Source: https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2004/dr0704/4.htm
Timestamp: 2019-10-21 15:34:49+00:00

Document:
IV. Violaciones en el acceso a empleo y en los centros laborales
Hombres y mujeres son sometidos rutinariamente a pruebas de VIH como condición para obtener empleo en dos de las industrias más importantes de la República Dominicana: la industria del turismo y la industria manufacturera de exportación en las zonas francas.55 La ley nacional prohíbe la administración de pruebas de VIH como condición para acceder a empleo, pero ésta no se aplica y muchas de las trabajadoras entrevistadas por Human Rights Watch ni siquiera sabían que la administración de pruebas era ilegal. Tanto la industria del turismo como la industria manufacturera de exportación son esenciales para la estrategia de desarrollo del país, pues contribuyen a la generación de divisas y puestos de trabajo. Las mujeres suelen buscar trabajo en el sector turismo56 y en las zonas francas.57
La administración de pruebas de VIH como condición para acceder al empleo constituye una violación del derecho que tiene cada persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, sin discriminación ninguna como se establece en los artículos 6 y 2(2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).58 La carencia de protección legal efectiva constituye también una violación al derecho a una protección igual y efectiva contra todo tipo de discriminación, como se contempla en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).59
Las leyes dominicanas también prohíben la administración de pruebas de VIH como condición para acceder al empleo o retenerlo y establecen sanciones para las compañías que utilicen esta práctica con multas de 30,000 a 100,000 pesos [US$ 667 a US$2,222],60 además establecen el otorgamiento de una compensación equivalente al salario de un año a los individuos afectados.61 Esta ley no se honra. Human Rights Watch recogió los testimonios de muchas mujeres que fueron sometidas a pruebas involuntarias de VIH en el sector turismo y la industria manufacturera de exportación con el claro objetivo de negarles el trabajo o despedirlas si daban positivo.
El testimonio de Gabriela López ilustra el impacto que pueden tener estas violaciones. López, de veinticuatro años, estaba enterada de su estatus de VIH positiva desde hacía dos años. Ella tenía cinco hijos de entre uno y ocho años y declaró haber sido infectada por su marido, quien la violó en repetidas ocasiones. “El me tomó con la fuerza. El tenía celos. Supongo que era un poco violento. Me dijo que sí, que el quería sexo, que si yo tenía otro”. López aceptaba tener relaciones sexuales para evitar que su marido la golpeara. Jamás se discutió la posibilidad de usar preservativos. López se convirtió en única fuente de ingresos para sus hijos el 2002, luego de dar positivo en una prueba de VIH durante su último embarazo, pues su marido decidió en ese momento irse a vivir con su madre. “Se ha quitado su compromiso de encima. Ya no tiene nada que ver con estos niños.”62
Tratando de ganar dinero suficiente para alimentar a sus hijos, López decidió buscar trabajo en las zonas francas y el sector turismo. En ambos casos, fue despedida de su trabajo por ser VIH positiva. En una compañía de la zona franca, nos dice, “me hicieron una prueba. No me dijeron que era eso. Solamente me quitaron sangre, allí mismo. Luego me pararon. Llevaba tres meses trabajando”. En el caso de la industria hotelera, ella nos dijo que la compañía la despidió basándose en los rumores existentes sobre su condición. Ella cree que se le despidió debido a su condición de portadora del VIH pues el despido llegó inmediatamente después de que ella les contara sobre la hospitalización de su esposo a sus colegas. “El mismo día que le externaban a mi esposo [después de una enfermedad relacionada con el SIDA], me despidieron”. Ella llevaba trabajando varios meses en ese lugar. Actualmente, López se mantiene a ella y a sus hijos con trabajos esporádicos. “Día trás día con esas dificultades, si me van a aceptar o no… Mi hijo me dice: ‘Mami, yo quiero galleta’ pero yo no tengo nada”.63
Pruebas involuntarias en el sector turismo
Volví a buscar trabajo en [un hotel en Bávaro]. Gasté 1,000 pesos [US$ 59]64 para sacar mis papeles. Me hicieron la entrevista. Me mandaron a hacer análisis. … El otro día me dijeron que no podían darme el trabajo, porque yo tenía VIH. Así de así. Yo saqué dinero que yo no tenía para ir a la entrevista. Me dijeron: “No podemos dar trabajo a personas así.” Hasta entonces, yo no sabía que tenía VIH.
—Sergia Báez, treinta y tres años65
Dos estudios independientes recientes han destacado que la administración de pruebas de VIH como condición para acceder o retener el empleo es una práctica muy extendida en el sector turismo.66 Estas conclusiones han sido corroboradas por la evidencia recolectada por Human Rights Watch. Bayardo Gómez, fundador de una ONG que ha logrado convencer a los hoteles de la costa norte para que abandonen estas prácticas ilegales, dijo a Human Rights Watch que muchos hoteles administran las pruebas de VIH como parte de una torcida estrategia de mercadeo que les permite declarar sus hoteles “zonas libres de SIDA” para los turistas.67
El Caribe es un popular destino de viaje para turistas norteamericanos y europeos desde hace décadas. Los lugares caribeños de habla hispana, con República Dominicana a la cabeza, se volvieron importantes destinos turísticos en el Caribe en la segunda mitad de los noventa.68 Entre 1992 y 1999, la industria del turismo en República Dominicana creció en un 74 por ciento en lo que respecta a llegadas con estadía, 476 por ciento en las llegadas de cruceros y 102 por ciento en términos de lo que gastan los visitantes. En 1999, la República Dominicana llegó a tener más cuartos de hotel que cualquier otro país caribeño—de habla española, francesa o inglesa— contando con casi 50,000 habitaciones.69 El sector hotelero se vio afectado por la caída del turismo después de los ataques a los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, se cree que la industria del turismo dominicana fue afectada en menor medida que la de otros países.70 De hecho, pese a la crisis del turismo post 11 de septiembre, la devaluación del peso dominicano frente al dólar estadounidense el 2002 contribuyó a un aumento en el número de turistas norteamericanos que visitan la isla; el número de estos turistas aumentó de 666,000 en el 2001 a 710,000 en el 2002.71
Human Rights Watch conversó con varias mujeres viviendo con VIH que habían sido despedidas o a las que se les había negado un puesto de trabajo en el sector turismo, presumiblemente a causa de su estatus de VIH. Antonia Martínez, por ejemplo, contó a Human Rights Watch que ella buscó trabajo en Playa Dorada, uno de los destinos turísticos de vacaciones más populares para estadounidenses y europeos, en octubre del 2001. A ella se le administró una prueba de VIH en ese mismo lugar. “Ellos mismos te sacan sangre y la mandan a un laboratorio. Dijeron que no podían darme trabajo [y que] no dan empleo a personas que tienen VIH. El jefe de personal me llamó [para decirme]. … Ya no puedo buscar trabajo”.72
Human Rights Watch habló con varios empleados de hoteles que contaron que la administración de pruebas de VIH es una práctica rutinaria en las contrataciones de la industria hotelera y que en muchos casos se efectuaban incluso nuevas pruebas periódicamente. Los que daban positivo fueron despedidos o dejaron de ser contratados. “No puedes trabajar aquí si no estás con buena salud”, dijo una recepcionista de un hotel.73 Una gerente de hotel contó a Human Rights Watch que el hotel donde ella trabajaba sometía a pruebas de VIH a sus empleados cada seis meses y que en general se despedía a los empleados que daban positivo dos o tres días luego de conocerse los resultados de la prueba.74
Pruebas involuntarias en las zonas francas
Fui a la zona franca. Me mandaron a hacer la prueba de embarazo y la prueba de VIH. Te mandan a un laboratorio. Te sacan sangre. … Luego le mandan los resultados al jefe. …Luego el jefe te dice que no hay trabajo.
—Judelka de la Cruz, treinta y un años75
Muchas compañías que operan en las zonas francas de la República Dominicana administran rutinariamente pruebas de VIH y pruebas de embarazo a los postulantes a trabajo.76 Los que dan positivo no son contratados. En la mayoría de los casos, la compañía pedía una muestra de sangre para la prueba sin informar al potencial empleado qué pruebas se le iban a hacer. En general, los resultados se enviaban directamente a empleados del departamento de personal de las compañías sin informar a la persona que fue sometida a la prueba. En algunas compañías, se somete a los empleados a sucesivas pruebas periódicas o incluso se les administra la prueba arbitrariamente si surgen rumores sobre su estatus de VIH.
Desde su creación en 1969, las zonas francas han jugado un rol muy importante en la economía de la República Dominicana. En el año 2001, las exportaciones de las zonas francas constituyeron el 32 por ciento del total de las exportaciones de bienes de la República Dominicana y generaron exportaciones netas de cerca de 1.7 mil millones de dólares americanos, el equivalente al 7.9 por ciento del PIB.77 Estas cifras han aumentado en años más recientes y es probable que esta tendencia continúe.
En el 2002, las zonas francas emplearon a cerca de 171,000 personas, 70 por ciento de las cuales trabajaron en el sector de confecciones textiles.78 Las mujeres conforman la mayor parte de la fuerza laboral empleada en las industrias de las zonas francas, incluidos el sector de manufactura de productos farmacéuticos y el sector manufacturero textil, electrónico, tabacalero y de productos plásticos.79 Los empleos en las zonas francas constituyen una fuente importante de trabajo para las mujeres a nivel nacional, pero sólo tienen un impacto marginal en las tasas de empleo para varones, pues ellos encuentran otras oportunidades laborales en otros sectores de la economía dominicana.80
Aracela Lantígua, de cuarenta y dos años, ha trabajado durante las últimas dos décadas en cuatro compañías distintas en dos de las zonas francas de Santo Domingo y es activista del movimiento de personas viviendo con VIH en Santo Domingo. Ella se enteró que tenía VIH en 1985, cuando se le administró una prueba durante una visita a un hospital. Su esposo murió de enfermedades relacionadas al SIDA en 1996. Así, ella ya sabía que era cuando se le despidió de una compañía de una zona franca en 1999 luego de haber sido sometida a una prueba, ella cree que de VIH. “Cuando me despidieron, dijeron que estaban reduciendo personal. Esto es lo que dicen—es un método que ellos utilizan. … Nos dijeron: “Llévate tu ropa, te van a hacer tus análisis. …Todos los que estuvieron con VIH los botaron, todos”. Lantígua explicó a Human Rights Watch que ella creía que muchas compañías tratan de encubrir la administración ilegal de pruebas de VIH: “Te dan una lista de los análisis, y te mandan a un laboratorio. Ponen ‘embarazo,’ pero es de sangre y de allí hacen [pruebas de] todo. Si tú tienes VIH, no te dicen que tienes VIH. Algo te dicen [para poder despedirte], pero no que es eso [que tienes VIH].”81
Rosa Polanco, de treinta y cuatro años, cree que se le administraron pruebas de VIH y pruebas de embarazo cuando postuló a un trabajo en una fábrica de zapatos en una de las zonas francas de Santiago el año 2001. En ese momento, nos dice, debía haber sido VIH negativo pues se le ofreció el empleo. Ella había estado trabajando un año y ocho meses en esta compañía cuando fue hospitalizada por dos meses a causa de una infección hepática. Mientras estaba en el hospital, se le administró una prueba de VIH sin su consentimiento y un doctor le informó que tenía VIH delante de sus hijas.82 “Cuando volví al trabajo estaban diciendo que el papá de mis hijos había muerto de eso [SIDA]. Me mandaron a hacer la prueba. Sacaron un grupo [para hacer la prueba de VIH] para no quedar sospechoso. Después de eso duré una semana. Después mandaron hacer reducción de personal. Los otros [despedidos] estaban todavía entrenando—tenían poco tiempo trabajando. A mi me incluyeron en ese grupo”.83
Algunas compañías discriminaron a empleados que supuestamente eran VIH positivos basándose solamente en rumores. Dominga Céspedes, de treinta años, supo que era VIH positiva cuando estaba embarazada de su tercer hijo el 2000. Ella fue despedida de una compañía de una zona franca al poco tiempo: “Se lo dijeron … a la prima de mi marido [que tengo VIH] y ella se los dijo en la oficina [de la fábrica]. Me llamaron para decir que hacían reducción de personal, que tenía nomás una semana [para irme]. … Yo veía que estaban entrando personas, o sea que no tenían que hacer reducción de personal. Entonces me di cuenta [de que me habían despedido por tener VIH]”84
La investigación de Human Rights Watch sugiere que las compañías que operan en zonas francas generalmente utilizan laboratorios privados, de las zonas mismas o de alguna ciudad cercana, para administrar las pruebas de VIH a las mujeres que buscan empleo. Human Rights Watch habló con representantes de laboratorios comerciales en dos ciudades del norte de la República Dominicana,85 es decir del área con la mayor concentración de zonas francas.86 Representantes de ambos laboratorios confirmaron que son contratados por compañías de las zonas francas aledañas para administrar pruebas de VIH a las personas que buscan empleo. Un gerente de uno de estos laboratorios dijo: “Hacemos muchas pruebas diferentes para las zonas francas. … Con VIH depende del dueño de la empresa, porque con VIH hay una ley que dice que a nadie se le puedes hacer [la prueba de VIH], así que es a petición del dueño de la empresa. El tiene que autorizarlo.”87
Cuando los laboratorios y compañías transmiten información personal sobre el estatus de VIH de un postulante o de uno de sus empleados a terceras partes—incluidas compañías—sin la autorización de esa persona, la administración de pruebas de VIH como condición para acceder al empleo choca con el derecho a la privacidad que figura como un derecho a proteger en el artículo 17 del PIDPC.88
Efectos adversos de las pruebas involuntarias en los centros laborales
Si no hubiera tenido VIH, estaría trabajando, estaría con mis hijos. …Me siento menos que otra persona porque tratan a uno como parásito en la sociedad. Me gustaría ser útil de nuevo.
—Rosa Polanco, treinta y cuatro años89
Las principales consecuencias de la administración de pruebas de VIH en los centros laborales son el desempleo, el subempleo y la generación de una sensación de no tener control del destino propio y de carencia de protecciones legales en las mujeres viviendo con VIH. Más aún, la falta de información pública sobre los derechos del trabajador en esta área ha motivado que se piense que todas o la mayor parte de las compañías administran las pruebas de forma rutinaria en el curso de las contrataciones, incluso si este no es el caso. De esta manera, muchas mujeres viviendo con el VIH optan por dejar de postular a empleos porque no quieren correr el riesgo de que se revele su estatus de VIH.
A menudo, aquellos que fueron excluidos del mercado laboral por causa de su estatus de VIH sufren consecuencias de largo alcance, incluido el desempleo permanente. Muchas mujeres viviendo con VIH son abandonadas por sus parejas, lo que las deja como única fuente de ingreso para la manutención de sus hijos. Las dificultades económicas que surgen a consecuencia de la violación del derecho a la no discriminación en el acceso al empleo a razón del estatus de VIH de una persona se complican aún más por las demás cargas económicas. Es por ello que algunas mujeres se ven obligadas a aceptar trabajos que no hubieran considerado en otra situación, incluido el trabajo sexual.
Cristable de Yasmín, de treinta y dos años, madre de tres niños, incluida una niña de nueve años que es VIH positiva, se mostró visiblemente avergonzada cuando contó a Human Rights Watch que su condición económica la había obligado a veces a vender su cuerpo. Ella trataba de no llorar mientras nos explicaba cómo su “trabajo normal de bar” a veces se convertía en trabajo sexual cuando ella estaba particularmente urgida de dinero. “Si alguien te ofrece dinero [para tener sexo] no tienes más remedio. Eso no lo deseo yo, y no siempre lo hago, pero de vez en cuando, soy una madre soltera, tengo que tener algo de dinero”.90
Human Rights Watch entrevistó a muchas mujeres que no pudieron encontrar trabajo remunerado después de haber dado positivo y haber sido despedidas de sus trabajos en el sector turismo o en las zonas francas. Sin embargo, el efecto más generalizado de las pruebas es la autoexclusión del mercado laboral. Casi todas las mujeres que viven con el VIH que entrevistamos y que habían trabajado antes en sectores formales dijeron que dejaron de postular a trabajos por miedo a pasar la prueba y que luego el trabajo se les niegue y que además sean estigmatizadas en sus comunidades y eventualmente abandonadas por sus esposos. Margarita de la Cruz, de treinta y cuatro años, solía trabajar como gerente hotelera, pero no ha intentado buscar empleo desde que dio positivo hace tres años. “Ahora es totalmente diferente, no quiero que me hagan eso [la prueba de VIH].”91 Fátima Pérez dijo que había considerado buscar trabajo, pero “lo que pasa es que a las personas que vivimos con eso [VIH], nos cierran todas las puertas. Me da miedo de buscar [trabajo], porque me van a hacer la prueba”.92
Ya que las mujeres conocen su estatus de VIH positivas con más frecuencia que los hombres, es también más probable que dejen de buscar trabajo por miedo a las pruebas involuntarias de VIH. Por ello, es muy probable que las mujeres sean las más afectadas por la administración involuntaria de pruebas de VIH como condición para acceder a empleo. Además, muchas mujeres que dieron positivo y fueron por ello excluidas del mercado laboral eran aún muy capaces de trabajar. Quizás lo más común que escuchamos en los testimonios que recogimos fue el deseo de trabajar y de, mediante el trabajo, poder volver a tener algún nivel de autonomía, control y dignidad. “Lo único que quisiera es un trabajo” le dijo Sergia Báez a Human Rights Watch. “Yo sé que con un trabajo y con mi voluntad yo salgo adelante”.93
El gobierno no ha intervenido de manera coherente para prevenir o responder a las flagrantes violaciones a los derechos a la no discriminación y a la privacidad perpetradas por empleadores en la República Dominicana. Tanto la ley nacional como internacional prohíben las pruebas de VIH como condición para acceder al empleo o mantenerlo, y la ley nacional establece sanciones para las empresas que violen esta prohibición. 94 El gobierno ha tomado pocas medidas para implementar estas disposiciones, y ninguna para obligar a las empresas a respetar la ley. Es probable que las empresas tengan conciencia de que estas pruebas de VIH son ilegales, pero a la vez tienen pocos incentivos para detener estas prácticas.
La Secretaría de Estado de Trabajo dispone de tres mecanismos diseñados para asegurar el respeto del Código de Trabajo y otra legislación relevante como la Ley sobre SIDA. Primero, las oficinas locales de la Secretaría de Estado de Trabajo cuentan con inspectores laborales. El rol de los inspectores laborales es visitar las empresas ante algún pedido o por iniciativa propia, entrevistar a los empleados libremente y reportar a la Secretaría de Estado de Trabajo cualquier violación al Código de Trabajo u otra ley relacionada con el trabajo. 95 En segundo lugar, las empresas con más de veinte empleados están obligadas a abrir “comités de seguridad e higiene” bipartitos96 que operen dentro de la empresa para supervisar y enfrentar los problemas relacionados con la higiene y seguridad. 97 De acuerdo a la ley, estos comités deben mantener una estrecha cooperación con la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Estado de Trabajo e informar periódicamente sobre problemas o infracciones. Para acceder a los beneficios de la seguridad social, los trabajadores deben participar o colaborar con el comité de higiene y seguridad de su empresa.98 Finalmente, la Secretaría de Estado de Trabajo opera una oficina dentro del ministerio que provee asistencia gratuita a individuos que tengan problemas en el ámbito laboral.99
Hasta la fecha, ninguno de estos mecanismos ha sido realmente desplegado para prevenir las pruebas ilegales de VIH o la discriminación con base en el estatus de VIH. Paola Marte, de la Unidad VIH/SIDA en los Lugares de Trabajo de la Secretaría de Estado de Trabajo, contó a Human Rights Watch que la razón por la cual los inspectores no hacen cumplir la prohibición de pruebas de VIH como condición para acceder al empleo es porque no han tenido ninguna capacitación al respecto. 100 Sin embargo, la Ley sobre SIDA que prohíbe la administración de pruebas de VIH como condición para el acceso a empleo ha estado en vigencia por más de una década, es bastante clara y debiera haber sido implementada a pesar de la falta de capacitación. Además, el gobierno de la República Dominicana tiene la obligación de proveer la capacitación necesaria en el momento adecuado para garantizar que la ley nacional se cumpla.
Paola Marte comentó que los comités de higiene y seguridad tampoco están bien preparados para tratar con los temas relativos a la discriminación por causa del VIH en el lugar de trabajo, también debido a una falta de capacitación. 101 De acuerdo a la ley, la Secretaría de Estado de Trabajo debe difundir la información sobre todas las normas legales relevantes y hacerla llegar a los comités de higiene y seguridad para asegurar que estos puedan cumplir con su rol de supervisión. 102 Hasta ahora, de acuerdo a los funcionarios públicos con los que hablamos, la Secretaría de Estado de Trabajo no ha cumplido con entregar la información a los comités respecto a la ilegalidad de las pruebas de VIH involuntarias.103
La oficina de asistencia legal podría haber presentado casos de posible discriminación en el lugar de trabajo debido al estatus de VIH del trabajador, pero un abogado de la Secretaría de Estado de Trabajo dijo a Human Rights Watch que, de acuerdo a lo que sabía, esta oficina no manejaba ningún caso de ese tipo. 104 La oficina no busca casos pro activamente, por lo cual su éxito como mecanismo para hacer cumplir la ley depende del conocimiento del público general de cómo y dónde presentar dichos casos de supuesta violación. Entrevistas de Human Rights Watch sugieren que tal conocimiento no existe. Entrevistamos a muchas mujeres viviendo con VIH y que habían sido sometidas a pruebas de VIH como condición para acceder al empleo o mantenerlo, y que sólo habían descubierto después gracias a ONGs y grupos de apoyo que este tipo de pruebas es ilegal. También hablamos con varias mujeres que no estaban enteradas de dónde realizar una denuncia. Esto supone un esfuerzo insuficiente por parte del gobierno de comunicar al público general y a aquellos que buscan trabajo o están empleados de que tienen un derecho legal a rehusarse a ser sometidos a pruebas de VIH, y de que la Secretaría de Estado de Trabajo provee asistencia legal en casos de posible discriminación.
Es más, las mujeres que entrevistamos que conocían la ley y creían tener legítimas demandas de discriminación no levantaron cargos porque esto podría potencialmente exponer su estatus de VIH positivas. 105 Las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Directrices de la ONU), que proveen lineamientos para interpretar normas legales internacionales relacionadas con el VIH y SIDA aconsejan que “debería autorizarse a las personas con el VIH/SIDA a pedir que se protejan su identidad y la intimidad de su vida privada en los procesos en que se presente información sobre esas cuestiones.”106 De acuerdo a un funcionario público con el que hablamos, esta posibilidad no existe en la República Dominicana. 107
Incitado por el financiamiento internacional, el gobierno de la República Dominicana se ha embarcado recientemente en un proyecto para enfrentar la discriminación VIH/SIDA en los lugares de trabajo. En el 2002, una coalición de agencias públicas y privadas, incluyendo la Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el I Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la Confederación Patronal, el Consejo Presidencial del SIDA, la Coalición ONG SIDA y el Consejo Nacional de Unidad Sindical se reunieron con SMARTWork, una organización financiada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para firmar un Acuerdo Multisectorial de Colaboración para la prevención del VIH/SIDA en los lugares de trabajo. Este acuerdo requiere que los signatarios especifiquen cómo cada agencia u organización enfrentará la epidemia de VIH sida en los centros laborales de la República Dominicana. La Secretaría de Estado de Trabajo en su condición de signatario ha desarrollado y publicado en mayo del 2003 su plan de cuatro años. El objetivo estipulado es “promover el trabajo sano y decente mediante la adopción de políticas y programas de prevención del VIH/SIDA en las empresas.” 108 A fines del 2003, la Secretaría de Estado de Trabajo comenzó implementar una pequeña parte de este proyecto capacitando a inspectores en la prevención y seguimiento del VIH/SIDA. Hasta mediados de abril del 2004, la mitad de los más de 80 inspectores en la capital habían sido capacitados, más ninguno de fuera de la capital. Este es un importante paso en la dirección correcta.
No existe plan alguno, sin embargo, para mejorar la respuesta de la Secretaría a las violaciones de la Ley sobre SIDA en el contexto de las pruebas ilegales de VIH. Funcionarios de gobierno y representantes de ONGs confirmaron que los inspectores de la Secretaría, por ahora, no serán capacitados en el imperativo de investigar y sancionar a las empresas que administren pruebas de VIH como condición para acceder al empleo o mantenerlo. 109
[55] En el 2002 el sector de las zonas francas empleó a 171,000 personas, la mayoría de ellas mujeres y generó cerca del 80 por ciento de las exportaciones dominicanas. Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana, “Informe Estadístico 2002,” 2002. La industria del turismo generó más del 40 por ciento del PIB de la República Dominicana en 1999, contando sólo los gastos de los visitantes. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, A Review of Caribbean Tourism in the 1990s and at the Beginning of the New Century [Análisis del Turismo en el Caribe durante los Noventa y a Inicios del Nuevo Siglo] (Port of Spain, Trinidad y Tobago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 26 de febrero del 2003) LC/CAR/G.734 [en línea] http://www.cepal.org/publicaciones/PortOfSpain/4/LCCARG734/G0734.pdf (descargado el 23 de marzo del 2004), p. 12.
[56] Encuestas Demográficas y de Salud, República Dominicana: Encuesta Demográfica y de Salud 2002, cuadro 3.6 p. 59, cuadro 3.19, p. 76; y Banco Central de la República Dominicana, Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, “Población de 10 años y más por condición de actividad según género y rama de actividad económica”.
[57] Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana, “Informe Estadístico 2002”, p. 3.
[58] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), U.N. Doc. A/6316 (1966), ratificado por la República Dominicana en 1978, artículos 2(2) y 6. El Artículo 2(2) dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” El Artículo 6 dice: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de cada persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la consejería de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.”
[59] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, U.N. Doc. A/6316 (1966), ratificado por la República Dominicana en 1978, artículo 26. El Artículo 26 dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[60] El tipo de cambio utilizado es de 45 pesos dominicanos por dólar, tipo de cambio del 26 de marzo del 2004.
[61] Ley 55-93 sobre SIDA, artículos 3(a) y 36.
[62] Entrevista de Human Rights Watch a Gabriela López, La Romana, 13 de enero del 2004.
[64] El tipo de cambio utilizado es de 17 pesos dominicanos por dólar, tipo de cambio promedio del año 2001, fecha del suceso.
[65] Entrevista de Human Rights Watch a Sergia Báez, Santo Domingo, 15 de enero del 2004.
[66] Ver Juan A. Llado, La Situación de la Oferta y la Demanda de los Servicios de Salud para los Empleados Hoteleros de la Costa Este (Santo Domingo: AcciónSIDA/Academia para el Desarrollo Educacional, 2 de noviembre del 2001). Magdalena Rathe, Dayana Lora y Laura Rathe, Impacto Socio-Económico del VIH-SIDA en el Sector Turístico de la República Dominicana: Un Estudio de Caso en la Costa Este.
[67] Entrevista de Human Rights Watch a Bayardo Gómez, director, Centro de Promoción y Solidaridad Humana, CEPROSH, Puerto Plata, 22 de enero del 2004.
[68]Comisión Económica para América Latina y el Caribe, A Review of Caribbean Tourism in the 1990s and at the Beginning of the New Century, p. 15.
[70] Magdalena Rathe, Dayana Lora y Laura Rathe, Impacto Socio-Económico del VIH-SIDA en el Sector Turístico de la República Dominicana: Un Estudio de Caso en la Costa Este, p. 19.
[71] Durante el año 2000, 644,000 turistas estadounidenses llegaron a la República Dominicana por vía aérea. Banco Central de la República Dominicana, “Llegada Mensual de Pasajeros, Vía Aérea, Por Nacionalidad 2001” [en línea] http://www.bancentral.gov.do/lleg_men_nac2001.html (descargado el April 5, 2004); Banco Central de la República Dominicana, “Llegada Mensual de Pasajeros, Vía Aérea, Por Nacionalidad 2002” [en línea] http://www.bancentral.gov.do/lleg_men_nac2002.html (descargado el 5 de abril del 2004); y Banco Central de la República Dominicana, “Llegada Mensual de Pasajeros, Vía Aérea, Por Nacionalidad 2000” [en línea] http://www.bancentral.gov.do/lleg_men_nac2000.html (descargado el 5 de abril del 2004).
[72] Entrevista de Human Rights Watch a Antonia Martínez, Puerto Plata, 20 de enero del 2004. Playa Dorada es una franja de playas en la costa nororiental de la República Dominicana.
[73] Entrevista de Human Rights Watch a [nombre reservado], recepcionista, Paradise Beach Resort and Casino, Playa Dorada, 21 de enero del 2004.
[74] Entrevista de Human Rights Watch a [nombre reservado], gerente de recepción, Paradise Beach Resort and Casino, Puerto Plata, 20 de enero del 2004.
[75] Entrevista de Human Rights Watch a Judelka de la Cruz, La Romana, 12 de enero del 2004.
[76] Pese a que este informe se centra en la administración ilegal de pruebas de VIH como condición para acceder a empleo, hacemos notar que la administración de pruebas de embarazo como condición para acceder a empleo también es prohibida por el derecho internacional. Human Rights Watch ha documentado casos de discriminación sexual en el lugar de trabajo en muchos países, incluida la República Dominicana. Ver Human Rights Watch, “Discriminación Sexual por Motivo de Embarazo en las Zonas Francas de la República Dominicana: Implicaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA),” Informe de Human Rights Watch, 2004; Human Rights Watch, “A Job or Your Rights: Continued Sex Discrimination in Mexico’s Maquiladora Sector”, [Un trabajo o tus Derechos: Discriminación Sexual Prolongada en la Industria Maquiladora de México] A Human Rights Watch Report [Informe de Human Rights Watch], 1998; Human Rights Watch, “No Guarantees: Sex Discrimination in Mexico’s Maquiladora Sector”, [Sin Garantías: Discriminación Sexual en la Industria Maquiladora de México] A Human Rights Watch Report [Informe de Human Rights Watch], B806, 1996; Human Rights Watch, Del Hogar a la Fábrica: Discriminación Sexual en la Fuerza Laboral de Guatemala (Nueva York: Human Rights Watch, 2002); y Human Rights Watch, “Women’s Work: Discrimination Against Women in the Ukrainian Labor Force”, [Trabajo de Mujeres: Discriminación contra la Mujer en la Fuerza Laboral de Ucrania] A Human Rights Watch Report [Informe de Human Rights Watch], Vol. 15, No. 5(D), 2003.
[77] Economist Intelligence Unit [Unidad de Investigación de The Economist], Dominican Republic: Country Report October 2003 [República Dominicana: Informe País de Octubre de 2003] (Reino Unido: The Economist Intelligence Unit, octubre del 2003), información proveniente del cuadro de la página 5.
[78] Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana (CNZFE), “Informe Estadístico 2002”, 2002, p. 3.
[80] Banco Central de la República Dominicana, Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas, “Población de 10 años y Más por Condición de Actividad Según Género y Rama de Actividad”; y Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana, “Informe Estadístico 2002”, p. 30.
[81] Entrevista de Human Rights Watch a Aracela Lantígua, Santo Domingo, 11 de enero del 2004.
[82] Polanco también fue víctima de abusos en el sector salud. Ver más adelante la nota 143 y el texto que allí se incluye.
[83] Entrevista de Human Rights Watch a Rosa Polanco, Santiago, 17 de enero del 2004.
[84] Entrevista de Human Rights Watch a Dominga Céspedes, La Romana, 12 de enero del 2004.
[85] Entrevista de Human Rights Watch a [nombre reservado], Laboratorio García & García, Santiago, 19 de enero del 2004; Human Rights Watch entrevista a [nombre reservado], Laboratorio Clínico, Puerto Plata, 22 de enero del 2004.
[86] Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana (CNZFE), “Informe Estadístico 2002”.
[87] Entrevista de Human Rights Watch a [nombre reservado], Laboratorio García & García, Santiago, 19 de enero del 2004.
[88] PIDCP, artículo 17. El Artículo 17 dice: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”
[89] Entrevista de Human Rights Watch a Rosa Polanco, Santiago, 17 de enero del 2004.
[90] Entrevista de Human Rights Watch a Cristable de Yasmín, Puerto Plata, 20 de enero del 2004.
[91] Entrevista de Human Rights Watch a Margarita de la Cruz, San Pedro de Macorís, 14 de enero del 2004.
[92] Entrevista de Human Rights Watch a Fátima Pérez, Santiago, 19 de enero del 2004.
[93] Entrevista de Human Rights Watch a Sergia Báez, Santo Domingo, 15 de enero del 2004.
[94] Ley 55-93 sobre SIDA artículos 3 y 36.
[95] Ley 16-92, Código de Trabajo, 29 de mayo, 1992, artículos 433 y 434.
[96] Con “bipartito" se refiere a entidades con representantes de trabajadores y empleadores.
[97] Secretaría de Estado de Trabajo, Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial “Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial”, regla No. 807 (Santo Domingo: Secretaría de Estado de Trabajo, 1966), artículos 68 a 74. La Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial ha sido reemplazada por la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo.
[98] Ley 87-01 de Seguridad Social, artículo 4.
[99] Ley 16-92, Código de Trabajo. El artículo 427 establece que el gobierno puede establecer, a su discreción, una oficina de asistencia legal para trabajadores y empleadores.
[100] Entrevista de Human Rights Watch a Paola Marte, coordinadora, Unidad VIH/SIDA en los Lugares de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo, SET, Santo Domingo, 30 de enero del 2004.
[101] Entrevista de Human Rights Watch a Paola Marte, coordinadora, Unidad VIH/IDA en los Lugares de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo, SET, Santo Domingo, 30 de enero del 2004.
[102] Secretaría de Estado de Trabajo, Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial, “Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial”, artículo 74.
[103] Entrevista de Human Rights Watch a Paola Marte coordinadora, Unidad VIH/SIDA en los Lugares de Trabajo Secretaría de Estado de Trabajo, SET, Santo Domingo, 30 de enero del 2004.
[104] Entrevista telefónica de Human Rights Watch a Israel González, abogado, Departamento de Asistencia Legal, Secretaría de Estado de Trabajo, Santo Domingo, 15 de abril del 2004.
[105] Entrevistas de Human Rights Watch a Sergia Báez, Santo Domingo, 15 de enero del 2004; a Fatima Pérez, Santiago, 19 de enero del 2004; a Alicia López, Santiago, 19 de enero, 2004; y a Sandra Vargas, Puerto Plata, 22 de enero, 2004.
[106] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, “Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos” (de la segunda consulta internacional sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos 23-25 Setiembre 1996, Ginebra), en adelante Directrices de la ONU, U.N. Doc. HR/PUB/98/1, Ginebra, 1998, párrafo 30(c).
[107] Entrevista telefónica de Human Rights Watch a Israel González, abogado, Departamento de Asistencia Legal, Secretaría de Estado de Trabajo, Santo Domingo, 15 de abril, 2004.
[108] Secretaría de Trabajo, Plan de Trabajo de la SET para la Prevención del VIH/SIDA en Lugares de Trabajo, Período 2003-2007 (Santo Domingo: Secretaría de Trabajo, mayo del 2003), documento inédito en los archivos de Human Rights Watch, p. 3.
[109] Entrevista de Human Rights Watch a Paola Marte coordinadora, Unidad VIH/SIDA en los Lugares de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo, SET, Santo Domingo, 30 de enero del 2004; y a Elizardo Puello, director ejecutivo, Coordinadora de Animación Socio Cultural, CASCO, 7 de enero del 2004.

References: artículo 26
 artículo 17
 Artículo 2
 Artículo 6
 artículo 26
 Artículo 26
 artículo 17
 Artículo 17
 artículo 4
 artículo 427
 artículo 74