Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700590.html
Timestamp: 2019-03-26 02:44:07+00:00

Document:
se201700590
SENTENCIA: 590/2017.
EXPEDIENTE: 684/2008.
PARTES: Ferroviaria Oriental (FO. S.A.) contra la Superintendencia General del SIRESE.
MAGISTRADA RELATORA: Jorge Isaac von Borries Méndez.
VISTOSEN SALA PLENA: La Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial, la Ley Nº 620, el Dictamen General Nº 06/2014 de la Procuraduría General del Estado, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0995/2016-S3 de 22 de septiembre, demás antecedentes y:
CONSIDERANDO I. Que el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) en su parágrafo I, dispone: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución.” A su vez el art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Que el art. 122 de la CPE refiere: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.
Que amparados en las disposiciones legales transcritas anteriormente, consideramos pertinente y necesario precisar el alcance jurisdiccional de dos procesos judiciales, como ser el Contencioso y el Contencioso Administrativo, ambos previstos en principio en los arts. 775 y sgtes., del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) e incluidos posteriormente en la Ley Nº 620 de 31 de diciembre de 2014 “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”.
Respecto al proceso “Contencioso”, el mismo procede para resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional. (Art. 2 núm.1 Ley Nº 620). Siendo pertinente precisar que toda controversia emergente de un contrato administrativo, debe dilucidarse imperativamente vía proceso especial, denominado en este caso “contencioso”, salvo disposición legal especial y que taxativamente disponga lo contrario. Complementando, el profesor Mariano Gomes Gonzales establece que los contratos administrativos: “(…) son todos aquellos contratos en que intervienen la administración, legalmente representada y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público ya sea en interés general o del Estado de la Provincia o Municipio”. A su vez el art. 47 de la Ley Nº 1178 prevé: “…son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”.
Que las diferencias puntuales entre un contrato privado y un contrato administrativo, es que 1. En el primero rige el principio de la voluntad entre las partes, lo que hace que exista una igualdad entre el ofertante y aceptante, siendo su finalidad el lucro de una de las partes o de ambas, 2. En cambio en un contrato administrativo, las solemnidades o formalidades previstas en la Ley, están por encima de la voluntad, de las partes, su finalidad es pretender el bienestar social y no individual, por consiguiente no se evidencia una igualdad entre las partes.
Que por las características propias de un contrato administrativo, no es viable que las controversias emergentes de dicha relación contractual, deban resolverse en la vía civil o contenciosa administrativa, sino mediante un proceso especial, como es el proceso “contencioso”, conforme se asumió en los Autos Supremos 281/2012 y 286/2012, citados por el Dictamen Nº 06/2014, emitido por la Procuraduría General del Estado Plurinacional. La amplitud de este proceso, hace que a consecuencia de los hechos controvertidos expuestos tanto por la parte actora, como demandada, pueda ser tramitado como proceso contencioso de derecho o de hecho, posibilidad que no existe en una demanda “contencioso administrativa”, que es también consecuencia lógica de su naturaleza procesal, conforme se explicara posteriormente.
Respecto al proceso “contencioso administrativo”, el mismo se constituye en el mecanismo idóneo para materializar el principio de control judicial de legalidad previsto en el art. 4 inciso i) de la Ley Nº 2341. Coherente con lo manifestado, se asume que el requisito procesal de admisibilidad es que se haya agotado los mecanismos de impugnación administrativos, respecto a un determinado acto administrativo lo cual se acredita con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico. En consecuencia la finalidad única de un proceso contencioso administrativo es realizar un control de legalidad, es decir evidenciar si en el transcurso del proceso administrativo previo, se aplicó correctamente una norma jurídica sea esta sustantiva o adjetiva, siendo esta la razón por la cual un proceso Contencioso Administrativo, únicamente puede ser tramitada como de derecho y no de hecho.
Que el pretender resolver una controversia jurídica, que haya emergido directamente de un contrato administrativo, vía un proceso “contencioso administrativo” implica vulnerar el principio de legalidad y desconocer una regla elemental de la competencia, como es la naturaleza del proceso, admitiendo en tal caso –lo que no es lógico- que una controversia emergente de un contrato administrativo, si puede ser impugnado administrativamente, lo que no es pertinente a la naturaleza misma de un contrato administrativo, toda vez que este instituto jurídico no es un acto administrativo. Al respecto recordar que el art. 27 de la Ley Nº 2341 define: “ Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”, concordado con los arts. 28, 29 y 30 de la misma Ley.
CONSIDERANDO II. Que de una revisión de los antecedentes cursantes, no solo correspondientes a la parte actora, sino a la parte demandada, se evidencia lo siguiente:
Que de fs. 81 a 101 cursa copia del Testimonio Nº 135-B de 1996, de Contrato Administrativo de Concesión para la Prestación del Servicio Publico Ferroviario de Carga, Pasajeros y Equipaje sobre la Denominada Red Ferroviaria, suscrito entre la Superintendencia de Transportes de la República de Bolivia y la Empresa Ferroviaria Oriental S.A.M.
Que de fs. 312 a 315 cursa copia de la Resolución Administrativa R.A. CS-STR-DS-RA-0032/2008, de 28 de enero, por el que la Superintendencia de Transportes SIRESE, resuelve rechazar la solicitud de compensación económica presentada por la Ferroviaria Oriental S.A., a través de la FO.S.A. PGG 085/2005, al no operar las condiciones descritas en la cláusula octava numeral 8.3 inc. b) y numeral 8.2 inc. d), e) y clausula novena numeral 9.2 inc. c) y d) del Contrato de Concesión suscrito el 14 de marzo de 1996, por lo que al no existir estas causales es inviable la aplicación de lo dispuesto en la cláusula novena, numeral 9.6 del citado contrato; impugnado y resuelto el recurso revocatorio mediante Resolución Administrativa RA.SC-STR-DS-RA-0132/2008 de 10 de abril, que resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. y consecuentemente confirma la Resolución AdministrativaSC-STR-DS-RA-0032/2008, cursante de fs. 310 a 315; impugnada y resuelta el recurso jerárquico mediante Resolución Administrativa N° 1847 de 14 de agosto de 2008, el cual resuelve confirmar la Resolución Administrativa R.A SC-STR-DS-RA-0132/2008 de 10 de abril y la Resolución Administrativa R.A. SC-STR-DS-RA-0032/2008 de 28 de enero, cursante de fs. 370 a 375.
Que la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FO S.A.), mediante sus representantes legales, por escrito de fs. 381 a 390, interpuso demanda contenciosa administrativa, manifestando que la Autoridad demandada actuó en franca violación a los términos del contrato e interpreto las clausulas referentes a la compensación a su libre albedrio.
Que en su petitorio (exactamente en su numeral TERCERO) el actor pide que este Tribunal “Revoque en forma total la Resolución Administrativa N° 1847 de 14 de agosto de 2008 pronunciada por el Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial y en su mérito, las resoluciones que la preceden pronunciadas por el Superintendente de Transportes; y deliberando en el fondo se ordene a la compensación establecida en el inciso e) del numeral 8.2 de la Cláusula octava del Contrato de Concesión de 14 de marzo de 1996, por la prestación ininterrumpida del servicio de transportes de pasajeros en el corredor Santa Cruz – Puerto Quijarro, a raíz de la pérdida sufrida en el transporte de pasajeros en el ramal este, ocurrida en las gestiones 200 a 2004 en los trenes 9 y 10 en el corredor Santa Cruz – Puerto Quijarro. Sea aplicando el critrer4io de compensación previsto en el numeral 9.2 inciso c) y numeral 9.6 de la cláusula novena del mencionado contrato, debiendo efectuarse el pago correspondiente conforme se estipula en el inciso d) del numeral 9.6 del mismo Contrato de Concesión”.
Que del contenido del escrito de demanda, se asumió en principio que dicha pretensión si cumplía mínimamente los requisitos de admisibilidad formal, no obstante luego de haber contrastado la pretensión del actor con la contestación del demandado, se asume que si bien este Tribunal es competente para conocer y resolver una demanda “contenciosa” y una demanda “contenciosa administrativa”, en mérito al principio de dirección que corresponde a este Tribunal ejercer de oficio y por los argumentos jurídicos expuestos en el primer Considerando de esta resolución, es imperativo tener presente que tanto el proceso contencioso como el contencioso administrativo, tiene finalidades procesales diferentes, en consecuencia, el pretender tramitar y resolver la pretensión expuesta por el actor en su escrito de demanda, mediante un proceso contencioso administrativo resulta contrario al debido proceso , la seguridad jurídica y finalmente afectaría a la efectividad jurídica de una resolución judicial, en previsión de lo dispuesto por el art. 122 de la CPE.
Que si bien un proceso contencioso y un proceso contencioso administrativo, se rigen por el principio dispositivo y los mismos deben resolverse en observancia al principio de congruencia, ello no hace que una autoridad judicial, deba reconducir de manera oportuna lo erróneamente pretendido por alguna de las partes, siendo esta la razón esencial del principio de saneamiento.
Con estos argumentos jurídicos expuestos en la presente resolución, corresponde reconducir el presente proceso judicial, aplicando el principio de saneamiento procesal, debiendo en definitiva tramitarse como un proceso contencioso conforme a las previsiones del art. 775 y sgts. del Código de Procedimiento Civil.
A más de lo descrito, siendo que en el expediente cursa la Sentencia Constitucional Plurinacional 0995/2016-S3 de 22 de septiembre, que Revoca la Resolución 44/2016 de 28 de abril y Concede la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Sentencia 104/2015 de 24 de marzo, cuyo fundamento jurídico es la falta de notificación al tercero interesado ATT, conforme al razonamiento expuesto precedentemente, siendo la naturaleza del proceso contencioso diferente al del contencioso administrativo, resulta imposible ejecutar la sentencia constitucional, respondiendo a una imposibilidad jurídica, lo que no implica una transgresión al art. 203 de la Constitución Política del Estado.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, arts. 108 y 122 de la Constitución Política del Estado, dispone ANULAR OBRADOS hasta fojas 393 inclusive, debiendo la entidad actora, reconducir su pretensión conforme los criterios jurídicos desarrollados en el presente fallo conforme a los arts. 775 y sgts. del Código de Procedimiento Civil.
No suscriben las Magistradas Rita Susana Nava Durán, Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.

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