Source: https://sustentarse.cl/blog/11-opinion/5-resolucion-de-controversias-en-un-contexto-de-creciente-conflictividad-socioambiental-regional?tmpl=component
Timestamp: 2020-08-03 12:28:17+00:00

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Nueve años de aprendizaje del MICI - BID en América Latina
Por Maia Seeger P.
En el marco de las celebraciones de su décimo aniversario, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo lanzó hace pocos días la publicación titulada Fase de Consulta: Nueve años de experiencia en resolución de disputas 2010-2019. El documento, que forma parte del Programa MICI Reflexiones, presenta una revisión del proceso de resolución de controversias de los 25 casos que el mecanismo ha gestionado en ese período.
La difusión de la publicación de MICI coincide con el anuncio del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) del nombramiento de Victoria Márquez-Mees como la primera Chief Accountability Officer del recientemente creado mecanismo independiente de rendición de cuentas de esta institución financiera, el Independent Project Accountability Mechanism (IPAM). Márquez-Mees asumirá el nuevo cargo en julio del presente año, junto con el debut del IPAM.
El anuncio causó sorpresa, ya que Márquez-Mees es la actual directora del MICI y el BID aún no ha oficializado públicamente su salida. Además, se ha desempeñado en el mecanismo desde su inicio, en 2010, asumiendo el actual cargo en 2017. En esta calidad es la responsable de la publicación in comento, que sistematiza nueve años de experiencia del MICI en la resolución de disputas en América Latina y El Caribe.
El MICI define la “Fase de Consulta” como un proceso de resolución de disputas en el cual funge como facilitador, buscando que las partes lleguen a acuerdos respecto de las problemáticas que motivaron la solicitud o queja.
Un hallazgo interesante es que los casos abordados por el MICI, en general, “involucran a poblaciones de escasos recursos con índices educativos bajos y con débiles capacidades organizativas”. Esto es congruente con las observaciones de la sociedad civil, en el sentido que los proyectos de “desarrollo” suelen afectar con más severidad a los grupos más vulnerables y que éstos, a su vez, se encuentran en una situación de mayor indefensión, disponiendo de pocos medios alternativos para defenderse.
Sin embargo, preocupa el lenguaje utilizado por el MICI cuando habla de comunidades con “índices educativos bajos y capacidades organizativas débiles", porque ésta, “es una visión muy occidental y preconcebida, que no ayuda a promover la expertise comunitaria y reconocer que sus formas de organización no están previstas para el conflicto externo, sino para el trabajo solidario”, observó Alexandre Andrade Sampaio, de International Accountability Project. “Es triste que el propio MICI aún tenga una visión tan débil de aquellos con quienes trabaja”.
En los casos de MICI, los reclamos por incumplimiento se han agrupado en tres temáticas: falta de relacionamiento comunitario (64%); falta de información (60%); y, deficiente evaluación de riesgos (40%). La mayoría de las quejas se refieren a daños generados por los proyectos del BID en las condiciones de vida y el patrimonio, casi siempre como resultado de actividades de reasentamiento involuntario o por desplazamiento económico de comunidades vulnerables. Otros impactos recurrentes de carácter ambiental se refieren a la afectación de la disponibilidad de agua o su contaminación, y a la polución sonora y del aire.
Los principales desafíos que encontró MICI en los procesos de consulta fueron tres: la erosión de la confianza entre las partes; la falta de acceso a la información, y la asimetría de capacidades para una participación efectiva.
MICI observó que, al momento de presentarse una solicitud, las “relaciones entre las partes se caracterizan en general por una baja interacción, la ausencia de influencias recíprocas, la desconfianza, la crítica mutua, y limitada disposición a interactuar”. Agrega que a ello se suma la polarización creciente que muestran muchas de las sociedades de la región de América Latina y el Caribe, agravando los problemas de confianza.
A su vez, la falta de acceso oportuno de las comunidades a la información relevante sobre los proyectos, en un lenguaje comprensible, daña fuertemente la confianza entre las partes y afecta la actitud con la que se llega a los espacios de resolución de disputas y/o controversias.
Respecto de la asimetría de capacidades para una participación efectiva, el documento del MICI indica que, “suele ser poco frecuente que comunidades o individuos que presentan una Solicitud ante el Mecanismo estén totalmente preparados para iniciar un proceso de resolución de disputas”. En nuestra experiencia, las complejidades de las políticas, criterios y procedimientos del MICI son una barrera casi invencible para las comunidades.
En las reflexiones generales de cierre, la publicación constata una realidad preocupante: “El Grupo BID desarrolla sus operaciones en un contexto regional caracterizado por una conflictividad socioambiental creciente, con niveles de polarización social considerables y en donde coexisten diversas visiones sobre como alcanzar un desarrollo sustentable”.
A modo de conclusión, MICI resalta la importancia de construir puentes de confianza desde las primeras etapas de diseño de un proyecto, basados en la comunicación de dos vías para generar comprensión de las preocupaciones y desafíos que cada Parte percibe, la provisión de información transparente, directa y oportuna y el mantenimiento de los compromisos que se realizan.
Aprendizajes para mejorar los estándares
Los aprendizajes plasmados en el documento son un aporte a la discusión respecto del rol de los mecanismos de rendición de cuentas y reparación de los bancos multilaterales y de los muchos desafíos que aún están pendientes. Destacamos una cita de la publicación que nos parece particularmente relevante para revisar y evaluar la efectividad del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID:
“Muchos de los conflictos se han generado durante las etapas de pre-identificación, identificación y preparación de los proyectos, pero dado que el MICI solo puede ser activado una vez que la operación es aprobada, estos conflictos por lo general han crecido y la polarización entre las Partes ha escalado. Esto genera desafíos particulares de erosión de la confianza y ruptura de la comunicación entre las Partes, a los cuales en ciertos casos se suma la “fatiga de diálogo” si, considerando que el MICI es un último recurso, la Administración del BID ha buscado resolver las controversias, pero los esfuerzos han resultado infructuosos”.
La visión del MICI es congruente con nuestra propia experiencia con el mecanismo, al apoyar a una comunidad de pescadores artesanales de Tocopilla, en el norte de Chile, amenazada por un proyecto de la gran minería del cobre “condicionalmente aprobado” para una operación de financiamiento de BID-Invest.
Esperamos que la salida de Victoria Márquez-Mees del MICI no sea un impedimento para que los aprendizajes hecho durante su mandato puedan retroalimentar procesos de mejora de las políticas y procedimientos del mecanismo, como tampoco del propio Grupo BID, y que sean considerados en la puesta en marcha del IPAM del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, elevando los estándares de los organismos encargados de la rendición de cuentas y la resolución de controversias de los bancos de desarrollo a nivel global.

References: resolución 
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