Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/24752
Timestamp: 2020-01-17 18:27:21+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 263/2015
SENTENCIA 263/2015, de 14 de diciembre
ECLI:ES:TC:2015:263
En el recurso de amparo núm. 4093-2013, promovido por doña María Isabel Gordoa Altolaguirre, representada por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez, bajo la dirección de la Letrada doña María del Carmen Muñoz López, contra la Sentencia núm. 196/2013 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 5 de abril de 2013, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo núm. 651-2011 interpuesto contra el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa de fecha 27 de enero de 2011, desestimatorio, a su vez, de la reclamación económico-administrativa núm. 242-2010 promovida contra el Acuerdo del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 10 de febrero de 2010, que rechazaba la solicitud de rectificación de la autoliquidación formulada por el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio 2008. Han intervenido la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Martín Echagüe, en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 1 de julio de 2013, don Ramiro Reynolds Martínez, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña María Isabel Gordoa Altolaguirre, interpuso un recurso de amparo contra la resolución judicial que se indica en el encabezamiento de esta Sentencia. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
c) Contra el anterior acuerdo se presentó una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa (núm. 242-2010) quien por resolución de fecha 27 de enero de 2011 la desestimó.
d) Contra la anterior resolución se interpuso un recurso contencioso-administrativo (núm. 651-2011) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien por Sentencia núm. 196/2013, de 5 de abril, de su Sección Primera acordó desestimar el recurso, al considerar que carecía de la competencia necesaria para pronunciarse sobre el objeto del recurso, en la medida que la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2010), había atribuido al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las normas forales fiscales. A juicio del órgano judicial, aunque es competente para conocer de los recursos contra los actos administrativos y de revisión económico-administrativa, sin embargo, no puede enjuiciar la validez de las normas forales fiscales de forma indirecta ni adoptar pronunciamientos anulatorios de los actos de aplicación con fundamento en la invalidez de tales normas. Y puesto que la parte recurrente invoca la vulneración, por la norma foral reguladora del impuesto sobre el patrimonio, del derecho a la igualdad de los arts. 14 y 31.1, ambos de la CE, fruto de la diferencia territorial de trato que genera, dicho planteamiento es ajeno a la jurisdicción contencioso-administrativa que carece, por cualquier medio o procedimiento, de la potestad de conocer de pretensiones en contra de normas forales fiscales. Y, por los mismos motivos, rechaza el órgano judicial el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma foral controvertida.
e) Promovido un incidente de nulidad de actuaciones contra la anterior Sentencia al considerar la parte recurrente que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva ante la negativa del órgano judicial al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2013 se inadmitió a trámite al considerar que la pretensión de planteamiento de la citada cuestión carecía de todo fundamento legítimo, pues aspiraba a imponer el ejercicio de una facultad atribuida a los Jueces y Tribunales por el art. 5.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
3. Por providencia con fecha de 722 de septiembre de 2014, la Sala Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo. Asimismo, y en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica de este Tribunal, acordó dirigir comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a fin de que, en el plazo de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 651-2011, interesándose al mismo tiempo que se emplazara a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer ante este Tribunal si así lo desearan.
4. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 20 de octubre de 2014 la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Martín Echagüe, actuando en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, solicitó que se la tuviese por comparecida en el presente proceso constitucional en la representación citada.
5. Mediante diligencia de ordenación con fecha de 24 de octubre de 2014 la Sala Primera de este Tribunal acordó tener por personada y parte en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa a la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Martín Echagüe, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 20 días, para que, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal, presentasen las alegaciones que a su derecho convinieren.
6. El día 24 de noviembre de 2014 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal solicitando la estimación del recurso al considerar que se ha lesionado el derecho de la actora tanto a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), procediéndose, en orden al restablecimiento de los derechos fundamentales lesionados, a retrotraerse las actuaciones al momento anterior a dictar Sentencia, con el fin de que se dicte una resolución fundada en Derecho respecto de la procedencia de plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Norma Foral 14/1991, reguladora del impuesto sobre el patrimonio en Guipúzcoa.
Tras precisar los hechos que han dado lugar a la presente demanda de amparo concreta la Fiscal el núcleo del recurso contencioso-administrativo, que lo constituía la eventual ilegalidad sobrevenida de la Norma Foral 14/1991, reguladora del impuesto sobre el patrimonio en Guipúzcoa, que sustentaba la exacción del impuesto en el ejercicio 2008, como consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, cuyo art. 3 suprimía el impuesto sobre el patrimonio, con efectos del 1 de enero de 2008, mediante una bonificación en cuota del 100 por 100. Señala la Fiscal que para la recurrente la norma foral no solo violaba el principio de igualdad en relación con el deber de contribuir (arts. 14 y 31.1 CE), al discriminar en función del territorio de residencia, sino que contradecía la Ley 12/2002, del concierto económico, y la Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de armonización, coordinación y colaboración fiscal. Se trataba, pues, de un recurso indirecto contra la Norma Foral 14/1991, como señalaba la propia Diputación Foral de Guipúzcoa en la contestación a la demanda, lo que suponía la falta de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la pretensión deducida [ex art. 3 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) y disposición adicional quinta LOTC] y la necesidad de plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Para la Fiscal los anteriores razonamientos del órgano judicial no pueden considerarse como una motivación razonable y suficiente por los siguientes motivos. En primer lugar, porque si bien es cierto que la pretensión esgrimida en el recurso contencioso-administrativo era la de anular los actos administrativos que rechazaron la solicitud de rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el patrimonio, con fundamento en la ilegalidad sobrevenida de la Norma Foral 14/1991, lo que excluía el conocimiento de la eventual inconstitucionalidad de esta norma por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa al corresponder su conocimiento en exclusiva al Tribunal Constitucional, sin embargo, la Sentencia impugnada no hace ningún tipo de valoración o razonamiento que permita conocer por qué no es procedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al margen de que la solicitud hecha por la parte pudiera haber sido incorrecta jurídicamente. En segundo lugar, aunque el órgano judicial subraya que el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales y no a las partes, resulta incoherente luego cuando se limita a rechazar su planteamiento sin incorporar ningún razonamiento sobre la validez de la norma foral que, finalmente, termina aplicando implícitamente al resolver el recurso de forma desestimatoria.
Por otra parte, considera la Fiscal que la providencia de 15 de mayo de 2013 que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones, con fundamento en que el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad son una facultad exclusiva de los Tribunales, no es una respuesta fundada en Derecho, careciendo de una verdadera motivación y, por tanto, es igualmente lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva tanto desde la perspectiva del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho como desde la del derecho al recurso.
7. La Procuradora de los Tribunales, doña Rocío Martín Echagüe, en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, presentó su escrito de alegaciones el día 24 de noviembre de 2014 suplicando se dictase Sentencia por la que se declarase no haber lugar al amparo solicitado. A su juicio, las partes en un proceso judicial no tienen derecho a plantear cuestiones de inconstitucionalidad al ser una potestad exclusiva de los órganos judiciales en aquellos casos en los que puedan albergar una duda sobre la constitucionalidad de la norma aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo (SSTC 148/1986, 23/1988 y 159/1997). Por esta razón, la decisión de un órgano judicial de no elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad no viola el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 159/1997, FJ 5).
8. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 25 de noviembre de 2014, doña María Isabel Gordoa Altolaguirre, representada por el Procurador don Ramiro Reynolds Martínez y defendida por la Letrada doña María del Carmen Muñoz López, evacuó el trámite de alegaciones conferido suplicando se dictase Sentencia estimatoria del amparo pretendido, insistiendo para ello en los mismos argumentos que en su escrito de demanda.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia núm. 196/2013 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 5 de abril de 2013, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo núm. 651/2011 interpuesto contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa de fecha 27 de enero de 2011, desestimatorio, a su vez, de la reclamación económico-administrativa núm. 242/2010 promovida contra el acuerdo del Servicio de gestión de impuestos directos de fecha 10 de febrero de 2010, que rechazaba la solicitud de rectificación de la autoliquidación formulada por el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio 2008.
Como ha quedado expuesto con mayor detalle en los antecedentes, la recurrente en amparo solicitaba la rectificación de su autoliquidación del impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio 2008 por considerar que la Norma Foral 14/1991, de 27 de diciembre, del impuesto sobre el patrimonio, que le daba cobertura, era inconstitucional, no solo por establecer una discriminación por razón de la residencia contraria a los arts. 14 y 31.1, ambos de la Constitución, sino por contradecir tanto el art. 2 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, como el art. 41.2 c) de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco. Rechazada dicha solicitud en vía administrativa, en el recurso contencioso-administrativo articulado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se cuestionaba nuevamente la constitucionalidad de la citada Norma Foral 14/1991 que daba cobertura a la autoliquidación presentada. Sin embargo, la Sala desestimó el recurso al considerar que, puesto que el conocimiento de la constitucionalidad de las normas forales fiscales le corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, carecía de competencia tanto para enjuiciar la validez de las normas forales fiscales como para adoptar pronunciamientos anulatorios de los actos de aplicación con fundamento en la invalidez de tales normas, razón por la cual, rechazó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre su validez.
2. La Sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015 (asunto Arribas Antón c. España) exige que en los asuntos admitidos a trámite por este Tribunal Constitucional se explicite la razón de su especial trascendencia constitucional (§ 46). Pues bien, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y de acuerdo con los criterios explicitados en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, debe señalarse que la cuestión planteada en el presente proceso de amparo permite precisar a este Tribunal, tras el cambio normativo producido con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, su doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con la facultad de los órganos judiciales de controlar la validez constitucional de las normas forales fiscales en orden a su eventual inaplicación previo planteamiento de una cuestión prejudicial de validez ante este Tribunal Constitucional.
Una vez hecha la precisión que antecede es importante señalar que la única cuestión que se somete a nuestra consideración, desde la óptica del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE es, si la negativa del órgano judicial a controlar la constitucionalidad de la Norma Foral 14/1991 es o no lesiva del citado derecho fundamental, cuestión esta que ha sido recientemente resuelta en la STC 222/2015, de 2 de noviembre, en los términos que señalaremos a continuación. Eso sí, debe precisarse, antes que nada, que en el presente proceso constitucional no se ventila la eventual constitucionalidad de la Norma Foral 14/1991 sino, única y exclusivamente, si la negativa del órgano judicial a plantear una cuestión prejudicial ante este Tribunal Constitucional sobre la misma es contraria a aquel derecho fundamental, pues “el recurso de amparo no es un cauce idóneo para efectuar juicios abstractos de constitucionalidad de la Ley, sino un medio reparador de lesiones concretas y efectivas de derechos fundamentales (SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 5; 119/1991, de 3 de junio, FJ 4; 31/1994, de 31 de enero, FJ 4; 120/1998, de 15 de junio, FJ 1), salvo cuando ello resulte imprescindible para corregir la lesión del derecho fundamental que sea achacable directamente a la aplicación del precepto legal que se reputa contrario a la Constitución (entre otras, SSTC 223/2001, de 5 de noviembre, FJ 7; 222/2004, de 29 de noviembre, FJ 3)” (STC 47/2007, de 12 de marzo, FJ 4). Y puesto que el objeto del presente proceso constitucional consiste en determinar, como se ha dicho, si la negativa de la Sala juzgadora a aplicar la norma o a no plantear una cuestión prejudicial ante este Tribunal Constitucional es o no lesiva del art. 24.1 CE, hay que excluir ya en este momento el análisis de la eventual contradicción entre la norma foral fiscal que da cobertura a los actos administrativos impugnados y la Constitución, el Estatuto de Autonomía del País Vasco o la Ley del concierto.
A este respecto debe señalarse que, aun cuando las normas forales fiscales son disposiciones normativas que carecen de rango de ley, desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, su eventual declaración de inconstitucionalidad le corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. En efecto, quedan excluidos del conocimiento de los Tribunales del orden contencioso-administrativo “los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional” [arts. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 3 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo sucesivo, LJCA)]. Y ello porque, desde la entrada en vigor de esa Ley Orgánica 1/2010, corresponde al Tribunal Constitucional no solo “el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”, sino también resolver “las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal” [apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC)].
Hemos señalado en la STC 222/2015, de 2 de noviembre, FJ 2 (y, posteriormente, también en las SSTC 239/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, y 240/2015, de 30 de noviembre, FJ 2), que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, aunque los órganos jurisdiccionales pueden fiscalizar la validez de las normas forales fiscales, no les es dado, caso de considerarlas contrarias a las normas que integran el bloque de la constitucionalidad, expulsarlas del ordenamiento jurídico, al haber querido sustraer el legislador orgánico al juez ordinario la posibilidad de no aplicar una norma foral fiscal ante un eventual juicio de incompatibilidad con aquel bloque. La depuración de este tipo de normas corresponde de forma exclusiva, a partir de aquella disposición orgánica, al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdicción para declarar, con eficacia erga omnes, su eventual inconstitucionalidad. De esta manera, forma parte de las garantías consustanciales a todo proceso judicial en nuestro Ordenamiento, entonces, el que la norma foral fiscal que, según el juzgador, resulta aplicable en aquel proceso no pueda dejar de serlo, por causa de su posible invalidez, sino a través de la promoción de la cuestión prejudicial de validez prevista en la disposición adicional quinta LOTC.
No obstante lo anterior, es indudable que forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constitución (art. 117.3), la de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto, su interpretación y la subsunción en ella de los hechos (SSTC 76/1995, de 22 de mayo, FJ 5, y 173/2002, de 9 de octubre, FJ 10). Eso sí, una vez seleccionada la norma aplicable al caso concreto, si existiesen dudas sobre su eventual contradicción con las normas que integran el bloque de la constitucionalidad definido en el art. 28 LOTC, al Juez le asisten dos opciones: bien despejar esas dudas mediante la realización, de forma fundada, de un juicio de validez de la norma aplicable; bien, en caso contrario, plantear una cuestión prejudicial sobre su eventual invalidez al Tribunal Constitucional. De este modo, si un órgano judicial estima que una norma foral fiscal adolece de posibles vicios de inconstitucionalidad, viene obligado a suscitar la correspondiente cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional, y, si no lo estima así, supuesto en el que obviamente no está compelido a plantear la cuestión, debe limitarse a aplicarla, eso sí, razonando los motivos por los cuales considera, en contra de la opinión del recurrente, que la disposición cuestionada no adolece de los vicios que se le imputan, resultando plenamente conforme con el ordenamiento constitucional (SSTC 222/2015, de 2 de noviembre, FJ 2; 239/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, y 240/2015, de 30 de noviembre, FJ 2).
A semejanza de lo que acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad, la decisión sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales prevista en la disposición adicional quinta LOTC corresponde, de forma exclusiva e irrevisable, al órgano judicial que resuelve el litigio, por lo que ninguna vulneración existe de los derechos garantizados por el art. 24.1 CE cuando el Juez o Tribunal no alberga dudas sobre la constitucionalidad de la norma foral fiscal aplicable al caso concreto y decide por ello, en contra de la opinión del justiciable, no plantear la cuestión al Tribunal Constitucional que se le solicita (SSTC 58/2004, de 19 de abril, FJ 10; 84/2008, de 21 de julio, FJ 5; 26/2009, de 26 de enero, FJ 2; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3; 222/2015, de 2 de noviembre, FJ 2; 239/2015, de 30 de noviembre, FJ 2, y 240/2015, de 30 de noviembre, FJ 2). Ahora bien, “el que esta potestad de los Jueces y Tribunales esté configurada de manera exclusiva no significa, en modo alguno, que no deba ser exteriorizado, de manera suficiente y adecuada, el razonamiento que, desde la perspectiva tanto fáctica como jurídica, ha llevado al órgano judicial a la decisión de plantear o no dicha cuestión de inconstitucionalidad, pues no cabe olvidar que la exigencia de motivación de las Sentencias tiene rango constitucional (art. 120 CE)” (STC 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3).
3. La Sentencia núm. 196/2013 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 5 de abril de 2013, objeto del presente proceso constitucional, rechaza tanto entrar a conocer los vicios de inconstitucionalidad que la parte recurrente imputaba a la Norma Foral 14/1991, de 27 de diciembre, del impuesto sobre el patrimonio, como plantear una cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional respecto de la misma, con fundamento en su falta de competencia para conocer sobre la validez de las normas forales fiscales ex art. 3 d) LJCA (tras la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2010).
Es obligado recordar que aun cuando los derechos y garantías previstos en el art. 24 CE ni garantizan la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto, ni tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso, lo que en todo caso sí aseguran es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8). El artículo 24 de la Constitución impone a los órganos judiciales la obligación de dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo considerarse cumplida esta exigencia con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad. No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria. Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ 2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; 160/1997, de 2 de octubre, FJ 7, y 173/2002, de 9 de octubre, FJ 6).
La parte actora ha impugnado en el presente proceso constitucional exclusivamente la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 5 de abril de 2013, que es a la que le imputa la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. No obstante, fruto de la exigencia del art. 44.1 a) LOTC relativa a la necesidad de que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, promovió contra esa resolución judicial un incidente de nulidad de actuaciones que fue rechazado, a limine, por providencia de la misma Sala y Sección de fecha 15 de mayo de 2013.
La constatación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y, por tanto, la estimación del recurso de amparo interpuesto debe conducir necesariamente, en orden a la restitución de la recurrente en el pleno ejercicio de su derecho, a la anulación tanto de la Sentencia núm. 196/2013 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 5 de abril de 2013, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 651-2011, así como de la providencia del mismo órgano judicial de fecha 15 de mayo de 2013, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la anterior, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la referida Sentencia, para que por el órgano judicial se pronuncie una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Estimar la demanda de amparo promovida por doña María Isabel Gordoa Altolaguirre y, en consecuencia:
2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia núm. 196/2013 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 5 de abril de 2013, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 651-2011, así como de la providencia del mismo órgano judicial de fecha 15 de mayo de 2013, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la anterior.
Type and record number Recurso de amparo 4093-2013
Date of the decision 14/12/2015
Promovido por doña María Isabel Gordoa Altolaguirre en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.
La recurrente en amparo interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que solicitaba la rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el patrimonio por considerar que la norma foral fiscal que lo regula es inconstitucional. El órgano judicial desestimó el recurso y rechazó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sin pronunciarse sobre la validez de la norma impugnada, alegando su incompetencia para conocer recursos contra normas forales fiscales, cuyo enjuiciamiento corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. Reiterando la doctrina contenida en la STC 222/2015, de 2 de noviembre, se otorga el amparo. Se estima que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el órgano judicial debe controlar la validez constitucional de la norma fiscal, bien sea para aplicarla o para elevar la oportuna cuestión de constitucionalidad.
Asunto sustancialmente idéntico al resuelto por la STC 222/2015 [FFJJ 2 a 4].
Artículo 3 d) (redactado por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero), ff. 2, 3
Denegación de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidadDenegación de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
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Artículo 3