Source: http://registrocivildetodos.blogspot.com/2017/06/
Timestamp: 2017-06-27 19:05:31+00:00

Document:
No a la privatización del Registro Civil: junio 2017
CCOO se dirige al Defensor del Pueblo y a los Diputados para revertir la pérdida de competencia de los Registros Civiles para recibir solicitudes de nacionalidad
En los últimos días, CCOO ha presentado varios escritos ante las más altas instituciones del Estado, con el objetivo de paralizar la decisión del ministro de Justicia y del Gobierno que impide que, a partir del 30 de junio de este año, no se puedan presentar solicitudes de nacionalidad por las personas extranjeras ante el Registro Civil.
Esta decisión supone que a partir del 30 de junio de 2017 más de 5 millones de ciudadanos extranjeros residentes en España se quedan sin la posibilidad de presentar sus solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia a través de los Registros Civiles, único órgano administrativo de referencia actual ante el que poder iniciar dichos trámites
La inexistencia de un órgano administrativo de referencia, dependiente del Ministerio de Justicia supone a juicio de CCOO la vulneración por el Ministerio de Justicia de numerosos derechos de los ciudadanos extranjeros en relación con dicho trámite, establecidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
CCOO, 27.06.2017
CCOO acusa al Director General de los Registros y del Notariado de amenazas inaceptables Para CCOO la amenaza expresa que ha hecho el director general de los Registros y del Notariado a los trabajadores, entiende que con el apoyo del ministro de Justicia, pues de otra forma este oficio no podía haber sido emitido, es un acto de una gravedad extrema contra los derechos de los trabajadores/as del Registro Civil.
Que los Registros Civiles dejen de tener competencia para recibir solicitudes de nacionalidad por residencia a partir del 1 de julio de 2017, no solo es un despropósito de consecuencias imprevisibles para la ciudadanía y para el Registro Civil, sino también es una decisión de enorme irresponsabilidad del Ministerio de Justicia que parece que lo único que le importa es favorecer intereses privados. Esta decisión va a suponer un grave quebranto en su derecho a acceder a la nacionalidad española a los más de 5 millones de ciudadanos extranjeros que viven en España a partir del 30 de junio de 2017. Porque: 1.- Los ciudadanos extranjeros ya no tendrán un organismo cercano en donde informarse sobre los requisitos para la adquisición de la nacionalidad española, documentación a presentar y trámites a realizar.
2.- Los ciudadanos extranjeros ya no tendrán un organismo ante el que cerciorarse de que la documentación que acompañan a su solicitud de nacionalidad española es la correcta y adecuada, comprobación que únicamente realizan los Registros Civiles.
A juicio de CCOO supone vulneración de los derechos que los ciudadanos extranjeros tienen para realizar este trámite y limitación al derecho al acceso a la nacionalidad española. Se fomenta con esta medida que los ciudadanos extranjeros contraten los servicios profesionales de abogados y gestores administrativos para su presentación por vía electrónica
Por eso, CCOO ha hecho de la recuperación de la competencia del Registro Civil de los expedientes de nacionalidad una cuestión fundamental en la reforma de la Ley 20/2011, y no va a aceptar amenazas ni del director general de los Registros ni de nadie si esas actuaciones atentan contra los derechos de los trabajadores.
CCOO, 23.06.2017
El Ministerio de Justicia amenaza a los funcionarios del Registro Civil que recojan solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia a partir del 30 de junio de 2017
El Ministerio de Justicia, por medio del Director General de los Registros y del Notariado, ha colgado en Inforeg un oficio con el siguiente contenido:
"La disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, estableció la puesta en marcha desde el 15 de octubre de 2015 de un nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia, destacando como novedad el carácter electrónico de su tramitación.
No obstante, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, permitía que durante el periodo transitorio que mediaba desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de junio de 2017, los interesados pudieran seguir presentando sus solicitudes ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado.
Habida cuenta de la próxima finalización del periodo transitorio a que se refiere dicha disposición, el 1 de julio de 2017, las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas, modalidades que ya eran posibles durante el periodo transitorio referido. En este sentido, se solicita que se informe debidamente a los interesados que acudan a partir de dicha fecha al Registro Civil para presentar su solicitud de nacionalidad por residencia, que deberán hacerlo por otras vías, según lo que a continuación se indicará; no siendo posible su recepción por las Oficinas del Registro Civil. El personal del Registro Civil habrá de abstenerse de recoger cualquier solicitud o documentación referida a esta materia, pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad."
Sr. Gómez Gálligo, Director General de Registros y del Notariado, y Registrador de la Propiedad: usted no es quien para amenazar a los funcionarios con expedientes disciplinarios, ni para recordarnos que podemos incurrir en responsabilidades civiles, penales o disciplinarias, por nuestra actuación como funcionarios públicos si no es conforme la legalidad. Sus funciones se acaban en dar las instrucciones y directrices precisas para el buen funcionamiento de los Registros Civiles, y velar por el cumplimiento de la Ley, pero no es quien para advertirnos o amenazarnos con responsabilidades. Si no se cambia la normativa vigente, todos los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles sabemos perfectamente que a partir del 30 de junio de 2017 no podemos recibir las solicitudes de adquisición de nacionalidad española, únicamente acabar las que tengamos ya presentadas, y ello aunque suponga un grave quebranto a los derechos de los 5 millones de ciudadanos extranjeros que viven en España. Somos funcionarios y funcionarias, Sr. Gómez Gálligo, a nosotros nadie nos ha regalado el puesto de trabajo, y conocemos nuestros deberes y obligaciones. Nosotros cumplimos la norma, aunque nos duela ver cómo se cargan el servicio público y cómo no les importan los derechos de los ciudadanos extranjeros que viven en España.
Usted, Sr. Gómez Gálligo y gente que le rodea, están más preocupados de ir quitando competencias al Registro Civil y promover la privatización de trámites y servicios públicos que de dar un adecuado servicio a los ciudadanos. En vez de regular las condiciones para que desde octubre de 2015 se hubieran podido remitir electrónicamente las solicitudes de nacionalidad desde los Registros Civiles, en vez de regular los procedimientos de dispensa de pruebas CCSE o DELE A2 establecidos en la Orden Ministerial de 2016, en vez de agilizar las nacionalidades que han estado paralizadas más de dos años, usted quitan competencias y además amenazan. Son de lo peor.
CCOO ha denunciado que, a pesar de que llevan meses exigiéndola, el Ministerio de Justicia haya esperado a convocar la reunión de mesa sectorial sobre el Registro Civil solo nueve días antes de que entre en vigor la norma que el propio Catalá impulsó que impide seguir presentando solicitudes de nacionalidad ante el Registro Civil (30.06.2017)
CCOO exige que un eventual acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil debe incluir también la recuperación de competencia para instruir los expedientes de nacionalidad y la competencia exclusiva de los expedientes de matrimonio civil para el Registro Civil.
CCOO ha presentado en la reunión, y también por escrito, numerosas alegaciones al documento denominado "Propuesta de acuerdo sobre el Registro Civil", elaborado por el Ministerio de Justicia, para garantizar la exclusividad del personal de Justicia en los Registros Civiles y el mantenimiento de las Oficinas de Registro Civil en todos los Juzgados de 1ª Instancia así como los Registros Delegados en los Juzgados de Paz. En el día de hoy ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia una reunión de urgencia convocada por el Ministerio de Justicia, ante los numerosos requerimientos hechos desde CCOO y otras organizaciones sindicales desde que la reunión habida a finales de marzo, y ante la falta de un proyecto concreto de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil y la entrada en vigor de las disposiciones del Real Decreto 1004/2015 y Orden JUS/1625/2016 el próximo 30 de junio, que supondrán la pérdida de la competencia de los Registros Civiles para recibir solicitudes de nacionalidad, lo que implicará una pérdida gravísima del servicio público y un fomento en la privatización de este trámite. Con carácter previo a la intervención sobre el contenido del documento entregado por el Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil y la presentación de nuestras alegaciones, CCOO ha hecho en la reunión dos denuncias: 1. El Ministerio de Justicia no puede alegar que sólo quedan 9 días para modificar un RD, que le llevamos exigiendo que lo haga desde 2015, que hace efectiva la inaceptable norma establecida en el RD 1004/2015 y en la orden JUS/1625/2016 por las que se determina un plazo hasta el 30 de junio de 2017 para seguir presentando las solicitudes de nacionalidad ante el Registro Civil. Y que consideramos una actitud hipócrita del Ministerio de Justicia alegar que no hay ya tiempo para derogar dichas normas. Más información »
Lo del Ministerio de Justicia, Catalá y compañía, no deja de asombrarnos. Esta gente debería ser reprobado día sí y día también, pues no dan pie con bolo, y todo lo que hacen pervierte y estropea cada vez más el servicio público de la Administración de Justicia y del Registro Civil. En la reunión celebrada en el día de hoy, convocada de urgencia por el Ministerio de Justicia ante la reclamación de las organizaciones sindicales, y frente a la reclamación unánime de que se suprima el límite del 30 de junio de 2017 como fecha a partir de la cual no se podrán presentar las solicitudes de nacionalidad española a través de los Registros Civiles, alega ahora el Ministerio que no tiene tiempo para cambiar el Real Decreto, dado los trámites legales que ello conlleva. El Ministerio de Justicia, lisa y llanamente, miente. Cuando a este Gobierno ha querido ha publicado Reales Decretos Leyes, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales por procedimientos de urgencia, que no precisan del trámite laborioso de su tramitación normal. Pero es que además desde el año 2015 se viene advirtiendo al Ministerio de Justicia de lo que iba a pasar cuando llegase el 30 de junio de este año, y desde febrero de este año CCOO en primer lugar y luego las demás organizaciones sindicales hay reclamado insistentemente la modificación del Real Decreto 1004/2015, y al Ministerio de Justicia, simplemente, no le ha dado la gana modificarlo. Por eso, alegar ahora que no les da tiempo es vergonzoso, y demuestra la caradura de los responsables del Ministerio de Justicia, a los que el servicio público que se presta a los ciudadanos les da igual. Además el Ministerio de Justicia se escuda en que la tramitación de las nacionalidades es un trámite administrativo, no judicial. ¿Pero no habíamos quedado que se desjudicializaba el Registro Civil, que pasaba a ser un órgano administrativo, cuya llevanza corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia, pero dentro de la Administración de Justicia?. Claramente pierde el servicio público, pierden los ciudadanos extranjeros que ya no tendrán las 431 Oficinas principales de Registro Civil y las miles de delegadas para presentar sus solicitudes de nacionalidad, teniendo que buscarse la vida o contratar los servicios de profesionales. Pierden los principios que debería regir toda actuación administrativa: cercanía, inmediación, información de trámites, gratuidad, etc. Escandaloso, Sr. Catalá: si no es capaz de cambiar la norma cuando le hemos advertido reiteradamente de su necesidad, usted está apostando claramente por la privatización de trámites públicos, y le invitamos que se vaya a casa o a una empresa privada que bien le pagará por sus servicios. Pero deje lo público, por favor.
La nefasta gestión del Ministerio de Justicia desde el año 2012 en todo lo relativo a los expedientes para adquirir la nacionalidad española por residencia —hoy se tarda más en resolver la solicitudes, es mucho más caro, y se deniegan de forma injustificada más solicitudes que antes— se verá agravada a partir del 30 de junio de este año si, tal y como prevé el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, los ciudadanos extranjeros ya no pueden presentar a partir de dicha fecha las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles principales y delegados. CCOO solicitó al Ministerio de Justicia por carta en el mes de abril que se siga permitiendo a la ciudadanía extranjera presentar sus solicitudes de nacionalidad española a través de los Registros Civiles sin límite de fecha alguno, tal y como se ha hecho desde 1871, reiterando su propuesta en todas las reuniones habidas con el ministerio desde febrero de este año. El Ministerio de Justicia está dando la callada por respuesta, y la entrada en vigor de esta medida originará un grave perjuicio a toda la ciudadanía extranjera. El Real Decreto 1004/2015 modificó la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia a partir del 15 de octubre de 2015. Entre otras medidas este Real Decreto suprimió la competencia de los Registros Civiles para instruir los expedientes de nacionalidad pero permitió que los ciudadanos extranjeros pudiesen presentar sus solicitudes a través de los Registros Civiles, al igual que a través de cualquier otro registro administrativo o a través de profesionales (abogados, procuradores, gestores administrativos), si bien estableció que a partir del 30 de junio de 2017 ya no se podrían presentar las solicitudes a través de los Registros Civiles La efectividad de esta medida supondrá que a partir del 30 de junio de 2017: • Los Registros Civiles no podrán recoger solicitudes de nacionalidad española por residencia ni revisar la corrección de la solicitud y documentación que se presenta, lo que hasta la fecha ha evitado posteriores reclamaciones de más documentación que dilatan el procedimiento. • Los ciudadanos extranjeros que quieran conocer los trámites para adquirir la nacionalidad española no tendrán más opción que hacerlo a través de la página web del Ministerio de Justicia o contratar los servicios profesionales de abogados, procuradores o gestores administrativos. Ello supondrá el incumplimiento del Ministerio de Justicia de sus obligaciones relativas a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo establecidos en el art. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
• Los ciudadanos extranjeros deberán presentar la solicitud por sí mismos, adjuntando la documentación que consideren oportuna sin control o revisión alguna, a través de registros administrativos desconocedores de la materia, o contratar los servicios profesionales de abogados, procuradores o gestores administrativos para que la presenten en su nombre. A partir del 1 de julio los ciudadanos extranjeros ya no tendrán una administración cercana de referencia a la que dirigirse en materia de nacionalidad. CCOO considera que esta medida es un completo desatino del Ministerio de Justicia, que busca promover que los ciudadanos extranjeros contraten los servicios de abogados, procuradores o gestores administrativos para presentar sus solicitudes de nacionalidad española, privatizando con ello trámites y gestiones públicas. Esto supondrá encarecer un trámite que desde el Real Decreto 1004/2015 no es gratuito, pues todo solicitante de nacionalidad, sea mayor o menor de edad, pertenezca o no a una familia numerosa o monoparental, sean cuales sean sus ingresos, tenga o no discapacidad, etc., tiene que pagar una tasa de 100 € por su solicitud (ignoramos cuál ha sido el destino de lo recaudado desde octubre de 2015) , a lo que hay que añadir los cerca de 200 € que cuesta realizar las pruebas de conocimiento del idioma castellano y de conocimiento de la cultura española en el Instituto Cervantes. En el caso de que el Gobierno y el Ministerio de Justicia mantengan que a partir del 30 de junio de 2017 los Registros Civiles dejen de ser competentes para recibir las solicitudes de nacionalidad española y por tanto no existiera una oficina pública concreta, dependiente del Ministerio de Justicia, en que los solicitantes puedan tanto informarse acerca de los trámites para adquirir la nacionalidad española como para poder presentar sus solicitudes, con la confianza de que van a ser revisadas y tramitadas por funcionarios y funcionarias públicos con experiencia, y que las mismas se puedan remitir de forma electrónica para agilizar su tramitación, en condiciones de igualdad que el resto de solicitudes presentadas de forma electrónica, se estaría fomentando la privatización encubierta de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española, para que las mismas fuesen presentadas, previo pago, por profesionales del ámbito privado, lo que supondría vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos en perjuicio de aquellos que tienen menos recursos económicos. Por todo ello CCOO reclama que la urgente modificación del Real Decreto 1004/2015, debiendo permitir a los ciudadanos extranjeros seguir siendo informados y poder presentar sus solicitudes de nacionalidad a través de los Registros Civiles a partir del 30 de junio de 2017, sin límite de fecha alguna, como mejor garantía de sus derechos.
CCOO solicita al Ministerio de Justicia una respuesta urgente sobre su petición para que las nacionalidades puedan seguir presentándose en los Registros Civiles a partir del 30 de junio
CCOO ha solicitado al Ministerio de Justicia una respuesta expresa y urgente a su escrito de 17 de abril, por el que solicitó que se modificase en el RD 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, a fin de suprimir el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles
Según CCOO, "tanto
en el escrito remitido con fecha 17 de Abril al Ministro de Justicia como en el correo electrónico que figura abajo y en otras reuniones mantenidas con representantes del Ministerio de Justicia, CCOO hemos propuesto que, con objeto de coordinar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 (actualmente prevista para el 30 de julio de 2018, según la enmienda aprobada a propuesta del PP en el Senado) y la de otras disposiciones normativas que afectan a materias del Registro Civil, se procediera a la prórroga también de la entrada en vigor de estas últimas.
de ellas, referente a la competencia para la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil que se regulaba en los puntos 3,
4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, ha sido aceptada también vía enmienda en el Senado en la tramitación de otras modificaciones referidas a dicha Ley.
embargo, también habíamos solicitado desde CCOO la modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, suprimiéndose el
límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles.
Reiteramos nuestras argumentaciones al respecto:
la reunión del pasado 29 de marzo, CCOO reiteró al Sr. Ministro la
necesidad de que los expedientes de adquisición de la nacionalidad
española se instruyan por los Registros Civiles y no por la
Dirección General de Registros y del Notariado, tal y como
estableció la Disposición Final Séptima
de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil. El Sr. Ministro de Justicia es consciente de la grave
problemática suscitada con motivo de la tramitación de los
expedientes de nacionalidad por residencia, que ha dado lugar a
numerosas quejas y recomendaciones de la Oficina del Defensor del
Pueblo, que dio lugar a una pregunta que tuvo que responder ante la
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 6 de
abril y que incluso ha motivado una proposición no de Ley presentada
por el Partido Popular, partido que sustenta el Gobierno de la
Nación. Proposición que nada sustancial añade, pues el problema no
estriba en cómo o dónde presentar las solicitudes de nacionalidad,
sino en la instrucción administrativa de dicha solicitud. En
la reunión de 29 de marzo, el Sr. Ministro de Justicia manifestó
ante las organizaciones sindicales su disposición a negociar
la recuperación de la competencia de los Registros Civiles en
materia de nacionalidad. CCOO
se reitera en los fundamentos de su solicitud contenidos en el
escrito presentado al Ministerio de Justicia el pasado mes de
febrero. Si
el gran atasco, unánimemente admitido, de los expedientes de
nacionalidad española por residencia estaba y está en la Dirección
General de Registros y del Notariado, no resulta adecuado atribuir a
dicho organismo la instrucción de las solicitudes de adquisición de
la nacionalidad por residencia.
juicio de CCOO deben ser los Registros Civiles los competentes para
la instrucción de las solicitudes de nacionalidad, y finalizada
elevar propuesta de resolución a la DGRN. Ello tanto por cercanía
al ciudadano, como por experiencia y operatividad. Sólo ello evitará
los cuellos de botella que hoy existen en la DGRN para la
digitalización e instrucción de los expedientes de nacionalidad, y
evitará futuras encomiendas de gestión al Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles que, dicho sea con todos los respetos,
sus competencias no tienen nada que ver con las solicitudes de
nacionalidad. Por todo ello, y para evitar los problemas que había
en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia
antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2015,
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de
la Administración de Justicia y del Registro Civil, y el Real
Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición
de la nacionalidad española por residencia, CCOO entiende que
deberían modificarse dichas normas en el siguiente modo:
Los Registros Civiles deben ser los competentes para la instrucción
de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por
residencia, elevando propuesta de resolución al Ministerio de
Justicia una vez finalizada la tramitación del expediente. Su
tramitación debe ser, en todo caso, electrónica. El Registro Civil
correspondiente recabaría los informes a que hace referencia el
artículo 7 de la Orden JUS/1625/2016,
de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de
concesión de la nacionalidad española por residencia.
Los ciudadanos extranjeros deben poder presentar sus solicitudes de
adquisición de la nacionalidad española de forma presencial tanto
en las Oficinas principales de Registro Civil como en las Delegadas,
o de forma electrónica, por medio de profesional colegiado o por
procedimiento administrativo (evitando con ello las demoras en las
citas para tramitar las nacionalidades). Las solicitudes presentadas
de forma electrónica se remitirían de forma automática a la
Oficina de Registro Civil correspondiente al domicilio del
solicitante, para su instrucción. Las presentadas en papel serían
digitalizadas y metadatadas por la Oficina de Registro Civil en que
se hubiese presentado. 3º
Finalizada la fase de instrucción, el Encargado de la Oficina
General elevaría propuesta electrónica de resolución al Director
General de Registros y del Notariado. Una vez resuelta la solicitud,
las demás actuaciones relativas a la solicitud (notificación, jura
e inscripción) se practicarían en la Oficina de Registro Civil
correspondiente al último del solicitante. En
tanto en cuanto se lleva a cabo esta reforma, que a nuestro juicio es
urgente, CCOO
estima que debe procederse a la modificación inmediata de la
Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento
para la adquisición de la nacionalidad española por residencia,
el límite temporal del 30 de junio de 2017
como fecha hasta la cual los
interesados puedan seguir presentando sus solicitudes de adquisición
de la nacionalidad española ante el Registro Civil correspondiente
al domicilio del interesado, de
forma que dichos interesados puedan presentar sus solicitudes ante
los Registros Civiles sin límite temporal alguno. Al mismo tiempo,
CCOO solicita que de forma urgente se desarrolle lo dispuesto en el
apartado 2 de dicha Disposición Transitoria, de forma que sea
posible la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la
Dirección General de los Registros y del Notariado de modo
miles las solicitudes que se siguen presentando a través de los
Registros Civiles, quienes además cumplen con una función de
información y asesoramiento en la materia que no tiene ninguna otra
administración. Los Registros Civiles realizan, además, una función
de revisión de las solicitudes, realizando al interesado los
requerimientos necesarios para completar las solicitudes incompletas
tal y como establece el Real Decreto 1004/2015, tarea que no realiza
ninguna otra administración o Colegio Profesional, y que permite
reducir el número de solicitudes incompletas que se remiten a la
Dirección General de los Registros y del Notariado, evitando con
ello nuevos trámites administrativos previos a la resolución de la
solicitud. Suprimir esta competencia y este filtro a partir del 30 de
junio de 2017 supondría un gran perjuicio para los ciudadanos
extranjeros, pues no tendrían una oficina pública en la que
informarse y a la que dirigirse para resolver sus dudas; promovería
la contratación de los servicios profesionales para su presentación,
incrementando el coste que ya supone la presentación de las
solicitudes por el pago de las tasas y derechos de examen; y se
incrementarían sustancialmente las solicitudes incompletas o
defectuosas, incrementando los trámites administrativos previos para
su resolución. Todo ello justifica de sobra el mantenimiento de los
Registros Civiles como Administración competente para la recogida de
solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia,
debiendo de una vez permitir su remisión electrónica tal y como
prevé el Real Decreto 1004/2015, para así agilizar y facilitar su
instrucción."
El Senado acuerda la prórroga de la Ley de Registro Civil hasta el 30.junio.2018, así como de los artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que establece la competencia compartida de los expedientes de matrimonio civil con los notarios
las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado con fecha 30
de mayo el informe de la Ponencia relativo a la proposición de Ley de
modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, por el que se
establece que la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro
Civil, será hasta el 30 de junio de 2018 (un año, en vez de los dos
inicialmente propuestos por el PP), y lo que es más importante en estos
momentos, prorroga la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de
Jurisdicción voluntaria que establecían la competencia compartida de los
Notarios para tramitar los expedientes previos al matrimonio civil.
CCOO había solicitado
por carta al Ministerio de Justicia en el pasado mes de abril que se pospusiera
la entrada en vigor de dichas disposiciones, por entender que la
entrada en vigor de las mismas debía ir unida, en todo caso, a la entrada en
vigor de la Ley 20/2011 , de Registro Civil. De igual forma se solicitó a los
grupos parlamentarios en el Senado la presentación de enmiendas al articulado
de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria,
para que en dicha Proposición de Ley se pospusiera todo lo relativo a la
tramitación de expedientes de matrimonio civil por los Notarios, y se
permitiese que los Juzgados de Paz siguiesen tramitando dichos expedientes. El
Grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó las enmiendas con el
mismo contenido de las elaboradas por CCOO. Finalmente, de
común acuerdo con las demás organizaciones sindicales, los trabajadores y
trabajadoras de la Administración de Justicia han estado remitiendo faxes y
correos electrónicos al Ministerio de Justicia solicitando, entre otras
cuestiones, el aplazamiento de la modificación en materia de expedientes de
matrimonio civil mencionada.
A raíz de estas
iniciativas, finalmente el Senado ha aceptado nuestro planteamiento y la
Comisión del Senado encargada de aprobar la Proposición de Ley de modificación
de la Ley 15/2015, acepta también, con modificaciones técnicas, las enmiendas
números 10, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, “sustituyendo la referencia al 30 de junio de 2017 por otra a la fecha
de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil. Esta sustitución se opera en el párrafo primero del apartado 2 de la
disposición transitoria cuarta de la Ley 15/2015, relativa a los expedientes
matrimoniales y en los puntos 3, 4 y 5 de la disposición final vigésima primera
de la Ley 15/2015. Finalmente en la disposición final única de la presente
Proposición de Ley, para anticipar su vigencia todo lo posible respecto del 30
de junio de 2017, fecha ya irrelevante para la vigencia de la Ley 20/2011, de
21 de julio, del Registro Civil”.
parlamentarios Popular, Socialista, Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, Vasco y Mixto, también han acordado posponer la entrada en
vigor de la Ley 20/2011.
En definitiva, el texto modificado de la Proposición de Ley de
modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, establece lo
· La Ley 20/2011, de Registro Civil, entrará en vigor el 30 de
· Los expedientes matrimoniales que se inicien antes de
la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil se seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme
a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de
· Todas las modificaciones del Código Civil, así como de
las Leyes 24, 25 y 26/1992 relativas a matrimonios por los ritos
evangélico, israelí o islámico, y de la Ley del Notariado relativas a la
posibilidad de que los Notarios tengan competencia concurrente con los
Registros Civiles para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio
civil, o de matrimonios por otras religiones distintas de la católica, entrarán
en vigor cuando lo haga de forma completa la Ley 20/2011, de Registro Civil.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas ahora por el Congreso
de los Diputados, para que la Proposición se convierta definitivamente en Ley,
pero dado que ha habido un gran consenso en el Senado sobre estas enmiendas la
Proposición de Ley será aprobada con seguridad.
Todo ello constituye un gran logro, pues tal y como reclamó CCOO, con argumentos
sólidos, no cabía que entrase en vigor una reforma en materia de expedientes de
matrimonio civil, que implicaba la privatización de un trámite registral, la
pérdida de competencias de los Juzgados de Paz para tramitar expedientes
previos al matrimonio civil y la imposibilidad de que los Encargados de los
Registros Civiles siguieran casando, sin que entrase en vigor al mismo tiempo
la Ley 20/2011 de Registro Civil, a la que estaba indudablemente unida.
No obstante queda mucho por hacer: el Ministerio de Justicia tiene
ahora que proponer la reforma de la Ley 20/2011 que recoja todos los puntos a
los que se ha comprometido reiteradas veces ante las organizaciones sindicales,
esto es, que el Registro Civil seguirá dentro de la Administración de Justicia,
con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de los
mismos, servidos por personal de la Administración de Justicia, y con
mantenimiento de las actuales oficinas principales y delegadas de Registro
Civil en los Juzgados de 1ª Instancia o mixtos, y en los Juzgados de Paz,
respectivamente. Será en el debate sobre dicha reforma en la que CCOO reiterará sus
propuestas incluidas en el documento que hizo llegar al Ministerio de Justicia
Asimismo, queda otra cuestión esencial, y es que se
modifique el Real Decreto 1004/2015, que aprobó el Reglamento sobre adquisición
de la nacionalidad española por residencia, a fin de que las solicitudes
de nacionalidad se puedan seguir presentando a través de los Registros Civiles
a partir del 30 de junio de 2017. En ello centraremos nuestro trabajo en
CCOO acaba su nota de urgencia agradeciendo al grupo
parlamentario de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, su inestimable apoyo a estas propuestas y su
CCOO, 05.06.2017

References: artículo 53
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

artículo 7
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
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