Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-237-14.htm
Timestamp: 2019-02-16 06:54:42+00:00

Document:
C-237-14
Sentencia C-237/14
LIMITACION A RESPONSABILIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S-Cosa juzgada constitucional
LIMITACION A RESPONSABILIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Exequibilidad de la expresión “laborales” de la Ley 1258 de 2008 por el cargo de igualdad
La Sala concluye que (ii) el legislador no viola el principio de igualdad de los trabajadores de una sociedad por acciones simplificada, al establecer el mismo régimen de protección a las obligaciones laborales que se da a cualquier otro tipo de obligaciones, con relación a que los accionistas no serán responsables, salvo casos de fraude, más allá de sus aportes a la sociedad. Para determinar si el régimen de las obligaciones laborales es especial, tal como lo exige la Constitución, es necesario considerar el régimen de protección de forma integral, a excepción de aquellos casos en los que la medida legislativa, individualmente considerada es (1) arbitraria o (2) desmejora o iguala, según sea el caso, de manera evidente y sin razón aparente, a los beneficiarios del régimen que requiere protección especial frente al régimen general.
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Fomento de creación de empresa a través de instrumentos más ágiles y flexibles
PERSONAS QUE TIENEN ACREENCIA LABORAL Y OTRO TIPO DE ACREENCIA CON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Juicio de igualdad
JUICIO DE IGUALDAD-Niveles de intensidad
TIPOLOGIAS SOCIETARIAS-Otorgamiento por la Constitución de plena competencia al legislador para regulación y disposición del régimen jurídico de cada una
TEST DE IGUALDAD INTERMEDIO-Aplicación
La Sala considera, que el juicio de igualdad que corresponde hacer en el presente caso debe ser intermedio. En otras palabras, para la Sala, la regla legal acusada es razonable constitucionalmente si el trato igual que se da a los dos grupos de obligaciones (las laborales y las demás), en lo que a la responsabilidad se refiere, persigue un fin constitucionalmente importante, por un medio no prohibido, y que, además de adecuado, sea también efectivamente conducente para alcanzar el fin.
DERECHOS LABORALES-Objeto de especial protección por parte de la legislación/DERECHO AL TRABAJO-Especial protección del Estado
De acuerdo con el orden constitucional, los derechos laborales deben ser objeto de especial protección por parte de la legislación. En un estado social de derecho, la protección a las personas que trabajan, en especial, aquellas cuyo mínimo vital en dignidad, y el de sus allegados o personas a cargo, depende de su remuneración, es un derecho fundamental. Su goce efectivo debe estar garantizado y protegido por un régimen legal acorde y especial a su importancia. No puede tener la misma protección que, por ejemplo, obligaciones comerciales rutinarias y ordinarias. El artículo 25 de la Carta Política consagra categóricamente, dentro de los derechos fundamentales, que el trabajo es ‘un derecho y una obligación social’. Adicionalmente, establece que el trabajo goza de ‘la especial protección del Estado’, aclarando que esta protección se debe dar en ‘todas sus modalidades’, es decir, sin importar qué tipo de labor se esté desempeñando. Es claro entonces, que además de las obligaciones usuales de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, en el caso concreto del trabajo, existen obligaciones de ‘especial protección’ en cabeza del Estado. Finalmente, la norma constitucional advierte que toda persona tiene derecho a un trabajo ‘en condiciones dignas y justas’. Es decir, los principios constitucionales básicos que deben regir las relaciones laborales son la dignidad humana, por una parte, y la justicia, por otra. He ahí la pertinencia de resaltar el preámbulo de la Constitución Política y de sus artículos 1° y 2°, con relación al deber del Estado de asegurar, promover e incentivar la construcción de un orden justo, y la necesidad de entender e interpretar el derecho al trabajo desde esta perspectiva. Como se ve, la norma sí establece la obligación de especial protección al derecho al trabajo, pero no impone que para lograrlo, deban ser adoptadas, específicamente, ciertas y determinadas medidas concretas. La Constitución reconoce un amplio margen de acción para establecer, en deliberación democrática y cuáles son las medidas que se consideran adecuadas, razonables y proporcionadas constitucionalmente, para lograr el cumplimiento de esas obligaciones derivadas del derecho al trabajo.
El artículo 53 de la Constitución consagra el deber del Legislador de expedir el Estatuto del Trabajo, estableciendo un conjunto de once principios mínimos que deberá tener en cuenta al expedir tal estatuto. Los principios de (1) ‘igualdad de oportunidades para todos los trabajadores’; (2) una ‘remuneración mínima vital y móvil’; (3) una remuneración ‘proporcional a la cantidad y calidad del trabajo’; (4) ‘estabilidad en el empleo’; (5) ‘irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales’; (6) ‘facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; (7) favorabilidad (‘en el caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, la situación más favorable al trabajador’); (8) realidad, ‘primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales’; (9) ‘garantía a la seguridad social’; (10) ‘la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario’; y (11) de garantía de los derechos laborales a los sujetos de especial protección constitucional (‘protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad’). Se da una amplia y generosa protección a los derechos laborales.
Esta Corporación ha precisado que, teniendo en cuenta que los regímenes de seguridad social son complejos e incluyen diversos tipos de prestaciones, en determinados aspectos uno de los regímenes puede ser más beneficioso que el otro y en otros puntos puede suceder todo lo contrario, por lo cual, en principio no es procedente un examen de aspectos aislados de una prestación entre dos regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda constatar en un tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del mismo régimen. Por ello, las personas “vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general”. En efecto, no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulación general sea más benéfica. Sin embargo, esta misma Corte ha aclarado que eso no excluye que pueda eventualmente estudiarse si la regulación específica de una prestación en particular puede violar la igualdad. Ese análisis es procedente, “si es claro que la diferenciación establecida por la ley es arbitraria y desmejora, de manera evidente y sin razón aparente, a los beneficiarios del régimen especial frente al régimen general”.
PRELACION DE CREDITOS-Créditos laborales gozan de especial prelación
Referencia: expediente D-9884
Demandante: Carlos Andrés Rodríguez Schrader
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso 2° parcial, de la Ley 1258 de 2008, ‘por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada’.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, Carlos Andrés Rodríguez Schrader presentó acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso 2° parcial, de la Ley 1258 de 2008, ‘por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada’. La demanda fue repartida a la Magistrada sustanciadora, quien la admitió para su conocimiento por la Sala Plena.[1]
por medio de la cual se crea
Para el ciudadano Carlos Andrés Rodríguez Schrader la expresión ‘laborales’, contenida en el artículo 1° inciso 2° de la Ley 1258 de 2008, es contraría al orden constitucional vigente por dos razones fundamentales.[2] Por desconocer los derechos de los trabajadores, en especial, a su mínimo vital y a un orden justo, de acuerdo con los principios de la Carta, y por desconocer el derecho a la igualdad de quienes son y serán empleados de estás formas societarias.
1. Con relación a la violación de las garantías laborales, la demanda dice que la expresión laboral,
“[…] es inconstitucional ya que vulnera y contradice el derecho al trabajo (artículo 25), en tanto que al establecer que los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales en el momento de liquidarse la misma, los accionistas sólo responderán hasta el monto de sus aportes, salvo los eventos de fraude; lo cual significa que si el patrimonio de la sociedad es insuficiente en el momento de la liquidación de la misma, las acreencias laborales, a pesar de tener un régimen favorable de prelación de créditos, no serán pagadas, y de esta manera afectarán gravemente al trabajador, ya que si se le adeudan saliros, prestaciones, o cobros pensionales, no podrá disfrutarlos a pesar de haber entregado a favor de su empleador su fuerza de trabajo. || El texto normativo demandado redactado de esta manera, amplía de manera desproporcionada la debilidad que tiene el trabajador frente a su empleador en caso de liquidarse este tipo societario, siendo el patrimonio insuficiente para pagar las acreencias laborales antes mencionadas […]”.
A su parecer, se vulnera el artículo 53 de la Constitución que contempla los principios propios del derecho laboral. Dice al respecto,
“[…] al liquidarse la sociedad y no haber suficiente patrimonio para el pago de las acreencias laborales, (i) se le está negando la remuneración mínima vital y móvil, al trabajador acreedor; (ii) se le está negando la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales (dentro de los cuales se encuentra el salario o la pensión, pagos que son irrenunciables e intransigibles); y (iii) la ley, de manera explícita estaría por ende menoscabando los derechos de los trabajadores. ”
La demanda funda este cargo también en los artículos 1° y 2° de la Constitución que hacen referencia a un orden justo y a los artículos referentes a la propiedad privada (58) y a la libertad de empresa (333), que enmarcarían el ejercicio de estas garantías, dentro del respeto a los derechos de los trabajadores y a la justicia, en general.
2. El segundo cargo por el cual se controvierte la expresión acusada, es por violar el derecho a la igualdad de los trabajadores de las sociedades por acciones simplificada. Para la demanda, la expresión acusada conlleva una discriminación, pues se igualan dos situaciones que son distintas, las acreencias laborales al resto de acreedores.
“[…] al establecer que los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, en el momento de liquidarse la misma, el legislador […] está igualando en condiciones de cualquier otro acreedor, al trabajador, en el sentido en que a pesar de tener un especial trato por el trabajador, […] el régimen de prelación de crédito, de igual forma en el momento de liquidarse la SAS y no haber suficientes recursos para saldar las acreencias laborales, mantiene al trabajador en la misma condición de cualquier acreedor, haciendo con ello inocuo el orden prioritario en el pago de los créditos.
[…] se le está dando en el fondo un trato igual a personas en situaciones desiguales, al poner a los trabajadores en una situación de desprotección si no hay recursos suficientes para saldar las acreencias laborales; escenario en el cual el trabajador no verá satisfecho su reclamo justo por el tiempo laborado, pese a la prelación de créditos, si la empresa sencillamente no dispone del capital restante para pagar el saldo adeudado. Ello constituye discriminación por parte del legislador al establecer las reglas de separación patrimonial tan exigentes para la sociedad por acciones simplificada mediante el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1258 de 2008. Esto lo hace entonces violatorio del artículo 2° y 13 de la Constitución Política, normas que desarrollan el derecho a la igualdad y los principios y deberes del Estado colombiano, lo cual como consecuencia directa debe desembocar en la declaración de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del aparte subrayado ‘laborales’ del artículo demandado.”
3. Con base en las razones expuestas, la demanda solicita que se declare inexequible la expresión ‘laborales’, del segundo inciso del artículo 1° de la Ley 1258 de 2008.
El Ministerio, mediante apoderada, participó en el proceso para defender la constitucionalidad del aparte normativo acusado.[3] Luego de hacer referencia al contexto normativo legal pertinente y a la jurisprudencia constitucional que se considera aplicable, concluye: “[…] puede afirmarse que la disposición acusada no contraría los principios y norma constitucionales que el actor considera violados, teniendo en cuenta que el tipo societario creado en virtud de la Ley 1258 de 2008 no es de personas, sino de capitales y, en tal virtud, no atenta contra los derechos de los trabajadores pues existen mecanismos legales y judiciales para garantizar su efectiva protección, entre otros, la prelación de créditos consagrada en los artículos 157 del Código Sustantivo del Trabajo y 2495 del Código Civil.”
La Superintendencia de Sociedades participó mediante apoderado en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la expresión acusada.[4] Luego de referirse a los propósitos de la medida legislativa a saber: “un incentivo para escoger esta forma asociativa, evita que los accionistas sean perseguidos con su propio patrimonio”, lo cual se convierte en un motor de la inversión y de la economía. Para la Superintendencia la medida no viola el derecho al trabajo, “[…] ya que la misma en ningún momento restringe dicho derecho, antes por el contrario, en la medida de que se incentive la constitución de este tipo de sociedades las mismas se constituyen en una fuente generadora de empleo”. Tampoco considera que exista violación al derecho a la igualdad, “[…] pues no se ve claramente cómo se podría violar dicho principio, ya que la susodicha limitación no es para unos accionistas y para otros no, sino para todos en igualdad de condiciones, cuya responsabilidad, se reitera, se da hasta el monto de sus respectivos, independientemente de que existan créditos insolutos por concepto de obligaciones laborales, tributarias, etc., a cargo de la sociedad de la cual forma parte.”
3. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI
La Asociación participó dentro del proceso, para solicitar a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la expresión acusada por la demanda.[5] A su parecer, la libertad de configuración del legislador para regular los tipos de sociedades y la figura de la solidaridad es amplia, de acuerdo con la propia jurisprudencia, y permite tomar decisiones como la que se cuestiona. Limitar la responsabilidad de los socios en las sociedades de capital, además, se considera que es una necesidad de la Constitución Económica. Finalmente, sostiene que “la limitación de la responsabilidad de los socios en la sociedades por acciones simplificada está acompañada de otras disposiciones que salvaguardan los derechos laborales de los empleados de tales sociedades.”
La Academia solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma acusada. Considera que no existe cosa juzgada formal ni material al respecto, en tanto la jurisprudencia se había pronunciado a propósito de una regla legal similar, pero aplicable para las sociedades anónimas, no para las sociedades por acciones simplificada. No obstante, considera que la doctrina jurisprudencial sentada en aquella oportunidad es plenamente aplicable en el presente caso y, por lo tanto, debería ser declarada constitucional la expresión acusada, de la misma manera que en aquella oportunidad, en el año 2004, se declaró constitucional una misma limitación de responsabilidad para las sociedades anónimas. La intervención se ocupa de señalar el diseño de este tipo de sociedades (SAS), mostrar su importancia económica y social y, por lo tanto, su importancia dentro del orden constitucional vigente.
5.1. El ciudadano y abogado Jorge Oviedo Albán, participó en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la expresión legal acusada.[6] Luego de hacer referencia a los fundamentos históricos, económicos y de derecho comparado de la limitación de responsabilidad en las sociedades por acciones, la intervención se ocupa de exponer los diversos mecanismos de protección de los acreedores de las sociedades por acciones simplificadas. La desestimación de la personalidad jurídica, la responsabilidad de los administradores sociales, el abuso del derecho y la responsabilidad de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados. Por último, el interviniente considera que la limitación de responsabilidad en las sociedades por acciones simplificadas fue analizada y declarada constitucional en la sentencia C-865 de 2004, por lo cual existe cosa juzgada constitucional material al respecto. Finalmente, solicita a la Corte que se inhiba para declarar la inconstitucionalidad de la expresión ‘laborales’, contenida en el artículo 1° de la Ley 1258 de 2008.
5.2. Por su parte, la ciudadana María Mónica Machado Araque participó dentro el proceso de la referencia para coadyuvar la demanda, reiterando los argumentos referentes a los artículos 1°, 2°, 13, 25 y 53, únicamente.[7]
El Procurador General de la Nación, mediante el concepto N° 5670 de noviembre 12 de 2013, participó en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte Constitucional que resuelva “estarse a lo decidido dentro del proceso D-9769, o subsidiariamente declararse INHIBIDA para conocer de fondo acerca de la presente demanda contra la expresión ‘laborales’ contenida en el artículo 1 de la Ley 1258 de 2008, por inepta presentación de la misma basada en la ausencia de presupuestos procesales.[8] Dijo la entidad:
“Como el presente caso es muy similar a uno tramitado mediante el proceso D-9769, en el cual el Ministerio Público le solicitó a la Corporación Judicial declararse inhibida por falta de presupuestos procesales porque el actor se limitó a hacer una afirmación de inconstitucionalidad sin la correspondiente demostración, se solicitará estarse a lo que se haya decidido en dicho expediente para el momento de dictar sentencia en el presente caso, o declararse inhibida por las mismas razones, para lo cual se transcribe lo correspondiente al Concepto Fiscal de constitucionalidad número 5636, emitido dentro del proceso señalado, […]”.[9]
2. Cuestión previa, cosa juzgada constitucional
2.1. El primero de los cargos presentados por la demanda de la referencia, está orientado a cuestionar la constitucionalidad de la expresión ‘laborales’ contenida en inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1258 de 2008, que regula la sociedad por acciones simplificada, por considerar que permite dejar de pagar y reconocer derechos de los trabajadores que están amparados constitucionalmente. Según este cargo, la limitación de responsabilidad de la sociedad por acciones simplificada desconoce el derecho al trabajo (artículo 25), así como los principios constitucionales propios del ámbito laboral (artículo 53) y las exigencias de respetar un orden económico justo (artículos 1°, 2°, 58 y 333).
2.2. La Sala advierte que este cargo fue considerado y resuelto por esta Corporación, mediante la sentencia C-090 de 2014, en la que se resolvió declarar exequible, “por los cargos examinados”, la expresión laborales contenida en el artículo 1 de la Ley 1258 de 2008. Para la Corte, “el establecimiento del límite de la responsabilidad de los accionistas de una sociedad por acciones simplificadas al monto de los aportes, frente a las obligaciones laborales de la sociedad, no constituye una desprotección de los derechos del trabajador ni un incumplimiento de las disposiciones constitucionales que amparan el trabajo y la dignidad del trabajador, cuando quiera que existen mecanismos jurídicos para la defensa de los mismos, al tiempo que la separación patrimonial cumple el propósito constitucional de incentivar la creación de empresa y el desarrollo económico del país.”[10]
2.2.1. La demanda analizada indicó por qué cada una de las normas constitucionales invocadas estaba siendo violada (artículos 1°, 2°, 25, 53 y 333).[11] La Sala Plena decidió, en primer término, que era un asunto respecto del cual no existía cosa juzgada constitucional, como lo habían señalado algunos intervinientes en aquella oportunidad. La Corte consideró que si bien había abordado una disposición legal similar, con base en un cargo parecido, se trataba de asuntos distintos. La cuestión se sustentó en los siguientes términos,
“[…] en el primer proceso [la sentencia C-865 de 2004][12], el estudio versó sobre la omisión del legislador al no prever un mecanismo especial para proteger los derechos mínimos de los trabajadores (art. 53 CP) en el ámbito del proceso concursal o liquidatorio, mientras que en el caso bajo estudio, el cargo por inconstitucionalidad se funda en otro aspecto regulado también en el artículo 53 CP, atinente al no menoscabo por parte de la ley de los derechos de los trabajadores. Es decir, en este último, el asunto recae sobre cargo por infracción directa de la Constitución por haber incurrido la norma en una presunta prohibición y no por la falta de regulación del legislador producto del incumplimiento de un mandato constitucional como ocurrió en la sentencia C-865/04. || […] De todo lo expuesto, esta Corporación concluye que no existe cosa juzgada material y por ende procede el examen de constitucionalidad dado que no existe identidad entre el cargo examinado en la sentencia C-865 de 2004 y el formulado en el presente caso.”[13]
2.2.2. Luego de hacer referencia al régimen de responsabilidad de los accionistas de una sociedad por acciones simplificada y a la jurisprudencia constitucional sobre las limitaciones de responsabilidad de las personas jurídicas en general, la sentencia indicó que “el límite al monto de los aportes no constituye una vulneración por parte de la ley de los derechos laborales o sociales, por cuanto le está permitido al Legislador dentro de la libertad de configuración determinar las características de las formas de asociación”, al igual que es su competencia establecer los eventos en los que “existe una extensión de la responsabilidad solidaria o la intercomunicación del patrimonio de los socios con el de la sociedad derivado del fraude o abuso del derecho”.[14]
2.2.3. Posteriormente, la Sala analizó concretamente la razonabilidad constitucional de la limitación de responsabilidad frente a obligaciones laborales de este tipo de sociedad (por acciones simplificada). La Sala reconoció, en primer término, la legitimidad del fin buscado por el Congreso de la República mediante la regla legal que se demandó. Señaló que “[el] legislador quiso dotar a la empresa y a la economía de una herramienta más ágil y flexible en cuanto a su constitución, composición y funcionamiento en comparación de las otras formas de asociación, con el fin de modernizar el derecho societario, hacer la industria más competente e incentivar el desarrollo del país.” En tal sentido, “[la] separación del patrimonio de la sociedad y de los accionistas obedece a un propósito constitucional consistente en permitir el flujo de capital, la inversión y la estimulación del desarrollo empresarial del país, de conformidad con el artículo 333 CP.” Además, se trata de un medio no prohibido. Como se indicó antes, la regla legal cuestionada ha sido empleado en el pasado por el Congreso de la República para regular de forma similar situaciones parecidas, y ha sido estudiada por la Corte Constitucional. Finalmente, la herramienta legal en cuestión (esto es, la limitación de responsabilidad societaria en materia de obligaciones laborales), se reconoció como un camino adecuado para obtener los logros que se ha propuesto. Queda en claro, por tanto, que la regla legal acusada es una medida que busca un fin legítimo constitucionalmente, por un medio que no se encuentra prohibido, y que resulta adecuado para alcanzar los propósitos propuestos.
Para la Sala, adicionalmente, el medio elegido por el legislador para promover el desarrollo económico y el bienestar social en general, que pretende, entre otras cosas, aumentar la calidad y la cantidad de la oferta laboral en el país, no deja de lado la protección de los derechos de los trabajadores. Al respecto, se sostuvo que “[en] ningún caso el modelo de limitación de la responsabilidad previsto para las sociedades por acciones simplificadas expone a los trabajadores al riesgo de hacer inexigibles sus derechos, en tanto que la legislación y la jurisprudencia ha dispuesto para el reclamo de sus acreencias diversos mecanismos legales y jurisprudenciales.”[15] Así, la Sala concluyó que “[…] permitir el límite de responsabilidad no implica el desconocimiento de los derechos de los empleados, pues (i) en los artículos 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 se consagran dos excepciones a la responsabilidad del aportante, consistentes en la desestimación de la personalidad jurídica –levantamiento del velo societario– y el uso abusivo del voto que ocasionó perjuicios a la compañía, sus socios o terceros –nulidad absoluta e indemnización–, (ii) los trabajadores cuentan con herramientas legales –acción de nulidad, simulación, pauliana y otras–[16] y jurisprudenciales -acción de tutela- en procura de la defensa de sus derechos.”[17]
2.3. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala concluye que actualmente existe cosa juzgada constitucional con relación al primero de los cargos presentados en contra el artículo 1°, parcial, de la Ley 1258 de 2008, que acusa la disposición de violar los derechos de los trabajadores, así como los principios propios del ámbito laboral y de respeto al orden justo. En tal medida, se resolverá estarse a lo resuelto sobre la cuestión en la sentencia C-090 de 2014.
2.4. El segundo cargo, relativo a la igualdad, no fue objeto de análisis por la Corte Constitucional en la sentencia a la que se hace mención. No se cuestiona en ella el trato igual que se da a todas las acreencias. Además, se trata de un cargo que cumple con los requisitos para ser resuelto por esta Corporación en sede de constitucionalidad: La acción identifica adecuadamente las normas legales acusadas (artículo 1° [parcial], de la Ley 1258 de 2008 “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”, así como las normas constitucionales infringidas (artículos 1, 2, 25, 53 de la Constitución); establece por qué la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda y da las razones por las cuales considera que la norma acusada desconoce los preceptos constitucionales. Concretamente, se ofrece un argumento claro (es posible comprenderlo y entenderlo), cierto (recae sobre una proposición jurídica real, contenida en la disposición legal acusada), específico (define con claridad por qué la norma acusada de la ley que regula las sociedades anónimas por acciones viola el derecho a la igualdad), pertinente (una violación al principio de igualdad es relevante constitucionalmente) y suficiente (siendo un cargo de igualdad, se identifican los grupos entre quienes se daría el trato igual: (todas aquellas personas que tengan una acreencia laboral con una sociedad por acciones simplificada, y las personas que tengan cualquier otro tipo de acreencias con la sociedad) que, se alega, debería ser diferente; se identifica el aspecto respecto del cual se da el trato igual (con respecto al régimen de responsabilidad de los accionistas de este tipo de sociedad); se identifica el criterio con base en el cual se justifica ‘el trato igual’ (las acreencias) y se advierte por qué se considera que es irrazonable constitucionalmente dar esa igualdad de trato.[18] Pasa la Sala a continuación a analizar en detalle el cargo presentado.
4. El régimen de responsabilidad de acreencias laborales de la sociedad por acciones simplificada, no viola el derecho de igualdad de los trabajadores
4.1. La medida legal acusada
La exposición de motivos del proyecto de ley 241 de 2008 Cámara y 039 de 2007 Senado (sancionado como la Ley 1258 de 2008), resaltó la importancia de dotar a las empresas colombianas de herramientas actuales y renovadas, que permitan lograr una mayor competitividad y facilitar la inclusión de la pequeña y mediana empresa en el sector formal de la economía. Se trataba de permitir constituir estructuras societarias no tan complejas y formales, como lo son otros modelos de estructuras societarias existentes. Facilitar una opción abierta a toda forma de emprendimiento económica, incluyendo grandes empresas.[19]
Finalmente se expidió la Ley 1258 de 2008 “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”. A propósito de una demanda presentada contra el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 1258 de 2008 (por el cargo relativo a la vulneración del artículo 53, en tanto la expresión demandada permite la vulneración de los derechos de los trabajadores), la Corte expresó lo siguiente a propósito de este tipo de sociedades: “[la] finalidad del legislador con la creación de las S.A.S, se ajusta al propósito constitucional de estímulo al desarrollo empresarial (Artículo 333 CP), por medio de la actualización de los instrumentos legales en la creación de empresa. Lo que no implica que las características de simplicidad y flexibilidad en la constitución de éste tipo de sociedades, impacten de igual forma las garantías del ente moral frente a los derechos de terceros.”[20]
La expresión “laborales” del inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1258 de 2008, es ahora demandada por el cargo de igualdad. La norma establece que la o las personas que sean accionistas ‘no serán responsables’ por las obligaciones ‘en que incurra la sociedad’, sin importar si son ‘laborales, tributarias o de cualquier otro tipo’. La excepción que se fija a esta regla, dando la posibilidad de levantar el velo corporativo, consiste en que se hubiesen cometido acciones fraudulentas, contrarias a derecho, en los términos en que se establece en el artículo 42 de la misma Ley.[21]
4.2. La acusación de violación al principio de igualdad
Los grupos a comparar en este caso serían, de una parte, todas aquellas personas que tengan una acreencia laboral con una sociedad por acciones simplificada, y, por otra, el grupo de personas que tengan cualquier otro tipo de acreencia con este tipo de sociedad. El tratamiento igual que da la Ley y que se cuestiona, se da con respecto al régimen de responsabilidad de los accionistas de una sociedad por acciones simplificada. En ambos casos se establece que los accionistas sólo responden ‘hasta el monto de sus respectivos aportes’ (art. 1°, inciso primero, Ley 1258 de 2008). A juicio de la demanda, las reglas constitucionales vigentes demandan un trato preferente de los derechos de los trabajadores, en especial, en el contexto de las relaciones laborales con sus empleadores. Por tal razón, sostiene que no es aceptable que se dé el mismo trato a estos dos grupos de personas, siendo que, para la primero de ellos, existen reglas constitucionales y del bloque de constitucionalidad que demandan una protección particular y especial. En tal medida, se acusa de inconstitucional el criterio con el cual se estableció el trato en cuestión, a saber: ‘ser una obligación adquirida por la sociedad por acciones simplificada’. No es razonable constitucionalmente, dice la demanda, que cuando el legislador esté decidiendo cómo establecer el régimen de responsabilidad de una forma societaria, lo haga con base en el criterio indicado (ser una obligación adquirida por la sociedad), por cuanto es insensible a la protección de los derechos de los trabajadores. Bajo el orden constitucional vigente, insiste, a toda persona se debe garantizar el goce efectivo de sus derechos, como el derecho a un mínimo vital en dignidad. En tal sentido, una ley que establezca un régimen de protección a las obligaciones constitucionales derivadas de un derecho fundamental igual al que se establece con relación a una obligación comercial ordinaria, desconoce abierta y manifiestamente la protección que supone el derecho a un igualdad material y efectiva, no sólo retórica.
4.2.2. Antes de pasar a hacer el juicio de igualdad de la regla acusada, debe la Sala indicar qué tan estricta ha de ser la revisión que se haga.[22] Si se están comprometidos de forma importante caros derechos, principios y valores constitucionales, la Carta Política demanda al juez constitucional ser celoso y estricto en el análisis del cargo de que se trate. En cambio, si la acusación versa sobre asuntos de carácter legal o reglamentario, por ejemplo, que no comprometen de forma grave los ámbitos de protección de los derechos fundamentales, corresponderá al juez hacer un análisis deferente con las decisiones adoptadas, en democracia, en el foro de representación política.
Por una parte, existe una razón para que el juez constitucional tenga especial cuidado en el presente asunto, pues el impacto de la limitación de responsabilidad de los accionistas de las sociedades por acciones simplificadas puede tener, en ciertos casos, consecuencias considerables sobre ámbitos de protección nuclear de los derechos fundamentales laborales de las personas. Estas, pueden comprometer, además, el derecho a un mínimo vital en dignidad, tal como lo reclama el accionante. No obstante, esta situación no ocurre necesariamente. Así como la quiebra de una empresa puede representar una afectación de los derechos fundamentales de un trabajador y de su grupo familiar, puede ocurrir en otro caso concreto, que la persona actualmente se encuentre contratada con mejores condiciones en otra entidad. En tal medida, la norma acusada limita los derechos laborales, en lo que a su reclamo jurídico se refiere, pero el impacto que ello tenga sobre los derechos laborales no es necesariamente siempre el mismo.[23] Se trata, de una norma que si bien limita los derechos laborales; no lo hace de una forma absoluta o amplia, sino parcial, aunque, eventualmente, puede tener un impacto adicional sobre otros derechos fundamentales de las personas en los casos concretos.
Por otra parte, advierte la Sala que la norma acusada no usa como criterio para definir el trato igual cuestionado, alguno de los criterios sospechosos de introducir tratos discriminatorios.[24] El que una acreencia sea laboral o no, no es un criterio que suela ser empleada en el derecho para discriminar. En efecto, desde que las obligaciones se distinguen a partir del criterio de la laborabilidad (obligaciones laborales y obligaciones no laborales), el criterio ha sido empleado, usualmente, para proteger especialmente a las primeras frente a las segundas. Como lo señala el accionante, los principios y los derechos laborales tienen fundamento en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad, en la legislación, así como en la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia laboral.
Finalmente, como se ha indicado en la jurisprudencia constitucional,[25] al Legislador se le reconoce constitucionalmente un amplio margen de configuración en materia económica, en general, y en lo que respecta al diseño del régimen societario, en particular.
4.3. Análisis del cargo de igualdad
4.3.3. Ahora bien, lo que exige la Constitución es que se tomen las medidas adecuadas y necesarias, para que se asegure el goce efectivo de los derechos laborales fundamentales a toda persona. Ni en el texto de la Constitución ni el en el de los tratados de derechos humanos aprobados y ratificados por Colombia,[26] sobre este aspecto, se establece la obligación de adoptar determinadas medidas concretas y específicas para asegurar el goce efectivo de los derechos.
El artículo 25 de la Carta Política consagra categóricamente, dentro de los derechos fundamentales, que el trabajo es ‘un derecho y una obligación social’. Adicionalmente, establece que el trabajo goza de ‘la especial protección del Estado’, aclarando que esta protección se debe dar en ‘todas sus modalidades’, es decir, sin importar qué tipo de labor se esté desempeñando. Es claro entonces, que además de las obligaciones usuales de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, en el caso concreto del trabajo, existen obligaciones de ‘especial protección’ en cabeza del Estado. Finalmente, la norma constitucional advierte que toda persona tiene derecho a un trabajo ‘en condiciones dignas y justas’. Es decir, los principios constitucionales básicos que deben regir las relaciones laborales son la dignidad humana, por una parte, y la justicia, por otra. He ahí la pertinencia de resaltar el preámbulo de la Constitución Política y de sus artículos 1° y 2°, con relación al deber del Estado de asegurar, promover e incentivar la construcción de un orden justo, y la necesidad de entender e interpretar el derecho al trabajo desde esta perspectiva. Como se ve, la norma sí establece la obligación de especial protección al derecho al trabajo, pero no impone que para lograrlo, deban ser adoptadas, específicamente, ciertas y determinadas medidas concretas. La Constitución reconoce un amplio margen de acción para establecer, en deliberación democrática y cuáles son las medidas que se consideran adecuadas, razonables y proporcionadas constitucionalmente, para lograr el cumplimiento de esas obligaciones derivadas del derecho al trabajo.
“En varias oportunidades, esta Corporación ha precisado que, teniendo en cuenta que los regímenes de seguridad social son complejos e incluyen diversos tipos de prestaciones, en determinados aspectos uno de los regímenes puede ser más beneficioso que el otro y en otros puntos puede suceder todo lo contrario, por lo cual, en principio no es procedente un examen de aspectos aislados de una prestación entre dos regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda constatar en un tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del mismo régimen.[27] Por ello, las personas ‘vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general’.[28] En efecto, no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulación general sea más benéfica. || Sin embargo, esta misma Corte también ha aclarado que eso no excluye que pueda eventualmente estudiarse si la regulación específica de una prestación en particular puede violar la igualdad. Ese análisis es procedente, ‘si es claro que la diferenciación establecida por la ley es arbitraria y desmejora, de manera evidente y sin razón aparente, a los beneficiarios del régimen especial frente al régimen general’.[29]”[30]
4.3.6. Una de las principales razones por las cuales el juicio de igualdad debe considerar todo el sistema de protección de obligaciones laborales que se acusa de discriminatorio en su conjunto -y no sus elementos aislados de forma independiente-, para así poder definir las similitudes o las diferencias que existen entre aquel y los otros sistemas legales de protección de las demás obligaciones (aquellas no laborales), es la siguiente: el contenido y el alcance de cualquier norma jurídica puede ser modificado por lo dispuesto en otra u otras disposiciones que existan en el ordenamiento. Tal es el caso, justamente, de la regla legal que se acusa de inconstitucional en el presente proceso.
En efecto, para la demanda es inconstitucional establecer legalmente que los accionistas de una sociedad por acciones simplificada, sólo responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones adquiridas por ésta, sin importar si se trata de obligaciones laborales, tributarias, o de cualquier otra naturaleza. Se sugiere que esta regla de responsabilidad da un tratamiento igual a todo tipo de acreedor, puesto que establece el mismo comportamiento para todas las deudas. No obstante, si se tienen en cuenta el resto de normas aplicables,[31] se advierte que la situación de los demás acreedores no es la misma que la de las personas que tienen pendientes de cancelar por la empresa obligaciones laborales o tributarias, ello porque al existir reglas legales que dan prelación al pago de ciertos créditos, entre ellos los laborales, el efecto de la norma acusada es imponer una carga mayor a las obligaciones de este tipo. Es cierto que ambas obligaciones sólo se responden hasta el monto de los aportes de los accionistas de la sociedad, pero también lo es que otras normas establecen una prelación que implica una protección mayor de ciertas obligaciones, en tanto deben cancelarse primero para reducir el riesgo de que, eventualmente, no fueran canceladas. El alcance de la regla legal acusada debe, por lo tanto, ser analizada en su contexto normativo para poder establecer cuál es realmente su sentido y su alcance.
El fin de esta medida (tratar toda obligación por igual con respecto a la responsabilidad de la persona o personas jurídicas o naturales que constituyen la sociedad por acciones simplificada, que solo son responsables hasta el monto de sus aportes, sin dar un trato diferente a las obligaciones laborales), busca promover e incentivar el desarrollo económico y social en general, favoreciendo y facilitando las condiciones para el emprendimiento. Se trata, sin duda, de finalidades constitucionales que son legítimas, en tanto no están prohibidas. Pero, además de fines importantes a la luz de la Constitución Política. De hecho, uno de los fines esenciales del Estado, es ‘promover la prosperidad general’ (art. 2°, CP). El Legislador debe asegurar la existencia de un marco legal estable y seguro que respete y proteja la libertad de la iniciativa privada y de la actividad económica; de forma similar el Estado, en general, debe ‘estimular el desarrollo empresarial’ (art. 33, CP).
Finalmente, la Sala considera que la restricción de la responsabilidad de los accionistas de la sociedad por acciones simplificada es una herramienta conducente para lograr los fines propuestos. La limitación de la responsabilidad es un elemento central para lograr los objetivos de la estructura societaria en cuestión. No hacer distinción alguna entre los diferentes tipos de obligaciones, frente a la responsabilidad de los accionistas, es fundamental para este elemento característico y básico de este tipo de sociedad, pero ello no es óbice para que a las obligaciones laborales se les aplique la prelación de créditos tantas veces mencionada, establecida en el Código Laboral.[32] De hecho, no se da a tales obligaciones, el mismo tratamiento que se les otorga a todas las demás, que carecen de especial protección constitucional. Porque en virtud de las disposiciones del Código Civil ya citadas (artículos 2494 y 2495 y artículo 157, modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, del Código Sustantivo del Trabajo, los créditos laborales pertenecen a la primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás.
Así, la norma en cuestión no es arbitraria. No se adopta una medida absurda o que carezca de razones que la sustenten. No desprotege los derechos laborales, en especial, frente a los casos de fraude. La medida busca una finalidad importante constitucionalmente, por un medio no prohibido y que es conducente para alcanzar los propósitos buscados. No impone una carga o una desventaja evidente, y no viola el principio de igualdad. En consecuencia, se declarará exequible la expresión ‘laborales’ contenida en el artículo 1° de la Ley 1258 de 2008, por el cargo de igualdad analizado en la presente sentencia.
La Sala considera (i) que debe estarse a lo resuelto en aquellas decisiones en que se haya estudiado y analizado de fondo un cargo de constitucionalidad y que hayan hecho tránsito a cosa juzgada –como ocurre con la acusación contra el artículo 1°, parcial, de la Ley 1258 de 2008 por violación de los derechos laborales y los principios constitucionales del trabajo y de un orden justo.
Adicionalmente, la Sala concluye que (ii) el legislador no viola el principio de igualdad de los trabajadores de una sociedad por acciones simplificada, al establecer el mismo régimen de protección a las obligaciones laborales que se da a cualquier otro tipo de obligaciones, con relación a que los accionistas no serán responsables, salvo casos de fraude, más allá de sus aportes a la sociedad. Para determinar si el régimen de las obligaciones laborales es especial, tal como lo exige la Constitución, es necesario considerar el régimen de protección de forma integral, a excepción de aquellos casos en los que la medida legislativa, individualmente considerada es (1) arbitraria o (2) desmejora o iguala, según sea el caso, de manera evidente y sin razón aparente, a los beneficiarios del régimen que requiere protección especial frente al régimen general.
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-090 de 2014, con relación al cargo por violación de los derechos laborales y los principios constitucionales aplicables al trabajo, contra el artículo 1°, parcial, de la Ley 1258 de 2008.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘laborales’ de la Ley 1258 de 2008, por el cargo de igualdad analizado en la presente sentencia.
A LA SENTENCIA C-237/14
LIMITE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Validez constitucional de la imposición por parte del legislador no se deriva el desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente: D-9884
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º, inciso 2º parcial, de la Ley 1258 de 2008, “por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”
Con el debido respeto por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto a esta sentencia, mediante la cual se decide estarse a lo resuelto en la Sentencia C-090 de 2014, con relación al cargo por violación de los derechos laborales y los principios constitucionales aplicables al trabajo, contra el artículo 1° de la Ley 1558 de 2008; y declarar exequible la expresión ‘laborales’, contenida en el inciso 2º del artículo 1º de la misma ley, por el cargo de igualdad analizado.
Así, si bien comparto las razones que sirven de fundamento al sentido de la decisión adoptada por esta Corporación, me permito aclarar mi voto, en el sentido de que la validación constitucional del límite a la responsabilidad patrimonial de los accionistas en este tipo de sociedades, no significa, de modo alguno, una desprotección a la garantía que en todo caso deben tener los trabajadores vinculados a una sociedad por acciones simplificada, a través de las acciones pertinentes, en los mismos términos en que se dispuso en la Sentencia C-090 de 2014.
A este respecto, en el fallo al cual se está a lo resuelto en esta decisión, se concluyó que “…la responsabilidad de los accionistas hasta el límite de sus aportes en el pago de las deudas surgidas del contrato de trabajo, no constituye una desprotección frente a la parte débil de la relación laboral, en tanto que los trabajadores han sido dotados de variadas herramientas para su defensa, y además cuentan con la inspección, control y vigilancia de entes especializados” (Negrillas fuera de texto)
Por tanto, es de reiterar aquí que de la validez constitucional de la imposición por parte del legislador de un límite a la responsabilidad de los accionistas de las sociedades por acciones simplificada no se deriva el desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Lo anterior, en razón a que existen dos excepciones a la responsabilidad del aportante, tales como (i) la desestimación de la personalidad jurídica o el levantamiento del velo societario, y (ii) el uso abusivo del voto que originó los perjuicios a la sociedad, sus socios y terceros, que acarrea nulidad absoluta e indemnización, de conformidad con los artículos 42 y 43 de la misma Ley 1258 de 2008. De otra parte, los trabajadores cuentan con instrumentos constitucionales como la acción de tutela, y mecanismos ordinarios, tales como (i) la acción de nulidad, (ii) la simulación, y (iii) la acción pauliana y otras; todos dirigidos a la protección de sus derechos.
En consecuencia, a juicio de este Magistrado y de conformidad con una interpretación sistemática tanto de orden constitucional como legal de la disposición demandada, considero necesario insistir en que la fijación del límite de la responsabilidad de los accionistas de una sociedad por acciones simplificadas al monto de sus aportes, frente a las obligaciones laborales de la sociedad, no puede significar en ningún caso un déficit de protección frente a los derechos del trabajador, y por tanto, no puede desconocer los mandatos y garantías de orden superior que amparan el trabajo y la dignidad del trabajador de conformidad con el artículo 53 CP.
LIMITES DE RESPONSABILIDAD AL MONTO DE APORTES DE ACCIONISTAS EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RESPETO DE ACREENCIAS LABORALES-Observación estricta de garantías de protección de los derechos de trabajadores vinculados (Aclaración de voto)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE ACCIONISTAS EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Debe interpretarse armónicamente con el sistema de protección dispuesto en la Constitución en materia de principios y obligaciones laborales (Aclaración de voto)
LIMITES DE RESPONSABILIDAD AL MONTO DE APORTES DE ACCIONISTAS EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RESPETO DE ACREENCIAS LABORALES-No puede significar desprotección de derechos del trabajador ni incumplimiento de disposiciones constitucionales que amparan el trabajo y dignidad (Aclaración de voto)
LIMITACION A RESPONSABILIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Modelo no podrá exponer a trabajadores al riesgo de hacer inexigibles sus derechos por la disposición de diversos mecanismos legales (Aclaración de voto)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE ACCIONISTAS EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-Excepciones (Aclaración de voto)
Revisión de constitucionalidad del artículo 1º (parcial) de la Ley 1258 de 2008, “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”.
Con el respeto que merecen las sentencias de esta Corporación, me permito manifestar aclaración de voto en relación con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la referencia. La Corte resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-090 de 2014 en cuanto al cargo por violación de los derechos laborales y de los principios constitucionales aplicables al trabajo, y declarar exequible del cargo de igualdad la expresión ‘laborales’, contenida en el inciso 2º del artículo 1º de la misma ley en cuestión.
Si bien estoy de acuerdo con la declaratoria de exequibilidad por los cargos analizados en la presente sentencia, considero importante hacer algunas precisiones respecto de los límites a la responsabilidad patrimonial de los accionistas en sociedades por acciones simplificadas (S.A.S), en particular, sobre el respeto de las acreencias en materia laboral.
1. En primer lugar, es menester señalar que aunque la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que el límite al monto de los aportes societarios no constituye una vulneración de los derechos laborales o sociales, por cuanto le está permitido al Legislador determinar las características de las formas de asociación, no es óbice -ni licencia- para que no se observen estrictamente las garantías de protección de los derechos de los trabajadores vinculados a esta clase de sociedades[33].
En este sentido, el sistema de responsabilidad planteado en la ley para las sociedades por acciones simplificadas, debe interpretarse armónicamente con el sistema de protección que la Constitución ha dispuesto en materia de principios y, en especial, de obligaciones laborales (art. 53 C.P.).
2. Ahora bien, el límite de la responsabilidad de los accionistas de una sociedad por acciones simplificadas al monto de sus aportes, en cuanto a las obligaciones laborales de la sociedad, no puede significar una desprotección de los derechos del trabajador ni un incumplimiento de las disposiciones constitucionales que amparan su trabajo y su dignidad, y es de esta manera, como debe entenderse la declaratoria de constitucionalidad de la norma acusada.
3. Considero que en ningún caso el modelo de limitación de la responsabilidad previsto para las sociedades por acciones simplificadas podrá exponer a los trabajadores al riesgo de hacer inexigibles sus derechos, en tanto que la legislación y la jurisprudencia han dispuesto para el reclamo de sus acreencias diversos mecanismos legales, como la acción de nulidad, la acción de simulación, entre otras, y también, la acción de tutela, en procura de la defensa de sus derechos.
De igual forma, la norma examinada contempla en sus artículos 42 y 43 dos excepciones a la responsabilidad del aportante, consistentes en la desestimación de la personalidad jurídica -levantamiento del velo societario- y el uso abusivo del voto que ocasionó perjuicios a la compañía, sus socios o terceros -nulidad absoluta e indemnización-, de manera que los derechos de los empleados cuentan con una protección legal adicional.
[1] Auto de 25 de septiembre de 2013.
[2] Expediente, folios 1 a 20.
[3] Expediente, folios 107 a 118.
[4] Expediente, folios 60 a 65.
[5] Intervención presentada por el representante legal, Juan Camilo Nariño Alcocer, Expediente, folios 42 a 45.
[6] Expediente, folios 67 a 80.
[7] Expediente, folios 101 a 106.
[8] Expediente, folios 134 a 140.
[9] La transcripción de lo dicho por el Ministerio Público con ocasión de esa demanda previa es la siguiente: “[…] dada la manera como el actor formula su cargo, se hace necesario analizar si su demanda presenta el concepto de la violación en forma tal que permita abordar el estudio de fondo de la misma, en lo que tiene que ver con la claridad, certeza y especificidad de las razones que invoca al respecto. || En términos generales, se predica la claridad de las razones que sustentan la demanda cuando la exposición de las mismas se basa en un hilo conductor argumentativo que permita al lector comprender el contenido de esa demanda, especialmente en lo referente a las justificaciones o demostraciones en las que se apoya el ejercicio de su derecho fundamental político de acción. […]. || De igual manera, se aprecia la certeza de las razones que sustentan una demanda de inconstitucionalidad cuando tales razones recaen sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que deduzca el actor a partir del enunciado normativo que ataca, o cuando recayendo sobre proposiciones jurídicas reales y existentes, los razonamientos de inconstitucionalidad corresponden a otras normas que no son objeto de la demanda. […]. || De otra parte, se percibe la especificidad de las razones que sustentan un cargo de inconstitucionalidad cuando las mismas definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política, lo cual se materializa mediante la formulación de cargos concretos a partir de una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley acusada y la Constitución Política, sin que resulten admisibles ni procedentes argumentos indeterminados, abstractos y globales que no se relacionan en forma específica con las disposiciones que se acusan. […]. || En el presente caso, se observa que el actor se limita a hacer una afirmación de inconstitucionalidad sin la correspondiente demostración, con lo cual incurrió en una ineptitud sustancial en la formulación de su libelo por falta de claridad, debido a que no se comprenden las justificaciones que motivan su accionar, ya que todos sus pretendidos cargos se quedan en la misma y reiterativa afirmación sin fundamento, consistente en que la no responsabilidad de los accionistas de la sociedad por acciones simplificada por las obligaciones laborales de dicha sociedad vulnera en forma absoluta la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores, pero sin que demuestre, siquiera sumariamente, la razón o razones por las cuales los accionistas de tales sociedades, per se, deben responder siempre y obligatoriamente por tales obligaciones. En esas condiciones le resulta imposible al juez constitucional abordar el asunto sin comprometer la seguridad jurídica por actuar de oficio donde no cabe o resulta procedente. || Lo mismo sucede en relación con la falta de especificidad de los cargos que presenta el libelista, porque su simple y reiterada afirmación, consistente en que la no responsabilidad de los accionistas de la sociedad por acciones simplificada por las obligaciones laborales de dicha sociedad vulnera en forma absoluta la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores, no muestra, siquiera en forma sumaria, la existencia o presencia de una oposición objetiva y verificable entre el contenido del aparte normativo legal acusado y la Constitución Política, porque precisamente se trata de simples afirmaciones sin el correspondiente sustento analítico que correlacione la oposición objetiva y verificable entre lo legal y lo constitucional que se echa de menos y que se requiere como uno de los requisitos argumentativos para abordar de fondo el estudio del caso. || De igual manera, tampoco resultan ciertas las razones que sustenta su libelo demandatorio por, precisamente, tratarse de afirmaciones sin fundamento o sin demostración objetiva y verificable entre el aparte normativo legal cuestionado y los asuntos constitucionales que considera el actor vulnerados. || Entonces, por inepta demanda originada en la ausencia de presupuestos procesales, se solicitará a la Corporación Judicial declararse impedida para conocer de fondo acerca de la misma.”
[10] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[11] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). La Corte presentó los cargos en los siguientes términos: “Cargo por violación del Preámbulo de la Constitución. La expresión demandada, al eximir de toda responsabilidad por el pago de obligaciones laborales a los accionistas de la sociedad por acciones simplificada, viola el preámbulo en tanto que desconoce el principio rector del trabajo digno así como el propósito constituyente de fundar un orden político, económico y social justo. || Cargo por violación del artículo 1 de la Constitución. La expresión acusada transgrede el principio de Estado Social de Derecho ya que impide asegurar las condiciones mínimas de la dignidad humana que demanda asegurar ciertas condiciones necesarias para un buen vivir, y de manera contraria despoja a los trabajadores de conformar en su núcleo personal y familiar unos presupuestos mínimos de vida acordes con el modelo de Estado que eligieron los Colombianos, en tanto que el término laborales excluye de cualquier responsabilidad a los accionistas frente a las obligaciones laborales. || Cargo por violación del artículo 2 de la Constitución. El órgano legislativo a través de la expresión acusada vulnera el principio de efectividad, debido a que no ejecuta a cabalidad el principio de trabajo digno y justo, sino que mediante el derecho societario blinda de modo impenetrable el patrimonio de los socios individualmente considerados, teniendo como resultado la ineficacia de los derechos causados por los trabajadores. || Cargo por violación del artículo 25 de la Constitución. Se desconoce este artículo del ordenamiento Superior que protege el trabajo digno, en tanto que la limitación de la responsabilidad de los accionistas en materia de obligaciones surgidas del contrato de trabajo no resguarda en debida forma las relaciones laborales ni tampoco a la parte débil de ellas, ya que priva de manera absoluta la exigibilidad de los derechos causados por los trabajadores. || Cargo por violación del artículo 53 de la Constitución. Por mandato expreso del Constituyente primario, se prohibió taxativamente al cuerpo legislativo exceder los límites que la Carta Política le impone, pues de ninguna manera puede mediante una ley desconocer los principios mínimos del derecho al trabajo. Es así, como la expresión acusada se aparta de la prohibición constitucional de que la ley menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores, al permitir que las obligaciones laborales se tornen inexigibles e ineficaces frente a los accionistas de las sociedades anónimas simplificadas. || Desconoce además las normas del bloque de constitucionalidad y, en particular, los artículos 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en tanto la exoneración de responsabilidad que se sigue del vocablo demandado, omite proteger y garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo y, en esa medida, desconoce el principio de efectividad en tanto la disposición acusada origina la ineficacia del principio rector del trabajo digno y justo. || Cargo por violación del artículo 333 de la Constitución. La norma cuestionada se opone a la función social que debe desarrollar la empresa, en tanto que exonerar totalmente de responsabilidad a los accionistas implica desconocer las obligaciones asociadas al ejercicio de actividades económicas protegidas por el artículo 333 de la Constitución. Adicionalmente, la expresión demandada reproduce una disposición arbitraria que privilegia el interés económico del particular con la limitación total de sus responsabilidades frente al reconocimiento de los derechos laborales causados por los trabajadores.”
[12] Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil; AV Jaime Araujo Rentería); en este caso se resolvió: “Primero.- INHIBIRSE para pronunciarse sobre las expresiones: “Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta la concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos”, previstas en el inciso 1° del artículo 252 del Código de Comercio, e igualmente en torno a las expresiones: “En las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo”, contenidas en el inciso 2° del mismo artículo 252 del Código de Comercio, por ausencia de cargos de inconstitucionalidad. || Segundo.- Declarar EXEQUIBLE las expresiones: “En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales”, previstas en el inciso 1° del artículo 252 del Código de Comercio, por el cargo analizado. De igual manera, se declara EXEQUIBLE las expresiones: “(...) responsables hasta el monto de sus respectivos aportes (...)”, contenida en el inciso 1° del artículo 373 del Código de Comercio, por el cargo analizado.”
[13] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[14] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).
[15] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).
[16] Ver pie de página No. 6 de la sentencia C-090 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[17] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[18] Sobre los criterios en los que se funda la admisibilidad ver, entre otras, la sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[19] El informe de ponencia para segundo debate, presentó la cuestión así: “En este nuevo panorama, el legislador está llamado a cumplir un papel trascendental en la definición del régimen societario, pues es a él a quien le corresponde establecer un sistema normativo que permita ordenar de manera coherente las reglas de juego que rigen los acuerdos contractuales de los particulares. || Para lograr un justo equilibrio entre el desarrollo del sector empresarial y la defensa de los derechos de los terceros de buena fe, apareció en el mundo un aporte realizado por el derecho francés conocido como la Sociedad por Acciones Simplificadas, la cual ha venido ajustándose paulatinamente como consecuencia de los procesos de integración de la comunidad económica europea. || Esta modalidad societaria se encuentra definida en los artículos L 227-1 a L227-20 y L244-1 a L244-4 del Código de Comercio Francés. La característica primordial de este tipo de asociación es su flexibilidad, así algunos autores tales como Yves Guyon, han afirmado que las Sociedades por Acciones Simplificada escapan a las normas de orden público que gobiernan las asambleas de accionistas, los órganos de control y la dirección de las sociedades anónimas. || Esta figura se ha convertido para los franceses en una excelente opción que les ha permitido combinar la naturaleza y características propias de la sociedad anónima, con un régimen mucho más abierto y flexible para su funcionamiento y composición, dando a los comerciantes franceses una posición privilegiada frente a los retos de la competencia existentes en relación con otras figuras societarias de las naciones europeas. || En el escenario colombiano, la tipología societaria presenta hoy un fenómeno de rigidez similar al vivido por los franceses a comienzos de los años 1990. En efecto, el régimen societario sigue sometiéndose a las normas previstas en el Código de Comercio del año 1971 junto a las reglas contenidas en la Ley 222 de 1995. Estas disposiciones mantienen una tendencia excesivamente formalista, la cual ha impedido el crecimiento y posicionamiento de las pequeñas y medianas empresas. || Por lo anterior, el derecho societario colombiano, exige la creación de una nueva modalidad de tipo social, que a diferencia de los tipos existentes, incluya los criterios de simplicidad y flexibilidad en su funcionamiento. Por lo demás, una decisión en este sentido pondría a Colombia en la vanguardia del derecho de las sociedades en América Latina, con efectos importantes en el campo de la inversión.”
[20] Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[21] Ley 1258 de 2008, Artículo 42. Desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. || La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. || La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendenc ia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario (Gaceta del Congreso N° 390 de 2008).
[22] Sobre el juicio de igualdad y las intensidades que puede tener el mismo ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; AV Jaime Araujo Rentería, Álvaro Tafur Galvis). Recientemente, esta línea jurisprudencial ha sido retomada por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-313 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-766 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), C-934 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), C-015 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), C-083 y C-169 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[23] De hecho, parte de las razones por las que el Legislador adoptó este nuevo modelo societario es buscando motivar e incentivar la inversión y el emprendimiento, lo cual, a la postre, redunda en beneficios económicos generales y mayores y mejores oportunidades laborales.
[24] Como por ejemplo, el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión o la opinión política (artículo 13, CP).
[25] Ver al respecto, entre otras, las sentencias: C-714 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-403 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), C-173 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), C-262 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), C-865 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil, AV. Jaime Araujo Rentería), C-689 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SPV. Nilson Pinilla Pinilla, Luis Ernesto Vargas Silva) y C-090 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo).
[26] Ver, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 23 (derecho al trabajo), 24 (derecho al descanso) y 25 (derecho a un nivel de vida adecuado); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de prohibir la esclavitud y los trabajos forzados, en el artículo 8 prohíbe el trabajo no escogido libremente; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7 (derecho al trabajo), 8 (derecho a la huelga), 9 (derecho a la seguridad social) y 10 (protección a la mujer embarazada y al trabajo infantil); Convención Americana Sobre Derecho Humanos, Pacto San José de Costa Rica, artículo 6 (prohibición de esclavitud); Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos sociales y culturales, Pacto de San Salvador, artículos 6 y 7 (derecho al trabajo en condiciones equitativas y justas).
[27] Ver, entre otras, las sentencias C-598 de 1997, C-080 de 1999 y C-890 de 1999.
[28] Sentencia T-348 de 1997. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 7.
[29] Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 1999, fundamento 6.
[30] Corte Constitucional, sentencia C-956 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). Declarar exequible la expresión acusada “El Sistema Integral de seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990” del inciso primero del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
[31] Al respecto, el Código Civil en su artículo 2494 establece: “CREDITOS PRIVILEGIADOS. Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase” y el artículo 2495 del mismo Estatuto dispone: “CREDITOS DE PRIMERA CLASE. La primera clase de crédito comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran: […] 4. Subrogado. L.165/41, art. 1, Ley 50/90, art. 36. Los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo. Texto anterior modificado por la Ley 165 de 1941. 4. Los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo. “[…] 6. Los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados”.
[32] El artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo, establece: -“subrogado. L.50/90, artículo 36, Prelación de créditos por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todo los demás”. […] “Los créditos laborales podrán demostrarse por cualquier medio de prueba autorizado por la ley y, cuando fuera necesario, producidos extrajuicio con intervención del juez laboral o del inspector de trabajo competentes. Parágrafo. En los procesos de quiebra o concordato los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí mismos o por intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que pertenezcan, siempre de conformidad con las leyes vigentes”.
[33] Ver, por ejemplo, la sentencia C-090 de 2014.

References: artículo 25
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 333
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 25
 artículo 157
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 373
 Artículo 42
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 279
 artículo 2494
 artículo 2495
 artículo 157
 artículo 36
 artículo 2495