Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531859.html
Timestamp: 2019-03-25 03:48:40+00:00

Document:
as201531859
Auto Supremo Nº 859
Expediente : 317/2015-A
Demandante : Margarita Rivera Aransivia
VISTOS: El recurso de casación de fs. 547 a 548 interpuesto por Margarita Rivera Aransivia por Bigman Delgado Vargas, contra el Auto de Vista Nº 281/2014 de 3 de diciembre de fs. 540 a 542, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del trámite de reclamación seguido por Margarita Rivera Aransivia contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), el Auto de 14 de agosto de 2015 cursante a fs. 550 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
1) Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones
I.1.1 Por Resolución Nº 10556 de 15 de octubre de 2012, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, desestimó la Renta Única de viudedad solicitada por Margarita Rivera Aransivia “por no haber convivido con el causante los dos últimos años previos a su muerte de conformidad a lo señalado por el art. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y en el Informe Social SENASIR OR-TS-P Nº 016/11 de fecha 8 de diciembre de 2011, debiendo tener presente además que existe Sentencia de Divorcio emitida en Primera instancia, hecho que corrobora los antecedentes precedentemente expuestos.” (sic).
2) Recurso de Reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR
I.1.2 Ese Fallo administrativo motivó la interposición de recurso de reclamación de fs. 476 a 477, que a su turno fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR por medio de la Resolución Nº 386/13 de 5 de junio de 2013, que confirmó su antecesora Nº 10556 de 15 de octubre de 2012 “por estar correctamente otorgada conforme disposiciones que rigen la materia” (sic)
I.1.3 Ante aquella resolución Margarita Rivera Aransivia opuso recurso de apelación (fs. 531 y vta.), que puesto a conocimiento de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó Auto de Vista Nº 281/2014 de 3 de diciembre de fs. 540 a 542, que confirmó la Resolución Nº 386/13 de 5 de junio de 2013, que desestimó la Renta Única de Viudedad solicitada.
De la revisión del recurso de nulidad se extrae como motivos del mismo lo siguiente:
a) La recurrente manifiesta que, el causante se encontraba divorciado de Martha Socorro Alcoreza Melgarejo mediante Sentencia Nº 22/83 de 20 de abril de 1983, aprobado por Auto de Vista Nº 159/1984 de 13 de marzo, emitido por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz (fs. 433 a 440) y lo único que faltaba era el trámite administrativo de Cancelación de Partida, sin embargo ello no significa que subsistía el vínculo matrimonial como erradamente se manifestó en el numera 3) de la Resolución Impugnada, habiéndose incurrido en error de derecho transgrediendo el art. 1451 del Código Civil (CC).
b) Refiere que, el Auto de Vista Impugnado en el numeral 3 del segundo considerando, concluye erradamente que, el último matrimonio del causante es nulo, sin embargo esta calificación no es correcta, porque no existen nulidades de pleno derecho y esta tiene que ser declarada judicialmente.
c) Señala que, en el numeral 4 del segundo considerando el Tribunal de Alzada aplicó erradamente el principio de verdad material, porque no consideró que fue el mismo causante quien solicito en vida que su esposa Margarita Rivera Aransivia (fs. 138) sea su beneficiaria de su renta, asimismo descarta el primer Informe Social Nº 006/11 SENASIR 22.07.2011 de fs. 312-315 y valora el Nº 16/11 SENASIR de fecha 08.12.2011 de fs. 481 a 483, debiendo en todo caso respetarse la voluntad expresada en vida por el causante, siendo esta la adecuada verdad material.
d) Finalmente manifiesta no ser evidente que, Bigman Delgado Vargas y Margarita Rivera Aransivia convivieron solo por siete meses, evidenciando lo contrario el certificado médico cursante a fs. 512, porque sus consultas lo hizo acompañado de su esposa y no de sus hijos, ya que el causante era un bebedor habitual y se encontraba enfermo, asimismo el hecho de haber fallecido en la ciudad de Oruro en nada afecta el derecho de la beneficiaria.
Pide que, este Tribunal Supremo case el Auto de Vista recurrido disponiendo la ineficacia de las Resoluciones del SENASIR y deliberando en el fondo ordene el pago de la renta de viudedad en forma retroactiva desde la fecha de cesación de pago de tal beneficio.
Así expuestos los fundamentos del recurso de casación, se advierte que, el mismo denuncia una errada valoración de las pruebas y de los datos cursantes en el dossier por el Tribunal de Alzada bajo las siguientes consideraciones: a) Que, el vínculo matrimonial entre el causante y Martha Socorro Alcoreza Melgarejo, fue disuelto mediante Sentencia Nº 22/83 de 20 de abril de 1983 y aprobado por Auto de Vista Nº 159/1984 de 13 de marzo, no pudiendo considerarse vigente por falta de un trámite administrativo para la cancelación de partida matrimonial; b) No corresponde considerar que el último matrimonio es nulo pues no existe ningún proceso judicial que determine esa situación; c) Refiere errada aplicación del principio de verdad material porque la voluntad del causante fue favorecer con su renta a Margarita Rivera Aransivia (fs. 138) asimismo falta de valoración del informe social emitido por el mismo SENASIR; y d) Finalmente afirma no ser evidente que, solo convivio siete meses con el causante pues juntamente con él asistieron a sus controles médicos conforme lo acredita por el certificado médico (fs. 512) y su deceso en Oruro no afecta su derecho de esposa.
II.1.1 Sobre la nulidad del matrimonio y disolución del mismo
Es primordial establecer que el art. 78 del Código de Familia (CF) prevé sólo dos causales para declarar el matrimonio nulo: 1) Si no ha sido celebrado por el oficial del registro Civil, salvo caso de excepción permitido por el art. 43, y 2) Si resulta no haber diferencia de sexo entre los contrayentes. Por otro lado conforme señala el art. 129 del CF sobre la causa de disolución del matrimonio, ésta se disuelve por Sentencia ejecutoriada de divorcio, que es concordante con lo establecido en el art. 141 del mismo cuerpo normativo, que señala: “(DISOLUCION DEL MATRIMONIO) La Sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el día en que pasa en autoridad de cosa juzgada”, por lo que la disolución del vínculo matrimonial ocurre cuando la Sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, siendo los actos posteriores en ejecución de Sentencia como la cancelación de la partida matrimonial a efectos de registro. Bajo éste análisis, el art. 515 del Código de Procedimiento Civil (CPC) señala que “Las Sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso….” Quedando determinada que la autoridad de cosa juzgada le es a la Sentencia, cuando procesalmente no proceden contra ella otros medios impugnatorios que permitan modificarla, y es desde ese momento que adquiere su autoridad y eficacia.
II.1.2 Sobre el tiempo necesario de convivencia antes del fallecimiento del causante para que la esposa o conviviente sea beneficiaria de la renta de viudedad
Corresponde señalar que, el Código de Seguridad Social (CSS), en su art. 52 concordante con el art. 103 de su Reglamento, establecen como sujetos para el pago de la Renta de Viudedad: A la esposa, o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso y a falta de la esposa y en caso de no existir conviviente inscrita en los registros de la Caja, tiene derecho la conviviente que al momento del fallecimiento del asegurado, tenga hijos del causante o hubiese quedado en estado de gravidez para éste, señalando además que no tendrá derecho a Renta de Viudedad la divorciada por Sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa.
En ese marco también, el art. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), establece determinadas situaciones de hecho en las cuales no se tiene derecho a la Renta de Viudedad, como ser: 1. La divorciada por Sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante; 2. La esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, conforme dispone el Código de Familia; 3. La conviviente, si el “de cujus” estuvo casado y no existía Sentencia de divorcio ejecutoriada; y 4. Cuando hubiera quedado dos o más concubinas.
De la norma referida se infiere que el tiempo de convivencia de la esposa o conviviente dos años antes del fallecimiento del causante es fundamental para ser beneficiaria de la renta de viudedad, siendo en todo caso excluyente de este beneficio cuando la peticionante no haya convivido por dicho tiempo con el titular de la renta.
II.1.3 Sobre la verdad material
De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. La SCP 1463/2013 de 22 de agosto señala: “En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).
Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre)
II.1.4 Análisis del Caso
En el caso presente de la revisión de antecedentes se puede advertir que el matrimonio celebrado entre Bigman Delgado Vargas y Martha Socorro Alcoreza Melgarejo fue disuelto mediante Sentencia de Divorcio Nº 22/83 de 20 de abril de3 1983; y aprobada mediante Auto de Vista Nº 159/84 de 13 de marzo de 1984, asimismo se evidencia que, el matrimonio entre el causante y la ahora recurrente se celebró el 17 de junio de 1983 (certificado de matrimonio cursante a fs. 321) es decir antes que la Sentencia pre citada se encuentre ejecutoriada, al respecto el Auto de Vista Impugnado refiere “ ...se infiere que al momento de contraer nupcias con la ahora apelante no contaba con libertad de estado puesto que no se encontraba aún registrada la cancelación de su partida de matrimonio con Martha Socorro Alcoreza Melgarejo y. Si bien la sentencia de divorcio data de fecha 20.04/1983, la partida no fue cancelada producto de la apelación presentada que fue resuelta como ya se mencionó mediante Auto de Vista en 1984. Tal cual se observa el matrimonio del causante con la ahora apelante desde su origen habría sido nulo de pleno derecho…” (sic), ahora si bien es cierto que las causales de nulidad de matrimonio se encuentran enumeradas en el art. 78 del CF y las mismas tienen que ser declaradas judicialmente mediante un proceso de hecho, no es menos cierto que a la fecha de contraer matrimonio el recurrente con Margarita Rivera Aransivia, la Sentencia que disolvió su anterior matrimonio aún no se encontraba ejecutoriada lo que le imponía un impedimento para contraer nuevas nupcias conforme lo previene el art. 46 del CF al no contar con libertad de estado, asimismo la conclusión del Auto de Vista impugnado se encuentra orientado a determinar justamente ese impedimento que tenía en ese momento el causante para contraer nuevo matrimonio a efectos de establecer si le corresponde o no a la recurrente el derecho a la renta mas no a calificar la nulidad o anulabilidad de un matrimonio que al presente ya se encuentra cancelado. De lo manifestado es innegable que el causante conforme al referido art. 46 del CF tenía un impedimento para contraer nuevo matrimonio, sin embargo el que haya existido dicho impedimento no afecta ni determina que la recurrente haya convivido con el causante los dos últimos años de vida de este. En consecuencia el análisis del Tribunal de Alzada respecto a este punto no resulta trascendental para la conclusión a la que se arribó que es el de calificar el derecho o no que tiene la recurrente de percibir la renta de viudedad pues otro componente para que proceda este beneficio resulta ser el tiempo de convivencia que hubieran podido tener los contrayentes durante dos años antes del fallecimiento de Bigman Delgado Vargas, conforme lo previene el art. 34 del MPRCPA.
En lo que concierne a la nota cursante a fs. 138 la misma constituye una solicitud de Bigman Delgado Vargas que efectuó al SENASIR el 28 de diciembre de 2007 cuya suma refiere “ Solicitud de inserción de beneficiarios para mi esposa” sin embargo además de tener un tiempo superior a los dos años antes del su deceso, no señala el nombre de quien va ser beneficiaria, asimismo hay que tomar en cuenta que existe en el dossier la Sentencia Nº 6/93 de 16 de febrero dentro del proceso de Divorcio Seguido pro Bigman Delgado Vargas en contra de Margarita Rivera Aransivia ( fs. 396 a 397) por la cual el Juez de partido Segundo de Familia de la ciudad de Oruro dispone “PROBADA la demanda reconvencional cursante a fs. 6, por la causal 4.a del art. 130 del mismo cuerpo legal, sin costas por el doble juzgamiento. Se señala asistencia familiar en favor de la reconvencionista en la suma de Bs. 200 de carácter mensual que debe cancelar el obligado Bigman Delgado Vargas por ser culpable del divorcio, bajo alternativa de Ley. En ejecución de sentencia, procédase a la cancelación de la Ptda. Matrimonial Nº 118 de 17 de junio de 1983, libro 2/83 de la Of de RC Nº 4516” ( sic); situación que causa incertidumbre sobre la estabilidad matrimonial y de convivencia que pudieron haber tenido Bigman Delgado Vargas y Margarita Rivera Aransivia, asimismo la recurrente hace referencia al certificado Médico que cursa a fs. 512, respecto a la compañía que brindo al causante sin embargo, dicho documento tampoco señala el nombre de quien fue la persona que hubiera acompañado a las consultas médicas al Sr. Delgado, finalmente el Informe Social Nº 16/11 de 8 de diciembre, que es posterior al 06/11 de 22 de julio efectúa una nueva valoración de la situación familiar de la pareja concluyendo al final que “ Según las averiguaciones con los vecinos, hijos del causante y la propia Sra. Margarita Rivera Aransivia se concluye que NO hubo convivencia de los dos últimos años antes del fallecimiento del causante con la señora, asimismo ella no cuenta con mucha documentación del causante, adjunta como prueba proceso de divorcio de su esposo con la Sra. Martha Alcoreza (siendo que ella misma canceló esa partida de matrimonio, posterior al fallecimiento de su esposo).” (sic) (las negrillas son nuestras), sin que dicho informe haya sido declarado nulo o desvirtuado, por lo que el Tribunal de Alzada efectuó una adecuada ponderación de los documentos y datos del proceso, aplicando correctamente el principio de verdad material al caso concreto, pues no existe prueba que demuestre evidentemente la convivencia, atención y vida de pareja entre la recurrente y el causante durante los últimos dos años de vida de éste, consecuentemente no resulta evidente las denuncias presentadas en el recurso de casación.
Por lo expuesto precedentemente, se evidencia que el Tribunal de Alzada aplicó correctamente la normativa vigente al momento de emitir la Resolución recurrida, por lo que corresponde resolver el recurso, en la forma dispuesta por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 547 a 548 interpuesto por Margarita Rivera Aransivia por Bigman Delgado Vargas, contra el Auto de Vista Nº 281/2014 de 3 de diciembre de fs. 540 a 542, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

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