Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A138-00.htm
Timestamp: 2017-11-18 13:59:22+00:00

Document:
A138-00
Auto 138/00
Referencia: expediente ICC-152
Conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez (Cundinamarca) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera -Subsección B- en la acción de tutela promovida por Aura Alicia Pardo de Mayorca contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Bogotá, D.C., noviembre veintiuno ( 21) del año dos mil (2000).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez (Cundinamarca) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera -Subsección B, en la acción de tutela promovida por Aura Alicia Pardo de Mayorca contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
1. La ciudadana Aura Alicia Pardo de Mayorca, interpuso ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez (Cundinamarca) acción de tutela contra la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la que solicita la protección a sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y al salario móvil y digno, los cuales considera vulnerados con la omisión del Gobierno Nacional de dar cumplimiento al artículo 53 de la Constitución Política, norma que consagra el principio del salario vital y móvil y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, quebrantándose así los derechos fundamentales aludidos.
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez (Cundinamarca), mediante providencia del 30 de agosto del año 2000, declaró su incompetencia para conocer de la acción de tutela en referencia, por considerar que ésta va dirigida contra la aplicación de un acto administrativo de carácter general (decreto 182 de 2000), por medio del cual, el Gobierno Nacional congeló los salarios de los servidores oficiales para el año 2000, por tanto, en ese orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, inciso 4º del Decreto 1382 de 12 de julio del año en curso, el trámite de esta acción corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera -Subsección B, mediante providencia del 8 de septiembre de 2000, a su turno, consideró que de una parte, la demanda presentada por la Señora Pardo Mayorca, no se refiere en particularmente a ningún acto administrativo de naturaleza general, sino, como bien lo señala la actora, se trata es de la “omisión” en la que incurrió el gobierno nacional para dar aplicación a una norma constitucional (artículo 53 de la C.P.) y, por otra parte sostiene además, que el gobierno nacional no podía modificar las normas contenidas en el Decreto 2591 de 1991 como se pretendió al consagrar la acción de tutela contra actos de carácter general, pues señala, que solamente mediante una ley o un decreto de naturaleza legal es posible modificar las reglas consagradas en el mencionado decreto ley. En tal virtud, concluye que el artículo 1º inciso 4º del Decreto Reglamentario 1382 del 12 de julio de 2000, que establece “Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” es inexequible por ser contrario a la Carta Política, por lo tanto dispone inaplicarlo en el presente caso, ordenando su remisión a la Corte Constitucional para que sea esta la que resuelva el conflicto negativo de competencias planteado por tratarse de órganos judiciales de diferente jurisdicción.
De la decisión mayoritaria de la Sala, se apartó el Magistrado, Dr. Leonardo Augusto Torres Calderón, el cual manifestó que comparte las razones expuestas para no dar aplicación al artículo 1º inciso 4º del Decreto Reglamentario 1382 de 12 de julio de 2000; pero salva su voto en lo relacionado a la competencia que para conocer del conflicto se atribuye a la Corte Constitucional, pues señala que a esta Corporación le corresponde ejercer las funciones establecidas en el artículo 241 de la C.P., pero respecto de los conflictos de competencia que se susciten entre la jurisdicción ordinaria y la contenciosa administrativa de conformidad con los artículos 6º y 256 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, corresponden conocer de tales asuntos es al Consejo Superior de la Judicatura.
2. Establecido lo anterior -en torno a la competencia que para conocer del asunto corresponde a esta Corporación- y teniendo en cuenta además, que los operadores jurídicos fundamentan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 “por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación realizará un análisis de dicha norma para proceder a dirimir el conflicto planteado.
De otra parte y en lo que refiere específicamente al artículo 1º, inciso 4º del Decreto Reglamentario 1382 del 2000, por el cual se establece que las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un “acto administrativo general” dictado por una autoridad nacional serán de conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, ha de señalarse que el precitado decreto tiene como finalidad reglamentar el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991, pero éste a su vez -en el numeral 5º del artículo 6ºibidém señala como causal de improcedencia de la tutela cuando la misma verse sobre actos de carácter general, impersonal y abstracto, lo que a todas luces resulta entonces contradictorio respecto a la disposición jurídica que pretende reglamentar.
12. Resulta entonces de lo dicho, que asiste plenamente la razón a la Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su apreciación sobre la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 y en su decisión de inaplicarlo por ser contrario a la Carta Política y, como consecuencia lógico-jurídica de ello, si el actor que incoa la acción de tutela a que se refiere esta providencia optó por iniciarla ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez (Cundinamarca), será a ese despacho judicial al que corresponde la tramitación de las mismas, en razón de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Segundo. Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez (Cundinamarca) y la Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de tutela promovida por Aura Alicia Pardo de Mayorca contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el sentido de que su conocimiento corresponde al primero de los despachos judiciales mencionados, y no al citado Tribunal Administrativo.

References: artículo 53
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 6
 artículo 37