Source: https://padresdivorciados.blogspot.com/2008_05_18_archive.html
Timestamp: 2019-01-24 14:03:08+00:00

Document:
PADRES DIVORCIADOS: 18/05/08 - 25/05/08
Violencia Domestica: Hombres y Mujeres Violentos-as
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/320000/maltratadores/fichados/elpepisoc/20080523elpepisoc_2/Tes
REPORTAJE: Contra la violencia machista:320.000 maltratadores 'fichados'.
El ritmo de denuncias por violencia doméstica se duplica en tres años, pero el número de condenas sigue estable: El 90% de los registrados son hombres, y el 10%, mujeres
Más de 320.000 personas están fichadas en estos momentos como maltratadores en España, suficientes para llenar cuatro veces el estadio de fútbol Santiago Bernabéu.
Son las que aparecen en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, que el Gobierno puso en marcha en 2004.
Desde entonces, han entrado:
1.- 402.901 presuntos agresores
a.-361.749 hombres (el 90%) y
b.- 41.145 mujeres (el 10%)
2.- 79.331 lo han abandonado tras ser absueltos o después del archivo definitivo de su procedimiento, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, encargado del registro.
Más de 400.000 personas han sido inscritas en el registro del Gobierno.
79.000 han sido borrados tras ser absueltos o sus causas archivadas.
La cifra de agresores y víctimas extranjeras no deja de crecer.
Desde 2004 se han dictado 156.210 órdenes de protección.
No todos los que aparecen están condenados.
Sólo un tercio de los fichados (120.732) tiene sentencia firme de condena (110.000 hombres y 10.000 mujeres).
Hay otros 11.094 casos con resolución condenatoria pero que todavía se puede recurrir.
En el registro se incluye a todos aquellos que han sido denunciados, junto a los datos de las víctimas.
Y, en los casos en los que el procedimiento se archiva pero no de forma definitiva -aunque de hecho puede suceder que nunca llegue a abrirse de nuevo-, el presunto agresor permanece en la base de datos.
Registro de acceso limitado.
El registro no es público. Sólo pueden ver esta macrobase de datos jueces, fiscales y policía judicial.
Se trata de facilitar que estos agentes conozcan con rapidez si la persona denunciada tiene antecedentes, para que puedan evaluar correctamente su peligrosidad y proteger mejor a la víctima.
Aparte de los casos de violencia de género (agresiones del hombre hacia la mujer cuando son pareja o ex pareja), el registro incluye todos los malos tratos dentro de la familia (entre padres e hijos, hermanos...).
Aumento de denuncias. De los datos se extrae una primera conclusión evidente: el número de denuncias ha aumentado a marchas forzadas.
De 58.298 en 2004 se ha pasado a 113.856 en 2007: casi el doble en apenas tres años.
Condenas estables. Las condenas, sin embargo, permanecen estables.
De 2004 a 2005 subieron en 10.000, pero desde entonces se han mantenido en torno a las 30.000, con ligeros descensos en 2006 y 2007.
De estas cifras se pueden hacer dos distintas lecturas:
1.- La mayoría de las asociaciones de mujeres opinan que no se condena lo suficiente por lo difícil que es obtener pruebas para un delito que se comete en la intimidad y denuncian que los jueces y fiscales no ponen el suficiente celo a la hora de perseguir estas agresiones.
2.- Otros sectores sostienen, por el contrario, que hay casos de denuncias falsas que inflan las estadísticas y que por eso hay tantos procedimientos que acaban archivados.
En cualquier caso, existen pocos casos de denuncias falsas acreditadas judicialmente.
Nota: Nos preguntamos ¿Cuantas ?
Extranjeros y españoles. El número de denunciados extranjeros no deja de aumentar.
Son el 27% del total de los fichados, cuando la población que viene de fuera representa aproximadamente el 10% de los residentes en España. Pero los extranjeros no son sólo agresores, sino también víctimas de los malos tratos en una proporción similar.
Órdenes de protección. Desde que comenzó a operar el registro se han dictado 156.210 órdenes de protección. El número ha ido en aumento cada año: 26.000 en 2004, 38.000 en 2005, 43.000 en 2006 y 45.000 en 2007.
Como las denuncias, las órdenes de protección se han casi duplicado en tres años. Son medidas de carácter urgente a través de las cuales el juez puede proteger, en el plazo máximo de 72 horas, civil y penalmente a la víctima.
Puede atribuir a la madre, por ejemplo, la custodia de los hijos o atribuirle el domicilio familiar. Normalmente, suelen llevar consigo una orden de alejamiento para impedir al agresor que se acerque al agredido.
Las órdenes de alejamiento también se pueden dictar fuera de una orden de protección.
Desde 2004 se ha establecido esta medida a 152.138 personas.
En 141.000 (el 92,8%) casos se obligaba al hombre a no acercarse y en 10.000 se ha impuesto a una mujer.
Por comunidades autónomas. La región con más denuncias es Andalucía, con 72.663 fichados por el registro de maltratadores, seguido de Cataluña (70.945), Madrid (55.783) y la Comunidad Valenciana (con 53.651).
Nota: ¿Por que no se aplica la ley 1/2004 a esas 10.000 mujeres sentenciadas ? ¿Discriminación por sexo ? ¿Falsas Denuncias Y.....?
El TC avala la ley de Violencia Doméstica:Resolución I
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AFIRMA QUE LA MUJER NECESITA MÁS PROTECCIÓN QUE EL HOMBRE EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA.
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea%20Social/detalle?id=121583
Considera 'razonable' que se impongan mayores penas para los hombres en los delitos de violencia de género.
MADRID, 22-MAY-2008
El Tribunal Constitucional ha asegurado que las mujeres necesitan más protección que los hombres en el ámbito de la pareja, argumento en el que se apoya para considerar 'razonable' que la Ley de Violencia de Género establezca mayores penas para los agresores que para las agresoras por el mismo delito.
Así lo expresa la sentecia hecha pública que argumenta la decisión adoptada el pasado 14 de mayo por el Pleno del Tribunal Constitucional que avaló la Ley Integral de Violencia de Género, una norma legal impulsada por el Gobierno socialista en diciembre de 2004.
En concreto, el Pleno rechazó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza, quien argumentó que la norma vulneraba el principio de igualdad de sexos que recoge elartículo 14 de la Constitución Española, al establecer que los hombres deben ser castigados con una pena superior que las mujeres por el mismo delito de violencia sexista.
En la sentencia hecha pública hoy, el Alto Tribunal afirma que establecer mayores penas para los hombres que para las mujeres por el mismo delito resulta 'razonable'puesto que persigue 'incrementar la protección de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres' en un ámbito 'en el que están insuficientemente protegidas', como es el de la pareja.
En este sentido, añade que el precepto cuestionado persigue esta'legítima' finalidad de un modo 'adecuado', dado que se ha constatado una mayor gravedad en las agresiones de los hombres hacia las mujeres que son o han sido sus parejas.
La resolución del Alto Tribunal recuerda que el principio general de igualdad exige que el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres tenga una justificación 'objetiva' y 'razonable' y que no depare consecuencias' desproporcionadas', algo que, a su entender, se cumple en la Ley de Violencia de Género.
Los magistrados razonan la necesidad objetiva de justificar la protección de las mujeres en relación con las agresiones de sus parejas por 'las altísimas cifras en torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por víctima a la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja'.
Esta frecuencia es para el Tribunal Constitucional 'un primer aval de razonabilidad de la estrategia penal del legislador de tratar de compensar esta lesividad con la mayor prevención que pueda procurar una elevación de la pena'.
El fallo interpreta que las agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su pareja afectiva tienen una gravedad mayor que las agresiones de la mujer al hombre o entre personas del mismo sexo, por lo que 'exige una mayor sanción que redunde en una mayor protección de las potenciales víctimas'.
http://ayudaafamiliasseparadas.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=1211172285622&pubid=988617426871
Sentencia completa, que incluye los Votos particulares.
http://www.periodistadigital.com/salud/object.php?o=906898
http://www.upsj.org/noticias/article.php?storyid=475
Enviado por Redacción web el 3/5/2007
Hemos conocido estos días la sentencia dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Baleares, de la que ha sido Ponente el Magistrado D. Carlos Gómez Martínez, que declara la nulidad del acto de juicio oral en un proceso civil por reclamación de cantidad al no haberse incorporado el sonido al soporte audiovisual en el que se recogió lo sucedido en dicho acto, ordenando, en consecuencia la devolución de las actuaciones al Juzgado de Instancia para la repetición del juicio.
Reproducimos, por su interés, la fundamentación jurídica de esta sentencia:
PRIMERO.- Mediante su recurso de apelación la parte actora solicita que se declare la nulidad del juicio por no haber quedado grabado el sonido en el CD en el que se documentó el acto.
A esta pretensión se ha opuesto la parte demandada y actora reconvencional argumentando que nos hallamos ante una mera irregularidad en la documentación del acto de la vista que no ha producido indefensión como se evidenciaría en la circunstancia de que en su escrito de interposición del recurso, la actora no invoca ningún motivo de apelación distinto de la nulidad de actuaciones.
SEGUNDO.- El artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.
El artículo 187 de la ley procesal civil permite la grabación sólo del sonido cuando no sea posible registrar la imagen. Incluso, cuando no sea posible, por cualquier causa, la utilización de los medios técnicos de reproducción de sonido e imagen, el apartado 2 del mismo precepto autoriza que la documentación se efectúe mediante acta escrita autorizada por el Secretario Judicial.
El supuesto de autos no es de imposibilidad de utilización de los medios técnicos aptos para la grabación del sonido y la imagen, sino de fallo humano o técnico que ha impedido que el sonido quedase registrado.
El resultado es que la única documentación del acto consiste en un CD en el que pueden verse las imágenes, pero sin sonido, y un acta extendida por el Secretario, en la que obra una diligencia de remisión a la grabación y se identifica a cada uno de los que intervienen en el acto, sin recogerse el contenido de sus manifestaciones.
El resultado es que resulta imposible la revisión de la prueba practicada en el acto del juicio y, por tanto, se impide u obstaculiza de hecho, la posibilidad de sustanciar recurso de apelación que, como es sabido, consiste en una revisión de lo actuado en primera instancia (efecto devolutivo propio de este recurso ordinario).
En consecuencia, sí procede entender que se ha producido indefensión a la que se refiere el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como determinante de nulidad en cuanto que, cualesquiera que hubiesen podido ser los motivos del actor hubiera podido tener para impugnar la sentencia, es lo cierto que se ve imposibilitado de formular todos aquellos que supongan la revisión de la actividad probatoria, al no poder contar con el contraste del resultado de ésta, viéndose así limitado el acceso al recurso que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva legalmente configurado en los artículos 455 a 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se regula la apelación.
Escrito solicitando grabación del Juicio en CD
147 de la LEC (Ley 1/2000) y mediante el presente escrito, intereso se me entregue copia de la grabación del acto del juicio celebrado en los presentes autos, www.procuradorleon.com/fichadisp.php?id=25&cat=11
¿Por que pedir la Grabación del Juicio oral ? Por Seguridad juridica.
La grabación del sonido de la imagen en los juicios civiles. Del ...
la grabación del sonido e imagen de los juicios y.audiencias previas ha influido en los .....
de la grabación del juicio éstas sólo deban facilitar-
www.dialnet.unirioja.es/servlet/ficheroarticulo?codigo=758343&orden=88274
Ley 1/2000: Enjuiciamiento Civil
1.1- Dará fe, por si o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que les acompañen.
1.2.- Dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal.
Inconstitucionalidad de la ley Integral contra la Violencia Doméstica II
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con:
a.- la pena de prisión de 6 meses a 1 año o
b.- de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso,
c.- privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años,
d.- así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años.
2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con:
a.- la pena de prisión de 1 año o
b.-de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso,
c.-privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años,
d.-así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años.
3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando:
a.- el delito se perpetre en presencia de menores, o
b.-utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años.
5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años.
2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años.
** Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.
** Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.
** Los hechos descritos en los 2 números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
En los supuestos del número 2 de este artículo, cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de 4 a 8 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 10 días.
En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias.
http://www.diariodesevilla.es/article/rda69/129738/ex/busca/piso/barato.html
'Ex' busca piso barato.
El Gobierno planea ampliar la ayuda para la emancipación de jóvenes de 210 euros a separados. Abogados y afectados prefieren un cambio legislativo María José Guzmán Actualizado 15.05.2008 - 18:26
Después de 21 años cotizando a la Seguridad Social, el almeriense Antonio Rodríguez está tieso, como decía la chirigota del Selu en el Carnaval de Cádiz de este año.
Se salió de su casa con lo puesto, tras una relación en la que ha invertido media vida y de la que son fruto dos hijos de 18 y 7 años.
Hoy lo único que comparte con su ex es la custodia de sus niños. “Pago al mes 680 euros en concepto de hipoteca y pensiones de alimentos y compensatoria y gracias a mis padres tengo un techo donde acoger a mis hijos los 15 días al mes que están conmigo”, explica este joven albañil de 40 años que ahora está en paro.
Gracias a que ha conseguido vender la propiedad que compartía en gananciales con su ex mujer, se ha podido comprar un apartamento en un pueblo cercano a Almería y salir de un domicilio donde convive con sus padres, un hermano y con su hijo mayor, que se muda con él.
Su situación es casi privilegiada dentro del colectivo al que representa, el de los divorciados, como se llamaba la genial agrupación carnavalesca que daba mucha risa, pero está basada en hechos verídicos.
Para muchos es un homenaje a padres a los que los “ha dejado la juez con 300 euros al mes”, como rezaba la copla.
Daniel Barroso, de Puerto Real, prefiere no echar muchas cuentas.
Este trabajador gaditano de 35 años ha tenido que mantener en los dos últimos años dos pisos de alquiler, uno en La Línea que compartía con unos compañeros de trabajo y otro en Puerto Real, que necesitaba para poder estar con su hijo de 4 años los días que el acuerdo de divorcio se lo permite.
A ello se suma la hipoteca de la casa donde se quedó su ex mujer y una pensión “más la gasolina de ir y venir para ver al niño, porque otros gastos personales no tengo”, explica.
No se los puede permitir y el apuro económico llegó a tal extremo que, desde hace unos meses, ha vuelto a casa de sus padres, a un cuarto con una litera.
La familia suele ser el recurso de muchos divorciados.
El sevillano Antonio Fernández lleva 4 años en el domicilio de sus padres, en Alcalá de Guadaíra, y se queja poco porque vive a sólo un kilómetro de su hijo.
Lo recoge en el colegio y lo ve a diario porque se ha quedado con un local de la parte baja de la vivienda que él mismo construyó y sigue disfrutando su ex.
Como decía la copla del Selu, tó pa ella fue tras el divorcio pero aún así se alegra de no haber tenido que acudir al camping de Oromana, en su pueblo, frecuentado por divorciados.
Una autocaravana no es el peor remedio, teniendo en cuenta que hay quienes han dormido durante años en coches.
Lo hizo Jorge Mogollón, de Palma de Mallorca, que se ha pasado más de una semana comiendo sólo pan. En comedores de Cáritas no hay asistente que no conozca a un divorciado.
El problema no se limita a la comunidad andaluza, es general.
Hace unos días el Gobierno central anunció que, a partir de 2009, las ayudas de 210 euros para la emancipación de los jóvenes se podrían extender a separados y divorciados.
Algo es algo, pero es insuficiente para un colectivo que se mueve muy a menudo entre la ruina y la indigencia.
Nicolai Reyes es extranjero y teme tener que regresar a su país porque le faltan 345 euros para llegar a fin de mes. “¿Qué hago vivo en la calle o me dedico a delinquir?”, se pregunta.
María Pérez Galván, abogada de familia del bufete de Zarraluqui, conoce bien la situación porque a diario pasan por su despacho casos similares.
“Los niños vienen con la vivienda debajo del brazo”, explica la letrada.
En el 95 % de los casos el cónyuge que se queda con la custodia de los hijos lo hace en la casa común. Si sobre ésta pesa una hipoteca, los jueces suelen dictaminar que la carga se satisfaga por mitades, aunque hay veces es íntegra pues se contempla como pensión compensatoria.
Para la letrada de Zarraluqui, más que ayudas, sería necesaria una reforma legislativa, pues desde 1981 no se ha variado ni una coma de la ley en materia de vivienda familiar y la sociedad ha evolucionado.
Las parejas hoy parten de una mayor igualdad y, tras el divorcio, los desequilibrios se acrecientan.
Según ella, hay muchos jóvenes que reclaman custodias compartidas y prefieren educar ellos a sus hijos antes que pagar una pensión que permita llevarlos a una guardería o ponerle un cuidador.
“Por eso pedimos a los jueces el plus de que no sólo apliquen la ley, que no actúen por inercia, sino que estudien cada caso”, apunta Pérez Galván que transmite a las parejas la necesidad de asesorarse antes de casarse, “pues el matrimonio es un contrato más”.
Con información previa se evitarían muchas tensiones en las rupturas.
La vivienda es lo que impide negociar y llegar a un mutuo acuerdo en muchos casos, según los juristas.
Hasta el punto que este tira y afloja desemboca en muchas ocasiones en falsas denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres.
“A ellas les protege la ley de violencia de género y este recurso es una forma de evitar la custodia compartida y de hacerse con la vivienda”, explica Fernando Basanta, presidente andaluz de la Asociación de Madres y Padres por la Coparentalidad.
Pero no es cuestión de sexo.
La reivindicación agrupa a hombres y mujeres que quieren impedir que la impotencia y frustración que muchos sufren derive en agresividad. “Nosotros luchamos por la igualdad y queremos la custodia compartida pero, para lograrla, hace falta que ambos padres tengan un techo digno para ofrecer a sus hijos y es la pescadilla que se muerde la cola”, comenta Basanta, jefe de estudios de un centro educativo almeriense.
Los abogados aseguran que cada vez hay más parejas jóvenes que, tras firmar la separación, quieren liquidar cuanto antes todo lo de su anterior relación.
Es una tendencia positiva, según los juristas.
Sólo así, libre de cargas, cada uno es capaz de retomar su vida.
El almeriense Antonio Rodríguez está cerca de conseguirlo pues ya queda poco para acceder a su nueva vivienda
“La clave es resistir”, comenta y se emociona. Para él y otros en su situación lo importante es no estar tieso de sentimientos.
http://www.almendron.com/tribuna/?p=19831&print=1
(EL MUNDO, 13/05/08).
Soy consciente de que cavilar sobre la igualdad del hombre y de la mujer suele ser tarea arriesgada y con escasas compensaciones.
Aún así, hoy quiero aplicarme al asunto, comenzando por la decisión de nuestro presidente del Gobierno de sentar a nueve mujeres a la mesa del Consejo de Ministros.
De ellas, una, en estado de buena esperanza, se ha hecho cargo de la cartera de Defensa y, como remate, ha creado un nuevo Ministerio, el de la Igualdad, con el fin, al parecer, de asegurar, en todos los ámbitos, la simetría absoluta entre la mujer y el hombre.
Y ahora el turno de preguntas, ninguna ingenua.
¿Cuáles pudieran ser las motivaciones de esas decisiones?
¿Por qué nombrar un Gobierno de más mujeres que hombres?
¿A qué conduce esta obsesión permanente por la paridad?
¿Se quiere acceder, de verdad, a la igualdad?
¿Se trata, por el contrario, de engatusar con la mera ilusión de la igualdad que puede acabar desilusionando?
¿No será, como dice Casimiro García-Abadillo, una operación de imagen muy propia de la concepción que su autor tiene de la política?
Aunque ignore la correspondiente tanda de respuestas, declaro que estoy en contra de aplaudir iniciativas como las que ha dado a luz el presidente del Gobierno.
Llevo varios años, tantos como 30, interrogándome sobre la mujer y sus circunstancias y, a falta de espacio para mayores explicaciones, digo que el artículo 14 de nuestra Constitución -lo mismo que el lema de Libertad, Igualdad y Fraternidad, triple grito de la Revolución Francesa-, por tópico que parezca, proclama un derecho inequívoco y generalizado en todas las democracias capaces de airear ese nombre con orgullo.
Me opongo, pues, a que las mujeres tengan que ser, por decreto, exactamente igual que los hombres y lo mismo pensaría si fuera al revés.
Me consta que la política tiene algo de representación y que sus oficiantes tienen otro tanto de actores, pero la diferencia entre un político auténtico y otro no más que figurante está en que el primero vive el drama, mientras que el segundo se queda en la farsa que los apuntadores de turno le susurran al oído.
Quizá no sea necesario aclarar que uno de los peores y más descabellados afanes de aventura es el de querer gobernar un país orientándose por el espejo. Esto no es afirmación gratuita, sino constatación empírica.
Sé ya, como sabemos todos los españoles, el nombre de la nueva ministra de Defensa.
Lo importante, a mi modo de ver, es la sintomatología de la designación.
A la señora Chacón habrá que juzgarla no por lo que es sino por lo que haga.
Cuando fue elegida, nadie apostaba un duro por ella, pero la ministra de la guerra -y de la paz- se ha destapado como una política eficaz y, capeando el temporal con buen tiento, está demostrando que es mujer conocedora de las difíciles artes de navegar en las aguas revueltas y aun contaminadas de la política.
No volteemos las campanas, porque es mucho el camino que ha de recorrer, pero, como español y porque tampoco me duelen prendas, digo que los viajes de la ministra a Afganistán, al Líbano y a Bosnia para visitar a las tropas y hacerlo en muy avanzado estado de gestación es un paso que bien merece ser señalado con trazo grueso.
Démosla, por tanto, -al igual que al resto de las ministras y de los ministros- un margen de confianza, al tiempo que los ciudadanos nos damos, con generosa fe, un margen de esperanza.
Una vez sentado lo anterior dicho, y supongo que sobre mi elemental y diáfano pensamiento no deben caber dudas mayores, quisiera glosar una noticia que me llena de estupor.
Me refiero al incremento galopante de la violencia contra la mujer, contra las mujeres.
Se han tomado medidas, pero no las suficientes.
¿Qué está pasando? Yo no lo sé muy bien y creo que, conmigo, hay mucha gente que lo desconoce.
Lo que sí parece es que la sociedad se inhibe porque no sabe lo que hacer y los jueces hacen lo que la ley dice que hagan y van tirando como pueden, que no siempre es lo que los contribuyentes quieren.
Como hace días apuntaba el juez López-Palop, a quien no tengo el gusto de conocer pero sí el sentimiento de admirar, la cosa tiene difícil solución.
No se me ocurren fórmulas mágicas, pero entiendo que la mal llamada violencia doméstica es una herida que deja una cicatriz siempre abierta.
En la violencia contra la mujer siempre hay una inmensa represión masculina.
Recuerdo a Umbral decir que se pega a una mujer porque no se puede pegar al jefe, al amigo, al enemigo.
La gente ha perdido el respeto a la convivencia y a la justicia, esas dos nociones que deben funcionar acordes y ensambladas.
Digo yo si acaso la violencia endógena del ser humano no tiene otro remedio que la cultura, lo cual quiere decir que la violencia ha aumentado entre nosotros al tiempo que la cultura ha disminuido.
La pregunta la formulaba el director de EL MUNDO en su carta del domingo 27 de abril 2008: «¿Me puede explicar el señor presidente del Gobierno, o alguien en su nombre, cómo se entiende que el recién creado Ministerio de la Igualdad tenga entre sus prioridades y tareas velar por la aplicación de una Ley como la de la Violencia Doméstica que consagra la
desigualdad penal en los términos absurdos que está a punto de validar la mayoría gubernamental del Tribunal Constitucional, según los cuales la agresión del hombre a la mujer se castiga con 6 meses de cárcel y la de la mujer al hombre con 3?
Mi estimado Pedro J.: con 100 asesores cuenta el señor presidente del Gobierno y 12 doctos magistrados tiene la sacrosanta y no tan santa Justicia en el Tribunal Constitucional.
Recibe, pues, esta opinión que sigue como un breve y modesto parecer que gustosamente someto a cualquier otro más fundado que el mío, empezando por el que Enrique Gimbernat nos ofreció aquí, cuando la Ley Integral de Violencia de Género no era más que un embrión.
En su Tribuna Libre del 10 de julio de 2004, el maestro afirmaba que la criminalización o, en su caso, el endurecimiento de las sanciones cuando el comportamiento está ya previamente tipificado, sólo puede defenderse desde un fundamentalismo que nos retorna al autoritario «Derecho penal de autor» frente al «Derecho penal de hecho» democrático. He aquí la clave.
Cuentan las crónicas judiciales que la respuesta que el Tribunal Constitucional tiene preparada a las 180 y tantas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por otros tantos jueces es a favor de la constitucionalidad de la ley, al considerar que el desvalor de la conducta del maltratador es más reprobable y más frecuente que la de la maltratadora.
Además, parece que se va a argumentar que por delante del artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad sin distingos, está el 9.2, que obliga a remover los obstáculos que dificulten la igualdad real.
Tengo para mí que la raíz del error de esa tutela penal reforzada de la mujer -que algunos llaman de «acción positiva»- a base de tipos delictivos que la protegen de modo más intenso frente a ciertos actos de violencia de sus parejas, descansa en situar a la mujer en posición subordinada respecto de su pareja masculina.
El principio de igualdad entre los españoles puede vulnerarse por defecto como por exceso.
En función del sexo, de la religión, del nacimiento, del aspecto físico, de la raza, o de cualquier otra singularidad semejante, todas las diferencias que se intenten arbitrar para compensar desequilibrios históricos merecen ser tachadas de contrarias a la Constitución y, en consecuencia, inadmisibles. Admitir las diferencias no permite esquivar los desatinos.
Es indudable que la igualdad del hombre y de la mujer es una de las más altas empresas capaces de definir el nuevo mundo que amanece.
Hoy las notables figuras del liderazgo femenino de principios del siglo pasado se quedarían de piedra al ver lo que se ha logrado en ese campo, pese a la presencia de algunas feministas dispuestas a hacer pagar a los demás el alto precio de sus propios infortunios.
La mujer se ha ido liberando a medida que el hombre hacía lo propio y me parece importante que las mujeres no se obstinen en la cabezonería de querer tener toda la razón, piedra con la que, desde la historia de los tiempos, tropezaron los hombres. Somos mayoría los que así pensamos.
Pero los juristas decimos que la razón hay que tenerla, después hay que saber pedirla y al final sus señorías los jueces nos la tienen que dar.
Sin subir estos tres peldaños, de poco o nada habrá de servir el pleito.
Ojo con determinadas tesis radicales, como aquella que patrocinaba la exaltada Valerie Solanas en el Manifiesto por el exterminio del hombre.
En la actual y fascinante situación en que España se encuentra, a mí me aterran los niveles de estupidez -con perdón- de algunos políticos empeñados en abrir los ojos a las mujeres cuando ellas solas descubren y nos descubren el mundo cada mañana.
Como diría el poeta, el hombre y la mujer triunfan o sucumben juntos.
Convención Europea y la Ley de Violencia de Genero española
Artículos de la Convención Europea conculcados por la degenerada Lay de violencia de GENERO.
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia
a.-A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda ydetalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusaciónformulada contra él.
b.-A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa.
3.-A defenderse por si mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan.
4.-A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra el y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.
5.-A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.
Artículo 14 - Prohibición de discriminación.
http://www.albertocomesana.es/viewtopic.php?t=821&postdays=0&postorder=asc&start=30
Cada día se rompen casi cinco parejas en Gipuzkoa, la mayoría a principios de año.
El 30% de las 1.710 rupturas registradas el año pasado fueron conflictivas.
http://www.diariovasco.com/20080517/al-dia-local/cada-rompen-casi-cinco-20080517.html
ANE URDANGARIN .
MEMORIA DE AGIPASE - En 2007 atendió a 578 personas, un 10% más que el año anterior.
1.- De ellos, un 48% eran mujeres y un 52% hombres.
2.- Los tramos de edad de divorcio mayoritarios corresponden a los situados entre los 40 y 50 años y los 30-40, en primer y segundo lugar.
3.- La mayor parte de las parejas que se separan tienen hijos menores y cargas económicas (hipotecas) elevadas.
4.- La mayoría convivieron más de 10 años.
5.- En el 55% de los casos atendidos, fue la mujer quien decidió separarse.
Casi 5 parejas guipuzcoanas pondrán hoy punto final a su matrimonio. Mañana, lo harán otros tantos. Y el lunes, y el martes... Así, hasta sumar las 1.710 rupturas que se registraron el año pasado en el territorio, lo que arroja una media diaria de 4,68 separaciones.
Estos datos, que se recogen en la memoria anual de la Asociación de Padres y Madres de Gipuzkoa (Agipase), se mantienen prácticamente invariables desde 2006, cuando se contabilizaron 19 divorcios menos.
De las 1.710 separaciones, 1.639 se tramitaron en juzgados de familia y de instrucción y 71 en el juzgado de violencia de género. «La mayoría corresponden al primer trimestre del año», explica Justo Sáenz, presidente de la asociación.
El informe subraya un aumento del 11,6% en la tasa de divorcios en Álava y una subida del 2,5% en Vizcaya.
En total, en Euskadi las rupturas crecieron un 2,9%, pasando de las 5.502 separaciones de 2006 a las 5.662 del año pasado.
En este contexto, Gipuzkoa fue el único territorio en el que las rupturas descendieron (un 1,1%). En cambio, la conflictividad aumentó un 0,9%, ya que el 30,3% de las separaciones resultaron traumáticas. «El porcentaje de contenciosidad ha subido ligeramente, pero sigue siendo la más baja de Euskadi y una de las más bajas de todo el Estado», asegura Sáenz.
De hecho, la media vasca se sitúa en un 36,3% de parejas se finiquitan a la greña.
Álava y Vizcaya registran unas tasas del 39,4% y el 38,8% respectivamente, «lo que sitúa a Gipuzkoa a una distancia muy considerable».
La media estatal es del 40,2%.
Justo Sáenz atribuye el incremento de la conflictividad a varios factores:
1.- como la obligación legal de conceder la guardia y custodia compartida sólo cuando hay mutuo acuerdo. De entrada, cuando no hay acuerdo con los hijos, en la mayoría de los casos se quedan con la madre. Pero los hombres, especialmente los jóvenes, suelen pedir con cada vez mayor frecuencia la custodia compartida y, en el caso de no lograrla, presentan la demanda correspondiente, lo que provoca la misma reacción en su ex pareja. De esta forma se enzarzan en una batalla judicial.
2.- La negativa de una de las partes a liquidar los bienes gananciales y la carestía de la vivienda también influyen, «lo que lleva a que algunos usen todos los medios posibles para quedarse con la casa».
Otro de los motivos que generan unas rupturas traumáticas estribaría en «una utilización de la ley de violencia de género para acelerar el proceso y conseguir determinadas ventajas de cara a la separación o divorcio o para coaccionar a la otra parte» y el aumento de las denuncias falsas.
«Sólo hay que ver los datos del Consejo General del Poder Judicial. Entre 2005 y julio de 2007 el 61% de las denuncias acabaron archivadas o los acusados salieron absueltos, eso sí, después de ser detenidos e incluso también haber ido a la cárcel».
La asociación propone una serie de medidas para atajar la conflictividad, como:
1.- la modificación de la ley del divorcio, «adaptándola a los modelos europeos, donde la mayoría de los países tienen la guardia y custodia compartida como norma»,
2.- la liquidación de los bienes gananciales,
3.- potenciar los programas de mediación familiar,
4.- favorecer el acceso a las viviendas de protección oficial y de alquiler social y
5.- modificar la actual ley de violencia de género.
La Plataforma Feminista por la Custodia Compartida rechaza la posición del TC
Coordinadora: Àssun Pérez Aicart,
Tf: 652 981 716
E-mail: ssunprez@yahoo.es
Más información en: http://plafecom.blogspot.com/
Nuestra Plataforma comunica que rechaza la posición del Tribunal Constitucional ante la ley de violencia de género. Esta ley se basa en que la mujer es "más vulnerable".
Volvemos así a una situación machista, mediante la cual la mujer es considerada una víctima frágil. De esta manera, la mujer no es vista como un ser independiente, capaz de luchar por sí misma.
La igualdad se consigue a través de la ecuanimidad, todos debemos ser iguales ante la ley y la justicia. Con actitudes como la discriminación sólo se consigue rencor e indefensión.
Además, esta ley está propiciando una avalancha de denuncias falsas y no es eficaz, ya que desgraciadamente podemos observar que sigue habiendo víctimas.
Àssun Pérez Aicart, coordinadora de la Plataforma Feminista por la Custodia Compartida
Maria Nelly Gonzalez Valverde, Yolanda Bustos Gimeno, Manoli Pino Aguilar,
Núria Sauné Corral, Rosa Regàs(escritora), Cristina Tenas Rosell,
Mª Ángeles Lopez Ramos, Yolanda Cuñat Aspurz, Nanouska Álvarez-Barondni, Anna Fernandez Perez, Silvia Bravo Velasco, Belén González Varela, Nuria López López, Margarita Pino Aguilar , Yolanda Marroig Pons, Margarita Aguilar Pozo, Eva Cañizares Crespo, Carmen Aicart Fonollosa, Amor Martos Jurado, Imma Serrano Reventós, Nancy Elizabeth Szenejko, Rosa LucÍa Soler Roman, Mª Pilar Morales Ibáñez, Maria Dolors Sánchez i Jové, Lluisa Camps Julià, Maria Mantecas Márquez, Carme Serranto Reventós, María del Carmen Sánchez Jové, Nuria Córdoba Martínez, Susana Jiménez i Sánchez, Rosa Mª Pino Aguilar , Montserrat Reventós, Mª Antonia Padilla Carbonell, María Piñol Reventós, Carol Estrany Saucedo, Emilia Mora Olmedo, Antonia Bonet Noguera, Izaskun Fernández Uribe, Noelia Laporta Ortiz, Salud Cuenca Moreno, Trinidad Rovira Solé, Rosa María Sirene. Presidenta AXJ-Foro Europeo
Josefina Becerro García, Patricia Carbajosa Dubourdieu, Juani Serrió Orengo, Sara García Pino, MªMercedes Aragón Miranda,

References: resolución 
 resolución 
 artículo 147
 artículo 187
 artículo 238
 artículo 173
 artículo 48
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 14
 artículo 14

Artículo 14