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Timestamp: 2018-12-19 01:47:28+00:00

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Pedimos que se responda a su reclamación por responsabilidad patrimonial | Defensor del Pueblo Andaluz
Pedimos que se responda a su reclamación por responsabilidad patrimonial
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/6562 dirigida a Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Ayuntamiento de San Fernando por la que recomienda dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada en octubre de 2015.
I. Con fecha 24 de noviembre de 2016 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida D (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:
Que en octubre de 2015, había formulado reclamación ante el Ayuntamiento de San Fernando solicitando indemnización por daños ocasionados por una caída que sufrió en la calle, y por la que se le diagnosticó un esguince de tobillo, causándole una baja laboral de 14 días.
Debemos aclarar que a la reclamación de la interesada -que presentó en octubre de 2015- le resulta de aplicación el régimen jurídico de procedimiento y obligación de responder determinado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada y de aplicación al momento de inicación del procedimiento de responsabilidad patrimonial a petición del interesado, establecía en su articulo139 lo siguiente:
“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Con aquella prescripción normativa básica, se hacía realidad la previsión contenida en el artículo 149.1.18. de la Constitución sobre el establecimiento de un «sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas».
Completando la norma procedimental general el régimen juridico de la responsabilidad patrimonial con las previsiones relativas al procedimiento, contenidas en su artículo 142, que establecía:
7. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización”.
Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa y a la resolución del procedimiento para la determinación de la responsabilidad patrimonial.
Asimismo, de acuerdo con lo que establecía el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), aplicable al procedimiento promovido por el interesado, las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.
Como hemos expuesto con antelación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, en su artículo 142 efectuaba remisión a la regulación reglamentaria para cuestiones relativas al procedimiento.
Tal desarrollo reglamentario se materializó mediante el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, que fijó el plazo de resolución o terminación del procedimiento en su articulo 13.3, que dispuso: “Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba, de conformidad con el artículo 9 de este Reglamento, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular”.
Actualmente, en parecidos términos y con ciertas especificidades la nueva normativa de procedimiento (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y en la de régimen jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) simplifican los procedimientos administrativos y su integración en el procedimiento común con ciertas peculiaridades como en el caso de la responsabilidad patrimonial, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica.
Por otra parte en la ley de régimen juridico del sector público se regulan los principios generales de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales.
En consecuencia, conforme a los principios legales y reglamentarios referidos, el interesado promotor de un expediente de responsabilidad patrimonial tiene derecho a su tramitación y resolución en un plazo máximo de seis meses y si no recayere resolución expresa -como en las presentes actuaciones de queja ocurrió- podrá entender desestimada la solicitud por la que pidiere indemnización, siendo el silencio administrativo negativo, lo que finaliza la vía administrativa.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a ese Ayuntamiento de San Fernando la siguiente
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada en octubre de 2015.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 149
 artículo 142
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 142
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29