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Timestamp: 2019-07-18 01:32:07+00:00

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C-934 de 2004
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020044570CC-SENTENCIAC934200429/09/2004CC-SENTENCIA_C_934__2004_29/09/2004200445702004Sentencia C-934/04 TRABAJO -Protección constitucional especial /TRABAJO -Valor y derecho /DERECHOS MINIMOS Y GARANTIAS DEL TRABAJADOR -Deber del legislador de asegurarlos TRABAJO -Regulación legislativa de condiciones e imposición de límites al derecho no es absoluta CONTRATO DE TRABAJO -Subordinación como elemento esencial SUBORDINACION LABORAL -Teorías para explicar la naturaleza /SUBORDINACION LABORAL -Definición SUBORDINACION LABORAL -Concepto según la jurisprudencia constitucional SUBORDINACION LABORAL -Poder de dirección en la actividad laboral y potestad disciplinaria del empleador /SUBORDINACION LABORAL -No es un poder absoluto y arbitrario Dentro del elemento subordinación se destaca, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia, el poder de dirección en la actividad laboral y la potestad disciplinaria que el empleador ejerce sobre sus trabajadores para mantener el orden y la disciplina en su empresa. Esa facultad, como es obvio, se predica solamente respecto de la actividad laboral y gira en torno a los efectos propios de esa relación laboral. Sin embargo, aun en ese ámbito de trabajo la subordinación no puede ni debe ser considerada como un poder absoluto y arbitrario del empleador frente a los trabajadores. En efecto, la subordinación no es sinónimo de terca obediencia o de esclavitud toda vez que el trabajador es una persona capaz de discernir, de razonar, y como tal no está obligado a cumplir órdenes que atenten contra su dignidad, su integridad o que lo induzcan a cometer hechos punibles. El propio legislador precisó que la facultad que se desprende del elemento subordinación para el empleador no puede afectar el honor, la dignidad ni los derechos de los trabajadores y menos puede desconocer lo dispuesto en tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen a Colombia. SUBORDINACION LABORAL -Poder de dirección /REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO -Finalidad /REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO -Definición REGLAMENTO DE TRABAJO- Regulación de situaciones jurídicas que obligan al trabajador y empleador El reglamento de trabajo así concebido no se circunscribe tan sólo a regular la actividad desplegada por el trabajador sino una serie de situaciones jurídicas que obligan tanto a éste como al empleador, el cual está obligado a adoptarlo cuando su empresa tenga un cierto número de trabajadores, someterlo a la aprobación de la autoridad del trabajo y publicarlo conforme lo disponen las normas legales para que tenga vigencia y validez. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA -Fundamento e importancia PRINCIPIO DEMOCRATICO -Extensión a múltiples esferas sociales /DEMOCRACIA PARTICIPATIVA -Carácter expansivo PRINCIPIO DEMOCRATICO -Carácter universal y expansivo PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES PUBLICAS -Margen amplio PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN MATERIA DE LAS RELACIONES LABORALES -Incidencia /PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN EL CAMPO LABORAL -Implicaciones respecto del trabajador Ese amplio margen de acción de los particulares trasciende hasta el ámbito laboral, de manera que los trabajadores tienen derecho a ser vinculados en la toma de decisiones que les conciernen o que de alguna manera los afecten, ya sea directa o indirectamente. La participación, entonces, surge no solo como derecho de aquellos sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se le otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas de juego que ha de guiar la relación laboral. PRINCIPIO DE PARTICIPACION -Extensión al ámbito privado PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN EL AMBITO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO -Derechos del trabajador a ser escuchado y a intervenir en la adopción de las decisiones que lo afectan /PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO -Necesidad de escuchar opinión de trabajadores Como desarrollo directo del principio de participación, que también debe estar presente en escenarios tales como los laborales y las relaciones de trabajo, los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten. Por tal motivo no puede existir una fijación unilateral por parte del patrono de las reglas de juego que han de regir la relación laboral. Su opinión debe ser valorada y tenida en cuenta, sin que ello signifique en manera alguna que sea obligatoria para los empleadores y sin que tampoco elimine el poder de subordinación de aquellos. Téngase en cuenta que lo propio de todo reglamento de trabajo es el establecimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debe desarrollarse la prestación del servicio, así como las condiciones de seguridad y orden que deben reinar en la empresa, asuntos que son conexos al elemento subordinación. Pero, además, también existen otros aspectos que escapan al ámbito mismo de la subordinación como es la fijación de las escalas de sanciones y faltas, y el procedimiento para formular quejas, cuestiones en las que resulta necesario escuchar la opinión de la otra parte de la relación laboral: los trabajadores. PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO -Alcance La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que uno de los principios que deben orientar sus decisiones es el de conservación del derecho, según el cual "los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático. De forma tal que si una norma admite una interpretación acorde con los postulados constitucionales, debe la Corte, en lugar de retirarla del ordenamiento jurídico y causar un vacío en la regulación de una determinada materia, declararla exequible de manera condicionada. REGLAMENTO DE TRABAJO -Elaboración /PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO -Necesidad de escuchar al trabajador respecto de disposiciones que lo afecten directamente como las escalas de sanciones y faltas, y el procedimiento para quejas La Sala Plena declarará exequible el referido artículo 106 siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador siempre escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectivo su principio de participación. REGLAMENTO DE TRABAJO -Elaboración no es ajena al control del Estado /REGLAMENTO DE TRABAJO -Aprobación previa por la autoridad del trabajo PROYECTO DE REGLAMENTO DE TRABAJO -Investigación /PROYECTO DE REGLAMENTO DE TRABAJO -Ministerio de la Protección Social debe solicitar al trabajador su criterio en relación con aprobación en materias que afecten derechos independientemente si hay investigación o no /PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO -Aplicación Para la Corte es importante anotar que esa potestad otorgada por la norma a la autoridad del trabajo de escuchar o no a los trabajadores si bien no desconoce el debido proceso administrativo ni la libertad sindical ni el artículo 209 C.P., en la medida en que tal proceder le permite a la administración aclarar las dudas que le susciten las cláusulas establecidas en el proyecto de reglamento, sí restringe el principio democrático que rige nuestro Estado social de derecho, en cuanto deja a la mera liberalidad de aquélla el escuchar las inquietudes, las opiniones y las censuras que tengan los trabajadores sobre las materias que puedan afectar sus derechos, fuera del ámbito de la subordinación. No obstante, en virtud de la aplicación del mismo principio de conservación del derecho, la Corte condicionará el referido artículo en el sentido que es exequible sólo si se entiende que el Ministerio de la Protección Social o la autoridad encargada deberá solicitar a los trabajadores su criterio en relación con la aprobación del reglamento del trabajo en materias que pueden afectar sus derechos, independientemente si hay investigación o no. REGLAMENTO DE TRABAJO -Objeciones por Ministerio de la Protección Social debe tener en cuenta también la Constitución y convenios internacionales sobre derechos de trabajadores La norma pretende proteger a los trabajadores cuando alguna de las cláusulas del reglamento de trabajo sujeto a aprobación de la autoridad administrativa desconozca la ley, finalidad que es ajustada a la Carta Política, pero que resulta ser limitada frente a los preceptos superiores 2, 53, 93 y 94, toda vez que deja de lado las disposiciones constitucionales y los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, que también hacen parte de la legislación interna. En efecto, al momento de realizar el control de constitucionalidad de una norma inferior debe la Corte hacer una interpretación sistemática de la misma frente a todos los preceptos superiores y en esa medida el Ministerio no puede acudir, para efectos de realizar las objeciones, solamente a lo dispuesto en la ley sino que debe velar porque tampoco se desconozca lo consagrado en preceptos constitucionales y lógicamente, por expreso mandato de la Carta Política, los convenios internacionales que consagren derechos de los trabajadores. Solamente en ese entendido será declarada la constitucionalidad del artículo 119. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -No exposición de razones por las cuales precepto resulta vulnerado Referencia: expediente D-5132
Jairo Villegas ArbeláezCONSTITUCIONALIDADJaime Córdoba TriviñoDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106, 118 y 119 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.D5132Identificadores20020044571true65996Versión original20044571Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106, 118 y 119 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que uno de los principios que deben orientar sus decisiones es el de conservación del derecho, según el cual "los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático. De forma tal que si una norma admite una interpretación acorde con los postulados constitucionales, debe la Corte, en lugar de retirarla del ordenamiento jurídico y causar un vacío en la regulación de una determinada materia, declararla exequible de manera condicionada.
3. Modificado. L. 11/84, art. 14[3]. El patrono debe devolver al Departamento Nacional del Trabajo el proyecto de reglamento corregido de acuerdo con las objeciones, dentro de los quince (15) días a aquél en que la providencia quede en firme, y si no lo hace, incurrirá en multas equivalentes al monto de hasta cinco (5) veces el salario mínimo más alto".
2. Expresa que el artículo 118 impugnado, que dispone que la autoridad administrativa puede solicitar informes a los trabajadores o a su sindicato sobre cualquiera de las normas consignadas en el proyecto de reglamento, también desconoce la protección constitucional al trabajo, los principios de moralidad y publicidad de la función administrativa y el debido proceso administrativo por cuanto la expresión "puede" es una cláusula abierta, meramente potestativa o discrecional y a la vez restringe a la condición de meros informantes a los trabajadores o a su sindicato, desconociendo que éstos son parte del contrato individual de trabajo y que tienen derecho a comparecer al debido proceso administrativo de aprobación del proyecto de reglamento con el fin de hacer valer sus derechos.
En su criterio, el artículo 106 impugnado, en lugar de vulnerar la especial protección que el Estado le concede al derecho al trabajo, lo que hace es reafirmarla, pues de la lectura de los artículos 104 a 125 del Código Sustantivo del Trabajo se deduce la existencia de disposiciones dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores "como es el caso de someter el reglamento a la aprobación oficial, o la imposición de que respete la ley, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales so pena de ineficacia, además de prohibir dentro de las disposiciones disciplinarias del reglamento, castigos físicos o sanciones que atenten contra la dignidad del trabajador".
El Jefe del Ministerio Público recuerda que la Constitución garantiza la protección del derecho al trabajo[7] y que la jurisprudencia ha manifestado que éste no es absoluto pues está limitado por la legalidad. Así mismo, cita una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, relativa a la finalidad del reglamento de trabajo[8], según la cual éste como instrumento normativo de carácter impersonal, cuyo alcance es fijado por la ley, "no puede contrariar las normas superiores y, de allí el papel que en su aprobación cumplen las autoridades administrativas".
En su concepto, si bien el artículo 106 acusado le atribuye al empleador la facultad de elaborar el reglamento de trabajo, lo cierto es que esa atribución encuentra un límite en los casos en que exista acuerdo en contrario con sus trabajadores, plasmado en pactos y convenciones colectivas o surja de fallos arbitrales o de otra clase de acuerdos entre patrono y empleados. En esa medida, agrega que la intervención de los trabajadores en la elaboración del reglamento no necesariamente procede a través de la organización sindical, puesto que nada impide que el "grueso de los trabajadores o un número significativo de ellos insten al empleador a realizar acuerdos que permitan determinar que dicho reglamento se elabore o modifique de manera consensual". Dicha norma legal, en su criterio, sitúa a los empleadores y a los trabajadores en un plano de igualdad que permite la realización de un orden justo, y ella resulta ser un desarrollo de los artículos 2 y 53 de la Carta Política. Además, no considera que se vulnere el debido proceso administrativo ni que se desconozcan los principios de moralidad y publicidad toda vez que a la autoridad del trabajo se le ha confiado la aprobación de los reglamentos, cuestión que debe ceñirse a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia.
Finalmente, aduce que teniendo en cuenta que el reglamento de trabajo hace parte del contrato individual de trabajo, las diferencias que puedan surgir en la interpretación armónica de unas y otras disposiciones compete resolverlas al juez natural, y el juez constitucional no puede "ir más allá del análisis del precepto normativo de carácter general y abstracto para el establecimiento de su correspondencia con la Carta Política, salvo cuando actúa como juez de tutela (sentencia T-476 de 1998)".
"La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción mas aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos[11].
2.3. Ahora bien, una de las expresiones de esa subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador es el poder de dirección que conlleva a la facultad de impartir órdenes, de establecer las directrices que han de guiar la actividad laboral y por supuesto la de imponer un reglamento interno que contenga las normas no sólo de comportamiento dentro de ella sino las disposiciones reguladoras de la actuación de ambas partes de la relación laboral. Dicho reglamento regirá las políticas de la empresa, las relaciones laborales y regulará las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo. Este ha sido definido como "el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio"[13].
"El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional.
En síntesis: la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social"[17].
"Con la Constitución de 1991 se inició constitucionalmente el tránsito de la democracia representativa a la participativa. Esta nueva concepción de nuestra democracia implica un cambio trascendental del sistema político, cuya primera y más clara manifestación se encuentra en la manera como se comprende al ciudadano como tal. En la democracia representativa liberal clásica, se tenía una visión del ciudadano según la cual su papel se limitaba a elegir a quienes sí tenían el conocimiento y las capacidades suficientes para hacerse cargo de los asuntos del Estado.
El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es una extensión del concepto de ciudadanía y un replanteamiento de su papel en una esfera pública que rebasa lo meramente electoral y estatal. El ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán en el rumbo de su vida"[18].
Ya la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el principio democrático que prohija la Carta Política es a la vez universal y expansivo. Así "se dice quees universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democráticoes expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción"[19].
Y ha concluido que "la interpretación constitucional encuentra en el principio democrático una pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución la interpretación que ha de privar será siempre la que realice más cabalmente el principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito"[20].
En ese orden podría pensarse en un primer momento que por tal motivo y al no dar plena aplicación al principio de participación, el artículo 106 acusado resulta inconstitucional. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que uno de los principios que deben orientar sus decisiones es el de conservación del derecho, según el cual "los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático[21]. De forma tal que si una norma admite una interpretación acorde con los postulados constitucionales, debe la Corte, en lugar de retirarla del ordenamiento jurídico y causar un vacío en la regulación de una determinada materia, declararla exequible de manera condicionada[22].
Exequible Artículo 14 LEY_11_1984_24/02/1984
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda (por la posible violación del artículo 58 de la Carta Política. ) Artículo 106 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible bajo la condición ... (siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectiva su participación. ) Artículo 106 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible bajo el entendido ... (bajo el entendido de que el Ministerio de la Protección Social o la autoridad encargada deberá solicitar a los trabajadores su criterio en relación con la aprobación del reglamento de trabajo en materias que pueden afectar sus derechos, independientemente si hay investigación o no ) Artículo 118 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible bajo el entendido ... (en el entendido de que para efectos de realizar las objeciones, la autoridad del trabajo debe tener en cuenta la ley, la Constitución y los convenios internacionales que consagren derechos de los trabajadores. ) Artículo 119 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 106 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 118 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible Artículo 106 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible bajo el entendido ... Artículo 118 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
[1]Diarios Oficiales N° 27407 y 27504.
[2]Diario Oficial N° 28424.
[3]Diario Oficial N° 36517.
[4]En este punto cita un aparte de la Sentencia proferida por esa Corporación el 25 de septiembre de 1979.
[5]Preámbulo y artículos 1, 25, 53 C.P.
[6]Al respecto cita las sentencias C-1110 de 2001 y C-386 de 2000.
[7]Preámbulo y artículos 1, 2, 25 y 26 C.P.
[8]Sentencia del 11 de diciembre de 1980 proferida por la Sala de Casación Laboral.
[9]Ministerio de la Protección Social.
[10]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-107 del 14 de febrero de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[11]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-386 del 5 de abril de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[12]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-299 del 17 de junio de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[13]Artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo.
[14]Sala de Casación Laboral. Sentencia del 11 de diciembre de 1980. Radicación N° 6199. (M.P. César Ayerbe Chaux).
[15]Artículos 120 y 121 del Código Sustantivo del Trabajo.
[16]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-180 del 14 de abril de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[17]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994, ya citada.
[18]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-637 del 15 de junio de 2001 (M.P.. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 3 de marzo de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido se puede consultar la Sentencia C-1110 del 24 de agosto de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[21]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-100 del 7 de marzo de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[22]Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-065 del 11 de febrero de 1997 (Ms.Ps. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero) y C-1026 del 26 de septiembre de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

References: artículo 106
 artículo 209
 artículo 119
 artículo 118
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 2
 artículo 106
 Artículo 14
 artículo 58
 Artículo 106
 Artículo 106
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 106
 Artículo 118
 Artículo 106
 Artículo 118