Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500197.html
Timestamp: 2019-03-20 11:17:49+00:00

Document:
se201500197
SENTENCIA: 197/2015.
EXPEDIENTE Nº: 314/2009.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 25 a 28, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0096/2009 de 11 de marzo del 2009, emitida por el Superintendente Tributario General interino; contestación de fs. 35 a 38; renuncia a replica al no haber hecho uso de ese derecho y demás antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que Batallón de Seguridad Física de Cochabamba representado por Víctor Decker Santelices Velásquez, en el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa, pidiendo dejar sin efecto Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0096/2009 de 11 de marzo del 2009, y la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/255-08 de 9 de junio de 2008, con los siguientes fundamentos:
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ha proseguido el proceso de Sumario Contravencional por incumplimiento en la presentación del Libro Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2007, en el citado proceso en las diligencias de notificación de los Avisos de Visita y el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 00084914492 de 25 de marzo de 2008, no se efectuó en el domicilio tributario del Batallón de Seguridad Física (calle Tarata Nº 1102, zona San Antonio), sino en el domicilio del Comando Departamental de Policía de Cochabamba, ubicado en la Plaza 14 de Septiembre, en vulneración a los arts. 37, 70 num. 3, 83 y 85 del Código Tributario.
Se ha formulado nulidad de notificación, acompañando la prueba pertinente que acredita este extremo, puesto que la referida notificación fue devuelta por el Comandante Departamental de Policía, y es comprobado el hecho que el funcionario receptor de la notificación, ha recibido las copias en su oficina ubicada en el Comando Departamental de Policía y no así en el domicilio tributario. Sin embargo la Administración Tributaria, en vulneración del art. 68 num. 6 y 10 del Código Tributario, inherentes a los derechos del sujeto pasivo (Debido proceso y a ser oído en juicio), se limitó a responder en la Nota GDC/DF/PE/R-1984/08 de 30 de junio de 2008, indicando que el plazo para presentar los descargos ya había vencido y que el auto Inicial de Sumario Contravencional continuaría su trámite.
El 29 de septiembre de 2008, se notifica al Batallón de Seguridad Física, con la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/255-08 de 9 de junio de 2008, resolución en la cual tampoco se efectúa ninguna valoración ni análisis de la nulidad planteada con anterioridad. De este modo se deja en total indefensión al Batallón de Seguridad Física, vulnerando flagrantemente el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la igualdad y seguridad jurídica previstos en el art. 16. II y IV, 6. I y 7 inc. a) de la Constitución Política del Estado. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha trazado línea jurisprudencia con las SSCC Nº 671/2001-R de 10 de julio de 2001, Nº 788/2001-R de 27 de julio de 2001, Nº 0009/2004 de 28 de enero de 2004 y Nº 018/04 de 20 de marzo de 2004, entre otras, que señalan que: “El debido proceso comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos”.
La Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba en el Recurso de Alzada, ante las irregularidades puestas al descubierto resuelve anular la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/255-08 de 9 de junio de 2008, hasta que la Administración Tributaria resuelva la nulidad planteada, bajo los argumentos de haberse vulnerado lo dispuesto por los arts. 69 num. 7, 10 y 63 num. 13 de la Ley Nº 2492 y 7 inc. h) de la CPE y que la Resolución Sancionatoria no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el art. 99. II de la Ley Nº 2492, apoyando además dicha decisión en el art. 36. II de la Ley de Procedimiento Administrativo.
De manera contradictoria e ilegal, la Resolución de Recurso Jerárquico pronunciada por la Superintendencia Tributaria General, revocó totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y da por bien hecho las ilegalidades cometidas por la Administración Tributaria, sepultando de este modo, la indefensión del Batallón de Seguridad Física, en clara inobservancia del art. 211 del Código Tributario y no hace una correcta valoración de la prueba producida, tal es así que en el Considerando IV, en el acápite 3.2 al extractar que el memorial de 19 de junio de 2008 fue presentado fuera de los 20 días para la formulación de descargos, no se verificó que en los antecedentes, el referido escrito está relacionado precisamente con el incidente de nulidad que no ha sido absuelto en derecho y de ningún modo.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 25 de febrero de 2009 (fs. 31) y corrido en traslado a Rafael Rubén Vergara Sandoval, en representación de la Superintendencia Tributaria General de Impugnación Tributaria, éste responde a la demanda (fs. 35 a 38), solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, con los siguientes fundamentos:
Conforme dispone el art. 37 de la Ley Nº 2492 para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva de lo que se desprende que son válidas las comunicaciones y notificaciones en dichos lugares, previo cumplimiento de las formas establecidas en cada caso. En el supuesto de imposibilidad de practicar la notificación personal, el art. 85 de la misma ley señala: “I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia”.
En el caso de autos, se tiene que la funcionaria de la Administración Tributaria con el objeto de notificar el Auto Inicial de Sumario Contravencional al Batallón de Seguridad Física, a hrs. 12:12 del 28 de abril de 2008, procedió a dejar el Primer Aviso de Visita, en el domicilio de la Calle Tarata Nº 1102, el cual fue entregado a Guido Omonte Vargas (persona mayor de 18 años), quien como constancia de recepción, firma especificando su nombre y cédula de identidad, al día siguiente 29 de abril de 2008 y en el mismo domicilio, la funcionaria del SIN deja el Segundo Aviso de Visita a la misma persona, sin que en ninguna de las dos oportunidades, Guido Omonte V. hubiera dejado constancia de la observación del domicilio señalado, ni devuelto los avisos de visita. Posteriormente, la funcionaria de la Administración Tributaria, el 29 de abril de 2008, emite la Representación, la cual acredita que el 28 y 29 de abril de 2008 se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Tarata Nº 1102, Zona San Antonio, para notificar a Santelices Velasquez Victor D. representante legal del Batallón de Seguridad Física con el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 00084914492, dejando el primer y segundo aviso de visita y en cumplimiento del art. 85. II del Código Tributario, solicita autorización para la notificación y procede a notificar mediante cédula en el domicilio anteriormente citado a la misma persona en su condición de Jefe de la División Financiera del Comando Departamental de Policía, sin que tampoco esta actuación hubiera sido observada o devuelta por el receptor Guido Omonte Vargas. En este último caso, sí Guido Omonte Vargas consideraba que no correspondía las notificaciones del Auto Inicial de Sumario Controvencional, cuando estaban destinadas al Batallón de Seguridad Física, con el señalamiento distinto de domicilio, debió devolverlas inmediatamente al SIN y no esperar más de 20 días para ello, o bien poner en conocimiento del Batallón de Seguridad Física que depende del Comando Departamental de la Policía Nacional.
El informe emitido por Guido Omonte Vargas y el Certificado expedido por el Comando Departamental de Policía, Departamento I Personal, refieren que Guido Omonte Vargas desempeña funciones en el Comando Departamental de la Policía como Jefe de la División Finanzas y que no estuvo destinado al Batallón de Seguridad Física, empero no demuestran que en los días 28 y 29 de abril de 2008 y 6 de mayo de 2008, en el que recibió el primer, segundo y notificación con el auto inicial de sumario contravencional mediante cédula, no se encontraba presente en el domicilio de la Calle Tarata Nº 1102, Zona San Antonio, más aún cuando en las fechas señaladas se emitieron las actuaciones documentales de los avisos de visita y notificación por cédula, se registran su firma y rúbrica en presencia de testigo de actuación, dando plena fe de dichos actos.
De acuerdo con los datos de los antecedentes administrativos, se evidencia que el memorial del Batallón de Seguridad Física presentado el 19 de junio de 2008, se encontraba fuera del plazo de 20 días para la formulación de descargos, conforme prevé el art. 168 de la Ley Nº 2492, toda vez que dicho plazo vencía el 26 de mayo de 2008.
En la especie, se evidencia que el incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante el Software Da Vinci – Módulo LCV, no deriva de un proceso determinativo. Consecuentemente, el procedimiento sancionador aplicado en este caso, fue tramitado conforme con el art. 168 de la Ley Nº 2492 y la Resolución Sancionatoria contiene los fundamentos de hecho y de derecho, teniendo en cuenta las pruebas y alegatos del sujeto pasivo, por lo que la Administración Tributaria ajustó sus actuaciones a derecho.
CONSIDERANDO III: Que no habiéndose ejercido el derecho a réplica, corresponde resolver la causa de conformidad al art. 354. III del Código de Procedimiento Civil.
Que de la compulsa de los datos del proceso, se desprende que el único objeto de controversia, a ser resuelto es: “Si las diligencias de notificación de los Avisos de Visita y el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 00084914492 de 25 de marzo de 2008, dejando aviso judicial a Guido Omonte Vargas vulneran o no los arts. 37, 70 numeral 3, 83 y 85 del Código Tributario”.
Que una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensa formuladas por las partes, el Tribunal Supremo de Justicia procede a revisar el fondo de la presente causa, sobre el único punto de controversia en los siguientes términos:
Es imprescindible señalar que los artículos supuestamente vulnerados disponen lo siguiente: a) El art. 37 del Código Tributario señala: “Para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva”; b) El art. 70 numeral 3 del Código Tributario establece: “Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: …3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo”; c) El art. 83 del Código Tributario dispone: “I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios”; d) Por último el art. 85 del Código Tributario sobre la notificación por cédula señala: “I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia”. De tal forma, que las disposiciones antes señaladas en lo que interesa al caso a resolver disponen: 1) Que las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva; 2) Que es obligación del sujeto pasivo señalar domicilio fiscal y que éste se mantiene cuando no se produce cambios para todas las notificaciones de un proceso administrativo tributario; 3) Es nula toda notificación que no se sujete a las formas descritas por el Código Tributario; y 4) La notificación por cédula, cuando no se encuentre a la persona a ser notificada debe ser realizada dejando aviso judicial y realizada la segunda visita, sino se encontrará a la persona a notificar, el funcionario encargado debe representar la notificación y la autoridad administrativa tributaria ordenar la notificación mediante cédula.
En el caso de autos, el Código Tributario no es explícito sobre las causales para la anulabilidad por defecto de forma, en este caso de la notificación y por ello es necesario aplicar el art. 36. II de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341) aplicable al caso por disposición del art. 74 num. 1 del Código Tributario, que fija que el defecto de forma del acto administrativo solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o de lugar a la indefensión de los interesados, es decir para decidir si el acto administrativo debe anularse o no, debe considerarse si el resultado final del acto administrativo hubiese variado de haberse cumplido el trámite formal o se hubiese cumplido el requisito exigido en la norma o del procedimiento omitido para fijar que el acto administrativo ha cumplido su fin o causado indefensión, al no poder asumir defensa dentro del proceso administrativo.
En el caso de autos de una revisión de las actuaciones realizadas por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, se tiene que emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084914492 de 25 de marzo de 2008 contra el Contribuyente Batallón de Seguridad Física (fs. 1 del cuerpo 1 de Antecedentes Administrativos de fs. 1 a 154), la funcionaria encargada de las notificaciones de la Gerencia Distrital Cochabamba dejó el Primer Aviso a Guido Omonte Vargas, en su calidad de Jefe de División Financiera del Comando Departamental de la Policía Nacional en presencia de testigo de actuación el 28 de abril de 2008 (fs. 4 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos de fs. 1 a 154) y posteriormente el 29 de abril de 2008 se dejó el Segundo Aviso de Visita igualmente a Guido Omonte Vargas en presencia de testigo de actuación (fs. 5 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos de fs. 1 a 154), y conforme a procedimiento al no poderse encontrar al contribuyente se representó la diligencia y se ordenó la notificación mediante cédula, efectuándose ésta el 5 de mayo de 2008, dejándose copia de Ley a Guido Omonte Vargas (fs. 7 vta. del cuerpo 1 de antecedentes administrativos de fs. 1 a 154), asimismo el 30 de mayo del 2009, el Cnl. Desp. Jose Copa Mormery, devuelve varias notificaciones, entre ellas el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084914492 (fs. 11 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos de fs. 1 a 154) a la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, y finalmente el Cnl. Desp. Victor Decker Santelices Velasquez en su calidad de representante legal del Batallón de Seguridad Física interpone nulidad de notificaciones el 19 de junio de 2008 (fs. 49 a 50 del cuerpo 1 de Antecedentes Administrativos de fs. 1 a 154).
En el caso de autos ejecutando el art. 36. II de la Ley del Procedimiento Administrativo a la notificación acusada de nula, se tiene que la notificación por cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084914492 de 25 de marzo de 2008 contra el contribuyente Batallón de Seguridad Física (fs. 7 vlta. del cuerpo 1 de antecedentes administrativos de fs. 1 a 154) no hace variar en nada primero, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084914492 y segundo, la sanción final impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/255-08 de 9 de junio de 2008, porque el contribuyente al interponer las nulidades, no hace referencia a que la sanción impuesta es indebida y presenta la prueba de haber cumplido con la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Módulo LCV, es decir la anulabilidad de un acto tributario por defectos formales, no solo exige que dichos defectos formales sean de gran trascendencia, de modo que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o causen indefensión, sino que se ponderen los principios de economía procesal, de celeridad y de eficacia de la acción administrativa previstos en el art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo, aplicables al caso de autos por disposición del art. 74. num. 1 del Código Tributario, puesto que no tendría ningún sentido anular la Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084914492 de 25 de marzo de 2008 y luego la Resolución Sancionatoria, cuando el contribuyente no ha alegado que se ha cumplido con el deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Módulo LCV por el período noviembre del 2007, es decir, ni en la etapa recursiva ni en el proceso contencioso administrativo se evidencia actividad probatoria destinada a enervar los cargos formulados en su contra.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad de conformidad al art. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. fs. 25 a 28, interpuesta por Batallón de Seguridad Física de Cochabamba contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0096/2009 de 11 de marzo del 2009.

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