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Timestamp: 2019-10-22 17:50:32+00:00

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Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la estrategia nacional sobre drogas para el período 2000-2008 (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2008).
Vigencia desde 01 de Enero de 2000. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2000 hasta 31 de Diciembre de 2008
ANEXO . Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008
4. Areas específicas de intervención
5. Ambito normativo
La estrategia está estructurada en los apartados siguientes: 1. Análisis de la situación; 2. Evolución y principales logros del Plan Nacional sobre Drogas; 3. Metas y objetivos de la Estrategia Nacional; 4. Areas específicas de intervención; 5. Ambito normativo; 6. Investigación y formación; 7. Funciones y órganos de la estrategia nacional sobre Drogas; 8. Evaluación y sistemas de información, y 9. Financiación.
En el apartado 2 se realiza un examen de la evolución y principales logros del Plan Nacional sobre Drogas (P.N.S.D.) desde sus orígenes, en 1985, hasta la actualidad. Entre los últimos, cabe destacar la existencia de un plan global de intervención frente al fenómeno de las drogodependencias, articulado desde un consenso institucional, social y político, donde confluyen todas las Administraciones públicas; la potenciación de un entramado social donde se articula la actividad que desarrolla la sociedad civil; la consolidación de una red de atención amplia, diversificada y profesionalizada; la puesta en marcha de experiencias de inserción social y laboral, y la creación de unas bases sólidas capaces de posibilitar el proceso de generalización de una política preventiva.
Entre esas metas y objetivos destacan el de la prioridad, que tendrá la prevención, como la estrategia más importante para enfrentarse al problema; el de la adecuación de la red asistencial existente con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades que plantee el fenómeno; el de impulso de programas que faciliten la incorporación de las personas drogodependientes a la sociedad, y el de potenciación de la reducción de la oferta de drogas, mediante la promoción de una actuación integral contra el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y otros delitos conexos.
En el apartado 4 de la estrategia se contemplan las diferentes áreas para la intervención, en las cuales se explicita su nivel de priorización, agrupadas en función de la demanda; reducción de la oferta y cooperación internacional.
En el nivel de la reducción de la oferta se establecen, entre otros, como objetivos principales a alcanzar el reforzamiento de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes como órgano centralizado y coordinador de la información; y el incremento de la formación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en técnicas de lucha contra el tráfico de drogas.
La cooperación internacional se constituye en la estrategia como un área de especial importancia al posibilitar la participación activa de España en todos los foros multilaterales en los que se trata el fenómeno de las drogas (Unión Europea; Naciones Unidas; Consejo de Europa; Organización de Estados Americanos; Grupo Internacional en materia de blanqueo de capitales). Todo ello sin perjuicio de las relaciones de colaboración bilateral con países con los que España comparte este problema común, preferentemente los países vecinos como Francia, Portugal, Italia y Marruecos, y también los países iberoamericanos.
Respecto al «crack», su consumo está, afortunadamente, muy poco extendido entre la población. No obstante, parece que existe un cierto consumo entre los usuarios de heroína, especialmente en algunas Comunidades Autónomas del sur de España y de las Islas Canarias, donde la heroína se consume principalmente por vía pulmonar (fumada o inhalada).
Por otro lado, existe un importante grado de coincidencia entre las propuestas que los ciudadanos consideran que son más positivas para resolver esta cuestión y las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones públicas. Así, entre estas propuestas destacan: la educación sobre este tema en las escuelas, el tratamiento voluntario a los consumidores, el control policial y las campañas de información y sensibilización a la población. Sólo un porcentaje muy escaso se muestra partidario de la legalización de las drogas como una medida apropiada para solucionar este tema.
Como consecuencia de lo anterior, en el debate sobre el Estado de la Nación de 1983, el Gobierno informó de su intención de institucionalizar y centralizar en un solo órgano la acción de coordinación política y administrativa de prevención de drogodependencias, para lo que elaboraría un «Plan Nacional». En estos momentos ya era una realidad el Estado de las Autonomías.
- Reducción de la oferta y la demanda.
- Disminución de la inseguridad ciudadana.
- Oferta de una Red Pública de servicios de atención, suficiente y transparente para la sociedad en su conjunto.
- Coordinación y cooperación de las Administraciones e instituciones sociales implicadas en el problema.
Con la publicación del Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre (ya derogado por el Real Decreto 79/1997), fue ya una realidad la creación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, como órgano unipersonal, con las competencias de desarrollo de los Acuerdos del Grupo Interministerial; elaboración de las propuestas de programas y actuaciones relativas a la lucha contra el tráfico y consumo de drogas y evaluar las realizadas por los diversos Ministerios; ejercicio de la coordinación y dirección funcional de los distintos Departamentos ministeriales, organismos y Administraciones públicas, y coordinación de la asignación de recursos presupuestarios.
- La ampliación o incorporación de nuevos Departamentos ministeriales.
- La ampliación de facultades.
- Las necesidades de distinguir entre las funciones políticas de la persona encargada como Delegado del Plan Nacional y la actividad administrativa de la organización a su cargo.
Por Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, la Delegación del Gobierno amplía su campo de acción. Desde entonces se le atribuyen la función de llevar el Registro General de Operadores de Sustancias Químicas Catalogadas y las demás que se atribuyen al Ministerio del Interior por la Ley 3/1996, de 10 de enero, y la competencia para recibir, analizar y estudiar la información sobre tráfico de drogas y blanqueo de capitales relacionado con el mismo. Hay que añadir, además, las que se le atribuyen como consecuencia de la aprobación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, de creación de un Fondo procedente de los Bienes Decomisados por tráfico de drogas; y las que, tras la aprobación del Real Decreto 783/1998, de 30 de abril, se le reconocen como Organo Estatal de Comunicación con el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías.
5. Creación de unas bases sólidas capaces de posibilitar el proceso de generalización de una política preventiva. Entre las actuaciones puestas en marcha para la consecución de este objetivo hay que destacar: a) la aprobación por la Comisión Interautonómica en diciembre de 1996 del documento «Criterios básicos de intervención en los programas de prevención de las drogodependencias», b) la publicación de diferentes textos sobre prevención entre los que cabe citar el libro «Prevención de las drogodependencias: Análisis y propuestas de actuación» y c) la introducción de la «Educación para la salud», como asignatura transversal en la Educación Primaria y Secundaria, tras la aprobación de la LOGSE.
a) En la organización político-administrativa del PNSD y la asunción de funciones por la Delegación del Gobierno para el mismo ( Real Decreto 1885/1996, de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y Real Decreto 783/1998, de 30 de abril, por el que se establece en la Delegación del Gobierno para el PNSD el Observatorio Español sobre Drogas).
c) En la regulación de normas de carácter estatal orientadas a favorecer la prevención y aumentar los medios para ello ( Ley 36/1995, de 11 de diciembre, de Creación de un Fondo Procedente de los Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas, y su Reglamento de Desarrollo).
d) En las medidas de represión del tráfico de drogas y delitos relacionados con el mismo ( Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas; Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que amplía el concepto de «entrega vigilada» a los precursores y a las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas y regula, asimismo, la figura del «agente encubierto»).
Igualmente, hay que señalar que España forma parte de los principales Tratados y Convenciones de Naciones Unidas sobre esta materia: Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y Convención de Naciones Unidas de 1988.
9. España cuenta con una presencia destacada en los principales organismos y foros internacionales donde desarrolla una intensa actividad: Naciones Unidas, como miembro de pleno derecho en la Comisión de Estupefacientes; Unión Europea; Grupo Dublín, en el que ostenta la presidencia del Grupo Regional «América Central y Méjico»; Grupo de Acción Financiera Internacional.
10. Implementación de unas dotaciones presupuestarias, en el ámbito de la Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas que han permitido un amplio desarrollo de programas y actividades en todas las áreas de intervención del Plan Nacional sobre Drogas y que, para el ejercicio 1998, ha superado los 30.000 millones de pesetas.
8. Proceder a una constante actualización y adaptación del marco normativo a la situación producida en los diferentes ámbitos de actuación del Plan: reducción de la demanda, control de la oferta, organización políticoadministrativa, cooperación internacional, etc.
10. Incentivar una serie de áreas complementarias que tienen una importancia vital para la consecución de los objetivos genéricos de la reducción de la demanda y el control de la oferta. Entre estas áreas cabe señalar la formación de técnicos y especialistas en los diversos ámbitos de actuación; la evaluación de los programas llevados a cabo y el desarrollo de líneas de investigación que contribuyan a un mejor conocimiento del estado de situación del problema y de las medidas para atajarlo.
En este sentido, el Plan Nacional sobre Drogas atribuye especial atención a las medidas de prevención, sobre la base del documento acerca de los criterios básicos de intervención en los programas de prevención de las drogodependencias, realizado por la comisión nombrada al efecto y aprobado por la Comisión Interautonómica y la Conferencia Sectorial.
b) Ambitos prioritarios de intervención.
1. Ambito escolar:
2. Ambito familiar:
3. Ambito laboral:
4. Ambito comunitario:
5. Ambito de la comunicación social:
6. Ambito de la salud:
4. En el 2003, el 50 por 100 de los programas de prevención aplicados en el aula estarán autorizados. Este porcentaje alcanzará el 100 por 100 en el 2008.
En el año 2003, todas las acciones de prevención financiadas por las Administraciones públicas implicadas en el Plan Nacional sobre Drogas se adecuarán a los requisitos recogidos en el documento sobre «Criterios Básicos de Intervención de los Programas de Prevención de Drogodependencias», aprobado en la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas de 1997.
5. Implantar programas de educación sanitaria tendentes a la reducción del daño por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre población general. Especialmente, se llevarán a cabo programas de reducción de daños asociados al consumo de alcohol en relación con los accidentes de tráfico y la violencia.
1. En el 2003, el 100 por 100 de los programas de tratamiento con agonistas públicos deberán estar coordinados funcionalmente en la red asistencial perteneciente al Sistema Nacional de Salud, posibilitando un continuo «feedback» con otros dispositivos y permitiendo el intercambio de pacientes cuando así sea necesario.
2. En el 2003, el 50 por 100 de los programas de tratamiento con agonistas ofertarán una variedad de servicios fundamentales entre los que se incluyen los de salud general, de salud mental, las actividades preventivas, la asistencia sociolaboral y el apoyo familiar. Este porcentaje alcanzará al 100 por 100 en el 2008.
El tercer nivel estará constituido por recursos específicos con un alto nivel de especialización. Los diferentes dispositivos de este nivel pueden ser de ámbito «supra» área de salud, y su acceso debe ser por derivación desde los recursos de segundo nivel. En este tercer nivel de intervención se incluyen recursos tales como las unidades de desintoxicación hospitalaria, centros residenciales, etc.
Aunque la mayor parte de las organizaciones criminales tienen como base fundamental de su actividad el tráfico ilegal de drogas, se ha venido observando que la economía criminal ha sufrido una marcada tendencia a extender los ámbitos de su actuación hacia diversas áreas, creando una industria global cada vez más interconectada y diversificada, donde destacan las siguientes actividades ilícitas:
En el ámbito internacional, las regiones del Norte de Africa e Iberoamérica constituyen objetivos prioritarios de la cooperación policial en la lucha contra las drogas, por lo que resulta imprescindible promover mecanismos de apoyo e intercambio de información con las instituciones responsables de la erradicación del tráfico de drogas en dichas zonas.
8. Establecer un observatorio de seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones de traficantes; especialmente en lo que se refiere a tres cuestiones:
b) El uso de medios sofisticados de ocultación y transporte de las drogas ilegales. c) El uso de las tecnologías digitales de comunicación (telefonía móvil, correo electrónico, internet etc.) por las organizaciones de traficantes para sus fines ilegales.
a) Puertos y aeropuertos (viajeros y equipajes; y transporte de mercancías, con especial atención a los contenedores, embarcaciones deportivas y puertos deportivos).
Igualmente se reforzarán las medidas de control esporádico y selectivo de las fronteras nacionales, sobre personas y actividades catalogadas como sospechosas, de acuerdo con los perfiles y «modus operandi» conocidos de tráfico legal de drogas.
Objetivos: Los objetivos están agrupados en cinco grandes apartados: Coordinación, Financiación, Relaciones Multilaterales, Relaciones Bilaterales y Evaluación.
1. En el año 2003 se habrá establecido una unidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores para el seguimien to de los trabajos en materia de drogas en el ámbito internacional.
3. En el año 2003 se habrán firmado acuerdos bilaterales de cooperación sobre drogas con la República Dominicana, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay.
4. En el año 2003, España habrá consolidado las relaciones de cooperación en materia de drogas con los países del Caribe.
6. Desarrollar un marco legislativo que permita controlar las aeronaves, los vehículos particulares y las embarcaciones deportivas y de alta velocidad, así como cualquier otro medio de transporte que pueda ser utilizado para el tráfico ilegal de drogas; estableciendo los mecanismos administrativos y penales de control y sanción correspondientes.
Areas de actuación preferente:
- Con regularidad, cuando menos, bienal, el Plan Nacional sobre Drogas, a propuesta de sus miembros, deberá definir las áreas de actuación preferente en materia de formación e investigación en drogodependencias.
- Este acuerdo servirá como base para la posterior financiación de las actuaciones que se planifiquen y desarrollen dentro de esta área.
2. En el 2003, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla habrán elaborado un programa de formación continuada dirigido a profesionales de los recursos de atención y/o prevención de las drogodependencias, que incluya contenidos considerados prioritarios.
Organos de dirección y coordinación:
2. Organo Unipersonal: Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, encargado de la dirección y de la coordinación de las políticas sobre drogas.
6. Organo de Seguimiento: Comité Permanente de Seguimiento del Plan Nacional sobre Drogas. Se trata de un órgano permanente dependiente de la Conferencia Sectorial que se reúne con mayor frecuencia y agilidad que ésta. Se elegirá por cooptación entre los miembros de la misma.
7. Organo de control legislativo: Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de la Droga o Comisión correspondiente que la sustituyera.
8. Organos consultivos: Observatorio Español sobre Drogas.
Sistemas de Información: La constitución del Observatorio Español sobre Drogas supone la existencia de un organismo, entre cuyas funciones principales se cuenta la recogida, de una forma sistemática y continuada, de toda la información relevante que sobre la situación de las drogas y las drogodependencias en España se genere, tanto procedente de fuentes internas como externas del país.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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