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Timestamp: 2017-11-20 13:40:55+00:00

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Derecho Penal. 3
Propósito principal 3
Protección de bienes jurídicos. 3
Principios doctrinarios básicos. 3
Principio de humanidad y prevención especial positiva. 4
La función de control social de la Ley Penal 4
Función motivadora. 4
Principio de mínima intervención. 4
PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. 5
Aplicación personal de la ley penal. 5
Principio de igualdad y condición del agente en razón de su profesión. 5
Principio de igualdad y graduación de la pena. 5
Principio de igualdad e inaplicación de pena tasada a policías. 5
PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD.. 6
Principio de legalidad. Precisión de circunstancias agravantes y pena. 6
Principio de jurisdiccionalidad. Alcances. 6
Principio de jurisdiccionalidad. Límites. 6
Principio de jurisdiccionalidad. Juez natural 6
Principio de jurisdiccionalidad. Predeterminación del juez. 7
Principio de jurisdiccionalidad. Órganos judiciales subespecializados. 7
Principio de jurisdiccionalidad. Órganos jurisdiccionales de excepción. 8
Principio de jurisdiccionalidad. Diferencia entre jurisdicción excepcional y jurisdicción especial 8
MOMENTO DE COMISION DEL DELITO.. 8
Variación del valor de cambio de moneda. 8
Usura. 8
APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY PENAL. 9
Función preventiva, protectora y resocializadora de la pena. Primacía frente a leyes especiales. 9
INAPLICABILIDAD DE LA ANALOGIA. 9
Prohibición de analogía. Fundamento en el principio de legalidad. 9
Prohibición de analogía. Como derecho subjetivo constitucional 9
Prohibición de analogía. Diferencia de la interpretación. 9
Determinación de la pena. 10
Graduación. 10
Condiciones personales. 10
Principio de la corresponsabilidad social. 10
Alcances. 10
Carencia social o económica. 11
Carencia económica y cultural 11
Interes en legalizar relación. 11
Determinación de la pena. 11
Cuantificación. 11
Graduación. 11
Graduación. 12
Naturaleza de la acción. 13
Concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. 13
Determinación de la pena. Inidoneidad del medio empleado. 13
Determinación de la pena. Graduación. 13
Proporcionalidad. 13
Circunstancias y forma de comisión del ilícito. 14
Determinación de la pena. Grado de participación. 14
Determinación de la pena. Educación, situación económica y medio social 14
Determinación de la pena. Reparación espontánea. 14
Determinación de la pena. Confesión sincera. 14
Condiciones personales. Reincidencia y habitua-lidad. 15
Determinación de la pena. Condiciones personales. 15
Determinación de la pena. Condiciones personales como causa de inimputabilidad. 16
Determinación de la pena. Presunto desconocimiento del reproche penal 16
Determinación de la pena. Existencia de antecedentes penales. 16
Principio de la corresponsabilidad social. Alcances. 17
PRINCIPIO DE GARANTIA DE EJECUCION.. 17
Pena inejecutable. 17
Principio de proporcionalidad de la pena. 17
Noción. 17
Proporcionalidad respecto del delito cometido y la trascendencia social de los hechos. 18
Criterios para establecer la proporcionalidad. 18
Aplicación temporal de la Ley Penal. 20
Principios de retroactividad y ultractividad benigna. 20
Retroactividad benigna. 20
Noción. 20
Como fundamento de la inaplicación de norma legal constitucional 20
Forma de establecer mayor benignidad. 21
Necesidad de conflicto temporal entre leyes aplicables a un mismo hecho. 21
Formas de benignidad de la ley penal 21
Prescripción. 21
Desaparición de delito. 21
El Derecho Penal tiene como propósito principal la sanción de las conductas humanas típicas, antijurídicas y culpables, la prevención de los delitos como medio protector de la persona humana y de la propia sociedad; el juzgador, al aplicar la norma sustantiva, debe arribar al total convencimiento de haber encontrado certeza legal en la responsabilidad penal del procesado.
Protección de bienes jurídicos
El Derecho Penal tiene encomendada la protección de bienes jurídicos; ya que en toda norma jurídico-penal, subyacen juicios de valor positivos sobre bienes vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedad; que son por lo tanto merecedores de protección a través del poder coactivo o punitivo del Estado representado por la pena pública, y de ese modo lograr la paz social en la comunidad.
Principios doctrinarios básicos
El Derecho Penal moderno asume los principios doctrinarios básicos de mínima intervención, humanidad, protección, prevención y resocialización de la pena, contenidos tanto en la Constitución Política del Estado, como en los artículos uno, octavo y noveno del Título Preliminar del Código Penal peruano vigente y estos mismos principios que son lineamientos doctrinarios filosóficos que rigen y regulan el poder punitivo del Estado, establecen que el Derecho Penal actual es última ratio para su aplicación y que la misma debe buscar la reincorporación del sujeto infractor al seno de la sociedad y no destruirle física y moralmente, en el entendimiento de que la realidad carcelaria en nuestro país es sumamente drástica y generadora de perjuicios irreparables en la persona de los condenados a pena privativa de la libertad.
Principio de humanidad y prevención especial positiva
El principio de humanidad, es el permitir la aceptación y el respeto hacia las normas jurídico-penales, en la medida que la finalidad de las sanciones no se base en fundamentos empíricos con el afán de causar temor en la población, por cuanto la pena debe ser vista como un mal necesario, dado que es una injerencia coactiva en la esfera de los derechos de un sujeto, el autor de un delito, a quien, por lo demás, no se le puede gravar con cargas insoportables o permanentes, tal como se deduce de la doctrina comentada por el Jurista Jescheck respecto a que “todas las relaciones que surgen del Derecho Penal deben orientarse sobre la base de la solidaridad recíproca, de la responsabilidad social con los reincidentes, de la disposición a la ayuda y la asistencia social y a la decidida voluntad de recuperar a los delincuentes condenados”. Por lo que, respecto al quántum de la pena, ésta debe ser graduada prudencialmente en virtud del principio de humanidad de las penas y el de resocialización, además por la forma y circunstancias de la comisión del evento delictivo, conforme a lo dispuesto por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como el marco establecido en el tipo penal que se les atribuye y las atenuantes que concurran en el proceso.
La función de control social de la Ley Penal
la Ley Penal, reconoce como uno de sus principios, la imputación al autor de la infracción, lo que significa que la prueba debe establecer el nexo de causalidad entre la acción u omisión intencional y sus efectos tienen que ser evaluados adecuadamente.
Las normas penales desarrollan una función motivadora, que está indisolublemente unida a la función de tutela de bienes jurídicos; es decir, mediante dichas normas se pretende incidir sobre los miembros de una comunidad, para que se abstengan de realizar comportamientos que lesionen o pongan en riesgo los bienes jurídicos tutelados.
El principio de mínima intervención en la perspectiva de la humanización del Derecho Penal, parte de la idea de que la intervención penal supone una intromisión del Estado en la esfera de libertad del ciudadano, que sólo resulta tolerable cuando es estrictamente necesaria e inevitable para la protección del mismo ciudadano.
El Derecho Penal como instrumento de control social obedece a los principios minimalistas de última ratio y estricta legalidad, no pudiendo perseguir toda conducta ilícita si los conflictos sociales pueden ser dirimidos en la vía civil o administrativa.
El Derecho Penal es fragmentario y de última ratio. Al constituir el Derecho Penal la “última ratio” entre los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la sociedad, su actuación se halla subordinada a la insuficiencia de los otros medios de control menos gravosos para el individuo y se define su misión como protección subsidiaria de bienes jurídicos, de tal modo que solo se le puede hacer intervenir cuando no existan otros medios de solución social del problema.
Se debe de tener en cuenta que dependerá del Juzgador infundir la convicción que el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal es compatible con la del Estado Social, rechazándose la idea de un Estado represivo como protector de los intereses de las personas; que ello enlazaría con la tradición liberal que arranca de Beccaria y que postula la humanización del Derecho Penal: se parte de la idea de que la intervención penal supone una intromisión del Estado en la esfera de libertad del ciudadano, que sólo resulta tolerable cuando es estrictamente necesaria –inevitable– para la protección del mismo ciudadano.
Aplicación personal de la ley penal.
Principio de igualdad y condición del agente en razón de su profesión
En modo alguno viola el principio de igualdad ante la ley, y por lo mismo, no debe confundirse con una condición discriminatoria, la condición del agente en razón a su profesión. Así tenemos, que debido a que la Policía Nacional garantiza el orden interno, el cumplimiento de las leyes, presta ayuda y protección a las personas y a la comunidad, la calidad de miembro de la Policía Nacional constituye circunstancia agravante para ciertos ilícitos, como la del médico que abusa de su ciencia para causar el aborto, del tutor o curador que expone a peligro a su pupilo, del funcionario público que allana un domicilio, del notario público que incurre en delito contra la fe pública.
La calidad de miembro de la Policía Nacional constituye circunstancia agravante, como la del médico que abusa de su ciencia para causar el aborto, del tutor o curador que expone a peligro a su pupilo, del funcionario público que allana un domicilio, el notario público que incurre en delito contra la fe pública y demás casos de agravante en razón de la función que considera el Código Penal. Esta circunstancia agravante, en modo alguno viola el principio de igualdad ante la ley garantizada en el inciso segundo del artículo segundo de la Carta Constitucional y el artículo diez del Código Sustantivo, pues esta calidad impone deberes especiales, que obligan frente a la sociedad, y que no deben confundirse con una condición discriminatoria.
Principio de igualdad y graduación de la pena
En la graduación de la pena debe considerarse que sí existe una sentencia, en la cual se condena a uno de los autores del ilícito, por los mismos hechos a una pena privativa de libertad, siendo incrementada con posterioridad; el encausado al tener la misma responsabilidad penal que el citado sentenciado merece la misma sanción; atendiendo además al principio de legalidad e igualdad.
Principio de igualdad e inaplicación de pena tasada a policías
Si bien el acusado al momento de la comisión del evento, pudo pertenecer en forma activa a la Policía Nacional del Perú, por lo tanto se encontraría incurso en lo dispuesto por el Decreto Ley Nº25672, también lo es, que dicha norma no es aplicable pues al fijar una pena tazada atenta contra el derecho de igualdad ante la ley que se encuentra consagrada en el artículo 2, apartado segundo de la Carta Magna, agregando a esto lo dispuesto por el artículo ciento tres de la Constitución, que establece que puede expedirse leyes especiales porque así lo asigna la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la persona, consecuentemente el Decreto Ley señalado viola dicha norma constitucional, por lo que, esta Judicatura en aplicación del segundo párrafo del artículo 138 de la Carta Fundamental de la Nación concordante con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prefiere la aplicación de la norma constitucional.
Principio de legalidad. Precisión de circunstancias agravantes y pena
Cuando se trata de una conducta tipificada en una norma penal compleja, el órgano jurisdiccional debe precisar en qué circunstancias agravantes se ha perpetrado el hecho, aún más cuando el tipo penal ha sufrido modificaciones, debe precisarse también éstas; además el Colegiado para imponer pena por debajo del mínimo legal tiene el deber de fundamentar, si se trata de algún elemento negativo imperfecto del delito o de orden procesal, en cuyo caso también tiene la obligación de indicar el dispositivo legal que justifica la atenuación de la punición que señala.
Principio de jurisdiccionalidad. Alcances
El órgano jurisdiccional competente conserva su potestad de fijar la pena y la reparación civil conforme a los criterios de individualización y medición reconocidos en el Código Penal.
Principio de jurisdiccionalidad. Límites
El Derecho Penal peruano reconoce al magistrado la potestad de fijar la pena privativa de la libertad, entre un mínimo y un máximo y en algunos casos le permite fijarla por debajo de este mínimo, teniendo en cuenta determinadas circunstancias, pues de otro modo se habría vuelto al sistema de la pena legal o tasada que no admite arbitrio judicial alguno y que pertenece a un derecho punitivo ya desterrado.
No basta que el derecho al juez natural sea recogido por los textos constitucionales, sino que es necesario instaurar aquellos institutos que doten a los justiciables de los medios para llevar el uso del derecho al terreno práctico. El instituto de la recusación está destinado justamente a cuestionar la imparcialidad e independencia del juez en la resolución de la causa. Aun cuando exista un abierto reconocimiento constitucional del derecho al juez natural, si se restringiera irrazonablemente la posibilidad de recusar a los jueces del proceso, el ejercicio del derecho no encontraría posibilidad de manifestarse en los hechos.
Principio de jurisdiccionalidad. Juez natural
La predeterminación legal del juez no es otro que el juez territorial, objetiva y funcionalmente competente, así el incumplimiento de las reglas sobre competencia territorial vulnera la garantía del “juez natural”, salvo, desde luego, que infrinja la independencia judicial o el derecho al debido proceso y/o entrañen la sustracción indebida o injustificada al órgano judicial al que la Ley le atribuye el conocimiento de un caso, manipulando el texto de las reglas de atribución de competencia con manifiesta arbitrariedad.
Al haberse dictado contra el recurrente una sentencia condenatoria en el fuero privativo militar, resulta imperioso la anulación de todo el proceso y su consiguiente procesamiento ante el fuero ordinario, por cuanto el juicio se realizó quebrantando el derecho al juez natural, pese a su condición de civil; siendo imprescindible el despliegue del conjunto de actos necesarios para que su situación jurídica se resuelva bajo las garantías que contienen el debido proceso en la jurisdicción penal ordinaria.
El derecho a la jurisdicción predeterminada por ley implica que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal que lo ha investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al inicio de la actuación judicial. Con ello se garantiza la independencia e imparcialidad del juez, que es el interés directo que se protege mediante este derecho constitucional.
Principio de jurisdiccionalidad. Predeterminación del juez
La predeterminación del juez no puede interpretarse rígidamente, de suerte que impida que las normas de carácter general sobre la organización judicial y competencia de los jueces y tribunales adquieran efectos temporales inmediatos, pues ello no solo crearía importantísimas disfuncionalidades en la administración de justicia, sino también porque esa rígida comprensión del concepto predeterminación no se corresponde con el espíritu y finalidad que inspira el derecho fundamental, en tanto no resulte comprometida la imparcialidad del juzgador o se desvirtúe la razonable presunción de que esta no queda afectada dadas las características en la que se inserta la modificación operada.
Se garantiza la independencia e imparcialidad del juez, que es el interés directo que se protege mediante este derecho constitucional. Sin embargo, de ello no puede concluirse que cualquier modificación orgánica o funcional, cualquiera sea su alcance y su contenido, no pueda tener incidencia en los procedimientos ya iniciados y que se encuentran pendientes de resolución, pues si la ratio del derecho es proteger la imparcialidad del juzgador, es claro que si tales modificaciones se realizan con criterios objetivos y de manera general, dentro de la jurisdicción ordinaria, existe una presunción de que el cambio normativo no persigue atentar contra la imparcialidad de los jueces y, por tanto, no resulta contrario, prima facie, al derecho en cuestión.
Principio de jurisdiccionalidad. Órganos judiciales subespecializados
Con respecto al cuestionamiento a la competencia de los órganos judiciales subespecializados en delitos alegando vulneración a la garantía del juez legal o natural, el Tribunal Constitucional ya sentó doctrina constitucional al respecto indicando, en primer lugar, que la creación por el órgano de gobierno del Poder Judicial de una subespecialidad penal como la encargada del conocimiento de los delitos de terrorismo, no vulnera el principio de legalidad en la constitución de órganos judiciales; y, en segundo lugar, que el hecho de que tales órganos jurisdiccionales, integrantes de la jurisdicción penal ordinaria y sujetos a las disposiciones de la LOPJ, se crearon con posterioridad al procesamiento del imputado [en el ámbito del Derecho procesal no rige la regla respecto que la competencia del juez se define por la fecha de comisión del delito sino que ésta se define en función a la fecha en que se promueve la acción penal], no importa en su esencia una vulneración a dicha garantía, toda vez que su creación obedece a razones objetivas de especialización y buen orden del sistema de justicia –objetividad de los criterios de atribución–, sin que tienda a lesionar la imparcialidad judicial y a manipular la constitución de órganos judiciales para afectar la posición jurídica de los imputados con ausencia de criterios de discriminación legítimos.
Principio de jurisdiccionalidad. Órganos jurisdiccionales de excepción
El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley está expresada en términos dirigidos a evitar que se juzgue a un individuo en base a “órganos jurisdiccionales de excepción” o por “comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. En ese sentido, exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional. Se garantiza, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación. De esa manera se impide que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante el Poder Judicial o ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales especializados que la Constitución ha establecido.
Principio de jurisdiccionalidad. Diferencia entre jurisdicción excepcional y jurisdicción especial
La noción de juez “excepcional”, que el derecho a la jurisdicción predeterminada por ley prohíbe, no debe confundirse con la de jurisdicciones especializadas. En efecto, sin perjuicio de reconocerse la unidad de la jurisdicción estatal, nuestro Derecho nacional (como el comparado) admite que, además de los jueces ordinarios, puedan haber jueces especiales. Tampoco la idea de juez “excepcional” debe asociarse a la de jueces “especializados” existentes en el seno del Poder Judicial. Esto es, a la existencia de jueces y salas, al interior del Poder Judicial, cuya competencia venga restringida a un determinado ámbito de materias.
MOMENTO DE COMISION DEL DELITO
Variación del valor de cambio de moneda
El equivalente valor del daño causado en moneda nacional al tipo de cambio al momento de la realización de los hechos no sobrepasaba la exigencia típica del delito de daños, esto es, que al momento del hecho, éste no constituía delito, y si bien el tipo de cambio ha variado, dicha circunstancia no puede ser en perjuicio del imputado, dado que el momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca.
Teniendo en cuenta que el momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, en el presente caso el delito de usura instruido se materializó el día en que se aceptaron las cambiales.
APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY PENAL
Función preventiva, protectora y resocializadora de la pena. Primacía frente a leyes especiales
Para efectos de la graduación de la pena, es menester precisar la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena, y en virtud del principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena, ésta prima respecto de las disposiciones contenidas en las leyes especiales, conforme a lo dispuesto en los numerales VII, IX y X del Título Preliminar del Código Penal. Se debe ser coherente con la finalidad teleológica, ya que la pena sirve para la reinserción social del acusado que es en definitiva lo que se pretende, ello acorde con lo dispuesto en el art. 139.22 de la Constitución Política del Estado, que establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
INAPLICABILIDAD DE LA ANALOGIA
Prohibición de analogía. Fundamento en el principio de legalidad
El principio de legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.
Prohibición de analogía. Como derecho subjetivo constitucional
Es un derecho subjetivo constitucional de los justiciables el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Los alcances de dicho principio de inaplicabilidad por analogía de las normas que restrinjan derechos no han de entenderse restrictivamente como pertenecientes sólo al ámbito del Derecho Penal y Procesal Penal, sino como aplicables a todo el ordenamiento jurídico, particularmente cuando con una medida limitativa de derechos el Estado intervenga en el seno del contenido constitucionalmente protegido de estos.
Prohibición de analogía. Diferencia de la interpretación
La analogía como integración normativa está proscrita en el Derecho Penal por mandato constitucional. En cambio, sí se reconoce la legitimidad del razonamiento analógico en la interpretación. Las cláusulas de interpretación analógica no vulneran el principio de lex certa cuando el legislador establece supuestos ejemplificativos que puedan servir de parámetros a los que el intérprete debe referir otros supuestos análogos, pero no expresos.
Es impropia la interpretación extensiva que se hace en la sentencia, considerándose un documento como público, tanto más porque en materia penal es inaplicable la analogía.
Habiendo constituido los procesados una sociedad comercial dedicada a efectuar préstamos de dinero, captando para ellos recursos exclusivamente de sus socios accionistas, este último hecho, es decir la restricción del universo de prestamistas, excluye la noción del “público” exigible por el tipo penal de intermediación financiera, resultando por lo mismo amparable la excepción de naturaleza de acción en atención a los principios de legalidad y prohibición de aplicación analógica del hecho señalado como delictivo.
Determinación de la pena.
Para los efectos de la imposición de la pena se debe tener en cuenta las condiciones personales del justiciable, la forma y circunstancias de comisión del evento delictivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 45 y 46 del Código Penal, así como el marco legal establecido en el tipo penal que se le imputa y las atenuantes que concurren en el proceso, sobre todo el principio de proporcionalidad de la pena prevista en el artículo octavo del Título Preliminar del código sustantivo, en la que se debe valorar los efectos del daño y el bien jurídico protegido, en ese sentido, es posible rebajar la pena impuesta.
Las exigencias que plantea la determinación de la pena no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que además la gravedad de la pena debe estar determinada por la trascendencia social de los hechos que con ella se reprimen, de allí que resulta imprescindible la valoración de la nocividad social del ataque al bien jurídico. En este sentido, si bien al momento de imponer la pena, el superior colegiado ha tenido en cuenta la responsabilidad restringida de los procesados para efectos de rebajar la sanción, la facultad que tiene el juzgador para graduarlas debe guardar relación con lo dispuesto en el artículo octavo del Título Preliminar del Código Penal el cual establece el principio de proporcionalidad, entendida como la correspondencia debida entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar a su autor; por lo que corresponde rebajar la pena impuesta.
La pena debe imponerse en atención a las condiciones personales del encausado, su cultura, sus costumbres y a la forma y circunstancias en que cometió el delito materia de juzgamiento, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 del Código Penal.
Principio de la corresponsabilidad social.
En cuanto a la graduación de la pena o individualización de la misma debe tenerse en cuenta en principio “la pena tipo”, esto es la que considera la norma penal en la parte que subsume la conducta dentro de sus parámetros mínimo y máximo, pudiendo imponerla por debajo del mínimo legal sólo cuando concurran atenuantes generales y específicos jurídicamente válidos; así mismo, se debe compulsar obligatoriamente los indicadores y circunstancias a que se contraen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, con la consideración además de aplicarse el “principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena” descrita en el artículo octavo del Título Preliminar del acotado Código; por ello, la pena impuesta debe condecir con la realidad, tomándose en cuenta el grado de cultura del procesado, sus carencias sociales y la afectación al bien jurídico protegido para el caso concreto.
Carencia social o económica
Para los efectos de la determinación judicial de la pena que ha de imponerse al acusado debe tenerse en cuenta que al momento de los hechos no tenía carencias sociales ni económicas, ni ha reparado de manera espontánea los daños ocasionados a los agraviados.
Carencia económica y cultural
Es particularmente relevante, para la fundamentación de la pena, el principio de culpabilidad; es decir, debe reconocerse la situación de postergación económica y cultural del procesado como un ingrediente de su conducta.
Interes en legalizar relación
Para determinar la pena, debe tenerse en cuenta, además de la confesión sincera del inculpado, el hecho de no haber empleado violencia contra la víctima y mostrar interés en legalizar su relación con ella, con la cual mantenía una relación de pareja.
En el proceso de cuantificación de la pena, el primer estadio de su determinación es la individualización legal, que fundamentalmente toma en cuenta consideraciones de prevención general y proporcionalidad. Dicho marco legal de la pena se proyecta sobre el segundo estadio de determinación de la misma que es la individualización judicial, destinada a la medición concreta o quántum de la pena, y que tiene en cuenta tanto el criterio de la proporcionalidad de la misma como las necesidades preventivos especiales que presenta el imputado.
Para los efectos de la graduación de la pena o individualización de la misma, el juez debe tener en cuenta en principio la pena tipo, esto es, la norma penal en la parte que subsume la conducta dentro de sus parámetros mínimo y máximo, pudiendo imponerla por debajo del mínimo legal solo cuando concurran atenuantes generales y específicas jurídicamente válidas; asimismo debe compulsar obligatoriamente los indicadores y circunstancias a que se contrae los artículos cuarenta y cinco, y cuarenta y seis del Código Penal; teniendo en cuenta, además, el “principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena” descrita en el artículo octavo del Título Preliminar de nuestro Código Penal.
Al graduar la pena el juzgador debe tener en cuenta sólo las imputaciones formuladas contra el procesado, que han sido debidamente corroboradas, su edad, condiciones personales, carencia de antecedentes penales y judiciales, su mayor o menor grado de readaptación social, y además, el principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena.
A efectos de determinar la pena a imponerse se deberá tener en cuenta la naturaleza, modalidad y circunstancias del hecho punible, así como las condiciones personales de los acusados.
La pena impuesta debe guardar proporción con la naturaleza del delito, la forma y circunstancias de su comisión, así como por la entidad del injusto, siendo necesario de resaltar el amplio prontuario judicial que puede registrar el agente.
Naturaleza de la acción.
Concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes
La concurrencia de circunstancias atenuantes compatibles como la legítima defensa y la confesión sincera del imputado, deben apreciarse conjuntamente al momento de determinar la extensión y naturaleza de la pena aplicable.
Las circunstancias compatibles que agravan o atenúan la penalidad del partícipe de un hecho punible deben apreciarse conjuntamente para decidir la pena concreta aplicable. Por consiguiente, ante la presencia de un concurso real de delitos y de imputabilidad restringida por la edad del imputado, el juzgador debe aplicar una penalidad que evalúe proporcionalmente ambas circunstancias.
Determinación de la pena. Inidoneidad del medio empleado
La inidoneidad del medio empleado por el autor del ilícito, implica que en ningún momento se haya puesto en peligro el bien jurídico.
Determinación de la pena. Graduación
R.N. Nº 2737-2001-Arequipa. www.pj.gob.pe.
La determinación de la pena no se agota en el principio de culpabilidad, ya que no sólo es preciso que se pueda culpar al autor del hecho que es objeto de represión penal, sino que, además, la gravedad de esta represión debe ser proporcional al delito cometido; ello a su vez implica el reconocimiento de que la gravedad de la pena debe estar determinada por la trascendencia social de los hechos que con ella se reprimen, de allí que resulte imprescindible la valoración de la nocividad social al ataque del bien jurídico.
Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivos del hecho punible o modificatorio de la responsabilidad.
A fin de imponerse la pena debe tenerse en cuenta que el menoscabo al bien jurídico no se ha dado en la magnitud de extremo peligro para la víctima.
Estando a la gravedad del delito resulta procedente modificar el carácter de la pena, conforme a lo preceptuado en el art. 46 del Código Penal.
Circunstancias y forma de comisión del ilícito
La pena debe imponerse dentro del marco legal fijado por la ley, teniendo en cuenta, no sólo la gravedad y trascendencia del ilícito penal, sino además la forma y circunstancias en que se perpetró.
El colegiado, a efectos de graduar la pena, debe tener en consideración la forma y circunstancias en que se produjeron los hechos, la confesión sincera y arrepentimiento referidos por el acusado desde la etapa policial y ratificada en el desarrollo del proceso, como su entorno cultural y social y su responsabilidad restringida.
Determinación de la pena. Grado de participación
La individualización de la pena supone, no solo tener en consideración las circunstancias particulares del caso y la culpabilidad del agente; sino también, el grado de participación que ha tenido cada uno de los procesados en el evento delictivo.
Determinación de la pena. Educación, situación económica y medio social
Para efectos de la determinación de la pena, se debe tenerse en cuenta las carencias sociales que pudo haber sufrido el agente, su cultura y sus costumbres, la educación, situación económica y medio social, así como las condiciones personales de los citados encausados, previsto en los artículos cuarenticinco y cuarenta y seis del Código Penal.
Determinación de la pena. Reparación espontánea
A fin de imponerse la pena debe tenerse en cuenta, el ánimo de enmienda frente a los hechos, coyuntura que permite inferir al juzgador que una pena mínima y efectiva provocará su inminente readaptación social.
Determinación de la pena. Confesión sincera
La admisión de los hechos por el imputado importa una confesión sincera, en cuanto reconoce los hechos desde el primer momento, y no existen evidencias o fundamentos razonables que permitan sostener que ocultó, total o parcialmente, la verdad de lo ocurrido, sin que ello obste que fuera detenido en flagrancia delictiva, lo que dice de la forma cómo se descubrió el hecho pero no de la actitud del imputado frente a la intervención policial y a los cargos esgrimidos en su contra.
En lo que respecta al quántum de la pena, ésta puede ser rebajada prudencialmente por confesión sincera, conforme lo establece el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales, siendo que el procesado se encuentra confeso y arrepentido, resaltándose que fue el mismo quien de manera espontánea y voluntaria se entregó a las autoridades policiales al constatarse que se encontraba requisitoriado por un ilícito.
El juzgador al graduar la pena contra la acusada ha considerado de manera indebida la confesión sincera para imponer la pena por debajo del mínimo legal, porque en los casos de flagrante delito no es de aplicación este beneficio en tanto no se ha aportado nuevos hechos; en tal mérito, resulta procedente modificar la pena impuesta en atención a la forma y circunstancias en que se cometió el delito, conforme al artículo cuarenta y seis.
Condiciones personales. Reincidencia y habitua-lidad
No obstante que han quedado proscritas las figuras de la reincidencia y habitualidad al promulgarse el Código Penal vigente, debe tenerse en cuenta que para fijar la pena dentro de los límites establecidos por la ley, entre otros elementos, es necesario considerar las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente, conforme al inc. 10 del artículo cuarenta y seis del Código Penal.
Se acredita la responsabilidad por la confesión sincera, cuando se cumple con los requisitos que la doctrina exige, como es: a) una consciente declaración personal y oral del imputado; b) es una declaración libre y consciente; c) es sincera, ya que profiere una narración veraz, con fidelidad a la memoria; d) el relato es verosímil, explicable, cognoscible y no contrario a las leyes lógicas; e) es circunstanciada, es decir proporciona detalles pertinentes; f) acepta la imputación respecto al hecho ocurrido ante autoridad competente y con la formalidad y garantías correspondientes, por lo que en concordancia con el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales, se le debe rebajar la pena prudencialmente.
La confesión sincera exige que el sujeto a quien se le imputa el hecho punible acepte o narre haber participado en el mismo, en forma libre, espontánea, coherente y veraz.
Determinación de la pena. Condiciones personales
Para la determinación de la pena debe valorarse la forma y circunstancias en que se produjo el evento criminoso; asimismo las condiciones personales del agente, observar si carece de antecedentes penales, en atención a lo dispuesto por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal y sobre todo el Principio de Proporcionalidad, como relación de correspondencia entre el injusto cometido por el agente y la pena a imponerse, sustentado ello en el artículo octavo del Título Preliminar del acotado Código.
Resulta razonable tener en cuenta al momento de graduar la pena las condiciones personales del agente, como por ejemplo, el haberse acreditado que el sentenciado se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, al momento de cometer el hecho delictivo, aunque sin pérdida de conciencia, el tener antecedentes de drogadicción, y el habérsele hallado en su poder pasta básica de cocaína.
El informe psicológico acredita que el procesado presenta una capacidad intelectual inferior que el término medio, semblanza de una persona dependiente del alcohol además de poder tornarse agresivo y violento al efecto de este; que si bien es cierto dichas características personales no justifican la comisión del delito, si debe ser tomada en cuenta para la determinación judicial de la pena.
Determinación de la pena. Condiciones personales como causa de inimputabilidad
Para efectos de imponer una pena debe de tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones personales del agente, las cuales están referidas no solo a factores psicológicos sino también a circunstancias que hayan afectado su percepción de los hechos, sin que éstas constituyan causas de inimputabilidad.
Determinación de la pena. Presunto desconocimiento del reproche penal
El presunto desconocimiento sobre el reproche penal de la conducta se desvirtúa con las condiciones personales del procesado. En este caso, debe tenerse en cuenta su grado de instrucción, el lugar donde radica (zona donde existe incidencia de actos relacionados al tráfico ilícito de drogas), y sobre todo, el hecho precedente, de haber sido intervenido anteriormente por hechos vinculados al mismo delito.
Determinación de la pena. Existencia de antecedentes penales
Para la graduación de la pena debe considerarse la condición de los autores, toda vez, que las actividades ilícitas de los agentes puede constituir su modus vivendi, así por ejemplo se debe observar la existencia de antecedentes penales, o el hecho de haber escapado de un establecimiento penitenciario, llevándose consigo armas y municiones, los que son utilizados para cometer asaltos, u otro ilícito; conductas que por sí mismas, reviste suma peligrosidad.
No existe otra prueba que corrobore la sindicación inicial, y el hecho de que el justiciable cuente con antecedentes penales no lo hace autor del evento delictivo por cuanto, como bien lo ha referido el Colegiado Superior, se asume la teoría del Derecho Penal del acto y no del Derecho Penal de autor.
Para efectos del descuento del tiempo en que el procesado ha estado privado de su libertad a título de detención del que se le ha impuesto en calidad de pena, debe computarse desde el mismo momento en que se produce la privación de libertad (detención policial), no desde aquel en que tiene lugar su internamiento en el establecimiento penitenciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta y siete del Código Penal.
Principio de la corresponsabilidad social. Alcances
PRINCIPIO DE GARANTIA DE EJECUCION
Pena inejecutable
Deviene en indebida y jurídicamente inejecutable la imposición de la pena de inhabilitación accesoria por el delito de ejercicio ilegal de la profesión y desacato, si el acusado no tiene la condición de periodista y menos se encuentra dentro de los presupuestos a que hace referencia el art. 39 del Código Penal.
Principio de proporcionalidad de la pena.
El principio de proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente.
El principio de proporcionalidad, reconocido en el artículo VIII del T. P. del Código Penal, debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar.
El principio de proporcionalidad rechaza el establecimiento de conminaciones legales (proporcionalidad en abstracto) y la imposición de penas (proporcionalidad en concreto) que carezcan de relación valorativa con el hecho cometido. En ese sentido, constituye un límite al ius puniendi en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal.
Conceptualmente el principio de proporcionalidad difiere del principio de culpabilidad; el principio de culpabilidad alude a la atribuibilidad del injusto al autor, mientras que el de proporcionalidad hace a la relación entre la gravedad del injusto y la de pena. De ahí la necesidad de complementar ambos principios en tanto que, el principio de culpabilidad, en sí mismo no garantiza la necesaria proporción entre delito y pena, ya que el grado del injusto y el de culpabilidad no tienen por qué coincidir, de forma que en un hecho de elevada gravedad la culpabilidad puede ser escasa, y viceversa.
Por estas razones en el momento de imponer la pena concreta al autor, el juez deberá atender tanto a la gravedad del injusto como la culpabilidad concreta.
El principio de proporcionalidad de la pena previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, consiste en que el delincuente responde solo por el hecho que cometió, de manera tal que la sanción no puede aplicarse a hechos subsecuentes o colaterales, que no quiso ni contribuyó a su realización, debiendo por tanto adecuar a su responsabilidad al grado de comisión del injusto, y consecuentemente la pena en proporción al hecho cometido por el agente.
Uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico-penal es el de proporcionalidad de las penas que exige tomar en consideración el grado de participación delictiva del reo, ya sea en su calidad de autor, en sus diversas facetas, instigador, cómplice primario o cómplice secundario.
El principio rector del Derecho Penal peruano conocido como el principio de proporcionalidad, en sentido estricto requiere de un juicio de ponderación entre la carga de privación o restricción de derechos que comporta la pena y el fin perseguido con la incriminación y con la pena aplicada.
La pena debe enmarcarse dentro de los principios de lesividad y proporcionalidad recogidos en los artículos cuarto y octavo del Título Preliminar del Código Penal, siguiendo los lineamientos que establecen los artículos 45 y 46 del Código acotado y atendiendo a un análisis crítico-jurídico de la prueba aportada en razón del grado de responsabilidad del justiciable.
Proporcionalidad respecto del delito cometido y la trascendencia social de los hechos
Las exigencias que plantea la determinación de la pena no se agotan en el principio de culpabilidad, ya que no solo es preciso que se pueda culpar al autor del hecho que es objeto de represión penal, sino que además, la gravedad de esta debe ser proporcional a la del delito cometido; ello a su vez, implica el reconocimiento de que la gravedad de la pena debe estar determinada por la trascendencia social de los hechos que con ella se reprimen, de allí que resulte imprescindible la valoración de la nocividad social del ataque del bien jurídico.
La gravedad de ésta debe ser proporcional a la del delito cometido; ello, a su vez, implica el reconocimiento de que la gravedad de la pena debe estar determinada por la trascendencia social de los hechos que con ella se reprimen, de allí que resulte imprescindible la valoración de la nocividad social del ataque al bien jurídico.
Criterios para establecer la proporcionalidad
Los criterios que se pueden utilizar para establecer la proporcionalidad entre delito y pena, tienen que atender básicamente a aquellos vinculados al injusto, entendido éste como la conducta típica y antijurídica, sin entrar a la categoría dogmática de la culpabilidad u otras vinculadas a la ampliación del tipo por el grado de ejecución o intervención en el hecho punible. Los criterios propuestos son: a) importancia o rango del bien jurídico protegido, b) gravedad de la lesión al bien jurídico protegido, c) impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada), d) los diferentes medios de comisión del hecho punible, e) el grado de ejecución del hecho punible, f) el grado de intervención delictiva, g) las condiciones personales del agente (edad, estado mental del agente, responsabilidad penal restringida, grado de educación, ocasionalidad versus habitualidad), h) el comportamiento de la víctima, i) grados de ejecución del hecho, j) el comportamiento del autor después del hecho.
Para determinar el marco penal concreto –individualización judicial–, debe tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, a partir del conjunto de factores fijados por los artículos 45 y 46 del Código penal; que a estos últimos efectos es de asumir como criterio determinante una relación de proporcionalidad entre la entidad del injusto perpetrado y la culpabilidad por el hecho, que por cierto no es matemático sino sustentado en valoraciones de orden cultural y en consideraciones preventivas, que desde luego no deben vulnerar las exigencias constitucionales representadas genéricamente en el principio de prohibición de exceso.
En razón de la naturaleza del ilícito y la responsabilidad de los agentes en su comisión, así como las condiciones personales y carencias sociales, conforme lo dispuesto por el artículo cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, así como el marco legal establecido en el tipo penal que se le imputa y las atenuantes que concurren en el proceso, es posible aplicar el principio rector del Derecho Penal de proporcionalidad de la pena previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Sustantivo, debiéndose valorar los efectos del daño causado y el bien jurídico protegido, en ese sentido, es posible modificar la pena impuesta de manera proporcional.
Las exigencias que plantea la determinación de la pena no se agotan en el principio de culpabilidad, ya que no sólo es preciso que se pueda culpar al autor del hecho que es objeto de represión penal, sino que además ésta debe establecerse en estricta observancia del principio de proporcionalidad y fines de la pena.
Para la calificación y aplicación de la pena deben tenerse en cuenta las circunstancias subjetivas en las cuales se ha deliberado y ejecutado el delito, obteniendo el resultado final de la muerte de la víctima, adicionado a ello que en anterior oportunidad se frustró el acto por intervención de terceros, lo que demuestra intencionalidad grave por parte del actor del ilícito.
La aplicación del principio de proporcionalidad de la pena implica guardar relación con el daño causado y con el bien jurídico protegido, así deberá valorarse que el procesado no tenga antecedentes penales, ni judiciales, tenga educación deficiente, además de las condiciones existentes en su hogar.
La pena debe estar en relación con la modalidad del delito, con el número de infracciones cometidas y la proclividad de los autores puesta de manifiesto en los sendos hechos perpetrados, así como las condiciones personales de los procesados.
Para la imposición de la pena y sus efectos civiles se ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes que rodearon los hechos, tales como la convulsión social que produjo el terrorismo en el lugar donde se cometieron los delitos materia de este proceso y la ausencia de asesoramiento contable en el uso del presupuesto asignado.
La graduación de la pena debe ser el resultado del análisis crítico jurídico de la prueba aportada, en razón de la naturaleza del ilícito y la responsabilidad del agente en su comisión, como de las condiciones personales y carencias sociales que tuvieren.
Aplicación temporal de la Ley Penal.
Principios de retroactividad y ultractividad benigna
El numeral sexto del Código Penal vigente consagra la retroactividad y ultractividad benigna en materia penal.
En el presente caso el delito imputado a los acusados ocurrió en 1971, encontrándose previsto en el artículo 150 del Código Penal de 1924 con pena de penitenciaría no menor de seis años ni mayor de veinte años; que siendo esto así, es de aplicación al caso materia de autos la primera norma legal invocada por ser más favorable al reo en atención al principio de ultractividad benigna.
Retroactividad benigna.
La retroactividad benigna es aquella institución jurídica por la cual el juzgador queda facultado para volver a analizar la determinación judicial de la pena con arreglo a una nueva norma, que resulta ser más favorable al reo, pero respetando las circunstancias declaradas probadas y valoradas por la sentencia originaria, por lo que no resulta necesaria la realización de un nuevo juzgamiento para adoptar tal decisión.
En caso de existir conflicto de leyes penales, la norma que favorece al reo es la que resulta aplicable, aunque el hecho se hubiere perpetrado durante la vigencia de una norma más severa.
A pesar que el delito se ha cometido durante la vigencia de una norma penal, es de aplicación retroactiva otra posterior que resulta más favorable al inculpado respecto del monto de la pena.
Debe tenerse en cuenta para el caso materia de autos la norma vigente al momento de ocurridos los hechos por ser más favorable, en atención a lo preceptuado por el art. 139.11 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 6 del Código Penal vigente.
Como fundamento de la inaplicación de norma legal constitucional
En virtud del artículo 6° del Código Penal que recoge el principio de retroactividad benigna, así como de un razonamiento constitucional, vía control difuso, está permitido que los órganos jurisdiccionales inapliquen una norma legal cuando, en su opinión, sea incompatible con alguna norma constitucional, limitándose en este caso a la inaplicación de la norma para el caso concreto; razón por la cual, en virtud del artículo 103 y el inciso 11° del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que consagran el principio de retroactividad de la ley penal y del “in dubio pro reo”, respectivamente, cuando sea más favorable a este.
Forma de establecer mayor benignidad
Para establecer la mayor benignidad en la sucesión de leyes aplicables a un caso concreto debe efectuarse una comparación entre el contenido de los dispositivos que contengan y sobre ese mérito decidirse por la que sea más favorable al reo.
Para la determinación de la ley más favorable se debe realizar una comparación concreta de las dos situaciones legales surgidas de la reforma legal posterior a la comisión del hecho, esto es, debe compararse la aplicación al caso de la situación legal vigente en el momento de la comisión del hecho, con la que consultaría como consecuencia de la reforma; que, en esta comparación debe tomarse en cuenta las penas principales y luego la ley en su totalidad (penas y consecuencias accesorias y modificaciones del tipo penal y de las reglas de la parte general).
Necesidad de conflicto temporal entre leyes aplicables a un mismo hecho
Si bien en cuanto a la aplicación de la ley en materia penal es posible la retroactividad favorable, inspirada no solo en razones humanitarias sino también en el principio de necesidad de la pena, debe tenerse en cuenta que esta solo es posible cuando existe un conflicto temporal entre dos leyes que reclaman su aplicación a un mismo hecho, de allí que deben valorarse los marcos penales que se comparan, así como las circunstancias y condiciones.
Formas de benignidad de la ley penal
Una ley penal benigna puede serlo tanto cualitativa como cuantitativamente, en el primer caso lo es cuando la ley penal es más benigna respecto de los elementos integrantes del tipo, sean estos objetivos o subjetivos, y en el segundo supuesto cuando la ley penal es más benigna respecto de los montos de la pena
En aplicación de la retroactividad benigna, al haberse convertido el delito de daños en faltas contra el patrimonio, en razón del monto de los daños, debe considerarse el plazo de esta última para la prescripción de la acción penal.
Desaparición de delito
Si según la nueva ley, el hecho sancionado en forma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho.
No puede condenarse a los procesados como autores de un delito, si el artículo del Código Penal que lo regula se encuentra derogado.

References: artículo 2
 artículo 138
 artículo 14
 resolución 
 artículo 45
 artículo 136
 artículo 150
 artículo 6
 artículo 103
 artículo 139
in dubio