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Timestamp: 2018-06-20 03:23:35+00:00

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CRITERIOS DE CONFORMACIÓN DE LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS EN LOS CONCURSOS ORDINARIOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL - Noticias - Cosital Valencia
CRITERIOS DE CONFORMACIÓN DE LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS EN LOS CONCURSOS ORDINARIOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
La Junta de Gobierno de COSITAL-Valencia de fecha 11 de enero de 2012 ha procedido a su aprobación, procediéndose a su publicación en la web colegial, así como una reseña en el Boletín Oficial de la Provincia.
(Aprobados por la Junta de Gobierno de COSITAL-Valencia en fecha 11 de enero de 2012)
Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que presiden los procesos de acceso a la Función Pública se deben aplicar también en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Esta exigencia responde a la necesidad de garantizar que tanto la selección como la concreta asignación de puestos de los empleados públicos se lleve a cabo de acuerdo con la legalidad, contribuyendo así a asegurar que la actuación de la Administración responde a razones objetivas siendo éstas el elemento determinante que debe guiar el actuar de los poderes públicos en aras de conseguir, con la mayor corrección posible, la satisfacción de los intereses generales, misión que es la que constitucionalmente se encomienda a la Administración Pública.
En el ámbito de la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, la normativa vigente establece el llamado concurso ordinario como uno de los sistemas de asignación de vacantes, valorándose en este sistema de provisión tres tipos de méritos: dos cuyo contenido y valoración viene predeterminada por ley (méritos generales y méritos autonómicos), y un tercero (méritos específicos) respecto del cual la normativa establece que los elementos que lo componen se aprueban por cada Ayuntamiento (u otra entidad local convocante), que dichos méritos específicos se deben incluir en las Relaciones de Puestos de Trabajo y que tienen una determinada puntuación máxima respecto del total de los méritos objeto de valoración, enunciando la normativa algunos méritos de posible consideración específica (cursos de formación, valoración del trabajo realizado…) permitiendo a su vez la inclusión de otros con la indicación de que estén directamente relacionados con las características del puesto de trabajo y las funciones correspondientes, para que garanticen así la idoneidad del candidato para su desempeño.
En este contexto conviene destacar que es cada entidad local la que convoca y resuelve los concursos ordinarios sobre la base de una pluralidad de méritos, parte los cuales (los citados méritos específicos) son aprobados por la propia entidad local convocante, interviniendo el órgano competente autonómico con funciones de coordinación de este proceso de provisión.
Las particularidades de este sistema permiten a cada entidad local determinar el contenido de los méritos específicos, esto es, deja en manos de cada ente local fijar los méritos que configuran a su vez el bloque de los llamados méritos específicos, que en este sentido y dado que se determinan por cada ente local bien podríamos calificar como méritos locales.
La fijación de dichos méritos específicos se presupone que se establece por cada entidad local discrecionalmente en función de sus particularidades, con el fin de que el ocupante del puesto convocado resulte el más idóneo para cubrir y ejercer las funciones del mismo, por la razón de reunir, en mayor medida que respecto a los demás aspirantes, unos méritos de aptitud.
Pero la práctica en ocasiones ha degenerado en convocatorias de concursos en los que la fijación de los méritos específicos no siempre se corresponde con los principios constitucionales mencionados de igualdad, objetividad, mérito y capacidad sino que han ido proliferando criterios casuísticos, subjetivos y arbitrarios que han llevado a la subversión del sistema, ya que la asignación del puesto se realiza, en ocasiones, no a favor del aspirante que resultaría más apto en relación con unos méritos objetivos sino a favor del funcionario que coyunturalmente ha accedido provisionalmente al puesto que posteriormente ha sido convocado para ser ocupado con carácter definitivo.
Esta indicación debe ser precisada en el sentido de que es legal y lícito que un Ayuntamiento fije unos criterios que, respondiendo a parámetros objetivos y razonables, puedan comportar la asignación del puesto convocado a favor de un funcionario que, respecto a los demás, resulte el mejor puntuado en el sumatorio de todos los tipos de méritos valorados, pero no se ajusta a los principios jurídicos que rigen, tanto la selección como la provisión, el establecimiento de méritos arbitrarios, únicamente aprobados sobre la base de criterios subjetivos y no razonables, elaborados con el único fin de que un determinado aspirante sea el que acabe siendo el adjudicatario del puesto, creándose en ocasiones una relación que podría calificarse de clientelismo entre Administración y funcionario, que es ajena a la objetividad que por mandato constitucional ha de presidir la actuación de la Administración (y por tanto la de los empleados públicos que la componen), tendente a la satisfacción de los intereses generales. Estas prácticas contradicen el sistema normativo y el propio código deontológico de la habilitación estatal, que merece una consideración y un refuerzo por parte de los actores implicados.
La instrumentalización de los sistemas de provisión con fines subjetivos, particulares y personales, materializada con la introducción de méritos singularmente propios de un solo aspirante, cierto es que por un momento puede beneficiar a un funcionario, pero ocurre que, además de no casar con los principios selectivos y de provisión (lo cual ya es grave), perjudica a los demás funcionarios, de tal manera que con la introducción de criterios personalistas arbitrarios y no generalistas objetivos, el interés de un funcionario en particular acaba imponiéndose sobre los derechos de los funcionarios en general, por lo que los intereses corporativos quedan afectados y hasta lesionados. Y ante esta afección/lesión a los intereses corporativos, el Colegio de Secretarios, Interventores-Tesoreros y Secretarios-Interventores (Cosital), no puede permanecer pasivo sino que ha de movilizar sus medios para la defensa de dichos derechos e intereses.
Con ese fin, y sin perjuicio de la utilización de otros medios reactivos, Cosital Valencia entiende conveniente utilizar una vía de gestión proactiva, como es el establecimiento de unos criterios orientadores que sirvan para reconducir la fijación de los méritos específicos, de tal manera que la provisión de puestos que dependa de éstos concuerde con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, por lo que a continuación se presentan unos criterios para la determinación de los méritos específicos cuyo seguimiento haría concordar el contenido de dichos méritos (y por tanto la provisión del puesto que se derive de los mismos), con los mencionados principios constitucionales, lo que conllevaría, casi con total seguridad, poder superar cualquier control de legalidad que pudiera aplicarse. Y sería la fijación de unos méritos específicos con inadecuación a estos criterios la que podría estar viciada de ilegalidad, derivando en un estudio del caso concreto que podría conllevar una impugnación por contrariedad con la normativa, con la consecuente resolución judicial, llegado el caso.
Con todo, debe destacarse que los criterios y propuestas de méritos que emanen de instituciones como Cosital tienen un carácter orientativo y no exhaustivo, por lo que podrían establecerse por los Ayuntamientos otros méritos distintos de los propuestos por el Colegio, que siempre que respeten la legalidad y conlleven una provisión realizada sobre la base de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, serían perfectamente viables; si bien y por ello mismo, esto es, por su carácter meramente orientativo, puede ocurrir que un tercero considere que un mérito, pese a ser coherente con el criterio colegial, es ilegal, lo impugne y acabe siendo declarado contrario a Derecho. No obstante ello, desde Cosital se ha realizado un esfuerzo motivador de la legalidad de los criterios y méritos que a continuación se proponen con el fin de que el seguimiento y la utilización de éstos por los Ayuntamientos pueda alcanzar un nivel de certeza y viabilidad jurídica que asegure el normal desarrollo de cualquier concurso asentado sobre los criterios y méritos propuestos por el Colegio.
La voluntad colegial es que los principios y criterios de elaboración y valoración de los méritos específicos acaben siendo vinculantes, por lo que trasladará el presente documento a los órganos competentes del Estado y en especial de la Comunidad Autónoma, actualmente principal actor en el ámbito de la gestión de competencias en materia de funcionarios habilitados estatales, para que al menos a nivel reglamentario se incorporen (como anexo, por ejemplo) los principios y criterios de configuración y valoración de los méritos específicos. Igualmente en aras de conseguir una homogeneidad estatal se trasladará este documento a todos los colegios provinciales y al propio Consejo General para el estudio de la toma de un acuerdo global. Y por último, más allá de que los principios y criterios propuestos alcancen o no rango normativo (y consecuentemente vinculante), éstos se comunicarán tanto a la Delegación de Gobierno, a efectos de poder servir de parámetro interpretativo en su inexcusable función de control de legalidad, que alcanza también a los actos administrativos locales de aprobación de méritos específicos, así como a la Conselleria competente, para que se ejecute también con este referente la función preceptiva de control de legalidad que la Ley también encomienda con carácter irrenunciable a las CCAA, y en especial se dará traslado al órgano autonómico competente en materia de habilitados estatales para que los principios y criterios que a continuación se exponen puedan ser tenidos en cuenta en el desarrollo de sus actuaciones, con el propósito de que su función de coordinación en el transcurso de los procedimientos de concursos ordinarios sirva, no sólo a efectos de publicidad de las convocatorias y resoluciones, sino también para cumplir con la legalidad y asegurar la corrección jurídica de los procesos de provisión que por el órgano autonómico se coordinan, con el fin último de que dicha función de coordinación no sea meramente de publicidad institucional sino que se erija en una coordinación efectiva, garante de la Ley y de la objetividad en el desarrollo y resolución de los concursos, función de garantía de legalidad y objetividad que corresponde constitucionalmente a todas las Administraciones Públicas.
En definitiva, con estos principios y criterios de conformación de los méritos específicos se instituye un referente para que sea utilizado por las Administraciones competentes con el fin de que en su función de convocatoria, resolución, coordinación y, en último caso, de control de legalidad se asegure que la celebración de los concursos ordinarios cumpla con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, dotando al sistema de una mayor seguridad jurídica. Y todo ello sin perjuicio de no renunciar a entablar con las instituciones un debate sobre la conveniencia del mantenimiento o eliminación de los méritos específicos e incluso del propio concurso ordinario, así como de otros mecanismos de provisión con amplios márgenes de decisión, como es el caso del sistema de libre designación, estimándose razonable respecto a ello plantear que los órganos competentes lleven a cabo, en su caso, las oportunas modificaciones legislativas.
La fijación de estos criterios para la conformación de los méritos específicos puede explicarse sobre la base de las razones expuestas anteriormente, y puede tomar como precedente el punto 4ª de la Junta General ordinaria de 14 de noviembre de 2003, conocida como la Asamblea de Xàtiva, sesión en la que se fijaron unos criterios orientadores para la elaboración de los baremos específicos, centrados básicamente en aspectos de valoración de la experiencia por ocupar puestos en determinada clase en municipios con unas concretas características de población y cuantía del Presupuesto, unidas a alguna consideración sobre la valoración del conocimiento del valencià y sobre la oficialidad que debe regir en la acreditación de los méritos, criterios ellos que pueden servir como referente, si bien por razones de conveniencia de una mayor aclaración y por el propio paso del tiempo merecen ser especificados y ampliados. Igualmente resulta pertinente indicar que con este documento de fijación de criterios se da continuidad a lo decidido en fecha de 16 de junio de 2009 por acuerdo de la Junta General de Cosital Valencia, que disponía que se elaborarán unos criterios de configuración de los méritos específicos.
El iter para la fijación de estos criterios de configuración de los méritos específicos se inicia con las razones expuestas en este texto, que motivan la conveniencia de fijar unos criterios de referencia, razones éstas que bien podrían erigirse en una exposición de motivos de los criterios a establecer, a la que sigue una serie de principios que acto seguido se relacionarán, y que nacidos de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad conforman todos ellos los fundamentos sobre los que se asienta la propuesta de elaboración de los criterios orientadores, que posteriormente se anotarán y explicarán motivadamente, por lo que exposición de motivos, principios y criterios explicados razonadamente conforman el documento que propone la representación de este Colegio.
El eje de configuración de cualquier criterio vinculado a la determinación y baremación de los méritos específicos es necesariamente el conformado por los principios de constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que son los que deben inspirar la configuración de los criterios orientativos para la aprobación de los méritos específicos.
Dichos principios han sido concretados por el vigente ordenamiento jurídico, principalmente a través de los siguientes preceptos, que debemos tomar en consideración:
- El artículo 78 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público, que determina la necesidad de que los procesos de provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios de carrera se realicen a través de procedimientos basado en los principios consagrados en la Constitución Española de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A estos principios, podemos añadir los de objetividad e imparcialidad que deben regir toda la actuación de la Administración.
- El apartado 5 de la Disposición Adicional segunda de dicha Ley, establece que el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo para habilitados estatales, y en él se tendrán en cuenta los méritos generales, los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial de cada Comunidad Autónoma y del derecho propio de la misma, el conocimiento de la lengua oficial en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva, y los méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto.
- El vigente artículo 17 del Real Decreto 1732/1994, de 29 julio, que regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, señala que son méritos específicos los directamente relacionados con las características del puesto de trabajo y funciones correspondientes, que garanticen la idoneidad del candidato para su desempeño, así como la superación de los cursos de formación y perfeccionamiento que determinen las Corporaciones locales sobre materias relacionadas con dichas características y funciones. Así mismo, este Real Decreto establece que los méritos específicos formarán parte integrante de la relación de puestos de trabajo de la entidad local correspondiente.
- El artículo 5 de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan Normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, dispone:
“1. Los méritos específicos, a fin de garantizar la idoneidad del candidato para el desempeño de un puesto de trabajo, habrán de estar relacionados con las características concretas y funciones del mismo y estarán referidos a la formación y perfeccionamiento superados e impartidos, valoración del trabajo desarrollado o cualesquiera otras actividades o conocimientos relacionados con dichas características y funciones.
a) Los cursos habrían de ser impartidos por centros oficiales o reconocidos, estableciendo el baremo correspondiente, su duración, nunca inferior a 15 horas, y la puntuación individualizada por cada curso.
b) Si se introducen criterios demográficos, presupuestarios o similares deberán ser ponderados y proporcionados a las características del puesto.
c) La impartición de docencia y el ejercicio de profesiones y actividades deben versar sobre materias relacionadas directamente con el puesto a ocupar”.
- La aparición de futuras normas referidas tanto a la Función Pública en general como a los funcionarios con habilitación de carácter estatal en particular se deberá tener también en cuenta para la determinación de los méritos específicos.
Así mismo, debemos tener en cuenta los abundantes pronunciamientos de la jurisprudencia al respecto de la legalidad de los baremos específicos que se han sometido a su enjuiciamiento, ya que nos proporcionan unas claves esenciales, de considerable relevancia para interpretar y concretar los principios generales derivados de las normas vigentes.
Sobre la base de los principios constitucionales citados y la normativa y la jurisprudencia emitida, es posible enunciar unos principios que sirvan para fundamentar la corrección de los criterios y de los concretos méritos que pudieran aprobarse a partir de aquellos. Igualmente estos principios que a continuación se exponen sirven para admitir la aprobación de aquéllos méritos que, sin encajar exactamente con los propuestos por el Colegio, pueden ser admitidos ya que la coherencia con dichos principios comportaría entenderlos igualmente aptos para ser utilizados en un concurso competitivo de provisión de puestos.
Los principios a tener en cuenta y asentados sobre los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, conformando todos ellos la razón de ser de los criterios orientadores que acto seguido se formulan, son los siguientes:
1.- Principio de objetividad
La fijación de cualquier mérito específico debe partir de algún referente jurídico (norma, principio o criterio) que a su vez engarce con los ejes de mérito y capacidad como soportes del sistema de provisión, sin que sean admisibles méritos asentados meramente sobre elementos subjetivos que no encajen con los ejes mencionados.
Se deberán evitar referencias tan individualizadas o particularizadas o con precisiones tan específicas, que resulten difícilmente conciliables con las condiciones de generalidad y abstracción que deben reunir las convocatorias para la provisión de los puestos públicos, y ello con el fin de que resulten compatibles con los principios de objetividad, imparcialidad, igualdad, mérito y capacidad.
Se utilizarán preferentemente criterios evaluables de forma automática por aplicación de una ponderación predeterminada, evitando la utilización de méritos cuya cuantificación dependa del juicio de valor del tribunal.
2.- Principio de aptitud
La introducción de méritos específicos debe relacionarse con la tenencia de conocimientos de las disciplinas jurídicas o de aquéllas otras que son objeto de aplicación práctica en el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo convocado, con el fin de que el ocupante del puesto alcance una mayor idoneidad, en términos de conocimiento jurídico, respecto del resto de aspirantes.
Las referencias a la formación, especialización o experiencia en materias determinadas, deberán estar motivadas exclusivamente por su relación directa con las características del municipio y con las funciones propias del puesto.
3.- Principio de motivación
La discrecionalidad en la fijación de un mérito u otro conduce a la exigencia de que se indique la razón de la elección del correspondiente mérito específico como elemento de baremación en los casos en que dicho mérito no sea concretamente alguno de los fijados expresamente en la normativa como mérito objeto de posible valoración en los concursos ordinarios. Se trata, en estos casos de inclusión de méritos muy concretos, de que se aprecie la relación entre el mérito establecido y el puesto y función a desarrollar.
La aprobación de los méritos específicos, en cuanto supone el ejercicio de facultades discrecionales, deberá realizarse mediante acto administrativo motivado, en el que se justifique su directa relación con las características del puesto de trabajo y las funciones correspondientes, y su necesidad para garantizar la idoneidad del candidato para su desempeño.
Para garantizar el carácter objetivo e imparcial de los méritos específicos y su relación directa con el puesto, se deberán incorporar a la relación de puestos de trabajo de la entidad local correspondiente, y en caso de no existir ésta, se precisará de un acuerdo de Pleno al respecto acompañado de la publicidad suficiente que haga posible su conocimiento. Por ello, cuando las entidades locales que cuenten en su plantilla con puestos de funcionarios con habilitación estatal, aprueben sus relaciones de puestos de trabajo, deberán incorporar en la configuración de dichos puestos, los méritos específicos correspondientes, sin necesidad de que dichas plazas se encuentren vacantes, cumpliendo de esta manera, lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1732/1994.
4.- Principio de razonabilidad
La inclusión de un mérito debe realizarse de tal manera que supere un juicio de razonabilidad en el sentido de que con la motivación su inclusión se evidencie que su previsión responde a criterios ciertos, comprobables y de aplicación ordinaria en el ámbito jurídico y relacionados con el mejor desarrollo del puesto de trabajo convocado.
5.- Principio de generalidad
El mérito específico de que se trate debe ser uno que cualquiera de los aspirantes pudo o haya podido obtener al menos potencialmente en su itinerario profesional o académico, entendiéndose que con esta llamada a la generalidad se impide la inclusión de méritos únicos e indivisibles que sólo alguien ostente sin que los demás hayan podido al menos competir o utilizar los medios para obtenerlo.
No se podrán valorar aquellos méritos o circunstancias que sólo han estado al alcance de algún funcionario determinado, como el desempeño de puestos o cargos en Administraciones Públicas mediante nombramientos no sujetos a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
6.- Principio de conocimiento previo de los méritos y accesibilidad a la información necesaria
Este principio incluye no sólo el cumplimiento del mandato legal de que se anuncien debidamente las convocatorias y trámites del procedimiento sino que se refiere también a impedir cambios sobrevenidos de méritos acordados in itinere por razón de alguna impugnación o requerimiento, abarcando también estos principios que se facilite el medio y lugar donde los concursantes pueden obtener la información necesaria para configurar el soporte documental que permita presentar la tenencia de un determinado mérito.
Asimismo desde la óptica del principio de seguridad jurídica y su relación con el principio de igualdad, si el Pleno de la Entidad Local ha aprobado unos méritos y la Conselleria competente o la Delegación de Gobierno requiere la anulación de algún mérito o se impugna en vía administrativa por quién esté legitimado para ello, no se considera compatible con los principios citados proceder simplemente a sustituir un mérito por otro mérito distinto continuando el procedimiento, ya que ocurriría en ese caso que el nuevo mérito no se incluyó en su momento en la Relación de Puestos de Trabajo o en el acuerdo de Pleno sustitutivo, por lo que no tenía en origen la condición de mérito específico para el puesto de trabajo sin poderse admitir una inclusión sobrevenida de nuevos méritos para sustituir a otros. Tampoco se podrá proceder a suprimir sin más los méritos objeto de impugnación y dar continuidad al procedimiento, debiéndose, en tales casos, ajustar a la legalidad aquellos procedimientos que por la inclusión de algún mérito hayan sido objeto de requerimiento o impugnación, efectuando una nueva convocatoria con una previsión de méritos ajustada a la legalidad.
7.- Principio de pluralidad
Se entiende que el sistema de provisión de puestos debe ejecutarse mediante un concurso que se establece normativamente como concurso de méritos (en plural) donde cabe introducir, según igualmente establece la norma, unos méritos (también en plural) específicos, por lo que la inclusión de un solo mérito específico agotando al máximo o casi al máximo el total de puntos que pueden ostentar los méritos específicos de determinación local, desnaturaliza la esencia de un concurso de méritos donde se debe permitir la concurrencia competitiva con el fin de que el ocupante del puesto resulte verdaderamente el más idóneo en relación con otros aspirantes por tener mayores méritos en global y no por la ostentación de uno solo, sin que sea coherente con el sistema de provisión canalizado mediante concursos de méritos el hecho de establecer sólo un mérito que acapare el total de puntos máximos que corresponde determinar a la entidad local, porque de lo contrario (si sólo se establece un mérito o varios pero uno de ellos ostenta casi el total de la puntuación) podría comúnmente suceder que el adjudicatario del puesto no sea el más idóneo (y por tanto el más capaz y apto) por ostentar más méritos que los demás sino aquél que ostente el “mérito” que la entidad local haya determinado como único o como materialmente determinante de la adjudicación, desnaturalizando lo que en definitiva es un concurso donde se valoran varios méritos.
8.- Principio de proporcionalidad
La asignación de puntuación a los méritos de un concurso debe realizarse de una manera proporcional sin que exista una diferencia de puntos extremadamente significativa a favor de un mérito que lo convierta en la práctica en el único decisorio entre todos los demás, pretendiéndose evitar que a alguno de los méritos se le asigne tal puntuación que haga insignificante la concurrencia de otros, porque con ello ocurriría que el concurso, que pretende en esencia que se elija al candidato más idóneo por ostentar más méritos, se traduciría, en los términos antes explicados, en un sistema donde la sola tenencia de un mérito sería lo determinante, por lo que se debe tender a la homogeneidad en la asignación de puntuación a los méritos, con la precisión que la proporción pretendida no debe entenderse necesariamente como matemática y absoluta sino que la homogeneidad en la asignación de puntuación debe entenderse como modulable en el sentido de que, ante una pluralidad variada de méritos de diversa naturaleza, la puntuación de los méritos debe ser acorde (proporcional) con la mayor objetividad y razonabilidad y con la mejor posibilidad de elección del aspirante más apto, por lo que se entiende que la inclusión de méritos estandarizados de aplicación común en los concursos, citados en la normativa, o de aquéllos vinculados a la selección del aspirante con mayor aptitud o ostentación de mayores conocimientos de las disciplinas y áreas del saber aplicables en el ejercicio del puesto convocado (titulación, formación etc), debe contar con una mayor puntuación que la asignada a otros méritos tales como los conocimientos idiomáticos, que sin dejar de ser perfectamente valorables no pueden serlo tanto como los asociados a la experiencia en la Función Pública, el grado de formación en ese ámbito o el nivel de titulación o de conocimientos.
Así las cosas la determinación de la puntuación atribuida a los distintos méritos, así como los criterios utilizados para su ponderación, deberá ser adecuada a las características del puesto y proporcionada a la importancia del mérito, huyendo de sistemas de puntuación por criterios dispares, no convencionales o injustificados, evitando la valoración excesiva de un mérito determinado respecto de los demás de forma que por sí mismo pueda resultar determinante, y equilibrando la puntuación atribuida a los diferentes méritos.
Sobre la base de los razonamientos expuestos en la exposición de motivos que antecede, se pueden considerar coherentes con los principios de igualdad, mérito y capacidad así como con el resto de los principios derivados de éstos antes enunciados, los siguientes criterios de configuración y orientación en la asignación de puntuación de méritos específicos, cuya fijación en concreto deberá, sin perjuicio de encajar con los criterios que a continuación se exponen, respetar también y en todo caso las exigencias y condiciones que fije la normativa vigente, que se impone sobre cualesquiera criterios orientativos en caso de contradicción entre aquélla y éstos.
Se considera viable la introducción de méritos vinculados con la experiencia en el ejercicio de funciones propias de la habilitación de carácter estatal siempre que se refieran a la categoría o, en su defecto, subescala que se corresponda con la del puesto convocado, sin que se entienda razonable valorar la experiencia ni en categorías ni en subescalas superiores o inferiores en el caso de que para el acceso a una categoría o subescala no sea necesario haber estado en la inferior.
La introducción de referentes de población vinculados a la ostentación de experiencia debe circunscribirse a los tramos de población que se correspondan con la categoría o, en su defecto, subescala donde se encuadre el puesto a convocar. Igualmente la introducción de referentes presupuestarios no debe ser casuística ni referida a cifras concretas sino a los parámetros y márgenes propios de los presupuestos de municipios pertenecientes a la misma categoría o, en su defecto, subescala en la que se encuadra el puesto convocado, siendo este mérito de determinación presupuestaria tan concreto que implica entenderlo viable sólo con carácter excepcional, verdaderamente motivado y con una asignación de puntuación meramente residual respecto de los demás méritos.
La inclusión de méritos por experiencia en el ejercicio de cargos o puestos se referirá, en línea de principio, a puestos cuyo desempeño pueda corresponder a los funcionarios con habilitación estatal. Será residual y excepcional la valoración del desempeño de puestos o cargos distintos a los propios de la habilitación estatal o ejercidos en otros entes del sector público, y para que ello se pueda valorar siempre ha de acreditarse la relación entre las funciones del puesto ejercido y las funciones asociadas al puesto convocado en el concurso ordinario, sirviendo como referente probatorio de dicho requisito la especificación de funciones que pueda constar en la Relación de Puestos de Trabajo o en documento análogo vinculado a la determinación de las funciones y tareas asignadas a los puestos de una determinada entidad local.
La superación de cursos será perfectamente objeto de valoración como mérito específico siempre que se trate de materias relacionadas con las funciones a ejercitar en el puesto convocado y se adecue a las exigencias legales referidas a órganos y entidades de impartición u homologación, duración mínima y demás aspectos que se fijen normativamente.
Se podrán valorar sólo las actividades formativas realizadas para la formación y perfeccionamiento que hayan sido impartidas u homologadas por el Instituto Valenciano de Administración Pública, Universidades y órganos adscritos a las distintas Conselleries u otras administraciones públicas dedicados a la formación y perfeccionamiento de sus empleados públicos, estableciendo el baremo correspondiente su duración, nunca inferior a quince horas, y la puntuación ponderada atribuible a cada curso en función de su duración.
El establecimiento de la tenencia de cursos como mérito comprenderá los cursos que se refieran de forma genérica a determinadas materias o disciplinas relacionadas con las funciones propias del puesto a cubrir, y en ningún caso a un curso o acción formativa concreta.
El establecimiento de referencias al ámbito temporal de realización de los cursos como condición para ser puntuados, respetará la vigencia que para su cómputo como mérito se establezca legal o reglamentariamente, y a falta de criterio normativo al respecto no se podrá condicionar la valoración de los cursos a ningún referente temporal.
La ostentación de titulaciones universitarias entendidas en un sentido amplio en cuanto a su variedad (doctorados, másteres, licenciaturas, diplomaturas, etc.) y denominación (Licenciatura, grado, postgrado, etc.) pueden hacerse valer como mérito específico siempre que se trate de estudios completos que den lugar a la obtención de una titulación académica reconocida (no se valorará tener aprobadas asignaturas sueltas o un número de créditos insuficientes para completar una titulación reconocida), cursados en ente público u homologado y referidos a disciplinas o áreas del saber relacionadas con el ejercicio del puesto convocado. En este sentido se entiende que la consecución de títulos que se adicionen al mínimo que permitió acceder a la subescala correspondiente así como el rendimiento académico derivado de cualquiera de ellos configuran un mérito de aptitud y demostrativo de un mejor y mayor conocimiento de las disciplinas jurídicas o otras áreas del saber aplicables en el ejercicio del puesto.
La autoría, coautoría o colaboración en la redacción de artículos doctrinales, manuales, monografías u otros textos se entiende como mérito a valorar siempre que se refiera a materias objeto de aplicación en el desempeño de las funciones del puesto convocado y se publiquen por editoriales autorizadas y con un ámbito de difusión autonómico o superior.
La acreditación oficial de conocimientos del valencià puede ser objeto de valoración como mérito específico en todos sus niveles y con una asignación de puntuación que valore al alza el mayor conocimiento comparativamente sobre el de los niveles inferiores.
No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior.
La consideración como méritos del conocimiento de otras lenguas oficiales en la Unión Europea será excepcional, justificada en una inscripción patronal en el ente local convocante de un considerable número de personas que tengan como propia la lengua a valorar, y deberá, en todo caso, tener asignada una puntuación totalmente residual respecto de la atribuida a otros méritos.
6.- Otros méritos
No siendo estos criterios un cuerpo cerrado, es posible la inclusión de otros méritos si bien su fijación deberá responder a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y a los demás principios derivados de éstos, superando cualquier examen de legalidad que pudiere realizarse sobre ellos. No se entienden viables por tener naturaleza más de prueba que de mérito para una provisión de puestos, la presentación de memorias o la elaboración de trabajos o informes sobre temas determinados.
La impartición de cursos podrá ser objeto de valoración siempre que se trate de materias relacionadas con las funciones a ejercitar en el puesto convocado y se adecue a las exigencias legales referidas a órganos y entidades de impartición u homologación, duración mínima y demás aspectos que se fijen normativamente.
La convocatoria podrá prever la celebración de una entrevista a los solos efectos de la concreción de los méritos específicos aportados por los concursantes y se efectuará sólo si el Tribunal lo estima necesario, sin que en ningún caso sirva para otorgar por si ninguna puntuación. A los efectos de la celebración de la entrevista con fines únicamente de concreción de la tenencia de los méritos, se notificará a los concursantes afectados la fecha, hora y lugar de celebración y se deberán establecer las previsiones para el pago de los gastos de desplazamiento que se originen con la entrevista, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre indemnizaciones por razón de servicio.
ANEXO: Se adjunta la circular 1/2012 de la DGAL, publicada en CIVIS, sobre el concurso ordinario de 2012. La circular destaca especialmente la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en relación con los puestos de obligada inclusión en el concurso, así como las novedades derivadas de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la C.V. Incluye también el mismo modelo de bases de la última circular publicada en 2009.
circular-2012.pdf (193 KB)
Anuncio BOP.pdf (210 KB)

References: resolución 
 resolución 
 artículo 78
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 17
 Real Decreto