Source: https://it.scribd.com/document/348865132/Casacion-N%C2%BA-1656-2016-Moquegua
Timestamp: 2020-08-03 14:34:58+00:00

Document:
Casación Nº 1656-2016 Moquegua | Divorcio | Ley procesal
SalvaSalva Casación Nº 1656-2016 Moquegua per dopo
sesenta y uno del cuaderno de casación; y, CONSIDERANDO:
Primero.- Viene a conocimiento, el recurso de casación interpuesto a folios setecientos noventa y ocho, por la demandada Sofía Junco Laura, contra la sentencia de vista del 24 de setiembre de 2015, de folios setecientos noventa y dos, que con ﬁ rma la sentencia de primera instancia del 30 de diciembre de 2014, de folios seiscientos treinta y nueve, en el extremo que declara fundada la demanda de folios dieciocho, y revoca el extremo que dispone que la demandante pague a la emplazada el valor de la construcción realizada en el predio sub litis, y reformándola declara fundada la pretensión accesoria de demolición de dichas construcciones a cargo de la recurrente; en los seguidos por la Asociación de Propietarios Residencial Chuquitanta, sobre reivindicación. Por lo que, corresponde examinar si el referido recurso cumple con los requisitos establecidos por los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a la modi ﬁ cación establecida por la Ley número 29364. Segundo.- Así, como se ha indicado en la resolución de fecha 13 de julio de 2016, que obra a folios cuarenta y nueve del cuaderno de casación, el recurso cumple con los requerimientos para su admisibilidad, previstos en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 387 del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley número 29364; y, al adjuntar el recibo de pago por el arancel judicial respectivo que obra a folios cincuenta y cuatro 1 , cumple con lo indicado en el inciso 4) del artículo 387 del acotado Código Procesal y su modi ﬁ catoria. Tercero.- De otro lado, respecto a los requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley número 29364, es de verse que el recurso de casación cumple con lo exigido en el inciso 1) del citado artículo, toda vez que la recurrente no consintió la resolución emitida en primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó mediante recurso de apelación de folios seiscientos sesenta y cuatro. Cuarto.- Asimismo, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este tiene como ﬁ n esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la uni ﬁ cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, el recurso de casación debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo establecido por los numerales 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modi ﬁ catoria 2 . Quinto.- En tal sentido, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, la impugnante invoca como causales: a) Infracción normativa material por interpretación errónea de los artículos 923, 927 y 943 del Código Civil. Sostiene que en autos no existe ningún documento probatorio idóneo que acredite que la parte demandante sea propietaria del inmueble sub litis (120 m 2 ), ya que solamente se ha veri ﬁ cado que es titular del predio inscrito en la Partida Electrónica Nº PO1170106 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, por un área de 10,328.57 m 2 , en el cual no aparece el bien objeto de desalojo. Precisa que el terreno reclamado pertenece al Asentamiento Humano César Saucedo Sánchez, del cual es integrante la recurrente. b) Infracción normativa material por inaplicación del artículo 2013 del Código Civil. Alega que la Sala de mérito inaplica la norma invocada, que recoge el principio de legitimación registral, que prescribe que el contenido de las inscripciones se presume cierto mientras no se recti ﬁ que o se declare judicialmente su invalidez. c) Infracción normativa procesal de los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil. Re ﬁ ere que el Colegiado Superior ha tenido en cuenta únicamente los medios probatorios ofrecidos por la demandante, más no los aportados por la recurrente, que desvirtúan el derecho de propiedad de la parte actora; y por tanto, agrega se habría afectado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. d) Infracción normativa procesal del artículo 122 incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil. Señala que la recurrida no ha emitido pronunciamiento respecto a todos los puntos controvertidos, así como tampoco sobre la calidad de propietario del inmueble objeto de litis, pues del título inscrito se puede apreciar divergencias en cuanto a la denominación y el área que se consigna, en contrastación con el plano presentado con la demanda; por lo que, la sentencia venida en grado, contendría una motivación aparente contraviniendo las normas que garantizan el derecho al debido proceso. Finalmente, de conformidad con lo señalado en el inciso 4) del artículo 388 del Código Procesal Civil, indica la recurrente, que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio. Sexto.- Antes de ingresar a analizar las infracciones invocadas, es del caso anotar que la acción reivindicatoria puede de ﬁ nirse como el instrumento típico de protección de la propiedad de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles 3 ; por tanto constituye un mecanismo de tutela del derecho de propiedad, por medio del cual el titular exige la entrega del bien, de la persona que lo tenga en su poder sin justi ﬁ cación legítima alguna, encerrando de esta forma dicha acción un doble efecto: uno declarativo, respecto del reconocimiento del derecho; y, otro de condena, en cuanto a su restitución 4 . Sétimo.- En ese sentido, respecto a las causales denunciadas, estas deben ser
desestimadas, toda vez que analizados los argumentos que las sostienen, estos se sustentan en una exposición de hechos y cuestiones de probanza, sin considerar que la Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda provocar un nuevo examen crítico del caudal probatorio y aspecto fáctico del proceso, toda vez que no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar las pruebas, los hechos ni juzgar los motivos que formaron convicción en el Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que la impugnante estima
como probados con la ﬁ nalidad de revertir la decisión a su favor; sin tener en cuenta que en autos lo que reclama ya fue materia de valoración, y que la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación 5 por similares motivos, determinó adecuadamente, que
la demandada no ha demostrado tener título de posesión válido
para ocupar el bien inmueble ubicado en la Manzana “H”, lote 33 de la Asociación de Propietarios Residencial Chuquitanta, distrito
de San Martín de Porres, Lima Norte, mientras que el derecho de propiedad de la demandante sobre el citado predio, se encuentra inscrito en la Partida Electrónica Nº PO1170106 del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima. Octavo.- Asimismo, respecto a la identi ﬁ cación y ubicación del inmueble materia de desalojo, se ha veri ﬁ cado en autos, que el terreno reclamado se encuentra dentro del área de propiedad de la demandante, conforme así lo describe
el informe pericial de folios quinientos cuarenta y cuatro, en el cual
se señala que: “Efectuadas las comparaciones grá ﬁ cas entre los
elementos técnicos resultantes del levantamiento topográ ﬁ co realizado al inmueble materia de litis, queda este ubicado inequívocamente comprendido dentro del área inscrita de la
propiedad de la Asociación de
Propietarios Residencial Chuquitanta”. Noveno.- Lo que encuentra soporte en el O ﬁ cio Nº 557-98-COFOPRI/GL-PVR, de
fecha 04 de diciembre de 1998 6 , mediante la cual la Gerencia de Asesoría Legal de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, comunica al representante del Asentamiento Humano César Saucedo Sánchez, que la ubicación de la agrupación de pobladores que representa, estaría superpuesta sobre terreno de propiedad privada, por lo que no era posible su formalización; siendo dicha información corroborada con el O ﬁ cio Nº 1416-2013-SGCyHU-GDU/MDSMP, del 13 de setiembre de 2013 7 , remitido por la Municipalidad Distrital de San Martín de
Porres a la demandante, en la cual se precisa que: “(
Plano de Parcelas (PETT), el AA.HH César Saucedo Sánchez se
encuentra ubicado sobre la Parcela (Unidad Catastral) Nº 10108
tiene superposición con propiedad privada correspondiente a
la Asociación de Propietarios Residencial Chuquitanta”. Décimo.- En cuanto, a la pretensión accesoria, sobre la demolición de lo construido en el inmueble sub litis, se ha demostrado en autos, que la demandada tenía conocimiento que el lote de terreno donde realizaba las edi ﬁ caciones de material rústico, de adobe, madera y quincha, era ajeno, por lo que la Sala Superior, se pronunció adecuadamente al revocar en este extremo la sentencia apelada, ordenando la demolición de dichas construcciones. Décimo Primero.- En consecuencia, la Sala de mérito al emitir la sentencia apelada, no ha incurrido en vulneración de derecho o garantía alguna, o que se hayan infringido normas de derecho material o procesal, es de estimar como no cumplidos los requisitos exigidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, modi ﬁ cado por la Ley Nº 29364, aplicable supletoriamente, para hacer operante este medio impugnatorio.
), según el
Partida Nº PO1170106 (
Por estos fundamentos y conforme a lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a folios setecientos noventa y ocho, por la demandada Sofía Junco Laura, contra la sentencia de vista del 24 de setiembre de 2015, de folios setecientos noventa y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario O ﬁ cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Asociación de Propietarios Residencial Chuquitanta, sobre reivindicación. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Tello Gilardi.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO
1 Del cuadernillo de casación.
2. describir con claridad y precisión
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (
3 Nuñez Lagos, Rafael. Acción y excepción en la reivindicación de inmuebles. Editorial Reus. Madrid 1953, página 13: “La revindicatoria no solo es actio in rem,
2 Artículo 388 del Código Procesal Civil (
sino la in rem por excelencia”.
4 Gonzáles Barrón, Gunther. Derechos Reales, Editorial Juristas Editores. I Edición.
Setiembre – 2005. Página 590 y siguientes. Citado también en Revista Virtual:
“Cambio y Derecho Social”, por Ghunter Gonzáles Barrón, Artículo: “Acción
reivindicatoria y desalojo por precario”.
5 De folios 664 del expediente principal.
6 De folios 711.
7 De folios 736.
C-1510815-50
CAS. Nº 1656-2016 MOQUEGUA
DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO. Sumilla. No corresponde ﬁjar indemnización alguna a favor del demandante
o de la demandada como cónyuge perjudicado, toda vez que el
primero ha expresado en su escrito de demanda su renuncia a tal derecho; y, la segunda, que pese haber sido declarada rebelde, no ha demostrado con medio probatorio idóneo ser la cónyuge más perjudicada con la separación de hecho. Lima, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:
Con los cuadernos acompañados, vista la causa número 1656- 2016, en audiencia pública de la fecha, oídos los informes orales y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO: Que se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada Luz Elena Vilca Quispe, a fojas trescientos veintinueve, contra la sentencia de segunda instancia de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, de fojas trescientos dieciséis, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que conﬁrma la sentencia apelada de fecha veintidós de junio de dos mil quince, de fojas doscientos treinta y cuatro, que declara fundada la demanda; en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial entre los cónyuges; el cese de la obligación alimentaria entre los cónyuges; no habiendo acreditado la existencia de bienes sociales, carece de objeto su pronunciamiento, no obstante, se declara fenecido el régimen de la sociedad de gananciales; respecto al hijo habido dentro del matrimonio, sin pronunciamiento respecto de la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos por tener mayoría de edad; sin pronunciamiento respecto de la acción indemnizatoria por haber renuncia expresa del demandante; el cese del derecho de los cónyuges a heredar entre sí; el cese del derecho de la cónyuge a llevar el apellido del esposo agregado al suyo. II. ANTECEDENTES.
Para analizar esta causa civil y veriﬁcar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones: 1. DEMANDA. Por escrito de fojas dieciséis, Willy Vicente Arredondo Amaya interpone la presente demanda, a ﬁn que se declare disuelto el vínculo matrimonial existente con Mary Luz Elena Vilca Quispe, inscribiéndose en consecuencia en los Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Paucarpata; en forma acumulativa, originaria y accesoria, solicita el cese de la obligación alimentaria entre los cónyuges y sobre su único hijo, por ser mayor de edad; sin pronunciamiento sobre la patria potestad, tenencia, custodia y régimen de visitas; sin pronunciamiento sobre los bienes gananciales, por no haber adquirido; renuncia a la indemnización que le pudiera corresponder. Funda su pretensión en lo siguiente: 1) El nueve de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, contrajo con la demandada matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Pucarpata y procrearon a su único hijo Jampierre Walter García Vilca, quien actualmente cuenta con veintisiete años de edad y es Sub Oﬁcial de la Policía Nacional del Perú; 2) La demandada injustiﬁcadamente empezó a incumplir con sus deberes de cohabitación; es así, que el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, hizo abandono del hogar con el pretexto que se iba al mercado, dejando a su menor hijo, quien en esa fecha tenía trece años de edad, conforme lo acredita con la denuncia que efectúo ante la Comisaria de Familia de Moquegua; 3) Al amparo de lo previsto en el artículo 350 del Código Civil, solicita el cese de la obligación alimentaria entre marido y mujer, más aun, si la demandada genera sus propios recursos pudiendo satisfacer sus propias necesidades; 4) No cabe pronunciamiento respecto algún tipo de indemnización, ya que el recurrente no es el responsable ni causante de la separación. 2. CONTESTACIÓN DE
LA DEMANDA Mediante resolución de fecha treinta y uno de julio
de dos mil trece obrante a fojas sesenta y tres, se declara rebelde
a la demandada Mary Luz Vilca Quispe. 3. PUNTOS
controvertido: 1) Establecer el vínculo matrimonial entre el demandante y la demandada; 2) Establecer si hay hijo menores de edad dentro del matrimonio; 3) Establecer si se ha producido la causal de separación de hecho; 4) Establecer si el matrimonio tiene bienes de propiedad de la sociedad conyugal; 5) Establecer la existencia de un cónyuge perjudicado y si procede ﬁjar un pago indemnizatorio; 6) Establecer si el demandado se encuentra al día en el pago de las pensiones alimenticias. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante sentencia de fojas doscientos treinta y cuatro, de fecha veintidós de junio de dos mil quince, declara fundada la demanda; en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial entre los cónyuges, el cese de la obligación alimentaria; no habiendo acreditado la existencia de bienes sociales, carece de objeto su pronunciamiento, no obstante, se declara fenecido el régimen de la sociedad de gananciales; respecto al hijo habido dentro del matrimonio, sin pronunciamiento respecto de la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos por tener mayoría de edad; sin pronunciamiento respecto de la acción indemnizatoria por haber renuncia expresa del demandante; el cese del derecho de los cónyuges a heredar entre sí; el cese del derecho de la cónyuge a llevar el apellido del esposo agregado al suyo, al considerar que: 1) Con la denuncia policial, se deja constancia que la demandada hizo abandono del hogar conyugal el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, no retornando a la fecha, con lo que se acredita la fecha de separación de hecho entre los cónyuges; 2) Del Expediente Nº 97-2000, sobre alimentos, se acredita que los cónyuges desde el año mil novecientos noventa y nueve se encontraban separados de hecho; 3) No habiéndose acreditado la existencia de bienes, derechos o acciones adquiridos durante la
vigencia del matrimonio, susceptibles de ser divididos, como se desprende de los fundamentos de demanda, no habiendo medio probatorio conducente a desvirtuar lo expresado por el recurrente, carece de objeto su pronunciamiento, no obstante, se declara fenecido el régimen de la sociedad de gananciales; 4) No habiendo expuesto, solicitado, ni probado, el demandante hechos que determinen que el divorcio compromete gravemente su legítimo interés personal, no corresponde establecer una indemnización conforme a lo señalado en el artículo 345-A del Código Civil, al no encontrarse en una maniﬁesta situación económica desventajosa, ni perjudicial, ni acreditado alguna afectación a su integridad personal; más aun cuando ha expresado su denuncia a tal derecho, no le corresponde indemnizarlo como cónyuge perjudicado; sobre la demandada rebelde el III Pleno Casatorio en lo Civil, respecto a la protección del cónyuge perjudicado por el divorcio, establece que solo se concede a la parte solicitante, prohibiéndosele a los jueces determinar de oﬁcio cuál es el cónyuge perjudicado para indemnizarlo, por lo que no procede ﬁjarse indemnización a la cónyuge demandada, en el caso de ser la perjudicada por la separación; por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de este extremo de la demanda; 5) Con las copias de las boletas de remuneración de fojas veintiocho, se demuestra que al demandante se le viene descontando por concepto de alimentos, con lo que se demuestra que se encuentra al día en el pago de las mismas; más aun si de los cuadernos de asignación anticipada de alimentos se procede a su descuento desde el año dos mil, con lo cual se ha cumplido con este requisito de procedibilidad de la demanda; 6) Siendo una de las consecuencias del divorcio el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, conforme al artículo 350 del Código Civil, corresponde disponer el cese de la obligación alimenticia entre el demandante y la demandada; 7) Respecto a los regímenes de alimentos, patria potestad, tenencia, custodia y régimen de visitas del hijo habido dentro del matrimonio, sin pronunciamiento alguno dada su condición de hijo mayor de edad; 8) Por disposición del artículo 353 del Código Civil, los cónyuges divorciado no tienen derecho a heredar entre sí; 9) Por el divorcio cesa el derecho de la esposa de llevar el apellido del cónyuge agregado al suyo. 5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. Mediante escrito de fojas doscientos cuarenta y nueve, la demandada Mary Luz Elena Vilca Quispe interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y denuncia como agravios que: 1) Habiéndose postulado la causal de separación de hecho por más de cuatro años previstas en el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, era cuestión previa a la emisión del pronunciamiento de fondo establecer si el demandante estuvo al día en el pago de la pensión alimenticia, conforme a lo previsto en el artículo 345-A del Código Civil; 2) En el Expediente Nº 97-2000, se ﬁjó una pensión de alimentos a su favor, adeudándose por concepto de pensiones alimenticias la suma de cuatro mil soles que corresponden a los meses de setiembre del dos mil catorce a julio de dos mil quince, por lo tanto, al no acreditarse el cumplimiento de la obligación alimentaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 345-A del Código Civil, corresponde que la demanda sea declarada improcedente en atención al penúltimo del artículo 427 del Código Procesal Civil, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las pretensiones accesorias; 3) Existe falta de motivación al emitirse sentencia sin observarse las normas citadas, además falta motivación sobre las pruebas aportadas y ofrecidas por la demandada. 6. SENTENCIA DE VISTA. Los Jueces Superiores de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, expiden la sentencia de vista de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, de fojas trescientos dieciséis, que conﬁrma la sentencia apelada. Fundan su decisión en los siguientes fundamentos: 1) Constatándose los tres elementos para la procedencia del divorcio del divorcio por la causal de separación de hecho, se acredita que la sentencia apelada, ha sido expedida en atención a los hechos acreditados y las pruebas válidamente incorporadas al proceso; tanto más, si este extremo no ha sido impugnado por la demandada, por lo tanto está consentido; 2) Mediante resolución número uno, se declaró inadmisible la demanda por no haber cumplido el demandante con adjuntar los documentos que acrediten que se encontraba al día en el pago de pensión alimenticia dispuesta en el proceso de alimentos, subsana la observación acotada dentro del plazo previsto adjuntando las planillas virtuales de fojas veintiocho, correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre del dos mil doce, razón por la cual se admitió a trámite la demanda; por tanto, se acredita que el demandante el momento de interponer la presente demanda, esto es, el veintiocho de diciembre de dos mil doce, se encontraba al día en sus obligaciones alimentarias, por lo que, ha cumplido el requisito de procedencia previsto en el primer párrafo del artículo 345-A del Código Civil; 3) La resolución número dos, que admite a trámite la demanda, al no haber sido impugnada ha adquirido la calidad de cosa juzgada, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, en este estado del proceso no resulta ya posible efectuar cuestionamiento alguno sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 345-A del Código Civil, al no haberlo efectuado en su oportunidad; 4) De los dieciséis considerandos de la sentencia se veriﬁca que contiene una motivación suﬁciente, habiéndose pronunciado por la totalidad de puntos controvertidos; por lo tanto, cumple con el deber de motivación; además el recurrente no señala cuál es la falta de
motivación en la que ha incurrido el juez, no precisando en forma especíﬁca, sino en forma genérica; 5) Sobre las documentales acompañadas en el escrito de apelación, consistentes en el escrito presentado al Segundo Juzgado de Paz Letrado Mariscal Nieto, solicitud a la presidenta de la Caja de Pensiones Militar Policial y estado de cuenta de ahorros de la demandada, con los que se pretende acreditar la existencia de montos adeudados por el demandante por concepto de alimentos, dicho argumento y medios de prueba, no acreditan el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 345-A del Código Civil; por lo tanto, al tratarse de adeudos devengados por concepto de alimentos en forma posterior a la interposición de la demanda, en todo caso, de existir con posterioridad a la interposición de la demanda, corresponde a la parte hacerlo valer en ejecución de sentencia ante el juez que conoce del citado proceso, no resultando relevantes para el caso de autos, puesto que se trata de conceptos devengados en forma posterior a la etapa de caliﬁcación de la demanda, tanto más si dicho requisito en su oportunidad fue cumplido por el demandante, por lo tanto resulta irrazonable efectuar una nueva caliﬁcación. III. RECURSO DE CASACIÓN. Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha siete de octubre de dos mil dieciséis que obra en el cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Mary Luz Elena Vilca Quispe, por la siguiente causal: Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, de los artículos I del Título Preliminar y 197 del Código Procesal Civil y del artículo 345-A del Código Civil. Sostiene que se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al no ﬁjarse en el presente caso una indemnización a favor de la recurrente por ser la cónyuge perjudicada, toda vez que el demandante la abandonó con su hijo como consta de la denuncia policial. IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE. Que, la materia jurídica en debate en el presente proceso, se centra en determinar si se vulnerado el deber de motivación de las resoluciones judiciales, al no haberse ﬁjado una indemnización a favor del cónyuge perjudicado, conforme lo dispone en el artículo 345-A del Código Civil. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA. Primero.- Que, el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece como principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido esencial, entre ellos, el derecho al juez natural, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte el proceso en irregular legitimando con ello el control constitucional 1 ”. Siendo así, se concluye que dicha norma obliga a los jueces y tribunales a resolver el conﬂicto de intereses o eliminar la incertidumbre con relevancia jurídica, lo contrario, implicaría hacer caer al ciudadano en indefensión, y alejarlo de las soluciones pacíﬁcas de controversias que la Constitución prevé especíﬁcamente en beneﬁcios de éste y de la comunidad social. Segundo.- Que, en ese sentido, se advierte que constituye un elemento del debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales que se encuentra consagrada en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, norma constitucional que ha sido recogida en el Código Procesal Civil en sus artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 y 4, así como en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya afectación genera la nulidad de la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, conforme lo prevé las normas procesales señaladas. Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado que: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los órganos judiciales expresen las razones o justiﬁcaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso” 2 . Tercero.- Que, el artículo 345-A del Código Civil establece que: “Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder”. Cuarto.- Que, en el II Pleno Casatorio en lo Civil, contenido en la Casación 4664-2010, sobre Divorcio por la Causal de Separación de Hecho, se ha establecido como precedente judicial vinculante lo siguiente: “2. En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpos- por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. En consecuencia, a pedido de parte o de oﬁcio señalará una indemnización por daños, el que incluye el
daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. 3. Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal: 3.1. A pedido, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los actos postulatorios. 3.2. De oﬁcio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos postulatorios. En estas hipótesis, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata”. Quinto.- Que, revisados los autos, se aprecia que la presente demanda interpuesta por Willy Vicente Arredondo Amaya tiene como pretensión principal que se declare disuelto el vínculo matrimonial entre el prenombrado y Mary Luz Elena Vilca Quispe celebrado ante la Municipalidad Distrital de Paucarpata el nueve de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, a razón que éste último hizo abandono del hogar conyugal el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, y como pretensión accesoria -entre otros- renuncia a la indemnización establecida en el artículo 345-A del Código Civil, por no ser responsable ni causante de la separación entre los cónyuges. La demandada Mary Luz Elena Vilca Quispe, pese a estar debidamente notiﬁcada, no contestó la demanda, motivo por el cual, mediante resolución de fojas sesenta y tres, se le declaró rebelde. Sexto.- Que, prima facie, se advierte que la presente demanda iniciada el veintiocho de diciembre de dos mil doce, cumple con lo dispuesto en el artículo 345-A del Código Civil, en el sentido que el demandante se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias, toda vez que conforme se advierte de las boletas de pago de fojas veintiocho a treinta y uno, correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce, se demuestra que a éste se le viene descontando por concepto de alimentos que fuera ordenada mediante sentencia emitida en el Proceso Nº 97-2000. Sétimo.- Que, analizando la denuncia que sustenta el recurso de casación interpuesto, corresponde indicar que la indemnización prevista por el artículo 345-A del Código Civil, tiene como ﬁnalidad velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho. En el presente caso, no corresponde ﬁjar indemnización alguna a favor del demandante o de la demandada como cónyuge perjudicado, toda vez que el primero ha expresado en su escrito de demanda su renuncia a tal derecho; y, la segunda, que pese haber sido declarada rebelde, no ha demostrado con medio probatorio idóneo ser la cónyuge más perjudicada con la separación de hecho, tanto más, sí con la denuncia policial presentada por el demandante, se deja constancia que ésta hizo abandono del hogar conyugal el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, hecho que no ha sido negado por esta parte procesal, lo que se presume la veracidad de su contenido. Octavo.- Que, estando a lo expuesto, se concluye que las sentencias expedidas por las instancias de mérito si cumplen con las formalidades previstas en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 122 del Código Procesal Civil, motivo por el cual dichas resoluciones no se encuentran afectadas de nulidad; en consecuencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, debe declararse inundado el recurso de casación interpuesto. VI.
Suprema, en aplicación de lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declara: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mary Luz Elena Vilca Quispe, a fojas trescientos veintinueve; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de segunda instancia de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis,
de fojas trescientos dieciséis. B) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oﬁcial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron; en los seguidos por Walter Melitón García Cosio con Mary Luz Elena Vilca Quispe y otro, sobre divorcio por causal de separación de hecho; y los devolvieron. Por licencia de las señoras Juezas Supremas: Tello Gilardi y del Carpio Rodríguez integran este Supremo Tribunal los señores Jueces Supremos Miranda Molina y Yaya Zumaeta. Interviene como ponente, el Juez Supremo señor De la Barra Barrera. SS. MIRANDA MOLINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA
1 Expediente Nº 04509-2011-PA/TC
2 Expediente N.º 03433-2013-PA/TC
C-1510815-51
CAS. Nº 1842-2016 LAMBAYEQUE Obligación de Suma de Dinero. Lima, dos de noviembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por la demandada Organización Consultora y
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