Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0240_ES.html
Timestamp: 2020-04-02 20:01:50+00:00

Document:
<Titre>sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia</Titre>
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia
– Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),– Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta[1], y la declaración de prensa conjunta, de 29 de enero de 2014, de la Comisión y las autoridades maltesas sobre el programa de inversores individuales de Malta,
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales[2], y su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales[3],
– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta[4],
– Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea[5],
– Vista la pregunta a la Comisión sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia[6],
S. Considerando que, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras de 2019, Malta ocupa el puesto 77, tras caer desde el puesto 65 en 2018 y el 47 en 2017[7];
T. Considerando que la calificación del espacio cívico de Malta ha pasado de «abierto» a «restringido» en el monitor de Civicus para 2019; que Civicus describe el entorno para periodistas como cada vez más hostil, en especial para quienes informan sobre la corrupción, y afirma que la impunidad tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia ha creado el espacio para que el Estado intimide y hostigue a los activistas y a quienes defienden la justicia[8];
W. Considerando que el informe de la investigación «Egrant» no está disponible para el público; que las conclusiones de que se dispone no confirman las denuncias que vinculan la propiedad de Egrant Inc. con el primer ministro maltés y su esposa; que solamente el primer ministro, el ministro de Justicia, el jefe del Gabinete del Primer Ministro y el responsable de Comunicaciones del primer ministro tienen acceso al informe de investigación completo, sin expurgar, que está pendiente de edición; que no se inició posteriormente ninguna investigación para descubrir al propietario real de Egrant, punto que sigue pendiente de clarificación;
X. Considerando que se están llevando a cabo cinco investigaciones judiciales sobre las denuncias de corrupción, es decir, una investigación del Pilatus Bank, una sobre una cantidad de dinero transferida entre el antiguo jefe del Gabinete del Primer Ministro y el auditor de Nexia BT, una investigación sobre los sobornos entre el antiguo jefe del Gabinete del Primer Ministro y Adrian Hillman del Times of Malta, una sobre 17 Black Ltd. y otras dos empresas, Tillgate y Hearnville, y una investigación sobre Vitals;
Y. Considerando que, entre mayo de 2016 y noviembre de 2019, el jefe de Gabinete del Primer Ministro y el actual ministro de Turismo y antiguo ministro de Energía de Malta fueron los únicos funcionarios gubernamentales de alto rango en ejercicio de todos los Estados miembros de la Unión que figuraban como propietarios reales de una sociedad incluida en los papeles de Panamá;
Z. Considerando que uno de los presuntos cerebros del asesinato es propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd., quien anteriormente fue miembro del consejo de administración de la empresa Electrogas Malta Ltd., que participó en la ejecución del acuerdo a largo plazo para suministrar gas de Azerbaiyán a Malta;
AA. Considerando que, en su informe de 12 de septiembre de 2019, el órgano de lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, pidió a las autoridades maltesas que reforzaran la aplicación práctica de sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidió aplicar su procedimiento de seguimiento reforzado e invitó a Malta a que le informara en diciembre de 2020; que, según el informe, las autoridades policiales no están actualmente en condiciones de perseguir de manera efectiva y oportuna casos complejos de blanqueo de capitales de alto nivel relacionados con delitos financieros, de soborno y de corrupción[9];
AB. Considerando que el órgano de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, concluyó, en su informe de 22 de marzo de 2019, que se está cuestionando la eficacia de las instituciones públicas implicadas en los controles y contrapesos, puesto que el país se ha enfrentado en los últimos años a una oleada de controversias sin precedentes en lo que se refiere a la integridad de altos funcionarios del Estado hasta el más alto nivel[10];
AC. Considerando que, en el informe de 2019 sobre el Semestre Europeo relativo a Malta (SWD(2019)1017), la Comisión mencionó que el marco institucional de lucha contra la corrupción presenta deficiencias, y que existe el riesgo de conflicto de intereses en distintos niveles de gobierno;
AD. Considerando que en un informe de la Comisión de septiembre de 2019 se señala que Malta presenta el mayor porcentaje de evasión fiscal de Europa por un amplio margen, y se revela que los ciudadanos malteses poseen una importante riqueza extraterritorial y colocan sus bienes en el extranjero[11],
AE. Considerando que en un informe emitido por el Banco Central Europeo en el verano de 2019 se señalan graves deficiencias que podrían haber permitido durante años el blanqueo de capitales u otras actividades delictivas en Bank of Valletta, a pesar de las reiteradas advertencias;
AF. Considerando que el GRECO concluyó además que la Comisión Permanente contra la Corrupción difícilmente puede considerarse un organismo especializado que aspire a facilitar la investigación de la corrupción, y que su contribución a los esfuerzos de Malta en materia de lucha contra la corrupción ha sido insignificante[12];
AG. Considerando que en 2019 se notificaron al menos cinco casos en los que se acusaba de delitos financieros graves a clientes del «régimen de ciudadanía y residencia para inversores» maltés;
AH. Considerando que un representante de la agencia de pasaportes Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. sugirió, en una entrevista encubierta del programa francés de televisión «Enquête exclusive», que sus relaciones personales con el primer ministro, el ministro de Justicia y la secretaria parlamentaria de Reformas, Ciudadanía y Simplificación de los Procedimientos Administrativos podrían tener efectos beneficiosos en el proceso de solicitud, también para clientes con antecedentes penales; que estas revelaciones plantean serias dudas acerca de la fiabilidad y el control de los programas de ciudadanía y residencia de Malta;
AI. Considerando que, el 8 de noviembre de 2019, el Gobierno maltés publicó un informe de la Oficina del regulador del programa de inversores individuales (IIP, por sus siglas en inglés) en relación con una investigación sobre Chetcuti Cauchi Advocates en su calidad de agente del IIP; que en este informe se afirma, en su resumen ejecutivo, que en el marco del análisis no se ha descubierto ninguna señal de alerta que respalde, total o parcialmente, las supuestas alegaciones[13];
AJ. Considerando que Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. presentó la primera solicitud que fue aceptada en el marco del nuevo programa de inversores individuales de Malta y que se le concedió el estatuto privilegiado de «agente autorizado» en 2016, por cumplir los requisitos de calidad, fiabilidad y volumen establecidos por Identity Malta; que un vídeo promocional de la empresa fue rodado en Auberge de Castille, donde se encuentra la Oficina del Primer Ministro, y que en dicho vídeo aparecía también la secretaria parlamentaria de ciudadanía; que, el 23 de septiembre de 2019, el Gobierno suspendió las licencias de agente de ciudadanía IIP 001 e IIP 124, por haber divulgado la empresa «información engañosa»;
AK. Considerando que la aplicación de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores por los Estados miembros de la Unión conlleva riesgos importantes en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales, socava la confianza mutua y la integridad del espacio Schengen, permite la admisión de nacionales de terceros países únicamente sobre la base de la riqueza acumulada y no en función de conocimientos, capacidades o consideraciones humanitarias útiles, y que constituye la venta efectiva de la ciudadanía de la Unión; que la Comisión ha declarado explícitamente que no respalda los regímenes malteses de ciudadanía y residencia para inversores;
AL. Considerando que la Comisión de Venecia estableció, en su dictamen sobre Malta adoptado en su 117.ª sesión plenaria de los días 14 y 15 de diciembre de 2018[14], una serie de propuestas de reformas constitucionales;
AM. Considerando que Malta ha iniciado un debate acerca de un proceso de reformas constitucionales, bajo la supervisión de su presidente, en el que participan diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil, y que la aplicación de la mayor parte de estas reformas exigirá una mayoría de dos tercios en el Parlamento; que está en curso un proceso de reforma que aborda el controvertido papel constitucional del Fiscal General y el sistema actual de nombramientos judiciales;
AN. Considerando que el Parlamento Europeo y otras muchas instituciones internacionales han expresado reiteradamente su preocupación por la imparcialidad de la aplicación de la ley, la separación de poderes y la independencia del poder judicial en Malta, especialmente por lo que respecta a la politización y a la falta de transparencia en los procesos de selección y nombramiento, como en el caso del puesto de Jefe de la Policía;
AO. Considerando que, el 17 de julio de 2019, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación» (COM (2019)0343), a raíz de varias Resoluciones del Parlamento Europeo de amplio respaldo[15], en la que se propone un mecanismo exhaustivo e independiente para supervisar la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales con una periodicidad anual en todos los Estados miembros;
11. Reitera la necesidad inminente de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como ha propuesto el Parlamento, en forma de pacto interinstitucional para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consistente en un examen anual independiente, basado en pruebas y no discriminatorio, que evalúe, en igualdad de condiciones, el cumplimiento por parte de todos los Estados miembros de la UE de los valores estipulados en el artículo 2 del TUE, con recomendaciones específicas por país (el informe europeo sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales), que iría seguido de un debate interparlamentario y un ciclo político permanente sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en las instituciones de la UE[16]; pide de nuevo a la Comisión que presente propuestas para evitar las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública»;
12. Pide una vez más al Gobierno de Malta que ponga fin a sus regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, y que encargue una investigación independiente y a escala internacional sobre las repercusiones de esta venta de la ciudadanía y la residencia en las capacidades de ejecución de las autoridades maltesas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, en otras modalidades de delincuencia transfronteriza y en la integridad del espacio Schengen; pide a la Comisión que siga supervisando y evaluando todos los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores existentes y que tome las medidas adecuadas, tal como se propone en Resoluciones anteriores; pide al Consejo que someta a debate la cuestión[17];
15. Recuerda de nuevo a su presidente que hace ya tiempo que debería haberse atendido su petición de crear un premio europeo de periodismo de investigación Daphne Caruana Galizia que distinga anualmente trabajos destacados de periodismo de investigación en Europa;
[1] DO C 482 de 23.12.2016, p. 117.
[2] DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0456.
[4] DO C 356 de 4.10.2018, p. 29.
[5] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.
[6] Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000015/2019 a la Comisión – B8-0017/2019.
[7] https://rsf.org/es/malta
[8] Monitor Civicus, «People Power Under Attack 2019».
[9] Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report, julio de 2019.
[10] GRECO, Quinta ronda de evaluación — Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad — Informe de evaluación — Malta, 3 de abril de 2019.
[11] Comisión Europea, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion by Individuals, septiembre de 2019.
[12] GRECO, Quinta ronda de evaluación — Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad — Informe de evaluación — Malta, 3 de abril de 2019.
[13] Office of the Regulator of the Individual Investor Programme, Analysis of IIP Applications presented by Chetcuti Cauchi Advocates, 8 de noviembre de 2019.
[14] Malta - Dictamen sobre las disposiciones constitucionales y la separación de poderes, adoptado por la Comisión de Venecia en su 117.ª sesión plenaria (Venecia, 14-15 de diciembre de 2018).
[15] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DO C 215 de 19.6.2018, p. 162); Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales P8_TA(2018)0456.
[16] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (DO C 215 de 19.6.2018, p. 162); Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales P8_TA(2018)0456.
[17] Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales, (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0240); Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0328); Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta (Textos Aprobados, P7_TA(2014)0038).

References: Resolución 
 artículo 20
 artículo 2
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