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Timestamp: 2017-06-25 03:39:22+00:00

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Pandectas Digital: Sentencia N° 810 de fecha 21 de septiembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016 mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional
Sentencia N° 810 de fecha 21 de septiembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016 mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional
Sentencia N° 810 de fecha 21 de septiembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.452 de fecha 13 de septiembre de 2016 mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.995 de fecha 23 de septiembre de 2016 y en el Portal Web del TSJ.
El 21 de septiembre de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio de la misma fecha, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que remite el DECRETO N.° 2.452, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO, QUE AFECTAN EL ORDEN CONSTITUCIONAL, LA PAZ SOCIAL, LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE EL EJECUTIVO NACIONAL ADOPTE LAS MEDIDAS URGENTES, CONTUNDENTES, EXCEPCIONALES Y NECESARIAS, PARA ASEGURAR A LA POBLACIÓN EL DISFRUTE PLENO DE SUS DERECHOS, PRESERVAR EL ORDEN INTERNO, EL ACCESO OPORTUNO A BIENES, SERVICIOS, ALIMENTOS, MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA VIDA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y ésta acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las Magistradas y todos los Magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la presente decisión.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Accidental constituida por ausencia justificada del Magistrado Dr. Luis Fernando Damiani Bustillos, pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
El texto del Decreto N° 2.452 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, es el siguiente:
“NICOLÁS MADURO MOROS
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,
Que la efectividad del Estado de Emergencia Económica decretado a fin de proteger al pueblo venezolano ha sido determinante en contra de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía y el orden social del País; pero que a pesar de ello ha arreciado el ataque de ciertos sectores de la economía nacional con vista en la toma del control político del país y el sometimiento del pueblo venezolano a propósitos particulares con el fin de concentrar, por la vía del chantaje económico, la riqueza producida por la Nación, que solo pertenece al Pueblo,
Que para enfrentar el asedio instaurado en contra de la economía venezolana resulta ineludible, proporcional, pertinente y necesario implementar mecanismos alternos de producción, distribución y abastecimiento de alimentos, bienes y servicios indispensables para la vida digna y el bienestar del pueblo, y de las clases desposeídas,
Que a fin de contrarrestar los efectos del ataque de los factores de oposición y la agresión económica nacional y extranjera contra el Pueblo Venezolano, el Ejecutivo Nacional ha implementado importantes medidas, tales como el Plan Integral para la Erradicación de la Pobreza Extrema en comunidades y pueblos Indígenas, la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el aumento del cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo nacional mensual obligatorio, el ajuste de la base de cálculo para el pago del Bono de Alimentación Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras y otras medidas excepcionales para favorecer la economía nacional y proteger al Pueblo del Libertador Simón Bolívar, las cuales requieren ser fortalecidas e impulsadas bajo un esquema excepcional que permita la consecución del fin último del buen vivir y la paz social,
Que es deber irrenunciable del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a los bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,
Que la efectiva garantía de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha llevado al Gobierno Bolivariano a la imperiosa e ineludible necesidad de dictar medidas especiales, excepcionales y temporales para impulsar de manera efectiva la producción, procura, distribución y comercialización de los bienes y servicios estratégicos para la satisfacción de las necesidades del Pueblo venezolano; medidas éstas que requieren ser fortalecidas e impulsadas en un marco más amplio dado el actual contexto económico venezolano,
Que se ha encomendado a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la tarea de apoyar a través de la unión cívico militar la aplicación de medidas necesarias para atender las necesidades del Pueblo venezolano y reactivar la economía nacional con un nuevo esquema productivo, para lo cual se requiere aplicar acciones extraordinarias que aseguren la eficacia de este nuevo esquema para que los habitantes de la República vivan de manera digna, logrando así la suprema felicidad del pueblo y la soberanía alimentaria que en definitiva desmonte la guerra económica que asedia a nuestra Patria,
Que el Gobierno Nacional ha dispuesto todo su esfuerzo en la recuperación económica del País y la construcción de un nuevo modelo económico sustentable, productivo, independiente y diversificado,
Que es necesario potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a los motores Agroalimentario, de Producción y Distribución de Fármacos y de la Industria de productos para la Higiene Personal y Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, de manera oportuna y segura para la población, a través de acciones que impulsen el esfuerzo, organización y planificación de los órganos intervinientes en procura del funcionamiento eficaz y fructífero del sistema, garantizando así la seguridad alimentaria,
Que el Comando para el Abastecimiento Soberano, en su función coordinadora y articuladora de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, ha sido garantía y elemento determinante en la tarea encomendada a cada uno de sus vértices, en la construcción de un sistema económico sustentable,
Que es deber del Ejecutivo Nacional apoyar la labor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a nivel nacional, a fin de priorizar y garantizar el acceso de los rubros estratégicos a la población,
Artículo 1°. Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
1. Establecer las regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de Producción y Distribución definidos en la política pública del Ejecutivo Nacional respecto de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República.
2. Diseñar y ejecutar mecanismos excepcionales para garantizar la aplicación eficaz y eficiente de las políticas públicas nacionales orientadas al desarrollo de la producción, abastecimiento estable y justa distribución de alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agroproductivo e industrial nacional agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar.
3. Establecer mecanismos excepcionales de supervisión, control y seguimiento, de procura nacional e internacional, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, alimentación, salud, aseo e higiene personal.
4. Decretar normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el Presupuesto 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, a los venezolanos y venezolanas, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos.
5. Dictar normas especiales para la obtención de información de las personas naturales y jurídicas, venezolanas o extranjeras, que desarrollan actividades económicas en el país, a los fines de diseñar, implementar, cargar y administrar un sistema que permita la determinación en tiempo expedito de costos, rendimiento y precios, así como un sistema de precios internacionales referenciales, que permitan combatir el sobreprecio, la especulación, el acaparamiento y la usura.
6. Ordenar la ejecución de programas de inspección, fiscalización y control que permitan atacar, erradicar y sancionar el acaparamiento, la especulación y el contrabando, con el fin de lograr el libre acceso a bienes y servicios estratégicos y esenciales para el desarrollo de una vida digna.
7. Dictar un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita, a través de la banca pública y privada, el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
8. Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional, así como el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal y aseo del hogar.
9. Generar mecanismos que viabilicen la cooperación de los entes públicos, privados y del Poder Popular, en función de ampliar los canales de distribución oportuna de alimentos y fármacos, priorizando la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, e incorporando a las instancias de gobierno local y regional.
10. Dictar normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos.
11. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto, para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de recursos ajustarán los correspondientes presupuestos de ingresos.
12. Aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos.
13. Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.
14. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional o internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar el normal desenvolvimiento del Sistema Eléctrico Nacional.
15. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionados, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la nación.
16. Dictar los lineamientos que correspondan en materia de procura nacional o internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios básicos en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que favorezcan a la República, mediante la aplicación excepcional de mecanismos de contratación expeditos que garanticen además la racionalidad y transparencia de tales contrataciones.
17. Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del pueblo venezolano, que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de éste.
18. La adopción de medidas especiales en el orden de la política exterior de la República que garanticen el absoluto ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado venezolano.
Artículo 3°. El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto e impedir la extensión de sus efectos, dentro de los extremos fijados de conformidad con el encabezado del artículo precedente.
Artículo 6°. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución de este Decreto.
Artículo 7°. Este Decreto será remitido a la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 8°. Este Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 9°. Este Decreto tendrá una vigencia de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.
Artículo 10. El Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular quedan encargados de la ejecución de este decreto.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana.
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto N° 2.452 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016.
Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 2.139 del 7 de agosto de 2003, se pronunció favorablemente sobre su competencia en este supuesto, afirmando que “…de conformidad con el artículo 336.6 del Texto Fundamental, esta Sala es competente para revisar ‘en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República’, por ser actos dictados en ejecución directa de la Constitución…” (Resaltado añadido).
Siendo ello así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del referido Decreto n.° 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional. Así se declara. III
Ahora bien, consta en autos que no fueron consignados ante esta Sala ninguno de los referidos alegatos sobre el Decreto sub examine, razón por la cual, de seguidas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, este máximo Tribunal pasa a pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo. IV
Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para pronunciarse en el presente asunto, cumplidos los trámites respectivos y estando dentro de la oportunidad para dictar el fallo, corresponde en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
Al respecto, examinado el contenido del referido instrumento jurídico-constitucional, esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, observa sumariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1°, que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias que permitan asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7, Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que, a su vez, fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas, y que justifican la implementación de medidas extraordinarias y excepcionales, en las cuales se hace especial énfasis en la situación de agresión económica, la producción, distribución y abastecimiento de alimentos, bienes y servicios indispensables para la vida digna y el bienestar del pueblo, a través de la implementación de políticas públicas como la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la conformación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y por último, la declaratoria realizada por este Alto Tribunal sobre la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrarse este órgano legislativo en desacato y en flagrante violación del orden público constitucional.
Sobre este último aspecto, debe aludirse a la sentencia dictada por esta Sala bajo el n.° 808 del 2 de septiembre de 2016, la cual tiene valor erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional, en la que, entre otros pronunciamientos declaró “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”; desacato que aún persiste, así como la nulidad por inconstitucionalidad de todas las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras persista tal situación de antijuridicidad, como se conoce por notoriedad comunicacional, incluyendo los pronunciamientos referidos al decreto sub examine.
Al respecto, es notoriamente comunicacional el pronunciamiento realizado por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del martes 20 de septiembre de 2016, en la cual rechazó el Decreto objeto del presente fallo, tal como se observa en la siguiente nota de la Asamblea Nacional:
“AN APROBÓ ACUERDO EN RECHAZO AL DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA
20-09-2016 18:28:56
La Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria de este martes, un Acuerdo en rechazo al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, publicada en la Gaceta Extraordinaria Nro. 6.256 del pasado 13 de septiembre.
El documento aprobado por la plenaria establece que el decreto Nro. 2.452 publicado en la Gaceta Extraordinaria Nro. 6.256 profundiza la crisis que actualmente vive el país, atribuyéndole al Ejecutivo el derecho de levantar sanciones de carácter político contra las autoridades de los poderes públicos que puedan obstaculizar la continuidad de la aplicación de las medidas que buscan la reactivación de la economía.
La propuesta fue presentada por el diputado Omar Barboza (Unidad /Zulia) quien inició la discusión, e indicó que decretar la Emergencia Económica por parte el presidente Maduro, no tiene justificación alguna y la misma está fundamentada en unos principios que no solucionarán los problemas económicos.
El diputado Barboza, aseguró que el Ejecutivo Nacional, prorrogó por cuarta vez el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional, pretendiendo por sentencias del TSJ prohibirle a la Asamblea Nacional, ejercer el control constitucional que le son atinentes, con el propósito de raspar la olla. Aseguró el parlamentario zuliano que el Ejecutivo lleva 240 días de prórroga de Estado de Excepción y Emergencia Económica, violentando lo establecido en la Constitución Nacional.
Seguidamente, el diputado Sergio Vergara (Unidad/Táchira), manifestó que con este decreto se pretenden burlar las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. “Este decreto lo que representa es el fracaso de un sistema, que no busca soluciones”, destacó.
“Lo único que ratifica este decreto de Emergencia Económica es el fracaso de este modelo económico que ha empobrecido al pueblo venezolano”, expresó.
Posteriormente tomó la palabra el diputado Ricardo Sanguino (GPP/Táchira), quien expresó que el Acuerdo en rechazo al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, en discusión, representa un “resentimiento por el éxito de la Cumbre del Mnoal, y contra el presidente Nicolás Maduró para invalidar sus acciones,” dijo.
También intervino en el debate el diputado Omar González, (Unidad/Anzoátegui) quien consideró que el gobierno no puede catalogar de éxito una Cumbre, en la que se gastaron más de 200 millones de dólares mientras el pueblo venezolano muere de hambre y de miseria.
Ratificó González, que el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, “lo que pretende es dilapidar los escasos recursos con los que cuenta la República y raspar la olla con este cuarta prórroga”.
El diputado Ramón Lobo (GPP/Mérida) apoyó la decisión tomada por el Ejecutivo Nacional, al prorrogar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, por considerar que las medidas allí adoptadas se enmarcan en la agenda económica bolivariana, y el compromiso e incorporación del empresariado comprometido con el país, para sacarlo de la crisis.
Por su parte, el diputado Williams Dávila (Unidad/Mérida) cuestionó la prórroga por cuarta vez del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, a la cual la catalogó como injustificable “lo que quieren es continuar judicializando la represión y la crisis violando las normas internacionales”.
El debate lo concluyó el diputado Alfonso Marquina (Unidad/Lara) quien afirmó que la prórroga del Decreto de Emergencia Económica, anunciada por el gobierno es inconstitucional, ya que la norma que la regula y la propia Constitución, establecen que solo se puede aplicar una prórroga, no habla de una segunda o tercera. En opinión del también presidente de la Comisión Permanente de Finanzas se tienen que tomar medidas de tipo estructural en la economía para corregir la distorsión en el sistema económico.
Para ello, exhortó al gobierno a tomar como base las propuestas realizadas por esta instancia parlamentaria sobre las diez decisiones o pasos que tienen que implementarse para corregir todo este entuerto económico que, a su juicio, ha generado el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“El Gobierno pretende darse una Ley habilitante por un Decreto de Emergencia. ¿De qué sirvió el Decreto de Emergencia Económica si la inflación acumulada es de 400%?”, se preguntó Marquina., quien rechazó la prórroga de este decreto.
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/16338”
En consecuencia, el referido Acuerdo en Rechazo al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica es absolutamente nulo, de conformidad con la sentencia 808/2016, ya mencionada.
Por otra parte, esta Sala advierte que según el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción “El decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o aumento del número de garantías restringidas, será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizara sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto”; norma que además fue vulnerada nuevamente por la Asamblea Nacional, toda vez que consideró el aludido decreto luego de transcurridas esas cuarenta y ocho horas; razón por la que, además de encontrarse en desacato, su pronunciamiento fue evidentemente extemporáneo y, en consecuencia, también nulo, inexistente e ineficaz, también por tal razón. Así se declara.
En tal sentido, esta Sala, en sentencia n.° 7 del 11 de febrero de 2016, esta Sala expresó lo siguiente:
“(…) Al respecto, debe indicarse que en lo que concierne al control político, deberá ser “aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto” (artículo 27, párrafo primero Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta Sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho (vid. arts. 2, 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental), viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016.
De lo expuesto se concluye que la Asamblea Nacional no acató lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con el decreto de emergencia económica. Por lo tanto, habiéndole dado esta Sala su conformidad constitucional al mismo, se ratifica su vigencia por el lapso constitucionalmente establecido (…)”
Ahora bien, el cuerpo del Decreto, luego del mencionado artículo 1°, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2°, que contiene los aspectos en el marco de los cuales el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas excepcionales que considere necesarias para afrontar la situación fáctica de emergencia económica en la cual actualmente se encuentra el país, enunciando algunas de esas medidas excepcionales; y el artículo 3°, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes.
El artículo 4° prevé la posibilidad de que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de banca y de finanzas realice las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela, a los fines de establecer límites máximos de ingresos o egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo, restricciones tanto a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país para realizar dichas operaciones.
Los artículos 7° y 8° señalan que el Decreto será remitido a la Asamblea Nacional, conforme al Texto Constitucional, así como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, en ambos casos dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El artículo 9° preceptúa una vigencia de sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más, de acuerdo al procedimiento constitucional.
El artículo 10° indica que el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular quedan encargados de la ejecución del Decreto.
Por último, el artículo 11° determina la entrada en vigencia del Decreto, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, una vez que se ha descrito el contenido del referido decreto, esta Sala Constitucional estima pertinente citar sus sentencias nros. 04 del 20 de enero de 2016 y 615 del 19 de julio de 2016, que ratifica el criterio de la primera sobre algunas nociones de contenido doctrinario respecto de los estados de excepción:
“…esta Sala estima pertinente asentar algunas nociones sobre la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como uno de los regímenes del derecho constitucional de excepción que, una vez satisfechos los presupuestos fijados por el constituyente, puede ser declarado de manera facultativa por el Presidente de la República, y en virtud del cual éste queda investido de facultades excepcionales para conjurar los hechos que condujeron a su declaratoria, conforme a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; configurándolo como un acto con proyección política, reglado por ésta.
‘Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles’.
‘Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.
La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos’.
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado en los términos que contemple en el Decreto respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto Fundamental, pero siempre en la búsqueda de garantizar la independencia y soberanía de la República en todos sus atributos y aspectos. Respecto de las circunstancias que ameritarían la activación de tal mecanismo excepcional y extraordinario, ciertamente, tal como lo propugna la doctrina antes mencionada, destacan los conceptos de heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción potencial o acaecida de daños a personas, cosas o instituciones. De éstos la Sala estima pertinente aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presentarse en el plano material, sean de origen natural, económico o social en general, son de enorme diversidad e índole, y, en esa medida, los estados de excepción reconocidos por Decreto del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que tradicionalmente se asocian a este tipo de medidas; empero, por igual, pueden referirse a situaciones anómalas que afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberanía, el funcionamiento de las instituciones, la economía y la sociedad en general, a nivel nacional, regional o local.
En idéntico orden de ideas, esta Sala se ha pronunciado en sentencia n.° 3.567 del 6 de diciembre de 2005 (caso: ‘Javier Elechiguerra y otros’), y en sentencia n.° 636 del 30 de mayo de 2013 (Caso: ‘Juan José Molina’), en la que se ha analizado el marco constitucional aplicable a los Estados de Excepción, como uno de los mecanismos cardinales dirigidos a resguardar la eficacia del Texto Constitucional, precisando lo siguiente:
‘La lectura de las normas transcritas [artículos 333, 334, 335, 336, 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela], da cuenta de una diversa gama de instrumentos, instituciones y medidas que la propia Constitución estatuyó, en salvaguarda del orden fundamental normativo que de ella dimana, como expresión del consenso básico del pueblo que legitimó su dictado. Así, por ejemplo, en ellas se instaura la jurisdicción constitucional y las principales herramientas de justicia constitucional; se perfilan los regímenes de excepción y -a la vez- se imponen límites y controles al ejercicio de tal facultad como mecanismo de interdicción de los actos de fuerza y arbitrariedad (interior o exterior) o imprevistos calamitosos que amenacen menoscabar el orden estatal.
Los estados de excepción en particular, como una de estas herramientas, y por primera vez en nuestra tradición constitucional, encuentran un vasto desarrollo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se definen expresamente las circunstancias que originan cada una de sus modalidades (estado de alarma, de emergencia económica, de conmoción interior o exterior), al tiempo que le impone precisos límites en aras de minimizar su grado de afectación, no sólo en la esfera de actuación de los órganos del Poder Público, sino en la vida de los ciudadanos, en cuyo favor no sólo se instaura un catálogo abierto de derechos no susceptibles de restricción (como se infiere de la frase ‘derechos humanos intangibles’), sino que se preserva -aun en tales condiciones de excepción- el principio de responsabilidad de los órganos que estructuran al Poder Ejecutivo.
Para ello, se le otorga al Presidente de la República la excepcionalísima potestad de restringir temporalmente derechos y garantías constitucionales, salvo los denominados derechos humanos intangibles, lo que si bien supone un reforzamiento de las potestades brindadas en condiciones de normalidad al Poder Ejecutivo, encuentra justificación «cuando concurran elementos de necesidad y urgencia derivados de circunstancias fácticas que requieran una pronta intervención normativa que se dicte y aplique con una celeridad que supere al tiempo en que se tarda el riguroso proceso de formulación de las leyes» (stc. n° 1507/2003, caso: María Ríos Oramas). Aunque ello deba siempre efectuarse respetando las restricciones de nuestro ordenamiento constitucional, incluyendo aquellas preceptuadas por los principales instrumentos de derechos humanos suscritos por la República: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.1) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 27.1)’. Se trata entonces de un límite legítimo a algunos derechos y garantías constitucionales reconocido por el Constituyente de 1999, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad o la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, de sus instituciones o el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la sociedad en general.
Ahora bien, para que el acto de gobierno sometido al examen sea controlable constitucionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de los estados de excepción o de necesidad, se traduce en la invocación directa de las normas constitucionales y legales -contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, que habilitan al Presidente de la República para ejercer esa potestad, y el establecimiento de medidas razonables y proporcionales a la situación que se pretende controlar, que justifiquen la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y garantías constitucionales de sus ciudadanos”.
Ahora bien, en lo que respecta a la base jurídica invocada por el ciudadano Presidente de la República para dictar el Decreto sub examine, resaltan el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que ‘[e]l Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno’; el numeral 7 del artículo 236 del mismo Texto Constitucional, que alude a la competencia específica del Presidente de la República, para declarar los estados de excepción en los casos previstos en esta Constitución; y los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, así como los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que dan cuenta de una diversa gama de medidas oportunas que permitan atender eficazmente las situaciones coyunturales, sistemáticas, inéditas y sobrevenidas…”.
En las decisiones anteriormente citadas la Sala desarrolla nociones sobre la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan situaciones fácticas de excepción, emergencia o calamidad.
Adicionalmente, se aprecia que la medida declarativa del estado de excepción obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país, siendo ineludible para el restablecimiento de las actividades económicas, esta vez, en el ámbito nacional, como continuación del derecho constitucional de excepción que de forma coherente ha venido ejerciéndose en los últimos meses, en algunos municipios del país, y en todo el territorio nacional, tal como, se evidencia en los decretos números 1.950, 1.969 y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente; así como los números 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016 del 15 de septiembre de 2015, 2.148 del 14 de enero de 2016, 2.323 del 13 de mayo de 2016, también sometidos a control de este Órgano, cuyo propósito es atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza y del resto de la Nación; la situación climática entre otras, respecto de los cuales esta Sala Constitucional declaró su constitucionalidad, mediante sentencias números 1.173 del 28 de agosto de 2015; 1.174 del 8 de septiembre de 2015; 1.176 del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181, 1.182 y 1.184 del 22 de septiembre de 2015, 1.353 del 4 de noviembre de 2015, y, finalmente, 2 del 8 de enero de 2016, respectivamente; así como también la constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de duración de los referidos estados de excepción, mediante sentencias números 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del 12 de noviembre de 2015 y 1.465 del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y 1.548 del 27 de noviembre de 2015; 2 del 8 de enero de 2016, 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 11 de marzo de 2016; 411 del 19 de mayo de 2016; y 615 del 19 de julio de 2016, las cuales constituyen claras expresiones de defensa de la soberanía, de la independencia nacional, del orden y de la paz social, de los derechos humanos, así como de otros tantos valores constitucionales.
En tal sentido, observa la Sala, que el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, ha venido atendiendo una situación de emergencia, alarmante y grave, generada por la afectación económica y social que perjudica al pueblo venezolano, a fin de controlar eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta de los hechos que han venido reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar, entre otras tantas, las siguientes reseñas a título enunciativo:
“Producción de Alimentos Polar ha caído un 30% durante el 2016. http://www.eluniversal.com/noticias/economia/produccion-alimentos-polar-caido-durante-2016_525425 El director de Alimentos de Empresas Polar, Manuel Felipe Larrazábal, detalló este lunes durante una rueda de prensa, que desde enero de 2016, la producción de alimentos de dicha empresa ha disminuido un 30% con respecto al año anterior. Indicó que las asignaciones de materia prima como maíz blanco, arroz padi y trigo duro, han estado ‘muy por debajo’ de los requerimientos necesarios para que la mencionada empresa pueda producir harina de maíz precocida, arroz de mesa y pasta.
‘Alimentos Polar tiene el 10% de la capacidad procesadora de arroz de toda la industria fabricante de arroz de mesa en el país, sin embargo, ha recibido solamente el 3,9% de las asignaciones de arroz importado por el Estado (…)’, afirmó.
‘En total Alimentos Polar ha dejado de producir casi 40 millones de kilos de Harina PAN y hemos producido 26% por debajo de nuestra capacidad y de lo que era nuestra producción habitual’, afirmó.
‘En estas categorías donde el Estado se reserva la importación de la materia prima y las importaciones las realiza directamente la Corporación CASA y luego se las vende a Alimentos Polar, también hemos tenido que pagar esta materia prima por encima de lo que le costaría a Alimentos Polar importarlas directamente’, puntualizó.
‘Hemos dejado de fabricar 11 millones 314 mil kilogramos de pasta Primor y hemos producido 20% por debajo de nuestra capacidad de producción’, apuntó.
Larrazábal mencionó, además, que la fábrica de mayonesa Mavesa se encuentra detenida desde marzo; la de avena Quaker desde junio; la de margarina Mavesa paró el 9 de septiembre y la de pasta Primor se encuentra paralizada actualmente”.
“Inflación de julio en Venezuela cerró en 23,2%. http://www.elcorreodelorinoco.com/inflacion-de-julio-en-venezuela-cerro-232/.
Las cifras de la inflación de julio en Venezuela se conocieron de manera extraoficial por una fuente del BCV.
La encuesta de precios realizada por técnicos del Banco Central de Venezuela dio como resultado la cifra de 23,2% de inflación de julio en Venezuela. Estos datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, fueron filtrados por una fuente del BCV, según se publicó en el diario El Nacional. El estudio realizado en conjunto con el Instituto Nacional de estadísticas (INE) arrojó además que la inflación en hasta el mes de julio se ubica en 240%
En los últimos 12 meses los precios han incrementado 565,2%.
El alza en los precios no tiene precedentes en la historia de Venezuela, según las fuentes que han revelado las cifras. Esta situación ha traído como consecuencia que la población venezolana haya cambiado sus hábitos alimenticios en los últimos meses, dejando sustituyendo alimentos y hasta consumiendo dos, en vez de tres comidas diarias, esto aunado a la escasez de productos de primera necesidad.
Recordemos que el BCV no publica cifras oficiales sobre datos de inflación, pues desde el Ejecutivo se considera que dichas cifras pueden alterar la seguridad nacional”.
“Producción agrícola apenas cubre un tercio del consumo. https://www.lapatilla.com/site/2016/09/19/produccion-agricola-apenas-cubre-un-tercio-del-consumo-nacional/
Las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva, que se empezaron a realizar hace nueves meses entre el gobierno y algunos productores agrícolas, no han generado ningún resultado positivo para el sector primario, los retrasos en el despacho de semillas y agroquímicos se mantienen y lo que se está produciendo apenas cubre entre 30% y 40% del consumo nacional, aseguró Aquiles Hopkins, vicepresidente de Fedeagro, publica.
‘Los consejos han sido estériles. Los productores han dicho una cosa y el gobierno ha hecho otra, completamente distinta. Aquí las cartas están echadas y lo que se debe entender es que no hay producción porque Agropatria dio los insumos tarde, porque la maquinaria está obsoleta y porque los productores cada vez están más afectados por la inseguridad’.
El directivo aseguró que la situación se mantendrá por lo que queda de año y alertó que si las autoridades continúan sin oír las propuestas que han ofrecido los productores, la superficie sembrada no va a crecer en el próximo año, los industriales no recibirán la materia prima y a los consumidores les costará más encontrar los alimentos en los mercados.
Agregó que se debe hacer importaciones de alimentos, para cubrir la demanda, pero pidió que se hagan después de que se aproveche la producción nacional. ‘Si los buques llegan cuando estamos en cosechas entonces habrá competencia por transporte, además, los industriales preferirán los productos importados porque son más baratos, por la tasa de dólar con la que se compra’.
Por rubro. Hopkins detalló que el porcentaje de producción varía dependiendo del rubro, pero aseguró que todos están afectados. En el caso de los cereales, por ejemplo, dijo que se sembraron 400.000 hectáreas, solo 60% de lo que se esperaba. ‘En el país hay una demanda de maíz blanco cercana a 1,4 millones de toneladas, la de maíz amarillo es de 2,6 millones de toneladas. La producción que vamos a tener será cuando mucho de 1,4 millones de toneladas, entre los dos’.
Además, alertó que por ahora los productores están siendo víctimas de otro tipo de robos. Dijo que se están llevando el maíz de las fincas, antes de que sea cosechado.
Rafael Chirinos, presidente de la Asociación de Cañicultura de Aragua y Carabobo, coincidió con Hopkins. Aseguró que en el caso del azúcar una de las cosas que más ha afectado a los productores es la regulación del precio del rubro. ‘El kilo del azúcar importado de Brasil lo venden de 2.000 a 3.000 bolívares y la nacional solo a 180 bolívares. Así los productores no tienen la oportunidad de obtener préstamos de la banca porque no hay confianza en que puedan pagar’.
La Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela reporta que mientras en la zafra récord, 2005-2006, se produjeron en el país 744.247 toneladas de azúcar, en la última zafra apenas fueron 246.079 toneladas, de una demanda de 1,2 millones de toneladas.
La situación de los productores de leche no es muy distinta. Edecio Pineda, presidente de la Asociación de Productores de Leche, aseguró que con la llegada de las lluvias hubo un aumento en la producción de leche, sin embargo, solo se está cubriendo entre 30% y 40% de la demanda.
En una nota de prensa publicada recientemente, Asoprole detalló que la producción diaria de leche a puerta de corral asciende a 3,3 millones de litros. Precisa que entre los factores que afectan al sector se cuentan la falta de envases para la comercialización.
Datos de Fedeagro indican que la producción de arroz también va a estar por debajo de la demanda. De una potencial de siembra de 250.000 hectáreas, en dos ciclos, solo se sembraron 110.000 toneladas.
Los productores de café tampoco se han escapado de la situación. Representantes del sector han alertado que por la regulación, el precio en el que debe ser vendido el quintal no es atractivo. Explican que además del poco dinero que perciben, la obligación de venderle al Estado y las plagas que han atacado las cosechas han hecho que en Venezuela escasee el rubro.
Detallan que de una capacidad para sembrar cerca de 2 millones de quintales de café (sacos de 46 kilos), apenas se están produciendo 400.000.
Menos carne. Al igual que los productores agrícolas, los ganaderos tampoco han visto avances en lo que va de año. ‘El país solía ser el décimo productor de carne en el mundo. Producíamos toda la carne que necesitaba el mercado y ahora producimos 30% de esa cantidad’, dijo Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.
José Agustín Campos, presidente de la Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos de Venezuela coincidió. ‘La ganadería está igual que el resto de la economía: contraída y afectada por la emergencia económica asumida por el presidente Nicolás Maduro’.
Oswaldo Carnavali, presidente de la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela, sin embargo, aseguró que la producción de carne satisface la demanda nacional puesto que el venezolano no posee los recursos para comprar grandes cantidades del rubro.
Los ganaderos recordaron que los productores carecen de insumos básicos de obligatoria aplicación, como las medicinas veterinarias, las sales minerales, las vacunas, las semillas de pasto y los repuestos para la maquinaria. Y rechazaron la inseguridad, que aseguran ha aumentado y continúa alejando a las personas del campo”.
“Cavidea asegura que producción de alimentos cae un 24,6%. http://noticiero.venevision.net/economia/2016/agosto/31/167503=cavidea-asegura-que-produccion-de-alimentos-cae-un-24,6
El aumento de la producción y del abastecimiento pleno, sigue siendo motivo de preocupación en el gobierno, sobre todo ante la respuesta que deberá dar la agricultura en su oferta y por la caída de importantes rubros industriales, anunciados en Cavidea, por el orden del 24,6%, al comparar julio 2016 vs julio 2015.
A nivel industrial ‘se observa un descenso importante en la fabricación de avena, salsa de tomate, margarina y leche en polvo, entre otros’.
El gobierno ha creado los Clap además de la GMASS (Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano), que busca impulsar los motores agroalimentario, de produccción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar.
El presidente Nicolás Maduro dijo que ‘se atacará el bajo rendimiento productivo, el deficiente sistema de distribución y comercialización casi en su totalidad en manos privadas y la vieja cultura de consumo’.
En los primeros 7 meses 2016, la producción de las empresas industriales cayó 24,6% y destacan la fabricación de avena en 74,9%; atún 59%, salsa de tomate 46%, margarina 45,6%, leche en polvo 35,2%, mayonesa 32,1%, aceites 23,1%, harina de trigo 22,6%, arroz 19,1% y harina de maíz 10,9%”.
“Hasta ahora han inspeccionado el 80 % de las empresas productoras de alimentos. http://ultimahoradigital.com/2016/09/hasta-ahora-han-inspeccionado-el-80-de-las-empresas-productoras-de-alimentos/
El 80% de las empresas productoras de alimentos en el estado Portuguesa, ya fueron supervisadas por el Estado Mayor de la Misión Abastecimiento Soberano, como parte de una inspección previa al inicio de la cosecha de cereales del ciclo invierno 2016.
El M/G Iván José Hidalgo Terán, comandante de la Redi Los Llanos, precisó que de las 592 empresas ubicadas en Portuguesa, al menos 512 ya fueron visitadas por una comisión mixta integrada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), la Sundde, Sunagro, así como también comunidades organizadas.
‘La mayoría de las fiscalizaciones que hemos realizado en las últimas semanas, corresponden a los silos, esto para garantizar que estén en condiciones óptimas de recibir la cosecha de cereales’, apuntó.
El alto funcionario precisó que se trata de un acompañamiento. “No buscamos militarizar las empresas, ni la economía; lo que queremos es facilitar el proceso de producción para garantizarle al pueblo que le llegue el alimento”, afirmó.
Hidalgo Terán, informó que durante las inspecciones se han detectados irregularidades en algunas empresas. ‘Lo que hacemos es establecer una fecha para que se pongan al día, en ningún momento hemos tenido intención de cerrar alguna empresa’, enfatizó.
Señaló que el caso más crítico actualmente lo presentan las distribuidoras de trigo y panaderías. ‘Debido a que se está presentando el bachaqueo y no permiten que la materia prima llegue a estos establecimientos, pero estamos trabajando para garantizarles sus productos’, acotó.
‘Para estas acciones se pide la colaboración del pueblo porque cuando el pueblo se atreve a denunciar, podemos actuar y es la unión cívico-militar que nos permitirá resolver todas estas distorsiones en la economía venezolana’, resaltó.
Asimismo, manifestó que toda mercancía retenida o decomisada, será distribuida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)”.
“Sundde sanciona 171 panaderías en operativo contra especulación.
http://globovision.com/article/sundde-sanciona-171-panaderias-en-operativo-contra-especulacion
Durante las últimas 48 horas fueron sancionadas un total de 171 panaderías en todo el país por comisión de boicot, acaparamiento, insalubridad, restricción de la oferta y condicionamiento de venta, informó William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Desde una panadería ubicada en el sector La Campiña de Caracas, que forma parte de las 848 inspeccionadas por los fiscales del organismo, Contreras precisó que se aplicaron multas equivalentes a 87.800 U.T., lo que representan Bs. 15 millones 540 mil 600.
‘No hay razones por parte de los dueños de las panaderías para aplicar estos mecanismos de restricción de la oferta cuando el Estado venezolano a través del ministerio popular para la alimentación ha garantizado la materia prima básica como lo es la harina de trigo y además nos hemos sentado con ellos para conversar y atender sus problemas’.
Asimismo, Contreras dijo que continuará la inspección a las panaderías así como de las empresas distribuidoras.
‘Estamos también fiscalizando a las empresas que distribuyen este rubro a las panaderías, ya que hemos recibido denuncias de condicionamiento de venta y mecanismo de restricción de la venta’.
El superintendente destacó que el operativo busca garantizar a la población ‘el acceso oportuno y a precio justo’, a través de la inspección, fiscalización y seguimiento a la distribución de harina de trigo, elaboración y venta de pan.
Por otro parte, Contreras informó que en Caracas fue detenido un ciudadano por restricción de oferta e insalubridad”.
“Gobierno prepara nuevo sistema de distribución de alimentos. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/140238/gobierno-prepara-nuevo-sistema-de-distribucion-de-alimentos.html
Los ministros Rodolfo Marco Torres y Vladimir Padrino López inspeccionaron este miércoles las instalaciones del Centro de Empaquetado de Alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento, desde donde informaron que se prepara un nuevo esquema de distribución que será aplicado en todo el país.
En la información compartida por Marco Torres a través de su cuenta en Twitter, que en este nuevo sistema se están priorizando siete rubros y que las bolsas con alimentos que se entregrarán —al menos en el Distrito Capital— constarán de 16 kilos de alimentos. Este esquema ‘garantiza la justa distribución de alimentos’, afirmó el ministro de Alimentación a través de la red de microbloggin. Asimismo, ratificó que dichas bolsas serán expendidas por los Clap. ‘Cosas como esta (el sistema de distribución) vamos a ir replicándolas estado por estado. Vamos a ir priorizando los estados y segyuiremos cumpliendo las instrucciones del presidente de la República", indicó por su parte Vladimir Padrino López’”.
“Aplicarán nuevo esquema de distribución de alimentos para los Clap de todo el país. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/aplicaran-nuevo-esquema-distribucion-alimentos-los-clap-pais/ El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció que será aplicado un nuevo esquema de distribución de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), de todo el país.
Durante una inspección realizada este miércoles al Centro de Empaquetado de Alimentos en el Fuerte Tiuna -en compañía de varias autoridades nacionales- el Ministro explicó que esta nueva medida garantizará la justa distribución de alimentos en todo el territorio nacional.
En ese sentido, detalló que cada bolsa empaquetada en este centro contará con 16 kilogramos de alimentos que llegarán de manera directa a los Clap.
‘A través de este esquema se atenderán 22 parroquias del Distrito Capital, beneficiando a más de 520.000 familias’, expresó a través de su cuenta en Twitter”.
“Nueva violación al espacio aéreo venezolano por aeronave militar de EEUU durante Cumbre del Mnoal. http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/nueva-violacion-espacio-aereo-venezolano-por-aeronave-militar-eeuu-durante-cumbre-mnoal/.
El ministro Padrino López denunció que se trató de una aeronave tipo Dash-8 de la Guardia Costera estadounidense, utilizada para labores de espionaje
‘Se pudo detectar una aeronave, -que no es nueva-, tipo Dash-8 que pertenece a la guardia costera de Estados Unidos, capaz de recoger información en tiempo casi real, para su recopilación, análisis y difusión, gracias a sus múltiples antenas y sensores’, dijo durante una rueda de prensa ofrecida este martes.
La aeronave fue interceptada por aviones militares venezolanos y notificada sobre su situación, aceptando para luego retirarse a su base de origen en Hato Rey, Curazao. ‘Es un riesgo que no se notifique el ingreso a la información de vuelo, sobretodo si es militar’, destacó.
‘Yo no se qué es lo que pasa con Estados Unidos que se resiste a informar a nuestra Región de Información de Vuelo, violando flagrantemente la normativa internacional’, apuntó.
‘La cumbre fue un hecho histórico porque no se presentó ningún incidente’, dijo a la vez que destacó la conducta cívica del pueblo venezolano y especialmente del pueblo de Margarita, ratificando que Venezuela es territorio de paz”.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, esta Sala observa que ante las situaciones fácticas extraordinarias existentes en el país que afectan la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas, los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República y el orden constitucional, el Ejecutivo Nacional, en ejercicio de sus funciones, ha decidido afrontar las mismas a través del presente Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, cumpliendo así con postulados constitucionales que imponen garantizar a la población el orden público constitucional. Entre ellos, es oportuno mencionar, además de otros, los artículos 112, 117, 299 y 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta”. “Artículo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”.
Así pues, observa esta Sala Constitucional que el Decreto mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de índole económico, político y social, especialmente a lo concerniente a la producción, distribución y abastecimiento de alimentos, medicinas, y demás bienes y servicios indispensables para la vida digna y cotidiana del pueblo venezolano que actualmente se encuentran afectadas gravemente, y que no solo ocurren en Venezuela, sino, además en el contexto económico latinoamericano y global actual, por lo cual resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección económica, social y de seguridad de la Nación, por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, así como para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, aplicar estas medidas excepcionales.
El artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, establece exigencias de justificación o razonabilidad de las medidas dispuestas para resolver la situación de hecho que afecta la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y sus instituciones. Al respecto, esta Sala Constitucional constata, luego del análisis conducente, que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, las cuales se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan la estabilización del equilibrio económico-financiero del país.
“En tal orden, resulta necesario hacer mención al modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual de manera clara e indubitable instituye a nuestro Estado como un ‘Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político’, como de manera expresa es indicado en el artículo 2 constitucional.
En razón de ello, el paradigma de Estado Social comporta un cambio en la manera en la que el Estado debe actuar y desenvolverse, tanto en su fuero interno como en el externo, lo cual desde luego, acarrea repercusiones de diversa índole en las relaciones del mismo con sus ciudadanos, estableciendo deberes de actuación estatal en los distintos órdenes de la vida social, para asegurar la procura existencial de los ciudadanos, en función de lo que el Estado asume la responsabilidad de intervenir de manera activa, precisamente para consolidar dicho objetivo, asumiendo para sí la gestión de determinadas prestaciones, actividades y servicios, así como también, haciéndose responsable y garante de las necesidades vitales requeridas por los ciudadanos para su existencia digna y armónica, lo cual, vale destacar, ha sido puesto de manifiesto por esta Sala Constitucional, expresado en decisiones trascendentales para la vida social de nuestro país, dentro de la que destaca la sentencia Nº 85 del 24 de enero de 2002, (ASODEVIPRILARA),’ en la que se tuvo la oportunidad de indicar:
De igual manera, también bajo esta óptica, el texto constitucional consagra la severa pena frente a la verificación de ilícitos económicos, de especulación, acaparamiento, usura, cartelización y otros delitos conexos, como expresamente lo indica el artículo 114 constitucional; así como también se indica de manera diáfana en la Ley Fundamental que ‘Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos’ (Artículo 117)”.
En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional debe pronunciarse afirmativamente respecto de la constitucionalidad del Decreto n.° 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, de diversa índole, afectando el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, establece la constitucionalidad del Decreto N° 2.452 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, que deberá ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos. Así se decide. Asimismo, debe señalarse que el Decreto n.° 2.452, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental (sobre las consecuencias del control jurídico y el control político, así como de otros temas vinculados al presente asunto, ver sentencias dictadas por esta Sala bajo los nros. 7 del 11 de febrero de 2016; 9 del 1 de marzo de 2016 y 808 del 2 de septiembre de 2016). Este pronunciamiento no prejuzga sobre la constitucionalidad de las actuaciones que se desplieguen en el contexto del decreto sub examine (vid. Sentencia n° 184 del 17 de marzo de 2016, entre otras).
En tal sentido, resulta oportuno reiterar lo asentado por esta Sala en la sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que se expresó lo siguiente:
“Lo anterior no significa que se esté haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones que detenta la Asamblea Nacional, sino que las mismas deben ser ejercidas dentro del marco del ordenamiento constitucional, lo cual significa, en relación al caso que nos ocupa, que la Asamblea Nacional asuma una conducta acorde con los principios y valores constitucionales y democráticos, y proceda ajustada a derecho, cumpliendo las decisiones judiciales emanadas de los distintos órganos jurisdiccionales del país, y en el presente caso, con las decisiones emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, suspendiendo temporalmente la incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como diputados de dicha Asamblea Nacional y, por tanto, de los actos que a la misma le competen, y ejercer sin tales ciudadanos sus competencias y atribuciones, como en efecto lo vino realizando la Asamblea Nacional durante un tiempo, hasta que en fecha 28 de julio del año en curso, procedió nuevamente a la inconstitucional y nula incorporación de los prenombrados ciudadanos, como diputados de la misma.
Por último, debe mencionar esta Sala que tal conducta desplegada por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del país, desafortunadamente ha sido una constante y característica manera de proceder de la mayoría parlamentaria, lo cual ha sido puesto de manifiesto en diversas decisiones, en las que se encuentran la sentencia n.° 614 del 19 de julio de 2016, emanada de esta Sala, en la que se dispuso:
‘Así pues, es evidente que la segunda agenda del orden del día sufrió una modificación en la cual se incorporó de forma extemporánea como punto n.°1 la Presentación del Informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, sustituyendo el punto n.° 3 de la primera convocatoria, en el que se propuso debatir sobre la Segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Ello demuestra de forma incontrovertible la flagrante violación por parte de la Junta Directiva y de la Secretaría de la Asamblea Nacional, así como también por parte de los diputados que respaldaron a través de sus votos semejante afrenta al orden constitucional y a la sentencia de esta Sala Nº 269 que, como se advirtió, estableció “que la orden del día una vez incluida en el sistema automatizado no admitirá modificación, en aras de preservar la seguridad jurídica como principio que debe imperar en el ejercicio de la función legislativa. En consecuencia, se suspende de oficio, hasta tanto se decida el fondo del presente recurso, el numeral 6 del artículo antes indicado, al colidir con lo antes establecido’.
Finalmente, en razón de la posible comisión de delitos contra los Poderes Nacionales y contra la Administración de Justicia, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras formas de responsabilidad jurídica, se ordena remitir copia certificada de esta sentencia al Ministerio Público, a los fines jurídicos consiguientes. Así se decide.’
Asimismo, resulta oportuno señalar la sentencia n.° 460 del 9 de junio de 2016, en la que esta Sala señaló lo siguiente:
‘Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
‘Ahora bien, un enfoque literal y sistemático del ordenamiento constitucional en la materia, como el expuesto supra, es consolidado por una perspectiva interpretativa de naturaleza pragmática y teleológica, vinculada a la naturaleza de las relaciones internacionales, conforme al cual, las mismas si bien deben responder a los elementos sustantivos antes señalados y al cumplimiento de las formalidades correspondientes (vgr. Artículo 187.18 de la Constitución), no pueden limitarse de forma tal que nieguen -o vacíen de contenido- el carácter particularmente discrecional que le atribuye el propio Texto Fundamental, a la atribución del Presidente de la República para dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, en los precisos términos del artículo 236.4 eiusdem.
Considera esta Sala importante indicar, que la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiriéndose en particular a la Sección Quinta, intitulada ‘De las Relaciones Internacionales”; del Capítulo I, “ De las Disposiciones Fundamentales,’ señala que:
Finalmente, debe concluirse que tales actos constituyen muestras claras de desviación de poder, como lo advirtió esta Sala en sentencia n.° 259 del 31 de marzo de 2016, en la que señaló lo siguiente:
En tal sentido, este Máximo Tribunal de la República debe advertir que la participación o intervención directa o indirecta en las actuaciones desplegadas por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del país, generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales en general necesarias para salvaguardar la eficacia del Texto Fundamental que se ha dado democráticamente el pueblo venezolano, a través del proceso constituyente, para procurar su convivencia pacífica y promover su bienestar”.
1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n°. 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el territorio nacional.
2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 2.452 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual fue dictado en cumplimiento de los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene incólume conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 3.- NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ EL ACUERDO EN RECHAZO AL DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA, adoptado por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 20 de septiembre.
4.-Se REITERA lo declarado por esta Sala en la sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. 5.- Se ADVIERTE que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional.
6.- Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER CALIXTO ORTEGA RÍOS LOURDES SUÁREZ ANDERSON FEDERICO SEBASTIÁN FUENMAYOR GALLO
La Secretaria (T), DIXIES J. VELÁZQUEZ R.
Expediente n.° 16-0897
GO 40995

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