Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU134-98.htm
Timestamp: 2019-06-26 14:26:45+00:00

Document:
SU134-98
Sentencia SU-134/98
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CARRERA JUDICIAL-Nombramiento de funcionario y empleado que obtuvo mayor puntaje
Procedencia: Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
Sentencia aprobado en Santafé de Bogotá D.C., en la sesión de la Sala Plena de la Corte Constitucional a los dos (2) días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, procede a la revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova, y por el fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso de tutela formulado por el señor Marco Tulio Borja González contra el Tribunal Superior de Montería.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección número Seis de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.
El demandante presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, el 13 de marzo de 1997, sobre la base de los siguientes antecedentes:
1. El Honorable Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. 070 de 1994, convocó a concurso de méritos para designar jueces de la república, participando el actor en la especialidad de Civil del Circuito, obteniendo así el primer lugar con un puntaje de 607.81, siendo incluido primero en la lista de elegibles, entre nueve (9) participantes para el cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica, lista que fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
2. Mediante Acta No. 006 del 6 de febrero de este año, el Tribunal mencionado, procedió a proveer los distintos cargos de jueces vacantes en su jurisdicción, nombrando entre ellos, al señor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, como nuevo Juez Civil del Circuito de Lorica, persona que ocupó el séptimo puesto en la lista de elegibles para dicho cargo, con un puntaje de 466.36.
3. Ante tal situación, el demandante, señor Borja González, considera que el Tribunal Superior de Montería, mediante dicho nombramiento le ha violado sus derechos fundamentales a la igualdad, y al trabajo, pues considera que al hacerse una convocatoria por parte del Consejo Superior de la Judicatura para elaborar listas de elegibles a los diferentes cargos de carrera judicial, busca con ello garantizar a los concursantes igualdad de oportunidades para acceder a ocupar cargos judiciales. Señala que por tal motivo, y de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, el nombramiento deberá recaer sobre quien haya obtenido el mayor puntaje y se encuentre encabezando la lista.
Mediante fallo del tres de abril del presente año, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova, resolvió negar la presente acción de tutela. Consideró dicho Tribunal que respecto de los actos administrativos emanados del Tribunal Superior de Montería, como son el acto por el cual el demandante fue postulado al cargo de juez Civil del Circuito de Lorica, obteniendo cuatro votos a favor y cinco en contra, y en segundo término el acto por el cual fue elegido al cargo en cuestión al señor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, existen otros mecanismo de defensa judicial, que hacen improcedente la presente tutela. Señala finalmente, que la utilización de la tutela como mecanismo transitorio, no depende del querer del peticionario, sino de la situación fáctica que ameritan su utilización. Por tal motivo, procedió a negar la presente tutela.
Impugnada la anterior decisión, conoció en segunda instancia la Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, la cual procedió a revocar la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova, y en su lugar rechazó la tutela. Consideró el Consejo de Estado que al demandante le asisten otros medios de defensa judicial, como son los propios para atacar los actos administrativos que él considera lo han afectado. Señaló también, que en este caso la tutela tampoco procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues si bien el actor citó numerosa jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, no demostró el perjuicio irremediable que se le pueda causar. Por tal motivo y sin tener que entrar a decidir de fondo el Consejo de Estado resolvió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar proceder a rechazar la presente tutela.
III. ACTUACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Remitido el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, este fue escogido por la Sala de Selección Número Seis, mediante auto del 20 de junio de 1997, y acumulado junto con el expediente de tutela de la señora Ana Lucía Martínez Giraldo, por considerar la Sala que había unidad temática en los mismos. Los expedientes fueron repartidos al despacho del Magistrado Hernando Herrera Vergara.
Avocado el conocimiento de los expedientes, se procedió mediante Auto de la Sala Sexta de Revisión del 18 de septiembre de 1997, a desacumularlos, pues si bien la temática contenida en dichas tutelas era similar, la situación fáctica desarrollada en cada una de ellas no permitía que fueren falladas en una misma sentencia.
Además, como consecuencia del análisis del expediente de tutela del señor Borja González, la Sala Sexta de Revisión, mediante auto del mismo 18 de septiembre de 1997, resolvió declarar la nulidad de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia. Consideró la Sala que siendo la pretensión inicial del demandante la de obtener su nombramiento, este tendría un primer efecto cual sería el de relevar del cargo a quien ya fue nombrado, violándose el derecho fundamental al debido proceso de dicho funcionario, pues en ningún momento le fue notificada la iniciación de la acción de tutela, negándosele de forma directa, su derecho de defensa. Por tal motivo, y ante la falta de notificación al doctor Carmelo Ruíz Villadiego, funcionario nombrado como juez Civil del Circuito de Lorica, se procedió a decretar la nulidad de los fallos en cuestión. A su vez, se ordenó al Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova, notificar además de la parte demandada, al doctor Ruíz Villadiego.
IV. INFORMACIÓN ADICIONAL ALLEGADA A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL SEÑOR CARMELO DEL CRISTO RUÍZ VILLADIEGO.
Mediante escritos allegados a esta Corporación por el señor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego los días quince de agosto y tres de septiembre de 1997, señala lo siguiente en relación con la tutela interpuesta por el señor Marco Tulio Borja González:
1. Mediante escrito del quince de agosto de 1997, dirigido al Magistrado de esta Corporación, doctor Hernando Herrera Vergara, señaló lo siguiente:
“Soy CARMELO DEL CRISTO RUÍZ VILLADIEGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.617.701 de Chinú, quiero muy respetuosamente hacerle saber algunas inquietudes acerca de la Acción Tutelar referenciada:
1. Desde el inicio del procedimiento en comento he venido considerando que se me ha debido notificar para hacerme parte por cuanto el único afectado con una decisión adversa sería yo, lo cual espero en Dios no suceda: El no oírme me vulnera el derecho a defenderme, fíjese por ejemplo : Antes de la elección había solicitado al tener del artículo 165 inciso 3. Ley 270 de 1996, la actualización de mi puntaje, y es así como en la actualidad, dicho puntaje supera al del accionante.
2. El accionante no concursó para Juez Civil del Circuito sino para Juez Agrario, homologación que en mi modesto sentir viola el Artículo 13 Constitución Nacional Colombiana, por cuanto el acuerdo homologador basado en el Artículo 202, Ley 270 de 1996 contempla una situación diferente al concurso de méritos.
3. Me vengo desempeñando en el cargo de JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO de Lorica desde el 1° de Abril del año de 1992.
4. El accionante ya fue elegido Juez 9o. Civil del Circuito de Barranquilla. Este hecho puede comprobarse oficiando al H. Tribunal Superior de Justicia de Barranquilla.
“Doctor Herrera Vergara he querido exponer lo anterior, por que a no dudarlo ello, servirá para una mayor ilustración del caso sub-examine.”
El señor Ruíz Villadiego anexó al anterior escrito, certificación expedida por la Secretaría del H. Tribunal Superior de Justicia de Montería; Copia del Acuerdo No. 105 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y un Oficio emanado del Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Administrativa de Montería.
Posteriormente, en escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día 3 de septiembre del presente año, el doctor Ruiz Villadiego señaló lo siguiente:
“Dentro de la acción de tutela de la referencia quiero hacerles saber que me encuentro escalafonado en el Cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica; asimismo quiero ratificar lo dicho en anterior memorial en el sentido de que el Doctor MARCO TULIO BORJA GONZÁLEZ, se encuentra desempeñando actualmente el cargo de Juez Noveno (9o) Civil del Circuito de Barranquilla.
“Para avalar lo anterior estoy anexando copia autenticada del Acuerdo No. 2.402 de Julio 31 de 1997 y de la respectiva acta de posesión.”
El señor Ruiz Villadiego anexa lo señalado en el escrito.
V. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA.
Mediante sentencia del 23 de octubre de 1997, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova resolvió rechazar por improcedente la presente acción de tutela. En breves consideraciones, dicho Tribunal señaló que al actor le asistían otras vías de defensa judicial, como eran las vías ordinarias para atacar los actos administrativos emanados del tribunal Superior. Además, como la acción de tutela se había impetrado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual no se vislumbra en el presente caso, pues no se dan las circunstancias que ameriten la utilización de la tutela.
Por decisión de la Sala Sexta de Revisión, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 54 A del Reglamento de esta Corporación (Acuerdo 01 de 1996), se decidió remitir el proceso de la referencia para estudio y revisión de la Sala Plena, para unificación de jurisprudencia, habiéndose decidido que este fuera fallado con posterioridad al juicio del cual es demandante el señor Carlos Giovanny Ulloa Ulloa.
Atendiendo los criterios que ya la Corte Constitucional había fijado con respecto a los concursos en carrera administrativa y judicial, en sentencia de unificación de jurisprudencia SU-133 del 2 de abril de 1998, expresó:
Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla". Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-256 de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.).
Con base en los principios expuestos, aplicados al caso sub-exámine, cabe manifestar que la acción de tutela no esta llamada a prosperar por las siguientes razones:
1. Según se desprende del documento que obra a folio 135 del expediente, el doctor Marco Tulio Borja González concursó para el cargo de Juez Agrario; pero en virtud del Acuerdo No. 105 de 21 de mayo de 1996, pasó a formar parte del registro de elegibles correspondiente al cargo de Juez Civil del Circuito.
2. En el Acuerdo mencionado, suscrito por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se señaló que “los concursantes inscritos en el Registro Nacional de Elegibles para proveer las vacantes de jueces agrarios, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley 270 de 1996, formarán parte del Registro correspondiente al cargo de Jueces Civiles del Circuito”.
3. De acuerdo con el acta que obra a folio 141 del expediente, el demandante, doctor Marco Tulio Borja González tomó posesión el 13 de agosto de 1997 como Juez 9o. Civil del Circuito de Barranquilla en propiedad.
4. En el documento de 6 de agosto de 1997, suscrito por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento de Córdova, que obra a folio 135 del expediente, se expresa que “como consta en la Resolución No. 17 del 12 de junio de 1997, el puntaje obtenido por el Doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien desempeña en el cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica, es de 616.86, mientras que el puntaje obtenido por el Doctor Marco Tulio Borja González, es de 607.81”.
De conformidad con estos documentos, se tiene que por encima del puntaje del demandante, se encontraba el del doctor Ruiz Villadiego, con mayor puntaje que él, aparte de la consideración según la cual evidentemente el actor concursó para un cargo diferente al de Juez Civil del Circuito, es decir, el de Juez Agrario, que en virtud de un Acuerdo suscrito por el Consejo Superior de la Judicatura, pasó a formar parte del Registro de Elegibles, correspondiente al cargo de Juez Civil del Circuito.
Aunque en el presente asunto no es objeto de análisis la validez del citado Acuerdo, lo cierto es que en las circunstancias anotadas, los derechos del accionante no aparecen desconocidos, toda vez que dentro del proceso de tutela se pudo establecer que por encima del puntaje que él obtuvo, está el logrado por el nombrado, según se desprende del documento emanado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdova.
Por lo anterior, resulta que, carece de fundamento la pretensión del demandante, razón por la cual se revocará la sentencia materia de revisión en cuanto se rechazó por improcedente la tutela impetrada, ya que la acción pertinente ejercida sí es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, para casos como el presente, y en su lugar se denegará el amparo solicitado, por los motivos expresados en esta providencia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
REVOCASE la sentencia del 23 de octubre de 1997 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova, y en su lugar se dispone:
Primero: DENEGAR la tutela formulada por el doctor Marco Tulio Borja González, por los motivos expresados en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.

References: artículo 31
 artículo 165
 Artículo 13
 Artículo 202
 artículo 54
 artículo 202
 Resolución 
 artículo 36