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Timestamp: 2019-01-18 20:14:20+00:00

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SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO - Tribunal Europeo de Derechos Humanos
SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO
El artículo 3 del Convenio dice así:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».
La demandante centra sus quejas, ante el Tribunal, en el artículo 3 del Convenio. Alega que el sufrimiento al que se enfrenta es un trato degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio. Aquejada de una enfermedad atroz e irreversible en fase terminal, está destinada a conocer una muerte penosa e indigna, que sobrevendrá cuando los músculos que controlan su respiración y su deglución estén tan debilitados que desarrollará problemas de insuficiencia respiratoria y de neumonía. El Gobierno no es desde luego directamente responsable de este trato, pero el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que en virtud del artículo 3 pesa sobre el Estado no solamente la obligación negativa de abstenerse de infligir dicho trato a sus ciudadanos, sino también la obligación positiva de protegerlos contra ello. En este caso, la obligación consistiría en tomar las medidas necesarias para prevenir a la señora P. contra el sufrimiento que de otra forma tendrá que soportar.
La demandante alega que no procede, en el ámbito del artículo 3 del Convenio, establecer un equilibrio entre su derecho a ser protegida contra un trato degradante y cualquier otro interés general, ya que el derecho consagrado por el artículo 3 tiene un carácter absoluto. De todos modos, el equilibrio aquí mantenido sería desproporcionado, ya que el derecho inglés establece una prohibición general del suicidio asistido excluyendo toda consideración de las particularidades de los casos individuales. Debido a esta prohibición general, la demandante vio denegado su derecho a ser asistida por su marido para evitar el sufrimiento que le espera sin que se hubieran examinado de modo alguno las circunstancias únicas de su causa, concretamente el hecho de que la enfermedad no ha mermado su intelecto ni su capacidad para tomar decisiones, que no es vulnerable ni necesita ser protegida, que su muerte inminente es inevitable, que si la enfermedad sigue su curso tendrá que soportar un sufrimiento y una indignidad terribles y que su deseo de ser ayudada por su marido no afecta a nadie sino a sí misma y a los miembros de su familia, quienes apoyan totalmente su decisión. Sin tener en cuenta las particularidades de cada caso, los derechos del individuo no pueden ser protegidos.
La demandante discute asimismo que se pueda reconocer al Estado, en el ámbito del artículo 3 del Convenio, un margen de apreciación y que, si existe dicho margen, el Gobierno no puede aprovecharse de ello para defender un régimen legal que opere de forma que excluya cualquier consideración de las circunstancias concretas de su causa. Rechaza por ofensiva la afirmación del Gobierno según la cual todos los enfermos en fase terminal o los discapacitados que tratan de suicidarse son por definición vulnerables, lo que rinde necesaria la prohibición para protegerlos. En cuanto al deseo de proteger a las personas vulnerables, sería posible establecer un sistema que legalice el suicidio asistido en los casos en que una persona interesada pueda demostrar que es capaz de tomar dicha decisión y no necesita protección.
El Gobierno señala que el artículo 3 no es aplicable al caso. La primera obligación que dicho texto impone es negativa: el Estado debe abstenerse de infligir torturas o penas o tratos inhumanos o degradantes. El argumento de la demandante se basa más bien en presuntas obligaciones positivas. Ahora bien, de la jurisprudencia del Tribunal se desprende que cuando existen obligaciones positivas, éstas no son absolutas pero deben interpretarse de forma que no impongan a las autoridades una carga insoportable o excesiva. Hasta ahora se ha considerado que existían obligaciones positivas en tres casos: en primer lugar, el Estado está obligado a proteger la salud de las personas privadas de su libertad; el Estado también tiene la obligación de tomar medidas para garantizar que las personas que dependen de su Jurisdicción no sufran torturas u otros tratos prohibidos a manos de particulares; por último, el tercer caso sería aquel en el que el Estado trata de adoptar, con respecto a un individuo, un acto que puede acabar con un tercero infligiendo tratos inhumanos o degradantes al interesado. Ahora bien, el presente caso no tiene nada que ver con estas circunstancias: la demandante no ha sido maltratada por nadie, no se queja de haber sido privada de un tratamiento médico y el Estado no ha tomado ninguna medida en su contra.
Suponiendo incluso que el artículo 3 fuese aplicable, no conferiría un derecho a morir sancionable judicialmente. Para apreciar el alcance de cualquier obligación positiva, conviene tener en cuenta el margen de apreciación legítimamente reconocido al Estado para mantener el artículo 2 de la Ley de 1961 sobre el suicidio. La prohibición del suicidio asistido mantiene un equilibrio justo entre los derechos del individuo y el interés general, en la medida en que respeta como es debido el carácter sagrado de la vida, y persigue un fin legítimo, a saber la protección de las personas vulnerables. La cuestión ha sido examinada con cuidado a lo largo de los años por la Comisión de reforma del derecho penal y por el comité restringido de la Cámara de los Lores competente para las cuestiones de ética médica. Existen poderosos argumentos y algunos elementos concretos que hacen pensar que la legislación de la eutanasia voluntaria llevaría consigo inevitablemente la práctica de la eutanasia involuntaria. Por otro lado, el Estado tiene interés en proteger la vida de las personas vulnerables. A este respecto, toda persona deseosa de suicidarse debería ser necesariamente considerada psicológicamente y emocionalmente vulnerable, incluso aunque gozara físicamente de buena salud. En cuanto a las personas discapacitadas, éstas pueden encontrarse en una situación más precaria debido a la incapacidad de comunicar de forma efectiva su opinión. Existe por otro lado, en el seno de los Estados miembros del Consejo de Europa, un consenso general a este respecto, el suicidio asistido y el homicidio consentido son ilegales en todos los países salvo en los Países Bajos. Dicho consenso también se encuentra en otros órdenes jurídicos fuera de Europa.
Al igual que el artículo 2, el artículo 3 del Convenio debe ser considerado una de las cláusulas primordiales del Convenio y que consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas que forma el Consejo de Europa (ver Sentencia Soering contra Reino Unido de 7 julio 1989 [ TEDH 1989, 13] , serie A núm. 161, pg. 34, ap. 88). En contraste con las demás disposiciones del Convenio, está redactado en términos absolutos, no previendo ni excepciones ni condiciones, y según el artículo 15 del Convenio no cabe ninguna excepción.
El examen de la jurisprudencia del Tribunal muestra que el artículo 3 ha sido aplicado la mayor parte de las veces en contextos en los que el riesgo para el individuo a ser sometido a alguna de las formas prohibidas de trato procedía de actos infligidos intencionadamente por agentes del Estado o autoridades públicas (ver, entre otras, Sentencia Irlanda contra Reino Unido de 18 enero 1978 [ TEDH 1978, 2] , serie A núm. 25). Se puede decir en términos generales que impone a los Estados la obligación esencialmente negativa de abstenerse de infligir lesiones graves a las personas que dependen de su Jurisdicción. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia fundamental de esta disposición, el Tribunal se reserva la flexibilidad suficiente para tratar su aplicación en otras situaciones que puedan presentarse ( Sentencia D. contra Reino Unido de 2 mayo 1997 [ TEDH 1997, 29] , Repertorio 1997-III, pg. 792, ap. 49).
El Tribunal ha considerado en concreto, que, en relación con el artículo 3, la obligación que el artículo 1 del Convenio impone a las Altas Partes contratantes el garantizar a toda persona dependiente de su Jurisdicción los derechos y libertades consagrados por el Convenio, les insta a tomar medidas adecuadas que impidan que dichas personas sean sometidas a torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes, incluso administrados por particulares (ver Sentencia A. contra Reino Unido de 23 septiembre 1998 [ TEDH 1998, 55] , Repertorio 1998-VI, pg. 2699, ap. 22). En algunos casos ha dictaminado la existencia de una obligación positiva del Estado de proteger contra los tratos inhumanos o degradantes (Sentencia A. contra Reino Unido previamente citada, en la que el niño demandante había sido azotado por su padrastro, y Sentencia Z. y otros contra Reino Unido [ TEDH 2001, 332] [GS] núm. 29392/1995, TEDH 2001-V, en la que los cuatro niños demandantes habían sido víctimas de graves abusos y de gran negligencia por parte de sus padres). El artículo 3 impone asimismo a las autoridades del Estado la protección de la salud de las personas privadas de su libertad (asunto Keenan contra Reino Unido previamente citado, que trataba de que no se habían proporcionado cuidados médicos efectivos a un detenido que padecía una enfermedad mental y que se había suicidado; ver también la Sentencia Kudla contra Polonia [ TEDH 2000, 163] [GS] núm. 30210/1996, TEDH 2000-XI, ap. 94).
En cuanto a los tipos de «tratos» que dependen del artículo 3 del Convenio, la jurisprudencia del Tribunal habla de «malos tratos» que alcancen un mínimo de gravedad e impliquen lesiones corporales reales o un sufrimiento físico o mental intenso (ver Sentencias Irlanda contra Reino Unido previamente citada, pg. 66, ap. 167, y V. contra Reino Unido [ TEDH 1999, 71] [GS] núm. 24888/1994, TEDH 1999-IX, ap. 71). Un trato puede ser calificado de degradante y caer así bajo el peso de la prohibición del artículo 3 si humilla o degrada al individuo, si da testimonio de una falta de respeto a su dignidad humana, incluso la rebaja, o si suscita en el interesado sentimientos de miedo, angustia o inferioridad de forma que se quebrante su resistencia moral o física (ver, recientemente, Sentencias Price contra Reino Unido [ TEDH 2001, 444] , núm. 33394/1996, secc. 3, TEDH 2001-VIII, ap. 24-30 y Valasinas contra Lituania [ TEDH 2001, 481] , núm. 44558/1998, secc. 3, TEDH 2001-VIII, ap. 117). El sufrimiento debido a una enfermedad que sobreviene de forma natural, tanto si es física como mental, puede depender del artículo 3 si se encuentra o si corre el riesgo de verse intensificada por un trato –tanto si éste se debe a las condiciones de detención, a una expulsión u otras medidas– del que las autoridades pueden ser consideradas responsables (ver Sentencias D. contra Reino Unido y Keenan contra Reino Unido previamente citadas y Sentencia Bensaid contra Reino Unido [ TEDH 2001, 82] núm. 44599/1998, secc. 3, TEDH 2001-I).
En este caso, todos reconocen que el Gobierno demandado no infligió, él mismo, el menor maltrato a la demandante. Esta no se queja tampoco de no haber recibido los cuidados adecuados por parte de las autoridades médicas del Estado. Su situación por tanto no puede ser comparada a la del demandante en el asunto D. contra Reino Unido, en el que un enfermo de sida estaba amenazado de expulsión a la isla de Saint Kitts, donde no podía gozar de un tratamiento médico adecuado o de cuidados paliativos y donde se exponía al riesgo de morir en circunstancias muy penosas. La responsabilidad del Estado se vio comprometida por el acto («trato») consistente en expulsar al interesado en estas condiciones. No se descubre en el presente caso ningún acto o «trato» comparable por parte del Reino Unido.
La demandante alega más bien que el rechazo del DPP a aceptar el compromiso de no procesar a su marido si éste le ayudaba a suicidarse y la prohibición del suicidio asistido establecida por el derecho penal se consideran un trato inhumano y degradante cuyo responsable es el Estado en la medida en que no le protege de esta forma de los sufrimientos que tendrá que soportar si su enfermedad alcanza la fase final. Esta queja contiene sin embargo una interpretación nueva y ampliada de la noción de trato que, como estimó la Cámara de los Lores, va más allá del sentido ordinario de la palabra. Aunque el Tribunal debe ser flexible y dinámico al interpretar el Convenio, que es un instrumento vivo, también debe velar por que toda interpretación que haga de él cuadre con los objetivos fundamentales del tratado y preserve la coherencia que éste debe tener como sistema de protección de los derechos humanos. El artículo 3 debe ser interpretado en armonía con el artículo 2, que hasta ahora siempre se ha considerado que refleja los valores fundamentales respetados por las sociedades democráticas. Tal y como se señala más arriba, el artículo 2 del Convenio consagra en primer lugar y ante todo la prohibición del recurso a la fuerza o de cualquier otro comportamiento susceptible de provocar el fallecimiento de un ser humano, y no confiere al individuo el derecho a exigir del Estado que permita o facilite su muerte.
El Tribunal no puede sino sentir simpatía por el temor de la demandante a tener que afrontar una muerte terrible si no se le da la posibilidad de quitarse la vida. Es consciente de que la interesada es incapaz de suicidarse debido a su discapacidad física y que el estado del derecho es tal que su marido corre el riesgo de ser procesado si le presta su ayuda. Sin embargo, el cumplimiento de la obligación positiva invocada en este caso no lleva consigo la supresión o la atenuación del daño producido (efecto que puede tener una medida consistente, por ejemplo, en impedir a los órganos públicos o a los particulares infligir malos tratos o mejorar una situación o unos cuidados). Exigir del Estado que admita la demanda, es obligar a avalar actos tendentes a interrumpir la vida. Dicha obligación no puede deducirse del artículo 3 del Convenio.
El Tribunal concluye por tanto que el artículo 3 del Convenio no impone al Estado demandado ninguna obligación positiva de aceptar el compromiso de no perseguir judicialmente al marido de la demandante si éste ayudara a su esposa a suicidarse ni de crear un marco legal para cualquier otra forma de suicidio asistido. Por lo tanto, no ha habido violación del artículo 3.
SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO
La parte aplicable en este caso del artículo 8 del Convenio dice lo siguiente:
«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar [...].
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
La demandante alega que aunque el derecho a la autodeterminación aparece en filigrana en todo el Convenio, es el artículo 8 el que más explícitamente lo reconoce y garantiza. Este derecho conlleva claramente el derecho a escoger cuándo y cómo morir, y nada está más íntimamente vinculado a la manera en que una persona lleva su vida que el modo y el momento de su muerte. De ello se deduce que el rechazo del DPP a aceptar el compromiso solicitado y la prohibición general del suicidio asistido establecida por el Estado vulnerarían respecto de la demandante los derechos garantizados por el artículo 8.1 del Convenio.
La demandante considera que son necesarias razones particularmente graves para justificar una vulneración a un aspecto tan íntimo de su vida privada. Ahora bien, el Gobierno no ha establecido la justificación de su injerencia ya que no se han tenido en cuenta las circunstancias concretas del caso. La interesada remite a los argumentos ya planteados por ella en el contexto del artículo 3 del Convenio (apartados 45-46 supra).
El Gobierno alega por su parte que los derechos garantizados por el artículo 8 no se aplican al caso concreto, al no comportar el derecho a la vida privada, en su opinión, un derecho a morir. El derecho consagrado por el artículo 8 cubre la manera en que una persona lleva su vida, no la forma en que se la quita. De otro modo, el derecho alegado llevaría consigo la extinción del propio beneficio en el que se funda. El Gobierno añade que si debía equivocarse en este punto, el ataque eventual a los derechos garantizados a la demandante por el artículo 8 estaría de todos modos totalmente justificado. Teniendo el Estado derecho, dentro de los límites de su margen de apreciación, a determinar en qué medida los individuos pueden consentir en infligirse lesiones a ellos mismos, aún estaría más legitimado para decidir si una persona puede consentir en que se le quite la vida.
Aplicabilidad del artículo 8.1 del Convenio
Como ya tuvo el Tribunal ocasión de señalar, la noción de «vida privada» es una noción amplia, sin una definición exhaustiva. Abarca la integridad física y moral de la persona ( Sentencia X. e Y. contra Países Bajos de 26 marzo 1985 [ TEDH 1985, 4] , serie A núm. 91, pg. 11, ap. 22). Puede a veces englobar aspectos de la identidad física y social de un individuo ( Mikulic contra Croacia, núm. 53176/1999 [secc. 1], 7 febrero 2002 [ PROV 2002, 78019] , ap. 53). Algunos elementos, por ejemplo, como la identificación sexual, el nombre, la orientación sexual y la vida sexual dependen de la esfera personal protegida por el artículo 8 ( Sentencias B. contra Francia de 25 marzo 1992 [ TEDH 1992, 43] , serie A núm. 232-Convenio, ap. 63; Burghartz contra Suiza de 22 febrero 1994 [ TEDH 1994, 9] , serie A núm. 280-B, ap. 24; Didgeon contra Reino Unido de 22 octubre 1981 [ TEDH 1981, 4] , serie A núm. 45, ap. 41 y Laskey, Jaggard y Brown contra Reino Unido de 19 febrero 1997, Repertorio 1997-I, ap. 36). Esta disposición protege asimismo el derecho al desarrollo personal y el derecho a establecer y mantener relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior (ver, por ejemplo, Burghartz contra Suiza, informe de la Comisión, op. cit. , ap. 47 y Friedl contra Austria [ TEDH 1995, 4] , serie A núm. 305-B, informe de la Comisión, ap. 45). Aunque en ningún asunto anterior haya sido establecido que el artículo 8 comportara el derecho a la autodeterminación como tal, el Tribunal considera que la noción de autonomía personal refleja un principio importante que subtiende la interpretación de las garantías del artículo 8.
En opinión del Gobierno, el derecho a la vida privada no puede englobar el derecho a la muerte asistida, que llevaría consigo la negación de la protección que el Convenio trata de ofrecer. El Tribunal señala que la facultad de cada uno de llevar su vida como le parezca puede también incluir la posibilidad de entregarse a actividades consideradas física o moralmente perjudiciales o peligrosas para su persona. La medida por la cual un Estado puede recurrir a la coacción o al derecho penal para prevenir a las personas contra las consecuencias del estilo de vida escogido por ellas, ha sido largamente debatida, tanto moralmente como jurisprudencialmente, y el hecho de que la injerencia se perciba a menudo como una intrusión en la esfera privada y personal no hace sino añadir vigor al debate. Sin embargo, incluso cuando el comportamiento en cuestión representa un riesgo para la salud o cuando razonablemente se puede considerar que es potencialmente mortal, la jurisprudencia de los órganos del Convenio estima la imposición por parte del Estado de medidas de coacción o de carácter penal atentatoria contra la vida privada, en el sentido del artículo 8.1, y que requiere una justificación conforme al segundo apartado de dicho artículo (ver, por ejemplo, en cuanto a la participación en actividades sadomasoquistas consentidas con lesiones, la Sentencia Laskey, Jaggard y Brown previamente citada y, en lo relativo al rechazo de un tratamiento médico, núm. 10435/1983, decisión de la Comisión de 10 diciembre 1984, D.R. 40, pg. 251).
Hay que señalar, desde luego, que la muerte no era la consecuencia deseada del comportamiento de los demandantes en los asuntos anteriormente citados. El Tribunal considera sin embargo que ello no constituye un elemento decisivo. En materia médica, el rechazo a aceptar un tratamiento concreto puede, de forma ineludible, conducir a un final fatal, pero la imposición de un tratamiento médico sin la aprobación del paciente si es adulto y sano mentalmente se considera un ataque a la integridad física del interesado que afecta a los derechos protegidos por el artículo 8.1 del Convenio. Como admite la jurisprudencia interna, una persona puede reivindicar el derecho a ejercer su elección de morir rechazando un tratamiento que pudiera prolongar su vida (apartados 17 y 18 supra).
Aunque en este caso no se trata de cuidados médicos, la demandante padece los efectos devastadores de una enfermedad degenerativa que va a llevar consigo un deterioro gradual de su estado y un incremento de su sufrimiento físico y mental. La interesada desea atenuar este sufrimiento ejerciendo una elección consistente en poner fin a sus días con la ayuda de su marido. Tal y como declaró Lord Hope, la forma en que escoge pasar los últimos instantes de su existencia forma parte del acto de vivir, y tiene derecho a solicitar que esto también sea respetado (apartado 15 supra).
La dignidad y la libertad del hombre son la esencia misma del Convenio. Sin negar de forma alguna el principio del carácter sagrado de la vida protegido por el Convenio, el Tribunal considera que la noción de calidad de vida toma todo su significado desde el punto de vista del artículo 8. En una época en la que se asiste a una sofisticación médica creciente y a un aumento de la esperanza de vida, muchas personas temen que se les fuerce a mantenerse vivas hasta una edad muy avanzada o en un estado de ruina física o mental en las antípodas de la percepción aguda que ellas tienen de sí mismas y de su identidad personal.
En el asunto Rodríguez contra Fiscal General de Canadá ([1994] 2 LRC 136), que trataba una situación comparable a la del presente caso, la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo de Canadá consideró que la prohibición del suicidio asistido impuesta a la demandante contribuía a la angustia de ésta y le impedía administrar su muerte. Desde el momento en que esa medida privaba a la interesada de su autonomía, requería una justificación con respecto a los principios de justicia fundamental. Aunque el Tribunal Supremo de Canadá examinó la situación desde el ángulo de una disposición de la Carta canadiense no redactada de la misma forma que el artículo 8 del Convenio, la causa planteaba problemas relativamente parecidos al principio de la autonomía personal, en el sentido del derecho a efectuar elecciones concernientes a su propio cuerpo.
La demandante en este caso se ve impedida por la Ley para ejercer su elección de evitar lo que, en su opinión, será un final indigno y penoso. El Tribunal no puede excluir que esto representa una vulneración al derecho de la interesada al respeto de su vida privada, en el sentido del artículo 8.1 del Convenio. A continuación examinará la cuestión de si dicho ataque es conforme a las exigencias del segundo apartado del artículo 8.
Cumplimiento del artículo 8.2 del Convenio
Para conciliarse con el apartado 2 del artículo 8, una injerencia en el ejercicio de un derecho garantizado por éste debe estar «prevista por la Ley», inspirada por uno o más fines legítimos según dicho apartado y ser «necesaria en una sociedad democrática» para alcanzar dicho o dichos fines (Sentencia Dudgeon contra Reino Unido de 22 octubre 1981, serie A núm. 45, pg. 19, ap. 43).
La única cuestión que se desprende del argumento de las partes es la de la necesidad de una injerencia, ya que nadie discute que la prohibición del suicidio asistido en este caso está impuesto por la Ley, persiguiendo el fin legítimo de preservar la vida, protegiendo por tanto los derechos de los demás.
Según la jurisprudencia constante del Tribunal, la noción de necesidad implica que la injerencia corresponda a una necesidad social imperiosa y, en concreto, que sea proporcional al fin legítimo perseguido. Para determinar si una injerencia es «necesaria en una sociedad democrática», hay que tener en cuenta el margen de apreciación de que disponen las autoridades nacionales, cuya decisión sigue sometida al control del Tribunal, competente para verificar su conformidad con las exigencias del Convenio. Dicho margen de apreciación varía según la naturaleza de las cuestiones y la importancia de los intereses en juego.
El Tribunal recuerda que el margen de apreciación es limitado en lo relativo a las injerencias en el ámbito íntimo de la vida sexual de los individuos (ver Sentencias Dudgeon contra Reino Unido previamente citada, pg. 21, ap. 52 y A. D. T. contra Reino Unido [ TEDH 2000, 153] núm. 35765/1997, secc. 3 TEDH 2000-IX, ap. 37). Aunque la demandante señala que el Estado demandado debe dar testimonio de razones particularmente imperiosas para justificar la injerencia que ella alega, el Tribunal considera que la cuestión planteada en este caso no es de la misma naturaleza ni requiere el mismo razonamiento.
Las partes exponen su argumento sobre la cuestión de la proporcionalidad de la injerencia que deriva de los hechos concretos. La demandante se acoge en particular a la naturaleza genérica de la prohibición del suicidio asistido, en tanto que ésta omite tener en cuenta su situación de adulta sana mentalmente, que sabe lo que quiere, que no está sometida a presión alguna, que ha tomado la decisión de forma deliberada y con perfecto conocimiento de causa y que por lo tanto no puede ser considerada vulnerable y necesitada de protección. Esta inflexibilidad significa en su opinión que va a ser forzada a soportar las consecuencias de su penosa enfermedad incurable, lo que para ella representa un coste personal demasiado elevado.
El Tribunal señala que aunque el Gobierno alega que la demandante, persona a la vez deseosa de suicidarse y seriamente impedida, debe ser considerada vulnerable, esta afirmación no está fundamentada por las pruebas presentadas ante los Tribunales internos ni por las decisiones de la Cámara de los Lores, que, aun señalando que el derecho en el Reino Unido está para proteger a las personas vulnerables, concluyeron que la demandante no pertenecía a esta categoría de personas.
El Tribunal considera no obstante, al igual que la Cámara de los Lores y la mayoría del Tribunal Supremo de Canadá en el asunto Rodríguez, que los Estados tienen derecho a controlar, a través de la aplicación del derecho penal general, las actividades perjudiciales para la vida y la seguridad de los demás (ver también Sentencia Laskey, Jaggard y Brown previamente citada, ap. 43). Más grave es el daño producido y mayor el peso en la balanza de las consideraciones de salud y seguridad públicas frente al principio de la autonomía personal. La disposición legal enjuiciada en este caso, a saber el artículo 2 de la Ley de 1961, fue concebida para preservar la vida protegiendo a las personas débiles y vulnerables –especialmente aquellas que no pueden tomar decisiones con conocimiento de causa– contra los actos tendentes a poner fin a la vida o a ayudar a poner fin a ésta. Sin duda el estado de las personas que padecen una enfermedad en fase terminal varía de un caso a otro. Pero muchas de ellas son vulnerables y es la vulnerabilidad de la categoría a la que pertenecen la que proporciona la «ratio legis» de la disposición en cuestión. Corresponde en primer lugar a los Estados el apreciar el riesgo de abusos y las probables consecuencias de los abusos eventualmente cometidos que implicaría la flexibilidad de la prohibición general del suicidio asistido o la creación de excepciones al principio. Existe un riesgo manifiesto de abusos, pese a los argumentos desarrollados en cuanto a la posibilidad de prever garantías y procedimientos protectores.
Los abogados de la demandante trataron de persuadir al Tribunal de que una constatación de violación en este caso no constituiría un precedente general, ni ningún riesgo para los demás. Ahora bien, aunque el artículo 34 del Convenio otorga al Tribunal la misión no de formular opiniones en abstracto, sino de aplicar el Convenio a hechos concretos de los casos que le son sometidos, las sentencias dictadas en los asuntos individuales son desde luego, en mayor o menor medida, precedentes y la decisión en este caso no puede ser articulada, ni en la teoría ni en la práctica, de forma que impida que sea aplicada en otros casos.
El Tribunal también considera que la naturaleza general de la prohibición del suicidio asistido no es desproporcionada. El Gobierno señala que en algunos casos concretos es posible cierta flexibilidad: en primer lugar, sólo se pueden instruir diligencias con el acuerdo del DPP; seguidamente, sólo está prevista una pena máxima, lo que permite al Juez imponer penas menos severas cuando lo estima necesario. El informe del comité restringido de la Cámara de los Lores señaló, que entre 1981 y 1992, en veintidós casos en los que se había planteado el problema del «homicidio por compasión», los jueces sólo habían pronunciado una condena por homicidio, a la que habían impuesto cadena perpetua, habiendo admitido calificaciones menos graves en los demás casos, que se habían saldado con penas de puesta a prueba o condicionales (apartado 128 del informe citado en el apartado 21 supra). Al Tribunal no le parece arbitrario que el derecho refleje la importancia del derecho a la vida prohibiendo el suicidio asistido al prever un régimen de aplicación y de apreciación por parte de la justicia que permite tener en cuenta en cada caso concreto tanto el interés público en instruir diligencias como las exigencias justas y adecuadas de la retribución y la disuasión.
Teniendo en cuenta las circunstancias de este caso, el Tribunal tampoco ve nada desproporcionado el rechazo del DPP a aceptar por anticipado el compromiso de no procesar al marido de la demandante. Existen argumentos poderosos basados en el estado de derecho que pueden oponerse a cualquier pretensión por parte del ejecutivo de sustraer a individuos o a categorías de individuos a la aplicación de la Ley. De todos modos, vista la gravedad del acto para el que se reclama la inmunidad, no se puede considerar arbitraria ni poco razonable la decisión tomada por el DPP en este caso de no aceptar el compromiso solicitado.
El Tribunal concluye que la injerencia enjuiciada puede considerarse justificada y «necesaria en una sociedad democrática» para la protección de los derechos de los demás. Por lo tanto, no hubo violación del artículo 8 del Convenio.

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