Source: http://democraciamexico.blogspot.com/2006/08/
Timestamp: 2017-12-18 10:50:00+00:00

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En foro convocado por EL UNIVERSAL -espacio de diálogo entre sus articulistas y actores fundamentales de la vida política del país-, Manuel Camacho Solís, coordinador de las redes ciudadanas de la coalición Por el Bien de Todos, plantea escenarios duros para el porvenir en materia de estabilidad y gobernablidad, si no somos capaces los actores de concertar una solución a la actual crisis política que, "con todo y sus enormes retos, puede abrir la oportunidad a una salida grande".
Siendo esperanzador que uno de los actores con más inteligencia política con el que cuenta AMLO señale la ruta de una posible negociación, también demuestra la complejidad del actual momento mexicano cuando señala que todo depende de si se resuelve el conflicto electoral, lo que a su vez supone el recuento voto por voto o la nulidad de la elección, lo que deja pocos campos para imaginar cómo podríamos convertir la tensión social, la inconformidad perredista, en oportunidad a una salida grande.
La complejidad se vuelve dique y no oportunidad debido a que el diagnóstico del cual se parte pretende convertir dos momentos distintos con realidades diferentes en una misma historia de falsificación electoral. He diferido de ese enfoque porque, aunque en la primera fase -la campaña- se hayan cometido actos inadmisibles para los demócratas y se hayan sentado inescrupulosamente bases para la desconfianza y la sospecha sobre la segunda, identificada ésta como la jornada electoral, es incuestionable que mientras en la primera etapa los candidatos y los partidos fueron actores prácticamente exclusivos, en la segunda los ciudadanos fueron actores y testigos.
Esta distinción marca una profunda diferencia entre el deterioro ético de la clase política y el nivel de participación de la sociedad en general, lo que evidentemente pone de relieve el agotamiento de las reglas de la competencia electoral. Y es ahí donde debieran conducirse los esfuerzos de la coalición izquierdista, además -y por supuesto- de impulsar el necesario ajuste del modelo económico y la reorientación del gasto público en atención a la insatisfacción mayor, que es la de carácter social ante la exclusión y la insultante desigualdad económica que se ha acrecentado en nuestro país.
La resolución del TEPJF pone fin a la disputa sobre la legalidad y legitimidad de las elecciones, y confirma básicamente los resultados de las urnas, pero en efecto sigue ahora el tema de la gobernabilidad. Para el propio Calderón el triunfo no le será suficiente -sobre todo con estrecho margen-; tendrá que tomar también el poder y gobernar para todos y con todos. Hay problemas en el país, de los que resulta inconcebible pensar en su solución sin contar con la necesaria unidad de la nación; el de la seguridad pública como ejemplo evidente.
La gobernabilidad requiere del consenso social. Esto es lo que permitiría incluso una afirmación de poder y de soberanía del Estado sobre los poderes fácticos, incluidos los informales -entre ellos los medios de comunicación electrónica- y los ilegales como el narcotráfico, grotescamente los más favorecidos en tiempos de desunión y confrontación política. Mientras el país se parte en norte y sur, en buenos y malos, en ricos y pobres, los señores de la televisión cuentan sus ganancias millonarias, y los narcos realizan ejecuciones sin ton ni son.
Otros aprovechan la complejidad de la solución a la crisis para amarrar alianzas indebidas: los oportunistas y los pragmáticos que están en todos los partidos y ven el momento para reforzar los proyectos de sus negocios y en pro de intereses estrictamente particulares. Es dejar en manos de los negociantes de la política el reforzamiento del "capitalismo de compadres" en lo económico, y de la acción electoral como instrumento de cualquier cosa, del poder por el poder en lo político. Están los casos de Chiapas y Oaxaca, doliéndonos a los panistas no sólo a manos de nuestros adversarios, sino de nuestros dirigentes nacionales.
Por ello, el diálogo se hace necesario más que nunca. La palabra como instrumento fundamental de la política para intercambiar, en un plan objetivo, la diversidad de los puntos de vista sobre los desafíos del país; un intercambio sincero de ideas y propuestas para que la democracia sea una posibilidad con sentido de justicia, y no sólo momento o instrumento del dinero y del poder mediático.
La agenda de la gobernabilidad está diseñada desde hace tiempo, fincada en la abandonada reforma del Estado que se concibió en uno de los ejercicios más plurales y representativos que se hayan llevado acabo en la historia reciente del país, en el marco de una expectativa de cambio político y transformación social. Los actores de los tres principales partidos renunciaron a los propósitos reformadores porque pensaron para sí, los amplios instrumentos de maniobra del antiguo régimen y sus supuestas comodidades. Está a la vista que no será tan cómodo, ni tan fácil, gobernar con esas mismas reglas. Ganadores y perdedores, calidades que comparten en diferentes trazos del nuevo mapa político los tres partidos, debieran entenderlo así.
La buena noticia del trance que vive México es la participación ciudadana en la vida pública. ¿Cuándo, en los tiempos del PRI, se había visto a tantos ciudadanos opinar y actuar sobre lo que les compete? Por fin la política ha dejado de ser patrimonio privado de los políticos para convertirse en una tarea colectiva. La mala noticia es la riesgosa polarización del momento. "Son las mismas caras de odio entre compañeros, entre familiares", me dijo hace unos días mi amigo Alberto Pedret, que vivió la Guerra Civil Española en su natal Cataluña. Esta ominosa reminiscencia de su niñez no es ilusoria. La exacerbación de las pasiones ideológicas está en todas partes: en los blogs y en la prensa doctrinaria, en las conversaciones de café y en las reuniones sociales, en los campamentos y en los parlamentos. El debate público está envenenado a un extremo sin precedentes. Hay que combatir ese mal de inmediato, y sólo hay un antídoto conocido: recobrar el centro.
Las propuestas de campaña han desaparecido. Una visión maniquea se ha apoderado del discurso (sobre todo en los ámbitos del PRD, pero no sólo en ellos), volviendo simple, dual y sólida la realidad que, por naturaleza, es compleja, diversa y fluida. Tras la caída del Muro de Berlín, parecíamos haber comprendido que "Derecha" e "Izquierda" son conceptos pobres en significación real, armas verbales que sirven para descalificar al enemigo, no para describir, comprender, explicar o incluso refutar el contenido de lo que piensa o cree. Hoy esos adjetivos disfrazados de sustantivos, esos sucedáneos de los viejos anatemas religiosos (hereje, apóstata, infiel, impuro, ateo), son etiquetas que se han vuelto de uso común.
Aunque hay guerrillas maoístas en la India, una dictadura estalinista en Norcorea y una monarquía absoluta, hereditaria y revolucionaria en Cuba, sólo unos cuantos extremistas pretenden que el modelo marxista puede ser viable o lo fue alguna vez. El Partido Comunista Chino rinde pleitesía formal a Mao, pero para su desarrollo económico ha adoptado el más salvaje de los capitalismos. Inversamente, en Occidente al menos, sólo unos cuantos grupúsculos marginales proponen una vuelta a la teocracia, a los militarismos tiránicos o al nazifascismo. Por lo demás, ningún país occidental, ni siquiera Estados Unidos, ha renunciado a la necesidad de un Estado que modere, incluso severamente, la orientación individualista del mercado, y atienda con eficacia las demandas sociales, sobre todo las de los más necesitados. Purgada de los ismos totalitarios que desgarraron el siglo XX y sacrificaron a decenas de millones de personas concretas en el altar de principios abstractos, la civilización occidental se ha vuelto "centrista" y ha adoptado (incluso en ese polo excéntrico que es América Latina) un sistema democrático. Ese corrimiento también ha ocurrido en México, donde el mandato del ciudadano en las urnas ha sido proteger el centro. Por eso a ningún partido le dio la mayoría absoluta.
Pero el centro, en nuestro tiempo, no señala una equidistancia fija de los extremos ideológicos, rebasados y refutados por la historia. El centro es una franja de opinión que varía en puntos específicos sobre los que las personas pueden y deben dialogar, discrepar, negociar, pactar. Más que un "lugar" intelectual, el "centro" es una actitud, una disposición moderada y atenta, un espacio de tolerancia a las ideas ajenas, un sitio abierto y habitable donde los hombres se escuchan unos a otros, defienden con vehemencia sus puntos de vista, pero están dispuestos a modificarlos si el interlocutor esgrime datos objetivos y razones suficientes. (Un caso concreto: en las frenéticas discusiones de estos días en torno al supuesto fraude, se ha ido evaporando el elemento racional y empírico para dar paso a argumentos de fe; hace falta la operación inversa: pasar del mito a las razones comprobables.) El centro, por lo demás, no es infalible sino todo lo contrario: es humanamente falible, y por eso está normado por leyes que los protagonistas pueden cambiar pero no violar o subvertir. El centro, en suma, implica una cultura de la civilidad.
En México necesitamos recobrar el centro perdido. El PAN no podrá esgrimir un programa de ortodoxia económica liberal, ni mezclar la religión con la política (el PRD lo ha copiado en fechas recientes), ni aferrarse a sus rancias actitudes de intolerancia moral. El PRI (que en sus mejores momentos representó una posición de centro, aunque manchada por la corrupción y el clientelismo) tendrá que reconstruirse, recobrando sus raíces perdidas de liberalismo político y responsabilidad social. Pero el problema mayor lo tiene el PRD y la coalición que lo acompaña. Para converger hacia el centro, tanto en pensamiento como en actitud, sus miembros tendrán que convertirse en "traidores", en el sentido en que el escritor israelí Amos Oz refiere en su libro Cómo curar a un fanático:
Traidor es aquel que cambia ante los ojos de quien no puede cambiar, de quien no quiere cambiar, de quien odia cambiar, de quien no concibe cambiar... A los ojos de un fanático, traidor es cualquiera que cambie. Hay que escoger -y no es fácil hacerlo- entre volverse un traidor o volverse un fanático. En cierto sentido, no ser un fanático significa, hasta cierto punto, ser un traidor a los ojos de un fanático.
Separarse del fanático, renunciar al fanatismo, moverse con inteligencia hacia un espacio de mínima convivencia, es la tarea prioritaria que les espera. No tienen opción. Después de todo son políticos y, como tales -no lo olvidemos ni permitamos que lo olviden-, son nuestros asalariados. El diálogo no es para ellos una opción discrecional: es un mandato que están obligados a cumplir. Si en los meses siguientes convergemos hacia ese centro, la recuperación pacífica del otro centro, el centro geográfico, el centro de nuestra capital, vendrá por añadidura.
Los refrendos de las concesiones de radio y televisión no solamente han perdido las más importantes cláusulas de la rectoría estatal en materia de condiciones de operación, contenidos y contraprestaciones, sino que ahora el tiempo de duración es a perpetuidad, y las innovaciones tecnológicas que permiten recuperar el espectro para ampliar la oferta de opciones, brindar nuevos servicios con más participantes, fruto de la compresión digital, únicamente han de favorecer a los actuales titulares de concesiones para adjudicarse mediante autodedazo electrónico, el espectro liberado y ofrecer ellos mismos servicios adicionales de telecomunicaciones.
Y es en esa ruta histórica de ´agandalle´ del espectro donde se centra la lucha de las partes en la acción de inconstitucionalidad que se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un grupo plural de senadores de la República el pasado 4 de mayo, y que ha entrado en una importante fase de definición.
Se trata, en efecto, del asunto más relevante dentro de los veintiún conceptos de invalidez que se formularon para solicitar a nuestro máximo tribunal la nulidad de las recientes reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y a la de Telecomunicaciones. Es la nuez del plan de negocios que Televisa consiguió hacer legislación, y en la que obtuvo privilegios y una cesión automática de cientos de megahertz.
Así lo hemos sostenido nosotros a lo largo de la discusión en estas páginas, se trata de canonjías inadmisibles otorgadas por el nuevo compadrazgo político-mediático que paga favores de campaña con bienes del dominio de la nación.
Lo anterior y no otra cosa es el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, violatorio de los artículos 1º y 28 de nuestra Carta Magna, básicamente porque autoriza a los radiodifusores para prestar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin acatar los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sino mediante una autoasignación.
Conforme al citado artículo 28, la autoridad reguladora está obligada a asignar directamente espectro para usos de telecomunicaciones a los radiodifusores que así, simplemente, lo soliciten en los términos del mencionado artículo 28, sin ninguna necesidad de licitación, lo que constituye una ventaja indebida, y por otro lado, está obligada a licitar públicamente las bandas de frecuencia que queden disponibles para usos de telecomunicaciones a los particulares que no cuenten con concesiones de espectro.
En esa redacción se formula un trato preferencial, además de constituir un acto que violenta el principio de igualdad. Representa para los concesionarios radiodifusores una ventaja competitiva de entrada al mercado de telecomunicaciones, en perjuicio de los particulares y concesionarios de telecomunicaciones sujetos a todos los procedimientos de solicitud de concesión o licitación pública de la Ley Federal de Telecomunicaciones para obtener derechos de instalar y operar una red, o aprovechar y explotar el espectro determinado para telecomunicaciones, lo cual se confirma de la simple lectura de los artículos 14, 16 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que prevén los requisitos para obtener una concesión.
En relación con las claras prohibiciones monópolicas contenidas en el artículo 28 de nuestra Constitución, este esquema anterior evita la concurrencia y la libre competencia, fomenta la concentración de los servicios de telecomunicaciónes.
Además viola lo dispuesto por el artículo 1º Constitucional, en tanto que excluye a los permisionarios de radiodifusión de la posibilidad de ser prestadores de servicios de telecomunicaciones en los términos en los que autoriza a los concesionarios radiodifusores, a pesar de que son los permisionarios los que están más ligados a los fines sociales de la radiodifusión, tales como servicios de educación a distancia, salud, interactividad comunitaria.
Lo más grotesco es que la contraprestación que el Estado tiene derecho a recibir por el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias otorgadas por medio de una concesión, es absolutamente potestativo en el caso de los concesionarios de radiodifusión, mientras que los nuevos concesionarios de servicios de telecomunicación, obligatoriamente deberán pagar una contraprestación, y en el caso de nuevos radiodifusores, licitación mediante subasta pública ascendente. Por supuesto que se trata de manera desigual a prestadores de los mismos servicios.
Eh aquí, el meollo del litigio constitucional. Esperemos que haya Corte que empiece a acotar este capitalismo que se nutre, no de la capacidad emprendedora de trabajo y dinero, sino de favores indebidos.
Desarrollo de los sistemas económico y político
La actual estabilidad económica de que goza el país sigue confirmando que la toma de decisiones correctas le han proporcionado una gran fortaleza, lo que ha permitido sortear las actuales presiones políticas. Por ejemplo, el dato del crecimiento de la producción industrial del 6.9 por ciento anual en junio, dado a conocer ayer, permite afirmar que este año será uno de los más dinámicos del actual sexenio.
La principal razón de ello es que las decisiones de producir o de consumir tienen una mínima relación con el ambiente político, como sucedía anteriormente y se toman más en función de las relaciones de precios, esto es, como resultado de la oferta y de la demanda, o sea, de los costos de producción y de las preferencias de los consumidores. Aunque todavía falta mucho por avanzar para perfeccionar el sistema de precios, es obvio el avance realizado en este aspecto.
Por otro lado, la percepción que se tiene es que las actuales presiones políticas se han vuelto más una simple lucha por el poder que un cambio en el modelo económico que sigue el país, por lo que es mínimo su impacto en la economía.
Entre las correctas decisiones económicas tomadas están el desarrollo de las instituciones de los pasados años lo cual se ha logrado con el apoyo de la sociedad mexicana. Sólo hace 20 años la población apoyaba "principios y creencias" que hoy en día se perciben como erróneas y absurdas, las cuales eran aceptadas frecuentemente incluso por empresarios y académicos. Entre éstas estaban las afirmaciones de que "sólo el gasto público puede crear crecimiento y riqueza", o "la inflación es necesaria e inevitable para lograr el desarrollo económico", "las devaluaciones son producidas por los especuladores y los malos mexicanos, pero el gobierno tiene la capacidad de evitarlas", o las peores, "los déficit público y el externo son siempre buenos para el país".
Las anteriores afirmaciones no tienen sustento en la realidad y la mayoría de la población no está dispuesta a apoyarlas en la actualidad, porque ha aprendido que tienen un elevado costo en términos de su bienestar. El partido político que base su política económica en mayores desequilibrios fiscales o en un creciente endeudamiento no tiene el apoyo de la sociedad. Todos los partidos ofrecen actualmente en sus propuestas la estabilidad fiscal, apoyan la autonomía del banco central y nadie pide la anulación total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Aunque todavía faltan avances como el hecho de que la sociedad en su conjunto reconozca la importancia de algunas variables como la inversión privada como generadora de empleos, indudablemente se ha logrado un gran avance en el reconocimiento de ciertos conceptos que logran un mayor bienestar de la población.
Pero para que la sociedad haya llegado a este mínimo consenso han tenido que pasar varios años, diversas crisis económicas y una importante pérdida en términos de bienestar de la población. La inflación y las devaluaciones que el país ha sufrido en estas dos décadas han significado una pérdida importante para numerosas familias y empresas.
Sin embargo, en el aspecto político no se ha logrado el mismo avance. Un número importante de ciudadanos todavía no valora la importancia de tener instituciones fuertes que defiendan al individuo de decisiones arbitrarias del gobierno o que logren hacer respetar las leyes que la sociedad se ha dado a sí misma, lo cual evita que los ciudadanos tengamos que recurrir a la violencia para que nos respeten. Adicionalmente, son pocos los que están conscientes de la necesidad de respetar y hacer respetar las leyes en una sociedad en donde no existe una dictadura, lo cual propicia libertinaje y costos para los distintos grupos minoritarios.
Hoy en día es generalmente aceptado que los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México deben ser escalonados y se permite su reelección, con ciertas condiciones, para evitar que lleguen nuevos funcionarios de manera simultánea a aprender en el puesto. Un pequeño error del banco central puede significar enormes costos para la población.
Sin embargo, todo el Consejo General del IFE, que es una institución fundamental para que opere el sistema democrático del país, fue removido recientemente con lo que se perdió una muy valiosa experiencia de los funcionarios anteriores y en la actualidad ya se comienza a hablar de cambiarlos de nuevo para que numerosos legisladores y funcionarios que están a punto de terminar sus responsabilidades puedan "tener chamba", con lo que se volvería a perder su experiencia. Tener funcionarios recién nombrados en esta institución y sin experiencia puede representar enormes costos para el país, como se ha visto, y la sociedad no está consciente de ello. Es especialmente preocupante que casi todos los magistrados del TEPJF serán cambiados en los próximos meses con lo que se volverá a cometer un grave error, lo cual puede acarrear grandes y graves consecuencias para el país, al perder su gran experiencia.
Tal parece que el país tiene que pasar por un periodo de crisis políticas con costos para la población antes de lograr un consenso mínimo de lo que se necesita para fortalecer a las instituciones y lo que se debe hacer y lo que no para evitar incurrir en costos elevados.
La Ley Televisa ha sido uno de los sucesos legislativos más ominosos de los últimos años. Calificado ya como un episodio de vergüenza en nuestra historia política. No sólo puso de manifiesto la preponderancia y prepotencia con que actuó dicha empresa televisora, y la forma en que impuso su poder, sino en contrapartida, la debilidad de la clase política, y la indignidad con la que actuaron sus aliados en el Congreso y luego en el Poder Ejecutivo que, pese a toda advertencia, publicó las reformas con inusitada rapidez.
El proceso en general confirmó -al desnudo complicidades y chantajes- la cada vez más creciente percepción ciudadana: los partidos políticos anteponen sus intereses a los de la población en general, y los legisladores, los suyos de carácter personal.
No por otra cosa los partidos políticos, como parte del entramado de nuestras instituciones públicas, han merecido el último lugar en la confianza ciudadana: 5.3 dentro de la escala del 1 al 10, y por debajo de la imagen de la policía.
Así lo refiere la Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación, que recoge esa percepción y en la que paradójicamente se ratifica: la fuente a la que acuden los ciudadanos para enterarse de la política y evaluar lo que saben de la materia es la televisión, así lo expresa el 62% de los encuestados.
El descrédito general de la política es un dato que resalta en varios de los instrumentos de medición de la opinión pública, y hechos como el de la Ley Televisa se convierten en intrincada paradoja del toma y daca entre el poder y los medios electrónicos de comunicación, además de acicatear el desprecio ciudadano.
Por ello, no debe asombrarnos que este asunto permanezca en amplios sectores sociales como referencia de colusión de intereses, y siga siendo objeto de los más variados análisis a manera de crítica.
En muchos artículos editoriales, discursos y declaraciones periodísticas que se han publicado en torno a evaluar el reciente proceso electoral y sus resultados, la mención al hecho ha sido constante. Varios de quienes en sus columnas han confesado por quién votaron el pasado 2 de julio, enlistan este asunto como uno de los elementos que definieron a qué candidato otorgarlo.
En el grupo de senadores que presentamos la acción de inconstitucionalidad en contra de esas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la de Radio y Televisión (15 senadores del Partido Acción Nacional, 16 del Partido Revolucionario Institucional, 15 del Partido de la Revolución Democrática y uno de Convergencia), el tema sigue concitando la unidad de nuestra demanda para que se declaren nulas sus principales disposiciones.
En medio de la crispación política y la exacerbación de discrepancias en el escenario postelectoral, la impugnación logra un importante nivel de acuerdo. De hecho, consideramos que se trata de uno de los desafíos más importantes para la democracia, la competencia económica, la pluralidad política y la diversidad cultural, y que su corrección en el próximo gobierno federal, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, sería una prueba de voluntad de cambio y de compromiso con una reforma política, social y cultural que permita distender el encono social que por estas fechas se atiza con diversos fuegos.
Antes, esperamos la justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una resolución que la reafirme no sólo como poder soberano frente a los poderes fácticos del dinero y la televisión, sino que resarza a la nación de ese atropello legislativo.
La semana pasada nos reunimos de nueva cuenta el grupo promovente para reafirmar la importancia de ese fallo, no sólo para el orden jurídico nacional sino para la sociedad en general, pues de él depende la oferta comunicacional que el país tenga en el futuro.
Hemos señalado que, en tiempos en que la coyuntura política exacerba nuestras discrepancias, el establecimiento de un régimen legal para los medios electrónicos que contribuya a fortalecer nuestra democracia, es una causa en la que nuestra pluralidad partidista encuentra camino franco de coincidencia.
México requiere un marco jurídico que concuerde con las aspiraciones de libertad e igualdad de todos los mexicanos. Esperamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que permita a nuestro país conjurar los graves riesgos que las reformas aludidas representan, de tal forma que podamos rectificar el rumbo y dar paso a una legislación que tome en cuenta los derechos de todos.

References: resolución 
 artículo 28
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 artículo 1
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