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Timestamp: 2019-02-23 15:37:15+00:00

Document:
SCS 29-10-2009
Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. 08-1913, dec. 1638:
Ajuste por inflación: diferentes criterios aplicables según la fecha de la sentencia
Ahora bien, esta Sala de Casación Social con relación al artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, mediante fallo sentencia Nº 630 de fecha 16 de junio del año 2005 (caso: José Cristóbal Isea Gómez contra C.A. Electricidad de Occidente), estableció lo siguiente:
(…) la Ley Procesal Laboral, contempla la indexación sólo en fase de ejecución cuando existiere incumplimiento voluntario del condenado, la cual de conformidad con la norma anteriormente transcrita [artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo] operará desde el decreto de ejecución hasta su cumplimiento efectivo.
Ahora bien, este criterio debe ser aplicado para aquellos casos en los cuales la causa se haya ventilado bajo los parámetros de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de lo contrario, es decir, si se tratare (…) de una causa que ha sido arrastrada desde el derogado procedimiento laboral, debe aplicarse, en obsequio a la justicia, el criterio mantenido por esta Sala previo a la entrada en vigencia de la Ley Adjetiva mencionada, en cuanto a la indexación.
Del extracto jurisprudencial transcrito se desprende que, en el régimen de la vigente Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la indexación o corrección monetaria se ordenará pagar sólo en el supuesto de que el patrono condenado mediante sentencia, no cumpla voluntariamente con los pagos señalados, esto es, en el supuesto de la ejecución forzosa de la sentencia, de conformidad con el artículo 185 eiusdem.
El caso sub examine se inició bajo la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que la demanda se interpuso en fecha 18 de febrero del año 2005, por tanto, lo correcto es el cálculo de la corrección monetaria en caso de incumplimiento voluntario de la sentencia por parte del condenado y no desde la admisión o notificación de la demanda, como correspondía en las causas iniciadas bajo el imperio de la legislación anterior, hoy derogada.
En este orden de ideas, observa esta Sala que resulta ajustada a la jurisprudencia de la Sala la corrección monetaria acordada en la sentencia recurrida (en el supuesto de la ejecución forzosa).
A mayor abundamiento, cabe destacar sentencia de esta Sala Nº 1841 de fecha 11 de noviembre del año 2008 (caso: José Soledad Surita Corralez contra Maldifassi & Cia, C.A.), en la que se indicó lo siguiente:
Ahora bien, a criterio de esta Sala, y en cumplimiento de la labor pedagógica que ésta ha asumido, es propicia la oportunidad para hacer algunas precisiones de carácter normativo y jurisprudencial, relacionadas con los intereses moratorios y con la corrección monetaria de las cantidades que una vez concluida la relación laboral queda a deber el patrono al trabajador, su génesis normativa, su evolución, y algunas propuestas sobre la interpretación que a éstos debe dársele bajo la óptica de nuestro derecho positivo.
Debe agregarse aquí otro razonamiento jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, y es que cuando el trabajador demanda asume por hecho que, de tener la razón, recibirá nominal y materialmente el monto que se le adeuda, por lo que cuando no se respeta el verdadero valor monetario de la controversia se transgrede el principio de protección de la confianza legítima, arraigado en otro principio cardinal para el Estado de Derecho: el de seguridad jurídica, y se favorece el enriquecimiento sin causa del patrono.
Posteriormente, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 414 de fecha 28 de noviembre de 1996 (Mario Sánchez contra Viajes Venezuela, C.A.), precisó que en aquellos juicios laborales que tuvieran por objeto el pago de prestaciones sociales, el riesgo de la demora judicial no podía recaer en el trabajador victorioso, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación y que siempre pudo poner fin al proceso en todo estado y grado de la causa, clarificando así que en sucesivos fallos debía excluirse del período computable para el cálculo inflacionario, la demora procesal por hechos fortuitos o causas de fuerza mayor; por huelgas de los trabajadores tribunalicios, de jueces, etc., y el aplazamiento voluntario del proceso por manifestación de las partes (Parágrafo. 2º del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil).
Ahora bien, en relación con la evolución de la corrección monetaria en materia laboral, el criterio sostenido en forma pacífica y reiterada por esta Sala de Casación Social con respecto a su cálculo, es que el mismo debe computarse desde la fecha de la notificación de la parte demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquellos períodos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, criterio éste ratificado por este alto tribunal, según sentencia de fecha 12 de abril del año 2005. (Decisión Nº 1176/22-09-2005).
Dándole continuación a las consideraciones sobre el premencionado (sic) artículo 92, debe mencionarse que la Sala Constitucional, en la decisión citada anteriormente, al referirse al contenido del mismo también dejó consagrado: (omissis).
Así las cosas, partiendo de un análisis gramático-contextual tenemos que dicha norma del cuerpo adjetivo laboral prevé dos sanciones pecuniarias que paralelamente van consustanciadas con la condena en los juicios de naturaleza laboral.
En primer término, el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra, el pago de intereses moratorios que se generan a raíz de la condena judicial…(omissis).
Consagra entonces, la norma sub análisis también la procedencia de la indexación o corrección monetaria desde el decreto de ejecución de la sentencia hasta la oportunidad efectiva del pago, es decir, que conteste con la norma ut supra transcrita, en el vigente proceso laboral la corrección monetaria o indexación procede en aquellos casos en que, una vez cuantificada la condena, el perdidoso no cumpliere voluntariamente con la misma, a partir de la ejecutoriedad del fallo, y no desde la admisión o notificación de la demanda como sucedía bajo el régimen procesal laboral anterior. En este orden de ideas, esta Sala ha sostenido lo siguiente: (omissis).
Con fundamento en los criterios expuestos y en las normas parcialmente transcritas, la Sala en ejercicio de su labor interpretativa, fundamentada en la justicia y la equidad, en su incansable esfuerzo de humanizar el proceso, y teniendo en cuenta que la nueva concepción que del Estado propugna nuestra Carta Magna exige una visión del derecho compenetrada con todos los sectores de la sociedad, a fin de minimizar en lo posible y mediante la interpretación jurídica, los desajustes que en ella puedan coexistir, lo que implica que la interpretación y aplicación del derecho tenga en cuenta la realidad social a fin de no agravar más la condición de vulnerabilidad en que se encuentran algunos de sus sectores en relación a otros, o a su calidad de vida, tomando en cuenta que el incumplimiento del pago de las acreencias del trabajador trastoca el interés social, lo que exige una participación del Juez para que el postulado constitucional de Estado Social de Derecho y de justicia alcance concreción práctica (Vid. Sent. S. C. N° 576 del 20 de marzo de 2006), y después de una profunda revisión de los criterios anteriormente expuestos, esta Sala estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:
La citada norma adjetiva laboral (artículo 185), tal como lo señala la Exposición de Motivos de dicha Ley “plasma como derecho positivo, la inveterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la corrección monetaria del objeto de la pretensión (…)”.
Efectivamente, ya esta Sala de Casación Social se había pronunciado respecto de la indexación por la pérdida de valor de la moneda durante la fase de ejecución del proceso, específicamente en la ejecución forzosa del fallo; en este sentido, entre otras, en decisión N° 12 del 6 de febrero de 2001 (caso: José Benjamín Gallardo González contra Andy de Venezuela, C.A.) se sostuvo: (omissis).
Como se observa, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo recogió la jurisprudencia de esta Sala, que ya le atribuía al patrono que hubiese sido condenado al pago, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como consecuencia de la inflación, durante la ejecución forzosa de la sentencia, máxime cuando tal demora le es imputable porque pudo darle cumplimiento voluntario al fallo y satisfacer así su deuda con el trabajador.
No obstante, esta Sala aprecia que, limitar la corrección monetaria al lapso de ejecución forzosa, implica una ruptura con los avances que en materia se habían logrado por vía jurisprudencial al desnaturalizar dicha figura jurídica. (Omissis).
Cuando el trabajador, ante el incumplimiento culposo por parte del deudor de la obligación, activa los órganos de administración de justicia, deberá esperar el tiempo que necesariamente requiere la culminación del proceso –pese a que el nuevo proceso laboral destaca frente al anterior por haber acortado significativamente su duración, al inspirarse en principios de brevedad, celeridad y concentración, constituye una actividad dinámica que se desarrolla en el tiempo– para obtener un pronunciamiento judicial. Así, la fase de cognición de la causa podría implicar una demora en el cumplimiento del patrono, y, ante la improcedencia de la corrección monetaria durante ese lapso, es el trabajador quien soporta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en razón de la inflación –lo cual constituye una máxima de experiencia conteste con la consolidada jurisprudencia de este máximo Tribunal–, porque en definitiva recibe una cantidad inferior a la que se le adeudaba, desde el punto de vista de su poder adquisitivo y no nominal.
En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.
En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada -y no desde la admisión de la demanda-, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.
Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.
En efecto, aun cuando con posterioridad a la fecha en que fue dictada la sentencia recurrida (23-10-08), esta Sala estableció un nuevo criterio jurisprudencial en relación con la indexación o corrección monetaria, resulta de imposible aplicación al caso sub iudice, por cuanto, no es procedente aplicar nuevas orientaciones jurisprudenciales hacia el pasado, pues esto atentaría también contra los principios de seguridad jurídica, tal como se refirió esta Sala en la propia sentencia que contiene el cambio jurisprudencial, en los siguientes términos:
Es necesario destacar que esta nueva orientación jurisprudencial únicamente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral del fallo proferido por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de un viraje jurisprudencial, la cual iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en un Estado de Derecho, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este alto Tribunal.
Con fundamento en estas consideraciones, se determina que la recurrida aplicó el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo denunciado como infringido por el formalizante, dándole su correcta interpretación, en tanto que empleó el criterio jurisprudencial dictado por esta Sala para los casos sustanciados y decididos bajo la vigencia de la actual ley procesal laboral, el cual era el imperante al momento de producirse la decisión recurrida.
No se excluyen huelgas y retardos
SENTENCIA SCS 6-2-01. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR JUAN RAFAEL PERDOMO. JOSÉ BENJAMÍN GALLARDO GONZÁLEZ contra ANDY DE VENEZUELA, C.A.. Exp. Nº 99-515, sentencia Nº 12:
Profundizando en el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 28 de noviembre de 1996 y acogiendo el criterio expuesto por la doctrina patria, según el cual:
“…La indexación tiene su base en la reparación total del daño y si por vía judicial se establece la responsabilidad del demandado, éste ha de satisfacer plenamente la deuda.”
“En efecto, si bien el problema de la lentitud de la administración de justicia no debería recaer sobre el deudor, pues con mayor razón no debe pesar sobre el acreedor. Y este último es quien resulta perjudicado con esta nueva tendencia de la jurisprudencia. Excluir de la corrección monetaria los períodos de inactividad procesal imputables a la lenta administración de justicia, tales como las huelgas o el período de sentencia el cual puede durar años, resulta a todas luces incompatible con las ideas que inspiran la indexación; esta no es una sanción susceptible de ser excluida según las circunstancias, es simplemente un ajuste por inflación que debe tener lugar si la sentencia definitiva declara con lugar el pago de la deuda. Desde el punto de vista sustancial, el deudor está devolviendo la misma cantidad a la que estaba obligado inicialmente.” (DOMÍNGUEZ G., María C. Consideraciones procesales sobre la indexación laboral. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nro. 117, UCV, Caracas, 2000, pp. 246-247).
Es el caso que, reconocida la pertinencia de ordenar la indexación judicial de las cantidades reclamadas por el trabajador y acordadas en el fallo, considera la Sala que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda, pues es imputable al trabajador la tardanza en ejercer el derecho a reclamar por vía judicial.
Por otra parte, reconociendo la Sala que en muchas oportunidades el pronunciamiento de la sentencia se dilata por causas ajenas a la voluntad de las partes, inclusive por causas de fuerza mayor o por hechos fortuitos, se presenta la circunstancia que el patrono sigue teniendo en su patrimonio un dinero que le corresponde al trabajador, por lo que no es a este último al que le corresponde cargar con las consecuencias de la pérdida del valor de la moneda, según lo ya expuesto.
Por tal razón establece esta Sala que lo pertinente es que la indexación debe ser calculada desde la admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el Tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período considerable que redundaría en perjuicio del trabajador. Únicamente pueden ser excluidos del cálculo indexatorio los períodos en los cuales la causa se encuentra suspendida por acuerdo de ambas partes, pues en dicha suspensión sí tiene responsabilidad el trabajador.
A fin de asegurar lo anterior, una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado como sea el monto de la condena, el Tribunal, a petición de parte interesada, decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión, el Tribunal ordenará la ejecución forzada y, a petición de parte, decretará medida ejecutiva de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo mandamiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bienes del deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 526 y 527 eiusdem.
Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el Tribunal, tendrá derecho el trabajador a solicitar que el Tribunal de la ejecución, es decir aquél que fue el Tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la moneda durante el procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva.
De igual manera se procederá en cualquier procedimiento de índole laboral, que implique el pago de cantidades de dinero, cada vez que el patrono no dé cumplimiento voluntario a la decisión judicial.
El criterio expresado en este fallo halla su más alta fundamentación en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la exigibilidad inmediata de los créditos laborales y expresamente los considera deudas de valor.
Carácter alimentario de las prestaciones
Son obligaciones de valor
Orden de oficio no es ultrapetita
No es necesario probar el daño sufrido por la depreciación
SENTENCIA SCS 18-12-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR JUAN RAFAEL PERDOMO. JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ ALFONZO contra I.B.M. DE VENEZUELA S.A. Exp. Nº 99-398, sentencia Nº 542:
Argumenta la recurrente que la indexación o corrección monetaria es contraria a derecho, no existiendo norma alguna que rectamente interpretada permita que las obligaciones nominales se conviertan en obligaciones de valor, no siendo posible que ello se desprenda de la interpretación a contrario del artículo 1.737 del Código Civil.
Ahora bien, es un hecho aceptado por la doctrina y establecido en forma expresa por la jurisprudencia (sentencia del 17 de marzo de 1993, Lamorel contra Machinery Care y otro.) que las prestaciones que percibe el trabajador como resultado de su labor tienen carácter alimentario, pues la remuneración, acreencia legal del trabajador, son el sustento indispensable para su vida y bienestar y el de su familia.
También es un hecho aceptado por la doctrina y establecido por la desaparecida Corte Suprema de Justicia en la sentencia supra citada, que las obligaciones alimentarias, tanto de carácter familiar como de naturaleza laboral, son obligaciones de valor; es decir, que sólo se cumplen fielmente cuando el deudor satisface las necesidades que esa obligación está dirigida a cubrir: mantener, educar, e instruir al alimentado, independientemente que la suma de dinero indispensable para tal fin se haya incrementado por efecto de la disminución del cambio de la moneda. “Sus características serían la fijeza de su objeto (un hacer necesario para asegurar la vida de otro), y la variabilidad de su expresión monetaria (que exige ajustar la pensión al valor real expresado por su poder de compra) (MELICH ORSINI, J. El incumplimiento de las obligaciones pecuniarias en el Derecho Venezolano, Revista de Derecho Mercantil. Año II, Nro. 4, 1987, p 102).
Con base en dichos razonamientos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que las cantidades de dinero que se ordenen pagar en un fallo judicial recaído en el proceso en el que se reclama el pago de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, deben ser indexadas calculando la pérdida del poder adquisitivo del dinero, desde la fecha en que se admitió la demanda hasta la ejecución del fallo, es decir hasta la total y definitiva cancelación de la deuda y que ello obedece a que, el retardo en el pago oportuno de las cantidades que debieron ser canceladas al culminar la relación laboral representa para el deudor moroso en época de inflación y de pérdida del valor real de la moneda, una ventaja que la razón y la moral rechazan, tanto más, cuando como en caso del trabajo subordinado, la vida, la salud y el bienestar del trabajador titular de la acreencia, dependen del tempestivo cumplimiento del patrono de las prestaciones legalmente debida.
Entonces, debe reiterar la Sala en esta oportunidad que, dado el carácter alimentario de las acreencias de las cuales es titular el trabajador como resultado de la prestación de servicios, las mismas son deudas de valor desde su nacimiento y por tanto la procedencia del ajuste por inflación del monto que se debe pagar de las mismas cuando el patrono se retarda en su cumplimiento es procedente y no resulta de una interpretación a contrario del artículo 1.737 del Código Civil como alega la recurrente.
La orden de practicar de oficio la indexación judicial de las cantidades que se ordena pagar no constituye ultrapetita, por cuanto al tratarse de obligaciones de valor se paga al trabajador exactamente lo solicitado en la demanda y acordado en la sentencia.
En cuanto al argumento de falta de aplicación del artículo 1.277 del Código Civil que es la norma que regula la sanción al deudor por su retardo en el cumplimiento de una obligación pecuniaria, este Supremo Tribunal considera que la misma no es aplicable en los casos de la mora del patrono en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, pues como ya se ha expuesto éstas no son obligaciones pecuniaria o de dinero sino de valor; por tanto, la reparación del daño que ocasiona la mora no se resarce con el pago de intereses, ya sean convencionales o legales, sino mediante el restablecimiento a plenitud del patrimonio del acreedor dañado por el incumplimiento, teniendo en cuenta que el trabajador tiene el derecho irrenunciable una prestación no disminuida por la depreciación cambiaria.
En cuanto al planteamiento formulado por la recurrente sobre la necesidad de probar el daño sufrido por la pérdida del valor de la moneda, debe la Sala acotar que ello es inoficioso pues el daño sufrido por el retardo en el pago, que puede inferir el Juez mediante la aplicación de una máxima de experiencia, es producto de la inflación acaecida, y como ya lo ha determinado la jurisprudencia, la inflación es un hecho notorio exento de prueba, según dispone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.
El criterio expresado en este fallo halla su mas alta fundamentación en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la exigibilidad inmediata de los créditos laborales y expresamente los considera deudas de valor.
Cálculo de la corrección monetaria debe hacerlo el Juez de la ejecución
SENTENCIA SCS 27-7-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR JUAN RAFAEL PERDOMO. DARÍO SALAZAR GARCÍA contra OLYMPIA DE VENEZUELA, C.A. Exp. Nº 99-1054, sentencia Nº 301:
Si el Juez de la recurrida ordenó que el cálculo de la corrección monetaria la hiciera el Juez a quo, no es porque fuera incapaz de hacer él mismo tal cálculo o encontrara dificultades para ello; sino que, como ya se expuso, procediendo el ajuste por inflación de las cantidades que se ordenan pagar, desde la fecha de la demanda hasta la fecha de la ejecución, únicamente después de decretada la ejecución es que es posible hacer tal cálculo, es cuando se sabe hasta qué momento concreto debe calcularse la corrección monetaria, requiriendo únicamente la información sobre la inflación acaecida en el país y la cual debe solicitarla el propio juez al Banco Central de Venezuela, lo cual no es nada extraordinario, porque lo mismo hacen los expertos en los casos en los que se les designa para hacer la corrección monetaria.
Además, tal cálculo debe hacerlo precisamente el Juez de Primera Instancia y no la Alzada, por corresponderle al Juzgado a quo la ejecución de la sentencia y consecuentemente las diligencias para la liquidación de la deuda, de conformidad con lo previsto en los artículos 523 y 527 del Código de Procedimiento Civil.

References: artículo 185
 artículo 185
 artículo 202
 artículo 92
 artículo 185
 artículo 177
 artículo 524
 artículo 92
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 506
 artículo 92