Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1789
Timestamp: 2018-07-20 12:32:17+00:00

Document:
CELEBRADA EL MARTES 18 DE ABRIL DE 2017
Una, del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de su participación en la reunión con Senadores de los Estados Unidos de América, el 9 de febrero de 2017, en Washington, D.C
Una, del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el informe de su participación en la conferencia “Convergencias” 2017, llevada a cabo del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, en el campus de la Universidad George Washington, en Washington, D.C
Dos, de la Senadora Sonia Rocha Acosta, con las que remite los informes de sus participaciones en la gira de trabajo de la cuarta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, llevada a cabo del 16 al 18 de noviembre del 2016, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América y la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada los días 16 al 18 de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán
Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite su informe de actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su programa de trabajo para el Segundo Año de la LXIII Legislatura
Oficio con el que remite 27 propuestas de candidatos para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Oficio con el que remite 14 propuestas de candidatos para ocupar las vacantes de Magistrados Agrarios
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México
Oficio con el que remite el documento denominado “La Educación Obligatoria en México. Informe 2017” y el Informe Anual de Gestión de dicho Instituto, correspondiente a 2016
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 9 y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos
Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7o. y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación
COMISIÓN BICAMERAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
Oficio suscrito por el Diputado Armando Soto Espino, con el que remite Acuerdo por el que se le designa Presidente de dicha Comisión Bicameral y a los Senadores Jesús Casillas Romero y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, como Secretarios de la misma, para el período comprendido del 28 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018
Uno, por el que se organiza la participación de los Senadores sin Grupo Parlamentario en Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo
Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 420 Bis del Código Penal Federal
De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 6, 37, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal
De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 2 y la fracción V del artículo 7 de la Ley General de Turismo
De la Senadora Angélica de la Peña y a nombre de diversas senadoras, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma los incisos H) e I) y adiciona un nuevo inciso J) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud
Uno de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo por un nuevo período de 10 años
Seis en conjunto, de diversas Comisiones
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional.
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa
FE DE ERRATAS AL DICTAMEN DE LAS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (12:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Conforme al registro de asistencia, doy cuenta que, hasta este momento, se han acreditado 88 ciudadanos Senadores y Senadoras de la República.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del martes 18 de abril, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Quienes estén porque se rechace, de igual manera, manifestarlo levantando su mano.
Sí se aprueba el acta, señor Presidente.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron las siguientes comunicaciones.
Una, del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de su participación en la reunión con Senadores de los Estados Unidos de América, el 9 de febrero del año en curso, en Washington, D.C.
Una, del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el informe de su participación en la conferencia “Convergencias” 2017, llevada a cabo del 31 de marzo al 2 de abril pasados, en el campus de la Universidad George Washington, en Washington, D.C.
Dos, de la Senadora Sonia Rocha Acosta, con las que remite los informes de sus participaciones en:
Una gira de trabajo de la cuarta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, llevada a cabo del 16 al 18 de noviembre del año 2016, en Boston, Estados Unidos de América, y
En la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada los días 16, 17 y 18 de febrero del año en curso, en Mérida, Yucatán.
Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite:
Su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio y
Su Programa de trabajo para el Segundo Año, ambos de esta LXIII Legislatura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite 27 propuestas de candidatos para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, para su análisis y dictamen correspondientes.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Asimismo de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que se remiten 14 propuestas de candidatos para ocupar las vacantes de Magistrados Agrarios.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, para sus efectos correspondientes.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: De igual manera se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que se remite el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha información a la Comisión de Derechos Humanos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el que nos hace llegar el documento denominado “La Educación Obligatoria en México, Informe 2017”, y el Informe Anual de la Gestión de dicho Instituto, correspondiente al año 2016.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Educación.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió del congreso del estado de Baja California Sur, un proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 9 y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió del congreso del estado de Sonora, un proyecto de decreto por el se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7º y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Asimismo, la Colegisladora nos remitió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio suscrito por el Diputado Armando Soto Espino, con el que se remite Acuerdo por el que se le designa Presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y a los Senadores Jesús Casillas Romero y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, como Secretarios de la misma, para el período comprendido del 28 de febrero del año 2017 al 28 de febrero de 2018.
Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo que propone establecer la participación de los Senadores sin partido en la presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, y en debate sobre asuntos que no impliquen asumir una conclusión o resolución que sea avalada por el Pleno.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura con los puntos resolutivos del acuerdo, Presidente.
Primero.- El acuerdo tiene como objetivo organizar la participación de los Senadores, sin partido en la presentación de iniciativas, con proyecto de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo, así como en debates que se generen por acuerdo del Pleno de la Cámara de Senadores sobre asuntos que no impliquen asumir una conclusión o resolución que sea avalada por el Pleno.
Segundo.- La participación de las y los Senadores sin partido, se agendará siempre que medie solicitud expresa por parte del interesado para presentar iniciativas o proposiciones, así como para participar en debates pactados.
Tercero.- Las participaciones previstas en el presente acuerdo serán alternadas a razón de un Senador sin partido en una sesión; el siguiente en la sesión posterior, y así sucesivamente, las cuales ocurrirán al término de las que correspondan a los grupos parlamentarios.
Cuarto.- Las y los Senadores sin partido, acordarán el orden de sus participaciones para presentar una iniciativa, una proposición con punto de acuerdo o intervenir en los debates pactados por los grupos parlamentarios.
La duración de las intervenciones en la sesión que corresponda, será definida por la Mesa Directiva.
Quinto.- La Mesa Directiva llevará el registro de las intervenciones en cada sesión que las y los Senadores sin partido acuerden, para asegurar su equitativa participación alternada. A falta de acuerdo, el Pleno resolverá lo conducente.
Sexto.- Aquellas situaciones no previstas serán resueltas por la Mesa Directiva, privilegiando las normas establecidas por el Reglamento del Senado, relativas a la presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, así como las aplicables en los debates.
Primero.- El presente acuerdo entra en vigor el día de su aprobación.
Segundo.- Publíquese el acuerdo en la Gaceta del Senado, para su máxima publicidad, y
Tercero.- Notifíquese el acuerdo a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los Senadores de la República.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Es aprobado el acuerdo, Presidente.
Aprobado el acuerdo que establece la participación de los Senadores sin partido, en la presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, y en debate sobre asuntos que no impliquen asumir una conclusión o resolución que sea avalada por el pleno.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 420-Bis del Código Penal Federal.
El Senador Jesús Casillas Romero: Buenos días.
Es de todos conocida, la gravedad de las consecuencias que pueden generar los incendios forestales, que no sólo afectan árboles y suelos, sino a todos los ecosistemas que se reproducen en el bosque, desde aves, mamíferos, insectos y flora, que pueden tardar varios años en recuperarse, ello, además, de los graves estragos de contaminación y a la salud de nuestra población.
Para este año se prevé por parte de las autoridades forestales que el fenómeno La Niña provocará más incendios forestales debido a que hay poca humedad, al grado que la época de estiaje parece haberse adelantado ya, pues tan sólo en Jalisco, durante los meses de enero y febrero pasados, se registraron 106 incendios forestales afectando a más de 6 mil hectáreas de bosque y 244 conflagraciones de todo tipo, lamentablemente, en el mayor número de los siniestros, interviene la mano del hombre.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, el estimado es que más del 90 % de los incendios se originan por acciones humanas, quemas agrícolas, tala inmoderada e ilegal en la que los infractores dejan abandonadas ramas que se convierten en el peligroso combustible, fogatas, colillas de cigarros, quema de basura y algunos trabajos forestales.
Además, existen casos en los que la provocación de incendios ya no sólo es la base a la presencia de la negligencia, descuido o desconocimiento, pues gravemente son provocados de manera intencional: piromanía, vandalismo, especulación urbanística, bajar el precio de la madera, son algunos de los supuestos.
En menor de los casos son las causas naturales, las consecuencias llegan a ser de mayor magnitud, pues la pérdida de vidas humanas es lo más grave e irreparable en un incendio forestal, los brigadistas, combatientes de incendios forestales, son parte de esa víctimas humanas, héroes anónimos y subvalorados a quienes el incendio no va, ellos van al incendio y salvaguardan nuestro patrimonio natural y nuestra vida.
El hecho más reciente es el ocurrido el domingo 26 de marzo en el municipio de El Salto, Jalisco, donde un brigadista voluntario falleció luego de ser intoxicado por el humo y alcanzado por las llamas en un incendio registrado en un pastizal de aquel lugar.
En abril del año pasado un brigadista de la Comisión Forestal de Oaxaca falleció cuando participaba en el sofocamiento de un incendio forestal en la comunidad de Comala, del municipio de San Pedro Pochutla.
Tan sólo en esta entidad federativa han muerto 29 brigadistas en los últimos seis años, cuando el incendio es provocado por el hombre los casos de brigadistas muertos en acción deberían recibir un tratamiento de homicidio con sus consecuencias penales al responsable, como ya se dijo, por tratarse de la afectación más grave e irreparable de un incendio y que en un 90 % proviene de dicha responsabilidad humana, ya sea dolosa o por negligencia.
Cabe destacar que cuando una persona genera un incendio forestal y este alcanza una persona y la lesiona, o la mata, no existe mayor materia para dilucidar sobre la responsabilidad, pues el nexo causal entre el hecho y la consecuencia es claro, las llamas generadas van y causa daño y son consecuencias del hecho.
Sin embargo, en el caso de los brigadistas o cualquier persona que se presta voluntariamente a combatir el fuego, generalmente queda aislado de la consecuencia penal; sin embargo, debe quedar claro que todas las consecuencias de un incendio provocado por la mano del hombre deben encontrar como responsable al mismo causante, ello como una forma de responsabilizarse de sus actos y de sus consecuencias, además, de que todos debemos tomar conciencia de los alcances que una negligencia o dolo puede causar en estos casos y evitarlo y disuadirlos a toda costa.
Pero cuando se trata de hechos intencionales con fines de lucro, como es el caso de la especulación urbanística en cuya cadena de acontecimientos el más inocente y más lastimado es el héroe caído y su familia que queda sin sustento, apoyo, y peor, su irreparable ausencia.
La propuesta de responsabilidad es similar a la responsabilidad que debe de encontrar la persona cuando un animal o mascota de su propiedad causan daños, lesiones o muertes, pues sin que exista nexo causal directo, tanto con fines inhibitorios como de responsabilidad y reparación del daño en materia penal, independientemente de la responsabilidad laboral, si la persona presta sus servicios como brigadista para alguna institución pública o privada.
Por ello, la propuesta se realiza como una adición al artículo 420 Bis que trata precisamente los incendios provocados ilícitamente, esto es, dolosamente por negligencia cuando siendo ilícitos no se ajustan a las disposiciones normativas preventivas, ello en términos sugeridos en la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 420 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y el equivalente de 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente del uno al tres, cuatro, provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, y la adición es la siguiente.
De los daños, lesiones o muerte que fueron ocurridos a un brigadista o voluntario contra un incendio forestal que acudiese a combatir al ocasionado en los términos de la fracción IV del presente artículo, será responsable el autor o partícipe de este delito, nos parece a todas luces conducente que alguien que de manera deliberada provoca un incendio, y en este incendio alguien que de manera voluntaria, alguien que por cumplir con su responsabilidad como bombero, como brigadista, va al encuentro del incendio para tratar de sofocarlo, para tratar de apagarlo, y que en esa dinámica puede ser lesionado o pueda perder la vida, el responsable del incendio también sea responsable de las lesiones y, en su caso, de la muerte del brigadista, esto es en justicia, esto es en apego a una característica propia de quien velando por los intereses del medio ambiente, que es a todas luces necesario, también lo debe de ser el preservar la vida y también la integridad de quienes de manera valiente como héroes anónimos van y combaten los incendios, y me refiero precisamente a los brigadistas de instituciones públicas y también privadas.
Por eso, señor Presidente, solicito se turne a comisiones y en su oportunidad solicitarles a las comisiones dictaminadoras la celeridad de este dictamen para estar en condiciones de que también seguramente será esta medida un motivo para evitar que quien cometa incendios la piense dos veces, y que no solamente se pueda hacer responsable del daño ecológico, sino también se hace responsable de las lesiones de un brigadista.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 6, 37, 48, 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: En este país nos acusan a todos de corrupción, y yo creo que a veces el modelo, algunos modelos que tenemos estructuralmente facilitan la corrupción, uno de ellos, y que creo que está ya obsoleto, es el de coordinación fiscal.
Por eso, estoy presentando hoy esta iniciativa de modificación que tiene que ver con cómo llegan los recursos a los municipios, nosotros en el PAN creemos que el municipio es la instancia más cercana a la comunidad y como tal debe ser fuerte, lo que ha pasado hoy con la coordinación fiscal es que todos los recursos se van al centro y el centro los distribuye y los condiciona, y aunque hay un artículo que dice de la Constitución que fortalece al municipio, que modificaron en 1982, el municipio pasa el tiempo pidiendo que le entreguen sus recursos, pidiendo que le etiqueten recursos, los envían de la Federación a los estados, los estados muchas veces los meten a la licuadora y pasan meses y meses y meses en los que no les bajan los recursos.
De esta manera, el municipio es todo menos autónomo, no tiene recursos, no tiene manera de hacerse de recursos y los recursos que le transfieren se quedan ahí en el estado, hasta que muchas veces la entidad federativa decide que se los manda o de repente ni se los manda.
Así que por esta razón, tratando de modificar un tramo de control que se presta a veces a corrupciones es que presento esta iniciativa con modificación al tema fiscal en la parte presupuestaria, además meter el concepto de municipios y de Ciudad de México.
En Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad impostergable de fortalecer al federalismo, pues se trataba de invertir la lógica del centralismo donde desde una visión unipersonal del gobierno, que decide respeto al bienestar del ciudadano, paradójicamente el municipio es el cercano y el que no puede hacer cosas por él mismo.
Con esta iniciativa busco, precisamente, que el municipio adquiera mayor capacidad de decisión, acción y gestión, por lo que la toma de decisiones debe partir de las necesidades locales a las instancias tanto de las entidades federativas como principio de la Federación.
Lo anterior es así, pues el desarrollo humano sustentable sólo podrá derivar del desarrollo regional a través de un federalismo subsidiario que genera la infraestructura necesaria para la prosperidad de las comunidades.
Proponemos un federalismo responsable y solidario que establezca el deber de los tres órdenes de gobierno para colaborar en la búsqueda de un desarrollo regional, armónico, equilibrado y en paz.
Las competencias que inciden directamente en la vida del ciudadano deben ser atribuibles a los órdenes de gobierno más cercanos a la comunidad y los gobiernos deben asumir responsablemente el ejercicio de las facultades y de los recursos que le son delegados.
Para ello, buscamos fortalecer a las haciendas estatales y municipales y redistribuir las responsabilidades de gasto y las obligaciones de su comprobación asegurando la transparencia y la equidad en la distribución de recursos.
A raíz de la reforma de 1982, se le otorga una gran relevancia al municipio como parte fundamental de la administración pública, pues se le concede la responsabilidad que le otorga para la administración de servicios básicos, la facultad que le es concedida de poder celebrar convenios con la Federación y los estados, con el fin de asumir la prestación de un servicio de competencia previamente federal o estatal.
La urbanización que faculta al municipio para participar desde la formulación hasta la administración de los planes de desarrollo es absurdo que tenga esa competencia y no tenga la facultad de hacerse de recursos propios o tenga que pasar por varias instancias para que se los hagan llegar.
Al ofrecer los municipios los servicios básicos de primera necesidad, podemos entender que este es el primer contacto de la ciudadanía con la vida orgánica de la administración pública y éste debe de contar con el elemento denominado capacidad económica, que consiste fundamentalmente en que el municipio posee un patrimonio y una hacienda pública propios.
Muchas veces estos conceptos se confunden en la práctica, la hacienda comprende tanto los ingresos como los egresos y la deuda pública e incluye el patrimonio municipal.
En este sentido, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de establecer los servicios básicos de los que se encargaba su fracción IV indica que éste debe de contar con los recursos económicos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y para ello percibirá participaciones federales que son recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por estar coordinadas fiscalmente encontrándose en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A diferencia de estas transferencias las participaciones son transferencias de recursos no condicionados, las entidades federativas determinan de manera autónoma el destino de estos recursos.
Los montos asignados a cada estado dependen principalmente de la recaudación federal participable y del crecimiento económico, esfuerzo recaudatorio y la población de las entidades federativas con varios factores que determina la Federación y que ata a los municipios.
Los criterios de distribución están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece en su artículo 85 y en la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 6, 37, 48 y 49, que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación se transferirán a los municipios por conducto de las entidades federativas y luego las meten a la licuadora, creando una dependencia por parte de los municipios hacia los responsables de las finanzas públicas de las entidades, pues tiene que visitarlos de manera continua para el pago de las aportaciones federales.
Esto de igual manera, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, aportaciones federales características y en la tesis aislada de la Primera Sala, bajo el rubro Hacienda Municipal, Principios, Derechos y Facultades en esta materia, previstos en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De los criterios citados se desprende que el principio de libre administración de la Hacienda Municipal tiene como fin el fortalecimiento de la autonomía de autosuficiencia económica de los municipios para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades sin que se vean afectados por intereses ajenos o que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de las necesidades básicas.
Los gobiernos estatales cuentan en la actualidad con algunas fuentes de ingresos cuya recaudación es poco significativa en sus ingresos totales.
La dependencia de las haciendas públicas de estados y municipios es un tema de interés nacional, sin embargo, los problemas estructurales del federalismo fiscal en México, destacan el agotamiento del actual sistema de coordinación fiscal que ha provocado la sujeción de los estados y municipios a las participaciones de ingresos federales.
También de esto depende si el estado no tiene ingresos propios a veces no puede poner su pari passu o la parte que le corresponde en un programa y al final tiene que devolver los recursos que la Federación le asigna o le pone a disposición, siempre y cuando cumpla con algunas condiciones.
Las participaciones federales son un ingreso considerable para la vida de los municipios y, por tanto, se deben contar en tiempo, sin la necesidad de que se puedan prestar a manejos discrecionales por parte de las entidades federativas o se proporcione posterior a la fecha señalada en el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución, calendarización para la administración, para el ejercicio fiscal 2017 de los recursos correspondientes a los ramos generales 28, participación de entidades federativas y municipios y 33, aportaciones federales por entidades federativas y municipios.
Es importante establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales para la entrega de dichos recursos, considerando que es de acuerdo a la ley, el Estado, el encargado de calcular las cantidades que cada mes deben ser transferidas en tiempo, de garantizar el ingreso de los municipios y no permitir lo que ocurrió en estados como Veracruz, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y Tabasco, con el paso de la licuadora financiera y mezclar los recursos municipales con los de la entidad federativa y no transferirnos a tiempo para su gasto.
Diversas entidades federativas, con el paso del tiempo han vulnerado la legislación en materia de coordinación fiscal poniendo en riesgo la gobernabilidad de las demarcaciones territoriales municipales al generar una desestabilización económica por la falta de pago en tiempo de las participaciones federales por parte de los gobiernos locales.
Hemos observado estos casos en estados como Veracruz, en donde se llegó a prolongar el pago de participaciones por 600 millones en noviembre de 2015.
Michoacán, que durante los meses de agosto y septiembre de 2015, se dejó de pagar hasta 247 millones.
Morelos, que por mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la controversia constitucional 17/2014, pagó los mil 600 millones por retención del 50 % de participaciones federales a los municipios, o Nuevo León, en donde retrasó el pago de 300 millones por más de 85 días en el año 2016.
Las participaciones federales en favor de los municipios, no pueden dejarse al manejo discrecional de los tiempos por el pago de los municipios por parte de las entidades federativas, incluso, llegan a no pagarse completas o no les pagan los ajustes por retrasos abusando de los municipios por falta de información y también los municipios tienen una fecha límite para terminar sus programas y si no se hace subejercicio y tiene que devolverse y se enreda fiscalmente.
Hay que garantizar la capacidad económica de nuestros municipios para el ofrecimiento oportuno de servicios.
Por lo anterior, y fundado, someto a la consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con carácter de decreto.
Artículo 1º. Se reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Los recursos federales aprobados por el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas, a los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, se sujetarán a lo siguiente:
Y en las fracciones I, II, hablo de las alcaldías de la Ciudad de México.
Artículo 2º. Se reforman los artículos 6, 37, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 6. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del fondo general de participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30 % de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrirlas.
Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios recaudatorios en la parte municipal considerados en el artículo 2º del presente ordenamiento.
La Federación, este es el aumento también, entregará las participaciones a los municipios y a las alcandías de la Ciudad de México de manera directa descontando la participación del monto que corresponda al Estado.
Los municipios, bajo el principio de máxima publicidad, publicarán la información sobre las participaciones recibidas a través de sus respectivas páginas electrónicas de internet y a través de otros medios locales de difusión y proporcionarán al Estado el monto y la fecha de participación transferida.
La siguiente fracción tiene que ver con Ciudad de México, alcaldías y el 30 % también.
El artículo 37 tiene que ver con que las aportaciones federales, que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, se destinarán, y sigue la fracción como sigue.
El artículo 48 se refiere a Ciudad de México y sus alcaldías, y los siguientes artículos tienen que ver con la Ciudad de México, sus alcaldías, pero lo fundamental es que las participaciones lleguen directamente de la Federación a los municipios sin tocar baranda por los estados, que los guardan y a veces no se los entregan.
Le agradezco al Presidente la atención.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Luisa María Calderón.
Senadora, el Vicepresidente que si puede suscribir con usted la iniciativa.
El Senador López Brito también.
Tenemos como diez.
Si Servicios Parlamentario pasa a recoger las firmas.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del estado de Durango, invitados por el Senador Ismael Hernández Deras, quienes asisten con la finalidad de presenciar la Asamblea.
También damos la más cordial bienvenida a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala, invitados por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Y, asimismo, a un grupo de niños representantes del equipo de béisbol de la Liga Ramón Arano, del estado de Veracruz, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para presentar a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván un proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 2 y 7 de la Ley General de Turismo.
Buenas tardes compañeras Senadoras y Senadores:
El día de hoy presento a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván una iniciativa que propone que la Secretaría de Turismo tenga la facultad expresa de realizar acciones que fortalezcan la resiliencia de los recursos naturales utilizados en el turismo.
Ante los daños ambientales y eventuales que han impactado a los ecosistemas de nuestro país, es importante que el gobierno federal realice los esfuerzos necesarios para poder conservar nuestras riquezas naturales.
Como legisladora proveniente del estado de Quintana Roo tengo muy claro que las riquezas naturales son fundamentales para nosotros, ya que es el principal motivo de viaje para los turistas, y a su vez el turismo es la principal fuente de empleos de mi estado.
Asimismo, el turismo es una actividad estratégica para nuestro país, fomentarlo y buscar un mejoramiento en él es una obligación que como legisladores debemos realizar.
En México el turismo representa el 8.7 de la aportación en el PIB nacional por encima de países como Austria y Nueva Zelanda.
En 2015 el sector turismo generó 2.3 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 5.8 % del total del país.
Por lo anterior resulta necesario impulsar el turismo para poderlo utilizar como el motor de desarrollo social que ha sido, incluyendo ahora más que nunca, que ya ni las divisas, ni el petróleo están por encima de lo que ingresa a través de los turistas, de los visitantes, y para que sigamos generando empleos y también combatiendo a la pobreza.
Nuestra legislación debe ser modificada con la intención de que se fortalezca el cuidado a los recursos naturales, pero, además, no sólo el cuidado al medio ambiente y al capital verde, sino que hay que mejorar nuestra ley en estrategias que protejan los recursos en comento, aptos para el desarrollo turístico.
Esta propuesta busca dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sustentable y al Acuerdo de París, dando la facultad y obligación expresa a la Secretaría de Turismo de colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para aumentar el cuidado de los recursos naturales utilizados por el turismo, tomando acciones que aumenten la resiliencia de estos recursos.
Es por ello que es importante expresar, mencionando que la resiliencia es la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático.
El capital verde de nuestro país es esencial para el desarrollo turístico. Si queremos aumentar los ingresos captados por el turismo se debe aumentar las tareas a cargo de la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen medidas que fortalezcan la resiliencia en los recursos naturales que se utilicen en el turismo, como por ejemplo los bosques, ríos, lagunas, etcétera.
Cabe destacar que del 2 al 17 de diciembre del año pasado, en Cancún, se celebró la décimo tercera Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, COP13.
Por mencionar algunos logros de la COP 13 que tuvimos en Cancún podemos encontrar lo siguiente:
Se proclamó la declaración de Cancún y 169 partes se comprometieron a incluir criterios de integración de biodiversidad en sus políticas públicas.
Se firmó un convenio institucional entre la Sagarpa y la Conafor para alinear políticas agropecuarias y forestales para promover estrategias conjuntas para impulsar el desarrollo rural sustentable y detener el cambio de uso de suelo de terrenos forestales.
Se firmó el acuerdo “ASPY 2030” el cual promueve la Sustentabilidad de la Península de Yucatán entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán, sostenido por más de 70 empresas a través de ocho principales acciones:
Desarrollo agropecuario sustentable.
Gestión sustentable en las zonas costeras.
Manejo efectivo de las selvas.
Pesca sustentable.
Fomento de mercados verdes y responsables.
Agua y ecosistemas.
México presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y es el Plan de Acción 2016-2030.
Se acordó que para el 2020, que al menos el 17 % de zonas terrestres, así como el 10 % de zonas marinas, sea Área Natural Protegida.
México anunció el decreto de nuevas Áreas Naturales Protegidas, el país duplicó su territorio marino protegido y cumplió anticipadamente con la meta 11 de Aichi.
Asimismo, la Sedatu ha creado la red de ciudades sustentables de lo que destaca que Cozumel pertenece a esta red.
Es de celebrar esta reunión, ya que para propiciar avances en el tema y dar continuidad a los trabajos nacionales e internacionales hay que escuchar a los expertos para poder hacer, desde el ámbito de nuestras facultades, acciones que mejoren la situación de biodiversidad de México, ya que solo de esa manera se puede concretar un beneficio para los ciudadanos.
No quitemos el dedo del renglón y propiciemos una sustentabilidad en un nuestra biodiversidad.
Es en este sentido, al dejar la obligación expresa, como lo propone la presente iniciativa, se estaría forzando a que en coordinación entre dos Secretarías no solamente protejan los recursos naturales aprovechados en el turismo, sino ir más allá, protegiéndolos y preservándolos con medidas que incluso obligan a poner en práctica lo dispuesto por el Acuerdo de París, recién ratificado.
Esta iniciativa propone que la Sectur tome medidas y acciones exclusivas que propicien y fortalezcan la resiliencia, es sumamente importante que a la brevedad se tomen acciones urgentes, ya que sólo así preservaremos nuestros recursos naturales e inclusive los trabajos de miles de mexicanos que viven directa o indirectamente del turismo.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias Senadora Luz María Beristain.
Para suscribir también su iniciativa, preguntan si se pueden suscribir en su iniciativa, Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Segunda.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, para presentar la nombre propio y de las Senadoras Pilar Ortega, Cristina Díaz y Dolores Padierna un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, y los artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del decreto de reformas constitucionales en materia político electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias Presidente, con su venia.
Señoras Senadoras y señores Senadores:
La presente iniciativa ha sido elaborada por un número importante y significativo y representativo de personas que se dedican a la academia de colectivos que agrupan diversas organizaciones de la sociedad civil, diferentes especialistas preocupados también y preocupadas por el futuro de nuestro país, y particularmente todas ellas se han inscrito bajo un lema: “Por una Fiscalía que sirva”.
En el marco de esta campaña que han iniciado desde hace meses atrás, todas organizaciones y especialistas nos han hecho llegar su propuesta de forma constitucional para que le demos curso, y ésta sea tomada en consideración por las comisiones que están trabajando el dictamen que tiene que resolver diversas iniciativas alrededor de las modificaciones a la materia que tiene que ver con la fiscalía la construcción, la constitución de la Fiscalía General de la República.
Estas diversas iniciativas que hemos presentado, algunas Senadoras, Senadores incluyendo la del Ejecutivo y que están bajo la conducción de la Comisión de Puntos Constitucionales, desde nuestro punto de vista tiene también que tomar en consideración la iniciativa que hoy ponemos a su consideración que está asignada por este colegiado de organizaciones y personalidades y de especialistas, insisto, bajo el lema: “Por una Fiscalía que sirva”.
En este sentido es necesario mencionar que no solamente se inscribe su preocupación en la modificación del transitorio que da pase automático para que quien ocupe la Procuraduría General de la República a partir de la emisión y aprobación y publicación de la Ley de la Fiscalía General de la República y en automático quien ocupe la Procuraduría sería quien pasaría a ser el nuevo Fiscal General de la República.
De ahí que además de coincidir con la preocupación de varias Senadoras y Senadores que ya presentamos nuestra iniciativa este colegiado también plantea que no solamente no exista el pase automático, sino que se cumplan una serie de preceptos importantes para que quien vaya a ocupar este importante nombramiento del que va a ser el organismo autónomo que hoy es la Procuraduría General de la República, ciertamente lo hagan no solamente de manera transparente, sino sobre todo haya una verificación real, objetiva, transparente, insisto, de que su nombramiento corresponde a lo que el país necesita.
Sin embargo, además del transitorio y es algo que quiero destacar en mi intervención porque además, coincidimos en nuestra preocupación con las organizaciones de que quien ocupe la Procuraduría no tenga el pase automático, es decir, la modificación al transitorio de esa reforma constitucional, sino también nos parece importante que la Comisión de Puntos Constitucionales estudie de manera debida la revisión al artículo 102 apartado A, que como ustedes recordarán, se va a transformar este artículo, en este apartado A del 102 en lo que ahora es la Procuraduría General de la República a los delineamientos que tienen que caracterizar a esta Fiscalía General de la República.
¿Qué nos plantean las organizaciones?
En primer lugar, además de establecer los requisitos que ya se plantean, integrar otros preceptos importantes como el de la independencia, la honradez, la alta calidad moral, compromiso con la protección de los derechos humanos, y no haber sido condenado por delito doloso, y además que estos objetivos del perfil tengan, estén claramente establecidos en la ley.
Una de las características importantes de esta iniciativa es abarcar, además de los preceptos que ya conocemos, distinguen al trabajo de procuración de justicia también el que tiene que ver con la protección de los derechos humanos.
El que la Constitución a la luz de las organizaciones pueda darle esta encomienda a la Fiscalía General de la República sin duda constituye un avance importantísimo que trastocaría, entre otras cuestiones estructurales pues -debo decirlo claramente- de fondo del cometido que tiene que distinguir a esta fiscalía, y que, repito, es una inquietud que avala, que toma en consideración también el sentir popular de nuestra nación, es decir, la procuración de justicia, sobre todo en estos tiempos, como toda ley que es revisada tiene que tomar en cuenta servirle a la sociedad, servir a la población, servir a la nación, y en ese sentido, puede resultar lógica esta preocupación que hacen las organizaciones en esta iniciativa que le damos curso de manera respetuosa las Senadoras que la signamos para que pueda ser, insisto, tomada en consideración en el estudio de la Comisión principalísimamente de la Comisión de Estudios de Puntos Constitucionales más las comisiones que acompañan el estudio de este dictamen que esperemos pronto podamos lograr los consensos para dar también certidumbre a esta preocupación que han vertido las organizaciones.
Se plantean una serie de preceptos importantes respecto a cómo tienen que ser las comparecencias públicas de quien quiera asumir, quien pretenda ser tomada o tomado en consideración para ser electo como Fiscal General de la República, se plantean modificaciones algunos de los fracciones de este apartado A del 102 constitucional en el sentido de que además de todos aquellos asuntos que están conferidos, distinguidos como la definición de los delitos en el orden federal, también pueda tener persecución este Ministerio Público autónomo a aquellos del orden común que guarden conexidad con delitos del orden federal o cuando el hecho constitutivo del delito trascienda al ámbito de una o más entidades federativas.
Ya planteado en la Constitución va a permitir ciertamente tener a una Fiscalía General de la República con un enfoque nacional y que pueda, insisto, dar certidumbre a esta exigibilidad de justicia que observamos a lo largo y ancho del país.
Además, se plantea la iniciativa que se ejercerá la facultad de atracción a solicitud de la víctima del delito cuando las fiscalías de las entidades federativas no inicien de forma inmediata e imparcial y exhaustiva a la investigación por defecto u omisión en la persecución o enjuiciamiento en el ámbito local o cuando exista sentencia o resolución de un órgano previsto en tratado internacional.
Obviamente las características de los procedimientos de estos preceptos que están establecidos en esta iniciativa, pues tienen que abundarse en la Ley Orgánica de la propia Fiscalía para concretar cuáles serían los procedimientos, insisto, los procedimiento para hacer plausible cuándo se estaría ante estos supuestos que las organizaciones que están planteadas, quede en el artículo 102, apartado A de la Constitución.
Por supuesto, nos llama mucho la atención que también incluyen, que las fiscalías especializadas en delitos electorales y otros, también haya fiscalías especializadas frente a las violaciones de los derechos humanos, que es otra de las propuestas que hacen, y por supuesto, también establecer los mecanismos de evaluación y control disciplinario para un adecuado y transparente ejercicio de la función que permita una supervisión ciudadana.
Me parece que en este aspecto, es importante llamar la atención, el clamor ciudadano respecto de que los controles, y en una democracia, sería lo más plausible, lo más lógico, es de que se mantenga una relación experta con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquella que es especializada para tener estos controles ciudadanos, que permitan que las instituciones, aun cuando pudieran ser autónomas, aun cuando no pudieran ser, o ya no sean más organismos gubernamentales, puedan tener, estar bajo la óptica también de la visión del ejercicio en su función, donde se asegure la transparencia, y en ese sentido, la supervisión ciudadana cobra una gran relevancia.
Ya se acabó el tiempo, sin embargo quiero terminar diciendo que los transitorios que están planteando las organizaciones en esta iniciativa, también son importantes, refrendan su inquietud respecto de que no haya pase automático, pero además establecen los procedimientos que tendrían que enfrentar, emprender el Senado de la República para garantizar que quien ocupe esta importante función, ahora ya como un organismo autónomo, desde la Fiscalía General de la República, realmente vaya inscrita en esta dinámica que hemos construido desde el 2008, o antes, del 2005, de un nuevo Sistema de Justicia Penal adversarial, garantista que ya distingue a nuestra Constitución.
Es cuanto, y muchas gracias a ustedes por su atención.
Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Con el mismo objeto?
Denle volumen, por favor, en el escaño.
Volumen en el escaño de la Senadora Layda.
La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): Dos motivos. La queremos suscribir, pero también queremos solicitar que sea turnado este proyecto de decreto a la Comisión de Asuntos Migratorios, dado que el Fiscal en un año tendrá que presentar todo un planteamiento de organización institucional, y como lo dijo la Senadora Angélica, están considerados también los derechos humanos, y creo que ahí hay mucha materia que hacer con nuestros migrantes en el extranjero, ellos quieren ser parte también de este debate.
Así que, si por favor, se puede extender también este proyecto a la Comisión de Asuntos Migratorios.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senadora. ¿Lo hacemos para opinión o para dictamen también?
¿Cuál sería su intención?
La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): Para dictamen.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se amplía el turno, con gusto.
El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Pedraza.
Denle volumen en su escaño.
El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Gracias.
Había pedido para suscribir y también para pedir la ampliación de turno a la Comisión de Derechos Humanos, porque es un tema que está ahí relevante.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Lo ampliamos, y si quieren luego platicamos con los presidentes para ver cómo hacemos que el trabajo sea ágil, pues, son muchas comisiones, pero lo ampliamos y lo platicamos, con gusto.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar un proyecto que reforma el artículo 105 constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias.
Esta iniciativa lo que pretender es dar certeza y certidumbre jurídica a los inversionistas, y como consecuencia de ello, a los trabajadores que se vean beneficiados de esas inversiones, pero finalmente a los consumidores, que terminamos siendo todos.
Y se propone adicionar la fracción II del artículo 105 constitucional con un inciso j) para facultar a la Comisión Federal de Competencia Económica para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y locales, es decir, en el ámbito espacial de las entidades federativas y los municipios, así como de tratados internacionales ratificados por este Senado que vulneran la competencia económica y la libre concurrencia a los mercados que protege el artículo 28 constitucional.
Con ello se permitirá frenar las prácticas proteccionistas que se dan en los órdenes de gobierno, estatal y municipal, y en ocasiones, inclusive aún en el orden federal a través de disposiciones legales contradictorias o administrativas, y que por sí mismas, cuando viene la inversión se trastoca la misma y los inversionistas no se plantean mecanismos de seguridad para la inversión que van a hacer, y las promesas de fuentes de empleo se ven truncadas.
Ya no se diga, que en muchas ocasiones se inician las obras, se inician las inversiones sin siquiera conocer el estatuto jurídico que va a regir a las mismas.
Ya no se diga en el plano ambiental, en el que en todo el mosaico nacional tenemos inversiones y en las que las autoridades competentes del orden federal son omisas en emitir las reglas, o bien, los programas de ordenamiento y de administración.
Con ello, lo que pretendemos es, reconociendo nuestra realidad, reconociendo las restricciones que esto genera a la competencia económica, y sabiendo que no necesariamente provienen de los agentes económicos, lo que necesitamos es consolidar el mecanismo para que las opiniones de la Comisión Federal de Competencia tengan vinculación legal y no sean meras recomendaciones.
Es vergonzoso ver cómo en días pasados la Comisión Federal de Competencia, después de un diagnóstico situacional que hizo respecto de las leyes del estado de Sinaloa, en la que se irrumpían en más de 11 ordenamientos, disposiciones de leyes generales, le tiene que felicitar por haber modificado la disposición para los negocios que se refieren a la venta de hidrocarburos, como las gasolineras.
Ahora resulta que tenemos que felicitar a quien durante muchos años estuvo siendo parte de un proteccionismo exacerbado ilegal, auspiciado, inclusive, por Profeco y por Pemex, y ya no se diga de otras actividades o de venta de productos y servicios.
En ese sentido, el que la Cofece no cuente con facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en temas de su competencia, como sí lo tienen otros órganos constitucionales autónomos, evita que pueda frenar la entrada en vigor de leyes que inhiben las competencias y vulneran lo consignado en lo ya señalado por el artículo 28 constitucional.
Con esta medida vamos a evitar que se mantenga una dualidad en esta materia, ya que por un lado, la Constitución y otras leyes establecen el compromiso para tener un mercado más abierto y la libre competencia; pero por el otro, siguen existiendo disposiciones, normas y actos de autoridad que no permiten que el bien jurídico a tutelar sea una realidad.
De ahí que, pues, las tareas y las facultades de la Cofece, como órgano regulador de la competencia, se ven limitadas por la propia autoridad.
Esta iniciativa, entre otros beneficios presenta, por señalar sólo cinco: poder frenar de manera pronta disposiciones legales que pretenden aprobarse o se aprueben y que signifiquen poner trabas al derecho a la libre competencia y concurrencia de los mercados.
Dos. Permite que la Cofece cumpla sus responsabilidades de mejor manera, al hacer que sus recomendaciones no constituyan meras opiniones, sino que puedan ser defendidas legalmente.
Tres. Promueva la homologación de normas que promueven a su vez la competencia económica en todo el país.
Cuatro. Da acceso a los consumidores a productos de mayor calidad y a mejores precios, también de servicios, y
Cinco. Va a evitar la expedición de normas, como sucede actualmente, que frenan la competencia económica y con ello las inversiones productivas y las innovaciones tecnológicas. Pero lo que es más grave aún, propician la incertidumbre y la falta de certeza jurídicas.
Por eso, compañeros, los invito a que acompañen esta iniciativa, ya lo vimos aquí cuando vino la titular de la Cofece a rendir el informe anual a que está obligada por la ley, así se expresaron muchas de las opiniones de ustedes, va a hacer ocho meses de ello, y es por eso que para ser congruentes con lo que dijimos en aquél entonces, es que hoy presentamos esta iniciativa.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Manuel Cárdenas Fonseca.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Senador Manuel Cárdenas, para suscribir, el Senador, si le permite suscribir la iniciativa con usted. Adelante.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría de ellos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.
Uno, de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”
Uno más, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I, y también la VIII, y se adiciona la fracción IX del artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Uno, de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil y se reforma la fracción LXIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
Uno, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Y también de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado todo esto en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
Son todos los dictámenes señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, han quedado de primera lectura.
Hace unos momentos dimos la primera lectura de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto publicado el 23 de mayo de 2014, en materia de salas regionales del Tribunal Electoral.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen anteriormente leído.
Quienes estén por la negativa, de igual manera manifestarlo levantando su mano.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión en lo general y en lo particular se hará en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de esta Cámara de Senadores, hemos podido en este dictamen, encontrar los consensos necesarios para avanzar en la construcción de este dictamen que hoy ponemos a su consideración, y el cual solicitamos sea votado de manera afirmativa, y a nombre de la Comisión de Justicia es que vengo a presentar el mismo, este dictamen, referente al proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
A raíz de la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la reforma y adición de diversos preceptos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que fueron publicadas el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comenzarían sus actividades en el mes de septiembre del presente año.
Debemos reconocer que la génesis de esta propuesta fue justamente la utilidad que tendrán en su momento estas dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que radica justo en aminorar la carga de trabajo acumulada en las restantes salas regionales. Pero también tenemos que tener presente que la situación económica que atraviese nuestro país, no es la mejor, y en este tenor deben tomarse medidas de austeridad que sean necesarias y adecuadas, a efecto de procurar el debido funcionamiento del Estado y la estabilidad de sus finanzas.
En ese sentido, con el análisis del presente dictamen, se consideró que a pesar de la situación económica, y tomando en cuenta el destacado trabajo realizado de manera profesional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es viable que se continúe trabajando con la infraestructura que el Tribunal actualmente cuenta, sin que exista con ello una afectación de la tutela judicial efectiva en materia electoral.
Por ello, estimamos en las comisiones, que esta medida planteada en la iniciativa, origen del presente dictamen, era adecuada, y lo que pretende esta propuesta es eliminar el plazo fijo que mandata al artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que estas dos salas regionales que se crean en la ley, se instalen a más tardar el próximo mes de septiembre.
El análisis realizado es justamente porque el Tribunal, pese a la conveniencia de contar con dos salas más, también es cierto que actualmente cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo los procesos electorales que están, bueno, la resolución de conflictos derivados de procesos electorales por venir.
En ese sentido, y tomando en consideración la situación económica, es que es recomendable posponer el inicio de funciones de estas dos salas regionales, toda vez que esta estructura y entramado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta suficiente y sólido para la resolución de los conflictos que pudieran presentarse en los próximos procesos electorales.
Y de esa manera dejar al propio Tribunal, para que tomando en consideración las medidas presupuestales, la situación económica, la carga de trabajo del propio Tribunal, la revisión de lo que pasa en las salas regionales que están adscritas a cada una de las circunscripciones electorales, determine cuál será el mejor momento para instalar estas salas que por mandato legal ya están establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, con la aprobación de este dictamen y posteriormente con la aprobación de la Colegisladora al mismo el inicio de las actividades de esta Salas Regionales, de estas dos salas adicionales, estará sujeto a la oportunidad, funcionalidad y viabilidad que su instauración presente en manos del propio órgano responsable, mismo que cuenta con una mejor visión y panorama de sus propias funciones y necesidades operativas.
También creo que es importante señalar que derivado del debate que se originó a raíz de estas propuesta se decidió por las comisiones unidas adicionar la iniciativa planteada inicialmente para que se estableciera la obligación de que los recursos asignados para tal fin, y que ya no serían utilizados por el Tribunal para la creación de estas salas, deberán reintegrarse en su totalidad a la Tesorería de la Federación.
De tal manera que queda este ánimo de generar medidas de austeridad y de reducir este presupuesto y generar un ahorro importante, se verá cristalizado con la obligación del propio Tribunal de reintegrar estos recursos.
También es importante señalar que dentro de las consideraciones del dictamen se prevé que la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación pueda tener una reunión de acercamiento con el Senado para informarnos sobre el procedimiento a seguir para en la determinación que considere pertinente para la creación de estas dos salas regionales.
En ese sentido, sólo me resta señalar que todas las autoridades y poderes estamos obligadas a fomentar una administración presupuestaria responsable, particularmente como legisladoras y legisladores debemos generar medidas destinadas a beneficiar la administración eficaz del presupuesto federal, esto, por supuesto, sin lastimar de ninguna manera la impartición de justicia, misma que no se vea afectada y que en todo caso será el propio Tribunal quien decida cuál será el mejor momento, el momento oportuno que presupuestalmente, pero también tomando en consideración la propia operatividad del Tribunal es necesario que la creación de estas salas se dé y se ponga en marcha.
Esa es la finalidad del dictamen que hoy está a su consideración.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor del dictamen.
Entre tanto, quiero darle la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes de acción juvenil de la Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gracias, señores. Ellos son invitados por la Senadora Silvia Martínez.
Del mismo modo, esta Presidencia, saluda la presencia de la Diputada Maureen O ‘Sullivan, del Parlamento de Irlanda, invitada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sea usted bienvenida, señora Diputada.
Nos da mucho gusto tenerla en esta sesión.
Y, finalmente, le ruego unos minutos a la Senadora de la Peña.
Esta Mesa Directiva también le da más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes procedentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, invitados por la Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo.
El Senado les agradece su presencia.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidenta, con su venia.
Es importante recordar que cuando se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la reforma y adición a diversas disposiciones como la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismas que, recordemos, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 14, entonces, se estableció que dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzarían sus actividades en el mes de septiembre del presente año.
El dictamen que estamos a punto de votar es una iniciativa que el pasado 23 de marzo presentó el Senador Miguel Romo Medina y propone posponer el inicio de funciones de estas dos Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de acuerdo con el segundo transitorio de las disposiciones de esa ley, que debían instalarse en el mes de septiembre de este año.
Es decir, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala Superior, determinará ponderando la viabilidad presupuestal el inicio de las funciones de las salas regionales que se crearon con motivo de la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Qué motivo al señor Senador Romo al presenta esta iniciativa y que lo discutimos a manera amplia en la Comisión de Justicia, como lo acaba de mencionar su Presidenta, la Senadora Pilar Ortega Martínez, es que si bien entendíamos la motivación de que hubiera ahorros en vista de que no estamos en un año electoral y que había que mantener una infraestructura que a lo mejor no es importante en este momento, es importante señalar que las comisiones, y particularmente la Comisión de Justicia, a partir de esta discusión amplia, lo que fuimos insistentes en que si bien estos recursos ya están etiquetados, y en el caso de aprobarse esta iniciativa el día de hoy, entonces, lo conducente que estos recursos sean regresados a las arcas de la Federación, puesto que no se van a utilizar.
Esa parte, ese agregado, es importante, yo lo señalé en nuestra intervención, porque nos parece que como ya están presupuestados es importante que si aprobamos y si la Cámara revisora aprueba esta reforma, entonces, lo conducente es que se asegure que efectivamente los recursos se ahorren y puedan regresarse de manera íntegra a la Tesorería de la Federación.
En este caso, es importante recordar que tenemos efectivamente cuatro elecciones, pero estas cuatro elecciones locales no corresponden a la injerencia de estas dos salas regionales que se están proponiendo se modifique su entrada en vigor de su instalación.
Como sabemos, las elecciones que se están realizando en el estado de Coahuila, Estado de México, Nayarit y las municipales en el estado de Veracruz no se verían afectadas con la no instalación de estas salas regionales.
De tal manera que es importante destacar la pertinencia, y así lo aprobamos en la Comisión de Justicia de la iniciativa que hoy nos motiva sea reformada cuando deben postergar la entrada en vigor de estas dos salas regionales.
Es cuanto y en este sentido vamos a refrendar, como lo hicimos en la comisión, aun cuando pudiéramos tener algunas dudas respecto de que este hecho pueda dejar un precedente, sí es importante señalar que siempre se vea este precedente desde el punto propositivo, como fue la motivación de la iniciativa del Senador Romo.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar también a favor del dictamen.
Con su permiso señora Presidenta.
En primer lugar quiero externar un reconocimiento a los Senadores y a las Senadoras integrantes de ambas comisiones, tanto a la Comisión de Justicia que preside nuestra compañera Senadora Pilar Ortega, como también a los compañeros y compañeras integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos.
No quisiera abundar más en detalle sobre esta iniciativa, las dos intervenciones anteriores tanto de la Senadora Angélica de la Peña como de la Senadora Pilar Ortega han sido muy explícitas, han sido muy claras, en el sentido de la iniciativa.
Y efectivamente tenemos un escenario en donde en el artículo 2º de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se publicó el 23 de mayo del 2014, señala con mucha puntualidad y lo refiero en los términos que se encuentra redactado y dice:
“Las dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberán iniciar actividades en el mes de septiembre.
Por lo que aquí se ha expuesto, por lo que se ha referido, no solamente en el aspecto de lo que es la capacidad de trabajo de respuesta en garantizar la justicia electoral a través de las instituciones derivadas del Tribunal Federal de la Federación, sino que también obedeciendo a lo que el Estado mexicano y en todas las instituciones hemos venido desarrollando y comprometiendo en un momento importante del contexto económico, haciendo ajustes presupuestales y desde luego con una convicción de austeridad, se planteó, como aquí bien se dijo, el modificar este segundo artículo transitorio para quedar en los términos que fueron señalados y que preciso con toda intención y quedaría de la siguiente manera:
Segundo. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a propuesta de la Sala Superior determinará, ponderando la viabilidad presupuestal el inicio de las funciones de las salas regionales que ya se crearon con motivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Esto, ¿qué quiere decir o por qué lo menciono y lo destaco de manera relevante?
Quiere decir, como se ha comentado, se ha dicho, que la intención de esta iniciativa no es la de eliminar de ninguna manera la posibilidad de la creación de estas dos salas regionales, sino que se trata de suspender, si es el término correcto, de manera temporal y de acuerdo a las circunstancias, no solamente presupuestales, sino también de cargas de trabajo en materia de justicia electoral, de tal manera que se sigue facultando a la Sala Superior para que en base a cargas de trabajo, a circunstancias específicas, a entornos electorales de terminados pueda, en todo caso, generar una suficiencia presupuestal y consecuentemente aprobar, autorizar la creación y funcionamiento de estas salas regionales.
De tal manera que en base a ello, en base a lo bien expuesto por mis compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero expresar, quiero manifestar que el grupo parlamentario del PRI también se suma y habrá de votar favorablemente este dictamen que fue estudiado, discutido, analizado en las comisiones tanto de Justicia como de Estudios Legislativos.
Por ello, y por el sentido que tiene, de no cancelar, sino de prolongar y por el otro de establecer ese ahorro, que como aquí también lo refirió la Presidenta de la Comisión de Justicia, habrá de destinarse dicho recurso a un reembolso a la Tesorería de la Federación en tanto este recurso no sea ejercido como se tenía previsto.
De tal manera que pues, en el mes de septiembre de este año se continuará en esos términos, con esa capacidad que se ha demostrado suficiente y adecuada para resolver los conflictos y las controversias que en un momento dado son judicializadas en materia electoral.
Por su atención y su apoyo, muchísimas gracias.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que no hay otros oradores registrados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron 86 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo 2014.
Hace unos momentos, señoras y señores Senadores, dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo en este sentido a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Al mismo tiempo está a discusión.
En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 81 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos el artículo 72 constitucional.
Pasaremos ahora a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prácticas sustentables en zonas productoras, el cual dimos primera lectura hace unos momentos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la negativa, de igual manera, manifestarlo levantando su mano.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto, está en ese sentido a discusión.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias Presidenta.
Con su venia, Senadora Presidenta.
La alimentación es un derecho fundamental que deben asegurar, garantizar todos los estados democráticos, pues el alimento es un alimento esencial sin el cual los seres humanos no pueden vivir.
En nuestro país la Constitución establece en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Además, en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27, dispone que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos que la ley establezca.
En este contexto desde el principio de la presente administración se reforzó la estrategia de apoyo al campo para tener productores competitivos capaces de abastecer el mercado nacional e incondicional en el comercio internacional.
El fomento a la productividad e incremento del ingreso de los productores con una perspectiva de autosuficiencia son la base de las políticas del sector agropecuario.
En este sexenio se ha tenido al campo en tecnificación entregando más de 143 mil equipos como tractores, motocultores, aspersores e implementos para mejorar la productividad.
Tan sólo durante el año 2015 se entregó el 68 % más de maquinaria y equipo que en el año 2012, con lo cual se ha logrado tecnificar 473 mil hectáreas, cifra que representa el 98.5 de la meta programada para 2018.
El reto es trazar una ruta de mediano y largo plazo. Para los próximos 30 años en la producción agropecuaria y pesquera del país con mayores beneficios para los productores y sus familias con una visión de alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria.
Los resultados son visibles, actualmente registra una balanza agroalimentaria superavitaria con el mundo, tan sólo con Estados Unidos.
Es de más de 5000 millones de dólares con lo que se comercializa el 82 % de los productos agropecuarios que se exportan a 150 países.
Sin embargo, a pesar de estas cifras existen retos formidables como es la situación que representa en un amplio sector del medio rural en donde viven familias con problemas de marginación.
Con la aprobación del presente dictamen se incluyen de manera más clara y expedita el objetivo de salvaguardar la soberanía alimentaria en la definición de los programas del sector, con el fin de cubrir la demanda doméstica y determinar los posibles excedentes disponibles para exportación, además, de analizar las necesidades de importación.
Con esta disposición se fortalecerá la soberanía alimentaria de nuestro país en beneficio de las y los mexicanos.
Por otra parte también se adiciona un inciso nueve al artículo 183 para dar cabal cumplimiento a la aplicación, vigilancia y seguimiento de los programas agroalimentarios.
Por estas razones el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en concordancia con las acciones llevadas por el gobierno de la República, votaremos a favor del presente dictamen, convencidos de que será en beneficio de los agroproductores mexicanos.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, señora Senadora.
En virtud de que no hay otros oradores registrados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Me da mucho gusto también saludar en esta sesión al Diputado Jorge Ulloa, del Congreso de Chile, Presidente pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico, invitado por la Senadora Rocío Pineda Gochi.
Sea bienvenido, señor Diputado.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 86 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y VIII, y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Hace unos momentos, señoras y señores legisladores, dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales, en materia de Atlas de Riesgos Estatales y Municipales.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, se autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Sí se dispensa la lectura, Presidenta.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está a discusión.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay otros oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara (Desde su escaño): Pido la palabra, Presidenta.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Me permite unos minutos, nada más, Senadora, que terminemos la votación para no interrumpir el momento, y con mucho gusto.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, se emitieron, conforme al tablero electrónico, un total de 90 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil, y se reforma la fracción XLIII del artículo 9º de la Ley de Aguas Nacionales.
Me había pedido la palabra la Senadora Angélica Araujo.
La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara (Desde su escaño): Gracias, Presidenta.
Solamente para solicitar que se inscriba el posicionamiento de la comisión en materia de este dictamen, que ya hice favor de entregar, y se publique en el Diario de los Debates.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, Senadora, queda atendida su petición.
La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara (Desde su escaño): Gracias.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículo de la Ley General de Salud, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.
Quienes estén porque no se omita la lectura del dictamen, favor de manifestarlo de igual manera levantando su mano.
Sí se omite la lectura, Presidenta.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En ese sentido, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.
Con el permiso de la Presidencia, y en nombre de la Comisión de Salud de este Senado, comparezco ante ustedes para presentar a su consideración dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1; 61; 61 Bis; 144 y 404 de la Ley General de Salud en materia de fortalecimiento a la información y difusión de los programas y esquemas de vacunación en México, en especial a aquellos programas que van dirigidos a niñas y niños y mujeres en etapa de gestación y puerperio.
Es importante hacer las siguientes consideraciones. El Programa de Vacunación Universal de nuestro país está considerado entre los mejores del mundo.
Tenemos, dentro del esquema nacional, 14 inmunizaciones, entre ellos: Hepatitis B; la vacuna de la poliomielitis, es decir, la Sabin; vacuna contra rotavirus, vacuna triple viral contra sarampión, rubiola, parotiditis; la vacuna para la tuberculosis, vacunas contra neumococo, la vacuna pentavalente, la cual protege cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por haemophilus. Vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos, vacuna contra el tétanos y la dispepsia, contra la influenza, contra el tétanos dispersia y tosferina y la vacuna contra el virus del papiloma humano que protege a las niñas contra alguno de los tipos más comunes del virus del papiloma humano y cáncer, entre otras, que incluso, pues, se está pidiendo que se amplíe también a los jóvenes, es decir, a los varones, ya que el hombre también es portador del virus del papiloma humano, y sería muy oportuno que además de las niñas, también los niños al final de su educación básica, se les aplicara esta vacuna.
Pero, bueno, en fin, tenemos un buen esquema de vacunación en México. Pero también tenemos algunos problemas y algunos rezagos, aunque en la revisión de grupos por edad, los servicios de salud en los estados de la República destacan algunos rezagados, algunos estados rezagados, como en Guerrero, donde la Secretaría de Salud reporta que sólo el 57 % de menores de un año, recibió en el año 2013 los biológicos incluidos en la Cartilla Nacional de Vacunación.
De los usuarios de los servicios estatales que dependen de la Secretaría de Salud, cuatro estados reportaron coberturas menores al 60 %, además del estado de Guerrero que es el que tiene la mayor, Baja California, Chihuahua y Oaxaca.
En el 2014, menores de un año en la cobertura nacional fueron inmunizados prácticamente el 90 % de los niños en esa edad, luego viene la diferenciación por las diferentes instituciones, y sin embargo nos llama la atención que en México sólo el 40 % de los niños menores de 5 años cuenta con el esquema completo, es decir, tiene las primeras vacunas, primero, segundo año, pero conforme va avanzando en edad, se descuidan los padres de familia, se descuidan también las autoridades de salud y no tienen la cobertura completa.
En esta edad, menores de 5 años, no se aplicó una o más vacunas, y el 6 % no tiene ninguna. Además, uno de cada 10 niños sin vacunarse, es urbano, es decir, viven el asentamientos urbanos en ciudades, lo que representa una señal de alarma, pues son hogares donde no se cree en las vacunas, y éste es otro problema, que por falta de información no hay la cultura suficiente entre los padres de familia para aceptar que las vacunas, que los esquemas de vacunación son el bien de sus hijos, son para prevenir enfermedades, no creen en las vacunas, y algunos de ellos creen que son hasta peligrosas y pueden hasta causar problemas serios y hasta la muerte.
Entonces, ante este rezago que tenemos, esta bipolaridad, donde México es un país donde tenemos una muy buena cobertura en vacunación, también tenemos rezagos importantes en algunos estados de la República, y también en algunas ciudades de nuestro México.
Por lo anterior, es que se están proponiendo las siguientes modificaciones:
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ya referidos, uno y por uno.
El 51 Bis agregamos: “Así como la correspondiente, la inmunización de los diferentes grupos etarios que indica el esquema nacional de vacunación”.
En el 61 se agrega: “Que sea oportuna del esquema nacional de vacunación”.
61 Bis, también se pretende fortalecer los esquemas de vacunación en las pacientes en gestión en el puerperio.
En el 144, también recalcar: “el fortalecimiento a los esquemas nacionales de vacunación”.
Y el 404, “incrementar la difusión del esquema nacional de vacunación”.
Con esto, desde la misma Ley General de Salud, estamos creando, por un lado obligatoriedad, pero por otro lado, fortalecimiento, precisamente a la difusión de la información de algo que es tan importante para prevenir las enfermedades, sobre todo de niñas, de niños y buscando un objetivo muy importante en la mujer embarazada y en el puerperio.
Por lo que significan las vacunas en lo que es precisamente la prevención de las enfermedades, es que les propongo pues apoyar este dictamen, y esperamos contar con su voto favorable.
Informo a la Asamblea, que para la discusión en lo general, de este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores:
La Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro.
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor.
En uso de la voz, la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.
Las vacunas son medicamentos que generan defensas o anticuerpos, que evitan y previenen el contagio de una infección, de una enfermedad o de un padecimiento. De ahí la relevancia de que los mexicanos sin distinción alguna tengamos acceso a ellas.
Para dimensionar la problemática en la que nos encontramos como país, basta señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, sólo el 40 % de los niños menores de 5 años, cuenta con el esquema completo de vacunación; 54 % no se aplicó una o más vacunas, y 6 % no tiene ninguna.
Bajo esta premisa, las y los legisladores del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, lo hacemos porque estamos seguros que el cuidado de la salud por parte de las instituciones del Estado mexicano, es una condición indispensable para el ejercicio de nuestros derechos humanos y libertades constitucionales.
Respaldamos el dictamen porque propone aumentar a través de medidas eficaces, la información que la sociedad tiene sobre las vacunas, su importancia para el cuidado a la salud, y su impacto en la prevención de enfermedades.
Es elemental realizar cambios a la Ley General de Salud, encaminadas a fomentar la vigilancia para que nuestras niñas y niños tengan acceso de manera oportuna al esquema nacional de vacunación, y las mujeres embarazadas tengan derecho a obtener servicios de salud y de vacunación.
Para cumplir con este objetivo se propone que la Secretaría de Salud elabore planes y estrategias de difusión permanente, particularmente sobre el esquema y el Calendario Nacional de Vacunación, mediante campañas en medios de comunicación, tanto impresos, como electrónicos.
Por las acciones emprendidas y sus resultados, México recibió un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud en materia de vacunas, dicho galardón es la certificación máxima que puede recibir una autoridad sanitaria en materia de regulación.
Pero a pesar de estos resultados debemos de reforzar nuestras políticas públicas para asegurar el abasto de medicamentos y de medicinas en los centros de salud del país, así como ampliar el monitoreo del incumplimiento del sistema de vacunación en niñas, niños y adolescentes.
Bajo estas consideraciones es pertinente reformar los artículos 51, 61, 144 y 404 de la Ley General de Salud. Con estos cambios México contará con mayores elementos para ampliar sus esquemas de vacunación, para publicitar su importancia y para hacer conciencia sobre la relevancia para la salud de las y los mexicanos.
En consecuencia, los invitamos para que se manifiesten a favor del dictamen y así contribuyamos a inhibir enfermedades prevenibles por vacunación en el país.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Acosta Islas.
A continuación, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
El dictamen que se pone a su consideración tiene el objetivo de reformar la Ley General de Salud para aumentar la información sobre las vacunas y su impacto en la salud, haciendo conciencia de que no son exclusivas de los menores, sino también de las madres en período de gestación.
Para ello, se propone establecer en la Ley de referencia que la Secretaría de Salud elabore y garantice la difusión permanente del esquema y calendario nacional de vacunación a través de campañas en las principales plazas públicas, medios de comunicación, medios impresos y electrónicos, esto se encuentra fundamentado considerando que nuestro país, el derecho a la salud se trata de un derecho social para antonomasia, estipulado en el artículo 4° de nuestra Constitución.
Es un derecho complejo que tiene un carácter prestacional e implica una serie de obligaciones y acciones específicas por parte de los poderes públicos que dan forma a los esquemas institucionales encargados de preservar el bien jurídico protegido.
Asimismo, el artículo 134 de la Ley General de Salud expresa que las vacunas contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosos, la poliomielitis y el sarampión, así como otra contra enfermedades transmisibles que nuestro futuro y en un futuro estimen necesarias la Secretaría de Salud, son obligatorias en los términos que fija esa dependencia.
En el mismo sentido dicha dependencia debe de determinar los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones para suministrar las vacunas conforme a los programas establecidos y de observación obligatoria en las instituciones de salud.
Bajo estos términos jurídicos cifras del Inegi muestran que los programas permanentes de vacunación a nivel nacional atienden a más de 25 mil menores al año, y el total estimado de inmunizaciones aplicadas en instituciones del Sistema Nacional de Salud asciende a más de 105 mil.
Para conseguir este objetivo en nuestro país se encuentra en funcionamiento el esquema nacional de vacunación, y es importante reconocer el esfuerzo de algunas dependencias que desde el 2009 se dieron a la tarea de diseñar cinco cartillas nacionales de salud donde presentan esquemas de vacunación acorde con rangos de edad y género; sin embargo, pese a estas acciones distintos especialistas han alertado acerca de que la mayoría de personas en nuestro país desconoce cuántas vacunas se han aplicado, y sólo el 40 % sabe de las inmunizaciones que cada año deben llevarse a cabo.
Asimismo, se percibe que aunque no existe un manifiesto abierto por parte de algún sector de la población en contra de las vacunas, es común que a los consultorios lleguen madres que dicen estar a favor de lo natural, teniendo la creencia de que en caso de enfermedad puedan producir naturalmente anticuerpos, poniendo en alto riesgo la salud de los infantes.
Las consecuencias que tiene este tipo de actitudes entre la población se vio reflejada a finales del 2014 con el brote de sarampión que se dio en Estados Unidos, cuyo origen fue un niño enfermo que contagió a otros que no estaban vacunados, dando como resultado que en un lapso de cinco meses se confirmaran 117 casos.
Por lo anterior, es fundamental para nuestro país fortalecer las campañas de difusión sobre el beneficio que tiene la aplicación de vacunas para evitar enfermedades y muertes, así como para aumentar la esperanza de vida.
Por ello, agradezco el esfuerzo de mis compañeras y compañeros Senadores, de las comisiones dictaminadoras para sacar adelante ese dictamen que nace de una necesidad presente en nuestra población, pues como vemos es necesario aumentar la información que tienen sobre vacunas y su impacto en la salud, generando conciencia de que no son exclusivas de menores, sino también de madres en períodos de gestación.
La salud es un derecho fundamental y una obligación que todos debemos tener, nuestro país ha sido reconocido por alcanzar tasas de inmunización elevadas, por lo que es necesario perfeccionar estos esfuerzos a nivel de prevención a causa del papel que esta juega en la protección de la salud de nuestros infantes.
Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Corresponde el uso de la palabra a la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con su permiso, señor Presidente.
En las últimas décadas Latinoamérica ha logrado avances significativos en materia de salud que se han traducido en la disminución de los índices de mortalidad y en el aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos.
Entre 1990 y 2002 la proporción de muertes por enfermedades transmisibles disminuyó de 42 % a 18 %, lo cual es el resultado de la instrumentación de políticas públicas que establecen campañas de vacunación con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades infecciosas, la principal causa de muerte durante el siglo pasado.
Para dimensionar la importancia de la instrumentación de este tipo de políticas, basta mencionar que para el año 2005 las enfermedades prevenibles por vacunación ya no figuraban entre las diez principales causas de mortalidad infantil en América Latina.
En el caso de nuestro país, desde principios de la década de los años 90’s, contamos con el Consejo Nacional de Vacunación que tiene como propósito promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal dirigido a la protección de la salud de la niñez.
El Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita de catorce vacunas que sin duda son fundamentales para reducir y prevenir la incidencia de enfermedades infecciosas.
A pesar de los beneficios de las vacunas y de que existe una amplia cobertura de las mismas, persiste un desconocimiento sobre la pertinencia de su aplicación, en ello radica la oportunidad y trascendencia del proyecto de dictamen que hoy se somete a nuestro consideración en virtud de que se establece que los usuarios de servicios de salud tendrán derecho a recibir información de las vacunas que corresponden a cada grupo de edad, de acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación.
A fin de abonar a la protección materno-infantil y a la promoción de salud materna se contempla la oportuna promoción del Esquema Nacional de Vacunación y el derecho de las mujeres embarazadas o en etapa de postparto para garantizar su derecho a la vacunación.
Con el propósito de continuar con la reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas, se establece que la aplicación de las vacunas contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, así como otras enfermedades transmisibles que en el futuro considere necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos fijados por el Esquema Nacional de Vacunación.
Los integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos comprometidos en garantizar el derecho a la salud de las mexicanas y de los mexicanos, y reconocemos la fortaleza de las instituciones de salud para reducir el número de enfermedades infecciosas.
En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque consideramos que con ello contribuiremos a consolidar los avances para erradicar y prevenir la incidencia de enfermedades infecciosas a través de la promoción oportuna y el acceso a las vacunas que forman parte del Esquema Nacional de Vacunación.
Por su parte, compañeras y compañeros, muchas gracias.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en favor del dictamen.
En primer lugar quisiera reconocer la puntual y amplia explicación técnica que el Presidente de la Comisión de Salud hizo aquí en esta tribuna, en la presentación del dictamen y también reconocer la participación de los compañeros que integramos la Comisión de Salud.
Como bien sabemos, la vacunación en México ha sido una de las políticas públicas de prevención más importantes y más exitosas en nuestro país, ya que la vacunación se ha traducido desde 1973, en la medida más efectiva para prevenir las enfermedades transmisibles.
La dimensión costo-beneficio que las inmunizaciones representan tanto para la población mexicana como para el gobierno, se ha logrado ampliar el esquema de vacunación de seis biológicos en 1973 y 14 biológicos en 2014.
Lo anterior ha demostrado que los beneficios que representan a la salud de los mexicanos han sido tan significativos y actualmente se continúan ampliando en el esquema de vacunación.
El valor de destacar la vacunación es un tema vigente y en continua evolución, ya que la transformación epidemiológica, no sólo de nuestro país, sino del mundo entero obliga a mantener continua, con medidas importantes, como el reforzamiento de campañas de vacunación, reducción de brechas para que una mayor parte de la población acceda a los beneficios de las inmunizaciones y enfatizar en la población adolescente y joven que las medidas que brindan mejor calidad de vida son las preventivas como la vacunación.
Actualmente, el programa de vacunación universal contempla la aplicación gratuita de 14 vacunas. Ahí es donde debemos seguir avanzando en este gran tema y es por ello que expongo en mi voto, como integrante del Partido del Trabajo, a favor de este dictamen, que lo que busca es que los usuarios tengan derecho a recibir información suficiente, así como los grupos eterios que indica el Esquema Nacional de Vacunación.
Asimismo, la atención materno-infantil será la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, incluyendo la promoción oportuna del Esquema Nacional de Vacunación y se enfatiza que toda mujer embarazada o puérpera tiene derecho a obtener servicios de salud y vacunación.
Por último, yo coincido con los que aquí han hecho uso de la palabra en que la difusión oportuna del Esquema Nacional de Vacunación es vital así como la participación de toda la ciudadanía.
Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general consulto a la Asamblea, si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Habiendo todos los Senadores y Senadoras que están presentes votado, damos a conocer la votación, 95 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis y 144 y 404 de la Ley General de Salud.
Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo por un nuevo período de 10 años.
Ese dictamen se emite en cumplimiento al requerimiento formulado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para cumplir con la ejecutoria emitida en el juicio de amparo promovida por el ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras y al Resolutivo Segundo del acuerdo aprobado por esta Asamblea el pasado 28 de marzo.
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva únicamente.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al dictamen.
Primero.- Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años.
Segundo.- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, notifíquese el contenido y resolución del presente dictamen al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y al ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras, para los efectos legales correspondientes.
Tercero.- Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para los efectos legales correspondientes.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, está a discusión.
En virtud de que no existen oradores inscritos consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el acuerdo.
Se instruye a la Dirección Jurídica del Senado a comunicar el contenido del dictamen aprobado al Juzgado que emitió la sentencia y al ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras lo conducente.
Tenemos ahora la discusión de seis dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado y sobre los que no hay oradores registrados.
Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos a los que he hecho referencia.
Están a discusión los siguientes:
Uno, de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley Agraria.
Tres, de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de decreto:
Para reformar los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud.
Uno más, para adicionar la fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud.
Uno más, para reformar una fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud.
Y también de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos:
Uno, para reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Y otro, para reformar el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Están a discusión.
Al no existir ningún orador registrado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los seis dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los seis acuerdos que se desechen como proyectos de decreto.
Aprobados los acuerdos, señora Presidenta.
Pasamos ahora a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de septiembre de 2016.
Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senadora Presidenta.
Acudo a esta tribuna, compañeras y compañeros, para solicitarles un voto en contra del dictamen que rechaza la iniciativa justamente del Senador Jorge Aréchiga, del 27 de septiembre, y déjenme decirles por qué.
¿Qué es lo que se está argumentando para rechazar el uso de medicina tradicional indígena complementaria y alternativa?
Dice la Comisión de Salud y la Comisión codictaminadora “que estas prácticas no cuentan con un sustento científico que garantice eficacia, calidad, seguridad en el manejo, tratamiento o rehabilitación de los pacientes que se someten a estas prácticas”.
Me parece que esta vez con este dictamen el Senado se está superando a sí mismo.
¿Cómo podemos decir eso en México? El país que tiene el hospital especializado en homeopatía, una práctica que tampoco tiene un sustento científico real, pero le rechazamos la posibilidad de que los medios tradicionales de la salud sean considerados por el Estado mexicano.
De la misma manera se establece, con toda formalidad propia de los productos legislativos que, y cito: “en materia de prestación de servicios y atención médica se establece que para el ejercicio de actividades profesionales en la medicina se requieren contar con títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos o registrados por las autoridades educativas y competentes”.
¿Por qué parece grave esta resolución?
Porque estamos formando parte de una enorme contradicción, de un Estado mexicano que, por un lado, rechaza métodos que algunos utilizan ancestralmente para curarse y otros utilizan porque no hay de otra, porque el sistema de salud en muchas partes de México está colapsado, y está colapsado producto de la corrupción, del desorden administrativo; muchas veces producto del desvió de recursos.
En muchos estados, particularmente en el mío, en Chiapas, ya que éstos se están utilizando para otras cosas, llámense campañas electorales, llámese gastos superfluos que no le sirven a nadie y que la salud quede al final.
En Chiapas mantenemos realidades tan injustas como el trato que el gobierno les está dando a quienes han dedicado su vida al estudio y al servicio del cuidado de nuestra salud. Y pareciera que a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas parece no importarle ni la eficacia, ni importarle la calidad de la medicina, y tampoco reconoce o valora el tiempo dedicado a certificarse por las enfermeras y los médicos.
¡Ah! pero no le vayan a tocar el tema de la medicina tradicional porque entonces ahí sí de inmediato, para no dedicarle recursos, entonces se intenta detener que, reitero, la que muchas veces es un tipo de salud complementaria, y muchas veces la única a la que pueden acudir muchos mexicanos, no se ha reconocido a cabalidad.
Por eso es que vengo a pedirles ese voto, un voto que nos permita regresar este dictamen para revisarlo a mayor detalle.
Vengo a revelar esta hipocresía de nuestro debate público alrededor del problema de la salud pública, se imponen estrictas formalidades para el ejercicio de la medicina en libros, en códigos, en reglamentos, sí, pero no movemos un solo dedo para hacer efectivo el derecho a la salud.
Son muchos mis paisanos que tienen que tratarse con medicina tradicional indígena, con medicina complementaria, alternativa y, repito, algunos lo hacen por tradición, otros porque no hay de otra.
Por eso mi pregunta es, ¿cómo es posible que la homeopatía, hoy una práctica de hace 300 años, sí reciba fondos públicos, pero la medicina tradicional indígena siga considerándose un riesgo para la salud?
No, compañeros, no es un riesgo para la salud como lo establece el propio dictamen, que dice: “que hay que rechazarla porque es un riesgo real y potencial para la salud y la vida de los usuarios”.
¿Saben qué es un riesgo real y potencial para la vida de los usuarios?
Que en los hospitales, de estados como Chiapas, no haya alcohol, no haya vendas, no haya suturas, no haya agua oxigenada, que no haya medicinas, que no haya doctores, que no haya vacunas, eso pone en riesgo la salud, no esto.
Esto nos haría formar parte de esa grave crisis que atraviesa el sector salud en todo el país.
Y, reitero, porque yo represento a los chiapanecos que es un tema que hay que voltear a ver con ojos distintos, con ojos que pongan en el centro del debate la enorme corrupción que hay en los sistemas de salud de todo el país, y que ponga bajo el escrutinio público, no la medicina tradicional, por favor, sino a los secretarios de los estados que están desviando recursos de manera impune para otros temas. Eso es lo que está matando a la gente, recientemente.
Ahora, durante el período vacacional de Semana Santa se levantó la huelga de nueve enfermeras chiapanecas que afuera del hospital regional “Pascasio Gamboa” reclamaban algo muy simple, que les paguen su sueldo; que haya herramientas y lo que se necesita para hacer su trabajo.
Ellas son las que están salvando la salud, no la burocracia corrupta que existe en muchas partes del país.
No es la medicina tradicional el enemigo, no son los métodos alternativos, dejemos este lugar común de estar legislando al vapor, y centremos el debate público del sector salud en donde debe de estar, en lo que realmente pone en riesgo la salud de los mexicanos, la indolencia, la indiferencia, la corrupción, la negligencia y el desorden público que existe en ese sector.
Ojalá haya logrado hacer de esta reflexión un motivo para regresar este dictamen a las comisiones, y tengamos una revisión más profunda de esto, y de lo que está pasando en el sector salud en Chiapas y por supuesto en todo el país.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias señor Senador.
Ha solicitado también el uso de la voz el Senador López Brito, ¿con qué objeto, señor Senador?
El Senador Francisco Salvador López Brito (Desde su escaño): Para explicar cuáles fueron las bases para no aprobar este dictamen.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto Senador, ¿quiere hacerlo desde la tribuna o quiere hacerlo desde su escaño?
Comparezco pues ante ustedes para dar explicación del por qué desde el punto de vista de la Comisión de Salud una vez que se analizó y se sometió a la votación correspondiente, consideramos que este dictamen debería de presentarse en sentido negativo.
En este dictamen se pretende desde luego reformar la Ley General de Salud en diversos artículos para incorporar dentro de la misma una serie de prácticas que podemos considerarlas de medicina tradicional. Unas propias de nuestro país, otras que vienen del extranjero e incorporar, por ejemplo, algunas prácticas como: energía, terapia de luz, cromoterapia, terapia magnética, iono terapia, radiestesia, movimiento y manipulación del cuerpo, quiropráctica, rolfin, osteopatía, mesoterapia, kinesiología, felkarais, técnica de Alexander, terapia corporal, terapia craneosacra, terapia heder, terapia traher, terapias quimicobiológicas, fitoterapia, homeopatía, aromaterapia, las flores de Bach, microdosis, quelación, terapia celular, terapia del colon, proloterapia, apiterapia, mente-cuerpo, nueva medicina hammer, zooterapia, constelaciones familiares, entrenamiento autógeno, bioretroalimentación, musicoterapia, dieta china, macrobiótica, beincaología, herbolaria, animales, minerales, energía, técnicas de reiking, hi kon, taichí chuan, wu chu, otras ambientales como el fen chui, calor y frio, moxibustión, agua y barro, agujas, acupuntura, rio doraku, reflexoterapia, auriculoterapia, masajes, chatu zu japonés, tuina chino, emocional, gin chin, entre otra una serie de prácticas que reconociendo el valor que puede tener como prácticas alternativas o complementarias, pero al no pasar por el rigor científico que debemos de garantizar las prácticas que autorizamos o aprobamos dentro de la Ley General de Salud, pues no estuvimos en la posibilidad de aprobar este dictamen.
Las comisiones dictaminadoras coincidimos, desde luego con el espíritu de lo que son algunas prácticas alternativas.
Sin embargo, consideramos que en primer término es de precisarse que la regulación que se propone para la medicina complementaria o alternativa dentro de la Ley General de Salud es inviable toda vez que las mismas no cuentan con un sustento científico que garantice que coadyuven con eficacia, calidad, seguridad y en el manejo de tratamientos o rehabilitación de los pacientes que se sometan a este tipo de prácticas, ya que los resultados pueden ser variables y en muchos casos pueden significar hasta un riesgo real y potencial para la salud y la vida de los usuarios.
Cuántos casos nos llegan a los médicos de pacientes ya en etapas terminales de diversos tipos de cáncer, porque pasaron por estos procesos alternativos muchos años, cuando pudieron haber llegado a tiempo y haberles dado los tratamientos curativos para haberlos sacado de sus problemas, como por ejemplo.
Asimismo resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Salud, así como el 22 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina; se requiere desde luego contar con títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos o registrados por las autoridades educativas competentes.
Esto y una serie de razones más que coinciden con el punto de vista también de la misma autoridad sanitaria nos lleva pues a no aprobar este dictamen.
Creo yo que si lo regresamos a comisiones, prácticamente la discusión que ya tuvimos en las comisiones prácticamente no variaría.
Yo les pido el sacar adelante el procedimiento al que estamos sometiendo esta dictaminación, y contar con su voto aprobatorio, en el sentido negativo, que estamos proponiendo en este dictamen.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría, perdón, Senador Zoé Robledo.
Y también la Senadora Luisa María Calderón.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (Desde su escaño): Quisiera aportar algo, volver al dictamen.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Después del Senador Robledo.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Justamente lo que acaba de exponer el Senador Presidente de la Comisión de Salud, es lo que argumenta a favor de la revisión de este dictamen, por una razón.
La medicina tradicional indígena que está centrada en la herbolaria, por un lado ya hay un reconocimiento de facto en diversos hospitales como el “Hospital de las Culturas”, de San Cristóbal de las Casas que utiliza este tipo de métodos.
Por el otro lado, mi preocupación es, si también, después en esta intención de no reconocer a esto, a este tipo de medicina, que está salvando vidas, donde el sector salud no está haciendo absolutamente nada, vaya alcanzar a otros sectores.
No vaya a ser que al rato también nos digan: que las parteras, que en Chiapas, discúlpenme si la realidad de mi estado es distinta a la que ustedes viven, las parteras terminan resolviendo muchos de los casos de partos y alumbramientos en el estado.
Yo estoy totalmente de acuerdo que toda esta lista tan larga de medicina complementaria alternativa no debe de ser reconocida, desde luego que no, incluida la miopatía que está ahí. Pero no tiene nada que ver con la medicina tradicional indígena, con la que durante siglos, milenios, los mexicanos nos hemos curado.
Hay un reconocimiento, incluso, a su prevención. Desde luego que no cura el cáncer, Senador, pero puede ser de gran utilidad en la gran deuda que tenemos los mexicanos en materia de salud, y el Estado mexicano frente a los mexicanos: Trabajar en la prevención, en mejorar las dietas, en utilizar este tipo de mecanismos para tener una vida mejor.
Sin embargo, en esta confusión que se hace, poniendo a las constelaciones familiares al lado de la medicina tradicional indígena, es verdaderamente que están confundiendo la gimnasia con la magnesia; es confundir verdaderamente algo que, les guste o no, se vote este dictamen o no a favor, existe en Chiapas, existe en Michoacán, existe en Guerrero, existe en cualquier estado de la República donde haya población indígena. No es un tema de decretarlo, es simplemente de reconocerlo.
Es grave lo que están haciendo, es grave intentar involucrar o confundir a la medicina tradicional indígena mexicana con estos tipos de métodos alternativos, que además están separados por completo en el dictamen. Por eso es que me parece que es una limitación, es un dictamen limitado en el momento en el que mezclamos, los ponen en el mismo costal y los echa a la basura. No debe de ser así.
Me parece que podría ampliarse una discusión para tratar, de manera diferente la medicina tradicional indígena, que el resto de métodos alternativos.
A algunas personas les han dado resultados, qué bien, pero yo estoy de acuerdo con usted en que no deben de ser reconocidos por la ley, pero no es lo mismo, porque hoy, se lo reitero, mucha gente se está curando con medicina tradicional indígena porque no tiene de otra, porque los hospitales no tienen medicinas, porque no hay doctores, porque las enfermeras tienen que ponerse en huelga de hambre para que les paguen. Entonces, ahí está el problema.
No me parece que sea ocioso regresar a la comisión y hacer un planteamiento distinto. Que en principio mande la señal de que el Senado reconoce que muchos mexicanos se están curando de manera alternativa con métodos tradicionales indígenas porque no tienen de otra; y que los otros mecanismos, los otros métodos complementarios y alternativos que usted acaba de destacar, sin duda, esos tendrán que ser objeto de una verificación científica más rigurosa, ojalá incluya eso a la homeopatía, a la que usted sabe, se le destinan recursos públicos en el Instituto Nacional más grande que hay en América Latina, tan poco, sin ninguna comprobación médica y científica.
La otra comprobación frente a una tradición milenaria, lo que me pone aquí es una práctica alemana de hace 300 años.
Durante años, siglos, reitero, milenios, los mexicanos nos curamos así, nos guste o no. Hoy lo siguen haciendo en muchas localidades del país.
Ojalá exista la humildad de las comisiones en regresarlo y presentarnos un dictamen un poco más serio, un poco más ordenado y que no confunda las cosas.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Solicitó también la palabra la Senadora Luisa María Calderón, y después está solicitando también la palabra el Presidente de la Comisión. Si me permite.
Entonces, Senadora, por favor.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (Desde su escaño): Desde aquí.
Yo, también creo que hay que separar. Porque de hecho, la medicina que tomamos nosotros, que sale de los laboratorios originariamente es de los pueblos indígenas. Ellos han adoptado el conocimiento, y es más, deberíamos buscar la protección de su conocimiento respecto de las yerbas, por ejemplo, porque ese es un conocimiento ancestral intelectual que pertenecer a las comunidades indígenas.
Sí me parece que es un dictamen enredado. De hecho, yo no descartaría alguna de las terapias alternativas, que acá se llaman, pero también es encasillar.
Yo estaría de acuerdo en la parte de que la medicina tradicional indígena se reconozca, y además que caminemos a su protección intelectual, porque es su conocimiento, es su sabiduría que deberíamos proteger como una propiedad, como un patrimonio intelectual, deberíamos meterlo en un reconocimiento, no sé si de franquicia o de patrimonio intangible de los pueblos indígenas, y se revuelve con la otra parte.
Yo sugeriría que también este dictamen se regrese y se distinga en los apartados que están ahí, porque, sí, descartar la medicina tradicional indígena es descartar nuestra propia historia, el propio conocimiento de lo que las yerbas tienen para curar a la gente, las calientes, las frías tienen una historia y un conocimiento en el que se basa la medicina.
De tal manera que yo también sugeriría que se devuelva el dictamen, que se recupere lo que hay que proteger, y además hacer una descripción deja a otras fuera, cuando tal vez hay otras medicinas que podrían caber o reconocerse el criterio de que no hay una base científica o no hay un médico que se certifique, pues, creo que es pedir algo que no tienen los pueblos indígenas. Me sumaría a que se devuelva el dictamen.
Yo creo que el doctor López Brito, que además es muy, muy cuidadoso de todo lo que hace con sus dictámenes, entenderá esta parte, estoy segura.
Así que me sumo a que se devuelva este dictamen.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Solicitó la palabra el doctor López Brito.
Esta Presidencia tendrá que consultar la moción que ha sido presentada por los Senadores.
Adelante, doctor.
El Senador Francisco Salvador López Brito (Desde su escaño): Sí, desde luego.
Yo soy muy respetuoso de las diferentes opiniones que se han vertido aquí en este debate.
Sin embargo, también siendo respetuoso de estas opiniones, yo también les pediría que también fueran respetuosos de la opinión que estamos vertiendo, puesto que nos están presentando, en esta iniciativa, una serie de prácticas que realmente, ni son propias de nuestro país, de nuestra región, hacen un verdadero collage.
Realmente, yo lo que propongo es que los interesados en que la medicina tradicional mexicana, las prácticas tengan un lugar dentro de la Ley General de Salud, y que reconozcamos nuestros valores tradicionales y culturales, pues, propongan otra iniciativa, porque realmente hacer de esto una dictaminación posible, realmente es complicado.
Yo les pediría, respetuosamente, a aquellos que estén interesados en el tema, pues que nos presenten una iniciativa, y con mucho gusto la analizaremos en la Comisión de Salud, y si vemos que es congruente, y va de acuerdo con nuestras tradiciones a las cuales yo también respeto, pues le estaríamos dando en positivo, pero tal y cual esta iniciativa realmente no veo posible sacarla, de regresarla, cuando, pues realmente trae una serie de situaciones y de propuestas y de técnicas que no tienen nada que ver, ni siquiera con nuestro país, y ni siquiera se conocen.
Con mucho gusto, presenten una nueva iniciativa y la analizaremos dentro de la Comisión de Salud.
Por técnica legislativa debo de consultar a la Asamblea, quienes estén de acuerdo con la moción presentada por los Senadores Luisa María Calderón y Zoé Robledo, de que se regrese a comisiones.
Dependiendo de la propia decisión de la Asamblea, podríamos, entonces, si fuera negativa, continuar en el fondo de la discusión que nos ocupa.
Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, quienes estén por la afirmativa de que se devuelva a comisiones, como lo solicitaron un par de Senadores.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se regrese el dictamen a las comisiones.
Favor de manifestarlo, como lo dije ya, de manera económica, levantando su mano.
Quienes estén porque se rechace la petición, les pediría que levanten su mano.
Le informo, Presidenta, de que sí se acepta se regrese a comisiones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Secretaria.
Señor Senador, en virtud de la votación emitida por la Asamblea, se devuelve a comisiones para los temas que tengan que concluirse.
Hace unos momentos aprobamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene un proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto publicado el 23 de mayo de 2014 en materia de salas regionales del Tribunal Electoral.
Informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia ha remitido a esta Mesa Directiva una fe de erratas al proyecto, y solicitan a esta Asamblea que autorice su aplicación para poder continuar debidamente con su trámite legislativo.
El texto de la fe de erratas está a disposición en el monitor de sus escaños.
Antes de continuar ha solicitado la palabra el Senador Jorge Toledo.
El Senador Jorge Toledo Luis: (Desde su escaño) Gracias Presidenta.
Para pedir si el dictamen anterior lo pueden mandar para opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Ya fue turnado, señor Senador, le pido que lo solicite a través de la Mesa Directiva, para que podamos en todo caso tomar las decisiones que corresponda. Gracias.
Continuamos con el trámite en relación con el texto de la fe de erratas que está a su disposición en el monitor de sus escaños.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al punto segundo. Quedaría tal cual.
La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala Superior, determinará, ponderando la viabilidad presupuestal, el inicio de las funciones de las salas regionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Los recursos asignados para tal fin en el ejercicio fiscal 2017, deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación.
Y tiene un único transitorio.
El presente decreto estará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Se firma en el salón de sesiones el día 18 del mes de abril del año 2017.
Y firman la Presidenta de la Comisión de Justicia, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, y el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que es la Senadora Graciela Ortiz González.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Vamos a someter a consideración del Pleno, la fe de erratas solicitadas.
Consulto si algún Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra.
Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del texto que se modifica.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: 77 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones, Presidenta.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Queda aprobada la fe de erratas, incorpórese al proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se reforman la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
En consecuencia, remítase a la Cámara de Diputados.
Daremos cuenta de las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.
Solicito a la Secretaría dé cuenta de ello.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les informo que se amplió el turno del nombramiento del ciudadano Edgar Elías Azar, como Embajador de México en los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa; con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
Asimismo, hago de su conocimiento que se rectificó el turno de la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada el 25 de febrero del año 2003, y que se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también en la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría lectura.
Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, emite excitativas a comisiones sobre 102 proyectos de decreto.
Asimismo, conforme al artículo 215 del propio Reglamento, esta Presidencia presenta el informe general mensual sobre los vencimientos de plazo para emitir dictamen, las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.
La relación de los proyectos correspondientes se publicará en la Gaceta del Senado y quedarán asentados en el acta de la sesión del día de hoy.
Les informo ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 20 de abril, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 15:16 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1789

References: artículo 381
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 420
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 183
 artículo 19
 artículo 87
 artículo 9
 artículo 381
 artículo 7
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 420
 artículo 420
 artículo 420

Artículo 420
 artículo 115
 artículo 85
 artículo 115

Artículo 1
 artículo 85

Artículo 2

Artículo 6
 artículo 2
 artículo 37
 artículo 48
 artículo 102
 artículo 102
 resolución 
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 183
 artículo 19
 artículo 87
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 196
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 185
 artículo 2
 artículo 72
 artículo 183
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 183
 artículo 183
 artículo 19
 artículo 87
 artículo 9
 artículo 196
 artículo 4
 artículo 134
 resolución 
 artículo 6
 artículo 118
 artículo 226
 artículo 3
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 215