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Timestamp: 2017-09-25 04:55:26+00:00

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Publicado en DOGC núm. 5360 de 16 de Abril de 2009
Vigencia desde 06 de Mayo de 2009. Esta revisión vigente desde 18 de Octubre de 2013
CAPÍTULO 1. Objeto, ámbito de aplicación y finalidad
CAPÍTULO 2. Impulso, ordenación y desarrollo de los servicios electrónicos
Artículo 5 Impulso
Artículo 6 Planificación del desarrollo de los servicios electrónicos y protocolos de actuación
Artículo 7 Protocolo de servicios y trámites electrónicos
Artículo 8 Diseño y producción de servicios y trámites electrónicos
Artículo 9 Racionalización de los servicios y trámites electrónicos
Artículo 10 Aprobación de programas y aplicaciones para la realización de servicios electrónicos
Artículo 11 Comunicaciones con administraciones, organismos e instituciones públicas
Artículo 12 Comunicaciones internas entre los departamentos y organismos de la Generalidad
Artículo 13 Obligatoriedad en el uso de los medios electrónicos
Artículo 14 Actuación de los órganos colegiados por medios electrónicos
Artículo 15 Impulso del uso de la firma electrónica por parte de las empleadas y los empleados públicos
CAPÍTULO 3. Impulso a la interoperabilidad
Artículo 16 Información y acceso a los datos de que dispone la Generalidad
Artículo 17 Catálogo de datos y documentos electrónicos
Artículo 18 Datos y documentos electrónicos accesibles al Catálogo
Artículo 19 Protocolo de interoperabilidad
Artículo 20 Mapa de la interoperabilidad de las administraciones catalanas
Artículo 21 Promoción y firma de convenios de colaboración para el intercambio de datos y documentos electrónicos
Artículo 22 Plataformas tecnológicas
CAPÍTULO 4. Sede electrónica, acceso a la información y servicios
SECCIÓN 1. Sede electrónica
Artículo 23 Sede electrónica corporativa
Artículo 24 Acceso a la información y servicios
SECCIÓN 2. Difusión de la información de la Generalidad mediante Internet
Artículo 25 Información en la sede electrónica corporativa
Artículo 26 Acceso a la información personalizada
Artículo 27 Acceso a la información general
Artículo 28 Tablón de anuncios electrónico
CAPÍTULO 5. Sistemas de tramitación y gestión electrónica
SECCIÓN 1. Formas de identificación y autenticación mediante sistemas de firma electrónica
Artículo 29 El protocolo de identificación y firma electrónica
Artículo 30 Los sistemas de firma electrónica de personas físicas
Artículo 31 Identificación y autenticación del ciudadano o ciudadana por parte de las empleadas y empleados públicos
Artículo 32 Los sistemas de firma electrónica de la persona jurídica
SECCIÓN 2. Identificación y autenticación en la actuación administrativa
Artículo 33 Identificación y firma electrónica del empleado público en el ejercicio de sus competencias
Artículo 34 El ejercicio de la competencia mediante la actuación administrativa automatizada
SECCIÓN 3. Notificaciones electrónicas
Artículo 35 Sistema de notificación electrónica de la Generalidad de Cataluña
SECCIÓN 4. Registros
Artículo 36 Registro electrónico de la Generalidad de Cataluña
SECCIÓN 5. Gestión documental
Artículo 37 Expediente electrónico
Artículo 38 La gestión y la conservación de los documentos administrativos
Artículo 39 La compulsa y digitalización de documentos
Primera Comunicaciones con el Parlamento
Segunda Órgano corporativo competente en materia de recursos comunes
Tercera La función organizativa en el ámbito de este Decreto
Cuarta El Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña y la Agencia Catalana de Certificación
Quinta Registro electrónico general de la representación
Sexta Adaptación de las normas reguladoras de los procedimientos
Octava Materia tributaria
La administración electrónica no es una administración diferente, sino un modelo de Administración pública basado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con el objetivo de mejorar la eficiencia interna, las relaciones intra e interadministrativas, la eficacia pública y las relaciones de la Administración con los ciudadanos y ciudadanas, las empresas y las organizaciones.
El proceso de incorporación y uso intensivo de las tecnologías de la información en la actuación de las administraciones catalanas recibe un importante impulso el año 2001 con el Pacto parlamentario para la promoción y el desarrollo de la sociedad de la información en las administraciones públicas catalanas, que tiene como puntos fundamentales impulsar los objetivos del plan de acción e-Europe; promover la creación del Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña (Consorcio AOC), como instrumento para agilizar los intercambios de información entre administraciones; la creación de la Agencia Catalana de Certificación, para poner en funcionamiento los mecanismos de seguridad necesarios en las comunicaciones electrónicas, y de la Agencia Catalana de Protección de Datos, para garantizar a los ciudadanos el buen uso de la información por parte de la Administración y de las empresas, así como promover la aprobación de normativa que regule las relaciones de la ciudadanía con las administraciones públicas a través de Internet.
Aquel mismo año, el Gobierno de la Generalidad aprobó el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet, establece el respeto al derecho de igualdad en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos y garantiza la protección de los datos personales. En este mismo sentido, fue aprobada la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, que prevé en su articulado mecanismos de impulso a la gestión documental por medios electrónicos.
El legislador estatal ha aprobado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que establece un marco básico de regulación. Igualmente, no se puede dejar de lado la competencia exclusiva que corresponde a la Generalidad de Cataluña en materia de organización de su Administración, de acuerdo con el artículo 150 del Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) y el artículo 159.1.c) del EAC, relativo a normas de procedimiento administrativo que derivan de las especialidades de la organización de la Generalidad, sin obviar las cuestiones sustantivas referidas al régimen jurídico de las administraciones públicas y al procedimiento administrativo común, en virtud de la competencia compartida prevista en el artículo 159.2 del EAC. Por esta razón, el Decreto desarrolla no solo la Ley 11/2007, sino también, en el ejercicio de las potestades autoorganizativas, la normativa propia de organización y procedimiento, como la derivada de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad.
Es voluntad del Gobierno de la Generalidad establecer los elementos necesarios para la ordenación, impulso y desarrollo de servicios a la ciudadanía por estos medios, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la eficacia internas y, de forma subsiguiente, el servicio que se presta. Ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que, al amparo del artículo 111 EAC, y mediante una norma con rango de ley, se puedan desarrollar políticas propias. En este sentido, el Decreto quiere avanzar en la implementación de los medios electrónicos en el funcionamiento ordinario de la Administración, sin agotar la materia.
De la misma manera, la aplicación de los medios electrónicos ha de servir para revisar los procedimientos y los servicios y, si procede, para reducir la carga documental de la persona interesada y los plazos de resolución. También es un objetivo del Decreto velar para que el uso intensivo de los medios electrónicos por la Administración de la Generalidad de Cataluña y los entes que la integran contribuya favorablemente al desarrollo de la sociedad de la información en Cataluña por parte de los ciudadanos, se apliquen las políticas sectoriales del Gobierno en esta materia y se garantice la independencia tecnológica.
Con respecto a la estructura, el Decreto consta de 39 artículos, agrupados en 5 capítulos, con 8 disposiciones adicionales, 1 derogatoria y 3 finales.
El capítulo 1 regula el objeto del Decreto, su ámbito de aplicación y la finalidad de su incorporación al ordenamiento jurídico catalán.
El capítulo 2 rige el impulso, la ordenación y el desarrollo de los servicios electrónicos, y regula su planificación y la elaboración de un protocolo de su desarrollo, que define cuáles son las soluciones corporativas que debe incorporar cualquier servicio que se ofrezca por canales telemáticos, y pone énfasis en el principio de economías de escala, que ha de constituir un pilar fundamental de este modelo.
El capítulo 3 tiene por objeto el segundo gran eje del modelo que el Gobierno de la Generalidad impulsa y en el que participa activamente: la cooperación interadministrativa. En este sentido, se prevé la creación de un protocolo de servicios de interoperabilidad que determinará el procedimiento para incorporar y consumir la información en soporte electrónico que integra el Catálogo de datos y documentos electrónicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Acuerdo de Gobierno de fecha 27 de noviembre de 2007. Este catálogo integra también la información en soporte electrónico que las diferentes administraciones públicas e instituciones ponen a disposición, al amparo del Convenio marco que, para el impulso de la interoperabilidad de las administraciones catalanas, se firmó en octubre de 2006, y que gestiona el Consorcio AOC. Todo este sistema tiene relación directa con la voluntad de simplificación que impregna la norma para evitar que la ciudadanía, las empresas y las instituciones tengan que aportar documentos que no sean estrictamente necesarios o bien se puedan obtener en formato electrónico directamente de la propia Administración o de otras con las correspondientes garantías de protección de los datos personales. El Decreto emprende por lo tanto una tarea de simplificación documental y de los procedimientos administrativos.
Con la publicación de la Ley 11/2007, la sede electrónica se convierte en un elemento fundamental que las administraciones públicas deben regular y que debe ser la dirección electrónica donde se han de poner a disposición de los ciudadanos tanto la información como el registro electrónicos y los diferentes trámites reglados que se ofrecen por medios electrónicos. El capítulo 4 de este Decreto regula esta institución, así como los aspectos más importantes del derecho de los ciudadanos a la información por medios electrónicos y la posibilidad de creación de tablones de edictos electrónicos que sustituyan a los tablones presenciales.
El capítulo 5 regula aquellos aspectos de la gestión y tramitación de los procedimientos administrativos que se ven afectados por la incorporación de medios electrónicos y que requieren una regulación específica, como son la identificación y autenticación mediante sistemas de firma electrónica, tanto de los ciudadanos como del personal público, el sistema de notificaciones electrónicas, la regulación del Registro electrónico de la Generalidad de Cataluña, así como el expediente electrónico, la compulsa electrónica de documentos y el archivo de la documentación electrónica.
Finalmente, con la disposición derogatoria pierde su vigencia el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet.
Objeto, ámbito de aplicación y finalidad
El objeto de este Decreto es establecer el régimen jurídico de la utilización de los medios electrónicos, las medidas de ordenación, impulso y desarrollo de los servicios electrónicos, el impulso a la interoperabilidad y la regulación de la sede electrónica.
1. Este Decreto se aplica:
a) A la Administración de la Generalidad, a sus organismos autónomos y entidades autónomas, entidades de derecho público vinculadas o dependientes y entes en que la Generalidad participa, directamente o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.
b) A los ciudadanos y ciudadanas y entes sin personalidad cuando se relacionan con la Administración de la Generalidad.
2. Las previsiones de este Decreto no se aplican a los entes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto en las actividades que se desarrollen en régimen de derecho privado.
a) Ordenar e impulsar la administración electrónica, con el objetivo de mejorar la eficiencia interna, las relaciones intra e interadministrativas y las relaciones de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 con los ciudadanos y ciudadanas.
b) Garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse por medios electrónicos con los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1.
a) Archivo electrónico: actuación administrativa de almacenaje de documentos o expedientes administrativos en formato electrónico con el objeto de asegurar la identidad y la integridad de la información que contienen a largo plazo.
b) Certificado digital: Documento electrónico firmado por una entidad de certificación que permite firmar por medios electrónicos de manera segura ya que garantiza a terceras personas la identidad de la persona que lo posee cuando esta realiza una transacción electrónica. El certificado digital puede estar en diferentes soportes o dispositivos (un archivo, un lápiz de memoria o una tarjeta). Definición de 'Certificado digital' redactada por la disposición final segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
c) Ciudadanos y ciudadanas: cualquier persona física o jurídica o ente sin personalidad que se relacione, o sea susceptible de relacionarse, con las administraciones públicas.
d) Copias electrónicas: imágenes electrónicas de los documentos aportados por los ciudadanos y/o administraciones públicas, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garantizan su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia.
e) Entidad emisora de información: Administración pública (organismo dependiente o entidad o institución adscrita a aquella Administración) o cualquier otra entidad que pone a disposición en formato electrónico datos y/o documentos producidos en el ámbito de su competencia.
f) Entidad requirente de información: Administración pública (organismo dependiente o entidad o institución adscrita a aquella Administración) o cualquier otra entidad que, mediante el acceso electrónico a los datos y/o documentos de una entidad emisora, hace efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la no presentación de documentos en papel para la realización de trámites de su competencia.
g) Expediente electrónico: conjunto de documentos que componen un procedimiento administrativo y que se encuentran totalmente en soporte electrónico.
h) Evidencia electrónica: actividad de un prestador de servicios que permite garantizar la independencia del soporte, del formato y de la firma electrónica, y determinar al responsable de las manifestaciones de voluntad y de otros actos jurídicos emitidos, así como disponer de una prueba judicial equivalente a la prueba documental, mediante la obtención, almacenaje, divulgación y comprobación de evidencias irrefutables.
i) Interoperabilidad: Capacidad que tienen las organizaciones para compartir la información de que disponen en sus sistemas de información y en los procedimientos a los que apoyan, para alcanzar unos objetivos comunes y posibilitar el intercambio de información entre ellos. Definición de 'Interoperabilidad' redactada por la disposición final segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
j) Medio electrónico: mecanismo, instalación, equipamiento o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringida como Internet, telefonía fija y móvil u otros.
k) Módulo común de tramitación electrónica: servicio común corporativo que consiste en un elemento básico de la tramitación administrativa que, con su implementación tecnológica, satisface una necesidad de administración electrónica común a muchos servicios o procedimientos administrativos.
l) Servicio electrónico (e-servei): servicio o trámite que la Administración pública ofrece a los ciudadanos y ciudadanas en que todo el proceso de tramitación o parte de éste (solicitud, evaluación, resolución y comunicación) se hace mediante soporte electrónico.
m) Trámite electrónico: Acción enmarcada en un procedimiento administrativo que se realiza mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto por parte de la ciudadanía, empresas y entidades en relación con sus expedientes administrativos, como por parte del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, en relación con su respectiva gestión interna. Definición de 'Trámite electrónico' redactada por la disposición final segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña debe implantar progresivamente el uso de los medios electrónicos en las comunicaciones, relaciones, trámites y prestaciones de servicios con los ciudadanos y ciudadanas, así como en sus comunicaciones internas y con otras administraciones públicas e instituciones.
1. La planificación del desarrollo de los servicios electrónicos de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 se aprueba anualmente por acuerdo de Gobierno, a propuesta del órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos de la Generalidad, en el marco legal del desarrollo de la administración electrónica en Cataluña.
2. Corresponde al departamento competente en materia de administración electrónica la coordinación y seguimiento de este desarrollo.
3. El desarrollo de los servicios y trámites electrónicos se realiza de acuerdo con los criterios técnicos y organizativos incluidos en los protocolos que se aprueban en sus respectivos ámbitos.
1. El protocolo de servicios y trámites electrónicos es el documento que establece los aspectos técnicos y organizativos necesarios para establecer un servicio electrónico o adecuar un servicio presencial a su realización por medios electrónicos y tiene que incorporar las soluciones corporativas, el proceso de elaboración de los servicios de tramitación electrónica, el sistema general de gestión de la documentación administrativa, el sistema de evaluación de su uso, y el sistema de evaluación del impacto sobre la privacidad.
2. Corresponde a la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración, en coordinación con la Dirección General de Atención Ciudadana, elaborar el protocolo de servicios y trámites electrónicos.
3. La aprobación se realiza por orden del consejero o consejera competente en materia de administración electrónica, previo informe del órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos, y se publica en la sede electrónica corporativa de la Generalidad.
El diseño y producción de un servicio y trámite electrónico tiene que hacerse de acuerdo con el protocolo de servicios y trámites electrónicos, y el resto de la normativa que resulta aplicable, y tiene que usar los módulos comunes de tramitación que estén a disposición de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1.
La producción de servicios electrónicos, de acuerdo con el principio de simplificación, tiene que ir precedida de un proceso de análisis, de revisión y racionalización, tanto de los requisitos y la documentación exigibles, con la finalidad de reducir al máximo su aportación, como de los procesos de gestión interna con el fin de reducir los plazos de su resolución e incorporar las mejoras y automatizaciones necesarias. Este proceso se documenta en el correspondiente informe emitido por las unidades de organización de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1, que evalúa si procede promover la revisión normativa del procedimiento.
1. Los procedimientos que la Generalidad de Cataluña ponga a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades por el canal electrónico se deben ofrecer siempre mediante la Sede electrónica, y deben desarrollarse de forma preferente mediante las soluciones corporativas de la plataforma Gencat de Servicios y Trámites y con el apoyo de la Plataforma de Integración y Colaboración Administrativa. Con este fin, el órgano competente en materia de atención ciudadana y, en su caso, el órgano competente en materia de administración electrónica, deben informar con carácter vinculante y previo a la publicación de un nuevo procedimiento electrónico sobre su adecuación y su encaje en las soluciones corporativas. Igualmente, requiere el informe favorable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, en relación con la adecuación de los requisitos del órgano gestor respecto a las especificaciones de las plataformas corporativas.
Apartado 1 del artículo 10 redactado por la disposición final primera del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
Apartado 2 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
Apartado 3 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
Apartado 4 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
Apartado 5 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
1. El Gobierno de la Generalidad impulsa la comunicación por medios electrónicos con otras administraciones públicas. A estos efectos, la existencia de un canal electrónico de comunicación tiene el carácter de oficial y válido.
2. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 utilizan, siempre que estén disponibles, los medios electrónicos en sus relaciones con otras administraciones, organismos e instituciones públicas.
3. Las comunicaciones, las tramitaciones y los envíos de documentación entre los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 y los entes locales y otras instituciones del sector público de Cataluña se tienen que efectuar preferentemente a través de la extranet de las administraciones públicas catalanas, gestionada por el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña (denominada plataforma eaCat).
1. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 utilizan preferentemente el correo electrónico en sus comunicaciones internas, ya sea dentro de un mismo departamento u organismo o entre los diferentes departamentos u organismos.
3. La Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración, en coordinación con la Dirección General de Atención Ciudadana, debe impulsar la conexión del correo electrónico con la aplicación de registro corporativo, denominada S@rcat, a fin de que el correo electrónico se pueda utilizar en las comunicaciones que tengan que ser registradas.
Por orden del consejero o consejera competente en la materia se puede imponer, por causas objetivas justificadas, a las personas jurídicas, públicas o privadas, o colectivos de personas físicas, la obligación de utilizar sólo medios electrónicos para la comunicación con los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1, siempre que por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizados el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
1. Los órganos colegiados de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 impulsan la incorporación de los medios electrónicos en sus actuaciones.
2. Las actuaciones de las personas miembros de los órganos colegiados se pueden realizar por medios electrónicos de acuerdo con sus normas de funcionamiento, siempre que se garantice la identidad, autenticación e integridad de aquéllas y, si procede, el cumplimiento del quórum de asistencia.
1. La Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración debe impulsar el uso de la firma electrónica por parte de las empleadas y los empleados públicos, incorporándola en los trámites y procedimientos con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia y reducir los plazos de su gestión.
2. La implantación de la firma electrónica en las actuaciones administrativas se efectúa de manera progresiva, de acuerdo con los criterios técnicos y organizativos que establece el protocolo de identificación y firma electrónica que prevé el artículo 29.
Impulso a la interoperabilidad
1. Los datos y documentos en soporte electrónico de que disponen los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 han de ser puestos a disposición de los entes que la integran y de las administraciones y otras instituciones públicas para el cumplimiento de los servicios y trámites de su competencia, con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de no aportar documentos que estén en poder de las administraciones públicas.
2. Los datos y documentos que las entidades emisoras ponen a disposición, de acuerdo con el principio de colaboración administrativa, tienen que garantizar la veracidad, seguridad e integridad, de acuerdo con lo que establezca el protocolo de interoperabilidad, y la normativa de protección de datos.
3. Los órganos competentes de los procedimientos administrativos que requieran esta información deberán recabar el consentimiento de los interesados para el acceso telemático a estos datos o documentos, cuando sea exigible de acuerdo con la normativa de protección de datos.
1. El Catálogo de datos y documentos electrónicos es la relación actualizada de datos y documentos que se encuentran en poder de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 y de otras administraciones e instituciones públicas que se pueden obtener por medios electrónicos, a los efectos de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no aportarlos en un procedimiento concreto.
2. El Catálogo de datos y documentos electrónicos lo gestiona la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración y la tipología de los datos y documentos es accesible para los ciudadanos y ciudadanas a través de la sede electrónica corporativa.
3. La oferta del Catálogo de datos y documentos electrónicos se ha de integrar en el Catálogo que gestiona el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña para el impulso y el desarrollo de la interoperabilidad de las administraciones públicas catalanas, a los efectos de poner su contenido a disposición de otras administraciones públicas, instituciones y organismos, en los términos y condiciones legalmente exigibles.
1. En cumplimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no aportar datos y documentos en poder de las administraciones públicas, los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 no pueden pedir, de acuerdo con el apartado 2, ningún documento electrónico que haya sido incorporado al Catálogo de datos y documentos electrónicos y, en el caso de datos y documentos referentes a procesos sometidos a convocatorias, a partir de la siguiente resolución de convocatoria.
2. Este derecho resta condicionado a la prestación, si procede, del consentimiento de la persona interesada a la entidad que requiera estos datos y documentos, de acuerdo con lo que prevé la normativa de protección de datos.
3. Las empleadas y empleados públicos autorizados pueden hacer uso a través del portal del empleado público denominado EPOCA, de acuerdo con la normativa de protección de datos.
1. El protocolo de interoperabilidad es el documento que determina el procedimiento para requerir e incorporar datos y documentos en el Catálogo de datos y documentos electrónicos, y fija directrices corporativas en materia de interoperabilidad.
2. Corresponde a la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración elaborar el protocolo de interoperabilidad, que se aprueba por orden del consejero o consejera competente en materia de administración electrónica, previo informe del órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos.
3. Todas las comunicaciones de datos han de garantizar la identidad del órgano o persona solicitante, la disponibilidad, la identificación de la finalidad, el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos, la confidencialidad, la integridad y la recepción de los datos, así como las modalidades y sistemas de consulta, individual o por lotes, de acuerdo con lo que prevé la legislación vigente y en particular en los términos previstos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Asimismo, se ha de guardar el trazo seguro de todas las operaciones efectuadas.
1. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 tienen que facilitar a la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración la relación de los documentos y datos que requieren para sus procedimientos y se encuentran en poder de otras administraciones e instituciones, y mantener actualizada esta información.
2. A los efectos de llevar a cabo una adecuada planificación en la incorporación de documentos y datos electrónicos en el Catálogo, la Administración de la Generalidad ha de promover que el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña elabore y mantenga un inventario de documentos y datos requeridos por todas las administraciones públicas catalanas que conforme el mapa de la interoperabilidad de Cataluña.
1. La Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración, en relación con los trámites y servicios de su competencia, ha de promover los acuerdos o convenios necesarios con los órganos, administraciones públicas e instituciones competentes para el acceso y obtención de datos y documentos por medios electrónicos, garantizando la seguridad, la integridad y la confidencialidad de éstas.
2. Para el impulso de la interoperabilidad entre administraciones públicas, el consejero o consejera competente en materia de administración electrónica puede suscribir los convenios de colaboración con otras administraciones públicas o instituciones públicas o privadas para el intercambio de datos y documentos electrónicos, sin perjuicio de la firma del consejero o consejera competente en la materia.
1. La Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración, mediante el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, pone a disposición de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 las plataformas tecnológicas y el apoyo necesarios para la prestación de los servicios de interoperabilidad.
2. La Administración de la Generalidad debe promover que los servicios de interoperabilidad con otras administraciones e instituciones públicas se hagan a través de las plataformas tecnológicas del Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña.
Sede electrónica, acceso a la información y servicios
Difusión de la información de la Generalidad mediante Internet
Capítulo 4 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
Sistemas de tramitación y gestión electrónica
Formas de identificación y autenticación mediante sistemas de firma electrónica
1. El protocolo de identificación y firma electrónica es el documento que recoge los aspectos técnicos y organizativos necesarios para la implantación de los sistemas de firma electrónica para cada trámite o servicio, en función del nivel de seguridad que requiera el trámite.
2. El protocolo de identificación y firma electrónica lo elabora la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración, en colaboración con la Agencia Catalana de Certificación, y se aprueba por orden del consejero o consejera competente en materia de administración electrónica, previo informe del órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos. Una vez aprobado, se publica en la sede electrónica corporativa de la Administración de la Generalidad.
Las personas físicas pueden utilizar en sus relaciones electrónicas con los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 los siguientes sistemas de firma electrónica:
a) Las personas físicas que tengan la nacionalidad española pueden utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica incorporados en el documento nacional de identidad electrónico, así como el resto de sistemas de firma electrónica que hayan sido clasificados de acuerdo con el protocolo de identificación y firma electrónica.
b) Todas las personas físicas residentes en Cataluña, y el resto de personas físicas que se relacionan con los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1, pueden utilizar certificados idCAT emitidos por la entidad pública de certificación de Cataluña.
Artículo 31 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
Las personas jurídicas pueden utilizar, en sus relaciones electrónicas con la Administración, los sistemas de identificación y firma electrónica que hayan sido clasificados de acuerdo con el protocolo de identificación y firma electrónica. Esto es igualmente aplicable a las entidades sin personalidad jurídica, sin perjuicio de las especificaciones derivadas de su naturaleza.
Identificación y autenticación en la actuación administrativa
La identificación y autenticación del ejercicio de la competencia por parte del personal al servicio de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 se hace mediante el sistema de firma electrónica o certificado de empleada o empleado público que determine la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración.
1. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 tienen que impulsar la automatización de los procesos que por sus características y por razones de eficiencia lo justifiquen, sin que no se produzca ninguna reducción de garantías del administrado o administrada y, si procede, determinando el órgano responsable a efectos de impugnación.
2. El departamento competente en materia de administración electrónica, con la colaboración del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, establece los requerimientos técnicos y formales de los sistemas que automaticen la actuación administrativa. Asimismo, determina los criterios de programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad de estos sistemas.
Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 utilizan un sistema corporativo de notificación electrónica. Este sistema acredita la fecha y hora de puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como de la fecha y hora de acceso de ésta a su contenido mediante sistemas de sellado de tiempo.
Sección 4 del capítulo 5 derogada por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2013
1. Los expedientes electrónicos se han de gestionar de acuerdo con lo que establece el sistema general de gestión de la documentación administrativa y la organización de los archivos de la Generalidad de Cataluña.
2. El expediente electrónico tiene que incluir un índice que pagine todos los documentos que lo componen, con independencia de su formato. Los documentos en formato no electrónico deben ser digitalizados y, en el caso de que no sea posible, el índice ha de incluir las referencias de búsqueda con el fin de acceder a su contenido.
3. El expediente electrónico se identifica con el código de clasificación normalizado y el número de solicitud o trámite, y tiene que contener información sobre el asunto, el órgano productor y las fechas de inicio y finalización de la tramitación, de acuerdo con el Sistema general de gestión de la documentación administrativa de la Generalidad de Cataluña.
4. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 tienen que desarrollar las soluciones necesarias para gestionar los expedientes electrónicos y compartir los documentos, tanto en fase activa como una vez transferidos al archivo administrativo electrónico, y tienen que habilitar un catálogo unificado y accesible en línea, con independencia del formato y del soporte físico de los expedientes.
1. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 tienen que garantizar la gestión de la documentación electrónica original, recibida, producida y gestionada en el desarrollo de sus procesos administrativos, y su conservación a lo largo de su ciclo de vida, y han de garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con la normativa de protección de datos.
2. Los documentos públicos electrónicos tienen que tener garantizada la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad, en iguales condiciones que los documentos en otros soportes.
3. El protocolo de archivos determina las condiciones técnicas y organizativas de clasificación funcional, seguridad y disposición de los documentos administrativos desde el inicio del procedimiento administrativo, así como los órganos competentes para la conservación y transformación. El protocolo de archivos se aprueba por orden del consejero o consejera competente en materia de archivos y gestión de documentos, previo informe del órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos, y es accesible a la sede electrónica corporativa.
4. La documentación electrónica de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 se gestiona mediante una aplicación informática corporativa denominada SiGEDA, que permite el control del ciclo de vida de los documentos y expedientes, el control de su consulta, la gestión de los repositorios digitales, el intercambio de archivos y documentos de forma segura entre órganos de la Generalidad, además de permitir su adaptación a los cambios organizativos de la estructura de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1.
5. La transformación de documentos electrónicos por razones tecnológicas debe garantizar la exactitud del contenido del documento anterior, la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad originales, y lo firma electrónicamente el órgano competente para la transformación. El procedimiento automatizado ha de prever la conexión con el sistema de archivo electrónico corporativo.
1. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 tienen que incorporar a sus procedimientos la compulsa electrónica, que implica un procedimiento de digitalización de la documentación en soporte de papel y su comprobación con el original por parte de la Administración, y produce una copia en soporte electrónico a partir del documento, con los requisitos de autenticidad, integridad y conservación del documento imagen necesarios para su validez, de la que debe quedar constancia.
2. La compulsa electrónica puede ser válida por el concreto procedimiento que se inicia o por cualquier procedimiento de la misma Administración que se tramite por medios electrónicos.
3. Los documentos en soporte de papel que forman parte de los expedientes administrativos pueden ser objeto de digitalización, que produce una copia en soporte electrónico a partir del documento en papel.
4. Si resulta necesario, se puede proceder a la copia en soporte de papel de documentos administrativos emitidos por medios electrónicos, que tiene la consideración de auténtica si incluye un sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad con el acceso a archivos electrónicos.
5. Los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 tienen que garantizar en todo caso la autenticidad, la integridad y la conservación de la copia electrónica, así como la identificación del órgano que la realiza, mediante la correspondiente firma electrónica.
6. La compulsa y la digitalización se realizan mediante sello del órgano o del empleado o empleada público habilitado al efecto. Corresponde al secretario o secretaria general de cada departamento determinar los órganos o personal funcionario que tienen atribuidas estas funciones. En el caso de los organismos autónomos, entidades de derecho público vinculadas o dependientes y otros entes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, se tiene que tener en cuenta lo que disponen sus normas reguladoras.
Las comunicaciones de los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 con el Parlamento y sus diputados y diputadas se tiene que efectuar preferentemente por medios electrónicos en las direcciones electrónicas identificadas a estos efectos, en los términos que se acuerden.
Las referencias al órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos se entienden realizadas a la Comisión de Coordinación Corporativa, creada por el Decreto 146/2007, de 3 de julio.
Las unidades o áreas de la Administración de la Generalidad a las que corresponde la función organizativa son las encargadas de velar por el cumplimiento de las previsiones de este Decreto en su respectivo ámbito, en coordinación con las áreas TIC y con los responsables de la gestión documental.
La Administración de la Generalidad tiene que promover que el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, directamente o mediante la Agencia Catalana de Certificación, preste apoyo a los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 en todas las cuestiones relativas a la tramitación interadministrativa y la transmisión, entre las entidades del sector público, de datos y documentos electrónicos, a la identificación, firma y perdurabilidad electrónica, así como a las actuaciones que para el desarrollo e implantación de la administración electrónica le sean requeridas a través de la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración.
Se crea el Registro electrónico general de la representación, con la finalidad de acreditar a los órganos que tramiten procedimientos administrativos mediante vía electrónica el alcance, los límites y la vigencia de la representación con la que se actúa. Este registro incluye datos relativos a las representaciones legales, voluntarias, y otras formas de habilitación admitidas legalmente.
Este Registro se regula por orden del consejero o consejera competente en materia de administración electrónica.
1. Todos los procedimientos que se realizan por los entes previstos en la letra a) del artículo 2.1 se pueden tramitar electrónicamente cuando se adecúen a lo que dispone este Decreto.
2. Las normas reguladoras de los procedimientos con rango reglamentario han de adaptarse al contenido de este Decreto y a la normativa legal que resulta aplicable.
3. La relación de los servicios y procedimientos que se prestan o tramitan electrónicamente, así como los documentos normalizados correspondientes a éstos, se publican en la sede electrónica corporativa.
4. Las subvenciones y ayudas económicas se pueden tramitar electrónicamente, de acuerdo con lo que dispone este Decreto, cuando así se prevea en la resolución de convocatoria.
En la aplicación de este Decreto se han de tener en cuenta las especificidades en materia de contratación pública, de acuerdo con la normativa aplicable a los contratos del sector público.
1. En la aplicación de este Decreto han de tener en cuenta las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña y, con respecto a los procedimientos en materia tributaria, se deben tramitar de acuerdo con la legislación tributaria, respetando el especial régimen de protección de datos en este ámbito.
2. La evaluación y aprobación de la tramitación electrónica de los procedimientos que prevé el artículo 12.1 del Decreto la realiza el director o directora de la Agencia Tributaria de Cataluña, en relación con los procedimientos que se tramiten en el ámbito de sus competencias.
Se deroga el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración, en coordinación con la Dirección General de Atención Ciudadana, tiene que elaborar el protocolo de servicios y trámites electrónicos.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Función Pública y Modernización de la Administración tiene que elaborar el protocolo de interoperabilidad y el protocolo de identificación y firma electrónica.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto, por orden del consejero o consejera competente en materia de archivos y gestión de documentos, previo informe del órgano corporativo competente en materia de recursos comunes de los departamentos, se debe aprobar el protocolo de archivos.
D 232/2013 de 15 Oct. CA Cataluña (creación de la Sede electrónica)
Capítulo 4 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Sección 4 del capítulo 5 derogada por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Apartado 2 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Apartado 3 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Apartado 4 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Apartado 5 del artículo 10 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Artículo 31 derogado por la disposición derogatoria segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Apartado 1 del artículo 10 redactado por la disposición final primera del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Definición de 'Certificado digital' redactada por la disposición final segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Definición de 'Interoperabilidad' redactada por la disposición final segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre). Definición de 'Trámite electrónico' redactada por la disposición final segunda del D [CATALUÑA] 232/2013, 15 octubre, por el que se crea la Sede electrónica («D.O.G.C.» 17 octubre).

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 150
 artículo 159
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 artículo 111
 artículo 2
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 resolución 
 artículo 2
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 resolución 
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 artículo 10
 artículo 10
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 artículo 2
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 artículo 29
 artículo 2
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Artículo 31
 artículo 2
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 artículo 12
 artículo 10
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 Artículo 31
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