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Timestamp: 2020-04-03 01:14:37+00:00

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ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA - Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh
II. Proceso de solución amistosa
Caso 11.708, Informe No 20/11, Aníbal Acosta y L. Hirsch (Argentina)
Antecedentes de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
III. Medidas adoptadas por el Estado argentino
Caso 12.532, Informe No 84/11, Penitenciarías de Mendoza (Argentina)
Las partes en la petición N° 2829/02 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Inocencio Rodríguez-: los peticionarios, representados en este acto por el Doctor Tomás Ojea Quintana, y el Gobierno de la República Argentina, en su carácter de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante “La Convención”, actuando por expreso mandato de los artículos 99 inciso 11 y 126 de la Constitución de la Nación Argentina, representado por el señor Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Doctor Eduardo Luis Duhalde y por el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Arturo Méndez Carreras, tienen el honor de informar a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han llegado a un acuerdo de solución amistosa de la petición, cuyo contenido se desarrolla a continuación, solicitando que, en orden al consenso alcanzado, la misma sea aceptada y se adopte el consecuente informe previsto por el artículo 49 de la Convención.
Con fecha 8 de agosto de 2002, los denunciantes iniciaron una petición a favor del señor Inocencio Rodríguez contra el Estado argentino. En ese marco, los peticionarios relataron que el señor Rodríguez había estado detenido durante el último gobierno militar, desde el 26 de marzo de 1976 hasta el 22 de mayo de 1980, acusado ante la justicia federal de infringir el artículo 189 bis del Código Penal por entonces vigente. Tiempo después el señor Rodríguez solicitó ante las autoridades competentes la indemnización contemplada en la ley 24.043, en el entendimiento que la situación por éste padecida resultaba homologable a los casos específicamente contemplados por la norma. Sin embargo, su pedido fue rechazado bajo el argumento de que el caso del señor Rodríguez no encuadraba en las disposiciones de la ley antento a que éste había sido juzgado y condenado por la justicia federal.
Agotada la vía local, el señor Rodríguez interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que los hechos expuestos podrían suponer una violación de los artículos 8, 25, 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Luego de evaluar la petición, la Comisión decidió dar traslado al Estado argentino mediante nota de fecha 13 de julio de 2005. Una vez analizado el caso del señor Rodríguez, y sin que implique reconocimiento de las cuestiones de hecho y de derecho planteadas en la petición, el Estado argentino comunicó, mediante nota de fecha 1° de febrero de 2006, su voluntad de abrir un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa.
Con fecha 26 de marzo de 2006, el representante del peticionario elevó a la Cancillería un escrito en el cual especificó sus expectativas respecto del proceso. En dicho marco se mantuvieron distintas reuniones de trabajo en las que se verificó que de las constancias aportadas en la petición surge que el señor Rodríguez estuvo detenido en el marco de la causa caratulada Rodríguez Ramón Inocencio y Ots s/infracción art 189 bis del CP y/o Infracción Ley 20.840 y/o Asociación Ilícita que tramitara ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa.
En ese sentido, si bien el confinamiento del peticionario obedeció a una decisión adoptada por autoridades judiciales, quedando por tanto excluída de las previsiones de la ley 24.043, la base normativa que la justificó reposa en las disposiciones de la ley 20.840, titulada como “Ley de Seguridad Nacional –Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, que fuera notoriamente utilizada por la dictadura militar para judicializar la persecución de opositores políticos. Fue precisamente tal circunstancia la que propició que, una vez recuperado el Estado de Derecho, el Congreso de la Nación, a través de la ley 23.077, derogara los artículos 1 a 5 de dicha norma.
La política reparatoria del Estado argentino en materia de terrorismo de Estado se nutre e inspira en el derecho internacional que impone a los Estados respetar y garantizar la irrestricta vigencia de los derechos humanos. Ello importa que frente a la violación de dichos derechos, el Estado esté obligado a adoptar todas aquellas medidas que fueran necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables, reparar adecuadamente a la víctima, y adoptar medidas de no repetición. Desde tal perspectiva, fue precisamente un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Birt y otros” el que da origen al Decreto 70/91 y posteriormente a las leyes 24.043 y 24.411 en cuyo contexto se intentó dar satisfacción reparatoria al universo de víctimas de la última dictadura militar.
Sin embargo, determinados escenarios como el que hoy se presenta ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos han quedado desprovistos de toda respuesta reparatoria por parte del Estado. Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 18/92, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Barrios Alto” y “Bulacio”, los Estados tienen el deber jurídico de reparar adecuadamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es, además, un principio de derecho internacional pacíficamente aceptado, que un Estado no puede oponer obstáculos de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Desde tal perspectiva, el Estado considera que el señor Inocencio Rodríguez ha sido víctima de persecución política por la dictadura militar que asoló la República entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 a través de la aplicación en su contra de una norma jurídica cuyo único objeto y fin consistió en criminalizar toda actividad opositora en franca violación de los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Atento a ello, y en cumplimiento de las obligaciones internacionales que le caben en materia de derechos humanos, el Estado argentino considera que el peticionario tiene derecho a ser reparado adecuadamente por las violaciones padecidas.
1. Las partes convienen en que se otorgará al señor Inocencio Rodríguez una reparación pecuniaria de acuerdo al esquema previsto por la ley 24.043, considerando a tal efecto la totalidad del periodo en el que permaneció efectivamente detenido que no fuera indemnizado en el marco del expediente MI No. 345.041/92. El trámite administrativo deberá ser iniciado ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de conformidad con la competencia atribuida por la citada ley.
2. El Estado se compromete además a elaborar, a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, un proyecto de modificación de la Ley 24.043 con el objeto de incluir, en las condiciones que se consideren apropiadas, los casos de privación de libertad sustentada en las previsiones de la ley 20.840 como supuestos indemnizables en el marco de aquella norma. Asimismo, el Estado se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para su pronta remisión al Congreso Nacional.
El Gobierno de la República Argentina y los Peticionarios celebran la firma del presente acuerdo, manifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance y valoran mutuamente la buena voluntad puesta de manifiesto en el proceso de negociación. En tal sentido, se deja constancia que el presente acuerdo deberá ser aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, oportunidad en la cual se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ratificación del acuerdo de solución amistosa alcanzado mediante la adopción del Informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 3 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información a ambas partes respecto del cumplimiento de los compromisos comprendidos en el acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes.
Mediante nota del 21 de enero de 2013, el Estado informó que con fecha 25 de noviembre de 2009 fue sancionada la ley No. 26.564, modificatoria de la ley 24.043, incorporándose como beneficiarios de ésta a “quienes hubieran estado (…) detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4161/55, o el Plan de Conmoción Interna del estado, y/o las leyes 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463, 21.459 y 21.886. Asimismo, informó que el área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está analizando el expediente de solicitud del beneficio reparatorio, bajo la óptica de las leyes citada, a los fines de dar cumplimiento al compromiso adoptado por el Estado argentino.
La Comisión valora la información suministrada por el Estado y destaca los avances logrados en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, en particular los referidos a la reforma legislativa que permitió ampliar los beneficiarios de las leyes reparatorias. Al mismo tiempo, insta a las partes a presentar información sobre los aspectos pendientes de cumplimiento, en particular el relacionado con la reparación pecuniaria a favor de Inocencio Rodríguez.
En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente de cumplimiento.
En el informe No.20/11 del 23 de marzo de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 21 de abril de 2010 por las partes en el caso 11.708, Aníbal Acosta, Ricardo Luis Hirsch y Julio César Urien. En resumen, los peticionarios alegaron que las presuntas víctimas integraban el personal militar de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, desempeñándose como oficiales, con el cargo de guardiamarinas y, por haber participado, el 17 de noviembre de 1972, en el grupo que promocionó el retorno del ex presidente constitucional Juan Domingo Perón, fueron sometidas a juicio militar y procesadas. Sin embargo, una vez reestablecido el orden constitucional en Argentina, el Congreso sancionó una ley de amnistía en 1973, que alcanzaba los hechos imputados a las presuntas víctimas, dándose por concluido el sumario militar en el que se encontraban procesadas, sin que se hubiera alcanzado sentencia alguna. Los peticionarios agregaron que pese a lo anterior, el poder ejecutivo, mediante decreto de julio de 1974, dispuso la baja obligatoria de las presuntas víctimas, sobre la imputación de los hechos de 1972, que ya habían sido amnistiados. Los peticionarios añadieron que las presuntas víctimas demandaron la nulidad de la resolución administrativa, lo cual les habría sido negado, no obstante existir jurisprudencia sobre un caso idéntico y que, además, los tribunales habrían rechazado sus pretensiones por cuestiones formales, sin resolver sobre el fondo. Los peticionarios sostuvieron que las presuntas víctimas sufrieron la violación de los derechos protegidos por la Convención en los artículos 8, 24 y 25 en relación con la obligación de respetar prevista en el artículo 1.1 del mismo tratado.
El 21 de abril de 2010, los peticionarios y los representantes del Gobierno de la República Argentina suscribieron un acuerdo, en cuyo texto se establece lo siguiente:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 21 días del mes de abril de 2010, las partes en el Caso N° 11.708 ACOSTA, HIRSCH, URIEN, ACTIS vs. REPUBLICA ARGENTINA - del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representados en este acto por el Dr. Tomás OJEA QUINTANA, por los PETICIONARIOS, y el Dr. Luis H. ALEN - Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de Ia Nación-, la Dra. Andrea GUALDE -Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos-, el Dr. Jorge Nelson CARDOZO -Asesor de Gabinete del señor CANCILLER-, el Ministro Eduardo ACEVEDO –A/C de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Dr. A. Javier SALGADO- Director de Derechos Humanos (Contencioso Internacional)- del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el ESTADO ARGENTINO, en su carácter de parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, actuando por expreso mandato del artículo 99 inciso 11 de la Constitución Argentina, convienen en celebrar el presente ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA, cuya celebración y contenido tienen el honor de informar a esa Ilustre COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
I. Antecedentes de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Los señores Julio URIEN, Aníbal Amilcar ACOSTA y Ricardo Luis HIRSCH, presentaron una denuncia contra el Estado argentino, alegando la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ia cual fue registrada bajo el número 11.708. En idénticos términos, posteriormente se agregó como nuevo peticionario, el señor Mario ACTIS.
Conforme a lo señalado en la petición, en el año 1972, Ios peticionarios revistaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, en condición de Oficiales Subalternos, con el grado de Guardiamarinas. El 17 de noviembre de ese año, se anunció el regreso a la República Argentina del ex Presidente constitucional, General Juan Domingo Perón, quien se encontraba en el exilio desde septiembre de 1955. El gobierno militar, encabezado por el Teniente General Lanusse, prohibió el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a los grupos populares que se dirigían a recibir a su Iíder. El fervor popular no fue exclusivo de los sectores civiles. Jóvenes militares, entre Ios que se encontraban Ios peticionarios, iniciaron un levantamiento que motivó su detención y posterior procesamiento en sede militar bajo el cargo de sublevación.
Tras el restablecimiento del orden constitucional en la República Argentina, en el año 1973, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 20.508, mediante la cual se declaró una amnistía que alcanzaba a los hechos imputados a los peticionarios. Así el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, resolvió aplicarles las disposiciones de esa ley por entender que los hechos ocurridos habían ostentado una motivación política.
Pese a que la Ley N° 20.508 disponía que no podría adoptarse ninguna decisión que fuera consecuencia directa o indirecta de los hechos amnistiados por la norma, se dispuso dar de baja en forma obligatoria a los peticionarios mediante el Decreto N° 281 del 24 de julio de 1974, medida que debía entrar en vigencia el 1° de julio de ese año.
De la compulsa de la petición a la luz de los hechos históricos relatados y del análisis de los legajos personales de los peticionarios, fue posible inferir que las bajas de los ex Guardiamarinas Urien, Acosta, Hirsch y Actis fueron dispuestas por razones de índole política, en el marco de la turbulencia institucional en la cual se encontraba inmersa la Nación argentina.
Por Nota del 16 de julio de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a las necesidades y características del presente caso, se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, de conformidad a lo previsto en el artículo 48.1.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De manera conjunta, los representantes de los peticionarios y del Gobierno de la República Argentina, pusieron de manifiesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su interés en la propuesta formulada y solicitaron la designación de un representante de la CIDH a efectos de que –con su intervención- coadyuvara a alcanzar una solución fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.
En respuesta a dicha solicitud, la CIDH propuso la intervención del entonces Comisionado Robert K. Goldman a fin de acompañar el trámite referido.
En el marco del diálogo concertado durante el trámite del presente caso, el Estado argentino promovió una serie de medidas dirigidas a atender la situación denunciada por los peticionarios.
Así, al cumplirse 33 años de los hechos denunciados, el 17 de noviembre de 2005, el Presidente de la Nación firmó el Decreto N° 1404, a través del cual se dispuso lo siguiente:
Dejar sin efecto la baja obligatoria de la Armada Argentina de los peticionarios, a partir del 1° de julio de 1974, y reincorporarlos en situación de retiro obligatorio;
Otorgar a los peticionarios el grado de Teniente de Fragata en retiro efectivo obligatorio, al 16 de julio de 1974;
Conceder a los peticionarios un haber de retiro computando 35 años de servicios militares simples; y
Reconocer a los peticionarios los haberes caídos desde cinco años anteriores a la fecha del dictado del decreto.
En ejercicio de la política pública nacional en materia de preservación de la memoria histórica y como parte de las acciones reparatorias adoptadas por el Estado argentino en el presente caso, la firma del Decreto N° 1404 se formalizó en un acto público que contó con la presencia del Presidente de la Nación y de los tres Jefes de las Fuerzas Armadas, y en el que los peticionarios recordaron los sucesos históricos en el marco de los cuales se produjeron las violaciones denunciadas.
Las partes convienen en que las medidas ordenadas por el Decreto presidencial N° 1404 dan respuesta integral a los reclamos planteados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando su plena conformidad con el contenido y alcance del presente acuerdo.
Siendo ello así, los peticionarios manifiestan que renuncian de manera definitiva e irrevocable a iniciar todo otro reclamo de cualquier naturaleza con el Estado argentino en relación con el presente caso.
El Gobierno de la REPÚBLICA ARGENTINA y los PETICIONARIOS celebran la firma del presente acuerdo y valoran mutuamente la buena voluntad puesta de manifiesto en el proceso de negociación.
En función de ello, las partes solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ratificación del presente Acuerdo de Solución Amistosa mediante la adopción del Informe previsto en el artículo 49d e la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión observa que mediante el Decreto Presidencial N° 1404 suscrito en un acto público presidido por la Presidenta de la República Argentina en la que se hizo memoria de los hechos que dieron origen a la petición, el Estado adoptó una serie de medidas dirigidas a atender la situación denunciada. En primer lugar, se dejó sin efecto la baja obligatoria de la Armada Argentina de los peticionarios, a partir del 1° de julio de 1974, y se ordenó su reincorporación en situación de retiro obligatorio. Asimismo, se otorgó a los peticionarios el grado de Teniente de Fragata en retiro efectivo obligatorio, al 16 de julio de 1974.
La Comisión valora las medidas adoptadas por el Estado argentino, para reparar el daño ocasionado por los hechos denunciados. Sin embargo, a la fecha la Comisión no cuenta con información sobre el cumplimiento de los puntos C y D del citado Decreto, relativos a los haberes de retiro y caídos acordados a favor de los peticionarios.
En el informe No. 84/11 del 21 de julio de 2011, la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito el 12 de octubre de 2007 por las partes en el caso 12.532, Penitenciarías de Mendoza. La Comisión recibió una petición presentada por 200 internos del Pabellón 8 de la Penitenciaría de Mendoza en la cual se alegó la responsabilidad de la República de Argentina por la violación de los derechos de los internos a la integridad física, a la salud y a la vida. En resumen, los peticionarios alegan que aproximadamente 2400 internos se encontraban alojados en un penal con capacidad para 600 internos, de tal forma que 4 o 5 internos se encontrarían en celdas de 3 x 2 metros cuadrados. Alegaron también que carecían de baños, duchas, comida suficiente y atención médica adecuada. Informaron que en muchos casos dicho encierro se extiende por un término que alcanza las veinte horas y que sólo durante cuatro horas alternadas pueden estar fuera de las celdas. Afirmaron que deben realizar sus necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de nylon en condiciones de promiscuidad y dentro de la celda frente al resto de sus compañeros. Alegaron además que carecen de agua para bañarse debiendo recurrir a una manguera y que muchos de ellos padecen de sarna y otras enfermedades producto de la falta de higiene. Como producto del hacinamiento, los peticionarios denunciaron una serie de muertes de internos y de hechos en los que resultaron heridos un número indeterminado de internos sin que se hayan esclarecido las circunstancias de estos actos. Asimismo, denunciaron que los internos no tenían acceso a tratamiento médico, ni a ningún tipo de trabajo o tarea de resocialización ni puede asistir a la escuela ni a los oficios religiosos y que no existía separación entre condenados y encausados.
El 12 de octubre de 2007, los peticionarios y los representantes del Gobierno de la República Argentina suscribieron un acuerdo, en cuyo texto se establece lo siguiente:
Las partes en el caso N° 12.532 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Internos de las Penitenciarias de Mendoza - los peticionarios, representados en este acto por el Dr. Carlos Varela Álvarez, y el Gobierno de la República Argentina, en su carácter de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante "La Convención", actuando por expreso mandato de los artículos 99 inciso 11 y 126 de la Constitución de la Nación Argentina, y en orden a lo dispuesto por el artículo 28 de la Convención, representado en este acto por el señor Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Federico Horacio Ramos; por Ia Sra. Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea Gladys Gualde; y por el señor Asesor de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio International y Culto, Dr. Jorge Nelson Cardozo, tienen el honor de informar a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han llegado a un acuerdo de solución amistosa de la petici6n, cuyo contenido se desarrolla a continuación, solicitando que, en orden al consenso alcanzado, la misma sea aceptada y se adopte el consecuente informe previsto por el artículo 49 de la Convención, conforme las condiciones especificadas en el presente documento.

References: artículo 49
 artículo 189
 artículo 49
 resolución 
 artículo 1
 artículo 99
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 28
 artículo 49