Source: https://www.todanelo.com/ca/actualitat/actualitat-juridica
Timestamp: 2019-12-06 10:03:11+00:00

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Actualitat jurídica | Toda & Nel-lo Advocats
El 30 de noviembre finaliza el plazo para presentar la primera declaración del impuesto sobre bienes improductivos
Como recordábamos en una nota de actualidad jurídica de 21/05/2019, el IANP es un tributo de nueva creación, exigible en todo el territorio de Cataluña, que tiene por objeto gravar de forma progresiva la tenencia por parte de personas jurídicas y algunas entidades sin personalidad jurídica propia -entre estas, comunidades de bienes y herencias yacentes-, de determinados bienes considerados “no productivos”.
Se trata de un gravamen pionero entre las comunidades autónomas que busca evitar que grandes patrimonios tengan propiedades a nombre de empresas para no tener que declararlas a través del Impuesto de Patrimonio.
Entre los bienes sujetos a este impuesto se encuentran los bienes inmuebles, los coches y vehículos de potencia de más de 200 caballos, embarcaciones de lujo, aviones privados, helicópteros, objetos de arte, antigüedades y joyas.
La presentación de la autoliquidación debe hacerse por vía telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace.
Moratoria de licencias de vivienda de uso turístico (HUT) en Barcelona
Hoy, 15 de noviembre, se ha publicado en el BOP de Barcelona una nueva moratoria de licencias de vivienda de uso turístico en la ciudad de Barcelona.
En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona ha acordado suspender:
1) Las comunicaciones previas y declaraciones responsables de inicio de actividad de vivienda de uso turístico.
2) Las licencias de obras y comunicaciones previas para obras destinadas a la implantación de vivienda de uso turístico.
3) Las licencias urbanísticas de cambio de uso de edificio para destinarlos a actividad de vivienda de uso turístico.
El acuerdo de suspensión puede consultarse en el siguiente enlace.
La nueva moratoria se acuerda por un plazo inicial de un año, y quedan excluidas de la misma las comunicaciones previas con informe previo del PEUAT vigente.
Diez cuestiones legales para hacer negocios en Brasil
Brasil, actualmente la sexta economía del mundo por PIB nominal, es un gigante económico, demográfico y territorial. Y no solo destaca en el continente americano sino a escala global. Con sus más de doscientos diez millones de habitantes, es, según el Banco Mundial, un país de renta media alta. Podríamos resumirlo, pues, como un país de enorme potencial, con indicadores macroeconómicos muy esperanzadores sobre la apertura de la economía brasileña.
El pasado 20 de septiembre se aprobó en las cortes brasileñas la Ley de Libertad Económica, impulsada por el nuevo Gobierno, que va en la misma dirección y apunta a un marco legal enormemente liberalizador y abierto a los negocios. Esta Ley implica la eliminación de muchas trabas administrativas y legales para la realización de negocios y un plan de favorecimiento a la entrada de capital extranjero, especialmente en inversiones en infraestructuras.
Esta combinación de elementos pretende dar mayor seguridad jurídica, facilidades administrativas y un impulso sostenido a la política privatizadora de grandes infraestructuras para la modernización del país. Ello significa más inversión privada y mayor actividad económica, y por tanto una gran oportunidad para hacer negocios en Brasil.
Todo inversor sabe que para hacer negocios en un país emergente como Brasil se precisa de un buen asesoramiento jurídico tanto en origen como en destino, y acertar con el socio local. Los abogados resultan cruciales para entender el nuevo entorno y utilizar ventajosamente las reglas jurídicas que imperan en el lugar de la inversión. En este sentido, Brasil requiere un plus de atención y dedicación a los aspectos legales por su -al menos hasta ahora- complejidad normativa.
Sobre las cuestiones Mercantiles, Laborales y Fiscales que hay que tener en cuenta para hacer negocios en Brasil, los abogados de Toda & Nel-lo, junto a los Despachos brasileños Rocha e Barcellos y ACPS Advogados, desengranan los aspectos jurídicos que conviene considerar para hacer negocios en Brasil; una serie de consejos que presentaron el 16 de octubre durante la Jornada Brasil-España organizada por el Círculo Ecuestre, en Barcelona.
Los abogados de Toda & Nel-lo Josep M. Balcells (Mercantil), Dídac Ripollés (Laboral) y Albert Mestres (Derecho Tributario) debatiendo con los abogados brasileños en la mesa redonda de la Jornada Brasil-España
Las principales cuestiones que interesa conocer del marco jurídico brasileño en comparación con el español, en los ámbitos Societario-mercantil, Laboral y Fiscal, son las siguientes:
1. El marco jurídico general: La nueva Ley de Libertad Económica
2. La constitución de sociedades
3. Los Administradores
5. Jornada laboral
6. Costes laborales asociados a la contratación
7. Papel de los sindicatos
8. Elección de los Estados para invertir o establecer una filial
9. Estructuración fiscal para el inversor internacional
10. Reforma Fiscal y simplificación de obligaciones
Puede acceder a este artículo de El Confilegal para saber más sobre estos diez puntos en detalle.
Un apunte al cumplimiento del registro de jornada y a la aplicación de sistemas de geolocalización desde el móvil del trabajador
Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional -que si bien no resuelve un litigio sobre sistemas de control de registro de jornada- ha marcado los contornos del poder empresarial (ex.artº 20.3 ET) cuando el empleador contractualmente obliga al empleado a aportar a la actividad laboral un teléfono móvil con conexión a internet de su propiedad y la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral.
El Tribunal, en el marco del supuesto concreto enjuiciado, declara su ilicitud por la concurrencia acumulativa de circunstancias que individualmente son contrarias al ordenamiento jurídico bien en su vertiente de derechos fundamentales bien de legalidad ordinaria.
La resolución judicial tras analizar el acomodo legal del poder de dirección en el control del trabajo a través de una aplicación instalada al teléfono móvil del trabajador sostiene en síntesis la doctrina que extraemos:
- En orden a la vigilancia y control del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales el empresario puede imponer sistemas de geolocalización. Implantación que puede suponer en ocasiones una injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores. Recuerda el Tribunal que la doctrina del Tribunal Constitucional ordena que para minimizar esa injerencia la aplicación debe superar el denominado “juicio de proporcionalidad” por el que la aplicación debe ser idónea y necesaria para satisfacer el interés empresarial. Los límites los sitúa la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) por la que si bien los empresarios pueden obtener datos a través de sistemas de geolocalización en el marco del ejercicio del poder empresarial deberán para ello informar de forma expresa a los representantes legales de los trabajadores tanto la existencia como características de estos dispositivos.
Este último aspecto viene igualmente dispuesto en el artº 64 del ET (derechos de información de los RLT) destacando la sentencia que si bien la empresa informó de la implantación de la medida a los RLT en momento alguno se explicitó las característica técnicas de la aplicación no dando cumplimiento con ello a las exigencias legales de información detallada a los RLT. Incumplimiento que por sí solo ya reputa de ilícita la medida patronal.
- Sostiene el Tribunal que la misma finalidad de control se podría haber alcanzado cumpliendo con el “test de proporcionalidad” a través de un sistema menos agresivo y por ello de menor injerencia en los derechos fundamentales como sin duda lo es la aportación del móvil del trabajador y desde su línea de internet implementar una aplicación de geolocalización. Dadas las características de la actividad laboral un sistema menos agresivo hubiera sido la instalación de un GPS en el vehículo motocicleta con la que los trabajadores realizaban su actividad laboral y para ello no hacía falta la facilitación de su móvil. Ni que decir tiene que el conflicto apenas hubiera tenido recorrido judicial si el teléfono móvil lo hubiera facilitado la empresa toda vez que en ese escenario la injerencia en derechos fundamentales tenía menor impacto.
- La sentencia pues sanciona que la exigencia de la aportación de un teléfono móvil con conexión de datos para desarrollar el trabajo supone un manifiesto abuso de derecho empresarial al quebrar la nota jurídica que incardina una relación como laboral, la ajenidad en los medios de producción. Se cercena con ello la legalidad ordinaria al desentenderse la empresa de su obligación de mantener el concepto “ajenidad” incólume.
Doctrina que consideramos podría extrapolarse en materia de registro de jornada en la medida que la empresa instalase la aplicación del control horario en el teléfono móvil del trabajador.
Nuestra recomendación pues a fin de que sea la empresa la que facilite los dispositivos complementarios del control de registro horario.
Subcontrata... ¿o cesión ilegal?
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, rec. 3861/2016, declara la existencia de cesión ilegal entre contratista y subcontratista. Sin duda el fallo no se trata de un cambio de criterio, pero sí de una vuelta de tuerca más, tanto al fenómeno de la interposición como el de la intermediación.
Declara el Tribunal que se produce una cesión de fuerza de trabajo cuando esta no está integrada en el ciclo productivo de quien la cede, aunque obtiene un lucro de ella. Por ello, pese a las garantías y precauciones que respecto a la cesión contempla el Estatuto de los Trabajadores (ET), -señala el Tribunal- «probablemente [se] haya provocado un cierto vacío en relación a las denominadas "cesiones indirectas" que parecen caracterizar a la subcontratación».
El art. 43 ET, que regula la cesión ilegal, prohíbe «La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa», autorizando dicha conducta «solo […] a través de empresas de trabajo temporal [ETT] debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.» Se entiende que se produce la conducta ilícita cuando «el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario".»
El precepto no impide la contratación externa, esto es una descentralización productiva, pero sí se establecen límites legales e interpretativos para evitar que puedan vulnerarse derechos de los trabajadores. En tal sentido, no basta la existencia de un empresario real para excluir la interposición ilícita por parte del contratista si este «se limita a suministrar la mano de obra sin poner elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial" (STS 12/12/97 -rcud 3153/96) y porque "mal puede ser empresario de una determinada explotación quien carece de facultades y poderes sobre los medios patrimoniales propios de la misma. También es difícil atribuir tal calidad a quien no asume los riesgos propios del negocio, pues esa asunción de riesgos es nota específica del carácter empresarial. Tampoco se compagina con la condición de empresario el tener fuertemente limitada la capacidad de dirección y selección del personal.»
En el caso que ahora nos ocupa, en el que la Empresa A inició relaciones comerciales con la Empresa B en el año 1998, siendo “A” la transportista de los productos fabricados por “B” (gases) a clientes de “B”, utilizando semirremolques cisterna propiedad de “B”. Además, la mayoría de los trabajadores de “A” (conductores y administrativos) prestan sus servicios en el centro de trabajo de “B”, sin que “A” asuma gasto alguno por dicha utilización.
La empresa “B” facilitaba a los conductores de “A” las PDAs donde a través de terminales situadas en los centros de trabajo de “B” se cargaban directamente las rutas sin pasar por los administrativos de “A”. También facilitaba a los administrativos un portátil. Además, “B” entregaba a los conductores un "manual de conductor" junto a abundantes indicaciones de seguridad.
Considera el Tribunal como elementos adicionales para declarar la existencia de cesión ilegal:
-El único cliente de “A” era “B”.
-En las condiciones de transporte se aplicaba el sistema "open books", esto es, que “B” asumía todos los gastos del transporte, servicios, administración y cualquier otro que pueda ser cargado y “A” obtenía un margen de beneficios fijos del 3,5%.
-Los semirremolques y cisternas son propiedad de “B” y las cabezas tractoras de “A”. Pero estas últimas se han arrendado durante cuatro años (duración prevista del contrato).
Es cierto que hay otros indicios (recogidos en el voto particular de la sentencia) que podrían cuestionar la existencia de dicha cesión ilegal. No obstante, a criterio de la Sala, las «anteriores circunstancias revelan que los medios materiales imprescindibles para llevar a cabo la actividad de la empresa “A” son propiedad de “B” ya que “A” únicamente aporta las cabezas tractoras, que han sido adquiridas mediante la modalidad de arrendamiento financiero, por un plazo de cuatro años - duración prevista del contrato entre ambas mercantiles- siendo las instalaciones, cisternas, ordenadores y PDAS propiedad de “B”» y que conducen a declarar conforme ha existido una cesión ilegal de trabajadores.
Este artículo ha sido publicado y puede leerse también en Todotransporte.com
Importante sentencia del TS en relación con la Ley de Segunda Oportunidad
Recientemente, el Tribunal Supremo (Pleno de la Sala de lo Civil), en su Sentencia de 2 de julio de 2019, ha interpretado el artículo 178 bis de la Ley Concursal en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
La exoneración del pasivo insatisfecho es un mecanismo de segunda oportunidad mediante el cual el deudor persona física que cumple con unos requisitos mínimos puede verse liberado de la mayor parte de la deuda de la que es titular que no pueda ser cubierta con las cantidades obtenidas en la liquidación concursal.
A efectos prácticos, debe destacarse que esta Sentencia abre la posibilidad a que el deudor de buena fe que se ha acogido al beneficio de exoneración en cinco años (artículo 178 bis 3.5º LC), pueda ser exonerado de parte de las deudas contraídas con la Administración Pública cuando estas tengan la calificación de créditos ordinarios o subordinados (50% de la cuota, intereses, recargos, sanciones).
Asimismo, el Alto Tribunal declara que los créditos calificados como privilegiados (50% de la cuota) puedan ser incluidos en el plan de pagos de cinco años, conforme a lo previsto en el apartado 6 del artículo 178-bis LC.
Puede consultar el texto íntegro de la sentencia aquí.
El pasado 4 de septiembre de 2019 se publicó en el BOE la Instrucción de 30 de agosto de 2019 (de ahora en adelante “Instrucción”), sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La presente Instrucción se emitió en el marco de las novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de prevención de blanqueo de capitales. En virtud de dicho Real Decreto-Ley, se amplió la lista de los sujetos obligados que establece el artículo 2 de la ley 10/2010, ya que, junto con las personas que con carácter profesional presten servicios consistentes en constituir sociedades u otras personas jurídicas, ejercen funciones de dirección o de secretarios no consejeros del consejo de administración, se añaden las que presten servicios de asesoría externa, en relación con una sociedad, asociación u otras personas jurídicas, o facilitar a las mismas un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines todos ellos por cuenta de terceros.
La Instrucción establece que la declaración deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática, mediante la cumplimentación de un formulario preestablecido de una serie de campos obligatorios (entre otros, el registro mercantil, número de documento de identidad, nombre, apellidos, domicilio profesional, colegio profesional y número de colegiado) así como otros campos con carácter voluntario.
Una de las principales novedades introducidas por la Instrucción es la previsión del plazo para realizar la declaración. En este sentido, el alta deberá realizarse a partir del 4 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 para aquellas personas físicas que vinieran prestando los servicios en el ejercicio 2019 o con anterioridad. Para los ejercicios sucesivos, la declaración deberá formularse en el momento en que se comience a prestar los indicados servicios.
La gestión de los Canales de Denuncia y la puesta en marcha de la ISO 37002
Hoy en día nadie pone en duda la importancia de los canales de denuncia como una de las herramientas clave de los sistemas de prevención de riesgos penales. Lo que antes era una buena praxis ahora es una exigencia legal: el Código Penal los incluyó en el 2015 como un requisito imprescindible para que los modelos de organización y gestión para la prevención de delitos puedan servir de eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (también conocida como la Directiva “whistleblowing”).
Así también, la última modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exige expresamente que los sujetos obligados establezcan procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos en relación a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Es por todo ello que ahora más que nunca es altamente recomendable que las empresas se doten de canales con plenas garantías que cumplan con las directrices establecidas por la nueva normativa sobre la materia que define, no solo el funcionamiento de los canales de denuncias, sino también los derechos que se deben salvaguardar y la protección que debe recibir el denunciante.
En esta línea, la International Standard Organization (ISO) ha aprobado la creación de un comité de trabajo específico y un proyecto de norma bajo la denominación ISO 37002 para la aplicación de sistemas de gestión de las denuncias de irregularidades. (ISO/NP 37002 “Whistleblowing management systems – Guidelines”)
Por supuesto, cada organización debe decidir el modelo de canal más adecuado de acuerdo con su dimensión y filosofía (interno, externo o incluso, híbrido) pero siempre respetando las garantías que se exigen legalmente y esta norma ISO será un complemento muy útil que ayudará a las organizaciones a la hora de definir e implementar dichos canales.
Artículo escrito por Berta Casas, abogada del área de Compliace de Toda & Nel-lo.
La “Jornada a la carta”
Por Dídac Ripollès, socio responsable del área de Derecho Laboral de Toda & Nel-lo
Sentencia del TS sobre declaración de zona de gran afluencia turística
La Sala Tercera, del Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha desestimado el recurso de casación de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, de 2 de marzo, que avaló para ser ajustada a derecho la Orden de 23 de agosto de 2016 de la Consejería autonómica de Economía y Hacienda que aprobó la Zona de Gran Afluencia Turística de Burgos, con sus limitaciones territoriales y temporales, a solicitud del Ayuntamiento de esta ciudad.
Esta orden resolvió declarar una Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos de aplicación del régimen especial de horarios, con la limitación territorial de "la Zona de amortigua de la Catedral de Burgos”, y la temporal de los siguientes festivos: Domingo de Resurrección, Domingo de la Feria de las Flores, Viernes de celebración del Curpillos, Festividad del Asunción de Nuestra Señora, Festivo “Devora Burgos”, y Domingo “Fin de semana Cidiano”.
La cuestión discutida ha quedado circunscrita al establecimiento de las limitaciones de carácter territorial por la orden impugnada, puesto que en la instancia quedaron fuera del recurso las limitaciones temporales.
El alto tribunal considera que la justificación de las limitaciones realizadas por la Orden recorrida dan cumplimiento a los requerimientos de motivación de la Ley de Horarios Comerciales, que exige una conexión o vínculo entre las limitaciones territoriales y temporales establecidas y los supuestos o circunstancias la concurrencia de las cuales determina la declaración de zona de gran afluencia turística, es decir, la concentración suficiente de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos, declaración de Patrimonio de la Humanidad, etc.
“En efecto –indican los magistrados-, la propuesta del Ayuntamiento de Burgos y la Orden impugnada de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, efectúan una referencia exprés a los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor que justifiquen la limitación territorial, como exige el artículo 5.4 de la LHC, en la redacción dada por el RD-ley 8/1014 y la Ley 18/2014”.
En cuanto a los intereses comerciales tenidos en cuenta, la sentencia indica que la propuesta del Ayuntamiento y la declaración de zona de gran afluencia turística aprobada por la Comunidad de Castilla y León, hacen referencia al parecer de los sectores comerciales de la ciudad presentes en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, que en Pleno de 31 de marzo de 2016, acordó por unanimidad apoyar a la solicitud de declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de aplicación del régimen especial de horarios comerciales, que pueda en su momento efectuar el Ayuntamiento de Burgos, “…siempre que esta se produzca con un ámbito territorial delimitado a la Zona de la Catedral y la Zona de Protección especial aprobada por la UNESCO”.
La sentencia indica expresamente:
“Esta limitación territorial interesada por los sectores comerciales representados en la Cámara Oficial de Comercio de Burgos, que comprende 78 hectáreas que incluyen los principales esos comerciales de la ciudad, es coincidente con la limitación territorial incluida en la propuesta del Ayuntamiento de Burgos e incorporada en la declaración de zona de gran afluencia turística aprobada por la orden de la Comunidad Autónoma de Castilla y León”,
“Además del apoyo exprés y unánime de las asociaciones de comerciantes de Burgos a la propuesta del Ayuntamiento -prosigue la resolución-, que permite apreciar que el Ayuntamiento ha atendido los intereses comerciales que las indicadas asociaciones representan, la solicitud del Ayuntamiento justifica la delimitación territorial que propone al señalar que la misma comprende ‘una parte razonable de los principales esos y áreas comerciales, así como gran parte de los itinerarios comerciales consolidados por los visitantes que acuden en la ciudad”, y es la zona “donde se sitúan las principales cadenas comerciales como Mango, Zara, Cortefiel, etc.”
El alto tribunal concluye que la solicitud del Ayuntamiento de Burgos “ha justificado los intereses comerciales, turísticos y en interés de los consumidores que concurren en la delimitación territorial de la zona de gran afluencia turística propuesta, dando cumplimiento a las exigencias de motivación específicas del artículo 5.4 de la *LHC, con desestimación del recurso de casación”.
Clic aquí para acceder a la sentencia
Sentencia del TJUE sobre la exclusión del asesoramiento jurídico en la legislación de contratación pública
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la validez del artículo 10, letras c) y d), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública, y que se ha presentado en el contexto de un litigio entre unos particulares y el Consejo de Ministros de Bélgica en relación con la exclusión, en aplicación de la normativa belga que ha traspuesto las disposiciones de la Directiva citada, de determinados servicios jurídicos de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
Los demandantes en el litigio principal –abogados y juristas– interpusieron ante el Tribunal Constitucional de Bélgica un recurso de anulación contra las disposiciones de la Ley de contratos públicos que excluían determinados servicios jurídicos y determinados servicios de arbitraje y conciliación en el ámbito de esta ley: entienden que esta exclusión supone una diferencia de trato que no se puede justificar. El órgano jurisdiccional remitente considera que se plantea la cuestión sobre si la exclusión de estos servicios de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos es contraria a los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión, relativos a la plena competencia, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento, y si los principios de subsidiariedad y de igualdad de trato no tendrían que haber conducido a una armonización de las normas de la Unión también en cuanto a estos servicios.
El TJUE concluye que no se ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar la validez de las disposiciones del artículo 10 de la Directiva desde el punto de vista de los principios de igualdad de trato y subsidiariedad.
En relación con los servicios de arbitraje y conciliación, el considerando 24 de la Directiva denuncia que los órganos o personas que prestan servicios de arbitraje o de conciliación y otras formas de resolución alternativa de controversias se seleccionan de una manera que no se puede regir por las normas de adjudicación de contratos públicos: los árbitros y los conciliadores se tienen que aceptar por todas las partes del litigio y son ellas quien las designan; un organismo público que inicie un procedimiento de adjudicación de contratos públicos para un servicio de arbitraje o de conciliación no puede, en consecuencia, imponer a la otra parte el adjudicatario del contrato como árbitro o conciliador común. Por eso, los servicios de arbitraje y conciliación, previstos al artículo 10 de la Directiva, no son comparables con el resto de servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24, por lo cual, el legislador de la Unión no habría vulnerado el principio de igualdad de trato cuando los ha descartado, en el marco de su facultad de apreciación.
En cuanto a los servicios prestados por abogados, del considerando 25 de la Directiva se desprende que el legislador de la Unión ha tenido en cuenta el hecho que estos servicios jurídicos se prestan habitualmente por organismos o personas designados o seleccionados de una manera que no se puede someter a las normas de adjudicación de los contratos públicos en determinados Estados miembros, de forma que procede excluir estos servicios del ámbito de aplicación de la Directiva. El TJUE señala, no obstante, que el artículo 10 de la 4 Comisión Jurídica Asesora Directiva no excluye todos los servicios que pueda prestar un abogado en beneficio de un poder adjudicador del ámbito de aplicación de la Directiva citada, sino únicamente la representación legal de su cliente en un procedimiento ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, así como también el asesoramiento jurídico prestado como preparación del procedimiento. Estos servicios prestados por un abogado solo se conciben en el marco de una relación intuitu personae entre el abogado y el cliente, marcada por la más estricta confidencialidad.
Además, la confidencialidad de la relación entre el abogado y el cliente se podría ver amenazada por la obligación del poder adjudicador de precisar las condiciones de adjudicación de este contrato y la publicidad que se tiene que dar.

References: resolución 
 artículo 178
 artículo 178
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 artículo 10
 artículo 10