Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/24117
Timestamp: 2020-02-20 07:23:48+00:00

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Système HJ - Décision: SENTENCIA 155/2014
SENTENCIA 155/2014, de 25 de septiembre
(BOE nº 261, de 28 de octobre de 2014)
ECLI:ES:TC:2014:155
1. Mediante escrito presentado con fecha 7 de marzo de 2012 en el Registro General de este Tribunal, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta y en nombre del Presidente del Gobierno, ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, en cuanto da nueva redacción al artículo 6.2, letra c) de la Ley electoral de Andalucía. La norma ha sido publicada en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”, núm. 244, de 15 de diciembre de 2011.
a) La Ley electoral andaluza establece una diferencia de trato entre supuestos perfectamente análogos.
b) La diferencia de trato es arbitraria.
2. Mediante providencia de 17 de abril de 2012, el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Segunda, acordó los siguientes extremos: primero, admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; segundo, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus respectivos Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes; tercero, tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado, desde la fecha de interposición del recurso —7 de marzo de 2012— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, disponiendo la oportuna comunicación a los Presidentes de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía; cuarto, publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.
3. El día 25 de abril de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de fecha 24 anterior, firmado por el Presidente del Senado, en el que se daba cuenta del acuerdo de la misma fecha adoptado por la Mesa de la Cámara dando por personado al Senado en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. El día 9 de mayo de 2012 se recibió en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito de la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que por su cargo ostenta, y en el que se contenían las siguientes alegaciones.
5. El día 14 de mayo de 2012 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito firmado por el Letrado del Parlamento de Andalucía, en la representación que legalmente ostenta.
6. El Pleno del Tribunal Constitucional, a través de providencia de 21 de mayo de 2012, tuvo por recibidos y acordó la incorporación de los escritos de alegaciones de las representaciones procesales de la Junta y del Parlamento de Andalucía, y acordó oír a los mismos y al Abogado del Estado sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la norma impugnada, concediendo al efecto un plazo de cinco días.
7. El trámite de audiencia fue evacuado por las partes personadas en el recurso mediante la presentación en el Registro General de este Tribunal de los siguientes escritos:
a) El día 29 de mayo de 2012, hizo lo propio la Letrada de la Junta de Andalucía, interesando el levantamiento de la suspensión al no advertirse perjuicio para el interés general del Estado.
b) En la misma fecha del 29 de mayo de 2012, presentó escrito el Abogado del Estado, que interesó el mantenimiento de la suspensión, pues en caso contrario se pondría a los afectados por la incompatibilidad en situación ineludible de optar entre los cargos públicos incompatibles; asimismo, se invocó el riesgo de quiebra de la relación representativa entre representantes y representados y se aludió a criterios de seguridad jurídica, entre otras consideraciones.
c) El día 30 de mayo de 2012, presentó su escrito el Letrado del Parlamento de Andalucía interesando el levantamiento de la suspensión, por no haberse justificado los intereses generales que hayan podido verse afectados por el mantenimiento de dicha suspensión, entendiendo, también, que el mantenimiento de la medida únicamente beneficia a los representantes eventualmente afectados por la incompatibilidad, en demérito de la aplicación de la legalidad electoral y parlamentaria cuya constitucionalidad ha de presumirse hasta declaración en contrario.
8. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Auto de 3 de julio de 2012, acordó el mantenimiento de la suspensión de la norma recurrida. Entendió el Tribunal suficientemente acreditados los perjuicios que produciría para los parlamentarios afectados el levantamiento de la suspensión en el supuesto de que se declarase la inconstitucionalidad de la norma y, desde el punto de vista general o abstracto, en la necesidad de mantener el vínculo representativo entre los parlamentarios afectados y los electores.
9. Por providencia de 23 de septiembre de 2014, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
1. Constituye el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad el artículo 1 de la Ley del Parlamento de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, en cuanto da nueva redacción al artículo 6.2, letra c), de la Ley electoral de Andalucía, introduciendo la incompatibilidad parlamentaria en el Parlamento andaluz de los alcaldes, presidentes de las diputaciones provinciales y presidentes de las mancomunidades de municipios.
2. En el origen del recurso de inconstitucionalidad que ahora se resuelve se encuentra la modificación del régimen jurídico de las incompatibilidades parlamentarias aplicable a los Diputados del Parlamento de Andalucía. Dicha modificación, operada por la Ley 9/2011 en los términos expuestos en los antecedentes, ha supuesto la introducción de tres nuevas causas que afectan a los presidentes de las corporaciones locales (alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales) y de las mancomunidades de municipios andaluzas y cuya aplicación, que ha quedado aplazada a los electos en los procesos electorales posteriores a la entrada en vigor de la norma (disposición final segunda de la Ley 9/2011), obliga a los cargos declarados incompatibles a optar entre el mandato parlamentario y el correspondiente cargo local, en el caso de que se acumularan ambas condiciones.
“2. Además de los comprendidos en el artículo 155.2 a), b), c) y d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son incompatibles:
c) Los Alcaldes, los Presidentes de Diputación Provincial y los Presidentes de mancomunidades de municipios.”
a) El cuadro de causas de incompatibilidad parlamentaria legalmente establecido impide a los representantes políticos que les sea de aplicación el desempeño simultáneo con el mandato parlamentario de los cargos, actividades o situaciones, ya sean públicas o privadas, declaradas incompatibles por la norma, si se trata de incompatibilidades funcionales, o la percepción simultánea de distintas retribuciones si la incompatibilidad es salarial pero no funcional, en los casos en los que la acumulación de funciones con el mandato parlamentario sí se encuentre permitida por la norma jurídica. La determinación de las incompatibilidades le corresponde al legislador electoral, por previsión expresa de la Constitución, en el ámbito estatal (art. 70.1 CE), o del correspondiente Estatuto de Autonomía, en el caso de las Comunidades Autónomas, más específicamente, en lo que a este recurso atañe, en el artículo 105.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (en adelante, EAAnd), sin perjuicio de que en el ámbito estatal —no así en el autonómico— la Constitución haya previsto inicialmente una serie de supuestos de incompatibilidad (arts. 67.1 y 70.1 CE) que pueden ser ulteriormente ampliados por el legislador electoral (STC 72/1984, de 14 de junio, FJ 3). Ha de recordarse igualmente que, en la conformación del régimen jurídico de las incompatibilidades parlamentarias, la concreción de los distintos supuestos corresponde al legislador electoral, como ya quedó expuesto, mientras que la articulación del procedimiento y órganos parlamentarios encargados de verificar que los representantes políticos no se encuentren incursos en este tipo de tachas y, en caso contrario, declararlos incompatibles se contiene habitualmente en el correspondiente reglamento parlamentario; más concretamente, para el caso andaluz, en los artículos 16 y 17 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en conexión con el artículo 7 de la Ley 1/1986, aprobado aquél por resolución de 29 de septiembre de 2005 (“BOJA” núm. 198, del 10 de octubre de 2005).
b) Una vez expuestos los aspectos más relevantes del régimen de las incompatibilidades parlamentarias, con especial indicación de las particularidades aplicables al Parlamento de Andalucía, procede ahora indicar la doctrina de este Tribunal en la materia.
Más recientemente, y con la prudencia con la que han de acogerse los pronunciamientos obiter dicta, pues éstos no han recaído sobre el objeto del recurso que se enjuiciaba, este Tribunal ha llamado la atención sobre los efectos que podría tener la aplicación de una modificación del régimen de incompatibilidades parlamentarias durante la vigencia del mandato representativo en curso, por cuanto, si no se pospusiera su entrada en vigor al resultado del proceso electoral posterior a la aprobación de la norma, pudiera considerarse, en función del concreto contenido de la norma, una eventual perturbación para la conservación del cargo representativo a los efectos del art. 23.2 CE; así, el Tribunal manifestaba que: “la reforma tampoco afecta al régimen de incompatibilidades, que sigue rigiéndose por la misma normativa vigente antes de la entrada en vigor de los preceptos impugnados, sin que del recurso de inconstitucionalidad se desprenda ningún dato que revele que la entrada en vigor de la reforma reglamentaria el 1 de enero de 2013 haya supuesto, de facto, y en aplicación del régimen de incompatibilidades vigente, un problema para el buen funcionamiento de la Cámara o haya impedido, de forma concreta y objetiva, que uno o varios Diputados ejerzan los derechos y las facultades propias del cargo para el que fueron elegidos, habiéndose alterado su régimen de dedicación” [STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 9, letra d)].
Por último, y, desde una perspectiva de la tutela de los derechos reconocidos en el art. 23.2 CE, el Tribunal (nuevamente obiter dictum) ha señalado los efectos que tendría la declaración de una situación de incompatibilidad sin seguir el iter procedimental previsto para ello; así: “la existencia de una hipotética situación de incompatibilidad, con arreglo a tales preceptos, no puede ser efectuada unilateralmente por la Presidencia de la Asamblea, haya oído o no a la Mesa y a la Junta de Portavoces. Esta tarea queda reservada a una Comisión parlamentaria, que en la Asamblea Cántabra es la del Estatuto del Diputado; la cual, además, queda relegada a unas atribuciones de mera propuesta, pues el Reglamento de la Asamblea de Cantabria reserva al Pleno la declaración final de incompatibilidad, que constituye al afectado en la obligación de optar o de renunciar al escaño, por lo que, aun si los preceptos legales en vigor hubieran configurado a la pena de suspensión de cargo público como una causa de incompatibilidad generadora del cese del Diputado, y no de su mera suspensión, el acto impugnado hubiera sido nulo por prescindir de los trámites esenciales del procedimiento legalmente establecido para declarar este tipo de incompatibilidades” (STC 7/1992, de 16 de enero, FJ 3).
3. En síntesis, el recurrente considera que el precepto impugnado priva del derecho de sufragio pasivo a los cargos incluidos en el mismo, con infracción del artículo 14, en relación con los artículos 23.2 y 9.3, todos ellos de la Constitución española.
4. Descartada, pues, la inicial referencia del recurrente al derecho de sufragio pasivo, procede ahora examinar las quejas relativas a la lesión de la igualdad, en primer lugar, y, a continuación, las relativas a la arbitrariedad, que constituyen el núcleo de la impugnación constitucional del recurrente.
5. Pues bien, a la luz de la doctrina constitucional expuesta, ha de señalarse que, desde luego, no pueden reputarse como términos válidos de comparación para establecer el juicio de igualdad los que se contienen en el recurso. Y no son adecuados formalmente por erróneos, como sucede con la apelación que se realiza en favor de la elegibilidad de determinados miembros del Gobierno de la Nación, cuando de lo que trata la reforma es de la modificación del sistema de las incompatibilidades parlamentarias en el Legislativo andaluz y no de las causas de inelegibilidad, que afectan a quienes deseen concurrir como candidatos en las elecciones autonómicas al Parlamento de dicha Comunidad Autónoma. Error que no necesita de mayor precisión por cuanto, como ya quedó indicado en el fundamento anterior, inelegibilidad e incompatibilidad despliegan sus efectos en momentos distintos.
6. Descartada la lesión del artículo 14 en relación con el 23.2 CE, en los términos denunciados en el recurso, queda por examinar si el precepto impugnado incurre en arbitrariedad contraviniendo la proscripción que en tal sentido aparece contenida en el art. 9.3 CE.
Numéro et date BOE [Nº, 261 ] 28/10/2014
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 1345-2012
Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al artículo 6.2 c) de la Ley electoral de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 5 de diciembre.
Se examina la constitucionalidad de un precepto de la Ley electoral de Andalucía que establece la incompatibilidad parlamentaria de los alcaldes, presidentes de las diputaciones provinciales y presidentes de las mancomunidades de municipios.
Se desestima el recurso. El derecho de sufragio pasivo de los cargos incluidos en la disposición impugnada no resulta afectado, dado que la norma regula las causas de incompatibilidad no guarda relación con el Derecho electoral, sino con el Derecho parlamentario por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario. Aunque no se han aportado términos válidos de comparación para establecer el juicio de igualdad, la Sentencia entra al fondo de la alegación y estima que la causa de incompatibilidad prevista resulta justificada y proporcionada en orden a asegurar la transparencia y plena dedicación de los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. Los términos de contraste aportados son formalmente erróneos al ofrecer como elemento comparativo supuestos de inelegibilidad (como es el caso de determinados miembros del Gobierno de la Nación) cuando la reforma impugnada aborda el sistema de las incompatibilidades parlamentarias, y materialmente inadecuados pues el resto de los cargos citados como términos de contraste (en concreto, los miembros del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma) no son comparables a los cargos que el precepto declara incompatibles. Por último, la reforma del sistema de incompatibilidades parlamentarias no ha incurrido en arbitrariedad, pues encuentra justificación suficiente en el propio legislador con base en la transparencia y plena dedicación de los parlamentarios.
Por último, la Sentencia declara que el legislador andaluz dispone de una amplia discrecionalidad para establecer su propio sistema de incompatibilidades parlamentarias, ya que este establecimiento corresponde en exclusiva al legislador de cada Comunidad Autónoma de acuerdo con las previsiones que se contentan en el respectivo Estatuto de Autonomía.
No es posible apreciar arbitrariedad en la reforma del sistema de incompatibilidades parlamentarias introducido por la norma autonómica impugnada, pues conforme a la propia exposición de motivos dicha reforma en modo alguno resulta ajena a la finalidad de las incompatibilidades parlamentarias [FJ 6].
La finalidad de las incompatibilidades de los titulares de órganos constitucionales o de relevancia constitucional es, según los casos, garantizar la separación de funciones o la transparencia pública en la correspondiente gestión o, incluso, la imparcialidad del órgano en cuestión, sin que exista razón alguna para negar que dichas apreciaciones puedan extenderse a los titulares de los órganos análogos de las Comunidades Autónomas (STC 178/1989) [FJ 6].
La incompatibilidad parlamentaria no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, sino más bien en la adquisición plena de la condición parlamentaria y conservación de la misma una vez que el candidato haya resultado electo, incardinándose por lo tanto en el ámbito de las relaciones jurídico parlamentarias, todo ello sin perjuicio de que por imperativo constitucional o estatutario, la regulación sustantiva de las incompatibilidades se contenga en la norma electoral [FJ 3].
Todas las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad, pero no a la inversa, de esta forma, los supuestos de inelegibilidad se transforman en causas de incompatibilidad por expresa previsión del legislador si, aun no concurriendo la tacha cuando el representante concurrió a las elecciones como candidato, una vez electo y, mientras ostente la condición de parlamentario, pretendiera acceder a algunos de los cargos calificados como inelegibles que, en ese momento, se transformarían en causas de incompatibilidad (STC 45/1983) [FJ 2 a)].
La determinación de las incompatibilidades le corresponde al legislador electoral, ex art. 70.1 CE o del correspondiente Estatuto de Autonomía en el caso de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que en el ámbito estatal —no así en el autonómico— la Constitución haya previsto inicialmente una serie de supuestos de incompatibilidad, arts. 67.1 y 70.1 CE, que pueden ser ulteriormente ampliados por el legislador electoral (STC 72/1984) [FJ 2 a)].
El art. 23.2 CE, bajo cuyo amparo encuentran tutela las distintas manifestaciones del ius ad officium y del ius in officium de los representantes políticos tiene un alcance que excede del derecho de sufragio pasivo [FJ 3].
Doctrina sobre las incompatibilidades parlamentarias y su desarrollo normativo (SSTC 45/1983, 36/2014) [FJ 2].
Doctrina sobre la igualdad en la ley y la carga de aportar un término válido de comparación (STC 120/2010) [FFJJ 4, 5].
Artículo 6.2 c) (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre)
Ley del Parlamento de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre. Modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos
Artículo 4.2 a), f. 6
Artículo 9.3, ff. 1, 3, 6
Artículo 23.2, ff. 1 a 3, 6
Artículo 69.5, f. 2
Ley del Parlamento Vasco 4/1981, de 18 de marzo. Designación de Senadores representantes de Euskadi
Artículo 11.4 inciso in fine, f. 4
Artículo 6, ff. 2, 4
Artículo 155.2 a), f. 2
Artículo 155.2 b), f. 2
Artículo 155.2 c), f. 2
Artículo 155.2 d), f. 2
Artículo 211.2 d), f. 2
Disposición adicional primera, apartado 2, ff. 2, 4
Ley del Parlamento de Galicia 8/1985, de 13 de agosto. Elecciones al Parlamento de Galicia
Artículo 4, apartados 2 a 4, f. 2
Artículo 6.2 c) (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre), ff. 1, 2, 4
Ley del Parlamento de Andalucía 6/2006, de 24 de octubre. Del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 12.1 g), f. 4
Artículo 105.1, ff. 2, 4
Artículo 118.1, f. 4
Exposición de motivos, ff. 5, 6
Acceso a los cargos públicos de representación políticaAcceso a los cargos públicos de representación política, ff. 1 a 6
Arbitrariedad del legisladorArbitrariedad del legislador, f. 6
Competencias autonómicas de desarrollo normativoCompetencias autonómicas de desarrollo normativo, f. 2 b)
Competencias en materia electoralCompetencias en materia electoral, f. 4
Derecho a acceder a los cargos públicosDerecho a acceder a los cargos públicos, ff. 2, 3
Derecho de sufragioDerecho de sufragio, f. 3
Diputados autonómicosDiputados autonómicos, ff. 2, 4, 6
Igualdad ante la leyIgualdad ante la ley, Respetada, f. 4
Incompatibilidades parlamentariasIncompatibilidades parlamentarias, ff. 1 a 6
ParlamentariosParlamentarios, ff. 2, 4, 6
Parlamento de AndalucíaParlamento de Andalucía, ff. 1, 2, 4, 6
Término de comparaciónTérmino de comparación, ff. 4, 5
Causas de inelegibilidadCausas de inelegibilidad, ff. 2 a), 4, 5

References: artículo 1
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 155
 artículo 105
 artículo 7
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 6

Artículo 6

Artículo 4

Artículo 9

Artículo 23

Artículo 69

Artículo 11
in fine

Artículo 6

Artículo 155

Artículo 155

Artículo 155

Artículo 155

Artículo 211

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 12

Artículo 105

Artículo 118