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Timestamp: 2019-08-22 23:29:46+00:00

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STC 16/1984, 6 de Febrero de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034682
STC 16/1984, 6 de Febrero de 1984
Número de Recurso: Impugnación en base al Título V de la LOTC y recurso de Amparo nº 617 y 619/1983 (acumulados)
1. Frente a la autonomía municipal y provincial, el acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía aparece regulado en la Constitución de acuerdo con unos principios dispositivos que permiten que el régimen autonómico se adecúe en cada caso a las peculiaridades y características de esas regiones y nacionalidades. 2. Ello no obstante, y sin perjuicio del margen dejado a las peculiaridades y características de cada nacionalidad o región, la Constitución contiene una serie de preceptos y disposiciones referentes a la ordenación de ese proceso de reestructuración territorial del Estado, de los que se excluye el principio dispositivo, fijando normas a las que los entes autonómicos así creados deben atenerse. 3. La Comunidad Foral de Navarra se configura, pues, dentro de ese marco constitucional, como una Comunidad Autónoma con denominación y régimen específicos, que no excluyen su sometimiento, como las restantes Comunidades Autónomas, a los preceptos constitucionales que regulan el proceso autonómico. 4. El nombramiento de Presidente de la Diputación Foral se hace mediante un acto compuesto, en el que concurren la decisión del Parlamento Foral y el nombramiento por Su Majestad el Rey y el refrendo por el Presidente del Gobierno, el cual asume la responsabilidad a que se refiere el art. 64.2 de la C.E. 5. Junto al principio de legitimidad democrática, de acuerdo con el cual todos los poderes emanan del pueblo y la forma parlamentaria de gobierno, nuestra Constitución se inspira en un principio de racionalización de esta forma que, entre otros objetivos, trata de impedir las crisis gubernamentales prolongadas. En este principio se inspira, en el presente caso, la previsión de un procedimiento subsidiario para la designación del Presidente de un órgano ejecutivo, cuando la Asamblea, dentro del mismo plazo de dos meses, no haya logrado la designación por mayoría de uno de los candidatos propuestos. 6. La configuración del modelo parlamentario adoptada, inspirado en principios democráticos, supone que la Asamblea parlamentaria ha de disponer de amplias posibilidades para determinar, efectivamente, la elección del candidato a la Presidencia. Por ello, y por la preeminencia y carácter determinante de la Asamblea en el proceso de elección que se deriva de los mandatos constitucionales y estatutarios, no puede aceptarse que la propuesta del Presidente del Parlamento pueda realizarse en favor de un candidato que no haya dado oportunidad alguna a la Asamblea de pronunciarse sobre un programa, lo que resultaría un fraude a la voluntad de la Ley.
Sentencia citada en: 20 sentencias, 35 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
En la impugnación en base al Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) núm. 617/1983 y el recurso de amparo núm. 619/1983 acumulados, promovida la primera por el Abogado del Estado en representación del Gobierno frente a la resolución del Presidente del Parlamento de Navarra de 25 de agosto de 1983 proponiendo a S. M. el Rey la designación de don José A. Z. A. como Presidente del Gobierno de Navarra, y, planteado el segundo contra idéntica resolución por don Gabriel U. T., representado por el Procurador de los Tribunales, don José L. G. G. C., y bajo la dirección del Letrado don Javier A. A.. Han comparecido don José A. Z. A., representado por el Procurador don José M. D. A., y bajo la dirección del Letrado don Cruz M. E.; el partido político Unión del Pueblo Navarro, representado por el mismo Procurador, y bajo la dirección del Letrado don Luis F. M. B.; y el partido político Partido Socialista de Navarra (PSOE), representado por el Procurador don José L. G. G. C. y bajo la dirección del Letrado don Fernando M. H.. Finalmente ha comparecido, en nombre del Parlamento Foral de Navarra y de su Presidente, el Procurador don José M. D. A. y bajo la dirección del Letrado don Rafael E. C.. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel D. V., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. En representación del Gobierno, el Abogado del Estado presentó escrito impugnando en base al art. 161.1 de la Constitución Española (C. E.) y del Título V de la LOTC, la resolución del Presidente del Parlamento Foral de Navarra, adoptada al parecer el 25 de agosto de 1983, por la que propuso a S. M. el Rey el nombramiento como Presidente de la Diputación Foral de Navarra a don José A. Z. A., impugnación que se fundamenta en la violación del art. 29.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).
b) Constituido el Parlamento Foral se procedió a la elección del Presidente de la Diputación Foral, presentándose como candidato don José A. Z. A., de la UPN, siendo rechazada la candidatura por votación efectuada el 21 de junio de 1983, por 23 votos de los parlamentarios forales del PSOE y PNV contra 21 de los parlamentarios forales de la UPN y de AP-PDP-UL. En los días 23, 25 y 27 de junio se repitió la votación, con idénticos resultados.
c) El 22 de agosto se cumplió el plazo de dos meses a contar desde la primera votación, según el art. 29.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto (LORAFNA), y art. 20.8 de la Ley Foral de 11 de abril de 1983, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Al parecer, el día 25 de agosto el Presidente del Parlamento Foral efectuó la propuesta de nombramiento como Presidente de la Diputación Foral en favor de don José A. Z. A., sin que éste hubiera sido designado candidato por el partido que obtuvo el mayor número de escaños, como prevé la LORAFNA en su mencionado art. 29.3 y la Ley Foral de 11 de abril de 1983 en su art. 20.8.
f) Para precisar el fundamento constitucional exigible para la promoción del procedimiento del Título V de la LOTC hay que tener en cuenta que la amplia expresión del art. 77 de la misma Ley, «sea cual fuere el motivo en que se base», debe ser delimitada en un doble sentido: en primer lugar, el motivo que se invoque ha de tener carácter jurídico-constitucional, o, para ser más preciso, debe extraerse del bloque de la constitucionalidad. Por otro lado, ese motivo no puede ser la mera incompetencia, ya que entonces debería haberse formalizado conflicto.
4. Con fecha 7 de octubre de 1983, don José M. D. A., Procurador de los Tribunales, en nombre del Parlamento Foral de Navarra y de su Presidente, se persona en el procedimiento. Hay que hacer notar al respecto que el Presidente del Parlamento Foral de Navarra otorga el poder al Procurador señor D. en base a un acuerdo de la Mesa interina de dicho Parlamento de 8 de febrero de 1982 que faculta al Presidente «para asegurar la representación y defensa de la Cámara en toda clase de procedimientos ante Juzgados y Tribunales» y que la personación ante el Tribunal Constitucional y la designación concreta del Letrado y el Procurador para actuar en la presente impugnación «recurso constitucional» en la terminología empleada textualmente está acordada por la Mesa del Parlamento de Navarra el 5 de octubre de 1983, cuyo certificado con la firma del Presidente del Parlamento, figura como anexo núm. 2 del escrito de alegaciones. Las mismas resumidas son las siguientes:
a) Los hechos reseñados en el escrito de demanda se aceptan, si bien se complementan por el representante del Parlamento Foral de Navarra en el sentido que el PSOE en ningún momento ha presentado un candidato a la Presidencia de la Diputación Foral de Navarra. Cuando tras no admitirse la propuesta del señor Z. por el Parlamento, el Presidente del mismo propuso al señor U. -al parecer, portavoz o representante del grupo parlamentario del PSOE, extremo éste que no se precisa- que se presentase como candidato, éste rechazó tal posibilidad en los términos más categóricos. Dedúcese de ello que, mientras el señor Z. se presentó como candidato, expuso ante el Parlamento el programa del Gobierno que pretendía formar, lo defendió en debate y permitió, con todo ello, un conocimiento por el pueblo navarro, a través de sus representantes y mediante los distintos medios de difusión, de dicho programa, el señor U., en contra de los más elementales principios del sistema parlamentario, mantuvo, en primer lugar, una actitud dubitativa y, posteriormente, de forma decidida y consciente renunció a presentarse como candidato ante el Parlamento. Con ello, se alega, impidió el conocimiento, la difusión y la crítica de su programa. Por otro lado, mientras el señor Z. obtuvo en las sucesivas votaciones 21 votos a favor (13 de los parlamentarios forales de la Unión del Pueblo Navarro y ocho de los de Coalición Popular) y 23 en contra (20 del PSOE y tres del PNV), de haber presentado su candidatura el señor U. el resultado hubiera sido de 20 votos a favor (los del PSOE) y 24 en contra (13 de los de UPN, ocho de los de Coalición Popular y tres de los de PNV). Por ello, el señor U. prefirió aguardar a que transcurrieran los dos meses previstos por los arts. 29.3 de la L. O. 13/1982 (LORAFNA) y 20.8 de la Ley Foral 23/1983 para exponer su pretensión de ser considerado candidato. Pretensión que el señor P. P. no tuvo en consideración, elevando a S. M. el Rey la propuesta de designación en favor del señor Z., al ser el único parlamentario que ostentaba conforme a Derecho la condición de candidato. La impugnación frente a tal propuesta se produjo sin que las discrepancias que la motivan fueran previamente planteadas ante la Junta de Cooperación que establece el art. 69 de la L. O. 13/1982 (LORAFNA).
e) Procede a continuación el representante del Parlamento navarro a señalar las causas de inadmisibilidad, por razones objetivas, de la impugnación formulada. Primeramente, indica que en el presente caso no nos encontramos ante una disposición o resolución. Tanto el art. 161.2 de la C.E. como los arts. 76 y siguientes de la LOTC se refiere a la impugnación de disposiciones y resoluciones de órganos de las Comunidades Autónomas. Pero el acto impugnado no es una disposición, al no tener carácter normativo, ni una resolución, al constituir únicamente un trámite de los que han de seguirse hasta que por S. M. el Rey se produzca el nombramiento del Presidente del Gobierno navarro. Y, en cuanto tal acto de trámite, no es impugnable, pese al carácter vinculante de la propuesta formulada, como ha indicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Debe además rechazarse la argumentación del Abogado del Estado en cuanto que de no producirse la impugnación se produciría indefensión, pues le quedaría al señor U. el recurso de amparo, y al Gobierno el cauce del art. 69 de la L. O. 13/1982 (LORAFNA). Finalmente, en la impugnación de que se trata no se ventila una cuestión de constitucionalidad, sino de legalidad, puesto que se discute la adecuación de la propuesta, no al texto constitucional, sino a lo previsto en los arts. 29 de la L. O. 13/1982 (LORAFNA) y 20 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril.
5. Por escrito de 5 de octubre, el Procurador de los Tribunales don José M. D. A., en nombre de don José A. Z. A., presenta escrito por el que solicita se le tenga por personado en el procedimiento, y por formuladas las alegaciones que en el escrito se contienen, y suplica que el T.C. dicte Sentencia por la que se declare inadmisible la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación, o, en su caso, se desestime la misma.
Comparece, igualmente representado por don José M. D. A., el partido político Unión del Pueblo Navarro, mediante escrito de 8 de octubre por el que suplica al T.C. le tenga por comparecido y parte en el proceso, y tenga por formulada su oposición a la impugnación deducida por el Gobierno.
6. Con fecha 6 de septiembre de 1983, el Procurador de los Tribunales don José L. G. G. C., en nombre y representación de don Gabriel U. T., interpone recurso de amparo frente a resolución de 25 de agosto de 1983 del Presidente del Parlamento de Navarra por la que se propone a S.M. el Rey el nombramiento de don José A. Z. A. como Presidente de la Diputación Foral o Gobierno de Navarra. Se funda para ello en los hechos siguientes:
a) Celebradas las elecciones al Parlamento de Navarra, y constituido el mismo, no habiendo obtenido el candidato propuesto por el Presidente del Parlamento las mayorías exigidas por la normativa vigente, el Presidente del Parlamento llevó a cabo diversas gestiones acerca del recurrente para la propuesta de un segundo candidato, que no dieron resultado, al considerar el señor U. que no cumplía las condiciones exigidas por el Presidente del Parlamento, y,
b) Al cumplirse las veinticuatro horas del día 22 de agosto finalizó el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, plazo previsto por los arts. 29 de la LORAFNA y 20.8 de la Ley Foral de 11 de abril de 1983, y a cuyo cumplimiento procedía, según dichas disposiciones, la propuesta al Rey, para ser nombrado Presidente de la Diputación Foral de Navarra, del «candidato del partido que tenga mayor número de escaños» (art. 29.3 de la LORAFNA) y en términos de la Ley Foral de 11 de abril de 1983 en su art. 20.8, «del candidato que designe el partido político que cuente con mayor número de escaños». Previamente, el día 22 de agosto, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Navarra (PSOE) había requerido notarialmente al señor P. P. para que estableciera el procedimiento formal de designación de candidato.
El día 23 de agosto, el Presidente del Partido Socialista de Navarra-PSOE presentó un escrito en el Parlamento por el que manifestaba que, para el cumplimiento de los preceptos indicados, designaba al señor U. como candidato a la Presidencia de la Diputación Foral, para su nombramiento por el Rey, al ser el PSN-PSOE el partido con mayor número de escaños en el Parlamento Foral.
Por resolución de 25 de agosto, el Presidente del Parlamento propuso al Rey el nombramiento de don José A. Z. A. como Presidente de la Diputación Foral. Mediante nota informativa justificaba su decisión señalando que en estricto sentido jurídico legal es candidato «solamente aquél que en su día, habiendo sido propuesto por esta Presidencia ante el Parlamento, aceptó y compareció ante la Cámara, expuso su programa, se sometió a debate y fue votado», cualidades éstas que únicamente reunía el señor Z..
c) La interpretación realizada por el Presidente del Parlamento y la consiguiente resolución proponiendo al señor Z. vulnera, por tanto, lo dispuesto en la LORAFNA y en la Ley Foral de 11 de abril de 1983, al proponer a un candidato que ni pertenece ni ha sido designado por el partido con mayor representación, desatendiendo la propuesta hecha por éste, con lo que vulnera el art. 23.2 de la C.E., y priva, contra lo que disponen las Leyes, al recurrente de su derecho a acceder al cargo de Presidente de la Diputación Foral.
7. La Sección correspondiente del T.C., por providencia de 8 de septiembre de 1983, acordó tener por parte, en representación del recurrente, al Procurador don José L. G., así como traer testimonio a las actuaciones de lo resuelto en la impugnación por el Gobierno del acto recurrido y notificar al solicitante del amparo la suspensión resultante de la impugnación mencionada.
Por providencia de 5 de octubre de 1983, la Sección Segunda de este T.C. acuerda admitir a trámite la demanda de amparo formulada por don Gabriel U. T., y a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir al Parlamento de Navarra para que remitiera las actuaciones originales, o testimonio de las mismas relativas a la resolución impugnada.
8. Con fecha 25 de octubre comunica el Presidente del Parlamento navarro que remite testimonio de las actuaciones referentes a la resolución impugnada. En fechas posteriores, el Procurador de los Tribunales don José M. D. A. suplica al Tribunal le tenga por comparecido y parte en nombre y representación del Parlamento Foral de Navarra y de su Presidente, don Balbino B. O.; y el mismo Procurador presenta escrito en el mismo sentido, en nombre de don José A. Z. A.. Suplica igualmente comparecer en el proceso, mediante el Procurador don José L. G. G. C., el Partido Socialista de Navarra (PSOE), así como, representado por el Procurador don José M. D. A., el partido político Unión del Pueblo Navarro. La Sección Segunda del T.C., por providencia de 16 de noviembre de 1983, acordó tener por personados y partes a los indicados, así como tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Presidente del Parlamento de Navarra, acordando igualmente dar vista de las mismas a las partes personadas por plazo común de veinte días durante el que podrían presentar las alegaciones procedentes. Presentan alegaciones el Ministerio Fiscal, el Parlamento de Navarra, don José A. Z., el partido político Unión del Pueblo Navarro, el recurrente y el Partido Socialista de Navarra (PSOE).
9. Destaca en sus alegaciones el Ministerio Fiscal que el acto objeto del recurso de amparo es la decisión del Presidente del Parlamento de Navarra de proponer a S.M. el Rey a don José A. Z. A. para la Presidencia del Gobierno de Navarra, atendiendo la propuesta en este sentido efectuada el 20 de agosto por Unión del Pueblo Navarro, y desatendiendo la propuesta en favor del señor U. T. realizada por el PSN-PSOE el día 23 del mismo mes de agosto, con lo que se considera vulnerado el art. 23.2 de la C.E., al quebrantarse lo que las Leyes disponen respecto a los requisitos para ocupar un cargo público; requisitos que vendrían fijados en el art. 29 de la L. O. 23/1982, de 10 de agosto (LORAFNA), y art. 20 de la Ley Foral de 11 de abril de 1983.
10. El Parlamento de Navarra, que presenta también en el recurso de amparo sus alegaciones bajo la dirección del Letrado don Rafael E. C., manifiesta que el recurso de amparo interpuesto es inadmisible, tanto por razones subjetivas como objetivas. Por razones subjetivas, porque el señor U. no ostenta la condición de candidato, por lo que no es «persona directamente afectada», según exige el art. 46.1 a) de la LOTC en relación con el art. 42 de la misma, ya que en ningún momento ha sido propuesto como tal por el señor P. P.. Y por razones objetivas, porque el acto impugnado no es una decisión, sino una mera propuesta, que, por su carácter de acto trámite, no es susceptible de afectar los supuestos derechos de la parte recurrente. En cuanto al fondo del asunto, reitera los argumentos expuestos en el escrito de alegaciones presentado con ocasión de la impugnación por parte del Gobierno de la Nación de la propuesta en favor del señor Z. A., en virtud de los cuales suplica al T.C. declare la inadmisibilidad del recurso, o subsidiariamente la desestime y proclame ajustada a Derecho la propuesta de 25 de agosto de 1983.
11. La representación de don José A. Z. en sus alegaciones, tras una sucinta exposición de los hechos del caso, expone su posición, esencialmente, en la forma siguiente:
b) El recurso, prosigue la representación del señor Z., fundado en cuestiones interpretativas de las leyes especiales relativas a Navarra no se mueve en los términos estrictos de vulneración de la Constitución y mucho menos dentro del ámbito del bloque de la constitucionalidad. Pero, además, la resolución impugnada resulta absolutamente conforme a la legalidad. Señala el escrito del señor Z. que la LORAFNA, como todos los Estatutos de Autonomía en general, impone un procedimiento para la designación del Presidente de la Comunidad similar, salvando las diferencias institucionales, al establecido por el art. 99 de la C.E. para el nombramiento de Presidente del Gobierno de la Nación, pero, a diferencia de la Constitución, que obliga a la disolución de las Cámaras si ningún candidato obtiene la confianza parlamentaria dentro del plazo constitucional, el art. 29 núm. 3 de la LORAFNA prevé un mecanismo sustitutorio de designación que opera en el caso de que se produzca este supuesto. El recurso de amparo deducido ante el T.C. se funda en la incorrecta aplicación del mecanismo de designación automática que da solución a la situación creada por la no obtención de la confianza parlamentaria por candidato alguno. Pero la interpretación realizada por el recurrente, en el sentido de que el partido con más escaños puede designar un candidato sin necesidad de comparecencia ante el Parlamento y sin afrontar el debate y la votación parlamentaria no se compadece con la naturaleza genéricamente parlamentaria de nuestro sistema político, tanto en el ámbito de las instituciones del Estado como en el de las autonómicas, y,
c) La línea argumental esencial seguida por la representación del señor Z. descansa sobre la distinción entre un procedimiento ordinario de investidura parlamentaria y otro extraordinario, de referencia electoral, en que no se requeriría ninguna intervención parlamentaria o acto formal del candidato ante el mismo. Esta línea interpretativa, evidentemente, no es acorde ni con la letra de la Ley ni con el principio de supremacía parlamentaria. La misma Constitución, en su art. 99, ofrece un concepto formal o institucionalizado de candidato que sólo se adquiere mediante un acto formal de propuesta ante el Parlamento y de la sumisión a una serie de actuaciones parlamentarias. Sólo se puede ser candidato a la Presidencia del Ejecutivo a través de un proceso formal inexcusable que se inicia con la propuesta, se materializa en la presentación del programa y el debate y culmina con una o más votaciones.
Hay por tanto un único procedimiento para la elección del Presidente del Gobierno de Navarra, y la fórmula subsidiaria se integra en ese procedimiento y requiere un doble presupuesto de hecho: la preexistencia de candidatos y el rechazo de los distintos candidatos presentados. Esta tesis no encuentra obstáculo alguno en la confusa redacción del art. 20.8 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, que debe ser interpretada según la LORAFNA, y no literalmente. Por ello, el Presidente del Parlamento, haciendo uso del mecanismo subsidiario de designación, elevó a S. M. el Rey la oportuna propuesta de nombramiento como Presidente del Gobierno de Navarra a favor del único candidato que habría cumplido las exigencias legales, don José A. Z. A., dado que no existía otra persona que ostentara la condición formal de candidato, aplicando adecuadamente los arts. 29 de la LORAFNA y 20 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril. Por todo lo cual suplica al T.C. declare inadmisible el recurso, o en su caso, se deniegue el amparo solicitado por el señor U..
12. En sus alegaciones, el partido político Unión del Pueblo Navarro, en su exposición de hechos señala que: a) el Partido Socialista no es la primera, sino la segunda fuerza electoral de Navarra, ya que el bloque de los diversos partidos de la derecha obtuvo más votos y diputados que el PSOE; b) que, una vez denegada la investidura al señor Z., el PSOE se negó a colaborar en la tramitación de nuevas propuestas; c) que al vencimiento del plazo de dos meses señalado en el art. 29.3 de la LORAFNA sólo había entrado en el Parlamento de Navarra la designación del señor Z., ya que la del señor U. fue presentada pasadas las cero horas del día 23 de agosto, en que finalizaba el citado plazo; además, en la última designación no figuraba la aceptación del señor U.; d) que el señor B., P. P., no pudo conocer esa designación, pues el señor B. el día 24 estaba en viaje a Mallorca para presentar su propuesta al Rey; y, e) que el señor U. repetidamente señaló que no aceptaría ser propuesto como candidato a la investidura por falta de garantías de ser elegido, y por el elevado coste de las sesiones de investidura, pese a la voluntad del Presidente del Parlamento.
En cuanto a los fundamentos de Derecho del recurso, indica el escrito de Unión del Pueblo Navarro que el acto recurrido carece del carácter de firme exigido en el art. 42 de la LOTC. Por otro lado, el señor U. carece de legitimación para recurrir, puesto que no está directamente afectado por el acto recurrido: ya que, al no haberse presentado su candidatura dentro de plazo, no es candidato, ni figuraba en el registro del Parlamento al respecto en mayor medida que ninguno de los otros 500.000 navarros al finalizar el plazo señalado. Además, la designación extemporánea del PSN-PSOE no incluía la aceptación del designado.
13. Con fecha 16 de diciembre de 1983 presenta escrito de alegaciones don José L. G. G. C., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Gabriel U. T.. Indica que ratifica en todos sus términos el escrito de demanda, y hace propios los argumentos expresados por los Letrados del Parlamento de Navarra en su informe, así como los aducidos por el Abogado del Estado en la impugnación formulada por el Gobierno de la Nación, y los contenidos en el dictamen emitido por el Consejo de Estado en relación con dicha impugnación. Además, desea puntualizar determinados extremos objeto de especial controversia:
a) Señala la representación de don Gabriel U. que el acto impugnado es susceptible de recurso de amparo aun cuando Navarra no constituya una Comunidad Autónoma sino una Comunidad Foral, ya que el artículo 69 de la LORAFNA prevé que las discrepancias que se susciten entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra respecto a la aplicación e interpretación de dicha Ley, serán planteadas y resueltas «sin perjuicio de la legislación propia del Tribunal Constitucional y de la Administración de Justicia», sin que pueda exigirse la intervención de la Junta de Cooperación prevista en dicho artículo, que no se ha constituido, y cuyas normas reguladoras no han sido aprobadas. Además, las leyes estatales relativas a las CC. AA. son aplicables a Navarra en tanto en cuanto no se opongan a las disposiciones específicas que rigen esta Comunidad Foral.
14. El Partido Socialista de Navarra-PSOE, representado por el Procurador don José L. G. G. C., en su escrito de alegaciones manifiesta que se adhiere íntegramente a la postulación de amparo del señor U., y señala que el partido en cuestión sí presentó candidato para Presidente del Gobierno mediante escrito de 23 de agosto de 1983. Por lo que suplica se declare la nulidad de la resolución impugnada y se reconozca el derecho del señor U. a ser propuesto a S. M. el Rey como Presidente del Gobierno de Navarra, y la correspondiente obligación del Presidente del Parlamento a proponerle como tal.
16. Con fecha 17 de octubre de 1983, el Procurador del señor U. suplica al Tribunal proceda a acumular los procesos 617/1983 y 619/1983, derivados, respectivamente, de la impugnación por parte del Gobierno, y del recurso de amparo interpuesto frente a la propuesta efectuada por el Presidente del Parlamento de Navarra. La Sección Segunda del Tribunal Constitucional acordó por providencia de 19 de octubre de 1983 dar un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para alegar lo que estimara procedente al respecto, comunicando el Ministerio Fiscal que no se oponía a la acumulación de procesos solicitada por el recurrente.
17. Con fecha 23 de noviembre de 1983, la Sección Segunda de este T.C. acuerda, en relación con la petición de acumulación formulada, dar vista de las actuaciones a las demás partes personadas en el proceso, así como al Abogado del Estado para que alegasen, en el plazo de diez días, lo que estimasen pertinente respecto a tal acumulación. En diversos escritos las partes y el Abogado del Estado manifestaron estar conforme con la acumulación solicitada, que fue acordada por el Pleno del Tribunal el día 20 de diciembre. Con fecha del día siguiente, 21 de diciembre de 1983, la Sección Segunda del Pleno acuerda tener por recibidos los escritos de Unión del Pueblo Navarro y de don José A. Z. de fecha 7 de octubre de 1983, e incorporarlos a los Autos.
2. Dicha objeción no es aceptable a la luz de la Constitución y de la propia Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra (LORAFNA), de las que no se deduce, en forma alguna, la inaplicabilidad a Navarra de los citados arts. 161.2 de la C.E. y 76 y 77 de la LOTC. En efecto, la Constitución Española, en su art. 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, introduciendo así en el ordenamiento una nueva categoría de entes territoriales, dotados de autonomía, diferentes de los ya existentes, provincias y municipios. El art. 137 de la C.E. precisa esta nueva ordenación al señalar que «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituya», y que «todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Frente a la autonomía municipal y provincial, el acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía aparece regulado en la Constitución de acuerdo con unos principios dispositivos que permiten que el régimen autonómico se adecúe en cada caso a las peculiaridades y características de esas regiones y nacionalidades. Principio dispositivo que alcanza a materias como la denominación a adoptar, que podrá acomodarse a la tradición histórica; el procedimiento de acceso a la autonomía, que presenta diversas modalidades, como se desprende de los arts. 143, 144, 151, disposición adicional primera , disposiciones transitorias primera, segunda, cuarta y quinta de la C.E., competencias a asumir, como resulta de los artículos 148 y 149, entre otros, de la C.E., e instituciones de los entes autonómicos, siempre dentro de los límites que la Constitución señala. Como consecuencia, y en virtud de las disposiciones constitucionales, el acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones se ha producido por vías diversas y se ha configurado en formas muy distintas de un caso a otro. Ello no obstante, y sin perjuicio del margen dejado a las peculiaridades y características de cada nacionalidad o región, la C.E. contiene una serie de preceptos y disposiciones referentes a la ordenación de este proceso de reestructuración territorial del Estado, de los que se excluye el principio dispositivo, fijando normas a las que los entes autonómicos así creados deben atenerse. Estos preceptos se encuentran a lo largo de todo el texto constitucional, y se refieren a una multiplicidad de temas que, y sin carácter exhaustivo, son los siguientes: a') incompatibilidades entre la pertenencia de Diputado o Senador a las Cortes Generales y a las Asambleas autonómicas (art. 67.1 de la C.E.); b') designación de Senadores (art. 69.5 de la C. E.); c') exigencia del carácter de Ley Orgánica para las que aprueben los Estatutos de Autonomía (art. 81.1 de la C.E.); d') límites a los Decretos-leyes en cuanto a la modificación del régimen autonómico (art. 81.1 de la C. E.); e') requerimiento de información y ayuda por parte de las Cámaras de las Cortes Generales (art. 109 de la C.E.); f') participación en los proyectos de planificación (art. 131 de la C.E.), y g') extensión de la competencia del Tribunal Constitucional (art. 161 de la C.E.).
7. En el caso que nos ocupa, de todo ello viene a deducirse la importancia que reviste el que la Asamblea tenga oportunidad de pronunciarse sobre otra u otras alternativas, en el supuesto de que la primera propuesta efectuada a la Presidencia de la Diputación no dé como resultado la investidura del candidato. En este sentido, el art. 29.3 de la LORAFNA se refiere a «sucesivas propuestas», de no conseguirse la mayoría requerida en la primera, y el art. 20.6 de la Ley Foral 13/1983 dispone específicamente que, no habiéndose obtenido la investidura a la cuarta votación, se propondrá al Parlamento un nuevo candidato. Se trata, pues, en concordancia con lo arriba dicho, de ofrecer diversas posibilidades a la Asamblea de expresar su voluntad, sin restringir su elección a una opción única que, de no prosperar, hubiera de dar lugar a un procedimiento extraordinario de designación del Presidente. La configuración del modelo parlamentario adoptada, inspirado, como se dijo, en principios democráticos, supone que la Asamblea parlamentaria ha de disponer de amplias posibilidades para determinar, efectivamente, la elección del candidato a la Presidencia.
Por ello, la propuesta de un nuevo candidato, y su sometimiento a la votación parlamentaria aparece como fase esencial e imprescindible en el procedimiento de designación, fase que, sin embargo, se omitió en el presente caso, en que únicamente se propuso y votó un solo candidato, sin darse a la Asamblea la posibilidad de pronunciarse sobre otras alternativas, y sin agotarse, por tanto, las oportunidades de elección parlamentaria del Presidente de la Diputación. La propuesta se efectuó, por tanto, sin que se hubiera llevado a cabo previamente actuaciones imprescindibles en el procedimiento de elección, esto es, la propuesta al Parlamento de nueva candidatura, como expresamente impone el art. 20.6 de la Ley Foral 13/1983. Lo que viene forzosamente a representar la nulidad del acto de propuesta, por no haber agotado el procedimiento previo previsto imperativamente por la Ley, y haber omitido la práctica de actuaciones esenciales en ese procedimiento, como se deriva, según ya indicamos, de su misma naturaleza.
10. Al no haber sido pertinente la iniciación del procedimiento extraordinario, del art. 29 in fine de la LORAFNA y art. 20.8 de la Ley Foral 23/1983, no existió, en ningún momento, miembro alguno de la Cámara que pudiera ostentar el derecho a ser propuesto en virtud de dicho procedimiento, por lo que, consecuentemente, no puede hablarse de un derecho en este sentido protegible en amparo en favor del recurrente señor U., ni de violación, por tanto, del art. 23.2 de la C.E. sin que, por otro lado, haya lugar a pronunciarse sobre las costas del procedimiento ante este T.C., como fue pedido.
1 Vid., en este mismo volumen, el Auto 100/1984, que aclara los términos del fallo.
1.° Anular la propuesta de nombramiento, formulada con fecha 25 de agosto de 1983, por el Presidente del Parlamento Foral de Navarra en favor de don José A. Z. A. como Presidente del Gobierno de Navarra.
3.° Que el Presidente del Parlamento Foral de Navarra, en el plazo de cinco días naturales, a partir de la recepción en el Parlamento del testimonio de esta Sentencia, y previa consulta a los portavoces de los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, proponga un nuevo candidato a dicho Parlamento Foral.
4.° Que si el candidato propuesto no obtuviese la investidura por mayoría absoluta o por la simple en la referida quinta votación, el Presidente del Parlamento Foral proponga para el nombramiento como Presidente del Gobierno de Navarra al candidato del partido político que cuenta con el mayor número de escaños y que hubiese sido propuesto como tal al Presidente del Parlamento por dicho partido con anterioridad a la celebración de la antedicha quinta votación.
STSJ Castilla-La Mancha 20001/2009, 27 de Enero de 2009
SAP Cantabria 1143/2006, 15 de Junio de 2006
STSJ Navarra , 3 de Octubre de 2002
SAP Murcia 373/2009, 20 de Julio de 2009

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 69
 resolución 
in fine