Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-320.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-07 00:53:06+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 320, de 20/09/2017
cve: DSCD-12-CO-320
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 320
Sesión núm. 14
- Relativa a la puesta en marcha de un plan de erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001530) ... (Página2)
- Relativa a mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001605) ... (Página6)
- Sobre la promoción del consumo de productos pesqueros. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001619) ... (Página9)
- Relativa a eliminar "la venta a resultas". Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002124) ... (Página12)
- Sobre medidas en el sector agro-ganadero para combatir la despoblación rural en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002186) ... (Página15)
- Relativa a elaborar un plan nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002227) ... (Página18)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, damos comienzo a la sesión número 14 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, convocada para el día de hoy al finalizar el Pleno para el debate y votación de las proposiciones no de ley que obran en poder de todas sus señorías. (El señor Gómez-Reino Varela pide la palabra). ¿Sí, señor diputado?
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Señor presidente, señores diputados, buenos días.
Como hemos comunicado previamente, dada la situación anómala que vivimos, en la que desde nuestro punto de vista se están poniendo en riesgo las libertades civiles y las garantías democráticas, sobre todo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones del Estado, y además en un contexto en el que los compañeros de los grupos políticos catalanes han abandonado la Cámara y por tanto no se encuentran presentes en esta Comisión, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos trasladado a los portavoces la solicitud de que no se celebre esta sesión y que se debe aplazar la actividad parlamentaria de la Comisión hasta que se normalice la situación o por lo menos veamos una vía abierta al diálogo y a la normalización política, que ahora mismo entendemos que no se da.
El señor PRESIDENTE: Como he comentado antes, este Parlamento no se va a cerrar, como se han cerrado otros, por tanto, como comprenderá, esta Presidencia se opone a la solicitud que formula su grupo. Cuanto se habla de grupos catalanes, yo quiero hacer siempre una simple significación, y es que muchos catalanes estamos en otros grupos políticos, la diferencia es que también nos sentimos españoles. ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa). Tiene la palabra, por parte de Ciudadanos, el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Creo que lo dijimos ayer bien claro; nosotros estamos por las instituciones, no estamos junto a aquellos que se saltan la ley, por tanto, vamos a hacer lo que nos han pedido los ciudadanos, que es trabajar y seguir con nuestra labor de diputados, que consiste en seguir luchando por el bienestar de los mismos, da igual de donde sean; de Cataluña o del resto del país. Así que, por nuestra parte, le pediría al señor presidente que siguiéramos con la sesión.
La decisión ya está tomada (Risas), pero le agradezco que comparta el criterio de esta Presidencia.
Señor González, por el Grupo Socialista.
Aunque no sería necesario que interviniera en esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como dicen en mi tierra y en la vuestra, no confundamos las churras y las merinas, porque tenemos una obligación. Hoy nos están viendo agricultores y ganaderos, vamos a debatir temas de plantaciones de viñedo, de enfermedades y cuestiones relativas al sector de la pesca y creo que estamos en la obligación de realizar nuestro trabajo, y el hecho de que alguien no esté aquí, sencillamente obedecerá a una decisión personal. Por tanto, que quede clara la manifestación contundente de este Grupo Parlamentario Socialista, y es que, aparte de Cataluña, la sociedad está mirándonos para que sigamos trabajando por sus intereses. Ese es el trabajo que tenemos hoy en la Comisión de Agricultura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, gracias por este breve turno que me veo obligado a hacer en nombre de mi grupo parlamentario, suscribiendo las palabras de los dos portavoces que han intervenido anteriormente. Solo quiero añadir una pequeña reflexión personal. Llevo como diputado trece años en esta Cámara y he visto en muchas ocasiones cómo por discrepancias puntuales de cualquier tipo o manifestación algún grupo o algún diputado ha abandonado o bien el hemiciclo o bien una Comisión, y en ningún momento esa situación se ha calificado como situación anómala. A juicio de nuestro grupo parlamentario, lo anómalo en este momento sería dejar de cumplir con nuestras obligaciones y suspender la sesión de la Comisión. Yo creo que los ciudadanos lo calificarían como anómalo.
Por último, quiero decir que el portavoz del grupo que ha solicitado la suspensión, aparte de referirse a una situación anómala, creo que habló de riesgo de libertades civiles. Eso sí que es anómalo. Decir que lo que está ocurriendo en este momento pone en riesgo las libertades civiles es querer poner un cristal para que las cosas se vean del color que les interesa a determinadas personas. Por tanto, agradezco a la Mesa que haya tomado la decisión de continuar, porque es nuestra obligación hacerlo así, ya que lo anómalo es plantear la propuesta que usted ha rechazado, a nuestro juicio, muy acertadamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín García Díez. (El señor Gómez-Reino Varela pide la palabra). ¿Señor Gómez-Reino?
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Señor presidente, nosotros sí entendemos que se da una situación de excepcionalidad, por tanto, vamos a abandonar la sala y solicitamos la retirada de las PNL presentadas por nuestro grupo para esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, esta Presidencia entiende que las iniciativas presentadas por su grupo quedan retiradas hasta una próxima sesión, donde esperamos volverles a ver. (Los señores diputados y las señoras diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, abandonan la Comisión).
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y LA BRUCELOSIS BOVINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001530).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la iniciativa que ha presentado el Grupo Ciudadanos, relativa a la puesta en marcha de un plan de erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina.
Para su defensa, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
Sirvan mis primeras palabras en esta Comisión para recordar a nuestro coordinador nacional de Agricultura, Eduardo González, que fue el que redactó esta PNL y que por desgracia falleció hace dos días. Queremos poner de manifiesto su inmensa labor para mejorar las condiciones del sector agroalimentario y medioambiental de nuestro país. (Aplausos). Gracias.
Es una pena que se hayan ido los compañeros de Podemos porque es la primera vez que nos han enmendado una proposición no de ley de una forma técnica y acorde a lo que se viene habitualmente pidiendo por los ciudadanos, y es que aporten soluciones e iniciativas que al final puedan llevarse a cabo y que sean de interés desde un punto de vista técnico y no buscando shows como el que por desgracia acabamos de ver.
En los últimos años ha habido un repunte de la brucelosis y de la tuberculosis bovina que ha llevado a que por parte del Ministerio de Agricultura se estableciera el Plan Patubes para la erradicación de dichas enfermedades. Además, se estableció en los últimos Presupuestos Generales del Estado la cantidad de 32 millones de euros que me gustaría que el compañero del Grupo Popular que ahora hablará en esta PNL nos traslade dónde han sido invertidos porque están surgiendo reticencias en las comunidades autónomas en el sentido de que se han adoptado medidas distintas en función de la comunidad autónoma de la que se tratara para erradicar la brucelosis y la tuberculosis. Esto ha creado malestar en las comunidades autónomas, ha habido rechazo por parte de los ganaderos por la forma en que se estaba actuando y piden que cualquier cambio de protocolo en una comunidad autónoma debe ser conocido, debatido y aprobado en las reuniones sectoriales, no de forma individual por parte de cada una de ellas. Esta problemática que se está generando en comunidades como Extremadura, Andalucía y Castilla y León creemos que debemos solucionarla y por eso presentamos esta proposición no de ley.
Hay que reclamar un nuevo modelo de sanidad animal y mejorar la gestión de la fauna silvestre. Por supuesto, hay que mejorar la delimitación de las zonas de emergencia faunística y el establecimiento de planes de control de las especies que provocan los daños. Tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Podemos han planteado una serie de puntos que hemos incluido en nuestra propuesta, como instar al Gobierno a hacer una valoración científica exhaustiva de la revisión de los protocolos de la aplicación de
la prueba gamma interferón, que es una petición que hacen los ganaderos; establecer, dentro de los programas nacionales de erradicación tanto de tuberculosis bovina como brucelosis ovina, caprina y bovina, los derechos de los ganaderos a realizar un contraanálisis en tiempo razonable; la actualización de los baremos y que las indemnizaciones contemplen de manera diferenciada los valores especiales de la raza y selección genética, así como el lucro cesante en caso de los animales sacrificados. También hemos incluido la petición del Grupo Socialista de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación efectúe los cambios de protocolo en sanidad animal que permitan mejorar la fiabilidad de los diagnósticos que se llevan a cabo para el control de eventuales enfermedades que con carácter excepcional puedan verificar la existencia de brucelosis evolutiva en el rebaño, evitando así otras actuaciones más gravosas para los propietarios de los mismos. Todas estas peticiones las hemos incluido en una transaccional que espero que aprueben ya que todo ello puede mejorar las condiciones laborales de muchos ganaderos que están viéndose perjudicados por estas enfermedades y por las acciones que para su erradicación están realizando las comunidades autónomas.
A esta iniciativa han presentado enmiendas el Grupo de Unidos Podemos, que se ha retirado, y el Grupo Socialista. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Lamuà.
Intervengo muy brevemente. Como ya ha manifestado el proponente del Grupo Ciudadanos, se ha añadido nuestra enmienda a su texto original, una enmienda que simplemente pretendía complementar todo aquello que ya estaba en el texto propuesto por Ciudadanos, reforzando posiciones que hemos tenido en otros lugares, otras instituciones donde se ha dado este debate o alguno similar. Lo que pretendemos es que desde el ministerio siempre se tenga como objetivo la mejora de protocolos de sanidad animal para dar más fiabilidad a los diagnósticos. ¿Por qué? Porque en los debates en los que nos hemos encontrado este tema subyace a veces el exceso de celo que algunas de nuestras administraciones tienen en un asunto tan delicado como el tratamiento y erradicación de enfermedades. El único objetivo que pretendíamos con nuestra enmienda era evitar actuaciones demasiado gravosas para los propietarios que pueda hacer que se sientan maltratados por algunas de nuestras instituciones. Agradecemos al Grupo de Ciudadanos que haya añadido nuestra enmienda al articulado. Nos han enseñado la transaccional que comentaba el señor Garaulet y, por lo tanto, el Grupo Socialista votará a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Marc.
A esta iniciativa se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Diego Movellán.
El Grupo Popular también quiere hacer un reconocimiento al compañero Eduardo González y a todos los que han trabajado tanto por el sector ganadero en nuestro país.
Queremos empezar diciendo que el Grupo Popular presentó distintas modificaciones a esta PNL porque consideramos que la enriquecen y se adaptan de manera efectiva a la realidad del sector ganadero en nuestro país con el objetivo que perseguimos todos, que es que la resolución que hoy se aprobara aquí fuera lo más beneficiosa posible para el sector ganadero. Hay que decir que en la agenda del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente siempre ha figurado como prioritario este asunto. Por este motivo nuestro texto va directamente encaminado a proseguir y, si es necesario, reforzar a la mayor brevedad las medidas necesarias para erradicar la tuberculosis y la brucelosis bovina. En primer lugar, apostamos por una monitorización efectiva del estado sanitario y donde sea preciso por un control de la fauna salvaje cuando se evidencie como reservorio de cada enfermedad, pero dentro de su apartado específico del plan de erradicación.
Hay que tener en cuenta que desde el año 2011 el ministerio implementa anualmente el muestreo establecido en el Plan de vigilancia en la fauna silvestre con el objetivo de conocer cuál es la situación sanitaria de la misma y tomar las medidas acordes para evitar su propagación. Desde este mismo año 2017 el programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina incluye el plan de actuación frente a la
tuberculosis en especies silvestre, el Patubes, que ya se ha nombrado anteriormente. Ha sido elaborado por el ministerio a través de un grupo de trabajo, donde están representados técnicos de todas las comunidades autónomas y que tiene como objetivo ampliar y profundizar en la monitorización mediante el Plan nacional de vigilancia de la fauna silvestre. Enmarcado en el programa nacional que acabo de citar, se busca conocer la influencia que tiene la misma en los diferentes escenarios de tuberculosis y perfeccionar las medidas a establecer para disminuir la transmisión entre las especies silvestres y las domésticas.
Con respecto a la brucelosis, sin ánimo de perdernos en aspectos meramente técnicos, hay que recordar que los estudios nos permiten afirmar que no existe en España una especie de la fauna silvestre que actúe como reservorio de la brucella para el ganado bovino. Todos los programas nacionales de erradicación impulsados por el ministerio, como no puede ser de otra forma, tienen en cuenta la imprescindible colaboración de los ganaderos afectados. Se establece que todas las medidas de control, de prevención y de erradicación para su efectividad deben ser complementadas por prácticas de manejo adecuado por parte de los ganaderos afectados.
En cuanto al asunto de los vaciados sanitarios, lo más problemático en nuestras comunidades autónomas, hay que hacer hincapié en que el programa de erradicación de la tuberculosis bovina establece que si una vez que se identifica el vínculo entre el reservorio silvestre y doméstico no se establece un plan integral de control en la explotación o no se aplican las medidas contempladas en el Patubes para la zona en cuestión no se aplicará el vaciado sanitario. El Grupo Popular defiende evitar sobre esta base los vaciados, siempre aplicando estrictas medidas de bioseguridad. También las actuaciones de control de la fauna silvestre que se contemplan en el Patubes se desarrollan por un grupo de trabajo específico para el estudio y consenso de las medidas tanto con sanidad animal de las comunidades autónomas como con el resto de unidades con competencia en la materia, como medio ambiente, caza o la Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición.
Como conclusión, podemos afirmar que el ministerio, en los últimos cinco años, ha incrementado los recursos y las medidas con la inclusión de nuevos planes de actuación, como el famoso Patubes, del que me pedía el portavoz de Ciudadanos un mayor detalle. Creo que tenemos mecanismos para obtener la información, pero es verdad que deberíamos esperar a la ejecución definitiva del presupuesto y a cerrar el ejercicio, porque ha sido el primer año en que se ha puesto en marcha, para conocer cuáles han sido las medidas, que desde el Grupo Popular no tenemos ninguna duda de que han aplicado de forma objetiva al cien por cien. Queremos agradecer al grupo proponente de la PNL el reconocimiento a este plan puesto en marcha por primera vez por el ministerio, el Plan Patubes, pero el Grupo Popular se va a abstener. Conocemos la transaccional con la incorporación de las propuestas del Grupo Socialista y de Podemos, pero creemos que hay varios puntos en esa transaccional que exceden de las competencias propias del ministerio, como el pago de las indemnizaciones por los sacrificios en los vacíos sanitarios, la coordinación interdepartamental de las diferentes consejerías de los ejecutivos autonómicos o la financiación y las líneas de destino de las ayudas de los planes, los PDR, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Creo que se está trabajando bien. Es verdad que con la misma normativa, los mismos recursos y los mismos planes nacionales de erradicación -finalizo, señor presidente, un minuto- los planes no son iguales en las diferentes comunidades autónomas. Hay que hacer un análisis más serio y no culpar al Plan de actuación nacional, sino que igual hay que mirar a las comunidades autónomas porque, por ejemplo, en la comunidad autónoma de la que provengo, Cantabria, la gestión que se está haciendo en esta materia es un desastre; se paga mal y tarde y no se está ayudando con indemnizaciones ni con ayudas para la reposición de la cabaña ganadera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Diego Movellán.
Esta Presidencia se suma al pésame expresado por el portavoz del Grupo Ciudadanos por el fallecimiento del coordinador del programa de su grupo parlamentario, don Eduardo González, y creo interpretar el sentimiento de todos los diputados sumándonos a esas palabras de condolencia.
Señor Garaulet, le ruego que nos facilite la enmienda transaccional.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Se está imprimiendo, por lo que se la entregaré en cuestión de minutos.
- RELATIVA A MEJORAR EL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LAS NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001605).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: ¿Cinco minutos?
El señor PRESIDENTE: Siete. Para la presentación de la proposición son siete minutos y para las enmiendas y fijación de posición tres, que esta Presidencia administra con mucha flexibilidad, como habrá visto.
El señor DEL RÍO SANZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el nuevo régimen jurídico del potencial vitícola establecido en el Reglamento Europeo de 17 de diciembre de 2013 establece el régimen de autorizaciones para plantaciones de vid que se debía aplicar desde el 1 de enero de 2016 y que se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. A partir de este momento las vides de las variedades de uva de vinificación que los Estados miembros tengan clasificadas para sus territorios podrán ser plantadas o replantadas únicamente si se concede una autorización administrativa a dicho efecto. Los derechos de plantación han sido sustituidos por un sistema de autorizaciones administrativas y se establece un reparto anual de un cupo de nuevas plantaciones con una superficie máxima de un 1 % del total nacional, calculado sobre la superficie plantada a 31 de julio del año anterior. Para poder obtener una autorización administrativa se mantienen otras dos vías: o por arranque de un viñedo de la propia explotación del viticultor o por conversión de un derecho existente en una autorización administrativa. A diferencia de los derechos, la autorización administrativa no se puede transferir ni vender y tiene una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión.
De acuerdo con todo esto, en enero de 2016, el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España aprobó la resolución por la que se fijaba para el año 2016 la superficie que se podía conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional y se establecían las ubicaciones geográficas donde se podían aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorización de replantación y de conversión de derechos de plantación. Se estableció un cupo de 4173 hectáreas para nuevas autorizaciones administrativas y se limitó la superficie máxima disponible para autorizaciones de nueva plantación en las zonas geográficas de cuatro denominaciones de origen protegidas: Txakoli de Bizkaia, Navarra, Ribera del Duero y la calificada de origen Rioja, siguiendo las recomendaciones de los consejos reguladores de estas denominaciones de origen y de la Organización interprofesional del vino de Rioja. Sobre la base de los criterios establecidos por el real decreto por el que se regulaba el potencial de producción vitícola, se realizó el ranking nacional de solicitudes con la superficie admisible y la superficie concedida. Una vez que se inició el proceso, la demanda de superficie solicitada fue de 13 481 hectáreas y una vez ordenadas las hectáreas admisibles casi triplicaba el cupo establecido hasta alcanzar 11 858. Se ha repartido todo el cupo priorizando los criterios de joven nuevo viticultor, que es aquel que en el año de la presentación de la solicitud no cumpla más de cuarenta años y sea nuevo viticultor denominado de buen comportamiento, que es aquel solicitante que no posea plantaciones de viñedo sin autorización. Esto es algo muy importante para mi comunidad, La Rioja, y para nuestro país.
El sector vitivinícola es un sector importante no solamente desde el punto de vista de creación de riqueza y de empleo, tiene que ver con la cultura, con la identidad, con la historia, con el asentamiento de población, con apostar por el medio rural. Es uno de los elementos fundamentales de nuestra manera de entender la vida y, por tanto, en la medida en que podamos seguir mejorando los mecanismos que en este caso tienen que ver con las autorizaciones de plantación, será algo positivo para este sector tan destacado, tan importante, como decía, no solo para mi comunidad, para La Rioja, sino para nuestro país. Por ello, el Grupo Popular ha presentado una enmienda ya que desde que se presentó el texto original hasta que ha llegado a la Comisión ha habido una regulación por parte del ministerio. Lo que desde el Grupo Popular proponemos es que, en primer lugar, se continúe trabajando ante la Unión Europea para incluir determinadas mejoras en el marco del denominado paquete Ómnibus que permitan un mayor margen de maniobra a los Estados miembros en lo que se refiere a las nuevas plantaciones y, en particular, tres
cuestiones. En primer lugar, incluir como criterio de admisibilidad que el solicitante no tenga o no haya tenido plantaciones ilegales. En segundo lugar, dar la posibilidad al Estado miembro de establecer una superficie máxima a conceder por el solicitante. Y en tercer lugar, permitir al Estado miembro establecer con carácter supletorio a cualquier criterio de prioridad el requisito de ser joven agricultor. Otra cuestión sería mantener los grupos de trabajo en funcionamiento generados con motivo del debate del Reglamento Europeo para tratar todos aquellos temas relevantes, incluyendo las revisiones que sobre el Reglamento Europeo pudieran realizarse, así como efectuar las propuestas oportunas de mejora que sean acordes con la realidad vitícola española.
Desde el Grupo Popular creemos que el ministerio está haciendo un buen trabajo y que se pueden introducir elementos de mejora en el mismo. Porque entendemos que este es un sector decisivo para la agricultura, para la economía, para la gastronomía y para la cultura en nuestro país, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel Gabriel González. Estaba a punto de darle la palabra a don César Luena... (Risas).
Se la podría dar porque está al corriente de esta PNL.
El señor PRESIDENTE: Es una pequeña licencia para quitarle tensión a esta Comisión. Como siempre intervenía él...
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Además, entre comillas, va a haber follón, en el buen sentido de la palabra, como compañero y ante esta iniciativa.
Tengo poco tiempo y no sé por dónde empezar, señor portavoz del Grupo Popular. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquí traemos una PNL es para instar al Gobierno a que haga algo, pero esta PNL -de entrada, para que no haya dudas, la vamos a apoyar-, si la han leído el resto de diputados -que sé que la han leído, analizado y estudiado- es de marzo de 2017 y prácticamente lo que ha hecho el portavoz del Grupo Popular es volver a leerla, cuando está totalmente desactualizada. Me explico. Marzo de 2017. En esta iniciativa hacen mención a una resolución de 2016, cuando en esas fechas ya había una resolución de la Dirección General del Ministerio de Agricultura de 2017, cuando marcan como prioritaria esta iniciativa para que venga a esta Comisión y cuando además ya se ha publicado un Real Decreto, el 772/2017, que recoge todo lo que el Grupo Parlamentario Popular proponía en su iniciativa. Nos ha leído prácticamente la PNL primitiva que han modificado a última hora porque saben que estaba desactualizada ya que hay un real decreto en el que se establecen esos criterios prioritarios. En lugar de no debatirla y actualizarla, han propuesto esa modificación. No hace falta que diga que compartimos los criterios de un reparto justo y en función de las prioridades que cada uno de los grupos políticos podamos tener y que en la mayoría de los casos son coincidentes en un sector estratégico como es el viñedo, como es el sector agroalimentario y como es, en este caso, nuestra gran exportación en materia de vinos. Claro que estamos de acuerdo en que los jóvenes agricultores -hombres y mujeres- que se incorporan sean prioritarios, pero cabe dudar de algunas de sus iniciativas o de sus propuestas porque que digan en su iniciativa, en esta PNL, que no pueden tener un viñedo ilegal... Es obvio, claro que es obvio, y se viene haciendo. Cuando hemos tenido que tramitar autorizaciones de arranque, en algunos casos como funcionarios, lo primero que se ha visto es que no tengan viñedo ilegal, pues sería una barbaridad. Recomponen, modifican su PNL primitiva inicial y proponen una que -insisto- vamos a apoyar para que no exista ninguna duda, pero el esmero no deja de ser dudoso, permítame que lo diga así de claro. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se priorice a jóvenes agricultores? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las prioridades se establezcan de acuerdo a los criterios que marque, no el ministerio sino el ministerio conjuntamente con las denominaciones de origen, con las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales agrarias, con los representantes de las cooperativas de toda España? Claro que estamos de acuerdo en todo lo que sea mejorar el establecimiento de unos criterios prioritarios que vayan en beneficio de asentar la población y de que el potencial de viñedo de los viticultores que tiene este país y cada una de nuestras regiones se fomente. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Insisto, claro que sí.
Vuelvo a decirle al portavoz del Grupo Popular -con esto finalizo, señor presidente- que ha leído prácticamente la iniciativa primera, la PNL que presentaron, cuando el real decreto del ministerio de 2017 ya establecía lo que ustedes indicaron en esa iniciativa parlamentaria. Por tanto, nos podíamos haber ahorrado esta iniciativa sencillamente diciendo que se trabaje más, que se formen grupos de trabajo, como los que ya están creados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel.
¿Algún otro grupo desea fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó.
Estamos hablando de nuevas plantaciones de vid en una política que se enmarca a nivel europeo, como un mecanismo de salvaguarda que obliga a los Estados miembros a poner a disposición, anualmente, autorizaciones para nuevas plantaciones que representan el 1 % de la superficie plantada de viñas y, además, se le concede a cada Estado miembro una cierta flexibilidad respondiendo a las circunstancias específicas de cada Estado miembro. Los Estados deben poder decidir si ponen a disposición superficies más pequeñas a escala regional o nacional, incluidas superficies que puedan optar a denominaciones de origen e indicaciones geográficas específicas protegidas, basándose siempre -esto es lo importante- en criterios objetivos y que no sean discriminatorios. A fin de garantizar que las autorizaciones se concedan de forma no discriminatoria se deben establecer criterios, en particular cuando el número total de las autorizaciones de que dispongan los Estados miembros exceda el número total de solicitudes presentadas por los productores. Esto es especialmente importante.
En ese sentido, el Reglamento recoge que si en un año concreto la superficie total cubierta por las solicitudes admisibles supera la superficie puesta a disposición por los Estados miembros, podrá procederse a las concesiones parcial o totalmente, de acuerdo con uno o varios criterios de prioridad objetivos y no discriminatorios, entre los que se encuentran -nos parece importante recordarlos- que los productores planten vides por primera vez y estén establecidos en calidad de jefes de explotación -nuevos viticultores-; que se trate de superficies donde los viñedos contribuyan a la preservación del medio ambiente; que se trate de superficies para replantación en el marco de proyectos de concentración parcelaria; que se trate también de superficies con limitaciones específicas naturales o de otro tipo: sostenibilidad de los proyectos de desarrollo sobre la base de una evaluación económica; que sean superficies para replantación que contribuyan a aumentar la competitividad en una explotación agrícola y a escala regional; el potencial para mejorar la calidad de los productos con indicaciones geográficas y, por último, que se trate de superficies para replantación en el marco del incremento del tamaño de las pequeñas y medianas explotaciones. Creemos firmemente que el nuevo sistema para la gestión de las plantaciones de vid con régimen de autorizaciones debe ser transparente, basado en criterios objetivos y no discriminatorios -esto es esencial- y recordamos que el sector vinícola es un sector pujante, que goza de gran prestigio tanto a nivel interno como a nivel internacional, favorecemos sin ningún género de dudas al sector agroalimentario y a la balanza de nuestras exportaciones e importaciones. Como siempre decimos, por Marca España y por la trascendencia que tiene, como acabo de decir, a nivel económico, es muy importante hacer todo lo posible para mejorarlo.
Gracias, señor presidente. Apoyaremos la propuesta.
Por el Grupo Mixto, Compromís, tiene la palabra don Enric Bataller.
Nos parece interesante que hoy, señorías del Partido Popular, nos traigan a la Comisión de Agricultura una proposición no de ley para mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo, que fue registrada en marzo de este año y que la consideran actual, a pesar de que el 29 de julio, hace muy poco tiempo, el Ministerio de Agricultura ya publicó un real decreto que modificaba los requisitos y baremación de las solicitudes de nuevas autorizaciones. Pero, en fin, puestos en materia nos parece interesante intervenir en este punto porque nos va mucho en juego. En la Comunidad Valenciana existen 60 000 hectáreas de viñedo, alrededor de 21 000 viticultores, 190 bodegas y una producción en torno a 2,3 millones de hectolitros de vino por campaña. Acaba de comenzar la campaña de la vendimia
y es necesario resaltar, tal y como denuncian algunas organizaciones agrarias, como La Unió, que anualmente se dejan de cultivar, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, más de 1250 hectáreas de vid, y en los últimos años se han perdido más de 18 600 hectáreas de potencial vitícola.
En Compromís creemos que para mejorar realmente el sistema se debería regionalizar el reparto de nuevas autorizaciones para plantaciones de viñedo, de forma que cada comunidad autónoma disponga de su cupo del 1 % sobre su superficie de viñedo como mejor se adecue a su política vitivinícola. Se deberían introducir correcciones -ahí sí- tanto en la reglamentación comunitaria como en la normativa estatal en beneficio de los viticultores y para evitar repartos asimétricos, para evitar la deslocalización del viñedo en ciertas zonas y para evitar pérdidas del potencial productivo. Pero todo esto hay que negociarlo en el ámbito europeo; hay que consensuar también con las comunidades autónomas y es una tarea para la que instamos al Gobierno, y específicamente al Ministerio de Agricultura, a que realice prontamente. Por este motivo, desde Compromís anunciamos nuestra abstención a esta proposición.
- SOBRE LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001619).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día relativo a la promoción del consumo de productos pesqueros. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz don Joaquín García Díez.
Empezaré por el final, que yo creo que es lo importante. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa? Promover con carácter general el consumo de productos pesqueros. Y ya, con matices más particulares, que se realicen campañas para la promoción de estos productos pesqueros destinadas, especialmente, a los niños y a los jóvenes para que consuman más pescado y para generar en ellos -algo muy importante- hábitos de consumo. Después desarrollaré este punto un poquito más ampliamente.
Proponemos también que se continúe, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con las campañas de promoción del consumo de pescado, ya que en este momento hay varias campañas en marcha, que incorporen medidas para permitir un incremento del consumo de los productos pesqueros mediante la adaptación al consumidor de un mayor servicio en el punto de venta, de una mejor información sobre el producto y mediante el impulso de medidas educativas sobre su consumo. Finalmente, lo que plantea además es colaborar en la puesta en marcha de iniciativas individuales o sectoriales para promocionar el consumo de pescado, aprovechando las posibilidades que ofrecen los fondos que están integrados dentro del programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero del reglamento comunitario.
Esto es, en líneas generales, lo que vamos buscando si finalmente aprobamos, con el apoyo de todos los grupos, esta iniciativa. ¿Por qué? Señorías, España sigue estando, en este momento, a la cabeza de la Unión Europea en consumo de pescado. El 75 % de los españoles consumimos pescado entre dos o tres veces por semana, según diversas encuestas. Si me ciño a lo que dice el informe de consumo de alimentos en España que realiza el Instituto Nacional de Estadística, a pesar de este dato que acabo de darles, observamos que el consumo de pescado en España ha decrecido un 2,4 % si comparamos el año 2015 con el año 2014. Esta tendencia a ir decreciendo el consumo de pescado fresco se contrapone con un incremento del consumo de conservas, pero aun así el 45 % del pescado que consumimos es fresco. Es verdad que el gasto permanece estable a pesar de esta caída del consumo de pescado y a pesar de que se ha incrementado el precio medio en torno a un 3 %, concretamente un 2,7 %, en el último año. Y ya que hablo de precios, tengo que reconocer que el precio afecta a una parte de esta bajada y que la crisis ha afectado, lógicamente, a este decrecimiento del consumo, pero solo a una parte, porque el motivo principal es el cambio generalizado en los hábitos de compra y de consumo dentro del mercado español, especialmente en las personas más jóvenes. De ahí que me refiriera hace un momento a un punto de la proposición no de ley específicamente destinado a incentivar el consumo en niños y jóvenes. Si nos fijamos en la encuesta de presupuestos familiares, que también desarrolla el Instituto Nacional de Estadística, podemos ver cómo los alimentos cada vez ocupan un papel menos relevante dentro de los hábitos de consumo; concretamente, de los tres grandes grupos que se fijan en esta encuesta, los
alimentos son el 15 %, y, dentro de ese 15 %, el pescado está un 1,8 %, por debajo de la carne o del pan y los cereales. Si nos fijamos en el segmento de los pescados, hay que diferenciar también el perfil del consumidor. El pescado fresco se está consumiendo más en hogares con parejas que tienen hijos mayores o parejas adultas sin hijos o personas que están jubiladas. En general, responden también a rentas más acomodadas y el responsable de la compra supera los cincuenta años de edad. Si vamos a pescados congelados, vemos que aquí ya hay una diferencia, y es que se consume mayoritariamente en hogares con hijos entre seis y quince años, hogares donde viven más de cuatro personas y normalmente en ciudades más pequeñas.
Todos estos datos me llevan a insistir en la necesidad de que estas campañas que estamos pidiendo pongan especial énfasis en generar el hábito de consumir pescado y, sobre todo, como decía antes, en las personas más jóvenes, porque todos sabemos que, por falta de tiempo o por desconocimiento de las formas de elaboración o de manipulación del pescado fresco, tienden a no adquirir este producto y por tanto a no consumirlo. No es nuevo si les digo que el ministerio lleva tiempo haciendo campañas con unos y con otros Gobiernos. Hasta hace poco teníamos un organismo que se dedicaba específicamente a promocionar el consumo de pescado, como era el FROM. Todos sabemos que por la crisis tan dura que vivimos el Gobierno presidido por Mariano Rajoy tuvo que adoptar medidas, entre ellas reducir el número de instituciones y entidades públicas, pero no se desatendió, lógicamente, la labor que venía desarrollando el FROM, que ahora la hace el propio ministerio. Entendemos que esas campañas que llevan tiempo haciéndose se pueden intensificar y se pueden mejorar. Creemos que se puede seguir promocionando el consumo de pescado en general y de determinadas especies en particular, como ya se hizo en su día con campañas que tuvieron en su momento buena acogida. Como novedades, está previsto por parte del ministerio desarrollar campañas específicas hacia la población infantil. Citaré simplemente la que, con el nombre de "Mediterraneamos", ya se ha puesto en marcha y tendrá una duración de tres años aproximadamente, y la destinada a la población adulta, que se va a llamar "Cultura mediterránea". Entre ambas campañas y durante los próximos tres años la inversión va a rondar los 4 millones de euros, que es una cifra nada despreciable. Insistimos en la población infantil porque estamos hablando de que hay 70 000 alumnos de primaria y secundaria que participaron en el año 2016 con talleres teórico-prácticos y otras actividades relacionadas con una dieta equilibrada, el deporte, etcétera.
Por tanto, señorías, creo que es algo en lo que supongo que todos estaremos de acuerdo, aunque habrá matices que ahora tendrán ocasión de exponer los demás grupos parlamentarios. Entendemos que no es necesario incorporar algunas de las enmiendas que se proponían, porque se desvían un poco o no aportan nada adicional al objetivo que acabo de plantearles. Por citar una, les diré que se habla de crear un observatorio de precios; con este nombre no existe, pero existe ya en la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y se lleva perfectamente este control. El etiquetado también se ha mejorado y a las campañas específicas ya me he referido durante mi intervención.
Y no voy a citar las enmiendas del grupo que ha abandonado la sala. A ese desprecio democrático, también mi desprecio democrático.
El Grupo Socialista ha presentado enmiendas a esta iniciativa. Tiene la palabra doña Margarita Pérez Herráiz.
Consideramos que la iniciativa del Grupo Popular es poco concreta y por eso creemos conveniente que se añada nuestra enmienda. Estamos de acuerdo con que hay que promover el consumo de pescado, pero hay que concretar cómo, y por eso -insisto- hemos presentado la enmienda. De todos modos, ya adelanto que, aunque no la acepten, apoyaremos su iniciativa, pues aunque consideramos que no aporta prácticamente nada, tampoco podemos decir que no a que se pida simplemente que se promueva el consumo de pescado.
Nos sorprende un poco que la presenten, ya que en una respuesta que el Gobierno dio el 4 de abril dijo que entre la Dirección General de la Industria Alimentaria y la Dirección General de Ordenación Pesquera se cubrían los compromisos en materia de valorización y promoción de productos pesqueros. Los datos que presentan en su exposición cuestionan que esté funcionando satisfactoriamente la valorización y promoción de productos pesqueros, pero, ya ve, el Gobierno dice que sí. Nosotros estamos de acuerdo en que dicha valorización y promoción se debe y se puede mejorar. También parece que el
Gobierno no tiene demasiado interés en mejorar la promoción del consumo de productos pesqueros, ya que en otra respuesta dice que la promoción está funcionando correctamente y no es necesario un organismo del tipo del Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos, a pesar de que el sector pesquero considera que sí y estima que el Estado recuperaba tres de cada cuatro euros que invertía a través de este organismo. Otro motivo por el que nos sorprende que el grupo que apoya al Gobierno presente esta iniciativa es que aún no ha aprobado el real decreto que regula las ayudas derivadas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura para el periodo 2014-2020, que también puede ayudar a elaborar planes de producción y comercialización. Galicia y Andalucía han publicado sus correspondientes órdenes, porque el Gobierno de España lleva tres años de retraso y las organizaciones no podían seguir esperando, pero con el riesgo de que no se ajusten a lo que no sabemos cuándo ni en qué términos publicará el Gobierno.
Consideramos que hay que mejorar la promoción del consumo de pescado y creemos que se puede hacer, además de publicando el real decreto pendiente, promoviendo campañas específicas para mejorar el conocimiento y consumo de especies poco valoradas y que la prohibición de descartes ahora obliga a descargar. También se puede hacer mejorando las etiquetas de productos transformados para que se conozca mejor su procedencia y se promuevan las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y constituyendo un observatorio de precios específicos de productos pesqueros similar al de otros productos, como los lácteos, que controle y estudie la cadena de valor del mar a la mesa y no refleje una simple estadística de precios, que es lo que hace el Observatorio general de productos alimenticios. Sería mejor abordar estas medidas concretas, con las que se conseguiría un mejor resultado a la hora de promocionar el consumo de productos derivados de la pesca, pero, como he dicho al principio, ya que parece que no aceptarán nuestra enmienda, votaremos igualmente que sí, porque es difícil decir que no a la generalidad de pedir que se promueva el consumo de pescado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Margarita.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).
El señor SALVADOR GARCÍA: Vamos a manifestar nuestra posición frente a esta PNL que presenta el Partido Popular, entre otras cosas porque los diputados de Ciudadanos venimos a trabajar a las Cortes y, por tanto, entendemos que es nuestra obligación demostrar que nos la hemos leído y que si la vamos a apoyar es porque estamos de acuerdo con el contenido y con lo que están proponiendo.
Evidentemente, esta PNL es muy generalista, es de las que gustan mucho al grupo que apoya al Gobierno del Partido Popular. Aporta una serie de obviedades que no por ello dejan de ser importantes y ello hace que no vayamos a ponerle objeciones. Nadie puede dudar de las propiedades que tiene el pescado para nuestra alimentación, con proteínas de excelente calidad, con nutrientes esenciales, con vitaminas del grupo B o liposolubles, como las A, D y E. Nadie puede dudar del potencial que tiene nuestra flota pesquera -siendo la más importante en capacidad de la Unión Europea, con cerca de 10 000 barcos y con 36 000 tripulantes- y que somos una potencia mundial en pesca. Al mismo tiempo, la alimentación necesita de esta inversión para promocionarlo y darlo a conocer lo máximo posible para incorporarlo a la dieta.
Hemos leído la exposición de motivos y es verdad que existe una cierta bajada en el uso y en el consumo. Hemos visto la tipificación que hacen de los consumidores por tramos de población con más recursos económicos o población con otras características para poder acceder a un tipo de pescado u otro y también vemos las recomendaciones. Ustedes mismos dicen que en España se consume dos o tres veces por semana, cuando los expertos están recomendando entre tres y cuatro, con un mínimo de tres. Por tanto, entendemos que esta PNL es oportuna, a pesar de la generalización, y que es importante hacer este tipo de campañas que, por otra parte, deben hacerse de manera continua para que nuestra dieta mediterránea tenga en el pescado uno de sus principales atractivos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Salvador.
- RELATIVA A ELIMINAR "LA VENTA A RESULTAS". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002124).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del siguiente punto del orden del día, relativo al desarrollo en el seno del programa nacional de conservación y optimización sostenible de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, la conservación in situ y los derechos... (Varios señores diputados: Esa está retirada). Perdón, me he equivocado. Esta es una de las iniciativas que ha presentado uno de los grupos que se ha retirado y tanto esa iniciativa como todas las enmiendas que se han presentado a las distintas proposiciones decaen.
Pasamos entonces a la proposición número 6, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a eliminar la venta a resultas. Para su defensa, tiene la palabra doña Pepa González.
Como ustedes saben, soy diputada por Huelva. Aclaro que vivo en un pueblo eminentemente agrario, donde básicamente se vive de las berries o frutos rojos, así como de frutas y cítricos extratempranos.
Dicho esto, quiero significar ante todo el daño que está haciendo al sector agrario a nivel nacional la denominada venta a resultas, que no es más que aquella transacción de palabra que hace el agricultor con el comprador por la que deposita en el comprador toda su cosecha sin saber qué beneficio va a tener al final. Esto crea una incertidumbre al agricultor muy grande y a veces llega a consecuencias nefastas para el agricultor y para la propia explotación, ya que se liquida en precios por debajo de los de producción y a veces incluso ni se liquida. Esta es una forma de proceder profundamente arraigada en el campo español. Aunque a día de hoy es ilegal, en nuestro país se sigue manteniendo día a día con unas consecuencias, como digo, desastrosas, ya que crea inestabilidad en el sector, inseguridad jurídica y en la mayoría de los casos los agricultores reciben un pago por su producción por debajo de lo que les han costado esos productos de tan alta calidad.
La Ley 12/2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se puso en marcha con la finalidad de mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, algo que a día de hoy todavía no hemos conseguido. En la ley se establece la obligación de llevar a cabo un contrato de compraventa a futuro o con precio diferido excepto cuando estamos por debajo de los 2500 euros. Eso es lo que marca la ley, que es mejorable desde nuestro punto de vista, pero comprobamos cada día que esta ley no se cumple, y lo vemos por los números de contratos que se dan en las estadísticas que se hacen en el campo andaluz, que no corresponden con la realidad del campo y de la agricultura española. Ante la situación extrema que viven muchos agricultores, las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja se han unido para hacer una campaña entre los agricultores para incentivar que se hagan contratos de compraventa. También las comunidades autónomas están trabajando para que cada vez sean menos estas prácticas que no se deben llevar a cabo en nuestro país, pero que comprobamos que se siguen haciendo. Son muchas las explotaciones pequeñas que se están viendo abocadas al desastre y a la quiebra, consiguiendo con ello que un agricultor que tenía una explotación que daba trabajo se sume a la lista de desempleo; un señor que vivía de la agricultura, que generaba empleo y riqueza en su entorno.
Por eso queremos que el ministerio tome partido y que lo haga rápido y de una forma contundente y sin dilaciones, porque debe proteger y velar por los derechos de los agricultores y de los consumidores que están viendo sus derechos maltratados. Esta situación lleva a muchos productores de fruta a estar a merced de los intermediarios; lo hemos visto este verano claramente con la fruta de hueso. Hemos visto que los agricultores de frutas de hueso se veían a merced de muchos inconvenientes -uno de ellos el veto ruso, que fue ampliado, pero también la sequía- y luego se veían con una producción que se quedaba en el campo sin salida y sin precio, por lo que muchos de ellos se vieron abocados a recurrir a esta mala práctica. Lo vimos en los últimos ataques que tuvimos en Francia el pasado 21 de junio, cuando una veintena de agricultores franceses lanzaron decenas de toneladas de melocotones, nectarinas y albaricoques delante de la tienda Lidl en Perpiñán porque se quejaban de que la fruta de España llegaba a los mercados franceses sin un contrato y sin un precio establecido, lo que hacía caer el precio de toda la producción, tanto de la española como de la francesa.
Por tanto, no podemos quedarnos callados. Tenemos que pedir al ministerio que controle la fruta que se comercializa en España pero también la que sale fuera de nuestra frontera, porque, si no, estamos dando paso a la especulación, porque detrás de la venta a resultas lo que hay es especulación y en la especulación siempre ganan los mismos: el intermediario, que no arriesga nada y que simplemente con
una operación se lleva el trabajo y el tiempo del agricultor. Por eso, desde este sillón, le pedimos al Gobierno que aumente el control tanto de la fruta que se comercializa en España como de la que sale fuera de nuestro país. Es necesario acabar con la especulación, es necesario acabar con la venta a resultas. Tenemos que seguir trabajando con las comunidades autónomas para llegar a tener un mercado totalmente transparente y sostenible y el ministerio tiene que contribuir a la difusión del contrato de compraventa en la agricultura. Es fundamental que todos los agricultores vendan sus productos bajo un contrato que garantice el precio, las condiciones de pago y la entrega y también que se tengan en cuenta las consecuencias que conlleva el incumplimiento por alguna de las partes de este compromiso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa González.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte de Ciudadanos y para su defensa tiene la palabra el señor Cantó.
Al final de lo que vamos a hablar ahora es de la protección del eslabón más débil en esa cadena alimentaria en la que en dos extremos tenemos a los distribuidores y a los que dan esos insumos necesarios para hacer su trabajo, unos agricultores que siguen siendo, a pesar de que se ha legislado desde aquí ya, el eslabón más débil.
Hay una ley, la de la cadena alimentaria, que en teoría iba a mejorar el funcionamiento, que dice que los contratos se han de formalizar por escrito y, por tanto, han de contener como mínimo identificación de partes contratantes, objeto del contrato, precio, condiciones de pago, condiciones de entrega, puesta a disposición de los productos, derechos y obligaciones de las partes contratantes, duración del contrato, así como condiciones de renovación, modificación del mismo, causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. Esto es de lo que estamos hablando hoy. Todas estas cosas que acabo de decir no se dan en esta venta a resultas de la que estamos hablando. El contenido y alcance de los términos y condiciones del contrato son libremente pactados por ambas partes, deben ajustarse a un equilibrio, a una justa reciprocidad, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia en el mercado. En muchísimas ocasiones hemos visto cómo esto no se cumple y cómo, repito, los agricultores resultan ser siempre el eslabón más débil de toda esta cadena y los que acaban perdiendo.
Además, esta ley en teoría creó una agencia de información y control alimentarios para el control de lo dispuesto en la misma, cosa que no se está cumpliendo. Sin embargo, a finales del pasado mes la organización agraria UPA reclamó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a la AICA que investigasen esta venta a resultas en el mercado de las frutas de hueso, porque una de las irregularidades que se están detectando en esta campaña es esa, que se sigue llevando a cabo esta práctica que es completamente irregular y frente a la que debemos proteger a los agricultores.
Hemos presentado unas enmiendas al Grupo Socialista porque entendíamos que podíamos completar. Todavía las estamos negociando y en cuanto estén en nuestra mano se las entregaremos. En cualquier caso, lo hemos hecho con el espíritu de proteger, repito, a los que siguen siendo el eslabón más débil entre las distribuidoras y los insumos, porque creemos que esta proposición no de ley se queda corta.
Pedimos fundamentalmente dos cosas, aunque son cuatro puntos, creo recordar, los que enmendamos. En primer lugar, que el Gobierno cumpla con sus deberes, que realice una labor mucho más decidida y más exhaustiva de control para evitar que este tipo de prácticas se lleven a cabo. También pedimos al Grupo Socialista que incluya otra enmienda que dice que se lleve a cabo una labor de formación para ayudar a los agricultores mucho más decidida y mucho más ambiciosa. Esperamos que estas enmiendas sean aceptadas por el Grupo Socialista.
Vamos a preguntárselo. Doña Pepa González, ¿acepta usted la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos?
La señora GONZÁLEZ BAYO: He terminado de redactar la transaccional y el señor Cantó tendría que leerla para ver cómo ha quedado.
El señor PRESIDENTE: Doña Pepa, si les parece, se ponen a trabajar ustedes y, si llegan a un acuerdo, entregan la transaccional a esta Presidencia antes de las votaciones.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa).
Por Compromís, don Enric Bataller.
Intervengo muy brevemente para decir que Compromís va a apoyar esta proposición no de ley. Entendemos que efectivamente acabar con la venta a resultas es muy importante para aportar seguridad jurídica al campo de la contratación agrícola. Si de verdad queremos nosotros defender el sector, tenemos que emprender ya medidas decididas en este sentido. Efectivamente, la Ley 12/2013, de medidas para mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, ha sido bastante insuficiente en su implementación. Algunas leyes de comunidades autónomas que están vigentes en el mismo sentido están dando resultados, pero hace falta que el Gobierno del Estado ponga en marcha su aparato para ayudar en la línea que se apunta en la parte propositiva del texto que se nos trae. Además es cierto que la venta a resultas actualmente es un instrumento que se está utilizando para la práctica del dumping, de la competencia desleal. Asimismo, abre un gran espacio para el abuso, porque no se controla todo el supuesto desperdicio que se produce con los grandes porcentajes de fruta. Muchas veces se dice a los agricultores por parte de los almacenistas, de los intermediarios, que se ha perdido el género, que estaba en malas condiciones, que ha habido que desecharlo y que finalmente no se paga. Todo esto genera no solo incertidumbre sino, a la postre, lo que hay que evitar: una gran pérdida de ingresos por parte del agricultor. Esto debemos atajarlo y por este motivo Compromís apoyará esta proposición.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Javier Calvente.
Hay que recordar que la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, constituyó un hito histórico para el sector agroalimentario español. Fue una normativa ambiciosa y está siendo observada desde su entrada en vigor, en enero de 2014, desde la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea por si en un futuro inmediato se pudiera trasladar a otros Estados miembros.
Señorías, la venta a resultas es una práctica prohibida por esta Ley de la cadena alimentaria y lo que no se puede hacer es confundir al sector. El día 7 de junio hubo un encuentro del sector con el ministerio para analizar el estado de la campaña y buscar soluciones que evitaran otra mala campaña para los agricultores. El origen de esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista es consecuencia de unas declaraciones del secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, del pasado mes de junio. Este señor mantenía que si no cambiamos los vicios -según sus palabras- y los malos hábitos instalados en el sector no saldremos de una crisis que ya dura demasiados años. Es decir que el origen de la situación que ustedes denuncian no se debe a la aplicación de la ley sino a los vicios y malos hábitos que reconoce el sector.
Como decía, el 30 de mayo del año pasado las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja se unieron para promover el uso del contrato de compraventa de fruta; lo han hecho a partir de experiencias que se están llevando a cabo en otros sectores utilizando su conocimiento de mundo de la fruta. Reconoce el sector que esta iniciativa se planteó como una herramienta para luchar contra la venta de fruta a resultas. El contrato existe desde el año 2015 y ya está siendo utilizado por muchos agricultores, según ha reconocido esta organización agraria. La firma de los contratos es el único mecanismo que puede servir para aportar transparencia y estabilidad a las relaciones entre los agricultores y los compradores y además es una de las obligaciones que establece la ley de la cadena alimentaria, que tiene como principal objetivo mejorar el equilibrio de las relaciones entre los diferentes agentes. Las propias organizaciones agrarias también reconocen que el tipo de contrato es un elemento fundamental porque aporta garantías a las operaciones que suscriben, garantía de recogida y suministro y garantía de cobro según las condiciones preestablecidas. Por lo tanto, es importante presentar denuncia si se producen prácticas abusivas. La propia ley creó la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, que hace inspecciones diarias; desde la entrada en vigor de la ley ha hecho en el sector de la fruta más de 700 inspecciones, que han conllevado varios centenares de expedientes sancionadores. Señorías, no se puede aumentar el
control porque la propia Agencia de Información y Control Alimentarios está haciendo las inspecciones o bien de oficio o bien por denuncias que le llegan.
Señora González, usted ha reconocido que las propias organizaciones agrarias, las comunidades autónomas y el ministerio están trabajando juntos para establecer un mercado alimentario transparente y sostenible.
Y termino, señor presidente, no se puede poner en marcha lo que ya se ha puesto desde la entrada en vigor de la ley, que es un plan de difusión de que el contrato es obligatorio en España, porque, en definitiva, de lo que se trata es de cumplir la propia ley de la cadena alimentaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Javier Calvente.
- SOBRE MEDIDAS EN EL SECTOR AGRO-GANADERO PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002186).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es sobre medidas en el sector agroganadero para combatir la despoblación rural en España. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la diputada María Jesús Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una realidad que nos preocupa y nos ocupa a todos ante la realidad del reto demográfico, que supone asumir una realidad que tenemos que valorar y ante la cual tenemos que adoptar las debidas actuaciones, para garantizar en definitiva una igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que afrontar el envejecimiento de la población, el bajo nivel de natalidad y que no es una realidad exclusivamente española ni europea, sino de todos los puntos del mundo, pero que en España hay determinadas provincias que se ven especialmente afectadas por esta situación, como son Cuenca, Soria y Teruel. Por este motivo los diputados de estas circunscripciones estuvimos reunidos con representantes de colectivos de las diferentes provincias que nos trasladaron de manera detallada su problemática.
Ante esta situación, que es mucho más que hablar de un problema de demografía o natalidad, puesto que estamos hablando de empleo, de servicios sociales, de servicios públicos básicos, de la educación y por tanto del futuro de los ciudadanos, de la sanidad, en definitiva de la proyección de futuro de personas, de familias y de determinados territorios, debemos preguntarnos con qué contamos. Contamos, por un lado, que en enero de 2017 en la Conferencia de Presidentes de todas las comunidades autónomas se adoptó impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos y llevar a cabo la estrategia nacional frente al reto demográfico. Esto es muy importante, porque es un acuerdo de todos. Es un acuerdo en el que se da y se pone de relieve que es un problema importante que hay que evaluar y ante el que hay que tomar las debidas medidas y resoluciones. Pocos días después por parte del Gobierno de España se creó una figura, la del comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, que también demuestra cómo esto es una prioridad para el Gobierno de España. También se creó un grupo interinstitucional sobre la crisis demográfica que tiene como objetivo analizar en la visión de consumo sobre el reto demográfico. Pues bien, todo este tipo de cuestiones nos demuestran que hay que actuar de manera conjunta, hay que actuar de manera global y hay que actuar de manera transversal e implicándonos todos. Por eso entendemos que desde el Congreso de los Diputados -por eso hoy pido el máximo consenso y apoyo en este tipo de medidas- debemos instar al Gobierno -y aquí está el petitum de nuestra iniciativa- para que se incluyan medidas dentro de la estrategia nacional frente al reto demográfico, en coordinación con las diferentes planificaciones estratégicas sectoriales, medidas para consolidar el sector agroganadero en territorios que sufren despoblación, como ocurre -y lo he citado antes- con las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.
¿Cuáles son las medidas que pedimos? Y aquí quiero decir -porque ha habido otros grupos que han presentado enmiendas- que son muchas las propuestas que habría y se podrían incluir. Nosotros hemos querido agrupar en grandes bloques, conscientes de que se está elaborando la estrategia y de que hay muchas cuestiones que se tratarán en su momento y que habrá que profundizar, pero ahora nos tenemos que centrar en dónde creemos que debemos de incidir. El primer punto que planteamos es defender que en el marco de futuras negociaciones de las políticas agrarias y de cohesión post 2020 de la Unión
Europea existan diferentes líneas de financiación que contribuyan al desarrollo económico y social del medio rural español, considerando -entre otros aspectos- el envejecimiento de las zonas rurales y la necesidad de fomentar el relevo generacional, el tipo de actividad agraria y las zonas con limitaciones naturales. También entendemos que es muy importante, y se incluye como punto segundo, desarrollar en el próximo plan nacional de regadíos planes especiales de regadíos para las áreas susceptibles de ser zonas regables en las provincias afectadas, que incluyan la mejora y modernización de regadíos existentes. El punto tercero es crear en la futura estrategia nacional de modernización y diversificación rural anunciada por el Gobierno un plan especial y específico para la incorporación de los jóvenes a la actividad agroganadera y forestal para las zonas altamente despobladas de estas provincias. Aquí quiero llamar la atención sobre cómo se ha elaborado la estrategia de modernización y diversificación rural, cuyo eje central son las mujeres y los jóvenes, para lograr mejorar las condiciones de vida y de trabajo y permitir la revitalización del medio rural, y en particular del sector agrario. Su documento Medidas en favor de los jóvenes y de las mujeres en el ámbito de la estrategia de modernización y diversificación rural se presentó el pasado 18 de julio en la tercera reunión del comité de coordinación de autoridades de gestión del programa de desarrollo rural. Las medidas propuestas en esta estrategia se enmarcan en una serie de bloques, y son todas ellas esenciales: el denominado Paquete Joven, innovación y digitalización, formación y orientación, impulso de la Ley de Titularidad Compartida, visibilización del papel de las mujeres y los jóvenes en el medio rural, creación de una oficina de atención al joven y a la mujer rural, etcétera. Son muchas las medidas que se han adoptado y he reseñado esas a título de ejemplo. Y el cuarto punto, que también entendemos esencial, es apoyar la actividad cinegética y piscícola como recurso natural propio que contribuye a la creación de riqueza y empleo, buscando soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico del medio rural.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desarrolla varias líneas de trabajo relacionadas con estas dos cuestiones. Pese a ser actividades cuya gestión es competencia autonómica, el hecho de que su impacto sobre la economía excede al ámbito exclusivo del ejercicio de estas actividades habilita al Estado, en virtud del artículo 149.1 de nuestra Constitución, para planificar y asentar las bases de planificación general de la economía. En definitiva, señorías, lo que pretendemos es que se adopten y que se incluyan estas medidas en este plan estratégico.
Respecto a las enmiendas de los otros grupos repito que por supuesto todo suma, y hay que sumar, pero unas están ya incluidas en estos puntos y otras habrá que tratarlas en otro momento. Sí quiero decir que hemos pactado una transaccional con el Grupo Parlamentario Ciudadanos por la que admitimos y transamos el punto quinto de su enmienda, que dice: Incidir en la sostenibilidad del Estado del bienestar, fundamentalmente en la educación, la sanidad y los servicios sociales y la atención a las personas mayores, personas con discapacidad, etcétera. El punto quinto que es objeto de esta transacción es, en definitiva, como les decía antes, la razón por la que hoy estamos aquí. Es evidente que es una realidad y al Grupo Parlamentario Popular y a este Gobierno les preocupa esta realidad. Debemos trabajar juntos -por eso pido el apoyo de todos los grupos- para ir adoptando aquellas medidas que garanticen el futuro de nuestro mundo rural y el futuro de las personas que habitan en él.
Muchísimas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Jesús Bonilla.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
Una de las características que más define al mundo rural es su complejidad, partiendo de su propia definición derivada de la estructura poblacional y de las dificultades para acercar a sus habitantes los bienes y servicios de los que disfruta la población urbana. Efectivamente, como bien dice la compañera, hasta la última Conferencia de Presidentes el despoblamiento rural nunca había sido considerado como un problema de Estado, aun a pesar de que vulnera el principio de cohesión territorial por el que se deben ofrecer las mismas oportunidades y servicios a todos los ciudadanos. Este enfoque es de particular relevancia en España, sobre todo en las tres provincias que se han indicado, con una amplia variedad de zonas agroclimáticas y grandes áreas rurales, prácticamente despobladas, frente a otras de elevada producción agroalimentaria. En la actualidad, aunque la actividad primaria supone un sector importante en la economía rural, no es suficiente para generar un entorno económico que cree empleo, fije y atraiga población al ámbito rural, y que además de potenciar los recursos de cada territorio apueste de manera
estratégica y transversal por otros sectores como pueden ser el turismo, la artesanía, el comercio local, la agroindustria o las pymes.
En Ciudadanos defendemos al sector agroganadero como un mecanismo para prevenir la despoblación. En este sentido en el acuerdo con el Partido Popular se recogió explícitamente el compromiso de la defensa del medio rural, el sector agroalimentario y la industria pesquera, trabajando para que la política agraria común contribuya a la ordenación del territorio. La enmienda que hemos introducido y que algunos puntos no nos han aceptado iba en el sentido de dotar de un mayor contenido a esta proposición no de ley, planteando la aplicación de los fondos Feder y estructurales, siguiendo el modelo de desarrollo local participativo y teniendo en cuenta el programa Leader, que debe suponer, junto con otras medidas, un pilar propio fuera de la PAC. Además creemos que se debe incluir una medida específica en el Plan nacional de desarrollo rural de fomento de la ganadería extensiva con razas autóctonas. También consideramos crucial garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar fundamentalmente en la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención de personas mayores o con discapacidad, así como el propio desarrollo de los territorios, garantizando que los municipios reúnan las necesarias condiciones de suministros y de infraestructuras para que las personas que se instalen puedan desarrollar su labor profesional. Por último, también incluimos en nuestras enmiendas promover la planificación silvopastoral, en cumplimiento de la Ley de Montes, y reconocer y apoyar los pactos forestales en su doble función: como aprovechamiento ganadero y por los servicios ambientales que generan, además de ser una medida de prevención de los incendios, que han asolado nuestro país en este año. También conciliaría los diferentes intereses y usos y se aprovecharía el territorio rural y el agroforestal.
En definitiva creemos en el potencial del desarrollo del territorio rural, y estamos peleando y trabajando en ello. Vamos a seguir luchando para que entre todos y en una unidad de acción podamos desarrollar el territorio rural, no solamente para que no se siga despoblando, sino para hacerlo atractivo y que muchas de las poblaciones que actualmente viven en las ciudades vean interesante poder desarrollar su vida profesional en el territorio rural, y dotemos a esos territorios de las suficientes infraestructuras y servicios que hagan que puedan desarrollar su potencial de crecimiento económico y generen empleo, pero empleo de calidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Javier Antón, para defender la enmienda presentada por su grupo.
El señor ANTÓN CACHO: Gracias, señor presidente.
Una vez más nos encontramos con un Grupo Parlamentario Popular que nos sorprende con una proposición no de ley que no deja de ser más que una mera declaración de intenciones, que casi con toda seguridad, junto con nuestra enmienda -en caso de que sean aprobadas-, acabará en algún arcón de la vicepresidencia del Gobierno. En ella se nos anima a incluir en la estrategia frente al reto demográfico una serie de medidas generalistas que no se concretan en nada y que no comprometen para nada al Gobierno. Esta PNL es un ejemplo nítido de la política del Partido Popular frente al problema de la despoblación; muchas palabras pero pocas acciones. De hecho en los últimos cinco años se han desarrollado en el Senado sendas Comisiones para analizar y proponer medidas contra la despoblación en el mundo rural y en los territorios de alta montaña, y en sus conclusiones ya vienen recogidas más de cien medidas concretas y puntuales, de las cuales dudo mucho que el Gobierno haya puesto en marcha alguna en los últimos tiempos. En la propia Conferencia de Presidentes se abordó de nuevo el problema de la despoblación y se acordó impulsar medidas concretas para afrontar este reto demográfico, y el Gobierno nombró un comisionado para desarrollar esa estrategia específica para solucionar este problema. Lo cierto, y pese a lo que nos ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es que nueve meses después de su nombramiento en el Consejo de Ministros poco se sabe de este comisionado y de su estrategia; lo que sí les puedo decir es que nueve meses después este comisionado no ha querido atender la petición de reunión del presidente de la Diputación Provincial de Soria, de la que yo soy diputado. Como todo el mundo sabe Soria es o se puede considerar como el paradigma de la despoblación en nuestro país. De hecho tenemos noventa mil habitantes, lo que nos da una densidad de población que está por debajo de los nueve habitantes por kilómetro cuadrado. Con estos antecedentes uno tiene la
sensación de que este comisionado vuelve a ser una cortina de humo para no afrontar directamente el problema.
Como todos sabemos, por muchos análisis, estudios, estrategias, lo que sí sabe el Gobierno del Partido Popular es que las medidas y los recortes austericidas que han aplicado en los últimos años han sido letales para el mundo rural, los han aplicado sin medidas correctoras necesarias para que los territorios más despoblados puedan recuperarse, cortando además de raíz medidas de discriminación positivas que el Gobierno socialista puso en marcha en las provincias más afectadas. Esto se puede comprobar perfectamente en los últimos presupuestos aprobados en 2017. Por ejemplo, mi provincia ha recibido la peor cifra de los últimos catorce años, con un descenso respecto al año anterior de un 30 %. ¿De qué sirven los comisionados, las Comisiones, las soluciones, si al final hay recortes económicos y no vienen acompañados de inversiones? Pues se lo digo yo: no sirven absolutamente de nada.
Aunque la portavoz ya ha dicho que no va a aceptar nuestras enmiendas me gustaría explicarlas de manera breve. La primera tiene que ver con una petición que nos han hecho los propios agricultores y ganaderos, y es que en esta enmienda se recogiera algo que también se pidió al Partido Popular, y es el aumento y el impulso del sistema de seguros agrarios que garantice la rentabilidad de las explotaciones, sobre todo en años como el que hemos pasado de sequía devastadora. Por otro lado, de nada sirve apostar y apoyar al sector agroganadero de las zonas despobladas si no lo acompañamos con medidas necesarias que hagan que los habitantes de esas zonas gocen de la misma calidad de vida que los de otras zonas. Fundamentalmente estamos hablando de los servicios públicos sanitarios, educativos y de dependencia en las mismas condiciones que se están ofreciendo en otros territorios. Además es necesario invertir y mejorar las infraestructuras viarias, ferroviarias y por supuesto el acceso a los nuevos sistemas de comunicación, telefonía móvil e Internet, en las mismas condiciones técnicas y económicas que en otros territorios, sin las cuales, por mucho que apoyemos a este sector, va a ser difícil ser competitivos.
Señorías del Partido Popular, en las próximas semanas se van a presentar los presupuestos para 2018. Con su tramitación tienen una posibilidad excepcional para pasar de las palabras a los hechos. Aprueben partidas específicas para luchar contra la despoblación, de lo contrario tendremos que decir que sus proposiciones no de ley son meras declaraciones de intenciones y que solo sirven para engañar y confundir a los ciudadanos y las ciudadanas.
Nada más. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Antón.
Doña María Jesús Bonilla, tiene la palabra a los efectos de aclararnos si acepta alguna de las dos enmiendas que han presentado Ciudadanos y el Partido Socialista.
Con Ciudadanos sí que hemos transado el punto quinto -lo he leído en la intervención- de su enmienda. Y la del Grupo Socialista no la admitimos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que facilite a la Mesa la transaccional antes de las votaciones.
- RELATIVA A ELABORAR UN PLAN NACIONAL EN MATERIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002227).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que hace referencia a la elaboración de un plan nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático. La va a defender don Miguel Ángel Heredia, en nombre del Grupo Socialista.
Los ocho primeros meses del presente año 2017 se saldaron con 375 muertes por ahogamiento en nuestro país, de las que 235 fueron en los meses de verano, hasta el 31 de agosto. Eso representa un 37 % más que en el mismo verano del pasado año 2016. En el mes de julio se registraron las cifras más altas, con 95 sucesos. Agosto fue el segundo mes más trágico en los espacios acuáticos, con 70 muertes, una media de 2,25 por día. Según el Informe Nacional de Ahogamientos, elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se determina que en los meses estivales, junio, julio y agosto, se ahogaron 64 personas más que en el mismo periodo de 2016. De hecho, el número de personas ahogadas representa ya la mitad que el de fallecidos en carretera en nuestro país. El perfil de la persona ahogada
en España es hombre en un 80 %, español en un 75 %, de treinta y cinco o más años en un 71 %, muerto en una playa un 52 %, o en espacio acuático sin vigilancia un 89 %. El verano también ha sido el periodo con más rescates, 300 en tres meses, lo que representa el 80 % de las 400 personas que han sido salvadas de una situación de peligro en el agua, según ha asegurado la Federación de Salvamento y Socorrismo.
En este marco los ayuntamientos tienen la competencia para decidir en qué puntos del término municipal tiene que haber socorristas y en dónde no. Ellos -los ayuntamientos- son quienes corren con este gasto y exigen la formación que consideran oportuna, pero es verdad que muchos consistorios -muchos ayuntamientos- no tienen capacidad económica suficiente como para poder contratar un socorrista en cada playa, por eso reclaman una mayor colaboración de las administraciones públicas, especialmente en un verano como el del presente año, en el que -como decía anteriormente- se ha disparado el número de personas ahogadas como consecuencia de la mayor afluencia de bañistas. Los ayuntamientos pequeños con pocos recursos difícilmente pueden asumir el coste de mantener a los socorristas, y al no contar con este servicio es difícil controlar a los bañistas que acceden a zonas peligrosas, a quienes tienen actitudes temerarias o incluso a los que se sumergen habiendo consumido mucho alcohol. Por otra parte, actualmente no existe una regulación estatal que establezca unos mínimos de formación para los socorristas, ni tampoco existe una normativa básica de qué sanciones aplicar cuando los bañistas cometen imprudencias, una de las principales causas de ahogamiento. Además en muchos casos -y esta es otra cuestión que nos preocupa- el sueldo de los socorristas es sencillamente miserable. La mayoría están cobrando en torno a 800 euros por trabajar un elevado número de horas, y esto también habría que arreglarlo. Como decía es llamativo que sean los ayuntamientos los que deciden si ponen o no socorristas en las playas, cuando España es un país que recibe a millones de turistas cada año.
Por todo ello, ¿qué exigimos al Gobierno? Lo que exigimos al Gobierno es que colabore y que lleve a cabo la elaboración, en el plazo máximo de seis meses, de un plan nacional contra ahogamientos que defina una estrategia común contra estos accidentes y permita financiar equipos, materiales, formación y planes de empleo en materia de salvamento y de socorrismo. Nos decía la portavoz del Partido Popular que seis meses es muy poco tiempo, pero si ponemos un plazo más largo al final esto no se hace; por tanto vamos a exigir un plazo de seis meses; tiempo más que suficiente. Este plan debe establecer los mínimos de formación para socorristas y las sanciones a aplicar cuando los bañistas cometan imprudencias, como les decía, una de las principales causas de ahogamiento.
En el último punto, que también nos parece esencial, instamos al Gobierno a que estudie cómo dotar a las entidades locales de partidas extraordinarias en verano que permitan sufragar estos costes, porque los ayuntamientos no tienen recursos económicos. A España todos los años vienen millones de turistas y de ese turismo millones de euros van a parar a las arcas del Estado, por lo que parece razonable exigirle al Gobierno que una parte de ese dinero se destine a los ayuntamientos para poder contratar socorristas que garanticen la seguridad en nuestras playas, cuestión esencial a la hora de evitar el problema que abordamos en el día de hoy.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos tiene la palabra don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo con la PNL que ha presentado el Partido Socialista, entre otras cosas porque la cifra de personas ahogadas prácticamente supone la mitad de los fallecidos en nuestras carreteras al año. La estadística que se ha dado es demoledora, y creemos que puede corregirse en la medida en la que se hagan campañas de sensibilización, en la medida en la que haya más personas con una mayor formación que protejan a los bañistas, y exista mayor coordinación entre todas las administraciones, principalmente de la Administración local, pero con especial celo de la Administración autonómica y de la Administración del Estado.
Por tanto, a la vista de la PNL presentada, y entendiendo que compartimos plenamente sus objetivos, hemos planteado una enmienda de adición respecto a la mejora de los criterios de formación en socorrismo acuático en todas las comunidades autónomas, y a las sanciones que deberán aplicar los ayuntamientos, cuestión en la que también hay que actuar. El portavoz del Grupo Socialista nos ha planteado una transaccional respecto a la enmienda que hemos presentado, con la que estamos absolutamente de acuerdo por dos motivos: primero, por el fondo, y segundo, porque es mucho mejor llegar a un acuerdo
también en la forma. Por tanto entendemos oportuna esta proposición no de ley. Entendemos que esta es una problemática que pasa muy desapercibida, que tenemos que hacer una sensibilización de los ciudadanos muy importante, y que no podemos darla de lado porque las estadísticas son absolutamente demoledoras. Por tanto vamos a apoyarla y sobre todo a intentar que esto salga a la calle para que los ciudadanos sepan que bañarse conlleva una serie de peligros si se hace de manera temeraria. Hemos visto en muchas playas y en muchos sitios a padres con hijos dándose baños que son absolutamente preocupantes, y que después han dado lugar a dramas familiares o incluso a que personas que han ido a salvarlos también hayan fallecido en ese intento de rescate. Entendemos que es una problemática oportuna en estos Cortes Generales y vamos a apoyarla.
Don Miguel Ángel Heredia, tiene la palabra a los simples efectos de que indique si acepta o no la enmienda que le han presentado.
El señor HEREDIA DÍAZ: En los términos de la transaccional que le hemos pasado a la Mesa, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel.
¿Grupos que deseen intervenir respecto a esta iniciativa? Doña Loreto Cascales, por el Grupo Parlamentario Popular.
Me gustaría iniciar mi intervención diciendo que, en nombre de mi compañero Juan Vicente Pérez, en el mío propio y en el de mi grupo, queremos expresar también nuestro reconocimiento a una figura histórica del campo valenciano, Vicente Hernández, expresidente de AVA-Asaja, que nos dejó la semana pasada y que fue todo un referente y pionero del asociacionismo agrario. Una vez dicho eso, me gustaría continuar diciendo que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que España es un país con un inmenso número de espacios acuáticos naturales de costa, pero también de interior, y que además esos entornos naturales no son los únicos utilizados por la ciudadanía. También existen miles de instalaciones artificiales, como las piscinas, y a menos que usted entienda que las piscinas puedan ser consideradas un entorno natural, sinceramente todavía no entiendo la razón de por qué usted, señor Heredia, ha traído el debate de esta proposición no de ley a esta Comisión.
Para su información le diré que la elaboración de un plan nacional contra ahogamientos debería partir de un informe nacional elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, dependiente no del ministerio de nuestra Comisión, sino del Consejo Superior de Deportes, por lo que entendemos que esta propuesta debería haber sido incluida y debatida en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y no en esta Comisión, cuyas competencias no recogen este tipo de propuestas, e incluso que fuera valorada y escuchada la opinión del Ministerio de Fomento por su Plan Nacional de Salvamento Marítimo. Me gustaría pedirle que en próximas ocasiones estudie usted bien qué temas trae a esta Comisión, y compruebe, antes de introducir otra propuesta suya, si en realidad el debate de la misma y las resoluciones y acuerdos nos competen o no. Esta proposición no de ley definitivamente no nos compete.
Además de esta importante puntualización, cabe destacar que desde nuestro punto de vista no solamente nos presentan la propuesta en la Comisión equivocada, sino que además presenta carencias y contradicciones importantes. No han tenido en cuenta un factor fundamental a la hora de presentarla, como es la importancia de la concienciación pública y la cultura preventiva como factores fundamentales a la hora de reducir ahogamientos y accidentes en los medios acuáticos. Además, y lo más llamativo, parece ser que en esta iniciativa mezclan bastante los conceptos. Hacen referencia única y exclusivamente a la situación de los socorristas en las playas, y por tanto su preocupación por el ahogamiento en playas, pero el número de personas fallecidas al que hacen referencia corresponde a los ocurridos en todos los medios acuáticos. La realidad nos muestra que un gran porcentaje de este tipo de accidentes se produce no solamente en playas, sino también en ríos, lagos, embalses, piscinas, etcétera. No queda muy claro en su propuesta si este plan nacional de ahogamientos es solo restrictivo para zonas de baño en playas o incluiría a todos los medios acuáticos que tenemos, por lo que a nuestro parecer esta propuesta, tal y como la plantean, es bastante ambigua, incompleta y puede inducir a equívoco.
Me gustaría recordarles además que el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dice que estas competencias a las que ustedes hacen referencia están derivadas a los municipios, siempre siguiendo lo que dicten las comunidades autónomas. Señor Heredia, me llama sinceramente la atención que en esta propuesta no se haga ni una sola mención a la necesidad de ayuda y colaboración por parte de las comunidades autónomas, que, junto con los ayuntamientos, tienen derivadas las competencias. Si de verdad se quiere buscar una solución adecuada, inexorablemente habrá que contar con la ayuda y colaboración de las comunidades autónomas, aunque ustedes aquí ni las nombren. No obstante, explicadas las incongruencias de su propuesta y siguiendo el criterio de responsabilidad que caracteriza a mi grupo, al Grupo Parlamentario Popular, entendemos que es obligación de todas las administraciones públicas poner los medios necesarios y que estén a nuestro alcance para evitar que estos accidentes se produzcan.
Por tanto, quiero dejar claro, muy claro, que desde el Grupo Parlamentario Popular siempre apoyaremos a las federaciones, haciéndonos eco de sus peticiones, y entendemos que es deseable una coordinación en cuanto a objetivos y medidas, formación de profesionales y financiación entre las diferentes administraciones y entidades implicadas en la materia, entendiendo además que la coordinación y puesta en común de una materia en donde son muchísimas las entidades que deben dar su opinión necesita un periodo de desarrollo más amplio del que ustedes han presentado. Seis meses, señor Heredia, por mucho que usted quiera, es poco tiempo, y yo instaría a que este plan nacional contra ahogamientos fuese una realidad lo antes posible porque lo importante es que se lleve adelante.
El señor PRESIDENTE: Doña Loreto, ruego que vaya concluyendo.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Ya finalizo, diciendo solamente que la dotación de partidas extraordinarias para los ayuntamientos debe ser estudiada -quiero hacer esta puntualización una vez más porque es reiterativa en las Comisiones- en la futura reforma de la financiación autonómica y local. Por lo tanto, este tema debe ser estudiado en esa futura reforma.
Muchas gracias y disculpen mi tardanza. (Aplausos).
Esta Presidencia quería expresar el pésame por el fallecimiento de esta figura del asociacionismo agrario, de don Vicente Hernández, sumándose de esta manera al sentir de todos los grupos presentes en la sesión.
Señoras y señores diputados, les propongo un pequeño receso de cinco minutos para ordenar todas las enmiendas que han sido objeto de transacción antes de empezar las votaciones. (Pausa).
Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día de hoy. En primer lugar, vamos a someter a votación la primera propuesta, relativa a la puesta en marcha de un plan de erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y objeto de una transaccional con el Partido Socialista. Por lo tanto, se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; abstenciones, 14.
Vamos a someter a votación ahora la propuesta relativa a mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que ha añadido una autoenmienda. Por tanto, se vota en esas condiciones.
Vamos a someter a votación la propuesta sobre la promoción del consumo de productos pesqueros presentada por el Grupo Parlamentario Popular en sus términos.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley número 6 relativa a eliminar la venta a resultas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay una transaccional resultado de una enmienda del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 14.
Sometemos a votación la propuesta sobre medidas en el sector agroganadero para combatir la despoblación rural en España. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular que ha transaccionado con el Grupo Ciudadanos.
Por último, sometemos a votación la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista relativa a elaborar un plan nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático. Ha sido transaccionada una enmienda de Ciudadanos, por lo tanto sometemos a votación la transaccional.
Señoras y señores diputados, les agradezco su colaboración.

References: resolución 
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 artículo 115