Porqué? Pues porque el subsuelo ya tiene un propietario, que esel dueño del terreno superficial, cuya propiedad se extiende indefinidamente en elsubsuelo, hasta donde le sea útil, según el ya citado artículo 954 del Código Civil. Sidicha propiedad en el subsuelo debe ser utilizada para la actividad minera, y ésta leresulta útil al propietario, entonces hay que obtener de dicho propietario la autorizaciónpara la ocupación del subsuelo, igual que debe pedirse la autorización para laocupación de la superficie.Si la concesión no otorga derecho al subsuelo, que derecho genera entonces? Puesel derecho exclusivo al aprovechamiento de las sustancias minerales, derecho que nopuede ser ejercido por el propietario del predio, porque éste nunca pudo haberconsiderado que su derecho de propiedad alcanzaba de alguna forma al yacimientomineral. Este concepto fue precisado desde la aprobación del D.L. 109 por suscomentaristas: “los recursos minerales no se otorgan a nadie, pues pertenecen al dominio eminente del Estado, de ahí que son inalienables e imprescriptibles, lo que se otorga son derechos para ejercer actividades mineras sobre recursos minerales”3Sin embargo, la Ley Orgánica ha introducido una excepción a lo antes expuesto.Efectivamente, la Ley Orgánica ha declarado de libre acceso la explotación por lascomunidades campesinas y nativas, y sólo para ellas, los usos no comerciales que seden a los minerales de autoconsumo, pero sujeto a que no existan derechos minerosen la zona. Este libre acceso termina legalmente en el momento en que el Estadootorga una concesión a un particular. Recursos de libre acceso Artículo 17.- Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas, siempre que no contravengan las normas sobre protección del ambiente. El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni reivindicado. Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio. El entorno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos rituales. Recursos en tierras de las comunidades campesinas y nativas, debidamente tituladas Artículo 18.- Las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente tituladas, salvo expresa reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros.Convenio 169 de la OITOtro de los argumentos que nos viene persiguiendo por algunos años, es aquel quepretende que el Convenio 169 de la OIT contendría una disposición que reconocería alos pobladores propietarios de la superficie, un derecho sobre los yacimientosminerales que se encuentren en su propiedad. Este convenio entró en vigencia en elPerú el 2 de febrero de 19954.
Esta afirmación, reiterada por tantos neo-indigenistas y ONGs, es absolutamente falsa.El artículo 15 del Convenio contempla dos supuestos diferentes; en su párrafo primeroregula los recursos naturales en los países en los que la propiedad y los recursos sonuno sólo, es decir, en los países de tradición anglosajona; mientras que en el segundopárrafo se regula la situación en para los países, como el Perú, en que no sólo se haseparado el terreno de los recursos naturales, sino que además el Estado se reclamapropietario de dichos recursos naturales. ARTICULO 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.No existe en el Convenio 169 un mandato a los países sobre un sistema único depropiedad sobre los recursos naturales (yacimientos minerales), pues tratándose de unConvenio aplicable internacionalmente, debía necesariamente contemplar ladiversidad de sistemas jurídicos al respecto.Un pronunciamiento interesante sobre el Convenio 169 ha emanado del TribunalConstitucional de Chile, que resulta especialmente relevante, pues comparte con elPerú toda la tradición jurídica de la legislación occidental, y en la república, hamantenido semejantes conceptos de propiedad de los minerales por el Estado.En efecto, esta sentencia del año 2000, precisa que la interpretación del artículo 15 ydel convenio en su conjunto, no cuestiona el régimen de concesiones mineras, sinoque lo que busca es la no discriminación de dichos pueblos: 72º. Que puede concluirse, que en esta parte el Convenio no compromete las bases constitucionales del régimen de concesiones mineras, ni afecta los derechos de los concesionarios. La participación a que se refiere el tratado, en esta parte, debe entenderse en el marco de lo que dispone el artículo 1º de la Constitución, que consagra el deber del Estado de “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”5La referida sentencia entra en más precisiones, para anotar que el Convenio OIT debeajustarse al régimen constitucional y legal de cada país signatario, comoexpresamente se reconoce al usar la expresión “siempre que sea posible”, es decir,siempre que no entre en conflicto con la legislación nacional, y que ello no impliqueuna situación de desigualdad o discriminación.
73º. Que en cuanto a que los pueblos a que se refiere el Convenio tengan acceso a los posibles beneficios derivados de la explotación de recursos minerales, y a percibir una indemnización por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades por terceros, el verbo rector de esta disposición es el que señala el Convenio, al usar las expresiones “siempre que sea posible”, lo que debe entenderse en el sentido de que su aplicación ha de ajustarse al régimen constitucional y legal de la propiedad minera. Siendo así, esta disposición, al ser en su esencia programática y al confirmar el derecho de los pueblos indígenas de acceder a la propiedad minera, se ajusta a la preceptiva constitucional, no existiendo reproche que hacerle en este sentido. También resulta útil destacar que la Constitución no impide que se impongan limitaciones a la concesión de la propiedad minera y, en la especie, ellas ya se encuentran incorporadas a la legislación, entre ellas, la que regula el medio ambiente. Deberá concluirse, en consecuencia, que el texto del artículo 15 del Convenio, por los motivos expresados, especialmente por su naturaleza programática, no infringe, por sí mismo, la preceptiva constitucional;Descartada la argumentación que sostiene que el convenio 169 de la OIT ampara lapropiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre los recursos minerales,corresponde ahora insistir que es interés de la Nación que los yacimientos puedangenerar riqueza al ser explotados, por lo que no cabe que el interés minoritario dequienes accidentalmente residen en el área de influencia directa o indirecta, puedanobstaculizar el desarrollo de un proyecto minero.La riqueza minera como derecho al desarrollo de la Nación.Un concepto nos debe quedar muy claro: el yacimiento mineral que no entra enproducción, no aporta ningún valor al país. En otras palabras, sólo la explotación delyacimiento genera beneficios significativos al país. Es verdad que la actividad deexploración, todavía sin llegar a la extracción, ya pone en movimiento las fuerzaseconómicas de toda inversión, más aún si ésta es por su naturaleza descentralizada,pero ello es minúsculo comparado con los beneficios que genera la actividad deexplotación del yacimiento.Por ello, un tema fundamental en la legislación comparada de los países en quereconocen a la Nación como propietaria de los recursos minerales, es el de establecerlas obligaciones que conduzcan al concesionario a poner en producción losyacimientos que puedan albergar dichas concesiones, bajo sanción de revertir lasconcesiones al Estado. Esto es lo que se conoce como “sistema de amparo minero”,que puede ser amparo por el trabajo, amparo por el pago de una patente, o unacombinación de ambos6.Retomamos el concepto que es interés de la Nación que los yacimientos mineros sepongan en producción, y en ese interés que es común, que constituye un derecho aldesarrollo de la Nación, los pobladores que residen en el área de influencia directa oindirecta representan un grupo de interés importante pero minoritario. Si estospobladores son afectados de alguna manera, lo que puede ir desde el muy concreto yradical reasentamiento hasta situaciones más subjetivas como el cambiar su estilo devida, deben ser compensados adecuadamente. Lo que no puede admitirse, ylamentablemente hemos dejado crecer en los años recientes, es que estos grupos deinterés obstaculicen o incluso impidan el desarrollo de los proyectos mineros,afectando con esta actitud al derecho que asiste al resto del país. A quienes seoponen irracionalmente a la actividad minera, llamamos aquí grupos antimineros.
No resulta razonable para el futuro del país y de sus generaciones futuras, que unaminoría que vive en un área determinada decida que las riquezas existentes en losyacimientos mineros que son Patrimonio de la Nación, no sean explotados ypermanezcan para siempre bajo tierra, sin generar beneficio alguno para nadie7.Sin los impuestos que gravan las utilidades mineras, y el movimiento económico detodos los proveedores directos e indirectos de esta industria, el Estado no podráenfrentar sus obligaciones de brindar salud, educación y seguridad a toda la población.Los antimineros son los primeros en reclamar mayor inversión del Estado eninfraestructura y servicios públicos, ¿pero de dónde van a provenir esos recursos siellos no permiten que el país aproveche las ventajas comparativas naturales queposee? ¿Pretenden acaso que la minería se desarrolle en otras regiones, paguenimpuestos, pero les transfieran los recursos para satisfacer sus requerimientos sinellos aportar en el mismo sentido a la Nación?La Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales contempla una muyadecuada definición sobre aprovechamiento de los minerales como parte de losrecursos no renovables, señalando que este aprovechamiento “consiste en laexplotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores obeneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos delentorno y del ambiente”. Es sobre la base de esta definición que el país, y no unospocos, debe decidir si en la estrategia de desarrollo nacional es conveniente laexplotación minera, o no lo es.Sobre esto, nuestra realidad histórica y económica nos indican que el PERÚ ES UNPAIS MINERO. No obstante las críticas que se pudieran formular a la forma como serealizaba la antigua minería, es gracias a la actividad minera antigua y la presente(esta última en condiciones ambientales y sociales sostenibles) que el Perú ha llegadoal desarrollo que hoy tenemos. No es imaginable el Perú actual prescindiendo de laminería, pero incluso, pensar en el futuro del país sin aprovechar sus ventajasnaturales en cuanto a su riqueza mineral, sería injusto con las generaciones futuras.La Ley General de Minería señala que “la industria minera es de utilidad pública y lapromoción de inversiones en su actividad es de interés nacional”. Cuando el PoderEjecutivo remitió al congreso una relación de proyectos mineros que se declarabanprioritarios para el desarrollo nacional, el Congreso cedió ante el ataque antiminero enque se escudan algunos políticos, y archivó el proyecto de ley. Creemos que aceptareste rechazo fue un error. Utilizar el argumento del “perro del hortelano” sin explicar ala población lo que estaba en juego, equivale a pasar la página y hacer una evaluaciónde daños, postergando una acción que tarde o temprano deberá realizarse. ElEjecutivo y la industria debieron realizar una campaña para hacer entender a lapoblación la necesidad y ventajas de la industria minera, crear consensos, y asípermitir un nuevo debate en el Congreso.Los proyectos que encuentran dificultades para desarrollarse, además de posiblesfallas comunicacionales de las empresas mineras, es fundamentalmente, por la acciónde grupos de interés antiminero, cuya principal preocupación no es cómo ayudar asalir de la pobreza a las poblaciones cercanas, sino una oposición cerrada a laactividad minera.Ya bastante limitación existe a las actividades extractivas con las Áreas NaturalesProtegidas que pertenece al sector del Ministerio del Ambiente. ¿Cuánto de nuestroterritorio nacional ya ha sido excluido de la actividad minera? Si consideramos lainformación al año 2006 de las 60 Áreas Naturales Protegidas, existen 19´027,526hectáreas8 del país, esto es el 14.8% del territorio que ya se encuentra excluido de la
actividad minera. Si a esa cantidad agregamos las Zonas de Amortiguamiento de lasANP en las que el INRENA tiene la capacidad de vetar la actividad minera, queconsidera 13´928,625 hectáreas adicionales que representan otro 10.84%9, tenemosfinalmente que el 25.64% del territorio, una cuarta parte del Perú ya ha sido excluidade la actividad minera, sin considerar zonas urbanas, arqueológicas, irrigaciones, yotras áreas más que también representan limitaciones para la industria.A las poblaciones cercanas a los proyectos mineros les corresponde percibir losbeneficios establecidos en la legislación: Canon Minero, Regalías, y Aporte Voluntario.En determinadas circunstancias, hemos visto como poblaciones enteras se enfrentanpara asegurarse estos beneficios, cuando perciben que son suyos. Todos recordamoslos serios incidentes del año 2008 entre la población de la Región Moqueguaenfrentada con el gobierno central, ante la posibilidad de retirarles parte de estosbeneficios en provecho del Gobierno Regional de Tacna al distribuir el Canon Minero.También hemos visto como los gobiernos regionales de Arequipa y Ancash, en distintomomento, han negociado con las empresas mineras que aplicaban programas dereinversión de utilidades que disminuían de manera inmediata el Canon Minero deestas regiones. Aquí también ha estado presente el criterio de la importancia de laproducción minera como fuente de recursos fiscales para la región.Sin perjuicio de los ejemplos antes expuestos y que una importante parte delpresupuesto ha sido trasladado a los gobiernos regionales y locales, una parte de lapoblación sigue dirigiendo sus demandas económicas al gobierno central, sin percibirque esos recursos han sido generados gracias a la explotación de los recursosmineros en su propia región. No se identifica la generación de riqueza, con lasindustrias mineras que alberga la región, y así la población se comportairracionalmente al oponerse a la creación de nuevas fuentes de riqueza, no sólo parasu región sino para todo el país.Estos comentarios no pueden terminar sin hacer una clara definición: (i) la industriaminera debe dar estricto cumplimiento a las normas ambientales, (ii) los posiblesdaños o incomodidades que puedan derivarse de una operación minera próximadeben ser compensados adecuadamente por el titular minero, atendiendo a lamagnitud de dicha afectación, y (iii) brindando oportunidades para que la economíalocal pueda ser proveedora de la industria, no sólo con mano de obra, sino tambiéncon bienes y servicios.En la medida que la industria minera cumpla con los tres aspectos mencionados en elpárrafo anterior, el Estado debe respaldarla y hacer prevalecer el interés general,sobre aquellos grupos de interés antiminero. El Estado también debe apoyar a laindustria allí donde se constate la existencia de grupos que sólo ven en la llegada deuna empresa la oportunidad de conseguir inimaginables ventajas, postergando así elinterés de la mayoría del país.Necesitamos que se ejerza un liderazgo, tanto del sector público como del privado,que explique con claridad los fundamentos jurídicos y constitucionales que respaldanla industria minera, y el interés de todos los peruanos en que esa minería responsablese desarrolle, desautorizando aquellos planteamientos que se esconden detrás de lasposiciones antimineras y los reclamos insensatos que en ocasiones se presentan.Sólo una posición clara del Estado y la Industria, responsable en sus respectivasobligaciones, pero al mismo tiempo sin ceder ante el chantaje que se ejerce con el usode la fuerza, permitirá que el Perú ponga en producción nuevos yacimientos, parabeneficio de todos los peruanos.
Esperemos que no pase demasiado tiempo para que la mayoría de los peruanos nossintamos orgullosos de nuestra industria minera, ejemplo de desarrollo sostenible, eimportante impulsor del desarrollo.(*) Humberto Martínez Aponte Socio de ROSSELLÓ Abogados Catedrático de Derecho Minero desde 1985.1 Disposición de Alfonso VII, citado por Alejandro Vergara Blanco, PRINCIPIOS YSISTEMAS DEL DERECHO MINERO, Chile 1992, página 131.2 Reglamento Provisional - 12 Febrero 182118.- Todas las leyes, ordenanzas y reglamentos que no estén en oposición con losprincipios de libertad é independencia proclamados, con los decretos expedidos desdeel 8 de Setiembre anterior, y con lo establecido en el presente, quedan en su fuerza yvigor, mientras no sean derogados, ó abrogados por autoridad competente.Estatuto Provisional: 8 Octubre 1821Sección ÚltimaArt. 1.- Quedan en su fuerza y vigor todas las leyes que regían en el gobierno antiguo,siempre que no estén en oposición con la independencia del país, con las formasadoptadas por este estatuto, y con los decretos ó declaraciones que se expidan por elactual gobierno.3 EL ESTADO EN LA INDUSTRIA MINERA, conferencia de la Dra. Catalina TomatisChiappe, Revista de Derecho Minero, 1981, página 8.4 Firmado en Ginebra el 27 de junio de 1989. Depositario: Director General de la OIT.Aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253 del 05 de diciembre de1993. Instrumento de Ratificación del 17 de enero de 1994. Depositado el 2 de febrerode 1994. Fecha de entrada en vigencia para el Perú 2 de febrero de 1995.5 Rol Nº 309, sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, 4 de agosto de 2000, enla acción seguida por diversos diputados para que el Tribunal resuelva sobre laconstitucionalidad del Convenio 169 de la OIT.6 SISTEMA DE AMPARO MINERO: DERECHO DE VIGENCIA, PRODUCCIÓN,INVERSIÓN Y PENALIDAD. Humberto Martínez Aponte, en Revista de DerechoMinero y Petrolero Nº 61, 2006, página 120.7 PETITORIOS, PERMISOS Y PROHIBICIONES: NUEVO AVANCE ANTIMINERO.Humberto Martínez Aponte, en Revista Minería Nº 383, agosto 2009, página 30. Estey algunos párrafos siguientes fueron incluidos en la publicación mencionada8 Fuente: SINAMPES, 2006,http://www.inrena.gob.pe/ianp/web_sinanpe2006/sinanpe.htm9 INGEMMET, Informe Mensual Marzo 2009.
Biodiversidad y serv ecosistema

References: Artículo 5
 artículo 28
 Artículo 37
 Artículo 1
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 66
 Artículo 822
 Artículo 854
 Artículo 885
 Artículo 954
 Artículo 4
 Artículo 19
 artículo 66
 artículo 9
 Artículo 23
 artículo 954
 Artículo 17
 Artículo 18
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 15
 Resolución