Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/2013_08_20/1401
Timestamp: 2020-02-18 05:19:19+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPR-31
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.
SE TURNÓ A LA COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los siguientes informes:
Propone establecer el mecanismo de notificación que la autoridad debe de llevar frente a los particulares de automóviles que han sido retenidos por las diferentes autoridades federales.
Las reformas que se plantean tienen el propósito de facilitar el procedimiento para que la autoridad competente pueda disponer de los vehículos que no son reclamados por quienes tiene derecho a los mismos y lograr así por parte de la autoridad una declaración expedita del abandono de los vehículos y poder realizar la puesta a disposición para enajenación o destrucción de los vehículos.
Propone reformas a la Ley General de Educación, para implementar que las escuelas de educación básica del país estarán obligadas a establecer estrategias de coordinación y vinculación con organismos del sector salud, a fin de que personal técnicamente capacitado coadyuve con la comunidad escolar en la promoción de la salud, brindando la asistencia, acompañamiento o capacitación en temas de alimentación saludable, nutrición y hábitos alimenticios.
Lo anterior permitirá reforzar los esfuerzos que se han instaurado para disminuir la prevalencia de obesidad en los niños mexicanos y se considera que con la participación activa de los profesionales de la salud en el campo de la educación, se contribuirá para lograr la promoción de una salud adecuada para los futuros ciudadanos mexicanos y se fomente en ellos, y en la comunidad escolar, hábitos alimenticios saludables y por ende, crear estilos de vida saludables.
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos de la mujer, no violencia obstétrica y derechos de la niñez.
Propone reformas a la Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos de la mujer, no violencia obstétrica y derechos de la niñez. Con las reformas, se propone establecer en la Ley General del Salud que la atención materno-infantil debe considerar el cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de la niñez de acuerdo a los instrumentos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, en virtud de la atención materno-infantil tiene carácter prioritario.
La reforma del párrafo segundo del artículo 61, establece que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y motivará al cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de la niñez.
Por otra parte, con la adición de un párrafo tercero al mismo artículo, establece que las acciones que se deberán emprender para garantizar el cumplimiento de esos mismos derechos deberán estar acordes a los instrumentos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, conforme a esta Ley y sus ordenamientos aplicables.
Propone que los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, cuenten con información fidedigna sobre los actos que realizan los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos y candidatos dentro o fuera del proceso electoral, a través de la figura del Oficial Electoral.
Pretende establecer mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, con el objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, teniendo como trasfondo la necesidad de conocer si alguno de los contendientes rebasó el tope de gastos de precampaña o campaña para aplicar las sanciones correspondientes.
Establece que el IFE contará con una Dirección de Oficiales Electorales, los cuales estarán investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, actuarán de oficio o a petición de parte y sus actuaciones podrán ser requeridas por cualquiera de los órganos del Instituto, los partidos políticos y candidatos.
Señala que la Dirección de Oficiales Electorales tendrá las siguientes atribuciones:
a)	Designar a los oficiales electorales que actuarán en cada una de las demarcaciones distritales electorales;
b)	Elaborar los formatos que se utilizarán en los actos en que intervengan los Oficiales Electorales;
c)	Solicitar a los partidos políticos y candidatos un padrón de sus proveedores que contenga el costo de los productos y servicios que ofertan;
d)	Dar a conocer a la Comisión de Fiscalización del Consejo General la información recabada por los Oficiales Electorales que se refiera a los gastos realizados por los partidos políticos y candidatos en actos y propaganda de precampaña y campaña electoral;
e)	Proporcionar al Consejo General y sus comisiones la información que sea requerida y que obre en su poder;
f)	Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia.
Finalmente establece que los oficiales electorales darán fe de todos los actos de precampaña que realicen los ciudadanos, aspirantes, precandidatos y partidos políticos, quienes tienen la obligación de permitir la realización de inspecciones y verificaciones, debiendo dar aviso de cada acto de precampaña que pretendan realizar; asimismo, deberán presentar ante el oficial electoral que asista a dar fe del evento, un informe de las erogaciones realizadas en la organización del mismo.
Propone que en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento.
La presente iniciativa tiene como finalidad el armonizar la Ley General de Víctimas con la Ley General de Salud en materia de atención a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos que requieran atención médica de urgencia.
Se prevé la adición de diversas fracciones a distintos artículos estableciendo la obligación de las Autoridades Sanitarias para llevar a cabo la atención de las víctimas de delitos y/o violaciones graves de los derechos humanos de conformidad con la Ley General de Víctimas y sus objetivos.
Por lo que hace a la atención urgente a las víctimas se prevé que tanto establecimientos hospitalarios públicos como privados deban llevar a cabo la atención; para el último caso se prevé que una vez pasada la emergencia, sean trasladados a instituciones públicas.
Con la presente propuesta se busca armonizar las leyes a fin de garantizar los derechos de las víctimas salvaguardando su salud y su reincorporación a la normalidad social. Se faculta y se establece como deber de los organismos de salud a llevar a cabo el diseño de mecanismos de atención a las víctimas.
Propone instruir medidas para reducir el consumo de tabaco, en los menores de 21 años de edad, así como la prohibición de venta, distribución, suministro o empleo para la fabricación de productos de tabaco a jóvenes de la edad previamente señalada.
Establece que los paquetes de productos de tabaco, y todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, se elaboren en color verde olivo, sin logotipos ni otros rasgos distintivos aparte de las advertencias sanitarias. Asimismo las advertencias, leyendas, pictogramas o imágenes deberán ocupar al menos el 75% de la cara anterior; y el 25% restante se destinará como máximo para el nombre de la marca y el nombre del fabricante conforme a las características de los paquetes de productos de tabaco, y todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos que establece este artículo.
Finalmente se indica que se prohibirá absolutamente toda exhibición y visibilidad de productos de tabaco en los puntos de venta, incluidos los puntos de venta al por menor fijos y los vendedores ambulantes. Sólo se permite una enumeración textual de productos y sus respectivos precios, sin elementos promocionales.
Se propone una reforma a la Ley General de Educación que sea espejo de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en lo referente a los aspectos fundamentales de la evaluación educativa y de la Ley del Servicio Profesional Docente, bajo la óptica de la formación profesional y del reconocimiento de derechos laborales.
Se reconocen en la ley la facultad de los maestros, padres de familia y organizaciones de padres de familia, así como de los consejos de participación social en la educación, para opinar en asuntos pedagógicos y de evaluación educativa, tal como lo reconoce la Constitución.
Se propone incluir todos los aspectos contenidos en la reforma constitucional como: Jornada Escolar Completa, Prohibición de Cuotas Escolares, Autonomía de la Gestión Escolar, Universalización de Programas Compensatorios como útiles escolares, uniformes y calzado escolar, fortalecimiento de las acciones de inspección a centros educativos, prohibición de alimentos chatarra y Sistema Nacional de Información y Gestión Escolar.
Se establece en el capítulo correspondiente diversas medidas para fortalecer la inspección, evaluación y calidad de los servicios que ofrecen las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Se suprime la facultad de la autoridad educativa federal de realizar la evaluación del sistema educativo nacional, para dejarlo como una atribución fundamental del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Se establece la creación del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa como una facultad de la Autoridad Educativa Federal en coordinación con el INEG, pero con fines exclusivamente estadísticos y de información, para el funcionamiento del sistema educativo.
Se considerada el establecimiento de las escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas, como una facultad concurrente de las autoridades educativa federal y local, así como para la implementación de programas compensatorios como el suministro gratuito de alimentos nutritivos, uniformes y útiles escolares, calzado, libros de texto, becas, entre otros, conforme a índices de marginación, pobreza y condición alimentaria.
Se impone el desarrollo de la evaluación como un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye todos los componentes del sistema educativo nacional, planteándose como enfoques de evaluación los aspectos cuantitativos y cualitativos, así como las características personales, escolares e institucionales de los sujetos y objetos de la evaluación.
Se impone la obligación de las instituciones educativas locales, descentralizadas, desconcentradas y particulares de colaborar y prestar todas las facilidades e información requerida por el INEE para el cumplimiento de su función, así como para generar indicadores sujetos a evaluación de programas y métodos para prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia.
Se obliga a la publicación de los resultados de las evaluaciones practicadas por el INEE y los equivalentes en el ámbito local, y se establecen las reglas para la publicación tanto de los indicadores como de los resultados obtenidos de los procesos de evaluación, ajustados a los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como el carácter vinculatorio de los lineamientos en materia de evaluación que deriven del INEE para las autoridades educativas. Asimismo la obligación de las autoridades educativas del cumplimiento de las directrices que dicho órgano emita.
Se propone la obligación del INEE para diseñar indicadores nacionales y regionales que permitan medir el mejoramiento de la calidad de la educación, así como su competencia para evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Otro de los puntos de la iniciativa, es la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con 78 artículos y 15 transitorios, distribuidos en diversos capítulos y secciones.
Se propone una estructura de la ley que garantice una dimensión constructiva y formativa de la evaluación, respetuosa de los derechos y la dignidad humana con tres objetos fundamentales de regulación:
A) Regulación del Sistema Nacional de Evaluación
B) Regulación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
C) Regulación de los mecanismos de participación social en la evaluación de la educación.
Se propone el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación coordinado por el INEE, con dos estructuras fundamentales:
A) La Conferencia, que será el órgano de coordinación de todas las autoridades educativas, incluyendo el INEE, que tengan injerencia en las acciones de evaluación educativa.
B) Los subsistemas: 1) de Educandos, 2) de Educadores o Docentes, 3) de instituciones educativas y 4) de Planes, Programas, Materiales didácticos y demás componentes del Sistema Educativo. Cada Integrante de la Junta coordinará un subsistema.
Se propone un modelo de Evaluación educativa que permita conocer la forma en que se ejerce el derecho universal a la educación de calidad e identificar aquellas circunstancias sociales o institucionales que impiden su ejercicio a niñas y niños, adolescentes y adultos, para ellos se establecen fines de la evaluación y fines del sistema nacional de evaluación.
Se propone un capítulo relacionado con la naturaleza, estructura y funcionamiento del INEE, que fortalece su autonomía constitucional y reconoce los siguientes órganos directivos:
A) La Junta de Gobierno,
B) La Presidencia,
C) Las unidades administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
D) La Contraloría Interna.
Se propone un capítulo especial de participación social en la evaluación educativa que contiene dos estructuras fundamentales:
A) El Consejo Consultivo del Instituto con representación de los sectores académico, público, privado y social, incluyendo las organizaciones del magisterio, de padres de familia, del sector productivo y de los centros de investigación.
B) Órganos Colegiados, que funcionarán con instancias externas de especialistas para la asesoría y consulta del INEE, divididos en Comités Técnicos, Comités Pedagógicos y Comités de Vinculación.
También se propone crear la Ley General del Servicio Profesional Docente, con reglas claras y procesos imparciales, equitativos y transparentes para el Ingreso, la Promoción y el Reconocimiento al Servicio Profesional Docente. Este estará regulado a fin de garantizar perfiles idóneos para la práctica docente desde el proceso de ingreso, con derecho a la definitividad y estabilidad en el empleo desde los 6 meses, en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la SEP y otras disposiciones aplicables.
Se propone que el Servicio Profesional Docente funcione a través de 5 Procesos Administrativos:
1. Ingreso;
2. Formación, capacitación y actualización;
3. Evaluación del desempeño;
4. Recategorización, promoción laboral y reconocimiento, y
5. Permanencia.
Establece que la formación, capacitación y actualización de los maestros, deba ser permanente y obligatoria, para asegurar el mejoramiento del conocimiento teórico y práctica docente.
Se considera que las evaluaciones del desempeño en el Servicio Profesional Docente, deben tener por finalidad la mejora del proceso educativo, fortalecer la formación profesional y subsanar deficiencias del sistema educativo, pero nunca una visión punitiva o sancionadora, que afecte los derechos laborales del magisterio.
El Servicio Profesional debe armonizar el derecho universal a recibir educación de calidad, con los derechos laborales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales para los trabajadores de la educación.
De la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario	del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación
Las modificaciones que se proponen a la Ley General de Educación tienen por objeto que la Inclusión Educativa sea un concepto transversal a toda la educación, pues es necesario que se establezca en todos los niveles como un principio y que los servicios de Educación Especial para la Inclusión, que actualmente se imparten en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyos a la Educación Regular (USAER), respectivamente, se reconozcan como servicios generales en todos los niveles de educación.
Señala que la Educación Inclusiva, es aquella que incluye a las niñas y niños con discapacidad o capacidades sobresalientes al ambiente escolar regular.
Del Dip. Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Se reforma el cuarto párrafo, del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incluir al estado de Chiapas, como región fronteriza; aplicando con esto, una taza de 11% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todo el territorio de dicho Estado, garantizando su desarrollo económico y crecimiento regional.
Propone reformar la Ley General de Educación para armonizarla con la Constitución Política, en el sentido de establecer como educación obligatoria la secundaria y la media superior.
De la Dip. Celia	Isabel Gauna Ruiz de	León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Propone la reforma del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para precisar que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a Diputados y Senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presentarán los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género y que dichas fórmulas de candidatos deberán conformarse necesariamente por candidatos tanto propietarios como suplentes de un mismo género y con ello garantizar el cumplimiento de la cuota de género al integrar las candidaturas, tanto de diputados como de senadores, por ambos principios y cumplir con las dos finalidades, tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo.
De forma adicional se establece que los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán las disposiciones legales necesarias para garantizar la equidad de género en los términos que plantea esta Ley armonizando las legislaciones estatales con esta iniciativa.
Propone simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en la subcuenta SAR 92, SAR ISSSTE y/o RCV (Retiro, Cesantía y Vejez) según corresponda y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago de impuestos en razón de no integrar salario para el trabajador.
Asimismo, pretende generar claridad y transparencia al régimen fiscal aplicable a los recursos destinados al retiro de los trabajadores, dejando libre de pago de impuesto las aportaciones realizadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.
Propone armonizar las propuestas en materia de rendición de cuentas y fortalecimiento de la comunicación para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estableciendo que el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) asista a más tardar a los 30 días posteriores a que sea entregado al Congreso de la Unión el informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, ante las comisiones del Poder Legislativo Federal competentes al efecto de ampliar la información o para que responda a preguntas relativas al dicho informe.
Finalmente establece que la CONSAR presente al Congreso de la Unión un informe específico y con la periodicidad con la que llegaren a presentarse minusvalías en el valor de los recursos administrados. Dicho informe específico sobre las minusvalías se propone contenga, al menos, información relativa a las causas y montos de las minusvalías, su efecto en la rentabilidad de las inversiones, la estimación de los riesgos para el ahorro de los trabajadores y, en su caso, los cambios en los regímenes de inversiones y de comisiones que la CONSAR estime procedentes para proteger los recursos de los trabajadores.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 273 de la Ley del Seguro Social; 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Propone la abrogación de la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, por haber concluido la finalidad por la cual fue creada.
Punto de Acuerdo en relación a los actos violentos en contra de integrantes de la Armada de México, ocurridos en la República de Polonia.
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA, MC, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
DIP. MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, PT.
DIP. ROBERTO CARLOS REYES GÁMIZ, PRD.
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, PRI.
NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA DEL DIP. MONREAL.
FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS EL PUNTO DE ACUERDO.
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contienepunto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables.
Por el que se desecha la proposición que solicitaba informar de los gastos de publicidad oficial sobre la Iniciativa de reforma energética.
De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos antes de recurrir a la clausura de establecimientos.
De las Comisiones de Desarrollo Social y de Autosuficiencia Alimentaria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo estrategias y convenios de colaboración a fin de que, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puedan ser aprovechados aquellos alimentos que no serán vendidos y que se encuentran aptos para el consumo humano.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 20 de agosto de 2013, a las 13:30 horas, en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria para la continuación de la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda la cual tendrá verificativo el día martes 20 de agosto de 2013 a las 17:00 horas, salas 5 y 6, planta baja del Hemiciclo.

References: artículo 61
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 219
 artículo 219