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Timestamp: 2017-08-23 01:00:25+00:00

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Declaración del XIV Encuentro de Magistradas de Iberoamérica
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1. DECLARACIÓN DEL XIV ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LOS MÁS ALTOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DE IBEROAMÉRICA “Por una Justicia de Género” Cochabamba, Bolivia PREÁMBULO Nosotras, las mujeres que integramos los MÁS ALTOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DE IBEROAMÉRICA, reunidas en el XIV Encuentro de Magistradas “Por una Justicia de Género”. Considerando que el acceso a la justicia constituye la primera línea en la defensa de los derechos humanos y que los estándares mínimos para garantizar estos derechos se encuentran consagrados en numerosos instrumentos internacionales, tanto pertenecientes al sistema regional como al universal. Instrumentos interamericanos e internacionales como la Declaración Americana, la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW reafirman el derecho de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz, y a contar con las debidas garantías de protección cuando denuncien hechos de violencia. En igual sentido, dichos instrumentos sientan como principio la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia en la prevención, juzgamiento, sanción y reparación de actos de violencia. Recononciendo que la Declaración Americana y la Convención Americana han consagrado los principios básicos y las obligaciones vinculadas con el derecho de acceder a una adecuada protección judicial. Así, los artículos XVIII de la Declaración Americana, y los artículos 8 y 25 de la Convención
2. Americana establecen que todas las personas tienen el derecho de acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, cuando consideran que sus derechos han sido violados. Conscientes de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 proclama que su contenido se aplica a todos los seres humanos incondicionalmente “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición”1; además establece un conjunto de derechos relacionados con la administración de justicia como lo son: el derecho a un recurso efectivo ante tribunales competentes2, a no ser detenida arbitrariamente3, el derecho a la justicia en condiciones de igualdad4 y el derecho a la presunción de inocencia5. Tomando en cuenta que el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966 constituyen instrumentos internacionales importantes en la realización más efectiva de los mencionados derechos6; y que en ellos se reconoce también, como primordial, el derecho de contar con recursos jurídicos7, y con una justicia pronta y cumplida en condiciones de igualdad8. 1 Artículo 2 Declaración Universal de Derechos Humanos. 2 Artículo 8 Declaración Universal de Derechos Humanos. 3 Artículo 9 Declaración Universal de Derecho Humanos. 4 Artículo 10 Declaración Universal de Derechos Humanos. 5 Artículo 11 Declaración Universal de Derechos Humanos. 6 Res. 220/A/XXI. 7 Artículo 2, inciso 3 b “La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recursos judiciales. 8 Artículo 14.
3. Reconociendoel derecho de las mujeres a una tutela judicial efectiva, como ha quedado consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “CEDAW”), se afirma que la CEDAW es un instrumento fundamental para el acceso de las mujeres a la justicia por cuanto que ha sidodiseñada con el objetivo de promover la igualdad de jure y de factoen el ejercicio de los derechos humanos de mujeres y hombres, y de sus libertades fundamentales.9 Concediendo que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer impone a Estados Partes la obligación de adoptar medidas jurídicas y procedimientos legales justos y eficaces a favor de la mujer que haya sido sometida a violencia, los cuales incluyen, entre otros, las medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, así como el establecimiento de los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia obtenga resarcimiento efectivo, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Tomando en consideraciónque el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es asimismo un instrumento fundamental para la protección de los derechos de las mujeres indígenas y un medio de posibilitar el acceso a la justicia respetando su cosmovisión, tradiciones, cultura e idiomas. Evidenciando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de marzo de 2007 establece en su artículo 13 el derecho al acceso a la justicia de las mujeres en condición de discapacidad. Recordando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena de 1993 reconoce el acceso a la justicia como un Derecho Humano y establece el 9 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 25,Referente a medidas especiales de carácter temporal, U.N. Doc./CEDAW/C/2004/I/WP.1/Rev.1 (2004), sección II.
4. principio de que todo derecho fundamental debe interpretarse en forma progresiva. Afirmando que la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de las Naciones Unidas de 1995 en Beijing, establece en su declaración y programa la obligación de cada Estado de prever un marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos, que dispone además que las instituciones que se ocupan de la administración de justicia deben estar adecuadamente financiadas, y que la comunidad internacional debe prever un nivel más elevado de asistencia técnica y financiera para tales menesteres. Subrayando que la Convención de Belém do Pará consagra en su artículo 7 la obligación de debida diligencia de los Estados en los casos de violencia contra las mujeres, y recoge la gran preocupación hemisférica sobre la gravedad de este problema.10 Estatuye que la adecuada protección judicial es fundamental para lograr la erradicación del problema de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Recordandoque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos tiene el derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.11 Evocandolas Recomendaciones 22 y 25 del Comité de la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, las que establecen que la administración de justicia es un servicio público que el Estado debe proporcionar a hombres y mujeres según sus necesidades, que debe ser un servicio público integrado por hombres y mujeres, y que el Estado está 10 Véase, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", artículo 8. 11 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, párr. 48.
5. obligado a velar porque no haya discriminación a la hora de conformar los cuadros del estamento del funcionariado12. Asimismo se recuerda que el Estado está obligado a tomar todas las medidas necesarias para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en la administración de justicia, incluyendo las medidas temporales de acción positiva13. Recordando la Recomendación General 28 del Comité CEDAW, que ha afirmado que la obligación de eliminar la discriminación cometida por cualquier actor público o privado, asumida por los Estados Partes, comprende la toma medidas que aseguren a las mujeres la posibilidad de presentar denuncias en caso de violaciones de los derechos consagrados en la Convención, así como el acceso a recursos efectivos, el establecimiento de mecanismos de protección jurídica de los derechos de la mujer en pie de igualdad con el hombre, y la garantía, mediante los tribunales nacionales y otras instituciones públicas competentes, de la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación14 . Los Estados Partes también tienen la obligación de asegurar a las mujeres la protección contra la discriminación cometida por las autoridades públicas y el Poder Judicial; protección que debe ser otorgada por tribunales competentes y otras instituciones públicas15. Valorar la participación y el trabajo de las mujeres en la administración de la cosa pública en los diferentes niveles de Estado, en consecuencia las mujeres debemos respetar los derechos de las mujeres para lograr el respeto de los demás. 12 Recomendación N 22. 13 Recomendación 25. 14 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 28, Relativa al Artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 16 de diciembre de 2010, párr. 36. 15 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 28, Relativa al Artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 16 de diciembre de 2010, párr. 34.
6. Considerando que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas reafirma los derechos políticos a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, a votar y ser elegidos, a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Declaramos cuanto sigue: 1. Exhortar a los Poderes Públicos a hacer efectiva la transversalidad de la perspectiva de género y la identidad cultural en el acceso a la justicia. 2. Alentaral Sistema de Justicia a promover políticas y estrategias con visión de género, para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. 3. Promover en el sistema de justicia el desarrollo de una política de acceso a la justicia, que facilite la igualdad y la no discriminación de las mujeres, tomando en cuenta que el derecho, en cuanto constructo cultural del sistema patriarcal, produce y reproduce una representación de las personas y de sus relaciones recíprocas, y por tanto define quién es sujeto de derechos. 4. Promover la creación y el fortalecimiento de Unidades o Secretarías de Género como instancias cardinales dentro los Poderes u Órganos judiciales, dedicadas al fomento del derecho humano de acceso de las mujeres a la justicia. 5. Promover la incorporación de actividades concretas, que garanticen el acceso real de las mujeres a la justicia,en la planificación y presupuestos anuales de las instituciones que conforman los sistemas de justicia. 6.Valorar los esfuerzos de los sistemas de justicia de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana para impulsar la aplicación de las Reglas Regionales de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, aprobadas en el Segundo Encuentro “Integradas con Seguridad”, organizado por la Corte Centroamericana de Justicia.
7. 7. Declarar inadmisible y rechazartodo acto de violencia,de cualquier naturaleza, contra las mujeres que integran el sistema de justicia, sea ella simbólica, estructural o institucional, en el entendido de que éstas legitiman y refuerzan las demás formas de violencia contra las mujeres que se dan en la sociedad, exhortando a los Poderes Públicos a sancionar oportuna y drásticamente estos hechos. 8. Realizar acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y toda forma de discriminación contra las mujeres en todas las estructuras de poder de los estamentos de justicia. 9. Incluir el enfoque de interseccionalidad, desde una perspectiva de género, en las políticas y las acciones que garantizan el acceso a la justicia,conforme lo indica la Recomendación 28 del Comité de la CEDAW. 10. Promover que se incorpore la interpretación con perspectiva de género en la fijación de la premisa fáctica de la norma y en la valoración de las pruebas. 11. Propiciar que en la interpretación de las normas del debido proceso se considere a las personas en su diversidad de situaciones y condiciones. 12. Exhortar al sistema judicial a prestar especial atención a los procesos de mujeres en situación de vulnerabilidad (indígenas originarias campesinas, afrodescendientes, agricultoras, mujeres en estado de discapacidad, niñas y adolescentes, mujeres adultas mayores e inmigrantes, entre otras). 13. Promover el derecho de defensa gratuita en todas las jurisdicciones en condiciones de igualdad y con perspectiva de género, a fin de permitir el acceso efectivo de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a la justicia. 14. Garantizar que la tutela jurisdiccional incorpore la perspectiva de género, tanto en el acceso al proceso como para la participación efectiva en etapas previas y durante su desarrollo. 15. Erradicar las prácticas de revictimización dentrodel sistema de administración de justicia,y su funesto resultado de constituir unobstáculo al
8. acceso efectivo a los servicios judiciales y hasta la conclusión del proceso. 16. Cumplir con la obligación de la debida diligencia en la prevención, protección, detección, investigación, sanción y erradicación de la violencia, y la discriminación contra las mujeres, que les competen a los órganos del sistema de justicia. 17.Promover la implementación de la justicia restaurativa desde una perspectiva de género, que facilite el acceso de las mujeres a la justicia. 18. Incorporar la perspectiva de género en los sistemas que emplean la oralidad en sus procesos; complementándola con la adopción de buenas prácticas, tales como la coordinación interseccional en la capacitación y sensibilización de los operadores del sistema de justicia y en la elaboración de políticas públicas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, entre otras. 19. Promover donde corresponda la creación y el desarrollo de órganos jurisdiccionales especializados para el acceso a de las mujeres la justicia, en el ámbito de la violencia de género contra las mujeres, de las relaciones familiares y las pensiones alimentarias, entre otros. 20. Promover acciones que permitan cumplir el derecho de las mujeres víctimas de violencia a un recurso sencillo, rápido y efectivo. 21. Propiciar la incorporación de medidas de acción afirmativa para el acceso de las mujeres a la carrera judicial y a la administración de justicia. 22. Crear y en su caso fortalecer los Observatorios de Justicia y Género para la actualización normativa, doctrinaria y jurisprudencial, y el monitoreo de casos de violencia contra las mujeres en el seno de los órganos judiciales, para evaluar la efectiva implementación de las leyes contra la violencia sobre las mujeres. Sus funciones son de análisis a través de datos estadísticos fiables, coordinación con otras instituciones y formular propuestas de mejora de la respuesta judicial contra la violencia sobre las mujeres. 23. Promoveren el Sistema Judicial la transversalización de la cosmovisión
9. indígena en el acceso a la justicia, desde la óptica de los principios del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, así como también recomendar que en la justicia indígena se transversalicen los derechos humanos de las mujeres, con un enfoque de género, dentro del marco de la CEDAW y de Belém do Pará. 24. Comisionar a las magistradas indígenas para que, con el apoyo de la secretaria técnica, promuevan un desarrollo propio de la teoría de género y del acceso a la justicia, desde la cosmovisión de los pueblos originarios de América. 25. Promover el intercambio, divulgación e implementación de las buenas prácticas para el acceso de las mujeres a la justicia,a través de los Poderes Judiciales que integran el Encuentro de Magistradas. 26. Exhortar a la Cumbres Judiciales Iberoamericanas a que incorporen en su trabajo las declaraciones de los Encuentros de las Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica. 27. Comisionar a la Secretaria Técnica de los Encuentros de Magistradas de los más Altos órganos de Justicia a sistematizar y divulgar las buenas prácticas identificadas y la jurisprudencia con perspectiva de género, para lo cual podrán contar con el apoyo de los órganos jurisdiccionales. 28. Apoyara la Secretaría Técnica del Encuentro de Magistradas, la Fundación Justicia y Género, en la tarea de promover la implementación de las Declaraciones de Magistradas y su plan de ejecución. 29. Agradecer al Estado Plurinacional de Bolivia,a sus altos órganos de administración de justicia: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional Plurinacional, y en especial a la Comisión de Género, por su excelente trabajo, en la organización del XIV Encuentro de Magistradas, felicitando la iniciativa de su conformación, e instándoles a seguir avanzando en el cumplimiento del Plan de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica.
10. 30. Agradecer especialmente a la Presidenta del Consejo de la Magistratura Dra. Cristina Mamani. A la Gobernación del Departamento de Cochabamba, al Consejo Municipal de Tiquipaya y a las juezas bolivianas por su calurosa hospitalidad. Cochabamba, 28 de noviembre de 2013
Datos estadisticos felcc primer trimestre 2015
Carta del Ministro de la Presidencia a Comcipo
Tráfico Aéreo Comunidad Andina
Perfil de los seis vocales electorales elegidos por la ALP
Lista postulantes a vocales del TSE habilitados
BCB pone en circulación 47.000 nuevos billetes de Bs50

References: Artículo 2
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 2
 Artículo 14
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 8
 Artículo 2
 Artículo 2