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Timestamp: 2014-11-01 10:09:24+00:00

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Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�as | Bufet Almeida
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Asesoramiento jur�dico integral, Internet y nuevas tecnolog�as
'Ning�n contrato puede incluir	una cl�usula	que entre en colisi�n con	un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresi�n'31.10.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�asJDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 SIERO
SENTENCIA N.� 130/14
D. Eduardo Gonz�lez Mart�n-Montalvo, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci�n n�mero uno de Siero, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado con el n.� 513/2.013, sobre protecci�n del derecho al honor, instados por D. J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Sol�s Rodr�guez y defendido por el letrado D. Jorge �lvarez Merediz, frente a D. J.G.R.C., representado por la procuradora D. � Miriam Men�ndez D�az y defendido por el letrado D. Jos� Manuel Fern�ndez Gonz�lez, y frente a �WEBLOGS, S.L.� representada por la procuradora D. � In�s Blanco P�rez y bajo la direcci�n letrada de D. Carlos S�nchez Almeida, siendo parte el Ministerio Fiscal, teniendo en consideraci�n los siguientes:
PRIMERO.- Con fecha 28 de noviembre de 2.013 fue presentada en el Decanato y turnada a este Juzgado demanda ajust�ndose a las prescripciones legales. Por Decreto de 20 de enero de 2.014 fue admitida a tr�mite y se dio traslado de la misma a los demandados y al Ministerio Fiscal para que contestasen en el plazo legal de 20 d�as, lo que hicieron oponi�ndose a ella.
Se convoc� a las partes a la audiencia previa, prevista en el art�culo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), que se celebr� el d�a 11 de junio de 2.014, con el resultado que consta en la grabaci�n, solicit�ndose el recibimiento del pleito a prueba, acord�ndose �ste y proponi�ndose por las partes la que consta en dicha acta, admiti�ndose las declaradas pertinentes y se�al�ndose fecha para el juicio.
SEGUNDO.- El pasado 22 de octubre de 2014 se celebr� el juicio, con la finalidad y contenido previsto en los art�culos 431 y 433 de la LEC, con el resultado que consta grabado.
TERCERO.- Practicadas en dicho acto las pruebas admitidas y declaradas pertinentes, se concedi� la palabra a las partes, por su orden, para conclusiones, d�ndose por terminado el acto, quedando los autos y el disco de la grabaci�n en poder del Juzgador para dictar sentencia dentro del plazo legal.
CUARTO.- Se ha respetado y concluido la tramitaci�n ordinaria prevista en la Ley.
PRIMERO.- Ejercita el demandante acci�n por la que, al amparo de los art�culos 18 y 24 de la Constituci�n y en consonancia con la Ley Org�nica 1/1982 de 5 de mayo, de Protecci�n Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, suplica que se declare la existencia de una intromisi�n en el derecho al honor y la propia imagen del actor, se declare el incumplimiento del contrato por parte del Sr. G.R.C. y una violaci�n de la ley de protecci�n de datos, se condene a los demandados a abonar al actor la cantidad de 798 euros, m�s la de 24,20 euros por d�a hasta la retirada de todo comentario sobre la persona del actor, se condene al Sr. G.R.C. a publicar una retractaci�n y a la empresa codemandada a publicarla y se condene a los demandados a satisfacer una indemnizaci�n por da�o moral en la cantidad que se concrete en ejecuci�n de sentencia y la indemnizaci�n que legalmente proceda, todo ello con expresa imposici�n de las costas procesales.
Basa sus pretensiones el demandante en la publicaci�n por el demandado en un foro de la p�gina web �XakataMovil.com�, gestionada por la empresa codemandada, de una serie de afirmaciones sobre su persona y empresa cuyo contenido difamatorio supone una intromisi�n ileg�tima en el derecho al honor de �ste.
Se oponen los demandados que b�sicamente niegan la existencia de intromisi�n en el derecho al honor.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en fase de conclusiones, asume y se adhiere a la posici�n y las tesis de los demandados.
SEGUNDO.- Lo primero que debe dilucidarse es si en este caso existe una intromisi�n en el derecho al honor. Debe empezar por resaltarse la deficiente t�cnica en la redacci�n de la demanda que mezcla conceptos indemnizatorios y ni siquiera destaca con claridad las presuntas expresiones ofensivas. Sea como fuere, lo cierto es que debemos acudir, a la vista de la existencia de una colisi�n entre el derecho al honor y la libertad de expresi�n a la jurisprudencia que perfila los contornos de tal conflicto. En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2013, que a prop�sito del conflicto entre libertad de expresi�n y derecho al honor recoge: �1.- El art�culo 20.1.a ) y d) de la Constituci�n reconoce como derecho fundamental el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci�n y el derecho a comunicar y recibir libremente informaci�n veraz por cualquier medio de difusi�n, y el art�culo 18.1 de la Constituci�n reconoce con igual grado de protecci�n el derecho al honor.
La libertad de expresi�n , reconocida en el art�culo 20 de la Constituci�n , tiene un campo de acci�n m�s amplio que la libertad de informaci�n ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende como esta la comunicaci�n de hechos, sino la emisi�n de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de car�cter personal y subjetivo. La libertad de informaci�n comprende la comunicaci�n de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es f�cil separar la expresi�n de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresi�n de la simple narraci�n de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de informaci�n, toda vez que la expresi�n de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narraci�n de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3).
2.- El art�culo 18.1 de la Constituci�n garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el art�culo 10 de la Constituci�n . El derecho al honor protege frente a atentados en la reputaci�n personal entendida como la apreciaci�n que los dem�s puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), impidiendo la difusi�n de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descr�dito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).
La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protecci�n del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una trasgresi�n del derecho fundamental ( sentencias de 15 de diciembre de 1997, recurso n�m. 1/1994 ; 27 de enero de 1998, recurso n�m. 471/1997 ; 22 de enero de 1999, recurso n�m. 1353/1994 ; 15 de febrero de 2000, recurso n�m. 1514/1995 ; 26 de junio de 2000, recurso n�m. 2072/1095 ; 13 de junio de 2003, recurso n�m. 3361/1997 ; 8 de julio de 2004, recurso n�m. 5273/1999 y 19 de julio de 2004, recurso n�m. 3265/2000 ;
19 de mayo de 2005, recurso n�m. 1962/2001 ; 18 de julio de 2007, recurso n�m. 5623/2000 ; 11 de febrero de 2009, recurso n�m. 574/2003 ; 3 de marzo de 2010, recurso n�m. 2766/2001 y
29 de noviembre de 2010, recurso n�m. 945/2008 ).
Obviamente, no toda cr�tica o informaci�n sobre la actividad laboral o profesional de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La protecci�n del art�culo 18.1 de la Constituci�n solo alcanza a aquellas cr�ticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificaci�n personal, al repercutir directamente en su consideraci�n y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su �tica en el desempe�o de aquella actividad; lo que, obviamente, depender� de las circunstancias del caso, de qui�n, c�mo, cu�ndo y de qu� forma se ha cuestionado la val�a profesional del ofendido ( STC 180/1999 , FJ 5).
3.- El derecho al honor, seg�n reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresi�n e informaci�n. La limitaci�n del derecho al honor por la libertad de expresi�n o de informaci�n tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, que debe ser resuelto mediante t�cnicas de ponderaci�n constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( sentencias de 12 de noviembre de 2008, recurso n�m. 841/2005 ; 19 de septiembre de 2008, recurso n�m. 2582/2002 ; 5 de febrero de 2009, recurso n�m. 129/2005 ; 19 de febrero de 2009, recurso n�m. 2625/2003 ; 6 de julio de 2009, recurso n�m. 906/2006 ; 4 de junio de 2009, recurso n�m. 2145/2005 ; 22 de noviembre de 2010, recurso n�m. 1009/2008 ; 1 de febrero de 2011, recurso n�m. 2186/2008 ).
Por ponderaci�n se entiende, tras la constataci�n de la existencia de una colisi�n entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resoluci�n del caso mediante su subsunci�n en ella.
4.- Cuando entra en juego el derecho a la libertad de expresi�n , que es el invocado en este proceso, la t�cnica de ponderaci�n exige valorar, en primer t�rmino, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisi�n.
Desde este punto de vista, la ponderaci�n (i) debe respetar la posici�n prevalente que ostenta los derechos a la libertad de informaci�n y de expresi�n sobre el derecho al honor por resultar esencial como garant�a para la formaci�n de una opini�n p�blica libre, indispensable para el pluralismo pol�tico que exige el principio democr�tico ( sentencia de esta Sala de 11 de marzo de 2009, recurso n�m. 1457/2006 );
(ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresi�n , seg�n su propia naturaleza, comprende la cr�tica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues as� lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el esp�ritu de apertura, sin los cuales no existe �sociedad democr�tica� ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. Espa�a, � 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. Espa�a , � 43 ).
5.- La t�cnica de ponderaci�n exige valorar, en segundo t�rmino, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisi�n tomando en consideraci�n las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado.
Desde esta perspectiva, (i) por una parte, la ponderaci�n debe tener en cuenta si la cr�tica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo p�blico o una profesi�n de notoriedad o proyecci�n p�blica, pues entonces el peso de la libertad de expresi�n es m�s intenso, como establece el art�culo 8.2.a) de la Ley Org�nica 1/1982, de 5 de mayo, de Protecci�n Civil del Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en relaci�n con el derecho a la propia imagen, aplicando un principio que debe referirse tambi�n al derecho al honor. En relaci�n con aquel derecho, la sentencia de esta Sala de 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la �proyecci�n p�blica� se reconoce en general por razones diversas: por la actividad pol�tica, por la profesi�n, por la relaci�n con un importante suceso, por la trascendencia econ�mica y por la relaci�n social, entre otras circunstancias; por otra parte, seg�n la jurisprudencia que antes se ha citado, trat�ndose del prestigio profesional debe examinarse si el ataque reviste un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresi�n del derecho fundamental; (ii) la protecci�n del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresi�n cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relaci�n con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este prop�sito, dado que el art�culo 20.1 a) de la Constituci�n no reconoce un pretendido derecho al insulto, que ser�a, por lo dem�s, incompatible con la norma fundamental ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2 ; 134/1999, de 15 de julio, F. 3 ; 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 11/2000, de 17 de enero, F. 7 ; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8 ; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5 ; y 148/2001, de 15 de octubre , F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre , y 39/2005, de 28 de febrero ). En relaci�n con ese �ltimo punto, de acuerdo con una concepci�n pragm�tica del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresi�n cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relaci�n con la informaci�n que se pretende comunicar o con la situaci�n pol�tica o social en que tiene lugar la cr�tica experimentan una disminuci�n de su significaci�n ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. El art�culo 2.1 de la Ley Org�nica 1/1982, de 5 de mayo, de Protecci�n Civil del Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen se remite a los usos sociales como delimitadores de la protecci�n civil del honor.
La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresi�n respecto del derecho de honor en contextos de contienda pol�tica, y as� lo viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las sentencias n�m. 13/2009, de 26 de enero de 2010 (en la que se relaciona a un partido pol�tico con un grupo terrorista); 303/2010, de 13 de mayo (se critica una actuaci�n pol�tica del partido de la oposici�n); 685/2010, de 5 de noviembre de 2010 (referida a imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposici�n en un bolet�n popular); 754/2010, de 1 de diciembre (discusi�n pol�tica).
Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al �mbito estricto del �gora pol�tica, sino que la jurisprudencia viene aplicando id�nticos principios a supuestos de tensi�n o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. As�, las sentencias de esta Sala n�m. de 850/2010, de 22 de diciembre (en el contexto de la dial�ctica sindical); 800/2010, de 22 de noviembre (sobre imputaci�n a un concejal de delito de estafa y falsificaci�n documental que luego es absuelto); 60/10 bis, de 9 de febrero y 255/2010, de 21 de abril (en conflicto laboral); 199/2009, de 18 de marzo (confrontaci�n en �mbito de periodismo futbol�stico). �
TERCERO.- Descendiendo al presente supuesto, la valoraci�n de la prueba practicada conduce necesariamente a la desestimaci�n de la demanda. En efecto, en el presente caso lo que se advierte es la discusi�n en un foro de Internet entre el demandante y el demandado sobre la compra de un tel�fono m�vil. En ese contexto de disconformidad, sin que resulte acreditado que el tel�fono m�vil era conforme a lo contratado (es significativo el silencio que sobre la materia guarda el actor en su declaraci�n) se vertieron una serie de expresiones que no son objetivamente injuriosas en la gravedad e intensidad necesarias para constituir una intromisi�n ilegitima en el derecho al honor.
Lo primero que llama la atenci�n y que revela por s� la insignificancia de la conducta es la dificultad de advertir las expresiones objetivamente hirientes u ofensivas. En la documentaci�n adjuntada a la demanda �stas no se aprecian y tan s�lo el reconocimiento del demandado cuando a preguntas del letrado del actor admite haber empleado los t�rminos �gentuza�, �impresentables� o �tipejos�, permite al demandante sostener en fase de conclusiones su argumentaci�n. Pues bien, si se lee detenidamente la conversaci�n cibern�tica se advierte con plena claridad la ausencia de un �nimo espec�fico de vilipendio en el actor que simplemente da cuenta y critica un servicio profesional prestado que entiende deficiente. Y en ese contexto puede emplear los t�rminos relatados que en modo alguno, analizadas las circunstancias concurrentes, poseen entidad suficiente para estimar vulnerado el derecho al honor. No puede desconocerse que el propio actor tambi�n en su contestaci�n a los comentarios emplea un lenguaje subido de tono, llegando a realizar un juego de palabras con el apellido del demandado. En este contexto de critica profesional, en el marco de una discusi�n, el empleo rec�proco de expresiones que pudieran resultar hirientes no goza de significaci�n suficiente para la vulneraci�n del derecho al honor, que en todo caso es siempre de menor entidad que el de la libertad de expresi�n, garant�a de una verdadera sociedad democr�tica. Si ponderamos los derechos en conflicto conforme a los par�metros antes apuntados, resulta de modo indubitado la prevalencia en este supuesto del derecho a la libertad de expresi�n y cr�tica.
Por otra parte, el honor como bien personal�simo no puede ser objeto de cesi�n y en este caso la conversaci�n y la identificaci�n del destinatario del supuesto derecho al honor es una empresa cuya relaci�n con el actor �ste no acredita fehacientemente.
En suma, que analizadas las circunstancias, la discusi�n rec�proca, la levedad de las expresiones (no son insultos como tales), la cr�tica justificada que excluye cualquier �nimo espec�fico de ultraje, no puede entenderse vulnerado el derecho al honor, como tampoco se advierte en los demandados incumplimiento alguno del contrato ni infracci�n de la ley de protecci�n de datos. Ning�n dato de car�cter personal se refleja, lo que s� hace el actor en cambio, y ning�n contrato puede	incluir	una	cl�usula	que	entre	en	colisi�n	con	un derecho tan fundamental como el de la libertad de	expresi�n.
Por	todo	lo	anterior,	procede	la	desestimaci�n	de	la demanda.
objetivo	consagrado	en	el	art�culo	394	de	la	Ley	de
DESESTIMO la demanda interpuesta por D. J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Sol�s Rodr�guez, frente a D. J.G.R.C., representado por la procuradora D. � Miriam Men�ndez D�az, y frente a �WEBLOGS, S.L.� representada por la procuradora D.� In�s Blanco P�rez, siendo parte el Ministerio Fiscal, y ABSUELVO a �stos de todas las peticiones efectuadas en su contra, imponiendo al actor las costas de este procedimiento.
Ded�zcase testimonio de la presente resoluci�n definitiva, que ser� notificada a las partes, ll�vese testimonio a las actuaciones e incorp�rese �sta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.
Contra esta resoluci�n cabe interponer recurso de apelaci�n ante este Juzgado en el plazo de 20 d�as a contar desde el siguiente al de la notificaci�n de la presente y del que conocer� la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
PUBLICACI�N.- Le�da y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado que la ha dictado, estando celebrando Audiencia p�blica el mismo d�a de su fecha.
Nueva socia de Bufet Almeida. Nuevo despacho en Madrid.06.10.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�asTras m�s de diez a�os vinculada al despacho como colaboradora independiente, la letrada Yolanda Alba Cervera se ha incorporado a la firma en calidad de socia y administradora. Sus principales especialidades son la legislaci�n marcaria y de propiedad industrial, as� como la protecci�n de datos de car�cter personal.
El abogado Javier Maestre abre despacho independiente01.10.2014 | por: Javier Maestre Rodr�guezTras m�s de 10 a�os compartiendo junto con los compa�eros de Bufet Almeida la aventura y experiencia del desarrollo profesional conjunto, Javier Maestre decide ejercer su actividad profesional de forma aut�noma para fundar su propio despacho.
Ha sido m�s de una d�cada aunando esfuerzos para defender los intereses de nuestros clientes y el desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n en nuestro pa�s y es seguro que ambos seguir�n comprometidos en dicha tarea y colaborando junto a otros muchos profesionales en la consecuci�n de estos objetivos.
A partir del 1 de octubre, podr�n contactar con el despacho de Javier Maestre en la direcci�n contacto@maestreabogados.com, o a trav�s de la URL: http://www.maestreabogados.com.
Auto de sobreseimiento libre del caso de Men�ame y el blog 'Los trolls del ciberespacio'30.09.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�asJUZGADO DE INSTRUCCION
PROCEDIMIENTO : Previas n� 1112/2014-S2
En Barcelona, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce.
Dada cuenta, por evacuedo el traslado conferido a la representaci�n procesal del querellado Sr. P. y presentado escrito de alegaciones, �nase y d�se vista a las dem�s partes personadas, y por presentado escrito por la Procuradora de los Tribunales D� A.F.M., en nombre y representaci�n del querellante D.V.C., �nase e igualmente d�se vista a las dem�s partes, y
UNICO.- Por la representaci�n procesal de Men�ame Comunicacions, S.L. y otros, se interes� mediante escrito de fecha 2/06/2014 el sobresimiento libre respecto de Men�ame Comunicacions, S.L. y de los querellados R.A.G.G., J.B.V.G., J.P.L.C. y D.A.S., en base a las alegaciones que en el referido escrito se contienen, las cuales se tienen aqu� por reproducidas.
La Letrada de G.F.M.P. tras el traslado conferido a la misma a prop�sito de la solicitud realizada, se mostr� conforme con la misma, interesando a su vez el sobreseimiento libre y archivo respecto del Sr. P.
PRIMERO.- En primer t�rmino y en aras a los argumentos expuestos por la representaci�n de Men�ame Comunicacions, S.L. y de los querellados Sres. G., V., L. y A., no puede esta instructora sino estar conforme con las alegaciones que fundamentan la solicitud peticionada, habida cuenta que Men�ame Comunicacions S.L. no es un medio de comunicaci�n sino un agregador de contenidos de internet, no publicando noticias ni reportajes propios, sino enlaces a noticias de medios ajenos.
Por otra parte, los enlaces a noticias que suben a portada de Men�ame Comunicacions S.L. son aportados y votados por sus usuarios, sin intervenci�n de los gestores del sitio, como ocurre en otras redes sociales.
En Men�ame Comunicacions S.L. no se public� el art�culo de autos, como tampoco el nombre del querellante, tan solo se enlaz�. La responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediaci�n en Internet viene establecida por una Directiva Comunitaria (Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8/06/2000), donde viene a se�alarse que dichos prestadores de servicios de intermediaci�n no son responsables de la informaci�n transmitida, almacenada o enlazada a petici�n de los usuarios, salvo que tengan conocimiento efectivo de la comisi�n de un hecho delictivo, lo que no acontece en el supuesto de autos.
SEGUNDO.- Los datos personales del querellante que se mencionan en el Blog 'Los trolls del ciberespacio' son datos publicados por el prop�o qunellante en sus p�ginas web y en sus propios blogs.
Tal como expone d querellado Sr. P. en su declaraci�n, el blog 'Los trolls del ciberespacio' fue creado por aquel en el a�o 2005, con el fin de que los internautas puedan conocer a los trolls m�s conocidos en Internet, no haciendo referencia a informaci�n alguna de car�cter personal por cuanto el objetivo no es atacar a la persona, sino evitar que se pierda tiempo con el personaje.
Por otra parte, el t�rmino troll utilizado, no reviste car�cter ofensivo, obedeciendo �nicamente a una conducta de ciertos internautas y que se aplica por extensi�n a la persona que lo practica, de all� que no revista car�cter injurioso.
En cuanto a los supuestos comentarios en torno a la salud mental del querellante, el querellado Sr. P. public� enlaces a determinadas p�ginas web en las que el querellante copiaba y pegaba sus posts, sin que resulte que dicho querellado realizara comentario alguno al respecto.
Que de todo lo actuado se desprende que los hechos investigados no son constitutivos de infracc��n penal, por ello es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 779.1� de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones, previsto en el art. 637.2 del mismo Texto Legal.
Visto lo expuesto y los preceptos legales de aplicaci�n al caso,
Se decreta el SOBRESEIMIENTO LIBRE de las presentes actuaciones, previsto en el n� 2 del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracci�n penal. C�mplase lo establecido en el n� 1 del art�culo 779 de la referida Ley, y una vez sea firme arch�vense estas actuaciones sin m�s tr�mite, dejando nota bastante.
Lo manda y firma la Ilma. Sra. D�. MARIA DEL CARMEN SUAREZ VAZQUEZ, Magistrada-Juez de Instrucci�n de este Juzgado. Doy fe.
Ley Sinde: procedimiento nulo de pleno derecho01.09.2014 | por: Carlos S�nchez AlmeidaEl pasado 22 de julio la Audiencia Nacional dict� una sentencia de capital importancia para la aplicaci�n pr�ctica de la Ley Sinde, declarando nulo de pleno derecho el procedimiento seguido contra la p�gina Quedelibros.com, al tiempo que condenaba en costas a la Administraci�n del Estado. La sentencia, de extensos razonamientos jur�dicos, est� publicada online. Si la prosa jur�dica no es del gusto del lector, tambi�n disponen de un excelente resumen de la misma en la noticia que public� este peri�dico el d�a 1 de agosto.
�Cu�les son las consecuencias pr�cticas de la sentencia? De momento debemos ser prudentes: el Abogado del Estado puede interponer recurso de casaci�n ante el Tribunal Supremo, aunque debemos recordar que el alto tribunal ya anul� parcialmente el reglamento que regula el procedimiento de la Ley Sinde. Los argumentos de la Audiencia Nacional son s�lidos, por lo que no es muy aconsejable un recurso que malgaste los impuestos de los contribuyentes, que son en �ltima instancia los perjudicados por los errores de la Administraci�n del Estado.
Lo triste del caso es precisamente que quien inici� el procedimiento, la entidad de gesti�n CEDRO, no ha de asumir responsabilidad alguna por su actuaci�n. Como nos hartamos de explicar durante la tramitaci�n parlamentaria, la Ley Sinde pone el Estado al servicio de intereses privados, contraviniendo todos los principios jur�dicos que deben regir la actuaci�n de las administraciones p�blicas, las cuales solo deber�an intervenir para la defensa de intereses colectivos. Si el procedimiento de censura consigue sus objetivos -que no son otros que la destrucci�n de bibliotecas- a CEDRO le sale gratis. Y si pierde, como ha sido el caso, las costas las paga el Estado: es decir, usted y yo, los que con nuestros impuestos pagamos los sueldos de los funcionarios de la Comisi�n de Propiedad Intelectual.
Pero sigamos analizando la sentencia, y en especial sus �ltimos p�rrafos, donde est� el meollo del asunto. La p�gina Quedelibros.com es un simple prestador de servicios de intermediaci�n de la sociedad de la informaci�n: no aloja obra alguna, sino que simplemente informa sobre libros que los usuarios de internet comparten entre ellos. Pese a que la Comisi�n de Propiedad Intelectual fue informada puntualmente de que la obra La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zaf�n, no estaba alojada en Quedelibros, sino en Labuenaletra.es, una web que seg�n su homepage es posible gracias a la colaboraci�n del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Concejal�a de Cultura de tal ciudad, la Secci�n Segunda decidi� dirigir el procedimiento exclusivamente contra los intermediarios, dejando al margen a quien realmente alojaba la obra.
La Audiencia Nacional considera que el procedimiento de la Ley Sinde no se puede dirigir exclusivamente contra intermediarios, sino que necesariamente debe dirigirse contra los prestadores de servicios de la informaci�n que ofrezcan obras protegidas, y por eso declara la nulidad del procedimiento. Las consecuencias de este fallo judicial pueden provocar un efecto domin�, porque tan intermediarios son las p�ginas de enlaces como los proveedores de hosting: en rigor jur�dico, solo deber�an ser responsables quienes suben las obras a internet. Pero eso ya ser� otra guerra.
Cabe a�adir que mientras se dictaba esta sentencia, la Comisi�n de Propiedad Intelectual iniciaba otro procedimiento contra Quedelibros, cuyos responsables deben tener la sensaci�n de estar sometidos a acoso permanente. En el nuevo procedimiento hemos explicado a la Secci�n Segunda que en Quedelibros no hay enlaces, limit�ndose a servir de lugar de encuentro para que los usuarios se informen entre s� mediante correos electr�nicos protegidos por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones. Ya veremos si nos escuchan: quien dispara ca�onazos con p�lvora del rey no acostumbra a tener buen o�do.
No s� qu� pensar� de todo esto Carlos Ruiz Zaf�n. A t�tulo personal solo puedo decir que defender bibliotecas frente a las antorchas de los inquisidores fue la principal raz�n por la que me embarqu� personalmente en la lucha contra la Ley Sinde. La cultura, desde tiempos ancestrales, no es otra cosa que el conocimiento compartido por los pueblos. Y la cultura viva merece ser defendida, especialmente cuando se aloja en este inmenso cementerio de libros olvidados que llamamos Internet.
Art�culo publicado originalmente en Jaque Perpetuo
La Audiencia Nacional declara nulo de pleno derecho un procedimiento de la Ley Sinde27.08.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�asA U D I E N C I A N A C I O N A L
N�m. de Recurso: 0000155/2013
N�m. Registro General: 06849/2013
Demandante: N.R.A.
Procurador: MERCEDES CARO BONILLA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACI�N CULTURA Y DEPORTE
Abogado Del Estado	Ponente IImo. Sr.:	D. FERNANDO DE MATEO MEN�NDEZ
S E N T E N C I A N�:
D. EDUARDO MEN�NDEZ REXACH
D�. LOURDES SANZ CALVO
D. FERNANDO DE MATEO MEN�NDEZ
Madrid, a veintidos de julio de dos mil catorce.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo n�mero 155/13, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales do�a Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representaci�n de la mercantil de DO�A N.R.A., contra la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012 de la Secci�n Segunda de la Comisi�n de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte, sobre salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en Internet. Ha sido parte LA ADMINISTRACI�N DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. La cuant�a del recurso qued� fijada en indeterminada.
PRIMERO.- Admitido el recurso en la Secci�n Sexta de esta Sala y previos los oportunos tr�mites procedimentales, se confiri� traslado a la parte actora para que, en el t�rmino de veinte d�as formalizara la demanda, lo que llev� a efecto mediante escrito presentado el d�a 4 de marzo de 2013 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estim� oportunos, termin� solicitando que se dictara sentencia estimatoria del recurso anulando el acto impugnado en el presente recurso.
SEGUNDO.- Por providencia de 9 de abril de 2013 de la Secci�n Sexta de esta Sala se remitieron las actuaciones a esta Secci�n al ser la competente para conocer el recurso contencioso-administrativo seg�n las normas de reparto. Recibidas las actuaciones se dio traslado de la demanda a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte d�as, lo que realiz� mediante el pertinente escrito, alegando los hechos y fundamentos jur�dicos que estim� pertinentes, solicitando la desestimaci�n del recurso, y que se declarara la plena adecuaci�n a derecho del acto administrativo impugnado.
TERCERO.- Mediante Auto de 1 de octubre de 2013 se deneg� el recibimiento del recurso a prueba, no siendo recurrido por las partes, concedi�ndose el plazo de diez d�as a las partes para la formulaci�n de conclusiones, y, presentados los correspondientes escritos, quedaron los autos conclusos para sentencia, se�al�ndose para votaci�n y fallo 29 de enero del presente a�o. Mediante providencia de igual fecha se dej� sin efecto el se�alamiento, a fin de que se aportara por la actora el acta notarial otorgada el 20 de junio de 2012. Una vez aportada se concedi� cinco d�as al Abogado del Estado para que presentara alegaciones, no presentando escrito alguno, quedando las actuaciones pendientes de se�alamiento para votaci�n y fallo, que fue se�alado para el d�a 3 de junio del a�o en curso, cuya deliberaci�n continu� en sucesivos d�as. Mediante providencia, con fundamento en el art. 33 de la Ley de la Jurisdicci�n, se concedi� el plazo com�n de diez d�as a las partes para que alegaran sobre si el procedimiento previsto en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, pod�a no ser dirigido contra los responsables de servicios de la sociedad de informaci�n, y s� contra los prestadores de servicios de intermediaci�n. Solamente se present� escrito de alegaciones por la parte actora, se�al�ndose nuevamente para votaci�n y fallo para el d�a 15 de julio del presente a�o, fecha en que tuvo lugar.
SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don Fernando de Mateo Men�ndez.
PRIMERO.- La demandante impugna la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012 de la Secci�n Segunda de la Comisi�n de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte, sobre salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en Internet.
Con fecha 5 de marzo de 2012 se present� la solicitud del Centro Espa�ol de Derechos Reprogr�ficos (CEDRO) de iniciaci�n del procedimiento de salvaguardia de derechos de propiedad intelectual del titular de las obras �La sombra del viento�, �Tengo ganas de ti�, �Venganza en Sevilla� y �El �ngel perdido�, frente a su vulneraci�n por los responsables de los servicios de la informaci�n. Con fecha 12 de junio de 2012 la Secci�n Segunda de la Comisi�n de Propiedad Intelectual acord� el inicio del procedimiento contra 10DENCEHISPAHARD, S.L., como responsable del servicio de la sociedad de la informaci�n www.linksole.com, y contra el prestador de servicios intermediaci�n de la sociedad de la sociedad anteriormente rese�ada, que es la aqu� demandante como responsable de la p�gina www.quedelibros.com.
La resoluci�n recurrida de 6 de septiembre de 2012, se declar� a los solos efectos del art. 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, a 10DENCEHISPAHARD, S.L., responsable de una vulneraci�n de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra �La sombra del viento� de Carlos Ruiz Zaf�n, disponible en su p�gina de Internet www.linksole.com, y se le ordenaba la retirada de los contenidos que vulneraban derechos de propiedad intelectual, debiendo dar cumplimiento a la misma en el plazo de 24 horas desde su notificaci�n. Asimismo, se deb�a abstener de ofrecer sin autorizaci�n las otras obras objeto del expediente, �Tengo ganas de ti� de Federico Moccia, �Venganza en Sevilla� de Matilde Asensi y �El �ngel perdido� de Javier Sierra, en el futuro.
Se a�ade en la citada resoluci�n en relaci�n con la aqu� actora lo siguiente: �Asimismo, para el caso de incumplimiento por parte del responsable del servicio de la sociedad de la informaci�n de la orden de retirada dentro del plazo de 24 horas se�alado en el p�rrafo anterior, se considera que es necesario que el servicio de intermediaci�n ofrecido por la misma D�. N.R.A. con NIF X como responsable de la p�gina www.quedelibros.com, identificado en los antecedentes de hecho, proceda a eliminar permanentemente cualesquiera enlaces e instrumentos an�logos de localizaci�n en su p�gina www.quedelibros.com a las obras arribas se�aladas disponibles, siempre que contin�en ofreci�ndose en vulneraci�n de los derechos de propiedad intelectual�.
Interpuesto recurso de reposici�n contra la anterior resoluci�n por 10DENCEHISPAHARD, S.L., fue estimado mediante resoluci�n de 12 de febrero de 2013, al apreciarse que dicha sociedad no ostentaba la condici�n de titular de la p�gina web www.linksole.com, manteni�ndose el resto del contenido de la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012.
SEGUNDO.- La actora alega, en s�ntesis, los siguientes motivos de impugnaci�n: a) nulidad del procedimiento por no haberse dirigido el mismo contra el responsable del sitio de Internet www.labuenaletra.es, que es donde se hospeda la obra literaria en cuesti�n; b) ausencia de responsabilidad por inexistencia de enlaces. El contenido de la p�gina www.quedelibros.com es una recopilaci�n de direcciones sobre los lugares donde encontrar libros online, no existiendo enlaces directos a la obra �La sombra del viento� sino una simple informaci�n, y ello se constata con el acta notarial otorgada el 20 de junio de 2012; c) ausencia de responsabilidad como prestador de servicios, tal y como se dice en Sentencias de las Audiencias Provinciales en relaci�n con el art. 17 del Texto Refundido de la Propiedad Intelectual, en las que se declara que la actividad de enlazar en Internet, no constituye reproducci�n, distribuci�n, comunicaci�n ni puesta a disposici�n de obra intelectual alguna, y tambi�n en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010; y d) inexistencia de �nimo de lucro, requisito exigido en el art. 17.2 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, ya que la parte denunciante, CEDRO, no acredit� perjuicio alguno y la actora no se ha lucrado ni beneficiado con las obras citadas por CEDRO.
Por su parte, el representante legal de la Administraci�n alega la falta de legitimaci�n activa de la actora, ya que dado que www.linksole.com procedi� dentro del plazo establecido a la retirada de la obra objeto del procedimiento de su p�gina, no fue necesario proceder a requerir el cumplimiento de la medida de ejecuci�n de eliminaci�n de instrumentos de localizaci�n en www.quedelibros.com prevista en la resoluci�n impugnada, puesto que la citada resoluci�n solamente afectaba a la demandante en el caso de que la obra intelectual cuyos derechos se vulneraban no fuera retirada en el plazo establecido.
TERCERO.- Debemos partir que la Comisi�n de Propiedad Intelectual es un �rgano administrativo colegiado de �mbito nacional, creado al amparo de lo dispuesto en el art. 158 de la Ley de Propiedad Intelectual tras la reforma mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible. Esta Comisi�n, que se compone de dos Secciones, tiene asignadas funciones de mediaci�n, arbitraje y salvaguarda de derechos en el �mbito de la propiedad intelectual. La Secci�n Primera ostenta la competencia en lo primero, es decir, en materia de mediaci�n y arbitraje. Y la Secci�n Segunda, cuyas funciones son las que ahora se impugnan, se encarga de la indicada salvaguarda de los derechos en el �mbito de la propiedad intelectual.
En concreto, en lo que aqu� nos interesa, el apartado 4 del citado art. 158 establece:�Corresponde a la Secci�n Segunda, que actuar� conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los art�culos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneraci�n por los responsables de servicios de la sociedad de informaci�n.
La Secci�n, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que �ste delegue, se compondr� de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Econom�a y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.
Reglamentariamente se determinar� el funcionamiento de la Secci�n y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciar� siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio y en el que ser�n de aplicaci�n los derechos de defensa previstos en el art�culo 135 de la Ley 30/1992, estar� basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y dem�s previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. La falta de resoluci�n en el plazo reglamentariamente establecido tendr� efectos desestimatorios de la solicitud. Las resoluciones dictadas por la Comisi�n en este procedimiento ponen fin a la v�a administrativa�.
El citado precepto se desarroll� por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisi�n de Propiedad Intelectual.	Entre las funciones de la Secci�n Segunda de la Comisi�n se encuentran la adopci�n de las medidas para el restablecimiento de la legalidad, y que son la interrupci�n de la prestaci�n de un servicio de la sociedad de la informaci�n que vulnere derechos de propiedad intelectual, y la retirada de los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, act�e con �nimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un da�o patrimonial.
El procedimiento que se regula tiene como finalidad el restablecimiento de la legalidad, compatible con las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que sean procedentes tal y como se se�ala en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual. Como se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013 -recurso n�. 185/2012-, que ten�a por objeto la impugnaci�n del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no estamos �ante una regulaci�n propia del derecho sancionador, sino �nicamente ante el restablecimiento de la legalidad en internet frente a los embates contra la propiedad intelectual. No se trata, por tanto, del ejercicio del "ius puniendi" del Estado, sino de reponer las cosas a su situaci�n legal, cuando dicha legalidad ha sido conculcada por los responsables de los servicios de la sociedad de la informaci�n. De modo que si no se trata de una regulaci�n de car�cter sancionador mal puede exigirse, en consecuencia, la observancia de los principios y garant�as del T�tulo IX de la Ley 30/1992�.
CUARTO.- Una vez delimitada sucintamente la naturaleza del procedimiento que nos ocupa, comenzaremos por analizar la causa de inadmisibilidad suscitada por el representante legal de la Administraci�n basada en la falta de legitimaci�n activa de la actora, debido a que de la p�gina web se retiraron los contenidos en cuesti�n, y la resoluci�n recurrida solamente afectaba a la demandante en el caso de que la obra intelectual cuyos derechos se vulneraban no fuera retirada en el plazo establecido.
El art. 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicci�n acepta la legitimaci�n de las personas que ostenten un derecho o inter�s leg�timo. Como se declara en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2008: <<No est� de m�s recordar que es consustancial a nuestro sistema distinguir entre la legitimaci�n para el proceso que exige reunir las cualidades necesarias para comparecer ante los tribunales y la legitimaci�n para un asunto concreto.
Esta �ltima requiere para que la pretensi�n procesal pueda ser enjuiciada en cuanto al fondo y para que la oposici�n y las excepciones a la misma puedan hacerse valer, que las partes ostenten legitimaci�n procesal. Ello significa que se encuentren en una determinada relaci�n con el objeto del litigio en virtud de la cual dichas personas sean las llamadas a ser partes (activa o pasiva) en el proceso de acuerdo con los criterios para el reconocimiento del derecho a impetrar la tutela judicial establecidos en la ley seg�n los distintos �rdenes jurisdiccionales.
La legitimaci�n activa es una relaci�n fijada por la ley entre una persona f�sica o jur�dica y el contenido de la pretensi�n necesaria para que aqu�lla pueda ejercitarla ante los tribunales de justicia.
En el orden contencioso-administrativo la legitimaci�n activa se defiere, seg�n una consolidada jurisprudencia de este tribunal, en consideraci�n a la titularidad de un derecho o inter�s leg�timo que suponga una relaci�n material entre el sujeto y el objeto de la pretensi�n, de suerte que, de estimarse �sta, se produzca un efecto positivo o beneficio o la eliminaci�n de un efecto negativo o perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva.
QUINTO.- El criterio de delimitaci�n de la legitimaci�n fundado en la existencia de un derecho o inter�s leg�timo (art. 19.1.a LJCA 1998), como superador del inicial inter�s directo (art. 28 LJCA 1956), en el orden contencioso-administrativo ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 60//2001, de 29 de enero, 203/2002, de 28 de octubre, y 10/2003, de 20 de enero).
As� la STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3 nos recuerda que en relaci�n al orden contencioso-administrativo, ha precisado "que el inter�s leg�timo se caracteriza como una relaci�n material un�voca entre el sujeto y el objeto de la pretensi�n (acto o disposici�n impugnados), de tal forma que su anulaci�n produzca autom�ticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relaci�n referida a un inter�s en sentido propio, cualificado y espec�fico, actual y real (no potencial o hipot�tico). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jur�dica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensi�n, que se materializar�a de prosperar �sta. O, lo que es lo mismo, el inter�s leg�timo es cualquier ventaja o utilidad jur�dica derivada de la reparaci�n pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relaci�n a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)".
El m�ximo int�rprete constitucional remarca que el derecho a la tutela judicial efectiva est� imponiendo a los �rganos judiciales la obligaci�n de interpretar con amplitud las f�rmulas que las leyes procesales utilicen en la atribuci�n de legitimaci�n activa para acceder a los procesos judiciales (STC 73/2004, de 22 de abril, FJ 3 STC 226/2006, de 17 de julio, FJ 2). Mas tambi�n ha dicho que el principio "pro actione" no implica, en modo alguno, una relativizaci�n o devaluaci�n de los presupuestos y requisitos procesales establecidos por las leyes, ni debe entenderse como la forzosa selecci�n de la interpretaci�n m�s favorable a la resoluci�n del problema de fondo de entre todas las posibles (STC 45/2004, de 23 de marzo, FJ 4 y ATC 430/2004, de 12 de noviembre, FJ 4.)>>.
Pues bien, los llamados prestadores de servicios de intermediaci�n de la sociedad de la informaci�n, tienen en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad la condici�n de interesados, y as� en el art. 17. 3 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, se dice que: �El inicio del procedimiento ser� notificado al correspondiente prestador de servicios de intermediaci�n de la sociedad de la informaci�n como interesado en el mismo y a efectos de tenerle informado de la posibilidad de futuros requerimientos de identificaci�n y de ejecuci�n, en los t�rminos previstos en los art�culos 18 y 24�. Conforme a lo expuesto, el citado procedimiento est� dise�ado para recabar la colaboraci�n de los intermediarios de los servicios de la sociedad de informaci�n que resulte necesaria para lograr la tutela eficaz de los derechos de propiedad en cuesti�n, como se deriva del art. 18 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, que establece en el apartado 1: �1. En los casos en que, al inicio del procedimiento, el responsable del servicio de la sociedad de la informaci�n contra el que aqu�l se dirige no se encuentre suficientemente identificado, la Secci�n Segunda podr� proceder de acuerdo con lo establecido en los art�culos 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y 122 bis, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa, remitiendo de forma inmediata, al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, solicitud de autorizaci�n judicial, para requerir al prestador de servicios de intermediaci�n de la sociedad de la informaci�n la cesi�n de los datos que permitan tal identificaci�n de dicho responsable, a fin de que, conforme a lo previsto en el art�culo 19, pueda serle notificado el inicio del procedimiento emple�ndose en su caso los boletines oficiales existentes o portales de notificaci�n creados a tales efectos, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con medios electr�nicos conforme a lo previsto en los art�culos 25, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para que pueda personarse como interesado en el mismo�. Este deber de colaboraci�n tambi�n se contempla en la ejecuci�n acordada jurisdiccionalmente de la resoluci�n que declara a los solos efectos el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, la vulneraci�n de los derechos de propiedad intelectual contemplada en el art. 24 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre.
Por otro lado, el hecho, como aduce el Abogado del Estado, de que se retirase de la p�gina web www.linksole.com el contenido objeto del procedimiento, por lo que la resoluci�n recurrida no afectaba ya a la parte actora pues no fue necesario proceder a requerir el cumplimiento de al medida de ejecuci�n de eliminaci�n de instrumentos de localizaci�n en www.quedelibros.com, hace que carezca esta de legitimaci�n activa, no es atendible. La declaraci�n que contiene la resoluci�n impugnada en relaci�n con la actora, hay que encuadrarla en que, como hemos rese�ado anteriormente, el presente procedimiento es independiente de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes (art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual). Debiendo a�adir, que de conformidad con el art. 24.2 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, la notificaci�n de la autorizaci�n judicial al intermediario tiene importancia a los efectos del ejercicio de las acciones oportunas por los titulares de los derechos vulnerados, cosa que no es el caso, pues a partir de ese momento tiene conocimiento efectivo de la vulneraci�n realizada por el destinatario de sus servicios. Ello hay que conectarlo con los arts. 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico. Por lo que a partir de la notificaci�n al intermediario de la autorizaci�n judicial, los titulares de los derechos de propiedad intelectual pueden ejercer contra aquel las acciones civiles reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, y as� se desprende del p�rrafo tercero del art. 138 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que �tanto las medidas de cesaci�n espec�ficas contempladas en el art�culo 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el art�culo 141.6 podr�n tambi�n solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s� mismos una infracci�n, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico. Dichas medidas habr�n de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias�.
QUINTO.- Seguidamente, abordaremos la cuesti�n suscitada a las partes por la Sala en el sentido de que el procedimiento del art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, concluy� sin la existencia de un prestador se servicios de la sociedad de informaci�n, sino solo con las medidas impuestas al prestador de servicios de intermediaci�n.
Debemos partir que el procedimiento se dirigi� contra la entidad 10DENCEHISPAHARD, S.L., prestador se servicios de la sociedad de informaci�n, y as� concluy� con la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012. Pero al presentar dicha sociedad recurso de reposici�n contra la citada resoluci�n, fue estimado mediante resoluci�n de 12 de febrero de 2013, por el motivo de no ostentar dicha sociedad la condici�n de titular de la p�gina web www.linksole.com, manteni�ndose el resto del contenido de la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012. Es decir, solo han quedado en vigor las medidas de car�cter subsidiario en relaci�n con la parte aqu� actora como responsable de la p�gina www.quedelibros.com.
La cuesti�n que se plante� a las partes es si el procedimiento administrativo que nos ocupa se puede seguir sin un prestador se servicios de la sociedad de informaci�n, sino solamente con la existencia de un prestador de servicios de intermediaci�n. Para ello haremos referencia a que se entiende por dichos conceptos.
Tanto el art. 158 de la Ley de Propiedad Intelectual como el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, hacen referencia a los responsables de los servicios de la sociedad de informaci�n. Dicha expresi�n no aparece en la Ley 34/2002, de 11 de julio, que utiliza la expresi�n prestador. No obstante, en el Anexo de definiciones de la citada Ley se dice, en relaci�n con los servicios de la sociedad de la informaci�n, que son �todo servicio prestado normalmente a t�tulo oneroso, a distancia, por v�a electr�nica y a petici�n individual del destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la informaci�n comprende tambi�n los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad econ�mica para el prestador de servicios�.
Por otro lado, se define prestador de servicio aquella �persona f�sica o jur�dica que proporciona un servicio de la sociedad de la informaci�n�, por lo que parece m�s preciso que la expresi�n responsable de los servicios de informaci�n.
Finalmente, los servicios de intermediaci�n son una categor�a de servicios de la sociedad de la informaci�n transpuesta por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de comercio electr�nico, como aquel servicio �por el que se facilita la prestaci�n o utilizaci�n de otros servicios de la sociedad de la informaci�n o el acceso a la informaci�n�. En los arts. 14 y 17 y en el Anexo de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, se dispone que constituyen servicios de intermediaci�n, y, en este �ltimo se dice al respecto, que �son servicios de intermediaci�n la provisi�n de servicios de acceso a Internet, la transmisi�n de datos por redes de telecomunicaciones, la realizaci�n de copia temporal de las p�ginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisi�n de instrumentos de b�squeda, acceso y recopilaci�n de datos o de enlaces a otros sitios de Internet�.
As� las cosas, hay que determinar si el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, puede dirigirse exclusivamente contra un prestador de servicios de intermediaci�n, tal y como ha acontecido en el caso que nos ocupa. A este respecto, hay que poner de manifiesto que en el recurso de reposici�n formulado contra la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012, la sociedad 10DENCEHISPAHARD dice que no es la titular del dominio www.linksole.com, sino solamente la proveedora de servicios de registro del citado dominio, siendo la titular del mismo la aqu� actora, pero en relaci�n con esta alegaci�n la Administraci�n no hizo nada acerca de ello.
El art. 15.3 del Real Decreto 1.889/2002, establece que �el procedimiento podr� dirigirse contra los responsables de servicios de la sociedad de la informaci�n sobre los cuales existan indicios de que est�n vulnerando derechos de propiedad intelectual, cuando en la solicitud de quien inste su inicio se identifique expresamente el contenido ofrecido o al que se facilite el acceso, y siempre que concurran las circunstancias que, seg�n lo dispuesto en el art. 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, permiten a la Secci�n Segunda adoptar medidas para que se interrumpa la prestaci�n de dichos servicios�. La duda surge al utilizar la expresi�n �o al que se facilite el acceso�, por lo que pudiera derivarse que el procedimiento, adem�s del responsable del servicio de la informaci�n, pudiera dirigirse tambi�n a los intermediarios.
Frente a ello, son suficientemente claros los arts. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, en los que se hace referencia exclusivamente a los responsables de servicios de la sociedad de informaci�n. Por lo que el procedimiento no puede dirigirse formalmente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos �ltimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten, como hemos reflejado anteriormente. Eso s�, con car�cter subsidiario de la medida de restablecimiento de la legalidad que se imponga al responsable del servicio de la sociedad de informaci�n (art. 24.4 del Real Decreto 1.889/2011). Los prestadores de servicios de intermediaci�n no son los que realizan la conducta vulneradora de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, pues no ponen a disposici�n del p�blico las obras protegidas, los que las reproducen o copian, etc� La conducta vulneradora de la legalidad la cometen las personas f�sicas o jur�dicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la informaci�n, aunque eso s� sirvi�ndose en mayor o menor medida de los correspondientes servicios de intermediaci�n.
Por tanto, tenemos que llegar a la conclusi�n que el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, cuando sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de informaci�n. As� las cosas, en el caso que nos ocupa, el rese�ado procedimiento administrativo se ha dirigido exclusivamente contra un prestador de servicios de intermediaci�n, por lo que el procedimiento es nulo de pleno derecho, no resultando necesario entrar a analizar las cuestiones suscitadas por la parte actora.
SEXTO.- A tenor del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicci�n procede imponer las costas procesales a la parte demandada.
VISTOS los art�culos citados, y dem�s de general y pertinente aplicaci�n.
FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales do�a Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representaci�n de la mercantil de DO�A N.R.A., contra la resoluci�n de 6 de septiembre de 2012 de la Secci�n Segunda de la Comisi�n de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educaci�n, Cultura y Deporte, sobre salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en Internet, declaramos la nulidad de la citada resoluci�n por no ser conforme a derecho; con expresa imposici�n de las costas procesales a la parte demandada.
H�gase saber a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casaci�n dentro de los diez d�as h�biles siguientes a la notificaci�n de la misma, a preparar ante esta Sala.
As�, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACI�N.- Dada, le�da y publicada fue la anterior sentencia en audiencia p�blica. Doy fe. Madrid a
Ley Mordaza: un monstruo jur�dico de tres cabezas15.07.2014 | por: Carlos S�nchez AlmeidaEl efecto combinado de las pr�ximas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, C�digo Penal y Ley de Propiedad Intelectual puede ser devastador para las libertades p�blicas, tanto en las calles como en las redes.
En los �ltimos a�os hemos vivido un progresivo recorte de derechos fundamentales, que ha sido respondido mediante una movilizaci�n social sin precedentes, en buena parte alimentada por la interacci�n entre la acci�n callejera y el ciberactivismo online. Desde el P�salo de marzo de 2004, pasando por el activismo por el derecho a la vivienda, la desobediencia civil masiva del 15M, la paralizaci�n sistem�tica de desahucios y las ocupaciones de oficinas p�blicas y privadas, la �ltima d�cada est� salpicada de acontecimientos donde el activismo pol�tico no se ha limitado al plano f�sico, sino que se han nutrido de la comunicaci�n en tiempo real de los activistas facilitada por las nuevas tecnolog�as telem�ticas. Y es contra esa fecunda complicidad de calles y redes contra lo que pretende cargar todo el aparato jur�dico del sistema.
Si hay un hilo conductor com�n entre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, C�digo Penal y Ley de Propiedad Intelectual, es precisamente limitar la libre expresi�n de los ciudadanos, con independencia del medio donde �sta se verifique. El objetivo �ltimo es la creaci�n de un gueto informacional que impida de forma efectiva la organizaci�n de protestas al amparo de los derechos fundamentales de libertad de expresi�n y reuni�n.
Sin �nimo de resultar exhaustivo, intentar� explicar en pr�ximos p�rrafos hasta d�nde llega la limitaci�n de nuestras libertades, intercalando p�rrafos concretos de las leyes que pretenden reformarse.
Comencemos por el proyecto de C�digo Penal, que pretende establecer un nuevo delito en el art�culo 559:
"La distribuci�n o difusi�n p�blica, a trav�s de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisi�n de alguno de los delitos de alteraci�n del orden p�blico del art�culo 557 bis del C�digo Penal, o que sirvan para reforzar la decisi�n de llevarlos a cabo, ser� castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisi�n de tres meses a un a�o." Ahora leamos lo que indica el art�culo 30.3 del proyecto de Ley Org�nica de Seguridad Ciudadana:
"A los efectos de esta ley se considerar�n organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tr�nsito p�blico o manifestaciones las personas f�sicas o jur�dicas que hayan suscrito la preceptiva comunicaci�n. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicaci�n, tambi�n se considerar�n organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aqu�llas."
Ahora piensen en un escenario habitual en las protestas de los �ltimos a�os. Una conocida activista lanza un hashtag por Twitter, convocando a una manifestaci�n no autorizada ante la Delegaci�n del Gobierno. Con la nueva redacci�n del C�digo Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, las autoridades pueden intentar responsabilizar a esa activista de los disturbios que se produzcan, exclusivamente por las consignas lanzadas en una red social.
Buena parte de las infracciones recogidas en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana est�n dirigidas a restringir el derecho de reuni�n y manifestaci�n. En los art�culos 35 y siguientes del proyecto de ley se persiguen todo tipo de manifestaciones, desde las 'no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios b�sicos para la comunidad o en sus inmediaciones' (que pueden ser sancionadas hasta con 600.000 euros de multa), pasando por la negativa a disolver manifestaciones no comunicadas (hasta 30.000 euros de multa), hasta el m�s m�nimo incidente, como "el incumplimiento de las restricciones de circulaci�n peatonal o itinerario con ocasi�n de un acto p�blico, reuni�n o manifestaci�n, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos" (multa de hasta 600 euros).
La obsesi�n gubernamental con el derecho de reuni�n es absoluta, y sit�a fuera de la ley a acciones de protesta civil pac�fica que los jueces han considerado l�citas en innumerables sentencias. V�ase en los p�rrafos siguientes, extra�dos de la ley, las nuevas infracciones graves destinadas a colectivos civiles como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Yayoflautas, a los que se podr� sancionar con hasta 30.000 euros de multa por parar desahucios u ocupar oficinas bancarias:
"4. Los actos de obstrucci�n que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado p�blico o corporaci�n oficial el ejercicio leg�timo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecuci�n de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, as� como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegaci�n de datos falsos o inexactos en los procesos de identificaci�n.
7. La negativa a la disoluci�n de reuniones y manifestaciones en lugares de tr�nsito p�blico ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del art�culo 5 de la Ley Org�nica 9/1983, de 15 de julio."
Pero no solo se criminaliza la desobediencia civil pac�fica. Tambi�n se restringe el derecho a la libre expresi�n y a recabar pruebas de los excesos policiales, mediante un demencial redactado del art�culo 36.26 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, destinado a impedir que se fotograf�e a polic�as antidisturbios:
"26. El uso no autorizado de im�genes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el �xito de una operaci�n, con respeto al derecho fundamental a la informaci�n."
Las reformas proyectadas configuran un panorama desolador para las libertades p�blicas, pero no vienen solas, sino que por el contrario consolidan una pol�tica de censura administrativa de la que fue pionera la norma tristemente conocida como Ley Sinde. La proyectada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que ser� sometida a votaci�n el pr�ximo d�a 22 de julio en el Congreso de los Diputados, pretende una nueva vuelta de tuerca al control administrativo de internet, posibilitando el cierre de p�ginas web sin intervenci�n judicial previa, al convertir a los proveedores de servicios de alojamiento, enlace, publicidad y sistemas de pago en c�mplices forzosos de la censura, bajo la coacci�n de la multa administrativa. Una restricci�n de libertades destinada a poner la red en estado de excepci�n, adem�s de gravarla con un nuevo canon destinado a impedir el ejercicio del derecho a enlazar.
Sustituir las garant�as del proceso penal por sanciones administrativas tiene tristes antecedentes hist�ricos: era la pr�ctica habitual en reg�menes totalitarios. Y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial: desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas seguidos contra los activistas que ejerc�an la desobediencia civil pac�fica. Al despenalizar las faltas, desaparecer�n los jueces y las garant�as del proceso penal, para ser sustituidos por multas de polic�as a los que la ley otorgar� total credibilidad.
Al censurarnos, el poder demuestra cual es su principal preocupaci�n: la uni�n de todos los frentes del activismo, de las calles y las redes, en un movimiento pol�tico com�n. Revelando sus temores, el sistema evidencia su principal debilidad: habr� que darle al poder lo que m�s teme.
Proyecto de Ley Org�nica de Seguridad Ciudadana (PDF)
Proyecto de reforma del C�digo Penal (PDF)
Sentencia absolutoria: la creaci�n de un virus no es delictiva si no causa da�os ni revela secretos01.07.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�asJUZGADO DE LO PENAL N� 4 ALCAL� DE HENARES
JUICIO ORAL N � 435/ 2010
SENTENCIA N� 238/ 2014
En Alcal� de Henares, a veinticuatro de junio de dos mil catorce
Vistos por Nuria Alcalde Alcalde, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal n� 4 de Alcal� de Henares, los presentes autos de juicio oral n� 435/ 2010 dimanantes de las Diligencias Previas n� 347/2005 del Juzgado deInstrucci�n n� 4 de Alcal� de Henares, seguidos por A) un delito de descubrimiento de secretos del art. 197-2 del C�digo Penal, y B) un delito de da�os del art. 264-2 del C�digo Penal, en los que es acusado don X.Y.Z., nacional de Espa�a, mayor de edad y sin antecedentes penales, asistidos por el letrado don J. A. Maestre Rodr�guez; y ha intervenido el Ministerio Fiscal en la representaci�n que le es propia, se procede a dictar la siguiente sentencia.
PRIMERO.- Dio lugar a la formaci�n de la causa atestado instruido por la Direcci�n General de la Guardia Civil, Grupo de Delitos Telem�ticos, que motiv� la pr�ctica por el juzgado instructor correspondiente de cuantas actuaciones consider� necesarias para la determinaci�n del procedimiento aplicable y preparaci�n del juicio oral, as� como en orden a la averiguaci�n y constancia de la perpetraci�n del hecho punible, circunstancias en el mismo concurrentes y culpabilidad de los presuntos part�cipes.
SEGUNDO.- El juicio oral se celebr� en la fecha se�alada en su d�a para ello, siendo practicadas, con el resultado que es de ver en la grabaci�n, las pruebas acordadas y declaradas pertinentes, con el resultado que obra en la misma
TERCERO.- A la vista de lo anterior, el Ministerio Fiscal, elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, solicit� la condena del acusado como autor: A) un delito de descubrimiento de secretos del art. 197-2 del C�digo Penal, y B) un delito de da�os del art. 264-2 del C�digo Penal, solicitando la imposici�n de las siguientes penas: A) la pena de 2 a�os y 6 meses de prisi�n y 18 meses de multa con cuota diaria de 30 euros con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de multa de un d�a de privaci�n de libertad por cada dos cuota de multa no satisfechas, y por el delito B) la pena de 2 a�os de prisi�n y 18 meses de multa con cuota diaria de 30 euros con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de multa de un d�a de privaci�n de libertad por cada dos
cuota de multa no satisfechas. Costas. El acusado indemnizar� a los perjudicados en la cantidad en que queden pericialmente tasados los da�os ocasionados por el virus.
La defensa solicit� la absoluci�n de sus clientes.
CUARTO.- Finalmente, se concedi� al acusado el uso del derecho a la �ltima palabra.
El d�a 17 de Agosto de 2003 el acusado, X.Y.Z., desde el terminal inform�tico de su domicilio sito en la Calle F. de la localidad de Alcal� de Henares, cre� el virus gusano Kelar (tambi�n llamado Raleka), sin que se hayan acreditado el resto de los hechos por los que se formul� acusaci�n consistentes en: "que con el virus infectaba a usuarios de Panda, de manera que una vez infectado el equipo inform�tico �ste se conectaba a la p�gina web http://www.arrakis.es/- 900k, la cual descargaba en el equipo un programa troyano que permit�a el acceso por parte del acusado a toda la informaci�n del ordenador, as� como el acceso y control remoto del equipo inform�tico, todo ello sin conocimiento del usuario. Entre el 17 y el 28 de Agosto que estuvo operativa dicha p�gina web, 70.000 usuarios descargaron el virus y el programa troyano. En el disco duro del ordenador del acusado con n� de serie 3HR19EA9 intervenido en la entrada y registro practicada en fecha 19-11-03 en su domicilio autorizada por el juzgado, se encontraron 396 ficheros de texto que recogen las conversaciones de canales deI RC y conexiones por ordenadores infectados con el virus Kelar, habiendo dado �rdenes a algunos de �stos.
Dada la gran capacidad del virus y del programa troyano para destruir y modificar los equipos infectados, se ocasionaros perjuicios y confusi�n en los usuarios que precisaron de actividades de b�squeda y limpieza del disco duro".
PRIMERO.- Para reprochar criminalmente a una persona su obrar doloso o culposo es preciso que previamente se pruebe cu�l ha sido su actuaci�n , procedi�ndose con posterioridad a examinar si esa actividad es maliciosa o negligente y si, en estos casos, se incardina en algunos de los tipos penales que el C�digo Penal contiene . Como quiera que en el caso de autos no hay elementos suficientes para declarar cu�l fue la conducta del acusado, la soluci�n correcta es proceder a su absoluci�n por los delitos de descubrimiento de secretos del art. 197.2 Cp y de da�os del art. 264.2 Cp por los que
el Ministerio Fiscal mantuvo la acusaci�n.
Establece el art�culo 197.2 C�digo penal: "Las mismas penas se impondr�n al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de car�cter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes inform�ticos, electr�nicos o telem�ticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro p�blico o privado. Iguales penas se impondr�n a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero."
El car�cter material de este delito son los datos reservados de car�cter personal o familiar. Los datos reservados se protegen cuando est�n almacenados en un sistema inform�tico, electr�nico o telem�tico o en cualquier otro tipo de archivo o registro p�blico o privado. Para que se consideren de �mbito reservado deber�n formar parte de la esfera privada del sujeto afectado, cuya disponibilidad a dicha informaci�n estar� limitada a personas autorizadas por el sujeto en concreto.
El art�culo 197.2 del C�digo penal regula dos supuestos que en virtud del caso en concreto pueden incluso sobreponerse. En primer lugar, se castiga a quien se apodere, utilice o modifique datos reservados de car�cter personal o familiar; y el segundo supuesto castiga el llamado espionaje inform�tico; esto es, acceder, modificar o utilizar datos de car�cter reservado .
La SAP-Navarra de 10 de marzo de 2009 (ponente Zubiri Oteiza) condena por un delito del art�culo 197 .2 del C�digo penal a un sujeto que accedi� al correo electr�nico de otra persona utilizando el nombre y la contrase�a que le hab�a teclear y envi� un correo. Por otro lado, la SAP-Baleares de 11 de febrero de 2009 (ponente Izquierdo T�llez) castiga a un m�dico funcionario que accedi� en distintas ocasiones al historial de un colega para averiguar el nombre de su m�dico de cabecera, aplicando la agravante del art�culo 197.6 CP por tratarse de datos que afectan a la salud.
Por lo tanto, y seg�n lo expuesto, para que pueda condenarse al acusado por el delito del art. 197 .2 Cp, ser�a preciso que el Sr. X.Y.Z. se hubiera apoderado, utilizado o modificado datos reservados de car�cter personal o familiar, o bien hubiera accedido, modificado o utilizado datos de car�cter reservado.
Pues bien, de la prueba practicada en el � plenario no consta que el acusado haya realizado ninguna de estas conductas. Dando por cierta la creaci�n de un virus por parte del acusado, extremo reconocido por �ste, si bien lo llama programa, e incluso dando por cierta la difusi�n m�s all� de la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que, negados los hechos por el acusado, las testificales no acreditan la existencia de dicho apoderamiento o utilizaci�n de datos reservados, sino �nicamente un riesgo potencial de que este apoderamiento, utilizaci�n o modificaci�n, pudieran llevarse a cabo. As�, el agente de la Guardia Civil V-84648-D, declara que practic� la diligencia de entrada y registro, que Panda antivirus les hace una comunicaci�n, hab�a dos direcciones IIP que dirig�an a la casa y al trabajo del acusado, a trav�s de la informaci�n de ARRAQUIS, la v�ctima solo se le�a, que desde la IP del acusado de acced�a al ordenador de las personas, hab�a dos o tres conexiones de otras personas que no eran del acusado, que cree recordar que acced�a a los ordenadores de otros, que ten�a capacidad para da�ar otros equipos. En el folio 31 se hace constar los programas de la p�gina de Arraquis programas que se pueden utilizar para seguridad o para otras cosas malas. El programa aprovechaba una vulnerabilidad de Windows, diagnosticada en julio, que no recuerda si borraba informaci�n de otros ordenadores, que no recuerda si el programa chupaba informaci�n de otros ordenadores, que necesitar�a una manipulaci�n del administrador del mismo, que era una manipulaci�n de un programa que exist�a, que no tuvieron constancia de que se sustrajera informaci�n, que no accedi� a ning�n ordenador de ninguna v�ctima, se podr�a hacer parchear la vulnerabilidad y no lo investigaron, que no sabe si accedieron a la intimidad ajena ni si se causaron da�os, solo sabe que ten�a capacidad para hacerlo. Don A.C.G. dice que el acusado le coment� que estaba investigando tema de virus, que lo que declar� en el folio 644 no lo recuerda por el paso del tiempo, don A.B.J. manifiesta que era el jefe de seguridad inform�tica, cree recordar que ten�a un fairwork y seguramente el acusado llevaba el tema, el fairwork se pone en el ordenador para detectar un fallo, para gestionar una red inform�tica debe tener un control remoto para acceder a los ordenadores de la empresa, se hace utilizando los medios de la empresa, si uno quiere estar seguro de que desde fuera se quiera acceder ha de hacerse desde fuera de la red, que el acusado estaba autorizado para acceder desde fuera e incluso para hacer parches desde fuera, al ordenador, que no tiene constancia de que se da�aran equipos ni que hubiera apoderamiento alguno de datos, que no sabe c�mo actuaba el virus y que pudo realizarse para parchear equipos; por �ltimo la pericial de don J.L.P.V., ha sido elocuente, declarando el perito, despu�s de ratificarse en el detallado, pormenorizado y claro informe pericial que obra en autos, que el virus raleka tiene una parte de propagaci�n y otra de infecci�n, que el virus instalaba un programa, no se ha encontrado en la documentaci�n que se hiciese efectiva la utilizaci�n del troyano, que cree que al final se sali� de las manos el asunto, el �xito de un virus est� en su difusi�n, los ordenadores infectados se encuentran en una posibilidad de perder el control, crean molestias y problemas, la vulnerabilidad de Microsoft ya se hab�a descubierto, no hab�a ni borrados ni robo de informaci�n, lo que quedaba era abierto a que desde fuera pudieran hacerse otras funciones, si un ordenador va lento puede ser por este virus o por otro, participaron diversas personas en su creaci�n, pudo ocurrir que el acusado quiso probar y se le pudo ir de las manos. Con todas estas declaraciones, como se ha expuesto, no hay ni la m�s m�nima evidencia de que el acusado hubiera accedido, modificado o utilizado datos de car�cter reservado, personal o familiar, sino �nicamente una posibilidad de hacerlo, posibilidad no tipificada en nuestro ordenamiento jur�dico y que, por lo tanto obliga a absolver al acusado del delito analizado.
La misma suerte ha de correr el delito de da�os. El art�culo 264.2 del C�digo Penal vigente, establece textualmente que: "2. La misma pena se impondr� al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice, o de cualquier otro modo da�e los datos, programas o documentos electr�nicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas inform�ticos".
La acci�n necesaria para cometer el delito consiste en cualquiera de las acciones de destruir, alterar, inutilizar o da�ar, pudiendo utilizarse 'cualquier medio', con lo que se engloba cualquier posibilidad, ya sea mediante una destrucci�n externa de un ordenador o mediante una entrada il�cita. La norma jur�dica iguala, por tanto, un acto de destrucci�n f�sica a un acto de manejo de un ordenador .
De las declaraciones anteriormente analizadas, no resulta la realizaci�n de ning�n acto de borrado, deterioro, alteraci�n, supresi�n de datos, ni programas inform�ticos, ni por supuesto, ninguna obstrucci�n o interrupci�n de un sistema inform�tico en su conjunto. Solo ha declarado en el acto de plenario un afectado y es don J.M.L.G., el cual declara que le contact� un agente de la Guardia Civil y le dijo que su equipo se estaba utilizando para env�o de informaci�n, que tuvo problemas de conexi�n con el ruter y formatearon el disco duro, el agente le dijo que utilizaban su ordenador para infectar equipos, no sabe si su ordenador ten�a un virus, pero el ordenador no funcionaba bien. Si bien parece que el ordenador del Sr. J.M.L.G. no funcionaba correctamente, lo cierto es que no se ha determinado si este defecto fue consecuencia del virus Raleka, o, tal y como ha se�alado el perito, por una sobrecarga de informaci�n del ordenador, o por otra causa, y ello por cuanto que el agente que ha depuesto en el plenario, no h sido interrogado acerca de las consecuencias de tal virus en el ordenador del Sr. J.M.L.G., o si el mismo sufri� da�o alguno a consecuencia de este virus, habiendo declarado el agente, como se ha recogido anteriormente	que no sabe si se causaron da�os, solo sabe que ten�a capacidad para hacerlo.
Admitido por el acusado la creaci�n del virus, as� como por las propias investigaciones de la Guardia Civil, lo cierto es que de la prueba practicada no se desprende que se haya destruido, cercenado o inutilizado, ning�n disco disco duro de ning�n ordenador, ni tampoco que fueron alterados o da�ados programas de ning�n ordenador o servidor , pero es que, tampoco se ha probado que la intenci�n del Sr. X.Y.Z., fuera da�ar los equipos, y ello por cuanto el virus utilizaba una vulnerabilidad de Windows ya detectada, y para la que ya hab�a soluci�n, en definitiva, y en relaci�n a este segundo delito, el resultado de la prueba practicada es compatible con la versi�n del acusado y no despeja las dudas que se plantean al respecto por lo que, en aplicaci�n del principio in dubio pro reo, procede absolver a don X.Y.Z.del delito de da�os del art. 264.2 Cp de que hab�a sido acusado.
SEGUNDO.- Como no existe responsabilidad penal por los hechos que se enjuician no ser� posible declarar en la presente sentencia responsabilidad civil alguna derivada de los mismos, seg�n es obligado deducir de lo previsto en los art�culos 116 del C�digo Penal y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
TERCERO.- La absoluci�n del acusado impone que las costas procesales deban declararse de oficio, como dispone el art�culo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los art�culos citados y dem�s de general y pertinente aplicaci�n,
ABSUELVO a don X.Y.Z. de los delitos de descubrimiento de secretos del art. 197-2 del C�digo Penal, y delito de da�os del art. 264-2 del C�digo Penal por los que hab�a sido acusado. Declaro de oficio las costas causadas en esta instancia.
Notif�quese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y dem�s partes procesales, haci�ndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelaci�n, que se formalizar� ante este juzgado en el plazo de DIEZ D�AS contados a partir del siguiente al de su notificaci�n, para su resoluci�n ante la Audiencia Provincial de Madrid. Notif�quese igualmente a los ofendidos y perjudicados, aun cuando no se hayan mostrado parte en la causa.
As� por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Dulce Acero Barrado01.07.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�as
Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Abogada colegiada con n�mero de carnet profesional 110230 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Sentencia absolutoria: los cartuchos R4 para Nintendo DS no est�n dise�ados espec�ficamente para piratear10.06.2014 | por: Asesoramiento jur�dico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnolog�asJUZGADO DE LO PENAL N� 5 DE SEVILLA
JO 477/2011SENTENCIA N� 202/2014
Se ha visto Juicio Oral y P�blico por Do�a Mar�a Jos� Cuenca Bonilla , Magistrado-Juez, del Juzgado de lo Penal n�mero Cinco de Sevilla , diligencias de Procedimiento Abreviado n� 173/2011 procedente del Juzgado de Instrucci�n n� 12 de Sevilla por UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL contra F. M. V. B. con D.N.I. n�����.., nacido el ������ representado por el procurador Sr. L.G. y defendido por el letrado Sr. M.R. y siendo parte el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- Celebrado el juicio el d�a se�alado, se practicaron las pruebas propuestas que fueron admitidas, con el resultado que obra en autos.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calific� los hechos como constitutivos de un delito continuado contra la propiedad intelectual de previsto y penado en el art�culo 270 del C�digo Penal , estimando responsable en concepto de autor al acusado , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y pidi� que se le impusiera la pena de un a�o de prisi�n con inhabilitaci�n especial para el ejercicio del derecho desufragio pasivo por igual tiempo y multa de dieciocho meses con una cuota diaria de 6 euros, y el pago de las costas.
En el orden civil valor� los da�os econ�micos en la cantidad de 15.000 euros . TERCERO.- Por su parte la defensa del acusado solicit� la absoluci�n del mismo con todos los pronunciamientos favorables y costas de oficio.
El 3 de julio de 2008 , en la Administraci�n de Aduanas de Sevilla de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, se produjo la intervenci�n de una expedici�n comercial procedente de China compuesta por 1 paquete conteniendo 1000 unidades de los siguientes efectos inform�ticos: minidiscos R4 Revolution for D, adaptadores de tarjeta de memoria, adaptadores USB para tarjetas, fundas protectoras para tarjetas, cajas de cart�n con emblema R4 y cordones desujeci�n, material que Don F. M.l V. B. hab�a importado de China .
No consta que tuvieran software a�adido.
No se ha acreditado que los productos importados por el acusado permitan espec�ficamente, suprimir los mecanismos de seguridad de la consola Nintendo.
PRIMERO.- Los hechos anteriormente se�alados se han declarado probados en atenci�n a las pruebas practicadas en la vista oral.
El acusado ha reconocido que realiz� el pedido intervenido, consistente en dispositivos destinados a reproducir archivos en consolas Nintendo . Ha negado sin embargo los extremos sostenidos por la acusaci�n relativos a que esos dispositivos permiten la ejecuci�n de juegos ilegales (afirma que permiten usar aplicaciones libres), o que est�n destinados a desactivar los mecanismos de seguridad .
El perito Don M. G. afirma que Nintendo comercializa el mismo dispositivo pero que el intervenido est� "trucado" para bajarse juegos, si bien reconoce que no hab�a juegos en los dispositivos examinados y que tambi�n pueden ser utilizados para otros usos de la consola Nintendo.
Afirma que se trata de material para la conexi�n a terminales y permiten la descarga de utilizaci�n de juegos de manera ilegal a�adiendo que esto discos se diferencian a simple vista de los originales , por lo que manifiesta que dicho material es falso.
En su sentencia de 2 de junio de 2005, el Tribunal Supremo no admite la eficacia probatoria de una prueba pericial basada en meras hip�tesis (algo as� ocurre en este caso pues el perito afirma hechos que en realidad son hipot�ticos sin la necesaria exposici�n y explicaci�n t�cnica), se�alando textualmente que las mismas se apoyan en simples hip�tesis, careciendo por consiguiente de cualquier eficacia probatoria salvo que se probara que aquello que seplantea desde un plano estrictamente te�rico, sucedi� realmente en la pr�ctica, a�adi�ndose en la STS de 16 de marzo de 2006 que las teor�as no pueden sustituir el an�lisis espec�fico que se plantea en el debate concreto de cada caso. En el supuesto contrario, la funci�n de juzgar quedar�a en manos de los expertos en ciencias auxiliares que incuestionablemente tienen un valor generalista que, por si s�lo, no puede comprometer la soluci�n del caso sometido adebate".
En el presente caso, como concluye el informe del perito Sr.F. G., no existe ning�n indicio t�cnico que permita hacer pensar que el objeto del fabricante sea hacer creer que se trata de cartuchos de Nintendo, y los dispositivos no est�n espec�ficamente dise�ados para desproteger juegos originales, no habi�ndose practicado prueba alguna a este respecto, cuando se ha admitido por ambos peritos que pueden utilizarse para ejecutar juegos y aplicaciones de libredistribuci�n.
Dispone el art�culo 270 del C�digo Penal que ser� castigado con la pena de prisi�n de seis meses a dos a�os y multa de 12 a 24 meses quien, con �nimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique p�blicamente, en todo o en parte, una obra literaria, art�stica o cient�fica, o su transformaci�n, interpretaci�n o ejecuci�n art�stica fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a trav�s de cualquier medio, sin la autorizaci�n de lostitulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
2. Ser� castigado con la pena de prisi�n de seis meses a dos a�os y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorizaci�n. Igualmente incurrir�n en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorizaci�n, tanto si �stos tienen un origen l�cito como il�cito en su pa�s de procedencia; no obstante, laimportaci�n de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Uni�n Europea no ser� punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
Seg�n ha quedado probado en la causa los dispositivos intervenidos que pretend�a importar el acusado no iban provistos de software alguno, conteniendo por otra parte el inf orme pericial del Sr. G. Z. , la afirmaci�n de que "se trata de material falso gravable , es decir material inform�tico preparado para la conexi�n a terminales y por ello permiten las descargas de utilizaci�n de juegos de manera ilegal que inicialmente no tienen ning�n tipo de contenido ", por lo quela labor de incorporaci�n del programa inform�tico no realiza por el acusado. As� se afirma por el perito que "en el ordenador se buscan por Internet juegos no autorizados".
Como se aprecia del informe pericial, es imprescindible dotar al dispositivo importado por el acusado del software necesario para hacer funcionar la consola Nintendo , pues en otro caso, esto es, en las condiciones en que fueron intervenidos los cartuchos importados por el acusado, los dispositivos no funcionan. Es por ello que al faltar el requisito t�pico relativo a que el dispositivo contenga una copia de una obra (software) sobre la que Nintendo es titular de losderechos de propiedad intelectual, que ha de concurrir tanto para el supuesto de reproducci�n o distribuci�n, como para el de importaci�n, procede la absoluci�n por estos tipos penales.
Por lo que se refiere a la importaci�n de medios destinados a la supresi�n de medidas de protecci�n de programas de ordenador, delito previsto en el apartado 3 del art�culo 270 CP , de la redacci�n del precepto resulta la necesidad de que concurran dos requisitos t�picos espec�ficos de esta figura penal, a saber: por una parte ha de existir el medio facilitador, ya sea por fabricaci�n, por importaci�n, por puesta en circulaci�n o por tenencia, que adem�s ha deestar concretamente concebido para la facilitaci�n de la supresi�n o la neutralizaci�n, y por otra que se hayan utilizado dispositivos t�cnicos de protecci�n de programas de ordenador.
En el presente caso, como ya se ha expuesto m�s arriba, no concurren los elementos t�picos necesarios para la subsunci�n de los hechos en el tipo penal objeto de acusaci�n; as� si bien es cierto que los cartuchos intervenidos solamente pueden ser utilizados en la consola Nintendo , pues no existe otra m�quina que permita albergar tales soportes f�sicos, no lo es menos que los dispositivos intervenidos al acusado estaban desprovistos de software alguno, por lo quedif�cilmente se pod�a conseguir la supresi�n no autorizada o la neutralizaci�n de los dispositivos t�cnicos utilizados para proteger el programa de ordenador que contiene el juego o producto inform�tico comercializado por Nintendo . Adem�s tampoco se ha acreditado que el �nico destino de los dispositivos comercializados por el acusado sea la citada supresi�n o neutralizaci�n, pues son posibles otros usos. Como en un caso similar se pronunci� la AP de Valencia, Auto de7 de marzo de 2008 , al haberse acreditado, por la prueba pericial practicada, que los chips que se instalan o se pueden instalar en las videoconsolas de autos, pueden servir, desde luego, como dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no originales, pero tambi�n, para permitir la ejecuci�n de juegos originales de otras zonas y para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar m�ltiples tareas absolutamente licitas, como pueda serel manejo de fotograf�as, ejecutar juegos de libre distribuci�n no dise�ados para consola, escuchar m�sica, etc. No se cumplir�a, por tanto, el requisito de la exclusiva o espec�fica destinaci�n a la supresi�n o neutralizaci�n de dispositivos de protecci�n de las consolas". A mayor abundamiento, debe decirse que la compatibilidad de usos (juegos Nintendo , ju egos de libre acceso, juegos no autorizados, fotograf�as, m�sica, etc.) de los dispositivos intervenidos al acusado noconstituye una infracci�n a los derechos protegidos por la legislaci�n sectorial privada, pues de conformidad con el art. 102.c del RDL 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, tendr�n la consideraci�n de infractores de los derechos de autor quienes sin autorizaci�n del titular de los mismos pongan en circulaci�n o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo �nico uso sea facilitar la supresi�n o neutralizaci�n no autorizadas de cualquier dispositivo t�cnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Tambi�n resulta procedente traer a colaci�n la previsi�n contenida en el art�culo 7.1.c) de la Directiva 2009/24 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , sobre la protecci�n jur�dica de programas de ordenador, que dispone que los Estados miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales, adoptar�n medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos siguientes: c) la puesta en circulaci�n o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo �nico prop�sito sea facilitar la supresi�n no autorizada o la neutralizaci�n de cualquier dispositivo t�cnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador . El caso ahora enjuiciado no responde a la exclusividad de prop�sito supresor contemplada por las normas transcritas, normativa que hay que tener en cuenta para la interpretaci�n y aplicaci�n de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, por lo que debe concluirse que la conducta del acusado no se ajusta a la previsi�n t�pica contenida en la ley penal.
TERCERO.- Conforme al art�culo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo solicitado por la defensa del acusado, procede decretar las costas de oficio.Vistos los art�culos citados, y dem�s de general y pertinente aplicaci�n,
Que debo absolver y absuelvo al acusado, Don F. M. V. B. del delito contra la propiedad intelectual por el que ven�a siendo acusado, declarando las costas de oficio.Esta sentencia, que se notificar� a las partes, es apelable en el plazo de diez d�as ante la Audiencia Provincial.
As� por esta mi sentencia, de la que se unir� certificaci�n a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

References: Real Decreto 
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in dubio