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Timestamp: 2020-02-17 09:47:33+00:00

Document:
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 31643144
DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GEORGINA VILLAREAL, EN REPRESENTACIÓN DE ILONKA SILVERA, PARA QUE LA RESOLUCIÓN 007 DEL 26 DE JUNIO DE 2003, Y EL ACTO CONFIRMATORIO DICTADOS POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL, SE DECLAREN NULOS POR SER ILEGALES; AL IGUAL Q... (ver resumen completo)
La licenciada G.V., quien actúa en representación de ILONKA SILVERA CAMARGO, ha promovido Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que la Resolución 007 del 26 de junio del 2003, y el acto confirmatorio, dictados por el Presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional, se declaren nulos por ser ilegales; al igual que solicita la realización de otras declaraciones.
A través de la Resolución 007 de 26 de junio de 2003, el P. y Representante Legal del Patronato del Instituto Oncológico Nacional resolvió destituir a la señora I.T.S.C. del cargo de fisioterapeuta en el Instituto Oncológico Nacional.
HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA PRESENTE DEMANDA
La parte actora indica que su representada inició labores como fisioterapeuta en el Instituto Oncológico Nacional el 28 de abril de 1997 y, a partir del 1 de julio de 1999 fue nombrada como funcionaria permanente.
Afirma que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 9 de 1994, su representada ingresó a la carrera administrativa al momento de iniciar labores en el Instituto Oncológico Nacional.
Por otra parte, expone que como consecuencia de diferencias entre su representada y otra funcionaria (Yanoris Morgan), el Director del Instituto Oncológico Nacional solicitó a la licenciada V.M. de Auditoria Interna del Ministerio de Salud, a través de nota de 22 de enero de 2003, realizara una auditoria al servicio de fisioterapia del Instituto Oncológico Nacional.
Como resultado de lo anterior, el licenciado H.P. del Departamento de Auditoria Interna del Ministerio de Salud presentó el 22 de febrero de 2003 un informe preliminar, en el que se alude a supuestas irregularidades cometidas por su representada.
Manifiesta que el referido informe, no contesta ninguna de las interrogantes planteadas por el Director del Instituto Oncológico y se centra en un examen de las cuentas de ahorro contentivas del dinero recabado en las actividades realizadas por el grupo de pacientes mastectomizadas, no obstante, en el mismo se concluye que la licenciada ILONKA SILVERA CAMARGO cobraba un depósito de B/.5.00 por cada peluca que entregaba a las pacientes en calidad de préstamo, sin embargo, también se expresa que no existe inventario de las pelucas ni nota alguna sobre donaciones. Por ende, estima que no se puede establecer qué pelucas fueron entregadas a las pacientes por la licenciada ILONKA SILVERA CAMARGO, el costo de las mismas ni el destino de los supuestos dineros recaudados.
A su juicio, la realización de este informe omitió el cumplimiento de las normas de auditoria para instituciones públicas exigidas por la Contraloría General de la República porque el proceso de investigación no fue objeto de supervisión oportuna, fue suscrito por un funcionario que no es idóneo y no fue avalado por auditoria externa de la Contraloría. Además, considera que dicho informe nunca fue concluido.
Agrega que, paralelamente, la Dirección Médica del Instituto Oncológico Nacional cursó nota a la Oficina de Asesoría Legal a fin de que se considerase lo relativo a los fondos recaudados en la cuenta No. 53149906 del Banco Nacional a nombre de la paciente D.S.P. y la licenciada ILONKA SILVERA CAMARGO. En respuesta a lo anterior, la Oficina de Asesoría Legal indicó que la conducta de su representada constituía una falta leve al infringir el numeral 3, artículo 102 del Ministerio de Salud, concerniente a la realización de actividades ajenas al ejercicio de las funciones del cargo.
Declara que las actividades de recaudación de fondos para apoyar a las pacientes mastectomizadas del Instituto Oncológico se iniciaron en 1996 con la licenciada R.D.R. y, luego de su jubilación, continuaron con su representada, y nunca se utilizaron fondos estatales.
Seguidamente, expone que el informe preliminar presentado por el Departamento de Auditoria Interna sirvió de base para dictar la Resolución 105 de 9 de mayo de 2003, a través de la cual la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Oncológico Nacional resuelve aprehender el conocimiento del caso e iniciar un proceso disciplinario. Se le corre traslado a su representada y se le concede el término de dos (2) días para hacer uso de su derecho de defensa.
A través de escrito de 19 de mayo de 2003, el apoderado especial de su representada solicitó al Departamento de Recursos Humanos que fueran llamados a testificar miembros del grupo de pacientes mastectomizadas y en particular la señora D.S.P. de Guerra, sin embargo, dicha solicitud fue negada a través de la Resolución 115 de 22 de mayo de 2003.
Indica que el 19 de junio de 2003 la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y el Director de Atención Médica del Instituto Oncológico Nacional, envían informe al Ministro de Salud en el que plasman lo siguiente:
"...por incurrir en supuestas faltas administrativas tipificadas en los numerales 3 y 15 relativos a faltas leves; numerales 28 y 31 relativos a faltas graves del artículo 102 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud y el numeral 7, artículo 138; numeral 7, artículo 150 de la ley 9 de 20 de junio de 1994.
Después de agotado el procedimiento administrativo disciplinario en el cual se ha cumplido a cabalidad con el debido proceso, instituido en las normas que regulan esta materia y previo a un examen de las piezas procesales que constan en el legajo, creemos pertinente recomendar que se tomen las medidas que en derecho procedan y se sancione a la SEÑORA ILONKA T.S.C., por las faltas en que haya incurrido de acuerdo a su mejor saber y entender".
En consecuencia, el Ministro de Salud, en su calidad de P. y Representante Legal del Patronato del Instituto Oncológico Nacional, acoge las recomendaciones externadas y a través de la Resolución 007 de 26 de junio de 2003 resuelve destituir del cargo de Fisioterapeuta Profesional a su poderdante, esgrimiendo como fundamento legal las siguientes disposiciones:
"Numeral 7 del artículo 152 y artículo 153 de la ley 9 de 20 de junio de 1994; artículos 175 y 184 del Decreto Ejecutivo 222 de 12 de septiembre de 1997; numerales 3 y 15 relativo a faltas leves; 28 y 31 relativo a faltas graves del artículo 102 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud".
Considera la parte actora que con la expedición del acto demandado se vulneró el procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Ministerio de Salud y la Ley 9 de 20 de junio de 1994 de la Carrera Administrativa, pues se sancionó a su representada por faltas leves y graves sin que se agotaran las sanciones disciplinarias alternativas y sin que se tratara de una falta de máxima gravedad que admite directamente la aplicación de la destitución del cargo.
CARGOS DE ILEGALIDAD CONTENIDOS EN LA DEMANDA
La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola de forma directa por omisión el Artículo 21 de la Ley 47 de 22 de noviembre de 1984, ya que se desconoce que su representada en su calidad de fisioterapeuta gozaba de estabilidad en el ejercicio siempre y cuando fuese eficiente y mantuviese una buena conducta, lo cual no ha sido desvirtuado en el proceso seguido en su contra.
En el mismo concepto se consideran vulnerados el Artículo 151 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 y el Artículo 100 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud, toda vez que, como puede observarse, en el expediente de su representada no reposa ni siquiera una amonestación verbal, desconociendo de esta manera el criterio progresivo en la aplicación de sanciones disciplinarias que contempla la norma en comento.
También considera que se ha vulnerado por indebida aplicación el acápite 7 del Artículo 152 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, ya que a su criterio la destitución de su representada se dio por una conducta distinta a la enmarcada en la norma en referencia. En este sentido, expone que su representada no recibió pagos por parte de las pacientes por la ejecución de acciones inherentes a su cargo de fisioterapeuta, lo que hizo fue manejar, conjuntamente con la señora P. de Guerra, una cuenta de ahorros para ayudar a las pacientes mastectomizadas a organizar actividades como agrupación.
Por otra parte, aduce que se ha violado de manera directa por omisión el Artículo 153 de la misma ley ya que su representada no fue escuchada durante la investigación y se le negó la admisión de pruebas testimoniales, colocándola en un estado de indefensión.
Igual concepto de violación se aduce en relación con el literal e del Artículo 1 de la Ley 11 de 4 de julio de 1984, puesto que la norma no prohíbe realizar cualquier otra actividad que guarde relación con las funciones o propósitos de la institución.
En lo concerniente al Reglamento Interno del Ministerio de Salud, la parte actora manifiesta que la resolución impugnada viola de forma directa por omisión el Artículos 101, en la medida en que se aplicó una sanción de destitución sin que se le sancionara anteriormente con medidas de suspensión.
Por último, se considera que los Artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 han sido violados de forma directa por omisión debido a que no su cumplió con el debido procedimiento de destitución dispuesto por la normativa vigente y aplicable al caso en cuestión.
INFORME DE CONDUCTA DEL DEMANDADO
El Director General del Instituto Oncológico Nacional al rendir informe de conducta, señaló que a raíz de problemas personales entre las fisioterapeutas ILONKA SILVERA y Y.M., así como de denuncias anónimas sobre supuestas actividades irregulares en el Departamento de Fisioterapia, procedió a solicitar una auditoria a la Directora de Auditoria Interna del Ministerio de Salud a través de la Nota DG-073 de 22 de enero de 2003.
En respuesta a lo anterior, el 22 de febrero de 2003 se presentó un informe preliminar en el que se determinó la existencia de pagos por el monto de B/.2,845.73, sin los comprobantes sustentadores, correspondientes a la Cuenta No.53070664 del Banco Nacional, a nombre de I.I.S.C. o D.S.P. de Guerra, y la inexistencia de controles o registros relacionados con la venta de escalerillas, préstamo y venta de prótesis y pelucas donadas por la Casa del Médico.
Aclara, que al margen del referido informe de auditoria quedó evidenciado en el expediente que la señora I.S.C. solicitaba y recaudaba fondos de los pacientes mastectomizados y que alquilaba o vendía las prótesis (pelucas) pertenecientes a la institución, sin la debida autorización y sin los controles pertinentes. Añade que de lo anterior, así como de la preexistencia de tales prótesis, hay evidencia a fojas 30 y 34 del expediente.
A este respecto, hace referencia a nota del 20 de febrero de 2003, que el Dr. F.M., Director de Prestaciones Médicas del Instituto Oncológico Nacional, recibe en su despacho por medio de la cual la señora I.J. solicita la devolución de veinticinco balboas (B/.25.00) que había pagado por una prótesis toda vez que se había enterado que las mismas eran donadas a los pacientes de escasos recursos económicos.
Adicionalmente, el 22 de febrero de 2003, el mismo funcionario recibe una nota de las fisioterapistas Y.M. y Z.C., en la cual, refiriéndose a ILONKA SILVERA, señalan que el"mal uso que estaba haciendo con dinero de la Institución cajas menudas, venta de escaleras, pelucas, venta de prótesis las cuales eran una donación por parte de la Casa del Médico supuestamente para ser regaladas a las pacientes de escasos recursos y no para lucrar con las misma; inclusive nunca reportar este dinero y mucho otro obtenido con actividades que realizó en nombre del hospital y supuestamente para beneficio del mismo".
Con relación a lo anterior, agrega que el 24 de febrero de 2003 la empresa La Casa del Médico, en respuesta a solicitud del Director de Prestaciones Médicas, certifica la donación de algunas prótesis externas al Instituto Oncológico con el fin de que esta institución las usara o a su vez las donase a pacientes de escasos recursos.
Por otra parte, manifiesta que en vista de que las diferencias personales entre las funcionarias ILONKA SILVERA y Y.M. habían llegado a entorpecer las labores del Departamento de Fisioterapia, el jefe inmediato de ambas procedió a amonestarlas de manera verbal por infracción del numeral 13 del artículo 102 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud, dejando constancia de este hecho en el expediente.
Posteriormente, a través de la Resolución ATM-001-3 de 6 de marzo de 2003, se ordena declinar y remitir al Departamento de Recursos Humanos la denuncia por el presunto manejo indebido de cuentas o dineros, producto de la venta y alquiler de prótesis, escalerillas, pelucas y otros, a fin de que realice las investigaciones que correspondan.
Indica que el Departamento de Recursos Humanos una vez admitida la denuncia le da traslado a la funcionaria I.S.C., quien haciendo uso de su derecho de defensa presenta a través de apoderado un memorial mediante el cual solicita se llamen a declarar a los miembros del grupo de pacientes mastectomizados y en especial a la señora D.P., sin embargo, dicha solicitud fue denegada en vista de que el Departamento de Recursos Humanos no tiene la facultad para llamar a declarar a personas que no tienen la calidad de funcionario público.
Finalmente, expone que la Jefa encargada del Departamento de Recursos Humanos junto con el Director de Prestaciones Médica presentan el 19 de junio de 2003, informe al Ministro de Salud en el cual plasman sus recomendaciones, y es en virtud del cual que dicha autoridad emite la Resolución 007 de 26 de junio de 2003 en la que se resuelve destituir a la funcionaria I.T.S.C., por violación de los numerales 3 y 15, relativo a faltas leves; 28 y 31, relativo a faltas graves del artículo 102 del Reglamento Interno y del numeral 7 del artículo 152 de la ley 9 de 20 de junio de 1994.
Mediante la Vista Fiscal 080 de 16 de febrero de 2004, la señora Procuradora de la Administración solicitó a los magistrados que integran la Sala Tercera se sirvan declarar legal la Resolución 007 de 26 de junio de 2003, emitida por el Ministerio de Salud.
En este sentido, señala que difiere de la demandante cuando señala que se han infringido las normas relativas a la destitución contenidas en la Ley 9 de 1994, toda vez que se observa que el Ministro de Salud en su calidad de autoridad nominadora fue quien procedió a efectuar la destitución impugnada, cumpliendo con lo requerido por el artículo 150 de la ley en referencia.
En lo atinente a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 9 de 1994 y en el artículo 100 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud, considera que dichas normas tampoco han sido vulneradas puesto si bien las mismas señalan la aplicación de sanciones de modo progresivo, no hay que perder de vista que el artículo 152 de la Ley 9 de 1994 contempla la posibilidad de que se proceda a la destitución directa en determinados casos, entre los que se encuentra el de "recibir pago indebido por parte de particulares, como contribuciones o recompensas por la ejecución de acciones inherente a su cargo".
A este respecto, la señora Procuradora recalca el señalamiento que hiciera la propia demandante al manifestar que ella manejaba "una cuenta de ahorros para ayudar a las pacientes mastectomizadas a organizar sus actividades como agrupación", recibiendo para ello dinero de las pacientes.
Por lo anterior, y tomando en consideración que el informe de auditoria reflejó la existencia de la cuenta número 53070664 en el Banco Nacional de Panamá a nombre de la demandada con los dineros recogidos por las pacientes, la representante del Ministerio Público considera que la destitución de la demandante está más que justificada y debidamente sustentada en el ordenamiento jurídico vigente.
Cumplidas las etapas procesales establecidas para estos procesos, el tribunal pasa a decidir el fondo del presente negocio.
A través de la presente demanda se solicita se declare que es nula por ilegal la Resolución 007 de 26 de junio de 2003, a través de la cual el P. y Representante Legal del Patronato del Instituto Oncológico Nacional resuelve destituir a la funcionaria I.T.S.C. del cargo de Fisioterapeuta del Instituto Oncológico Nacional, por violación de los numerales 3 y 15 relativo a faltas leves, 28 y 31 relativo a faltas graves del artículo 102 del Reglamento Interno y del numeral 7 del artículo 152 de la ley 9 de 20 de junio de 1994.
Al adentrarse en el análisis de los cargos de ilegalidad levantados en contra del acto in comento este Tribunal advierte que entre los argumentos que sirven de base para las pretensiones de la parte actora en la presente controversia, se encuentra la supuesta violación del artículo 21 de la Ley 47 de 22 de noviembre de 1984, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta y/o kinesiología, que establece lo siguiente:
"Artículo 21. Todos los fisioterapeutas y/o kinesiólogos al servicio de las instituciones del Estado, que estén actualmente prestando servicio o que posteriormente se nombren, gozarán de estabilidad en el ejercicio durante todo el tiempo que dura su eficiencia y buena conducta".
Esta norma se considera vulnerada de manera directa por omisión, toda vez que a criterio de la demandante su representada ha trabajado todo el tiempo con eficiencia y buena conducta, y no hay constancia de que haya tenido un desempeño deficiente en el ejercicio de sus labores en el Instituto Oncológico Nacional, sin embargo, se observa en el expediente de marras que la destitución de la señora I.T.S.C. se dio en virtud de un proceso disciplinario seguido en su contra por haber incurrido en conductas que tanto el Reglamento Interno del Ministerio de Salud como la Ley 9 de 1994 estatuyen como faltas que admiten dicha medida.
De lo anterior se colige que la estabilidad en el cargo, contemplada en la norma supra citada, se ve condicionada a la eficiencia y buena conducta que en el desempeño de sus cargos muestren los fisioterapistas y, tal como se expuso, en el caso bajo examen el fundamento que se utilizó para destituir a la funcionaria fue el haber violado los numerales 3 y 15, relativo a faltas leves; 28 y 31, relativo a faltas graves, del artículo 102 del Reglamento Interno y el numeral 7 del artículo 152 de la ley 9 de 20 de junio de 1994.
Las anteriores consideraciones desvirtúan la violación alegada por la parte actora, toda vez, que el acto atacado de ilegalidad no desconoce el derecho de la licenciada ILONKA TRINIDAD SILVERA CAMARGO de gozar de estabilidad en el cargo sino más bien adopta una medida de carácter disciplinario frente a una conducta desplegada por la funcionaria, que la normativa vigente penaliza con la destitución directa, en este sentido, la Sala coincide con el criterio vertido por la señora Procuradora en la Vista Fiscal 356 de 9 de julio de 2004 cuando, al referirse a la conducta de la licenciada SILVERA, señala que:
"Nadie ha puesto en duda la eficiencia de la fisioterapista S., lo que se ha contradicho es su buena conducta, al señalársele manejo desordenado o no atendido a lo que corresponde a todo funcionario público, en cuanto a transparencia y fidelidad o documentación del manejo de fondos, que no están entre sus funciones propias al cargo, pero que si trascienden al marco de su ejercicio. Bástenos reconocer lo delicado de las relaciones de confianza entre paciente y tratante, para entender que solicitar, recoger, y administrar fondos, bajo una cuenta a nombre de un funcionario sin que esto obedezca a una instrucción del superior no es muy afortunado. Los resultados han sido quejas, denuncias, investigaciones y un informe o auditoría que arroja resultado deficitario y desgreño en el manejo administrativo y financiero de las donaciones y de los fondos. Situación que en efecto no refleja ineficiencia, pero si empaña la buena conducta de la funcionaria del Hospital Oncológico y de paso proyecta desgreño y falta de control administrativo y financiero en la Institución".
Por otra parte, en lo que respecta a las violaciones alegadas por la parte actora que guardan relación con la aplicación progresiva de las sanciones disciplinarias, esta Sala es del criterio que si bien el Artículo 151 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 dispone que: "Debe recurrirse a la destitución cuando se ha hecho uso progresivo de las sanciones establecidas en el régimen disciplinario..." y los Artículos 100 y 101 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud contemplan que la violación a las normas de carácter disciplinario acarrea la aplicación de las sanciones de modo progresivo dependiendo de la gravedad de la falta, dichos cargos no prosperan ya que éstas normas no pueden analizarse de manera aislada y, tal como se observa a foja 9 del expediente, dentro de las razones en que se fundamento la Resolución 007 de 26 de junio de 2003 para destituir a la señora I.T.S.C., se encontraba el haber incurrido en la conducta contemplada en el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 9 de 1994 que admite la destitución directa, lo cual también está reconocido en el Artículo 99 del referido Reglamento de Personal.
En este sentido, las normas in comento preceptúan:
"ARTÍCULO 152. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las siguientes conductas admiten destitución directa:
Recibir pago indebido por parte de particulares, como contribuciones o recompensas por la ejecución de acciones inherentes a su cargo;
..."(Lo resaltado es del Tribunal).
"ARTÍCULO 99: DE LA CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS. De acuerdo a la gravedad de las faltas se clasifican en:
a.-Faltas leves: ...
b.-Faltas graves: ...
c.-Faltas de máxima gravedad: las conductas tipificadas en la Ley 9 de 20 de junio de 1994 que admiten directamente la sanción de destitución.
..." (Lo subrayado es del Tribunal).
Con relación a lo anterior, es preciso destacar que tal como lo señalara la misma demandante, ella manejaba una cuenta de ahorros para ayudar a las pacientes mastectomizadas a organizar sus actividades como agrupación, recibiendo para ello dinero de las pacientes y, tal como lo refleja el Informe de Auditoria, existe la cuenta número 53070664 en el Banco Nacional de Panamá a nombre de la demandada con los dineros recogidos producto de dichas actividades, así como también de la confección de escalerillas, y de los préstamos y ventas de las pelucas del servicio de fisioterapia (Ver notas suscritas por la licenciada I.S., visibles a fojas 36 a 46 del informe de auditoria).
Por consiguiente, se observa que efectivamente la conducta desplegada por la fisioterapista I.T.S.C., en su calidadde encargada del servicio de fisioterapia, al cobrar depósitos por el préstamo de pelucas propiedad del Hospital Oncológico, obtener donaciones de la venta de escalerillas para las pacientes y prestarse para recoger y manejar a su discreción estos fondos, sin ningún tipo de control o registro oficial, configuran la causal de destitución directa prevista en el numeral 7 del Artículo 152 de la Ley 9 de 1994.
En lo concerniente al procedimiento de destitución seguido a la demandante, la Sala estima que el mismo se realizó siguiendo los parámetros establecidos en el Capítulo II de la Ley 9 de 1994, toda vez, que la destitución fue aplicada directamente por la autoridad nominadora, se le formularon cargos por escrito, la Oficina Institucional de Recursos Humanos realizó la investigación sumaria y se le dio oportunidad para la debida defensa y representación legal, por lo tanto, quedan de esta manera desvirtuados los cargos de violación alegados del Artículo 153 de la ley in comento, así como de los Artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.
Por último, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestima el cargo presentado por la demandante por la supuesta violación del Artículo 1, literal e, de la Ley 11 de 4 de julio de 1984, por la cual se crea el Instituto Oncológico, por no ser esta norma la que resuelve la situación jurídica planteada.
En mérito de lo expuesto, los magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución 007 del 26 de junio del 2003, dictada por el Presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 102
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 102
 artículo 138
 artículo 150
 Resolución 
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 102
 Artículo 21
 Artículo 151
 Artículo 100
 Artículo 152
 Artículo 153
 Artículo 1
 resolución 
 artículo 102
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 102
 artículo 152
 Resolución 
 artículo 150
 artículo 151
 artículo 100
 artículo 152
 Resolución 
 artículo 102
 artículo 152
 artículo 21
 artículo 102
 artículo 152
 Artículo 151
 Resolución 
 artículo 152
 Artículo 99
 Artículo 152
 Artículo 153
 Artículo 1
 Resolución