Source: http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/atencionciudadano/oficinadeinformacion/consultasresoluciones/index.html?lang=en
Timestamp: 2019-10-17 16:40:19+00:00

Document:
Consultations and resolutions | Spanish Senate
Solicitud de copia de diversos documentos relacionados con el concurso público convocado por las Cortes Generales para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE.
Fecha de la solicitud: 3 de diciembre de 2018
Resolución de la Mesa del Senado: 18 de diciembre de 2018
Inadmitir la solicitud de información ya que recae sobre contenidos o documentos que no obran en poder del Senado y, además, se refiere a competencias de otra Administración, entidad u organismo, en concreto el Congreso de los Diputados.
Recurso contra la Resolución de la Mesa del Senado
Fecha de interposición del recurso: 16 de enero de 2019
Resolución del recurso potestativo: 3 de abril de 2019:En relación con el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Mesa del Senado de 18 de diciembre de 2018 por la que se inadmitió la solicitud de copia de diversos documentos relacionados con el concurso público convocado por las Cortes Generales para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE (número de registro XXX), el Presidente del Senado, en el ejercicio de las competencias delegadas por la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara en su reunión del día 6 de marzo de 2019, considerando los Antecedentes y Fundamentos de Derecho que se especifican a continuación, adopta la siguiente Resolución:
PRIMERO.- Con fecha 3 de diciembre de 2018 tuvo entrada a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SGSOLI), disponible a través de la página web del Senado, una solicitud de información con el siguiente texto: “Acogiéndome a las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados para la aplicación a la Cámara de las disposiciones de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo, y a la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, solicito de las instancias competentes de las Cortes Generales la facilitación de copia de los siguientes documentos:
1) del instrumento formal por el que se delega en el Letrado Mayor de las Cortes Generales las facultades que él mismo dice ejercer, en los asuntos 276/000018 (CD) y 729/000009 (S), en sus resoluciones de 31 de julio de 2018 y de 27 de septiembre de 2018, publicadas en los núms. 222 y 239, respectivamente, de la serie A, sección Cortes Generales, del Boletín Oficial de Cortes Generales, de 2 de agosto y 3 de octubre, también respectivamente.
2) del acuerdo motivado por el que el Comité de Expertos ha procedido a ampliar el plazo fijado en el punto tercero de las Normas para la renovación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.
Sin que se dé una posible afectación por los límites que el art. 14 de la Ley 19/2013 permitiría establecer al derecho de acceso a la información pública, se entiende igualmente que la presente petición se ajusta al régimen de transparencia de las Cortes Generales, y no se encuentra incursa en ninguna de las causas de inadmisión previstas en el art. 10 de las Normas del Congreso y en el art. 7 de la Norma del Senado, por lo que se pide que, por referirse a la convocatoria del concurso público en marcha convocado por acuerdo conjunto, de 17 de julio pasado, de los presidentes de ambas Cámaras, se proceda a su tramitación urgente.
Solicito confirmación de la recepción de la presente petición con indicación de fecha y destino que se da a la misma. A efecto de notificaciones, señalo mi dirección postal, que obra en poder de las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE. El correo electrónico y el número de teléfono solo se facilitan por ser exigidos como campos obligatorios para la transmisión del presente formulario electrónico.
Madrid, 3 de diciembre de 2018. XXX
Sres. Secretario General del Congreso de los Diputados y Secretario General del Senado. Cortes Generales”.
SEGUNDO.- Tramitado el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 18 de diciembre de 2018, dictó resolución motivada por la que acordó:
“Inadmitir la solicitud de información ya que recae sobre contenidos o documentos que no obran en poder del Senado y, además, está incursa en la causa de inadmisión contemplada en el artículo 7.d) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, por referirse a competencias de otra Administración, entidad u organismo, en concreto el Congreso de los Diputados.”
TERCERO.- El recurrente, mediante escrito de 16 de enero de 2019, presentó en el Registro Administrativo General del Senado, con número XXX, recurso de reposición contra la Resolución de la solicitud de información con número de registro XXX con base en los siguientes argumentos:
Primero, que la Resolución recurrida “hace referencia al Congreso de los Diputados, como si de otra Administración, entidad u organismo enteramente ajeno al Senado se tratara”, indicando posteriormente que la Resolución “ignora, por un lado, la pertenencia de ambas Cámaras a un mismo órgano –o si se prefiere, complejo orgánico-, las Cortes Generales, lo que impide considerar radicalmente ajena al Senado la solicitud declarada inadmisible por razón de esta alienidad,” y que la “solicitud de información en modo alguno se planteó al Senado como si de una competencia exclusiva suya se tratara. Lejos de ello, la petición de transparencia se dirigía, a través de sus respectivos secretarios generales, a ambas Cámaras de manera conjunta y no prejuzgaba la forma en que los responsables del proceso de selección decidieran atenderla”.
Segundo, que la precitada Resolución “ignora por completo, sin referencia ni mención alguna, directa ni indirecta, a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, depositaria de la documentación del concurso público en marcha”, señalando posteriormente que “ignora el carácter bicameral de la Comisión Mixta a la que las Normas del proceso de selección de los órganos rectores de RTVE han atribuido la responsabilidad de la gestión del proceso –bicameralidad en régimen irrestrictamente paritario que refuerza aún más la responsabilidad de la Cámara Alta respecto del acceso documental solicitado y que hasta la fecha se había venido sistemáticamente observando en todo momento en la aprobación de las mencionadas Normas por las Mesas de las dos Cámaras, reunidas al efecto en sesión conjunta, la convocatoria del concurso por los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado y los demás trámites del procedimiento.” A continuación el recurrente emite una opinión sobre la inexistencia de un Reglamento de las Cortes Generales.
En tercer lugar, sin deducir de ello ninguna petición, señala el recurrente que los fundamentos de la Resolución recurrida “no sirven para justificar que el Senado no haya trasladado la petición al Congreso, a quien manifiestamente, con razón o sin ella, considera competente para resolver. Pues nada tiene que ver el carácter supuestamente de competencia para conceder el acceso a la información solicitada con no tener la obligación de trasladar la petición al órgano que se estime competente, más cuando es tan próximo y propio como el Congreso de los Diputados, pues la obligación existe, lógica y jurídicamente, por mucho que en la normativa de transparencia del Senado no se mencione literalmente esa obligación (como sí sucede en el caso de la Cámara Baja).
Por último, el recurrente, en su petitum, “reitera la petición de reconsideración y anulación de la resolución recurrida y, en todos sus términos, la demanda de transparencia formulada”.
PRIMERO.- La Mesa del Senado, en el ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 36.1.g) del Reglamento del Senado para “aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Senado”, aprobó en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
SEGUNDO.- Al tratarse de un asunto de índole parlamentaria no resulta de aplicación el régimen de impugnación previsto en los artículos 12 y 13 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado. Ello no obstante, la Mesa del Senado es competente para conocer de cualquier solicitud que pretenda la reconsideración de las resoluciones adoptadas por el mismo órgano, en lo relativo a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, obre en poder del Senado, circunstancia que concurre en el presente recurso.
Durante el periodo de disolución, es la Diputación Permanente del Senado, y por ende su Mesa, la que asume las funciones que la Cámara tiene encomendadas.
La Mesa de la Diputación Permanente del Senado, en su reunión del día 6 de marzo de 2019, ha acordado delegar en la Presidencia el ejercicio de las competencias que sean necesarias para la resolución de los asuntos urgentes.
TERCERO.- Entrando ya en el fondo del asunto, el recurrente manifiesta en su escrito de forma reiterada su desacuerdo con la Resolución recurrida, en la que se señala que la solicitud de información recae sobre contenidos o documentos que no obran en poder del Senado y se aplica la causa de inadmisión contemplada en el artículo 7.d) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, ya que la información solicitada es competencia de otra Administración, entidad u organismo, en concreto el Congreso de los Diputados.
El recurrente argumenta, en primer lugar, que el hecho de que las Cortes Generales estén integradas por el Congreso de los Diputados y por el Senado “impide considerar radicalmente ajena al Senado la solicitud declarada inadmisible por razón de esta alienidad”.
Frente a esta argumentación es necesario señalar que el artículo 72.1, primer inciso, de la Constitución española reconoce la autonomía normativa de las Cámaras, al señalar que “las Cámaras establecen sus propios Reglamentos”.
En el ámbito concreto de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala que las disposiciones de su Título I sobre transparencia de la actividad pública se aplican al Congreso de los Diputados y al Senado, según establece el artículo 2.1.f), “en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”, estableciendo también en su Disposición adicional octava que el Congreso de los Diputados y el Senado “regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley”.
En cumplimiento de esta norma, la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 20 de enero de 2015, oída la Junta de Portavoces, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1.1.º de su Reglamento, aprobó las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo. Y el Senado, en virtud de la reforma aprobada con fecha 5 de junio de 2014, introdujo en su Reglamento un párrafo nuevo en el artículo 36.1 que se refiere a las competencias de la Mesa, atribuyendo a ésta la facultad de aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública de la misma. En ejecución de dicha reforma, con fecha 2 de diciembre de 2014, la Mesa del Senado aprobó la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
En conclusión, cada una de las Cámaras, como consecuencia de su autonomía, ha dictado diferentes normas en materia de acceso a la información pública aplicables en su respectivo ámbito.
Por consiguiente, aunque el recurrente cuando presentó su solicitud mencionó las Normas reguladoras de las dos Cámaras, obvió que cada una de ellas tiene establecido un sistema autónomo e independiente para la presentación y resolución de las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante cada una de ellas. Al haber utilizado exclusivamente el cauce del Senado y no el del Congreso de los Diputados para la concreta solicitud de información efectuada, cuya Resolución es objeto del presente recurso, resulta de aplicación la regulación establecida en el Senado que, como señala el propio título de la Norma reguladora, está circunscrita a la información pública del Senado.
En segundo lugar, el recurrente entiende que el hecho de que exista una Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades atribuye a la Cámara Alta la misma responsabilidad que al Congreso de los Diputados en materia de acceso documental.
Frente a este argumento del recurrente debe tenerse en cuenta que, como señala la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 31 de enero de 2012, sobre composición de las Comisiones Mixtas Congreso-Senado, en su punto Tercero, las “Comisiones Mixtas tendrán su sede en la Cámara a la que pertenezca su Presidente”, estableciendo además que incluso “en caso de elección de un nuevo Presidente durante la Legislatura se mantendrá la sede hasta la conclusión del periodo de sesiones”. Señala además el punto Cuarto de esta Resolución que las “Comisiones Mixtas se regirán, a todos los efectos, por el Reglamento de la Cámara donde encuentren su sede, al cual deberán ajustarse todas las iniciativas formuladas por sus miembros y por los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras”. En el caso concreto de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades ésta está residenciada en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, toda la documentación que ha ido emanando de su actividad también.
En conclusión, se reiteran los dos motivos de inadmisión reflejados en la Resolución recurrida, ya que, en primer lugar, la información no obra en poder del Senado y, en segundo término, se refiere a información que obra en poder de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, que tiene su sede, a todos los efectos, en el Congreso de los Diputados.
En atención a los antecedentes y preceptos de aplicación descritos procede:
1.Desestimar en todos y cada uno de sus puntos el recurso presentado por el recurrente y confirmar la Resolución de la Mesa del Senado de fecha 18 de diciembre de 2018 por la que se inadmite la solicitud de copia de diversos documentos relacionados con el concurso público convocado por las Cortes Generales para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE, ya que recae sobre contenidos o documentos que no obran en poder del Senado y, además está incursa en la causa de inadmisión contemplada en el art. 7.d) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública de transparencia, por referirse a competencias de otra Administración, entidad u organismo, en concreto el Congreso de los Diputados (número de registro XXX).
2.Dar traslado de esta Resolución al Congreso de los Diputados a los efectos oportunos.
Solicitud de información sobre las preguntas y solicitudes de informe formuladas por un Senador y sobre las retribuciones, indemnizaciones y ayudas que percibe.
Fecha de la solicitud: 15 de febrero de 2018
Resolución de la Mesa del Senado: 13 de marzo de 2018
Conceder el acceso a la información referida a las preguntas y solicitudes de informe formuladas por un Senador, así como sobre las retribuciones, indemnizaciones y ayudas que percibe.
Inadmitir la parte de la solicitud de información relativa al coste de tramitación de las iniciativas parlamentarias formuladas, así como la que se refiere a las estadísticas de la actividad parlamentaria del Senador, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y apartados c) y f) del artículo 7 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado .
Fecha de interposición del recurso: 21 de marzo de 2018
Resolución del recurso potestativo: 18 de junio de 2018: En relación con el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Mesa del Senado de 13 de marzo de 2018 por la que se concede el acceso a la información referida a las preguntas y solicitudes de informe formuladas por el Senador Excmo. Sr. D. xxx así como sobre las retribuciones, indemnizaciones y ayudas que percibe y por la que se inadmite a trámite la parte de la solicitud referida al coste de tramitación y estadísticas de su actividad parlamentaria (número de registro xxx), la Mesa del Senado, en su reunión de 18 de junio de 2018, considerando los Antecedentes y Fundamentos de Derecho que se especifican a continuación, adopta la siguiente Resolución:
PRIMERO.- Con fecha 15 de febrero de 2018 se recibió en el Senado un correo electrónico en el que, junto a diversas opiniones y juicios de valor, se solicitaba diversa información sobre el Excmo. Sr. D. xxx Con fecha 22 de febrero de 2018, se dio de alta la solicitud en el Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SGSOLI), asignándole el número de expediente xxx. El solicitante requería la siguiente información:
1º. “Preciso que me remita en un CD lo antes posible y en función de la LEY DE TRANSPARENCIA (en caso de negativa acudiré al Consejo de la Transparencia) toda la documentación sobre las preguntas y sobre las solicitudes de informes y las contestaciones y en particular es preciso que me provean de los acuerdos del Senado que admiten a trámite todas las solicitudes del Señor XXX y el traslado de las mismas a los Ayuntamientos afectados.”
2º. “Le requiero respetuosamente como no podría ser de otra manera a que me remita acreditación del previo conocimiento del Grupo Mixto del Senado a las solicitudes del Señor XXX, según establece el Reglamento del Senado como requisito para su tramitación (ver condiciones del artículo 20.2 del Reglamento del Senado).”
3º. “Preciso conocer el coste en tiempo y en dinero gastado en la tramitación de todas las actuaciones parlamentarias del Señor XXX, incluidos gastos de mensajería, papel, tramitaciones, sellos, reuniones, etc…”
4º. “Es preciso conocer además su sueldo, sus dietas y cualquier otra retribución del tipo que sea que haya tenido en esta Legislatura y en las anteriores por parte del Senado, así como los medios de pago de los que disponga (tarjetas bancarias, etc…) así como los gastos que haya pasado al Senado, los viajes oficiales que haya efectuado, billetes de avión y de tren, taxis, etc…”
5º. “Requiero que se me aporte unas estadísticas de sus actividades parlamentarias, especificando los días de la semana y las horas en que se vuelve más incisivo en las mismas…”
6º. “Finalmente me gustaría conocer si en todo su amplio abanico de preguntas o solicitudes parlamentarias ha hecho referencia a alguna relacionada con su actividad privada de vendedor de frutas y verduras.”
SEGUNDO.- Tramitado el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 13 de marzo de 2018, dictó resolución motivada por la que acuerda:
“1. Conceder el acceso a la información referida a las preguntas y solicitudes de informe formuladas por el Excmo. Sr. XXX, así como sobre las retribuciones, indemnizaciones y ayudas que percibe en los términos de los Fundamentos de Derecho de esta Resolución.
2. Inadmitir la parte de la solicitud de información relativa al coste de tramitación de las iniciativas parlamentarias formuladas, así como la que se refiere a las estadísticas de la actividad parlamentaria del Senador, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y apartados c) y f) del artículo 7 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.”
TERCERO.- El solicitante, mediante correo electrónico de 21 de marzo de 2018, interpuso recurso ante la Mesa del Senado contra la resolución de 13 de marzo de 2018.
Tras el requerimiento de subsanación por defecto de forma, con fecha 16 de abril de 2018 el recurrente presenta en el Registro Administrativo General del Senado, con Número xxx, Recurso de Reposición contra la Solicitud de información xxx, al que acompaña diversos Anexos, a los que hace referencia en su escrito, con el siguiente texto, cuyos párrafos se han numerado a los efectos de ordenar la contestación a los argumentos del recurrente:
“Interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución de referencia (Solicitud de información xxx) ante la Mesa del Senado, en base a los siguientes hechos (este recurso ya había sido interpuesto con carácter previa por email):
La resolución recurrida carece de motivación pues no responde a la petición de datos sobre la actividad económica privada del Señor XXX, petición de información que doy por reproducida en este escrito por economía procesal. A ver si va a resultar que no se puede preguntar nada de quien tanto pregunta.
En cuanto a los gastos tanto internos como externos que ocasiona al Senado el Señor XXX en su actividad parlamentaria, deben ser detallados; en cuanto a los primeros, bastaría con una mera contabilidad analítica o de costes, como cualquier otra empresa, en donde los trabajadores se identifican cada vez que se hace uso de servicios de reprografía, mensajería, telefonía, etc…; en cuanto a los costes externos, como viajes, dietas, alojamientos, etc…, ese Senado debería de tenerlos controlados y computados.
No es suficiente a efectos de la Ley de Transparencia el remitir al solicitante de la información a un enlace externo donde aparecen los datos agregados de los gastos de todos los Senadores; es necesaria una individualización, porque sólo así puede un español de la calle fiscalizar los gastos de cada uno de sus Senadores.
El aportar un dato agregado lo que sí evidencia es una falta de control y de rigor presupuestario, porque al final se encubre una información vital a efectos de la precisa transparencia.
Por ejemplo, el Señor XXX en los últimos meses está mucho por León, como se puede deducir de sus redes sociales, por lo que es preciso informar de los gastos asociados a dichos viajes (AVE, aviones, coches de alquiler, restaurantes, hoteles, pagos con tarjetas, etc…), para así poder fiscalizar su actividad política.
Si alguna de esta información se debe canalizar por la vía del derecho de petición, pues tramítese, no sea que por una mera cuestión de denominación de la información solicitada, la tengamos bloqueada.
Entiendo que al ser un Senador nombrado por las Cortes Valencianas, debería estar centrado en asuntos de esa Comunidad Autónoma y no fuera de ella. Corríjanme si estoy equivocado en esta apreciación.
En cuanto a su actividad parlamentaria, es muy cierto que hay datos que no son claramente transparentes, pues el Señor XXX duplica y triplica las mismas preguntas y peticiones de informes.
Por eso preciso que se provea a esta parte información relativa a su uso del certificado electrónico que usa para realizar su actividad parlamentaria, para poder constatar realmente el alcance y significado de la misma. Son datos informáticos y registrados, que no requieren una elaboración adicional para su aporte.
Ya como recomendación, es preciso que haya un apoyo de control ortográfico en sus actividades, pues en ocasiones, de sus expresiones es difícil llegar a una correcta interpretación, así como sería preciso una mayor formación en el uso de aplicaciones informáticas, para evitar así redundancias que acaban causando mayores costes.
Esta parte no comparte la interpretación que hace esa Mesa del senado de que por ser miembro del Grupo Mixto no es precisa la comunicación previa a su Grupo de la actividad parlamentaria realizada; es más, en este caso, es precisa por mayor motivo, por su carácter especial y disperso.
Por otro lado, la petición de datos, informes y documentos que realiza ese Senado en virtud del articulado 20.2 de su Reglamento se está efectuando de una forma desvirtuada al espíritu y letra de la norma; por ejemplo, en el artículo adjunto se explica que en relación a la información que se piden a los Jueces, se trata en todo caso de información ceñida a los datos, informes y documentos, pero en ningún caso puede haber una intencionalidad política en las actividades parlamentarias que invadan competencias de otros poderes del Estado, ya sea el Judicial como el Municipal.
Como esto es un asunto de interpretación, es por lo que solicito que la Asesoría Jurídica del Senado aclare estos extremos, esto es, si en los comportamientos parlamentarios del Señor XXX hay o no algo más que pedir datos, documentos o informes, porque esta parte entiende, como otros Alcaldes, que lo que hay son requerimientos políticos para aplicar una Ley al gusto del mencionado Señor y no una mera petición de información.
El Señor XXX a lo largo de su intensa actividad parlamentaria tiene un claro objetivo político en su uso del artículo 20.2 del Reglamento del Senado, que no es otro, que forzar a los municipios a cambiar las calles que no le gustan, cuando es evidente que la infinita mayoría de los nombres de esas calles no son una exaltación por sí mismas de los motivos que exige el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica para su retirada. Sólo en la cabeza ideologizada del Señor XXX cabe esa interpretación y es una interpretación que en su puesta en práctica está violando la autonomía de los municipios, que son los entes administrativos que tienen por exclusividad la competencia de decidir los nombres de sus calles.
El Señor XXX obra siempre de la misma manera; envía peticiones de informes (antes lo hacía vía preguntas) a los municipios que se le cruzan entre ceja y ceja y en el caso de que no sean sumisos, procede a pedir automáticamente amparo al Senado y a pedirle a la Mesa del Senado que envíe las contestaciones que recibe a la Fiscalía para que impute al que se niega a obedecerle, en un ejercicio más propio de un patricio romano ensoberbecido de la antigua República de Roma que de una Democracia del III Milenio.
En el caso del Alcalde de xxx, la Fiscalía ha procedido a archivar la denuncia del Senado, lo cual deja en muy mala posición a esta institución, que debería tener más cuidado a la hora de dar trámite a los desaires del Señor XXX.
Parece ser que en mi caso, el Señor XXX y relación al Ayuntamiento de xxx ha hecho lo mismo, esto es, decir que yo lo he faltado al respeto y le ha pedido amparo al Senado y que le dé traslado de mi persona a la Fiscalía.
Debe saber ese Senado que no me preocupa lo más mínimo lo que haga, pero que lo que haga, que lo madure bien, sobre todo por sus consecuencia, porque además de que desconozco en que artículo de su Reglamento se faculta que las acciones penales que desee realizar un Senador, pueda endosárselas al Senado, cuando lo lógico sería que fuera él, en su nombre propio y pecunio, el que se querelle, y no opte por decirle al Senado, que es lo que sucede, que denuncie en su nombre.
Solicito aclaración de dicho articulado que permite el endose de acción penal así como de las veces que ha solicitado el Señor XXX el amparo al Senado, y las veces y contra quién la Mesa del Senado ha decidido dar traslado de los requerimientos del Señor XXX a la Fiscalía, así como su resultado final.
En relación a la última actuación del Señor XXX, que ha consistido en filtrar a la prensa la contestación del Alcalde de xxx, el Senador ha cometido varios errores y delitos; primero dice que soy un escritor de extrema derecha, lo cual es difamatorio, después dice que yo le he insultado, lo que no es cierto, cuando además es él el que aire los presuntos insultos contra su persona en los medios de comunicación. Es un claro ejemplo de persona que sintiéndose agraviada, se causa así mismo mayor daño pregonando una presunta ofensa en los medios xxx
Mi intervención en este caso ha sido orientar a un Alcalde que ha recibido y un requerimiento improcedente de un Senado que aquí está actuando mal.
Pero es que es más, es el propio Senador XXX el que ha insultado gravísimamente al Alcalde de xxx, como se puede apreciar en el documento Word adjunto donde se puede apreciar como en su Facebook público le llama a dicho Alcalde Tonto y Fascista, porque esto es para lo que sirven los requerimientos senatoriales, para que el Señor XXX insulte en sus redes sociales y de forma descarada a otras autoridades del Estado, de lo que deduzco que hay un comportamiento patológico, trastornado o disfuncional en el mencionado.
Este gravísima difamación tuvo lugar el 27 de septiembre de 2017 en la cuenta en Facebook del senador XXX y es por lo que solicito a la Mesa del Senado su reprobación por su incívico comportamiento que ya roza el esperpento, así como que no se le otorgue el amparo que ha solicitado contra mi persona a la Mesa del Senado. Si el que quiere denunciarme, que lo haga directamente.
Finalmente, en cuanto a lo que son mis comunicaciones al Alcalde de xxx desautorizo a ese Senado a que publique mis datos personales en su página web. De hacerse esa cesión de datos, estaríamos ante una falta muy grave de la LORTAD con fuertes multas para los responsables.
Sin otro particular, solicito que se tramite este recurso de reposición y se proceda a admitir el resto de peticiones efectuadas en mi presente comunicación y a llevarlas a cabo."
SEGUNDO.- La Mesa del Senado es competente para conocer de los recursos potestativos interpuestos frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública sobre la actividad del Senado sujeta a Derecho administrativo a tenor de lo establecido en el artículo 13.1 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, así como de cualquier solicitud que pretenda la reconsideración de las resoluciones adoptadas por el mismo órgano, en lo relativo a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, obre en poder del Senado, circunstancias ambas que concurren en el presente recurso.
TERCERO.- El recurso ha sido interpuesto ante esta Mesa dentro del plazo establecido al efecto en el artículo 13 de la Norma, al no haber transcurrido el plazo de un mes entre el día siguiente al de la notificación del acto impugnado y el día de entrada del recurso en la Cámara.
CUARTO.- Entrando ya en el fondo del asunto el recurrente señala en el párrafo 1 de su escrito de recurso que “La resolución recurrida carece de motivación pues no responde a la petición de datos sobre la actividad económica privada del Señor XXX, petición de información que doy por reproducida en este escrito por economía procesal. A ver si va a resultar que no se puede preguntar nada de quien tanto pregunta”.
El primero de los motivos de recurso no es congruente con ninguno de los contenidos sobre los que el ahora recurrente formuló su solicitud de información inicial. En su solicitud inicial no requería información sobre la actividad privada del citado Senador, sino que se limitaba a preguntar “si en todo su amplio abanico de preguntas o solicitudes parlamentarias ha hecho referencia a alguna relacionada con su actividad privada de vendedor de frutas y verduras”, cuestión ya resuelta en el Fundamento de Derecho NOVENO de la Resolución de la Mesa del Senado de 13 de marzo de 2018, donde se señala, con base en el artículo 162.2 del Reglamento del Senado, que “no serán admitidas preguntas de exclusivo interés personal de quien las formula…”, norma que analógicamente se aplica a todas las iniciativas de control, por lo que la Mesa del Senado habría inadmitido cualquier iniciativa de este tipo del Senador referida a su actividad privada. Aunque el recurrente pueda estar en desacuerdo con la motivación de esta respuesta lo que no concurre en la resolución recurrida es la falta de motivación. Por consiguiente, si se entiende que la impugnación del recurrente se refiere en este punto a la única petición de información de su escrito inicial que versaba sobre la actividad privada del Senador, no cabe la estimación del recurso en relación con esta pretensión.
QUINTO.- En los párrafos 2 a 7 el recurrente realiza diversas consideraciones sobre los gastos, tanto internos como externos, que ocasiona al Senado el Sr. XXX en el ejercicio de sus actividades parlamentarias y que, a su juicio, deberían proporcionase de forma detallada e individualizada.
En el Fundamento de Derecho SEXTO de la Resolución objeto de este recurso se señala que la Cámara no dispone de la información desglosada del coste de la tramitación de las iniciativas del Senador XXX, ya que el Senado afronta toda la actividad parlamentaria con los medios personales y materiales de que dispone. No es posible, por tanto, asignar a un Senador, de forma individualizada, el coste derivado del uso de los distintos recursos de los que dispone la Cámara. Al no tratarse de documentos o información que obren en poder de la Cámara, esta parte de la solicitud, como se puso de manifiesto en la Resolución recurrida, no está amparada por la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
En relación con lo que el recurrente denomina “costes externos” (viajes, dietas, alojamientos, etc…), el Fundamento de Derecho SÉPTIMO de la Resolución recurrida proporcionó al recurrente toda la información pública sobre el régimen económico de los Senadores y los desplazamientos de los Senadores en los términos del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18 de noviembre de 2014, en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los Senadores, los otros medios puestos a disposición de los Senadores y la subvención que el Senado abona a los Grupos Parlamentarios en los que se integran los Senadores.
El régimen descrito con carácter general en la página web es el aplicado, sin excepción, a todos los Senadores y permite al recurrente conocer cuáles son sus percepciones, que pueden variar a lo largo de un año en función de los cargos que ostente en los órganos de la Cámara. Asimismo, el alcance de la publicidad de los desplazamientos es el acordado en el citado Acuerdo de la Mesa del Senado de 18 de noviembre de 2014. Una mayor individualización de los gastos requiere ponderar, como exige el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, si prevalece el interés público en la divulgación de la información o los derechos de los afectados cuyos datos aparecen en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Realizada la ponderación en aplicación de los criterios enumerados en el citado precepto, y entendiendo que concurren las circunstancias a las que hace referencia el apartado d), ya que podría verse afectada la intimidad o seguridad del Senador afectado, procede conceder el acceso a la información en los términos fijados en la Resolución de 13 de marzo de 2018.
En este bloque de argumentación (párrafos 2 a 7) el recurrente formula además juicios de valor y opiniones sobre la actuación contable y presupuestaria del Senado (párrafo 4) y sobre el ámbito geográfico de la actuación parlamentaria del Senador (párrafos 5 y 7) y solicita de forma inconcreta que si alguna información “se debe canalizar por la vía del derecho de petición, pues tramítese, no sea que por una mera cuestión de denominación de la información solicitada, la tengamos bloqueada” (párrafo 6), consideraciones todas ellas ajenas al objeto del recurso.
SEXTO.- El recurrente, en los párrafos 8 a 10, realiza diversas consideraciones sobre las preguntas y peticiones de informe formuladas por el Senador XXX, sin que sea posible deducir cuál es la relación de sus observaciones con la Resolución objeto del recurso:
En el párrafo 8 afirma que “el Sr. XXX duplica y triplica las mismas preguntas y peticiones de informe”.
En el párrafo 9 solicita que se le dé “información relativa al uso del certificado electrónico que usa para realizar su actividad parlamentaria, para poder constatar realmente el alcance y significado de la misma. Son datos informáticos y registrados, que no requieren una elaboración adicional para su aporte”, petición que no es congruente con lo sustanciado en la Resolución objeto del recurso.
En el párrafo 10 recomienda “que haya un apoyo de control ortográfico”.
SÉPTIMO.- Por otro lado el recurrente manifiesta, en los párrafos 11 a 13 de su escrito, su disconformidad con la interpretación del artículo 20.2 del Reglamento del Senado y solicita informe de la Asesoría Jurídica.
El recurrente, en el párrafo 11, señala que “no comparte la interpretación que hace esa Mesa del senado de que por ser miembro del Grupo Mixto no es precisa la comunicación previa a su Grupo de la actividad parlamentaria realizada; es más, en este caso, es precisa por mayor motivo, por su carácter especial y disperso“. A esta cuestión se refiere el Fundamento de Derecho QUINTO de la Resolución recurrida, en la que se motiva la falta de la necesidad de la acreditación del previo conocimiento del Grupo Mixto del Senado de las iniciativas del Senador en la especial naturaleza del Grupo, ya que se compone de diferentes formaciones políticas, con diferentes idearios políticos, por lo que el artículo 20.2 del Reglamento del Senado se interpreta en el sentido de no exigir al Grupo Parlamentario Mixto la formalización del previo conocimiento del Grupo a través del visto bueno de su Portavoz a las iniciativas de sus diferentes miembros. Es esta una interpretación pacífica en la práctica parlamentaria y que se reitera en la presente Resolución.
Añade el recurrente nuevamente, con una falta total de congruencia entre la solicitud inicial sobre la que se pronunció la Resolución de la Mesa del Senado, de 13 de marzo de 2018, y el escrito del recurso, su opinión sobre la aplicación del artículo 20.2 del Reglamento del Senado (párrafo 12) y la petición de que se pronuncie la Asesoría Jurídica del Senado respecto de la interpretación del precepto (párrafo 13), asunto que al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.7 del Reglamento de la Cámara es competencia del Presidente del Senado y no de la Asesoría Jurídica, cuyas funciones se describen en la Plantilla Orgánica de la Secretaría General del Senado. (BOCG, Senado, Serie I, núm. 764, de 5 de septiembre de 2007), modificada por la Resolución de la Mesa del Senado de 16 de mayo de 2018, (BOCG, Senado, número 234, de 17 de mayo de 2018).
OCTAVO.- El contenido de los párrafos 14 a 24 nada tienen que ver con la Resolución recurrida, ya que se limita a formular juicios de intenciones sobre la actividad parlamentaria del Senador (párrafos 14 y 15) y a narrar diversos sucesos (párrafos 16 a 23), intercalando alguna nueva petición (párrafos 19, 23 y 24). La falta de congruencia es evidente, como lo es también que las opiniones y valoraciones del recurrente son del todo ajenas al recurso de reposición contra la Resolución de la Mesa del Senado de 13 de marzo de 2018.
1.- Desestimar en todos y cada uno de sus puntos el recurso presentado por el recurrente y confirmar la Resolución de la Mesa del Senado de fecha 13 de marzo de 2018 por la que concede el acceso a la información referida a las preguntas y solicitudes de informe formuladas por el Senador Excmo. Sr. D. XXX y sobre las retribuciones, indemnizaciones y ayudas que percibe y por la que se inadmite a trámite la parte de la solicitud referida al coste de tramitación y estadísticas de su actividad parlamentaria (número de registro xxx).
2.- Comunicar al recurrente que contra la presente Resolución, y sólo en los aspectos relativos a la actividad del Senado sujeta a Derecho administrativo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
Solicitud de que se publiquen en la página web del Senado los informes de la Comisión de Peticiones en los periodos ordinarios de sesiones correspondientes a los años 2015 y 2016, así como las contestaciones obtenidas desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.
Fecha de la solicitud: 14 de febrero de 2017
Resolución de la Mesa del Senado: 7 de marzo de 2017
Inadmitir la solicitud ya que el objeto de la misma no es propio del derecho de acceso a la información pública del Senado, al no tratarse de una solicitud de información pública que recaiga sobre contenidos o documentos que obren en poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo.
Fecha de interposición del recurso: 16 de marzo de 2017
Resolución del recurso potestativo: 3 de mayo de 2017.En relación con el recurso interpuesto contra la Resolución de la Mesa del Senado de 7 de marzo de 2017, en relación con la solicitud de publicación en la página web del Senado de los informes de la Comisión de Peticiones en los periodos ordinarios de sesiones correspondientes a los años 2015 y 2016, así como de las contestaciones obtenidas desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, la Mesa del Senado, en su reunión de 3 de mayo de 2017, considerando los Antecedentes y Fundamentos de Derecho que se especifican a continuación, adopta la siguiente Resolución:
PRIMERO.- Con fecha 14 de febrero de 2017 tuvo entrada a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SGSOLI), disponible a través de la página web del Senado, una solicitud de información, con número de registro xxx, con el siguiente texto:
“Solicito que se publiquen en la página web del Senado todos los informes sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en los periodos ordinarios de sesiones correspondientes a los años 2015 y 2016. Adicionalmente, solicito que se hagan públicas todas las contestaciones obtenidas por las peticiones remitidas a dicha Comisión del Senado desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.”
SEGUNDO.- Tramitado el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 7 de marzo de 2017, dictó resolución motivada en la que señala en el Fundamento de Derecho TERCERO que “El artículo 1 de la precitada Norma delimita el ámbito objetivo al establecer que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a Derecho administrativo, obre en poder del Senado, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos, en los términos previstos en esta Norma”.
Por lo tanto el ejercicio del derecho de acceso a la información pública del Senado debe recaer sobre contenidos o documentos que obren en poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo.
La finalidad de la presente solicitud no es obtener, a través del ejercicio del derecho de acceso, una información sobre un contenido o documento que obre en poder del Senado y que haya sido generado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo, sino la petición del solicitante de “que se publiquen en la página web del Senado todos los informes sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en los periodos ordinarios de sesiones correspondientes a los años 2015 y 2016”, así como de “que se hagan públicas todas las contestaciones obtenidas por las peticiones remitidas a dicha Comisión del Senado desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia”.
En consecuencia, la finalidad de la solicitud no está amparada por la citada Norma reguladora.”
En atención a todo ello la Mesa del Senado resolvió:
“Inadmitir la solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado ya que el objeto de la misma no es propio del derecho de acceso a la información pública del Senado, al no tratarse de una solicitud de información pública que recaiga sobre contenidos o documentos que obren en poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo”.
TERCERO.- El solicitante, mediante escrito de 16 de marzo de 2017, interpuso recurso potestativo ante la Mesa del Senado contra la resolución de 7 de marzo de 2017, en el que especifica que lo hace “al amparo de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado”, mediante el que solicita:
“1. Que se revise la resolución de la Mesa de 7 de marzo de 2017, por la que se inadmite la solicitud presentada, por hacer una calificación jurídica errónea de lo solicitado y por carecer de toda lógica y coherencia.
2. Que se resuelva conceder, por tanto, el acceso a la información solicitada sobre el número de peticiones recibidas y tramitadas por la Comisión de Peticiones del Senado durante los años 2015 y 2016; su contenido, el curso dado a las mismas y las respuestas recabadas por la Comisión a dichas peticiones, ya que todo ello es información que obra en poder del Senado o que ha sido adquirida por el Senado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
3. Que, a poder ser, se resuelva facilitar el acceso a todos los ciudadanos a dicha información pública, de marcado interés general, mediante su publicación en la página web del Senado, tal y como se vino haciendo hasta diciembre de 2014.
4. Que, en cualquier caso, la resolución al presente recurso se publique en la web del Senado, explicando de forma pública, en caso de ser negativa, de qué manera una solicitud de acceso a información sobre la actividad de la Comisión de Peticiones del Senado (en la forma de informes de carácter anual sobre las peticiones tramitadas por dicha comisión durante 2015 y 2016, el curso dado a las mismas y las respuestas obtenidas por la Comisión) “no es propio del derecho de acceso a la información pública del Senado, al no tratarse de una solicitud de información pública que recaiga sobre contenidos o documentos que obren en poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de las funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo””.
SEGUNDO.- Por lo que respecta a la calificación y régimen jurídico del escrito presentado por el recurrente, debe advertirse, en primer lugar y antes de entrar en el fondo del asunto, sobre el error en el que incurre el recurrente al calificar su recurso como potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, argumentando que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado. Si bien es cierto que la citada Norma establece el régimen de impugnación de las resoluciones adoptadas en esta materia, al que dedica su capítulo III (artículos 12 y 13), no lo es menos que dicho régimen resulta sólo aplicable a las solicitudes de información que se refieran a actividades sujetas a Derecho administrativo. La solicitud que origina la Resolución de la Mesa de la Cámara que es objeto del presente recurso se refiere a información de índole parlamentaria por lo que, frente a lo que pretende el recurrente, no cabe interponer recurso ante la Mesa del Senado, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Norma reguladora.
Ello no obstante, la Mesa de la Cámara es competente para conocer de cualquier solicitud que pretenda la reconsideración de las resoluciones adoptadas por el mismo órgano.
TERCERO.- Entrando ya en el fondo del asunto, resulta relevante destacar que la solicitud formulada por el interesado el día 14 de febrero de 2017 no pedía una información, sino que tenía por objeto la petición de que la Cámara actuase en un determinado sentido, en concreto, publicando en la página web del Senado los informes de la Comisión de Peticiones en los periodos ordinarios de sesiones correspondientes a los años 2015 y 2016, así como las contestaciones obtenidas desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. En consecuencia, para la consecución de su pretensión no resultaba jurídicamente adecuada la presentación de una solicitud de acceso a la información, cuya tramitación se articula en el Senado a través de un procedimiento administrativo específico, el contemplado en la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
Al no tratarse del ejercicio del derecho subjetivo de acceso a la información (transparencia pasiva), sino de una petición de que la Cámara actuase en el ámbito de la transparencia activa publicando en su página web una determinada información, la Mesa de la Cámara, en su Resolución de 7 de marzo, acordó en coherencia con el petitum del escrito y en atención al ámbito objetivo de aplicación de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, inadmitir a trámite la solicitud. Inadmisión que, por tanto, resulta ajustada a Derecho.
CUARTO.- Asimismo debe advertirse que, en el escrito del recurso que ahora se sustancia, el interesado modifica el petitum de su solicitud original al añadir a su demanda inicial de publicidad activa – ahora recogida en el punto 3 de las peticiones que figuran en el recurso y que, como se ha argumentado en el punto anterior, no se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública del Senado-, una nueva solicitud, esta sí de acceso a la información, sobre el número y contenido de las peticiones recibidas y tramitadas por la Comisión, el curso dado a las mismas y las respuestas recibidas. Así se desprende del punto 2 del recurso al pedir: “2. Que se resuelva conceder, por tanto, el acceso a la información solicitada sobre el número de peticiones recibidas y tramitadas por la Comisión de Peticiones del Senado durante los años 2015 y 2016; su contenido, el curso dado a las mismas y las respuestas recabadas por la Comisión a dichas peticiones, ya que todo ello es información que obra en poder del Senado o que ha sido adquirida por el Senado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.”
La falta de congruencia entre la solicitud inicial y el escrito del recurso es evidente, como lo es también que supone una causa de desestimación de la nueva pretensión formulada en fase de recurso; desestimación que no impide al ahora recurrente iniciar un nuevo procedimiento de ejercicio de su derecho de acceso a la información a través de la presentación de una nueva solicitud requiriendo, esta vez sí, contenidos o documentos que obren en poder del Senado.
QUINTO.- El recurrente solicita en el punto 4 de su escrito, por último, que la resolución al recurso se publique en la página web del Senado, lo que argumenta en el punto 11 de sus consideraciones en la aplicación del artículo 13 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, artículo que, como ya se ha indicado, no resulta de aplicación cuando se trata de contenidos de índole parlamentaria.
Desestimar en todos y cada uno de sus puntos el recurso presentado por el recurrente y confirmar la Resolución de la Mesa del Senado de fecha 7 de marzo de 2017 por la que se inadmite la solicitud con número de registro xxx relativa a la petición de publicación en la página web del Senado de los informes de la Comisión de Peticiones en los periodos ordinarios de sesiones correspondientes a los años 2015 y 2016, así como de las contestaciones obtenidas desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.
Resolución del recurso potestativo: 11 de octubre de 2016:
PRIMERO.- Con fecha 21 de julio de 2016 tuvo entrada a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SGSOLI), disponible a través de la página web del Senado, la solicitud de información formulada por xxx (Número de referencia xxx, en la que requería conocer:
- “El gasto total por senador (con nombre y apellido) en la X legislatura y el gasto total de cada uno en la XI legislatura (periodo comprendido entre enero de 2012 y junio de 2016). Si no tuvieran toda la información de las fechas referidas, rogaría una información lo más aproximada posible al nivel de detalle solicitado. En el supuesto de que decidieran ponderar el derecho a la protección de datos por encima del de acceso a la información, solicito toda la información anterior de forma anonimizada, es decir, desglosada por legislatura y legislador pero sin la identificación por nombre y apellido.
- Por último, solicito el importe pagado por el Senado, mes a mes, a la empresa adjudicataria del servicio entre enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2016, información de la que la Cámara dispondría según la cláusula 32ª del pliego de cláusulas administrativas particulares 1 y la cláusula 6ª del pliego de prescripciones técnicas 2, ambos del contrato vigente.”
En su escrito de solicitud xxx motivaba el ejercicio del derecho de acceso a la información alegando que es “la única vía oficial, en el desempeño de mi profesión como periodista, de verificar y contrastar de forma rigurosa si determinados parlamentarios dicen la verdad o mienten cuando afirman en declaraciones públicas que disponen o no de la tarjeta para taxis en la Comunidad de Madrid facilitada por la Cámara Alta, o si hacen uso o no de la misma.”
Así mismo, solicitaba que la información fuese facilitada “en la medida de lo posible, en un formato reutilizable, preferiblemente .csv o .xls.”
SEGUNDO.- Tramitado el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 2 de agosto de 2016, dictó resolución motivada en la que acordó:
“1. Inadmitir la solicitud de acceso a la información en lo relativo al gasto total de las tarjetas-taxi para desplazamientos de Senadores en la Comunidad de Madrid, individualizado por Senador, durante la X y XI Legislatura, por ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.c) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, que contempla como causa de inadmisión la necesidad de realizar una acción previa de reelaboración.
2. Facilitar al solicitante información sobre el régimen general aplicable a la utilización de las tarjetas-taxi para desplazamientos de Senadores en la Comunidad de Madrid, en los términos que se reflejan en el Fundamento de Derecho QUINTO.
3. Conceder al solicitante el acceso a la información relativa al importe mensual pagado por el Senado a la empresa adjudicataria del servicio entre enero de 2012 y junio de 2016”.
En relación con el primero de los apartados del acuerdo, en el Fundamento de Derecho CUARTO de la resolución, tomando en consideración el caso concreto, se motiva la aplicación de la causa de inadmisión regulada en el artículo 7.c) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado (necesidad de una acción previa de reelaboración para la divulgación de la información) en los siguientes términos:
“El Senado no dispone de la información con la estructura solicitada (gasto individualizado por Senador y Legislatura), por lo que sería necesaria su reelaboración haciendo uso de diferentes fuentes y soportes de información, que comprenden varios ejercicios presupuestarios y no están disponibles en una aplicación informática que permita extraer los datos y explotarlos para proporcionar la concreta información que se solicita. Por consiguiente, la solicitud, en este punto, está incursa en causa de inadmisión.
Ello no obstante, se describe a continuación el régimen aplicable al uso de las tarjetas-taxi para desplazamientos de los Senadores en la Comunidad de Madrid”.
La mencionada descripción se realiza en el Fundamento de Derecho QUINTO, en el que se transcribe el artículo 24.1 del Reglamento del Senado y el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 30 de noviembre de 2010 que regula el régimen de uso de dichas tarjetas.
TERCERO.- Con fecha 4 de agosto, desde la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Senado, se comunicó a D. xxx la resolución de la Mesa del Senado, de 2 de agosto de 2016, en la que se especifica el régimen de impugnación aplicable, en virtud del cual “cabe recurso ante la Mesa del Senado, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, y recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.”
CUARTO.- xxx, al amparo del artículo 13 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, mediante escrito con entrada en registro de la Secretaría General del Senado el 2 de septiembre de 2016 (Anexo 3) interpone recurso potestativo ante la Mesa del Senado contra parte de la resolución de 2 de agosto de 2016, en concreto en lo relativo a la inadmisión de la petición de acceso al gasto total de las tarjetas-taxi durante la X y la XI Legislatura, individualizado por Senador.
En las conclusiones de su escrito, que conforman el petitum del recurso, xxx señala lo siguiente:
“Ruego que se reconsidere la inadmisión de la parte de la petición con número de referencia xxx, que requiere los datos de gasto en taxi de cada diputado [sic] para la X y XI Legislatura. Ante la necesidad de reelaboración para suministrar los totales, solicito la información en bruto, con independencia del número de documentos y los formatos en los que estén disponibles los datos.
Si hay datos considerados de carácter personal según la definición dada por el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP), ruego consideren el carácter de personas públicas y el destino finalista de las tarjetas de taxi dentro del ejercicio de sus funciones a la hora de ponderar, si fuera necesario, entre el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales.
Por último, en el caso hipotético de que se procediera a la ponderación y se decidiera primar la protección de datos personales, rogaría se entregara la información previa disociación o “anonimización” de los datos sensibles. Esta labor, de ser necesaria, quedaría excluida del supuesto de reelaboración aceptado como causa de inadmisión según recoge el punto 2, apartado II del Criterio Interpretativo CI/007/2015, de 12 de noviembre, emitido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano competente para “adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones” contenidas en la Ley 19/2016 [sic], de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTAIBG).”
PRIMERO.- La Mesa del Senado, en el ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 36.1.g) del Reglamento del Senado para “aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Senado”, aprobó en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, que regula las condiciones y el procedimiento para su ejercicio, así como el régimen de impugnación de las resoluciones adoptadas en esta materia, al que dedica su capítulo III (artículos 12 y 13).
SEGUNDO.- La Mesa del Senado es competente para conocer de los recursos potestativos interpuestos frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública sobre la actividad del Senado sujeta a Derecho administrativo a tenor de lo establecido en el artículo 13.1 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, circunstancia que concurre en el presente recurso.
CUARTO.- Pasando ya a abordar la cuestión objeto de controversia, es preciso recordar, como se señalaba en el Fundamento de Derecho TERCERO de la resolución recurrida, que la información solicitada, al referirse a las tarjetas-taxi que la Cámara pone a disposición de los Senadores, está relacionada con el ejercicio de funciones del Senado sujetas a Derecho administrativo. Ahora bien, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado el ejercicio de tal derecho se reconoce cuando recae sobre contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo, “en los términos previstos en esta Norma”. No se trata, por tanto, del ejercicio de un derecho ilimitado, pues la Norma contempla tanto causas de inadmisión como límites al ejercicio del derecho.
En concreto, la causa de inadmisión apreciada por la Mesa del Senado en su resolución de 2 de agosto de 2016 para denegar la solicitud de información sobre gasto total por Senador (con nombre y apellido) en la X legislatura y en la XI Legislatura (periodo comprendido entre enero de 2012 y junio de 2016) es la contemplada en el artículo 7.c) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado: que para su divulgación sea necesario realizar una acción previa de reelaboración. Cabe pues reiterar que, como se indicaba en el Fundamento de Derecho CUARTO de la resolución recurrida, para poder entregar la información con la estructura solicitada (gasto individualizado por Senador y Legislatura) sería imprescindible su “reelaboración haciendo uso de diferentes fuentes y soportes de información, que comprenden varios ejercicios presupuestarios y no están disponibles en una aplicación informática que permita extraer los datos y explotarlos”.
Así lo reconoce el propio recurrente en su escrito, en el que, tras agradecer a la Mesa “el acceso al resto de los gastos requeridos en la petición (gasto mensual de la Cámara en taxis), así como que la inadmisión se justifique con las motivaciones que llevan a tomar la decisión de inadmisión parcial”, manifiesta expresamente en dos ocasiones que considera “razonable” la inadmisión.
QUINTO.- En segundo lugar, el recurrente manifiesta en las conclusiones de su escrito de recurso que “ante la necesidad de reelaboración para suministrar los totales, solicito la información en bruto, con independencia del número de documentos y los formatos en los que estén disponibles los datos”.
En este punto el recurrente realiza una nueva petición, la de recibir los datos “en bruto”, no incluida en su escrito inicial de solicitud de acceso a la información, donde se limitaba a añadir, tras requerir el gasto total por Senador en la X y XI Legislatura (periodo comprendido entre enero de 2012 y junio de 2016) que “si no tuvieran toda la información de las fechas referidas, rogaría una información lo más aproximada posible al nivel de detalle solicitado”.
En este sentido, debe señalarse que el pronunciamiento de la resolución recurrida es congruente con el objeto concreto de la solicitud (conocer el gasto por Senador de las tarjetas-taxi en las Legislaturas X y XI) y no entra a considerar la petición subsidiaria de ofrecer, si la Cámara no dispusiera de toda la información requerida del período 2012 a junio de 2016, “una información lo más aproximada posible al nivel de detalle solicitado”, ya que el Senado solo ofrece informaciones exactas -y no meramente aproximadas- en el ejercicio de sus competencias y en aplicación de la normativa vigente sobre transparencia.
Ahora bien, la nueva petición que introduce xxx en su escrito de recurso, consistente en solicitar “la información en bruto, con independencia del número de documentos y los formatos en que estén disponibles los datos” incurre en la misma causa de inadmisión que la anterior y además en una nueva, la contemplada en el artículo 7.b) de la citada Norma reguladora, ya que se trata de información de carácter de auxiliar o de apoyo, utilizada exclusivamente a los efectos de comprobar el cumplimiento del acuerdo de la Mesa del Senado de 30 de noviembre de 2010 que regula el uso de las tarjetas-taxi y velar por la correcta tramitación de los documentos contables con los que se articula el pago de las facturas mensuales que presenta la empresa prestadora del servicio, en las que se totaliza el gasto de todos los Senadores sin incluir los apuntes correspondientes a cada servicio. Por tanto, la información solicitada, debido a su carácter meramente auxiliar, no ha sido organizada, sistematizada ni conservada de tal forma que pueda ser divulgada en los términos en los que se solicita, con las debidas garantías.
SEXTO.-El resto de las consideraciones del recurrente derivadas de su disposición a aceptar la información “en bruto”, sobre la que eventualmente habría que realizar la obligada ponderación entre el interés público en la divulgación y el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, y anonimizarla si se entendiese que prevalece este último, carecen de trascendencia para la resolución del presente recurso. Una vez apreciada la concurrencia de cualquiera de las causas de inadmisión mencionadas en el artículo 7 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado (ya sea la necesidad de realizar una tarea previa de reelaboración para proporcionar la información inicialmente solicitada –gasto mensual por Senador- o el carácter auxiliar o de apoyo de la información “en bruto” requerida en el escrito de recurso), no procede pronunciarse sobre el resto de las pretensiones planteadas por el recurrente.
Atendiendo a estas consideraciones, cabe concluir que la resolución de la Mesa del Senado de fecha 2 de agosto de 2016 es conforme a derecho ya que la inadmisión de la solicitud se realizó respetando plenamente lo dispuesto en la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014.
Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTA MESA, en el día de la fecha
Desestimar el recurso interpuesto por xxx contra la resolución de la Mesa del Senado de fecha 2 de agosto de 2016 por la que se inadmitió la parte de la solicitud de información con número de referencia xxx relativa al gasto total de las tarjetas-taxi durante la X y la XI Legislatura, individualizado por Senador, confirmando la resolución recurrida.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014.
Resolución del recurso potestativo: 11 de enero de 2016:
PRIMERO.- Con fecha de 21 de octubre de 2015 tuvo entrada a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de Información (SGSOLI) disponible a través de la página web del Senado, la solicitud de información formulada por XXX con el siguiente texto: “Me gustaría solicitarles un listado de las 500 páginas web más visitadas a través de las redes del Senado, desde enero de 2015 hasta el 30 de octubre de 2015. Les agradecería que el registro incluyera la URL y el número de veces que fueron visitadas dichas páginas web desde los dispositivos que utilizan las redes del Senado”.
SEGUNDO.- Con idéntica fecha se le asignó el siguiente Núm. de referencia: XXX.
PRIMERO.- La Mesa del Senado, en el ejercicio de la competencia reconocida en el artículo 36.1.g) del Reglamento del Senado para “aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Senado”, aprobó en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado (Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado, Serie D, número 451, de 9 de diciembre de 2014).
SEGUNDO.- La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información corresponde a la Mesa del Senado, a tenor de lo establecido en el artículo 2 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, que asimismo señala que cuando la información esté publicada en la web del Senado, las solicitudes sean contestadas por las unidades de información de la Secretaría General con competencia en la materia.
La Mesa de la Diputación Permanente del Senado, en su reunión del día 28 de octubre de 2015, ha acordado delegar en la Presidencia el ejercicio de las competencias que sean necesarias para la resolución de los asuntos urgentes.
TERCERO.- El artículo 1 de la precitada Norma delimita el ámbito objetivo al establecer que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a Derecho administrativo, obre en poder del Senado, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos, en los términos previstos en esta Norma”.
En virtud de este precepto, debe tenerse en cuenta que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública del Senado debe recaer sobre contenidos o documentos que obren en poder del Senado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o de su actividad sujeta a Derecho administrativo y que, además, sean públicos.
El Senado no ha desarrollado, en relación con el objeto de esta solicitud de información, este tipo de contenidos o documentos debido a que en el proceso de elaboración de estas estadísticas es inevitable que aparezcan las direcciones IP desde las que se consulta, lo que podría atentar contra el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la Constitución española) de cada usuario y el derecho al secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución española).
Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTA PRESIDENCIA
Inadmitir la solicitud de XXX ya que se refiere a información que no tiene carácter público.
Contra la presente Resolución cabe recurso ante la Mesa del Senado, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, y recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la citada Norma reguladora.
Resolución del recurso potestativo: 14 de abril de 2015:
VISTO el recurso interpuesto por D. xxx contra el acuerdo de la Mesa del Senado de fecha 20 de enero de 2015 por el que se inadmite la solicitud de información número de referencia xxx, la Mesa ha adoptado la siguiente resolución:
PRIMERO.- Con fecha de 16 de diciembre de 2014 tiene entrada a través de la aplicación SGSOLI, a saber, Sistema de Gestión de Solicitudes de Información disponible en la página web del Senado, la solicitud de información por parte de D. xxx con el siguiente texto: “Puesto que la normativa estatal que establece el marco general para las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo (viña en vaso a espaldera), Real Decreto 548/2013, ni en la Ley 24/2003, de la Viña y el Vino se regulan los espacios o viales que se deben dejar en el interior de una parcela de viñedo reestructurada, y que igualmente ocurre con la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, que tampoco lo tiene regulado y puesto que, esta reconversión es subvencionada con ayudas de la Unión Europea, les solicito: Me faciliten Organismo y dirección de donde debo dirigir mi queja con respeto a la falta de ordenación y normativa sobre la cuestión plantada”.
A dicha solicitud se le asigna el número de expediente xxx para su tramitación posterior.
SEGUNDO.- Tramitado el procedimiento conforme a la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, el 20 de enero acuerda “inadmitir la solicitud de información formulada por D. xxx, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.d) de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, ya que el objeto de la consulta se refiere a competencias de otra Administración, entidad u organismo.
Contra la presente Resolución cabe recurso ante la Mesa del Senado, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, y recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la citada Norma reguladora.”
TERCERO.- Mediante carta adjuntada en correo electrónico de 30 de enero, desde la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Senado se comunica a D. xxx el acuerdo de inadmisión de la Mesa.
CUARTO.- Frente a dicho acuerdo se interpone recurso potestativo ante la Mesa del Senado mediante correo electrónico enviado el 1 de febrero del presente año. En el recurso el solicitante alega que desea que sea la Mesa del Senado la que le facilite, pese a no tener competencia al respecto, la información sobre a qué administración, entidad u organismo debe dirigirse para plantear sus dudas, del siguiente modo: “En referencia a la consulta formulada con núm. de referencia xxx, utilizando esta vía el pasado día 16/12/2014, y en referencia a la respuesta recibida conforme citan sobre la reunión de la Mesa del Senado del pasado día 20 de Enero, entiendo que si las competencias corresponden a otra Administración, entidad u organismo, no faciliten la información solicitada, AUNQUE LO ANTERIOR NO IMPIDE FACILITAR A LA MESA DEL SENADO LA IDENTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, ENTIDAD U ORGANISMO, QUE TIENE LA COMPETENCIA y que permita a este solicitante de información poder dirigirme a la Administración u Organismo que disponga de dichas competencias. Por lo anteriormente expuesto, Presento contra la Resolución de la Mesa del Senado reunida el pasado día 20 de Enero, RECURSO con carácter potestativo y al solo efecto de que se facilite al solicitante la identificación de la Administración, entidad u organismo que dispone de las competencias necesarias para facilitarme la información que solicité el pasado día 16 de Diciembre al Senado”.
PRIMERO.- La Mesa del Senado es competente para conocer del presente recurso potestativo de acceso a la información sobre la actividad del Senado sujeta a Derecho administrativo a tenor de lo establecido en el artículo 13.1 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado.
SEGUNDO.- El recurso ha sido interpuesto contra un acto susceptible de recurso en esta vía de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Norma, al referirse a resolución expresa en materia de acceso a la información sobre la actividad del Senado.
TERCERO.- El recurso ha sido interpuesto ante esta Mesa dentro del plazo establecido al efecto en el artículo 13 de la Norma, al no haber transcurrido el plazo de un mes entre la notificación del acuerdo y la de entrada del recurso en el correo electrónico de la Cámara.
CUARTO.- Pasando ya a abordar la cuestión objeto de debate, hemos de dilucidar por un lado si cabe entender que la solicitud de información formulada entra dentro de las competencias del Senado. Y por otro, si pese a ello en la resolución de la Mesa del Senado se debió indicar el órgano que pudiera ser competente por razón de la materia, tal y como solicita xxx.
Partiendo del hecho de que la competencia la constituye el conjunto de atribuciones, funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye; la propia Constitución otorga a las Cortes Generales, y por ende al Senado, la potestad legislativa del Estado, el control de la acción del Gobierno, la función financiera, además de otras específicas como son las derivadas de su propia autonomía que generan la potestad de establecer sus propios Reglamentos, aprobar autónomamente sus presupuestos o regular el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, entre otras. Cuestiones que en nada tienen que ver con los temas relativos a la falta de ordenación en materia de reconversión y reestructuración del viñedo, salvo que se estuviera tramitando alguna iniciativa legislativa de alcance general sobre la materia, que no es el caso.
En este sentido se manifiesta taxativamente el artículo 1 de la Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, que determina que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a Derecho administrativo, obre en poder del Senado, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos, en los términos previstos en esta Norma”, inadmitiéndose a trámite, “mediante resolución motivada, las solicitudes:… d)Dirigidas o que se refieran a competencias de otra Administración, entidad u organismo” (artículo 7).
Asimismo, la falta de competencia determina la imposibilidad de actuación por parte de la administración que corresponda, en este caso la administración del Senado. Siendo además nula de pleno derecho la actuación sobre materias que se encuentren fuera de la competencia de la misma como establece el artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) “los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio”.
Por lo que hemos de concluir que la resolución de la Mesa del Senado de fecha 20 de enero de 2015 es conforme a derecho ya que el objeto de la consulta no forma parte de las competencias que le son propias al Senado, por lo que la inadmisión de la solicitud se realizó respetando plenamente lo dispuesto en el artículo 7 de la mencionada Norma.
No obstante, en el recurso que el actor interpone el 1 de febrero del presente año solicita que, pese a que el Senado sea incompetente por razón de la materia, se le aporte la información sobre a qué administración, entidad u organismo debe dirigirse para plantear sus dudas.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de aplicación supletoria, en su artículo 18 establece que se han de inadmitir por parte de la administración las solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente (artículo 18.1.d)). Y añade en su apartado 2 que “en el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”.
Por ello, y pese a no ser competencia de esta institución la materia en cuestión, sí procede informar a D. xxx sobre quién podría ser competente para resolver la solicitud de información.
A juicio del Senado, sería competencia del Gobierno y/o las Cortes de Castilla La Mancha, ya que en principio el Estado únicamente tiene competencia para dictar la legislación básica (artículo 149.1.13ª de la Constitución), siendo su desarrollo particular competencia autonómica. Y, en su caso, del Consejo de la Unión Europea que prevé programas de ayuda nacional para la reestructuración y la reconversión de viñedos (Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que modifica los Reglamentos (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 y (CE) n° 3/2008, y que deroga los Reglamentos (CEE) n° 2392/86 y (CE) n° 1493/1999).
Consecuentemente, no cabe sino estimar el presente recurso ya que, aunque el Senado actuó correctamente al considerarse incompetente para conocer de la materia que estaba fuera de sus competencias, en su resolución debió indicar el órgano que a juicio del mismo pudiera ser competente.
Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTA MESA, en sesión celebrada en el día de la fecha
Estimar el recurso interpuesto por D. xxx contra el acuerdo de la Mesa del Senado de fecha 20 de enero de 2015 por el que se inadmitió la solicitud de información con número de referencia xxx, suministrando la información solicitada.
La solicitud de informe al Gobierno con número de expediente 689/000506 sobre el control financiero a las empresas del carbón, de las ayudas al funcionamiento y reducción de la actividad de la industria minera y sobre las ayudas destinadas a cubrir las cargas excepcionales vinculadas a planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras de los ejercicios 1998 a 2001, presentada por un Senador, con fecha 26 de noviembre de 2014 y calificada por la Mesa del Senado en su reunión de 2 de diciembre de 2014, no ha sido hasta la fecha contestada por el Gobierno, ni el Senador autor de la iniciativa ha reiterado la solicitud o recabado el amparo de la Mesa del Senado.
Solicitud por la que se requiere copia del examen realizado por el aspirante en un proceso selectivo de programadores con destino en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado
Fecha de la solicitud: 19 de febrero de 2018
Conceder el acceso a la información solicitada.
Solicitud relativa a diversos aspectos de los puntos de carga eléctrica instalados en el Senado.
Fecha de la solicitud: 27 de marzo de 2019
Resolución del Presidente del Senado por delegación de la Mesa de la Diputación Permanente: 11 de abril de 2019
La Mesa del Senado, en su reunión de 24 de abril de 2018, aprobó el expediente de contratación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de suministro para el arrendamiento de vehículos con destino al Senado. En Resolución de la Mesa del Senado de 30 de octubre de 2018 se adjudicó el contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, con mantenimiento y seguro incluidos, de 18 vehículos de bajo impacto medioambiental destinados al Senado, clasificados en 2 lotes:
Lote 1: 14 vehículos berlina de representación (la oferta adjudicataria consiste en vehículos híbridos enchufables).
Lote 2: 4 vehículos berlina (la oferta adjudicataria consiste en vehículos híbridos no enchufables).
Para los vehículos enchufables el pliego de prescripciones técnicas, en la cláusula 2.2 “Postes de recarga” establece que el “el adjudicatario tendrá que asumir en su oferta el suministro y conexión de un poste de recarga para cada uno de los vehículos a suministrar, así como el mantenimiento de los postes durante la duración del contrato. Dicha conexión se llevará a cabo en el garaje del Senado, en el lugar que se designe al efecto, que contará con la acometida eléctrica necesaria”.
Puede consultarse todo el procedimiento contractual referido en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que está alojado el Perfil de Contratante del Senado.
Cabe señalar que no se trata de vehículos eléctricos, sino de vehículos híbridos enchufables (14), cuya carga eléctrica está prevista a través de 14 postes Wallbox.
Los puntos de recarga están instalados en las plazas de aparcamiento de los 14 vehículos berlina de representación, únicos usuarios habilitados para su uso, mediante un temporizador en el cuadro eléctrico para que la alimentación eléctrica se produzca entre las 00:00 y las 08:00 horas, período en el que se aplica la tarifa P6 de electricidad.
Por otro lado, no consta en el Senado el desglose del coste unitario, por hora o total, referido exclusivamente al servicio de recarga de vehículos.
Solicitud por la que se requieren las retribuciones de Senadores durante 2012-2019
Conceder el acceso a la información solicitada
Solicitud por la que se requiere el gasto de las tarjetas taxi en la XII Legislatura
Fecha de la solicitud: 28 de febrero de 2019
Resolución del Presidente del Senado por delegación de la Mesa de la Diputación Permanente: 26 de marzo de 2019
Conceder el acceso a la información solicitada: 785.123,95 euros
Solicitud por la que se requieren las retribuciones de Senadores durante 2002-2017
Fecha de la solicitud: 24 de noviembre de 2017
Resolución del Presidente del Senado por delegación de la Mesa de la Diputación Permanente: 12 de diciembre de 2017

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