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Timestamp: 2020-04-02 00:55:26+00:00

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﻿ SENTENCIA T-647 DE JULIO 1 DE 2008
SENTENCIA T-647 DE 01 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:POBLACIÓN DESPLAZADA. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR AL DESPLAZAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA
Sentencia T-647 de julio 1º de 2008
Sentencia T-647 de 2008
Ref.: Expediente T-1829100
Dr. Clara Inés Vargas Hernández.
Acción de tutela instaurada por María Antonia Martínez Armanza (sic) y otros, contra la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional —Unidad Territorial Norte de Santander—.
Bogotá, D. C., primero de julio de dos mil ocho.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente,
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por María Antonia Martínez Armanza, José Carlos Martínez Almanza y Milena Esther de Moya Moya en representación de los menores Luis Alfonso Martínez de Moya, Luis Carlos Martínez Moya, Rosa Elena Martínez Moya, Martha Cecilia Ropaín, Juan Carlos Martínez, Juan José Martínez, la Keko, (apelativo) y la Toto (apelativo), contra la agencia presidencial para la acción social y de cooperación internacional —Unidad Territorial Norte de Santander—.
Mediante escrito presentado el día 24 de septiembre de 2007, la señora María Antonia Martínez Armanza presentó solicitud de protección tanto de sus derechos fundamentales como los de su grupo familiar, a la igualdad y vida en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por la entidad demandada. Como sustento de la solicitud de amparo, invoca los siguientes:
Señala que llevaba viviendo en el Copey (Cesar) aproximadamente tres años, junto con sus hijos, quienes desarrollaban actividades varias, como maestros de construcción, labores agrícolas y recolección de algodón.
Precisa que por lo general acompañaba a sus hijos a los sitios donde laboraban, dependiendo la actividad que se encontraran desempeñando, al respecto narra que en alguna oportunidad les salió un trabajo en la vereda la Guitarra, por lo que estos la enviaron a hacer mercado al Valle y acordaron encontrarse al día siguiente; explica que en el momento en que se desplazaba para la finca donde se encontraban laborando sus hijos, recibió la noticia que dos de ellos habían sido asesinados por “los paracos”, hecho que ocurrió el 26 de junio de 2006.
Indica que como consecuencia de la muerte de sus hijos, atravesó por una crisis emocional, a raíz de la cual perdió la conciencia, afirma que fue llevada al entierro de sus hijos ocho días después del fallecimiento, quienes permanecieron en cuarto frío por ese lapso de tiempo; añade que la situación descrita la mantuvo enferma durante un año y varios días, y que solo después de transcurrido el año empezó a recuperarse.
Advierte que a raíz de lo expuesto, decidió junto con su grupo familiar trasladarse a otra ciudad, huyendo de la violencia que se estaba generando alrededor de su familia, motivo por el cual se radicaron en Ocaña Norte de Santander, donde vive uno de sus hijos. Aclara que una vez alejada de la violencia que vivió, su mente empezó a despejarse y su cuerpo a recuperarse.
Menciona que es conciente que si declara su situación de desplazado después del año, posiblemente y atendiendo al caso particular puede ser incluida junto con su grupo familiar dentro del registro de población desplazada, como consecuencia de ello, expone que no hizo la declaración antes del término indicado, con base en las razones que enumeró así: “uno, porque el daño que se me causó fue muy grande y mi mente se dañó, dos, porque nadie me dijo que éramos desplazados, tres, porque al ser campesinos no sabíamos que existía y que precisamente ahí nos recibían la declaración y nos podían ayudar”.
Explica que posteriormente a la pérdida de sus hijos Ángel Enrique Martínez y Juan José Martínez, se acercó a la personería, donde le explicaron que tenía que declarar lo sucedido, a fin de determinar si podía ser incluida junto con su grupo familiar dentro del registro de la población desplazada, solicitud que sería resuelta en la ciudad de Cúcuta.
Relata que tiempo después de realizar la respectiva declaración a través de Resolución 1007 del 7 de septiembre de 2006, se le informó que no era posible su inclusión junto con la de su grupo familiar en el registro único de población desplazada, por cuanto se efectuó la declaración después de un (1) año de acaecidas las circunstancias que dieron origen al desplazamiento.
Señala que ante la anterior decisión interpuso recurso de reposición, explicando los motivos que generaron la demora al rendir la respectiva declaración, recurso que fue resuelto mediante Resolución C-108 del 5 de junio de 2007, donde se decidió confirmar el acto recurrido y por consiguiente no inscribir a la accionante ni a los miembros de su hogar en el registro único de población desplazada, pues no se encontró viable jurídicamente acceder a las razones esbozadas por la accionante, por cuanto los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2004 y la declaración fue rendida el 18 de julio de 2006.
En consecuencia acude a este medio buscando la protección de sus derechos y los de su grupo familiar, pues considera injusta la decisión adoptada por la entidad accionada, por tanto solicita le sea reconocida su condición de desplazada y se le registre como tal, junto con su grupo familiar, a efectos de hacerse acreedora a las ayudas que se brindan a dicho grupo.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, mediante auto del 25 de septiembre de 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 (1) inadmitió la presente acción de tutela, para que la accionante manifestara si era su deseo interponer la presente acción de manera autónoma o en compañía del señor José Carlos Martínez Almanza y Milena Esther de Moya Moya, teniendo en cuenta que la demanda de tutela solo fue presentada por la señora María Antonia Martínez Armanza.
El anterior auto fue notificado de manera personal a la señora María Antonia Martínez Armanza y a la señora Milena Esther de Moya Moya, quien de acuerdo a la constancia consignada por el juzgado de instancia, manifestó su interés en coadyuvar a presentar como accionante la presente acción de tutela.
En auto del 1º de octubre de 2007 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, resolvió tramitar la presente acción de tutela, vinculando a los señores José Carlos Martínez Almanza y Milena Esther de Moya Moya. En ese mismo auto corrió traslado a los interesados para que se pronunciara sobre la solicitud de amparo. Por esta razón, por medio del oficio de fecha 2 de octubre de 2007, notificó al gerente de acción social —unidad territorial del Norte de Santander—, quien a través de la oficina asesora jurídica de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional emitió respuesta a la solicitud de amparo, el día 16 de octubre de 2007 vía fax, en los términos que se exponen a continuación. De igual forma se remitió oficio a los señores José Carlos Martínez Almanza y Milena Esther de Moya Moya, del cual no existe respuesta alguna.
La jefe de la oficina asesora jurídica de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, solicitó denegar las peticiones del accionante por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, atendiendo a que dicha entidad no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante. Como sustento de su solicitud señala, que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, donde se establece que para hacerse acreedor a los beneficios consagrados para la población desplazada, se requiere “que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, o ante la defensoría del pueblo, o ante las personerías municipales o distritales, en formato único diseñado por la red de solidaridad social. Cualquiera de estos organismos que reciba la mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente, a la red de solidaridad social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal, para su inscripción en el programa de beneficios”. Añade que tal declaración debe ser presentada por la persona interesada, dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del Decreto 2569 de 2000.
Trae a colación además aquellos casos en que no es posible hacer inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del decreto en cita, el que indica:
Hecha la referencia normativa, explica que acción social adelantó un estudio de los hechos que ocasionaron el desplazamiento de la accionante y determinó que no resultaba viable efectuar la inscripción en el registro, por cuanto la interesada efectuó la declaración y solicitó la inscripción después de un año de acaecidas las circunstancias que originaron el desplazamiento, pues los hechos motivos de declaración ocurrieron el 27 de julio de 2004 y los hizo manifiestos el 18 de julio de 2006.
Advierte que los actos administrativos a través de los cuales se negaron las solicitudes elevadas por la accionante, estuvieron debidamente motivados y ajustados a la ley, toda vez que la calidad de desplazados la adquieren quienes se encuentren dentro de las circunstancias previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997 (2) .
Con posterioridad manifiesta que la inconformidad de la accionante nace de un acto administrativo del cual supone la violación de sus derechos fundamentales, situación que entiende estructura un conflicto mas de tipo legal que de carácter constitucional, ya que el mismo contiene la interpretación y aplicación de normas reguladoras sobre la incorporación de desplazados en el mencionado registro y por tanto su estudio escapa de la órbita del juez constitucional, cuya función es defender los derechos fundamentales y no la de remplazar las instancias judiciales previstas por el legislador, sobre lo que considera que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, mediante sentencia del dieciséis (16) de octubre de dos mil siete (2007), declaró que la agencia presidencial para la acción social y cooperación internacional, no vulneró derecho fundamental alguno a María Antonia Martínez Armanza, José Carlos Martínez Almanza y Milena Esther de Moya Moya, debido a que en su entender, la institución accionada negó la inclusión en el registro único de población desplazada, atendiendo a lo ordenado en las disposiciones legales vigentes, pues la declaración donde manifiesta los motivos de su desplazamiento los hizo dos años después de ocurridos los hechos. Añade que la accionante tuvo todos los medios de defensa legales a su alcance, lo que refuerza la garantía a sus derechos fundamentales.
• Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de la señora María Antonia Martínez Armanza y el señor José Carlos Martínez Almanza (fl. 14, cdno. ppal. de tutela).
• Fotocopia de los registros civiles de nacimiento de la señora Milena Esther de Moya Moya y los menores Luis Alfonso Martínez de Moya, Luis Carlos Martínez Moya, Rosa Elena Martínez Moya (fls. 15 a 18, cdno. ppal. de tutela).
• Recorte del periódico Vanguardia Liberal del lunes 28 de junio de 2004, donde se resalta el artículo denominado “En un día el Cesar registró cuatro asesinatos” (fl. 21, cdno. ppal. de tutela).
• Fotocopia de los certificados de defunción de los señores Juan José Martínez Venera y Ángel Enrique Martínez Venera (fls. 22 y 23, cdno. ppal. de tutela).
• Recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1007 del 7 de septiembre de 2006 (fls. 24 y 25, cdno. ppal. de tutela).
• Resolución C-108 del 5 de junio de 2007, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1007 del 7 de septiembre de 2007 (fls. 29 y 30, cdno. ppal. de tutela).
La accionante arguye que la entidad demandada le ha vulnerado sus derechos fundamentales al negarle la inclusión en el registro único de población desplazada, pues estima que por sus condiciones personales y familiares, se le debe prestar tanto a ella como a su grupo familiar, la atención integral que se brinda a la población desplazada.
El ente accionado, solicita sea negada la protección constitucional, pues entiende que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, atendiendo a que negó la inclusión de la accionante junto con los miembros de su hogar, debido a que los hechos que generaron la declaración ocurrieron el 27 de julio de 2004 y la respectiva versión la rindió el 18 de julio de 2006, es decir mas de un año después de las circunstancias que generaron el desplazamiento, por lo que de acuerdo con la normatividad vigente, no es posible su inclusión dentro del citado registro.
El juez de instancia negó la protección, debido a que la entidad accionada obró conforme a la normatividad que regula la inscripción dentro del registro único de población desplazada.
Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de Revisión determinar si la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora María Antonia Martínez Armanza, al negar, por considerar extemporánea, su solicitud inclusión, junto con su grupo familiar, dentro del registro único de población desplazada.
Posteriormente se determinarán (i) las pautas de protección a la población desplazada; (ii) el término para presentar la declaración sobre los hechos que dieron lugar al desplazamiento; y posteriormente se hará relación al caso concreto.
3. Legitimación por activa. Agencia oficiosa.
El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política, dispone: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (resaltado fuera del texto original).
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud” (resaltado fuera del texto original).
En efecto, aunque una de las características procesales de la acción de tutela es la informalidad (3) , esta corporación ha indicado que la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada (4) .
Así, tanto el ordenamiento jurídico que regula la materia, como la jurisprudencia constitucional, coinciden en señalar que la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (5) .
Frente a la interposición de la acción de tutela a través de un agente oficioso, esta corporación ha señalado que conforme al artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 previamente citados, la agencia oficiosa se deriva de la imposibilidad del titular de los derechos fundamentales de promover su propia defensa ante el juez de tutela.
En este sentido, la Corte ha reiterado que la presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden su interposición directa (6) .
De igual forma, la Corte ha establecido que si se trata de agenciar derechos de menores de edad, no se aplica el rigorismo procesal consistente en imponer al agente oficioso el deber de manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa, aparte que ello es obvio tratándose de los niños. En consecuencia, tratándose de la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve.
Lo anterior atendiendo a que la Corte Constitucional ha reconocido que terceros (sociedad y Estado) actúen en representación de los niños, aún a pesar de contar estos con sus padres como representantes legales, previo el cumplimiento de unos supuestos o reglas para que opere la legitimación procesal, con miras a salvaguardar el interés superior de los niños, prevista en el artículo 44 del texto superior.
Así lo ha reconocido esta corporación, a partir de la interpretación del artículo 44 de la Constitución Política, conforme al cual: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores” (resaltado fuera de texto).
Así pues, en Sentencia T-143 de 1999 (7) , la Corte le reconoció capacidad procesal a una madre de familia que interpuso una acción de tutela a favor de su hija y de algunas compañeras de estudio, todas menores de edad, quienes fueron expulsadas del colegio, por haber incurrido en el hurto de varios bienes de un establecimiento de comercio dentro de la jornada escolar pero por fuera de las instalaciones de clase, sin garantizarles el desarrollo de un proceso sancionatorio acorde con la garantía del derecho fundamental al debido proceso (8) . En dicha oportunidad, la Corte manifestó en relación con el alcance del artículo 44 de la Constitución Política y la legitimación activa lo siguiente:
“el artículo 44 de la Carta Política expresamente consagra lo contrario: toda persona puede exigir respeto por los derechos de los niños —no solo de los que son sus hijos—, y también la sanción de quien los vulnere. Al respecto, la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa; por ejemplo, en la Sentencia C-041 de 1995 (9) , manifestó.
La consideración del niño como sujeto privilegiado de la sociedad produce efectos en distintos planos. La condición física y mental del menor convoca la protección especial del Estado y le concede validez a las acciones y medidas ordenadas a mitigar su situación de debilidad que, de otro modo, serían violatorias del principio de igualdad (C.P., art. 13).
Dentro del gasto público social, las asignaciones dirigidas a atender los derechos prestacionales en favor de los niños deben tener prioridad sobre cualesquiera otras (C.P., art. 350). Todas las personas gozan de legitimidad para exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y la sanción de los infractores (C.P., art. 44). La coordinación de derechos y la regulación de los conflictos que entre estos se presenten en el caso que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse según la regla pro infans (C.P., art. 44). Se observa que el trato especial que se dispensa al niño, lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, no es otra cosa que un ensayo de igualación que realiza el mismo constituyente: como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su prevalencia” (resaltado fuera del texto).
En igual sentido, La Corte en Sentencia T-881 de 2001 (10) , analizó el tema de la personería jurídica para instaurar acción de tutela tratándose de la protección de los intereses de los menores. En esta sentencia se consideró que “cualquier persona está legitimada para actuar en representación de estos. Lo anterior se desprende de lo contemplado en el artículo 44 de la Carta Política (...), refiriéndose al ejercicio pleno de los derechos de los menores. En consecuencia, no solo los padres, representantes por ministerio de la ley de los menores, pueden interponer una tutela para exigir de alguna autoridad la protección de los derechos de los niños, sino cualquier ciudadano tiene legitimidad para hacerlo” (resaltado fuera de texto).
Así mismo, en la providencia T-864 de 2002 (11) , al resolver una acción de tutela instaurada por un padre de familia, en su condición de presidente de la asociación de padres de una institución escolar, quien consideraba que la falta de terminación de una obra contratada entre la Secretaría de Educación Municipal de Cali y un ingeniero, ponía en serio riesgo el derecho a la vida de los menores, pues los muros inconclusos se estaban derrumbando; le permitió, nuevamente, a esta corporación reiterar la jurisprudencia acerca de la legitimidad procesal de cualquier tercero para interponer la acción de tutela en interés de los derechos de los niños. Al respecto, la Corte consideró:
“3.1. Con fundamento en la jurisprudencia de esta corporación (sents. T-462/93, T-143/99, T-715/99, T-963/2001 y T-881/2001, entre otras) lo primero que aclara esta Sala es que, en el presente caso, no existe falta de legitimidad del actor para instaurar la acción de tutela de la referencia, por cuanto el artículo 44 de la Constitución Política al consagrar los derechos de los niños, señala expresamente que “Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Es decir, la norma constitucional, otorga la protección necesaria para que los menores puedan obtener un desarrollo armónico e integral y asegura el cumplimiento de estos derechos, sin mas requisitos que el actuar ante la autoridad competente para impedir su vulneración.
“A diferencia de lo afirmado por el tribunal de tutela, esta Corte considera que cualquier persona puede interponer acción de tutela ante la eventualidad de una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del niño. La interpretación literal del último inciso del artículo 44 de la Carta, que permite a cualquier persona exigirle a la autoridad competente el cumplimiento de su obligación de asistir y proteger al niño, no puede dar lugar a restringir la intervención de terceros solamente a un mecanismo específico de protección de los derechos, v.gr. La acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución. Este entendimiento de la norma limitaría los medios jurídicos instituidos para la defensa de los derechos del menor, quien por su frágil condición debe recibir una protección especial” (Sent. T-462/93) (resaltado fuera de texto).
Por lo tanto, la prevalencia de los derechos de los niños consagrada constitucionalmente sobre los derechos de los demás, exige de todos los jueces de la República y autoridades encargadas de defenderlas su especial protección, y ello significa que antes de cualquier requisito formal, cuando está de por medio la vida e integridad de los menores, debe buscarse la manera de protegerla” (resaltado fuera de texto).
En posterior pronunciamiento, la Corte en Sentencia T-1061 de 2004 (12) , estudió un caso en el que la defensora de familia del Centro Zonal Soatá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar actuando en representación del menor de edad Fernando Arturo Manrique Salamanca, entabló una acción de tutela contra la Escuela Normal Superior La Presentación de Soatá - Boyacá, bajo la consideración que esta le había vulnerado su derecho fundamental a la educación. En esta acción de tutela se alegaba que la defensora de familia del ICBF no tenía legitimación para instaurar la tutela en nombre de Fernando Arturo Manrique Salamanca, ya que este tenía 17 años de edad y contaba con sus padres como representantes legales. En esta ocasión la Corte manifestó:
“el tema de la legitimidad para presentar una acción de tutela en favor de personas menores de 18 años de edad debe ser interpretado de manera más flexible con el fin de permitir la protección de los niños, los cuales forman parte de los sectores más vulnerables de la población y, normalmente, no cuentan con posibilidades para solicitar su amparo. Es por eso que el inciso segundo del artículo 44 de la Constitución expresa: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Lo anterior no significa renunciar en estos casos a las reglas sobre la legitimidad para entablar la acción de tutela, pero sí que el juez debe ser menos estricto en su aplicación cuando se trate de la protección de los derechos de los menores de edad, para lo cual habrá de analizar las circunstancias específicas de cada proceso específico” (resaltado fuera de texto).
A su vez, la Corte en Sentencia T-494 de 2005 (13) , resolvió un caso en el que se alegaba la falta de legitimación del defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quien interpuso acción de tutela en representación de los menores Elizabeth Asunción, Leidy Paola y Joaquín Raúl Ortíz Gamboa (14) . En esta oportunidad esta corporación sostuvo, luego de analizar el segundo inciso del artículo 44 de la Constitución Política, que conforme a la estructura lógica en que se encuentra construida la norma superior, resulta incontrovertible que si bien se acepta la vocación preferente de los padres para suplir la falta de capacidad procesal de sus hijos menores de edad, y que, por ello, es a la familia a la primera institución jurídica a la que se alude en la Carta Política para imponer la obligación de asistirlos y protegerlos, se ubican en igualdad de condiciones “a la sociedad y al Estado para participar en el deber de reconocer y asistir a los niños como sujetos privilegiados de la comunidad. No se trata entonces de una simple legitimación subsidiaria para velar por la efectiva protección de la niñez, por el contrario, corresponde a una típica asignación de competencias prioritaria o principal bajo el desarrollo del mismo axioma constitucional, pero sujeta en su ejercicio a determinados requisitos con la finalidad de no desconocer, por una parte, la vocación preferente de los padres en el cuidado y atención de los hijos como manifestación de la progenitura responsable que surge de la relación filial (15) y, por la otra, para no comprometer la validez constitucional de los principios de eficiencia, economía y celeridad que gobiernan el ejercicio de la función pública”.
En consecuencia, se consideró que sujetar a determinadas reglas constitucionales la posibilidad que los terceros (sociedad y Estado) actúen en representación de los niños, aún a pesar de contar estos con sus padres como representantes legales, pretende igualmente velar por la defensa del derecho fundamental a la intimidad familiar, previsto en el artículo 15 del texto superior (16) .
Por ende y partiendo de las citadas consideraciones, en la sentencia en cita, se determinaron los supuestos o reglas para que opere la legitimación procesal reconocida a la sociedad y al Estado, con miras a salvaguardar el interés superior de los niños, prevista en el artículo 44 del texto superior de la siguiente manera:
“En primer lugar, la sociedad representada por cualquier persona puede iniciar acciones de defensa de los derechos de los niños, solo y en cuanto sea absolutamente indispensable para velar por su debida protección, (a) ya sea a título de agente oficioso cuando falten los padres como representantes legales (17) ; (b) o directamente (i) cuando se pretende ejercer acciones en su contra, o (ii) cuando estos incumplan injustificadamente su deber de cuidado y protección, o (iii) citando se trate de promover acciones constitucionales, que por su propia naturaleza, como lo ha reconocido esta corporación, suponen una ampliación en las reglas de la legitimación, v.gr. en la acción de tutela” (18) .
Las anteriores posiciones fueron reiteradas por esta Sala de Revisión en pronunciamiento reciente, así mediante Sentencia T-348 de 2007 (19) se protegió el derecho a la educación, igualdad y libre desarrollo de la personalidad de una menor que se encontraba cursando 11 grado de bachillerato y había sido retirada del resto de su grupo escolar, atendiendo a su estado de gravidez, en aquella oportunidad la corporación aceptó la representación de la menor a través de una persona que no demostró parentesco con la menor, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 44 del texto superior, en procura de brindar una especial protección a los intereses de la menor.
Ahora bien, de cara al asunto bajo estudio, en la demanda de tutela figura como accionante la señora María Antonia Martínez Armanza, junto con el señor José Carlos Martínez Almanza y la señora Milena Esther de Moya Moya, estos últimos a pesar de figurar como actores en el escrito de tutela, no firmaron el referido libelo, intentándose por parte del juzgado de instancia su posterior vinculación, hecho que no fue posible respecto del señor José Carlos Martínez. Adicionalmente a lo expuesto, dentro de la demanda de tutela se invoca la protección especial de los menores Luis Alfonso Martínez de Moya (1 año de edad), Luis Carlos Martínez (8 años de edad), Rosa Elena Martínez Moya (5 años de edad), Juan Carlos Martínez (13 años de edad, huérfano), Juan José Martínez (6 años de edad, huérfano), Martha Cecilia Roapín (sin documentos) al igual que a las menores que identificaron como la Keko (4 años de edad, huérfana) y la Toto (12 años de edad, huérfana). Como quedó expuesto a través de la jurisprudencia citada, la Sala considera que no existe inconveniente procedimental para que la señora María Antonia Martínez Armanza, haya invocado la acción de tutela en representación de los menores previamente relacionados, pues como se dejó claro, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política, además, cabe reiterar que tratándose de la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve.
Por otra parte, en lo referente a la legitimación por activa respecto del señor José Carlos Martínez Almanza y la señora Milena Esther de Moya Moya, se tiene que una vez radicado el escrito de tutela, el despacho judicial que conoció de la misma, a través de auto de fecha 25 de septiembre de 2007, inadmitió la presente acción de tutela, con fundamento en lo señalado en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 (20) , en procura de aclarar si era intención de la señora María Antonia Martínez, actuar dentro de la acción de tutela de manera individual o en compañía de los arriba mencionados, atendiendo a que los hechos descritos en la acción no hacen referencia específica a la situación particular del señor Martínez Almanza, ni de la señora de Moya Moya.
En cumplimiento del auto anterior, mediante diligencia de notificación personal practicada el 26 de septiembre de 2007, se le puso de presente la providencia en cita a la señora María Antonia Martínez Armanza, así como a la señora Milena Esther de Moya Moya, respecto de esta última, figura la observación suscrita por parte del funcionario notificador, indicando: “Que es su interés coadyuvar a presentar como accionante esta acción de tutela” (21) .
Adelantado el trámite anterior, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, por medio de auto del 1º de octubre de 2007, ordenó tramitar la presente acción de tutela, vinculando a Juan Carlos Martínez y Milena de Moya, sin embargo, estas personas no se pronunciaron respecto de la presente acción de tutela. Al respecto la Sala procede a aclarar que los mismos no acreditaron su calidad de accionantes dentro del presente trámite, ni pueden ser tenidos como tales, pues si bien, como se ha establecido en otras oportunidades, una de las características procesales de la acción de tutela es la informalidad (22) , la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada (23) .
En tal sentido, para ser tenido como parte dentro del proceso de tutela, las personas interesadas en el desarrollo de la acción, deben cumplir con unos requisitos mínimos como lo es firmar la demanda de tutela, por parte de quien pretende actuar como accionante o de aquella persona que esta agenciando derechos a favor de terceros. Así para el caso objeto de estudio, tanto el señor José Carlos Martínez Almanza como la señora Milena Esther de Moya Moya, no acreditaron su legitimación por activa dentro de la presente acción de tutela, pues no firmaron la demanda, ni los hechos descritos en la misma hacen relación a su situación en particular, así como tampoco se encuentra demostrada alguna relación entre la señora María Antonia Martínez Armanza y los arriba mencionados, en consecuencia esta Sala no hará pronunciamiento alguno respecto de estas personas.
4. La protección constitucional de la población desplazada. Reiteración de jurisprudencia (24) .
Esta corporación ha afirmado insistentemente que el desplazamiento forzado es, sin duda alguna, una tragedia humanitaria de grandísimas proporciones que implica la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales. En atención a tan sombrío escenario, la jurisprudencia ha llamado la atención en que la sociedad y el Estado deben corresponder a la gravedad de la situación. Al respecto, la Sala Plena de esta corporación, en la Sentencia SU-1150 de 2000, explicó lo siguiente:
17. En su libro sobre las crisis humanitarias que genera a nivel internacional el fenómeno del desplazamiento interno por causa de la violencia, Cohen y Deng expresan acerca de la extrema condición de debilidad de los desplazados internos: “De los grupos poblacionales del inundo en situación de riesgo, las personas desplazadas internamente tienden a estar entre los más desesperados. Ellos pueden ser reubicados por medios violentos, con base en razones políticas o étnicas, o encontrarse atrapados en medio de conflictos, de ataques aunados y violencia física. Huyendo y sin documentos, ellos son blanco fácil de detenciones arbitrarias, reclutamientos forzados y asaltos sexuales.
Desarraigados de sus lugares de origen y privados de sus recursos básicos, muchos de ellos sufren profundos traumas físicos y psíquicos. Ellos se encuentran privados de vivienda, comida y servicios de salud más frecuentemente que el resto de la población (...).
El caso colombiano confirma en buena medida lo expresado por Cohen y Deng. Los connacionales obligados a abandonar sus hogares por medio de la violencia son en su mayor parte campesinos pobres, con un bajo nivel de instrucción escolar. Además, la mayoría de las personas desplazadas son menores de edad y mujeres. Ellos se trasladan principalmente a las ciudades, en las cuales tienen pocas posibilidades de acceder a una vivienda digna y a un trabajo estable. Frecuentemente, el resultado de la migración forzosa a la que se ven sometidos es el agravamiento de las ya de por sí precarias condiciones de vida que tenían en el campo.
31. No existe discusión acerca que el desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia.
De igual manera, en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse, se presenta un atropello de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad. Además, todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un detrimento en sus ya de por sí muy afectados derechos económicos, sociales y culturales, y frecuentemente son sometidos a la dispersión de sus familias” (25) .
La misma sentencia abordó la evolución legal e institucional que sobre tal cuestión se ha adaptado en Colombia. Anotó que hasta hace pocos años la atención al desplazado era prácticamente inexistente y que las políticas públicas estaban regidas por la coyuntura, la deficiencia y la dispersión (26) . Frente a ello se creó el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia definido en el documento Conpes 2924 de 1997 a partir del cual, a su vez, se promulgó la Ley 387 de 1997 en la cual se hace un esfuerzo por organizar un patrón coherente e integral de atención a las personas afectadas por el desplazamiento. Posteriormente —indica la providencia— se llevó a cabo la evaluación de esta política gubernamental en el documento Conpes 3057 de 1999 el cual admite la dispersión de las competencias, la ausencia de mecanismos de seguimiento y el divorcio entre las diferentes estrategias planteadas en la ley y la defensa de los derechos fundamentales de la población desplazada.
Pues bien, ante el panorama denunciado, es decir, las anomalías detectadas en la aplicación de la Ley 387 de 1997, y para mejorar la atención, se dispuso en el Decreto 489 de 1999 que la red de solidaridad social sería la única entidad coordinadora del sistema y que, como consecuencia, pasaría a ordenar el fondo nacional de atención a la población desplazada y el registro nacional de atención a la población desplazada, marco este que serviría para, entre otros, “prestar atención humanitaria a las personas desplazadas, bajo estándares mínimos de calidad, y mejorar la provisión de estos servicios a través de la conformación de alianzas entre el Estado, las ONG y las agencias internacionales especializadas”; “simplificar y reorganizar el marco institucional del sistema nacional de atención a la población desplazada” y “fortalecer la red nacional de información sobre el desplazamiento, con base en un sistema de estimación global, un mejor sistema de registro con mayor cobertura y con mecanismos de seguimiento y evaluación”.
“La anterior descripción de los derechos vulnerados y de la respuesta del juez de tutela en casos que comprenden varios núcleos familiares, que se han repetido a veces hasta en nueve ocasiones y que por su extrema gravedad ameritaron la intervención de esta Corte, muestra que el patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persistido en el tiempo, sin que las autoridades competentes hayan adoptado los correctivos suficientes para superar esas violaciones; y sin que las soluciones puntuales ordenadas por la Corte frente a las violaciones detectadas en las sentencias dictadas hasta el momento, hayan contribuido a impedir la reincidencia de las autoridades demandadas en tutela. Inclusive, se ha llegado a agravar la situación de afectación de los derechos de la población desplazada ante la exigencia impuesta por algunos funcionarios de la interposición de acciones de tutela como requisito previo para que las autoridades encargadas de su atención cumplan con sus deberes de protección” (27) .
En el mismo sentido, vale la pena tener en cuenta que dentro del balance que sobre este asunto efectuó para Colombia (2002 a 2004) el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) se indicó lo siguiente:
“Lamentablemente, el desplazamiento forzado no suscita aún una atención y una respuesta conmensurada con el sufrimiento y la violación de derechos que este produce”. (...) En Colombia, el desplazamiento forzado es la manifestación más crítica de los efectos del conflicto armado sobre la población civil. Esta es una de las más graves situaciones en materia de desplazamiento interno en el mundo ... La Ley 387 de 1997 ha sido y seguirá siendo fuente de inspiración del deber ciudadano y estatal de dar respuesta efectiva y definitiva al problema del desplazamiento interno forzado en Colombia” (28) .
Adicionalmente en la Sentencia T-025 citada, se hizo referencia a las especiales acciones que deben desarrollarse en procura de atender a la población desplazada, partiendo del hecho que Colombia es un Estado social de derecho, situación que “le imprime un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a la organización estatal en su conjunto, y que resulta —en consecuencia— vinculante para las autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos particulares propios de tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras a instaurar un orden justo” (29) .
Bajo el mismo criterio la Corte Constitucional ha reiterado que la condición de desplazado se adquiere por una situación de hecho y no se deriva del registro que para el efecto haga la red de solidaridad social (30) . Al respecto, este Tribunal Constitucional ha indicado que la negativa injustificada de inscripción en el registro en cuestión constituye una actuación que, por sí misma, atenta contra los derechos fundamentales de los desplazados. Es por ello que la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que ante la denuncia de una persona que dice haber sido desplazada por la violencia, el funcionario respectivo debe asumir una postura sensible y responsable (31) en la cual dé, como principales parámetros de evaluación, a la presunción de buena fe y al trato favorable del que son titulares conforme al artículo 13 de la Constitución. Al respecto se indicó:
“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la persona respectiva no tiene la calidad de desplazado. Por lo tanto, es a quien desea contradecir la afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la persona que no está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de situaciones es inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende dar protección al desplazado” (32) .
Bajo los términos señalados, se pude establecer que los esfuerzos estatales frente a la crisis humanitaria deben corresponder a la gravedad de la situación para lo cual deben adoptar todos los esfuerzos y las medidas necesarias para conjurar el sufrimiento y los perjuicios derivados de abandonar el domicilio, el trabajo, el hogar, los amigos y la familia. En tal sentido, teniendo en cuenta la gravedad y urgencia que envuelve al desplazamiento, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados, correspondiéndole al juez de tutela, ordenar los correctivos necesarios para que la situación que esta haciendo mas gravosa la situación del desplazado, cese y se le proteja de manera adecuada, así por ejemplo, esta corporación ha establecido en aquellas oportunidades en que sin razón material o jurídicamente atendible se ha negado el registro de una familia desplazada, se garantice los derechos fundamentales, ordenando la inscripción respectiva (33) .
5. Término para presentar la declaración sobre los hechos que dieron lugar al desplazamiento. Interpretación favorable de las normas aplicables a la población desplazada.
5.1. En relación con la situación descrita, y de cara al caso bajo estudio, sobre el hecho de rendir la declaración ante la autoridad competente, sobre la condición de desplazados, esta Corte ha explicado que dicha condición, se adquiere de facto, mas no se adquiere por la certificación que al respecto haga una autoridad pública (34) ; el desplazamiento forzado es una condición de hecho que está determinada por elementos objetivos, a saber: (i) la coacción ejercida que determina el desplazamiento, y (ii) que el desplazamiento se realice dentro de los límites del Estado.
Siendo la finalidad de la Ley 387 de 1997, la protección efectiva de los derechos de los desplazados, se hace necesaria, en toda ocasión, una interpretación amplia de la misma, así como de las normas que regulan la materia, de manera tal que permita el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población desplazada. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:
“[p]ara realizar una interpretación razonable del inciso 2º del artículo del Decreto 2569 de 2000, antes transcrito (35) , se debe tener claro que el decreto que contiene el artículo en estudio es desarrollo reglamentario de una ley que reconoce el desplazamiento forzado como situación de hecho; a su vez, esta ley es desarrollo de un sistema constitucional al cual están incorporados los principios rectores de los desplazamientos internos, emanados de la ONU, que buscan proteger a los desplazados.
La Corte Constitucional considera que debe actuarse de acuerdo con el criterio hermenéutico de la interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos. El inciso segundo del artículo segundo del Decreto 2569 de 2000, citado con anterioridad, es una norma que simplemente da pautas para facilitar una organizada protección de los derechos fundamentales de los desplazados y no puede interpretarse como una camisa de fuerza” (36) .
En consecuencia, el derecho a reclamar las garantías constitucionales es corolario de la situación de hecho en que se encuentra una persona determinada a raíz del desplazamiento forzado, y no emana de la inscripción o certificación que para tal efecto realice una autoridad pública.
En relación con la situación descrita, en la Sentencia C-047 de 2001 la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el término para solicitar la asistencia humanitaria. En dicha ocasión se concluyó que, en principio, el plazo estipulado por el legislador para reclamar las ayudas era razonable, y no desconocía ni hacía nugatorios los derechos fundamentales de los desplazados. Sin embargo, la Corte señaló que este plazo solo era razonable, si la persona desplazada que estuviera solicitando la ayuda no se encontrara en una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Al respecto la Corte estableció:
“11. En reiterada jurisprudencia (37) , la Corte Constitucional ha dicho que el establecimiento de términos que predeterminan el normal desarrollo de los procesos judiciales o administrativos, es un desarrollo claro de la cláusula general de competencia del Congreso para hacer las leyes (C. P., arts. 29 y 150) (...).
No obstante lo anterior, esta corporación también ha manifestado (38) que si bien es cierto el legislador tiene amplio margen de discrecionalidad para determinar los términos judiciales o administrativos, no es menos cierto que la decisión no puede ser arbitraria, por lo que la Corte debe ejercer un control constitucional de límites sobre la configuración legal de los plazos. En tal virtud, el término debe obedecer a criterios de razonabilidad y no puede introducir tratos discriminatorios.
12. En el asunto sub iudice, la Corte considera que el término de un año para presentar la solicitud de ayuda humanitaria es razonable. En efecto, el objetivo de la medida es atender de manera urgente las necesidades de las víctimas del conflicto armado, lo cual, en desarrollo del principio de solidaridad, encuentra sustento constitucional. Al mismo tiempo, tal y como lo sostuvo el Procurador, la norma acusada busca facilitar la debida y oportuna planeación de los gastos públicos, (...).
13. Ahora bien, algunos intervinientes consideran que la Corte debe proferir una sentencia condicionada que declare la exequibilidad de la norma en el entendido que, en caso de presentarse fuerza mayor o caso fortuito, el término de un año deberá contarse desde el momento en que cesen los hechos que impidieron la presentación de la solicitud.
La Corte coincide con ese argumento por la siguiente razón: esta corporación no puede desconocer que el conflicto armado colombiano genera desplazamiento de campesinos (39) y enormes dificultades para proveer la seguridad a sectores de la población, por lo que en ocasiones las víctimas de la confrontación armada deben marginarse para no ser amenazadas. Así las cosas, resulta evidente para la Corte, que dado la complejidad e intensidad de la controversia armada que ocurre en nuestro medio, los destinatarios de la ayuda humanitaria a que se refiere el artículo 16, no pueden, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, acudir ante la autoridad correspondiente para solicitarla. Por lo tanto, es diferente la situación de quienes pueden acceder a las autoridades y quienes no lo hacen porque están inmersos en hechos de fuerza mayor o caso fortuito, pese a ello el legislador otorgó el mismo trato jurídico. En consecuencia, la exclusión de la fuerza mayor o del caso fortuito como condiciones relevantes para la solicitud de la ayuda humanitaria, es discriminatoria”.
En virtud de los argumentos transcritos, la Corte declaró exequible la norma demandada bajo el entendido que el término de un año fijado por el legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud. En este punto, lo cierto es que la interpretación de aquello que constituye fuerza mayor o caso fortuito debe hacerse teniendo, en cuenta las situaciones excepcionales de violencia que causaron el desplazamiento y la especial situación de marginalidad y debilidad en la que se encuentra la población desplazada. Por esta razón, el alcance de estos conceptos debe revisarse a la luz de estas nuevas realidades que el derecho debe regular. En este sentido, lo que no resultaría admisible es una interpretación de la ley que resulte insensible a la especial protección constitucional de la cual es objeto la población desplazada a través, por ejemplo, de la exigencia de una carga probatoria alta o desproporcionada que haga prácticamente imposible la protección del derecho.
5.2. Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido a la población desplazada como sujeto de especial protección y atención constitucional. Una consecuencia de esta especial protección es que la interpretación de las normas que consagran sus derechos fundamentales deben tomar en consideración su especial condición. En este orden de ideas, cuando se está ante una norma que consagra o desarrolla un derecho fundamental de las personas que han sido desplazadas, su interpretación debe tener en cuenta: 1) los principios de interpretación y aplicación contenidos en el artículo 2º de la Ley 387 de 1997 (40) ; “2) Los principios rectores de los desplazamientos internos; 3) el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población desplazada” (41) ; 4) el principio de buena fe y el derecho a la confianza legítima; y 5) “el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado social de derecho” (42) .
Las pautas de interpretación mencionada y los dramáticos hechos que rodean el fenómeno del desplazamiento forzado obligan a los jueces a tener en cuenta dos circunstancias fundamentales a la hora de aplicar las normas pertinentes:
a) Las personas puestas en situación de desplazamiento forzado suelen desconocer sus propios derechos y este fenómeno no puede ser evaluado por el juez en aplicación estricta del principio general en virtud del cual el desconocimiento de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento. Por el contrario, la ignorancia de esta población sobre sus derechos, dada su extrema vulnerabilidad, demanda una especial atención del Estado (43) .
b) Las personas en situación de desplazamiento forzado pueden verse enfrentadas a situaciones extraordinarias que les impiden o dificultan el acceso a las autoridades. Si esta situación se presenta, los jueces no pueden ser insensibles a ella a la hora de valorar el alcance de conceptos como “fuerza mayor” o “caso fortuito” (44) .
Cuando se toman en consideración estos dos factores a la hora de interpretar y aplicar las reglas que definen el contenido, condiciones de acceso y alcance de los derechos fundamentales de la población desplazada y en especial de la asistencia humanitaria de emergencia, se da cumplimiento, de una parte, a la especial protección y atención que demanda la persona desplazada por la violencia y, de otra, a los derechos fundamentales de las personas objeto de desplazamiento, consagrados en la Constitución y en los instrumentos de derechos humanos y derecho internacional humanitario obligatorios para Colombia.
La señora María Antonia Martínez Armanza, a través de la acción de tutela solicita se protejan sus derechos fundamentales, así como los de su grupo familiar y como consecuencia de ello, se ordene a la entidad accionada, les sea reconocida su condición de desplazados, efectuando la respectiva inscripción dentro del registro único de población desplazada, para de esta manera tener acceso a las ayudas que se brindan a estos sujetos de especial protección, situación que se originó como consecuencia de la muerte de sus dos hijos a manos de los paracas, lo que la obligó a sus 77 años de edad a trasladarse del Copey (Cesar) al municipio de Ocaña (Norte de Santander) junto con su grupo familiar, donde actualmente residen en casa de uno de sus hijos. La solicitud de amparo la invoca a nombre propio y en representación de una serie de menores.
La entidad accionada refiere que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante ni de su grupo familiar, atendiendo a que dio estricta aplicación a la normatividad que regula lo atinente al registro de la población desplazada, como es el caso de los artículos 8º y 11 del Decreto 2569 de 2000 (45) , así indica que, una vez hecho el estudio del caso se determinó la no inclusión de la accionante dentro del RUPD, atendiendo a que las circunstancias que originaron el desplazamiento, ocurrieron el 27 de julio de 2004 y los hechos los hizo manifiestos el 18 de julio de 2006. Como argumento adicional expone que el asunto objeto de debate, estructura un conflicto mas de tipo legal que de carácter constitucional, al respecto considera que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial pudiendo acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por su parte el juez de instancia, adopta la posición expuesta por la entidad accionada, al considerar que esta no vulneró derecho fundamental alguno de la actora ni de los miembros de su grupo familiar, pues actuó conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, atendiendo a que la declaración donde manifiesta los motivos de su desplazamiento la hizo dos años después de ocurridos los hechos.
De acuerdo a la jurisprudencia referida y el caudal probatorio obrante, la Sala entrará a determinar, si en el presente asunto se han vulnerado los derechos fundamentales de las señora María Antonia Martínez Armanza, así como los de los miembros de su grupo familiar, especialmente los de los menores relacionados dentro del escrito de tutela, frente a la negativa por parte del ente accionado de inscribirlos en el registro único de población desplazada. En desarrollo del objetivo planteado en primer término se verificará lo atinente a las actuaciones surtidas frente a la entidad accionada, especialmente el sustento de las decisiones proferidas por la unidad territorial de la red de solidaridad, para posteriormente determinar si las mismas se ajustan a los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales señalados por esta corporación.
En el primer acto, a saber, la Resolución 1007 de fecha 7 de septiembre de 2006, se niega la inscripción dentro de la solicitante y los miembros de su hogar, por cuanto “El interesado efectuó la declaración y solicitó la inscripción en el registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997”.
Frente a la referida negativa, la accionante interpuso recurso de reposición, a través del cual explicó los motivos por los cuales, no le había sido posible realizar la declaración dentro del término legal. Sobre el particular expuso: “En el Copey tenia de estar viviendo ya tres años, vivíamos en el barrio las Flores, de donde mis hijos laboraban en varias actividades, yo siempre salía con ellos a donde iban a trabajar, en un trabajo que les salió para la vereda La Guitarra, mis hijos me mandaron a mercar al pueblo y ese día hice la compra y ellos me dijeron que me viniera al otro día, cosa que hice, en el momento que nos íbamos a ir para la finca donde estaban mis hijos trabajando, me llegó la terrible noticia que dos de mis hijos fueron asesinados por los paracos y ese día me quedé en el valle donde una hija mía, donde la policía hizo el levantamiento y los dos cuerpos los trajeron en una ambulancia, y yo desde esa fecha quedé inconciente, porque mi mente se descontroló y a eso de los ocho días me llevaron al entierro (duraron ocho días en cuarto frío) donde tengo son vagos recuerdos del entierro de ellos, duré un año completito enferma, después del año empecé a recuperarme poco a poco; yo y mi familia quedamos con mucho miedo y por el cual resolvimos mejor irnos para otra ciudad, antes que otro grupo o el mismo que asesinó a dos hijos, nos matara a nosotros también, por esta razón llegamos a la ciudad de Ocaña donde vive uno de mis hijos y así fue como mi mente empezó a despejarse y mi cuerpo a recuperarse”.
La decisión recurrida fue confirmada a través de la Resolución C-108 de junio 5 de 2007, bajo el mismo argumento del acto atacado, sin hacer ningún estudio sobre las circunstancias que generaron el desplazamiento y menos aún sobre los motivos que de alguna manera impidieron la declaración oportuna de la accionante ante la autoridad competente, como fue el hecho del trastorno a causa de la muerte de sus hijos y el miedo que generó el citado hecho, junto con el golpe emocional causado, lo que no le permitió tener lucidez durante los meses posteriores al hecho generador del desplazamiento; en igual sentido la actora informa en el escrito de tutela, que por su condición de campesinos no sabían que tenían que declarar los hechos que dieron lugar al desplazamiento y menos aún que existía una oficina encargada de atender este tipo de casos y brindar la ayuda necesaria para superar las circunstancias generadoras del desarraigo.
Frente al punto descrito, encuentra la Sala que los aspectos expuestos por la accionante se encuentran acordes con la realidad probatoria, pues se pudo determinar que es una persona de 77 años de edad, que no sabe leer ni escribir, que cuenta con una condición económica precaria, lo que se constata a través de la encuesta de Sisbén, donde figura con un puntaje de 5.98 en el nivel 1 (46) , adicionalmente a lo expuesto y de acuerdo con lo señalado por la señora Martínez Armanza, tiene bajo su cuidado a una serie de menores, cuatro de los cuales quedaron huérfanos (47) , como consecuencia de los hechos generadores del desplazamiento.
De cara a lo expuesto, se extrae que el fundamento que tuvo acción social para negar la inclusión de la actora y su grupo familiar dentro del RUPD obedeció a unas circunstancias de carácter temporal, sin entrar a analizar los demás elementos que rodearon a la situación de desplazamiento, lo que contraría la obligación primordial del Estado, respecto de la protección a la población, particularmente la que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, cuyos derechos fundamentales deben ser resguardados por las autoridades, en la medida en que se juega la subsistencia digna de quienes se hallan en estas circunstancias.
Bajo el entendido señalado, no se puede aceptar que el término de un año fijado para adelantar la declaración de los hechos generadores de desplazamiento ante la autoridad competente, se edifica como una autorización para que el Estado eluda sus obligaciones y despoje de la atención debida a la población desplazada, argumentando la extemporaneidad para negar la ayuda tendiente al mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización.
Cabe aclarar además, que lo solicitado por la accionante hace relación a su inclusión dentro del registro único de población desplazada, a efectos de hacerse acreedora a la ayuda humanitaria brindada a aquellas personas que se encuentren en una situación de desplazamiento forzado, siendo esta una condición que se adquiere de hecho, sin necesidad que exista una declaración que al respecto realice una autoridad pública, y que la inscripción en el registro único de población desplazada no constituye un requisito sine qua non para el ejercicio de los derechos fundamentales de los desplazados internos (48) .
En atención a lo expuesto, la Sala no encuentra justificado que la entidad demandada se oponga a incluir en el registro único de población desplazada a la señora María Antonia Martínez Armanza y su núcleo familiar, especialmente a los menores que agencia a través de la presente acción de tutela, bajo el exclusivo argumento de la extemporaneidad de la declaración, sin tener en cuenta que la condición real de desplazado es el factor que debe motivar la inclusión del particular en ese registro único, en cuanto la ayuda humanitaria debe observar la verdad material y los objetivos señalados y no puede estar sujeta a plazos inexorables.
Ahora bien, en atención a lo esgrimido por acción social, se puede concluir que en la valoración que esta entidad hizo de los hechos expuestos por la actora, no se interpretaron de manera favorable; ciertamente, la accionante puso de presente lo que a su juicio constituía un caso de fuerza mayor que la imposibilitaba para elevar su solicitud de ayuda humanitaria dentro del año siguiente a los hechos que originaron su desplazamiento, esto es, el trastorno sufrido a causa de la muerte violenta de dos de sus hijos a manos de los denominados paracos, hecho que no le permitió tener lucidez por un lapso de tiempo superior a un año, además desconocía el apoyo que se brinda a la población desplazada, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que se trata de gente campesina que no cuenta con ningún tipo de formación, pues como se dejó señalado la accionante es una persona de la tercera edad (77 años de edad) que no sabe leer ni escribir.
La situación descrita no mereció un análisis por parte de acción social, la cual sin establecer someramente las circunstancias expuestas o verificar en algún grado si lo señalado se ajustaba a la realidad vivida en la zona de donde la actora se desplazó, consideró de forma inflexible que al presentarse de manera extemporánea la declaración a través de la cual puso en conocimiento de las autoridades competentes su situación los hechos generadores de desplazamiento hacía improcedente la solicitud de la actora, sin hacer alusión a las circunstancias que le impidieron adelantar la referida declaración, a fin de verificar si se estructuraba una causal de fuerza mayor.
Por otra parte, es prudente señalar que el hecho de exigir que se acuda a otro medio de defensa judicial diferente a la tutela, desconoce que esta corporación en varias ocasiones ha sostenido que “cuando el Estado incumple con su deber de suministrar atención y ayuda a la población desplazada para que cese la vulneración masiva de sus derechos fundamentales, la tutela es el mecanismo idóneo y expedito para lograr la protección de los mismos en vista de la precaria situación en la que se encuentran y del peligro inminente que afrontan, situaciones que no les permiten esperar hasta que la jurisdicción ordinaria se ocupe de su caso. Por lo tanto, la Sala concluye que en principio la acción de tutela es procedente en el presente caso” (49) . Lo anterior atendiendo a que a una persona desplazada no se le puede exigir que acuda a otros medios o mecanismos de defensa judicial, pues el desplazado no conoce plenamente sus derechos ni el sistema institucional diseñado para protegerlos y este hecho en lugar de volverse en su contra debe servir para que el Estado actúe con mayor atención y diligencia.
En consecuencia, al resultar procedente la solicitud de la accionante, para ampararle los derechos invocados se revocará la sentencia de instancia y, en su lugar, se dispondrá que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, la entidad accionada realice los trámites pertinentes para que la señora María Antonia Martínez Armanza y su unidad familiar, especialmente los menores Luis Alfonso Martínez de Moya, Luis Carlos Martínez Moya, Rosa Elena Martínez Moya, Martha Cecilia Ropaín, Juan Carlos Martínez, Juan José Martínez, así como a las menores relacionadas en la demanda de tutela como la Keko y la Toto, sean inscritos en el registro único de población desplazada, para que en un término máximo de 15 días empiecen a ser beneficiarios de la ayuda que corresponda, otorgada por el Gobierno Nacional.
A efectos de dar cumplimiento a lo ordenado y atendiendo a que no fue posible la plena identificación de dos menores relacionadas dentro de la presente acción de tutela, y sobre las cuales la señora Martínez Armanza se encuentra agenciando sus derechos, como es el caso de las denominadas la Keko y la Toto, esta Sala en procura de proteger los derechos fundamentales a las citadas, ordenará que a través de la Defensoría del Pueblo se inicien las gestiones necesarias para identificar plenamente a las menores y en caso de ser posible su identificación, adelante las gestiones pertinentes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, a efectos de registrar a las menores con sus nombres y apellidos.
1. REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Segundo civil del Circuito de Ocaña quien negó la solicitud de amparo, para en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas de la señora María Antonia Martínez Armanza junto con su grupo familiar, especialmente a los menores Luis Alfonso Martínez de Moya, Luis Carlos Martínez Moya, Rosa Elena Martínez Moya, Martha Cecilia Ropaín, Juan Carlos Martínez, Juan José Martínez, así como a las menores relacionadas en la demanda de tutela como la Keko y la Toto.
2. ORDENAR a la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, adelante las gestiones necesarias para que se inscriba en el registro único de población desplazada a la señora María Antonia Martínez Armanza, junto con su grupo familiar, dando especial prelación a los menores Luis Alfonso Martínez de Moya, Luis Carlos Martínez Moya, Rosa Elena Martínez Moya, Martha Cecilia Ropaín, Juan Carlos Martínez, Juan José Martínez, así como a las menores relacionadas en la demanda de tutela como la Keko y la Toto, para que en el término de quince (15) días empiecen a ser beneficiarios de la ayuda otorgada por el Gobierno Nacional.
3. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que inicien las gestiones necesarias para identificar plenamente a las menores relacionadas dentro del escrito de tutela como la Keko y la Toto, y en caso de no ser posible su identificación, adelante las gestiones pertinentes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, a efectos de registrar a las menores con sus nombres y apellidos.
(1) Decreto 2591 de 1991 artículo 17. Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano.
(2) ART. 1º—Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
(3) El artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, establece: “La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente (...)”.
(4) En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
En la Sentencia T-899 de 2001 esta corporación afirmó que: “La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es solo la persona capaz para hacerlo”.
(5) Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-947 de 2006, T-798 de 2006, T-552 de 2006, T-492 de 2006, y T-531 de 2002.
(6) Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996.
(8) En este caso, ambas instancias, consideraron que la actora estaba legitimada para solicitar la tutela judicial de los derechos fundamentales de su hija, pero no para actuar en representación de las otras estudiantes; estimaron las Salas de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga y de la Corte Suprema de Justicia que, como los padres de las demás menores no le otorgaron poder a la accionante para que las representara, ni ella cumplió con el requisito que el Decreto 2591 de 1991 exige al agente oficioso —explicar porqué la persona a cuyo nombre actúa no puede acudir en defensa de sus propios derechos—, debía negársele personería para actuar en su nombre.
(11) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(13) M. P. Rodrigo Escobar Gil.
(14) Niños de 15, 12 y 10 años de edad, respectivamente.
(15) Véase, por ejemplo, las sentencias T-462 de 1993, T-498 de 1994, T-408 de 1995 y T-041 de 1996.
(16) Sobre la intimidad en sus diversas esferas de protección puede consultarse la Sentencia T-787 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(17) Dispone, al respecto, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil: “Agencia oficiosa procesal. Se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquella. El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la demanda, para responder que el demandante la ratificará dentro de los dos meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente, a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado. La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda. El agente deberá obrar por medio de abogado inscrito, salvo en los casos exceptuados por la ley” (resaltado fuera del texto original).
(18) Véase, sentencias T-462 de 1993, T-498 de 1994, T-408 de 1995, T-143 de 1999, T-963 de 2001 y T-864 de 2002.
(20) ART. 17.—Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano.
Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.
(21) Folio 33 cuaderno principal de tutela.
(22) El artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, establece: “La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
(23) En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
(24) La Sala Novena de Revisión se ha pronunciado acerca de esta materia en las sentencias T-966 de 2007 y T-297 de 2008, entre otras. Posición que será reiterada en esta sentencia por existir similitudes con el caso a evacuar.
(26) Sentencia bajo cita, argumento jurídico 26.
(27) Sala Tercera de Revisión, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(28) UNHCR, Acnur, Julio Roberto Meier, Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto de 2002 - agosto de 2004, Bogotá D.C.
(29) Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(30) Sobre este asunto en la Sentencia T-770 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) se indicó: “Hay que decir que, sin desconocer que la condición de desplazadas por la violencia pueda ser ajena a algunas de las familias asentadas en la franja de terreno ya indicada, ninguna autoridad municipal se encuentra legitimada para negar una condición material de desplazamiento forzado por el solo hecho que las personas afectadas no se hayan inscrito en el registro nacional de tal población. Como lo ha indicado la Corte, esta es una calidad que se adquiere por el hecho cierto del desplazamiento y no porque una autoridad tenga a bien reconocerla. Es decir, el Estado, a través de ninguna de sus entidades, se halla legitimado para desconocer, por razones simplemente formales, el hecho de haber sido desplazado por el conflicto armado colombiano. El registro de la población desplazada debe concebirse como una herramienta orientada a la racionalización de las políticas de atención y protección de tal población y no como un presupuesto ineludible para asumir esa calidad”.
(31) Cfr. Sentencia T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(32) Sentencia T-327 de 2001, Sala Sexta de Revisión, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(33) Véase, entre otras, la reciente Sentencia T-175 de 2005 dictada por la Sala Primera de Revisión, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(34) Ver sentencias T-227 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-327 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1346 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(35) Decreto 2569 de 2000. ART. 2º—“Gobierno Nacional a través de la dirección general para los derechos humanos del Ministerio del Interior o la entidad que esta delegue, declarará que se encuentra en condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, a saber: 1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial, y 2. Solicitar que se remita para su inscripción a la dirección general para los derechos humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos que trata el numeral anterior”.
(36) Sentencia T-268 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En el mismo sentido, Sentencia T-327 de 2001.
(37) Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-166 de 1995, C-040 de 1997, C-078 de 1997, C-351 de 1994, C-370 de 1994, entre otras.
(38) Pueden verse las sentencias C-078 de 1997, C-418 de 1994, C-327 de 1997 y C-742 de 1999.
(39) Sobre el tema de desplazamiento de campesinos, pueden consultarse las sentencias SU-1150 de 2000, T-448 de 2000 y T-227 de 1997.
(40) El artículo 2º de la Ley 387 de 1997 predica: “ART. 2º—De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se orienta por los siguientes principios:
1. Los desplazados forzarlos tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria.
4. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar.
5. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.
6. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.
7. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.
8. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.
9. Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia social”.
(41) Sentencia T-025 de 2004.
(43) Al respecto, la Sentencia T-025 de 2004 dispuso lo siguiente: “También ha resaltado esta corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas —en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad— que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional”(43) para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad(43), que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales(43) y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”(43). En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”(43), dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.
(44) Sobre este aspecto la Sentencia C-047 de 2001 indicó: “(...) esta corporación no puede desconocer que el conflicto armado colombiano genera desplazamiento de campesinos(44) y enormes dificultades para proveer la seguridad a sectores de la población, por lo que en ocasiones las víctimas de la confrontación armada deben marginarse para no ser amenazadas (...)”.
(45) ART. 8º—Oportunidad de la declaración. La declaración a que se refieren los artículos anteriores, deberá presentarse por la persona interesada, dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento. ART. 11.—De la no inscripción. La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos: (...) 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 337 de 1997.
(46) Información consultada en la página web del Departamento Nacional de Planeación Encuesta Sisbén.
(47) Juan Carlos Martínez, Juan José Martínez, y las menores que identificó como la Keko y la Toto.
(48) Sentencia T-175 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(49) T-563 de mayo 26 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monrroy Cabra.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 87
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 15
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 47
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 1