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AEP-RES-055-2013.pdf | Perdón | Derecho penal
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Denuncia número: DEP-170-2012 Contra: Manrique Oviedo Guzmán
RESOLUCIÓN N.° AEP-RES-055-2013
Procuraduría de la Ética Pública. San José, a las trece horas con quince minutos del veintiocho de junio del dos mil trece.
Se conoce la denuncia DEP-170-2012, mediante la cual se solicita analizar la conducta atribuida al funcionario Manrique Oviedo Guzmán consistente en haber influido, presuntamente, en el otorgamiento del indulto del señor Bernal Arias Sibaja.
Primero: Que los hechos y argumentos expuestos ante la Procuraduría de la Ética Pública se resumen así:
a) El periódico La Nación realiza publicación el 13 de diciembre de 2013, en las páginas 16 y 17 A, en la que involucra al Diputado Manrique Oviedo Guzmán, por haber influido, presuntamente, en el indulto otorgado por el Consejo de Gobierno al señor Bernal Arias Sibaja. b) Se solicita investigar si lo actuado por el Diputado Oviedo Guzmán configura algún tipo de delito.
Segundo: Que la Procuraduría de la Ética Pública efectúa diligencias de investigación de los hechos denunciados, de las cuales queda constancia en el expediente de la denuncia.
I. Competencia de la Procuraduría de la Ética Pública –en adelante PEP- para conocer del presente asunto. El inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República -Ley 6815 de 27 de setiembre de 1982- le reconoce a la Procuraduría las siguientes atribuciones:
“h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas
cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.(…)”.
Tal y como se desprende con toda claridad del texto legal transcrito, entre las funciones de la PEP está realizar acciones administrativas tendientes a detectar actuaciones contrarias a la ética regente del ejercicio de la función pública. Dicha atribución apareja la posibilidad de investigar presuntas infracciones a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, a los principios y deberes éticos que cobijan a los servidores públicos, así como la comisión de delitos funcionales, según lo ha reconocido el máximo Tribunal Constitucional al pronunciarse respecto a la norma citada, diciendo:
“En criterio de este Tribunal, esta norma es complementaria , precisamente, de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en el tanto, se crea la Procuraduría de la Ética Pública como una instancia para asegurar la ejecución misma de lo dispuesto en la Ley, siendo esta dependencia la que, en los casos de imposición de sanciones, funciona incoando una investigación preliminar la cual culmina con la elaboración de un informe, denuncia o acusación respectiva. Como tal, el establecimiento de esta Procuraduría especial, no puede ser considerada inconstitucional, pues como se ha indicado, la idea de su funcionamiento es que por especialización sea ésta la que realice una investigación, no correspondiéndole la decisión final sobre la aplicación de sanciones, (…).”. Sentencia 2008-18564 de las 14:44 horas del 17 de diciembre de 2008.
Las competencias asignadas a la PEP son genéricas, y le permiten intervenir respecto a cualquier persona que ejerza una función pública, con independencia del poder, órgano o ente del Estado en que la desempeñe, sin que con ello se cause lesión alguna al principio de separación de poderes. La Sala Constitucional, en forma reiterada, ha avalado la constitucionalidad de las funciones encargadas a la Procuraduría, manifestado lo siguiente:
“VI.- PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES. En criterio de la Procuraduría General de la República, las competencias genéricas asignadas a la “Procuraduría de la Ética Pública” vulneran el principio de separación funciones consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho. Este órgano colegiado estima que el combate de la corrupción en el sector público y la búsqueda de altos niveles de transparencia no riñen con el principio aducido, puesto que, el mismo fue concebido para garantizar una eficiente y eficaz gestión pública a través de la especialización de las funciones y, desde luego, contener la arbitrariedad
de los poderes públicos tan propensos a quebrantar los Derechos Fundamentales de los administrados. El sistema de garantía de la transparencia y de la ética en la función pública debe establecerse a partir de la acción transversal, concertada y coordinada de todos los entes y órganos públicos, la circunstancia legal y coyuntural de asignárselo a uno
o varios en específico, aunque no se trate de órganos constitucionales o de relevancia constitucional, no atenta contra el principio de separación de poderes”. Sentencia 2003-05090 de las 14:44 horas del 11 de junio de
“Como tal, el establecimiento de esta Procuraduría especial, no puede ser considerada inconstitucional, pues como se ha indicado, la idea de su funcionamiento es que por especialización sea ésta la que realice una investigación, no correspondiéndole la decisión final sobre la aplicación de sanciones, razón por la cual, en la especie, no podría alegarse una violación al principio de separación de funciones, en el tanto, su función no es decisoria, ni vinculante para el órgano (fuera del alcance propio de la competencia de la Procuraduría General de la República) que deba aplicar la respectiva sanción y, por ello, no se estaría dando una intromisión en funciones propias de otro Poder de la República, como se alega en los autos. (…)”. Sentencia 2008-18564 de las 14:44 horas del 17 de diciembre de 2008.
Bajo el esquema expuesto, una denuncia, como la presente, que solicita analizar la conducta del Diputado Manrique Oviedo Guzmán consistente en influir presuntamente en el otorgamiento del indulto del señor Bernal Arias, para efectos de determinar si con ella el servidor incurrió en una actuación delictiva en el ejercicio de la función pública, nos obliga a investigar a fin de valorar la efectiva existencia de tal situación.
II. Hechos relevantes para efectos del análisis que nos ocupa. De interés para la apreciación de fondo que amerita la denuncia planteada, y en razón de los resultados de la presente investigación preliminar, se tienen los siguientes hechos:
a) Entre los meses de abril y mayo de 2012, el Diputado Manrique Oviedo Guzmán le solicita al entonces Ministro de Justicia, señor Hernando París Rodríguez, una audiencia para darle seguimiento a la ejecución del “Contrato de Préstamo Nº 2526/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social”. (Folio 8 y 28).
b) Durante la audiencia, el Diputado Oviedo Guzmán le presenta al Ministro París Rodríguez, el tema de la solicitud de indulto del señor Bernal Arias Sibaja y le comenta sobre la situación personal del entonces privado de libertad.
La información penitenciaria que aparece en el SIAP (Sistema de Administración Penitenciaria) del privado de libertad Bernal Arias es analizada en la reunión. (Folio 8 y 16).
c) El 15 de mayo de 2012, el señor Hernando París Rodríguez deja el cargo de Ministro de Justicia, e inicia en su ejercicio el señor Fernando Ferraro Castro (Folio 8).
d) El 2 de julio de 2012, por medio del oficio SCG-MMM-281-2012 suscrito por la Secretaría del Consejo de Gobierno, se le comunica al entonces Ministro de Justicia, Fernando Ferraro Castro que, a partir de ese momento, la “Secretaría instruirá los expedientes –de las solicitudes de indulto-, solicitando el criterio al Instituto de Criminología y al Poder Judicial cuando procesa, y cuando se tengan los informes correspondientes, se someterá la gestión al conocimiento del Consejo de Gobierno”.
e) El 4 de setiembre de 2012, mediante oficio DMJP-926-09-2012 suscrito por la señora Maureen Muñoz Chacón, Directora del Despacho del entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, se remite al Consejo de Gobierno la solicitud de indulto presentada por el señor Bernal Arias Sibaja, sin que a ese momento hubiese sido iniciada su tramitación. (Folio 93)
f) El 6 de setiembre de 2012, la Secretaría del Consejo de Gobierno inicia la instrucción de la solicitud de indulto de Arias Sibaja al solicitar la valoración técnica correspondiente al Instituto Nacional de Criminología. El estudio requerido es remitido el 30 de noviembre siguiente.
g) El Consejo de Gobierno, en la sesión ordinaria número 131, celebrada el 11 de diciembre 2012, acuerda otorgar al señor Arias Sibaja el indulto total de la pena.
III. Análisis de fondo. A través de la presente gestión, según es apuntado supra, se le solicita a la PEP analizar la conducta del Diputado Manrique Oviedo Guzmán consistente en influir presuntamente en el otorgamiento del indulto del señor Bernal Arias, con el fin de determinar si con ella el servidor incurrió en una actuación delictiva en el ejercicio de la función pública.
Con fundamento en el requerimiento formulado y en sus atribuciones de ley, este Despacho entra a investigar la participación del funcionario Oviedo Guzmán en el
indulto referido, así como el trámite seguido por la solicitud de perdón de la pena que lleva al otorgamiento del indulto acordado a favor de Arias Sibaja.
Mediante la investigación preliminar efectuada por la PEP, se logra identificar una actuación del Diputado Manrique Oviedo vinculada con el trámite del indulto en cuestión. Tal y como es anotado en el apartado anterior, se determina que Oviedo Guzmán, entre abril y mayo de 2012, tiene una audiencia con el entonces Ministro de Justicia, Hernando París, pedida en su condición de Diputado para darle seguimiento a la ejecución del Contrato de Préstamo 2526/OC-CR. El señor París Rodríguez, en declaración rendida ante la PEP, se expresa al respecto diciendo:
“Unos días después de aprobada la Ley, don Manrique Oviedo me solicitó una audiencia para darle seguimiento al tema de la ejecución del préstamo del BID y los compromisos de transparencia que habíamos adquirido. En esos días había salido publicado en La Nación y en La República la invitación a expresiones de interés para integrar diversas posiciones con fondos no reembolsables del Banco, es decir, ya era evidente que estábamos empezando con el proceso de ejecución”.
Asimismo, se constata que en el transcurso de la audiencia, el Diputado le plantea al Ministro París el tema de la solicitud de perdón de la pena de Bernal Arias y le comenta acerca de la situación personal del entonces privado de libertad. En la entrevista dada por París Rodríguez a la PEP, así se confirma: “Terminando ese tema, ya finalizando la reunión, recuerdo que él (Manrique Oviedo) me manifiesta que algunos vecinos de San Carlos tenían la inquietud de conocer cómo se tramitaba un indulto, porque había un vecino de la zona que tenía una situación familiar compleja, que había perdido la esposa, que había hijos que dependían de él, que era un asunto humanitario”.
Por otra parte, se acredita que la información penitenciaria del señor Arias Sibaja es analizada en la reunión sostenida entre Oviedo Guzmán y París Rodríguez. En el testimonio rendido en la PEP, la entonces asesora del Ministro de Justicia, Lilliana Rivera Quesada, se pronuncia al respecto, diciendo: “Don Hernando París, durante una reunión que sostuvo con el Diputado Manrique Oviedo, me solicita, no recuerdo si personalmente o por medio de alguien, la información penitenciaria que aparece en el SIAP (Sistema de Administración Penitenciaria) del privado de libertad Bernal Arias, yo se la imprimí y se la entregué en ese momento”.
La investigación preliminar de este Despacho, además, permite establecer que el inicio del trámite de la solicitud de perdón de la pena de Bernal Arias Sibaja se da en setiembre de 2012, y adicionalmente, que la instrucción y decisión está a cargo del Consejo de Gobierno. La solicitud de indulto de Arias Sibaja es presentada en el Ministerio de Justicia, en una fecha sin determinar debido a que el recibido no queda registrado en el expediente respectivo. Sin embargo, sí queda constancia de que mediante oficio DMJP-926-09-2012 de 4 de setiembre de 2012, el Despacho del
Ministro de Justicia remite el escrito del pedido al Consejo de Gobierno, junto con la documentación ofrecida en respaldo, incluida la nota de apoyo de vecinos, compañeros de trabajo y otros; sin que hubiera sido iniciado aún su diligenciamiento.
A partir del expediente administrativo del indulto, se evidencia que el Consejo de Gobierno inicia su trámite al solicitar la valoración técnica al Instituto Nacional de Criminología, por oficio SCG-MMM-435-2012 de 6 de setiembre de 2012. Una vez recibido el informe respectivo, el Concejo de Gobierno conoce el asunto en la sesión ordinaria número 131, celebrada el 11 de diciembre 2012, y acuerda otorgar el indulto total de la pena a Arias Sibaja.
Los resultados de la presente indagación, comentados anteriormente, a criterio de este Despacho, llevan a descartar la configuración de un delito de tráfico de influencias u otro ilícito contrario a los deberes de la función pública en la conducta desplegada por el Diputado Manrique Oviedo.
El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en los siguientes términos:
“Artículo 52. Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”
Como se desprende de su literalidad, el delito de tráfico de influencias previsto en nuestro ordenamiento jurídico castiga la acción de influenciar a un funcionario público respecto a un acto de nombramiento, adjudicación, concesión, contrato o cualquier otro acto o resolución a su cargo, de tal forma que genere beneficios indebidos de provecho para el agente o un tercero.
De acuerdo con la descripción del tipo penal efectuada por el artículo 52 citado, se trata de un delito de resultado que requiere para su consumación, en primer lugar, que la influencia ejercida en el funcionario público dé como resultado un beneficio indebido, y en segundo lugar, que el último sea un producto directo o indirecto del actuar del agente.
En consecuencia, para que se configure el delito de tráfico de influencia es imprescindible que exista una relación de causalidad entre la acción de influencia desplegada y el beneficio generado como resultado del actuar del servidor público sobre quien recae la influencia.
En el presente asunto, este Despacho, precisamente, echa de menos la existencia de una relación de causalidad entre la intervención identificada del Diputado Oviedo y la decisión del Consejo de Gobierno que acuerda el perdón de la pena; el cual constituiría, como resulta lógico, el resultado beneficioso.
A través de las diligencias de investigación de la PEP, únicamente, se logra acreditar que el Diputado Manrique Oviedo discute el tema del indulto de Arias Sibaja con el entonces Ministro de Justicia, Hernando París. No existe evidencia alguna de otras gestiones del Diputado dirigidas a influir al órgano que, finalmente, tuvo a cargo la instrucción y decisión de la solicitud, sea el Consejo de Gobierno.
Tampoco, se logra establecer que la gestión realizada por el Diputado ante el entonces Ministro de Justicia haya incidido, en forma efectiva, en el trámite y la valoración realizada por el Consejo de Gobierno. Por el contrario, existen algunos hallazgos que permiten suponer que la intervención del Diputado no logra sus propósitos.
En primer lugar, el señor París Rodríguez deja el cargo de Ministro de Justicia el 15 de mayo de 2012, sin iniciar la instrucción del pedido de Bernal Arias. En segundo lugar, el asunto se mantiene sin movimiento alguno, hasta el 4 de setiembre de 2012, fecha en que el Despacho del entonces Ministro de Justicia, Fernando Ferraro, lo remite al Consejo de Gobierno. En tercer lugar, la instrucción de la solicitud de indulto es efectuada en su totalidad por la Secretaría del Consejo de Gobierno, durante un período en el cual, por instrucciones de la Presidencia de la República, el trámite de este tipo de gestiones pasa a cargo de dicha Secretaría. En cuarto lugar,
el señor Hernando París, debido a su renuncia, no forma parte del Consejo de Gobierno que acuerda el indulto cuestionado.
Consecuentemente, al no quedar establecido que la intervención tenida por el Diputado Oviedo Guzmán en relación con la solicitud de indulto del señor Arias Sibaja influye en la decisión tomada por el Consejo de Gobierno que acuerda el otorgamiento del perdón de la pena, y no poder determinarse que, el beneficio obtenido por Bernal Arias es resultado directo o indirecto de la gestión del funcionario denunciado, debe descartarse la comisión de un delito de tráfico de influencia.
En concordancia con el análisis expuesto, es criterio de este Despacho, que las actuaciones analizadas del Diputado Manrique Oviedo Guzmán, no configuran un delito de tráfico de influencias. Vale agregar, que tampoco se obtienen indicios que permitan considerar la comisión de algún otro delito contra los deberes de la función pública que pueda ser atribuido a Oviedo Guzmán.
Sobre lo indicado, anteriormente, se hace la advertencia, de que la existencia definitiva de un eventual delito “(…) es asunto que, a ciencia cierta, solo puede ser establecido por los tribunales penales si así se lo pide el Ministerio Público. Ergo, cualquier respuesta del Órgano Asesor, en esta materia, no tiene ningún efecto práctico, ni muchos menos, constituiría una causa de exculpación o atenuante para quienes incurran en la conducta que prevé el tipo penal. (…)”. (OJ-151-2004 del 11 de noviembre del 2004). Razón por la cual, si el denunciante lo tiene a bien podría acudir, directamente, ante el Ministerio Público a denunciar el hecho que es de su conocimiento.
Conforme a lo expuesto, estima esta Procuraduría de la Ética Pública, que la denuncia presentada contra el funcionario Manrique Oviedo Guzmán, en el extremo analizado, debe ser desestimada.
De conformidad con lo indicado, se ordena la desestimación de la presente denuncia. NOTIFÍQUESE.
M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado Procuradora Procuraduría de la Ética Pública
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