Source: https://tc.vlex.es/vid/558845330
Timestamp: 2020-05-25 04:29:11+00:00

Document:
STC 7/2015, 22 de Enero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 558845330
Número de Recurso: 5162-2010
Recurso de amparo 2399-2012. Promovido por Compañía de Distribución Integral Logista, S.A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que tuvo por no preparado su recurso de casación contra Sentencia de la Audiencia Nacional parcialmente estimatoria de su impugnación sobre liquidación de los impuestos sobre las labores del tabaco y sobre el valor añadido asimilado a la importación.
Sentencia citada en: 168 sentencias, 11 artículos doctrinales, una resolución administrativa
El 23 de abril de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito presentado por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Goñi Toledo, actuando en nombre y representación de la mercantil Compañía de Distribución Integral Logista S.A. y bajo la dirección letrada del Abogado don Javier Navarro Martínez, mediante el que interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento.
La demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (Sala Segunda, Vocalía Octava; Reclamaciones económico-administrativas núms. R.G. 2873-2008, 4852-2008 y 4910-2008 acumuladas) de 24 de septiembre de 2008, que desestimó sendas reclamaciones en materia del impuesto sobre las labores del tabaco y del impuesto sobre el valor añadido asimilado a la importación.
Seguido el procedimiento por sus trámites con el número 610-2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima) dictó el 17 de mayo de 2010 Sentencia parcialmente estimatoria, en la que declaró la nulidad de la resolución exclusivamente en lo que respecta a los acuerdos sancionadores adoptados con fecha 8 de abril de 2008, y la confirmó en cuanto al acto de liquidación de 17 de diciembre de 2007. La Sentencia fue notificada a las partes con la indicación de que contra la misma cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Contra la anterior Sentencia prepararon recurso de casación el Abogado del Estado y la sociedad demandante de amparo, que lo hizo mediante escrito registrado en la Audiencia Nacional el 10 de junio de 2010, en el que puso de manifiesto la intención de interponerlo, la legitimación de la parte recurrente, el cumplimiento del plazo para la presentación del escrito, el carácter recurrible de la resolución impugnada y la suficiencia de la cuantía para el acceso a la casación; a ello añadió la precisión de que el recurso iba a fundarse en los motivos previstos en los arts. 88.1 c) y 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), cuyo contenido reprodujo casi literalmente. El recurso fue tenido por preparado por diligencia de ordenación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de junio de 2010.
El 6 de septiembre de 2010 la actora interpuso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El 11 de noviembre de 2010 formuló su escrito de interposición el Abogado del Estado. Ambos recursos fueron registrados con el número 5162-2010.
La demandante se personó como recurrida en el recurso preparado por el Abogado del Estado y opuso la concurrencia de una causa de inadmisión parcial consistente en que, viniendo la cuantía del mismo determinada por el importe de las sanciones impuestas y no admitiéndose la acumulación de pretensiones, algunas de aquéllas no alcanzaban la cuantía exigida para acceder a la casación.
El 31 de marzo de 2011 la sociedad demandante de amparo presentó escrito ante la Audiencia Nacional en el que manifestó que había tenido conocimiento del Auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (en adelante, ATS) de 10 de febrero de 2011, dictado en el recurso de casación 2927-2010, por el que el Tribunal Supremo modificaba su doctrina en cuanto a los requisitos exigibles en el escrito de preparación del recurso de casación contra Sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, añadiendo el de expresar las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que se consideran cometidas y que, para el caso de que se resolviera su aplicación incluso a los recursos preparados con anterioridad a su publicación, procedía a “adecuar el anterior escrito de preparación” a las exigencias actuales, a cuyo efecto solicitó a la Sala que tuviera por redactado el escrito de preparación en los términos que seguidamente desarrollaba, interesando la unión del escrito al recurso de casación. El 4 de abril de 2011 la Audiencia Nacional remitió el escrito al Tribunal Supremo para su unión a las actuaciones. La presentación fue también comunicada por la actora al Tribunal Supremo mediante escrito de 11 de abril de 2011. Por diligencia de ordenación de 11 de enero de 2012 la Sala Tercera (Sección Primera) del Tribunal Supremo tuvo por recibido el oficio de la Audiencia Nacional y ordenó unir el escrito a las actuaciones de instancia.
Por providencia de 5 de abril de 2011, se dio de nuevo plazo a las partes para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia, en ambos recursos, de la causa de inadmisión consistente en no haber citado en el escrito de preparación las infracciones normativas o jurisprudenciales que iban a desarrollarse en el escrito de interposición [arts. 88.1, 89.1 y 93.2 a) LJCA]. El trámite fue cumplido por el Abogado del Estado y por la demandante de amparo.
El 20 de mayo de 2011 la demandante presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que solicitó la aplicación de la doctrina mantenida en la STS de 30 de marzo de 2011, dictada por la Sección Segunda de la Sala en el recurso de casación 3143-2006, que admitió un recurso de casación preparado contra una Sentencia dictada por la Audiencia Nacional sin que se hubieran citado las normas o la jurisprudencia que se reputaban infringidas.
Por Auto de 10 de noviembre de 2011 la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Primera) declaró la inadmisión de ambos recursos de casación. La Sala se remitió al ATS de 10 de febrero de 2011, del que transcribió varios de sus fundamentos, a la vista de los cuales concluyó que, no habiéndose citado ni en el escrito de preparación del recurso formalizado por la sociedad recurrente ni en el formalizado por el Abogado del Estado las infracciones normativas o jurisprudenciales que iban a desarrollarse en el escrito de interposición, procedía la inadmisión de ambos recursos de casación, lo que hacía innecesario pronunciarse sobre la causa de inadmisión parcial por razón de la cuantía.
El 3 de enero de 2012 la sociedad demandante de amparo promovió incidente de nulidad de actuaciones en el que, con una muy extensa argumentación, alegó la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley (artículo 14 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos (artículo 24.1 CE) en relación con el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.1 CE. Denunció, en resumen, que el Tribunal Supremo había modificado de manera arbitraria, sin motivación y sin vocación de permanencia, su jurisprudencia sobre los requisitos del escrito de preparación del recurso de casación contra sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, exigiendo uno no contemplado en la Ley y aplicándolo a escritos presentados con anterioridad a la adopción del nuevo criterio, vulnerando también la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de subsanación de defectos procesales y causando indefensión a la parte.
Por providencia de 24 de febrero de 2012 fue inadmitido a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra el Auto de 10 de noviembre de 2011.
Asimismo, conviene precisar los siguientes antecedentes:
El artículo 89.1 LJCA dispone que en el escrito de preparación del recurso de casación deberá manifestarse “la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos”. El artículo 89.2 LJCA dispone que “en el supuesto previsto en el artículo 86.4 [sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, contra las que solo cabe recurso si este puede fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo], habrá de justificase que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia”.
Inicialmente el Tribunal Supremo circunscribió los requisitos de forma que deben expresarse en el escrito de preparación a la necesidad de hacer constar el carácter susceptible de recurso de la resolución impugnada, la legitimación de la parte recurrente, el cumplimiento del plazo legalmente fijado para presentar el escrito de preparación, y la intención de interponer el recurso de casación. En el caso de resoluciones procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia, por disponerlo así el art. 89.2 en relación con el art. 86.4 LJCA, se entendía exigible también la anticipación o anuncio en el escrito de preparación de los motivos que iban a desarrollarse en la interposición y la expresión de las concretas infracciones denunciadas de la ley y de la jurisprudencia aplicables, con la finalidad de determinar si se trataba de normas estatales o de Derecho europeo relevantes para el fallo.
Más adelante, algunas resoluciones del Tribunal Supremo (AATS de 3 de diciembre de 2009, recurso de casación 577-2009; 4 de marzo de 2010, recurso de casación 4416-2009, y 6 de mayo de 2010, recurso de casación 6228-2009) comenzaron a entender exigible con carácter general en los escritos de preparación del recurso de casación la expresión de los motivos de casación que iban a desarrollarse en el escrito de interposición. Tal exigencia no era general, pues, como declaran los AATS de 14 de octubre de 2010, recursos de casación 951-2010 y 573-2010; 18 de noviembre de 2010, recurso de casación 3461-2010; 25 de noviembre de 2010, recursos de casación 1886-2010 y 2738-2010; y 2 de diciembre de 2010, recursos de casación 3852-2010 y 5030-2010, “debe reconocerse que en ocasiones tal exigencia se ha predicado tan solo respeto de los recursos de casación preparados frente a sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, excluyéndose expresamente esta exigencia respecto de las sentencias de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (en este sentido, Autos de esta Sala y Sección de 23 abril 2009, recurso de casación 3146-2008, 9 julio de 2009, recurso de casación 5647-2008 y 6 abril 2010, recurso de casación 1368-2009, entre otros)”.
En los AATS 951/2010 y 573/2010, de 14 de octubre de 2010, y 3461/2010, de 18 de noviembre de 2010, al objeto de “clarificar” la jurisprudencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo precisó que la exigencia de “anticipar” en el escrito de preparación los motivos de casación era aplicable también a las Sentencias y autos dictados por la Audiencia Nacional, como extensión de las exigencias de forma impuestas para el escrito de preparación del recurso de casación por el artículo 89.1 LJCA. Según estos autos, en el escrito de preparación “es carga del recurrente en casación indicar ya en la fase de preparación el concreto o los concretos motivos en que se fundará el recurso”, con referencia a los “cuatro motivos que ahí se perfilan [se refiere al art. 88.1 LJCA]” (ATS 3461/2010, de 18 de noviembre de 2010. FJ 6).
El ATS de 10 de febrero de 2011 (recurso de casación 2927-2010), al que se ha hecho ya referencia, dictado también por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que corresponde por reparto decidir sobre la admisibilidad de los recursos de casación, dictado también con la finalidad de “clarificar” la doctrina jurisprudencial, especificó que el escrito de preparación, con carácter general, debe contener no solo la invocación de los motivos, sino también la indicación de “los concretos preceptos o jurisprudencia que se reputan infringidos o del contenido de las infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretenda denunciar y desarrollar en el escrito de interposición del recurso de casación, aunque fuera de forma sucinta” (FJ 4).
El Auto de 10 de noviembre de 2011, aquí recurrido, contiene, en lo que a este recurso primordialmente interesa, la siguiente argumentación:
Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, es claro que, como ut supra advertimos, la parte aquí recurrente, en el escrito de preparación del recurso de casación presentado ante la Sala a quo, únicamente anunció la interposición del recurso con base en los motivos previstos en el artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, entre otros en los previstos en los ordinales c) y d) sin hacer mención alguna a las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendían denunciar y desarrollar en el escrito de interposición, aunque fuere sucintamente.
En consecuencia, esta Sala habrá de aplicar el nuevo criterio jurisprudencial a todo supuesto o situación jurídica que tenga ante sí para resolver, con independencia del momento temporal en que se interpuso el recurso. Es lo que el Tribunal Constitucional ha entendido como el ‘mínimo efecto retroactivo’. En caso contrario, quedaría petrificada la nueva interpretación jurisprudencial a aquellos escritos de interposición de recursos que fueran presentados debidamente ante los Tribunales de Justicia a partir del momento del ‘anuncio’ del cambio de criterio, ‘anuncio’ a que no están obligados los órganos jurisdiccionales, tal y como tiene asentada la doctrina constitucional referida. Asimismo, hay que tener en cuenta que una resolución judicial que incorpora un cambio de criterio jurisprudencial y cuya eficacia fuese meramente prospectiva sería un mero obiter dictum , amén de que se frustraría la finalidad del proceso porque la resolución no afectaría a las partes. El único límite temporal a que se limitan los cambios de criterio jurisprudenciales, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, es a las situaciones jurídicas que gozan de la protección de la cosa juzgada, como no podía ser menos como garantía de salvaguardia de la tutela judicial efectiva proclamada en el artículo 24 de la Constitución Española.
(FJ 4)
d) Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por una parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le está conferida la función de interpretar la ley —también, evidentemente, la procesal—, con el valor complementario que atribuye a su jurisprudencia el Código civil. La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que “toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123.1 CE), complementa el ordenamiento jurídico, conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada por los Jueces y Tribunales”. Por otra parte, porque el recurso de casación tiene la naturaleza de recurso especial o extraordinario, lo que determina que debe fundarse en motivos tasados — numerus clausus — y que está sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su régimen procesal es más estricto por su naturaleza de recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 17 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).
Como ha destacado este Tribunal, “el acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción. Mientras que el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección constitucional en el art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio, y dejando a salvo la materia penal, un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio pro actione ”. Además, a diferencia del derecho de acceso a la jurisdicción, “el derecho de acceso a los recursos sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de impugnación. Por consiguiente la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es, como la de la entera legalidad procesal, competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios, sin que, en general, en el ejercicio de la misma el art. 24.1 CE les imponga más limitaciones que las derivadas del canon del error patente, la arbitrariedad o la manifiesta irrazonabilidad (SSTC 37/1995, de 7 de febrero; 170/1996, de 29 de octubre; 211/1996, de 17 de diciembre, y 88/1997, de 5 de mayo citadas en ella)” (STC 295/2000, de 11 de diciembre, FJ 2).
Dada en Madrid, a veintidós de enero de dos mil quince
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren los Magistrados doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Fernando Valdés Dal-Ré, a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 2399-2012.
La demandante de amparo invoca, en primer lugar, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) fundándose en que la exigencia de citar los preceptos o la jurisprudencia que se reputan infringidos en el escrito de preparación del recurso de casación contencioso-administrativo contra resoluciones de la Audiencia Nacional carece de cobertura en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
La demandante de amparo invoca, en segundo lugar, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) fundándose en que (i) la exigencia de anticipar en el escrito de preparación del recurso de casación los concretos preceptos o la jurisprudencia que se reputan infringidos no era predecible en el momento de la preparación del recurso; y (ii) no fue tomado en consideración el escrito de adecuación a la nueva jurisprudencia, que, tan pronto como fue conocida, presentó la recurrente.
La opinión de la mayoría del Tribunal en que se sustenta la Sentencia defiende que se ha producido una vulneración del art. 24.1 CE por no haberse tomado en consideración la circunstancia de que la demandante, tras el cambio de jurisprudencia respecto de los requisitos formales que debían cumplirse en el escrito de preparación del recurso, subsanó la falta mediante un nuevo escrito dirigido a la Audiencia Nacional. Creo sinceramente que con esta solución se trata eludir el problema directamente planteado por el caso que enjuiciamos, que es el de la existencia o no de límites a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia o, en los términos en que ha sido examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 7 de febrero de 2012, caso Alimuçaj c. Albania , §150 y §156; y de 21 de octubre de 2013, caso Del Río Prada c. España , § 93), el problema de la exigencia de previsibilidad de la jurisprudencia en casos en que este requisito está en directa relación con la exigencia de esta circunstancia respecto de la ley.
En vía de principio, el ámbito de aplicación de la jurisprudencia, desde el punto de vista temporal, es el mismo que corresponde a la ley que interpreta. La jurisprudencia es, por su propia naturaleza, de aplicación inmediata a todos los casos sometidos a los tribunales a los que la norma sea aplicable por razones temporales, con arreglo a lo que se ha calificado, especialmente en el ámbito del Derecho procesal, como principio de retroactividad mínima, en la línea del “mínimo efecto retroactivo” (STC 95/1993, de 23 de marzo) al que se refiere la resolución impugnada en amparo, y de la aplicación inmediata del nuevo criterio, equivalente a dar eficacia retroactiva al cambio sobrevenido ( regular retroaction ), según subraya la doctrina científica. Esto es una consecuencia del carácter accesorio y complementario de la jurisprudencia respecto de la ley que aplica e interpreta, una de cuyas manifestaciones se refleja en el artículo 161.1 a), inciso segundo, CE cuando dice que “[l]a declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada”.
Soy consciente de que el caso examinado versa sobre un supuesto de acceso a un recurso, y no de acceso a la jurisdicción, y de que esta distinción resulta relevante en el plano de la jurisprudencia constitucional a los efectos (i) de la no aplicación del canon de proporcionalidad en la exigencia de los requisitos legales para el derecho al recurso y (ii) del mayor rigor, respecto del derecho de acceso, del canon de constitucionalidad cifrado en la racionalidad de la decisión. El parámetro de constitucionalidad que consiste en el examen sobre el carácter razonable de la decisión opera, según la jurisprudencia constitucional, con especial incidencia en los casos en que “la controversia constitucional afecta a contenidos propios y específicos del derecho a la tutela judicial efectiva, como pueden ser el acceso a la jurisdicción o, con otra intensidad, al acceso a los recursos” (STC 214/1999, FJ 4). Ahora bien, esto no significa que el parámetro de la racionalidad no sea aplicable a las decisiones sobre admisibilidad de los recursos, pues este Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones que “una vez diseñado el sistema de recursos por las leyes de enjuiciamiento de cada orden jurisdiccional, el derecho a su utilización pasa a formar parte del contenido de la tutela judicial, tal y como se regula en ellas y por tanto puede resultar menoscabada si se impide el acceso a las instancias supraordenadas arbitrariamente o con fundamento en un error material (SSTC 55/1993 y 28/1994)” (STC 37/1995, FJ 2). Por su parte, en relación con la casación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera relevantes para el acceso a los recursos aquellas restricciones que afectan al derecho de acceso en su misma sustancia (STEDH de 4 de noviembre de 2014, caso Sociedad Anónima del Ucieza c. España , parágrafo 35).
El derecho a la tutela judicial efectiva puede, en suma, resultar vulnerado, tanto si se trata del acceso a la jurisdicción como del acceso a los recursos, si se aplica un requisito formal acorde con un cambio de criterio jurisprudencial a actos realizados cuando no existía o no se conocía la nueva doctrina y, no habiendo sido posible a la parte ajustarse al nuevo criterio, no se concede a la parte oportunidad alguna de subsanación. Así lo exige la preservación del canon de racionalidad, en relación con la salvaguarda de los principios de seguridad jurídica y buena fe, una de cuyas consecuencias se refleja en el paradigma clásico ad impossibilia nemo tenetur (nadie puede ser obligado a lo imposible), en estrecha relación, dadas las peculiares circunstancias de este supuesto, con otro principio clásico en el derecho del procedimiento, como es el de que los actos se rigen por las reglas vigentes en el momento de su producción: tempus regit actum .
La parte demandante invoca en tercer lugar la vulneración del artículo 14 CE, fundándose en que ha existido un cambio de criterio del Tribunal Supremo que no cumple con las exigencias que impone el principio de igualdad en la aplicación de la ley.
STSJ Comunidad de Madrid 143/2011, 28 de Febrero de 2011

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 86
 resolución 
 artículo 89
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 artículo 14