Source: https://issuu.com/josej.meilan/docs/2009_04_27
Timestamp: 2017-02-20 12:20:36+00:00

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Boletín nº 170 de CCOO de Xustiza by Xaime Meilán - issuu
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Publicado no BOE ................... 1
Lei de Planta e Demarcación Xudi-
Os días 28, 29 e 30 de abril non se publicará o boletín
cial .......................................... 2
CEJ. Cursos de formación........ 3
Protección de datos ............... 4
Publicado no BOE do 24 de abril
Mobbing na Administración .. 5
Entrevista ao presidente do TSXG
Mutualidade. Prestacións. Corrección de erros
Resolución do 15 de abril de 2009, da Xerencia da Mutualidade
Xeral Xudicial, de corrección de erros da do 31 de marzo de
2009, pola que se regulan determinadas axudas económicas
complementarias da asistencia sanitaria.
PDF (BOE-A-2009-6801 - 1 pág. - 159 KB)
Oposicións. Xestión, libre. Oferta de prazas
No Boletín Oficial do Estado número 100, do 24 de abril, publicouse a Oferta de prazas aos aprobados para o corpo de Xestión, quenda libre, nas oposicións de 2006.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/24/index.php#sec2b
Para descargar a resolución publicada no DOG,
Lei de Planta e Demarcación Xudicial
Creada unha comisión para elaborar un informe sobre
a nova Lei de Planta e Demarcación Xudicial
Acordo do Consello de Ministros celebrado o día 24 de abril de
La nueva ordenación judicial sustituirá a la aprobada en
1988 y responde a la creación de nuevos tipos de órganos
judiciales como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y
los de lo Mercantil y al incremento de la población española, que ha pasado de 39 a más de 46 millones de habitantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado la constitución de una comisión institucional con el objeto de determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva
Ley de Planta y Demarcación Judicial, así como para acometer
las reformas que resultasen precisas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial a este respecto.
Esta Comisión, formada por ocho vocales, todos ellos mujeres y
hombres que conocen en profundidad las necesidades de nuestros Juzgados y Tribunales, quedará adscrita a la Secretaría de
Estado de Justicia y estará presidida por su titular. Se reunirá
como mínimo una vez al mes y su creación no supone incremento del gasto público.
En el plazo de seis meses a contar desde su efectiva constitu- 06800D022P079.PDF
ción, efectuados los estudios y análisis que estime procedentes,
la Comisión trasladará al Ministro de Justicia, para su elevación
al Consejo de Ministros, un informe que incluirá las conclusiones
y recomendaciones relativas a las cuestiones que hayan sido
objeto de estudio. Una vez presentado dicho informe, la Comisión quedará disuelta.
La elaboración de una nueva ley que sustituya a la aprobada en
1988 responde, entre otros aspectos, al incremento de la pobla-
ción española, que ha pasado de 39 millones de habitantes a
más de 46 millones, así como a la distribución geográfica de
éstos y a la actual configuración del sistema judicial.
CEJ: Cursos de formación
Cursos de formación de idiomas para secretarios xudiciais e médicos forenses
Na páxina web do Centro de Estudos Xurídicos publicouse a
Resolución de 24 de abril pola que se convocan cursos de formación de idiomas, na modalidade on line, dirixidos a secretarios xudiciais e médicos forenses. ( http://www.cej.justicia.es )
”El cotillear se va a acabar (en la Administración de Justicia)”
El Secretario General de la Administración de Justicia ha emitido una Circular
interna para calificar de indebidas todas las consultas que, sin estar autorizadas por resolución judicial, se realicen a través de las aplicaciones disponibles en el llamado Punto Neutro Judicial, una web de acceso restringido
donde se puede consultar, por parte de los funcionarios, varios datos personales confidenciales de cualquier ciudadano.
Me estoy refiriendo a la Circular 6/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre
acuerdos adoptados en relación con las consultas realizadas a través del Punto Neutro Judicial (PNJ) . El
PNJ es una red privada de comunicaciones, desarrollada por el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) a través de la Comisión de Informática Judicial, que permite el acceso de los órganos judiciales a
las bases de datos de las diferentes Administraciones Públicas y Organismos cooperadores con la Administración de Justicia; así, conociendo por ejemplo únicamente el DNI de una persona, un funcionario de
justicia de cualquier población, podría acceder a información muy personal y privada de cualquier ciudadano.
“Poner en conocimiento de los Secretarios Judiciales la realización de cualquier consulta indebida realizada por los funcionarios, por si considerasen conveniente proceder a su baja como usuarios de la aplicación de consulta. Si las consultas indebidas fueron realizadas por los Secretarios Judiciales, se pondrá
en conocimiento de los Secretarios de Gobierno a los efectos oportunos.”
Este punto nos muestra, implícitamente, que se realizarán auditorías periódicas con el fin de poder
detectar consultas indebidas realizadas en el PNJ por los funcionarios; en el supuesto de detectarse se
pondrán en conocimiento del Secretario Judicial correspondiente.
Pero sin embargo, es el tercero el punto caliente, donde se plasma perfectamente la naturaleza
ibérica de nuestra España, esa España del marujeo y de “Radio Patio”, dice:
“Establecer que, respecto de las consultas no autorizadas por resolución judicial de las que pudiera
derivarse la comisión de una falta grave o muy grave por perseguir la obtención de cualquier tipo deinformación relativa a ex cónyuges, familiares o terceras personas, físicas o jurídicas, que guarden cualquier relación con cónyuges o familiares de los usuarios, se remitirá copia a las Administraciones disciplinariamente competentes para que, en su caso, se instruyan los correspondientes
expedientes, remitiéndose testimonio al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia territorial mente competente, cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito.”
El simple hecho de que en una Circular de 4 párrafos, en el tercero se especifique con tanta precisión a
esos sujetos -víctimas-, nos tiene que llevar a concluir que hasta la fecha es algo habitual que los funcionarios curioseen, sin legitimación jurídica, los datos personales y confidenciales de sus ex cónyuges,
o investiguen por ejemplo, antecedentes de familiares o amigos.
Lo cierto es que en lo referente a la calificación de indebidas de esas consultas no autorizadas por resolución judicial, no era necesaria esta Circular, para eso tenemos la propia Ley Orgánica de Protección de
Datos entre otras Leyes, e incluso el propio Código Penal.
Lo alarmante para estos funcionarios curiosetes, es que ahora se enviará una copia de esos accesos
indebidos a la Administración disciplinar competente para que actúe en consecuencia.
Estas son circunstancias que deberían suscitarnos dudas respecto a si queremos seguir navegando
hacia una administración electrónica donde cada vez más se centralicen todos nuestros datos en un
único punto, siendo conscientes de que la parte más vulnerable de estos sistemas se encuentran en el
PEBKAC, y sería por tanto recomendable exigir esfuerzos para intentar solventar estas debilidades antes
de seguir avanzando en la tecnoloyía punta.
Publicado en www.samuelparra.com
Uno de cada cinco funcionarios sufre acoso laboral continuado
Dos millones de trabajadores en España sufren acoso laboral. El 'mobbing' tiene en las administraciones públicas
su principal ámbito de actuación, ya que, según los datos
difundidos por el experto en la materia Iñaki Piñuel, uno
de cada cinco funcionarios, es decir, en torno a un 20%,
dice padecer un continuado maltrato verbal o modal en su
Más de dos millones de personas padecen en España acoso psicológico habitual o continuado en su ambiente laboral por parte
de jefes, compañeros o subordinados, lo que supone en torno al
9% de la población activa ocupada, según Iñaki Piñuel, doctor en
Psicología e investigador. El experto ofreció el miércoles 23 de
abril una rueda de prensa en San Sebastián (Guipúzcoa) acompañado de la presidenta del Colegio de
Oficial de Enfermería de Guipúzcoa, María Jesús Zapirain, con motivo de la conferencia que sobre este
asunto impartirá ante 200 profesionales sanitarios, informa EFE.
Por sectores, el "mobbing" tiene en las administraciones públicas su principal ámbito de actuación, ya
que, según los datos difundidos por Piñuel, uno de cada cinco funcionarios, es decir, en torno a un 20%,
dice padecer un continuado maltrato verbal o modal en su trabajo.
Los trabajadores de los medios de comunicación, los servicios asistenciales y las ONG son, en conjunto,
los segundos más afectados, con un 18% de incidencia, mientras que el sector sanitario en general, con
la enfermería como grupo mayoritario, en particular, es el tercero en incidencia de este tipo de "maltrato psicológico continuado y deliberado".
Intoxicación, persecución y hostigamiento
El doctor Piñuel, que es socio fundador del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo, y
está considerado como uno de los especialistas pioneros en la investigación y divulgación del "mobbing"
en España, ha explicado el maltrato psicológico continuado en el ámbito profesional somete en un primer momento a quien lo sufre a una situación de confusión que se va convirtiendo en una "tóxica aclimatación" con "terribles secuelas".
Ha advertido de que las situaciones prolongadas de persecución, hostigamiento y acoso producen numerosos síntomas psicosomáticos en sus víctimas como son insomnio, irritabilidad, falta de concentración, cefáleas o taquicardias, que suelen derivar en bajas laborales intermitentes y que, a medio y largo
plazo, en la mitad de los casos desembocan en cuadros como los síndromes de "estrés postraumático" o
del "trabajador quemado".
Estadísticamente, ha agregado Piñuel, dos de cada tres casos de "mobbing" tienen como acosador a un
responsable jerárquico superior que "emprende el hostigamiento con un subordinado" porque su presencia, su creatividad o el aprecio del que goza por parte del entorno, le resulta "amenazante". Suelen
ser "mandos incompetentes, inseguros y torpes" que utilizan el ataque como forma "defensiva" de dirigir, ha dicho el psicólogo, quien ha advertido de que su perfil suele responder a personalidades del tipo
"narcisista", "paranoide" o "psicopática organizacional".
También entre compañeros
Ha señalado que, aunque con menor incidencia, también se da, en un 15 a 20 % de los casos, "'mobbing' horizontal", es decir, entre compañeros o trabajadores iguales en la escala laboral, así como "coaliciones de subordinados" que se unen para "quitar de la circulación a un jefe", en un 9 o 10% de las
situaciones de acoso. Iñaki Piñuel ha reclamado, al igual que ha hecho la presidenta del Colegio Oficial
de Enfermería de Guipúzcoa, la implantación de "protocolos antiacoso" en las distintas organizaciones
sociales, como única forma de prevenir un fenómeno que supone actualmente uno de los riesgos laborales más importantes.
Estos protocolos deben establecer "taxativamente" que este tipo de comportamientos son inaceptables
y por tanto sancionables, además de fijar cauces de gestión de las quejas y canales internos de protección de las víctimas. "Cuando se ponen en marcha estos protocolos las tasas de acoso caen a cero -ha
afirmado Piñuel-, por el hecho de que rompen la impunidad en la que se desenvuelven los que acosan".
"No veo justificada una huelga de jueces que en lugar de resolver
problemas los crearía"
Entrevista a Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
El aterrizaje de Miguel Ángel Cadenas en la Presidencia del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no ha sido fácil. Coincidiendo con uno de los momentos más convulsos que vive la
Justicia española, se estrenó en el cargo un día después de la
primera huelga de jueces en la historia del país. En los últimos dos meses se ha tenido que poner al día, consciente de
que las necesidades son muchas y los recursos escasos, sobre
todo ahora que la crisis económica amenaza con agravar la ya
delicada situación de la mayoría de los juzgados gallegos. No
obstante, es optimista y confía en que, por fin, haya llegado el
momento de la modernización de la Justicia
MÓNICA VÁZQUEZ | SANTIAGO -Hace un mes tomó posesión como presidente del TSXG, una
plaza que llevaba tres años vacante. ¿Se ha resentido internamente el Tribunal por este retraso?
-Si la interinidad no es buena en ninguna institución, en una con funciones complejas como ésta lo debería ser menos y más cuando es una interinidad larga. De todas formas han sido tres años pero quizá
como la Justicia está pasando por una situación de espera y de expectativa, lo fundamental se está
produciendo ahora. Y lo importante es que ahora sí está cubierta.
-En una de sus primeras comparecencias públicas alertó de que los niveles de atraso en el
TSXG el año pasado habían alcanzado los niveles de 2003 ¿Cómo ha empezado 2009?
-Los problemas están en las salas de lo Contencioso y lo Social. El número de asuntos pendientes en lo
Contencioso a finales de 2008 ascendía a 18.658, mientras que en lo Social se ingresaron 6.158 y pendían 9.502, que es más o menos la bolsa de años anteriores. En cambio en lo Contencioso sí ha habido
un incremento debido al elevadísimo número de asuntos nuevos que ingresó en 2008. En lo Social este
problema se soluciona con más magistrados para dictar sentencia porque ésa es la función mayoritaria
de esta sala. Hay un plan de refuerzo, que se está renovando en estos momentos e incluso están
haciéndose gestiones para que se amplíe. La sala de lo Social necesita ese refuerzo no sólo por el retraso actual en la acumulación de asuntos pendientes sino por la previsible elevación de asuntos en
función de la situación económica. Se ha notado ya un claro incremento en los juzgados de lo social de
asuntos relacionados con despidos, extinciones de contratos de trabajo... Y todo esto se va a traducir de
forma inmediata, de hecho se está notando ya, en el número de recursos que están entrando en la sala
-¿Las tres plazas de magistrado previstas para este año ayudarán a frenar el colapso?
-Lo que está previsto para este año son dos plazas de magistrado para lo Contencioso y una para la
sala de lo Social además de otro juzgado de lo social en A Coruña. Esto sería una medida estructural
pero por razones de coyuntura podrían pedirse refuerzos a mayores.
-En estas dos salas, sin embargo, ya se ha probado de todo: refuerzos, creación de más plazas? Ponerlas al día parece imposible.
-Yo haría una diferenciación. En lo Social si prospera el refuerzo que se está gestionando en este momento, muy superior al que hasta ahora venía funcionando, yo creo que se puede paliar el retraso o por
lo menos, rebajarlo al nivel de entrada, unos 5.000 o 6.000 asuntos por año. El caso de lo Contencioso
es distinto. Un nivel de entrada tan grande como el que tuvo en 2008 obedece a una situación coyuntural pero creo que requeriría un estudio concreto para poder bajar el nivel de pendencia que arrastra.
-Más allá del TSXG ¿cómo está repercutiendo la crisis en el resto de los juzgados?
-Pues en este arranque del año empieza a haber problemas específicos en los juzgados de lo Social y
más aún en sitios concretos como A Coruña, Ferrol o Vigo, que tienen una litigiosidad social importante.
Y cuando los juzgados están ya con el nivel de entrada al límite de lo racional, cualquier incremento
produce una disfunción todavía mayor. Además, el problema del aumento del número de asuntos en lo
Social no sólo es de cantidades sino de calidad porque normalmente hablamos de despidos o reclamaciones de derechos, es decir, asuntos en los que las partes se pelean. En otro aspecto los juzgados de
Primera Instancia están reclamando refuerzos porque las reclamaciones civiles se han incrementado,
otro reflejo de la situación socioeconómica. Al pairo de esto están los juzgados de lo Mercantil y el caso
específico del juzgado número 1 de A Coruña, que desde noviembre tiene funcionando una unidad de
refuerzo y al que se unió el mes pasado el nuevo Mercantil número 2. Pero aún así la evolución cuantitativa y cualitativa del caso Fadesa sigue siendo preocupante porque ha originado muchísimos expedientes derivados del propio concurso. El incremento en función de la crisis tanto en los juzgados de lo
Social como en los de lo Mercantil ha sido evidente, notable e importante. Y ya se viene notando desde
-Preocupa también el importante volumen de sentencias pendientes. 2007 se cerró con
13.000 penas sin ejecutar. ¿Con cuántas acabó 2008?
-Aún no hay datos concretos para 2008. Eso lo clarificará la memoria pero creo que la situación grosso
modo se puede considerar estabilizada porque la evolución de entrada de asuntos no lleva a otra conclusión. Las ejecutorias desde hace muchos años han supuesto un problema específico dentro del funcionamiento de los juzgados, pero la situación está estabilizada.
-Pero en el caso concreto de A Coruña, los jueces de lo Penal han advertido ya de que la situación es crítica y 2008 se cerró con 7.000 sentencias pendientes, más que el año anterior...
-Lo que han pedido los jueces coruñeses, otra cosa es lo que nos den, es, aparte de un juzgado de vigilancia nuevo, otro órgano de instrucción porque la entrada de asuntos supera el módulo. Pero yo creo
que la problemática de los juzgados de instrucción no tiene un significado cualitativo distinto del que
pueden tener los restantes órganos judiciales en A Coruña, a pesar de que a lo mejor en las ejecutorias
puede tener un matiz agravado. Pero las necesidades específicas y las posibilidades de creación de nuevos órganos se verán en la memoria.
-¿Pero sería necesario crear, como demandan desde hace años, un juzgado exclusivo para
sacar las sentencias pendientes?
-Hay que mantener la cautela en ese asunto porque esa especialización es un paso difícilmente reversible. Podría ser necesario pero es un problema que requiere un examen riguroso y específico de la situación de la jurisdicción penal y, concretamente, de las ejecutorias porque no hay marcha atrás y porque
se le asignaría una competencia tan especializada que tendría que estar muy justificada.
-En la jurisdicción penal, otra patata caliente ha sido la última reforma en materia de seguridad vial. ¿Se están detectando problemas en los juzgados por la avalancha de delitos de
-Yo creo que eso está funcionando de forma correcta. Mayoritariamente son alcoholemias, conducciones
ilegales... Y no hay en este momento un problema concreto con el funcionamiento de este tipo de juicios rápidos. Tanto es así que se han levantado voces pidiendo soluciones similares en el ámbito civil. Y
personalmente me parece una buena solución. ¿Si hay muchos casos? Pues parece ser que sí, que conducimos indebidamente, pero casi siempre la competencia es muy repetitiva y hay muchas conformidades, y eso es algo que facilita enormemente la tramitación.
-Pero los jueces sí se han quejado de que hay pocas plazas de trabajos comunitarios en Galicia. ¿No era un problema previsible cuando se reformó la norma?
-Claro, ¿pero quién tiene que prever eso? Al juez le viene todo dado, la competencia, el instrumento
legal y la infraestructura. El juez no tiene el poder de decir: "Mañana hay que crear un puesto aquí". Él
tiene que ejecutar una sentencia y a lo mejor la situación infraestructural que en ese momento está
disponible no le permite hacerlo.
-Atraso, falta de medios e infraestructuras... Como presidente del TSXG supongo que usted
no puede secundar una huelga, ¿pero comparte las reivindicaciones de sus colegas?
-Las reivindicaciones de las asociaciones judiciales son básicamente las mismas de las que estamos
hablando. Nueva oficina judicial para delimitar funciones entre juez y secretario, infraestructuras, más
medios materiales, más plazas de juez, incorporar las nuevas tecnologías como la firma digital, la comunicación por vía telemática, la interconexión con otras administraciones... Nadie ha discutido la necesidad de estas reivindicaciones. El problema es la huelga como instrumento de reivindicación y ahí entramos ya en otro nivel de discusión.
-¿Y qué opina usted de ese instrumento de presión? ¿Pueden o deben los jueces ir a la huelga
como en febrero para hacerse oír?
-El derecho de huelga de los jueces no es un problema voluntarista de decir yo soy partidario, yo no soy
partidario. Sobre este tema se han discutido varias cuestiones: si tenemos derecho a la huelga; si hay
un instrumento legal que viabiliza este ejercicio; si la huelga de los jueces tiene las mismas limitaciones
que la de un trabajador ordinario o un funcionario público; y en último término se ha discutido sobre la
necesidad o conveniencia de que los jueces, ya sea en febrero o mayo, realicen una huelga. Sobre el
derecho de huelga, mayoritariamente se opina que sí lo tenemos, otra cosa es las limitaciones concretas
y el cómo. No hay prohibición expresa pero la Constitución sí dice que los jueces somos Poder de Estado. En la medida en que estimemos compatible una cesión de la actividad con el mantenimiento de la
función jurisdiccional, los jueces tendrían derecho a la huelga. Pero yo en este momento no veo que
haya razones en este sentido, máxime cuando las asociaciones y el ministro de Justicia están en negociaciones y hay constituida una comisión mixta entre el Poder Judicial y el Ministerio para alcanzar un
acuerdo social por la Justicia. En este sentido no me parece que concurra ese presupuesto fundamental
que justifica una huelga, que es básicamente un instrumento de solución de problemas , no de creación.
-Las críticas contra la politización de la Justicia van en aumento. ¿Qué opina de que cargos
clave como la Presidencia de un TSJ se conviertan en moneda de cambio entre partidos?
-Tanto el Poder Judicial como los jueces tenemos competencias que nos vienen dadas por ley, no las
elegimos. Y en estas competencias hay cuestiones que tienen carga política, asuntos que intrínsecamente también son en esencia políticos. Cuando un órgano resuelve dentro de esas competencias no es
que se esté politizando sino que está resolviendo un asunto que tiene carga política, que es algo totalmente distinto. De modo que si la institución que sea resuelve como debe hacerlo, se puede criticar su
decisión desde la racionalidad, pero no deslegitimarla por haber resuelto. La independencia del juez no
es algo negociable, forma parte de la propia estructura del Poder Judicial. Es la obligación del juez actuar con independencia.
-¿Le molesta que, a modo de crítica, le cuelguen la etiqueta de juez progresista?
-A mí no me molesta ese adjetivo pero eso sí, bien entendido. Para mí el término progresista refleja una
especial sensibilidad personal, profesional y social, no es patrimonio de nadie y tampoco una consecuencia ineludible de pertenecer a una determinada asociación. Ojalá yo respondiese un poco al significado real de ese adjetivo.
Boletín nº 170 de CCOO de Xustiza

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