Source: https://www.scribd.com/doc/68032871/Informe-Derechos
Timestamp: 2016-10-28 14:36:42+00:00

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Informe Derechos
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicINFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL Consejo de Derechos Humanos – Naciones Unidas Ginebra, Mayo del 2008 La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una institución que trabaja más de 20 años en el Perú en la defensa y promoción de los derechos humanos, y que agrupa a 66 organismos a nivel nacional. Este informe es una contribución al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, mecanismo clave en el proceso de reforma de Naciones Unidas y en especial, de la consolidación del sistema universal de protección de los derechos humanos. En este sentido, y ad portas del primer examen del Perú estimamos pertinente hacerles llegar nuestras impresiones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país así como algunas preguntas y recomendaciones que sugerimos hacerle llegar a la delegación peruana. En este sentido, la sociedad civil peruana considera algunos puntos de especial preocupación en la materia que deben ser abordados tanto por los excelentísimos miembros del equipo examinador como por la comunidad internacional representada en el Ilustre Consejo de Derechos Humanos y los miembros de la Asamblea General. Nos permitimos sugerir algunas preguntas importantes que insten al Estado Peruano a fortalecer sus estrategias para la protección integral de derechos humanos: 1. ¿Qué propuestas de política pública redistributiva está implementando el Estado Peruano para la lucha contra pobreza y la extrema pobreza rural que afecta a 9 millones de personas en un país que cuenta con un crecimiento económico del 8% anual? 2. Dadas las graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario ocurridas durante el conflicto armado interno, ¿cómo se está enfrentando la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas, y qué reformas institucionales se han dispuesto para evitar que se repitan los sucesos de décadas anteriores?
petroleras) y su impacto en el medio ambiente. de los defensores de derechos humanos? ¿Qué medidas y sanciones se han planteado frente a los actos de hostilidad que vienen sufriendo? 4. causada no sólo por la ineficiencia del sistema judicial sino por los altos índices de corrupción. ¿Cómo se está garantizando la plena vigencia de las libertades fundamentales y en especial. en la investigación de casos de tortura producidos luego del periodo de violencia política y. Entre el 2007 y lo que va del 2008. La particularidad de este año es que han producidos nuevos flancos de ataques a partir de la extradición y el proceso judicial contra el ex presidente Alberto
En el mes de abril del 2007. durante un Paro Regional contra el gobierno. las condiciones de trabajo para la sociedad civil en general y particularmente para las organizaciones que trabajamos en derechos humanos. afrodescendientes.
. discapacitados. Sin embargo. a pesar de cometer infracciones más graves. colectivos LGTB? 1. con situaciones de conflicto social derivados principalmente de actividades extractivas (minería. sobretodo. en la adecuación de la ley penal al Estatuto de Roma y la conformación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? 5. muchas empresas continúan funcionando sin mayor objeción. y en la atención especial a los casos de violencia de género y de violencia sexual? ¿Cuáles son las medidas de inclusión y de protección de derechos de colectivos vulnerables a la discriminación como lo son los pueblos indígenas.3. ¿Qué avances hay en la búsqueda de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. amenaza y difamación contra los agentes defensores. se ha registrado un total de 78 casos de hostigamiento. ¿Cómo impulsar la toma de medidas para la adecuación de la institucionalidad y la implementación o adecuación normativa nacional acorde con los estándares internacionales asumidos por el estado peruano. Por otro lado. contra los que vienen trabajando temas relacionados con la judicialización de casos por violación de Derechos Humanos. En todos estos casos. Adicionalmente señalar que en el último año. Preocupaciones relacionadas a las libertades fundamentales. amenaza y hasta intervención y con poca o nula voluntad de investigación y protección de parte de las autoridades competentes. en Pisco. en especial. en especial. maderera. determinados asuntos formales fueron usados como excusa para las clausuras. se ha deteriorado afrontando un progresivo incremento de campañas de hostilización. Existen también serios problemas en el acceso al derecho a la justicia. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ordenó la clausura de tres emisoras radiales y tres canales de televisión que difundieron la muerte de Marvin Gonzales a manos de la policía. En septiembre fue cerrada la emisora Radio Orión. por transmitir información que reflejaba el descontento de la población afectada por el terremoto. en especial. aquellas que difunden mensajes críticos hacia el gobierno 1 . las presiones a los medios de comunicación locales vienen siendo cada vez más frecuentes.
el vicepresidente Almirante Luis Giampetri. penaliza y dispone la inhabilitación de los funcionarios públicos por el solo hecho de participar en huelgas. A raíz de fuertes protestas sociales a mediados del 2007 el Parlamento concedió facultades al Ejecutivo para que dictara normas legales para estabilizar la situación 2 . además de acusaciones falaces que buscan desprestigiar su labor y dañar sus honras personales.Fujimori y que incluyen no sólo amenazas sino también el atentado contra el memorial Ojo que Llora. hay algunas que causan mayor preocupación desde un punto de vista de derechos humanos y libertades fundamentales ya que llevan en muchos casos a criminalizar las movilizaciones sociales y restringen las libertades de las personas para la participación en las mismas 3 . con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole (…)”. La nueva tipificación del delito de extorsión. Estas medidas han contenido temporalmente las protestas. toma locales. la modificación del artículo 200 del Código Penal establece la posibilidad de sancionar con inhabilitaciones a los funcionarios públicos con poder de decisión o quienes desempeñan cargos de confianza o dirección que participen en huelgas o protestas. se ha fomentado un ambiente confrontacional que permite poco diálogo. y que fue parcialmente destruido en septiembre del 2007 sin que se haya hecho ninguna investigación al respecto.Adicionalmente se modifica el artículo 20 del código penal indicando que los agentes policiales o militares que provoquen lesiones o muertes “(…) en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria (…)” están exentos de responsabilidad penal. Vladimiro Montesinos (Diarios Expreso y la Razón). pero en combinación con el débil funcionamiento o la ausencia de canales institucionalizados de reclamo y protesta de los/as ciudadanos/as hacia el Estado. en homenaje a las víctimas de la violencia política. A esta campaña se han sumado voceros políticos del actual gobierno. la forma como se ha redactado el delito de extorsión según el Decreto Legislativo 982 implica una total desnaturalización. algunos congresistas que están involucrados en investigaciones por violación a los Derechos Humanos. Paralelamente. ya que son objeto de interceptaciones telefónicas y seguimiento por actores no identificados. 988 y 989 (criminalización de la protesta social) Por ejemplo. 983. En el caso de los organismos relacionados a la defensa del medio ambiente la situación se torno más crítica. y congresistas de la bancada fujimorista.
. Entre estas normas. Asimismo se incluye bajo el delito de extorsión al que “(…) mediante violencia o amenaza. se ha mantenido una campaña mediática contra las ONGs de Derechos Humanos desde los medios de prensa escrita que realizaron un trabajo a favor de la red de corrupción del régimen del ex presidente Fujimori y su asesor. por cuanto inclusive un acto público que pretenda denunciar una violación de derechos humanos o protestar contra el deterioro del medio ambiente sería considerado extorsión. Este artículo estaría penalizando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos que tiene cualquier ciudadano e –indirectamente. pero tampoco investigados.presentar a la huelga como un acto delictivo. obstaculiza vías de comunicación o impide libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas.
Decretos legislativos 982. Además.
cancelar la inscripción de las organizaciones en el registro.7% requerían protección inmediata debido a la posibilidad de ser nuevamente agredidas. estando sólo uno de los casos en investigación penal Durante el 2007. además de aplicar la sanción pecuniaria.Bajo el argumento de la seguridad ciudadana. el gobierno pretendió someter al control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 4 a todas las entidades beneficiarias de cooperación técnica internacional. ello a pesar de que el 68. 28925 fue publicada el 8 de diciembre de 2006. 6 Publicado el 22 de septiembre de 2006 en el Diario Oficial El Peruano. quien señaló que las facultades atribuidas a la APCI atentaban directamente contra el derecho fundamental a la libre asociación y el derecho a la vida privada de las personas jurídicas. la modificación normativa señalaba que «orientar los recursos de la cooperación técnica internacional en actividades que afecten el orden público o perjudiquen la propiedad pública o privada» 5 permitía a la APCI. incluso. se están aplicando serias restricciones al derecho a la libertad de movimiento: cada día es más difícil la obtención de garantías para manifestaciones públicas así como se restringen el acceso de las manifestaciones a muchas zonas de la ciudad. suspender e. esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. y gracias a la promulgación del Decreto Supremo 061-2006-PCM 6 es el estado quien cubrirá los gastos de la defensa legal de los miembros de las fuerzas del orden acusados por violación de derechos humanos. 5 Es imprescindible subrayar la excesiva discrecionalidad que se le otorga a la APCI para determinar las actividades que afectan el orden público o perjudican la propiedad pública o privada. Informe de Defensoría del Pueblo. se le otorgaron alguna medida de protección. se aplican sanciones “suaves” no disuasivas. ley nro. En la misma línea. el proceso administrativo y judicial aún exige que las víctimas se enfrenten a sus agresores. Por otro lado. agraviados y defensores. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres indígenas.
. en los dos últimos años se han registrado 14 muertes de ciudadanos por acción de las fuerzas del orden. Además. Uno de los problemas más saltantes para los procesos de derechos humanos es la ausencia de un sistema de protección estatal de testigos. 7 Sólo 2 de los 227 casos analizados de victimas de “faltas contra la persona” por violencia familiar. cuestión paradójica si la comparamos con la ausencia de defensores de oficio que patrocinen casos de graves violaciones de derechos humanos. Por otro lado. etc). el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia familiar y de género es aún muy limitada dado no sólo la indiferencia de los operados jurídicos en la materia sino también a la ausencia de un marco normativo adecuado de protección (se otorgan muy pocas medidas cautelares 7 . Afortunadamente. Asimismo. persisten limitaciones en el acceso a la justicia. Esto sin contar la precaria institucionalidad para contar con un sistema público de casas de refugio en casos de urgencias ante actos de violencia doméstica y de género. encontramos impedimentos administrativos que demandan corrección y vigilancia de las instancias encargadas del registro
Creada por ley 27692 del 12 de abril de 2002 y modificada por la llamada “ley Apci”. que incluye a los que han recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana. En cuanto al derecho a la identidad.
Esto es de especial importancia en un país que ha pasado por periodos de violencia armada pero también que afronta los retos de una inclusión pendiente a personas con discapacidad física y/ padecimiento mental así como de atención a poblaciones en riesgo por condiciones de pobreza.
El plazo para esta implementación culminó el 14 de Octubre del 2007. disponibilidad. encargados de su elaboración. Otro tema de preocupación es la ausencia de un compromiso firme por la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura. el registro de nacimientos y defunciones. que afecta de manera especial a mujeres indígenas y de las zonas rurales y amazónicas. discriminación y otras formas de violencia. 73 del mes de marzo del 2003
. integridad personal. inscripciones cuya gratuidad están garantizadas por ley pero cuya reglamentación al interior de los gobiernos locales. En especial. tanto a nivel individual como comunitario. de la constitución del Mecanismo Nacional de Prevención cuyo plazo establecido ha vencido en Octubre del 2007 8 . accesibilidad. cuestión de urgencia ante el incremento de casos presentados por tortura y malos tratos en los centros de detención y penales. travestis y transgénero. no es respetada.y cuya clausura fue recomendada por la propia Defensoría del Pueblo 9 ya que su ubicación vulnera derechos fundamentales como la vida. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está impulsando una campaña para promover a la Defensoría del Pueblo con este propósito. y que llega a tener de 25 °C bajo cero. Adicionalmente mencionar que está pendiente la probación de una ley de salud mental que asegure el derecho a contar con una atención en salud mental. desastres.civil de personas generándose que existan millones de peruanos indocumentados. bajo los principios de universalidad. Un trágico ejemplo de ello es la reapertura a finales del 2007.y bisexuales LGTB. 9 Informe Defensorial Nro. Finalmente mencionar la reiterada vulneración a los derechos del colectivo de Lesbianas. En este mismo sentido queremos mostrar la preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad del sistema penitenciario en cuanto a su deber de protección de los derechos fundamentales de los reclusos como la vida. salud y los principios de resocialización. en especial. del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial de Challapalca -situado a más de 4600 metros de altura sobre el nivel del mar. y ante la necesidad de contar con un organismos que de manera autónoma. Trans –transexuales. aceptabilidad y calidad de los servicios en las políticas de salud pública. Gays. Es importante resaltar que este mecanismo debe cumplir los criterios de autonomía y legitimidad que se incluyen de manera explícita en el protocolo. El Comité de la CEDAW señala también esta problemática. la seguridad. quien es la única instancia que en este momento lleva un registro de los casos que se presenten. con personal especializado en derechos humanos y con capacidad para adecuar los estatutos de las instituciones públicas de derechos humanos a la luz del nuevo marco. etc. independiente económicamente. la integridad.
hasta el momento el gobierno actual no le ha dado el tratamiento debido. integración creciente al mercado internacional. y la exclusión social. Un instrumento que debería servir para la medición de las políticas en materia de derechos humanos y.5%. sociales y culturales de gran parte de la población 11 . así como en las zonas postconflicto. Sociales y Culturales era el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 10 10. Así por ejemplo.víctimas de discriminación en diversas esferas. en los centros educativos. 11 Según el informe de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto nacional de Estadística e Informática del 2006. situación que vulnera los derechos económicos. fue promulgado el 10 de diciembre de 2005.3% de los ciudadanos rurales se encuentran en situación de pobreza. en el acceso a programas de salud y salud sexual.8%. El Estado Peruano por tanto debería implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos y ampliarlo hacia la concreción de Planes Regionales de Derechos Humanos. el Perú muestra a la comunidad internacional signos de estabilidad económica -con un crecimiento sostenido del PBI. concentrada en las zonas rurales. mientras que la disminución de la pobreza extrema fue de sólo 0. andinas y amazónicas. Instituto Nacional de Estadística. Esta norma –aún cuando en muchos casos sí se hayan ejecutado acciones. señalando más bien que no es legítimo en tanto no ha atravesado acuerdos políticos. así como congresistas y la Defensoría del Pueblo. Este documento obliga al Estado a llevar adelante acciones positivas en materia de los diferentes derechos humanos fundamentales y fue elaborado a partir de 18 consultas macro-regionales y 10 consultas regionales que involucraron a casi 3 mil dirigentes sociales y a todas las instancias del Ejecutivo (Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados). Sin embargo. 2. culturales y ambientales. y un 37.1% en situación de pobreza extrema La disminución total de la pobreza en el sector rural en los periodos 2005-2006 fue de sólo 0. Preocupaciones relacionadas a la vigencia de los derechos económicos.. negando así todo el proceso desarrollado. Transcurridos siete años de la caída del régimen dictatorial del ex presidente Alberto Fujimori.y varios acuerdos de asociación comercial en curso.
DS. 017-2005 – JUS Crea el Plan Nacional de Derechos Humanos. sociales. en particular. También comentar que el país afronta serios problemas en lo relacionado a la lucha contra la pobreza.no ha sido considerada como una pauta en materia de derechos humanos. el 69. conforme era su propósito. y al final del conflicto armado que arrasó el país durante dos décadas. hoy en proceso de enjuiciamiento por graves violaciones a los derechos humanos.
. los Derechos Económicos. etc. disciplina fiscal. Fuente: informe Técnico de la ENAHO 2006. El plan de igualdad de oportunidades (entre hombres y mujeres) no tiene ninguna medida al respecto de la discriminación por orientación sexual (lesbianas) para mujeres y tampoco existen programas de educación y sensibilización al respecto. siendo además un colectivo vulnerable a la violencia física y psicológica en las políticas seguridad ciudadana.
La escasa presencia de programas de Educación Interculturales Bilingües en zonas con una marcada presencia de población indígena y nativa. la edad de culminación de la misma debería ser 11 años de edad) 12 . Además. las mismas que carecen de calefacción aún en las zonas más frías del país. lo cual afecta a lo más pobres directamente. si bien la cobertura en matrículas.
. Un cuadro de esta magnitud muestra el incremento de las brecha de exclusión social alarmante en un país cuyo crecimiento económico es de 8% anual. Esta misma discriminación se aprecia por cuanto las demandas de los indígenas sobre problemas ambientales no son tomadas en serio. aumentando el nivel de deserción y de bajo desempeño escolar. sólo el 73% de los niños entre 11 y 13 años habrían culminado los estudios primarios (según los parámetros grado escolaredad en el Perú. A la fecha. Sólo el 63% de los niños que se ubican por debajo del percentil de pobreza más bajo logran culminar la escuela primaria. La educación que reciben es sumamente deficiente y no se toma ninguna medida que garantice ni siquiera el transporte de los niños indígenas a las aulas. el nivel de desnutrición infantil rural es de 45%. En cuanto al campo de la salud. se otorgan concesiones mineras y petroleras sobre vastas extensiones de tierras sin consulta alguna a los pueblos indígenas que habitan dichas tierras.Otro punto de preocupación para la Coordinadora Nacional de Derechos humanos es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas en lo referente a la protección de sus territorios. La mayoría de las personas muertas o heridas por la policía en los últimos siete años han sido indígenas que protestaban por daños ambientales o por la ausencia de políticas estatales. proceso permanente en los últimos años. es especialmente grave. estando la mayor parte de esfuerzos centrados en la evaluación de los docentes –cuestión que genera un fuerte
Cifras de la página web del Ministerio de Educación. Estas normas tendrían por finalidad promover que empresas mineras y petroleras pudieran adquirir dichas tierras. hay una preocupación por la brecha de las condiciones entre los servicios a los que acceden los ciudadanos rurales de los urbanos. Alrededor de cinco millones de indígenas se encuentran totalmente excluidos de los servicios de salud. alimentación o asegurar empleo digno. En lo referente al derecho a la educación. en cuanto al logro escolar. Diversos proyectos de ley en el Congreso pretenden facilitar la disolución de las comunidades campesinas y nativas. acceso y escolaridad están creciendo. La discriminación hacia los integrantes de los pueblos indígenas se aprecia en sus precarias condiciones de vida y en la reticencia de las autoridades para invertir en salud. se han tenido pocos logros en el incremento de la calidad educativa. siguen existiendo múltiples brechas para que los niños y niñas puedan tener una escolaridad adecuada a su edad. educación. Así mismo. Mencionar también que dentro del proceso de reforma educativa. uno de los más altos de la región latinoamericana. habiendo una brecha de casi el 50% en el disfrute de derechos básicos como contar con agua potable (92% frente a sólo 41% de la población rural) o con servicios de alumbrado eléctrico (96% versus sólo un 36% en zonas rurales).
estando un 55% del empleo situado en el sector informal (frente a un 48% del promedio latinoamericano 14 ). en febrero del 2004. prorrogada por la Ley 28810 hasta el año 2021. 15 Aunque se ha constituido en el 2007 una Oficina Nacional Anticorrupción. si bien nos enfrentamos a una progresiva reducción del desempleo en el país. y de acuerdo a sus compromisos internacionales asumidos. está pendiente la adecuación de la legislación penal al Estatuto de Roma en donde
Informe anual 2007 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Estimaciones de la OIT con base en información de Encuesta de Hogares de los países. y sin que se tome en cuenta el tiempo del traslado a las plantaciones. Preocupaciones relacionadas con la institucionalidad democrática y la plena vigencia del estado de derecho. Se estiman más de 33 mil personas sólo en la zona amazónica. Miloon Kothari. vacaciones o compensación por tiempo de servicios. como en la agroexportación se aprecian situaciones sistemáticas de abuso: a las mujeres que trabajan en este sector se les exigen jornadas que pueden superar las 12 horas diarias. pero que no ha merecido mayor atención por parte de las autoridades hasta la reciente creación de una nueva entidad burocrática. promedio que actualmente ronda el 8% 13 . lo cierto es que las condiciones de vulnerabilidad son mayores al promedio de la región latinoamericana.pero que no aborda otros aspectos “estructurales” como el bajo presupuesto designado para salarios (un promedio de 200 euros al mes) y la falta de incentivos para su desempeño profesional. no existe legislación ni política pública específica sobre la materia.conflicto con el sindicato de profesores.
. el Perú aún no cumple con los estándares internacional en materia de derecho a la viviendo digna. todavía entrampada en la definición de sus funciones y que hasta hoy carece de recursos para actuar 15 . sin pago de horas extras. Los datos tienen cobertura urbana. La corrupción sigue siendo un fenómeno extendido sobre el que han habido diversas denuncias. Así mismo.
3. zonas con una mínima presencia del Estado y donde los menores son utilizados como fuerza laboral cautiva. a pesar de haber tenido la visita del Relator Especial del Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas. vulnerable a tráfico de niños y explotación sexual. Otro tema de particular preocupación es la situación de explotación laboral infantil en las zonas de minería artesanal y de narcotráfico. Aún en sectores supuestamente formales. Estas trabajadoras no gozan de gratificaciones. Finalmente señalar que. Adicionalmente. debido a la Ley 27360 que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. ésta actuará básicamente a nivel del Ejecutivo.
Almirante o su equivalente.2º y 23º disponen que serán designados por el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema Militar y Policial. publicada el 1 de agosto de 2007. En efecto. pero el Congreso ha hecho caso omiso de este mandato judicial. uno de los principales retos fue forjar un modelo de conducción democrática de la fuerza armada. Existe un proyecto de ley que busca la implementación pero que. éste último de importancia fundamental para la protección de los derechos de las mujeres. Por el contrario. respectivamente. ha burlado la esencia de los pronunciamientos del TC. En el caso de los fiscales supremos. por el propio fuero militar. En este mismo sentido. a propuesta de su Sala Plena…” [Subrayado nuestro].destacan la incorporación de delitos de lesa humanidad y la ampliación del concepto de violencia sexual. competencias y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. Sin embargo. y al mismo tiempo rinda cuentas a la ciudadanía. lamentablemente. En cuanto a los jueces y fiscales de instancias inferiores. se traduce en la publicación de la nueva ley del Ministerio de Defensa – Ley 29075. aún no ha sido aprobado en el seno del congreso de la República. Esta situación se repite con la designación de los jueces militares por parte del Poder Ejecutivo. en tres oportunidades posteriores. Consideramos esta situación de extrema importancia para un país que ha pasado por un proceso de conflicto armado interno y que afronta ahora medidas de justicia y reparación por crímenes de lesa humanidad. En el caso de los fiscales militares y policiales lo establece en su artículo 22º. Un primer gran objetivo del proceso de reestructuración del Ministerio de Defensa.es una potestad exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura. el artículo 154º de la Constitución del Perú establece que la designación de todos los jueces y fiscales del país –salvo excepciones previstas en la propia Carta Magna. el poder legislativo del Perú lleva casi cuatro años de incumplimiento continuado de las sentencias del Tribunal Constitucional quien desde agosto del 2004 ordenó ajustar la Ley Orgánica y el Código Penal Militar-Policial tanto a los estándares internacionales como la Constitución Peruana. la ley aprobada establece en su artículo 10º que: “Los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial son nombrados por el Presidente de la República. con grado militar o policial de Oficial General. el artículo 9º de la norma señala que “El Tribunal Supremo Militar Policial está conformado por diez (10) Vocales Supremos. la ley establece la misma modalidad de selección en su artículo 23º. es decir. independiente e imparcial (ley 29182) al facultar a los oficiales en situación de actividad desempeñar la función de jueces o fiscales militares policiales 16 . Con el inicio de la transición a fines del año 2000. los artículos 13. órgano constitucional autónomo que no forma parte del Poder Ejecutivo.
. En el caso de los vocales y jueces de instancias inferiores. Ley que establece la naturaleza jurídica. mediante el cual la autoridad política sea la que defina. Otro de lo puntos de especial preocupación es la jurisdicción militar en materia de administración de justicia. dirija y supervise la gestión de la política de defensa. al adoptar dos leyes que desatienden las indicaciones del TC (Leyes Nº 28665 y Ley Nº 29182) y al prorrogar indefinidamente una legislación que había sido declarada inconstitucional (Ley Nº 28934). Al respecto. la norma reitera esta condición de oficiales en situación de actividad en los artículos 15º y 19º. procedentes del Cuerpo Jurídico Militar Policial. función. cuyo diseño no garantiza la figura de un juez competente. en situación de actividad” [subrayado nuestro]. está pendiente el forjar el diseño institucional de la defensa nacional
sea atribución. el Estado Peruano promulgó en mayo del 2004. abriendo la posibilidad de contar con un estado de emergencia “disimulado”. Preocupaciones ligadas al proceso de justicia transicional post conflicto armado interno (recomendaciones efectuadas por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación). que establece tres supuestos de intervención de la fuerza armada en el orden interno sin necesidad de declarar el estado de emergencia 18 . pero también respecto a los procesos de judicialización a las víctimas del conflicto armado interno. en la sentencia del expediente 017-2003-AI/TC del 16 de marzo del 2004. en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nulas las leyes de Amnistía 25479 y 25492. dispone que todas las acciones que lleve a cabo el personal militar en el ejercicio de su función que se presuman delitos de función. en la medida que habilita la participación de la fuerza armada en operaciones de control de orden interno. Artículo 1º. 17 de mayo de 2004. en especial en un país un alto índice de conflictividad. Sin embargo. es la regulación constitucional de la figura jurídica de los estados de emergencia por la cual pueden suspenderse ciertas garantías y libertades fundamentales en aras a la seguridad interna. En este sentido. especialmente en lo concerniente a las reformas institucionales propuestas y al proceso mismo de reforma democrática del estado. la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24150 modificada por el decreto legislativo 749. responsabilidad y competencia del Ministerio de Defensa. para que todo lo que se llame defensa. y solo se logró sentencias firmes en dos casos de
La ley 28222 modifica la ley 25410.
establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las fuerzas armadas en el territorio nacional. que hace referencia a que en las zonas de emergencia. nos enfrentamos a un estancamiento del proceso.
. En el ámbito del seguimiento a las recomendaciones del Informe de la Verdad y Reconciliación.
4. la Ley 28222 17 . Ley 28222 – Ley que modifica la ley 25410. el propio Tribunal Constitucional Peruano declaró. Otro de los temas urgentes. Esta situación atenta contra la jurisprudencia nacional e internacional ya que no cabe presumir la comisión de delitos de función sino que éstos deben ser determinados por la concurrencia de los criterios materiales y objetivos definidos. Así por ejemplo. la ley 29166.que contribuya a fortalecer la democracia. son de jurisdicción del fuero militar policial. las Fuerzas Armadas no pueden asumir las responsabilidades y atribuciones de las autoridades políticas y señala las características del delito de función. que si bien trata de establecer mediante ley
Esta situación se agrava cuando existe otra norma. y dependa de personal y organismos militares. Ley que
disposiciones para regular el uso la fuerza armada en escenarios de orden interno. sin que el ejecutivo decrete el estado de emergencia correspondiente.
Señalar brevemente que dentro del sistema judicial peruano encontramos una obstaculización permanente y con injerencias de otros poderes. estas resoluciones fueron confirmadas por la Corte Suprema. Páginas 109 e. cuestionar la gestión de su presidenta así como paralizar sus labores bajo el argumento que se encuentra “reparando terroristas”. principalmente del sector defensa donde no sólo no hay una colaboración para los procesos sino que incluso ha llegado a blindar a muchos de sus miembros a través de leyes inconstitucionales. de parte de sectores estatales. que el Ministerio Público es autónomo y por tanto no puede haber un Ministerio Público Militar y finalmente que los militares en situación de retiro no podrán ser juzgados por tribunales militares algunos pues ya se encuentran e incorporados en la vida civil plena. El primero llamado “Delta del Pichanaki” 19 . una campaña de desprestigio hacia el mismo y que intenta. situación que se agrava en los casos de los crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad por el conflicto armado interno. exclusión geográfica. Así pues. Defensoría del Pueblo en el Perú. por razones de pobreza. según declaraciones explícitas.violaciones a los derechos humanos. marginación social y cultural (manejo de otra lengua que no sea el castellano) no pueden acceder a la defensa legal y ven vulnerados su derecho a la justicia e incluso a la integridad física 20 . por la decisión de aprobar el dictamen de la Comisión de Defensa en el pleno del Poder Legislativo. Se tienen otras cuatro sentencias en primera instancia por diferentes violaciones a los derechos humanos y una condena firme a la cúpula del grupo armado “Sendero Luminoso”. por parte de políticos tanto del oficialismo como del fujimorismo. 21 Informe Defensorial N° 128. ha empezado. Esta sentencia señala como ideas fuerza que los jueces militares no pueden ser oficiales en actividad. donde se condenó a campesinos involucrados en la violencia política y a dos policías. publicada en octubre del año 2004. Agosto 2007. En este
Por ejemplo vea el informe de Human Rights Watch: “La Segunda Oportunidad de Alan Garcia: La Justicia en los Casos de Abusos de los Derechos Humanos en Perú”. julio 2006 donde se confirma que “las fuerzas armadas se han negado sistemáticamente a entregar información relevante a los investigadores civiles”.
. el Ejecutivo en octubre de 2006 aprobó una norma para que el Estado pague la defensa legal de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. por la muerte y desaparición de 4 campesinos en la localidad ayacuchana de Chuschi el año de 1991. acusado por violación de derechos humanos. que se reafirma en los ejes declarados ilegales por el Tribunal Constitucional en la sentencia 023-2003. mientras que miles de víctimas. Los avances en esta materia serían diferentes si no existiera una clara posición. de encubrir a los autores materiales e intelectuales de diversos crímenes. En el área de reparación a las víctimas ha comenzado ya el proceso de acreditación para la elaboración del Registro Único de Víctimas a cargo del Consejo de Reparaciones.a. La Defensoría destaca que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la lentitud con la que avanzan las investigaciones fiscales puede implicar la violación de las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial…”. Sin embargo. 20 En el Perú no existe una legislación específica de protección de testigos-víctimas en caso de derechos humanos. Y el caso de Chuschi. que la designación de éstos no puede ser realizada por el Poder Ejecutivo. donde se condenó a Cadena Perpetua al jefe de este grupo subversivo. Casi la mitad de los casos (26 expedientes) entregados al Ministerio Público por parte de la Comisión de la Verdad siguen en la fase de investigación preliminar a pesar que han pasado más de tres años desde su inicio 21 . Por este crimen se condenó al Mayor del Ejercito Peruano Colins Collantes (16 años de prisión) y al Suboficial de la Policía Nacional Juárez Aspiro (6 años de prisión). En especial.
Sin embargo. casi el doble de los registrados inicialmente. 5 años después de entregado el informe final de la CVR se han realizado muy pocos procesos de investigación antropológico-forense y se constata la existencia de diversos problemas entre el Instituto de Medicina Legal –instancia del propio Ministerio Público para éstos procesosy las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema.014. En especial la ausencia de coordinación para el desarrollo de las investigaciones. Así mismo. pilares para la no repetición del periodo de violencia. En el caso de las reparaciones colectivas a comunidades afectadas a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto nivel. resulta preocupante que los criterios para el establecimiento de las zonas más afectadas a reparar no coincidan con los que maneja el Consejo de Reparaciones (encargada de la elaboración del Registro de Comunidades. En este sentido. la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) constató la existencia de 2. dependiente de la Presidencia de Ministros. las víctimas han podido acceder al Seguro Integral de Salud. Así. carencia de información a los familiares de las víctimas y a las ONGs que las patrocinan. es lamentable que en el tema de reformas institucionales. se hace urgente el apoyo político de parte del gobierno para reforzar su trabajo y blindarlo ante este tipo de embates.200 sitios de entierro y tomó conocimiento de 2. programa social destinado a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. En cuanto a las reparaciones individuales. el sistema judicial. a nivel individual y comunitaria. problemas de reconocimiento a la participación plena de los equipos forenses independientes como peritos en estos procesos
. libro II del RUV). haya habido tan pocos avances en al reforma de las fuerzas armadas y policiales. Como es conocido. notamos dificultades para implementar un protocolo de reparación que pueda distinguir la ejecución de las mismas de otras políticas públicas del derecho al desarrollo. En especial. el sistema educativo y la presencia de servicios estatales en las zonas afectadas por la violencia. de especial urgencia en los casos de los sobrevivientes de la tortura quienes requieren tratamientos de mayor complejidad cuando existen secuelas físicas. Por labor de organizaciones de derechos humanos los sitios de entierro verificados y registrados alcanzan actualmente 4. es urgente que se asegure la continuidad y la institucionalidad del Consejo de Reparaciones. es decir. garantizando su presupuesto anual así como la colaboración de todos los sectores involucrados. es necesario que el sector defensa envíe los datos concernientes a las víctimas de las fuerzas del orden para su integración al Registro Único de Víctimas. y que cubre aspectos básicos de salud física. Sin embargo.sentido.444 sitios más que no llegó a verificar. se hace necesario la ampliación de la atención al campo de la salud mental.
Preocupaciones por la situación de los derechos de las mujeres. Al respecto mencionar que está pendiente. en particular. el Comité sigue observando con preocupación algunas figuras penales no tipificadas como delito en el código penal. la equidad ideal necesaria entre géneros y por otro. por parte del sector educación. la que se ha llamado “ley de Igualdad de oportunidades” 22 y que reconoce. dificulta la evaluación precisa de la situación real de la mujer en todos los ámbitos tratados en la Convención y de la posible persistencia de formas directas o indirectas de discriminación”. en su 37° período de sesiones en el 2007 23 realizó algunas observaciones al Estado Peruano que están pendientes de cumplirse. Desde el 2007. multilingüe y multiétnica. el Perú cuenta con un importante instrumento para la reducción de la brecha entre varones y mujeres. promueve medidas para la igualdad de oportunidades con respeto a la realidad pluricultural. en el diario Oficial El Peruano. la aprobación de lo lineamientos para una Educación Sexual Integral que tiene como uno de sus lineamientos claves tanto el acceso a información como la lucha contra los estereotipos de género existentes que son discriminatorios contra la mujer con las encaminadas a combatir la violencia contra la mujer. Así mismo. Realizado entre el 15 de enero al 2 de febrero del 2007.
Publicada el 16 de marzo de 2007. Como parte de los mecanismos de seguimiento se estableció una rendición de cuentas anual ante el Congreso de la República de parte del Presidente del Consejo de Ministros. El propio comité señala que “la falta de datos estadísticos fidedignos desglosados por sexo. Finalmente mencionar que la necesidad de implementar medidas de prevención ante la mortalidad materna. y también señala la insuficiente protección de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. cuyo índice es de 186 sobre cien mil nacimientos y que está directamente relacionado con las condiciones del aborto y la escasa atención del embarazo y el post parto en las zonas más alejadas del país. por zonas rurales y urbanas y por origen étnico en el informe. por un lado.
. Por otro lado. la tasa elevada de embarazos en adolescentes. como el abuso incestuoso. el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación (CEDAW). acción que aún no se ha realizado.5.
trans y bisexuales) y la igualdad de oportunidades entre hombre s y mujeres.RECOMENDACIONES AL ESTADO PERUANO EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asegurar la plena de vigencia de las libertades públicas.600 metros de altura). La derogación de los decretos legislativos 982. peritos y operadores de justicia. gays.) e implementar un sistema nacional de protección de testigos. que afecten la salud de los internos y de los propios custodios. amenazas a la vida e integridad física. de lucha contra el racismo en las instituciones públicas. el tratamiento a las personas del colectivo LGTB (lesbianas. 983.
. La implementación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura. así como el cierre definitivo de penales en territorios extremos. testigos. recomendamos: a. Asegurar la protección de defensores de los derechos humanos (investigación en casos de interceptación telefónica. agraviados y defensores para los casos de graves violaciones a los derechos humanos. del medio ambiente. inhumanos o degradantes. en especial. Asegurar la plena vigencia del principio de no discriminación. difamación y amedentramiento) a miembros de instituciones de defensa de los derechos humanos. pilares del ejercicio democrático de la participación ciudadana y de la disidencia política. b. Desde enero del 2007 se han registrado 78 incidentes (casos de amenazas. autónoma e independiente de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. e. insta al estado Peruano a prestar especial atención a las siguientes recomendaciones: 1. Una reforma en el sistema penitenciario que asegure mínimos de integridad. luego del informe presentado acerca de la situación de derechos humanos en el Perú. agraviados. En este sentido. d. hostilización. etc. 988 y 989 (criminalización de la protesta social) c. como el caso del Penal de Challapalca (4. seguridad y salud mental de los reclusos.
Contar con una plena disposición del Ministerio de Defensa en lo concerniente a la elaboración del Registro Único de Víctimas (para la transferencia de registros pre existentes de las víctimas de las fuerzas del orden). En específico: a. cinco años después. Impulsar el proceso de reparaciones. La ampliación de la red de agua. incluyendo el uso de armas de fuego. así como el pase al fuero civil de los casos de violaciones a derechos humanos. c. Agilizar los casos de judicializacion de violaciones a los derechos humanos. recomendamos: a. la lucha contra la desnutrición infantil en zonas rurales. en el ámbito de la seguridad interna. de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario en la legislación penal nacional acorde con el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros instrumentos internacionales en derechos humanos y derecho internacional humanitario. a nivel nacional y regional b. En relación a la institucionalidad democrática. La regulación constitucional de la figura jurídica de los estados de emergencia y la modificación de la ley 29166 que presume como delito de función (y por tanto de jurisdicción del fuero militar). c. b. El diseño y aplicación de medidas de redistribución económica y políticas públicas concertadas para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema. saneamiento y electricidad. 4. b. d. así como las reparaciones colectivas en las zonas de mayor afectación por la
. c. libres e informadas hacia la población indígena y campesina en torno a proyectos mineros. instancia de control civil y democrático en el estado de derecho. con el cumplimiento de parte del Poder Ejecutivo con el Plan Integral de Reparaciones. petroleros y forestales. los entregados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Ministerio Público para su Judicializacion (casi la mitad se encuentran aún. en especial. en investigación preliminar). La urgente derogación de la ley 29182 (ley de justicia militar) que viola todos los principios constitucionales demarcados por la propia Constitución del País. La implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. La regulación del delito de genocidio. en particular. La aplicación de consultas previas. en el sector rural. exhortamos a: a.2. cualquier acción de personal militar. 3. La subordinación del comando conjunto de las fuerzas armadas al Ministerio de Defensa. En cuanto a las medidas ante las graves violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en 20 años de conflicto armado.
d. Asegurar la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos para hombres y mujeres. siguiendo las pautas de la entidad encargada de elaboración del Registro Único de Víctimas (Consejo Reparaciones) así como la implementación de los programas reparación individual.
5. Ejecutar el Plan Nacional de Antropología Forense para investigación de los cerca de 4 mil sitios de entierro clandestino.
.violencia. La lucha contra toda forma de violencia contra la mujer. b. en especial recomendamos: a. La aprobación de los lineamientos de educación sexual integral en el sector educación para la lucha contra los estereotipos de género y acceso a información científica con valores humanos. sin ningún tipo de discriminación. acojo y protección (seguimiento de órdenes de alejamiento) para los casos de mayor vulnerabilidad. que implica el contar con un programa de atención .
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 artículo 23
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