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Comercio ilícito en la Unión Europea - PDF
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Germán Alcaraz Cáceres
1 Comercio ilícito en la Unión Europea2 3 José Carlos Cano Montejano Presidente de Foro Europa Ciudadana José Carlos Cano Montejano es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Doctor con Mención Europea por la misma Universidad con la tesis doctoral La Integración Europea desde el Tribunal Constitucional alemán. José Carlos Cano Montejano Presidente de Foro Europa Ciudadana Su labor profesional ha estado centrada desde sus comienzos en cuestiones europeas y en temas comunitarios. Ha asesorado a Administraciones Públicas, ha colaborado con despachos de abogados y ha participado en diversos programas de especialización sobre Derecho Europeo. Centra gran parte de su investigación en estudios de Derecho comparado relacionados con la implementación del Derecho Comunitario en los Estados miembros de la Unión Europea, con especial énfasis en Alemania y en el ámbito germano parlante. Estimado lector/a: Tiene en sus manos el tercer informe elaborado por nuestro think tank Foro Europa Ciudadana. la transparencia y a la hiperregulación, abordamos un asunto que también está muy presente en la realidad de la Unión Europea: el comercio ilícito. Europa es un mercado con más de 500 millones de personas en el que miles de productos circulan su atención desde hace años. Las instituciones comunitarias están dedicando importantes esfuerzos para hacer frente a este preocupante fenómeno, que tiene consecuencias muy negativas para toda la sociedad desde el punto de vista económico y social. La pérdida de puestos de trabajo, la reducción en miles de millones de euros de recaudación para las arcas de los diferentes Estados, así como los riesgos que para los consumidores implican el consumo de productos para que las autoridades europeas y nacionales de cada país trabajen juntos. Por todo ello, desde Foro Europa Ciudadana hemos querido aproximarnos a este tema analizando la legislación existente, los datos más relevantes, así como los sectores que más padecen las consecuencias del comercio ilícito. tank contribuya a nuestra misión de conocer, divulgar y proponer ideas que ayuden a mejorar el proyecto europeo. Atentamente, José Carlos Cano Montejano Presidente Foro Europa Ciudadana4 Índice 1 Introducción p/08 2 El Mercado Único Europeo p/10 3 Estrategia Comunitaria para la protección del Mercado Interior 3.1 p/14 de las Comunidades Europeas y el Reglamento 2988/ La lucha contra el fraude: de la UCLAF a la OLAF p/ Cuestiones relativas a las investigaciones de la Comisión Europea en el ámbito del fraude p/ Reglamentos de protección de la propiedad intelectual p/ Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual p/ Programas comunitarios Aduanas 2013 y Fiscalis 2013 p/ El Código Aduanero Comunitario p/40 4 p/42 5 p/48 6 p/52 contrabando 7 p/56 8 p/605 1. Introducción Este informe ofrece una visión de conjunto sobre la normativa comunitaria que ha permitido el establecimiento del Mercado Interior. Afrontar la cuestión del comercio ilícito es una tarea per se compleja y delicada. Como actividad ilegal en primer término debe ser considerada desde la perspectiva del Derecho sancionador, ya sea desde la vertiente del Derecho Penal o desde la del Derecho Administrativo con los procesos administrativos sancionadores. En ambos casos, el reproche jurídico tendrá consecuencias para los que hayan incurrido y cometido las conductas que sean susceptibles de ser subsumidas en los tipos correspondientes recogidos en las Leyes penales y en los Reglamentos sancionadores pertinentes. Sin embargo, en este ámbito, como en tantos otros, el fenómeno de la integración europea ha supuesto un hecho novedoso y relevante: la perspectiva del Derecho interno de cada Estado es matizado, complementado y en ocasiones sublimado a través Derecho Europeo, que dota de nuevas perspectivas jurídicas a la interpretación de los ordenamientos jurídicos nacionales, haciéndoles permeables a la normativa comunitaria. Es en este ámbito en el que este informe pretende moverse. No se va a llevar a cabo un análisis pormenorizado de la regulación interna nacional del comercio ilícito que tiene su relevancia objetiva, sino que nos vamos a centrar en las consecuencias que la implementación del Mercado Único Europeo también denominado Mercado Interior va a tener sobre las actividades que vayan en contra de su logro y establecimiento efectivos. El comercio ilícito adopta en este sentido varias piratería, pero todas con una nota característica común, y es que son actividades que tienen trascendencia siempre respecto de los derechos subjetivos derivados de la propiedad intelectual e industrial, y que no son más que una manifestación de la libertad de empresa y del libre desarrollo de la personalidad, del derecho de propiedad y de la protección jurídica de la misma, como derechos fundamentales que permean, matizan y modulan toda la regulación en este ámbito, y que deben ser suficientemente protegidos y salvaguardados, también y en primer término a nivel comunitario. En este sentido, ya la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge en su artículo 17.2 el respeto de la propiedad intelectual como uno de los derechos básicos de los ciudadanos europeos, en el marco del derecho de propiedad 1. De este modo, este informe en primer término va a ofrecer una visión de conjunto sobre la normativa comunitaria que ha permitido el establecimiento del Mercado Interior, y también sobre aquella que específicamente se refiere a la prevención de las actividades comerciales ilícitas y fraudulentas. En segundo término, se ofrecerá una visión del state of the art de la cuestión, a través de ejemplos y situaciones concretas y palpables, que iluminen al lector sobre la importancia de la cuestión que nos ocupa, refiriéndonos a sectores que están en el punto de mira de estas actividades ilegales. Por supuesto, tocar cada uno de los ámbitos sometidos a comercio ilícito sería una tarea que excedería en mucho los objetivos que nos hemos planteado con este trabajo, pero podemos afirmar que los que correcta visión de conjunto sobre la trascendencia del tema que aquí se trata. Además hay que señalar que los esfuerzos de las Instituciones europeas en la lucha contra estas actividades ilícitas no hacen más que enmarcarse en la regulación internacional promovida desde la Organización Mundial del Comercio, y cuya por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio denominado Acuerdo sobre los ADPIC, y que se aprobó en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, cuya traslación al Derecho comunitario se produjo a través de la Decisión 94/800/CE 2, y los diversos instrumentos y convenios internacionales vigentes: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. En este sentido, recientemente, el Comisario Europeo de Comercio -Karel De Gucht- hacía referencia a la importancia de las relaciones de la UE con los países en desarrollo, dado que gran parte de los productos que se importan hacia Europa proceden de estos Estados 3, y gran parte del comercio ilícito y del contrabando proviene de los mismos. 1 Artículo 17.2 Derecho a la Propiedad: Se protege la propiedad intelectual ; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01) DOCE C 364/1, de DOCE L 336, DE Conferencia: The EU and the Emerging Powers, dictada ante el Parlamento Europeo, abril 2013 en Bruselas. 8 96 El Tratado de la Comunidad Económica Europea establecía en sus principios como primer objetivo el logro de un mercado común. 2. El Mercado Único Europeo El Tratado de la Unión Europea recoge ya el logro del Mercado Interior en el Preámbulo del mismo, equiparándolo a otros objetivos declarativos que deben enmarcar el proceso de integración europea. De este modo, junto con el progreso económico y social y el desarrollo sostenible, la Unión Europea se coloca ante el reto de la consecución de un mercado único sin fronteras interiores 4. En este sentido, y en coherencia con lo expresado en el Preámbulo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dedica al Mercado Interior el Título Primero de la Tercera Parte, que a su vez se denomina Políticas y Acciones Internas de la Unión. Los artículos 26 y 27 del TFUE nos exponen los objetivos básicos para lograr el Mercado interior y garantizar su funcionamiento 5. 4 Preámbulo del TUE, versión consolidada, DO 83 de : Decididos a promover el progreso social y económico de los pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio ambiente y a desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos TFUE, versión consolidada, DO de : Artículo 26: 1. La Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados. 2. El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados. de los sectores considerados. Artículo 27: En el momento de formular sus propuestas encaminadas a la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26, la Comisión tendrá en cuenta la importancia del esfuerzo que determinadas economías, que presenten un nivel de desarrollo diferente, tendrán que realizar para el establecimiento del mercado interior, y podrá proponer las disposiciones adecuadas. Si dichas excepciones adoptaren la forma de excepciones, deberán tener carácter temporal y perturbar lo menos posible el funcionamiento del mercado interior. De esta manera, el Tratado de Lisboa no hace nada más que continuar con uno de los principios básicos que inspiró en 1957 la creación de la primitiva Comunidad Económica Europea 6 desde aquellos momentos incipientes- como uno de sus objetivos prioritarios la consecución del Mercado Común, el denominado en inglés common market, y cuya realización durante varias décadas impulsó el desarrollo de esa originaria CEE, junto con los esfuerzos de sus seis países fundadores. Como hemos indicado, el Tratado de la Comunidad Económica Europea establecía en sus principios como primer objetivo el logro de un mercado común 7, y su consecución se articulaba a través de determinadas acciones que la Comunidad se fijaba a partir de una serie de hitos relevantes 8, que desembocarían en la creación de una Unión Aduanera y en el establecimiento de una Política Comercial Común. Esta política se convertiría en uno de los pilares de referencia sobre los que construir la integración europea primigenia, y que guiaría la acción de las Instituciones Comunitarias en gran parte de su actividad. Un punto importante en este caminar hacia la creación del Mercado Interior fue la aprobación del Acta Única Europea. el objetivo de 1992 para el logro del Mercado Único Europeo, como espacio de intercambio que superase las trabas que estaban paralizando la realización del Mercado Común desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera en El AUE establece en su articulado 9 una serie de metas que se vieron complementadas con la aprobación de las directivas del Mercado Interior que se han convertido en uno de los elementos definitorios de la integración europea, y del funcionamiento de ese Mercado Único Europeo, y que está estrechamente ligado con la consecución de las cuatro libertades básicas comunitarias: la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios, la libre circulación de capitales y la libertad de circulación de personas. Posteriormente, el Tratado de la Unión Europea, también conocido como Tratado de Maastricht, mantuvo su compromiso con el Mercado Interior desde el mismo Preámbulo 10, aunque este Tratado supuso un paso importante hacia adelante en la medida en que introdujo la Unión Económica y Monetaria, con el calendario de implantación de la moneda única, la creación del Banco Central Europeo, y también la ciudadanía de la Unión, como hitos relevantes que hicieron de este Tratado uno de los momentos más importantes de toda la historia reciente de la integración comunitaria. 6 El Preámbulo de la versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, DO C 321, DE establece que: RECONOCIENDO que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal,, de este modo, se explicita el compromiso de la Comunidad Europea con la promoción del comercio ordenado entre los Estados miembros y la competencia leal en el mercado interior. 7 Artículo 2, versión consolidad Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembro. 8 presente Tratado: a) la prohibición, entre los Estados miembros, de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente; b) una política comercial común; c) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; d) medidas relativas a la entrada y circulación de personas, conforme a las disposiciones del título IV; e) una política común en los ámbitos de la agricultura y de la pesca; f) una política común en el ámbito de los transportes; g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior; h) la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado común. 9 Artículo 2, versión consolidad Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembro. 10 DO C 325/5, de , Preámbulo: DECIDIDOS a promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio ambiente, y a desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos7 Estamos llevando a cabo esta presentación de la evolución del Mercado Interior porque sin esta perspectiva no se puede llegar a entender de manera comprensiva la transcendencia que tiene y el respecto de los principios que rigen su funcionamiento, junto con la Aduanera 11, que desde el 1 de julio de 1968 distingue la integración europea de muchos otros esquemas de integración que se dan en otros continentes, pero que ha hecho que la Unión Europea se convierta en referente para otros modelos de integración en el resto del mundo -AELC, MERCOSUR, NAFTA, etc. -. La Unión Aduanera se basa en la desaparición de las fronteras interiores entre los Estados miembros de la Unión Europea -que renuncian de este modo a su propia Política Comercial independiente, debiendo articular sus relaciones comerciales con el resto del mundo a través de Bruselas, y en concreto, de la Comisión Europea, que ostenta la representación de los Estados miembros para este ámbito-, y en la aplicación de unos mismos derechos aduaneros en todas las fronteras comunitarias el arancel exterior común, lo que conlleva la desaparición de cualquier traba a la circulación de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea. Esta pérdida de soberanía en el ámbito de la política comercial se ve compensada por la fortaleza que la Unión Europea presenta respecto al resto del mundo en este ámbito, ofreciendo una cara única y una única interlocución que se articula a través de la Comisión Europea, en la medida en que participa -junto a los Estados miembros- en la negociación de las Rondas internacionales para la liberalización del comercio mundial en la OMC, y en los Tratados internacionales que afectan a esta cuestión. Como hemos podido comprobar, los Tratados ofrecen suficiente base jurídica a la Comisión Europea y al resto de las Instituciones Europeas para emanar una legislación coherente con el logro del Mercado Interior o Mercado Único Europeo. Así se evita que se produzcan situaciones de desviación de tráfico comercial ilícito, y para correcto funcionamiento del mismo no se vean desvirtuados y disminuidos a consecuencia de situaciones fraudulentas y relevantes penalmente en la mayoría de los casos, aparte de suponer infracciones de carácter administrativo que también se pueden sancionar en los correspondientes procedimientos. La actividad de la Comisión Europea, principal garante del funcionamiento del Mercado Interior, se articula desde tres perspectivas en apariencia claramente delimitadas, pero que en realidad tienen bastantes puntos de conexión y elementos comunes; por un lado, la Comisión Europea en la Dirección General Comercio (TRADE) vela porque la Política Comercial Común se implemente de la mejor manera posible, recurriendo a los instrumentos internacionales y a los acuerdos bilaterales y multilaterales que puedan mejorar su eficacia y realización. En segundo término, la Comisión Europea actúa desde la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, que está más centrada en la correcta implementación del sistema común aduanero, su aplicación, las cuestiones derivadas de la recaudación fiscal, y todas aquellos temas relacionados con este ámbito. Por supuesto, en esta Dirección se promueven las medidas comunitarias relativas a la protección frente al comercio ilícito, encaminadas a atacar situaciones fraudulentas, incluido la el contrabando de mercancías. En tercer lugar, la Comisión también actúa desde la Dirección General de Mercado Interior y Servicios, aunque esta División está más dedicada a la implementación de la libre circulación de mercancías y la efectiva realización de la Libre prestación de servicios, pero tiene innegables conexiones con la prevención y la lucha contra el comercio ilícito y el contrabando, porque el Mercado Interior con un correcto funcionamiento debería estar especialmente capacitado para evitar que se produjesen situaciones de fraude, porque hacen inservible cualquier cautela que la normativa pueda prever para su efectivo logro y realización. En este sentido nos parece interesante mencionar que el presupuesto comunitario para el ejercicio 2013 se descompone en los siguientes elementos: un 11,3 % procede del IVA recaudado en el conjunto de la Unión Europea, y que en un porcentaje se remite a Bruselas para dotar el presupuesto de la UE. El 14,1% del presupuesto procede de los derechos de aduana y de los derechos especiales sobre el azúcar. El 73,4% restante procede de un porcentaje sobre la RIB (Renta Interior Bruta) de los Estados miembros, que en concreto supone el 0,73 % del PIB de cada uno de estos países, que deben hacer transferencia al presupuesto comunitario de ese porcentaje. Este último elemento no depende de la gestión comunitaria, ya que se recauda directamente por los Estados miembros a través de sus sistemas impositivos internos. Sin embargo, los derechos de aduana sí se gestionan a través de la entrada de productos y bienes en las fronteras comunitarias, y esa gestión aduanera no supone más que la realización descentralizada de una Política comunitaria, que ha sido atribuida por los Tratados a las Instituciones Europeas, y en concreto, a la Comisión Europea. la primera interesada en evitar el fraude derivado de situaciones ilícitas es la propia Comisión Europea, que vería reducidos sus ingresos por conceptos que dependen de la correcta ejecución e implementación del Mercado Interior y de la Unión Aduanera. Además el correcto funcionamiento de este esquema no sólo se basa en la actuación de la Comisión Europea, sino en la cooperación y colaboración con las autoridades aduaneras de los Estados miembros, no en vano el Reglamento 450/2008, que establece el Código Aduanero Comunitario, declara que: La realización del mercado interior, la reducción de los obstáculos al comercio y a la inversión internacionales y la necesidad cada vez mayor de garantizar la seguridad y protección de las fronteras exteriores de la Comunidad son factores, todos ellos, que han transformado el papel de las autoridades aduaneras, otorgándoles un protagonismo dentro de la cadena de suministros y, merced al seguimiento y gestión del comercio internacional que realizan, haciendo de ellas un importante catalizador de la competitividad de los países y de las empresas 12. La pérdida de soberanía en el ámbito de la política comercial se ve compensada por la fortaleza que la Unión Europea presenta respecto al resto del mundo. De esta manera, de los millones de Euros que constituyen el presupuesto comunitario para el ejercicio 2013, millones provienen de los ingresos aduaneros. Se puede comprobar con bastante facilidad a la luz de estos datos, que Considerando (6), Reglamento 480/8 3. Estrategia comunitaria para la protección del Mercado Interior 3.1. El Convenio relativo a la protección de los intereses Europeas y el Reglamento 2988/95 En julio de 1995 el Consejo aprobó un Acto en el que se establecía un Convenio para la protección Europeas 13. La base jurídica que se alegaba era el artículo K.3 del TUE 14. momento todavía doce miembros componían la Unión Europea- declararon que la lucha contra el fraude que afecte a los Unión Europea debe regularse desde el ámbito de la cooperación entre Estados, conforme a lo establecido en el propio Tratado de Maastricht. El Convenio comienza constatando el hecho de que el fraude trasciende casi siempre a un único Estado miembro, al cometerse por bandas y organizaciones criminales organizadas 15, de manera que si se quiere combatir de forma contundente este tipo de actuaciones es necesaria una acción conjunta, que se fundamente en una definición común de las conductas perseguibles 16. De esta manera, este primer instrumento se basaba en la homogeneización de criterios en los Estados miembros, respecto a qué tipo de conductas hay que considerar fraudulentas, cuáles deben ser las sanciones desde unos parámetros de reglas de minimis, y las consecuencias respecto a la persecución y a la extradición, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la cooperación interestatal, que es el plano en el que se mantiene la cuestión en la medida en que un Acto del Consejo no está dentro de las disposiciones jurídicas que deben englobarse dentro del Derecho Europeo propiamente dicho. El Convenio matiza entre dos posibles líneas de fraude, una atinente a los gastos, y la otra a los ingresos; en ambos casos la consecuencia es la comisión de una acción ilícita, que debe ser sometida a reproche penal y/o administrativo 17. Sin embargo, pocos meses después, en diciembre de 1995, el Consejo aprobó una disposición, el Reglamento 2988/95 18, que supuso el primer hito remarcable, al recurrirse por primera vez en este ámbito a una norma de Derecho Comunitario de primer rango, y que tuvo una incidencia directa sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, sin que se requiera por su parte de ningún acto de transposición o adaptación al Derecho interno. En consonancia con el Convenio citado con anterioridad, este Reglamento comienza alegando como base jurídica el art. 235 del TCE. Hay que recordar que esta base sólo puede alegarse en aquellos supuestos en los que -sin aparecer explícitamente en los Tratados la competencia a favor de la Comisión Europea-, sin embargo, el logro de los objetivos recogidos en los mismos quedaría privado de sentido si no pudiese actuarse en un sector determinado con una acción comunitaria concreta y efectiva. En este Convenio, declararon que la lucha contra el fraude debe regularse desde el ámbito de la cooperación entre Estados. 13 Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, DOCE C 316/48, de Artículo K.3 Tratado de Maastricht (TUE) 2. El Consejo podrá, - a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la Comisión en las materias contempladas en los puntos 1 a 6 del artículo K.1; - a iniciativa de cualquier Estado miembro en las materias contempladas en los puntos 7 a 9 del artículo K.1; a) adoptar posiciones comunes y fomentar, en la forma y según los procedimientos oportunos, toda forma de cooperación pertinente para la consecución de los objetivos de la Unión; b) adoptar acciones comunes, en la medida en que los objetivos de la Unión puedan alcanzarse más fácilmente por medio de una acción común que por la acción aislada de los Estados miembros en razón de las dimensiones o de los efectos de la acción de que se trate: el Consejo podrá decidir c) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, celebrar convenios recomendando su adopción a los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales. Salvo disposiciones en contrario establecidas en estos convenios, las posibles medidas de aplicación de los mismos se aprobarán en el seno del Consejo por mayoría de dos tercios de las Altas Partes contratantes. Tales convenios podrán disponer que el Tribunal de Justicia será competente para interpretar las disposiciones de los mismos y dictar sentencia en los litigios relativos a su aplicación, de conformidad con las modalidades que puedan haber establecido. 15 Observando que el fraude que afecta a los ingresos y a los gastos comunitarios no se limita en muchos casos a un solo país, y es cometido a menudo por organizaciones criminales organizadas Artículo 1 Disposiciones Generales a) En materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa: a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes el presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta; el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto; b) En materia de ingresos, cualquier acción u omisión intencionada relativa: a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la disminución legal del Presupuesto General de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidade3s Europeas o por su cuenta; el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto; al desvío de un derecho obtenido legalmente, que tenga el mismo efecto. 18 Reglamento nº 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, DOCE L 312/1, de9 Es muy interesante observar los considerandos el espíritu y la motivación de la misma. el principio de cooperación con los Estados miembros 19, así como la conveniencia de establecer un marco jurídico común que sirva de parámetro para todas las políticas comunitarias 20, partiendo del principio de que ya existe un precedente en la Política Agrícola Común para que la Comisión pudiese imponer sanciones sobre particulares y agentes económicos 21 los Estados miembros son los únicos competentes para determinar las sanciones penales concretas que esas situaciones fraudulentas debiesen merecer 22. Además, el Reglamento preveía el respeto del principio non bis in idem, en la medida en que declaraba la necesidad de evitar que una misma conducta ilícita recibiese dos condenas pecuniarias derivadas de la sanción nacional y la comunitaria 23. El artículo 1 del Reglamento definía qué debía considerarse irregularidad respecto del Derecho Comunitario en lo relativo a la protección de los 24, simplificando el concepto de infracción respecto Este Reglamento también introdujo un concepto interesante, en la medida en que recogió el principio de irretroactividad penal para las sanciones comunitarias 25. Es importante recalcar que este Reglamento supone uno de los ejemplos más interesantes que se pueden encontrar en Derecho Comunitario respecto a la interacción del mismo con los Derechos nacionales: en primer lugar, se trata de una cuestión que no está comunitarizada explícitamente, ya que el Derecho Penal continúa siendo privativo de los Estados miembros, y sólo de manera extraordinaria la jurisdicción comunitaria puede entrar a regular sobre este ámbito, y siempre sólo de manera periférica y tangencial. En segundo lugar, la regulación que se recoge debe ser plenamente respetuosa con la que esté vigente en los Estados miembros. Un ejemplo lo encontramos en el artículo 3 del Reglamento, prescripción de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión en el ámbito del fraude, declarándose expresamente que las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción deben regirse por el ordenamiento nacional del Estado miembro 26, pero el plazo lo fija el Reglamento: cuatro años para la prescripción de diligencias, tres años para la ejecución de la resolución recaída. Es decir, las causas de prescripción son nacionales, el plazo comunitario. El artículo 6 recoge la interacción entre ambos planos de manera muy concreta, al establecer que las multas administrativas derivadas de procedimientos sancionadores podrán suspenderse cuando se haya incoado un procedimiento penal por el mismo hecho, se entiende ante la autoridad judicial de un Estado miembro 27. El Reglamento 2988/95 concluía con un Título dedicado a los controles, que deberían realizarse por los Estados miembros de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en sus ordenamientos jurídicos, y que se deberían llevar a cabo para comprobar la veracidad de las operaciones en que se pudiesen poner en 28. Sin perjuicio de estos controles, también la Comisión Europea en la medida en que lo estimase conveniente, siempre que informase con anterioridad al Estado miembro correspondiente, para que se pudiese solicitar su colaboración. 19 esta tarea, la Comisión coopera estrechamente con los Estados miembros;. 20 de un marco jurídico común a todos los ámbitos cubiertos por políticas comunitarias. 21 Considerando que el Derecho comunitario establece sanciones administrativas comunitarias en el marco de la política agrícola común; que tales sanciones deberán establecerse asimismo en otros ámbitos;. 22 Considerando que las medidas y sanciones comunitarias adoptadas para la realización de los objetivos de la política agrícola común son parte apreciación del comportamiento de los agentes económicos de que se trate desde el punto de vista del derecho penal; que debe asegurarse de adopción de las correspondientes medidas cautelares no haya permitido alcanzar este objetivo;. 23 Considerando que en virtud del deber general de equidad y del principio de proporcionalidad, así como del principio ne bis in idem, conviene el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, disposiciones adecuadas que eviten la acumulación de sanciones pecuniarias comunitarias y de sanciones penales nacionales impuestas a una misma persona por un mismo hecho;. 24 Artículo 1.2 Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por estas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido. 25 Artículo 2.2.: No se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada en un acto comunitario anterior a la comunitaria, se aplicarán con carácter retroactivo las disposiciones menos severas. 26 Los casos de interrupción y de suspensión se regirán por las disposiciones pertinentes del Derecho nacional. 27 Art. 6.1: Sin perjuicio de las medidas y de las sanciones administrativas comunitarias adoptadas sobre la base de los reglamentos sectoriales existentes en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, la imposición de sanciones pecuniarias, como las multas administrativas, podrá suspenderse por decisión de la autoridad competente si se hubiera iniciado un procedimiento penal contra la persona de que se trate en relación con los mismos hechos. 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 Artículo 27
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 Artículo 2
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 resolución 
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