Source: http://ley.exam-10.com/law/29867/index.html
Timestamp: 2020-02-21 02:49:51+00:00

Document:
título Consideraciones y sugerencias respecto al proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial
El proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial se inscribe en un contexto de cambios socio/históricos/culturales que expresan instancias de participación y debate desde las cuales recuperar, a través de las audiencias, el poder instituyente de la ciudadanía.
Desde el Seminario Género y Legislación perteneciente a la Maestría “Poder y Sociedad desde la Problemática del Género” de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, nos manifestamos como maestrandas/os respecto a los siguientes artículos: 19, 146 inciso c. y 638 a 660, del Código proyectado.
Artículo 19. Sobre el comienzo de la existencia de las personas. Su modificación.
El Art. 19 del Proyecto Código Civil va a establecer: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida comienza con la implantación del embrión en la mujer sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado.”
A raíz de la reforma a la Constitución Nacional en el año 1994 se incorporan al ordenamiento jurídico argentino en el art.75 inc.22 los TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de nuestra Constitución y deben entenderse complementario de los derechos y garantías por ella reconocidos.” Como consecuencia de adherir al sistema americano, la doctrina y la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado Argentino, conforme “MAZZEO JULIO LILO Y OTROS S/ RECURSO DE CASACION Y DE CONSTITUCIONALIDAD”
Teniendo en cuenta el caso “ARTAVIA MURILLO Y OTROS (Fec. In vitro) vs. COSTA RICA”de 28/11/2012; donde si bien los derechos en juego son: el derecho a la vida privada y familiar; el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía reproductiva, la salud sexual y reproductiva; el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; y, el principio de no discriminación.
El art. 4,1 de la Convención Americana establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
La Corte, en el presente caso indaga sobre el sentido y la extensión de las palabras “persona”, “ser humano”, “concepción” y “en general”, desde cuatro distintos tipos de interpretaciones:
Interpreta que la práctica de las TRA está asociada al principio de protección gradual e incremental y no absoluta de la vida prenatal y a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona.
En ese sentido, la cláusula “en general” tiene como objeto y fin el permitir que, ante un conflicto de derecho, sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción.
En otras palabras, el objeto y fin de cláusula “en general” del art. 4.1 es la de permitir un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso dicho objeto y fin implica que no puede alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos.
Para nosotras/os debería decir directamente que: se es persona desde el nacimiento, es decir desde la separación del cuerpo de la mujer; pudiendo en todo caso haber hecho una protección en relación al nasciturus, en sus distintos estadios de gestación; permitiendo que la mujer proteja su propio cuerpo siendo libre al decidir si quiere estar embarazada o no; dando pie, de esta forma, a que se permita el aborto seguro, libre y gratuito.
Citando a Maria Betania Avila, sobre los conceptos de igualdad y de libertad, que dice: “El cuerpo de las mujeres no puede ser tomado como un lugar de definición de su “destino”, sino justamente lo contrario; su integridad corporal y el reconocimiento del derecho sobre su propio cuerpo como dimensión fundamental de su ciudadanía abren el camino para vivir las diferencias que existen ente los diversos aspectos de ser mujer y de ser hombre….” “La formulación de derechos en el campo de la reproducción es el resultado de una lucha que tuvo como mira suprimir desde el punto de vista moral, la relación obligatoria entre sexualidad y reproducción”. ….. Cualquier restricción de la libertad y las garantías relativas a cada una de estos sucesos lleva a las personas, y sobre todo a las mujeres, a una situación de opresión”.
Creemos que quien es portadora de un embrión, no deseado, pasa a ser vigilada, controlada, por el Estado, quien omnipotentemente, en una insistencia perversa por hacer gestar una vida humana, condena a la marginalidad, y criminaliza, discriminando a la mujer que quiere interrumpir un embarazo no deseado.
Promovemos la redacción del art. 19 del Proyecto del Código Civil de la siguiente forma:
“La existencia de la persona humana comienza con su nacimiento con vida.”
Artículo 146 inciso c. Sobre el carácter de persona jurídica pública. Su eliminación.
Respecto a este punto, solicitamos la eliminación del mencionado inciso ya que consideramos que el mismo continúa con una tradición de privilegio para la Iglesia Católica, incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado que consagra genuinamente el libre ejercicio de la conciencia en condiciones de igualdad y no discriminación.
Si bien el Art. 2 de la Constitución Nacional establece el “sostenimiento” del culto católico; este se circunscribe, como es entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuestiones económicas que no implican la pertenencia a un culto confesional por parte del Estado Nacional. En este sentido, creemos que mantener el status de persona jurídica de carácter público de la Iglesia Católica en el Código Civil se contrapone al histórico proceso de separación de Iglesia y Estado. De esta forma, consideramos a este argumento como parte de un tratamiento preferencial del Código Civil vigente, así como del proyecto de reforma, hacia la Iglesia Católica, lo cual implica un exceso en el permiso constitucional del artículo 2 CN y por ende, una violación al principio de laicidad del Estado.
En segundo lugar, estos privilegios otorgados a la Iglesia Católica no son reconocidos a otros cultos, distinción que viola el principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos.
Un Estado laico, democrático y plural que se precie de ser tal, que respete y garantice las libertades y derechos a toda la población sin discriminación, no puede admitir ni justificar válidamente la existencia de tales privilegios en detrimento de otros cultos o de quienes no profesan culto religioso alguno.
La decisión de mantener a la Iglesia Católica como persona jurídica pública legitima la idea de que sus concepciones y acciones poseen un interés público que prevalece por sobre otros sistemas de creencias. Esto puede damnificar a parte de la población, dado que la persecución de ciertos derechos fundamentales para la autonomía de las personas se han visto obstaculizados por las concepciones y acciones de esta institución, sosteniendo estereotipos sexistas y patriarcales que resultan en la opresión y subordinación de las mujeres respecto de los varones, como así también en la estigmatización de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
La Jerarquía católica conservadora ha convocado a una verdadera cruzada para influir en las políticas públicas y de esta manera convertir en ley de los Estados, sus preceptos morales y sus creencias religiosas. (cfr.: “En defensa del Laicismo” Marta Alanís, www.catolicas.com.ar ).
De este modo mantener el inc. c) del art. 146 de la reforma del código proyectado, significaría avalar como genuino lo decidido en el gobierno de facto de Ongania, violando de manera flagrante la igualdad de los derechos humanos fundamentales de los colectivos de mujeres, gays, lesbianas, trans.-
En este momento histórico y coyuntural de profundas revisiones, no podemos seguir permitiendo que en el Siglo XXI, un Congreso democrático continúe avalando legislativamente el statu quo de la Iglesia y manteniendo disposiciones normativas de privilegio proveniente de gobiernos de facto.
Entendemos entonces que el sostenimiento de este privilegio para de la Iglesia Católica se contrapone al principio de igualdad entre los cultos –contemplado en los arts. 14, 16, 19, 28 y 31, 43 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional, 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)-, al principio de igualdad – art. 16 de la CN, 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el art. 1 de la ley 23.592- y al de no discriminación religiosa– contemplada en los artículos 1.1 de la CADH y 2.2 y 18 del PIDCP.-
Contextualizaciones a considerar
El/la legislador/a debe tener especialmente en cuenta la democratización y constitucionalidad del derecho civil. Al respecto vale recordar que en el año 2000, Argentina recibió por parte del comité de Derechos Humanos de la ONU consideraciones acerca de “su inquietud ante el trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la iglesia católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del Art. 26 del Pacto”1
Tal como lo plantea Rossi en su análisis del artículo 146: “Partiendo de una interpretación armónica del texto constitucional y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos a ella incorporados, podemos concluir que dichos instrumentos prohíben toda distinción que privilegie o perjudique a cualquier habitante de la República Argentina en razón de su pertenencia o no pertenencia a un culto o su adhesión o no adhesión a una creencia determinada. Las distinciones basadas en motivos religiosos se denominan “categorías sospechosas” y se presumen inconstitucionales”2
Historizando al respecto, podemos decir que el proceso de construcción histórica del Estado argentino evidencia claves para pensar momentos de secularización tendientes a definir y fortalecer el principio de laicidad; reconociendo la influencia simbólica de la religión católica, heredada fundamentalmente de la tradición cultural hispana, el proceso de secularización en la Argentina implicó complejos momentos de avances y retrocesos. Tomando como punto de partida la Constitución Nacional de 1853 se vislumbra un primer umbral de secularización; teniendo como referente el proyecto constitucional de las bases de Juan B. Alberdi quien desde el artículo 3 empleaba las palabras “adopta y sostiene” el culto católico, los congresales constituyentes en Santa fe suprimirán la palabra “adopta” reservando la frase “sostiene el culto católico”. El segundo umbral de secularización es posible situarlo en la década de 1880: la sanción de las leyes de creación de “Registro civil” (1884), la ley de “Matrimonio civil” y la ley Nº 1420 de “Educación común”. Avanzando el siglo XX, los períodos de dictaduras cívico-militares significaron momentos de retroceso en los umbrales de secularización y efectiva laicidad del Estado argentino; la reforma al Código Civil realizada por la dictadura de Onganía en 1968 (Ley nacional nº 17.711) al incluir a la Iglesia católica en carácter de persona jurídica pública, reconfiguró una situación de privilegio en desmedro de la igualdad civil constitucional.
Analizando los avances y retrocesos en el corpus legislativo nacional e internacional podemos evidenciar que en líneas generales, los países y sus respectivas legislaciones se encaminan a un proceso de laicización propio de las sociedades pluralistas y democráticas, lo que implica a su vez la ampliación de derechos para sus ciudadanas/os.
En este sentido, consideramos válido rever y poner en discusión las reformas legislativas llevadas adelante en el contexto de gobiernos autoritarios ya que, consideramos que las mismas carecen de legitimidad y sustento democrático.
Entendemos que la actual instancia de reforma del Código Civil posibilita un nuevo umbral de secularización del Estado y un avance en la igualdad de credos, en tanto se elimine del artículo 146 el inciso c.
Creemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana debe ocupar el mismo lugar que el resto de las organizaciones religiosas, filosóficas o ideológicas. Sólo de este modo la Argentina se aproximará al objetivo de ser un Estado verdaderamente laico, plural, e independiente de influencias religiosas y respetuosas de la libre conciencia de toda la población sin ningún tipo de discriminación. Es fundamental que el Estado garantice la no distinción entre ninguno/a de sus habitantes por motivo de culto y creencias, debiendo legislar para una sociedad diversa y plural sin perder de vista que las creencias religiosas no deben influir en la labor pública; pues el laicismo es imprescindible para el ejercicio de los derechos y el bienestar de las personas.-
En base a los argumentos aquí expuestos, consideramos de fundada importancia la eliminación del inc. c) del artículo 146 del Código Civil Proyectado.-
Artículos de 638 a 660. Sobre responsabilidades parentales, deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos. Aval y sugerencias.
“El derecho es un discurso social, que como tal, participa en ese proceso de construcción de la realidad”. El Derecho ha regulado la vida familiar durante siglos, directa e indirectamente. Las normas han reforzado también la dicotomía entre el hogar “privado” y el mercado “público” y lo han hecho de manera particularmente destructiva para las mujeres.
Un eje central de la organización social ha sido en todas las sociedades, el control de la familia. “Puesto que de esta institución depende la reproducción biológica, la preservación y perpetuación del orden social, cultural y económico, así como la gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo”.
Podemos analizar la evolución del derecho de familia en el tiempo de manera sintética: Antes de 1869, las normas organizativas de la vida familiar se regían por el código canónico. El nuevo Código Civil de Vélez Sarsfield, convalidó jurídicamente dicho modelo.
Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, el modelo legal de familia basada en principios democráticos, incorpora diversos tratados internacionales, que inciden directamente en el derecho de familia; incluyendo la Convención sobre la eliminación de Todas las formas de discriminación Contra la Mujer, que establece la responsabilidad de ambos progenitores en el cuidado de sus hijos y la igualdad dentro del matrimonio para los cónyuges en sus artículos 5 inc. b) y artículo16.
El compromiso de adoptar todas las medidas al alcance del estado para garantizar los mismos deberes y derechos para con sus hijos a ambos progenitores fue ratificado por nuestro país en la X y en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en los llamados Consensos de Quito en 2007 y Brasilia en 2010 .
Con la sanción de la Ley 26.618, de Matrimonio Igualitario, cambia la estructura tradicional de familia. Hoy estamos frente a una nueva modificación del Código Civil, que incorpora estos nuevos paradigmas, basados en el principio de equidad que regula las relaciones entre géneros, modificando concretamente la vida de las mujeres: las tareas domésticas, el cuidado de los/as niños/as, las responsabilidades parentales, y los nuevos derechos de niños, niñas y adolescentes.
Acerca del impacto que produciría este cambio, Gherardi plantea: “La ley nunca transforma la realidad, el derecho regula algunas formas de convivencia y, de alguna manera, las relaciones sociales. Ahora, que el Derecho reconozca que hay una división del trabajo y que hay valor en los diferentes tipos de trabajo no sólo por nombrarlos sino para que haya una consecuencia jurídica en caso de disolución sirve para hacer visible el valor”3.
El Proyecto de reforma del Código Civil argentino define la Responsabilidad Parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado (Art. 638).
Incorpora en el Proyecto los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 “Protección Integral de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia” (Art. 639 y 646).
La Responsabilidad parental puede tener el ejercicio de ambos progenitores (en convivencia o no), uno solo o un tercero, según la situación lo amerite (Art. 641).
Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y cuidarlos, aunque el cuidado personal este a cargo de uno solo (Art 658). Se establece que quien ejerce tareas de cuidado personal del hijo, aporta a su manutención, teniendo esta tarea valor económico (Art 660).
De esta manera, la propuesta de reforma del Código Civil argentino establece cambios significativos: reemplazo del concepto de Patria potestad por Responsabilidad Parental entendida como titularidad tanto de los progenitores como de terceros, utilización del término Progenitores en sustitución por el de Padres y reconoce a la tarea cotidiana de cuidado personal valor económico.
Sostenemos que, en lo que respecta a la crianza de los hijos/as no hay razones, ni desde lo biológico ni desde lo genérico, para adjudicarle solamente a la mujer/madre ese rol.
Podemos decir sucintamente, desde el psicoanálisis y siguiendo a Bowlby4 , que basta con un ambiente seguro, empático y de contención en el cual se podrá crear un modelo vincular de “apego”, lo que permitirá a ese niño/a desarrollar un concepto positivo de sí mismo, tener más confianza y relaciones interpersonales más satisfactorias. Aquí lo que juega un papel fundamental es la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal (o principales) figuras de afecto, independientemente del sexo biológico.
El texto avanza en el reconocimiento de que las tareas domésticas, de cuidados de niños/as, ancianos/as o personas con discapacidad, tendrán una compensación económica en caso de divorcio. Esto resulta un reconocimiento expreso a la labor en el hogar que requiere de una revisión profunda de la división sexual del trabajo y de conceptualizar como trabajo la tarea del cuidado.
Respaldamos los cambios propuestos para estos artículos, ya que de aprobarse el anteproyecto, un principio de equidad regulará las relaciones entre los géneros, y un reclamo histórico del feminismo se verá plasmado en este marco regulatorio de la vida cotidiana.
Revertir esta situación permitiría conciliar trabajo y familia, como responsabilidad compartida que redundaría en la salud física y psíquica de las mujeres de todos los sectores sociales.
Al compartir las responsabilidades familiares se crean condiciones propicias para la participación política de la mujer en defensa de sus propios derechos y en el reclamo a las autoridades para el fortalecimiento de políticas y servicios universales de regulación del cuidado.
Reiteramos nuestro aval al proyecto de reforma contenido en este título ya que desde la perspectiva de género se reconoce la importancia de la redistribución de las responsabilidades del cuidado entre hombres y mujeres, lo que implica no sólo otorgar la importancia social y jurídica al espacio del “cuidado”, sino también romper con viejos estereotipos que le asignan sólo a la mujer la responsabilidad del hogar.
Por último alertamos especialmente el uso sexista del lenguaje en toda la redacción del proyecto del Código Civil y Comercial, haciéndose más evidente en este apartado la invisibilización de las niñas y las mujeres.-
1 Comité de Derechos Humanos. Observaciones Finales. Argentina. Doc. CCPR/CO/70/ARG (2000) del 03/11/2000.
2 Rossi, Felicitas y Amette Estrada, Roberto: El Art. 146 del Proyecto de reforma del Código Civil Argentino: “Un análisis constitucional del mantenimiento de la Iglesia Católica como persona jurídica pública”
3 Gherardi Natalia Directora ejecutiva ELA. (Equipo Latinoamericano De Justicia y Género.) En: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-193376-2012-05-06.html Última consulta: 18 de mayo de 2013
4 Bowlby, Edit. El apego y la pérdida. Editorial: Paidos. Barcelona, 1998

References: Artículo 19

Artículo 146
 artículo 2
 artículo 146
 artículo 3
 artículo 146
 artículo 146
 artículo16