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Timestamp: 2018-12-19 16:10:26+00:00

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Guatemala | CEJIL
Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala
Organizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.
A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.
Lea el comunicado completo.
Créditos Fotográficos: Periódico Prensa Libre.
Denuncian irregularidades en los procesos de selección judicial en Guatemala
Organizaciones internacionales y regionales que han trabajado por décadas en la lucha y garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, han denunciado las irregularidades del proceso de selección para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones en Guatemala.
Tras el monitoreo llevado a cabo por las organizaciones firmantes del comunicado, se ha constatado que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad
Tras el monitoreo llevado a cabo por las organizaciones firmantes del comunicado, se ha constatado que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
Así, ante las denuncias de distintos actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas –que podrían poner en riesgo la independencia de los magistrados electos–, este grupo de organizaciones hace un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que se respete, garantice y proteja el derecho a la justicia de los ciudadanos en el país. También para que se rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
Para leer el comunicado conjunto entre aquí.
Créditos fotográficos: DPLF
Organizaciones internacionales señalan que procesos de selección judicial en Guatemala no respetaron estándares internacionales
Las organizaciones internacionales y regionales firmantes de este comunicado, que hemos venido apoyando –desde hace muchos años- la lucha por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, expresamos nuestra preocupación sobre la forma de cómo se han llevado a cabo los recientes procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
Los estándares internacionales en materia de selección de autoridades judiciales establecidos, por ejemplo, en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y en el Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen que estos procesos deben estar orientados a la evaluación objetiva de los méritos personales y profesionales de candidatas y candidatos.
Lamentablemente, después de dar un seguimiento cercano a los recientes procesos de selección judicial, por medio de un monitoreo constante y de varias misiones de observación, podemos afirmar que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema.
En concreto, algunas de las serias deficiencias que hemos podido constatar son:
Las tablas de gradación para calificar a las y los postulantes se basaron principalmente en la cantidad de años de servicio, absteniéndose de evaluar su calidad y capacidad profesional.
No se realizó un trabajo de verificación serio de la información aportada por las y los candidatos.
Faltó claridad sobre las razones para la desestimación de la mayoría de las objeciones (tachas) que fueron presentadas por diversos actores en contra de numerosos postulantes.
Faltó claridad sobre cómo se calificó el requisito de “reconocida honorabilidad”.
Faltó un razonamiento público del voto por parte de los comisionados.
Las entrevistas no se realizaron de una manera seria: la comisión para las salas de apelaciones no hizo entrevista alguna y la comisión para la Corte Suprema organizó entrevistas de 5 minutos de duración por postulante, tiempo insuficiente para evaluar sus capacidades.
Se acortó el plazo previsto legalmente para presentar objeciones por parte del Congreso de la República.
En el contexto de estas graves deficiencias, son preocupantes las denuncias realizadas por diferentes actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas que podrían poner en riesgo la futura independencia de los magistrados electos.
Reconocemos la valentía de la magistrada Claudia Escobar Mejía, quien ha denunciado públicamente las irregularidades cometidas en los procesos de selección y le manifestamos públicamente nuestro respaldo solidario.
Sobre la base de todo lo expuesto, hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten, garanticen y protejan el derecho a la justicia de los ciudadanos de su país y rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
Corte Interamericana de Derechos Humanos reprende al Estado guatemalteco ante el manifiesto desacato de sus decisiones
Guatemala debe cumplir en forma íntegra con las decisiones de la Corte IDH
San José y Ciudad de Guatemala, 16 de setiembre del 2014. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificó en días pasados una resolución de supervisión de cumplimiento de once de sus sentencias dictadas contra Guatemala de fecha 21 de agosto. En esta la Corte condena con severidad el desacato del Estado guatemalteco a sus responsabilidades internacionales y ordena que en forma pronta e íntegra se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con todas las sentencias dictadas.
Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento de 11 sentencias.
Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento las siguientes sentencias: Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En esta audiencia participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, Pedro Chitay Rodríguez, Jennifer Harbury y Lucrecia Molina Theissen, familiares de las víctimas.
Al analizar los resultados de la audiencia, la Corte IDH concluye que la posición asumida por el Estado es contraria al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y además constituye un incumplimiento del deber de informar del Tribunal.
Entre otras valoraciones, la Corte resalta que las actuaciones del Estado constituyen un cambio radical de posición, ya que en varias de las mencionadas sentencias el Estado aceptó su responsabilidad total o parcialmente, lo cual para la Corte “hace ilusorio el acceso de las víctimas a la justicia internacional”.
Asimismo, en relación con la intención del Estado de aplicar la Ley de Reconciliación Nacional (ley de amnistía), la Corte recuerda que este tipo de normas son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que Guatemala no puede oponer disposiciones adoptadas a nivel interno para justificar su incumplimiento, ni siquiera cuando tales disposiciones provengan del máximo tribunal en el ordenamiento interno.
Para la Corte IDH, la obligación de implementar a nivel interno lo dispuesto por el Tribunal en las sentencias vincula a todos los poderes y órganos estatales. A su vez, destaca el rol importante que cumplieron la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia al declarar la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte IDH, y el Ministerio Público en cuanto a los avances que se observaron en los últimos años, particularmente sobre algunas condenas obtenidas contra responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Reiteramos nuestro llamado a las autoridades guatemaltecas para que a la luz de esta resolución reconsideren su posición claramente violatoria del derecho internacional y garanticen el acceso efectivo de las víctimas y sus familiares a la justicia.
Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)
Asociación Verdad y Justicia (AVEJA)
Pedro Chitay Nech, Jennifer Harbury ,Lucrecia Molina Theissen
Familiares de Víctimas de casos ante el sistema interamericano:
Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen, Masacre de las Dos Erres, Masacre comunidad Río Negro y familiares de Diario Militar.
Resolución Corte IDH
Corte Interamericana pide cuentas a Guatemala por sentencias sin cumplir
Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas
+506 2280 7473
La audiencia se llevará a cabo el 16 de mayo en Costa Rica
San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.
La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.
Jue, 15/05/2014
Algunos de los casos son representados ante la Corte IDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, participarán en la audiencia víctimas y sus representantes a nivel interno y ante el tribunal interamericano.
Los casos que se analizarán en la audiencia tienen como común denominador que ocurrieron en la época del conflicto armado y que se mantienen casi en total impunidad. De hecho, solo cinco personas vinculadas con la masacre en la Aldea de las Dos Erres han sido condenadas.
El Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José” el 27 de abril de 1969, de esta manera se comprometió en forma soberana a respetar y garantizar los derechos humanos en ese país. De conformidad con el artículo 67 de esta Convención, las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables.
La Corte IDH ha condenado al Estado Guatemala en 17 ocasiones, siendo el segundo país en el continente con mayor cantidad de sentencias, solo superado por Perú.
+506 22808588
Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.
Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.
En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.
Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.
Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.
Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.
Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.
Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.
Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más sólida.
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)
Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)
Créditos fotográficos: Periódico La Prensa
Persiste afectación a la independencia judicial en Guatemala
Se mantiene intimidación en contra de la jueza Yassmín Barrios
San José, Costa Rica. 2 de mayo de 2014. El pasado 28 de abril, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales de Guatemala resolvió desfavorablemente el recurso de apelación que había sido interpuesto por la jueza Yassmín Barrios en contra de la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este último órgano, había acordado, entre otras sanciones, la suspensión de la jueza Barrios por un año en el ejercicio de su profesión como abogada.
Como señaló CEJIL en un comunicado previo, la decisión del Tribunal de Honor se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil. El órgano gremial consideró que la jueza Barrios había irrespetado y humillado públicamente al abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, por una decisión jurisdiccional tomada por el Tribunal A de Mayor Riesgo, del cual forma parte la jueza.
En la resolución de la Asamblea de Presidentes que fue dada a conocer el 30 de abril, dicho órgano confirmó la supuesta falta y si bien modificó la sanción, estableciendo únicamente una amonestación privada, no analizó la improcedencia de la misma por la falta de competencia del Tribunal de Honor de conocer disciplinariamente actuaciones de jueces o juezas.
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “La reciente resolución dictada por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales resulta censurable por cuanto valida la decisión de un órgano gremial que no es competente, lo cual afecta la independencia judicial de la jueza Barrios y en general constituye un mensaje de intimidación para los y las integrantes de la judicatura”.
CEJIL lamenta que persistan las acciones de intimidación y deslegitimación en contra de la jueza Barrios, y recuerda a las autoridades estatales su obligación de protegerla y garantizar su vida e integridad personal, según fue ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al otorgarle medidas cautelares. A la vez, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que se respete y garantice la independencia judicial y se condene cualquier injerencia indebida que pretenda socavar este importante principio.
Créditos fotográficos: CB24 TV
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pone en peligro la independencia judicial
Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala
Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.
Mié, 09/04/2014
La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.
El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.
Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.
Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.
Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.
Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.
Sanción a la jueza Barrios contraria los estándares mínimos de protección a la independencia de la judicatura
San José y Washington DC, 07 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.
El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.
Lun, 07/04/2014
San José y Washington DC, 7 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.
Dicha decisión se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.
El 19 de marzo del año 2013, ante una serie de prácticas dilatorias realizadas por los abogados defensores del ex general Ríos Montt, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó a los abogados Moisés Galindo y César Calderón asumir la defensa técnica de Ríos Montt para no causarle una violación de su derecho de defensa. Al día siguiente, los abogados defensores de confianza del ex general retomaron su representación. En esa fecha, Moisés Galindo ejercía la defensa de José Mauricio Rodríguez y debido a que no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente por obligarlo a asumir la citada defensa.
Además, presentó la misma denuncia ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que no encontró falta alguna de la jueza y ordenó su archivo. En su oportunidad, CEJIL y decenas de juristas y organizaciones de derechos humanos, nos pronunciamos sobre la conformidad de la conducta del Tribunal de Mayor Riesgo con la protección del derecho a la defensa.
Pese a la decisión de la Junta Disciplinaria, el Tribunal de Honor del CANG analizó la conducta de la jueza Barrios y concluyó, entre otras cosas, que hubo faltas a la ética que provocaron “la burla y la degradación humana del abogado denunciante”. La suspensión temporal acordada podría derivar en una separación automática de la jueza Barrios de su cargo como integrante del Tribunal A de Mayor Riesgo.
CEJIL rechaza y condena la decisión del órgano gremial por cuanto constituye una afrenta a la independencia judicial y puede afectar el derecho de la jueza Barrios a permanecer en el ejercicio de su cargo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido a la independencia de los jueces. Al respecto, en la sentencia Reverón Trujillo vs. Venezuela señaló que “[los jueces] cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial”. Para dicho Alto Tribunal “el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.
A la luz del anterior criterio, resulta absolutamente reprochable que un órgano de naturaleza gremial ostente facultades disciplinarias respecto del trabajo de jueces o juezas.
Adicionalmente, el Tribunal de Honor no cumple con las garantías funcionales de independencia exigidas por los estándares internacionales. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas” señaló que al aplicar medidas disciplinarias se requiere que el órgano con potestad de sancionar sea independiente, competente e imparcial, condiciones que no ostenta el citado órgano colegiado.
“De conformidad con los estándares internacionales los Estados están obligados a garantizar en forma efectiva la independencia de la judicatura. Si el Estado de Guatemala valida y ejecuta la suspensión de la jueza Barrios ordenada por un órgano de naturaleza gremial podría incurrir en responsabilidad internacional. Además,se estaría enviando un mensaje de intimidación a los operadores de justicia que les inhibiría para ejercer en forma independiente sus cargos”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
Finalmente, es preciso señalar que la jueza Barrios es beneficiaria de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de su cargo como jueza, Yassmín Barrios ha sido víctima de atentados contra su vida, amenazas y más recientemente ha enfrentado una campaña de deslegitimación y estigmatización por su rol en el juicio por genocidio. La decisión del Tribunal de Honor también contribuye a desacreditar su labor como jueza y por ende la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades guatemaltecas para que reviertan la decisión del Tribunal de Honor y se abstengan de realizar actos de persecución e intimidación en perjuicio de la jueza Yassmín Barrios. Asimismo, instamos a la comunidad internacional y a los órganos internacionales de protección para que se pronuncien ante este grave hecho que amenaza la independencia judicial en Guatemala.
Créditos de fotografía: US Department of State
Comunicado sobre otorgamiento de las medidas cautelares a la jueza Yassmín Barrios.
Comunicado sobre la denuncia internacional presentada ante la CIDH contra Guatemala en relación con el caso de genocidio.
+506 2280-7473
Fallece el magistrado César Barrientos Pellecer, símbolo de la lucha contra la impunidad en Guatemala
CEJIL lamenta su partida
San José y Washington DC, 3 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa el profundo pesar por la muerte del Doctor César Barrientos Pellecer quien murió el día 2 de marzo. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos.
Quienes integramos CEJIL tuvimos el privilegio de compartir espacios académicos y profesionales con el doctor Barrientos y conocimos los valores y principios que caracterizaron su vida. Hoy, al despedirlo, recordamos su legado, su pasado y sus aportes invaluables en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
El Doctor Barrientos se desempeñaba como magistrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. En el ejercicio de su cargo, impulsó una serie de reformas al proceso penal que implicaron mayor celeridad en este tipo de procesos, además realizó gestiones para garantizar un mayor acceso de las víctimas a la justicia en este país. Asimismo, se destacó por su apoyo irrestricto a los tribunales de alto riesgo, garantizando su adecuado funcionamiento, su efectividad e independencia. Y fue por ello, que una de sus causas fue abogar por la seguridad y estabilidad laboral de sus integrantes.
En relación con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el magistrado Barrientos fue un convencido de la importancia de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su influencia fue determinante para que el Estado de Guatemala reconociera judicialmente la autoejecutabilidad de las sentencias de dicho órgano. Al respecto, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL resaltó “gracias a las decisiones de la Cámara Penal, presidida por el doctor Barrientos, se reabrieron diversos procesos penales en los que se juzgaron a varios miembros de la fuerza pública responsables de graves violaciones de derechos humanos rompiendo el ciclo de impunidad que caracterizó a Guatemala y dando esperanzas a miles de personas”.
El Doctor Barrientos participó además en la redacción de los códigos procesales penales de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en procesos de modernización judicial en estos países, de manera que su legado jurídico y académico trasciende las fronteras guatemaltecas.
CEJIL lamenta la partida de un hombre íntegro, defensor de la independencia judicial e incansable luchador por la justicia centroamericana. Dadas las circunstancias de su muerte, la organización exhorta a las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes a efectos de aclarar las mismas.
“Sus aportes deben servir de inspiración para las presentes y futuras generaciones que aspiran, al igual que él, a construir un sólido estado de derecho en Guatemala, en donde la verdad y a la justicia sean una realidad para todos y todas. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que honren la memoria del magistrado Barrientos y garanticen una administración de justicia transparente, independiente, efectiva y abierta a las víctimas”, recalcó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.
Créditos: Fotografía Diario Libre.

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 artículo 23
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