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Timestamp: 2018-09-24 15:39:07+00:00

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Resolución de TEAC, 4832/2012/00/00, 22-09-2015 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 4832/2012/00/00 de 22 de Septiembre de 2015
Núm. Resolución: 4832/2012/00/00
IVA. Sujeción de operaciones con derivados financieros. Entregas de dinero a título de contraprestación o pago.
En la Villa de Madrid, a la fecha indicada, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por la entidad X..., S.A., con NIF ..., y en su nombre y representación por .. , con NIF ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de liquidación dictado por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 06/2006 a 12/2007.
La entidad X..., S.A. (X... en adelante) fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con los periodos 06/2006 a 12/2007 del Impuesto sobre el Valor Añadido, entre otros conceptos, que dieron lugar a la incoación, el 10 de febrero de 2012, del acta de disconformidad A02- 72029310.
Mediante diligencia de fecha 2 de febrero de 2012 se puso en conocimiento del representante del obligado tributario la apertura del trámite de audiencia previo a la formalización de las actas. El obligado tributario no presentó alegaciones.
Con fecha 21 de mayo de 2012 se dictó el acuerdo de liquidación que se impugna, notificado el día 22 de mayo siguiente.
De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta lo siguiente:
1. Las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante notificación efectuada en fecha 7 de junio de 2010, teniendo las mismas carácter general y, por lo que aquí interesa, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 06/2006 a 12/2007.
Posteriormente, por acuerdo del Inspector Jefe de fecha 18 de abril de 2011, notificado a la entidad interesada el mismo día, el plazo máximo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación y de liquidación se amplió a 24 meses, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. X... es la cabecera de un Grupo económico y la sociedad dominante del grupo mercantil y del grupo fiscal con la misma denominación social. Es una entidad holding, dedicada fundamentalmente a la tenencia de participaciones sociales, adquisición o transmisión de las mismas, consistiendo fundamentalmente su función en desarrollar las actividades de planificación estratégica, desarrollo y evolución del Grupo, que percibe dividendos, concesión de préstamos, operaciones de seguros y de prestación de otros servicios centrales corporativos a determinadas participadas. Así mismo presta servicios de alquiler de inmuebles y otros servicios a sus filiales.
La actividad desarrollada por el obligado tributario en los períodos comprobados se encuentra clasificada en el epígrafe de IAE (Empresario) 842: servicios financieros y contables.
3. En el curso de las actuaciones de comprobación e investigación se han puesto de manifiesto los hechos siguientes:
1.- X..., en sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 392), ha procedido a la aplicación separada del régimen de deducciones considerando la existencia de los siguientes sectores diferenciados:
- Sector diferenciado (sector 1) de intermediación financiera: operaciones sujetas y exentas, que no generan derecho a la deducción de las cuotas soportadas de IVA y operaciones sujetas y exentas que si generan el derecho a deducción (operaciones financieras realizadas fuera de la Unión Europea).
- Sector diferenciado (sector 2) de prestación de servicios a filiales y de arrendamiento de inmuebles: operaciones sujetas y no exentas que generan derecho a la deducción de las cuotas soportadas de IVA.
La empresa aplica una deducción en sectores diferenciados del 0% a las operaciones financieras dentro de la UE y del 100% a las operaciones de prestación de servicios a las filiales, arrendamiento de inmuebles y a las operaciones financieras realizadas fuera de la UE. En cuanto a la deducción de las cuotas de IVA soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes y servicios que se utilizan en ambos sectores, el porcentaje derivado de la aplicación de la prorrata de IVA ha sido del 35% y 36% en 2006 y 2007 respectivamente.
2.- En el acta de conformidad A01-... incoada por el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2006 (de junio a diciembre) y 2007, se ha modificado el IVA soportado deducido por dos causas: como consecuencia del cambio de afectación a los distintos sectores de la actividad y por el porcentaje comprobado de afectación por la utilización privada de los vehículos entregados a sus empleados, resultando de ello unas cuotas comprobadas provisionales según el siguiente detalle:
CUOTAS DEDUCIDAS
CUOTA DEDUCIBLE A01
NO DEDUCIDO (0%)
DEDUCIDO (100 %)
65.306.779,90
64.630.498,67
DEDUCCION PARCIAL (35%)
2.399.263,88
2.561.758,35
Vehículos no deducibles
-5.981,75
RECTIFICACION PRORRATA PROVISIONAL
5.071.081,98
72.777.125,76
72.257.357,25
49.208.277,60
48.565.726,92
4.720.315,02
4.879.116,03
-10.329,44
134.831,29
54.063.423,91
53.569.344,80
3.- Los hechos cuya propuesta de regularización se formaliza en el Acta A02 de disconformidad se refieren a las siguientes cuestiones:
A) CÁLCULO DE LA PRORRATA
Se disminuyen los porcentajes de prorrata declarados de deducción común en los ejercicios 2006 y 2007 de 35% y 36% a los porcentajes comprobados de 16% y 19 %, respectivamente, por los siguientes motivos:
a).- Incorporación en el numerador y en el denominador de la prorrata de los ingresos obtenidos por la empresa por la prestación de servicios por “management fee” por importe de 20.306.679,59 y 85.994.097,94, en los ejercicios 2006 y 2007 respectivamente, que no habían sido tenidos en cuenta por la misma.
b).- Incorporación en el denominador de la prorrata del importe de los beneficios generados en la venta de parte de su inmovilizado financiero, al considerar la Inspección que la adquisición y venta de su cartera forma parte de su actividad empresarial. Los importes considerados por la Inspección son los siguientes:
Beneficios procedentes de capital a l/p
21.067.781,90
1.765.682.949,64
9.476.598,18
18.456.013,14
Beneficios procedentes de capital a l/p otras
1.834.421.973,27
428.149,28
Ingresos por resultados en la venta de
48.328.937,91
22.698.781,92
1.913.295.291,26
1.807.265.893,98
c).- Asimismo, se incorporan en el cálculo del denominador de la prorrata las plusvalías obtenidas de los derivados financieros sin que proceda su compensación con las minusvalías de otros derivados.
Los importes tenidos en cuenta por la inspección son los siguientes:
Resultados de operaciones derivados
3.336.643,70
Liquidación de derivados grupo
45.451,83
Resultados liquidación prestamos a filiales
30.141.587,12
Resultados liquidación sobre opciones
12.551.054,46
Resultados liquidación derivados directos
159.700.521,63
Resultados liquidación inversiones financieras
39.590.039,00
TOTAL EJERCICIO 2006
245.365.297,74
46.899,56
32.810,51
6.471,74
2.631.993,57
72.237.481,66
35.871.889,39
Resultados Y... en X...
252.552.557,53
TOTAL EJERCICIO 2007
363.380.103,96
El cálculo de la prorrata realizado por la Inspección es el siguiente:
Bases repercutidas en régimen general
194.435.798,49
Operaciones fuera UE con derecho a deducción
6.368.106,55
Intereses créditos fuera UE con derecho a deducción
312.593.882,84
Prestación de servicios- Management Fee
20.306.679,59
TOTAL NUMERADOR
533.704.467,47
761/76
2/763/7
Total intereses prestamos (menos intereses fuera UE y
76249 )
800.133.830,90
Total operaciones sin IVA (no incluidas en el numerador)
7.936.858,00
Beneficios procedentes de capital a l/p empresas del g
Beneficios procedentes de capital a l/p empresas
Beneficios procedentes de capital a l/p otras empresas
1.834.421.973,2
Ingresos por resultados en la venta de acciones propias.
48.328.937,971
TOTAL DENOMINADOR
3.500.435.745,3
Prorrata = 533.704.467,47/ 3.500.435.745,37= 0,1525 // Prorrata = 16%
239.246.042,08
20.836.244,79
329.830.206,61
85.994.097,94
675.906.591,42
Total intereses prestamos (menos intereses fuera UE y 76249 )
830.715.148,26
4.803.081,78
1.765.682.949,6
3.682.070.819,4
Prorrata = 675.906.591,42/ 3.682.070.819,40 = 0,1836 // Prorrata = 19%
No se computan en la prorrata ni el importe de las entregas de bienes de inversión (Cta. 771 Plusvalías en la enajenación de inmovilizado material), ni el importe de los dividendos (Cta. 760 Dividendos…), en aplicación del criterio del Tribunal de Justicia Europeo según el cual no se considera contraprestación de operaciones sujetas al Impuesto.
B) FACTURAS NO DEDUCIBLES
El obligado tributario satisfizo a Z... (NIF ...), así como a la entidad Z...Consultoría (NIF ...), un importe total durante los ejercicios 2006 y 2007, de 300.000 €, más el IVA correspondiente al 16% (48.000,00 €), si bien la factura número 2... no fue recogida en el Libro Registro de Facturas Recibidas del Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 2007 por lo que no es objeto de regularización en el citado impuesto.
La Inspección considera que las cuotas soportadas en estas facturas no son deducibles, ya que éstas no justifican su afectación, directa y exclusiva a la actividad empresarial que exige el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no estando justificada su utilización para la realización de operaciones que originan el derecho a la deducción recogidas en el artículo 94 de la mencionada Ley. Los importes no deducibles por este concepto ascienden a la cuantía de 19.520 y 15.680 euros, en 2006 y 2007.
4. En los ejercicios 2006 y 2007 X... podría haber aplicado la regularización de deducciones por bienes de inversión prevista en el artículo 107 de la Ley 37/1992, al haber declarado una prorrata de deducción común del 35% y 36% respectivamente, siendo la prorrata definitiva del ejercicio 2002 del 11%, de 2003 del 12%, de 2004 del 12% y de 2005 del 11%. No obstante, X..., ni en el ejercicio 2006, ni en el ejercicio 2007, practicó esta regularización, como se deduce tanto de sus declaraciones (modelo 392), como del examen de los libros de IVA.
Como consecuencia de que la empresa no regularizó las deducciones por bienes de inversión en los ejercicios 2006 y 2007, no procede ahora corregir esta falta de regularización al ser las prorratas definitivas de deducción del sector común, de 16% y 19%, en los ejercicios 2006 y 2007 respectivamente.
5. Derivado de lo anterior, el resultado de la liquidación fue el siguiente:
6.467.245,33
1.417.090,39
7.884.335,72
Disconforme con el acuerdo de liquidación, la entidad interesada interpuso el día 20 de junio de 2012 ante este Tribunal la reclamación económico-administrativa que es objeto de la presente resolución, referenciada con el número RG 4832/2012, al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En fecha 24 de abril de 2013 se notificó a la entidad la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando con fecha 24 de mayo de 2013 el correspondiente escrito de alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 58/2003.
En el mencionado escrito la reclamante realizó, en síntesis, las siguientes alegaciones:
a) En la primera alegación, defiende la entidad que su actividad económica no es, en modo alguno, la compraventa de participaciones, sino la prestación de servicios de naturaleza administrativa y financiera a las sociedades participadas por el Grupo para dar cumplimiento a los objetivos de éste, esto es, operar en el ámbito de las telecomunicaciones con carácter global.
En este sentido, las operaciones con valores no constituyen un fin en sí mismo ni una prolongación directa, permanente y necesaria de la actividad imponible, por lo que la entidad es sujeto pasivo por la prestación de servicios a sus filiales, no por la tenencia de acciones.
Las operaciones con acciones son complementarias o instrumentales de la realización de su actividad económica, de modo que no deben incluirse en el denominador de la prorrata. Se trata de ventas de participaciones en filiales que se realizan exclusivamente en el marco de operaciones reestructuración y que han de ser equiparadas a las transmisiones de una unidad económica autónoma, no sujetas al IVA.
b) La segunda alegación planteada por la entidad es la relativa a la inclusión en el denominador de la prorrata de los ingresos por derivados financieros.
Entiende la interesada que los derivados financieros contratados tienen por objeto la cobertura de riesgos empresariales por la oscilación del valor a que pueden verse sometidos los elementos patrimoniales afectados, no con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Por ello, los rendimientos positivos obtenidos no son contraprestación de operaciones sujetas al IVA, pues las liquidaciones por diferencias son la prestación en sí misma, operación no sujeta por consistir en la entrega de dinero a título de pago.
Las liquidaciones de los contratos de derivados, dado el carácter aleatorio de la percepción, comparten la naturaleza de las indemnizaciones derivadas de la materialización del riesgo en los contratos de seguro, con la particularidad de que el aseguramiento es recíproco entre las partes intervinientes.
Pero aun en el caso de que dichas operaciones se considerasen sujetas, debe aceptarse el cómputo en la prorrata general del resultado neto obtenido en la contratación de estas operaciones, pues, de existir una base imponible para las mismas, únicamente puede venir determinada por el resultado global.
c) La Inspección debería haber realizado una regularización completa de la situación tributaria de la entidad interesada, excluyendo del cálculo de la prorrata los ingresos por operaciones financieras de préstamo a filiales en la medida en que no constituyesen actividad económica, en particular en lo referente a dividendos reinvertidos en forma de préstamo.
d) En cualquier caso, las operaciones de transmisión de acciones y las de derivados financieros no deben computarse en la prorrata general por cuanto los recursos con IVA que son necesarios para el desarrollo de tal actividad son ínfimos en comparación con los que son requeridos para las actividades sujetas y no exentas. Se trata de operaciones ocasionales cuya inclusión en prorrata desvirtuaría el derecho a la deducción de la entidad.
e) El acuerdo de liquidación no toma en consideración los ajustes a favor de la entidad reclamante en cuanto a la regularización por bienes de inversión, como consecuencia de haber incrementado el porcentaje de prorrata en más de 10 puntos porcentuales.
f) En relación con los servicios recibidos de la Z... y la entidad Z...Consultoría., la Inspección no cuestiona su realidad, sino que deniega la deducción de los mismos por no considerarlos útiles para la actividad económica. Esto implica un juicio de valor que no es admisible ni conforme a derecho, pues no se ofrece argumentación alguna distinta de la críticas sobre su contenido y presunta utilidad.
g) Se solicita que el Tribunal Económico-Administrativo Central plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con carácter previo a la resolución del expediente, sobre la base de las dudas interpretativas que generan las cuestiones planteadas en cuanto a la aplicación del derecho comunitario.
Este Tribunal Económico – Administrativo Central es competente para conocer de la reclamación económico-administrativa que se examina, que ha sido interpuesta en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, de aplicación a este procedimiento.
Las cuestiones planteadas se centran en determinar la procedencia de los ajustes realizados por la Inspección en el cálculo de la prorrata aplicable a la entidad, debiendo determinarse el tratamiento que se ha de aplicar a las operaciones de derivados financieros y si deben tenerse en cuenta en el denominador las minusvalías acaecidas en dichas operaciones, así como la inclusión de las operaciones de transmisión de valores en la prorrata de deducción y los intereses percibidos por concesión de préstamos a las empresas del grupo. Por otra parte, se ha de determinar si las cuotas soportadas por los
Conforme al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
a) sobre la interpretación de los Tratados;
b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad”.
Asimismo, es relevante destacar al respecto la resolución de este Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de octubre de 2010 (RG 2456/07 y acumulados):
“OCTAVO: Por último, el reclamante pretende plantear a través de este Tribunal Económico-Administrativo Central una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Es de señalar que, a partir de la resolución de 29 de marzo de 1990, se estableció la doctrina de que el Tribunal Económico-Administrativo Central, conforme a la interpretación que hace el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia del concepto de jurisdicción, es un órgano jurisdiccional al reunir los cuatro requisitos exigidos por dicha jurisprudencia, esto es: a) origen legal, b) permanencia, c) jurisdicción obligatoria, y d) decisión en Derecho; que siendo competente para dicho planteamiento, está obligado a hacerlo, según el art. 177 del Tratado de la Comunidad Económica Europea "cuando la decisión no sea susceptible de ulterior recurso judicial conforme al derecho interno", circunstancia que aquí no concurre, puesto que la presente resolución es impugnable en la vía contenciosa-administrativa. Por lo tanto, el planteamiento de la cuestión prejudicial es potestativo para este Tribunal Central, y no se estima necesario pronunciamiento del mencionado Tribunal de Justicia respecto de la cuestión de fondo del presente recurso, por lo que debe declararse la no procedencia de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
La presente resolución de este Tribunal es susceptible de recurso en la vía contencioso administrativa, por lo que el planteamiento de una cuestión prejudicial al respecto sería potestativo para este Tribunal, que no se encuentra obligado a plantear cuestión prejudicial alguna como consecuencia de una solicitud al respecto del obligado tributario.
En relación con las cuestiones planteadas por la entidad reclamante este Tribunal ya tiene criterio formado al respecto, si bien en alguno de los casos se trata de un criterio no reiterado. Por esta razón se considera que no procede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La primera cuestión planteada exige determinar si las operaciones de adquisición y venta de participaciones en el capital de las filiales se realizan en el ejercicio de actividades económicas a efectos del IVA.
Del expediente resulta que la sociedad X... es la cabecera de un Grupo económico y la sociedad dominante del grupo mercantil y del grupo fiscal con la misma denominación social. Es una entidad holding, dedicada fundamentalmente a la tenencia de participaciones sociales, adquisición o transmisión de las mismas, consistiendo fundamentalmente su función en desarrollar las actividades de planificación estratégica, desarrollo y evolución del Grupo, que percibe dividendos, concesión de préstamos, operaciones de seguros y de prestación de otros servicios centrales corporativos a determinadas participadas. Así mismo, presta servicios de alquiler de inmuebles y otros servicios a sus filiales.
Establece la Inspección en su acuerdo de liquidación que X... no es una holding pura, de modo que se deben analizar las actividades desarrolladas por la entidad con el fin de determinar si se trata de actividades empresariales. Así, el acuerdo de liquidación establece lo siguiente:
« (...) las actividades de X... SA, son, como se ha indicado, variadas, no respondiendo a las propias de una “holding pura”. En su jurisprudencia, el TJCE distingue a efectos de determinar su sujeción al IVA, entre “las actividades de un inversor privado, que se sitúan fuera del ámbito de aplicación de la Sexta Directiva, y las de un inversor cuyas operaciones constituyen una actividad económica” (véase la sentencia Wellcome Trust, apartado 37 y la sentencia EDM, asunto 77-2001, apartado 61).
No obstante, tal distinción no resulta fácil de instrumentar en la práctica, ya que la mencionada sentencia y otras anteriores excluyen del campo de aplicación del IVA a determinadas operaciones tales como ventas de acciones y participaciones en fondos de inversión, el pago de los intereses producidos por depósitos bancarios y por valores, como bonos del Tesoro y certificados de depósito, así como del rendimiento de colocaciones en fondos de inversión, cuando, respecto de las operaciones mencionadas, concurran circunstancias que pueden determinar su realización “como un inversor privado” lo que justifica que la mención de las mismas se anteponga los vocablos “mera” o “sola” indicativos de que, cuando concurran otras circunstancias, dichas operaciones sí deben considerarse realizadas en el marco de una actividad empresarial.
Deben, por tanto, analizarse las actividades desarrolladas por la entidad para determinar su naturaleza de actividad empresarial, en el entendimiento de que, al tratarse de una sociedad mercantil, la Ley española, como se ha expuesto, presupone el carácter empresarial de todas sus actividades, salvo que se acreditara la concurrencia indubitada de circunstancias que implicaran el desarrollo de las mismas “como si de un inversor privado se tratase” ».
La Inspección considera que la actividad de cartera de la entidad, en lo que a empresas del grupo se refiere, no se limita a la mera adquisición y mera tenencia de acciones, sino que la reclamante efectúa una planificación estratégica de desarrollo y evolución del Grupo, realizando reiteradas operaciones de compra y venta de participaciones sociales que se incardinan en una actividad empresarial de planificación y gestión del grupo.
Establece el acuerdo de liquidación que “Según se deduce de las actuaciones llevadas a cabo por la inspección tributaria, la entidad efectuó durante los años objeto de la comprobación reiteradas y frecuentes actividades de compra y venta de acciones, interviniendo además en la decisión y dirección de compra y venta de acciones por parte de las entidades del grupo empresarial, lo que se deriva claramente del contenido, naturaleza, número y cuantía de las operaciones, descritas, como se ha expuesto, en el informe ampliatorio.
Es decir, el actuario ha constatado que las numerosas operaciones de compra y venta de acciones efectuadas por la entidad se incardinan en una actividad empresarial de planificación y gestión del grupo, que al efecto destina una evidente organización de medios materiales y humanos.
Tal actividad no puede considerarse realizada a título ocasional o meramente instrumental, como alega la entidad, ni limitada a la simple gestión de una cartera de valores a modo de un gestor privado, sino que constituyó el vehículo a través del cual se canalizaron una parte relevante de las inversiones del grupo que lideraba, constituyendo un instrumento eficaz para asegurar el control de numerosas empresas del referido Grupo, lo que tuvo una indudable relevancia en orden a la consecución de objetivos empresariales bien definidos del aludido grupo, como señala el actuario en el informe ampliatorio al acta”.
La resolución de la cuestión planteada exige partir de las disposiciones contenidas en la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común de impuesto sobre el valor añadido, de la que es trasposición al ordenamiento interno la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y de la interpretación que de dichas disposiciones realiza en sus sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El artículo 2.1 de la Directiva declara sujetas al IVA las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el interior del país por un sujeto pasivo que actúe como tal y, por consiguiente, excluye del ámbito de aplicación del impuesto las actividades que no tienen carácter económico. El artículo 9 de dicha Directiva considera sujetos pasivos a quienes realicen con carácter independiente alguna de las actividades económicas mencionadas en el apartado 1 de dicha disposición, el cual califica como «actividades económicas» todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios, y en especial las operaciones que impliquen la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
El artículo 168 de la Directiva, incluido en el capítulo 1 del título X, titulado «Nacimiento y alcance del derecho a deducir», dispone que el sujeto pasivo sólo tendrá derecho a deducir «en la medida en que los bienes y servicios se utilicen para las necesidades de sus propias operaciones gravadas [...]». En lo concerniente a los bienes y servicios utilizados por un sujeto pasivo para efectuar indistintamente operaciones con derecho a deducción y operaciones que no conlleven tal derecho, la deducción sólo se admite, conforme al artículo 173 de la Directiva, por la parte del IVA que sea proporcional a las operaciones gravadas. Este artículo y los siguientes regulan las normas de determinación de dicha proporción o prorrata de deducción de las cuotas soportadas con ocasión de la adquisición de bienes y servicios utilizados para efectuar indistintamente operaciones con derecho a deducción y operaciones que no conlleven tal derecho. La prorrata es la resultante de una fracción en la que figuren:
- En el numerador, la cuantía total determinada para el año natural del volumen de negocios, excluido el IVA, relativa a las operaciones que conlleven el derecho a la deducción.
- En el denominador, la cuantía total determinada para el año natural del volumen de negocios, excluido el IVA, relativa a las operaciones reflejadas en el numerador y a las restantes operaciones que no conlleven el derecho a la deducción.
No obstante, se excluyen del cálculo de la prorrata determinadas operaciones que se considera que no deben incidir en el régimen de deducción, entre las que se encuentran las operaciones financieras, siempre que se trate de operaciones accesorias (artículo 174.2.b).
En consecuencia, el derecho a la deducción de cuotas soportadas con ocasión de la adquisición de bienes y servicios, exige:
1. Que quien las ha soportado realice actividades económicas, es decir, actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, en cuanto comportan la realización de operaciones que impliquen la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
2. Que los bienes y servicios se utilicen para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, es decir, aquellas por las que debe repercutir el Impuesto y que dan derecho a deducir.
3. En caso de bienes y servicios que, en el ejercicio de actividades económicas, se utilicen para realizar indistintamente operaciones con derecho a deducción y operaciones que no conlleven t
Se alega la no sujeción de la operación financiera con derivados por tratarse de entregas de dinero a título de contraprestación o pago. Las operaciones con derivados tienen la consideración de prestaciones de servicios a cambio de una contraprestación. Lo que se sujeta es la prestación, no la contraprestación. El hecho de que dicha contraprestación se liquide de una manera u otra no afecta a la esencia de la operación, esto es, prestación a cambio de contraprestación.
Reitera criterio de RG 00/03764/2012 (17-03-2015).
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 775/2015, 28-03-2018
Orden: Administrativo Fecha: 28/03/2018 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Castillo Badal, Ramon Num. Recurso: 775/2015
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 422/2015, 01-02-2018
Orden: Administrativo Fecha: 01/02/2018 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Resa Gomez, Ana Isabel Num. Recurso: 422/2015
Sentencia Supranacional Nº C-77/01, TJUE, 29-04-2004
Orden: Supranacional Fecha: 29/04/2004 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Von Bahr Num. Sentencia: C-77/01
Sentencia Administrativo Nº 64/2016, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 504/2014, 18-02-2016
Orden: Administrativo Fecha: 18/02/2016 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Resa Gomez, Ana Isabel Num. Sentencia: 64/2016 Num. Recurso: 504/2014
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 889/2014, 09-10-2015
Orden: Administrativo Fecha: 09/10/2015 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Fernandez Montalvo, Rafael Num. Recurso: 889/2014
Resolución de TEAC, 4832/2012/00/00, 22-09-2015
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 22/09/2015 Núm. Resolución: 4832/2012/00/00
Resolución de TEAC, 3764/2012/00/00, 17-03-2015
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 17/03/2015 Núm. Resolución: 3764/2012/00/00
Resolución Vinculante de DGT, V1647-14, 27-06-2014
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 27/06/2014 Núm. Resolución: V1647-14
Resolución Vinculante de DGT, V3093-16, 04-07-2016
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 04/07/2016 Núm. Resolución: V3093-16

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 150
 artículo 95
 artículo 94
 artículo 107
 artículo 235
 artículo 236
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 267
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 168
 artículo 173

Resolución 

Resolución 

Resolución 

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