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Timestamp: 2019-01-22 16:19:25+00:00

Document:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Sesión 60ª, en martes 16 de octubre de 2018
(De 16:49 a 19:12)
SECRETARIO SUBROGANTE, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
Actuó de Secretario General subrogante, el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
--Se abrió la sesión a las 16:49, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 57ª y 58ª, ordinarias, en 9 y 10 de octubre de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con los dos primeros hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
2. El que modifica la ley Nº 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín Nº 10.785-03).
Con el tercero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín Nº 12.107-04).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. La que modifica la ley Nº 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-06 y 11.893-11, refundidos).
2. La que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (boletín Nº 12.026-13).
3. Sobre eficiencia energética (boletines Nos 12.058-08 y 11.489-09, refundidos).
Con los tres últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1. El que modifica la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores (boletín Nº 7.507-18).
2. El que establece obligación alimentaria mínima para adultos mayores que indica (boletín Nº 8.296-32).
3. El que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín Nº 8.805-07).
Comunica que ha aprobado el proyecto de ley que autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateurs de la Región del Maule (boletín Nº 11.925-29).
-Artículos 195, inciso tercero, y 196 ter, incisos primero y segundo, de la ley Nº 18.290.
-Artículo 1º de la ley Nº 18.216 y artículos 195, incisos segundo y tercero; 196 bis, regla segunda, primera parte, y regla quinta; y 196 ter, inciso primero, todos de la ley Nº 18.290.
-Artículo 23, inciso primero, frase "en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes", de la ley Nº 20.129.
-Artículo 24 de la ley Nº 15.386, sobre Revalorización de Pensiones.
-Artículo 39, inciso segundo, letra ñ), del decreto ley Nº 211.
Da respuesta al acuerdo del Senado, con el que se solicita que el Estado de Chile ratifique el Convenio Nº 176, de la OIT, sobre seguridad y salud en las minas, adoptado en Ginebra, Suiza, el 22 de junio de 1995 (boletín Nº S 2.008-12).
Contesta petición del Senador señor Navarro, con relación al número de adultos mayores insertos en el mercado laboral formal de la Región del Biobío, en el período que señala.
Atiende dos solicitudes de oficios, cursadas en nombre de Senador señor Sandoval: el primero, sobre especies protegidas en peligro, jauría de perros asilvestrados y pérdida de praderas, y el segundo, acerca de la aplicación del seguro ganadero en la Región de Aisén.
Responde requerimiento de información del Senador señor Elizalde, referido al avance del proyecto de construcción del embalse para el río Longaví.
Resuelve petición, expresada en nombre del Senador señor Soria, para informar sobre el problema que aqueja a las manipuladoras de alimentos de las Regiones de Tarapacá, de Arica y Parinacota y de Aisén, en cuanto al pago de un bono mensual por mayor costo de vida.
Contesta consulta, formulada en nombre del Senador señor Durana, referida al pleno funcionamiento de las instituciones en la Región de Arica y Parinacota.
Informa sobre los proyectos de inversión ministerial que se encuentran en tramitación en la Contraloría General de la República; consulta efectuada por el Senador señor Harboe.
Da respuesta a solicitud del Senador señor Navarro, respecto de la falla masiva del servicio de telefonía móvil e internet suministrado por la empresa que se indica.
Envía antecedentes relativos al reclamo presentado por la persona que se individualiza, en contra de la isapre Consalud, cuestión planteada por el Senador señor García.
Da cuenta de la importación de máquinas de azar, materia consultada por el Senador señor Navarro.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos) (con urgencia calificada de "simple").
De los Senadores señor Girardi, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán y Quinteros, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente (boletín Nº 12.156-11).
De los Senadores señor Girardi, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán y Quinteros, con la que dan inicio a un proyecto de ley que propicia la entrega de alimentos saludables por parte de la JUNAEB (boletín Nº 12.157-11).
--Pasan a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de ley que concede, en forma póstuma, la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Douglas Tompkins (boletín Nº 12.158-17).
De los Senadores señor Durana, señora Ebensperger, y señores Chahuán, Prohens y Pugh, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf (boletín Nº 12.159-04)
De los Senadores señor Navarro, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón, y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Moreira, Ossandón, Quinteros, Sandoval y Soria, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, disponga la creación del Ministerio del Adulto Mayor (boletín Nº S 2.019-12).
De los Senadores señor Navarro, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón, y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Kast, Moreira, Ossandón, Quinteros, Sandoval y Soria, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar los efectos perjudiciales para los contribuyentes del impuesto territorial, derivados del reavalúo de bienes raíces aplicado durante el presente año (boletín Nº S 2.020-12).
De los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Bianchi, Chahuán, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Quintana y Quinteros, mediante el cual se valora el anuncio del Ministro de Agricultura, en cuanto a la presentación de un proyecto de ley para tipificar el delito de robo de colmenas, homologándolo al de abigeato, y se solicita hacer presente la urgencia a dicha iniciativa (boletín Nº S 2.021-12).
Moción del Senador señor Montes, con la que da inicio a un proyecto de ley que interpreta el inciso tercero del artículo 304 del Código del Trabajo.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 5º, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor MONTES (Presidente).- Hago presente que no alegaré al respecto, pero le pido al Ejecutivo que respalde mi moción, porque la norma legal que busco precisar ha generado una gran distorsión en las universidades, por cuanto sus trabajadores tienen derecho a negociación colectiva.
Comunica que aprobó el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del nadador Víctor Guillermo Contreras Olguín (boletín N° 11.856-24).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que precisa las autorizaciones requeridas para transportar desechos (boletín N° 12.139-15).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín N° 10.785-03) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En sesión celebrada hoy, los Comités acordaron lo siguiente:
1.- Tratar en el tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy la iniciativa signada con el número 4, esto es, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno (boletín N° 10.625-17).
2.- Postergar para una nueva fecha el homenaje a los miembros integrantes del equipo jurídico chileno en el juicio iniciado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia que se realizaría mañana, miércoles 17, al inicio de la sesión ordinaria.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de entrar en el Orden del Día, solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, señor Claudio Alvarado.
El señor MONTES (Presidente).- En el mismo sentido, pido autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Gidi, y su jefe de gabinete.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pero es muy importante que estén presentes.
Boletín N° 10294-15
El señor MONTES (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día se encuentra el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de los servicios limitados de televisión, con urgencia calificada de "simple".
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Letelier, Ossandón y de los entonces Senadores señores Matta y Patricio Walker):
En tercer trámite: sesión 56ª, en 3 de octubre de 2018.
Sesiones 100ª, en 28 de enero de 2016 (se aprueba en general); 46ª, en 13 de septiembre de 2017 (queda pendiente la discusión particular); 48ª, en 20 de septiembre de 2017 (se aprueba en particular).
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Este proyecto se inició en el Senado, que en el primer trámite constitucional tipificó como delito la conducta consistente en instalar dispositivos destinados a la decodificación de señales de servicios limitados de televisión sin autorización del distribuidor legal.
En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó una enmienda destinada a precisar que esos servicios de instalación deben prestarse con ánimo de lucro. Para ese efecto, reemplaza en el párrafo segundo de la letra e), incorporada por el numeral 1 del artículo único, la expresión "El que instale" por la frase "El que con ánimo de lucro preste servicios de instalación de".
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por el Senado y la modificación introducida por la Cámara de Diputados.
El señor MONTES (Presidente).- Reitero la solicitud para autorizar el ingreso a la Sala de la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones a fin de tratar esta materia.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Es bien importante que esté presente.
El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo para autorizar el ingreso.
En discusión la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el origen de este proyecto se vincula con la propiedad de creación, con la propiedad intelectual.
Esto se relaciona con cómo ciertas empresas prestan servicios, uno los compra y porque los contrata tiene derecho a recibirlos. Para que ello ocurra es fundamental contar con los aparatos decodificadores. Esto es de la esencia del negocio.
Cuando Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos -como hemos suscrito con muchos otros países diferentes tipos de convenios- nos obligamos, y una de las cosas a las que nos obligamos fue que se respetara a ciertas industrias, lo que es del todo natural.
El sentido del proyecto es hacer valer la palabra de Chile respecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por cuanto quienes más transmiten y generan productos de propiedad intelectual y los venden a través de servicios satelitales piden que en nuestro país esos contenidos no se pirateen. Y esta iniciativa apunta a ese propósito.
Creo que hay que ser muy claro al respecto.
Por lo mismo, el proyecto en estudio plantea -esto figura en la página 2 del comparado, columna del medio- que lo principal es cómo frenar la comercialización y distribución sin autorización de una señal que ha sido contratada adecuadamente. Para esto es fundamental que los dispositivos queden contemplados como productos que no se pueden distribuir ni comercializar así simplemente.
Surgió la discusión posterior respecto de si debían ser sancionadas o no las personas que trabajaban con empresas que proveen estos servicios y después comienzan a hacer negocio por el lado con fines de lucro.
Ese fue, sin duda, el espíritu con que el Senado aprobó esta iniciativa.
Ahora bien, la Cámara de Diputados introdujo un elemento adicional que mitiga -sí, mitiga- pero no desvirtúa lo despachado por el Senado. Cuando se discutió en nuestra Corporación se entendió que el que instalaba los dispositivos consignados en la norma lo hacía como un negocio. La Cámara de Diputados decidió poner "El que con ánimo de lucro preste servicios de instalación". Esto en nada cambia la esencia de lo planteado por el Senado, aunque sí lo restringe, porque es posible que haya personas que instalen sin fines de lucro, por hacerle una paleteada a un amigo para que pueda piratear una señal.
Cuando se realizó el debate en el Senado se consideró que lo que queríamos era sancionar a las personas que habían trabajado con estas empresas y que se dedicaban a pitutear por fuera a cambio de una prestación económica.
La Cámara de Diputados en su redacción, efectivamente, restringe a quiénes se puede perseguir, pero no cambia -yo diría- nuestras obligaciones internacionales y nuestro compromiso en esta materia.
El resto del proyecto, señor Presidente, es idéntico.
Nunca se buscó con esta iniciativa castigar a quien ve una señal, pero sí a los que facilitan su pirateo a través de la venta de decodificadores y de la instalación con fines de lucro.
En ese ánimo, creo que la propuesta de la Cámara de Diputados debe aprobarse.
Eso sí, señor Presidente, permítame decir lo siguiente.
Este debate nos tiene medio desfasados -después voy a entrar a lo que significa ese desfase- con los cambios tecnológicos. Porque hoy la tecnología de las plataformas, de las telecomunicaciones está avanzando a un ritmo muy acelerado en otra dirección, y probablemente el tema será el respeto a la propiedad intelectual en internet y en determinadas plataformas.
Por lo expuesto, estimo que este proyecto, tal como está, debe aprobarse. Pero tenemos que darnos el tiempo para discutir lo que está pasando con el cambio tecnológico y otras leyes que hemos despachado anteriormente.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, después de lo expresado por el Senador Letelier, creo que es muy importante contar con la opinión del Ejecutivo en un tema técnico relevante como el que estamos tratando.
Por lo tanto, pido que se recabe el acuerdo para que ingrese la Subsecretaria.
El señor LETELIER.- No. Tenemos un acuerdo de bancada al respecto.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Ustedes no dan el acuerdo para que el Ejecutivo pueda dar su opinión, a lo menos técnica...
El señor LETELIER.- Sí, lo hemos dado para que ingrese el Subsecretario Alvarado. Es el único que cuenta con nuestro beneplácito.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Lamento que la Subsecretaria Pamela Gidi no pueda estar presente en este debate.
El señor MONTES (Presidente).- Le pido, por favor, al Senador señor Letelier que no interrumpa al Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Es buena esta interrupción, señor Presidente, para tener claridad al respecto.
Sin duda, el Subsecretario Alvarado es un hombre de mucha preparación. Pero no sé si en este tema puede informarnos de la manera en que lo haría la Subsecretaria de Telecomunicaciones.
Por eso hice ese planteamiento.
En tal sentido, señor Presidente, lamento que no podamos trabajar de la forma que corresponde.
El señor LETELIER.- No damos el acuerdo.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Si no lo permiten, voy a entregar mi opinión entonces.
Ahora regresó el Senador De Urresti. ¡Se están turnando, parece, para que no pueda entrar la Subsecretaria, pero, bueno...!
Ojalá que esto se solucione, señor Presidente, porque es muy importante trabajar los proyectos como corresponde.
Esta iniciativa se originó en moción de los Senadores Girardi, Letelier y Ossandón y de los entonces Senadores Matta y Patricio Walker. Ingresó en noviembre de 2015.
Señor Presidente, ¿por qué es tan poco el tiempo que tenemos para intervenir? Necesitamos diez minutos, a lo menos, para debatir sobre este proyecto. Yo no sé por qué nos están asignando menos tiempo.
El señor MONTES (Presidente).- Porque la iniciativa se encuentra en tercer trámite, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Le pido un poquito más de tiempo, si fuera posible, porque este es un tema importante y que afecta a mucha gente.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en darle dos minutos adicionales al Senador señor García-Huidobro?
El señor MOREIRA.- ¡Sí!
El señor LAGOS.- ¡Sí!
El señor MONTES (Presidente).- Hay acuerdo unánime, Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Presidente.
Según los registros de Aduanas, en nuestro país existen alrededor de 300 mil usuarios de dispositivos destinados a decodificar señales satelitales de forma -entre comillas- ilegal.
Se estima que esta conducta genera pérdidas bastante grandes respecto de los derechos de patentes -a esto se refirió el Senador Letelier-. En Latinoamérica esta es una situación bastante amplia. Se calcula que se producirían menores ingresos por más de 3 mil millones de dólares.
La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones emitió un informe con las siguientes recomendaciones:
1.- Que los Estados Miembros que aún no lo hayan realizado consideren adoptar disposiciones para impedir la importación, comercialización y uso de equipos receptores satelitales con capacidad de desencriptar señales de sistemas de televisión satelital por suscripción sin la debida autorización, o que puedan ser modificados para tal fin.
2.- Que los prestadores de servicio de televisión satelital por suscripción realicen los mayores esfuerzos para mantener actualizados los medios y procedimientos técnicos de acceso condicionado a las señales transmitidas.
3.- Que los Estados Miembros presenten información de las medidas adoptadas sobre este tema en la reunión del Comité Consultivo Permanente y que la Administración de Colombia compile un informe al respecto.
A partir de 2012 la industria satelital dejó de crecer alrededor de un 40 por ciento de lo proyectado, por el uso de televisión de pago ilegal a través de decodificadores modificados. Hubo un apagón general de los decodificadores hace un tiempo -si ustedes recuerdan-, luego de lo cual la industria volvió a crecer.
Tal como señaló el Senador Letelier, en 2004 suscribimos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este establece colaboración íntegra en temas de propiedad intelectual, lo que en la práctica ha sido bastante complejo.
El Informe Especial 301 sobre Protección y Aplicación sobre Derechos de Autor posiciona a Chile en una especie de "lista roja" en materias de propiedad intelectual respecto a Estados Unidos. Nuestro país no ha logrado cumplir los requerimientos para adoptar las herramientas necesarias a fin de proteger la industria creativa.
El proyecto sugiere varias modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones.
Establece multas de diez a mil unidades tributarias mensuales.
Por otro lado, la Cámara de Diputados introdujo una modificación en el inciso segundo de la letra e) del artículo 36 B, consistente en reemplazar las palabras "El que instale" por la expresión "El que con el ánimo de lucro preste servicios de instalación de".
A la vez, todo establecimiento en donde se comercialicen dispositivos de señales de televisión satelital deberá exhibir, en lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se indiquen de manera didáctica las prohibiciones y sanciones relacionadas con la decodificación de señales encriptadas de televisión digital.
Durante la discusión en la Comisión se planteó la preocupación de que se fiscalizara o sancionara a los dueños de los decodificadores. Sin embargo, desde el Gobierno señalaron que la moción no tiene por objeto perseguir y sancionar a los dueños, meros tenedores o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos, ya que la finalidad es sancionar a quienes lucran con el negocio de piratería de televisión satelital de pago.
En esa línea, para resguardar cualquier ambigüedad respecto a las sanciones, el Ejecutivo presentó una indicación en la que se agrega la frase "el que con ánimo de lucro preste servicios de instalación de los dispositivos señalados". Esto, con el fin de dejar explícito en la ley que solo serán sancionados quienes instalen estos servicios y, a través de ello, generen ingresos.
Finalmente, creemos que el proyecto en examen debe ser aprobado y, con esto, cumplir algunos compromisos que adquirió nuestro país al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Por lo tanto, la UDI votará a favor, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el proyecto de artículo único establece en dos numerales modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones a fin de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago.
En este caso, se pretende proteger la propiedad intelectual, impidiéndose que sin la debida autorización del distribuidor legal o dueño del contenido se puedan comercializar softwares o dispositivos con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, ya sea dentro del país o internacionalmente, sancionándose a todo aquel que obtenga utilidades ilícitas en el mercado de la televisión satelital de pago.
El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, la que, como se ha dicho anteriormente, le efectuó una enmienda al contenido de la letra e) que se propone incorporar en el artículo 36 B de la ley, cambiando las palabras "El que instale" por la expresión "El que con ánimo de lucro preste servicios de instalación de".
La modificación efectuada por la Cámara de Diputados parece absolutamente razonable, ya que el objetivo del proyecto no es sancionar a cualquier tenedor o poseedor de softwares o dispositivos que puedan decodificar señales satelitales encriptadas, sino solo a aquellos que persigan ánimo de lucro con dichos decodificadores.
En tal sentido, señor Presidente, se recomienda aprobar la modificación de la Cámara de Diputados, pues perfecciona el proyecto en el sentido de sancionar precisamente a los comerciantes de decodificadores y no a aquellas personas que tengan instalado uno en su casa o lugar comercial, pues, sin duda, sancionar a estos últimos parece una protección demasiado amplia para la propiedad intelectual en el mercado de la televisión satelital de pago.
En esa línea, señalar que se sancionará al que actúe con ánimo de lucro, sin duda, deja mucho más claro el ámbito de protección de la norma que se pretende incorporar en la Ley de Telecomunicaciones.
El señor PUGH.- Señor Presidente, un decodificador satelital es un elemento de alta tecnología. Y, tal como se ha indicado, para que el sistema funcione se requiere no solo la caja, los softwares, sino también antenas y conocimientos para poder instalarlos.
Precisamente, es ahí en que ha aparecido una oportunidad para que algunos, vulnerando el derecho de propiedad, obtengan un lucro que no corresponde.
Sin embargo, el problema de fondo es la capacidad que tienen muchos para conectarse sin necesidad de un tercero. ¿En qué sentido? Hoy, con la información disponible, cualquier persona en forma autodidacta puede hacerlo, sin requerir incluso el conocimiento de un experto.
Esta alta tecnología disponible para entregar un servicio en los hogares es vulnerada porque hay capacidad de gente que estuvo dispuesta a quebrar. Estos sistemas están encriptados. No son simples ni sencillos. Por lo tanto, hay una industria detrás que está preocupada precisamente de vulnerar esa capacidad.
Hoy vemos en nuestro país que estamos avanzando rápidamente hacia una sociedad digital, que dependemos de los servicios digitales; pero ellos deben ser seguros.
Y he aquí el primer llamado de alerta a la industria: se han de mejorar las capacidades, para mantener la seguridad de aquellos.
Ahora, los servicios se van integrando. No solo se trata de la televisión digital de pago. Vale decir, estos sistemas perfectamente pueden permitir enlaces bidireccionales y, así, mejorar la conectividad en los lugares remotos.
Precisamente los satélites logran eso.
El segmento espacial, que Chile no está ocupando debido a que todavía no adquirimos la capacidad que tienen nuestros vecinos para explotarlo, ilumina grandes áreas.
Probablemente la única alternativa de los lugares remotos y aislados son los sistemas en comento. Pero resulta lamentable que en otros casos se pirateen, se hackeen, se intervengan para luego obtener un beneficio de otra índole.
Es necesario, pues, proteger los derechos emanados de la propiedad intelectual -nunca hay que perder de vista eso- y cumplir los compromisos que asumimos al suscribir tratados internacionales.
Solo así demostraremos que Chile se halla a la altura del mundo globalizado, donde se respetan los referidos derechos.
Porque a veces muchos de los contenidos, e incluso las empresas involucradas, ni siquiera se encuentran en nuestro país. Pero nosotros cumplimos los instrumentos internacionales que firmamos y de este modo nos preocupamos de generar una sociedad mejor.
Si no estamos dispuestos a hacer algo para erradicar ciertos hábitos, prevalecerá la cultura que busca aprovechar cualquier instancia (en este caso, la tecnológica) para obtener un beneficio de manera inadecuada.
En tal sentido, creo que este proyecto de ley va en la dirección correcta de permitir, por un lado, bloquear aquella práctica, y por otro, generar una cultura distinta, entendiendo que es necesario proteger no solo la televisión de pago encriptada, sino todos los sistemas digitales de nuestro país, como parte de una estrategia nacional.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley aprobado por el Senado incorporó en el artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones la sanción de multa de 1 a 100 unidades tributarias mensuales o, en caso de reincidencia, de 20 a 200 unidades tributarias mensuales a quien INSTALE dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación de señales de servicios limitados de televisión, adecuadamente protegidas.
La Cámara de Diputados introdujo una modificación mediante la cual se sustituye al sujeto pasivo de esa sanción, con lo que -creo- deja de ser quien instale los mencionados dispositivos y pasa a ser "El que con ánimo de lucro preste servicios de instalación de" los dispositivos.
La enmienda aprobada por la otra rama del Congreso genera dudas, pues la sanción para aquel que preste servicios de instalación ya se encuentra incorporada en el primer inciso de la letra e) que se agrega al artículo 36 B, donde se propone aplicar multas mucho mayores al que sin la autorización del distribuidor legal comercialice o distribuya los mencionados dispositivos.
De aprobarse la modificación realizada en la Cámara Baja habría dos consecuencias.
Primero, se dejaría sin sanción a quienes instalen este tipo de decodificadores sabiendo o debiendo saber que su montaje constituye un hecho ilegal.
Y segundo, se le estaría permitiendo a quien presta los servicios de instalación acreditar, a los efectos de aminorar la sanción que le correspondería en consideración al beneficio económico obtenido con motivo de dicha infracción, la capacidad económica del infractor y su conducta anterior.
Es evidente que el sentido del proyecto con relación a quienes realizan la instalación de los decodificadores no estaba dirigido a las empresas que realizan las instalaciones, desnaturalizándose la reforma legal propuesta.
Tengo dudas serias en torno a lo que aprobó la Cámara de Diputados, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde votar la enmienda incorporada en el segundo trámite constitucional.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El señor Presidente pondrá en votación la enmienda aprobada por la Cámara de Diputados al segundo párrafo de la letra e), nueva, del artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones (página 2 del texto comparado).
--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados (17 votos a favor y una abstención), y queda despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz y Órdenes y los señores Allamand, Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, García-Huidobro, Huenchumilla, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Pugh, y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señores Galilea y Chahuán.
Boletín N° 11882-06
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.882-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 10 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El principal objetivo de esta iniciativa es efectuar una transformación digital del Estado incorporando el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos de los actos de los órganos de la Administración.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.
Cabe hacer presente que diversas disposiciones tienen rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 29 a 39 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, la ley en proyecto, que hemos llamado "de transformación digital del Estado", es sumamente relevante en la Agenda de Modernización del Estado (valga la redundancia). ¿Por qué? Porque materializa una serie de principios muy asociados al cambio tecnológico que se está registrando a nivel global.
Hoy día nos hallamos inmersos en lo que los expertos denominan "cuarta revolución industrial" -sería la revolución del big data, de la inteligencia artificial, de la biología-, que establece una serie de cambios en los paradigmas y formas de funcionamiento y relación no solo entre las personas sino también entre las instituciones.
Eso está teniendo un efecto a nivel global -y también en Chile- muy muy significativo.
Por lo tanto, con este proyecto buscamos dar un paso en el sentido de ir incorporando a nuestras instituciones, al Estado en la cuarta revolución industrial.
Actualmente el Estado tiene un conjunto de dificultades estructurales para avanzar en su modernización: problemas de coordinación; de desintegración de datos; de falta de procedimientos homologados para que las distintas instituciones conversen entre sí.
Ello, al punto que en los últimos cien años hemos pasado de un Estado con 6 ministerios, en los inicios del siglo XX, a otro con 23 (24, si consideramos el Ministerio de Ciencia).
Lo mismo ha sucedido con los servicios públicos. Hace cien años teníamos una docena; hoy día existen más de 50, a lo que hay que sumar los gobiernos regionales, los municipios, en fin, y todas las instituciones privadas pero que cumplen funciones públicas.
Por lo tanto, con este proyecto buscamos romper el paradigma de los compartimientos estancos, de los giros con que han venido evolucionando las instituciones públicas y generar un verdadero Estado digital.
¿Cómo hacemos eso? Fundamentalmente, materializando un principio que planteó el Presidente de la República en su campaña, que es simple, pero muy
profundo: que nunca más el Estado les pida a los ciudadanos un papel o un certificado que está en poder de él.
Hoy día el Estado pone el peso de la prueba en las personas; básicamente, les traspasa a estas el costo de los trámites de la burocracia, en vez de preocuparse de resolver la situación en el back office, coordinándose internamente.
Al respecto, contaré una anécdota personal (nunca es bueno hacerlo; ahora me parece apropiado, pero solo con fines ilustrativos).
Cuando el Presidente de la República iba a nombrar a sus ministros y ministras, la Contraloría nos exigió para asumir nuestros cargos la presentación de tres certificados que estaban en poder del Estado, pues este los emite: de nacimiento, de situación militar al día y de antecedentes.
Todos esos documentos son emitidos por instituciones públicas. Por lo tanto, es lógico que cuando ellas necesitan certificados como los que señalé el Estado converse por detrás del mesón y les facilite la vida a los ciudadanos.
Imaginen lo que tal exigencia significa ante los millones y millones de trámites que se realizan y los millones de solicitudes que se formulan anualmente en el ámbito público.
Por ejemplo, para postular al beneficio del subsidio único familiar se requieren tres o cuatro certificados que emite el Estado; otro tanto sucede en el caso del subsidio para la vivienda.
En definitiva, se busca establecer mecanismos de tramitación electrónica; crear sistemas interoperables de bases de datos del Estado de manera que puedan conversar entre sí, y traspasarles a las instituciones públicas el deber de generar digitalmente todos los procedimientos y trámites, al objeto de tener una relación mucho más cercana y sencilla con la ciudadanía, en la que el peso de la prueba ya no esté en ella sino en el Estado.
¿Qué hace este proyecto?
Modifica diversos cuerpos legales para contar con una Administración ágil y eficiente, ahorrarle tiempo a la gente y desarrollar un verdadero Estado digital.
¿Cuáles son las principales enmiendas?
Varias están dirigidas a la ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, fundamentalmente para aumentar la eficiencia de estos.
Por ejemplo, se le impone al Estado la obligación -por ende, ello ya no será optativo- de que los referidos procedimientos sean electrónicos y tengan un expediente digital.
Sin duda, se dispondrá de mecanismos y herramientas tradicionales, convencionales, en fin, pues muchas veces las personas, por distintas razones, no pueden acceder a las plataformas electrónicas, o bien, algunos procedimientos tienen que realizarse por la vía física.
Sin embargo, el soporte en papel va a ser la excepción cuando la índole del acto administrativo así lo requiera: la regla general serán el trámite y el expediente electrónicos.
Aquel es un primer punto.
¿Cuál va a ser la consecuencia? Que se les permitirá a los ciudadanos presentar todas sus solicitudes en línea; seguir desde las plataformas digitales la tramitación de los procedimientos iniciados; obtener copias en línea, así como recibir del Estado notificaciones electrónicas.
Por la vía indicada apuntamos a crear para cada ciudadano una verdadera bandeja o carpeta digital donde estén todos los trámites y procedimientos a fin de que los consulten permanentemente y sin costo alguno.
Asimismo, establece la obligación de efectuar por medios electrónicos las notificaciones derivadas de los procedimientos administrativos.
Un reglamento va a regular la forma como los órganos de la Administración realizarán dichas notificaciones.
Empero, el proyecto dispone el avance hacia la existencia de procedimientos unificados. Porque si cada institución tiene su propio sistema, el mecanismo diseñado no va a funcionar.
Se preceptúa que los actos de los órganos de la Administración se difundirán en forma digital.
También la comunicación entre los órganos del Estado será electrónica.
De otro lado, se crea un sistema documental digital para el Archivo Nacional.
Eso reviste gran importancia, pues el Archivo existente en la actualidad tiene un alto grado de obsolescencia, porque sus recursos y capacidades son muy pocos.
Al efecto, se introduce una modificación al DFL N° 5.200 al objeto de imponer la obligación de, tras una serie de plazos y de una transición razonable, establecer un mecanismo de archivo digital en remplazo del sistema de archivo actual, que es esencialmente físico.
Además, se consagran procedimientos para dotar de validez jurídica a los documentos digitalizados.
Señor Presidente, queremos iniciar cuanto antes y del modo más ágil posible la discusión particular de este proyecto, porque nos parece que estamos muy atrasados en esta materia.
Nuestro propósito es meterle al Estado un poquito de (excúsenme por usar esta expresión) Silicon Valley; de novedad, de innovación, de creatividad; de capacidad para organizarse y entender su relación con los ciudadanos de manera más moderna
La idea es que el Estado, que cumple una función tan vital para nuestra sociedad, pueda transitar desde el siglo XX y entrar plenamente al siglo XXI, con las herramientas y tecnologías actuales.
Nosotros apuntamos a dos premisas fundamentales, sencillas, pero que tienen un impacto muy profundo: la primera -como dije-, que el Estado nunca más les pida a los ciudadanos un papel o un certificado que está en poder de él; y la segunda, que las personas, cuando vayan a realizar un trámite en una oficina pública, se encuentren con una plataforma de acceso digital; ello, sin perjuicio de que seguirán existiendo las oficinas físicas, que continuarán siendo importantes.
O sea, deseamos que haya la posibilidad de que, por ejemplo, desde un teléfono inteligente, desde un smartphone, los ciudadanos entremos a una plataforma que nos permita llegar a todos los servicios y realizar todos los trámites en un sistema digital integrado y de acceso único.
Hacia allá están avanzando el mundo y las tecnologías.
Durante los últimos años, en esta cuarta revolución industrial se ha abierto una enorme cantidad de posibilidades.
A partir de la ley en proyecto existe la probabilidad muy cierta de, como puntapié inicial, definir una verdadera política de Estado en materia de transformación digital.
Queremos empujar para que nuestro Estado se halle a la vanguardia en esta materia. Y para ello es muy relevante que esta tarde se apruebe la idea de legislar.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Reitero que para aprobar en general este proyecto se requieren 25 votos favorables.
Sé que varios Senadores y Senadoras se encuentran en distintas Comisiones. Una de ellas es la de Educación.
Lo hago presente para el evento de que se pida abrir la votación, pues en este momento no existe el quorum exigido.
En su calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, tiene la palabra el Senador señor Araya para dar cuenta del informe emitido por dicho órgano técnico.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, mediante esta iniciativa, que se originó en un mensaje del Presidente de la República, se pretende transformar digitalmente el sector público para lograr una mejor calidad en la entrega de servicios a los ciudadanos y una mayor efectividad en la gestión de los órganos de la Administración del Estado.
En los fundamentos de este proyecto se expresa que, aun cuando estamos en el año 2018, el Estado sigue desarrollando gran parte de los procesos a través del papel, por lo que los ciudadanos deben esperar hasta meses por una respuesta en algunos trámites y los funcionarios tienen que ingresar datos manualmente entre una plataforma y otra, perdiendo días en procesos que muchas veces carecen de sentido.
Lo anterior, si bien no ocurre en todas las instituciones públicas pues sucesivas administraciones han ido implementado distintos avances en materia digital, todavía existe un alto porcentaje de sectores que están sujetos a la tramitación en papel, lo cual impide aplicar de mejor manera los principios de servicialidad, eficiencia y eficacia en el actuar de los órganos de la Administración del Estado.
El texto propuesto hace hincapié en que no existe ninguna razón para que a este nivel de desarrollo digital no tengamos un Estado más moderno y eficiente, y en que no se trata de un problema de recursos, porque la tecnología se halla disponible masivamente y a bajo costo.
Por otra parte, se considera una externalidad positiva el impacto en el medio ambiente como consecuencia del ahorro de grandes cantidades de papel.
La principal barrera para lograr una verdadera transformación digital, de acuerdo con el mensaje, es la masiva presencia de procedimientos que todavía se desarrollan sobre la base del papel y que requieren muchas veces, además, su presentación permanente.
Por ello, esta iniciativa propone modificar algunos cuerpos legales vigentes de manera que los procedimientos estén concebidos y diseñados en formato electrónico a base de documentos digitales, así como las comunicaciones oficiales dentro del Estado, pasando a ser el papel una excepción cuando existan causas que así lo justifiquen.
El proyecto se estructura sobre la base de seis artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.
El artículo 1º permanente, en sus numerales 1); 3); 4); 5); 6), en todas sus letras; 7), en todas sus letras; 8); 9); 10); 12), y 13), en todas sus letras; el artículo 6º permanente, y las disposiciones transitorias primera y tercera son normas de rango orgánico constitucional, por lo que su aprobación requiere 24 votos.
El texto presentado por el Gobierno mandata al Estado a fin de que no sea la persona quien lo deba estar siguiendo, sino, al revés, de que sea este el que le facilite a ella el acceso para que pueda realizar gestiones, lo que se logra mediante los siguientes mecanismos:
-Modificar la ley de procedimientos administrativos en el sentido de que todos los trámites se hagan por defecto, es decir, por vía electrónica en primera instancia. Actualmente, muchos trámites y procedimientos se pueden hacer en esa forma, pero ello está supeditado a la voluntad de los mismos servicios, entre los cuales algunos han sido extraordinariamente eficientes en progresar en esa dirección -por ejemplo, Impuestos Internos-, mientras que otros han avanzado muy poco y están rezagados.
-Impedir al Estado y a sus instituciones solicitar certificados u otros documentos de la persona con los cuales ya cuenten, puesto que lo que corresponde es que el primero proporcione la documentación que él mismo emite.
-La tramitación con el Estado será digital, para lo cual se establece la obligatoriedad del soporte electrónico y la excepcionalidad del soporte en papel. En algunos casos se permitirá la actuación presencial.
-Los procedimientos administrativos se deberán expresar por medios electrónicos y constar en un expediente del mismo tipo, lo que permitirá presentar solicitudes en línea, seguir la tramitación de procedimientos iniciados desde plataformas electrónicas, obtener copias en línea y recibir notificaciones electrónicas por parte del Estado.
-En casos calificados, los órganos de la Administración podrán autorizar la tramitación en papel de ciertos procedimientos, sin perjuicio de su posterior digitalización. Un ejemplo de lo anterior es la situación de alguien que carece de medios tecnológicos, no tiene acceso a ellos o solo actúa excepcionalmente por esa vía.
-La obligatoriedad de las notificaciones electrónicas, incluida la digital, que se practicará a través de medios electrónicos definidos por el interesado, siempre con excepciones justificadas en que se podrá solicitar que se efectúe de otra forma o a través de carta certificada, tratándose de quien carece de medios tecnológicos, no tiene acceso a ellos o solo actúa excepcionalmente por esa vía.
-La creación de plataformas electrónicas, que incorporarán sistemas y estándares seguros en que el patrón o modelo de referencia de cada una se determinará por un reglamento, dada la naturaleza cambiante de la tecnología. Los órganos de la Administración estarán obligados a utilizarlas tanto para llevar expedientes electrónicos como para el debido registro de escritos, documentos, actos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en cualquier etapa del procedimiento.
-El fortalecimiento de la interoperabilidad de la información dentro del Estado. Considerando el beneficio que implica para los ciudadanos que los documentos se encuentren en poder de la Administración, el proyecto se rige por el principio "un Estado, un trámite". Es decir, se refuerza el derecho de los interesados a eximirse de presentar documentos de información que presenten esa característica y emanen de la Administración.
-Toda comunicación entre órganos de la Administración deberá practicarse por medios electrónicos, respecto de lo cual se dejará constancia del requirente de la información, del destinatario, del procedimiento a que corresponda, de la gestión que se encargue y del plazo para llevarla a cabo.
-Asimismo, se reconoce validez jurídica a textos digitalizados emitidos originalmente en papel, para lo cual se modifica la ley N° 18.845, sobre sistemas de microcopia o micrograbación de documentos. Se establece que el mérito probatorio de las microformas que se obtengan se regirá por la ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de identificación de esta.
-Finalmente, se crea un Sistema Nacional de Archivo Electrónico, para fines de envío, recepción, conservación y disponibilidad digital, cuyos estándares se determinarán por un reglamento.
Por todas estas razones, la Comisión de Gobierno llama a aprobar en general el proyecto de ley.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se ha vuelto a pedir la apertura de la votación.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Con la mantención del tiempo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por supuesto, Su Señoría. Se dispondrá de cinco minutos, más lo que se requiera. No hay ningún problema.
Se abrirá la votación, entonces, y se esperará a que vengan quienes se encuentren en una Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, la iniciativa que estamos revisando y que esperamos aprobar en general, sobre tramitación electrónica de actos administrativos, supone un trascendental adelanto en nuestro país y en la modernización del Estado. Nos pondrá a la vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información pública, de relación con la ciudadanía y de control de la labor de la Administración, y permitirá dar un paso importante hacia un Estado digital.
Con la modificación de la ley Nº 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y de otros cuerpos legales, se recoge, en parte, la buena experiencia ya existente en la Contraloría General de la República, con el SIAPER, o en el Ministerio de Educación, con el SIGE.
El articulado facilita la tramitación del procedimiento administrativo, que finaliza con la dictación en formato electrónico del acto terminal, de manera que, durante su curso, los interesados podrán conocer el avance de las gestiones, satisfacer requerimientos de antecedentes complementarios, ser notificados oportunamente e interponer vía remota, si así lo estiman, recursos administrativos ante la decisión de la autoridad, sin tener que destinar a ello un tiempo importante, a diferencia de lo que ocurre hoy día.
El texto supone una nueva y eficaz coordinación entre los órganos de la Administración del Estado y entre estos y la Contraloría General de la República, lo que mejora sustancialmente el método de comunicación actual de la autoridad. Se terminan los oficios en formato físico y, con ello, ciertamente mejorarán los tiempos de respuesta a los interesados.
La iniciativa incide en la gestión documental. Hoy el Estado invierte recursos humanos y una enorme cantidad de dinero en clasificar, archivar y expurgar un sinfín de documentos, labor que se verá simplificada y acotada a actos dictados con anterioridad a la vigencia o a situaciones excepcionales en que se autoriza el formato físico.
Lo dicho implica un ahorro significativo y, lo que resulta aún más importante, permitirá a la propia Administración acceder a documentos sin tener que bucear en sus propios archivos. Ello evitará que se pidan a las personas documentos que obran o deberían obrar en poder del órgano que los solicita, como hoy día ya lo exige la Ley de Procedimientos Administrativos, lo que todavía no se cumple.
En la discusión particular tendremos que hacernos cargo de los desafíos en materia de ciberseguridad y salvarlos, para garantizar la integridad de los archivos que se generarán y la protección de datos personales; la forma en que se incorporará a municipios alejados de las grandes ciudades y a los que carecen de recursos suficientes para implementar los nuevos requerimientos; la capacitación de funcionarios, la gran mayoría de los cuales no son nativos digitales, y el acercamiento de los trámites a personas sin acceso a estos medios o que no saben utilizarlos, de manera de no excluir a nuestros ciudadanos que no tienen a mano los beneficios y adelantos de la tecnología.
Como dijo el señor Ministro, bienvenida a nuestro país, y particularmente al Estado, la cuarta revolución industrial.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia que el Estado se encuentre en el proceso de una transformación digital. En este sentido, quisiera precisar el significado de "transformarse": adaptarse; entender que el entorno ha cambiado y que es necesario adoptar formas distintas de hacer las mismas cosas que veníamos realizando durante mucho tiempo.
Sin lugar a dudas, el papel ha representado el soporte esencial para llevar a cabo en el país todos los trámites y actos jurídicos. Pero debemos entender que este medio es imperfecto y requiere una importante cadena de personas, especialmente cuando el documento tiene que ser certificado, aprobado y visado. Así, se podrían juntar hasta catorce firmas, como en algunos ejemplos en el Estado, en donde es preciso pasar por múltiples escritorios para algún trámite.
La transformación, entonces, no solo implica comprar equipos. De hecho, el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia para este año será aumentado en forma significativa para lograr el cambio cultural que les permita a las personas entender que la transformación digital no es perder el empleo, sino precisamente robustecer al Estado. Este último no es ni más grande ni más chico: cuando la tecnología digital se emplea de manera correcta, es más fuerte.
Lo que sí me preocupa en particular es la forma en que el uso obligatorio de plataformas electrónicas, como lo señala la modificación del artículo 19 de la ley N° 19.880, se puede traducir en algo relativamente simple y sencillo, quizás. Vale decir, se seguirían ocupando computadores como máquinas de escribir. No podemos convertir un gran esfuerzo, entonces, en tratar de replicar lo que se hace hoy con el papel, porque el documento que se originaría no es electrónico; no estaría de alguna manera concebido ni controlado por una base de datos. No se trataría de un sistema transaccional que permitiera la visibilidad y trazabilidad de la información. También requeriría mecanismos de control normales, porque habría sido generado por una persona.
La transformación digital conlleva no solo identificar una estrategia digital del país con un diseño, con una arquitectura de base de datos, sino también darle seguridad. En tal sentido, el mejor ejemplo lo proporciona precisamente un Estado pequeño: Estonia, con e-government, donde existe la red X-Road, la e-land, encriptada y, además, asegurada para que todos los participantes puedan disfrutar de los beneficios de la integración de la información.
Y aquí viene el próximo paso: la integración público-privada. Si el Estado da un buen ejemplo, Chile podrá avanzar mucho más y se podrán lograr cosas que hoy vemos bastante difíciles.
¿Qué se requiere, entonces? Entender que estas modificaciones legales son necesarias, pero que la forma en que se aplicarán y los reglamentos que se desprenderán después deberán estar a la altura de los cambios.
No podemos, en efecto, cometer el error registrado en ciertas organizaciones que cuando se refieren a transformarse terminan digitalizando; algunas, solo escaneando el papel y guardándolo, y otras, continuando con la impresión. Esa no es la transformación digital del Estado, que va mucho más allá: implica crear una sociedad digital segura, algo que todavía no conocemos, pero hacia lo cual avanzamos rápidamente. Significa invertir en el desarrollo de herramientas y aplicaciones propias, pero también asegurarlas, tal como lo dice la política nacional de ciberseguridad, que señala que el Estado será el primero en favorecer el desarrollo de productos nacionales y demandarlos.
Así, espero que el Estado sea capaz de darle un ejemplo a Chile en cuanto a cómo es factible, con los recursos de que se dispone, no solo económicos, de tiempo, sino también de personas, sacar lo mejor de cada una de ellas. Probablemente, eso significaría que algunos que hacen un trabajo administrativo sencillo se transformarían en analistas de datos, para darle sentido a la información, y así mejorar, por ejemplo, la política pública. La Big Data lo logra de alguna manera.
Cabe invitar al Senado a que seamos capaces de sumarnos a la iniciativa y a que la información se pueda traspasar de esta manera con la Secretaría General de la Presidencia. Formatos electrónicos modernos permitirán prescindir del papel, disponer de una plataforma transaccional, ayudar a todos a realizar una mejor labor, aumentar la calidad de las leyes y darle a la ciudadanía la garantía de la forma y la calidad con que se realiza el trabajo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, primero deseo felicitar por el proyecto, ya que quienes hemos participado en trabajos en el sector público en alguna oportunidad de nuestra vida profesional sabemos que la burocracia reina en las oficinas y, efectivamente, no hace más eficiente el rol del Estado.
Lo segundo es que, participando en la bancada de la descentralización, juzgo importante tomar nota respecto de que la iniciativa, si bien su foco no se halla en ese propósito, de una u otra manera lo aborda, dado que hoy día el país se comunica a través de un sistema digital que permitirá que todas las personas accedan no solo a información, sino también a tramitación en línea.
El objetivo del mensaje es una transformación digital del Estado -lo hemos dicho todos- por la vía de incorporar el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos. Volver a este más cercano, eficiente y transparente es, sin duda, una obligación y un deber de todos.
En este sentido, es importante considerar que el cincuenta por ciento de los trámites del Gobierno central se pueden cumplir digitalmente en la actualidad, pero que ello está lejos de hacer efectivos los principios de servicio, eficiencia y eficacia en la actuación de los órganos de la Administración del Estado.
La propuesta consiste principalmente, como lo dijeron varios de quienes me precedieron en el uso de la palabra, en una gran transformación, que implica un cambio cultural y administrativo sustancial, y no se limita a traspasar a formato electrónico la actual tramitación en papel, sino que, además, considera un nuevo compromiso del Estado con sus funcionarios, sus familias y la sociedad entera.
En comunas donde prácticamente no existen servicios públicos -en mi Región, cuya capital es Temuco, son numerosas-, quienes viven alejados tienen que viajar para realizar trámites en la capital comunal. Ello significa invertir mucho tiempo o días enteros. La iniciativa en estudio mandata al Estado para que no sea la persona la que deba seguirlo, como lo dijo hace poco rato el Ministro señor Blumel, sino que más bien sea al revés y que el primero facilite el acceso para que se pueda efectuar una diligencia.
La transformación digital es urgente por razones tales como la de que el valor del tiempo de funcionarios dedicados a la gestión documental se estima en un monto cercano a mil cien millones de dólares anuales, una cifra gigante que representa al menos el setenta por ciento de lo que gasta el Estado en pensiones solidarias. Se necesitan doscientos abogados dedicados exclusivamente a buscar documentos y cumplir requerimientos de transparencia. En las licitaciones públicas se utiliza el papel, al igual que en otros miles de actos administrativos. Cabe señalar, por vía ejemplar, que se dictan más de tres mil decretos de modificación presupuestaria. Algunas instituciones emplean más del setenta por ciento de sus días en juntar papeles.
En la COMPIN, por ejemplo, se realizan más de cinco millones de trámites en este material. El seis por ciento de los órganos de la Administración del Estado cumplen con la ley de archivos.
Una mención especial dice relación con que entidades como el Poder Judicial, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Contraloría han digitalizado sus trámites sin un mandato específico, pero son una excepción.
En tal sentido, los procedimientos administrativos deberán expresarse por medios electrónicos y constar en un expediente del mismo tipo, lo que permitirá que las personas presenten solicitudes en línea.
Se considera la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas.
En cuanto a las plataformas, se crearán sistemas y estándares seguros en que el patrón o modelo de referencia de cada una de ellas se determinará por reglamento.
Quisiera sugerir solo que el Ejecutivo ponderara que un cambio cultural o institucional no es fácil. Creo que sería efectivo negociar, conversar o trabajar y abrir la posibilidad, durante al menos tres años, de que los programas de mejoramiento de la gestión (PMG), que se cancelan con fondos fiscales a todo el sector público, fueran vinculantes en relación con el proyecto en debate. Ello permitirá asegurarnos de la real aplicación del criterio que nos ocupa, porque una cosa es la ley y otra la cultura del papel, cuya eliminación no será tan fácil, y puede ocurrir que contemos con información digital y, paralelamente, en este último. Por lo tanto, puede no conseguirse lo que se busca, que es agilizar los trámites, ahorrar y hacer más eficiente al Estado.
Así que propongo tomar en cuenta la iniciativa. No sé si el señor Ministro se encuentra presente, pero estimo de vital importancia tramitar la instalación de la ley.
En ese contexto, felicito nuevamente por el texto, que sigue el camino correcto, a mi juicio, de hacer más eficiente y transparente el Estado.
Mi pronunciamiento es a favor en esta primera instancia de votación.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, primero, valoro el proyecto, porque quienes creemos que el Estado debe jugar un rol fundamental en la conducción estratégica del país, en garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos sociales y en dinamizar el ámbito económico -en suma, cumplir con sus objetivos-, concluimos que ello exige que sea robusto, moderno y, por cierto, utilice todas las herramientas tecnológicas existentes.
Todos debemos contribuir a su modernización. Eso constituye un desafío mayor, porque los ciudadanos se ven beneficiados cada vez que la Administración hace bien las cosas.
Este proyecto es un paso en esa dirección. Se hace cargo de una necesidad muy sentida de agilizar y dar mayor certeza jurídica a los usuarios de la Administración.
Por ello, estamos de acuerdo con la idea de legislar. Sin embargo, es un proyecto perfectible y debiera en su tramitación en particular, una vez que se apruebe en general, mejorar aspectos fundamentales.
El precedente que existe en nuestro ordenamiento jurídico sobre tramitación electrónica está en el ámbito judicial, a partir de una moción presentada en su momento por un grupo de Senadores (los Honorables señores De Urresti, Harboe y Araya, junto a los actuales Ministros señores Hernán Larraín y Alberto Espina).
Dicho proyecto, hoy ley N° 20.886, planteó una filosofía clara de digitalización del procedimiento civil, formuló un conjunto de principios en que esa filosofía se expresa y luego fue introduciendo las modificaciones correspondientes.
En su momento, el proyecto de los Senadores mencionados buscó agilizar los procesos, abaratar los costos de litigación, establecer una litigación responsable por parte de los abogados y generar una mayor cercanía de los ciudadanos con un sistema de justicia civil atrasado. Todo ello, como antesala a la tantas veces anunciada reforma al sistema procesal civil, procurando un verdadero cambio de paradigma en la administración de justicia, con un sistema integrado de información judicial, abaratamiento de costos, tanto para la administración de justicia como para los litigantes, y contribuyendo al medio ambiente, a la mayor seguridad y acceso a los expedientes, así como a las mejoras en las notificaciones.
Esos buenos objetivos están en el proyecto que hoy se discute en general en esta Sala. No obstante, en la tramitación legislativa debemos mejorar su redacción para que quede claro cuál es el esquema global que debe expresarse a través de la incorporación de las nuevas tecnologías.
Asimismo, es necesario un mayor desarrollo respecto de cómo se insertan en estas innovaciones los ciudadanos y ciudadanas, así como los trabajadores del sector público.
En el caso de la tramitación electrónica judicial, muchos de los usuarios cuentan con mayores herramientas para adaptarse más rápidamente a los cambios, pero eso no es usual en la mayoría de quienes requieren las atenciones de los servicios de la Administración Pública.
Nuestro país no escapa a la brecha digital, especialmente entre las personas mayores y también de zonas aisladas. ¿Qué ocurrirá, por tanto, con quienes son beneficiarios de una pensión básica solidaria o tienen derecho al aporte previsional solidario, solo por citar un par de ejemplos?
Creo que el proyecto debiera explicitar los mecanismos mediante los cuales se facilitará el acceso ciudadano a este nuevo modo de vincularse con la Administración y, junto con ello, dar una capacitación suficiente a los funcionarios públicos para el manejo adecuado de estas nuevas plataformas.
Y lo mismo ocurre respecto de los municipios. Así como hoy algunos de ellos están muy avanzados en esta materia, hay otros que no cuentan con herramientas electrónicas para la realización de trámites. Es necesario, por tanto, equiparar el nivel en el cual se desarrolla esta actividad por parte de municipios que son muy disímiles en cuanto a sus recursos y grado de desarrollo.
Se requiere también precisar los tiempos de implementación, a fin de que estos sean lo suficientemente extensos para una implementación efectiva, pero lo suficientemente acotados para que esta necesaria modernización se haga realidad lo antes posible.
Me parece que un tema que debiera ser abordado, a propósito de la discusión de esta iniciativa, es el que dice relación con la ciberseguridad.
El Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha señalado que durante el primer año y medio de vigencia de la Ley de Tramitación Digital fueron víctimas de millones de ciberataques externos y que los pudieron enfrentar gracias a los sistemas de seguridad implementados.
Pero es evidente que en nuestro país, no solo en el sector público, sino también en el privado, estamos muy lejos de contar con herramientas adecuadas para enfrentar estas nuevas amenazas, para evitar fraudes o la comisión de delitos y para proteger la información de los ciudadanos.
Por eso, creo que este proyecto es una oportunidad para iniciar el debate imprescindible en pos de contar con una institucionalidad que otorgue las prestaciones adecuadas; que se encuentre en condiciones de responder a las amenazas a la ciberseguridad, y que proteja los procedimientos e, insisto, a los ciudadanos.
Por todo lo anterior, señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que recabe la autorización de la Sala para que el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre el Servicio Nacional Forestal, que cerró hoy a las 12, se prorrogue hasta las 19 horas. La idea es que los Senadores que no alcanzaron a ingresar sus indicaciones puedan hacerlo. Por mi parte, tengo ocho en esa situación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero valorar esta iniciativa. A mi juicio, va en el camino correcto efectuar una modificación a "la ley que establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos", como dice la suma.
Esto es un proceso de actualización. Y felicito al Ministro Blumel, quien lleva esta iniciativa -¡sé que está poniendo atención a mi intervención...!- que impulsa la modernización.
¡Se nota que hay Ministros más millennials que otros...! Sin lugar a dudas, el Ministro Blumel está haciendo gala de su edad y, con esto, impulsando una agenda que es importante.
Hace aproximadamente tres años, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de manera transversal, los Senadores que la integrábamos, los señores Araya, Harboe, Espina, Hernán Larraín y quien habla, presentamos un proyecto destinado a establecer la tramitación digital.
En definitiva, en el Poder Judicial toda la tramitación que antiguamente se realizaba a través de expedientes -incluso, los legajos se cosían con agujas e hilo- se está transformando en una plataforma digital. Se ha establecido un conjunto de actuaciones que, en definitiva, han permitido llevar toda la tramitación al modo digital.
El balance ha sido positivo, según nos ha informado el Poder Judicial, y lo mismo se desprende de los comentarios de los actores o usuarios del sistema, principalmente abogados, lo cual constituye un buen parámetro.
Como le señalé al Ministro Blumel, es importante evaluar ese comportamiento, porque representa una transformación no solo tecnológica, sino también desde el punto de vista de costumbres de decenas de abogados, funcionarios y actores del Poder Judicial. Y me parece que hay una buena evaluación.
Digo esto porque la propuesta del Ejecutivo es aún más ambiciosa. Pero para ello resulta importante contar con un soporte tecnológico y financiero, y no he escuchado cuál será. Porque esto requiere una amplia capacitación de funcionarios de distintos servicios. Es necesario equilibrar el procedimiento y la formación. Muchas veces, la capacidad en una capital regional o provincial es distinta a la de un pequeño pueblo o de una pequeña localidad en la cordillera o en sectores isleños, donde claramente es más difícil este proceso.
El Ejecutivo planteó que se buscará tener esta interconexión a través del Programa Chile Atiende. Pero para ello se debe hacer un conjunto de modificaciones y capacitaciones. Ahí hace falta mayor precisión, y me imagino que en el debate se informará cuál será el procedimiento a través del cual se irán implementado estas plataformas electrónicas a lo largo de todo Chile y la manera en que el usuario, el pequeño campesino o quien desee efectuar un trámite digitalmente lo podrá hacer.
Hay algo, sí, que echo de menos. Le pediría al Ministro Blumel -por su intermedio, señor Presidente- que nos precisara cómo dialoga este proyecto con el relativo a la modernización de notarías que ha ingresado a la Cámara de Diputados, el cual, además de establecer procedimientos, regular nombramientos, entre otra serie de medidas -no lo conozco en detalle-, busca simplificar ciertas actuaciones, de manera que no existan, por ejemplo, los certificados de viudez o de sobrevivencia. Hay una serie de documentos que son absolutamente redundantes, que el Estado los tiene, no obstante lo cual muchas veces se exagera y se los pide, saturando los mesones de las notarías e imponiendo trámites que lo único que hacen es engrosar la burocracia, multiplicar los documentos y no ir al fondo del asunto.
Entonces, quisiera que el Ministro Blumel nos pudiera ayudar a ver de qué manera dialoga este proyecto con la modernización del sistema notarial o cómo al menos se considera esta última en la Comisión. Usted, señor Presidente, es integrante de ella.
Creo que eso es fundamental. Son dos grandes modificaciones.
Nos colaboraría mucho que estuviera en línea todo el sistema notarial, de modo tal de poder agilizar esta situación.
Por último, señor Presidente, creo que también es importante avanzar en los archivos regionales.
Desgraciadamente, hoy día el depósito de todos aquellos documentos o legajos que son del Conservador de Bienes Raíces, no habiendo archivos regionales, termina radicado en el Archivo Nacional.
Eso representa una pérdida del patrimonio intangible de las regiones, toda vez que de ese material -al menos, del que no esté digitalizado-, si es consultado por universidades, por investigadores, por historiadores, debe existir un acceso en la región.
Entonces, también es importante que este proyecto dialogue con la red de archivos regionales, para que exista en el territorio un acceso físico más inmediato a esos legajos de conservadores de bienes raíces y a los expedientes judiciales que están en formato de papel.
Voto a favor, señor Presidente.Este es un debate que debiera convocarnos y, sobre todo, dialogar con las otras iniciativas legales que he señalado.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en la formación de los grandes Estados territoriales de los siglos XV y XVI en adelante había tres cuestiones fundamentales para su funcionamiento: la creación de los ejércitos profesionales; la configuración de la hacienda pública para la recolección de los impuestos y, en tercer lugar, la burocracia.
Hoy día el concepto de "burocracia" tiene un sentido un tanto peyorativo, pero en esa época se refería al conjunto de personas que se incorporaban al Estado para entregar las prestaciones que la ciudadanía requería.
De esa manera se fue conformando el Estado que hoy día conocemos.
Por lo tanto, yo diría que este proyecto, que modifica una ley del año 2003, se enmarca en un proceso de modernización de la burocracia estatal, de la forma como se toman decisiones con miras a tener, en consecuencia, un Estado mucho más ágil, mucho más pronto en la resolución de los problemas de la gente.
Ahora, naturalmente que la modernización del Estado no se agota solo en los medios -en este caso, electrónicos-, sino que también requiere un conjunto de otras cosas, como la capacitación del personal que trabaja en él, los cambios culturales que conlleva la puesta al día de los medios y, también, una modernización de las instituciones propiamente tales.
Pero este proyecto, enmarcado en una cosa específica, cual es la puesta al día de la ley N° 19.880, del año 2003, a mi juicio, va en la dirección correcta, porque se trata de introducir las nuevas tecnologías que hoy día existen en el mundo. Han pasado quince años desde la promulgación de esa normativa y, desde luego, se han producido grandes cambios. Y el proyecto, en consecuencia, va en esa dirección.
Porque, estamos hablando de comunicaciones entre los órganos, de copias, de interpelaciones, de ingreso de solicitudes, de expedientes electrónicos, de registro, de conservación, de documentos electrónicos, de notificaciones. O sea, de un conjunto de cosas que van a poder hacerse de la manera como lo expresa este proyecto: por medios electrónicos.
Sin embargo, señor Presidente, aunque estamos en la discusión general, yo quiero hacer dos o tres precisiones que a lo mejor podrían verse en la discusión particular. Son, básicamente, las siguientes.
La primera es que, a mi juicio, en la tramitación de este proyecto deberíamos analizar más finamente la relación que existe entre el concepto de "acto administrativo", el principio de escrituración y el procedimiento administrativo.
Digamos que la ley citada tiene dos grandes anclas: el acto administrativo, por una parte, y el procedimiento administrativo, por la otra. El artículo 3° dispone que "Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos". Y seguidamente señala: "Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado", etcétera.
Y en el proyecto de ley, al referirse al principio de escrituración, se habla de "El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen".
Entonces, quiero saber si la iniciativa en proyecto está modificando solamente los procedimientos administrativos y está dejando tal cual los actos administrativos. Porque, si decimos que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresan por medio de actos administrativos, lo que estamos diciendo es que a la fecha en que se dictó esta ley, el año 2003, claramente la palabra "por escrito" se refería al soporte papel. Y aquí, al parecer, lo que se pretende es que los procedimientos administrativos ya no sean en soporte papel, sino en soporte electrónico.
Por otro lado, los procedimientos administrativos contienen una serie de hechos, trámites, gestiones que no son actos administrativos, sino que constituyen las diligencias que los usuarios hacen con el Estado. Pero después esos procedimientos se traducen en un acto administrativo.
En consecuencia, quisiera simplemente solicitar que en la tramitación en particular de este proyecto de ley pudiera entrarse en el detalle, si es que el artículo 3° debe ser modificado, porque aquí se dice que las decisiones de la Administración, las que son escritas, llegan a constituir actos administrativos.
Por lo tanto, me parece que habría que compatibilizar ese concepto de "acto administrativo" del artículo 3° con el concepto de "procedimiento administrativo" del artículo 18 y el principio de escrituración que establece el artículo 5°, que el proyecto de ley también modifica.
Espero que en esa instancia se pueda corregir eso.
Señor Presidente, quisiera señalar un par de cosas más, si usted me concede un minuto extra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay problema, señor Senador.
El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias.
Si nosotros vamos a dejar el procedimiento por escrito en soporte papel, quizá debiéramos agregar en el artículo 4°, dentro de los principios del procedimiento, un nuevo principio, que es el de coordinación. Este es distinto al principio de interoperación a que se refería el Senador señor Araya. Los órganos del Estado se pueden pedir cosas entre ellos hoy día, y eso se va a poder a hacer electrónicamente. Pero el principio de coordinación significa que los distintos órganos del Estado pueden manejar información e interoperar entre ellos coordinadamente, de tal manera que si una persona va a hacer un trámite, por ejemplo, a la municipalidad, con su RUT se pueda ver toda la información de todos los órganos del Estado que tengan que ver con ella.
Tengo otros temas, señor Presidente, pero no quiero abusar.
Yo diría que nosotros, en el artículo 6, estamos dando facultades al Presidente para que dicte decretos con fuerza de ley con el propósito de modificar otros procedimientos administrativos especiales no contemplados en el sistema que hoy estamos mejorando. Y espero que, en uso de esas facultades, se consideren los principios ya señalados, con el objeto de tener un procedimiento único en toda la Administración del Estado.
Finalmente, en cuanto al financiamiento, el artículo quinto transitorio dispone que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley durante su primer año se solventará con reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda, y en los próximos, con aquellos que se consideren en la Ley de Presupuestos. Y está bien que así sea, porque estoy seguro de que cuando el Estado se modernice con estas plataformas, todos los servicios públicos, las intendencias, los gobiernos regionales y los municipios van a requerir recursos para poder adaptarse a las nuevas exigencias que establezca la ley.
En síntesis, señor Presidente, me parece que estamos ante una muy buena iniciativa de modernización del Estado. Y pido que las precisiones y peticiones que he formulado se tomen en cuenta en la discusión particular.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un proyecto muy atractivo, modernizante, y que nos pone al día con lo que sucede en el resto del mundo.
Hay varios países que ya dieron este salto hace algún tiempo. No sé si parte de nuestras dificultades se vinculan -y que me perdonen los abogados y las abogadas presentes- con el legado que heredamos en materia legal. Y no me refiero precisamente al Derecho Romano, sino, más bien, a algo más cercano a la Madre Patria, donde la tradición de escriturar todo ha tenido sus fortalezas. Por eso, cuando discutamos las modificaciones al sistema de notarios y conservadores, yo voy a tender a defender que no se innove al nivel que quiere el Ministerio de Justicia, pues ello significaría correr un tremendo peligro frente al principio de certeza jurídica.
Pero en este otro ámbito, sin duda, tenemos muchísimo que avanzar. Eso sí, debemos darnos el tiempo necesario y no delegar facultades en el Ejecutivo a través de decretos con fuerza de ley.
Creo que debemos entrar en el debate un poco con el espíritu con que lo hizo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra y ver cuántos elementos de los procedimientos que utilizamos son absolutamente inútiles. Es bien increíble lo que ocurre cuando una persona postula a un subsidio de vivienda. A veces la hacen llevar los mismos papeles dos, tres y hasta cuatro veces, con un gastadero tremendo para la gente. En muchas ocasiones se piden declaraciones notariales que no necesariamente son un factor tan obligatorio.
Uno de repente tiene la sensación de que los abogados, en particular los normativistas que son contratados al interior del Estado -a quienes les pido disculpas-, para justificar su trabajo y presencia, cada uno o dos años tienen que fijar nuevas normas y nuevos procedimientos, con lo cual contribuyen a aquello que malamente se entiende como burocracia y que, en verdad, constituye un retraso en los trámites.
Valoro el proyecto, que considero tremendamente necesario. Y espero que seamos capaces de ponernos en todos los casos cotidianos en que los ciudadanos se enfrentan a la Administración.
Por último, y aunque quizás no es su objetivo, pienso que esta iniciativa se debería enmarcar en algo que el Estado debe hacer, como es -y esto tendría que ser consecuencia de dicha reflexión- cuidar la línea base de emisiones de la cual es responsable.
Hablamos mucho del medioambiente. Y el Estado es un gran contribuyente a la generación de diferentes tipos de emisión de la huella de carbono que dejamos. Esta normativa va a permitir que eliminemos no solamente actos administrativos innecesarios, sino ahorrar papel y tiempo y reducir emisiones.
Para ello, sería muy interesante que, a partir de esta propuesta legal, se comience a evaluar cómo el Estado puede contribuir a reducir su huella de carbono en diversos ámbitos. Basta con pensar solamente en lo que pasa en salud y educación. Si eliminamos muchos trámites y transitamos hacia plataformas digitales, no solo lograremos algo bueno para los ciudadanos, haremos más eficiente a la Administración y abarataremos los trámites, sino que también reduciremos nuestras emisiones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el presente proyecto busca que todo proceso administrativo tenga que expresarse, necesariamente, a través de técnicas o medios electrónicos, salvo las excepciones establecidas en el propio proyecto.
Esta iniciativa dispone que los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la Administración Pública serán notificados por correo electrónico en base a un registro instituido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. Quien carezca de medios tecnológicos deberá solicitar, en consecuencia, que se le notifique en forma alternativa.
El Estado tendrá, de este modo, un registro actualizado de los correos electrónicos de todos los ciudadanos, el cual deberá ser objeto de las máximas medidas de ciberseguridad, garantizando que estos indudables avances tecnológicos no se transformen en el futuro en sistemas vulnerables frente a acciones delincuenciales, nacionales o internacionales, que provoquen múltiples trastornos.
El Plan Nacional de Ciberseguridad establece, en la actualidad, la necesidad de promover el resguardo de redes y sistemas informáticos, cuidando la seguridad de los servicios básicos. Para ello, se requiere promover la colaboración del sector público y privado con el fin de aminorar los riesgos del ciberespacio.
La experiencia de hechos recientes que han afectado a algunas entidades de la banca nacional demuestra la necesidad de que la inevitable digitalización de los trámites en nuestro país esté ligada, en su desarrollo, a la adopción de adecuados sistemas de seguridad.
De la misma manera, resulta indispensable que los avances que se adopten en materia de procesos administrativos tecnológicos consideren la progresividad del avance del uso de internet por la ciudadanía.
Algunos estudios cifran el uso de internet en 78 por ciento al año 2017. Es decir, más de un 20 por ciento de la población aún no usa este medio en la actualidad, lo cual deberá ser considerado para los tiempos y formas de implementación de los avances que se proponen.
Muchos de los pueblos del altiplano de nuestro país aún carecen de luz eléctrica y su cobertura de televisión es la de los países vecinos: Perú y Bolivia. En consecuencia, como es lógico, no tienen cobertura de internet, realidad que hoy, lamentablemente, hace que proyectos como estos se vean muy de lejos.
En definitiva, necesitamos que la digitalización de la Administración Pública de nuestro país vaya de la mano con una agresiva política de cobertura de servicios básicos, tal como un cien por ciento de cobertura de luz eléctrica en todos los rincones de Chile. Solo así se van a generar verdaderas condiciones de igualdad para quienes hoy constituyen nuestras fronteras vivas.
Votaré a favor del proyecto de ley, con la esperanza de que sus disposiciones vengas acompañadas de medidas que resguarden la accesibilidad de cada una de las localidades de nuestro país, promoviendo el desarrollo integral de todas las regiones y no solo pensando en quienes hoy tienen un adecuado acceso a los servicios.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda, la modernización del Estado es un tema que se ha instalado con mucha fuerza, particularmente con el desarrollo y crecimiento de las tecnologías informáticas. Y es natural y lógico que nuestro país se ponga a tono con esta demanda.
Un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda señala que el país gasta alrededor de mil millones de dólares al año por concepto de papeleo, es decir, incontables horas hombre destinadas a burocracia en papel. Esta misma gestión, efectuada a través de un procedimiento que incorpore tecnologías para optimizar el trabajo, significaría un ahorro superior a los 560 millones de dólares.
De eso estamos hablando en términos de cifras.
El tiempo, la tramitación y la burocracia constituyen, sin duda, otros elementos adicionales que probablemente no fueron considerados en dicha evaluación. Los traslados, los desplazamientos, los tiempos acotados para realizar determinada diligencia son también circunstancias que evidentemente generan un factor adicional.
Esta clase de normativas adquieren además una dimensión especial cuando hablamos de territorios apartados, sectores aislados, zonas rurales, e incluso de regiones extremas como la nuestra, donde muchas veces movilizarse de un lugar a otro para concurrir a materializar la prestación de algún servicio de carácter administrativo significa, en la práctica, desplazarse a niveles que cuesta entender. Yo siempre doy el mismo ejemplo para situar un poco qué significa Aisén en materia territorial y para compararla con cualquier otra región extrema: si estuviera ubicada acá, en la zona central, abarcaría desde Santiago hasta Valdivia. Esa es su extensión territorial.
Imaginen a un habitante de un lugar del extremo austral como Villa O'Higgins, en estos últimos días especialmente noticiosa por lo acontecido en torno al tema de Campo de Hielos Sur. Desde ahí hasta Coihaique, capital regional, hay más de 430 kilómetros de distancia. Obviamente, Villa O'Higgins no tiene notaría. La más cercana está en la ciudad de Cochrane, capital de la provincia Capitán Prat. O sea, los desplazamientos a los que están obligadas muchas personas constituyen un ingrediente adicional al que proyectos como este le dan gran sentido y valor. Por eso resulta absolutamente conveniente avanzar y desarrollar la presente iniciativa.
Valoramos lo que ha pasado en el Poder Judicial, donde la transformación digital ha significado la facilitación, no de miles, sino millones de millones de documentos, expedientes y otros, lo cual se ha traducido en un enorme impacto positivo en el acceso, incluso a la justicia y particularmente a la tramitación.
Es evidente que al proyecto, que consta de seis artículos permanentes y cinco transitorios, habrá que incorporarle los requerimientos correspondientes en materia de ciberseguridad. En efecto, un asunto del que se ha hablado copiosamente en el Senado de la República son los riesgos de ataques a través de virus y otros elementos. El Poder Judicial ya ha debido enfrentar más de 3 millones de ataques de virus, razón por la cual habrá que tomar resguardos en este ámbito.
Por cierto, dada la significación de la iniciativa y el contexto en el que se plantea, no podemos menos que felicitar a sus autores. Algunos ya no están en la función parlamentaria, pero, sin duda, tuvieron la visión de proponer un programa que a lo mejor debió implementarse hace mucho tiempo. Lo valoramos y, por tal motivo, vamos a votar a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En seguida, tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, siguiendo un poco el argumento histórico del Senador Huenchumilla, quien expresaba que los Estados de lo primero que se preocuparon fue de contar con un buen ejército que asegurara sus fronteras externas y la paz interior; de la hacienda (había que tener monedas), y finalmente de la burocracia, para poder gobernar el Estado, quiero hacer presente que dentro de esta última naturalmente las comunicaciones constituían un eje fundamental entre las instituciones del Estado y entre el Estado y los particulares. Y es por eso que el edificio de los correos tradicionalmente ocupó un lugar importante en todas las naciones. ¿Qué hay en la Plaza de Armas de Santiago? La oficina central de Correos; en Lima, pegadito al Palacio Pizarro, hay un recinto monumental de Correos. Y lo mismo pasa en Madrid, Washington y en todos los países.
Pero los correos se vieron totalmente superados. ¿Por qué? Porque el mundo privado, a través de sucesivos incrementos tecnológicos, ya no los necesitó más. El mail, el correo electrónico, todo este tipo de avances tecnológicos llevaron a que aquellos edificios quedaran prácticamente deshabitados.
Por eso este proyecto es tan importante: porque viene a poner al día un ámbito que había quedado inexplicablemente atrasado, como eran las comunicaciones internas del Estado y las del Estado con los particulares. Algo que las personas ya habían resuelto en su vida, en su intercambio entre ellas, había quedado inexplicablemente atrasado en la relación entre los distintos órganos del Estado y entre el Estado y los ciudadanos.
De ahí que esta iniciativa sea tan relevante. En ese sentido, quiero felicitar al Ministro Blumel por haber impulsado este proyecto, que hará que el Estado de Chile sea mucho más ágil, mucho más innovador y mucho más efectivo.
Pero la cuestión aquí no es solo digitalizar trámites. Hay que pensar al Estado en términos electrónicos, en términos digitales. Por lo tanto, este problema no es solo de papeles, sino también de procedimientos y de procesos, asunto que aborda y resuelve muy bien esta propuesta legal. Se busca una transformación cultural y administrativa sustancial al interior del Estado de Chile.
¿Cuáles son sus grandes aportes?
-La obligatoriedad del soporte electrónico.
-La excepcionalidad del soporte en papel.
-La plataforma electrónica para el ingreso de solicitudes y demás trámites.
-Los documentos que se encuentren en poder de la Administración deberán circular internamente sin que una institución tenga que pedírselos a un particular, ya que todos los servicios contarán con ellos.
-La comunicación entre los órganos de la Administración a través de una plataforma única.
-Las notificaciones electrónicas, otro avance enorme. En la discusión en la Comisión de Gobierno también salió un tema muy relevante, referido a la posibilidad -que ojalá el Ministro Blumel considere- de crear una casilla única, de manera que cada persona, con su RUT, tenga un receptáculo al cual le lleguen todas las notificaciones que tengan que ver con el Estado de Chile y no deba estar buscando dónde diablos lo notificaron en algún tipo de procedimiento.
-El sistema documental digital del Archivo Nacional. Esto viene a cambiar completamente el paradigma existente hasta hoy. Cuando uno entra a un archivo, ya sea el Judicial o el Nacional, se encuentra con torres, torres y torres de papeles. Pues bien, ese paradigma debiera cambiar para siempre.
-Otro asunto relevante es que esto no será una facultad, sino una obligación para los servicios, que deberán avanzar en tal dirección, con plazos establecidos para tal efecto.
En fin, señor Presidente, me parece que estamos ante un proyecto de la más alta importancia. Y es por eso que creo que el Parlamento, el Senado en este caso, debe apoyarlo con entusiasmo y creatividad, pues constituye un imperativo poner al Estado de Chile a la altura de lo que merecen sus ciudadanos.
Señor Presidente, el Poder Judicial ha tenido la experiencia más potente, más cercana. Las cifras señalan que en 18 meses ha tramitado más de 14 millones de escritos y un millón de demandas.
Está claro que poner en manos del Estado la nube tecnológica de internet demanda seguridad y ciberseguridad claves y que, hasta el momento, el Estado chileno no ha dado cuenta de ello. O sea, hoy día tenemos un sistema con alta vulnerabilidad; también en este Senado e incluso en el Poder Judicial, porque invertir en seguridad es invertir a diario.
Desde la última modificación que se hizo en esta materia han transcurrido 16 años. Y en Europa ellas se efectúan, de manera cíclica, cada 4 o 5 años. En tal sentido, la velocidad de los cambios va a obligarnos a tener una ley con mucha flexibilidad, de modo que pueda adaptarse en forma permanente a los cambios de la modernidad, de la tramitación electrónica y particularmente de internet.
A mí me preocupa que este derecho ciudadano a la información y esta garantía de administración del Estado puedan delegarse en un sector privado no regulado. Facebook, Twitter, tienen, en definitiva, un dueño. Zuckerberg cambió los algoritmos e inviabilizó la llegada de los medios electrónicos más populares, y hoy día cobra por su acceso.
Por lo tanto, las preguntas son: ¿quién garantiza la neutralidad de internet? ¿Quién asegura que en este medio el Estado chileno no depositará las confianzas de administrar los bienes y particularmente la vida de las personas a nivel nacional hasta que haya un resguardo de que este espacio no llegará a estar hegemonizado y controlado?
Cuando surgieron los correos electrónicos, estos eran gratuitos. Yo invito a los Senadores a que averigüen cuántos nos está permitido enviar a quienes forman parte de la red que ha creado Internet y los correos electrónicos.
¡6 mil correos al mes!
Aquí hay Senadores que tienen más de un millón de electores, pero los correos que se permite remitir como medio de información son 6 mil al mes.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, quienes enviamos información de manera constante, a diario a nuestros electores, utilizábamos el correo electrónico aspirando a que fuera un mecanismo de permanente contacto con el electorado. Pero llegaron las alertas. No se podían usar de manera masiva. Ni siquiera era posible pagar por ello.
Hoy día hay una restricción en el Senado sobre el número de personas a las que se puede informar.
Y mi pregunta surge inmediatamente.
En el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Salud, en el FONASA (que cuenta con 14 millones de afiliados), ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuánto tendrán que pagar a fin de tener contacto con sus afiliados?
Actualmente ello es gratuito o de bajo costo.
Quiero recordar que cuando era Diputado creamos la Comisión "Stop Microsoft", que durante tres meses investigó la situación de esta empresa, condenada en Los Ángeles y en Europa a pagar miles de millones de dólares por el uso indebido del control de Internet y de los programas computacionales de los equipos que vendían.
¡En Chile estamos entregados a Microsoft!
El Ministro de Salud ha dicho que vamos a ir a la salud digital, a la salud de Internet. Pero, ¡ojo!, este Congreso paga una licencia por cada computador que tiene. ¡Si no lo está haciendo incumple la ley! Y hemos ido desde los 6 mil millones de pesos, hace aproximadamente seis años, a más de 80 mil millones anuales en el pago de licencias.
Esto equivale a querer utilizar un CD en una radio de la casa: debes tener un reproductor de CD, porque la radio no permite leer ese disco.
Hoy día claramente los programas se cancelan. Cuando el Presidente Lagos recibió las 2 mil donaciones de Microsoft, al poco tiempo supimos que había que pagar programas y que estos eran más caros que los computadores. Por tanto, ha sido exponencial el crecimiento en el pago de patentes de computación, de programas, y esto va a seguir creciendo.
Si el Estado deposita toda su organización, su administración en un sistema en manos de privados, que no son nacionales, sino internacionales, y que además tiene la seria deficiencia de poder caerse (Internet no es eterno y frente a cualquier conmoción o desastre natural no hay red), la pregunta, entonces, no es solo por el costo progresivo que estos servicios pueden significar para el Estado, no es solo por la seguridad ante la intervención de cualquier país extranjero o un privado que se adjudique la administración del Estado, sino también, claramente, por qué sucede ante un desastre natural cuando no hay servicio.
Esto obliga a una red alternativa de seguridad.
O sea, ¿qué ocurrirá si a alguien no le dan una licencia o si un trámite administrativo de cobro de subsidio no puede hacerse porque no hay sistema?
Ya sabemos lo que pasó el 27-F con los servicios de telefonía: desaparecieron y quedamos aislados.
Viví personalmente la sensación de precariedad y de vulnerabilidad de no estar conectado con nadie en Chile, de no tener acceso a ningún tipo de información por más de veinticuatro horas.
¡Ni siquiera la Presidenta de la República podía comunicarse con su intendente para saber qué pasaba y si se había producido o no un maremoto en la Región del Biobío!
Por tanto, voto a favor, señor Presidente, con estas observaciones, las cuales deben ser subsanadas en el proceso de debate porque la vulnerabilidad está señalada.
Durante años he luchado porque el Estado ingrese al software libre, que no es software gratuito, pero elimina el pago ultra millonario que estamos haciendo a una sola empresa en Chile.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y se fija el próximo lunes 5 de noviembre como plazo para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
Boletín N° 10625-17
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.625-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 54ª, en 17 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 57ª, en 9 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal del proyecto es otorgar un reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, por ser un elemento constitutivo de nuestra nación y por su relevante aporte a la cultura chilena.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Muñoz y señores Kast y Latorre.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión la idea de legislar del proyecto.
Nos han pedido abrir la votación, si le parece a la Sala.
El señor MOREIRA.- ¡Respetando los tiempos!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por supuesto, Senador señor Moreira, ¡como siempre lo hemos hecho!
El señor INSULZA.- Señor Presidente, trataré de ser breve, a pesar de que este tema, como usted imagina, interesa mucho en la región a la que represento.
Este proyecto se inició en una moción de parlamentarios de la zona, y plantea la situación de un grupo tribal, cubierto en el Convenio N° 169 de la OIT, para los efectos de una cosa bastante simple: el reconocimiento de su existencia.
Si nosotros examinamos la situación de las personas afrodescendientes en las Américas, de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los afrodescendientes en América Latina habitan de manera sistemática en las zonas más pobres y con menor infraestructura, están expuestos al crimen y la violencia, enfrentan serios obstáculos para acceder a los servicios de educación y salud y para obtener una vivienda.
La Comisión Interamericana concluye que las personas afrodescendientes experimentan importantes obstáculos en relación con el ejercicio y las garantías de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y se encuentran también subrepresentadas en la esfera política. Esto último significa impedimentos adicionales para participar en el diseño de políticas públicas que puedan mejorar su situación estructural.
Todo ello parece ser motivo suficiente para tener una óptica especial con los afrodescendientes e iniciar un camino a fin de adoptar medidas concretas mediante la aprobación y la aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas de lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia.
La Comisión de Derechos Humanos concluye que es importante acabar con las formas de intolerancia que enfrentan los afrodescendientes, considerando la situación particular de las mujeres, las niñas y los varones jóvenes.
Esto, que ocurre en todos los países de América Latina, tiene una particularidad, señor Presidente, pues en nuestro país hasta hace poco era muy habitual escuchar: "En Chile no hay negros".
Eso se decía en todas partes.
Yo lo escuché cuando era joven. Seguramente, lo habrán oído muchos otros.
Basta con vivir o estar durante poco tiempo en las regiones del norte de Chile, y en particular en la Región de Arica y Parinacota, para darse cuenta de lo absurda que es esa afirmación.
De hecho, en 1813 había noticias del entonces Virreinato del Perú en que se señalaba que más de la mitad de la población de la ciudad de Arica era afrodescendiente.
¿Por qué fue disminuyendo?
Fundamentalmente, por una absorción de la población en medio de cierto desconocimiento y por la falta de voluntad en relación con sus derechos políticos, sociales y culturales.
Como país hemos dado algunos pasos en la línea del reconocimiento de los afrodescendientes.
Este proyecto de ley se inserta dentro de una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas que proclamó al decenio 2015-2024 como el "Decenio Internacional para los Afrodescendientes". Se reconoce allí la necesidad de que este grupo disfrute plenamente los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los afrodescendientes.
Quiero agregar, señor Presidente, que cuando yo era Secretario General de la Organización de Estados Americanos llegaron a la Asamblea General grupos afrodescendientes chilenos que pedían una cosa bastante más pequeña: ser incluidos en el censo para tener la oportunidad de decir que eran afrodescendientes. Eso se logró en el año 2013.
La población afrodescendiente de este país es de alrededor de 4 por ciento. En mi Región los afrodescendientes alcanzan a algo más de 5 por ciento.
Este proyecto es muy simple, señor Presidente.
Los parlamentarios que lo presentaron quisieron asegurarse de que el pueblo afrodescendiente fuera aceptado y de que no comenzara una reivindicación de derechos que pudiera ser ampliamente discutida.
De esta forma, su primer artículo reconoce legalmente al pueblo afrodescendiente y declara que ha sido víctima de discriminación y estigmatización desde el período histórico colonial.
Asimismo, prescribe las obligaciones de respeto y promoción por parte del Estado de los saberes, de los conocimientos, de la medicina tradicional, de los idiomas, y los reconoce como patrimonio inmaterial del país; ordena la inclusión en el sistema educacional de la enseñanza de su historia, su lenguaje y su cultura; consagra el derecho de consulta indígena, de acuerdo con lo contemplado en el Convenio Nº 169 de la OIT, cada vez que medidas legislativas o administrativas los afecten; contempla la inclusión de la categoría afrodescendiente en las encuestas censales, y, finalmente, entrega una potestad reglamentaria para concretar lo prescrito en sus artículos.
El pueblo afrodescendiente ha llegado en nuestra América a tener una cantidad de integrantes bastante sustantiva, y no hay ningún país del continente que esté exento de contar con una población de estas características.
Creo que se ha cometido -como se dijo- una gran injusticia con ellos, porque no solamente han sido discriminados e ignorados...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor INSULZA.- Gracias, señor Presidente.
En consecuencia, le pido al Senado que, confirmando la aprobación del texto de la Cámara de Diputados, le otorgue al pueblo afrodescendiente la existencia legal que se merece.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que está abierta la votación.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, la moción que dio origen a este proyecto fue ingresada el año 2016, y sus autores son los Diputados Karol Cariola, Ramón Farías, Marcela Hernando, Issa Kort, Daniel Melo, Vlado Mirosevic, Roberto Poblete, Luis Rocafull, Leonardo Soto y la actual Senadora Yasna Provoste. Es decir, se trata de una iniciativa transversal que representa una mirada del Congreso Nacional que debemos alentar.
Como una breve historia, en el año 1777 el Gobernador Jáuregui realizó un primer censo, el cual arrojó que en el Reino de Chile el 9,8 por ciento de la población era negra.
En 1846, de acuerdo a otro censo de la época, se estimó que el 50 por ciento de la población de Arica era afrodescendiente en su origen (en esa época se calificaba de "negra"), cuando dicha ciudad todavía estaba bajo administración peruana.
En 1871 esa cifra se redujo a 32 por ciento, pero ello se explica en el contexto de que la población mestiza aumentó a 26 por ciento.
Quiero subrayar con esto que en todos los censos, particularmente en los de la zona norte del país y también a lo largo de todo nuestro territorio, siempre ha habido un porcentaje de afrodescendientes que han vivido, que han trabajado y que han sido importantes en la constitución de nuestras tradiciones y costumbres.
Quiero recordar y destacar que en 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas realizó la primera encuesta de caracterización de población afrodescendiente en la Región de Arica y Parinacota, la cual indicó que 8 mil 415 personas eran de origen afrodescendiente, lo que corresponde al 4,7 por ciento de la población.
Asimismo, es interesante tener presente que este pueblo constituye una cultura viva que comparte sus tradiciones culturales afroariqueñas.
La Fiesta de las Cruces de Mayo, sus tradiciones culinarias, el baile de morenos de la Virgen del Rosario de las Peñas de Livilcar, la danza tumba de carnaval y la Pascua Negra forman parte del folclor del extremo norte del país, un norte mucho más diverso, mucho más variado del que algunos conocen.
También es digno de mencionar que estudios más recientes, a través de los cuales es posible comparar situaciones similares con países como México, Colombia, Paraguay y Chile, establecen que el 4 por ciento del componente genético de la población nacional corresponde a la raza africana.
En consecuencia, existen antecedentes suficientes para entregar un reconocimiento legal y pleno al pueblo afrodescendiente; para aceptar y valorar sus tradiciones, su folclor, sus costumbres, su mirada de la sociedad y de la vida e incluirlos en los programas de estudios; para establecer su derecho a ser consultado acerca de las medidas administrativas o legislativas que lo puedan afectar, y, por cierto, para incorporarlo en todos los censos a fin de que sus integrantes mantengan su presencia, tal como lo han pedido en reiteradas ocasiones a todos los que hemos ido a Arica en más de una oportunidad.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente de Chile constituye la culminación de bastantes décadas de lucha y avances en el justo reconocimiento de su cultura, historia y cosmovisión.
De acuerdo al Estudio de Caracterización realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas el año 2013, el cual tuve el honor de impulsar en mi condición de Intendente de la Región de Arica y Parinacota, se pudo establecer que el 4,7 por ciento de la población regional se identifica como afrodescendiente, siendo especialmente relevante que el 52,4 por ciento de esta cifra corresponde a jóvenes menores de 29 años, y que un 87,96 por ciento habita en la ciudad de Arica.
De esta forma, los afrodescendientes tendrán un cauce legal para la visibilización de su identidad y la difusión de su riqueza inmaterial, constituida por sus tradiciones, usos y costumbres.
La Región que represento ha impulsado, unida, transversal y decididamente, esta iniciativa de ley; pues Arica y Parinacota fue el lugar de llegada, refugio y permanencia de los afrodescendientes de Chile.
Sus ancestros bajaron de los barcos como esclavos que llegaban al puerto de Arica, llenos de dolor y sufrimiento, y su destino principal era la explotación inhumana hasta la muerte, de la cual eran víctimas en el Cerro Rico, de Potosí.
Ante ese desolador panorama, los ancestros de los afrodescendientes chilenos encontraron en el oasis de la Región de Arica y Parinacota, específicamente en el valle de Azapa, un lugar de escape, refugio y esperanza.
Es por ello que sus rostros, música, colores y tradiciones enriquecieron el paisaje ariqueño, especialmente sus valles, haciendo que nuestros habitantes, a lo largo de la historia, los consideraran como parte irremplazable de nuestra identidad, venciendo tempranamente las barreras de la discriminación.
Es tan arraigada, tan propia la presencia entre nosotros del pueblo afrodescendiente, que este ha sobrevivido a lo largo de los siglos y ha permitido que generaciones de jóvenes afrodescendientes y ariqueños inunden periódicamente nuestras calles con su música y su color.
Su cosmovisión nos trajo sabiduría. Nadie puede conocer la idiosincrasia de la Región de Arica y Parinacota, su vocación de paz, de integración y su esperanza, si no conoce la diversidad de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes.
Toda la historia de los pueblos afrodescendientes debe ser enseñada en los colegios y universidades del país. Dejarla en el olvido implica renunciar a una parte de nuestro patrimonio cultural.
Muchos han contribuido a este histórico momento y hoy contamos con la presencia de varios de los precursores de este proyecto de ley. Rindo un sentido homenaje a ellos y a sus ancestros por su consecuencia y amor por sus orígenes.
La aprobación de esta iniciativa de ley constituye, asimismo, un agradecimiento a su aporte y su integración al crisol de nuestra nacionalidad.
En consecuencia, en representación del mayor orgullo de ariqueños y parinacotenses, manifiesto mi aprobación al presente proyecto e invito a todos mis colegas a respaldar decididamente este acto de justicia histórica.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solo quiero agregar a lo que ya señalaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra lo que fue la conversación y el debate en la Comisión de Derechos Humanos sobre esta materia y dar a conocer los argumentos de la moción que presentaron Diputadas y Diputados hace algunos años.
En primer lugar, según indican los considerandos de la moción, los pueblos afrodescendientes fueron obligados a cruzar el océano Atlántico en galeras, raptados de sus tierras, convertidos en esclavos y sometidos al dominio de adinerados terratenientes, tanto en el Perú como en nuestro país.
Los africanos traídos acá en tiempos de la Conquista, principalmente como víctimas del tráfico de esclavos, fueron obligados a cumplir labores agrícolas y de servidumbre. Entre los años 1580 y 1640, se produce la mayor internación de negros africanos hacia el Reino de Chile, proviniendo en su mayoría de Guinea, el Congo y Angola.
Se establece también que el pueblo tribal afrodescendiente o comunidad afrodescendiente representa a un tercio de la población de América Latina y que han sido marginados en forma permanente de las políticas públicas de los gobiernos, experimentando niveles desproporcionados de pobreza y de exclusión social a nivel mundial.
En nuestro país, señor Presidente, en particular en la Región de Arica y Parinacota -como ya lo han señalado los Senadores representantes de esa zona-, existen unas 8 mil 500 personas afrodescendientes, lo que corresponde al 5 por ciento de la población total, según datos de la primera encuesta de caracterización de este segmento de la población, realizada por el INE en 2013.
Los representantes de organizaciones de afrodescendientes han señalado en su exposición en la Comisión de Derechos Humanos que, desde su llegada a Chile, se constata una invisibilización de su presencia, que ha derivado en una negación histórica de sus aportes en la conformación de la nación chilena.
Se recordó, además, que los afrodescendientes tuvieron una importante participación en nuestra independencia, en particular con el Batallón de los Pardos, en el que sobresalió el señor José Romero, conocido como el "Mulato Romero".
En la Comisión también se conversó sobre el aporte de dicho pueblo a la cultura chilena. Se destaca la inclusión de vocablos como "banana", "bochinche" y "ganga" a la lengua nacional; la zamacueca, baile afroperuano de moda en los años posteriores a la independencia, con matices africanos y antecesora de nuestro baile nacional, y la celebración de la Pascua de los Negros, cuyas raíces están en el pueblo africano cuando los nativos bailaban y rendían culto al niño Dios.
Asimismo, se hizo presente que en Arica se encuentra la Ruta del Esclavo, circuito etnoturístico que difunde en su recorrido las costumbres y tradiciones de los africanos esclavizados que fueron traídos a América hace más de 400 años acompañando a los conquistadores.
En el año 2010 se entregó a la agrupación de afrodescendientes ariqueños Club Adulto Mayor Julia Corvacho el reconocimiento como Tesoro Humano Vivo.
Con la finalidad de asumir que la cultura afrodescendiente de Chile constituye una realidad compleja, resultado de un largo proceso de conservación, recreación y transformación, ha llegado el momento de corregir los errores y olvidos para que la idea de un país multicultural, multirracial y diverso tenga un sentido real.
La Comisión de Derechos Humanos, durante el estudio de este proyecto, recibió en audiencia a la representación de la ONG Oro Negro de Afrodescendientes de Chile, la cual, entre otros aspectos, enfatizó la necesidad de hacer este reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente de Chile, de Arica y Parinacota, en sintonía con los tratados internacionales que lo amparan.
Asimismo, los representantes de los afrodescendientes de nuestro país destacaron que la primera encuesta de caracterización de población afrodescendiente en la referida Región, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2003, determinó que 8.415 personas eran de ese origen, lo que corresponde a un 4,7 por ciento de la población. Además, resaltaron que, gracias a este estudio, se generaron una serie de políticas públicas en favor de los afrodescendientes, asignándosele un presupuesto de 166 millones de pesos en el ítem correspondiente de la Partida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
También se informó que ellos participaron en la consulta a los pueblos originarios y tribales del Convenio 169 de la OIT para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, toda vez que, de acuerdo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están dentro de la categoría de pueblos tribales y, en tal condición, les es aplicable el citado instrumento.
Se destacaron las tradiciones culturales afroariqueñas que se han enraizado en la cultura nacional: la Fiesta de las Cruces de Mayo, sus tradiciones culinarias, sus danzas como el baile de morenos a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de las Peñas de Livilcar y la danza tumba carnaval.
Por todo lo anterior, señor Presidente, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Derechos Humanos, Senadores señores Kast, Latorre y quien habla, aprobamos en general el proyecto en análisis y acordamos, para la discusión en particular, invitar a los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como a la Subsecretaria de Derechos Humanos y a un analista de la Biblioteca del Congreso Nacional.
En consecuencia, solicitamos que se apruebe la idea de legislar.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, quiero partir mi intervención anunciando que votaré favorablemente esta iniciativa. Sin embargo, tengo algunas consideraciones que hacer al respecto.
Este es un acto de sinceramiento del Estado chileno respecto de un grupo humano, el pueblo tribal afrodescendiente del norte del país, que ha estado invisibilizado desde la formación del Estado de Chile.
Hoy día, mediante una acción del Poder Legislativo, estamos subiendo a esas personas al espacio público que es la democracia, para que sean actores dentro de la nación con una personalidad propia.
Y hacemos eso basados en la legislación internacional, porque la categoría de "grupo o pueblo tribal" se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, que es una ley vigente en Chile en virtud de que dicho Tratado fue ratificado por nuestro país y aprobado por el Parlamento.
Ese sinceramiento que estamos abordando como país se genera en muchos ámbitos en el mundo y produce consecuencias políticas que muchas veces no vislumbramos o que la discusión pública no nos deja ver.
Por ejemplo, en Sudáfrica se originó un proceso de reconocimiento de esa sociedad cuando esa nación, mayoritariamente habitada por personas de color, era manejada por una minoría blanca. Bueno, ese país sinceró la situación y hoy día es gobernado por quien corresponde.
A propósito de lo que vivimos en La Haya hace poco y pese a todas las caricaturas y los prejuicios que existen en Chile respecto de Bolivia, nuestros compatriotas no logran entender que en ese país vecino también hubo un sinceramiento político, por cuanto estaba habitado mayoritariamente por indígenas y era gobernado por los blancos. La elección de Evo Morales sinceró las relaciones de poder existentes en esa sociedad, con todas sus características, las mismas que están señaladas en este proyecto de ley respecto de los afrodescendientes: cultura, cosmovisión, maneras de ser.
A veces en el debate público no consideramos esas características especiales de nuestro vecino. ¡Y seguirá siendo nuestro vecino eternamente! Por lo tanto, el derecho tiene que dar paso a la diplomacia.
Vuelvo al debate central, señor Presidente.
En Chile debemos generar un sinceramiento con nuestros pueblos originarios, que son nueve. Algún día seremos un Estado plurinacional, como lo son Nueva Zelandia, Colombia, Canadá y todos los demás países que han hecho tal reconocimiento sinceramente.
¡Es lo que estamos haciendo aquí!
Pero hay una cosa que conviene tener presente. Estamos hablando de pueblos que estaban antes de que el Estado se formara. Es el caso de los indígenas -por eso se llaman "pueblos originarios"- y también del pueblo tribal que se trajo en la Conquista, durante los siglos XVI y siguientes, en virtud del proceso mundial y denigrante de la esclavitud, que se practicó en todo el planeta con los africanos y que se encuentra en la base de la formación del capitalismo moderno, que en ese entonces se llevó a cabo en Europa y Estados Unidos.
¡Tal proceso es una lacra y una mancha en la humanidad!
Reitero: los esclavos africanos llegaron aquí durante la Conquista.
¿Adónde voy con todo eso, señor Presidente?
Deseo plantear un punto. ¡Y qué bueno que estén presentes en este minuto los dos Senadores que representan la zona norte!
Al final de la definición de afrodescendientes, que figura en el artículo 2º del proyecto, se indica que son "descendientes de la diáspora africana".
Pues bien, la diáspora africana en toda América Latina fue producto de lo que llamamos "esclavitud". Pero hoy día en Chile se da el fenómeno de la inmigración, que también ha generado una diáspora africana.
Entonces, sería bueno que en la discusión en particular se precisara la definición que establece el artículo 2º, en el sentido de aclarar que, cuando se habla de "descendientes de la diáspora africana", nos referimos a los que llegaron a Chile en virtud del proceso de la Conquista, en los inicios del fenómeno de la esclavitud. Ello, para que, con el transcurso de los años, no tengamos problemas con los descendientes de la diáspora africana que llegaron por la vía de la inmigración, y se diga que son titulares de la negociación que establece el Convenio 169 de la OIT, la ley internacional en razón de la cual estamos legislando sobre esta materia.
Por lo tanto, señores Senadores del norte del país, estimo que sería bueno precisar eso en el artículo 2º para evitar conflictos o problemas a futuro. La idea es sincerar la situación de los afrodescendientes, pero también legislar bien.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría ha efectuado una oportuna precisión, la cual se verá, obviamente, en la discusión en particular.
Señor Presidente, está claro que para algunas comunidades la historia y, particularmente, los orígenes resultan dificultosos de asumir.
El Ejército Libertador, que cruzó Los Andes al mando del General San Martín, traía en su destacamento un extenso contingente compuesto por venezolanos, colombianos, argentinos, negros y, por cierto, mapuches. ¡Todos colaboraron en el Ejército Libertador! Muchos murieron en el cruce de la cordillera o en el campo de batalla. Formaron parte de la historia de un ejército multinacional de integración de América Latina.
Muchos olvidan que la libertad obtenida en el campo de batalla la dirigió un General argentino, José de San Martín, en 1818. Paradojalmente, como día patrio celebramos la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810. ¡Esa fue una tibia declaración de independencia!
La independencia de Chile en realidad se obtuvo en el campo de batalla en Maipú. Es parte de los reconocimientos que aún quedan pendientes para ese Ejército Libertador.
Por otra parte, está claro que no siempre se ha considerado de igual modo la existencia de una comunidad afrodescendiente en Arica.
Solo deseo recordar que tiempo atrás, hacia el año 2013, escribí un mensaje por Twitter refiriéndome de manera respetuosa -visito Arica desde hace más de 28 años, por motivos familiares- a los "afroariqueños". Sin embargo, hubo una reacción inusitada respecto de esta expresión.
Es conocida la presencia en el valle de Azapa de dicha comunidad organizada, que ya data de siglos, que se ha arraigado fuertemente y que representa a cerca del 4,6 por ciento de la población regional, junto a las personas de origen aimara.
Arica es una ciudad diversa, multicultural.
Siento que, con este reconocimiento, solo aplicamos lo que ya hicimos con los pueblos originarios -por ejemplo, con el mapuche-, por cuanto el Convenio 169 de la OIT, aplicable en estos casos, establece claramente las categorías de pueblos tribales y originarios.
Me parece que este proyecto de ley, de origen parlamentario -¡en hora buena!-, viene a dar cuenta del reconocimiento de una realidad imborrable.
A mi juicio, Chile experimentará cambios culturales de proporciones, históricos, producto de la inmigración.
Pero los africanos no vinieron por su voluntad, sino traídos como esclavos. Los trajeron obligados a través del comercio de vidas humanas.
La memoria es frágil. Cuando uno ve una película de cine o lee historia, recuerda que en Boston, Estados Unidos, los negros eran pintados con brea negra para ser vendidos en la plaza pública. ¡Y eso era respetado y aceptado por la sociedad! La esclavitud era aceptada por vastos sectores en un país que fomentaba la democracia y la libertad, con tradiciones propias de todo proceso revolucionario, que incluía, por cierto, la lucha por la independencia de los Estados Unidos.
Me siento orgulloso de esta iniciativa. Y quiero agradecer a los Diputados y Senadores de la Región de Arica y Parinacota por el decidido apoyo que le han manifestado, lo cual solo viene a ratificar un hecho esencial: la diversidad produce creación y da cuenta de procesos crecientes de felicidad.
Reconocimientos de esta naturaleza contribuyen a entender la diversidad en su mejor condición, la de convivir y compartir entre personas de diferentes orígenes, pero iguales en derechos. Creo que estos derechos deben llegar a toda la población.
Este proyecto de ley debiera ser tramitado a la mayor brevedad, y debiéramos ser parte de un proceso de difusión al respecto. Imagino que los Senadores representantes del norte lo harán en Arica.
Todavía algunos dicen: "¿Hay africanos en Arica?" Y cuestionan ese hecho. Por eso en su minuto criticaron cuando hablé de "afroariqueños".
En todo caso, a veces el desconocimiento debe ser tolerado.
Creo que este proyecto viene a hacer justicia a una realidad innegable en nuestra puerta norte, en Arica, que posee una diversidad de nacionalidades. No solo son el resultado de la migración europea, sino también de esclavos que fueron traídos a Chile obligados y se quedaron, se arraigaron, conformando hoy día una comunidad que, con dignidad, pide reconocimiento.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o señor Senador no ha emitido su voto?
--Se aprueba el proyecto en general (19 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 12 de noviembre.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Durana, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pugh, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Castro y Prohens.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y el señor Moreira.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para requerirle información sobre PROGRAMA DE REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSORES DE CIUDAD DE VALPARAÍSO y envío de LISTADO DE PLANTAS DESALADORAS EXISTENTES, EN TRAMITACIÓN Y PARA EMPLAZAMIENTO EN REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Y a los señores Alcalde de Algarrobo y Superintendente de Servicios Sanitarios, y a la señora SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, solicitándoles remitir antecedentes relativos a PERMISOS Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A TUBOS EMISARIOS CERCANOS A ESTERO DE SAN JERÓNIMO Y A MIRADOR TUNQUÉN, EN PLAYAS DE ALGARROBO.
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo y al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, recabándoles datos acerca de PROBLEMAS DE VECINOS DE SECTOR LAS MULATAS, COMUNA DE VALDIVIA, ANTE INSUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR ESSAL.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Director Nacional de Vialidad, a fin de que se remitan antecedentes sobre ESTADO DE RUTA T-240, COMUNA DE MARIQUINA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al señor Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el objeto de que se informe respecto de PROYECTO PILOTO AUTOMOTOR LIGERO DIÉSEL OPCIONAL PARA RENOVACIÓN DE BUSCARRIL ENTRE TALCA Y CONSTITUCIÓN.
Y al señor Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para consultar por INTEGRACIÓN DE COMIDA PERUANA, HAITIANA Y VENEZOLANA EN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
A la señora Ministra de Educación, a fin de que se proporcionen antecedentes de CASO DE INSTITUTO DOWN, REGIÓN DEL BIOBÍO, y se dé a conocer RAZONES DE NO PAGO DE ARRIENDO A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AL QUE FUERON TRASLADADOS LOS ALUMNOS DE ESCUELA RAMÓN BARROS LUCO, DE VALPARAÍSO, LUEGO DE TERREMOTO DE 2010.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole entregar NÚMERO DE DESALOJOS DE DEPARTAMENTOS ARRENDADOS REALIZADOS POR CARABINEROS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, pidiéndole remitir PROYECTOS DE RADIOS COMUNITARIAS POSTULADOS A FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 Y SU EVALUACIÓN.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, requiriéndole informar sobre NÚMERO DE LOCALES CON MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y CANTIDAD TOTAL DE ESAS MÁQUINAS EN CADA COMUNA.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, recabándole diversa información acerca de los COMITÉS PARITARIOS.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole antecedentes respecto de la VULVODINIA; pidiéndole indicar ESTADO DE PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL DE LOTA; demandándole enviar múltiples datos relacionados con las ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y BRONCOPULMONARES EN COMUNA DE CABRERO, y recabándole información respecto de FUGA DE GAS OCURRIDA EN HOSPITAL HIGUERAS, COMUNA DE TALCAHUANO, EL 2 DE OCTUBRE DE 2018.
A los señores Ministro de Salud y Secretario Regional Ministerial de Salud del Biobío, para que informen detalladamente acerca de RESULTADOS DE MUESTRAS DE AGUA TOMADAS EN JULIO PASADO EN ESTERO DE COIHUICO.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, consultándole por CANTIDAD DE VIVIENDAS EN COMUNA DE NACIMIENTO CON PLAGA DE TERMITAS, EFECTOS CAUSADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN.
Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole diversos antecedentes con relación a PLANES DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA TEMPORADA 2018-2019, A NIVEL NACIONAL Y, EN ESPECIAL, EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, para que informe sobre PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN DEL GRAN CONCEPCIÓN, y acerca de NÚMERO DE RADIOS COMUNITARIAS EN CHILE, POR REGIÓN Y, EN CASO DE REGIÓN DEL BIOBÍO, POR COMUNA, CON INDICACIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOS DE APOYO EN ESTA MATERIA.
A la señora Ministra del Deporte y a los señores Intendente del Biobío y Alcalde de Los Ángeles, requiriéndoles información sobre CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESTADIO DE LOS ÁNGELES: MONTO ASIGNADO, EMPRESA RESPONSABLE Y PLAZOS FIJADOS PARA CADA ETAPA, ADJUNTANDO COPIA DE LICITACIÓN Y DE BOLETAS DE GARANTÍA.
Al señor Intendente del Biobío, pidiéndole antecedentes acerca de RECURSOS ASIGNADOS POR LEY ESPEJO DE TRANSANTIAGO EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, DESGLOSADOS POR AÑO, FORMA DE INVERSIÓN Y DETERMINACIÓN DE DESTINO.
Al señor Alcalde de Lota, para que informe con relación a CAMPAMENTO VILLA POSADA: NÚMERO DE PERSONAS, FAMILIAS, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES RESIDENTES; CANTIDAD DE VIVIENDAS CON SERVICIOS ELÉCTRICOS, Y ESTADO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA.
Al señor Superintendente de Pensiones, para que remita antecedentes relativos a SOLICITUDES DE PENSIONES POR INVALIDEZ PRESENTADAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, DESGLOSADO EN FORMA ANUAL Y POR CANTIDAD DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO.
Al señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, consultándole por NÚMERO DE COMUNAS CON ORDENANZAS MUNICIPALES QUE PERMITEN FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS.
Al señor Director General de Aeronáutica Civil, solicitándole información relativa a UTILIDADES Y DESTINO DE INGRESOS POR TASAS DE EMBARQUE y preguntándole por RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN FISCALIZACIÓN DE EQUIPAJES EN VIAJES AÉREOS.
Y al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas, requiriéndole antecedentes sobre TOTALIDAD DE IMPORTACIONES CORRESPONDIENTES A PARTIDAS ARANCELARIAS 30.03 Y 30.04 REALIZADAS POR LABORATORIOS NOVARTIS Y SYNTHON LOS AÑOS 2016 Y 2017 Y DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2018.

References: artículo 304
 artículo 65
in fine
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 1
 artículo 6
 artículo 19
 resolución 
 artículo 3
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 artículo 18
 artículo 5
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 artículo 2
 artículo 2
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