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Timestamp: 2018-07-21 21:20:10+00:00

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﻿ VICTORIA ROSELL HADA MADRINA DE PODEMOS - RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
Cuando Pablo Iglesias Turrión contaba doce años de edad nació la Organización de Usuarios de la Justicia. El idilio con la prensa no duró mucho tiempo. El mando político, escandalizado por nuestras propuestas democratizadoras de la Administración de Justicia, ordenó cerrarnos el pico, y los obedientes perriodistas, ora a la "izquierda", ora a la derecha, cumplieron fielmente su cometido de adormidera. Contra viento y marea llegamos a 1995, cuando, hundidos en el océano de la censura, el periódico vasco EGIN nos tiró un salvavidas. La relación con dicho periódico duró hasta el fatídico 1998, año de la clausura judicial impuesta por Baltasar Garzón Real, años más tarde expulsado de la carrera judicial. En ese mismo año, el Padrino Jordi Pujol Soley (en aquel momento socio de Don Giuseppe Aznar López como antes lo había sido de Mr. González Márquez) nos expulsó del Hotel d'Entitats (dependiente de la Generalitat de Catalunya) donde por espacio de ocho años estuvo la sede de la Organización de Usuarios de la Justicia. Cautivo y desarmado en la defensa de la justicia y la democracia hice las maletas y puse rumbo a Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela (en todas partes fui amenazado por las mafias locales). Ni la prensa de Barcelona ni la prensa de "Madriz" dijeron ni media palabra, y las víctimas de la corrupción política, judicial y mediática se quedaron sin voz. Paradójicamente, en ese año 1998, Luis del Olmo Marote (en representación de la prensa de Barcelona) e Iñaki Gabilondo Pujol (en representación de la prensa de Madrid) fueron galardonados por el Padrino Jordi Pujol Soley con la Cruz de Sant Jordi. Ninguno de los dos la han devuelto tras conocerse la investigación hecha a la Familia Pujol-Ferrusola por el presunto delito de evasión de millones de euros de oscura procedencia.
Han pasado los años y los justiciables españoles continúan bajo el yugo de la casta judicial (corporativa, inamovible). ¿Qué propuestas tiene Podemos, Pablo Iglesias o Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal jefe de Cataluña cuando me vi forzado a marcharme de la "Sicilia" catalana ) para democratizar la Administración de Justicia? ¿Por qué no ha respondido Pablo Iglesias a mi requerimiento cursado a través de burofax? ¿Qué relaciones tiene Podemos en Las Palmas de Gran Canaria con la jueza Victoria Rosell Aguilar? ¿Sabe Pablo Iglesias que el "socialismo" canario eligió a Vicky la Sandinista para intentar condenarme por difamación?
Regresé a Las Palmas de Gran Canaria después de treinta y seis años de ausencia. En el año 2009 toda la isla de Gran Canaria era un feudo del PSOE y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estaba presidido por DON Jerónimo Saavedra Acevedo, una "vaca sagrada" en Canarias (menos obispo ha ocupado casi todos los cargos habidos y por haber). A modo de broma le escribí una carta a los Reyes Magos de Oriente:
"Queridos Reyes Magos de Oriente: En este bonito día de ilusión, cuando estáis a punto de desembarcar en el muelle de Santa Catalina, donde seréis recibido por el alcalde DON Jerónimo Saavedra Acevedo, capo del Partido del GAL en Las Palmas de Gran Canaria, quiero pediros un regalito para él, una bonita hembra. No se la merece, sino carbón, pero a ver si así se comporta mejor en el futuro".
El "estado mayor" del PSOE en Canarias (cuya jefatura de Prensa o propaganda la había ocupado el periodista Carlos Sosa Báez compañero de alcoba de la jueza Victoria Rosell Aguilar) hizo la vista gorda durante un tiempo. Pero la cabra siempre tira al monte, y "John Wayne" (Salvador García LLanos), a la sazón director del Gabinete de la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y articulista del periódigo digital de Carlos Sosa Báez (actualmente integrado en eldiario.es), recibió el encargo de poner en marcha la operación "Salto del Negro" (dicho sin connotaciones racistas porque así se llama una de las cárceles de Gran Canaria). Se presentó en la Jefatura Superior de Policía de Canarias (bajo su mandato en el año 2008 cuando desempeñaba el puesto de Delegado del Gobierno de Rodríguez Zapatero en Canarias) y puso firme a los muchachos del Grupo de Delitos Tecnológicos. Sin encomendarse a Dios ni a Belcebú, me denunció
"Que en este acto hace entrega de una página impresa con el contenido obrante en rafaelsanchezarmas.com/jeronimo.htm, en la que se realizan determinados comentarios ofensivos hacia el Excelentísimo Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don Jerónimo Saavedra Acevedo. Del mismo modo se publican varias fotografías de mujeres con el comentario referente a la prostitución en las bibliotecas españolas. Que dichos comentarios causan grave perjuicio a la imagen del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como del Alcalde, motivo por el cual desea poner en conocimiento de este Grupo el contenido referenciado de dicha página web".
La policía remitió las diligencias a la autoridad judicial de guardia, que, casualmente, era la jueza Victoria Rosell Aguilar. La magistrada, también casualmente, abrió Diligencias Previas que no remitió como es preceptivo al Juzgado Decano para su reparto entre los demás juzgados de Instrucción, sino que se quedó el caso... Hmmm... Rápida como el rayo ordenó a la policía que me interrogara. Luego tardó varios meses en citarme en el juzgado. No me recibió ella, sino un recién salido de la "fábrica de hacer jueces como churros" como llamábamos en la Organización de Usuarios de la Justicia a la Escuela Judicial.
"DECLARACIÓN DEL IMPUTADO (...) Ante SS con mi asistencia como Secretario/a Judicial comparece el arriba anotado (...)"...
¡¡Alto el carro!! Comparecencia nula de pleno derecho nada más comenzar. Ni la jueza Victoria Rosell Aguilar ni la secretaria judicial, también ausente (en su lugar intervino una oficial), iban a poder firmar aquella comparecencia salvo incurrir en un delito de falsedad en documento publico. A la jueza Victoria Rosell Aguilar sólo le quedaba archivar las Diligencias Previas, y así lo hizo un año después de comenzar la fallida operación "Salto del Negro". ¿Qué hubiera ocurrido de haberme ido yo de Canarias como estaba previsto en aquella época? Desafortunadamente para el "estado mayor" del PSOE (del cual formó parte Carlos Sosa Báez) cometieron la osadía de poner en duda la historia, y yo me encargué de refrescar los crímenes del GAL (aquella banda de mercenarios parapoliciales creada a la sombra del puño y la rosa del partido fundado por Pablo Iglesias Possé). Nunca acusé a DON Jerónimo Saavedra Acevedo de haber organizado el GAL, sino de ser miembro del partido donde nació.
Pensaba olvidarme de la jueza Victoria Rosell Aguilar por haberme mantenido ocupado demasiado tiempo sin ton ni son con la operación "Salto del Negro", pero sucedió todo lo contrario por culpa de los ciberjornaleros a las órdenes del paramilitarismo colombiano. Los cibersicarios dirigidos por Carlos Escobar Marín (condenado en EEUU por estafa; buscado en Venezuela por atentar contra la seguridad informática de la empresa Petróleos de Venezuela y denunciado en Colombia por antiguos twitteros parauribistas de pago) emprendieron una campaña de hostigamiento y difamación a través de internet con el vano propósito de desacreditarme y por lo tanto anular mi testimonio sobre el paramilitarismo impune en la cúpula política y por la presunta condición de narcotraficante de Álvaro Uribe Vélez según un informe de la Defense Intelligence Agency de 1991 desclasificado años después. Abrieron múltiples perfiles falsos denigratorios, me acusaron de todo. Incluso calumniaron e injuriaron a mi madre, fallecida en 1998. El 11 de julio del 2012 presenté una denuncia en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 8, cuya titular, Victoria Rosell Aguilar, estaba ausente. El magistrado Alberto Puebla Contreras, en sustitución de la misma, dictó auto de archivo.
"De la anterior denuncia, en un principio pudiera pensarse en la posible comisión de un hecho delictivo, por lo que procedería la incoacion de diligencias previas, conforme al artículo 774, en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) No obstante, examinadas de nuevo las actuaciones y a la vista de lo practicado procede concluir que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la formación de la causa, por lo que procede declarar terminada la misma y acordar el sobreseimiento provisional de aquella, conforme al número 1 del artículo 641 de la LECr, en relación al artículo 779.1.1ª de la LECr, remitiendo las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos y por el término señalado en el último párrafo del artículo".
El Código Penal y la jurispruedencia en almoneda. ¿Quién dictó realmente aquella resolución? Solicité abogado de oficio para recurrir el auto de archivo. Tardaron más de tres meses en nombrármelo por hallarnos en período de vacaciones judiciales. El recurso de reforma y subsidiariamente de apelación quedó en manos de la magistrada Victoria Rosell Aguilar, pero se lo tomó con mucha pachorra. La otrora diligente jueza de la fallida operación "Salto del Negro" ahora seguía de vacaciones. Hasta en dos ocasiones intervino el Consejo General del Poder Judicial por dilación indebida. La inamovible Victoria Rosell Aguilar (inamovible como el Rey de España, como todos los jueces y magistrados porque cuando entran en la carrera judicial ni con agua caliente se les puede echar, salvo alguno por rencillas entre colegas) por fin movió ficha y renunció a seguir con el caso. Se hizo cargo el magistrado Florencio Barrera Espinel. Tres jueces para el mismo caso; es decir, para no hacer caso de la justicia. ¿Por qué renunció Vicky la Sandinista? Nunca hubiera podido dictar la increíble resolución del juez Florencio Barrera Espinel. Ni corto ni perezoso desestimó por "extemporaneidad" el recurso de reforma y subsidiariamente de apelación aun habiendo sido interpuesto seis meses atrás. El abogado de oficio, Antonio González Yago, me había escrito con antelación:
"Estando asi las cosas le adjunto archivo con providencia de este último juez que libra oficio, donde pide al colegio de abogados que informe de la fecha de notificacion del abogado y procurador de oficio. La intención no es otra que tratar de no pronunciarse, tratando de probar que el recurso esta fuera de plazo. Cosa curiosa cuando en su día se admitió a trámite y nada se cuestionó si estaba fuera o dentro de plazo. En el documento que le adjunto vienen los datos que precisa, pues al parecer el asunto no ha pasado a la Audiencia, mateniéndose en Instrucción".
¿Quién no se quería pronunciar? ¿Trucos del derecho procesal al servicio de la injusticia? ¿Por qué renunció la jueza a seguir con el procedimiento? El escándalo se materializó a través del auto desestimatorio por "extemporaneidad". Sólo quedaba el recurso de queja ante la Audiencia Provincial y hacer efectivo el principio de la doble instancia consagrado en la Constitución Española. Pero entonces ocurrió algo inaudito. El abogado Antonio González Yago no lo interpuso porque
"mi designación en este asunto como abogado del turno de oficio, es para la interposición de recurso de apelación en Diligencias Previas".
Ni derecho a la tutela judicial efectiva por parte del "Trío los Magníficos" (Alberto Puebla Contreras, Victoria Rosell Aguilar y Florencio Barrera Espinel) ni derecho a la defensa. ¿Ante quién recurrir frente a la incapacidad, negligencia dolosa o cobardía de un abogado? ¿Qué justicia es esa basada en el monopolio de la abogacía sin responsabilidad? ¿Denunciar ante los colegios de abogados? Presenté una queja en el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria y comuniqué por escrito a la Delegación del Gobierno de España en Madrid mi plan de manifestarme delante del Consulado General de Colombia en la ciudad. Buscaba petróleo, y lo encontré. El 10 de julio del 2013 me presenté delante del consulado. Me estaban esperando. Cinco minutos después aparecieron sendas patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Urbana. Mostré el documento sellado por la Delegación del Gobierno (número de registro 55152, de fecha 19 de junio), pero todo estaba planeado. Ni derecho a la tutela judicial efectiva ni derecho a la defensa ni derecho de manifestación. Perpetrado el delito presenté una queja ante la Delegada del Gobierno. Dos meses después, Carmen Hernández Bento, me remitió un "informe" del Jefe Superior de la Policía en Canarias, Valentín Solano Sanmiguel:
"Tras investigaciones de esta Jefatura, y una vez identificado el agente actuante (...), cuando se encontraba circulando por la calle Obispo Codina, sobre las 10:00 horas, se encontró un señor gritando y repartiendo panfletos a los viandantes a la entrada del Consulado de Colombia (...) Debido a los gritos que esta persona daba, el funcionario procedió a identificarlo (...) Una vez el policía le solicitó la pertinente autorización gubernativa para manifestarse, le presentó un documento que carecía de sello y firma (lo cual le hacía dudar de su validez), si bien le permitió continuar manifestándose (...). La intervención se centró únicamente en la plena identificación de esta persona (...). Significar que el funcionario actuante iba perfectamente uniformado, presentando en el lado derecho de la camisa su número de carné profesional, según marca la ley, no siéndole solicitada su acreditación en ningún momento (...). En base a lo anteriormente expuesto, y una vez recabados los oportunos datos relativos a la intervención del agente, se ha comprobado por esta Jefatura que la actuación del funcionario ha resultado adecuada en cuanto a fondo y forma, y ajustada al ordenamiento jurídico vigente, por cuanto la Ley Orgánica 1/92, en su capítulo III, artículo 16, faculta a la policía a velar por el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana".
Qué pedazo de sinvergüenza el señor "agente actuante". ¿Gritando yo a quiénes si apenas circulaban peatones dada la hora y las vacaciones de julio? ¿Qué pruebas aportó de tales gritos? ¿Por qué fui de nuevo a la Delegación del Gobierno si me habían permitido continuar con la protesta? ¿Por qué no mencionó la presencia de la patrulla de la Policía Municipal? ¿Carecía de sello y firma? ¿Qué clase de batata desconoce la validez del sello electrónico? Pero no perdamos tiempo en disquisiciones. La trama estaba urdida para impedirme la presencia delante del consulado. La policía española cuidando la madriguera de la infamia.
El Estado de desecho (en vez de Estado de Derecho) se ha de probar fehacientemente. Tras recibir contestación de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria
"A la vista del contenido de la queja y de las alegaciones de las partes, se desprende la existencia de versiones contradictorias que llevan a considerar los hechos con cautela, no pudiendo apreciarse por ello de la conducta del letrado indicios suficientes que pudieran dar lugar a la apertura del correspondiente expediente disciplinario. Por todo ello, procede considerar el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 5 del vigente Reglamento de Procedimiento Disciplinario, derecho que no puede considerarse conculcado y por tanto proponer a la Junta de Gobierno el archivo de las actuacions sin más trámite".
me puse en contacto con la Defensora del Pueblo en mi afán de seguir buscando "petróleo". Le solicité una investigación por la violación de mi derecho de manifestación recabando el registro de telefonemas de la Sala del 091 del CPN y de la centralita de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria para comprobar el verdadero origen de la intervención de ambas patrullas; el traslado de mi queja a la Fiscalía General del Estado por si de las Diligencias Provisionales 3872/2012 incoadas por el Juzgado de Instrucción número 8 se dedujera un supuesto delito de prevaricación y la investigación del desestimiento del abogado Antonio González Yago por atentar contra el derecho a la defensa letrada reconocido en la Constitución Española. La Defensora del Pueblo, después de varias reclamaciones por su tardanza en la respuesta, terminó dándome la razón en cuanto a la podredumbre del Estado de derecho, un desecho en toda regla. Consagrada la burla de la timocracia el paramilitarismo colombiano lo festejó: Justicia hezpañola
¿Qué justicia propone Podemos, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo? ¿Qué vínculos tiene Podemos con la jueza Victoria Rosell Aguilar? ¿Quién es Meri Pita Cárdenes candidata a la secretaría general de Podemos en Canarias? ¿Podemos mearnos de risa?
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero del 2015.
MERY PITA SECRETARIA GENERAL DE PODEMOS EN CANARIAS
ARTICULISTA DEL PERIÓDICO DE CARLOS SOSA
SEÑORÍAS CON IGLESIAS HEMOS TOPADO
PABLO IGLESIAS CONTIGO NO PODEMOS IR NI A LA ESQUINA
MERY PITA LA NIÑA BONITA DE PODEMOS EN CANARIAS
CANDIDATA DE PODEMOS TREMENDA CARADURA
DEBATE PARA BLANQUEAR A LA JUEZA VICTORIA ROSELL
VICTORIA ROSELL ALIADA DEL PARTIDO POPULAR
JUEZA PROTEGIDA POR MERY PITA ENCARCELÓ A SINDICALISTAS
ACUSADAS POR VICTORIA ROSELL
JUICIO CONTRA LAS SINDICALISTAS CANARIAS
CARLOS SOSA BÁEZ Y VICTORIA ROSELL AGUILAR
CARLOS SOSA BÁEZ SOCIO DE IGNACIO ESCOLAR
DILIGENCIAS PREVIAS EN EL JUZGADO DE VICTORIA ROSELL AGUILAR
ALBERTO PUEBLA CONTRERAS EL DERECHO POR MONTERA
PERFIL DENIGRATORIO QUE ALBERTO PUEBLA NO CONSIDERÓ DELITO
ALBERTO PUEBLA TAMPOCO CONSIDERÓ INFAMIA NI CALUMNIA
HOMOFOBIA ES DELITO MENOS PARA ALBERTITO
III REICH COLOMBIANO EXCULPADO POR ALBERTO PUEBLA
HASTA TERRORISTA DEL GALPSOE
JUSTICIA SEGÚN ALBERTO PUEBLA
VICTORIA ROSELL AGUILAR LA JUEZA DEL ORDENADOR
JUSTICIA OH QUÉ BELLA PALABRA

References: artículo 774
 artículo 641
 artículo 779
 resolución 
 artículo 16
 artículo 5