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Timestamp: 2019-10-15 04:40:39+00:00

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﻿ SENTENCIA 10827 DE JULIO 29 DE 1998
SENTENCIA 10827 DE 29 DE JULIO DE 1998
CONTENIDO:CONSONANCIA DE LA SENTENCIA CON LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN: LA CALIFICACIÓN QUE SE REALIZA EN LA ACUSACIÓN ES PROVISIONAL Y NO RÍGIDA, LO CUAL SIGNIFICA QUE EN LA SENTENCIA SE PUEDE VARIAR EL DELITO, NO EN CUANTO AL GÉNERO DELICTIVO SINO RESPECTO DE SU ESPECIE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE NO SE TUVIERON EN CUENTA CON ANTELACIÓN O QUE FUERON DESVIRTUADAS CON POSTERIORIDAD. POR OTRO LADO, SEÑALA QUE EN MATERIA PENAL LA PRUEBA TRASLADADA ESTÁ REGULADA EXPRESAMENTE POR EL ESTATUTO PENAL Y PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ NO HAY QUE ACUDIR A LA LEGISLACIÓN CIVIL NI MUCHO MENOS ADICIONARLE REQUISITOS QUE LA LEY NO HA IMPUESTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, PRUEBA TRASLADADA, DELITO, VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CALIFICACIÓN JURÍDICA, CÓDIGO PENAL
Sentencia 10827 de julio 29 de 1998
CONSONANCIA DE LA SENTENCIA
CON LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN
EXTRACTOS: «La resolución de acusación, en el sistema procesal, es pieza fundamental de la actuación. La ley, por esa razón, no solamente regula sus presupuestos procesales (CPP., art. 438) sino sus requisitos sustanciales (art. 441 id.) y su estructura formal (art. 442 idem). Ella tiene por objeto garantizar en el proceso su unidad jurídica y conceptual así como delimitar el ámbito en que van a desenvolverse el juicio y la sentencia y, por eso mismo, marca las pautas del contradictorio.
Desde la perspectiva de la unidad jurídica y conceptual, el proceso penal colombiano consagra la inconsonancia entre la acusación y la sentencia como un vicio de actividad que se puede producir en el orden fáctico o en el orden jurídico. La primera se manifiesta como la falta de correspondencia entre los hechos (en la causa petendi), y la segunda como una desarmonía en la calificación jurídica genérica (nomen juris) del delito o delitos tipificados por esos hechos.
Desde la óptica del ejercicio del contradictorio, el proceso penal colombiano, dada su actual estructura y fundamentalmente la manera en que el legislador ha desarrollado el trámite del juicio, impide que la sentencia agrave la situación jurídica del condenado, bien porque incorpore nuevos hechos a la imputación o porque de alguna manera se varíen en su disfavor las calificaciones jurídicas específicas llevadas a cabo desde la acusación.
Para precisar el alcance de la causal que contempla la incongruencia entre la resolución acusatoria y la sentencia es necesario advertir, entonces, que, es cierto, como se recalcó en uno de los libelos impugnatorios, que la calificación jurídica de los hechos que se efectúe en el pliego de cargos debe señalar los derroteros dentro de los cuales se va a circunscribir el juicio y a construir la sentencia. Ello significa que al proferir aquella, el instructor debe tener en cuenta el delito que se imputa sin que sea suficiente la simple enunciación del nomen iuris, (nominación genérica contenida en el respectivo capítulo o título del C.P.) sino que además debe contener la precisión de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, las circunstancias atenuantes y agravantes modificadoras de la punibilidad y las genéricas cuya naturaleza implique juicios de valor; así mismo las formas de participación y culpabilidad imputadas.
La incongruencia entre una y otra pieza procesal se configura cuando el sentenciador, al proferir el fallo de instancia, desconoce la denominación jurídica que fue atribuida en el pliego de cargos y condena por un delito distinto del contenido en el calificatorio, incluye circunstancias de agravación no deducidas (modificadoras o genéricas valorativas), desconoce atenuantes que allí se reconocieron, varía los hechos que constituyen la imputación mutándolos en su esencia o añadiendo conductas o cambia, para agravar, sus modalidades de participación o las formas de culpabilidad.
La calificación que se efectúa en la acusación es provisional y no rígida, lo cual significa que en la sentencia se puede variar el delito, no en cuanto al género delictivo sino respecto de su especie dadas las circunstancias que no se tuvieron en cuenta con antelación o que fueron desvirtuadas con posterioridad y que, muchas veces, llevan a proferir una decisión definitiva distinta a la provisional pronunciada. Por lo tanto, el juzgador puede realizar los ajustes que considere necesarios, siempre y cuando no contraríe el capítulo señalado en la resolución acusatoria, ni el marco fáctico esencial fijado en ella, ni agrave la posición del acusado.
Frente a estos parámetros, no resulta acertada la afirmación de los casacionistas en el sentido de que la sentencia de segunda instancia, objeto de censura, no está en consonancia con la resolución acusatoria porque en ésta se haya imputado un solo delito de concusión y en cambio, en aquella, se hubiere condenado por un concurso homogéneo de hechos delictivos.
Es que en realidad la resolución acusatoria señaló con absoluta precisión y detalle la naturaleza plural y homogénea de los hechos por los que se procedía y, más aún en sus folios 2 y 3 los individualizó en cuanto a las víctimas, las modalidades y las cuantías, llegando hasta clarificar que otros comportamientos de los que se tuvo noticia eran objeto de investigación separada según lo dispuesto en resolución de junio 3 de 1993.
Y si bien no avanzó, como era lo ideal y debe hacerse para que la calificación sea exhaustiva tal cual lo quiere la ley, hasta deducir de manera particular y específica que se estaba ante un concurso material homogéneo y efectivo de delitos, ninguna duda queda que la deducción que del mismo hizo el tribunal en la sentencia no desborda el marco jurídico de la imputación por su calificación jurídica (concusión), ni agrega conductas o hechos nuevos no imputados, ni incorpora circunstancias de agravación modificadoras de la responsabilidad, ni suprime alguna de atenuación reconocida, ni varía la forma de culpabilidad o modifica, para agravar, el título de participación deducido que lo fue por coautoría.
De éste modo, queda visto que la sentencia está en consonancia fáctico normativa con la acusación y que por tanto la causal de casación no prospera».
AL PROCESO PENAL
EXTRACTOS: «Debe decirse inicialmente que lo que interesa a la Corte respecto de la prueba trasladada frente a la validez en su aducción, no es el proceso de formación en la actuación de origen sino el rito de su traslado y la posibilidad de que una vez incorporada, los sujetos procesales hayan podido conocerla y por ende ejercer el derecho de contradicción.
Lo anterior tiene su razón de ser en la independencia que debe existir entre las distintas jurisdicciones para dirimir los conflictos. Como consecuencia, los jueces al proferir sus decisiones, actúan autónomamente, sin que les sea permitido invadir otras competencias.
En esas circunstancias, los reproches que los libelistas pretenden formular sobre alguna irritualidad respecto del proceso adelantado por la Personería Distrital, no tiene ninguna incidencia en la presente actuación penal, ni es a la justicia penal ordinaria a la que corresponde evaluar su legalidad. Cosa diferente ocurriría si la prueba hubiese sido invalidada dentro de la actuación de origen y que pese a ello se hubiese aportado al proceso penal. Pero ese evento no es el que ocupa la atención de la Sala.
Establece el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal:
“Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código”.
Del contenido de la norma se desprende que es posible trasladar las pruebas que han sido practicadas válidamente dentro de una actuación disciplinaria, esto es, que no hayan sido desconocidas o anuladas allí por ilegales, siendo importante determinar, además, que en su aducción y contradicción se hayan tenido en cuenta todas las ritualidades y formalidades previstas por la ley, que se haya garantizado su publicidad, que no sean prohibidas y, para efectos de su traslado, que haya una providencia que así lo ordene, es decir, que se erigen en una clara voluntad del funcionario judicial en cuanto a incorporarlas o admitirlas en el proceso penal.
Entonces, como ya se dijo, las formalidades que deben rodear la actividad probatoria en el proceso de origen, en este caso un proceso disciplinario, no pueden ser objeto de reproche en esta instancia excepcional.
Sobre el punto vale la pena aclarar, nuevamente, que en materia penal la prueba trasladada está regulada expresamente por el Estatuto Procesal Penal, por lo tanto no hay lugar a acudir, para efectos de su validez, a la normatividad civil, ni mucho menos adicionarle requisitos que la ley procesal penal no ha impuesto, como el hecho de haber podido contrainterrogar a los deponentes en las diligencias que originaron pruebas objeto de traslado, según lo sugieren los casacionistas».
(Sentencia de casación, julio 29 de 1998. Radicación 10.827. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

References: RESOLUCIÓN 
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 resolución 
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 artículo 255