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Timestamp: 2019-12-09 20:32:05+00:00

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﻿ SENTENCIA 2001-00484/47645 DE OCTUBRE 5 DE 2016
SENTENCIA 2001-00484 DE 05 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR FALTA DE PRUEBAS PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE EL PRIMER ELEMENTO QUE SE DEBE PROBAR PARA LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL, ES LA EXISTENCIA DEL DAÑO, EL CUAL ADEMÁS DEBE SER ANTIJURÍDICO, COMOQUIERA QUE ÉSTE CONSTITUYE UN ELEMENTO NECESARIO DE LA RESPONSABILIDAD, DE ALLÍ LA MÁXIMA “SIN DAÑO NO HAY RESPONSABILIDAD” Y SÓLO ANTE SU ACREDITACIÓN HAY LUGAR A EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE IMPUTACIÓN DEL MISMO ESTADO. ES POR LO ANTERIOR INDISPENSABLE QUE SE PRECISE LA EXISTENCIA DEL DAÑO Y, UNA VEZ ESTABLECIDA LA REALIDAD DEL MISMO, DEDUCIR SU NATURALEZA, ESTO ES, SI EL MISMO PUEDE O NO CALIFICARSE COMO ANTIJURÍDICO, PUESTO QUE UN JUICIO DE CARÁCTER NEGATIVO SOBRE TAL ASPECTO, LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD AL ESTADO Y, POR TANTO, RELEVA AL JUZGADOR DE REALIZAR LA VALORACIÓN DE OTRO ELEMENTO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL, ESTO ES, LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO AL ESTADO, BAJO CUALQUIERA DE LOS DISTINTOS TÍTULOS QUE PARA EL EFECTO SE HAN ELABORADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DESAPARICIÓN FORZADA, DAÑO, DAÑO ANTIJURIDICO, ACREDITACIÓN DEL DAÑO SUFRIDO, VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA, RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
Sentencia 2001-00484/47645 de octubre 5 de 2016
Radicación: 680012331000200100484 01
Expediente: 47.645
Actor: María del Socorro Cifuentes Díaz y otros
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa– Policía Nacional
Referencia: apelación sentencia – reparación directa
Bogotá, D. C., cinco de octubre de dos mil dieciséis
CONSIDERACIONES: «
2.1.- Competencia de la Sala
2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 5 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, comoquiera que la demanda se presentó el 15 de agosto de 2000 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $230’000.000 por concepto de indemnización de lucro cesante a favor de la esposa de la víctima directa, monto que supera el exigido -$130’050.000(13)-, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación(14).
2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen la desaparición forzada del señor Luis Miguel Cifuentes Díaz ocurrida el 28 de febrero de 1999, de manera tal que, por haberse interpuesto la demanda el 15 de agosto de 2000, se impone concluir que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A.
Así, pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.
2.2.- El material probatorio recaudado en el expediente.
Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, únicamente, los siguientes elementos de convicción:
- A través de oficio del 25 de marzo de 2008 la Coordinadora del Grupo de Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo constar que la cédula No. 91’422.833 perteneciente al señor Luis Miguel Cifuentes Díaz fue “cancelada por muerte Res. 5276 del 2005, Despacho informante-Despacho de Barrancabermeja, mediante registro civil de defunción serial No. 043732612. Sin más datos”(15).
- Informe presentado el 1 de marzo de 1999 al Comandante Especial del Magdalena Medio por el Jefe de la SIJIN de la Policía Nacional de Barrancabermeja, en el cual, respecto de los hechos acaecidos el 28 de febrero de ese mismo año, manifestó lo siguiente:
“Siendo las 17:45 horas aproximadamente, posterior que la sala de radio informara de la presencia de gente encapuchada portando armas de fuego de corto y largo alcance, en el sector de pozo siete y barrio Provivienda, quienes se movilizaban en volquetas, inmediatamente se montó un dispositivo con personal bajo mi mando, con el fin de contrarrestar las acciones de cualquier grupo al margen de la ley, dirigiéndonos hacia el sitio Bonanza y el retén salida de esta ciudad a Bucaramanga, donde se empezó a indagar a los conductores y personas que venían de allí, a fin de que nos aclararan de la situación que la central de radio reportaba, obteniendo información que nos corroborara lo dicho por el radio operador de turno, rápidamente procedí junto con el personal que me movilizaba en la tanqueta a desplazarme hacia el sector suroriental donde realicé un patrullaje por los Barrios campestre, María Eugenia, Nueva Esperanza, y siguiendo la vía al corregimiento de El Llanito, donde encontré a cinco personas ultimadas por armas de fuego relacionadas así: cien metros más adelante de la invasión Minas de San Silvestre al señor Leonardo Guzmán Martínez, a 150 metros aproximadamente a la entrada del Club Náutico San Silvestre al señor José Darío Sánchez Aguirre, en el Estadero el Rancho se encontraron los cadáveres de los señores William Rojas Zuleta y César Manuel Barroso, a cien metros de este establecimiento se halló al señor Jesús Daniel Gil.
Durante el recorrido por la parte Nororiental de la ciudad se indagó a personas residentes del sector, donde manifestaban que habían observado tres vehículos, tipo camionetas, cuatro puertas, uno color rojo, otro gris y otro de color verde, quienes se movilizaban alrededor de 15 a 20 sujetos portando armas de toda clase, los cuales iban disparando a su paso, y que entre ellos se desplazaba un sujeto que anteriormente había permanecido a la subversión y que en la actualidad eran paramilitares y se conocían con los apodos de Premio y Panadero, ya que años anteriores habían vivido en esos sectores”.
Personas muertas: (…).
Personas Heridas: Wilson Sánchez (…); Pedro Palacios (…).
Personas Desaparecidas: Edwar Sierra, integrante del movimiento Juvenil por la Paz.
Según el relato del señor Abelardo Hernández Ramírez, manifiesta que este se encontraba en el establecimiento La Represa Vía al Llanito, y que aproximadamente a las 18:00 horas llegaron en dos camionetas 12 hombres fuertemente armados en traje de civil, quienes posterior a identificar una por una a las personas que departían allí, procedieron a llevarse a tres de ellas”(16). (negrillas y subrayas adicionales).
- Informe suscrito el 28 de febrero de 1999 por el Comandante de la Estación de Policía de Barrancabermeja, del cual se puede leer lo siguiente:
“Al llegar al retén militar del Llanito estaban las barricadas y vallas que obligan a los vehículos a reducir velocidad, entrar en zigzag y detenerse si son solicitados pero no había personal uniformado haciendo el respectivo control.
“Al final de dichas barricadas fueron ubicados únicamente 3 o 4 soldados a un lado de la vía a unos 10 o 15 metros de la misma, a quienes se les interrogó sobre el hecho y los vehículos ya relacionados, manifestando que efectivamente habían cruzado por ese lugar tres (3) camionetas, una roja, una gris y una verde, que los integrantes de uno de esos vehículos habían hablado con el señor SV. Miguel Cifuentes, Comandante de Base, manifestándole que pertenecían a la Fiscalía y que éste les autorizó el paso, sin previa identificación o confirmación, ésta información la dieron los soldados quienes al preguntarle el nombre sólo uno de ellos se identificó como Juan Carlos Uribe. Los demás se negaron y dijeron que cualquier cosa hablaran con su comandante”(17) (negrillas adicionales). .
- Acta del consejo de seguridad realizado en la Alcaldía municipal de Barrancabermeja el día 1 de marzo de 1999, en la que participaron las principales autoridades civiles, militares y de Policía de la zona, dicha reunión se adelantó con ocasión de los hechos acaecidos el día 28 de febrero de esa anualidad, en la que se reportó la muerte de siete (7) personas, las lesiones con arma de fuego de dos más; sin embargo, en esa oportunidad no se reportó la desaparición de ninguna persona(18).
- Mediante resolución No. 028 del 19 de diciembre de 2002 la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja decidió en primera instancia sancionar con separación absoluta de las Fuerzas Militares de Colombia al señor José Manuel Cifuentes Tovar, en su condición de Sargento Viceprimero orgánico del Batallón de Artillería No. 2 de Barrancabermeja,
“… por hallarlo responsable por los hechos ocurridos el 28 de febrero de 1999 en el Corregimiento de El Llanito, comprensión territorial del municipio de Barrancabermeja, donde se desempeñaba como Comandante de la Base Militar allí instalada, al dilatar la ejecución de la orden que se le diera de montar un retén sobre el puesto de control, con el fin de evitar la huida de los autores materiales de los hechos violentos que en esa fecha se sucedieron en esa ciudad de Barrancabermeja en las personas que en vida se llamaron Orlando Forero Tarazona, Elio Mejía Castellanos, Israel Ariza Ochoa, Leonardo Guzmán Martínez, José Darío Sánchez Aguirre, César Manuel Barroso, William Rojas Zueta y Jesús Daniel Gil Mosquera, se causaron lesiones a Wilson Sánchez y Pedro Vicente Palacios y se desaparecieron forzadamente a Edgar Alfonso Sierra y Luis Miguel Cifuentes Díaz. Además, porque teniendo conocimiento de la gravedad de lo que estaba sucediendo, facilitó la evasión de los responsables al habilitarles el paso por el Puesto de Control con anterioridad al momento en que dio efectivo cumplimiento de montar el retén, pues como se anotó, éstos comportamientos a la luz del Decreto 85 de 1989 estructuran causal de mala conducta y la causal de mala conducta y la consecuencia disciplinaria ya ordenada”(19) (negrillas y subrayas adicionales).
Frente a dicho procedimiento disciplinario, advierte la Sala que no se allegó al proceso prueba alguna distinta de la referida resolución adoptada en primera instancia, por lo cual no se tiene conocimiento alguno del resultado final de ese encuadernamiento.
A partir de los anteriores medios de convicción arrimados al proceso, la Sala tiene por establecidos los siguientes hechos:
i) Que en horas de la tarde del día 28 de febrero de 1998, un grupo de entre 12 a 20 personas que portaban armas de fuego de varias clases, a bordo de tres vehículos (rojo, gris y verde), irrumpieron en el municipio de Barrancabermeja y, según los informes de la Policía Nacional, procedieron a ultimar a siete (7) personas a su paso, hirieron a dos más y que, en su huida, se llevaron a tres personas que se encontraban departiendo en el establecimiento “La Represa” ubicado en el camino vía al “Llanito”.
ii) Que de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula de ciudadanía del señor Luis Miguel Cifuentes Díaz fue “cancelada por muerte” en el año 2005 de acuerdo con el respectivo registro civil de defunción; no obstante lo cual, no se registró la causa de muerte, así como tampoco se indicó si se dio aplicación a la presunción de muerte por la supuesta desaparición que habría sufrido en el mes de febrero de 1999.
iii) Que con ocasión de los hechos acaecidos el 28 de febrero de 1999 en Barrancabermeja, se adelantó un proceso disciplinario por parte del Ejército Nacional, del cual se tiene que mediante resolución del 19 de diciembre de 2002 se ordenó la destitución del señor Sargento Viceprimero José Manuel Cifuentes Tovar, por haber sido declarado responsable de omitir la ejecución de la orden consistente en instalar un retén en la vía al Llanito, por donde se tenía conocimiento iban a transitar los responsables de tales hechos; no obstante, éste habría permitido su paso sin inconveniente alguno.
iv) Que la única prueba que se aportó al plenario sobre la detención del señor Luis Miguel Cifuentes Díaz por parte del grupo paramilitar, fue la resolución proferida en primera instancia el 19 de diciembre de 2002 por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja contra el sargento viceprimero José Manuel Cifuentes Tovar, la cual simplemente analiza la conducta disciplinaria, pero no describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que habría tenido ocurrencia la presunta desaparición forzada de la aludida persona, amén de que ni siquiera se individualizó su identidad de forma completa.
En ese sentido, debe precisarse que a pesar de que en la demanda se afirmó que el 28 de febrero de 1999 el señor Cifuentes Díaz se encontraba conduciendo un taxi en el barrio La Paz cuando fue interceptado por el referido grupo paramilitar que se lo llevó con rumbo desconocido, lo cierto es que respecto de tales hechos no se aportó prueba alguna al presente proceso, ni siquiera puede inferirse si se interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, menos aún, se tiene noticia de si se adelantó el correspondiente proceso penal por ese hecho.
Así, pues, de las pruebas aportadas al proceso, únicamente, se puede establecer que el 28 de febrero de 1999, un grupo de paramilitares dio muerte a siete personas e hirió a dos más, así como que se habrían llevado a tres personas que se encontraban departiendo en un establecimiento vía al Llanito, es decir, las personas que fueron reportadas como desaparecidas por la Policía Nacional fueron raptadas en un sitio diferente y en circunstancias distintas a las descritas en la demanda.
En varios instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos de los cuales el Estado Colombiano hace parte, se establecen como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada de personas: i) la privación de la libertad; ii) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y iii) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Así por ejemplo, los artículos 2 y 5 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007(20), definen dicha conducta ilícita como:
“… El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.
Por su parte, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas(21) definen la desaparición forzada como:
“La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C- 317 de 2002(22), al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 165 del Código Penal, precisó que, además de los servidores públicos o particulares que actúan bajo su protección o aquiescencia, también existen personas o grupos de personas que pueden figurar como sujetos activos de ese delito; sin embargo, en el presente asunto -reitera la Sala- no se acreditaron de forma suficiente los elementos aludidos para que se entienda configurada la desaparición forzada de personas.
En ese sentido, cabe señalar que a pesar de que en la demanda se solicitó el traslado de los procesos penales adelantados con ocasión de los referidos hechos, prueba que fue decretada en su oportunidad, lo cierto es que la parte actora tuvo una total desidia para aportar dicha prueba documental o realizar gestiones para obtenerla, es decir, no desplegó actividad alguna tendiente a que se allegaran los medios de prueba necesarios para determinar la existencia de los elementos de responsabilidad del Estado.
Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora no asumió la carga probatoria que le correspondía, toda vez que –se reitera-, no allegó al proceso oportunamente prueba idónea y eficaz dirigida a demostrar el daño antijurídico por cuya indemnización demandó, esto es, la desaparición forzada del señor Luis Miguel Cifuentes Díaz.
No puede olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones(23).
Finalmente, cabe reiterar en esta oportunidad, que el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además debe ser antijurídico, comoquiera que éste constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad” y sólo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. En este sentido la Sala ha discurrido así:
“… porque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.
La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”(24).
En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:
En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(25).
Por consiguiente, como resulta imposible adelantar un análisis respecto del restante elemento para acreditar la responsabilidad -la imputación-, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado, el juzgador se halla relevado de cualquier otro tipo de consideraciones y, por ende, se impone la necesidad de revocar la sentencia impugnada, con fundamento en las razones que se dejan expuestas.
2.4.- Condena en costas
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 5 de octubre de 2012.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, DENEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
13 Equivalentes a 500 SMLMV al momento de presentación de la demanda.
14 Artículo 40, Ley 446 de 1998.
15 Fl. 211 C. 1.
16 Fls. 190 a 192 C. 1.
17 Fls. 193 a 194 C. 1.
18 Fls. 183 a 186 C. 1.
19 Fls. 213 a 227 C. 1.
20 Ratificada por Colombia mediante Ley 1418 de 2010.
21 Ratificada por Colombia mediante Ley 707 de 2001.
22 Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2 de mayo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
23 Sobre el particular, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto:“Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. pág 406.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1993. Expediente No. 6144. Consejero Ponente: Juan de Dios Montes.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2002. Expediente No. 12625. Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar.

References: artículo 136
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 165
 artículo 177
 Artículo 40