Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/09/30/es-aplicable-el-plazo-decenar-del-prescripcion-a-la-renta-vitalicia-previsional-pactada-en-dolares/
Timestamp: 2020-08-10 08:23:40+00:00

Document:
Es aplicable el plazo decenar del prescripción a la renta vitalicia previsional pactada en dólares – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Correa Graciela c/ SMG Life Cia. Seguros s/ cobro de pesos/ sumas de dinero-ordinario
Cita: MJ-JU-M-87039-AR | MJJ87039
Es aplicable el plazo decenal de prescripción a la renta vitalicia previsional pactada en dólares.
1.-Corresponde rechazar el agravio y confirmar lo decidido respecto al rechazo de la defensa de prescripción, toda vez que tratándose de un reclamo por cumplimiento del contrato de renta vitalicia previsional pactado en dólares estadounidenses, en el que se generaron diferencias por la pesificación a la que fuera sometida, el plazo de prescripción que lo rige es el decenal previsto en el art. 4023 del CCiv., pues se trata de una deuda personal exigible y no de la obtención de la prestación.
2.-Cabe declarar prescriptos los créditos anteriores a los dos años previos a la interposición de la demanda desde que la imprescriptibilidad del derecho al beneficio no se comunica a los haberes que corresponderían al interesado desde el nacimiento del derecho hasta que se presente a reclamar el mismo, porque ellos prescriben en los plazos y condiciones fijados por el artículo 82 , y como cada haber mensual es una obligación distinta, cada uno prescribe con autonomía de los restantes. (Del voto en disidencia de la Dra. Vidal)
Rosario, 4 de abril de 2014.-
Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente n° FRO 93007955/2012, caratulado “CORREA, Graciela c/ SMG LIFE CIA SEGUROS s/ Cobro de Pesos/Sumas de Dinero – Ordinario” (del Juzgado Federal n° 1 de la ciudad de Santa Fe), de los que resulta que:
Vienen los autos a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 77) y por la demandada (fs. 81), contra la resolución n° 105/11, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 8º del decreto 214/02, de las resoluciones 28.592 y 28.924 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y normas concordantes en lo que concierne a la modalidad de renta vitalicia previsional. Hizo lugar a la demanda interpuesta por Graciela Mabel Correa contra SMG Life Cia. de Seguros de Retiro S.A. y condenó a esta que se le abone, desde el momento en que se operó la aplicación de la pesificación de las rentas vitalicias previsionales, el importe calculado entre la suma que resulta de mantener el valor de la prestación calculada en función de la moneda de origen, y la suma efectivamente abonada. A los fines de la determinación de estas diferencias, dispuso mantener el valor originario de la prestación, calculando al último día de cada mes su valor en pesos conforme la cotización del dólar estadounidense, de lo que se deducirá el importe abonado a título de renta vitalicia por cada uno de esos períodos. Condenó a SMG Life Cia. de Seguros de Retiro S.A. a abonar en lo sucesivo a Graciela Mabel Correa el importe de cada uno de los pagos mensuales de la renta vitalicia previsional a la que está obligada a abonar, calculando cada prestación en función del valor original, y convirtiéndolos a pesos argentinos al cambio del último día del mes inmediato anterior al que se efectuara el pago. Impuso las costas por su orden (fs.69/73).
Asimismo, mediante resolución nº 224/11 -a pedido de la actora- se resolvió hacer lugar a la aclaratoria solicitada y en consecuencia la sentencia nº 105/11, se amplía en la parte resolutiva, en cuanto a que corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada, con costas, continuando vigente en todos sus términos (fs. 79 y vta.).
Concedidos los recursos (fs. 79 vta. y 82), se elevan las actuaciones a esta Alzada, ingresando por sorteo informático en esta Sala “B”. Expresados los agravios por la demandada (fs. 95/97) y por la actora (fs. 100/104 y vta.) y no habiéndose contestado los traslados pertinentes, quedan los presentes en condiciones de ser resueltos (fs. 106/107).
1°) La demandada se agravia en cuanto en el fallo no se ha tenido en cuenta que se pagó conforme la ley vigente lo determinaba y la actora percibió los pagos sin cuestionamiento alguno, operándose en consecuencia el efecto cancelatorio, sin que exista prueba alguna de que la accionante hubiera cuestionado en oportunidad de percibir los importes los montos que recibía.
En segundo lugar se queja toda vez que no se hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por su parte, basándose en jurisprudencia genérica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero haciendo una aplicación equívoca de los fallos al caso concreto, puesto que se ha incurrido en confusión desde que no puede confundirse la posibilidad de obtener un beneficio imprescriptible -dice- con su efectivización.
Así, el plazo anual de prescripción indicado (de un año) es el que surge de la Ley de Seguros, artículos 58 y 59, y el mismo corre contra los beneficiarios menores por imperio del art. 3966 del C.C.
Considera que la renta vitalicia previsional es una prestación de la seguridad social, a tenor del art.101 y concordantes de la ley 24.241.
Resalta que no debe confundirse el rescate anticipado de la prima, cuando el contrato se halla en su fase activa con el pago de la renta, ya que no está perfeccionado el contrato de renta vitalicia, pues se trata de un contrato de seguro de retiro en su etapa activa, de acumulación de fondos.
Expone que en el fallo “Benedetti” se asimila la renta a las prestaciones previsionales, por lo tanto, les cabe el plazo bianual propio de estos beneficios; y que las disposiciones legales que determinan el derecho que invoca se encuentran en el art. 58 de la ley de Seguros nº 17.418; art. 14 de la ley 24.241; art. 88 de la ley 18037; art. 724, 1071 y 1198 del C.C.
Remarca que si quien efectiviza un pago quedara expuesto sine die a su cuestionamiento, se produciría la posibilidad de permanente revisión de actos y jamás quedaría firme ninguna contabilidad privada y/o pública, afectándose el derecho de propiedad y deviniendo actos de total arbitrariedad contrarios a la seguridad jurídica.
Cita jurisprudencia en la que se consideró que resulta admisible la aplicación por analogía de la prescripción decenal prevista en el art. 4023 del C.C. sobre los haberes devengados y no cobrados del contrato de renta vitalicia previsional, siendo aplicable la prescripción prevista en el art. 82 de la ley 18.037.
Por último, resalta que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado a favor de la imprescriptibilidad en estos casos, por lo que solicita se revoque la sentencia.
2º) La actora se agravia en cuanto a la imposición de las costas por su orden. Destaca que el sistema procesal se sustenta en el criterio de imponerlas al vencido conforme lo normado en el art.68 del C.Pr.Civ.C.N., y que el segundo párrafo del mismo artículo, establece que el vencido podrá ser eximido “total o parcialmente” de esa carga “siempre que se encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”, situación que no ha acontecido en los presentes.
Así -dice- que la única referencia, insuficiente por cierto para fundar la eximición de costas, la constituye una supuesta “complejidad” de la cuestión debatida a que elude el pronunciamiento en crisis; y que el hecho de que hubiera mediado un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego reiterado en nuevos pronunciamientos sobre esta cuestión, deslegitima la tesitura de la demandada para considerarse con derecho a litigar.
Resalta que la cuestión debatida reconoce como precedente un fallo del Alto Tribunal en la causa “Benedetti, Estela Sara c/ Poder Ejecutivo Nacional” del 16-09-08 y confirmada en la causa “Álvarez, Raquel c/ Siembra Seguros de Retiro”, dictada en marzo de 2009 (antes de la promoción de la demanda), motivo por el cual se determina una previsibilidad y certeza en el resultado del pleito, que resta legitimidad a la demandada y habilita la imposición de las costas.
Por último, expresa, que la actitud dilatoria de la demandada ha provocado un dispendio jurisdiccional innecesario, cuyo final podría preverse sin incertidumbres. Hace reserva del caso federal.
3º) La actora en fecha 13 de agosto de 2009, promovió demanda ordinaria contra SMG Life Compañía de Seguros de Retiro S.A. y Principal Retiro S.A. a fin de que “…se disponga que el pago de las prestaciones de la renta vitalicia previsional oportunamente pactada en su moneda de origen, esto es en dólares estadounidenses.Asimismo postulamos se declare la inconstitucionalidad de las normas que dispusieron la conversión a moneda nacional de las obligaciones pactadas en moneda extranjera para rentas vitalicias de carácter previsional, a saber Decreto 214/02, las Resoluciones del Ministerio de Economía 6/02, 9/02, 18/02, 23/02, las resoluciones 28.592 y 28.924 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y toda norma dictada de conformidad con ellos, como así también de las leyes 25.557 y 25.561, en cuanto imponen en forma forzosa el pago de las prestaciones devengadas en virtud del contrato de renta vitalicia oportunamente suscripto en moneda nacional en lugar de la moneda de origen” (fs. 4/12).
Al exponer los hechos en la referida acción, manifiesta que Héctor Oscar Martín falleció el 19 de febrero de 1998, el que se encontraba adherido al entonces vigente sistema de capitalización como modalidad previsional; y que con motivo del fallecimiento Graciela Correa se convirtió en beneficiaria de la denominada pensión por fallecimiento.
Que, a tenor de lo dispuesto por los arts. 100 y 101 de la ley 24.241, optó por celebrar un contrato de renta vitalicia previsional con la compañía Principal Retiro S.A., que ésta posteriormente a partir del 01/01/05 cedió a SMG Life Compañía de Seguros de Retiro S.A.
Resalta que el contrato fue pactado en dólares estadounidenses, acordándose el pago de una prestación mensual de u$d 293, distribuidos entre u$d 209,29 para la actora, más la suma de u$d 83,71 que percibía a nombre de su hijo por entonces menor de edad Maximiliano Alexis Martín.
Destaca que con el dictado de la ley 25.561, decretos 1570/01 y 214/02 se dispuso la conversión forzosa de obligaciones pactadas en dólares estadounidenses; y con la sanción de la resolución n° 28.592/02 S.S.N., siguientes y concordantes se pesificó la renta vitalicia provisional que percibía a razón de $ 1,40.pesos argentinos por cada dólar estadounidense. Asimismo, manifiesta que las obligaciones relativas a estos contratos de la seguridad social quedaron pesificadas con un factor de valuación equivalente al de las demás obligaciones convenidas en moneda norteamericana, aunque con mecanismo de incremento menos ventajoso que el fijado para los depósitos bancarios en dólares (resolución nº 28.924/02 S.S.N.).
4°) Corresponde en primer término, analizar el agravio vertido por la demandada en relación a la prescripción. Así, sin perjuicio de advertir que existe jurisprudencia dividida en la cuestión a decidir, la que se cita a los fines ilustrativos de la cuestión, habré de optar por aquella que otorgue validez al reclamo, por una cuestión que juzgo más equitativa para la solución de la litis, de estricta naturaleza alimentaria.
Así, se ha dicho -fallos publicados en Lex Doctor- que: “Cabe rechazar la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora a la acción de amparo incoada en reclamo del cumplimiento en la moneda de origen o en moneda de curso legal, según cotización del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios tipo vendedor, más intereses y con detracción de las sumas oportunamente percibidas, del haber previsional mensual correspondiente a la renta vitalicia del actor que fuera pesificado a partir del mes de enero del 2002; toda vez que, las previsiones que contiene la ley de seguros como norma general deben ceder en presencia de la ley 24241, por tratarse del régimen especial que rige la relación jurídica que da base al presente reclamo; ello así, mediante la ley 24241 se instituye el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que establece que las prestaciones que se acuerden por el mencionado SIJP son imprescriptibles, salvo las mencionadas en su art. 17 (Ley 24241: 14-e); este art. 17 se encuentra dentro del título II, que trata del régimen previsional público, y alude, entre otras prestaciones, a la pensión por fallecimiento; de tal manera, la excepción contemplada en la ley 24241:14-e), remite a la ley 18037: 82 (t.o. de 1976), cuyo párrafo tercero establece que “.Prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio.” (C.N.Fed.Civ.Com., Sala I, 6.9.07, “Martínez de Cárdenas, María Virginia y otro c/ Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. s/ proceso de conocimiento”), y en tanto la pretensión fue deducida antes de haber transcurrido los dos años procede el rechazo de la defensa articulada.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “D”, Magistrados Dres. Vassallo, Dieuzeide y Heredia, en autos “Di Benedetto Francisca c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. s/ Amparo”, sentencia n° 20812/04, 11/11/2008).
En el caso de autos, se trata de una “renta vitalicia previsional” (Art. 101 de la ley 24.241), y por tanto, no comprendida en el régimen previsional público.
Además, se ha dicho que: “Cuando, como en el caso, no se trata de una acción estrictamente fundada en un contrato de renta vitalicia sino en la impugnación constitucional de las normas de emergencia económica en la medida que afectaron los efectos derivados del referido contrato, no parece que pueda razonablemente concluirse de otro modo que no sea el de interpretar que los contornos de la acción intentada exorbitan el ámbito de aplicación del art. 58 de la ley de seguros. De allí que, al no haber un precepto legal especial que contemple la prescripción de una acción como la de la especie, no puede más que arribarse a la convicción de que lo más razonable es que se considere aplicable al sub examine el término decenal ordinario de prescripción establecido por los arts. 4023, C.Civ. y 846 C.Com.En sentido concordante, aunque no con idéntico fundamento, otros tribunales han llegado a la misma conclusión, interpretando que en casos como el presente lo que está en juego, en rigor, es una acción in rem verso a la que no le resulta aplicable la L.S. art. 58, sino -ante la falta de un precepto legal que contemple particularmente ese supuesto- el término decenal ordinario anteriormente señalado (ver Lambías, J., “Tratado de derecho civil – Obligaciones”, Buenos Aires, ed. Perrot, 1982, t. IV-B, n° 3044, pág. 402; esta C.N.Com, sala C, 14.11.06, “Moyano Alarcón, Osmar c. PEN s. Amparo”). En consecuencia, ya sea por uno u otro de estos fundamentos, lo cierto es que no corresponde aplicar derechamente el término de un (1) año establecido por el art. 58 L.S.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “A”, Magistrados Dres. Kölliker Frers, Míguez y Uzal, en autos “Pelizza Adriana Delia y otro c/ Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. s/ Ordinario”, causa nº 67806/06, 16/03/2010).
Y finalmente que: “Tratándose de un reclamo por cumplimiento del contrato de renta vitalicia previsional pactado en dólares estadounidenses, en el que se generaron diferencias por la pesificación a la que fuera sometida, el plazo de prescripción que lo rige es el decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil, pues se trata de una deuda personal exigible y no de la obtención de la prestación”. (Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, en autos “Della Rosa Vda. De Froidevaux c/ Nación Seguro de Retiros S.A. s/ Demanda de Cumplimiento Contrato de Renta Vitalicia Previsional y Daños y Perjuicios”; 29/06/2012; publicada en La Ley Online.AR/JUR/44914/2012).
Por todo ello, procede el rechazo de este agravio y la confirmación de la sentencia en este punto.
5º) En relación al agravio vertido en cuanto a que la actora “percibió los pagos sin cuestionamiento alguno, operándose el efecto cancelatorio”, el mismo debe ser desechado, toda vez que conforme al art. 277 del C.Pr.Civ.C.N., el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no expuestos a la decisión del juez de primera instancia.
En este sentido la jurisprudencia que se cita por compartir ha dicho que: “Los argumentos vinculados a la ausencia de reserva frente a los pagos efectuados desde enero de 2002 y la aplicación de la teoría de los actos propios, no fueron propuestos en su oportunidad al juez de grado, lo que obsta su consideración en esta Alzada (arg. Cpr. 277)… Máxime, cuando el pronunciamiento de la C.S.J.N.in re “Cabrera, Gerónimo Rafael y otro c/P.E.N.-ley 25.561, Dtos. 1570/01 y 214/01 s/ amparo sobre ley 25.561″, del 13.7.04, ya había sido dictado al momento en que la entidad aseguradora contestó la demanda…”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, en autos “Gómez, Blanca Beatriz y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro”; 30/09/2010; publicado en La ley on line. Cita online: AR/JUR/65071/2010). Repárese que en el presente caso, la demanda fue contestada el 23/12/09 (fs. 31/40 y vta.), por lo que no procede la recepción del agravio en cuestión.
6º) Por todo cuanto antecede, concordando -en su parte pertinente- con el criterio expuesto en los Acuerdos n° 774/11 de esta Sala “B” (dictado en expte. n° 6522 “Donnet, Lucía Isabel c/ Nación Retiro y E.N. s/ Ordinario”), y nº 38/14 (expte.nº 93008674/2012, “Augsburger, Elcira c/ Estado Nacional y/o HSBC s/ Cobro de Pesos” propicio se confirme la sentencia apelada, en lo que ha sido materia de recurso.
7º) En lo relativo a las costas, que ha sido motivo de agravio por la actora, conforme al criterio expuesto en el voto del suscripto en los Acuerdos n° 268/09-Civil/Def., expte. n° 05376-C “TREVIÑO, Susana Beatriz c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ Ordinario”, y nº 411/13-Civil/Int., expte. nº FRO 93008895-2012, “Pieza Separada en autos ‘MAGNANI, Silvia c/ Consolidar Cia. de Seguros s/ Emergencia Económica’”, propicio revocar parcialmente la sentencia recurrida, imponiéndose las costas a la aseguradora vencida, extensivo ello a la segunda instancia (principio general del Art. 68 del C.Pr.Civ.C.N.). Así voto.
1º) Disiento con la solución propuesta por el Dr. Bello por cuanto considero que corresponde la aplicación de la ley 18.037 (art. 82) que establece la prescripción de los créditos anteriores a los dos años previos a la interposición de la demanda.
Ello así por cuanto tengo presente los conceptos vertidos por la CSJN en autos “Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 – dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo” de fecha 16/09/2008, que destaco “7º)…el contrato de renta vitalicia tiene una finalidad previsional que otorga al beneficiario un derecho de crédito que debe ser integral porque participa de los principios de la seguridad social.En consecuencia, para la decisión de las cuestiones que se susciten en torno a este vínculo, no pueden desconocerse los objetos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”.
Así como “8º)…la inteligencia de las previsiones constitucionales que conciernen a la solución del caso y los principios proteccionistas analizados, en consonancia con el examen realizado respecto de la naturaleza del vínculo, permiten concluir que se está frente a una modalidad de prestación de un beneficio de la seguridad social”.
Este encuadre jurídico es el que determina en mi criterio, que deban aplicarse al caso las normas correspondientes al régimen previsional y no la específica prescripción que para los seguros en general prevé la ley 17.418
Vale aclarar que si bien la CSJN en su considerando 7º, 2do. párrafo del fallo antes citado dijo “En tal sentido, parece necesario recordar que la renta referida resulta alcanzada por los caracteres que el legislador le ha asignado a las prestaciones que se acuerden en cumplimiento de la ley 24.241, en cuanto son personalísimas, no pueden ser enajenadas y son inembargables e imprescriptibles. Para reforzar esta finalidad tuitiva, fue previsto que todo acto jurídico que la contraríe será nulo y sin valor alguno (conf. art. 14 ley cit.)” ello refuerza lo dicho anteriormente y no significa que estemos en presencia de una regulación que excepcione las específicas normas que establece la ley 18.037 sobre la prescripción, haciendo los créditos reclamados imprescriptibles.
Ahora bien, por aplicación de los artículos 156 y 168 de la Ley 24.441, rige en los presentes el artículo 82 de la Ley 18.037 (actualizada por Resolución Nº 522). Ante la casi total derogación que de los artículos de esta ley efectúa el art.168 de la ley 24.241, los únicos artículos compatibles con el SIJP, como señalan Roberto A Bianchi y Rodolfo Capón Filas, son el 80, 81 y 82 y los modificados por el artículo 158 (véanse autores citados en “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, Comentario de la ley 24.241 y normas complementarias, Editorial Zavalia, pág 439).
El artículo 82 1° párrafo dispone: “Es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, cualquiera fuera su naturaleza y titular”.
Por ello, como señala Enrique Oliva, “…el transcurso del tiempo no podrá extinguir la acción tendiente a reclamar un derecho jubilatorio o de pensión por parte de quien le correspondie re dicho derecho. Es decir que no importa cuánto tiempo pasó desde el nacimiento del derecho (en el caso de beneficios jubilatorios, una vez cumplidos los requisitos que la ley establece para su otorgamiento; en la pensión, al momento del fallecimiento del causante con derecho jubilatorio) ya que el beneficiario puede en cualquier momento reclamarlo.”
Empero, como señala el autor citado, esta imprescriptibilidad del derecho al beneficio no se comunica a los haberes que corresponderían al interesado desde el nacimiento del derecho hasta que se presente a reclamar el mismo porque ellos prescriben en los plazos y condiciones fijados por el artículo 82.
Como cada haber mensual es una obligación distinta, cada uno prescribe con autonomía de los restantes.
En igual sentido la CSJN dispuso “…el art. 14 bis de la Constitución Nacional asigna el carácter de integral e irrenunciable a los beneficios de la seguridad social y las leyes de fondo lo declaran derecho imprescriptible (1° párrafo del art. 82 citado), pero distinto es el tratamiento que corresponde otorgar al contenido económico de las prestaciones, según lo ha establecido esta Corte en conocidos precedentes (Fallos: 310:1754 y 311:2615, entre muchos otros)”. (Fallos 323:2634).
El mismo criterio es el seguido por la Cámara de Seguridad Social, Sala II en autos “Gayoso, Julio César c/ PEN, Min.de Economía y Otros s/ Amparo-Sumarísimo” del 30/05/2011 donde resolvió conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 18.037 y dispuso la inadmisibilidad de la aplicación por analogía de la prescripción decenal prevista en el artículo 4023 del Código Civil.
Por tanto, corresponde declarar prescriptos los créditos anteriores a los dos años previos a la interposición de la demanda.
2º) Respecto al agravio tratado en el considerando 5º del voto del vocal preopinante adhiero al fundamento allí propuesto en cuanto resolvió aplicar el art. 277 del C.P.C.C.N.
3º) En cuanto a las costas de primera instancia corresponde revocar parcialmente la sentencia recurrida, imponiéndose las costas a la demandada conforme el criterio ya resuelto en Acuerdos n° 268/09-Civil/Def. “TREVIÑO, Susana Beatriz c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ Ordinario” expte. n° 05376-C, y nº 411/13-Civil/Int., “Pieza Separada en autos ‘MAGNANI, Silvia c/ Consolidar Cia. de Seguros s/ Emergencia Económica” expte. nº FRO 93008895-2012 en los que tuve presente que la demanda al haber sido presentada con posterioridad al precedente de la C.S.J.N. “Bendetti, Estela Sara c/ PEN Ley 25.561 s/ Amparo Ley 16.986”, del 16/09/2008 que se aplicó para resolver la cuestión planteada, y que fue, expresamente invocado por la actora, no existían motivos para eximir de costas al perdidoso, como sucede en autos; en tanto a las costas de esta instancia y en virtud de las diversas opiniones que se suscitan respecto de la cuestión traída en apelación y el resultado que la suscripta propone, corresponde distribuirlas por su orden. Así voto.
Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Bello en tanto considera que debe confirmarse la sentencia recurrida nº 105/11 (fs.69/73), excepto en lo relativo a la imposición de costas, lo que propicio que sean impuestas en el orden causado en ambas instancias.
Ello así, por cuanto atento a la naturaleza de la cuestión debatida (pesificación de un contrato de seguro de renta vitalicia previsional), sostengo que en este tipo de controversia, en las que se discuten cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de las leyes denominadas “de emergencia económica y financiera”, las costas deber ser soportadas por su orden (conforme votos del suscripto en disidencia en Acuerdos Nº 179/11- Def. y Nº 411/13-Int.).
I) Confirmar parcialmente la sentencia recurrida n° 105/11, revocando la imposición de costas las que se impondrán a la demandada vencida. II) Imponer las costas de la Alzada por su orden. III) Regular los honorarios de los profesionales actuantes ante la alzada en el 25% de lo que respectivamente se le fije en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 93007955/2012).-
Fdo.: Elida Vidal (en disidencia)
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