Source: http://lopezobradordvds.blogspot.com/2010_01_26_archive.html
Timestamp: 2017-10-19 12:54:18+00:00

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AMLOTV: 26-ene-2010
AMLO advierte al PT: no va con candidatos coaligados de PRI o PAN
“Hay que restar fuerza al tricolor para que la izquierda gane en 2012”
En un análisis sobre la coyuntura actual, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) indica que fueron advertidos por Andrés Manuel López Obrador que no hará campaña proselista por los candidatos de izquierda en aquellos estados donde se formalicen alianzas con el PRI o con el PAN.
“Ante los procesos comiciales de 2010, Andrés Manuel López Obrador ya fijó su posición en los siguientes términos: no va en alianzas ni con el PRI ni con el PAN. Sí va en la alianza con los tres partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia).
Propone que se postule a los candidatos mejor posicionados, y plantea que si estos tres partidos van en alianza con el tricolor o con el blanquiazul, respetará sus decisiones, pero no hará campaña ni comentarios”.
En este análisis, el PT plantea que deben adoptar una correcta política de alianzas e insistir que debe seguir adelante nuestro proyecto socialista. Debemos reclamarnos como izquierda popular comunitaria.
También asume que las elecciones no las gana quien más aciertos tiene, sino quien menos errores comete.
Insiste en que hoy por hoy el gran adversario a vencer en los comicios es el PRI. A partir de ello, “hay que armar el sistema de alianzas y la estrategia y tácticas a seguir. Si logramos que el tricolor pierda en Oaxaca, Hidalgo, Durango y Puebla (donde se perfilan los acuerdos electorales con el PAN), podemos hacer que en 2012 la elección sea terciada”.
De manera que, indica el documento de la comisión coordinadora nacional petista, debemos restarle fuerza al PRI para que la izquierda gane la Presidencia de la República en 2012, porque 2009 fue una elección de los gobernadores. Si el Revolucionario Institucional gana las 12 gubernaturas este año, no habrá nada que hacer en 2012.
Por su parte, López Obrador, en su videomensaje de esta semana, platica con Arnaldo Córdova sobre la necesidad de rescatar al Estado que, asegura, está secuestrado por un grupo, además de recuperar los bienes de la nación privatizados para beneficio de la oligarquía. Todo, en el marco de los principios constitucionales.
Sin el Estado no se hace nada; tiene una función organizadora de toda la vida social, afirma Córdova. Nuestro movimiento busca transformarlo para rescatarlo, para volverlo a hacer un instrumento de efectivo gobierno de la sociedad.
Indica que el poder del Estado es inmenso, pero cuando se queda en manos de unos cuantos, ya no estamos en presencia de un verdadero Estado. Estamos en lo que has insistido (le dice Córdova a López Obrador), en una oligarquía, un sistema en el cual una elite es dueña del poder y de la riqueza y excluye a todas las demás clases sociales. De manera que el poder enorme que tiene (el estado) sobre la sociedad únicamente se utiliza para enriquecer más y más a esta elite.
Agrega que la Constitución puede ser mejorada en muchos aspectos. Cita que pueden incluirse, por ejemplo, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, todas esas cosas que abren el camino a la participación directa del pueblo.
Comisión Reguladora de Energía apuntala privatización de gasoductos
En medio de la vorágine de aumentos a los precios de los combustibles que su gobierno ha impuesto en las últimas semanas en detrimento de la mayoría de la población, la administración de Felipe Calderón, a través de la Comisión Reguladora de Energía, emitió una resolución para que los industriales del gas licuado de petróleo operen las terminales y sistemas de transporte y distribución por ducto de Petróleos Mexicanos, medida que, advierten los especialistas, acelera la privatización de los energéticos
El pasado 26 de octubre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió la Resolución 250/2009, publicada dos semanas después en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que “regula” la “prestación del servicio de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en condiciones no discriminatorias, mediante el acceso abierto a los sistemas respectivos que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dicho producto”.
Con ésta, el organismo que encabeza Francisco Javier Salazar Díez de Sollano “autoriza” a las compañías privadas el usufructo de las terminales de almacenamiento y ductos de GLP, que en su mayoría son propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Se trata de un esquema que vino cuajando desde el sexenio pasado, impulsado por el actual presidente, Felipe Calderón, a su paso como secretario de Energía (2003-2004), cuando en la Secretaría de Energía (Sener) se concibió que los consorcios gaseros usufructuarían no sólo las redes de ductos en las que ellos invertirían (autorizadas mediante las modificaciones al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo en 1999), sino los de Petróleos Mexicanos (Pemex), aun cuando éstos son consideradas áreas de seguridad nacional. Hoy el esquema parece consolidarse mediante la resolución de la CRE.
Área medular para el manejo de los energéticos –que según el artículo 27 de la Constitución es potestad del Estado–, son las terminales, ductos, oleoductos y gasoductos, sistemas de transporte y distribución en los cuales, durante más de 50 años, Pemex ha invertido millones de pesos en su infraestructura, mantenimiento y la capacitación del personal operativo. Por ello, para los empresarios del gas, el uso de dicha infraestructura es un beneficio sobradamente lucrativo, el cual, pese a ser anticonstitucional, fue autorizado por la CRE sin que hasta ahora haya pronunciamiento alguno por parte de los directivos de la paraestatal, pese a las implicaciones del asunto.
La disposición gubernamental, que los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía califican como privatizadora y violatoria de la Constitución, vino acompañada de una reestructuración en PGPB que arrancó el pasado 4 de enero, que incluye los despidos en casi todos los centros de trabajo y la destitución del director general, Roberto Ramírez Soberón. El 4 de enero, Calderón oficializó la destitución del funcionario a quien en 2007, recién llegado a la Presidencia, le encomendó preparar la entrega de los ductos a los privados (Fortuna, 84). En su lugar, colocó a Jordy Herrera Flores, su hombre de confianza desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y quien fuera, precisamente, uno de sus asesores y enlace en la Sener con los empresarios del gas, reveló uno de estos empresarios en entrevista.
Los sistemas de almacenamiento de GLP, mediante planta de depósito y planta de suministro, y de distribución por ducto, son la columna vertebral para la comercialización del energético. El “acceso abierto” a dichos sistemas, asegura la CRE, “contribuirá al logro de un suministro más competitivo para los usuarios del gas licuado de petróleo”. El asunto, sin duda, es de primer orden para el país, pues se trata del principal combustible que se utiliza en los hogares.
De acuerdo con cifras de la Sener, cuatro de cada cinco familias en México usa GLP para la cocción de sus alimentos, además del uso en las áreas de servicios, industrial y el transporte; lo que coloca al país como uno de los principales consumidores a nivel mundial, además de ser productor.
Pero, al parecer, la medida calderonista está muy lejos de beneficiar a los consumidores: poco después de que la CRE “abrió” la infraestructura de almacenamiento y distribución de GLP, el precio del combustible fue uno de los primeros que registró incrementos entrado el año, y continuará subiendo, según estimaciones del Banco de México.
En respuesta a la publicación de la resolución 250/2009, el representante de la Cámara Regional del Gas, que integra a distribuidores de GLP de diversos estados, Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte, denunció que la disposición de la CRE, además de anticonstitucional, está encaminada a “entregar el patrimonio de Pemex a la iniciativa privada nacional y extranjera”.
Luego, el presidente regulador, Francisco Javier Salazar, declaró al periódico La Jornada que la Resolución tiene como objetivo “proteger” a Pemex “de cobros abusivos por parte de los propietarios de esas instalaciones”. El propósito, aseguró Salazar, “es garantizar a Pemex que cuando use las terminales, los empresarios no abusen de su condición de monopolio”.
En realidad, la mayor parte de la infraestructura a la que alude la CRE –terminales y ductos– aún es propiedad del Estado. La paraestatal posee 30 de las 31 terminales de suministro (terrestres y marítimas) que operan en el país. En ellas se almacena todo el combustible que se produce en México y el que importa el Estado a través de PMI Comercio Internacional, para su venta de primera mano. Esas terminales están conectadas al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que también es propiedad de Pemex, el cual tiene una capacidad de transporte de 230 millones de barriles diarios, que, según expresa en un informe interno el hoy exdirector de la subsidiaria, Roberto Ramírez Soberón, “es suficiente” para satisfacer la demanda de GLP en la zonas de influencia por ducto.
Las 30 terminales de suministro actúan como puntos de destino y enlace entre la plataforma productiva de Pemex y la infraestructura de los distribuidores. Desde estas vía ducto y autotanque, el GLP se envía a 946 plantas de distribución propiedad de particulares, donde el combustible se almacena para ser posteriormente despachado en estaciones de servicio para carburación de vehículos, y mediante autotanques (pipas) y recipientes portátiles para todos los demás sectores.
Según cifras oficiales de PGPB, actualmente 12 mil kilómetros, que corresponden al 61 por ciento de la longitud total del SNG, son propiedad de Pemex, distribuidos en 19 entidades federativas; el otro 39 por ciento (3 mil 561 kilómetros) es privado.
La inversión que Pemex ha hecho en el SNG incluye el dotarlo de un sistema Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos de 57 estaciones de comunicación vía satélite y 80 estaciones de microondas, el cual permite monitorear en tiempo real cualquier cambio en los parámetros de operación tales como la presión, temperatura, volumen y la calidad del producto; manejar a control remoto 577 válvulas, 15 estaciones de compresión y bombeo de gas, así como la detección de fugas en tiempo real.
La mayor parte de la capacidad del SNG está reservada a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ésta última para el manejo del gas natural. Hasta ahora, la comercialización por parte de terceros sólo se da en puntos aislados del SNG, lo que dará un diametral giro con la resolución de la CRE, que entrará en vigor en febrero próximo.
Según cálculos de la Sener, transportar el GLP vía ducto resulta mucho más barato que cualquier otro medio de transporte, pues el ducto “usualmente opera las 24 horas todos los días, mueve un mayor volumen de combustible y es más seguro”.
Sin invertir un solo peso, los empresarios se beneficiarán de la infraestructura que hace de PGPB la séptima empresa más lucrativa de México. Además, la “apertura” se da en un periodo en que la petrolera destina una considerable partida presupuestal, precisamente, a la ampliación de su sistema de transporte y distribución de GLP. La Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2005-2014, elaborada por la Sener, dice que son 4 mil 177 millones de pesos los que la Sener habrá invertido en este rubro en los próximos cuatro años.
En la resolución publicada en el DOF el pasado 17 de noviembre, la CRE se asume como el ente que decidirá qué empresas tendrán acceso a la infraestructura de PGPB, mediante contratos que otorgará a su libre albedrío bajo los siguientes términos:
“I. La utilización de los servicios de almacenamiento estará limitada a la capacidad disponible de la planta de almacenamiento de que se trate.
“II. La capacidad disponible se entenderá como aquélla que pueda ser utilizada bajo condiciones normales de operación, que sean a su vez seguras y continuas.
“III. Los permisionarios o solicitantes de permiso presentarán a la Comisión y a la Comisión Federal de Competencia su propuesta de asignación de capacidad para la planta de que se trate. La propuesta especificará el porcentaje de capacidad que se pretenda reservar a través de contratos con usuarios, así como el plazo para ello, y aquella capacidad que se ofrecerá bajo un esquema volumétrico sin reserva de capacidad. En su caso, la Comisión aprobará la propuesta de partición de la planta para efectos de servicio, entre capacidad y volumétrico, considerando la opinión que al efecto emita la Comisión Federal de Competencia en virtud de las condiciones de competencia efectiva y libre concurrencia en el mercado relevante”.
La utilización de los servicios de almacenamiento, dice la CRE, será mediante la celebración del contrato respectivo expedido por el regulador. Por su parte, los titulares de los permisos de almacenamiento “estarán obligados a permitir la interconexión de otros permisionarios a su sistema”. Dichas interconexiones se acordarán mediante un “contrato de interconexión”, además de que los titulares de los permisos de almacenamiento podrán convenir con sus usuarios la ampliación o extensión de sus sistemas. Los contratos que se estipulen en la modalidad de almacenamiento, estipula el regulador, no podrán ser objeto de suspensión.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución, actualmente la CRE está en fase de recibir de los titulares de los permisos de almacenamiento y los solicitantes de dichos permisos sus propuestas de las tarifas de transporte y distribución de GLP por medio de ducto.
Los titulares de los permisos de almacenamiento de GLP, mediante planta de depósito y mediante planta de suministro, tienen de plazo hasta febrero próximo para que “presenten a la Comisión Reguladora de Energía, para su aprobación, una propuesta de Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios”.
Alfonso Hickman, asesor del Senado de la República en temas energéticos e integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, explica a Fortuna que “con la resolución inconstitucional de la CRE, que indudablemente es privatizadora, se avanza en la creación de un mercado abierto supuestamente “regulado” con las partes que se le quitan a Pemex en materia de transporte, almacenamiento y distribución de gas, así como la sustracción de etapas de ese proceso en combustóleo, petroquímicos básicos y biocombustibles nacionales o importados, por la vía del artificio de “venta de primera mano”.
Pero las implicaciones del nuevo esquema no sólo serían de carácter legal, sino una cuestión de seguridad. Un subdirector de PGPB que pide el anonimato por temor a represalias explica que todas las instalaciones de GLP son consideradas como estratégicas para la industria y en ellas “se extrema el asunto de la seguridad física”, por lo que “Pemex Gas tiene especialistas en el manejo del gas licuado, ya que su manejo es mucho más peligroso que el gas natural; pero al permitir el acceso de personal ajeno a las instalaciones petroleras activas, y si las áreas no están delimitadas, se pone en grave riesgo de que ocurra algún siniestro”.
El funcionario detalla que la Resolución de la CRE hará que “gradualmente el personal de Pemex Gas deje de tener acceso a las estaciones de servicio, es decir, para ‘satisfacer las necesidades del cliente’, como dispone la Comisión Reguladora. El particular podrá operar y mantener toda la instalación para satisfacer sus propias necesidades con los riesgos y consecuencias que, claro, deberá asumir Pemex Gas, lo que significa que si provoca algún siniestro por alguna mala operación, Pemex debe intervenir para su reparación, contención, etcétera, como ha ocurrido con el gas natural, que también por disposición oficial de la Comisión Reguladora, se opera bajo ese esquema”.
Alfonso Hickman, especialista en ductos por parte del Comité Nacional de Estudios de la Energía, dice que la disposición de la CRE podría sufrir un revés si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina como inconstitucional el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, controversia promovida por la Cámara de Diputados el año pasado y que aún está en revisión.
Paralelo a la cesión de sus terminales y ductos para la “interconexión” con las compañías privadas, dentro de sus proyectos prioritarios, PGPB contratará el servicio de almacenamiento y transporte en la región Golfo-Altiplano, el servicio de almacenamiento en la terminal Tuxpan II, y en la Nueva Terminal de Distribución de GLP en La Paz, Jalisco; así como el servicio de transporte por ducto del Ducto Manzanillo-La Paz, Jalisco; todos ellos, proyectos privados que aun antes de construirse, ya tenían a la paraestatal como cliente principal.
Fortuna solicitó entrevistas con el titular de PGPB, Jordy Herrera, y con el presidente de la CRE, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, para que expliquen las implicaciones que la “apertura” de la infraestructura de PGPB tiene para las finanzas públicas y las funciones que tendrá PGPB con las nuevas disposiciones. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Criminaliza CFE protesta social contra las altas tarifas de energía eléctrica
La Profeco recibe en promedio 50 quejas al día por falta de servicio y cobros indebidos
Está subiendo el tono de la represión hacia el SME, asegura secretario de exterior del gremio
Fernando Amezcua y la senadora Rosario Ibarra denunciaron la estrategia represiva de la CFEFoto Marco Peláez
Martes 26 de enero de 2010, p. 10
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha perseguido y metido a la cárcel a dirigentes del Movimiento de Resistencia Civil contra Tarifas de Luz; no obstante, a la fecha ya se presentaron casi 150 mil amparos de usuarios contra el pago de luz.
De igual manera, los usuarios han interpuesto un promedio de 50 quejas al día ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la falta de servicio, cobros indebidos y diversas irregularidades.
Dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos ofrecieron ayer una conferencia de prensa, presidida por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien sostuvo que este gobierno está propiciando un terrorismo de Estado contra los trabajadores, pone oídos sordos a los reclamos del sector obrero y no respeta la ley.
Ahí, el abogado Hugo Rosas de León planteó que la CFE ya ha encarcelado en varios estados del país a defensores de derechos de consumidores que han levantado la voz contra las altas tarifas de luz, es decir, ha criminalizado la protesta social, con la colaboración de la Procuraduría General de la República.
Con prácticas de intimidación y creando pruebas falsas a familias y habitantes de bajos recursos de comunidades del sureste del país, la CFE metió a la cárcel a Sara López, Guadalupe Borja y Joaquín Aguilar, dirigentes del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz en el municipio de Candelaria, Campeche.
Además, hay una averiguación previa contra Rodolfo Chávez Galindo, José Martín Velázquez, Juan Carlos Beas Torres y el propio Hugo Rosas de León.
No obstante, continuarán las acciones de amparo contra el pago de luz a la CFE en la zona centro del país, indicó por su parte el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, quien añadió que ya van más de 150 mil personas que firman su demanda de amparo y se dicen dispuestas a no pagar el servicio de energía eléctrica a la comisión.
Añadió que está subiendo el tono de la represión contra el SME, ya que, por ejemplo, el fin de semana pasado en Tenango del Valle policías federales quitaron con lujo de violencia un campamento que tenían instalado los trabajadores en un centro de distribución. Incluso los oficiales dispararon al aire balas de goma para desalentar a los trabajadores a que volvieran a instalar el campamento, aun cuando había en él hijos y esposas de los electricistas.
Mineros de Cananea rechazan oferta del Grupo México para liquidarse
Se encuentran en alerta para evitar que el patrón tome instalaciones
En asamblea general, los trabajadores de Cananea rechazaron la oferta del Grupo México de aceptar su liquidación, y confirmaron su decisión de continuar en huelga y en alerta total para que no se consume la amenaza de la empresa de que se den por terminadas las relaciones de trabajo con la sección 65 del sindicato minero.
El gremio informó que los trabajadores están confiados en que los magistrados que tienen en sus manos resolver el conflicto van a fallar en favor de los mineros en huelga y no de Grupo México.
Javier Zuñiga García, secretario del trabajo, y Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la sección 65 de Cananea, Sonora, plantearon que hay unidad de los trabajadores, y determinaron mantenerse sin aceptar la liquidación, ya que la empresa no cumple su palabra: por ejemplo, en 1998 prometió recontratar a más de 800 mineros que aceptaron su liquidación y nunca lo cumplió, indicó.
Informó también que los trabajadores continuarán en alerta total y permanente ante la amenaza de Grupo México y del gobierno de Felipe Calderón de dar otro golpe a la legal y justa huelga de Cananea, de dos años y medio de duración.
Sostuvo que se interpondrán todos los recursos legales para no permitir que se den por terminadas las relaciones laborales y se respete el derecho de huelga. Responsabilizó de cualquier ilegal atentado contra los trabajadores de Cananea, que incluso pudiera resultar en hechos violentos, a los accionistas, directivos y funcionarios de la empresa, y después de ellos, a los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Sergio Tolano declaró que ningún trabajador se va a liquidar, y que a pesar de las temperaturas bajo cero que se sufren en Cananea, se mantendrán las guardias en el centro de trabajo”. Añadió que si el patrón decide tomar la mina, nosotros se la tomaremos a él”, según se acordó en la asamblea del sábado 23 de enero.
Exigen plan de la UAM para evitar huelga
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) denunció que a una semana de que venza el emplazamiento a huelga de académicos y administrativos, las autoridades no han presentado una propuesta a su pliego petitorio de incremento de 20 por ciento directo al salario y 7 por ciento en prestaciones.
En conferencia de prensa, la dirigencia sindical instó a la rectoría de la universidad, que encabeza Enrique Pablo Fernández Fassnacht, a superar conflictos laborales que ambas partes mantuvieron en el pasado e iniciar una nueva etapa de trabajo.
Antonio Venadero Valenzuela, secretario general del sindicato, detalló que desde que la institución fue emplazada en noviembre del año pasado, están a la espera de las propuestas de la institución para negociar la revisión salarial y contractual con el fin de evitar el inicio de una huelga a partir de las 23 horas del próximo primero de febrero.
El dirigente confió en que se llegue a un acuerdo pronto para evitar la huelga, que afectaría a 40 mil alumnos y a 10 mil trabajadores de las cuatro unidades universitarias.
Recordó que las autoridades tienen hasta el próximo jueves 28 para presentar sus propuestas, plazo que le permitiría al SITUAM presentarlas entre sus agremiados para que determinen si las aprueban o las rechazan.
Venadero Valenzuela sostuvo que comparado con otras universidades públicas, el salario promedio de los académicos y administrativos presentan rezagos hasta por 5 mil pesos.
La estafa a los braceros mexicanos
A más de 5 billones de pesos se eleva la deuda con los trabajadores del Programa Bracero. El pago de 38 mil pesos es sólo el 3 por ciento del adeudo real, y los beneficiarios representan sólo el 0.17 por ciento de los casi 5 millones de contratados. “Mientras los exbraceros mueren sin recibir lo justo, el gobierno sigue sin cumplir un adeudo histórico de más de 60 años”: CAM
Afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guanajuato, Felimón Medina Barrera, de 77 años, murió de un infarto. Por años, el exbracero exigió que se le pagara lo correspondiente por su participación en el Programa Bracero. Aquel 8 de diciembre de 2009 se le negó la entrega de 4 mil pesos, pues había un error en el registro de su nombre. La Segob ni siquiera tiene un padrón sobre el número total de exbraceros.
El Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos contempla el pago para los beneficiarios del programa binacional entre Estados y México de 1942 a 1964. Con la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos en 2003, la Segob contabilizó a 109 mil exbraceros para otorgarles 38 mil pesos.
Días después de la muerte de Felimón, abogados del Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas integraron el Frente Jurista para la Defensa de Exbraceros, constituido para interponer una demanda legal en contra del gobierno federal a fin de recuperar el fondo de ahorro de los trabajadores
Resulta ilusorio –mencionan en un boletín– que en estos tres años se pague a la totalidad de los exbraceros y sus beneficiarios, pues se autorizaron solamente 300 millones de pesos, inferior a los 700 millones de pesos aprobados en un periodo anterior. Con la modificación a las reglas de operación del fideicomiso, los trabajadores sólo reciben abonos anuales de 4 mil pesos.
Desde el comienzo del programa, en 1942, se estipuló crear el Fondo de Ahorro Campesino, con el que se retenía el 10 por ciento del salario diario de los casi 5 millones de contratos firmados. Las empresas contratistas guardaron y transfirieron los recursos para devolverlos a los trabajadores agrícolas.
El reporte de investigación Programa bracero: una historia de 65 años de desprecio, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, publicado en diciembre de 2008, dice que han pasado más de 60 años de saqueo a los trabajadores: “Se enfrentan a la vejez y, en vez de vivirla dignamente con el fruto de su trabajo. Han tenido que enfrentar una desgastante lucha por el reconocimiento del producto de su trabajo de muchos años: la devolución del dinero que el gobierno se niega a reconocer y pagar”.
Por más de 60 años –calcula el CAM–, el gobierno utilizó más de 670 millones de pesos, más los intereses generados, producto de los años de trabajo de los braceros.
El monto de la deuda fue de más de 5 billones de pesos hasta 2008; sin embargo, el fideicomiso sólo pretende pagar el 0.0058 por ciento al 0.17 por ciento de los contratos que se firmaron con el Programa Bracero.
“El gobierno apuesta –reflexiona el CAM– a que los exbraceros mueran, dado que su edad oscila entre los 90 y 100 años. Espera su desaparición y el olvido de este despojo, además de poner trabas a los familiares que intentan recuperar el dinero que sus padres o esposos trabajaron durante años”.
Firmado el 23 de julio de 1942, después de sólo 10 días de negociación, el convenio binacional contemplaba que los braceros cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura. De esta forma, el gobierno estadunidense sería el contratista y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos que cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación.
“Aunque significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos –opina el CAM–, fue a costa de la explotación y la humillación de las empresas contratistas”.
Considera que no obstante las condiciones que se establecían no eran desfavorables y protegían legalmente a los braceros, “en la mayoría de los casos fue violado por ambos gobiernos”. Y es que mientras el gobierno de Estados Unidos violó el contrato, el gobierno mexicano los despojó del 10 por ciento de su salario, más los intereses acumulados.
Los salarios deberían ser iguales al pago de los trabajadores agrícolas estadunidenses, pero nunca menos a 30 centavos de dólar por hora. No obstante, sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas, describe el CAM: desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para “matar pulgas mexicanas” y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas.
El traslado de los braceros desde México se realizaba en condiciones inseguras, pues viajaban en trenes de carga sin puertas ni alimentos. Respecto de la vivienda, elreporte de investigación Programa bracero: una historia de 65 años de desprecioseñala que todos los braceros eran alojados en galeras donde compartían dos regaderas con agua fría.
Los alimentos eran también descontados de su salario. Se les servían en pequeñas cantidades y de mala calidad, insuficientes para quienes laboraban 18 horas continuas en el campo.
El documento apunta que las condiciones laborales establecidas en los contratos tampoco se cumplieron. Aunque se estipulaba que ningún trabajador podría ser alistado por el ejército estadunidense, hay testimonios sobre reclutamiento para participar en la Segunda Guerra Mundial.
Además de las labores que realizaban como parte de su jornada, los braceros trabajaban horas extras que no eran pagadas, y cumplían con tareas que no estaban estipulados en sus contratos.
Despojo a exbraceros
La cláusula quinta del contrato de trabajo estipulaba que se descontara el 10 por ciento del salario de los braceros. Los montos serían conservados en calidad de depósito en el Banco de Crédito Agrícola de México, hoy Banco de Crédito Rural del Centro, para devolverlos a los braceros a su regreso.
De acuerdo con el CAM, pese a que la cláusula fue establecida en 1945, el descuento fue aplicado desde 1942 a 4 millones 678 mil 632 contratos. Anualmente, las retenciones iban desde los 12 millones 398 mil 400 hasta los 47 millones 223 mil 750 pesos.
La deuda del gobierno a los braceros, de 1943 a 2008, alcanzó los 5 billones 90 mil 231 millones 275 mil 310 pesos. Es así, advierte el CAM, que a cada trabajador le corresponderían, por el concepto del Fondo de Ahorro Individual, 1 millón 96 mil pesos: “Bajo esta lógica se les despoja del 97 por ciento del dinero que en verdad les corresponde”.
En 2003, durante la administración de Vicente Fox, la entonces LVIII Legislatura creó una comisión especial para investigar el destino del fondo. Luego de cinco años, se resolvió crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, con 300 millones de pesos. Únicamente cubre un apoyo de 38 mil pesos para sólo 7 mil 800 exbraceros.
El CAM indica que la cantidad de trabajadores a los que se les va a pagar equivale al 0.17 por ciento de los casi 5 millones de contratos firmados. Además, la cantidad apenas representa el 0.006 por ciento de lo que les corresponde. “El porcentaje del despojo asciende a 99.994 por ciento. Éste, junto con otros fraudes, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, es de los robos más grandes que ha realizado el gobierno mexicano a la clase trabajadora”.
Según la respuesta de la Segob a una solicitud de información pública el 13 de febrero de 2004, la entidad dijo desconocer el padrón de los trabajadores que se integraron al Programa Bracero.
La deuda del gobierno federal representa el 52 por ciento del Producto Interno Bruto de 2007, es decir, “poco más de la mitad de toda la riqueza generada en el país durante 2007”.
Para tener acceso al fideicomiso, advierte el reporte de investigación, los exbraceros deben cumplir con requisitos imposibles de cubrir, pues deben presentar documentos que no conservan o les han sido retenidos.
El artículo sexto del Decreto por el que se Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos ordena que para acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano, el beneficiario deberá presentar uno o más de los siguientes documentos: el contrato individual de trabajo, el comprobante de pago emitido por el contratante o la tarjeta de identificación consular.
Fondo de Ahorro Campesino: 5 billones 90 mil 231 millones 275 mil 310 pesos
Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos: 300 millones de pesos
Fondo de Ahorro Campesino por contrato: 1 millón 96 mil 560 pesos
Cantidad del Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos por beneficiario: 38 mil pesos
Fuente: CAM de la Facultad de Economía de la UNAM
Monto anual retenido y número de contratos
17 millones 605 mil 500 pesos
52 mil 98
24 millones 444 mil pesos
62 mil 170
26 millones 723 mil 500 pesos
49 mil 454
16 millones 441 mil 500 pesos
32 mil 43
14 millones 162 mil pesos
19 mil 632
12 millones 398 mil 400 pesos
35 mil 345
14 millones 97 mil 600 pesos
16 millones 781 mil pesos
67 mil 500
25 millones 604 mil pesos
24 millones 998 mil pesos
197 mil 100
29 millones 160 mil 880 pesos
201 mil 380
31 millones 598 mil 910 pesos
309 mil 33
31 millones 297 mil 500 pesos
398 mil 650
47 millones 223 mil 750 pesos
445 mil 197
41 millones 490 mil pesos
436 mil 49
44 millones 601 mil 250 pesos
432 mil 857
47 millones 187 mil 500 pesos
437 mil 643
45 millones 96 mil 250 pesos
315 mil 846
42 millones 682 mil 500 pesos
291 mil 420
44 millones 38 mil 750 pesos
194 mil 978
38 millones 461 mil 250 pesos
186 mil 865
36 millones 122 mil 500 pesos
177 mil 736
20 mil 286
8 mil 647
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Inflación ¿Otra vez tú?
ENTRESACADO: “La inflación mayor a 5% regresó y tal vez para quedarse pero es la corrupción y el control de mercados lo que en realidad afecta al consumidor. ¿Cuándo se decidirá el gobierno a terminar con ellos?”.
Consumidores S.O.S
¿Qué significa el incremento de precios para los consumidores? ¿Una amenaza? ¿Una oportunidad? Los economistas no terminan por ponerse de acuerdo. Algunos más liberales aseguran que después de una crisis económica y financiera de la magnitud de la que estamos viviendo, ningún país puede darse el lujo de vivir sin ella. Y explican: cuando no hay posibilidad de aumentar los impuestos – porque resulta políticamente incorrecto o porque simplemente no existe la voluntad de la sociedad para pasar ese trago amargo – entonces la única salida es el incremento de las tarifas para bienes y servicios públicos. También se presenta como la salida fácil aunque dolorosa para un gobierno que, como las dos últimas administraciones, ha tenido que vivir de los ingresos del petróleo y esos recursos dejan de fluir ante una caída en los precios del hidrocarburo o, peor aún, ante la menor disponibilidad del producto para ofrecer al mercado. Ambos escenarios han amenazado constantemente al Ejecutivo en México y a las finanzas públicas del país. Pero serán los consumidores mexicanos los que lidian ahora con inflación y elevación de los impuestos.
Por ello, aunque el doctor Agustín Carstens prevea que en 2011, un año antes de las elecciones, la inflación bajará porque el impacto de los impuestos sólo se presentará esta vez - ¿acaso no estamos esperando el próximo año una verdadera reforma hacendaria – es un hecho que las bajas tasas de inflación que se vivieron en la última década no volverán a presentarse porque simplemente no habrá dinero del petróleo para subsidiar la gasolina, el precio del maíz o para trasladar recursos a las empresas que generan energía eléctrica. Si bien es cierto que muchos analistas dudan que el país abandone en el corto plazo las tasas de inflación de un dígito, tampoco volveremos a los niveles de 3.33 por ciento, la más baja que se ha registrado. Así, esa historia quedó definitivamente en el pasado y la tragedia para los consumidores es que las maniobras de las autoridades para mantener la inflación bajo control a costa de los trabajadores, cuyos salarios prácticamente se mantuvieron congelados, servirá de poco en medio de una economía que no ha aprendido a competir y en donde los monopolios le cuestan miles de millones de pesos al consumidor.
Fue en diciembre cuando me enteré que el gas LP subiría de precio. La cantidad exacta del incremento era de 16 centavos por kilo. Me angustié porque tres meses atrás la empresa de gas que llena el tanque de mi casa me había visitado y me había advertido que en enero, seguramente, tendría que volver a solicitar sus servicios. “Qué organizados los de la compañía de gas, tienen todo muy bien sistematizado”, dije a principios de octubre cuando el alza mensual en los precios del combustible aún no me alcanzaba igual que a millones de mexicanos. Ahora tendría que pagar porque llenaran el voluminoso tanque pero con el nuevo precio. Aunque el aumento anunciado era de sólo 16 centavos, en términos porcentuales era de 11%. Así, una rápida operación me advirtió que si antes llenaba el tanque con un presupuesto trimestral de 1,400 pesos, ahora tendría que desembolsar de la noche a la mañana al menos 1,550, si es que quería seguir contando con agua caliente y una estufa lista para preparar alimentos en casa. Lo peor es que no sería el único incremento sino el primero de cada mes del 2010. En fin, suspiré y espere a que, como siempre, mi afable portero tocara el timbre para decirme, como cada trimestre, que sólo tenía 20 kilos y que era “urgente pero muy urgente” llamar a la empresa del gas. Pero no, esta vez, la advertencia fue más dramática y contundente: “Ya no tiene gas, pero nada, y hoy sí tiene que llamar a la compañía”. Qué extraño, pensé: agua caliente, fuego en la estufa y ¿no hay gas? Alentada por el ánimo de ahorrar subí a verificar si la versión del amable portero era cierta. Y allí estaba, la evidencia: 20 kilos y contando. Todo era un engaño. Así, molesta descendí de la azotea por una empinada escalera y me dirigí a llamar a otra empresa proveedora de gas LP que no estuviera coludida con el portero. Algo así sucede con la economía, la corrupción y los monopolios son los que afectan verdaderamente el bolsillo de los consumidores. Es cierto, la inflación mayor a 5% regresó y tal vez para quedarse pero es la corrupción y el control de mercados lo que en realidad impactan al consumidor. ¿Cuándo se decidirá el gobierno a terminar con ellos?
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