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Timestamp: 2019-10-22 09:10:44+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 684, de 15/06/2015
cve: BOCG-10-D-684
161/003766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de la nacionalidad española de residentes en el Sáhara ... (Página3)
161/003765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de protección al ciudadano frente a la usura ... (Página4)
161/003757 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el almacenamiento de productos petrolíferos en tanques enterrados ... (Página5)
161/003762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de tomar medidas de apoyo al alquiler de viviendas y apartamentos turísticos reglados ... (Página7)
161/003763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aumentar el apoyo del Gobierno de España a la reindustrialización y la competitividad industrial en la Comunitat Valenciana ... (Página9)
161/003760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en defensa del sector pesquero español ... (Página10)
161/003761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ampliación de medidas de prevención y respuesta ante incendios en la Comunitat Valenciana, y para establecer ayudas para los incendios de la Marina Alta y otros que se hubieran dado o se pudieran producir ... (Página12)
161/003764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a luchar contra el desperdicio de alimentos ... (Página15)
161/003767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario ... (Página16)
161/003768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el establecimiento de un beneficio fiscal destinado a las personas afectadas por celiaquía ... (Página17)
161/003759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre retransmisión televisiva de espectáculos taurinos ... (Página18)
181/003359 Pregunta formulada por el Diputada doña Silvia Oñate Moya (GS), sobre motivos por los que el escrutinio electoral de las elecciones municipales del 24/05/2015 en la provincia de Sevilla, no se completó al cien por cien la noche electoral, quedando pendientes unos 15.000 votos por recontar hasta el día 25/05/2015 por la tarde ... (Página19)
181/003362 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre comunicación establecida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con la Dirección de RTVE para interesarse por el hecho de que se emitan programas contra la Ley Integral contra la violencia a las mujeres y para conocer los criterios establecidos para dar espacio televisivo a las campañas que pretenden restar credibilidad a las víctimas, con motivo de la emisión del programa La Mañana del día 26/05/2015 ... (Página20)
181/003363 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre previsiones acerca de que el Gobierno se reúna con la Dirección de RTVE a fin de ofertar la formación que permita conocer la realidad de la violencia contra las mujeres, con motivo de la emisión del programa La Mañana del día 26/05/2015... (Página20)
161/003766
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre reconocimiento de nacionalidad española de residentes en el Sáhara, para su debate en la Comisión de Justicia.
El 19 de noviembre de 2015 se cumplirán cuarenta años desde la promulgación de la Ley 40/1975, por la que se autorizaba al Gobierno a realizar los actos y adoptar las medidas que fueren precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses españoles. Actuaciones posteriores bien conocidas provocaron una situación bélica que impulsó el éxodo forzado de la mayoría de la población del territorio español del Sahara y su instalación en campamentos situados en la República de Argelia.
A pesar del tiempo transcurrido y de las numerosas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas en pro de la culminación del proceso descolonizador de ese territorio, lo bien cierto es que aquellos saharauis que se vieron forzados al exilio y sus descendientes siguen subsistiendo en condiciones precarias fuera de su patria y carecen del reconocimiento internacional generalizado de su nacionalidad, lo que los coloca en muchos casos en situación de apátridas.
El evidente carácter protector de la persona que tiene en general el instituto jurídico de la nacionalidad, ha venido siendo tratado en el Estado español como un mecanismo que, además, permite el reforzamiento de los lazos con todos aquellos pueblos que conforman la comunidad histórica española, entendida como el conjunto de colectividades humanas cuyo devenir histórico ha quedado marcado por su relación con los territorios que actualmente conforman el Estado español. Desde esta perspectiva es como se entiende la redacción del párrafo primero del artículo 22 del Código civil español, en la que se privilegia a tales integrantes de nuestra comunidad histórica a la hora de acceder a la nacionalidad por residencia, para la que sólo se les requiere que ésta haya durado dos años, en lugar del plazo general de diez.
Las razones históricas y humanitarias indicadas nos llevan a plantear la siguiente iniciativa parlamentaria con el fin de que se modifique el artículo 22.1 del Código Civil, para el que se propone una nueva redacción en la que se especifique que para la concesión de la nacionalidad por residencia serán suficientes dos años cuando se trate de quienes hubieren sido residentes en el territorio del Sahara occidental durante su administración por España, y sus descendientes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas necesarias con el fin de reconocer el derecho de los residentes en el territorio del Sahara Occidental durante su
administración por España y de sus descendientes a acceder a la nacionalidad por residencia en España durante dos años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003765
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de protección al ciudadano frente a la usura, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
En la actualidad son muchos los casos de cláusulas abusivas que se están detectando en los contratos de préstamo de entidades de crédito y, en general, de todo tipo de prestamistas. Una cláusula abusiva muy frecuente en préstamos de menor cuantía económica son los tipos de interés abusivo o usurario.
Según el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, es usurario el "interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales". En este caso, la Ley considera que será nulo el contrato de préstamo que estipule este interés usurario.
En el artículo 3 de la citada Ley se estipula que "declarada la nulidad del contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario, lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado". Es decir, que el prestamista pierde su derecho sobre el interés estipulado, pero tendría derecho al reintegro de la totalidad del capital.
Por otra parte, el artículo 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLDCU) establece lo siguiente:
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequifibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
Por tanto, si el interés es abusivo, el artículo 83 del TRLDCU (tras la reforma de 27 de marzo de 2014), prevé que "Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas".
Ningún legislador se ha atrevido a fijar un Iímite claro que diga cuando el interés es o no excesivo, cuando el interés fijado es usurario o abusivo, dejando la estimación particular en manos de los tribunales de justicia.
El 17 de septiembre de 2013 la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid consideró abusivos unos intereses remuneratorios del 1,84% mensual, es decir, un 22,08% anual, por ser notablemente superior al interés legal del dinero y al tipo que se aplica a los descubiertos en cuenta corriente que establece la Ley de Créditos al Consumo de 24 de junio de 2011.
El préstamo usurario y el préstamo con interés abusivo son lo mismo y la sanción en ambos casos es sólo la pérdida del prestamista del derecho a percibir intereses, no viéndose afectado el capital prestado que deberá ser reintegrado en su totalidad. Consideramos que esta sanción es claramente insuficiente para disuadir y proteger los derechos de los ciudadanos de la práctica de la usura y sería conveniente establecer también pérdidas de capital principal a quienes utilicen está mala práctica.
En esta iniciativa, el Grupo Socialista trata de que se defina dentro de unos márgenes razonables el tipo de interés usurario, poniendo como referencia el tipo legal del dinero, y que se disuada a los prestamistas de establecer tipos de interés usurarios asumiendo sanciones que mermen también el capital prestado.
1. Crear una mesa técnica donde se defina el tipo de interés usurario o abusivo, teniendo como referencia el interés legal del dinero.
2. Promover los cambios normativos que permitan penalizar a los prestamistas que utilicen los tipos de interés usurarios y abusivos con la pérdida no solo de los intereses sino de parte del capital principal prestado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003757
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, y de la Diputada del BNG, doña Rosana Pérez Fernández; el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a instancia de su Portavoz, don Aitor Esteban Bravo, y el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a instancia de su Portavoz, don José Luis Centella Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre almacenamiento de productos petrolíferos en tanques enterrados, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El almacenamiento de productos petrolíferos líquidos en tanques enterrados está tipificado como actividad potencialmente contaminante y elevado riesgo medioambiental. El riesgo de vertidos por fugas
en tanques de simple pared queda evidenciado en la publicación realizada por la Universidad George Washington, al reconocer que en EEUU "el 20% de los tanques enterrados de simple pared terminará fugando. EPA estima que el 60% de estas fugas alcanzan las aguas subterráneas. Y que un galón de gasolina puede contaminar un millón de galones de agua potable. El peligro potencial de las fugas es importante porque más de la mitad del agua potable de la nación proviene de aguas subterráneas" Por los motivos expuestos, en 1984, el Congreso de EEUU abordó la amenaza de depósitos defectuosos y prohibió la instalación de tanques de simple pared a partir de 1985.
El Real Decreto 1523/1999 asume explícitamente el riesgo de vertidos por la pérdida de estanqueidad citado, causado por la oxidación de tanques de almacenamiento de simple pared instalados sin cubeto estanco de contención. El Real Decreto 1523/1999 establece, en los anexos I, artículo 38.2 y anexo II artículo 39.2, el procedimiento de validación de las técnicas emergentes de verificación de la estanqueidad, con el propósito de garantizar que los sistemas de detección de fugas alternativos, ofrecen un grado de seguridad equivalente al proporcionado con las pruebas neumáticas sin producto citadas en el Real Decreto 2201/1999 de conformidad con el Real Decreto 2085/1994, artículo 10, Normas.
Transcurridos 15 años desde la publicación del Real Decreto 1523/1999, observamos serias carencias en su aplicación, así como injustificadas actuaciones administrativas que han otorgado la exención de pruebas de estanqueidad a sistemas de detección de fugas que han actuado sin cumplir durante años las garantías reglamentarias, amparados en la circular del 2002 publicada por la Subdirección de Calidad y Seguridad Industrial, así como entre otros graves incumplimientos, la exención de realizar pruebas de estanqueidad durante cinco años concedida a los tanques reparados, ignorando la corrección de errores del Real Decreto 1523/1999 publicada el 3 de marzo del 2000.
La infraestructura exigida para certificar las pruebas de estanqueidad de conformidad con la reglamentación vigente existe desde 2007 y ha sido creada por interés expresado por las administraciones públicas, tanto central como de la CAPV, entidades que han cofinanciando con dinero público el 52% de la inversión en infraestructura, mediante créditos participativos otorgados por ENISA de 300.000 ? y mediante la participación en acciones de capital riesgo invertidas por EZTEN-CAPV por un valor de 600.000 ?.
La verificación de los sistemas autorizados con antelación a la acreditación de ICIM LAB puso de manifiesto el incumplimiento reglamentario de equivalencia requerido para la exención de las pruebas neumáticas, obligando a fabricantes y usuarios de las técnicas autorizadas a invertir nuevamente en la adquisición y/o modificación de los procedimientos de operación, como en la innovación y desarrollo de sistemas más eficientes, como los actualmente certificados: varios modelos son capaces de detectar en la actualidad fugas menores de 100 mI/h.
El servicio reglamentario de verificación de la estanqueidad ofertado en la actualidad con sistemas certificados por laboratorio de ensayos acreditado de conformidad con el Real Decreto 1523/1999 se realiza a un coste del 40 % inferior al facturado en 2007.
Observamos con preocupación las actuaciones de la Subdirección de Calidad y Seguridad Industrial en los procesos de revisión normativa correspondientes a la revisión del informe UNE 53968 y los borradores del proyecto de Real Decreto 1523/1999 y APQ en exposición pública, por incurrir presuntamente en desviación de poder y ser causa futura de demandas patrimoniales contra el patrimonio del Estado, por el daño causado a los industriales afectados, como consecuencia de introducir en la normativa de seguridad industrial medidas injustificadamente más laxas y perjudicar el principio de confianza legítima que justificó las inversiones realizadas por imperativo reglamentario.
1. Que se realice un informe por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial en función de la responsabilidad que le confiere el artículo 18 de la Ley de industria 21/1992, del cumplimiento reglamentario, analizando el resultado de las inspecciones periódicas realizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 del anexo II del Real Decreto 1523/1999 y sean analizadas en detalle las causas raíz de su incumplimiento y, en particular:
1. Si la corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, publicada el 3 de marzo del 2000, ha sido aplicada, negando la exención durante cinco años de realizar pruebas de estanqueidad a los tanques reparados desde su publicación.
2. Qué porcentaje de fugas sobre el total de tanques instalados, ha sido notificado a las CC.AA. por los titulares de las EE.SS. desde 2002.
3. Cuantos sistemas de detección de fugas fijos por variación de nivel o conciliación de inventario han solicitado la exención de pruebas de estanqueidad neumática desde 2002.
2. Que se proceda a la anulación de la circular de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, de fecha 26 de julio de 2010 y número de salida 005638 Asunto: "Nuevos criterios para la exención de las pruebas periódicas de estanqueidad para los tanques que tengan instalado un sistema fijo de detección de fugas", ya que dicha Subdirección General carece de competencia para introducir medidas más laxas y por tanto decidir, que las Normas UNE-EN 13160-5 Y UNE-EN 13352 que incumplen el requisito reglamentario del Real Decreto 1523/1999 de detección de fugas de 100 ml/h puedan acreditar el acogimiento al régimen de exención de pruebas neumáticas de estanqueidad citadas en el Real Decreto 2201/1995.
Idéntica reflexión es aplicable al borrador PNE 62423, si elevamos el caudal mínimo detectable a superiores valores de referencia.
Por mandato directo y expreso de la Ley 21/1992 solo el Gobierno del Estado puede dictar Reglamentos de Seguridad Industrial, por lo que la disposición emanada del Subdirector proviene de un órgano manifiestamente incompetente, tras la tramitación del expediente y previa consulta al Consejo de Estado, declare la nulidad de la referida Circular, y que el dictamen de nulidad sea comunicado a todos los destinatarios a los que la citada Circular fuese remitida y se recuerde la obligatoriedad de aplicar el Real Decreto 1523/1999 en las instalaciones de almacenamiento petrolífero.
3. Que las revisiones normativas en curso como el borrador de revisión del Real Decreto 1523/1999 (ITC-MI-IP 04) en exposición pública desde el 27 de noviembre de 2012 cumplan rigurosamente los objetivos de la Ley 21/1992 y garanticen efectivamente la compatibilidad y adaptación de las actividades industriales con las exigencias medioambientales, estimule y respete el fomento de la innovación y el desarrollo de tecnologías propias e infraestructuras tecnológicas de utilización colectiva, como las desarrolladas o adquiridas por empresas españolas por exigencia de la reglamentación vigente, respetando en todo momento el principio de confianza legítima, evitando la introducción injustificada de medidas más laxas en tanques de simple pared sin cubeto más viejos.
4. Que se retire el borrador de revisión del Real Decreto 1523/1999 (ITC-MI-IP 04) en exposición pública desde el 27 de noviembre de 2012, por sus evidentes medidas de relajación en la seguridad y que se redacte un nuevo borrador que no introduzca medidas más laxas en un tema tan importante como es la prevención de riesgos medioambientales.
5. Que el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, se pronuncie con criterio técnico sobre las modificaciones introducidas en las revisiones normativas del borrador de ITC MI-IP 04 y tal y como reconoce el borrador "esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter exclusivo y marcadamente técnico.""
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015.-Joan Baldoví Roda y Rosana Pérez Fernández, Diputados.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003762
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de tomar medidas de apoyo al alquiler de viviendas y apartamentos turísticos reglados, para su debate en la Comisión de Industria.
En 2014 llegaron a España 65 millones de turistas extranjeros. La mayoría (alrededor de un 60% se alojó en hoteles), pero el numero de los que optaron por quedarse en un apartamento creció un 17,2%, un
ritmo tres veces superior. Cerca de 12 millones declararon venir a España para alojarse en vivienda propia o visitar a familiares y amigos, según datos del Ministerio de Industria.
El apartamento turístico es un subsector que atrae cada vez más turistas nacionales e internacionales. Es una oferta que se debe cuidar y potenciar, pero siempre que se realice en condiciones de calidad y seguridad para el cliente, con las obligaciones técnicas que requiere un apartamento o vivienda y tributarias específicas para otros subsectores turísticos.
El 20 de enero de 2015, EXCELTUR realizaba la "Valoración turística empresarial del año 2014 y perspectivas para 2015", en la que destacaba que, según las tipologías de alojamiento, los turistas extranjeros alojados en viviendas en alquiler crecen un +17,2% en 2014, encadenando 4 años por encima del incremento de los turistas hospedados en alojamientos hoteleros y otra oferta residencial reglada, que suben un 5,3% en 2014.
Hay zonas turísticas, como es el caso de la Costa Blanca, donde el año 2014 no ha sido un año positivo para el subsector de los apartamentos turísticos reglados. Y es que la ocupación media anual ha bajado 4 puntos respecto a 2013 y se ha situado en el 66,1% en 2014 frente al 70,1% registrado en el año anterior. En este caso, el principal mercado durante 2014 ha sido el británico con el 64,4%, seguido de españoles con el 20,3%. Los holandeses suponen el 5,5% mientras que belgas y franceses tienen el 2,4% del mercado. Otras nacionalidades menores se reparten el 5% restante.
Las causas de este descenso en la ocupación frente a un escenario positivo para otras modalidades de alojamiento están claras y son las derivadas de la eclosión durante 2014 del alojamiento turístico en viviendas particulares, que en muchos casos se produce de manera irregular, o al margen de las regulaciones mínimas de seguridad y asistencia para este tipo de alojamientos.
El problema no está en aquellos propietarios o asociaciones de propietarios que cumplen la normativa autonómica y sus responsabilidades tributarias. Es más, ellos también sufren la competencia desleal de apartamentos turísticos no declarados y denuncian sus asociaciones que más del 60% de la oferta de apartamentos no está regulada.
Las asociaciones de apartamentos turísticos defienden que cuando se alquila un apartamento reglado, al cliente le asiste la Ley de Consumo, tiene derecho a hoja de reclamaciones y a ser asistido por las administraciones, algo que no ocurre si se opta por un alojamiento que no esté dado de alta. Los beneficios no son solo para los clientes, también las empresas gestoras o los particulares que alquilan sus viviendas ganan "seguridad jurídica" regulando sus apartamentos, dándolos de alta y registrándolos.
Sobre el marco legal de los apartamentos y viviendas turísticas cabe destacar la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas que recogía en su preámbulo lo siguiente: "... en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación".
El Gobierno de España mezclaba apartamento turístico reglado y que paga sus impuestas acorde con su verdadera actividad, con el no reglado y que bajo la apariencia de alquileres ordinarios se dedican realmente a usos turísticos. Y lo hacía en negativo sobre toda la oferta. Pero no ha hecho nada. Por otro lado, las Comunidades Autónomas están desarrollando su normativa, produciéndose claras diferencias.
Sobre el marco tributario de los apartamentos y viviendas turísticas cabe decir que se da el caso de que el que está reglado puede acabar pagando un IVA ordinario y el no reglado no paga IVA.
Otros de los aspectos que han quedado sin amparo legislativo o normativo es el referente al control con relación a la seguridad ciudadana que se ha de tener sobre quién se aloja en apartamentos turísticos. Es decir, no hay en todos los apartamentos y viviendas turísticas una inclusión indubitada en la comunicación a la Policía y Guardia Civil del Libro de Registro y Parte de Entrada de Viajeros.
Es necesario también realizar cambios legales para que todo trabajador/a de empresas, asociaciones, o espacios virtuales de gestión que se encarguen de forma directa de las gestiones para el alquiler de apartamentos turísticos se puedan acoger al convenio específico de hostelería.
1. Establecer, en los ámbitos de su competencia:
a) Una definición y características mínimas comunes de los apartamentos y viviendas turísticas de alquiler.
b) La adaptación y concreción del marco y obligaciones tributarias estatales en función de esa definición.
c) Mecanismos para facilitar y agilizar la comunicación a la Policía y Guardia Civil del Libro de Registro y Parte de Entrada de Viajeros en todos los apartamentos y viviendas turísticas.
d) Los medios necesarios para que la Agencia Tributaria amplíe su dotación y personal para hacer efectivo las medidas de control de oferta no reglada de apartamentos y viviendas turísticas que incluyen el seguimiento de las páginas.
2. Acordar con las Comunidades Autónomas una tipología básica común que contribuya a la homogenización normativa autonómica referente a la descripción del alojamiento y vivienda turística, sin menoscabo de que en ejercicio de sus competencias adapte o amplie aspectos a sus características territoriales específicas.
3. Incluir en las acciones de promoción a los apartamentos y viviendas turisticas regladas.
4. Establecer un diálogo con los representantes de la Federación Española de Asociaciones y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y las principales asociaciones de los apartamentos y viviendas turísticas de ámbito autonómico no incluidas en dicha Federación para recoger sus aportaciones para el cumplimiento de los puntos anteriores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015.-Herick Manuel Campos Arteseros y Sebastián Franquís Vera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003763
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para aumentar el apoyo del Gobierno de España a la reindustrialización y la competitividad industrial en la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Desde 2012, el Gobierno de España ha recortado la inversión en desarrollo industrial, energía, turismo, telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Los Presupuestos Generales del Estado desde 2012 no responden al esfuerzo presupuestario necesario para llevar a cabo la urgente transición económica hacia la que debemos caminar: la industrialización, mayor competitividad con un nuevo modelo energético, una mejor y estable regulación que aporte seguridad jurídica a las empresas, una oferta turística de calidad y un apoyo decidido sobre la innovación, formación y nuevas tecnologías.
Los presupuestos dedicados al tejido industrial continúan decreciendo, ya que en términos globales los programas presupuestarios de industria y energía, sin tener en cuenta el programa destinado a financiar los costes del sector eléctrico, se reducen en un 4,3% respecto al 2014, 69 millones de euros menos, y si los comparamos con el 2011 se reducen en 937 millones de euros.
El Grupo Socialista ha presentado enmiendas destinadas a los PGE 2015, destinadas a aumentar la dotación y mejor financiación de los proyectos de reindustrialización, así como las relativas a planes específicos de reindustrialización territoriales. Pues difícilmente alcanzaremos el objetivo de que la industria represente el 20% del valor añadido bruto si no se dota a determinados sectores y zonas de suficiente apoyo.
El Gobierno debería garantizar que las condiciones financieras que se ofrezcan a las empresas sean accesibles y atractivas para que estas lleven a cabo actuaciones con las que mejorar su competitividad, apostando por la innovación productiva y la formación de capital humano. En caso contrario -y como está ocurriendo-, las empresas no concurrirán a los planes presentados por el Ministerio.
Todo esto ha afectado de forma especial a la Comunitat Valenciana, que si bien en 1995 lideraba la capacidad industrial y contaba con institutos tecnológicos y el propio IMPIVA que le hacia ser un referente
en competitividad industrial, desde ese año se ha potenciado un modelo económico y de financiación basado principalmente en la construcción. La crisis económica, la crisis institucional de la Generalitat, y la quiebra del sistema financiero valenciano, hacen, si cabe, más necesario el apoyo a la reindustrialización y a la mejora de la competitividad industrial.
El tejido industrial se ha reducido desde 1995, pero aún cuenta con una amplia base industrial y muy diversificada. Debe ser el punto de partida para revertir la situación económica.
Antes de diciembre de 2011, el Gobierno de España hizo un esfuerzo inversor y de ayudas para el sector industrial de la Comunitat Valenciana, incluso en pleno periodo de crisis. En el periodo 2009-2011 se aprobaron 365 proyectos de reindustrialización con 113 M? en ayudas que han movilizado inversiones por valor de 336 M?. En 2011 se apoyaron 89 proyectos con 25,28 M? que movilizaron más de 80 M?.
En el caso de la Comunidad Valenciana, en el periodo 2009-2011 en el marco de las ayudas para la competitividad de Sectores Estratégicos, exceptuando las convocatorias para el sector aeroespacial y para el sector automoción se han apoyado 120 planes de competitividad con 101 M? en préstamos al cero por ciento que han movilizado inversiones de 415 M?.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para aumentar el apoyo del Gobierno de España a la reindustrialización y la competitividad industrial en la Comunitat Valenciana:
1. Establecer las oportunas modificaciones presupuestarias y llegar a los acuerdos necesarios con la Generalitat Valenciana para poner en marcha el Plan de Reindustrialización y apoyo a la competitividad industrial de la Comunitat Valenciana.
2. Este plan comportará transferencias de capital y corrientes a entes públicos y a entidades sin ánimo de lucro, así como a empresas privadas, y también facilitar el acceso a la financiación.
3. Para dar cumplimiento a lo dicho anteriormente se realizará un convenio con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para que haya a su vez acuerdos con los institutos tecnológicos que quieran recibir una transferencia corriente o de capital o acceder a facilidades financieras, siempre garantizando unos criterios objetivos.
4. Proveniente de las líneas presupuestarias de la Sección 20, servicio 16, Programas 422-B y 422-M y capítulos 7 y 8 de dichos programas, el Gobierno de España realizará una aportación plurianual de 90 millones de euros, a razón de 30 millones de euros por año, iniciándose en el año 2015."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015.-Herick Manuel Campos Arteseros y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.- Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en defensa del sector pesquero español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Desde hace años el sector pesquero español se encuentra en transformación constante, en busca de un difícil equilibrio entre la capacidad de pesca y los recursos pesqueros disponibles y teniendo siempre en cuenta los intereses socioeconómicos de quienes se dedican profesionalmente a la pesca. En este sentido, la nueva Política Pesquera Común (en adelante, PPC) que, en aras de conseguir un
modelo de explotación más sostenible, contempla cuestiones tales como el control y disminución de capturas que garanticen la recuperación de caladeros y especies, condiciona el futuro del sector pesquero europeo y español.
Este proceso de cambio afecta también, lógicamente, al mercado laboral pesquero. Las limitaciones que impone la nueva PPC (total admisible de capturas, prohibición progresiva y flexible de descartes...) condicionan el futuro del sector pesquero y, en consecuencia, del empleo -directo e indirecto- que genera y de la población de las zonas pesqueras dependientes de la pesca. De hecho, es posible apreciar, en una valoración muy general, la crisis, en términos de empleo, del sector pesquero español desde los años 70 del pasado siglo (aunque este descenso se ha visto parcialmente compensado por el incremento de los puestos de trabajo en la acuicultura). Especialmente en los últimos años, y como consecuencia no solo de la nueva PPC sino también de la crisis económica general, se aprecia en nuestro país la desaparición y traslado de empresas pesqueras, la paralización o desguace de embarcaciones... que, lógicamente, ha dado lugar a cierta destrucción de puestos de trabajo, no sólo en la actividad extractiva sino en la adyacente (conserveras, transformación...).
En todo caso, resulta evidente que las condiciones laborales de la gente del mar son especialmente difíciles y peligrosas. La pesca sigue siendo una de las actividades profesionales más peligrosas en términos de siniestralidad laboral, siendo tristemente habituales los accidentes en la mar vinculados, en ocasiones, a la fatiga de los trabajadores. Asimismo, muchos de los marinos desempeñan su trabajo en condiciones muy duras (exceso de horas de trabajo, largas temporadas en aguas lejos de su hogar, en buques y con armadores de nacionalidad distinta a la suya...). No hay que olvidar que la OIT ha dado lugar a instrumentos jurídicos específicos que regulan las condiciones de trabajo decente en el sector marítimo a nivel mundial. En este sentido es necesario citar, sobre todo, el Convenio sobre el trabajo Marítimo de 2006 que contiene disposiciones sobre las condiciones de empleo, jornada de trabajo y descanso, alojamiento e instalaciones de esparcimiento, alimentación, protección de la salud ...
Esta situación obliga a los poderes públicos, también a las autoridades de nuestro país, a afrontar retos en relación con las relaciones laborales en el ámbito pesquero. Para proteger este sector y la calidad del empleo que este genera, resulta necesario revisar la normativa vigente en materia de legislación laboral de las gentes del mar, incluido lo relativo a la negociación colectiva, el derecho de libertad sindical o la seguridad e higiene en el trabajo, potenciar las políticas activas de empleo en el sector.
Por otro lado, esas mismas condiciones específicas del sector pesquero y las dificultades a las que se enfrenta, justifica la necesidad de demandar el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en este sector, el fomento de la pesca sostenible y, especialmente, la pesca artesanal y de la diversificación de la actividad pesquera en actividades, por ejemplo, de pesca-turismo.
En definitiva, se trata de proponer medidas concretas para una pesca en España que sea sostenible, no sólo desde un punto de vista medioambiental, sino también socio-laboral.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apostar por una política pesquera sostenible, moderna y de futuro que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
1. Revisar la legislación laboral vigente para adoptar medidas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo de las gentes del mar, en especial lo referido a las condiciones de trabajo a bordo de los buques, derogando para ello la última modificación legal hecha por este gobierno para disminuir las tripulaciones mínimas a bordo, que pone en riesgo las vidas humanas en la mar.
Asimismo, plantear, ante las autoridades de la UE, la necesidad de tener en cuenta los estándares sociales y laborales de terceros países con los que se pretenda suscribir un acuerdo de libre comercio que incluya el sector pesquero.
2. Fomentar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la negociación colectiva en los distintos ámbitos de la actividad económica pesquera, conserva, congelado, pesca extractiva por segmentos de flota, acuicultura, etc.
3. Modificar la legislación en materia de representación sindical, a efectos de que los trabajadores y trabajadoras del mar puedan obtener los beneficios de adscripción sindical que hasta ahora les son
negados en la práctica por la especial configuración del trabajo en el mar, cuyas características particulares no encuentran acomodo en la legislación vigente.
4. Llevar a cabo programas específicos de empleo, suficientemente dotados desde un punto de vista presupuestario, que incluyan políticas activas de empleo que faciliten la incorporación de nuevos colectivos (mujeres, jóvenes...) a la actividad pesquera, a la industria adyacente y a nuevas actividades en que pueda diversificarse la actividad tradicionalmente vinculados a la actividad pesquera.
5. Colaborar con las Comunidades Autónomas en la constitución de cooperativas y otras fórmulas de economía social que pongan en marcha proyectos de comercialización de los productos procedentes de la pesca fresca, artesanal y de litoral, que incremente su valor y que incentive la creación de nuevas marcas de calidad, identificación de origen, etc.
6. Modificar la legislación vigente en materia de Cofradías de Pescadores, dialogando con éstas y con las Comunidades Autónomas para que, cómo corporaciones de derecho público, se comprometan a llevar la paridad a sus órganos de gobierno.
7. Poner a disposición del sector pesquero, en colaboración entre el Ministerio de Fomento y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dispositivos individuales de localización para los hombres y mujeres que trabajan en el mar, a efectos de su salvamento rápido y eficaz en caso de accidente marítimo.
8. Crear una línea de ayudas específica para promover la igualdad en el sector pesquero español, con medidas tales como la reforma de los buques de pesca para acomodarlos a su utilización por parte de hombres y mujeres, primar con incentivos económicos la creación de organizaciones sectoriales con amplia participación de la mujer, la obtención de certificados de profesionalidad para las mujeres rederas y mariscadoras, etc.
9. Promover una pesca responsable y sostenible, trabajando en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que en función de las competencias de cada administración, se puedan crear nuevas áreas marinas protegidas y reservas marinas de interés pesquero en diálogo con el sector pesquero concernido, para generar también en la actividad sostenible un mayor valor de los productos de la pesca procedentes de estas áreas y una nueva cultura de la pesca, en la que se priorice la eficiencia de la actividad por encima de la cantidad de pescado.
10. Modificar la legislación vigente en materia de despacho de buques, por parte del Ministerio de Fomento, para que los buques de la pesca artesanal puedan llevar a bordo a personas ajenas a la actividad pesquera, para realizar actividades de pescaturismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2015.-María Consuelo Rumí Ibáñez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003761
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación de medidas de prevención y respuesta ante incendios en la Comunitat Valenciana, y para establecer ayudas para los incendios de la Marina Alta y otros que se hubieran dado o se pudieran producir, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La comarca de La Marina Alta ha sufrido dos grandes incendios que requieren la concertación de las administraciones públicas para reparar los daños medioambientales y compensar a los afectados.
El 11 de septiembre de 2014 un incendio arrasaba 444 hectáreas del parque natural del Mongó, afectando a los municipios de Dènia y Xàbia, teniéndose que desalojar a 1400 personas.
El 14 de mayo de 2015, se produjo un incendio que arrasó 1.715 hectáreas de los municipios de Pego, Vall D'Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Lagua, y L'Atzúbia, siendo más de 900 hectáreas del municipio de Pego.
El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se
establece el procedimiento para su concesión, es el marco en el que se deben sustentar las ayudas a administraciones y personas afectadas en la Marina Alta, pero requiere un desarrollo específico, siendo insuficiente el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
Además de medidas para la recuperación medioambiental y compensación a los afectados, es necesario revisar los protocolos de actuación para evitar la evidente descoordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la Generalitat Valenciana provocando que la intervención de los medios aéreos y las brigadas del ministerio y la Unidad Militar de Emergencia se produjera con retraso.
El PSPV-PSOE ya advirtió hace un año que la tendencia de aumento de la temperatura media en todas las estaciones, junto con el riesgo de períodos prolongados de sequía, pueden resultar una combinación altamente peligrosa para el aumento de incendios en cualquier periodo estacional, como ya se ha constatado en la Comunitat Valenciana, y buen ejemplo de ello son estos incendios.
El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, alertaba de un elevado riesgo de incendios forestales ante la situación extraordinaria de sequía que está viviendo la zona mediterránea, que en el último año no ha hecho sino agravarse.
A los factores meteorológicos hay que añadir un drástico recorte en los medios disponibles en los dispositivos de prevención y lucha contra incendios por las reducciones del presupuesto para ello del Gobierno de España, así como de la Generalitat Valenciana y las Diputaciones provinciales.
El recorte de las políticas activas de empleo del Gobierno y por tanto de las transferencias a la Generalitat Valenciana ha comportado una reducción o eliminación en los medios disponibles para la prevención de incendios y la respuesta a los mismos. Cabe mencionar aquí los programas PAMER y EMCORP. Con estos programas, además de cumplir un fin social y de apoyo laboral, se realizaba la limpieza de zonas que podían ser un foco de inicio de un incendio o avivarlo. Por lo que su supresión supone por sí mismo un incremento del peligro de incendio.
La disolución de las obras sociales de la CAM y BANCAJA ha comportado la eliminación del voluntariado medioambiental que, entre otros programas, incluían la financiación de proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro para la vigilancia forestal en la época estival, incluida la prevención de incendios y la respuesta rápida ante el inicio de un incendio.
Todo ello pese a que podemos enfrentarnos a incendios frecuentes y devastadores.
Una de las medidas que pueden ayudar a prevenir el riesgo es el mantenimiento de medios de prevención y lucha contra incendios no sólo en los períodos considerados hasta ahora como críticos (del 15 de junio al 15 de octubre), sino ampliando los meses para su actuación.
Es imprescindible que el Gobierno destine recursos económicos extraordinarios a la prevención de incendios para la Comunitat Valenciana ante la situación de sequía extraordinaria que atraviesa la zona mediterránea.
En este sentido, el Gobierno no debe preparar un decreto para el día después de los incendios, sino que debe tomar medidas de forma inmediata, puesto que es mucho más importante destinar recursos para evitarlos que para reparar sus daños.
Por último, lamentar que se castigue a los brigadistas de TRAGSA que muestran su malestar por las actuaciones en incendios o requieren conocer la evaluación de la actuación, como ocurrió con relación al incendio de La Torre de les Maçanes y Penàguila de agosto de 2012. Se debe realizar siempre una evaluación de la actuación de todos los medios del Gobierno de España y su coordinación con el gobierno autonómico, detectar errores, y proponer mejoras.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas ante los incendios y otras catástrofes naturales:
1. Aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños, personales y materiales, producidos por los incendios declarados en septiembre de 2014 de Dènia y Xàbia y en mayo de 2015 en Pego, Vall D'Ebo, Vall de Gallinera, Vall De Lagua, y L'Atzúbia, así como los daños producidos por los incendios y catástrofes naturales que no están amparados por plazos o limitaciones del Real
Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre. Estas ayudas serán, como mínimo, las contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
2. Si se comprueba que se dan los requisitos para ello, proceder a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural en relación con los incendios citados en el apartado anterior.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con estas catástrofes naturales ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
Con relación a las medidas para la prevención de incendios en la Comunitat Valenciana, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar a la mayor brevedad un estudio estadístico sobre la influencia de los cambios climatológicos en el aumento de los incendios en diferentes estaciones y, como consecuencia, considerar la ampliación de los períodos críticos para la actuación en la lucha contra incendios.
2. Aprobar un Plan extraordinario de prevención y respuesta a incendios que garantice recursos adicionales para la prevención de incendios en una zona de alto riesgo, como es la Comunitat Valenciana, que tengan en cuenta la situación de sequía extraordinaria que atraviesa la zona mediterránea, que entre otras medidas comportará:
a) Aumento de las dotaciones en la Comunitat Valenciana de brigadas forestales de refuerzo y su permanencia en el tiempo hasta que concluya la sequía y condiciones meteorológicas adversas.
b) Aumentar de forma inmediata, mediante una transferencia extraordinaria a la Generalitat Valenciana, la financiación de programas locales de empleo que tengan incidencia directa en la prevención de incendios.
c) Aumento de dotaciones de la UME o cambios en la ubicación de sus bases que permitan acortar los tiempos de respuesta ante la petición de intervención de la Generalitat Valenciana.
d) Creación de programas de voluntariado forestal desde las entidades bancarias que cuenten con o hayan recibido fondos públicos, creando líneas de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro.
Todo ello con la oportuna coordinación efectiva con la Generalitat Valenciana y las comunidades autónomas más próximas.
3. Acometer la limpieza de cauces y barrancos a través de las correspondientes confederaciones hidrográficas.
4. Mantener los medios de prevención y lucha contra incendios no solo en los períodos considerados hasta ahora como críticos (del 15 de junio al 15 de octubre), sino ampliando los meses para su actuación.
Con relación a los fallos en la coordinación entre el MAGRAMA y la Generalitat Valenciana, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar los protocolos de comunicación y solicitud de medios y su actuación en los incendios para evitar que la indecisión de una de las administraciones o la falta de responsables a la hora de tomar decisiones provoque un retraso injustificado en el envío de medios y el inicio de su actuación.
2. Realizar las oportunas valoraciones e informes tras cada incendio, contemplando información detallada sobre las comunicaciones, actuación, errores detectados y propuestas de mejora, incluyendo la opinión y valoraciones de los efectivos que actuaron en el incendio.
Y con relación a los despidos improcedentes de brigadistas de TRAGSA, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir las sentencias que obligan a la incorporación de brigadistas, especialmente en el caso de los brigadistas que actuaron en el incendio de La Torre de les Maçanes y Penàguila en agosto de 2012".
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2015.-Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para luchar contra el desperdicio de alimentos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En un mundo como el actual, donde en torno al 12% de la población mundial, 800 millones de personas, sufre hambre o desnutrición, el desperdicio de alimentos es inadmisible.
La FAO estima que cerca de 1.300 millones de toneladas, un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial para consumo humano, se pierden. Según datos de la Comisión Europea correspondientes al año 2014, se calcula que en Europa se malgastan anualmente 100 millones de toneladas de alimentos susceptibles de ser consumidos y, si no se corrige la tendencia, se espera que lleguen a 126 toneladas en 2020. En España, el sexto país europeo que más comida desperdicia (tras Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia), se cifra en 8 millones de toneladas anuales.
Este hecho tiene efectos éticos -no es asumible que en un mundo donde se producen alimentos suficientes, siga habiendo quien pase hambre- y económicos -un informe de la Comisión global sobre Economía y Clima estima en 270.000 millones de euros el ahorro que en la economía global supondría reducir el malgasto de comida y la FAO eleva esta cifra a 750.000 millones de dólares-, pero también medioambientales -ese mismo informe cifra en el 7% la emisión de gases de efecto invernadero debida al malgasto de comida-. En los países desarrollados este malgasto se produce, fundamentalmente, en las fases de distribución y consumo de los alimentos.
La cuestión es cómo se puede luchar contra este desperdicio de alimentos. Se conviene en señalar que todos y cada uno de los actores de la cadena alimentaria -productores, transformadores e, incluso, consumidores- tienen un papel que jugar en el objetivo común de prevenir y reducir el desperdicio de alimentos.
Desde la Unión Europea, sobre todo a partir de 2011, se han elaborado programas de buenas prácticas para prevenir este fenómeno, así como materiales didácticos e informativos, dirigidos fundamentalmente a los consumidores, con este fin. En 2014, la Comisión Europea ha elaborado una hoja de ruta hacia una Europa eficiente en materia de recursos, que incluye un programa de "cero residuos" para el continente y ha identificado el sector alimentario como un sector clave en el que la eficiencia debe ser mejorada. En materia de "food waste" está previsto que los Estados miembros reduzcan el desperdicio de alimentos en un 30% antes de 2025.
Este tipo de campaña existe también en los países de nuestro entorno (piénsese en la campaña "Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella" de la FAO o la campaña "Love Food, Hate Waste" en el Reino Unido) y en España desde hace algún tiempo.
Desde abril de 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha la estrategia "Más alimento, menos desperdicio", centrada en cinco líneas de actuación estratégica, a saber: la realización de estudios que permitan determinar cómo, dónde y por qué se produce el desperdicio de alimentos; la elaboración de guías de buenas prácticas y campañas de sensibilización; la revisión de la normativa que incida en el malgasto; el impulso de actuaciones en colaboración con los agentes de la cadena alimentaria para reducirlo; el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías con este mismo fin.
Incluso, encontramos en nuestro país ejemplos de donación voluntaria de los alimentos que, estando en perfecto estado, la cadena de distribución no considera comercializables, bien porque presentan defectos en el etiquetado o en el envasado, bien porque tengan próxima la fecha de caducidad.
Por otro lado, en algún país de nuestro entorno (Francia está tramitando una reforma normativa en este sentido), recientemente se ha optado por una política más ambiciosa de lucha contra el desperdicio de alimentos que pasa por establecer la obligación legal de proceder a la donación de excedentes alimentarios a la distribución e, incluso, por sancionar el incumplimiento de esta obligación.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con carácter inmediato, las medidas necesarias para establecer la obligación legal de los distribuidores del sector alimentario de proceder, siempre que sean aptos para el consumo, a la donación a organizaciones benéficas autorizadas (ONGs, entidades solidarias, bancos de alimentos...) de los alimentos, así como el correspondiente régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de la misma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003767
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por unanimidad una ley que prohíbe a las grandes superficies tirar o destruir los productos alimentarios aptos para el consumo humano, debiendo ceder gratuitamente esa comida a ONGs que asistan a personas en situación de necesidad.
Contrariamente a la Asamblea Nacional francesa, el Parlamento español rechazó una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya en la tramitación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en que se reclamaba la prohibición de tirar productos aptos para el consumo humano y la obligatoriedad de donarlos a bancos de alimentos, comedores sociales o entidades sin ánimo de lucro que atiendan a población necesitada. En esencia, el Parlamento español rechazó lo mismo que Francia ha aprobado por unanimidad.
En un contexto socio-económico como el actual, donde se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida al año, no se puede permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o desperdicie. En el Estado español 2 millones de personas pasan hambre hoy en día como consecuencia de la crisis económica, y se calcula que en la UE 43 millones están en peligro de pobreza alimenticia. En el global más de 870 millones de personas pasan hambre cada día. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 54% del desperdicio de alimentos en el mundo se produce en las etapas iniciales de la producción, manipulación y almacenamiento poscosecha, el 46% restante ocurre en las etapas de procesamiento, distribución y consumo de los alimentos.
Todos los agentes participantes en el proceso tienen su grado de culpabilidad. Esa culpabilidad también recae en las instituciones públicas, las cuales no han sabido explicar ni concienciar a una sociedad que cada día sufre más las consecuencias de una crisis duradera.
La mala praxis de algunas empresas y una falta clara de voluntad política para regular este derroche, sumado a los malos hábitos de la ciudadanía, han creado una atmósfera en la cual cuesta encontrar el modo de romper esa rutina, debemos dar solución a un problema endémico y de difícil solución. Las personas tenemos el poder para producir los cambios necesarios si convertimos el desperdicio de comida en algo socialmente inaceptable.
Limitar el despilfarro no solo es una forma de mejorar la eficiencia, sino también de acabar con la malnutrición de parte de la población más necesitada; este excedente alimenticio es imperante donarlo a miembros vulnerables de la sociedad, ONGs, entidades, o buscarle un mercado secundario donde poder darle salida a estos productos.
En el caso de que no fueran aptos para el consumo humano, la mejor opción podría ser desviarlo para el consumo del ganado, conservando de este modo recursos que por otra parte serían usados para la creación de pienso comercial.
En el caso de que no sea posible la reutilización, debería intentarse el reciclaje y la recuperación: el reciclaje de subproductos, la digestión anaeróbica, el compostaje y la incineración con recuperación de energía permitiría recuperar energía y nutrientes de los residuos de los alimentos, lo que representaría una ventaja significativa sobre el tirarlos en los vertederos, teniendo en cuenta que los alimentos no consumidos terminan pudriéndose en los vertederos y son un gran productor de metano, gas de efecto invernadero especialmente perjudicial.
1. Presentar un Proyecto de Ley para la reducción del despilfarro alimentario.
2. Incorporar en dicho Proyecto de Ley la prohibición para las grandes superficies y supermercados de tirar productos aptos para el consumo y destinarlos a organizaciones sociales sin ánimo de lucro que atiendan a personas bajo el umbral de la pobreza.
3. Comprender en el Proyecto de Ley medidas de reutilización y reciclaje de aquellos productos alimentarios que ya no sean aptos para el consumo humano, beneficiando así a la economía y al medio ambiente.
4. Obligar legalmente a las grandes superficies y supermercados a ser transparentes y hacer público el destino de los productos alimentarios que ya no son aptos para su venta.
5. Realizar una campaña institucional de sensibilización ciudadana para reducir el despilfarro alimentario doméstico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2015.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003768
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un beneficio fiscal destinado a las personas afectadas por celiaquía.
Se calcula que en Europa padecen celiaquía el 1% de la población, sobre todo mujeres (son el doble que los hombres afectados). Se trata de una enfermedad permanente, sin mejora ni cura, y su tratamiento consiste en seguir una dieta estricta sin gluten toda la vida. La intolerancia al gluten -presente en el trigo, cebada, centeno, avena- provoca en las personas que tienen esta predisposición genética una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal. Ello impide una correcta absorción de los nutrientes y causa una larga lista de problemas intestinales (vómitos, diarreas, dolor...).
El problema de los afectados por celiaquía no se ciñe únicamente a la hora de realizar la compra y encontrar alimentos sin gluten con cierta facilidad, e ir siempre con las listas de marcas certificadas y leyendo la letra pequeña de cada alimento que adquieran, sino que tiene también una importante repercusión económica, los productos sin gluten son más caros. El problema más grave es el precio, así, a modo de ejemplo, una barra de pan sin gluten cuesta un 523% por ciento más que una de trigo; unos macarrones, 441,8% más; las madalenas, 526%, y la lista continúa; en resumen, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), la cesta de la compra de un celíaco es un 288,56% más costosa que la de un consumidor que sí tolera el gluten, lo que supone como mínimo 1.468,72 euros más al año.
A pesar de que en los últimos años esta diferencia se ha reducido gracias a la introducción de productos para celíacos de marcas blancas y a la inclusión de los alimentos sin gluten en las grandes superficies, todavía queda mucho por conseguir, dado que el colectivo celíaco en el Estado español se enfrenta a esta situación sin ningún tipo de ayuda, a diferencia de otros países de la Unión Europea como Italia, Francia o Reino Unido, entre otros.
En muchos países de nuestro entorno los productos sin gluten están incluidos dentro del régimen de la seguridad social o bien se destina algún tipo de ayuda para que las personas afectadas de celiaquía puedan adquirirlos con una reducción de su coste.
Si observamos el tipo de ayudas destinadas a las personas celiacas contempladas en distintos países de la Unión Europea destacaríamos principalmente dos. Por un lado, las ayudas monetarias con cuantías que oscilan entre los 20 y los 200 euros, y en el caso de los menores puede llegar a reembolsarse la totalidad del coste destinado a adquirir productos sin gluten. Y por otro, deducciones fiscales.
En el caso del Estado español, las personas afectadas por celiaquía no disponen de ningún tipo de ayuda. El único tratamiento que pueden seguir las personas afectadas por esta enfermedad es llevar una dieta sin gluten. Por ello, consideramos del todo injusto que deban asumir la totalidad del coste de los productos elaborados sin gluten, cuando para ellos no es una elección es una obligación consumir este tipo de productos por cuestiones de salud.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un beneficio fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de compensar el sobrecoste que deben asumir las personas afectadas por celiaquía en la adquisición de productos elaborados sin gluten."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003759
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre retransmisión televisiva de espectáculos taurinos, para su debate en la Comisión de Cultura.
Durante la legislatura, a propuesta del PP y del Gobierno, se han ido aprobando diversas iniciativas legislativas encaminadas a impulsar la tauromaquia, también a través de los medios de comunicación, a pesar de que la mayoría de los grupos de la oposición se ha posicionado en contra de tales iniciativas.
Así, una consecuencia de las medidas aprobadas, es que en la tarde del 31 de mayo nos encontramos con que los toros volvieron a Televisión Española, la cual retransmitió en directo a las 18.00 horas -en horario infantil- la corrida de toros anunciada en Cáceres, donde el torero "El Juli", como único espada, dio estoque a seis toros. Los beneficios de dicho acto tenían como destino la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas y a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. La última corrida televisada fue el 13 de septiembre de 2013 en Mérida, en la que actuó Alejandro Talavante como único espada.
Ante esta nueva situación, distintas asociaciones de protección de la infancia han mostrado su preocupación por estas retransmisiones. Así, por ejemplo, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) -órgano interdisciplinar constituido por consejeros expertos en el ámbito de la infancia que tiene como finalidad proteger los derechos de los niños y los jóvenes teniendo como referencia los derechos proclamados por la Convención sobre los Derechos del Niño- muestra su desacuerdo con la retransmisión de corridas de toros en horario infantil en TVE y recuerda que ello desoye las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, en las que se insta a los gobiernos a "proteger a la infancia de la violencia física y mental de la tauromaquia".
Así mismo, pone de manifiesto que en pocas semanas de diferencia, en España se aprobará el código penal que considera como agravante del delito de maltrato a los animales que el maltrato (injustificado) se lleve a cabo en presencia de un menor de edad (menos de 18 años).
Nuestro Grupo Parlamentario no ve justificable, ni aun bajo la acción benéfica, el que se desoigan las recomendaciones de la más alta autoridad mundial en protección infantil, sin contar con el hecho adicional de que la retransmisión en directo puede exponer a los niños y niñas o sólo a lo que es la lidia en general, sino a todo tipo de accidentes que se puedan producir en este lance con las consiguientes imágenes que pueden herir su sensibilidad y producirles determinadas secuelas emocionales, lo que indica que no podemos olvidar que el interés superior del menor debe estar por encima de la defensa de la cultura en general y sobre todo de ciertos espectáculos violentos en particular como es el caso de la tauromaquia.
1. Proteger a todos los niños en calidad de televidentes de espectáculos y eventos relacionados con la tauromaquia, impidiendo que sean retransmitidos en directo o diferido en horario infantil con el fin de protegerlos de posibles impactos emocionales, dada su alta carga de violencia y maltrato contra los animales.
2. Poner en marcha un plan de concienciación sobre la violencia física y mental asociada con la tauromaquia y su impacto en los niños."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2015.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
181/003359
¿Cuáles son los motivos concretos por los que el escrutinio electoral de las elecciones municipales pasadas, en la provincia de Sevilla, no se completó al cien por cien la noche electoral, quedando pendientes unos 15.000 votos por recontar hasta el lunes 25 por la tarde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2015.-Silvia Oñate Moya, Diputada.
181/003362
En relación a la emisión del programa La Mañana del día 26 de mayo de 2015 y cuyo vídeo puede verse en el siguiente enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/victimas-del-maltrato-no-tienen-genero/3142046/
¿Se ha dirigido la Delegación del Gobierno contra la Violencia a la dirección de RTVE para interesarse por el hecho de que se emitan programas contra la Ley Integral contra la violencia a las mujeres y conocer qué criterios ha establecido para dar espacio televisivo a las campañas orquestadas que pretenden restar credibilidad a las víctimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2015.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/003363
¿Tiene previsto el Gobierno reunirse con la dirección de RTVE a fin de ofertarles formación que les permita conocer la realidad de la violencia contra las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2015.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

References: artículo 193
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 193
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 39
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 39
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
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 Real Decreto 
 artículo 193
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