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Timestamp: 2020-02-24 07:08:25+00:00

Document:
Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020
Apartado único. Convocatoria de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de la Abogacía para el año 2020.
5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes de inscripción y documentación
10. Idioma y lugar de celebración de la prueba
ANEXO . Programa de materias
A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía
Sin perjuicio de lo anterior, y a tenor de lo establecido en el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en la actualidad, la competencia en materia universitaria compete al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría General de Universidades.
Se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de la Abogacía para el año 2020, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.
Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
De conformidad con lo establecido en el apartado sexto, letra A, punto 10, de la Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero, sobre delegación de competencias, la persona titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ostenta, por delegación de la titular del Departamento, la competencia de todas las actuaciones derivadas de la presente convocatoria.
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el Anexo de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de la Abogacía que serán objeto de la evaluación.
1. Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero necesitarán contar con alguno de los títulos de Graduado mencionados al comienzo de este apartado obtenidos por convalidación, al amparo de Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado; o bien con la homologación del título en España al de Licenciado en Derecho, al amparo del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la abogacía, de conformidad con el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía. Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.
2. Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.
De acuerdo con normativa vigente en materia de obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en las pruebas de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado/a y Procurador/a de los Tribunales, la solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes. Los sistemas de identificación y de firma admitidos en Cl@ve son: DNI-e, certificado electrónico, Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente.
Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas, se podrá determinar una ampliación del plazo de presentación de solicitudes de inscripción o la cumplimentación y presentación sustitutoria.
La no presentación de la solicitud de inscripción en tiempo y forma será causa de exclusión del aspirante.
Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, éstos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Asimismo, se podrá autorizar a que la información académica se recabe por el Ministerio de Justicia directamente de las universidades. Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos, el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en la solicitud de inscripción.
Los solicitantes que no autoricen expresamente el acceso a sus datos de identidad y titulación deberán presentar la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Derecho, o la credencial de homologación, dentro del plazo de presentación de solicitudes de inscripción, a través del correo electrónico acceso.abogacia@mjusticia.es.
Asimismo, los solicitantes a los que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar, por la misma vía, el documento acreditativo de la finalización del máster, en el plazo comprendido entre la presentación de la solicitud de inscripción y los 10 días hábiles siguientes a la celebración del examen.
La Administración podrá, en cualquier momento, solicitar la acreditación de la documentación de los solicitantes, si así lo considerase necesario.
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 deberán solicitar, en el momento de realizar su inscripción, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios, a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en el artículo 2.2 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
Adicionalmente, deberán aportar, en el plazo de presentación de solicitudes de inscripción y a través del correo electrónico acceso.abogacia@mjusticia.es, el dictamen técnico facultativo donde se determine la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba de aptitud, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia (https://mjusticia.gob.es), apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
En la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos se hará constar, en su caso y en los términos previstos en la base 10 de esta convocatoria, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante, así como la Comunidad Autónoma de la sede de realización de la misma.
Se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del listado provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. No serán tenidas en cuenta las peticiones de modificación de los datos aportados en la convocatoria, en particular la modificación de la sede de realización de la prueba asignada.
Los aspirantes deberán realizar la subsanación de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve.
Las subsanaciones relativas a la presentación, por parte de los solicitantes que no hubieran autorizado expresamente el acceso a sus datos de identidad y titulación, de la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Derecho, o la credencial de homologación, se realizarán a través del correo electrónico acceso.abogacia@mjusticia.es, consignando en el asunto la palabra «SUBSANACIONES».
A efectos del resto de comunicaciones y actos de mero trámite, todos los aspirantes podrán utilizar el correo electrónico acceso.abogacia@mjusticia.es.
Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y se fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio.
Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses desde su publicación en la página web.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en el artículo 19 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se constituirán las Comisiones evaluadoras con posterioridad a esta convocatoria, en función del número de aspirantes que hayan seleccionado en su solicitud de inscripción cada una de las Comunidades Autónomas. Estas Comisiones serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Ciencia, Innovación y Universidades, por Resolución conjunta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, respectivamente, designarán a los miembros de las Comisiones evaluadoras y a sus suplentes, publicándose estas designaciones en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Un/a Abogado/a con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.
La Comisión evaluadora dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyo representante corresponderá la Presidencia, ostentando la Secretaría el representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
Los aspirantes señalarán, en su solicitud de inscripción, la Comunidad Autónoma de preferencia para la realización de la prueba. En caso de que el aspirante señalara la realización de la prueba en una Comunidad Autónoma en la que, de conformidad con la Base 9 de esta convocatoria, no se constituyera Comisión Evaluadora, dicho aspirante realizará el examen en Madrid.
A efectos de facilitar la realización de la prueba en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas, el interesado deberá señalar el idioma en el que desea realizar la misma en el apartado correspondiente de su solicitud de inscripción.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia pondrá a disposición de los aspirantes la realización de la prueba en la lengua cooficial correspondiente, de acuerdo con lo señalado en su solicitud de inscripción. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el aspirante señalara la realización de la prueba en una lengua cooficial de una Comunidad Autónoma en la que, de conformidad con la Base 9 de esta convocatoria, no se constituyera Comisión Evaluadora, dicho aspirante realizará el examen en castellano.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de cuatro horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de la Abogacía, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. A tal objeto, esta prueba tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo de la presente convocatoria.
Los aspirantes serán convocados para la prueba en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba de evaluación los que no comparezcan en la sede asignada.
a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía» del anexo de la presente convocatoria.
b) 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en el apartado B, «Materias específicas», del anexo de la presente convocatoria.
Asimismo, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A «Materias comunes ejercicio de la profesión de la Abogacía» del anexo de la presente convocatoria y dos, por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» del citado anexo.
La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: una primera parte de 50 respuestas (cada una con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la abogacía» y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque (cada una con cuatro alternativas de las que igualmente solo una de ellas es correcta), con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate.
En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles, corrigiéndose siempre la especialidad marcada. En los supuestos en los que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, se señale más de una especialidad, o no se señale ninguna, no se corregirá ese bloque de respuestas. Asimismo, no se admitirá ningún cambio ni subsanación en la hoja de respuestas, una vez entregada la misma el día de la prueba.
Durante la prueba, no estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del recinto de examen.
Durante la celebración del ejercicio no se permitirá el acceso al centro de examen y a las diferentes aulas de personas ajenas al mismo o de aspirantes que no hayan comparecido al llamamiento. Los aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente, podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, debidamente autorizados, disponiéndose lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario.
Asimismo, se recogerán las objeciones que las Comisiones Evaluadoras estimen sobre las preguntas y, en concreto, sobre su posible anulación.
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s impugnación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas. La tramitación se llevará a cabo utilizando el modelo de impugnación que podrá descargarse en el apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado», cumplimentando un único formulario para cada pregunta, y su remisión a la dirección de correo acceso.abogacia@mjusticia.es, consignando en el asunto la palabra «IMPUGNACIONES». Se darán por no recibidas aquellas impugnaciones que consten de más de un formulario.
Las impugnaciones serán resueltas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La/s pregunta/s que resulte/n anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva. Una vez resuelta/s la/s impugnación/es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a la profesión de Abogado») la plantilla definitiva de respuestas.
La resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que resuelva la/s impugnación/es, pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
La prueba se valorará, siguiendo la plantilla definitiva de respuestas, de la siguiente forma:
- Se obtendrá un punto por cada respuesta correcta y se descontará una tercera parte del valor de una respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Las preguntas no contestadas no serán tomadas en consideración. La calificación de cada apartado se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.
- El Apartado A se valorará sobre una escala de 0 a 50 puntos, aportando dos terceras partes de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a 50, la calificación del Apartado A se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, a una escala de 50 puntos.
- El Apartado B se valorará sobre una escala de 0 a 25 puntos, aportando una tercera parte de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a 25, la calificación del Apartado B se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo a una escala de 25 puntos.
- La calificación final del examen, resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en los Apartados A y B.
La calificación final de la prueba resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.
Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones sobre 10, esto es, 5 puntos.
Por resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se acordará la publicación de los resultados de la prueba. Dicha resolución pone fin al procedimiento y podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Cada aspirante podrá consultar su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es.).
Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito solicitud de revisión, exclusivamente a los efectos de subsanar posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas. Para agilizar la gestión de las solicitudes de revisión, éstas deberán presentarse de forma telemática a través del buzón de correo electrónico acceso.abogacia@mjusticia.es, consignando en el asunto «REVISIÓN NOTAS».
Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es). Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá, no obstante, requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por su Universidad o Escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto por resolución y, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud de inscripción inicial.
El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, pondrá a disposición, por medios electrónicos, los títulos profesionales de Abogado/a de todos los aspirantes que, habiendo realizado la evaluación en una Comunidad Autónoma que no haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Los títulos profesionales de Abogado/a de aquellos aspirantes que, habiendo realizado la evaluación en una comunidad autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, serán expedidos por los órganos competentes de dichas comunidades autónomas.
Contra la presente convocatoria se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de este Departamento.
a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Abogado/a.
1. Principios esenciales de la profesión de Abogado/a.
2. Derechos y deberes de los Abogados/as.
4. Los colegios profesionales de Abogados/as. La organización colegial.
6. Régimen de previsión social de los Abogados/as.
7. Obligaciones del Abogado/a ante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el blanqueo de capitales.
8. La responsabilidad del Abogado/a en el ejercicio de su profesión: civil, penal y disciplinaria.
11. La contabilidad y la fiscalidad del Abogado/a.
13. Ley de Demarcación y de Planta Judicial. La organización judicial.
17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El Abogado/a mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.
12. La intervención del Abogado/a en centros policiales y judiciales.
13. La actuación del Abogado/a en las distintas fases del proceso penal.
7. Procedimientos contencioso-administrativos especiales.
9. La actuación del Abogado/a en las distintas fases del proceso.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2