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Timestamp: 2019-12-07 05:07:50+00:00

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La Prescripción En El Derecho Penal (Spanish Edition) | Lorenzo González Morillas Cueva | download
Κύρια La Prescripción En El Derecho Penal (Spanish Edition)
Lorenzo González Morillas Cueva
Este libro contiene un completo an?lisis de la prescripci?n en el derecho penal, articulado en tres partes fundamentales: una introducci?n, donde se caracteriza a este instituto como causa de extinci?n de la responsabilidad criminal y se concretan sus implicaciones en el pcoeso penal; una primera parte dedicada en profundidad al estudio de la prescripci?n de la infracci?n penal, y una segunda parte que se ocupa de la prescripci?n de la pena y de las medidas de seguridad. Todas las materias tratadas est?n orientadas a proporcionar al jurista un instrumento riguroso donde hallar un an?lisis detenido con un adecuado soporte doctrinal, de las distintas cuestiones y un instrumento ?til en la pr?ctica del Derecho desde el momento en que se incorpora tambi?n el estudio cr?tico de la jurisprudencia, que muchas veces servir? de fuente en el planteamiento de nuevos problemas. En definitiva, la autora ofrece en el libro soluciones a las m?ltiples cuestiones que genera la prescripci?n en el derecho y en el proceso penales; cuestiones que, por lo dem?s, se presentan al lector en un completo y ?til ?ndice de cuestiones pr?cticas resueltas.
Σελίδες: 286 / 284
ISBN 10: 8497720776
ISBN 13: 9788497720779
La prescripción en el
Maria Isabel González Tapia
Mª ISABEL GONZÁLEZ TAPIA
Profesora de Derecho Penal. Universidad de Córdoba
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta,
puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia,
grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso
escrito del AUTOR y de la Editorial DYKINSON, S.L.
Colección "Monografías de Derecho Penal"
Dirección de D. Lorenzo Morillas Cueva
Teléfono (+34) 91544 28 46 - (+34) 91544 28 69
A ti, Paco
PRESENTACIÓN...............................................................................
ÍNDICE DE CUESTIONES PRÁCTICAS RESUELTAS EN LA
OBRA...................................................................................................
CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA
LA PRESCRIPCIÓN PENAL COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DE
CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: CONCEPTO Y
AUTONOMÍA DE LA PRESCRIPCIÓN PENAL.....................
PRESCRIPCIÓN PENAL Y PROCESO ....................................
EL CARÁCTER CONTROVERTIDO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO ...................................................................
PRINCIPALES RASGOS EVOLUTIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN ...........................................................................................
Origen civilista y naturaleza procesal de la prescripción .
Situación a partir del Código de 1932. Aceptación general de la naturaleza material de la prescripción .............
ARGUMENTOS PROCESALES: LA PRESCRIPCIÓN
COMO GARANTÍA DE UN PROCESO JUSTO Y CON
TODAS LAS GARANTÍAS .......................................................
Interdicción de la indefensión y presunción de inocencia como fundamentos de la prescripción. Crítica a la
teoría de la prueba.............................................................
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y prescripción ...............................................................................
LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO
FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN ...............................
LA IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS FINES DE LA
PENA COMO FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN.......
La idea de retribución. Crítica a la teoría de la expiación moral indirecta como fundamento de la prescripción ......................................................................................
La prevención especial. Crítica a la teoría de la
enmienda del reo................................................................
La prevención general. La teoría del ‘olvido’ como fundamento de la prescripción...............................................
TRATAMIENTO PRESCRIPTIVO DE LA PENA COMPUESTA ......................................................................................
TRATAMIENTO PRESCRIPTIVO DE LAS PENAS ALTERNATIVAS....................................................................................
PENA EN CONCRETO O EN ABSTRACTO...........................
Criterio Jurisprudencial ...................................................
a) Exposición de la solución ‘mixta’ actualmente mayoritaria................................................................................
b) Algunos pronunciamientos concretos en torno al plazo
correspondiente a la participación, a la tentativa, a los
tipos cualificados o atenuados y al delito continuado...
Soluciones doctrinales .......................................................
a) A favor de la pena abstracta aplicable ..........................
b) A favor de la pena concreta aplicable ...........................
Opinión personal: Adopción una posición intermedia...
a) Necesidad de atender a la pena abstracta prevista para
cada infracción, consumada o tentada, de la Parte
Especial..........................................................................
HECHOS PUNIBLES COMPLEJOS: CONCURSO IDEAL Y
CONEXIDAD PROCESAL ........................................................
Concurso ideal....................................................................
a) Criterio Jurisprudencial: prescripción conjunta de las
distintas infracciones en concurso ideal........................
b) Criterios doctrinales: prescripción independiente como
posición mayoritaria......................................................
Demás supuestos de conexidad procesal. El concurso
real.......................................................................................
OTROS PROBLEMAS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN ........
Concreción de la infracción en el ámbito del proceso ....
a) Supuestos de calificación discutida de la infracción a
lo largo del proceso .......................................................
b) La polémica prescripción de las faltas en procesos por
delito ..............................................................................
Pena del tipo, pena solicitada o pena efectivamente
impuesta..............................................................................
Paralización del procedimiento en tramite de casación o
apelación .............................................................................
ADOPCIÓN DE UN SISTEMA AUTÓNOMO PARA EL
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS EN LA PRESCRIPCIÓN
PENAL. EXCLUSIÓN DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA
DE LAS REGLAS CIVILES (ART. 5.1 TPCCI.) ......................
DIES A QUO DEL CÓMPUTO PRESCRIPTIVO
TEMPUS COMMISSI DELICTI Y PRESCRIPCIÓN DEL
DELITO.......................................................................................
Función del tempus commissi delicti en la prescripción
EL CRITERIO CONTENIDO EN EL ART. 132.1 C.P. ............
Ausencia de un criterio expreso: opiniones doctrinales y
solución de la jurisprudencia ...........................................
Posición personal: El momento de la consumación
como tempus commissi delicti en la prescripción ...........
a) Exclusión a priori del criterio la ubicuidad ..................
b) El criterio de la consumación como solución más coherente con la naturaleza y funcionamiento y con la regulación de la prescripción ...............................................
c) Confirmación del criterio de la consumación a partir
del fundamento reconocido a la prescripción ...............
APLICACIÓN DEL CRITERIO A LAS DISTINTAS HIPÓTESIS DELICTIVAS.......................................................................
La especial problemática del denominado “delito a distancia”.................................................................................
a) Concepto ........................................................................
b) El concepto de resultado a distancia. Delimitación con
hipótesis afines...............................................................
c) La prescripción del delito a distancia. Aplicación del
criterio general ..............................................................
Supuestos de codelincuencia .............................................
a) Autoría mediata y coautoría ..........................................
b) Participación en el delito...............................................
La omisión ..........................................................................
Delito continuado..............................................................
Delito permanente..............................................................
Delito habitual....................................................................
G. Delitos sometidos a condiciones objetivas de punibilidad o de perseguibilidad ..................................................
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: INCOACIÓN Y
MANTENIMIENTO ACTIVO DEL PROCESO CONTRA EL
LA DIRECCIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO CONTRA “EL CULPABLE” ..............................................................
La interrupción de la prescripción del hecho por la
incoación del procedimiento penal contra persona
determinada .......................................................................
a) Opiniones doctrinales ....................................................
b) Posición de la Jurisprudencia: posición intermedia .....
Adopción de la denominada posición intermedia
Algunos pronunciamientos concretos en torno a
la interrupción inicial de la prescripción .............
Posición personal ................................................................
Admisión de la posición intermedia: la dirección
inicial del procedimiento contra persona determinada......................................................................
Grado de identificación exigible del presunto
responsable para la válida interrupción de la
prescripción..........................................................
Supuestos de codelincuencia. Interrupción general de la
prescripción .......................................................................
a) Posición de la Jurisprudencia .......................................
Admisión mayoritaria de la interrupción individual o personal de la prescripción .......................
La solución del Caso Marey y otros pronunciamientos posteriores: la admisión de la interrupción general de la prescripción ............................
b) Soluciones doctrinales ...................................................
c) Opinión personal: eficacia general de la interrupción
de la prescripción ..........................................................
INTERRUPCIÓN POR REINICIO O IMPULSO DEL CURSO
DEL PROCEDIMIENTO............................................................
La paralización y la terminación del proceso sin condena .....................................................................................
b) La terminación del proceso sin condena .......................
El sobreseimiento libre de la causa......................
El sobreseimiento provisional..............................
Actuaciones procesales susceptibles de interrumpir la
EFECTOS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: EL REINICIO EX NOVO DEL CÓMPUTO. IMPOSIBILIDAD DE ACUMULAR PLAZOS ......................................
a) Noción de paralización del procedimiento ....................
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS Y DE LAS MEDIDAS DE
FUNDAMENTO Y NATURALEZA .........................................
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS ......................
EL DIES A QUO DEL CÓMPUTO PRESCRIPTIVO ..............
Desde la fecha de la sentencia firme.................................
a) Supuestos en los que la sentencia condenatoria impone
al reo una pluralidad de penas, cuyo cumplimiento no
puede llevarse a cabo de forma simultánea...................
b) Supuestos en los que en el momento de la sentencia
firme condenatoria, el reo estuviera cumpliendo otra
pena, impuesta en una sentencia anterior .....................
c) Supuestos en los que el cumplimiento de una pena
sucede, en virtud de lo dispuesto en el art. 99, al cumplimiento de una medida de seguridad previa...............
d) Supuestos en que la ejecución de la pena se suspende..
Desde el quebrantamiento de la condena ........................
¿PUEDE INTERRUMPIRSE EL CÓMPUTO? EXCLUSIÓN
DE LA SUSPENSIÓN Y ADMISIÓN DE PLAZOS Y PERIODOS DE CÓMPUTO INDEPENDIENTES TRAS CADA
INTERRUPCIÓN........................................................................
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD ..............................................................................
BIBLIOGRAFÍA CITADA..................................................................
Monografías de Derecho Penal nace con un claro objetivo de ofrecer al
lector, fundamentalmente especialista en la materia, temas de actualidad y de
interés tratados con el máximo rigor. Es una decidida apuesta por introducir en
el mercado jurídico obras de importancia, escritas por reconocidos investigadores, y que aporten, tanto desde parámetros teóricos y prácticos, como doctrinales y jurisprudenciales, diferentes visiones de los problemas y de las cuestiones que más ocupan y preocupan en el ámbito punitivo. Desde una idea
integradora de la Ciencia del Derecho Penal, la colección está abierta a todas
las tendencias, opiniones y planteamientos que puedan presentarse y que en
este momento son, afortunadamente, dispares por diversos. La única cautela
ha de ser la de su propia calidad y coherencia.
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con el mundo del Derecho, de la investigación y de la transmisión del saber.
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inmensa porque, como escribió Henri Bergson, siempre que hay alegría hay
creación. Mientras más rica la creación más profunda la alegría.
ÍNDICE DE CUESTIONES PRÁCTICAS RESUELTAS
Prescripción penal y Proceso
¿Afecta a la prescripción la limitación de "cuestión nueva" en la Casación? 33,199
¿Cuando la calificación de la infracción es discutida por las partes, resulta correcto declarar la prescripción antes de la celebración del Juicio Oral? 132
¿Es admisible el tratamiento de la prescripción penal como un artículo de previo pronunciamiento, tal y como se prevé en el art. 666.3º de
la LECr.? 33
¿La prescripción penal impide el ejercicio de la acción persecutoria? 31
¿Mediante qué clase de resolución jurisdiccional debe declararse la
prescripción y en qué oportunidad procesal puede ser adoptada ? 31-33
Naturaleza de la prescripción penal
¿Qué consecuencias procesales inmediatas implica el reconocimiento
de una naturaleza material a la prescripción penal? 45-46
¿Resultan aplicables a la prescripción penal el principio de irretroactividad y el principio de retroactividad favorable? 43
¿Cuál es el fundamento prioritario de la prescripción y cuáles son las
principales consecuencias que se derivan del mismo? 79-86
¿Puede el derecho fundamental a que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas considerarse fundamento o justificación de la prescripción penal? 56
¿La existencia de dilaciones indebidas en el proceso puede amparar
un derecho a la prescripción por acumulación de los plazos, o una atenuación de la responsabilidad criminal? 60
¿Cabe aplicar la atenuante por analogía para compensar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas? 70-73
¿Cuál es la relación entre el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y la prescripción penal? 59-62
¿Cuál debe ser la duración de los meses y de los años a los efectos del
cómputo de los plazos penales de prescripción? 138, 145
¿Cuál es el plazo aplicable a una infracción degradada a falta por la
entrada en vigor de una nueva Ley más favorable durante la tramitación procesal? 133
¿Durante la fase de recurso rigen todavía los plazos correspondientes
a la infracción cometida o a la pena impuesta? 137
¿El plazo prescriptivo de un año debe restringirse a los delitos de injuria y calumnia contra particulares? 90
¿En los supuestos de calificación discutida de la infracción, ha de estarse a la calificación hecha en la sentencia o a la que haya sido objeto
de querella, procesamiento o acusación? 131
¿Es correcto definir el plazo prescriptivo de la infracción en atención
a la pena solicitada por la acusación o por la ya impuesta en la sentencia de instancia? 135
¿La apología del genocidio es también imprescriptible? 90
¿La clase de procedimiento iniciado puede determinar el plazo de
prescripción correspondiente a la infracción? 133
¿Resulta admisible atender al plazo prescriptivo del delito, cuando
durante la tramitación de la causa los hechos se degradan a una mera
falta o cuando finalmente se condena sólo por falta? 132
Pena en concreto o en abstracto
¾ ¿En qué dos sentidos puede entenderse la alternativa entre la pena
en concreto y la pena en abstracto para definir el plazo de prescripción? 98
¾ ¿Para concretar el plazo prescriptivo debe atenderse a las modificaciones de pena derivadas de la consideración de la tentativa, la participación o las circunstancias genéricas y específicas de agravación o atenuación? 97
¾ ¿Para definir el plazo de prescripción debe atenderse a la "pena
exasperada" del delito continuado y de los tipos cualificados o atenuados o, por el contrario, únicamente a la pena típica de la infracción básica? 103, 117-119
Cuestions Prácticas
¾ ¿Debe aplicarse la regla prevista para las penas compuestas a las
penas alternativas? 96-97
Penas compuestas
¾ ¿Puede una pena facultativa definir el plazo de prescripción correspondiente? 93-94
¾ ¿Puede una pena, facultativa o vinculante, prevista para una pluralidad de infracciones definir el plazo de prescripción o, por el contrario, deberá atenderse únicamente a la pena vinculante prevista
en el tipo penal concreto? 94-95
¾ ¿Qué es una pena compuesta? 92
Supuestos de conexidad procesal
¾ ¿Debe admitirse un tratamiento diferenciado para la prescripción
de las faltas en concurso ideal o real con delitos? 129
¾ El concurso ideal ¿Cómo deben prescribir las distintas infracciones
en concurso ideal, de forma conjunta o de forma independiente? 120
¾ El concurso real ¿Cómo deben prescribir las infracciones conexas
en concurso real, de forma conjunta o de forma independiente? 128
Cómputo de los plazos de prescripción del delito
¿Cuál debe ser el tratamiento prescriptivo del partícipe, cuando su
aportación se circunscribe a una o alguna de las infracciones que
componen el delito continuado del autor? 189-190
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la regla de cómputo prevista para
cuando la víctima es menor de edad? 148
¿Cuál es el tiempo de comisión del delito a los efectos de la prescripción? 162
¿Cuándo comienza a prescribir el delito a distancia de tiempo o ex intervallo temporis? En particular, ¿Es admisible atender al momento
de la actividad para concretar el inicio del cómputo en aquellas infracciones imprudentes cuyo resultado se produce tiempo después de la
realización de la conducta típica? 171
¿Cuándo comienza a prescribir el delito habitual? 190
¿Cuándo comienza el cómputo de la prescripción para el inductor de
un delito continuado? 189
¿Cuándo comienzan a prescribir los delitos de omisión, el delito continuado, el delito permanente, el delito continuado y los delitos sometidos a condiciones objetivas de punibilidad? 185, 186, 190, 192
¿Es admisible la prescripción individual de las distintas infracciones
en el delito continuado? 187-188
¿Es admisible la prescripción personal o individual en la coautoría o
en la autoría mediata? 178
¿Es admisible la prescripción personal o individual en la participación? 179
¿Es aplicable el art. 7 C.p. para definir el tiempo de comisión del delito a los efectos de la prescripción? 151
¿Puede trasladarse a los delitos de estado el criterio del inicio del
cómputo previsto para los delitos permanentes? 190
¿Sería admisible apelar al momento del descubrimiento del hecho o
del agotamiento del delito, v.gr., al momento del vencimiento de la
pretensión que finalmente resulta fallida en la estafa, para definir el
día inicial del cómputo prescriptivo? 161
Interrupción de la prescripción del delito
¿Cómo ha de entenderse la referencia al "culpable" contenida en el
art. 132.2 C.p.? 205, 213-215, 224
¿Cuál es la noción de proceso o procedimiento penal válida a los efectos prescriptivos? 199
¿El sobreseimiento provisional implica la "terminación del proceso
sin condena" o se trata de una hipótesis de paralización del procedimiento? 234
¿El tiempo transcurrido entre cada interrupción del cómputo debe
perderse o resulta admisible la acumulación de los plazos? 241-245
¿Hasta qué punto es admisible la indentificación indirecta del presunto responsable del hecho para la válida interrupción de la prescripción? 216
¿Qué actuaciones procesales interrumpen la prescripción?
¾ ¿el acto de conciliación interrumpe la prescripción? 238
¾ ¿El auto de rebeldía interrumpe la prescripción? 237-238
¾ ¿El nombramiento de Abogado o Procurador de oficio interrumpen
la prescripción? 236
¾ ¿Interrumpe la prescripción la declaración del posteriormente imputado en calidad de testigo? 211
¾ ¿Interrumpe la prescripción la declaración inculpatoria de la víctima o de otro imputado? 211
¾ ¿La declaración de nulidad de las actuaciones invalida la interrupción de la prescripción ya efectuada? 211, 236
¾ ¿La petición de suplicatorio interrumpe la prescripción? 238
¾ ¿Las actuaciones con contenido material posteriormente declaradas nulas interrumpen válidamente la prescripción? 211, 236
¾ ¿Las declaraciones testificales que a posteriori se demuestran intrascendentes pueden interrumpir la prescripción? 237, 238
¾ ¿Las diligencias efectivamente hechas pero no notificadas interrumpen la prescripción? 237
¾ ¿Puede la mera interposición de la denuncia o querella interrumpir
la prescripción o es precisa su admisión a trámite? 200-201, 210
¾ ¿Pueden las diligencias preliminares efectuadas por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal en su labor de investigación interrumpir la prescripción? 200
¾ ¿Qué actuaciones son susceptibles de enervar la paralización del
procedimiento y, en consecuencia, interrumpir válidamente la
prescripción en el seno del proceso ya iniciado? y ¿Qué implica la
exigencia de que se trate de actuaciones con "contenido sustancial"? 235
¾ ¿Qué son "diligencias inocuas" no susceptibles de interrumpir la
prescripción? 235-237
¿Tras el sobreseimiento libre de la causa puede reiniciarse el curso de
la prescripción o sólo es posible en caso de sobreseimiento provisional? ¿En qué hipótesis y bajo qué condiciones? 233-234
A los efectos de la prescripción, ¿Cuándo debe entenderse paralizado
el procedimiento? 231
Interrupción general o personal de la prescripción
¾ ¿La prescripción debe interrumpirse personal e individualmente
para cada uno de los intervinientes? 218, 223
¾ ¿Resulta correcta la solución dada por el TS al Caso Marey? 228229
¾ ¿Cuándo comienza el cómputo prescriptivo de una pena que sucede al cumplimiento de una medida de seguridad de internamiento
previa? 262
¾ ¿Cuándo comienzan a prescribir las distintas penas impuestas,
cuando el reo se halla en situación de rebeldía en el momento de la
firmeza de la sentencia? 260-262
¾ ¿Cuándo comienzan a prescribir las penas impuestas en una sentencia, cuando en el momento de la firmeza de la misma el reo se
hallare cumplimiendo una condena previa? 262
¾ ¿Puede comenzar la prescripción de la pena aun cuando no se haya
llevado a cabo aún la notificación al interesado de la sentencia o las
diligencias necesarias para proceder a la ejecución de la misma?
¾ ¿Puede interrumpirse el cómputo del plazo de prescripción de la
pena?¿Cabría la acumulación de los plazos?¿Deben abrirse sucesivos periodos independientes de cómputo tras cada interrupción?
¾ ¿Pueden prescribir las penas suspendidas, v.gr., por trastorno mental sobrevenido del penado, por mediar petición de indulto o por
aplicación de lo dispuesto en los art. 80 y ss. C.p.? 263
¾ Si una sentencia impone varias penas cuyo cumplimiento simultáneo no es posible, ¿Cuándo comienzan a prescribir cada una de las
penas impuestas? 259
¾ ¿Debe aplicarse analógicamente la regla establecida en el art. 131.3
para las penas compuestas en la prescripción de la pena o, por el
contrario, las distintas penas del conjunto deben prescribir de forma independiente? 252
¾ ¿Debe atenderse a la pena impuesta en la sentencia para la determinación del plazo de prescripción de la pena o, por el contrario, deberá atenderse a la pena que reste por cumplir tras descontar el
tiempo correspondiente a la compensación de las medidas cautelares aplicadas, el periodo de cumplimiento antes de la condena o el
indulto parcial concedido? 255
¾ ¿Podría darse la hipótesis contemplada en el art. 135.3, esto es, que
el cumplimiento de una medida de seguridad sea posterior al de
una pena? 274-275
¾ ¿Cuándo comienzan a prescribir las distintas medidas impuestas en
la sentencia cuyo cumplimiento simultáneo es posible? 274
¾ ¿Puede interrumpirse el cómputo del plazo de prescripción de las
medidas de seguridad? 276
¾ ¿Qué tratamiento prescriptivo debe darse a la concurrencia entre
penas y medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad? 275-276
GENERALES EN TORNO A LA
LA PRESCRIPCIÓN PENAL COMO CAUSA
DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
AUTONOMÍA DE LA PRESCRIPCIÓN PENAL
Conforme al art. 130 C.p., la prescripción es una de las causas que extinguen la responsabilidad criminal (Cap. I, del Tít. VII, Libro Primero del Código Penal), fundamentada, como en los demás ordenamientos jurídicos, en la
relevancia que debe concederse al paso del tiempo en el Derecho Penal(1). Si se
atiende al lapso que transcurre entre la comisión del hecho y la obtención de
una sentencia firme, estamos en el ámbito de la prescripción de la infracción
penal o, en su caso, del hecho delictivo cometido por un inimputable (art.
130.5ª); cuando lo relevante es, en cambio, el lapso transcurrido entre la pena
o medida de seguridad impuestas y su ejecución, la responsabilidad criminal
puede extinguirse por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad(art. 130.6ª).
El art. 130 se refiere únicamente a la prescripción del delito (5ª) y de la
pena (6ª), olvidándose, en consecuencia, de la prescripción de las faltas y de
las medidas de seguridad, las cuales se contemplan, sin embargo, en la regulación concreta de la prescripción. El legislador hubiera debido actualizar coherentemente la redacción de dicho precepto, de acuerdo con el contenido y ámbito de aplicación que posteriormente reconoce a la prescripción. Lo más
adecuado, pues, hubiera sido referirse a la prescripción de la infracción penal
y a la prescripción de la pena o de la medida de seguridad (2).
En este sentido, FERRER SAMA, Comentarios al Código Penal, T. II, Murcia, 1947, pág. 408.
Vid., en este sentido, GÓMEZ DE LA ESCALERA, «Novedades en la prescripción de las infracciones penales y de sus penas», La Ley, 1996-2, pág. 1313 y ss., pág. 1315.
En cualquier caso, sin perjuicio del estudio particular y diferenciado que de
la prescripción de la pena y de la medida de seguridad se hará en la última fase
de esta investigación, en este momento, las consideraciones genéricas que se
hagan a propósito de la prescripción del delito o de la infracción penal, se referirán al delito, en sentido estricto, a la falta, así como a los hechos delictivos,
de una u otra gravedad, cometidos por inimputables, cuyo tratamiento prescriptivo será idéntico (art. 131 y art. 132). También nos podremos referir en alguna ocasión de forma general a la prescripción de la pena, debiendo entenderse también aquí, pues, que las consideraciones hechas sirven tanto para la
prescripción de la pena, en sentido estricto, como para la prescripción de las
Por lo demás, a mi juicio, la prescripción del delito y de la pena comparten
el mismo fundamento y tienen una eficacia análoga. Al fin y al cabo, el resultado último será siempre la imposibilidad de llevar a término la efectividad de
la sanción penal, bien porque se impida al Estado imponer la pena o medida de
seguridad correspondiente, bien porque se excluya la posibilidad de ejecutar
De otra parte, debe señalarse que el paso del tiempo constituye la esencia
propia de la prescripción(3). Ello no significa, en cambio, que sea una condición suficiente, ni que pueda explicar por sí sola la prescripción. Esta institución se caracteriza por dos notas básicas, comunes, en mi opinión, en todos los
sectores normativos en los que opera: el paso del tiempo y la inactividad o “silencio” de la relación jurídica de que se trate.
Estas dos notas caracterizan la prescripción civil, administrativa, laboral,
mercantil y también la penal, lo que no significa otra cosa que reconocer una
estructura general básica de esta figura. Lo que concede señas de identidad a la
prescripción y condiciona su eficacia en cada sector normativo es, en cambio:
la naturaleza y características propias de la relación jurídica de que se trate, así
como el fundamento y fin que en cada caso persiga. Así, v.gr., en la prescripción civil de los derechos reales, la falta de defensa del derecho por parte de su
Así, VIADA LÓPEZ-PUIGCERVER, La prescripción de las acciones y el perdón de los delitos,
2ª ed., Madrid, 1950, pág. 36; ANTÓN ONECA, Derecho Penal (anotada y puesta al día por J.J. Hernández Guijarro y L. Beneytez Merino), 2ª ed., Madrid, 1986, pág. 612; DEL TORO MARZAL /CÓRDOBA RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO/CASABÓ RUÍZ, Comentarios al Código Penal, T. I, Barcelona,
1972, pág. 677; MORILLAS CUEVA, Acerca de la prescripción de los delitos y de las penas, Granada,
1980, pág. 11; PASTOR ALCOY, La prescripción del delito, la falta y la pena. (Análisis jurisprudencial
sistematizado. Comentarios y formularios), Valencia, 1995, pág. 23; PRIETO RODRÍGUEZ, «Hacia una
reinterpretación de la prescripción penal», AP, 1998, XXI, pág. 385 y ss., pág. 385, entre otros.
titular, cuando éste es impedido de su disfrute durante largo tiempo por un tercero, determina el cambio de titularidad del derecho a favor de éste último. En
la prescripción de las obligaciones, el “silencio” de la relación jurídica viene
determinado porque el acreedor no ejercita su derecho de crédito, ni el deudor
procede al cumplimiento de su obligación de manera voluntaria. La prescripción, en este caso, concede al deudor la capacidad jurídica para oponerse al
ejercicio intempestivo del derecho por parte del acreedor. En ambos supuestos, la protección de la seguridad en el tráfico jurídico, fundamento último de
la prescripción civil, reclama eliminar definitivamente la incertidumbre en
que se ha mantenido la relación jurídica durante un largo periodo de tiempo(4).
En el ámbito penal, la relación jurídica se establece entre el Estado, titular
del ius puniendi, y el responsable del delito. La prescripción se explica por la
falta de persecución efectiva del delito durante un periodo prolongado de
tiempo, bien porque no ha llegado a iniciarse siquiera el proceso, bien porque
éste se paraliza, con independencia de las causas concretas que lo hayan motivado. Ahora, en aras de la protección de una serie de intereses político-criminales que concretaremos en su momento, el legislador renuncia a ejercer el ius
puniendi y, por tanto, a imponer la pena prevista para el delito (o a ejecutar la
ya impuesta, si de la prescripción de la pena se trata), declarando extinguida la
La autonomía conceptual de la prescripción penal frente a la prescripción de
las obligaciones civiles es, por tanto, plena. Y ello, a pesar de que surgiera históricamente en el seno de este ordenamiento, de que la sistemática de la regulación
sea análoga en ambas instituciones y de que, hasta épocas relativamente recientes, tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan entendido y tratado la prescripción penal a imagen y semejanza de la prescripción extintiva civil(5).
La prescripción penal, pues, se configura legalmente como una causa de
extinción de la responsabilidad criminal. Por expresa renuncia del legislador,
como se ha dicho, y en aras a la protección de una serie de garantías e intereses
político-criminales, actúa impidiendo al Estado el ejercicio del ius puniendi.
Una vez alcanzada la prescripción, no es posible ya ‘reacción penal’ alguna(6)
Cfr. DÍEZ PICAZO, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, 1964, pág. 32 y ss.; también en DÍEZ PICAZO/GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Vol. I: Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía Privada. Persona jurídica,2ª ed. en dos volúmenes, Madrid, 1998, pág. 282-283.
Cfr. DEL TORO, Comentarios…, T. II, cit., pág. 669 y ss.; MORILLAS CUEVA, Acerca de la
prescripción…, cit., pág. 9 y 29 y ss. Cfr. también las consideraciones hechas infra pág. 20 y ss.
STREE/STERNBERG-LIEBEN, en SCHONKE/SCHRÖDER, StGB Kommentar, 26ª Aufl, München, 2001, § 78 Rn. 3
frente al injusto cometido, en la medida en que se veta, a partir de dicho instante, «toda posibilidad de valorar jurídico-penalmente los hechos, de atribuir
responsabilidad criminal por los mismos»(7) y, en definitiva, de imponer y/o
ejecutar la pena o la medida de seguridad correspondientes.
La prescripción, sin embargo, no afecta al delito, que no resulta negado o
extinguido; sino a la pena (o a la medida de seguridad), impidiendo que sea
impuesta y/o que sea ejecutada. Como afirma COBO DEL Rosal, se afecta a la
punibilidad concreta del hecho, entendida como posibilidad de que la infracción resulte efectivamente penada, pero no, a la condición abstracta de punibilidad de la infracción, condición básica para la existencia del delito y que debe
entenderse como posibilidad legal de referencia y aplicación de la pena(8).
Al hilo de la última consideración efectuada y antes de concluir este apartado, parece oportuno señalar que en una investigación como la que se presenta,
con vocación esencialmente práctica, es posible eludir la discutida cuestión en
torno al reconocimiento como elemento del delito y, por tanto, como categoría
autónoma, de la punibilidad, así como a su fundamento, naturaleza, contenido,
ubicación sistemática y función dogmática.
Sobre la punibilidad, la doctrina ha defendido posiciones muy variadas,
que van: desde la negativa a reconocer dicha categoría, remitiendo los contenidos que usualmente se le atribuyen a los restantes elementos del delito o a la
individualización de la pena; hasta su reconocimiento como elemento del delito y como categoría autónoma en su teoría jurídica, más allá del injusto culpable, con independencia de integrar en la misma todos esos contenidos (en especial, las condiciones objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias) o,
al menos, a una parte de ellos (normalmente, las excusas absolutorias), ubi7
BÓN, Las
BOLDOVA PASAMAR, en GRACIA MARTÍN (Coord.)/BOLDOVA PASAMAR/ALASTUEY DOconsecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español, Valencia, 1996, pág.
Cfr. COBO DEL ROSAL , «La punibilidad en el sistema de la Parte general del Derecho penal
español», en Estudios Penales y Criminológicos, Vol. VI, Santiago de Compostela, 1983, pág. 11 y
Vid., en cambio, DEL TORO, para quien la prescripción afecta a la estructura del concepto de
delito «invalidando la valoración penal de aquellas acciones y omisiones que, hallándose penadas por
la Ley, comparecen en la realidad social y jurídica». Vid. DEL TORO MARZAL, Comentarios …, T. II,
cit., pág. 668. Vid. así mismo, GILI PASCUAL, para quien la prescripción afecta al injusto y con ella
«el legislador no hace sino fijar, satisfaciendo las exigencias de certeza jurídica, el límite temporal a
la antijuricidad material...». «La prescripción es así considerada una circunstancia que modifica cualitativamente el contenido de injusto del hecho, en tanto que marca el límite temporal a la relevancia
penal del hecho injusto».. Vid. GILI PASCUAL, La prescripción en Derecho Penal, Pamplona, 2001,
pág. 85 y ss., en cuanto a las citas, pág. 93 y 94.
cando sistemáticamente las condiciones objetivas de punibilidad, v.gr., en la
También la prescripción y, en general, todas las circunstancias contenidas
en el art. 130, suelen situarse en la órbita de dicha categoría. Sin embargo,
debe tenerse presente que existe un consenso absolutamente mayoritario en la
doctrina española a la hora de desvincularlas claramente del injusto culpable y
de excluirlas de la punibilidad, cuando ésta se admite como categoría o elemento del delito. Ello implica, pues, que con independencia de la posición que
se mantenga respecto a esta cuestión, lo cierto es que las causas de extinción
de la responsabilidad criminal quedan fuera de la teoría jurídica del delito y
presuponen la previa existencia de un delito perfecto, de una infracción penal
cuya responsabilidad ya ha surgido y que deviene extinguida por alguna de las
causas contenidas en el art. 130 C.p.
La prescripción tiene como efecto jurídico la extinción inmediata de la responsabilidad criminal. Ello se materializa, tal y como se ha dicho, en la imposibilidad de imponer una pena al responsable de la infracción y/o de ejecutar la
pena ya impuesta al mismo. Ahora bien, puesto que la responsabilidad criminal
se determina, en virtud de la garantía jurisdiccional del principio de legalidad
(art. 3.1 C.p.), sólo tras su declaración en una sentencia condenatoria firme, la
prescripción alcanzada tiene también, en consecuencia, efectos extintivos sobre
la acción penal persecutoria.
Esta última afirmación conlleva, lógicamente, un posicionamiento claro,
ya desde el principio, respecto de la naturaleza material de la prescripción penal. Considerada la prescripción penal como un instituto de naturaleza procesal o predominantemente procesal, lo correcto hubiera sido afirmar que lo que
prescribe es la acción persecutoria y que la responsabilidad criminal quedaría
extinguida, en realidad, únicamente por la imposibilidad de materializar el ius
puniendi en el seno del proceso. A mi juicio, sin embargo, como tendré ocasión de desarrollar a continuación y en el próximo capítulo, la prescripción penal en la actualidad debe considerarse una institución material, porque sustantivos son su fundamento y los fines que este instituto está llamado a cumplir.
Así, transcurrido el plazo legal correspondiente antes de iniciarse el proceso penal, éste podrá incoarse, pues es posible ejercer eficazmente la acción penal, pero no podrá desarrollarse hasta su normal conclusión, al care-
cer ab initio de objeto, que no es otro que el hecho punible(9), en este caso ya
prescrito, del que no podrá derivarse responsabilidad criminal alguna. Si
transcurrido el plazo legal previsto, se ejercitara la acción penal, el Juez Instructor deberá decretar, una vez comprobadas fehacientemente la fecha de
comisión del delito y la de la incoación del proceso, el sobreseimiento libre
de la causa por prescripción. Ello se declara en forma de auto, supone la terminación anticipada del proceso y tiene valor de cosa juzgada material, pudiendo, por tanto, dicha decisión ser recurrida en Casación por infracción de
Ley. La misma decisión habrá de adoptarse en caso de que, aun interrumpida
a tiempo la prescripción, ésta se haya alcanzado por paralización del proceso
en cualquiera de sus fases, en la medida en que, a partir de ese momento, el
proceso deviene carente de objeto. Decretada la formal apertura del Juicio
Oral, no obstante, y aunque éste no deba celebrarse, si la prescripción es
apreciada por el órgano de enjuiciamiento, como se ha dicho, con independencia de cuándo se haya alcanzado, el sobreseimiento libre se decretará por
sentencia(10).
Dicho esto, debe precisarse también que en muchas ocasiones, aun planteada la posible prescripción, será absolutamente imprescindible continuar el
proceso, celebrar el Juicio Oral y llegar, incluso, a una sentencia que determine los hechos probados constitutivos de infracción penal y, en su caso, la prescripción de la responsabilidad criminal derivada de los mismos. Ello ocurrirá,
como analizaremos en su momento, en todos los supuestos en los que la prescripción sea discutida por las partes y no aparezca evidente a juicio del Tribunal, en cuyo caso será precisa la práctica de la prueba para fijar el tiempo de
comisión del delito y/o la cronología de la tramitación procesal de la causa(11).
Lo que, sin embargo, de acuerdo al entendimiento dominante de la Doctrina y
de la Jurisprudencia, estará siempre vedado es la declaración judicial de la res-
Cfr. DE LA OLIVA, en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/
MUERZA ESPARZA/TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal penal, 4ª ed., reim., Madrid, 2000, pág. 195 y
A mi juicio, en la medida en que tiene efectos más favorables para el imputado o acusado
en el proceso, debe darse prioridad al sobreseimiento libre decretado por cualquiera de las causas previstas en el art. 637 LECr., que al decretado por prescripción. Así mismo, debe darse preferencia a
una posible sentencia absolutoria del acusado frente a la extinción de la responsabilidad penal por
prescripción. Vid., en este sentido, ÁLVAREZ GARCÍA, en AAVV, Código Penal Comentado, dirigidos por J. López Barja de Quiroga, Madrid, 1990, pág. 293; STREE/STERNBERG-LIEBEN, en
SCHONKE/SCHRÖDER, StGB Komm.26ª, cit., Vorb. §§ 78 ff., Rn. 5.
Cfr. infra, pág. 98 y ss.
ponsabilidad criminal o culpabilidad del autor y de los demás posibles intervinientes en el hecho(12).
De ello se concluye, por lo demás, que, a pesar de que la prescripción del
delito permanezca configurada en la el art. 666.3ª de la LECr. como un artículo de previo pronunciamiento, calificación heredada de su consideración histórica como condición objetiva de punibilidad u obstáculo procesal(13), el generalizado reconocimiento actual de su naturaleza material y la propia
naturaleza del proceso obliga a interpretar de forma absolutamente flexible dicha disposición. De hecho, como veremos, es una cuestión pacífica, tanto en la
Doctrina como en la Jurisprudencia, considerar la prescripción penal como
una excepción de orden público que puede ser apreciada por el Tribunal de
oficio y en cualquier estado del procedimiento, sin que ni siquiera le afecte la
excepción de cuestión nueva en el trámite de la Casación.
Puesto que la prescripción impide obtener una sentencia firme sobre el fondo del asunto o,
al menos, impide que en la sentencia se declare la culpabilidad o inocencia del autor, los hechos prescritos, en buena lógica, no pueden ser considerados a ningún efecto. En la doctrina alemana, sin embargo, suele admitirse su consideración a efectos de reincidencia o de decidir acerca de la profesionalidad o habitualidad del autor. Vid. v.gr., STREE/STERNBERG-LIEBEN, en SCHONKE/SCHRÖDER,
StGB Komm26ª, cit., Vorb. §§ 78 ff., Rn. 7. Así mismo, en el § 78 I se prevé la posibilidad de que,
como dispone, a su vez, el § 76a I, a pesar de la existencia de la prescripción, pueda ‘condenarse’ «a
la incautación o confiscación del objeto o del valor del objeto sustitutorio o a la destrucción, cuando
los presupuestos bajo los cuales sean prescritas o permitidas estas medidas, por lo demás, existan».
Cfr. lo que se dirá infra, pág. 20 y ss.
LA PRESCRIPCIÓN DE LA
LA NATURALEZA MATERIAL DE LA
EL CARÁCTER CONTROVERTIDO DE LA
Ya en esta mínima caracterización de la prescripción del delito surge la primera contradicción. ¿Cómo puede extinguirse la responsabilidad criminal
cuando ésta aún no ha surgido (formalmente)? ¿Cómo puede el legislador
configurar la prescripción del delito como una causa de extinción de la responsabilidad criminal otorgándole como efecto, precisamente, la imposibilidad de
declarar dicha responsabilidad?
Las demás circunstancias definidas en el art. 130, incluida la prescripción de la
pena, parten coherentemente de la existencia de una sentencia firme que haya determinado la existencia de una infracción punible y declarado la responsabilidad del
autor, al que se le impone, además, una pena. A partir de ahí, la responsabilidad criminal queda extinguida totalmente por el cumplimiento de la condena (a salvo de la
consideración de los antecedentes penales a efectos de reincidencia); por el perdón
del ofendido, en los supuestos y con las condiciones legales previstas(1); por el in1
De la regulación del perdón del ofendido en las figuras de la Parte Especial en que dicho instituto
ostenta eficacia puede deducirse la posibilidad de que sea otorgado también con anterioridad a la conclusión del procedimiento y, por tanto, antes de que la sentencia condenatoria adquiera la fuerza de cosa juzgada. Ello puede justificarse en la disponibilidad del bien jurídico protegido de las pocas infracciones que
admiten la procedencia del perdón. Al tratarse de infracciones perseguibles sólo a instancia de parte (vid.
arts. 201, 215, 267 y 639), parece lógico que se permita también a la víctima, mediante el perdón del hecho
(no del responsable, puesto que aún no se ha declarado la existencia de la responsabilidad criminal), renunciar a la defensa de su interés por parte del Estado. En cierto modo, pues, esta modalidad sería equiparable
a la prescripción del delito (de hecho el legislador señala que extingue la acción penal, v.gr. en el art. 201),
mientras que la regulada en el art. 130.4º se correspondería más bien con la prescripción de la pena. Sin
embargo, mientras que la posibilidad de perdonar el hecho no plantea dificultad alguna, considerada la disponibilidad que el titular ostenta sobre el bien jurídico protegido, la prescripción de la infracción y la extinción, por tanto, de la responsabilidad criminal que se derivaría de la misma, antes incluso de que sea
declarada, como ocurre en general con la prescripción, sí que puede plantear algunos reparos.
dulto total de las penas que hubiera de cumplir el reo; por prescripción de la
pena, lo que tiene lugar cuando transcurren los plazos previstos sin que se
haya ejecutado o sin que haya podido continuarse desde el quebrantamiento
de la condena; y, como no podía ser de otra forma, por la muerte del reo, lo
cual puede ocurrir tras la sentencia firme o antes, en cuyo caso, obviamente,
debe extinguirse la responsabilidad criminal por el principio indiscutible de
personalidad de las penas(2).
En la prescripción del delito, en cambio, la responsabilidad criminal del
presunto responsable se extingue sin que haya sido declarada previamente por
una sentencia firme condenatoria. Como se ha dicho, transcurrido el plazo correspondiente (art. 131), antes de dirigir el procedimiento contra el (presunto)
culpable o, una vez iniciado el mismo, por paralización del procedimiento seguido antes de la sentencia firme (art. 132.2), se declara extinguida la responsabilidad criminal, lo que implica la imposibilidad de proseguir el proceso y,
en consecuencia, de dirimir la responsabilidad del autor y la de todos aquellos
que hubieran podido participar en la comisión de los hechos, así como de imponer la pena que les hubiera correspondido. El contenido de fondo de la sentencia, pues, en caso de que, además, se llegue a la misma, se limitará a la concreción del hecho punible y a la cronología de las actuaciones procesales
determinantes para declarar la prescripción. El fallo concluye, entonces, como
se viene diciendo, con el sobreseimiento libre de la causa por prescripción.
Como puede comprobarse, pues, en atención a sus efectos, la prescripción
se comporta más como un obstáculo a la persecución del hecho, que como una
verdadera causa material de extinción de la responsabilidad criminal. Considerando exclusivamente su posible fundamento, a su vez, puesto que cualquier justificación que se le otorgue debe tener en cuenta ineludiblemente su
coherencia con la regulación positiva, y ésta es contradictoria, se produce
idéntica situación de perplejidad, de mezcolanza de argumentos y la ausencia
de una posición clara en cuanto al fundamento de este instituto. De hecho, lo
normal es que la doctrina más autorizada configure la prescripción como una
renuncia del Estado a ejercer el ius puniendi motivada por una variopinta pluralidad de consideraciones político-criminales(3).
Cfr. LANDROVE DÍAZ, Las consecuencias jurídicas del delito, 4ª ed., Madrid, 1996, pág. 132.
Así, v.gr., MORILLAS CUEVA, Acerca de la prescripción…, cit., pág. 27; REY GONZÁLEZ,
La prescripción de la infracción penal (En el Código Penal de 1995), 2ª ed., Madrid/Barcelona, 1999,
pág. 52 y ss.; PASTOR ALCOY, La prescripción del delito, la falta y la pena, cit., pág. 27; COBO DEL
ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho Penal. Parte General, 5ª ed., Valencia, 1999; pág. 956; MIR PUIG,
Derecho Penal. Parte General, 5ª ed., Barcelona, 1998, pág. 781…, entre otros.
¿Porqué se ha llegado a esta situación? En mi opinión, las dificultades para
configurar la prescripción penal provienen del origen histórico de este instituto y de que la profunda transformación que, en cuanto a su entendimiento, ha
experimentado en nuestra disciplina, no se ha visto acompañada por una adecuada regulación positiva. De una institución procesal y de perfiles civilistas,
se ha querido hacer una institución material, asimilándola formalmente a una
causa de extinción de la responsabilidad criminal; pero sin acompañarla de
una verdadera transformación de la regulación positiva. El resultado ha sido:
una institución aceptada y aceptable, desde múltiples puntos de vista, pero sumamente controvertida en cuanto a sus aspectos concretos(4) .
PRINCIPALES RASGOS EVOLUTIVOS DE LA
Origen civilista y naturaleza procesal de la prescripción
Como señala DEL TORO, la controversia suscitada en torno a la naturaleza
de la prescripción del delito se explica por la tradicional asimilación de ésta a
la prescripción civil de las obligaciones. El hecho de que la prescripción surgiera en este ordenamiento, que la regulación positiva guarde una sistemática
jurídico-civil y la influencia que ha ejercido la idea de que la prescripción se
fundamenta en la dejadez, negligencia o abandono del titular en la defensa de
sus derechos, ha propiciado un entendimiento civilista de la prescripción del
delito(5). De hecho, como se dijo, aun hoy perviven reminiscencias normativas
de este entendimiento, como lo prueba que todavía se recoja en nuestra Ley rituaria como un artículo de previo pronunciamiento (art. 666.3ª LECr.).
La prescripción del delito se entendía como una causa que afectaba al proceso, a la posibilidad de iniciarlo o de continuarlo cuando éste se había demorado por el plazo señalado en la Ley. Era considerada, pues, como un obstáculo a la persecución, lo cual explica que el Código de 1870(6) asumiera el
Cfr., sobre las razones que han impedido un adecuado esclarecimiento de la naturaleza de la
prescripción penal, GILI PASCUAL, La prescripción en Derecho Penal, cit., 19 y ss.
Cfr. DEL TORO MARZAL, Comentarios…, T. II, cit., pág. 669. En general, sobre los orígenes
históricos de esta institución, vid. MORILLAS CUEVA, Acerca de la prescripción..., cit., pág. 12-14.
Vid. art. 172 a 174 del Código Penal de 1822 en los que, a pesar de ser una regulación casuística, puede apreciarse claramente la concepción procesal de la prescripción de la que se parte y la
admisión del criterio de la actio nata para el inicio del cómputo, aun cuando sólo se especifique la
necesidad de conocer la lesión en el delito de injuria, adulterio y estupro. Ni el Código de 1848, ni el de
criterio de la actio nata y que excluyera la posibilidad de alcanzar la prescripción por paralización del procedimiento cuando ésta era debida al comportamiento del procesado, esto es, en los supuestos en que la acción persecutoria
no podía continuarse por la rebeldía del procesado. Así, en el art. 133 de este
cuerpo normativo, a pesar de calificar genéricamente a la prescripción como
una causa de extinción de la responsabilidad, se disponía: «El término de la
prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido el delito, y si entonces no fuere conocido, desde que se descubra y se empiece a
proceder judicialmente para su averiguación y castigo.- Esta prescripción se
interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la prescripción, desde que aquel termine sin
ser condenado, o se paralice el procedimiento, a no ser por rebeldía del culpable procesado».
El Código Penal de 1928, más correcto, en cuanto se refiere expresamente
a la «acción para perseguir y continuar la persecución de los delitos» (art.
197), sitúa el inicio del cómputo en el momento de comisión del delito y, merece la pena destacarlo, establece una serie de supuestos en los que el cómputo
quedará en suspenso por la imposibilidad jurídica temporal de continuar con
el ejercicio de la acción persecutoria. Así, el art. 198 disponía que: «el plazo
de prescripción de la acción penal empezará a correr desde el momento en que
el delito se haya consumado o frustrado o se hayan practicado los últimos actos de la tentativa, de la conspiración, de la proposición o de la provocación».
El art. 199 que: «la prescripción de la acción penal se interrumpe por cualquier
actuación judicial dirigida a la averiguación o castigo del delito.- El plazo seguirá corriendo, cuando desde la actuación a que se refiere el párrafo anterior
transcurrieren tres años sin practicarse nuevas actuaciones». Por último, el art.
200 establecía: «lo dispuesto en los dos artículos anteriores no tendrá lugar
cuando el comienzo o la prosecución de las actuaciones judiciales dirigidas a
la averiguación o castigo del delito, dependa de la resolución de alguna cuestión previa o prejudicial, o de competencia, quedando entonces la prescripción
en suspenso hasta que se decida sobre el particular».
1850 prevén la prescripción del delito, sino exclusivamente la de las penas (art. 126, en ambos cuerpos normativos). En opinión de PACHECO, esta omisión en el Código de 1840 no estaba motivada por
un rechazo a la posibilidad de prescripción del delito, sino a la consideración de que su ubicación
apropiada, dada su naturaleza procesal, debía ser la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vid. PACHECO,
El Código Penal. Concordado y comentado. (Estudio preliminar y anotaciones por A. Téllez Aguilera), Madrid, 2000, pág. 252-253.
Para DEL TORO, ninguno de estos cuerpos normativos eran correctos técnicamente al faltarles coherencia con su punto de partida. En el primero porque, a
pesar de que se configura la prescripción como prescripción de la acción persecutoria, en la rúbrica se la caracteriza como una causa de extinción de la responsabilidad criminal. En el segundo, porque, a pesar de ser coherente con su rúbrica, fijaba el dies a quo del cómputo en el momento de comisión, cuando la
solución técnica más adecuada hubiera sido la del momento de descubrir el delito, «puesto que es un principio general del Derecho que no puede prescribir pretensión alguna sino desde el instante en que fue posible su ejercicio»(7).
Teniendo en cuenta esta regulación positiva, las explicaciones doctrinales
del instituto, lógicamente, sólo podían provenir de argumentos propiamente
procesales o de fundamentos genéricos como la seguridad jurídica. Desde el
punto de vista material, en la medida en que la prescripción implica, en última
instancia, la imposibilidad de imponer y/o ejecutar la pena impuesta, debería
explicarse a partir de las concepciones de la pena imperantes en cada momento. Sin embargo, como veremos, la mayor parte de estos argumentos, o bien se
excluían directamente, ante la falta de coherencia con la regulación positiva o
con la propia admisión de este instituto; o bien se construían a base de presunciones y, en consecuencia, más cercanas a la idea de seguridad jurídica que a
consideraciones derivadas de la teoría de la pena.
En cualquier caso, las principales dificultades de un entendimiento procesal de la prescripción penal no provenían tanto de la dificultad en su explicación, como de las consecuencias prácticas que generaba; inconvenientes que,
a la postre, han determinado a la doctrina y a la jurisprudencia al abandono de
Y es que, en primer lugar, en ambos sistemas, sobre todo en el diseño de
1928, era sumamente difícil alcanzar la prescripción. Como señalaba SILVELA, el Código de 1870, al disponer que la prescripción se inicie el día en que se
haya descubierto el delito y procedido judicialmente para su averiguación y
castigo, no se contenta con que el delito se hubiera cometido y haya pasado un
largo periodo de tiempo. El legislador exigía, además, que la sociedad hubiera
tenido conocimiento preciso del mismo, hubiera dado muestras de alarma y el
Estado hubiera iniciado su persecución(8). En consecuencia, sólo cabía alcan7
Cfr. DEL TORO MARZAL, Comentarios…, T. II, cit., pág. 673 y ss. Cfr. mi parecer sobre esta
cuestión infra, pág. 112 y ss.
SILVELA, El Derecho Penal estudiado en principios y en la legislación vigente en España,
P. I y II, 2ª ed., Madrid, 1903, Parte II, cit., pág. 365-366
zar la prescripción si el delito era desconocido o si, a pesar de haberse iniciado
la actividad instructora, había transcurrido el plazo legal previsto antes de dirigir definitivamente el procedimiento contra el presunto culpable. Sería preciso, por tanto, que el Estado tuviera un conocimiento preciso del hecho cometido y un desconocimiento absoluto de la persona de su autor; circunstancia
que, como acertadamente señala SILVELA, «raras veces acontece»(9). El criterio del descubrimiento del delito, por lo demás, es inseguro, fácilmente manipulable e incompatible con la seguridad jurídica. Por su parte, el Código Penal
de 1928 contiene también un régimen muy restrictivo, a pesar de situar el inicio del cómputo en el momento de comisión. Ello porque, a diferencia del texto anterior, el inicio de la actividad instructora no marcaba el inicio del cómputo sino su interrupción, lo que en la práctica significaba que sólo podían
prescribir los delitos desconocidos y aquellos que precisaran la instancia de
parte, en tanto ésta no hubiera sido ejercida(10).
De otra parte, la aplicación de los principios propios del ordenamiento procesal ha suscitado importantes dudas. Primero, en lo referido al régimen de los
artículos de previo pronunciamiento, que impediría aceptar la prescripción alcanzada si ésta no se ha alegado en tiempo y forma; segundo, en cuanto a la
aplicación del principio del tempus regit actum, propio de este ordenamiento y
que posibilitaría la aplicación retroactiva desfavorable de las normas relativas
a la prescripción(11).
Situación a partir del Código de 1932. Aceptación
general de la naturaleza material de la prescripción
El Código penal de 1932 sustituyó la referencia del momento de descubrimiento del delito, contenida en el art. 133 del Código de 1870, por la del momento de comisión, como cómputo general de los plazos prescriptivos. En lo
demás, mantiene prácticamente la misma regulación. Así se trasladaría también al Código de 1944 y, con variaciones de poca entidad, al Código de 1995
SILVELA, Derecho Penal estudiado en principios…, Parte II, cit., pág. 366
Así, REY GONZÁLEZ, La prescripción ..., cit., pág. 21 y 27.
Sobre la discusión planteada en Alemania en cuanto a la ampliación del plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la época nazi, vid. GIMBERNAT, «La prolongación del plazo de
prescripción para asesinato en la República Federal de Alemania. (Breve comentario y traducción de
la toma de posición del seminario de Derecho Penal de la Universidad de Hamburgo)», ADPCP,
1965, pág. 216 y ss.
En opinión de la doctrina más autorizada, la introducción de esta variante
en el momento inicial del cómputo invalidaba cualquier argumento tendente a
mantener la configuración procesal de la prescripción penal. Teniendo en
cuenta que ninguna pretensión puede prescribir antes de que sea posible su
ejercicio y que la acción persecutoria depende del conocimiento de la comisión del delito, desde el momento en que el inicio del cómputo se sitúa en el
día de comisión del delito, ha de concluirse que la prescripción penal tiene una
naturaleza netamente material(12).
Ello, a pesar de que la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias del momento seguían manteniendo el entendimiento tradicional y, por tanto, formal
de la prescripción(13).
A partir de la importante STS de 30 de noviembre de 1963 (Ar. 4790), no
obstante, comienzan a vislumbrarse cambios significativos en la Jurisprudencia; si bien, en realidad, la transición a un entendimiento material estuvo motivada, como se ha dicho, más que en consideraciones relativas al cambio de la
regulación o al reconocimiento de un verdadero fundamento material a la
prescripción penal (que también), a un intento de paliar las nefastas consecuencias prácticas que el entendimiento tradicional había impuesto.
Así, en esta sentencia, el TRIBUNAL SUPREMO afirmó que el fundamento de
la prescripción penal debía hallarse en el aquietamiento de la conciencia social
derivado del paso del tiempo, así como en razones de seguridad jurídica, que
aconseja que las relaciones no queden permanentemente en la incertidumbre.
La prescripción civil y la penal, en consecuencia, debían separarse netamente,
y a ésta última, reconocerle una naturaleza material y, por tanto, aplicarle las
normas y los principios básicos que disciplinan este ordenamiento (vid. primer CDO.). En especial, la prescripción habría de considerarse como una excepción de orden público, que puede ser alegada o declarada de oficio en
cualquier fase del procedimiento; y debía someterse a los principios de retroactividad favorable y de irretroactividad de las Leyes penales posteriores más
Así, DEL TORO MARZAL, Comentarios…, T. II, cit., pág. 673-674; con especial énfasis,
REY GONZÁLEZ, La prescripción..., cit., pág. 27 y ss.
Numerosas sentencias aún reconocían una naturaleza formal o mixta a la prescripción. Cfr.
REY GONZÁLEZ, La prescripción..., cit., pág. 29-36. Igualmente en el caso de la doctrina, v.gr.: VIADA LÓPEZ-PUIGCERVER, La prescripción de las acciones y el perdón de los delitos, cit., pág. 8; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal. T. III: El delito, 3ª ed., Buenos Aires, 1965, pág. 488; CUELLO CALÓN, Derecho Penal I, vol. 2º, 16ª ed., Barcelona, 1971, pág. 734; QUINTANO RIPOLLÉS,
Comentarios al Código Penal, 2ª ed., Madrid, 1966, pág. 444.
En la actualidad, el reconocimiento de la naturaleza material de la prescripción puede considerarse absolutamente dominante en la doctrina española(14),
aunque no faltan voces que le atribuyen una naturaleza mixta o incluso procesal a dicha institución. Esta es también, a mi juicio, la opción más correcta,
atendiendo al fundamento estrictamente material que aquí se le reconoce(15) y
sin perjuicio de las consideraciones críticas y de las propuestas de lege ferenda
que puedan hacerse a lo largo de estas páginas.
Esta es igualmente la solución dominante en la jurisprudencia. En este sentido, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha afirmado que: «La prescripción de los
delitos y faltas por paralización del procedimiento puede ser concebida como
Así, FERRER SAMA, Comentarios…, T. II, cit., pág. 413-415; ANTÓN ONECA, Derecho Penal, cit., pág. 612 (sin embargo, este autor admite la ampliación retroactiva del plazo de prescripción,
pág. 614); DEL TORO MARZAL, Comentarios…, T. II, cit., pág. 675; MORILLAS CUEVA, Acerca de la
prescripción…, cit., pág. 43; GÓMEZ PAVÓN, «La prescripción del delito en el Código Penal»,
AAVV, Estudios de Derecho Penal y Criminología. Libro homenaje a Rodríguez Devesa, Vol. 1º,
pág. 369 y ss., pág. 373; PASTOR ALCOY, La prescripción del delito, la falta y la pena, cit., pág. 31;
GÓMEZ DE LA ESCALERA, «La prescripción por paralización del procedimiento», La Ley, 1993, pág.
919 y ss., pág. 920; REY GONZÁLEZ, La prescripción..., cit., pág. 37 y ss.; COBO/VIVES, Derecho
Penal5ª, PG, cit., pág. 955; MIR PUIG, Derecho Penal5ª, PG, cit., pág. 782; ZAMORA MORENO, «La
prescripción del delito en el copartícipe rebelde», Revista Jurídica de Cataluña., 1992, núm. 4, pág.
155 y ss., pág. 155; OLAIZOLA NOGALES, I., «Prescripción del delito en supuestos de concursos de
delitos», AP, 1998, XXXVIII, pág. 741 y ss., pág. 748-749; o también MORILLAS CUEVA/BARQUÍN
SANZ, «Comentario al art. 131 del Código Penal», en Comentarios al Código Penal, dirigidos por M.
Cobo del Rosal, T. IV, Madrid, 2000, pág. 1089 y ss., pág. 1098.
Defienden una posición mixta, en cambio: RODRÍGUEZ RAMOS, «Prescripción del delito y derechos fundamentales. (Comentarios a la STC 152/1987, de 7 de octubre)», La Ley, 1988, pág. 903 y
ss., pág. 904; o PRIETO RODRÍGUEZ, «Hacia una reinterpretación de la prescripción penal», cit., pág.
A favor de un entendimiento procesal de la prescripción, BANALOCHE PALAO, «Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal», Revista de Derecho Procesal, 1997, nº 2, pág. 283
y ss., pág. 305; BOLDOVA PASAMAR, Las consecuencias jurídicas del delito..., cit., pág. 332; también
LANDROVE, al equiparar la prescripción penal a la civil. Vid., LANDROVE DÍAZ, Las consecuencias
jurídicas del delito, cit., pág. 139. Así mismo, CHOCLÁN MONTALVO, «Prescripción de la acción penal y criminalidad organizada, ¿un modelo de excepción?», Actualidad Aranzadi, nº 488, de 31 de
mayo de 2001, pág. 4, a pesar de reconocer que su fundamento se haya vinculado a la función preventivo general de la pena (pág. 3).
Vid., de otra parte, a BUSTOS RAMÍREZ, para quien «considerando que tanto la disciplina penal
como la procesal-penal son inseparables por pertenecer ambas al poder punitivo del Estado y tener
como objeto común la cuestión criminal, cree que el problema se desvanece, pues entonces ambas
están sujetas a ciertos principios materiales comunes (uno de los cuales es la necesidad de pena) y en
este sentido daría lo mismo decir que es de Derecho penal o procesal-penal». Cfr. BUSTOS RAMÍREZ,
Manual de Derecho Pena, Parte General, 4ª ed., corregida y puesta al dia por H. Hormazábal Malarée, Barcelona, 1994, pág. 600. En el mismo sentido, GILI PASCUAL, La prescripción en Derecho Penal, cit., pág. 49 y ss.
Cfr., infra, pág. 53 y ss.
una institución de carácter procesal e interpretación restrictiva, fundada en razones de seguridad jurídica y no de justicia intrínseca, cuya aplicación se haga
depender de la concurrencia del elemento subjetivo de abandono o dejadez en
el ejercicio de la propia acción o, al contrario, puede ser considerada como
institución de naturaleza sustantiva o material, fundada en principios de orden
público, interés general o de política criminal que se reconducen al principio
de necesidad de la pena, insertado en el más amplio de intervención mínima
del Estado en el ejercicio del ius puniendi, concepción según la cual la aplicación de la prescripción depende exclusivamente de la presencia de los elementos objetivos de paralización del procedimiento y transcurso del plazo legalmente establecido, con independencia y al margen de toda referencia a la
conducta procesal del titular de la acción penal.- Es cierto que la primera de
dichas construcciones conceptuales es característica del derecho privado y la
segunda, más acorde con la finalidad del proceso penal y así lo viene constantemente declarando la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en reiteradas Sentencias, entre las que basta citar las de 31 de mayo y 11 de
junio de 1976 (RJ 1976\2492, RJ 1976\3033), de 27 de junio de 1986 ( RJ
1986\3208) y de 28 de junio de 1988 (RJ 1988\5378), sentencia esta última de
la que es oportuno aquí destacar que, después de reiterar la concepción material de la prescripción penal, ajena a condiciones procesales del ejercicio de la
acción, señala que esta doctrina más moderna, fue ganando la jurisprudencia,
que repudió toda analogía entre la prescripción civil y la prescripción del delito y que esta última tenga naturaleza procesal» (STC 12/1991, de 28 de enero
FJ 2º)(16).
Por lo demás, otorgar a la prescripción de la infracción una naturaleza estrictamente sustantiva tiene como principal consecuencia que sean de aplicación a este instituto los principios y garantías propias del orden penal, dentro y
En concreto, como señala la STS de 20 de octubre de 1993 (AP 839/1993),
FJº 2, implica los siguientes efectos: «a) la de poder ser declarada de oficio en
cualquier estado del procedimiento, incluido en el recurso de casación y en la
misma vista del recurso, sin que le afecte el ser cuestión nueva (S. de 28 de junio de 1988); b) referir el dies a quo de la prescripción a la fecha de comisión
del delito y no a la fecha de su descubrimiento, lo que llevaría a la idea civilis16
Vid. también, las SSTS de 8 de febrero de 1995 (AP 252/1995); de 7 de octubre de 1997 (AP
756/1997) y 4 de marzo de 1999 (AP 390/1999), FJ 4º, por todas.
En cuanto a la evolución de la jurisprudencia, vid., por todos, REY GONZÁLEZ, La prescripción
..., cit., pág. 29 y ss.; o PASTOR ALCOY, La prescripción del delito, la falta y la pena, cit., pág. 29 y ss.
ta de la posibilidad de ejercicio de la acción o principio de la actio nata; c)
considerar que sólo el procedimiento penal, entendido como cualquier actividad judicial instructora, puede interrumpir la prescripción, sin que tenga esta
virtud el previo ejercicio en vía civil de la acción derivada de los hechos; y d)
no imputar la carga de la prueba a la parte que la invoca a su favor, porque no
se compagina con la naturaleza material y jurídico-pública que se asigna a la
institución, de suerte que si no se desprende de los hechos probados con certidumbre la fecha del delito cometido, y sí la posibilidad de que fuera cometido
en tiempo hábil para que opere la prescripción, esta situación de duda o incertidumbre no debe quedar sometida al principio de distribución de la carga de
la prueba (art. 1214 Cci.), irreconciliable con las estructuras del proceso penal,
sino resolverse con sujeción al principio in dubio pro reo, dado que el acusado
no asume nunca la carga de la prueba (onus probandi) (S. de 31 de mayo de
1985) y que el aludido principio debe cubrir tanto los hechos constitutivos del
delito y que forman parte del tipo, como las causas obstativas excluyentes de
la responsabilidad (Ss. 6 de noviembre 1989, 6 de abril 1990 y otras)». Además de ello, como no podía ser de otra forma, la regulación de la prescripción
está sujeta a la reserva de Ley orgánica, tal y como lo ha entendido el legislador de 1995 (ex Disp. Final 6º, a contrario) y a la garantía de irretroactividad
de las disposiciones penales desfavorables.
Este consenso mayoritario no se ha alcanzado, en cambio, en lo referido a
su fundamento. Lo normal, como se dijo, sigue siendo justificar la prescripción en base a los argumentos tradicionales, incluidos los clásicos argumentos
procesales, superponiéndolos con otros derivados de la seguridad jurídica y la
necesidad preventiva de pena, para acabar concluyendo que la prescripción
del delito expresa una renuncia del Estado al ejercicio del ius puniendi, sustentada en una pluralidad de consideraciones político-criminales, que lo determinan a excluir la imposición y/o ejecución de una pena cuando, por el paso del
tiempo, ello pudiera acarrear más inconvenientes que ventajas.
EL FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN
Actualmente no se discute acerca de la conveniencia u oportunidad de la
prescripción(1). En lo que ya no reina el acuerdo, como se ha dicho, es en el
fundamento de la misma, siendo, por lo demás, frecuente, que tanto la doctrina
como la jurisprudencia atribuyan a la prescripción del delito un fundamento
Por lo general, la doctrina viene afirmando que la prescripción consiste
en una autolimitación del Estado para el ejercicio del ius puniendi, motivada
por una pluralidad de consideraciones político-criminales, las cuales hacen
aconsejable renunciar a la imposición y/o ejecución de la pena, cuando por
el tiempo transcurrido ello pudiera generar más inconvenientes que ventajas(2); argumentación que usualmente es compartida también por la jurisprudencia(3).
Sobre las teorías críticas, vid. CUELLO CALÓN/CAMARGO HERNÁNDEZ, Derecho Penal I,
Parte General, 16ª ed., vol. 2º, Barcelona, 1971, pág. 735; o MORILLAS CUEVA, Acerca de la prescripción…, cit., pág. 19 y ss.
Un ejemplo perfecto puede encontrarse en GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, El Código Penal
de 1870. Concordado y comentado, T. II, Burgos, 1872, pág. 591-592. Vid. también, ANTÓN ONECA, Derecho Penal, cit., pág. 612; MORILLAS CUEVA, Acerca de la prescripción…, cit., pág. 27; COBO/VIVES, Derecho Penal5ª, PG, cit., pág. 956; RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho Penal. Parte General,
17ª ed., Madrid, 1994, pág. 681; MIR PUIG, Derecho Penal5ª, cit., pág. 781; PASTOR ALCOY, La prescripción
del delito, la falta y la pena, cit., pág. 27; PRIETO RODRÍGUEZ, «Hacia una reinterpretación de la prescripción penal», cit., pág. 386-387; OLAIZOLA NOGALES, I., «Prescripción del delito en supuestos de concursos
de delitos», cit., pág. 747; GUINARTE CABADA, G., en AAVV, Comentarios al Código Penal de 1995, coordinados por Vives Antón, vol. I, Valencia, 1996, pág. 678; o LASCURAÍN SÁNCHEZ, «Tres problemas de
aplicación del delito fiscal: retroactividad, prescripción y exención de los partícipes por regularización», en
la obra colectiva Problemas específicos de la aplicación del Código Penal, CGPJ, Madrid, 1999, pág. 359
y ss., pág. 389-390.
Vid., por todas, la STS 13 de octubre de 1995 (762/1995), FJº 2, donde se afirma: «En orden
al instituto de la prescripción en el campo penal, tiene declarado esta Sala que el mismo responde a
la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente situaciones jurídicas expectantes del ejercicio de
Como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este capítulo, la cuestión del fundamento de la prescripción, desde una perspectiva teórico-abstracta, es relativamente sencilla. Desde el momento en que la prescripción se sustenta sobre la eficacia destructora del tiempo y ésta es una verdad irrefutable,
son múltiples los aspectos vinculados al delito sobre los cuales puede apreciarse dicha influencia. Las pruebas desaparecen, la Justicia tardía ya no es tal
Justicia, el sentido del castigo se desdibuja y, cómo no, parece indispensable
poner un término a la posibilidad de ejercitar el ius puniendi del Estado. Desde
múltiples puntos de vista, pues, podría justificarse la conveniencia políticocriminal de esta institución, sobre todo cuando el tiempo transcurrido desde la
comisión del delito es muy amplio.
Desde un punto de vista concreto, esto es, atendiendo a las posibles razones que ha considerado el legislador al regular dicho instituto, la cuestión se
complica extraordinariamente, en la medida en que ninguno de los argumentos esgrimidos tradicionalmente para fundamentar la prescripción pueden proporcionar por sí mismos una explicación del todo coherente. Considerados de
forma independiente y atendiendo a la normativa vigente, la prescripción aparece: unas veces, como una institución prescindible; otras, contradictoria, a
menos que se establezcan límites estrictos en su ámbito de aplicación; y otras,
por fin, desvinculada completamente de las exigencias que impondría una mínima coherencia con la finalidad considerada, demandando, si es que se quiere
hacer descansar sobre la misma, una radical transformación del instituto.
Los argumentos relativos a las garantías del proceso, esgrimidos por la
doctrina para justificar la prescripción, se sustentan sobre dos ideas básicas: la
acciones penales, que sólo pueden poner en actividad los órganos de justicia de ese orden impulsadas
dentro de los plazos que, según la trascendencia de la infracción delictiva, establece el ordenamiento
jurídico; teniendo su fundamento en el aquietamiento de la conciencia social y de la intranquilidad
producida, en las dificultades de prueba y en la enmienda que el tiempo produce en la personalidad
del delincuente (v. Ss. de 21 de enero de 1956; 30 de noviembre de 1963; 19 de diciembre de 1974 y
9 de junio de 1975, entre otras). La institución de la prescripción debe interpretarse también en relación con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (v. Ss. nº 955/1986 y 1606/
1987)».
dificultad de la prueba por el paso del tiempo y últimamente también, la necesidad de que el proceso se desarrolle en un plazo razonable.
La denominada teoría de la prueba es una justificación clásica de la prescripción del delito(4). El argumento central de la misma es que con el paso del
tiempo las pruebas del hecho, de la culpabilidad y de la inocencia del sujeto,
desaparecen o se dificultan extraordinariamente. Ello incrementa las posibilidades de un error judicial y, en consecuencia, de castigar a un inocente. Desde
esta perspectiva, por tanto, la prescripción se justifica en la salvaguarda de un
proceso justo con todas las garantías en cuanto a la defensa de las partes y,
desde un punto de vista meramente práctico, en razones de seguridad jurídica
ante la falta de viabilidad de un proceso en el que no es posible llevar a cabo la
suficiente actividad probatoria.
En opinión de BANALOCHE PALAO, el transcurso del tiempo genera una situación fáctica de indefensión y de inseguridad jurídica ante un posible proceso. En atención a ello, la prescripción vendría a solucionar un problema que se
produce en la vida real, esto es: la dificultad intrínseca de una investigación
que se va a llevar a cabo mucho tiempo después de cometido el delito. Dificultad para el acusador, en orden a reconstruir los hechos y formar una mínima
convicción en el juzgador; dificultad también para el acusado, a la hora de recabar los datos que demuestren su inocencia. En consecuencia, la única explicación legítima de este instituto en la actualidad proviene de los derechos que
asisten constitucionalmente a las partes dentro del proceso penal. «Respecto
del acusado, porque no se puede obligar a un inocente —presunto inocente—
a revisar actos vitales que realizó en tiempos ya muy pasados; y con relación a
la víctima, porque la prescripción sirve para compeler al poder público a que
resuelva de forma rápida y definitiva el ilícito que se ha cometido». En definitiva, concluye este autor, el fundamento de la prescripción de los ilícitos pena4
BINDING, Handbuch des Strafrechts. T. I, Leipzig, 1885, pág. 823 y nota 5; PESSINA, Elementos de Derecho Penal, 4ª ed., (trad. por González del Castillo, con notas de Aramburu y Cuello
Calón), Madrid, 1936, pág. 694; VIADA LÓPEZ-PUIGCERVER, La prescripción de las acciones…, cit.,
pág. 42; CUELLO CALÓN, Derecho Penal I, vol. 2º, cit., pág. 734-735… En la actualidad, BANALOCHE
PALAO, «Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal», cit., pág. 283 y ss. También,
junto a otros argumentos, MIR PUIG, Derecho Penal5ª, PG, cit., pág. 781; REY GONZÁLEZ, La prescripción..., cit., pág. 53-55; PASTOR ALCOY, La prescripción del delito, la falta y la pena, cit., pág.
27… Entre la doctrina alemana, como uno de los argumentos que justifican la prescripción: JESCHECK, Tratado de Derecho Penal. Parte General (trad. Manzanares Samaniego), 4ª ed., Granada,
1993, pág. 822; ROXIN, Derecho Penal. Parte General (trad. y notas de Luzón Peña/Díaz y García
Conlledo/De Vicente Remesal), Madrid, 1997, pág. 991; o MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Derecho Penal.
Parte General II: Formas de aparición del delito y las consecuencias jurídicas del hecho (Trad. De
la 7ª ed. Alemana por J. Bofill Genzsch), Buenos Aires, 1995, pág. 968.
les es «el de la protección de la seguridad jurídica de los justiciables, conseguida al evitar que se celebren procesos que no gozan ya de las mínimas
garantías que permitan dictar una sentencia justa y eficaz»(5).
El mismo punto de partida sostiene REY GONZÁLEZ. Para este autor, sin
perjuicio del valor de los distintos argumentos tradicionales, el fundamento de
la prescripción del delito es múltiple y depende de las circunstancias por las
que ésta se haya alcanzado(6). Así, en el caso de infracciones tardíamente conocidas, la prescripción se justifica en el derecho a la presunción de inocencia
y en la interdicción de la indefensión. Si a pesar del tiempo transcurrido, argumenta, el proceso se dirigiera contra el presunto culpable, se produciría una
grave indefensión, «pues los medios de defensa que pudiera tener se han debilitado, o ya no existen, y es preferible que cien culpables queden impunes, a
correr el riesgo de condenar a un inocente»(7). Idénticas razones explicarían la
prescripción cuando es conocida después de iniciado el procedimiento o cuando el hecho es conocido antes del plazo de prescripción pero el presunto autor
es conocido después. En este caso, señala, la indefensión se hace más patente
«pues no ha podido contrarrestar las pruebas acumuladas contra él durante
todo el tiempo de la instrucción y, si no se apreciara la prescripción, tendría
que empezar a preparar su defensa con muchos menos medios, o quizá con
ninguno porque, por el transcurso del tiempo, ya no existen…»(8). Ahora bien,
cuando se trata de la prescripción por paralización del procedimiento, la explicación es otra: si la paralización fuera imputable a la Administración de Justicia, el fundamento estaría en la garantía de un proceso sin dilaciones indebidas; mientras que si resultara imputable al acusado, que se coloca a sí mismo
en ignorado paradero, la prescripción debería admitirse en atención a los fundamentos tradicionales de Política Criminal que siguen siendo válidos en este
En mi opinión, de entrada, resulta sumamente cuestionable, por no decir
insostenible, configurar la prescripción como un “derecho” o un “beneficio”
para la víctima del delito, argumento que excluye ya el último autor citado(9).
Alcanzada la prescripción, la víctima se encuentra con que, sin haber iniciado
el proceso o, lo que es peor, habiendo ejercido ya la acción y sostenido ésta
BANALOCHE PALAO, «Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal», cit.,
pág. 286-287.
REY GONZÁLEZ, La prescripción..., cit., pág. 53 y ss.
íbidem, pág. 53-54.
íbidem, pág. 55.
REY GONZÁLEZ, La prescripción..., cit., pág. 46.
por un largo periodo de tiempo, la jurisdicción penal está cerrada, debiendo
acudir, si es que quiere hacer valer sus derechos, a la vía civil, con el consiguiente gasto y aún más retraso(10).
En cualquier caso, estos autores apoyan la justificación de la prescripción
en la salvaguarda de distintas garantías constitucionales del proceso penal.
Nos referiremos a ellas por separado y trataré de demostrar que dichas garantías operan de manera totalmente independiente del juego de la prescripción y
que, a partir de nuestra regulación positiva, no puede admitirse ninguna de
ellas como fundamento de este instituto. Una cosa es que se admita que las
pruebas pueden deteriorarse y desaparecer con el paso del tiempo; incluso,
afirmar que este argumento hubiera sido viable en otro tiempo; y otra, que el
fundamento de la prescripción pueda construirse actualmente sobre esta idea.
En mi opinión, considerado este fundamento, la prescripción no sería coherente con la regulación legal, ni sería tampoco necesaria.
Interdicción de la indefensión y presunción de
inocencia como fundamentos de la prescripción. Crítica
a la teoría de la prueba
En principio, esta tesis procesal podría venir avalada por el dato de que la
prescripción de la pena tenga señalado un plazo mayor que el previsto para la
del delito. De otra parte, no puede negarse que se sustenta sobre un dato real e
incontestable: las dificultades para hallar pruebas, tanto de cargo como de descargo, son mayores cuanto más lejano aparezca el momento de comisión del
delito. La memoria de los testigos falla, los documentos y las piezas de convicción se pierden o se destruyen… El tiempo, en definitiva, ejerce su efecto
destructor sobre las huellas del delito, lo que dificulta el proceso y aumenta las
posibilidades del error judicial y, en consecuencia, de una sentencia injusta.
En contra de este planteamiento, sin embargo, pueden oponerse distintas
objeciones. De forma general puede afirmarse que el transcurso del tiempo no
lleva aparejados necesariamente problemas de prueba, lo cual puede comprobarse fácilmente con un simple vistazo a la jurisprudencia(11). Sin embargo, los
principales reparos que pueden oponerse a esta solución son los siguientes:
1º.- Que no es coherente con nuestra regulación positiva; 2º.- Que la propia
Cfr. infra, pág. 61 y ss.
En este sentido, vid. también GILI PASCUAL, La prescripción en Derecho Penal, cit., pág.
iniciación y continuación del proceso vienen condicionados, con independencia del tiempo transcurrido, por la existencia de unas condiciones mínimas que
garanticen la viabilidad del mismo; y 3º.- Que si el cometido último de la prescripción fuera la salvaguarda de las garantías procesales básicas, resultaría absolutamente superflua, desde el momento en que aquéllas, reconocidas constitucionalmente como derechos fundamentales, son de aplicabilidad directa y
operan, en consecuencia, de forma absolutamente autónoma.
1.- Se ha señalado en primer lugar que esta solución no es coherente con
nuestra regulación positiva. A la vista de nuestro ordenamiento este argumento procesal y las consecuencias materiales que se derivan necesariamente del
mismo han de considerarse sólo una (muy discutible, por cierto) propuesta de
lege ferenda. Y ello por distintas razones.
En primer lugar, porque, retornando a posiciones ya superadas, exige y supone configurar la prescripción penal como una institución de naturaleza procesal. Como se ve claramente en el hilo argumentativo de BANALOCHE PALAO, en el fondo de su posición late la idea de que el paso del tiempo impide
ejercer y sostener la acción persecutoria con las debidas garantías, corriéndose
el riesgo de castigar a un inocente o de resultar finalmente ineficaz para resarcir a la víctima. Equiparándola a la civil, la prescripción de la acción penal trae
causa en la dejadez, negligencia o simple inactividad de los poderes jurisdiccionales y acaba siendo configurada como una condición objetiva de procedibilidad. De hecho, esta es la posición que finalmente sostiene(12), de la que, sin
desmerecer su rigor y coherencia, extrae una serie de consecuencias y propuestas absolutamente incompatibles con la regulación positiva de la prescripción.
Como lo que justifica la prescripción es la garantía de la prueba y, en último término, las garantías de la defensa y la viabilidad de la acción persecutoria, excluye (de lege ferenda) la posibilidad de prescripción del delito en la segunda instancia(13) y, como no podía ser de otra forma, encuentra injustificable
la prescripción de las penas(14). Desde el momento en que, tras la sentencia en
primera instancia, el factum es inamovible, carece de sentido extinguir la responsabilidad criminal ya afirmada de quien tiene su causa en fase de recurso
Cfr. BANALOCHE PALAO, «Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal»,
cit., pág. 304-306.
ibidem, pág. 291, nota 24.
pág. 301.
de apelación o, con mayor razón aún, cuando la sentencia es firme y el condenado se ha colocado en situación de ignorado paradero.
Esta justificación, por lo demás, tampoco resulta coherente con el sistema
de plazos establecido en el art. 130 C.p., en la medida en que dependen de la
gravedad del delito, lo que no guarda relación alguna con la cuestión de las
pruebas(15). Por ello, en opinión de BANALOCHE PALAO, debería establecerse
un plazo único de caducidad, no susceptible de interrupción, salvo en el supuesto de rebeldía, en el que podría admitirse la suspensión(16).
2.- Desde el punto de vista de la viabilidad del proceso, además, tampoco
es fácil ver la relación entre la prescripción del delito y el objetivo de evitar
procesos que carecen de las mínimas garantías de practicabilidad. Ello porque,
con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión del delito, la
apertura y continuación del proceso vienen condicionados ya por la existencia
de un mínimo material probatorio de cargo que permita sostener la acusación,
tanto en lo referido al hecho punible, como a la persona de su autor. Si concluidas la instrucción del sumario o las diligencias previas, no constara material probatorio suficiente, o no fuera posible dirigir la acusación contra persona determinada, se declarará el sobreseimiento provisional de las actuaciones
(art. 641 LECr.)(17). Pero si se continua o se reabre, éste deberá sustentarse en
la existencia de pruebas (o en la aparición de otras nuevas) y de “indicios racionales” de la responsabilidad del imputado. De acreditarse la prescripción,
sin embargo, en cualquier fase en que se encuentre el procedimiento y con absoluta independencia de las pruebas existentes, la responsabilidad criminal se
declara extinguida y el proceso deviene carente de objeto(18).
3.- Desde el punto de vista de la salvaguarda de las garantías procesales básicas, tampoco resulta convincente esta posición. Desde el momento en que
están recogidas como derechos fundamentales en el art. 24 CE, la protección
del ciudadano dentro del proceso penal viene ejercida directamente por estos
derechos, respecto de los cuales la prescripción no ofrece ninguna garantía
añadida. Situar en la presunción de inocencia, en la interdicción de la indefen15
En este sentido, JESCHECK, Tratado de Derecho Penal4ª, cit., pág. 811. Señalando igualmente la incapacidad que tal teoría presenta a la hora de explicar ciertos aspectos de la regulación de este
instituto, ÁLVAREZ GARCÍA, Código Penal Comentado, cit., pág. 292; o GILI PASCUAL, La prescripción en Derecho Penal, cit., pág. 68-69.
pág. 290-292
Vid. lo dicho respecto del sobreseimiento, infra, pág. 184 y ss.
Cfr., en este sentido, ÁLVAREZ GARCÍA, Código Penal comentado, cit., pág. 292.
sión o, incluso, en la prohibición de dilaciones indebidas el fundamento de la
prescripción, convertiría a ésta en una institución absolutamente superflua(19).
Analicemos los argumentos esgrimidos por los autores citados. El primero
de ellos es que la prescripción vendría justificada porque no se puede obligar
al inocente, presunto inocente, a buscar en la “historia de su vida” las pruebas
de su inocencia, respecto de hechos que han tenido lugar mucho tiempo atrás.
Lo primero que hay que destacar es que, como se ha dicho, la práctica jurisprudencial demuestra que el paso del tiempo no lleva aparejado necesariamente
problemas de prueba; éstos pueden aparecer ya desde un principio. En todo caso, la dificultad de la prueba es un impedimento común a todas las partes que intervienen en el proceso, con la importante diferencia de que la carga de la prueba
recae sobre la parte acusadora. Al acusado le ampara siempre la presunción de
inocencia, derecho que, como ha afirmado el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
comporta, al menos, cuatro exigencias: «1ª la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una probatio diabolica de los hechos
negativos; 2ª sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral
bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad; 3ª de dicha regla general sólo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción
en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio
del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción; y 4ª, la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del órgano judicial, que
éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración»(20). Pues bien, si la presunción de inocencia rige en todo proceso y está
dirigida, precisamente, a evitar que se condene a un ciudadano sin pruebas, no
acierto a vislumbrar cuál es la cautela añadida que aporta la prescripción.
Y no se puede decir tampoco, que si el posible responsable de los hechos es
conocido una vez iniciada la investigación y ya ha transcurrido el plazo de
prescripción, el presunto culpable se hallaría en una patente indefensión al no
Así, también, JAHNKE, en AAVV, StGB Leipziger Kommentar Großkommentar, 11. Aufl.,
1994, vor § 78, núm. 9. Vid., así mismo, GILI PASCUAL, La prescripción en Derecho Penal, cit., pág. 67.
Vid., STC 76/1990, FJº 8 b). En el mismo sentido, SSTC 109/1986, FJº 1º; 126/1986, FJº 2;
105/1988, FJº 3; 138/1992, FJº 1; 120/1994, FJº 2.
Considerando el principio «in dubio pro reo» como un componente esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia, BACIGALUPO, «Presunción de inocencia, «in dubio pro reo» y
recurso de casación», ADPCP, 1988, pág. 365 y ss.
haber podido participar en la instrucción del proceso y contrarrestar las pruebas recogidas en su contra.
Ello supone obviar que la instrucción es una fase preparatoria del juicio
oral, dirigida, precisamente, a esclarecer los hechos, a localizar a los responsables y al aseguramiento de sus personas y responsabilidades pecuniarias (art.
299 LECr.). Pero supone pasar por alto también que en esta fase rigen igualmente los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas entre
las partes, por lo que desde el momento en que resulte del sumario algún indicio racional de criminalidad contra una determinada persona, ésta debe ser informada inmediatamente y ejercer su derecho a la defensa desde ese preciso
instante (vid. art. 384 LECr.)(21). El juez instructor no puede retrasar, como regla general, la notificación del proceso a los posibles implicados, so pena de
nulidad por prueba prohibida (art. 11.1º LOPJ). La garantía del ciudadano pro21
El art. 118 LECr. dispone «Toda persona a quien se le impute un acto punible podrá ejercitar
el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.- La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o
personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados…».
En consecuencia, como señala el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, este precepto reconoce la calidad de imputado «a toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible,
permitiéndole ejercitar el derecho a la defensa en su más amplio contenido. (STC 135/1989, de 19 de
julio). Por lo que se refiere al proceso abreviado, donde no existe formalmente el procesamiento, «la
tutela del derecho constitucional de defensa en el ámbito del proceso abreviado conlleva una triple
exigencia: a) en primer lugar, y a fin de evitar acusaciones sorpresivas de ciudadanos en el juicio oral
sin que se les haya otorgado posibilidad de participación alguna en la fase instructora, la de que nadie
puede ser acusado sin haber sido con anterioridad declarado judicialmente imputado, de tal suerte que
la instrucción judicial ha de seguir asumiendo su clásica función de determinar la legitimación pasiva
en el proceso penal (art. 299 LECr)… b) en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, nadie
puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de
las diligencias previas, garantía que ha de reclamarse en este proceso penal… y que se plasma en la
necesidad de que no pueda clausurarse la instrucción (a salvo, claro está, que el Juez adopte una resolución de archivo o de sobreseimiento) al menos sin haber puesto el Juez en conocimiento del imputado el hecho punible objeto de las diligencias previas, haberle ilustrado de sus derechos, y de
modo especial de la designación de abogado defensor y, frente a la imputación contra él existente,
haberle permitido su exculpación en la “primera comparecencia” contemplada en el art. 789.4 LECr;
y c) no se debe someter al imputado al régimen de declaraciones testificales cuando de las diligencias
practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible… ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente
necesario, pues, estando ligado el nacimiento del derecho de defensa a la existencia de la imputación
(art. 118 LECr), se ha de ocasionar la frustración de aquel derecho fundamental si el juez de Instrucción retrasa arbitrariamente su puesta en conocimiento, razón por la cual dicha actuación pr

References: resolución 
 resolución 
de lege ferenda
in dubio
de lege ferenda
in dubio
in dubio
 resolución