Source: http://www.argenpress.info/2014_06_11_archive.html
Timestamp: 2019-09-20 08:26:45+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 06/11/14
Donetsk y Lugansk condicionan futuro geopolítico de Ucrania
Ariel Noyola Rodríguez, Ulises Noyola Rodríguez (especial para ARGENPRESS.info)
La incorporación de la península de Crimea a territorio ruso, desató una ofensiva económica de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, que ha consistido en la aplicación de tres rondas de sanciones desde marzo. Las dos primeras incluyeron la cancelación del servicio de visado de la Unión Europea y la congelación de bienes y cuentas bancarias de funcionarios y empresarios de importancia secundaria. En la tercera ronda no obstante, se incluyeron sanciones a 17 empresas soviéticas relacionadas con la construcción de oleoductos y a Igor Sechin, presidente ejecutivo de Rosneft, la compañía petrolera más importante de Rusia. (1)
Empero, el protagonismo de Rusia en el mercado energético mundial, fundamentalmente el del gas, la dota de una mayor capacidad para ejercer presión sobre las economías norteamericana, europea y ucraniana, siendo las dos últimas mucho más vulnerables que la primera por su alto grado de dependencia energética y económica del Kremlin. En el caso de Ucrania, Rusia contribuyó en un primer momento a atenuar la crisis fiscal de Kiev por medio de su ofrecimiento de comprar bonos de deuda por 15,000 millones de dólares y rebajar el precio del gas. (2) En un segundo momento no obstante, al ser derrocado Víktor Yanukóvych y aceptar el rescate de 17,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un préstamo por 750 millones de dólares del Banco Mundial, Ucrania abrazó la causa atlántica. (3)
Con dicho régimen, Estados Unidos y la Unión Europea buscan recuperarse del revés geopolítico sufrido en Crimea mediante el control de yacimientos de gas en Ucrania con reservas estimadas en 39 billones de pies cúbicos -que sostiene actualmente un conflicto legal con la rusa Gazprom- a través de Exxon-Mobil y Shell como caballos de Troya. (4) Adicionalmente, mediante los planes draconianos del FMI cabe la posibilidad de avanzar en la privatización de compañías energéticas de altos ingresos como Energy Company of Ukraine, Naftogaz y Energorynock. De otro lado, en lo concerniente a los procesos de integración regional, la Unión Europea apoya de manera decisiva un Área de Libre Comercio con Ucrania para luego incorporarla a la Unión Europea y así allanar el camino de Moscú de adherir nuevos miembros a la Unión Euroasiática de reciente creación. El leitmotiv del eje atlántico (Estados Unidos y Europa) en Ucrania estriba en que forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para consolidar el posicionamiento estadounidense en Eurasia y debilitar la influencia rusa en el plano regional. No existe integración económica sin integración política, de ahí que los tratados de libre comercio se acompañen a su vez de acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa.
La elección presidencial del domingo 25 de mayo favoreció al candidato millonario Petro Poroshenko, quien parece convencido de aplicar una política exterior de dos bandas a través de negociaciones en simultáneo con la Unión Europea y Rusia. (5) Sin embargo, los discursos oficiales deben ser tomados con cautela. Hay que recordar que Poroshenko fundó su propio partido conocido como Solidarnost, tiempo después convertido en el Partido de la Regiones, que sirvió de base política al presidente derrocado Víktor Yanukóvych. Cuando en 2007 Yanukóvych perdió las elecciones contra Víktor Yúshchenko, Poroshenko fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y declaró que Ucrania debería adherirse en breve a la OTAN. (6)
Vladimir Putin es consciente de que un gobierno en Ucrania abiertamente a favor de los intereses de la OTAN pondría en cuestión la estabilidad política y económica de Rusia y las perspectivas de integración de largo plazo con los países que antaño formaron parte de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Con todo, las recientes declaraciones de independencia de Donetsk y Lugansk con más de 90% de apoyo popular han inyectado aire fresco a favor de la integración soviética liderada por la Federación rusa y confirman que el panorama geopolítico euroasiático se transforma a gran velocidad. Ambas regiones son de enorme importancia por sus pletóricas reservas de recursos naturales y de influencia cultural considerable sobre otras como Odesa y Járkov. La región Donetsk aporta 20% de las exportaciones y posee 12% de los recursos naturales de Ucrania. Constituye uno de los centros de transporte más dinámicos que conecta regiones tales como Dnepropetovsk, Zaperozhie y Járkov a través de su sistema ferroviario y las comunica por medio del puerto Mariupol con los países balcánicos, Medio Oriente, África, Asia Central y Suroriental. En cuanto a la región de Lugansk, posee un aparato productivo que contribuye con 7.6% de la producción industrial, 30% de maquinaria y equipo, y 43% de la extracción de carbón. (7)
Es evidente que Washington y Bruselas no cederán ante las “ambiciones geopolíticas” de Moscú. Para muestra, el despliegue creciente de operaciones militares en el Este de Ucrania que ha implicado la desaparición forzada de observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), y la creación de un fondo de 1,000 millones de dólares para la seguridad en Europa a iniciativa de Obama.
La primera semana de junio, en la más reciente reunión del G-7(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se lanzaron nuevas amenazas para que el gobierno de Vladimir Putin 1) reconozca al gobierno electo de Ucrania, 2) impida el ingreso de armas por la frontera del Este de Ucrania y 3) cese su apoyo a los separatistas de origen ruso; en caso contrario, nuevas sanciones económicas serían aplicadas en las próximas semanas.
En suma, la geopolítica cobra relevancia primordial en el siglo XXI a través del rediseño espacial de Ucrania, siempre condicionada en sus disputas locales por los intereses estratégicos de las grandes potencias.
1) “Sanctions on Russia Take First Bite” en Wall Street Journal, en <http://on.wsj.com/1p2SCjp>. Fecha de publicación: 21-03-2014. “US sanctions won't undermine Russian economy” en Russia Today, en <http://bit.ly/1iNQBSW>. Fecha de publicación: 28-04-2014.
2) “Rusia ofrece a Ucrania gas barato e inversión de 15,000 millones de dólares” en Ria Novosti, en <http://bit.ly/Spo4wr>. Fecha de Publicación: 17-12-2013.
3) “IMF signs off on $17bn Ukraine rescue package” en Financial Times, en <http://on.ft.com/1pNT18Y>. Fecha de publicación: 30-04-2014. “Ukraine receives $750 million from World Bank” en The Voice of Russia, en <http://bit.ly/1kyUlwj>. Fecha de publicación: 29-05-2014.
4) “Exxon, Shell win bid for Ukraine's oil-gas field” en China Daily, en <http://bit.ly/1nJAWMp>. Fecha de Publicación: 15-08-2012.
5) “Russia ready for dialogue with likely Ukraine President-elect Poroshenko” en Russia Today, en <http://bit.ly/1iNR9Iw>. Fecha de Publicación: 26-05-2014.
6) “Ukraine Election: The Chocolate King Rises” en Der Spiegel, en <http://bit.ly/1jJ6L5a>. Fecha de Publicación: 22-05-2014.
7) Véase “Region’s Potential” en Ukraine Today, en <http://bit.ly/1pvW4W3>.
Entrevista al historiador y economista colombiano Renán Vega Cantor: Las elecciones son el cierre de proyectos acordados con el capital financiero
Mario Hernandez (MH): Escuchando Ataque 77 y su tema “América” que hoy estarán contra el desalojo del Hotel Bauen en un acto-festival a partir de las 16:00. También participarán La Berisso y La Perra que los parió, en Callao 360, en defensa del hotel autogestionado por sus trabajadores.
Logramos la comunicación con Renán Vega Cantor en la ciudad de Bogotá. Hubo elecciones en Colombia y por aquí se dice que el gran ganador fue la abstención.
Renán Vega Cantor (RVC): Es completamente cierto. Si sumamos los que no votaron y el voto en blanco alcanza el 66%, que creo es la de mayor calado en la historia electoral colombiana. Desde 1994 no se registraba una tasa de abstención tan alta y si le sumamos los votos en blanco la cifra es superior. Estamos diciendo que los votantes del domingo representan una cifra insignificante en el total de lectores que apenas llegan al 33%.
MH: ¿Fue sorpresa el primer lugar para el candidato de Alvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga?
RVC: Sí y no. Sí en el sentido que el gobierno de Santos está en vías de reelección contando con toda la maquinaria de funcionarios y de una coalición de partidos, sin embargo, fue derrotado y el candidato ganador le sacó una ventaja de casi 500.000 votos. Eso es sorprendente pero demuestra la crisis del gobierno de Santos.
También hay que hacer otra lectura en cuanto a los índices del ganador.
Si tomamos los votos uribistas, ya que Zuluaga es un clon de Uribe, presentan unas cifras a la baja que son preocupantes para ellos, aunque no lo quieran reconocer. En su segunda elección, Uribe tuvo 7.000.000 de votos, Santos como candidato uribista tuvo 9.000.000 y ahora estamos hablando de 3.500.000. Ha habido una reducción sensible. Si tomamos el conjunto de votantes solo corresponde al 12% del total. Como ves no es una cifra abrumadora como la están presentando, pero indica la división que existe en el seno de las clases dominantes, en donde hay sectores que apuestan a la continuidad de la guerra en las condiciones actuales, encabezado por Alvaro Uribe Vélez y otro más ligado al capitalismo financiero que apuesta a una paz negociada.
Esto no se decide en las elecciones. Ya está decidido con anticipación. Las elecciones simplemente son como el cierre de esos proyectos en marcha que llevan mucho más tiempo de consolidación en el país en términos políticos.
Además, se viene una segunda vuelta para la que se están haciendo una serie de alianzas. El triunfo de Santos es casi seguro.
Zuluaga está muy debilitado en términos de legitimidad
MH: Varias encuestas en Argentina muestran que el candidato uribista, Zuluaga, podría vencer en segunda vuelta.
RVC: Hay que leer críticamente el sentido de las encuestas que no marcan lo que la gente piensa sino que casi obligan a imponer una tendencia para que la gente se convenza que las cosas son así, por otra parte, no se tienen en cuenta otros factores que están en juego y no aparecen en las elecciones mismas sino que subyacen a ese proceso.
A pesar del triunfo del uribismo y de Zuluaga hay un cambio significativo que no se puede desconocer pero que los periodistas no revelan y es el hecho de que por primera vez en décadas se está cerrando el círculo judicial contra el uribismo. Ya se han dado algunas puntadas que dejan muy debilitado al candidato Zuluaga en términos judiciales de legitimidad a nivel interno e internacional.
Estamos hablando de datos delincuenciales confirmados, no solo hipótesis. Hay videos grabados de comunicaciones interceptadas por el Estado que según la legislación existente conspiran con la seguridad nacional. Hay una negación por parte del candidato cuando fue pescado in fraganti, sin duda alguna que no fuera él y hay una serie de acciones encaminadas a pedir la acción judicial.
En términos de la misma justicia burguesa en Colombia hay una serie de hechos ilegales por parte del uribismo, además se está hablando de tomar decisiones en las próximas semanas contra el hermano de Alvaro Uribe que es uno de los fundadores de lo que aquí se llama el “Grupo de los 12”. Todo esto indica que las contradicciones son muy profundas y dada la polarización electoral, el uribismo y su candidato, Zuluaga, no la tienen todas consigo. Además, se habla que Santos tiene fichas guardadas que entraría a manejar.
Otra cosa muy significativa es que la clase dominante, mayoritariamente las empresas multinacionales e incluso EE. UU. están a favor del proceso de paz. En esa medida me parece que se ha presentado un show de histeria colectiva alimentado por sectores de izquierda relacionado con el regreso del uribismo con la finalidad de impedir que se consolide, pero si uno va más allá de lo coyuntural encuentra que todo favorece a Santos. Tendría que pasar algo excepcional para que pierda.
MH: Mencionaste el proceso de paz. Me llamó la atención un artículo del uruguayo Raúl Zibecchi donde hace un análisis muy favorable en relación a lo que sería el tercer acuerdo de La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos en relación a la política anti-droga. ¿Cuál es tu evaluación?
RVC: Es un tema de lo más complicado por la sencilla razón que cuando hablamos de política anti-droga bajo esa denominación se involucran una cantidad de aspectos y, sobre todo, uno muy importante que tiene que ver con los campesinos que trabajan en los mal llamados cultivos ilícitos que constituyen millones de personas, el sector social que es una de las bases del movimiento guerrillero por un lado, por su origen campesino, porque son colonos que se han visto obligados a la siembra de estos cultivos ante la crisis de la agricultura tradicional, que se ha visto acentuada por los TLC, pero además porque son las principales víctimas de las políticas anti-droga agenciadas por EE. UU. y realizadas por el gobierno colombiano en cuanto a la fumigación, erradicación y represión, lo que ha llevado al desplazamiento y la muerte a comunidades enteras ligadas a esta actividad.
La política puramente represiva está condenada al fracaso y se trata de impulsar algunas políticas económicas que traten de solucionar algunos problemas estructurales de las zonas de cultivo. Eso se plantea de alguna forma en el acuerdo donde prácticamente por primera vez el Estado colombiano abandona la política represiva exclusivamente, por lo menos formalmente.
La izquierda desperdició una oportunidad que no se le presentaba en décadas
MH: Me gustaría que hicieras un análisis sobre el papel electoral de la izquierda. Tengo entendido que presentaron una candidatura presidencial.
RVC: Los sectores de la alianza entre el Polo Democrático y la Unión Patriótica se presentaron con una fórmula femenina para la presidencia de la República, encarnada en Clara López del Polo y Aída Abella de la Unión Patriótica, que obtuvieron una cifra importante de votos en la historia electoral de la izquierda de cerca de 2.000.000 que corresponden al 15%, el problema es que se trata de una cifra simbólica sin verdadera significación real. Algunos están diciendo que es un éxito, que demuestra que la izquierda, sobre todo en las ciudades y Bogotá, sigue teniendo importante presencia y se puede ligar una candidatura para Clara López, pero eso no puede ocultar otras cuestiones de fondo y es que por primera vez en muchas décadas existía una coyuntura favorable para la izquierda que desaprovechó por su sectarismo, por su dogmatismo y por el caudillismo.
Si tomamos no solo los 2.000.000 de votos, sino también 1.000.000 de un candidato uribista, Enrique Peñaloza, que se presentó con un sector de la izquierda llamada “progresista”, estamos hablando de 3.000.000 de votos y si agregamos que el alcalde de Bogotá, Petro, se plegó a la candidatura de Santos antes de la elección, estamos hablando que se desperdició una gran oportunidad en términos estrictamente electorales. Eso no puede ocultar su fracaso.
Es muy fácil formular conjeturas respecto a la suerte futura de la revolución bolivariana, en especial cuando estás nacen de la incertidumbre creada por la desaparición física de un líder carismático como lo fue, sin duda alguna, Hugo Rafael Chávez Frías, un subversivo en Miraflores que supo entender su papel histórico en la conducción de un proceso de cambios que ya venía gestándose en Venezuela mucho antes de 1992.
Ahora, frente a la coyuntura creada, básicamente, por la crisis en el orden productivo nacional y en el abastecimiento de ciertos rubros necesarios, la escasez y especulación en relación al dólar, además del burocratismo y la corrupción administrativa, no son pocos los analistas que ya anticipan, no sin cierta resignación, que estaría pronto el final de todo el proceso revolucionario bolivariano socialista al observarse que gran parte de lo hecho y predicado por el Comandante Chávez sólo ha servido para apuntalar el caduco Estado liberal-burgués bajo la dirección de una burocracia político-partidista corporativa que busca minimizar e impedir de cualquier modo y por alguno u otro motivo todo lo referente a la organización y a la activación protagónica de los sectores populares revolucionarios.
FORO PEDAGÓGICO ADROGUÉ, ALMIRANTE BROWN
El presente texto es un punteo en función de la exposición en el Foro Pedagógico.
Obediencia proviene del latín “ob audire”, significa escuchar al otro, escuchar atentamente al otro.
• Etimológicamente tiene un significado diferente al mero cumplir con las normas y su opuesto no cumplirlas. Sin embargo, en nuestra lengua española, obedecer quiere decir cumplir con las normas de quien manda.
• La fuerte carga normativa y de control en las políticas educativas, en última instancia, son significantes de una obediencia ajena a docentes pensantes, críticos y creativos, nada tienen que ver con el sentido etimológico recién señalado, priorizando ser atento a las necesidades del Otro, con disposición a escuchar. Es por ello que, al ingresar en el sistema educativo, se nos marca con un “pecado original” o falta originaria al desear subsumirnos o chuparnos (1) en la política educativa.
• Así, en el marco de los Acuerdos del Consejo Federal de Educación, la Provincia de Buenos Aires, cuando era Directora General de Cultura y Educación la Doctora Adriana Puiggrós, publicó en el año 2007 el “Marco General de la Política Curricular” (2) para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, cuyas “perspectivas conceptuales, filosófico epistemológicas, ideológicas y ético políticas” pretenden dar sustento a todos los documentos curriculares de la jurisdicción provincial. Dicho documento establece con carácter de ley un currículum prescriptivo, donde se establece “qué y cómo enseñar” (3) ya imposible de cumplir en la medida en que se instituye en cada área o materia una excesiva cantidad de contenidos a enseñar, y aún en las condiciones actuales. Sin embargo, ¿qué acontece en las prácticas escolares?
• De hecho simulamos cumplir con las normas. Podemos simular que los alumnos saben cuando aprueban, simular construir el conocimiento cuando los alumnos copian y pegan de manuales a preguntas que les solicitamos de los mismos manuales, simular enseñar aunque los alumnos no aprendan, simular enseñar a estudiar aún cuando los alumnos lleguen al último año del nivel primario o secundario y no saben estudiar (entonces les echamos la culpa a ellos), simular un PEI -proyecto educativo institucional o proyecto institucional (3)-, simular un Acuerdo de Convivencia que se resume en un régimen disciplinario para los alumnos y no para los docentes en tanto les decimos que ya hay una normativa -además que las ramas jerárquicas más allá de la escuela, supuestamente, no necesitarían de un acuerdo de convivencia con las escuelas-, etc. Es por ello que diferencio entre el conocido currículum oculto y el que propongo como currículum simulado (4): el primero referencia aparentar no enseñar lo que se enseña, el segundo aparentar enseñar lo que o se enseña.
• Desobedecemos muchas veces, o simulamos, como mecanismo de resistencia porque el Estado no se hace cargo, el Estado solamente establece normas y nosotros debemos cumplirlas, y si no las cumplimos estamos en falta. El Estado pretende culpabilizarnos. Cierto, individualmente existen docentes sin compromiso con los alumnos, pero un sistema no puede funcionar a partir de compromiso o no compromiso individual, sino desde un régimen que establezca las condiciones de posibilidad para que podamos enseñar y así nuestros alumnos aprendan. Ej. fábrica Firestone/Bridgestone: si esa empresa no controlara el ingreso y egreso de sus trabajadores confiando en el compromiso individual, luego de un mes quebraría. O sea, así como una empresa capitalista establece las condiciones de posibilidad para que funcione según sus criterios, el Estado debe establecer las condiciones de posibilidad para una educación digna sin responsabilizar prioritariamente al docente (aunque individualmente hayan docentes carentes de empuje, de compromiso).
• La desobediencia pedagógica que propongo apunta al ob-audire: estar atentos al otro/nuestros alumnos, así ellos estén atentos a nos-otros. Es algo mutuo.
• La desobediencia pedagógica que propongo apunta al modo de la técnica del jiu jitsu: utilizar la fuerza del oponente para vencerlo. ¿Y vencerlo en qué?: en el control (normas) y la simulación (debemos actuar como si y cumplir para no ser sancionados).
a) El PEI se estableció para fragmentarnos y culpabilizarnos, pero exijamos la participación en el mismo, todos, así establecer nosotros las líneas de trabajo y dentro de nuestro tiempo pago laboral, b) y para evitar la fragmentación, exijamos dentro de nuestro tiempo laboral dialogar así aunar criterios dentro de las diferencias con los PEIs de otras escuelas, evitar el “divide y reinarás” en el sistema educativo y en la lucha.
b) Que el Acuerdo de Convivencia sea dentro de la institución escuela, que se acuerde según lo que cada sector espera del otro y no solamente lo que los adultos esperan de niños o jóvenes, que también se acuerde con otras instituciones escuelas, y también con los inspectores, las direcciones de rama, las autoridades político/educativas. Todos estamos involucrados, ¿o las instancias jerárquicas señaladas nada tendrían que acordar con nosotros, con las comunidades escolares? Así, por ejemplo, ¿cuántas veces los docentes sentimos el abandono pedagógico de los inspectores/autoridades?, ¿cuántas veces nos sentimos apabullados por las normas que “bajan”, según nuestro decir, con “cumplimientos” a realizar de “hoy para ayer”, etc. Aquí vale lo que le pediríamos a los niveles jerárquicos superiores si fuera posible.
c) Si no sabemos cómo enseñar para que nuestros alumnos aprendan, exijamos a las autoridades que nos enseñen cómo, que establezcan mecanismos de acompañamiento y no nos dejen solos. No bastan normas o circulares y sus anexos que expliquen, no bastan conferencias o charlas.
d) Si hay bullying (5) (intimidar, acosar), los docentes debemos exigir a las autoridades no solamente que nos “bajen” normas, también ¿qué hay en ellos para que nos consideren sujetos punibles en vez de sujetos con derecho a enseñar, cuáles son sus actitudes que no favorecen afrontemos mejor el problema todos juntos y qué es lo que debieran modificar en sus actitudes al no ver la viga que tienen sobre el propio ojo? Cuando digo autoridades no me refiero únicamente a los inspectores, pues ellos son el salame del emparedado, apunto además hacia arriba y a los compromisos en el ejercicio de un poder que se ramifica con el entramado de una comunidad de victimarios que acusa con el dedo a la comunidad de víctimas, donde también pueden haber victimarios (el ejemplo más conocido: el pobre contra el pobre, el maestro contra el maestro, el alumno contra el alumno, etc.).
e) Cuando se nos “bajen” líneas pedagógicas, textos o libros o autores, a tal efecto, orienten in situ, “situadamente”, a docentes de sectores populares apreciándose, así, la efectividad de sus propuestas. Los docentes no necesitamos que los intelectuales nos convoquen nada más para que aprendamos de sus textos (orales o escritos), sino que “bajen” a nuestras escuelas a comprometerse cabalmente con nuestras prácticas didácticas, haciendo la unidad teoría-práctica tan proclamada por Paulo Freire. La trinchera de los intelectuales pedagogos tiene que ser sí la de los congresos, los debates, las revistas, los artículos y las mesas de discusión, pero sobre todo, también la escuela, el aula, el patio escolar, el trabajo con maestros y profesores (6). Deben participar en la comunidad escolar para que no seamos meros “objetos” de investigación, ser intelectuales con un compromiso ético político, mancharse sus manos con tizas.
• No deseamos ser meros sujetos de control o sujetos de derecho pasibles de castigo, sino sujetos de enseñanza. No deseamos ser sujetos a quienes siempre se nos culpabilice pedagógicamente con el conocido “Pero mi hijita, Ud. debería haber establecido las estrategias de recuperación…”.
• No deseamos ser como delincuentes. Así se nos trató durante el último paro docente, mencionando a los alumnos “rehenes” nuestros (los alumnos son rehenes de los docentes). Esta metáfora alude o bien a la acción de delincuentes o a la de terroristas o a la de un bando en guerra que se apropia de seres humanos quienes se encuentran por ende indefensos, simbólicamente es una forma de criminalizar la protesta. Es entonces que, en el imaginario, solamente cabría la acción violenta contra los “malhechores”, ¿nosotros, educadores? Precisamente, los alumnos realizan un aprendizaje social de la poca valía del docente, lo que resulta problemático en la medida que ese docente presenta consignas de trabajo a sus alumnos (“¿si no vale, por qué le escucharé, estaré atento a su palabra?”)
• Finalizando. Sabemos que la desobediencia pedagógica implica una lucha teórica con compromiso ético político. No es cuestión de un simple “no hacer caso”, sino de crítica pero creatividad a la vez, no fácil. Considerando la rigidez normativa vigente, requiere en múltiples oportunidades dentro del aula de una “astucia pedagógica” (7) en sentido comunitario. Sería oportuno, además, que los gremios se hagan cargo de la cuestión, porque los diseños curriculares y las líneas pedagógicas que “nos bajan” constituyen el núcleo básico de nuestras condiciones laborales, es decir, si luchamos por una escuela pública y popular, ante todo luchar por una política pedagógica justa y digna, a partir de donde sí tiene sentido bregar por el salario, la infraestructura, etc. Es un desafío, porque estamos solos, sin Estado, sin Academia, sin Sindicatos (salvo excepciones como la presente y excepciones de pocas agrupaciones sindicales), de ahí que valga la pena juntarnos, como en este Foro Pedagógico.
1) Chupar: en la jerga de la última dictadura militar, acción de desaparecer a otro. Resolución N°3655/07
2) http://cedoc.infd.edu.ar/upload/planificacion_institucional_y_didactica.pdf (consulta: 3/06/2014) http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf (consulta: 3/06/2014)
3) Como por arte de magia, sin explicación que llegue al conjunto de los docentes, de pronto puede cambiarse PEI por PI -Proyecto Institucional-. El documento marco señalado, reconoce experiencias a rescatar del PEI, y para que no se confundan las políticas educativas de la década del noventa con las nuevas, reemplaza un término por el otro.
4) Brenner, Miguel Andrés. “Currículum simulado.” Marzo de 2012 (inédito)
5) ¿Será su difusión en lengua inglesa por quienes pretenden que el enfoque práctico sea desde los parámetros opresores del Norte político?
6) Encuentro una sintonía con el Documento de Balance y Relación de Propuestas, resultado del Simposio de Filosofía y Liberación realizado en el XVII Congreso Internacional de Filosofía, organizado por la Asociación de Filosofía y Liberación. Morelia, México. Abril de 2014. “A nosotras y nosotros, intelectuales comprometidos con la liberación, se nos exige mucho más que al resto de los miembros del gremio. Nuestra trinchera tiene que ser sí, la de los congresos, los debates, las revistas, los artículos y las mesas de discusión, pero sobre todo, también la calle, el campo, la manifestación, el trabajo voluntario, la protesta social e incluso, la de la guerra revolucionaria.”
7) Término propuesto por Juan Ignacio Pernía, joven profesor en letras. Astucia, del latían “astutus”. Según la Real Academia Española, agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=hpvB488aJDXX2lKQowup (consulta: 3/06/2014)
Entrevista a Pablo Lado, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas - Chubut - Un proyecto de ley que prohíbe la minería a cielo abierto
Contenido: El Proyecto de Ley realizado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-CH) y certificado por el Tribunal Electoral Provincial, busca impulsar una legislación que amplíe y mejore los alcances de la pionera ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro.
FM FLORES 90.7 CABA.
Concentración en la sede de ANSES. Carlos Chile: “Es una bestialidad pensar que alguien puede vivir con 2700 pesos”
En el marco de la construcción de Unidad de Acción con otras Centrales sindicales, la CTA movilizó ayer al edificio nacional del ANSES. Se exigió un pago de emergencia de mil pesos retroactivo a abril para todos los jubilados y pensionados del país. Además se reiteró la necesidad de avanzar hacia una nueva Ley de Previsión social en Argentina.
Carlos Chile, Secretario de Organización de CTA Nacional, explicó a ACTA las principales razones que mantienen a la Central nuevamente en la calle: “Estamos concentrando frente al ANSES en el marco de la unidad de acción de la CTA con la CGT. Venimos a exigir un aumento de emergencia de mil pesos retroactivo a abril para todos los jubilados y pensionados”.
“Fuimos invitados a movilizar por la CGT liderada por Moyano, después de tantos años de pelear por el 82% móvil y las problemáticas de los jubilados, no podíamos faltar. Estamos reclamando además un aumento salarial de emergencia porque no podemos llegar a fin de mes”, dijo a ACTA Lidia Meza, Secretaria de Previsión Social de CTA Nacional.
En este sentido, Chile opinó que “nadie puede vivir con 2700 pesos por mes, esta situación es una bestialidad, las jubilaciones en nuestro país se han convertido en un subsidio a la vejez. Es imprescindible que las jubilaciones deben sean equivalentes al Salario mínimo Vital y Móvil, que hoy por hoy no puede ser inferior a 9mil pesos”.
Durante la movilización se reiteró la necesidad de que se apruebe el 82% móvil: “Y que PAMI sea administrado por los trabajadores y jubilados y deje de ser intervenida. Es imprescindible que se apruebe una nueva Ley de previsión social en nuestro país”, destacó Chile.
Siguiendo con la pelea que están dando los jubilados de la CTA en todo el país, hoy continúa la campaña para llegar un millón de firmas que empuje en el parlamento una nueva ley que permita pensar la previsión social desde otro lugar. “Todos los segundos miércoles de cada mes hacemos un acto en el marco de la Campaña por el millón de firmas para que se apruebe una nueva Ley de Previsión Social. Por eso es que mañana – por hoy- vamos a estar en Córdoba y habrá mesas de recolección de firma en todos los locales de ATE y la CTA”, contó Meza.
El nuevo Secretario de Organización de la Central explicó la necesidad de una reforma tributaria en Argentina: “Recursos hay, sólo hace falta restituir los aportes patronales que Menem y Caballo le perdonaron a los patrones duramente muchos años. Y si aún persistieran las dificultades, debe empujarse una Ley de reforma tributaria para gravar la renta financiera, el juego, etc”.
Finalmente, Carlos Chile recordó los fundamentos de la Unidad de Acción: “es un par dialéctico de la libertad y democracia sindical, nosotros creemos que es legítimo que los trabajadores se organicen a partir de afinidades políticas e ideológicas. Si hay varias Centrales sin unidad de acción, la clase se divide y se debilita. Por eso, mientras estemos en la calle peleando, habrá unidad de acción”.
Conflictos Laborales: Preocupa a empresarios y al gobierno, y también a burócratas sindicales
Motivados por aumentos salariales, o en rechazo a despidos y suspensiones, y aún contra el impacto del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, es un dato objetivo que los conflictos laborales han aumentado en 2014.
En el sector público, arrecian los reclamos por aumentos salariales, y ese fue el motor del prolongado paro docente de la provincia de Buenos Aires, que paralizó las clases en el principal distrito del país durante 17 días. Concluyó con un buen acuerdo para los maestros bonaerenses, que lograron un salario de 5.000 pesos para el mes de julio.
Si bien en Buenos Aires el conflicto fue piloteado y conducido por el gremio mayoritario, Suteba, con su secretario general, Roberto Baradel a la cabeza, no sucedió lo mismo en otras luchas docentes.
En Salta, el paro de los maestros duró cinco semanas y fue motorizado por un sector "autoconvocado", luego que la dirigencia del gremio docente ADP y otros, adheridos a Ctera, negociaran con el gobierno de Juan Manuel Urtubey un aumento salarial de un 24 por ciento. Bajo la consigna de un salario de 5.000 pesos -igual que los maestros bonaerenses- sus pares salteños desafiaron a la conducción local, que a nivel nacional comulga con la CTA que dirige Hugo Yasky, no acataron la conciliación obligatoria y finalmente volvieron a dar clases, recién cuando lograron el tan ansiado salario de 5.000 pesos.
La baja en la producción de automóviles, que afecta principalmente a la provincia de Córdoba y Buenos Aires, también está provocando una mayor conflictividad laboral en los gremios metalúrgico y mecánico. El gobernador cordobés José Manuel de la Sota se quejó amargamente de la falta de soluciones por parte del gobierno nacional, y denunció a principios de junio que en la provincia ya hay más de 1.500 trabajadores suspendidos.
Para el mandatario cordobés, es el gobierno K el que debe dar solución con políticas para reactivar el sector, algo que se ha intentado con el acuerdo con Fiat, y su plan "Autos para Todos", pero las altas tasas de interés no entusiasman por ahora a los eventuales compradores. De la Sota insiste en ser candidato presidencial para 2015, algo que no aparece como muy probable, atento la pobre performance de su figura en las encuestas; mientras tanto, se queja de la falta de acompañamiento del gobierno nacional frente al "esfuerzo" que hace su gobierno para mejorar la situación en la provincia, con "créditos para motos, autos, electrodomésticos, maquinaria agrícola y los tamberos".
El gremio de la alimentación reclama un aumento del 40 por ciento, muy lejos de lo que ofrecen las patronales, que es un 29 por ciento y en cuotas.
En las fábricas más grandes, la pelea por el salario está siendo motorizada por las comisiones internas más combativas, como en Mondelez (ex Kraft), donde hace algunos años hubo un duro conflicto que enfrentó a los delegados de la empresa con la dirigencia del sindicato, al mando de Rodolfo Daer.
Este dirigente, que fue secretario general de la CGT durante el menemismo, enfrenta en su sindicato la cada vez mayor influencia de los delegados de base, muchos enrolados en el trotskismo, situación que lo ha obligado a "bajar" a las fábricas para no perder representatividad.
La toma de la autopartista Gestamp, que trabaja para la industria automotriz, y pertenece a capitales españoles, fue un serio signo de alarma para los "popes" de la CGT de Antonio Caló, oficialista, donde anidan el Smata (mecánicos) y la UOM (metalúrgicos).
Catorce gremios se reunieron la semana pasada para respaldar al jefe del Smata, Ricardo Pignanelli, quien desautorizó la medida de fuerza de los trabajadores de Gestamp, acusando al Partido Obrero y al diputado Néstor Pitrola, de "infiltrarse" en los conflictos, porque -dice- tratan de influir a los obreros más jóvenes, para provocar medidas de fuerza "extremas".
Semejante discurso, de tono claramente maccartista, marca la preocupación de la burocracia sindical por la creciente influencia de las corrientes más combativas en las fábricas, que se hace sentir en los delegados de base y en comisiones internas, díscolas a las dirigencias tradicionales.
En Córdoba, también se dio una situación similar, en Valeo, que fabrica faros para la automotriz Renault. Tuvo un largo conflicto, con una toma de la planta durante 19 días, en el mes de marzo, por reclamo salarial.
Uno de los delegados, Leonardo Sánchez, fue denunciado por tres supervisores de "turbación de la posesión y amenazas" y el fiscal Pedro Caballero dio curso a esa denuncia, dictando una medida restrictiva, impidiendo el ingreso de ese delegado a la fábrica, en pleno proceso de elecciones, y pese a lo cual Sánchez ganó con el 83 por ciento de los votos de sus compañeros.
Solicitada contra los "zurdos"
Los catorce gremios reunidos para apoyar a Pignnelli, están trabajando en la redacción de un documento que publicarán en los próximos días como solicitada y que tendrá como eje principal, la "intromisión de la política" en el sector del trabajo.
Es que en la mayoría de esos gremios, salvo el de los ceramistas, ha habido una caída importante en la producción, y eso facilita que los empresarios, poco afectos a aguantar esos cimbronazos sin hacer pagar los costos a sus trabajadores, y como si no hubieran tenido un fuerte "colchón" de ganancias extraordinarias durante estos años, dispongan suspensiones y hasta despidos. A la vez, y como los jefes gremiales se muestran muy poco dispuestos a resistir estas medidas, es que los delegados de base son seguidos por los trabajadores para tomar medidas más duras, con el fin de conservar sus puestos laborales.
En lugar de criticar a las empresas, los dirigentes sindicales disponen de fondos (que pertenecen a todos sus afiliados), para publicar solicitadas, que suelen ser muy costosas. Sin embargo, el propio Pignanelli reconoce que el sector automotriz "está pasando un momento de recesión", y aguarda confiado un acuerdo del gobierno nacional con Adefa, la cámara empresaria automotriz, para llegar a las 740 mil unidades que serían necesarias para conservar los puestos de trabajo durante este año.
Para Pignanelli, las medidas "extremas" como la que tomaron los trabajadores de Gestamp, desalientan a las empresas de capitales extranjeros para permanecer en el país, y se mostró muy preocupado con que estas empresas se marchen.
No es difícil entender, entonces, por qué cada vez son más los trabajadores que desconfían de dirigentes más propensos a acordar con las patronales extranjeras, que a defender a sus trabajadores de las suspensiones y los despidos.
Otro caso testigo, el de la fábrica Weatherford, en Río Tercero, Córdoba, que despidió a 54 obreros, de una planta de 180 trabajadores, porque manifestaron su intención de organizarse en el sindicato Químico para reclamar mejores condiciones de trabajo.
De capitales norteamericanos, y proveedora de YPF, Weatherford es contraria a permitir la organización gremial adentro de su planta, algo que es moneda corriente en los EE.UU. En Argentina es un derecho constitucional y está protegido por las leyes nacionales y los convenios internaciones que el Estado ha suscripto.
Cinco centrales, poca lucha
La conflictividad laboral no tiene la envergadura de los años ´90 o de principios de los años 2000, cuando el desempleo y la precarización laboral afectaban a millones de trabajadores. En los últimos 10 años hubo una recuperación del sector del trabajo, con nuevos puestos laborales y un aumento significativo, en valores reales, del salario, además de otras conquistas, como las paritarias.
Pero en parte por los bajos salarios, que afecta a una parte de los trabajadores (docentes, por ejemplo), o los despidos y suspensiones, como se ha demostrado en esta nota, y hasta por la incidencia del impuesto a las Ganancias sobre salarios y jubilaciones, en los sectores de mayores ingresos, sería necio, tanto para el gobierno nacional, como para los dirigentes sindicales no burocráticos, desconocer que, si no se atienden las legítimas demandas de los trabajadores, esta conflictividad crecerá y será motivo de nuevas movilizaciones.
¿Cómo responderá el gobierno frente a esas demandas? Atenderá los justos reclamos de los trabajadores, o recurrirá a la represión, como ocurrió hace unos días en el Chaco contra los estatales y antes en Tucumán contra los bancarios?.
Argentina: Justicia cordobesa rechaza procesamiento por cortes de calles
El juez de Control de Carlos Paz, Dr. Daniel Ricardo Strasorier, resolvió sobreseer a 15 personas imputadas el 30 de abril del año pasado en medio del conflicto desatado luego de la represión y detención de los vecinos y vecinas del barrio Comechingones de Cuesta Blanca.
La resolución deja muy en claro, que “la acusación Fiscal no puede prosperar”, entendiendo que “las manifestaciones ordenadas y pacíficas en la vía pública no pueden, en ningún caso, ser consideradas infracciones penales, pues el derecho de reunión y de protestas pacíficas, son en esencia, exteriorizaciones del sistema democrático y republicano de gobierno en el marco de nuestro diseño Constitucional”.
Desde el Encuentro de Organizaciones saludaron el fallo del Juez quien en una contundente, fundada y democrática resolución, ha hecho lugar a las oposiciones planteadas por los abogados, frente el intento por parte del Fiscal Marchetti de esa ciudad, de elevar la causa a juicio, bajo la carátula de “Entorpecimiento de Transporte”, contra 15 compañeros y compañeras que están dando una enorme lucha por tierra en la cual, ellos, ellas y sus hijos e hijas, puedan vivir con dignidad.
En otro de los puntos de la resolución, luego de recurrir también a un vasto análisis de derecho comparado (es decir de otros países), queda también claramente establecido, que un corte de calle en el marco de una protesta social, requiere daño o peligro contra terceros (que nunca puede ser un simple retraso vehicular), para que pueda intentarse un encuadramiento penal de la conducta.
Este fallo, es un importante mojón contra la incesante política de represión de la protesta social que está desplegando el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta resolución debe sumarse al pedido de sobreseimiento realizado por la Fiscalía Distrito 3 Turno 4 de esta ciudad de Córdoba, para las 2 compañeras imputadas por el corte frente al predio donde la transnacional de la muerte Monsanto pretendía construir su planta, donde también se argumenta que el derecho de protesta es fundamental para la vida democrática de un pueblo. Ninguno de estas disposiciones las entendemos ni como un favor del poder judicial, ni como un mérito de nuestros compañeros abogados, sino como el resultado de una lucha justa, legítima y digna, que estamos librando el pueblo organizado contra un sistema de exclusión, esclavitud y muerte, que persigue y criminaliza a los pobres y a los que luchamos por una vida digna.
Así lo confirmaron varios integrantes de lo que era el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que ocupaban ese lugar y, tras su disolución decidida por acuerdo entre el PRO y el FPV, dejaron vacante ese lugar en el ente que gestiona la ex ESMA. Ahora, ese lugar lo ocupa directamente el gobierno de la ciudad. El Consejo Directivo del IEM, que continúa coordinando políticas, emitió un comunicado al respecto.
La ex ESMA tiene, desde su recuperación el 24 de marzo de 2004, diferentes administraciones para cada edificio, ya que fueron repartidos entre los organismos de derechos humanos, salvo los emblemáticos, que quedaron bajo la órbita del IEM. Para coordinar las políticas generales hay un ente tripartito: por un lado, un representante del gobierno nacional, espacio ocupado por el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene su edificio allí; la segunda pata son los organismos de derechos humanos que tienen sus espacios, lugar que suele ocupar Abuelas de Plaza de Mayo; la tercera silla es para el gobierno de la ciudad y, hasta aquí, la ocupaba el prestigioso jurista Beinusz Szmukler como representante del disuelto IEM. Ese lugar es el que el viernes comenzó a ocupar Gustavo Peters en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Con este esquema, si alguna de las tres partes veta una decisión no se podrá realizar. Queda por ver cuál será la posición del PRO, por ejemplo, con el proyecto museográfico que el gobierno nacional proyecta en el Casino de Oficiales de la ex ESMA.
Perpetradas contra comunidades indígenas en 1924 y 1933: Promueven "Juicios por la Verdad" por las masacres de Napalpí y El Zapallar
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia inicio una investigación de oficio y planteará una instancia de Juicio por la Verdad. Consideran que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia integrada por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Jesús Vigay junto al Fiscal Coordinador Federico Carniel, inició el 29 de mayo una investigación de oficio a fin de averiguar sobre los hechos históricos conocidos como las Masacres de Nalpalpi ocurrida en el año 1924 y de El Zapallar sucedida en 1933, en ambos casos en lo que fuera el territorio nacional Chaco actualmente jurisdicción de la provincia del Chaco.
Los fiscales creen que ambas Masacres por parte de la Policía Nacional contra pueblos originarios y hacheros correntinos y cosecheros santiagueños, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado Nacional tendría la obligación ineludible de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
La investigación de oficio que se ha impulsado desde la fiscalía tendrá el objetivo de reconstruir lo sucedido en ambas masacres a pesar del paso de los años y luego en caso de corresponder se interpondrá un requerimiento una instancia de juicio por la verdad.
La investigación que llevará adelante la Unidad Fiscal tendrá la dinámica de invitar a realizar sus aportes a todos aquellos que han venido realizando investigaciones, documentales, libros, entrevistas y además nutrirla de archivos históricos, de los reportes periodísticos de diarios de la región, de testimonios de sobrevivientes como Pedro Valquinta y de descendientes de sobrevivientes, del expediente provincial que se llevó adelante en la época, de la demanda civil que actualmente tramita ante el juzgado federal y de todo otro medio de prueba que pueda producirse.
“Entendemos desde el equipo de la Unidad de DDHH que conformamos junto a los Fiscales Sabadini y Amad y en consulta con el Fiscal General de distrito Carniel, que las masacres de Napalpi y el Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por estado argentino a través de las convenciones internacionales y su integración a la comunidad y el derecho internacional”, indicó Vigay, en declaraciones a CHACO DIA POR DIA.
“Entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades y saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución. También así para demostrar el carácter sistemático y señalar a quiénes han favorecido y quiénes se han beneficiado de estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de terror y que se reconozca socialmente a las víctimas. Entonces que la reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas”, continuó Vigay.
“Una vez culminada la investigación y entendiendo que corresponde, instaremos un requerimiento para que las masacres sean juzgadas como crímenes de lesa humanidad en los marcos de la jurisdicción federal del Chaco incluso como instancia de juicio por la verdad en caso de no existir imputados por los hechos que estén con vida”, concluyó.
Argentina, Salta: El labrado de la tierra garantiza la subsistencia
Las necesidades básicas insatisfechas, se multiplican por la falta de trabajo genuino en la provincia de Salta. El norte, región rica en petrolero, gas, monocultivo, y azúcar, sigue siendo distributivamente injusta.
El trabajo transitorio informal, ya es una constante. El paupérrimo ingreso de esta labor precaria, no alcanza para la alimentación cotidiana de las familias. Por ello, las huertas comunitarias, labradas por los excluidos, están en aumento.
En la ciudad petrolera, gasífera, porotera y sojera, de Gral. Mosconi, fiel reflejo de la desigualdad en la distribución de las riquezas, los excluidos, quintuplicaron el número de huertas orgánicas y comunitarias, con el fin de atenuar el hambre, con los frutos de la tierra ante la crisis económica y social, que los sigue precarizando en una caída sin fin, que estos resisten, organizándose en grupos con objetivos concretos, que les permite sobrevivir.
Nueva medición de los trabajadores del INDEC: El 20,7% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza
El documento consta de tres grupos de evaluación: primero, se encuentra lo que hubiera publicado la intervención del Instituto con los datos de la canasta manipulada; segundo, cuánto hubiera dado realizado con la metodología tradicional del Instituto pero con los precios no manipulados; y tercero, realizado con una canasta más amplia.
“El dato oficial ocultado es de 3.6 por ciento de pobreza y el 1.2 por ciento de indigencia”, mientras que la cifra realizada con la metodología tradicional alcanza al 20,7 por ciento, es decir más de 7.865.585 habitantes del área urbana o el 14,6 por ciento de los hogares del país”. “Dentro de ese conjunto, el 4,5 por ciento de la población o el 3,7 por ciento de los hogares se encuentran debajo de la línea de indigencia. Eso significa que alrededor de 1.665.000 personas no llegan ni siquiera a cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Con la metodología más ampliada, la pobreza ascendería a 40,6 por ciento, es decir 15.275.00 personas en el total urbano. Existe una tendencia creciente tanto de la pobreza como de la indigencia, similar a la década del ’90”, explayó Cynthia Pok, ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
A su vez, el secretario general de ATE Capital, José Luis Matassa, resaltó que “no es difícil imaginarse que la pobreza este creciendo en nuestro país. Estos datos demuestras lo que venimos denunciando desde hace años con la manipulación de la intervención del INDEC” y subrayó que “no deberíamos estar hablando del 20 por ciento de la población por debajo de la línea de la pobreza y después quieren titular como década ganada”. “Nosotros no somos cómplices de la mentira, no tenemos duda de que el Gobierno nos sigue mintiendo de la mano del FMI; la mejor forma de recuperar el INDEC es con los trabajadores que vienen luchando hace 7 años por la recuperación de las estadísticas públicas”, concluyó Matassa.
Estuvieron presentes durante la conferencia de diversos medios gráficos, televisivos y radiales; y dirigentes de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellos de CTA Capital.
Acceder al documento completo desde aquí.
En realidad no estaba previsto, ni en la agenda meticulosamente preparada ni en la estrategia acordada desde meses atrás ni mucho menos en el resultado esperado de una reunión que costó varios millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas.
La 44 Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), recién culminada en la capital paraguaya estaba destinada, desde su concepción, a aprobar como siempre una genérica declaración final, varias también genéricas resoluciones y un poco a preparar la supuesta despedida con honores del cargo del chileno José Miguel Insulza, quien debe abandonar la secretaría general del organismo el próximo año.
Como beneficio colateral, algo que mucho interesaba al gobierno del presidente Horacio Cartes, hacer elogioso énfasis en la proclamada solidez de la democracia en la nación sede y apoyar discretamente la campaña oficial definitoria de Paraguay como el país de oportunidades para los inversores foráneos, favorecidos por la promulgación de la controvertida Ley de Alianza Público-Privada.
Insulza regresaba una vez más a Asunción, donde jugó antes un papel muy especial en el esfuerzo de apuntalar al gobierno de Federico Franco, aislado por la comunidad internacional tras la destitución express del presidente Fernando Lugo vía juicio político acordado por el Congreso.
Analizadas las cosas desde el punto de vista de la existencia ahora de un mandatario electo cumpliendo apenas su primer año en el Palacio de López aunque cargando ya en su haber una huelga general que protagonizaron organizaciones obreras y campesinas, todo debía transcurrir felizmente.
El primer tropiezo surgió inesperadamente, tal vez por un error estratégico cometido por las autoridades locales al divulgar que Paraguay se opondría a un proyecto de resolución brasileño que buscaba recalcar el rechazo a todo tipo de discriminación por cuestiones de color de la piel, género, preferencia sexual o situación económica.
Se basaba la propuesta en la Convención Interamericana contra toda Discriminación aprobada precisamente por la OEA aunque sin la firma y ratificación de algunos Estados, entre ellos Paraguay y Estados Unidos.
El anuncio fue suficiente para que estallara un debate público con el respaldo al documento por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y las agrupaciones de personas con diversas preferencias sexuales, y la dura oposición de sectores más conservadores apoyados especialmente por la jerarquía católica.
Declaraciones públicas, manifestaciones de calle, acuerdos congresionales con vibrantes expresiones homofóbicas muy condenadas por la opinión pública, intentos oficiales de suavizar una crisis que se le había ido de las manos y hasta la filmación y difusión por los canales televisivos de la represión policial a una manifestación de la comunidad gay, fueron los hechos más resaltantes previos a la Asamblea.
El escándalo provocado por todo ello no pudo impedir, en definitiva, la aprobación de la propuesta brasileña con objeciones al margen de algunos países, entre ellos el anfitrión, y dejando un signo preocupante sobre la tantas veces esgrimida posición de la OEA en defensa de los sacrosantos derechos humanos.
Pero la rebelión mayor vino más tarde, como algo adicional a la frustración sufrida por la misión de Estados Unidos, reforzada con la presencia de dos subsecretarias del Departamento de Estado, al no escuchar durante todo el encuentro de cancilleres y jefes de 29 delegaciones las anheladas críticas a Venezuela y Cuba, uno de sus mayores intereses en la cita.
Lo que sucedió fue todo lo contrario, al llegar el momento de debatir los preparativos de la X Cumbre de las Américas señalada para el abril de 2015 en Ciudad de Panamá.
Carmen Lomellín, representante permanente de Washington ante la OEA, fue la encargada de repetir, una vez más, la oposición de su gobierno a la presencia de Cuba en esa reunión, a pesar de que la anterior, efectuada en Cartagena de Indias, había culminado con la demanda generalizada de los asistentes a favor de la presencia de la isla en la siguiente Cumbre.
La reiteración de la negativa de Estados Unidos fue suficiente para la más dura de las reacciones con una avalancha de intervenciones contrarias a tal posición y una demostración del apoyo a la ausente Cuba por parte de América Latina y el Caribe.
Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, México, Dominica, Trinidad y Tobago, Barbados, Paraguay, Guatemala, Perú y Panamá, el propio país anfitrión de la próxima reunión, se pronunciaron por la presencia cubana.
Pero no sólo fue eso, pues hubo referencias importantes a la solidaridad permanente de Cuba con otras naciones, ejemplificada durante las intervenciones en la labor esforzada de médicos, maestros y asesores o en la concesión de becas para formar especialistas que ayuden a sus pueblos
Una interesante intervención la hizo Roy Chaderton, embajador permanente de Venezuela ante la OEA, quien se refirió al artículo de un analista estadounidense divulgado precisamente en una publicación de la organización regional.
Según Chaderton, el artículo abogó por permitir la participación de Cuba en las Cumbres después de un largo proceso de observación mediante el cual se hagan periódicamente exámenes de su "comportamiento" hasta lograr la aprobación final para incorporarla definitivamente.
En materia de buena conducta, Cuba aprobó hace mucho tiempo todos los exámenes con alta calificación como país solidario y tiene mucho que decirnos, por ejemplo, en como se lucha contra la pobreza, afirmó el diplomático venezolano.
Estados Unidos no habló más, la rebelión estaba consumada y la 44 Asamblea Ordinaria de la OEA terminó con una muestra más de que no reconoce el ya definido cambio de época.
El Mundial arranca en un ambiente de protestas y movilizaciones en las que los ciudadanos recorren las calles de Brasil demandando más inversión en servicios públicos. Mientras el 18,6% de la población vive en la pobreza, el Estado dejará de ingresar 322 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas de la Unión, debido a las exenciones fiscales de las que se beneficiarán la FIFA y sus empresas asociadas.
Se prevé que las manifestaciones continúen durante toda la celebración del Mundial. Los movimientos sociales reclaman mayor inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales y critican el elevado coste que ha supuesto la gran fiesta del fútbol. El Mundial Brasil 2014 será el más caro de la historia: 10.000 millones de euros. Los ciudadanos pagarán con sus impuestos buena parte del coste del Mundial, al tiempo que ven desaparecer los potenciales ingresos que se recaudarían vía impuestos a las grandes empresas que han invertido en este evento. El Tribunal de Cuentas brasileño sostiene que sólo a nivel federal se dejará de ingresar unos 322 millones de euros. A esto hay que añadir que el nivel de endeudamiento de las ciudades sede ha aumentado un 30% de media. La Ley General de la Copa, aprobada en 2012, recoge en 64 artículos varias medidas de “alteración de la legislación tributaria”. Esto en la práctica supone que las compañías subsidiarias y asociadas de la FIFA están exentas de pagar los impuestos a los que, normalmente, sí harían frente. De esta forma podrán importar sin contribuir con los tributos correspondientes todo tipo de productos, desde alimentos y combustibles a trofeos, medallas y materiales de construcción. Tampoco pagarán impuestos por la celebración de seminarios, banquetes, ceremonias de inauguración y clausura, además de por “otras actividades que se consideren relevantes para la realización, organización, preparación, comercialización, distribución, promoción y clausura de las competiciones”, según la propia ley.
El comité de Ministros rechazó en forma unánime el mega proyecto Hidroaysén, de la empresa italiana Enel, que pretendía construir en la Patagonia chilena cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.
La polémica iniciativa, que consideraba una inversión total de 5.000 millones de dólares y una línea de transmisión de otros 4.000 millones de dólares, apuntaba a inyectar 2.570 megavatios.
El traspié es para la española Endesa -hoy en un 95% en manos de la italiana Enel- y la chilena Colbún (49%), donde se han invertido 320 millones de dólares. "Se declara rechazado el proyecto HidroAysén", anunció hoy el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, provocando la euforia de cientos de activistas ecológicos que habían aguardado horas, en las afueras de la cartera, y de otros tantos reunidos en un cine en Aysén (1.348 kilómetros al sur de Santiago), provincia que iba a ser inundada por las gigantescas represas. "Este Comité ha decidió recoger los recursos de reclamación presentados por la ciudadanía y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y se declara rechazado el proyecto hidroeléctrico HidroAysén", enfatizó Badenier. El proyecto había sido aprobado en 2011, bajo la administración de Sebastián Piñera, contra la cual se movilizó la ciudadanía y planteó 45 objeciones. El titular de Medio Ambiente aclaró que "en el marco de los derechos que tiene cualquier titular, si lo estima necesario puede apelar al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, hasta treinta días después de ser notificado".
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, declaró que "la decisión que se ha tomado hoy no compromete en nada la política energética que hemos diseñado en la Agenda, si no que se refiere específicamente a un proyecto".
Agregó que "la votación ha sido unánime, y como titular de Energía he votado con total tranquilidad y claridad en relación a este proyecto". Argumentó además que "creo que HidroAysén adolece de faltas importantes en su ejecución al no tratar con el debido cuidado y atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven y con la gente que es impactada con este proyecto".
Un emocionado Pablo Orrego, presidente de Patagonia sin Represas, celebró la decisión como "un triunfo país" y agradeció a la comunidad el apoyo en una lucha que se inició hace ocho años y que, incluso, contó con la adhesión de los países vecinos. Agradeció a la actual administración de Michelle Bachelet, que corrigió el error cometido durante su primer gobierno (2006-2010), cuando ingresó el proyecto para su evaluación ambiental. El director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asun, había calificado HidroAysén como "un proyecto que representa lo peor del abuso de las empresas, lo peor de los vacíos legislativos que existen".
Planteó que representaba "lo peor de la división de las comunidades como resultado de la acción de un conjunto de corporaciones -Colbún y Endesa- que hicieron mucho daño en la Patagonia; dividieron familias completas, incluso".
Pero la iniciativa, completó, "finalmente permitió unir a buena parte de un país tras una misma causa, que es, por supuesto, el respeto al medioambiente, respeto por la vida".
Los ecologistas viajaron incluso a Roma, acompañados del obispo de la zona, Luis Infanti, para sensibilizar sobre los efectos de este proyecto.
El diputado por Aysén, el dirigente social Iván Fuentes, alabó desde el Congreso la resolución ministerial y señaló que "se marca un antes y un después".
"Lo que tengamos que hacer en el futuro con la energía tiene que ser conectado con la ciudadanía, respetuoso con la naturaleza porque los ciudadanos no tenemos otra casa. Si dañamos esto, nos estamos dañando entre todos. La política energética tiene que ser en acuerdo con la ciudadanía", insistió.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, descartó que la decisión del Consejo de Ministros pueda ser vista como una mala señal hacia la industria del sector y el empresariado en general.
"La decisión se ha tomado en el momento, y en las instancias y con la formalidad que corresponde", dijo Peñailillo, y descartó que "respetar la institucionalidad sea una amenaza para alguien, todo lo contrario".
Más allá de la definición del Consejo de Ministros, el Gobierno cree "profundamente en el desarrollo sustentable y el respeto a nuestro patrimonio cultural y natural", añadió.
Maduro presentará pruebas de golpismo ante organismos internacionales
El presidente Nicolás Maduro anunció anoche que llevará las pruebas del plan de magnicidio de la extrema derecha a organismos internacionales y Estados Unidos para denunciar ante el mundo la guerra sucia contra Venezuela.
El Pentágono arma 'hasta los dientes' a la Policía de Estados Unidos
El periódico 'The New York Times' publicó recientemente unas sorprendentes estadísticas relacionadas con el programa de transferencia militar creado por el Congreso en los años 90 en el marco del cual los elementos del inventario del Departamento de Defensa que están en desuso se suministran a los departamentos de Policía de ciudades pequeñas de forma gratuita.
Nuevos datos del Pentágono revelan un número muy elevado de suministros militares de gran potencia que se envían hoy en día a las fuerzas policiales por todo el territorio de Estados Unidos
Estados Unidos sabe poco de los conflictos en los que interviene
Las autoridades de Estados Unidos no disponen de datos exhaustivos sobre los conflictos en que interviene y la mayoría de los congresistas se informan en los periódicos que suelen presentar la realidad en blanco y negro, estimaron los expertos estadounidenses que participaron en una videoconferencia organizada por esta agencia.
“Si hablamos de paliar la crisis ucraniana, debemos considerar la situación de manera realista. Sería un error pensar que la política exterior de Washington es racional. Me duele decirlo, pero Estados Unidos recuerda a alguien que se mantiene en estado de embriaguez desde hace 10 años. Donde quiera que interviene provoca desastres”, dijo el director ejecutivo del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, Daniel McAdams, al citar los casos de Irak, Siria y Libia.
Añadió que “desgraciadamente los intervencionistas del Gobierno de Washington interpretan sus fracasos como grandes éxitos” y recalcó que los medios estadounidenses que apoyan al Gobierno atizan los conflictos y luego guardan silencio sobre las consecuencias de la injerencia.
“Los principales medios de Estados Unidos apreciaban más a la URSS en los años 80 que a una Rusia libre y democrática. Por lo tanto carecemos de información”, señaló.
Por su parte, el director del Instituto de la Democracia, Patrick Basham, indicó también que la prensa de Estados Unidos presenta en blanco y negro los conflictos en que se implica Estados Unidos.
“Las infracciones de uno de los bandos no se muestran en los reportajes o se mencionan de paso mientras que las del otro se cubren en las portadas, con ilustraciones. Se trate de Ucrania o de Siria, siempre es blanco contra negro, los buenos contra los malos”, dijo.
Según el experto, las autoridades de Estados Unidos deben comprender que han de considerar todas las facetas de la crisis de Ucrania.
“Como consecuencia podrán extraer algunas lecciones dolorosas. (…) Siento un optimismo moderado de que en el caso de Ucrania estas lecciones quedarán asimiladas”, indicó Basham.

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