Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/sentencia-t-50608
Timestamp: 2017-02-20 19:26:21+00:00

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Sentencia T-506/08 Referencia: expediente T-1805016. Acción de tutela instaurada por Haydee (o Aide) Páez, contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLABogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008).La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losmagistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara InésVargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legalesha proferido la siguiente SENTENCIAen la revisión del fallo adoptado en segunda instancia por el TribunalAdministrativo de Norte de Santander, dentro de la acción de tutela promovidapor Haydee (o Aide) Páez, contra Acción Social, oficina de Cúcuta.El expediente arribó a la Corte Constitucional por remisión efectuada por elmencionado Tribunal, en virtud de lo ordenado por el inciso final del artículo32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Segunda de Selección de tutelas de estacorporación eligió este asunto para revisión, el 14 de febrero de 2008.I. ANTECEDENTES.La señora Haydee (o Aide) Páez interpuso acción de tutela en contra deAcción Social de Cúcuta, en agosto 16 de 2007, que le correspondió alJuzgado 1° Administrativo del Circuito de la misma ciudad, reclamando elamparo de los derechos fundamentales a la salud, vida digna, educación yvivienda, por los hechos que a continuación son resumidos.A. Hechos y relato contenido en la demanda.La accionante manifiesta que en mayo 14 de de 2006 llegaron a su casa unosintegrantes de las FARC, buscando a “mi sobrino Nelson Marcos Páez”; cuandosu compañero se dio cuenta del peligro que corría lo quiso auxiliar, pero “unguerrillero arremetió contra él proporcionándole un disparo en la manoderecha” y ese mismo día “mi sobrino fue asesinado”. 2.
2Expediente T -1805016.Por lo anterior, se trasladó junto con su familia a la vereda Cerro Madera CampoHermoso del corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú, a causa del “temorgeneralizado que sentíamos todos después de lo ocurrido con mi sobrino”.Posteriormente se dirigieron a Campo Tres, pero como no tenían seguridad “yaque las FARC también se encontraban por esa zona”, decidieron viajar a Cúcutay declarar el desplazamiento sufrido ante la Defensoría del Pueblo, en junio 9 delmismo año.Señala que en agosto 15 de 2006 le fue notificada la Resolución N° 0595 dejunio 27 del mismo año, donde le informan que “no se realizará la inscripciónen el Registro Único de Población Desplazada RUPD (antes SIPOD)”,argumentando que su declaración era contraria a la verdad.La señora Páez reconoce que al momento de la declaración, debido a los nerviospadecidos al recordar lo sucedido, se pudo equivocar y omitir datos, pero eso“no elimina lo ocurrido”.Igualmente refiere que fueron halladas “inconsistencias en las fechas dedesplazamiento”, además de no haber relacionado “el nombre de mi sobrino ylas fechas del acta de su muerte” y que “no tenía conocimiento de que el acta dedefunción era necesaria para mi inclusión en el RUPD”.B. La demanda de tutela.Ante esos hechos, la actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales a laigualdad, la salud, la educación, la vida y la vivienda digna y, en consecuencia,que se ordene a Acción Social la inscripción y la de su núcleo familiar en elRegistro Único de Población Desplazada, RUPD.C. Respuesta de la Asesora Jurídica de Acción Social.La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada afirmó que de acuerdocon lo estatuido en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, para la inscripción enel RUPD se requiere copia de la declaración de los hechos efectuada por quienalega su condición de desplazado, que debe presentar dentro del año siguiente ala ocurrencia del suceso que originó el desplazamiento (art. 8° D. 2569/ 2000).El artículo 11.1 del citado Decreto, regula los casos en los cuales no se efectúala inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado,incluyendo “cuando la declaración resulte contraria a la verdad”. Así, denotóque sólo pueden ser otorgados los beneficios de la ley y sus decretosreglamentarios a aquellas personas y hogares que hubiesen accedido a lacondición de desplazados en los términos de esa normatividad.Para el caso concreto, refiere que adelantó un estudio sobre los hechos quecausaron el desplazamiento de la señora Aide (aparece como Haydee en la 3.
3Expediente T -1805016.cédula de ciudadanía) Páez y determinó que no era viable jurídicamente lainscripción de la solicitante y su familia en el RUPD, por cuanto el artículo 11del Decreto 2569 de 2000, señala como causal de no inscripción cuando “ladeclaración resulta contraria a la verdad”, no pudiendo entonces inscribirlaen tal Registro, en cumplimiento de la normatividad vigente.Además, contra la resolución de no inclusión la accionante no interpusorecurso alguno, a pesar de que allí se le informó lo que procedía, indicandotambién el término de interposición (5 días).Por lo tanto, asevera que Acción Social ha actuado con pleno apego a la ley yno puede predicarse que haya vulnerado derecho fundamental alguno, en unasunto que, además, atañe a la jurisdicción contenciosa administrativa y no alJuez de tutela.D. Documentos relevantes allegados en fotocopia.1. Resolución N° 0595 de junio 27 de 2006, expedida por el Asesor de laUnidad Territorial de Norte de Santander de Acción Social, “Por la cual sedecide sobre una inscripción en el Registro Único de Población Desplazadade la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional”, decidiendo que no es viable jurídicamente efectuar lainscripción de la solicitante y su hogar en el RUPD, por cuanto el artículo 11del Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2000 señala como causal de noinscripción si “la declaración resulta contraria a la verdad” (f. 5 cd. inicial).2. Notificación de la referida resolución, firmada por la accionante en agosto15 de 2006 (f. 7 ib.).3. Certificados de la Notaria Tercera de Bucaramanga, dando constancia delregistro de nacimiento de Tiana Yojary y Jhan Franco Rico Páez, hijos deHaydee Páez y Florencio Rico Silva (fs. 8 y 9 ib.).4. Cédula de ciudadanía 42.483.618 de San Alberto, a nombre de Haydee Páez(f. 11 ib.).E. Fallo de primera instancia.El Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia deagosto 30 de 2007, concedió el amparo solicitado, anotando que “dadas lascondiciones especiales que enmarcan el desplazamiento forzado, iría contraderecho someter a la accionante al trámite normal que un proceso ordinarioimplica, situación que conduciría al desconocimiento total de sus derechosfundamentales”.Explicó que los hechos relatados por la actora evidencian su condición dedesplazada, conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997, en 4.
4Expediente T -1805016.cuanto relató que a causa de la muerte de su sobrino por integrantes de lasFARC, abandonaron con su grupo familiar el lugar de residencia. Afirmóademás que “el hecho que tal condición no haya sido reconocida por laAgencia Presidencial para la Acción Social no modifica la situación realpadecida por la peticionaria quien actualmente se encuentra desprotegida yvulnerados sus derechos” (f. 32 ib.).Aunado a lo anterior, planteó que si bien es cierto que la demandante al rendirsu declaración para ser inscrita junto con su núcleo familiar en el RUPD,incurrió en yerros al determinar las fechas de ocurrencia de los hechos, tambiénlo es que las condiciones a las que se ve sometido quien a causa de la violenciadebe abandonar su residencia y desplazarse a otro lugar, afecta notoriamente suestado emocional, físico y psicológico, situación que incide en la claridad conque posteriormente exponga los hechos, y exigirle material probatorio quecorrobore lo que está diciendo, atenta contra los fines para los cuales fue creadala entidad accionada, desconociendo el principio de la buena fe,correspondiéndole a la accionada desvirtuar la condición invocada por laactora.Bajo tales supuestos, concedió el amparo solicitado y ordenó a la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional “inscribiren el Registro Nacional de Desplazados a la señora HAYDEE PÁEZ y a sunúcleo familiar, conformado por su compañero permanente Luís ArturoAparicio Cristancho y sus menores hijos Jhan Franco Tiana Jhojary RicoPáez y Wendy Yhajaira Aparicio Páez”.F. Impugnación.La Jefe de la Oficina Jurídica de Acción Social, en escrito de septiembre 5 de2007 (fs. 43 a 48 ib.), impugnó ese fallo y solicitó revocarlo, argumentandoque la entidad que representa no ha vulnerado ni amenazado derechofundamental alguno de la actora.Señaló que adelantó un estudio de los hechos que ocasionaron eldesplazamiento, en el cual se determinó que “la declaración resulta contrariaa la verdad”, por lo cual la entidad no ha quebrantado ningún derecho “ya quela decisión adoptada por el asesor con funciones de Coordinación de laUnidad Territorial de Bogotá a través de la ya citada resolución se ajusta aderecho y ha procedido para su notificación de conformidad al artículo 44 y45 del C.C.A.”.Insistió que la actora no interpuso reposición y en subsidio apelación, según loexpuesto en el escrito de tutela, no siendo éste el mecanismo legal parasolicitar la nulidad de tal resolución y menos para obtener la inscripción en elRegistro.G. Fallo de segunda instancia. 5.
5Expediente T -1805016.El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia deoctubre 12 de 2007, revocó el fallo impugnado, considerando improcedente latutela al no existir un perjuicio irremediable, por cuanto dejó transcurrir “másde trece meses, para presentar la tutela, término que desvanece la urgencia, elapremio y prontitud exigida en este tipo de acciones, sin pasar por alto que laacción no fue interpuesta como mecanismo transitorio”.Cuando existe otro mecanismo de defensa debe ejercerse dentro de laoportunidad prevista al efecto y si su ejercicio no fue oportuno, se asumirá sunegligencia; la tutela no puede ser un mecanismo sustituto o adicional delmedio de defensa y en manera alguna puede revivir el término de caducidadde la respectiva acción. Adicionalmente, debe agotarse la vía gubernativa conla interposición de los recursos de ley, cuya procedencia fue señalada a laaccionante en la Resolución N° 0595 de junio 27 de 2006.Por último, señaló que no hay elementos de convicción que permitancomprobar la vulneración de derechos fundamentales, ya que con las pruebasaportadas la actora no demuestra ni permite corroborar las inconsistenciasadvertidas en la resolución que negó su inscripción en el RUPD.II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.Primera. Competencia.Esta corporación es competente para examinar la determinación referida, enSala de Revisión, al tenor de lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9°de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.Segunda. El asunto objeto de análisis.Se determinará si derechos fundamentales de Haydee Páez y su núcleofamiliar fueron vulnerados por Acción Social, al negarle la inscripción en elRUPD porque, según la entidad, “la declaración resulta contraria a laverdad”.Tercera. Es procedente la acción de tutela como mecanismo de protecciónde derechos fundamentales de la población desplazada. Reiteración dejurisprudencia.Dado que se trata de personas merecedoras de especial protección, que sehallan en situación dramática por haber soportado cargas injustas, cuyaprotección es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes,la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el agotamientoprevio de los recursos judiciales ordinarios como requisito para la procedenciade la tutela. Así ha expresado en múltiples oportunidades: 6.
6Expediente T -1805016. “Debe quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema. Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados.”1Al respecto, se reitera lo consagrado en la sentencia T-611 de agosto 13 de2007, en la cual se tuvo en cuenta la definición contenida en el artículo 1º dela Ley 387 de 1.997, hacia la adopción de medidas para la prevención deldesplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación yestabilización socioeconómica del desplazado, recordándose que éste es "todapersona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional,abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales hansido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión decualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbiosy tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de losDerechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario uotras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedanalterar o alteren drásticamente el orden público”.El desplazamiento forzado interno afecta grandes masas poblacionales en elterritorio nacional, siendo tan delicado el drama que en distintas oportunidadesesta Corte lo ha calificado de “problema de humanidad que debe serafrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como eslógico, por los funcionarios del Estado”2; o “un verdadero estado deemergencia social”, “una tragedia nacional, que afecta los destinos deinnumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante laspróximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad políticacolombiana”3.Ha indicado además que “al Estado le compete impedir que el desplazamientose produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respetar yhacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también hadicho que si ‘no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados desus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos demiles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar1 T-086 de febrero 9 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.2 T-227 de 5 de mayo de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero.3 SU-1150 de agosto 30 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 7.
7Expediente T -1805016.condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir susvidas´4. Lo anterior comporta que la situación de cada una de las personas yfamilias desplazadas por la violencia deba ser un asunto prioritario de lasautoridades”.5 Así mismo sostuvo: “El desplazamiento forzado en Colombia ha conducido a una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales de miles de personas que, por distintas causas, han sido obligadas a emigrar de su entorno habitual para posteriormente, en muchos casos, verse sometidas al abandono de la sociedad y del Estado, que debe brindar en forma oportuna y efectiva la atención necesaria para que esta población supere su estado de extrema vulnerabilidad, como así mismo refrendó esta corporación recientemente.” 6Cuarta. Criterios y normas que deben tenerse en cuenta al momento de lainscripción de los desarraigados en el Registro Único de PoblaciónDesplazada. Reiteración de jurisprudencia.La Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el proceso deinclusión de una persona en el Registro Único de Población Desplazada y loscriterios que deben guiar a los funcionarios receptores de la declaración yevaluación, a la hora de definir sí el solicitante tiene derecho a ser inscrito no.En este sentido la Corte ha sido clara al señalar que la inscripción carece deefectos constitutivos de esa condición; por lo que, en cambio, dicho Registrocumple únicamente las finalidades de servir de herramienta técnica para laidentificación de la población afectada y como instrumento para el diseño eimplementación de políticas públicas que busquen salvaguardar los derechosconstitucionales de los desarraigados.También se ha dicho que las normas sobre desplazamiento y, en particular, lasque orientan a los funcionarios encargados de diligenciar el Registro, debeninterpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios: (a) “las normasde derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidadsobre el tema de desplazamiento forzado”7; (b) “la favorabilidad”8; (c) “elprincipio de buena fe y el derecho a la confianza legítima”9; y, (d) “laprevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho”10.En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte señala una serie dereglas relativas a la inscripción de una persona en el Registro Único dePoblación Desplazada, que es propio tener en cuenta:4 SU- 1150 de agosto 30 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.5 T-721 de agosto 20 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis.6 T-334 de mayo 4 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.7 T-468 de junio 9 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.8 T-025 enero 22 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.9 T-1094 de noviembre 4 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.10 T-025 enero 22 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.11 T-563 de mayo 26 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 8.
8Expediente T -1805016.1. Los servidores públicos deben informar de manera oportuna y completa aquien pueda encontrarse en situación de desplazamiento forzado, sobre latotalidad de sus derechos y el trámite que debe surtir para exigirlos11.2. Los funcionarios que reciben la declaración y diligencian el Registro, sólopueden requerir al solicitante el cumplimiento de los trámites y requisitosexpresamente previstos en la ley para tal fin12.3. En virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie,las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante13. En este sentido, si elfuncionario considera que la declaración o la prueba es contraria a la verdad,debe demostrarlo; los indicios deben tenerse como prueba válida y lascontradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el solicitantefaltó a la verdad14.4. La declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debeanalizarse de tal forma, que se tenga en cuenta la condición particular de losdesplazados, interpretándose a su favor.5. Que no se efectúe la declaración dentro del término de un año, como estádefinido en la norma vigente, no puede conllevar efectos determinantementeexcluyentes, pues además de vulnerar el núcleo esencial de los derechosfundamentales de los desarraigados, desconoce instrumentos internacionalescomo los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, cuya fuerzavinculante ha sido reconocida por la Corte Constitucional15.La condición de desplazado por la violencia es una circunstancia de carácterfáctico, que se presenta cuando se ha ejercido cualquier forma de coacciónpara imponer el abandono del lugar habitual de residencia o de trabajo,obligando a movilizarse a otro lugar, dentro de las fronteras del Estado.La Corte procederá entonces a resolver el caso planteado, a la luz de loscriterios mencionados en los fundamentos precedentes.Quinta. Análisis del caso concreto.La señora Haydee (o Aide) Páez considera vulnerados sus derechosfundamentales a la salud, la educación, la seguridad social, la vida y lavivienda digna, por la negativa de Acción Social de Cúcuta a inscribirla juntocon su núcleo familiar, en el Registro Único de Población Desplazada y asípermitirle acceder a los diferentes beneficios otorgados por el GobiernoNacional.12 T-1073 de octubre 21 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería.13 T-563 de mayo 26 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.14 T-327 de marzo 26 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.15 T-611 de agosto 13 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 9.
9Expediente T -1805016.El Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta otorgó el amparo solicitado alconsiderar que los hechos relatados por la accionante evidencian su condiciónde desplazada, conforme a lo establecido en el artículo 1° de la ley 387 de1997. Aclaró que “el hecho que tal condición no haya sido reconocida por laAgencia Presidencial para la Acción Social no modifica la situación realpadecida por la peticionaria quien actualmente se encuentra desprotegida yvulnerados sus derechos fundamentales” (f. 32 cd. inicial).Impugnada esa decisión, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander larevocó, compartiendo los argumentos de la entidad accionanda en lasustentación del recurso, cuando expresó que “cuenta con otro medio dedefensa judicial”, por lo que consideró que debió “agotarse la víagubernativa, con la interposición de los recursos de ley”.De tal manera, se aprecia la confrontación de normas reglamentarias ante eldemandado reconocimiento de derechos fundamentales, en cuanto AcciónSocial de Cúcuta explicó que adelantó un estudio de los hechos queocasionaron el desplazamiento de la señora Haydee Páez y determinó que noes viable jurídicamente la inscripción de la solicitante y su hogar en el RUPD,por cuanto el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 señala como causal de noinscripción si “la declaración resulta contraria a la verdad” (f. 23 ib.), nocorrespondiendo las circunstancias descritas a los supuestos fácticosnormativamente contemplados.De tal constatación surge que la razón para no otorgar el reconocimiento escalificativa (la valoración de la declaración) y no sustancial, pues el derechomaterial claramente procede, siendo una finalidad primordial del Estado laprotección de la comunidad, particularmente la que se encuentra en situaciónde especial vulnerabilidad, cuyos derechos fundamentales deben serresguardados por las autoridades en la medida en que se juega la subsistenciadigna de quienes se hallan en esta situación, como ocurre con las personasdesplazadas.Teniendo en cuenta lo que se ha venido expresando y los precedentesconstitucionales citados en la cuarta consideración de este fallo, referente a lasreglas relativas a la inscripción de una persona en el RUPD, el funcionarioencargado del análisis de los hechos al no proceder a la inscripción de laactora, omitió considerar:5.1. “En virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, primafacie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante16. En estesentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba falta a laverdad, debe demostrar que ello es así; los indicios deben tenerse comoprueba válida; y las contradicciones de la declaración no son prueba16 T-563 de mayo 26 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 10.
10Expediente T -1805016.suficiente de que el solicitante faltó a la verdad”17. La señora Páez aclaró queen el “momento de la declaración al recordar todo lo vivido reconozco queme puse nerviosa, pero eso no quiere decir que una contradiccióninvoluntaria elimine lo ocurrido y mucho menos lo soportado” (f. 2 cd.inicial), y en su caso debieron ser observados instrumentos internacionalescomo los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, cuya fuerzavinculante ha sido reconocida por la Corte Constitucional18.5.2. “Los servidores públicos deben informar de manera pronta, completa yoportuna a quien pueda encontrarse en situación de desplazamiento forzado,sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir paraexigirlos”19, regla desatendida no solo por los funcionarios de la entidadaccionada, sino también por el ad quem al afirmar que “debe agotarse la víagubernativa, con la interposición de los recursos de ley, cuya procedencia fueseñalada a la acciónate en la Resolución No 0595 de junio 27 de 2006, que sepublica a folios 5 y 6, que en su parte resolutiva dice expresamente queproceden los recursos de reposición y apelación” (f. 58 ib.). Al respectoindicó la demandante que “después de la notificación de la resolución nointerpuse ningún recurso, porque al momento de firmar dicho documento nome orientaron sobre la importancia que tenía interponer el recurso yrealmente señor juez no tenía quien me explicara lo que debía hacer”, lo cualdemuestra la falta de orientación oportuna.5.3. Lo manifestado por la entidad accionada en la impugnación del fallo deprimera instancia y el aval que le dio el Tribunal Administrativo de Norte deSantander al considerar que es necesario agotar la vía gubernativa, desconoceque esta corporación ha reiterado que “cuando el Estado incumple con sudeber de suministrar atención y ayuda a la población desplazada para quecese la vulneración masiva de sus derechos fundamentales, la tutela es elmecanismo idóneo y expedito para lograr la protección de los mismos… envista de la precaria situación en la que se encuentran y del peligro inminenteque afrontan, situaciones que no les permiten esperar hasta que lajurisdicción ordinaria se ocupe de su caso. Por lo tanto, la Sala concluye queen principio la acción de tutela es procedente en el presente caso.”20Esa preceptiva instrumental no puede aceptarse como una especie deautorización para que el Estado eluda sus obligaciones y despoje de laatención debida a los desplazados, argumentando inconsistencias para negarlesla ayuda tendiente al mejoramiento, restablecimiento, consolidación yestabilización de sus posibilidades vitales.Por todo lo anterior, la Sala no encuentra justificado que la entidad demandada17 T-327 de marzo 26 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.18 Cfr. SU-1150 de enero 22 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-602 de julio 23 de 2003, M. P.Jaime Araújo Rentería; T-025 de enero 22 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-278 de abril 18de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.19 T-1073 de octubre 21 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería.20 T-563 de mayo 26 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 11.
11Expediente T -1805016.se oponga a incluir en el Registro Único de Población Desplazada a la señoraHaydee Páez y su núcleo familiar, por el argumento de la “contradicción en ladeclaración”, sin tener en cuenta que la condición real de desplazado es elfactor que debe motivar la inclusión del particular en ese Registro.En consecuencia, al resultar procedente la solicitud de la demandante, paraampararle los derechos invocados se revocará el fallo proferido en octubre 12de 2007 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que revocó eladoptado en agosto 30 del mismo año por el Juzgado Primero Administrativode Cúcuta y negó el amparo solicitado.En su lugar, debe concederse a Haydee Páez, identificada con cédula deciudadanía 42.483.618 de San Alberto (o Aide Páez, según ella escribe sunombre) y a su familia la protección de los derechos reclamados,disponiéndose que en el término de 48 horas, contadas a partir de lanotificación de este fallo, el Coordinador de la Unidad Territorial de AcciónSocial de Norte de Santander, o quien haga sus veces, realice los trámitespertinentes para efectuar su inscripción en el Registro Único de PoblaciónDesplazada, de manera que en un término máximo de 15 días empiecen a serbeneficiadas de la ayuda que corresponda, otorgada por el Gobierno Nacional.III. DECISIÓN.En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la CorteConstitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandatode la Constitución, RESUELVEPrimero.- REVOCAR el fallo proferido en octubre 12 de 2007 por elTribunal Administrativo de Norte de Santander, que revocó el adoptado enagosto 30 del mismo año por el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta ynegó el amparo solicitado por Haydee Páez (o Aide Páez). En su lugar,CONCÉDESE la protección de los derechos de la mencionada señora y de sunúcleo familiar a la seguridad social, la educación, la igualdad y la viviendadigna.Segundo.- En consecuencia, ORDÉNASE a la Agencia Presidencial para laAcción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, por conductodel Coordinador de la Unidad Territorial de Acción Social de Norte deSantander, o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho(48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si nolo hubiere efectuado, realice los trámites pertinentes para que la señoraHaydee Páez (o Aide Páez), identificada con cédula de ciudadanía 42.483.618de San Alberto y su unidad familiar sean inscritas en el Registro Único dePoblación Desplazada, y que en un término máximo de 15 días empiecen a serbeneficiadas con la ayuda que corresponda, otorgada por el GobiernoNacional. 12.
12Expediente T -1805016.Tercero.-, LÍBRESE por secretaría la comunicación de que trata el artículo36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la CorteConstitucional. Cúmplase. NILSON PINILLA PINILLA Magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General Recommended

References: artículo32
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