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Timestamp: 2020-05-27 00:59:21+00:00

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Eficacia, eficiencia y Administración de Justicia - Hay Derecho
Eficacia, eficiencia y Administración de Justicia
11 febrero, 2020 /9 Comentarios/en Blog /por Antonio Rodríguez Castilla
Hace unos días participaba en una tertulia de Radio Córdoba sobre la situación de la justicia en mi provincia. Cuando el moderador me preguntó qué le pedía a los políticos para solucionar el colapso de la justicia, se quedó algo sorprendido de mi respuesta. Le dije que a los políticos les pedía ideas. Esa situación me hizo recordar un hilo que unas semanas antes había escrito en Twitter y cuyas ideas ahora retomo para desarrollar este artículo.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial en su documento La justicia dato a dato, 2018 ([1]), durante ese año el número de asuntos ingresados por juzgados y tribunales en España ascendió 5.993.828. Teniendo en cuenta el número de jueces y magistrados referidos en el mismo informe, a cada uno de quienes integramos la carrera judicial nos correspondió en la anualidad analizada una media de algo más de mil asuntos por toga. ¿Es esa carga de trabajo la causa de los problemas de la justicia en España?
Para tener un criterio con el que dar respuesta a la pregunta me asomé al Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea 2019, publicado por la Comisión Europea en abril del pasado año ([2]). El citado informe hace un análisis de esa eficacia de la justicia en los distintos países de la UE, considerando esta eficacia judicial como un instrumento de los Estados para crear “un entorno favorable para la inversión, las empresas y los ciudadanos”. Lo demuestra con datos estadísticos: el dinero acude donde hay seguridad y eficacia judicial. El informe de la Comisión Europea afirma que un sistema eficaz no puede prescindir de la independencia, la calidad y la eficiencia.
La ineficacia del sistema judicial español queda claramente reflejada en varios datos del mencionado cuadro. En la tasa de resolución nos encontramos en el puesto 25º de 27, resolviendo en la serie histórica menos asuntos de los que entran. Donde claramente fallamos es en el tiempo de respuesta en las tres instancias. Según los datos aportados, estamos los terceros por la cola, con más de 200 días de media para resolver sólo en primera instancia civil y mercantil.
No voy a detenerme en datos de independencia judicial y calidad y me centraré en la eficiencia del sistema judicial español como factor de eficacia. Siempre se ha planteado que nuestros malos datos no son un problema de eficiencia, sino de falta de medios personales en la administración de justicia. Veámoslo: la Comisión Europea refleja que no estamos tan mal situados en el cuadro de número de asuntos entrantes en primera instancia (civil, mercantil, administrativo y otros); con menos de 5 asuntos/100 habitantes, ocupamos el puesto 9º, teniendo a 18 países por detrás. En asuntos pendientes estamos en la mitad de la tabla con 3 asuntos en primera instancia por cada 100 habitantes. Si no hay de media más asuntos por habitante, puede ser que el problema esté en que existen menos jueces por habitante. Efectivamente, España, con 12 jueces por cada 100.000 habitantes ocupa el furgón de cola en la posición 22ª de 28 países. La falta de jueces en España es un punto de partida para analizar los problemas de la justicia en España.
¿Ya está? ¿Aumentando el número de jueces se acabarían los problemas en el sistema judicial español? ¿El problema para aumentar la planta judicial es la falta de presupuesto? Puede ser que el desequilibrio jueces/habitante no sea más que un reflejo de la falta de eficiencia presupuestaria; que el problema no sea gastar más, sino gastar mejor. Si analizamos en el cuadro antes mencionado el gasto en justicia por habitante y el porcentaje del PIB en justicia, resulta que España está en el tramo de los países que más invierten en justicia; ambos indicadores nos sitúan respectivamente en la posición 12ª y 10ª de un total de 28, gastando más por habitante que países más ricos de nuestro entorno.
Claramente no sólo es gastar más, es gastar mejor, y para ello me remito a los trabajos del magistrado sevillano Francisco Gutiérrez ([3]), que entre otros datos fija en un 12,2% el gasto en jueces del total de gasto en la Administración de Justicia en España, El de fiscales el 5,5% y el de funcionarios el 51,0%. Por tanto, el problema de eficiencia presupuestaria existe.
Seguidamente toca hablar de eficiencia organizativa: la estructura de la administración de justicia española en juzgados y tribunales resulta rígida y costosa. La planta judicial sólo se puede ampliar en primera instancia con la creación de juzgados, sin poder analizar si el cuello de botella que provoca el colapso está en la admisión, en la tramitación, en la resolución o en la ejecución de asuntos. Frente a ello, la organización por tribunales de instancia permite “engordar” o “adelgazar” la estructura de la justicia allí donde es exclusivamente necesario y con un menor coste. Un ejemplo: por distintas razones un juzgado resuelve 500 asuntos al año y otro homólogo de su mismo partido judicial resuelve 450 asuntos. Ambos están servidos por el mismo personal, sin posibilidad de reforzar el más productivo o ajustar a su verdadera necesidad de recursos humanos en el que menos sentencias se dictan. Esta situación sería impensable en el sector empresarial.
Los jueces somos recelosos a los tribunales de instancia. Sabemos que los políticos pueden tener la tentación de aprovechar esta necesidad para pegarle un nuevo tajo a la independencia judicial, alterando el reparto y conocimiento de asuntos y despojando a quienes formamos parte de la carrera judicial de uno los últimos reductos de democracia: la elección de los decanos. Si la torpeza legislativa pretende aprovechar esta carestía para conseguir el control de la justicia, no ya en su cúpula, sino también en sus bases, encontrará enfrente a la mayoría del colectivo. Yo lo tengo claro: prefiero una justicia lenta a una justicia politizada. La primera llega tarde, pero llega. La segunda no es justicia.
Hecha una breve referencia al argumento económico y organizativo, me voy a detener en el verdadero motivo inspirador de este artículo. Considero que una fórmula eficaz y poco explorada para reducir el colapso de juzgados y tribunales es la de establecer en el proceso judicial elementos de eficiencia en la gestión de los procedimientos, que sin cercenar el derecho de defensa, permitan alcanzar la resolución del conflicto judicial reduciendo los recursos necesarios y el tiempo de espera. Esta posibilidad no es creación mía; el tan citado Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea 2019 hace un análisis de las iniciativas legislativas de los distintos países de la UE encaminadas a mejorar la eficiencia de los sistemas judiciales y cómo han mejorado la respuesta judicial reformas legislativas en materias como el estatuto de los jueces, las reformas en el ámbito de los profesionales del derecho, el desarrollo de las TIC, la asistencia jurídica gratuita o las medidas para optimizar los mapas judiciales.
¿Y en el proceso? ¿Nuestras leyes procesales son eficientes? ¿Se legisla pensando en procedimientos que permitan, no sólo la mejor respuesta, sino la respuesta más rápida? Considero que no. Nuestras leyes procesales se han pensado para tramitar caso por caso, y no para gestionar de manera racional los centenares, miles de casos que año a año entran en un juzgado o tribunal. Nadie se ha preocupado de poner orden en las montañas de papeles y el único criterio de gestión es el cronológico: se resuelve por orden de entrada.
Las leyes procesales tienen que buscar la eficiencia en el procedimiento mediante tres fórmulas: no alargar innecesariamente los procedimientos, facilitar la tramitación y decidir el mayor número de conflictos con el menor número resoluciones posibles.
Las leyes procesales tienen que incluir preceptos que permitan hacer eficientes los procesos y su concreción en el procedimiento judicial. Sobre este presupuesto a bien seguro que surgen muchas ideas en las distintas jurisdicciones. Yo me voy a centrar en lo que conozco. Trabajo en un juzgado de lo social (primera instancia laboral, diría un anglosajón). Esta jurisdicción tiene como característica la existencia de múltiples reclamaciones repetidas. Cuando varios/muchos trabajadores de una empresa tienen un problema con su empleador, de manera habitual formulan cada uno su reclamación, que se ve turnada al juzgado correspondiente para su tramitación. El por qué se presentan de manera individual no me corresponde analizarlo a mí, pero sí es una realidad que esta jurisdicción se ve inundada de casos repetidos que dan lugar a trámites, juicios, sentencias y recursos repetidos, hasta que con suerte, en 4 o 5 años, el Tribunal Supremo resuelva unificando criterios. Esta realidad no sólo es de esta jurisdicción. Situaciones parecidas se dan por los mismos motivos en materia de personal en la jurisdicción contencioso administrativa y también se repiten casos en la jurisdicción civil en materias como la de consumidores.
Esta situación se puede reconducir. No hablo de impedir el acceso a la justicia de miles de reclamaciones, sino potenciar fórmulas legislativas que favorezcan una eficiencia en la tramitación en busca de una justicia menos lenta y más eficaz. Lanzo las siguientes propuestas, algunas de las cuales serían exportables más allá de los juzgados de lo social:
Acumulación de procesos. Las demandas repetidas se reparten entre los juzgados de un mismo partido judicial, unidades que carecen de conexión y comunicación entre ellas. El art. 28.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) no resulta suficiente, pues solo prevé la gestión de la acumulación de demandas de un mismo juzgado. La acumulación de asuntos es algo que podría tramitarse desde decanato, donde se conocen todos los asuntos presentados y su posible coincidencia. No es ajeno a esta jurisdicción, algo parecido existe en el art. 25.5 de la LRJS.
Extensión de efectos. La figura jurídica de la extensión de efectos prevista en el art. 110 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1988 tiene perfecto encaje en el proceso laboral. Provocar que unos mismos hechos puedan acceder directamente a la vía ejecutiva previo control judicial, sin necesidad de someterlo a un largo procedimiento declarativo.
Conflictos colectivos. Esta figura procesal, prevista en nuestro texto adjetivo, es una de las más desaprovechadas. En la realidad que conozco y en todas las jurisdicciones se huye de la acción colectiva. El mejor ejemplo es el trabajo que le está costando a la Unión Europea sacar su directiva sobre el particular en materia de consumidores. Lean sobre las acciones colectivas el artículo del fiscal Fernando Santos Urbaneja ([4]).En el proceso laboral jamás he visto un conflicto colectivo planteado por un empresario o administración empleadora para evitar los cientos/miles de reclamaciones idénticas. Por distintos motivos las partes pueden no tener interés en esta figura. La posibilidad de que fuera la autoridad judicial la que abocara a conflicto colectivo está por explorar.
Cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial ante el TJUE ha permitido resolver de manera rápida y clara una serie de conflictos que de lo contrario hubieran provocado un sinfín de reclamaciones en todos los órganos judiciales del Estado. Los jueces españoles en esto somos muy europeos, recurriendo con frecuencia a esta figura que evita el peregrinaje procesal por las distintas instancias judiciales. El éxito de este instrumento nos debe llevar a plantear la posibilidad de “importarlo” para nuestro Tribunal Supremo, adaptando todas las leyes procesales para facilitar esta posibilidad.
Prejudicialidad social. Más allá de la litispendencia, el art. 86.4 de la LRJS deja a la voluntad de las partes en el proceso la posibilidad de suspender una reclamación por estar tramitándose otra con el mismo objeto. El protagonismo de las partes es necesario, pero no tiene justificación la exclusión de la decisión de oficio por parte del tribunal. Como sostengo en este artículo, además de los intereses de las partes, debe establecerse criterios de decisión basados en la eficiencia del trámite. Es más eficiente conseguir antes una sentencia firme que colapsar el sistema con múltiples sentencias definitivas susceptibles de recurso. Esta posibilidad ya existe en el art. 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Preparación de prueba y diligenciamiento. España tiene más funcionarios por juez que la media europea. Esta realidad no es reprochable al colectivo funcionarial, sino a un sistema que carga en la administración de justicia trámites que no son necesariamente propios del órgano enjuiciador. Las oficinas judiciales ocupan buena parte de tiempo y actividad en facilitar el acceso a la prueba de las partes. La decisión jurisdiccional se debe ceñir a la admisibilidad de la prueba atendiendo a su legalidad, necesidad y utilidad. Una vez tomada la decisión, el LAJ, atendiendo a la disponibilidad y facilidad de la prueba a preparar, debería de tener la posibilidad de encomendar su diligenciamiento a la parte proponente, reformando así el art. 167 de la LEC. De la misma forma el art. 140 de la LEC debería extender su ámbito a todos la documentación que la parte interesada puede acceder sin necesidad del auxilio de los tribunales.
Siempre que se habla de costas en el proceso laboral sale el contra-argumento de la indefensión de los trabajadores. Mi experiencia me hace pensar todo lo contrario. Los abusos del proceso pueden estar en las dos parte y la inexistencia de costas por vencimiento facilitan mantener oposiciones sin fundamento. Cuando el único coste del litigio es una iguala previamente pactada o el trabajo de los letrados de plantilla, no hay razón para no litigar. No hago reproche alguno a estos colectivos, son las víctimas de un sistema que ataca la dignidad de su trabajo. Mantener litigios sin coste aumenta la litigiosidad y con ello el retraso en la respuesta, situación que de nuevo sólo beneficia al hipotético deudor. Hay que plantear las costas por vencimiento en esta jurisdicción, permitiendo introducir excepciones como la razonabilidad del conflicto o la limitación para trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.
Seguro que algunas de las ideas expuestas necesitan una revisión y que existen propuestas más acertadas que las relacionadas. Pero no he visto en mis años de trabajo una reforma procesal que tenga el interés de buscar la eficiencia en el procedimiento. Todo lo contrario. El último ejemplo está en el Reglamento 2/2018 de retribuciones variables por objetivos en la carrera judicial. Dar la importancia al número de sentencias a dictar, por encima de su calidad, envilece la actividad jurisdiccional por dos causas: no dedicar a cada conflicto el tiempo que necesita para su resolución y multiplicar artificiosamente los juicios a celebrar y las sentencias a dictar. Lejos de favorecer la eficacia, sumerge al juez en un mar de tentaciones.
[1] Web del CGPJ. Enlace del documento: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Justicia-Dato-a-Dato/
[2] Web del CGPJ. Enlace del documento: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Aspectos-internacionales/Informes-Organismos-Extranjeros/Comision-Europea—Cuadro-indicadores-de-la-Justicia-en-la-Union-Europea/
[3] Francisco Gutiérrez López, Cómo y en qué se gasta el presupuesto de la administración de justicia en España. IX Conferencia anual de la Asociación Española de Derecho y Economía. Universidad de Lleida. Junio 2018. Gasto y funcionamiento de la administración de justicia en España de 2004 a 2016. Consejo General del Poder Judicial. Junio 2019.
[4] CONFILEGAL. Enlace del artículo: https://confilegal.com/20200127-el-ejecutivo-deberia-aprobar-una-ley-que-regule-las-demandas-colectivas-segun-el-fiscal-de-consumo-en-andalucia/
https://i2.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2020/01/neoattack-HD.jpg?fit=700%2C374&ssl=1 374 700 Antonio Rodríguez Castilla https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Antonio Rodríguez Castilla2020-02-11 00:12:542020-02-11 08:01:35Eficacia, eficiencia y Administración de Justicia
11 febrero, 2020 en 13:59
Me parece un artículo muy interesante, que además podría dar pie a abrir en este foro una “tormenta de ideas” (perdón por la cursilada, es que creo que en inglés lo llaman “thinking storm” o algo por el estilo) en torno a las medidas a adoptar para racionalizar y agilizar la administración de Justicia (administración con minúscula: estamos hablando del día a día, de las medidas concretas para reducir la litigiosidad y permitir la resolución de conflictos de manera ágil, dinámica e incluso -a poder ser- sin necesidad de dictar sentencia).
Es increíble, pero da la impresión de que, pese a las grandilocuentes palabras, nadie piensa concretamente en esto.
(Por cierto, me parece que no viene el nombre del autor del artículo. Me gustaría saberlo.)
Efectivamente, es hablar de cosas concretas, no de proclamas políticas.
El nombre del autor viene debajo del título: https://hayderecho.expansion.com/author/antoniorodriguezcastilla/
Hace unos días, con el título de “El desgaste de la justicia” se publicaba otro “post” que iba en la misma línea: la preocupación por la deriva que parece tomar el poder judicial, controlado más o menos directamente por los gobiernos de turno. La última garantía de los ciudadanos frente a los abusos, delitos y corrupciones imperantes, se está desmoronando como un castillo de naipes.
Hemos pasado de una cierta prevención respetuosa a la hora de litigar a un exceso de litigiosidad (tal como señala el comentario de Lucía), al igual que en el mundo de la sanidad hemos pasado de las muy útiles casas de socorro al bloqueo hospitalario.
Algo no estamos haciendo bien cuando en lugar de mejorar, empeoramos. Quizás la adopción de un modelo de pais donde los abogados se ofrecen en el propio aeropuerto, donde el exceso de profesionales y casos, se ha convertido en un brillante negocio, donde los jueces están obligados a un exceso de resolución de casos donde al final, muchas veces, hay que recurrir a resoluciones genéricas que impiden una verdadera atención al caso y sus circunstancias.
Todo esto ya estaba en los comentarios del “post” anterior. Desde la “politización” (contaminación ideológica) de las sentencias a las puertas giratorias o los sistemas de promoción interna.
¿Que se puede hacer? Desde luego no limitarse a ir tapando agujeros en asuntos menores de simple trámite, sino en afrontar de una vez por todas los orígenes de tal situación, donde el exceso de ordenamiento jurídico no es cuestión menor, tampoco el rango jerárquico y la subordinación de unas normas a otras (empezando por la propia Constitución), tampoco la técnica jurídica defectuosa en la redacción de los textos que, al final, son imposibles de conocer y fáciles de retorcer o, en la practica, la inexistencia de una verdadera tutela judicial si no hay dinero para mantener litigios.
La mayor parte de los problemas surgen de las propias normas, de su rango caótico y de un ordenamiento donde las directivas de la UE, los convenios internacionales ratificados y no traspuestos en su integridad o las sentencias de tribunales especiales, se mezclan con todo lo que pueden producir (para su justificación) las autonomías, diputaciones y municipios, cuyas competencias se solapan, se duplican y van asfixiando la escasa libertad que aún nos queda como sociedad. Si algo se ha vuelto líquido e interpretable a conveniencia es la justicia y el estado de Derecho en que se sustenta. Pero lo líquido acaba por irse por el desagüe.
El panorama que se presenta desde luego no es para aplaudir, con acomodo de las leyes a los intereses políticos del momento (ahora dicen que van a “formar” a los jueces sobre las nuevas ideologías), a los caprichos personales de cualquier iluminado y a la inseguridad jurídica más absoluta. Ha llegado la “era de la incertidumbre” de Galbraith cuya bandera es la globalización o, dicho de otra forma, el poder mundial….
No, no se trata sólo de legajos amontonados o de falta de recursos para investigar y de tiempo para estudiar. Es la aplicación práctica de la doctrina del “caos” también en el mundo de la Justicia, de la derrota sutil de lo que entendíamos por democracia y la implantación de sistemas autocráticos o totalitarios.
12 febrero, 2020 en 13:15
De mi “Propuesta para una democracia eficiente”
.. es fundamental que el Estado racionalice sus costos para que la atención de los ciudadanos cuente con la máxima financiación.
Es lógico que los responsable políticos, una vez instalados, sientan la preocupación de lograr su permanencia. Un modo de ampliar el número de votantes es el de utilizar los ingresos de todos de una manera partidista, con el objeto de asegurarse su reelección.
Esta fase es especialmente peligrosa para la población, porque reduce el flujo de recursos que van destinados a financiar el Estado de bienestar y porque, al favorecer el control de la información, contribuye a ocultar la malversación de los ingresos públicos y la incompetencia del gestor político,
.. el incremento de la presión fiscal quedará reducido , sin que nunca vean los ciudadanos recompensa para su esfuerzo fiscal.
Como.. una administración competente, el Estado tiene la obligación de lograr una profesionalización de la función publica de manera que, a través de procedimientos de incentivación , se encuentren los funcionarios mejores en los puestos de mayor responsabilidad y la prestación de obras y servicios públicos en manos de las empresas mas competitivas en precio y de mayor calidad.
Es de gran rentabilidad el que el Estado utilice cuantas técnicas de gestión mejoren las prestaciones sociales y reduzcan el coste de las mismas. Serian practicas contrarias, por ejemplo, las adjudicaciones politizadas de obras y servicios inferiores en calidad (o precio) a sus alternativas, ..y de la función pública a favor de funcionarios afines. En ambos casos se produciría un fraude a la Sociedad.
.. es fundamental la competencia del gestor público, la calidad técnica de su equipo y la elaboración de un programa serio y solvente, dirigido al bien común y no a ganar las elecciones
14 febrero, 2020 en 13:27
Artículos como este son necesarios si queremos conseguir el nivel de cultura política y de exigencia de los ciudadanos de las democracias plenas
En el Circulo de Economía y hace más de 25 años, Fabián Estapé nos recordaba la necesidad de controlar el gasto y la gestión pública “porque sino acabaremos pagando como los suecos y teniendo servicios como Marruecos”
En La Vanguardia Lars Trägårdh, lo explica a Lluís Amiguet
“Suecia no es nada socialista; al contrario: es una de las economías de libre mercado más abiertas y competitivas del mundo. Somos, sobre todo, grandes exportadores y eso exige que cada sueco contribuya a la eficiencia común.
. El cimiento de nuestra cohesión no es tanto la solidaridad como la convicción de que todos –incluidos escolares y jubilados– deben contribuir a la prosperidad del país. No hay individuo más despreciado por un sueco que otro sueco que se escaquee de trabajar, pagar impuestos o cumplir la ley.
no tenemos tradición igualitaria. Somos ferozmente individualistas en nuestra visión luterana de la existencia. Despreciamos la caridad: nada de Cáritas en Suecia. Ni limosnas. Es el núcleo de nuestro Estado moderno.
No somos caritativos. La idea luterana es que cada uno debe levantarse pronto, pasarse un peine e ir a trabajar”.
14 febrero, 2020 en 15:03
Como ciudadano de a pie considero que la justicia se asemeja a los procedimientos kafkianos. La justicia se administra pero no se imparte. Es un proceso que gira en terceras personas que no tienen interés en el proceso (abogados y procuradores).
Es un insulto a la inteligencia que los interesados no puedan hablar por sí mismos o que lo hagan como testigos.
En España no existe la democracia porque hay un sufragio indirecto y no hay separación de funciones. De la misma forma, no hay justifcia porque es una justicia indirecta en el que las partes no pueden hablar con voz propia.
La única utilidad que veo en la justicia es poder fastidiar a alguien con un pleito.
14 febrero, 2020 en 17:46
Estoy bastante de acuerdo con el comentario de José Antonio. Una justicia donde los justiciables parecen ser entes abstractos ajenos a los procesos, deja bastante que desear.
Interpretar tal cuestión como “tutela judicial efectiva”(como supongo que hacen) es querer trasladar la acción de juzgar (impartir justicia) a otros (abogados, peritos, fiscales, etc.) y por lo tanto trasladar la responsabilidad de decisión a los agentes.
Es más, creo que debería existir la opción de actuar libre y directamente ante los tribunales (si así se considera oportuno) por parte de los sujetos. Imponerles representación letrada es ya una forma de castigo muchas veces.
14 febrero, 2020 en 23:21
Me quedo bastante sorprendido de que el principio de defensa se vea, desde la posibilidad de la intervención directa del justiciable. Esa idea es poco adecuada, por cuanto un proceso que se basara en ese principio dañaria las posibilidades de los menos hábiles frente a los más. Existe, por otro lado, una participación del justiciable, claro que si, debidamente encauzada y que ampara a la parte. Y ya, no hablemos del caos que supondria, que los procesos fueran a iniciativa de la participación del ciudadano de turno. Los jueces tendrían que dedicar todo su tiempo a saber lo que cada uno quiere, y porque lo quiere y como demuestra su razón. Un dislate total. La rapidez debe venir, creo yo, de que los jueces utilicen más y mejor las nuevas tecnologías. De que se les dote de auxilios, peritos o técnicos, ágiles. De que se especialicen, de modo que manejen con facilidad y soltura su campo de actuación. Y es importante, que la reivindicacion de los derechos, a veces litigiosidad, que es fruto de la propia evolución del ser mas culto y complicado, y de la riqueza del país, abra camino a soluciones alternativas como el arbitraje, la transacción o la mediación.
Hablemos sin tapujos de las triquiñuelas de los abogados.
Salvo que seas una empresa, ningún abogado traslada los escritos que va a presentar a sus representados. Nunca se sabe muy bien cuáles son los argumentos que ha presentado.
De nuevo se constata que el jurista piensa que la gente es idiota. ¿Cómo van a ir solos a juicio si no tienen ni idea?
Los jueces están “lejos”, subidos en un atril, meditando en su despacho el qué hacer con las cosas….
El contraste de pareceres de un juicio es infumable.
Repito que el mayor castigo para un particular es la justicia en sí misma.
Los enredos del Ministro Abalos ¿por cuenta propia o por cuenta ajena? Fronteras abiertas (o si existe un derecho fundamental a inmigrar)

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