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Timestamp: 2018-04-27 01:08:19+00:00

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Temas 1 a 5 [9346] | Organización Constitucional del Estado (UAB) | Unybook
Temas 1 a 5 (2014)
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Asignatura Organización Constitucional del Estado
TEMA 1: EL ESTADO ‒ El Estado como forma de organización política ‒ Los orígenes históricos del Estado y los fundamentos teóricos del Estado liberaldemocrático.
‒ Los elementos constitutivos del Estado: territorio, pueblo y poder.
1.- El Estado como forma de organización política A) Acepciones del término Estado 1.- El Estado en sentido amplio significa organización social, jurídicamente ordenada, formada por una comunidad estable de individuos, asentada en un territorio y que posee un poder soberano.
Poder soberano, supremo en el interior e independiente en el exterior. Art. 1.1. CE.
2.- El Estado-aparato como conjunto de órganos públicos. Art. 121 CE, 131 CE, 134.1 CE.
3.- El Estado como poder central. Art. 149.1 CE. Art. 137 CE el Estado Comunidad B) El Estado como forma de organización política 1.- Caracterización de una organización política. El Estado es una forma de organización política que responde a una evolución histórica. El Estado es una organización y como toda organización constituye una unidad de decisión y de acción cuya función es transformar, mediante unos procedimientos racionales, una pluralidad de acciones humanas y de recursos de distinto género en unos resultados unitarios.
2.- Finalidades del Estado: generales e indeterminadas.
a) Fines permanentes del Estado. Los fines permanentes del Estado son: - Garantizar su propia existencia. Los instrumentos que puede utilizar son los previstos por el Derecho.
- Garantizar la convivencia pacífica dentro de su territorio, lo que no supone la exclusión de los antagonismos o de las discordancias entre los miembros de dicho Estado, sino su canalización por vías jurídicas, es decir, se va a producir una canalización jurídica de los conflictos que se puedan dar en su interior - Garantizar su permanencia como entidad soberana dentro de la Comunidad Internacional b) Fines variables del Estado: las relaciones entre Estado y Sociedad. que se canaliza a través de la idea de sistema político. El sistema político es el sistema de interacciones (interdependencias recíprocas) existentes entre el aparato estatal y la sociedad.
El sistema político está compuesto de dos tipos de elementos: a) ímputs, que serían las demandas que realiza la sociedad y se identificarían con los mecanismos que ponen en marcha el sistema para dar solución a las necesidades de la sociedad.
b) outputs, que serían las decisiones que se adoptan en el sistema, es decir, las respuestas que da el sistema a las demandas que presenta la sociedad.
Los ímputs vendrían caracterizados por cuatro elementos: - Expresión de intereses - demandas - Agregación de intereses - apoyos - Comunicación política -apoyos - Reclutamiento de personal y socialización - apoyo Los outputs vendrían caracterizados por tres elementos: - Elaboración de una regla - decisiones - Ejecución o desarrollo práctico de la regla -acciones - Función judicial o solución de los conflictos sobre la regla - acciones Relaciones entre el Estado y la sociedad a través de 4 ejes: 1) Los economistas clásicos y los primeros teóricos del Estado liberal (Adam Smith). La función del Estado se limita a garantizar las condiciones ambientales mínimas para el libre despliegue de la economía de mercado (Estado policía).
2) En la actualidad no parece que la sociedad sea capaz de satisfacer las necesidades de los individuos (el Estado desarrolla la "procura existencial", es decir, la acción directa del Estado mediante el establecimiento y la gestión de los servicios sociales adecuados.
3) El Estado tiene el monopolio jurídico de la producción de decisiones que vinculen o comprometan a la sociedad, pero el contenido concreto y la operacionalización de tales decisiones puede ser influido con mayor o menor éxito por las organizaciones de intereses.
4) La socialización del Estado a través del control de sus decisiones y acciones por las organizaciones sociales. El "Estado de Asociaciones" o de partidos (Verbändstaat).
- La obligatoriedad como característica del Estado como organización política: 1.- Pertenecer a un Estado no es un derecho de los individuos - dos sistemas: ius solii y ius sanguinis 2.- El ciudadano no puede afirmar que las leyes no le obligan (art. 6.1 CC: "la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento“).
- Distinciones entre el Estado y las organizaciones políticas preestatales. Hay tres rasgos que distinguen al Estado de otras organizaciones políticas preestatales: 1) La jerarquía y centralización de la creación jurídica a favor del aparato del Estado. En las organizaciones políticas preestatales la producción normativa tenía un carácter disperso y no centralizado (Derecho popular - costumbre, que normalmente tenía carácter local, que no podía ser modificada por el Rey- y Derecho real que eran las normas que elaboraba el Rey.
2) El monopolio del poder político y de la coacción física (Sólo el Estado va a poder ejercer la coacción física sobre los individuos. Excepciones como la legítima defensa o el estado de necesidad).
3) La despersonalización o racionalización del ejercicio del poder.
2.- Los orígenes históricos del estado y los fundamentos teóricos del Estado liberaldemocrático.
- Estado como forma de organización política histórica. Aparece en la Europa occidental en un proceso que va del siglo XVI al XVIII. Hoy en día, es la forma de organización política contemporánea y con la que se organizan la casi totalidad de las comunidades humanas actuales.
- Los procesos de consolidación del poder supremo de los reyes (llamados príncipes) en lugar de la poliarquía medieval y de los aspirantes tradicionales al poder supremo (el emperador y el papado) necesitaba de una justificación. Podríamos destacar en ese sentido a Maquiavelo, Bodin y Hobbes.
- Maquiavelo anuncia la unidad del Estado, su poder supremo absoluto, el monopolio de la fuerza y del derecho.
- Bodin teorizó el poder del rey y lo definió como un poder soberano. En este sentido, se trata de un poder absoluto, no limitado por ningún otro poder, y perpetuo. Por lo tanto, es un poder ilimitado e irresistible.
- Hobbes sostiene que el hombre, por naturaleza, se encuentra en un estado de guerra permanente. No tiene seguridad física y tiene miedo. La fuerza es la ley de la humanidad y, por eso, los hombres pactan un contrato por el que renuncian a sus respectivos poderes, que atribuyen todos a un tercero. Este tercero es una persona que los representa a todos: el poder soberano o Estado. Del Estado de naturaleza, con guerra permanente, se pasa al Estado político, donde las leyes aportan la seguridad.
Las características específicas de la forma de organización política estatal: - la secularización del poder (neutralidad religiosa) - la abstracción creciente del poder público (Estado como ficción entorno al Rey – monarquía hereditaria y no electiva – continuidad de la forma política) - la concentración del poder regulador (internamente frente a los demás señores feudales, externamente frente al Papa) - la actuación de la Administración en interés general (no se defienden los intereses privados del Rey, sino los públicos por los funcionarios) - el monopolio de la coerción legítima (formulación de leyes e imposición de deberes y obligaciones sin necesidad del consentimiento de los ciudadanos) - una delimitación precisa de los límites del territorio con fronteras.
3.- Los elementos constitutivos del Estado: poder, pueblo y territorio.
A) El Poder. El Estado se caracteriza frente a otras organizaciones es la disposición de un poder cualitativamente único, de imperium, es decir, de un poder de ordenación y mando material, originario, generalizado y superior a cualquier otro dentro de su ámbito territorial. Esto se concreta en la posibilidad de acudir a la coerción para imponer los deberes. Este poder se va a concretar en una serie de facultades: a) La posibilidad de extraer recursos de la sociedad, sea en forma de impuestos o de prestaciones personales (servicio militar).
b) La posibilidad de establecer y garantizar la vigencia de un orden jurídico que regula imperativamente las relaciones de los individuos entre si, de los ciudadanos con el Estado y las internas de la propia organización estatal.
- El ejercicio del Poder se concreta en una serie de actividades, que son las denominadas funciones del aparato estatal, que se puede ordenar en tres bloques diferentes: a) Legislación b) Ejecución c) Actividad jurisdiccional - Estas funciones se van a realizar a través de órganos (órganos legislativos – Las Cortes Generales, órganos ejecutivos - Gobierno y Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales - Jueces y magistrados.
- Las funciones estatales se ejercen mediante la separación de estos poderes para el ejercicio de las funciones (Montesquieu).
En la actualidad hay una tendencia a plantear una colaboración de poderes e interrelacionar las funciones estatales: a) Función de dirección política. Decisión sería la elección consciente entre dos o más alternativas posibles con la intención de alcanzar uno o varios objetivos. Las decisiones políticas son aquellas cuyo contenido o bien se impone imperativamente o bien compromete a la sociedad, y cuya opción no tiene otros límites que los establecidos por la Constitución. A esta clase de decisiones pertenecen las que se expresan en la actividad legislativa y en las grandes líneas de la acción política del Estado. Las funciones de decisión son llevadas a cabo por el Gobierno y el Parlamento fundamentalmente.
b) Función de control sobre las decisiones y acciones de otros órganos, las cuales pueden significar eventualmente la anulación de las decisiones de tales órganos, un cambio de su contenido o una interpretación vinculatoria del mismo (Parlamento, Gobierno, Poder Judicial y Tribunal Constitucional).
B) El pueblo. El término pueblo se ha considerado equivalente a las nociones de ciudadanía, población, nación, nacionalidad.
- Población sería un concepto puramente estadístico, resultante de la configuración del censo.
- El pueblo es entendido como un elemento estatal constituido por un conjunto de personas sometidas de forma estable al Derecho por un vínculo personal que se denomina nacionalidad.
- Nacionalidad entendida en un sentido individual es equivalente a ciudadanía. Ciudadano significa que una persona pertenece a un Estado en base a los criterios fijados por las oportunas normas jurídicas.
- El pueblo jurídicamente considerado suele denominarse nación. Nación cultural y nación política.
- La nación cultural, elementos de identificación y singularización que los distingue de otras comunidades. Estos elementos de tipo objetivo serían la lengua, cultura, historia o etnia.
- La nación política: consenso de voluntades, el elemento subjetivo, la voluntad política de un grupo de personas de autogobernarse.
- Art. 2 CE: nacionalidades. El término nacionalidad: comunidad que poseyendo los elementos de la nación natural no tiene poder soberano de carácter estatal.
- Por último, el problema de la legitimidad del poder estatal implica que recaiga en el pueblo a través del instituto de la soberanía popular, es decir, el poder pertenece al pueblo considerado individualmente. El art. 1. 2 CE .
– C) El Territorio. El Estado surge cuando el orden político deja de constituirse sobre relaciones personales para constituirse sobre relaciones territoriales.
- El problema de la delimitación del territorio, es decir, de su extensión y límites. Fronteras naturales o artificiales. La delimitación del espacio estatal incluye: 1.- La tierra firme y aguas lacustres y fluviales dentro de sus fronteras.
2.- El Mar Territorial (12 millas) y la zona económica exclusiva (200 millas).
3.- El espacio aéreo dentro de sus fronteras.
4.- El subsuelo delimitado por la zona terrestre y marítima (fondos marinos).
4.- El Estado y el Derecho – En la monarquía absoluta (princeps legibus solutus est), el derecho no limita al monarca absoluto, que se encuentra en muchos casos por encima de las reglas jurídicas y puede hacer excepciones en su aplicación para sectores que quiere favorecer.
– Uno de los objetivos del Estado constitucional, consistirá precisamente en limitar el poder.
El derecho no siempre será visto como un medio decisivo para limitar el poder estatal, pero serán muy significativas las declaraciones de los derechos humanos, así como la previsión de una separación de poderes.
– - La doctrina normativista (Kelsen). El Estado es una ordenación normativa, un sistema de normas jurídicas regulador de la conducta humana. La norma determina lo que tiene que suceder. La norma continúa vigente incluso si no se cumple. El Estado es una autoridad, se encuentra supraordenado en relación con los individuos y a él están subordinados. El sistema de normas obliga a los hombres a una determinada conducta.
– - El Derecho como elemento constitutivo del Estado viene caracterizado por tres notas: – a) Todas las organizaciones políticas tienen su Ordenamiento Jurídico. Ordenamiento jurídico es el conjunto sistemático de normas jurídicas y actos normativos válidos y vigentes en un Estado.
– b) El Ordenamiento jurídico estatal se caracteriza porque no deriva de otro Ordenamiento, es decir, tiene carácter originario.
– c) Lo que contradiga al Ordenamiento estatal es nulo.
– - El Ordenamiento Jurídico, en la mayoría de los sistemas jurídicos europeos se clasifica en varios tipos normativos fundamentales: – 1.- La Constitución, norma primera y fundamental, superior en jerarquía y fuerza vinculante a cualquier otra, en la que se contiene los principios estructurales del sistema y la distribución básica de competencias entre sus diversos órganos y sujetos. La Constitución va a ser la norma suprema que determina la validez del resto de normas del Ordenamiento Jurídico.
– 2.- La Ley que comprende las normas emanadas del Parlamento (y de los Parlamentos territoriales) así como todas aquellas cuyo rango y fuerza se equipara a la ley de origen parlamentario (Decreto-Ley y Decreto Legislativo).
– 3.- Reglamento, en el que se encuadran todas las normas con rango inferior a la ley, emanadas del complejo Gobierno-Administración y de los órganos paralelos de los entes territoriales de nivel inferior (Comunidades Autónomas, Municipios, Provincias).
– 4.- Normación autónoma y estatutaria, que se sitúa y aprueba por organizaciones sociales de base o de naturaleza privada, al margen de los órganos públicos (convenios colectivos o estatutos de los colegios profesionales).
– Además dichos tipos normativos pueden establecer regulaciones contradictorias, entrando en conflicto entre si. El Ordenamiento jurídico va a establecer una serie de reglas para resolver estos conflictos indicando al aplicador del Derecho que norma, de las que entran en conflicto, va a ser utilizada primariamente para resolver el caso, con exclusión de las demás. Para ello se va a examinar los tipos normativos desde tres dimensiones distintas: – 1.- La dimensión vertical, determinada por la subordinación de unas normas a otras en función de su mayor o menor rango o fuerza de obligar respectiva. Su expresión es el principio de jerarquía normativa. Existe una hipotética pirámide normativa a través de la cual se llega a la norma suprema, es decir, a la Constitución, a partir de la cual hay que examinar la validez del ordenamiento jurídico, es decir, establecer un criterio normativo en base al cual una norma encuentre su validez en función de que no contradiga una superior.
La Constitución va a encontrar su validez en el poder constituyente, poder que elabora específicamente la Constitución.
– 2.- La dimensión horizontal determinada por la diversificación de las normas en los diferentes entes públicos y órganos que integran el Estado global. Su expresión es el principio de competencia. En un Ordenamiento jurídico pluralista, el Ordenamiento estatal contiene subsistemas. La validez de cada subsistema viene dada por la Constitución. La Constitución establecerá a un ente u órgano concreto, con exclusión de los demás, la potestad de dictar determinadas normas o de regular determinadas materias. Además la Constitución establecerá, dentro del sistema normativo general, subsistemas correspondientes a entes públicos específicos, cada uno de ellos separados y dotados de su propia identidad, cuyas normas no pueden ser interferidas, modificadas ni derogadas, más que por las propias del subsistema. Hay que tener claro que la existencia de un Ordenamiento jurídico único no es incompatible con que existan otros subsistemas (Ordenamiento del Estado como poder central y Ordenamiento de las Comunidades Autónomas).
– 3.- Dimensión temporal, determinada por el diverso momento en que cada norma adquiere validez y vigencia. Su expresión es el principio de sucesión cronológica o de posterioridad. Art. 2.2 CC "Las leyes sólo se derogan por otras posteriores".
– - El Ordenamiento jurídico requiere coherencia en el mismo, es decir, no se pueden regular dos situaciones idénticas de forma contradictoria o incompatible, es el denominado principio de exclusión de las antinomias. Ello va a tener dos consecuencias: – a) El operador jurídico debe utilizar las reglas de estructuración del sistema normativo (Jerarquía, competencia, sucesión cronológica) para resolver los conflictos que se produzcan entre las normas que lo integran.
– b) Si dichas reglas no son suficientes el operador jurídico debe interpretar las normas contradictorias de tal manera que no lo sean atribuyendo a una y otra significados o ámbitos de validez diversos.
– - Para resolver estos tipos de problemas se aplican dos criterios para buscar la autointegración del Ordenamiento jurídico: – 1.- El denominado método analógico. Art. 4.1 CC "Procederá la aplicación analógica de las normas cuando estas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón".
– 2.- Se aplican los principios generales del Derecho. Art. 1.4 CC "Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico".
5.- Forma de Estado y forma de gobierno - La forma de Estado como relación entre los elementos del Estado: la relación entre pueblo y poder como definidora del Estado autoritario o democrático. La relación entre poder político y poder social determina el Estado totalitario, liberal o social. La relación poder político-territorio configura el Estado unitario o Federal.
- La forma de gobierno como relación entre los órganos de dirección política del Estado: la relación entre Parlamento y Gobierno permito definir el parlamentarismo y el presidencialismo.
TEMA 2 CONSTITUCIONALISMO Y CONSTITUCION - Origen y evolución del constitucionalismo: del Estado liberal al Estado democrático y social.
- Concepto y tipologías de Constitución.
- El Poder Constituyente 1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO: DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL - Fundamentos teóricos del Estado Constitucional 1.- El Contractualismo: origen del Estado en un pacto, acuerdo o convenio entre partes.
Iusnaturalismo racionalista. El Gobierno se forma mediante el sometimiento de las libertades individuales a un poder superior para que proteja dichas libertades: LOCKE distingue entre dos pactos: el pactum societatis y el pactum subjectionis. ROUSSEAU, que considera que ningún poder del hombre sobre el hombre puede ser legítimo sino en virtud de una convención mediante la cual los contratantes consientan libremente en formar un cuerpo político. Este pacto no es de sumisión al poder soberano, ya que la soberanía reside en el conjunto de ciudadanos. La comunidad política soberana, a la que se le entrega el poder, solo tiene derecho a obligar, porque al obedecerla, se está obedeciendo a si misma. La ley es expresión de la voluntad general soberana.
2.- El Racionalismo: aporta la idea de una ley, estatuto o Constitución, que es producto de la razón, creadora y ordenadora de una Comunidad Política (es decir, una ordenación sistemática y racional de una comunidad política a través de un documento escrito).
3.- La Supremacía normativa: la idea de la Constitución como ley con un valor normativo superior a las demás leyes. Juez COKE, a principios del Siglo XVII, especialmente en el Bonham's case, establece la posibilidad de un control del juez sobre la validez de las leyes del Parlamento y su eventual anulación por ser contrarias a los principios fundamentales del sistema.
La Constitución americana de 1787 incluye en su art. 6 el principio de que la Constitución es el Derecho Supremo de la Tierra (The Suprem Law of the Land). La Supremacy clause significa que la Constitución vincula al juez de manera más firme que las otras leyes, que tan solo podrán aplicar si son conformes a la Constitución ("a pesar de que hubiese alguna disposición contraria en la Constitución o en las leyes de los Estados"). A partir de este presupuesto el Tribunal Supremo en el famoso caso Marbury v. Madison arbitrará un instrumento para hacer efectivo el principio de supremacía de la Constitución: el Judicial Review.
4.- La soberanía. La Declaración Francesa de los derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 afirma en el art. 3 que "Toda Soberanía reside esencialmente en la Nación". Nación, en este contexto es entendida como un conjunto de asociados sometidos a la ley. En este conjunto de ciudadanos reside el origen de todo el poder. La Nación, en el ejercicio de su voluntad común soberana, se dará a si misma una Constitución.
5.- Control y limitación del poder. La Constitución es limitación del poder porque se establece como poder para un fin: asegurar y garantizar la libertad de los ciudadanos frente al poder público. El art. 16 de la Declaración Francesa de los derechos del Hombre y el Ciudadano dice que "Toda Sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución".
- La evolución del Constitucionalismo 1.- El Constitucionalismo liberal y sus aportaciones a) El aspecto principal es la supresión del poder absoluto del monarca y la sustitución por una distribución de poderes entre el Rey, el Parlamento y los jueces.
b) La elección del Parlamento se realiza por sufragio censitario (tan solo votan los propietarios o las personas que paguen una determinada cantidad de impuestos) c) Los derechos que son proclamados son esencialmente civiles en torno a la libertad y a la propiedad. Solo pueden ser regulados por el Parlamento y no por el Rey.
d) La legitimación del origen divino del poder se sustituye por la soberanía nacional, entendida como conjunto de ciudadanos con derecho a voto.
- Reino Unido. Los principios políticos fundamentales que aporta el Derecho Constitucional inglés son: a) El liberalismo caracterizado por la existencia de unos derechos individuales, denominados freedoms, configurados por los tribunales; por el Rule of Law (Estado de Derecho en el continente), es decir, el gobierno de las leyes y no de los hombres; y por la separación de poderes basada en un equilibrio y colaboración entre poderes, con el predominio, en un primer momento, del Parlamento y, posteriormente del Gabinete (una ley electoral en 1832 establece el sufragio universal directo).
b) El sistema parlamentario. El Gabinete precisa la confianza de la mayoría. Se produce un control parlamentario sobre el Gabinete.
c) La flexibilidad de la Constitución, que, en cualquier momento, puede ser reformada por el mismo órgano que produce la ley ordinaria. Se utiliza un concepto de Constitución como un desarrollo de decisiones parciales que se inician con la Carta Magna (1215). Destaca la originalidad de la forma de la Constitución británica, ya que no tiene una forma escrita. Las fuentes del Derecho Constitucional inglés son Las leyes constitucionales en sentido material (Statute Law): Carta Magna (1215), Petition of Rights (1628), El Acta de Habeas Corpus (1679), Bill of Rights (1689), Act of Settlement (1701), Actas del Parlamento (1911 y 1949), leyes electorales (Reform Act de 1832).
- Los Estados Unidos de América. Se elabora la primera Constitución liberal escrita. Después de la Declaración de Independencia de 1776, las colonias redactan sus constituciones, que supone el triunfo de la denominada concepción racional-normativo de Constitución, tanto por la forma (escrita, sistemática, codificada), como por el contenido (separación de poderes, soberanía de la ley, distinción entre poder constituyente y poder constituido). A partir de estos documentos se inicia el proceso de redacción de la Constitución de 1787, aprobada en la Convención de Filadelfia. La Constitución de Estados Unidos es fruto de muchos compromisos entre federalistas y antifederalistas (confederación), entre Estados grandes y pequeños (bicameralismo, Senado), entre Norte y Sur (esclavismo).
- Las características de la Constitución de los Estados Unidos de América son: a) es producto de una asamblea constituyente compuesta de representantes de ex-colonias británicas b) tiene un carácter fundacional, es decir, crea un Estado c) crea una nueva forma de organización territorial del poder: el Estado Federal d) perfecciona el Estado de Derecho en cuanto que la Constitución es considerada como una norma.
- La Constitución de los Estados Unidos de América recoge: a) Una declaración de derechos incorporada en las primeras diez enmiendas a la Constitución (1791), ya que en la redacción originaria no se incluían.
b) La división de poderes de carácter estricto entre Congreso, Presidente y Tribunal Supremo.
c) El bicameralismo, es decir, dos cámaras legislativas, el Senado con base conservadora ya que representa a los Estados, y la Cámara de los Representantes con base democrática nacional.
d) La gran capacidad de adaptación del texto constitucional a la dinámica histórica a través de las enmiendas, la intervención del poder judicial en la interpretación de la Constitución y la existencia de convenciones.
b) El carácter mítico de la Constitución, ya que se concibe como un presupuesto de la forma de vida democrática americana, que no se reduce a un método de formación de la voluntad del Estado, sino que supone también una concepción de la vida individual y social, que se caracteriza por la admisión en la Comunidad de cualquier extranjero que se integre (sobre todo en los primeros tiempos, no en la actualidad) y por la ausencia de residuos feudales, estamentales o jerárquicos en la sociedad americana.
- Francia. La hegemonía de la burguesía liberal, final reinado Luis XVI, convocatoria de los Estados generales de 1789 en una Asamblea Nacional constituyente. La Asamblea decidió aprobar la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano en 1789, considerado en aquel entonces como el acto de constitución del pueblo, sin esperar a aprobar una Constitución.
Posteriormente se incorporó esa declaración a la Constitución revolucionaria de 1791, la primera Constitución racional-normativa europea. Sus características son: a) La soberanía pertenece a la nación. Los poderes emanan de la Nación que los delegan en una Asamblea, Rey y jueces. El Rey es concebido como un delegado de la Nación y sujeto a la soberanía de la ley.
b) El Estado de Derecho concebido como la no existencia de una autoridad superior a la ley. No van a mandar los hombres, sino las leyes c) La existencia de un poder constituyente, y como consecuencia que ningún poder constituido va a poder cambiar la Constitución. Tan solo la Asamblea Nacional Constituyente puede cambiarla, pero por medio de las normas previstas en la propia Constitución.
d) Una separación rigurosa de los poderes con predominio del legislador.
- El constitucionalismo en el S. XIX. A principios del S. XIX, tras el Imperio napoleónico, se produce en Europa la reacción monárquica que elimina casi todas las Constituciones. Las monarquías de la Restauración retornan al Antiguo Régimen. Muchos monarcas aceptan limitaciones políticas, siempre que se mantenga el título de legitimación tradicional y aparezcan como concesiones graciosas del Rey a su pueblo. La extensión de estas limitaciones al poder monárquico dependerá de la fuerza respectiva de la burguesía y de la coyuntura de cada Estado.
La Carta francesa de 1814 es el modelo que siguen muchas monarquías restauradas, entre ellos varios Estados alemanes e italianos, y el Estatuto Real español (1834).
En la estructura de los poderes las Cartas otorgadas y las Constituciones pactadas suponen respecto de las primeras Constituciones liberales, un reforzamiento importante del Rey en detrimento del Parlamento, e incluso dentro del Parlamento una pérdida de protagonismo de la burguesía frente a la nobleza, que se reserva a veces una de las cámaras.
- El Constitucionalismo en el Siglo XX. Al final de la Primera Guerra Mundial se culmina el proceso democrático y se consagra el principio parlamentario. Se generaliza el sufragio universal masculino y se reconoce en muchos países el femenino, se suprimen las cámaras aristocráticas y se sustituye a los monarcas reacios al parlamentarismo por Repúblicas. Las Constituciones de Alemania (Weimar, 1919) y de Austria (1920), sirven como modelo de esta época, influyendo considerablemente en las Constituciones aprobadas en los años 20, y en la española de la II República (1931).
- Estas Constituciones asumen y formalizan el sistema parlamentario, pero introducen algunas correcciones, en el sentido de disminuir el poder del parlamento.
a) El referéndum y la iniciativa popular (hasta entonces privativas de Suiza) se configuran como una alternativa eventual del electorado a las decisiones de las Cámaras representativas.
b) El Presidente de la República tiene poderes amplios, de tal forma que puede considerarse como una alternativa al Parlamento en determinadas circunstancias, con el consiguiente peligro para la estabilidad del régimen, por la tensión entre dos centros de poder.
c) Otra innovación significativa es la creación de tribunales constitucionales, con el doble poder de arbitrar los conflictos entre la Federación y los Estados miembros y el de controlar la constitucionalidad de las leyes, adoptando el judicial Review americano en forma de justicia constitucional concentrada.
d) Todas las constituciones reconocen junto a los derechos tradicionales del liberalismo, nuevos derechos políticos y algunos derechos sociales.
La crisis económica de 1929, provoca fuertes tensiones sociales, y mientras que en algunos países se resuelven las crisis sociales aceptando parcialmente las reformas reivindicadas por los trabajadores, especialmente en los Estados del norte de Europa, en otros, con menor tradición democrática, se cuestiona la propia validez del Estado democrático. Esta será la salida en Italia y Alemania.
- El Constitucionalismo de la Segunda posguerra Mundial. Este periodo se caracteriza a partir de los nuevos textos constitucionales aprobados en Italia y Alemania. Se presentan numerosas innovaciones como por ejem. el carácter democrático en base al principio de soberanía popular, un amplio reconocimiento de las libertades, un diseño institucional similar al parlamentarismo clásico, aunque se reconoce las fuerzas políticas y sindicales, con lo que la democracia no quedará reducida al plano político, sino que se extenderá al plano económico social.
- Estos principios impulsarán reformas constitucionales en Dinamarca, Suiza, Bélgica, Suecia..., y serán asumidos por las Constituciones de las nuevas democracias de los años setenta (Grecia, Portugal y España).
- El Constitucionalismo actual se caracteriza por reconocer plenamente la democracia política y extender los criterios de igualdad a las condiciones sociales de los individuos. Las relaciones entre Estado y sociedad caracterizadas en el liberalismo por una separación tajante, empiezan a caracterizarse en base a una interdependencia mutua, que se manifiesta en un crecimiento gigantesco de la Administración, un cambio del status de los funcionarios (con el reconocimiento de los derechos sindicales), ampliación de los derechos sociales, aparición de derechos de nuevo cuño (el medio ambiente) o protección especial a determinados grupos sociales y humanos (discapacitados, etc.).
- El sufragio universal, con la reducción de la edad electoral en muchos países ha ampliado la base política de la democracia. Su traslado a las instituciones representativas destaca la función de los sistemas electorales, el papel de los partidos políticos y de su sistema en cada país, y la propia estructura y funciones de los órganos representativos.
- El Parlamento continua siendo la institución representativa por excelencia, pero sus funciones y actividades han cambiado notablemente (tradicionalmente aprobar los presupuestos y las leyes, controlar al Gobierno); por otra parte, el protagonismo de los partidos en el seno de las cámaras, como grupos parlamentarios, que han transformado los antiguos parlamentos de notables en Parlamentos de Grupos, únicos protagonistas de las funciones parlamentarias.
- A su vez, mayoría y oposición no reducen sus políticas al Parlamento sino que las extienden a los demás órganos representativos (Parlamentos Regionales, Ayuntamientos), a las organizaciones sociales (sindicatos patronales), a los grupos socio-culturales, y en general a toda la sociedad a través de los propios partidos políticos y los medios de comunicación de masas.
En la práctica se da una supremacía del Gobierno, por el cambio introducido por los partidos en las relaciones Parlamento-Gobierno y por otros factores como el crecimiento de la Administración y su superioridad técnica para la adopción de decisiones sobre las cámaras, además de algunas disposiciones constitucionales para asegurar su estabilidad.
- Las Constituciones van a reconocer el pluralismo político y social. El pluralismo político resulta potenciado por la democracia, ya que la existencia de las libertades de expresión, asociación y sufragio conducen a la manifestación de diversas alternativas políticas. Se reconoce expresamente la constitucionalización de los partidos políticos. El pluralismo social tan solo ha sido reconocido en este periodo, mediante la constitucionalización de los sindicatos y las asociaciones empresariales, llegando en algunos casos a admitir dentro de la Constitución la existencia de diferencias económico-sociales que impiden la igualdad política y jurídica efectiva. El art. 9.2 CE establece "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Esta es la base del reconocimiento de los derechos sociales y el fundamento de una posible transformación social con respeto a las libertades y las instituciones inexistentes, sin cambiar la base democrática de las Constituciones actuales.
2.- CONCEPTO Y TIPOLOGÍAS DE CONSTITUCIÓN - El concepto de Constitución se construye a partir de su sentido formal y material. En el constitucionalismo moderno, la Constitución es concebida como ordenación sistemática y racional de la Comunidad a través de un documento escrito. Se habla de Constitución formal para aludir a la Ley Fundamental como texto o documento escrito. La Constitución es entendida como fuente formal del Derecho Constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: a) Emana de un Poder Constituyente democráticamente legitimado b) Este acto se realiza de acuerdo a un procedimiento específico para aprobar normas y distinto de los demás.
c) A estos requisitos se les une de una manera más o menos generalizada la exigencia de una fuerza jurídica superior (valor supralegislativo) que se expresa por el carácter rígido o semirígido, es decir, por los procedimientos agravados de su revisión.
- La Constitución material que serían el conjunto de normas que regulan las estructuras del Estado y de la sociedad en sus aspectos fundamentales, independientemente de las fuentes formales donde estén reguladas. El Derecho Constitucional en un sentido material es un concepto normativo que equivale a ordenamiento constitucional, ya que abarca el conjunto de las normas constitutivas y reguladoras de las estructuras fundamentales del Estado y la sociedad, que pueden estar contenidas en leyes distintas de la Constitución formal.
- El criterio material considera primordial el contenido de la norma con independencia de que sea producida o no por una fuente constitucional. Lo cierto es que el contenido o materia de la Constitución varía de época a época, y que no cabe hablar de reserva de Constitución en el sentido de que ciertas materias han de ser incorporadas necesariamente en la Constitución. Art.
16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano.
- Concepciones de Constitución - Tradicionalmente se han planteado una pluralidad de concepciones en relación a la Constitución que se pueden agrupar en tres tipos la concepción racional-normativa, la histórico tradicional y la sociológica.
- La concepción racional-normativa concibe la Constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de manera exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre los órganos. La Constitución es un sistema de normas a través del cual se trata de racionalizar la actividad política y pública. Según esta concepción todos los poderes e instituciones van a deber sus existencia y competencias a la Constitución considerada como complejo normativo. Esto conlleva otra característica de la concepción racional, la despersonalización de la soberanía y la afirmación de la Constitución como soberanía. Todos los poderes públicos tienen su origen en la Constitución.
- La concepción histórico-tradicionalsurge como actitud polémica frente al concepto racional, como ideología del conservadurismo frente al liberalismo. El conservadurismo tiende al pasado y considerarlo como un orden inmutable.
- El Historicismo constituye el fundamento espiritual que considera que la Constitución de un pueblo no es un sistema producto de la razón, sino una estructura resultado de una lenta transformación histórica, en la que interviene fenómenos y supuestos irracionales y fortuitos, irreductibles a un esquema racional o formal. Por consiguiente, está claro que la Constitución de un país no es creación de un acto único y total, sino de actos parciales reflejos de situaciones concretos, de usos y costumbres formados lentamente y cuya fecha de nacimiento es imprecisa.
- La concepción sociológica representa una proyección de la Sociología al campo constitucional.
F. Lassalle, representante de esta concepción, decía que la Constitución era la suma de los factores reales de poder que rigen a un país. Para esta concepción la estructura política real de un pueblo no es creación de una normativa, sino expresión de una infraestructura social, y que si tal normativa quiere ser vigente ha de ser expresión y sistematización de aquella realidad social subyacente.
Lassalle consideraba que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de Derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las Constituciones escritas no tiene valor ni son duraderas salvo que sean expresión fiel de los factores de poder imperantes en la realidad social.
- Clases de Constitución - La primera tipología de Constituciones a tratar es la desarrollada por Bryce que establece la distinción entre Constituciones flexibles y rígidas.
- Constituciones flexibles son las propias de aquellos Estados en que las leyes constitucionales se diferencian de otras leyes por la materia, pero no por la jerarquía, pudiendo ser modificadas en cualquier momento por la autoridad legislativa ordinaria, como cualquier otra ley (Reino Unido).
- Constitución rígida son la propia de los Estados que les dotan de una jerarquía superior a las leyes ordinarias, no siendo posible su modificación por la autoridad legislativa ordinaria.
- La gran mayoría de los Estados poseen una Constitución escrita con una rigidez relativa.
Mayor importancia, conectado a esta problemática, posee el tema del Derecho Constitucional abierto al tiempo. La normativa constitucional es incompleta, de forma que permite y garantiza un espacio de libertad para el antagonismo, compromiso o consenso plural. Las normas constitucionales pueden ser abiertas de forma que pueden ser concretadas de manera renovada y cambiante.
- La segunda gran tipología diferencia entre concepción normativa y sociológica. Loewenstein examina el grado de eficacia de una Constitución para ordenar el proceso político diferenciando entre: a) normativas, que regulan plenamente el proceso político b) nominales, que regulan parcialmente el proceso político c) semánticas, cuando el proceso político funciona al margen de las previsiones en las normas constitucionales, aunque éstas se apliquen plenamente.
3.- La elaboración de la Constitución: El poder constituyente 1.- La formulación de la teoría del poder constituyente de Sièyes. Sièyes en la exposición razonada de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano decía que una Constitución suponía ante todo la existencia de un poder Constituyente. La soberanía popular consistiría esencialmente en el poder constituyente del pueblo. El pueblo delega ciertos contenidos de su poder a las diversas autoridades constituidas, pero conserva el poder constituyente.
- Sièyes caracteriza este poder como inicial, autónomo y omnipotente. Es inicial, ya que no existe con anterioridad a él otro poder. Es autónomo porque solo el tiene competencias para decidir cuándo y cómo debe darse una Constitución. Es omnipotente, incondicionado, porque no está subordinado a ninguna regla de fondo o de forma 2.- La teoría de los límites del Poder Constituyente. Progresivamente se fue pasando de la teoría de la omnipotencia del poder constituyente a un poder Constituyente limitado. No se acepta una independencia absoluta del poder constituyente en la determinación del contenido de la Constitución.
- Esta teoría de los límites del poder constituyente es defendida por la concepción de la Constitución como orden de valores. La Constitución no se crea a partir de la nada, no se podrían inventar nuevos valores a los cuales se debe ajustar la Constitución. Existiría un orden prepositivo formado por principios fundamentales y por condicionamientos económicos, sociales y políticos a los cuales estaría vinculado el poder constituyente (no se aceptaría una Constitución que admitiera la discriminación por razón de sexo o de raza, el principio de poligamia o la tortura como medio de combate de la criminalidad).
- Sin embargo, no se acepta unánimemente la concepción de la Constitución como orden de valores. Se tiende también a defender la teoría pluralista de la sociedad, reconociendo como básicos el principio de neutralidad del Estado y el principio de no identificación, es decir, la no identificación del Estado con ninguna concepción global, religiosa, política o ideológica. Por lo tanto, se intenta contraponer a un Estado vinculado por los valores, un Estado libre y democrático abierto a los valores.
- En la actualidad se está acentuando la idea de la necesidad de un consenso ordenador y fundador como base del poder Constituyente y la necesidad de una aceptación más o menos general de su contenido.
3.- Poder Constituyente originario y derivado. El poder constituyente originario es el poder encargado de redactar por primera vez una Constitución, que se considera que reside en el pueblo y que se sitúa al margen de la Constitución.
El poder de modificar una Constitución en vigor, según las reglas y procedimientos previstos en la misma Constitución se denomina poder constituyente derivado o poder de reforma.
Los poderes constituidos, a diferencia del poder constituyente originario, siempre se mueven dentro del marco constitucional. El poder de reforma constitucional es en consecuencia un poder constituido, como lo puede ser el poder legislativo. En este sentido, el poder de reforma será un poder constituyente impropio o poder constituyente constituido.
4.- La naturaleza jurídica del Poder Constituyente El positivismo ha negado el carácter jurídico del poder constituyente originario, tan solo lo ha reconocido para el poder constituyente derivado situado dentro de la Constitución. Ello obliga, consecuentemente a tratar el problema del poder Constituyente como facto.
Los movimientos revolucionarios o los golpes de Estado no se realizan de acuerdo a principios jurídicos o reglas constitucionales. La revolución se manifestaría como un fenómeno fuera del derecho, de este modo las manifestaciones del poder constituyente originario se situarían en un terreno prejurídico. El Derecho nacería en sincronía con la propia Constitución.
Según esta tesis del Positivismo, el poder constituyente tendría un título de legitimidad, pero no una cobertura de legalidad.5.- Procedimiento constituyente Se distinguen dos tipos de procedimientos constituyentes: a) El procedimiento constituyente representativo, en el cual la participación del pueblo en la elaboración de la Constitución se sitúa en el momento de la elección de los representantes para la asamblea constituyente. Estos representantes redactarán y aprobarán el texto constitucional.
b) El procedimiento constituyente semidirecto, en el cual el pueblo elige una asamblea constituyente para elaborar la Constitución, pero posteriormente, una vez elaborada, se ratifica y aprueba mediante un referéndum.
4.- La Estructura Normativa de la Constitución a) El carácter normativo y vinculante de la Constitución. Con la finalidad de evitar que la Constitución sea un documento meramente político o de simple orientación para los poderes políticos, que carácter programático. Preceptos que dotan a la Constitución de fuerza y eficacia: art. 9.1 CE, art. 53.1 CE, Disposición derogatoria 3ª CE, Disposición Final CE, que permite identificar a la Constitución como norma jurídica regular.
- Sin embargo, la CE es un complejo de normas heterogéneas, cuya operatividad es diversa: existen normas que no son susceptibles de desarrollo alguno en su concreción (art. 5 CE) y existen otros preceptos que parecen consejos al legislador (art. 48 CE). Entre uno y otro extremo los grados de concreción son innumerables.
b) Los grados de eficacia de las normas constitucionales. La naturaleza y contenido de los preceptos constitucionales es muy diversa y su eficacia dependerá de los casos concretos. Cada artículo, e incluso cada párrafo. de la Constitución puede tener una eficacia distinta. Dos modelos básicos: 1.- La Constitución tiene normas completas o self-executing - para la realización de su contenido no se requiere operaciones de concretización normativa de ningún tipo por parte de los poderes públicos (art. 53.1 CE, normas materiales como art. 12 o art. 81 CE, o normas organizatorias como art. 67.1 CE o art. 115 CE).
2.- La Constitución contiene normas cuyo contenido precisa inexcusablemente una concreción, bien mediante normas, bien mediante la puesta en práctica de políticas públicas específicas tendente a la consecución de los fines constitucionales impuestos. Ninguna de estas normas generará derechos frente a los destinatarios de las mismas, por lo que su contenido no podrá ser objeto de exigencia judicial (art. 53.3 CE en relación a los art. 39 a 52 CE).
c) El carácter abierto de los preceptos constitucionales. Los preceptos constitucionales pueden ser incompletos, fragmentarios o abiertos. Muchas cuestiones no se abordan de forma completa en la Constitución y se resuelven remitiendo su regulación a normas posteriores.
Hay que tener en cuenta que la función del texto constitucional es la ordenación general a largo plazo de la dinámica política, social y económica. Ello excluye una regulación detallada e impone que un amplio número de cuestiones tengan un alto grado de generalidad. La pretensión de vigencia duradera exige un nivel de abstracción y flexibilidad que sea suficiente para permitir la adaptación del texto a una rápida transformación del entorno social, económico tecnológico.
5.- Garantías de la Supremacía de la Constitución - La Constitución es la lex superior del Ordenamiento jurídico, situándose en el vértice superior de la pirámide normativa, generando una supremacía formal y una supremacía material.
a) La supremacía formal tiene dos consecuencias: de tipo positivo, ya que la Constitución va a ser el marco definidor del sistema de producción de normas, y de tipo negativo, ya que se va a proporcionar a los preceptos constitucionales una estabilidad reforzada.
1.- La Constitución como sistema de producción normativa, es decir, la Constitución como norma normarum significa que es una norma de atribución de potestades normativas, en el sentido de determinar los órganos habilitados para producir normas jurídicas generales, determina las formas externas de las normas jurídicas, regula el procedimiento que debe observarse para la producción de determinados tipos de normas, define las materias que cada tipo de norma debe regular, de modo positivo o de modo negativo estableciendo que materias están vedadas.
2.- La estabilidad jurídica reforzada de los preceptos constitucionales, se va a lograr a través de la rigidez constitucional, es decir, la garantía va a radicar en que la derogación o modificación de estos preceptos va a estar sometida a unos procedimientos específicos distintos y más complejos que los previstos para los distintos tipos de normas. El Titulo X CE recoge dos procedimientos especiales para la reforma de la Constitución (art. 167 y 168 CE).
b) La supremacía material. Se requiere dos requisitos: 1.- Uno de carácter sustantivo, esto es la existencia de un deber jurídico en virtud del cual todos los actos y normas deben poseer un contenido compatible con los preceptos constitucionales. La infracción de este deber determina la invalidez de la norma o acto en cuestión.
2.- y otro de carácter procesal, es la existencia de órganos públicos dotados de competencia para contrastar todo tipo de actos y de normas con la Constitución, y en su caso, anularlos.
- En nuestro sistema constitucional ambas características concurren: 1.- La eficacia sustantiva de la superlegalidad material se encuentra en el art. 9.1 CE. La validez de los actos de los poderes públicos depende de que su contenido sea compatible con las normas constitucionales.
2.- La superioridad de la Constitución sobre cualquier otra norma o acto jurídico requiere la existencia de órganos y procedimientos adecuados para llevarla a cabo. Este órgano es el Tribunal Constitucional y los procedimientos se enmarcan en el control de constitucionalidad que supone dos operaciones típicas: el derecho de comprobación (Prüfungsrecht), es decir, un juicio abstracto de compatibilidad entre la norma o acto objeto del proceso y las normas superiores y la competencia de rechazo (Verwerfungskompetenz), es decir, una decisión coactiva en virtud de la cual se niega validez y se inaplica la norma o acto infractores de normas de rango superior.
- El control de la constitucionalidad de las leyes en el mundo occidental ha seguido tres modelos distintos: el modelo norteamericano, o de control difuso, el modelo francés o sistema de control exclusivo confiado a un órgano político y el modelo austriaco o kelseniano o de control abstracto.
TEMA 3 MARCO HISTÓRICO DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 - El constitucionalismo histórico español - La transición política y el proceso constituyente.
- El significado de la Constitución de 1978: influencias comparadas.
1.- El constitucionalismo histórico español - El constitucionalismo histórico español se caracteriza por la inestabilidad. Causas: no se tenían las condiciones sociales para una revolución liberal, la burguesía no tenía una importancia suficiente para promover los cambios necesarios. El peso de los terratenientes, de la Iglesia y de la monarquía tradicionalmente centralista consolidarán una versión de la monarquía limitada, el doctrinarismo, que afectará incluso a los pocos periodos de monarquía constitucional.
- La Constitución de Cádiz de 1812 era de contenido liberal y situaría a España en el movimiento constitucional de la época. Afirma la soberanía nacional y recoge con matices el principio de separación de poderes del art. 16 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Se regula el mandato representativo y no el mandato imperativo.
- Posteriormente se produce un retorno al absolutismo o cartas otorgadas como el Estatuto real de 1834, en los que el rey conserva el poder político y se abandona la soberanía nacional. El resumen es revelador: de 1812 a 1837, la Constitución de Cádiz sólo habrá estado en vigor seis años, no sucesivos.
- La Constitución de 1837 vuelve a los contenidos principales de 1812, la soberanía nacional, una cierta separación de poderes, algunos derechos y libertades. Se adopta el bicameralismo, que será la regla en todas las otras constituciones excepto la de 1931; se refuerza el poder del rey con la capacidad de disolución de las cámaras.
- La Constitución de 1845 es conservadora. La soberanía es compartida entre el rey y las Cortes. La religión católica es oficial, el Senado es designado por el rey y se restringe el derecho de sufragio. La inestabilidad política provocó un periodo revolucionario, que rompe con la alternancia entre liberales doctrinarios y conservadores defensores de la monarquía limitada.
- La Constitución de 1869 utiliza la soberanía nacional y establece un amplio catálogo de derechos y libertades. Se establece el sufragio universal y se limita el poder del rey. Esta Constitución articulaba por primera vez una monarquía parlamentaria, pero por razones históricas el rey escogido tuvo que abdicar. En este contexto, se adopta, dando respuesta al problema territorial, la Constitución federal de la Primera República española.
- La Constitución de 1876 tendrá una vigencia hasta 1923. La soberanía compartida del doctrinarismo se impone, es decir, la soberanía del rey con las Cortes. Los derechos se dejan al desarrollo legislativo y el sufragio inicialmente es censatario, el Estado es de nuevo confesional y el Senado es designado fundamentalmente por el Rey, que mantiene un rol significativo en la actividad del ejecutivo. Un periodo autoritario (1923-1931) mostrará el fracaso de esta Constitución para resolver los problemas reales de la España de aquella época: las guerras de Cuba, Filipinas y Marruecos, conflictos obreros y rurales, movimientos regionales y críticas de los intelectuales.
- La Segunda República devolverá el constitucionalismo al Estado español con el texto de 1931. Esta Constitución tendrá originalidad e influirá en algunas constituciones europeas posteriores y en la Constitución española actual de 1978. Se plantea un "Estado integral", a medio camino entre el Estado federal y el Estado unitario, se reconocen derechos fundamentales, se prevé un presidente de la República y un legislativo de una única Cámara, lo que será contraproducente con la descentralización política antes indicada. Se establecería igualmente un Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que convertía a España en uno de los pocos países europeos de la época que habían seguido en ese sentido a la Constitución austriaca. Con el levantamiento militar de 1936 y con la victoria definitiva de los Nacionales en 1939, se iniciará un largo periodo autoritario que durará hasta la actual Constitución de 1978.
- Rasgos característicos del Constitucionalismo español - A) La anormalidad del funcionamiento constitucional. El marco jurídico-político no estaba en conformidad con la realidad socio-económica. El tránsito de una Constitución a otra, o de una época a otra no se realiza por medios pacíficos, es decir, por los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución (el mecanismo de reforma solo se utiliza en 1845), sino más bien por ruptura con la Constitución anterior, es decir, un cambio total de Constitución.
- B) La artificialidad del constitucionalismo histórico español, en el sentido de que el sistema político se mueve por cauces no previstos en el documento constitucional. Las Constituciones eran producto de una parte de la población y no de la mayoría. Se dice que eran Constituciones de tipo semántico, ya que tuvieron una eficacia mínima o nula - C) El sistema político constitucional español muestra una serie de debilidades debido a una marginación del pueblo en la representación de las Instituciones estatales. El Constitucionalismo español es de élites, tanto si es de corte liberal moderado, como liberal progresista. También existe una marginación de las clases potenciales modernas, la burguesía industrial y financiera. El proceso constitucional y político es dirigido por los terrateniente y propietarios agrícolas. Por otra parte hay un movimiento constante de la burguesía periférica por alcanzar el centro del Estado.
- D) Falta de integración social y de un sistema político estructurado, ausencia de relaciones entre Estado y Sociedad. El sistema de cambio en el régimen político no es el previsto en el texto constitucional, sino que es el ejército. Normalmente durante el S. XIX el ejército actúa como institución, facilitando el cambio, pero no se queda en el poder. Sin embargo, en dos periodos el ejército asalta el poder, durante la Dictadura del General Primo de Rivera y durante la del General Franco.
- E) El Constitucionalismo español dominante es de carácter ideológico, reaccionario y poco original técnicamente. Son Constituciones puramente ideológicas, ya que responden únicamente a las ideas políticas de un determinado partido político, no teniendo pretensiones de regular el mundo político. Cada grupo político intenta imponer su propia Constitución. Son textos poco originales, ya que normalmente están copiados de textos vigentes en Francia, Inglaterra, etc. La aportación original es escasa.
- F) Es un Constitucionalismo programático con valor normativo muy limitado. Tan solo la Constitución de 1978 tiene una declaración en el sentido de considerar el texto constitucional directamente vinculante.
2.- La transición política y el proceso constituyente.
- La Ley para la Reforma Política. En septiembre de 1976, se presentó el proyecto de Reforma política, que concretaba el procedimiento y la estrategia de la atípica transición política a la democracia. La actuación dual de Adolfo Suárez será clave, ya que por una parte recibirá el apoyo de los sectores franquistas que aceptan o creen necesaria una reforma, pero no una ruptura, aunque sea encubierta; y por otra parte, una tolerancia, previa a los acuerdos pertinentes, de la oposición democrática, quien proclama la ruptura.
- El proyecto legislativo de reforma debía ser dictaminado y aprobado por dos órganos, que en caso de que fuera aprobado el proyecto (como así sucedió) podría implicar la desaparición de ambos órganos: el Consejo Nacional del Movimiento y las propias Cortes orgánicas o corporativas.
- La Ley para la Reforma Política (Ley 1/77, de 4 de enero) estaba constituida por un preámbulo, un articulado muy breve, tres disposiciones transitorias y una disposición final.
En el preámbulo se anunciaba la base ideológica de ruptura con la concepción del Estado totalitario y la afirmación de los principios rectores del Estado democrático-liberal, es decir, el principio de legalidad y el principio representativo-democrático. Se fija el principio de la soberanía popular, al establecer que la ley requiere que la representación en Cortes esté basada en el sufragio universal a través de un sistema electoral imparcial y eficaz.
- En el articulado se concreta al definir a la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo (art. 1.1) y reconoce los supuestos básicos del Estado de Derecho: la protección de los derechos fundamentales y el principio de colaboración/separación de poderes (art. 1.1 y 2). Las Cortes se configuraban bicameralmente (Congreso y Senado) siendo elegidos sus miembros por sufragio universal, directo y secreto por un periodo de cuatro años.
- Los poderes del Rey eran atípicos en relación a otras monarquías parlamentarias: a) Sanciona y promulga las leyes (art. 1.2) b) Nombra al Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino (art. 2.6) c) Designa una quinta parte de los senadores (art. 2.3) d) Podía someter a referéndum los proyectos de reforma constitucional (art. 3.3) e) Podía someter directamente al pueblo una opción de interés nacional, fuera o no de carácter constitucional (art. 5).
- La Ley para la Reforma Política establecía el procedimiento de reforma constitucional en el art.
3, y en las disposiciones transitorias se regulaban las primeras elecciones a Cortes, fijándose criterios electorales en base a la representación proporcional corregida para el Congreso y mayoritario para el senado, quedando configurada la provincia como distrito electoral (Disposición Transitoria 1). En la Disposición Final se le confirió rango de Ley Fundamental.
- Tras el Dictamen no vinculante del Consejo Nacional del Movimiento, la Ley para la Reforma Política fue discutida en las Cortes en noviembre de 1976, siendo aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra y 34 abstenciones.
- La transición española. Datos. Muerte de Franco (20 de noviembre de 1975). Juan Carlos I es designado Rey de España (22 de noviembre de 1975). Reforma inmovilista de Arias Navarro. Adolfo Suarez es nombrado Presidente de Gobierno (1976). Ante la opción reforma-ruptura, el criterio del nuevo Gobierno es la reforma de la legalidad hasta llegar a una democracia política. Resistencias políticas a la transición.
- Referéndum de 15 de diciembre de 1976. Censo:22.644.290. Votantes: 17.599.662 (77,73%).
- Si: 16.573.180.
- No: - Blanco: - Nulos: 450.102.
523.457.
52.823.
- Entre febrero y abril de 1977 legalización de partidos y sindicatos que culmina con la legalización en Semana Santa del Partido Comunista de España. Crisis política con la dimisión del ministro de la marina. Resistencias militares y políticas. Asesinatos de Atocha. Concesión de amnistías parciales y sucesivas: julio de 1976, marzo de 1977 y octubre de 1977. Primavera de 1977: disolución de la organización del Movimiento Nacional. Se desmonta el sistema franquista.
- Elecciones del 15 de junio de 1977, al Congreso y al Senado con pluripartidismo y libertades.
Resultados: - UCD 6.220.899 34.7% 165 - PSOE-PSC 5.229.460 29.2% 118 - PCE-PSUC 1.655.704 9.2% 20 - AP - PSP - Pacte D.
- PNV 1.469.704 799.376 8.2% 4.4% 498.744 286.540 16 6 2.7% 2.6% 11 8 - Contexto: a) La tensión militar y el golpismo civil. El terrorismo de ETA y GRAPO.
b) Crisis económica (horas de trabajo perdidas, inflación, crisis industrial, repercusiones de la crisis energética). Pactos de la Moncloa (octubre de 1977). Inflación: 1977 el 29%; 1978 el 16%.
c) Auge de los movimientos nacionalistas. Regímenes preautonómicos. Restablecimiento de la Generalitat.
d) Crisis política: mayoría suficiente y la decisión de acuerdo de consolidación democrática. Los resultados apuntan a la redacción de una nueva Constitución Española.
- Posibilidades: proyecto de Constitución (iniciativa del Gobierno), proposición de Constitución (iniciativa de las Cortes), texto del Gobierno llevado por el Rey a Referéndum. Opción: proposición de Constitución.
- La comisión de Asuntos Constitucionales designa la Ponencia redactora: Herrero de Miñón, Cisneros, Pérez Llorca, Peces Barba, Solé Tura, Roca y Fraga.
- Marco: Consenso constitucional: secreto en la elaboración y búsqueda de mayorías amplias.
- Aprobado el proyecto en el Congreso en julio, en el Senado en octubre y en Comisión mixta el 25 de octubre. El 31 de octubre de 1978 votación definitiva: en Congreso: 325 si, 6 no y 14 abstenciones y en Senado: 226 si, 5 no y 8 abstenciones. Referéndum el 6 de diciembre de 1978, resultados: - Censo 26.632.180 - Votantes 17.873.301 (67,1%) - Si 15.706.078 - NO - Blanco 1.400.505 632.902 - Sanción del Rey el 27 de diciembre. Publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978 en las diversas lenguas de España.
3.- El significado de la Constitución de 1978: influencias comparadas - La influencia de las Constituciones anteriores en la Constitución de 1978 1.- La influencia de las Constituciones monárquicas. La forma monárquica de gobierno encuentra precedentes en todas las anteriores constituciones, salvo en la de 1931. La redacción del art. 1.3 CE recuerda al art. 33 de la Constitución de 1869. El art. 57 CE sobre la sucesión al trono, es un artículo que aparece en todas las Constituciones a partir de 1837.
El bicameralismo ha sido típico en el constitucionalismo español, salvo en tres casos en 1812, 1931 y en las leyes franquistas. La figura de la Diputación Permanente de las Cortes encuentra su precedente en las Constituciones de 1812 y 1931.
2.- La influencia de la Constitución de 1931 es importante, ya que existen semejanzas en la formulación de algunos derechos y libertades, en la figura de la iniciativa popular (art. 87 pár. 3 CE) inspirado en el art. 66 de la C 1931 y el recurso de amparo inspirado en el art. 121b de la C 1931. La figura del jurado (art. 125 CE) hay que conectarla con lo establecido en el art. 103 de la C 1931. El Estado de las Autonomías se inspira en el Estado Integral de la C 1931. Existen dos influencias más en el control de constitucionalidad y en la forma de revisión de la Constitución.
3.- La influencia de las Leyes Fundamentales franquistas es mínima. Sin embargo, en el tema militar, art. 8 CE hay que buscar el precedente en el art. 37 de la Ley Orgánica del Estado. La figura del Decreto-ley (art. 86 CE) se regulaba en el art. 13 de la Ley de Cortes y el Consejo de Estado en el art. 40 pár. 4 de la Ley Orgánica del Estado. En cuanto al Poder Judicial existen artículos redactados de igual forma que en la Ley Orgánica del Estado.
- La influencia del Derecho Constitucional Comparado en la CE de 1978 1) El artículo 20.1 de la Ley fundamental de Bonn (1949) ha permitido la inclusión de la expresión "Estado social y democrático de derecho" en el artículo 1.1 CE. Por otra parte, la búsqueda de una estabilidad gubernamental también proviene de la Ley fundamental de Bonn. Los mecanismos concretos son el procedimiento de investidura, la preeminencia del presidente del Gobierno y la moción de censura constructiva. Finalmente, la justicia constitucional también ha influido en la regulación española.
2) La Constitución italiana de 1947 se utilizó en materias como el Tribunal Constitucional, la organización territorial, la iniciativa legislativa popular, el artículo 9.2 CE que se ha basado en el artículo 3 CI, las leyes de comisión, el Consiglio Superiore della Magistratura que ha recibido aquí el nombre de Consejo General del Poder Judicial, los decretos leyes y los decretos legislativos.
3) La Constitución portuguesa de 1976, casi contemporánea de la española, influenció en ka concepción de los derechos fundamentales. También se ha previsto un órgano consultivo del Gobierno llamado Consejo Económico y Social.
4) Las constituciones nórdicas han sido un referente más puntual. Su influencia es notable en la regulación detallada de la monarquía parlamentaria (el Rey reina, pero no gobierna). El otro gran ámbito que se tuvo en cuenta serían los Ombudsman, es decir, la figura del Defensor del Pueblo.
5) La Constitución francesa de 1958 ha sido relevante para la previsión española de leyes orgánicas, el refuerzo del ejecutivo y la legislación delegada española.
6) Finalmente, las declaraciones internacionales de derechos. La Constitución española, además, ha previsto en su artículo 10.2 CE que los derechos constitucionales se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados ratificados por el Estado español.
4.- Los principios estructurales del Estado y los valores superiores del ordenamiento jurídico - Principios estructurales: las principales decisiones incorporadas en la Constitución. Forma de Estado, quién es el titular de la soberanía o cómo se legitiman los poderes de los que dispone el Estado. Artículo 1 CE: "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho“.
- Además, se suele incluir también entre los principios estructurales la forma de gobierno, la relación entre los poderes de dirección política y especialmente entre el Parlamento y el Gobierno: la monarquía parlamentaria. El art. 1.3 CE califica como "forma política" la monarquía parlamentaria y no como forma de gobierno, lo que implicó plantear si el rey disponía de algún tipo de poder político residual. El listado de las competencias o prerrogativas reales permite deducir que el rey no tiene ningún poder político y actúa de acuerdo a reglas jurídicas vinculantes.
- La última decisión estructural del constituyente afecta a la distribución territorial del poder.
La Constitución prevé un modelo descentralizado del poder al establecer la posibilidad de crear Comunidades Autónomas e indicar a los territorios interesados los procedimientos para crearlas. No existe en la Constitución ningún mapa de comunidades autónomas. No encontraremos ni siquiera la expresión, tan habitual en la actualidad, de Estado de las autonomías.
- Los valores superiores del ordenamiento jurídico - La Constitución afirma igualmente los valores superiores de su ordenamiento jurídico, cuyo papel principal consiste precisamente en ser instrumento interpretativo de los preceptos constitucionales. Artículo 1.1 CE "España se constituye en un Estado [...] que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político." TEMA 4 LOS PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE LA CONSTITUCIÓN - La forma de Estado: el Estado Social y democrático de Derecho.
- La organización territorial: el Estado de les Autonomías.
- Implicaciones constitucionales de la integración en la Unión Europea.
1.- LA FORMA DE ESTADO: EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO - El art. 1.1 CE establece que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su Ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
- Es un principio estructural que se desarrolla a lo largo del articulado y que impregna todo el texto constitucional y el resto del Ordenamiento jurídico, al que hay que interpretar de acuerdo a dicha declaración. Los principios estructurales delimitan la forma de Estado y la forma de gobierno.
EL ESTADO DE DERECHO - El Estado de Derecho en sentido formal hace referencia a que cualquier actividad estatal está sometida a normas jurídicas, es decir, que los poderes públicos se someten al Ordenamiento jurídico.
- El Estado de Derecho en sentido material implica que no es suficiente que el Estado se someta a normas, sino que es preciso que tenga un determinado contenido y que responda a determinados valores en base a tres puntos: a) que la representación popular (el Parlamento) se convierta en el órgano supremo del Estado, y que el Derecho creado por esta tenga una primacía o superioridad sobre el resto.
b) Que los poderes estén divididos o que no se concentren en unas únicas manos.
c) Que se garantice el ejercicio de las libertades individuales, cuya garantía es la finalidad del Estado de Derecho.
1.- Los derechos fundamentales - El pensamiento constitucionalista que inspiró las revoluciones liberales se apoyó en dos principios en los que se situaba un incipiente pensamiento iusnaturalista: a) Los derechos de las personas no dependen de las normas jurídicas y son consustanciales a la naturaleza humana, siendo previos y anteriores a cualquier pacto o creación de una comunidad política.
b) Estos derechos son predicables a favor de cualquier miembro de la comunidad política.
- Estos principios de carácter filosófico fueron incluidos en la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y en las diez primeras enmiendas de la Constitución americana (Bill of Rights de 1791). La inclusión de estos derechos humanos en los textos constitucionales tuvo una consecuencia inmediata: la transformación de unos principios filosóficos en mandatos jurídicos.
De este modo los derechos humanos se convierten en derechos fundamentales.
- Las expresiones de derechos humanos y derechos fundamentales son frecuentemente utilizadas como sinónimas. Sin embargo, los derechos humanos son válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos (dimensión iusnaturalista-universalista). Los derechos humanos arrancarían de la propia naturaleza humana y de ahí su carácter inviolable, intemporal y universal. En la actualidad se recogen en los Pactos Internacionales firmados ante la ONU como condición de ingreso y se vinculan con los derechos protegidos a nivel internacional.
- En cambio, los derechos fundamentales son los derechos humanos, jurídicainstitucionalmente garantizados y limitados a un espacio temporal. Serían los derechos objetivamente vigentes en un orden constitucional concreto, es decir, los derechos establecidos en cada una de las Constituciones.
- - Los derechos fundamentales, desde el punto de vista de su contenido material, se diferencian en tres tipos: - a) Los derechos de libertad que estarían ligadas al status negativo, a través del cual se defendería una esfera del ciudadano frente a las intervenciones del Estado. También son denominados libertades de autonomía o derechos negativos o de defensa.
- b) Los derechos de participación que estarían ligados al status activo. Los derechos ligados al status activus provendrían de la participación del ciudadano como elemento activo de la vida política (derecho de voto, derecho a acceder a cargo público). Estos derechos también son llamados derechos políticos o libertades de participación.
- c) Los derechos sociales que estarían vinculados al status positivo y que serían los derechos de los ciudadanos a obtener del Estado las prestaciones necesarias para el desarrollo pleno de la existencia individual. También son denominados como derechos positivos o derechos de prestación.
2.- El principio de separación de poderes 2.1.- La Función Legislativa - La función legislativa se concretaba en el poder de elaborar leyes. La ley, en la actualidad es tendencialmente vacía en el plano material y se caracteriza sobre todo por el procedimiento y por la forma de adopción. En principio, es ley cualquiera de las normas aprobadas por el poder legislativo con dicha denominación de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución y en sus normas de desarrollo. Desde un punto de vista material, los actos legislativos se caracterizan por el hecho de establecer la reglamentación fundamental de los asuntos más esenciales e importantes (teoría de la esencialidad) de una Comunidad histórica concreta.
- La Constitución permite que la función legislativa pueda ser ejercida por varios órganos a los cuales la Constitución les ha atribuido competencias legislativas (Cortes Generales - art. 66.2 CE, Gobierno - art. 86 CE - Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas - art. 152.1 CE).
2.2.- La Función Ejecutiva a) La función de dirección se caracteriza por un conjunto de actividades que implica una conexión de las funciones legislativas, reglamentarias, planificadoras, administrativas y militares, de naturaleza económica, social, financiera y cultural, dirigidas a la posibilidad de individualizar y graduar los fines constitucionalmente establecidos. Esta función se caracteriza por la existencia de un gran margen de libertad de conformación, salvo los límites e imposiciones establecidos por la Constitución y las leyes.
b) La función legislativa-normativa - Decretos-leyes (art. 86 CE), reglamentos (art. 97 CE), prioridad en la iniciativa legislativa de los proyectos de ley sobre las proposiciones de ley (art.
89.1 CE).
c) La función administrativa se refiere al cumplimiento de los mandatos contenidos en las leyes como, por ejemplo, la ejecución de los presupuestos, la recaudación de los impuestos, el nombramiento de los funcionarios, el mantenimiento del orden público, etc.
2.3.- La Función Judicial - Se exige determinadas características de los jueces y magistrados determinadas en el art. 117.1 CE: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento al imperio de la ley. La inamovilidad viene establecida en el art. 117.2 CE.
- La independencia de los jueces se manifiesta en un doble campo: a) La independencia externa, es decir, independencia en relación a órganos extraños al Poder Judicial. Esta asegurada por el Consejo General del Poder Judicial, que no es un órgano totalmente de autogobierno, ya que se deben complementar las exigencias de legitimación democrática con las exigencias de independencia.
b) La independencia interna, en relación a los órganos pertenecientes a la organización judicial.
Está asegurada por las formas de reclutamiento (de acuerdo a criterios objetivos) y por la garantía de inamovilidad.
2.4.- La separación vertical de funciones como manifestación del principio autonómico. Existen estructuras de las Comunidades Autónomas y estructuras autónomas locales, que han dejado de ser instituciones de auxilio técnico del Estado, para pasar a disfrutar de una legitimidad pública y democrática ejerciendo funciones normativas y administrativas separada y autónoma de los órganos centrales de la soberanía.
3.- La sujeción del Estado al derecho 3.1.- El Principio de Constitucionalidad - El principio de Constitucionalidad se expresa por el principio de supremacía de la Constitución que supone la vinculación de todos los poderes del Estado a la Constitución (art. 9.1 CE). La vinculación del legislador a la Constitución significa que las leyes deben seguir la forma y el procedimiento constitucionalmente fijado, y que deben ser adoptadas, desde el punto de vista orgánico, por el órgano competente para ello. La Constitución es también un parámetro material intrínseco de los actos legislativos, motivo por el cual sólo serán válidas las leyes materialmente conformes a la Constitución. Quedan prohibidas las normas que supongan una alteración constitucional, salvo las que sean reforma realizada en los términos previstos en el T. X CE.
- Se exige que todos los actos de los poderes públicos en un sentido amplio (Estado central, Comunidades Autónomas, entidades municipales), se conforme intrínsecamente y formalmente con la Constitución.
3.2.- El Principio de Legalidad. Se manifiesta a través de tres principios, el principio de primacía de la ley, el principio de reserva de ley y el principio del imperio de la ley, los cuales se dirigen a la vinculación jurídica del poder ejecutivo y del poder judicial al Derecho.
- El principio de la primacía de la ley se manifiesta en que las leyes son actos normativos jerárquicamente superiores, a cualquier otro tipo de acto normativo que no tenga fuerza de ley, es decir, actos normativos adoptados por el poder ejecutivo (Reglamentos, actos administrativos, decretos), los cuales no pueden estar en contradicción con la ley. Se prohíbe a la Administración que practique actos u omisiones que contraríen a cualquier reglamentación con fuerza de ley (art.
97 CE). Por otro lado, existe una fuerza atractiva del Parlamento para regular cualquier materia y en cualquier momento, mientras no sea de forma contraria a la Constitución.
- El principio de reserva de ley establece que determinados dominios materiales deben ser realizados por una ley establecida por el parlamento, sin que ningún otro órgano pueda originariamente regular dicho ámbito descrito. El principio de la reserva de ley, en su sentido más amplio, exigiría una autorización legal para cualquier actividad administrativa en el sentido de que debe existir una norma legislativa que habilite la actividad de la Administración. Esta exigencia se asentaría en la idea de que la administración, como ejecutora de la ley, solo puede realizar las tareas que la ley le confía (principio de legalidad formal de la administración). Por otro lado, se plantea que el contenido de la actividad de la administración debería ser fijado en sus líneas maestras por la ley (principio de legalidad material de la administración).
- El principio del imperio de la ley expresa el especial sometimiento a la ley por parte de cualquier institución o órgano de poder, en el caso de la Administración (art. 103.1 CE) y en el del Poder Judicial (art. 117.1 CE).
3.3.- El Principio de Tutela Judicial - Dentro de los sistemas normativos occidentales, la pieza fundamental en el conjunto de garantías del principio de legalidad está constituida por el control jurisdiccional, es, en definitiva, el control que ejercen Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE).
- El principio de la tutela judicial tiene dos vertientes, una de tipo objetivo y otra de tipo subjetivo.
a) La vertiente objetiva se expresa en la potestad jurisdiccional de enjuiciar los actos de los poderes públicos, que en el caso de la Administración se expresa por el art. 106.1 CE, y en caso de los propios tribunales por ser responsables de sus actos (art. 117.1 CE). Esta potestad jurisdiccional se caracteriza por estar sometida a Jueces y Magistrados ordinarios (se prohíben los Tribunales de excepción - art. 117 pár. 6 CE).
- El ejercicio de esta potestad jurisdiccional abarcará todo tipo de procesos (civil, penal, administrativo, laboral), juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, por los jueces y tribunales determinados por la ley, según las normas de competencia y de procedimiento que las leyes establezcan.
- Esta potestad jurisdiccional es de ejercicio obligatorio por parte de los juzgados y tribunales que la ostentan, y no una mera facultad de actuación potestativa, si bien su ejercicio está condicionado a la previa petición, no pudiendo actuar de oficio, salvo supuestos excepcionales.
Planteado el proceso, el control debe ejercitarse necesariamente mediante la emisión de un fallo, que el Tribunal no puede rehusar (art. 1.7 CC "Los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan,..."), de tal modo que la negativa al ejercicio de la potestad jurisdiccional puede producir una violación de un derecho fundamental.
B) La vertiente subjetiva del principio de tutela judicial se expresa por el reconocimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en el art. 24.1 CE "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Se trata de un derecho de carácter instrumental que permite la defensa jurídica de todos los derechos mediante un proceso garantizado y decidido por un órgano judicial. Este derecho a la tutela efectiva, no comprende el derecho a obtener una decisión favorable a las pretensiones que se formulen, sino el derecho a que se dicte una resolución fundada en Derecho (sea favorable o no), siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello y los recurrentes hayan sido oídos.
3.4.- El principio de seguridad jurídica - El art. 9.3 CE establece "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o retroactivas de derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
- El principio de seguridad jurídica en una sentido amplio y propio englobaría a todos los principios recogidos en el art. 9.3 CE. Según el Tribunal Constitucional, STC 27/1981, los principios que integran el art. 9.3 CE no son compartimentos estancos, sino que cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho.
- Según la misma sentencia (STC 27/1981), la seguridad es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos preceptos, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.
- La seguridad jurídica, en sentido estricto, es predictibilidad de la norma y de las consecuencia jurídicas de una actividad o situación. Implica certeza sobre el Ordenamiento jurídico aplicable y sobre los intereses jurídicamente tutelados (STC 15/1986). Esta predictibilidad de la norma se concreta en la exigencia de claridad de las normas, ya que sobre una norma oscura o contradictoria, no es posible una interpretación para obtener un sentido inequívoco, capaz de obtener una solución jurídica para el problema concreto.
-­‐ 3.4.1.- El principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y restrictivas de los derechos -­‐ El art. 2.3 CC "las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario". Esta norma dejaba demasiada libertad al poder público para poder hacer de la excepción la regla. Por ello, en la Constitución se determinó el alcance irretroactivo de cualquier norma sancionadora desfavorable, y de las normas restrictivas de los derechos fundamentales.
-­‐ En cuanto a los derechos fundamentales esta referido a los derechos de los art. 15 a 29 CE y a la esfera general de protección de la persona (STC 42/1986).
-­‐ Si bien está impedida constitucionalmente la retroactividad en relación a los referidos derechos, no es un principio aplicable en relación con otros derechos subjetivos distintos de los mencionados, como ser el de la propiedad. De ahí que las leyes fiscales puedan tener efectos retroactivos, aunque con límites, pues de lo contrario se impediría toda reforma fiscal.
3.4.2.- El principio de interdicción de la arbitrariedad -­‐ La prohibición de la arbitrariedad significa la prohibición de toda actividad de los poderes públicos contraria a las normas. En relación a la actividad administrativa, arbitrario equivale a no adecuado a la legalidad, y por tanto si se trata de actividad reglada equivaldría a infracción de una norma, y si se trata de actividad discrecional equivaldría a desviación de poder.
-­‐ Prohibición de la arbitrariedad en cuanto a actividad judicial y legislativa supondría la prohibición de trato desigual no razonable, es decir, ser contrario al principio de igualdad ante la ley y en la ley.
-­‐ Habrá arbitrariedad por parte del legislador cuando se aprecie que en la ley existe capricho, inconsecuencia o incoherencia en los efectos legales, existiendo una desproporción entre los medios empleados por el legislador y los fines perseguidos por este, que implique un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos fundamentales.
-­‐ El examen de la arbitrariedad en la actividad del legislador se realiza a través del denominado principio de proporcionalidad. Este principio se concreta en tres exigencias: -­‐ a) La exigencia de conformidad o de adecuación de los medios, que se concreta en que la medida adoptada para la realización del interés público debe ser apropiada para la persecución del fin o fin subyacentes al interés público, si el medio es necesario para alcanzar el fin.
-­‐ b) La exigencia de necesidad o de menor injerencia posible, por la que se debe probar que para la obtención de determinados fines, no es posible adoptar otro medio menos gravoso para el ciudadano.
-­‐ c) La exigencia de proporcionalidad en sentido estricto, que cuestiona si el resultado obtenido como intervención es proporcional a la carga coactiva de la misma. Implicaría un juicio de ponderación, es decir, ponderar las desventajas de los medios en relación a las ventajas de los fines.
-­‐ 3.4.3.- El principio de publicidad de las normas -­‐ El art. 2.1 CC "Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa". Hay que tener en cuenta que leyes equivalen a normas escritas, afectando también a las administrativas. Dado que existe pluralismo jurídico, la publicación puede corresponder a otro Boletín Oficial, ya sea de una Comunidad Autónoma o de un Ministerio (convenios colectivos se publican en el Boletín del Ministerio del Trabajo). El periodo de entrada en vigor puede ser más breve, pero no se admite la obligatoriedad de una norma sin publicar. Se prohiben las normas secretas.
EL ESTADO DEMOCRATICO -­‐ El concepto de democracia, tradicionalmente se ha planteado en base a la existencia de dos modelos de democracia diferenciados: la democracia representativa y la democracia directa.
-­‐ La democracia representativa aspira a la realización de la voluntad del pueblo mediante la autorización o la delegación de dicha voluntad en unos representantes. Estos representantes poseen el denominado mandato libre representativo, es decir, no está sujeto a las instrucciones del pueblo, pudiendo adoptar las oportunas decisiones de manera libre.
-­‐ La democracia directa mantiene una concepción de identidad entre gobernantes y gobernados. El poder se ejerce directamente por el pueblo adoptando las decisiones o bien por medio de representantes sometidos al denominado mandato imperativo, es decir, deben seguir sin posibilidad de modificación las instrucciones dadas por el pueblo.
-­‐ La definición de democracia que se utiliza es de carácter formal, procedimental y no de carácter sustantivo. Se trata de la democracia concebida como método, como un conjunto de reglas o procedimientos denominadas "reglas de juego", que permiten tomar decisiones colectivas mediante el debate libre y cálculo de la mayoría. Según N. Bobbio, estas reglas serían las siguientes: -­‐ a) Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condición económica, sexo, etc., pueden ejercer libremente el principal derecho político, es decir, el derecho de expresar con el voto la propia opinión y/o elegir quien la exprese por él.
-­‐ b) El voto de todos los ciudadanos debe tener igual valor.
-­‐ c) La formación libre del voto de los ciudadanos se debe realizar a través de una libre confrontación entre grupos políticos organizados que compiten entre si para unir sus demandas y transformarlas en deliberaciones colectivas -­‐ d) El hecho de que los ciudadanos deban elegir entre soluciones diversas implica que exista el pluralismo, es decir, distintas alternativas.
-­‐ e) Tanto para las deliberaciones colectivas como en las elecciones de representantes, debe ser aplicado el principio de la mayoría numérica, aunque pueden ser establecidas diversas formas de mayoría (relativa, absoluta, cualificada).
-­‐ f) Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, y de modo particular el derecho de convertirse en el futuro en mayoría.
-­‐ - La regla de la mayoría debe ser aceptada por unanimidad, ya que sin ella el juego democrático es imposible. Sin embargo, la regla de la mayoría tiene límites. Estos límites señalarían las fronteras donde no se puede aplicar el principio de las mayorías: no se puede abolir la regla de las mayorías por una decisión mayoritaria y hay materias en las que no se aplica la regla: no se puede decidir por mayoría infringir los derechos fundamentales o humanos.
EL ESTADO SOCIAL -­‐ Los primeros textos constitucionales conducían a defender un modelo económico que dejase al individuo en libertad para relacionarse económicamente con los demás y tratar de obtener su propio interés sin que pudiera intervenir en ello el Estado. En cierto modo se trataba de evitar la visión reglamentista y estamental del Antiguo Régimen. Este planteamiento implicó una ignorancia constitucional de la mayoría de cuestiones económicas y sociales.
-­‐ Sin embargo, el desarrollo económico y la industrialización operada durante el S. XIX ocasionó la necesidad de que los poderes públicos intervinieran en la vida económica a pesar de la falta de previsiones constitucionales. La industrialización ocasionó la aparición de sectores sociales que reclamaban la mejora de las condiciones de vida y la expansión de la industria y el comercio solo se podía desarrollar si el Estado adoptaba una política de creación de infraestructuras y de estímulo económico.
-­‐ El jurista H. Heller acuña la expresión Estado social como indicativo de un modelo de intervención pública que garantiza no sólo la libertad, sino el adecuado status económico de los ciudadanos. Esta tendencia se hizo más evidente tras la Segunda Guerra Mundial, ya que la mayoría de las Constituciones admiten un papel relevante del Estado en la configuración del orden económico y social. Este papel se va a centrar en la regulación de las relaciones entre individuos, en el establecimiento de derechos prestacionales y en la denominada Constitución económica.
La forma típica de la relación jurídica interindividual es el contrato, el acuerdo libre de voluntades basado en la autonomía y en la libre decisión del individuo. Sin embargo, no todos los individuos se encuentran en situación de igualdad para llegar a un acuerdo. El desigual reparto de medios y capacidades coloca a los individuos en situaciones de dependencia respecto de otros (arrendatarios de fincas rústicas y propietarios, inquilinos y dueños de los inmuebles o trabajadores y empresarios.
-­‐ Además en los textos constitucionales que recogen el constitucionalismo social se reconoce y potencia a determinadas instituciones a las que se encarga la realización de acuerdos y negociaciones colectivas, es decir, determinadas formas de contratación. En este sentido se reconoce a los sindicatos y a las organizaciones empresariales (art. 7 CE), mecanismos de contratación colectiva (art. 37 CE - fuerza vinculante de convenios colectivos que implica que los acuerdos entre sujetos colectivos se imponen a la autonomía individual) o la inclusión de técnicas típicas de defensa de intereses colectivos (huelga).
-­‐ La Constitución económica recoge las reglas básicas de la actividad económica. Dentro de estas reglas básicas destacan las que regulan las relaciones entre el sector público y el sector privado de la economía y las que regulan las relaciones entre los trabajadores y los propietarios-directivos de las empresas.
-­‐ En el art. 38 se proclama la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Se ha interpretado la expresión economía de mercado como sinónimo de sistema capitalista, concluyendo que la Constitución consagra un sistema económico concreto y excluyente: el capitalista. Sin embargo, la opinión más generalizada se refiere a la expresión economía de mercado como marco o estilo de economía. Se trataría de un marco abierto en el sentido de que pueden ser compatible con diferentes modelos económicos. La economía de mercado se fundamenta en dos pilares, la libertad de empresa y la propiedad privada.
-­‐ La libertad de empresa, en un sentido amplio, sería la capacidad del empresario-capitalista de invertir en el sector que desee, organizar el proceso productivo de la manera que estime preferible, y negociar los precios y condiciones de contratación libremente. La libertad de empresa tiene límites y obligaciones para salvaguardar los intereses generales (salarios mínimos o precios máximos).
-­‐ El derecho a la propiedad privada es, en un sentido amplio, el derecho de disposición sobre los bienes. En la práctica este derecho está delimitado por ley, según dispone el art.
33.2 CE, pudiéndose imponer límites y obligaciones para asegurar el cumplimiento de la función social de todos los bienes. De este modo, por ejemplo, el propietario de bienes pertenecientes al patrimonio artístico no los puede enajenar libremente, ni el propietario de un terreno urbano puede levantar edificios de cualquier altura. La expropiación de un bien atentaría en principio contra el derecho a la propiedad, por ello el art. 33.3 CE dispone que toda expropiación habrá de realizarse por causa justificada de utilidad pública o interés social y a cambio de la indemnización correspondiente.
-­‐ El Título VII de la Constitución Española relativo a la Economía y Hacienda, se inicia con un reconocimiento genérico de la iniciativa pública en la actividad económica. Una afirmación de este tenor significa la derogación del principio de subsidiariedad, vigente durante el régimen franquista, según el cual la iniciativa pública estaba subordinada a la privada (por ejem. no podía crearse una empresa pública en un sector si las empresas privadas se oponían). El reconocimiento genérico de la iniciativa pública significa la apertura de todos los campos de la actividad económica al intervencionismo público y la posibilidad de disponer de todo tipo de instrumentos, aunque no se mencionen expresamente en la Constitución.
-­‐ En la Constitución aparecen regulados los instrumentos especiales de intervención pública, que, tradicionalmente, han sido más polémicos, es decir, la nacionalización de sectores, la intervención de empresas y la planificación económica.
-­‐ La planificación es una técnica de intervención a través de la cual el Estado trata de coordinar y controlar la actividad económica pública y privada. Se trata de una técnica de intervención muy polémica por cuanto es comúnmente asociada a la gestión de los sistemas económicos socialistas y porque entraña un fuerte protagonismo del sector público que algunos consideran innecesario y peligroso. El art. 131 admite la posibilidad de planificación: "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general...".
El objeto de la planificación es la actividad económica general. Los objetivos de la planificación coinciden con los objetivos generales de la intervención pública establecidos en el pár. 1 del art. 131: -­‐ a) atender a las necesidades colectivas -­‐ b) equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial -­‐ c) estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
-­‐ En lo que se refiere a su procedimiento, el art. 131.2 CE establece que los planes deberán ser elaborados por el Gobierno, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y la colaboración de los sindicatos y otras organizaciones sociales. Para tal fin, se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley (Ley 21/1991, de 17 de junio, de creación del Consejo Económico y Social). En cuanto a la fuerza jurídica del plan, tal como está redactada nuestra Constitución es evidente que admite la posibilidad de límites y obligaciones a las empresas privadas derivadas de las leyes de planificación.
-­‐ La Hacienda Pública se refiere a la actividad financiera del sector público, esto es, el conjunto de procedimientos o instituciones relacionadas con la obtención de ingresos públicos (tributos, deuda pública, etc.) y la asignación del gasto público.
-­‐ El sistema tributario se refiere a los impuestos y demás ingresos coactivos del sector público. El art. 133 CE exige el principio de legalidad tanto para la creación de tributos, como para el establecimiento de beneficios fiscales. El art. 31 CE establece que el sistema tributario deberá ser justo e inspirarse en los principios de igualdad y progresividad. La capacidad económica debe considerarse como el parámetro de justicia tributaria que llena el contenido de los principios de igualdad y progresividad. La progresividad significa que a medida que aumente la capacidad económica de los individuos la cuota tributaria aumentará progresivamente (art. 31.1 y 2 CE).
-­‐ Los Presupuestos Generales del Estado son un documento donde se recogen los gastos autorizados y los ingresos previstos dentro de un periodo de tiempo determinado. Los principios fundamentales en materia presupuestaria son recogidos en el art. 134 CE: -­‐ a) El principio de legalidad, según el cual corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. La capacidad de enmienda de las Cortes es bastante limitada pues la mayoría de los gastos son compromisos ya adquiridos (pago de intereses por deuda pública). La propia Constitución limita la capacidad de las Cortes al establecer que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. La justificación de este precepto se basa en la presunción de que el Gobierno es el responsable de los resultados de la política financiera (inflación o recesión económica).
-­‐ b) El principio de unidad, los gastos e ingresos del sector público han de expresarse en un único documento. Por sector público estatal se entiende el Estado, organismos autónomos administrativos, comerciales o análogos y los entes que configuran la Seguridad Social (no las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos).
-­‐ c) El principio de universalidad, la Ley de Presupuestos ha de recoger todos los gastos e ingresos del sector público estatal. La CE establece que también se deben consignar el importe de los beneficios fiscales, es decir, de las desgravaciones y exenciones tributarias.
Además la Ley de Presupuestos fijará el límite superior de crédito concedido a cada ente público o departamento y el destino específico de ese crédito.
-­‐ d) El principio de anualidad, los Presupuestos han de aprobarse anualmente y referirse a la actividad financiera de un año concreto. Si por cualquier circunstancia los Presupuestos no se aprobaran antes del primer día del ejercicio económico, se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior.
-­‐ El control jurisdiccional del Presupuesto lo realiza el Tribunal de Cuentas. El art. 136 CE establece que fiscalizará la actividad financiera del Estado y el resto del sector público y juzgará a cerca de las posibles infracciones habidas. La regulación en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
-­‐ El nuevo art. 135 CE establece la inclusión del principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución que vinculará a todas las Administraciones Públicas en su actuación. Este principio se conoce como la regla de oro o la introducción de un límite constitucional del déficit en el texto constitucional, cuya objetivo es limitar la posibilidad de un gobierno de gastar más que lo que recaude y así limitar el crecimiento de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad de las finanzas publicas a largo plazo, es decir, regular la estabilidad presupuestaria. Quizás este sea el contenido sustancial más novedoso, si por novedoso entendemos que se trata de su inclusión en la Constitución y elevar su rango, ya que del ordenamiento jurídico formaba parte a nivel legislativo (Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en si versión por el texto refundido R.-D. Legislativo 2/2007).
El objetivo de esta disposición es claramente limitar de forma negativa el endeudamiento de las Administraciones Públicas, ya que se presupone que no cumplían con su contenido en el sentido de que se estaban endeudando por encima de su capacidad. Debe destacarse que el principio es de estabilidad presupuestaria y no de equilibrio presupuestario (salvo para las Entidades Locales), que claramente sería incompatible con un Estado social y democrático de Derecho. La estabilidad presupuestaria es necesaria para la sostenibilidad económica y social del Estado en el tiempo, evitando hacer recaer en generaciones futuras decisiones económicas del presente, racionalizando los recursos y controlando el endeudamiento.
Finalmente, se debe destacar que este precepto incluye la que debía ser la decisión material más importante de esta reforma, la fijación de la cantidad máxima del volumen de déficit estructural, pero que se reenvía a una decisión legislativa, es decir, se plantea su existencia a nivel constitucional, pero no la concreción de su contenido que se reenvía a una decisión legislativa.
Este es el modelo que se sigue en Estados Unidos, ya que el Congreso es el competente para fijar un límite máximo de deuda, pero se debe destacar que desde 1944 el techo ha sido revisado 103 veces, lo que en términos de largo plazo implica reconocer su carácter coyuntural.
No obstante, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía pública parece que sea la decisión más lógica, aunque el objetivo de fortalecer la confianza en la estabilidad presupuestaria no sale reforzado sin cuantificar el déficit máximo.
2.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS - Además de los principios básicos que definen la forma de Estado (Estado social y democrático de derecho) y la forma de gobierno (monarquía parlamentaria), la Constitución también contiene principios básicos sobre la organización territorial del Estado. Ahora bien, no hay en la Constitución española de 1978 ninguna fórmula que defina la estructura territorial del Estado. De este modo, la expresión "Estado de las autonomías", que es la habitual en los ámbitos académicos y periodísticos, no está contemplada en el texto constitucional. Este hecho contrasta, por ejemplo, con la Constitución española de 1931, ya que en ésta sí había una fórmula, pues se hablaba de "Estado integral", o con el art. 20 LFB que califica la forma territorial alemana como un "Estado federal".
El Estado unitario - Características: un único centro de decisión política desde un punto de vista territorial.
- Consecuencias: - Evita la dispersión del poder, mantiene la unidad y la cohesión de la población, garantiza la igualdad de trato y no discriminación por razón de residencia - Sirve para gestionar con competencia, eficacia y economía todos los servicios y funciones que le corresponde (reduce gastos) - Posibilita que la acción del Estado llegue a todo el territorio de manera imparcial - Posibilita una mayor coordinación en todos los niveles de la Administración - Inconveniente: facilita concentrar funciones en los órganos centrales, fomentando una peor distribución de la acción política desde un punto de vista territorial.
- Estado unitario con descentralización administrativa.
El Estado federal - Origen del Estado federal. Distinción entre Federación y estados miembros. Competencias de la Federación.
- Elementos básicos: Constitución federal y de los Estados miembros; reglas de distribución de competencias en la Constitución federal; Parlamento bicameral; Tribunal Federal.
- La distinción con la Confederación (cooperación entre Estados, ausencia de los elementos constitutivos del Estado). Supuestos: CEI y Unión Europea.
La evolución de los modelos - La introducción de descentralización política en el Estado unitario.
- Diferencias del Estado unitario con descentralización política y el Estado federal: Senado federal y financiación - Evolución del Estado federal: aumento de la centralización y federalismo cooperativo, los modelos de gestión única.
- El incremento de los Estados con formas federales o descentralizadas. El Estado compuesto como fusión de ambos modelos. Rechazo del nominalismo para calificar un Estado federal.
- La distinción entre Federalismo simétrico (homogeneidad) y Federalismo asimétrico (heterogeneidad de competencias y de políticas).
- La distinción entre el Federalismo cooperativo (modelo alemán) y el Federalismo competitivo. En la actualidad los sistemas del Estado federal tienden a converger en el denominado Federalismo cooperativo que supone una colaboración entre las esferas centrales y las federadas o autonómicas, frente al modelo de separación, también denominado Federalismo competitivo o dual, propio de los Estados Unidos. Este sistema se suele aplicar en Alemania y Austria. En el plano legislativo implica una división normativa en la que el Estado federal adopta las medidas básicas, mientras que los federados adoptan las normas de desarrollo. En el plano de la función ejecutiva, los Estados federados son los ejecutores de la normativa federal. De este modo, la Federación actúa mediante leyes (las cuales son negociadas e incluso una cámara –Bundesratrepresentante de los Estados federados tiene la posibilidad de pronunciarse en igualdad de condiciones que la otra cámara), mientras que los Estados federados son los responsables de la acción administrativa, aunque también dispongan de potestades legislativas.
- Este sistema es considerado en gran manera un federalismo de ejecución, en el que la Administración Federal es muy reducida. En este sistema el poder judicial se reserva exclusivamente a la Federación. En este sistema de Federalismo cooperativo, tanto el Estado federal como los Estados federados, cooperan en la consecución de fines públicos en los que tanto unos como otros están interesados (grandes infraestructuras, asistencia sanitaria, conservación del medio ambiente).
- El federalismo competitivo se basa en la competencia entre los distintos Estados federados para atraer a sus respectivos territorios ciudadanos, recursos, rentas, etc. Es una competición sana para mejorar la colectividad (en detrimento de otras unidades).
- El Estado Autonómico como modelo de Estado compuesto. Elementos básicos: - Modelo abierto de creación de Comunidades Autónomas.
- El Estatuto de Autonomía como acto normativo creador de las Comunidades Autónomas.
- Las reglas de distribución de competencias y tendencia inicial a la asimetría.
La génesis histórica del Estado de las autonomías. El principio dispositivo y la evolución del Estado de las Autonomías - Antecedentes: del centralismo y uniformización como características a los intentos descentralizadores.
- El Estado integral en la Segunda República (estructura institucional, distribución de competencias, flexibilidad y Tribunal de Garantías Constitucionales) - Orígenes del Estado de las Autonomías (los entes preautonómicos). El pacto constituyente: modelo desconstitucionalizado y flexible.
- La CE de 1978: modelo abierto estructurado sobre principios (unidad, autonomía y solidaridad) y flexibilidad (principio dispositivo).
- Art. 137 CE: la territorialidad de las CCAA (determinación territorial del acceso y del ejercicio de las competencias).
- La singularidad de cada autonomía (inexistencia inicial de competencias mínimas, solo máximas que pueden ser distintas para todas las CCAA) - La flexibilidad de competencias (posibilidad de ampliación por ley marco y ley orgánica de transferencias).
- Las fases del proceso autonómico: • 1ª Fase (1978-1983): Construcción inicial del Estado de las Autonomías, pactos de 1981, la LOAPA y su declaración de inconstitucionalidad.
• 2ª Fase (1983-1993): Determinación de la normativa básica, extrema conflictividad constitucional y segundos pactos autonómicos 1992: homogeneidad de las competencias autonómicas (café para todos) • 3ª Fase (1993-actualidad): Solicitud reconocimiento hechos diferenciales, nuevo sistema de financiación, debate sobre reforma constitucional, finalización mapa autonómico, reforma EAC y Sentencia 31/2010.
- Estado de las Autonomías comparable con cualquier Estado federal, pero con carencias institucionales y estructurales.
- Problemas de financiación: transformación de un modelo centralizado en descentralizado.
- Pretensión de un modelo permanentemente abierto: vía derechos históricos. Escaso uso de las leyes orgánicas de transferencias.
- Reformas: conferencia de Asuntos comunitarios, conferencias sectoriales, conferencia de Presidentes: federalismo cooperativo. La necesaria reforma del Senado.
- Propuestas concretas: Reducción legislación básica, participación autonómica en la legislación estatal (general y en especial en ámbitos como investigación, economía y justicia) y en la elaboración de la normativa comunitaria, atribución de las competencias de ejecución a CCAA, ausencia de límites a lenguas cooficiales en las relaciones con el Estado, reconocimiento de hechos diferenciales, nombramiento autonómico de magistrados del Tribunal Constitucional 3.- IMPLICACIONES CONSTITUCIONALES DE LA INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA -­‐ Definición de tratado. Clases: bilaterales y multilaterales.
-­‐ Manifestación del consentimiento.
-­‐ Competencia para negociar tratados (art. 97 CE).
-­‐ La Constitución como norma normarum en relación a actos normativos internacionales firmados por el Estado español. Se debe partir de la idea de que la Constitución es el único acto normativo habilitado para decidir acerca de la existencia de otros actos normativos.
Los actos normativos de Derecho Internacional solo tendrán validez en la medida en que la Constitución así lo decida y siempre que no entre en contradicción con sus contenidos normativos.
-­‐ - La Constitución como acto normativo superior puede remitirse a otros actos normativos que le son indisponibles en cuanto a su validez (por ejemplo, los tratados internacionales) para que sean ellos los que determinen las condiciones y los supuestos en los que pueden generarse determinados actos normativos que, una vez dotados de validez, resultarán aplicables junto con los producidos a través de los procedimientos internos previstos y regulados por la propia Constitución.
-­‐ - Cualquier acto normativo aplicable en un ordenamiento debe ser necesariamente valido, pero dicha validez que lo convierte en aplicable puede originarse por dos vías a través de los procedimientos diseñados por la Constitución o bien por actos normativos independientes en su existencia de la Constitución (por ejemplo, los tratados de adhesión), que tras el examen de su propia validez constitucional, puede ocasionar la existencia de otros actos normativos aplicables en el Estado español, pero independientes de los procedimientos regulados por la Constitución.
-­‐ Aplicación al Derecho comunitario. En el caso del Derecho comunitario, la Constitución realiza una remisión a otro subsistema normativo (el comunitario) para la determinación de los presupuestos de validez de los actos normativos que eventualmente han de integrarse en el ordenamiento organizado por la Constitución. Solamente existe un ordenamiento que tiene su origen en la Constitución que permite deducir dos tipos de actos normativos: los producidos por órganos y procedimientos establecidos en la propia Constitución y los elaborados por órganos y procedimientos que le son indisponibles en su existencia (los actos normativos internacionales).
-­‐ Procedimiento de incorporación de los tratados. Intervención de las Cortes. Supuestos: art.
93, art. 94.1 y art. 94.2 CE. Las previsiones constitucionales sobre la autorización para la celebración de tratados tienen como denominador común la intervención de las Cortes Generales, ya sea con carácter previo autorizando la celebración del tratado mediante ley orgánica (art. 93 CE) o por mayoría simple (art. 94.1 CE), o sea a posteriori al ser informadas por el Gobierno de la conclusión de los tratados a los que por exclusión se refiere el art. 94.2 CE. La obligación de publicación para la efectiva incorporación.
-­‐ La jurisprudencia constitucional: carácter no constitucional del conflicto entre Derecho comunitario y Derecho interno.
-­‐ El Derecho comunitario no es parámetro de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha considerado que el derecho comunitario no puede ser utilizado como canon o parámetro de constitucionalidad de las normas internas. En consecuencia, se plantea la incompetencia del Tribunal Constitucional para conocer supuestos de inobservancia o incorrecta aplicación del derecho comunitario (STC 64/1991 FJ 4). Corresponde a los jueces nacionales competentes el control de la aplicación del derecho comunitario a través del denominado control difuso de las normas comunitarias que se debe concretar, ante todo, en la elección de la norma comunitaria aplicable al caso dejando inaplicada la norma nacional incompatible.
-­‐ El principio de la primacía del Derecho comunitario. Alcance de la primacía: inaplicabilidad e imposibilidad de declaración de invalidez del Derecho interno incompatible con el comunitario.
TEMA 5 LA CORONA - La monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
- Legitimidad democrática y Estatuto jurídico de la Corona.
- Las funciones del Rey.
1.- LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA COMO FORMA DE GOBIERNO -­‐ Por forma de Gobierno se entiende el conjunto de instrumentos establecidos para la consecución de las finalidades estatales y el modo en que la titularidad y el ejercicio de las funciones soberanas se reparten entre los órganos constitucionales. En definitiva, la forma de gobierno se refiere al sistema de relaciones que se puede establecer entre los diversos órganos constitucionales del Estado.
-­‐ Se puede distinguir entre forma de gobierno entendida como sistema de gobierno (presidencial, parlamentario, mixto) y forma de gobierno en strictu sensu, que afectaría al carácter electivo o no de la suprema magistratura del Estado, es decir, a la distinción entre Monarquía y República. Las formas de gobierno democráticas más significativas son la forma de gobierno parlamentaria y la presidencial.
-­‐ La forma de gobierno parlamentaria es la imperante en Europa, deriva de la monarquía constitucional limitada adoptando en la actualidad dos variantes, la monarquía parlamentaria y la república parlamentaria. Esta forma de gobierno se estructura en torno a un ejecutivo de carácter dualista, es decir, la existencia diferenciada de un Jefe de Estado, que puede ser Presidente de la República o Rey según el caso, y un Jefe de Gobierno.
- La forma de gobierno parlamentaria deriva de la monarquía limitada a través de un proceso de vinculación del Gobierno al Parlamento, de forma que el Jefe del Estado queda en una figura simbólica. La función de dirección política se ejerce por el binomio Parlamento-Gobierno. Sus titulares se relacionan en función de tres elementos: a) Entre el Gobierno y el Parlamento hay una relación fiduciaria o de confianza política. El Gobierno precisa de la confianza parlamentaria del Parlamento, del soporte de su mayoría. Este aspecto se pone de relieve en el momento de la designación del Jefe de Gobierno ya que normalmente es designado quien cuanta con el soporte de la mayoría del Parlamento. Este soporte no se refiere tan sólo al Jefe del Gobierno, sino a el Gobierno en su conjunto y al programa político que presenta como candidato. Esta confianza política para la designación del Jefe de Gobierno en algunos casos no necesita ser demostrada en el sentido de necesitar un voto de ratificación del Parlamento (Reino Unido). Sin embargo, en otros casos como el español o el italiano es necesaria una ratificación de la confianza mediante una mayoría parlamentaria que se realiza mediante la investidura. Este carácter fiduciario de la relación Gobierno-Parlamento puede implicar que en ocasiones sea necesario comprobar que la mayoría parlamentaria siga apoyando al Gobierno (cuestión de confianza). En el caso de que el resultado sea negativo, el Gobierno es obligado a dimitir.
b) El segundo elemento es la existencia de la responsabilidad política del Gobierno frente al Parlamento. Esta responsabilidad política se articula a través de instrumentos como las mociones, resoluciones y recomendaciones que son acuerdos que adopta el Parlamento sobre cuestiones políticas más o menos puntuales, que pueden ser de crítica, propuesta o censura. En el parlamentarismo del S. XIX y, sobre todo, en las constituciones posteriores a la Primera Guerra Mundial aparece la denominada moción de censura que es un acuerdo que adopta un Parlamento a iniciativa de un grupo parlamentario mediante la cual se articula la exigencia de responsabilidad política del Gobierno, de tal modo que si obtiene la mayoría de la cámara, el Gobierno debe dimitir. Una variante es la moción de censura constructiva que se plantea en La ley Fundamental de Bonn y en la CE de 1978, en la que se añade como requisito la necesidad de presentar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno.
c) El tercer elemento es la disolución del Parlamento cuya decisión corresponde al Jefe del Gobierno. Aunque existen algunas excepciones a esta posibilidad. Esta facultad de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones es un instrumento que puede utilizar el Jefe de Gobierno cuando se le niegue el soporte de la mayoría de la Cámara. Se suele utilizar para convocar elecciones antes del tiempo que le correspondería que suele coincidir con el momento que es más favorable para el Gobierno en el poder.
-­‐ La forma de gobierno presidencial es la propia de los Estados Unidos de América. Se caracteriza por la existencia de un ejecutivo monista que ejerce el Presidente de la República que monopoliza el poder ejecutivo en un régimen de separación de poderes estricto y que tiene como contrapartida al Parlamento configurado por el Congreso de los representantes y el Senado.
-­‐ El Presidente y el Congreso son elegidos por vías paralelas y elecciones diferentes, estando, por lo tanto, dotados de su propia legitimidad, con la consecuencia de que entre el Congreso y el Presidente no existen relaciones de confianza o de responsabilidad. El Congreso no puede destituir al Presidente, ni el Presidente puede disolver el Congreso. De esta manera se puede considerar que son dos compartimentos estancos, de tal modo que el Presidente puede ser de un partido y la mayoría parlamentaria de otro distinto.
-­‐ En este sistema la función de dirección política la tiene principalmente el Presidente, pero el Congreso puede controlar su actividad y en algunos casos necesita la aprobación del Congreso, ya que Congreso tiene la competencia de aprobar el Presupuesto o el Senado en relación a la política exterior debe realizar la confirmación de determinados tratados o relaciones.
-­‐ Para entender este sistema es necesario constatar que los partidos políticos en los Estados Unidos no son homogéneas, ya que no comparten ni un programa ni una disciplina de partido. El Presidente cuando precisa la conformidad del Congreso, intentará establecer la mayoría en cada caso concreto a partir de las influencias de los distintos grupos de presión. En definitiva, este sistema no permite articular la existencia de mayorías estables.
-­‐ El art. 1.3 CE establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria.
Desde el primer momento debe quedar claro que no es la monarquía a secas la forma política del Estado, sino la Monarquía parlamentaria, por lo tanto son dos términos que han de considerarse conjuntamente. Ha habido épocas en que la se podía considerar como una forma de Estado, ya que el poder real afectaba a todos los ámbitos de la vida política.
En la época del absolutismo, la monarquía era una forma de Estado, ya que al figurar el Rey como titular de la soberanía, el principio monárquico se traducía tanto en la configuración de los órganos del poder como en la designación de sus titulares.
-­‐ Progresivamente la contraposición Monarquía-República ha ido perdiendo nitidez. El hecho de que la jefatura del Estado fuese ocupada por un Rey, con carácter hereditario o vitalicio, o por un presidente, elegido para un mandato limitado, se fue haciendo irrelevante e insuficiente para caracterizar los principios clave de la estructura del Estado. En la actualidad, la monarquía ha dejado de ser una forma de Estado, para convertirse en una forma de la Jefatura del Estado.
-­‐ Sin embargo, la Constitución emplea la expresión "Monarquía parlamentaria. Al añadir el adjetivo "parlamentaria" viene a justificar el uso del término "forma política del Estado", porque la expresión "Monarquía parlamentaria" si se refiere a elementos esenciales de la estructura y principios del Estado español.
-­‐ Se han distinguido varios tipos de Monarquías: -­‐ a) Absoluta, en la que el Rey dispone del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
-­‐ b) Constitucional limitada o representativa, en la que el poder legislativo corresponde al Parlamento en conjunción con el Rey, y el poder judicial a los tribunales, conservando el Rey considerables poderes, sobre todo en el ámbito ejecutivo.
-­‐ c) Constitucional parlamentaria o simplemente parlamentaria, en la que el poder ejecutivo es ejercido, en la práctica, por un Gobierno responsable ante el Parlamento, que a su vez, ejerce la función legislativa. En este caso, Parlamento, Gobierno y jueces se configuran como auténticos centros de poder, mientras que el Rey se convierte en una figura cuasihonorífica (El Rey reina, pero no gobierna).
-­‐ Los rasgos que configuran a la Monarquía parlamentaria en España son los siguientes: -­‐ 1.- En cuanto al papel de la Corona, hay que decir, que en tanto que órgano del Estado, se preocupa del funcionamiento regular de las instituciones. La Constitución no ha querido dar una amplia medida de poderes propios, sino que más bien le encomienda poderes que hacen relación al funcionamiento de otros órganos. El Rey no es un actor en el proceso político, ya que su papel consiste en hacer posible que los auténticos actores en el proceso político lleven a cabo sus funciones, evitando enfrentamientos en el funcionamiento de las instituciones y facilitando su buena marcha. El Rey puede hacer propuestas (proponer un candidato a Presidente de Gobierno) o aconsejar a los actores políticos, en el poder o en la oposición, pero sin tomar parte directamente en la lucha política. El art. 56.3 CE establece que el Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad; sus actos siempre estarán refrendados en la forma establecida en el art. 64 CE.
-­‐ 2.- Las Cortes Generales tienen un papel predominante que se manifiesta de dos formas: -­‐ a) Supremacía del Parlamento. Sin perjuicio de la creciente importancia del papel del Gobierno en la práctica, la Constitución coloca al Parlamento en una posición de supremacía respecto al resto de los órganos del Estado. Se reserva a las Cortes la función legislativa (art. 66.2 CE "las Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado") sin más limitaciones que las que deriven del respeto a los principios constitucionales, no existiendo una reserva de reglamento a favor del ejecutivo (es decir, materias reservadas a los reglamentos del ejecutivo). Las Cortes también tienen un papel destacado en la designación del jefe del ejecutivo (presidente del Gobierno), así como en el control de su actuación y, eventualmente, en su remoción. Intervienen igualmente en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, y en la configuración de las Comunidades Autónomas.
-­‐ b) Monopolio de la representación del pueblo español. En el art. 68.1 CE se establece que las Cortes representan al pueblo español. De todos los órganos constitucionales, sólo el Parlamento procede inmediatamente del pueblo español y es el único que representa a toda la comunidad española, de forma que, mientras las Cortes emanan directamente de la voluntad popular, los demás órganos derivan sus poderes del pueblo sólo mediatamente.
El Rey representa al Estado (art. 56 CE "asume la más alta representación del Estado") no al pueblo; y ni al Gobierno ni a los jueces se les atribuye funciones representativas. Hemos visto que existen sistemas democráticos, en que a parte del Parlamento, existen órganos, cuyos titulares son designados directamente por la voluntad popular, como es el caso del Presidente de la República, en los sistemas presidencialistas. Sin embargo, en el sistema parlamentario previsto por la Constitución Española se excluye esta dualidad de órganos con representación popular directa, y ningún órgano, se halla más legitimado que las Cortes para expresar la voluntad general.
-­‐ Por todo ello, en nuestro sistema, si se produce un conflicto expreso entre Cortes y poder ejecutivo (planteamiento de moción de censura, derrota de la cuestión de confianza) el Gobierno no puede disolver las Cortes para apelar al electorado: en caso de conflicto, prima la voluntad de las Cortes. De este modo, si triunfa la moción de censura, supone la sustitución automática del Presidente del Gobierno, sin que este pueda apelar al electorado disolviendo las Cortes.
-­‐ INVESTIDURA -­‐ MOCION DE CONFIANZA -­‐ MOCION DE CENSURA -­‐ DISOLUCION -­‐ 3.- En cuanto al Gobierno es considerado como un órgano impulsor y dinámico, que si bien no deriva formalmente de las Cortes (ya que su presidente es propuesto y nombrado por el Rey), si necesita indirectamente una base democrática. El nombramiento real solo es posible previa investidura por el Congreso del candidato presentado por el Rey. Dado el sistema electoral previsto por la Constitución, las elecciones a Cortes suponen también un pronunciamiento popular sobre las distintas alternativas de Gobierno. Además el gobierno necesita del apoyo del Congreso de los Diputados para su mismo mantenimiento y permanencia, debido a la posibilidad constitucionalmente prevista de planteamiento de la moción de censura o de la cuestión de confianza. A este Gobierno se le atribuyen las funciones propias del ejecutivo, así como un papel directivo e impulsor, y cierta potestad legislativa en caso de necesidad. Dentro del Gobierno se destaca la figura de su presidente, acercándose al modelo constitucional llamado modelo de canciller (art. 101 CE).
-- ART. 99 CE -- ART. 112 CE -- ART. 113 y 114 CE -- ART. 115 CE 2.- LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y ESTATUTO JURÍDICO DE LA CORONA -­‐ En la Constitución de 1978, la Corona es la denominación de un órgano constitucional que ejerce funciones representativas, unificantes y declarativas de las otras funciones constitucionales del Estado, pero que no ejerce directamente las funciones legislativa, ejecutiva o jurisdiccional. El Rey declara como actos del Estado los actos de las Cortes, del Gobierno y del Poder Judicial.
-­‐ La Corona es el nomen iuris que recibe en nuestro ordenamiento la Jefatura del Estado. Es un órgano unipersonal cuyo titular es el Rey y que tiene las funciones y competencias que le atribuye la Constitución o sus leyes de desarrollo.
-­‐ El Rey accede a la Corona de forma vitalicia y por herencia. La herencia es el presupuesto o la condición de acceso, pero no el titulo, que es normativo (ope legis). El Rey como persona titular de la Corona no es elegido por sufragio universal, sino que es una persona con ius ad officium, es decir, el derecho al acceso al Trono puede considerarse como un derecho público subjetivo de función. La Constitución determina que sujetos disponen de este derecho al oficio, que coinciden con los miembros de una determinada familia, la real, dotada de un status jurídico-público. De acuerdo con el art. 57.1 CE, "la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica". En consecuencia, carece de legitimidad democrática, sino que sus funciones y atribuciones solo tienen origen normativo en la Constitución.
-­‐ La monarquía española es hereditaria. El orden sucesorio se corresponde con el sistema de la corona de Castilla establecido en las Partidas (Ley II, Título 15, Partida II). Este sistema está regulado en el art. 57.1 CE y se basa en el derecho de primogenitura y de representación, con preferencia de línea (anterior a posterior), de grado (más próximo al más remoto, primero hijos y, luego, hijos de hijos), de sexo (dentro de la misma línea y grado, el varón a la mujer) y de edad (el de mayor edad al de menor edad).
-­‐ Primogénito significa primero en el tiempo. El principio de representación significa que los hijos del primogénito que haya muerto con anterioridad heredan la Corona con preferencia a los demás hijos del Rey, ya que representan los derechos del padre que ha muerto con anterioridad. La preferencia de línea implica que hereda primero la línea directa a cualquier colateral, es decir, en primer lugar heredan los descendientes directos del Rey (hijos o nietos) que las líneas colaterales (hermanos del Rey y sus descendientes).
-­‐ Las Cortes intervienen en la sucesión en dos casos: -­‐ a) Cuando se plantee una abdicación, renuncia o cualquier duda sobre la sucesión de la Corona, debiéndose resolver mediante una Ley orgánica (art. 57.5 CE). La renuncia es un desistimiento del derecho sucesorio o de su expectativa que adopta una persona incluida en el orden de sucesión. La abdicación es el desistimiento después de haber sido declarado titular de la Corona. El titular no cede la Corona a otro, sino que se limita a cesar en su derecho y opera automáticamente el mecanismo sucesorio.
-­‐ b) Cuando se hayan extinguido todas las líneas en derecho para la sucesión (art. 57.3 CE).
-­‐ - El Príncipe heredero tiene el título de Príncipe de Asturias debiendo prestar juramento cuando llegue a la mayoría de edad (art. 61.2 CE).
-­‐ El art. 57.4 CE establece la exclusión del derecho a la sucesión en el trono a quienes contraigan matrimonio contra la expresa voluntad del Rey o las Cortes. Esta exclusión incluye a sus descendientes por el principio de representación. Existe un problema, cómo se adopta esta exclusión. La del Rey mediante un Real Decreto con refrendo del Presidente del Gobierno, y la de las Cortes mediante una Ley (sería prudente que fuera una Ley orgánica).
-­‐ El art. 58 CE prohíbe que la Reina consorte o el consorte de la Reina asuman funciones constitucionales, salvo lo que se deduzca de los supuestos de regencia.
-­‐ El juramento del Rey (art. 61.1 CE) es una condición necesaria para ser proclamado Rey.
Según el citado artículo el Rey debe ser proclamado ante las Cortes Generales y prestar juramento. La Constitución no regula el procedimiento, aunque sea necesario realizar este procedimiento ante las Cortes Generales en sesión conjunta de ambas Cámaras (art. 74.1 CE). Esta proclamación es ante las Cortes Generales, no por las Cortes Generales, ya que no hay ninguna votación debido a que sería incompatible con una monarquía hereditaria.
El juramento es una promesa de comportamiento propia de un acto solemne ("guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y el respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas"). El actual Rey no juró la Constitución de 1978 solamente la sancionó ya que el art. 61.1 CE no era aplicable porque su proclamación como Rey era anterior a la Constitución.
-­‐ La Regencia es el ejercicio de las funciones constitucionales del Jefe del Estado por una persona distinta del Rey que se plantea en dos supuestos: la minoría de edad y la inhabilitación del Rey. El supuesto de la minoría de edad implica que el Rey no es mayor de edad (18 años). El art. 59.1 CE establecerá que ejercerá la Regencia en este caso el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente de mayor edad más próximo a suceder en la Corona. La duración de esta Regencia alcanza hasta el tiempo en que el Rey a la mayoría de edad.
-­‐ El supuesto de la inhabilitación debe ser reconocida por las Cortes Generales, entrando a ejercer la Regencia el Príncipe heredero de la Corona si este fuera mayor de edad y, si fuera menor, las personas previstas en el art. 59.1 CE hasta que alcance la mayoría de edad el Príncipe heredero, siendo nombrado a partir de dicho momento regente. La recuperación de la capacidad real debe ser apreciada por las Cortes. Dependiendo de cual sea el motivo de la inhabilitación sería aconsejable la abdicación en el caso de que el Príncipe heredero sea mayor de edad.
-­‐ Los requisitos para ser regente están establecidos en el art. 59.4 CE: ser español y mayor de edad. De conformidad con el art. 59.3 CE, en el caso de que no corresponda a ninguna persona la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y estará compuesta por 1, 3 o 5 personas. La Regencia es incompatible con el cargo de Tutor del Rey, excepto cuando desempeñen ambos cargos el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey (art. 60.1, in fine CE). La Regencia ejercerá sus funciones por mandato constitucional y en nombre del Rey (art. 59.5 CE). Tiene todas las atribuciones del Rey, aunque sea interinamente, e incluso ha de prestar juramento (art. 61.2 CE).
-­‐ La Constitución contempla además la figura del Tutor del Rey que ejercerá la patria potestad del Rey mientras sea menor de edad. El cargo de Tutor es incompatible con el del Regente salvo las excepciones nombradas con anterioridad. Existen tres tipos de tutoría: -­‐ a) testamentaria, en el caso de que el difunto Rey hubiera nombrado en su testamento el tutor del Rey menor de edad. Se exigen dos requisitos que sea mayor de edad y español de nacimiento.
-­‐ b) legítima, que se aplica en defecto de la testamentaria, y que corresponde al padre o a la madre del nuevo Rey mientras permanezcan viudos.
-­‐ c) parlamentaria, que se aplicará en defecto de los anteriores supuestos.
-­‐ El art. 56.3 CE establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La irresponsabilidad del Rey es tanto política como jurídica, alcanzando no sólo los actos realizados en el cumplimiento de sus funciones constitucionales (actos jurídicos), sino cualquier clase de actos, incluidos los de carácter puramente privado e independientes de las funciones que la Constitución le encomienda. La irresponsabilidad jurídica del Rey se traduce en una incapacidad penal sustantiva y en una incapacidad procesal penal y civil.
-­‐ El art. 56.3 CE, después de afirmar la irresponsabilidad del Rey, añade que sus actos siempre serán refrendados en la forma establecida por el art. 64 CE (los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, excepto la propuesta y nombramiento del Presidente de Gobierno y los supuestos de disolución automática de las Cámaras del art. 99 CE, que serán refrendados por el Presidente del Congreso).
-­‐ - Mediante el refrendo (sin el cual carecen de validez los actos del Rey - art. 56.3 CE) se traslada la responsabilidad del acto del Rey al órgano refrendante tal como señala el art.
64.2 CE. El refrendo es un elemento de equilibrio y colaboración. Normalmente se realiza mediante la firma del referendatario al lado de la del Rey. Se trata de un acto complejo en el que intervienen dos voluntades, pero la voluntad de quien realiza el refrendo es la determinante de la validez del acto. Las características del refrendo son: -­‐ a) Todos los actos del Rey necesitan ser refrendados excepto los previstos en el art. 65 CE. La ausencia del refrendo implica la invalidez del acto.
-­‐ b) El refrendo debe realizarse de la forma prevista en el art. 64 CE. La autoridad que refrenda asume la responsabilidad del acto.
-­‐ - Los actos exentos de refrendo son los previstos en el art. 65 CE, es decir, el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real y la distribución de la dotación presupuestaria.
-­‐ - La Casa Real es una organización estatal, pero no se inserta en ninguna Administración Pública. Los actos de la Casa Real son recurribles ante el Orden contenciosoadministrativo. Su existencia se justifica por tres motivos: -­‐ a) Garantizar la irresponsabilidad e inviolabilidad del Rey y desplazar esta responsabilidad al Jefe de la Casa Real. Este Jefe es nombrado por el Rey, es quien propone el presupuesto de la Casa al Rey, dispone del gasto y firma los contratos. Además existe un Secretario general de la Casa Real que es el Jefe de personal de la Casa.
-­‐ b) Garantizar la independencia y el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionales del Rey.
-­‐ c) La asistencia personal y familiar en el orden doméstico y administrar la dotación presupuestaria.
-­‐ - El Rey recibe de los Presupuestos generales del Estado y una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y su Casa, cantidad que distribuye interna y libremente. Esta cantidad se denomina la "Lista Civil". Es el presupuesto de la Corona como órgano constitucional. Su dotación se fija anualmente y es controlada.
3.- LAS FUNCIONES DEL REY - De conformidad con el art. 56.1 CE, el Rey como Jefe de Estado tiene las siguientes funciones: a) Símbolo de la unidad y permanencia del Estado b) arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones c) asunción de la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.
- Estas funciones no se pueden ejercer por parte del Rey al margen de la Constitución, sino a través de los mecanismos expresamente previstos por el texto constitucional. Sin embargo, se ha sustentado que a través de la segunda función (arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones) el Rey puede ejercer funciones de dirección política (hechos del 23F). Al margen de la excepcionalidad de dicha situación, el Rey no es un órgano autónomo, sus actos para ser válidos necesitan ser refrendados.
1.- El Rey y las Cortes Generales a) La sanción y promulgación de las leyes (art. 62 a CE) - A partir de la aprobación final del Congreso o del Senado (si no modifica el texto remitido por el Congreso), el texto de la ley queda fijado, sin que se pueda introducir veto o alteración alguna.
Sin embargo, para adquirir su plena eficacia obligatoria se deben cumplir tres requisitos: la sanción, la promulgación y la publicación. El art. 91 CE establece que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- La sanción es la firma del Rey, que es una pura formalidad simbólica, sin que se pueda producir una negativa a sancionar.
- La promulgación ha sido entendida en dos sentidos: a) acto de reconocimiento de la adopción del texto por el Parlamento y de autenticación del contenido de la ley b) orden de publicación de la ley.
- Estos dos requisitos son necesarios para que pueda ser considerada la ley como vigente, pero es necesario realizar dos puntualizaciones: a) son actos obligados del monarca sin que pueda hacer ninguna decisión voluntaria o valorativa.
Son meros ritos simbólicos, obligatorios de realizar, pero que no constituyen un trámite para autenticación del texto o la orden de su publicación.
b) la sanción y promulgación se realiza en un único acto, en la que el Rey pone su firma al pie del texto original de la Ley.
- La sanción del Rey no alcanza a las leyes autonómicas. Estas son promulgadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma en nombre del Rey.
b) La convocatoria y disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones (art. 62 b CE) - La convocatoria de las Cortes Generales es un acto debido del Rey sometido a refrendo.
Solo afecta a la reunión de las Cámaras al inicio de cada Legislatura. Las convocatorias ordinarias son realizadas por los Presidentes de las Cámaras sin intervención del Rey (art.
73 CE).
- La disolución de las Cortes Generales tampoco supone un poder discrecional del Rey. El supuesto normal de disolución se plantea cuando finaliza una Legislatura o cuando el Presidente del Gobierno disuelve las Cortes Generales anticipadamente (art. 115 CE). El Decreto de disolución sirve al mismo tiempo de convocatoria de elecciones. El Rey no podría negarse a disolver las Cortes aunque no se cumpliese algún requisito constitucional como la falta de deliberación del Consejo de Ministros, estar en trámite una moción de censura o por no haber transcurrido un año desde la anterior disolución, ya que no es un órgano de defensa de la Constitución. Existe la vía del conflicto de atribuciones que podría seguir las Cortes Generales en estos supuestos.
- 2.- El Rey y el Gobierno - a) Proponer a candidato, nombrar al Presidente del Gobierno y poner fin a sus funciones (art. 62 d CE) - - La propuesta a candidato a Presidente de Gobierno es la función más importante del Rey y la que se presta a un mayor margen de discrecionalidad. La propuesta de candidato se regula en el art. 99 CE, que ha de contar con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados. Solo hay un límite debe consultar a los representantes designados por los Grupos Parlamentarios con representación parlamentaria. El Rey no está vinculado por estas consultas. La discrecionalidad del Rey en este supuesto depende en gran medida de la relación de fuerzas en la Cámara. Si existe una mayoría el Rey se vería obligado por el juego parlamentario. Si no hay una mayoría el Rey tiene más margen. De todos modos el Rey tiene que proponer al candidato del partido con más escaños, salvo que una coalición tenga la garantía de una mayor estabilidad de Gobierno. Son los partidos los que han de informar al Rey de la mejor solución, los que, en definitiva, reducirán la discrecionalidad.
- El nombramiento del Presidente de Gobierno no tiene margen discrecional. En el supuesto normal, el candidato propuesto por el Rey que obtiene la confianza del Congreso de los Diputados, es nombrado por el Rey por un acto debido. El Rey también deberá nombrar al candidato alternativo que figure en la moción de censura constructiva.
- El Cese del Presidente del Gobierno también es un acto debido en todos los supuestos. El Rey no puede negarse a aceptar una dimisión, ni forzar esta dimisión del Presidente del Gobierno.
- b) Nombrar y destituir a los ministros (art. 62 e CE) - - Este acto es debido y se realiza a propuesta del Presidente del Gobierno, que es quien decide que miembros forman parte del Gobierno.
- c) Expedir los Decretos del Gobierno y otorgar honores, distinciones y cargos civiles y militares (art. 62 f CE) - - Son actos debidos. No sería posible que el Rey se negara a expedir los Decretos por considerarlos inconstitucionales (que falte la deliberación del Consejo de Ministros). El Rey nombra todos los cargos del Estado, excepto los parlamentarios. La concesión de honores y distinciones debe realizarse de acuerdo con las leyes. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reconocido la facultad real para modificar el orden sucesorio nobiliario (STS 25 de febrero de 1983, RA 1073).
- d) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros (art. 62 g CE) - - Para que el Rey pueda presidir el Consejo de Ministros es necesario un acuerdo de voluntades entre el Rey y el Presidente del Gobierno. Si el Presidente solicita su presencia lo normal es que el Rey acceda a presidir el Consejo. Si el Rey desea asistir, el Presidente debe formular la previa petición. La presencia del Rey sólo es a efectos de que pueda ser informado de los asuntos de Estado. Esta presidencia del Rey no puede ser utilizada por el Gobierno para amparar su responsabilidad sobre las decisiones adoptadas. Por esta razón estos Consejos de Ministros deben ser deliberantes o el Rey debería dejar de presidir el Consejo después de ser informado y antes de la adopción de decisiones. La información sobre los asuntos del Estado la recibe el Rey a través de sus frecuentes contactos con el Presidente del Gobierno, los Ministros y los representantes de la oposición.
- e) El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62 h CE) - - De conformidad con el art. 97 CE, el Gobierno dirige la Administración militar y la defensa del Estado. Los actos que puede adoptar el Rey son debidos necesitando el refrendo. La dirección del Rey es honorifica y no efectiva, ya que corresponde al Gobierno.
El Rey tampoco es titular de las funciones que el art. 8 CE atribuye a las Fuerzas Armadas, ni estas tampoco, ya que no son un poder autónomo, ya que deben ejercer dichas funciones de conformidad con las directrices del Gobierno.
- f) Otras funciones - - El Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62 j CE), que es una función en el ámbito cultural de carácter honorífico; y la convocatoria a referéndum (art. 62 c CE), que supone que el Rey convoque el referéndum consultivo, constitucional o autonómico, pero necesita estar su acto refrendado por quien ejerce efectivamente este poder, el Presidente del Gobierno.
3.- El Rey y las relaciones internacionales - La política exterior española tiene tres ejes. El Rey es el órgano de suprema representación, el Gobierno dirige la política interior y exterior y las Cortes Generales ejercen las funciones de control. El art. 56.1 CE configura al Rey como el más alto representante del Estado a nivel internacional. Para ejercer estas funciones el art. 63 determina tres funciones que son actos debidos: a) El Rey acredita y recibe a los embajadores y otros diplomáticos. La elección de los mismo y la concesión del plácet corresponde al Gobierno.
b) El Rey declara la guerra y la paz previa autorización de las Cortes Generales.
c) El Rey manifiesta el consentimiento para que el Estado pueda obligarse internacionalmente mediante Tratados.
4.- Funciones del Rey relacionadas con la Administración de Justicia - De conformidad en el art. 117.1 CE, en su nombre se administra la justicia. El Rey ejerce el derecho de gracia, que no podrá incluir indultos generales (art. 62 i CE), ni al Presidente del Gobierno y sus ministros (art. 102.3 CE). Es un acto que requiere el refrendo del Presidente del Gobierno o del Ministro de Justicia (Vid. Ley 1/1988, de 14 de enero, que modificó la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora del ejercicio del derecho de gracia).
5.- El Rey y las Comunidades Autónomas - El Rey sanciona los Estatutos de Autonomía y convoca el referéndum autonómico.
También le corresponde el nombramiento del Presidente de la Comunidad Autónoma, con el refrendo del Presidente del Gobierno (STC 5/1987 y 8/1987).
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References: artículo 20
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 10
 Artículo 1
 Artículo 1
 resolución 
 Real Decreto 
in fine