Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-309-15.htm
Timestamp: 2017-10-21 13:46:53+00:00

Document:
T-309-15
Sentencia T-309/15
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
Para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
El precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad,(ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o(iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela. El desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la providencia atacada.
SUSTITUCION PENSIONAL DE LAS MUJERES QUE DECIDEN CONTRAER NUEVAS NUPCIAS-Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada a la cónyuge o compañera permanente es de “carácter vitalicio” y en tal virtud, esta prestación no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias o haga nueva vida marital. De manera reiterada esta Corte ha protegido los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que han optado, en ejercicio de su libertad, rehacer su vida marital, con independencia de la fecha en que lo hicieran. De manera que, no es de recibo para esta Sala de Revisión la interpretación otorgada por autoridades como la ahora demandada, de las sentencias de la Corte para suspender el pago de aquellas pensiones de sobrevivientes que ya habían sido reconocidas con anterioridad a la decisión de contraer nuevas nupcias o de iniciar nuevamente vida marital.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional, en relación con la protección del derecho a la sustitución pensional de aquellas personas que contrajeron segundas nupcias o hicieron nueva vida marital
A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 las disposiciones legales que contemplen cláusulas resolutorias en materia pensional, que hagan perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se consideran abiertamente incompatibles con sus dictados.
Referencia: Expediente T-4.682.444
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015).
1.2.1. La accionante señala que mediante resolución 04347 del 26 de julio de 1982 el Instituto de Seguro Social (ISS) reconoció a su favor pensión de sobrevivientes, derivada de la muerte de su cónyuge, German Caballero Piedrahita.
1.2.6. Al conocer la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 30 de octubre de 2013, revocando el fallo cuestionado. Consideró que la sentencia C-309 de 1996 “tendría aplicación en caso que las nuevas nupcias se hubieran celebrado después del 7 de julio de 1991, y que como el caso de la Sra. Sofía Carvajal de Caballero fue antes de la Constitución Nacional, es decir en 1985, concluye que sus efectos no le son aplicables.”
Señala que reside en los Estados Unidos y que su esposo padece de una enfermedad gravísima, denominada “Demencia de Lewy,” que le impide trabajar desde hace 3 años para aportar al hogar, situación que le demanda dedicación y cuidado de tiempo completo. Para demostrar lo anterior, anexa varias declaraciones ante notario público.
1.3.1. Juzgado 18 Laboral del Circuito
1.3.2. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral
1.3.3. Colpensiones
2.1. PRIMERA INSTANCIA: SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2.3. SEGUNDA INSTANCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL
3.1. Discos compactos que contienen las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral (folio1, C.1).
3.2. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por el señor Nicolás Anaya Jr., ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 28-33 C. 1).
3.3. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por la señora Victoria Monzón Cochran ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 34-38 C. 1).
3.4. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por el señor Richard L. Cochran, ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 39-43 C. 1).
3.5. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por la señora Mara Pages Simmons, ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 44-48 C. 1).
3.6. Fotocopia de la traducción y del original de la declaración juramentada, de fecha 14 de marzo de 2014, rendida por el señor Max Allen Simmons, ante el notario público para el Estado de Texas, E.U (folios 49-53 C. 1).
3.7. Fotocopia de la Resolución 19949 del 28 de mayo de 2012, mediante la cual el Instituto de Seguro Social resuelve derecho de petición elevado por la accionante (folios 75 y 76 C.4).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala Número Uno y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
4.3.1. Después de varios años de decantar el concepto de vía de hecho[1], la Corte Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia C-590 de 2005[2], la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque restringía el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en materia penal. En esa oportunidad, se dejó claro que la tutela procede contra todas las providencias judiciales ejecutoriadas cuando se cumplen con los requisitos generales de la tutela y se prueba alguna de las causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional contra sentencias.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. [3]
4.4. EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
4.4.1. Desconocimiento del precedente como modalidad de defecto sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[4]”.[5]
Por precedente[6] se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.[7] La anterior noción, se ha adoptado en sentencias como la T-794 de 2011[8], en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.”[9]
Ahora, la Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa: el horizontal y el vertical.[10] El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción[11]. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.[12]
De otra parte, el precedente además de ser criterio orientador resulta obligatorio para los funcionarios judiciales, por las razones que se indicaron de manera clara en la sentencia T-830 de 2012[13] y que a continuación se transcriben:
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción[14].
La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe[15]. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica[16], igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[17] en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[18]. En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”[19].
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido como precedente:“tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante”[20] (énfasis de la Sala).”
De conformidad con las razones expuestas, para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[21].
En efecto, en las sentencias como la T-934 de 2009[22], T-351 de 2011[23], T-464 de 2011[24] y T-212 de 2012[25], la Corte consideró que los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa desconocieron el precedente del Consejo de Estado, y en consecuencia, concedió los amparos solicitados por existencia de un defecto sustantivo, ya que en dichos casos, existía un precedente consolidado sobre la tasación de las indemnizaciones por daño moral, que había sido desconocida sin razones por las autoridades demandadas[26].
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”[27].
4.4.2. Desconocimiento del precedente constitucional como causal autónoma
Este defecto se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia.[28] Se presenta generalmente cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la interpretación fijada por esta Corporación. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[29] u otros mandatos de orden superior.
La supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional[30]. En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia.[31] Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[32]
En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-656 de 2011[33] sostuvo lo siguiente:
De acuerdo con lo expresado por esta Corte en la sentencia T-351 de 2011[34] el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta[35], y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de igualdad.
Respecto de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. Así, cualquier norma que se declare inconstitucional por la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. Igualmente, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucionalidad –bien declaren o no inexequible una disposición-, debe ser atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución.
En cuanto a los fallos proferidos en sede de control concreto de constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi es necesario no solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- sino para garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades judiciales, incluyendo altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[36]
En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, es suficiente una providencia para que exista un precedente, “debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política[37]”.[38]
En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela[39].
De conformidad con lo expuesto, y con independencia del tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la providencia atacada.
4.5.1. Esta Corporación ha precisado la finalidad y la razón de ser de la sustitución pensional, como mecanismo de protección de los familiares del trabajador pensionado ante el posible desamparo en que pueden quedar por razón de su muerte, pues al ser beneficiarios del producto de su actividad laboral, traducida en ese momento en una mesada pensional, dependen económicamente de la misma para su subsistencia. En la sentencia T-190 de 1993[40] definió el contenido y los alcances de ese derecho prestacional, de la siguiente manera:
4.5.3. En una primera ocasión, este Tribunal estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2 (parcial) de la Ley 33 de 1973.[41] No obstante demandarse una sola norma, consideró necesario conformar “unidad normativa con la frase “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital”, que contiene el artículo 2 de la Ley 126 de 1985, disposición ésta que continúa vigente en estos términos en virtud de lo ordenado en el artículo 279, parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993. La norma a la que se extendería, de producirse, el fallo de inexequibilidad, se refiere al derecho a la pensión vitalicia en favor del cónyuge supérstite, compañera o compañero permanente, de los funcionarios o empleados que murieron como consecuencia del asalto al Palacio de Justicia el día 6 de noviembre de 1985, sin haber cumplido el tiempo requerido para adquirir el derecho a la pensión de jubilación. De igual manera, la unidad normativa debería extenderse a la siguiente frase del artículo 2 de la Ley 12 de 1975. "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital".”
Frente al asunto sometido a su conocimiento, concluyó en sentencia C-309 de 1996[42] lo siguiente:
“No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria, viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P. arts. 16, 42 y 43). No puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la antigua concepción de aquélla como sujeto débil librada enteramente a la protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas.”
En consecuencia, declaró inexequibles las expresiones "o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" contenidas en el artículo 2 de la Ley 33 de 1973; "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y "por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital" del artículo 2 de la Ley 126 de 1985.
4.5.4. Posteriormente, en la sentencia C-182 de 1997[43] se examinaron los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990[44], 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990[45], 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990[46] y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990[47], todos relacionados con el régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que establecían como condición resolutoria de la pensión el hecho de que el viudo o la viuda contrajera nuevas nupcias o hiciera vida marital.
(…) la expresión acusada no se ajusta al ordenamiento constitucional por cuanto vulnera los mencionados derechos fundamentales, consagrando un tratamiento discriminatorio e inequitativo con respecto a las personas que durante su vigencia - desde 1990 hasta la fecha - perdieron el derecho a la pensión sustitutiva o de sobrevivientes, y desconociendo la libre opción al desarrollo que todas las personas tienen de conformar un vínculo natural o jurídico.”
4.5.5. Esta posición, fue reiterada más adelante en las sentencias C-653 de 1997[48] que analizó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 (parcial) del Decreto 1305 de 1975[49] y C-1050 de 2002[50], que estudió la constitucionalidad de la expresión “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”, contenida en el parágrafo primero del artículo 49 del Decreto 2701 de 1988[51].
4.5.6. Posteriormente, en la sentencia C-464 de 2004[52] esta Corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971 y 156 del Decreto 612 de 1977. En esa ocasión, consideró que, “dado que las disposiciones ahora acusadas contienen la misma condición resolutoria que fue encontrada inexequible en varios pronunciamientos anteriores, las expresiones parcialmente acusadas correspondientes deben igualmente ser retiradas del ordenamiento por inconstitucionales”.
4.5.7. En la sentencia C-1126 de 2004[53] la Corporación analizó una norma anterior a la Constitución de 1991, que impedía el acceso a la pensión de sobrevivientes de las compañeras permanentes. En esta oportunidad, tuvo en cuenta el precedente fijado en la sentencia C-309 de 1996 y extendió los alcances de esa decisión bajo los siguientes argumentos:
4.5.8. Posteriormente, en la sentencia C-101 de 2005[54] al analizar el artículo 1134 del Código Civil que imponía la condición a la mujer de permanecer soltera o viuda so pena de perder la asignación testamentaria, la Corte resaltó su posición respecto de normas que amenazan perder derechos consolidados con condiciones que afectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual se encuentra amparado no sólo por nuestra Carta Política sino por instrumentos de orden internacional como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto señaló:
“4.3. La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de varias normas legales que sancionaban a la mujer o a los hijos con la pérdida de un derecho pensional, por el hecho de contraer matrimonio o hacer vida conyugal, bajo el argumento de que una medida legislativa no puede desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad que implica la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, so pena de perder un derecho legal ya consolidado, pues ello se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que viola el derecho fundamental aludido[55].
4.5.9. En la sentencia C-121 de 2010[56] se estudió una demanda contra varios artículos del Decreto Ley 613 de 1977, “por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”. Luego de analizar las diversas providencias sobre la inconstitucionalidad de normas que fijaban una condición resolutoria a la viuda para continuar disfrutando de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación sostuvo:
“24. Las sentencias anteriores permiten asegurar que, a través de las providencias de tutela, la Corte ha generado una línea jurisprudencial que afirma que el derecho de las personas al restablecimiento de los derechos pensionales que les han sido extinguidos por causa de haber contraído nuevas nupcias se aplica también a los casos en los que esas personas se casaron nuevamente antes de 1991. Con ello, la Corte completa los contenidos normativos de las subreglas dispuestas en la sentencia C-309 de 1996 – y en las demás sentencias que la reiteraron -, para referirse a las personas que habían perdido su derecho a la pensión de sobreviviente porque habían contraído nuevas nupcias antes de 1991.
Por consiguiente, en esta providencia se reiterará la línea jurisprudencial creada a partir de la Sentencia C-309 de 1996. Pero, para armonizarla con la jurisprudencia de tutela que se ha venido forjando a partir de la sentencia T-702 de 2005, se eliminará cualquier referencia al momento en que se hayan celebrado las segundas nupcias. Además, se precisará que las personas beneficiadas con el fallo de constitucionalidad podrán reclamar el restablecimiento de las aludidas mesadas, que se causarán a partir de la notificación de esta sentencia.”
4.5.12. En efecto, en la sentencia T-702 de 2005[57] la Corte estudió la acción presentada a favor de una viuda que decidió contraer nuevas nupcias y a quien, como consecuencia, la Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas le extinguió el derecho prestacional mediante Resolución del mes de abril de 1979. Posteriormente, en el año 2004, la accionada solicitó ante la Caja el reconocimiento y pago de la “pensión de beneficiarios”, recibiendo respuesta negativa por parte de la entidad. En ese caso, la Corporación concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por considerar que, al haberse declarado inexequible la norma que justificaba la negativa, sobre la Resolución que extinguió la prestación sobrevino el fenómeno del decaimiento del acto administrativo. Al respecto, se explicó lo siguiente:
La Sala infiere de lo expuesto, que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al negarse a dejar sin efectos la Resolución No 402 del 25 de abril de 1979 por medio de la cual se extinguió la cuota parte correspondiente a la señora Nury Uribe de Salcedo, a sabiendas de que dicho acto administrativo fue adoptado con base en una condición resolutoria que con posterioridad fue declarada inexequible por la Corte en sentencia C-464 de 2004, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, fallo que venía produciendo efectos jurídicos desde el 11 de mayo de 2004, está violando el derecho a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso administrativo, que implica que “las actuaciones de las autoridades se ajusten no sólo al ordenamiento jurídico legal, sino a las previsiones constitucionales. (…)”
4.5.13. En un caso similar, en el que la actora contrajo segundas nupcias en el año de 1986, la Corte, mediante sentencia T-679 de 2006[58] reiteró los criterios establecidos en la T-702 de 2005 y advirtió lo siguiente:
4.5.14. Posteriormente, en la sentencia T-592 de 2008[59] la Corte estudió el caso de una ciudadana a la que se le había extinguido la pensión de sobrevivientes en mayo de 1964 por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. En esa oportunidad, la Sala de Revisión analizó ampliamente el contenido y el alcance de las sentencias C-464 de 2004 y T-702 de 2005 y concedió el amparo de los derechos invocados, concluyendo que “desde el siete de julio de 1991, día en que entró a regir el nuevo orden constitucional, la señora Obdulia Acevedo de Vélez podía haber disfrutado del derecho a la pensión de sobreviviente, de haberlo reclamado, pues, a la luz de los dictados de la Carta Política, ningún derecho puede extinguirse como consecuencia del ejercicio legítimo de la libertad de los asociados de contraer nupcias o hacer vida marital. // Empero, ello no torna improcedente la solicitud de amparo constitucional que se revisa, comoquiera que el derecho de la señora Acevedo de Vélez a reclamar el restablecimiento de la pensión vitalicia que le fuera reconocida en noviembre de 1956, en razón del fallecimiento del señor Álvaro Baena Londoño, se extingue con su muerte. Al punto que la beneficiaria podía reclamar en cualquier tiempo, o dejar de hacerlo.”
4.5.15. Finalmente, en sentencia T-693 de 2009[60] se estudió la petición de una viuda de un mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, a quién la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó la extinción del derecho a su pensión de sobreviviente por haber contraído nuevas nupcias en enero de 1981. Luego de hacer un recuento sobre la posición de la Corte Constitucional sobre el tema, concluyó que las “providencias judiciales censuradas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional que protege el derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias, aún cuando esto haya ocurrido con anterioridad a la Constitución de 1991”.
4.6. EXAMEN DEL CASO CONCRETO
4.6.1.1. El asunto en estudio tiene una evidente relevancia constitucional, toda vez que comporta, entre otros, la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P.), relacionado íntimamente con el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actividades judiciales, aspecto de relevancia constitucional por el respeto y la correcta aplicación de los preceptos superiores que así lo consagran y, consecuentemente, por la trascendencia de la tarea del juez en el Estado Social de Derecho.[61] Además, se trata del análisis de la presunta vulneración de la libertad personal de contraer segundas nupcias.
4.6.1.2.La simple lectura de los antecedentes de esta sentencia muestra que la solicitud de tutela identifica plenamente tanto los hechos que generaron la supuesta vulneración, como los derechos fundamentales que se consideran violados: los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la justicia. De esta forma, también se cumple este requisito de procedencia de la acción de tutela.
4.6.1.3.Es evidente que el presente asunto no pretende discutir una sentencia de tutela.
4.6.1.4.Respecto del requisito de inmediatez, se observa que el mismo sí se cumplió. La sentencia de segunda instancia atacada es del 30 de octubre de 2013 y la acción de tutela se presentó el 8 de agosto de 2014, habiendo transcurrido nueve meses, término a todas luces razonable, teniendo en cuenta lo explicado por la accionante en su escrito de impugnación relacionado con el tiempo que tardó la Corte Suprema de Justicia en devolver los anexos de una primera demanda, rechazada.
En este caso, de conformidad con lo afirmado por las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, la actora cuenta con otro instrumento que permita solicitar la defensa de sus derechos en la jurisdicción ordinaria, como es el recurso de Casación. Al respecto, se recuerda que los artículos 86 y 87 del Código de Procedimiento Laboral[62] consagran unos requisitos para que proceda este recurso extraordinario. No obstante, no existe prueba en el expediente que permita establecer si efectivamente las pretensiones de la accionante superan los 120 salarios mínimos legales mensuales.
En efecto, tal como se indicó en los antecedentes, la accionante Sofía Carvajal de Caballero tiene 68 años de edad, no manifiesta tener hijos, no obstante estar casada, depende económicamente de su esposo quien en la actualidad no puede trabajar ni aportar al hogar por padecer de Parkinson y Alzheimer, enfermedades que generaron demencia de Lewy. Además, según las declaraciones de amigos de la pareja en Estados Unidos aportadas al expediente[63], perdieron su casa y tuvieron que reubicarse con un familiar para poder tener un techo donde vivir. De manera que su mínimo vital se ha visto afectado.
En segundo lugar, este recurso no resulta eficaz para el accionante toda vez que de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no existe la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes si contrajo nuevas nupcias o hizo vida marital con anterioridad a la Constitución de 1991. Esta posición se advierte de las sentencias número 21766 de julio 27 de 2004, M.P. Elsy Cuello Calderón; 44782 de agosto 22 de 2012, M.P. Elsy Cuello Calderón y 46476 de mayo 22 de 2013, M.P Rigoberto Echeverri Bueno, en esta última se consideró:
“Tal regulación supralegal en vigor por más de un siglo, aparejó unas evidentes consecuencias en el ordenamiento jurídico, que no pueden ser reprochadas hoy bajo un espectro social evidentemente disímil, como se aspira, bajo las garantías y la concepción de un Estado laico, y fue justamente ese aspecto el que abordó el juzgador cuando resolvió el debate, pues los artículos constitucionales que se enlistaron en el cargo vinieron a existir después de estructurado el derecho pensional, se repite, bajo un régimen constitucional diferente, que para ese momento era legitimo y no puede ser desconocido.”
En este entendido, consideró la Corte Suprema que sólo bajo esos parámetros la Corte Constitucional entendió afectadas las dispociones de la Carta Política, razón por la cual decidió sustraer del ordenamiento jurídico las normas acusadas y dejó los efectos con aplicación retroactiva hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1991, ya que no podía desligar que antes de su expedición tenían un contenido justificado.
“Por otra parte, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, la conclusión del Tribunal se soportó, en esencia, en su argumento según el cual lo planteado por la actora es improcedente porque busca que se le reconozca el derecho pensional que perdió a la luz de lo dispuesto en la Ley 90 de 1946, con base en normas promulgadas con posterioridad al 9 de octubre de 1975, pues entendió ese fallador que “nos es imposible hoy, como le fue al juzgado de primera instancia, aplicar las normas posteriores pese a la potencial favorabilidad para la actora…” (folio 11).
“Con todo, contrariamente a lo que sostiene la censura, el juez de la alzada no hizo mención a la citada sentencia, de modo que no pudo haberla apreciado con error, aún cuando no sobra advertir que en esa providencia no se hizo una confrontación de las normas acusadas por la recurrente con la Constitución de 1886 y si bien se declaró la inexequibilidad de parte de esas disposiciones, en lo que interesa al asunto debatido se precisó el derecho a recuperar la pensión extinguida por haber contraído nuevas nupcias, pero sólo respecto de las viudas que hubieren perdido el derecho a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, circunstancia que no se presenta respecto de la demandante”.[64]
En ese orden de ideas, debe aplicarse la jurisprudencia de esta Corporación que ha sostenido que esta acción es procedente si aún existiendo un medio de defensa, éste no es “eficaz, idóneo o expedito para lograr la protección, o ésta sería tardía, más aún encontrándose la persona en una circunstancia de debilidad manifiesta, o en insubsanable apremio en su mínimo vital, la tutela puede tener procedencia[65]”.[66] Lo anterior, teniendo en cuenta que ya existe una interpretación judicial reiterada sobre el asunto que ahora le corresponde analizar a la sala y que podría comprometer la realización de los derechos fundamentales de la actora.
4.7. EXAMEN DEL CARGO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO
“No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad”
“Que de conformidad con lo señalado por el Decreto 3041 de 1996 norma aplicable al momento de contraer segundas nupcias la señora MARÍA SOFIA CARVAJAL DE CABALLERO, es claro que la normatividad vigente para ese momento contemplaba el retiro unilateral por parte del ISS de las pensiones de sobrevivientes para aquellos beneficiarios de sobrevivencia que contrajeran nuevas nupcias, por lo tanto al encontrarse la señora MARIA SOFIA CARVAJAL DE CABALLERO, inmersa dentro de la situación señalada por la normatividad era obvio que el ISS retirará la prestación reconocida.
Que por lo anterior es claro informar que en el caso de la beneficiara MARIA SOFIA CARVAJAL DE CABALLERO, perdió el derecho a la pensión reconocida en aplicación del Decreto 3041 de 1996”.
De lo antes transcrito, se puede entender que el Instituto invoca el Decreto 3041 de 1966, vigente para la fecha en que la accionante contrajo nuevamente matrimonio (junio de 1985), para justificar el retiro unilateral de la nómina de pensionados a aquellas beneficiarias que contrajeran nuevas nupcias[67].
Al realizar una cuidadosa lectura del citado decreto -especialmente del capítulo tercero que regula las prestaciones en caso de muerte[68]-, la Corte no advierte dicha facultad, razón por la que, en principio, el Instituto de Seguro Social estaría actuando de manera arbitraria al justificar su proceder en un decreto que no lo autoriza para retirar unilateralmente a la señora Sofía Carvajal de Caballero de la nómina de pensionados como beneficiara de la pensión de sobrevivientes de su difunto esposo, Germán Caballero Piedrahita.
4.7.5. No obstante y en gracia de discusión, ha entendido esta Sala que el Seguro Social, cuando se refiere a “que la normatividad vigente para ese momento contemplaba el retiro unilateral por parte del ISS de las pensiones de sobrevivientes” a efectos de negar el reingreso a nómina de pensión de sobrevivientes de la accionante, acogió lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1973[69], norma vigente para esa misma época en que se retiró de la nómina a la señora Carvajal (en 1985), que dispone:
“Artículo 2º.- El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior, se pierde cuando por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.”
En este orden de ideas, la Sala encuentra que esta causal fue retirada del ordenamiento jurídico a raíz de la decisión tomada en sentencia C-309 de 1996, previamente citada, al declarar inexequibles las siguientes expresiones: “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 33 de 1973;(…)”, por considerar:
La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible.”
4.7.6. En este entendido, el citado acto administrativo carece de fuerza ejecutoria al haber operado la figura del decaimiento del acto administrativo,[70] de conformidad con el artículo 91 del Código Contencioso Administrativo que consagra:
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. (…)”
4.7.7. De acuerdo con lo anterior, es claro para esta Sala de Revisión que en el presente caso, la accionante Sofía Carvajal de Caballero adquirió su derecho pensional de conformidad con el Decreto 3041 de 1966, normatividad vigente para esa época, en el año de 1982. Posteriormente, y como consecuencia de la aplicación de una disposición anterior como el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, que contemplaba una condición resolutoria del derecho pensional, la cual era contraer nuevas nupcias, pierde su derecho en el año de 1985.
PRIMERO.- REVOCAR la decisión de tutela adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de noviembre de 2014, que confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, el 27 de agosto de 2014 mediante el cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados dentro de la acción de tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna de la señora Sofía Carvajal de Caballero
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de octubre de 2013 que revocó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Sofía Carvajal de Caballero, el 6 de agosto de 2013. En consecuencia, se ORDENARÁ a Colpensiones dar cumplimiento a la decisión del Juzgado Dieciocho Laboral de Bogotá dentro del término improrrogable de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, por las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO.- Por Secretaría General LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
A LA SENTENCIA T-309/15.
PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que justifiquen su decisión (Aclaración de voto)
Un juez o tribunal puede apartarse de una decisión adoptada por una Alta Corte para un caso de similar contenido fáctico, siempre y cuando cumpla, en primer lugar, con el principio de transparencia que lo obliga a reconocer dentro de su argumentación que existe un precedente del cual busca apartarse en su decisión, y en segundo lugar, con el principio de razón suficiente que implica que ese juez debe tener una carga argumentativa mayor que justifique las razones por las cuales desconocerá la decisión en principio aplicable.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES (Aclaración de voto)
La Corte ha reconocido que tratándose de precedentes constitucionales, su aplicación se torna ineludible para todos los funcionarios públicos, relacionando esa fuerza vinculante al máximo nivel jerárquico que tienen las normas de la Carta Política de las cuales dichas decisiones determinan su contenido y alcance. Lo anterior, con fundamento en el principio de supremacía constitucional. En conclusión, siendo uniforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional al establecer que los jueces –individuales o colectivos-, no se pueden apartar de los precedentes sentados por esta Corporación, considero que la Sentencia sobre la cual aclaro mi voto en esta oportunidad, genera una confusión al reconocer la obligatoriedad de “(…) las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional)”, al mismo tiempo que reconoce la posibilidad de los jueces de apartarse de ellos si se cumple la carga argumentativa que respete los principios de transparencia y razón suficiente.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Genera precedente constitucional la jurisprudencia unificada de la Corte en sede de revisión (Aclaración de voto)
En mi opinión, aquello que genera precedente constitucional es la jurisprudencia unificada de la Corte en sede de revisión. Así, una sentencia de tutela puede llegar a constituirse como precedente, si es la única sentencia que ha dado respuesta a un problema jurídico determinado. Igualmente, una serie de sentencias de tutela que reiteran una misma posición (sin caer necesariamente en el concepto de doctrina probable, aunque puede ser un criterio útil), constituyen el precedente constitucional sobre ese tema. Finalmente, las providencias con expresos efectos inter comunis, se constituyen como precedente para todos aquellos casos que cumplan con el contexto fáctico por ellas requerido para ser aplicables
Acción de Tutela instaurada por Sofía Carvajal de Caballero contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
Con el acostumbrado respeto por las providencias emitidas por esta Corporación, el suscrito Magistrado aclara su voto en relación con los argumentos que llevaron a la Sala Séptima de Revisión de Tutela a tomar la decisión contenida en la Sentencia T-309 de 2015. Mi discrepancia respecto de la posición mayoritaria no tiene fundamento en el sentido de la parte resolutiva adoptada, sino en particular, con dos afirmaciones que realiza la providencia al analizar el precedente jurisprudencial. A continuación, daré paso a analizar cada uno de los puntos que no comparto o considero debían ser expuestos con mayor claridad en la Sentencia para evitar confusión:
1. La posibilidad de los jueces de apartarse del precedente
De acuerdo con la Sentencia T-309 de 2015: “(…) los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando éstas constituyan precedente, y/o sus propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al acceder la justicia. Sin embargo, pueden apartarse de dicho precedente, siempre que cumplan la carga argumentativa antes descrita[[71]] y construyendo una mejor respuesta al problema jurídico (…)”.[72] (Negrilla fuera del texto original).
Ese argumento obedece al criterio de vinculatoriedad relativa del precedente que ha sido expuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[73], a la luz del cual, un juez o tribunal puede apartarse de una decisión adoptada por una Alta Corte para un caso de similar contenido fáctico, siempre y cuando cumpla, en primer lugar, con el principio de transparencia que lo obliga a reconocer dentro de su argumentación que existe un precedente del cual busca apartarse en su decisión, y en segundo lugar, con el principio de razón suficiente que implica que ese juez debe tener una carga argumentativa mayor que justifique las razones por las cuales desconocerá la decisión en principio aplicable.
Considero que la forma escogida por la Sentencia para desarrollar la mencionada regla jurisprudencial genera confusión, pues pareciera plantear que los jueces o tribunales pueden apartarse incluso de los precedentes desarrollados por la Corte Constitucional, lo cual resulta contradictorio con la jurisprudencia de esta Corporación que incluso es recogida por la Sentencia T-309 de 2015 al referirse al “Desconocimiento del precedente constitucional como causal autónoma”[74] de la tutela contra providencias judiciales.
Así, la Corte ha reconocido que tratándose de precedentes constitucionales, su aplicación se torna ineludible para todos los funcionarios públicos, relacionando esa fuerza vinculante al máximo nivel jerárquico que tienen las normas de la Carta Política de las cuales dichas decisiones determinan su contenido y alcance. Lo anterior, con fundamento en el principio de supremacía constitucional.[75]
En conclusión, siendo uniforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional al establecer que los jueces –individuales o colectivos-, no se pueden apartar de los precedentes sentados por esta Corporación, considero que la Sentencia sobre la cual aclaro mi voto en esta oportunidad, genera una confusión al reconocer la obligatoriedad de “(…) las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional)”, al mismo tiempo que reconoce la posibilidad de los jueces de apartarse de ellos si se cumple la carga argumentativa que respete los principios de transparencia y razón suficiente.
La confusión en que incurre la Sentencia, se deriva de la homologación que pareciere hacer de las decisiones de las Altas Cortes en sede ordinaria, contencioso administrativa o constitucional, desconociendo con ello la jurisprudencia de esta Corporación que desde sus inicios ha marcado la diferencia existente entre ellas. Al respecto, la Sentencia T-260 de 1995 sostuvo:
“Las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contenciosa administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar” (Negrilla fuera del texto original)
Por otra parte, precisamente frente a esa distinción entre las decisiones adoptadas por los diferentes Tribunales de cierre, y la vinculatoriedad relativa de ellas con excepción de las proferidas por esta Corporación, considero que la Corte debe revisitar la postura hasta el momento asumida, en especial reconociendo el carácter autónomo que como fuente de derecho ha venido adquiriendo la jurisprudencia.
Sobre este tema se pronunció el Tribunal Constitucional colombiano en la Sentencia C-335 de 2008, en la que se llegó a la conclusión que “La contradicción de la jurisprudencia sentada por las Altas Cortes, per se, como fuente autónoma del derecho, no da lugar a la comisión del delito de prevaricato por acción, salvo que se trate de la jurisprudencia proferida en los fallos de control de constitucionalidad de las leyes o que el desconocimiento de la jurisprudencia conlleve la infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general”, realizando las siguientes consideraciones:
“De allí que, reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares.
De igual manera, la creación de un sistema de precedentes constitucionales, incluso en un sistema jurídico de origen romanista, legislado y tradición continental europea como el colombiano, no sólo apunta a acordarle una mayor coherencia interna al mismo, garantiza de mejor manera el principio de igualdad entre los ciudadanos y brinda elementos de seguridad jurídica indispensables para las transacciones económicas, sino que además asegura la vigencia de los derechos fundamentales, y por ende el carácter normativo de la Constitución, en la medida en que, dada el carácter abierto que ofrecen las disposiciones constitucionales contentivas de aquéllos, se precisa de la existencia de un entramado de precedentes que precisen el sentido y alcance de aquéllas”.
Al tratar el tema del precedente, dos principios confluyen: el de autonomía judicial a la luz del cual los jueces, incluso de inferior jerarquía, puedan separarse de una decisión propia (precedente horizontal) o adoptada por un superior (precedente vertical), siempre y cuando realicen una argumentación contundente para demostrar que su posición resuelve mejor el problema jurídico planteado en el caso que deben fallar. El otro principio es el de seguridad jurídica, a la luz del cual una postura adoptada por el máximo órgano de una jurisdicción, debe ser respeta y acatada por los demás jueces y tribunales con el fin de proteger la expectativa que se le crea a una persona de que su caso, al coincidir fácticamente con uno fallado de cierta manera, sería decidido de la misma forma, garantizando así la igualdad de trato ante los jueces.
La fórmula encontrada por la jurisprudencia constitucional para salvaguardar esos dos principios, radica en reconocer la obligatoriedad del precedente de las Altas Cortes, permitiendo al mismo tiempo que un juez –individual o colectivo- pueda apartarse de él cumpliendo con una carga argumentativa que respete los antes descritos principios de transparencia y razón suficiente, buscando evitar la petrificación del ordenamiento.
En mi opinión, la autonomía reconocida por esta Corte a la jurisprudencia constitucional y que deriva en la necesidad de que todos los funcionarios públicos acaten un precedente derivado de ella, es un fenómeno que también se identifica en las providencias de las Altas Cortes de otras jurisdicciones. Si bien esa realidad no puede llevar a la conclusión de que el modelo relativo del precedente que ha imperado en nuestro ordenamiento debe ser reemplazado por uno estricto, si implica la necesidad de revisitar los requisitos que debe cumplir la carga argumentativa expuesta por los jueces que buscan desconocerlo, la cual debe ser más exigente, teniendo siempre presente los principios de seguridad jurídica e igualdad.
En ese orden de ideas, considero que la Corte debe generar el debate que le permita replantear el concepto del precedente jurisprudencial como fuente autónoma de derecho y en ese sentido vinculante, cuando se trata de providencias dictadas por las Altas Cortes (actuando como órganos de cierre de su jurisdicción) haciendo más exigente la carga argumentativa que deberá desarrollar un juez que pretenda apartarse de ellos.
2. La caracterización como precedente de una Sentencia adoptada por una Sala de Revisión de tutela
En sus consideraciones, la Sentencia T-309 de 2015 concluye que se desconoce el precedente constitucional cuando: “se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.[76] (Negrilla fuera del texto).
No es discutible que, por sus efectos erga omnes las sentencias de constitucionalidad generan precedente constitucional, del mismo modo lo hacen las sentencias de unificación adoptadas por la Sala Plena de la Corte; pero lo que considero que no es acertado, es afirmar que las sentencias de tutela adoptadas por las salas de revisión generen precedente per se, pues se trata de decisiones con efectos inter partes, que incluso pueden tener criterios y principios decisorios disímiles entre una Sala de Revisión y otra, haciendo necesarios los mencionados pronunciamientos que la unifiquen.
En mi opinión, aquello que genera precedente constitucional es la jurisprudencia unificada de la Corte en sede de revisión. Así, una sentencia de tutela puede llegar a constituirse como precedente, si es la única sentencia que ha dado respuesta a un problema jurídico determinado. Igualmente, una serie de sentencias de tutela que reiteran una misma posición (sin caer necesariamente en el concepto de doctrina probable, aunque puede ser un criterio útil), constituyen el precedente constitucional sobre ese tema. Finalmente, las providencias con expresos efectos inter comunis, se constituyen como precedente para todos aquellos casos que cumplan con el contexto fáctico por ellas requerido para ser aplicables.
Por lo anterior, no comparto las afirmaciones que sobre el precedente y los efectos que tienen las sentencias adoptadas en sede de revisión, desarrolla el Proyecto de Sentencia.
[1] Aunque la sentencia C-543 de 1992[1] declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que disponían la procedencia de la tutela contra sentencias ejecutoriadas, expresó que, de forma excepcional, esta acción constitucional procedía contra decisiones judiciales que, aunque en apariencia están revestidas de la forma jurídica de una sentencia, en realidad implican una vía de hecho. El concepto de vía de hecho fue desarrollado a partir de las sentencias T-079 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-158 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3] Sobre la caracterización de este defecto, ver entre otras las sentencias T-1068 de 2006 y T-266 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[4] Ver Sentencia T-087 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[5] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[6] Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a “la ratio decidenci por hipótesis común a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de tiempo anterior (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir (…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende resolver.
[7] El precedente, se diferencia del antecedente en que este último se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[8] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[9] Cfr. sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11] Ver entre otras, T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
[12] Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2008 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011 M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[14] En palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[15]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[16] Sobre este principio, es posible afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y puntos en derecho similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior aplicable al caso que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar las otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones.
[17] La sentencia C-104 de 1993 con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida jurisprudencial en relación con el derecho a la igualdad y las decisiones judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser considerado con el artículo 13 idem, de tal manera que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones similares”.
[18] Ver sentencia T-683 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”.
[19] Cfr. Sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[20] Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008). Ver en el mismo sentido, “American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión, y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como precedente: stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir que no son la razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción libre).“American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
[21] Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[23] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[26] Lo mismo puede verse en sentencias T-156 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[27] Cfr. Sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[29] Ver sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Sentencia SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[32] Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el ICFES interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas carecen de una motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un grave detrimento del erario público. La Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
[35] Ver además sentencias T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[36] En palabras de la Corte: “En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas.” Cfr. Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[37] De la misma forma las sentencias de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[39] Ver sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] “Artículo 2. El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior, se pierde cuando por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.”
[43] M.P Hernando Herrera Vergara
[44] Por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
[45] Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
[46] Por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.
[47] Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
[48] M.P José Gregorio Hernández Galindo
[49] Por el cual se dictaron algunas disposiciones sobre prestaciones sociales del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Agentes, Soldados, Grumetes y personal civil del Ministerio de Defensa y servidores de las entidades adscritas o vinculadas a éste.
[50] M.P Antonio Barrera Carbonell
[51] Por el cual se reformó el Régimen Prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
[53] M.P. Manuel José Cepeda.
[54] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[55] Cfr. C-306/96, C-879/99, C-1050/00, C-1440/00
[56] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[58] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[59] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[60] M.P. Jorge Iván Palacio.
[61] Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[62] “ARTÍCULO 86. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO. <Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
3. <Numeral derogado por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968>”
[63] Ver folios 28 a 53 del cuaderno principal.
[64] Sentencia 46476 de mayo 22 de 2013, M.P Rigoberto Echeverri Bueno.
[65] Cfr. T-304 de abril 3 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[66] Sentencia T-439 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[67] Ver Resolución 19949 de mayo 28 de 2012, visible a folios 75 y 76 del cuaderno 4.
[68] ARTICULO 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:
ARTICULO 23. Si las pensiones de sobrevivientes atribuidas a los beneficiarios de un mismo causante han sido reducidas proporcionalmente por aplicación de lo dispuesto en la primera parte del artículo 61 de la ley 90 de 1946, y luego se redujere posteriormente al grupo de beneficiarios por muerte o extinción del derecho de cualquiera de sus integrantes, proporcionalmente las pensiones de los beneficiarios restantes sin que tales pensiones reajustadas puedan sobrepasar las cuantías porcentuales indicadas en el artículo 21 de este reglamento.
[69] Ley que se aplicaba a trabajadores particulares pensionados o con derecho a pensión y a empleados o trabajadores del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho.
[70] “La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.
De esta manera, cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo.” Sentencia C-069 de 1995. MP. Hernando Herrera Vergara.
[71] Haciendo referencia a las Sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011, la Sentencia T-309 de 2015 sostiene que: “La jurisprudencia ha precisado que el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos: || (i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”.
[72] Sentencia T-309 de 2015, pág. 16.
[73] Ver Sentencia T-1029 de 2012.
[74] Sentencia T-309 de 2015, págs. 16 – 19.
[75] Ver Sentencias T-369 de 2015, SU-230 de 2015, T-783 de 2014 y T-656 de 2011, entre otras.
[76] Sentencia T-309 de 2015, pág. 19.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 185
 artículo 230
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 279
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 49
 artículo 1134
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 91
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 229
 artículo 13
 artículo 10
 Artículo 25
 artículo 23
 artículo 43
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 61
 artículo 21