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Timestamp: 2020-04-08 01:07:10+00:00

Document:
Género en Materia de Violencia –Familia - Mujer (2)
Viernes, 03 Julio 2015 15:20
Decreto nº 1468/2009 GOB Reglamentación Ley nº 9198
Decreto nº 1468 GOB
Fecha: 04.05.2009
Publicado: 05.06.2009
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 9198 de Prevención de la Violencia Familiar, Protección y Asistencia Integral de las Personas Involucradas en la Problemática de conformidad al Anexo I que forma parte del presente decreto.
Artículo 2º. El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado de Salud y Acción Social y de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
REGLAMENTACION LEY 9198
Artículo 1º.- Reglamentando el artículo 1º de la Ley 9198. A los fines de aplicación de la presente ley se entenderá:
Por violencia familiar: toda comisión por acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, psico-emocional, económica, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, ya sea en una relación de pareja, en la persona de ancianos, menores de edad y/o discapacitados, entendiéndose como tal el conformado por aquellas personas unidas por lazos de parentesco, sanguíneos o no, aunque provenga de uniones de hecho y que compartan la vivienda en forma permanente o temporaria.
Por violencia física: toda comisión por acción u omisión que arriesgue o dañe la integridad corporal de una persona, en la que se utilice cualquier parte del cuerpo, algún objeto, arma, sustancia o elemento, para sujetar, inmobilizar o causar lesiones a otra persona, con el propósito de un sometimiento o control.
Por violencia psicológica: toda comisión por acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, emocional, la autodeterminación o el desarrollo personal.
Por violencia sexual: a toda acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales con la persona que despliega la acción o con un tercero, mediante el uso de la fuerza física, amenaza, chantaje, soborno, manipulación o cualquier otra conducta que anule o limite la voluntad personal.
Por violencia patrimonial o económica: a toda comisión por acción u omisión que implique perjuicio, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos, destinados a satisfacer necesidades que conlleven un riesgo de daño inminente en la salud física o psíquica o la vida de algún miembro del grupo familiar. También estará contemplado el incumplimiento del deber de prestar alimentos o del derecho de un adecuado contacto con los hijos no convivientes, medie o no resolución judicial previa.
Artículo 2º.- Reglamentando el artículo 2º de la Ley 9198. Cuando de los dispositivos emerja la aplicación concurrente entre Provincia y Municipios, se suscribirán convenios marco entre municipios y la Provincia, para propiciar la conformación de las mesas locales para abordar la problemática, quedando enmarcados en los mismos los convenios pre existentes.
Artículo 3º.- Reglamentando el artículo 3º de la Ley 9198. A los fines de aplicación de la presente ley se entenderá: Como daño físico: a aquel que afecte, menoscabe o atente contra la integridad corporal de una persona. Como daño psíquico: a aquel que altere, afecte o amenace la salud psicológica, emocional, la autodeterminación o el desarrollo armónico de una persona. Como relación de abuso: a aquella forma de interacción que enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que por comisión por acción u omisión ocasionan un daño físico y/o psicológico y/o sexual y/o económico a otro miembro de la relación limitando el libre ejercicio de los derechos humanos.
Artículo 4º.- Reglamentando el artículo 5º de la Ley 9198. A los fines de cumplimentar el registro estadístico, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, llevará el registro de las denuncias realizadas, concentrando en el mismo las denuncias realizadas en sede judicial o en los organismos legitimados en la presente ley.
Artículo 5º.- Reglamentando el artículo 6º de la Ley 9198. Los profesionales mencionados en el artículo 6º de la ley, luego de asistir a la víctima, deberán realizar la denuncia ante algunos de los organismos habilitados por la ley y en forma inmediata considerando las particularidades del caso.
Artículo 6º.- Reglamentando el artículo 8º de la Ley 9198. Para la realización del diagnóstico de riesgo del Art. 8 se deberá tener en cuenta de acuerdo a los recursos institucionales existentes y a crear:
- En los Juzgados de Familia o Civil con competencia que cuenten con equipos técnicos creados en el marco de la Ley 9198, el diagnóstico estará a cargo de los mismos.
- En la ciudad de Paraná, el diagnóstico estará a cargo del Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar, del Ministerio Público de la Defensa.
- En los Juzgados de Paz, donde no se contare con recursos propios el diagnóstico se solicitará a los organismos coresponsables de la presente ley, existentes en la localidad, de no contar con los mismos a los recursos profesionales municipales, idóneos en la temática.
Artículo 7º.- Reglamentando el artículo 9º de la Ley 9198. Las medidas cautelares a que se refiere el artículo 9 deberán ser interpretadas a título enunciativo, no taxativo.
Ante el incumplimiento de las medidas dispuestas judicialmente, y cuando ello pusiera en peligro o riesgo la vida del/los afectado/s, éstos mismos y/o los profesionales intervinientes pondrán en conocimiento de ello al Juez de la causa o bien al Ministerio Público quienes a su vez deberán en forma inmediata correr vista de la situación al ámbito penal a los efectos correspondientes.
Artículo 8º.- Reglamentando el artículo 10º de la Ley 9198. Cuando las actividades devengan en acciones interinstitucionales, las mismas serán canalizadas a través de los ministerios específicos con competencia en la materia o actividad.
Artículo 9º.- Reglamentando el artículo 15º de la Ley 9198. El Ministerio de Salud y Acción Social, a través de sus áreas existentes y/o crear y los organismos co-responsables mencionados en el Art. 14, asumirán las tareas de la Subsecretaría de Integración Comunitaria.
Artículo 10º.- Reglamentando el artículo 16º de la Ley 9198. Los organismos co-responsables existentes, citados en el Art. 14º, 15º y/o aquellos a crear deberán, de acuerdo a su especificidad institucional, y a la política social que los enmarca intervenir en los puntos referidos, informando a la autoridad judicial competente sobre los servicios con que cuenta para la aplicación.
Publicado en Género en Materia de Violencia –Familia - Mujer
Martes, 28 Junio 2016 13:00
Ley nº 9861 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA
Ley Nº 9861
(Texto actualizado, modificado por las Leyes nº 10450 y nº 10668)
Sancionada: 29.07.2008
Promulgada: 03.09.2008
Publicada: 10.09.2008
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección integral del niño, el adolescente y la familia en el territorio de la Provincia de Entre Ríos a fin de garantizar el goce y el efectivo ejercicio de los derechos y garantías que les son reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.-
Artículo 2º.- Con esta finalidad, la Provincia de Entre Ríos adhiere expresamente al compromiso internacional asumido por el Estado Argentino al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando sus principios rectores y contenido normativo, los que se consideran, en lo pertinente, parte integrante y complementaria de la presente Ley, conjuntamente con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores Privados de la Libertad y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD) las que se publicarán como anexo de la presente Ley.-
Artículo 3º.- A los efectos de la protección integral que procura esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil, laboral o previsional, se considera niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los dieciocho años de edad y a su respecto los términos niña/niño/adolescente se utilizan con idéntico sentido. Ello no obstante, las particularidades propias de cada etapa del desarrollo infanto-juvenil deben ser tenidas concretamente en cuenta para la determinación del contenido específico de sus derechos, en toda intervención o medida que se adopte y especialmente a fin de que el niño, en consonancia con la evolución de sus facultades y con la orientación y asistencia de sus padres o responsables, pueda ejercer por sí los derechos que se le reconocen.-
Artículo 4º.- Entiéndase por protección integral el conjunto de principios y directrices que regulan la actuación de los organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones en el ámbito provincial y municipal, público o privado, destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes.
Constituyen sus ejes conceptuales y operativos:
a) el reconocimiento universal e integral de los derechos y garantías que corresponden a todos los niños y adolescentes como sujetos de derechos y responsabilidades;
b) el reconocimiento y promoción de la familia como responsable primaria de la protección efectiva de tales derechos y garantías, sin perjuicio de la coresponsabilidad que también corresponde a la sociedad civil y al Estado;
c) el establecimiento de medios conducentes al logro de la protección integral de los derechos reconocidos consistentes en:
- políticas y programas de protección de derechos;
- órganos administrativos y judiciales de protección;
- medidas de protección;
- procedimientos.-
TÍTULO II - PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS
Artículo 5º.- La Provincia de Entre Ríos reconoce y protege en su territorio a todos los niños y adolescentes, todos los derechos y garantías inherentes a su condición de personas y los que por su especificidad les corresponden para su crecimiento y desarrollo integral, sin discriminación alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres, de su grupo familiar o de sus representantes legales. El Estado provincial adoptará todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier índole que correspondan hasta el máximo de los recursos disponibles para dar plena efectividad a tales derechos.-
Artículo 6º.- En la interpretación y aplicación de la presente Ley, de las demás normas que involucran a niños y adolescentes así como en todas las medidas que se adopten o intervengan instituciones públicas o privadas y los órganos legislativos, administrativos o judiciales, será de consideración primordial e ineludible, el interés superior del niño y del adolescente.-
Artículo 7º.- A tales efectos deberá entenderse por interés superior del niño y del adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y su mínima restricción.
En aplicación de este principio cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de un niño o adolescente frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.-
Artículo 8º.- Los niños y adolescentes tendrán prioridad para recibir protección y auxilio en cualquier circunstancia, preferencia en la atención en los servicios públicos o privados, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación privilegiada de recursos en orden a la consecución de los objetivos de la presente Ley y en la exigibilidad de su protección jurídica.-
Artículo 9º.- La familia es responsable en forma primaria e indelegable de asegurar a todos los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. El Estado Provincial debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad.
La mera falta de recursos materiales de los padres o familiares responsables del cuidado de los niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente no autoriza la separación de su familia. En todos los casos se deberá procurar la contención del niño y adolescente en su grupo familiar y en su comunidad a través de la implementación de políticas y medidas de prevención, promoción, asistencia e integración social.-
Artículo 10º.- El Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de asegurar a los niños y adolescentes la efectiva vigencia y operatividad de los derechos a la vida, salud e integridad psicofísica, libertad, identidad, intimidad e imagen, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, convivencia familiar y comunitaria y, en general, a procurar su desarrollo integral. Esta enumeración no es taxativa ni implica negación de otros derechos y garantías del niño y adolescente no enumerados, que surgen de lo establecido en los Art. 1, 2 y 5 de la presente Ley.-
Artículo 11º.- El Estado Provincial implementará políticas sociales que garanticen a los niños y adolescentes en la máxima medida posible su derecho intrínseco a la vida, a su disfrute y protección y su derecho a la salud, que permitan su supervivencia y desarrollo integral en condiciones dignas de existencia, asegurando el acceso gratuito a la atención integral de la salud a todos los niños y adolescentes. Se asegurará a los niños y adolescentes con discapacidades el derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad e integración igualitaria y a recibir cuidados especiales.-
Artículo 12º.- Los niños y adolescentes tienen derecho a su integridad psico-física; a la intimidad; a la privacidad; a la autonomía de valores, ideas o creencias, y a sus espacios y objetos personales. Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado proteger la dignidad y la integridad de los niños y adolescentes impidiendo que sean sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a prostitución, explotación sexual o a cualquier otra condición inhumana o degradante.-
Artículo 13º.- Ningún medio de comunicación, público o privado, difundirá o publicará información o imágenes que identifiquen o puedan dar lugar a la identificación de niños o adolescentes víctimas o autores de comportamientos ilícitos y, en especial, de delitos reprimidos por la ley penal. El juez competente mandará cesar en su conducta, de conformidad con las normas civiles, penales y contravencionales vigentes, al medio que violare dicha prohibición.-
Artículo 14º.- El derecho a la identidad comprende el derecho a una nacionalidad, a un nombre, a su cultura, a su lengua de origen, a conocer quiénes son sus padres y a la preservación de sus relaciones familiares. Para efectivizar el derecho a la identidad de los niños y adolescentes el Estado debe:
a) Adoptar las medidas tendientes a su inscripción inmediatamente después de su nacimiento.
b) Facilitar y colaborar para obtener información, identificación o localización de niños y jóvenes a quienes les hubiera sido suprimido o alterada su identidad, de sus padres u otros familiares, procurando su encuentro o reencuentro con éstos.
c) Prestar asistencia y protección especial cuando hayan sido ilegalmente privados de alguno de los elementos de identidad con miras a restablecerlos rápidamente.-
Artículo 15º.- Los niños y adolescentes tienen derecho a ser criados y cuidados por sus padres y a permanecer en su grupo familiar de origen, en una convivencia sustentada en vínculos afectivos y comunitarios. La carencia o insuficiencia de recursos materiales del padre, madre o responsable, no constituye causa para la separación de los niños y adolescentes de su grupo familiar.-
Artículo 16º.- El derecho a la libertad comprende:
a) Transitar y permanecer en los espacios públicos y comunitarios, con excepción de las restricciones legales;
b) Informarse, opinar y expresarse;
c) Pensar, creer y profesar cultos religiosos legalmente reconocidos;
d) Jugar y divertirse;
e) Participar en la vida familiar y de la comunidad;
f) Participar en la vida política;
g) Asociarse y celebrar reuniones.
Cualquier limitación o restricción a la libertad de niños y adolescentes deberá ser ordenada judicialmente en forma fundada, mediando debido proceso, como medida excepcional y de último recurso, por tiempo determinado y por el mínimo período necesario, garantizando el goce de los derechos en la mayor medida posible.-
Artículo 17º.- Los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos. Se garantizará al niño y al adolescente su intervención en todo proceso judicial o administrativo que afecte sus intereses. Su opinión en los citados procesos deberá ser tenida en cuenta y valorada bajo pena de nulidad, en función de su edad y madurez para la resolución que se adopte, tanto administrativa como judicialmente.-
Artículo 18º.- Los niños y adolescentes tienen derecho a la educación con miras a su desarrollo integral, a su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y a su formación para el trabajo.-
Artículo 19º.- Los niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, al juego, al deporte y al descanso. El Estado Provincial implementará actividades culturales, deportivas y de recreación, promoviendo el protagonismo de los niños y adolescentes y la participación e integración de aquellos con necesidades especiales.-
Artículo 20º.- El Estado Provincial adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reprimir la explotación de niños y adolescentes, y la violación de la legislación laboral vigente. Desarrollará programas de apoyo familiar que permitan poner fin a la situación de niños y adolescentes descripta en el párrafo anterior.-
Artículo 21º.- A todo niño convocado por un órgano judicial en calidad de víctima o testigo, deberá garantizársele ser informado sobre la naturaleza y resultado del acto procesal en el que participa y ser acompañado durante la sustanciación del acto por sus padres o responsables legales, persona de su confianza, o integrante de los organismos judiciales o administrativos de protección si así lo solicitare o se considerare conveniente para la mejor protección de sus derechos.
Todo niño o adolescente víctima de delito tendrá derecho a ser informado respecto de los derechos que le asisten, especialmente el de ejercer acciones civiles pertinentes, a ser informado sobre el estado de la causa y la situación del imputado y a recibir asistencia por parte del organismo administrativo o judicial competente, en su caso.-
Artículo 22º.- Derogado por Ley nº 10450.-
Artículo 23º.- Toda persona que tomare conocimiento de situaciones que atenten contra los derechos del niño y del adolescente, deberá denunciarlo ante los organismos competentes. Las denuncias serán reservadas, en lo relativo a la identidad de los denunciantes y los contenidos de las mismas.-
TÍTULO III - DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN
Artículo 24º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, modifícase la denominación del actual Consejo Provincial del Menor que pasará a denominarse Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.-
Artículo 25º.- El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, COPNAF, será la máxima autoridad provincial administrativa de protección de los derechos y garantías que se reconocen en esta Ley, en el marco del objeto y fines que la misma determina y conforme los principios y organización que establece la resolución orgánica del Consejo Provincial del Menor Nº 210/04. En tal carácter será parte necesaria en toda medida, intervención o actuación extrajudicial vinculada a la protección de los derechos de los niños y adolescentes. En sede judicial se admitirá su intervención y será tenido por parte cuando hubiera actuado previamente en relación a los niños o adolescentes involucrados en el proceso judicial, adoptando a su respecto medidas de protección de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nacional 26.061 y en la presente Ley.
Artículo 26º.- El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia funcionará como ente autárquico con todos los derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas jurídicas, bajo la dependencia directa del titular del Poder Ejecutivo Provincial.-
Artículo 27º.- El COPNAF estará integrado por un Presidente y un Vicepresidente que tendrán carácter ejecutivo y 7 miembros de carácter consultivo, ad-honorem, 4 de ellos designados por el Poder Ejecutivo en representación de las áreas de salud, educación, justicia y seguridad, 1 en representación de los municipios que hayan conformado su respectiva área niñez, a través de Convenios con el Consejo Provincial y 1 por las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez y la adolescencia de la Provincia, será elegido en asamblea conformada por representantes de las actualmente inscriptas, debidamente convocada al efecto por la Presidencia del Consejo. El miembro restante representará a los propios jóvenes a quienes estarán dirigidas las políticas y programas que formulará el COPNAF, asegurando así su participación y protagonismo, en el modo que establezca la reglamentación pertinente.
El Presidente y el Vice serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por el tiempo que dure su período constitucional de gobierno.
Artículo 28º.- El COPNAF contará, asimismo, con un Consejo Asesor ad-honorem integrado por representantes de magistrados y funcionarios judiciales, colegios profesionales, Universidades de la zona, medios de comunicación locales, cultos religiosos legalmente reconocidos, así como por juristas y expertos en disciplinas vinculadas a la problemática de la niñez y la familia, los que serán elegidos y funcionarán en la forma que determine la reglamentación a dictarse.-
Artículo 29º.- El Presidente tendrá la representación legal del Consejo y el nivel jerárquico que la ley otorga a los secretarios ministeriales y el vicepresidente el de los directores generales, o sus equivalentes en futuras leyes análogas.-
Artículo 30º.- Son funciones del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia:
a) Formular, ejecutar y controlar a nivel provincial y coordinadamente con los municipios, políticas de promoción y protección de los derechos de los niños, adolescentes y la familia y diseñar los programas y servicios requeridos para implementarla.
b) Adoptar por sí o a través de los Servicios de Protección las medidas de protección previstas en la presente Ley, con las características y por el procedimiento que la misma determina.
c) Ejecutar y realizar el seguimiento de las medidas que se adopten en sede judicial de conformidad a lo dispuesto en el Art. 58.
d) Desarrollar estudios e investigaciones que permitan contar con información actualizada acerca de la problemática de la niñez, la juventud y la familia en la provincia de Entre Ríos y centralizar la información que releve, a través del sistema provincial de información sobre la niñez y adolescencia.
f) Asesorar al PE proponiendo los planes generales y especiales y asignación de recursos conducentes al logro de sus objetivos, coordinando dentro de los programas que promueva, los servicios y acciones existentes.
g) Modificar su estructura orgánica y dictar su reglamento de funcionamiento interno.
h) Designar, promover y remover a su personal de acuerdo a la normativa vigente.
i) Dictar los reglamentos y resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
j) Organizar un registro unificado de todos los niños, adolescentes y sus familias atendidos por el organismo en la tarea proteccional que le es propia. Dicho registro contendrá todas las acciones realizadas con cada niño, joven y su familia y servirá de base de datos para la planificación y seguimiento de las intervenciones realizadas.
k) Promover la formación de organizaciones comunitarias que colaboren en la atención de la problemática infantojuvenil, orientándolas y asesorándolas en la consecución del objeto y fines de la presente Ley.
l) Llevar un registro de entidades de atención a la niñez y juventud que reglamentariamente se encuentren en condiciones.
ll) Expedirse en las solicitudes de personería jurídica que presenten las organizaciones no gubernamentales que trabajen con niños y llevar un registro de las aprobadas. Aprobar los proyectos de planes y programas y pedir en los casos que lo estime, en forma fundada, la cancelación de la personería.
m) Brindar asesoramiento técnico y administrativo a los Servicios Municipales de Protección de Derechos.
n) Desarrollar tareas de capacitación y formación permanente dirigidas a profesionales, técnicos y empleados del Estado provincial y los municipios, de las áreas relacionadas con la niñez y la juventud y de organizaciones no gubernamentales que trabajen con niños, jóvenes y sus familias.
ñ) Ejercer la superintendencia sobre los establecimientos, instituciones y personas jurídicas públicas o privadas de atención de la niñez, adolescencia y la familia, acordando subsidios en la medida en que las mismas encuadren su accionar en los principios y disposiciones de la presente Ley y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
o) Propiciar la implementación de programas de asistencia técnico jurídica gratuita para que los niños, jóvenes y sus familias cuenten con el patrocinio de un abogado especializado en todo procedimiento administrativo o judicial donde pueda tomarse una decisión que afecte sus intereses.
p) Proyectar, con participación de las diferentes áreas que lo componen, y ejecutar su presupuesto general.
q) Administrar las partidas presupuestarias de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.
r) Aceptar legados, herencia con beneficio de inventario, donaciones, subsidios y subvenciones que le hicieren el Estado Provincial, asociaciones y particulares.
s) Representar a la Provincia ante las autoridades nacionales, organismos internacionales, congresos y actividades pertinentes a su competencia.
t) Elevar al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Poder Legislativo la Memoria Anual de la gestión realizada, al término de cada ejercicio.
u) Celebrar con organismos internacionales, nacionales, provinciales y/o municipales públicos o privados convenios conducentes al cumplimiento de las funciones establecidas en los incs. 1) a 5), 13), 14) y 16) y en especial, para la creación, sostenimiento y desarrollo de los Servicios locales de Protección de Derechos, descentralizando a tal fin los recursos que sean necesarios en la medida del cumplimiento de los objetivos que los convenios establezcan.-
Artículo 31º.- Para el cumplimiento de sus funciones el COPNAF contará con los siguientes recursos:
a) Bienes inmuebles, muebles y semovientes, afectados a su funcionamiento, los que estarán exentos de todo impuesto o gravamen.
b) Las partidas del presupuesto necesarias para su funcionamiento, en correspondencia con el Art. 4 de la CDN, que no podrán ser inferior al tres por ciento (3%) del mismo.
c) Los créditos que se le asignen por leyes especiales.
d) Las multas y contribuciones que se le asignen por leyes especiales.
e) Lo recaudado por la venta de los productos y servicios provenientes de establecimientos de su dependencia.
f) Los ingresos provenientes de herencias, legados, donaciones y subsidios.
g) Todo otro recurso asignado específicamente.-
Artículo 32º.- Las personas físicas o jurídicas podrán apadrinar programas para niños y jóvenes que sean implementados por el COPNAF o en convenio con los municipios o entidades privadas, a través de una colaboración económica que deberá ser autorizada y supervisada por el Consejo.-
Artículo 33º.- Las personas físicas o jurídicas que adhieran al régimen de padrinazgo podrán deducir del impuesto a los ingresos brutos o el que lo sustituya en el futuro, para cada período fiscal, un crédito fiscal equivalente al monto efectivamente aportado al programa.
El crédito fiscal anual proveniente del Padrinazgo de Programas en ningún caso podrá ser superior al 30 % (treinta por ciento) del impuesto por igual período fiscal.
En caso de existir excedente, éste no será trasladado a períodos posteriores. Para acceder al beneficio estipulado en el presente artículo, el contribuyente no deberá registrar morosidad en el pago del impuesto citado.-
Artículo 34º.- Facúltase a los establecimientos de atención a la niñez dependientes del COPNAF a comercializar directamente los frutos y productos naturales o industrializados o servicios manufacturados que obtengan de actividad o explotación propia, y a invertir el importe de los fondos recaudados por tal concepto, así como los provenientes de los servicios que presten, en la forma y condiciones que determine la presente Ley y su reglamentación.-
Artículo 35º.- La producción y los servicios referidos deben responder a programas propios de la actividad proteccional que ejerzan los respectivos establecimientos y hallarse debidamente aprobados por la Junta Ejecutiva del COPNAF.-
Artículo 36º.- Los montos que se perciban en concepto de precio por los productos comercializados o los servicios prestados, no serán inferiores a los corrientes en plaza y podrán realizarse en forma directa a consumidores o usuarios.-
Artículo 37º.- Los importes recaudados serán ingresados dentro de las 24 hs. a la cuenta corriente bancaria que deberá abrir el establecimiento a la orden conjunta de su director y ecónomo o habilitado y/o administrador de la explotación.-
Artículo 38º.- Los ingresos provenientes de la actividad o explotación que se realice podrán ser invertidos directamente por las autoridades del establecimiento con destino a:
a) Reparaciones, ampliaciones y mejoras necesarias o útiles del edificio e instalaciones en los establecimientos;
b) Gastos e insumos que demanden las distintas explotaciones que se realicen o encaren en el futuro, para la continuación o mejoramiento de los procesos de producción o explotación;
c) Compra de herramientas y maquinarias y bienes generales de uso en la actividad de que se trata;
d) Compra de material didáctico y bibliográfico;
e) Gastos de combustible, de mantenimiento, reparaciones de medios de movilidad y maquinaria y herramientas afectada a la explotación o producción;
f) Contratación de servicios de terceros;
g) Servicios extraordinarios del personal del establecimiento que intervengan en la actividad de explotación y producción;
h) Indumentaria de trabajo para el personal afectados a los sectores de explotación;
i) Contratación de seguros para el personal;
j) Pago de capacitación laboral a jóvenes asistidos que participen de las tareas de producción o servicio.-
Artículo 39º.- La inversión autorizada en el artículo anterior se hará de conformidad a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y su reglamentación y al régimen de Contratación del Estado.-
Artículo 40º.- Los establecimientos comprendidos en esta Ley comunicarán a Contaduría General los importes que mensualmente recauden en conceptos de ventas, con mención expresa de cantidades, precios y adjudicatarios. El informe será elevado el día 20 de cada mes subsiguiente.-
Artículo 41º.- Los responsables de la compra deberán justificar documentalmente en cada oportunidad, la necesidad y conveniencia de los bienes adquiridos ya sea por su especificación, precio, calidad, cantidad, inmediatez en la entrega u otra razón atendible.-
Artículo 42º.- El COPNAF ajustará su régimen administrativo a la Ley de Contabilidad de la Provincia, debiendo rendir cuentas al H. Tribunal de Cuentas, el que deberá notificar de los incumplimientos de las instituciones privadas a los requisitos contables exigibles.-
Artículo 43º.- Los organismos públicos, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a prestar el auxilio y la colaboración requeridos por el Consejo en ejercicio de su funciones y las gestiones administrativas en que intervenga el organismo tendrán trámite preferencial y urgente. Todo aquél que omita o deniegue tal colaboración incurrirá en el delito de desobediencia que prevé el Código Penal, lo que deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.-
Artículo 44º.- Serán atribuciones del Presidente del COPNAF:
a) Representar legalmente al Consejo;
b) Presidir las sesiones del Consejo;
c) Disponer y conducir la ejecución de las medidas propicias al logro de los lineamientos fijados por el Consejo, informando en las sesiones las acciones realizadas;
d) Convocar al Consejo a sesiones ordinarias por lo menos dos veces al mes y a extraordinarias cuando lo considere necesario o a pedido de dos consejeros, como mínimo; e) Resolver en grado de apelación las decisiones adoptadas
por los directores;
f) Autorizar los movimientos de fondos;
g) Realizar nombramientos, ascensos, traslados y cese de personal;
h) Conceder licencias al personal, establecer sistemas de capacitación, calificación y organización, formularle advertencias por motivo de ineficiencias en su trabajo, efectuar el seguimiento de los sumarios e intervenir en ellos.-
Artículo 45º.- El Consejo Provincial ubicará en cada departamento de la Provincia de Entre Ríos una delegación zonal del COPNAF que estará a cargo de un funcionario que se desempeñará como coordinador departamental. Dependerá en forma directa de la Presidencia sin el goce de estabilidad en el cargo.-
Artículo 46º.- A fin de procurar la necesaria descentralización de las políticas y acciones que se establezcan desde el Consejo las funciones enunciadas en el Art. 30 podrán ser delegadas en los coordinadores departamentales.
Serán funciones de las coordinaciones:
a) Intervenir como instancia originaria de protección de derechos en los casos en que no se hayan constituido los Servicios locales de Protección, garantizando el cumplimiento de las funciones otorgadas a estos últimos.
b) Atender las derivaciones judiciales en los casos en que dicha intervención está prevista por la ley.
c) Supervisar las acciones programáticas de los Servicios
de Protección locales.
d) Formar parte de la Red Comunitaria Primaria de Protección.-
Artículo 47º.- Para el cumplimiento de las mismas, el Coordinador Departamental deberá promover el apoyo de la comunidad para el abordaje de la problemática infantojuvenil, prestando asesoramiento y recursos necesarios a los emprendimientos locales sobre la materia que encuadren en los principios y directivas de la presente Ley. Asimismo, podrá requerir directamente el auxilio y colaboración de las autoridades municipales, judiciales, policiales, educacionales, de salud y de organismos no gubernamentales para satisfacer en común y en colaboración recíproca los objetivos y finalidades de esta Ley.-
Artículo 48º.- El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia en coordinación y complementación con los municipios impulsará la creación de Servicios Locales de Protección de Derechos del niño, el adolescente y la familia, que serán unidades técnico-operativas con sedes en los barrios o comunidades, priorizando su ubicación según datos estadísticos acerca de los derechos vulnerados u omitidos, a fin de facilitar que el niño o joven que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. En los casos en que la problemática presentada admita una solución rápida y que se pueda efectivizar con los recursos propios, prestará la ayuda en forma directa.-
Artículo 49º.- Los Servicios Locales de Protección tendrán las siguientes funciones:
a) Realizarán un estudio tipológico de la demanda para conocer las principales necesidades y rasgos de la población específica, a los efectos de proponer estrategias de rápida implementación para garantizar los derechos primordiales, a través de los programas, servicios y acciones de prevención, asistencia, promoción, protección y restablecimiento de derechos.
b) Recibirán las denuncias sobre cualquier amenaza o violación de los derechos de niños y jóvenes, y verificado tal supuesto, podrán aplicar alguna de las medidas de protección enumeradas en el Art. 54 de la presente Ley, o derivarlas a sede judicial cuando resulte procedente.
c) Les corresponderá a estos Servicios buscar la alternativa que evite la separación del niño o joven de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que amenaza con provocar la separación.
d) Deberán procurar la asistencia jurídica gratuita de los niños y sus familias, pudiendo recurrir para ello a entidades o Colegios Profesionales y al centro de referencia y apoyo legal del COPNAF.
e) Ejecutarán los programas, servicios y acciones de promoción, asistencia, protección y restablecimiento de derechos que dependan del COPNAF y articularán con programas y servicios de otras áreas del Estado y con otros recursos de la comunidad, co-responsables en la atención de la problemática de la niñez y la familia.-
Artículo 50º.- Los Servicios Locales de Protección de Derechos contarán con un equipo técnico-profesional con especialización en la temática y operadores comunitarios especialmente capacitados.-
Artículo 51º.- El COPNAF tendrá a su cargo el dictado de la reglamentación general para el funcionamiento de todos los Servicios de Protección de Derechos en el ámbito de toda la Provincia, con sujeción a los principios establecidos en la presente Ley.-
Artículo 52º.- La intervención directa de los Servicios de Protección en las situaciones de amenaza o violación de derechos de niños o adolescentes se regirá por los siguientes principios rectores:
a) Respetar el derecho del niño y joven a ser oído en cualquier etapa del procedimiento y a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de determinar la forma de restablecer o preservar el derecho violado o amenazado.
b) Garantizar su participación y la de su familia en el procedimiento de protección de derechos.
c) Garantizar que el niño y el joven sea asistido técnicamente por un abogado.
d) Garantizar que no se provoquen injerencias arbitrarias en la vida del niño, joven y su familia.
e) Toda medida que se disponga tendrá como finalidad mantener los vínculos familiares y comunitarios del niño.
f) Garantizar el derecho a recurrir las decisiones que lo involucren.-
Artículo 53º.- Todo niño o adolescente que vea amenazados o violados sus derechos, o sus familiares responsables, allegados o terceros que tengan conocimiento de tal situación, pueden peticionar ante los Servicios locales de protección el resguardo o restablecimiento de los derechos afectados.
Una vez que el Servicio toma conocimiento de la situación citará a los involucrados a una entrevista con el equipo técnico. En dicha entrevista se deberá poner en conocimiento de los mismos la petición efectuada, la forma de funcionamiento del Servicio, los programas existentes para dar respuesta a la petición efectuada, su forma de ejecución, las consecuencias esperadas, los derechos de los que goza el niño o el adolescente, el plan de seguimiento y el carácter de la decisión que se adopte. Luego de escuchar a todos los intervinientes y, en su caso, evaluados los elementos aportados, se deliberará a fin de lograr una decisión consensuada en forma inmediata.
Una vez concluidas las deliberaciones y propuesta la solución deberá confeccionarse un acta que contendrá lugar y fecha, motivo de la intervención, datos identificatorios de los intervinientes, un resumen de lo tratado en la entrevista, la solución propuesta, el plan a aplicar y la forma de seguimiento del caso particular. El acta deberá ser firmada por todas las partes y podrá ser homologada ante el juzgado con competencia en materia de familia. La respuesta inicial a la petición no puede extenderse por más de 72 hs., salvo en los casos de violencia, abuso u otra problemática que revista alto riesgo, la que deberá ser abordada en forma inmediata, en un lapso no mayor de seis horas.
Comprobada la amenaza o violación de derechos, los programas y acciones a desarrollar serán las medidas de protección de derechos de competencia de la autoridad administrativa, enunciadas en el capítulo que sigue, con las salvedades establecidas en el artículo 58.-
Artículo 54º.- En las situaciones donde el Servicio advierta que se han agotado las alternativas disponibles para solucionar la petición dentro de las medidas administrativas, dará intervención al órgano judicial competente, informando las intervenciones realizadas y los obstáculos existentes para restablecer los derechos vulnerados, a fin de que se adopten en sede judicial las medidas que en cada caso pudieran corresponder.-
TÍTULO IV - MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Artículo 55º.- Cuando se produzca la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varios niños o adolescentes individualmente considerados, el órgano administrativo o judicial competente podrá disponer una medida de protección específica, con la finalidad de preservar o restituir tales derechos o reparar las consecuencias.
La amenaza o violación a que refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, terceros particulares, los padres, los representantes legales o responsables o de la propia acción u omisión del niño o del adolescente.-
Artículo 56º.- Las medidas de protección de derechos se aplicarán teniendo en cuenta el interés superior del niño y del adolescente y priorizando la preservación y fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección a aplicar son los programas dirigidos a brindar orientación y apoyo, incluso, económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.-
Artículo 57º.- Comprobada la amenaza o violación de derechos podrán adoptarse las siguientes medidas:
a) Apoyo, seguimiento y orientación a los padres o responsables, al niño, adolescente o su familia para que los niños o jóvenes permanezcan conviviendo en su grupo familiar.
b) Inclusión del niño o del adolescente en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar.
c) Cuidado del niño en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres o responsables en el cumplimiento de sus responsabilidades y seguimiento temporal de la evolución de la situación de la familia y del niño o del joven.
d) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño, el adolescente o sus padres, familiares o responsables legales.
e) Excepcionalmente, cuando los niños o adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan con su familia de origen, la medida podrá consistir en la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos, entre otros, a través de programas públicos o privados de acogimiento familiar. El acogimiento familiar es una alternativa de carácter transitorio cuya premisa fundamental es garantizar la pronta restitución del niñoadolescente a su familia de origen, a través de un plan de acción en tal sentido. Se trata de una medida no sustitutiva del grupo familiar de origen que debe ser adoptada luego de haberse agotado las instancias para la incorporación dentro de la familia extensa, evitando la separación de los hermanos.
f) Alojamiento transitorio en entidad pública o privada, de carácter provisorio y excepcional hasta el reintegro a su familia de origen o su incorporación a un grupo familiar alternativo. La medida será de duración limitada en el tiempo, sólo se puede prolongar mientras persistan las causas que le dieron origen, no constituirá privación de libertad y será adoptada como medida de último recurso, habiéndose cumplimentado con las medidas previstas en los incisos precedentes.
La institución que los asista deberá respetar y preservar la identidad del niño, ofreciéndole un ambiente de respeto y dignidad, preservar los vínculos familiares o de crianza, evitando desmembrar grupos de hermanos, brindar atención personalizada y en pequeños grupos, ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas a la salubridad, higiene y seguridad, brindar atención integral a la salud, no limitar ningún derecho que no sea limitado por decisión judicial, y mantener informado al niño o joven acerca de su situación legal.
El tiempo de asistencia en las instituciones no deberá exceder un lapso de seis meses, debiendo justificarse la prolongación de ese tiempo en relación al interés superior del niño.-
Artículo 58º.- Sin perjuicio de la competencia de los Juzgados de Familia en las decisiones relativas a la situación jurídica del niño en relación a su grupo familiar en supuestos de amenaza o violación de derechos en que los que se soliciten medidas de protección de las previstas en esta Ley. Las medidas enunciadas en los incs. a), b) y c) del artículo precedente podrán ser adoptadas en forma directa por la autoridad administrativa de aplicación. En igual sentido las determinadas en los incs. d), e) y f) en el supuesto de contarse con el consentimiento paterno o del responsable legal. En caso contrario podrán ser adoptadas por el organismo administrativo interviniente cuando situaciones de urgencia lo aconsejen, comunicando en forma inmediata al juez con competencia en materia de familia correspondiente de la jurisdicción, a los fines del control de legalidad previsto en el Art. 40 de la Ley Nº 26.061.-
Artículo 59º.- Ante evidencia o posibilidad cierta de maltrato o abuso sexual de un niño o adolescente por cualquier padre o responsable la autoridad judicial podrá disponer, como medida de protección con la urgencia que las circunstancias requieran la exclusión del hogar del agresor, de conformidad a las disposiciones de la Ley Provincial de Violencia Familiar.-
TÍTULO V - DE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE PROTECCIÓN
Capítulo I - Organización y competencia
Artículo 60º.- Los organismos judiciales de aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias serán los Juzgados de Familia y los Juzgados Penales de niños y adolescentes y los juzgados o tribunales penales de juicio.-
Artículo 61º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, transfórmase la denominación y funciones de los actuales Juzgados de Familia y Menores en Juzgados de Familia y de los Juzgados Penales de Menores en Juzgados Penales de Niños y Adolescentes.-
Artículo 62º.- Derogado por Ley nº 10450
Artículo 63º.- Derogado por Ley nº 10450-
Artículo 64º.- Los Juzgados de Familia son competentes para conocer y resolver las siguientes cuestiones:
a) Autorización para contraer matrimonio, sea supletoria, por disenso o dispensa de edad.
b) Autorización supletoria del asentimiento conyugal, artículo 1277 del Código Civil.
c) Autorización para disponer o gravar bienes de incapaces.
d) Inexistencia y nulidad del matrimonio y liquidación del patrimonio adquirido durante la unión.
e) Separación personal o divorcio vincular, disolución y liquidación de sociedad conyugal excepto por causa de muerte y medidas previas y precautorias.
f) Atribución de hogar conyugal, guarda, régimen de visitas, alimentos y litis expensas.
g) Acciones de filiación y acciones autónomas de identidad.
h) Lo atinente a la problemática que origine la inseminación artificial u otro medio de fecundación o gestación de seres humanos.
i) Declaración de incapacidad e inhabilitaciones, sus rehabilitaciones, tutela, curatela.
j) Internaciones del artículo 482 del Código Civil y Ley Provincial Nº 8806.
k) Adopción, nulidad y revocación.
l) Cuestiones referidas al nacimiento, rectificación de partidas, nombres, estado civil y sus registraciones.
ll) Declaración de ausencia.
m) Emancipación por habilitación de edad.
n) Todo lo referente al ejercicio de la patria potestad que requiera intervención judicial.
ñ) Toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de una persona sobre disponibilidad de un cuerpo o alguno de sus órganos.
o) Decisiones relativas a la situación jurídica del niño en relación a su grupo familiar en supuestos de amenaza o violación de derechos en que se soliciten medidas de protección de las previstas en los Art. 57 y 59 de esta Ley.
p) Violencia familiar, Ley Nº 9198.
q) Oficios, oficios Ley Nº 22.172, exhortos y exequátur relacionados con la competencia del Juzgado.
r) Cuestiones personales y patrimoniales entre personas no casadas que tengan hijos menores de edad en común.
s) Toda otra cuestión personal y patrimonial derivada de las relaciones de familia.
t) Incidentes, ejecuciones de sentencia y demás cuestiones procesales conexas a la materia de su conocimiento.
u) Homologación de acuerdos extrajudiciales de cuestiones referidas a la competencia material de esta Ley.-
Artículo 65º.- Quedan excluidas de la competencia del Fuero de Familia las sucesiones por causa de muerte.-
Artículo 66º.- En las cuestiones de competencia que se susciten entre Juzgados del Fuero de Familia de una misma jurisdicción o con otros Juzgados de distinto fuero, se resolverán de acuerdo a lo dispuesto en la materia por el Código Procesal Civil y Comercial.-
Artículo 67º.- En las jurisdicciones donde no existieran organismos jurisdiccionales con la competencia que esta Ley le atribuye a los Juzgados de Familia y a los Juzgados Penal de Niños y Adolescentes, las funciones y atribuciones de los mismos serán ejercidas por los juzgados civiles y de instrucción, respectivamente, hasta tanto se creen organismos con competencia especializada en la materia.-
Artículo 68º.- Será requisito ineludible para la designación de los jueces y funcionarios judiciales que aplicarán la presente Ley, la capacitación y formación especializada en materia de niñez, adolescencia y familia.-
Capítulo II - Del procedimiento de familiaArtículo 69º.- Derogado.
Artículo 70º.- Derogado (/)
Artículo 71º.- Derogado (/)
Artículo 72º.- Derogado (/)
Artículo 73º.- Derogado (/)
Artículo 74º.- Derogado (/)
Artículo 75º.- Derogado (/)
Artículo 76º.- Derogado (/)
DEL PROCEDIMIENTO PENAL APLICABLE A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD.
Artículo 77°.- El presente régimen procesal penal es aplicable a todo adolescente mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años de edad al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal de la Nación, en la jurisdicción territorial de la provincia de Entre Ríos.
Los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciséis (16) años de edad únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas, y/o cometidos con armas y demás supuestos previstos en el capítulo IX de la presente ley.
Artículo 78.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Es de aplicación supletoria a la presente normativa, el ordenamiento procesal penal vigente en la Provincia en todo lo que no esté específicamente reglamentado en esta ley, en la medida que aquella legislación procesal no contradiga o entre en conflicto con los principios y bases fundamentales del sistema de promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 79º.- PRESUNCIÓN DE EDAD. Si existieran dudas respecto de la edad de las personas al momento de la comisión del delito, se presume que es menor de dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando comprendida en las disposiciones de la presente ley.
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA
Artículo 80º.- El juez de Garantías con competencia especializada, ejercerán el control de legalidad y de legitimidad constitucional de la investigación dirigida por el fiscal con competencia en la materia, en relación a los delitos atribuidos a adolescentes destinatarios de la presente ley.
En ningún supuesto se aplicarán medidas de protección en el proceso penal. Estas deberán ser encuadradas conforme las disposiciones de la Ley Nº 26.061 y concordantes de este cuerpo legal.
Artículo 81º.- El juzgamiento oral en única instancia de los adolescentes acusados de un delito, estará a cargo del juez o tribunal con competencia especializada.
El juzgamiento versará sobre la responsabilidad penal, y en su caso, en audiencia aparte, la necesidad o no de aplicar una sanción.
El Juez que intervino en la etapa de investigación penal preparatoria no podrá actuar en la etapa de juicio.
Artículo 82º.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE MENORES Y MAYORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS DE EDAD EN EL DELITO. Cuando en relación a los mismos hechos penales hubieran participado conjuntamente personas menores y mayores de dieciocho (18) años de edad, serán competentes para entender en la investigación del hecho los jueces de garantías y de juicio establecidos en el Código Procesal Penal.
En aquellos supuestos que se declare al adolescente autor penalmente responsable del hecho, el juez o tribunal de juicio remitirán las actuaciones al juez penal competente en la materia, quien llevará a cabo la audiencia integrativa de sentencia a los fines de resolver la necesidad de aplicar o no una sanción conforme lo establecido en el capítulo VIII de este cuerpo normativo.
Artículo 83º.- CONTRAVENCIONES. La justicia penal de niños y adolescentes no será competente en materia contravencional cuando la persona menor de 18 años de edad estuviere incursa en una conducta calificada como contravención, y ésta pudiera representar un riesgo para sí o para terceros, la autoridad preventora deberá comunicar de inmediato a sus referentes legales y al organismo administrativo, a efectos que el mismo adopte las medidas de protección respectivas, si correspondieren.
En ningún caso la autoridad policial podrá demorar o privar de libertad a personas menores de edad en materia contravencional.
Cualquier demora o incumplimiento injustificado en el procedimiento establecido en el presente artículo será considerado como falta grave del funcionario interviniente.
Artículo 84º.- Serán partes esenciales en el proceso penal el adolescente al que se le atribuye el delito, el defensor, el fiscal con competencia en la materia, el representante del ministerio pupilar y el equipo técnico interdisciplinario.
Artículo 85º.- EL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO PENAL. Se considerará sujeto a proceso penal a todo adolescente entre los catorce (14) y dieciocho (18) años de edad que en cualquier acto o procedimiento se lo sindique o detenga como autor o partícipe de un delito, conforme lo establece en el Capítulo I de la presente ley.
Artículo 86º.- DEFENSOR PENAL DE ADOLESCENTES. Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, el adolescente deberá ser asistido por un defensor especializado oficial o particular. A este le concierne la asistencia técnica y la defensa de sus derechos e intereses. Deberá entrevistarse inmediatamente con el sindicado, se encontrare o no detenido, y se le notificarán previamente todos los actos procesales que puedan afectar sus derechos y garantías, bajo pena de nulidad.
Artículo 87º.- FISCAL DE ADOLESCENTES. El fiscal con competencia en la materia, tendrá a su cargo la dirección de la investigación de los delitos atribuidos a personas mayores de 14 años o menores de 18 años de edad conforme la presente ley.
El fiscal que actuó en la etapa de investigación penal preparatoria deberá intervenir en la etapa de juicio.
Asimismo le corresponderá:
a. Procurar salidas alternativas al proceso penal y/o a la sanción;
b. Aplicar criterios de oportunidad establecidos en la presente ley;
c. Realizar las funciones que ésta y otras leyes le asignen al Ministerio Público Fiscal.
Artículo 88º.- EL MINISTERIO PUPILAR. Deberá intervenir en los procesos penales por delitos en los cuales resulte imputado o víctima una persona menor de 18 años de edad. Éste velará por el efectivo ejercicio de los derechos y garantías que asisten al adolescente.
Artículo 89º.- EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO. Intervendrá en los supuestos establecidos en la presente ley a través de la elaboración de dictámenes no vinculantes, efectuando las sugerencias adecuadas a cada caso.
Deberán ser especializados en materia penal de adolescentes y estarán integrados por profesionales de la psicología, del trabajo social y la psiquiatría u otras especialidades que se consideren con incumbencias en la temática.
La actuación de los profesionales que lo conforman seguirá una metodología propia de acuerdo a la especificidad de su disciplina y se encuadrará dentro de los respectivos códigos de ética vigentes.
Artículo 90º.- REPRESENTANTES LEGALES O REFERENTES DEL ADOLESCENTE. Los representantes legales o referentes del adolescente tendrán derecho a participar en las actuaciones y podrá requerirse su presencia en defensa de los intereses de éstos. Los jueces podrán denegar, limitar o restringir esta participación si ella fuera contraria a su interés superior.
Los responsables o referentes del adolescente y el organismo administrativo de protección tendrán derecho a acceder a la causa, sin que por esto sean considerados parte.
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES RECTORES
DEL PROCESO PENAL
Artículo 91º.- El Estado Provincial garantizará al adolescente imputado o acusado de la comisión o participación en un hecho que la ley tipifica como delito, los siguientes principios, derechos y garantías:
a. A ser investigado y juzgado por un órgano judicial con competencia y formación especializada en la materia, independiente e imparcial;
b. A no ser juzgado sino por acciones u omisiones tipificadas como delito en una ley anterior al hecho del proceso, que permita su conocimiento y comprensión como tales;
c. A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia firme de condena, debiendo ser tratado como tal durante todo el proceso;
d. A no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni constreñido a participar coactivamente en actos de contenido probatorio;
e. A ser informado por toda autoridad interviniente de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, de los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y las pruebas existentes en su contra, de su derecho a no declarar contra sí mismo, las medidas de coerción que se adopten y plazo de duración y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, responsables o referentes y de su defensor;
f. A que sus responsables legales o referentes sean informados de inmediato en caso de aprehensión, el lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa, juzgado y organismo policial interviniente;
g. A nombrar abogado defensor, por sí mismo o a través de sus representantes legales o referentes, desde la existencia de una imputación en su contra, con independencia de que se haya o no dado formal iniciación al proceso, siendo inviolable el derecho a la defensa y las garantías del procedimiento;
h. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable para el adolescente. Deberá acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de los adolescentes sometidos a un proceso penal;
i. A no declarar durante todo el proceso y a no ser llamado a tal fin por ninguna autoridad, pudiendo ser oído personalmente por el juez y/o fiscal interviniente y únicamente en caso de ser expresamente solicitado por el adolescente, contando para ello, bajo pena de nulidad, con la presencia de su defensor;
j. Tendrá derecho a presentar su descargo por escrito. El adolescente podrá prestar declaración, verbal o escrita, en cualquier instancia del proceso, debiendo ser ella recibida, bajo pena de nulidad, previa asistencia técnica;
k. En ningún caso el adolescente será sujeto a interrogatorio por parte de funcionarios policiales o administrativos acerca de su participación en los hechos investigados, ni se dejará constancia alguna de sus manifestaciones, sean espontáneas o requeridas por esas autoridades;
l. La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas. El plazo de duración del proceso deberá respetar el principio de máxima brevedad y celeridad.
Artículo 92º.- APREHENSIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. La aprehensión de un adolescente sin orden judicial solo procederá excepcionalmente cuando fuere sorprendido in fraganti en la comisión de un hecho calificado por la ley como delito y sólo cuando fuere absolutamente indispensable para hacer cesar los efectos del ilícito, siempre que se constatare la plena existencia del hecho y la probabilidad de su participación responsable.
Su aprehensión tendrá lugar al sólo efecto de conducir en forma inmediata al adolescente ante el fiscal para que resuelva sobre su situación. Si resultare imposible instrumentar esta medida con la inmediatez requerida, la persona menor de edad aprehendida deberá permanecer en una unidad especial para adolescentes, hasta tanto pueda ser trasladada, sin superarse en ningún caso el plazo máximo de 24 horas desde la aprehensión.
La formulación de cargos al adolescente aprehendido en flagrancia se llevará a cabo ante el Juez de Garantías competente, siguiendo el procedimiento previsto en la Sección I del Capítulo III del Código procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 93º.- NORMAS FUNDAMENTALES. La autoridad policial deberá poner el hecho en conocimiento del fiscal en un plazo máximo de dos (2) horas después de practicada la detención.
La permanencia de los adolescentes en las dependencias policiales no podrá exceder el plazo máximo de veinticuatro (24) horas. Superado este plazo, deberá ordenarse su inmediata libertad. Se prohíbe toda forma de incomunicación de la persona menor de edad y en ningún caso el adolescente podrá estar alojado con personas detenidas mayores de edad.
Artículo 94º.- La policía o el organismo de investigación deberán dar aviso fehaciente dentro de las dos (2) horas a los responsables legales o referentes del adolescente, al defensor y al ministerio pupilar, indicando el motivo de la aprehensión, el lugar donde se encuentre o el sitio donde será conducido, el que deberá ser siempre especializado.
Artículo 95º.- APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN. El agente fiscal al ordenar la apertura de la investigación, dispondrá en forma inmediata la comprobación de la edad de quien se alegue haber infringido la ley penal, practicará las diligencias pertinentes a fin de establecer si existiere un hecho delictuoso, las circunstancias del mismo, e indicios o evidencias para promover la acción penal.
Artículo 96º.- SITUACIÓN DEL ADOLESCENTE. El fiscal, desde que el adolescente es puesto a su disposición, deberá decidir respecto a su situación, sea disponiendo su entrega inmediata a sus responsables legales o referentes y/o solicitando una medida de coerción procesal al juez de garantías. En este caso, el juez deberá resolver sobre la situación del adolescente y la medida solicitada, en audiencia con éste, su defensor, el ministerio pupilar y el fiscal. La medida podrá ser recurrida por las partes.
Artículo 97º.- AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN. Cuando de los elementos reunidos en la investigación, surja sospecha suficiente que el adolescente investigado fuera autor o partícipe de un delito, se procederá a convocar a las partes a la audiencia de imputación. De la convocatoria serán notificados los responsables legales y/o referentes de la persona menor de edad.
Artículo 98º.- El fiscal en la audiencia de imputación deberá:
a. Informar al adolescente, directamente y sin demoras los hechos que se le atribuyen, su calificación legal, las pruebas existentes en su contra y los derechos y garantías enunciadas en la presente ley. Esta información se deberá brindar en forma clara, precisa y en un lenguaje que pueda comprender, evitándose el uso de tecnicismos legales;
b. El interrogatorio en la audiencia de imputación es eventual y sólo procede si el adolescente presta su conformidad, según lo establecido en esta ley.
Artículo 99º.- Previo a la audiencia de imputación el equipo técnico interdisciplinario intervendrá a los fines de la elaboración del examen mental.
Artículo 100º.- CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. El fiscal, fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá aplicar criterios de oportunidad renunciando total o parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla a uno o varios delitos o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho, cuando:
a. Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación del adolescente o su mínima culpabilidad;
b. El adolescente, como consecuencia del hecho, haya sufrido un daño físico, psíquico o moral grave;
c. La sanción correspondiente al delito de que se trate, carezca de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito;
d. Se estime que el procedimiento penal pueda causar al adolescente un daño mayor que el producido por el delito. En estos supuestos el fiscal podrá solicitar la Remisión de casos conforme lo establecido en el Capítulo X de la presente ley.
Las circunstancias señaladas en este artículo serán siempre valoradas en la forma más favorable para el adolescente.
MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL
Artículo 101º.- Las medidas de coerción procesal tendrán carácter excepcional. Única y fundadamente podrán ser decretadas cuando se presuma que el adolescente intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones y el hecho imputado pudiere ser sancionado con pena privativa de la libertad. Podrán decretarse las siguientes medidas:
a. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o tomar contacto con determinadas personas;
b. Comparecer periódicamente al juzgado, fiscalía, unidad judicial o autoridad que se disponga;
c. Privación de libertad provisional domiciliaria;
d. Privación de libertad provisional durante el fin de semana en centro especializado que determine el organismo administrativo de niñez y adolescencia;
e. Privación de libertad provisional en centro especializado que determine el organismo administrativo de niñez y adolescencia.
Artículo 102º.- PRIVACIÓN DE LIBERTAD DURANTE EL PROCESO. EXCEPCIONALIDAD. La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y sólo será ordenada como medida de último recurso, luego de descartar toda posibilidad de aplicación de otras medidas menos gravosas y siempre que resulte absolutamente indispensable a los fines de la aplicación de la presente ley. En ningún caso podrá exceder el plazo de tres meses, debiendo cumplimentarse en un centro especializado. Solo podrán prorrogarse cuando las circunstancias concretas de la causa permitan presumir, fundadamente, que persiste el peligro de fuga o resten medidas probatorias que cumplir y la imposibilidad de producirlas con el adolescente imputado o acusado en libertad.
Cuando se prive de libertad a un adolescente imputado o acusado de infringir leyes penales, el juez o tribunal deberá revisar cada treinta días si los motivos que originariamente fundaron la privación de libertad aún subsisten.
Artículo 103º.- Serán nulas y deberán cesar en forma inmediata todas las medidas de coerción procesal que se adoptaren cuando se probare la inexistencia del hecho, que el mismo no constituye delito punible o no hubiere pruebas de autoría o participación del adolescente. Toda resolución que imponga una medida de coerción procesal podrá ser recurrida.
REGLAS ESPECIALES PARA EL JUICIO
Artículo 104º.- NORMAS FUNDAMENTALES. El debate tramitará conforme a las siguientes reglas especiales:
a. ACTOS PRELIMINARES: Previo a la realización de la audiencia de debate el juez o tribunal dará intervención al equipo técnico interdisciplinario para que éste emita un dictamen respecto a las condiciones psicosociales que hacen a la singularidad del joven, grupo familiar y contexto en el que se desenvuelve.
b. AUDIENCIA DE DEBATE: Se realizará en el día y hora señalados y serán de carácter reservado las actuaciones que se efectúen en la audiencia, salvo que sea el propio adolescente quien solicitare la publicidad del proceso en el que participare en calidad de acusado. Después de verificada la presencia de las partes y demás interesados que deban asistir a la audiencia, el juez o tribunal declarará abierto el debate e informará al acusado sobre la importancia y el significado del mismo, procediendo a ordenar la lectura de los cargos que se le atribuyen. Concluida la lectura, el juez o tribunal explicará al adolescente de manera clara, precisa y en un lenguaje que el adolescente pueda comprender, los hechos que se le atribuyen, su calificación legal, las pruebas existentes en su contra y los derechos que le asisten.
El juez o tribunal invitará al adolescente acusado a que esté atento a todo lo que se desarrolle en la audiencia y le instruirá sobre la posibilidad de preguntar y repreguntar a testigos, peritos, intérpretes y todo aquel que aporte datos durante el debate.
En la audiencia de debate solo se tratará la cuestión atinente a la responsabilidad del adolescente y calificación legal del hecho.
En aquellos supuestos que se declare al adolescente autor penalmente responsable del hecho, el juez o tribunal podrá aplicar cualesquiera de las medidas judiciales previstas en esta ley.
Artículo 105º.- PAUTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS JUDICIALES. Las medidas judiciales consistirán en la determinación de obligaciones o prohibiciones que se impondrán al adolescente en la sentencia por el juez o tribunal. Su finalidad será primordialmente inclusivas y/o integrativas y se complementará, según el caso, con la participación de su familia, el apoyo profesional y comunitario. Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto a los derechos humanos, civiles y sociales, la formación integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40.1.
Artículo 106º.- La elección de las medidas deberá tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma sucesiva, simultánea o progresiva, con determinación específica de su duración, finalidad y las condiciones en que deberán ser cumplidas. El efectivo seguimiento de medidas judiciales dispuestas por el juez o tribunal será efectuado por el Equipo Técnico Interdisciplinario y/u Organismo Administrativo de Protección de Derechos. Previo a la audiencia integrativa de sentencia informarán al juez o tribunal sobre el resultado del seguimiento de las medidas judiciales dispuestas.
Las medidas judiciales que podrán sugerirse son:
a. Disculpas a la víctima;
b. Reparación no pecuniaria del daño causado;
c. Prestación de servicios a la comunidad;
d. Órdenes de orientación y supervisión.
Artículo 107º.- INTEGRACIÓN DE SENTENCIA. El día y la hora oportunamente fijados se llevará a cabo la audiencia integrativa de sentencia a los fines de resolver la necesidad de aplicar o no una sanción conforme la evaluación de las medidas judiciales impuestas en la sentencia y los resultados de los dictámenes emitidos por el equipo técnico interdisciplinario y el organismo administrativo cuando hubieren tenido intervención.
El juez o tribunal oirá a las partes, al equipo técnico interdisciplinario, a los profesionales intervinientes del organismo administrativo y posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el resultado alcanzado y la necesidad de aplicar o no una sanción conforme la legislación de fondo y la presente ley.
ADOLESCENTES NO PUNIBLES
ARTÍCULO 108º.- REGLA GENERAL. Presumida la intervención de la persona menor de edad no punible y comprobada la existencia de un hecho calificado por la ley penal como delito, distinto a los establecidos en el artículo 109, y no peticionando el adolescente su derecho al proceso penal, el fiscal elevará las actuaciones al juez de garantías.
El juez de garantías declarará la no punibilidad de la persona menor de edad y comunicará al órgano administrativo de protección de derechos a efectos que el mismo adopte las medidas de protección respectivas, si correspondieran. Esta resolución no importará declaración alguna sobre la participación del adolescente en el hecho investigado por el fiscal.
ARTÍCULO 109º.- PROCESABILIDAD. Los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciséis (16) años de edad únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas, y/o cometidos con armas de fuego.
ARTÍCULO 110º.- DERECHO A LA PROCESABILIDAD. En aquellos supuestos en que la persona no punible cometa un delito diferente a los enunciados en el artículo anterior podrá solicitar, conjuntamente con su defensor y en su caso con el consentimiento de sus referentes o representantes legales, su derecho a ser sujeto de un proceso penal conforme los principios y garantías establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 111º.- El procedimiento penal de los adolescentes no punibles se regirá por las normas establecidas en esta ley para las personas mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años de edad. En ningún caso se aplicarán medidas de coerción procesal en relación a menores de edad no punibles.
La sentencia resolverá sobre la cuestión atinente a la autoría y/o participación del adolescente en el hecho, remitiéndose copia al órgano administrativo de protección de derechos a los efectos que estime pertinente conforme esta ley.
DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS AL PROCESO PENAL Y/O LA SANCIÓN DE
LA REMISIÓN DE CASOS
Artículo 112º.- La remisión es la medida por la cual se evita la apertura de proceso penal al adolescente punible o se lo excluye del mismo una vez iniciado, con el fin de evitar los efectos negativos que éste pudiera ocasionar a su desarrollo integral.
Artículo 113º.- ALCANCES DE LA MEDIDA. Solo podrá utilizarse cuando se disponga de pruebas de que el adolescente ha cometido el delito que se le endilga, que no se ha ejercido intimidación o presión sobre él para obtener esa admisión y que ese consentimiento no se utilizará contra él en ningún procedimiento legal ulterior.
Deberá informarse al adolescente en forma adecuada y específica sobre la naturaleza, el contenido, la duración de la medida y las consecuencias de su incumplimiento.
Las actividades que realice el adolescente como consecuencia de la Remisión del caso deberán ser de sencillo cumplimiento, estar de acuerdo con su edad, su desarrollo, sus potencialidades y expresamente determinadas en cuanto su naturaleza y duración.
Artículo 114º.- IMPROCEDENCIA. La Remisión no procederá cuando se trate de infracciones tipificadas como delitos dolosos contra la vida, la integridad sexual, lesiones gravísimas y/o cometidos con armas.
Artículo 115º.- OPORTUNIDAD. Al momento de la apertura de la investigación o luego de la audiencia de imputación y en cualquier etapa posterior a la misma, el Fiscal, con acuerdo del adolescente y su defensor, podrá disponer la remisión del caso cuando el adolescente se comprometiera a seguir un programa de orientación. Previo a su otorgamiento se requerirá dictamen al equipo técnico interdisciplinario sobre la conveniencia de la medida.
Artículo 116º.- AUDIENCIA. El juez o tribunal en audiencia común, previo acuerdo de las partes y del querellante si lo hubiere, resolverá impartir pautas de conductas acordadas al adolescente, y/o remitirlo a programas comunitarios o de orientación.
Artículo 117º.- LEGAJO DE REMISIÓN. Otorgada la Remisión, la misma quedará por fuera del proceso penal, el cual quedará paralizado y los plazos suspendidos a partir del acta de concesión, creándose un legajo de remisión. Al finalizar el plazo de la remisión o ante el incumplimiento de las pautas acordadas, los profesionales del equipo técnico interdisciplinario u organismo encargado del seguimiento de las mismas elevarán un informe al magistrado o funcionario interviniente, comunicando el resultado de la misma.
Artículo 118º.- TIEMPO DE LA REMISIÓN. RESULTADO DE LA MEDIDA. El tiempo máximo de la remisión será de un (1) año, a partir de su otorgamiento. Una vez cumplido el plazo, si el remitido cumplió con las pautas acordadas, y no haya sido condenado por un nuevo delito se dispondrá el sobreseimiento o absolución del imputado, fundado en la ausencia de necesidades preventivas de pena. En caso de incumplimiento, se podrá disponer la revocación de la remisión acordada y la continuidad del trámite judicial.
DE LA MEDIACIÓN PENAL JUVENIL
Artículo 119°.- SOLICITUD. La Mediación Penal Juvenil podrá ser solicitada por el Fiscal, la víctima, el Defensor del adolescente imputado, con el consentimiento expreso de éste y el del representante del Ministerio Pupilar, hasta la apertura de la etapa de juicio.
La Mediación no procederá cuando se trate de infracciones tipificadas como delitos dolosos contra la vida, la integridad sexual, lesiones gravísimas y/o delitos cometidos con armas de fuego y previo a su otorgamiento se requerirá dictamen al equipo técnico interdisciplinario sobre la conveniencia de la medida.
Una vez solicitada, consentida y declarado abierto el procedimiento de la Mediación Penal Juvenil, se suspenden las actuaciones y los plazos de la prescripción.
El procedimiento se regirá por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad y neutralidad e imparcialidad de los mediadores.
Artículo 120°.- ACUERDO. Si las partes arribaran un acuerdo por encontrar satisfechas sus pretensiones, se labrará un acta y se dejará constancia de los alcances del mismo,remitiéndose al magistrado interviniente para su homologación. El acuerdo arribado no implicará la asunción de culpabilidad por parte del adolescente.
La suspensión de las actuaciones subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas.
En caso de comprobarse el incumplimiento de aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, procediéndose al desarchivo del proceso y a la continuación de su trámite.
Para el caso, de no arribar a un acuerdo entre las partes, tal circunstancia se plasmará en la causa, lo cual no constituirá antecedente alguno para adolescente imputado.
Artículo 121º.- ARCHIVO DEFINITIVO. EFECTOS. En los acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones se procederá al archivo definitivo de las actuaciones, no pudiendo promover nuevamente la acción por ese hecho.
Artículo 122º.- OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Desde la intimación de los hechos y hasta la apertura del debate, el adolescente imputado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado mediante la presentación al juez o tribunal de un acuerdo con el fiscal.
Esta solicitud tendrá el reconocimiento circunstanciado de su participación en el hecho de apertura de causa, la consignación de un límite máximo de garantía de una eventual pena y consecuentemente, la expresa conformidad del adolescente y su defensor.
De la solicitud efectuada el juez o tribunal, bajo sanción de nulidad, correrá vista al representante del Ministerio Pupilar, quien deberá contar con auxilio del Equipo Técnico Interdisciplinario a los fines de dictaminar sobre la conveniencia para el adolescente de lo acordado. El representante del Ministerio Pupilar deberá instar el rechazo del acuerdo en caso que no surjan pruebas suficientes para la autoincriminación del adolescente en el hecho que se le endilga.
Artículo 123º.- AUDIENCIA. Cuando se hubiere solicitado el procedimiento abreviado, el Juez o Tribunal se constituirá al efecto con la presencia de las partes y previo interrogatorio de identificación, ordenará la lectura de la solicitud, hará conocer al adolescente Imputado de manera clara, precisa y en un lenguaje que pueda comprender los alcances y consecuencias del acuerdo y le requerirá nuevamente su aceptación.
Si la ratificación no se produjera devolverá la causa para la continuación de su trámite y ordenará la destrucción del incidente que contiene el acuerdo. La tramitación del procedimiento abreviado no podrá ser valorada en ningún sentido y, bajo sanción de nulidad en las instancias procesales ulteriores. Tampoco podrá actuar el mismo Juez o Tribunal.
Si el acuerdo fuere ratificado por el adolescente Imputado, el juez o Tribunal oirá al Fiscal, al Ministerio Pupilar, a la Víctima y al Querellante, si lo hubiere.
Si el Juez o Tribunal no admitiere el acuerdo en razón de la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos, o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida, o por entenderlo contrario al interés superior del joven, procederá de conformidad al párrafo anterior. Caso contrario el Juez o Tribunal, dictará sentencia basándose en las pruebas recogidas en la Investigación Penal Preparatoria, debiendo expedirse sólo sobre la calificación legal del hecho y responsabilidad penal del encausado de conformidad con el capítulo VIII de la presente ley, postergando el análisis sobre la necesidad y eventual graduación de pena hasta la audiencia de integración de sentencia.
La pena acordada por las partes sólo vinculará al Juez como límite máximo, no obstando, en cambio, su reducción ni la absolución por ausencia de necesidad de la misma conforme a las circunstancias que se analizaren en la cesura del juicio.
Artículo 124º.- El Superior Tribunal de Justicia y los Ministerios Públicos de la Provincia de Entre Ríos deberán proveer la capacitación permanente y especializada, a Magistrados, Funcionarios y personal encargados de aplicar la presente ley.
Artículo 125º.- Hasta tanto se reforme la Ley Nacional Nº 22.278 que regula el actualmente denominado Régimen Penal de Menores; las disposiciones de la presente ley deberán ser interpretadas y aplicadas con arreglo a los principios establecidos en los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el art. 19 de la Ley Nacional 26.061, su decreto reglamentario 415/2006 y Acuerdo General del S.T.J.E.R Nº 13/13 del 14/05/2013 – Pto. 7°-, de modo de garantizar a los niños y adolescentes imputados de la comisión de un delito el pleno respeto de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos".- (φ)
(φ) Texto según Ley nº 10450 (desde Capitulo III hasta artículo 125º.)
(/) Derogados por Ley nº 10668 Procesal de Familia

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 1
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 resolución 

Artículo 2
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Artículo 3
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Artículo 4
 artículo 5

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 artículo 6
 artículo 6

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 artículo 8

Artículo 7
 artículo 9
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Artículo 8
 artículo 10

Artículo 9
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Artículo 10
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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

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Artículo 7

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Artículo 55

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Artículo 57

Artículo 58

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Artículo 64
 artículo 1277
 artículo 482

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

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Artículo 106

Artículo 107

ARTÍCULO 108
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ARTÍCULO 109

ARTÍCULO 110

ARTÍCULO 111

Artículo 112

Artículo 113

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Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125
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