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Timestamp: 2017-12-15 10:09:36+00:00

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Sentencia A.P. Madrid 317/2010 de 7 de mayo
Acción declarativa de dominio y negatoria de servidumbre: Se alega la insuficiencia de título de dominio y la necesidad de expediente de dominio. La sociedad demandante prueba la existencia de una única terraza privativa. Falta de prueba de la comunidad de propietarios. Cosa juzgada: No existe identidad alguna con el procedimiento interdictal resuelto. Incongruencia: Doctrina jurisprudencial. No hay incongruencia. Se resuelve sobre las cuestiones básicas planteadas.
SECCIÓN 20.ª
Rollo: RECURSO DE APELACION 142 /2009
JOSÉ MARÍA SALCEDO GENER
En MADRID, a siete de mayo de dos mil diez.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 476/2006, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 63 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 142/2009, en los que aparece como parte apelante CDAD. PROP. C/ DIRECCION000, NUM000 DE MADRID, representado por la procuradora D.ª ANA MARIA APARICIO CAROL, y como apelado AURANTIA 2003, S.L., representado por el procurador D. JORGE DELEITO GARCIA, sobre acción declarativa de dominio, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA SALCEDO GENER.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 63 de Madrid, en fecha 1 de septiembre de 2.008, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: 1.- Estimo íntegramente la demanda presentada por Aurantia 2003 S.L. contra la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 número NUM000 de Madrid y declaro que la propiedad de la terraza objeto del litigio pertenece íntegramente al propietario del ático A o derecha del edificio por tratarse de una anejo a dicho inmueble.- 2.- Declaro igualmente la inexistencia de servidumbre alguna obre la citada terraza, sin perjuicio de las obligaciones establecidas para todos los comuneros por la Ley de Propiedad Horizontal. 3.- Condeno a la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 número NUM000 a devolver a la parte actora la llave de acceso a la terraza y a respetar la libertad de cargas del dominio citado.- 4.- Condeno a la parte demandada al pago de las costas del pleito.".
Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.
Se aceptan básicamente los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.
Primero.-Los motivos del presente recurso de apelación formulado por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 n.º NUM000 de Madrid frente a la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia N.º 63 de esta capital de fecha 1 de septiembre de 2008 aclarada por auto de 26 de septiembre del mismo año son, en síntesis, los siguientes:
Parte el recurrente de una relación de hechos no controvertidos, presentando en este sentido los que considera determinantes de la prosperabilidad de su oposición a las pretensiones de la contraparte.
Vulneración del artículo 222 de la LEC y de la doctrina jurisprudencial de la cosa juzgada y ello en relación con la sentencia dictada por la Sección 21 de esta Audiencia que él considera recaída sobre los mismos hechos o similares a la presente controversia judicial.
Incorrecta interpretación del artículo 348 del Código Civil pues a su juicio se ha interpuesto una acción declarativa de dominio en lugar de una reivindicatoria.
Vulneración del artículo 348 del Código Civil dada la insuficiencia del título de dominio.
Vulneración del principio de congruencia de las resoluciones judiciales por introducirse una fundamentación jurídica en la resolución ajena al debate procesal.
Incorrecta aplicación del artículo 4 del Real Decreto 3148/78 de 10 de noviembre sobre Política de Vivienda.
Incorrecta valoración de la prueba practicada en Autos a lo que añade la inadmisión de la prueba de reconocimiento judicial propuesta por ambas partes.
Solicita en su consecuencia la revocación de la sentencia de instancia desestimando en su integridad la demanda rectora de estas actuaciones y la imposición de las costas en ambas instancias a la demandante.
A tales motivos se ha opuesto puntualmente la parte recurrida mediante su escrito presentado el 12 de diciembre de 2008, que damos por reproducido en todas sus alegaciones contrapuestas a las del recurso de apelación de la contraparte.
Segundo.-Con carácter previo debemos dejar sentado que la relación de hechos no controvertidos expuesta por la apelante son en realidad argumentos en apoyo de sus tesis que se valorarán en la presente resolución en unión de la totalidad de la prueba obrante en autos.
Girando el primer motivo impugnatorio del presente recurso en la pretendida vulneración del artículo 222 de la LEC y la doctrina jurisprudencial aplicable hay que partir de que con independencia de que según doctrina jurisprudencial constante anterior incluso a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil los juicios interdictales no tenían como consecuencia la cosa juzgada en sus dos vertientes positiva y negativa lo cierto es, que a partir de la redacción del artículo 447 de la LEC 1/2000 no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión.
Obviamente la cosa juzgada debe ser aplicada tanto en su vertiente positiva como negativa (STS 11 de marzo de1985, 20 de junio de 2.002 y 3 de diciembre de 2.002, entre otras) y la postura del apelante es contradictoria ya que si bien reconoce que el art. 447 de la LEC permite un nuevo planteamiento de la cuestión debatida no se explica cómo lo decidido en el primer proceso resulta vinculante en un hipotético proceso posterior.
En los procesos sumarios posesorios no se resuelve sobre la propiedad o los derechos reales que pueden recaer sobre la cosa sino que tan solo tienden a la protección de la posesión pero no a la del derecho a poseer.
En el supuesto que nos ocupa no existe identidad alguna con el procedimiento interdictal resuelto por la Sección 21.ª de esta Audiencia ya que como es lógico en dicho procedimiento se ventilaba exclusivamente la privación de una llave de acceso a la terraza requiriendo a la allí demandada abstenerse de realizar actos de perturbación de ese derecho de paso; en tanto que en el presente se ejercita acciones declarativas de dominio y negatoria de servidumbre sobre una parte concreta de una finca registral determinada.
Debe por tanto decaer este primer motivo del recurso.
Tercero.-En su segundo motivo impugnatorio se alega la incorrecta interpretación del art. 348 del Código Civil y por el apelante se estima que debían haberse ejercitado en primer lugar un expediente de dominio para conseguir la inscripción de un exceso de cabida y posteriormente una acción reivindicatoria sobre esa superficie previamente inscrita.
No es el presente momento procesal el adecuado para formular una excepción de inadecuación de procedimiento por razón de la materia cuestión ésta que en su caso debió plantearse en la Audiencia Previa al juicio (art. 416 de la LEC) y no se hizo por lo que ha precluido la oportunidad de su alegación de acuerdo con lo establecido en el art. 405.3 de la LEC.
No obstante la acción declarativa de dominio requiere para su ejercicio la acreditación del dominio e identidad de la finca y que por parte del demandado haya existido una negativa o se haya puesto en duda el alegado derecho. Pero además la acción reivindicatoria protege el derecho de propiedad del que ha sido despojado de la posesión y en este caso la posesión de la terraza no ha sido detentada por la apelante sino que es en el presente momento (y lo ha sido) poseída por la actora.
Tiene sentado nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 24 de abril y 19 de julio de 2.005, entre otras, que la acción declarativa de dominio es una de las llamadas acciones merodeclarativas cuya finalidad es la de hacer cesar una situación de inseguridad jurídica de modo que no intenta la condena del adversario sino que se declare por medio de sentencia la existencia de una determinada relación de derecho puesta en duda o discutida, buscándose no la obtención actual del conocimiento coercitivo del derecho sino su puesta en claro.
Cuarto.-En cuanto a la insuficiencia del título de dominio y por tanto la necesidad de un eventual expediente de dominio para completar, según el apelante, la superficie de la terraza hemos de indicar que en lo que se refiere a los lindes de la inscripción registral de la finca objeto de estas actuaciones no hay duda de que la terraza a que se hace referencia en la apelación se encuentra incluida dentro del perímetro marcado por los expresados lindes sin que se indique que la terraza privativa de esa finca registral tenga algún lindero con esa pretendida terraza, elemento común del inmueble total.
En cualquier caso se trata de una cuestión de prueba y como uno de los motivos del recurso hace referencia a la errónea valoración de la misma, es en dicho apartado donde examinaremos lo procedente sobre existencia o no de dos terrazas (una privativa y otra elemento común) sobre superficies, y sobre los demás puntos de discusión suscitados en el debate procesal.
No hay en el Registro de la Propiedad ni en la escritura de división horizontal (que debió ser aportada por la parte apelante) elemento alguno que contradiga la descripción registral actual de la finca de ático y de la terraza incluida en dicha descripción.
Quinto.-En cuanto a la vulneración del principio de congruencia de las resoluciones judiciales alegada por el apelante, como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1998, sobre la incongruencia hay una doctrina muy sólida y reiterada de la Sala Primera, que se recoge, entre otras muchas, en las SS de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo, 28 de octubre y 5 de noviembre de 1997 y 11 de febrero de 1998 en las que se declara que es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (infra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la incongruencia. Así, la sentencia 9/1998, de 13 de enero, con cita de otras anteriores, establece que: "Desde la perspectiva constitucional este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes";. En el mismo sentido cabe citar la STS de 20 de Marzo de 2.001 que dice: "la doctrina que esta Sala ha ido perfilando en torno al deber de congruencia que pesa sobre las sentencias, el cual conlleva la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está substancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible (SSTS 15-12-95, 7-11-95, 4-5-98, 10-6-98, 15-7-98, 21-7-98, 23-9-98, 1-3-99 y 31-5-99, entre otras muchas); de este modo, para determinar la incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda -sin atender a sus meros presupuestos (STC 222/94 y STS 17-2-92)- y los términos en que se expresa el fallo combatido (SSTS 22-4-88, 23-10-90, 14-11-91 y 25-1-94), estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, si bien esta permisión tiene como límite el respeto a la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras (SSTS 11-10-89, 16-4-93, 29-10-93, 23-12-93, 25-1-94 y 4-5-98, entre otras muchas)".
La sentencia no es incongruente pues resuelve sobre las cuestiones básicas planteadas aunque escoge como veremos en los fundamentos jurídicos siguientes una solución que puede no ser compartida pero que no se aparta de la causa de pedir (ni de la oposición a la misma). En realidad el apelante discrepa de la aplicación del principio "iura novit curia", efectuado por la Juzgadora en conformidad con lo dispuesto en el art. 218 de la LEC. El Tribunal no solo puede sino que debe aplicar el derecho que conoce como estime más acertado aunque no haya sido alegado por las partes siempre que se atenga a la causa de pedir.
Sexto.-El siguiente motivo del recurso es la concreción de la denuncia de incongruencia anteriormente tratada y se centra en la incorrecta aplicación del art. 4 del Real Decreto 3148/78 de 10 de Noviembre por entender que dicha disposición es de aplicación exclusivamente a las viviendas de protección oficial y por ende al no tratarse de una vivienda de dichas características la que nos ocupa carecería de sentido se aplicara a este supuesto.
Pero lo que la resolución recurrida ha efectuado es una remisión a la única norma de nuestro Ordenamiento Jurídico por ella conocida que define qué es la superficie útil en espacios abiertos, calificando ésta como la mitad de la superficie construida; siendo así que esta superficie construida es de 40 m2, la superficie útil sería de acuerdo con la norma citada sería el 50% de dicha superficie coincidente con la referida en la inscripción registral. Dos argumentos confirmarían este extremo: el primero es que tanto en la descripción registral de la vivienda como en la del trastero se distingue entre superficie construida y superficie útil lo que no ocurre con la terraza, en la que solo se describen los metros útiles; y el segundo, que en el informe de tasación obrante en autos y plano al mismo incorporado (folio 515 y siguientes), informe realizado en el año 1998 y anterior a la adquisición de la finca litigiosa por la hoy demandante se indica al describir la terraza de la vivienda 20,02 m2 útiles señalando entre paréntesis 50% (se supone que de la superficie construida).
Séptimo.-Denunciándose por último una errónea valoración de la prueba por parte de la Juzgadora a quo hemos de poner de manifiesto, como punto de partida, que la actividad intelectual de valoración de las pruebas se incardina en el ámbito propio de las facultades del Juzgador de instancia, que deberá llevar a cabo la evaluación de las mismas conforme a los rectos principios de la sana crítica, favorecida como se encuentra por la inmediación al deber presenciar personalmente el desarrollo de aquellas. De tal suerte que cuando se trata de valoración probatoria la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquella aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que no adolece de error, arbitrariedad, insuficiencia, incongruencia o contradicción.
Cuestión básica para resolver la presente litis es determinar si efectivamente hay dos terrazas, una privativa del piso Ático A cuya existencia no se discute y otra supuestamente elemento común propiedad de la Comunidad de Propietarios. Y en este sentido la sociedad demandante ha probado debidamente la existencia de una única terraza por los siguientes medios de prueba: informe del arquitecto que realizó la reforma (folios 538 y siguientes), informe de tasación efectuado por la compañía Hispana de Tasaciones e Informes S.A. que como hemos indicado es anterior a la adquisición de la actora del inmueble (folios 575 y siguientes), informe testifical del antiguo propietario del inmueble D. Cosme y sobre todo descripción registral de la finca folios 70 y siguientes).
Por otra parte, de las Actas de la Comunidad aportadas como prueba documental a los Autos lo único que se desprende es el carácter conflictivo de la utilización de la terraza pero hay elementos en las mismas que reconocen el carácter privativo del espacio de terraza ya que las filtraciones que provenían de la misma y causaban daños a los pisos inferiores se satisfacían con cargo al seguro del propietario del ático y no con el seguro de la Comunidad. No ha habido además prueba alguna por parte de la Comunidad demandada que acredite la existencia de un murete que separara ambas terrazas.
Debe por tanto desestimarse el presente recurso de apelación.
Octavo.-La desestimación del recurso de apelación conllevaría la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante (art. 398.1 LEC 1/2000). Ello no obstante la Sala haciendo uso de lo establecido en el inciso segundo del párrafo primero del art. 394 de la LEC y ante la existencia de las dudas de hecho que suponen la presencia de una puerta directa de acceso a la terraza desde el descansillo de escalera y ascensor, y las contradicciones puestas de manifiesto en las Actas de las Juntas de Comunidad y alguna declaración testifical que aun pudiendo ser interesada como se ha visionado en la reproducción audiovisual del juicio acuerda no imponer a la demandada las costas de la instancia ni de las de esta alzada.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 n.º NUM000 de Madrid, contra la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 63 de Madrid de fecha 1 de septiembre de 2008, aclarada por auto de 26 del mismo mes y año en los autos de juicio ordinario n.º 142/09 seguidos en dicho Juzgado y del que trae causa el presente rollo de apelación, resolución que confirmamos, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de la instancia ni de las de esta alzada, por lo que cada parte hará frente a las por ella causadas y las comunes, si las hubiere, será por mitad.

References: resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 222
 artículo 348
 artículo 348
 resolución 
 artículo 4
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 222
 artículo 447
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución