Source: https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/337190
Timestamp: 2020-02-23 05:22:12+00:00

Document:
Informe Mundial 2020: Unión Europea | Human Rights Watch
Mujeres sostienen velas y la bandera de la Unión Europea durante una manifestación en solidaridad con los jueces polacos frente al Ministerio de Justicia el 1 de diciembre de 2019 en Varsovia, Polonia.
La Unión Europea actuó en defensa de los valores de los derechos humanos ante los esfuerzos de algunos gobiernos del bloque económico por socavar las instituciones democráticas dentro de sus países miembros. A pesar de los resultados dispares en las urnas, los populistas de la derecha radical siguieron dominando gran parte del debate sobre la inmigración, ya que las instituciones y los gobiernos de la UE adoptaron políticas migratorias que con demasiada frecuencia expusieron a las personas a la violencia y el abuso y les negaron el acceso al asilo, especialmente al impedir que cruzaran las fronteras para entrar en la UE.
A mediados de noviembre se habían registrado algo menos de 101.000 llegadas a las fronteras de la UE en 2019, la mayoría por mar. Los gobiernos de la UE se mantuvieron enfocados en sellar sus fronteras, incluso mediante presuntas devoluciones ilegales desde las fronteras de países de la UE, como Croacia, Grecia, Hungría, Rumania, Polonia y España.
El drástico descenso en el número de llegadas de barcos desde Marruecos y Libia parecía estar vinculado a una cooperación migratoria intensificada por parte de las instituciones de la UE y los Estados miembros, pese a preocupaciones sobre el trato hacia los inmigrantes y solicitantes de asilo en ambos países.
Un aumento en el número de llegadas en barco a las islas griegas puso en evidencia la falta de un sistema funcional para el reparto equitativo de la responsabilidad migratoria entre los miembros de la UE, y el continuo incumplimiento por parte de Grecia de su obligación de proteger los derechos de los solicitantes de asilo en su territorio, incluso mediante devoluciones en la frontera. El auge también centró la atención en el acuerdo de 2016 de control de la migración de la UE con Turquía, ya que el presidente de Turquía nuevamente trató de usar la amenaza de un mayor número de llegadas a la UE como una forma de influencia política.
Hubo numerosos enfrentamientos en alta mar, debido a que Italia y Malta se negaron a permitir que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los buques mercantes desembarcaran a las personas rescatadas en el Mediterráneo en sus costas. A pesar del cambio de gobierno en Italia y varias cumbres de alto nivel de la UE, no se avanzó hacia la adopción de un acuerdo de desembarco y un mecanismo de reubicación.
En marzo, la misión de la UE contra el contrabando y tráfico de personas, conocida como Operación Sophia, detuvo a patrullas navales en el Mediterráneo que habían rescatado a miles de personas, recurriendo en su lugar a la vigilancia aérea, con la preocupación de que los aviones de la UE privilegiaran proporcionar información a la Guardia Costera de Libia para permitir intercepciones y retornos a Libia en lugar de transmitir información sobre barcos en peligro, incluso a barcos de rescate cercanos de distintas ONG. En octubre, el Parlamento Europeo rechazó por un estrecho margen una resolución para mejorar la búsqueda y el rescate en el Mediterráneo. La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, estimó que para mediados de noviembre 1.098 personas habían muerto o desaparecido en el Mediterráneo.
A mediados de noviembre, 12.680 personas habían llegado a Italia y Malta por mar, y 8.155 habían sido interceptadas por la Guardia Costera de Libia y devueltas a detención arbitraria automática en medio de condiciones cada vez peores, a medida que se desataban las hostilidades en Trípoli y sus alrededores (véase el capítulo de Libia para más información).
A medida que los gobiernos de la UE priorizaron el control fronterizo y la externalización de la responsabilidad por los inmigrantes y solicitantes de asilo a otros países, hicieron progresos limitados en la expansión de canales seguros y legales para que los inmigrantes ingresen a la UE. La Comisión Europea anunció en septiembre que los países de la UE habían cumplido en un 64 por ciento la promesa de reubicar a 50.000 refugiados en 2018-2019, una fracción de las necesidades globales.
Las reformas propuestas a las leyes de asilo de la UE no se finalizaron antes de las elecciones europeas de mayo. En el momento de redacción de este informe, no estaba claro cómo el nuevo Parlamento Europeo y la Comisión Europea llevarían adelante el paquete de reformas, incluidas las cuestiones más controvertidas relacionadas con el reparto de la responsabilidad del procesamiento de las solicitudes de asilo.
Los cargos en Italia y la difamación pública de Carola Rackete, capitana de un barco de rescate de Sea Watch, pusieron de manifiesto la preocupante tendencia de criminalizar la asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo. Organizaciones humanitarias enfrentaron cargos relacionados con la asistencia que brindaron a inmigrantes y solicitantes de asilo en varios países de la UE en 2019, incluidos Bélgica, Francia, Alemania, Grecia e Italia.
En las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, los partidos populistas y los euroescépticos si bien no cumplieron las predicciones de las encuestas preelectorales, ganaron votos, asegurándose casi el 25 por ciento de los escaños del Parlamento en comparación con aproximadamente el 20 por ciento en las últimas elecciones. Muchos de los partidos tradicionales que se alinearon con la agenda antimusulmana y antirrefugiados de la extrema derecha perdieron terreno en las elecciones.
La intolerancia racista, el sentimiento y la violencia xenófoba, islamofóbica y antisemita, siguieron prevaleciendo en toda la UE. Los musulmanes, incluidas las mujeres que usan el velo, continúan sufriendo una hostilidad e intolerancia generalizadas en los países de la UE.
El antisemitismo parecía estar en auge. En un informe de julio, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés) reveló que el 44 por ciento de los jóvenes europeos judíos fueron blanco de acoso antisemita. El 80 por ciento de las víctimas jóvenes no denunció el acoso a la policía ni a ninguna otra autoridad, mientras que el 45 por ciento decidió no usar, llevar o exhibir artículos reconociblemente judíos en público por temor a su seguridad.
Diez años después de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las personas con discapacidad aún carecen de protección suficiente contra la discriminación en muchas partes de la UE.
Al momento de redacción de este informe, siete Estados miembros y la UE aún no habían ratificado el Convenio de Estambul, un tratado del Consejo de Europa (CoE) sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer.
La mayoría de los Estados miembros de la UE siguen requiriendo que las personas transgénero obtengan un diagnóstico de “salud mental” para cambiar su género legal, un requisito estigmatizador y discriminatorio. En febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta a los Estados miembros de la UE a prohibir las cirugías de “normalización” médicamente innecesarias en niños intersexuales, una práctica discriminatoria que Malta ha prohibido y Portugal ha empezado a regular.
Los romaníes siguieron siendo una de las comunidades más marginadas de Europa. Las niñas y mujeres romaníes son particularmente vulnerables a la exclusión y la discriminación, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.
Las instituciones de la UE siguieron sometiendo a escrutinio la conducta de los gobiernos del bloque económico que amenazan el Estado de derecho y los derechos humanos, incluso mediante medidas de ejecución en el Tribunal de Justicia de la UE, y examinaron nuevos mecanismos para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos de la UE que no respeten los derechos humanos
Hubo un modesto progreso en los procedimientos legales contra Polonia y Hungría en virtud del artículo 7, el mecanismo de sanciones políticas del tratado de la UE para abordar estas amenazas, activado en diciembre de 2017 en Polonia y en septiembre de 2018 en Hungría.
Durante 2019, la Comisión Europea recurrió a sus poderes de aplicación de la ley contra Hungría y Polonia. Abrió un nuevo procedimiento legal contra Polonia en abril debido a sus iniciativas para disciplinar a los jueces y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la UE en octubre. En julio, puso en marcha un proceso contra Hungría por negarles alimentos a los solicitantes de asilo atrapados en la frontera y refirió el país al Tribunal de Justicia de la UE por una ley de 2018 que penaliza la prestación de ayuda a los solicitantes de asilo.
En junio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que una ley polaca de 2018 que obligaba a los jueces en funciones a retirarse de sus cargos en el Tribunal Supremo violaba el derecho de la UE. En noviembre, el Tribunal de la UE sentenció que la Ley de Polonia sobre los Tribunales Ordinarios contradice el derecho de la UE y afecta la independencia judicial.
Tres casos ante el Tribunal de Justicia de la UE contra Hungría seguían pendientes en el momento de redacción de este informe. Se refieren a tres leyes de 2017: una que obliga a la Universidad Centroeuropea a abandonar Budapest; otra que exige a las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos extranjeros registrarse como tales o enfrentar sanciones; y una ley de asilo que permite la detención automática de solicitantes de asilo en zonas de tránsito y su retorno sumario a la frontera serbia.
Los ministros de la UE se reunieron varias veces para debatir las leyes que socavan el poder judicial en Polonia en febrero, abril y septiembre. En septiembre, los ministros de la UE celebraron su primera audiencia con el gobierno de Hungría, un año después de que el Parlamento Europeo activara el artículo 7.
En abril, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, destacando específicamente los debates constitucionales y la falta de protección para los periodistas en Eslovaquia y Malta. En abril, el Parlamento Europeo también sostuvo un debate sobre el Estado de derecho en Rumania.
En julio, la Comisión Europea lanzó sus propuestas para mejorar la protección del Estado de derecho dentro de la UE. Las propuestas incluyeron un informe anual sobre el Estado de derecho en los países miembros de la UE para contribuir a la detección temprana de problemas, un nuevo mecanismo de revisión por pares para los gobiernos de la UE y un uso más estratégico de los instrumentos de ejecución actualmente existentes, como el Tribunal de Justicia de la UE.
Asimismo continuaron las discusiones sobre una propuesta para vincular el acceso a los fondos de la UE en el próximo ciclo presupuestario al respeto por el Estado de derecho. En julio, la entonces presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que respaldaba “la propuesta de hacer del Estado de derecho una parte integral” del próximo presupuesto de la UE.
En el momento de redacción de este informe, varias personas habían sido acusadas por los asesinatos de Daphne Caruana Galizia en Malta en 2017 y de Ján Kuciak en Eslovaquia en 2018, pero los dos casos siguen sin resolverse. En septiembre, Malta anunció el establecimiento de una investigación independiente sobre el asesinato de Caruana Galizia. En abril, Lyra McKee, herida de bala durante disturbios en Londonderry, en Irlanda del Norte, se convirtió en la cuarta periodista asesinada en la UE en menos de dos años. Hasta la fecha, nadie había sido acusado por su asesinato.
El maltrato y el futuro de aproximadamente 1.200 ciudadanos de Europa Occidental detenidos en el noreste de Siria e Irak como presuntos miembros del Estado Islámico (ISIS) y sus familiares, la mayoría sin cargos, continuaron siendo una gran preocupación durante el año.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Human Rights Watch y grupos de la sociedad civil instaron a los países europeos a garantizar la repatriación de los sospechosos de ISIS y sus familiares, y a tomar medidas para evitar su exposición a la pena de muerte, la tortura y juicios injustos en Irak.
Durante el año, países como Francia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Alemania repatriaron a un pequeño número de niños presos desde Siria o Irak. Italia repatrió a un presunto combatiente de ISIS.
Después de una ofensiva en octubre en el noreste de Siria por parte de las fuerzas armadas turcas, aumentaron las preocupaciones por los presuntos yihadistas y sus familiares bajo custodia de las fuerzas dirigidas por los kurdos.
Algunos gobiernos como Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos revocaron la nacionalidad de los ciudadanos de los que sospechaba que se encontraban en Irak o Siria y se habían unido al ISIS u otros grupos armados extremistas. En marzo, el gobierno alemán también anunció planes para retirarles la nacionalidad a los ciudadanos con doble nacionalidad que presuntamente se habían unido a grupos terroristas. El gobierno francés fue criticado por no proteger a 11 ciudadanos condenados a muerte por los tribunales iraquíes luego de un proceso apresurado en los que se denunciaron confesiones obtenidas, en algunos casos, mediante tortura.
También subsistió la preocupación sobre el impacto en la libertad de expresión de los esfuerzos legislativos de la UE para eliminar el contenido en línea considerado de naturaleza “terrorista”. La Agencia de Derechos Fundamentales decidió en febrero que las definiciones de contenido prohibido en una directiva de la UE de 2018 eran demasiado amplias; por consiguiente, la definición fue restringida por el Parlamento Europeo. En el momento de redacción de este informe, la ley aún no se había adoptado.
En 2019 no hubo un progreso perceptible hacia la rendición de cuentas por el involucramiento de los gobiernos de la UE en el programa de tortura y detención secreta de la CIA después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.
Las llegadas de solicitantes de asilo e inmigrantes cayeron por cuarto año consecutivo. En los primeros 10 meses del año, habían sido registrados 122.225 solicitantes de asilo. A fines de junio, seguían pendientes 56.628 solicitudes.
Alemania continuó desempeñando un papel de liderazgo en el reasentamiento de refugiados en la UE. Hasta el 30 de octubre, Alemania había aceptado a 229 refugiados que habían sido rescatados en el mar. En el momento de redacción de este informe, 13 municipios habían firmado la declaración “Refugio Seguro” (Safe Haven Cities), lanzada en abril, indicando al gobierno federal que estaban dispuestos a aceptar refugiados rescatados en el mar.
Una serie de enmiendas a las leyes federales de inmigración y asilo en junio de 2019 tuvo un impacto negativo en los derechos. Las ONG criticaron las reducciones en las prestaciones sociales y los motivos para justificar la detención de inmigrantes en espera de deportación, junto con el constante uso de las cárceles para la detención de inmigrantes. Enmiendas independientes a la ley de deportación, que entraron en vigencia en agosto, limitaron la capacidad para trabajar o estudiar de los solicitantes de asilo rechazados pero que no pueden ser devueltos.
Los ataques contra refugiados, solicitantes de asilo y quienes les brindan asistencia, siguieron siendo motivo de preocupación. En la primera mitad de 2019, la policía registró 609 ataques contra refugiados y solicitantes de asilo, 60 ataques contra albergues para refugiados y 42 ataques contra organizaciones humanitarias y voluntarios. Las autoridades policiales atribuyeron la abrumadora mayoría de estos ataques a perpetradores con “motivaciones radicales de derecha”.
El gobierno reveló en octubre que 12.500 delitos penales “motivados políticamente” (una categoría que incluye crímenes de odio) habían sido cometidos por miembros de grupos de extrema derecha en los primeros ocho meses del año.
En Bavaria estaban pendientes varias impugnaciones constitucionales contra leyes que permiten
a la policía mantener a personas bajo custodia preventiva durante un período de hasta tres meses, en algunos casos sin acceso a un abogado, bajo el argumento de que podrían representar un peligro para la seguridad nacional más que por haber cometido un delito. Durante todo el año, legisladores en al menos otros cuatro estados alemanes propusieron o aprobaron disposiciones similares.
Según el Ministerio del Interior croata, en los primeros ocho meses de 2019, se registraron 11.813 nuevos inmigrantes y solicitantes de asilo, principalmente de Afganistán, Pakistán y Turquía, un aumento de más de 8.600 en comparación con el mismo período de 2018. En el mismo lapso, 974 personas solicitaron asilo y las autoridades aprobaron 71 solicitudes, incluidas 13 de 2018.
Croacia informó que en los primeros 8 meses del año bloqueó la entrada a 9.487 personas en sus fronteras. A pesar de informaciones fidedignas durante el año sobre retornos ilegales y violentos de inmigrantes por parte de la policía croata a Bosnia y Serbia, en violación de las leyes de la UE sobre refugiados y derechos humanos, Croacia no sufrió consecuencias por parte de las instituciones de la UE. La presidenta de Croacia reconoció en la televisión suiza en diciembre de 2018, que en ocasiones se hace uso de la fuerza, pero luego se retractó de sus declaraciones.
A pesar de las consistentes recomendaciones a Croacia por parte de organismos internacionales para que facilite apoyo comunitario a todas las personas con discapacidad que actualmente se encuentran en instituciones, Croacia persistió con sus planes de ubicar a los adultos con discapacidad en hogares de acogida, e incluso publicó un proyecto de ley al respecto en diciembre de 2018. En enero de 2019, el Ministerio de Política Social indicó que 4.216 adultos habían sido asignados a 1.481 familias de acogida.
En julio de 2019, Croacia ratificó la Declaración sobre Escuelas Seguras, comprometiéndose a abstenerse del uso militar de las escuelas durante la guerra. Según la Defensora de los Derechos de los Niños, los niños romaníes constituyeron el colectivo que sufrió más privaciones en 2019, con un acceso muy limitado a los servicios básicos.
En enero, un proyecto de recuerdo del Holocausto liderado por universidades de toda Europa halló que el revisionismo histórico pronazi en Croacia se destacaba como uno de los más extendidos en la Unión Europea.
Durante un año en el que se vieron varios ataques violentos contra serbios croatas, la defensora del pueblo de Croacia y diversos grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el clima de intolerancia contra las minorías.
Entre enero y septiembre de 2019, la ONG Documenta registró 39 casos de crímenes de guerra contra 59 acusados ante tribunales en Croacia. En el mismo período, 15 personas fueron condenadas por crímenes relacionados con la guerra, incluido uno por violencia sexual.
Las elecciones nacionales en abril y luego las de noviembre no dieron a ningún partido suficientes votos para formar un gobierno.
Según el ACNUR, hasta mediados de noviembre, 22.400 personas habían llegado a España por mar, una disminución del 62 por ciento respecto al mismo período del año anterior, resultado aparente de una cooperación intensificada con Marruecos. Las llegadas por tierra a Ceuta y Melilla, enclaves españoles en la costa norteafricana, disminuyeron un 23 por ciento en comparación con 2018.
En un informe de marzo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo que casi la mitad de los 1.300 inmigrantes y refugiados en España entrevistados en 2018 habían sufrido explotación y abuso en su travesía, la mayoría en Marruecos.
En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU dijo que el retorno sumario en 2014 de un niño maliense no acompañado de Melilla a Marruecos constituía una violación de sus derechos. Dichas devoluciones sumarias continúan y siguen estando autorizadas por una controvertida ley española de 2015. En octubre, un juez de Ceuta cerró por un tecnicismo el caso contra 16 agentes de la Guardia Civil en relación con la muerte, en febrero de 2014, de 14 personas en la frontera, poco más de un mes después de ordenar su enjuiciamiento.
En junio, el Tribunal Supremo condenó a cinco hombres por la violación en grupo de una mujer en Pamplona en 2016, anulando la condena de los hombres por un tribunal inferior en 2018 por cargos menores, y los sentenció a 15 años de prisión. En noviembre, un tribunal de Barcelona condenó a un grupo diferente de cinco hombres por cargos menores de abuso, en lugar de violación, porque no hubo violencia ni intimidación porque la víctima de 14 años estaba inconsciente. Los casos provocaron protestas y promesas gubernamentales de examinar posibles enmiendas al código penal. Hasta la fecha, no se había realizado ningún cambio legal.
En octubre, el Tribunal Supremo condenó a 9 políticos y activistas catalanes independentistas por sedición y los condenó a entre 9 y 13 años por actos no violentos en relación con el referéndum para la independencia de 2017, anteriormente considerado ilegal por los tribunales españoles. Cuatro fueron condenados por malversación de fondos públicos. Todos fueron absueltos del vargo de rebelión. Otros tres políticos fueron condenados y multados por delitos de orden público. En junio, el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria dijo que la detención de tres de los acusados durante el juicio violó sus derechos.
En mayo, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por la institucionalización de las personas con discapacidad; el uso de restricciones y el riesgo de violencia en los centros; la esterilización forzada y los abortos impuestos a mujeres y niñas con discapacidad; así como el no garantizar la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
En mayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU encontró que las autoridades españolas fueron responsables de la tortura en 2007 de un separatista vasco e instó a España por cuarta vez desde 2009, a abolir la detención en régimen de incomunicación para evitar la tortura y los tratos crueles.
El control de multitudes por parte de la policía francesa y las tácticas antidisturbios, utilizadas durante las manifestaciones semanales, perjudicaron y lesionaron a miles de personas desde finales de 2018. Entre los heridos figuraban manifestantes pacíficos, estudiantes de secundaria y periodistas. Hubo críticas generalizadas a la acción policial, incluso por parte de las Naciones Unidas y el defensor del pueblo francés.
Las autoridades francesas abrieron decenas de investigaciones sobre acusaciones por uso de fuerza excesiva, pero hasta noviembre, solo dieciocho habían pasado a manos de un juez. En noviembre, el fiscal de París anunció que dos policías serían procesados por violencia, el primero de estos casos. En el momento de redacción de este informe, ninguno de los agentes había rendido cuentas.
En abril, Francia adoptó una ley contra manifestaciones que corre el riesgo de socavar el derecho a la libertad de reunión pacífica. En febrero expertos de la ONU dieron a conocer su preocupación por la ley y las restricciones ya desproporcionadas, sobre el derecho a protestar en Francia.
Durante 2019, la policía fronteriza francesa en los Alpes devolvió sumariamente a niños inmigrantes no acompañados a Italia, y algunas autoridades de protección infantil utilizaron procedimientos defectuosos de evaluación de la edad en niños inmigrantes no acompañados, privando a algunos de la protección y el cuidado a los que tienen derecho. Estos hallazgos fueron confirmados por el defensor del pueblo en un informe anual sobre los derechos del niño publicado en noviembre.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en febrero que Francia había sometido a un niño no acompañado que vivía en un campamento provisional en Calais a “trato degradante” por no tomar medidas para garantizar que fuera identificado como menor y recibiera protección y cuidado.
La policía hostigó a trabajadores humanitarios y voluntarios que prestaban asistencia vital a inmigrantes en la región de Calais y los alrededores de la frontera franco-italiana. Algunos fueron enjuiciados y condenados por su trabajo humanitario.
En abril, después de una investigación de cinco años, el defensor del pueblo francés denunció órdenes discriminatorias e ilegales en una comisaría de policía específica de París enfocadas específicamente en “personas negras y africanos del norte” para controles de identidad, y en “romaníes y personas sin hogar” para su expulsión sistemática. Las autoridades francesas no proporcionaron una respuesta formal.
En mayo, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial, publicó un informe que decía que en 2018, los actos racistas en Francia aumentaron en un 20 por ciento en comparación con 2017, con un alza de más del 70 por ciento en los actos antisemitas. El mismo informe reveló que el número de actos racistas denunciados a la policía disminuyó en un 4 por ciento. El mismo mes, la ONG SOS Homophobie dijo que recibió un 66 por ciento más de denuncias de ataques físicos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en 2018 en comparación con 2017.
En mayo, 17 organizaciones humanitarias y de derechos humanos denunciaron amenazas a la libertad de prensa después de que tres periodistas franceses fueron convocados por los servicios de inteligencia franceses por investigar el uso de armas francesas por la coalición liderada por Arabia Saudita en el conflicto en Yemen.
En septiembre, el gobierno anunció iniciativas para intensificar la lucha contra la violencia doméstica, incluidas medidas para facilitar la denuncia de incidentes y un aumento de los espacios de refugio. Grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno por no asignar suficientes recursos para implementar los planes. Hasta noviembre, 136 mujeres habían sido asesinadas en actos de violencia doméstica en 2019.
En octubre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que permite a las parejas de lesbianas y mujeres solteras acceder a tratamientos de fertilidad disponibles solo para parejas heterosexuales. En el momento de redacción de este informe, el proyecto de ley se encontraba ante el Senado.
Grecia siguió acogiendo a un gran número de solicitantes de asilo pero no protegió adecuadamente sus derechos.
En agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó la política del gobierno griego, vinculada al acuerdo de la UE y Turquía, de bloquear a los solicitantes de asilo que llegan a las islas del Egeo para que no se trasladen a tierra firme.
Desde agosto, hubo un drástico aumento en el número de llegadas a las islas, lo que provocó un severo hacinamiento y condiciones inhumanas y degradantes en los campamentos de la isla. En el momento de redacción de este artículo, había en las islas 37.000 solicitantes de asilo, la mayoría mujeres y niños. Más de 33.400 de ellos se encontraban en campamentos diseñados para albergar como máximo a unos 6.200.
Aunque las autoridades permitieron más transferencias durante el año, la política continuó atrapando en las islas a miles de inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones abismales y de hacinamiento, incluyendo una severa sobrepoblación, condiciones antihigiénicas y la falta de servicios básicos como agua y alimentos. La atención médica, el asesoramiento en caso de trauma y el apoyo psicosocial siguieron siendo inadecuados. Como consecuencia, la salud mental entre los solicitantes de asilo fue empeorando, exacerbada por las condiciones de detención y la incertidumbre sobre la situación de sus casos.
La ausencia de instalaciones adecuadas y seguras hizo que la violencia física y de género fuera común en los campamentos de asilo. En su informe de agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Grecia a tomar medidas efectivas para garantizar que se investigue la violencia contra las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes; se procese a los responsables y se indemnice a las víctimas.
En octubre, una nueva ley de asilo facilitó la detención de solicitantes de asilo durante períodos más largos. También redujo las garantías para los solicitantes de asilo e incluso eliminó las protecciones para las personas vulnerables.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó dos veces, en febrero y junio, que Grecia estaba violando sus obligaciones de derechos humanos al detener a niños no acompañados bajo la denominada “custodia protectora”, en celdas de comisarías de policía y centros de detención. A pesar de las sentencias, en el momento de redacción de este informe, 234 niños seguían detenidos en dichas dependencias, mientras que otros cientos se encontraban en campamentos con adultos, o carecían de alojamiento debido a que las autoridades no proporcionaron refugios adecuados ni atención de acogida. La ley de asilo de octubre no derogó el régimen de “custodia protectora”.
En marzo, un fiscal lanzó una investigación sobre denuncias de devoluciones en la frontera terrestre greco-turca. Estas devoluciones, incluidas las de solicitantes de asilo turcos, continuaron durante todo el año. Una investigación similar de 2018 realizada por el defensor del pueblo griego aún no arrojó resultados.
En junio, el gobierno modificó el código penal para definir la violación como una relación sexual sin consentimiento, luego de las críticas generalizadas a un proyecto de ley que no la definía como tal.
En un informe de julio, el defensor del pueblo reveló que las personas con discapacidad tienen acceso limitado a espacios públicos, servicios estatales y medios de transporte; enfrentan discriminación en el lugar de trabajo, y tienen dificultades para acceder a la educación. En una revisión de septiembre, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad criticó el trato de Grecia a los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad. El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura publicó un informe en febrero en el que expresa su preocupación por el trato inhumano y degradante en hospitales psiquiátricos y centros de detención de inmigrantes.
El gobierno de Hungría continuó desmantelando las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
En noviembre, el gobierno propuso cambios a los tribunales administrativos que permitirían a las instituciones estatales apelar decisiones judiciales administrativas desfavorables ante el Tribunal Constitucional, donde la mayoría de los jueces son afines al partido gobernante. Esto podría tener un impacto en temas como corrupción, elecciones y conducta policial. Las medidas se encontraban ante el Parlamento en el momento de redactarse este informe y se espera que se adopten en diciembre.
La medida sigue a un intento fallido del gobierno por establecer un nuevo sistema de tribunales administrativos supervisado por el Ministerio de Justicia, adoptado por el Parlamento húngaro en diciembre de 2018, pero desechado en mayo de 2019 después de las críticas de la UE y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la falta de un sistema de controles y contrapesos.
En junio, el gobierno retomó sus ataques contra la libertad académica mediante la introducción de una ley, aprobada por el Parlamento, que aumenta el control estatal sobre la Academia de Ciencias, la institución académica más grande y antigua de Hungría. La ley otorga al gobierno una mayor influencia sobre la investigación científica y su financiación.
Las autoridades húngaras continuaron limitando el número de solicitantes de asilo autorizados a entrar en los cruces fronterizos a una o dos familias solicitantes de asilo por semana, dejando varados a miles en condiciones deplorables en Serbia. Según las estimaciones del ACNUR, a principios de septiembre, había más de 300 personas detenidas en las dos zonas de tránsito, incluidos unos 170 niños. Las devoluciones a Serbia siguen siendo motivo de preocupación.
En febrero, el gobierno reanudó su política de negar alimentos a los solicitantes de asilo rechazados en las zonas de tránsito en la frontera de Hungría con Serbia. Para agosto, el Comité Helsinki Húngaro, una organización de la sociedad civil, había presentado intervenciones de emergencia en nombre de 27 solicitantes de asilo privados de alimentos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en todos los casos ordenó al gobierno a reanudar la distribución de alimentos. El gobierno cumplió con las órdenes en todos los casos.
En julio, la Comisión Europea inició acciones legales contra Hungría por esta práctica y remitió al Tribunal de Justicia de la UE la ley de 2018 que penaliza la asistencia a solicitantes de asilo por parte de organizaciones no gubernamentales. En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la decisión del gobierno en 2015 de negar el acceso de un periodista a un centro de recepción de refugiados violaba la libertad de prensa.
En marzo, Fidesz fue suspendido del Partido Popular Europeo (PPE), la principal familia política europea de centroderecha, por violar los valores del grupo sobre el Estado de derecho y los derechos fundamentales, pero se le permitió seguir siendo parte del grupo PPE en el Parlamento Europeo. En el momento de redacción de este informe, seguía abierta una investigación interna sobre este tema.
El pluralismo de los medios continuó disminuyendo, con cada vez más medios propugnando una línea progubernamental, ya fuera como resultado de la propiedad de personas cercanas al gobierno como por influencia directa del gobierno. En diciembre de 2018 se fusionaron casi 500 medios de comunicación en un conglomerado leal al gobierno, lo que supuso un serio obstáculo al pluralismo de los medios en el país. Los medios progubernamentales continuaron difamando a periodistas y medios de comunicación críticos.
El gobierno aún no ha ratificado la Convención de Estambul, y un ministro lo describió en julio como una muestra de “histeria política”. No hay estadísticas confiables sobre la violencia doméstica en el país.
Los romaníes continuaron enfrentando discriminación en los ámbitos de la vivienda, la educación y la atención de salud pública, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.
Hubo al menos 15 enfrentamientos en alta mar debido a que las autoridades italianas se negaron a permitir que barcos de diferentes ONG desembarcaran en puertos italianos a las personas rescatadas en el mar. En junio, el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, presionó por la aprobación de un decreto del gobierno, convertido en ley por el Parlamento en agosto, que permitía a Italia prohibir a las ONG ingresar en sus aguas territoriales, incautar las embarcaciones y multar a sus propietarios. Un nuevo gobierno, establecido en septiembre, indicó que reformaría el decreto.
Hasta mediados de noviembre de 2019, 9.942 personas llegaron a Italia por mar, según el ACNUR, una disminución del 55 por ciento en comparación con 2018.
Los decretos del gobierno instituyeron en agosto, un procedimiento de asilo acelerado en la frontera y en octubre una lista de “países de origen seguros”, cuyos ciudadanos ahora enfrentan una presunción legal de que no necesitan protección.
Las estadísticas oficiales mostraron que las solicitudes de asilo se redujeron en más del 50 por ciento en comparación con el año anterior. En los primeros seis meses del año, las tasas de rechazo rondaban el 80 por ciento, significativamente por encima de la tasa de rechazo del 58 por ciento en 2017. Esto se debe en gran medida a la abolición, a fines de 2018, de los permisos de protección humanitaria.
En agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su grave preocupación por un aumento de la intolerancia, el odio racial y religioso y la xenofobia, así como por el papel de los líderes políticos y los miembros del gobierno en permitir o alentar estos fenómenos. Lunaria, una ONG italiana reportó un aumento significativo en los delitos racistas violentos en 2018: 126 incidentes en comparación con 46 en 2017.
En agosto entró en vigencia una ley para combatir la violencia de género. La ley aumenta las penas de prisión por delitos sexuales y violencia doméstica, penaliza el matrimonio forzado y exige que los fiscales se reúnan dentro de los tres días posteriores a cualquier denuncia de violencia doméstica o de género a la policía.
En agosto entró en vigencia una nueva y controvertida ley que prohíbe el uso del velo integral, incluidos el niqab y el burka que llevan algunas mujeres musulmanas, en espacios públicos como el transporte público, hospitales, ayuntamientos e instituciones educativas. Hubo quejas por parte de organizaciones del sector público de que la ley no era clara, y de grupos no gubernamentales asegurando que tendría un impacto discriminatorio en las mujeres musulmanas. Algunas fuerzas policiales locales y autoridades de transporte dijeron que no darían prioridad al cumplimiento de la prohibición.
Durante el año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias expresaron su preocupación por el impacto discriminatorio de la legislación y la retórica pública sobre las minorías religiosas, y los musulmanes en particular.
En mayo, el gobierno propuso cambios a la ley sobre violación y agresión sexual para introducir un requisito de consentimiento, y para penalizar el acoso sexual, alinear la ley holandesa con el Convenio de Estambul. En el momento de redacción de este documento todavía no se había introducido ninguna legislación.
Las autoridades holandesas continuaron usando sus poderes para retirar la nacionalidad holandesa a los ciudadanos con doble nacionalidad sospechosos de viajar al extranjero para participar en actividades terroristas. Sin embargo, en abril, el Consejo de Estado, el tribunal administrativo más alto, anuló la decisión de privar a dos combatientes extranjeros holandeses de la nacionalidad, porque la decisión fue tomada antes de que el grupo al que se creía que estaban afiliados fuera proscrito. En noviembre, un tribunal de distrito de La Haya dictaminó que el gobierno holandés debía garantizar el regreso de los hijos holandeses, menores de 12 años, de padres sospechosos de pertenecer al ISIS, que permanecían bajo custodia en el norte de Siria. El gobierno anunció que apelaría la decisión.
En abril, el gobierno le dijo al Parlamento que tenía la intención de simplificar el proceso mediante el cual los adultos transgénero podrían cambiar su género legal en su certificado de nacimiento, y permitir que los niños de 16 años o menores soliciten a los tribunales cambiar su registro de género, lo cual actualmente no está permitido. En el momento de redacción de este informe todavía no se había introducido ninguna legislación.
En febrero, el gobierno puso fin a una política vigente desde 2012 que permite solicitudes de residencia permanente de niños en familias que buscan asilo y niños indocumentados no acompañados que han vivido en el país durante más de cinco años. Sin embargo, acordó evaluar las solicitudes de entre 600 y 700 niños en los Países Bajos y elegibles bajo los criterios de la política.
Los ataques del gobierno contra el poder judicial del país continuaron a lo largo de 2019.
Los jueces y fiscales fueron sometidos a procedimientos disciplinarios arbitrarios por defender el Estado de derecho y denunciar reformas judiciales problemáticas, en lo que supone una flagrante interferencia con la independencia del poder judicial. La Corte Disciplinaria, establecida en septiembre de 2018, inició procedimientos contra jueces y fiscales. La Comisión Europea inició en abril acciones legales contra Polonia por sus procedimientos disciplinarios contra jueces.
En mayo, la policía arrestó a la activista de derechos humanos Elzbieta Podlesna por una foto de un ícono religioso con un halo de arcoíris bajo la acusación de “ofender los sentimientos religiosos”, y confiscó su teléfono móvil, computadora portátil y tarjetas de memoria. En el momento de redacción de este informe, la investigación seguía en curso.
En junio, la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, expresó su preocupación por los despidos, reemplazos y degradaciones de jueces y fiscales, y pidió a las autoridades polacas que “garanticen que los procedimientos disciplinarios no estén instrumentalizados”.
Jueces y fiscales fueron regularmente desacreditados y difamados durante el año por funcionarios del gobierno y medios de comunicación afines al gobierno.
En junio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que una ley polaca de 2018 que redujo la edad de jubilación de los jueces de la Corte Suprema del país y que habría obligado a algunos de los jueces a retirarse, violaba el derecho de la UE. El gobierno ya había suspendido la ley en diciembre de 2018 a la espera de la decisión judicial de la UE.
En noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en un caso remitido por los tribunales polacos, que la nueva Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco solo puede ser competente para pronunciarse sobre los casos de jubilación de los jueces si se garantiza su independencia e imparcialidad.
Una enmienda al código penal, aprobada por el Parlamento penalizaría la “promoción” o la “aprobación” o la actividad sexual de menores, poniendo a los maestros y educadores sexuales en riesgo de encarcelamiento y limitando el derecho de los niños a recibir información y atención médica.
A las ONG que trabajan en temas relacionados con el asilo y la migración y los derechos de las mujeres y el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) a menudo se les negó la financiación pública.
Durante el año, las personas LGBT se convirtieron en el blanco de los ataques homofóbicos del gobierno y del partido gobernante. En julio, al menos 30 ciudades y provincias en Polonia se declararon “zonas libres de LGBT”, y Gazeta Polska, una revista progubernamental, distribuyó pegatinas de “zona libre de LGBT” en sus publicaciones. En julio, un tribunal de distrito de Varsovia ordenó a la revista que detuviera de inmediato la distribución de las pegatinas, a la espera del resultado del recurso judicial de un activista de derechos humanos.
El comisionado de Derechos Humanos de Polonia, Adam Bodnar, fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación y funcionarios públicos progubernamentales por defender los derechos humanos de un sospechoso de asesinato.
A lo largo del año continuaron las devoluciones de solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de la república rusa de Chechenia y Asia Central, a Belarús, con una aplicación inconsistente de una sentencia de la corte polaca de 2018 que ordenó el cese de la práctica.
En agosto, el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial hizo un llamado a Polonia para prevenir el discurso de odio en los medios y tomar medidas contra los sitios web que promueven el odio racial.
En agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a las autoridades polacas a brindar protección adecuada a las víctimas de violencia doméstica y considerar despenalizar el aborto.
La salida prevista del Reino Unido de la UE (Brexit) debilitó a las instituciones democráticas y puso en riesgo los derechos humanos y el Estado de derecho.
En septiembre, el Parlamento obligó al gobierno a publicar un documento de planificación clave que describía los posibles impactos de la salida del Reino Unido de la UE sin un acuerdo (conocido como Brexit “sin acuerdo”). Su publicación planteó serios problemas de derechos, incluidos los relacionados con el acceso a alimentos y medicamentos adecuados, la escasez de combustible, las interrupciones de la atención social para las personas mayores y las personas con discapacidad, el posible desorden público y el riesgo de una mayor actividad disidente en Irlanda del Norte. El gobierno aceptó que un “Brexit sin acuerdo” tendría un mayor impacto en los grupos económicamente vulnerables y marginados.
En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que la suspensión de cinco semanas del Parlamento por parte del gobierno a principios del mismo mes fue ilegal, y provocó la retirada del Parlamento. El gobierno se vio obligado por una ley adoptada por el Parlamento en septiembre, a buscar una extensión de la membresía del Reino Unido en la UE con el objetivo de evitar un Brexit sin acuerdo. Fuentes del gobierno criticaron el fallo de la Corte Suprema y amenazaron con ignorar la ley vinculante que requería una solicitud de extensión.
La extensión fue otorgada por la UE 27 y, en el momento de redacción de este informe, la fecha del Brexit era para finales de enero de 2020. El Parlamento se disolvió en noviembre después de que los partidos de la oposición acordaran las elecciones generales de diciembre de 2019 (que aún no se habían realizado en el momento de redactar este informe).
En mayo, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema publicó un informe sobre el impacto negativo y desproporcionado de los recortes de gastos motivados por la austeridad, combinados con la reestructuración de la seguridad social, sobre los derechos de las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad con pocos ingresos
La dependencia de la asistencia alimentaria de emergencia aumentó. La red benéfica de bancos de alimentos más grande del país, el Trussell Trust, informó haber distribuido 1,6 millones de paquetes con un suministro de alimentos de emergencia para tres días en todo el país. Independent Food Aid Network informó que, en el momento de redacción de este informe, al menos 819 centros independientes también estaban distribuyendo ayuda alimentaria.
El Reino Unido continuó deteniendo a niños inmigrantes y solicitantes de asilo.
En octubre, entró en vigor la legislación aprobada por el Parlamento del Reino Unido para despenalizar el aborto y garantizar la igualdad matrimonial en Irlanda del Norte en 2020, cuando el gobierno delegado de la región no pudo volver a reunirse, suspendido desde enero de 2017.
Más de dos años después del mortal incendio de la Torre Grenfell en Londres que acabó con la vida de 71 personas, ha habido poca rendición de cuentas por las muertes y el incendio. En octubre, se publicaron los resultados de la primera fase de la investigación pública sobre el incendio, centrándose en el día del incendio. Una investigación penal seguía en curso en el momento de redacción de este informe.
En febrero, entró en vigor una nueva ley antiterrorista, con medidas que penalizan la visualización de contenido en línea, los viajes al extranjero y el apoyo al terrorismo, y que podrían dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Las autoridades del Reino Unido continuaron ejerciendo su poder para despojar la nacionalidad a ciudadanos del Reino Unido sospechosos de participar en actividades relacionadas con el terrorismo.
En julio, el gobierno se negó a establecer una investigación judicial sobre la complicidad del Reino Unido en la tortura y detenciones secretas liderada por la CIA. En el momento de redacción de este informe, nadie en el Reino Unido había sido acusado de un delito relacionado con los abusos. En noviembre, una investigación periodística encontró evidencia de un encubrimiento por parte de las autoridades británicas de presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas británicas en Irak y Afganistán.
Durante un año en que el derecho internacional, los organismos y los mecanismos sufrieron un ataque cada vez mayor por parte de países poderosos, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, la Unión Europea siguió siendo un firme defensor del multilateralismo y un orden global basado en las normas, a pesar de las divisiones internas y la resistencia de miembros individuales de la UE, que a veces derivaron en posiciones silenciadas o mostraron a una UE con dobles estándares.
La regla de la unanimidad en la política exterior de la UE a veces resultó ser un obstáculo insuperable, aunque ocasionalmente se encontraron soluciones creativas. Por ejemplo, se impusieron prohibiciones de viaje a la zona Schengen de 26 Estados contra los funcionarios saudíes sospechosos de haber estado involucrados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, o cuando 27 de los 28 Estados miembros de la UE emitieron una declaración crítica sobre las violaciones de los derechos de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU, eludiendo el intento de último minuto de Hungría de vetar la iniciativa.
La UE y sus Estados miembros desempeñaron un papel importante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, patrocinando y apoyando la adopción de resoluciones que establecen o renuevan comisiones o misiones de investigación o el monitoreo independiente de las crisis de derechos humanos en países tan diversos como la República Democrática del Congo, Filipinas, Birmania, Venezuela, Burundi, Yemen, Siria, Sudán del Sur, Belarús y Camboya.
Tanto antes como después de las elecciones de mayo de 2019, el Parlamento Europeo (PE) desempeñó un papel importante tanto en su diplomacia bilateral con terceros países como en presionar a las instituciones y gobiernos de la UE a tomar las medidas apropiadas en respuesta a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, distinguiéndose como posiblemente el organismo más progresista de la UE.
Entre los ejemplos más notables se encuentran los llamados del PE a sanciones específicas contra los funcionarios chinos responsables de la detención masiva de uigures y otros musulmanes turcos en Xinjiang; la entrega del prestigioso Premio Sájarov al erudito uigur Ilham Tohti; una resolución urgente sobre Birmania expresando su apoyo a iniciativas innovadoras para procurar la rendición de cuentas por los crímenes atroces contra los rohingya, como la apertura de un caso sobre la posible violación por parte de Birmania de la Convención del Genocidio de la ONU ante la Corte Internacional de Justicia; y un llamado a una muy necesaria “revisión profunda e integral” de las relaciones de la UE con Egipto, en respuesta a la continua represión de la disidencia y los graves abusos de los derechos con total impunidad.
A pesar de un historial en general positivo, el PE también generó controversia, como cuando dio luz verde a los tratados comerciales de la UE con Marruecos, que incluyen el Sáhara Occidental ocupado, o cuando rechazó una resolución que habría pedido a los Estados miembros de la UE a reanudar las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
La externalización de la migración siguió siendo uno de los aspectos más preocupantes de la política exterior de la UE, operada en gran medida a través de un fondo fiduciario que no rinde cuentas, destinado principalmente a fortalecer el control fronterizo en países de todo el Sahel, el Cuerno de África y el norte de África. La gestión por parte de la UE del archivo de migración se usó cada vez más para refutar los argumentos de la UE durante los diálogos de derechos humanos con terceros países, y colocó a líderes autoritarios como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en posición para presionar a las instituciones de la UE.
La condicionalidad de los derechos humanos asociada a las preferencias comerciales y el acceso libre de aduanas al mercado interno de la UE siguieron siendo herramientas importantes de influencia. En febrero, la Comisión Europea lanzó un procedimiento para suspender, en parte o en su totalidad, las preferencias comerciales de Camboya, luego de la renuencia de Hun Sen a cesar la represión contra la oposición política y los derechos humanos fundamentales del país, tal como lo establece el derecho internacional.
Países como Birmania, Bangladesh y Sri Lanka permanecen bajo estricto escrutinio y corren el riesgo de consecuencias similares. Mientras tanto, la Comisión Europea y el Consejo aceleraron la conclusión de un acuerdo de libre comercio con Vietnam a pesar de la intensificación de las graves violaciones de los derechos humanos en Hanoi.
En respuesta a continuas violaciones graves en Burundi, Venezuela, Siria, Birmania, Irán y el este de Ucrania, entre otros, la UE mantuvo sanciones punitivas específicas, como prohibiciones de viaje y congelamiento de activos contra personas y entidades consideradas responsables. La UE también mantuvo embargos sobre armas y/o equipos que pueden utilizarse para la represión interna en varios países, incluidos China, Birmania y Sudán.
En octubre, los Estados miembros de la UE establecieron su marco legal más reciente para sanciones específicas contra individuos y entidades responsables de abusos en Nicaragua, pero en el momento de redacción de este informe, nadie había sido incluido en la lista. Los Estados miembros de la UE continuaron sus deliberaciones sobre la adopción de un “régimen global de sanciones de derechos humanos de la UE” que permitiría a la UE centrarse en individuos y entidades responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, sin adoptar regímenes de sanciones específicos de cada país.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
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