Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2014/11/
Timestamp: 2018-03-21 03:08:30+00:00

Document:
Boletín Legal Venezuela: noviembre 2014
Amparo constitucional y Administración aduanera
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/171746-1622-191114-2014-14-0879.HTML
Mediante sentencia N° 1622 del 19 de noviembre de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos conocerán de los amparos constitucionales que se ejercen contra aquellos actos emanados de las autoridades aduaneras, que sean de carácter administrativo, y no consecuencia directa de la relación netamente de naturaleza aduanera o tributaria con el afectado. En ese sentido, se sostuvo lo siguiente:
“De la lectura del fallo transcrito, se observa que esta Sala ya había precisado que dentro de la multiplicidad de relaciones que se generan entre la Administración y un determinado administrado, existe una que ha sido dotada de tal especificidad (relación jurídico tributaria), razón por la cual el juez debe tomar en consideración -en la oportunidad de establecer su competencia- el ámbito material en el cual se produjo la supuesta amenaza de lesión.
En atención a los elementos expuestos, debe advertirse que el carácter aduanero o tributario que pueda tener un órgano u ente no es condición suficiente para establecer de manera definitiva que los amparos interpuestos sean competencia de los tribunales de lo contencioso tributario. Para ello -como se expresó- debe analizarse si los términos en que se encuentra comprendida la relación jurídica están determinados dentro del campo de la actividad administrativa general o, por el contrario, se está en presencia de una relación netamente de naturaleza aduanera o tributaria. (Vid. Sentencia n°. 1426 del 23 de octubre de 2013, caso: Inversiones GECJ, C.A.).
Ahora bien, si el amparo interpuesto se hubiere formulado con fundamento en la denuncia de violación de derechos constitucionales, con ocasión de la relación jurídica existente entre un Agente Aduanal y la Administración Aduanera, en el marco de las funciones que ejerce dicho auxiliar para actuar ante los órganos competentes para la realización de los trámites relacionados con las operaciones aduaneras, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Aduanas, no cabe duda alguna que corresponderá a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario la competencia para conocer de dicha acción.
Por tanto, debido a su incompetencia en función de la materia, esta Sala declara con lugar la apelación y revoca la sentencia dictada el 26 de junio de 2014 por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, y declara competente para conocer de la presente demanda de amparo a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en cumplimiento de lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Sala (s.S.C. 1700/2007; caso: Carla Mariela Colmenares Ereú y 1659/2009; caso: Superintendencia de Bancos). Así se declara”.
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Ampliación del fallo y recurso de casación (Derecho Laboral)
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/noviembre/170889-1600-31114-2014-13-712.HTML
Mediante sentencia N° 1600 del 03 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que el lapso para solicitar la declaratoria de la sentencia transcurre conjuntamente con el lapso otorgado para impugnarla. También señaló que la decisión sobre la admisibilidad de los recursos de apelación o casación será posterior a la sentencia que se pronuncie sobre la aclaratoria o ampliación del fallo.
Se afirmó que luego de anunciado el recurso de casación, es un deber del Tribunal Superior pronunciarse sobre su admisión al día siguiente al vencimiento del lapso para su anuncio. El pronunciamiento oportuno resulta importante, pues a partir de éste es que comenzará a computarse el lapso de 20 días para formalizar el recurso de casación. En concreto, se sostuvo lo siguiente:
“Respecto al trámite de las solicitudes de aclaratorias o ampliaciones del fallo, esta Sala de Casación Social mediante decisión N° 48 de fecha 15 de marzo de 2000 (caso: María Antonia Velasco Avellaneda contra Compañía Anónima Venezolana de Seguros Caracas), ratificado en sentencias N° 137 del 24 de mayo de 2000 y N° 111 del 16 de junio de 2000, consideró que en atención a la previsión constitucional que otorga el derecho a toda persona de ser oída dentro de un plazo razonable que le garantice la posibilidad de expresarse, y dada la importancia del medio procesal contenido en la norma, el lapso para su interposición no era razonable, por lo que concluye que la decisión sobre la admisibilidad de los recursos de apelación o de casación deberá ser posterior a la resolución sobre la solicitud de aclaratoria o ampliación, a fin de garantizar el derecho a la defensa de las partes, estableciendo para los jueces del deber de postergar el pronunciamiento sobre la admisión del recurso de apelación o casación, según sea el caso, hasta la decisión de la solicitud.
De los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, acogidos de manera pacífica y reiterada por esta Sala de Casación Social en sentencias N° 1570 del 15 de diciembre de 2011 (Caso: Francelino Carrero contra Expresos Flamingo, C.A.), ratificado, entre otras, en sentencia N° 144 del 9 de marzo de 2012 y N° 233 del 28 de marzo de 2012, se concluye que anunciado tempestivamente el recurso de casación por el recurrente, tal como lo dispone el contenido del artículo 169 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constituye un deber para el Tribunal Superior el pronunciarse sobre su admisión o rechazo, el día siguiente al vencimiento del lapso que se da para su anuncio, pues no le es dado al órgano jurisdiccional subvertir los lapsos establecidos expresamente por el legislador, ni incurrir en una omisión o falta total de pronunciamiento respecto al mismo; y que el incumplimiento de dicha obligación por parte del órgano judicial no puede transformarse en un castigo para el recurrente, ya que tales circunstancias redundarían en la limitación, disminución o menoscabo de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que destaca la Sala Constitucional en su decisión, la importancia del pronunciamiento oportuno del Juez Superior respecto a la admisibilidad del recurso de casación, ya que es a partir del mismo que debe computarse el lapso de 20 días establecido en el artículo 171 eiusdem, para la formalización del recurso”(énfasis añadido por la Sala).
Fuero maternal y funcionarios de libre nombramiento y remoción
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/noviembre/171289-1496-111114-2014-14-0945.HTML
Mediante sentencia N° 1496 del 11 de noviembre de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la decisión de esa Sala N° 964 del 16 de julio de 2013 (caso: Luis Alberto Matute Vásquez) según el cual, estarán protegidos de inamovilidad laboral las trabajadoras embarazadas desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto (artículo 420.1 de la Ley orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras). Dicha norma es de aplicación inmediata y preferente a lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Se precisó que es posible remover a un funcionario de libre nombramiento y remoción, aunque goce de fuero maternal, pero previo a la realización de un procedimiento de desafuero. En el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción que ostenten carrera administrativa, deberán agotarse las gestiones para reubicarlos en un cargo de carrera que esté libre y sea de la misma jerarquía del último cargo que hubieren ocupado y si no fuere posible, no podrían ser retirados sin un procedimiento de desafuero. Al respecto, se afirmó lo siguiente:
“De este modo, en vista de que, según se desprende de la propia sentencia objeto de revisión, el nacimiento del hijo de la parte recurrente ocurrió el 21 de agosto de 2010, su inamovilidad laboral por fuero maternal culminaba el 21 de agosto de 2011, de conformidad con lo que disponía la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pero siguiendo el criterio jurisprudencial establecido por esta Sala, la norma contenida en el artículo 420.1 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, era de aplicación inmediata, por lo que el fuero maternal, que amparaba a la funcionaria retirada y a su hijo, se extendía hasta el 21 de agosto de 2012, lo cual no fue tomado en cuenta por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en el fallo que niega la procedencia de la reincorporación al cargo de la recurrente.
Al margen de lo anterior, observa la Sala que, si bien para el momento en que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó el fallo objeto de esta revisión constitucional, ya había culminado la protección de fuero maternal que amparaba a la hoy solicitante, no podía obviarse el hecho de que, al momento del retiro de la Administración Pública, la funcionaria se encontraba protegida por el fuero maternal, sin que se desprenda de autos que se haya seguido el procedimiento de desafuero correspondiente para culminar la relación funcionarial que la vinculaba con el órgano querellado.
De manera que, es posible la remoción de una funcionaria o un funcionario de libre nombramiento y remoción, aunque goce de fuero maternal o paternal, pero no puede retirársele de la Administración Pública sin la realización de un procedimiento de desafuero previo. Ahora bien, para proteger el derecho constitucional de protección a la maternidad y la paternidad, en el caso de las funcionarias y los funcionarios de libre nombramiento y remoción que ostenten carrera administrativa previa, deben agotarse las gestiones legalmente previstas para reubicarles en un cargo de carrera que esté libre y sea de la misma jerarquía del último cargo de carrera que hubieren ocupado en la Administración Pública y aunque dichas gestiones resultaren infructuosas, no podrían ser retiradas o retirados sin un procedimiento de desafuero. Por otra parte, cuando se trate de la remoción de funcionarios de libre nombramiento y remoción, que no tengan la condición de ser de carrera administrativa, para ser retirados de la Administración pública deberá seguirse igualmente el procedimiento de desafuero.
Concluye esta Sala que la sentencia objeto del presente análisis violentó la especial protección que se le da a la maternidad en la legislación laboral, en desarrollo de la protección de la familia y de los trabajadores que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 75 y 76, que establecen el deber del Estado de proteger a la familia como asociación natural de la sociedad y la protección integral de la madre y el padre, ya que no ha debido revocar la sentencia de primera instancia que ordenaba la reincorporación de la funcionaria, en tanto que dicha decisión se encontraba apegada a derecho y garantizaba el pleno desarrollo del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución, al proteger el derecho al trabajo de una madre así como los intereses de su hijo.”
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Levantamiento del velo corporativo y derechos de los consumidores y usuarios
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/170780-01462-291014-2014-2012-1454.HTML
Mediante sentencia N° 1462 del 29 de octubre de 2014, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que el Estado como garante del bien común podrá levantar el velo corporativo a las sociedades mercantiles para que en ocasiones se actúe contra una sociedad distinta a la que originalmente contrató o se relacionó con la persona que se considera perjudicada, todo ello conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia N° 903 del 14 de mayo de 2004 (caso: Transporte Saet, S.A). Al respecto, se afirmó lo que sigue:
“Es decir, que la sociedad mercantil Wenco Servicios de Comida Rápida, C.A. admitió su vinculación con la sociedad mercantil Multi-Tienda 2006, C.A. al responsabilizarse por los actos de esta a través de la realización de una propuesta de pago a la sociedad de comercio CORPOGRAN, C.A. durante el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), sustituido en la actualidad por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).
La coincidencia en las personas que conforman la directiva de la sociedad mercantil Wenco Servicios de Comida Rápida, C.A. y la sociedad de comercio Multi-Tienda 2006, C.A., así como la conexión existente entre los objetos sociales de estas compañías y Corporación 050607 Barquisimeto, C.A., pone en evidencia la relación de las citadas sociedades, su pertenencia al mismo grupo empresarial, y la utilización de varias compañías mercantiles para la explotación del negocio de comida rápida, lo cual aunado a la admisión de la conexión existente entre ambas compañías, derivada de la propuesta de arreglo realizada por los representantes de la recurrente en el procedimiento administrativo conlleva a la Sala, a la luz del criterio jurisprudencial antes anotado, a considerar que el alegato de falta de cualidad esgrimido por la parte recurrente debe ser desestimado. Así se decide.
Importa agregar a los expuesto, que el Estado a través de las distintas instituciones que lo integran, como máximo garante de los derechos de las personas, consumidores y usuarios de bienes y servicios, debe, en el ejercicio de las facultades y competencias que legal y constitucionalmente le corresponden, velar porque las sociedades anónimas que desarrollan su actividad comercial a través de un entramado empresarial con la finalidad de incrementar los beneficios económicos que perciben, no abusen de los privilegios que su forma societaria les proporciona, en detrimento de los intereses individuales de quienes contratan con ellos.
En este sentido, conforme se resalta en los precedentes jurisprudenciales citados, diversas leyes establecen los parámetros de vinculación a los fines de establecer cuándo se está frente a un grupo de empresas relacionadas, criterios estos que en atención a las particularidades propias de cada caso y a la relevancia de los bienes jurídicos tutelados por el Estado, en ocasiones son ampliados para evitar el abuso de la personalidad jurídica en perjuicio de la comunidad”.
En la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto N° 1.393 de la Presidencia de la República, mediante el cual se reformó la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras. El contenido de la Ley lo puedes leer aquí.
Aumento del salario mínimo (diciembre 2014)
Mediante Decreto Nº 1.431 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.542 del 17 de noviembre de 2014, la Presidencia de la República, fijó un aumento del quince por ciento (15%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. El contenido del referido Decreto es el siguiente:
Artículo 1: Se fija un aumento del quince por ciento (15%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 de este Decreto, quedando, a partir del 1º de diciembre de 2014, en la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 4.889,11)(Sic) mensuales, esto es, CIENTO SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 162,97) diarios, por jornada diurna.
Artículo 2: Se fija un aumento del quince por ciento (15%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los adolescentes y las adolescentes aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, quedando, a partir del 1º de diciembre de 2014, en la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.635,95) mensuales, esto es, CIENTO VEINTIUNO BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 121,20) diarios, por jornada diurna.
Cuando la labor realizada por los adolescentes y las adolescentes aprendices sea efectuada en condiciones iguales a la de los demás trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo será el establecido en el artículo 1 del presente Decreto, de conformidad con el artículo 303 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 4: Se fija como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y las jubiladas, pensionados y pensionadas de la Administración Pública, el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1 del presente Decreto.
Artículo 5: Se fija como monto mínimo de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1 del presente Decreto.
Artículo 6: Se fija para el 15 de diciembre de 2014, el pago de la totalidad del porcentaje de aumento del quince por ciento (15%) para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, ordenado en el presente Decreto y en los meses sucesivos se cancelará de acuerdo a la forma en que cada entidad de trabajo lo realiza.
Artículo 7: Cuando la relación de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario estipulado como mínimo podrá someterse a lo dispuesto en el artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuanto fuere pertinente.
Artículo 8: El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto, obligará al patrono o patrona a su pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a las sanciones indicadas en el artículo 533, ejusdem.
Artículo 9: Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no modificadas en este Decreto, salvo las que se adopten o acuerden en beneficio del trabajador y la trabajadora.
Artículo 10: El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2014.
Artículo 11: El Ministro o la Ministra del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo queda encargado o encargada de la ejecución del presente Decreto.
Gaceta Oficial : http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/13112014/13112014-4125.pdf#page=30
En la Gaceta Oficial N° 40.540 del 13 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto N° 1.389 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones . El contenido de la Ley lo puedes leer aquí.
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Ley para Establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular
En la Gaceta Oficial N° 40.540 del 13 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto N° 1.390 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para Establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular. El contenido de la Ley lo puedes leer aquí.
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En la Gaceta Oficial N° 40.540 del 13 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto N° 1.392 de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Juventud Productiva. El contenido de la Ley lo puedes leer aquí.
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Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/noviembre/171047-1632-61114-2014-12-601.HTML
Mediante sentencia N° 1632 del 06 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que conforme al artículo 101 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, si mediara causa justificada para ello, se podrá dar por terminada la relación del trabajo, la cual no se podrá invocar si hubieran transcurrido 30 días continuos desde el día en que se configuró la causa justificada. Al respecto, se afirmó lo siguiente:
“Es un hecho admitido que por decisión unilateral de la parte demandada el demandante, a partir del 12 de marzo de 2008, no volvió a ser convocado a prestar sus servicios, por consiguiente tampoco le fue pagado su salario, no obstante que la demandada lo mantuvo como su trabajador, como quedó demostrado, hasta el 31 de enero de 2009, cuando este decide retirarse.
En este orden de ideas, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo, que consagra que cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista una causa justificada para ello; asimismo, dispone que no podrá invocarse la causa si hubieren transcurrido treinta (30) días continuos desde aquel en que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad unilateral.
De manera que, es la falta de ejercicio de tal derecho en la oportunidad correspondiente, lo que da lugar a que opere el denominado “perdón de la falta”.
Así las cosas, resulta evidente que, al haber transcurrido, desde el 12 de marzo de 2008, fecha en que ocurrió la causa invocada por el trabajador para dar por terminada la relación de trabajo, hasta el 31 de enero de 2009, cuando este decide retirarse, más de 10 meses, operó el perdón de la falta. Por tanto, la relación de trabajo terminó por retiro.
Así las cosas, resulta evidente que el patrono alteró las condiciones de trabajo al punto de privar de su salario al trabajador, con lo que incurrió en un despido indirecto, configurándose así la causa de retiro alegada por la parte actora, razón por la cual se concluye que la relación de trabajo terminó por retiro justificado. Así se decide.”
Competencia en materia de nulidad contra los actos dictados por las Inspectorías del Trabajo
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/tplen/octubre/170667-63-281014-2014-2012-000052.HTML
Mediante sentencia N° 64 del 28 de octubre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, estableció, conforme a lo expuesto en las sentencias de la Sala Constitucional N° 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres, José Leonardo Meléndez, Florentino Antonio Salas Luquez y otros) y N° 311 del 18 de marzo de 2011 (caso: Grecia Carolina Ramos Robinson), que la jurisdicción laboral es la competente para conocer sobre los recursos de nulidad que se intenten contra los actos dictados por las Inspectorías del Trabajo. En concreto, se afirmó lo siguiente:
“De los criterios anteriormente transcritos, se colige que la jurisdicción laboral es la competente para conocer de las controversias surgidas con ocasión de la relación laboral, incluyendo aquellas en las que medie un acto administrativo, por la especial naturaleza del vínculo y por la importancia social que entraña; así como la preeminencia en materia laboral del principio del juez natural sobre la perpetuatio fori.
Por esa razón, aunque la demanda de autos fue intentada el 14 de octubre de 2008, mientras aún se encontraba vigente el criterio sostenido por esta Sala Plena en la sentencia nro. 9, de 2 de marzo de 2005, publicada el 5 de abril de 2005, resulta aplicable al presente asunto el criterio de la Sala Constitucional, antes referido, que afecta a las causas que se hallen en curso “(...) con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas (...)” (Vid. Sentencia nro. 311 de 18 de marzo de 2011).
Siendo que en el caso bajo estudio, no ha habido previa regulación de la competencia, ni asunción de la misma por parte de los tribunales en conflicto invocando el principio de la perpetuatio fori, resulta forzoso para esta Sala Plena declarar competente para conocer y decidir la presente causa al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a quien se ordena remitir el presente expediente. Así se decide.”
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/170551-1444-231014-2014-11-1423.HTML
Mediante sentencia N° 1444 del 23 de octubre de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, diferenció en qué supuestos puede existir una controversia constitucional que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público, por lo que afirmó que puede haber un conflicto positivo cuando dos órganos se atribuyan para sí una facultad y un conflicto negativo cuando suceda lo contrario y exista omisión en ejercer una competencia que haya sido atribuida. En concreto, se afirmó lo siguiente:
“Así las cosas, cabe señalar que la controversia constitucional, prevista en el artículo 336.9 del Texto Fundamental, está destinada a salvaguardar el normal desempeño de los órganos del Poder Público que pudiera verse afectado cuando dos o más de ellos estiman atribuida a su favor una facultad, competencia o atribución constitucionalmente prescrita, dando lugar al ejercicio paralelo de la función disputada (conflicto positivo); o, por el contrario, cuando ninguno de éstos reconoce ostentar la titularidad de esa facultad, competencia, o atribución constitucional, provocando la omisión de acometer una función encomendada a alguno de ellos por la Carta Magna (conflicto negativo).
Por tanto, resulta claro que la situación planteada por el Juez a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar no presenta los elementos objetivos antes señalados que permitan calificarla como una controversia constitucional; ya que el juez de primera instancia está obligado a dar cumplimiento a la sentencia emitida por el superior, independientemente de que comparta o disienta del criterio establecido en ella; en todo caso, corresponde a las partes que intervienen en la litis hacer valer los recursos que le ofrece el ordenamiento jurídico, en caso de que hubiesen estimado que el fallo que emitió el Tribunal Superior le causó un perjuicio a sus derechos e intereses.”
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Sobre el derecho a la jubilación
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/170272-1392-211014-2014-14-0264.HTML
Mediante sentencia N° 1392 del 21 de octubre de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpretó el artículo 3, numeral 1 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, mediante la cual el funcionario que haya cumplido con los 25 años de servicio y de estar inmerso en un proceso relativo a su condición de funcionario o para la obtención de algún beneficio laboral, tiene el derecho a que se le otorgue la jubilación. Al respecto, se precisó que:
“Ciertamente, el legislador, haciendo uso de sus potestades constitucionales ha establecido los requisitos concurrentes que se deben dar para que un funcionario público se haga acreedor del derecho a la jubilación, estableciendo como límite de edad para ello, en el caso de los hombres 60 años y 55 años en el de las mujeres, por lo cual, salvo las excepciones previstas en la propia norma, no puede otorgarse este derecho a quien no haya cumplido dicho requisito.
De no hacerse la anterior interpretación, además se estaría vulnerando el principio de igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución, ya que tendríamos adultos mayores que prestaron la misma cantidad de años de servicios para el sector público, amparados unos por el derecho de jubilación y otros no beneficiados por tal derecho, por la sola diferencia de que al momento de alcanzar la edad requerida para ello se encontrasen o no prestando servicio activo”.
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Constitucionalidad de los artículos 84 y 88 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/170038-1327-161014-2014-11-1426.HTML
Mediante sentencia N° 1327 del 16 de octubre de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró sin lugar un recurso de nulidad intentado contra los artículos 84 y 88 y contra la disposición transitoria quinta de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (G.O.E. N° 6.053 del 12/11/11).
Las referidas normas establecen el deber de las inmobiliarias con más de 10 inmuebles de destinar un porcentaje de vivienda para el arrendamiento (artículo 84). En esos inmuebles se debe garantizar que el arrendatario no pase más de 10 años en esa condición, por lo que luego de ese lapso los propietarios tendrán el deber de ofertar la venta al arrendatario y el precio de venta será determinado por el SUNAVI (artículo 88). Finalmente, la disposición transitoria quinta se refiere a la obligación de que a los arrendatarios que ocupen viviendas construidas sobre edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento, tendrán el derecho a adquirirla exceptuando a los pequeños arrendadores. En concreto, se afirmó lo siguiente:
“Ambos aspectos del derecho a la propiedad (configuración individual y configuración social), deben equilibrarse a los fines de que el ejercicio del derecho individual no sea lesivo de otras esferas jurídicas y que la regulación a través de la cual se pretende limitarlo, cumpla con el principio de racionalidad, según el cual, la restricción debe ser necesaria, idónea y proporcional, es decir, que las medidas que se adoptan deben ser requeridas por razones de utilidad pública o de interés general, aptas para los fines que se buscan y, finalmente, que la intervención sea suficientemente significativa y no desproporcionada.
En este orden de ideas, las referidas medidas promueven la satisfacción del derecho a la vivienda digna a través de un arrendamiento justo, solidario y responsable, en el cual se garantizan tanto los derechos de los propietarios (una retribución justa y, posteriormente, el pago del precio de venta en caso de que se cumplan las condiciones legales que dan lugar a que se oferte el inmueble al arrendatario), como los derechos habitacionales de quienes no están en capacidad de comprar y necesitan arrendar un inmueble para vivir.
De los anteriores planteamientos se hace visible que la regulación contenida en las normas impugnadas, no sólo obedecen al interés general que tiene el Estado de equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, sino que se enmarcan dentro de las medidas concebidas para garantizar una vivienda digna a quienes carecen de ella y de allí su idoneidad.
Finalmente, debe esta Sala analizar si las disposiciones atacadas son proporcionales y, al respecto, se observa lo siguiente:
En primer lugar, las normas impugnadas no recaen sobre todos los inmuebles arrendados para vivienda, sino sobre sólo dos categorías concretas, a saber:
I) Un porcentaje de los desarrollos habitacionales, con lo cual, se resguarda el derecho del constructor a disponer de la mayor parte de su obra, en ejercicio del derecho a la libertad de disposición y en salvaguarda del principio de no confiscatoriedad, según el cual, no puede ser despojado ni de la totalidad de sus bienes, ni de parte sustancial de los mismos.
II) Los apartamentos ubicados en edificios destinados al arrendamiento por más de veinte años, dejando a un lado a los denominados pequeños arrendadores, es decir, aquellos que no tienen más de dos apartamentos arrendados.
En segundo lugar, las normas garantizan el derecho del propietario al pago del precio de venta del inmueble una vez vencidos los lapsos legalmente establecidos para que termine la relación arrendaticia y opere el traspaso de propiedad del inmueble.
En consecuencia de lo expuesto, esta Sala no considera desproporcionadas las medidas atacadas y de allí que se desestima el alegato de violación del derecho de propiedad, ya que los límites del derecho a la propiedad que contienen las normas impugnadas, se enmarcan dentro de los principios de reserva legal e interés general que justifican la restricción de este derecho a los fines de garantizar el derecho a la vivienda digna y así se declara.
Entonces, tal como señaló esta Sala en la sentencia N° 902, del 1° de junio de 2001 (caso: Luis Carlos Palacios Juliac), resulta contrario al principio de irretroactividad de la ley aplicar una norma jurídica a una situación fáctica anterior a su entrada en vigencia. En dicho contexto, la Ley impugnada regula un contrato de tracto sucesivo, que como tal, genera obligaciones sucesivas que deben adecuarse a la ley vigente.
Entonces, no se trata de que la Ley impugnada esté regulando contratos celebrados con anterioridad a su promulgación, sino que tiene plena vigencia para las obligaciones contractuales y efectos que deben cumplirse en la actualidad, lo que constituye una aplicación inmediata de la Ley a efectos puntuales del contrato de tracto sucesivo celebrado bajo la vigencia de la ley anterior, según la doctrina más calificada de la aplicación inmediata de la ley. En virtud de las consideraciones expuestas, esta Sala desestima el alegato de violación del principio de irretroactividad de la Ley. Así se decide.
Al respecto, la diferencia que se establece entre ambas categorías, responde al hecho de que una cosa son los pequeños arrendadores (una o dos viviendas, en los términos del artículo 7) y, otra cosa, son los multiarrendadores, esto es, los propietarios de los inmuebles regulados (desarrollos habitacionales o sobre apartamentos ubicados en edificios dedicados al arrendamiento que pertenecen a personas que poseen más de dos inmuebles habitacionales en alquiler) que han hecho del arrendamiento habitacional un negocio especulativo, que requiere la intervención inmediata del Estado.
En efecto, los inmuebles regulados en las disposiciones atacadas son aquellos que forman parte de una universalidad de bienes destinados al arrendamiento habitacional en desarrollos nuevos o en edificios con más de veinte años dedicados a dicha actividad y que como tales, han tenido el tratamiento de un objeto de comercio que ha permitido la acumulación de capital por parte de los propietarios a expensas de los inquilinos.
Distinto es el caso de quienes alquilan uno o dos inmuebles de su propiedad, sin fines especulativos, sino en el marco del legítimo usufructo de su patrimonio. Por ello, no resulta procedente el alegato de violación del principio de igualdad, por cuanto la limitación atacada no es irracional y, en consecuencia, no es discriminatoria y así se declara.”
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 14:49 No hay comentarios:
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References: resolución 
 artículo 169
 artículo 171
 artículo 29
 artículo 420

Artículo 1
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 303

Artículo 4
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 1

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 172

Artículo 8
 artículo 130
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Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 101
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 artículo 336
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 7
in fine