Source: https://www.scribd.com/doc/131844575/Cooperativismo-Vasco
Timestamp: 2017-03-25 16:50:56+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEl cooperativismo vasco y las políticas públicasEl presente artículo pretende dibujar el mapa de las políticas públicas del País Vasco destinadas a fomentar y fortalecer el cooperativismo vasco. Se abre el trabajo con la presentación de una clasificación de las principales políticas públicas llevadas a cabo en distintos países europeos. Sigue un análisis descriptivo de la realidad del cooperativismo del País Vasco: sus componentes y entramado de relaciones, los organismos de apoyo y promoción de las cooperativas vascas, el reconocimiento institucional, legal, la fiscalidad específica y las políticas públicas concretas.
This paper seeks to outline the map of the Basque Country’s public policies aimed at boosting and strengthening Basque Cooperativism. It begins with a classification of the main public policies implemented in different European countries. It is followed by a descriptive analysis of the realities of Basque Cooperativism: its components and the network of relationships; organs of support and for the promotion of Basque Cooperatives; it also shows how they are viewed institutionally and legally, and finally, the paper describes the tax system and the public policies that are being implemented.
Ekonomiaz N.º 79, 1er cuatrimestre, 2012
Universidad del País Vasco(UPV/EHU) Instituto GEZKI
Observatorio Vasco de Economía Social Instituto GEZKI 235
1.	Introducción 2.	Marco teórico: participación del estado y tipología de políticas públicas 3.	Algunos datos del cooperativismo vasco 4.	Políticas públicas dirigidas a las cooperativas 5.	Políticas públicas dirigidas al empleo en cooperativas 6.	Conclusiones Referencias bibliográficas
Palabras clave: Políticas públicas, cooperativas y fomento del cooperativismo, País Vasco. Keywords: public politic, cooperative promotion, Basque Country. Nº de Clasificación JEL: H30, H70, J58.
1.	INTRODUCCIÓN El objetivo de este trabajo de investigación es analizar las políticas públicas diseñadas por las instituciones públicas vascas con el fin de fomentar, divulgar e impulsar el cooperativismo. La investigación se ciñe al País Vasco, por disponer esta comunidad de competencias plenas sobre legislación cooperativa y su régimen fiscal. Las políticas públicas aplicadas en el entorno europeo pueden incidir en el lado de la oferta o de la demanda. En el caso vasco casi todas las políticas públicas se dirigen a la oferta, concediendo numerosas ayudas financieras y fiscales. En ese sentido, las cooperativas, cuentan con diversos organismos e instrumentos de apoyo, fomento y divulgación, muchos de ellos impulsados por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Este trabajo es parte de la investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), DER2009-14462-CO2-02.
Para realizar este trabajo de investigación se han utilizado los datos aportados por la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial del Gobierno Vasco, «Estadísticas de la Economía Social 2008. Bienio 2006-2008», los decretos de ayudas concedidas anualmente y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, y datos del Observatorio Vasco de Economía Social. El tratamiento de la fiscalidad de las cooperativas se basa en el sistema específico tributario vasco recogido en el Concierto Económico y las normas forales sobre cooperativas desarrolladas a partir de dicho Concierto. Por último, los Planes de Gestión y las Memorias del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y Elkar-Lan han sido fuente principal de información sobre los organismos de apoyo al movimiento cooperativo vasco y de la constitución de nuevas cooperativas y del empleo originado por éstas. El trabajo de investigación consta de cuatro epígrafes, además de esta breve introducción, en el segundo epígrafe se analizan las políticas de fomento de la oferta y demanda para desarrollar las empresas de la Economía Social. El tercer epígrafe cuantifica la dimensión del cooperativismo vasco y el cuarto recoge, siguiendo un esquema analizado en el apartado anterior, las políticas públicas dirigidas al cooperativismo vasco por el Gobierno Vasco en cumplimiento del mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Por último, se recogen las conclusiones extraídas del presente trabajo.
2.	MARCO TEÓRICO: PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y TIPOLOGÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Tomando como principal referencia el trabajo desarrollado por Chaves y Monzón (2000), podemos distinguir las políticas públicas de oferta y las políticas de demanda. Las políticas de oferta son las encaminadas a fortalecer el propio sector, con medidas de tipo institucional, normativo, fiscal o subvencionador. Sin embargo, el enfoque de las políticas de demanda incide no tanto en la propia estructura, fomentando y fortaleciendo el sector, sino que pretende apoyarlo por la vía de lo que hace, es decir, incentivando la actividad económica que desempeña. Así, a través del gasto público, las administraciones públicas son grandes demandantes de bienes y servicios ofrecidos por el sector privado. En este contexto, los poderes públicos pueden fomentar las empresas cooperativas facilitando su acceso a la condición de proveedor del sector público, mediante fórmulas de contratación o concertación, considerando que la administración puede ser el demandante final o el demandante intermedio (caso de los servicios de bienestar social, como los servicios sociales, educativos o sanitarios, en los que los ciudadanos son sus usuarios finales). En relación a los modelos de desarrollo que hemos mencionado anteriormente, las políticas de demanda se aplican principalmente en los países anglosajones. Estas políticas suelen presentar principalmente dos vías de fomento de las cooperativas:
El Cooperativismo vasco y las políticas públicas
bien mediante la contractualización, es decir (sub)contratando la provisión de servicios públicos a empresas que muestran una clara motivación social en su quehacer (cooperativas de enseñanza), o bien mediante la «solvabilización», es decir, haciendo solvente mediante la financiación a través de subvenciones a usuarios de servicios ofertados principalmente por entidades del tercer sector. Hecha esta primera distinción, cabe afirmar que el modelo que se aplica en el País Vasco es un modelo de políticas de oferta, siendo la mayoría de dichas políticas dirigidas a fortalecer la estructura de las cooperativas a través de medidas de diversa índole. Es por ello que en adelante, básicamente, estudiaremos con detalle las políticas de oferta y sus diversas aplicaciones. Las políticas públicas de fomento de las cooperativas planteadas desde la oferta, tienen al menos dos vías de aplicación (Chaves y Monzón, 2000; y Chaves, 2008): por la vía de las políticas dirigidas a las organizaciones, o por la vía de las políticas de empleo generales que pueden tener una aplicación específica para el caso de las entidades cooperativas y de otras empresas de Economía social. Otra clasificación de las políticas públicas dirigidas a la Economía social en base a la naturaleza de los instrumentos o medidas utilizadas es la realizada por Monzón, et al. (2009: 92). Estas clasificaciones difieren no tanto en los contenidos sino en la mera jerarquización por lo que se propone la clasificación del cuadro nº 1 en base a las citadas fuentes y la de Chaves (2002: 457).
Cuadro nº 1. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL
Políticas dirigidas a las entidades de Economía Social
Políticas de oferta (sobre la estructura de las organizaciones) Reconocimiento de la Economía Social como Actor Privado y su capacidad operativa en todo sector de actividad económica. Reconocimiento de la Economía Social como Actor Político. Organismos públicos de fomento de la Economía Social Difusión, formación e Investigación en Economía Social. Medidas presupuestarias. Medidas fiscales. Otras medidas de apoyo financiero. Medidas de apoyo técnico.
Políticas de demanda (sobre la actividad de las organizaciones) Medidas de acceso a la condición de proveedor de la Administración Pública. Medidas de regulación y aplicación de partenariados público-privados con la Economía Social. Políticas dirigidas al empleo en las entidades de Economía Social Medidas de ayuda a la creación y estabilización del empleo en la Economía Social. Medidas de apoyo a la formación en Economía Social. Fuente: Elaboración propia a partir de Chaves (2002: 457), Chaves (2008: 41) y Monzón et al. (2009: 92).
3.	ALGUNOS DATOS DEL COOPERATIVISMO VASCO El estudio de las políticas públicas de fomento de las cooperativas vascas que exponemos a continuación se ha realizado en base a este esquema, si bien antes se dedica un epígrafe a subrayar la relevancia que tiene el sector cooperativo en el País Vasco, principalmente por el nivel alcanzado por las cooperativas que conforman la corporación Mondragón. En este sentido, debemos señalar que a pesar del amplio conjunto de tipos jurídicos que se engloban en la práctica dentro de la acepción de Economía Social (Chaves y Monzón, 2007), la Administración pública vasca había limitado su política pública de apoyo al denominado Tercer sector –Economía social– a las sociedades cooperativas y sociedades laborales. Sin embargo, recientemente el reconocimiento como entidades pertenecientes a la Economía social ha comenzado a ampliarse2. En la actualidad, el término de Economía social para el Gobierno Vasco abarca una mayor amplitud de entidades integrando a la economía solidaria, y a las entidades asociativas de los centros especiales de empleo3. Respecto de la creación de nuevas empresas podemos señalar que las cooperativas vascas han tenido un comportamiento general más dinámico a lo largo de los últimos 15 años que el resto de la economía del País Vasco. Así, en el año 2000 existían 1.331 cooperativas que empleaban a 44.970 personas; diez años más tarde habían pasado a ser 1.498 empresas cooperativas aumentando su plantilla hasta 56.231 empleos4. La evidencia nos indica que todos los años se constituyen numerosas cooperativas. Si en el año 2000 se constituyeron 52 cooperativas con 419 socios, en plena crisis económica, los años 2009 y 2010 se crearon 132 y 179 cooperativas con 502 y 659 socios, respectivamente. Esta dinámica de creación de nuevas cooperativas se debe, en gran medida, al apoyo de la sociedad cooperativa Elkar-Lan, sociedad de desarrollo coope2 Comunicación del Gobierno Vasco al Parlamento Vasco relativa al análisis de la situación del sector cooperativo y de las demás entidades de la Economía Social, incluyendo entre ellas el sector no lucrativo (Boletín Oficial del Parlamento Vasco Nº91 del 23/12/2010) en el que se señala la comparecencia de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del 15/06/2009 donde se afirmaba la voluntad de ampliar la Economía Social a otras realidades y entidades, tales como las entidades de economía solidaria y centros especiales de empleo. 3 238
Orden de 3 de junio, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de la empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la que se dice: «En el año 2009 se han ampliado las áreas de responsabilidad de la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial, lo que conllevó a que se extendiera el ámbito de aplicación de la presente Orden a las entidades de la economía solidaria, a las entidades asociativas de los centros especiales de empleo…todo ello en concordancia con los criterios del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social-GEZKI de la UPV/EHU» (BOPV Nº120 del 24/06/2011).
4 Datos obtenidos de los publicados por el Observatorio Vasco de Economía Social-OVES.
rativo, impulsada y participada por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, ERKIDE-Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito Cooperativo y la Confederación de Cooperativas de Euskadi-Konfekoop. Elkar-Lan promovió la creación de 70 y 80 cooperativas con 234 y 347 empleos en 2009 y 2010, respectivamente, siendo en su gran mayoría (97%) cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas vascas están organizadas en la Confederación de Cooperativas de Euskadi5, integrada por 823 empresas de seis federaciones; la más numerosa, denominada ERKIDE, agrupa en su seno a las cooperativas de Trabajo Asociado (659 empresas con 35.587 empleos), las de Crédito (2 entidades, 465 sucursales y 2.650 empleados) y la de Enseñanza (79 cooperativas con 5.766 empleados, más de 4.688 profesores y supera los 61.296 alumnos). Por su parte, la Federación de Cooperativas Agrarias reúne a 68 cooperativas agrarias con 10.000 socios y 687 trabajadores. La Federación de Cooperativas de Transporte suma 6 empresas con 516 empleados. Finalmente, la Federación de Cooperativas de Consumo constituida por 9 empresas cooperativas, 11.530 trabajadores, de ellos 9.137 socios, y con 436.031 socios de consumo. Todas estas empresas cooperativas facturan alrededor de 9.524 millones de euros. Por último, señalar que la Confederación integra casi al 95% de los socios cooperativistas del País Vasco, siendo las cooperativas de Mondragon las más significativas en cuanto a empleo y Valor Añadido Bruto aportado. Una vez expuestas las principales cifras de las empresas cooperativas vascas, pasamos al estudio detallado de las principales políticas públicas destinadas a fomentar dicho sector, que se han estructurado de acuerdo con la clasificación de tipologías fijada en el cuadro nº 1.
4.	POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LAS COOPERATIVAS 4.1.	Políticas de Oferta Las políticas de oferta son aquellas que están dirigidas a incidir en la estructura de las cooperativas. Se distinguen, en primer lugar, las medidas institucionales y cognitivas; y en segundo lugar, medidas económicas con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia las cooperativas. A.	Medidas institucionales
El marco institucional sobre la Economía social, confiere un espacio sistémico al cooperativismo, reconociéndole como Actor económico, social y en el proceso de elaboración y aplicación de políticas públicas (Chaves, 2008 y Monzón et al., 2009).
5 Datos obtenidos de la Memoria 2010 de KONFEKOOP-Confederación de Cooperativas de Euskadi.
Reconocimiento de las cooperativas como Actor privado y su capacidad operativa en todo sector de actividad económica Estas medidas hacen referencia a aspectos jurídicos y estatutarios de las cooperativas. En un entorno tan dinámico como en el que vivimos, la legislación debe adaptarse a las nuevas exigencias del entorno favoreciendo a estas entidades, en caso contrario podrían ver limitado su desarrollo. «La adaptación de la normativa jurídica a las nuevas demandas de los agentes favorece su reconocimiento, despliegue y desarrollo» (Monzón et al., 2009: 93). A su vez, la legislación puede remover importantes barreras de acceso al libre desarrollo de algunas actividades de las cooperativas. Aunque Monzón et al. (2009) diferencian éstas de las anteriores, parece razonable, dada la naturaleza jurídico-legal análoga de las dos medidas, considerar las mismas como una sola dentro de las medidas institucionales. El artículo 129.2 de la Constitución española de 1978 establece que el Estado debe fomentar el desarrollo cooperativo. El Estatuto de Autonomía del País Vasco (Ley Orgánica, 3/1979 de 18 de diciembre) en su artículo 10 recoge dicho mandato constitucional y reconoce competencias exclusivas en materia cooperativa a la CAPV. Consecuencia de estas competencias, en 1982 el Parlamento Vasco aprobó la Ley sobre Cooperativas, Ley 1/1982, de 11 de febrero, y el Decreto 239/1982, de 6 de diciembre, sobre el régimen de dependencia de las Cooperativas de Crédito del País Vasco (BOPV Nº18 del 10/02/1983) que fue modificado por el Decreto 130/1983 de 4 de julio (BOPV Nº102 del 11/07/1983). La ley fue actualizada a su vez por la Ley 4/1993, de 24 de junio (BOPV Nº135 del 19/07/1993) y más tarde se modificaron algunos artículos mediante la Ley 1/2000, de 29 de junio (BOPV Nº146 del 01/08/2000) y en la Ley 8/2006, de 1 de diciembre (BOPV Nº238 del 15/12/2006). Asimismo, con el objetivo de facilitar y agilizar la constitución de empresas cooperativas de pequeña dimensión, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 6/2008 de 25 de junio de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi (BOPV Nº217 del 04/07/2008); por la que se reduce a dos las personas socias necesarias para la creación de una cooperativa de trabajo asociado o de explotación comunitaria y que resulta de aplicación para cooperativas de hasta diez socios. Asimismo, el Gobierno Vasco ha sido pionero en el reconocimiento y posterior regulación del sector de cooperativas que actúan en ámbitos de marcado carácter social y que generan externalidades positivas en términos de bienestar social. Así, publicó sucesivamente el Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos y requisitos relativos a las sociedades «cooperativas de utilidad pública» (BOPV Nº33 del 17/02/1999) y posteriormente el Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las «cooperativas de iniciativa social» (BOPV Nº 82 del 03/05/2000). La característica esencial de éstas últimas es que carecen de ánimo de lucro y tienen por objeto social la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de
naturaleza social, o el desarrollo de actividades económicas que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufren la exclusión social, y la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado. Es de destacar, al mismo tiempo, que el marco legislativo pretende responder a los incesantes cambios que sufre el mundo cooperativo, lo cual se traduce en un esfuerzo continuo de adecuación del marco normativo mediante modificaciones y actualizaciones de diversa índole. A este respecto, consideramos de especial importancia el Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi (BOPV Nº73 del 19/04/2005) modificado por el Decreto 152/2006 de 18 de julio (BOPV Nº146 del 02/08/2006). En él se procede al desarrollo reglamentario de la configuración jurídica de las distintas clases o modalidades de socios que conforman, con carácter creciente, las modernas cooperativas vascas, de forma que sus derechos y obligaciones queden precisados inequívocamente; también recoge el desarrollo del régimen económico en materia de recursos propios, y la aclaración de la aplicación de ciertos preceptos legales6. Reconocimiento de las cooperativas como Actor político Este tipo de medida hace referencia a la existencia de órganos institucionalizados de participación y diálogo social con representación de las cooperativas, participando en los procesos de elaboración de políticas públicas. Existen diversos órganos institucionalizados de participación y diálogo social con representación del cooperativismo, que participan en los procesos de elaboración de políticas públicas (Konfekoop, 2011): –	CES-Consejo Económico y Social Vasco. –	CVSS-Consejo Vasco de Servicios Sociales. –	CVSI-Consejo Vasco de Seguridad Industrial. –	CVIS-Consejo Vasco para la Inclusión Social. –	Comisión Permanente Sectorial de Familia. –	OSALAN-Consejo Vasco de Seguridad y Salud Laboral. –	EUSTAT-Instituto Vasco de Estadística. –	KONTSUMOBIDE- Instituto Vasco de Consumo. –	Foro para la Integración y Participación de Inmigrantes en el País Vasco. –	Foro de Innovación Agraria y Alimentaria.
6 Posteriormente fue modificado por el Decreto 152/2006, de 18 de julio, de modificación del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Mediante este Decreto se procede a modificar el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Ver Manual de Derecho de Sociedades Cooperativas editado por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y GEZKI, dirigido por Merino (2008).
Organismos públicos de fomento de las cooperativas Se trata de la existencia de órganos dentro de la Administración pública con competencias en materia de cooperativas, que constituyen un indicador del nivel de reconocimiento y priorización de los policy makers, y también del impulso a la visibilidad e imagen sociopolítica, además de otros efectos sobre el proceso político tales como información y coordinación entre otros. Tal y como se ha mencionado más arriba, la Administración pública Vasca tiene el mandato constitucional (artículo 129.2) y estatutario (artículo 10.23) de fomentar y promover el cooperativismo. Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de la CAPV en 1979, la Administración pública vasca surgida de dicho estatuto reconoce desde sus inicios a las cooperativas, y más tarde a las sociedades laborales englobadas en el término de Economía Social, y para ello ha dispuesto la creación de una Dirección específica dentro de la estructura y organigrama del Gobierno Vasco. En la actualidad se denomina Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial7 que se encuentra ubicada dentro de la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, bajo la responsabilidad de la Viceconsejería de Trabajo como órgano superior. En este caso el término de Economía Social, como se ha mencionado anteriormente en concordancia a los criterios del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social-GEZKI de la Universidad del País Vasco, abarca una mayor amplitud de entidades integrando la economía solidaria, y las entidades asociativas de los centros especiales de empleo. Entre las competencias que le han venido siendo asignadas a las diferentes Direcciones destacan: –	Gestionar el Registro de Cooperativas de Euskadi y de las Asociaciones de Trabajo Autónomo y las clasificaciones descalificaciones de «Sociedad Laboral». –	Gestionar los programas de fomento de la Economía Social tradicional y economía solidaria. –	Ejercer la función inspectora en relación al cumplimiento de la Ley 4/1993, de Cooperativas de Euskadi. –	Gestionar la calificación de «iniciativa social» y la declaración de utilidad pública de las sociedades cooperativas. B.	Medidas cognitivas
Las políticas de difusión, formación e investigación están dirigidas a proporcionar visibilidad y receptividad social, y a desarrollar competencias en materia de formación e investigación.
7 Decreto 42/2011 de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales (BOPV Nº59 del 25/03/2011).
En concreto, se trata de medidas en favor de la presencia del cooperativismo en los planes de estudios de los centros de enseñanza media, profesional y universitaria, en los servicios públicos de empleo y en los servicios profesionales privados de asesoramiento y creación de empresas, así como la existencia de centros públicos, público-privados o privados específicos. En este sentido, se debe señalar el gran papel llevado a cabo por el Consejo Superior de Cooperativas en la implantación de dichas medidas, logrando un nutrido elenco de entidades en pro del cooperativismo vasco: Elkar-Lan, S. Coop. Cooperativa de segundo grado constituida en 2003 por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, y la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi (ahora ERKIDE). Esta cooperativa tiene como objeto y finalidad última la promoción y constitución de empresas cooperativas y, consecuentemente, la creación de empleo cooperativo. Elkar-Ikertegia, S. Coop. Constituida en de 2005, tiene por objeto realizar estudios e investigaciones en el área normativa y socio-económica del cooperativismo. La Administración pública vasca, a través del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, así como el movimiento cooperativo vasco, a través de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, son socios de este ente cooperativo. PROMOKOOP-Fundación para la Promoción Cooperativa. Esta Fundación fue constituida por Mondragon y la Confederación de Cooperativas de Euskadi a la que se ha sumado en igualdad de condiciones el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Esta Fundación gestionará un fondo cuyo objetivo será definir y poner en marcha proyectos cooperativos de carácter estratégico. Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social –Gezki– de la Universidad del País Vasco. Instituto integrado en la estructura de la Universidad del País Vasco cuyas funciones consisten en desarrollar actividades docentes e investigadoras en materia de Economía Social. GEZKI también organiza jornadas y congresos, y publica libros relacionados con la materia de su competencia. Desde 2004 edita la Revista Vasca de la Economía Social-REVES. OVES-Observatorio Vasco de la Economía Social. El observatorio de Economía Social surge en el seno del Instituto GEZKI y está financiado por el Gobierno Vasco. El objetivo de este observatorio, además de dar información detallada y continuada de la contribución de la Economía Social vasca, visualiza dicho sector y también trata de poner en común a los diferentes agentes del sector, con el fin de maximizar sus sinergias. LANKI-Instituto de Estudios Cooperativos de Mondragon Unibertsitatea. Es un instituto integrado en la estructura de Mondragon Unibertsitatea cuyo fin es la investigación y reflexión sobre el hecho cooperativo y autogestionario. Prioritariamente tiene un enfoque social, educativo y jurídico, y se orienta como servicio de investigación, reEkonomiaz N.º 79, 1er cuatrimestre, 2012
flexión y formación ofertado a la propia Mondragon Unibertsitatea, MCC, la realidad cooperativa o autogestionaria vasca y diversos agentes del ámbito internacional. ETEO-Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea. Es la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea en la que se imparten Grados en el ámbito de gestión empresarial con materias relacionadas con las cooperativas, Economía social y autogestión.
Instituto de Derecho Cooperativo de la Universidad de Deusto. Este instituto está integrado en la estructura de la Universidad de Deusto y su misión es la formación, divulgación, documentación y estudio sobre el cooperativismo, y más general, la Economía Social. Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Este instituto está integrado en la estructura de la Universidad de Deusto y su misión es promover la responsabilidad y la justicia social mediante la docencia, investigación, difusión y transferencia de conocimiento sobre las cuestiones que la realidad social plantea al saber ético, entre las que se encuentra la línea en relación al cooperativismo y Economía social y solidaria. C.	Medidas económicas
C.1. Medidas presupuestarias Hace referencia a las partidas o los programas presupuestarios dirigidos al fomento de la estructura de las cooperativas, operativizándose en subvenciones. En este apartado debemos diferenciar entre las subvenciones de procedimiento ordinario o procedimiento de concurrencia competitiva, y las subvenciones de procedimiento especial o procedimiento de concesión directa, normalmente, por medio de convenios de colaboración. En primer lugar, en cuanto a las subvenciones de procedimiento ordinario o concurrencia competitiva, destacan las ayudas que convoca la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial todos los años. Respecto al año 2011 la Dirección convocó las siguientes ayudas clasificables como medidas económicas dentro de la política de oferta (BOPV Nº120 del 24/06/2011): Ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de Economía Social La actividad subvencionable son los gastos de estructuras para el mantenimiento y consolidación de las entidades asociativas con el fin de cumplir con los objetivos legales y estatutariamente asignados a cada una de ellas. Se tratan de ayudas dirigidas en la práctica tanto a las distintas federaciones sectoriales de cooperativas de Euskadi como a la Confederación de Cooperativas de Euskadi y a la Agrupación se Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE), y a partir de 2010, se extiende también a
las entidades asociativas de la economía solidaria y a las asociaciones de los centros especiales de empleo8. Ayudas para la asistencia técnica en las empresas de Economía Social En este apartado se subvencionarán las actividades relacionadas con la realización de acciones de asistencia técnica encaminadas a la mejora de la gestión de las cooperativas y sociedades laborales, entre otros, la implantación de instrumentos de gestión tales como Planes de Gestión y Planes Estratégicos. Estas ayudas están dirigidas a facilitar la puesta en marcha de mecanismos de gestión profesionalizados que colaboren en la consolidación de aquellas empresas de Economía Social que, por su dimensión y estado de su situación económico-financiero, pudieran tener alguna dificultad cara a su implantación. Ayudas para la formación en la Economía Social Mediante este programa el Gobierno Vasco articula medidas de fomento de la formación cooperativa de acuerdo con el ideario cooperativo. Se trata de acciones formativas, de investigación y de divulgación acerca de los aspectos específicos de la Economía Social, pudiendo ser beneficiarias de las mismas, además de las sociedades cooperativas y sociedades laborales, las estructuras asociativas, las facultades, escuelas e institutos universitarios, así como centros docentes y entidades públicas o privadas con experiencia investigadora o formativa en materia de Economía Social. También se contemplan ayudas para la elaboración de materiales didácticos en la referida materia. Ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social Son subvencionables la elaboración de estudios de intercooperación (nuevos productos; unificación de servicios; adquisición conjunta de nuevas tecnologías; mecanismos conjuntos de financiación; colaboración en la comercialización…); la formalización de acuerdos y la creación de estructuras de intercooperación empresarial; y los procesos de fusión e incorporación de las empresas en estructuras de intercooperación ya existentes.
8 Debe señalarse que en estas ayudas también se incluyen como beneficiarias las organizaciones de trabajo autónomo, pero no se han citado por entender que no forman parte del concepto de Economía social que se defiende en este trabajo.
Ayudas para la realización de inversiones en las empresas de Economía Social Es una de las nuevas ayudas convocadas por primera vez en el 2009 con el fin de facilitar la financiación de inversiones en instalaciones técnicas y otro inmovilizado material nuevo (maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos de proceso de información y elementos de transporte). Concretamente, se trata de financiar parte de los intereses generados por los préstamos concedidos para la realización de inversiones para la ampliación y consolidación de las empresas de Economía Social de menos de 10 trabajadores y 5 años de antigüedad. Por último, en cuanto a las subvenciones ordinarias, el Gobierno Vasco por medio del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales convoca anualmente9 las subvenciones previstas en el Decreto 649/2009 (BOPV Nº3 del 07/01/2010) por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social. Debe destacarse, la referencia explicita a las Cooperativas de Iniciativa Social aunque no se cierra a otras entidades con carácter no lucrativo y en la que se establecen como criterios de valoración características propias de las cooperativas, tales como la incorporación de valores añadidos de la ayuda mutua y la participación asociativa y la reinversión de los beneficios en la propia actividad. Subvenciones para actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social Son ayudas destinadas a la financiación de actividades orientadas al incremento de la acción voluntaria, al desarrollo de la participación asociativa y a la construcción y mejora de entidades, redes o federaciones. Subvenciones para actividades de gestión del conocimiento para la intervención social Son subvencionables por medio de estas ayudas las actividades orientadas a la producción y adquisición de conocimiento, tales como programas formativos, proyectos de investigación, elaboración y difusión de publicaciones, documentación, y eventos técnicos (cursos y seminarios). Y en segundo lugar, en cuanto a las subvenciones directas por medio de convenios de colaboración, son destacables los convenios de colaboración sucritos por la Corporación Mondragon con distintos Departamentos del Gobierno Vasco:
9 Última convocatoria en 2011 mediante Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se efectúa para el año 2011 la convocatoria prevista en el Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco (BOPV Nº5 del 10/01/2011).
Por un lado, el convenio de colaboración firmado con el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo para el periodo 2010-2013. Este acuerdo tiene como marco de referencia el convenio anterior suscrito para el periodo 20082010 y el Plan de Competitividad 2010-2013 y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno. El convenio subraya la importancia de la colaboración público-privada, ratificando la voluntad de las partes de propiciar una mejor y más eficaz participación de Mondragon en el cumplimiento de los objetivos del departamento y busca facilitar el apoyo de las políticas, instrumentos y recursos del departamento a los objetivos empresariales de la corporación promoviendo, así, una mejora de la competitividad del tejido industrial vasco10. Y por otro lado, el convenio de colaboración firmado con el Departamento de Sanidad y Consumo para el periodo 2010-2013. Es la primera vez que la sanidad pública coopera con la corporación tras que esta última haya puesto en marcha una unidad de investigación sociosanitaria en el Polo Garaia para la atención de la población mayor. Esta nueva unidad ofrece un modelo para el cuidado de las personas mayores tanto en el hogar como en el ámbito residencial mediante aplicaciones tecnológicas tales como la telemedicina y la domótica. El convenio, como el anterior, destaca la importancia del mismo ya que se quiere demostrar la potencia de la colaboración público-privada en sostenimiento socio-económico y lograr objetivos de mayor eficiencia y capacidad de innovación, articulando mecanismos de trabajo para la presentación y puesta en marcha de proyectos para la creación, el intercambio y la transferencia de conocimiento entre el sector sanitario y empresarial11. C.2. Medidas fiscales En este caso, se trata del régimen fiscal específico que puede facilitar la consolidación y desarrollo del cooperativismo. Las instituciones públicas vascas, tal como se ha indicado, tienen competencias plenas en materia cooperativa, competencias recogidas en la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi y actualizadas mediante la Ley 1/2000 de 29 de junio y Ley 8/2006 de 1 de diciembre. Por otra parte, se ha señalado que, tanto la Constitución española de 1978 como el Estatuto de Autonomía de la CAPV de 1979 sugieren a los poderes públicos fomentar el cooperativismo. Es por ello que se han ido aprobando un elevado número de medidas de fomento y desarrollo de cooperativas, siendo alguna de estas medidas de carácter fiscal.
10 11 Boletín del Observatorio Vasco de Economía Social Nº7 del 15 de febrero de 2010.
En el ámbito fiscal, el País Vasco tiene reconocidos competencias reguladoras sobre los impuestos concertados, entre los cuales están el Impuesto de Sociedades, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Actividades Económicas e Impuesto de Bienes Inmuebles. Esta competencia reguladora ha sido desarrollada en los tres territorios históricos del País Vasco12 y como consecuencia existe un tratamiento fiscal específico para las cooperativas protegidas y para las especialmente protegidas (trabajo asociado, agrarias, de explotación comunitaria, consumo, enseñanza y vivienda) cuyas operaciones empresariales son realizadas, en más del 25%, en el territorio de esta comunidad. Estos dos tipos de cooperativas disfrutan de determinados beneficios fiscales, los cuales son acumulativos. Es decir, que los beneficios fiscales disfrutados por las cooperativas protegidas también lo son para las cooperativas especialmente protegidas, además de contar estas últimas con otras ventajas también de carácter fiscal. Si una cooperativa pierde la condición de ser fiscalmente protegida, se le aplicará la Ley del Impuesto de Sociedades, como a cualquier otra sociedad. Tampoco los socios cooperativistas podrán recibir en compensación por los servicios prestados, en concepto de anticipos laborales y retornos cooperativos, cantidades que superen en un 200% las retribuciones del personal del sector y zona geográfica donde se ubica la cooperativa. El régimen fiscal de las cooperativas en el Impuesto de Sociedades contempla cuatro tipos de gastos deducibles: 1) el 50% del fondo de reserva obligatorio legal o estatutario; 2) lo asignado al fondo de educación y promoción cooperativa y a otros fines de interés público, siendo la cuantía máxima deducible el 30% de los excedentes netos de la cooperativa; 3) los intereses devengados a los socios por sus aportaciones obligatorias y voluntarias a capital social, no pudiendo superar el tipo de interés pagado por la cooperativa, el tipo de interés legal más dos puntos; y 4) las cantidades aportadas a las instituciones de intercooperación. En 2008 se reformó el Impuesto de Sociedades donde se ha estableció que las cooperativas pequeñas tributen al 18%, mientras que las grandes lo hagan al 20%, habiendo bajado en un punto con respecto a los anteriores tipos. Mientras tanto, el tipo de gravamen aplicado a las sociedades de capital descendió del 32,5% de la normativa anterior al 28%, y para las pequeñas sociedades de capital dicho tipo pasó del 30% al 24%. Esto indica que hay una convergencia de los tipos de gravamen de las cooperativas y sociedades de capital, aunque todavía se da una relativa diferencia favorable a las cooperativas.
12 Norma Foral 2/1997, de 22 de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas de Gipuzkoa (BOG Nº101 del 30/05/1997); Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas de Bizkaia (BOB Nº211 del 03/11/1997); y Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas de Araba (BOTHA Nº68 del 18/06/1997) similares en contenido.
Asimismo, las cooperativas, sean protegidas o especialmente protegidas, están exentas de pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su constitución, ampliación de capital, fusión escisión, constitución y cancelación de préstamos y créditos, y adquisición de bienes y derechos para el cumplimiento de la finalidad de la empresa cooperativa. A ello hay que añadir la posibilidad de amortizar libremente los elementos nuevos, sean inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. También disfrutarán de una bonificación del 25, 50, 75 o 95% de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas y del Impuesto de Bienes Inmuebles cuando se trate de bienes rústicos de cooperativas agrarias y de explotación comunitaria. Además de los beneficios fiscales las cooperativas especialmente protegidas, disfrutarán de una reducción del 50% de la cuota íntegra, alcanzando el 75% de dicha cuota, cuando se trate de cooperativas dedicadas a explotaciones agrarias. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas protegidas y especialmente protegidas se benefician de las ventajas aplicadas a las cooperativas individuales que conforman dichas asociaciones (uniones, federaciones, etc.). En definitiva, las cooperativas disfrutan de un gran elenco de beneficios fiscales lo cual pudiera interpretarse como la existencia de asimetrías entre estas empresas y las de régimen mercantil común. Sin embargo, no deben obviarse las obligaciones financieras de las cooperativas, las cuales deben destinar obligatoriamente, al menos, el 10% de los excedentes netos al fondo de educación y promoción cooperativa, contribución que se puede considerar como una tasa parafiscal, y el 20% de los mismos excedentes al fondo de reserva obligatorio. Ambos fondos no se pueden repartir entre sus socios y en el caso de extinción y transformación de cooperativas vascas, dichos fondos –en el caso de que el fondo de educación no se haya ejecutado en su totalidad– se ponen a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, para la promoción, formación y difusión del cooperativismo. De los fondos recibidos por este Consejo como consecuencia de la extinción y transformación de cooperativas, el 50% de los mismos son ejecutados directamente por el Consejo y el 50% restante por la federaciones, con supervisión del Consejo; los proyectos financiados de esta forma, también se pueden considerar como parte de las políticas públicas de fomento y divulgación del cooperativismo vasco. Estas diferencias en el tratamiento fiscal de las cooperativas ha sido motivo para que la Comisión Europea cuestione su legalidad y los someta a análisis por si pueden ser considerados «ayudas de Estado» (Rodrigo, 2010; Merino, 2010 y Alguacil, 2010). De hecho, la Comisión europea en su Decisión 15 de diciembre de 2009 considera que el trato fiscal de las cooperativas españolas infringe las leyes de la competencia, porque estás empresas operan bajo condiciones más favorables que las empresas de capital.
La Comisión Europea afirma que una cooperativa es una empresa que opera en el mercado, igual que cualquier otra empresa de capital. No hace ninguna diferencia entre las empresas de capital, cuyo fin principal es obtener el máximo de beneficio para los accionistas, anteponiendo el capital al trabajo, y las cooperativas, las cuales priorizan el trabajo sobe el capital, tal como ordenan los principios y valores establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional. De cumplirse el contenido de la mencionada Decisión de la Comisión Europea, el futuro de las cooperativas quedaría seriamente cuestionado, salvo aquellas que funcionen con criterios mutualistas. Llama poderosamente la atención que la Comisión europea se fije en la diferencia en los tipos de gravamen entre cooperativas y sociedades de capital para considerar que en esa diferencia subyace una ayuda de Estado, cuando en el mercado único europeo existen grandes diferencias en los tipos de gravamen de sociedades de capital. Ejemplo notorio de ello es el caso de Irlanda donde el tipo de gravamen es del 12,5%, mientras que en otros países tributan el 30% o cifras similares. Pero como la Comisión no tiene competencias para intervenir en el sistema tributario de los Estados miembros, sí lo hace cuando se trata de diferencias internas. Asimismo, conviene recordar que dentro de un Estado miembro también existen diferentes tipos de gravamen como puede ser el caso de las SICAV, EPSV, etc.; sin embargo, estas diferencias hasta ahora no han suscitado ningún problema. Por ello, teniendo en cuenta la especificidad de las cooperativas, podrían estar justificados los diferentes tipos de gravamen aplicados a las mismas. Ahora queda por saber cómo resolverán los tribunales comunitarios estas diferencias en el tratamiento fiscal de las cooperativas; si las catalogara como ayudas de estado, el futuro del cooperativismo no mutualista quedaría en entredicho. C.3. Otras medidas de apoyo financiero Se trata de medidas dirigidas a facilitar el acceso al crédito de las cooperativas. Se distingue entre las medidas legislativas13 y la participación pública en organismos financieros en favor de la Economía Social. En cuanto a la participación pública en organismos financieros debe diferenciarse la participación directa de la administración y la indirecta por medio de entidades representativas que obtienen recursos públicos para su participación en dichos organismos financieros. En el caso del País Vasco, destaca la participación del Gobierno Vasco en la Sociedad de Garantía Recíproca Oinarri, S.G.R. Así mismo hay que tener en cuenta la actividad de las Sociedades de Capital Riesgo SeedCapital Bizkaia, S.A. y Hazibide, S.A. con participación de Erkide-Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi y en los fon13 Estas medidas legislativas están muy relacionadas con el reconocimiento del cooperativismo como Actor privado, pero dado su carácter económico parece más apropiado diferenciarlas de aquéllas.
dos conjuntos con MCC gestionados por la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (SGECR,S.A.). En 1996 nació Oinarri S.G.R. por iniciativa de la Federación de Cooperativas de Euskadi y la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, siendo una sociedad de garantía recíproca especializada en las empresas de Economía Social (Cooperativas y Sociedades Laborales) aunque en el 2000 amplió su ámbito empresarial operando con todas las pymes vascas. Dicha entidad otorga avales con los que las empresas financian sus inversiones en las mejores condiciones existentes en el mercado. Son socios protectores de la entidad entre otros: el Gobierno Vasco, el Consejo Superior de Cooperativas, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi, la Federación de Cooperativas de Consumo de Euskadi, la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi, y la Federación de Cooperativas de Transportistas de Euskadi.
Cuadro nº 2. OTRAS MEDIDAS FINANCIERAS
Administración Pública: Gobierno Vasco
Seed-Capital Bizkaia, S.A. y Hazibide, S.A. son sociedades de capital riesgo (SCR) cuya misión es la toma de participación en el capital social, constituyendo una herramienta muy útil para reforzar los recursos propios de las empresas obteniendo de esta manera liquidez para el desarrollo de sus proyectos empresariales (KOOP Nº40 julio: 6-7). Es socio de estas entidades entre otras instituciones públicas y privadas, la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi, articulando así otro servicio o herramienta financiera al servicio de las cooperativas. Finalmente, la SGECR de Euskadi dependiente del Gobierno, ha desarrollado tres fondos ligados a la Corporación Mondragón: MCC Desarrollo SPE, MCC Innovación SPE y MCC Innovación Empresarial.
C.4. Medidas de apoyo técnico Las denominadas medidas de apoyo técnico con servicios reales prestados a través de las estructuras públicas de desarrollo del cooperativismo mediante la oferta de servicios técnicos de información, formación, investigación, asesoramiento, etc. Estas estructuras pueden darse bajo tres modalidades14 y pueden estar gestionadas de manera centralizada o descentralizada dentro de la Administración Pública.
El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi-Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua (CSKE/EKGK) se conforma como una estructura proactiva siendo el «máximo órgano de promoción y difusión del cooperativismo, configurándose como una entidad pública de carácter consultivo y asesor de la Administración Pública Vasca, gozando de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones (art. 145.1 de la Ley 4/1993 y art. 2 del Decreto 213/199915). Este Consejo está compuesto por 13 miembros de los cuales 7 pertenecen a las federaciones de cooperativas, 3 al Gobierno Vasco y un representante por universidad (Universidad del País Vasco-UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea-MU). La razón por la que se clasifica dicho órgano dentro de estas medidas son las funciones que desarrolla al organizar servicios de interés común para las federaciones de cooperativas y para las propias cooperativas, e intervenir en la resolución de los conflictos que puedan surgir en las sociedades cooperativas, a través del Servicio Vasco de Resolución Extrajudicial de Conflictos en Cooperativas-BITARTU16. Estas funciones están relacionadas con la prestación de servicios técnicos al sector por lo que parece adecuada su identificación como medida de apoyo técnico con servicios reales, aunque como se ha puesto de manifiesto en el apartado de medidas cognitivas ha sido un gran impulsor del entramado relacionado con la promoción del cooperativismo vasco. 4.2.	Políticas de demanda En cuanto a la política de demanda, ésta pretende incidir sobre el nivel de actividad de las cooperativas, partiendo del principio de que un aumento en el gasto público de modo selectivo genera un aumento en el nivel de actividad de éstas. Por
14 Estructuras pasivas, aquellas que se limitan a apoyar las iniciativas de las cooperativas; estructuras catalizadoras, aquellas que favorecen directamente la creación de iniciativas de desarrollo dentro del cooperativismo; y estructuras proactivas, aquellas que realizan iniciativas públicas para el desarrollo del cooperativismo.
Decreto 213/1999, de 11 de mayo, por el que se regula el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (BOPV Nº106 del 07/06/1999).
16 Anuncio del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, por el que se hace público el Reglamento sobre procedimiento de resolución de conflictos en las cooperativas vascas (BOPV Nº181 del 21/09/2004).
15 Ekonomiaz N.º 79, 1er cuatrimestre, 2012
tanto, estaría dirigida a facilitar el acceso de las cooperativas a la condición de proveedor de bienes y servicios al sector público. A. Medidas de acceso a la condición de proveedor de la Administración Pública. Las cláusulas sociales El acceso a la condición de proveedor de la Administración Pública se materializa por medio de las denominadas cláusulas sociales en las contrataciones de las Administraciones Públicas (Lesmes, 2008), aceptadas a escala europea tras la aprobación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios: «El poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades –definidas en las especificaciones del contrato– propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas». Dado que no es legal limitar el acceso a contratos públicos a determinada forma jurídica de empresa17, para fomentar la participación de las cooperativas en los contratos públicos deben formularse las condiciones del contrato antes señaladas de manera que las cooperativas puedan convertir sus activos particulares18 en ventajas competitivas (Moschitz, 2004: 36). En este sentido, el Gobierno Vasco por medio de la Resolución 6/2008 da publicidad al Acuerdo sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su Sector Público. Aunque no se ha avanzado en lo referente a la «Reserva de contratos a centros especiales de empleo de personas con discapacidad, a empresas de inserción sociolaboral, o a la ejecución en el marco de programas de empleo protegido”19, en el ámbito de los Servicios Sociales, la Ley de Servicios Sociales sí hace referencia a los criterios sociales. En dicha ley se establecen tres modos de participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales entre los que se encuentran la contratación. En este sentido, las administraciones públicas vascas dan prioridad a entidades de carácter no lucrativo y se menciona de manera explícita a las Cooperativas de Iniciativa Social, pero además, se aplicarán criterios
17 Excepto la reserva de contratos para las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo.
18 Por ejemplo, la integración de los beneficios logrados en la comunidad o el retorno social. En la contratación pública aumentaría las posibilidades de las entidades de Economía Social pero no se reserva el contrato a las mismas (Moschitz, 2004: 37). 19 Proposición no de ley, para su debate en el Pleno, relativa a la incorporación de criterios sociales y ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público, en el que el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a cumplir lo establecido en el apartado IV del anexo de la Resolución 6/2008 (Boletín Oficial del Parlamento Vasco Nº90 del 17/12/2010 de la IX legislatura).
de discriminación positiva hacia entidades que cumplan ciertas características algunas de ellas muy relacionadas con las cooperativas (reinversión de beneficios en la propia actividad). B. Otras medidas sobre la actividad de las entidades según el modo de regulación y de operativización de partenariados entre la Economía Social y la Administración Pública
Medidas relacionadas con la actividad de las entidades pero no como proveedores directos de la Administración Pública, sino como parte de la oferta de servicio público relacionada con el bienestar social. Es decir, el Estado de bienestar viene apoyándose en la Economía Social como actor ejecutor de las políticas de bienestar social (Monzón et al., 2009: 94-95) ofertando servicios de interés social o general. Las fórmulas para ofertar dichos servicios se pueden materializar en: medidas presupuestarias, concertación o contractualización y cheques-servicios. B.1. Medidas presupuestarias Son partidas o programas presupuestarios dirigidos al fomento de las actividades de las cooperativas, operativizándose en subvenciones. En este apartado, también, debemos diferenciar entre las subvenciones de procedimiento ordinario o procedimiento de concurrencia competitiva, y las subvenciones de procedimiento especial o procedimiento de concesión directa, normalmente, por medio de convenios de colaboración. Subvenciones En la mencionada convocatoria anual en el ámbito de la intervención social, en el apartado de medidas presupuestarias dentro de la política de oferta, se definen ayudas con el fin de contribuir a la financiación de actividades que desarrollen las entidades del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales y, en general, la intervención social mediante subvenciones para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades. En dichas ayudas se hace referencia explícita a las Cooperativas de Iniciativa Social aunque no se cierra la entrada a otras entidades con carácter no lucrativo, pero además, se establecen como criterios de valoración características propias de las cooperativas: incorporación de valores añadidos de la ayuda mutua y la participación asociativa y la reinversión de los beneficios en la propia actividad. En este sentido, también desde la política sectorial en educación, se define para las Cooperativas de Enseñanza las subvenciones20 destinadas a contribuir a la puesta
20 Orden de 21 de julio, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas destinadas a las Cooperativas de Enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza no universitaria (BOPV Nº173 del 08/09/2010).
en práctica de actividades educativas complementarias y extraescolares para alumnos de niveles no universitarios, es decir, destinadas a fomentar la actividad de la cooperativa. Convenios de colaboración La Ley de Servicios Sociales, ya citada, establece como modo de participación de la iniciativa privada los convenios de colaboración, en los que las administraciones públicas vascas darán prioridad a entidades de carácter no lucrativo, y además, se aplicarán criterios de discriminación positiva hacia entidades que cumplan ciertas características, algunas de ellas muy relacionadas con las cooperativas como la Reinversión de beneficios en la propia actividad. Así, es destacable el convenio firmado entre el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Agintzari S. Coop. para la puesta en marcha del proyecto de Haur-Etxeak/Nidos Familiares. Este proyecto consiste en un servicio ideado para contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar y representa una alternativa de cuidado infantil que proporciona una atención individualizada y de confianza en grupos reducidos de 3-4 bebés de 0-3 años que son atendidos en el domicilio de la cuidadora. En el 2010, el proyecto se realiza de forma piloto en Bizkaia con la apertura de cinco nidos y la experiencia se irá ampliando y extendiendo por todo el País Vasco durante el periodo 2011-2015 contribuyendo activamente a la creación de empleo cooperativo. De hecho, desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se recalca la conexión de esta iniciativa de conciliación y promoción de la familia con los programas de formación y empleo, así como con los de fomento y desarrollo de la Economía Social que gestiona el Departamento21. Y por último, desde la política sectorial de vivienda, el Gobierno Vasco por medio del departamento competente en materia de vivienda puede «…determinar la identidad del beneficiario mediante adjudicación directa, en el supuesto de que el adjudicatario sea una entidad de carácter asistencial o social sin ánimo de lucro, tales como fundaciones, mutualidades, cooperativas y otras de similar naturaleza y fines,…., determinándose los beneficiarios mediante Convenio a suscribir entre el promotor y el Departamento…»22. Así, en el 2009 el Departamento de Vivienda, Transporte y Obras Públicas firmó sendos convenios con: Viviendas Izki Sociedad
21 http://www.irekia.euskadi.net/es/news/6850-departamento-empleo-asuntos-sociales-pone-marchaplan-para-cuidado-bebes-domicilios-particulares?t=1# y http://www.agintzari.com/agintzari/cas/ paginas/detalleNoti.aspx?id_noticia=91&origen=index.aspx
22 Apartado 3. del artículo 32 de Procedimiento de adjudicación. Excepciones, del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo (BOPV Nº59 del 28/03/2008), en base al apartado b) del artículo 117 de Enajenación directa de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (BOPV Nº138 del 20/07/2006).
Cooperativa, Cooperativa Pagoa y la cooperativa VITRA, para la promoción de viviendas de protección oficial de régimen general23. B.2. Concertación o contractualización Instrumento de formalización de la relación entre la Administración Pública y las cooperativas, por los que éstas se comprometen a suministrar un servicio de interés social o general concreto al ciudadano. En este ámbito se debe destacar, por un lado, la ejecución de Conciertos educativos entre los centros educativos para la impartición de enseñanzas no universitarias regladas en la CAPV y la Administración Pública Vasca. En este sentido, dichos Conciertos Educativos están regulados por el Decreto 293/87 (BOPV Nº172 del 15/06/1987), en el que se indica en su artículo 15 que «En todo caso, tendrán preferencia para la concertación los centros que, bajo forma jurídica cooperativa, cumplan con las finalidades contempladas…». Por otro lado, la Ley de Servicios Sociales también establece la concertación con entidades de carácter no lucrativo como una forma de participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales, y con criterios de discriminación positiva que favorecen a las cooperativas. B.3. Cheques-servicios, vales o bonos24 Son instrumentos que permiten al ciudadano destinar los recursos que el Estado le asigna a aquella entidad que le ofrezca el servicio que mejor satisfaga o se adecue a sus necesidades. En la actualidad no existen fórmulas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y no parece que las legislaciones en diferentes ámbitos posibilite un desarrollo importante de los mismos, como es el caso de la Ley de Servicios Sociales y la Ley 39/2006 de atención a la Dependencia (Zalakain, J. 2009: 78).
5.	POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Se trata de políticas públicas orientadas directamente al empleo en las cooperativas o políticas generales de las cuales las cooperativas se aprovechan en gran medida, pudiendo identificar dos tipos de medidas que no todas están centradas única y exclusivamente a la Economía Social (Chaves, 2008: 56-59):
23 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-430/es/contenidos/noticia/etxe100609/es_etxenot/ etxe100609.html y http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-430/es/contenidos/nota_prensa/ nptv_20090930_vitra/es_nptv/nptv_20090930_vitra.html 24 Un análisis detallado de estas herramientas se puede consultar en López Casasnovas, G. (2003).
5.1. Medidas de ayuda a la creación y estabilización del empleo en las Cooperativas Son programas de ayuda al empleo en la Economía Social en el que se pueden diferenciar: A. Ayudas para la creación directa de empleo en cooperativas Ayudas con las que se favorece la creación directa de empleo por medio de subvenciones temporales (parciales o totales) de los asalariados o por medio de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. Existen ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas no perceptoras de la prestación contributiva por desempleo o perceptoras de la renta de garantía de ingresos, para la ejecución de actividades de interés general y utilidad social en determinados ámbitos de actividad25. Concretamente, la cantidad se destina a sufragar el coste de los salarios y las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a la empresa empleadora; aunque los beneficiarios pueden ser cualquier empresa privada, se hace mención expresa a las empresas de inserción que en ocasiones toman forma jurídica cooperativa. Además, existen ayudas o subvenciones a las cuotas de la Seguridad Social, para la realización de actividades profesionales como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral, de los trabajadores que hayan percibido la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, regulado en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 199426. B. Ayudas al empleo por medio de incentivos a la creación de cooperativas Son ayudas, normalmente, relacionadas con las políticas activas de empleo para las personas más desfavorecidas o en riesgo de exclusión social. La Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial convoca las denominadas Ayudas para emprender en Economía Social, cuya finalidad principal es crear nuevas empresas para lo que se definen tres tipos de subayudas27:
25 257
Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 3 de marzo de 2011, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas de apoyo a la contratación de personas desempleadas no perceptoras de prestación contributiva o perceptoras de prestación de la renta de garantía de ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca (BOPV Nº64 del 01/04/2011).
26 Resolución de 22 de junio de 2011, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se da publicidad a los acuerdos del Consejo de Administración del ente público, adoptados en su sesión de 21 de junio de 2011, relativos a la distribución presupuestaria y puesta en marcha de los programas de políticas de empleo a ejecutar en el ejercicio 2011 (BOPV Nº135 del 15/07/2011). Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se articulan las ayudas a emprender en Economía Social (BOPV Nº120 del 24/06/2011).
27 Ekonomiaz N.º 79, 1er cuatrimestre, 2012
Ayudas para la promoción y constitución de empresas de Economía Social y difusión de la cultura emprendedora Son ayudas destinadas a la promoción en relación a: la constitución de empresas de Economía Social, incluyendo la transformación, siendo beneficiarias de las ayudas, tanto las entidades promotoras y las entidades promovidas, empresas de Economía Social; y a la realización de actividades de información y difusión de la cultura emprendedora en Economía Social. Ayudas para el intraemprendizaje en empresas para favorecer la creación de nuevas iniciativas empresariales de Economía Social promovidas por las propias empresas Consisten en el acompañamiento técnico y estudio económico-financiero necesario para el desarrollo de un proyecto de intraemprendizaje hasta la constitución de una entidad de Economía Social y el seguimiento de la entidad constituida para su implantación técnica y económica en el mercado durante un periodo de un año. Se entiende que un proyecto de intraemprendizaje consta de una unidad empresarial (Unidad estratégica de intraemprendizaje) dedicada a la valoración y selección de las ideas de proyectos empresariales realizados por los trabajadores de la empresa junto con las actividades arriba mencionadas y que la entidad resultante tenga forma jurídica de Economía Social. Promoción territorial planificada Se trata de ayudas de apoyo a entidades, que teniendo como finalidad la promoción de empresas de Economía Social, planifiquen la creación de las mismas en un ámbito territorial determinado de base comarcal. C. Ayudas para la estabilización del empleo en cooperativas Son ayudas a la incorporación de los asalariados como trabajadores socios o la incorporación de trabajadores desempleados, especialmente en riesgo de exclusión, como trabajadores socios de la entidad de Economía Social. La Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial convoca las denominadas Ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de la Economía Social28. Se establecen las siguientes acciones subvencionables: –	La incorporación de personas inscritas como desempleadas como socio/a trabajador/a y con carácter indefinido en cooperativas o sociedades laborales;
28 Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de Economía Social (BOPV Nº120 del 24/06/2011).
–	la incorporación de los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y mixtas; a cooperativas agrarias en calidad de personas socias –	la incorporación de personas trabajadoras por cuenta ajena no-socias como personas socias trabajadoras o socias de trabajo a una Sociedad Cooperativa o Laboral; y –	la incorporación de personas que tengan la condición de personas con discapacidad a entidades de Economía Social provenientes de Centros Especiales de Empleo. Por otro lado, la Dirección de Transporte del Gobierno Vasco dentro del programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías por carretera para el fomento de la concentración de empresas29 establece ayudas destinadas al empleo en cooperativas mediante ayudas a la incorporación como socios/as cooperativistas en cooperativas de transportistas, siendo beneficiarias tanto las entidades como las personas físicas que se incorporan a la entidad. Además, existen otras ayudas que tienen como beneficiarios a las propias personas trabajadoras mediante la prestación por desempleo en su modalidad de pago único (capitalización por desempleo) del Gobierno de España30 con el objeto de de realizar actividad profesional como socio de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral. Hay que señalar que estas últimas se consideran en las ayudas relacionadas con la incorporación como socio/a cooperativista, ya que en la misma se establece que cuando la ayuda concurra con la arriba mencionada y el importe acumulado exceda en lo establecido en la ayuda, se declarará la incompatibilidad del exceso o se procederá a la minoración de la ayuda sin que la cuantía pueda rebasar el máximo previsto. 5.2. Medidas de apoyo a la formación en cooperativas Se trata de medidas de políticas activas de empleo de formación de la mano de obra, que generalmente son horizontales, es decir, son medidas generales y no específicas. Aunque en el ámbito de la inclusión sociolaboral de grupos desfavorecidos o en riesgo de exclusión que normalmente adoptan formas de Economía Social, toman parte en la formación de dichos grupos, facilitando su inserción en el mercado laboral ordinario, es decir, siendo organizaciones activas en las políticas activas de empleo para grupos desfavorecidos o en riesgo de exclusión a los que van dirigidas medidas específicas.
29 259
Orden de 30 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías por carretera para el fomento de la concentración de empresas (BOPV Nº171 del 06/09/2010). Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo (BOE Nº157 del 02/07/1985).
30 Ekonomiaz N.º 79, 1er cuatrimestre, 2012
En este sentido, en el País Vasco mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se da publicidad entre otros a la asignación de recursos económicos destinados a financiar el programa de ayudas a los recursos financieros al servicio de la inserción laboral (BOPV Nº 64 del 01/04/2011 y Nº 135 del 15/07/2011), en base al Capítulo II del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupacionalidad y a promover la inserción laboral (BOPV Nº255 del 31/12/2003).
6.	CONCLUSIONES Una vez analizadas las políticas públicas desarrolladas por la Administración pública vasca para el desarrollo, promoción y consolidación de las cooperativas podemos extraer las siguientes conclusiones: El reconocimiento legal de la identidad diferenciada de las empresas cooperativas y sociedades laborales ha permitido la institucionalización de políticas públicas. El organismo público principal es el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que impulsó la creación de federaciones sectoriales y la Confederación de Cooperativas de Euskadi como órgano máximo de representación del cooperativismo vasco. Asimismo, este Consejo ha participado en la constitución y financiación de instrumentos de: arbitraje y mediación cooperativa, Bitartu; creación de cooperativas, Elkar-Lan; fondo de promoción cooperativa, Promokoop; investigación cooperativa, Elkar-Ikertegia, y en la entidad capital-riesgo, Oinarri. Los fondos del Consejo proceden de una dotación parlamentaria y de los fondos irrepartibles de extinciones y transformaciones cooperativas, fondos que serán empleados para promover y desarrollar empresas cooperativas. Destacamos, asimismo, la política fiscal diferenciada y más favorable hacia las cooperativas, concretada en una serie de normas forales, que han permitido gozar a las cooperativas de tipos de gravamen inferiores y una serie de bonificaciones que fortalecen su estructura financiera. Sin embargo, para la Comisión Europea estas ventajas constituyen ayudas de Estado y queda por saber lo que dictarán los tribunales comunitarios sobre este tratamiento específico de las cooperativas. Las cooperativas obtienen fondos adicionales de diversas políticas públicas de financiación del Gobierno Vasco, principalmente mediante la política subvencionadora. Existen ayudas de carácter horizontal diseñadas por el Gobierno Vasco para todo tipo de empresas, incluidas empresas de la Economía social, además de las específicas para estas últimas. Asimismo, se asignan fondos públicos para la formación, investigación e intercooperación. Las políticas de apoyo técnico al sector combinan las políticas públicas directas con otros dispositivos de consolidación de las estructuras representativas del sector, principalmente de las federaciones de cooperativas y la Confederación.
Por tanto, la mayoría de las medidas de fomento del cooperativismo que se aplican en el País Vasco se orientan desde las políticas de oferta; aunque, tal y como se ha señalado, existen también aquellas medidas dirigidas desde la política de demanda. Por otro lado, debemos subrayar la problemática de la participación de organizaciones representativas del sector empresarial en la recién configuración de LanbideServicio Vasco de Empleo. Aunque el propio Parlamento Vasco reconociera31 a las organizaciones representativas de las entidades de Economía Social como interlocutores económicos y sociales que deberían tener presencia en los órganos de participación institucional. Concretamente en el caso de Lanbide, se recomendaba fijar la participación de las organizaciones representativas de la Economía Social en el Consejo de administración, pero sin embargo, esta recomendación no se ha llevado a efecto. Todo ello a pesar de que la propia Ley de Economía Social (BOE Nº76 del 30/03/2011 señala en su artículo 8.g) que los poderes públicos tendrán como objetivo de sus políticas, entre otras, el «involucrar a las entidades de la economía social en las políticas activas de empleo,…», lo que contraviene con lo acontecido en Lanbide. En la actualidad, los poderes públicos vascos conciben la Economía Social como un conjunto de empresas que intervienen fundamentalmente en el mercado. En el organigrama del Gobierno Vasco la unidad responsable de las políticas es la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial, que presta servicios, mayoritariamente, a cooperativas y sociedades laborales, aunque cada vez se amplía su campo de actuación, incluyendo empresas de inserción laboral, empresas de economía solidaria, etc., así como el tejido asociativo, que en la medida en que busquen la consecución de ciertas metas sociales, comienzan a ser consideradas como participantes de la Economía social. Pensamos que es preciso superar esta visión limitada de la Economía social, vinculada exclusivamente a determinadas figuras jurídicascooperativas y sociedades laborales, para pasar a una visión más holística, más integradora y más finalista. Además, la nueva Ley de Economía Social aboga por una definición amplia de la Economía social dándole el reconocimiento legal necesario al término y el concepto. Las posibilidades de aprovechamiento de esta oportunidad están en manos de todos: las entidades representativas de la Economía Social, los poderes públicos y los propios especialistas y expertos. Por ello, y en el ámbito del presente trabajo, resulta muy importante destacar que las medidas que se adopten por parte de la Administración Pública así como la acción legislativa en todas sus formas, deberán tener siempre esta visión plural y no basarse en un modelo único de empresa para adoptar decisiones, legislativas o administrativas, en materias tan relevantes como la política económica, la estrictamente tributaria, la de empleo o la de acción social en general.
31 Comunicación relativa al análisis de la situación del sector cooperativo y de las demás entidades de la economía social, incluyendo entre ellas el sector no lucrativo (Boletín Oficial del Parlamento vasco Nº108 del 15/04/2011).
ALGUACIL, P. (2010): «Cooperativas y ayudas de estado», Revista Vasca de Economía SocialREVES, Donostia, nº 6, . 59-69. BAKAIKOA, B. et al. (1999): «Mondragón Corporación Cooperativa», Grupos Empresariales de la Economía Social en España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y CIRIEC-España, Madrid-Valencia, 197-258. — (2004): «Governance of the Mondragon Corporation Cooperative», Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 75, nº 1, March, 61-88. BAKAIKOA, B., BEGIRISTAIN, A., ERRASTI, A. y GOIKOETXEA, G. (2004): «Redes e innovación cooperativa», CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 49, . 263-294. BAKAIKOA, B., ETXEZARRETA, A., ETXEZARRETA, E. (2007): «La Economía Social y bienes de interés preferente: Estudio sobre las cooperativas de vivienda y de educación en el País Vasco». La Economía Social en las Políticas Públicas. Ciriec-España, Valencia. CHAVES, R. (2002): «Politiques Publiques et Economie Sociale en Europe: le cas de l’Espagne», Annals of Public and Cooperative Economics, nº 73: 3, 453-480. — (2008): «Public Policies and Social Economy in Spain and Europe», CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 62, . 35-60. — (2010): «Las actividades de cobertura institucional: infraestructuras de apoyo y políticas públicas de fomento de la Economía Social» en Monzón, J.L.(dir.): La Economía Social en España en el Año 2008.Ámbito, magnitudes, actividades y tendencias, CIRIEC-España, Valencia. CHAVES, R. y MONZÓN, J.L. (2000): «Políticas Públicas» en Chaves, R.; Demoustier, D.;
Monzón, J.L.; Pezzini, E.; Spear, R. y Thiry, B. (dir.): Economía Social y Empleo en la Unión Europea, CIRIEC-España, Valencia. — (2007): Economía Social en la Unión Europea, Ciriec-España, Valencia. CHAVES, R. y SAJARDO, A. (2004): «Social Economy Managers: between values and entrenchment», Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 75, nº 1, March, 139-161. CIRIEC-INTERNATIONAL (2005): La Economía Social en la Unión Europea (Informe de R. Chaves y J.L. Monzón), Comité Económico y Social Europeo, Bruselas. CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE EUSKADI-KONFEKOOP (2011): Memoria 2011, Konfekoop, Vitoria-Gasteiz. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA (Informe dirigido por Chaves, R. y Monzón, JL) (2008): La Economía Social en Europa, Unidad de Publicaciones y Visitas del Comité Económico y Social Europeo, Bruselas. ERKIDE (2009): «Sociedades de Capital Riesgo: Una buena alternativa financiera, no sólo en tiempos de crisis», KOOP, Nº40: julio, 6-7. ERRASTI, A. et al (2003): «The internationalisation of Cooperatives: The Case of Mondragon Cooperative Corporation», Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 74, nº 4, December, 553-584. ESPING-ANDERSEN, Gøsta (1990): The three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press, Princeton. GOBIERNO VASCO (2010): Estadísticas de la Economía Social 2008. Bienio 2006-2008, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. LESMES, S. (2008): Guía de Contratación Pública Sostenible. Incorporación de Criterios Sociales, IDEAS, Córdoba.
LÓPEZ CASASNOVAS, G. (2003): Los nuevos instrumentos de gestión pública, Servicios de Estudios la Caixa, Barcelona. MERINO, I. (2010): «Régimen fiscal de las cooperativas ¿respeta régimen comunitario de ayudas?» , Revista Vasca de Economía SocialREVES, Donostia, nº 6, 9-59. MERINO, S. (dir.)(2008): Manual de Derecho de Sociedades Cooperativas, CSCE-EKGK y GEZKI, Vitoria-Gasteiz. MOSCHITZ, S. (2004): Guía CARPE de compra responsable, Ciudades Europeas por el Consumo Responsable, Bruselas. MONZÓN, J. L.; CALVO, R.; CHAVES, R.; FAJARDO, I.G. y VALDÉS, F. (2009): Informe para la Elaboración de una Ley de Fomento de la Economía Social, CIRIEC, Valencia. PESTOFF, V. (2004): «The development and future of the social economy in Sweden», The Third Sector in Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK).
RODRIGO, M. (1996): «La regulación del Impuesto de Sociedades en la Comunidad Autónoma Vasca. Efectos sobre la Economía Social», CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 23, octubre, 135-148. — (2010): «Reflexiones sobre la reforma fiscal de las cooperativas y sobre su compatibibilidad con el Derecho Comunitario?», Revista Vasca de Economía Social-REVES, Donostia-San Sebastián, nº 6, 7-28. RODRÍGUEZ CABRERO, G. (2000): El Estado de Bienestar [CDRom].Publicación Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. ZALAKAIN, J. (2009): «Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica del sistema de Servicios Sociales en la CAPV», ZERBITZUAN, nº 46, 73-102.
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 Resolución 
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