Source: http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/expropiacion-forzosa
Timestamp: 2019-03-25 08:03:41+00:00

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Expropiación forzosa | Comunidad de Madrid
¿Quiénes intervienen en una expropiación forzosa?
¿Qué se puede expropiar?
Garantías para los expropiados
En esta página se puede encontrar la información sobre el procedimiento expropiatorio en la Comunidad de Madrid.
Por causa de utilidad pública o interés social, las administraciones públicas territoriales, en ejercicio de sus competencias, requieren adquirir bienes o derechos por la vía de la expropiación forzosa.
Aquí aparece la información sobre el proceso, por qué se produce, quienes son las partes intervinientes, qué causas justifican la expropiación, sus fases de tramitación, el derecho a la justa indemnización del particular, etc. Todo ello a fin de asegurar la tramitación de un procedimiento con todas las garantías legales que establece la normativa vigente.
La expropiación forzosa consiste en la privación de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos que se tengan sobre un patrimonio, independientemente de a quién pertenezcan (particulares, entidades, administraciones públicas, etc.), por causa de utilidad pública o interés social.
Su ejecución debe quedar suficientemente motivada por una Disposición normativa que regule su tramitación y establezca las garantías necesarias para su correcta aplicación. Según supuestos específicos, por razón de la actuación prevista, pueden llevarse a cabo mediante venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal de la propiedad, así como por mera cesación del ejercicio de los deberes sobre esa propiedad o sobre los intereses.
Por razón de la materia, se pueden establecer distintos procedimientos de tramitación, entre los que se encuentran:
Expropiaciones por razón de urbanismo
Expropiaciones en materia de obras públicas
Expropiaciones en materia transportes y comunicaciones
Expropiaciones en materia de minas
Administración expropiante
La titularidad de la potestad expropiatoria corresponde únicamente al Estado, a la Comunidad Autónoma o a los Municipios.
Si la Administración expropiante no es la beneficiaria de la expropiación, ejerce esta potestad en favor del beneficiario y a instancia del mismo. Además, puede decidir sobre las obligaciones del beneficiario respecto del expropiado y adoptar aquellas resoluciones que impliquen el ejercicio de dicha potestad.
El beneficiario es el destinatario de los bienes o derechos expropiados y es el que representa el interés público o social. Coincide muchas veces con el expropiante.
Podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa:
- por causa de utilidad pública, las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición.
- por causa de interés social, además de los anteriores, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos (por ejemplo una UTE, un Consorcio urbanístico, empresas públicas o privadas, etc.).
Los beneficiarios deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias.
En el curso del expediente los beneficiarios tendrán atribuidas las siguientes facultades y obligaciones:
Solicitar del expropiante, en su caso, la iniciación del expediente a su favor justificando la procedencia legal de la expropiación y su condición de beneficiario.
Impulsar el procedimiento e informar sobre las incidencias y pronunciamientos del mismo.
Formular la relación de bienes y derechos que serán objeto de necesaria ocupación.
Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa.
Intervenir en la fijación del justiprecio o, si el acuerdo no se alcanza, formular la hoja de aprecio (valoración de los bienes o derechos) y aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios.
Pagar o consignar la cantidad fijada como justiprecio.
Las obligaciones y derechos derivados de la reversión.
El propietario o expropiado es el titular de las cosas, los derechos o los intereses objeto de la expropiación. Tiene el derecho básico a participar como interesado directo y de percibir la indemnización expropiatoria.
La condición de titular debe acreditarse. A tal efecto la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en los registros públicos, en primer lugar en el Registro de la Propiedad, en su defecto en el catastro o quien aparezca en los registros fiscales, o finalmente quien lo sea pública y notoriamente. En caso que la propiedad fuese litigiosa las actuaciones se entenderán con el Ministerio Fiscal.
También se tendrán en cuenta otros titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, es decir, los arrendatarios, titulares de derecho de servidumbre, de edificaciones o cosechas pendientes, etc., que, igualmente, deberán ser acreditados.
Se entenderán, asimismo, las actuaciones con el Ministerio Fiscal cuando se desconozcan los propietarios o su domicilio, o no hayan comparecido en el expediente o estuvieren incapacitados y sin tutor. El Ministerio Fiscal actuará en defensa de los intereses de los expropiados en todas las fases del procedimiento.
Son susceptibles de expropiación: la propiedad privada y los derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualquiera que sea su naturaleza y las personas o Entidades a las que pertenezcan. No se limita a los bienes inmuebles (terrenos, edificios) y los bienes muebles, que también serán susceptibles de valoración para el pago del justo precio, como ocurría en un inicio.
Puede darse el caso de expropiación parcial sobre una parte de las facultades o utilidades de la cosa o el derecho, como la imposición de un censo, un arrendamiento, la ocupación temporal o la mera cesación en el ejercicio de un derecho.
los derechos de carácter personal (derechos de la personalidad y obligaciones de hacer) y familiares.
los bienes públicos demaniales cuya característica es la inalienabilidad (es decir, la imposibilidad de su venta), únicamente podrán ser expropiados previo acto de desafectación por el cual queden desvinculados de la función pública a la que estaban destinados, para convertirse en bienes patrimoniales (es decir, susceptibles de venta) o bien para adquirir otro fin público mediante una mutación demanial.
El procedimiento expropiatorio conlleva las siguientes fases de ejecución:
Regulado por la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (LEF) y por el Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (RLEF).
La entidad beneficiaria motiva la decisión adoptada, describe y justifica la necesidad de la ejecución de un Proyecto y la ocupación de los terrenos necesarios
Elabora una relación individualizada de los bienes y derechos afectados indispensables para la ejecución del proyecto.
El proceso conlleva, según los casos, la aprobación definitiva de un instrumento de Planeamiento, de un Proyecto de construcción de carretera, metro o metro ligero o de un Plan Especial de Infraestructuras que, además, pueden llevar implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación.
Delimitación por el proyecto de expropiación de los bienes y derechos que resultan necesarios para la construcción de la infraestructura prevista.
La existencia de crédito presupuestario suficiente (art. 52 LEF).
• Fase de Tramitación
El procedimiento general se desarrolla en tres fases principales:
Información pública de los bienes y derechos afectados con relación de sus propietarios. Publicación en el BOCM, en el Portal de Transparencia, en un periódico y mediante edictos o tablones de anuncios en los municipios dónde radique la cosa a expropiar.
Conclusión de la información pública resolviendo las alegaciones planteadas en el trámite anterior.
Aprobación definitiva del proyecto de expropiación, con su correspondiente notificación a los afectados y publicación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Levantamiento de actas previas a la ocupación:
Convocatoria individual a los propietarios y titulares de derechos que resulten afectados, para el levantamiento del Acta de Ocupación y Pago.
En la tramitación de los expedientes gestionados por la Administración Local, el levantamiento del acta previa a la ocupación se realiza en el ayuntamiento correspondiente. Acuden propietarios y titulares de derechos sobre el objeto de la expropiación, los representantes de la administración expropiante (ayuntamiento) y el perito de la entidad beneficiaria.
Abono, Consignación. Depósito previo.
Abono o consignación en la Caja de Depósitos (si el titular es desconocido, no se aporta título de propiedad o ésta es contradictoria) del importe correspondiente al Depósito previo a la ocupación, indemnización por la rápida ocupación e indemnización complementaria del importe propuesto como mutuo acuerdo.
Levantamiento de acta de ocupación:
Levantamiento de las actas de ocupación que habilitan para poder ocupar materialmente la parcela correspondiente.
El justiprecio o justo precio constituye la indemnización por la pérdida de los bienes y derechos expropiados. Debe significar una compensación íntegra por la pérdida patrimonial que el expropiado experimenta.
Su determinación se puede producir de diversas formas:
el mutuo acuerdo/ofrecimiento de adquisición amistosa al interesado: la administración y el particular convienen la adquisición de los bienes o derechos libremente. Tras la adquisición amistosa, se da por finalizado el expediente.
Si no se llega al acuerdo en el plazo de 20 días (procedimiento de fijación contradictoria) el expropiado podrá presentar su Hoja de Aprecio.
Recibida la Hoja de Aprecio del interesado la Administración podrá:
aceptarla, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio
o formular la suya en igual plazo (20 días), que remitida al propietario, éste dispone de 10 días para aceptarla o rechazarla.
En caso de rechazarla la pieza de valoración se enviará al Jurado Territorial de Expropiación que fijará el justiprecio en vía administrativa.
El Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid dictará Resolución en el plazo de dos meses desde que recibe la pieza de valoración.
Contra la Resolución del Jurado cabe recurso de reposición ante el propio Jurado o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pago del justiprecio e intereses de demora, en su caso:
El justiprecio será abonado o consignado, en su caso, en la Caja de Depósitos.
El justiprecio devengará los intereses a los que se refieren los artículos 52, 56 y 57 de la LEF.
inscripción en el Registro de la Propiedad y Regularización catastral
Con el Acta de Ocupación y Pago se practica la correspondiente inscripción registral o inmatriculación conforme el art 53 LEF y 60 a 62 RLEF.
El suelo obtenido se regulariza en coordinación con la Dirección General de Catastro.
Es el órgano que determina el justiprecio cuando la Administración expropiante (en el caso que sea la Comunidad de Madrid o Ayuntamientos dentro del ámbito territorial) y los propietarios expropiados, no se ponen de acuerdo en el precio de valoración del bien objeto de la expropiación. Se acude al Jurado para que, remitiendo las piezas de valoración contradictorias de los bienes expropiados, establezca su justiprecio. Contra el acuerdo del Jurado Territorial, una vez agotada la vía administrativa, cabe acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
El Jurado Territorial de Expropiación es un órgano colegiado adscrito a la Consejería con competencias en ordenación del territorio y urbanismo.
Más información del Jurado Territorial de Expropiación
El transcurso de cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, obligará a evaluar de nuevo los bienes o derechos objeto de expropiación.
Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación. Art. 58 LEF.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa por desaparición sobrevenida de la causa expropiandi cabe el derecho de reversión de los bienes y derechos objeto de expropiación. En caso de imposibilidad de reversión será sustituida por una indemnización reversional.
La LEF distingue entre los intereses por la demora en la determinación del justiprecio (art. 56) e intereses por la demora en el pago del justiprecio (art 57) a tener en cuenta en el procedimiento ordinario.
Para el procedimiento de urgencia la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido el devengo de intereses desde la ocupación del terreno y hasta el completo pago del justiprecio.
El tipo de interés a tener en cuenta será el tipo del interés legal del dinero publicado en el BOE.
Materias de expropiación
• EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS
Las expropiaciones urbanísticas son aquellas que se aplican para obtener las finalidades previstas en la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo.
La causa expropiandi es el fin de utilidad pública (cuando se trate de una entidad pública) o interés social (cuando el beneficiario sea un sujeto privado) que justifica la expropiación.
En las expropiaciones urbanísticas, el justiprecio por lo general consiste en una suma de dinero, pero por acuerdo entre la Administración y el expropiado puede abonarse en especie, fundamentalmente a través de la entrega de una finca o un aprovechamiento urbanístico.
La Administración y el expropiado pueden convenir el justo precio por mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, el justiprecio se acordará por el Jurado Territorial de Expropiación.
Los supuestos de las expropiaciones urbanísticas, así como el procedimiento del sistema de expropiación viene recogido en la presentación del archivo adjunto, junto con un ejemplo de expropiación urbanística.
Área de Expropiaciones Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. C/ Alcalá, 16. 28014 Madrid. Teléfono: 91 438 21 80.
Descargar Presentación de Expropiaciones Urbanísticas
• EXPROPIACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, a través del Área de Expropiaciones perteneciente a la Secretaría General Técnica, tramita las expropiaciones, cuyo objeto es obtener suelo que permita la construcción de infraestructuras de transporte colectivo, esto es, las carreteras que conforman la red viaria de la Comunidad de Madrid, el metro, el metro ligero y demás infraestructuras de transporte competencia de la Comunidad de Madrid.
Área de Expropiaciones Comunidad de Madrid. Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid. Teléfono: 91 420 80.65
• EXPROPIACIONES PARA EL CANAL DE ISABEL II
El ente público CANAL DE ISABEL II ostenta la condición de entidad beneficiaria de todos los procedimientos expropiatorios iniciados por la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, para la ejecución de Proyectos para la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento o reutilización de aguas residuales.
Los antecedentes administrativos que legitiman la actuación expropiatoria, con carácter general, son la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras y la acreditación del sometimiento a valoración por el órgano Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Expropiaciones. C/ Santa Engracia, 125. Edificio número 2. 2ª Planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00
• EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES POR EXPLOTACIÓN MINERA
La unidad responsable es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
En el Título X de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas se regula la Ocupación Temporal y Expropiación Forzosa de los Terrenos, y se detallan las modalidades a que pueden acogerse los titulares de derechos mineros en orden a la ocupación temporal y expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de sus trabajos, buscando la mayor adaptación entre las exigencias propias de la minería y lo dispuesto en la legislación general vigente en la materia.
De manera explícita se reconoce la potestad de utilizar los beneficios expropiatorios previstos en la Ley a los explotadores legalmente autorizados de recursos y a los adjudicatarios de las reservas provisionales y definitivas a favor del Estado.
Dirección General de Industria, Energía y Minas. C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. F-4. 28016 Madrid. Teléfono: 91 580 21 00
A partir del 28 de junio de 2018 la nueva sede estará en la C/ Ramírez de Prado, 5 bis, 2ª planta. 28045 Madrid
Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
Reglamento de expropiación forzosa de 26 de abril de 1957 (RLEF)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)
Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. (LSM)
Real Decreto Ley 7/2015, de 30 de octubre, aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
Real Decreto 2159/78, de 23 de junio que Aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (RPU)
Real Decreto 3288/78 de 25 de agosto que aprueba el Reglamento de gestión urbanística (RGU)
Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid

References: artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 54

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto