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Timestamp: 2018-02-20 17:38:31+00:00

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Portada de EL MUNDO: El Montaje de Garzón
Por Testigo Directo - 30 de Septiembre, 2006, 17:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Les acusa por haber firmado el pasado julio una copia del mismo dictamen, cuyo original desapareció Mantiene de testigo al jefe Ramírez, que firmó ser autor de las pruebas que hicieron sus subordinados
MADRID.- El juez Garzón imputó ayer por una presunta falsedad documental a los tres peritos de la Policía que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Les acusa de un delito para cuya persecución no es competente, utilizando en contra de los agentes las declaraciones que prestaron como testigos, vulnerando su derecho a un abogado y a no autoinculparse, y atribuyéndoles la conducta de haber falsificado un «documento oficial» pese a que el propio juez reconoce que el informe era un «documento interno no oficial».
En cambio, ha mantenido la condición de testigo a Francisco Ramírez, que firmó el dictamen remitido al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron sus tres subordinados.
Con la llamativa decisión de imputar a los tres peritos, Garzón inicia una incursión colateral en el sumario del 11-M pese a que tampoco tiene jurisdicción en este asunto, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El sumario que formalmente está sirviendo a Baltasar Garzón para adentrarse en la autenticidad o falsedad de informes periciales incorporados al caso 11-M es el relativo a los atentados islamistas de Casablanca, en los que se sospecha que participó Hasan Haski.
Sin embargo, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que haya sido cometido por terroristas y para perpetrar actos terroristas o facilitar su impunidad. Ni una sola línea de la resolución de Garzón se dedica a justificar su competencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona a Haski.
En el domicilio en Canarias de este marroquí al que la Fiscalía considera instigador de los ataques del 11-M se encontraron unos polvos blancos que resultaron ser ácido bórico, según el informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano.
Los tres hicieron constar en su informe que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA descubierto en Salamanca en 2001, así como en el domicilio de un joven antisistema detenido en 1999.
Los técnicos mencionaban que el ácido bórico puede servir como conservante de explosivos y para enmascararlos con el fin de dificultar su detección, por lo que sugerían la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación».
Garzón afirma en el auto de imputación que dictó ayer que los peritos presentaron su informe al jefe de sección Francisco Ramírez, «quien, al discrepar del contenido del documento, que en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica, le indicó a Escribano que debían reelaborarlo, eliminando las observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».
Los expertos se negaron a modificar su dictamen. Según el juez, Escribano «sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, sin que conste que le devolvieran su informe original», que quedó en manos de Ramírez y del que nunca más se supo.
El jefe de sección «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias, a la vez que recibió de Escribano copia del informe en un archivo de word para que pudiera trabajar con el mismo, lo que hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005, sin incluir las observaciones».
Garzón pasa completamente por alto el hecho de que, en el informe enviado al juez Del Olmo y firmado por Ramírez, éste figura como autor de los análisis sobre el ácido bórico encontrado a Haski -de hecho, Ramírez rubrica el dictamen como «perito facultativo» y no como jefe de sección- cuando, en realidad, él no hizo las pruebas.
Por el contrario, del informe al que el propio juez otorga la calificación de oficial Ramírez suprimió los carnés profesionales que permitían identificar a los auténticos peritos.
En la resolución se añade que, el pasado jueves, la propia Isabel López presentó durante su comparecencia ante Garzón una copia del informe de 21 de marzo de 2004.
Fue esta funcionaria la que, en el curso del interrogatorio, manifestó que esa copia «fue extraída el día 11 de julio de 2006 del archivo informático por Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha 21 de marzo de 2005», narra Garzón.
Añade que presentaron la copia a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica y superior jerárquico de los tres peritos y de Ramírez, «sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento».
Tal como ya informó EL MUNDO en su edición del pasado día 21, el 11 de julio de 2006 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó que se le remitieran todos los informes policiales sobre sustancias explosivas relacionadas con el 11-M.
El inspector jefe Escribano fue precisamente el encargado de recabar los informes del servicio de documentación. Descubrió entonces que no constaba el firmado por él, López y Manrique de fecha 21 de marzo de 2004, en el que se mencionaba incidentalmente a ETA.
Por eso, los peritos tuvieron que volver a sacar del ordenador una copia de ese documento, que firmaron de nuevo para que Andradas lo enviara, junto al resto de los dictámenes, al ministro del Interior.
Garzón, que no explica esos datos, interpreta que los peritos tuvieron la «intención» de «producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica». En la tarde de ayer, agentes del Cuerpo Nacional registraron por orden del magistrado las mesas en que trabajan los tres peritos, en la sede de la Policía Científica, en el complejo de Canillas (Madrid).
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión de la Sala de lo Penal de enviar los dos informes -el de los tres peritos y el de Ramírez- a los juzgados ordinarios de Madrid. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza insiste en que sea sólo Garzón el que intervenga en este asunto.
Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"Un auto impropio de un juez justo" por Casimiro Garcia-Abadillo
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 11:40, Categoría: Informe del Acido Bórico
Cuando tres profesionales honestos, con muchos años de experiencia, son acusados por un juez de un delito de falsedad tras ponerse de manifiesto que ha sido su jefe, y no ellos, el que ha vulnerado la ley, es que algo muy grave sucede con la Justicia.
Cuando se vulneran, sin ningún recato, los derechos fundamentales de tres ciudadanos que se presentan a declarar como testigos y salen de la Audiencia como imputados, sin haber estado asistidos en su comparecencia por un abogado, es que algo muy grave está pasando con la Justicia.
Cuando el juez mantiene la calificación como testigo del autor del documento falso que consta en los autos del sumario del 11-M, retorciendo el más mínimo sentido de lo razonable, entonces es que el encargado de administrar Justicia no es digno del cargo que ocupa. Porque lo esencial en la labor de un juez es la aplicación de la ley y la ley es, por principio, justa. Y, en este caso, se quiere hacer pagar a justos por pecadores.
Pero hagamos un sucinto repaso del auto del juez Garzón para que veamos hasta qué punto se han retorcido los hechos.
El juez de la Audiencia Nacional imputa un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron el informe en el que se establecía un vínculo entre ETA y el 11-M no porque no lo hicieran, sino porque lo firmaron el día 11 de julio de 2006. El problema es que ésa fue la fecha en la que ellos se enteraron de que su informe había desaparecido y había sido sustituido por otro falso firmado por su jefe, Francisco Ramírez.
Fue entonces cuando el perito inspector jefe Escribano sacó de su ordenador el informe del día 21 de marzo de 2005 para firmarlo, junto a los otros dos peritos, y pedirle al jefe de la Unidad, el señor Andradas, que constatara que, efectivamente, el informe del día 21 de marzo lo habían hecho ellos y no Ramírez.
Pero Garzón no sólo pasa por alto quién fue el que falsificó el informe que fue remitido al juez Del Olmo (y que lleva la misma referencia que el auténtico), sino que cambia a conveniencia la consideración del mismo para atribuirle un carácter delictivo.
Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, el informe 48-Q3-05 de los tres peritos es «un documento interno no oficial». Sin embargo, cuando lo que busca extraer consecuencias penales contra sus autores remitiéndose al artículo 390-2 del Código Penal, entonces le atribuye a ese mismo informe el carácter de «documento oficial». Si era simplemente un borrador, como decía la nota de Interior, entonces no se le puede aplicar el Código Penal. Y si es oficial, entonces habrá que deducir que salió de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y que, por tanto, llegó a su destinatario: el ministro del Interior. Si eso fuera así, Rubalcaba habría mentido en el Congreso de los Diputados.
En este caso, el juez ni siquiera ha cuidado las formas. ¿Desde cuando se instruye un delito de falsedad en documento público en la Audiencia Nacional?
Es evidente que, desde el momento en que Garzón asumió la competencia a instancias de la Fiscalía de la Audiencia, lo hizo porque tenía muy clara cuál era su misión.
El porqué Garzón se ha prestado a esta burda maniobra al servicio del Gobierno es algo que sabremos tarde o temprano.
Publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Entre la prevaricación y la trampa política (Editorial de EL MUNDO)
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 11:20, Categoría: Informe del Acido Bórico
A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.
Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.
El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.
Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.
Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.
Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Inaudito Auto de Baltasar Garzon sobre el Informe del Acido Borico
Por Documentación - 30 de Septiembre, 2006, 11:00, Categoría: Documentos
Etiquetas: Garzón, "El Mundo", terrorismo, 11-M, ETA, Rubalcaba, Falsedad Documental, Acido Bórico, Santano, Peritos
Portadas de EL PAIS y ABC: Linchando a las Víctimas
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 10:30, Categoría: Informe del Acido Bórico
EL PAIS y ABC presentan una 'realidad' completamente diferente
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Madrid - El juez Baltasar Garzón declaró ayer imputados por presunto delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos de la policía, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que habían vinculado a ETA con los atentados del 11-M.
Los tres funcionarios, según admitieron ante el magistrado durante la tarde noche del jueves, firmaron el 11 de julio de 2006 un documento interno no oficial que habían elaborado en marzo de 2005 en el que aludían a la posible vinculación entre los islamistas autores de los atentados del 11-M y ETA porque se había encontrado en poder de Hassan el Haski alrededor de un kilogramo de ácido bórico, sustancia que éste utilizaba para matar cucarachas.
La firma del documento, más de un año y cuatro meses después de haberlo realizado, según el juez, tenía la intención de "producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior".
Por todo ello, Garzón suspendió las declaraciones como testigos de los tres funcionarios -que iban a continuar ayer por la mañana- y les ha citado a declarar, pero en calidad de imputados, para el próximo 18 de octubre.
El caso es que el informe de los tres peritos había sido esgrimido por el PP y su coro mediático como una prueba de las falsedades que se cometían desde el Gobierno para encubrir que ETA está detrás de los atentados de los trenes de la muerte. Y resulta que Garzón ha demostrado que los que los únicos que presuntamente han falsificado un documento han sido los tres peritos citados.
Islamistas, ETA y antisistema
Según el relato de hechos del auto de imputación, el 21 de marzo de 2005 los tres peritos elaboraron un informe sobre el análisis del ácido bórico encontrado en poder de Hassan El Haski en el que incorporaban las referencias a ETA y a que también se había encontrado en poder de un joven antisistema. Los funcionarios especulaban con que islamistas, etarras y el militante antisistema hubieran recibido la misma formación.
El documento, de carácter interno y no oficial, fue presentado al jefe de sección, Francisco Ramírez. Éste discrepó del contenido y ordenó que fuera reelaborado, eliminando los aspectos en los que el jefe consideraba que se habían extralimitado por incluir "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Pero al negarse los tres peritos a modificar el borrador, Manuel Escribano sugirió a su jefe que reasignara el caso a otro perito. Ramírez se reasignó a sí mismo como perito, lo que entraba dentro de sus competencias como jefe, y recibió de Escribano una copia digitalizada de su borrador para que pudiera trabajar con el mismo con mayor comodidad, según precisa el auto. Ramírez eliminó las referencias a ETA y al militante antisistema y redactó el informe oficial el 22 de marzo de 2005, remitiéndolo a la Comisaría General de Información.
Pero el jueves, mientras la perito Isabel López Cidad declaraba como testigo, presentó al juez un documento, que es copia del elaborado el 21 de marzo de 2005 y que coincide con el publicado por El Mundo el pasado 21 de septiembre. El citado documento fue presentado como si fuera el original y tuviera el carácter de documento oficial con todos los sellos de la Comisaría de Policía Científica, cuando en realidad no era así.
Lo cierto es que el documento en cuestión había sido impreso de nuevo, desde el archivo informático correspondiente, el 11 de julio de 2006 por Manuel Escribano y firmado en esa fecha por él y sus dos compañeros. Luego, para dar apariencia de que era antiguo, en lugar de presentar ese original, hicieron una fotocopia que entregaron al jefe de la Unidad de Análisis Científico de la Comisaría de Policía Científica, José Andradas, jefe jerárquico de los tres, reclamándole un recibí, pero "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento".
Es precisamente la presentación a su superior de una fotocopia en lugar del original del nuevo informe lo que evidencia la intención de confundirle y hacerle creer que lo que no había sido más que un borrador en 2005 había tenido carácter de documento oficial.
El juez Garzón ordenó ayer a la policía registrar las mesas de los despachos de los tres policías imputados. El registro comenzó ayer por la tarde.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que había recibido las denuncias de varias asociaciones próximas al PP y que había citado para el 2 de octubre a los tres peritos, ha suspendido sine die las comparecencias, al parecer, por la posible presentación de un conflicto de competencias.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, avaló ayer la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en este asunto. "Se están practicando actuaciones por ese órgano [el juzgado de Garzón] y creo que de esas actuaciones saldrá un mayor esclarecimiento de los hechos, pero estamos a la espera de lo que está realizando", aseguró.
Juez: "¿A lo largo de su carrera profesional ha visto ácido bórico en algún atentado?"; Policía: "No"
Dos de los peritos reconocieron ante el juez Garzón que no sabían de explosivos -uno admitió estar especializado en pintura de coches- y que ignoraban la existencia de una relación entre el ácido bórico y los explosivos. El borrador que fue firmado por los tres peritos fue redactado por Manuel Escribano y sus dos compañeros firmaron "en barbecho", sin tener conocimiento de si lo que firmaban era cierto.
Los peritos informaron al juez de que habían extraído de Internet los usos del ácido bórico para la conservación de algunos componentes orgánicos de los explosivos, así como para enmascarar el olor de la dinamita.
Escribano, que defendió con tanto ardor su informe que Garzón le tuvo que decir que no levantara la voz, recalcó que en determinadas circunstancias, y mezclado con las sustancias adecuadas, el ácido bórico podía tener la función de estabilizante de algunos elementos orgánicos de los explosivos.
Garzón entonces le preguntó: "¿A lo largo de su carrera profesional ha visto que se haya utilizado ácido bórico en algún atentado?"
El perito respondió que no.
Sin embargo, el punto de inflexión de las declaraciones de los tres peritos ante Garzón fue el testimonio de Isabel López Cidad.
La perito fue quien entregó al juez el original del documento cuya fotocopia habían presentado a su jefe, José Andradas, haciéndole creer que era el documento firmado en 2005 y que había tenido carácter oficial.
Tras la entrega del original del documento, Garzón quiso saber en qué circunstancias se había producido la firma del documento.
El magistrado pretendía conocer si todos los peritos lo habían firmado el mismo día del mes de marzo de 2005 y si lo habían hecho todos juntos o si por el contrario unas firmas se habían estampado por la mañana y otras por la tarde.
Pero López Cidad dijo que no, que se había firmado el 11 de julio de 2006.
Garzón extrañado le preguntó. "¿Cómo que en julio de 2006, si el documento lleva fecha de marzo de 2005?"
Y la perito se explicó. Su jefe, José Andradas, había reclamado todos los documentos que se habían elaborado en la sección porque algún mando o el ministro tenían que comparecer en el Congreso. Escribano había realizado una nueva impresión desde el archivo informático que guardaba desde marzo de 2005 y lo firmaron los tres.
La perito se derrumbó porque admitió que le habían presentado al jefe una fotocopia en lugar del documento original que acababan de firmar.
Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Garzón imputa por falsificación a los tres peritos autores del borrador del ácido bórico
MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado por un presunto delito de falsedad en documento oficial -que el Código Penal castiga con penas de entre tres y seis años de cárcel- a los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M en un documento en el que identificaron como ácido bórico la sustancia encontrada en la vivienda de Hassan El Haski -procesado por los atentados de Madrid e imputado en el sumario de los atentados de Casablanca (Marruecos)-, tras su detención en diciembre de 2004. Según un auto dictado ayer por el magistrado, los tres policías pretendieron dar carácter oficial a un dictamen que nunca lo tuvo simulando la fecha de creación y firma del mismo. Ese documento falsificado coincide con el que el pasado día 21 fue publicado por «El mundo», periódico que acusó a la Comisaría General de Policía Científica de haber ocultado información relacionada con los atentados de Madrid al juez Juan del Olmo.
Un documento «no oficial»
Los peritos imputados por Garzón son Isabel López Cidad, Pedro Manrique Manrique y Manuel Escribano Escribano. Según el relato de hechos del auto, el 21 de marzo de 2005, éste último presentó a su superior, Francisco Ramírez, el borrador que los tres policías habían redactado, texto que «en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial». Ramírez indicó a Escribano que «debían reelaborarlo» para «eliminar» ciertas observaciones que se «extralimitaban» de lo que se les había solicitado y que respondían «a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».
Ramírez -que ayer suspendió sus vacaciones para prestar declaración como testigo, pese a que el juez le había citado para el próximo 9 de octubre- se refería a la referencia sobre el hallazgo de ácido bórico en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, en 1999, en poder de un individuo perteneciente a grupos «antisistema». Esos «antecedentes» eran la base sobre la que los tres peritos ahora imputados se basaban para determinar una hipotética relación de ETA con el 11-M.
El propio comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, declaró el jueves ante Garzón que la corrección efectuada por el jefe de sección -Francisco Ramírez- estaba perfectamente justificada, pues sus subordinados le habían entregado un borrador y porque la referencia a ETA carecía de rigor científico y no era más que una «elucubración».
Escribano -sigue el relato de hechos del auto- se negó a realizar las modificaciones que le indicó su jefe y le «sugirió» que nombrara a otro perito, por lo que Ramírez «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias como jefe de sección», sin que conste que devolviera a Escribano «el original». El perito hizo entrega a su superior de una copia de su informe en soporte informático para que Ramírez pudiera trabajar con ella. El resultado es el «informe oficial» que, con fecha 22 de marzo de 2005, se entregó al juez «sin incluir las observaciones» que afectaban a ETA.
Dieciséis meses después, el 11 de julio de 2006, Escribano sacó de su archivo informático una copia del documento de 21 de marzo -es decir, de la versión sin corregir por Ramírez- y, tras pasarlo a la firma de sus compañeros, lo entregó «por medio de fotocopia» y con la fecha inicial al jefe de la unidad, José Andradas, «sin que en ningún momento aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005 sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006». Ayer mismo, la perito López Cidad -la primera que admitió la falsedad del documento- hizo entrega al juez de una copia del informe que, según reconocieron los tres policías, efectivamente firmaron el 11 de julio pasado y «que coincide con el publicado en el diario «El mundo» del día 21.09.06».
Según Garzón -que ayer ordenó el registro de las mesas de trabajo de los tres peritos-, este hecho prueba «indiciariamente la intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior (un año y cuatro meses después)».
Fuentes de la Audiencia Nacional explican que la entrega, el 11 de julio, por Escribano a su jefe Andradas del informe falsificado coincide en el tiempo la presentación de una batería de preguntas por el Grupo parlamentario Popular al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclarara los supuestos «agujeros negros» del 11-M. El ministro solicitó a la Policía los informes científicos y, a su vez, Andradas los recabó de sus subordinados.
En medios policiales, sin embargo, se llega a sugerir la posibilidad de que la recuperación del documento de 21 de marzo no tuviera como finalidad su entrega a un organismo oficial, sino «su filtración a un medio de comunicación».
Más datos sobre el ácido bórico
El reconocimiento por parte de los peritos de la manipulación del informe obligó al juez Garzón a suspender de forma inmediata sus comparecencias -que tuvieron lugar anteayer- para modificar su situación procesal: de testigos pasaron a ser imputados, condición en la que han sido citados de nuevo el próximo día 18 para prestar declaración asistidos por abogado.
Las fuentes antes citadas han explicado que Garzón aún no ha concluido las diligencias que abrió para aclarar las controversias surgidas en torno a los informes y a los usos del ácido bórico. Respecto a esto último, y a la vista de que, en contra por lo afirmado por sus compañeros, Escribano ha insistido en relacionar esta sustancia con otras empleadas por ETA, el juez ha solicitado a la Policía todas las referencias que sobre ella aparezcan en Internet. De hecho, Escribano admitió que nunca en su larga experiencia profesional se había encontrado con un caso en el que el ácido bórico se empleara con explosivos, pero aseguró que lo había leído en la red. La citada sustancia tampoco se ha hallado en ningún atentado cometido en España ni restos de la misma han aparecido en ninguno de los escenarios del 11-M.
El juez -que previsiblemente envíe el caso a los Juzgados de Madrid (competentes para investigar un delito de falsificación) cuando concluya su investigación- tampoco descarta citar a declarar a El Haski, que en otras comparecencias explicó que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas.
Texto de Nieves Colli y Dolores Martínez publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Los tres policías serán apartados cautelarmente del servicio
A la hora de cerrar esta edición, el auto del juez que imputaba por falsedad a los tres peritos del «informe del ácido bórico» no había llegado a la Dirección General de la Policía. A la espera de que así sea, y a expensas de que los responsables de la DGP analicen su contenido, lo habitual en estos casos es que una vez sean confirmadas las imputaciones del magistrado los implicados sean apartados cautelarmente del servicio y que se incoe la apertura de un expediente administrativo.
Posteriormente, y sólo una vez que se sustancien o no las posibles implicaciones penales, se procede a la sanción administrativa.
Por su parte, el fiscal general del Estado eludió ayer pronunciarse sobre la decisión de Garzón y aseguró que los fiscales, tanto el de Plaza de Castilla como el de la Audiencia, «evaluarán la situación procesal y emitirán el dictamen que sea conforme a Derecho», informa Nati Villanueva.
Texto publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
El Grupo Popular mantiene que se han falsificado documentos
MADRID. La decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos por un delito de falsedad documental no ha variado la visión que el Grupo Popular tiene del documento -borrador- que relaciona el 11-M con la banda terrorista ETA a raíz del ya famoso ácido bórico.
Fuentes del Grupo Popular señalaron a ABC que «el Partido Popular siempre ha mantenido, hasta que no se demuestre lo contrario, que aquí hay un documento falsificado y eso lo ha observado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la competente en la investigación de los atentados del 11-M, por lo que se lo ha enviado a los Juzgados de Plaza de Castilla».
Tras estas consideraciones, los medios consultados pidieron «que se respeten las decisiones judiciales, también lo que diga la Plaza de Castilla. Hoy sigue habiendo un documento firmado por un señor que no ha hecho él y no es exacto con lo que han hecho otros», concluyeron.
Texto de C. De La Hoz publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La 'Conspiración' que nunca ha existido (30 de septiembre de 2006): Repitiendo el discurso de siempre
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:30, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO
Madrid - La impostura suele tener apariencia de verdad. Las teorías conspirativas del 11-M han seguido los cánones de las imposturas históricas y, como ellas, parten de un pecado original. A saber: que la famosa mochila de Vallecas, la única desactivada y que fue la clave del 11-M, tenía metralla y las otras 12 no. Por lo tanto, "alguien", tuvo que colocarla allí, en la estación del Pozo del Tío Raimundo, sin que ni los heridos, los policías nacionales y municipales que lo acordonaron, los vigilantes jurados, bomberos, forenses, sanitarios, servicios de limpieza o medios de comunicación presentes vieran nada sospechoso en ese sentido entre tanto terror y destrucción de aquella mañana fatídica. Por lo tanto, decían, o había sido ETA o una enorme conspiración sin precedentes, que, a diferencia de otras teorías conspirativas similares (como la que aún perdura con escaso éxito sobre el 11-S en Estados Unidos), ha sido llevada al Congreso por el PP y se ha convertido en un caballo de batalla de Eduardo Zaplana (portavoz popular) y Jaime Ignacio del Burgo (diputado del PP).
La última impostura ha sido la del ácido bórico, un borrador de informe que mezclaba a ETA, el terrorismo islámico y a un anarquista en una trama criminal para el 11-M, con la supuesta colaboración del Ministerio del Interior, que, según el diario El Mundo, falsificó un informe para el juez Juan del Olmo. Pero como ya ocurrió con la mochila de Vallecas, cuya validez como prueba ha sido acreditada ante el juez por decenas de policías; o con el hallazgo en la furgoneta Renault Kangoo de una tarjeta del grupo industrial vasco Mondragón, que resultó ser una cinta musical de la Orquesta Mondragón; o con la declaración de José Emilio Suárez Trashorras sobre que todo era un golpe de estado con ETA de por medio, desmentido por los investigadores cuando aún gobernaba el PP, ahora le ha tocado el turno al ácido bórico, cuyo uso terrorista lo ignora todo el mundo. Éstos son los principales puntos de la impostura.
- El ácido bórico. La noticia ocupó la primera página de El Mundo. "Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA", decía. El diario explicaba que tres peritos químicos habían elaborado un informe sobre diversas cantidades de ácido bórico halladas en 2004 en el suelo de la cocina de la casa de un jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Lanzarote, en el baño de un piso franco de ETA localizado en 2001 en Salamanca y en la casa de un joven antisistema en 1999 en Madrid. Los químicos concluían que, aunque ignoraban para qué servía esa sustancia y que era inusual su hallazgo en casos terroristas, todo estaba relacionado, porque seguro que se había usado para encubrir explosivos.
El informe definitivo entregado al juez no contenía ese vínculo entre islamistas, etarras y antiglobalización, ya que los jefes de la Comisaría General de Policía Científica decidieron eliminarlo, al considerar tal relación "elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno". Ahora, el juez Baltasar Garzón, que investiga la implicación de Hasan El Haski en los atentados de Casablanca, ha imputado a los peritos por falsificación, dado que "simularon la fecha de firma y creación del documento".
- La mochila de Vallecas. Los teóricos de la conspiración hicieron una afirmación. Esa bomba desactivada era diferente de las demás, porque ésta tenía metralla y las otras, no. La explicación era que en las autopsias de los 191 muertos y en la exploración médica de los más de 1.700 heridos no había impactos de metralla. Sin embargo, de la primera revisión de autopsias salen 50 con metralla y numerosos heridos, algunos de los cuales están en puestos directivos de asociaciones de víctimas, aún tienen restos de metralla en sus cuerpos.
Pero es que el 7 de abril de 2004 un técnico en materiales de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ya decía: "Es evidente la acción de la metralla en las zonas contiguas a la explosión: papeleras metálicas, respaldos de asientos". El 17 de marzo del mismo año, el jefe de control de calidad de Fainsa, fabricante de los sillones de los trenes, escribía tras visitar los vagones afectados: "Podemos afirmar que al tratarse de asientos con carcasas de fibra de vidrio, los proyectiles de metralla fueron sensiblemente amortiguados, evitando un mayor número de víctimas". Para demostrarlo, aporta cuatro fotos con evidentes impactos de metralla. El informe fue entregado a la Comisión de Investigación parlamentaria del 11-M el 8 de julio de 2004.
- La Orquesta Mondragón. El Mundo publicó que la furgoneta Renault Kangoo estaba vacía cuando fue localizada el 11 de marzo en Alcalá de Henares. Dos días después dijo que no estaba tan vacía, sino que había una tarjeta del Grupo Mondragón, la corporación industrial vasca, lo que demostraba la conexión con ETA. Sin embargo, ya el 18 de marzo de 2004, el entonces subdirector general Operativo, Pedro Díaz Pintado, firmó un documento certificando el contenido de la furgoneta y citando a quiénes fueron testigos del registro. El documento, incluido el dossier del PP llamado 11-M, toda la verdad en tiempo real, ya citaba que en la furgoneta había una tarjeta de una imprenta. Se trataba de Gráficas Bilbaínas, propiedad de un conocido ultraderechista. Y decía también que lo único que había sobre Mondragón era una cinta de la Orquesta Mondragón, el grupo del cantante vasco Javier Gurrutxaga. Los policías que han declarado ante Del Olmo han certificado que del consorcio industrial vasco no vieron nada.
La teoría esbozada es que la policía llenó la furgoneta con lo que le convenía, incluidos los detonadores y un resto de Goma 2 del tamaño de una vieja moneda de 500 pesetas. Pero el dueño de la furgoneta ha reconocido como suyos los enseres y existen fotos del registro, tomadas el mismo día 11, que demuestran que los detonadores y el resto de explosivo estaba dentro de una bolsa, en un cajón bajo los asientos delanteros.
- Las versiones de Trashorras. El Mundo publicó por entregas una entrevista al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, para quien se piden miles de años por los atentados, en el que el imputado recogía casi literalmente frases y afirmaciones publicadas por los teóricos de la conspiración. Trashorras declaraba que Jamal Ahmidan, El Chino, tenía contactos con ETA y que el 11-M era un golpe de estado encubierto tras un grupo de islamistas, entre otros asuntos. Las declaraciones de este imputado, del que El Mundo subrayaba que su esquizofrenia se había agravado en prisión, contradecían sus declaraciones judiciales y policiales, pero también iban contra las de los policías y los agentes del CNI que le interrogaron. El comisario que dirigió la pesquisa en Asturias, Miguel Ángel Gamonal, informó por escrito al juez: "En ningún momento hizo mención a ninguna persona relacionada con la organización terrorista ETA ni a que alguno de los 'moros de Madrid" conociera o guardara algún tipo de relación con militantes de esta banda armada".
El testimonio de Trashorras quedó definitivamente en entredicho cuando EL PAÍS publicó un fragmento de conversación entre el ex minero y sus padres, grabada en prisión, ya que todas sus comunicaciones están intervenidas, en el que el imputado decía: "Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil española". La entrevista, finalmente, incluía, palabra por palabra, editoriales e informaciones de El Mundo, e incluso alguna de las frases más repetidas por dirigentes del PP en relación con el 11-M.
Texto de J. A. Rodríguez publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Madrid - Fue el acusado José Emilio Suárez Trashorras quien puso en evidencia a El Mundo después de que un compinche suyo hiciera declaraciones al diario. El ex minero, imputado como cooperador necesario en el 11-M, dijo a sus padres desde la prisión:
- Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera les cuento la Guerra Civil española. Desde que nací... Si te vienen con un chequecito cada... ¿Por qué piensas que lo hizo Nayo?
He aquí, pues, el testigo de cargo de la conspiración del 11-M. Ahora hay nuevas evidencias de que no sólo se manipulan testigos; también se fabrican pruebas. Por ejemplo, un documento capital, de cargo, sobre la pretendida relación entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M. Los conspiradores estiman que el fin justifica los medios.
Un día después que EL PAÍS revelase -el miércoles 13- la conversación telefónica interceptada a Suárez Trashorras, el director de la policía durante el mandato del PP, Agustín Díaz de Mera, y Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, profundizaban en una nueva línea de investigación.
"Es un informe real y cierto... que contiene indicios y pruebas de esas conexiones con ETA en un número significativo y muy preocupante. Pero le voy a decir algo más: ese informe tiene autores. Un autor y una autora...", dijo Díaz de Mera a la COPE. Ramírez añadió: "Efectivamente, las personas a las que se encargó esto decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la orientación previa [de sus superiores], la posible resultante total. Por eso, ha desaparecido ese informe... Este informe no se ha escrito a boli, seguramente está en algún ordenador... Como yo confío mucho en la ética de la policía, en la ética corporativa... Por eso hay que proteger a las fuentes".
¿Por qué razón se ocultaba este informe sobre la conexión con ETA? "Porque estamos ahora en un proceso de rendición del Estado ante el terror y no se puede ni siquiera insinuar que aquello con lo que se negocia...", explicó Ramírez.
A la luz de la declaración de los tres peritos, que no dos, es evidente que ante el rechazo, en marzo de 2005, de sus especulaciones por parte de sus superiores, el perito que inspiró la operación, Manuel Escribano, resolvió el 11 de julio de 2006 que era menester pasar a la acción. Sacó del ordenador una copia del informe. Como no estaba firmado, propuso a sus dos colegas que lo firmasen. Pero no con fecha de 11 de julio de 2006, sino con la fecha que ya venía, es decir, 21 de marzo de 2005.
Este informe deducía la posible vinculación de ETA, un terrorista anarquista y los islamistas en la matanza del 11-M, a partir de una coincidencia: habían tenido, en años diferentes, ácido bórico. Éste era el informe que según Díaz de Mera, "de salir a la opinión pública y ser puesto a disposición judicial, sería un elemento sustantivo de preocupación".
Ayer, el perito Escribano explicó al juez Baltasar Garzón que, en efecto, el documento había sido firmado el 11 de julio y que dado que era suyo podía hacer lo que quería con él. Habló de la tenencia de ácido bórico por parte de un terrorista islamista y de los autores de un atentado de ETA. El juez le preguntó sobre la relación entre ETA y los islamistas; a saber, qué elementos concretos le llevaban a pensar en esa relación. El perito explicó que ninguno, pero que él creía que era así. El juez le señaló que el atentado de ETA al que aludía tuvo lugar cuatro años antes del 11-M. El perito dijo que él estaba ofreciendo datos a la policía para que investigara. Reconoció que en su dilatada experiencia nunca se había topado con el uso de ácido bórico como explosivo.
Resumen de hechos: los tres peritos -dos de ellos prácticamente sin leerse el informe- sostienen en marzo de 2005 la vinculación ETA-islamista, sus jefes cuestionan la consistencia científica de la teoría y deciden elaborar un informe diferente para elevar a sus superiores. Quince meses más tarde, en julio de 2006, los mismos peritos deciden resucitar el informe. Aunque haya que mentir y firmarlo con una fecha antedatada.
La actividad de los tres peritos se sitúa en el contexto de la trama conspirativa montada por un eurodiputado del Partido Popular y ex director de la policía, Díaz de Mera, y el director de El Mundo.
Resulta evidente que la copia del documento sin firmar no merecía la publicación del mismo en el citado diario. Ramírez tenía razón: estaba en un ordenador. Una vez consumada la fabricación, la publicación era cuestión de estrategia. La fecha elegida fue el 21 de septiembre de 2006. El juez Garzón sostiene que el documento publicado por el citado diario coincide con el documento falsificado.
El último escenario de la conspiración debía ser la jurisdicción penal. Para ello, diferentes organizaciones afines al PP enviaron copias del documento y denuncias a los juzgados de la plaza de Castilla y a la Fiscalía. Fue ésta la que envió una de esas denuncias al juez Garzón, a cargo del caso del terrorista El Haski, al que se encontró el ácido bórico.
El plan de los conspiradores era eludir la Audiencia Nacional e investigar el caso en la plaza de Castilla. La sección primera de la Audiencia Nacional, al remitir el asunto a la plaza de Castilla el pasado 27 de septiembre, parecía allanar el camino a los conspiradores. Porque el auto de traslado prácticamente cerraba los ojos ante la investigación que ya había puesto en marcha el juez Garzón.
Texto de Ernesto Ekaizer publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Una estrategia entre «exclusivas», el Congreso y las ondas
MADRID. «El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera. (A. Pope)». Con esta cita encabezaba «El mundo» su edición del día 22, en plena campaña de la «teoría de la falsificación». Esta campaña arraca con la existencia de un presunto informe policial con datos sobre posibles relaciones de ETA con el 11-M, que ahora resulta ser un borrador manipulado, y fue «revelada» por el «El mundo» -propiedad del grupo italiano Rizzoli- después de que el ex director de la Policía Agustín Díaz de Mera -desde el programa de Federico Jiménez en la COPE- acusara a Interior de esconder dicho documento. El habitual periplo de este tipo de «exclusivas» siguió luego en el Congreso con la correspondiente pregunta del Grupo Popular, que dirige Zaplana.
El episodio arranca el 11 de julio. Rubalcaba pidió a las unidades dependientes de la Comisaría General de Información que le remitieran todos los informes realizados sobre sustancias explosivas en relación con los atentados. La orden obedecía a que ese mismo día «El mundo» había publicado que el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, declaró ante la Comisión de Investigación del 11-M que en los focos de las explosiones se había encontrado «nitroglicerina», compuesto que no formaba parte de la goma 2 eco, que, según la versión oficial, fue utilizada para la comisión del 11-M. En esa remesa de informes y con esa fecha se «coló» el borrador de marzo.
«Indicios y pruebas»
El 13 de septiembre, Zaplana defendió en el Congreso una interpelación urgente en la que acusaba a Rubalcaba de ocultar información sobre los atentados. Al día siguiente, Díaz de Mera acusaba a Rubalcaba de esconder un informe elaborado por la Comisaría General de Información en el que había «indicios y pruebas» que conectaban a ETA con la matanza. El ex alto cargo añadió que el análisis fue elaborado por dos funcionarios de la UCI, un hombre y una mujer. La respuesta de Rubalcaba consistió en calificar de «rotundamente falso» que existiera semejante documento.
Una semana después, el 21 de septiembre, «El mundo» publicaba en primera página el borrador con las «elucubraciones» sobre el ácido bórico como nexo de unión entre islamistas y etarras que habían redactado los tres funcionarios ahora imputados por Garzón y el informe entregado al juez; los comparaba y sostenía que Interior «falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA».
Interior atribuyó al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, la decisión de eliminar las referencias a ETA del primer borrador por considerar intrascendente que el ácido bórico utilizado por Hassan el Haski, un organizador del 11-M, en un piso en Lanzarote hubiera aparecido también en un local de Salamanca empleado por etarras en 2001. De hecho, los terroristas de ETA detenidos hace cinco años destinaban el ácido bórico para evitar el mal olor de los pies (estaba lleno de pelos) y el islamista para matar cucarachas. La sustancia en cuestión tiene esos usos domésticos más el de conservante de alimentos.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció al día siguiente que su grupo pediría explicaciones al titular de Interior sobre «los informes realizados en el Ministerio del Interior que relacionan a la banda terrorista ETA con los atentados del 11-M y cuya existencia negó en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre».
El asunto se desvió después a los tribunales con el envío a Juan del Olmo, de noche y en un sobre firmado y sin remitente, de las fotocopias del borrador de 21 de marzo de 2005 y del informe fechado el día siguiente. Del Olmo envió los documentos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que es la que en estos momentos tramita el sumario del 11-M, y ésta, a su vez, lo envió a la Fiscalía para recabar su opinión. La Fiscalía entendió que los hechos debían ser investigados por Baltasar Garzón, que mantiene abierto un sumario en el que aparece como imputado Hassan el Haski, el marroquí en cuyo poder se encontró el ácido bórico. El juez asumió la investigación para aclarar si el controvertido informe tiene efectos penales y/o probatorios en ese sumario.
Zaplana encargó al diputado Jaime Ignacio del Burgo hacer la pregunta correspondiente en el Congreso y el pasado miércoles Rubalcaba volvía a negar que existiera documento alguno que vinculara a ETA con el 11-M, aunque eludía entrar en el asunto de la «manipulación» de informes.
Texto de S. N. publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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ABC y EL PAIS: Dos Editoriales Delirantes
Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO
“Los falsarios del 11-m” (Editorial de ABC)
La imputación, por auto del juez Garzón, de los tres peritos autores de un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio del presunto terrorista Hassan El Haski imprime un giro radical a la polémica sobre la supuesta falsedad del documento que, sobre el mismo asunto, fue remitido al juez Juan del Olmo para su incorporación al sumario del 11-M. Por lo pronto, este auto desmonta la veracidad de la información publicada por el diario «El Mundo», amplificada por el presentador del programa «La Mañana», de la cadena Cope, Federico Jiménez, empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española, y no en beneficio de las víctimas y de la más ejemplar y eficaz administración de Justicia, únicos referentes de ABC en relación con aquel brutal atentado terrorista, sino de sus propias estrategias editoriales y comerciales.
Según el auto del juez Garzón, lo que los tres peritos ahora imputados presentaron como informe fechado y firmado el 21 de marzo de 2005 resultó ser un documento impreso desde su archivo informático el 11 de julio de 2006, es decir, un año y cuatro meses después de la elaboración del dictamen supuestamente original. Esta información, obtenida por Garzón durante la declaración testifical de los peritos, supone una inversión en la identidad de los imputados, en el documento falsificado y en la interpretación dada por los citados medios de comunicación para el sostenimiento de su «teoría conspirativa». Y no es la primera ni la segunda ocasión en que éstos quedan al descubierto.
Paralelamente, hay que constatar como una amenaza para la confianza ciudadana en el Estado la sucesión de escándalos en la Policía, siendo inaplazable la adopción de medidas urgentes para poner coto al desprestigio que se cierne sobre este cuerpo de seguridad del Estado. Primero fueron las detenciones ilegales de dos militantes del PP, saldadas con condenas, aún no firmes, a los funcionarios policiales que las llevaron a cabo. También sigue pendiente de aclarar, y se hace apremiante la explicación, quién es el «soplón» de la Comisaría General de Información que advirtió a la red de extorsión de ETA de la operación policial que había preparado el juez Grande-Marlaska. Y ahora este grave episodio de falsedades documentales y conciliábulos entre policías y medios de comunicación, no menos reprobables que los que se perpetraron entre el 11 y el 13 de marzo para propalar noticias no menos falsas que la del informe pericial sobre el ácido bórico.
Ahora, además, hay que aclarar la compleja situación procesal de estos documentos periciales y sus autores, sobre los que hay dos investigaciones en marcha y dos autos contradictorios -el de Garzón y el de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- en cuanto al informe falso y, por tanto, en cuanto a los posibles responsables. El juez Garzón ha citado a los peritos imputados para recibirles declaración como tales el próximo 18 de octubre, ignorando el citado auto de la Sala de lo Penal y las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción de Madrid, con motivo de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar.
En cualquier caso, en lo que respecta a las víctimas, las instituciones del Estado y la dignidad de este país frente a su mayor tragedia terrorista, ABC nunca secundará agitaciones interesadas por quienes tratan la verdad sólo como una coartada de la mentira.
Editorial publicado por el diario ABC el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
“Los tramposos” (Editorial de EL PAIS)
La declaración ante el juez Garzón de los tres peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, uno de los presuntos autores intelectuales del 11-M, e intentaron establecer una relación con ETA por haberse encontrado la misma sustancia en un piso franco de la organización terrorista en 2001, ha dado un giro inesperado al caso. Entraron en el juzgado como autores de un informe con el que un periódico había propalado la sospecha de que fue manipulado por sus superiores para ocultar la relación entre ETA y los terroristas islamistas. Pero han salido como imputados por presuntamente haber falsificado, ellos mismos, ese informe.
Según el auto dictado por Garzón tras tomar declaración a los peritos y a los responsables de la Comisaría General de Policía Científica, los supuestos autores de una falsificación documental son los propios peritos y no sus superiores, como pretendían las denuncias llegadas a los tribunales. Por lo que se deduce del auto del juez, los tres redactores del informe lo presentaron el 21 de marzo de 2005 "con carácter de documento interno no oficial" a su superior, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que lo rechazó por contener "opiniones subjetivas y falta de consistencia". Ello no impidió -y ahí radicaría la posible falsedad- que lo intentaran colar el 11 de julio de este año (casi 16 meses después) entregándolo a otro superior como si estuviera redactado el 21 de marzo de 2005, sin advertirle de la citada alteración, que simulaba la fecha de firma y creación de documento.
La intención, según el juez, era "producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica". En cualquier caso, ese mismo documento apareció este 21 de septiembre en la primera página de un periódico como soporte de la enésima invención delirante que trata de dar apariencia de verdad a una supuesta conspiración universal para ocultar las vinculaciones entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M en Madrid.
Garzón tiene razones procesalmente sólidas para investigar todo lo relacionado con el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, también implicado en el sumario por el atentado de Casablanca (Marruecos), que él mismo instruye. Sobre todo, para saber si el ácido bórico podía ser o no un componente explosivo. Pero el problema para los inventores de esta nueva fantasía sobre el ácido bórico es que los peritos imputados han declarado a Garzón que esta sustancia no es un componente explosivo, y que sólo se enteraron de que en teoría podía servir como estabilizante por Internet, ni siquiera por experiencia profesional.
Ahora se comprende muy bien que sus superiores rechazaran el informe y no avalaran elucubraciones sobre autorías comunes con ETA basadas en la mera posesión de una sustancia tan común e irrelevante. Lo que se comprende mal son los motivos de los peritos para actuar con engaño. O no: su actuación, puesta al descubierto por el juez Garzón, abre otro frente preocupante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se empeñan contra toda evidencia en probar la inexistente vinculación entre ETA e islamistas en el 11-M? Y sobre todo: ¿cuánta credibilidad está todavía dispuesto a sacrificar el Partido Popular, sus dirigentes y sus militantes, dando pábulo a los delirios de este pertinaz periodismo tóxico, en papel y por las ondas, que no cesa alrededor del peor atentado sufrido jamás por España?
Editorial publicado por el diario EL PAIS el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Garzon 'investiga' el Informe sobre el Acido Bórico
Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
El comisario general de la Policía Científica insistió durante su declaración en la tesis de que el primer documento era un mero borrador Las comparecencias no terminaron hasta las 2.35 horas
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó a declarar ayer como testigos a los tres peritos de la Policía que en marzo de 2005 hicieron constar en un informe que el ácido bórico, hallado en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca.
Garzón interrogó asimismo al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, quien, en su declaración, insistió en varias ocasiones en la tesis de que el primer documento -el auténtico-, era un mero borrador.
El magistrado tomó dos decisiones tras escuchar a los testigos citados ayer. La primera, citar como testigo al secretario general de la Comisaría General de Información.
La segunda, adelantar para hoy la citación de Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que se encontraba de permiso oficial cuando se produjo la citación y que, en un principio, iba a comparecer ante el juez el próximo octubre. Ramírez se ha convertido en un personaje clave en el episodio de la alteración del informe de los tres peritos con el fin de que no figurara la referencia a ETA que ellos habían consignado.
Ramírez asumió con su firma la elaboración del informe enviado al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, del que desaparecieron los carnés profesionales de los tres peritos que analizaron las muestras de ácido bórico intervenidas en diciembre de 2004 en la cocina de la casa de Hasan Haski, considerado por la Fiscalía uno de los ideólogos de los atentados islamistas de Madrid.
En el dictamen incorporado al sumario figura el propio Ramírez como autor de las pruebas analíticas realizadas, en realidad, por los otros tres expertos. Ambos informes mantienen, sin embargo, el mismo número de referencia.
El primero en declarar ayer fue Miguel Angel Santano, que lo hizo en dos ocasiones; la segunda de ellas después de que el juez escuchara el testimonio de la perito I. L., lo que parece indicar que fue llamado de nuevo por Garzón para aclarar alguna contradicción con lo manifestado por la citada funcionaria de la policía científica.
Poco después de la medianoche Santano abandonaba la sede de la Audiencia Nacional y pasaba a declarar un segundo perito. Ya de madrugada, pasada la una de la mañana, compareció el tercero de los peritos, que estuvo ante Garzón hasta más allá de las 2.30 horas. Todos ellos llevaban esperando su comparecencia desde las 17.00 horas.
Las declaraciones comenzaron con retraso debido a que Garzón decidió leer antes los informes que solicitó el pasado sábado a la Policía y a la Guardia Civil para conocer la relevancia del ácido bórico en relación con hechos terroristas.
El juez, que investiga a Haski por su presunta relación con los atentados de Casablanca, preguntó a la Policía Científica y al Servicio de Información de la Guardia Civil si el ácido bórico es una sustancia idónea para fabricar explosivos y si existen precedentes sobre el uso de ese elemento en artefactos explosivos utilizados en España hasta la fecha.
En un auto dictado el pasado sábado, Garzón adujo la necesidad de conocer esos extremos para agravar o no la presunta responsabilidad de Haski en relación con un delito de tenencia de explosivos. Pero, en la misma resolución, Garzón también justificaba su intervención en este asunto para conocer «la potencial relevancia penal de las contradicciones» entre el informe de los tres peritos y el dictamen que Ramírez envió a la Audiencia Nacional.
Después de que la Sala de lo Penal recordara que la falsedad documental de la que existen indicios no es competencia de la Audiencia Nacional, Garzón ha decidido que en los próximos días deducirá testimonio de sus actuaciones para enviarlas a los juzgados ordinarios de instrucción, tal y como hizo anteayer la propia Sala con las copias de los dos informes, el auténtico y el alterado, que EL MUNDO puso a disposición de la Justicia.
Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Texto de J. Y. publicado por el diario EL PAIS el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Madrid - La Audiencia de Madrid desestimó en febrero de 2004 que el ácido bórico encontrado en casa del antisistema Iván M. G. fuese usado para fabricar explosivos. El hallazgo del insecticida en casa del joven en 1999 fue incluido en el borrador de los peritos de la Policía Científica para afirmar que el que hubiera sido encontrado también en el baño de un etarra y en la cocina de un islamista demostraba que había una conexión entre ellos.
El joven fue condenado por daños a 45 euros de multa y fue absuelto de tenencia de explosivos. Las sustancias halladas en su casa, según la sentencia, "no pueden servir como indicio único determinante de que su posesión estaba determinada a la fabricación de artefactos incendiarios". Además, el artefacto que supuestamente colocó Iván M. en un cajero automático de Madrid carecía de "sustancias del tipo de las que fueron encontradas en el domicilio".
Texto publicado por el diario EL PAIS el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Informes en poder de Garzón descartan el ácido bórico como explosivo
MADRID. El interrogatorio formulado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a cuatro policías sobre los informes del ácido bórico supuestamente manipulados para ocultar la relación de ETA con el 11-M se centró en las utilidades de esta sustancia y en averiguar si puede servir para fabricar o manipular explosivos.
Ante Garzón prestaron declaración como testigos los tres agentes que firmaron un borrador, según la Dirección General de la Policía Científica, y que al final del mismo incluyeron como antecedente del hallazgo de esta sustancia, en diciembre de 2004, en la vivienda de El Haski y como presumible coincidencia con ETA, su localización, tres años antes, en un piso de ETA en Salamanca.
También declaró Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica, cuyo interrogatorio fue el más extenso de todos. El propio Santano aseguró a ABC la pasada semana que «no existe en la literatura de la policía científica ningún estudio que vincule el ácido bórico con los explosivos».
El quinto policía citado, Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no prestará declaración hasta el próximo 9 de octubre, pues se encuentra de vacaciones en el extranjero.
Garzón decidió practicar estas diligencias a petición de la Fiscalía y ante la posibilidad de que el hallazgo de ácido bórico en la vivienda de Hassan El Haski pudiera tener alguna trascendencia en el sumario, en el que se le imputa un delito de pertenencia a organización terrorista y en el que se investiga al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, uno de los que forman parte -junto al Grupo Islámico Combatiente Libio- de la red norteafricana de Al Qaida. La detención de El Haski, en la que intervinieron los servicios secretos franceses y holandeses, fue fruto de una operación dirigida de manera conjunta por Garzón y el juez Juan del Olmo, instructor del 11-M.
El Haski, en cuya vivienda no se halló ningún tipo de explosivo, declaró que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas. Esta sustancia, según han informado fuentes conocedoras de la investigación del 11-M, no ha aparecido en ninguno de los escenarios de los atentados de Madrid.
La propia Policía Científica, en un informe hecho público el pasado 21 de septiembre, sostiene que el ácido bórico tiene múltiples usos, pero ninguno relacionado con la fabricación de explosivos. Así, puede servir como conservante, para adulterar droga, fabricar cosméticos, pinturas y tintes, para la manufacturación de cementos, vidrios y porcelanas o como insecticida.
Una juez de Madrid abre diligencias previas para investigar los informes del insecticida
MADRID. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha abierto diligencias previas, que ha declarado secretas, tras recibir la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio y contra el inspector jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, a los que imputa presuntos delitos de falsificación y encubrimiento en relación con el borrador y el informe en los que se identifica como ácido bórico la sustancia hallada en la vivienda de Hassan El Haski. Este individuo fue detenido en Canarias a finales de 2004 por su presunta implicación en los atentados del 11-M, así como en los cometidos en mayo de 2003 en la ciudad marroquí de Casablanca.
Gema Gallego -ex presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Madrid y candidata por esta asociación para formar parte del próximo Consejo General del Poder Judicial- aún no ha decidido sobre la admisión a trámite de la querella, pues, según han indicado fuentes jurídicas, hasta la próxima semana no citará a los demandantes para que se ratifiquen.
La tramitación de la querella se produce paralelamente a las diligencias, también declaradas secretas, iniciadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con los mismos informes periciales. El juez quiere determinar si el contenido de los mismos y su presunta falsificación tienen alguna relevancia penal y/o probatoria en el sumario de los atentados de Casablanca, en el que mantiene como imputado a Hassan El Haski.
Las fuentes jurídicas antes citadas han señalado que parece probable que la juez Gallego espere a que Garzón concluya las diligencias que ha iniciado, aunque tampoco descartan que, en aplicación del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reclame el asunto al magistrado de la Audiencia Nacional.
Texto de Nieves Colli publicado por el diario ABC el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: M. A. Santano, Garzón, "El Mundo", terrorismo, 11-M, ETA, Rubalcaba, Falsedad Documental, Acido Bórico
La 'Conspiración' que nunca ha existido (28 de septiembre de 2006): EL PAIS y la Autoría Intelectual del 11-M
Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: Inverosímil versión de EL PAIS
Madrid - La autoría intelectual de los atentados en los trenes de Madrid corresponde "a los estrategas que lideran la insurgencia iraquí y a los líderes de Al Qaeda", según el informe policial de conclusiones terminado el pasado 3 de julio y remitido al juez Juan del Olmo. Dicho informe ha sido incorporado a la última parte del sumario del 11-M que se ha conocido ahora. Las conclusiones de la investigación policial analizan todos los aspectos del atentado y descartan que ETA tuviera algo que ver en la matanza de los trenes. Asimismo, el informe detalla cientos de pruebas que conducen a los investigadores a la conclusión de que el atentado fue perpetrado por una célula local islamista cuyo líder espiritual era Serhane, El Tunecino, y cuyo jefe operativo era Jamal Ahmidan, El Chino, ambos muertos en Leganés.
La Comisaría General de Información sostiene que existe "una autoría intelectual y/o estratégica de carácter global e internacional, que surge a lo largo de 2003, y que es atribuible a los estrategas que lideran la insurgencia iraquí y a los líderes de Al Qaeda". "Dicho liderazgo intelectual", según la investigación policial, "se da a conocer a través de diversos comunicados y elaboración de diversos documentos que se hacen públicos por diversos medios, especialmente a través de Internet (en la página web de Global Islamic Media) y cumplen una finalidad de estrategia global".
El Gobierno de José María Aznar había decidido, ese año 2003, apoyar la guerra contra Irak impulsada por EE UU y Reino Unido.
Los medios del radicalismo islámico amenazan a España como consecuencia de esa decisión.
- Amenazas a España. "Se amenaza a los países que integran la fuerza multinacional desplegada en Irak, entre ellos a España. Ejemplo: los llamamientos a la guerra santa contra los cruzados por parte de los líderes de Al Qaeda, como el de Ayman Al Zawahiri el 21 de mayo de 2003".
- "Se señala a las tropas españolas desplegadas en Irak y a los intereses españoles fuera de Irak, como objetivos materiales de atentados. El 18 de octubre de 2003, un comunicado de Osama Bin Laden amenaza a España de manera expresa para lograr objetivos estratégicos más lejanos".
- "Un documento de Global Islamic Media [página web consultada por los radicales que cometieron el atentado del 11-M] planteaba una serie de objetivos estratégicos:
- Provocar un cambio de Gobierno.
- Conseguir la retirada de las tropas españolas y por contagio o reiteración de las acciones terroristas en otros países.
- El aislamiento de las tropas estadounidenses.
- "Se reivindican los atentados cometidos contra intereses españoles por organizaciones dependientes de Al Qaeda: el 29 de noviembre de 2003, la muerte de siete miembros del CNI asesinados en una emboscada al sur de Bagdad es reivindicada por el grupo iraquí Ansar Al Sunna, liderado por Abu Musab Al Zarqawi.
- "Se alienta a las células regionales y locales a ejecutar los objetivos estratégicos establecidos fuera de Irak en el mensaje al pueblo español elaborado en Bagdad el 3 de diciembre de 2003 difundido a través de la página web de Global Islamic Media".
- La autoría material. "Una célula local, haciéndose eco de los objetivos estratégicos de ámbito internacional previamente fijados, comienza a conformarse progresivamente a lo largo de 2003, haciéndose más evidente su definición a finales de año, coincidiendo con el inicio de la operativa logística de aprovisionamiento de material explosivo, alquiler de inmuebles, etc...".
- Los atentados de Madrid. "Dicha célula local materializa los atentados del 11-M en Madrid para el cumplimiento del fin global establecido y, así lo acreditan las reivindicaciones realizadas tras los atentados, tanto las emitidas por la propia célula local autora de los atentados (la organización Ansar Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al Afgani), como las emitidas por las organizaciones de ámbito internacional (organización terrorista Brigadas de Abu Hafs al Masri que reivindica los atentados en nombre de Al Qaeda)". Los investigadores de la policía apoyan esta afirmación en "evidencias encontradas en los distintos escenarios, especialmente los borradores manuscritos de las reivindicaciones y los registros informáticos intervenidos en el piso de Leganés donde se suicidaron siete terroristas":
- "El contenido del disco duro intervenido entre los escombros de la vivienda de Leganés constituye un compendio de discurso jihadista [a favor de la guerra santa] en forma escrito, hablado y en imágenes".
- El Tunecino, impulsor de los atentados. "Se puede considerar a Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, como el impulsor de los atentados, teniendo en cuenta el papel que jugó al interrelacionar los diferentes grupos que participaron en los atentados. Serhane busca medios y gente para realizar la misión que ya habían tomado: atentar en España como reacción a la posición al conflicto de Irak y Afganistán. Se une al grupo de Jamal Ahmidan, El Chino, quien acusa un fuerte perfil Takfir [la misma secta de los autores del 11-S], consiguen los explosivos y reúne un grupo operativo con gente de varios de los grupos participantes". "El Tunecino era la persona más cercana a Mustapha Maymouni y quien se hizo cargo de la dirección del grupo organizado por éste tras su detención. El Tunecino mantenía vínculos con elementos cercanos a Al Qaeda y realizaba actividades de apoyo a presos vinculados a Al Qaeda".
- Un 'comando' formado por varios grupos. La célula terrorista que perpetró el 11-M estaba constituida por varios grupos:
- "Sujetos con antecedentes por delincuencia común: Jamal Ahmidan, Mohamed y Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa".
- "Individuos que había conocido El Tunecino mediante acercamiento al grupo de Maymouni (Mohamed Afalah)".
- "Otro grupo relacionado con el entorno de Rabei Osman El Sayed, El Egipcio. Estos últimos son Basel Ghalyoun, Fouad El Morabit, Mourad Chabarou y Mohamed Laarbi".
- "Personas que mantuvieron contactos con otros importantes elementos de Al Qaeda como Abu Qutada y Amer Azizi y que, por tanto, podrían jugar también un importante papel de enlace con Al Qaeda. Allekema Lamari, Jamal Zougam y Said Berraj, muy unido a Amer Azizi y que también podría ser un enlace directo con Al Qaeda, al quedar constatado en el sumario 35/01 su desplazamiento a los campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán".
- La vía de investigación de ETA.
La policía descartó la participación de ETA en los atentados en base a las siguientes deducciones:
- La furgoneta Kangoo encontrada junto a la estación de Alcalá. "Portaba la matrícula original y no ofrecía signos de manipulación. La organización terrorista ETA suele utilizar vehículos sustraídos, cambiando las placas por otras falsas o dobladas".
- El explosivo utilizado en los atentados. Es de origen español, tratándose de dinamita Goma 2 ECO. ETA generalmente utiliza dinamita Titadyne y mezcla en ocasiones diferentes explosivos junto con la dinamita, por ejemplo ha empleado para potenciar su poder devastador cloratita o amonal. ETA venía utilizando explosivo procedente de robos realizados en polvorines franceses.
- Colaboración con delincuentes. ETA nunca ha colaborado en sus acciones con grupos delincuenciales ni ha utilizado canales de abastecimiento procedentes de la delincuencia común.
"Son terroristas islamistas coincidentes con los suicidas de Leganés"
El informe final de la investigación policial del 11-M llega a la siguiente conclusión:
- "En definitiva, desde un punto de vista del análisis y considerados los elementos encontrados, no cabe ninguna duda de que los presuntos autores de los atentados son terroristas islamistas, coincidentes con los miembros que se suicidaron en Leganés". La policía detalla cada una de las pruebas encontradas durante la investigación:
- Localización de la Renault Kangoo en las proximidades de la estación de Alcalá. Se hallaron una cinta de casette con inscripciones en árabe, una bolsa con restos de Goma 2 ECO y detonadores, además de rastros lofocópicos y de ADN de Daoud Ouhnane, Abdennabi Kounjaa, Allekema Lamari y Rifaat Anouar Asrih.
- La mochila bomba de Vallecas. Compuesta por un teléfono móvil, 10 kilos de dinamita Goma 2 ECO (idéntica a la encontrada en la Renault Kangoo), 640 gramos de tornillos y clavos, y un detonador eléctrico.
- La finca de Chinchón donde se montaron las bombas. Hallados restos de dinamita Goma 2 ECO, y restos de ADN de Jamal Ahmidan, El Chino, Mohamed Afalah, Abdelmajid Bouchar, Abdennabi Kounjaa, Rifaat Anouar Asrih, Mohamed Belhajd, Serhane Ben, El Tunecino, Hamid Ahmidan, Othman El Gnaout.
- El piso de Leganés donde se suicidaron siete terroristas. Se hallaron importantes cantidades de Goma 2 ECO, además de restos de los cuerpos de Mohamed Oulad, Allekema Lamari, Rachid Oulad, Jamal Ahmidan, El Chino, Rifaar Anour, Abdennabi Kounjaa y El Tunecino.
Texto de Jorge A. Rodríguez y José Yoldi publicada por el diario EL PAIS el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: "EL PAIS", 11-M, terrorismo, Investigación 11-M, Enigmas 11-M, PRISA, falsedad, Al Qaeda, Guerra de Irak
La 'Conspiración' que nunca ha existido (29 de septiembre de 2006): EL PAIS y la Autoría Intelectual del 11-M
La Audiencia Nacional ve indicios de delito en la falsificación del 'Typex'
Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: General
La Audiencia ve indicios de delito en la falsificación del 'informe ETA/11-M'
Envía a los Juzgados de Madrid los dos dictámenes, el original y el manipulado, que entregó EL MUNDO
MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ve «indicios suficientes» de, «al menos», un posible delito de falsedad documental en la alteración de un informe policial enviado al juez Del Olmo e incorporado al sumario del 11-M en el que se eliminó la referencia que se hacía a ETA en el dictamen original y se suprimió la identidad de los peritos que llevaron a cabo los análisis para sustituirlos por su jefe, que no los realizó.
La Sala acordó ayer enviar a los juzgados ordinarios de instrucción las copias de los dos informes -el original y el manipulado- que EL MUNDO remitió el pasado 20 de septiembre a Del Olmo y que éste elevó al Tribunal del 11-M.
Los magistrados basan su decisión en que «no existe el más mínimo apoyo» para estimar que el presunto delito de falsedad en documento oficial tiene relación con delitos de terrorismo, que son los que justifican la competencia de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, y los magistrados Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado dictó ayer una resolución en la que acuerda enviar a los Juzgados de Instrucción de Madrid las copias de los dos informes policiales que, con la misma numeración, se referían al análisis del ácido bórico encontrado en el domicilio de Hasan Haski.
Haski, procesado por su relación con los atentados islamistas de Madrid (la Fiscalía de la Audiencia Nacional le da el rango de instigador de los ataques junto a Rabei Osman, El Egipcio), fue detenido en Lanzarote el 17 de diciembre de 2004. En su vivienda se encontró una sustancia, polvo de color blanco, que él dijo emplear «para matar cucarachas».
Las muestras fueron analizadas por tres peritos de la Policía Científica con números de carné profesional 9, 11 y 155, que elaboraron el informe 48-Q3-05, de 21 de marzo de 2005. En él señalaban que, en relación con hechos terroristas, el ácido bórico fue encontrado también en un piso franco de ETA en Salamanca en diciembre de 2001.
La referencia a ETA fue suprimida del informe enviado a Del Olmo que, también con la numeración 48-Q3-05, lleva fecha de 22 de marzo de 2005. De él desaparecen los peritos 9, 11 y 155 y figura únicamente el número de carné 195, correspondiente a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como si hubiera sido él el que realizó los análisis.
Tras la publicación de estos hechos por EL MUNDO el pasado jueves, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, remitió a la Sala por fax la nota de prensa enviada a los medios de comunicación y en la que se afirma que el dictamen de los tres peritos era «un simple borrador» en el que incluyeron lo que no eran más que «elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico».
La nota de prensa de Santano parece haber tenido poco efecto en el análisis realizado por la Sala. «Del examen de los documentos se llega a la conclusión de la existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 [11-M] de un documento inicial (informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía) alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma», indican los magistrados en la resolución conocida ayer.
El Tribunal concreta, incluso, la posible falsedad documental, que podría haberse cometido por alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales, suponer la intervención de personas que no la han tenido y/o faltar a la verdad en la narración de los hechos.
Ninguno de estas falsedades aparece entre los delitos que son de la competencia de la Audiencia Nacional, destaca la Sala en una especie de aviso a navegantes. El juez Baltasar Garzón tiene citados para hoy al comisario Santano y a los cuatro peritos intervinientes para que declaren como testigos.
Aunque cuando se produjo la iniciativa de Garzón (el pasado sábado) no existía un pronunciamiento de la Sala, ahora el órgano jerárquicamente superior al juez afirma que hay indicios delictivos -lo que pone en cuestión la declaración de los agentes en calidad de testigos y, por tanto, obligados a contestar y a decir la verdad- y que el posible delito cometido no es de la competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados ordinarios de Instrucción.
La Sala lo razona así: «El presunto delito de falsedad documental no es ninguno de los recogidos en la ley como competencia de la Audiencia Nacional, ni tampoco es un delito de terrorismo ni existe el más mínimo apoyo para estimar que ha sido cometido por persona que esté integrada o colabore con banda armada».
Para el Tribunal, tampoco estaría justificada la intervención de la Audiencia por conexidad entre delitos, ya que no hay indicios de que se manipulara el informe para facilitar la ejecución de delitos terroristas.
La tesis de la conexidad conduciría al «absurdo», dice el Tribunal, «de investigar en un órgano con competencias limitadas (juzgado central) todo hecho que se ponga en su conocimiento por si tuviera relación con alguno de los delitos para los que es competente».
Pese a la decisión de la Sala, Garzón mantenía ayer las citaciones señaladas. Fuentes de la Fiscalía consideraron «precipitada» la resolución del tribunal porque «primero habrá que ver si los hechos son o no penalmente relevantes», y Garzón tendría competencia para realizar «diligencias a prevención», ya que instruye otra causa contra Haski.
Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La Audiencia ve indicio de delito en el informe del ácido bórico
Sostiene que el enviado por la Policía a Del Olmo pudo ser «alterado»
Madrid - La Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que el informe pericial remitido por la Policía al juez Juan del Olmo pudo alterarse y que del examen de los documentos aportados por el diario «El Mundo» al magistrado se aprecian indicios de, «al menos», un delito de falsedad. Sin embargo, no será la Audiencia quien realice esa investigación, ya que ese delito no es competencia de esa sede jurisdiccional y, además, hasta estos momentos, no se ha detectado que tengan relación alguna con delitos relacionados con terrorismo.
La Sala ha analizado los informes policiales enviados a la Audiencia Nacional, así como un fax del comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, en el que aseguraba que el primer documento, en el que los peritos apuntaban que el ácido bórico también fue encontrado en un piso franco de ETA tres años antes, se trataba de «un borrador» del que se eliminaron las «especulaciones sin fundamento científico».
La conclusión a la que han llegado los magistrados tras examinar los mismos es clara: «Existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -el del 11-M- del Juzgado Central 6 de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma.
Será, por tanto, un juzgado de Madrid -al que corresponda por turno de reparto- el que lleve la investigación para esclarecer si se incurrió en delito. Sólo en el caso de que, en el transcurso de la instrucción, se apreciase una conexidad con algún delito relacionado con el terrorismo, «para lo que ahora, y “prima facie” no existe base», la causa volvería entonces a la Audiencia Nacional.
Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Auto de la Audiencia Nacional remitiendo el caso a los Juzgados de Instrucción de Madrid
Por Documentación - 28 de Septiembre, 2006, 8:40, Categoría: Documentos
Etiquetas: Miguel Angel Santano, "El Mundo", terrorismo, 11-M, ETA, Rubalcaba, Falsedad Documental, Acido Bórico
Un auto que deja mudo a Rubalcaba y pone en evidencia al juez Garzon (Editorial de EL MUNDO)
Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 8:20, Categoría: General
La decisión que tomó ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre los documentos que le entregó EL MUNDO tiene una gran trascendencia en lo político y en lo procesal. No sólo porque remite el caso a un juzgado de instrucción -desautorizando implícitamente a Garzón, que se apresuró el lunes a abrir diligencias secretas y ante el que hoy declaran los policías implicados- sino porque establece e identifica indicios flagrantes de falsificación tanto en el contenido como en la autoría del informe que vincula a ETA con el 11-M.
Desde el punto de vista político, el auto coloca en una situación difícil al actual ministro y a su antecesor. Si el proceso judicial convierte en hechos probados los indicios de delito que establecen en su escrito los magistrados, quedaría demostrado que Rubalcaba ha faltado a la verdad al menos en dos ocasiones: cuando afirmó ante el Congreso que no había ningún informe que vinculara a ETA con el 11-M y cuando la semana pasada dijo desde Finlandia que «el Ministerio del Interior no ha falsificado jamás un documento». Eso si no conocía ya la manipulación desde julio, cuando mandó que reunieran todos los informes sobre la masacre, lo que significaría que ha mentido conscientemente.
Pero sea o no cierto este último extremo, es evidente que el futuro político del actual titular de Interior y el de su antecesor, José Antonio Alonso, están ya vinculados a este procedimiento. El de Alonso porque él era el ministro cuando se manipuló el informe; el de Rubalcaba porque una condena por falsedad demostraría que faltó a la verdad para encubrir un delito al presentar como «borrador» el informe auténtico. Rubalcaba volvió a demostrar ayer en el Parlamento su estrecha concepción de la democracia cuando, en lugar de contestar a la pregunta del diputado Del Burgo sobre este asunto, cubrió al PP de descalificaciones y le acusó -como mirándose al espejo- de intentar «justificar sus mentiras» en los días que siguieron al 11-M.
Pero si son importantes las consecuencias políticas del auto, las procesales lo son todavía más. La más importante es la remisión del caso a la jurisdicción ordinaria, al reconocer que no está entre las competencias de la Audiencia. A la luz de esta decisión, causa aún más estupor que Garzón mantuviera ayer su propósito de interrogar a los falsificadores. Su empecinamiento sólo puede entenderse como un desafío tácito al criterio de sus superiores o como un intento de echarle una mano al Gobierno creando un conflicto de competencias que tendría que dirimir el Supremo y no haría sino dilatar el proceso. Si pese al criterio de la sala los policías acaban declarando hoy como testigos y no como imputados, el juez podría incurrir incluso en un delito contra las garantías constitucionales tipificado en el art. 542 del Código Penal, pues los agentes declararían sin abogado y no podrían mentir en su defensa.
Suceda lo que suceda a partir de ahora, ya nadie podrá seguir descalificando el impecable trabajo de los peritos con el endeble argumento de que el primer informe era un mero borrador sin validar. La Audiencia ya ha visto indicios de delito en la actuación de los falsificadores. Mientras la Justicia sigue indagando en lo que hicieron y en cómo lo hicieron, nosotros seguiremos empeñados en averiguar por qué.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La 'Conspiración' que nunca ha existido (28 de septiembre de 2006): Garzón, Rubalcaba y la CIA
Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO
Un informe policial confirma que no hay casos de alianzas entre islamistas y otros grupos terroristas
MADRID. La Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información de la Policía envió el pasado 13 de febrero al juez Del Olmo un informe en el que, una vez más, se destaca que las relaciones personales en prisiones tanto españolas como francesas de etarras e islamistas no implican, en modo alguno, que entre ellos se acordaran estrategias de colaboración. Es más, precisa que en el caso de los reclusos etarras ni siquiera tienen capacidad para acometer una iniciativa de este tipo. Además, en el análisis se precisa que son escasísimas las ocasiones en las que ETA, a lo largo de su ya larga historia, ha colaborado con otros grupos, mientras que en el caso de los islamistas eso no ha ocurrido -o al menos no hay constancia de ello- ni una una sola vez.
Las conclusiones de la Policía, a las que se ha llegado tras casi dos años de intensas investigaciones comenzadas a raíz del peor atentado terrorista de la historia de España, ponen en cuarentena una vez más las insinuaciones de los «teóricos de la conspiración», para quienes en la matanza de Madrid, además de los islamistas, también intervinieron los etarras, además de un sector de las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluso miembros del PSOE.
El documento, uno de los últimos enviados al juez Juan del Olmo antes de que dictara el auto de procesamiento el pasado 10 de abril, es tajante a la hora de descartar esa supuesta alianza entre los islamistas y ETA. Tras afirmar que «las relaciones de presos musulmanes con etarras se han producido tanto en cárceles españolas como en cárceles francesas», precisa que «las relaciones entre presos de distintas tendencias (...) es frecuente, por el tiempo de convivencia forzosa en los centros penitenciarios».
«Nula capacidad»
Con estas premisas, la Unidad Central de Inteligencia (UCI) destaca que «estas relaciones» «no implica el establecimiento de colaboración entre los grupos a los que pertenecen». «En el caso de ETA -añade el análisis- la capacidad de los presos para establecer relaciones de colaboración estratégica, táctica o simplemente de aprovisionamiento, es nula, en función de los datos conocidos por múltiples investigaciones al respecto».
La Comisaría General de Información insiste en que «la estrategia conocida de la organización terrorista ETA es la de la autosuficiencia, habiendo sido muy escasos los escenarios de colaboración con otros grupos que se han producido a lo largo de su dilatada historia». En varios informes anteriores, la Policía ya había advertido que era «ridículo» pensar que la banda hubiera intentado abastecerse de explosivos proporcionados por el individuos del «mundo de la delincuencia», entre otras razones porque en las fechas del atentado se calcula que disponían de más de dos toneladas de explosivo.
«Autosuficiente»
Los analistas de la Unidad Central de Inteligencia no se detienen sólo en la forma de actuar de la banda etarra y también hace precisiones en cuanto a las características de las organizaciones terroristas islamistas. Así, precisan que «la estrategia conocida, relativa a la actividad de los grupos islamistas, aunque ha cambiado en función de determinadas circunstancias, es igualmente autosuficiente, aunque puedan concurrir varios grupos o tendencias, pero siempre ha sido con elementos o grupos de religión musulmana, de interpretación radical salafista-wahabi-deobandi».
Tras esta reflexión la Policía hace una afirmación tajante: «No se conoce ni una sola colaboración entre grupos islamistas con grupos no musulmanes», lo que confirma, una vez más, que no existe dato alguno de que en el 11-M hubiera podido participar de alguna manera la banda terrorista ETA.
«Mal visto»
«Una colaboración entre islamistas y un grupo de ideología marxista-leninista, como es el caso de ETA -añade el informe de la Comisaría General de Información-, implicaría una renuncia ideológica e histórica de lo que representa el movimiento islamista y sus objetivos. Desde un punto de vista de propaganda, que al fin y al cabo es la finalidad de todo atentado, Osama bin Laden y cualquiera de sus grupos asociados saben perfectamente que una colaboración de esta naturaleza, con un grupo terrorista laico y ateo, estaría muy mal visto por sus seguidores y sería criticado en muchas mezquitas, por no señalar los ataques que recibiría de todo el ámbito musulmán enfrentado a su línea de pensamiento religioso y operativo».
Un texto de D. Martínez y P. Muñoz publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Las agencias de Inteligencia de EE.UU. confirman que los autores del 11-M fueron sólo terroristas islamistas
MADRID. Todas las agencias de Inteligencia de Estados Unidos confirman en sus análisis lo que para todos los expertos, a excepción de los «teóricos de la conspiración», es una evidencia: que la matanza de los trenes fue obra, única y exclusivamente, de una célula islamista que perpetró los atentados como venganza al apoyo de España a la guerra de Irak y a nuestra presencia en Afganistán.
El informe de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, organismo que agrupa a los dieciséis servicios de este tipo que hay en ese país, concluye que «los grupos yihadistas ven en Europa un foco importante donde atacar intereses occidentales. Las redes extremistas integradas en las amplias diásporas musulmanas en Europa facilitan el reclutamiento y los ataques urbanos, tal y como se puso de manifiesto en los ataques de Madrid en 2004 y Londres en 2005».
El informe señala, además, que «el movimiento yihadista internacional está descentralizado, carece de una estrategia mundial coherente y es cada vez más difuso. Las nuevas redes yihadistas y sus células, con sus agendas anti Estados Unidos, parecen abocadas a emerger. La confluencia de objetivos compartidos y de dispersión de actores redundará en la mayor dificultad a la hora de encontrar y acabar con los grupos yihadistas».
Por tanto, resulta evidente que para las dieciséis agencias de Inteligencia de Estados Unidos la matanza de Madrid es el resultado de esa guerra apoyada por el Gobierno de José María Aznar y por tanto los objetivos de sus autores estaban muy alejados de los de la banda terrorista ETA.
Estos servicios de Inteligencia estiman que Al Qaida sigue constituyendo una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Además, consideran que el movimiento yihadista global del que forma parte Al Qaida, junto a otras organizaciones terroristas independientes, se está adaptando a las nuevas técnicas de lucha antiterrorista.
Los servicios secretos también reconocen que no pueden precisar cuál es la dimensión real del terrorismo de origen islamista, ya que existe una gran cantidad de pequeñas organizaciones, así como un elevado número de grupos que se definen como yihadistas y que luego resultan no serlo.
Precisamente, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sacó a relucir ayer, durante el debate que mantuvo en el Congreso con el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, este informe desclasificado por la Administración Bush, informa José Luis Lorente. En la sesión de control al Gobierno de la Cámara Baja, Rubalcaba insistió en que no existe ningún informe elaborado por la Comisaría General de Información que vincule a ETA con el 11-M. En este punto, el ministro citó un oficio que le remitió el 15 de septiembre pasado la Unidad Central de Inteligencia (UCI) en el que se negaba la existencia de cualquier informe en ese sentido.
«Desde el 11-M están empeñados en mantener una falsedad, y es que ETA está vinculada a los atentados. Entre el 11 y el 14, ustedes lo hacían por intereses electorales. Hoy lo hacen probablemente por otras razones. Pero con ello cuestionan la opinión de todos los grupos de esta Cámara, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de inteligencia españoles y extranjeros, el fiscal, el juez instructor y de sala de la Audiencia Nacional», le dijo a las bancadas del PP.
Texto publicado por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La Audiencia envía a los jueces de Madrid los papeles del ácido bórico y Garzón mantiene sus pesquisas
MADRID. La Audiencia Nacional cree que podría haberse cometido un delito de falsedad en documento público y, por ello, ha decidido remitir a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) el informe pericial de fecha 22 de marzo de 2005 y su «borrador», fechado un día antes, en los que la Policía identifica como ácido bórico la sustancia hallada en noviembre de 2004 en el registro del domicilio de Hassan El Haski, uno de los veintinueve procesados por el 11-M. En el dictamen definitivo que en su momento fue enviado al juez Juan del Olmo no aparecían los «antecedentes» de hallazgos de esa misma sustancia -en manos de miembros de ETA- que sí se mencionaban en el «borrador».
En un auto dictado ayer, la Sala asegura que, del examen de los documentos, se puede concluir «la existencia de indicios suficientes para poder investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público» ya que al sumario del 11-M se incorporó un dictamen «alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma».
Sin embargo, la competencia para investigar este hecho recae sobre los Juzgados de Madrid puesto que no existe ninguna «conexión» entre esa presunta falsedad «con un delito de terrorismo». Es decir, «que haya sido realizada para cometer o facilitar la ejecución de delitos de terrorismo o para procurar la impunidad de los mismos».
Fuentes de la Audiencia Nacional aclaran a este respecto que la hipotética existencia de un delito de falsedad en documento público no afecta «en principio» de ninguna manera al juicio que, previsiblemente a partir de febrero de 2007, se celebrará contra los 29 procesados por los atentados del 11-M.
La decisión de la Audiencia Nacional no interfiere en las diligencias que el juez Baltasar Garzón ha abierto en relación con los informes del ácido bórico ni en la citación, esta tarde, de los tres peritos que firmaron el «borrador», del inspector jefe que firmó el definitivo y de Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica.
Los documentos fueron remitidos a Garzón por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por «antecedentes», ya que este magistrado instruye el sumario (el de los atentados islamistas cometidos en Casablanca el 16 de mayo de 2003) en el que se practicó la detención de El Haski en Canarias así como el registro de la vivienda donde fue hallado el ácido bórico.
Fuentes fiscales explicaron que las «diligencias a prevención» abiertas por Garzón no tienen por objeto determinar si se ha cometido o no un delito de falsedad, sino «el alcance y la relevancia jurídico-penal» que el contenido de los informes y la denuncia de la presunta falsedad pueden tener en el sumario de Casablanca. Y ello en una doble dirección: primero, en lo que se refiere a las imputaciones que puedan recaer sobre El Haski si los peritos certificaran que el ácido bórico es una sustancia empleada para fabricar explosivos; segundo, en lo que se refiere a la validez de los indicios de criminalidad que existen contra El Haski si se confirmara que el informe del ácido bórico fue falsificado. En este último caso, lo lógico sería que Garzón enviara los documentos a los Juzgados de Madrid -en este caso, ya se le ha adelantado la Sala Penal de la Audiencia Nacional- para investigar esa presunta falsedad.
Las mismas fuentes explicaron que es la hipotética incidencia de los informes en el sumario que instruye Garzón la que ha llevado al magistrado a actuar con celeridad. «Una investigación sobre terrorismo de la Audiencia Nacional -señalaron- no puede esperar a que un juzgado de Madrid determine si hubo o no una falsificación en un informe pericial».
Un texto de Nieves Colli publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
16 servicios de seguridad de EE UU califican el 11-M de ejemplo del terrorismo surgido por la guerra de Irak
Madrid - Un informe conjunto de 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos, recién desclasificado por la Casa Blanca, asegura que los atentados del 11-M y del 7-J en Londres son el ejemplo de cómo ha cambiado la creciente amenaza del terrorismo islamista tras la guerra de Irak. El informe dice textualmente: "Los grupos yihadistas ven en Europa un foco importante donde atacar intereses occidentales. Las redes extremistas, integradas en las amplias diásporas musulmanas en Europa, facilitan el reclutamiento y los ataques urbanos, tal y como se puso de manifiesto en los ataques de Madrid, en 2004, y Londres, en 2005". Este párrafo del informe fue dado a conocer ayer en el Congreso por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante una pregunta del diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo sobre la posible conexión entre el 11-M y ETA.
El informe de EE UU, titulado Amenazas del terrorismo global, la implicación de Estados Unidos, fechado en abril de 2004, explica cómo tanto Al Qaeda como "el yihadismo global" se han adaptado a las nuevas formas de contraterrorismo. "El movimiento yihadista global está descentralizado, carente de una estrategia global coherente y se está haciendo más difuso". A juicio de los expertos, las células y redes yihadistas son ahora más difíciles de combatir precisamente por su tendencia a convertirse en un enemigo difuso, al estilo de la definición de Sun Tzu, el general chino del siglo V antes de cristo autor del Arte de la guerra.
Los expertos aseguran que "la amenaza operativa de las células auto radicalizadas", como se considera a los autores del 11-M en todas las pesquisas, "esta creciendo en importancia (...) particularmente en el extranjero pero también en el territorio nacional".
Los espías norteamericanos explican que algunas organizaciones extremistas suníes, "como Jemaah Islamiya, Ansar al Sunanh y varios grupos norteafricanos" están expandiendo sus medios "y consiguiendo mayor capacidad para ataques múltiples y masivos fuera de sus áreas de operación". Los ataques en España involucran a varios de esos grupos norteafricanos, como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Además, el borrador en árabe elaborado por Jamal Ahmidan, El Chino, para un comunicado sobre el atentado contra el AVE a Sevilla del 2 de abril de 2004 se reivindica la intentona, precisamente, para Ansar al Sunnah.
El informe subraya que el conflicto de Irak ha aumentado el nivel de amenaza terrorista para Estados Unidos y sus aliados. Esta apreciación de las citadas 16 agencias es coincidente con los análisis que desde primeros de 2003 vienen haciendo los servicios de información de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, del CNI, de los servicios secretos de Reino Unido, Francia, Italia y Francia (entre otros) e, incluso, de los islamistas que reivindicaron el 11-M y de los autores del informe del "Departamento de Información para apoyar al Pueblo Iraquí", conocido en octubre de 2003 y en el que se recomendaba atacar a España como el eslabón más débil de los aliados para la guerra de Irak.
Rubalcaba se apoyó en el informe de EE UU para contestar a Del Burgo, quien preguntó si hay informes que vinculan a ETA con la matanza de Madrid. El ministro replicó que el pasado día 15 la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información le contestó por escrito lo siguiente: "No existe ningún informe en esta Unidad Central de Inteligencia que vincule los atentados del 11 de marzo en Madrid con la organización terrorista ETA".
Un texto de J. A. R. publicada por el diario EL PAIS el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La Audiencia remite a otro juzgado el 'caso del ácido bórico' que ya investiga Garzón
El magistrado tomará hoy declaración a los policías que redactaron el documento
Madrid - El tribunal que juzgará el caso de los atentados del 11-M decidió ayer remitir a los juzgados de instrucción de Madrid, en la plaza de Castilla, el caso de la posible falsificación de los informes sobre el hallazgo de ácido bórico en poder del islamista Hassan el Haski pese a que ya está siendo investigado en la misma Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón. Este magistrado interrogará hoy a cinco peritos policiales. El tribunal que juzgará el 11-M considera irrelevante para la investigación del atentado el hallazgo del ácido bórico en la casa del terrorista.
Tres de los peritos que comparecerán hoy ante Garzón elucubraron con la posibilidad de que la presencia de ácido bórico en la cocina de la casa de Hassan el Haski pudiera servir para conservar explosivos o para enmascarar el olor de la dinamita para evitar que fuera detectada por perros. Y como esa misma sustancia fue encontrada -"con numerosos pelos"- cuatro años antes en un piso franco de ETA, los peritos hicieron la conjetura de que podría haber relación entre los etarras y el islamista, pero también con un joven antisistema detenido por robar cajeros automáticos, o que hubieran tenido la misma formación.
Esas conjeturas fueron eliminadas por el jefe de los peritos en el informe final que remitió al juez Del Olmo. Ahora, asociaciones próximas al PP han denunciado ante los tribunales una posible falsedad en documento por parte de mandos policiales. Éstos han explicado públicamente que el texto con las referencias a ETA era un borrador y que el único informe válido es el que finalmente fue enviado a la Audiencia Nacional.
El caso del ácido bórico -que era usado para matar cucarachas en la cocina de El Haski, según los residentes en la vivienda- puede ser analizado por instancias judiciales distintadas. La remisión al juzgado de Del Olmo de las fotocopias de dos informes diferentes sobre una misma pericia hizo que éste los enviase a la sala, puesto que ya había concluido el sumario del 11-M. El tribunal pidió su opinión al fiscal sobre el asunto, y éste directamente se lo remitió al juez Baltasar Garzón que tiene abierto el sumario por los atentados de Casablanca y en el que El Haski está procesado y en prisión.
El fiscal entiende, y también el juez Garzón, según fuentes próximas a su juzgado, que esos informes suponen una prueba de cargo en el sumario contra El Haski y que no puede depender de que, dentro de un año o dos, un juez de Madrid decida si los informes están falsificados o no. Habrá que ver, señalan esas fuentes, si es relevante que El Haski tuviera ácido bórico en su poder y si sirve para fabricar explosivos o no.
El comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, explicó que no se trataba de dos informes distintos, sino que el que firmaron los tres peritos era un borrador que fue corregido por su jefe en un nuevo informe, éste ya definitivo y oficial remitido al juez. Sin embargo, el tribunal que juzgará los atentados del 11-M, con el que será su presidente, Javier Gómez Bermúdez, a la cabeza, cree que los documentos son irrelevantes para el 11-M, pero que existen "indicios suficientes para investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público". Y los delitos de falsedad no son competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados de instrucción del lugar donde presuntamente se han cometido. Por tanto, el tribunal ha remitido los documentos y el fax explicativo del comisario al decanato de los juzgados de Madrid para su reparto en estricto cumplimiento de la ley. Mientras tanto, Garzón tomará hoy declaración a los cinco policías que intervinieron en la redacción de los informes para que le expliquen la trascendencia del ácido bórico.
Las dos posturas, de Garzón y de Gómez Bermúdez, respecto a cómo tramitar esos informes, defienden diferentes razones jurídicas. Sin embargo, la explicación a estos comportamientos no es uniforme, sino variada. Mientras unas fuentes sostienen que el fiscal remitió los papeles a Garzón para que éste archivase el asunto, otras aseguran que no es casualidad que Gómez Bermúdez remita los papeles a los juzgados de plaza de Castilla, obviando a Garzón, y anuncie que presidirá el juicio por los atentados del 11-M precisamente el día que la fiscalía ha pedido que se anule su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal. En todo caso, las investigaciones paralelas del mismo asunto no impedirán el inicio del juicio por los atentados.
Un texto de José Yoldi publicada por el diario EL PAIS el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Cadena de falsificaciones policiales para que nada conectara 11-M y ETA
Por Narrador - 27 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: General
Además del documento sobre el ácido bórico y del libro de salidas, los mandos de la Policía Científica también fabricaron una nueva petición ficticia de análisis El jefe de Sección, Francisco Ramírez, se 'encargó' a sí mismo el informe que ya habían realizado los tres peritos
MADRID.- Mandos policiales de la Comisaría General de Información, de la que depende la Comisaría General de Policía Científica, permitieron una cadena de falsificaciones en documentos oficiales con el objetivo de ocultar al juez Del Olmo posibles vínculos entre ETA y el atentado del 11 de Marzo en Madrid.
El mensaje del Gobierno, repetido por activa y por pasiva tanto por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, de que ETA no tuvo nada que ver con la masacre de Madrid fue inmediatamente asimilado por los responsables de la investigación del atentado. Éstos, aunque teóricamente actuaban bajo la batuta del juez, tienen en sus manos la capacidad de aportación de pruebas y de practicar las diligencias que, posteriormente, Del Olmo emplea para motivar sus autos.
El valor que tiene la falsificación llevada a cabo para impedir que llegara al juez el informe pericial sobre las sustancias encontradas en el domicilio de Hasan Haski, pone de relieve esa forma de actuar. Nada, absolutamente nada, aunque sólo fuera el análisis de un elemento que no es frecuente en la composición de los explosivos podía llevar a vincular el 11-M con ETA.
Sin embargo, para llevar a cabo el cambiazo del informe auténtico por otro distinto, hubo que poner en marcha una auténtica cadena de falsedades.
Cuando el día 21 de marzo de 2005 los tres peritos concluyeron su informe sobre el ácido bórico, incluyendo en el apartado de «Observaciones» que anteriormente había sido encontrada esa misma sustancia en un piso franco de ETA en Salamanca, Francisco Ramírez, jefe de Sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, llamó a uno de los facultativos que hicieron dicho informe y le dijo que se había extralimitado en sus indicaciones. Éste, por su parte, le advirtió que había sido la propia UCIE (Unidad Central de Información Exterior) quien había solicitado, además del análisis de la sustancia, su estudio y un informe pericial.
Esa petición era lógica, ya que la Comisaría General de Información (de la que depende tanto la UCIE como la Policía Científica) buscaba imputar a Haski un delito de terrorismo y la forma de poder apoyar su acusación era precisamente vincular la sustancia encontrada en su vivienda a un delito de esa naturaleza. Por esa razón, los peritos no hicieron mención en su informe a los muy diversos usos del ácido bórico, sino sólo a aquellos que tenían que ver con actos de terrorismo.
Así las cosas, Ramírez no tuvo más remedio que informar a sus superiores de la cuestión: había un informe pericial que, aunque sólo de fuera de forma circunstancial, ligaba a ETA con el 11-M.
Y Ramírez se prestó a llevar a cabo el cambiazo y a firmar con su nombre un informe que él nunca hizo.
Pero, para que la operación no dejara rastro, había que eliminar en los documentos oficiales previos toda huella de que el informe pericial había sido solicitado a, y realizado por los tres peritos que rubricaron en efecto el informe 48-Q3-05. Y, a la vez, sustituirlos por el nombre de Ramírez.
Por tanto, tras borrar todo tipo de alusión a ETA en el informe sobre el ácido bórico encontrado en casa de Haski, el segundo paso fue eliminar la referencia al anterior informe en el que se conoce como Libro de Custodia de Muestras de la Unidad de Análisis de la Policía Científica.
En dicho libro (cuyas páginas van encabezadas con la leyenda Libro de Registro de Salida) fue donde se utilizó el sofisticado método del típex. En la segunda columna de la página 160, bajo el epígrafe «CONCEPTO», tiene que hacerse constar el tipo de sustancia («tóxico», en este caso) junto al nombre del perito facultativo que será el primer responsable de la peritación. En el Libro de Registro de Salida, alineado con el número de referencia del informe «48/Q3» figuraba, antes de la manipulación, el nombre del perito número 9. Debajo de él, se refleja la fecha en la que se recepcionó la muestra en el laboratorio (18-3-05) y, justo debajo, la firma de la persona que físicamente recoge las muestras (en este caso un químico que también formó parte del equipo de peritos del informe auténtico, que firma como Pedro). En la columna inmediatamente a la derecha figura la fecha de realización del informe (21-3-05) y, en la última, la fecha de remisión a la Unidad que, a su vez, lo tiene que enviar al juez.
Como puede verse en la copia del Libro de Registro de Salida que reproduce hoy EL MUNDO en su portada, el nombre del perito número 9, tras ser borrado con típex, fue sustituido, justo en la parte superior, por el nombre de Ramírez. En la columna de la derecha se ha hecho desaparecer el día de realización del informe (21-3-05) y se ha sustituido por una anotación («Ver hoja»).
Pero ahí no terminó la cadena de falsificaciones.
Como se recordará, en el informe falso, en lugar de hacerse constar que se solicitaba el «Estudio, análisis e Informe Pericial», solamente se incluyó la petición de «Análisis», para lo cual hubo de llevarse a cabo una nueva fechoría.
El sobre de petición de la UCIE al Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica también se falsificó. Y fue el propio Ramírez quien, con su puño y letra, rellenó la información que figura en su anverso.
Así, en el apartado «Estudio asignado al..», en lugar de figurar el nombre del perito número 9, Francisco Ramírez hizo constar su propio nombre: «Ramírez».
¿Puede haberse llevado a cabo tal cadena de falsificaciones sin que tuviera conocimiento de ello la cadena de mando policial? Al menos, en la Policía Científica, su comisario general, Miguel Angel Santano, ya ha asumido la responsabilidad de lo sucedido en una nota de prensa que hizo pública la semana pasada el Ministerio del Interior.
Lo que queda por aclarar es si, al estar involucrada también la UCIE (hay que señalar que en el propio sobre de petición del informe pericial figura como solicitante la Comisaría General de Información), el anterior comisario general, Telesforo Rubio, también estuvo al tanto de esa cadena de falsificaciones.
Una información exclusiva de Casimiro Garcia-Abadillo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido
Etiquetas: Miguel Angel Santano, "El Mundo", terrorismo, 11-M, ETA, Rubalcaba, Fiscalía, Falsedad Documental
Pruebas de la Falsificación
Por Documentación - 27 de Septiembre, 2006, 9:30, Categoría: Documentos
No está demostrado que fuera Goma 2 lo que estalló el 11-M (Editorial de EL MUNDO)
Por Narrador - 27 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: General
El desmesurado despliegue con el que los dos diarios gubernamentales destacaban ayer las insustanciales conclusiones sobre los explosivos del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional demuestra hasta qué punto son frágiles los argumentos que sustentan la versión oficial del 11-M. Apenas les ha importado a uno y a otro que el documento critique con dureza al juez y deje su instrucción a los pies de los caballos con tal de subrayar el fragmento más llamativo del documento: aquél donde se considera «perfectamente acreditado» que fue Goma 2 Eco lo que estalló en los trenes.
La realidad, sin embargo, es que no hay ninguna prueba definitiva que sustente esta afirmación. El auto no aporta ni un solo dato, ni un solo informe nuevo que avale la rotundidad de esta tesis. Los magistrados se limitan a remitirse al auto de procesamiento del juez Del Olmo pese a que ellos mismos lo consideran «desmesurado», «extralimitado» y que «no se corresponde con un resumen fundado de los hechos».
Es un sarcasmo que quienes critican la excesiva prolijidad del auto del juez Del Olmo pequen en el suyo de todo lo contrario, sacándose de la chistera una conclusión para la que no tienen una sola premisa. Conviene recordar que nada acredita que fuera Goma 2 Eco lo que explotó en los trenes. Había en la mochila de Vallecas, en el atentado fallido contra el AVE, en las casas de Morata y Leganés y en la furgoneta Kangoo -ésta sospechosamente contaminada con metenamina-, pero ningún informe policial sustenta lo que proclama con rotundidad el auto del lunes pasado. Tampoco el Gobierno ha aclarado por qué el comisario Sánchez Manzano declaró en el Congreso que se había detectado en los trenes nitroglicerina, que no es un componente de la Goma 2 Eco sino del Titadyn.
Además, Sánchez Manzano y la química de los Tedax declararon este mes de julio ante el juez Del Olmo que es imposible determinar qué estalló en los trenes porque no quedaron restos suficientes para analizar. Esta tesis resulta completamente inverosímil -los expertos dicen que basta una millonésima de gramo para determinar la composición de una sustancia-, pero lo es más el hecho de que no aparezca por ningún lado el informe realizado durante la mañana del 11-M a partir de los restos recogidos por los Tedax.
A la luz de este cúmulo de contradicciones, aceptar que fue Goma 2 Eco y no ningún otro explosivo lo que estalló en los vagones del 11-M es poco menos que un acto de fe. La fragilidad de la afirmación de la Sección Cuarta es especialmente grave si tenemos en cuenta que es una instancia de apelación y que su función dentro del proceso penal es revisar con rigor las bases sobre las que se asienta la instrucción.
De todas formas, es comprensible que la Sección Cuarta haya extraído una certeza de donde no la hay, porque de lo contrario probablemente no podría celebrarse la vista oral y todo el sumario se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. En los próximos días, la misma sala tendrá que decidir sobre el recurso que ha presentado el abogado de una decena de víctimas pidiendo nuevas diligencias sobre los explosivos. Veremos entonces si puede aportar un argumento que sustente su certeza.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: España, terrorismo, 11-M, Sumario 11-M, Del Olmo, Audiencia Nacional, Goma 2, Olga Sánchez
La 'Conspiración' que nunca ha existido (27 de septiembre de 2006): Loando la Instrucción de Del Olmo
Por Narrador - 27 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: ABC y EL PAIS contra EL MUNDO
Los autores del 11-M manipularon los móviles de las bombas con técnicas impartidas por Al Qaida en Jalalabad
MADRID. La Unidad Central de Información Exterior precisa en uno de los informes que fueron enviados al juez Juan del Olmo que «la técnica de utilizar móviles programados para activar bombas es una técnica que se enseñaba en un campo de adiestramiento de Jalalabad (Afganistán) que estaba dirigido por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM)», organización terrorista a la que pertenecen varios de los implicados en el 11-M. Esta conclusión está recogida en uno de los dos tomos en los que se incluyen los documentos policiales que echan por tierra las sospechas de que la mano de ETA estuvo detrás del 11-M y que han llevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a concluir que la vinculación entre ambos grupos «en modo alguno ha resultado adverada».
Uno de los elementos utilizados por los «teóricos de la conspiración» para alimentar sus dudas sobre la presencia de la banda terrorista en los atentados de Madrid son los teléfonos móviles que integraban las bombas que estallaron en los trenes de cercanías, ya que ETA también ha hecho uso de este tipo de aparatos en tres atentados. Pero la utilización que de ellos hicieron los etarras es muy diferente a la llevada a cabo por la célula dirigida por el marroquí Jamal Ahmidan y el tunecino Serhane ben Abdelmajid Farkhet. Así, mientras que los primeros usaron los móviles como activadores a distancia, los segundos lo hicieron como temporizadores. Es decir, dos formas distintas de fabricar bombas.
Los informes policiales recuerdan que ETA empleó móviles, pero como radiomando, el 9 de enero de 2001, cuando el «comando Buruntza» quiso asesinar a la dirección del PP vasco durante el homenaje que rindió en el cementerio de Zarauz al concejal José Ignacio Iruretagoyena, asesinado por ETA en enero del 1998. Las otras dos ocasiones fueron un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en San Sebastián y contra una garita del Puerto de Pasajes.
El mismo informe que destaca que la técnica de utilizar móviles programados procede de un campo de entrenamiento de Afganistán añade que la «buena planificación y ejecución de los atentados (varias explosiones prácticamente simultáneas eligiendo cuidadosamente los objetivos para causar el mayor número de víctimas) y las características de los artefactos explosivos plantean la posibilidad de que haya intervenido en los hechos algún terrorista, con más conocimientos y experiencia, adquirida en Afganistán o en otros frentes de lucha, que la de los detenidos hasta ahora». No obstante, el documento subraya que algunos de los procesados «también podrían tener la suficiente capacitación, obtenida por otros medios». En este sentido, cabe destacar los casos de Youssef Belhadj y Hassan el Haski, destacados cabecillas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí a los que el juez Juan del Olmo considera «ideólogos» de la matanza del 11-M. A esta organización terrorista, que forma parte de la red nortefricana de Al Qaida junto al Grupo Islámico Combatiente Libio, pertenecen también los procesados Abdelmajid Bouchar y el huido Mohamed Alfalah.
Un texto de N. Colli y P. Muñoz publicada por el diario ABC el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Un informe secreto vincula las bombas del 11-M al adiestramiento de islamistas en Afganistán
Madrid - La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía remitió hace algunos meses al juez Juan del Olmo un "informe secreto" sobre los atentados del 11-M que profundiza en alguna de las incógnitas de la matanza de los trenes que costó la vida a 191 personas e hirió a otras 1.755. Ese informe secreto está incluido en el sumario que ahora Del Olmo ha facilitado a todas las partes. En el documento, la policía que ha investigado los atentados mantiene que la matanza de Madrid es obra de un comando islamista autónomo con vinculaciones con Al Qaeda y explica que en un campo de entrenamiento de Jalalabad (Afganistán), dirigido por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, se enseñaba cómo usar el vibrador de un teléfono móvil como activador de un artefacto explosivo.
Para sostener estas afirmaciones, el informe secreto aporta decenas de pruebas recabadas durante la investigación y señala algunos aspectos novedosos respecto a la misma:
- 'Modus operandi'. "La buena planificación y ejecución de los atentados (varias explosiones prácticamente simultáneas, eligiendo cuidadosamente los objetivos para causar el mayor número de víctimas) y las características de los artefactos explosivos plantean la posibilidad de que haya intervenido en ellos algún terrorista, con más conocimientos y experiencia, adquiridos en Afganistán o en otros frentes de lucha, que los de los detenidos hasta ahora. No obstante, algunos de éstos también podrían tener la suficiente capacitación, obtenida por otros medios".
- Programación de teléfonos móviles. "La técnica de utilizar móviles programados en la función de despertador como sistema de activación para provocar las explosiones simultáneamente es una técnica que se enseñaba en el campo de adiestramiento cercano a Jalalabad (Afganistán), que estaba dirigido por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM)". Este grupo, que está vinculado a Al Qaeda, ha sido señalado como responsable de los atentados de Madrid. También en Afganistán, el sirio español Mustafá Setmarian dirigió un campo de entrenamiento sobre armas químicas.
- Financiación. "Todo indica que al menos la mayor parte del dinero con que se financiaron los terroristas para cometer los atentados procedía del tráfico de drogas. En este sentido, se sabe que con fondos que tenían ese origen y con drogas se pagaron los explosivos y detonadores obtenidos en Asturias, e igualmente debió suceder con respecto a las armas de que disponía el grupo. Es muy probable que con dinero de la misma procedencia se pagasen los gastos de infraestructura, principalmente de la finca de Morata de Tajuña-Chinchón, chalé de Albolote (Granada) y piso de Leganés (Madrid)".
- Más atentados. "Tras los atentados del 11-M y la tentativa de atentado contra el tren AVE Madrid-Sevilla en la provincia de Toledo, el grupo terrorista tenía previsto continuar con las acciones terroristas. Ello se deduce del comunicado, en árabe, al parecer escrito por Sarhane, El Tunecino, remitido al periódico Abc, el mismo día 3 de abril de 2004, en que se suicidaron los terroristas, pues señalaba la fecha del día siguiente para volver a cometer acciones terroristas. Los restos encontrados después de las explosiones suicidas ponen de manifiesto la misma intención.
Abona esa idea el hecho de que antes de cometer los atentados del 11-M ya tenían alquiladas sendas viviendas, una en Leganés (donde se suicidaron los siete terroristas) y otra en la localidad de Albolote, en Granada, que no llegaron a utilizar, cuya finalidad posiblemente no era para refugiarse sino para utilizarlas como base para otros atentados. Ya estando en el piso de Leganés, llevaron a cabo el intento de atentado contra el tren AVE el 2 de marzo de 2004.
La misma idea se demuestra en los documentos que aparecieron en el piso de Leganés, según los cuales los miembros de la célula tenían preparados tres posibles atentados contra tres objetivos judíos, situados a cierta distancia de Madrid, pero con suficiencia para regresar el mismo día a la capital".
- Operación abierta. "La operación continúa abierta. El suicidio de los siete terroristas ha supuesto la neutralización total o parcial del grupo terrorista, pero las investigaciones ponen de manifiesto la existencia de otros individuos implicados en los atentados.
La detención de la red de Mohamed Larbi Ben Sellam ha puesto de manifiesto que parte de la trama del 11-M tenía previsto la huida hacia Irak, lo que demuestra que el concepto de la Jihad estaba en la referencia actual de estos grupos, es decir, en Irak, y que esa idea estaba dirigida en Europa por la estructura vinculada al Movimiento Salafista Jihadista marroquí, cuyo máximo exponente es el Grupos Islámico Combatiente Marroquí (GICM)". Uno de los huidos de Leganés, Mohamed Afallah, se suicidó en un atentado en Bagdad, en mayo del año pasado, del que previamente informó a su padre.
Un texto de José Yoldi y Jorge A. Rodríguez publicada por el diario EL PAIS el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Tres borradores de reivindicación de los atentados de los trenes
Madrid - La policía localizó entre los escombros del piso de los suicidas de Leganés dos borradores de reivindicación del 11-M, así como un comunicado de "colocación de un artefacto en la vía del AVE en dirección Sevilla". Los terroristas intentaron volar un tren de esta línea el 2 de abril de 2004, el día antes de que los islamistas se volaran por los aires cuando estaban rodeados por la policía. Los tres escritos han sido atribuidos por un testigo protegido a Jamal Ahmidan, El Chino.
Un informe de la Comisaría General de Información, fechado en febrero de este año, explica que en los escombros del piso de Leganés se encontraron "manuscritos en grafía árabe", entre los que figuraba "una serie de borradores de reivindicación de los atentados perpetrados el 11-M, y en todos ellos se apunta la intención de seguir cometiendo atentados en España".
Los comunicados se presentan bajo dos denominaciones: "Batallones de Ansar [partidarios] de Al Qaeda en Europa y las Brigadas de Ansar al Sunnah en Europa, Batallón de la Muerte". Ambas son "organizaciones completamente desconocidas hasta ese momento por los servicios de espionaje, coincidiendo con la práctica habitual del grupo Takfir wal Hijra [Anatema y Exilio]".
El primer borrador es "un comunicado de reivindicación y anuncio de las actividades terroristas en el plazo de cinco días", mientras que el segundo es de "reivindicación y de revocación de la tregua". Además, los agentes encontraron la carta de despedida de una persona que se va a convertir en "sahid o mártir".
La Camorra, ladrones comunes, cuatro etarras y los GRAPO
Madrid - El estudio del sumario del 11-M muestra las conexiones que los islamistas establecieron en prisión y fuera de ella. La más sorprendente es la relación entre El Foual el Akil Abdelilah, el lugarteniente de Jamal Ahmidan, El Chino, y la Camorra napolitana, y el hallazgo en poder de Abdelkrim Bensmail, la mano derecha de Allekema Lamari, de las direcciones en prisión de cuatro etarras, un miembro de los GRAPO, dos implicados en el ataque contra el World Trade Center de Nueva York de 1993, tres islamistas luego detenidos en la Operación Nova y 10 delincuentes comunes.
Abdelilah fue detenido el 6 de abril de 2003 en Nápoles junto a cuatro italianos, acusados de estar involucrados "en un tráfico internacional de estupefacientes procedentes de España, a través de Holanda, organizado por destacados miembros de la Camorra napolitana", según los fiscales italianos Michele Del Prete y Franco Roberti. El grupo llevaba en su poder 24 kilos de cocaína. Abdelilah fue liberado, aunque luego se le reclamó para el juicio en Nápoles, pero ya el 2 de abril de 2004 fue detenido en Madrid, por su relación con El Chino.
Bensmail, preso desde 1997, tenía en su poder las direcciones en prisión de los etarras Jorge García Sertucha, Fernando Irakula Albizu, Henri Parot y Harriet Iragi, pero también del grapo Javier Calcerrada y de varios islamistas, según un informe firmado el 12 de noviembre de 2004 por el jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) Antonio Martín Zaragoza. Desde el rastreo ordenado el 12 de marzo de 2004 no se ha hallado ni una carta cruzada entre Bensmail, los etarras y el grapo.
"Bush, Aznar y Garzón, terroristas... Os haremos pagar"
El lugarteniente de uno de los suicidas de Leganés agredió a un funcionario y gritó amenazas cuando era conducido a la Audiencia
Madrid - Abdelkrim Bensmail estaba preso en Villabona (Asturias) cuando el juez Baltasar Garzón ordenó el 19 de noviembre de 2004 su detención acusado de preparar desde la cárcel atentados terroristas, en el marco de la operación Nova, en la que una célula islamista pretendía volar la Audiencia Nacional. Bensmail había sido detenido en Valencia en 1997 acusado de formar parte de una célula terrorista junto a Allekema Lamari, uno de los terroristas que se suicidó en el piso de Leganés y que perpetró los atentados del 11-M.
Un error judicial permitió que Lamari quedara libre dos años antes de los atentados del 11-M y durante ese tiempo se dedicó, entre otras cosas, a remitir giros periódicos de 150 euros a Bensmail con el mensaje "Aguanta hermano". Cuando la policía acudió a la cárcel a detener a Bensmail, los agentes encontraron en su poder algunas notas manuscritas con el nombre de dos etarras y su dirección en otra cárcel. Esas notas fueron en realidad entregadas al director de la prisión, quien, tras sacarle una fotocopia, se las devolvió al preso. Éste se la comió.
La policía investigó esa supuesta relación entre el islamista y los etarras y apenas encontró material para sustentar cualquier posible colaboración entre etarras e islamistas para la comisión de atentados terroristas. Pudo saber, por ejemplo, que Henri Parot y Bensmail coincidieron durante dos meses en la cárcel de Alcalá de Henares y que el islamista y miembro del GIA estuvo durante cinco meses en la prisión de Valdemoro cuando también estaba en ella el terrorista de ETA Harriet Hiragi. Los investigadores también comprobaron que Bensmail tenía la dirección del miembro de los GRAPO Javier Calcerrada Furnieles, con quien coincidió entre 2002 y 2003 en el penal de Ocaña I.
Para su trabajo, la policía contó con la información de Instituciones Penitenciarias sobre todas las comunicaciones del preso en la cárcel así como sus llamadas telefónicas y sus cartas. En ese rastreo no se halló ni una sola pista de la relación entre islamistas y etarras, salvo la nota manuscrita. Ya el 12 de marzo de 2004, el entonces secretario de Estado para la Seguridad, el dirigente del PP Ignacio Astarloa, ordenó un rastreo a Instituciones Penitenciarias, policía y Guardia Civil sobre cualquier vínculo entre el islamismo y ETA. Pero ni entonces ni en los dos rastreos ordenados posteriormente se halló correspondencia cruzada entre etarras e islamistas, a pesar de que todos, como presos terroristas, tienen sus comunicaciones y su correspondencia intervenida,
El historial de Bensmail en la cárcel le presentaba como un radical islamista que se había erigido en jefe de otros presos de su misma tendencia y que incluso había llegado a celebrar el asesinato en Irak de siete agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia. Su radicalismo se acentuó como consecuencia de la detención ordenada por el juez Baltasar Garzón.
El día en que fue arrestado dentro de los muros de prisión, según un informe que consta en el sumario del 11-M, el preso fue trasladado a un furgón policial que le tenía que llevar desde la cárcel a la Audiencia Nacional. Como hacía falta un permiso de Instituciones Penitenciarias, los policías que le custodiaban le sacaron del furgón para devolverle a la celda a la espera de cumplir con los requisitos del traslado. "En el momento en que se abrió la puerta trasera del vehículo, el detenido acometió con gran violencia al funcionario, al cual propinó un fuerte cabezazo en la región nasal y diversas patadas, motivo por el que tuvo que ser reducido utilizando la fuerza mínima indispensable".
Durante el altercado, el detenido gritó varias consignas tales como: "Te tengo que matar, antes o después te tengo que matar. Bush, Aznar y Garzón, asesinos y terroristas. No me va a juzgar ningún terrorista. Matadme, matadme. Ya estoy preparado para morir. Ahora pensáis que esto es un triunfo, pero nosotros os haremos pagar y nuestra será la victoria final". En el mismo acto, Bensmail proclamó la supremacía de la religión islámica sobre la cristiana. El informe sobre su historial carcelario le presenta como un destaca su influencia entre los musulmanes presos. Un miembro del PSOE le facilitó una salida al dentista, con permiso de su abogado, del PP.
"Han hecho una salvajada"
Madrid - Entre las transcripciones de conversaciones que mantuvieron algunos islamistas en las fechas posteriores al atentado desde el teléfono pinchado a Rachid Ahmidan, hermano de Jamal, El Chino, uno de los autores del 11-M. La conversación entre Achraf y Rachid trata de tres de los terroristas que se suicidaron en Leganés. Rachid le cuenta a Achraf que los suicidas de Leganés habían hecho una salvajada (la policía interpreta que se refiere al atentado de los trenes que costó la vida a 191 personas en cuatro trenes).
Achraf. ¿Qué han hecho ahí los chicos?
Rachid. Mohamed [Oulad], Jamal y Rachid [Oulad] han hecho una salvajada, han alquilado un piso donde han estado escapados y cuando la policía lo ha descubierto y les tiroteó, se inmolaron.
Achraf. ¿Quiénes?
Rachid. Rachid, Jamal y Mohamed. La policía se enteró de dónde vivían y se inmolaron. Ha sido hace poco, ahora están las imágenes en la televisión.
Achraf. ¡Joder! ¿Cuándo fue?
Rachid. Fueron rodeados desde la mañana, pero se inmolaron ahora.
Achraf. ¿Lo sabe ya tu madre?
Rachid. Jamal la llamó antes y le dijo que en tres minutos se iba a inmolar. Pobre madre. Todos los días están hablando del Yihad y no sabe que querían llegar con esto.
Achraf. Deberían ir a las tierras donde deben hacer la Yihad.
Rachid. Nos están escuchando porque tienen mi número.
En otra conversación que aparece en el sumario entre dos marroquíes uno de ellos le dice al otro:
- Nos acaba de llamar Jamal y dice que se van a estallar ahora. No sé dónde está. Dijo que están en un edificio y que están rezando y que en cuanto acaben el rezo se estallarán.
“Respaldo a Del Olmo” (Editorial de EL PAIS)
El juez Juan del Olmo puede sentirse profesionalmente satisfecho, y hasta humanamente reconfortado, dado el acoso descalificador a que ha estado sometido durante dos años, por el espaldarazo que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de dar a su labor instructora sobre el 11-M. Este tribunal, formado por tres magistrados, ha confirmado íntegramente los procesamientos de los presuntos autores materiales, intelectuales y cómplices de los atentados -islamistas radicales inspirados en Al Qaeda y miembros de la trama asturiana que les proporcionaron los explosivos-, gracias a la solidez y abundancia de los indicios probatorios que la investigación judicial ha conseguido acumular contra ellos.
Es cierto que el tribunal ha señalado algunos defectos en la confección del auto de procesamiento dictado el 12 de abril de 2006, como la falta de concreción a veces en la imputación delictiva, unida en otras a la redundante e innecesaria acumulación de datos que figuran en el sumario. Pero esos defectos, corregidos por el propio magistrado en el auto de reforma de 5 de julio siguiente, en nada empañan la consistencia y minuciosidad de la instrucción. El tribunal encuentra, en todo caso, atenuantes, como la complejidad de la causa y el gran número de partícipes, así como la barbarie del atentado con su gran número de muertos y heridos. A lo que habría que añadir la campaña lanzada entonces contra la capacidad profesional de Del Olmo, acrecentada tras el error que propició la excarcelación de uno de los procesados. Desde tribunas mediáticas se le tildó despreciativamente de pequeño juez al que le venía grande el sumario del 11-M. Y dirigentes del PP llegaron a abogar muy irresponsablemente por la nulidad de la instrucción.
El espaldarazo a la instrucción y la confirmación del procesamiento de los implicados en el 11-M no prejuzga lo que en su día se decida en el juicio. Pero en este momento procesal no se puede ir más allá de la existencia de indicios probatorios, y éstos -sólidos y copiosos- apuntan a los 29 procesados como autores en diverso grado de la matanza, así como a la utilización de Goma 2 Eco, aportada por Suárez Trashorras y sus amigos tras robarla en la mina Conchita. ¿Qué más tiene que suceder para que los instructores del sumario paralelo dejen de hacer el ridículo? ¿A qué esperan los dirigentes del PP, y especialmente su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, para dejar de dar cobijo a teorías conspirativas sin sentido y apostar por la labor de la justicia en el Estado de derecho?
Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
“Espaldarazo al sumario del 11-m” (Editorial de ABC)
La confirmación de todos los procesamientos decretados por el juez Juan del Olmo en el sumario del 11-M supone un importante impulso hacia el juicio oral de este proceso. Aunque las ratificaciones decididas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se limitan, desde un punto de vista procesal, a confirmar los «indicios racionales de criminalidad» puestos de manifiesto en el auto de procesamiento, también tienen una evidente trascendencia material, en la medida en que igualmente respaldan el resultado de la investigación judicial y las conclusiones del instructor sobre los autores del atentado y su modo de actuación. La Sala no ha sido indiferente a la evidente incorrección técnica del auto de procesamiento, al que califica de «extralimitado» y «desmesurado», si bien reconoce que un auto posterior -lo que tampoco fue un ejercicio de buena técnica judicial- remedió el error del instructor. Evidentemente, este nuevo paso judicial en la causa del 11-M no prejuzga el resultado de la vista oral, que se celebrará ante otra sección de la misma Sala de lo Penal y con todas las pruebas que soliciten las partes y les sean admitidas. Sin embargo, no cabe duda de que la confirmación de los procesamientos consolida las conclusiones obtenidas por el instructor hasta ahora y despeja interrogantes -legítimos en su origen, pero manipulados desde fuera- sobre un extremo tan esencial como el tipo de explosivo que detonó en los trenes. Para los tres magistrados no hay duda de que fue Goma 2 Eco.
Aún restan más trámites hasta la confirmación definitiva de la conclusión del sumario y de la apertura de la vista oral. Pero lo importante es que el proceso sigue su marcha, que los procesados lo están por indicios ya ratificados por un órgano judicial colegiado y que las víctimas ven más cerca la posibilidad de recibir justicia. Aún subsisten lagunas en la investigación. El propio juez instructor lo reconoció en sus autos finales, al referirse a huellas anónimas y a movimientos desconocidos de los autores en las horas anteriores a los atentados, y por eso manifestó Del Olmo que la investigación debía continuar. Cuando la propia Justicia reconoce sus limitaciones, no tiene sentido construir sobre ellas juicios paralelos ni sospechas sin sentido sobre jueces, fiscales y policías. Por otro lado, la polémica interesada sobre conspiraciones que nadie ha podido demostrar está impidiendo que ahora se valore, en su justa y amplia dimensión, la eficacia con la que el Gobierno en funciones de José María Aznar resolvió, en cuestión de días, las incógnitas principales de este terrible atentado, con detenciones de los principales responsables y datos decisivos sobre su organización que ahora forman el núcleo duro de una investigación a la que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un claro apoyo.
Editorial publicado por el diario ABC el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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La 'Conspiración' que nunca ha existido (21 de septiembre de 2006) (21 de Septiembre, 2006)

References: resolución 
 resolución 
 artículo 390
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución