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Timestamp: 2018-03-19 09:46:58+00:00

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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2014.
Publicado en DOG núm. 77 de 23 de Abril de 2014
Artículo 1 Objeto, régimen y finalidad
Artículo 2 Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
Artículo 6 Información a las personas interesadas
ANEXO . Bases reguladoras para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género
Artículo 1 Tipos de ayudas
Artículo 3 Reglas para el cálculo de la cuantía de las ayudas
Artículo 5 Consentimientos y autorizaciones
Artículo 6 Informe del Servicio Público de Empleo
Artículo 7 Responsabilidades familiares y convivencia
Artículo 12 Revisión de la cuantía
Artículo 13 Obligaciones de las beneficiarias
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece, en su artículo 27, el derecho a una ayuda económica para aquellas mujeres víctimas de violencia de género que se sitúen en un determinado nivel de rentas y sobre las que se presuma que por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, tienen especiales dificultades para obtener un empleo. Se trata de un derecho subjetivo, mediante el cual se pretende facilitar su integración social.
En aplicación de la disposición final cuarta de esta ley se aprobó el Real decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula esta ayuda, y que justifica en la necesidad de concretar los factores que influyen en la capacidad de inserción profesional de las mujeres víctimas de violencia de género y también en las posibilidades de modulación de la cuantía de la ayuda en atención a las distintas circunstancias en las que se pueden encontrar las víctimas. Estas ayudas se financian con cargo a los presupuestos generales del Estado, por lo que el importe de los pagos será reembolsado por el ministerio competente en su integridad; no obstante, la concesión corresponde a las administraciones competentes en materia de servicios sociales. Así, el artículo 40 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, determina que la Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, regulará las bases de la convocatoria y tramitará las ayudas que se definan en la legislación estatal, según lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas para la protección integral contra la violencia de género.
Por otra parte, el Fondo Gallego de Garantía de Indemnizaciones regulado en el artículo 43 de la Ley 11/2007, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, indica que la Xunta de Galicia concederá indemnizaciones a favor de las mujeres que sufren violencia de género y/o de las y de los menores o personas dependientes afectadas que residan en Galicia y que no puedan percibir las indemnizaciones que les correspondan por los daños y perjuicios causados, y que resultarán fijadas mediante sentencia judicial dictada por los juzgados y tribunales con sede en el territorio gallego. Estas indemnizaciones se abonarán cuando exista constatación judicial de incumplimiento del deber de satisfacerlas por insolvencia económica y este incumplimiento conlleve una situación de precariedad económica.
A través de esta disposición se establecen las bases que regirán el procedimiento de concesión de las ayudas previstas en antedichos preceptos legales, y se convocan para el año 2014.
1. El objeto de esta resolución es establecer las bases, que se incluyen como anexo, que regirán la concesión de las ayudas previstas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. Asimismo, por medio de esta resolución se convocan dichas ayudas para el año 2014.
2. La finalidad de las ayudas establecidas en dicha ley orgánica es proporcionarle apoyo económico a las mujeres que sufren violencia de género; la de las indemnizaciones previstas en la ley gallega es hacer valer el derecho reconocido por sentencia judicial dictada por juzgados y tribunales con sede en el territorio gallego.
1. Las solicitudes se formalizarán según el modelo normalizado del anexo I de esta resolución. Junto con la solicitud se deberá presentar la documentación señalada en el artículo 4 de las bases reguladoras de esta ayuda.
2. Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 24 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presentación de las solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede de la Xunta de Galicia.
La documentación complementaria se podrá presentar electrónicamente utilizando cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la persona solicitante. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para su cotejo con la copia electrónica presentada según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.
3. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de noviembre de 2014 en el caso de la ayuda establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y el 31 de octubre de 2014 para la indemnización recogida en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.
Para la concesión de estas ayudas se destina crédito por el importe y en las aplicaciones siguientes:
– Ayuda establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: 400.000 euros en la aplicación presupuestaria 05.11.313D.480.2, código de proyecto: 2013 00774.
– Indemnización establecida en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género: 45.000 euros en la aplicación presupuestaria 05.11.313D.480.1, código de proyecto: 2014 00173.
Este crédito podrá ser ampliado cuando el aumento venga derivado de alguno de los supuestos previstos en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. El incremento de crédito quedará condicionado a la declaración de disponibilidad de este como consecuencia de las circunstancias señaladas en dicho artículo.
a) Cuando la víctima tuviese a cargo un familiar o menor acogido/a.
b) Cuando la víctima, sin responsabilidades familiares, tuviese una discapacidad igual o superior al 33 %.
1.3. El importe de esta ayuda será equivalente a dieciocho meses de subsidio por de-sempleo en los siguientes casos:
a) Cuando la víctima tuviese a su cargo dos o más familiares o menores acogidos/as, o un familiar y un menor acogido/a.
b) Cuando la víctima tuviese a su cargo un familiar o menor acogido/a y una discapacidad igual o superior al 33 % ella o la persona dependiente.
a) Cuando la víctima tuviese a su cargo dos o más familiares o menores acogidos/as, o un familiar y un menor acogido/a y una discapacidad igual o superior al 33 % ella o alguna de las personas dependientes.
b) Cuando la víctima de violencia de género con responsabilidades familiares o el familiar o menor acogido/a con quien conviva tuviese reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.
La cuantía de la indemnización a abonar será, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo, la fijada por la resolución judicial correspondiente que quede pendiente de pago tras la declaración de insolvencia del obligado a esta.
Sobre este procedimiento administrativo, que tiene el código SI434B, se podrá obtener documentación normalizada o información adicional en la Secretaría General de la Igualdad, en las unidades administrativas de igualdad de las jefaturas territoriales de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia; a través de la página web oficial de la Xunta de Galicia, http://sede.xunta.es/portada, o de la Secretaría General de la Igualdad, http://www.mulleresengalicia.es, del teléfono 981 95 76 99 o en la dirección electrónica vx.igualdade@xunta.es.
Las solicitudes recibidas en el plazo establecido en la Orden de 8 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, que al final del ejercicio anterior no alcanzasen la fase de resolución por no estar completos los trámites previos, se resolverán con cargo a los créditos de esta resolución.
En todo lo no previsto en esta resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento, y demás normativa de aplicación.
Bases reguladoras para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género
Las ayudas a las que se refiere esta resolución hacen referencia a las siguientes modalidades:
1. Ayudas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género que residan en la Comunidad Autónoma de Galicia y acrediten insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo –ayuda establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género–.
2. Ayudas de indemnización dirigidas a las mujeres que sufren violencia de género y/o a las y los menores o personas dependientes de ellas por los daños y pérdidas ocasionados como consecuencia de la situación de violencia, fijadas mediante sentencia judicial, en el caso de incumplimiento, por insolvencia, por parte del obligado a satisfacerlas –indemnización establecida en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género–.
a) Ser mujer, mayor de edad o emancipada, víctima de violencia de género. Esta condición se acreditará con alguno de los documentos establecidos en el artículo 4.1.a) de estas bases reguladoras.
c) Estar empadronada y residir en cualquiera de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia. En el caso de las mujeres extranjeras, también será necesario tener permiso de residencia y de trabajo.
d) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través del informe del Servicio Público de Empleo recogido en el artículo 6 de estas bases.
No podrán ser beneficiarias las mujeres que, reuniendo estos requisitos, hubieran percibido esta ayuda o la ayuda periódica establecida en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género con anterioridad.
Podrán ser beneficiarias de estas indemnizaciones las mujeres, mayores de edad o emancipadas, víctimas de violencia de género y todas las personas que dependan económica y/o asistencialmente de una mujer que sufra violencia de género, en las que concurran las siguientes circunstancias:
a) Estar empadronada y residir en cualquiera de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia. En el caso de las mujeres extranjeras, también será necesario tener permiso de residencia.
b) Tener derecho a la percepción de una indemnización, por daños y perjuicios derivados de una situación de violencia de género, reconocida en una resolución judicial firme dictada por un juzgado o tribunal con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia.
d) Que la persona beneficiaria se encuentre en una situación de precariedad económica como consecuencia del impago de la indemnización judicialmente reconocida, según lo establecido en el artículo 3.2.
Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula esta ayuda, a los efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, únicamente se tendrán en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante de la ayuda, sin que se computen a estos efectos las rentas o ingresos de otros miembros de la unidad familiar que convivan con la víctima. No obstante, si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares según lo establecido en el artículo 7, se entenderá que cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 % del salario mínimo interprofesional. En el caso de que la solicitante perciba ayudas al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, estas deberán computarse como ingresos.
Se entenderá que se produce una situación de precariedad económica cuando los ingresos de la unidad familiar de convivencia a la que pertenezca la persona beneficiaria divididos por el número de miembros que la componen, no superen el importe del IPREM vigente.
3. Se considerarán rentas o ingresos computables cualquier bien, derecho o rendimiento de que disponga la persona solicitante derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, incluyendo los incrementos de patrimonio, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, excepto las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo/a o menor acogido/a a cargo. También se considerarán los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 % del tipo del interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por la solicitante y de los bienes cuyas rentas sean computadas. Las rentas que no procedan del trabajo y se perciban con periodicidad superior al mes, se computarán a estos efectos y se ratearán mensualmente.
La solicitud de la ayuda se presentará según el modelo que figura como anexo I firmada por la solicitante, junto con la siguiente documentación:
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento del derecho a esta ayuda económica se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima, cuando esta esté en vigor; con la sentencia condenatoria definitiva, o definitiva y firme, que contenga medidas de protección vigentes que acrediten la actualidad de la situación de violencia y, excepcionalmente, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género, en tanto no se dicte la orden de protección.
b) En el caso de que la solicitante tenga a su cargo al menos un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:
1º. Copia compulsada del libro de familia o de otro documento que acredite los vínculos familiares de la solicitante con las personas a su cargo.
2º. Si hubiera convivencia con los familiares a cargo se presentará copia compulsada del documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social de la víctima en la que se reconozca la condición de beneficiarios/as de los/las familiares a su cargo, o cualquier otro documento que acredite la convivencia (informe social, certificado de empadronamiento conjunto...).
3º. De no existir convivencia, se presentará copia compulsada del convenio o resolución judicial en virtud de los cuales exista obligación de alimentos.
En los casos de menores acogidas/os a cargo, deberán presentar copia cotejada de la resolución administrativa o judicial acreditativa de dicha situación en los casos en los que esta hubiera sido expedida por una Administración distinta a la Xunta de Galicia.
c) En el caso de discapacidad de la solicitante y/o de las/los familiares a cargo o menores acogidas/os, copia cotejada de la certificación acreditativa de tal condición. No será necesario presentar esta documentación en caso de que hubiera sido expedida por la Xunta de Galicia en el desarrollo de sus competencias y autorizase a la Secretaría General de la Igualdad para su consulta.
d) Copia del DNI de la solicitante sólo cuando no autorice su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad; y en el caso de solicitantes extranjeras, copia cotejada de la tarjeta de residencia y del permiso de trabajo o de la tarjeta de régimen comunitario, en vigor, según el caso.
e) Certificado de empadronamiento de la solicitante sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de residencia.
f) En su caso, autorización de los miembros de la unidad familiar de convivencia para obtener información adicional sobre sus ingresos y recursos económicos (anexo II).
La solicitud se presentará según el modelo que figura como anexo I, firmada por la persona solicitante o el/la representante legal, en su caso, junto con la siguiente documentación:
a) Testimonio de la resolución judicial firme, o copia compulsada de esta, que reconozca el derecho a una indemnización por daños y perjuicios fruto de una situación de violencia de género.
b) Testimonio de la resolución judicial, o copia compulsada de esta, que reconozca la insolvencia del deudor.
c) Copia del DNI de la solicitante sólo cuando no autorice su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad; y en el caso de solicitantes extranjeras, copia cotejada de la tarjeta de residencia o de la tarjeta de régimen comunitario, en vigor, según el caso.
d) Certificado de empadronamiento de la solicitante sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de residencia.
e) En su caso, autorización de los miembros de la unidad familiar de convivencia para obtener información adicional sobre sus ingresos y recursos económicos (anexo II).
f) En caso de que la persona solicitante sea un/una menor de edad que dependa de una mujer que sufra violencia de género o una persona mayor de edad que dependa económica y/o asistencialmente de una mujer que sufra violencia de género, deberá acreditarse dicha dependencia mediante copia compulsada del libro de familia e informe de los servicios sociales, resolución judicial de custodia o cualquier otro documento que acredite suficientemente esta circunstancia. En caso de que la solicitante sea una persona en situación de dependencia, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, deberá presentar además copia compulsada del certificado expedido por el órgano competente de tener reconocido, por lo menos, el grado I de dependencia o una discapacidad igual o superior al 65 %.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, no será necesario presentar la documentación que ya se encuentre en poder de la administración actuante, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no transcurriesen más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerirle a la solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el dicho documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
4. Las solicitantes deberán comunicar a la Secretaría General de la Igualdad cualquier modificación que se produjese en los datos indicados en su solicitud o en cualquiera de los documentos que la acompañan. Esta variación se comunicará en el momento en el que se produzca, con el fin de agilizar la instrucción del procedimiento.
1. La tramitación del procedimiento requiere la verificación de los datos en poder de las administraciones públicas. Por lo tanto, los modelos de solicitudes incluirán autorizaciones expresas al órgano gestor para realizar las comprobaciones oportunas que acrediten la veracidad de los datos. En el caso de que no se autorice al órgano gestor para realizar esta operación, deberán presentar los documentos comprobantes de los datos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
Las solicitudes de las personas interesadas deberán presentar los documentos o informaciones previstos en esta norma, salvo que estos ya estuviesen en poder de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia; en este caso, las personas interesadas podrán acogerse a lo establecido en la letra f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o la dependencia en donde fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no transcurriesen más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En los casos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requirirle a la persona solicitante o representante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
La presentación de la solicitud de concesión de subvención por la persona interesada o su representante conllevará la autorización al órgano gestor para solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y la Tesorería General de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia según lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. No obstante, la persona solicitante o su representante podrá denegar expresamente su consentimiento, debiendo presentar entonces la certificación en los términos previstos reglamentariamente.
En el caso de las solicitudes de las ayudas previstas en el artículo 1, apartado 1, de estas bases reguladoras, y según lo establecido en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, conlleva la autorización al órgano instructor para solicitar el informe de empleabilidad al Servicio Público de Empleo.
Asimismo, conlleva el consentimiento para completar el expediente administrativo, para realizar las comprobaciones oportunas que acrediten la veracidad de los datos o documentos presentados en el procedimiento administrativo, y para obtener la información adicional que sea necesaria para la idónea estimación de los ingresos o recursos económicos de la solicitante y de otros miembros de la unidad familiar de convivencia, en su caso, dirigiéndose a los órganos públicos o privados competentes, bien sea a través de acceso directo a las bases de datos por medios telemáticos o a través de solicitud por oficio ordinario.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si fuese necesario obtener información adicional de los ingresos o recursos económicos de los miembros de la unidad familiar de convivencia de la solicitante, el órgano gestor solicitará su consentimiento para recabar dicha información. La autorización se realizará según el modelo del anexo II.
Se declaran reconocidos, y podrán ejercerse, los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, lo cual se hará por escrito y presentando identificación suficiente a la siguiente dirección: Secretaría General de la Igualdad, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, o bien mediante el procedimiento habilitado al efecto y que podrá encontrar en la guía de procedimientos de la página web de la Xunta.
En la apreciación de la edad, se tendrán en cuenta aquellas edades en las que el Servicio Público de Empleo, de acuerdo con su experiencia, pueda inferir la dificultad para la inserción laboral.
En la valoración de las circunstancias sociales se atenderán las relacionadas con la situación de violencia sufrida y su repercusión en la participación o aprovechamiento de los programas de inserción, con el grado de discapacidad reconocido y cualquiera otra que, a juicio del Servicio Público de Empleo competente, puedan incidir en la empleabilidad de la víctima.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, existirán responsabilidades familiares cuando la beneficiaria tenga a su cargo, por lo menos, a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que conviva. No se considerarán a cargo los/las familiares con rentas de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Las responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento de la solicitud, excepto en el supuesto de hijas e hijos que nazcan dentro de los trescientos días siguientes. En este supuesto se revisará la cuantía de la ayuda percibida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de estas bases reguladoras, para adecuarla a la cantidad que le correspondería si, en la fecha de la solicitud, hubieran concurrido esas responsabilidades.
Se entenderá que existe convivencia cuando esta se encuentre interrumpida por motivos derivados de la situación de violencia de género.
No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos, en virtud de convenio o resolución judicial. Se presumirá la convivencia, salvo prueba en contrario, cuando los/las familiares tengan reconocida la condición de beneficiarios/as de asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el documento que aparezca expedido a nombre de la víctima.
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la Subdirección General para el Tratamiento de la Violencia de Género de la Secretaría General de la Igualdad. Este proceso se efectuará de forma continuada según el orden de recepción de solicitudes.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el supuesto de que la solicitud no estuviese debidamente cubierta o la documentación presentada contenga errores o sea insuficiente, el órgano competente requerirá a la solicitante para que, en el plazo de diez (10) días, presente los documentos preceptivos o enmiende los errores detectados, con indicación de que, si así no lo hiciera en el plazo indicado, se tendrá por desistida de su solicitud, luego de la correspondiente resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, y siempre que sea preciso, la Secretaría General de la Igualdad requerirá a las solicitantes para que presenten cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento.
5. El órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, para las ayudas concedidas por el procedimiento previsto en el artículo 19.2 de esta ley, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos exigidos, formulará la propuesta de concesión directamente al órgano concedente.
6. Las solicitudes que no cumplan las exigencias contenidas en estas bases o en la normativa de aplicación, que no contengan la documentación necesaria o, en su caso, no la presenten en los modelos normalizados, quedarán a disposición del órgano instructor para que formule la propuesta de resolución de inadmisión, en la que se indicarán las causas de esta. En todo caso, no se admitirán a trámite y se procederá a su archivo sin posibilidad de enmienda las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la correspondiente convocatoria.
7. Durante la tramitación del procedimiento, el órgano instructor recabará la información necesaria al objeto de comprobar que, antes de dictarse la resolución de concesión de la ayuda, se mantienen los requisitos para ser beneficiaria, especialmente en el caso de las ayudas del artículo 1.1, que las medidas de protección siguen en vigor y que la solicitante no reanudó la convivencia con el agresor.
8. En el caso de las ayudas del punto 1 del artículo 1 de estas bases reguladoras, a la solicitud se le incorporará el informe del Servicio Público de Empleo, solicitado directamente por la Secretaría General de la Igualdad, para acreditar que la participación en programas de formación y/o empleo no va a incidir de manera sustancial en la mejora de la empleabilidad de la beneficiaria.
1. La resolución de los expedientes de solicitud de estas ayudas corresponde a la secretaria general de la Igualdad.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de cuatro meses, que se computarán desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido este plazo sin que recayese resolución expresa, las interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
Todas las resoluciones serán notificadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Las resoluciones dictadas al amparo de esta convocatoria ponen fin a la vía administrativa y contra ellas podrán interponerse los siguientes recursos, sin perjuicio de que las interesadas puedan ejercer cualquiera otro que consideren procedente:
a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, si esta fuese expresa, o de tres meses contados a partir del siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, si esta fuese expresa, o de seis meses contados a partir del siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, según lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
1. El pago se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, general de subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. La cuantía de la ayuda concedida se le abonará a las beneficiarias en un pago único por el importe que les corresponda, según la resolución de concesión.
2. El pago de la ayuda regulada en esta disposición se hará únicamente en la cuenta que las solicitantes hagan constar en la solicitud, que debe permanecer activa a estos efectos en tanto no se tenga constancia de la finalización del expediente, no haciéndose responsable la Administración de la imposibilidad de efectuar el ingreso por causas directamente imputables a las solicitantes.
1. En el caso de hijas e hijos que nazcan dentro de los trescientos días siguientes a la solicitud, según lo previsto en el artículo 7 párrafo segundo, la beneficiaria podrá solicitar la revisión de la cuantía en el plazo de tres meses desde el nacimiento, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación:
– Copia compulsada de la partida de nacimiento de la hija/o o hijas/os que motivan la solicitud de la revisión, o del libro de familia en el que figuren.
– En el caso de concurrir discapacidad en alguna de las hijas o hijos nacidos con posterioridad a la concesión de la ayuda, copia compulsada de la certificación acreditativa de tal condición. No será necesario presentar esta documentación en caso de que hubiera sido expedida por la Xunta de Galicia en el desarrollo de sus competencias, no obstante, deberá hacer constar tal situación en la solicitud de revisión.
2. Asimismo, tienen la obligación de comunicar cualquier variación o modificación que se produzca durante la tramitación del procedimiento respeto de las circunstancias que fundamentan el derecho a percibir estas ayudas, de someterse a las actuaciones de comprobación que acuerde la Secretaría General de la Igualdad y de facilitar toda la información que les sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control.
3. En el caso de las indemnizaciones establecidas en el artículo 1.2 de estas bases reguladoras, de producirse el pago total o parcial de esa indemnización por parte del obligado a satisfacerla dentro de los cuatro años siguientes a la concesión de la ayuda, la persona beneficiaria queda obligada a comunicarlo a la Secretaría General de la Igualdad y a devolver total o parcialmente, según el caso, la indemnización percibida, en el plazo de diez días contados desde que que se realizase el pago.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, obtención concurrente de otras otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión o, en su caso, a la revocación sin perjuicio de lo dispuesto en el según párrafo del artículo 16.
1. Procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas cuando se hubiese obtenido la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión o se falseasen u ocultasen hechos o datos que hubiesen motivado su concesión. Para la tramitación del expediente declarativo de reintegro habrá que atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en su normativa de desarrollo.
2. En el caso de las indemnizaciones establecidas en el artículo 1.2 de estas bases reguladoras, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca el pago total o parcial de esa indemnización por parte del obligado a satisfacerla dentro de los cuatro años siguientes a la concesión de la ayuda y la persona beneficiaria no lo comunicase a la Secretaría General de la Igualdad y no devolviese total o parcialmente, según el caso, la indemnización percibida.
1. Con la excepción establecida en el párrafo siguiente de este artículo, las ayudas reguladas en esta resolución son incompatibles con la percepción de cualquier otra ayuda establecida tanto por las administraciones públicas o cualquier de sus organismos, entes o sociedades, como por cualquier entidad privada destinadas al mismo fin.
2. La ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, es compatible con las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
La concesión de estas ayudas no será objeto de publicidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.3º.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en el artículo 15.2º.d) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 13.6º de la Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega.
Las beneficiarias estarán sometidas a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y demás normativa de aplicación.

References: artículo 27
 artículo 43

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 6
 artículo 27
 artículo 43

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 27
 Real decreto 
 artículo 40
 artículo 43
 resolución 
 artículo 27
 artículo 43
 resolución 
 artículo 4
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 43
 artículo 27
 artículo 43
 artículo 30
 resolución 
 artículo 27
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 43
 resolución 
 artículo 27
 artículo 43
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 39
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 Real decreto 
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 7
 Real decreto 
 artículo 27
 artículo 12
 resolución 
 artículo 71
 artículo 42
 resolución 
 artículo 22
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 1
 resolución 
 artículo 16
 artículo 1
 resolución 
 artículo 27
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 13