Source: http://www.pa.gob.mx/Noticias/2005/octubre/101205.htm
Timestamp: 2018-01-17 18:14:14+00:00

Document:
CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
Desatoran fondos; urgen a gastarlos
Reasignan diputados $80 mil millones; el 42% irá a estados y municipios
Se encona enfrentamiento entre Madrazo y Montiel
El ex líder del PRI exige que se aclare el origen de la fortuna del ex gobernador
Mantienen amenaza de huelga en el IMSS
Dispuesto, el sindicato a negociar jubilaciones y pensiones con un aumento salarial de 10%
El clima electoral no desviará a la economía
Prevén que habrá volatilidad, pero será transitoria gracias al blindaje
Yo no filtré, pero Montiel necesita aclarar: Madrazo
No soy tonto para firmar pacto de no agresión: el mexiquense
Yo no filtré nada, que Montiel aclare su fortuna: Madrazo
“Puedo mirar a mi hijos a los ojos”, dice
Tlalpan, 14 hrs. Bloqueada por el sindicato del IMSS
Es una vialidad principal, la ley prohíbe tomarla, pero el jefe de la policía del GDF prefirió no liberarla.
No será Jackson tercera opción
“Abusivo” ataque de Televisa: Barlett. Cierran filas diputados con Madrazo
Abre Madrazo batalla legal contra Montiel
Anuncia que lo denunciará ante los órganos de justicia del PRI
Cacería de brujas contra disidentes del SNTSS
Protestan campesinos frente a SRA. (El Universal On Line, p.web).
Martes 11 de Octubre, 05
Alrededor de 200 campesinos se instalan frente a la Secretaría de la Reforma Agraria para exigir mejores condiciones de vida en el campo; esperan el arribo de otras mil 800 personas
13:36 Alrededor de 200 personas protestan frente a la Secretaría de la Reforma Agraria, por lo que se registra un corte a la circulación en avenida Escuela Naval Militar, desde la calzada Santa Ana y hasta Canal de Miramontes.
Los manifestantes pertenecen a la Confederación Agrarista Mexicana y esperan el arribo de otras mil 800 personas procedentes de varios estados del país.
Señalan que el plantón será indefinido y exigen mejores condiciones de vida en el campo.
Apoya a quienes han formado parte de la Procuraduría Agraria. (Por Esto!, Manuela Correa, p.web).
Tizimin, Yucatán, 11 de octubre.- Campesinos de esta ciudad denunciaron que el visitador agrario que está a cargo de la organización de las elecciones del Comisariado Ejidal de esta ciudad muestra clara tendencia a apoyar a candidatos que por algún tiempo formaron parte del personal de la Procuraduría Agraria y les ofrecen concesiones.
Los campesinos explicaron que el personal de la Procuraduría Agraria debe cumplir con su papel de apoyar por igual a quienes estén interesados en participar en el proceso de selección a realizarse en el transcurso del presente mes para elegir al representante del campesinado tizimileño.
Señalaron que dos de los cuatro contendientes, antes de realizarse el sorteo de los colores de las planillas que contenderán en el proceso de elección ya cuentan con esta insignia, lo que fue calificado como un acto con el que el visitador agrario busca beneficiar a quienes trabajaron en la Procuraduría Agraria.
Los campesinos indicaron que al presentarse la convocatoria para elegir al comisario ejidal para el próximo período de tres años esperaban que se realizara un proceso ordenado, sin embargo quienes fueron beneficiados con la adjudicación de colores de su planilla trabajan en la búsqueda de votos desde hace varios días, mientras los demás se encuentran en espera de la reunión a realizarse mañana (por hoy) en el local del Comisariado Ejidal poco después del mediodía.
De todo un poco. (La Jornada de Oriente, Raúl Torres Salmerón, p.web).
Siguen los problemas en Totimehuacán. Unas 500 personas portaron camisetas en el zócalo de esta junta auxiliar. La leyenda de las camisetas decía por el frente: ‘¿Por qué no hay justicia en Totimehuacán?’ y al reverso: ‘Procuraduría Agraria exigimos denuncia a Campos Carpinteyro’, según denunció la diputada federal panista por el Distrito 12, Myriam Arabián...
El paro de labores en la SRA no afectó en la delegación Colima. (Ecos de la Costa, Édgar H, Badillo, p.web).
Colima.- El delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Ramón del Toro Velasco, informó que durante el fin de semana concluyó en Colima el paro de labores que mantenían trabajadores sindicalizados del organismo, demandando la homologación de sus salarios.
Entrevistado ayer luego de participar en la inauguración de las jornadas federales de información, el funcionario dijo que si bien el paro terminó, los trabajadores continúan con sus manifestaciones toda vez que buscan mejorar sus condiciones laborales: “pero esta acción la han venido realizando desde hace tiempo y la secretaría ha venido gestionando junto con la Secretaría de Hacienda para lograr una retabulación salarial”, apuntó.
Sin embargo, reconoció que no ha sido fácil el obtener una respuesta favorable a las pretensiones de los trabajadores, toda vez que están a merced de la determinación que en determinado momento pueda tomar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “y también la vialidad legal para que también esto exista”.
Luego de reiterar su beneplácito por el levantamiento del paro a nivel nacional, Del Toro Velasco dijo que en Colima estuvieron participando cerca de 23 trabajadores sindicalizados en dicho movimiento, contando a quienes laboran en la delegación de la SRA y del Registro Agrario Nacional, a cargo de Odilisa Gutiérrez Mendoza.
En ese sentido, elogió la postura que al respecto a tenido la dirigencia sindical en el Estado, toda vez que “entiende que no está en manos del delegado la solución, el personal también lo entiende, que no son cosas que estén en nuestras manos aquí. Afortunadamente hay un trato cordial y hemos aceptado hacer el trabajo que nos corresponde en Colima”.
A pregunta expresa, refirió que parte del acuerdo tomado a nivel central consistió en habilitar una mesa de diálogo para tratar de encontrar soluciones a las diferencias surgidas: “aquí no se trata de que el secretario Florencio Llamas tome decisiones de un solo plumazo, sino que se buscará dialogar para en un clima más tranquilo, propiciar mejores resultados”.
Finalmente, aseguró que en Colima el paro que se realizó a nivel nacional no generó ningún problema en el buen funcionamiento de la SRA y sus sectores: “se respetó el acceso a todo el personal de confianza para seguir haciendo nuestras labores y obviamente la labor de los sindicalizados es importante para hacer todas las gestiones, pero a pesar de todo eso, redoblando el esfuerzo por parte del personal de confianza, todo el trabajo siguió transcurriendo normalmente”, concluyó.
Marginación y rezago están vigentes en los pueblos indígenas de Michoacán. (Mi Morelia.com, Yamillete García, p.web).
Morelia, Mich., 11 de octubre.- A pesar de la integración de una Coordinación Interinstitucional para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, y el Consejo Consultivo en el que participan representantes de este sector y autoridades, los rezagos y la marginación aún están presentes en la vida de las etnias michoacanas.
Actualmente, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad habitan un total de tres millones 985 mil 667 personas indígenas, de los cuales un millón 911 mil 78 son hombres y dos millones 74 mil 589 son mujeres, distribuidos en los 113 municipios del estado.
Sin embargo, la falta de oportunidades, marginación, violación a los derechos humanos y rezago en los servicios básicos de subsistencia aún están presentes en los pueblos indígenas de Michoacán, así lo reconoció el Coordinador Interinstitucional para la atención de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, Nestor Dimas Huacuz, quien precisó que el esfuerzo de los gobiernos todavía se mantiene.
Y es que, aunque actualmente representantes gubernamentales, legisladores y algunos representantes de los pueblos indígenas trabajan por una reforma en la Constitución Política del estado para lograr el reconocimiento de los derechos de las etnias, es tiempo de que los problemas persisten y obstaculizan su desarrollo.
Dimas Huacuz, señaló que entre las principales adversidades que enfrentan las comunidades indígenas michoacanas, se encuentran los históricos conflictos agrarios o por la tenencia de la tierra, que cada año cobran la vida de campesinos y trabajadores indígenas, además de la falta de infraestructura carretera, escuelas y clínicas que garanticen la atención básica a las necesidades de esta población.
No obstante, el funcionario estatal precisó que actualmente una de los principales objetivos que persigue el gobierno del estado, se la instalación de la universidad indígena que esté dirigida a este sector poblacional y a todos aquellos interesados en investigar y estudiar sobre las etnias michoacanas, con lo cual puedan aportar a la revaloración de la cultura e identidad de cada uno de los pueblos y comunidades.
Por tal motivo, aunque aún existe mucho trabajo por hacer para el reconocimiento de los indígenas del estado, Nestor Dimas señaló que en el marco del día de la raza, la invitación es a que las autoridades redoblen esfuerzos y reflexionen sobre la situación actual de los pueblos étnicos, ya que en la actualidad cada doce de octubre, no es día de celebración sino de lucha por la dignidad y respeto de las raíces mexicanas, precisó el funcionario estatal.
La SRA no ha fracasado en solución de conflictos. (La Jornada, p.web)
Gilberto José Hershberger Reyes.
Francisco López Bárcenas publicó un artículo en La Jornada, en el que falsamente afirma que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha fracasado en la solución de conflictos agrarios en el estado de Oaxaca, intentando ejemplificar su aseveración con el conflicto del ejido "San Pedro Yosotatu" con el de "San Sebastián Nopalera".
Sin lugar a dudas el articulista desconoce los importantes avances que en materia de solución de conflictos ha logrado la SRA, especialmente en esa entidad federativa, a través del Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural, ya que del año 2003, cuando se inició el programa, a la fecha, los avances y resultados alcanzados no tienen precedente histórico en el país, y con mayor razón en el estado de Oaxaca.
En junio de 2003, la SRA elaboró un diagnóstico de la situación agraria del país, identificando 14 focos rojos en 11 entidades federativas, de los cuales cuatro se localizaron en Oaxaca, que involucraban 10 conflictos de enormes proporciones que podían poner en riesgo la gobernabilidad de la región en más de 595 mil hectáreas de diversos poblados.
Esos problemas se caracterizaban por tener una antigüedad promedio de 45 años, a lo largo de los cuales se reportaban 151 enfrentamientos con saldo de 472 personas fallecidas, 315 heridas y tres desaparecidas, e implicaban inseguridad en la tenencia de la tierra e incertidumbre para sus hombres y mujeres.
Como resultado de la estrategia de atención implementada por la SRA, seis de los 10 conflictos detectados en los cuatro focos rojos en Oaxaca están solucionados, lo que ha propiciado certeza jurídica a los pobladores de más de 530 mil hectáreas.
Adicionalmente a la solución de los focos rojos, la SRA, a partir del año 2003, ha resuelto 76 conflictos agrarios en el estado de Oaxaca, de los denominados focos amarillos, que involucraba una superficie de 32 mil hectáreas, en beneficio de cerca de 29 mil campesinos oaxaqueños.
Lo antes señalado bastaría para demostrar la falsedad con que se conduce el articulista López Bárcenas y los resultados obtenidos acreditan la eficacia y la eficiencia de los programas del gobierno federal para atender y resolver conflictos en el medio rural oaxaqueño.
Por lo que hace al conflicto entre los ejidos "San Pedro Yosotatu" y "San Sebastián Nopalera", que refiere López Bárcenas, se originan debido a que ejidatarios de "San Sebastián Nopalera" invadieron terrenos propiedad del ejido "San Pedro Yosotatu", que le habían sido dotados por resoluciones presidenciales de dotación y ampliación, de fechas 16 de abril de 1931 y 7 de abril de 1948, respectivamente.
En contra de esa invasión, en el año de 1995 "San Pedro Yosotatu" demandó el juicio agrario número 92/95 por conflicto de límites en contra del ejido "San Sebastián Nopalera", ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en la ciudad Huajuapan de León, estado de Oaxaca.
Por sentencia de fecha 11 de abril de 1997, el Tribunal Agrario resolvió que las tierras en disputa eran propiedad de "San Pedro Yosotatu", sin embargo, a la fecha el Tribunal Agrario no ha podido ejecutar su resolución por la oposición del ejido "San Sebastián Nopalera", que en la actualidad ocupa 499 hectáreas, que es la superficie total propiedad de "San Pedro Yosotatu".
El ejido "San Pedro Yosotatu" promovió un nuevo juicio agrario bajo el número 1432/2002 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en la ciudad Huajuapan de León, estado de Oaxaca, reclamando la restitución de sus tierras; sin embargo, hasta la fecha dicho Tribunal Agrario no ha resuelto el juicio referido.
Derivado de que en la vía jurisdiccional no se ha podido resolver el conflicto y los enfrentamientos entre los ejidos continuaron, la SRA, en el año 2003, implementó acciones conciliatorias entre ambos poblados, con el fin de resolver la conflictividad a través del diálogo y la conciliación.
El 14 de noviembre de 2004, la asamblea general del ejido "San Pedro Yosotatu" acordó suscribir un convenio-finiquito, mediante el cual cedía las 499 hectáreas en disputa con el ejido "San Sebastián Nopalera", y a cambio recibir una contraprestación económica por parte de la SRA, lo que permitía finiquitar el conflicto. Dicho convenio fue ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, el día 4 de abril de 2005.
El 2 de septiembre de este año, el Tribunal Unitario Agrario no aprobó el convenio-finiquito señalando que con motivo del convenio el ejido "San Pedro Yosotatu" no conservaba tierras, razón por la cual y con el ánimo de resolver el diferendo el día 23 de septiembre la asamblea general del ejido "San Sebastián Nopalera" acordó entregar al ejido "San Pedro Yosotatu" 65 hectáreas de las 499 hectáreas en disputa y así seguir construyendo un puente más de entendimiento entre ambos núcleos agrarios y, al mismo tiempo, atender las observaciones del Tribunal Unitario Agrario.
El articulista López Bárcenas señala equivocadamente que el convenio-finiquito es ilegal, debido a que no fue firmado por los tres integrantes del comisariado ejidal de "San Pedro Yosotatu", ignorando que el artículo 23, fracción IV, de la Ley Agraria faculta a las asambleas para otorgar poderes y mandatos para actos específicos a las personas que la misma designe, y en la asamblea de "San Pedro Yosotatu" celebrada el 14 de noviembre de 2004, a la que asistió el licenciado López Bárcenas, designó como mandatario al C. Catarino Servando López Santiago, presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario, por lo que en estricto apego a la ley no es exigible para su validez que el convenio fuera suscrito por todos los integrantes del órgano de representación, máxime que la convocatoria a dicha asamblea fue firmada por los tres integrantes del comisariado.
Es importante señalar que Francisco López Bárcenas, autor del artículo que se comenta, en las negociaciones para la solución del conflicto fungió como abogado del ejido "San Pedro Yosotatu", siendo que en todo momento manifestó su conformidad en que el ejido "San Pedro Yosotatu" cediera parte de sus tierras a favor del ejido "San Sebastián Nopalera"; sin embargo, debido a que se ausentó del país cerca de 3 meses, los propios ejidatarios de "San Pedro Yosotatu" lo sustituyeron y designaron en su lugar al licenciado Inocente Castro.
La Secretaría de la Reforma Agraria en éste y todos los conflictos agrarios en que ha intervenido para solucionarlos a través de la conciliación se ha apegado estrictamente al artículo 27 de la Constitución, a la Ley Agraria y a los acuerdos de las asambleas de los núcleos agrarios, por lo que se rechazan enérgicamente las falsas afirmaciones del articulista Francisco López Bárcenas.
La política agraria implementada por el sector agrario se caracteriza por un respeto irrestricto al estado de derecho, a la voluntad de las partes involucradas y a la convicción de que los conflictos en el medio rural deben atenderse de manera integral, eficaz y con celeridad, para lograr la resolución de fondo.
* Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural
Niega edil de Totimehuacán irregularidades cometidas en el ejido de Guadalupe Victoria. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web)
El alcalde auxiliar de San Francisco Totimehuacán, Víctor Campos Carpinteyro, desmintió las acusaciones sobre las supuestas anomalías cometidas por él y su familia para hacerse del control de las 270 hectáreas del ejido de Guadalupe Victoria Valsequillo. Sostuvo que detrás de los señalamientos está un grupo de cinco ejidatarios encabezado por Evelio Rojas, el cual mantiene una añeja pugna contra su parentela por el control del núcleo ejidal.
Indicó que debido a la reducida fuerza que tienen en la comunidad, los ejidatarios inconformes recurrieron a grupos ligados al PAN y a la diputada federal Miriam Arabian, pero la pugna arreció con la elección de presidente auxiliar en el pasado mes de abril. La estrategia de los campesinos, explicó, fue valerse de los problemas dentro del ejido y de un conflicto agrario entre los ejidos de Guadalupe Victoria Valsequillo y Santa María Guadalupe Tecola, que data de hace 50 años, para difundir las supuestas anomalías cometidas e impedir que ganara en las elecciones.
Campos Carpinteyro aseveró que hasta la fecha la legisladora del PAN se ha valido de información falsa para involucrarlo en diversas anomalías que nunca cometió; por eso presentará una denuncia penal en su contra por el delito de difamación.
En entrevista, el edil subalterno relató que el ejido de Guadalupe Victoria Valsequillo surgió a raíz una serie de conflictos por la construcción de la presa Manuel ávila Camacho en los terrenos de Guadalupe Tecola, pero hubo una serie de campesinos que recibieron predios en la parte posterior del lago, en la ex hacienda de Torija, como pago por las afectaciones. Su abuelo, Mauricio Carpinteyro, expuso, promovió hace 50 años la creación de un nuevo núcleo ejidal, y las autoridades lo avalaron. Esa acción dio paso a la fundación de la inspectoría que allí existe.
Con el paso del tiempo, los ejidatarios de Guadalupe Tecola iniciaron un juicio agrario para revertir la división del ejido. Los años han pasado y el proceso jurídico ha tenido altibajos, pero fue hasta hace unos meses que los tribunales emitieron una resolución que hecha abajo la creación del ejido de Guadalupe Victoria, la cual ya fue impugnada y están a la espera de conocer el fallo.
En los últimos años, agregó, los cinco campesinos encabezados por Evelio Rojas traicionaron a su ejido y apoyaron la causa de Guadalupe Tecola; así fue como se creó un frente entre ambos grupos de campesinos, quienes iniciaron una lucha contra su padre, Eliseo Campos Paredes, electo como comisario de Guadalupe Victoria en 2001. Curiosamente, señaló, con la intervención de la diputada Miriam Arabian la justicia federal emitió una resolución en contra de su núcleo ejidal.
La pugna con los cinco ejidatarios inconformes, prosiguió, se inició a raíz de una serie de diferencias del control del ejido. El edil auxiliar de Totimehuacán reconoció que el 60 por ciento de sus familiares tiene tierras en el núcleo Guadalupe Victoria, pero fue gracias a la donación que su abuelo les hizo desde hace muchos años. Rechazó que su parentela controle el 90 por ciento de las 270 hectáreas, porque eso significaría que serían propietarios de la inspectoría.
Manifestó que la mayoría de sus familiares “tienen muy pocas tierras”, aunque hay otras partes que fueron adquiridas como propiedad privada. En el caso de los cinco ejidatarios, aseveró que actualmente viven como “invasores” en las tierras ejidales, por lo que de cumplirse la resolución del tribunal que echa abajo la creación de Guadalupe Victoria, tendrán que ser expulsados.
Votó por su papá
Víctor Campos aceptó que en 2001 participó en las elecciones donde su padre fue elegido como comisario ejidal, así como en la asamblea para autorizar la explotación del cerro Cuanalapa a la empresa Gecomin, pero aclaró que lo hizo investido en un poder notarial que le otorgó Mauricio Carpinteyro, su anciano y discapacitado abuelo, fundador de la inspectoría de Guadalupe Victoria.
A decir del edil, no hay ninguna irregularidad cometida en ambas asambleas, y la Procuraduría Agraria (PA) no tiene delito que perseguir, ya que la Ley Agraria permite ese tipo de participaciones. Es más, dijo que a pesar de que el Tribunal Unitario Agrario 47, con sede en esta ciudad, echó abajo la primera elección de su padre como comisario; luego hubo una nueva asamblea y fue ratificado.
Los cinco ejidatarios opositores, agregó, no tuvieron éxito en la segunda impugnación que presentaron. Lo que no dijeron, siguió, es que para dicha asamblea decidieron incluir en la votación a Roberto Rojas Corona, esposo de su representante legal, Miguelina Tlatelpa, quien acudió con un poder notarial de uno de los viejos ejidatarios pese a que es residente de la Procuraduría Agraria en Texcoco, estado de México, por lo que decidieron presentar una queja ante la contraloría del organismo.
En el caso de la explotación del cerro Cuanalapa, indicó que durante el periodo de su padre se revalidó el permiso que se había dado años atrás. En esa reunión participaron unas 20 personas, de las cuales seis eran ejidatarios y el resto posesionarios y avencidados, pero se realizó con base a una segunda convocatoria, y la ley establece que en ese tipo de reuniones las decisiones pueden ser tomadas con los ejidatarios que estén presentes, sin importar el número.
En un caso extremo, mencionó, el TUA sólo puede ordenar que se realice una nueva asamblea, y no más.
Campos Carpinteyro aseguró que, a raíz del proceso agrario iniciado en julio de este año, quedó sin efecto el permiso de explotación otorgado a la empresa Gecomin, y el enojo del grupo de Evelio Rojas es porque el dinero no fue repartido entre todos los campesinos, sino que la asamblea decidió destinarlo a obras de “beneficio social”, por eso lo invirtieron en la construcción de la iglesia de la inspectoría de Guadalupe Victoria.
Por si fuera poco, aseguró, su padre Eliseo Campos sólo ha recibido alrededor de 180 mil pesos por parte de Gecomin por la explotación del cerro, y no los 2.5 millones que afirma la diputada Miriam Arabian. Pero, abundó, los costos de construcción de la iglesia del pueblo han sido muy superiores a esa cantidad, por lo que el núcleo ejidal le adeuda a su padre unos 200 mil pesos por la obra. Todo dijo que lo puede comprobar con base en el corte de caja que presentó su papá en diciembre de 2004.
Víctor Campos manifestó que el problema entre los grupos se radicalizó una vez que decidió lanzarse como candidato a la presidencia auxiliar. Entonces, sus oponentes optaron por unirse a los grupos de PAN en Totimehuacán, liderados por el regidor Jesús Encinas, y pasaron toda la información sobre los problemas que hay denrto del ejido con la única finalidad de desacreditarlo.
Pero, mencionó, cuál fue la sorpresa de sus oponentes al perder las elecciones. Incluso recordó que a las ocho planillas ligadas al PRI que contendieron en el proceso se les propuso hacer un bloque, pero ninguna acepto. La otra fórmula estaba representada por Jacinto Cuautle, un panista de Totimehuacán, y al perder los comicios logró aglutinar a los candidatos para hacer un frente común en su contra.
El presidente auxiliar, de paso, rechazó que su candidatura haya sido producto de la línea del gobierno del estado o el ayuntamiento. Incluso, desmintió las versiones sobre su supuesta pertenencia al grupo político de Javier López, actual secretario de Gobernación estatal, o del gobernador Mario Marín Torres. “Estaría complacido en entrar a ese grupo político, pero no pertenezco a él”, acotó.
Mantienen huelga de hambre para exigir solución al lío agrario en Malinaltepec. (El Sur (Guerrero), Gaudencio Mejía, p.web)
Indígenas Me’phaas se instalaron en la catedral de la ciudad desde el 1 de octubre.
Indígenas Me’phaas de la comunidad de Tilapa, en Malinaltepec, mantienen una huelga de hambre desde el 1 de octubre en el pasillo principal de la catedral de la ciudad, para exigir al gobierno federal la solución definitiva del conflicto agrario por los límites con las comunidades de Iliatenco, Colombia de Guadalupe, Tierra Colorada y Santa Cruz del Rincón.
Los huelguistas de la comunidad de Tilapa son, Paulino Vázquez Neri, Efrén Parra Rojas, Abel Sánchez Casimiro, Guadalupe Tiburcio Patricio, Herminio de Jesús Sánchez y Aurelio Bernardino Catalán.
Éstos narraron que el conflicto tiene antecedentes ancestrales, de hace 100 años aproximadamente y, acusaron de comunidades “invasoras” a Iliatenco, Colombia de Guadalupe, Tierra Colorada y Santa Cruz del Rincón, que se han ido posesionando de sus tierras de forma ilegal de unas 162 hectáreas.
Aseguraron además que el 7 de enero de 1999 ganaron un juicio en la que el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 12 con sede en Chilpancingo, emitió una sentencia a su favor, que fue ejecutada el pasado 20 de enero.
Uno de los representantes de la comunidad de Tilapa, Nazario Mendoza declaró: “La comunidad de Tierra Colorada, recibió una contraprestación de 2 millones 750 mil pesos, de acuerdo con el numeral 262, del Acuerdo para el Campo, por la compra de tierras para dar por concluido el litigio agrario, sin embargo, estos no se prestaron para delimitar la línea divisoria entre los pueblos”
Nazario Mendoza añadió que la Procuraduría Agraria y las comunidades a las que acusan de invasoras imponen el programa Procede para legalizar la invasión de sus tierras, no respetando los planos definitivos que amparan la superficie de los núcleos agrarios.
Asimismo, los comuneros de Tilapa en huelga de hambre exigieron la restitución de sus tierras afectadas por la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia, que aunque reconocen el progreso que atrae, pero que no debe ser motivo para ser “despojados” sin indemnización alguna, que es el único patrimonio familiar de casi 500 comuneros.
Hoy participarán en la marcha de la dignidad del indio que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo de la ciudad de México, en rechazo al día que consideran como el empiezo del despojo histórico hacia los indios del país, en la participaran indígenas y campesinos de Chiapas, Veracruz y Guerrero.
Designan a 10 policías del estado para evitar más invasiones en El Capulín. (El Sur (Guerrero), Jesús Rodríguez, p.web)
Negocia la SRA una indemnización para resolver el conflicto agrario entre los habitantes de ese poblado y los de Moyotepec.
Montes Tlapa
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) busca resolver el lío agrario que mantienen desde hace 120 años los pueblos de Moyotepec y El Capulín, a través de una indemnización económica para los núcleos comunales de Ocuapa y Tlacoapa, a los que pertenecen.
Entre las negociaciones que ha establecido el grupo especial de la dependencia para la atención de los conflictos considerados como “focos amarillos” y ambos núcleos, está la propuesta de que alguno de los dos conceda una parte de las 456 hectáreas de tierras en disputa.
El presidente del núcleo agrario de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixtos, informó lo anterior en entrevista telefónica de ayer, y confirmó que hace ocho días los vecinos de Moyotepec llegaron armados al pueblo.
No dio un número de cuántos fueron los que se presentaron en el lugar, pero sí aseguró que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores invasiones, no causaron “destrozos”.
“Sí entraron, pero no hubo otros detalles, destrozos”, sostuvo.
Hace unos días, el líder Confederación Nacional Campesina (CNC) disidente, Evencio Romero, sobre los hechos dio una versión distinta, pues aseguró que esta vez “unos cinco mil armados destruyeron la mayoría de los cultivos y comenzaron los trabajos de labranza para justificar la posesión” del área en disputa.
Galeana Sixtos dijo que se evitó la invasión cuando se dio parte a la Policía del Estado, de la cual se asignaron 10 agentes para hacer recorridos constantes en la zona.
Sobre las negociaciones, indicó que la propuesta de la SRA hacia ellos es que cedan el 25 por ciento de las 456 hectáreas a Moyotepec, y que a cambio les otorgará una indemnización.
Sin embargo “no nos han dado a conocer de cuánto sería el recurso”.
Para hoy jueves, agregó, el pueblo de El Capulín y el resto del núcleo agrario de Tlacoapa se reunirá para analizar la propuesta de la SRA, y al día siguiente se les informará si aceptan o no.
En tanto, también el núcleo de Ocuapa enviará su propia propuesta a la dependencia.
Empleados esperan que la SRA cumpla. (Tribuna, p.web).
El secretario general de la Sección Yucatán del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), René Francisco López de la Cruz, informó que los 52 empleados que realizaban un paro de "brazos caídos", en demanda de la retabulación de sus salarios, reanudaron sus labores desde el pasado día siete de este mes.
Recordó que desde el día tres, en todo el país, miles de trabajadores sindicalizados iniciaron un paro de labores en forma de protesta porque la dependencia se ha negado a otorgarles un ajuste de tabulador en sus salarios.
Durante cuatro días hicimos un paro de "brazos caídos", sin perjudicar a nadie de confianza, en la delegación federal de la SRA, en el Registro Agrario Nacional (RAN) y en el campo, con los topógrafos.
"Sin embargo, el día siete de octubre, por instrucciones de la dirigencia nacional, suspendidos nuestro movimiento de brazos caídos y empezamos a trabajar normalmente de 8:15 a 15:15 horas, ante el ofrecimiento de la instancia federal de responder a nuestras exigencias económicas", abundó.
López de la Cruz comentó que la SRA ya se comprometió a que el día 15 de este mes otorgará el aumento a las dos tabulaciones que tiene el sindicato nacional y a un pago de retroactivo al primero de octubre pasado, para cumplir con una vieja lucha de 15 años y un compromiso federal de cuatro años.
Si la instancia federal no cumple su compromiso de pagar el retroactivo al primero de octubre y los ajustes en las tabulaciones salariales de los trabajadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores emplazará a huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, advirtió.
"Eso significa que la huelga podría estallar días después del 16 de octubre, pero esperemos que no haya necesidad de colocar las banderas negras y rojas y que haya voluntad por parte de la dependencia para que evitar que se tomen esas medidas", destacó.
Por otra parte, López de la Cruz comentó que, desde hace cinco años, el Gobierno Federal puso en marcha un programa de retiro voluntario de trabajadores y muchos lo han aceptado porque consideran que devengan bajos salarios y prestaciones sociales y prefieren buscar trabajo en otro lugar para ganar más dinero.
La Cámara cumple y 'descongela' el gasto. (El Universal, Jorge Herrera, p.web. /Información también publicada en Mlenio Diario, p.26,El Sol de México, p.6, La Crónica de Hoy, p12, La Prensa, p.5).
Del monto total sólo quedan 4 mmdp en manos de la Corte.
El pleno de la Cámara de Diputados cumplió ayer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, con el acuerdo de la Secretaría de Hacienda, liberó 80 mil 176.7 millones de pesos de los recursos suspendidos en el Presupuesto 2005, por la controversia iniciada hace 10 meses por el presidente Vicente Fox Quesada.
El monto que podrá ejercerse representa 72.79 por ciento del total del presupuesto detenido por la SCJN, 111 mil millones de pesos, ante el diferendo entre los diputados y el Ejecutivo federal.
De los recursos restantes, 30 mil 823.3 millones de pesos (27.21 por ciento ), 26 mil 700 millones fueron ejercidos durante el año, según informó Hacienda, y el resto, 4 mil 195 millones (3.7 por ciento ), se mantendrán congelados hasta que los ministros de la Suprema Corte determinen si se pueden gastar en el destino original o deben ser canalizados a obras de carácter social como educación, salud, comunicaciones, campo o infraestructura en estados del país.
Esos 4 mil 195 millones de pesos estaban previstos en el Decreto de Presupuesto 2005 para gastarse en la realización de distintas obras, entre ellas: seis albercas olímpicas en todo el país y ampliar la red del Metro en Monterrey, Nuevo león.
El monto y destino de los recursos liberados se logró luego de 15 días de negociaciones con representantes de las secretarías de Hacienda y de Gobernación.
Ayer, los resolutivos alcanzados fueron sometidos al pleno camaral como Decreto, por el que se obliga a Hacienda a su cumplimiento, y aprobado por 369 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Con el Decreto, turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial , la Cámara de Diputados informó que "se da por cumplida la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 109/2004".
La bolsa más grande de recursos liberada corresponde al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), por 17 mil 269 millones de pesos.
Estos recursos repercutirán directamente en beneficio de los habitantes de los estados que fueron impactados por el huracán Stan.
SRA: mil 77.8 millones
La Cámara acata a la Corte y cierra el diferendo con el Presidente por el PEF. (Criterios.com, p.web).
La Cámara de Diputados dio por cerrado el diferendo con el Ejecutivo por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005, al acatar ayer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó admitir las observaciones del Ejecutivo sobre algunas partidas presupuestales.
Sin embargo, la mayoría dejó claro que "no comparte que el Ejecutivo federal tenga derecho de realizar observaciones" al presupuesto anual aprobado por la Cámara, con lo que buscó dejar a salvo la facultad exclusiva del Legislativo para modificar el proyecto de PEF.
Por 369 votos a favor, tres en contra y una abstención, la Cámara aprobó el acuerdo al que llegaron la madrugada de ayer los integrantes del grupo plural de trabajo de la Comisión de Presupuesto y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de liberar 80 mil 176.7 millones de pesos que habían sido congelados por el Ejecutivo desde diciembre pasado, cuando la Corte dio entrada a la controversia constitucional 109/2004.
En el dictamen se indica que "en estricto acatamiento a la ejecutoria de la Corte, la comisión procede a hacerse cargo de las observaciones que formuló el Presidente de la República", pero acotó que la materia del cumplimiento se refiere únicamente a "la nulidad parcial del PEF para 2005", es decir, a las partidas presupuestarias suspendidas por los propios ministros en junio pasado, por un monto de 4 mil 195 millones de pesos.
No obstante, el grupo plural acordó con las secretarías de Hacienda y Gobernación liberar los recursos aprobados por la Cámara en noviembre, pero que el Ejecutivo dejó de ejercer en tanto no se resolviera su controversia constitucional y la Cámara no acatara el fallo de los ministros.
Rubros originales
De esta forma, se convino que los 80 mil 176.7 millones de pesos que forman parte del acuerdo se destinen a los rubros originalmente presupuestados por la Cámara, y se aclaró que sólo podrá modificarse su asignación "siempre y cuando exista una imposibilidad material para su ejecución".
Según explica el dictamen, el resolutivo de la Corte únicamente declaró la nulidad parcial del presupuesto, por lo que resulta imperativo determinar el destino de esas partidas anuladas y, por ende, contar con la totalidad de las asignaciones de gasto aprobadas en tiempo y forma, para atender las necesidades de la población y del país en su conjunto.
También se definió que las dependencias federales a las que se entregarán los recursos deberán ejecutar la totalidad de las obras, y especificar su fecha de inicio y conclusión, y se instruyó a Hacienda para que, por única vez, autorice el pago de recursos aun después del cierre del ejercicio fiscal 2005.
Los recursos a liberar fueron distribuidos de la siguiente forma: Poder Legislativo, 69.7 millones de pesos; Instituto Federal Electoral, 200 millones; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 377.4 millones; Secretaría de Relaciones Exteriores, 475 millones; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 3 mil 155.3 millones; Secretaría de Agricultura, 7 mil 164.8 millones de pesos; Educación Pública, 10 mil 447 millones de pesos.
A la Secretaría del Trabajo, 52.2 millones; a la Reforma Agraria, mil 77.8 millones; Procuraduría General de la República 100.6 millones; Desarrollo Social, mil 161.9 millones; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 200 millones; Seguridad Pública, 283.2 millones; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mil 28.9 millones; ramo 19, aportaciones a seguridad social, 300 millones; ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, 6 mil 396.5 millones; Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 27 mil 269 millones; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 168.2 millones, y Comisión Federal de Electricidad, 5 mil 299.1 millones.
El acuerdo firmado a las 4 horas de este martes por el grupo de trabajo incluía la liberación de recursos por 81 mil 187.4 millones de pesos, pero en ajustes de última hora se recortaron mil 10.7 millones de pesos, y el ajuste más fuerte lo sufrió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que se asignaron 12 mil 953.5 millones de pesos, 918.7 millones de pesos menos; se recortaron 42 millones de pesos al Medio Ambiente, que concluyó con 5 mil 290.2 millones, y se cortaron 92 millones de pesos al ramo 33, Aportaciones Federales, que cerró con 2 mil 15.8 millones de pesos. El único incremento fue para Salud, al que se asignaron 3 mil 508.6 millones de pesos, 41.4 millones más.
Sin resolver, conflictos añejos de posesión de tierras: SRA. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor. Natividad Salas Estrada, representante de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), manifestó que si bien ya se firmó un convenio entre la Federación y el gobierno del estado para solucionar los cinco focos amarillos en el sector rural, “hay caso que surgen, porque son problemas muy añejos, que de no atenderse, habrá conflictos entre las comunidades”.
Detalló que en el caso Zacapalco contra Tepehuaje, municipio de Tepalcingo, hay una disputa de 400 hectáreas, asimismo en el municipio de Huitzilac “existe un conflicto entre los comuneros y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde se pretende construir la Facultad de Veterinarios; el espacio de 44 hectáreas está en disputa”.
Sobre el primero, reiteró que en días próximos la SRA realizará una confrontación de planos, “vamos a revisar las carpetas básicas de cada uno de los núcleos (y) analizar las actas de posición de deslinde, así como las resoluciones presidenciales para efecto de formar un criterio que nos permita con certeza ver quién en realidad tienen la razón”. Reconoció que este añejo conflicto, “es un caso álgido que nos tiene ocupados porque creemos que sí puede tener solución, pero necesitamos tener también la voluntad de las partes”.
Salas Estrada señaló que en el caso de la UNAM, la problemática se da, porque supuestamente comuneros en su momento le vendieron un predio ubicado en el kilómetro 55 de la carretera federal en donde se construirá la Facultad de Veterinarios, “ahora comuneros reclaman el terreno, lo que realizaremos es ver si el contrato de compraventa fue correcto”.
Finalmente, expresó que la Procuraduría, el Registro y la Reforma Agraria, estarán atentos en todos casos que surjan para evitar a toda costa que los conflictos se les salgan de las manos.
Campesinos del estado corren riesgo de perder más de mil has. con Puebla. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca Mor. “En la tierra de Zapata, no existe justicia agraria”, denunciaron campesinos de Axochiapan quienes debido a la falta de certidumbre agraria, podrían perder más de mil hectáreas con la comunidad de San Agustín Tepexco, perteneciente al estado de Puebla.
Gonzalo Delgado Hernández, representante de los pobladores del ejido de Marcelino Rodríguez en el municipio de Axochiapan, señaló que a pesar de que el gobierno federal aportó 10 millones de pesos de indemnización para una segunda ampliación por la pérdida de más de mil 400 hectáreas con el estado de Puebla, como lo establece el expediente del Tribunal Superior Agrario número 279/97, firmado el 18 de noviembre de 2003 por la representación de la Reforma Agraria de Puebla con el gobierno de Morelos, “es momento que no tenemos ni tierra ni dinero, ni las migajas del dinero nos dieron”.
En entrevista en palacio de gobierno en donde un centenar de trabajadores de la tierra que se vieron perjudicados, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que encabeza Julio Padilla, se manifestaron con pancartas, Delgado Hernández dijo que en la tierra del general (Emiliano) Zapata, “no hay justicia agraria, somos pisoteados y sus ideales siguen estando por debajo de la ley y del suelo”.
Responsabilizó a las autoridades que de no hacer nada para frenar el conflicto con el estado de Puebla, “él será el responsable de que nos matemos como perros, porque la gente ya se cansó de confiar en las autoridades, por eso advertimos que saldremos a tomar las carreteras del estado”.
Pronostican confrontaciones entre campesinos. (Tribuna (Sonora), Juan Barragán, p.web)
Salvador Palomares Lara, representante estatal de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, afirmó que si no existe equidad en materia de apoyos para el campo, por lo reducido del presupuesto, se pronostican confrontaciones entre las organizaciones campesinas.
El líder campesino de la ANPAP, explicó que con la controversia constitucional del Presidente Vicente Fox Quesada, donde da instrucciones para que se reduzca 11 mil millones de pesos del presupuesto para el campo en el 2006, causando una indignación generalizada entre las agrupaciones de campiranos.
Palomares Lara, reveló que este recorte presupuestal, no sólo afecta a los productores del sector social, sino también al privado, aunque los más afectados serían los que menos tienen.
Resaltó que la necesidad de instrumentar un proyecto se ha convertido en una necesidad generalizada, donde el Gobierno Federal, no ha podido catalizar toda la gama de demandas de la sociedad.
Advirtió que con el panorama institucional del Ejecutivo Federal, las organizaciones ven una gran incertidumbre para el próximo año, aunado a un cierre presupuestal de una administración federal que está por concluir, debido a la víspera de elecciones presidenciales.
Incluso, dijo, las principales disputas por los mejores proyectos, pronostican entre aquellas que tienen muchos años de estar constituidas contra las de nuevo cuño, principalmente con perfiles institucionales al partido que se encuentra en el poder.
Añadió que las agrupaciones tradicionales, tales como la CNC, UGOCM, CCI, ANPAP, UNORCA, UNTA, entre otras; con justa razón demandan la equidad en torno a la repartición del “pastel” de los proyectos productivos, los ha manejado tendenciosamente el Gobierno de Vicente Fox.
Advierte titular de la Sagarpa que no cabildeará para obtener más recursos. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)
Organizaciones campesinas exigen incremento de 10% al presupuesto para el sector
Mientras nueve organizaciones campesinas pidieron a los diputados que incrementen en 10 por ciento el presupuesto para el campo que propuso el Ejecutivo federal para 2006, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga, aseguró que no hará cabildeos en la Cámara de Diputados para tratar de que se eleve el monto destinado al sector.
Las organizaciones campesinas demandaron además que se apruebe la minuta del Senado para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación.
"Durante más de una década hemos luchado para que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional; hoy la Cámara de Diputados tiene la enorme responsabilidad de dictaminar en favor de modificar la fracción 20 del artículo 27 constitucional, para establecer la responsabilidad del Estado a garantizar el derecho a la alimentación a partir de la producción nacional", indicaron.
Las organizaciones campesinas, antes agrupadas en el movimiento El campo no aguanta más, acusaron al gobierno federal de tratar de eliminar al sector por la propuesta de presupuesto tan reducida, y acusaron a los funcionarios de la Sagarpa de ineptitud, falta de rumbo y utilización clientelar del presupuesto.
Por quinto año consecutivo, abundaron, hay un estancamiento del sector agropecuario; tiene un crecimiento promedio anual de 0.3 por ciento, muy alejado del 5 por ciento que ha presumido el gobierno federal; incluso en el primer semestre del año el PIB agropecuario fue negativo en 2.5 por ciento.
El panorama no es positivo, ya que la dependencia alimentaria es de 40 por ciento; hay una caída en la rentabilidad, en los ingresos y en los empleos rurales; la migración se acelera, y los recientes desastres naturales requieren de atención integral y de reorientación de la política agropecuaria, la cual carece de enfoque ambiental, apuntaron.
Además, dijeron, la propuesta del presidente Vicente Fox "mantiene y acrecienta en forma absolutamente inaceptable, por inmoral e ineficaz, el sesgo asistencialista para el combate a la pobreza rural y el desarrollo agropecuario y forestal".
La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, Frente Campesino Democrático de Chihuahua, Red Mexicana de Organizaciones Forestales y Campesinas, Unión Nacional de Organizaciones Forestales y Unión General de Organizaciones Campesinas y Populares exigieron que la Sagarpa deje de canalizar 70 por ciento del presupuesto a los productores de riego, a los grandes propietarios y a los rentistas de las tierras de regiones ya desarrolladas.
Un presupuesto aceptable, asentaron, sería que se otorgaran 165.6 millones de pesos al agro, de los cuales 70 por ciento fuera destinado a productores y regiones en desarrollo, y el 30 por ciento restante a productores y regiones ya consolidadas. De esos recursos, 65 por ciento a gasto productivo y 35 por ciento a gasto asistencial, además de respetar las reglas de operación y someter a convocatorias el manejo de los fondos para evitar el manejo clientelar y discrecional.
Lo "no importante"
Sobre el presupuesto para 2006, el titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, aseguró que no hará cabildeos en la Cámara de Diputados para tratar de que los legisladores eleven el monto destinado al campo. "No hay que considerar únicamente el flujo de dinero, eso no es lo más importante, sino la forma de gasto de los recursos, cómo los entregan en los estados y además cómo se generan más fondos para el campo que no procedan únicamente de las arcas del gobierno federal".
Respecto a los daños causados por el huracán Stan, Mayorga Castañeda dijo que la Sagarpa agilizará la aplicación de más de 2 mil millones de pesos del presupuesto programado para este año para dar prioridad a los proyectos que reactiven la actividad económica de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en tanto se concluyen las evaluaciones de los daños.
Agregó que en este año se destinaron a dichas entidades 5 mil 103 millones de pesos, de los cuales ya fueron radicados 3 mil millones; además se entregarán recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, el cual cuenta con una reserva de 100 millones de pesos y se ampliará con el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva, que tiene asignados 43 millones de pesos.
Los amparos contra la ley cañera, para "proteger" al sector: Sagarpa. (El Universal, Matilde Pérez U., p.web).
La zafra no está en riesgo, afirma Francisco Mayorga
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga, ratificó que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), que administra 23 ingenios, sí interpuso un amparo a finales de septiembre en contra de la ley cañera. Sin embargo, "no tenemos un trato de doble juego con los productores, a ellos ya les dijimos que ese procedimiento es para salvaguardar la industria y el inicio de la próxima zafra".
Los cañeros mantienen bloqueados los accesos de las 23 agroindustrias administradas por FEESA y en 26 ingenios privados que interpusieron un amparo contra la ley; sólo los cinco de Sucarmex, los dos de Grupo Machado, San José de Abajo y San Nicolás están trabajando normalmente en la reparación de la maquinaria, con vistas al inicio de la zafra en unas cuantas semanas, informó la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina.
"El amparo se interpuso para proteger los intereses del sector, pues actualmente persisten litigios con los ex propietarios de los ingenios expropiados. El jurídico advirtió que si aceptamos algunas disposiciones de la ley cañera, nos pondríamos en una situación vulnerable frente a esas personas que están reclamando al gobierno la expropiación. Si perdemos el litigio y tuviéramos que devolver los ingenios, caeríamos nuevamente en la insolvencia y regresaríamos a la situación de crisis de 2001", explicó.
En conferencia de prensa, el titular de la Sagarpa aseguró que la zafra no está en riesgo, e insistió en que a los productores les ha asegurado que la dependencia "no les está clavando un puñal con los amparos. En las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación hemos estado dispuestos a que vean el fundamento jurídico de que estamos tratando de cuidar la producción".
Respecto a las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública por un faltante de 15 millones de pesos en 2001, cuando fue responsable de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, apuntó que el asunto quedó finiquitado, pues entregó los comprobantes. Descartó que sea un golpe político a su figura, porque "no tengo aspiraciones políticas personales".
Gobierno suspende obra vial en El Cerrito. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).
Naucalpan, Méx.- Las máquinas para construir el distribuidor vial que enlazará la superavenida Lomas Verdes con la autopista Chamapa-Lechería no entrarán al área natural de El Cerrito hasta que no haya un acuerdo con los vecinos, que demandan que esa área sea preservada como una zona natural para beneficio de miles de habitantes de al menos 15 fraccionamientos de este municipio.
Así lo señaló el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado de México, Felipe de Jesús Rivera Velásquez, ante un grupo de integrantes de la asociación Defendamos El Cerrito, con quienes sostuvo una reunión para presentarles el proyecto de la nueva vialidad.
Mientras los vecinos no estén de acuerdo, esta obra que servirá para ingresar a la autopista Chamapa-Lechería no se llevará a cabo, pese a que es un proyecto planeado desde hace 15 años para desahogar el tránsito a Lomas Verdes, apuntó el funcionario de la SCT.
José María Rivas, Miguel Miramontes Lira, José Antonio Alvarado del Castillo y José Ramón Jiménez Lara, integrantes de la asamblea vecinal Defendamos El Cerrito, quienes piden la expropiación de 34 hectáreas de esta área verde para preservarla como zona ecológica, se reunieron con el director y el subdirector estatal de la SCT, Felipe de Jesús Rivera Valenzuela y Jesús Felipe Verdugo López.
Los vecinos reiteraron su rechazo a la construcción de esta vialidad bajo las circunstancias actuales, en las que Lomas Verdes quedaría totalmente paralizado al no haber obras viales alternas que agilicen el flujo de autos hacia Periférico norte y al Distrito Federal.
Actualmente, desde La Concordia hasta Periférico "hacemos 40 minutos en horas pico"; con esta nueva vialidad que abrirá la puerta al centro comercial que se construye en El Boludo, a las 2 mil 600 casas de la Sexta Sección de Lomas Verdes y a más de 6 mil de Zona Esmeralda, la situación será critica para los habitantes de Naucalpan, apuntaron los vecinos.
Con este distribuidor vial, la Sexta Sección de Lomas Verdes podrá obtener licencias de construcción para edificar 2 mil 600 casas, para las que no hay factibilidad de servicios como agua potable y vialidades, apuntó José María Rivas.
La SCT compró a la familia del ex presidente Miguel Alemán 22 mil metros cuadrados de El Cerrito a un costo promedio de mil 300 pesos el metro, apuntó el funcionario.
El distribuidor vial tiene una extensión de 3.1 kilómetros para conectar la autopista Chamapa-Lechería con Lomas Verdes, en un tiempo de ejecución de obra planeado para nueve meses con un costo de 100 millones de pesos, "la cual no es una obra improvisada, que no fue planeada para servir a los fraccionadores, sino para beneficiar a muchas comunidades; obra que no podemos parar por el rechazo de un grupo de vecinos", afirmó el director de SCT.
Sin embargo, más tarde, al escuchar que la alternativa vial de crear un sistema de 10 cruceros con semáforos con algunos señalamientos y topes en la avenida Lomas Verdes no resuelve el problema de saturación vehicular, afirmó que las máquinas de construcción para el nuevo distribuidor vial no entrarán a El Cerrito hasta que no haya un acuerdo con los vecinos.
Devolverá derechos a 40 ejidatarios la nueva autoridad ejidal de Cumbres de Llano Largo. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
La nueva autoridad ejidal de Llano Largo que encabeza Rafael García del Carmen convocó a una asamblea para este sábado, con la intención de devolver los derechos ejidales a 40 campesinos, que les fueron quitados por el ex comisario Mario Cortés Godínez, en represalia por encabezar el movimiento opositor que finalmente logró removerlo del cargo, informó el ex secretario Jesús Cruz Chupín.
Adelantó además que preparan el Primer Congreso Campesino Popular, donde esperan la presencia de organizaciones sociales estatales y nacionales el 22 de octubre, dentro del 9 aniversario de la sentencia del Tribunal a favor del ejido en la lucha de varias hectáreas que pretende arrebatarles el Fonhapo.
Jesús Cruz Chupín precisó que será este sábado a las 11 de la mañana cuando se lleve a cabo la asamblea, donde además de restituirles los derechos ejidales se decidirá qué castigo van a recibir las ex autoridades, por las anomalías que se cometieron durante ese periodo.
El ex presidente del comisariado, Mario Cortés, renunció a su cargo hace un mes a cambio de que los ejidatarios retiraran la demanda por falsificación de firmas y las acusaciones de venta de cartas de posesión hasta en 30 mil pesos.
Por otro lado, Cruz Chupín dijo que aunque el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 ordenó el desalojo masivo de los habitantes de Ampliación de Llano Largo, se han reunido con funcionarios de Fonhapo para llegar a un acuerdo definitivo, pues “tienen miedo de ejecutar un desalojo” por el estallido social que puede provocar.
Cruz Chupín advirtió que ni los ejidatarios ni los avecindados de Llano Largo están dispuestos a ceder “ni un metro de tierra” a la dependencia federal.
Opositores, normalistas y universitarios cuestionan a La Parota frente a la CFE. (El Sur, Ezequiel Flores, p.web).
Si la presa no atiende el aspecto social, “está destinada al fracaso”, dice el coordinador del grupo de trabajo de la UAG que la depedencia federal contrató para un programa de reordenamiento poblacional en la zona. Víctor Hugo Chávez se mofó en varias ocasiones de los argumentos de los comuneros, representados por Marco Antonio Suástegui.
Alfonso Guzmán Andrade, coordinador del grupo de trabajo de la UAG que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató para que elabore un programa de reordenamiento poblacional en la zona donde se construiría la presa de La Parota, afirmó que si el proyecto es concebido desde el aspecto económico y no se atiende el aspecto social, está destinado al fracaso.
“Los partidos políticos y la religión se han encargado de consolidar el individualismo, es por eso que no existe trabajo colectivo” en la zona donde se pretende construir la presa, lo que es también un factor que lleva al fracaso, aseguró el investigador universitario durante su participación durante un foro organizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), en el auditorio de Rectoría.
Por su parte, el residente de la CFE, Bernardo Arreguín León, dijo que todas las expectativas de beneficio social que considera el plan de desarrollo integral del proyecto de la presa, como garantizar un mejor nivel de vida a los habitantes que serán desplazados, y revertir el daño ambiental y los efectos de la erosión de suelos por el cambio de uso y la grave deforestación, “no serán posibles sin la participación directa del gobierno estatal y municipal”.
A este foro, que se caracterizó por las criticas generalizadas de los asistentes –maestros y estudiantes de la UAG, así como normalistas– en contra de la presa, por “anteponer el interés económico al desarrollo social”, asistieron comuneros opositores al proyecto encabezados por uno de sus voceros, Marco Antonio Suástegui, quien fijó su postura frente al residente de la paraestatal, Víctor Hugo Chávez, quien se mofó en varias ocasiones de los argumentos de los comuneros.
La actitud del funcionario de la CFE provocó que los comuneros se dirigieran a él, así como al rector de la UAG, Nelson Valle López, y al coordinador del grupo de la universidad, como “buitres”; sin embargo, el incidente no pasó a mayores debido a que los organizadores del foro solicitaron respeto a las partes.
En el encuentro entre Víctor Hugo Chávez y Marco Antonio Suástegui –que hasta el momento no se ha dado en los tribunales, debido a que el funcionario de la CFE, quien demandó penalmente al comunero por el delito de privación ilegal de la libertad, no se ha presentado a ratificar su acusación– hubo burlas de parte del funcionario federal y resentimiento acumulado del lado de los opositores, que disfrazaron de indiferencia.
Más adelante, el ex dirigente del movimiento del 68 e investigador de la UNAM, Félix Hernández Gamundi, dijo que aunque este tipo de de obras hidráulicas “son necesarias”, no se pueden llevar a cabo sin la participación social en la toma de decisiones y cuestionó el estudio de impacto ambiental y social que mandó hacer la CFE.
“La mitad del territorio nacional –100 millones de hectáreas– está muy erosionado por la deforestación, la mayor alteración al entorno ecológico es la que ya se ha producido. Es por eso que se deben construir obras que reviertan efectos negativos en el medio ambiente y no que generen mayor daño”, expresó.
Durante el foro, la CFE presentó una animación multimedia que mostraba los objetivos generales del proyecto: garantizar energía eléctrica para el país, y agua para el puerto de Acapulco. La explicación técnica la ofreció Bernardo Arreguín, funcionario de la CFE, después de explicar los propósitos de la presa.
Dijo que dependencias estatales y municipales, como las secretarías de Educación y Salud, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), deben participar directamente para garantizar los servicios en las zonas donde posiblemente sean reubicados los habitantes de 15 poblados.
De lo contrario, aseguró, no podrán cumplirse las expectativas de beneficio social que considera el plan de desarrollo integral del proyecto de la presa La Parota.
Sobre el aspecto ambiental, el funcionario de la CFE dijo que se van a destinar 250 millones de pesos para restaurar la zona forestal alrededor del embalse que abarcará 14 mil hectáreas, recursos que serán manejados por la Comisión Nacional Forestal.
Este punto fue el que debatió el investigador universitario Félix Hernández, debido a que consideró que no existe confianza en las instituciones y coincidió con los comuneros opositores al proyecto de la presa, al afirmar que los programas como Procampo y Progresa “son migajas” que no han resuelto los problemas de los moradores de las zonas rurales.
Dijo que si en verdad se quiere evitar un daño ecológico severo y garantizar el desarrollo social de los pobladores, se debe destinar el 7 por ciento de los mil millones de dólares que costará la presa, “para que se lleve a cabo un proyecto que permita hablar de un desarrollo en serio”.
Rechaza el gobierno participar en pugna agraria. (La Jornada de Morelos, Carlos O. Morales p.web)
Cuernavaca, Mor. Germán Castañón Galaviz, subsecretario de Gobierno señaló que el gobierno de Morelos no intervendrá en las denuncias generadas por los recursos captados por los campesinos de la comunidad de Marcelino Rodríguez del municipio de Axochiapan, ya que serán las mismas autoridades ejidales las que tomen cartas en el asunto.
En entrevistas por separado, Castañón Galaviz y Rafael Martínez Flores, director de Gobierno, coincidieron en señalar que no hay problema alguno ya entre los gobiernos del estado de Puebla y Morelos por alguna cuestión limítrofe, “por el contrario, ya se llegó a un arreglo y hubo nueve millones de pesos para los campesinos morelenses que participaron en la negociación por las tierras afectadas”.
En este sentido, Martínez Flores comentó que hay dos personas detenidas, ambas denunciadas por un posible fraude cometido a más de 120 personas afectadas por el reparto desigual que se hizo de esos recursos, “los dos detenidos están demandados por casi 9 millones de pesos”.
Por esta razón, explicó que serán los propios campesinos de Axochiapan quienes decidirán si llegan al juicio penal en contra de quienes dispusieron de ese dinero o si llegan a un arreglo, “la mejor situación que se pudiera dar, sería que se repartieran de manera justa esos 9 millones, pero son quienes tienen el recurso los que determinarán si evitan un conflicto mayor o no”, aclaró Martínez Flores.
Los comuneros están inconformes, dijo el funcionario estatal, porque no les proporcionaron alguna cantidad por la venta de los terrenos motivo de la disputa territorial entre morelenses y poblanos, “sabemos que hay dos detenidos representantes de bienes comunales mismos que fueron denunciados por los inconformes, tanto por fraude como por abuso de confianza, por lo que les exigen 9 millones de pesos producto de la venta”, puntualizó
Convocarán a asamblea de ejido. (Tribuna, Janeth Núñez, p.web).
Aún no hay fecha para definir la situación legal de los terrenos de los ejidatarios del ejido Cócorit y el titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Hugo Alejandro Ceja Abarca, pues el Tribunal Agrario requiere de una solicitud por escrito para poder realizar el deslinde de los predios, la cual deberá estar aprobada por la asamblea del ejido.
Ayer por la mañana representantes de los ejidatarios y Ceja Abarca, acudieron ante el magistrado del Tribunal Agrario Wilbert Cambranis, quien les señaló que para poder proceder con la medición de los terrenos, deberán convocar primero a una asamblea de ejido en la que todos los miembros estén de acuerdo con la petición, y una vez que tengan el documento poder darle curso al proceso.
Ahí, Ceja Abarca explicó “no se puede hablar de tiempo porque es cuestión de que nos pongamos de acuerdo con los ejidatarios para reunirnos, pero ambas partes estamos dispuestas a respetar lo que el Tribunal decida, y vamos a tener de testigo de calidad al presidente municipal (Jesús Félix Holguín)”.
Asimismo, magistrado del Tribunal Agrario Wilbert Cambranis, les expresó que es necesario dicho documento de acuerdo para finiquitar la disputa y ésta no pueda ser removida en el futuro.
Cabe aclarar, que a nombre de los ejidatarios se presentó el representante de Víctor Álvarez Jiménez, quien se comprometió a hacer llegar las recomendaciones del magistrado a todos los propietarios de los terrenos para agilizar el proceso.
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