Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500061.html
Timestamp: 2019-03-20 01:45:36+00:00

Document:
SENT.61-2015 GACETA
SENTENCIA: 61/2015.
EXPEDIENTE Nº: 454/2008.
PARTES: Empresa de Servicio PETROLAGO S.R.L. contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.” contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), actual Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
VISTO EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 107 a 113, impugnando la Resolución Administrativa Nº 1730 de 18 de abril de 2008; la respuesta de fs. 136 a 139 y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I. Que Pedro Alcides Iriarte Mercado en representación legal de la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.”, se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa, alegando que:
Del Informe ODEC 0081/2006 INF de 2 de mayo de 2006, se advierte que el 13 de marzo de 2006, personal técnico de la Superintendencia de Hidrocarburos inspeccionó la Estación de Servicio ubicada en la provincia Ingavi, kilómetro 115 de la carretera La Paz-Desaguadero y tomó muestras de gasolina especial almacenada en los tanques, determinando que dicho producto registraba un octanaje RON de 78.3, menor al valor mínimo permitido por el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado por Decreto Supremo (DS) Nº 26276 de 5 de agosto de 2001, imponiéndole el cargo de infracción al art. 6 del citado Decreto y pronunciando el Auto de 23 de mayo de 2006, contra el que presentó un memorial de descargo, pero el Superintendente de Hidrocarburos procedió a dictar la Resolución Administrativa SSDH Nº 1263 de 13 de septiembre de 2006, declarando probado el cargo y disponiendo la revocatoria de la licencia de operación, decisión contra la que presentó recurso de revocatoria al haberse prescindido totalmente del procedimiento para la revocatoria de licencias de operación de las empresas sujetas a regulación en el sector de hidrocarburos establecido en los arts. 81, 82 y 83 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE aprobado por Decreto Supremo (DS) Nº 27172, habiéndose aplicado el procedimiento de investigación a denuncia o de oficio, previsto en los arts. 75 al 80 del indicado Reglamento.
Añade que el citado art. 81 del DS Nº 27172, establece que en aquellos casos en que las leyes, reglamentos y contratos vigentes en los sectores regulados por la Ley SIRESE no contemplen procedimientos de revocatoria, corresponde su aplicación ya que el Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos (DS Nº 24721) y el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes (DS Nº 26276) no prevén procedimiento para imponer la sanción de revocatoria de licencia de operación a una estación de servicio de combustibles líquidos, estando previsto en el art. 110 inc. c) de la Ley de Hidrocarburos que el ente regulador podrá revocar o declarar la caducidad de las concesiones, licencias y autorizaciones cuando se incumpla dicha ley, normas reglamentarias y contratos y no se corrija la conducta luego de haber recibido notificación expresa para que lo haga, negándose en el caso la posibilidad de allanarse a la intimación y cumplir con la obligación que supuestamente habría infringido, preservando la vigencia de su licencia de operación, aspecto que denota incumplimiento a uno de los requisitos esenciales del acto administrativo, viciando de nulidad la Resolución Administrativa SSDH Nº 1263, de acuerdo con el art. 35 num. 5) de la Ley de Procedimiento Administrativo, violando la garantía del derecho a la defensa y debido proceso previsto en el art. 16. II de la Constitución Política del Estado (abrogada) y 4 inc. e) de la citada Ley.
Refiere que en el recurso de revocatoria se pronunció la Resolución Administrativa AADH Nº 1531, confirmando la Resolución impugnada, misma que recurrida en recurso jerárquico mereció la Resolución Nº 1333 de 12 de abril de 2007 disponiendo su revocatoria y el pronunciamiento de una nueva, al no haberse señalado de manera exacta las razones que indujeron iniciar un procedimiento de investigación a denuncia o de oficio y no el procedimiento de revocatoria de licencias, previsto en los arts. 82 y 83 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, pidiendo complementación para lograr la revocatoria de la Resolución Nº 1263 que también había sido solicitada; pronunciándose la Resolución Administrativa SSDH Nº 0841/2007 que confirmó la Resolución SSDH Nº 1263 de manera íntegra, bajo el argumento que la Superintendencia debía aplicar la sanción de revocatoria a la Estación, sin mediar intimación y ya sea que se declare probada o improbada la infracción, imponerse sanción bajo el principio de eficacia, dejando al descubierto que la única finalidad fue esa, sin importar el procedimiento por lo que recurrió en recurso jerárquico contra dicha Resolución y la “ilegal” Resolución Administrativa SSDH Nº 1263, emitiéndose la Resolución Administrativa Nº 1730 de 18 de abril de 2008 que confirmó las Resoluciones Administrativas SSDH Nº 0841/2007 y SSDH Nº 1263, bajo el argumento que se tramitó correctamente el procedimiento administrativo de investigación a denuncia y de oficio, imponiendo la sanción que correspondía, determinando que no era importante aplicar un procedimiento específico para la revocatoria de licencias de operación de estaciones de servicio, sino cualquier otro, en el caso de investigación a denuncia o de oficio, lo que no invalidaba los actos del ente Regulador, sumándose dicho accionar a las ilegalidades cometidas por el Superintendente de Hidrocarburos, al prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido por los arts. 82 y 83 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, concordante con el art. 110 inc. c) de la Ley de Hidrocarburos. Por lo referido, solicita se declare probada la demanda y anule la Resolución Administrativa Nº 1730 de 18 de abril de 2008, en su mérito las Resoluciones Administrativas SSDH Nº 0841 de 1 de agosto de 2007 y Nº 1263 de 13 de septiembre de 2006, confirmadas en el recurso jerárquico y dictadas por el Superintendente de Hidrocarburos, con costas.
CONSIDERANDO II: Citado el entonces Superintendente General del SIRESE, con la provisión citatoria emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia (fs. 118 a 132), en el plazo previsto por los arts. 146, 345 y 346 del Código de Procedimiento Civil, contesta a la demanda por memorial cursante de fs. 136 a 139, argumentando:
1) La Estación de Servicio demandante, refiere que la Superintendencia de Hidrocarburos incumplió el art. 28 del Reglamento de Calidad modificado por la disposición complementaria VI del Reglamento a la Ley Nº 2341 (DS Nº 27172), el que dispone que en los casos de revocatoria por infracción administrativa grave como constituye el incumplimiento de especificaciones de calidad, se debe cumplir previamente con los arts. 82 y 83 del citado Decreto para disponer la revocatoria de la licencia; no obstante, la Superintendencia aplicó el procedimiento sancionatorio de investigación a denuncia o de oficio establecido en los arts. 75 al 80 del Capítulo III del DS Nº 27172 que establece el inicio de la investigación a denuncia o de oficio cuando se considere la existencia de una infracción a las normas legales y reglamentarias, la que una vez concluida y en caso de existir indicios, permitió formular cargos y disponer la apertura de término probatorio para la presentación de alegatos y pruebas que considere pertinentes, concluyendo con la emisión de la sanción correspondiente.
En el caso, la Superintendencia emitió el Informe ODEC 0081/2006 INF de 2 de mayo de 2006, ante la presunción de que la Estación comercializó gasolina especial incumpliendo los parámetros de calidad permitidos de acuerdo al Reglamento de Calidad, recomendando se inicie proceso de investigación conforme al DS Nº 27172. La Superintendencia mediante Auto de 23 de mayo de 2006, formuló cargos por la supuesta infracción al art. 6 del Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado por DS Nº 26276, otorgando un período de prueba de 10 días hábiles administrativos para la contestación, y aperturar término de prueba de 20 días hábiles para presentar la prueba documental pertinente. El recurrente contestó los cargos, presentó pruebas, solicitó un nuevo período para presentar más pruebas, el que se concedió y pidió audiencia, declarándose por RA 1263/2006 probado el cargo de 23 de mayo de 2006 ante la infracción del art. 6 del Reglamento de Calidad en base a las pruebas presentadas, determinando la revocatoria de la licencia de operación al establecerse que el producto comercializado incumplió las especificaciones de calidad establecidas en el Anexo A del Reglamento de Calidad; en consecuencia al haberse sustanciado el procedimiento administrativo sancionador de investigación de oficio, en sujeción al ordenamiento jurídico administrativo, no se causó indefensión ya que la finalidad de la investigación no fue la revocatoria o caducidad de la licencia, sino verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos para la comercialización de hidrocarburos, estando establecida la sanción impuesta en el art. 69 del Reglamento de Estaciones, modificado por el art. 2 del DS Nº 26821, misma que se impuso, por lo que el argumento del demandante carece de fundamento legal, al no existir la posibilidad de nulidad alguna ni la aplicación de un procedimiento inadecuado.
2) Respecto que la RA 0841/2007 pronunciada por el Superintendente de Hidrocarburos no cumplía con los criterios de legitimidad establecidos por el Superintendente General en la RA Nº 1333, manteniendo la sanción, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento aplicable, violando el art. 35 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde indicar que este argumento carece de fundamento legal, ya que la Superintendencia de Hidrocarburos no aplicó el procedimiento administrativo de caducidad y revocatoria de concesiones, licencias, autorizaciones y registros establecidos en los arts. 81, 82 y 83 del DS Nº 27172, lo que no invalida el procedimiento aplicado, porque como ya se dijo, el objeto del proceso no era la revocatoria o cancelación de la licencia, sino verificar que la Estación de Servicio cumplía con la obligación de vender a los usuarios, combustible con estándares de calidad mínimos, al ser facultad del Superintendente velar por el cumplimiento de norma y adecuada prestación de servicio de acuerdo con el art. 10 inc. a), d) y g) de la Ley Nº 1600 y 25 inc. a) de la Ley Nº 3058, por lo que no se dio curso a la nulidad solicitada y se rechazó el recurso de revocatoria, por consiguiente las RRAA Regulatorias SSDH Nº 1263/2006 y SSDH Nº 0841/2007 fueron dictadas en apego a la normativa legal vigente. Pide se declare improbada la demanda, con costas, al no haberse desvirtuado los fundamentos de la RA 1730, la cual se ajusta a la normativa vigente.
De fs. 148 a 150 cursa el memorial de réplica, en el que se reiteraron los argumentos expuestos, no cursa en obrados la dúplica, pese haberse corrido en traslado la réplica (fs. 152), habiendo emitido el correspondiente decreto de Autos para Sentencia (fs. 156).
CONSIDERANDO III: Que al estar reconocida la competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución del presente proceso, en atención a su naturaleza contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que este Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante; corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos del Superintendente General del SIRESE, actual Ministerio de Hidrocarburos y Energía, estableciéndose de los actuados procesales lo siguiente:
En el caso de autos, la controversia se origina en la supuesta inobservancia de los arts. 82 y 83 del DS Nº 27172, que señala el procedimiento para establecer como sanción, la revocatoria de la licencia de funcionamiento de una Estación de Servicio, al estar previsto que primero debe someterse a la intimación del cumplimiento de su obligación y posteriormente, en caso de omisión aplicar el procedimiento de investigación a denuncia o de oficio y no antes, por lo que al no haber obrado de esa manera se viciaría de nulidad el procedimiento seguido.
De la compulsa de los datos procesales, se establecen las siguientes conclusiones:
III.1. Cursa en obrados el Informe ODEC 0081/2006 INF de 2 de mayo de 2006, por el que se recomienda inicio de procedimiento administrativo contra la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.” (fs. 1 a 2 del Anexo), ante el resultado del Informe de Calidad SGS-MAR-LPZ-0057/2006 de 16 de marzo de 2006, que determinó que el parámetro octanaje RON no cumplía las especificaciones de calidad en las muestras tomadas (fs. 4 a 6 del Anexo), aspecto que fue ratificado con el Informe de Análisis de Combustible del laboratorio SGS Chile Ltda. (fs. 8 del Anexo).
III.2. Por Auto de 23 de mayo de 2006, se formularon cargos contra la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.”, por supuesta infracción al art. 6 del Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado por DS Nº 26276, otorgándole el plazo de 10 días hábiles administrativos para la contestación y presentación de prueba documental (fs. 9 a 10 del Anexo), ofreciéndose los descargos cursantes de fs. 12 a 28, y abriéndose un término de prueba de 20 días hábiles administrativos por decreto de 13 de junio de 2006 (fs. 29 del Anexo), para emitirse luego el Informe ODEC 0128/2006 INF de 21 de junio de 2006 de respuesta a los descargos presentados (fs. 31 a 33 del Anexo).
III.3. El 13 de septiembre de 2006, se pronunció la Resolución Administrativa Nº 1263/2006 que resolvió: Primero.- Declarar probado el cargo de 23 de mayo de 2006, formulado contra la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.”, por infracción al art. 6 del Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado por DS Nº 26276; y Segundo.- Revocar la licencia de operación de la Estación al haberse establecido que el producto que comercializó incumplía las especificaciones de calidad establecidas en el Anexo A del Reglamento de Calidad de Carburantes aprobado por DS Nº 26276 (fs. 44 a 46 del Anexo), determinación contra la que se planteó el recurso de revocatoria (fs. 48 a 54 del Anexo) que fue resuelto por Resolución Administrativa SSDH Nº 1534/2006 de 15 de noviembre de 2006, rechazándolo y confirmando la cuestionada Resolución Administrativa Nº 1263/2006 (fs. 57 a 66 del Anexo).
III.4. Presentado el recurso jerárquico (fs. 68 a 71 del Anexo) se pronunció la Resolución Administrativa Nº 1333 de 12 de abril de 2007, revocando la Resolución Administrativa SSDH Nº 1531/2006 de 15 de noviembre de 2006 y disponiendo se emita una nueva, al vulnerar el derecho del administrado a conocer de manera exacta y motivada las razones que indujeron a la Administración haber iniciado el procedimiento de investigación a denuncia o de oficio, y no siguiendo el procedimiento alegado por la Estación (fs. 73 a 76 del Anexo).
III.5. En cumplimiento a dicha determinación, se pronunció la Resolución Administrativa Nº 0841/2007 de 1 de agosto de 2007, que resolvió rechazar el recurso de revocatoria presentado por la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.” contra la Resolución Administrativa Nº 1263/2006 de 13 de septiembre de 2006, confirmándola en su integridad (fs. 77 a 81 del Anexo), determinación de la que se solicitó aclaración y complementación, siendo rechazada al no presentar contradicciones ni ambigüedades (fs. 84 a 85 del Anexo).
III.6. Planteado el recurso de revocatoria contra dicha resolución y la Resolución Administrativa Nº 1263/2006 de 13 de septiembre de 2006 (fs. 87 a 90 del Anexo), se emitió el Informe DRJ Nº 130/2008 de 10 de abril de 2008 (fs. 171 a 175 del Anexo) y posteriormente la Resolución Administrativa Nº 1730 de 18 de abril de 2008, que confirmó la Resolución Administrativa Nº 0841/2007 de 1 de agosto de 2007 y en su mérito la Resolución Administrativa Nº 1263/2006 de 13 de septiembre de 2006, dictadas por el Superintendente de Hidrocarburos (fs. 176 a 182).
Con carácter previo a resolver la problemática presentada, resulta necesario dejar establecido que de acuerdo con lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, DS Nº 26276, modificado por la Disposición Complementaria del Régimen Sancionatorio VI del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, DS Nº 27172: “En caso de que la infracción administrativa sea grave o reiterada, la Superintendencia de Hidrocarburos iniciará el procedimiento de caducidad y revocatoria establecido en el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo”, haciendo referencia a los arts. 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, que prevén: “Los procedimientos de caducidad y revocatoria de concesiones, licencias, autorizaciones y registros se sujetarán a las disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos y contratos vigentes en los sectores regulados por el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE; a falta de éstas, se sustanciarán de conformidad a lo prescrito en los Artículos siguientes del presente reglamento”; en ese sentido: “El Superintendente, verificada la existencia de una causal de declaratoria de caducidad o revocatoria, intimará el cumplimiento de la obligación, fijando un plazo razonable al efecto. La notificación de la intimación tendrá el efecto del traslado de cargos”.
Por su parte el art. 83 del indicado Reglamento, refiere que el Superintendente dispondrá la conclusión del procedimiento y el archivo de las actuaciones si la empresa o entidad regulada acepta la intimación mediante el cumplimiento de la obligación dentro del plazo fijado al efecto, caso contrario, proseguirá el trámite, de conformidad al procedimiento de investigación a denuncia o de oficio establecido; no obstante la aceptación a la intimación para cumplir la obligación no impedirá el inicio de un procedimiento sancionador para la imposición de otras sanciones, que pueden corresponder en aplicación a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes para sectores regulados por el SIRESE.
En el caso, se advierte que ante la existencia de un procedimiento de investigación a denuncia o de oficio conforme los art. 75 y ss del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, DS Nº 27172, en cumplimiento de las atribuciones del SIRESE de vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales y contratos de concesión y licencia (art. 10 incs. d) y g) de la Ley Nº 1600 y 25 inc. a) de la Ley Nº 3058), de oficio, se procedió a la Verificación de la Calidad de Combustibles Líquidos en la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L.”, levantándose el Acta de Muestreo Nº 1464, para concluir con los informes de los laboratorios nacional y extranjero que determinaron una alteración a la calidad de la gasolina especial que estaba siendo comercializada, por lo que la Superintendencia luego de formular cargos contra la Estación, otorgó un plazo para recibir la contestación y prueba documental, y abrió un término de prueba (arts. 76, 77, 78 y 79 del DS Nº 27172), pronunciando la Resolución Administrativa Nº 1263/2006 de 13 de septiembre de 2006, que declaró probado el cargo por infracción al art. 6 del Reglamento de Calidad de carburantes y Lubricantes aprobado por DS Nº 26276, procediendo a revocar la licencia de operación al establecerse que se comercializó un producto que no cumplía las especificaciones de calidad, aplicando el art. 2 del DS Nº 26821 modificatorio del art. 69 del Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos o DS Nº 24721.
Así se advierte de la lectura de la Resolución Administrativa Nº 0841/2007 de 1 de agosto de 2007, que se pronunció en cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 1333 de 12 de abril de 2007, que revocó la Resolución Administrativa SSDH Nº 1531/2006 de 15 de noviembre de 2006, y dispuso se emita una nueva, al vulnerar el derecho del administrado a conocer de manera exacta y motivada las razones que indujeron a la Administración haber iniciado el procedimiento de investigación a denuncia o de oficio, y no el procedimiento alegado por la Estación, al haberse concluido que al constituir el informe del laboratorio acreditado instrumento con fuerza coactiva para promover la acción de imposición de sanciones (art. 13 del Reglamento de Calidad de Carburantes o DS Nº 26276) era ilógico y falto de sustento legal, que una vez evidenciada la alteración de la calidad de los combustibles comercializados, la Superintendencia debía proceder a intimar a la Estación para que corrija su conducta, pues de haberse obrado de dicha manera, se hubiera inobservado el art. 6 del citado DS Nº 26276, disposición que después de establecer la prohibición expresa de comercializar carburantes que no cumplan con las especificaciones de calidad reglamentarias, refiere que los infractores serán pasibles a las sanciones y penalidades previstas en las normas sectoriales y en ese Reglamento, refiriéndose al Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos o DS Nº 24721, modificado en su art. 69, por el art. 2 del DS Nº 26821.
Por consiguiente, la Resolución Administrativa Nº 0841/2007 de 1 de agosto de 2007, cumplió con indicar cuál fue el procedimiento que se aplicó, cuál es el previsto en los arts. 75 y ss del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, DS Nº 27172, explicando las razones y disposiciones que se utilizaron para establecer la sanción que le fue impuesta a la Estación hoy demandante, toda vez que el proceso de caducidad previsto en el DS Nº 27172 en sus arts. 81, 82 y 83, no es aplicable, ya que claramente este procedimiento está constituido para cuando se presenta alguna causal de caducidad, no como se presentó en este caso como producto del incumplimiento de la calidad del carburante (gasolina), para cuyo caso prevé el procedimiento sancionador que se ejecutó, y en el que se aplica la sanción prevista por el DS Nº 26821 art. 2 que modifica el Reglamento de Estaciones de Servicio, que dice: “ARTÍCULO 2.- (MODIFICACION). Se modifica el artículo 69° del Reglamento para Construcción y operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos -Anexo V, aprobado mediante Decreto Supremo N° 24721 de 23 de julio de 1997, de la siguiente manera:
Las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras que consideren afectados sus derechos, por las sanciones establecidas en el presente Decreto Supremo, podrán hacer uso de los recursos previstos en la Ley Nº 1600 de 28 de octubre de 1994, Decreto Supremo Nº 24505 de 21 de febrero de 1997 y su Decreto Supremo Modificatorio” (la negrilla nos corresponde)”.
Normativa aplicable al caso en virtud del régimen de Transitoriedad previsto por el DS Nº 28173 art. 2, quedando también demostrado que no es verdadera la alegación de que la aplicación del Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes no era posible en el caso concreto, motivo por el cual y en virtud de la citada base legal, el Tribunal no puede establecer vulneración del procedimiento administrativo por inadecuada aplicación del procedimiento sancionador que se desarrolló, al haberse descartado la posibilidad de aplicar el proceso de caducidad/ revocatoria sugerido por el actor, que como se señaló, devine de situaciones distintas a las acaecidas en el procedimiento ejecutado por la administración en este caso.
En ese sentido, el demandante no puede pretender la nulidad del procedimiento que se siguió en la investigación de oficio que se le inició, señalando el art. 35 inc. c) de la Ley Nº 2341, porque dicho procedimiento está previsto en la ley, y revisadas las Resoluciones impugnadas y actuados procesales que informan el expediente, fue el que se siguió y cumplió, sin que en el mismo se hubieren lesionado derechos al haberse seguido un debido proceso. Sobre el particular la SC 0731/2010-R de 26 de julio señalo: “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca (Eduardo Cuoture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture, op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales')”; por consiguiente, la solicitud de la declaratoria de nulidad de actos procesales deberá observar los principios antes referidos, a objeto que las partes del proceso actúen en el marco de la lealtad procesal y en observancia de los principios de derecho, lo que no sucedió en el caso.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución del art. 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 107 a 113, interpuesta por la Estación de Servicio “PETROLAGO S.R.L”; en consecuencia, firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 1730 de 18 de abril de 2008, pronunciada por el Superintendente General del SIRESE, actual Ministro de Hidrocarburos y Energía, y en su mérito se confirman las Resoluciones Administrativas SSDH Nº 0841 de 1 de agosto de 2007 y Nº 1263 de 13 de septiembre de 2006, emitidas ambas por el Superintendente de Hidrocarburos, modificando la sanción con la impuesta por el art. 15 del DS Nº 1499 de 20 de febrero de 2013, en la forma señalada en la presente resolución.

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 artículo 69
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