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Timestamp: 2020-02-18 04:07:04+00:00

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﻿ SENTENCIA 2067 DE AGOSTO 5 DE 1999
SENTENCIA 2067 DE 05 DE AGOSTO DE 1999
CONTENIDO:INHABILIDADES ELECTORALES POR PARENTESCO. COMPRENDE A TODOS LOS PARIENTES INSCRITOS POR UN MISMO PARTIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, PARENTESCO, INHABILIDAD ELECTORAL, PARIENTE, INHABILIDAD POR PARENTESCO
PONENTE:MEDINA LÓPEZ, ROBERTO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:335 DE NOVIEMBRE DE 1999, PÁG.2051
Sentencia 2067 de agosto 5 de 1999
INHABILIDADES ELECTORALES POR PARENTESCO
COMPRENDE A TODOS LOS PARIENTES INSCRITOS POR UN MISMO PARTIDO
Dr. Roberto Medina López
Exp. 2067 (Acumulados 17492 y 17510) Demandantes: Alfonso Gómez Rey y otro
Santafé de Bogotá, D.C., cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Ciro Salcedo Reyes (fls. 75 a 77 cdno. ppal. y fls. 120 a 122, cdno. ppal.), contra la sentencia y adición dictadas por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró nula su elección como concejal del municipio de Soatá y negó la misma pretensión para el caso de Ramiro Salcedo Reyes, hermano del anterior.
Ramiro Salcedo Reyes y Ciro Salcedo Reyes, hermanos entre sí como consta en el expediente (cdno. 2, fls. 24 y 25 ), se inscribieron como cabezas o primer renglón de dos listas por el mismo partido político para la elección de concejales del municipio de Soatá ( cdno. 2, fls. 8, cdno. 3, fls. 8 y 9, ), por el período constitucional del 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000, habiendo resultado elegidos el 26 de octubre de 1997 como consta en las respectivas acta parcial de escrutinio y declaratoria de elección (cdno. 2, fls. 27 a 32).
La elección de los dos candidatos fue demandada (exps. 17492 y 17510 del Tribunal Administrativo de Boyacá, cdno. 1, 2 y 3), y los respectivos procesos se adelantaron paralelamente hasta cuando el a quo decretó su acumulación, lo que permitió el proferimiento de un fallo conjunto.
Consta en el informativo que al momento de decretarse la acumulación de los procesos (abril 2/98, fls. 47 a 50 vto. cdno. primero, exp. 17492), ya se habían practicado las pruebas decretadas, con la única excepción de los interrogatorios de parte, por inasistencia de quienes los habían solicitado (fls 61, cdno. 1 y 14 cdno. 3).
El tribunal administrativo de Boyacá, dictó sentencia el 1º de julio de 1998 (fls. 61 a 73, cdno. principal) en la que declaró la nulidad del acta de escrutinios de la elección del señor Ciro Salcedo Reyes como concejal del municipio de Soatá (Boy.) para el período 1998-2000; ordenó excluir del cómputo los votos emitidos por la respectiva lista que a su vez anuló, y llamó a ocupar su curul “al candidato o candidatos, que según el orden de inscripción hayan obtenido el siguiente número de votación”.
Posteriormente y por disposición de esta Sala que encontró que la sentencia “omitió la resolución de uno de los extremos de la litis” (fls. 101 y 102, cdno. ppal. ), el tribunal administrativo de Boyacá adicionó su fallo inicial, para negar las pretensiones relacionadas con la nulidad de la elección del señor Ramiro Salcedo Reyes. (fls. 105 a 117 cdno. ppal.).
En el fallo apelado se dice en esencia que
“Ramiro Salcedo Reyes no se encontraba inhabilitado al momento de inscribirse para concejal, mientras que Ciro Salcedo Reyes, su hermano, sí, por la inscripción anterior realizada por Ramiro Salcedo el 5 de agosto de 1997, lo que llevará a la Sala a declarar nula la elección de Ciro Salcedo Reyes como concejal de Soatá para el período 1998-2000, por cuanto ya su hermano Ramiro se había inscrito con anterioridad; de igual manera se declarará nula su respectiva credencial.
No se atenderán los argumentos de la demandada por cuanto la causal 6 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, no fue invocada en la demanda”.
La agente del Ministerio Público, delegada del Procurador General de la Nación ante la Sala, descorrió el traslado para alegar (fls. 90 a 99, cdno. ppal.) y sostiene en esencia que la inhabilidad planteada fue establecida por el legislador para evitar el nepotismo y el amiguismo en las corporaciones públicas y que de los demandados, únicamente Ciro Salcedo Reyes estaba inhabilitado para ser inscrito y elegido, por lo cual solicita confirmar la sentencia apelada.
El tribunal dictó sentencia y adición en los términos arriba reseñados, por encontrar probados, en el caso de Ciro Salcedo Reyes, los supuestos de hecho del numeral 7º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, sobre inhabilidades para ser concejal, a saber:
a) Haberse inscrito dentro del plazo respectivo para la elección de concejales del municipio de Soatá, la cual tuvo lugar el 26 de octubre de 1998 (fls. 9 y vto. y 10 y vto. cdno. ppal.).
b) Tener parentesco de segundo grado de consanguinidad (hermano) con Ramiro Salcedo Reyes, quien también se había inscrito dentro del plazo respectivo, para la misma elección, pero un día antes (fls. 24 y 25, cdno. 2).
c) Haberse inscrito los hermanos Salcedo Reyes por el mismo partido político (fls. 9 vto. y 10 vto. cdno. ppal.).
d) Haber resultado elegidos Ramiro y Ciro Salcedo Reyes, hallándose inhabilitado el segundo para “ser” concejal (fl. 19 cdno. ppa).
e) No ser anulable la elección de Ramiro Salcedo Reyes como concejal del mismo municipio de Soatá, según la argumentación ya transcrita.
La Sala no comparte las razones del tribunal para excluir del cómputo general los votos emitidos respecto de la elección de Ciro Salcedo Reyes, ni para anular la lista encabezada por el mismo, ni para denegar la petición de nulidad de la elección de Ramiro Salcedo Reyes, como concejal de Soatá. Y como la sentencia fue apelada, procederá a revocarla en estos puntos para proveer lo que corresponde, por las siguientes consideraciones:
La inquietud medular del presente proceso, consiste en determinar si la circunstancia de inscribir sus candidaturas a un mismo concejo municipal, dos hermanos, la del que lo hizo primero produce la inhabilidad del otro; o viceversa, si estando prevista la inhabilidad para la elección, no se puede ser concejal si la respectiva inscripción concurre con la de un hermano, en este caso para la misma dignidad y por el mismo partido o movimiento político.
Sin duda el vicio afecta las dos aspiraciones, pues siendo válidas ambas inscripciones, una de ellas no puede resultar pasible de nulidad y la otra incólume en caso de victoria electoral compartida; eso sería tanto como sujetar la suerte de un candidato a la habilidad de su pariente cercano a quien le bastaría inscribirse “temprano” para inhibir a aquel de hacerlo y frustrarle sus aspiraciones por razones muchas veces contingentes, que la jurisdicción administrativa no puede secundar sin romper el equilibrio y la mesura que son inherentes a la gestión de sus órganos.
Dice el numeral séptimo del artículo 43 de la Ley 136 de 1994:
“No podrá ser concejal: (...)
7. Quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas”.
Aparte de la defectuosa redacción de la norma que utiliza el singular para dejar por fuera varios sujetos pasivos de su mandamiento, necesariamente plurales pues nadie tiene parentesco consigo mismo y que no menciona con quién se tiene parentesco inhabilitante, tampoco ofrece su texto ninguna indicación sobre el funcionamiento de la coexistencia de las inscripciones, mucho menos en el sentido que le han dado el a quo y la anterior jurisprudencia de esta Sala, que en esta sentencia se modifica (Véanse las sentencias: julio 17 de 1995, Exp. 1305, nulidad de la elección del alcalde de Fresco (Tol.); octubre 30 de 1995, Exp. 1425, Nulidad de la elección del alcalde de Baraya (Huila); y 16 de mayo de 1996, Exp. 1540, Nulidad de la elección del alcalde de María La Baja (Bol.)). Allí se venía sosteniendo por esta sección que es la segunda inscripción la única anulable, porque genera la coexistencia y porque viene a perturbar el tranquilo fluir de la primera.
La Sala, por ello, disiente del tribunal cuando dice que la norma en mención recoge el principio “prior tempore, potior iure” (fl. 71 cdno. ppal.), que de ninguna manera lo hace.
La inhabilidad abarca a todas las personas que dentro del círculo familiar marcado, se inscriban en cualquier momento dentro del mismo certamen electoral, para cargos de concejal y por el mismo partido o movimiento político.
La inhabilidad es recíproca, nace en el preciso instante en que se produce la segunda inscripción pero se consolida con la elección de los candidatos, de todos los que en esas condiciones irregulares resulten ungidos con los votos de la ciudadanía.
Es indiferente establecer cuál de las dos inscripciones se hizo primero, puesto que la norma no hace distinciones a este respecto y tampoco le es permitido al juzgador darle un alcance que no tiene.
Del factor tiempo no se ocupa la disposición que consagra esta clase de inhabilidad, sino de la coexistencia de inscripciones de las candidaturas, en forma simultánea o sucesiva, siendo esto último indiferente. Se requiere, entonces, que dentro de la misma justa electoral se inscriban dos o más candidatos unidos por los lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos, sin que sea determinante ni importante el orden de la inscripción; que lo hagan para la elección de cargos (como es el caso de los alcaldes) o para la de corporaciones públicas (como es el caso de los concejales); que participen por el mismo partido o movimiento político y que resulten electos.
El artículo 2º de la Ley 130 de 1994, define lo que son los partidos y los movimientos políticos y les exige que se constituyan con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales para otorgarles personería jurídica. Al proceso no se trajo la prueba de la existencia de dos alianzas diferentes, que es el argumento de uno de los defensores, más bien obra constancia no desmentida en los documentos electorales, de que la inscripción de los dos hermanos se produjo a nombre del mismo partido político y que fueron electos.
El tipo inhabilitante que se analiza, se extiende a los congresistas (art. 179-6 de la Constitución); a los candidatos a alcaldes que concurran con parientes suyos, (L.136/94, art. 95, num. 9º); y a los casos como el presente, de candidatos victoriosos a concejo municipal, parientes entre sí en segundo grado de consanguinidad. Todo lo cual demuestra un fuerte anhelo del legislador y de constituyente por evitar el predominio familiar en la conformación de los órganos del Estado.
Nunca debieran cesar los esfuerzos del legislador orientados hacia la purificación de las costumbres políticas, para garantizar que sea el bienestar público el motor de los partidos en la tarea de conseguir el voto de los ciudadanos. De ahí que resulte natural el castigo de la nulidad de la elección por el intento de entronizar en las corporaciones públicas locales y a nombre de un mismo partido, a los miembros de una misma familia.
El temor, pues no es otra cosa, de que parientes inoportunos se atraviesen en el camino de las candidaturas, hasta hacerlas anular con otras inscripciones posteriores, se despeja con facilidad haciendo uso debido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994. Porque si corresponde a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, postular personas a los cargos y corporaciones públicas de elección popular, nada mas lógico que sean esos partidos y movimientos los únicos llamados a procurar el orden dentro de sus filas, comenzando por la juiciosa expedición de los avales que son indispensables para inscribir a los candidatos.
Sin lugar a dudas uno de los candidatos inscribió primero y sostuvo su candidatura al concejo municipal de Soatá, por el mismo partido y simultáneamente con la de su hermano, habiendo resultado ambos elegidos, de modo que quedaron inhabilitados para desempeñarse como concejales y así se decretará, pues otra solución, como sería la acogida en la sentencia apelada, riñe con los textos legales comentados o con el tratamiento igualitario que la Constitución ordena frente a situaciones iguales.
Entre dos inscripciones válidas por haber sido hechas con el lleno de los requisitos legales y dentro del término legal, la primera no puede ser mejor que la segunda.
Se procede ahora al análisis de los numerales 2º y 3º de la parte resolutiva de la sentencia del tribunal administrativo de Boyacá que dicen:
“2. Ordénase la exclusión del cómputo general de los votos contenidos en el acta acusada respecto a la declaratoria de elección del señor Ciro Salcedo Reyes como concejal del municipio de Soatá, así mismo se ordena la cancelación de su credencial.
3. Declárase la nulidad de la lista encabezada por el señor Ciro Salcedo Reyes y como consecuencia ordénase llamar a ocupar su curul al candidato o candidatos que según el orden de inscripción hayan obtenido el siguiente número de votación”.
Estos ordenamientos acogen la tesis de que la tacha a un candidato afecta a los demás de la lista.
Disiente la corporación de ese punto de vista, porque como dijo el Consejo de Estado,
“No comparte la Sala el criterio de que la expresión “los candidatos” que usa el citado artículo 173 de la Ley 28 de 1979 (Causal 7º) comprenda a todos y cada uno de los que figuren en la respectiva lista en el sentido de si alguno dejó de cumplir con el requisito que prevé la norma, todos resultan afectados por el vicio y por la nulidad consecuente. Si la voluntad del legislador hubiera sido que en caso de no aceptación y de falta de juramento de uno o varios candidatos serían nulos los votos emitidos por la totalidad de la correspondiente lista así lo habría establecido en forma expresa e inequívoca. La nulidad, con estas dimensiones que se le quiere dar, no resulta de la letra ni del espíritu de la norma, cuya interpretación es además de carácter restringido. Ya se ha hecho notar cómo cuando se computen votos a favor de ciudadanos o candidatos que no reúnan las calidades constitucionales o legales para ser electos, la nulidad no afecta la totalidad de la lista sino únicamente a las personas a quienes alcance esa causal”. (C.E. Segunda, abril 18/83)
Se reitera, entonces, el principio inspirador del fallo referido, sobre todo en casos como éste, donde la causal de inhabilidad se deriva de una circunstancia tan personal y particular como el parentesco, que no puede afectar a los candidatos de la misma lista en quienes sus elementos no concurren.
No se pueden excluir del cómputo general los votos contenidos en el acta acusada respecto de la elección de un candidato inhabilitado, porque no puede saberse cuántos ni cuáles son esos votos, y porque en el sistema electoral colombiano, las postulaciones y las inscripciones que las formalizan, son plurinominales, de manera que es imposible determinar quién y en qué medida, es el candidato de los de una lista que induce los sufragios de los ciudadanos.
Tampoco es acertado anular las listas como consecuencia de una inhabilidad personal e intransferible como ya se dijo, pero además porque lo dice la Ley 136 de 1994, que dispone:
“ART. 56.—Declaratoria de la nulidad de la elección. Una vez que quede en firme la declaratoria de la nulidad de la elección de un concejal, por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal y el presidente del concejo correspondiente dispondrá las medidas necesarias para hacer efectiva dicha decisión.
PAR.—Cuando se solicite la nulidad de la elección de un concejal y la misma causal alegada sea común a uno o varios de los integrantes de la respectiva lista, de los candidatos potenciales a llenar la vacante, la nulidad podrá hacerse efectiva a los mismos si así lo solicita el respectivo libelo”.
La claridad del texto transcrito y las consideraciones que preceden, imponen que también se revoque la sentencia en los numerales 2º y 3º de la parte resolutiva, para disponer en consonancia con las consideraciones que preceden.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Revocar los ordinales 2º y 3º de la sentencia del primero (1º) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
2. Revocar la sentencia adicional del dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), que denegó la nulidad de la elección de Ramiro Salcedo Reyes como concejal del municipio de Soatá, por el Partido Conservador Colombiano, para el período constitucional 1998-2000, y en su lugar disponer la anulación de dicha elección, la cancelación de la respectiva credencial y que acuda a ocupar la vacante el candidato de la misma lista que siga en orden numérico.
3. Una vez en firme esta sentencia comuníquese al Consejo Nacional Electoral, a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y al Presidente del Concejo Municipal de Soatá para que disponga las medidas necesarias para hacerla efectiva.
4. Confirmar la sentencia en todo lo demás.
La anterior sentencia fue discutida por la Sala en sesión de la fecha.
Roberto Medina López, Presidente—Mario Alario Méndez—Reinaldo Chavarro Buriticá—Darío Quiñones Pinilla.
Virgilio Almanza Ocampo, Secretario.

References: resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 173