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Timestamp: 2020-01-29 02:44:55+00:00

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Test 2019 LAJ TL
Convocatorias anteriores Examen Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre (OEP 2017+2018)
Test 2019 de la oposición LAJ TL
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre del año 2019
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de LAJ TL de 2019
1. ¿Cuántos artículo contiene la Constitución Española de 1978?
a. 170 artículos.
b. 169 artículos.
c. 172 artículos.
d. 171 artículos.
2. Conforme al artículo 168 de la Constitución Española, si se propusiere una revisión parcial de la Constitución que afecte al Título Preliminar, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la inmediata:
a. Creación de una Comisión de Diputados y Senadores que elaborará el texto que será votado en el Congreso y en el Senado.
b. Disolución de las Cortes.
c. Convocatoria de un referéndum.
d. Creación de una Comisión paritaria de Diputados y Senadores que presentará un texto que será votado únicamente por el Congreso.
3. Para la modificación de una ley orgánica, el artículo 81 de la Constitución española exige en una votación final sobre el conjunto del proyecto:
a. Las 3/5 partes de los miembros presentes en al votación del Congreso.
b. La mayoría absoluta del Congreso.
c. La mayoría simple del Congreso.
d. Las 3/5 partes de los miembros presentes en la votación del Congreso y del Senado.
Tema 4, Derecho Constitucional y Comunitario - L...
4. Conforme el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación:
a. A toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español siempre y cuando sea de nacionalidad española con independencia de cuál sea su domicilio o residencia.
b. A toda persona, física o jurídica, aunque no se encuentre o actúe en territorio español.
c. Únicamente a personas físicas, siempre que se encuentren o actúen en territorio español.
d. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
5. De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución española, aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales:
a. Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
b. Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí, aunque no sus descendientes.
c. Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus ascendientes.
d. Perderán la nacionalidad española.
6. Según el artículo 113 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura:
a. Por mayoría de al menos la décima parte de los Diputados.
b. Por la totalidad de los Diputados del Congreso excluidos los que pertenezcan al mismo partido que el Gobierno.
c. Por mayoría simple de los Diputados presentes en la votación.
d. Por mayoría absoluta.
7. El Tribunal de Cuentas depende directamente:
b. Del Consejo General del Poder Judicial.
c. De nadie, es un órgano totalmente independiente, lo que es necesario por las funciones que ejerce.
d. Del Presidente del Gobierno.
8. El artículo 140 de la Constitución española establece que los alcaldes serán elegidos:
a. Solo por los Concejales.
b. Por los Concejales o por los vecinos.
c. Solo por los vecinos mediante el método de listas abiertas.
d. Solo por los vecinos mediante sufragio universal.
9. Conforme se recoge en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad, y en todo caso, dentro del plazo máximo de:
Tema 6, Organización y estructura de la Administ...
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 504.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios de la Administración de Justicia podrán disfrutar de licencias por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de:
b. Dos meses cada tres años de servicios efectivos.
c. Un mes cada dos años de servicios efectivos.
d. Cuatro meses cada cuatro años de servicios efectivos.
Tema 7, Organización y estructura de la Administ...
11. El artículo 12 del Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, incluye, entre las sanciones previstas que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el desempeño de sus puestos de trabajo:
a. El traslado forzoso fuera del municipio de destino.
b. La multa pecuniaria.
c. La no promoción en su carrera profesional.
12. Señale la afirmación correcta a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia:
a. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios.
b. Únicamente los profesionales del ámbito de la Justicia podrán utilizar, para relacionarse con la Administración de justicia, los sistemas de firma electrónica.
c. Los órganos de la Administración de Justicia no podrán tratar los datos personales consignados cuando el documento o comunicación esté firmado electrónicamente.
d. Las entidades sin personalidad jurídica no podrán utilizar sistemas de firma electrónica ante la Administración de Justicia.
13. El artículo 35.1 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen:
a. El derecho a la huelga para defensa de sus intereses.
b. El deber de trabajar y el derecho al trabajo.
d. El derecho a la formación y readaptación profesionales.
14. Tal y como establece la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
a. El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal disponga expresamente.
b. El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido, en ningún caso, a la legislación laboral.
c. La legislación laboral se aplica, tan solo, a los trabajadores dependientes o por cuenta ajena.
d. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes se hayan dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral.
15. Conforme al artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre ,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en relación a la duración y vigencia de los convenios colectivos:
a. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá,salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, al convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.
b. Durante la vigencia del convenio colectivo no será posible su revisión.
c. Un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, perderá vigencia automáticamente, aplicándose de manera supletoria el Estatuto de los trabajadores.
d. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios sin que puedan establecerse, en ningún supuesto, varios periodos de vigencia dentro de un mismo convenio para las distintas materias reguladas en el mismo.
16. Tal y como dispone el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo:
a. El juez declarará la nulidad del contrato, sin que el trabajador pueda exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.
b. El juez declarará la nulidad del contrato, pero el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.
c. Este permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a los dispuesto en el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores.
d. El juez declarará la nulidad total del contrato y, si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de contraprestaciones establecidas en la parte que ha motivado la declaración de nulidad, hará el debido pronunciamiento sobre la supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones.
17. En el contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje, y según lo dispuesto en el artículo 11.2 b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
a. La duración mínima será de un año y la máxima de tres.
b. La duración mínima será de un año y la máxima de dos.
c. La duración mínima será de seis meses y la máxima de dos años.
d. La duración mínima será de tres meses y la máxima de tres años.
18. Conforme al artículo 35.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como regla general el número de horas extraordinarias:
a. No puede ser superior a ciento veinte al año.
b. No puede ser superior a cien al año.
c. No puede ser superior a ochenta al año.
d. No puede ser superior a noventa al año.
19. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en defecto de pacto entre la empresa y los representantes de los trabajadores:
a. La empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.
b. La empresa no puede distribuir la jornada de trabajo de manera irregular a lo largo del año.
c. La empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año un máximo del cinco por ciento de la jornada de trabajo.
d. La empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año el quince por ciento de la jornada de trabajo.
20. Según el artículo 54.2 del real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se considera incumplimiento contractual que justifica un despido disciplinario:
a. Las faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de las faltas de asistencia en los doce meses anteriores, alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
c. La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables.
d. La ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa.
21. Las faltas laborales graves prescriben, según el artículo 60.2 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
a. A los diez días a partir de la fecha en que la empresa tuvo reconocimiento de su comisión.
b. En todo caso, a los doce meses de haberse cometido.
d. A los veinte días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión.
22. Tal como señala el artículo 54.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en las prestaciones periódicas de seguridad social, el derecho al percibo de cada mensualidad:
a. Caduca a los cinco años de su respectivo vencimiento.
b. Caduca al año de su respectivo vencimiento.
c. Prescribe a los cinco años de su respectivo vencimiento.
d. Prescribe al año de su respectivo vencimiento.
23. En el proceso sobre impugnación de un convenio colectivo de rama o sector y ámbito nacional:
a. Conoce en única instancia el Juzgado de lo Social, y cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
b. Conoce en única instancia la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y cabe recurso de casación ordinaria ante el Tribunal Supremo.
c. Conoce en única instancia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y cabe recurso de casación ordinaria ante el Tribunal Supremo.
d. Conoce en única instancia la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
24. En la modalidad procesal de conflicto colectivo, contra una sentencia desfavorable del Juzgado de lo Social:
a. Cabe interponer recurso de casación ordinaria ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
b. Cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
c. No cabe recurso alguno.
d. Cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo.
25. Respecto al delito de maltrato de animales del artículo 337 del Código penal, señale qué animales no están protegidos en dicho precepto:
a. Los que habitualmente están domesticados.
b. Los domésticos o amansados.
c. Los que vivan en estado salvaje.
d. Los que viven bajo el control humano.
26. La tenencia de tarjetas de crédito o débito falsificadas y destinadas a la distribución o tráfico:
a. Constituye solo una infracción administrativa.
b. Es castigada con la pena señalada para la falsificación de tarjetas de crédito y débito del artículo 399 bis del Código Penal.
c. Es castigada con la pena señalada para la falsificación de monedas del artículo 386 del Código Penal.
d. Es solamente sancionable penalmente cuando, además de la tenencia, se utilizan como instrumentos para la comisión de otros delitos.
27. Comete delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal:
a. La autoridad o funcionario público qu, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
b. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto judicial.
c. El Juez o Magistrado que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa que fuere arbitraria.
d. La autoridad o funcionario público que dictare, por imprudencia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
28. El delito de desobediencia previsto en el artículo 410 del Código Penal:
a. Requiere una negativa abierta por parte de las autoridades o funcionarios públicos competentes a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia.
b. Requiere desobedecer gravemente por cualquier persona a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c. Basta para su perpetración el mero olvido o negligencia por parte de las autoridades o funcionarios públicos competentes.
d. Requiere una negativa abierta por parte de las autoridades o funcionarios públicos competentes a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, aun cuando el mandato infrinja manifiesta, clara y terminantemente un precepto legal.
29. ¿Cuál de las siguientes conductas es constitutiva del delito de quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal?
a. La incomparecencia a dependencias policiales tras haber sido citado al efecto.
b. El impago de la pena de multa a la que fue condenado el penado, en virtud de sentencia firme notificada y tras ser requerido de pago en la correspondiente ejecutoria penal.
c. El retraso en la incorporación al Centro Penitenciario al finalizar un permiso.
d. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares.
30. ¿Cuál de las siguientes conductas es constitutiva del delito de cohecho del artículo 419 del Código Penal?
a. La autoridad o funcionario público que con facultades para administrar el patrimonio público, las infrinja excediéndose en el ejercicio de las mismas y cause un perjuicio al patrimonio público administrado.
b. La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
c. La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
d. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar.
31. ¿Cuál de los siguientes supuestos está contemplado como uno de los fines del delito de rebelión tipificado en el artículo 472 del Código Penal?
a. El impedir por la fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones.
c. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente un Estatuto de Autonomía.
d. Invadir violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma.
32. El Juez o Magistrado que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la Ley, comete:
a. Un delito de retardo malicioso del artículo 449 del Código Penal.
b. Un delito de denegación de auxilio del artículo 410 del Código Penal.
c. Un delito de usurpación de atribuciones del artículo 509 del Código Penal.
d. Un delito de prevaricación judicial del artículo 446.3 del Código Penal.
33. De conformidad con el artículo 551 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes circunstancias agrava la pena contemplada para delito de atentado a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos del artículo 550 del Código Penal?
a. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación del autor o autores.
b. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de una operación de rescate o auxilio.
c. Cuando se emplee intimidación grave.
d. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.
34. Cometen delito de genocidio tipificado en el artículo 607 del Código Penal:
a. Los que causaren la muerte de alguna persona por razón de pertenecer la víctima a un grupo perseguido por motivos nacionales con ocasión de un ataque sistemático contra la población civil.
b. Los que causaren la muerte de alguna persona con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional del que la víctima es miembro.
c. Los que causaren alguna de las lesiones previstas en los artículos 147, 149 o 150 del Código Penalpor razón de pertenecer la víctima a un grupo perseguido por motivos nacionales con ocasión de un ataque generalizado contra la población civil.
d. Los que lleven a cabo el desplazamiento forzoso de un grupo nacional, étnico, racial o religioso sin el propósito de destruirlo total o parcialmente.
35. En relación a los delitos e infracciones electorales y conforme el artículo ciento treinta y cinco de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se considera que los Presidentes y Vocales de las Mesas Electorales son:
a. Funcionarios públicos.
b. Personal laboral eventual.
c. Altos cargos de la Administración Electoral.
d. Agentes de la autoridad.
36. ¿Cuál de los siguientes principios no informa la Ley 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del menor?
a. El principio de legalidad.
b. El principio de estabilidad.
c. El principio de intervención mínima.
d. El principio de resocialzación.
37. De conformidad con el artículo 377 del Código Penal, ¿cuál será el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 al 372 del Código Penal que regulan los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la pena de inhabilitación?
a. El precio contemplado en el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988.
b. El precio al por mayor por el que adquirió o pudo adquirir el producto.
c. El precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.
d. El precio al por menor por el que adquirió o pudo adquirir el producto.
38. Son susceptibles de recurso de amparo constitucional según el artículo cuarenta y uno de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:
a. Los derechos y libertades y principios recogidos en la totalidad del Título I de la Constitución española.
b. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y el derecho de objeción de conciencia recogido en el artículo 30 de la Constitución española dentro de su Título I.
c. Los principios rectores de la política social y económica recogidos en los artículos 39 a 52 de la Constitución española dentro de su Título I.
d. Los derechos y libertades reconocidos como derechos naturales básicos por la doctrina científica con independencia de su reconocimiento constitucional.
39. ¿En qué Protocolo del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 1950 se estableció la obligación para los Estados miembros de organizar elecciones libres, con escrutinio secreto y en condiciones que aseguren la libre expresión de la opinión del pueblo?
a. Protocolo nº 7 (año 1984)
b. Protocolo adicional o nº 1 (año 1952)
c. Protocolo nº 12 (año 2000)
d. Protocolo nº 4 (año 1963)
40. De conformidad con lo que disponen los artículos 14 y 17 del Tratado de la Unión Europea, indique cuál de estas funciones no corresponde a la Comisión Europea:
a. Adoptar las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.
b. Ejercer la función legislativa y la función presupuestaria conjuntamente con el Consejo.
c. Velar por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos.
d. Supervisar la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
41. El principio de legalidad en Derecho Penal, que como garantía penal, consagra el artículo 2 del Código Penal implica:
a. Que no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración.
b. Que el Gobierno no puede acordar el indulto de personas condenadas con sentencia firme por delitos graves.
c. Que para considerar un hecho como delito es necesario que una ley lo haya descrito previamente como tal.
d. Que es necesario que exista una sentencia de condena para considerar que una conducta es constitutiva de delito.
42. Según los artículos 13 y 33 del Código Penal, son delitos graves, entre otros, aquellos castigados con la pena de:
a. Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año y un día a ocho años.
b. Suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
c. Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a cinco años.
d. Prisión de tres meses a cinco años o inhabilitación especial de hasta cinco años.
43. Para que concurra un estado de necesidad como causa de justificación en un sujeto es preciso:
a. Que el sujeto intente evitar un mal cualquiera ocasionado en el ejercicio de su profesión.
b. Que el sujeto por su cargo tenga la obligación de sacrificarse ante un mal que ha provocado previamente.
c. Que se intente evitar un mal menor que previamente haya provocado el sujeto.
d. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, no habiendo ocasionado intencionadamente el sujeto una situación de necesidad, en la que no tenga por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
44. Se aplicarán las medidas de seguridad previstas en el Código Penal a quien esté exento de responsabilidad criminal por:
a. Obrar en estado de necesidad o impulsado por un miedo insuperable.
b. Obrar en el cumplimento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho.
c. Obrar en situación de trastorno mental transitorio o estado de intoxicación o con alteraciones en la percepción desde el nacimiento.
d. Obrar en legítima defensa ante una agresión ilegítima de carácter previo.
45. El artículo 22.5º del Código Penal establece como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de la conducta que consiste en:
a. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
b. Causar en la ejecución daños en la víctima que el sujeto cree imprescindibles para cometerlo.
c. Actuar buscando la consumación del delito impidiendo a la víctima su defensa.
d. Causar sufrimiento en la víctima con un padecimiento propio de la conducta delictiva típica del delito.
46. Al autor de un delito se le considera reincidente según el artículo 22.8º del Código Penal cuando al delinquir el culpable:
a. Comete un nuevo delito completamente distinto de la clase de aquel por el que fue ejecutoriamente condenado con anterioridad.
b. Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.
c. Un segundo delito con independencia de que hubiera sido ejecutoriamente condenado por el primero y la clase de ambos.
d. Comete dos o más delitos recogidos en el mismo título del Código Penal con independencia de que haya sido condenado anteriormente.
47. Según el artículo 17.3 del Código Penal la conspiración y la proposición para delinquir se castigarán:
a. Solo en los casos especialmente previstos en la ley.
b. En todos los casos que se consume el delito.
c. En todos los supuestos que se produzcan.
d. En ningún caso por tratarse de actos preparatorios impunes.
48. En conformidad con lo que dispone el artículo 18 del Código Penal, hay provocación al delito cuando:
a. Se manifiesta la conformidad con un hecho delictivo anterior por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas.
b. Se acuerda con otras personas la perpetración del delito participando en su comisión.
c. Directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
d. Cuando privadamente se incita a otra persona a la perpetración del delito.
49. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes:
a. Deberán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado.
b. Podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas en todo caso por Abogado.
c. Podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a Abogado, Procurador, Graduado Social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
d. No necesitarán ni Procurador ni Abogado.
50. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la declaración de incompetencia de un órgano judicial de lo Contencioso-administrativo:
a. Adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso.
b. Adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, debiendo la parte interponer de nuevo el recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción que se haya indicado como órgano competente para que ante él siga el curso del proceso.
c. Adoptará la forma de sentencia y deberá remitirse las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso.
d. Adoptará la forma de providencia y deberán remitirse las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso.
51. Tal y como establece el artículo 383 del Código Penal, la negativa de un conductor a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, llevará aparejada la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotor:
a. Siempre junto con la de prisión.
b. Solo en el caso de que el conductor fuera mayor de dieciocho años y menor de veintiuno.
c. Nunca, ese delito solo se castiga con la pena de prisión.
d. Solo en determinados supuestos establecidos en la ley.
52. De acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, la cuantía del recurso contencioso-administrativo:
a. La fijará el Ministerio Fiscal, una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.
b. La fijará el Magistrado, una vez recibido el expediente administrativo.
c. La fijarán las partes.
d. La fijará el Letrado de la Administración de Justicia, una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.
53. Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves prescribirán a:
a. Los tres años.
b. Los dos años.
c. Los cinco años.
54. Según lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.
b. Únicamente para formular solicitudes.
c. En ningún caso, ya que el uso de la firma es siempre voluntario.
d. Únicamente para interponer recursos.
55. Conforme al artículo 102 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra las diligencias de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia cabrá:
a. En todo caso, recurso de reforma ante el Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida.
b. Recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la Ley prevea recurso directo de revisión.
c. En todo caso, recurso directo de revisión ante el Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida.
56. De conformidad con el artículo 102 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:
a. Si después de pronunciadas e recobraren documentos decisivos, cualquiera que fuere la causa de su no aportación.
b. Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquella, las partes conocían que habían sido reconocidos y declarados falsos.
c. Si después de pronunciada se recobrare cualquier documento relacionado con la causa, cualquiera que fuera la causa de su no aportación.
d. Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
57. Según el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano es competente para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera?
a. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
b. La Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia territorialmente competente.
d. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Provincial territorialmente competente.
58. De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulas las resoluciones administrativas que:
a. Incurran en desviación de poder.
b. Se hubieran dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
c. Adolezcan de defectos de forma.
d. Hubieran sido realizadas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
59. Según el artículo 133 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, levantada la medida cautelar por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar esta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro de:
a. Los tres años siguientes desde su adopción.
b. El año siguiente desde su adopción.
c. Los tres años siguientes a la fecha de alzamiento.
d. El año siguiente a la fecha de alzamiento.
60. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la sentencia desestimará el recurso cuando:
a. El Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.
b. Se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnado.
c. Cuando tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
d. Se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
61. Según lo establecido en el artículo 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra el auto de planteamiento de una cuestión de ilegalidad:
a. Podrá interponerse recurso de reposición.
b. Podrá interponerse recurso de apelación.
c. No se dará recurso alguno.
d. Podrá interponerse recurso de súplica, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada.
62. Conforme al artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia:
a. Cuya cuantía supere los 30.000 euros.
b. Cuya cuantía supere los 30.005 euros.
c. Cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
d. Cuya cuantía supere los 40.000 euros.
63. Acorde con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, serán inhábiles:
a. Los días del mes de agosto para todas las actuaciones.
b. Los días del mes de agosto, los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c. Los sábados, los domingos y los declarados festivos.
d. Los días del mes de agosto, los domingos y los declarados festivos.
64. Según establece el artículo 17.1 del Código de Comercio, el Registro Mercantil:
a. Se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Economía con el sistema de hora real.
b. Se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda con el sistema de hoja real.
c. Se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia con el sistema de hoja personal.
d. Se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda con el sistema de hoja personal.
65. Indique cual de los siguientes documentos no está comprendido dentro de las cuentas anuales que deben formular las empresas, según el desglose establecido en el artículo 34.1 del Código de Comercio:
a. El estado de flujos de efectivo.
b. El inventario de todos sus bienes y derechos.
c. El balance.
d. La memoria.
66. Según establece el artículo 14.1 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los efectos de la unipersonalidad sobrevenida en las sociedades de capital:
a. Transcurrido un año desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá subsidiariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad.
b. Transcurrido un año desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la sociedad deviene irregular y queda sometida a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de Sociedades de Capital.
c. Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad.
d. Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, se debe instar el procedimiento de liquidación y disolución de la sociedad.
67. Según resulta de lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden ser objeto de aportación a una sociedad de capital:
a. Los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, el trabajo y los servicios.
b. Todas las cosas y derechos que están dentro del comercio de los hombres, incluso los derechos de carácter personalísimo.
c. Los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, pero no el trabajo ni los servicios.
d. El dinero y los bienes inmuebles, pero no los bienes inmuebles y los derechos de crédito.
68. Según resulta establecido en el artículo 205.1 de la Ley de Sociedades de Capital, la acción de impugnación de los acuerdos sociales:
a. Caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá.
b. Caducará en el plazo de cuatro años, salvo que tenga por objeto acuerdos contrarios al orden público, en cuyo caso la acción caduca a los diez años.
c. Está sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años, salvo que tenga por objeto acuerdos contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá.
d. Está sujeta, en todo caso, a un plazo de prescripción de diez años.
69. Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad de capital:
a. Podrán ser personas físicas o jurídicas, sin que pueda exigirse en ningún caso la condición de socio.
b. Podrán ser personas físicas o jurídicas, pero deben ostentar en todo caso la condición de socio.
c. Podrán ser personas físicas o jurídicas y salvo disposición contraria de los estatutos, para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.
d. Deberán ser personas físicas que ostenten la condición de socio.
70. Indique cual de las siguientes competencias no se encuentra entre las que el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a la Junta General de la sociedad:
a. La formulación de las cuentas anuales.
b. La modificación de los estatutos sociales.
c. El aumento y la reducción del capital social.
d. La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
71. Según lo establecido en el artículo 325 del Código de Comercio, se considera compraventa mercantil:
a. La compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.
b. Cualquier compraventa realizada por quien tenga atribuida conforme al Código de Comercio la condición de empresario.
c. La compraventa de cosas muebles que se realice por un empresario es un establecimiento abierto al público, así como la compraventa de inmuebles cuando se lleve a cabo por un promotor inmobiliario o por una agencia que haya obtenido la correspondiente autorización administrativa.
d. Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren estos en sus talleres.
72. Según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativa, los órganos de la sociedad cooperativa son:
a. La Junta General y el Consejo de Administración.
b. La Asamblea General, el Consejo Rector y la Intervención.
c. La Junta General, el Consejo Rector y el Protectorado.
d. La Asamblea General y el órgano de administración, que puede estar integrado por un Administrador único, dos Administradores mancomunados o solidarios o un órgano colegiado que se denomina Consejo de Administración.
73. Indique cual de los siguientes se considera un título de Propiedad Industrial conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes:
a. El diseño de una obra arquitectónica.
b. Un título de obtención vegetal.
c. Una marca registrada.
d. Un modelo de utilidad.
74. Según lo establecido en el artículo sexto de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, la proposición de seguro por el asegurador:
a. Es una mera invitación a negociar que no obliga a concluir el contrato en los términos ofertados.
b. Vincula al asegurador hasta que el destinatario se pronuncie sobre ella, salvo que se modifiquen las circunstancias determinantes del riesgo y de la póliza.
c. Vinculará al proponente durante un plazo de quince días.
d. Puede ser revocada por el proponente libremente.
75. Conforme a lo dispuesto en el artículo ochenta y cuatro de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, en los seguros sobre la vida, el tomador del seguro:
a. Podrá designar al beneficiario sin el consentimiento del asegurador, pero necesitará el consentimiento de este para modificar la designación inicial.
b. No puede designar al beneficiario, ya que la indemnización en caso de fallecimiento se integra necesariamente en el haber hereditario del asegurado.
c. Podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada, sin necesidad del consentimiento del asegurador.
d. Necesita el consentimiento expreso del beneficiario para su designación.
76. Según resulta de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, el plazo de prescripción de las acciones cambiarias contra el aceptante de una letra de cambio es el siguiente:
a. Tres años contados desde la fecha del vencimiento.
b. Cinco años contados desde la fecha del protesto de la letra.
c. Un año desde la fecha en que el tenedor pudo ejercitar la acción.
d. Un año desde la fecha en que se produjo el último endoso.
77. Según lo establecido en el artículo 113 de la ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en la tramitación de los expedientes para la exhibición de los libros de las personas obligadas a llevar contabilidad:
a. Es preceptiva la representación mediante procurador, pero no la asistencia de letrado.
b. Es preceptiva la intervención de abogado y procurador.
c. No es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador.
d. Es preceptiva la intervención de abogado, pero no la representación mediante procurador.
78. Conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción Voluntaria, la competencia para conocer del expediente para el nombramiento de perito en os contratos de seguro, corresponde:
a. Al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del asegurado.
b. Al Juzgado de lo mercantil del lugar donde se ha producido el siniestro.
c. Al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del tomador del seguro.
d. Al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del asegurador.
79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, estos no pueden aceptar donaciones:
a. Anónimas, salvo que sea por una cuantía inferior a 1.000 euros.
b. Nominativas, de carácter no finalista y en especie.
c. De personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.
d. De una misma persona física cualquiera que sea su cuantía.
80. Según el artículo ciento doce de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, es competente para la resolución de los recursos contenciosos electorales que se refieren a las elecciones generales:
b. La Audiencia Provincial donde se haya dictado el acuerdo de la Junta electoral impugnado.
c. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se haya dictado el acuerdo impugnado.
81. Conforme a lo dispuesto en el artículo treinta y tres de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el plazo máximo para interponer el recurso de incontitucionalidad a partir de la publicación de la ley objeto de recurso es:
82. Según establece el artículo 33.7 del Código Penal, las penas aplicables a las personas jurídicas que sean declaradas responsables de un delito:
a. No existen, pues para sancionar a las personas jurídicas el Código Penal solo prevé consecuencias accesorias, nunca penas.
b. Son todas de carácter pecuniario.
c. Son todas penas graves.
d. Son las mismas que las aplicables a las personas físicas, salvo la prisión.
83. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Código Penal, la prohibición del aproximarse a la víctima:
a. no impide al penado acercarse a ella en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio y lugar de trabajo, manteniendo en vigor, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia.
b. Impide al penado acercarse a ella en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio y lugar de trabajo, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas , comunicación y estancia.
c. Impide al penado residir o acudir al lugar en el que haya cometido el delito.
d. Impide al penado establecer con ella ,por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.
84. Con arreglo al artículo 76 del Código Penal, el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena de prisión de 40 años:
a. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
b. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
d. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo de la Sección 2º Capítulo V Título XXII del Libro 2º de este Código, y alguno de ellos esté castigado con una pena de prisión inferior a 20 años.
85. El artículo 106 del Código Penal determina que la libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial, a través del cumplimiento de alguna de estas medidas:
a. La privación del derecho a conducir vehículos a motor.
c. La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico.
d. La custodia familiar.
86. Según establece el artículo 99 del Código Penal, en caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad:
a. Se cumplirá primero la medida de seguridad, que se abonará para el cumplimiento de la pena.
b. Se cumplirán simultáneamente.
c. Se cumplirá primero la pena y después la medida de seguridad.
d. Se cumplirá primero la pena y quedará sin efecto la medida de seguridad en caso de haber cesado el pronóstico de peligrosidad.
87. De conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Código Penal, los pagos que realice el penado, o el responsable civil, se le imputarán de la siguiente forma:
a. Se distribuirá por partes iguales el abono de la multa y la indemnización a los perjudicados , y si hay sobrante, se abonará el resto de las costas procesales.
b. Primero a la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios, y el sobrante se destinará a indemnizar al Estado, al pago de las costas procesales y de la multa, por ese orden.
c. Primero se indemnizará al Estado por los gastos que hubiera hecho y el sobrante, si lo hubiera, se destinará al pago de la indemnización de perjuicios y del daño causado, al pago de la multa y demás costas procesales, por ese orden.
d. Primero se abonará la multa y el sobrante se destinará a la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios, y al pago de las costas procesales.
88. Según el artículo 139 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes circunstancias no convierten el homicidio en asesinato?
b. La premeditación conocida.
c. La alevosía.
d. El ensañamiento.
89. Según establece el artículo 146 del Código Penal, el aborto imprudente:
a. Es punible para el tercero que lo cometa por imprudencia grave o leve.
b. Es punible para el tercero que lo cometa por cualquier clase de imprudencia y para la gestante que lo cometa por imprudencia grave.
c. No es punible en ningún caso.
d. No es punible para la gestante.
90. Conforme a lo establecido en el artículo 155 del Código Penal, en los delitos de lesiones, el consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido por el ofendido:
a. Determina la imposición de la pena correspondiente en su mitad inferior.
b. Determina la imposición de la pena inferior en uno o dos grados.
c. Resulta irrelevante para la imposición de la pena que corresponda.
d. Determina la imposición de la pena inferior en un grado.
91. Cometerá el tipo básico del delito de coacciones, regulado en el artículo 172.1 del Código Penal:
a. El que exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés.
b. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe , o le compeliere a efectuar a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.
c. El que sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que al Ley prohíbe, siendo además injusto.
d. El que, estando legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.
92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 bis del Código Penal, ¿cuál de las siguientes finalidades no integraría el delito de trata de seres humanos?
a. El traslado de personas.
b. La imposición de trabajo o servicios forzados.
c. La extracción de sus órganos corporales.
d. La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

References: artículo 168
 artículo 81
 artículo 2
 artículo 57
 artículo 113
 artículo 140
 artículo 504
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 34
 Real Decreto 
 artículo 54
 real Decreto 
 artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 54
 artículo 337
 artículo 399
 artículo 386
 artículo 404
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 410
 artículo 468
 artículo 419
 artículo 472
 artículo 449
 artículo 410
 artículo 509
 artículo 446
 artículo 551
 artículo 550
 artículo 607
 artículo 377
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 383
 artículo 40
 artículo 30
 artículo 11
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 102
 artículo 11
 artículo 47
 artículo 133
 artículo 70
 artículo 123
 resolución 
 artículo 78
 artículo 30
 artículo 17
 artículo 34
 artículo 14
 artículo 58
 artículo 205
 artículo 212
 artículo 160
 artículo 325
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 88
 artículo 113
 artículo 137
 artículo 5
 resolución 
 artículo 33
 artículo 48
 artículo 76
 artículo 106
 artículo 99
 artículo 126
 artículo 139
 artículo 146
 artículo 155
 artículo 172
 artículo 177