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Timestamp: 2017-12-16 03:27:17+00:00

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Obligaciones generales en materia de DDHH | Gonzalez Cancino
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Obligaciones generales en materia de DDHH	GC	2017-06-01T02:15:23+00:00
Obligaciones generales en materia de derechos humanos
Obligación de promover los derechos humanos
Obligación de adecuar el derecho interno para hacer efectivos los derechos humanos
Obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos
Obligación de sancionar a los responsables de violar derechos humanos
Obligación de repara las violaciones de derechos humanos
Obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos
Las obligaciones que se verán en este apartado son generales en dos sentidos: en primer lugar, resultan aplicables a todos los derechos humanos y, en segundo, están a cargo de todas las autoridades.
La primera obligación general que se estudiará es la de promover los derechos humanos.
Esta obligación tiene fundamento en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue incorporada en la reforma constitucional de junio de 2011, y dice que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Esta obligación aún no cuenta con desarrollo interpretativo por parte del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, a efecto de identificar sus implicaciones, se recurre a una interpretación gramatical y, para ello, se citan las acepciones de la palabra, establecidas en el Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2014).
1. tr. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.
2. tr. Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al que tenía.
3. tr. Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo.
Es importante mencionar que esta obligación fue impuesta a todas las autoridades y cada una de ellas debe darle cumplimiento atendiendo a su competencia específica. Por ejemplo, las leyes que expida el Poder Legislativo tienen que cumplir con este requisito, al igual que las sentencias y los procedimientos del Poder Judicial.
Esta obligación general aplicada en el contexto del juicio de amparo puede servir, entre otras cosas, para:
remover obstáculos procesales que dificulten el acceso a la justicia,
admitir demandas de amparo en las que resulta dudosa la procedencia y
legislar de tal forma que se facilite el acceso a los quejosos y se remuevan los obstáculos que resulten excesivos en la administración de justicia.
La obligación general de respetar los derechos humanos tiene varios fundamentos jurídicos. Uno de ellos es la propia Constitución, la cual establece dicha obligación en el artículo 1º tercer párrafo: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Son varios los tratados internacionales que contemplan la obligación de respetar los derechos humanos. Entre ellos se pueden mencionar los que a continuación se exponen.
Para identificar más tratados internacionales que contemplen la obligación de respetar los derechos humanos, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial el concepto de Obligación respetar los derechos humanos.
Respecto de la obligación de respetar los derechos humanos, existe un desarrollo jurisprudencial importante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A continuación se citan algunos de los criterios más relevantes:
Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras. Sentencia de 7 junio 2003. Serie C No. 99:
110. En segundo lugar, al existir un patrón de ejecuciones extrajudiciales toleradas e impulsadas por el Estado, éste generó un clima incompatible con una efectiva protección del derecho a la vida. Como lo ha señalado esta Corte, el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal, y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía y a sus fuerzas armadas.
Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72:
178. La Corte ha establecido que
Caso Gutiérrez Soler vs Colombia. Sentencia de 12 de Septiembre de 2005. Serie C 132.
54. La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.
Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C 147.
80. En primer lugar, el Tribunal estima pertinente referirse a las obligaciones que impone dicho tratado a los Estados Partes. En este sentido, la Corte ha establecido que la responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar –garantizar– las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos ahí consagrados en toda circunstancia y respecto de todas las personas bajo su jurisdicción, recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador, 22 de noviembre de 2007. Serie C. NO. 171.
Por su parte el Comité de Derechos Humanos ha indicado, en su Observación General número 31, lo siguiente respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
3. En el artículo 2 se define el alcance de las obligaciones jurídicas contraídas por los Estados Parte en el Pacto. Se impone a los Estados Parte la obligación general de respetar los derechos reconocidos en el Pacto y de garantizar su disfrute a todos los individuos que se hallen en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción (véase el párrafo 10 infra). Con arreglo al principio expuesto en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los Estados Parte deben cumplir de buena fe las obligaciones que les impone el Pacto.
4. Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango —nacional, regional o local — están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte. El poder ejecutivo que por lo común representa al Estado Parte en el plano internacional, señaladamente ante el Comité, no puede aducir el hecho de que un acto incompatible con una disposición del Pacto ha sido realizado por otro poder público para tratar de liberar al Estado Parte de responsabilidad por el acto y de la consiguiente incompatibilidad. Esta interpretación se desprende directamente del principio enunciado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en virtud del cual un Estado Parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Si bien el párrafo 2 del artículo 2 permite que los Estados Parte hagan efectivos los derechos reconocidos en el Pacto con arreglo a los procedimientos constitucionales internos, se desprende del mismo principio que los Estados Parte no pueden invocar las disposiciones de su derecho constitucional ni otros elementos del derecho interno para justificar el incumplimiento o la inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud del tratado. A este respecto, el Comité recuerda a los Estados Parte de estructura federal lo estipulado en el artículo 50, en virtud del cual las disposiciones del Pacto “serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna”.
5. La obligación estipulada en el párrafo 1 del artículo 2 de que se respeten y hagan efectivos los derechos reconocidos en el Pacto es de efecto inmediato para todos los Estados Parte. El párrafo 2 del artículo 2 proporciona el marco general dentro del cual se han de promover y proteger los derechos especificados en el Pacto. En consecuencia, el Comité ha indicado, en su Observación general No. 24, que será incompatible con el Pacto toda reserva al artículo 2 habida cuenta de sus objetos y fines.
6. La obligación jurídica dimanante del párrafo 1 del artículo 2 tiene un carácter a la vez negativo y positivo. Los Estados Parte deben abstenerse de violar los derechos reconocidos en el Pacto y la limitación de cualquiera de estos derechos se permitirá con arreglo a las disposiciones aplicables del Pacto. En los casos en que se apliquen tales restricciones, los Estados deberán demostrar su necesidad y sólo podrán tomar las medidas que guarden proporción con el logro de objetivos legítimos a fin de garantizar una protección permanente y efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto. En ningún caso podrán aplicarse o invocarse las restricciones de manera que menoscaben el elemento esencial de un derecho reconocido en el Pacto.
Para identificar más disposiciones o criterios interpretativos relativos a este punto, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial el concepto de Obligación respetar los derechos humanos.
Implicaciones para el amparo
Como se ha visto, la obligación de respetar los derechos humanos está a cargo de toda autoridad estatal, incluidos los tribunales de amparo. Esta tiene, entre otros efectos, el de compeler al juez de amparo a llevar a cabo tanto conductas positivas como conductas negativas que sean necesarias para realizar el objeto específico de cada derecho humano.
Obligación de proteger los derechos humanos
La obligación de proteger los derechos humanos tiene fundamento en el artículo 1º constitucional.
Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dado al término proteger un desarrollo jurisprudencial importante, entre otras cosas porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos emplea los términos “respetar y garantizar”.
Es por lo anterior que se recurre a una definición gramatical para desentrañar los alcances de esta obligación.
Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2014):
Según se desprende de la definición, proteger los derechos humanos implica defenderlos. En ese sentido la defensa puede entenderse en dos perspectivas: una preventiva, ya que la definición alude a peligro y un peligro es un riesgo o contingencia inminente (Real Academia Española, 2014), y la otra reactiva, es decir, que tiene lugar una vez producida la afectación del derecho humano.
Estas dimensiones preventivas y reactivas de la defensa de los derechos humanos se encuentran reflejadas en el siguiente criterio de la Corte Interamericana (Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, 2004):
114. Este Tribunal ya ha tenido la oportunidad de aplicar y declarar la responsabilidad de un Estado por la violación de la Convención Interamericana contra la Tortura. En el presente caso, ejercerá su competencia material para aplicar dicha Convención, que entró en vigor el 28 de febrero de 1987, y fue ratificada por el Perú el 28 de marzo de 1991. Los artículos 1, 6 y 9 de dicho tratado obligan a los Estados partes a tomar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción.
Dentro de los efectos de la obligación de proteger los derechos humanos en el contexto del juicio de amparo, se pueden mencionar:
revisar de oficio la constitucionalidad del acto reclamado,
admitir demandas de amparo contra actos inminentes.
La obligación de garantizar los derechos humanos tiene fundamento en el artículo 1º constitucional: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Dentro de los tratados internacionales que contemplan la obligación de garantizar los derechos humanos, se encuentran los siguientes:
En relación a la obligación de garantizar los derechos humanos, la Corte Interamericana ha emitido criterios jurisprudenciales. A continuación se citan algunos de ellos:
Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No.99:
142. La Corte considera, con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Lo anterior se impone independientemente de que los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.
123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana .
Caso García Prieto y otros vs Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 168:
Caso Boyce y otros vs Barbados. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C, No. 169:
69. La Corte ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que todo Estado Parte de la Convención “ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención”. También ha afirmado que los Estados, en el cumplimiento del deber general de respetar y garantizar los derechos, “deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental”. Es decir, conforme al artículo 2 de la Convención Americana, los Estados no sólo tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Estas obligaciones son una consecuencia natural de la ratificación de la Convención Americana por parte del Estado.
De los criterios jurisprudenciales se desprende que la obligación de garantizar los derechos humanos implica la realización de todo acto que prevenga las violaciones a los derechos, así como la restauración de los mismos.
Igualmente la obligación de garantizar implica proteger a los titulares de las afectaciones provenientes de otros particulares y de órganos estatales.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado en su Observación General número 31 lo siguiente, respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
8. Las obligaciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 2 tienen fuerza vinculante para los Estados Parte y, en estas condiciones, no tienen un efecto horizontal directo como elemento del derecho internacional. No cabe considerar que el Pacto es supletorio del derecho penal o civil interno. Sin embargo, sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas.
Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado. Se recuerda a los Estados la relación existente entre las obligaciones positivas impuestas en virtud del artículo 2 y la necesidad de proporcionar recursos eficaces en caso de violarse lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2.
En algunos artículos del propio Pacto se especifican determinadas esferas en las que se imponen a los Estados Parte obligaciones positivas de ocuparse de las actividades de particulares o entidades. Por ejemplo, las garantías relativas a la vida privada que figuran en el artículo 17 han de estar consignadas en disposiciones legislativas. Está también implícito en el artículo 7 que los Estados Parte deben tomar medidas positivas para impedir que particulares o entidades inflijan torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas que estén en su poder. En las esferas relacionadas con los aspectos básicos de la vida corriente, entre ellos el trabajo y la vivienda, debe protegerse a los individuos contra la discriminación en el sentido del artículo 26.
15[…] El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa del Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares o el efecto de la interpretación del Pacto en la aplicación de la legislación nacional.
Para identificar más disposiciones relativas a este punto se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial, el concepto de Obligación garantizar los derechos humanos
Dentro de los efectos de la obligación de garantizar los derechos humanos en el contexto del juicio de amparo, se pueden mencionar:
ejercer el control de convencionalidad realizando una interpretación conforme con el tratado internacional que contempla el derecho humanos en cuestión,
ejercer el control de convencionalidad inaplicando la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que vuelva a tener vigencia el principio pro persona del artículo 1º constitucional,
admitir demandas de amparo en contra de particulares,
admitir demandas de amparo en contra de actos inminentes,
desaplicar disposiciones de la ley de amparo que restrinjan derechos humanos,
desaplicar jurisprudencias que restrinjan derechos humanos y,
ante la omisión legislativa, los jueces pueden aplicar directamente las disposiciones constitucionales o convencionales que contemplen los derechos humanos y sus garantías.
Artículo 2…
Artículo 26. “PACTA SUNT SERVANDA”
Artículo 27. EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Para identificar más disposiciones que contemplen la obligación de adecuar el derecho interno, se sugiere visitar el Catálogo de Derechos Humanos y consultar el concepto de Obligación adecuar el derecho interno (adoptar medidas legislativas y otras prácticas)
Caso Cesti Hurtado vs Perú. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C, No. 56:
Caso Gómez Palomino vs Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 136:
91. El deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana para garantizar los derechos en ella consagrados incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, así como la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías previstas en la Convención. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para lo cual el Estado debe adaptar su actuación a la normativa de protección de la Convención.
Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154:
125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
14. La obligación consignada en el párrafo 2 del artículo 2 de que se adopten medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto no admite reservas y es inmediata. No se puede justificar el incumplimiento de esta obligación haciendo referencia a consideraciones de carácter político, social, cultural o económico dentro del Estado.
En caso de que el lector quiera conocer más disposiciones y criterios interpretativos en relación a la obligación de adecuar el derecho interno, se sugiere visitar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial los conceptos de Obligación adecuar el derecho interno (adoptar medidas legislativas y otras prácticas) y de Obligación adoptar medidas de cualquier carácter (efectividad de derechos humanos)
De acuerdo con lo que se desprende de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de adecuar el derecho interno incluye tanto conductas positivas como negativas. Asimismo, incluye medidas legislativas y de cualquier otro carácter que resulten necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.
Dentro de los efectos de la obligación de adecuar el derecho interno en el contexto del juicio de amparo, se pueden mencionar:
realizar las reformas legislativas y constitucionales necesarias para cumplir con los derechos humanos,
desaplicar disposiciones (leyes y jurisprudencias, entre otras) que resulten incompatibles con los derechos humanos,
ante la omisión legislativa, los jueces pueden aplicar directamente los derechos humanos y garantías del tratado internacional en el caso concreto.
emplear la técnica de la interpretación conforme para brindarle al quejoso la mayor protección posible,
aplicar los artículos de la anterior ley de amparo que resulten más benéficos para el quejoso.
Como se vio anteriormente, la obligación de adecuar el derecho implica evitar que se supriman las disposiciones que protegen los derechos humanos. Esto es relevante en virtud de que, para conocer el derecho aplicable al juicio de amparo, no es suficiente haber revisado la Ley de Amparo publicada el 2 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, sino también hay que familiarizarse con la ley anterior, en virtud de que pueden existir en ella preceptos que si otorgan al quejoso una protección que la ley actual no.
A manera de ejemplo se cita el artículo 114 de la anterior Ley de Amparo, el cual, en la fracción III, contemplaba la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que aprobaba o desaprobaba el remate.
[…] III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben […]
Por su parte, la nueva Ley de Amparo suprimió esta disposición y hace esperar injustificadamente al quejoso hasta la orden de escrituración y entrega del bien rematado, para poder acceder al juicio de amparo indirecto:
V. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior […]
La obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos tiene fundamento expreso en el artículo 1º constitucional:
Artículo 1º […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
La obligación de prevenir violaciones de derechos humanos se encuentra implícita en la obligación de garantizar los derechos humanos.
En relación a la prevención de violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:
110. La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.
Caso Castillo González y otros vs Venezuela. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C, No. 256:
122. […] cabe tener presente que la Corte ha señalado que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos; que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él ; que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), y que esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas . La Corte igualmente ha afirmado que, en razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones. Asimismo, la Corte ha dicho que, al igual que el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Para identificar más disposiciones que contemplen la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos, se sugiere visitar el Catálogo de Derechos Humanos y consultar los conceptos de Obligación prevenir recurrencia de violaciones a derechos humanos, Obligación prevenir violaciones derechos humanos y Obligación prevenir y sancionar la tortura.
Dentro de los efectos de la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, se pueden mencionar:
otorgar medidas precautorias que mantengan al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos.
La obligación de investigar violaciones a los derechos humanos tiene fundamento expreso en el artículo 1º constitucional:
Artículo 1º… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
La obligación de investigar las violaciones de derechos humanos se encuentra implícita en la obligación de garantizar los derechos humanos. Incluso así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se aprecia a continuación:
122. En relación con lo reseñado precedentemente, cabe tener presente que la Corte ha señalado que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos; que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él ; que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), y que esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas . La Corte igualmente ha afirmado que, en razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones. Asimismo, la Corte ha dicho que, al igual que el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Caso Contreras y otros vs El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C, No. 232:
128. […] Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado- como individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares- . En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad.
Dentro de los efectos de la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, se pueden mencionar:
el tribunal de amparo debe coadyuvar con el quejoso para recabar los medios probatorios que acrediten la realización del acto reclamado,
el legislador debe permitir el desahogo de una diversidad amplia de medios probatorios para acreditar la realización del acto reclamado.
Para conocer más criterios interpretativos al respecto, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial el concepto de Obligación investigar violaciones de derechos humanos.
Fundamento jurídico constitucional:
La obligación de sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos tiene fundamento expreso en el artículo 1º constitucional:
La obligación de sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos tiene fundamento en los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus equivalentes en otros tratados, por ejemplo los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En relación con la obligación de sancionar a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha determinado lo siguiente:
Caso Gutiérrez Soler vs Colombia. Sentencia de 12 de Septiembre de 2005. Serie C 132:
Para conocer más criterios interpretativos al respecto, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial los conceptos de Obligación prevenir y sancionar la tortura y Obligación sancionar a las autoridades responsables de violaciones de derechos humanos.
Obligación de reparar las violaciones de derechos humanos
La obligación de reparar las violaciones de derechos humanos se encuentra implícita en la obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. El siguiente criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refleja lo anterior:
Los siguientes criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrollan más en qué consiste la reparación de un derecho humano:
Caso Bulacio vs Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C, No. 100:
70. […] Este Tribunal ha reiterado, en su jurisprudencia constante, que es un principio de Derecho Internacional que toda violación a una obligación internacional que haya causado un daño genera una nueva obligación: reparar adecuadamente el daño causado.
Caso de la Masacre de la Rochela vs Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No.163:
219. En los casos de la Masacre de Mapiripán, la Masacre de Pueblo Bello y las Masacres de Ituango, los tres contra Colombia, la Corte estimó que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. El Tribunal señaló que las indemnizaciones dispuestas en los procesos contencioso administrativos podían ser consideradas al momento de fijar las reparaciones pertinentes, “a condición de que lo resuelto en esos procesos haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso”.
220. La Corte ha señalado que en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es propio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación en el derecho interno, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios. De tal manera, en los términos de la obligación de reparación integral que surge como consecuencia de una violación de la Convención (infra párr. 226), el proceso contencioso administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación.
Caso Mohamed vs Argentina. Sentencia de 23 de noviembre de 2012. Serie C, No. 255:
141. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará otras medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por tanto, en el presente caso la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de garantizar el derecho conculcado y resarcir los daños de manera integral.
Cabe destacar que el simple hecho de determinar la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado y la culpabilidad de la autoridad responsable constituye una forma de reparación, según se aprecia en el siguiente criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C, No. 212.
206. El Tribunal reitera que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención [231], lo cual constituye una forma de reparación.
Por su parte, en su Observación General número 31, el Comité de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Dentro de las implicaciones de la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos para el juicio de amparo, se pueden mencionar:
resolver el fondo de las demandas de amparo que reclamen actos consumados en forma irreparable,
dictar medidas que garanticen la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición necesarias para el quejoso.
Para conocer más disposiciones relativas a la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial los conceptos de Derecho reparación ante violaciones derechos humanos y de Obligación reparar integralmente una violación de derechos humanos.
La obligación de evitar reincidencias en las violaciones a los derechos humanos se encuentra implícita en la de garantizar los derechos humanos y en la de prevenir violaciones de derechos humanos del artículo 1º constitucional:
Las garantías de no repetición forman parte de una reparación integral y adecuada. A su vez, la obligación de reparar integralmente una violación de derechos humanos se encuentra implícita en la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Los siguientes criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirman lo anterior.
Por su parte, en su Observación General número 31, el Comité de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Para conocer más disposiciones relativas a la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos, en especial los conceptos de Obligación garantizar los derechos humanos y de Obligación reparar integralmente una violación de derechos humanos.
Dentro de las implicaciones de la obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos, se pueden mencionar:
facultar a los tribunales de amparo con medidas de apremio efectivas,
tipificar las reincidencias como delitos.
Estas son algunas de las obligaciones generales en materia de derechos humanos. Si bien existen más, aquí solamente se abordaron las más relevantes para el curso. Con el objeto de conocer más obligaciones en materia de derechos humanos, se sugiere consultar el Catálogo de Derechos Humanos.
A continuación se abordarán los principios aplicables en materia de derechos humanos.

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