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Timestamp: 2018-01-20 22:46:28+00:00

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por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:16 am
Secciones 2423 (f), 2246 (2) y 1591 (c), con J.A.A., una niña
que, en toda instancia material a esta acusación oficial no
había alcanzado la edad de dieciséis años" (según traducción
obrante a fs. 167/168 del original agregado a fs. 143).
4°) Que la imputación a Hinojosa Benavides formulada
por las autoridades norteamericanas tuvo su origen Csegún la
declaración jurada de la fiscal Schmidt, fs. 153 y sgtes.C en
una investigación realizada en la República de Chile, que
reveló que "(...) desde al menos el mes de octubre de 2003, y
en forma continuada hasta la salida de Benavides desde Chile
hacia Argentina en abril de 2004, Benavides les dio a numerosas
niñas chilenas de 14 años o menores, cantidades simbólicas
de dinero (tales como de $ 5.00 a $ 10.00 dólares estadounidenses)
y/u otros artículos, a cambio de que le practicaran
el sexo oral" (conf. fs. 154).
5°) Que el país requirente calificó la conducta
atribuida a Hinojosa Benavides como "comportamiento sexual
ilícito en localidades en el extranjero" en violación a la
Sección 2423 (c) del Título 18 del U.S. Code "Incurrir en
conducta sexual ilícita en el extranjero", en el que se reprime
a "cualquier ciudadano de los Estados Unidos o extranjero
admitido para la residencia permanente que se desplace en
comercio exterior, e incurra en cualquier conducta sexual
ilícita con otra persona será sancionada con una multa conforme
a este Título o con prisión por un plazo que no exceda
30 años, o con ambas penas" (según traducción obrante a fs.
172/173 de los textos legales en idioma original agregados a
fs. 147/148).
6°) Que con relación al agravio fundado en el principio
de la "doble incriminación" cabe señalar, de conformidad
con lo afirmado por el señor Procurador Fiscal en el dictamen
que antecede, que la expresión "comercio exterior" incluida en
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:17 am
el tipo penal extranjero no constituye óbice para que el
delito sea extraditable. Ello surge con claridad del art.
2.3.b. del Tratado de Extradición con Estados Unidos de
América Caprobado por ley 25.126C aplicable, en el que se
establece que: "a los fines del presente artículo, un delito
será extraditable independientemente de que: (...) (b) El
delito fuera o no un delito para el cual las leyes federales
de los Estados Unidos de América requieren la constatación de
elementos tales como el transporte interestatal o, el uso de
correos u otras facilidades que afecten el comercio interestatal
o extranjero, siendo el propósito de tales elementos
establecer la jurisdicción en los Tribunales Federales de los
Estados Unidos de América".
7°) Que el agravio restante, catalogado por la defensa
como "violación al non bis in idem", se refiere, en
rigor, a la circunstancia de que se haya planteado ante esta
jurisdicción un supuesto de concurrencia de solicitudes de
extradición que recaen sobre un mismo hecho. Tales supuestos,
de solución específicamente regulada en el tratado de extradición
aplicable, no pueden ser calificados, sin más ni más
como violatorios de la prohibición de persecución penal múltiple.
En efecto, la alternativa que aquí se presenta se encuentra
prevista en el art. 14 del instrumento internacional
citado, bajo el título "Concurrencia de solicitudes". En él se
establece que "Si una de las Partes recibiere una solicitud de
la otra Parte y también de Terceros Estados por la extradición
de la misma persona, ya sea por el mismo delito o por delitos
diferentes, la autoridad competente del Estado Requerido
determinará a cuál Estado entregará a esa persona" (sin
destacar en el original). De este modo, no existe fundamento
alguno para sostener la existencia de múltiple persecución.
8°) Que el artículo en cuestión enuncia, asimismo,
los "factores pertinentes" que han de guiar la decisión de
preferencia en favor de una u otra solicitud por parte de la
"autoridad competente", que, para los Estados Unidos de América,
"se refiere a las autoridades pertinentes de la Autoridad
Ejecutiva" (art. 20).
9°) Que si bien el tratado no señala expresamente
cuál es la "autoridad competente" equivalente para la República
Argentina, es la legislación interna sobre extradición
la que soluciona el punto. En efecto, los arts. 15, 16 y 17 de
la ley 24.767 regulan el supuesto de concurrencia de solicitudes
de extradición. De dichas reglas se desprende, en lo
que aquí interesa, que en el reparto de competencias en esta
materia, el legislador optó por asignar al "gobierno" el carácter
de "autoridad competente" para establecer la preferencia
entre los estados requirentes.
10) Que, en este orden de ideas, no cabe duda de que
el "gobierno" es el Poder Ejecutivo Nacional, tal como surge
del citado art. 17, que establece que "sin perjuicio de la
preferencia que el gobierno determine, podrá dar curso a más
de un pedido". Dentro del sistema de la ley 24.767, el Poder
Ejecutivo es el único poder del Estado con competencia para
dar curso a los pedidos de extradición, por sí o por
delegación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (art. 22, ley cit.).
11) Que, en tales condiciones, la pretensión del
apelante Cparcialmente coincidente con lo argumentado por el
señor Procurador FiscalC de que esta Corte, por sí, sea quien
decida la preferencia en favor de la República de Chile por
aplicación estricta del principio territorial, resulta improcedente.
Ello por cuanto es al Poder Ejecutivo Nacional a
quien le corresponderá, en el momento de adoptar la "decisión
final" (arts. 35 y sgtes., ley 24.767), determinar dicha cir
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:18 am
cunstancia, tomando en consideración los factores pertinentes,
conforme las normas que regulan las relaciones bilaterales en
cuestiones de cooperación en materia penal.
Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se confirma
la resolución apelada en cuanto declaró procedente la extradición
de Isidro Hinojosa Benavides a los Estados Unidos de
América para ser juzgado por el delito previsto y reprimido en
la Sección 2423 (c) del Título 18 del U.S. Code. Hágase saber
y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA
I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (en
disidencia)- CARMEN M. ARGIBAY.
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:19 am
-//DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI
1°) Que contra la sentencia del Juzgado Federal N° 1
de Mendoza que declaró procedente la extradición del ciudadano
estadounidense Isidro Hinojosa Benavides solicitada por
Estados Unidos para su juzgamiento por el delito previsto en
la Sección 2423 (c) del Título 18 del Código de los Estados
Unidos (fallo de fs. 669 y sus fundamentos a fs. 671/674), se
dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido. Concretamente,
la acusación consiste en que "...desde al menos el
mes de octubre de 2003, y en forma continuada hasta la salida
de Benavides desde Chile hacia Argentina en abril de 2004,
Benavides les dio a numerosas niñas chilenas de 14 años o
menores, cantidades simbólicas de dinero (tales como de $ 5.00
a $ 10.00 dólares estadounidenses) y/u otros artículos, a
cambio de que le practicaran el sexo oral" (conf. fs. 154).
2°) Que para resolver de ese modo, el juez federal
consideró cumplidos los requisitos establecidos en el tratado
En segundo término, y teniendo en cuenta que el delito por el
que se solicita la extradición del causante habría sido cometido fuera del
territorio del Estado Requirente, debe analizarse si se encuentra cumplido
el extremo consignado en el apartado (b) del art. 4° del Tratado, es decir,
si nuestras leyes disponen del castigo de un delito cometido fuera de
nuestro territorio en circunstancias semejantes.
Unidos reprime a los nacionales de ese Estado que se desplacen internacionalmente
e incurran en cualquier conducta sexual ilícita en el extranjero
(fs. 155/156 y 172).
En principio, la legislación penal y procesal argentina no
prevé tal caso. No obstante ello, la Convención sobre los Derechos del
Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 con jerarquía
superior a las leyes, y su Protocolo Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía,
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:21 am
aprobado por la Argentina mediante Ley N° 25.763, otorgan jurisdicción con
respecto al delito endilgado al causante en estos autos cuando el presunto
delincuente sea nacional del Estado Argentino o tenga residencia habitual
en su territorio (art. 4.2.a y art. 3.1.ii.b del Protocolo).
Ahora bien, en cuanto a la necesidad de reglamentación de la
norma citada, que dispone que: "...todo Estado parte podrá adoptar las
disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción...", cabe
recordar que nuestro Máximo Tribunal ha fijado una posición clara al respecto,
al sostener en un reconocido pronunciamiento que: "...debe tenerse
presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado,
se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y
jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple,
siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales
supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es
operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que
puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba
establecer el Congreso..." (Fallos: 315:1492), lo que estimo aplicable al
Atento a ello, puede concluirse que el art. 119 de nuestro
Código Penal es aplicable en los casos en que la conducta que el tipo
describe, haya sido llevada a cabo por un nacional de nuestro país en el
3°) Que, en efecto, el Tratado de Extradición con
Estados Unidos (ley 25.126) establece que "se otorgará la
extradición por aquellos delitos que se hayan cometido en su
totalidad o en parte dentro del territorio del Estado Requirente,
que a los efectos de este Artículo incluye todos los
lugares sometidos a su jurisdicción penal. También se otorgará
la extradición para aquellos delitos cometidos fuera del
territorio del Estado Requirente si: (a) la acción o acciones
que constituyen el delito producen efecto en el territorio del
Estado Requirente; o (b) las leyes del Estado Requerido
disponen el castigo de un delito cometido fuera de su territorio
en circunstancias semejantes" (artículo 2.4, el subrayado no es del original).
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:22 am
4°) Que tanto el juez federal como el señor Procurador
Fiscal sostienen que esta cláusula del inciso (b) remite
a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Protocolo
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de los Niños en la Pornografía, que la complementa
(aprobado por ley 25.763); específicamente, al art. 4 de este
último en cuanto dispone que "1. Todo Estado Parte adoptará
las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción
con respecto a los delitos a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su
territorio o a bordo de un buque o una aeronave que enarbolen
su pabellón. 2. Todo Estado Parte podrá adoptar las
disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción
con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 3 en los casos siguientes: a) Cuando el presunto
delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residencia
habitual en su territorio; b) Cuando la víctima sea nacional
de ese Estado" (el subrayado no es del original). A partir de
allí, con pretendido respaldo en el art. 4.2.a, consideran que
los hechos que motivan el pedido de entrega podrían ser
enjuiciables en la República Argentina en el supuesto de que
hubiesen sido cometidos por un nacional en el extranjero, y
que entonces Estados Unidos se encuentra habilitado para reclamar
esta extradición.
5°) Que, ciertamente, no resiste el análisis el
argumento de que nuestro país tendría jurisdicción para conocer
de hechos similares ocurridos en el extranjero. En efecto,
el art. 4° del Protocolo es suficientemente claro cuando
establece en qué casos un Estado parte "adoptará" (en el
apartado 1) y qué otros "podrá adoptar" (en el apartado 2) las
"disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción".
Esta diferenciación revela la voluntad del legisla
por Solo Derecho » Sab Ene 20, 2018 7:46 pm
Registrado: Sab Ene 20, 2018 7:46 pm
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:23 am
dor convencional de distinguir entre obligaciones internacionales
y facultades del Estado parte en la sanción de leyes que
habiliten la jurisdicción nacional con relación a los delitos
a que se refiere el artículo 3, inciso 1°, del Protocolo en
6°) Que como esta cláusula facultativa prevista en el
art. 4.2, que otorga al Estado parte una potestad discrecional
de instituir su jurisdicción penal para determinados delitos
sobre la base del principio de nacionalidad, no ha sido
implementada en el derecho interno por el Congreso, cabe
entender que esta "oferta de jurisdicción" prevista en el
Protocolo no ha sido aceptada.
7°) Que, en suma, al no haberse instituido la jurisdicción
penal para los supuestos contemplados en el art.
4.2 del Protocolo, cabe concluir que nuestro país no puede
perseguir un delito cometido fuera de su territorio en circunstancias
semejantes (art. 1 del Código Penal), razón por la
cual no corresponde otorgar la extradición (art. 2.4 del
Tratado de Extradición con Estados Unidos).
8°) Que, por ende, no guarda conexión con el tema
analizado lo que se sostuvo en el caso "Ekmekdjian" (Fallos:
315:1492) con relación a la operatividad del derecho de rectificación
o respuesta, sino la doctrina de esta Corte que
establece que los convenios y leyes de extradición no deben
ser entendidos exclusivamente como instrumentos de cooperación
judicial destinados a reglar las relaciones entre los Estados
en la materia, sino que deben considerarse como garantía
sustancial de que una persona no será entregada al Estado
extranjero sino en los casos y bajo las condiciones fijadas en
el tratado o en la ley, con respeto a los derechos humanos fundamentales (Fallos: 329:5203).
por ariel armando » Mié Ago 19, 2009 9:24 am
Por ello y oído el señor Procurador Fiscal, se revoca la
resolución apelada y se rechaza el pedido de extradición de
Isidro Hinojosa Benavides. Notifíquese y remítanse. E. RAUL
Abogados: Nilda Claudia Urriche y Carlos Andrés Adre.
Tribunales intervinientes: Juzgado Federal de Primera Instancia n° 1 de Mendoza.
por ariel armando » Vie Sep 18, 2009 11:21 pm
FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA. Principio de razón suficiente. Concepto. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. Reconocimiento impropio. Alcances y pautas para su valoración. ROBO CALIFICADO DE VEHÍCULOS DEJADOS EN LA VÍA PÚBLICA O EN UN LUGAR DE ACCESO PÚBLICO. Fundamento de la agravante. Custodio directo. Exigencias.
El caso: En contra de la sentencia que condenara al imputado -en lo que aquí interesa- como coautor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo acreditada (primer hecho) y robo calificado de vehículo dejado en lugar de acceso público en grado de tentativa (segundo hecho), todo en concurso real, imponiéndole la pena de cuatro años de prisión, la defensa deduce casación invocando el motivo formal. Se agravia por cuanto sostiene que la sentencia condenatoria adolece de falta de fundamentación, por inobservancia de las reglas de la sana crítica racional, concretamente del principio de razón suficiente, señalando la nulidad del reconocimiento efectuado. El tribunal resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto.
1. Toda resolución debe estar debidamente fundada (arts. 155 Const. Pcial., 142, 408 inc. 2º y 413, inc. 4º CPP), dado que la ley procesal, reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18, CN y 155, Const. Pcial.), y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la lógica, de la sicología y de la experiencia. Fundar o motivar las decisiones importa consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene. Consecuentemente la motivación debe ser derivada, es decir, debe respetar el principio de razón suficiente.
2. La observancia del principio de razón suficiente, en la fundamentación de una resolución jurisdiccional que requiere certeza acerca de la existencia de los extremos fácticos de la imputación delictiva, exige que la prueba en la que se basen las conclusiones a que se arribe en la sentencia, solo pueden dar fundamento a esas conclusiones y no a otras; o expresado de otro modo, que aquéllas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento.
3. El ordenamiento de rito establece para los reconocimientos en rueda de personas un mínimo de exigencias, dirigidas a acreditar ante la justicia la existencia y autenticidad, en la mente del reconociente, de la imagen percibida durante el delito y su conservación en la memoria de aquél. Sin embargo, también se encuentran los llamados reconocimientos impropios, los cuales importan una identificación realizada sin observar las formas prescriptas por el código para cualquier modalidad (personal o fotográfica), y ellos sólo pueden ser libremente valorados por el Tribunal, conforme las reglas de la sana crítica racional, siempre que sean espontáneos o, mejor dicho, casuales.
4. La mayor penalidad que prevé el art. 163, inc. 6 del CP, pretende amparar la mayor indefensión en la que se encuentran los vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, respecto de los cuales su propietario sólo ejerce una tenencia simbólica, puesta de manifiesto ya sea por la ubicación del vehículo, su cerramiento con llave, etc. En otros términos, el legislador ha intentado suplir la imposibilidad del dueño -por las características particulares del objeto- de tenerlo bajo resguardos materiales permanentes, de modo tal de proveerle una custodia ininterrumpida. Este agravamiento, atiende a la necesidad en que se encuentra el propietario de un vehículo de dejarlo en determinadas situaciones, que llevan consigo un riesgo para su conservación en la propia tenencia.
5. El vehículo es dejado en la vía pública o en lugares de acceso público, si quien lo tiene o maneja (propietario o tercero) o quienes lo ocupan, se han alejado de él por cualquier causa, quedando el vehículo sin una custodia directa y permanente. No son custodios directos los cuidadores callejeros, ni lo son las personas que ocasionalmente, pero sin vinculación con el vehículo se encuentran fuera de él y presencian la sustracción o su intento. Se considera custodio directo al encargado de una playa de estacionamiento en la cual el retiro de los vehículos solo puede hacerse mediante la restitución de la contraseña recibida al ingresar con aquél.
TSJ Sala Penal Cba., Sent. N° 129 del 26/05/2009, Trib. de origen: Cám. 8ª del Crimen Cba., “Reynoso, Ángel Iván p.s.a. Robo, etc. - Recurso de casación”.

References: resolución 
 artículo 3

artículo 3
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