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Timestamp: 2020-04-10 11:44:17+00:00

Document:
Registro Oficial No 417 - Jueves 15 de Enero de 2015 Suplemento
Última modificación: Viernes, 13 de febrero de 2015 | 12:11
526 Derógase el Decreto Ejecutivo No. 288 de 3 de abril de 2014
527 Nómbranse embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República del Ecuador a las siguientes personas:
Señora María Fernanda Espinosa Garcés, ante la ONU, con sede en Ginebra - Suiza
528 Señor Rafael Bernardino Quintero López, ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
529 Señor Oscar Gustavo Herrera Gilbert, ante la República de Corea
530 Dispónese que el Ministerio de Inclusión Económica y Social proceda a incorporar a sus redes de atención, a los diversos grupos de atención prioritaria que requieran protección especial
001-2014-A Expídense las normas para el funcionamiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
- Cantón San Fernando: Que conforma y regula el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social
- Cantón San Pedro de Pelileo: Sustitutiva para la prevención y control de la contaminación ambiental ocasionada por las actividades industriales, agroindustriales, avícolas, porcícolas, comerciales, artesanales y de servicio
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 288, de 3 de abril de 2014, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Servicio Exterior, la señora María Augusta Calle Andrade, fue nombrada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;
Que, la señora María Augusta Calle Andrade, hasta la presente fecha no se ha posesionado en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;
ARTÍCULO PRIMERO.- Derogar el Decreto Ejecutivo número 288, de 3 de abril de 2014, mediante el cual se nombró a: señora María Augusta Calle Andrade, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Quito, 22 de Diciembre de 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar a la señora María Fernanda Espinosa Garcés, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante la ONU, con sede en Ginebra - Suiza.
Que, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo, para la designación del señor Rafael Bernardino Quintero López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; y,
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al señor Rafael Bernardino Quintero López, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Que, el Gobierno de la República de Corea ha otorgado el beneplácito de estilo, para la designación del señor Oscar Gustavo Herrera Gilbert, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Corea; y,
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al señor Oscar Gustavo Herrera Gilbert, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Corea.
Que, los numerales 1, 5 y 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador señalan que constituyen deberes primordiales del Estado, entre otros, el garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales y, en particular, la salud y erradicar la pobreza para acceder al buen vivir; y garantizar a sus habitantes el derecho a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que, los numerales 2, 4 y 8 del artículo 11 de la Constitución de la República determinan, en su orden, que el ejercicio de los derechos se regirá, entre otros, por los principios de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, encontrándose prohibido todo tipo de discriminación o distinción que tenga por objeto o por resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, debiendo la ley sancionar dichas formas de discriminación y el Estado adoptar cuantas medidas de acción afirmativa sean necesarias en favor de sus titulares que se encuentren en situación de desigualdad; que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; así como que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, correspondiendo al Estado generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio, siendo inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;
Que, el artículo 35 de la Constitución de la República establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, así como las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, correspondiendo al Estado prestar especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad;
Que, el artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia;
Que, la letra b) del numeral 3, el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador indica que a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación;
Que, los numerales 1 y 2 del artículo 278 de la Constitución de la República del Ecuador determinan que para la consecución del buen vivir corresponde a las personas y las colectividades, y sus diversas formas organizativas, participar en todas las fases y espacios de la gestión pública;
Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir, sistema económico que se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine, en la cual la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios;
Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo, guiándose por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación y, está compuesto por ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte;
Que, el artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, priorizando su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad;
Que, el numeral 5 del artículo 363 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado será responsable de brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución;
Que, existen instituciones del sector privado especializadas en la atención a los grupos de atención prioritaria que requieren de protección especial que cuentan con infraestructura y talento humano adecuados y suficientes para prestar servicios eficientes a tales grupos de atención, que pueden hacerlo en mejores condiciones que el Estado;
Que, es necesario coordinar las acciones del Estado con el sector privado sin fines de lucro a fin de asegurar el ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria que requieren protección especial.
En ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador
Artículo 1.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social procederá a incorporar a sus redes de atención, previa evaluación de las instituciones y entidades de la sociedad civil sin fines de lucro que cuenten con capacidad técnica y que presten servicios a los diversos grupos de atención prioritaria que requieran protección especial.
Artículo 2.- En caso de que las instituciones y entidades de la sociedad civil sin fines de lucro puedan prestar servicios en condiciones de seguridad, calidad y calidez, el Ministerio de Inclusión Económica y Social podrá derivar a las personas que por su condición requieran de protección especial.
Artículo 3.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social verificará en forma previa a la atención en sus propias instituciones, que no exista capacidad de atención en las instituciones y entidades de la sociedad civil referidas en este Decreto.
Artículo 4.- Para efectos de la atención en las instituciones y entidades de la sociedad civil sin fines de lucro, el Ministerio de Inclusión Económica y Social podrá otorgar el correspondiente apoyo, los parámetros técnicos y económicos pertinentes.
No. 001-2014-A
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 de septiembre de 2014;
Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;
Que los artículos 14 y 15 del mismo cuerpo legal determinan las funciones de la Junta;
Que el artículo 19 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina el funcionamiento de la Junta, el quórum requerido para su instalación, el número de votos requeridos para la toma de decisiones y faculta a la propia Junta a expedir las Normas que regulen su funcionamiento, sobre la base de las disposiciones del Código;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria No. 001/2014 celebrada el 29 de septiembre de 2014, resolvió emitir las Normas que regulan su funcionamiento; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del Código Orgánico Monetario y Financiero, expide las siguientes Normas:
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ARTÍCULO 1.- Objeto: Las presentes Normas tienen por objeto regular el funcionamiento interno de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
ARTÍCULO 2.- Alcance: Estas Normas son aplicables a los miembros de pleno derecho y a los que participan con voz pero sin voto en la Junta. Aplica, además, a las instituciones que están representadas en la Junta en los aspectos relacionados con sus funciones, al Secretario Administrativo, y al personal de asesoría y apoyo de la Junta.
ARTÍCULO 3.- Junta: La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es el organismo de la Función Ejecutiva con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores.
La Junta está conformada por los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica; de la producción; de las finanzas públicas; el titular de la planificación del Estado; y, un delegado del Presidente de la República, quienes tendrán voz y voto.
También participan en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Superintendente de Bancos; el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros; el Superintendente de Economía Popular y Solidaria; el Gerente General del Banco Central del Ecuador; y, el Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.
Los miembros de la Junta podrán delegar su participación, mediante el correspondiente acto administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 55, inciso primero, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. La delegación conferida será puesta en conocimiento de la Secretaría Nacional de la Administración Pública y publicada en el Registro Oficial. El Presidente de la Junta y el delegado del Presidente de la República no podrán delegar su participación.
ARTÍCULO 4.- Ejercicio de funciones: Las funciones de la Junta están determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Para el ejercicio de las funciones dispuestas, la Junta podrá:
Constituir comités o comisiones técnicas permanentes u ocasionales con representantes de las instituciones que forman parte de la Junta, para ampliar el estudio y análisis de los temas de competencia de la Junta;
Designar, de entre sus miembros, a los que representen a la Junta ante comités o cuerpos colegiados que las leyes dispongan o que se deriven de convenios; y,
Adoptar cualquier otra acción administrativa.
ARTÍCULO 5.- Comisiones o comités: Las comisiones o comités a las que se refiere el artículo precedente se constituirán con servidores públicos de las entidades miembros de la Junta o de las demás instituciones que participan en la Junta sin voto, que cuenten con experiencia en los temas, según los objetivos y las materias que se les encargue, y estarán presididas por la institución que resuelva la Junta. Las comisiones o comités deberán presentar los respectivos informes para conocimiento y resolución de la Junta en la forma dispuesta en estas Normas.
Para el cabal cumplimiento de sus actividades, las comisiones o comités podrán solicitar, por intermedio de quien las presida, información a las instituciones miembros de la Junta o a cualquier otra entidad del sector púbico.
ARTÍCULO 6.- Funciones: Son funciones del Presidente de la Junta, a más de las establecidas en el artículo 24 del Código Orgánico Monetario y Financiero, las siguientes:
Elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta;
Convocar, instalar, suspender, clausurar y dar por terminadas las sesiones;
Ejercer el voto dirimente;
Presentar a consideración de la Junta propuestas de política y regulación;
Convocar a reuniones de coordinación a los miembros de la Junta que fueran requeridos;
Velar por el cumplimiento de las políticas y resoluciones que emita la Junta;
Conocer y disponer el trámite de las comunicaciones dirigidas a la Junta;
Suscribir los documentos que conciernan a la presidencia de la Junta y los que correspondan al ejercicio de la representación de la misma;
Suscribir conjuntamente con el Secretario Administrativo de la Junta las actas de las sesiones y las resoluciones aprobadas;
Autorizar las comisiones de servicio, pago de viáticos, subsistencias y movilización en el exterior para el personal de asesoría y técnico de la Junta;
Resolver de manera inmediata y provisional, cualquier asunto interno de la Junta que no esté previsto en estas Normas, debiendo presentarlo a la Junta en la próxima sesión para su decisión; y,
Ejercer las demás funciones que le señale el Código Orgánico Monetario y Financiero, y las que le sean conferidas legalmente.
ARTÍCULO 7.- Ausencia del Presidente: Una vez instalada la sesión de la Junta, en caso de ausencia temporal del Presidente, asumirá dichas funciones el delegado del Presidente de la República.
ARTÍCULO 8.- Miembros: Los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria tienen las siguientes funciones:
Presentar propuestas de política y regulación;
Recibir las convocatorias con una anticipación mínima de 48 horas al día de la sesión, debiendo estar a su disposición el orden del día y los documentos de respaldo correspondientes;
Obtener la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
Participar en el debate durante las sesiones;
Votar positiva o negativamente, representando el punto de vista de la institución a la que representan;
Participar en las comisiones o comités que constituya la Junta; y,
Todas las demás inherentes a su condición de miembro.
ARTÍCULO 9.- Actuaciones de los miembros: Los miembros de la Junta o sus delegados por excepción, así como los asistentes a las sesiones de la Junta, guardarán confidencialidad respecto de sus actuaciones y no recabarán ni aceptarán instrucciones procedentes de terceros o de otras instituciones que no sean a las que representan, ni de otras entidades privadas, nacionales o extranjeras.
Los miembros de la Junta deberán observar estándares de conducta ética en el desempeño de sus funciones, deberán actuar con honestidad, independencia, imparcialidad y sin consideración a sus intereses privados, evitando conflicto de intereses.
ARTÍCULO 10.- Propuestas de política y regulación: Las propuestas de política y regulación que presenten los miembros de la Junta o las comisiones o comités constituidos para el efecto, deberán contener lo siguiente:
Deberán estar suscritas por la máxima autoridad de la institución proponente y se adjuntarán a ellas los informes de las áreas técnicas y legales institucionales, el respectivo proyecto de resolución, un resumen ejecutivo de máximo dos páginas y una presentación; y,
Para que las propuestas referidas en el literal anterior sean puestas a consideración de la Junta, el ministerio a cargo de la presidencia, a través de las respectivas áreas técnicas y legales institucionales, podrá por separado emitir sus informes acotados a las materias de su competencia, si fuera necesario.
Las propuestas con la información descrita en este artículo deberán presentarse a la secretaría administrativa de la Junta en físico y en medios electrónicos. El Secretario Administrativo de la Junta verificará que las propuestas cumplan con lo dispuesto en este artículo.
Estas disposiciones no se aplicarán cuando la Junta trate temas con carácter reservado.
ARTÍCULO 11.- Funciones: Son funciones del Secretario Administrativo de la Junta, además de las establecidas en el artículo 25 del Código Orgánico Monetario y Financiero, las siguientes:
Receptar la documentación e informes que se eleven a conocimiento o aprobación de la Junta por parte de los miembros o entidades proponentes;
Realizar las convocatorias a las sesiones de la Junta anexando el orden del día con la documentación e informes de soporte, para cada tema a ser tratado en la sesión. Cuando se trate de propuestas de política y regulación deberá acompañarse los documentos referidos en el artículo 10 de estas Normas. Esta información se entregará en físico y medios digitales;
A pedido del Presidente de la Junta constatar el quórum, dar lectura al orden del día, previo a su aprobación requerir a los miembros de la Junta y a los que tienen voz y sin voto que informen sobre la existencia de conflicto de intereses superviniente, en los términos determinados en los incisos cuarto y quinto del artículo 7 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y dejar constancia de dicho pronunciamiento en actas;
Participar en las sesiones con voz informativa;
Redactar y elaborar las actas de las sesiones en un plazo no mayor a quince días a partir de clausurada una sesión;
Suscribir junto con el Presidente las actas de las sesiones, sentar las razones correspondientes respecto de los asistentes, delegados y votos consignados en las resoluciones de la Junta y dar fe de las resoluciones de la Junta;
Llevar, conservar y cuidar bajo su responsabilidad el archivo de las actas de las sesiones, de las resoluciones y demás documentos y archivos de la Junta, de acuerdo con lo previsto en estas Normas;
Notificar las resoluciones y demás disposiciones de la Junta. La notificación la realizará aparejando copia certificada de la resolución correspondiente;
Entregar a los miembros de la Junta copias certificadas de las resoluciones y actas aprobadas de las sesiones, cuando las soliciten;
Mantener, administrar y custodiar debidamente ordenado y foliado, bajo su responsabilidad, el archivo documental y magnético;
Llevar un listado ordenado de todos los archivos e información reservada, en los términos determinados en el artículo 17 del Código Orgánico Monetario y Financiero;
Recibir y dar fe de la presentación de comunicaciones, peticiones, escritos y cualquier otra solicitud que se dirija a la Junta;
Conferir copias certificadas de documentos de la Junta, requeridos por autoridad competente. Para el caso de la información reservada, ésta será entregada previa autorización del Presidente de la Junta;
Recibir y sustanciar los reclamos y recursos administrativos interpuestos en contra de actos de la Junta;
Administrar las partidas presupuestarias asignadas a la Junta, conforme a la normativa vigente;

References: artículo 3
 artículo 11
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 66
 artículo 278
 artículo 283
 artículo 340
 artículo 341
 artículo 363
in fine
 artículo 147

Artículo 1
in fine

Artículo 2
in fine

Artículo 3

Artículo 4
in fine
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 19

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 resolución 

ARTÍCULO 6
 artículo 24

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 7
 resolución 
 artículo 17