Source: http://zihuatanejopresente.com/viernes-de-jurisprudencia-constitucional-y-administrativa-19/
Timestamp: 2018-12-14 20:19:32+00:00

Document:
Redaccion	5 marzo, 2018
El viernes 2 de marzo se emitieron un total de 22 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. SI EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, MICHOACÁN RECLASIFICA UNILATERALMENTE LA ZONA SOCIOECONÓMICA DE LAS COLONIAS O FRACCIONAMIENTOS PARA DETERMINAR LA TARIFA RELATIVA, LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE ESE ACTO DEBEN SER QUE SE MODIFIQUEN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN POR EL EJERCICIO FISCAL IMPUGNADO Y POR TODO EL TIEMPO QUE PERDURE LA CLASIFICACIÓN ASIGNADA POR EL ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA ELLO. Los contratos de adhesión tienen cláusulas esenciales, aun cuando no contengan todas las ordinarias de un contrato tradicional, establecidas previa y unilateralmente por un proveedor de bienes o servicios, sin que la contraparte consumidora o usuario tenga oportunidad de discutir su contenido; constan en formatos uniformes en los términos y condiciones para la adquisición de productos o servicios y entre sus elementos destacan: a) que la oferta se hace a una colectividad; b) el convenio es obra exclusiva de una de las partes; c) la reglamentación del contrato es compleja; d) la situación del servicio que ofrece es preponderante; y, e) la oferta no puede ser discutida. Así, se trata de un contrato no tradicional en cuanto a su elaboración, y sus cláusulas están sujetas a los requisitos que la ley impone para la protección del usuario o consumidor contra prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de la ley que lo regula, como parte de un microsistema en que no priva de la misma manera la autonomía de la voluntad que rige en los contratos en que las partes pueden pactar bilateralmente las cláusulas, máxime cuando se trata de contratos de adhesión expedidos por entidades del Estado. En estas condiciones, si el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, al emitir sus contratos de adhesión ya tiene delimitada la clasificación del territorio en el que opera su servicio de suministro de agua potable, prevista en el Decreto que establece las tarifas para el cobro de los servicios que aquél presta para determinado ejercicio fiscal, el hecho de que posteriormente reclasifique la zona socioeconómica de las colonias o fraccionamientos unilateralmente, trasciende en los pagos de derechos que realicen los usuarios del servicio. Por tanto, si en el juicio administrativo se declara la nulidad de la reclasificación y se ordena la modificación de los contratos de adhesión, ésta no debe comprender sólo el ejercicio fiscal impugnado, sino todo el tiempo que perdure la clasificación asignada por el órgano del Estado competente para ello.
(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XI.1o.A.T. J/15 (10a.))
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA SOCIOECONÓMICA DE LAS COLONIAS O FRACCIONAMIENTOS DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA DETERMINAR LA TARIFA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. SE APLICA CON CADA ACTO DE COBRO, POR LO QUE LA MATERIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE IMPUGNA NO LO ES EL DECRETO QUE LA PREVÉ. Conforme al artículo 273 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la sentencia del juicio de nulidad se ocupará exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que hubieran sido materia de la litis, lo que tiene como propósito que sean resueltos todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, con la finalidad de condenar o absolver a la autoridad demandada respecto del acto controvertido. Luego, si en el juicio administrativo se impugna la clasificación de la zona socioeconómica de cierta colonia o fraccionamiento de Morelia, prevista en el Decreto que establece las tarifas para el cobro de los servicios que presta el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de ese Municipio para determinado ejercicio fiscal, que se refleja en cada uno de los recibos de cobro que aquél expide, no puede considerarse que el acto de clasificación se hubiera agotado con su publicación en el medio informativo oficial local, sino que se aplica cada vez que se hace un cobro por los conceptos respectivos; de ahí que si se ubica a los usuarios en un nivel distinto al clasificado por la autoridad competente para determinar la tarifa aplicable, es inconcuso que la materia del juicio no se refiere al decreto mencionado, como una norma general de naturaleza autoaplicativa que requiera impugnarse a partir de su publicación, ya que con base en el principio ontológico de la prueba, si un particular es usuario del servicio de agua potable desde que firmó el contrato de adhesión en determinado ejercicio fiscal, va a serlo en los ejercicios posteriores, por ser una cuestión del suministro del líquido vital, que es imprescindible en la vida de los seres humanos.
(TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Tesis: XI.1o.A.T. J/14 (10a.))
REVISIÓN FISCAL Y REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ESTOS RECURSOS SON IMPROCEDENTES CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR LA FALTA DE VIGENCIA DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA, AL TRATARSE DE UN VICIO FORMAL. La nulidad de una resolución administrativa decretada por carecer de vigencia una Norma Oficial Mexicana, implica la ausencia de fundamentación del acto, sin trascender a la decisión de fondo, ya que no conduce a la declaración de un derecho o a la inexistencia de una obligación, porque no resuelve el contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino solamente se limita al análisis de la carencia de una formalidad del acto o procedimiento administrativo, como es su falta de fundamentación, debido a que la Norma Oficial Mexicana en que se apoyó ha perdido su vigencia; por tanto, se trata de un vicio formal que torna improcedentes los recursos de revisión fiscal y revisión contencioso administrativa en términos de los artículos 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (abrogada), respectivamente, porque esa clase de resoluciones no revisten la excepcionalidad, la importancia ni la trascendencia necesarias para su viabilidad, conforme a la teleología que los rige.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/119 A (10a.))
DECRETOS QUE CONTIENEN PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SU PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA Y NO IMPRESA EN LA GACETA OFICIAL RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS ESTATALES. La publicación de las normas generales en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se refiere a la acción de difundir de manera impresa las leyes o los decretos expedidos por la Asamblea Legislativa de la entidad, con la finalidad de que adquieran vinculatoriedad para los gobernados, de ahí que la circunstancia de que se publique de manera electrónica y no impresa el contenido íntegro de los Decretos que contienen los Programas de Desarrollo urbano de las Delegaciones de la Ciudad de México en dicho medio de difusión oficial, constituyen una violación al principio de publicidad de las normas jurídicas estatales, conforme al cual, éstas producen sus efectos legales cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los ciudadanos, quienes tienen el derecho de estar enterados de su contenido para cumplir las obligaciones que establecen, con lo que se busca combatir la arbitrariedad de los gobernantes y salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/123 A (10a.))
CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA. EL INTERÉS JURÍDICO QUE OTORGA EL OFICIO DE ANTERIORIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA, NO OBSTANTE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ADVIERTA, COMO IMPEDIMENTO, LA EXISTENCIA DE UNA MARCA DECLARADA FAMOSA. El interés jurídico que otorga la solicitud de registro de una marca para pedir la caducidad de otra que es similar y le resulta oponible por ser anterior, es suficiente para otorgarle legitimación en relación con dicha solicitud de caducidad, cuando además del registro marcario citado como anterioridad se advierte como impedimento una marca declarada famosa. Lo anterior, en virtud de que la acreditación de la legitimación no está condicionada a que no haya un impedimento como lo es la existencia de una marca famosa, sino que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe resolver si procede o no declarar la caducidad de un registro marcario, cuando quien la solicita acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad; análisis que deberá realizar de manera desvinculada en relación con los diversos impedimentos que se actualicen, como la existencia de una marca famosa, máxime que los procedimientos de caducidad y declaratoria de fama deben estudiarse de forma independiente, a efecto de evitar un círculo vicioso que tuviera como consecuencia no permitir que se eliminaran uno a uno los obstáculos señalados por la autoridad marcaria.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.A. J/124 A (10a.))
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las contiene. Luego, si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago de una contraprestación a un contratista particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos.
(SEGUNDA SALA, Tesis: 2a./J. 14/2018 (10a.))
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN. Esta Primera Sala advierte que el artículo 12 del Convenio de La Haya es una de las piezas fundamentales de dicho instrumento internacional, pues en el mismo se contienen las circunstancias que deben presentarse para determinar en última instancia la restitución inmediata del menor. En este sentido, el mencionado artículo distingue dos hipótesis para la procedencia de la excepción relativa a la integración a un nuevo ambiente: la primera, relativa a que la solicitud de restitución hubiera sido presentada dentro del año siguiente contado a partir de la sustracción; y la segunda, que hubiera sido presentada después de dicho periodo. El establecimiento del mencionado plazo de un año constituye una abstracción que atiende a las dificultades que pueden encontrarse para localizar al menor. Así, la solución finalmente adoptada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, amplía la ejecución de su objetivo primario -la restitución del menor- a un periodo indefinido, pues en cualquier tiempo se deberá restituir al menor, con la condición de que si ha pasado más de un año dicha restitución ya no será inmediata, sino que estará sujeta a un examen de ponderación para determinar la adaptación del menor a su nuevo ambiente. Lo anterior, pues el ideal del Convenio de La Haya es evitar las dilaciones indebidas, las cuales resultan sumamente perjudiciales para el menor involucrado, mediante un mandato de restitución inmediata. Sin embargo, en atención al propio principio de interés superior del menor, los Estados contratantes reconocieron la posibilidad de que si el menor se encuentra durante un largo periodo con el progenitor sustractor -a consideración de la Conferencia de La Haya más de un año-, se deberá determinar qué resulta más benéfico para el menor y evitar que sufra una nueva quiebra en su ambiente familiar que pueda significar un peligro para su correcto desarrollo psicológico. No obstante lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que el mero hecho de que las dilaciones en el procedimiento de restitución provoquen su retraso, por un plazo mayor a un año, no permite a las autoridades del Estado receptor considerar la integración del mismo como una causa para negar la restitución. Ello es así, pues son muchos los casos en los que la actividad procesal de las partes tiene por finalidad justamente la dilación del procedimiento, a fin de poder argumentar la integración del menor; o en los que el sustractor permanece oculto con la finalidad de que transcurra el plazo de un año para legalizar su actuación irregular. Por otra parte, esta Primera Sala observa que los informes explicativos de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado señalan que la intención de los Estados contratantes fue que dicho plazo se contara no hasta que la autoridad judicial o administrativa correspondiente recibiera la solicitud, sino desde el momento mismo de la presentación de la demanda. Lo anterior es así, en tanto que el posible retraso en la acción de las autoridades competentes no debe perjudicar los intereses de las partes amparadas por el Convenio.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 7/2018 (10a.))
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN. Un grupo de excepciones extraordinarias a la regla general de restitución inmediata podemos encontrarlo en el artículo 13 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en donde se establecen las siguientes hipótesis, a saber: (i) si la persona que se opone a la restitución demuestra que la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia o posteriormente aceptó el traslado o retención; (ii) si la persona que se opone a la restitución demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o lo ponga en una situación intolerable; o (iii) si se comprueba que el propio menor se opone a la restitución. Al respecto, se considera importante destacar que, a diferencia de aquella establecida en el artículo 12, estas excepciones no se encuentran sujetas a una condición temporal de ningún tipo, por lo que pueden ser alegadas en cualquier momento del procedimiento de restitución. Sin embargo, al igual que sucede con la causal relativa a la integración al nuevo entorno familiar, esta Primera Sala considera que se trata de excepciones claramente extraordinarias y que la carga de la prueba para demostrar plenamente su actualización recae exclusivamente en quien se opone a la restitución del menor, pues existe una presunción de que el interés superior del menor es protegido mediante la restitución a su lugar de origen.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 6/2018 (10a.))
Prev Presupuesto ordinario de la UMSNH cubrirá únicamente hasta Septiembre

References: artículo 273
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 ARTÍCULO 12
 artículo 12
 ARTÍCULO 13
 artículo 13
 artículo 12