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Timestamp: 2020-07-02 12:31:14+00:00

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Artículo 2 Concepto de patrimonio de Aragón
Artículo 4 Bienes y derechos de dominio público
Artículo 5 Bienes y derechos de dominio privado
CAPÍTULO II. Competencias generales
Artículo 6 Gobierno de Aragón
Artículo 7 Departamento competente en materia de patrimonio
Artículo 8 Restantes departamentos y organismos públicos
CAPÍTULO III. Convenios patrimoniales y urbanísticos
Artículo 9 Admisibilidad
TÍTULO II. Adquisición y transmisión
CAPÍTULO II. Adquisición
SECCIÓN 1. Adquisiciones a título gratuito
SECCIÓN 3. Arrendamientos de inmuebles
CAPÍTULO III. Transmisión
SECCIÓN 1. Reglas comunes
SECCIÓN 2. Venta de bienes inmuebles y derechos reales
SECCIÓN 3. Venta de bienes muebles
SECCIÓN 4. Permutas
CAPÍTULO I. Deberes de conservación y colaboración
CAPÍTULO II. Inventario General del Patrimonio de Aragón
CAPÍTULO III. Práctica de la inscripción registral
CAPÍTULO IV. Potestades para la defensa del patrimonio de Aragón
TÍTULO IV. Tráfico jurídico de derecho público de los bienes y derechos
SECCIÓN 1. Afectación
SECCIÓN 2. Desafectación
CAPÍTULO III. Adscripción, desadscripción e incorporación
SECCIÓN 1. Adscripción
SECCIÓN 2. Desadscripción
SECCIÓN 3. Incorporación de bienes de los organismos públicos
CAPÍTULO IV. Reglas comunes sobre constancia inventarial y publicidad registral
TÍTULO V. Utilización de bienes y derechos
CAPÍTULO I. Utilización del dominio público
CAPÍTULO II. Utilización de los edificios administrativos
CAPÍTULO III. Aprovechamiento del dominio privado
TÍTULO VI. Sector empresarial del patrimonio de Aragón
Artículo 131 Ámbito
Artículo 133 Sociedades mercantiles autonómicas
Artículo 134 Atribuciones del Gobierno de Aragón
Artículo 135 Departamento o entidad de gestión
Artículo 136 Sociedad matriz
Artículo 137 Departamento de tutela
CAPÍTULO II. Suscripción, adquisición y transmisión de los títulos societarios autonómicos
Artículo 139 Importe de las adquisiciones
Artículo 140 Procedimiento de enajenación
CAPÍTULO III. Régimen administrativo en relación con las sociedades mercantiles autonómicas
SECCIÓN 1. Reglas comunes a todas las sociedades mercantiles autonómicas
Artículo 141 Constitución y disolución
Artículo 142 Administradores y consejeros
Artículo 143 Representación de las Cortes de Aragón
Artículo 144 Aportaciones no dinerarias
SECCIÓN 2. Reglas especiales para las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público
Artículo 145 Instrucciones
Artículo 146 Comisión de auditoría y control
CAPÍTULO IV. Reestructuración del sector público empresarial
Artículo 148 Competencia y procedimiento
Artículo 149 Adquisición
Artículo 150 Continuidad
Artículo 151 Efectos
TÍTULO VII. Responsabilidades
Artículo 152 Responsabilidades penales
Artículo 153 Obligación de reparar
Artículo 154 Alcance de la reparación
Primera Cortes de Aragón y Justicia de Aragón
Segunda Órganos estatutarios
Cuarta Viviendas oficiales
Quinta Bienes del Patrimonio Cultural de Aragón
Sexta Fincas de desconocidos procedentes de procesos de concentración parcelaria
Séptima Sistemas especiales de gestión
Octava Reestructuración orgánica
Novena Departamento o entidad de gestión y departamento de tutela
Décima Informes del departamento competente en materia de patrimonio
Undécima Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
Duodécima Bienes informáticos
Primera Aplicabilidad del artículo 21.3
Segunda Expedientes patrimoniales
L 4/2012, 26 Abr., CA Aragón (medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial)
Artículo 146 redactado por disposición final primera de la Ley [ARAGÓN] 4/2012, 26 abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial («B.O.A.» 11 mayo). Artículo 147 redactado por disposición final primera de la Ley [ARAGÓN] 4/2012, 26 abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial («B.O.A.» 11 mayo).
L 2/2012, 23 Feb., CA Aragón (modificación de la Ley del Patrimonio)
Número 1 del artículo 135 redactado por número 1 del artículo único de la Ley [ARAGÓN] 2/2012, 23 febrero, de modificación de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón («B.O.A.» 2 marzo). Número 3 del artículo 138 redactado por número 2 del artículo único de la Ley [ARAGÓN] 2/2012, 23 febrero, de modificación de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón («B.O.A.» 2 marzo). Disposición adicional novena redactada por número 3 del artículo único de la Ley [ARAGÓN] 2/2012, 23 febrero, de modificación de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón («B.O.A.» 2 marzo).
DL 1/2011 de 29 Nov. CA Aragón (medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial)
Artículo 146 redactado por disposición final primera de DLey [ARAGÓN] 1/2011, 29 noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial («B.O.A.» 5 diciembre 2011). Artículo 147 redactado por disposición final primera de DLey [ARAGÓN] 1/2011, 29 noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial («B.O.A.» 5 diciembre 2011).
Ley [ARAGÓN] 5/2011, 10 marzo, derogada por la disposición derogatoria única del DLeg. [ARAGÓN] 4/2013, 17 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón («B.O.A.» 31 diciembre), el 1 de enero de 2014.
Mediante esta ley se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón, donde se establece que la Comunidad Autónoma tendrá su propio patrimonio, integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular, y que «Una ley de Cortes de Aragón regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa», disponiendo, por su parte, el artículo 71.7.ª que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad.
Con anterioridad, el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón se contenía en el Decreto legislativo 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que había sido objeto de modificación parcial por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Conforme a su naturaleza de texto refundido, el Decreto legislativo 2/2000 recogió, sin innovar, el contenido de la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando al mismo las modificaciones, especialmente en materia de sucesión intestada, que se habían producido desde su promulgación, de tal manera que el núcleo esencial de la normativa patrimonial de la Comunidad Autónoma era aquél que se estableció hace más de dos décadas.
El contexto en el que se insertó esa norma del año 1987 es sustancialmente diferente al de hoy, pues desde el año 1987 se ha completado el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma, aumentando notablemente sus competencias y los medios materiales necesarios para su ejercicio, todo lo cual determina la necesidad de disponer de nuevos instrumentos normativos que posibiliten una gestión más eficaz de los cada vez más numerosos bienes y derechos públicos de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, en los últimos diez años se ha producido un notable incremento en la actividad empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma, que tiene una intervención creciente en sectores estratégicos de la economía aragonesa, mediante la creación de empresas propias de la Comunidad Autónoma y también con la participación en el capital de determinadas sociedades mercantiles. La experiencia derivada de la tramitación de los expedientes patrimoniales vinculados a la actividad empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto que la legislación actual, en ocasiones, resulta insuficiente y que es necesario adaptarla. Finalmente, la promulgación por el Estado de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre) determina la necesidad de una profunda renovación de la legislación autonómica, que ya han emprendido otras Comunidades Autónomas. En todo caso, los preceptos básicos y de aplicación general de la nueva legislación estatal han de ser respetados en la legislación reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma. Esta ley, teniendo en cuenta los factores expuestos, establece la regulación general para la formulación y desarrollo de una política global reguladora de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma que haga viable la modernización de la gestión patrimonial.
Por otra parte, siguiendo la tónica de la recíproca influencia entre los legisladores estatal y autonómicos, al igual que han hecho las Comunidades Autónomas que ya han adaptado sus legislaciones en la materia a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la regulación aragonesa se plantea sobre el patrón correspondiente al régimen del patrimonio del Estado, procediendo a incorporar los contenidos útiles para el patrimonio de Aragón e introduciendo las adaptaciones que resulten necesarias o convenientes.
La conjunción de los anteriores criterios en esta ley determina la formación un régimen jurídico que debe permitir el pleno cumplimiento de los objetivos estatutarios de asegurar «la administración, conservación y defensa» de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma.
El Título I de la ley se destina a las disposiciones generales, precisando el ámbito y aplicación de la misma, las competencias más destacadas en relación con el patrimonio de Aragón y las reglas sobre convenios patrimoniales y urbanísticos. Conviene advertir de que, si bien se adopta un concepto unitario del patrimonio de Aragón, siguiendo las pautas de la legislación básica del Estado, se ha tenido en cuenta que la amplia concepción del patrimonio de las Administraciones públicas en dicha legislación no conlleva la obligación autonómica de elaborar un régimen jurídico unitario, ni siquiera contenido en un mismo texto, para las diferentes propiedades especiales y para todos los entes públicos vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, se han establecido algunas excepciones parciales al régimen unitario del patrimonio de Aragón, tanto por razones objetivas, que llevan a mantener los regímenes vigentes característicos de los patrimonios viario, agrario, forestal, de vías pecuarias, de suelo y vivienda, y universitario de la Comunidad Autónoma, como por razones subjetivas, que conducen a mantener algunas limitadas singularidades en relación con los patrimonios de las entidades de derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma
El Título II incluye los modos y procedimientos de adquirir y transmitir los bienes y derechos del patrimonio de Aragón. En relación con los modos de adquisición de bienes y derechos a favor de la Comunidad Autónoma por atribución de la ley, conforme a nuestro derecho foral, se sigue manteniendo en sus mismos términos el régimen de sucesión legal que figura en la Ley de Aragón de Sucesiones por Causa de Muerte, con completa remisión a lo establecido en la misma, en ejercicio de la competencia exclusiva que establece el artículo 71.2.ª del Estatuto de Autonomía, en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral.
Conforme con lo anterior, se ha recogido también en el texto de esta ley la incorporación al patrimonio de Aragón de las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un proceso de concentración parcelaria.
El Título III comprende las reglas relativas a la protección y defensa del patrimonio de Aragón: deberes de conservación y colaboración, el Inventario General del Patrimonio de Aragón, cuestiones sobre la práctica de la inscripción registral y las diversas potestades para la defensa del citado patrimonio.
En el Título IV se establece el régimen del tráfico de derecho público de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, comprendiendo la afectación y la desafectación, las mutaciones demaniales, la adscripción, la desadscripción y la incorporación.
El Título V se dedica al régimen de utilización de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, estableciendo, por lo que respecta al dominio público, la necesidad de disponer de título habilitante, y regulando las autorizaciones y concesiones demaniales. Asimismo, se establecen normas específicas respecto al uso de los edificios administrativos, destacando la previsión de programas de actuación y planes de optimización con el objetivo de promover un uso más eficiente de estos inmuebles. Respecto al uso del dominio privado, se prevé la competencia del departamento competente en materia de patrimonio, el cual podrá concertar los negocios jurídicos, típicos o atípicos, para su explotación.
En el Título VI se contiene la regulación del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma, estableciéndose un régimen jurídico que posibilita el empleo normal de las empresas públicas conforme a la regla del Estatuto de Aragón que permite la creación de un sector público propio (artículo 71.32.ª), pero subordinándolo a las otras dos reglas estatutarias que exigen indeclinablemente la conexión de las empresas públicas con las funciones públicas y el respeto a la competencia del Gobierno de Aragón para su creación (artículo 100.2).
Como novedad en la regulación de la materia, se ha establecido con la amplitud necesaria el concepto de «sociedad mercantil autonómica» a fin de permitir el exacto control público del sector empresarial de la Comunidad Autónoma. También, para el desarrollo de las funciones de control de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre el sector empresarial, se han perfilado las figuras del «departamento o entidad de gestión» y del «departamento de tutela».
Asimismo, se ha considerado la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, procurando la debida coordinación de ambos textos.
En el régimen de la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales se han incluido tanto las operaciones que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma como las que puedan llevarse a cabo por los organismos públicos vinculados o dependientes de dicha Administración pública. También se ha establecido el régimen administrativo aplicable en relación con las sociedades mercantiles autonómicas, y especialmente de las de capital íntegramente público. Por último, se han previsto las adecuadas potestades del Gobierno de Aragón para reestructurar el sector empresarial de la Comunidad Autónoma conforme a las diversas modalidades organizativas posibles.
En el Título VII se ha regulado la potestad administrativa de exigir la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados en el patrimonio de Aragón, incluyendo la definición de los obligados, el alcance de la reparación, el procedimiento y otras cuestiones. La novedad de la regulación estriba en que se descarta el establecimiento de un régimen sancionador genérico para la protección del patrimonio de Aragón, habida cuenta de los problemas observados en la materia, que determinan la generación de sistemas sancionadores administrativos coincidentes en parte con el régimen penal de aplicación preferente y en parte carentes de adecuados fundamentos para su viabilidad.

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 131

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 151

Artículo 152

Artículo 153

Artículo 154
 artículo 21

Artículo 146
 Artículo 147
 artículo 135
 artículo 138

Artículo 146
 Artículo 147
 artículo 113
 artículo 71
 artículo 71