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Timestamp: 2018-05-25 01:22:07+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/4120/2005, 01-03-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4120/2005 de 01 de Marzo de 2007
Núm. Resolución: 00/4120/2005
Comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolvencia de los deudores principales y de los responsables solidarios, los créditos incobrables deben declararse fallidos por el órgano de recaudación e indagar la existencia de responsables subsidiarios. Por tanto, la declaración de fallido es el punto de partida para indagar la posible existencia de otros responsables subsidiarios del pago de las deudas pendientes y el inicio de la tramitación del correspondiente expediente de derivación de responsabilidad. La notificación de dicha declaración de fallido al deudor principal o al posible deudor o responsable subsidiario no es una exigencia formal del procedimiento de recaudación, como requisito previo, pues sólo resulta exigible únicamente que se dicte y notifique al responsable subsidiario el correspondiente acuerdo de derivación de responsabilidad.
En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, promovida por DON ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 29 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), en asunto referente a responsabilidad subsidiaria por administrador. Importe 331.925,89 €.
PRIMERO.- El día 23 de abril de 2002 D. ... interpone reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... contra el acuerdo de fecha 8 de marzo de 2002 dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que declaraba, entre otros, a DON ... responsable subsidiario de las deudas tributarias pendientes de ..., S.A., declarada fallida en 1 de diciembre de 1997, con fundamento en el artículo 40.1. párrafo primero de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), según redacción dada por la Ley 10/1995, de 26 de abril, por haber sido administrador de dicha Sociedad, y por importe de total de 331.925,89 €, según el siguiente desglose:
Liquidación Cuota+ int. Sanción - ingresos Pendiente
...Acta-l.S.-89 135.567.79 49.792.95 -6.182,07 179.178,67
...Acta-I.S.-90 43.723,06 16.999.34 -27.063.01 33.659.39
...Acta I.V.A.-89 47.263,34 51.215.59 -- 98.478,93
...Acta I.V.A.-90 15.144,11 17.485,04 -12.020.25 20.608.90
Total 331.925,89
En esta reclamación el interesado alega que había cesado como administrador en 1992 y la prescripción de la acción de la Administración para exigir la deuda; asimismo solicita la suspensión del acto impugnado sin garantías. Respecto a esta suspensión el Tribunal Regional dicta acuerdo, en pieza separada, de fecha 30 de julio de 2002 no admitiendo a trámite dicha solicitud de suspensión; acuerdo notificado el 3 de octubre de 2002.
El Tribunal Regional en resolución a esta reclamación dicta acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2005 (Reclamación ...) por el que declara "desestimar la reclamación, confirmando la responsabilidad subsidiaria del reclamante y la derivación de deudas, manteniendo en su cuantía original las sanciones en concepto del Impuesto sobre Sociedades de 1989 y 1990, al resultar idénticas a las que se derivarían de la aplicación de la nueva normativa sancionadota, sin perjuicio de que la Oficina Gestora, previos los cálculos pertinentes, proceda a exigir las sanciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de 1989 y 1990 en la cuantía que resulte más favorable por aplicación de una u otra formativa". Respecto a la alegada prescripción por parte del interesado, el Tribunal Regional, la desestima, al considerar lo siguiente: "6º.-...........Particularizando para el presente supuesto, se aprecia que las deudas tienen su origen en Actas de Inspección por el concepto de Sociedades e IVA de los ejercicios 1989 y 1990, suscritas de conformidad en fecha 28 de julio de 1993.
Al producirse el impago de las deudas en período voluntario, se dictaron providencias de apremio cuya notificación fue rehusada el 13 de junio de 1994 por D. ..., en calidad de Consejero Delegado de ..., S.A. de lo que quedó constancia en diligencia levantada por el agente tributario, procediéndose a su publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de 2 de agosto de 1994. Como resultado de dichas actuaciones, debe tenerse la notificación por practicada, a tenor de lo dispuesto en el art. 59 ap. 3º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que resulta aplicable por la fecha en que se produjo, y que dispone: "Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose e/ procedimiento".
El 16 de noviembre de 1994 se procedió al embargo de un bien inmueble, que fue adjudicado en gestión directa el día 26 de noviembre de 1996 por un importe de 18.500.000 pesetas, habiéndose notificado todas las actuaciones a la deudora principal ..., S.A. Asimismo, el 11 de enero de 1995 se procedió al embargo de bienes muebles, que fueron adjudicados por gestión directa el día 26 de noviembre de 1996 por un importe de 1.550.000 pesetas, notificándose tales actuaciones a la deudora ..., S.A.
El 15 de abril de 1996 la Abogacía del Estado, en representación de la Hacienda Pública, se personó en el proceso concursal de Quiebra ... tramitado en el Juzgado de Primera instancia nº ... de ..., acompañando certificación de los descubiertos que la deudora tenía con la Hacienda Pública en dicha fecha.
Al no hallarse otros bienes o derechos en cuantía suficiente para cubrir el importe de, las deudas apremiadas, el 1 de diciembre de 1997 se declaró a ..., S.A. deudor fallido.
Con posterioridad a los citados hechos, consta que el inicio de actuaciones tendentes a la declaración de responsabilidad subsidiaria se notificó al ahora reclamante el 18 de junio de 2001, siguiéndose luego los trámites que concluyeron con el acuerdo de derivación ahora impugnado, que fue notificado el 11 de abril de 2002 e impugnado en la presente reclamación en fecha 23 de abril de 2002.
En resumen, y a la vista de las actuaciones mencionadas, hay que concluir rechazando el argumento del reclamante respecto a la prescripción, puesto que existe constancia de actuaciones documentadas en el expediente y dirigidas tanto contra la deudora principal cómo contra el declarado responsable subsidiario, sin que en ningún caso se aprecie que entre las , mismas haya transcurrido el plazo legal de prescripción (ni el de cinco años, aplicable a los actos notificados antes del 1 de enero de 1999, fecha de entrada en vigor del artículo 24 de la Ley 1/1998; ni el de cuatro años que estableció el citado artículo 24 para los actos notificados a partir de dicha fecha)".
SEGUNDO.- Contra el citado acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 29 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), notificado el 20 de octubre de 2005, se interpone para ante este Tribunal Económico-Administrativo Central el presente recurso de alzada por escrito que tiene entrada en el Registro de dicho Tribunal Regional el día 15 de noviembre del mismo año, en el que reitera su alegación expuesta en primera instancia respecto de la prescripción de la acción, al entender que de conformidad con el artículo 66 de la Ley General Tributaria cuando se le notificó el inicio del expediente de derivación de responsabilidad ya estaba prescrita la deuda, pues el único acto interrruptivo -la declaración de fallido a la Sociedad deudora principal el 1 de diciembre de 1997- no había sido notificado a dicha Sociedad; solicitando se anule el acuerdo recurrido.
PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimidad y plazo establecidos para su toma en consideración por este Tribunal Central; en el que la cuestión que se plantea, es la de la adecuación o no a derecho del acuerdo recurrido y, en consecuencia, del acuerdo de derivación de responsabilidad impugnado.
SEGUNDO.- Alega el recurrente, en reiteración con lo expuesto en primera instancia, que para que la declaración de fallido de 1 de diciembre de 1997 tuviera los efectos de acto interruptivo de la prescripción, era preciso que la misma se hubiese notificado formalmente a la Sociedad deudora principal.
Al respecto, hemos de señalar que el aplicable Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1680/1990, de 20 de diciembre, en su artículo 163 y siguientes regula los "créditos incobrables", estableciendo que una vez comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolvencia de los deudores principales y de los responsables solidarios, en los que se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables siguiendo los procedimiento reglamentarios dictados al efecto, "serán declarados fallidos por el órgano de recaudación" y una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, "se indagará la existencia de responsables subsidiarios".
De donde se deduce que la declaración de fallido es el punto de partida para "indagar" la posible existencia de otros responsables (subsidiarios) al pago de las deudas pendientes y el inicio de la tramitación del correspondientes expediente de derivación de responsabilidad; no siendo la notificación de dicha declaración de fallido al deudor principal ni al posible deudor/responsable subsidiario una exigencia formal del procedimiento de recaudación, como requisito previo, siendo la única resolución a dictar y notificar al responsable subsidiario el correspondiente acuerdo de derivación de responsabilidad.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en resolución al recurso de alzada interpuesto por DON ... contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 29 de septiembre de 2005 (Reclamación ...), en asunto referente a responsabilidad subsidiaria por administrador. Importe 331.925,89 €. ACUERDA: Desestimarlo, confirmando el acuerdo recurrido.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 410/2011, 04-06-2012
Orden: Administrativo Fecha: 04/06/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Mangas Gonzalez, Ernesto Num. Recurso: 410/2011
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 408/2011, 18-06-2012
Orden: Administrativo Fecha: 18/06/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Mangas Gonzalez, Ernesto Num. Recurso: 408/2011

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 66
 Real Decreto 
 artículo 163
 resolución 
 resolución