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Timestamp: 2019-10-23 08:11:00+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-88 DE FEBRERO 26 DE 1997
SENTENCIA C-88 DE 26 DE FEBRERO DE 1997
CONTENIDO:NORMAS APLICABLES A LA FUERZA PÚBLICA EN PROCESOS DISCIPLINARIOS
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, LIMITACIONES A LA FUERZA PÚBLICA, FACULTADES DE LA FUERZA PÚBLICA, ACTOS DE LA FUERZA PÚBLICA, NORMAS DE LA POLICÍA NACIONAL, REGÍMENES DE LA FUERZA PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:305 DE MAYO DE 1997, PÁG.603
Sentencia C-088 de febrero 26 de 1997
NORMAS APLICABLES A LA FUERZA PÚBLICA
EXTRACTOS: «El texto acusado dispone:
“DECRETO NÚMERO 2584 DE 1993
Por el cual se modifica el reglamento de disciplina para la policía nacional.
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 62 de 1993 y oída la comisión especial integrada por los honorables miembros del Congreso designados por las mesas directivas de ambas cámaras,
De la suspensión disciplinaria provisional
ART. 79.—Suspensión disciplinaria provisional. Cuando la falta investigada afecte el prestigio institucional, la autoridad que ordenó la investigación o el investigador podrán solicitar al Ministerio de Defensa o director general de la Policía Nacional, según el caso, la suspensión disciplinaria hasta por sesenta (60) días sin derecho a sueldo, de la persona que esté siendo investigada; medida que puede solicitarse a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta.
PAR.—Contra la resolución de suspensión disciplinaria provisional, no procede recurso alguno y debe informarse inmediatamente al subdirector de recursos humanos para el trámite pertinente”.
Estima la Corte que la solución del problema se contrae solamente a determinar si la norma acusada se encuentra o no vigente; dependiendo del resultado de este análisis, se decidirá si el fallo es de mérito o inhibitorio.
2. Aplicación del Código Disciplinario Único a la Policía Nacional.
El Decreto 2584 de 1993, del cual hace parte la norma acusada, fue expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 62 de 1993 (art. 35).
Dicho decreto fue dictado con el objetivo de regular una materia específica, como es la disciplinaria, en relación con los actos y las conductas del personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional, así como de los alumnos de las escuelas de formación y especialización de dicha institución (art. 1º).
Se destaca la caracterización precedente, porque es necesario establecer, luego de una confrontación de sus objetivos, regulaciones y destinatarios, su vigencia normativa, que como se verá más adelante se encuentra afectada, en parte, con la reglamentación integral de la materia disciplinaria, salvo algunas excepciones, contenidas en el Código Único Disciplinario.
No ofrece duda alguna la norma del artículo 20 de dicho código en el sentido de que entre sus destinatarios se encuentran los miembros de la fuerza pública, la cual está compuesta por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (art. 216 C.P.).
En efecto, dispone el artículo 20:
“Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la comisión de la lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional”.
No obstante lo anterior, la Ley 200 de 1995 reconoce la vigencia de un régimen especial en materia disciplinaria aplicable a los miembros de la fuerza pública, aunque advierte que esa excepcionalidad sólo se predica en relación con las “normas sustantivas” contenidas en sus estatutos disciplinarios especiales o, lo que es lo mismo, que la actuación procesal, en cuanto regulación que demarca los términos en que se cumple la actividad que dinamiza los procesos disciplinarios, está contenida en forma exclusiva en el Estatuto Único Disciplinario. De ello no hay la menor duda, porque así lo dispone el artículo 175 de la Ley 200 de 1995, que dice:
“De los regímenes disciplinarios especiales aplicables a los miembros de la fuerza pública. En los procesos disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la fuerza pública se aplicarán las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y por el procedimiento señalado en este código, cualquiera sea la autoridad que adelante la investigación”.
Congruente con la preceptiva anterior el artículo 177 de la misma Ley 200, precisa y confirma la finalidad unificadora que anima el código(1), pues, como lo ha destacado la Corte, “si el legislador pretendía por medio del CDU unificar el derecho disciplinario, es perfectamente razonable que sus artículos se apliquen a todos los servidores públicos y deroguen los regímenes especiales, como es obvio, con las excepciones establecidas por la propia Constitución”. Dice la referida norma:
“Vigencia. Esta ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código”.
La salvedad que hizo el legislador obedeció, presumiblemente, a la idea de mantener un régimen especial disciplinario para la fuerza pública, en lo que concierne a los aspectos sustanciales, en atención a las especiales características de las funciones y actividades que cumplen sus miembros, que pueden ofrecer diferencias sustanciales con las que desarrollan el resto de los servidores del Estado.
No obstante la conservación de dicho régimen excepcional para la fuerza pública, en los aspectos de orden sustancial propios de su estatuto disciplinario, el legislador consideró que debía establecer una unidad en los procedimientos para la determinación de la responsabilidad disciplinaria, por considerar que los aspectos procesales pueden ser materia de regulaciones comunes que, por tanto, pueden ser aplicables por igual para investigar y sancionar la conducta de cualquier servidor público que incurra en falta disciplinaria.
3. Derogación de la norma acusada.
En punto a la suspensión provisional, el artículo 115 del Código Único Disciplinario dispuso:
“Suspensión provisional. Cuando la investigación verse sobre faltas gravísimas o graves, el nominador, por su iniciativa o a solicitud de quien adelanta la investigación, o el funcionario competente para ejecutar la sanción a solicitud del Procurador General de la Nación, o de quien delegue, podrán ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres meses, prorrogable hasta por otros tres meses, siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
Esta norma fue declarada exequible mediante la sentencia C-280/96.
Es de observar que esta norma es procesal, no sólo por su contenido instrumental, en cuanto regula una medida cautelar dentro del proceso disciplinario, sino porque el legislador expresamente la calificó como tal, si se tiene en cuenta que ella hace parte del capítulo VII del título V que regula la actuación procesal disciplinaria. Y por consiguiente, es de obligatoria aplicación en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la fuerza pública.
4. Fallo inhibitorio.
En las condiciones anotadas, para la Corte resulta evidente que la Ley 200 de 1995 subrogó las normas de procedimiento establecidas en el Decreto Ley 2584 de 1993 y, desde luego, la norma acusada que había regulado la figura de la suspensión provisional en los procesos disciplinarios de los miembros de la Policía Nacional. En tal virtud, la Corte deberá declararse inhibida para decidir el fondo de la cuestión controvertida.
Declararse INHIBIDA para resolver de mérito sobre la inconstitucionalidad del artículo 79 del Decreto 2584 de 1993, por encontrarse derogado.
(Sentencia C-088 de febrero 26 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

References: artículo 35
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 338
 artículo 175
 artículo 177
 artículo 175
 artículo 115
 artículo 79