Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2012/44/1/
Timestamp: 2019-10-18 11:34:16+00:00

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Diario de Sesiones 44/2012, de fecha 21/6/2012 - Punto 1 - Parlamento de Canarias
DS 44/2012 (21/jun/2012)
Diario de Sesiones 44/2012, de fecha 21/6/2012 - Punto 1
· 8L/PL-0005 Informe de ponencia. De la ponencia designada para el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.
El señor presidente: Comienza la sesión para debatir el informe de la ponencia relativo al proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.
Según el escrito o los escritos recibidos, se mantienen para debate aquí, en el informe de la ponencia, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Les iremos explicando cómo se va a desarrollar el debate, toda vez que el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una propuesta de agrupar distintos bloques de enmiendas.
El primer bloque de enmiendas, que trata de la reducción de las retribuciones de los empleados públicos y la reducción de gastos del Capítulo I, son unas enmiendas, la número 67 a la 72, inclusive -67 a 72-.
Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra don Román Rodríguez.
En esta segunda sesión del Parlamento discutimos una ley relevante por las decisiones que toma en relación a la estructura organizativa de nuestra comunidad, a los derechos, a la modificación, a la restricción de derechos de los empleados públicos y también porque se hace una sensible modificación de la estructura fiscal y del incremento de impuestos.
Saben ustedes que presentamos una enmienda a la totalidad desde el Grupo Mixto -desde Nueva Canarias y el PIL- justamente por nuestras diferencias en las formas y en el fondo de este texto legal y, consecuentemente, presentamos también enmiendas parciales. Siendo conscientes de que esta ley para nosotros no tiene remedio, pero nuestras enmiendas están destinadas a paliar, a mejorar, los contenidos de una ley que nosotros rechazamos en el fondo y en las formas, como explicitamos aquí en el anterior Pleno en el que se vieron las enmiendas a la totalidad.
Mantenemos vivas, por lo tanto, para el debate de hoy 24 enmiendas parciales, referidas a los dos grandes bloques que contiene este texto legal, las referidas como libro administrativo y las referidas al sector, digamos, de la fiscalidad.
En esta primera intervención agrupamos las enmiendas de la 67 a la 72, que están referidas a una de las decisiones más polémicas y yo creo que más injustas de esta ley, que es la reducción salarial de los empleados públicos y, aunque no tengamos enmiendas precisas porque es casi imposible técnicamente, a la reducción del Capítulo I del sector público de nuestra comunidad en 113 millones añadidos, y que representará, en base a nuestros cálculos, la destrucción de más de 3.000 empleos de aquí a final de año en los servicios esenciales, porque ahí se concentra la mayoría del Capítulo I.
De forma que en este bloque de enmiendas lo que decimos es que nos parece que el Gobierno ha tomado el camino fácil de recortar en el Capítulo I y además de manera lineal. No podemos estar de acuerdo porque sostenemos, primero, que hay otros caminos, otras oportunidades: la organización, la gestión, la evitación de gastos innecesarios. Y en cualquier caso, si se tuviera que llegar a esta circunstancia de rebaja del salario, esta se tiene que hacer de manera pactada y se tiene que hacer además de forma progresiva.
He de decirles que en el repaso que he hecho de los planes económico-financieros del conjunto de las comunidades encabezamos los recortes en Capítulo I, esta comunidad, porque no solo hay que referirse a los 109 millones que representan una reducción de la masa salarial de los empleados públicos del 5% en este ejercicio, del 10% de aquí a final de año, sino que hay otros 113 millones de euros, muy importante, más que 109, que vendrán a soportar la destrucción de al menos 3.200 empleos netos de nuestra comunidad, por la vía de la no reposición de las tasas, por la vía de las no sustituciones y de las no interinidades, y que van a repercutir en la destrucción de empleo y, en lo que es tan grave como esto, en peores servicios básicos para la ciudadanía.
Por lo tanto, sostenemos que la decisión pudo ser de otra manera, la decisión debió ser pactada y además la decisión debió ser progresiva. No es lo mismo -y así lo hacen otras comunidades- ganar 20.000 euros al año que ganar 60.000 y, sin embargo, aquí se hace un recorte lineal. Les pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, rebaja el salario de los empleados públicos en una horquilla del 1,8 al 3,3 y justamente diferencia en función de los salarios, que es como debe hacerse una reducción justa.
De manera, señorías, que en estas enmiendas, aunque nosotros planteamos la supresión del conjunto de artículos que hacen referencia a la reducción salarial, creemos que como mínimo, si tenían que mantener un recorte, lo debieron haber pactado, debió ser progresivo y seguramente debió ser bastante menos.
Y aquí ahora vienen varias cuestiones que yo quiero preguntar a los grupos que soportan al Gobierno. Se ha anunciado por parte del Fondo Monetario Internacional que piden a España reducción salarial y, como yo tengo una opinión, como ustedes conocen, de que quien manda en este mundo son estos -los mercados y los organismos que nos metieron en el follón-, España terminará aceptando la reducción salarial de los empleados públicos más pronto que tarde. Mi pregunta es, si esta situación se da en los próximos meses -hecho que no descarto-, ¿qué va a hacer el Gobierno de Canarias? ¿Esta reducción salarial, la más alta que se hace en el conjunto del Estado español, se le va a sumar a la reducción salarial previsible que tome el Gobierno de España o no? Porque yo creo que los 62.000 empleados de esta comunidad debieran tener esta situación clara. Solo faltaba, solo faltaba, que, además de encabezar las reducciones salariales en estos momentos de las comunidades, viniera una reducción para todos y se añadiera a esta, porque en ese caso colocaríamos en peor situación todavía a los empleados públicos de esta comunidad.
Y la otra cuestión, que insisto y que han hecho otras comunidades, se han producido acuerdos o preacuerdos sobre la reducción salarial. Y hay comunidades que dicen lo siguiente: miren, yo me veo obligado -dice el gobierno de turno- a hacer esta reducción, esta es mi propuesta; como no tengo tiempo, esta es la propuesta que va a la ley y queda abierta la posibilidad de que los representantes de los trabajadores, respetando las cantidades, modifiquen cómo se aplica. Aquí esa oportunidad no se ha dado.
Por lo tanto, yo tengo que decir que en este agrupamiento de enmiendas que hemos hecho en torno a la reducción del Capítulo I, además de rechazar la bajada salarial y la destrucción de empleo, nos parece que las formas se han perdido. No es posible conseguir un resultado eficaz de cualquier decisión en una sociedad democrática, y menos en el sector público, sin una cierta complicidad con los propios empleados públicos. El descontento, la desmotivación del conjunto de los empleados públicos, de todos pero de manera especial los servicios esenciales, que están sometidos a una gran presión, es extraordinario y sin la participación, sin la motivación, sin la complicidad de los empleados públicos, es difícil que desempeñen su tarea de forma debida.
Y aquí han ocurrido cosas como la siguiente: hay sectores del empleo público en Canarias a los que se les dijo hace tres meses que se les aumentaba el horario efectivo del desempeño de sus funciones para evitar recortes salariales y tres meses después, después de haberles aumentado el horario, se les rebajan los salarios. Y entonces se les dijo: "les rebajamos los salarios para que no se produzca destrucción de empleo", ¡y también se destruye empleo aquí! Y ustedes lo podrán camuflar con términos confusos, pero el personal sanitario que trabajaba y que no va a trabajar sabe que está en la calle y sus compañeros de los centros de salud y de los hospitales también. Los enseñantes que estaban en las aulas, y que no estarán, saben que no estarán, pero también lo saben los padres, las madres, los niños y el resto de los compañeros. Aquí no solo se rebaja el salario de los empleados públicos sin acuerdo, de forma lineal, más que en otros lugares, sino que además se destruye empleo de forma sensible.
Y, lo que es peor, con nuevas incertidumbres, que sería bueno que ustedes aclararan. Si se produce una rebaja añadida por parte de las Cortes Generales al sector de empleados públicos, ¿cuál va a ser el comportamiento del Gobierno de Canarias en relación a este tema? Supongo, supongo que, si se tomara una decisión de estas características, no podría tratarse igual a los empleados de esta comunidad, porque sería profundamente injusto. Pero también les digo: depende de lo que diga la ley española en su momento. Y advierto, para que se muevan y hagan gestiones, porque hay comunidades autónomas en España que ya han dicho, a quien manda en España, que es el Partido Popular, que si esa norma sale adelante tenga en cuenta a las comunidades, a las instituciones que tomaron decisiones en este mismo sentido, porque, como no se haga la previsión pertinente, puede salir una norma que no discrimine a los que han hecho reducciones significativas o menos significativas o sencillamente a los que las han hecho o no. De forma que, al margen de su opinión, hagan ustedes las gestiones pertinentes para que, si esta decisión se toma en las Cortes Generales, se discrimine a las comunidades autónomas.
En definitiva, señorías, creemos que las decisiones en relación al Capítulo I deben ser de las últimas en relación a los recortes, porque los trabadores públicos, aunque no estén de moda, son fundamentales para prestar los servicios esenciales. Siempre, ahora más que nunca, se redobla la importancia para la cohesión social, para la paz social, que tengamos servicios públicos que funcionen, que sean eficientes, con trabajadores motivados, con trabajadores que sean partícipes del momento en el que vivimos. Y las decisiones tomadas, la forma en la que se han tomado, desde luego cuestionan en gran medida lo que es una conquista histórica, que es la negociación colectiva, el pactar o el intentar pactar medidas tan drásticas como esta.
Y acabo refiriéndome a que lo fácil es recortar: lo difícil es gobernar, gestionar, elegir, precisar las decisiones y tengo la sensación, no, en algunos casos tengo la certeza absoluta de que aquí no se ha discriminado en función del desempeño, de la importancia del puesto de trabajo, de la importancia del servicio público. Y no son solo ustedes los que hacen esto, por ahí, desgraciadamente, también hay un objetivo contable, económico, de reducción y luego se adecuan las respuestas. No hay una voluntad de organizar de forma más eficiente lo público, de articular mecanismos para conseguir mejores resultados. Vienen recortes, hay que recortar 564 millones: 222 en el Capítulo I, 220 en el Capítulo VI y 129 -creo que es- en Capítulo IV y VI. Bueno, pues, lineal. Me parece que esa es una manera incorrecta de hacer las cosas.
Acabo diciendo que nuestro grupo defiende la supresión de las bajadas salariales y el reinicio de un proceso negociador que permita, intente buscar un acuerdo con los empleados públicos y ayude a que estos formen parte de las decisiones sensibles y complejas como esta. Y advertimos que esto, que se hace de forma unilateral, de forma tan sensible, sobre un sector que además no es neutral para la economía... Lo que genera el movimiento económico es la demanda y los 62.000 empleados públicos de Canarias son parte importante de la demanda en estos momentos de consumo de bienes y servicios, porque la economía está como está. La reducción del 10% de la renta disponible de esos 62.000 empleados públicos de aquí a final de año, más la desaparición de 3.000 empleos, también, además de deteriorar los servicios públicos, de deteriorar la economía de estas personas, impacta negativamente en la economía, detrayendo la demanda, deprimiendo más el crecimiento económico y, por lo tanto, yendo en sentido justo contrario a lo que toca hacer ahora, que es fomentar, facilitar, mover la demanda, el consumo, para poder reactivar la economía, porque sin reactivación, sin crecimiento, no hay ningún futuro. Y esta decisión no solamente es injusta, no solamente deteriorará los servicios públicos, sino que deprimirá la economía, y eso es una torpeza.
Turno en contra de las enmiendas. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.
El señor Ruano León: Señor presidente, señorías. Señor Rodríguez.
Quizá cuando afrontamos un debate, en este caso, parcial, en tanto que estamos hablando de enmiendas parciales al articulado de este proyecto de ley, debemos intentar introducir esos procesos de reflexión general, que son más motivo de los debates de naturaleza general, de los debates de totalidad, y que a veces se muestran lejanos en el tiempo respecto de una tramitación ordinaria de un proyecto de ley, pero en el caso de este proyecto de ley se produjo el pasado viernes. Porque si hiciéramos ahora, rememoráramos ahora el contenido de aquel debate y en ese sentido qué decía usted en la enmienda de totalidad, veríamos que resulta imposible materializar, digamos, esa pretensión que usted señalaba de que se retirara este proyecto de ley, en tanto que, por una parte, tenemos un compromiso de cumplir un Plan económico-financiero, que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y parece que es una decisión unánime, más allá de debates de índole general -si quieren hablamos de ellos también-, que tenemos que cumplir los objetivos de déficit.
Y esto es sencillamente así. Probablemente esto motiva incluso que el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, que gobierna España, no haya presentado siquiera una enmienda parcial. Lo cual, más allá de sorprendernos desde el punto de vista de la responsabilidad, hoy va a mantener al Grupo Parlamentario Popular ausente de un debate tan especial, tan importante, como resulta ser el que hoy tenemos.
Porque al final se trata de un ejercicio de responsabilidad. Muchas de las decisiones que se tienen que tomar en este periodo no son decisiones fáciles, no son decisiones siquiera a veces que uno desearía tomar, pero las tienes que tomar porque las consecuencias de no adoptarlas pueden ser mucho peores. Esta la situación, señor Rodríguez, esta es la situación, señorías.
En el escenario que estamos planteando ahora, y en relación con las enmiendas parciales que usted plantea respecto de la retención salarial a los empleados públicos, a los altos cargos, a todo el sistema de Capítulo I de la Administración Pública de Canarias, estamos tomando, se está tomando por parte del Gobierno, una decisión de responsabilidad en torno a cumplir los objetivos de déficit público.
Me gustaría reincidir, una vez más en este Parlamento, que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma peor financiada del Estado; que en financiación corriente, en financiación corriente -no estamos hablando de convenios ni de acuerdos singulares, anuales, en la Ley de Presupuestos-, en financiación corriente estamos perdiendo 600 millones de euros anuales. Que este salto nos obliga hoy, habiendo sido de los mejores alumnos que concurrieron al reciente examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin embargo, el recorte desde el punto de vista de gasto público y el incremento de los tributos que hay que producir requiere conseguir nada menos que 800 millones de euros. La peor comunidad en datos, como es Castilla-La Mancha, tiene un déficit por encima del 7%, con una población equivalente a la de Canarias, y solo tiene que ajustar 1.600 millones de euros. ¿Cómo es posible que Canarias, siendo la que cumple, la que mejor cumple, la que está con un 1,8, tiene que llegar al 1,5, tenga que producir un ajuste de 800 millones de euros? Y eso se produce básicamente por ese modelo, por ese sistema de financiación, que en este momento nos mantiene a una distancia sideral del conjunto de las comunidades autónomas españolas.
No vamos a entrar ahora en debates de más largo alcance -que habrá que tener en esta Cámara- acerca de esa cuestión. Ahora estamos en una situación de emergencia y, aunque algunos a nivel de Estado no presentan la cara que debe presentar quien dirige una emergencia, aquí, en Canarias, se está con la decisión de afrontarla y poder superar lo que a nuestra responsabilidad corresponde.
En un momento de crisis tan importante para la zona euro, donde se debate nada menos que el rescate de España, y básicamente porque España es en este momento el punto flaco de esa zona euro y porque la economía española resulta desde el punto de vista objetivo muy difícil de rescatar por su tamaño... Si nos comparamos, si nos comparamos con economías como la de Portugal, la de Irlanda, la de Grecia, podríamos también hablar de cuáles han sido las decisiones que se han tomado en esos países, en esos Estados, en torno a Capítulo I. Por ejemplo, vamos a hablar de Irlanda. Irlanda tiene un plan de reducción de 24.500 empleos públicos para hacer viables los objetivos que le ha impuesto la Unión Europea. En Canarias se están tomando decisiones que tienen que ver básicamente con garantizar el empleo público y garantizar la nómina a los empleados públicos. Si no partimos de esto, ¿de qué sirven los debates de porcentajes, del cómo, del qué? Si es que estamos en una situación de emergencia. Estamos afrontando una decisión clave para hacer viables los servicios públicos de la comunidad autónoma, para hacer viable que el sistema educativo funcione, que la educación junto con la sanidad sigan siendo las prioridades de una política de gobierno, para que la asistencia social, la prestación de los servicios básicos siga siendo una prioridad.
Y no es compatible, señor Rodríguez, más allá de la posición que usted tiene en un grupo pequeño, que es corresponsable si bien en las decisiones, no es compatible presentar enmiendas a la retención salarial si usted no presenta una alternativa razonable.
Y, mire, no vale hablar ya de organización, de gestión y demás, como si esas decisiones no se hubieran adoptado. Ya se ha explicado reiteradamente en esta Cámara que las decisiones tomadas hasta hoy por el Gobierno de Canarias en un periodo que abarca desde el 2008-2009 hasta la fecha representan un ahorro de 2.300 millones de euros. Se tomaron decisiones respecto del plan de pensiones, respecto de la congelación salarial, respecto de la no renovación de la oferta de empleo. Se han tomado muchísimas decisiones y estamos en un punto límite. ¡Estamos en una situación de emergencia económica!, por más que quien dirige esa emergencia a nivel de Estado no esté en condiciones de representar hoy y dar el mensaje a la sociedad de que hay que cerrar filas en torno a un planteamiento de Estado que nos permita sobrevivir a todos. Y nosotros, que siempre hemos colaborado con las políticas de Estado, que hemos concurrido a hacer viable el Estado, el Estado de las autonomías, en el que creemos responsablemente, más allá de discursos falaces de muy reciente producción acerca de la responsabilidad de las comunidades autónomas -si quieren, hablamos de la autonomía financiera y de cuál es el grado de compromiso que asumen unos y otros-... No vamos a entrar ahí, pero sí decirle, señor Rodríguez, que más allá de esa, me permite, de esa posición que no se sustenta en torno a unos números que son necesarios, lo que hay, desde el punto de vista político, la decisión del Gobierno es una doble decisión. En primer lugar, la garantía del empleo público, y eso hay que decírselo a los empleados públicos, la garantía del empleo público; y, en segundo lugar, la garantía nada menos que de la nómina, de hacer factible pagar mes a mes, a lo que uno tiene derecho por mor del trabajo desempeñado. Y son situaciones que están realmente en riesgo si no se toman estas decisiones. Esta es la verdad, esta es la verdad.
Y la posición del Gobierno de España, y usted se ha referido a ello y a la llamada de atención del Fondo Monetario Internacional... Podemos hablar del papel de los mercados, del Fondo, de la Unión Europea, de las agencias de calificación, de las doctrinas del profesor Krugman, de la agenda del crecimiento, de lo que usted quiera, pero más allá de eso tenemos que tomar decisiones ahora, ahora, porque la emergencia nos demanda las decisiones ahora. Y ahora lo que corresponde, señor Rodríguez, es tomar una posición en torno a hacer viables los servicios públicos esenciales para Canarias, y no son viables si no se toma la decisión que va a producir un ahorro de gasto público suficiente para que, junto con la combinación de la nueva política fiscal, que corresponde al libro II de este proyecto de ley, podamos afrontar estos difíciles meses que nos esperan.
Me gustaría terminar hablando de la negociación. Termino, señor presidente, si me permite, refiriéndome a que no es cierto el planteamiento que usted realiza. Más allá de que siempre los esfuerzos que se pueden hacer en ese ámbito son siempre bienvenidos y podrían ser muchos más, lo cierto es que por el Gobierno de Canarias se realizaron tres mesas generales de negociación; que en la tercera mesa los empleados públicos, los sindicatos se levantaron, se marcharon, y eso desde luego no contribuye a lo que es el fin esencial de esta ley, que es garantizar el empleo público, garantizar... -(Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) Muchas gracias, presidente-, garantizar el empleo público, garantizar los servicios públicos esenciales, porque al final de eso se trata. Se trata de hacer que el empleado público, que es el servidor de la ciudadanía, pueda prestar de forma eficiente, de la forma más eficiente posible, en un momento tan difícil como este, los servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Ese es el escenario, señor Rodríguez. Por esa razón, por esa tan simple razón, y más allá de debates de índole general que, seguro, podremos seguir teniendo en esta Cámara y algunos de ellos ya hemos sostenido, más allá de eso, hoy tenemos que votar en contra de sus enmiendas, que no responden a las necesidades imperiosas que tiene esta comunidad de hacer viables sus servicios públicos.
Señorías, advertirles que las votaciones serán todas al final. Normalmente se vota cada vez que se debate una enmienda pero ha habido un acuerdo para votar al final. Se lo digo para que sus señorías también puedan hacerse una composición de lugar.
Por lo tanto, pasamos al siguiente bloque de enmiendas, que en este caso es al artículo 73. Don Román Rodríguez, Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Rodríguez Rodríguez: Va a ser inevitable que hablemos un poco de todo, ¿no? Yo les diría, yo sé cuál es la situación en la que está el Gobierno ahora y sé cuáles son las razones que han llevado al Gobierno a esta situación. Hay algunas de contexto, impuestas, inevitables diríamos, o por lo menos en las que no tenemos control sobre esas variables, pero hay otras que son producto de decisiones políticas tomadas desde aquí que han sido incorrectas y que ahora pagamos. Usted ha hablado de la financiación autonómica. Vamos a recordarlo: la financiación autonómica se suscribe por el Gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria el año 2009 con el Gobierno del señor Zapatero por la parte de Madrid, y algunos dijimos que era un pésimo acuerdo, y nos dijeron que no, que, como siempre, alarmábamos, y dijimos que aquel era un mal acuerdo. Y si algo hace daño a la estabilidad financiera, a la suficiencia financiera de los servicios públicos, es la mala financiación autonómica que aquí se decidió, ¡se firmó! Por lo tanto, ahí hay una parte de responsabilidad. Como la Ley de Presupuestos de este año, aprobada en el mes de diciembre del pasado año, se dijeron y se hicieron cosas, cuando nosotros proponíamos entonces, que es cuando tocaba, subir los impuestos, como hicieron otras comunidades de España, y por razones de oportunidad política, por ser moderado en la expresión, se prefirió esperar a la Ley de Presupuestos del Estado, porque se sabía que iba a haber importantes recortes y se le podían endosar las culpas al Gobierno español. Podíamos haber subido impuestos en diciembre. Entonces me decían, que yo hacía una propuesta más moderada de la que ahora se hace, que eso deprimía la economía, que acababa con el diferencial fiscal y poco menos que yo era un fan de los impuestos; y ahora resulta que ustedes lo hacen deprisa y corriendo, mucho y yo creo que mal, como luego trataré de demostrar.
De manera, señoría, que es verdad que la cosa está complicada, pero hemos llegado a este estado de salud, por una parte, porque es mala suerte y porque el contexto y la genética determinan y otra porque uno no se cuida. Y este Gobierno no ha cuidado la salud financiera de esta comunidad y, por lo tanto, tiene esta envergadura del problema, ¿no? Digo eso por precisar algunas cuestiones que decía el señor Ruano.
Esta enmienda, a la que me tengo que referir ahora, tiene poco que ver con la crisis, que es dónde se coloca la inspección médica para desempeñar sus funciones. Esta no tiene nada que ver con la crisis, es cómo se interpreta que deben organizarse los servicios públicos para ser más eficientes, para conseguir los objetivos, pero para conseguir los objetivos de la sociedad canaria. Y aquí se hace un intento, rebajado, porque se ha ido rebajando sobre las pretensiones iniciales, de llevar la inspección médica a la Consejería de Presidencia.
Me va a alegar que ya hubo un antecedente de estas características en el año 2002 en Educación, pero yo le voy a decir tres cosas. Primero, que existen reglas y leyes y que toda la legislación en relación al sistema de Seguridad Social es de orden estatal y es de carácter básico. Segundo, que esta función de la inspección médica es muy importante en el desempeño, en el funcionamiento de la economía y de los servicios sanitarios, y que la estructura de servicios, cómo se organicen, sí importa para conseguir unos u otros resultados. Y yo, por ejemplo, creo que no es bueno, la experiencia no parece dar la razón, que tener dos unidades, una en la Consejería de Presidencia, con 9 efectivos para controlar la IT de 40.000 trabajadores públicos, es difícil de casar con tener 18 efectivos en el Servicio Canario de Salud para 700.000 trabajadores que por ahora tiene esta comunidad. Porque esa es la resultante: 9 inspectores irán a Presidencia para controlar la IT, por un procedimiento de dudosa eficacia, y 18 se quedan en el Servicio Canario de Salud para hacerse cargo de la IT de los 700.000 activos que tenemos en Canarias. Esta es una desproporción inaceptable. Es creer que lo más importante es la IT del sector público. Para la productividad es muy importante la IT, cuando es indebida, del sector privado. Pues 40.000 trabajadores, 9 inspectores; 700.000 trabajadores por ahora, 18 inspectores.
De manera que yo creo que esta es una decisión incorrecta que, al menos, debiera ser discutida y consensuada. Porque también le digo una cuestión, yo tengo alguna experiencia y algún conocimiento sobre el mundo este: como tengas a la contra a los efectivos humanos que desempeñan...
El señor presidente: Sí. Un minuto, don Román.
El señor Rodríguez Rodríguez: ...un colectivo muy cualificado, muy eficiente, yo sostengo que muy importante en la estructura de la comunidad, como lo tengas a la contra no consigues los objetivos. Porque también le digo otra cuestión: quien da las altas y las bajas, esencialmente, sobre todo las bajas, son los médicos del Servicio Canario de Salud. Y a los médicos del Servicio Canario de Salud los controla el Instituto Nacional de la Seguridad Social o Muface, la aseguradora correspondiente. Sus inspectores del Servicio Canario de Salud, que está consolidado, está en la cultura de la organización. Solo falta que vengan otros a controlar más a estos que están hasta aquí de trabajo, con unas demandas importantísimas, a los que se les ha aumentado el horario, se les ha rebajado el salario y se les han quitado compañeros.
Yo, sinceramente, creo que sobre esta reorganización de este servicio sería más prudente, más eficaz, suspender este tema, abrir un proceso de diálogo y negociación y organizar los servicios de forma centralizada, porque ahora habrá dos unidades que tendrán que coordinarse, y eso les aseguro que no va a ser fácil. Por eso proponemos suprimir esto y volver al diálogo.
El señor presidente: Gracias, don Román.
Turno en contra, Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.
El señor Ruano León: Señor presidente. Señorías. Señor Rodríguez.
En primer lugar, consumir unos segundos sobre si este Gobierno no ha cuidado la salud financiera de la comunidad autónoma. El examen ya se hizo, y en el examen esta comunidad autónoma fue el alumno mejor calificado. Con lo cual poco más hay que decir sobre eso. Y aún en ese contexto, y aún en ese contexto, si quiere hablamos también del sistema de financiación. Porque al final cuando hablamos de cómo nos posicionamos en torno a decisiones pasadas, siempre ponemos el verbo en condicional: si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. Lo cierto es que posiblemente el Estado español, toda la eurozona y particularmente muchas decisiones de gobiernos, de Gobierno central, de gobiernos autonómicos, podrían valorarse hoy como se valora siempre desde el presente lo que fue el pasado, pero lo cierto es que, como dice una canción de Maná, el pasado ya pasó y ahora estamos en otro momento, y el momento es la toma de decisiones, la adopción de decisiones en torno a una situación de emergencia. Esta es la cuestión. Estamos en una situación de emergencia financiera y tenemos la obligación de dar respuesta a esa situación desde el punto de vista de los ingresos públicos.
Mire, sobre la inspección médica, decirles que la voluntad del Gobierno es seguir adelante con esta regulación porque es la que hay en la Ley de Presupuestos, pero con una cuestión que es clave: hay una previsión de desarrollo reglamentario que lo que pretende básicamente es que no se produzcan esos problemas que usted dice. La experiencia demuestra que de forma efectiva la creación en 2002 de la inspección médica entonces -que era usted presidente y yo consejero de su Gobierno-, entonces se creó la inspección médica de educación, con carácter de inspección delegada del Servicio Canario de la Salud, con capacidad de verificar y controlar las bajas y desde entonces hasta hoy se han conseguido objetivos muy importantes desde el punto de vista del control del absentismo en ese ámbito. Y hoy, eso ha sido posible gracias al nuevo Gobierno, se ha refundido en una única inspección lo que es la inspección docente con la inspección de la Administración general, y eso representa un avance, sin duda, en la prestación del servicio público a la ciudadanía.
En lo que se refiere al Servicio Canario de la Salud, la intención del Gobierno es que el Servicio Canario de la Salud siga siendo el que haga el control de las bajas del personal estatutario, amén del que le corresponde de todo el sistema público de salud. Y son ellos, de acuerdo con la propia ley, el apartado 6 de este artículo 22, los que tienen la relación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que al final tiene que establecer el conjunto de prestaciones vinculadas al régimen general de Seguridad Social.
En fin, creo que la voluntad del Gobierno no es suplir aquí a ninguna de las dos inspecciones sino establecer...
El señor presidente: Disculpe. Un minuto, don José Miguel.
El señor Ruano León: Digo, establecer criterios comunes. Criterios comunes que van en orden a dos objetivos. En primer lugar, la garantía de la prestación de los servicios de forma global y, en segundo lugar, con ello contribuir a la continua prestación del servicio garantizando unos niveles mínimos de absentismo laboral.
Lo importante, señor Rodríguez, es que no hay ninguna pretensión aquí de invadir competencias de la inspección del Servicio Canario de la Salud. La voluntad es que en el desarrollo reglamentario se pueda producir una aproximación. Creo que tanto por parte del consejero de la Presidencia como por la consejera de Sanidad esto ha sido manifestado reiteradamente. Habrá condiciones de negociación suficientes para que esto se haga dentro de un tránsito de una normalidad y lo que importa, desde el punto de vista de la proyección legal, del proyecto de ley, es que este artículo contribuye, sin duda, a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, estableciendo un control, una verificación del absentismo laboral.
Siguiente bloque de enmiendas, en este caso sobre impuestos indirectos 74 y 75. Don Román Rodríguez.
El señor Rodríguez Rodríguez: Solo un dato: la prevalencia de IT en los efectivos del Servicio Canario de Salud, 4%; la prevalencia de IT en los efectivos del sistema educativo, 4%: la prevalencia de IT en el resto, en lo que controla Presidencia 5%. Por ponerle un dato muy importante en la medición del funcionamiento de las cosas, pero, bueno, allá ustedes.
Pasamos a la otra parte, a la parte de los impuestos, que es fundamental siempre y ahora más. Ya dijimos aquí que el grupo al que represento tiene clarísimo que es el sistema fiscal quien tiene que resolver la solidaridad en una sociedad, quien tiene que proveer de recursos económicos al sistema público en todas sus dimensiones para prestar servicio, para garantizar la seguridad, para garantizar las infraestructuras. Y dije y repito que el sistema fiscal español es injusto: recarga y carga la aportación a las rentas del trabajo y las rentas del capital casi se van de rositas. Y aquí, en España, hay que modificar el sistema fiscal para hacerlo más progresivo, para que las rentas del capital se comprometan también a pagar. Y en el margen que tiene esta comunidad, que tiene una estructura de fiscalidad cedida y propia, que es limitada, actuamos, pero una de las revisiones que sin duda habría que hacer a corto plazo es el impuesto de sociedades, porque aquí no paga casi nadie. Es estatal, ya lo sé, pero cuando uno participa de un proceso concertado, tiene que reclamar los cambios que sean necesarios para hacer justo y sostenible el sector público.
Por lo tanto, decir, y lo diremos siempre, aun estando en la oposición, subir impuestos nunca es popular y nosotros aquí hicimos una propuesta de subida de impuestos desde la oposición, cuando tocaba, cuando lo fácil para quedar bien en la foto, era decir que no. De manera que ahora nos referimos a la parte fiscal que creemos que tampoco se está haciendo de forma debida.
Yo puedo aceptarle la gravedad de la enfermedad y el momento en el que estamos, pero no hay una sola terapia, hay más de una terapia y, con respecto a los impuestos directos, son los impuestos directos los que mejor discriminan las rentas y hacen que paguen más los que más tienen. Por eso aquí, en relación a los dos impuestos directos que tenemos cedidos, el IRPF y el impuesto del patrimonio, nosotros proponemos subidas, que han hecho otras comunidades en España, no ahora, en medio del temporal. Lo hicieron en años anteriores, incluso en el anterior. Y nos referimos al IRPF, a crear nuevos tramos en la banda superior del IRPF para que esos que ganan más aporten más. Lo ha hecho media España, casi sin distinción en cuanto a la orientación ideológica, gobiernos conservadores y progresistas, y por eso proponemos dos tramos para el IRPF: entre 60 y 90.000 euros y más de 90.000, incrementando en el tramo canario en torno a 1 punto, 1,25, en cada uno de ellos -está en la enmienda-, porque esto hace más justa la aportación fiscal. Y el impuesto del patrimonio, por supuesto. El impuesto del patrimonio, que alegremente el Gobierno español se quitó de encima en la época de vacas gordas irresponsablemente y que recuperó 15 días antes de las elecciones del 20 de noviembre, lo hemos recuperado, como el Estado, y está exento hasta 700.000 euros de patrimonio. Nosotros decimos que a partir de ahí hay que equipararse al resto.
Esto no afecta a la economía, como dice el informillo que manda el Gobierno, porque hay que leerse ese informe. Yo no sé quién lo hizo, yo no sé quién lo hizo, pero, bueno, adecua los argumentos a cada circunstancia, entrando en contradicción absoluta, diciendo generalidades y algunas cosas que son insostenibles. Esto no genera impacto en la economía. Parece razonable que este impuesto se equipare a la media estatal y se aumente ese porcentaje en torno al 10% a los distintos tipos y tramos, porque creemos que es impuesto directo y progresivo.
Por lo tanto, en estas dos figuras fiscales, el IRPF en los tramos superiores y el impuesto del patrimonio para a partir de 700.000 euros de patrimonio -que no sé cuántos hay aquí por encima de ese patrimonio, desde luego yo no-, pues, que se equipare al resto de España. Y se recauda, no una cantidad muy importante, pero se da una señal a la ciudadanía, a la sociedad, de que los impuestos directos son los que tienen que ser gravados.
Llega a decir el informe del Gobierno que lo que hay que hacer es subir los impuestos indirectos, que es la idea más conservadora de los modelos fiscales. El Partido Popular, que tiene un ramalazo conservador evidente, ¿no?, ha subido en España en estos tiempos el IRPF y el impuesto de sociedades, impuestos directos, ¿no? Es verdad que ahora les tocará subir el IVA por orden del puesto de mando, ¿no?, del Fondo Monetario, de la Comisión Europea, de la señora Merkel. Por lo tanto, aquí lo que decimos es que debemos incrementar estos impuestos, porque son progresivos, porque son justos y porque pueden contribuir a paliar los déficits financieros para los servicios públicos, como haremos a lo largo de la mañana en otros impuestos, que creemos que se pueden hacer de otra manera.
¿Turno en contra? Don José Miguel Barragán Cabrera, por el grupo... ¡Ay, perdón, perdón!, don Emilio Mayoral. Disculpen. Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Seguramente me va a sobrar de los cuatro minutos.
Señor Román, el otro día, cuando tuvimos el debate sobre la enmienda a la totalidad, le manifesté, en primer lugar, digamos, el reconocimiento al esfuerzo que había hecho su grupo al tratar de presentar, tanto en los argumentos que había planteado en la enmienda a la totalidad como en las enmiendas parciales, yo creo que un conjunto de medidas bien armadas que trataban de compensar, desde distinta filosofía o con distintas alternativas, lo que venía establecido en el proyecto de ley y en las medidas en él contempladas. Pero en aquel momento también recuerde que le dije algo que era fundamental: en el conjunto de todas estas medidas, en el balance de lo que sube y de lo que baja, es decir, de los ingresos y de las reducciones de gastos, al final tenían que cuadrar las cuentas. ¿Por qué?, porque uno de los elementos por los cuales se trae este proyecto de ley con la celeridad con la que se ha traído y con la urgencia que se está tramitando, y ese es el argumento y el motivo por el cual se hace así, era para cumplir exactamente el Plan económico-financiero, porque ese es el objetivo básico; si no, lo hubiéramos hecho con mayor tranquilidad.
Y también le dije entonces, y ahora también se lo quiero repetir, que no le cuadraban las cuentas. En definitiva, primero, no lo tenía cuantificado, yo hice un esfuerzo en cuantificarlo, y globalmente, en el conjunto de todas las medidas, tenía, sobre los 800 millones famosos, un déficit de 200 millones que no llegaban a cuadrar, básicamente porque usted rechazaba la reducción de gastos en materia de personal, que ya sumaban 222 millones.
Bueno, ahora plantea en estas dos enmiendas concretas el tema de los impuestos directos. En este caso el impuesto sobre la renta de las personas físicas, creación de dos tramos, de dos tramos nuevos, sobre lo que ya se ha venido efectuando, es decir, sobre lo que ya en su momento produjo la alteración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, adoptada por el Gobierno central y que ya afecta al conjunto de todos los ciudadanos, usted ahora viene a proponer un nuevo incremento. Un nuevo incremento que, en principio, y esa yo creo que es la base, básica por la cual no se le puede aceptar este planteamiento, aunque, repito, que en la filosofía podamos estar de acuerdo y que en un futuro, probablemente, tendremos que estudiarlo, desde mi punto de vista y desde mi opinión, pero que esto no viene a arreglar lo que hoy tenemos, que es el problema de aplicar en el 2012, en ese conjunto de medidas, la aplicación para el 2012 de las cantidades de ingresos que tenemos que generar en el 2012. En todo caso, esto se generaría para el año que viene. Y, por lo tanto, ahí nos encontraríamos con una dificultad que haría que no se pudiesen cuadrar las cuentas, como antes le decía. Por lo tanto, estando de acuerdo con la filosofía de que el que más tiene más pague y, por lo tanto, los tramos más altos de la renta puedan ser modificados al alza y eso generaría nuevos ingresos, en este momento en el cual nos encontramos no viene a resolvernos la cuestión que estamos planteando, que es la de equilibrar las cuentas.
Y creo que ese argumento, que luego se lo repetiré seguramente en la segunda intervención cuando hablemos de los impuestos indirectos, es de la misma aplicación en cuanto a que tenemos que conseguir este equilibrio económico y financiero.
Usted habla también en este caso de que, efectivamente, esto se viene aplicando en otras comunidades autónomas, muchas de ellas socialistas. Le repito que estamos absolutamente de acuerdo.
Y después establece también un incremento del impuesto sobre el patrimonio, subiendo la escala de gravamen en un 10%. El impuesto del patrimonio, efectivamente, ha sido recuperado y también podemos estar de acuerdo con esa filosofía, manteniendo las exenciones en los 700.000 euros, y creemos que también será un elemento a tener en cuenta en el futuro. Pero por la misma razón...
El señor presidente: Un minuto, don Emilio.
El señor Mayoral Fernández: Termino ya.
El conjunto de esta operación no viene a cuadrar lo que es fundamental, que es hacer que el Plan económico y financiero salga adelante.
Siguiente bloque de enmiendas, sobre los impuestos ambientales.
Para su defensa, don Román Rodríguez.
El señor Rodríguez Rodríguez: Una pequeña apreciación al amigo Emilio. Vamos a ver, también el punto que ustedes suben al IRPF de 53.000 en adelante no es para este año, y lo han subido, igual que lo que proponemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros proponemos más.
Tampoco tiene impacto en la recaudación el incremento del IRPF que ustedes han propuesto para este año. No pretendíamos nosotros que lo tuviera para este año porque sabemos cómo funciona ese impuesto. Ustedes, por las razones que sean, no están de acuerdo.
Y también le digo una cuestión: yo le aseguro que al ministro de Economía de turno del Gobierno español, o en este caso de Hacienda, porque lo han separado, le da igual que nosotros recaudemos más. Lo que no quiere es que recaudemos menos. De manera que no se incumple el Plan económico-financiero por recaudar más, en todo caso por recaudar menos.
Los impuestos ambientales. Mire, los impuestos ambientales son muy importantes en todos los lugares, en los países más desarrollados, y nosotros, que tenemos una tierra en condiciones privilegiadas, que tenemos un sector turístico que domina nuestra estructura productiva, que tenemos la mitad del territorio protegido, viene como anillo al dedo incorporar una figura fiscal de estas características, los impuestos verdes, que tienen esta máxima de que "quien contamina paga". Bueno, pues, ustedes hacen aquí un intento que puede cargarse la idea de fondo, porque los impuestos ambientales donde existen están destinados a premiar, a favorecer, los comportamientos responsables con el medio ambiente y a gravar los comportamientos agresivos contra el medio ambiente. No tienen razón recaudatoria, no son impuestos para recaudar, son impuestos para disuadir, para cambiar los comportamientos, y cuando se recauda, en los países más desarrollados, estos impuestos, esta recaudación, no va a bolígrafos y lápices, va a políticas y a programas medioambientales. Y ustedes aquí hacen, utilizando esta figura, hacen una cosa que yo creo que bordea la legalidad, que tiene una capacidad recaudatoria pequeña y que creo que va a creer un lío terrible en los sectores afectados. Primero, discriminan a unos sectores con respecto a otros sin ningún argumento: a ver por qué se puede gravar una gran superficie y no una fábrica de ladrillos, a ver por qué. No hay ninguna razón.
Estos impuestos, que son muy importantes y que vendrían muy bien a nuestra cultura fiscal, a nuestros problemas medioambientales, a la conciencia colectiva, lo razonable sería hacerlo en una ley propia, en una ley... Esto es sustantivo, esto es para debatirlo tranquilamente con todos los sectores, evaluar bien qué significa esto. Yo sé que habría condiciones para llegar a un acuerdo con los sectores económicos de un impuesto verde, de un impuesto fiscal, si se dedica a lo que se debe dedicar.
Yo creo que ustedes han hecho una cosa deprisa y corriendo agobiados por los tiempos y por los ajustes, han actuado sobre alguna instalación excluyendo a otras sin ningún criterio objetivo y estableciendo un mecanismo de imposición que casi suple a impuestos de otra naturaleza preexistentes y que pone a esta en duda... Vamos a decir en duda porque como no somos los primeros, porque esto lo han copiado ustedes de alguna comunidad, pues, ahí hay serias dudas sobre la legalidad del proceso.
¿Por eso nosotros qué decimos? Estamos totalmente de acuerdo en los impuestos verdes. Estamos de acuerdo en articular en Canarias una ley para poner en marcha impuestos de estas características para el conjunto de las actividades que impacten negativamente sobre el medio ambiente, que favorezca y tenga deducciones máximas para los que hacen un buen comportamiento, que graven a los que no lo hacen y que los recursos que se capten se destinen a programas medioambientales. Y además lo hacen armando un lío importante con los sectores afectados, bordeando la legalidad y además consiguiendo una recaudación pequeñita, porque en la hipótesis originaria eran 4,5 millones, medio año. Con la autorreforma que han hecho ustedes a través de las enmiendas que se incorporaron en ponencia baja a 2,5, porque desplaza en el transporte y producción al año que viene, de manera que por 2.500.000 euros están ustedes a lo mejor quemando una idea interesante, potente, con futuro, que es tener un debate amplio, sosegado y una ley que regule los impuestos verdes, los impuestos medioambientales, en nuestra comunidad.
Yo creo que aquí entre las propuestas que hacemos hay elementos que si ustedes aceptaran compensarían esto, si fuera el problema el Plan económico-financiero, porque estamos hablando de 2.500.000 en su hipótesis. 2.500.000 euros de recaudación de aquí a final de año, armando un lío de aquí te espero, generando un problema de seguridad jurídica, crispando y, lo que más me preocupa, esto también, es, pues, quemando una idea que es buenísima y es interesantísima y que tendría un gran futuro en cualquier territorio de país desarrollado y especialmente en el nuestro, con el turismo y con el medio ambiente como valor.
De manera que lo que proponemos es sacar este tema y llevarlo a una ley propia. No parece razonable que algo de esta envergadura, de este calado, se despache en tres artículos en una ley de medidas que es un cajón de sastre. Sinceramente, creo que vendría bien al Gobierno eludir los riesgos políticos y jurídicos con respecto a este tema y abrir un debate sosegado y razonable sobre este asunto, en una ley propia que seguro contribuiría a ese valor que siempre tiene que estar presente en...
¿Turno en contra? Efectivamente, don José Miguel Barragán Cabrera, Grupo Parlamentario Nacionalista.
El señor Barragán Cabrera: Señorías.
Impuestos extrafiscales, que es la parte que toca ahora en este proyecto de ley que estamos debatiendo.
Nos dice el señor Rodríguez que esto se ha hecho deprisa y corriendo, pero, en cambio, después dice que hemos tenido como base para hacer el artículo artículos que se crearon en España en el año 2000. Qué pena que el día 5 de junio, cuando se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los impuestos sobre grandes superficies en España, en concreto en la Comunidad Autónoma de Cataluña, no lo tuviéramos aquí para el debate general que tuvimos sobre este proyecto de ley; qué pena que el otro día, en la ponencia, el día que se hace pública la sentencia -que tengo aquí en mi poder (Mostrando un documento a la Cámara.)-, no lo tuviéramos para poder argumentar también el sentido de la sentencia. Ya, después de diez años, tenemos sentencia sobre el impuesto de grandes superficies. Podría dejarle simplemente la copia de la sentencia, señor Rodríguez, y se acabó la discusión sobre el impuesto de las grandes superficies. Sí, usted podrá no estar de acuerdo, igual que había mucha gente que no estaba de acuerdo. Podrá decirme "yo tampoco estoy de acuerdo con la sentencia de las grandes superficies", pero ha dejado meridianamente claro el hecho imponible, ha dejado meridianamente claro el hecho imponible. Por lo tanto, el impuesto es legal y otra cosa es que se pueda regular de forma distinta.
Sobre el impuesto en el transporte de energía eléctrica. Bien, ya le explicamos el otro día en el informe de la ponencia que era aconsejable que entrara en vigor el 1 de enero de 2013 para valorar con el ministerio algunos elementos relacionados con este impuesto. Primero porque el ministerio ha mostrado, a través de una serie de escritos que ha enviado al Gobierno, su interés por cómo se va a gravar. Y es verdad que en otras comunidades autónomas, se nos decía el otro día: "es que en otras comunidades autónomas están gravando la producción". Pero, claro, es que hay una gran diferencia: si nosotros tenemos una producción subvencionada porque cuesta más cara la producción convencional de la energía aquí, aplicar un impuesto sobre una energía que cuesta más cara y está subvencionada sí que hubiera sido un error por nuestra parte. Y precisamente por eso, como no tienen una motivación recaudatoria, como usted bien ha explicado, son impuestos extrafiscales, impuestos verdes y que tienen que ir destinados preferentemente, precisamente, a las políticas medioambientales, pues, por esa línea de tres, precisamente lo que se intenta gravar son aquellas infraestructuras, aquellos equipamientos, que pueden considerarse, que pueden considerarse, que efectivamente tienen algún perjuicio para el medio ambiente.
Pero, insisto, sobre el de las grandes superficies, si se leen la sentencia con tranquilidad, podremos discutir si son 2.500 m2 , si son 2.400, si se aplica en las islas, si se aplica de forma diferente, si una empresa que tenga en estos momentos más gran superficie como consecuencia de que vende coches en vez de vender alimentos, todo eso se puede discutir, señorías, pero lo cierto es que los impuestos en estos momentos, con la sentencia en la mano, se ha demostrado que son viables y que son legales.
Y termino, señor presidente, haciendo una referencia que haré después también en el debate final: esta no es una ley que se pueda ver como lo está usted haciendo, artículo por artículo, enmienda por enmienda. Por eso me ha gustado que lo haya agrupado por sectores, pero al final... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.)
El señor presidente: Sí, sí. Un minuto, por favor.
El señor Barragán Cabrera: Una cosa que está clarísima: su discurso para que tuviera validez tenía que ajustar ingresos y gastos y usted sabe que las enmiendas que ha propuesto de reducción de algunas de las políticas, por ejemplo la rebaja de los sueldos, y la política que nos plantea de subida de impuestos y de reducción de otros impuestos no cuadra. Es imposible fijar el Plan económico-financiero que hemos presentado a Madrid. Si fuera así, lo veríamos. De hecho, cuando nosotros hemos modificado este impuesto medioambiental y lo hemos ajustado, como usted sabe, hemos subido ligeramente el impuesto de carburantes precisamente para cuadrar ingresos y las reducciones que estamos planteando en este proyecto de ley.
Siguiente bloque de enmiendas, sobre el impuesto de los depósitos en las entidades financieras.
El señor Rodríguez Rodríguez: Vamos a ver, yo soy de los que creo que recurrir a la justicia para resolver los problemas políticos debe ser excepcional, de manera que yo no me guío en mis opiniones en torno a lo que dicen los tribunales, aunque sea respetuoso. Yo hablo de política, y lo que digo es que los impuestos ambientales son muy importantes y que me parece bien que tengamos esa discusión y que pongamos esas figuras en marcha; que lo hagamos con discusión, con consenso, que no discriminemos a nadie y que esa figura fiscal se destine a lo que siempre se destinan los impuestos verdes en los países desarrollados, es a promover conciencia, a promover comportamientos, a ayudar a ser respetuosos con el medio ambiente, y a estos, a los que hacen esto, hay que ponerles todas las deducciones del mundo y los que no lo hacen deben pagar. Y deben pagar no para comprar bolígrafos sino que deben pagar para hacer programas ambientales. Eso es lo que digo yo.
He dicho que hay riesgos jurídicos, porque está en el debate, y si hay una sentencia sobre eso, pues, estará muy bien, pero eso no quita para que hablemos de lo que yo hablo, que es de política. Creo que no tiene sentido endosar este nuevo impuesto en medio de esta ley cuando estamos hablando de un tema cualitativo. Porque cabría aquí preguntarse: "¡oiga!, ¿cuál va a ser...?". Vamos a suponer que el impuesto no sea recaudatorio, que sea extrafiscal, que sea medioambiental: ¿a qué programa va a llevar el Gobierno los 2.500.000 de política ambiental?, ¿se los van a dar al consejero de Medio Ambiente en un programa de aquí a final de año para temas medioambientales? No lo sé. No lo creo, sinceramente. Pero lo que le digo es, ¿sería razonable sacar eso y discutirlo a fondo y si tienen que...? Yo no digo que no deban estar las grandes superficies, yo digo que a lo mejor no tienen que estar solo las grandes superficies. Lo que he dicho es por qué esos sí y otros no. Y, por lo tanto, lo que digo es, echemos un debate serio, sosegado, sustantivo, profundo, sobre un asunto relevante. Por lo tanto, en fin, yo creo que están claras las posiciones.
Hay otro impuesto que ustedes colocan en esta ley, en el que yo estoy bastante de acuerdo en la lógica que lo sustenta, que es el impuesto a las entidades financieras por los depósitos bancarios, siempre y cuando garanticemos que no se repercute sobre los clientes, siempre y cuando garanticemos o busquemos los mecanismos de control para que esto no quiebre la política escasísima de crédito de las entidades financieras y siempre y cuando garanticemos que no se deslocalicen los depósitos. Este último asunto, casi imposible de controlar. Pero yo estoy de acuerdo: si esto va sobre las entidades financieras, ningún problema en que sea así.
Presentamos solo enmiendas en este apartado a que las entidades financieras que nos quedan, las cooperativas de crédito, las cajas rurales, pues, tengan un trato aún mejor que el que les da la ley, con más deducciones, con más bonificaciones, en un intento de proteger a unas entidades financieras, en este caso cooperativas de crédito, que han hecho las cosas bien, no se han metido en líos, no se han dedicado a hacer pisos y naves, se han dedicado al sector primario, a ayudar al entramado empresarial pequeño y mediano de nuestra comunidad.
Y, por lo tanto, nuestras enmiendas, que las recogemos de la discusión con las dos entidades canarias de la materia, pues, lo que pretenden es ayudarles un poco más de lo que la ley lo hace. La ley hace un esfuerzo para ayudarles. Nosotros, nuestras enmiendas lo que hacen es intensificar esa ayuda.
Pero nosotros no estaríamos, no estamos en contra de este impuesto si se garantiza el tema.
Y les digo una cuestión que me preocupa: este es el típico impuesto que sí, frente a otros que apunta el papelillo del Gobierno, sí puede permitir deslocalizaciones de los ahorros. El procedimiento es así de sencillo. Yo sé que ustedes han endurecido en una enmienda, que también entró en ponencia, este tema, donde se advierte de sanción a las entidades financieras si deslocalizan el ahorro. Pero vaya usted a controlar la siguiente casuística: el señor Barragán me debe 5.000 euros y yo los voy a poner en una cuenta de ahorro. Es un supuesto. No me debe nada el señor Barragán, pero vamos a suponer que me debe 5.000 euros. Yo los voy a poner en una cuenta y la entidad financiera a mí, verbalmente me dice, "oiga, a mí me interesa que usted los ponga en Cuenca". Y me abre la cuenta en Cuenca y yo opero desde aquí. Esta casuística es casi imposible de controlar. El único riesgo, aunque sé que ustedes van a intentarlo y han presentado una enmienda que se ha incorporado, es el de la deslocalización de los ahorros.
Y en Canarias tenemos el siguiente panorama: los depósitos son 24.000 millones de euros. Lo que los canarios de todo orden y condición, empresas e instituciones y particulares tenemos en los bancos son 24.000 millones de euros. Lo que los bancos han prestado a esta misma población son 52.000 millones de euros. Este décalage entre depósitos y crédito es el más alto de España. Cuidado no bajemos los depósitos por este procedimiento, porque cuando hay menos depósito habrá menos crédito y habrá menos margen de maniobra de las entidades en esta materia. La única reserva que hago a ese asunto.
Y lo que sí les pido es que consideren enmiendas que están destinadas a favorecer, a ayudar, a producir más deducciones a las dos cooperativas de crédito canarias, las dos cajas rurales, que desempeñan una excelente función y además han hecho bien las tareas durante estos años, ¿eh? Muy bien, no se han metido en líos y en negocios extraños y mantienen un buen equilibrio, y yo creo que echan una mano positiva, útil, a ese entramado de la pequeña y mediana empresa, especialmente al sector primario en toda su expresión.
Para el turno en contra, don José Miguel Barragán Cabrera, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
El señor Barragán Cabrera: Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Sería conveniente que para ponernos de acuerdo pudiéramos discutir sobre una parte del debate que ya está resuelta, que es el tema... Me estoy refiriendo ahora a los impuestos medioambientales, la parte que deja clara, nítidamente clara, el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí, a partir de que el impuesto es legal, podríamos plantearnos la posibilidad de que en futuras regulaciones pueda ser mejorable. Pero lo cierto es que todos estamos aquí hablando de política, no está usted hablando de política y nosotros de cocina, aunque en cocina también podríamos hablar, si quiere, como sabe, pero esto es así. Y sobre los 5.000 euros, lo más probable que le pasaría a usted es que no los cobrara, tal y como está la situación.
Vamos a ver, de lo que se trata aquí es de un impuesto que también se está aplicando en otras comunidades autónomas. Por lo menos en una comunidad autónoma, que, de hecho, es una comunidad autónoma del PP, y que propone, en el argumento que ha presentado el Plan económico y financiero de esa comunidad, subirlo, subir un 15% el impuesto que tiene sobre los depósitos de clientes. Usted ha planteado una duda razonable sobre la deslocalización de esos fondos. Efectivamente, hay una enmienda nuestra precisamente para intentar corregir que eso pueda ocurrir, pero en el impuesto, como usted ha dicho, está de acuerdo.
Y después tenga en cuenta una cuestión también, y es que usted pretende fundamentar la enmienda en evitar precisamente el perjuicio a las entidades financieras canarias, que comporta generar un privilegio, de alguna manera, a favor de estas, y usted sabe que en la política tributaria no debe, no puede haber privilegios. Puede haber modulaciones del porqué, y de hecho nosotros planteamos modulaciones del impuesto en función del número de oficinas, es decir, de ver cómo está arraigada esa entidad financiera en lo que es el archipiélago de Canarias, pero hasta ahí se puede llegar. Hasta ahí. De lo contrario, efectivamente, si planteáramos ir más lejos, sí que había una duda razonable de que el impuesto pudiera ser declarado inconstitucional.
Por lo tanto, señoría, nosotros, en esta enmienda, atendiendo un poco también a lo que usted plantea con respecto fundamentalmente a las cooperativas de crédito, lo vamos a dejar tal y como está, es decir, tal y como ha salido del informe de ponencia con nuestra enmienda.
Siguiente bloque de enmiendas, de los impuestos indirectos.
Solo quería aclarar una cosa para ordenar el debate. ¿La enmienda número 89 se va a defender aparte, se va...? Porque veo, hay un bloque pero la 89 no tengo claro si quieren... O compartirse el tiempo, el turno en contra, me refiero.
(El señor Rodríguez Rodríguez consulta con el señor presidente.) (Pausa.)
El señor Rodríguez Rodríguez: Bueno, entraríamos en un grupo de enmiendas referidas a los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos existen, funcionan y tienen un valor recaudatorio potente, porque además tienen una inmediatez extraordinaria en su capacidad recaudatoria. Hay algunos consumos que no se modifican ni con la crisis, porque hay elementos que son inaplazables para la ciudadanía, pero tienen un componente en justicia evidente, y es que no discriminan las rentas del consumidor y, por lo tanto, son más injustos, ¿no? De forma que un sistema fiscal justo tiene que concentrar una alta capacidad de recaudación sobre los impuestos directos por su capacidad de progresividad, de que paguen más los que más tienen, mientras que los impuestos indirectos, que son inevitables y son importantes, tienen ese inconveniente de no discriminar las rentas y, por lo tanto, tratar igual a los que tienen mucho que a los que tienen poco o incluso nada.
Aquí hay dos figuras fundamentales, que sería el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto indirecto que pasa habitualmente desapercibido y que es muy importante desde el punto de vista recaudatorio -o al menos estos son los antecedentes que yo manejo-, hasta el punto de que después del impuesto general indirecto canario, de la recaudación de los impuestos propios, este sería el más alto, por encima del de combustibles, hasta ahora. No sé yo si los incrementos del combustible que hace también esta ley y que nosotros no hemos enmendado, porque estamos de acuerdo si no afecta a los combustibles profesionales, incrementarán más la recaudación de combustibles que esta. Pero aquí lo que decimos es que hay que incrementar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y ponerlo igual que el resto de España. Aquí es un 6,5% y en otras comunidades, en todas, está en el 7% y, por lo tanto, creemos que hay que incrementarlo. Y el tema puede representar, en el caso del de transmisiones patrimoniales, del 6,5 al 7 y en el caso de los actos jurídicos documentados, del 0,75 al 1%. Aproximadamente un 10% de incremento de la recaudación de un impuesto que en el último año recaudó 230 millones. Es decir, que si nos equiparamos en estas dos figuras fiscales al resto de España y se mantiene una recaudación media de los últimos años, por este incremento equiparatorio al resto del Estado el Gobierno ingresaría 23 millones de euros. Parece ser que están empeñados en no recaudar ni un euro más ni un euro menos del Plan económico-financiero. Ya les adelanto que, como no hagan estas cosas, van a recaudar menos seguro, porque ya les digo que la recaudación fiscal en lo que va de año en el conjunto de España, a pesar del incremento sensible del IVA que hizo el señor Zapatero, a pesar de las eliminaciones y deducciones, etcétera, está cayendo con respecto al año anterior. Según leía en estos últimos días, hay varios miles de millones de recaudación menos por todo tipo de impuestos por parte de las administraciones públicas en los primeros meses de este año, porque hay una cuestión que impacta en los impuestos, que es la economía, y como estamos en retroceso, en recesión, pues, se ingresa menos. Lo digo, que por lo menos les serviría de colchón para cumplir el objetivo recaudatorio que pretenden.
Con respecto al impuesto general indirecto. Aquí nosotros manejamos diferencias de fondo con el Gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo en la subida que se hace del impuesto reducido del 2% al 3. Nos parece excesiva, nos parece que un incremento del 50% es mucho, porque afecta a productos importantes para el consumo. Me van a decir que han hecho algún trabajo y que parece ser que no es tanto, pero es que afecta al transporte terrestre, afecta a la teleasistencia, a la ayuda a domicilio, afecta a figuras sensibles. Por cierto, todas estas prestaciones sociales, que decaen porque los ayuntamientos no tienen capacidad financiera, y los cabildos y el propio Gobierno, los que puedan tendrán que comprarla en el mercado. Bueno, pues, este impuesto se incrementa un 50%, no solamente alimentos congelados y básicos para la gente, sino la teleasistencia, la atención de día y de noche, las residencias, el transporte terrestre.
De manera que nosotros en nuestra propuesta en diciembre decíamos no tocar este impuesto porque afecta a los más necesitados, a los que menos tienen y, sin embargo, que precisan de estos servicios y de estos productos, ¿no? Por lo tanto, nuestro planteamiento es mantenerlo donde estaba.
Nosotros con respecto al impuesto general del 5 al 7 he de decir que no hemos presentado enmiendas, primero, porque nosotros tenemos una capacidad limitada también de responder en estos tiempos a esta ley, ¿no? Hay otros que no han hecho nada y allá ellos, pero nosotros, si nosotros tenemos dos semanas más, yo les aseguro que presentamos 50 enmiendas en vez de 25. El problema es que no hemos tenido más tiempo. Pues, estamos apurados, somos tres diputados en el grupo y hemos hecho una enmienda a la totalidad, argumentada y alternativa, crítica, y además constructiva, y hemos hecho enmiendas parciales.
En el impuesto del 5 al 7, el general, tiene algunos inconvenientes. Nosotros decíamos en diciembre: "subamos un punto, del 5 al 6 desde enero", y ustedes suben del 5 al 7 desde julio, y afecta a sectores económicos claves, como el turismo, y el turismo sí que impacta en la economía, el turismo es el motor de la economía, el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, y concatena otras actividades, y ahí aumentamos un 40% este tema. ¡Y ahí sí que reducimos de forma sensible el diferencial fiscal y ahí sí que influye en la competitividad! Porque nosotros competimos con los del norte de África, con los del Mediterráneo y con el resto de España, y ahora el IVA turístico, que en el territorio continental español es IVA reducido, está en el 8% y el nuestro, que no es reducido sino que es tipo general, está en el 7 con esta ley. Y esa reducción, además del impacto que pueda tener en las cuentas de resultados, porque se produce en medio de temporada, reduce a un solo punto la diferencia fiscal en una actividad que sí es económica. Por eso yo decía el otro día aquí, cuando hablábamos de la globalidad de esta ley, que se habían tenido poco en cuenta los temas fiscales, el impacto, en la economía. Los impuestos son muy importantes, decisivos, para el funcionamiento de un Estado moderno, pero tienes que medir muy bien qué impuestos tocas, cuándo los tocas y cuál es el impacto sobre el ciclo económico, sobre el momento económico y sobre las actividades, y subir un 40% el tipo general del IGIC, afectando de lleno a la primera actividad económica, puede tener consecuencias económicas, tiene impacto en la competitividad del sector turístico y de otros sectores.
Y, por lo tanto, nosotros ahí, aunque no presentamos una enmienda concreta porque nos faltó tiempo, creemos que se les ha ido la mano, tenían que haberse quedado del 5 al 6 y no del 5 al 7. Lo que propusimos nosotros cuando tocaba. Hubieran recaudado lo mismo, porque hubieran recaudado de enero a diciembre y no de julio a diciembre.
Y luego los tipos incrementados ustedes los suben solo un 10%. Suben el tipo reducido un 50, el tipo general un 40 y los tipos incrementados, que actúan sobre consumos y bienes menos imprescindibles, solo suben un 10%, del 9 al 9,5 y del 13 al 13,5. Y nosotros decimos que eso no debe ser así. Nosotros creemos, aunque solo fuera...; no por razones recaudatorias, porque cuando estas cosas se hacen no se puede hacer solo por razones recaudatorias, tienes que ver el impacto en la economía, tienes que ver la equidad fiscal, tienes que ver cómo afecta a las familias, cómo afecta al ciclo económico. Nosotros planteamos en estas enmiendas no solamente dejar el 2 como estaba, en el 2, sino incrementar el del 9 al 11 y del 13 al 15. Dicen, "no, hay algunos productos que afectarían a la economía"; pues, los quitas, los exceptúas.
De manera que nosotros creemos que esto no se ha hecho con... yo diría, voy a no ser preciso. La dirección política de esto no ha existido, vamos, para que me entiendan, no ha habido dirección política de estas decisiones. Esto lo ha hecho un contable, y que no me parece mal, pero lo ha hecho un contable, porque no hay pensamiento político, no hay estrategia política, no hay análisis económico, no hay reflexión sobre lo que está pasando en esta sociedad. Esa es mi opinión y por eso hacemos las propuestas para mejorarla.
Y luego hay dos cuestiones, una que a mí me preocupa, y es el IGIC de las telecomunicaciones, pasamos de un tipo exento, según el artículo 24 de la Ley del REF, al 7%. Una subida brutal aquí, pero brutal, del cero al 7. Yo no tengo ningún estudio, solo faltaba que le hiciéramos nosotros los estudios al Gobierno, no tenemos capacidad para tanto, ¿no?, pero me da la impresión de que aquí se les ha ido la mano bastante. Dicen, "no, es que el mercado está ya liberalizado y ya esto no tal...". No, no, es que las telecomunicaciones para nosotros son vitales: para el sistema económico, para las familias, para el sistema educativo, para todo el mundo, y me parece que es un incremento excesivo. Yo aquí, si había que tocar este impuesto, desde luego hubiese sido más moderado. Cierto es que no le hemos presentado una enmienda moderada. Tiene una capacidad recaudatoria de 18 millones, bastante, en medio año, ¿eh?, pero esos 18 millones salen de los bolsillos de los consumidores, esos 18 son 36 al año. Es decir, es bastante.
Yo creo que aquí se les ha ido la mano y además se han quitado un elemento que estaba en nuestro REF, que, en fin, que yo creo que hay que discutirlo completo. Es decir, a mí no me gusta esta forma de tomar decisiones legislativas de ir quitando aquí y poniendo aquí porque eso es un lío. Oiga, ¿en el marco de la discusión del REF consideramos que algunas exenciones fiscales hay que eliminarlas después de un análisis económico? Bien, pero ahora para conseguir 18 millones quitamos la exención de las telecomunicaciones y le ponemos un 7. Nosotros lo dejaríamos como está y lo discutiríamos en el marco de una reflexión más rigurosa sobre el tema del REF.
Y luego hemos presentado una enmienda, que hay una discusión, que es de orden técnico, y es sobre el porcentaje de participación en la distribución del IGIC entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno. Nosotros habíamos recogido de la Fecai esta inquietud de que había una imprecisión en el tema y el Gobierno dice que no. Bueno, nosotros la mantenemos y ustedes la votarán en contra, y espero que tengan ustedes razón porque así no tendremos más líos con los cabildos. Me refiero del 25 al 27 en uno de los años. En la Comisión General de Cabildos los cabildos defendieron que eso estaba mal, el consejero ha dicho que estaba bien, y yo no sé si está mal o está bien. Yo he presentado la enmienda para facilitar la propuesta de la Fecai, que ha sido muy generosa, junto con la Fecam, cediendo una parte de estos impuestos en esta etapa comprometida.
De manera que, acabo en este bloque de impuestos indirectos, ya acabamos además con la discusión, ahora iremos a la parte general, diciéndole que nosotros defendimos honestamente en diciembre, cuando tocaba, una subida selectiva, inteligente, pensada, medida, sobre los impuestos que podían ser tocados a sabiendas de que el marco económico se deterioraba y que las finanzas públicas se deterioraban. Entonces nos dijeron que eso deprimía la economía, nos dijeron que eso era malo porque reducía el diferencial fiscal y casi dijeron que yo tenía una afición -no fue así- por los impuestos. Desgraciadamente ustedes ahora lo hacen tarde, mal y yo creo que mucho, y por eso hemos intentado con este conjunto de enmiendas al bloque fiscal mejorar la progresividad fiscal, mejorar la equidad fiscal, no tocando los impuestos fundamentales, e introducir un poco de reflexión económica, que la subida de impuestos impacte lo menos posible en las actividades económicas que más o menos avanzan y funcionan.
Este ha sido el objeto del conjunto de enmiendas parciales y haremos una reflexión global de la ley en consonancia con nuestra enmienda a la totalidad. Nos ha animado aquí, como siempre, hacer propuestas críticas, alternativas y constructivas a las iniciativas de los grupos que soportan al Gobierno y este es el sentido de estas 24 enmiendas que he tenido el honor de defender en nombre de mis compañeros del Grupo Mixto, del PIL y de Nueva Canarias.
El señor presidente: Turno en contra de las enmiendas a los artículos 82 a 90. Don Emilio Mayoral, Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Bien. Nos trae en este último bloque de enmiendas del Grupo Mixto lo que llamamos los impuestos indirectos. Efectivamente, voy a ir un poco enmienda por enmienda, pero explicando quizás la posición. Pero básicamente lo que les transmití antes: el gran problema, teniendo en cuenta lo que plantea el Grupo Mixto, está otra vez en las compensaciones de las cantidades. No es que uno no esté de acuerdo en que se puedan subir más los tramos altos del IGIC y menos los tipos reducidos o el tipo general, sino que al final las compensaciones de los tramos altos del 9 al 11 que plantea y del 13 al 15 no compensan en absoluto la recaudación que se plantea de la subida del 2 al 3. Y, por lo tanto, este es un grave problema que vuelve a aparecer, porque no nos cuadran las cuentas del Plan económico-financiero, y ese es uno de los graves problemas.
Pero por empezar un poco por el orden de las enmiendas que tenía, la primera que aparece es la de establecer el tipo general en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del 7% en transmisiones y subir el de actos jurídicos documentados al 1%. Bueno, es verdad que esto está en otras comunidades autónomas y está así, pero el diferencial de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a otras comunidades, como sabemos, en temas fiscales en este caso quedaría igualado, puesto que se plantearía el tener el tipo general como en el resto de España al 7%. Por lo tanto, se rompería ese mantenimiento del diferencial fiscal que ahora tenemos del 6,5 con respecto al 7, igualándonos con el resto de las comunidades.
Además aquí también se podría plantear el efecto que tiene este tipo de impuestos, en transmisiones patrimoniales, por ejemplo en la adquisición o en la venta de una vivienda. A veces nos planteamos el hecho de decir, "bueno, es que sube el tipo reducido y le puede afectar en 5 euros al mes a una familia en ese tipo", ¿no?, en las compras que tiene de ese tipo, pero también habría que plantearse, "oye, que medio punto en la compra de una vivienda de 150.000 euros, pues, supone mil y pico euros de golpe"; es decir, que 24 euros lo cambiamos -a quien le toca, me refiero- por que tenga que pagar medio punto más en la adquisición de su vivienda, pues, mil y pico euros, es un palo, ¿no? Por lo tanto, aunque globalmente se puede entender que estamos defendiendo en los tramos menores del IGIC unas cantidades, las repercusiones reales que luego afectan familiarmente, pues, podemos encontrarnos sorpresas como puede ser esta que estoy citando.
También se propone establecer en los actos jurídicos documentados. Va ligado a lo anterior, en las escrituras, en lo que son notarías, etcétera, el efecto que causaría esta situación.
En cuanto a los tipos del IGIC que plantea el Grupo Mixto, bien, la subida del 9 al 11 y del 13 al 15, también habría que decirle que esto tiene efectos, efectos sobre ventas. Concretamente ahí nos encontraríamos con todo el sector de automóvil y, por lo tanto, la repercusión que podría tener este incremento en la adquisición del automóvil, cuando sabemos que es una de las industrias que está ahora mismo en franca recesión, puesto que la caída de venta de los automóviles, en Canarias y en el resto de España, pero en Canarias específicamente, que se viene produciendo en los últimos años es importante. Y, por lo tanto, cualquier subida en exceso, por encima, en estos tipos, aunque sean de poder adquisitivo, pero está claro que un automóvil entra dentro de lo que es, digamos, el conjunto general de la ciudadanía, los que quieren acceder a este tipo de bienes, pues, se vería enormemente perjudicado también con esta subida.
Pero, lo que es más importante, es que la subida del 9 al 11, en vez del 9 al 9,5, y del 13 al 15, en vez del 13 al 13,5, ese punto y medio de más que plantean ambos, si lo suman globalmente, no va a tener unos efectos recaudatorios que compensen lo que significa la rebaja que se quiere realizar con el mantenimiento del 2. Estamos en lo de siempre: de dónde se saca la diferencia para poder cuadrar las cuentas finales, que es lo que al fin se pretende y además es compromiso que se tiene con el acuerdo de la estabilidad presupuestaria.
Luego plantea, plantea, una enmienda muy concreta al tipo, al tipo general del tema de las telecomunicaciones, del 7%. Efectivamente, aquí aparece un incremento en las telecomunicaciones, que pasan de estar exentas de golpe y porrazo a tributar al tipo general del 7%. Ahora bien, hagamos un poco de historia. El sector de telecomunicaciones, cuando se estableció en la Ley 19/94, se establece esta exención en esta ley con un incentivo que no era mantenerlo eternamente en el tiempo; se trataba, como todos los incentivos, para poder desarrollar, apoyar e incentivar la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Estamos hablando del año 94, ha pasado bastante tiempo y, por lo tanto, el mercado está suficientemente liberalizado, o parece que está liberalizado, y parece evidente que tras el tiempo transcurrido ya no se necesita, con estos efectos, que son el objetivo por el cual se creó esa exención. Desde luego se ha cumplido y no se necesitaría mantenerlo eternamente desde ese punto de vista.
¿Efectivamente, eso va a afectar a los ciudadanos? Pues, claro. Lo que pasa es que si alguien está consumiendo un consumo mensual de 24 euros en llamadas de sus móviles, pues, eso le va repercutir en un euro más, 1,50 euros. 1,50 euros, que o llamas un poco menos para que le siga saliendo así o, en función del consumo que haga de las llamadas telefónicas, pues, tendrá que pagar por los servicios que está realizando, por el consumo que está realizando. Por lo tanto, ese coste de las telecomunicaciones, que irá directamente a los usuarios de esos servicios, tendrán que ser los que asuman el coste fiscal.
Repito, el objetivo que se pretendía era la liberalización del mercado, cuando se plantea esto como un incentivo. Lo que hay que ver ahora es si se ha cumplido el objetivo o no y si se ha cumplido, pues, el objetivo, deja de tener ya sentido el seguirlo manteniendo.
Y, por último, por último, aparece también una enmienda relacionada con los fondos, con la Fecam y con los acuerdos Fecam-Fecai. Efectivamente, aquí hay una discrepancia, pero hay que decir que la variación de ese porcentaje del 25 al 27, tal como se propone en la enmienda, supone exactamente 5 millones de euros menos de ingresos para la comunidad, según las estimaciones que se han realizado. En los acuerdos de que se dispone, por lo menos así se establece por parte del Gobierno, parece que se consigna de forma clara que el porcentaje es del 25%, aunque parece también que hay otras reuniones donde se habla de que los cabildos insulares tienen otra interpretación relativa a este porcentaje. Como digo, esta reducción puede sufrir, puede suponer un problema de incumplimiento grave del pacto de estabilidad, puesto que los efectos de 5 millones son 5 millones, y está encuadrado de acuerdo con el 25 y no con el 27.
En base a lo anterior, por lo tanto, y por todo lo que he comentado, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista van a votar en contra de las enmiendas presentadas en este bloque.
Señorías, en estos momentos se abre un turno de grupos parlamentarios... (El señor Ruano León solicita la palabra.)
Sí, don José Miguel Ruano, dígame. Sí, dígame.
El señor Ruano León (Desde su escaño): Señor presidente, una cuestión que creo que es previa antes de que usted prosiga en el desarrollo del debate. Se han presentado, se han debatido ya las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y después de diversas consideraciones entre los grupos que apoyan al Gobierno, el propio Gobierno, en torno a la entrada en vigor de la ley, teniendo en cuenta las medidas fiscales que contiene, la necesidad de que se establezca un plazo mínimo acaso de vacatio legis, la pretensión es presentar una enmienda in voce acerca de este extremo. Había otra pretensión por parte de los grupos que apoyan al Gobierno de presentar otra enmienda in voce sobre un tema que afecta a productos farmacéuticos. Esa no es ahora la idea, no se va a presentar. Tan solo, tan solo presentamos una enmienda in voce que tiene que ver con dar más seguridad jurídica al proyecto de ley, que pretende el Gobierno publicarlo en cuanto la Cámara se lo remita. Y la enmienda in voce diría lo siguiente...
El señor presidente: Sí. Bueno, tenía previsto que... efectivamente nos habían hecho llegar el texto. Disculpe y siga, siga, expóngala usted mismo. Tenía previsto que lo hiciera el secretario.
Es muy simple porque, tal y como está ahora el proyecto de ley, puede inducir a confusión sobre el régimen de entrada en vigor de determinados tributos. Y la enmienda diría lo siguiente: "Disposición adicional décima. Entrada en vigor. Uno, la presente ley entrará en vigor el 1 de julio de 2012; dos, no obstante lo previsto en el apartado anterior, las modificaciones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas contenidas en el capítulo I del título II del libro II de la presente ley tendrán efectos desde el 1 de enero de 2012".
El señor presidente: Sí, don Miguel Cabrera.
El señor Cabrera Pérez-Camacho (Desde su escaño): Señor presidente, señorías.
Esta enmienda in voce es un acta notarial de reconocimiento de la incompetencia del Gobierno. ¿Por qué?, porque lo que hace es darnos la razón en todas las cosas que el otro día se debatieron.
Las disposiciones relativas a la entrada en vigor son un auténtico galimatías y un laberinto. ¿Pero qué ocurre, señorías?: que el pueblo canario no tiene la culpa de que en la Consejería de Economía y Hacienda no sepan hacer ni siquiera las disposiciones finales de las leyes.
Nosotros vamos a permitir la enmienda in voce, no vamos a bloquearla, pero, que quede constancia, lo hacemos por el pueblo canario y queda acreditada, pues, esa incompetencia a la cual nos referíamos el otro día y que hoy queda ratificada.
El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel.
¿Los demás grupos parlamentarios están de acuerdo con la tramitación de la enmienda in voce? (Asentimiento.) Saben que se requiere unanimidad para tramitarla, que no para aprobarla, que se votará después. Entonces queda admitida la enmienda in voce.
Muchas gracias, don José Miguel Ruano.
Y entonces sí vamos al turno de grupos parlamentarios.
Vamos a, de común acuerdo y si les parece bien, señorías, un turno de 14 minutos, bien sabido que hay un minuto de...; pero que no pasaremos de los 15 minutos. ¿De acuerdo? Si lo desean usar o no lo desean usar.
Este turno normalmente es después de votar, pero hemos decidido aquí que, hemos decidido no, hemos analizado que eso procede cuando hay enmienda por enmienda, pero al votarse todo al final, las intervenciones es mejor que sean antes de las votaciones. Tiene más sentido, por si hubiera necesidad de que algún diputado, pues, pudiera cambiar el voto con motivo de las intervenciones.
Entonces es un turno de explicación de voto, no de fijación de posiciones. En definitiva, es muy parecido pero es de explicación de voto.
Nosotros, en coherencia con la enmienda a la totalidad que presentamos a esta ley y en coherencia con las enmiendas parciales que han tratado de mejorar algunos aspectos de la misma, mantenemos la posición original de interpretar que esta ley tiene una orientación, desde el punto de vista de la política económica, que nosotros no compartimos porque no funciona. Esto que estamos viviendo hoy aquí, que viven otros territorios del Estado español en condiciones parecidas, lo que ha ocurrido en el Parlamento español estas últimas semanas, son leyes que tratan de cumplir con los llamados planes de estabilidad, que se han conformado como la solución, la respuesta a la peor crisis económica que hayamos vivido, y queda constatado, porque los datos lo demuestran, que esta estrategia política interesada, conservadora, de abordar esta crisis por la vía del ajuste fiscal es un fracaso rotundo.
Y hasta los sectores que idearon esta estrategia y, afortunadamente, aunque tarde, empiezan a replantearse que este no es el camino. Afortunadamente, desde el G-20 al Fondo Monetario Internacional, desde la Comisión Europea e incluso algún dirigente del Banco Central empiezan a verbalizar que esta crisis se agrava con esta política, que la austeridad deprime la economía, genera paro, genera descohesión, debilita la democracia y que hay que cambiar radicalmente la política frente a la crisis si queremos retomar el vuelo. Lo primero frente a esta crisis tiene que ser el crecimiento. ¡Sin crecimiento no hay futuro! Ni para los servicios públicos ni para el empleo ni para la estabilidad social. Lo primero tiene que ser el crecimiento y, cuando el crecimiento no viene de la mano de la iniciativa privada, por las circunstancias de grave endeudamiento de este sector y de la crisis financiera, solo queda el camino de las políticas de estímulo desde los sectores públicos, desde los bancos centrales, y ese es el debate, desde hace años, que alguno hemos denunciado de forma reiterada y que no ha tenido ningún impacto en la toma de decisiones de los centros conservadores que han decidido esta política suicida. Y por el daño generado a la economía, al sistema productivo, al empleo, a los servicios públicos, al bienestar, a la cohesión, después de la evidencia del fracaso rotundo, sin paliativos, de esta política equivocada, antieconómica, parece que empiezan a pensar que no podemos seguir por esta senda. El G-20, estos pasados días, concluía algo elemental frente a las crisis: que la austeridad tiene que ser a largo plazo cuando hay recesión económica y que a corto la respuesta tiene que ser estímulos, crecimiento. Por eso me han escuchado desde esta tribuna a lo largo de esta legislatura hablar en estos términos de forma reiterada y vuelvo a hacerlo hoy porque esta ley es más de lo mismo (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).
Al margen de la capacidad de maniobra del Gobierno, esta ley detrae a la economía canaria de aquí a final de año 860 millones de euros, 2 puntos del Producto Interior Bruto, y eso es depresión económica, menos consumo, menos demanda, menos empleo, peores servicios públicos, más miseria. De forma que nosotros tenemos que denunciar, antes y ahora, esta manera de enfrentarse a la crisis Estos 860 millones de euros que se detraen de la economía por la vía de los recortes y por la vía de los impuestos deprimirán más la economía canaria, generarán más desempleo público y privado. Por eso, el fondo, la filosofía que inspira esta política económica, desde mi organización la rechazamos de forma categórica, por equivocada, por injusta, por ineficaz. De manera que esta es una de las razones de nuestra enmienda a la totalidad, reconociendo los márgenes de maniobra que tiene este Gobierno e incluso los márgenes de maniobra que tiene el Gobierno español.
Este año, con esa santificación de la austeridad, se retiran 46.000 millones de euros de la circulación: 27.000 el Gobierno de España, 18.400 las comunidades autónomas. 46.000 millones de euros son más de 4 puntos del PIB del Estado español. Y no solamente no resuelve ningún problema sino que agrava y crea nuevos problemas, porque un país que no crece, una economía que no crece, no genera confianza en nadie. Desde luego en los acreedores, porque en una familia en la que no entran recursos difícilmente podrá acometer sus deudas. Pues eso al conjunto del Estado español le pasa igual. Y los acreedores no pueden confiar en un país deprimido económicamente, con 6 millones de desempleados; no pueden creer en un territorio como el nuestro con 360.000 desempleados y en crecimiento, con deuda, de forma que no podemos aceptar esta política y de fondo la rechazamos.
Pero también rechazamos las formas. En democracia, en todas las cosas de la vida, las formas son fundamentales. Debatir en profundidad asuntos tan relevantes como la estructura administrativa de esta comunidad, debatir en profundidad limitar derechos a los empleados públicos, debatir en profundidad la destrucción de empleo en el sector público, debatir en profundidad el sistema fiscal, los incrementos fiscales, el impacto que estos puedan tener en la economía, en el bienestar, en el crecimiento, en la equidad, obliga a disponer de tiempo. Primero para que todo el mundo entienda lo que aquí se decide, porque uno de los problemas de lo que hacemos es que no lo entiende casi nadie. Nos alejamos peligrosamente de la mayoría social. Primero porque aquí casi nadie dice la verdad, aquí todo el mundo está con eufemismos: a los recortes les llaman "ahorros", al rescate le llaman "préstamos preferentes gracias a mí". ¡Así no se puede gobernar, así no se puede gobernar! Hay que decir la verdad, y la verdad es que los recortes, los 46.000 millones de euros que se detraen este año por estas políticas de la economía del conjunto del Estado español y, por tanto, también de Canarias son un desastre que echará a miles de trabajadores públicos a la calle, que empeorará los servicios públicos, que habrá menos obra pública, que no habrá políticas sectoriales, en agricultura, en industria, en turismo... De manera, señorías, que no podemos aceptar ni el fondo ni la forma.
Yo sé los tiempos, razonablemente conozco los tiempos, pero podían haberse intentado más acuerdos, porque los acuerdos son fundamentales en democracia. Yo creo que desde el Consejo Económico y Social, al Consejo Consultivo, a los ayuntamientos de Canarias, a los cabildos de Canarias, a los empleados públicos de nuestra tierra, a todas las organizaciones sindicales y yo diría que a todas las organizaciones empresariales, no han tenido las oportunidades suficientes para aproximar acuerdos. Yo no digo que estuvieran garantizados porque las medidas son duras, pero no se han generado las condiciones objetivas para el acuerdo. No ha habido tiempo suficiente para intentar la aproximación al menos en un conjunto de medidas y lo que nos ocurre ahora es que lo que aquí van a hacer ustedes aprobando esta ley es que no lo comparte nadie que no sean los grupos que apoyan al Gobierno, con dudas. Y, por lo tanto, cuando se toman decisiones políticas que impactan en la vida de la gente, en el futuro, en el bienestar y la gente no las entiende o no las comparte, se quiebra la cohesión.
Yo le diría al Gobierno que al menos -al final saldrán ustedes adelante, tienen una mayoría parlamentaria que evidentemente yo no discuto, como la tiene el Partido Popular a nivel de España-, que al menos hagan un esfuerzo de explicar esto a la ciudadanía y de explicar la verdad de las cosas; y decir que en esta comunidad en los últimos cuatro años, incluido este, se han recortado 3.200 millones de euros de gasto público y que eso no es neutral para la economía, eso es malo para la economía; que esos 3.200 millones de recortes han deteriorado más la sanidad, la educación y los servicios sociales. Podríamos hasta concluir que es inevitable pero digámosle a la gente que esos recortes no son buenos, ¡no son buenos! Otra cuestión es recortar lo ineficiente, organizarse bien para conseguir los objetivos, pero no se puede aplaudir una política fracasada que genera desempleo, desesperanza y un futuro oscuro.
Por lo tanto, señorías, nosotros hicimos nuestra enmienda a la totalidad, hicimos un análisis de la situación de la economía internacional, de la economía española, de la economía canaria, hicimos un análisis de por qué estábamos en este momento, de por qué estábamos en este momento, cuántas de las decisiones de lo que nos pasa dependieron de nuestras instituciones, de nuestra capacidad de autogobierno, cuántas han venido impuestas de forma injusta desde otras latitudes... Y dijimos que los dos grandes bloques tenían cosas positivas, evidentemente, pero alguna muy negativa. De manera que no vamos a apoyar esta ley, en coherencia con la enmienda a la totalidad, en coherencia con nuestras enmiendas parciales, y les reclamamos a los grupos que apoyan al Gobierno que, después de aprobada esta ley en el día de hoy, expliquen, con precisión, con claridad, a los sectores, a la ciudadanía, sus implicaciones, que serán inevitables, yo tengo mis dudas, pero que no son buenas.
Y reclamaría al Gobierno que esta forma de legislar sea excepcional. No es razonable endosar en esta ley asuntos que ni siquiera se pueden justificar por la crisis. Ni siquiera. Por eso creo que incluso la ley toma algunas decisiones no vinculadas a la crisis, por ninguna de las visiones posibles, que queman el futuro, que comprometen esas áreas de problemas, y me refería hoy, de forma destacada, en el debate de esta mañana, a los impuestos ambientales. Y que hagan un esfuerzo de diálogo con los empleados públicos, porque los empleados públicos ya sufrieron una reducción salarial del 5%, una congelación en el año siguiente; han subido los impuestos que afectan a los que...; el IRPF, las tasas de todo orden y condición y un 5%, además no progresivo, pues, va a generar un daño añadido. Y procuren buscarle una solución a la más que probable reducción salarial que van a imponer las Cortes Generales para que discrimine, insisto en este tema, para que discrimine a las comunidades que han tomado esta decisión, porque, como la ley del Estado o el decreto-ley salga sin...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, tiene un minuto para concluir.
El señor Rodríguez Rodríguez: ...volverá a haber más recortes sobre los empleados públicos de esta comunidad, y eso sería absolutamente inaceptable. Hagan esa gestión porque, no les quepa duda, con esta política, allá y aquí, vendrán más impuestos y más recortes, y desgraciadamente ya saben que en esto no me suelo equivocar.
Muchísimas gracias a los grupos por la participación y al Gobierno por la discusión, aunque no me han aceptado ni una enmienda. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado
Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral, por tiempo de 14 minutos tiene usted la palabra.
Ya en este tramo final de esta tramitación del proyecto de ley mi grupo quiere, en primer lugar, decir que va a apoyar, va a apoyar esta ley de medidas, primero por responsabilidad, porque creemos que en el momento en el que estamos es lo que toca hacer. No podemos hacer además otra cosa.
Es verdad, como ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, que la ley o la tramitación de este tipo de leyes es un poco, él ha dicho poco razonable en cuanto al sistema legislativo y en cuanto a la urgencia, pero esa no es una cuestión que uno pueda elegir, porque evidentemente se nos han dado unas pautas, y cuando digo que se nos han dado unas pautas, me refiero a Canarias, pero me refiero también al propio Estado, a España, producto de unas políticas europeas que han establecido y se tienen que cumplir unas determinadas condiciones. Determinadas condiciones que han girado en las políticas económicas alrededor del déficit y no precisamente alrededor de incentivos de creación, de incentivos para superar la crisis a través de un desarrollo de la economía.
Estamos curiosamente asistiendo, quizás, a un sistema de políticas europeas contrapuestas con las políticas americanas. Parece que lo que antes hacía Estados Unidos y Europa aplicaba las políticas keynesianas, ahora se viene produciendo al revés; son los Estados Unidos los que reclaman las políticas de incentivos económicos a través de la inversión pública, mientras que las políticas europeas se concentran exclusivamente en lo que es la reducción del déficit.
Y, por lo tanto, hay que situarse en el momento en el que estamos y las políticas que se están haciendo directamente desde Europa. A mí no me gustar echar la culpa, por eso muchas veces de decir: "el Gobierno de Madrid me ha recortado", porque es que al Gobierno de Madrid le han recortado también. Igual que tampoco me gusta cuando un cabildo dice: "es que el Gobierno de Canarias me ha recortado"; o cuando un ayuntamiento dice: "es que el cabildo me ha recortado". Porque al final lo que está claro es que todos en cadena vienen sufriendo las consecuencias de estas políticas, que han sido marcadas y que hasta ahora son las que han tenido éxito en la Unión Europea. También es verdad que estamos en la Unión Europea porque algunas ventajas nos ha reportado en el pasado; yo espero que también en el presente y en el futuro. Y por ello, en cualquier caso, creo que esto debe ser un esfuerzo común de todos los países de la Unión Europea, tratar de cambiar estas políticas que nos lleven, efectivamente, a un cambio en las políticas tan restrictivas o de restricciones.
Yo diría que, efectivamente, no es bueno reducir el gasto o hacer reducciones o ahorros o como quieran llamarlo, que ha llamado el señor Román, pero tampoco es bueno subir impuestos. Claro, si no subimos impuestos, no reducimos gastos, a los empleados públicos les subimos el sueldo y bajamos los impuestos al mismo tiempo para incentivar la economía, eso no cuadra ni a tiros. O sea, es algo evidente. Y lo que no se puede hacer es una demagogia tratando de estar a bien con todos al mismo tiempo y no tratando de resolver el problema que tenemos, que es cuadrar al final unas cuentas. Esto es más simple. Y es verdad que hay que decírselo a la gente, y hay que decírselo a la gente y explicar también los motivos, estos de los que estábamos hablando y de los que se ha hablado aquí a lo largo de este debate, de la tramitación de esta ley, pero también explicarle la necesidad de que, de acuerdo con las directrices y con las condiciones de donde pertenecemos, tenemos que cumplir con esas normas y cumplir con esos compromisos, el último, el pacto de política económica y financiera.
Por lo tanto, la ley que hoy traemos y que vamos aquí a votar dentro de unos minutos se ha hecho por necesidad, sí, porque nos lo exigen también. ¿Que se pueden dar alternativas dentro de la ley de diferentes formas?, bueno, aquí se han presentado algunas enmiendas y sobre ellas hemos debatido, pero también ha quedado constancia de que desde luego esas enmiendas no pueden resolver la cuadratura del círculo, que es cuadrar las cuentas.
El Grupo Socialista va a apoyar la ley, y va a apoyarla porque, entre otras cosas, entendemos que es una ley que ha buscado el equilibrio, el equilibrio en el esfuerzo. Partiendo de la base de que había que establecer unas medidas que pudieran resolver la situación económica y financiera del déficit y cumplir con nuestros compromisos, aquí todo el mundo va a aportar un esfuerzo fiscal. Primero, la propia Administración, a través de las reducciones de los gastos que ha venido efectuando, pero que ha hecho que sea necesario legislar nuevas medidas para que desaparezcan 13 nuevos organismos, además de los que han venido desapareciendo; o con la reestructuración de las empresas públicas. Por lo tanto, con un esfuerzo en la reducción de los gastos, a los que el otro día me referí, de todo tipo, los gastos corrientes, desde el uso de vehículos oficiales, desde la rebaja del consumo telefónico, desde la rebaja de alquileres, desde la rebaja de consumibles, etcétera, etcétera. En esta ley y en las medidas del libro I se establecen nuevas disminuciones de esos gastos.
Pero los empleados públicos van a hacer un esfuerzo importantísimo. Efectivamente, hace dos años ya se les rebajó el sueldo y ya ahora se va a hacer otra rebaja en un cómputo anual del 5% de sus retribuciones.
Y, señor Román, yo creo, creo, que desde luego, si el Gobierno de la nación, que lo va a hacer, bajará los sueldos a sus funcionarios, igual que cuando... -sí, sí, de obligado cumplimiento para todos-, igual que ahora no quiso hacerlo y les dijo a las comunidades autónomas "cuádrenme ustedes esto como quieran", y ya sabía que muchas tenían que ir a la rebaja de sueldos, lo que no va a poder hacer ahora es decir "yo, que tengo que hacerlo con los míos, encima aplíquenles a sus funcionarios lo que ya les han aplicado". No, aquí esto, por lo menos en el volumen que está establecido, tendrá que ser absorbible y compensado con cualquier medida que tome el Gobierno a nivel central. Es verdad que a los ayuntamientos y a los cabildos que no hayan hecho o hayan adoptado esas medidas les será de obligado cumplimiento esa disposición, en caso de que esto se lleve a cabo a nivel del Gobierno central.
Bueno, ese esfuerzo ya lo han hecho y lo vamos a hacer aquí, en Canarias, los empleados públicos a través de la aprobación de esta ley.
Los empresarios hemos... (Rumores en la sala.)
Señorías, señorías, por favor, guarden silencio. Se oye un murmullo permanente en estos momentos.
El señor Mayoral Fernández: Hemos visto que los empresarios, a través de esta ley, con la creación de esos nuevos impuestos, van a tener también su corresponsabilidad en la financiación a través de esos impuestos especiales, medioambientales, que hemos creado o se van a crear, y también en el IGIC. Sabemos que son los ciudadanos los que al final pagan, pero, bueno, en algunos casos los empresarios van a tener que soportar, en el sector turístico por lo menos en este semestre, por no poderlo repercutir en las negociaciones que han tenido con los turoperadores.
Y los ciudadanos, los ciudadanos que son al final, todos los ciudadanos, los que van a pagar también con la subida de los impuestos el esfuerzo de esta realidad. Realidad que -estoy totalmente de acuerdo- hay que decirla, porque es que claro que hay que explicar las cosas. Es que a la gente hay que decirle, "oiga, mire, si no ingresamos esto, no podemos gastar esto". Y esta es una cuestión elemental y, por lo tanto, hay que decirlo. Y hay que agradecerle también todo el esfuerzo que se viene realizando.
Yo creo que -espero y quiero ser optimista, señor Román-, que las medidas que aquí se están tomando sí tengan los efectos recaudatorios y los efectos de reducciones de gastos que nos hagan llegar al 31 de diciembre con un presupuesto equilibrado y con un cumplimiento de los compromisos, porque si eso no es así, si eso no es así, en menudo berenjenal nos vamos a meter y se va a meter el Gobierno si no cumple con lo que tiene establecido. Espero que eso no llegue, espero que seamos capaces de hacerlo y con el esfuerzo de todos lo consigamos.
Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán, por tiempo de 14 minutos tiene usted la palabra.
Perdón, perdón, señorías, señorías, ruego silencio, por favor. Que se oye un murmullo permanente y no puede la persona que está interviniendo... Por respeto al interviniente.
Este debate final solo lo podemos tener con el Grupo Mixto, porque el Grupo Popular, aunque va a intervenir después, porque así lo dispone el Reglamento de la Cámara, lo cierto es que su debate, su debate de enmienda a la totalidad, lo hizo el otro día. Un 50% de ese tiempo lo dedicó a citas literarias y a una noche de humor, un 30% a despreciar al Gobierno y a los grupos que apoyan al Gobierno y un 20% centrado en lo que era el debate de la enmienda a la totalidad. Y de ese 20% algunas cosas, como citaba el otro día o, mejor dicho, en la mañana de hoy con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de grandes superficies... Qué pena que no la conociéramos antes sino en el día de ayer, se le quita también uno de esos argumentos de que iba a proponerle al Gobierno que recurriera la ley por inconstitucionalidad, y ya le adelanto que no le van a hacer caso. Esta ley el Gobierno no la va a recurrir por inconstitucional. La podrá recurrir por otras cosas, pero por esa no.
Y como es el Grupo Mixto el que ha hecho el esfuerzo de presentar una enmienda con texto alternativo es, creo, el que merece la atención por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el día de hoy. Ustedes han hecho un esfuerzo y han hecho un discurso que empieza en Europa y va bajando, pero en una de esas nos reconoce que los márgenes de maniobra del Gobierno son cortos. Pero se trata de eso, es completamente verdad y nosotros apoyamos su tesis y usted apoya nuestra tesis de que tiene que haber un cambio de discurso en Europa. Lo llevamos reivindicando, no ahora, como usted, sino desde hace mucho tiempo, y de hecho en la pasada legislatura, precisamente gobernando con el PP, eran partidarios de esta tesis. Una tesis en la que tenía que haber control del déficit pero tenía que haber también capacidad de dinamizar la economía. Y precisamente para dinamizar la economía el Gobierno anterior decidió poner 900 millones de euros anuales en beneficios fiscales. Es decir, impuestos que podía cobrar esta comunidad autónoma y los dejaba en manos de los contribuyentes. Que podía cobrarlos y los dejaba en manos de los contribuyentes: 919. Véase usted el informe financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad, donde está exactamente la capacidad recaudatoria de los siete-ocho impuestos que dejamos de cobrar para que estuvieran precisamente en manos de los contribuyentes, precisamente para dinamizar desde esa perspectiva la economía.
Segundo. Esta comunidad lleva años sin subir los impuestos de una forma importante, años. Algunos de ellos hace más de ocho años que no se tocan. Por lo tanto, también ha habido una restricción por parte de la comunidad autónoma de resolver sus problemas aquí, sin tener que recurrir a la culpa del Estado, en no cargar a los contribuyentes con mayor capacidad o con mayor capacidad impositiva. Eso es lo que se ha venido haciendo.
Y junto a eso se han recortado 2.800 millones de euros de ajuste presupuestario, de recorte presupuestario. Yo no voy a estar discutiendo cómo se llama, recorte presupuestario. ¿Que podemos aceptar que algunos de esos recortes podíamos haberlos evitado recortando en otro sitio? Sí, es posible, pero la decisión de quien gobierna es tomar decisiones y, en ese sentido, ha tomado esas decisiones presupuesto por presupuesto hasta llegar a esos 2.800 millones, incluidos los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2012.
Y siendo verdad que hay que alzar la voz, que cada vez debemos ser más quienes digamos que no pueden resolverse los problemas con el control del déficit única y exclusivamente y que las culpas no podemos aceptar que estén en este momento en la Administración pública, en toda la Administración pública, siendo eso verdad, lo cierto, señorías, es que quienes toman esas decisiones y, por lo tanto, nosotros somos correa de transmisión de esas decisiones, es en otro foro. Tendremos que levantar la voz en este Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en los 17 parlamentos autonómicos, en cada bloque de Europa, cada comentarista político, hasta ver si conseguimos remover esos cimientos que ahora marcan la política europea, de no dinamizar la economía, inyectando dinero realmente en la economía. Y yo creo que poco a poco se conseguirá.
Pero, mire, ¿por qué le digo que nosotros estábamos en ese discurso? Porque nosotros, del año 2008 al 2011, cada vez que negociábamos con el Estado, no negociábamos simplemente un apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Apoyábamos precisamente esa tesis: la tesis de que nosotros cumpliríamos con la parte que nos correspondería del déficit, pero, a cambio, tenía que seguir dinamizándose la economía canaria. ¿Cómo?, ¿en los términos del Plan Canarias? No, pero sí en los términos de mantener intactos los convenios para Canarias, sí en la fórmula de mantener los recursos disponibles para los planes de empleo en Canarias y sí, por ejemplo, en activar, dinamizar, también, por ejemplo, a través de las bonificaciones al transporte que coadyuvó, junto con otros elementos externos, a que los años anteriores fueran años magníficos desde el punto de vista de la entrada de turistas. Y, por lo tanto, tengo la oportunidad de decirlo y lo digo, porque además es así, es así como ha sido la historia.
Y no es verdad, dentro de las verdades y las no verdades, no es verdad que si usted hubiera tenido la oportunidad de gobernar... Yo le puedo aceptar a usted que podía haberme cambiado algunos impuestos por otros, ¿no?, es decir, el ejercicio que ha hecho en el tema de las enmiendas, pero al final la cifra con la que se iba a encontrar usted y nosotros era la misma: 800 millones. Ni uno más ni uno menos: 800 millones. Porque esas son las cifras, ahí no habría que discutir. Y frente a un Consejo de Gobierno, señor Rodríguez, sentado y decidiendo dónde recortaba los 800 millones, podríamos encontrarnos también con que usted lo hubiera hecho de forma distinta a nosotros, pero, como usted bien ha dicho, estos son los márgenes de maniobra que tiene el Gobierno. Y son tan ajustados, la línea roja es tan fina, que estoy seguro de que más del 80% de las cosas que ha adoptado este Gobierno también usted, responsablemente, sentado en un Consejo de Gobierno, hubiera compartido; o, mejor dicho, no hubiera compartido pero sabía que era como tenía que hacerse.
¿Usted cree que alguno de los diputados que vamos a apoyar hoy estamos contentos con aprobar una ley que sube los impuestos, que baja el sueldo a los empleados públicos? Ya lo he explicado veinte mil veces: ningún gobernante quiere enfrentarse a una política de estas. Lo que le encantaría es que la dinámica económica fuera tal que los impuestos subieran por sí solos año tras año, sin necesidad de subirlos, y con esos nuevos recursos hacer nuevas políticas. Eso es lo que se supone que todo buen gobernante quiere, pero, amigos y amigas, es precisamente en estos momentos difíciles donde nos medimos. Y nos medimos con dos cuestiones: lealtad institucional, porque nosotros sabemos que, si cae el Estado, caemos nosotros también. ¿O es que pensamos que si cae España se salva alguna comunidad autónoma? Lealtad institucional, cumpliendo lo que hemos dicho en el Plan económico y financiero y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, haciendo posible que la parte que ha asignado el Estado a las comunidades autónomas se cumpla. Porque, señorías, estamos en una parcela, donde tenemos un edificio, se está pegando fuego la tercera planta y no podemos pensar que al mismo tiempo nos vayamos al jardín a plantar brotes verdes. No es posible. Ahora mismo la necesidad del Gobierno es atender este problema, el problema de la urgencia, el problema del recorte y de ajustar, precisamente para que la gente cobre a final de mes. Y esas son las medidas que hay que adoptar.
Termino, señor presidente, señorías. Insisto, son decisiones dolorosas, son decisiones difíciles, donde los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno hemos discutido con el Gobierno, aunque usted no se lo crea, veinte mil veces cualquier otra medida que se pudiera aplicar y hemos, incluso, cambiado alguna cuestión por la vía de las enmiendas. Es tremendamente difícil, son tiempos difíciles y, por lo tanto, hay que estar también para tomar decisiones en tiempos difíciles. Yo sé, señor Rodríguez, y me dirijo a usted porque ha sido el único que ha sido capaz de plantear una alternativa a este debate, seria y responsable, aunque lo único que nosotros le reprochamos es simplemente que, en las medidas que usted nos propone, no es posible conciliar la cantidad de recursos que tenemos que ajustar. Pero ha hecho un ejercicio y, por lo tanto, nosotros eso se lo agradecemos y se lo reconocemos.
Señorías, termino definitivamente. Insisto, estaba diciendo que estábamos en tiempos difíciles; toca tomar decisiones difíciles. Sé que muchos compañeros que son incluso funcionarios de la comunidad autónoma van a levantar la mano hoy para autorrebajarse el sueldo un 5%. Decisiones difíciles, también para la dinamización de la economía, que vamos a tomar decisiones difíciles, sabiendo, sabiendo que a lo mejor, como usted nos ha insinuado, en septiembre, octubre, la cosa, es decir, la dinámica económica, puede ir cambiando y nos podemos encontrar con un escenario quizá más difícil que el que estamos terminando en el debate de hoy. Pero esperemos que eso no ocurra; esperemos que, como usted dice, otra forma de hacer las cosas sea posible y que en este mes de julio y agosto, para las reuniones que tiene previstas la Comisión Europea en el mes de septiembre, otras soluciones sean posibles ponerlas sobre la mesa, porque eso le dará un respiro a España. Le dará un respiro a España, España podrá rebajar el cumplimiento del déficit y, por lo tanto, nosotros también tendremos mayor margen de maniobra para contribuir, precisamente, a lo que usted acaba de comentar. La dinamización económica, si no se dinamiza el sector privado, aquí llegará un momento en que ya lo único que cabrá hacer es reducir servicios públicos y contribuir a mayor abundamiento del paro, destruyendo empleo público.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez, por tiempo de 14 minutos tiene usted la palabra.
Señor Ruano, señor Barragán, el Grupo Popular está presente, como bien puede usted observar, y muy presente además, con alguna excepción, que en este caso se trata -y muy honrada- de don Juan Santana, que en estos momentos está sufriendo una intervención quirúrgica muy delicada y para el que postulamos nuestro abrazo y mejor salud; y también nuestra compañera Aurora del Rosario, que por estar próxima a un -esperamos- feliz alumbramiento, como así lo deseamos, esperemos que no sea, en cualquier caso, una traba para poder manifestarnos como ustedes desean que lo hagamos, porque estoy seguro de que nos quieren oír sobre lo que pensamos de este proyecto de ley.
Lo que ocurre es que, estando presentes y muy conscientes, de forma convencida, de que este proyecto es un auténtico atropello, un auténtico atropello a los ciudadanos, a los canarios, a los empresarios, a los autónomos y a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Grupo Parlamentario Popular no ha querido convertirse en promotor de un proyecto de estas características y por supuesto no ha querido ser promotor de unas enmiendas que lo que hubiesen podido, en todo caso, hacer es legitimar un proyecto que no deseamos en absoluto para Canarias y desde luego en absoluto para todos los canarios.
Mire, la improvisación, el recorte por el recorte y la búsqueda rápida de recursos públicos, sin considerar los efectos económicos negativos sobre la actividad productiva y, por tanto, sobre los ingresos futuros públicos parece marcar la ruta, la hoja de ruta de este Gobierno.
Mire, contrariamente a la opinión mayoritaria de la sociedad canaria y, desde luego, de toda la representación empresarial canaria, el proyecto de ley que debatimos y que la mayoría de sus señorías están a punto ya de sancionar con su voto apuesta por un fortísimo incremento de la fiscalidad, primando el corto plazo, el corto plazo, y rehuyendo atajar los problemas de fondo de nuestra comunidad autónoma. En definitiva, el Gobierno aboga por políticas que no resuelven, si acaso agravan, si acaso agravan, los problemas económicos y sociales que nos afectan a todos en Canarias.
Mire, el incremento de la presión fiscal no puede ser, señorías, el primer recurso para el reequilibrio de las cuentas públicas, por encima de la inevitable reforma de una Administración autonómica sobredimensionada, desde luego ineficaz y desde luego ineficiente. Esta realidad no solo se asume sino que además, implícitamente, se niega en el proyecto, en el texto del proyecto. Subyace en la exposición de motivos, desde luego, como principal prioridad el mantenimiento de la estructura pública, sin entrar a valorar las consecuencias que pudieran devenirse para la actividad económica, único sustento, como bien sabe usted, de la Administración, como consecuencia de la batería de medidas fiscales, surgidas, repito, desde la improvisación y desde luego alguna de ellas incluso de dudosa legalidad.
Señorías, las medidas de carácter fiscal incorporadas por el proyecto de ley son una peligrosa senda que, con toda probabilidad, solo conducirá a un escenario de mayor degradación de la actividad económica y del empleo y además profundizará en la herida abierta en el tejido productivo y obligando a los operadores económicos a descartar cualquier posibilidad de recuperación económica.
Mire, el paquete de medidas tributarias incorporadas en el proyecto contraviene algunas cuestiones de carácter básico que, por obvias, sorprende, de verdad, sorprende que no hayan sido tenidas en cuenta por el Gobierno en el momento de la redacción del articulado. A modo de ejemplo, Canarias cuenta con un REF, un REF específico además, necesario -como bien saben todas sus señorías- para compensar la existencia de sobrecostes estructurales inherentes a cualquier hecho económico en una región ultraperiférica como la nuestra. Pues bien, con su actuación el Gobierno de Canarias incurre en una grave contradicción y vulnera el modelo del REF al imponer tasas sobre actos administrativos obligatorios para los agentes económicos que quieran, por ejemplo, acceder a los incentivos del REF, que, recordemos, tienen una naturaleza compensatoria (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).
Otra contradicción. En esta Cámara se han oído voces sobre la necesidad de articular medidas tendentes a reformar la Administración, desde luego reduciendo la burocracia y las cargas administrativas. El propio Gobierno creó un comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas. Pues bien, la incorporación de nuevas tasas, así como el incremento de otras tantas, redunda en forma de sobrecoste para las empresas y supone un incentivo para la Administración para mantener múltiples trámites, cuando no a incrementarlos en el futuro, y no desde luego para acometer la obligatoria reducción de las cargas burocráticas y administrativas.
Y critico ahora, y además critico duramente, la incorporación de impuestos de dudosa legalidad, por cubrir más que cuestionables externalidades medioambientales presuntamente ocasionadas por la actividad comercial, las empresas de telecomunicaciones o las instalaciones de alta tensión, cuando ya fueron en su día satisfechos todos los requerimientos establecidos por ley en materia de medio ambiente en el momento de la apertura, bien del establecimiento comercial bien de la instalación de la infraestructura eléctrica o bien de las telecomunicaciones. Con seguridad, señorías, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, con seguridad serán unos impuestos que se verán envueltos en una altísima conflictividad a partir del momento de su aprobación. Señorías, ¡aquí no hay ninguna voluntad de protección medioambiental! Ustedes lo que quieren es recaudar para pagar el descalabro y la fiesta que ustedes se han montado durante estos últimos tiempos. Es un impuesto exclusivamente recaudatorio, no hay ningún objetivo de protección del medio ambiente, y eso lo saben ustedes. La actividad comercial no tiene ninguna diferencia en su repercusión urbana de la que puedan tener, por ejemplo, los edificios de usos administrativos de la comunidad autónoma.
Respecto de la prohibición, que también consta en el proyecto, de la repercusión del impuesto a los consumidores, bueno, debemos dejar constancia de nuestra perplejidad, señorías. Mire, en el comercio, como en cualquier actividad económica, los impuestos o tasas que lo gravan necesariamente suponen costes que se repercuten sobre el negocio y han de repercutirse en el precio de los productos o servicios. No existe otra fórmula, señorías.
Y otra incoherencia: si estamos ante un gravamen de naturaleza medioambiental, ¿cómo es que la base imponible está constituida por la superficie útil de exposición y venta sin tenerse en cuenta los elementos esenciales para la evaluación medioambiental, como pueden ser la ubicación del establecimiento o las instalaciones o las emisiones que pudieran contaminar el medio ambiente?
Se incrementa la estructura de costes de fondo del tejido productivo mediante la subida de un impuesto propio como el de los carburantes, se eleva la presión fiscal del IGIC entre un 40 y 50% en la mayoría de los bienes y servicios de consumo, con graves repercusiones para el sector turístico. No solo por la imposibilidad de repercutir el incremento sobre su cliente, el turoperador turístico, sino porque se penaliza, señorías, el destino, se penaliza el destino. Se penaliza con esta medida el principal sector exportador de Canarias, que compite, como bien saben todas sus señorías, internacionalmente en un mercado extremadamente competitivo y sensible a cualquier variación de precios.
Estas subidas, señorías, que sancionarán con su voto van a afectar gravemente a un sector como el comercial, muy degradado, muy castigado en este caso por la degradación del consumo de los últimos años y sobre el que recaen tasas e impuestos que gravan el consumo, contraviniendo normas fundamentales de ámbito autonómico y obviando lo establecido en el artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y es que con las medidas fiscales, señorías, que se impondrán se quiebran nuestras franquicias aduaneras y de consumo, se eliminan exenciones de forma injustificada, como es el caso de la franquicia fiscal por volumen de negocio para los autónomos que facturen hasta 28.000 euros. Y si inoportuna y ocurrente es la subida de los tipos de IGIC, tal incremento, de verdad, en el sector turístico es una magnífica ocurrencia y un despropósito. Y además va a entrar en vigor en el peor momento, señorías, con contratos firmados. Vendrá a frenar la demanda, va a frenar el consumo y va a lastrar la temporada turística en términos de competitividad, frente a otros espacios económicos directamente competidores de Canarias.
Miren, los contribuyentes deberán pagar derechos básicos como la emisión, por ejemplo, de consultas vinculantes. Lo que parece, en fin, producir una situación discriminatoria, porque solo van a poder acceder a obtener certeza jurídica aquellos que cuenten con medios económicos. Y es contradictoria, señorías, porque se discrimina o se desincentiva el ejercicio del derecho de consulta, alentando así la conflictividad, en lugar de cumplir el fin que le es propio, que es favorecer la seguridad jurídica.
Señorías, el hecho de que exista una separación fiscal de la imposición directa de Canarias con respecto al resto de la Unión Europea responde nada más y nada menos que a la necesidad de compensar las dificultades inherentes a nuestra propia condición ultraperiférica. Nos asombra y nos preocupa fuertemente que sea el Gobierno de Canarias, teórico defensor de nuestro REF, quien venga a cargar contra exenciones que cubren sobrecostes estructurales o bien que puedan suponer un incentivo para la actividad y el empleo de Canarias. No se entiende, por otra parte, que existiendo la convicción generalizada, como aquí más de una vez se ha dicho, de que las comunicaciones y las TIC, en general, forman parte de las claves de la salida de la crisis se penalice al sector con una subida de más del 7% de su tributación.
Señorías, esto huele mal, muy mal. Tiene esto mal acomodo con una política que realmente persiga sentar las bases necesarias para la recuperación económica de Canarias.
Miren, todas estas medidas, señorías, que no resultarán desde luego efectivas para lograr las previsiones de recaudación de la Administración, yo creo que van a alimentar la espiral de desconfianza y de inseguridad en la que se encuentra sumido el empresariado canario, sobre el que sobrevuela la amenaza de una gran fractura económica y social.
Insisto sobre la mayor de las barbaridades, señorías, recogidas en el proyecto de ley, relativa al impuesto medioambiental. Arbitrario por incidir sobre una actividad económica en particular y discriminatorio. Supone una limitación, una restricción al derecho a la libertad de empresa y no existe norma constitucional alguna que prevea la obligación de protección de intereses de determinados operadores económicos frente a otros, dado que tal previsión sería contraria -cómo no- al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución.
Concluyo, señorías. Miren, esta ley que con el apoyo mayoritario de la Cámara se va a aprobar va a situar a nuestra comunidad autónoma en la primera en el pago de impuestos, seguramente después de Cataluña. Este es el camino que ha decidido emprender el Gobierno de Canarias para cumplir el objetivo del déficit acordado por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero responsabilizamos única y exclusivamente al Gobierno de Canarias de esta decisión, que no viene impuesta por el Gobierno de la nación, ya que cada comunidad autónoma decide cómo hacerlo, cómo hacerlo en sus Presupuestos, y toma sus propias decisiones.
Señor consejero, la política económica de su Gobierno está llena de excusas, de ocurrencias, de profecías que no se cumplen y que están socavando la confianza, el empleo y el Estado de bienestar de Canarias. Y resultado de tanto despropósito, resultado de tanto desgobierno y de tanto impuesto, es el dato dramático de 370.000 desempleados. ¿Y cuál es la receta para esta enfermedad?: más impuestos, menos inversiones. Esto es lo que denunciamos hoy y lo que vamos a seguir haciendo todos los días, señorías, en favor de quienes quieren tener una oportunidad.
Nosotros, a diferencia de ustedes, en lugar de forzar a los ciudadanos a hacer aquello que no quieren o en lo que no creen, o en vez de prohibirles lo que el político decide prohibir, nuestras políticas pretenden, en el seno del Estado de Derecho, facilitar a los ciudadanos hacer...
El señor presidente: Un minuto, don Jorge, sí.
El señor Rodríguez Pérez: ...o aquello en lo que creen.
Ustedes, señor consejero, con 370.000 parados ahí afuera y miles de empresas en dificultades, no tienen, de verdad, autoridad moral para pedir más esfuerzos a los canarios, más sacrificios con más impuestos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a cualquier empresa, cuando ustedes no han sido capaces de predicar con el ejemplo ni han tomado ninguna medida hasta ahora para sacarnos a todos de esta crisis en la que estamos.
Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Señorías, les ruego que atiendan todo lo posible, por favor, para explicarles las enmiendas. Vamos a votar en primer lugar todos los artículos que no han tenido enmiendas -ya se los leeré- y se queda para el final, como siempre, la entrada en vigor de la ley y la exposición de motivos. Eso se vota siempre al final.
Luego votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tal como el propio Grupo Parlamentario Mixto nos proponga votarlas: en bloque, juntas, separadas, en fin... Y los demás grupos también tienen, pueden pedir votaciones separadas, si en algún momento lo consideran que tienen por el voto.
Entonces vamos a votar en primer lugar el libro, de los dos libros, el libro I, de la organización administrativa, título I, artículo 1, artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, perdón, mejor les digo los artículos que no se votan. No se vota -si quieren ir tomando nota-, no se vota, como digo, la exposición de motivos y las disposiciones finales, queda fuera de esta votación el artículo 17... (Pausa.) (Un grupo de asistentes a la sesión muestran desde la tribuna una pancarta.)
Ah, bueno, de todas maneras se lo agradezco. Bueno, interrumpo en este momento la intervención para ordenar el desalojo de... O retiran las pancartas o me veo obligado a retirarlos con el Reglamento. Si retiran las pancartas, se pueden quedar; no las retiran, pues, paramos la votación. Saben que no puede haber ninguna intimidación, es un delito grave, una intimidación en las votaciones de los diputados. Entonces, si retiran, ustedes se sientan ahí, y si no, pues, de conformidad con la ley...
Bien. Señor secretario, por favor, señor secretario, por favor, señor letrado, sí que les diga a los servicios que desalojen la... Está ordenado... (Pausa.)
Un momentito. ¿Ya está? De acuerdo. Ya está.
Muchas gracias. Yo se lo agradezco en nombre de todos.
Volvemos a decir los artículos y disposiciones que quedan fuera de la votación. El título y la exposición de motivos quedan fuera; el artículo 17, el 22, 24, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 50, la transitoria quinta y dejamos todas las finales, para votar las finales en dos bloques luego, porque hay unas que no tienen enmiendas y otras que sí tienen enmiendas, pero las finales se votan todas al final.
¿Los señores portavoces están de acuerdo con el voto que se va a hacer? Entonces ahora, ahora, votamos las que no tienen enmiendas, o sea, votamos todo, salvo lo que se especificó que queda para después votarlo a continuación (Pausa).
Bien, me dicen que la transitoria quinta, que tenía enmiendas, ha sido retirada, del Grupo Parlamentario Mixto. Al ser retirada, la incluimos en la votación. ¿De acuerdo? Esto es complicado, pero yo creo que está claro.
Entonces votos a todo el texto de la ley que no tiene enmiendas, todos los artículos que no tienen enmiendas: comienza la votación (Pausa).
Resultado de la votación: 56 presentes; 34 a favor, 22 en contra y ninguna abstención.
Quedan aprobados todos los artículos que no tenían enmiendas.
Me dice el Grupo Parlamentario Mixto... ¿Entiendo que quiere que se voten todas en una sola votación o en bloque? Sí, sí, don Román.
El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Bueno, pues, por el procedimiento en el que yo las defendí en la tribuna, es decir, hay seis bloques. Usted tiene de todas formas un papelito que yo le pasé.
El señor presidente: Sí, sí, sí.
El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Pues yo seguiría ese guión. Bloque primero, las de personal...
El señor presidente: Los bloques suyos tal como los tiene. Correcto. Son seis bloques. Sí, sí, sí, está aquí.
El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Lo tiene usted ahí.
El señor presidente: Sí, yo los voy anunciando.
El primer bloque es al Libro de Medidas Administrativas, y es... Sí, sí. Efectivamente, vamos a votar las enmiendas y luego se vota el artículo o los artículos. Ahora se votan las enmiendas 67, 68, 69, 70, 71 y 72, que son todas relativas al Libro de Medidas Administrativas. Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: comienza la votación (Pausa).
Resultado de la votación: 57 presentes; 3 a favor, 35 en contra y 19 abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas que se dijeron.
Seguimos votando las enmiendas y votamos la enmienda número 73. Enmienda número 73 del Grupo Parlamentario Mixto: comienza la votación (Pausa).
El otro bloque corresponde a las enmiendas 74 y 75 del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación (Pausa).
El otro bloque que propone de votación corresponde a las enmiendas 76 y 77, del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 57 presentes; 3 a favor, 35 en contra y 19 abstenciones.
El otro bloque corresponde a las enmiendas 78, 79, 80 y 81, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Votación, comienza (Pausa).
Y el último bloque de enmiendas, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación (Pausa).
Resultado de la votación: 56 presentes; 3 a favor, 34 en contra y 19 abstenciones.
Nos queda por votar -se lo leo para que no haya dudas- los artículos, solo los artículos de la ley en los que han sido rechazadas las enmiendas. Artículo 17 -vayan, por favor, mirando-, 22, 24, 40, 41, 45, 47, 48, 50, y nada más. Ah, correcto: 50, 53, 54 y 55. Efectivamente. ¿De acuerdo? Texto de la ley de esos artículos que no habían sido votados porque tenían enmiendas, y las enmiendas han sido rechazadas. Les explico: quedan para después las finales, que hay alguna enmienda, que ya las votaremos aparte, ¿no? ¿De acuerdo? Porque se tienen que votar aparte además.
A los artículos que dijimos comienza la votación, artículos del texto del proyecto de ley. Comienza la votación (Pausa).
Resultado de la votación: 57 presentes; 35 a favor, 22 en contra y ninguna abstención.
Quedan aprobados.
Ahora vamos con las finales, que efectivamente hay una enmienda in voce, relativa a la entrada en vigor del proyecto, y hay otra enmienda también a las disposiciones finales, a la octava, Exenciones en operaciones interiores en el impuesto general indirecto canario. Quedaba una enmienda, que son finales también. Es decir, ¿las votamos separadas o las votamos juntas? Separadas. Tienes razón. Sí, correcto.
Vamos a votar la enmienda in voce, que es la entrada en vigor. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 57 presentes; 35 a favor, 22 en contra y ninguna abstención.
Queda aprobada la enmienda in voce.
Vamos a votar las disposiciones finales, que ya está incluida esta in voce, pero relativas a las que fueron rechazadas las enmiendas del Grupo Mixto, que es la primera y la octava, que tenían enmiendas y fueron rechazadas. Se va a votar ahora el texto del proyecto de ley. Comienza la votación (Pausa).
Resultado: 56 presentes; 35 a favor, 21 en contra y ninguna abstención.
Vamos a votar el resto, las disposiciones, sí, efectivamente, que no se han votado, adicionales, transitorias y finales, salvo las que están aprobadas ya evidentemente. Texto del proyecto de ley. Sí, la disposición derogatoria, en fin, está... Todas las disposiciones, todas, las que no se habían votado. Comienza la votación (Pausa).
Y que yo sepa solo queda votar la exposición de motivos y el título de la ley. ¿De acuerdo? Comienza la votación: exposición de motivos y título del proyecto de ley (Pausa).
Queda aprobada la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales presentada por el Gobierno.
(El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, González Ortiz, solicita la palabra.)
Sí, sí, el Gobierno había pedido... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tiene derecho el Gobierno a intervenir.
Esta Cámara acaba de aprobar una ley dura pero también ineludible y necesaria. Contiene medidas que van a requerir un sobresfuerzo a los ciudadanos en un contexto enormemente complicado. Una situación a la que nos hemos visto abocados después de los recortes sufridos.
Somos conscientes del descenso de los recursos públicos y entendemos, por tanto, la necesidad de proceder a ajustes en estos momentos, pero lo que no entendemos son las formas, porque así se cercena la capacidad de un territorio que comenzaba a remontar sus dificultades logrando un esperanzador crecimiento económico al cierre del 2011.
Hemos dado muestras de nuestro compromiso en la contención del gasto y la estabilidad presupuestaria. Los datos avalan que Canarias nunca ha sido un problema para el conjunto del Estado español en el cumplimiento del déficit. Las cifras ofrecidas por el propio Estado, a diferencia de otras autonomías, y aun necesitando más recursos que otros territorios, han demostrado que hemos ejercido un comportamiento financiero responsable. No es fruto de la casualidad que seamos la comunidad con menos deuda por habitante ni que el volumen de pago a proveedores también sea inferior ni que nuestra calificación en los mercados sea solvente. Es la consecuencia del esfuerzo realizado por todos los canarios y porque hemos tenido que renunciar a muchas otras iniciativas y proyectos. No solicitamos que se aumenten los recursos que no se tienen; lo que demandamos es que se realice una distribución de los fondos que, por un lado, sustente con suficiencia el peso del gasto de los servicios básicos que recaen en las comunidades autónomas y que, por el otro, permita un acceso igualitario de todos los ciudadanos a los mismos.
Elevar la presión fiscal y reducir los salarios a los empleados públicos, señorías, no son ni mucho menos decisiones gratas, todo lo contrario, pero se trata de la única fórmula, de la única fórmula posible para proteger el núcleo y la base de nuestro sistema: la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Hemos, señorías, aprobado una subida de impuestos que, aunque irremediable, ha sido ponderada con el fin de afectar lo menos posible a la economía canaria. Las modificaciones introducidas han sido de importancia, elevando algunos tributos y creando nuevas figuras como los impuestos medioambientales, muy contestados pero igualmente necesarios.
Nada distinto, señorías, a lo que están haciendo otras comunidades autónomas. Todas y cada una de ellas están tomando medidas similares, algunas de ellas todavía mucho mayores. Sin embargo, Canarias ha optado por evitar masivos despidos públicos, apostando por la protección de unos servicios esenciales que tanto necesita y al mismo tiempo afrontando las exigencias de un ineludible cumplimiento del déficit.
Por tanto, señorías, permítanme solicitar algo de coherencia, coherencia en lo que se dice y en lo que se hace, coherencia sobre los impuestos y las inversiones.
Señorías, este es el modelo económico y social en el que creemos los grupos que sustentan al Gobierno, es lo que cree el Gobierno lo que sustenta esta ley. Creemos, por tanto, en un modelo económico basado en los principios de solidaridad y cohesión territorial, como una base fundamental para un crecimiento equitativo y próspero. Con esto empezamos a conseguirlo.
Señorías, permítanme un momentito, que también, en nombre propio y en el de la Mesa, haga un reconocimiento público a los grupos parlamentarios, especialmente a sus portavoces, y al personal de la Cámara. Esta es una ley que todos sabemos que es una ley de una complejidad enorme y ha salido adelante gracias a un intenso, riguroso y responsable trabajo. Y también aquí, que lo debo reconocer, con respeto a las normas y a la cortesía parlamentaria.
(Se levanta la sesión a las trece horas y diez minutos.)
8L/PL-0005 Sobre De medidas administrativas y fiscales.

References: artículo 73
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 17
 Artículo 17