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Timestamp: 2019-11-14 20:19:33+00:00

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Qué pasa si el licitador mejor clasificado, no presenta en plazo la garantía definitiva. - CONTRATACIÓN PÚBLICA
Qué pasa si el licitador mejor clasificado, no presenta en plazo la garantía definitiva.
Publicado por Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 5, 2014 a las 1:50pm en Adjudicación.
Hola a todos, me gustaría saber vuestra opinión cuando el licitador mejor clasificado no presenta en plazo la garantía definitiva.
Si bien ha presentado todos los demás documentos necesarios para ser el adjudicatario del contrasto, parece que la entidad financiera todavía no le ha otorgado el aval.
El licitador ha presentado un plazo extra para aportar la garantía definitiva.
Tiene derecho a un plazo extra. Qué plazo sería.
O hay que exigir la documentación al 2º mejor clasificado.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Pilar Ortega el febrero 5, 2014 a las 2:04pm
El INFORME 32/11, de 1 de marzo de 2012 JCCA plantea el caso de un licitador de un contrato que presenta el certificado de seguro de caución que ofrece como garantía definitiva bastanteado por la Abogacía del Estado y no por los servicios jurídicos de la CA de Madrid. Tras requerírsele la subsanación del defecto, aporta la documentación fuera del plazo establecido por el artículo 151.2 ¿debe proponerse la adjudicación al siguiente licitador?. El órgano consultivo ratifica que la acreditación de la constitución de la garantía es inválida por no estar correctamente bastanteada, siendo el defecto imputable al licitador. No obstante, recuerda a la Administración su potestad para de oficio, en caso de darse los requisitos que recoge el art 49 LRJPAC, ampliar el plazo previsto en el requerimiento y tener en cuenta el certificado de seguro de caución a efectos de la adjudicación del contrato, si se presenta dentro del plazo ampliado.
Creo que puede aplicarse a este caso la ratio, ampliar el plazo máximo la mitad del inicial de acuerdo al 49 LRJPAC
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 5, 2014 a las 2:09pm
Hola Pilar, muchas gracias. Quizá obtener un aval para cantidades importantes no sea algo viable en el plazo de 10 días. En consecuencia, el plazo sería de 10 días + 5 de prórroga.
No obstinarte, transcurrido el plazo, creo que habría que desechar esta oferta y acudir al segundo clasificación.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Pilar Ortega el febrero 5, 2014 a las 2:19pm
Creo que es posible una segunda ampliación de plazo (todo tiene un límite y hay que ponderar a los terceros afectados, pero a la Administración le interesará más o menos ese adjudicatario por su oferta y el estará más o menos cerca de conseguirlo. En todo caso si te lo pidiera, creo que habría que motivar la negativa o la positiva)
Te dejo aquí un ejemplo que acabo de encontrar googleando http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binari...
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Carlos Rodríguez Hernández el febrero 5, 2014 a las 2:20pm
El criterio que nosotros seguimos es que se trata de un requisito no subsanable, de modo que se aplicaria el artículo 151.2 último párrafo del TRLCSP.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Gonzalo Ayala el febrero 5, 2014 a las 2:33pm
Precisamente he tenido este caso en los últimos días. Yo soy de la opinión de Carlos Rodríguez.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para JUAN PABLO FLORES NICOLÁS el febrero 5, 2014 a las 2:36pm
Creo que esto da solución adecuada.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/tribu....
Recurso 15/2012
Resolución 25/2012.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Sevilla, a 20 de marzo de 2012.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 5, 2014 a las 2:47pm
Hola a todos y muchas gracias por vuestras valiosas y rápidas aportaciones.
En la resolución que ha aportado Juan Pablo, el Recurso 15/2012, Resolución 25/2012. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Sevilla, a 20 de marzo de 2012.se lee sobre la prórroga que:
Y analizando la cuestión de si el plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 135.2 de la LCSP es prorrogable o no, concluye que “La LCSP no excluye expresamente la posibilidad de prorroga del plazo de diez días hábiles que establece el artículo 135.2, por lo que el mismo podrá ser ampliado si el licitador lo solicita y el órgano de contratación lo valora necesario y así lo justifica en resolución motivada que deberá ser notificada a todos los licitadores. Solo podrá concederse una única prórroga que no exceda de cinco días hábiles y tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de que finalice el plazo.”
También habla la resolución de que la exclusión de la oferta debe ser interpretada bajo un principio de proporcionalidad.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Pilar Ortega el febrero 5, 2014 a las 2:53pm
De acuerdo con el criterio de la Junta Consultiva aragonesa que cita esa resolución, en materia de contratos no deberían concederse segundas ampliaciones, lo que parece lógico ponderando los intereses en juego ya que hay terceros interesados a la espera.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Enrique el febrero 6, 2014 a las 8:30am
De forma clara y en la misma línea tenéisla siguiente Resolución:
Recurso 257/2013
Resolución 225/2013.
DE RECURSOS CONTRACTUALES.
Madrid, a 12 de junio de 2013.
Por lo que respecta a la interpretación de los defectos subsanables en la constitución de las garantías exigidas en la contratación pública, el órgano de contratación reitera lo expuesto en el artículo 151 del TRLCSP, estimando que es insubsanable la defectuosa constitución de la garantía definitiva y, para ello, se apoya en la cita de varias Resoluciones de este Tribunal (nº 61/2013, entre otras), estimando, además, que no procede la ampliación de los plazos establecidos legalmente.
Tanto la posibilidad de ampliación de plazo, como la de subsanación de la documentación requerida en el trámite previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP ha sido analizado por este Tribunal y, en concreto, hemos de estar a la interpretación literal del precepto que dispone que: "El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De acuerdo con lo expuesto, el plazo de diez días hábiles que establece el artículo 151.2 del TRLCSP para aportar la documentación exigida en el mismo no puede ser rebasado, pues como ya señalamos en nuestra resolución 153/2011 de 1 de junio, para un supuesto análogo referido a la acreditación de los medios comprometidos a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, "de no ser así, ello supondría un punto de máxima inseguridad jurídica para el resto de los licitadores y sería contrario a los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia en la contratación, consagrados en los artículos 1 y 123 de la Ley de Contratos del Sector Público (actuales arts. 1 y 139 TRLCSP).
El órgano de contratación reitera que la defectuosa constitución de la garantía definitiva es un defecto insubsanable, además de la improcedencia de conceder un nuevo plazo para cumplimentar la garantía, mientras que la recurrente invoca la Ley 30/1992 para instar la subsanación de la misma. Interesa indicar que, para un supuesto como el aquí examinado, no cabe la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Así, de acuerdo con la disposición final tercera del TRLCSP, el régimen jurídico aplicable a los procedimientos de contratación pública lo conforman, en primer término, los preceptos del mismo TRLCSP y los de sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, los de la LRJPAC y normas complementarias.
En consecuencia, sólo procederá aplicar las previsiones contenidas en la LRJPAC, para resolver los aspectos sobre los cuales no se pronuncie la normativa sobre contratos del sector público. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se ha pronunciado sobre la aplicación supletoria de la Ley de procedimiento administrativo común, entre otros, en los informes 16/00, de 11 de abril de 2000, y 35/2002, de 17 de diciembre de 2002. En el primero de estos informes, afirma que la mencionada Ley puede entrar en juego, no sólo cuando la normativa de contratos guarde silencio sobre un determinado extremo, sino, sobre todo, cuando la norma supletoria no sea contraria al contenido general y a los principios que lo inspiran, y que esta aplicación supletoria queda subordinada al cumplimiento de los trámites y al desarrollo de los efectos de la legislación de contratos públicos.
El artículo 49 de la LRJPAC establece la posibilidad de que la Administración, salvo precepto en contrario, conceda de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, pero siempre que las circunstancias lo aconsejen y que no se perjudiquen derechos de terceros. Se requiere, además, que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.
No obstante estas previsiones, hay que señalar que, en el caso del trámite de aportación de documentación por parte del licitador propuesto como adjudicatario en procedimientos de contratación pública –en este caso, la constitución de la garantía definitiva-, no resulta aplicable supletoriamente la LRJPAC, pues se trata de una cuestión sobre la que el TRLCSP (arts. 151.2 y 99) se pronuncia expresamente y, además, como hemos señalado anteriormente, la aplicación supletoria de la LRJPAC, a los efectos de conceder una ampliación del plazo, supondría un punto de máxima inseguridad jurídica para el resto de los licitadores, y sería contrario a los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia en la contratación, consagrados en los artículos 1 y 139 del TRLCSP. Así lo ha entendido también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 44/05, de 19 de diciembre de 2005. Por lo tanto, dado que las disposiciones contenidas en la LRJPAC sólo resultan de aplicación cuando la normativa específica de contratos del sector público no se pronuncia sobre las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en las diferentes fases de los procedimientos de licitación, no se puede considerar aplicable la previsión contenida en el artículo 49 de esta Ley en el trámite aquí analizado, el de presentación de la documentación requerida al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 6, 2014 a las 8:46am
Hola Enrique muchas gracias por traer la resolución. Otro punto de vista fundamentado. La dejo aquí anexada.
Lo dicho, muchas gracias y que tengas un buen día.
Recurso 0257-2013 (Res 225) 12-06-13.pdf, 223 KB
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Carlos Rodríguez Hernández el febrero 6, 2014 a las 8:40am
En cualquier caso la citada resolución de la junta de andalucía matiza la presunción de "entender que el licitador ha retirado su oferta", cuando el licitador ha realizado un gesto o un acto que implique la voluntad de mantener aquella, siempre y cuando se respete el plazo de los cinco días hábiles, siguientes al de la finalilzacion del primer plazo dado, para para la adjudición del contrato, y que el referido gesto o acto haya tenido lugar dentro del plazo de diez días hábiles otorgados. De acuerdo pues con dicha resolución, la no presentación en plazo de la garantia definitiva podría llegar a ser un requisito subsanable, pero con matices. En definitiva, nada similar al carácter subsanable de los requisitos del artículo 146.1. Como conclusión diré que comparto totalmente la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 6, 2014 a las 8:51am
Hola Carlos, coincido contigo. Creo que después de todo el proceso de selección y de valoración de empresas y de ofertas el rechazar a la que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio porque no ha obtenido un aval o un seguro de crédito de caución y cuando ha manifestado y acreditado su voluntad de obtener esa garantía definitiva, no me parece lógico.
No sé quién puso el plazo de 10 días hábiles, pero según está hoy el tema de la financiación obtener un aval por una cuantía elevada puede requerir de algún día más. Y esto no depende de nuestro licitador, si no de su banco.
Otro saludo de Ana Martínez y muchas gracias por participar.

References: artículo 151
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Resolución 

RESOLUCIÓN 
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 artículo 135
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 artículo 151
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 artículo 64
 artículo 151
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 artículo 49
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 artículo 146