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﻿ Sentencia 2007-00116 de noviembre 26 de 2010
SENTENCIA 2007-00116 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:UNIÓN MARITAL DE HECHO. NO HAY LUGAR A DUDA SOBRE LA POSIBILIDAD DE FINCAR EN EL ARTÍCULO 1 DE LEY 54 DE 1990, JUNTO CON ALGUNAS OTRAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1060 DE 2006, LA CONFIGURACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL COMO UN ESTADO CIVIL QUE IMPONE DERECHOS Y OBLIGACIONES A LOS COMPAÑEROS Y EN ESE ORDEN DE IDEAS SE ERIGE COMO UNA NORMA SUSTANCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTADO CIVIL, UNIÓN MARITAL DE HECHO, COMPAÑERO PERMANENTE, EFECTOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
Sentencia 2007-00116 de noviembre 26 de 2010
Ref.: Exp. 11001311001020070011601
Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil diez.
Resuelve la Corte el recurso de casación que la parte demandada interpuso contra la sentencia del 8 de junio de 2009, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Monica Marcela Mayorga Fajardo contra Tulio Cesar Murillo Castañeda.
1. El numeral “3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, de manera por demás nítida y expresa, a propósito de la impugnación propuesta a través del recurso extraordinario de casación, consagra que si la acusación transita por la causal primera prevista en el artículo 368 ibidem, al impugnante le corresponde señalar: (...) las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas”. Exigencia que resulta de inevitable observancia, pues contrariar tal requerimiento torna in idónea la censura.
Y con respecto a la naturaleza reclamada de las disposiciones objeto de la vulneración, esto es, el carácter de sustanciales, la Corte ha expuesto que (...) el rasgo característico de los preceptos sustanciales es el de consagrar verdaderos derechos subjetivos, de manera que dentro de esa categoría de normas solo se hallan comprendidas aquellas que, al decir de esta corporación ‘en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación (...)’, determinándose que de ese cariz no participan, en principio, entonces los preceptos que ‘se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir los elementos de estos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo’ (CLI, pág. 241). Menos todavía las normas referentes a pruebas, en punto de las cuales ha expresado de continuo la Corte que no tienen rango sustancial, puntualizando por demás que normas de tal categoría ‘tampoco por sí solas pueden dar base para casar una sentencia, sino, que es preciso que de la infracción de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantivas (LVI, pág. 318)”.
2. Relativamente a la naturaleza de la norma evocada por el casacionista, esto es, el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, cuya violación fue objeto de denuncia en esta impugnación extraordinaria, preciso resulta memorar que la Corte ha sido vacilante en precisar si, en verdad, tal precepto constituye norma de derecho sustancial o, contrariamente, carece de tales matices.
En providencias de fecha 24 de junio de 1997, 10 de marzo de 2004, Expediente 00332-01, y, 28 de febrero de 2005, Expediente 00670 01, la corporación explicitó las razones por las cuales concluyó, para esas épocas, que el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, no era norma sustancial. De manera constante dijo sobre tal disposición que constituía “un precepto meramente definitorio del fenómeno jurídico allí previsto y de los sujetos que lo estructuran”.
Sin embargo, tiempo después (Exp. 2000-00591-01, oct. 28/2005), patentizó cosa diferente, o sea, que, allí, sin duda, había la consagración de (...) una relación jurídica especltice(sic) que genera consecuencias jurídicas determinables para cada una de los compañeros permanentes, “cuyo desconocimiento habilitaba la impugnación” a través de este mecanismo extraordinario.
3. No obstante, hoy, superando la situación descrita, la Corte considera que la regla jurídica incorporada en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, connota una disposición de contenido material en la medida en que, de manera inescindible, concurre a estructurar el, estado civil marital, es decir, que la unión de esas características deviene conc9mitante(sic) con un conjunto de derechos y obligaciones propios de la condición que los compañeros permanentes asumen, dentro y con respecto a la familia, la sociedad y el Estado. La Sala expuso alrededor de la clase de unión que se comenta, lo siguiente:
“En ese sentido, al concluirse que la ley no brinda un trato diferente a los cónyuges y compañeros permanentes, pues no obstante este último constituir “un estado civil”, se tiene explicado que la unión marital de hecho en “determinadas circunstancias, establece o modifica el estado civil de quienes hacen parte de ella, y la ley en consecuencia, acorde con la Constitución, determina en estos casos el estado civil, lo asigna, lo mismo que los ‘consiguientes derechos y deberes’. Derechos y deberes entre los miembros de la unión marital de hecho, y entre estos y los hijos si los hubiere”.
“Desde luego, al margen de que pueda surgir la sociedad patrimonial, no escapa a la Corte que en ciertos casos, como cuando uno de los integrantes de la pareja, o ambos, tiene vivo un matrimonio anterior, puede confluir; la condición de casado con el de compañero permanente. Esto, empero, no atenta contra el principio de la indivisibilidad del estado civil, porque la fuente ontológica de una y otra situación es distinta, y porque como se reconoció en el precedente inmediatamente citado, los mismos hechos hacen que la unión marital tenga la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella”.
“Lo anterior se corrobora en el campo personal, porque, precisamente, los “derechos y deberes” a que se hizo referencia, ponen de presente no solo el innegable carácter de estado civil de dicha unión, sino que al exigirse que la “comunidad de vida debe ser permanente y singular”, y al establecerse la presunción de paternidad en comento, amén de comportar la obligación de fidelidad, al igual que ocurre en el matrimonio, todo ello permite superar el problema dé la indivisibilidad” (auto) Exp. 2004-00205, jun.18/2008).
Así, no hay lugar a abrigar dudas sobre la posibilidad cierta de fincar en aquella norma, junto con algunas más del ordenamiento, entre otras el artículo 1º de la Ley 1060 de 2006, la configuración de la unión marital como un estado civil que impone derechos y obligaciones a los compañeros. Y, en ese orden de ideas, se erige como una norma sustancial.
4. Ahora, en el entendido que el casacionista reprocha al juzgador haber dado por estructurada la unión marital de hecho a partir de las declaraciones recepcionadas, las que, según su parecer, devienen insuficientes, pues carecen de la razón del dicho, amén de reflejar inconsistencias y contradicciones, cumple memorar, a propósito de la valoración probatoria que los jueces de instancia realizan, lo expuesto por la Corte, de manera reiterada y constante, en multitud de providencias.
(...) Por averiguado se tiene que por cuanto los jueces gozan de discreta autonomía en la valoración probatoria para tomar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan a la Corte precedidas de la presunción de verdad y acierto, la tarea de quien recurre en casación obligadamente tendrá que estar dirigida a demostrar que el dislate que le achaca al ad quem es notorio y trascendente, esto es, de tal tamaño que a la primera mirada se advierta la contraevidencia de la determinación adoptada con la realidad que surge el proceso, ya que como él ‘es autónomo en la apreciación de las pruebes, sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario, mientras por el impugnante no se demuestre que aquel, y al efectuar tal apreciación, no incurrió en error de hecho evidenciado de los autos o en infracción de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicción aducidos’ (G.J.T., CCXXXI, pág. 644)”.
“Es palmario, entonces, que tan solo cuando el yerro del fallador brota con absoluta claridad es posible abrirle paso a la casación, vale decir, únicamente en aquellos casos en que incurra en una equivocación protuberante y trascendente, de donde se desprende que la acusación que no se dirija a enrostrarle vicios de esa envergadura no pasará de ser inane, como lo será igualmente la que se apoya en fundamentos dubitativos, toda vez que al no corresponder ninguno de tales supuestos a las reseñadas exigencias, habrá de otorgarse prevalencia a los razonamientos que el juez de segundo grado haya dejado sentados en el fallo, como quiera que ‘el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, ‘luego de examinar crlticemente(sic) el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de tacto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (G.J., t. CCLVIII, págs. 212 y 213). En tales eventos se impondría el fracaso de la acusación, puesto que, como lo ha dicho la Sala, ‘la ruptura del fallo acusado solo podría fundarse en la certeza y no en la duda’ G.J., t. CVII, pág. 289), en tanto que esta jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales’ del juzgador (G.J., t. CCXXXI, pág. 645)”.
Bajo esa perspectiva, la presunción de acierto con que llegan las decisiones de instancia a esta corporación, no puede ser infirmada sino en la medida en que el yerro denunciado sea de tales características que no puede, bajo consideraciones de razonabilidad y coherencia, mantenerse en pie la sentencia cuestionada. Por ello, las acusaciones en torno a la valoración que el ad quem realizó de testimonios o grupos de ellos, para el quiebre del fallo, debe evidenciar tal desacierto que surja contrario a toda evidencia y trasgreda de manera notoria e irresistible la función esencial del funcionario judicial como es resolver con sujeción a los parámetros legales y procesales.
5. Por manera que la posibilidad, de que; en este ámbito el recurso de casación prospere está condicionada, iterase, a que el error denunciado aparezca con tal notoriedad que, resulte inevitable observarlo, es decir, que la equivocación denunciada deberá percibirse sin esfuerzo alguno, pues se evidencia de manera abultada; por supuesto que de no ser así la Corte entraría en predios que le están vedados habida cuenta que concierne con la autonomía en la valoración de pruebas de los jueces de instancia.
6. Ahora, en el caso de la especie objeto de juzgamiento, lo primero que se debe subrayar es que el recurrente, en lugar de identificar yerros protuberantes de apreciación probatoria que de no ser cometidos por el fallador conducirían a una decisión distinta, se preocupó por presentar su propia apreciación probatoria, estimación en la que no coincide con la de aquel, y conforme a la cual no estaría probada la unión marital reclamada. De ahí que su discurso se enderezara, fundamentalmente, a plantear una particular crítica de las pruebas para intentar convencer a la Corte de que la valoración probatoria realizada por el tribunal no fue atinada.
No obstante, como ya quedó señalado, la labor impugnaticia que le incumbía adelantar era de muy distinta especie. En efecto, le correspondía individualizar aquellos yerros ostensibles cometidos por el juzgador y que de manera inequívoca llevaría a una determinación contraria a la adoptada por este, pero a esa tarea, en verdad, no se aplicó”.
De otro lado, es oportuno destacar que los desatinos denunciados no tuvieron lugar; no existió el desacierto atribuido al sentenciador de segunda instancia y, si, eventualmente, tal descarrilamiento probativo existió, el mismo no connota un yerro de evidencia manifiesta; no refleja una arbitrariedad que viabilice la censura, comoquiera que el acervo probatorio sopesado por el tribunal (declaraciones de parte y de terceros, así como la documental), permiten abrigar, ciertamente, las inferencias señaladas por el ad quem, que se muestran razonables y coherentes; en ese contexto, la interpretación que reclama el impugnante no es la única posible; no excluye de manera contundente la prohijada por el sentenciador.
6.1. Evidentemente, el recurrente reprocha al tribunal que haya dado por existentes la permanencia y la comunidad de vida en la relación que hubo entre las partes. Empero, contrario a lo aseverado por el demandado, es posible admitir esa circunstancia temporal que, por supuesto, está referida al periodo de duración de la convivencia de ellos, y que la misma perduró por el lapso de 2003 a 2006, entre otras cosas porque, además que varios testigos la ubicaron explícitamente en ese lapso, el propio accionado aceptó tal situación aunque pretendió atribuirla a una relación laboral; en ese contexto, el tiempo referido por el tribunal, no deriva de su propia inventiva; tampoco se vislumbra como una construcción fantasiosa de los deponentes. Ciertamente, de los elementos de convicción allegados al proceso es admisible inferir que la relación que vinculó a la pareja tuvo los confines temporales y la naturaleza que le atribuyó el tribunal.
6.2. Es indudable que la versión de los señores Liliana Roció Mayorga Fajardo, Abaneth Fajardo, Cayetano Mayorga e Inés Castañeda, cercanos a la pareja, ya por los vínculos familiares, ora por los laborales, le ofrecieron al juez de segunda instancia la firme creencia sobre la clase de unión existente entre la actora y el demandado; tal percepción no trasciende los límites de lo absurdo o de la incoherencia. Dichas personas explicitaron la razón del porqué conocían de los hechos narrados. Por ejemplo, quedó constancia que algunos tuvieron acceso a esa información porque fueron empleados del demandado (Inés Castañeda Calderón, Liliana Mayorga y Abaneth Fajardo); y, si bien, la versión de estos y lo atestado por el accionado, cuanto al tiempo que permanecieron laborando y ‘las épocas de tal actividad, no coinciden plenamente, lo cierto es que unos y otro, sin duda, convergen en el hecho de esa dependencia laboral. En el caso del señor Cayetano Mayorga, su conocimiento lo derivó de la comunicación que sostenía con el señor Murillo Castañeda y su hija, Mónica Marcela. Sobre la razón del porqué los deponentes informaron lo que fue objeto de su exposición, igualmente, quedó señalado que dicha aprehensión derivó, no solo de los vínculos parentales y laborales, sino, también, de algunas visitas que ellos realizaron a la casa de habitación de la actora, antes y después del parto; y, también, por la participación de aquella y del demandado, como esposos, en eventos familiares; luego, sí hubo registro del motivo por el cual los testigos tuvieron conocimiento de lo expuesto.
Oportuno resulta precisar que las exposiciones vertidas por los señores Liliana Rocío Mayorga, Abaneth Fajardo, Cayetano Mayorga e Inés Castañeda, concordantemente, sitúan esa unión marital en la época de 2003 a 2006; algunos, inclusive, afirman que tuvo lugar desde el mes de marzo de esa anualidad (fls. 101 a 109), información validada, como fue advertido, por razón de las visitas que realizaban algunos de ellos al lugar de residencia de la actora y, además, por los vínculos laborales que sostuvieron con el demandado, salvo el señor Cayetano Morales, quien, dadas sus limitaciones físicas, no tuvo esa dependencia con el señor Murillo.
Por supuesto que la razón del dicho de un deponente o la explicación del por qué llegó a su conocimiento la circunstancia sobre la cual declara, no debe implicar, inexorablemente, una descripción pormenorizada de todo lo acaecido, menos, pues ilógico resultaría, que su versión deba coincidir en términos absolutos con los restantes testimonios.
Ahora, con respecto a las posibles contradicciones, también denunciadas por el censor, bueno es citar lo que sobre el particular ha expuesto la Corte:
“Como la contradicción entre varios testimonios puede ser de distinta índole, habida cuenta que puede recaer sobre el hecho principal que se pretende probar, o respecto de algunas circunstancias accesorias o; en fin, puede referirse a cuestiones meramente secundarias, son, subsecuentemente, disímiles sus efectos, de modo que primordialmente podrían ver menguada su eficacia demostrativa aquellas testificaciones que están en abierta discordancia respecto del hecho principal que se trata de probar, descrédito que sería mayor en cuanto menos atribuible sea la contradicción a errores derivados de la desatención en la percepción o al olvido al declarar. En cambio, si la disparidad toca con aspectos francamente incidentales, no relacionados con el hecho fundamental por probar, no podría hablarse de una verdadera contradicción entre los testigos. Es obvio que en esos aspectos irrelevantes pueden y suelen presentarse discordancias entre ellos, originados en las particulares condiciones de aprehensión de los hechos, de la impresión que en ellos hubiesen estos dejado, de su capacidad de fijar los detalles de los mismos y de recordarlos y, en últimas, del juicio que al respecto se hubiesen formado” (Sent. Cas. oct. 26/2001, Exp. 5942).
Y si algunos deponentes evidenciaron lo que el impugnante catalogó de “contradicciones”, las mismas no refirieron al hecho central de sus testimonios, como era la unión y la permanencia de la actora y el demandado, por ello, cualquiera otra circunstancia no trasluce tal incidencia que comporte la dejación de tales pruebas.
6.3. Pero, además, si se revisa la declaración del señor Wilder Murillo, hermano del demandado y quien le arrendó la habitación en donde vivía Mónica Marcela, contribuye a despejar los vacíos o superar las supuestas contradicciones aludidas en el recurso, deponente que sostuvo que en el año 2004, ellos eran novios (fl. 114).
6.4. Agrégase a lo expuesto que la explicación dada por el impugnante sobre la afiliación de la demandante a la EPS, en donde el accionado aparece como beneficiario de ella y el señor Wilder, hermano de este, como su empleador, actuación cumplida en esos precisos términos con el propósito de reducir costos, no satisface en manera alguna la existencia de tal registro. Por un lado, en atención a que el mismo Wilder Murillo la atribuyó no a asuntos de costos sino al hecho de que su hermano Tulio no tenía tiempo; por otro lado, de ser cierta la versión sobre el pretendido ahorro, no habría justificación para que este último apareciera como beneficiario de la actora, pues el efecto pretendido (reducción de costos) no encuentra relación alguna con el hecho de que el compañero de la accionante apareciera como su beneficiario, pues, aún sin esta afiliación, igualmente, los costos los habrían podido reducir.
6.5. De otra parte, el mismo demandado, en la audiencia de conciliación (fl. 87), sostuvo que vivió en el mismo lugar que la demandante, aunque en habitación separada, asunto no coincidente con la realidad, pues el arrendador, su hermano, adujo que únicamente le había arrendado una pieza y no dos.
6.6. En fin, las posibles deficiencias persuasivas en las declaraciones reseñadas, resultaron suplidas con las exposiciones del demandado, su hermano y las restantes personas que vertieron su dicho; precisamente, esa es la función que cumple la valoración
6:7. Huelga memorar y relativamente a la valoración de medios de prueba como los testimonios, dada su pertinencia, lo que en reciente decisión y, en asunto de similares características, patentizó esta corporación: “(...) Por lo demás, la Corte ha entendido que cuando se enfrentan dos grupos de testigos, el tribunal puede inclinarse por adoptar la versión prestada por un sector de ellos, sin que por ello caiga en error colosal, único que autorizaría el quiebre de la sentencia, pues ‘en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde al juzgador dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y eh ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión desechando otro... (G. J. tomo CCIV, Nº 2443, 1990, segundo semestre, pág. 20), razón por la cual tan solo podría prosperar una acusación por error en la apreciación probatoria de la prueba testimonial en la que se apoyó la sentencia del tribunal, en caso de demostrarse la comisión por este de error de derecho, o de yerro evidente de hecho, el que afloraría, privativamente, cuando las conclusiones del sentenciador fueren por completo arbitrarias e irrazonables, de tal suerte que la única interpretación posible fuere la que aduce el recurrente...’ (Sent. Cas. Civ. jun. 26/2008, Exp. 15599-3 h03-00 1-2002-00055-0 1)”, —hace notar la Sala— (Sent. Cas. Civ. mayo 25/2010, Exp. 1998-00467-01).
Y, valga la insistencia, en el asunto de este temperamento, no hubo tal error colosal o protuberante en el que incurriendo el tribunal, habilitaría el quiebre de la sentencia.
7. La evaluación de los elementos probativos, se insiste en ello, que cumplió el fallador permiten abrigar la convicción de que las conclusiones del mismo no es arbitraria o, contrariamente, que la expuesta por el demandado es la única posible; entonces, el discurrir del juzgador no puede calificase de equivocado, menos de engendrar un yerro evidente con suficiente jerarquía para quebrar el fallo censurado.
Todo lo expuesto conduce a negar la prosperidad del cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 8 de junio de 2009, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Mónica Marcela Mayorga Fajardo Contra Tulio César Murillo Castañeda.
Condénase al demandante recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso extraordinario. Liquídense.
Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase al tribunal de origen».

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 artículo 368
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