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Timestamp: 2019-10-15 16:44:53+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 157, de 06/04/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 157 ASUNTOS EXTERIORES PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA Sesión núm. 14 celebrada el miércoles, 6 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA: --Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a contribuir financieramente al Fondo para la Comisión de expertos para la investigación de las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en la antigua Yugoslavia y al Fondo para el Tribunal ad-hoc en relación con los crímenes de guerra cometidos en la ex-Yugoslavia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D, número 41, de 5-1-94. Número de expediente 161/000092) (Página 4997) --Pregunta del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones que han provocado el retraso de la entrada en vigor de nuestro Tratado de Cooperación Internacional con Venezuela, firmado el día 7 de junio de 1990. (BOCG serie D, número 58, de 21-2-94. Número de expediente 181/000474) (Página 4997) Dictámenes sobre: --Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de San Marino sobre la supresión de exigencia de pasaportes.
(BOCG serie C, número 55-1, de 20-12-93. Número de expediente 110/000049) (Página 4999)
--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993.
(BOCG serie C, número 56-1, de 20-12-93. Número de expediente 110/000050) (Página 4999) --Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa, relativo a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Granada el 15 de febrero de 1993. (BOCG serie C, número 57-1, de 20-12-93. Número de expediente 110/000051) (Página 5000) --Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Indonesia, relativo a los servicios aéreos regulares. (BOCG serie C, número 58-1, de 21-12-93. Número de expediente 110/000052) (Página 5001) --Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Tunecina, firmado en Madrid el 28 de mayo de 1991 y Canje de Notas de 10 de mayo de 1993 y de 13 de septiembre de 1993. (BOCG serie C, número 59-1, de 21-12-93. Número de expediente 110/000053) (Página 5002) --Denuncia del Acuerdo de supresión de visados entre España y la República de Gambia constituido por canje de notas de 09 y 10 de junio de 1966. (BOCG serie C, número 60-1, de 21-12-93. Número de expediente 110/000054) (Página 5003) --Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre exención de visado para pasaportes diplomáticos y de servicio, realizado en Madrid el 9 de agosto de 1993 y 25 de octubre de 1993. (BOCG serie C, número 61-1, de 21-12-93. Número de expediente 110/000055) (Página 5003) --Declaración de aceptación de España de la adhesión de la República de Argentina al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(BOCG serie C, número 63-1, de 5-1-94. Número de expediente 110/000057) (Página 5004) --Declaración de aceptación de España de la adhesión de la República de Singapur al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(BOCG serie C, número 64-1, de 5-1-94. Número de expediente 110/000058) (Página 5004) --Declaración de aceptación de España de la adhesión del Principado de Mónaco al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (BOCG serie C, número 65-1, de 5-1-94. Número de expediente 110/000059) (Página 5004) --Declaración de aceptación de España de la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (BOCG serie C, número 66-1, de 5-1-94. Número de expediente 110/000060) (Página 5004) --Declaración de aceptación de España de la adhesión de Australia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (BOCG serie C, número 67-1, de 5-1-94. Número de expediente 110/000061) (Página 5004) --Declaración de aceptación de España de la adhesión de Barbados al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (BOCG serie C, número 68-1, de 5-1-94. Número de expediente 110/000062) (Página 5004) --Denuncia para nacionales de Serbia y Montenegro sobre supresión de visados, constituido por Canje de Notas de 3 de marzo de 1978 entre los Gobiernos de España y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. (BOCG serie C, número 71-1, de 26-1-94. Número de expediente 110/000065) (Página 5005) --Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero de 1961 y 3 de junio de 1961 constitutivos de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre el pasaporte de visitante británico. (BOCG serie C, número 72-1, de 26-1-94.
Número de expediente 110/000066) (Página 5007) --Convenio Internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982, prorrogado por las Resoluciones 347 de 3 de julio de 1989, 352 de 28 de septiembre de 1990, 355 de 27 de septiembre de 1991 y 363 de 4 de junio de 1993, del Consejo Internacional del Café. (BOCG serie C, número 90-1, de 14-3-94. Número de expediente 110/000074) (Página 5007)
--Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965. (BOCG serie C, número 83-1, de 21-2-94. Número de expediente 110/000075) (Página 5008)
Antes de empezar, tengo que comunicarles que el Grupo Popular ha solicitado el aplazamiento de las preguntas que figuran con los números 1, 2, 3 y 4 del orden del día, todas las cuales tienen como autor al señor Martínez Casañ, por ausencia del mismo, solicitud que la Mesa ha aceptado. Por consiguiente, quedan aplazadas.
--PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTRIBUIR FINANCIERAMENTE AL FONDO PARA LA COMISION DE EXPERTOS PARA LA INVESTIGACION DE LAS VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA Y AL FONDO PARA EL TRIBUNAL AD-HOC EN RELACION CON LOS CRIMENES DE GUERRA COMETIDOS EN LA EX-YUGOSLAVIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000092.)
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el orden del día, voy a pedir una pequeña modificación del mismo, puesto que la señora Rahola, de Esquerra Republicana, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, por razones de urgencia, ha solicitado la posibilidad de empezar el turno con la proposición no de ley. He aceptado esta petición y, en consecuencia, doy la palabra a la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, agradeciendo doblemente la consideración de mis compañeros.
Presentamos esta proposición no de ley en el mes de diciembre, fruto de la sensibilidad y de la preocupación por lo que ocurría en los Balcanes y fruto también de la voluntad de que esta Cámara tuviera un compromiso aún más cerrado con lo que pasaba en los Balcanes, pero la dilación en debatirse la proposición creo que la hace innecesaria en su primera parte y en su segunda parte, puesto que hay un decreto-ley en marcha, también.
Por tanto, deplorando que haya tardado tanto en verse la proposición, la retiraría.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, la proposición no de ley queda retirada.
El señor CURIEL ALONSO: ¿Se puede fijar posición sobre el texto, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Señor Curiel, habiendo sido retirada la proposición no de ley, creo que huelga un debate sobre la misma.
--PREGUNTA SOBRE RAZONES QUE HAN PROVOCADO EL RETRASO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE NUESTRO TRATADO DE COOPERACION INTERNACIONAL CON VENEZUELA, FIRMADO EL DIA 7 DE JUNIO DE 1990. FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000474.)
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, entramos en el orden del día con la pregunta número 5, cuyo autor es don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Popular.
El Gobierno español firmó con el Gobierno venezolano, como todos ustedes saben, el 7 de junio de 1990, un convenio de cooperación por importe de 3.000 millones de dólares, de los cuales 300 seguirían el régimen OCDE, 900 tendrían un sistema mixto FAD-OCED y 1.800 irían destinados a inversiones. Este convenio era, sin duda, una importante herramienta para favorecer y facilitar no sólo las relaciones económicas entre ambos países, sino, de manera importante, nuestras exportaciones hacia Venezuela.
En julio de 1992 ya denunciábamos el retraso en la aprobación de este convenio, debido a las reticencias del propio Parlamento venezolano, y después de que se haya aprobado recientemente preguntamos ahora al Gobierno cuáles han sido las auténticas causas de que se haya producido este retraso en la aprobación del convenio.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional, señor Dicenta, a quien doy la bienvenida a esta Mesa, tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, el tratado general de cooperación y de amistad entre España y Venezuela y un acuerdo económico, que forma parte de este mismo tratado, se firmaron «ad referendum», en Madrid, el 7 de junio de 1990, con motivo de la visita a España del Presidente de la República de Venezuela. A continuación, se recabaron los distintos informes que son preceptivos de cada uno de los departamentos de la Administración implicados en este tratado y se inició la fase de tramitación del tratado, que consiste en la aprobación de la firma «ad referendum» por parte del Consejo de Ministros y en el envío a las Cortes Generales, previo dictamen del Consejo de Estado.
Cuando se finalizó la tramitación por parte venezolana, el Gobierno de aquel país comunicó el cumplimiento de los requisitos internos para la entrada en vigor del tratado a través de una nota verbal que enviaron a la Embajada de España en Caracas con fecha 30 de marzo de 1992, y por parte española se respondió con una nota, en el mismo sentido, el 26 de mayo de 1992, y ésta fue la fecha de entrada en vigor del tratado, tal como establece la disposición final del texto. Finalmente, el tratado general y el acuerdo económico fueron publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número 170, de 16 de julio de 1992.
Probablemente S. S. al hacer alusión a este retraso se refiere al que sufrió la implementación de los recursos previstos en el acuerdo económico. Este retraso se debió a la demora que hubo también en la aprobación, por parte del Congreso venezolano, de la llamada Ley de crédito público que es precisamente la Ley que permitía el endeudamiento externo del Gobierno de Venezuela para financiar los proyectos que se pudieran llevar a cabo en el marco de ese acuerdo económico. Esta Ley de crédito público, finalmente, fue aprobada por el Congreso Venezolano en el mes de julio del pasado año 1993.
El señor PRESIDENTE: El señor Hernando tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: El señor Dicenta ha procedido a hacer un relato de los hechos, sin hacer una evaluación de cuáles han sido las causas. Es sin duda muy extraño que, por las causas o motivos que ha referido el señor Dicenta, el convenio tarde más de tres años.
La verdad es que este convenio nacía después de una operación ciertamente turbia en la que intervino alguna empresa pública española.
El propio Presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, don Armando Sánchez Bueno, señaló en unas declaraciones públicas, en mayo de 1992, que el Parlamento venezolano no había aprobado la carta de crédito debido precisamente a los cambios que se habían realizado --y cito textualmente-- en la redacción del proyecto para evitar problemas de corrupción con severos controles. Es evidente que no se produce esta situación de desconfianza si no ha existido algo anterior que haya provocado estas reticencias por parte del Parlamento venezolano.
El hecho que provocó esto fue lo que ya se conoce como el caso del azúcar cubano; caso preocupante para nuestro grupo en el que se produjo la exportación de 300.000 toneladas de azúcar a Venezuela, por importe de 170 millones de dólares, en el que intervino una empresa pública, Focoex, y avalado, además, por un crédito de Fondo de Ayuda al Desarrollo, por importe de 50 millones de dólares, en el que se habló de que había habido comisiones superiores al 12 por ciento.
Esta operación desgraciada, que no sólo contravenía el sentido común sino también la propia normativa de la Dirección General de Transacciones Exteriores sobre el pago de comisiones en el exterior, y la propia normativa del Fondo de Ayuda al Desarrollo que hace que estos fondos sean para la exportación de bienes de equipo, como usted muy bien sabe de origen español, es lo que provocó la desconfianza, como he dicho antes, del propio Parlamento venezolano.
Nosotros estimamos que esta grave operación, esta situación que, además, ha tenido consecuencias claras para las exportaciones de España a Venezuela debe ser investigada a fondo y, si existen, deben depurarse las responsabilidades oportunas, porque la situación actual es también grave.
En estos momentos de ese crédito, que era al 5 por ciento y con un período de vencimiento de dos años, se encuentran pendientes de pago, después de haber vencido, más de la mitad del importe del crédito FAD.
Esto está provocando que parte del convenio, sobre todo la parte englobada con créditos de Fondo de Ayuda al Desarrollo, no se esté produciendo de la forma normal, debido a que Comercio está reclamando la deuda que tiene el Gobierno venezolano con el Gobierno español antes de proceder a incrementar la deuda de ese país.
Nosotros entendemos que los negocios de Estado, y digo negocios de Estado aquellos en los que participan empresas públicas avalados por financiación oficial, tienen que ser negocios basados en la ética y no en el pelotazo. Si se basan en esto segundo y no en lo primero traen consecuencias tan adversas como las que se han producido en este triste episodio que ha tenido grave repercusión para el prestigio español y para los intereses de los exportadores españoles en Venezuela.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Al margen de las consideraciones reales o supuestas que hace S. S., en relación con actitudes de sospecha o de recelo que pudieran existir en las autoridades venezolanas en las que no entro, me atengo estrictamente a las razones --y creo que es, en definitiva, la pregunta que me formulaba S. S.--, que han provocado retraso en la entrada en vigor del Tratado de Cooperación Internacional que se firmó con Venezuela en el año 1990.
Para explicar ese retraso me he referido puntualmente a todos los datos que hacen referencia a la tramitación
formal del Tratado general de Cooperación y Amistad entre España y Venezuela, y he hecho alusión a la imposibilidad de que pudiera entrar en vigor el acuerdo económico si las autoridades venezolanas no aprobaban previamente una Ley de crédito público que permitiera, repito, el endeudamiento externo del Gobierno de Venezuela para la financiación de proyectos en el marco de ese Tratado.
Como dicha Ley de crédito público no fue aprobada por el Congreso venezolano hasta julio del año pasado, ésa es, repito, la explicación de que no haya podido haber una mayor prontitud o celeridad en la puesta en aplicación de un Tratado que se firmó en el año 1990.
El señor PRESIDENTE: Damos por terminada la pregunta, y despedimos al señor Secretario de Estado agradeciéndole su presencia.
DICTAMENES SOBRE:
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE SAN MARINO SOBRE LA SUPRESION DE EXIGENCIA DE PASAPORTES.
(Número de expediente 110/000049.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7, dictamen sobre canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de San Marino sobre la supresión de exigencia de pasaportes.
Si en algún grupo se han producido sustituciones, hagan el favor de comunicármelas.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, Rafael Hernando por Loyola de Palacio.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, José Madero por Guillermo Martínez Casañ.
El señor PRESIDENTE: Entramos, como decía, en el dictamen del punto número 7. ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, el señor Puche tiene la palabra.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, muy brevemente.
Nosotros no encontramos, desde luego, ningún tipo de obstáculo para que España formalice este acuerdo, dada la reducida población y efectivamente el alto nivel económico del que disfrutan los ciudadanos de esta República, así como, evidentemente, por su proximidad a nuestro entorno cultural y a nuestro entorno político europeo.
En segundo lugar, habría que añadir que, por el contrario, este acuerdo nos parece beneficioso para nuestros ciudadanos en la medida que, desde luego, facilitará la entrada de los turistas españoles en esta frecuentada República.
Por tanto, vamos a apoyar, sin ningún género de dudas, este Canje de Notas constitutivo de Acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Jover tiene la palabra.
El señor JOVER PRESA: Por razones idénticas a las que acaba de indicar el señor Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, mi grupo va a votar también a favor de este Canje de Notas constitutivo de Acuerdo, puesto que, como indica muy claramente la propia memoria emitida por el Gobierno, previsiblemente el hecho de facilitar la entrada en España de esos ciudadanos de la República de San Marino no comporta riesgo alguno para nuestros intereses.
Además, tengamos en cuenta que, de acuerdo con este Canje de Notas, la no exigencia de pasaporte para los ciudadanos de la República de San Marino y de España, solamente es para estancias inferiores a 90 días, de manera, señor Presidente, que nos parece que no hay ninguna razón para continuar el debate sobre esta materia.
El señor PRESIDENTE: Creo advertir que las señoras y señores estenotipistas y taquígrafos tienen dificultades para seguir los turnos de palabra. Les ruego, por consiguiente, que hagan el máximo esfuerzo para acercarse al micrófono y hablar para que se entienda lo que se dice.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Nosotros también tenemos dificultades, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No habiendo más peticiones de palabra, procedemos, por consiguiente, a la votación.
--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO EN MADRID EL 28/04/93. (Número de expediente 110/000050.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8 del orden del día, dictamen relativo al Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Madrid el 28 de abril del año 1993.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Se trata de un Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España que ya fue firmado, como ocurre con este tipo de Tratados muy frecuentemente, «ad referendum» el 28 de abril entre el Ministerio de Justicia español y el Embajador de Colombia.
Como ocurre siempre también en este tipo de tratados y convenios, el fin principal es el cumplimiento de la pena en el país de origen, y han ido tomando cada vez más importancia y extensión para facilitar la reinserción social de las personas condenadas; se inspira, fundamentalmente, en los principios básicos del Convenio Europeo 112, sobre traslado de personas condenadas.
La amnistía y el indulto quedan como competencias del Estado trasladante, es decir, el Estado a partir del cual el condenado o sentenciado va al país tercero. Las condiciones son que la persona sentenciada sea nacional de alguno de los países que haya solicitado su traslado, que acepte expresamente la solicitud del mismo, que la sentencia sea firme y que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan delito según las normas del Estado receptor.
Las condiciones económicas son las habituales. El artículo 8 señala que el Estado receptor se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que la persona sentenciada quede bajo su custodia, y la entrada en vigor y la denuncia del Tratado son las habituales en las normas jurídicas internacionales.
Como consecuencia de las palabras que acabo de pronunciar, el Grupo al que represento en este momento apoya la ratificación de este Tratado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: El Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Colombia tiene, como fin principal --ya se ha dicho--, la reinserción social de las personas condenadas. Consta de once artículos, de los cuales interesa destacar por su importancia algunos de ellos.
El artículo 1 establece las definiciones de lo que debe entenderse por Estado trasladante y Estado receptor, siendo el primero aquel que ha impuesto la sentencia condenatoria y del cual la persona sentenciada habrá de ser trasladada, y el Estado receptor aquel que continuará la ejecución de la sentencia. La aplicación del presente Tratado extiende su ámbito al Reino de España y a la República de Colombia.
Es importante destacar también el artículo 3, relativo a la jurisdicción, en el sentido de que la concesión de amnistía o de indulto corresponderá tanto al Estado trasladante como al receptor, pero con consentimiento del Estado trasladante.
Por otra parte, se establece que la persona sentenciada continuará cumpliendo, en el Estado receptor, la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado trasladante, de acuerdo con las leyes y procedimientos del Estado receptor, sin necesidad de la autorización que otorga el Jefe de un Estado a los agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de sus cargos.
En relación a los artículos 5 a 10, que regulan los aspectos procedimentales que deben observarse para la realización del Tratado, conviene señalar que los cargos económicos del traslado los asumirá el Estado receptor desde que el preso quede bajo su custodia. Y un aspecto que se estima importante es la inexistencia de un derecho de traslado de la persona sentenciada, reservándose ese derecho a la soberanía de cada Estado, aunque con expresión de ciertos criterios en que fundar las decisiones.
La vigencia ya se ha dicho que será a los 60 días del canje de los instrumentos de ratificación, y la denuncia, que podrá ser hecha por cualquiera de los dos Estados mediante notificación escrita al otro Estado, entrará en vigor seis meses después de la fecha de dicha notificación.
Ya que el fin del Tratado es mejorar las expectativas de reinserción social del preso al poder éste cumplir condena en el Estado de su nacionalidad, conservando el Estado trasladante el «ius ponendi», mientras que el Estado receptor sólo tiene competencias ejecutivas de la sentencia impuesta en el Estado trasladante, no formulamos observaciones al mismo. No obstante, al afectar las previsiones del presente Tratado a las contenidas en los apartados c) y d), del artículo 94.1, de la Constitución española, la prestación del consentimiento del Estado español en obligarse por medio del presente tratado requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
Ninguno de los dos Estados partes, mediante sus autoridades respectivas, han realizado observaciones a este Tratado, por todo lo cual el Grupo Popular da su voto afirmativo al mismo.
El señor PRESIDENTE: No habiendo solicitado la palabra ningún otro grupo parlamentario, vamos a proceder a la votación.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA RELATIVO A LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR, FIRMADO EN GRANADA EL 15 DE FEBRERO DE 1993. (Número de expediente 110/000051.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 9 del orden del día, Convenio entre el Reino de España y la República portuguesa relativo a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Granada el 15 de febrero del año 1993.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Este Convenio que vamos a dictaminar entre España y Portugal se enmarca en la perspectiva del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y, como es natural, su entrada en vigor se condiciona al mismo Convenio. Por tanto, no es el típico convenio bilateral sobre readmisión de ilegales, sino que su ámbito creemos que es bastante más amplio. Es un Convenio
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que tiene por objeto, según se establece en su artículo 1, que cada una de las partes contratantes --en este caso España y Portugal-- readmita en su territorio, a solicitud de la otra parte, a los nacionales de terceros estados que hayan transitado o permanecido en su territorio y se hayan trasladado al territorio de la otra parte sin que satisfagan los requisitos exigibles por la parte contratante. Este es un tema muy importante, pues entre España y Portugal, con una frontera muy grande, se produce bastante movimiento de personas.
Por otro lado, hay que denotar que en los artículos 13, 14 y 15 que integran el Capítulo V se observa un error, ya que el Capítulo IV no existe. Quizá sea interesante revisar este tema.
Interesa señalar, en este caso, que el presente Convenio, como es natural, no afecta a los nacionales de la Comunidad Europea, así como a lo dispuesto en otros acuerdos o convenios internacionales en los que están vinculadas las partes contratantes por las normas del Derecho internacional.
Quiero finalizar indicando que la duración del Convenio será de tres años renovables en períodos idénticos, y que la denuncia se haría con tres meses de antelación por vía diplomática. Nuestro Grupo va a dar su aprobación al dictamen.
El señor PRESIDENTE: Tendremos que comprobar, efectivamente, la existencia de este error y solicitar que se solvente.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Brevemente, señor Presidente, puesto que se trata un poco de reiterar lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Creo que lo importante es señalar que no sólo la frontera entre España y Portugal es muy larga, sino que es muy permeable y además tiende a desaparecer. Por tanto, el Convenio que en este momento estamos ratificando tiene la importancia de aplicarse a una situación en la que no hay frontera entre España y Portugal; progresivamente va desapareciendo la frontera y, por tanto, nos vamos encontrando uno y otro país con la situación de ciudadanos terceros, aunque como bien ha dicho también el representante del Partido Popular, no se aplica a ciudadanos comunitarios o de la Unión Europea.
Como complemento del Tratado de Schengen consideramos que este Convenio es una pieza más dentro del proceso de construcción europea, y en ese sentido, y en el deseo siempre de mejorar también jurídicamente cuanto se refiere a las relaciones con Portugal, vamos a dar el voto favorable a la ratificación del Convenio. El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA, RELATIVO A LOS SERVICIOS AEREOS REGULARES. (Número de expediente 110/000052.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto décimo del orden del día, dictamen relativo al Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Indonesia respecto a los servicios aéreos regulares.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, sólo para dejar constancia, puesto que este tema lo llevaba la señora Balletbó que se encuentra indispuesta y no ha podido asistir a esta reunión de Comisión, de nuestro voto favorable a un acuerdo como éste, que es habitual para mejorar los servicios aéreos regulares entre países y tiene un especial interés, ya que se trata de una zona del planeta muy alejada de nuestro país, de una zona en crecimiento económico importante, donde podemos tener en el futuro grandes intereses, por lo cual, la mejora de las líneas aéreas, aunque sea ordinaria y habitual, en este caso tiene un interés especial, y por esa razón, señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, éste es un acuerdo sobre transporte característico entre compañías aéreas que tienen intereses convergentes o coincidentes y en ese caso tienen que establecer algún sistema de ordenamiento de tales intereses en la convergencia de estas líneas.
Este Acuerdo se rubricó, según un proyecto, tras sendas reuniones, una en 1990 en Yakarta y otra los días 26 y 27 de noviembre del mismo año en Madrid. A principios de este último mes de octubre se consiguió consensuar finalmente el texto definitivo, puesto que había habido ciertas dificultades en el tratamiento del mismo.
Este Acuerdo de referencia tiene un preámbulo que consta de 21 artículos y le acompaña un anexo. No voy a pormenorizar las partes porque sería excesivo y prolijo, puesto que son temas muy reincidentes y coincidentes, además, con otros tratados anteriormente aprobados. Sin embargo, quiero decir que en él quedan perfectamente definidas las cinco libertades del aire que se especifican en el Convenio de Chicago de 1944, y de lo que se trata, en definitiva, es de garantizar la explotación de los servicios convenidos entre las líneas de bandera de ambos países, Indonesia y España.
En este Tratado hay diligencias expedidas o convalidadas por una de las partes contratantes, no caducadas, y que serán reconocidas como válidas por la otra parte, según el
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artículo 4.º En el artículo 10 se establecen las tarifas aplicables, siempre dentro de unos niveles razonables, y que serán aprobadas, obviamente, por las autoridades aeronáuticas de ambos países.
Otros pormenores técnicos no vale la pena mencionarlos, pero sí quiero subrayar, en este caso, que el acuerdo sobre servicios aéreos regulares con la República de Indonesia es muy semejante a los Acuerdos aprobados ya con Honduras y Nicaragua, que entraron en vigor hace aproximadamente un par de años y, como consecuencia, no vemos óbice para su aprobación.
Llama la atención, sin embargo, el hecho de que las autoridades de Indonesia hayan insistido para que en el texto se incluya la fórmula que dice textualmente «Por el Gobierno de la República de Indonesia», a pesar de los intentos de nuestro país de eliminar la mención explícita «por el Gobierno». En cualquier caso, conviene no olvidar que no es éste el único convenio firmado entre el Gobierno del Reino de España y los gobiernos de otros países con tal expresión.
Por todo ello, nuestro voto va a ser favorable. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos vamos a proceder a la votación.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA TUNECINA, FIRMADO EN MADRID EL 28-5-91 Y CANJE DE NOTAS DE 10-5-93 Y DE 13-9-93. (Número de expediente 110/000053.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 11, acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República tunecina, firmado en Madrid el 28 de mayo de 1991, y el Canje de notas de 10 de mayo de 1993 y de 13 de septiembre de 1993.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, el señor Puche tiene la palabra.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Gracias, señor Presidente.
Este acuerdo de protección recíproca de inversiones entre España y Túnez, como su propio nombre indica, establece las garantías que aseguran un tratamiento, desde luego no discriminatorio, de las inversiones recíprocas de ambos países, tanto respecto de terceros países como respecto de la libre repartición de los rendimientos de la inversión.
Ciertamente, también se establecen en este Acuerdo cláusulas especiales respecto a la posibilidad de las nacionalizaciones y de las indemnizaciones en tales casos.
Con este Tratado, similar a los firmados con otros países y que ya vienen siendo habitual, como por ejemplo Chile o Argentina, y que siguen la metodología de los convenios de los países de la OCDE, se pretende limitar el riesgo político al que se ve sometida la inversión, ya que se entiende sin género de dudas el problema que puede surgir ante un cambio político que lleve aparejado un cambio de la política frente a la inversión exterior. Por tanto, un Acuerdo como el que nos ocupa en este momento, de protección recíproca de inversiones, pretende evitar ese riesgo político, ese riesgo de cambio de régimen, y atraer por esa vía, sin ninguna duda, la inversión exterior, al establecer los principios generales de la libre disponibilidad de la rentabilidad y de las inversiones, tratamiento ciertamente no discriminatorio frente a terceros países, y el establecimiento de un sistema de arbitraje en caso de controversia.
Por último --mi Grupo quiere señalarlo--, hay que resaltar que un acuerdo como el suscrito, dada la situación relativa de desarrollo de España y Túnez, tiene como objetivo incentivar la inversión en ambos países.
Habría que destacar, asimismo, tres artículos importantes de este Acuerdo, como son el artículo 6, que trata de la posibilidad de nacionalizaciones y expropiaciones en función del interés general y mediante indemnizaciones; el artículo 7, que trata de la compensación de pérdidas derivadas de las situaciones excepcionales, y el artículo 5, que garantiza la transferencia de las rentas de inversión en moneda convertible.
Por tanto, creemos que el Acuerdo es favorable y nuestro Grupo va a dar su consentimiento a la ratificación.
El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Efectivamente, en este Acuerdo, que no sólo es de cooperación económica y financiera, sino que contempla también la promoción y protección recíproca de las inversiones, el texto articulado contempla la definición de las personas físicas y jurídicas que son objeto de este acuerdo y el término de las inversiones, las propiedades inmobiliarias y mobiliarias, las participaciones sociales, los créditos financieros y comerciales, los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial, etcétera. Es decir, en su texto articulado tiene un desarrollo meticuloso en el que trata, efectivamente, de contemplar todos aquellos términos de los que es objeto este Acuerdo de cooperación, promoción y protección recíproca de las inversiones.
Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar afirmativamente.
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--DENUNCIA DEL ACUERDO DE SUPRESION DE VISADOS ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE GAMBIA CONSTITUIDO POR CANJE DE NOTAS DE 9 Y 10 DE JUNIO DE 1966. (Número de expediente 110/000054.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 12, denuncia del Acuerdo de supresión de visados entre España y la República de Gambia, constituido por Canje de Notas del 9 y el 10 de junio de 1966.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Muy brevemente, para decir que la denuncia del Acuerdo de supresión de visados con la República de Gambia tiene fundamentalmente su justificación en la inclusión de este país en lo que es la llamada lista común de Schengen, que obliga a todos los países miembros de este grupo a exigir visado a los nacionales de los países que en ella figuran. Por tanto, es una exigencia legal de este Acuerdo y nos parece razonable hacerlo.
Además, en nuestro país hay algunos problemas añadidos, como es la presencia de trabajadores ilegales en determinadas zonas, precisamente procedentes de este país. En todo caso, fundamentalmente por la primera razón y también como complemento por este segundo problema añadido que tenemos en nuestro país, nos parece acertado proceder a la denuncia de este Acuerdo. Por otra parte, ya estaba suspendido de hecho desde el año 1983 en virtud de la aplicación del apartado 6 de dicho Acuerdo. Por tanto, nos parece razonable y coherente con nuestra posición respecto al acuerdo de Schengen y vamos a votar a favor.
El señor CREMADES SENA: Por las razones expuestas por el portavoz del Grupo Popular, con las cuales coincidimos, mi Grupo apoyará también la denuncia del Acuerdo de supresión de visados entre el Reino de España y la República de Gambia.
Sin extenderme más, simplemente quiero manifestar el voto afirmativo a este Convenio.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA SOBRE EXENCION DE VISADO PARA PASAPORTES DIPLOMATICOS Y DE SERVICIO, REALIZADO EN MADRID EL 9 DE AGOSTO DE 1993 Y 25 DE OCTUBRE DE 1993. (Número de expediente 110/000055.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 13, canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre exención de visado para pasaportes diplomáticos y de servicio, realizado en Madrid el 9 de agosto de 1993 y el 25 de octubre del mismo año.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Plá.
La señora PLA PASTOR: Con fecha 29 de julio de 1991 se procedió a formalizar la denuncia del Acuerdo de supresión de visados entre el Reino de España y Turquía, firmado el 24 de agosto de 1959 mediante el envío de una nota verbal a la Embajada de Turquía en Madrid, cuyos efectos se producían el 1.º de octubre de este mismo año.
Esta denuncia es, como otras que hemos visto hoy, consecuencia de la adhesión de España al Acuerdo de Schengen, que requiere la armonización de ciertas exigencias de visados, entre ellas a los nacionales turcos.
Las autoridades turcas, sin embargo, solicitaron a las españolas que se considerase la posibilidad, al igual que en otros países pertenecientes al grupo de Schengen, de eximir de visado a determinadas categorías de pasaporte. A tal efecto, Turquía quería incluir, junto a los pasaportes diplomáticos y los de servicio, los llamados especiales, concedidos por este país con gran liberalidad.
Por parte española se aceptó la idea únicamente de eximir de visado a los pasaportes diplomáticos y de servicio. Por tanto, el canje de notas quedaba así: la exención de visado a los pasaportes diplomáticos y de servicio cuando se trate de viaje de carácter oficial o de visita privada, siempre que no suponga el ejercicio de una actividad lucrativa.
No obstante, estarán sujetos a la obligación de visado para acreditación los miembros del personal de la misión diplomática u oficina consular. En todo caso, el tiempo de estancia de los titulares de estos pasaportes exentos no excederá de 90 días.
Por tanto, el Grupo Socialista, votará afirmativamente, porque entendemos que es uno de los visados que armonizan nuestra legislación con lo pactado en Schengen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Solamente dos palabras, señor Presidente, para abundar en las manifestaciones de la señora Pla de apoyo también a la ratificación de este canje de notas.
Efectivamente, es consecuencia directa de la firma por parte de España del Acuerdo de Schengen, y se trata, sin embargo, de paliar algunos de los aspectos de ese Acuerdo
concediendo a los portadores de pasaporte diplomático y especial de uno y otro país la facilidad de trasladarse sin necesidad de visado.
Quizá sí haga falta señalar precisamente en estos días que el control de visados con Turquía parece ser cada vez más necesario, recordando precisamente que hace pocos días un conciudadano nuestro perdía la vida en un atentado terrorista, seguramente obra del partido kurdo PKK.
En estas condiciones es importante mantener esa fluidez de contactos con un país que, al fin y al cabo, es, como nosotros, miembro de la Alianza Atlántica, pero al mismo tiempo también tener en cuenta los condicionamientos que esa manifestación, cada vez más virulenta del terrorismo kurdo, produce en el país turco.
En consecuencia, señor Presidente, simplemente me resta decir que nosotros también apoyaremos este canje de notas.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18-3-70. (Número de expediente 110/000057.)
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE SINGAPUR AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18-3-70. (Número de expediente 110/000058.)
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DEL PRINCIPADO DE MONACO AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18-3-70. (Número de expediente 110/000059.)
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18-3-70.
(Número de expediente 110/000060.)
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE AUSTRALIA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18-3-70. (Número de expediente 110/000061.)
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE BARBADOS AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18-3-70. (Número de expediente 110/000062.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, los puntos siguientes del orden del día --14, 15, 16, 17, 18 y 19-- se refieren todos ellos a un mismo tema. Se trata de declaraciones de aceptación por parte de España de la adhesión de diversos países al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Lo único que varía, efectivamente, en cada uno de ellos es el nombre del país.
La Mesa sugiere que se discutan en común, a menos que algún grupo desee singularizar la defensa de un convenio en particular. Si no es así, doy por hecho que se acepta la discusión en común y, por consiguiente, ruego a los grupos que quieran hacer uso de la palabra que lo digan.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Milian.
El señor MILIAN MESTRE: Partiendo de la base de que las declaraciones de aceptación son idénticas en cuanto a su contenido, diferenciándose únicamente en el Estado que se adhiere y que a continuación se detallan, no vamos a entrar, como usted ha dicho, en pormenorizar cada uno de los casos.
Los Estados afectados por las citadas declaraciones de aceptación que han ratificado y se han adherido al citado convenio son Argentina, Singapur, Principado de Mónaco, Estados Unidos mexicanos, Australia, Barbados y República de Chipre.
El Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 tiene por finalidad facilitar la práctica de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil mediante una ordenación de las comisiones rogatorias y la ejecución de otras actuaciones judiciales, ampliando las facultades de los representantes diplomáticos y consulares, que fue firmado por España el 21 de octubre de 1976. Su instrumento de ratificación corresponde al 22 de mayo del año 1987.
Las presentes declaraciones de aceptación tienen su base, por tanto, en el párrafo 4.º, del artículo 39, del citado Convenio de La Haya, que estipula que la adhesión de un Estado sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherido y los Estados contratantes que hubiesen declarado aceptar dicha adhesión, como ahora es el caso de las distintas aceptaciones por parte de España.
Por otra parte, el mismo artículo 39 de dicho Convenio establece que un Estado no representado en el segundo período de sesiones de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado, durante la cual se adoptó el
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Convenio de referencia, podrá adherirse al mismo después de su entrada en vigor general.
Las distintas declaraciones de aceptación que se plantean hoy no tienen la menor trascendencia, ya que consisten en un acto unilateral, en respuesta a otro también unilateral, de los distintos Estados precitados, lo que permite la extensión de los efectos de su convenio multilateral sin necesidad de celebrar entre ellos nuevo convenio con idéntico contenido.
Este tipo de convenio ha facilitado, por otra parte, el funcionamiento de la Administración de Justicia respecto a los procedimientos civiles o a los mercantiles en que sea necesario practicar pruebas en el extranjero en relación a ciudadanos del país, o bien para que recíprocamente se practiquen en España pruebas acordadas por los tribunales extranjeros en relación a ciudadanos de los Estados parte en dicho Convenio.
Si bien estas declaraciones de aceptación no suponen en sí mismas una modificación sustancial del contenido del precitado Convenio de La Haya, sí implican una modificación en el ámbito subjetivo de sus efectos, y en razón de ello, ya que el Convenio de La Haya exigió en su día la previa autorización de las Cortes Generales de acuerdo con el artículo 94.1.e) de la Constitución por invadir materias que el Derecho penal reserva a la ley, la prestación del consentimiento del Estado español en obligarse por medio de las distintas declaraciones de aceptación requiere, a su vez, la previa autorización de las Cortes Generales.
Esta es la razón por la cual nosotros, como grupo, vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: El Grupo Socialista va a votar a favor también de estas declaraciones.
Compartimos la información y las razones que ha dado el representante del Grupo Popular, que, por otra parte, pensamos que son coincidentes con las que ya se formularon en esta misma Comisión en una sesión anterior al aprobar una declaración similar que afectaba, en este caso, a la adhesión formulada por la República de Chipre, que ya fue ratificada en su momento también por el Pleno del Congreso. Así que reitero nuestra disposición favorable a votar estas declaraciones.
El señor PRESIDENTE: Aunque la defensa se haya acumulado en un solo turno de palabra, creo que debemos proceder a la votación caso por caso.
Por consiguiente, vamos a proceder, primero, a la votación del número 14, que se refiere a la adhesión de la República de Argentina a dicho Convenio, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya, el 18 de marzo de 1970.
Votamos el número 15, que se refiere a la Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de Singapur al mismo convenio.
Votamos el número 16, que se refiere a la Declaración de Aceptación de España de la Adhesión del Principado de Mónaco al citado Convenio.
Votamos el número 17, Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de los Estados Unidos Mexicanos a dicho Convenio.
Votamos el número 18, Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Australia al citado Convenio.
Finalmente, votamos el número 19, Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Barbados al Convenio que acabamos de discutir.
--DENUNCIA PARA NACIONALES DE SERBIA Y MONTENEGRO DEL ACUERDO SOBRE SUPRESION DE VISADOS, CONSTITUIDO POR CANJE DE NOTAS DE 3/3/78 ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA. (Número de expediente 110/000065.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 20 del orden del día: Denuncia para nacionales de Serbia y Montenegro del Acuerdo sobre supresión de visados, constituido por Canje de Notas de 3 de marzo de 1978, entre los Gobiernos de España y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: En primer lugar, quería señalar que al someter a la consideración de esta Cámara la ratificación de una denuncia, estamos siguiendo un buen ejemplo. Quiero aprovechar esta ocasión para subrayar, como hizo en su momento el Consejo de Estado, que es de buena práctica que allí donde la Cámara es llamada a
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proceder a una ratificación, sea también llamada a proceder a la denuncia del acuerdo que originariamente ratificó.
Como en algunos casos se ha tendido a no hacerlo, es bueno recordarlo para que en todos los casos esas denuncias en esas condiciones sean efectivamente entendidas por la Cámara, según la doctrina del Consejo de Estado que a nosotros nos parece plenamente justificada.
En segundo lugar, quiero anunciar que nosotros vamos a votar favorablemente esta denuncia del acuerdo sobre supresión de visados para nacionales de Serbia y Montenegro. No hace falta decir que en este momento la situación de guerra que viven todas las repúblicas ex-yugoslavas hace por demás conveniente que se adopten determinadas decisiones de tipo cautelar par proceder a un mayor control del acceso a nuestro país de los ciudadanos que en este momento se encuentran en esa lamentable situación. No es, por otra parte, una medida nueva dentro de nuestros amigos y socios de la Unión Europea pues se ha tomado por parte de otros países miembros de la Unión Europea.
En cualquier caso, nosotros hemos pedido que se procediera también a una consideración, que denominaríamos compasiva de la situación, para que esta denuncia, que va a traer consigo la exigencia de visados para los procedentes de Serbia, Montenegro y Bosnia, no signifique falta alguna con respecto a las obligaciones que nosotros creemos que España tiene y que debe cumplir; obligaciones de tipo humanitario para todas aquellas personas que, precisamente desplazadas por la guerra, se vean impulsadas a buscar refugio o acogida en nuestro país.
Estas razones que incluyen, por una parte, la necesidad de atender a una situación lamentable de guerra y, consiguientemente, de control de nuestra seguridad; por otra, la llamada a que, en la medida de lo posible, se tenga en cuenta la necesidad de proceder a la acogida de todos aquellos desplazados por el conflicto en nuestro territorio, así como el deseo expresado en este momento de que una pacificación pronta de toda la ex-Yugoslavia pueda permitir que esta imposición de visados que en este momento ratificamos sea reconsiderada de forma que pueda desaparecer en su momento; estas razones, digo, nos llevan a anunciar nuestro voto favorable a esta Denuncia del Acuerdo sobre supresión de visados para los nacionales de Serbia y de Montenegro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Nosotros también coincidimos con las palabras que acaba de pronunciar el señor Rupérez.
Si se exige la conformidad de las Cortes Generales para aprobar un acuerdo, obviamente deberá afectar a la denuncia del mismo. Por ello, el Gobierno ha remitido a esta Cámara el Acuerdo de 3 de marzo de 1978, sobre Denuncia del canje de notas por el que se suprimió la exigencia de visado para nacionales de España y de la antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia. Ojalá pueda ser suprimida esta denuncia cuanto antes porque en la antigua Yugoslavia vuelva a reinar la paz.
Señor Presidente, conviene recordar que el acuerdo que denunciamos se firmó en su momento con un Estado que tenía un gobierno estable, con el que España mantenía relaciones diplomáticas normales. Además, se trataba de un Estado plurinacional que no planteaba ningún tipo de problemas a este respecto. Esta situación hoy día ha cambiado. El antiguo Estado yugoslavo se ha derrumbado y en su lugar han aparecido nuevos Estados: de momento, son cuatro sin contar con lo que pueda pasa en su día con Bosnia-Herzegovina. Consecuentemente, donde antes existía una situación de paz y estabilidad hoy hay, desgraciadamente, guerras, penalidades, traslado masivo de poblaciones, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, etcétera. Todo ello ha exigido una intervención de las Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos obligados --y el Gobierno así lo ha hecho-- a replantearnos esta situación. Hoy día, como consecuencia de la no exigencia de visado a los nacionales de la antigua Yugoslavia se está produciendo una situación de cierta complejidad. Durante estos dos últimos años muchos ciudadanos de la antigua Yugoslavia han entrado en nuestro país a través de un proceso no canalizado ni controlado por el Gobierno español. Ello obliga a replantearnos este acuerdo, fundamentalmente por dos razones. Ante todo porque, como decía anteriormente, no son más de 3.000 los refugiados desplazados de la antigua Yugoslavia hacia nuestro país y ello está creando, según parece, un efecto de llamada que aunque hoy en día no plantea problemas graves, en algún momento sí podría crearlos. Piénsese que cualquier ciudadano de la antigua Yugoslavia puede entrar en nuestro país sin necesidad de visado, sólo con su pasaporte en vigor.
Como muy bien ha dicho el señor Rupérez, existe un programa de naturaleza internacional con el que se intenta acoger a los refugiados de la antigua Yugoslavia y mediante el cual a cada país se le otorgan unas cuotas determinadas, pero estas cuotas no las puede aplicar nuestro país mientras no se establezca la exigencia de visado. Por tanto, ello ha obligado, no solamente a nuestro país, sino a muchos otros, a replantearse la vigencia de estos acuerdos que existían con la antigua Yugoslavia. Concretamente --si mis informaciones no son erróneas--, países como Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y Dinamarca --por citar solamente países miembros de la Unión Europea--, han procedido ya a denunciar acuerdos como el que hoy nosotros estamos denunciando. Por consiguiente, parece que esta medida es absolutamente razonable, que ya ha sido tomada con anterioridad por otros países y sobre la que no se plantean excesivas dudas sobre su racionalidad.
Para dejar bien claro el alcance de este acuerdo, quiero resaltar que la denuncia se refiere solamente a los nacionales de Serbia y Montenegro, no a los de Croacia y Eslovenia --que son Estados con una cierta estabilidad--, ni a los de Macedonia y, por el momento, tampoco a los de Bosnia-Herzegovina, aunque previsiblemente esto llegará en un futuro próximo, casi inmediato.
Por todo ello, señor Presidente, mi Grupo va a votar también favorablemente la denuncia de este acuerdo firmado con Yugoslavia el año 1978.
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El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo::
--DENUNCIA DE LOS CANJES DE NOTAS DE 15/2/61 Y DE 3/6/61 CONSTITUTIVOS DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE EL PASAPORTE DE VISITANTE BRITANICO. (Número de expediente 110/000066.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 21, Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero de 1961 y de 3 de junio de 1961 constitutivos de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre el pasaporte de visitante británico.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS JURADO: Señor Presidente, los Canjes de notas que tratamos, tanto el de febrero de 1961 como el posterior de junio de 1961, permiten que los pasaportes de visitantes británicos puedan ser expedidos a partir de esa fecha en las islas del Canal y en la Isla de Man a los súbditos británicos, ciudadanos del Reino Unido y de sus Colonias.
A los solicitantes de este pasaporte las autoridades del Reino Unido, de las islas del Canal y de la Isla de Man no les exigen pruebas documentales de su identidad ni de su status nacional, sino sólo la firma de una declaración en la que conste que son súbditos británicos y que residen en Gran Bretaña. (Se producen problemas de audición que dificultan seguir adecuadamente la intervención del orador.)
El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Santos, pero acérquese un poco más al micrófono, ya que no oyen las señoras taquígrafas.
El señor SANTOS JURADO: Este documento, por tanto es un sucedáneo del pasaporte que no garantiza suficientemente ni la identidad ni la nacionalidad de su titular y puede ser utilizado tanto por personas que no precisan visado para entrar a España, como por personas que sí lo necesitan.
Por otra parte, los compromisos adquiridos por España al adherirse al grupo de Schengen hacen necesario evitar este tipo de situaciones anómalas que permiten a una persona que necesite el visado para entrar a España la utilización de esta vía alternativa, obviando así la preceptiva obtención del visado. Por ello, se considera necesaria la denuncia de estos canjes de notas mencionados, lo que en ningún modo afecta a los compromisos internacionales adquiridos por España con los ciudadanos británicos.
Nos mostramos a favor de lo dicho anteriormente por otros portavoces en esta Comisión, en el sentido de que es bueno que se vean aquí en Comisión las denuncias de convenios y canjes de notas, cuando se produzcan. En este caso concreto, nos mostramos de acuerdo con la denuncia de este Canje de notas sobre el pasaporte de visitante británico y, por ello, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Señor Presidente, ya ha hecho el señor Santos una amplia descripción de la denuncia del Canje de notas que vamos a ratificar en este momento, aunque quizá sea importante resaltar que el pasaporte de visitante británico consiste en una forma simplificada de pasaporte, a cuyos solicitantes las autoridades del Reino Unido no les exigen pruebas documentales de ningún tipo de su identidad, ni siquiera de su status nacional, sino solamente la firma de una declaración en la que consta que son súbditos británicos. Realmente es algo así como una tarjeta de crédito pero sin necesidad de tener dinero, cosa que aún es más importante. Esto quizás emana de la aversión que tienen los sajones al control por parte del gran hermano de la identidad ciudadana, que hace que realmente se produzca este tipo de documento que al haber sido incorporado en la Isla de Man y en las islas del Canal no sólo a súbditos británicos --porque entonces sí serviría, de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea--, sino también a ciudadanos de las Colonias, por esa especial idiosincrasia de ese documento anti gran hermano, hace que sea necesario, como decía muy bien el señor Santos, la denuncia.
Quería resaltar, como ha dicho mi admirado portavoz, que, según doctrina reiterada del Consejo de Estado, los acuerdos de supresión de visados quedan comprendidos en el artículo 24.1 de la Constitución por afectar al artículo 12.2 de la Ley Orgánica y requieren previa autorización de las Cortes, por lo cual su denuncia ha de contar con este mismo requisito.
Nos congratulamos de que se haya traído a la Cámara y vamos a darle el voto favorable.
--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 1983, HECHO EN LONDRES EL 16/9/82, PRORROGADO POR LAS RESOLUCIONES 347, DE 3/7/89; 352, DE 28/9/90; 355, DE 27/9/91; Y 363 DE 4/6/93, DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFE. (Número de expediente 110/000074.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 22 del orden del día, Convenio Internacional del Café de
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1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982, prorrogado por las Resoluciones 347, de 3 de julio de 1989; 352, de 28 de septiembre de 1990; 355, de 27 de septiembre de 1991; y 363, de 4 de junio de 1993, del Consejo Internacional del Café.
¿Qué Grupos desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: El señor Presidente al enunciar las prórrogas de 1989, 1990, 1991 y 1993 ya indica la importancia del Convenio sobre el alcaloide, que vamos a prorrogar en este momento. Y poco más se puede decir, salvo que realmente se siguen cumpliendo una serie de prórrogas que la Cámara tiene que rectificar. Al Grupo Popular sólo le resta añadir que va a dar su voto favorable al mismo.
El señor CREMADES SENA: Sería ocioso por mi parte que me extendiese en la adhesión a esta cuarta prórroga del Convenio Internacional del Café de 1983, porque los tres años anteriores lo hemos venido haciendo en esta Cámara.
Como dice el Convenio, se trata de adherirse a una cuarta prórroga que se prevé, por fin, la última ya que en ella se contempla la posibilidad de la liquidación de la Organización Internacional del Café ante la imposibilidad de negociar un nuevo acuerdo al de 1983, que tuvo una vigencia de seis años y que se ha venido prorrogando en los últimos cinco. Para el sistema de regulación y de estabilización del mercado de este producto a nivel internacional ha tenido gran importancia en este Convenio que vamos a suscribir la cuarta prórroga. Aunque la incertidumbre sobre el futuro de esta regularización y estabilización del café a nivel internacional no está clara, lo que parece cierto es que con esta cuarta y última prórroga, probablemente a partir del próximo año la situación del mercado de este producto tenga una dinámica totalmente distinta a la de estos últimos años.
Por todo ello, vamos a apoyar esta cuarta prórroga del Convenio. El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, puesto que no hay ningún otro grupo que desee hacer uso de la palabra.
--CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS, HECHO EN WASHINGTON EL 18-3-65.
(Número de expediente 110/000075.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 23 y último del orden del día, Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
¿Qué grupos desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Este Convenio tiene interés puesto que supone el que España participe en otro más de los organismos del entramado del Grupo del Banco Mundial. Supone entrar en el centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones.
En este organismo están ya prácticamente todos los miembros de la Unión Europea y en él participan más de cien países. Lo extraño es que en nuestro país no haya Estado en el mismo. La participación en él asegura la resolución de los conflictos que se puedan plantear en lo que se refiere a inversiones, tanto extranjeras en España como españolas en el exterior. En los otros países signatarios lleva a mecanismos de arbitraje y de diálogo, en lugar de tener que recurrir cada vez a mecanismos bilaterales, a veces fuera de normas preestablecidas. En cualquier caso, es un mecanismo que va a facilitar la protección de las inversiones españolas en el exterior e, incluso, a propiciar que se pueda hacer en nuestro país alguna otra inversión extranjera.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente la ratificación de este Convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fabra.
El señor FABRA VALLES: Difícil será encontrar una situación en la que el Grupo Popular esté más de acuerdo con lo dicho por el portavoz socialista. Precisamente por ello, no acabamos de entender por qué en estos momentos el Gobierno español ha decidido adherirse a un Convenio, hecho en Washington hace ya más de veintinueve años, cuando en él no hay ninguna sombra. España va a entrar a formar parte de un organismo, Ciade, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, del que ya forman parte el resto de los países de la Unión Europea del que forman parte la mayoría de los países miembros de la OCDE, con un total de más de cien países. El coste para España puede ser el que suponga tramitar la sustracción a los tribunales de una medida que se va a llevar a cabo por medio del arbitraje que, por un lado, va a ayudar a dar mayor seguridad a las inversiones españolas en el extranjero y, por otro, va a facilitar el que puedan venir a España inversiones extranjeras.
También es importante que se permita la resolución de conflictos por vías lógicas de arbitraje y conciliación y que se evite así otras más complejas y a veces opacas como es el acudir a la vía diplomática. Y Dios me libre de no querer salvar aquí la persona de los diplomáticos, a los que nunca podremos agradecer la gran labor que realizan.
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Así pues, señor Presidente, el Grupo Popular va a votar a favor del presente Convenio, lamentando que no se haya llevado a cabo antes.
Señorías, antes de dar por terminada esta sesión quisiera hacerles algunas consideraciones sobre las tareas pendientes en esta Comisión. En principio, el orden del día que habíamos previsto para hoy no era exactamente el que hemos hecho. Estaba prevista alguna comparecencia, pero el señor Ministro se encuentra en viaje oficial y, por consiguiente, tuvimos que variarlo introduciendo el máximo número posible de convenios, tratados y acuerdos, así como un número considerable de preguntas que luego han sido aplazadas y una proposición no de ley, que ha sido retirada. Esto ha hecho que el orden del día haya quedado muy reducido y que la sesión haya durado poco, afortunadamente para todos ustedes. Sin embargo, es cierto que puesto que hoy es una reunión especial, en un momento en el que no había plenario, podíamos haber aprovechado más el tiempo introduciendo otros temas.
Quiero decirles que se nos hace bastante difícil la previsión. Hago un llamamiento a los grupos para que revisen las peticiones hechas para ver si algunas de ellas se pueden readaptar o retirar ya que, por la forma en que han ido nuestras deliberaciones, algunas han quedado desplazadas en el tiempo.
La Mesa se ha reunido y ha tomado el acuerdo de convocar una sesión el día 19 de abril con un contenido completamente diferente. Se nos ha asegurado que para esta fecha el Ministro de Asuntos Exteriores estará presente y, por consiguiente, será una sesión dedicada básicamente a comparecencias del Ministro y del señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional. Asimismo, incluiremos los tratados y convenios que hayan cumplido el plazo para poder ser discutidos. Espero que no nos ocurra ningún cambio de última hora, ningún percance que nos obligue a modificar el orden del día y que nos suceda un poco lo que nos ha ocurrido en la sesión de hoy. No cabe ninguna duda de que la acumulación de temas pendientes, preguntas, convenios, tratados y peticiones de comparecencia es considerable y, por consiguiente tendremos que convocar alguna sesión en días diferentes a los que consideramos lectivos en el sentido parlamentario del término. Esa es la tarea que la Mesa tendrá que estudiar.
Finalmente, quiero recordar a los miembros de la Ponencia para la reforma de Naciones Unidas que el plazo que convenimos inicialmente para aportación de sugerencias, de peticiones de comparecencias y de documentación, finaliza prácticamente esta semana. Aunque no fijamos un día exacto, les insisto para que hagan llegar a esta Presidencia estos tipos de iniciativas y de documentos para que la próxima semana podamos realizar una propuesta concreta y hacérsela llegar a todos los miembros de la Ponencia para empezar los trabajos de la misma cuanto antes.
Sin más, doy por terminada la sesión. Se levanta la sesión.

References: artículo 8
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 94
 artículo 1

artículo 4
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 94
 artículo 24
 artículo 12
 resolución 
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