Source: http://www.codigor.com.ar/brsa.htm
Timestamp: 2020-08-12 00:57:53+00:00

Document:
Ley Nº 2594 de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental
Ley Nº 2594 de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA)
En esta sección compartimos comentarios y eventos sobre los avances y acontecer particular en torno a la iniciativa.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, LEY Nº 2594 Obligatoria para grandes empresas.
La Administración Macri ha generado una nueva obligación para las empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en la CABA. Por Ley Nº 2594 tendrán que presentar una “Balance de Responsabilidad Social y Ambiental” contratando profesionales idóneos para su confección. El requisito será obligatorio para empresas con más de 300 personas y facturación superior a los niveles fijados por la Disp. Nº 147/06 de la SEPYME. Se contemplan incentivos para aquellas empresas que no estando obligadas a implementar el BRSA decidan hacerlo. Falta que el Ejecutivo reglamente esta ley. 28/01/2008.
Fuente: Contadores.com.ar
* Su estado actual es vigente, sin reglamentación
Texto completo (aprobados): Artículos y Fundamentos
Conceptos para Abogados, Lorena L. Fabris
III Foro de RSE - Descripción e interpretación de la Ley 2594 BRSA Aspectos positivos; Críticas y posibles reformas; Beneficios para empresas - Programa y conceptos centrales de sus oradores.
Organizado por Rotary Club Anfitrión: Río de la Plata, se realizó en el Club Europeo, junto al Comité Distrital de Responsabilidad Social Empresaria (Distrito 4890 de Rotary International - 20/6/08
Se ha creado el Consejo Consultivo para reglamentar la Ley 2594 de Balance de R SocioAmbiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noviembre 2008
La Responsabilidad Social Empresaria y la Ley 2594 de la Ciudad de Buenos Aires,
por Lorena L. Fabris*
Artículo publicado en Erreius.com y cedido por la autora como colaboradora de Código R
Con fecha 28 de enero de 2008 fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la ley Nº 2594 que fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (en adelante BRSA) en el ámbito de la ciudad.-
La ley, conforme lo establece en su artículo primero, tiene por objeto “la promoción de comportamientos social y ambientalmente responsables y sustentables por parte de las organizaciones (…) –en- el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA)”.-
Antes de adentrarme en el análisis del articulado, considero conveniente referirme a qué se entiende por Responsabilidad Social Empresaria (en adelante RSE).
En primer término, no existe una única definición de RSE como tampoco existe un único tipo de responsabilidad social. Ya no resulta viable hablar de RSE sólo como responsabilidad empresaria. Resulta necesario reconocer que los diferentes actores sociales posen sus correlativas responsabilidades, entre las que se pueden incluir Responsabilidad del Estado (en todas sus esferas), de los empresarios, de las instituciones sociales, de las universidades, de los sindicatos, de los consumidores, entre otras.
Sin perjuicio de ello, y en atención a que la ley dictada refiere a organizaciones con especial énfasis en empresas, circunscribiré el análisis a estas últimas.
En lo que respecta a RSE se han elaborado tantas definiciones como autores han tratado la cuestión, pero hay coincidencia conceptual en que la RSE abarca la relación de la empresa ante la comunidad y sus stakeholders o grupos de interés, como así también una forma responsable de hacer negocios.
Para evitar nuevos conceptos, creo válido utilizar la definición dada por el Pacto Global (Global Compact) de Naciones Unidas:
“RSE: Hace referencia a una nueva manera de hacer negocios en la cual las empresas tratan de encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, financieros y de desarrollo; y el impacto social y ambiental de sus actividades”.
Como se aprecia, la RSE posee tres pilares (o triple bottom line), que son el medio ambiente, la comunidad y los recursos humanos.
En este orden de ideas, RSE implica integrar la empresa con la comunidad en que se inserta manteniendo un equilibrio entre los beneficios que obtiene y los impactos social, ambiental y económico de ese beneficio. Por tal motivo, desarrollar políticas y acciones de RSE no implica sólo cumplir con la ley, sino que para ser considerada como empresa socialmente responsable se debe tener estándares superiores a las normas, actuar de manera responsable tanto hacia fuera como hacia dentro de la empresa en todos los niveles de la organización .
Asimismo, resulta necesario llevar a cabo acciones de RSE para avanzar en pos de obtener un desarrollo sustentable y una competitividad responsable. Esto significa obtener recompensas por llevar a cabo prácticas empresarias que fomenten el crecimiento social, económico y ambiental .
En este sentido, no existe en nuestro país una conciencia generalizada de los beneficios que reportan la RSE o las prácticas socialmente responsables . Sin perjuicio de ello, son muchas las organizaciones (no sólo empresas) que se encuentran trabajando en el tema.
A nivel mundial existen diversas normas que establecen pautas, estándares o criterios de evaluación para la RSE.
Las de mayor relevancia internacional, que reconocen las diferencias y particularidades de cada país o región y que fueron concebidas como guías son: Pacto Global (Global Compact de Naciones Unidas), ISO 26000 y GRI (Global Reporting Initiative).
Sucintamente, el Pacto Global (Global Compact) es una iniciativa lanzada por el Ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan en el año 1999 para contribuir a la mejora de los valores y principios que humanicen el mercado, para trabajar en un crecimiento de la RSE, para lograr una economía inclusiva y sostenible mediante el respeto de normas laborales, derechos humanos y medio ambiente.
La GRI (Global Reporting Initiative) es una iniciativa conjunta que fue creada en el año 1997 con el objetivo de mejorar las prácticas de reportes de sustentabilidad con parámetros de comparación a los balances financieros o económicos. Esta iniciativa coordina el esfuerzo internacional para facilitar la comprensión y comparación de reportes económicos, sociales y de medio ambiente y para transparentar y aumentar la credibilidad de dichos informes en todo el mundo. Las directrices de GRI son la comparabilidad, credibilidad, rigor, periodicidad y legitimidad de la información de los reportes de sustentabilidad.-
El Intituto Ethos de empresas con responsabilidad social de Brasil es una ONG creada en ese país por empresarios del sector privado con el fin de ayudar a las empresas a llevar a cabo negocios de forma socialmente responsable. Esta ONG provee de herramientas de gestión para mejorar la responsabilidad social empresaria, mediante la profundización de sus prácticas.
La norma ISO 26000 (en desarrollo) es una iniciativa de ISO (International Organization for Standardization -red de organismos nacionales de normalización-) que busca normalizar y ser una guía de directrices sobre los principios subyacentes de responsabilidad social, los temas que constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de implementar la responsabilidad social dentro de una organización.
Integran esta iniciativa más de 70 países y diferentes organizaciones (AccountAbility, GRI, OIT, Pacto Global, entre otros). Su publicación está prevista para el año 2010 y a la fecha los grupos de trabajo de cada país participante se encuentran trabajando en el cuarto borrador de trabajo (WD4) que será tratado en Chile en el mes de septiembre del corriente año. Argentina es representada por IRAM.
Al pretender ser ISO 26000 una norma de directrices (de recomendación), no procura ser certificable; y como se plantea como norma de responsabilidad social (no como responsabilidad social empresaria) podrá ser aplicada a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño o naturaleza de su actividad, como ser empresas, gobierno, ONG, entre otros. Asimismo, la norma ISO 26000 busca ser consistente y no pretende interferir con convenciones o tratados internacionales o iniciativas de responsabilidad social ya existentes. No será un sistema de gestión y su uso será voluntario.
Estas normas no buscan establecer certificaciones sino que son guías de trabajo y estándares a alcanzar por quienes se interesan en desarrollar RSE o RS.
Existen también otras normas que sí son certificaciones que son adaptadas para su aplicación. Entre ellas se encuentran: OHSAS 18001, SA 8000, AA1000.
La SA 8000 (Social Accountability 8000) es una iniciativa de la ONG Social Accountability International, que pretende establecer estándares para un mundo justo. La SA 8000 establece parámetros en tres ámbitos: Ley de Contrato de Trabajo, Sindicatos y Disposiciones a las que la empresa adhiere. A nivel mundial son 900 las empresas que han adherido a esta normativa. En Latinoamérica 9 .
La AA 1000 (AccountAbility 1000) es una iniciativa de la ONG Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) de Londres que fue lanzada en el año 1999 y que tiene por fin la mejora de la responsabilidad exigible (accountability) en las organizaciones. Es una herramienta de gestión completa que engloba un proceso de recolección de datos, auditoría y balance social, focalizando en el diálogo con todos los grupos de interés (stakeholders internos y externos) Dentro de esta iniciativa existen diferentes estándares, guías de implementación y especificaciones de calificaciones profesionales necesarias para su aplicación, en función del tipo de organización de que se trate.
Asimismo, resulta relevante tener en cuenta que, referidos a sociedades abiertas, existen normas, directivas e informes en diferentes latitudes. Entre ellos se encuentran el informe Cadbury, los informes Olivencia y Aldama y los documentos de la OCDE.
A su vez, la Unión Europea creó el libro verde de la comunidad europea y el congreso de Estados Unidos creó la ley Sarbanes–Oxly que responsabiliza a los empresarios por las manipulaciones financieras.
Dado el interés y conciencia que se ha despertado en el público, existen índices bursátiles de sostenibilidad y responsabilidad corporativa que sólo incluyen a empresas que acreditan actuar en RSE (Dow Jones Sustainability Index –DJSI-, FTESE4Good, Ibex- 35, Indice de Sustentabilidad Bovespa, entre otros) que tienen por finalidad ayudar a los inversores a tomar una decisión informada respecto a la ética y transparencia del destino de sus patrimonios.
En nuestro país, la ley 25877 en su capítulo IV estableció que las empresas que posean un número de trabajadores que superen los 300 deberán elaborar, anualmente, un balance social .-
Pero ¿qué se entiende por balance social?. El balance o reporte social o sustentable es un estado financiero que incluye las actividades de RSE (y su impacto social ambiental y económico) que desarrolla la empresa, y tiene por fin publicitar las acciones en este campo y transparentarlas al hacerlas comparables y cuantificables.
El Balance Social debe contemplar los tres pilares base de la RSE (o triple bottom line), esto es, personal –empleados-, comunidad y medio ambiente. Muchos balances incluyen a todos los grupos de interés como ser: comunidad, proveedores, clientes, empleados, medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones comunitarias, consumidores, etc.
Este reporte es confeccionado por las organizaciones a los fines de reflejar sus políticas en este aspecto, y el cumplimiento de estándares permite mostrar qué hace la empresa hacia fuera y facilita a los grupos de interés analizar el cumplimiento de pautas de RSE. Sin embargo, el índice no tiene que ser una herramienta de marketing, ya que debe ser neutro, inclusivo y comparativo en el tiempo.
Las empresas y organizaciones que presentan balances sociales y que han firmado su adhesión al Pacto Global en Argentina son muchas. Existen distintas organizaciones que poseen códigos, guías de buenas prácticas corporativas o directrices que establecen estándares más altos que los legales al entender a éstos insuficientes. Pero, para que una organización se comprometa a llevar a cabo estas prácticas, debe existir un compromiso de sus directivos para desarrollar RSE, ya que implica establecer o fomentar una cultura de valores hacia adentro.
También se está trabajando con los diferentes poderes del Estado en la coordinación y articulación de acciones que permitan arribar a soluciones en este terreno.
¿Qué establece la ley 2594 de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido?
Esta norma pretende ser un paso en el camino de la RSE ya que tiene por objeto “la promoción de comportamientos social y ambientalmente responsables por parte de las organizaciones” en el marco del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA).
¿A quienes abarca?
Conforme el artículo segundo, la presentación del BRSA es obligatoria para las empresas con más de trescientos (300) trabajadores y que posean una facturación que supere los valores indicados para medianas empresas conforme la resolución SEPyME 147/06 . Para las restantes organizaciones será voluntaria.
En su artículo tercero establece la norma que las empresas que realicen la presentación voluntaria de los BRSA podrán gozar de beneficios promocionales relacionados con el acceso al crédito y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica u otros que podrá establecer la autoridad de aplicación (que en este caso es el Ministerio de Producción) .
Corresponde manifestar que la ley habla indistintamente de organización y empresa; por lo cual, podría considerarse que las ONG, fundaciones, cámaras u otros organismos que voluntariamente presenten balances sociales podrían acceder a los beneficios que se deriven de su aplicación.
El ámbito de aplicación de la ley surge de su artículo cuarto, en cuanto establece que la ley comprende a “todas las empresas que tengan el domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y tengan su actividad principal en la ciudad con un año de actividad al momento de la vigencia de la ley, sean nacionales o extranjeras. Este doble requisito de domicilio legal y actividad con un mínimo de un año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta ser importante a la hora de determinar si corresponde o no la presentación obligatoria del balance.
En sus artículos quinto a octavo la ley establece que el BRSA debe ser presentado con una periodicidad anual, debe reflejar los procedimientos que aplique la empresa y debe cumplir con el requisito de ser objetivo, concreto y mensurable, trazable y auditable. Asimismo, establece que al momento de la presentación ante la autoridad, el BRSA se transforma en público y de libre acceso a la población.
El contenido mínimo será establecido por la autoridad de aplicación, pero estará basado en indicadores que permitan la valoración y evaluación objetiva en condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera respecto del comportamiento de la empresa. En una primera instancia, y conforme la cláusula transitoria segunda, la autoridad de aplicación tomará pautas referenciales para determinar la información mínima (que las organizaciones pueden ampliar) que deberán contener los BRSA. En este sentido, estas pautas son los indicadores desarrollados por el Instituto Ethos de Brasil, AA1000 (AccountAbility); y GRI en su versión G3.
En tal sentido, específicamente la ley hace hincapié en que los BRSA incluyan las condiciones de equidad (entre hombres y mujeres) y los aspectos social (relación de la empresa con sus empleados, clientes, proveedores y comunidad en pos del desarrollo sostenible –stakeholders-) y ambiental (incluye la reducción de contaminación y uso sustentable de los recursos naturales) de las empresas.
A partir del artículo noveno la ley establece el procedimiento de presentación del BRSA (debe contener la razón social de empresa, su domicilio legal, rubro, profesionales intervinientes en la confección del BRSA y el comportamiento socio ambiental asumido por organización). La norma no establece quiénes son los profesionales habilitados para confeccionar el BRSA sino que sólo refiere que deben ser idóneos.
Asimismo, en su artículo décimo crea un registro de público acceso y disponible en página web del GCBA que enunciará las organizaciones inscriptas y los BRSA presentados. Luego de verificar que el contenido del BRSA se ajuste a lo establecido por la ley, la autoridad inscribirá a la organización en el registro, con renovación anual.
En el registro también se incluirá un listado de empresas obligadas que no hayan dado cumplimiento con la presentación.
La autoridad de aplicación también agrupará las organizaciones en función de presentación voluntaria u obligatoria y en función de los compromisos asumidos. Este parámetro de compromisos será relevante para asignar a los beneficiarios prioridad de acceso a los beneficios.
Corresponde tener en cuenta que las empresas que voluntariamente asuman compromisos por sobre los parámetros mínimos, podrán obtener los beneficios que establece la ley pero su incumplimiento dará lugar a sanciones.
El artículo decimotercero tipifica como infracción la falta de presentación cuando resulta obligatoria, la obstrucción, falsedad u ocultamiento de información relevante en el BRSA. Asimismo, establece que, verificada la infracción, corresponde la remoción de la empresa del registro de empresas que cumplen con la norma y si resulta estar obligada se la identificará en el listado de empresas incumplidoras hasta que se subsane el incumplimiento. Si la presentación fue voluntaria se le suspenderá los beneficios establecidos en la ley.
También establece la ley en su artículo decimocuarto que la autoridad de aplicación dictará el procedimiento de impugnación de BRSA por parte de la población en caso de obstrucción, falsedad u ocultamiento de datos.
En su artículo decimoquinto la norma dispone que, en el supuesto de realizarse una auditoría por parte del GCBA y detectado un incumplimiento, de oficio se iniciará el procedimiento de impugnación de BRSA y de comprobarse irregularidades será mencionada la empresa en el registro de incumplimiento (en caso de ser obligada a la presentación) o se le retirarán los beneficios (en caso de ser empresa voluntaria).
Es de notar que sólo podrá impugnar el GCBA en el supuesto de realizar una auditoría en la organización.
Como puede apreciarse, esta ley pretende avanzar por sobre las iniciativas voluntarias que realizan las empresas en pos de mejorar su relación con sus grupos de interés, comunidad y medio ambiente.
En mi opinión esta decisión de obligar a las empresas a presentar Balances de Responsabilidad Social y Ambiental es un paso controvertible hacia la RSE. Ello, teniendo en cuenta que todas las directrices a nivel internacional se plantean como voluntarias, y que la imposición de parámetros en un sentido o en otro no beneficia la internalización de las normas por parte de la sociedad.
En este sentido, a nivel nacional existen tres proyectos de ley con estado parlamentario que propugnan el establecimiento de la RSE de manera integral y con el carácter dado en la nueva ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un cuarto que la incorpora con el fin de erradicar el trabajo infantil .
También existe en la provincia de Buenos Aires un proyecto que establece la incorporación de manera voluntaria de la RSE y la confección de balances sociales y convoca a las empresas a la adhesión a la ley.
La presente ley avanza en el sentido de establecer estándares y parámetros de cumplimiento obligatorio u opcional para las diferentes organizaciones. Y contempla otorgamiento de beneficios para aquellas empresas que voluntariamente presenten su balance de responsabilidad empresaria y asuman mayores compromisos.
Considero que la norma dictada busca imponer una obligación para las empresas sin analizar ni apalancar las reales ventajas que significa para las organizaciones incorporar RSE.
El desarrollo sustentable y el cumplimiento de normas que avancen en los conceptos de respeto por el medio ambiente, el consumo responsable y los derechos de los trabajadores deben ser vistos como negocio por las empresas y el Estado, ya que los beneficios de trabajar en RSE incluyen una mejor imagen por parte de los consumidores, acceso a mercados (se debe tener en cuenta que por la globalización, hay diferentes leyes nacionales y clientes globales y se deben mantener los estándares internacionales), confianza en los grupos de interés (stakeholders), menor nivel de conflictividad hacia el interior y exterior de la sociedad y apoyo de las diferentes organizaciones al saber que interactúan con una sociedad transparente, confiable y creíble.
La ley ya ha sido dictada y el tiempo mostrará si las empresas darán cumplimiento con la norma o asumirán políticas en pos de un crecimiento sostenido.
1 - La Ley Nº 2594 fue sancionada con fecha 6 de diciembre de 2007.-
2 - “Se conoce que la RES muchas cosas, que significa actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa y que debe abarcar y atravesar a todas las personas, políticas y acciones empresarias. Sin embargo, todavía lo que las empresas comunican de su RES está fuertemente vinculado a sus acciones por la comunidad. Falta un avance en el reporte integral de la RES; probablemente esto se deba a que también falta integrar la RES a toda la empresa. Recién cuando se haya podido integrar la RES a toda la organización, se podrá reportar íntegramente” PALADINO, M.; MILBERG, A.; SANCHEZ IRIONDO, F., Emprendedores Sociales & empresarios responsables, Ed. Temas, Buenos Aires, 2006, p. 49
3 - “La competitividad responsable consiste en hacer que el desarrollo sustentable pese en los mercados globales. Significa mercados que recompensan las prácticas empresariales que garantizan resultados sociales, ambientales y económicos mejorados; y significa éxito económico para naciones que alientan dichas prácticas empresariales mediante políticas públicas, normas sociales y acción ciudadana.” MACGILLIVRAY, A., BEGLEY, P., and ZADECK, S. (eds) “El Estado de la Competitividad Responsable 2007”, AccountAbility, London, 2007, p. 11.-
4 - “La realidad es que el potencial práctico de la competitividad responsable no es apreciado todavía por una cantidad suficiente de líderes empresarios y creadores de políticas. Este déficit perjudicial se encuentra enraizado en gran parte de convenciones retrospectivas, asesoramiento desactualizado, estadísticas mediocres y brechas de competencia: Organizaciones rezagadas, frecuentemente por aversión al riesgo y provenientes de industrias que fallan o de asociaciones empresariales prudentes, dificultan activamente cambios impulsados por las políticas o los negocios a fin de continuar beneficiándose de prácticas que perjudican a la gente y al medio ambiente innecesariamente.(…) Muchos gobiernos siguen sin estar convencidos de que la competitividad puede basarse en innovaciones creadoras de valor asociadas con formas nuevas de responsabilidad. Dichos gobiernos están demasiado influenciados por las organizaciones rezagadas y por el foco que sus asesores de competitividad ponen en abordar los temas sociales y ambientales desde el cumplimiento, y abordar la acción voluntaria desde un marco exclusivamente empresarial (…) La sociedad civil y las organizaciones laborales se encuentran demasiado concentradas en hacer campañas para alentar el cumplimiento, y no comprenden la necesidad de apalancar oportunidades de creación de valor para las empresas, los consumidores y las comunidades locales y cómo lograrlo”. Idem, p. 30.-
5 - Los principios del Pacto Mundial (ONU) lanzados en el año 2000 son: 1) las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su esfera de influencia. 2) Las empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices e la violación de los derechos humanos; 3) Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 4) Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción; 5) Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil; 6) Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación; 7) Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental; 8) Las empresas deben adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; 9) Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y 10) Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno (principio incorporado posteriormente).
6 - Los grupos de trabajos se dividen en seis áreas que representan diferentes sectores: 1) Consumidores, 2) Empresas, 3) Gobierno, 4) Organizaciones no gubernamentales (ONG), 5) Trabajadores, y 6) Servicio, Soporte, Investigación y Otros. La suscripta integra el grupo de trabajo 6.-
7 - Al mes de octubre de 2007.-
8 - “Un balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este documento será girado por la empresa al sindicato con personería gremial, signatario de la convención colectiva de trabajo (…)” Asimismo, deberá contener “Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros anexos y memoria del ejercicio. Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en que actúa. Incidencia del costo laboral. Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías. Evolución de la dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo. Rotación del personal por edad y sexo. Capacitación”.-
9 - Varía según el sector: Agropecuario $ 18.240.000; industria y minería $ 60.000.000; Comercio $ 88.800.000; Servicios $ 22.440.000; Construcción $ 24.000.000.-
10 - Tales beneficios serán establecidos por vía reglamentaria.
11 - Los proyectos son: Proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresaria de la legisladora Leguizamón del PJ (proyecto 2044/07); el correspondiente a Guinle de Frente para la Victoria (proyecto 47/07), el de los legisladores Negre de Alonso, Rodríguez Saa y Basualdo (proyecto 765/07) y el proyecto 6409/06 que propugna la erradicación del trabajo infantil mediante la incorporación de la RSE de los legisladores Montenegro, Zimmermann, Rosas y Fabris (sin relación con la autora del presente trabajo)
MACGILLIVRAY, A., BEGLEY, P., and ZADECK, S. (eds) “El Estado de la Competitividad Responsable 2007”, AccountAbility, London, 2007.-
PALADINO, M.; MILBERG, A.; SANCHEZ IRIONDO, F., Emprendedores Sociales & empresarios responsables, Ed. Temas, Buenos Aires, 2006.-
*es titular del Estudio Fabris - Rapoport Abogados, lfabris@fyrabogados.com.ar
El texto completo: Artículos y Fundamentos
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sanciona con fuerza de Ley:
Artículo 1º- El objeto de la presente ley es la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, fijándose para ello el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA).
Artículo 2: La presentación del BRSA será voluntaria salvo para aquellas empresas que cuenten con una dotación de más de trescientos (300) trabajadores y asimismo tengan una facturación que supere, en el último año, los valores indicados para medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 147/06, concordantes y complementarias. En este último caso, la presentación del BRSA será obligatoria.
Artículo 3º- Aquellas empresas que voluntariamente presenten su BRSA y que no estuvieren obligadas por ley a su presentación, podrán obtener beneficios promocionales, establecidos por vía reglamentaria, relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación. Los beneficios promocionales establecidos conforme a la presente ley no alcanzarán a las empresas que obligatoriamente deban presentar el BRSA.
Artículo 4º: Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley todas las organizaciones cuyo domicilio legal esté situado en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o desarrollen su actividad principal en la ciudad con al menos un año de actividad en la misma en el momento de vigencia de esta ley, ya sean privadas o estatales, nacionales o extranjeras
Artículo 5º: Los BRSA reflejarán los procedimientos internos que serán aplicables por las empresas y que satisfagan requisitos de ser objetivos, concretos y mensurables, trazables y auditables. Una vez presentados al Gobierno de conformidad con la presente normativa, los BRSA serán públicos y de libre acceso por parte de la población.
Artículo 6º: La presentación del BRSA será anual, en fecha que se deberá armonizar por vía reglamentaria.
Artículo 7°- El contenido mínimo que deberá observarse para la presentación de los BRSA será establecido por la autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos en los BRSA estarán basados en indicadores diseñados de modo tal que permitan la objetiva valoración y evaluación de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento. Los términos enunciados para el Balance Social no excluyen la ampliación, por las organizaciones comprendidas, de la información de los ítems expuestos.
Artículo 8º: Los requisitos elaborados por la autoridad de aplicación para la confección de los BRSA comprenderán condiciones de equidad y los aspectos sociales y ambientales:
• La equidad está referida a impulsar todos los cambios culturales necesarios para lograr equidad entre varones y mujeres.
• El aspecto social se refiere a las relaciones de las organizaciones con sus empleados, la comunidad en la cual actúan, sus clientes, proveedores y otras organizaciones comunitarias, de manera tal que se busque y promueva el desarrollo sostenible del capital social y humano.
• El aspecto ambiental abarca las interacciones con el entorno, promoviendo actividades que no sólo resulten compatibles con las regulaciones que rijan en los lugares de ubicación de sus instalaciones y de influencia de su accionar sino que asimismo agreguen a los umbrales establecidos por las normas, en mérito a los comportamientos que la norma promociona, una mayor reducción de la contaminación y un uso más sustentable de los recursos naturales.
Artículo 9º- La presentación del BRSA mediante el trámite administrativo correspondiente, deberá contener al menos la siguiente información:
a. Razón social de la empresa.
c. Rubro.
d. Profesionales intervinientes en la confección del BRSA.
e. Mención del comportamiento socio ambiental asumido por la organización en función de los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación
Artículo 10º- El organismo competente manejará un registro, de público acceso y disponible en página web del Gobierno de la Ciudad, en donde se enuncien las organizaciones inscriptas y se ponga en conocimiento los términos del BRSA presentado por cada organización. Recibido el BRSA, la autoridad de aplicación deberá verificar que su contenido se ajuste a lo determinado por la presente ley y en caso afirmativo procederá a la inscripción de la organización en el registro, renovando anualmente la inscripción.
El registro contendrá un apartado en donde se enunciará un listado de las empresas obligadas conforme el artículo 2° que no hayan dado cumplimiento a su obligación.
La autoridad de aplicación deberá agrupar a las organizaciones en virtud de aquellas que presenten su BRSA en forma voluntaria u obligatoria, conforme lo dispuesto en el artículo 2° y asimismo en función de la cantidad y magnitud de los compromisos asumidos en el BRSA en base a los indicadores de referencia.
La magnitud de los compromisos será tenida en cuenta a los efectos de asignar a los beneficiarios prioridad de acceso respecto de los beneficios previstos en la norma en el artículo 3° y reglamentación.
Artículo 11º- Se deberá asegurar una adecuada gestión y sistematización de la información relacionada con la presente ley, en especial el BRSA presentado por las organizaciones, la que será de carácter público y de libre acceso a la población en los términos de la Ley N° 104 y N° 303. La autoridad de aplicación elaborará informes anuales en los cuales se divulguen los resultados de la gestión de la presente ley.
Artículo 12: El BRSA deberá ser confeccionado por profesionales idóneos.
Artículo 13º- La obstrucción, falsedad u ocultamiento de información relevante en los BRSA quedan tipificados como una infracción, así como el incumplimiento de presentar el mismo en los casos de que sea legalmente obligatorio. De verificarse la infracción se deberá remover a la empresa del registro de empresas que cumplen con la norma y en caso de que la empresa sea uno de los sujetos obligados conforme el artículo 2° se procederá a su identificación en la nómina de empresas que no cumplen con la obligación de presentar el BRSA, hasta tanto se subsane la infracción. En el caso de las empresas cuya presentación haya sido voluntaria, se suspenderá a la misma los beneficios previstos por esta ley. Ello, sin perjuicio de las actuaciones a que se diere lugar de comprobarse alguna otra irregularidad en infracción a la normativa vigente. Todo funcionario y empleado público que mediante acción u omisión y sin causa justificada, afecte el regular ejercicio de la presente ley es considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.
Artículo 14º- La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para la impugnación de los BRSA por parte de los ciudadanos en casos de obstrucción, falsedad u ocultamiento de datos, estipulando las causales de impugnación, plazos de sustanciación, organismos para la misma y recursos contra las resoluciones que se dicten.
Artículo 15º- Realizada una auditoría por parte del Gobierno de la Ciudad y en caso de que se determine que la empresa auditada no cumple con la presente ley, automáticamente se dará inicio de oficio al procedimiento mencionado en el artículo anterior, el cual de comprobar las irregularidades detectadas causará la mención en el registro del incumplimiento en el caso de las organizaciones legalmente obligadas a presentar el BRSA o suspender a la sumariada los beneficios previstos por esta ley en el caso de organizaciones que no estén obligadas a presentar el BRSA y cuya presentación haya sido voluntaria, sin perjuicio de las actuaciones a que diere lugar de comprobarse alguna otra irregularidad.
Artículo 16º- El Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación de la ley, la que quedará facultada para dictar los actos administrativos y a suscribir los instrumentos que resulten necesarios para dar cumplimiento con la ley y su reglamentación. Asimismo, participará de un Comité de Enlace Intergubernamental involucrando a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Hacienda, Desarrollo Social y Planeamiento y Obras Públicas, con el objeto de evaluar la marcha de la ley y las acciones tendientes a su mejor implementación.
Articulo 17º- La autoridad de aplicación:
a. Arbitrará las medidas administrativas y técnicas para facilitar la realización del BRSA en los casos en que fuera voluntaria su presentación.
b. Fiscalizará la presentación de los BRSA en los casos en que su presentación fuera obligatoria.
c. Llevará el control comparativo por períodos de los compromisos asumidos por las empresas.
d. Emitirá anualmente el informe sobre el grado de implementación de la ley.
e. Podrá emitir certificado de presentación del BRSA en el período en curso.
f. Difundirá la nómina de empresas inscriptas en el registro mencionado en el artículo 10 y aquellas que estando legalmente obligadas incumplen con la obligación de presentar el BRSA.
g. Podrá establecer distinciones con el objeto de premiar y estimular las acciones de Responsabilidad Social Empresarial.
Cláusula Transitoria Primera: a los efectos de su implementación, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Cláusula Transitoria Segunda: la autoridad de aplicación tomará como referencia a fin de determinar los indicadores correspondiente a los BRSA la información mínima de los lineamientos e indicadores desarrollados por el Instituto ETHOS (Brasil) o bien los estandares AA 1000 - Accountability (del Institute of Social and Ethical Accountability -Gran Bretaña) y Global Reporting Initiative (GRI en su versión G3), sin perjuicio de las modificaciones, reemplazos y actualizaciones que implemente al respecto para la mejor consecución de los fines buscados en la presente ley.
La autoridad de aplicación tomará en cuenta los estándares que en el futuro se creen a nivel nacional a fin de actualizar estos parámetros.
Artículo 18º- Comuníquese, etc.
LEY N° 2.594
Promulgación: De Hecho del 16/01/2008
Publicación: BOCBA N° 2859 del 28/01/2008
La responsabilidad social promueve el compromiso de los diferentes actores sociales (empresarios, funcionarios públicos,
ciudadanos) con el desarrollo del ser humano en un contexto de inclusión social y equidad. Surge a raíz de las desigualdades sociales y económicas, entre los países y dentro de cada uno de ellos1.
La responsabilidad social empresaria parte del concepto de que las empresas son un instrumento de la sociedad con un rol
preponderante en la construcción del contexto social y político, y que por ello poseen aparte de su propia responsabilidad en la creación de valor y de riqueza, una igual responsabilidad ineludible en una equitativa distribución de ese valor y de esa riqueza, al interior y al exterior de su organización, con especial consideración de los impactos sociales y ambientales que pueda provocar2. En este escenario, la sociedad civil debe estar atenta a las condiciones en las que operan las empresas que, por su importancia como generadoras de riqueza, empleo e innovación, se constituyen entonces en un actor imprescindible a la hora de pensar en estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable.
En este marco, es importante advertir que las grandes empresas, y particularmente las multinacionales, concentran cada vez más poder económico y político, a veces por encima de los propios Estados Nacionales (generando facturaciones anuales muy por encima del PBI de los países en desarrollo).
Puede observarse que en el caso de las multinacionales, por su lógica global, a menudo tienden a comportarse de forma diferente en los países donde están radicadas las casas matrices a como se comportan las filiales radicadas en los países subdesarrollados.
Este fenómeno ha sido denominado doble estándar 3. Se pueden observar diferencias notorias en materia salarial, estabilidad laboral, reinversión de utilidades, preservación del medio ambiente, tratamiento al consumidor, políticas de recursos humanos, respeto por la ley en general, etc. Estos comportamientos fomentan y aprovechan la baja institucionalidad que padecen la mayoría de los países latinoamericanos, generando efectos nocivos en el fortalecimiento normativo institucional, que es imperioso revertir desde lo institucional y por otro lado desde la conducta de las organizaciones y su relación con la comunidad.
Por otra parte, en el conjunto de las empresas, también es relevante el caso de las pequeñas y medianas (PYMES), las
microempresas y las formas asociativas de producción, ya que, por su naturaleza y raíz social, tienen características potenciales para cumplir un rol protagónico en el impulso de la comunidad, la creación de empleo y la preservación del medio ambiente. Su situación de inferioridad con respecto a las grandes corporaciones y su dependencia de políticas de Estado que le permiten incorporar desarrollo técnico productivo, y acceso a financiamiento, no las eximen de la atención al gerenciamiento social responsable. En dicho sentido las diferencia y compromete al mejoramiento constante y al cumplimiento de pautas de responsabilidad social empresaria.
Finalmente, dentro de los principales roles del Estado se encuentran los de garantizar los derechos a los ciudadanos, promover el bienestar general, controlar, regular y fiscalizar las relaciones económicas, políticas y sociales, con el objetivo de asegurar el bien común y una distribución equitativa de la riqueza. En este sentido, el Estado debe promover y demandar de las empresas la aplicación de criterios de RSE en su gestión productiva y comercial, así como aplicar políticas públicas de defensa de la competencia que limiten la concentración de los mercados y sancionen las prácticas anticompetitivas.
A su vez, en su condición de inversor y demandante de bienes y servicios (educación, salud, otros servicios básicos domiciliarios y para las empresas, infraestructura, defensa, etc.), el Estado es fundamental en el establecimiento de reglas de juego claras y transparentes en los procesos licitatorios y en todos los contratos y/o relaciones jurídicas que tenga con las empresas. En consecuencia, deberá ejercer también el rol de fiscalizador y regulador de aquellas que mantengan dichas relaciones con los organismos estatales, contribuyendo al fortalecimiento institucional que, como se señalara, aún es necesario en la región.
Al respecto, en el marco específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como muchas otras grandes ciudades del país y del mundo, la misma enfrenta múltiples problemas derivados de procesos que son cada vez más difíciles de controlar.
Los comportamientos y actitudes de los diferentes actores sociales (personas, familias, organizaciones y hasta los mismos
agentes de los gobiernos) muchas veces se convierten en factores causales ocasionando el agravamiento de esos problemas y contribuyendo de muy diversos modos a la creciente degradación de la calidad de vida. De no corregirse las tendencias actuales, no es difícil vislumbrar que hasta el mismo desarrollo sostenible de la Ciudad podría verse amenazado en un futuro no demasiado lejano.
Se prevé entonces aquí la creación de beneficios que incidan en la promoción de comportamientos voluntarios.
Comportamientos voluntarios que se basen y aprovechen la experiencia de otros países y organizaciones (como las normas
AA 1000 Accountability del Institute of Social and Ethical Accountability; la norma SA 8000; los informes GRI y especialmente los indicadores elaborados por el IBASE y la Institución ETHOS (ambas de Brasil), cuyos contenidos son aptos para diagnosticar y gestionar en el ambiente de las empresas a través de informaciones relevantes indicadores de desempeño el punto de vista del rol de la organización en los aspectos social, económico y ambiental.
La ley prevé la reglamentación y reemplazo en el futuro de los indicadores elegidos que en el futuro las reemplacen y mejoren para la confección de balances social y ambientalmente sustentables.
La presentación de un balance que mencione estos comportamientos será obligatorio para las empresas de elevada rentabilidad o cantidad de empleados, y voluntaria para quienes deseen acceder a ciertos beneficios y simplemente deseen sumarse a las finalidades de esta ley.
El proyecto contiene un aspecto vital para el efectivo ejercicio de esa responsabilidad ciudadana: el derecho a la información
de los diferentes actores urbanos y la concomitante obligación de informar de los sectores tanto públicos como privadas que son los causales de los impactos sociales y ambientales más significativos y que potencialmente pueden tener consecuencias negativas para el conjunto de la Sociedad.
Estos principios son contestes con la remisión a procedimientos que acrediten transparencia y control.
En definitiva, Señor Presidente, compartimos la convicción de que la corrección y mejora de muchos comportamientos inadecuados de los distintos sectores de su población podrá conseguirse a través de la paulatina aplicación de un conjunto orgánico de medidas de Responsabilidad Ciudadana de diferente índole, como las que propone este Proyecto de ley de forma que promuevan: 1) un cambio positivo de actitudes: educativas, de información pública, normas de adhesión voluntaria y medidas de mercado y 2) la eventual consideración de leyes supletorias y complementarias de cumplimiento obligatorio que pudieran establecerse. Se trata de ampliar el alcance y los contenidos en un balance de sostenibilidad socio ambiental, en forma conteste con la realidad socio económica actual de la ciudad.
Por lo expuesto, Señor Presidente es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley
1 Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social Empresaria.
2 Documento de la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social
3 Documento de la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social
Fuente: Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. www.cpii.com.ar
III FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - 20 de Junio de 2008
Descripción e interpretación de la ley 2594 (BRSA) (Balance de Responsabilidad Social y Ambiental)
- Aspectos positivos de la ley
- Críticas y posibles reformas
- Beneficios impositivos y crediticios para empresas
Organizado por Rotary Club Río de la Plata - Club Europeo y
Comité Distrital de RSE (Distrito 4890 de Rotary International)
Realizado en la Sede del Club Europeo
Avda. Corrientes 327 - Piso 21º Ciudad A. de Buenos Aires
Información y recursos online: Código R, Marita Copes.
Este Foro reunió a referentes de los sectores público y privado, como actores involucrados en la Ley 2594 de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental de la legislatura porteña. El objetivo: propiciar un espacio para opiniones y propuestas, que movilicen constructivamente el tratamiento y las definiciones pendientes sobre su reglamentación y ajustes necesarios. La síntesis superadora quedó explícita en la convocatoria de tres posiciones diferentes, fuertemente defendidas, que suscriben con compromiso y convicción a la iniciativa de Responsabilidad Social y lo hacen imprimiéndoles perspectivas propias en las prácticas legislativa, institucional y filosófica, como manifestaron particularmente, los oradores invitados.
El texto siguiente contiene los conceptos mencionados por los anfitriones y la transcripción de las acotaciones, que hemos estimado centrales, con la intención de compartir desde esta web, las proyecciones de contribución que nos ocupan.
La coordinación general estuvo a cargo del Dr. Hernán Serfilippo del Comité de RSE (SATO) en la moderación y el Ing. Humberto Zanette, Director de la Avenida de Servicio a Través de la Ocupación SATO. Distrito 4890 de RI.
En la bienvenida y apertura, el Dr. Antonio Goitisolo, Pte. del Rotary Club Río de la Plata, anfitrión de la propuesta, remarcó la afinidad de los objetivos del Foro con "dar de sí antes que pensar en sí" principio al que suscribe su Institución desde un siglo, con las consignas de amistad, servicio a la comunidad, ética y paz en el mundo. Al cierre del evento y en el mismo sentido el Sr. Carlos Matalón, Gobernador del Distrito 4890 de Rotary International, acotó reconsiderar la "ética como valor fundante en el hacer social, en favor de la comunidad y el bien común", apreciaciones a las que el Sr. René Bollag, Gobernador electo como sucesor de Matalón, sumó el agradecimiento por la concurrencia.
La apertura de las exposiciones fue realizada por la Lic. Silvia La Ruffa, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (Frente para la Victoria). Hizo un repaso sobre el proceso de antecedentes iniciado por el legislador Chango Farías Gomez (diputado de su bloque) autor del proyecto de cabecera de lo que finalmente fue la ley votada; con mención de los diputados Jorge Sanmartino (RECREAR) con otro proyecto en similar sentido y Alejandro Ravinovich (ARI disidente) con un enfoque sobre la creación de un premio para fomentar la RSE.
Citó que "las tres iniciativas fueron debatidas en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico, en 2007, en la que participaron diferentes actores de la sociedad civil para hacer sus aportes. Aprobada el 6 de diciembre como sistema de promoción de RS en las empresas tiene un concepto mixto de obligatoria para empresas que tengan más de 300 empleados o facturación según código comercial (implica no sólo tomar el compromiso sino dar cuenta de él) y voluntaria para PyMEs que sin estar obligadas, podrán acceder a un régimen de beneficios al implementarla" ... En otros tramos refirió que "la Ley abarca un sentido más amplio que de solo acciones y programas, tomando además de aspectos económico financieros, iniciativas de inclusión social, principios de la equidad, relaciones de transparencia con sus proveedores y clientes, respeto por los derechos laborales y protección del medio ambiente ... El Gobierno de la Ciudad se propone lograr una RSE plena y ampliarla a quienes no están obligados, facilitando el acceso crediticio al Banco Ciudad, la incorporación a microemprendimientos y a licitaciones públicas ... El debate fue simple, porque en la Comisión de DE participaron legisladores de los tres bloques contrapuestos ... El contexto de recambio de gestión, produjo la demora hasta el 18 de enero de 2008, ya que la Ley correspondió al ejercicio anterior ... En los artículos quizás no está detallado, pero en los considerandos del dictamen emitidos por la Comisión, se destaca la intervención de profesionales idóneos en cada temática (higiene, salud, etc. no solo contadores, como el Balance convencional) y la realización de un registro público para comunicar con transparencia las implementaciones de la Ley, que será publicado en la web del gobierno; no disponible todavía por no estar reglamentada" ... Más adelante citó que "además de esta ley, votamos a mediados de 2007 la Ley Buenos Aires Ciudad Productiva (propuesta del Consejo de Plan Estratégico de la Ciudad, que reúne a la sociedad civil, empresas, organizaciones intermedias, centros de comerciantes, universitarios, etc.) y ello implicó cambiar el Código de Planeamiento Urbano de la época de la Dictadura Militar. Él determinaba a Buenos Aires como una ciudad dormitorio y hubo que hacer un relevamiento para eliminar las industrias con efectos contaminantes y facilitar el acceso a otras unidades productivas obviamente limpias ... Cuando me invitaron a participar, comencé a reparar en las actividades de los barrios y pude reconocer unidades productivas en la elaboración de cerveza artesanal, software, diseño, entre otras, que naturalmente no las consideraríamos industriales, pero lo son y pueden desarrollarse perfectamente en la ciudad".
En sus conclusiones mencionó que "estas dos legislaciones van de la mano y ambas pueden reposicionar a Buenos Aires, para que vuelva a ser una ciudad productiva, no sólo de servicios, comercio y turismo, teniendo una actitud de responsabilidad ante la comunidad".
En segundo término la Dra. María José Alzari, Coordinadora Legal del CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, rama argentina del Consejo Mundial WBCDS y creado desde 1992) remarcó la importancia de discutir, conversar, intercambiar opiniones sobre la Responsabilidad Social Empresaria. Mencionó que el CEADS es una organización empresaria, que desde 1997 es miembro del GRI (sistema voluntario de reportes con lineamientos de contenido) y que Argentina, es un país pionero en constituir esta entidad a nivel mundial. Acotó las dos cuestiones principales que ocupan a la institución que representa: la RSE y el Desarrollo Sostenible o Sustentable. Sobre el tema central del Foro, acotó que "cumplir con la ley es una condición en el ámbito de la legalidad y ser responsable es estar sobre el marco de la ley". Entre sus consideraciones dijo que reconoce "interés en una normativa de promoción, pero que esta Ley se centra en un marco jurídico, dejando interrogantes de suma importancia ... no queda claro qué tipo de empresas están involucradas, cuál es el criterio ante el domicilio legal en Buenos Aires con el desarrollo de actividades fuera del ámbito de esta ciudad ... si todos los beneficios se volcarán a las empresas voluntarias, dejaría al margen a las que están obligadas, en ese caso no estaríamos hablando de una norma de promoción". También refirió que "como resultado de investigaciones sobre la presentación de Balance Social, en ningún lugar del mundo, se legisla en forma obligatoria". Remarcó que "es positivo destacar la intención de los legisladores, pero esperábamos que establecieran expresiones de fomento a la interacción entre el sector público y el privado y que no se remitieran solo a un registro o nómina, con criterio sancionatorio, entendemos que se requiere darle una visión más operativa".
En sus conclusiones dijo - "a nivel mundial no encontramos definición sobre qué se entiende por Balance o Reporte Social. Están en vigencia el Pacto Global con 290 empresas que han comenzado sus COPs (Comunicación de Progreso); la norma AA1000 de AccountAbility, con balances certificables por la relación de las Empresas con sus Grupos de Interés, Ethos de Brasil que tomó como referencia esta Ley" ... Entendemos que ella implica mayores costos, tiempo extra de dedicación, que no significan mayor desarrollo real de actividades de la Empresa con la comunidad". Por último señaló -"cuando una ley se dicta es importante que tenga un destino firme, para que sea más que una intención y que nos permita saber de qué estamos hablando, cuáles son sus alcances, nos guste o no, pero se necesitan reglas claras, para poderlas cumplir".
El Dr. Hernán Maurette del Consejo de Profesionales de Relaciones Públicas, abordó el tema desde una perspectiva personalizada. Se autodefinió como "iconoclasta" anticipando un enfoque filosófico, ante las dinámicas que enfrentan los ejecutivos de empresas y organizaciones, los consultores, jóvenes profesionales, estudiantes y académicos (las cuatro comisiones del Consejo) que se modifican luego, cuando deben abordarse las funciones de ejecutivos. "Como profesional, vivo muy intensamente, no hago nada porque sí, que no piense, que no me interese particularmente y cuestiono mucho cada cosa. En verdad la RS nunca me cerró mucho, porque las empresas son responsables por supuesto, pero socialmente somos los individuos los responsables, las empresas cumplen, deben cumplir la ley, no son una persona, no están sujetas a la solidaridad ... Uno a veces siente la tentación de utilizar los recursos de la empresa, valiéndose de este tipo de fórmulas, para hacer caridad o para actuar políticamente y eso es desvirtuar los recursos. Como individuos y como empresa pertenecemos al Estado y este Estado sí, toma nuestros impuestos y realiza acción social; tiene la responsabilidad primaria, nosotros colaboramos de distintas maneras, más, menos, obligatoria o voluntariamente según decidan nuestros representantes y que después acatamos, como ciudadanos, orgullosos del país al cual pertenecemos ... Para mí la responsabilidad es corporativa, actuamos corporativamente, pagamos nuestros impuestos, tenemos empleados en blanco, el impacto que producimos buscamos mitigarlo. Y como Gerente de Asuntos Públicos (Metrogas) trabajo sobre expectativas y aquí sí se genera todo este universo que estamos hablando. Tenemos acciones comunitarias muy activas, una comunicación transparente, con todas las instituciones y poderes, por nuestro propio bien, porque una compañía importante tiene que tener vínculos afectivos con el público, de acuerdo a las expectativas que tienen de uno. Pertenezco a un área blanda, muy dinámica y muchas veces el Estado nos encorseta. Creo que si tratamos de regular todo, al final lo apagamos; la frescura de lo social debe ser voluntaria, al rigidizar lo limitamos, lo anulamos. Cuando por vocación hacemos una acción no es lo mismo si nos obligan, pasa a ser un peso, cambia de color, la esperanza se pierde y lo digo desde el punto de vista cristiano, no desde lo institucional ... Si tengo que contar lo que hago, para bien de la gente que me rodea, lo desvirtúo totalmente, eso no es caridad, es obligatoriedad, entonces es un impuesto" ... Compartió una vivencia personal en la construcción de una Memoria y Balance Social (doce años atrás para Telecom, caso San Antonio de los Cobres) "allí comprendí que más que números, había un deseo de seducir a la sociedad (stakeholders), contamos cómo dimos felicidad a gente que nunca había tenido teléfono, graficando un bien en sí mismo y que también era un negocio para la compañía, con las compensaciones que daba el Estado por llegar a esos pueblos alejados".
Concluyó "en lugar de una crítica detallada, prefiero decir que reconozco una buena intención, sé que los legisladores que las hicieron son gente excelente y no quisieron perjudicarnos. Pero si nos hubieran preguntado, no sé si hubieran avanzado en esta forma de tratamiento. Faltó información y se ha burocratizado enormemente una actividad, por naturaleza dinámica ... Al no considerar la cuestión filosófica de para qué estamos haciendo esto, estamos desvirtuando lo social que es algo propio del Estado. Porque entonces nosotros también tenemos que pedirle al Estado que nos diga en qué gasta la plata ... Hay un debate pendiente en la sociedad que debe incluirnos a todos los actores y nosotros tenemos que ejercer la práctica, ir al Congreso, porque ahí están nuestros representantes ... Estamos ante el reverdecer de una expectativa - esperanza que merece un pequeño retoque y me parece muy lindo que lo hagamos con la buena onda que tiene la Responsabilidad Social".
El espacio de preguntas contuvo cuestiones sobre:
(1) Si hubo estudio previo al determinar la cantidad de empresas con 300 empleados
R - No hubo relevamiento explícito, se tomaron datos de antecedentes y referencias (La Ruffa)
(2) Quién está a cargo de velar por la veracidad del contenido expresado
R - El Gobierno de la Ciudad tiene tal responsabilidad (Alzari)
(3) Si la auditoría debe ser externa o interna
R - Según formalidades convencionales, debe contener la referencia de un tercero (Goitisolo)
(4) Qué tipo de incentivos se implementarán
R - Impositivos (reducción de Ingresos Brutos); crediticios (líneas Banco Ciudad); según proyecto propio ej. "no venta de alcohol en pubs" con 0 Ingresos Brutos (La Ruffa)
(5) Si los gastos que implica la Ley, pueden superar los montos de los incentivos
R - Seguramente no (Alzari). La satisfacción de la gente es el mejor incentivo (Maurette)
* La Ley debería poner foco en la regulación de aspectos como género, discapacidad, edad, etc. (Alzari)
* El desinterés es el único incentivo insuperable (Serfilippo)
El Foro finalizó con un break para facilitar la interrelación de los asistentes.
Fue filmado por estudiantes de la UCA con notas de Diana Palmero, para el programa Responsabilidad Social Empresaria que será emitido por el canal 79 de Cablevisión, el próximo jueves 26 a las 21 hs.
Notas de Código R - Buenos Aires, 20 de junio de 2008
Incidencia: Se crea Consejo Consultivo para reglamentar la Ley de Balance Social en la
Se llevó a cabo, la 1ª reunión convocatoria para tratamiento de los aportes desde la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil para la RSE, en FAECYS, 25 de noviembre.
Así lo informó el Gobierno de la Ciudad luego de una campaña de presión por parte de organizaciones sociales. Luego de una campaña de presión al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que llevó adelante Fundación El Otro para la reglamentación de la Ley de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad informó que a través se creará el CONSEJO CONSULTIVO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
La resolución es la 2840/MDEGC/08 y tiene por objetivo institucionalizar un espacio de dialogo y participación con los distintos sectores de la sociedad cuyos representantes serán las Asociaciones representantes de la Sociedad Civil , ONGs promotoras de la RSE, organizaciones empresarias e instituciones educativas, interesadas en participar en el proceso consultivo para la reglamentación de la Ley.
La campaña, que se desarrolló desde la comisión de Balance Social de la Plataforma Argentina de Organizaciones Sociales por la RSE y con el apoyo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), consistió en las siguientes acciones:
1- Presentación desde Red Puentes Argentina de un pedido de información en el marco del Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del art. 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por la Ley de Acceso a la Información Pública N° 104 de la Ciudad de Buenos Aires.
2- La campaña organizada desde la Plataforma Argentina de Organizaciones Sociales para la reglamentación de la Ley de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental, en la que nos aliamos al Consejo Profesional de Ingeniería Industrial gracias a quien el Dr. Bernardo Kliksberg accedió a realizar un evento el 15 de octubre pasado.
3- Presentación de un proyecto con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) para que apoye al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la elaboración de la reglamentación de la ley.
4- Presentación desde la Plataforma Argentina de OSC de una propuesta de eglamentación ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
5- Invitación al gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires al próximo taller de la Plataforma Argentina de OSC sobre “Responsabilidad Social Empresaria y Balances Sociales, Aportes para la Reglamentación de la Ley 2594 CABA” con el apoyo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio.
Adjuntamos la carta formal enviada por el gobierno y quedamos comprometidos a seguir trabajando en conjunto.
Noviembre 2008. http://www.redpuentes.org/pais/argentina/noticias/balancesocial
Fuente: Red Puentes

References: resolución 

Artículo 1

Artículo 2
 Resolución 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 2

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 10

Artículo 18
 resolución