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Timestamp: 2019-05-21 09:23:14+00:00

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INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO.
Artículo 164. Principios de la intervención administrativa en el uso de suelo y la edificación.
La vigencia de la ordenación idónea conforme a esta Ley para legitimar la actividad de ejecución.
La cobertura en proyecto técnico aprobado administrativamente, cuando sea legalmente exigible.
3. A tal efecto, las autoridades y los funcionarios esten obligados a iniciar y tramitar, en los plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio de tales potestades. El incumplimiento de estos deberes podrán dar lugar a responsabilidad.
Artículo 165. Coaboración en el ejercicio de las funciones urbanísticas.
1. Los Ayuntamientos que no dispongan de medios técnicos, jurídicos o materiales suficientes para el ejercicio eficaz de las potestades a que se refiere el artículo anterior podrán recabar en forma individual o mancomunada la asistencia del correspondiente Cabildo Insular para el ejercicio de sus competencias. La asistencia se formalizará mediante convenios de colaboración entre las Administraciones implicadas.
3. Las entidades y los particulares tienen el deber de colaborar en el desarrollo de las funciones de control que esta Ley atribuye a las Administraciones con competencias en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
a. Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de compensación o reparcelación.
b. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.
c. Las obras de ampliación de construcciones, edificaciones e instalaciones de toda clase existentes.
d. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda clase.
e. Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea su uso. Asimismo, la modificación del número de sus unidades funcionales susceptibles de uso independiente.
f. Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
g. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
h. La primera utilización y ocupación de las edificaciones e instalaciones en general.
i. La modificación del uso de las edificaciones e instalaciones.
j. Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo y los trabajos de abancalamiento y sorriba para la preparación de parcelas de cultivos, sin que las operaciones para labores agrícolas tengan la consideración.
k. La extracción de áridos y la explotación de canteras.
l. La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo.
m. Los cerramientos de fincas, muros y vallados.
n. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
ñ. La ubicación provisional o permanente de edificaciones y construcciones prefabricadas e instalaciones similares.
o. La instalación de invernaderos y de cortavientos.
p. La tala o poda de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente.
q. La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
r. Las construcciones e instalaciones que afecten al subsuelo.
s. La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas de cualquier clase.
t. La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.
u. Los actos de construcción y edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones destinadas al transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio.
v. Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación de recursos naturales, territorial o urbanístico.
2. Están también sujetos a previa licencia urbanística los actos de construcción, edificación y uso del suelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que otorgue atente titular de dicho dominio.
4. Cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística a los efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Los informes técnico y jurídico de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable.
El plazo máximo para la resolución expresa será de tres meses, a contar desde la presentación en forma de la correspondiente solicitud.
Transcurrido el plazo máximo para resolver expresamente, podrá entenderse a todos los efectos otorgada la licencia interesada. El comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación.
Artículo 167. Actos promovidos por las Administraciones públicas.
1. Los actos relacionados en el artículo 166 de esta Ley, promovidos por órganos de las Administraciones públicas o entidades de derecho público que administren bienes de aquéllas, estarán igualmente sujetos a licencia urbanística previa, salvo en los casos expresamente exceptuados en el número siguiente o por la legislación sectorial aplicable.
3. La resolución del procedimiento de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 9 legitimará por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos a que se refiere la letra b) del número 1 del artículo 11.
4. Los proyectos de construcción, edificación y uso del suelo contemplados en la letra c) del número 1 del artículo 11 serán sometidos a consulta del Ayuntamiento correspondiente por plazo adecuado en función de las características del proyecto de que se trate y nunca inferior a un mes; además y simultáneamente, se recabará informe del referido Ayuntamiento acerca de la conformidad o disconformidad de tales proyectos con el planeamiento en vigor. En caso de extraordinaria urgencia, debidamente motivada, el plazo mínimo podrá reducirse a la mitad. La intervención municipal dará lugar, en todo caso, a la liquidación y pago de la tasa correspondiente.
5. Intentado sin efecto el procedimiento de cooperación y cuando los proyectos discrepen de la ordenación en vigor, su aprobación definitiva requerirá, en todo caso, acuerdo favorable del Gobierno de Canarias, que precisará los términos de la ejecución y determinará, en su caso, la procedencia de la incoación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento de ordenación.
Artículo 168. Competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas.
2. No podrán otorgarse licencias urbanísticas cuando esten sujetas al previo informe o autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma hasta que por el promotor se acredite la obtención de tal informe o autorización:
Artículo 169. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística.
1. Las licencias urbanísticas, que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de los de un año para iniciar las obras y dos años para terminarlas.
4. Sustituyendo al órgano municipal competente, la declaración de la caducidad podrá ser efectuada por el Cabildo Insular si, requerido aquel al efecto, no iniciara el procedimiento pertinente dentro de los diez días siguientes a la recepción del requerimiento o habiendo sido iniciado, no se resolviera en el plazo de tres meses, siempre que concurran los requisitos previstos para ello en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 170. Licencias urbanísticas para actos que requieran aprobación o autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. En suelo rústico, los Proyectos de Actuación Territorial y las Calificaciones Territoriales, cuando sean necesarias conforme a esta Ley, ultiman la ordenación urbanística y legitiman las actividades de ejecución. Las licencias urbanísticas correspondientes deberán solicitarse dentro de los seis meses siguientes a la aprobación del Proyecto de Actuación Territorial o al establecimiento de la Calificación Territorial.
4. Son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación Territorial cuando sean precisos de conformidad con esta Ley.
Artículo 171. Efectos de la licencia urbanística.
1. La obtención de la licencia urbanística legitima la ejecución de los actos y el desarrollo de los usos y actividades correspondientes. Sin embargo, cuando las licencias urbanísticas resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, en virtud de la aprobación de un nuevo instrumento prevalente o de la revisión o modificación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquéllas, y las obras o usos no hayan aun concluido, se aplicará el siguiente régimen:
El Ayuntamiento podrá declarar motivadamente la disconformidad, que conllevará, como medida cautelar, la inmediata suspensión de las obras o de los usos por plazo máximo de cuatro meses.
En caso de inactividad del Ayuntamiento, el Cabildo Insular podrá declarar tal disconformidad y suspensión, y en los términos del artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Previa audiencia del interesado, el Ayuntamiento revocará la licencia, total o parcialmente, dentro del período de vigencia de la suspensión legal, determinando, en su caso, los términos y condiciones en que las obras ya iniciadas o los usos que venían desarrollándose puedan ser terminadas o continuar desarrollándose, respectivamente, con fijación, en su caso, de la indemnización a que por los daños y perjuicios causados hubiera lugar.
La calificación definitiva cuando se trate de viviendas de protección oficial, la cédula de habitabilidad cuando se trate de viviendas libres y la licencia municipal de primera ocupación en los demás supuestos.
En suelo rústico, además, el acuerdo de aprobación del Proyecto de Actuación Territorial o el de Calificación Territorial o, en su caso, certificación administrativa acreditativa de no ser exigible ni uno ni otro.
INSPECCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO.
Artículo 173. Funciones de inspección.
MEDIDAS DE GARANTÍA Y PUBLICIDAD DE LA OBSERVANCIA DE LA ORDENACIÓN AMBIENTAL, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
Artículo 174. Inscripción de actos administrativos en el Registro de la Propiedad
Deberá hacerse constar, en todo caso, en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos por la legislación estatal reguladora de éste, cualquier acto administrativo que, en virtud del planeamiento, de su desarrollo o de sus instrumentos de ejecución, modifique el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.
Artículo 175. Publicidad en obras de construcción, edificación y urbanización.
1. En toda obra de construcción, edificación o urbanización será preceptiva la colocación de un cartel con las dimensiones y características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e indicativo del número y la fecha de la licencia urbanística u orden de ejecución o, tratándose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO.
SECCIÓN I. ACTOS EN CURSO DE EJECUCIÓN SIN CONCURRENCIA DE LOS PRESUPUESTOS LEGALES QUE LOS LEGITIMAN O CONTRAVINIENDO SUS CONDICIONES
Artículo 176. Medida cautelar de suspensión de actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo sin los presupuestos legales legitimantes o contraviniendo sus condiciones.
4. El incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de hasta diez multas coercitivas impuestas por períodos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 5 % del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de 100.000 pesetas. Del incumplimiento se dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder.
SECCIÓN II. RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO
Artículo 177. Restablecimiento del orden jurídico perturbado y su independencia de la sanción de las infracciones administrativas.
1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el artículo anterior o cualquier otro realizado sin la concurrencia de los presupuestos legitimantes de conformidad con esta Ley, aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso.suspendido o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos en la legislación de procedimiento administrativo, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.
2. La apreciación de la presunta comisión de una infracción a esta Ley dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste.
Artículo 178. Legalización de los actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo.
3. Si al tiempo de formularse la propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se hubiera incoado no se hubiera procedido aun a instar la legalización, se propondrá, y en la resolución definitiva se acordará, la imposición, mientras no se formule efectivamente la solicitud pertinente, de hasta doce multas sucesivas coercitivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5 % del coste de las obras, en su caso, y como mínimo, de 100.000 pesetas.
Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
2. Si en el momento de formularse la propuesta de resolución en el procedimiento sancionador aún no hubiera recaído resolución en el de legalización, la que ponga fin a aquel deberá dejar pendiente expresamente la adopción de las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido hasta que recaiga resolución en el procedimiento de legalización, la cual deberá ser comunicada, en todo caso, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
3. En ningún caso la Administración puede dejar de adoptar tales medidas, las cuales deberán ordenarse aun cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción a esta Ley.
Artículo 180. Plazo para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
1. La Administración sólo podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos esten en curso de ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras o el cese en el uso.
Los de parcelación en suelo rústico protegido o comprendido en un espacio natural protegido.
Los de construcción, edificación o uso del suelo y subsuelo, cuando hayan sido ejecutados o realizados:
Sin licencia urbanística y, en su caso, calificación territorial previa o contraviniendo las determinaciones de ellas, cuando una y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las categorías de suelo rústico establecidas en el apartado a) del artículo 55 de esta Ley.
En dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo.
Afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos de la legislación sobre el Patrimonio Histórico.
Los que afecten a viales, espacios libres o zonas verdes públicas.
Los que afecten a áreas no edificables privadas, que sean computables a efectos de la capacidad alojativa de los centros turísticos.
SECCIÓN III. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO
Artículo 181. Parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
Artículo 182. Reducción de la multa por reposición de la realidad alterada a su estado anterior.
Si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieren ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75 % de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho.
Artículo 183. Incumplimiento de órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior.
El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior a la comisión de la infracción dará lugar, mientras dure, a la imposición por la Administración actuante de hasta doce sucesivas multas coercitivas por plazos de un mes e importe mínimo de 100.000 pesetas, sin perjuicio de las que ya hubieran podido imponerse con anterioridad conforme a lo dispuesto en esta Ley. En todo caso, transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva impuesta, la Administración actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente las correspondientes órdenes, con cargo al infractor.
SECCIÓN IV. LICENCIAS U ÓRDENES DE EJECUCIÓN INCOMPATIBLES CON LA ORDENACIÓN AMBIENTAL, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
Artículo 184. Suspensión de licencias y paralización de obras.
1. El Alcalde, de oficio, a solicitud de cualquier persona o a instancia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia u orden de ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata de las obras que esten aun ejecutándose a su amparo, cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya o legitime una infracción urbanística grave o muy grave.
2. El Alcalde o, en su caso, el Presidente del Cabildo Insular, procederá a dar traslado directo de la resolución de suspensión al órgano jurisdiccional competente, en los términos y a los efectos previstos en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 185. Revisión de licencias urbanísticas y órdenes de ejecución.
1. Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución, cuyo contenido constituya o legitime alguna de las infracciones graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser revisadas por el órgano municipal correspondiente dentro de los cuatro años desde la fecha de su otorgamiento o dictado a través de alguno de los procedimientos establecidos para la revisión de los actos administrativos en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 186. Supuestos de responsabilidad administrativa.

References: Artículo 164

Artículo 165
 resolución 

Artículo 167
 artículo 166
 resolución 
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 168

Artículo 169
 artículo 60

Artículo 170

Artículo 171
 artículo 60

Artículo 173

Artículo 174

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 177
 resolución 

Artículo 178
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 180
 artículo 55

Artículo 181

Artículo 182

Artículo 183

Artículo 184
 resolución 

Artículo 185

Artículo 186