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Timestamp: 2018-09-20 00:03:54+00:00

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La IGJ regula el acceso a expedientes y a la información pública de sociedades – Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Por admin	 Ultima actualización Feb 1, 2016
Actualizado a febrero de 2016. A qué información puede accederse a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que registra sociedades y asociaciones de la Ciudad de Buenos Aires ha ido cambiando. Recientemente, la nueva normativa parece facilitar el acceso a la información, aunque los alcances dependerán de la práctica, de cómo se implemente.
La función de los registros públicos de comercio
Desde la constitución de la Argentina como Estado, y de cualquier país que pretenda dar un marco de seguridad en las relaciones comerciales, se instituyeron “registros públicos de comercio”. La finalidad de estos registros es que un comerciante pueda conocer el status de otro comerciante.
Por ejemplo, al comprar una sociedad, es necesario saber qué pasó, libros y demás. O al celebrar un contrato, quién es el representante legal. O los balances para conocer la situación patrimonial, algo que podría justificarse desde el punto de vista del secreto comercial, pero que en ciertos casos pueden tener que conocerse. O actas de asamblea y directorio. También reformas de estatutos y de contrato, sede social, sucursales, etc.
Esta información también tiene relevancia para conocer qué sociedades integra una persona, cuál es su objeto, si hubo fusiones, escisiones o actos que pudieran tener interés. Es igual que el registro de la propiedad inmueble: permite conocer qué datos hay acerca de una sociedad, una especie de Veraz.
La etapa de regulación para el acceso a los registros
Ahora, por primera vez en su historia, la Inspección General de Justicia —que tiene a su cargo ese registro en Capital Federal— dictó una resolución para regular parte de la información que brinda: no se permitirá el acceso a los expedientes, como regla general públicos, sino solo a ciertos datos que allí se enuncian, que son datos generales y que no incluyen, por ejemplo, actas de asamblea, directorio y balances, u otros relevantes en la vida de una sociedad. En otras palabras, el acceso a expedientes administrativos estará, desde ahora, regulado.
Para las transacciones comerciales (por ejemplo auditorías o due diligence que se hacen antes de comprar una entidad), esto va a implicar un costo mayor, porque el interesado deberá aportar copia certificada a su costo. Para terceros, conocer el status completo de una sociedad, fuera de los datos que la resolución lista, va a implicar una traba importante porque la IGJ deberá evaluar el interés en el pedido. En la práctica, los pedidos de información demoraban pero esta resolución directamente implica una traba para obtener datos que no sean los básicos, como representantes legales, directorio y socios, medidas cautelares, etc. (ver la resolución completa abajo).
Un aspecto positivo de la nueva resolución es que la IGJ dictará un acto administrativo de pedido de información dentro de un plazo breve, según el decreto general que regula el acceso a la información pública. Y en caso de que el organismo entienda que se trata de datos “personales” de los socios o directores, el organismo deberá responder por escrito solicitando el interés legítimo al peticionante o bien rechazar fundadamente el requerimiento. Como todo acto de IGJ, esta resolución podrá ser apelada al poder judicial.
La nueva resolución tiene el alegado fundamento de proteger los datos personales de los miembros de una sociedad. En efecto, se refiere a datos «cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada» (ver abajo).
En la IGJ constan datos generales de los comerciantes (no se descarta que en algún expediente puedan existir datos sensibles o ciertos datos no públicos, que deberá verse en cada caso) y de ese modo, puede opinarse, que restringe o limita el acceso a cierta información, que justamente está en el «Registro Público».
Desde otra posición, puede argumentarse que regula un procedimiento para acceder a esa información. De hecho, cada provincia tiene su propio registro público de comercio y la IGJ es la primera jurisdicción en hacerlo.
Nota al pie: la ley de protección de datos personales protege la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Incluyendo información patrimonial. Y en especial los “Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.” Estos datos sensibles no se registran en la IGJ, sí otros datos personales de una persona que constituye o integra una sociedad, en especial de los directores, socios y órganos de una comisión fiscalizadora.
Levantan traba para acceder a la información
Las críticas que generó lo anterior hicieron que la propia IGJ, de la etapa kirchnerista, modificara la normativa para aclarar que ya no será necesario el interés legítimo y toda persona, sin requerir abogado, podrá pedirlos.
Además, se modificó la normativa IGJ en otros temas. Podés leer el texto completo en este link.
p. Medidas cautelares que recaigan sobre cuotas y partes sociales, sus modificaciones o levantamientos, sobre la sociedad o que afecten alguno de sus actos registrables.
La etapa de “cambiemos”
Una nueva resolución deja “sin efecto toda norma que de cualquier modo limite o restrinja el acceso a la información en el ámbito de la IGJ, pone a disposición de los interesados la información existente en el organismo, con las limitaciones que establece la Ley 25326 de protección de datos personales, pagando las tasas vigentes para pedir el desarchivo.
Es decir, se libera el acceso a los expedientes de IGJ, que de ahora en más serán públicos y cualquiera podrá pedirlos, sin perjuicio de que quedará constancia de quién los pidió y se tomarán salvaguardas (o deberían) para proteger datos sensibles relativos a una persona.
Espacio para tus comentarios o tuits:
@dzapatillas en la práctica esto ya era así, para pedir cualquier informe te pedían “interés legítimo” u oficio judicial
— Gonzalo P (@gonzaloppp) January 30, 2015
@dzapatillas si estan en IGJ por eso, si te fijas, en la nota de IGJ cita temas de DDHH. Es mito q solo hay info comercial. — Gabriela Martinez (@gabrielamartf) January 30, 2015
Anexo con las resoluciones de IGJ sobre acceso a la información
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Que la Ley N° 25.326 establece las condiciones a la cesión de información personal a terceros. Estas son ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que resuelva la entrega de información en poder del Estado. La información objeto de protección, es por definición la relativa a “…los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes…”, extendiéndose el concepto a datos de personas de existencia ideal.
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