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Timestamp: 2019-11-17 13:01:22+00:00

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BATALLA DE IDEAS : 12/02/13
El decomiso y destrucción de setenta toneladas de semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a los de pequeños agricultores de arroz de Campoalegre, Huila, presentado en el documental 9.70 de Victoria Solano, ha generado un fuerte debate público en los medios de comunicación y en las redes sociales e indignación de muchas agricultores y ciudadanos. El ICA determinó que los agricultores violaron la resolución 970 de 2010, que regula la producción, el uso y la comercialización de semillas en el país. Éste no ha sido un caso aislado, puesto que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 2010 viene realizando brigadas por todo el país, en las cuales realiza decomisos e instaura procesos de judicialización a productores y comercializadores de semillas que usurpen los derechos de obtentores vegetales y que violen la resolución 970. Es así como entre 2010 y 2011 el ICA reportó el decomiso de mil 167 toneladas 225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras. En el año 2012, el ICA rechazó 2 mil 793 toneladas 392 kilos de semilla de arroz por no cumplir con los requisitos exigidos. Los campesinos en todo el país están indignados con estos decomisos, los consideran ilegales y le han exigido al ICA la revocatoria de esta resolución.
Frente a este debate sobre la resolución 970, la gerente del ICA, Teresita Beltrán, ha querido desvirtuar y desviar el verdadero problema que actualmente se tiene en Colombia con las normas de semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas, haciendo las siguientes afirmaciones, que no se ajustan a la realidad:
La gerente del ICA dice que “es tendenciosa la afirmación que la resolución 970 es producto de la firma del TLC o que responde a intereses de particulares”; aunque el ICA reiterativamente insista que la resolución 970 no tiene nada que ver con las obligaciones suscritas por Colombia en el TLC, en realidad uno de los temas prioritarios para Estados Unidos para aprobar este tratado, es la adecuación de los sistemas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y especialmente sobre semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas, y explícitamente el país adquirió la obligación de suscribir el Convenio Internacional de UPOV 91, lo cual se hizo efectivo al aprobarse en 2012 la ley 1518. Con el TLC el país se comprometió también a garantizar la seguridad jurídica para que las empresas biotecnológicas y semilleras puedan proteger sus innovaciones tecnológicas y garantizar las condiciones para el mercado de las semillas de las empresas, lo que se materializó mediante la ley 1032 de 2006 y laresolución 970 de 2010.
El ICA asegura que “la resolución 970 no aplica para el control de las semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas tradicionales”. “No existe restricciones para que un pequeño agricultor pueda guardar y usar sus semillas criollas y para el caso de las semillas convencionales, los agricultores puede reservar un porcentaje de la cosecha para ser resembrada”. Aunque el ICA afirma que no se controla a las semillas criollas, actualmente existen instrumentos jurídicos para judicializar a los agricultores que posean semillas que presenten similitud o induzcan a confusión respecto variedades protegidas legalmente. Esto podría llevar a que los agricultores sean penalizados con multas y cárcel, simplemente por poseer o difundir semillas que se parezcan a las semillas protegidas legalmente que comercializan las empresas. Respecto a las restricciones que existen para que un pequeño agricultor pueda reservar semillas para sembrarlas nuevamente, esta reserva sólo podrá ejercerse por una sola vez y en un área máxima de cinco hectáreas y sólo puede utilizarla para su propio uso y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en la explotación en su último cultivo sólo ha usado semilla legal, certificada o seleccionada.
Para entender la dimensión y alcance de lo que está pasando con las semillas y especialmente como afectan a millones de pequeños agricultores en el país, es necesario analizar el transfondo e implicaciones que conllevan las leyes de semillas. Desde épocas ancestrales los campesinos han sido los creadores y mejoradores de las semillas que sustentan la agricultura y la alimentación en el mundo; es por ello que las semillas libres de propiedad intelectual son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, lo que ha permitido garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades rurales. Los agricultores han tenido el derecho al libre acceso, a la producción, a guardar, intercambiar y vender las semillas; es por ello que no es aceptable que se pretenda imponer normas que privaticen las semillas y que le quiten a los agricultores su control. Los países industrializados han presionando a los países del Sur, para que adopten leyes de patentes sobre la materia viva y normas de derechos de obtentores vegetales sobre las semillas, que pretenden entregarle a las empresas semilleras el control de todo el sistema de semillas; definen quiénes son los dueños de las semillas y cuáles se pueden vender y cuáles no, desconocen los derechos de los países de origen de la biodiversidad y especialmente los derechos de los agricultores sobre sus semillas. Hoy, 82% de las semillas comercializadas en el mundo está patentado y sólo diez empresas controlan 77% del mercado; de éstas sólo tres —Monsanto, Dupont y Syngenta—, controlan el 47% del comercio. Estas normas buscan volver obligatorios el registro y la certificación para la comercialización de semillas en manos de unas pocas empresas, lo que ha generado la pérdida de las semillas campesinas e indígenas y criminalizan la libre circulación de las semillas campesinas.
La resolución 970, define que en el país sólo pueden comercializarse semillas “legales” que sean registradas o seleccionadas, y son protegidas legalmente mediante el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocido como UPOV; para poder registrar estas semillas, se deben cumplir los requisitos de nueva, homogénea, estable y distinguible; pero evidentemente las semillas criollas no cumplen estos requisitos y no se pueden proteger por el sistema UPOV. Es por esta razón que el ICA considera que las semillas criollas sólo pueden ser utilizadas por los agricultores en sus parcelas, pero no pueden ser comercializadas. Para ejercer el control de todas las semillas en el país, el ICA puede ingresar a cualquier inmueble o parcela agrícola, y realizar inspecciones, decomisos, destrucción de semillas y judicialización a los agricultores de semillas, en el caso que encuentre semillas protegidas “ilegales” o semillas criollas que no estén certificadas para ser comercializadas o incluso productos alimentarios como arroz, maíz, frijol o papa que eventualmente se puedan utilizar como semillas.
Para enfrentar estas normas regresivas que quieren acabar con nuestras semillas debemos fortalecer los procesos de recuperación y uso de las semillas criollas y los sistemas tradicionales basados en el manejo de la biodiversidad, que permiten que las semillas se mantengan vivas y caminando.
Debemos conformar alianzas entre los diferentes sectores sociales, para realizar acciones de resistencia frente a estas leyes, movilización social de rechazo a los decomisos de semillas o a la obligatoriedad de solo utilizar semillas certificadas y a la introducción de semillas transgénicas. Podemos apoyar y participar en las campañas y redes que se han conformado en el país, como la Red de Semillas libres de Colombia, y apoyar e instaurar las acciones judiciales que buscan derogar el artículo 4 de la ley 1032 se 2006 (Código Penal), la resolución del ICA 970 de 2010 y las nuevas normas que se expidan que limite el libre uso de las semillas por los agricultores.
Fuente: : http://www.biodiversidadla.org/
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Realizan el sepelio de los dos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora asesinados en Apure
Por: Prensa CRBZ | Lunes, 02/12/2013 07:16 AM
Siembre de los dos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora en Apure
2 de diciembre de 2013.- Este 1 de diciembre, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) en el marco de las actividades que se han venido desarrollando en los últimos días a raíz del asesinato de los compañeros: GERSON PAEZ Y FREDDY SAYA, llevó a cabo la siembra de estos militantes, compañeros de lucha y Mártires de esta lucha Revolucionaria, dejando un profundo dolor en sus familiares, amigos y compañeros Cerebezistas.
Este vil asesinato mancha de sangre una vez más la Revolución Bolivariana, crimen dirigido y materializado por Mafias dedicadas al contrabando, narcotráfico e intereses políticos, que buscan minimizar la lucha emprendida por el Gobierno Bolivariano contra la guerra económica y la especulación.
La CRBZ repudia y castiga de forma enérgica estas maniobras criminales que buscan desmovilizar un pueblo organizado y formado con conciencia revolucionaria, exigiendo justicia, pidiendo una investigación profunda para esclarecer tan lamentable hecho.
La CRBZ seguirá movilizada y en pie de lucha, multiplicando los esfuerzos para combatir este flagelo que tanto daño hace a nuestro pueblo, hoy más que nunca estos compañeros caídos en batalla se multiplican en miles de conciencia que dicen YA BASTA de estas OPERACIONES EXTERMINIO en el Alto Apure contra militantes y dirigentes Revolucionarios.
Exigimos al M/G. Miguel Rodríguez Torres, Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, se pronuncie ante las desapariciones, muertes y amenazas a dirigentes y militantes revolucionarios en el Alto Apure.
Fuentes: Aporrea.org
http://www.aporrea.org/desalambrar/n240994.html

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 artículo 4
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