Source: http://piedradetoque.mx/articulos/051-iniciativa_ley_derechos_culturales.htm
Timestamp: 2017-12-11 22:37:09+00:00

Document:
051-iniciativa_ley_derechos_culturales
Iniciativa de Ley General
de Derechos Culturales
México es un país pluricultural cuya diversidad cultural y lingüística es una de sus riquezas más importantes. Nuestro país es reconocido nacional e internacionalmente por la riqueza de su biodiversidad, la obra de sus artistas y creadores, los saberes, el conocimiento y las tradiciones indígenas, de los pueblos, barrios y de múltiples comunidades migrantes, por la creatividad cultural, la infraestructura cultural y la riqueza de su patrimonio cultural.
El reconocimiento de la diversidad cultural como parte de la riqueza de las personas, pueblos y comunidades, requiere de políticas de protección, promoción y sostenimiento como condición para la convivencia, el combate a la pobreza, la seguridad ciudadana, la paz y el diálogo intercultural local, nacional, regional e internacional, con pleno respeto de los derechos humanos.
El disfrute equitativo de las expresiones de la diversidad cultural propias y de las que se producen a nivel internacional, así como el acceso de la cultura, a los medios de expresión, difusión y comunicación y a las plataformas tecnológicas digitales, contribuyen a valorar la riqueza de la diversidad y a fomentar el diálogo intercultural.
Hoy en día, las identidades culturales de las personas y comunidades se relacionan intrínsecamente con los medios de comunicación, los medios audiovisuales y la cinematografía, las plataformas tecnológicas digitales y las redes electrónicas, en donde juegan un papel fundamental las expresiones de la diversidad cultural comprendidas en los bienes, servicios y actividades basadas en contenidos culturales.
La creación artística y cultural tiene un doble valor, simbólico y económico, lo que implica la necesidad de poner atención en la armonización de las políticas culturales con las de carácter económico, darle un tratamiento adecuado a su valor de identidad y expresión basado en los derechos culturales y una perspectiva de viabilidad y futuro, sin comprometer los recursos culturales de las nuevas y futuras generaciones.
Los avances construidos por el modelo de política cultural establecido por la posrevolución y la segunda mitad del siglo XX, son la base para transitar hacia una política cultural para el siglo XXI, capaz de responder a los nuevos desafíos sociales, culturales, económicos, medio ambientales, tecnológicos, de convivencia en paz que enfrenta nuestro país en un entorno internacional por demás cambiante.
El nuevo modelo de política cultural del siglo XXI supone el reconocimiento de la dimensión cultural del desarrollo, para facilitar la posibilidad de conseguir un desarrollo integral, sostenible, el bienestar, la equidad, la cohesión social y, por ende, la paz. El desarrollo cultural, por tanto, es fundamental en el combate a la pobreza, la equidad de género, la inclusión social, la preservación y enriquecimiento de la biodiversidad, para fomentar la creatividad cultural y la libertad creativa.
En este nuevo concepto de política cultural, la cultura es un componente esencial de la planificación del desarrollo, a fin de que garantice los derechos culturales, al tiempo de permitir beneficios económicos, sociales, educativos, medio ambientales, científicos y tecnológicos, en condiciones de equidad.
El sector cultural en México ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Integrado por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial creativo y económico fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con su naturaleza, considerando la diversidad de unidades productivas y de gestión y su relación con la tecnología, la producción audiovisual y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes digitales.
Derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, esta Comisión de Cultura y Cinematografía consideró viable instalarse en conferencia con la Comisión de Cultura del Senado de la República en un esfuerzo conjunto para llevar a cabo un análisis profundo e incluyente de la Iniciativa, a través de mesas de trabajo en las cuales pudiéramos retroalimentar nuestros puntos de vista y contar con argumentos sólidos para el análisis de una Iniciativa tan relevante. La pretensión de dichas mesas de trabajo fue la de escuchar y hacer valer las diversas manifestaciones provenientes de sindicatos, instituciones, creadores, especialistas, artistas y ciudadanos pertenecientes e interesados en el entonces subsector cultural, con distintos argumentos que fueron analizados en común acuerdo entre Diputados y Senadores integrantes de las Comisiones de Cultura respectivas.
Con fecha 9 de diciembre de 2015 la Comisión de Cultura y Cinematografía aprobó con 26 votos a favor el dictamen de la iniciativa del Ejecutivo que crea la Secretaría de Cultura para su discusión ante el Pleno; posteriormente el día 10 de diciembre, la iniciativa fue aprobada por los diputados y el día 15 de diciembre del mismo año fue avalada por el Senado para su promulgación por parte del Ejecutivo Federal y su entrada en vigor a partir de su publicación el 17 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
Con fecha 15 de diciembre de 2015 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura, emitió el acuerdo por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos culturales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, párrafo décimo segundo y 73 fracción XXIX-Ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que acatando lo dispuesto por la Junta de Coordinación Política en el acuerdo antes mencionado, esta Comisión de Cultura y Cinematografía adoptó dicho instrumento como base del presente. Del mismo modo y conforme a lo establecido por el artículo 71 de nuestra carta magna aplicado a este caso en concreto, se consideró necesario establecer que la facultad de iniciar leyes corresponde a los Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el presente acuerdo otorga al Consejo Técnico creado, facultades únicamente de consulta y opinión.
Derivado de la creación de la Secretaría de Cultura, la Comisión de Cultura y Cinematografía acordó coadyuvar con todas las fuerzas políticas que representan al ahora sector cultural, para discutir y aprobar una Ley General que defina el rumbo que debe seguir la Secretaría de Cultura y la política cultural del país, mediante reuniones, foros, mesas de trabajo y comparecencias con funcionarios de instituciones culturales federales y estatales, así como con miembros de organizaciones civiles especializadas en el tema, así como personalidades destacadas en el ámbito cultural y cinematográfico de la sociedad.
La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura, con fecha 17 de marzo de 2016 emitió el “Acuerdo para la discusión y elaboración de la iniciativa de ley reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4o. y la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dicho acuerdo estableció la celebración de 10 audiencias de carácter público, con el objeto de debatir, discutir y tomar decisiones respecto a los temas que integrarán la iniciativa de una Ley de Cultura, celebrándose de la siguiente manera:
Primera audiencia pública; principios, conceptualización y técnica legislativa para la conformación de una ley de cultura, celebrada el jueves 30 de junio de 2016, en Puebla, Puebla.
Segunda audiencia pública; derechos culturales, celebrada el martes 5 de julio de 2016, en la Ciudad de México.
Tercera audiencia pública; libro y lectura, celebrada el 5 de julio de 2016, en la Ciudad de México.
Cuarta audiencia pública; artes escénicas, creación, educación e investigación artística, celebrada el martes 12 de julio de 2016, en Morelia, Michoacán.
Quinta audiencia pública; industrias creativas y derechos de autor, celebrada el viernes 15 de julio de 2016, en Guadalajara, Jalisco.
Sexta audiencia pública; patrimonio, celebrada el 19 de julio de 2016, en Monterrey, Nuevo León.
Séptima audiencia pública; nueva perspectiva de la cinematografía, medios de comunicación y tecnologías de la información, celebrada el jueves 21 de julio de 2016, en Zacatecas, Zacatecas.
Octava audiencia pública; culturas populares y lenguas indígenas, celebrada el sábado 23 de julio de 2016, en Mérida, Yucatán
Novena audiencia pública; innovación y continuidad en las políticas públicas culturales y política cultural internacional, celebrada el viernes 29 de julio de 2016, en Toluca de Lerdo, estado de México.
Décima audiencia pública; estímulos a la creación, celebrada el martes 2 de agosto de 2016, en Chihuahua, Chihuahua.
Las diputadas y los diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía, a partir de las conclusiones obtenidas en dichas audiencias públicas, acordaron constituir un consejo redactor, que a partir de las conclusiones obtenidas de las actas elaboradas por la Secretaría Técnica de esta comisión, en virtud de la celebración de las audiencias públicas para la elaboración de una Ley de Cultura, elaborara de manera honorífica un documento orientador, fungiendo como herramienta fundamental en esta iniciativa.
Por lo tanto, en virtud de la creación de la Secretaría de Cultura, la cual tiene como responsabilidad la elaboración y conducción de la política nacional en materia de cultura, con la participación de otras dependencias de la administración pública federal y acorde con la reforma constitucional en materia de derechos culturales, la Ley de Planeación en su artículo 2º fracción IV, reconoce como uno de sus principios el respeto irrestricto de las garantías individuales, de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales; en la fracción VII, la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, así como en su fracción VIII, la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales, lo que implica atender a la valoración del impacto cultural que causarían las políticas y acciones de los diferentes sectores del desarrollo.
Es un derecho ciudadano la salvaguarda de las lenguas, conocimientos y de todos los elementos que constituyen la cultura e identidad que dan vida a la pluriculturalidad y diversidad cultural de México y que, en la promoción y defensa de la diversidad, es fundamental la perspectiva de inclusión social, la equidad de género y los derechos culturales de todas las personas con o sin discapacidad, así como de los pueblos, grupos y comunidades.
La política cultural del siglo XXI requiere de una nueva gobernanza que permita la coordinación y armonización con las políticas educativas, económicas, de salud, seguridad ciudadana, medio ambiente, desarrollo urbano, para garantizar los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades. Asimismo, requiere de la participación activa de artistas, creadores, promotores culturales, grupos y comunidades, de la iniciativa privada y de la sociedad civil. Por ello, es necesario definir mecanismos de participación de la sociedad civil, de la empresa privada, así como definir las normas instancias y mecanismos de participación social en la elaboración, aplicación y evaluación de políticas públicas en cultura y desarrollo integral.
Que el Estado mexicano reconoce el papel de los artistas, promotores, gestores e investigadores en el desarrollo cultural y su contribución al cumplimiento de los derechos culturales y su contribución cultural, social y económica, por lo que establece la importancia de su participación activa en la elaboración de las políticas culturales nacionales, el fortalecimiento de sus vínculos sociales y comunitarios, así como la mejora de sus condiciones de creación, producción y difusión nacionales e internacionales.
Las reformas constitucionales que México ha vivido en los últimos años, nos permiten contar con una nueva realidad constitucional de corte garantista, lo que faculta al Congreso de la Unión, a formular una Ley General para sentar las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, establecer competencias en materia de cultura y al mismo tiempo dar cauce a los derechos humanos como parte fundamental del desarrollo integral. Igualmente, para establecer los mecanismos de participación de los sectores social y privado que exige la Carta Magna.
El artículo 73 fracción XXIX-Ñ de la Constitución faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, le faculta para establecer los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con el fin de cumplir los fines previsto en el párrafo duodécimo del artículo 4º. Constitucional. En ese sentido, es fundamental definir las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudad de México se coordinen en materia de política cultural y derechos culturales.
Que la fracción XXV del mencionado artículo 73, excluye explícitamente de las facultades del Congreso de la Unión legislar en torno a los campos de la educación en bellas artes, la enseñanza técnica de las artes y los oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes; sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; derechos de autor y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con la misma, por lo que dichos campos han quedado fuera de esta propuesta normativa, lo mismo que otros ámbitos en los que existen normas específicas.
México ha firmado tratados internacionales fundamentales en materia de políticas culturales y desarrollo y derechos humanos que obligan al Estado mexicano a su cumplimiento, entre ellos la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural (2001), la Carta Cultural Iberoamericana (2006), la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), además de la que nació en nuestro país: Declaración de México sobre Políticas Culturales (1982).
México es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 15 señala que: los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Igualmente, señala que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura; se obligan a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Asimismo, ha firmado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros.
Las históricas reformas constitucionales de junio de 2011 en materia de derechos humanos, cambiaron el paradigma constitucional de México, en grado tal que el artículo 1o. constitucional establece el cumplimento de los derechos humanos, entre ellos los derechos culturales, de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y señala la necesidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos. Igualmente, reconoce que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo anterior, en concordancia con el principio pro persona, cuya interpretación recoge la presente propuesta.
En ese mismo artículo el Estado mexicano prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religiosa, sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la política cultural del Estado mexicano y aquella que conduzca el sector federal de cultura, encabezado por la Secretaría de Cultura e integrado por instituciones federales, en diálogo y estrecha coordinación con las entidades estatales y municipales, han de garantizar la no discriminación, la igualdad, la equidad y la inclusión social.
El artículo 2o. de la Constitución reconoce la composición pluricultural de la nación, por tanto, la necesidad de impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación y establece el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución, y establece que para tales efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
La coordinación entre los sectores de educación y cultura es fundamental para la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura, la mejora de la convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto de nuestra diversidad cultural, así como para el cumplimiento de los derechos culturales.
El compromiso del Estado mexicano, de acuerdo al artículo 3o. constitucional, es promover una formación ciudadana integral. La colaboración entre los sectores educación y cultura es fundamental para garantizar una formación ciudadana en herramientas interculturales, lectura, en patrimonio, conciencia ambiental, lenguajes artísticos, culturas audiovisuales, cinematográficas y digitales. En ese sentido, la reforma constitución 2012 permite no sólo garantizar el ejercicio de los derechos culturales, acrecentar y difundir la cultura, sino que establece un marco, el de nuestra diversidad.
El 30 de abril de 2009, se aprobó la reforma constitucional que estableció el ahora párrafo 12 del artículo 4o. constitucional, en el cual el Estado mexicano reconoce que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Igualmente, que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Dicha reforma mandata una ley que establezca, entre otros, los mecanismos para el acceso y participación ciudadana a cualquier manifestación cultural, pero hasta la fecha dicha normativa no ha sido aprobada.
Acorde a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un par de tesis en materia de derecho a la cultura, sosteniendo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 de la Constitución, en relación con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el Estado mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva “que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional 1 . Asimismo, que el derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución: “es inherente a la dignidad de la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso como a su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa no contiene limites internos, como todos los derechos encuentra ciertos límites de manera externa, que implica su relación con el ejercicio de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate” 2 .
Por tanto, podemos decir que, el reconocimiento, respeto, protección, promoción del acceso a la cultura y pleno ejercicio de los derechos culturales, atendiendo a la diversidad cultural, es un mandato constitucional que requiere que dichos derechos sean definidos de manera enunciativa y no limitativa, al igual que sus garantías, tomando siempre en cuenta el respeto a los derechos humanos.
En dicho propósito, la cooperación cultural internacional es fundamental para el enriquecimiento de la vida cultural y artística de los mexicanos dentro y fuera del país y para fortalecer la promoción de las expresiones de la diversidad cultural de los mexicanos, para fortalecer el intercambio cultural, el diálogo entre culturas y la promoción de México en el mundo, en el marco de la diplomacia cultural y la promoción de los derechos humanos, la convivencia y la paz.
Del documento orientador 3:
La formulación del documento orientador aporta al legislador elementos base de una iniciativa de Ley General de Derechos Culturales de México, que sirve de sustento mayor en la redacción de la presente iniciativa y que hoy suscriben los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. Este Documento Orientador ha sido elaborado por un Consejo Redactor pro bono, integrado a invitación de esta Comisión, mismo que sesionó del 14 de enero al 14 de marzo de 2017 para formular un documento que enriqueciera el punto de vista del legislador, como fruto del diálogo interdisciplinario del sector cultural, en el ejercicio de una nueva práctica democrática.
Este consejo conoció los aportes de otros actores sociales de todo el país que participaron en las consultas realizadas por la Cámara de Diputados y tomó en consideración también los trabajos presentados en el foro organizado por la Comisión de Cultura del Senado de la República. La Oficina de la UNESCO en México acompañó a este Consejo Redactor para brindar material de apoyo con las prácticas contemporáneas en materia cultural convenidas por la comunidad internacional, insumos extraídos de un amplio corpus de declaraciones, recomendaciones, resoluciones y convenciones internacionales. En el mismo sentido, compartió los hallazgos más significativos de los Informes Mundiales sobre Cultura de la UNESCO, mismos que provienen de las buenas prácticas que sus Estados miembros reportan de manera sistemática.
De igual manera, se nutre de la lectura y consideración de las iniciativas presentadas al Senado de la República por distintas fracciones parlamentarias en periodos anteriores y bajo la actual legislatura. Igualmente, toma en cuenta otras iniciativas elaboradas por el Ejecutivo, y por distintas fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados, conscientes de que comparten el interés de que México disponga de una legislación en materia de cultura.
No han quedado fuera de consideración para la formulación de esta iniciativa, las legislaciones de otros países, las normativas de diversas entidades federativas que ya reconocen los derechos culturales en sus respetivas leyes de cultura, igualmente, aquellos documentos que en curso de su elaboración hicieron llegar investigadores, representantes sindicales, especialistas o ciudadanos interesados en la legislación cultural.
Fruto de todo ello, el consejo redactor puso a consideración de la comisión el documento orientador antes señalado y que sirve plenamente para formular el presente proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Culturales, se integra por estos elementos para la exposición de motivos que actualiza el contexto internacional y nacional de la cultura y establece el marco teórico y jurídico que permite dar a la futura iniciativa un enfoque garantista indispensable para el cumplimiento de las libertades fundamentales reconocidas en los tratados y convenios internacionales y avanzar, de acuerdo al mandato constitucional en la definición de los derechos culturales, estableciendo los mecanismos para garantizar su más pleno cumplimiento, en el marco que nuestra Constitución lo permite.
Asimismo, fundamenta la necesidad de la definición de lineamientos de una política cultural que enfoque en cultura y desarrollo para el cumplimiento de dichos derechos e incida en dichas garantías.
Igualmente, cimenta las bases de coordinación de la federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de cultura y derechos culturales, así como a dar cauce a la participación social.
La iniciativa que se presenta está integrada por cinco títulos:
Título Primero. Se refiere a la naturaleza de la Ley y sus objetivos.
Título Segundo. Establece los principios generales de la Ley, los derechos fundamentales y define los derechos culturales de acuerdo al marco constitucional.
Título Tercero. Establece los lineamientos y principios de la Política Cultural Nacional y la Política Cultural Federal, para facilitar la elaboración del Programa Nacional de Cultura, al tiempo que, con base en las competencias federales, estatales y municipales, se desarrolle una colaboración entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil.
Titulo Cuarto. De la sostenibilidad del desarrollo cultural. Sienta las bases para coordinar y armonizar las políticas culturales con el desarrollo, a través de lineamientos generales que permitan fortalecer al sector cultural, entendido como un campo en el que confluyen las entidades públicas, privadas y ciudadanas.
Título Quinto. Formula la distribución de competencias y las atribuciones concurrentes entre federación, estado y municipios.
Cabe señalar que, en cada uno de los ámbitos de este documento orientador, se han establecido los mecanismos de participación social de manera transversal, de tal forma que facilite a las entidades garantes de los derechos culturales, la aplicación de la normas, aquí señaladas.
Entre los aportes que hace el documento orientador elaborado por el Consejo Redactor para esta iniciativa de los Diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía, podemos señalar:
Establece un marco conceptual y de principios, que dará vida a una visión de los derechos culturales y de la política cultural acorde a las necesidades del siglo XXI, reconociendo al sector cultural en toda su dimensión social, pública y privada 4.
Reconoce la diversidad cultural y la interculturalidad como elementos centrales de la vida cultural y establece las bases para su protección, promoción y defensa.
Reconoce los derechos fundamentales, define los derechos culturales, su indivisibilidad y da cauce a su más amplio ejercicio para las personas, los grupos y comunidades culturales, señalando los mecanismos para su garantía y judicialización.
Reconoce y vuelve viable la complementariedad de los aspectos culturales, económicos, ambientales y sociales del desarrollo en las políticas públicas, estableciendo las prioridades de la política pública de la cultura en las que habrán de coordinarse federación, estados y municipios, así como las instancias de promoción de la concurrencia.
Da prioridad al vínculo educación-cultura, respetando las competencias establecidas con el sistema educativo, señala la necesidad de reorientar y fortalecer casas de cultura y centros culturales, dando importancia estratégica a la formación cultural, artística, audiovisual, en patrimonio, lectura, cinematográfica y digital de la ciudadanía dentro y fuera de la escuela.
Reconoce el papel de artistas, promotores culturales, técnicos, etcétera. Y establece la prioridad de la profesionalización del sector cultural y artístico, así como los cambios que habrá de realizarse para el desarrollo del servicio civil de carrera apropiado para el sector.
Reconoce la obligatoriedad de la actualización de la infraestructura cultural, la necesidad de incorporar su creación en el desarrollo urbano, la necesidad de armonizar la creación de infraestructura cultural con el cuidado del medio ambiente, fortalecer los espacios culturales y artísticos de la sociedad civil, así como la obligatoriedad de la accesibilidad universal.
Establece las bases para la definición de políticas fiscales, estímulos, créditos y otros mecanismos de financiamiento para el sector cultural y artístico, una política de aranceles y apoyos al sector económico de la cultura, así como la prioridad de las políticas de fomento a la creatividad y para el fortalecimiento de los emprendimientos culturales y creativos, incluyendo aquellos que implican la gestión de saberes, conocimientos y tecnologías tradicionales. Se proponen mecanismos de consolidación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).
Establece las bases para promover el acceso y la producción de contenidos en audiovisuales y digitales, la promoción de la diversidad cultural en estos medios y entornos digitales, el fortalecimiento de los medios públicos y estímulo para la creación en medios digitales.
Reconoce y da cauce a la solidaridad y la cooperación internacionales, a la promoción de las expresiones de la diversidad cultural de México y los mexicanos fuera del país, así como al más amplio diálogo internacional que promuevan la cooperación, la diplomacia cultural, el diálogo sur-sur y la paz.
Los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía estamos convencidos de que el documento orientador presentado ha servido como sustento en la elaboración de la presente iniciativa, misma que generará debate en torno a la aprobación de la Ley General de Derechos Culturales, misma que permitirá la suma de esfuerzos institucionales, sociales y políticos para hacer de México un ejemplo internacional en materia de cultura y desarrollo sustentable, así como de garantía del más pleno ejercicio de los derechos culturales, lo cual redundará en el engrandecimiento de nuestra diversidad cultural y en la mejora de la calidad de vida, la convivencia y la paz de los mexicanos.
Con base en las consideraciones antes señaladas y en ejercicio de las facultades que a los suscritos diputados nos confieren los artículos 4o., párrafo décimo segundo, 71, fracción II, y 73, fracción XXIX- Ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se crea la Ley General de Derechos Culturales
Artículo Único. Se crea la Ley General de Derechos Culturales para quedar como sigue:
Naturaleza y objetivos de la ley
Artículo 1. Naturaleza. Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.
Artículo 2. Objetivos. La presente ley tiene como objetivos:
Reconocer los derechos fundamentales en materia de acceso y participación en la cultura y establecer los derechos culturales; sentar las bases para su interpretación, garantía, fomento, promoción y defensa por parte del Estado mexicano; así como facilitar y garantizar a todas las personas, grupos, pueblos y comunidades su ejercicio efectivo conforme con los valores y principios constitucionales, así como con los establecidos en los tratados y convenciones internacionales suscritos y aprobados por México.
Acceso a la cultura: La posibilidad efectiva para todos de informarse, formarse, conocer, comprender libremente y disfrutar de la diversidad de los valores y expresiones, bienes y servicios culturales que prestan las instituciones y organizaciones, de los sectores público, privado, social y comunitario del Estado mexicano.
Actividades, bienes y servicios culturales: Aquellas que crean, producen, distribuyen o transmiten expresiones culturales, con independencia de que sea individual o colectivo, gubernamental, civil o privado, o de su valor comercial o mercantil.
Artistas y o creadores. Toda persona que crea o que participa de manera constante en la creación, recreación o interpretación de obras de arte, y que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida y de su actividad productiva, independientemente de sus fines económicos, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, con independencia de las disciplinas, técnicas, orientaciones estéticas o soportes tecnológicos con los se desarrolle y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación, que pertenezca o no a una comunidad o pueblo.
Derechos culturales: El conjunto formado por los derechos fundamentales de acceso y participación a la cultura, los derechos culturales establecidos en la presente Ley y los que figuran en los instrumentos internacionales reconocidos por el Estado mexicano.
Desarrollo humano sustentable: Enfoque de política pública que pone a las personas como protagonistas del desarrollo, entendido éste no solo como crecimiento económico, sino como ampliación de capacidades sociales, educativas, y culturales, que permitan nuevas oportunidades para el bienestar, la inclusión y la equidad; así como la sustentabilidad que procura el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos, para las presentes y futuras generaciones, todo ello basado en el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Diversidad cultural: Multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y comunidades, en saberes, artes, técnicas, tradiciones, lenguas y formas de expresión, interpretación y comunicación. Incluye las formas en que expresan, enriquecen y trasmiten su patrimonio e identidad y en los distintos modos de creación, artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, independientemente de los medios y tecnologías utilizados.
Diversidad de las expresiones culturales: Son los resultados de la creatividad de las personas, los grupos y comunidades, que se manifiestan en bienes, servicios y actividades que poseen un valor simbólico y económico, fruto del valor agregado o de su posible relación con la tecnología, pero que por constituir vehículos fundamentales de identidad, deben distinguirse de cualquier otro bien, producto o mercancía y contar con tratamiento específico de política cultural coordinada con política económica.
Emprendimientos culturales: Iniciativas individuales o colectivas, que tienen por objeto la creación, producción, difusión, promoción o gestión de bienes, servicios o actividades basados en contenidos simbólicos, artísticos y culturales con independencia de las plataformas o soportes que utilicen, de la forma jurídica que adopten y los resultados económicos que busquen y/o produzcan.
Factibilidad cultural: Evaluación del impacto cultural de las actividades humanas planificadas, cuyo objetivo es que lleve a cabo de la misma manera que son realizados los estudios de factibilidad financiera, económica, social, política o ambiental, a efecto de que todo instrumento de política pública que no demuestre una adecuada factibilidad cultural –o que tenga impactos culturales negativos–, en concordancia con la teoría de la evaluación, en cualquier contexto de formulación de planes, programas y proyectos, sea sustituido por una alternativa mejor.
Los estudios de factibilidad cultural aportarán los criterios necesarios a efecto de que los objetivos, metas, estrategias y prioridades; así como, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la coordinación de acciones y los resultados de la planeación del desarrollo nacional, se lleven a cabo con pleno respeto al acceso y el ejercicio de los derechos culturales de las personas, pueblos, grupos o comunidades beneficiarias y favorezcan el desarrollo cultural sostenible.
Interculturalidad: La presencia e interacción equitativa de las culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas por medio del diálogo horizontal y de una actitud de respeto mutuo que facilitan una convivencia pacífica de la diversidad cultural.
Participación en la vida cultural: La posibilidad efectiva y garantizada para todo individuo, grupo o comunidad tenga la posibilidad efectiva de expresarse, comunicar, actuar, crear y gestionar sus recursos culturales libremente, con objeto de asegurar su propio desarrollo, una convivencia armoniosa y el desarrollo sostenible de la sociedad, hacer uso cultural y sustentable del espacio público, enriquecer sus propias prácticas artísticas y culturales y relacionarse con las de otros grupos sociales, así como acceder a los bienes, servicios y actividades que promueva su grupo o comunidad, así como a las que generan las instituciones públicas, privadas y civiles. La participación en la vida cultural requiere de la asociación de los diferentes sectores sociales y gubernamentales, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución y en la evaluación de políticas, programas, actividades y acciones.
Plan de manejo: El conjunto organizado y sistematizado de diagnósticos, índices de medida, lineamientos, estrategias, proyectos y acciones que tienen como finalidad alcanzar el uso o aprovechamiento sostenible de un recurso cultural y dar congruencia a las actuaciones y la participación de instituciones públicas y privadas, personas, grupos y comunidades culturales, especialmente en situaciones en donde la diversidad cultural, el acceso a la cultura, los derechos culturales y la participación en la vida cultural de las personas, los grupos o las comunidades pueda estar en riesgo.
Política cultural nacional: Conjunto de principios, orientaciones y estrategias plasmadas en planes, programas e intervenciones de instituciones de gobierno, empresas privadas, organizaciones civiles, colectivos, pueblos y comunidades que tengan por finalidad el objeto de garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales y el ejercicio de los derechos culturales en el territorio nacional, así como promover el desarrollo cultural sostenible, orientado hacia el bienestar, la convivencia y la paz.
Políticas del sector federal de cultura: Los principios, orientaciones y estrategias basadas en planes y programas cuya elaboración, conducción y ejecución está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura en coordinación con las instituciones públicas integrantes del sector federal de cultura, la participación de otras entidades de la administración pública federal, y tomando en cuenta las bases de concurrencia con estados y municipios; así como, las propuestas instituciones civiles y grupos comunitarios organizados, de creadores, gestores, promotores y otros actores de la vida cultural, a fin de orientar las intervenciones encaminadas a satisfacer las necesidades culturales y el ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos.
Programa Nacional de Cultura. Programa sectorial, a cargo de la Secretaría de Cultura federal, elaborado tomando en cuenta los principios y orientaciones de esta ley.
Promotores y gestores culturales: Las personas expertas, técnicas, profesionales o especialistas en la promoción, gestión, administración, producción, difusión y financiamiento de actividades, bienes y servicios culturales; en los sectores público, social, privado o comunitario; en relación –de manera enunciativa, mas no limitativa– con el patrimonio cultural, las expresiones artísticas, la gestión cultural, el fomento a la lectura, la formación artística, cultural, cinematográfica, audiovisual, el uso de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías o la cooperación internacional.
Secretaría: La Secretaría de Cultura federal.
Sector federal de cultura: la Secretaría, los organismos responsables, dependencias y entidades del ámbito federal agrupados en el Ramo 48 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sector Cultural: Las instituciones, iniciativas, emprendimientos y organizaciones públicas, privadas y sociales dedicadas al fomento, creación, producción, distribución y promoción de bienes y servicios culturales, con independencia de su personalidad jurídica o fines económicos.
Sector económico de la cultura: Conjunto de actividades, iniciativas, emprendimientos, empresas o unidades económicas, desarrolladas por agentes privados, sociales y públicos, vinculados con la formación, creación, producción, difusión, distribución, exhibición, transmisión, consumo y apropiación de contenidos simbólicos relacionados con las expresiones artísticas, del patrimonio cultural, el libro y la lectura, de la producción cinematográfica, audiovisual y digital de contenido cultural.
Sectores prioritarios de la política cultural transversal: Los correspondientes a la interacción de la Secretaría de Cultura federal con las secretarías de educación, desarrollo social, economía, gobernación, medio ambiente, turismo, ciencia y tecnología, comunicaciones y transportes, telecomunicaciones y desarrollo territorial y urbano.
Artículo 4. Criterio interpretativo pro-persona. Con base en los principios establecidos en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y demás aplicables de la Constitución, y de los tratados suscritos y aprobados por el Estado Mexicano, esta Ley deberá interpretarse siempre en el sentido que más y mejor favorezca a los derechos culturales de las personas, grupos, pueblos y comunidades.
Título Segundo: De los principios generales, los derechos fundamentales de acceso a la cultura y de los derechos culturales
Artículo 5. Principios generales. El Estado mexicano establece los siguientes principios generales para el logro del más pleno ejercicio de los derechos culturales:
Identidad como causa primera de la soberanía. La identidad cultural de los individuos, pueblos y comunidades es la causa primera de la soberanía nacional y su base del respeto a su dignidad;
Cultura como elemento esencial del desarrollo. La cultura, en sus expresiones diversas, sustenta la identidad de los individuos, grupos, pueblos y comunidades; y, como tal, resulta un componente esencial para elevar la calidad de vida y para lograr un desarrollo incluyente, integral y sostenible.
Respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales: Para lograr el acceso a la cultura y pleno ejercicio de los derechos culturales, se deben garantizan las libertades fundamentales como las de expresión, creación, información, comunicación y acceso al conocimiento científico y técnico; así como la posibilidad de que las personas escojan libremente sus expresiones culturales.
Igual dignidad de las culturas. El Estado mexicano reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas y lenguas, así como el derecho de cada persona, cada pueblo y de cada comunidad cultural a pertenecer, afirmar y preservar su identidad cultural y a exigir su respeto.
Complementariedad de los aspectos culturales, económicos, ambientales y sociales del desarrollo: Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores del desarrollo, los aspectos culturales deben estar en armonía y ser complementarios con los factores económicos, ambientales y sociales del desarrollo.
Solidaridad y cooperación internacionales: La cooperación cultural deberá estar encaminadas a lograr el más pleno ejercicio de las libertades fundamentales y de los derechos culturales, promover la empatía y diálogo con la diversidad cultural y ampliar el acceso a la diversidad de los contenidos culturales.
De los principios específicos para la aplicación de la ley
Artículo 6. Principios específicos. En la aplicación de la ley, además de los principios generales antes enunciados, se observarán los siguientes principios específicos:
Igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres, y no discriminación de ninguna especie para todas las personas, pueblos y comunidades;
Respeto a todas las manifestaciones e identidades culturales y al diálogo entre culturas;
Promoción de la mayor inclusión en la política digital, de telecomunicaciones y radiodifusión pública del Estado;
Profesionalismo, equidad y proporcionalidad en la ejecución de las políticas culturales;
Equidad y prioridad a la inclusión y participación en el acceso y ejercicio de los derechos culturales de las personas con alguna discapacidad.
Equidad en la atención a todas las regiones y comunidades del país, en especial a personas, grupos, comunidades, sectores, regiones y localidades en condiciones de vulnerabilidad, en desventaja o riesgo social;
Planeación nacional democrática de las políticas culturales, así como su evaluación periódica, para medir su impacto en el desarrollo nacional;
Promoción de la participación de los sectores privado y social; así como de artistas, creadores, investigadores, promotores y gestores culturales, en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política cultural;
Corresponsabilidad del gobierno, creadores, promotores, gestores y trabajadores de la cultura en el desarrollo nacional, la ejecución y la evaluación de las políticas culturales;
Eficacia en la coordinación interinstitucional,
Promoción de la transparencia en el uso de los recursos públicos y rendición de cuentas.
Artículo 7. Derechos culturales fundamentales. Los derechos culturales fundamentales de acceso y participación en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan a los individuos en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; son inherentes a toda persona humana y pueden ser ejercidos indistintamente dentro de un grupo, pueblo o comunidad.
Artículo 8. Indivisibilidad de los derechos humanos. Los derechos fundamentales a la cultura son universales, indivisibles, progresivos e interdependientes, en relación con los demás derechos humanos. En consecuencia, su ejercicio deberá armonizarse con los otros derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, así como con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
Artículo 9. Derechos culturales establecidos. Para el más pleno ejercicio de los derechos culturales fundamentales, en el marco de los principios constitucionales en materia de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, se establecen los derechos culturales que -de manera enunciativa y no limitativa- a continuación se enlistan. Los siguientes siete rubros de derechos culturales establecidos, que pueden ejercerse de manera individual, o como parte de uno o más grupos, pueblos o comunidades, en los ámbitos que se describe en cada uno de ellos:
Al desarrollo de su identidad, es decir:
A la elección y respeto de su identidad cultural y a la diversidad de sus modos de creación, expresión y comunicación.
A conocer y a que se respete la cultura propia, así como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad.
A elegir identificarse, o no, con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección.
A expresarse, en público o en privado, en el o los idiomas o lenguajes de su elección.
A ejercer las propias prácticas culturales de manera individual o comunitaria.
A conocer, desarrollar y decidir sobre sus conocimientos innovaciones y prácticas culturales y a garantizar el beneficiarse moral y materialmente de dichos conocimientos.
A participar y ser consultados sobre los programas de desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece; en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las decisiones que la conciernen y que afectan el ejercicio de sus derechos culturales.
A aprender, acrecentar, renovar, preservar, proteger, defender y transmitir los valores culturales que constituyen la identidad de cada persona.
A expresar su cultura e identidad, sin más limitación que la que las leyes impongan.
Al diálogo y la comunicación multicultural e intercultural.
A la propia identidad, organización, lenguas, conocimientos y cualquier otro elemento que constituya su cultura, a su preservación y enriquecimiento, así como a adscribirse libre y públicamente, sin limitación o restricción alguna, a una o varias comunidades culturales de manera presencial o virtual, además de acceder a la educación y formación respetuosa de dicha identidad.
A la formación cultural, artística, en lectura, patrimonio y culturas audiovisuales, cinematográficas y digitales, a fin de enriquecer su identidad y sus modos de creación, expresión y comunicación.
A la educación y capacitación sobre los derechos culturales.
Al acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado, es decir:
Al disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, en igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna, por cualquier motivo o condición que atente contra la dignidad humana.
A que los distintos niveles de gobierno e instituciones elaboren programas de educación, difusión y protección de los derechos culturales de manera democrática y participativa.
A exigir por la vía administrativa a cualquier autoridad y a cualquier persona que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito cultural, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos culturales, su prevención, investigación, sanción y reparación, sin perjuicio del derecho de acción judicial que corresponda conforme a las leyes; y
A cualquier otro derecho cultural contenido en los tratados y convenios internacionales de que México sea parte, o bien que se derive de alguna otra fuente jurídica de carácter administrativo o judicial vinculante u orientadora para las autoridades del país.
3) A la creación artística y al disfrute de los beneficios morales y materiales de su diversidad y creatividad cultural, es decir:
Al ejercicio de su vocación y expresiones creativas y artísticas en forma libre,
A que las actividades, manifestaciones y difusión artística y cultural puedan ser objeto de fomento y estímulo por parte del Estado,
Al reconocimiento y protección de la propiedad individual y o colectiva de los conocimientos, innovaciones y prácticas creativas.
A participar para recibir estímulos a la creación, protección, gestión, investigación, producción, difusión, distribución y disfrute de las manifestaciones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados, a partir del reconocimiento del Estado a la contribución de las personas, grupos, pueblos y comunidades a los procesos creativos;
A participar en la creación, producción y gestión de expresiones culturales basadas en contenidos culturales que expresen su identidad y diversidad cultural
4) Al disfrute y desarrollo del patrimonio cultural, es decir:
A acceder a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas.
A acceder a los valores testimoniales de los bienes tangibles e intangibles, integrantes del patrimonio cultural, sin más limitación a la que esté sujeto el bien, en razón de su régimen de propiedad o posesión.
A colaborar con su comunidad en la recuperación, estudio, protección, conservación, aprovechamiento sustentable y no excluyente, difusión, promoción y reformulación del patrimonio cultural que reconozcan como tal.
A la protección y disfrute del patrimonio cultural en todas sus modalidades, así como al disfrute de una relación armónica con la naturaleza a partir de condiciones propicias para el desarrollo sostenible;
A que los practicantes y comunidades locales usuarias del patrimonio sean consultados de manera libre, previa e informada sobre el uso y aprovechamiento de los diversos patrimonios culturales, en la elaboración de estudios de factibilidad cultural, para el diseño de sus planes de desarrollo y usos locales nacionales e internacionales.
5) A la educación y formación cultural y al acceso al desarrollo científico, es decir:
A recibir una educación y una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural.
A formarse con planes y programas de educación orientados al estímulo de la creatividad cultural y a la creación, aprecio, expresión y disfrute de los bienes culturales y artísticos, el uso y apropiación del patrimonio, la cultura audiovisual y digital.
Al fomento y difusión de la investigación científica, especialmente en las áreas de cultura y arte.
Al fomento en la cultura del respeto al ambiente y al fomento de una visión integral de éste como un bien patrimonial.
6) Al fomento y estímulo a los emprendimientos culturales, es decir:
Al fomento y estímulo de los emprendimientos culturales y del sector económico de la cultura, con objeto de que contribuyan al más pleno ejercicio de los derechos culturales, alienten la diversidad de las expresiones culturales y promuevan el intercambio cultural.
Al establecimiento de mecanismos de cooperación internacional que permitan hacer accesibles las creaciones culturales de México al resto mundo y viceversa; y, favorezcan la producción, distribución y exportación de los bienes y servicios culturales.
Al diseño e instrumentación de una política fiscal que aliente el emprendimiento cultural y el fortalecimiento del sector económico de la cultura
A contar con información estadística y estudios sobre emprendimientos culturales, el sector económico de la cultura, las industrias creativas y el impacto de la economía de la cultura en el desarrollo nacional.
7) A la información cultural, es decir:
A recibir una información libre y plural que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad cultural, en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural.
A la información y la comunicación para producir, acceder y difundir contenidos culturales en las diversas modalidades tecnológicas y soportes de comunicación disponibles, así como a la programación que se brinde a través de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión pública, con el propósito de difundir las expresiones de la diversidad cultural a toda la población con respeto a la pluralidad y veracidad de la información cultural, a la vez que se fomenten los valores de la identidad y la cohesión nacional, la formación educativa, cultural, artística y cívica, y la igualdad entre hombres y mujeres;
Al diálogo y la comunicación multicultural e intercultural;
Artículo 10. Responsabilidad de velar por los derechos culturales. Es responsabilidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los ámbitos de gobierno federal, estatal, de la ciudad de México y municipales, el velar en todo momento por el respeto y pleno ejercicio de los derechos culturales de todos los mexicanos.
Artículo 11. Derechos fundamentales conexos. Los derechos culturales están intrínsecamente vinculados a los derechos fundamentales a la alimentación, la salud y la educación, y el derecho de todas las personas al descanso y el ocio.
Artículo 12. Inviolabilidad de derechos humanos. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente Ley para atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, para limitar su ámbito de aplicación o para incumplir sus obligaciones constitucionales.
Artículo 13. Defensa institucional y tutela jurídica. Para cumplir de manera efectiva con los objetivos y principios establecidos en esta Ley, la Secretaría de Cultura federal y sus homólogas en las entidades federativas, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas en las entidades federativas, adoptarán administrativamente, y, en su caso, promoverán ante las instancias competentes la aprobación de legislación y normatividad tendente a establecer mecanismos, instrumentos, acciones y procedimientos de defensa institucional y tutela jurídica de los derechos culturales, tales como alerta temprana, queja y denuncia pública ciudadana.
Los procedimientos referidos en el párrafo anterior, deberán incluir el derecho a un recurso sencillo y efectivo ante las autoridades administrativas correspondientes y permitir la prevención, investigación, sanción y reparación en el marco del debido proceso legal en relación con actos que pongan en riesgo, afecten o limiten el ejercicio de los derechos culturales, sin perjuicio de la acción de amparo disponible en términos de la Constitución y leyes reglamentarias respectivas.
Dichos procedimientos también deberán incluir las medidas para establecer, divulgar y facilitar la activación de medidas cautelares, administrativas y judiciales, conforme con las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables en el país.
Artículo 14. Políticas para la máxima inclusión y atención a denuncias. La Secretaría de Cultura, en colaboración con sus homólogas en las entidades federativas, propiciará que, en todos los ámbitos de la administración pública y en los sectores privado y social, se adopten las políticas y protocolos que aseguren la máxima inclusión posible en el ejercicio de los derechos culturales, así como de que dentro de la organización respectiva se habilite una instancia que atienda y de seguimiento a cualquier denuncia por la posible violación de derechos culturales.
Artículo 15. Solución alterna de conflictos. La Secretaría de Cultura federal, en colaboración con sus homólogas en las entidades federativas y de los municipios, propiciarán que en todos los ámbitos legislativos y de la administración pública del país se formule y aplique la normatividad requerida para establecer y operar los mecanismos de solución alterna de conflictos en razón del ejercicio de los derechos culturales o la aplicación de los criterios derivados de los estudios de factibilidad cultural, tales como mesas de diálogo, conciliación, mediación y arbitraje.
Artículo 16. Listas de expertos. La Secretaría de Cultura federal, en colaboración con sus homólogas en las entidades federativas, propiciará que en todos los ámbitos de la administración pública y de los sectores privado y social del país, así como en la función de impartición de justicia, se cuente con listas de especialistas en materia de derechos culturales, a efecto de recurrir a ellos cuando se trate de prever o remediar alguna controversia en el ejercicio de los derechos culturales o la aplicación de los criterios derivados de los estudios de factibilidad cultural.
Artículo 17. Mecanismos de participación social. La Secretaría de Cultura federal, en colaboración con sus homólogas en las entidades federativas, deberá propiciar y difundir la constitución de los mecanismos de participación social tales como observatorios ciudadanos, y la participación social en la investigación, transparencia y rendición de cuentas de la administración pública cultural del país en todos sus ámbitos de gobierno.
Artículo 18. Medidas de urgencia. La Secretaría de Cultura federal, en colaboración con sus homólogas en las entidades federativas, deberá, cuando sea necesario, acordar las medidas de urgencia que sean procedentes, conforme con la normatividad aplicable, para respaldar el cumplimiento de los objetivos, principios y derechos establecidos en esta Ley, en particular sus observaciones y recomendaciones pertinentes.
Artículo 19. Condiciones mínimas para el ejercicio de derechos fundamentales. El pleno ejercicio de los derechos culturales se garantizará sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, la más amplia disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad de los valores, bienes y servicios culturales.
Artículo 20. Prioridad e igualdad a personas y grupos específicos en desventaja. Las políticas y acciones culturales de los poderes públicos en los tres ámbitos de gobierno y de los sectores social y privado procurarán priorizar la inclusión de personas y grupos vulnerables, personas con alguna discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, y la igualdad entre hombres y mujeres, la niñez y la juventud.
Título Tercero: De la política cultural nacional
De la política cultural nacional
Artículo 21. Conducción. El Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría, tiene a su cargo elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura y las políticas del sector federal de cultura; con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de los estados y de los municipios;
Artículo 22. Objeto. La política cultural nacional tiene por objeto garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos culturales, y promover su vinculación con el desarrollo humano sostenible, hacia el mejoramiento de la calidad de vida en todo el territorio de la república mexicana.
Artículo 23. Los derechos culturales y el desarrollo integral nacional. A efecto de respetar y promover los derechos culturales, los objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la coordinación de acciones y la evaluación de resultados de la planeación del desarrollo nacional, se llevarán a cabo con base en los principios generales establecidos en la presente Ley y los criterios específicos derivados de estudios de factibilidad cultural que en cada caso correspondan.
Artículo 24. Poder Ejecutivo como garante de la incorporación de la perspectiva cultural en las políticas públicas. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a los Poderes Ejecutivos locales, a los presidentes municipales y los alcaldes de la Ciudad de México garantizar que, en el diseño y ejecución de las políticas públicas, se respeten los derechos culturales, se incorpore una perspectiva cultural y se atiendan los criterios de los estudios de factibilidad cultural, en todas las etapas de la planeación, ejecución y evaluación de las políticas de desarrollo.
Artículo 25. Armonización de los derechos culturales en los ámbitos de gobierno. A efecto de respetar y promover los derechos culturales en sus respectivos ámbitos de competencia, las administraciones públicas de las Entidades y de los municipios, armonizarán los marcos jurídicos e institucionales en materia de planeación del desarrollo, a los derechos y principios establecidos en esta Ley.
Artículo 26. Armonización de los derechos culturales en los sectores privado y social. A efecto de respetar y promover el acceso y el ejercicio de los derechos culturales en sus respectivos ámbitos de acción, las organizaciones de los sectores social y privado propiciarán la armonización sus políticas, programas y acciones en materia de fomento y apoyo a la cultura, para que se correspondan con los derechos y principios establecidos en esta ley.
De las políticas del sector federal de cultura
Artículo 27. Objetivos. Las políticas del sector federal de cultura buscarán alcanzar los siguientes objetivos:
Establecer acciones tendientes a fortalecer el pleno ejercicio de los derechos culturales, a través de la libre expresión, la promoción de la diversidad y el diálogo intercultural, en el ámbito federal.
Fomentar la convivencia, el intercambio, la cooperación y el diálogo respetuoso al interior y entre las culturas, propiciando la interculturalidad.
Coordinarse con la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la educación cultural, artística, en patrimonio, audiovisual, cinematográfico y digital en el sistema educativo nacional.
Considerar, en todo momento, la prioridad que tiene para la nación la conservación, preservación, salvaguardia, gestión, promoción y difusión de los patrimonios culturales.
Elaborar la normatividad técnica y coordinar su aplicación, que permita a las entidades y los municipios adoptar políticas y acciones encaminadas a la salvaguarda y la eliminación de condiciones de riesgo, a la defensa, preservación, gestión, salvaguarda y enriquecimiento de la diversidad de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que los pueblos, las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su identidad cultural, así como los bienes, conjuntos, lugares, espacios, instrumentos y objetos culturales que les son inherentes.
Generar un entorno favorable para el desarrollo cultural facilitando el acceso, uso preservación y disfrute de las actividades, bienes y servicios culturales, con igualdad de oportunidades.
Promover el desarrollo, actualización, mantenimiento y consolidación de los sistemas de casas y centros de cultura, centros de las artes, espacios escénicos, archivos históricos, bibliotecas, museos y, en general, de todos aquellos recintos o infraestructuras que se creen para promover el acceso, promoción y difusión de las expresiones culturales.
Estimular la formación, actualización y profesionalización en las diversas áreas de las expresiones culturales, de los creadores, intérpretes y ejecutantes, de los promotores y gestores, y de los investigadores;
Fomentar la participación social de personas, grupos y comunidades en el acceso y ejercicio de sus derechos culturales; así como en la gestión sostenible de sus recursos culturales.
Alentar la promoción cultural que impulse la creatividad, el acceso, la participación y el disfrute de las expresiones culturales para la población en general.
Propiciar y promover la plena inclusión, integración y participación de las personas con discapacidad y grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Promover el adelanto de las mujeres en el acceso equitativo a los recursos, bienes y servicios culturales, y los espacios de decisión en el diseño, implementación, gestión y evaluación de las políticas culturales.
Fortalecer la atención al desarrollo cultural de los grupos migrantes y de las culturas fronterizas.
Promover la corresponsabilidad entre el gobierno, los creadores, intérpretes y ejecutantes, así como de la sociedad en general en el apoyo, promoción, gestión, difusión del desarrollo y la diversidad culturales.
Reconocer e integrar en la planeación nacional el papel fundamental de la cultura en todos los procesos y etapas del desarrollo del ser humano, el combate a la pobreza y el equilibrio medio ambiental, así como el fortalecimiento de la vida democrática y el progreso del país.
Articular la vinculación permanente, armónica, coordinada y eficaz de las políticas del sector federal de cultura con los otros sectores de la administración pública.
Promover la participación activa de los sectores social y privado, de los artistas, creadores, promotores, gestores e investigadores culturales en la definición de políticas culturales nacionales y relativas a los campos de su especialidad.
Promover la coordinación con las entidades federativas, la ciudad de México y los municipios, para:
Promover que las políticas de los sectores culturales de las entidades federativas y los municipales tengan como propósito prioritario garantizar los derechos culturales, la articulación de la política cultural con los programas estatales de desarrollo integral y el acceso al disfrute de los bienes y servicios culturales que presta la entidad federativa o el municipio.
Fortalecer la infraestructura y la oferta de bienes y servicios culturales en estados y municipios para promover el desarrollo cultural local, con objeto de alcanzar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones y comunidades del país, así como conservar, salvaguardar y difundir sus culturas y sus patrimonios culturales.
Estimular la formación, actualización y profesionalización de los investigadores, promotores, creadores, intérpretes y ejecutantes, en las diversas áreas de las expresiones culturales y artísticas;
Fortalecer los servicios de formación cultural, en lenguajes artísticos, patrimonio, culturas audiovisuales, cinematográficos y digitales.
Fomentar y difundir el conocimiento, respeto, preservación, conservación y enriquecimiento de los valores de la diversidad cultural nacional y de sus patrimonios culturales, en los ámbitos cultural, educativo, desarrollo social, turístico, desarrollo económico, desarrollo urbano, protección y conservación de los recursos y del medio ambiente;
Promover la participación de los sectores social y privado, de los artistas, creadores, promotores, investigadores y gestores culturales en la definición de políticas culturales locales y en los campos de su especialidad.
Diseñar estrategias generales para la implementación de acciones que coadyuven al financiamiento o cofinanciamiento, de estímulo fiscal o de fomento económico, de los emprendimientos culturales y del sector económico de la cultura.
Fortalecer el diálogo y la cooperación internacional a través de programas y acciones bilaterales o multilaterales, con especial énfasis en las acciones de cooperación sur-sur.
Evaluar y revisar permanentemente las políticas y los instrumentos de apoyo al fomento y desarrollo cultural, sus resultados y su impacto en el bienestar de la población.
Fortalecer el más amplio acceso a las expresiones de la diversidad cultural y a la difusión del patrimonio cultural, especialmente en los medios de comunicación y las redes tecnológicas digitales.
Los demás que, con base en los instrumentos de coordinación interinstitucional y participación social, sean definidos para el desarrollo cultural nacional.
Artículo 28. Competencia de la Secretaría. Para la ejecución de la política cultural federal, la Secretaría diseñará e instrumentará el Programa de Desarrollo Cultural que será de observancia general para todas las dependencias y entidades del sector federal de cultura.
Artículo 29. Contenidos del programa. Para integrar los contenidos del programa, la Secretaría deberá atender lo siguiente:
Observar los objetivos, las garantías y los principios, generales y específicos, que establece ésta ley.
Coordinar la recopilación y actualización de la información mediante indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, los estudios de factibilidad cultural, las encuestas de consumo y los diferentes datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Sistema Integral de Información Cultural, los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su organización y sistematización, destinados a la conformación del programa.
Convocar a los diversos agentes del desarrollo cultural a foros de consulta ciudadana, comités o consejos sobre temas específicos, aplicando una metodología de participación incluyente y con mecanismos claramente definidos; para la evaluación y, en su caso, integración de las propuestas a ser incorporadas como parte del programa. La participación en los foros de consulta, comités y consejos será libre y honorífica y se regirá por las disposiciones legales aplicables.
Establecer y ejecutar mecanismos participativos de evaluación continua de las políticas del sector cultura, las actividades y las acciones del programa; y,
Proponer criterios de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios, a efecto de incorporar al programa acciones de carácter intersectorial en beneficio del desarrollo sociocultural.
Artículo 30. Programas prioritarios del sector federal de cultura. Son programas y acciones prioritarias para el desarrollo cultural, en el ámbito federal:
El fomento, promoción, ejercicio y defensa de los derechos culturales.
El aliento al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado.
La promoción de los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa.
La implementación de mecanismos que propicien el más amplio acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
La formación de las personas, grupos y comunidades en promoción de la diversidad cultural, el patrimonio, el conocimiento y el uso de lenguajes artísticos, culturas audiovisuales, la producción cinematográfica y de contenidos digitales.
La investigación, protección, restauración, recuperación, conservación, salvaguarda, preservación, difusión y enriquecimiento sustentable de los monumentos y zonas, arqueológicos, artísticos e históricos, especialmente de aquellos de propiedad o posesión federal;
La formación y profesionalización de investigadores, restauradores, creadores, artistas, promotores y gestores, funcionarios y tomadores de decisiones que actúan en el ámbito de la cultura, las artes, el patrimonio y los medios.
Los programas que deriven de los convenios de colaboración celebrados entre las dependencias del gobierno federal y de los estados del país.
El mantenimiento, conservación y equipamiento de la infraestructura cultural a nivel nacional. X. El afianzamiento de un programa digital para la cultura
XI. La consolidación y actualización del Sistema Integral de Información Cultural, el mapa de infraestructura cultural e indicadores culturales que brinden información oportuna y actualizada sobre espacios culturales; patrimonio cultural inmaterial; instituciones culturales; convocatorias y marcos institucionales en el ámbito de la cultura; festivales, creadores e intérpretes; fuentes de financiamiento; apoyos otorgados; producción editorial; arte popular; culturas indígenas; culturas populares; educación artística; formación creativa; investigación y centros de documentación.
Artículo 31. Participación de los sectores social y privado. El sector federal de cultura se coordinará con los sectores privado y social para maximizar los alcances del programa nacional de cultura. En particular, para impulsar:
El fortalecimiento del acceso a la cultura y al pleno ejercicio de los derechos culturales de las personas, grupos, pueblos y comunidades, y la gestión sostenible de sus recursos culturales;
La implementación de mecanismos que propicien el más amplio acceso y participación en las manifestaciones culturales, a los bienes y servicios culturales, y a los mecanismos de fomento al emprendimiento cultural y para el fortalecimiento del sector económico de la cultura.
La formación de las personas, grupos y comunidades en promoción de la diversidad cultural, los oficios y técnicas para la preservación del patrimonio cultural, el conocimiento y el uso de lenguajes artísticos, culturas audiovisuales, cinematográficas y digitales.
Medidas para el reconocimiento y estímulo de creadores, gestores, promotores y organizaciones sociales vinculadas a la cultura;
La participación de nuevas expresiones sociales y culturales que propicien, generen y difundan la creación cultural de comunidades asentadas en barrios, colonias, pueblos, municipios y demarcaciones territoriales de las entidades, de la ciudad de México y de los municipios, y de los mexicanos que habitan en el extranjero;
La conformación de redes de participación cultural, de colaboración territorial, presencial o a través de plataformas tecnológicas;
El otorgamiento de estímulos, premios y reconocimientos a personas físicas o morales por su contribución significativa a la cultura, sin menoscabo de los ya establecidos en otros ordenamientos;
La entrega de apoyos materiales para el equipamiento de la infraestructura cultural, así como de recursos humanos para el funcionamiento de espacios culturales en las comunidades a que se refiere la fracción VI de este numeral;
La entrega de apoyos a personas y grupos de los sectores privado y social para contribuir al acceso y participación en las manifestaciones de las culturas populares e indígenas;
El fortalecimiento de mecanismos de financiamiento o cofinanciamiento, de estímulo fiscal, de mecenazgo o patrocinio, destinadas a financiar la realización de actividades, o la producción de bienes y servicios culturales.
Del Foro Nacional de Cultura
Artículo 32. De la integración. El Foro Nacional de Cultura es un espacio de diálogo, consulta y coordinación entre la Secretaría y las instituciones que son cabeza del sector cultura, de los gobiernos de las entidades federativas y de la ciudad de México.
A las reuniones del Foro podrán ser convocados a participar los gobiernos municipales, las instituciones de educación superior y organizaciones no gubernamentales con fines culturales; así como los grupos, comunidades, personas o especialistas que los integrantes del Foro estimen necesarios.
Para su mejor funcionamiento, el Foro Nacional de Cultura podrá organizar las comisiones, los comités temáticos o regionales que considere necesarios a efecto de desahogar los asuntos específicos de la agenda de trabajo que acuerden sus integrantes.
Artículo 33. Objeto. El Foro Nacional de Cultura tendrá por objeto:
Promover la realización conjunta de políticas y acciones para la promoción del pleno ejercicio y defensa de los derechos culturales.
Participar en la definición y colaborar en la ejecución del Programa Nacional de Cultura; así como en las políticas, actividades y acciones que de él se deriven;
Opinar en la conformación del proyecto anual de presupuesto de egresos de la Secretaría, de manera tal que se cuenten con mayores elementos para la definición de las prioridades nacionales, regionales y locales; y, en consecuencia, se propongan los mecanismos para su financiamiento, ejecución y evaluación.
Colaborar en la integración, revisión y actualización de las reglas de operación de los programas de la Secretaría que deban estén sujetos a ellas.
Definir programas, mecanismos y herramientas de política pública que promuevan el equilibrio regional en la ejecución de políticas culturales;
Propiciar el intercambio de experiencias en la formulación y aplicación de políticas, programas, acciones y recursos en materia de fortalecimiento y difusión del desarrollo cultural, que faciliten el acceso a la cultura y el más pleno ejercicio de los derechos culturales.
Artículo 34. Lineamientos de operación. La Secretaría propondrá a los integrantes del Foro Nacional de Cultura, para su aprobación por consenso, los lineamientos para su funcionamiento y los mecanismos de comunicación, sistematización, seguimiento y evaluación de su operación. La Reunión Nacional de Cultura sesionará por lo menos dos veces al año en la entidad federativa que para cada sesión se acuerde por consenso.
Del Sistema Integral de Información Cultural
Artículo 35. Componentes: El Sistema Integral de Información Cultural del Estado Mexicano es un instrumento de política pública, coordinado por la Secretaría, que tiene por objeto integrar, organizar, sistematizar, analizar y divulgar información, datos y estadística sobre el sector cultural federal y de las distintas manifestaciones artísticas y culturales, de naturaleza pública, privada o social.
Asimismo, tendrá como finalidad diseñar e implementar indicadores para el diagnóstico, planeación, implementación y evaluación de las políticas culturales públicas de alcance nacional, regional o local, especialmente en lo relativo a su impacto en el ejercicio de los derechos culturales y el desempeño de los servicios culturales que brinda el Estado. Para dichos fines, aprovecharán también las herramientas creadas por otras instituciones del sector público, tales como la Cuenta Satélite de la Cultura del Inegi y el Ceneval, entre otros.
De la misma manera, habrá de llevar a cabo monitoreo y estudios prospectivos sobre el estado del arte y las perspectivas las diferentes áreas del desarrollo cultural, incluyendo el impulso a los estudios culturales, de consumo cultural y de factibilidad cultural del desarrollo considerando su aplicación e impacto en las políticas públicas. Para su diseño y desarrollo podrá consultar a especialistas en diversos campos del desarrollo cultural.
Título Cuarto De la Sostenibilidad del Desarrollo
Elementos de la sostenibilidad del desarrollo cultural
Artículo 36. Equilibrio e integralidad de las políticas culturales. Los programas y acciones de la política cultural y las políticas culturales, se ejecutarán de forma equilibrada e integrada con todas las esferas del desarrollo, de manera tal que el uso presente de los recursos culturales no impida el libre desarrollo cultural de las generaciones futuras, procurando siempre el fortalecimiento de los elementos materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos y emotivos de las culturas.
Artículo 37. Promoción universal de la creatividad. La Secretaría diseñará programas y acciones orientados a estimular y fortalecer la creatividad, dirigidas a la población en general. Asimismo, procurará mecanismos y actividades específicos para desarrollar las competencias y habilidades que sean necesarias para la expansión de la creatividad de todos los habitantes de la República.
Artículo 38. Indicadores. A efecto de procurar la sostenibilidad de la política cultural se desarrollarán indicadores de gestión específicos que permitan evaluar el impacto de las políticas culturales en los ámbitos social, ambiental y económico; y muy especialmente en cuanto a: la empatía con la diversidad cultural, las habilidades para el diálogo intercultural y la resolución pacífica de las controversias, la sostenibilidad ambiental de las actividades de los emprendimientos culturales y el sector económico de la cultura que estén relacionadas con el uso de recursos naturales, la condición del artista y la viabilidad económica de los emprendimientos culturales y del sector económico de la cultura.
Artículo 39. Cuenta satélite de cultura. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, colaborará en la conformación de la cuenta satélite de la cultura; y a la incorporación de indicadores culturales del desarrollo nacional, como parte de la medición de las aportaciones de México a los objetivos y metas del desarrollo sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas.
De la cultura y su contribución en los sectores productivos
Artículo 40. Cultura y sectores productivos. La secretaría desarrollará programas, acciones y mecanismos de política pública tendientes a favorecer el vínculo del sector cultura con todos los sectores productivos del país; especialmente, con aquellos que incorporan componentes intangibles de carácter cultural o artístico en una o varias etapas de su cadena de valor.
Artículo 41. Fondos para los emprendimientos culturales y el sector económico de la cultura. La Secretaría, por si o en colaboración con otras dependencias o entidades, procurará la creación de fondos concursables destinados a fortalecer alguna o varias de las etapas de las cadenas de valor del sector económico de las artes, la cultura y la cinematografía. En la evaluación de los proyectos se considerará su contribución al más amplio ejercicio de los derechos culturales.
De la transversalidad de la política cultural
Artículo 42. Integración de la perspectiva cultural en las políticas sectoriales de desarrollo. El titular del ejecutivo federal impulsará la integración de la dimensión cultural como parte de la planeación del desarrollo nacional y la ejecución de las acciones que de él se deriven. Se considera prioritaria la coordinación de acciones transversales con las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a de Desarrollo Urbano, Territorial y Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes.
Artículo 43. Armonización de política cultural y económica. Se reconoce que el desarrollo del sector económico de la cultura es una responsabilidad compartida entre los sectores público, social y privado. Con objeto de facilitar el ejercicio coordinado de esa responsabilidad compartida, la Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverán la definición de criterios generales de política económica, orientados al fortalecimiento del sector económico de la cultura.
Artículo 44. Rendición de cuentas. La Secretaría garantizará que el ejercicio del presupuesto del sector cultura se sujete –entre otras- a las disposiciones del Título IV y el Artículo 134 de la Constitución, a fin de garantizar su aplicación eficaz, responsable y transparente.
Artículo 45. Oportunidad en el ejercicio presupuestal. La Secretaría de Cultura, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fomentará la puntual transferencia de los recursos que se programen dentro del presupuesto de egresos de la federación del ejercicio de que se trate, para los estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil beneficiadas de fondos federales.
Artículo 46. Turismo cultural. La Secretaría de Cultura mantendrá una estrecha coordinación con la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional de Promoción Turística, para el impulso a un turismo cultural sostenible que preserve los recursos culturales y naturales para las futuras generaciones.
Del financiamiento al desarrollo cultural
Artículo 47. Presupuesto incremental progresivo. A partir de la consideración de que los recursos asignados al sector cultura son una inversión que debe ir en ascenso, acorde a las disponibilidades presupuestales y las recomendaciones internacionales en la materia, la Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinarán sus acciones para la adecuada conformación del proyecto de presupuesto del sector cultura, a ser integrado como parte de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio anual de que se trate.
Artículo 48. Régimen de aprovechamientos específicos. La Secretaría y la Secretaría de Hacienda propondrán, en el marco de la Ley Federal de Derechos, un régimen de aprovechamientos específico, aplicable por el uso, usufructo o aprovechamiento de bienes o servicios culturales, que sea acorde al mandato constitucional de garantizar a todos los habitantes de la República el pleno ejercicio de los derechos culturales y el más amplio acceso a los bienes y servicios culturales. Para esos mismos efectos, se establecerán las provisiones presupuestales que garanticen que el mayor porcentaje de dichos aprovechamientos sean invertidos en la mejora de los servicios, en el mantenimiento y la operación de la infraestructura cultural; y, en su progresiva habilitación a favor de las personas con alguna discapacidad.
Artículo 49. Concurrencia de otros sectores de la actividad económica. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, procurará la concurrencia de los sectores social y privado en el financiamiento del desarrollo cultural.
Artículo 50. Consolidación del Fonca. La Secretaría en coordinación con las instancias respectivas, promoverá la consolidación y el aprovechamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y alentar la creación de sub-fondos especiales que incidan en el desarrollo sostenible del sector cultural.
Artículo 51. Acceso al crédito. La Secretaría de Cultura promoverá ante la Secretaría de Economía y el sector bancario de desarrollo, con incubadoras de negocios, fondeadoras y fundaciones privadas, acciones que faciliten el acceso al crédito y la capacitación a las micro y pequeñas empresas sector económico de la cultura; así como cualquier otra medida que aliente la creación, desarrollo, consolidación y expansión de los emprendimientos culturales, la producción de bienes, servicios y actividades que expresen la diversidad cultural y lingüística, considerando sus diferentes formas de organización, su escala y características y sus necesidades específicas.
Artículo 52. Inclusión de emprendimientos y gestión de saberes y tecnologías tradicionales. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Cultura, junto con el Instituto Nacional de la Economía Social, promoverán las adecuaciones jurídicas y administrativas que resulten necesarias para garantizar la inclusión de los emprendimientos culturales, y la gestión de los saberes y tecnologías tradicionales, como posibles beneficiarios de la economía social.
Artículo 53. Acceso al crédito de grupos indígenas y población en condiciones de vulnerabilidad. La Secretaría de Cultura promoverá que los grupos y comunidades indígenas, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad, accedan a los distintos instrumentos de política económica y créditos de la banca de desarrollo, en condiciones preferenciales, para el desarrollo de emprendimientos culturales.
De los estímulos e incentivos al sector cultural
Artículo 54. Política fiscal. La Secretaría de Cultura promoverá, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Sistema de Administración Tributaria y con el Congreso de la Unión, el diseño de una política fiscal integral que estimule al sector cultural.
Artículo 55. Promoción y aprovechamiento de expresiones culturales en el exterior. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Pro México impulsarán la difusión, promoción y aprovechamiento en el exterior de las expresiones culturales producidas en el país.
Artículo 56. Apoyos al sector económico de la cultura. La Secretaría promoverá ante las dependencias y entidades competentes el diseño, implementación y evaluación de mecanismos de fomento económico, apoyos y estímulos fiscales; facilidades administrativas; promoción de financiamiento; así como cualquier otra medida que beneficie la creación, desarrollo, consolidación y expansión de las micro y pequeñas empresas del sector económico de la cultura.
Artículo 57. Facilidad en las importaciones temporales y exención de impuestos. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Cultura y las instancias competentes, promoverá la adopción de medidas que faciliten la entrada temporal de bienes culturales que favorezcan el intercambio cultural internacional; así como la exención de los impuestos de importación respecto de los bienes donados por entidades u organizaciones internacionales, a instituciones gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil con fines culturales.
Artículo 58. Aranceles a la importación. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirán y revisarán periódicamente los montos de los aranceles aplicables a la importación, temporal o definitiva, de bienes necesarios para la educación, formación y producción artística.
Artículo 59. La Secretaría de Cultura estimulará el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector económico de la cultura, así como de los emprendimientos culturales, a su padrón de proveedores, a licitaciones y adjudicaciones de servicios, de bienes o productos.
Artículo 60. Infraestructura universitaria para la vida cultural. Las universidades públicas y privadas, conforme a su régimen de constitución, alentarán la creación de infraestructura cultural adecuada, a fin de garantizar el acceso y la participación de estudiantes, docentes, trabajadores y usuarios en la vida cultural.
Artículo 61. Infraestructuras culturales y para la convivencia. La secretaría promoverá la inclusión de las necesidades de infraestructuras culturales y para la convivencia, así como para la formación artístico-cultural, en los planes y programas de desarrollo urbano. Así también, alentará a los gobiernos municipales a que destinen un porcentaje de las contribuciones y pago de derechos, al equipamiento cultural urbano.
Artículo 62. Infraestructura para accesibilidad universal. La infraestructura dedicada a la cultura y las artes deberá garantizar accesibilidad, considerando las necesidades de las personas con alguna discapacidad.
Artículo 63. Infraestructura y cuidado del medio ambiente. En toda construcción o remodelación o construcción de infraestructura artístico-cultural, se deberán atender las disposiciones relativas al cuidado del medio ambiente.
Artículo 64. En la construcción y ampliación de edificios públicos deberá obligatoriamente destinarse un espacio adecuado para la promoción del arte y la cultura, en beneficio de los usuarios del mismo.
Del acceso y la producción de contenidos en medios audiovisuales y digitales
Artículo 65. Promoción de diversidad cultural. La Secretaría, la Secretaría de Gobernación y el Ifetel promoverán la diversidad de las expresiones culturales en los medios de comunicación, los portales de contenidos digitales, la radio, el cine, la televisión y, en general, en todos aquellos medios públicos de distribución de contenidos existentes o que surjan en el futuro del desarrollo tecnológico y fortalecerá sus capacidades institucionales y tecnológicas.
Artículo 66. Acceso universal a las tecnologías de la información. La Secretaría, a través de las instancias correspondientes del Ejecutivo federal, promoverá el acceso universal a la red internet de manera gratuita en espacios públicos, escuelas y centros culturales públicos.
Artículo 67. Promoción de diversidad cultural en entornos digitales. La Secretaría impulsará con las instancias competentes, en el marco de la agenda digital de la cultura, la garantía de promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales en los entornos digitales, tomando en consideración el acceso a infraestructura, equipo, plataformas y contenidos la formación ciudadana en lenguajes audiovisuales y producción de contenidos, a partir de la diversidad lingüística de México.
Artículo 68. Estímulos a la creación en medios digitales. La Secretaría, en coordinación con las dependencias públicas y privadas que correspondan, establecerá estímulos a la creación en medios digitales, incluyendo premios, formación, difusión, gestión de derechos, promoción internacional, así como la creación de plataformas de difusión.
Artículo 69. Contenidos artísticos y culturales en medios digitales. La Secretaría apoyará a la Secretaría de Educación Pública con contenidos artísticos y el fomento a la apreciación de manifestaciones culturales, a través de medios digitales, en favor de los alumnos de la educación básica.
Del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad
Artículo 70. Políticas culturales con atención al medio ambiente. La planeación, desarrollo y evaluación de las políticas culturales, así como de las iniciativas culturales civiles y privadas, deberán tomar en consideración las normas de cuidado al medio ambiente, y de la salud de las personas y animales, debiéndose armonizar esas políticas e iniciativas con la sostenibilidad de los ecosistemas y la preservación del medio ambiente.
Artículo 71. Armonización del desarrollo ambiental y cultural. Las secretarías de Cultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con las autoridades estatales, municipales y tradicionales correspondientes, deberán garantizar la armonización entre la gestión de los recursos naturales, las prácticas culturales tradicionales, la gestión de sitios sagrados y la gestión de los conocimientos y saberes tradicionales, a fin de garantizar los derechos culturales de todos y el equilibrio medio ambiental.
De la profesionalización del sector cultura
Artículo 72. Del servicio civil de carrera. En el marco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la Secretaría promoverá las mejoras y adaptaciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los puestos propios del sector, así como la especialización, incorporación, la actualización y la movilidad laboral de los gestores, promotores, investigadores, técnicos y otros los servidores de otras áreas del sector cultura.
Artículo 73. Profesionalización. La Secretaría de Cultura se coordinará con las instituciones de educación superior privadas y públicas, para llevar a cabo acciones de profesionalización continuas en favor del desarrollo sostenible del sector cultura.
Artículo 74. Atribuciones de la secretaría. Son atribuciones de la secretaría las siguientes:
Procurar las acciones necesarias para hacer efectiva la promoción, el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos fundamentales a la cultura y los derechos culturales.
Diseñar y ejecutar la política cultural nacional, con base en los objetivos y principios establecidos en la presente ley.
Regular los mecanismos a través de los cuales los programas del gobierno federal cumplirán con la obligación de atender los criterios derivados de los estudios de factibilidad cultural, como base de la planeación del desarrollo.
Vigilar que los programas y acciones de la política cultural estatal se ejecuten de forma equilibrada e integrada con todas las esferas del desarrollo y con atención a los enfoques de género, etario, intergeneracional, multicultural e intercultural.
a. En coordinación con otras autoridades federales y las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios, diseñar y operar un sistema integral de información cultural.
Colaborar con la autoridad educativa federal en la formulación de los contenidos de los planes y programas de educación artística en el nivel de educación básica;
Fomentar la formación en artes, patrimonio, cultura audiovisual, cinematográfica y digital, en la educación media superior y en educación superior;
Establecer y coordinar la aplicación de las normas para el otorgamiento de los premios nacionales de cultura y artes; así como de los estímulos y apoyos a los creadores eméritos y con trayectoria. Así mismo, establecer la normatividad general para el otorgamiento de apoyos, estímulos y becas a la creación artística, la interpretación, la investigación, la promoción y gestión cultural.
Establecer las bases generales para el otorgamiento de estímulos y apoyos a la formación, investigación y producción cultural y de artes, en los que participen los estados y municipios.
Fomentar la educación artística formal y no formal y la investigación en las diferentes disciplinas artísticas;
Emitir lineamientos generales que regulen el uso de la infraestructura cultural de propiedad o en posesión de la federación;
A través del INAH y el INBA, según corresponda, conservar, proteger, registrar y administrar los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos propiedad de la Nación o en posesión de la federación.
A través del INAH y el INBA, según corresponda, y en su caso con el concurso de instituciones académicas y científicas, fomentar la investigación sobre monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, de los vestigios y restos fósiles, así como la relacionada con las artes y tradiciones populares, la antropología, la historia, la conservación y restauración de bienes culturales, así como sobre las disciplinas artísticas.
Fomentar la producción, conocimiento y difusión de las artes y tradiciones populares, así como de las expresiones contemporáneas de la cultura popular;
Emitir la normatividad técnica general que será aplicada por los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, para la salvaguarda de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial.
Coordinar, a través del Instituto Nacional para la Promoción de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la elaboración de los registros, inventarios e informes relacionados con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.
Fomentar el acceso y práctica de la lectura y propiciar la producción editorial;
Coordinar la Red Nacional de Bibliotecas, así como dotar con suficiencia a cada biblioteca pública de la red con acervos bibliográficos, electrónicos y virtuales, sin discriminación ni censura;
Fomentar, en coordinación con las autoridades competentes del Ejecutivo federal, las relaciones de intercambio cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural;
Dar seguimiento a los compromisos derivados de los tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional en materia cultural suscritos por los Estados Unidos Mexicanos;
Asesorar a las entidades federativas y municipios que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus programas y acciones relacionadas con el objeto de la presente ley, así como en la capacitación correspondiente;
Llevar a cabo actividades de fomento que vinculen el desarrollo turístico de nuestro país bajo un enfoque de sostenibilidad cultural y de preservación de bienes culturales.
Celebrar convenios y promover acuerdos con los demás órdenes de gobierno, con dependencias y entidades públicas, así como con los sectores privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo del objeto de la presente ley, y
Las demás que le señale esta ley y otras disposiciones normativas.
Artículo 75. Atribuciones de gobiernos locales. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y al de la ciudad de México, las siguientes atribuciones:
Vigilar y apoyar para que los programas y acciones de la política cultural se ejecuten de forma equilibrada e integrada con todas las esferas del desarrollo, con atención a los enfoques de género, etario, intergeneracional, multicultural e intercultural.
Procurar las acciones necesarias para hacer efectiva la promoción, el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos fundamentales a la cultura y los derechos culturales, en todo el territorio del estado;
La formulación del programa estatal de cultura;
Colaborar en la ejecución de los programas especiales y acciones que deriven del Plan Nacional de Desarrollo;
Diseñar y operar un Sistema Estatal de Información Cultural que se vincule y coordine con el Sistema Integral de Información Cultural;
Formular y realizar actividades que promuevan y difundan las expresiones y manifestaciones de la cultura y las artes;
Con fundamento en las bases generales establecidas por la Secretaría, otorgar apoyos, estímulos y becas a la creación artística, la interpretación, la investigación, la promoción y gestión cultural;
Con base en las disposiciones aplicables, auxiliar a las autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y, a las autoridades estatales, en la protección y conservación del patrimonio cultural de la entidad federativa de que se trate;
Con base en la normatividad técnica emitida por la Secretaría, diseñar, planear, implementar y evaluar acciones para la salvaguarda usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial;
Emitir lineamientos generales para regular el uso de la infraestructura cultural de la entidad federativa de que se trate;
Inventariar y catalogar los bienes que integran el patrimonio cultural de la entidad federativa conforme a la legislación aplicable;
Conservar y proteger el patrimonio cultural característico de la entidad;
Fomentar la investigación, conocimiento y disfrute de las manifestaciones culturales en la entidad;
Participar en la Red Nacional de Bibliotecas y, en su caso, ampliar la suficiencia de cada biblioteca pública de la entidad con acervos bibliográficos, electrónicos y virtuales, sin discriminación ni censura;
Celebrar convenios y promover acuerdos con los demás órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo del objeto de la presente ley, y
XVI. Las demás que le señale esta ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 76. Atribuciones de las entidades federativas y sus demarcaciones territoriales. Corresponde las entidades federativas y sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, de conformidad con los reglamentos y bandos de gobierno, ejercer las siguientes atribuciones:
Vigilar y apoyar para que los programas y acciones de la política cultural de los estados, municipios y de las alcaldías, se ejecuten de forma equilibrada e integrada con todas las esferas del desarrollo, con atención a los enfoques de género, etario, intergeneracional, multicultural e intercultural.
Procurar las acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción y el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos fundamentales a la cultura y los derechos culturales, en todo el territorio del municipio y de cada demarcación de las alcaldías de la ciudad de México.
Formular y ejecutar el plan de desarrollo cultural municipal y, en el caso de las alcaldías de la ciudad de México, el plan cultural de su demarcación;
Sostener recintos y espacios culturales para la realización de actividades relacionadas con el objeto de la ley;
Celebrar convenios de colaboración con el gobierno federal y estatal para el desarrollo de actividades de capacitación, educación artística, investigación, así como de promoción y difusión de las expresiones y manifestaciones de la cultura;
Con base en las disposiciones aplicables, auxiliar a las autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y, a las autoridades estatales, en la protección y conservación del patrimonio cultural inmaterial de la entidad federativa de que se trate;
Con base en la normatividad emitida por la Secretaría, coordinar las acciones para el registro y la salvaguarda de las celebraciones, fiestas, tradiciones, gastronomía, danzas y música populares de los municipios y de las alcaldías de la ciudad de México;
Otorgar licencias de uso del suelo con base en las normas de desarrollo urbano, atendiendo la normatividad aplicable sobre monumentos y zonas disposiciones aplicables sobre protección de patrimonio cultural de la entidad federativa de que se trate;
Con fundamento en las bases generales establecidas por la Secretaría, otorgar apoyos, estímulos y becas a la creación artística, la interpretación, la investigación, la promoción y gestión cultural, hechos por jóvenes, en el territorio municipal o la demarcación de la alcaldía de la ciudad de México, que corresponda.
Elaborar monografías de contenido cultural que documenten las expresiones y manifestaciones de la cultura de las diferentes localidades, así como las crónicas e historias relevantes, la tradición culinaria y oral, entre otros temas;
Colaborar en la integración del sistema de información cultural de la entidad federativa que le corresponda;
Los demás asuntos que en materia de cultura les confiera esta ley y otros ordenamientos, que no estén asignados expresamente a la federación o a los estados.
Artículo 77. Atribuciones concurrentes. Las autoridades federales, estatales y municipales con competencias directas en el sector público de la cultura ejercerán las siguientes atribuciones:
Promover y, en su caso, establecer y poner en operación efectiva las garantías a que se refiere los artículos 13 a 19 de esta ley.
Conocer de las quejas y denuncias al incumplimiento de los contenidos de la presente ley e iniciar las acciones y procedimientos que correspondan conforme con la legislación aplicable.
Las demás que se desprendan de las disposiciones de esta Ley y que no estén conferidas exclusivamente a alguno de los niveles de gobierno.
Segundo. El Poder Ejecutivo federal, en la esfera de su competencia, expedirá en un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día de su entrada en vigor, el reglamento de esta ley, el cual será aplicable en el ámbito federal.
Tercero. El Poder Legislativo federal, en coordinación con el Poder Ejecutivo, promoverá la armonización de las leyes y reglamentos de las instituciones, organismos y dependencias del sector federal de cultura, a los objetivos, principios y mecanismos establecidos en la presente ley.
Cuarto. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados y de la ciudad de México contarán con 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, a efecto de armonizarla con sus respectivas leyes de cultura, en el entendido de que, en su momento, los poderes ejecutivos locales podrán ejercer la facultad reglamentaria en el ámbito de su competencia y emitir la normatividad administrativa adicional que se estime pertinente para cumplir con sus objetivos, principios y garantías.
Quinto. Los poderes públicos de la federación, estados y la ciudad de México, así como los órganos autónomos de nivel constitucional o legal con competencias directas en materia de cultura y derechos culturales, se coordinarán para proveer lo necesario a efecto de que esta ley sea traducida a las lenguas de los pueblos originarios de la nación mexicana.
Tesis aislada ccvi/2012 (10a). Derecho a la cultura. El Estado mexicano debe garantizar y promover su libre emisión, recepción y circulación en sus aspectos individual y colectivo. La anterior tesis aislada fue aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de doce de septiembre de dos mil doce, al resolver el amparo directo 11/2011. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. México, Distrito Federal, trece de septiembre de dos mil doce.
Tesis aislada CCVII/2012 (10a). Derecho fundamental a la cultura. Amparo directo 11/2011. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de doce de septiembre de dos mil doce. México, Distrito Federal, trece de septiembre de dos mil doce.
Consejo redactor del documento orientador designado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura: Carlos Lara, maestro en Difusión de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente; licenciado Carlos Javier Villaseñor Anaya, presidente del Consejo Académico de Interactividad y Cultural y Desarrollo AC; Mtra. Cecilia Genel Velasco, directora del Museo Nacional de las Intervenciones; Mtro. Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Mtro. Eduardo Cruz Vázquez, periodista, investigador, poeta y analista de políticas culturales; Dr. Eduardo Vicente Nivón Bolán, presidente de Cultura C2, Cultura y Ciudadanía, AC Mtro. Enrique Manuel Márquez Almazán, director General del Instituto Veracruzano de la Cultura; Dr. Ernesto Piedras, director General de The Competitive Intelligence Unit SC; Ing. Juan Gerardo Cázares Patiño, miembro del Patronato del Conservatorio de Música y Artes de Celaya, Guanajuato; Mtro. Flavio Marcelino Guzmán Sánchez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Lic. José Alfonso Suárez del Real, promotor de la Reforma Constitucional 2009 en materia de Cultura. Dra. Lucina Jiménez López, directora general del Consorcio Internacional Arte y Escuela AC y experta de la Agenda 21 de la Cultura, CGLU; Sra. Nuria Sanz Gallego, directora y representante de la UNESCO en México; Raúl Ávila, autor del libro “El Derecho Cultural en México”. Actuando como redactores principales Carlos J. Villaseñor A., Lucina Jiménez, Raúl Ávila y Carlos Lara.
Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2017.
Diputados: Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Araceli Guerrero Esquivel, María Angélica Mondragón Orozco, Genoveva Huerta Villegas, Brenda Velázquez Valdez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, José Refugio Sandoval Rodríguez. Laura Beatriz Esquivel Valdés, Jorge Álvarez Maynez, Jesús Rafael Méndez Salas, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Lorena Corona Valdés, Lluvia Flores Sonduk, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Karen Hurtado Arana, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alma Lilia Luna Munguía, José Everardo López Córdova, Juan Antonio Meléndez Ortega, Adolfo Mota Hernández, Rosalinda Muñoz Sánchez, Flor Estela Rentería Medina, María del Rosario Rodríguez Rubio, José Santiago López, José Luis Sáenz Soto, Liborio Vidal Aguilar, Luis Felipe Vázquez Guerrero.

References: artículo 4
 artículo 71
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 2
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

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Artículo 38
 resolución 

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Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

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Artículo 59

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Artículo 61

Artículo 62

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Artículo 64

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Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77