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Timestamp: 2020-08-12 09:42:39+00:00

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Aviso de actualización de socios o accionistas – Casia Creaciones
En las últimas fechas se ha presentado la inquietud por parte de muchos contribuyentes ante el SAT sobre si se debe o no enviar el aviso mediante el cual informen sobre el nombre y la clave en el RFC de los socios o accionistas. Aquí abordaremos el tema al respecto
¿La autoridad estará facultada para restringir el uso de sellos digitales por no presentar el aviso?
Dr. Juan Raúl López Villa
La opinión vertida en esta sección es desde el particular punto de vista del autor, sin que para ello haya alguna modificación sustancial en cuanto al contenido mostrado.
En las últimas fechas se ha presentado la inquietud por parte de muchos contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre si se debe o no enviar el aviso mediante el cual informen sobre el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los socios o accionistas, lo anterior atendiendo a lo que dispone el artículo 27, apartado A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF, vigente a partir del 1 de enero de 2020); dicha regulación ha generado controversia en cuanto a su interpretación y cumplimiento, ya que se podría entender que el contribuyente debe acreditar el cumplimiento de dicha norma ante el SAT a través del Buzón Tributario, vía “aviso de cumplimiento”, ya que, de acuerdo con lo establecido por la fracción IX del artículo 17 H Bis del CFF, en caso de que el contribuyente omita el referido “aviso”, implicaría que el SAT “restrinja temporalmente” sus certificados de sellos digitales (CSD), lo que provocaría que el empresario se encuentre imposibilitado en forma indefinida para emitir comprobantes fiscales digitales (CFD), y con ello detener su actividad económica, lo cual, en tiempos de pandemia como la que vivimos en la actualidad, sería lo más desfavorable para todo empresario.
De acuerdo con lo anterior, en el presente artículo pretendemos aclarar dicha duda con base en lo dispuesto por la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (RMF-2020), y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideramos aplicables al presente caso.
En el artículo 27, apartado A, fracción III, del CFF se prevé que en materia del RFC, se estará a lo siguiente: los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales están obligados a dar cumplimiento a las fracciones I, II, III y IV del apartado B de dicho artículo, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad, y que dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas. En ese sentido, las fracciones V y VI del apartado B del citado artículo, establecen, dentro del “Catálogo de obligaciones”, lo siguiente:
Artículo 27. ………………………………………………………………………………………
(El uso de negrillas dentro del texto es del autor.)
De igual forma, la regla 2.4.19. de la RMF-2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece literalmente lo siguiente:
CFF: 27.
A mayor abundamiento, los artículos Primero Transitorio de la RMF-2020, y Cuadragésmo Sexto Transitorio de la RMF-2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el DOF, disponen literalmente lo siguiente:
Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020…
Conforme a lo anterior, en primera instancia entedemos lo siguiente:
El artículo 27, apartado A, fracción III, del CFF, establece la obligación a los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales de:
Solicitar la inscripción en el RFC.
Proporcionar la información relacionada con la identidad, domicilio y, en general, sobre la situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del CFF, así como señalar un correo electrónico y número telefónico, o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general.
Manifestar al RFC el domicilio fiscal.
Solicitar el certificado de Firma Electrónica Avanzada (Fiel).
La misma fracción III del apartado A, del mismo artículo 27 del CFF, establece la obligación de que las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad y siempre que dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, cuando el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas.
Las fracciones V y VI del apartado B del citado artículo 27 del referido CFF, establecen la obligación de presentar un aviso en el RFC mediante el cual informen el nombre y la clave en el RFC de los socios o accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, en términos de lo que establece el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), así como la obligación de anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el RFC de cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma.
¿A qué obedecen dichas regulaciones que implican la necesidad de que tiene el fisco de conocer la estructura societaria y accionaria de las Sociedades Mercantiles?
Dicho requerimiento se implementó conforme a la exposición de motivos de dicha reforma para efecto de ubicar a las empresas “fantasma” en donde el SAT detectó socios que generalmente son los mismos en muchas y que se “utilizan” para la simulación de operaciones inexistentes.
De tal suerte que las fracciones V y VI del artículo 27, apartado B, establecen la premisa para la referida obligación de presentar el referido aviso (en el RFC) la información del RFC de socios o acionistas, únicamente cuando se lleve a cabo alguna modificación o incorporación respecto de socios o accionistas a las sociedades y que, consecuentemente, deberá anotarse en el libro de los socios y accionistas la clave en el RFC de cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma.
Entonces, si de la lectura de las referidas fracciones del citado artículo 27 del CFF se específica la citada obligación de enviar los datos del RFC de socios o accionistas al SAT vía Buzón Tributario en los casos que ya ha quedado señalado, ¿por qué se creó la regla de carácter general 2.4.19?
Las reglas de carácter general tienen una naturaleza normativa para la mejor aplicación de las leyes fiscales, como “mecanismos reguladores”. Las “cláusulas habilitantes” constituyen actos formalmente legislativos, mediante los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, en este caso a la administración pública, para regular una materia concreta y específica, fijando las bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en razón de que la actividad del Estado no es un fenómeno estático, ya que dicha actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, por lo que la adopción de dichas cláusulas tiene por efecto la ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, siempre de acuerdo con el principio de legalidad; en ese sentido, el artículo 27 del CFF como tal no contiene per se una cláusula habilitante. Así, las “cláusulas habilitantes” constituyen actos formalmente legislativos mediante los cuales se pretende regular una materia concreta y específica, fijando las bases y parámetros generales, por lo que las reglas de carácter general prevista en una ley o en un reglamento al tenor del cual se faculta a la autoridad administrativa para emitirlas. Por lo que, para efectos de lo dispuesto por el artículo 27 del CFF, éste no contiene ninguna cláusula habilitante bajo la cual justifque la emisión de la regla de carácter general 2.4.19.
En consecuencia, ¿podría el SAT fundamentar la restricción temporal de los CSD de un contribuyente, señalando que se incumplió con la fracción IX del artículo 17-H Bis del CFF fundándose en la regla 2.4.19 de la RMF-2020?
Consideramos que no, por las razones anteriomrente señaladas, y de ser así dicho acto carecería de una debida fundamentación y motivación por parte de la autoridad.
Al respecto, son aplicables las siguientes tesis y jurisprudencia:
Tesis: 2a./J. 97/2008, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, Pag. 404, 169441, Jurisprudencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. SU ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, CONSTITUYE UNA CLÁUSULA HABILITANTE.- Las cláusulas habilitantes son mecanismos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta, precisándole las bases y los parámetros generales conforme a los cuales deberá actuar. Esto es, la habilitación permite al órgano del Estado facultado -dentro de un marco definido de acción- expedir normas reguladoras de un aspecto técnico específico y complejo que por sus características requiere la previsión de soluciones a situaciones dinámicas que no pueden preverse con absoluta precisión en la ley. Por tanto, el artículo 9, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 constituye una cláusula habilitante, porque en él la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de su competencia, para emitir las disposiciones aplicables a efecto de que las dependencias y entidades soliciten la autorización a fin de que, con cargo a los recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, apliquen las medidas para cubrir una compensación económica a los servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de sus servicios en la Administración Pública Federal, estableciendo al efecto diversos parámetros como la forzosa cancelación de las plazas sujetas al programa; la restitución de los recursos correspondientes a las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos a su cargo; el objetivo de aplicación de los mismos; el destino de los ahorros generados y el reporte sobre el ejercicio de tales recursos.
Contradicción de tesis 252/2007-SS.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo y Décimo Primero, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 21 de mayo de 2008.- Cinco votos; los Ministros Genaro David Góngora Pimentel y José Fernando Franco González Salas votaron con salvedades. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.
Tesis de jurisprudencia 97/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de mayo de dos mil ocho.
Tesis: P. XXI/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, Pag. 9, 182710, Tesis Aislada (Constitucional)
CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.- En los últimos años, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones dinámicas y altamente especializadas. Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores denominados “cláusulas habilitantes”, que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez. Además, la adopción de esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a un equilibrio en el cual se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían propiciar la arbitrariedad, como generar situaciones donde sea imposible ejercer el control estatal por falta de regulación adecuada, lo que podría ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de una ley.
Amparo en revisión 199/2002.- Moisés Saba Masri.- 9 de septiembre de 2003.- Mayoría de seis votos.- Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza.- Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en curso, aprobó, con el número XXI/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudenciales. México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres.
Tesis: 1a. XXIII/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, Pág. 664, 2000280, Tesis Aislada
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995), CONSTITUYE UNA CLÁUSULA HABILITANTE QUE AUTORIZA A DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA EMITIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2003, esgrimió las razones y naturaleza jurídica de las cláusulas habilitantes. Por otra parte, el referido Pleno, en la tesis aislada P. XII/2002, consideró que las reglas generales administrativas emitidas por una Secretaría de Estado con base en una cláusula habilitante para tal fin, no constituye una delegación de facultades. Ahora, el citado precepto legal, al establecer que el Presidente del Servicio de Administración Tributaria cuenta con la facultad para expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquellas que considere de especial relevancia, constituye una cláusula habilitante, al tratarse de un acto formalmente legislativo por medio del cual el Congreso de la Unión otorgó a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la atribución normativa para expedir disposiciones relativas al ámbito de sus competencias con un marco o cuadro de acción determinado por una finalidad clara (eficientar la aplicación de la legislación que le compete) y con condiciones para ello (comunicar aquellas disposiciones al órgano principal de dicha autoridad).
Amparo en revisión 753/2011.- Operadora Cantabria, S.A. de C.V.- 18 de enero de 2012.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
Nota: Las tesis P. XXI/2003 y P. XII/2002 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 9 y Tomo XV, abril de 2002, página 8, respectivamente.
Tesis: I.7o.A.676 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, Pag. 1499, 165856, Tesis Aislada
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 29, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONTIENE UNA CLÁUSULA HABILITANTE QUE PERMITA AL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESTABLECER, EN REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, LOS REQUISITOS QUE AQUÉLLOS DEBEN CUMPLIR. –Conforme al artículo 29, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes a cuya expedición están obligados los contribuyentes por las actividades que realizan, deben reunir los requisitos previstos en el artículo 29-A del propio código e imprimirse en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan con los requisitos previstos en las reglas de carácter general que emita dicha autoridad, y quienes tengan esos comercios están obligados a proporcionar a la mencionada dependencia la información de sus clientes por medios magnéticos, en los términos que ésta fije mediante disposiciones de carácter general. De ese modo, se concluye que el citado artículo 29 no contiene una cláusula habilitante, -en atención a que carece del acto formalmente legislativo- que permita establecer, en reglas de carácter general, al jefe del Servicio de Administración Tributaria, los requisitos que deben cumplir los comprobantes fiscales, en tanto que los supuestos en que dicho precepto concede tal atribución, están relacionados únicamente con las exigencias aplicables a los establecimientos impresores de esos comprobantes, así como con la forma de proporcionar a la autoridad fiscal la información de sus clientes.
Revisión fiscal 325/2009. Titular de la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, firmando en suplencia por ausencia del primero y del Administrador de lo Contencioso “1” la Administradora de lo Contencioso “2”. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Maestro en derecho fiscal y doctor en derecho, por la Universidad Marista. Director general de la firma de abogados fiscalistas “Lopezvilla y Asociados”. Autor de 10 libros de derecho. Maestro en varias universidades a nivel licenciatura y doctorado. www.lopezvilla.com
Tags: actualización, artículo 27 del CFF, Aviso de actualización, CFD, CFDI, pandemia, RFC, SAT, socios o accionistas

References: artículo 27
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 27

Artículo 27
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 artículo 27
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 artículo 27
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 artículo 27
 artículo 17
 ARTÍCULO 9
 artículo 9
 ARTÍCULO 14
 ARTÍCULO 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 27