Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-013-02.htm
Timestamp: 2019-06-26 13:48:33+00:00

Document:
C-013-02
Sentencia C-013/02
DECRETO-Determinación de naturaleza/COSA JUZGADA RELATIVA-Aplicación
PENSION POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL-Competencia legislativa para fijación de límites máximos/SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Monto de las pensiones
PENSION-Límite máximo
PENSIONES LEGALES-Facultad legislativa de fijación de límites máximos y mínimos
PENSIONES LEGALES-Distinción originada por enfermedad profesional y cumplimiento de requisitos de tiempo de servicio y edad
PENSION EN SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Inicio de acciones por responsabilidad
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 51, parcial, del Decreto 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.”
“Artículo 51.- Monto de las pensiones. Ninguna pensión de las contempladas en este decreto podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario.”
Considera el actor que este artículo viola el 13 de la Constitución por las siguientes razones :
Considera que si el monto de las cotizaciones o aportes que están obligados a hacer los empleadores al seguro de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, se determina en función de la actividad económica que desarrolla la empresa y la clase y grado de riesgo, con el fin de lograr reparar en lo posible totalmente el daño causado en la salud y la pérdida económica del ingreso, derivados del estado de incapacidad o invalidez que se haya producido, resulta “contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, discriminar a aquellas personas que, teniendo ingresos superiores 20 salarios mínimos y, en consecuencia, ingresos que les determina un nivel de vida medianamente alto o alto, que, frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, además del perjuicio que sufren en su salud y en su capacidad laboral, vean disminuido su ingreso en calidad de pensionados, por sujetarse al límite de 20 salarios. Con este beneficio de la seguridad social se está dejando parcialmente sin restablecer el perjuicio causado por el accidente o la enfermedad que producen.”
El señor Procurador General de la Nación, en el concepto Nro. 2659 de fecha 6 de septiembre de 2001, solicita declarar exequible la expresión acusada, por las siguientes razones :
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley, naturaleza que tiene el Decreto 1295 de 1994.
En efecto. Este Decreto fue expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, así :
“Artículo 139. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para :
“11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores.”
En la sentencia C-376 de 1995, la Corte declaró la exequibilidad de las facultades conferidas en los artículos 139 y 248 de la Ley 100 de 1993, salvo la correspondiente al numeral 7, del artículo 139, y, en la misma sentencia, declaró este Decreto 1295 de 1994, junto con otros, exequible “pero sólo en lo que hace referencia a la exequibilidad de las normas que concedieron las facultades extraordinarias para su expedición.”
Para la Corte, el hecho de que el legislador fije un límite máximo para esta clase de pensiones, en nada vulnera el artículo 13 de la Constitución. Por el contrario, constituye una de las formas de hacerlo efectivo, pues, en la medida en que el Sistema General de Riesgos Profesionales sea viable, se garantiza el reconocimiento y pago a quienes tienen derecho, de recibir las prestaciones económicas originadas en una incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional, tal como lo señala el artículo 2, literal c), del Decreto 1295 de 1994.
Si el pago de la pensión no tuviere un límite máximo en cuanto a la prestación económica, se violaría, también, el inciso 2 del artículo 53 de la Constitución, que dice : “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales”, puesto que, en el corto tiempo, sólo unas pocas personas podrían acceder a esta clase de prestación económica. Lo que, a su vez, también desconocería que la Seguridad Social, como servicio público que es, debe prestarse bajo los principios de “eficacia, universalidad y solidaridad”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Carta.
Todos estos puntos, en especial, la facultad del legislador de fijar límites máximos y mínimos en pensiones, la Corte Constitucional los ha desarrollado en numerosa jurisprudencia, por lo que a lo dicho en ellas habrá de remitirse. Por ejemplo, respecto de la constitucionalidad de señalar límites máximos por parte del legislador, la sentencia C-155 de 1997 dijo, en lo pertinente :
“De otra parte, la Corporación considera que le corresponde al legislador regular todos los aspectos relativos a las pensiones (art. 53 inc, 2 de la C.P.); por ello, el Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y de los recursos en este campo, los cuales deben mantener su poder adquisitivo razón por la cual es menester que el legislador tenga en cuenta una realidad de trascendencia en este examen, los recursos económicos para satisfacer el pago de las mesadas pensionales, los cuales no son infinitos, sino que ellos son limitados; el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados (...)” (sentencia C-155 de 1997, M.P., doctor Fabio Morón Díaz) (se subraya)
En la sentencia C-089 de 1997, la Corte analizó el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, que señaló que la pensión mínima de vejez o jubilación, no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente. Allí la Corte consideró que hoy no es posible que la pensión mínima esté por debajo de lo allí fijado.

References: artículo 51
 artículo 13
 artículo 241
 artículo 139
 artículo 150
 artículo 139
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 35