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Timestamp: 2019-07-19 06:15:40+00:00

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﻿ SENTENCIA 2009-00193 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2009-00193 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:LA FUNCIÓN DE CERTIFICAR LA FECHA DE EMBARQUE DE UNA OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. SE PRECISA QUE CUANDO EL TRANSPORTADOR ES EL QUE REALIZA EL CARGUE DE LA MERCANCÍA AL RESPECTIVO MEDIO DE TRANSPORTE, Y EL AGENTE ES QUIEN RECIBE LA MERCANCÍA AL PROPIETARIO, TENIENDO QUE CONTRATAR CON UN TRANSPORTADOR MARÍTIMO ENCARGADO DE TRASLADAR LA MERCANCÍA AL PUERTO DE DESTINO, EL ÚNICO QUE PUEDE SEÑALAR EN QUÉ MOMENTO SE DA EL CARGUE-EMBARQUE ES QUIEN LO REALIZA, ES DECIR, EL TRANSPORTADOR MARÍTIMO. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE OTORGARLE AL DOCUMENTO DE TRANSPORTE HIJO EXPEDIDO POR EL AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL, LA FUNCIÓN DE CERTIFICAR LA FECHA DE EMBARQUE DE LA MERCANCÍA, COMO QUIERA QUE, A PESAR DE QUE SE TRATA DE UN DOCUMENTO DE TRANSPORTE AL NO SER EXPEDIDO POR EL TRANSPORTADOR, NO PUEDE SERVIR DE PRUEBA DEL CARGUE DE LA MERCANCÍA EN EL MEDIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. POR CONSIGUIENTE, EL AGENTE DE CARGA NO ES UN TRANSPORTADOR SINO QUE ES UN AUXILIAR O UN INTERMEDIARIO PROFESIONAL, YA QUE SE COMPORTA COMO UN MANDATARIO ADUANERO, QUIEN ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DEL IMPORTADOR O CLIENTE, CONTRATA EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LA MERCANCÍA Y SE ENCARGA DE GESTIONAR SU EMBARQUESITUACIÓN ÚLTIMA QUE ES DISTINTA A LLEVAR A CABO EL EMBARQUE, EN CONSECUENCIA, EL ÚNICO SUJETO DENTRO DE UNA OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR QUE PUEDE ACREDITAR LA FECHA DE EMBARQUE DE UNA MERCANCÍA ES EL TRANSPORTADOR MARÍTIMO, SIN PERJUICIO DE QUE EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE DE LA CARGA CONSOLIDADA LO EXPIDA EL AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL.NOTA: ESTA SENTENCIA HACE PARTE DEL PROCESO DESCONGESTIÓN SEGÚN EL ACUERDO 357 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, QUE FUE DECIDIDA POR LA SECCIÓN QUINTA SIENDO COMPETENCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMBARQUE, TRANSPORTADOR, AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL, TRANSPORTE MARÍTIMO, OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, OPERACIÓN DE EMBARQUE
Sentencia 2009-00193 de marzo 1 de 2018
Rad.: 13-001-23-31-000-2009-00193-01
Actora: Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro Ltda.
Demandado: Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada el 16 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión Nº 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 001289 de 22 de julio de 2008 (fls. 48 a 64) y 001975 de 16 de octubre de 2008 (fls. 65 a 76), proferidas por la División de Fiscalización Aduanera y la División Jurídica Aduanera, respectivamente, de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, en adelante DIAN, y como consecuencia de ello, a que se le restablezcan los derechos a la parte actora, de ser ello procedente.
Los segmentos relevantes, así como la parte resolutiva de la resolución que adoptó la decisión principal, son del siguiente tenor literal:
Resolución 001289 de 22 de julio de 2008
Nº Expediente AO 2008 2008 50333
Identificación 830.509.036-2
DIIAM 45481100002 de 20 de mayo de 2008
Valor mercancía $307.794.600
ARTÍCULO PRIMERO: Decomisar a favor de la Nación la mercancía a nombre de la Distribuidora Nacional de Productos Ltda., identificada con NIT. 830.509.036-2, en calidad de importador, de Cockerill Cargo Ltda., identificado con NIT. 806.008.749-8, en calidad de Agente de Carga Internacional, a Eduardo L. Gerlein S.A. identificado con NIT. 860.005.101-9, en calidad de transportador, por la causal establecida en el numeral 1.2. “Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. La Mercancía según DIIAM Nº 4548110002 del 20 de Mayo de 2008, actuando como depósito Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, corresponde a:
“[…] AZÚCAR BLANCA DE CANAL, COLOR ICUMSA MAX. 180, CENIZA MAX. 0.08%, HUMEDAD MAX. 0.08%, POLARIZACIÓN MIN. 99.7 GRADOS, EMPACADOS EN SACOS DE POLIETILENO/POLIPROPILENO CANTIDAD 540 TONELADAS, SON 10.800 SACOS, CON PESO BRUTO 541.944 KILOS Y PESO NETO 540.000 KILOS, SEGÚN B/L
VALOR TOTAL: $307.794.600 […]”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto a la Compañía Distribuidora Nacional de Productos Ltda., identificado con NIT. 830.509.036-2, en calidad de Importador, a través de su apoderada, Dra. Doria Ruth Vejarano, a la siguiente dirección: Calle 27 (Manga 2da Avenida) Nº 19-179, Casa Nº 8, en la ciudad de Cartagena/Bolívar y a la Calle 100 Nº 13-60, of. 606, Torres Farallones, en la ciudad de Cali-Valle, a Cockerill Cargo Ltda., identificado con NIT. 806.008.749-8, en calidad de Agente de Carga Internacional, a la siguiente dirección: Barrio Bocagrande Carrera 3 Nº 6ª-100, Edificio Torre Empresarial Protección, Of. 11-01, en la ciudad de Cartagena / Bolívar, a Eduardo L. Gerlein S.A. identificado con NIT. Nº 860.005.101-9, en calidad de Transportador, a la siguiente dirección: Carrera 10 Nº 28-49 piso 15, en la ciudad de Bogotá / Cundinamarca y a la Carrera 10 Nº 24-26, en la ciudad de Cartagena / Bolívar, de conformidad con lo establecido en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 143 del 23 de enero de 2006.
No se transcribe la parte resolutiva de la Resolución 001975 de 16 de octubre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración”, expedida por el Jefe de la División Jurídica Aduanera de la Administración de Aduanas de Cartagena, toda vez que compartió los mismos argumentos esgrimidos por la División de Fiscalización Aduanera, al confirmar en su integridad, la Resolución 001289 de 22 de julio de 2008.
Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si los actos demandados fueron expedidos violando los artículos 2º, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 2º, 3º y 59 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A.; 2º y 502, numeral 1.2 del Decreto 2685 de 1999.
Corresponde a la Sala examinar los argumentos esgrimidos por la apoderada de la sociedad actora en el recurso de apelación, respecto de los cuales se circunscribirá el análisis en esta instancia, para determinar si es dable o no revocar la sentencia proferida el 19 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
Al no haber sido acogidos en primera instancia, la parte impugnante reitera, íntegramente, los argumentos expuestos en su demanda como concepto de la violación. Así las cosas, la Sala se pronunciará sobre cada uno de ellos:
La Sala comparte el argumento sostenido por el tribunal, al señalar que la sociedad Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro tuvo conocimiento, desde el comienzo de la actuación administrativa adelantada en su contra, de la infracción normativa en que había incurrido y que dio lugar a la aprehensión y, en forma posterior, al decomiso de la mercancía de su propiedad, por cuanto se evidencia que se transcribió, completamente, el numeral 1.2 del artículo 502 de Decreto 2685 de 1999 en el acápite “FUNDAMENTO DE DERECHO”(2) de la demandada Resolución 001289 de 22 de julio de 2008, cuyo texto se citó a cabalidad, a pesar de haberse hecho de forma parcial en el artículo primero de su parte resolutiva.
Por tanto, dicha inexactitud no invalida el acto demandado por ausencia de un elemento sustancial, como lo estima la apelante, pues dicha falta se subsanó al haber sido transcrita literalmente la causal contenida en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 en sus consideraciones. Pero se observa, además, que el Acta de Aprehensión 103 Comex de 19 de mayo de 2008(3), en la primera columna izquierda, transcribió las causales de aprehensión de las mercancías que prevé el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en la que se marcó con “X” la casilla 1.2. “[…] Ingrese por lugares no habilitados, salvo que se configure el arribo forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio (Decreto 1232/2001) […]”.
Al no ser sorprendida la parte demandante con una causal distinta o ambigua de decomiso, la Sala se permite verificar que se le garantizó a la actora su derecho de defensa, quien además debatió, con pleno conocimiento, el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, al interponer, oportunamente, las objeciones(4) al acta de aprehensión, así como el recurso de reconsideración contra el acto de decomiso(5).
Se observa que el tema fue parcialmente abordado por el tribunal cuando desarrolló el segundo dilema jurídico planteado por la actora, relativo a la aplicabilidad de las resoluciones 13212 de 2007 y 03413 de 2008. La Sala, al analizar este aspecto impugnatorio, advierte que, al revisar los textos del Acta de Aprehensión y de la Resolución 001289 de 22 de julio de 2008 que ordenó el decomiso, encuentra que en la primera de ellas, la DIAN tuvo como fecha de embarque la del 26deabrilde2008(6) y luego, en la segunda y definitiva, partió del presupuesto de que la mercancía fue embarcada el 23deabrilde2008. Como cuestión no menos importante, se tiene que, en cualquier caso, no tomó como referencia el día 16 de abril del mismo año, fecha alegada por la demandante.
No obstante lo anterior, esa imprecisión en las fechas, bajo ninguna circunstancia tiene la entidad necesaria para configurar un vicio que afecte de nulidad el acto demandado, en tanto que en sus consideraciones, y luego de hacer un recuento del acervo probatorio enrostrado a Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro, la resolución de decomiso puntualizó como fecha de embarque, para todos los efectos, eldía23deabrilde2008, así como también lo hizo en toda la actuación posterior, más aún cuando dicha inexactitud, como se explicará más adelante, no altera las circunstancias fácticas o de derecho que sustentaron la imposición de la medida inicial de aprehensión, así como la definitiva de decomiso de la consabida mercancía.
En virtud de lo expuesto, la Sala no vislumbra la violación del derecho fundamental al debido proceso y al derecho de contradicción de la demandante, tanto en los actos atacados como en la sentencia de primera instancia, por cuanto, por un lado, la sociedad actora conoció y debatió, a lo largo del proceso administrativo y de la vía gubernativa, la norma que fundamentó la sanción impuesta y, por el otro, se evidencia que, pese la diferencia en la fecha de embarque consignada en el Acta de Aprehensión Nº 103 COMEX, con la de la Resolución 001289 de 22 de julio de 2008, hubo la certeza necesaria y debidamente probada, de que aquella correspondía al 23deabrilde2008, sin que por ello, pueda llegar a comprobarse la causal de nulidad impetrada contra los actos acusados.
La Sala considera que la mercancía importada, por la accionante Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro, sí se encontraba sometida a la restricción de ingreso exclusivo por la jurisdicción de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, que no la de Cartagena de Indias, D.T. y C., tal como lo imponían las resoluciones 13212 de 2007 y 03413 de 2008, reguladoras de la materia. Para poder llegar a dicha conclusión, se procede a transcribir el texto de los actos que establecieron dicho ingreso exclusivo de azúcar a la República de Colombia por el Puerto de Buenaventura, y que sirvieron de fundamento del demandado decomiso de la mercancía de la actora:
Oscar Franco Charry. […]”(7) (Negrillas por fuera de texto).
De acuerdo con los apartes transcritos de esta Resolución, emanada de la DIAN, la Sala observa los siguientes supuestos fácticos y normativos que sirven de parámetros para resolver el caso concreto:
1) Las mercancías clasificadas en la partida Nº 17.01 del Arancel de Aduanas, a partir del 14 de noviembre de 2007 (fecha de su publicación en el Diario Oficial Nº 46.812) y hasta el 31 de mayo de 2008, debíaningresarseeimportarse,exclusivamente,porlajurisdiccióndelaAdministraciónEspecialdeAduanasdeBuenaventura. De acuerdo con el Decreto 4589 de 2006 “Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones”, el Código Designación de la mercancía Nº 17.01, corresponde a “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido”.
2) Sobre estas mercancías clasificadas en la partida Nº 17.01 del Arancel de Aduanas, “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido”, nosepodráautorizarlaaplicacióndelrégimendetránsitoaduanero.
Para precisar este aspecto conviene recordar, que el tránsito aduanero se define, en el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999, como el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. Esta modalidad de tránsito aduanero, finaliza con la entrega de la carga al depósito o al Usuario Operador de la Zona Franca, según corresponda, quien recibirá del transportador la Declaración de Tránsito Aduanero.
Es decir que, en estos términos, una vez hubiera sido introducida físicamente al país la referida azúcar, no podía ser objeto de transporte de una aduana a otra para efectos de iniciar su proceso legal de ingreso e importación, al tenerse como inviable la autorización del régimen de tránsito aduanero para ella.
3) Como excepción a la regla general de ingreso e importación exclusiva de estos productos por el puerto de Buenaventura, la resolución excluyó las importaciones que se realizaran por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las mercancías que arribaran al país por la jurisdicción de la Administración Delegada de Aduanas de Leticia.
O, lo que es igual, tales mercancías, solamente en esos casos específicos, podían ser objeto de transporte de una aduana a otra para efectos de iniciar su proceso legal de ingreso e importación, a pesar de haberse introducido físicamente por un puerto diferente al de Buenaventura.
“[…] RESOLUCIÓN Nº 03413
“Asimismo,loestablecidoenelincisosegundodelartículo1º delacitadaresolución,noseaplicaráalosbienesqueingresenalpaíscuyodocumentodetransporteseencuentreconsignadooseaendosadoalaspersonasjurídicasreconocidaseinscritascomoUsuariosAltamenteExportadores,cuyaactividadeconómicacorrespondaalprocesamientoindustrialdedichasmercancías.”
Oscar Franco Charry […]”(8) (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
1) Se modificó la excepción a la regla general de prohibición de tránsito aduanero de las pluricitadas mercancías clasificadas en la partida Nº 17.01 del Arancel de Aduanas, permitiéndolo, únicamente, cuando (i) su documento de transporte se encuentre consignado o endosado a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores, (ii) cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de esas mercancías. De tal manera que, los Usuarios Aduaneros Permanentes ya no quedaban cobijados por la excepción a la prohibición del régimen de tránsito aduanero, resultándoles vedada la autorización del mismo.
Es decir que, tales mercancías, solo en el caso específico de los Usuarios Altamente Exportadores, cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de aquellas (que ya no de los Usuarios Aduaneros Permanentes ni de los enlistados en la Resolución anterior), sí podían ser objeto de transporte de una aduana a otra para efectos de iniciar su proceso legal de ingreso e importación, a pesar de haberse introducido físicamente por un puerto diferente al de Buenaventura.
Tal como pudo verificarse, y comoquiera que la sociedad Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro tenía, al momento de los hechos que dieron lugar al decomiso de la mercancía, la condición de UsuarioAduaneroPermanente(9), de acuerdo con el reconocimiento efectuado por la División de Registro y Control de la Subdirección de Comercio Exterior de la DIAN, hoy Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, si bien no lo menciona expresamente, deja ver que la mercancía importada debió declararse exonerada de la restricción consignada en el artículo 1º de la Resolución 13212 (antes de ser modificada), permitiéndosele el respectivo régimen de tránsito aduanero.
Sostiene, para ello, que la operación de carga inició desde el 16deabrilde2008, cuando el Agente de Carga Internacional expidió el “documento de transporte hijo”, que acredita la recepción de la mercancía objeto del contrato de transporte por parte del transportador inicial y que, por tanto, demuestra que la mercancía se había embarcado hacia la República de Colombia desde el instante en que se inició dicha operación de transporte.
Se recuerda que la DIAN, por su parte, consideró como embarque, la fecha de expedición del “documento de transporte master” del transportador, eso es, eldía23deabrilde2008, concluyendo que no le aplicaba la excepción que predica la parte actora, en vista de que ya se encontraba vigente la Resolución 03413 de 17 de abril de 2008, publicada elmismodía23deabrilde2008, estando así sometida a la restricción de la importación del azúcar exclusivamente por la Aduana de Buenaventura, sin posibilidad alguna de autorización del régimen de tránsito aduanero.
Es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien la haya adquirido por endoso total o parcial, como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada(10) los expide el agente de carga internacional.
En el presente caso actuó, por un lado, la firma Cockerill Cargo Ltda., como Agente de Carga Internacional, quien expidió el 16 de abril de 2008, el documento de transporte hijo PNGCTG0001, y por otra parte, la firma Hamburg Sud, como transportador marítimo, cuyo representante en Colombia es la sociedad Eduardo L. Gerlein, quien expidió el documento de transporte máster SUDU689301246013 de 23deabrilde2008.
A juicio de la Sala, contrario a lo alegado por la apelante, no se puede extender el término “embarque” desde cuando se inició el transporte terrestre dentro de la operación de comercio exterior de la mercancía importada por la accionante –como lo pregonó su apoderada a lo largo del debate procesal–, motivo por el cual, al momento del arribo de la mercancía procedente de Brasil, la DIAN de Cartagena debía observar el legal ingreso e importación de la mercancía al territorio nacional aduanero, a la luz de las dos resoluciones regulatorias de la mercancía con arancel clasificable en la partida Nº 17.01 del Arancel de Aduanas.
En efecto, esta ha sido la postura pacíficamente sostenida por la Sección Primera de esta corporación, la que en otras ocasiones, en las que se judicializaron actos administrativos derivados de operaciones de decomiso de las mismas mercancías restringidas –azúcar, tal como en el sub judice–, ingresadas por Cartagena de Indias, D.T. y C. desde Brasil, incluso en el mismo día y en el mismo medio de transporte, estableció lo siguiente:
Agente de Carga Internacional: (D. 2685 de 1999, art. 1º) ‘Es la persona jurídica autorizada por la DIAN exclusivamente para el modo de transporte marítimo, cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad’.
Por tanto, no cabe duda acerca de que en el presente caso el transportador de la mercancía adquirida por Dinpro Ltda., esto es, la firma Hamburg Sud Brasil Ltda, certificóqueembarcólamercancíaenelbuqueCapDomingo,eldía26demayode2008 […]”(11) (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Bajo tales directrices, se tiene que, en el caso concreto, la firma Eduardo L. Gerlein S.A., representante en Colombia del transportador marítimo Hamburg Sud, expidió la siguiente constancia junto con la respectiva certificación de ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., también agente de HAMBURG SUD en el puerto de origen (Paranagua, Brasil)(12):
“[…] Eduardo L. Gerlein S.A.
Cartagena, 4 de julio de 2008
De acuerdo a su solicitud, adjuntamos a este oficio certificaciones expedidas por Aliança Navegação e Logística Ltda. como agentes de Hamburg Sud Brasil Ltda (…)
Y en el puerto de origen (Paranagua, Brasil) de la carga amparada por el conocimiento de embarque:
SUDU689301246013embarcadoconfecha23deabrilde2008abordodelaM/NCapDomingoViaje015N
CertificamosqueloscontenedoresllenosdelBLSUDU689301246013fueronembarcadosconfecha23abril2008,partirdelacualquedaronbajonuestraabsolutadisposición […]” (Negrilla y subrayas por fuera de texto).
Detállese que la certificación transcrita, declaró que las mercancías identificadas con el documento de transporte “BL SUDU689301246013” fueron embarcadas con fecha23abril2008, correspondiendo al documento de transporte máster expedido por el transportador HAMBURG SUD y no tuvieron en cuenta el documento de transporte hijo “BL PNGCTG0001”, expedido por el Agente de Carga Internacional Cockerill Cargo Ltda.
Teniendo en cuenta la definición de Agente de Carga Internacional señalada en el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999(13), la Sala considera que le asiste la razón a la DIAN al afirmar en el acto demandado que el Agente de Carga no es un transportador sino que es un auxiliar o un intermediario profesional, ya que se comporta como un mandatario aduanero, quien actuando en representación del importador o cliente, contrata el transporte marítimo de la mercancía y se encarga de gestionar su embarque. En todo caso, la Sala destaca que es distinto gestionar el embarque a llevar a cabo como tal dicha acción, motivo por demás para no acoger el “documento de transporte hijo” expedido por el Agente de Carga como prueba de la fecha de embarque de la mercancía.
La anterior interpretación pone de presente un tema que ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Primera(14), como lo es el de la diferencia entre las obligaciones a cargo el transportador y el agente marítimo, al cumplir obligaciones distintas e independientes dentro de las operaciones de comercio exterior.
“[…] Adicionalmente, la Sección Primera(15) en asuntos similares al que se estudia, ha sido reiterativa en señalar que el transportador y el agente marítimo son sujetos de derecho diferentes, con obligaciones independientes; por lo tanto las sanciones previstas para alguno de ellos no son extensibles al otro. Ha dicho la Sala:
“[…] Ahora bien, el recurrente señala que con base en el numeral 3 del artículo 1492 del C. de Co., queda claramente establecida la relación del agente marítimo o naviero con el transportista o armador, añadiendo que en el ordenamiento aduanero no se hace diferenciación entre uno y otro. […] “Artículo 1489. Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave”. Si bien es cierto que el agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave (art. 1489 del C. de Co.), ello en manera alguna puede considerarse como identificación entre uno y otro, así como tampoco con el transportista, pues las normas del C. de Co. señalan las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos. El artículo 1492 del C. de Co. al que alude el recurrente, consagra dentro de las obligaciones del agente marítimo, entre otras, la de: “Hacer entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave” (num. 3º) y “Responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o recibo de las mercancías” (num. 5º), obligaciones éstas que no implican que al agente corresponde verificar que lo declarado es lo realmente transportado, pues su obligación tiene que ver con la entrega de las mercancías en las mismas condiciones en que las recibió. Si bien es cierto que en el caso sub examine en el conocimiento de embarque se señaló un número de 1500 piezas y no el realmente transportado (3000), no lo es menos que lo entregado fueron dos contenedores, cuyo peso coincide con el relacionado en el conocimiento de embarque Nº 3, esto es, 38.600 kilogramos” (Negrillas de la Sala) […]”.
Asimismo, esta corporación Judicial, en sentencia del 9 de septiembre de 2004(16), al desarrollar el tema de las responsabilidades del transportador y del agente marítimo, dejó sentado que este último no responde por sanciones relativas al manifiesto de carga, al considerar lo siguiente:
“[…] Como bien lo afirma la Procuradora Delegada ante esta corporación, una es la responsabilidad derivada del contrato de transporte a la cual se refieren los preceptos arriba transcritos (arts. 1618 y1619 C.C.) y otra la responsabilidad derivada del manifiesto de carga, esto es, la responsabilidad ante la autoridad aduanera, que es precisamente a la que se contraen los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992, los cuales, se reitera, señalan como sujeto pasivo de las sanciones allí previstas a la empresa transportadora y no al agente marítimo. Finalmente, la Sala considera que la apreciación del apelante en el sentido de que la compañía demandante puede repetir contra el remitente de la mercancía o hacer efectiva la garantía contra el importador es aplicable respecto de la empresa transportadora más no respecto del agente marítimo, pues el artículo 1615 del C. de Co., establece que “El remitente garantiza al transportador la exactitud de las marcas, número, cantidad, calidad, estado y peso de la cosa, en la forma en que dicho remitente los declare al momento de la entrega […]”.
Colofón de todo lo expuesto, como lo procedente es afirmar que no se puede confundir la fecha de inicio de una operación de comercio exterior con la fecha efectiva de embarque de una mercancía, la que en el sub lite se llevó a cabo eldía23deabrilde2008, momento para el que ya había entrado en vigencia la Resolución 03413 de 17 de abril de 2008, exactamente elmismodía23deabrilde2008, los efectos de esta, al igual que los de la resolución principal y modificada, afectaban la pluricitada importación, para todos los efectos jurídicos.
La segunda resolución, no habiendo alterado la regla de ingreso e importación exclusiva de mercancías clasificadas en la partida Nº 17.01 del Arancel de Aduanas, “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido”, a través de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, y habiendo modificado la excepción a la regla general de prohibición de tránsito aduanero de las mismas, permitiéndolo, únicamente, cuando el documento de transporte se encontrara consignado o endosado a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores, cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de esas mercancías, leimpidióalaactora,ensucondicióndeUsuarioAduaneroPermanente,distintaalaexceptuada,invocarlaautorizacióndelrégimendetránsitoaduanero,deunaaduanaaotra,parainiciarsuprocesolegaldeingresoeimportación,apesardehaberseintroducidofísicamenteporunpuertodiferentealdeBuenaventura.
Así las cosas, demostrado se encuentra en el expediente que la impugnante Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro, no solo desplegó una operación de importación por un lugar no habilitado para el tipo de mercancía que se pretendía ingresar, lo cual permanecía establecido desde el día 14 de noviembre de 2007, fecha de la publicación y vigencia de la Resolución 13212, sino que, muy a pesar de ello, tampoco reunía las calidades y requisitos exigidos por la Administración para obtener la autorización de régimen de tránsito aduanero, cuya nueva condición había sido impuesta, recientemente, por la Resolución 03413, trámite aduanero este último que, en cualquier caso, tampoco se probó haber adelantado ante las respectivas autoridades a través de la presentación de la necesaria y correspondiente Declaración de Tránsito Aduanero D.T.A.(17)
A juicio de la Sala, en el presente caso no se avizora la vulneración del principio de confianza legítima, básicamente por las mismas razones que le permitieron concluir que la fecha efectiva de embarque de la mercancía involucrada en el sub lite, correspondió al día 23deabrilde2008, momento para el cual, ya se encontraban vigentes las resoluciones 13212 de 2007, que impuso el ingreso e importación exclusiva, por el puerto de Buenaventura, del azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, así como la 03413 de 2008, que le negaba la posibilidad de requerir la autorización del régimen de tránsito aduanero, lo que de todas formas no fue tramitado por la actora, como ya se pudo explicar.
Pero además, el principio de confianza legítima no puede llegar a enervar la función administrativa del Estado, a tal punto que se le impida a la DIAN, expedir regulaciones como las contenidas en las resoluciones 13212 de 2007 y 03413 de 2008, que impliquen la afectación de algunas situaciones de hecho consolidadas en el ámbito del derecho aduanero –que no es el caso bajo estudio–, con el objetivo principal de lograr la protección de un gremio empresarial, como el panelero, que se estaba viendo afectado por la importación indiscriminada de azúcar al territorio nacional aduanero con fines de derretimiento para producir panela de forma ilegal.
De otra parte, respecto de la transgresión del principio de enriquecimiento sin justa causa, al considerar la apelante que el Estado se enriqueció al ordenar el decomiso de la mercancía que conlleva la pérdida del derecho de propiedad que tenía Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro sobre el azúcar importada, por cuanto en el presente caso el decomiso fue ilegal al haberse expedido con desconocimiento de las disposiciones constitucionales y legales, la Sala no comparte tal afirmación, como quiera que en el sub judice quedó acreditado que no se equivocó la DIAN al haber ordenado el decomiso de la mercancía de la accionante, pues aquella decisión tuvo como fundamento legal la causal establecida en el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, asunto que ya fue dilucidado ampliamente en precedencia.
En cuanto a la vulneración de los principios de justicia y eficacia, no observa esta instancia judicial que la apelante hubiera expresado inconformidad alguna en el recurso de apelación, motivo por el cual, aun estando relevada para pronunciarse sobre este asunto, la Sala se remite, para dilucidarlo, a las consideraciones expuestas en los cargos anteriores.
Por último, se reconocerá personería jurídica al Doctor Augusto Fernando Rodríguez Rincón, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 21 a 37 del cuaderno de apelación.
2. TIÉNESE al Doctor Augusto Fernando Rodríguez Rincón, como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines establecidos en el poder judicial y sus anexos, que obran a folios 21 a 37 del cuaderno de apelación.
2 Folio 55.
3 Folios 6 a 8 del cuaderno de pruebas 1.
4 El día 13 de junio de 2008, con Radicado 023786, folios 70 a 79 del cuaderno de pruebas 1.
5 Folios 258 a 284 del cuaderno de pruebas 2.
6 “[…] Así las cosas este despacho considera que de conformidad con lo establecido por el parágrafo del artículo 241 de la Resolución 4240 de 2000, modificado por el artículo 6º de la Resolución 8657 de 2003, ‘Para efectos de lo previsto en el artículo 280 del Decreto 2685 de 1999, el embarque comprende, además de la operación de cargue de la mercancía en el medio de transporte, su salida del puerto o aeropuerto con destino a otro país.’(…) La fecha de salida del puerto Santos - Brasil fue el 26 de abril de 2008, según certificación de la Agencia Naviera Eduardo L. Gerlein S.A. […]” (Negrillas de la Sala).
7 Folios 18 y 19 del cuaderno de pruebas 1.
8 Folio 22 del cuaderno de pruebas 1.
9 Según el formulario de Registro Único Tributario de la sociedad Distribuidora Nacional de Productos Ltda., Dinpro de fecha 6 de marzo de 2008, figura la clasificación de usuario aduanero Nº 10 y las codificaciones por tal Concepto Nº 22, 23 y 37, siendo la codificación 37 la de Usuario Aduanero Permanente: “[…] 37. Usuario aduanero permanente: Persona jurídica autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por reunir las condiciones previstas en la norma aduanera y que adquiere algunas prerrogativas en la realización de sus operaciones aduaneras […]”. No puede tener adicionalmente la calidad de depósito público. Folios 28 a 33 del cuaderno de pruebas 1.
10 En el argot de la actividad de Comercio Exterior, se entiende por Carga Consolidada. Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentre amparadas por un mismo documento de transporte.
11 Sección Primera, sentencia de 1º de diciembre de 2017, Radicación 13001-23-31-000-2009-00196-01, C. P. Hernando Sánchez Sánchez; Sección Quinta, sentencia de 22 de febrero de 2018, Radicación 13-001-23-31-002-2009-00192-01, C. P. Alberto Yepes Barreiro.
12 Folios 119, 120 y 123 del cuaderno de pruebas 1.
13 Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 2628 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: “[…] Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad […]”.
14 Sentencia del 30 de agosto de 2007. Radicado 76001-23-31-000-2001-00330-01. M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
15 Sentencia del 9 de septiembre de 2004, dictada en el Expediente 2001-0368-01(9063). M. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16 Radicado 76001-23-31-000-2001-0368-01 (9063), C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
17 Ver, entre otras, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2008, Radicado 13001-23-31-000-2001-01562-01, C. P. Martha Sofía Sanz Tobón: “[…] Como es sabido, el legislador permite que unos determinados bienes que ingresan por un determinado puerto o aeropuerto no sean objeto de presentación ni nacionalización en ese sitio sino en otro que se llama aduana de destino para lo cual la aduana de partida autoriza el tránsito aduanero, previa presentación de la Declaración de Tránsito Aduanero D.T.A. que es el documento que aduaneramente ampara la mercancía […]”.

References: artículo 129
 resolución 

Resolución 
 artículo 567
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 502
 Resolución 
 artículo 502
 artículo 502
 artículo 1541
 artículo 502
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
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 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1492
 artículo 1492
 artículo 1615
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 502
 artículo 241
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 280
 artículo 1