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Timestamp: 2019-10-14 18:35:03+00:00

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﻿ SENTENCIA SL22124-2017/54692 DE DICIEMBRE 6 DE 2017
SENTENCIA SL22124-2017 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE UNA SENTENCIA EN LA PRESUNCIÓN DE ACIERTO SE MANTIENE. SE PRECISA QUE CUANDO EL RECURRENTE EN SEDE DE CASACIÓN DEMUESTRE UN DISLATE EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS ENLISTADAS EN EL RECURSO LA SENTENCIA ATACADA PERMANECE INCÓLUME, PUES AL NO INTENTAR DERRUIR TODOS SUS FUNDAMENTOS SE MANTIENE LA PRESUNCIÓN DE ACIERTO Y LEGALIDAD DE LA PROVIDENCIA CUESTIONADA. PARA EL CASO EN REVISIÓN, SE ESTABLECIÓ QUE LAS CONDUCTAS ALLÍ ENDILGADAS, ANTES QUE SER REFUTADAS SE CORROBORAN CON LAS RESTANTES PRUEBAS UTILIZADAS COMO APOYO EN LA SENTENCIA ACUSADA, VALGA REITERAR, EN SU MAYORÍA TESTIMONIALES NO APTAS EN CASACIÓN. PARA CONCLUIR, SE DECIDE NO CASAR UNA SENTENCIA EN LA QUE SE NEGÓ LA DECLARACIÓN DE UN CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO QUE FINALIZÓ SIN JUSTA CAUSA POR DECISIÓN UNILATERAL DEL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, SENTENCIA, PRESUNCIÓN DE HECHO, PROVIDENCIA JUDICIAL, LEGALIDAD DE LA PRUEBA, DERECHO LABORAL
Sentencia SL22124-2017 de diciembre 6 de 2017
SL22124-2017
Rad.: 54692
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Luz Adriana Sarmiento Vásquez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 2 de noviembre de 2011, en el proceso que instauró la recurrente contra Bancolombia S.A.
Luz Adriana Sarmiento Vásquez impulsó demanda contra Bancolombia S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 4 de abril de 1994 hasta el ‹‹14 de enero de 2008››, que finalizó sin justa causa por decisión unilateral del empleador. Que, como consecuencia de lo anterior, la empresa debe pagar $100’291.281.oo por concepto de la indemnización prevista en el artículo 38 del capítulo IX de la convención colectiva de trabajo 1999 – 2001; los perjuicios morales en cuantía de 20 SMLMV; indemnización moratoria prevista en el artículo 65 CST; los salarios y prestaciones, lo ultra y extra petita y las costas procesales.
Fundamentó sus pedimentos, en que se vinculó con la demandada el 4 de abril de 1994 mediante un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de auxiliar de correspondencia y, posteriormente el de administradora de la oficina Bancolombia – Alcaldía Armenia; que su último salario fue $3’378.750.oo cancelados quincenalmente, valor que presentó variaciones durante los últimos tres meses por las bonificaciones a las cuales el empleador no les reconoció el carácter salarial; que nunca tuvo llamado de atención; que perteneció al Sindicato Nacional de Trabajadores de Bancolombia –Sintrabancol desde el 31 de agosto de 2004.
Que el ‹‹18 de enero de 2008›› le fue comunicada la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo y se adujo como justa causa; que desde el 2003 hasta el 2007 por error del banco, los subgerentes le cancelaron trimestralmente el 50% de sus cesantías mediante consignación a su cuenta de nómina, cheque de gerencia o efectivo, valores que recibió y que dispuso en su beneficio, cuando los mismos debieron ponerse a órdenes del Juzgado Cuarto de Familia, en cumplimiento de una orden de embargo recibida desde el 20 de mayo de 2003; sin que los funcionarios contaran con la respectiva autorización de nómina para dicho proceder, actuaciones que afectaron el patrimonio de la entidad pues tuvo que poner a disposición de dicho despacho el valor de $5.579.044.00.
Sostuvo además, que el 2 de noviembre de 2004, la entidad bancaria contestó el Oficio 924 al referido Juzgado, en el que aludió que Sarmiento Vásquez, se encontraba afiliada al fondo de cesantías Protección, y que tenía causada la prestación a esa fecha por $208.162, igualmente informó que la funcionaria tenía pignoradas sus cesantías para la amortización de un crédito de vivienda, razones que fueron acogidas por el despacho como causa suficiente para que el banco no estuviera obligado a depositar tales prestaciones.
Agregó que no existe la justa causa alegada por el Banco para la terminación de su contrato de trabajo, por lo que se le adeudan cesantías, indemnización por despido sin justa causa ‹‹y demás derechos adquiridos sin que hasta el momento hayan sido cancelados››; que desde la fecha del despido ha sufrido baja en su autoestima, frustración y sentimientos de impotencia, aflicción y rechazo por otros empleadores del sector, pues la convocada a juicio no ha dado ningún tipo de referencia laboral y que intentó conciliar sin éxito.
Al dar respuesta, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, puntualizó que el contrato de trabajo se suscribió el ‹‹1 de abril de 1994››, dijo que el primer cargo de la actora fue el de Auxiliar de Servicios Varios y el último fue el de Gerente de la Oficina Alcaldía de Armenia, que el último salario mensual fue $2’711.000 y que las bonificaciones pagadas no constituían salario y que se reconocían por mera liberalidad.
Indicó que el despido se produjo por el incumplimiento grave de sus funciones reflejado en el hecho de haber consignado el valor de sus cesantías, haciendo caso omiso de una orden de embargo del 50% sobre las mismas. Insistió en que la actora abusó de su condición de Gerente de la Oficina de la Alcaldía de Armenia y asaltó a la entidad en su buena fe, cuando recibió y dispuso en beneficio propio de dineros correspondientes a liquidaciones de sus cesantías parciales que debían ser entregados al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia, en cumplimiento de una orden de embargo del 50% de las mismas, recibido desde el 20 de mayo de 2003, que el Banco esclareció que durante el 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, la demandante recibió mediante abono en su cuenta de ahorros, cheque de gerencia o entrega en efectivo, transferencias del área de nómina que el Banco liquidaba trimestralmente con destino a la autoridad judicial para cumplir con la orden de embargo, dineros que no arribaron a su destino final, sino que por error se le entregaron a la demandante.
Alegó que no fue cierto que el Juzgado Cuarto de Familia haya levantado la medida de embargo del 50% sobre dicho concepto prestacional, pues debió poner a órdenes del Juzgado $5’579.044 para dar cumplimiento a dicha orden. Agregó que no era cierto que se adeudara suma alguna y que al final de la relación laboral constituyó un depósito judicial por $8’199.782, hecho del que se le envió comunicación a la actora.
En su defensa propuso como excepciones perentorias, inexistencia de las obligaciones reclamadas; pago; cobro de lo no debido; compensación; buena fe; y, prescripción (fls. 108 a 119).
El Juzgado Segundo Adjunto Laboral del Circuito de Armenia, mediante sentencia del 30 de junio de 2010 (fls. 289 a 302), resolvió:
1. DECLARAR la existencia de un contrato a término indefinido entre las partes entre el 01 de abril de 1994 al 20 de enero de 2008, el cual fue terminado unilateralmente sin justa causa por la entidad demandada.
2: CONDENAR a la parte demandada al pago de la indemnización, como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa a la demandante, la suma de $60’156.801
3: ABSOLVER a la entidad demandada Bancolombia S.A. de las demás pretensiones invocadas en su contra.
4: DECLARAR probada la excepción denominada “Pago”.
5. ABSOLVER de las demás declaraciones y condenas al empleador por lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia.
6: Costas a cargo de la parte demandada.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, al conocer la apelación formulada por las partes, mediante fallo del 2 de noviembre de 2011, resolvió:
1. REVOCAR en todas sus partes la sentencia proferida el 30 de junio de 2010 por la Jueza Segunda Adjunta Laboral del Circuito de Armenia dentro del presente proceso y en su lugar ABSOLVER a Bancolombia S.A. de la (sic) pretensiones formuladas en la demanda por la señora Luz Adriana Sarmiento Vásquez, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte actora a favor de la entidad demandada.
3. CONDENAR en COSTAS en esta instancia a la señora Luz Adriana Sarmiento Vásquez y a favor de Bancolombia S.A.; por secretaría liquídense e inclúyanse como agencias en derecho, a cargo de dicha parte la suma de Seiscientos Mil Pesos m/cte. ($600.000).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal transcribió la comunicación de despido dirigida a la trabajadora en la que se invoca como sustento de dicha decisión unilateral los numerales 4, 6 y 10 del literal a) del artículo 62 CST; 1 y 5 del artículo 58 ibídem, los literales e) y g) del artículo 55, c) y d) del artículo 67 CST y numerales 1, 5 y 6 del artículo 60 del Reglamento Interno de Trabajo.
Analizó los testimonios de Luz Adriana Ruiz Salazar, Luis Ángel Castaño Manrique, Olga Adriana González y Sonia Helena Cardona Salazar, de los que concluyó que la demandante era conocedora de que los giros de los dineros realizados desde Medellín eran en virtud de una orden judicial de embargo que pesaba en su contra y que dicha situación fue reiterativa por varios años. Refirió además que:
[…] es censurable dicho actuar no solo por lo dicho anteriormente, sino también por cuanto, si bien aquellos dineros provenían de sus cesantías, para tener acceso a su pago como anticipo parcial de cesantías, debía cumplirse un procedimiento previo, cual es la solicitud de las mismas por cada uno de los pagos parciales a su empleador y la autorización del Ministerio de la Protección Social para que el banco pudiera pagar tales anticipos, lo que nunca se dio, o por lo menos no aparece acreditado en juicio; por lo tanto, aun a sabiendas de que no había efectuado dicho procedimiento para obtener los anticipos de cesantías, reclamó y se benefició de dichos dineros, desconociendo el trámite establecido para ello.
Es evidente que tal proceder de la demandante es desde todo punto de vista censurable, irregular y deshonesto, pues indudablemente atenta contra los buenos principios, valores humanos y buen comportamiento que como Gerente de una sucursal del Banco demandado debía observar la actora frente a sus superiores, compañeros y subalternos, pues su condición de directiva debió servir de ejemplo para estos, debiendo mostrar en su actuar, en todo momento, total transparencia, rectitud y decoro acorde con la dignidad del cargo, máxime si se trata de dinero, como es el caso que nos ocupa, que implica que el banco demandado pierda total confianza en ello.
Se concluyó que el despido de la demandante estuvo ajustado a derecho y por ende, no era procedente la condena por este aspecto.
En cuanto a la supuesta entrega errónea de dineros a la trabajadora por concepto de cesantías, que daría lugar a la aplicación del artículo 254 CST como cesantías parciales consideró: ‹‹debe señalar la Sala que este es un hecho nuevo no alegado inicialmente en la demanda, por tal razón no puede pretender ahora sorprender a su contraparte con situaciones fácticas no planteadas ni discutidas en el líbelo demandatorio››.
A pesar de ello aclaró que no se trató de pagos parciales sino de giros realizados con el propósito de cumplir una orden judicial y que fue por voluntad de la misma actora que no se procedió en tal sentido.
Pretendo que se case la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Armenia, para que, en sede de instancia, la Corte modifique el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, en cuanto al monto de la Indemnización por despido injusto y la confirme en lo demás.
Se propone de la siguiente forma:
Por la vía indirecta, la sentencia recurrida viola la ley sustancial, por aplicar indebidamente los artículos 58 numerales 1º y 5º y 62 literal a) numerales 4º y 6º del CST, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 64, modificado por el artículo 28 de la ley 789 de 2002, 65, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, 249 y 254 del CST, 51, 60, 61 y 151 del CPTSS, 176, 177, 187, 197, 213 y 268 del CPC, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y evidentes por falta de apreciación de algunas pruebas y de otras erróneamente apreciadas.
Aduce que dichas violaciones se produjeron como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante incurrió en las conductas descritas en la carta de despido.
2. No dar por demostrado, estándolo, que la actora no incurrió en los comportamientos insertos en la carta de despido.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que las conductas descritas en la carta de despido, configuraban justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante.
4. No dar por demostrado, estándolo, que en ningún momento existieron las conductas descritas como justas causas para despedir a la actora.
Enlista como pruebas no apreciadas, la fotocopia de la comunicación del 2 de noviembre de 2004, dirigida por la Subgerente de Operaciones de Bancolombia S.A. donde se informa al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia que la actora tiene consignadas sus cesantías en el Fondo Protección, por valor de $208.162 (fls. 15 y 151); la fotocopia de la carta de fecha 9 de noviembre de 2007, en la cual la demandante explica a la analista de gestión humana de Bancolombia que por orden directa de los funcionarios de nómina de Medellín los valores por concepto de cesantías parciales debían ser reembolsados a su favor (fls. 136 a 137); copia de comunicación de 20 de noviembre de 2007, por la cual la actora allega copia del oficio 1324 del 19 de diciembre de 2007, donde se ordena cancelar el embargo (fls. 141 a 142); copia de escrito de 22 de julio de 2003, donde se comunica al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia sobre la realización del embargo de cesantías a la demandante folio 149; y, confesión ‹‹mediante apoderado judicial en relación con las afirmaciones fácticas contenidas en los numerales 4º y 7º de la demanda (fl. 3 cdno. 1)››.
Acusa de erróneamente apreciados, la carta de terminación del contrato (fls. 10 a 13), y los testimonios de Luz Adriana Ruiz Salazar (fls. 260 a 262), Luis Ángel Castaño Manrique (fls. 263 a 264), Olga Adriana González (fls. 269 a 271) y Sonia Helena Cardona Salazar (fls. 274 a 277).
En el desarrollo del cargo indica que las pruebas señaladas demuestran que las conductas que fundamentaron la decisión de despido no se configuraron, pues la actora no tenía a su cargo el manejo de sus cesantías.
Menciona que del testimonio de Luz Adriana Ruiz Salazar se deduce que la demandante no tenía el mando sobre los subgerentes que asumían la función del manejo de las cesantías y que incurrieron en el error de consignarle dicho auxilio.
Agrega que los restantes testimonios demuestran que fue la entidad la que incurrió en error al consignarle las cesantías a la demandante, que era la Oficina de Gestión Humana de Medellín la encargada de dar trámite a los embargos y ‹‹luego se remitían a la sucursal de Armenia, para dar cumplimiento a dicha orden judicial››.
Para ilustrar que la recurrente no cometió las irregularidades endilgadas en la carta de despido, y que no hacía parte de sus funciones, el manejo de las cesantías y sus embargos, refiere que:
en el expediente aparecen las comunicaciones de noviembre 2 de 2004 (fls. 15 151 Cdno 1) y 22 de julio de 2003 (fl. 149 Cdno 1), donde se evidencia que es precisamente el Subgerente de Operaciones de la entidad bancaria demandada, quien tenía a su cargo esta obligación. En efecto, en el primer documento se informa al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia, sobre el valor de las cesantías de la demandante y en el segundo, se comunica al citado despacho judicial sobre el cumplimiento de la orden de embargo de las cesantías de la actora.
Alega que el Tribunal no tuvo en cuenta la buena fe de la demandante que allegó el oficio 1324 del 19 de diciembre de 2007, con el que notificó la cancelación del embargo por parte del Juzgado ni la carta de fecha 9 de noviembre de 2007, en la cual la demandante explicaba a la Analista de Gestión Humana de la accionada, que por orden directa de los funcionarios de nómina de Medellín se les informaba a los subgerentes que los valores por concepto de cesantías parciales debían ser reembolsados a su favor.
Que contrariamente, hubo mala fe de la demandada cuando alega una consignación a órdenes del Juzgado de $5’579.044, hecho que nunca se probó; que obra comunicación del 2 de noviembre de 2004, donde la Subgerente de Operaciones informa al Juzgado Cuarto de Familia que las cesantías de la actora ascienden a $208.162 (fls. 15 y 151) y que nunca se probó algún perjuicio en contra de la demandada.
Agrega que Bancolombia cometió el error de consignarle las cesantías, y luego la responsabiliza de tal conducta, disponiendo la terminación de su contrato de trabajo; subraya los apartes de la contestación de la demanda, donde se afirma que los dineros fueron entregados por error a la demandante, cita jurisprudencia que define la buena fe y concluye que las pruebas aportadas al proceso, dan cuenta de su ausencia de responsabilidad en la disposición de los recursos correspondientes al 50% de sus cesantías consignadas por la demandada en su cuenta de ahorros y que aparece probado el error de la subgerente de operaciones de Bancolombia.
Se propone en la siguiente forma:
La sentencia acusada incurre en violación de medio del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (Aplicable al presente asunto por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), que a su vez condujo a la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 58 numerales 1º y 5º y 62 literal a) numerales 4º y 6º del CST, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 64, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, 65, modificado por el artículo 29 de la ley 789 de 2002, 249 y 254 del CST, 51, 60, 61 y 151 del CPTSS, 174, 175, 176, 177, 197, 213, 220, 227, 228, 251 y 268 del CPC.
Asevera estar de acuerdo con la parte fáctica que enuncia así:
El 4 de abril de 1994, la demandante ingresó a laborar mediante contrato a término indefinido para el empleador Bancolombia S.A.; su último cargo lo desempeñó como administradora de la oficina de la Alcaldía de Armenia; el último salario quincenal devengado por mi representada fue de $3’378.750, siendo variable en los 3 últimos meses; el 14 de enero de 2008, el empleador decretó la terminación unilateral del contrato de trabajo de la actora, invocando como justas causas las previstas en el literal a) numerales 4º 6º del artículo 62 del C.S. del T., en concordancia numerales 1º y 5º del artículo 58 ibídem.
Reproduce apartes de la sentencia acusada en los que se tiene como justificado el despido y cita el artículo 187 CPC para afirmar que las pruebas debieron ser apreciadas en su conjunto, atendiendo las reglas de la experiencia para después sopesarlas en su integridad. Alega que el sentenciador ‹‹desconoció el mandato previsto en el artículo 187›› del estatuto procesal civil y seguidamente señala que ‹‹el ad quem desconoció el principio de la valoración de la prueba en conjunto, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas››.
La oposición alega falencias técnicas en el primer cargo tales como acudir a testimonios que no son prueba calificada y que, en todo caso fueron soporte de la decisión.
Hace mención de las declaraciones de los testigos para concluir que las inferencias del Tribunal sobre la conducta de la actora fueron acertadas y que las acusaciones de la casacionista no logran demostrar error alguno en la apreciación fáctica del sentenciador.
Sobre los documentos visibles a folios 136, 137 y 141 donde la demandante informó al banco que eran sus abogados los encargados del tema del embargo, indica que se trata de su propia versión, sin que arriben a demostrar algún error de hecho; con relación a la contestación de la demanda, aduce que ‹‹olvidó el impugnante (sic) que el aspecto medular del fallo estriba en el conocimiento de la demandante en la obligación de embargo y lo expresado en la carta de despido, lo cual está acreditado desde la misma demanda›› y también la resistencia de la recurrente de realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a dicha medida judicial, más aun cuando el desembargo se dispuso el 19 de diciembre de 2007.
Frente al segundo cargo, señala que el cuestionamiento sobre la apreciación en conjunto de las pruebas no debió realizarse por la vía directa y, en todo caso, debió demostrarse el desacierto del Tribunal; por qué ocurrió dicho error y lo que en realidad acreditarían los medios de convicción. Sobre el fondo señaló que no se advierte el dislate pretendido en la acusación y que en el sistema procesal laboral no existe tarifa legal probatoria.
Se asume el análisis conjunto de los cargos teniendo en cuenta la uniformidad de las normas acusadas y la similitud de los argumentos que respaldan la censura.
En la censura se señalan como no apreciadas la comunicación del 2 de noviembre de 2004, obrante a folio 15 dirigida por Luz Adriana Ruiz Salazar, en calidad de Subgerente de Operaciones de Bancolombia S.A., donde se informa al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia que Luz Adriana Sarmiento Vásquez tiene consignadas sus cesantías en el Fondo Protección, por valor de $208.162 y que las tiene pignoradas ‹‹amortizando crédito de vivienda››. A su turno, el documento visible a folios 136 y 137 revela comunicación de la recurrente dirigida a Sonia Elena Cardona, Analista de Gestión Humana de Bancolombia, donde le hace ver su inconformidad con algunos descuentos realizados por nómina entre los que se menciona aquellos por concepto de la orden judicial de embargo.
También se acusa como no apreciado el documento de folios 141 y 142, por el cual la actora allega copia del oficio 1324 del 19 de diciembre de 2007, donde se ordena cancelar el embargo y la copia de escrito de 22 de julio de 2003, que comunica al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia sobre la realización del embargo de cesantías a Sarmiento Vásquez, folio 149.
Vistos en su conjunto los documentos, se tiene que concurren a demostrar la existencia de un embargo decretado judicialmente el 11 de abril de 2003 y levantado el 7 de diciembre de 2007, que gravaba el 50% de las cesantías a que tenía derecho la censora.
Como se ve, dicha conclusión fue el pilar de la decisión del Juez Colegiado, sin que el mismo fuese atacado en el recurso de manera idónea, lo cual conlleva que aún si se demostrara un dislate en la apreciación de las pruebas enlistadas en la demanda de casación, la sentencia permanecería incólume, pues tiene por sabido, que al no atacar todos los fundamentos de la decisión adoptada, se mantiene la presunción de acierto y legalidad de la providencia cuestionada, tal como se ha sostenido de manera reiterada por esta Sala, entre muchas sentencias, en la CSJ SL 15610-2016.
Por la misma línea, la censura no logra demostrar el presunto error en la apreciación de la carta de despido visible de folios 10 a 13, ya que las conductas allí endilgadas, antes que ser refutadas se corroboran con las restantes pruebas utilizadas como apoyo en la sentencia acusada, valga reiterar, en su mayoría testimoniales no aptas en casación.
Con relación a las afirmaciones realizadas en la contestación de la demanda en las que se menciona la consignación ‹‹por error›› de las cesantías a favor de la demandada, no se aprecian en el cargo los hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a Bancolombia S.A. en los términos del artículo 195 CPC, 191 del CGP, en la medida que el debate estuvo centrado en la conducta de la censora con relación a la destinación de las sumas de dinero por concepto de cesantías objeto de embargo. En esa medida no es dable invocar dichas manifestaciones como prueba de confesión pues, como ya se dijo, no se advierte el efecto negativo que pueda derivarse para los intereses de la opositora. Antes bien, el error de que se habla, es el mismo del cual el Tribunal encontró probada la injerencia de la demandante en su producción, determinando que era la utilización indebida de su cargo como Gerente la que había suscitado que dicho error se produjera. Esta última conclusión, como arriba se expresó, no fue atacada con una prueba calificada en esta sede por lo que la Sala no puede asumir su análisis.
Por último, la proposición del cargo segundo es precaria, en la medida que su desarrollo se concentra en invocar como presuntamente violada la disposición adjetiva contenida en el artículo 187 CPC, sin alusión somera a la consecuencia de dicha falencia en el ordenamiento sustantivo y se incumplió con la obligación de demostrar de qué manera dicho desconocimiento sirvió de vehículo para la violación de la norma sustancial.
Dado que no se demostró la comisión de un error protuberante de hecho respecto de una prueba calificada, no es posible el análisis de los testimonios, tal como lo señala el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, prueba que fue uno de los soportes fundamentales de la decisión del Tribunal.
Dado que se formuló oposición, las costas en casación son a cargo de la recurrente, para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000. Liquídense de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 2 de noviembre de 2011, en el proceso que instauró Luz Adriana Sarmiento Vásquez contra Bancolombia S.A.

References: artículo 38
 artículo 65
 artículo 62
 artículo 58
 artículo 55
 artículo 67
 artículo 60
 artículo 254
 artículo 7
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 187
 artículo 145
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 62
 artículo 58
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 195
 artículo 187
 artículo 7
 artículo 366