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Timestamp: 2018-08-19 23:22:57+00:00

Document:
TITULO: PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL 2012 FECHA LUGAR
Nro. TEMAS 04-04-2012 LIMA
01 DEBATE SOBRE EL MOMENTO EN QUE OPERA LA TRANSFERENCIA; VEHICULAR
02 LA FE PÚBLICA REGISTRAL EN LOS CASOS DE FALSIFICACIONES DE TITULOS
03 DERECHO DE PROPIEDAD NO INSCRITO VERSUS EMBARGO INSCRITO (DERECHO PERSONAL) EN LOS PROCESOS DE TERCERIA DE PROPIEDAD.
PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL LIMA - 2012
(Publicado el 4 de abril de 2012)
La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Nacional: civil con sede en la ciudad de Lima, conformada por los señores Magistrados: Ángel Henry Romero Díaz, Juez Superior del Distrito Judicial de Lima Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios; Wilbert Gonzáles Aguilar, Juez Superior del Distrito Judicial de Moquegua; Jaime Antonio Lora Peralta Juez Superior del Distrito Judicial de Sullana; Carmen María López Vásquez Juez Superior del Distrito Judicial de Lima Norte y Antonio Paucar Lino Juez Superior del Distrito Judicial de Pasco, dejan constancia de que luego de llevado a cabo el debate de cada uno de los temas sometidos al Pleno, los señores magistrados participantes, han arribado a las conclusiones que se exponen a continuación:
DEBATE SOBRE EL MOMENTO EN QUE OPERA LA TRANSFERENCIA;. VEHICULAR
MEDIANTE LA TRADITIO SE PERFECCIONA LA TRANSFERENCIA VEHICULAR.
¿Mediante la tradición se transfiere la propiedad de un vehículo o se requiere que se produzca la inscripción registral?
La transferencia de una unidad vehicular se perfecciona mediante la tradición, como señala el artículo 947 del Código Civil.
Para que se perfeccione la transferencia de un vehículo se requiere de la formalización del contrato de transferencia y su inscripción en los Registros Públicos.
En la Casación Nº 1880-2002- Santa, de fecha veintiocho de Octubre de dos mil dos, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que el artículo novecientos cuarenta y siete del Código Civil declara que la transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente.
Se indica en dicha decisión jurisdiccional que el Decreto Legislativo Cuatrocientos Veinte, Código de Transito y Seguridad Vial, aplicable al caso de autos por razón de temporalidad de la norma, no establece disposición jurídica que indique que la transferencia vehicular deba inscribirse, esto es, que la inscripción registral vehicular sea constitutiva de derechos, toda vez que el citado decreto prescribe que se presumirá propietario de un vehículo a la persona cuyo nombre figure en el Certificado de Registro (tarjeta de propiedad), salvo prueba en contrario.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº 3271-2002-Arequipa, de fecha trece de Julio de Dos Mil Cuatro, adopta el criterio antes expuesto al señalar que en nuestro ordenamiento jurídico sustantivo la sola tradición de cosa mueble a su acreedor hace a éste propietario, siendo que el Código de Transito y Seguridad Vial (Decreto Legislativo 420) contiene una presunción juris tantum, en cuya virtud se presumirá propietario de un vehículo a la persona cuyo nombre figure inscrito en la tarjeta de propiedad.
Por tal razón se concluye que el precitado Decreto Legislativo no establece disposición jurídica que indique que la transferencia vehicular deba inscribirse, esto es, que la inscripción registral sea constitutiva de derechos.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 2731-2002-LIMA, de fecha cuatro de junio de dos mil cuatro, al resolver un proceso sobre indemnización por daños y perjuicios ha señalado que para que sea pertinente el artículo 947 del Código Civil se tenga por perfeccionada la transferencia, es requisito previo la formalización del respectivo contrato de transferencia vehicular y su inscripción en los Registros Públicos para ser constitutivo de derecho.
En esta decisión se ha precisado que para el perfeccionamiento de la transferencia de un vehículo no es suficiente la tradición sino que se requiere que el contrato sea inscrito registralmente.
Como podemos apreciar, existen dos posiciones jurídicas disimiles en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema frente a un conflicto relacionado sobre la propiedad de un vehículo.
1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Ángel Henry Romero Díaz, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:
Grupo Nº 01: El señor magistrado relator Dr. Roberto Vilchez -Dávila manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhieren a la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 06 votos por la primera ponencia, y 03 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 02: El señor magistrado relator Dr. Osman Ernesto Sandoval Quezada, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 06 votos por la primera ponencia. y 03 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 03: El señor magistrado relator Dr. Martin Alejandro Hurtado Reyes, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 06 votos por la primera ponencia, y 03 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 04: El señor magistrado relator Dr. Julio Leyva Pérez, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 07 votos por la segunda ponencia, y 01 votos a favor de la primera ponencia.
Grupo Nº 05: El señor magistrado relator Dr. Edwin Jorge Sarmiento Apaza, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 05 votos por la primera ponencia , y 04 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 06: El señor magistrado relator Dr. Olegario Fabián Vigo manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 05 votos por la primera ponencia, y 03 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 07: La señorita magistrada relatora Dr. Marcela Arriola Espino manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 10 votos por la primera ponencia , y 0 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 08: El señor magistrado relator Dr. Jorge Antonio Plasencia Cruz, manifestó que el grupo ESTAN IGUALES las posiciones arribadas. Siendo la votación en su grupo de 05 votos por la primera ponencia , y 05 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 09: El señor magistrado relator Dr. Ricardo Castañeda Moya, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 03 votos por la primera ponencia, y 06 votos a favor de la segunda ponencia.
2. VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Ángel Henry Romero Díaz inicio el conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo; siendo el resultado el siguiente:
Primera ponencia: Total de 47 votos
Segunda ponencia: Total de 34 votos
El Pleno adoptó por MAYORIA la primera que enuncia lo siguiente: “La transferencia de una unidad vehicular se perfecciona mediante la tradición como señala el artículo 947 del Código Civil.
LA FE PÚBLICA REGISTRAL EN LOS CASOS DE FALSIFICACIONES DE TITULOS
LA FE PÚBLICA REGISTRAL NO AMPARA A LOS TERCEROS DE BUENA FE ANTE LA FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS, DEBIDO A QUE, LA PROPIEDAD ES INVIOLABLE Y POR TANTO NADIE PUEDE SER DESPOJADO BASÁNDOSE EN UNA FALSIFICACIÓN.
¿La fe pública registral protege en el caso de las falsificaciones de títulos?
La fe pública registral protege a los terceros de buena fe cuando el acto previo es nulo o falso, pues el Artículo 2014 del Código Civil, no distingue, en consecuencia, por efecto de la seguridad jurídica del tráfico, no importa la magnitud del vicio que afecte el título, pues basta que el tercero cuenta con titulo oneroso, sea de buena fe e inscriba su derecho, para gozar de la tutela legal.
La fe pública registral no protege a los terceros de buena fe cuando se traja de vicios radicales de nulidad, como es el caso de la falsificación de los títulos, pues el Articulo 70 de la Constitución del Estado, dice que la propiedad es inviolable, lo que no es coherente si admitimos que un titular pueda ser despojado fácilmente a través de una falsificación. El Artículo 2014 del Código Civil debe leerse desde la perspectiva constitucional de protección de la propiedad, evitando que los actos ilícitos consumen derechos.
El soporte jurídico de la primera ponencia está constituido por la Casación Nro. 1845-2000-Junín que señala que el artículo 2014 del Código Sustantivo, desarrolla el principio e instituto de la buena fe registral según el cual se protege la adquisición de buena fe, de quien aparece en el registro como titular registral, que se inscribe en el registro, contra cualquier intento de enervar dicha adquisición que se fundamente en causas no inscritas antes El fundamento del principio de la fe pública radica en la necesidad de asegurar el tráfico patrimonial cuyo objeto consiste en proteger las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen los terceros adquirientes y que se hayan producido confiados en el contenido del registro; para ello, la ley reputa exacto y completo el contenido de los asientos registrales, en efecto las inscripciones del registro se consideran exactas y completas respecto de terceros adquirientes de buena fe, y quien adquiere el derecho de propiedad una servidumbre o un derecho de hipoteca, confiado en la actitud del registro deviene en propietario, titular de la servidumbre o de la hipoteca (Casación Nro. 1168-98-Lambayeque).
El Artículo 70 de la Constitución del Estado preceptúa que: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la Ley, A nadie puede preobrase de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por Ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”. En este sentido, la inviolabilidad a la que se hace referencia en la norma constitucional, trae consecuencia, que nadie puede afectar, desconocer o cuestionar la propiedad, esto es, el propietario no puede ser privado de su derecho, salvo que sea por una decisión judicial, además en concordancia con lo previsto en el inciso 16) del artículo 2 de la Constitución del Estado, el Estado garantiza y asegura que se respetará el derecho a la inviolabilidad a la derecho, por ser éste un derecho fundamental. Por consiguiente, el principio de fe pública, entendido como principio y no como excepción, es una clara muestra de interpretación normativa contraria a los valores constitucionales, pues se limita a legalizar el despojo de un propietario sin verificar la diligencia del tercero, ni la negligencia del titular afectado. De lo contrario, estaríamos simplemente despojando a uno, para terminar atribuyendo el bien a otro casi por azar, sin racionalidad, sin que el titular originario haya contribuido de forma alguna con la apariencia que le perjudicó.
1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Ángel Henry Romero Díaz, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribada preliminarmente, conforme se detalla a continuación:
Grupo Nº 01: El señor magistrado relator Dr. Roberto Vílchez Dávila manifestó que se su grupo POR UNANIMIDAD se adhieren a la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 0 votos por la primera ponencia , y 09 votos a favor de la primera ponencia.
Grupo Nº 02: El señor magistrado relator Dr. Osman Ernesto Sandoval Quezada, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 04 votos por la primera ponencia, y 06 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 03: El señor magistrado relator Dr. Martín Alejandro Hurtado Reyes, manifestó que se su grupo POR UNANIMIDAD se adhieren a la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 0 votos por la primera ponencia y 09 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 04: El señor magistrado relator Dr. Julio Leyva Pérez, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 03 votos por la primera ponencia y 05 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 05: El señor magistrado relator Dr. Edwin Jorge Sarmiento Apaza, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 05 votos por la primera, ponencia , y 04 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 06: El señor magistrado relator Dr. Olegario Fabián Vigo manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 03 votos por la primera ponencia , y 06 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 07: La señorita magistrada relatora Dr. Marcela Arriola Espino manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 01 votos por la primera ponencia, y 09 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 08: El señor magistrado relator Dr. Jorge Antonio Plasencia Cruz, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 06 votos por la primera ponencia, y 04 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 09: El señor magistrado relator Dr. Ricardo Castañeda Moya manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere primera ponencia: Siendo la votación en su grupo de 06 votos por la primera ponencia y 03 votos a favor de la segunda ponencia
2. VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Ángel Henry Romero Díaz inicio el conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo, siendo resultado el siguiente:
Primera ponencia: Total de 28 votos
Segunda ponencia: Total de 55 votos
El Pleno adoptó por MAYORÍA la segunda ponencia que enuncia lo siguiente: “La fe pública registral no protege a los terceros de buena fé cuando se trata de vicios radicales de nulidad, como es el caso de la falsificación de los títulos, pues el Articulo 70 de la Constitución del Estado, dice que la propiedad es inviolable, lo que no es coherente si admitimos que un titular pueda ser despojado fácilmente a través de una falsificación. El Artículo 2014 del Código Civil debe leerse perspectiva constitucional de protección de la propiedad, evitando que los actos ilícitos consumen derechos.”
DERECHO DE PROPIEDAD NO INSCRITO VERSUS EMBARGO INSCRITO (DERECHO PERSONAL) EN LOS PROCESOS DE TERCERIA DE PROPIEDAD.
ES FACTIBLE OPONERSE EN EL CASO DE DERECHO PROPIEDAD NO INSCRITO EN UN PROCESO DE TERCERÍA, DEBIDO A LA DIFERENCIA DE NATURALEZA, BRINDÁNDOSE PRIORIDAD A LOS DERECHOS REALES, SIEMPRE Y CUANDO EL TERCERISTA EJERZA LOS ATRIBUTOS DE LA PROPIEDAD.
¿El derecho de propiedad no inscrito alegado en un proceso de tercería de propiedad vence al embargo inscrito?
El derecho de propiedad no inscrito alegado en un proceso de tercería de propiedad vence al embargo inscrito, pues al tratarse de derechos de distinta naturaleza (real y personal) se aplican las disposiciones de Derecho común que dan prioridad a los derechos reales.
El derecho de propiedad no inscrito no es oponible al embargo inscrito. Deben prevalecer los principios registrales de buena fe y prioridad en tiempo, toda vez que cuando se inscribió el embargo no aparecía inscrito el titulo del tercerista. De acuerdo al artículo 1135 del Código Civil, que constituye una norma de derecho común, el principio de prioridad en el tiempo determina la preferencia en el derecho.
El soporte jurídico de la primera ponencia está constituido por la Casación Nº 3194-2002 -La Libertad- de fecha cinco de mayo de dos mil tres, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, según la cual de acuerdo al principio de rango contenido en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil en la oponibilidad de derechos sobre inmuebles cuando ellos son de distinta naturaleza, se aplican las disposiciones de derecho común, es decir prevalece el derecho de propiedad, oponible erga omnes, frente al derecho personal crediticio. No cabe duda que solo tratándose de casos de derechos de igual naturaleza a que se contrae primer párrafo de dicha norma sustantiva rigen los principios registrales de prioridad y buena fe.
En la Casación Nº 3800-2002-Arequipa- de fecha veintiséis de mayo de dos mil tres, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema ratifica el criterio jurisdiccional señalado anteriormente, indicando que según el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Sustantivo cuando existen dos derechos sobre un mismo inmueble y estos derechos son de distinta naturaleza, se aplican las disposiciones de derecho común. En tal sentido entre las disposiciones de derecho común el artículo novecientos cuarenta y nueve del precitado código establece que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.
Como antecedentes de este criterio están las sentencias casatorias emitidas en las siguientes causas: i) 964-98-Lima; ii) 06-01- Arequipa; iii) 403-2001- Piura emitidas por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº 403-2001-Piura- ha expuesto un criterio jurisdiccional distinto. En esta sentencia ha indicado que compulsado el principio de rango recogido en artículo 2022 del Código Civil frente a los principios registrales de buena fe y prioridad en el tiempo deben prevalecer estos últimos debido a que cuando se inscribió el embargo no aparecía a inscrito el titulo del tercerista, razón por la cual el embargante mantiene su derecho una vez inscrito. Que admitir lo contrario sería destruir el sistema registral que nos rige y haría ineficaces principios de: a) legalidad, que preconiza que todo titulo que pretenda su inscripción debe ser compatible con el derecho ya inscrito; b) impenetrabilidad, que impide se inscriban derechos que se opongan o resulten incompatibles con otro, aunque aquello sean de fecha anterior; y: e) publicidad recogido por el artículo 2022 del Código Civil que preconiza la presunción absoluta, sin admitirse prueba en contrario, de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
Sin embargo, en la Casación Nº 3687-2009-Cuzco- la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha modificado el criterio jurisdiccional que mantuvo respecto de la tercería de propiedad. En esta sentencia casatoria .se ha indicado que la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil seria una excepción al principio prior tempere potior in jure al que se refiere el artículo 2016 del código sustantivo, por lo que cuando concurra un derecho real con otro de distinta naturaleza, como es el caso de los embargos, habrán de aplicarse las reglas de derecho común, sin que exista prevalencia de derecho inscrito sobre el derecho que no fue inscrito.
1.- GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Ángel Henry Romero Díaz, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:
Grupo Nº 01: El señor magistrado relator Dr. Roberto Vílchez Dávila manifestó que se su grupo POR UNANIMIDAD se adhieren a la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 09 votos por la ponencia , y 0 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 02: El señor magistrado relator Dr. Osman Ernesto Sandóval Quezada, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por I primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 08 votos por la primera ponencia , y 01 votos a favor de la segunda ponencia. 01 por una tercera posición.
Grupo Nº 03: La señora magistrada relator Dra. Luz Jauregui Basombrio manifestó que se su grupo POR UNANIMIDAD se adhieren a la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 09 votos por la primera . ponencia , y 00 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 04: El señor magistrado relator Dr. Julio Leyva Pérez, manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD se adhiere por la primera ponencia;. Siendo la votación en su grupo de 07 votos por la primera ponencia , y 00 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 05: El señor magistrado relator Dr. Edwin Jorge Sarmiento Apaza, manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 05 votos por la primera ponencia, y 00 votos a favor de la segunda ponencia. Una tercera ponencia con 02 votos
Grupo Nº 06: El señor magistrado relator Dr. Olegario Fabián Vigo manifestó que en el grupo se produjo empate, adhiere por la segunda ponencia. Siendo la votación en su grupo de 04 votos por la primera ponencia , y 04 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 07: La señorita magistrada relatora Dr. Marcela Arriola Espino, manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD se adhiere por la prima ponencia. Siendo la votación en su grupo de 10 votos por la primera ponencia , y 0 votos a favor de la segunda ponencia.
Grupo Nº 08: El señor magistrado relator Dr. Jorge Antonio Plasencia Cruz, manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD se adhiere por la primera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 09 votos por la primera ponencia , y 00 votos a favor de la segunda ponencia
Grupo Nº 09: El señor magistrado relator Dr. Ricardo Castañeda Moya manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhiere a una tercera ponencia. Siendo la votación en su grupo de 01 votos por la primera ponencia, y 02 votos a favor de la segunda ponencia. Y 04 por una tercera ponencia.
1. VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Ángel Henry Romero Díaz inició el conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo, siendo el resultado el siguiente:
Primera ponencia: Total de 62 votos
Segunda ponencia: Total de 7 votos
Tercera ponencia: 6 votos.
El Pleno adoptó por MAYORÍA la primera ponencia, con el agregado siguiente:
“El derecho de propiedad no inscrito alegado en un proceso de tercería de propiedad es oponible al embargo inscrito, pues al tratarse de derechos de distinta naturaleza (real y personal) se aplican las disposiciones de Derecho común, que dan prioridad a los derechos reales, siempre y cuando el tercerista ejerza los atributos de la propiedad”.
Lima, 20 de Octubre del 2012.
WILBER GONZÁLES AGUILAR
Juez Superior del Distrito Judicial de Moquegua
JAIME ANTONIO LORA PERALTA
Juez Superior del Distrito Judicial de Sullana
CARMEN MARÍA LOPEZ VÁSQUEZ
Juez Superior del Distrito Judicial de Lima Norte
ANTONIO PUCAR LINO
Juez Superior del Distrito Judicial de Pasco
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