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La Valoración de la Prueba NCPP | Preuve (Droit) | Loi criminelle
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LA VALORACIN DE LA PRUEBA A LA LUZ DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL PERUANO DE 2004
ABREVIATURA UTILIZADAS CADH CE CEDH CIDH ComIDH CP CdPP/1940 NCPP/2004 CSP LECRim SCIDH STEDH STCE STSE TCE TCP TEDH TSE Convencin Americana sobre Derecho Humanos de 1977 Constitucin espaola Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisin Interamericana de Derechos Humanos Constitucin poltica del Per Cdigo de Procedimientos Penales peruano de 1940 Cdigo Procesal Penal peruano de 2004 Corte Suprema del Per Ley de Enjuiciamiento Criminal espaola Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal Constitucional del Per Sentencia del Tribunal Supremo de Espaa Tribunal Constitucional de Espaa Tribunal Constitucional del Per Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tribunal Supremo de Espaa
I. Origen histrico del sistema de libre valoracin de la prueba El sistema de libre valoracin de la prueba surge histricamente como reaccin frente al sistema de la prueba legal o tasada caracterstico del conocido como Antiguo Rgimen (Ancien Rgimen). En esta poca histrica el proceso penal se basaba en el sistema o modelo inquisitivo, en el cual la oralidad estaba excluida, predominando el principio de escritura y en donde, adems, el mrito o valor probatorio de la prueba penal vena prefijado en la ley. El juez deba limitarse a atribuir al medio de prueba el valor predeterminado, de forma general y abstracta, en la norma jurdica y tales reglas tenan carcter vinculante. A diferencia de lo que pudiera inicialmente pensarse, este sistema de valoracin no obedeca necesariamente a un paradigma irracionalista, pues lo que se pretenda era que el legislador plasmara en la norma jurdica mximas o reglas de la experiencia comnmente aceptadas sin que los jueces pudieran prescindir de las mismas en su tarea valorativa, tratando de evitar todo atisbo de arbitrariedad. Adems en su origen supuso un avance importante frente al modelo de las Ordalas o Juicios de Dios, sistema basado en la supersticin religiosa de que todo dependa de la voluntad divina y en donde, se deca, la inocencia del acusado se dejaba en manos exclusivas de la divinidad (por ejemplo, mediante la denominada prueba del fuego o del hierro candente1, que constituyen una manifestacin evidente de irracionalidad probatoria). Aunque desde nuestra actual mentalidad postmoderna pueda resultar paradjico, el sistema de prueba legal obedeca, por tanto, al paradigma racional existente en la poca de su aplicacin, fruto de una determinada concepcin filosofa, cultural, religiosa y poltica2. Con dicho sistema se pretenda adems acotar o limitar el autoritarismo judicial de la poca3. No obstante, es preciso reconocer, como denuncia la doctrina, que dicho sistema estuvo sometido a mltiples degeneraciones y distorsiones4. El denominado sistema de la prueba legal presentada dos puntos dbiles: en primer lugar, que en algunas ocasiones los criterios de valoracin utilizados por el legislador no eran, en realidad, autnticas reglas de la experiencia de aceptacin generalizada5. En segundo lugar, su plasmacin en la norma produca de hecho un fenmeno de fosilizacin o enquistamiento de la regla experiencial, de tal forma que, con el transcurso del tiempo, sta perda su significacin probatoria al quedar caducada u obsoleta, sin capacidad para ajustarse a las nuevas circunstancias de una sociedad en continua transformacin y cuyos valores iban constantemente cambiando6. La regla experiencial
Silva Silva, J. A., Derecho Procesal Penal, Oxford University Press, Mxico, 1999, p. 557, cita un supuesto analizado por Alcala Zamora y Castillo, incluido en el Fuero de Cuenca de 1189 otorgado por el rey Alfonso VIII consistente en que cuando el marido acusaba a su mujer de que el hijo procreado no era de l, ella tena que tomar con la mano un hierro candente. Si se quemaba (designio de Dios), no se le poda creer que el hijo fuera del marido, pero si sanaba, el hijo s se consideraba del padre. 2 IGARTUA SALVERRIA, J., Valoracin de la prueba, motivacin y control en el proceso penal, Edit. Tirant lo blanch, Valencia, 1995, pp. 77-78, nos dice que la prueba legal no era de por s irracional. Desde un punto de vista jurdico, era, en primer lugar, la consecuencia lgica de un sistema procesal en el que el juez no tomaba contacto inmediato con las pruebas y, en segundo lugar, se converta en un sistema idneo para garantizar la objetividad y uniformidad de juicio contra las arbitrariedad del juez, lo cual se haca necesario en situaciones como aqullas en las que la organizacin judicial era catica y el juez careca a menudo de cultura adecuada y de formacin tcnico jurdica. Y, desde un punto de vista gnoseolgico, el sistema de prueba legal expresaba una metodologa del conocimiento fundada en los apriorismo y abstracciones formales tpicos del pensamiento tardoescolstico y aristotlico tomista . 3 GARCA RAMREZ, S., Reflexiones sobre los principios rectores del proceso penal, en AA.VV., XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico, 1998, p. 359. 4 TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, pp. 388-390. 5 SERRA DOMNGUEZ, M., El derecho a la prueba en el proceso civil espaol, en Libro homenaje a Jaime Guasp, Comares, Granada, 1984, p. 580. 6 VALERA, C., La valoracin de la prueba, Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 50. SERRA DOMNGUEZ, M., El derecho a la prueba, cit, p. 583, destacaba que uno de los graves inconvenientes de la prueba legal estriba en la
una vez positivizada perda su intrnseco carcter dinmico. Se dio lugar, adems, a un fenmeno de cuantificacin de la prueba, lo que se vino a denominar la aritmtica de las pruebas7. CAPPELLETI deca que la valoracin de la pruebas se hace as, no por el juez, caso por caso y en consideracin de los elementos concretos de credibilidad, de verosimilitud, de persecucin, sino apriorsticamente y en abstracto por la ley. De ah la consecuencia de que el juez en lugar de valorar las pruebas, se limitara a contarlas8. En el marco de este sistema el juez acababa convirtindose en un autmata o burcrata en expresin afortunada utilizada por PATTI9, limitado funcionalmente a trasladar el valor probatorio predeterminado en la norma jurdica a la sentencia al margen de su poder de persuasin o conviccin10. Segn sealaba en la doctrina italiana CHIOVENDA, en el sistema de prueba legal el legislador se sustitua al juez en la labor de valoracin probatoria11. Como acertadamente indica BINDER, el juez acaba encorsetado dentro de esas indicaciones legales, impidindole adecuar su tarea al caso concreto u obligndolo a buscar subterfugios cuando la solucin a la que se arriba a travs de las pruebas legales es claramente contraria a la solucin que l percibe como adecuada al orden jurdico12. En definitiva, en su origen el sistema de libre valoracin presentaba un contenido eminentemente negativo como reaccin frente a las consecuencias derivadas del sistema de prueba legal. La libre valoracin probatoria se caracteriz en esencia por la ausencia de normas legales de valoracin, esto es por la no plasmacin de reglas en la norma jurdica. Consecuencia de esta desaparicin de reglas legales fue la abolicin, tambin, de las pruebas penales privilegiadas, como histricamente lo haba sido la confesin del acusado consideraba durante mucho tiempo como prueba plena13 o probatio probatissima14 . Ello, sin embargo, no significaba que la labor de valoracin estuviera hurfana de todo de tipo de reglas y que juzgador pudiera actuar de forma arbitraria siguiendo sus propios impulsos o intuiciones. En su origen el sistema de libre valoracin no consagraba un mtodo de apreciacin irracional de la prueba penal15. II. El principio de la ntima conviccin o apreciacin en conciencia de la prueba. El sistema de libre valoracin de la prueba en el proceso penal trataba de ofrecer un modelo alternativo que se ajustaba al nuevo paradigma racional surgido tras la Revolucin Francesa de
permanencia de las reglas tasadas de prueba, que no podran adaptarse a las circunstancias del caso concreto y que podan quedar desfasadas. 7 GIULIANI, A., Il concetto di prova Contributo alla logica giuridica, Giuffre, Milano, 1971, p. 184, hablaba de que aritmtica de las pruebas haba sustituido al razonamiento (la cita puede verse en ANDRZ IBEZ, P., Acerca de la motivacin de los hechos en la sentencia penal, Doxa n 12, 1992, p. 277). 8 CAPPELLETI, M., La oralidad y las pruebas en el proceso civil, trad. De Sents Melendo, Ediciones Jurdicas EuropaAmrica, Buenos Aires, 1972, p. 41 9 PATTI, S., Libero convincimento e valuacione delle prove, Revista di Ditritto Processuale, julio-septiembre, 1985, p. 485. 10 SENTS MELENDO, S., La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio, Ediciones Jurdicas Europea-Amrica, Buenos Aires, 1979, p. 253, calificaba la prueba legal de sucedneo de prueba. 11 CHIOVENDA, G., Principios de Derecho Procesal Civil, t. II, Reus, Madrid, 2000, pp. 296-297. 12 BINDER, A., El relato del hecho y la regularidad del proceso: la funcin constructiva-destructiva de la prueba penal, en Justicia Penal y Estado de Derecho, Ad Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 43 13 El concepto de prueba plena se diferenciaba de la prueba semiplena. Esta ltima equivala a una declaracin de semiculpabilidad y solo autorizaba la imposicin de una pena ms leve. Esta distincin aparece estrechamente vinculada al sistema de prueba legal o tasada, siendo el legislador el que fijaba los medios de prueba que tenan la consideracin de prueba plena. Vid. JIMNEZ ASENJO, E., Derecho Penal, Vol. I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, s.f., pp. 400-401. La doctrina procesalista actual rechaza esta distincin: Vid., por ejemplo, MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional, t. II, con Gmez Colomer. Ortells Ramos y Montn Redondo, Bosch, Barcelona, 1991, p. 209. 14 Vid. GORPHE, F., Apreciacin judicial de las pruebas, Temis, Bogot, 1985, p. 30. 15 MIRANDA ESTRAMPES, M., La mnima actividad probatoria en el proceso penal, Bosch, Barcelona, 1997, p. 109.
1789. La nueva racionalidad surgida con el Iluminismo se extendi a todos los mbitos de conocimiento y el proceso penal, especialmente la questio facti, no podan quedar al margen de su influencia. Libre valoracin y valoracin racional de la prueba son dos conceptos que aparecen ntimamente unidos en su origen. El juzgador no puede prescindir de la lgica, de las reglas del raciocinio humano, de las mximas de la experiencia en su tarea de valoracin probatoria. El nuevo sistema aparece ntimamente unido a la aparicin del Jurado16 , con la invocacin de la ntima conviccin o la apreciacin en conciencia de la prueba como parmetro valorativo. La frmula empleada antes de que los jurados se retiraran a deliberar, introducida por las leyes revolucionarias francesas17, es verdaderamente significativa de esta nueva concepcin: La Ley no pide cuenta de los medios por los cuales (los jurados) se han formado una conviccin; no les prescribe las reglas a las cuales deben atribuir en particular la plenitud y suficiencia de una prueba, ella les exige que se interroguen a s mismo en silencio y en recogimiento y que busquen determinar, en la sinceridad de su conciencia, qu impresin han causado en su razonamiento las pruebas aportadas contra el acusado y los medios de defensa. La Ley no les dice tendris por verdad todo hecho atestiguado por tal nmero de testigos, o no consideraris suficientemente establecida ninguna prueba que no haya sido formada por tantos testigos o por tantos indicios; la ley les hace una sola pregunta, que compendia toda la medida de su deber; tenis una conviccin ntima? 18. Esta forma de entender el principio de libre valoracin de la prueba se extendi, tambin, al enjuiciamiento por jueces y tribunales profesionales y acab propagndose a la mayora de los sistemas procesales penales continentales europeos por influjo del Code dInstuction Criminelle de 1808 (art. 342)19. Este entendimiento del principio de la libre valoracin de la prueba dio lugar con el transcurso del tiempo, a una concepcin extremadamente subjetivista y esencialmente irracional que daba cobertura y amparaba el arbitrio judicial20. Se dot a dicho principio no solo de un contenido negativo que lo enfrentaba al sistema de la prueba legal, sino tambin de un contenido positivo que lo acab desnaturalizando. La libre valoracin se equipar a la ausencia total de reglas. El conjunto de reglas legales de prueba caracterstica del desaparecido sistema de prueba legal acab siendo sustituido por el ms absoluto vaco de racionalidad21. La conciencia, con sus contornos difusos, se erigi, en el mbito del juicio fctico, en el nico lmite de la operacin valorativa del juez. El modelo amparaba, adems, la ausencia de toda obligacin de motivacin
Tradicionalmente la doctrina ha puesto de manifiesto que la aparicin de la institucin del Jurado popular fue uno de los factores que histricamente desencadenaron la sustitucin de prueba tasada por el de la libre valoracin, motivado por la imposibilidad de que los Jueces legos conocieran las complejas reglas de valoracin de la prueba establecidas por el legislador: DOSI, E., Sul principio del libero convincimento del giudice nel proceso penale, Giuffr, Milano, 1957, pp. 62 y ss. GUTIRREZ-ALVIZ/CONRADI, F., La valoracin de la prueba penal, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, nm. 4, 1975, p. 833. VZQUEZ SOTELO, J. L., Presuncin de inocencia del imputado e ntima conviccin del Tribunal, Bosch, Barcelona, 1984, p. 454 y ss. 17 Leyes francesas de 18 de enero y 16-29 de septiembre de 1791, sobre Procedimiento Penal. 18 Vid. NOBILI, M., Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffr, Milano, pp. 147 y ss. 19 VZQUEZ SOTELO, J. L, Presuncin de inocencia, cit, p. 463. El art. 741 LECrim espaola de 1882 emple la siguiente frmula, que an se mantiene en la actualidad, El Tribunal, apreciando segn su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusacin y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictar sentencia dentro del trmino fijado en esta ley. Por su parte, la Ley espaola del Jurado de 20 de abril de 1888 estableca, en su art. 2, que los Jurados decidirn segn su conviccin moral, libremente formada ; y el art. 84, al regular el sistema de votacin, estableca que la votacin ser nominal y en alta voz, contestando cada uno de los Jurados, segn su conciencia y bajo el juramento prestado, a cada una de las preguntas, S o No. 20 WALTER, G., Libre apreciacin de la prueba, trad. Banzhaf, Temis, Bogot, 1985, pp. 76-77. DE LUCA, G., Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito, Revista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc 4, 1992, pp. 1263 y ss. 21 TARUFFO, M., La prueba, cit., p. 397.
fctica en las sentencias penales y, por tanto, la ausencia de todo control por parte de las instancias judiciales superiores y por la sociedad destinataria de las decisiones jurisdiccionales (control jurdico-democrtico)22. Segn esta concepcin, no poda exigirse del juez que motivara aquello que dependa exclusivamente de la intuicin, de la pura irracionalidad, del olfato u ojo clnico judicial. Un autor clsico como MITTERMAIER ya denunciaba que nada hay ms vacilante, ms incierto que la conviccin ntima, otorga al Juez el derecho de decidir libremente, y sin dar cuenta de sus motivos, de la culpabilidad de sus conciudadanos es concederle un derecho formidable de vida o muerte que nunca ha posedo un soberano con tal extensin23. La valoracin judicial de la prueba acab convirtindose en una especie de potencia dionisaca en acertada expresin de CORDERO24, o momento mstico, trufado de subjetivismo, que dio lugar a la instauracin de un modelo de valoracin predominantemente intuitivista frente a un modelo racional de apreciacin de la prueba25. Se lleg a afirmar que la facultad de valoracin de la prueba corresponda exclusivamente a los Tribunales de instancia y dicha potestad era calificada de soberana, ilimitada, librrima y omnmoda. Se propugn, incluso, que dicha facultad soberana no estaba sujeta a regla alguna, ni siquiera a las reglas de la lgica26. La declaracin de hechos probados plasmada en la sentencia penal resultaba inatacable e intangible, a modo de dogma procesal. El juicio fctico quedaba a extramuros de control por los tribunales superiores mediante el sistema de recursos. Desde esta concepcin, vemos como la valoracin de la prueba se acaba convirtiendo en una simple declaracin de voluntad, en un simple ejercicio de voluntarismo judicial, en definitiva, en una puerta abierta a la pura arbitrariedad o al subjetivismo judicial ms extremo27. El modelo
La STSE de 2 de febrero de 1976 afirmaba expresamente que sin que por otra parte el tribunal a quo en uso y ejercicio de su soberana tenga que explicar las pruebas o razones que le llevaron a tal conviccin, que al constituir solamente un estado de conciencia escapa del control casacional. 23 MITTERMAIER, C. J. A., Tratado de la prueba en materia criminal, 10 ed., adicionada por Aragoneses Alonso, Biblioteca Jurdica de Autores Espaoles y Extranjeros, Reus, 1979, p. 115. 24 CORDERO , F., Ideologie del processo penale, Giuffr, Milan, 1996, p. 229. 25Como seala PATTI, S., Libero convincimento e valutazione delle prove, Revista di Diritto Processuale, nm. 3, 1985, p. 489, el propio trmino intime conviction pareca aludir a un fenmeno de pura conciencia, favoreciendo de esta forma un poder del juez misterioso e inefable, no susceptible de anlisis y control y, por tanto, impenetrable a todo tipo de averiguacin o indagacin. 26 Vase por ejemplo, la STSE de 10 de febrero de 1978, que interpretando el mencionado art. 741 LECrim declaraba que los Tribunales apreciarn las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y las declaraciones o manifestaciones del acusado o imputado en consecuencia, es decir, no ya sin reminiscencias de valoracin tasada o predeterminada por la ley- sistema felizmente superada-o siguiendo los dictados o reglas de la sana crtica o de manera simplemente lgica o racional, sino de un modo tan librrimo y omnmodo que el juzgador, a la hora de apreciar los elementos probatorios puestos a su disposicin, no tiene ms freno a su soberana facultad valorativa que el de proceder a ese anlisis y a la consecutiva ponderacin con arreglo a su propia conciencia, a los dictados de su razn analtica y a una intencin que se presume recta e imparcial; y ms adelante aade que el tribunal debe abstenerse de recoger, en su narracin histrica, la resultancia aislada de las pruebas practicadas, el relato pormenorizado o no, de sus incidencias rituarias o procedimentales y, con mucho mayor motivo, el anlisis o valoracin de las mismas, totalmente ocioso e innecesario dada la soberana que la ley le concede para dicha valoracin y que debe permanecer incgnita en la conciencia de los juzgadores y en el secreto de las deliberaciones, dicho de otro modo, que el referido Tribunal no puede, ni debe dar explicaciones del por qu lleg a las conclusiones fcticas de que se trate, sino limitarse a exponer y relatar lo sucedido, de modo explcito y claro como rotundo y categrico. 27 TARUFFO, M., La prueba,cit., p. 423, afirma que Si un juez decidiese sobre el hecho afirmando que est iluminado por alguna divinidad o mediante una sesin de espiritismo, ello bastar para excluir la racionalidad de la valoracin de las pruebas. Este criterio es aparentemente banal, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta la difusin de teoras que reconducen la valoracin de la prueba a criterios como la intuicin o la certeza moral: stos son menos ridculos que la referencia a la sesin de espiritismo, pero no menos irracionales que sta.
permita, incluso, que para la formacin de esa conviccin pudiera prescindirse de la prueba, pues lo fundamental era que el juez estuviera convencido (intime conviction). La siguiente frase resume perfectamente esta concepcin irracionalista de la valoracin de la prueba: t fallas como tu conciencia te lo diga, con la prueba de autos, sin la prueba de autos y aun contra la prueba de autos28. Lo nico relevante era que el juzgador se encontrara convencido en conciencia, con independencia de si esa conviccin se fundamentaba o no en las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. La conviccin fctica del rgano jurisdiccional acababa desvinculada totalmente del material probatorio existente en el proceso, material probatorio que resultaba siendo irrelevante, pues el elemento decisivo era la conviccin fctica del juez que dictara la sentencia. En este modelo el principio iudex iudicare secundum conscientiam terminaba contraponindose al principio iudex debet iudicare secundum allegata et probata. La identificacin de la verdad material como fin de la prueba y del proceso penal29 avalaba este entendimiento del principio de libre valoracin de la prueba30. El juez deba descubrir la verdad absoluta de los hechos y para ello poda tener en cuenta todos los datos obrantes en el proceso, sin importarle la forma de obtencin o incorporacin, ni su ilicitud, ni si en realidad se trataba de verdaderos actos de prueba o no, El nico lmite a su tarea de valoracin consista en que deba actuar en conciencia31. Desde un enfoque jurdico poltico, esta concepcin obedeca, adems, a un modelo procesal penal de corte autoritario y profundamente antidemocrtico. Ante una manifestacin de verdadera tirana judicial32. Si nos situamos en una ptica constitucional, debe rechazarse absolutamente la vigencia de dicho modelo pues, como hemos constatado, ampara la arbitrariedad de las decisiones judiciales, y es contrario a aquella norma constitucional que proclama la interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos33. III. Significacin actual: el concepto de las reglas de la sana crtica Una concepcin del principio de libre valoracin de la prueba respetuosa con el modelo constitucional de proceso penal debe caracterizarse por las dos notas siguientes. Desde un aspecto
COUTURE, E. J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Desalma, 3 ed., Buenos Aires, 1988, pp. 273-275. En contraposicin a la verdad formal como fin del proceso y de la prueba civil. Una crtica a la teora de la dualidad de verdades puede verse en mi trabajo La mnima actividad, cit., pp. 26 y ss. 30 SERRA DOMNGUEZ, M., Contribucin al estudio de la prueba, Revista Jurdica de Catalua, 1962, p. 318, afirmaba que haba de desterrar del concepto de prueba el trmino verdad. 31 No proponemos que el proceso penal prescinda de la verdad, sino que nos limitamos a criticar una determinada concepcin que absolutizaba la verdad material como fin nico del proceso. En la actualidad, desde la Filosofa del Derecho se defiende que la verdad debe ser entendida como correspondencia de los hechos con la realidad en trminos de aceptacin. FERRER BELTRN, J., Prueba y verdad en el derecho, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 61 y ss. GONZLEZ LAGIER, D., Hechos y argumentos (Racionalidad epistemolgica y prueba de los hechos en el proceso penal) (II), Jueces la Democracia. Informacin y Debate, n 47, julio /2003, p. 40, nos dice que Lo que se pretende en el proceso con la actividad probatoria es averiguar la verdad de enunciados acerca de ciertos hechos. Como hemos visto averiguar la verdad no puede querer decir encontrar una ventana absoluta, sino una verdad (como ocurre siempre con la verdad emprica) con un grado de probabilidad suficientemente razonable. 32 GARCA RAMIREZ S., Reflexiones sobre los principios cit, p. 359. 33 El art. 9.3 Constitucin espaola de 1978 establece que La Constitucin garantiza La interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos. Aunque la Constitucin peruana de 1993 no contiene un precepto similar, el TCP ha declarado que la interdiccin de la arbitrariedad forma parte del principio de seguridad jurdica que es consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La STCP de 30 abril 2003, Exp. N 0016-2002-AI/TC, afirma, en el f.j.3, que El principio de seguridad jurdica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes pblicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garanta que informa a todo el ordenamiento jurdico y que consolida la interdiccin de la arbitrariedad.
negativo, la libre valoracin implica simplemente la no sujecin e exigencias tasadas en los textos legislativos, esto es, en la ausencia de normas legales positivizadas que predeterminen con carcter abstracto el mrito o valor de las pruebas penales. Ahora bien, es posible que en algunas de las actitudes o comportamientos procesales podamos detectar an influencias del sistema de la prueba legal, reproduciendo esquemas que deberan haber quedado superados tras la abolicin de dicho sistema en el proceso penal moderno de corte acusatorio. Por ejemplo, cuando aceptamos sin efectuar ningn anlisis o valoracin crtica los resultados de una prueba cientfica o pericial, convirtindola en una especie de prueba legal o tasada vinculante para el Tribunal y ajena a cualquier tipo de control jurisdiccional. El juez no puede hacer dejacin de sus funciones, entre las cuales se encuentran el anlisis y el control crtico de los resultados aportados por las pruebas periciales o cientficas, evitando el acceso al proceso de la junk science (ciencia basura)34. Retornando la explicacin acerca del significado de la libre valoracin de la prueba, libertad no significa que pueda prescindirse de la prueba para formar la conviccin del Tribunal. El Tribunal no puede fundamentar una declaracin de culpabilidad en actos que no tengan la condicin de actos de prueba, que adems han de ser practicados en el juicio oral con absoluto respeto a las garantas procesales (publicidad, oralidad, inmediacin y contradiccin), salvo aquellas excepciones admitidas constitucionalmente. Desde una perspectiva positiva, la libertad de valoracin no implica, tampoco, la inexistencia de reglas de valoracin, sino precisamente la utilizacin de las reglas de la lgica y de las mximas de la experiencia (comunes o especializadas) en esta tarea valorativa35, esto es, de las reglas de la sana crtica36 . A tales reglas se alude expresamente en algunos textos procesales penales y ha venido ha sustituir la caduca frmula de la apreciacin en conciencia37. El nuevo Cdigo Procesal Penal
El Juez no puede renunciar a efectuar un control crtico de los resultados aportados por la prueba cientfica. Si renunciase a esta labor crtica el perito acabara convirtindose en juez de jueces. Vid., ms ampliamente, TARUFFO, M., Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, Rivista di Diritto e Procedura Civile, n 3, 2001. ANSANELLI, V., Problemi di corretta utilizzazione della prova cientifica, Rivista di Diritto e Procedura Civile, n 4,2002. Tambin, DEVIS ECHANDA, H., Cientificidad de la prueba en relacin principalmente con los dictmenes periciales y la libertad de apreciacin del juzgador, Revista de Derecho Procesal, 1977, n 1. IGARTUA SALAVERRA, J., La motivacin de las sentencias, imperativo constitucional, Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pp. 165-166, hace referencia a la doctrina Daubert elaborada por el Tribunal Supremo Federal norteamericano, que fij los siguientes criterios para evaluar la validez y fiabilidad de las pruebas cientficas: primero, la controlabilidad y falsabilidad de la teora o tcnica que fundamenta la prueba; segundo, el tanto por ciento de error conocido o potencial y si se respetan o no los estndares relativos a la tcnica empleada; tercero, si la teora o tcnica en cuestin ha sido difundida en publicaciones cientficas permitiendo as su control por otros expertos; cuarto y ltimo, el consenso general de a comunidad cientfica concernida. 35 STEIN, F., El conocimiento privado del juez, Edit. Centro de Estudios Ramn Areces, Madrid, 1990, p. 22, defini la mximas de experiencia como juicios hipotticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observacin se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. 36 Ya GORPHE, F., Apreciacin, cit., p.4, reproduciendo una cita del entonces procurador general Berardi, seala que la libre conviccin no entraa el juzgar por sentimiento o impresiones, sino una valuacin analtica y cuidadosa de los hechos y de las pruebas. 37 Por ejemplo, el Cdigo Procesal Penal de la Repblica de El Salvador establece en su art.162. ltimo prrafo, que Los jueces deben valorar las pruebas en las resoluciones respectivas, de acuerdo con las reglas de la sana crtica. Y en su art. 356 afirma que El tribunal apreciar las pruebas producidas durante la vista pblica de un modo integral y segn las reglas de la sana crtica. Vid. Tambin, el art. 385 del Cdigo Procesal Penal de Guatemala que alude a las reglas de la sana crtica razonada. El nuevo Cdigo Procesal Penal de la Repblica Dominicana de 2002 precepta en el art. 333 que Los jueces que conforman el tribunal apreciaran, de modo integral, cada uno de los
de la Repblica de El Per de 200438 declara en su art. 158.1 que En la valoracin de la prueba el Juez deber observar las reglas de la lgica, la ciencia y las mximas de la experiencia. Frmula que merece un juicio favorable, al venir a sustituir al criterio de conciencia que se contempla en el art. 283 del an vigente Cdigo de Procedimientos Penales de 194039: Los hechos y las pruebas que los abonen sern apreciados con criterio de conciencia40. En la doctrina procesalista COUTURE nos deca que las reglas de la sana crtica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano; en ellas intervienen las reglas de la lgica, con las reglas de la experiencia del juez, y unas y otras contribuyen a que el magistrado pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razn y a un conocimiento experimental de las cosas41. Lo caracterstico de las reglas de la sana crtica es su adaptabilidad a las concretas circunstancias fruto de su carcter dinmico. Como afirma APOLO RAMREZ son reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relacin a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lgicos en que debe apoyarse la sentencia42. En definitiva, en este sistema de valoracin probatoria las mximas de la experiencia no estn predeterminadas previamente por el legislador en la norma, como suceda en el sistema de prueba tasada o legal, sino que son elegidas libremente por el juzgador. Utilizacin de las mximas de la experiencia que el juzgador deber exteriorizar en la motivacin de las sentencias, para comprobar la racionalidad de la decisin judicial como veremos ms adelante. Debemos descartar totalmente que valoracin libre sea equivalente a valoracin discrecional o arbitraria. Como dice TARUFFO el juez ha de ser libre en la valoracin de la prueba, pero no puede ser libre de no observar una metodologa racional en la fijacin de los hechos controvertidos43. El problema consistir, como sigue diciendo este autor, en identificar estas reglas fuera y ms all de la disciplina normativa de las pruebas. Aunque desde amplios sectores doctrinales se defiende que el sistema de valoracin de la prueba segn las reglas de la sana crtica es un sistema autnomo e intermedio, un tertium genus, entre el sistema de la prueba legal y el de la ntima conviccin44, en mi opinin no nos encontramos ante un nuevo modelo, pues el principio de la ntima conviccin exiga tambin que esa conviccin judicial se formara con
elementos de prueba producidos en el juicio, conforme a las reglas de la lgica, los conocimientos cientficos y las mximas de experiencia, de modo que las conclusiones a que lleguen sean el fruto racional de las pruebas en las que se apoyan y sus fundamentos sean de fcil comprensin; tambin el art. 172 de este texto procesal penal. 38 En adelante NCPP/2044. 39 En adelante CdPP/1940. 40 Este criterio de conciencia tambin se recoga en el art. 193 del Cdigo Procesal Penal de 1991. En la doctrina peruana OR GUARDIA, A., Manual, cit., p. 299, distingua, en una tesis totalmente discutible, entre el criterio de conciencia y la libre conviccin, admitiendo que el primero poda basarse en la intuicin y que supona adems independencia respecto de la prueba, significando de esta manera una mayor libertad. 41 COUTURE, E. J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Declama, Buenos Aires, 1988, pp. 270-271. 42 APOLO RAMREZ, M., La sana crtica en la prueba testimonial, Edino, Guayaquil, 1993, p. 66. 43 TARUFFO, M., Libero convincimento del giudice, Enciclopedia Giuridica, Roma, 1990, p. 2 (la cita puede verse en GASCN ABELLN, M., Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba. Marcial Pons Ediciones Jurdicas y Sociales, Madrid, 1999, p. 161). Tambin, IGARTUA SALAVERRA, J., Valoracin de la prueba, cit., 154-155. 44 Uno de los mximos exponentes de esta postura fue COUTURE, E. J., Fundamentos,cit pp. 268 y ss. En palabras de ALCAL ZAMORA Y CASTILLO, N., Derecho Procesal Penal, t, III, con Ricardo Levene, Edit. Guillermo Kraft, Buenos Aires, s.f., pp. 43 y ss., si tomamos el sistema de la prueba legal o tasada como tesis y el sistema de la prueba libre o en conciencia o de la ntima conviccin del juzgador como anttesis, el sistema de la sana crtica o apreciacin razonada de la prueba representara la sntesis.
arreglo a parmetros racionales45. No puede reconocrsele al juez una libertad absoluta para valorar las pruebas que le autorice, incluso, a razonar de forma ilgica46. Como apuntaba BINDER, es impropio distinguir dentro de estos sistemas de libre conviccin, aquellos de ntima conviccin o los de sana crtica racional. Esta distincin es impropia porque siempre el sistema de libre conviccin implica una apelacin a la sana crtica racional del juez, de los jueces o de los jurados47. No obstante, el peso histrico e ideolgico de la frmula ntima conviccin y su estrecha vinculacin a una concepcin autoritativa de la funcin jurisdiccional, aconsejan la sustitucin de la formula legal de la ntima conviccin o apreciacin en conciencia, por la de valoracin conforme a las reglas de la sana crtica o las mximas de la experiencia y las reglas de la lgica48, como hemos visto que hace el art. 158.1 del NCPP/2004. Tambin el art. 393.2 del mismo texto procesal, cuando se ocupa de las normas para la deliberacin y votacin de la sentencia, dispone que la valoracin probatoria respetar las reglas de la sana crtica, especialmente conforme a los principios de la lgica, las mximas de la experiencia y los conocimientos cientficos49. La valoracin se traduce en un juicio probabilstico acerca de la hiptesis fctica obtenida tras la prctica de los diferentes medios de prueba; y stos debern considerarse aceptables cuando su grado de probabilidad se estime suficiente, segn un modelo lgico inductivo50. Segn este modelo, la probabilidad de un enunciado fctico se traduce en trminos de grado de confirmacin que los elementos de prueba le atribuyen. En el proceso penal el grado de confirmacin que se alcance debe despejar cualquier atisbo de duda razonable, por exigencias de la presuncin de inocencia consagrada en las Constituciones nacionales51 y en los textos internacionales de derechos fundamentales52. Resulta muy descriptiva la frmula anglosajona de
Como argumenta IGARTUA SALAVERRA, J., Valoracin de la prueba, cit. P. 90, en el sistema de libre valoracin el juez est libre de ataduras legales pero no de criterios de valoracin racional. 46 Desde esta perspectiva ASENCIO MELLADO, J. M La prueba. Garantas constitucionales derivadas del art. 24.2, Revista Poder Judicial,n 4, diciembre 1986, p. 40, nos dice que la polmica acerca de si existen dos o tres sistemas de valoracin de la prueba debe estimarse superada. 47 BINDER, A., El relato del hecho, pp. 43-44. 48 GIMENO SENDRA, V., Fundamentos del Derecho Procesal, Civitas, Madrid, 1981, p. 218, nota 363, considera que hubiera sido deseable que el legislador hubiera extendido, como criterio general, las reglas del criterio racional o de la sana crtica al art. 741 LECrim, tal como recoge expresamente el art. 717 LECrim, segn el cual las declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Polica Judicial tendrn el valor de declaraciones testificales, apreciables segn las reglas del criterio racional . 49 Vid, tambin, art. 162 y 356 del Cdigo Procesal Penal de la Repblica de El Salvador; art. 127 del Cdigo Procesal Penal portugus de 1987. 50 GACN ABELLN, M., Los hechos, cit., pp. 157-161. En esta misma lnea, ANDRSIBAZ, P., Acerca de la motivacin, cit., p. 282. IGARTUA SALAVERRIA, J., La motivacin de las sentencias, imperativo constitucional, Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p. 143, nos dice que la verdad judicial es sustancialmente probabilista. 51 Art. 2.24 letra e) de la Constitucin peruana de 1993, y art. 24.2 Constitucin espaola de 1978. Sobre las consecuencias de la constitucionalizacin de la presuncin de inocencia vase MONTAS PARDO, M. A., La presuncin de inocencia, Aranzadi, Pamplona, 1999, p.35, segn dicho autor las consecuencias ms importantes son: 1) El carcter normativo de la Constitucin comporta que los derechos fundamentales, entre ellos el de la presuncin de inocencia, sean de aplicacin directa e inmediata y que vinculen a todos los poderes pblicos. 2 El derecho a la presuncin de inocencia debe interpretarse de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espaa (art. 10.2 CE). 3 En cuanto derecho fundamental, la presuncin de inocencia debe ser tutelada por los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial y goza de la proteccin del recurso de amparo constitucional (art. 53 CE). 4 Su contenido no es disponible por el legislador. 5) La presuncin de inocencia es un elemento esencial conforme al cual deben ser interpretadas todas las normas que componen nuestro ordenamiento. 52 Art. 11.1 Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948: ART. 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966; art. 6.2 Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; art. 8.2 Convencin Americana de Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San Jos de Costa Rica.
que la culpabilidad debe quedar acreditada ms all de toda duda razonable (beyond any reasonable doubt)53 como estndar de prueba en el proceso penal54. IV. Libre valoracin de la prueba y presuncin de inocencia El reconocimiento constitucional de la presuncin de inocencia55 como derecho fundamental y su plasmacin en los textos procesales penales56 ha tenido una incidencia decisiva en la propia conformacin de un modelo constitucional de proceso penal de tipo acusatorio. A grandes rasgos podemos sealar que la presuncin de inocencia como principio cardinal del derecho procesal contemporneo presenta un triple contenido. Como regla de tratamiento del imputado, como regla del juicio penal y como regla probatoria. La definicin contenida en el art. II.1 del NCPP/2004 hace referencia a esos tres aspectos, al declarar que Toda persona imputada de la comisin de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantas procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. A continuacin vamos a analizar cada uno de estos significados de la presuncin de inocencia. IV.1 La presuncin de inocencia como regla de tratamiento del imputado En esta primera acepcin la presuncin de inocencia obliga a que el acusado sea tratado durante el desarrollo del proceso penal, tanto en el mbito procesal como en el extraprocesal, como inocente mientras no se declare su culpabilidad en una sentencia condenatoria57. EL
En la doctrina peruana AZABACHE, C., introduccin al Procedimiento Penal, Palestra Editores, Lima, 2003, pp. 163164, afirma que Para lograr ese nivel de conviccin, el tribunal debe eliminar toda duda posible, toda alternativa distinta a aquella que funda la condena contra el acusado. Si al final del procedimiento subsiste una duda razonable, entonces debe absolver. Si, por el contrario, puestos en ese momento, todas las dudas planteadas han sido eliminadas, entonces est autorizado a condenar. 54 En el sistema jurdico anglosajn FLETCHER, G. P., Conceptos bsicos de Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia , 1977, pp. 36-37, distingue tres niveles de prueba. El estndar de prueba ms estricto es el que impone a la acusacin el deber probar los hechos ms all de toda duda razonable. Un nivel menos estricto es el deber de probar el problema con una prueba clara y convincente. Y todava menos estricto es el nivel mnimo o deber de probar con una prueba preponderante. Dicho autor utiliza el siguiente ejemplo: si estos niveles tuvieran que ser representados en un campo de deportes con lneas numeradas del 1 al 100, movindonos en el terreno de juego con un baln, el estndar ms estricto requerira que se llegara con el baln al menos hasta la lnea 99. El estndar de la prueba clara y convincente podra ser equivalente a la lnea 70; y el estndar mnimo de la prueba preponderante coincidira con la lnea 51. Cuando la carga de la prueba corresponde a la acusacin el estndar exigido es el de la prueba ms all de toda duda razonable. 55 Algunos autores prefieren hablar de verdad interina o provisional de inculpabilidad pues propiamente no estamos ante una presuncin en sentido tcnico-jurdico. VZQUEZ SOTELO, J. L., Presuncin de inocencia, cit., p. 273. De ah que en algn texto constitucional se prescinde de la utilizacin del trmino presuncin como es el caso de la Constitucin peruana de 1993 que emplea la frmula siguiente: Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad (art. 2.24, letra e). Una frmula similar emplea el art. 89 de la Constitucin hondurea de 1982: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. 56 GORPHE, F., Apreciacin, cit, p. 18, defenda que no era necesario para su reconocimiento que dicha presuncin se expresara en la ley pues se trataba de una presuncin natural. 57 El art. 3 del Cdigo Procesal Penal para Iberoamrica bajo la rbrica Tratamiento del imputado, declara que El imputado o acusado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme le imponga una pena o medida de seguridad y correccin.
TEDH sostiene que hay infraccin de la presuncin de inocencia cuando sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolucin judicial que le afecta el sentir de que es culpable58. En el mbito procesal incide decisivamente en la conformacin de la prisin provisional como medida cautelar de naturaleza excepcional59, pues debe partirse como principio general de la libertad del imputado o acusado60. La prisin provisional no puede utilizarse a modo de pena anticipada61. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en el caso Surez Rosero vs. Ecuador, de 19 noviembre 1997, sobre la compatibilidad entre la presuncin inocencia y la prisin preventiva declarando que de los dispuesto en el art. 8.2 de la Convencin se deriva la obligacin estatal de no restringir la libertad del detenido ms all de los lmites estrictamente necesarios para asegurar que no impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludir la accin de la justicia, pues la prisin preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto est expresando en mltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, que dispone que la prisin preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estara cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondera al delito imputado, a personas cuyas responsabilidad criminal no ha sido establecido. Sera lo mismo que anticipar una pena a la sentencia62, lo cual est en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos. Resulta tambin contraria a dicho principio la previsin legal contenida en algunos ordenamientos jurdicos penales de suspensin o privacin de determinados derechos al inculpado (derecho de sufragio activo, derecho de asociacin) por el mero hecho de estar sometido al proceso penal. En el mbito extraprocesal el TEDH ha censurado en algunos de sus pronunciamientos las declaraciones efectuadas durante el desarrollo de la investigacin penal por los responsables de la misma al estimarlas contrarias al derecho a la presuncin de inocencia consagrado en el art.6.2 del CEDH. As, por ejemplo, la STEDH caso Allenet de Ribemont vs. Francia, de 10 de febrero de 1995, estim la vulneracin de la presuncin de inocencia por el hecho de que durante una conferencia de prensa por parte de miembros del Ministerio de Interior francs responsables de la detencin del demandante le sealaron, sin ninguna matizacin ni reserva, como el inductor de un delito de asesinato, declarando que evidentemente se trata de una declaracin de culpabilidad que, por una parte, incita al pblico a creer en ella y por otra, prejuzga la apreciacin de los hechos que corresponde realizar a los jueces competentes. Esta doctrina ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores, afirmando que tendr lugar una
Vid. STEDH caso Barber, Messegu y Jabardo vs. Espaa, de 6 diciembre 1988, apartado 91. El art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966 establece que la prisin preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Vid, tambin, el art. 20 de las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para el Proceso Penal, tambin conocidas como Reglas de Mallorca. Vase arts. 268 y ss. Del NCPP/2004, que mencionan como presupuestos materiales de la prisin preventiva la existencia de un peligro de fuga o de un peligro de obstaculizacin de la averiguacin de la verdad. El TCP (Exp. N 1260-2001. HC/TC, Hunuco) ha resuelto que la motivacin que algunos jueces sealan en el sentido que en caso de imponerse una condena, sta sera superior a los 4 aos de pena privativa de la libertad, y de los primeros recaudos presentados se puede determinar que existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los inculpados como autores del delito a investigar, son fundamentos considerados insuficientes y deficientes para aplicar la detencin al no expresar razonadamente el peligro procesal que comportara para el xito del proceso dejar en libertad a los procesados, agregando que la motivacin del mandato de detencin debe ser suficiente y razonada. 60 Vase, entre otras, SSTCE 14/2000, 47/2000,23/2002. 61 OR GUARDIA, A., Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Alternativas, Lima, 1996, p.37. 62 La cursiva es ma.
violacin del derecho a la presuncin de inocencia cuando, cualquier autoridad pblica (incluyendo a jueces y fiscales) realicen declaraciones pblicas relativas a una persona acusada que reflejen la opinin acerca de su culpabilidad antes de que la misma haya sido acreditada conforme a la ley63. Tambin la CIDH ha aplicado la misma doctrina. La SCIDH caso Cantoral Benavides vs. Per, de 18 agosto 2000, estim que hubo vulneracin de la presuncin de inocencia del art. 8.2 del Pacto de San Jos de Costa Rica, en lnea con lo que haba declarado la Comisin64, por el hecho de que el Sr. Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicacin, vestido con un infamante traje a rayas, como integrante del PCP.SL y como autor de un delito de traicin a la patria, cuando an no haba sido legalmente procesado ni condenado65. Ello no excluye el que las autoridades puedan informar al pblico sobre el resultado de las investigaciones penales y sobre la existencia o detencin de sospechosos, mientras no se les presente como culpables ante la opinin pblica. El art. II 2. del NCPP/2004 ha incorporado esta doctrina en su articulado al establecer que Hasta antes de la sentencia firme, ningn funcionario o autoridad pblica puede presentar a una persona como culpable o brindar informacin en tal sentido. IV.2. La presuncin de inocencia como regla de juicio penal En esta segunda acepcin la presuncin de inocencia ofrece al juzgador un criterio para la solucin de los supuestos de incertidumbre fctica, de tal forma que los casos de duda debern resolverse siempre a favor del acusado (in dubio pro reo). Desde nuestra concepcin el principio in dubio pro reo parte del contenido esencial de la presuncin de inocencia66. Nos mostramos contrarios a aquella posicin, avalada por la doctrina del TCE67, que distingue conceptualmente la presuncin de inocencia del principio in dubio pro reo. La exclusin de este ltimo supone un fenmeno de jibarizacin del contenido de la presuncin de inocencia. La presuncin de inocencia opera imponiendo la absolucin del acusado tanto en los supuestos de ausencia total de prueba (vaco probatorio) como en los supuestos de insuficiencia probatoria o
Vid. STEDH caso Butkevicius vs. Lituania, de 26 marzo 2002, en un supuesto de declaraciones incriminatorias realizadas por el Fiscal General y el Presidente del Parlamento que tena que resolver sobre la solicitud de procesamiento del demandante. 64 Vid. Apartado 116 de la sentencia. 65 Vid. apartado 120 de la sentencia. En la misma lnea SCIDH caso Berenson Meja vs. Per, de 25 noviembre 2004, apartados 158-161. 66 Vid. mi trabajo La mnima actividad, cit., pp. 606 y ss. Tambin CAFFERATA NORES, J. I., La prueba en el proceso penal, Desalma, Buenos Aires, 1986, pp. 10-11, y IGARTUA SALAVERRA, J., La motivacin, cit, pp. 35-36. 67 Vid., entre otras, SSTCE/1989,63/1993. En la doctrina espaola vase MONTAS PARDO, M.A., La presuncin de inocencia, cit., pp. 45 y ss. Distincin acogida, tambin, por la CSP, Sala Penal, RN., N 2506 99, Lima, de 30 septiembre 1999, en donde afirma que son supuestos para la expedicin de una sentencia absolutoria, la insuficiencia probatoria que es incapaz de desvirtuar la presuncin de inocencia o la invocacin del principio in dubio pre reo cuando existe duda razonable respecto a la responsabilidad penal del procesado; que, el primer supuesto () crea a favor de los ciudadanos el derecho a de ser considerados inocentes mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha presuncin; mientras que el segundo supuesto se dirige al juzgador como una norma de interpretacin para establecer que en aquellos casos en los que se ha desarrollado una actividad probatoria normal, si las pruebas dejaren duda en su nimo, deber por humanidad y por justicia absolver al procesado; que asimismo, dichos principios no pueden ser invocados en forma conjunta a favor de un encausado, sino que su invocacin debe hacerse de manera alternativa, ello en razn a que la insuficiencia probatoria por ser tal, es inocua para destruir la presuncin de inocencia, y por ende no puede generar duda en el juzgador, precisamente por la inexistencia de pruebas que lleve a la conviccin de la responsabilidad penal del acusado (Revista Jurdica, publicacin mensual de Gaceta Jurdica, t. 118, Lima, Per, 2003, pp. 149-150).
duda razonable68. No hay que confundir los lmites del control casacional o constitucional con la distincin conceptual entre presuncin de inocencia e in dubio pro reo. El NCPP/2004 opta por la inclusin del in dubio pro reo en el contenido esencial de la presuncin de inocencia, al establecer el ya mencionado art. II.1, bajo la rbrica de Presuncin de inocencia, que en caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado69. IV.3. La presuncin de inocencia como regla probatoria La presuncin de inocencia acta tambin como regla probatoria, esto es, como regla que contribuye a disear la actividad probatoria en el proceso penal sometindola a una serie de condiciones y requisitos jurdicos cuya concurrencia es necesaria para poder estimar destruida esta presuncin y, por tanto, para poder dictar sentencia condenatoria70. La libertad de valoracin no puede ser utilizada como coartada para justificar la utilizacin de cualquier medio de informacin sobre los hechos al margen de su forma de obtencin e incorporacin al proceso71. La libre valoracin presupone como condicin objetiva necesaria la existencia de prueba a valorar72. La primera de las consecuencias de la presuncin de inocencia como regla probatoria es que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que sea exigible a la defensa una probatio diablica de los hechos negativos73. No son admisibles aquellas presunciones legales74 o
PEDRAZ PENALVA, E., Introduccin al Derecho Procesal Penal (acotado al ordenamiento jurdico nicaragense), Hispamer, Managua, 2003, pp. 451 y ss. 69 El art. 284 CdPP/1940, bajo la rbrica Sentencia absolutoria, parece distinguir dos tipos de pronunciamiento absolutorios, aquellos en los que las pruebas han demostrado la inocencia del acusado y aquellos en los que tales pruebas no son suficientes para establecer su culpabilidad. Estimamos que tanto uno como otro quedan amparados por la presuncin de inocencia y que la parte dispositiva de la sentencia, esto es, el fallo absolutorio debe ser el mismo en ambos supuestos, con independencia del razonamiento probatorio empleado en los fundamentos de derecho. Los supuestos de insuficiencia de prueba son equivalentes a falta de prueba por lo que la frmula a emplear en el fallo absolutorio debe ser la misma. No resulta admisible la utilizacin en el fallo de la frmula proscioglimento dubitativo, pues es contraria a la presuncin de inocencia al introducir la idea de un tertium genus entre la condena y la absolucin. 70 Vid, entre otras , SSTCE 7/1999, 17/2002. 71 ORTELLS RAMOS, M., Los principios rectores del proceso penal (tendencias actuales en Derecho espaol), en XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico, 1998, p. 548. 72 Como pone de relieve FERRAJOLI, L., Derecho y razn, Teora del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, p. 139, una de las desviaciones del principio de la libre conviccin fue la propia negacin de la prueba como condicin necesaria. 73 Vid. STEDH caso Telfner vs. Austria, de 20 marzo 2001. En mi opinin la exhortacin al inculpado para que diga la verdad prevista en el art. 132 CdPP/ 1940 es contraria a la presuncin de inocencia y a su derecho al silencio y a no confesarse culpable. Exhortacin que se mantiene en el art. 87.4 NCPP/2004 aunque con una frmula distinta: Slo se podr exhortar al imputado a que se defienda con verdad. VAZQUEZ SOTELO, J. L., Presuncin de inocencia, cit, pp. 219 y ss., comentando el art. 387 LECrim espaola, cuyo contenido es muy similar a los anteriores, afirma su inconstitucionalidad por contrario al derecho al silencio y a no declarar contra s mismo. Como ha reconocido el TCE el imputado tiene incluso el derecho a mentir (STCE 129/1996). Debera haberse incorporado una frmula similar a la empleada en el reciente Cdigo Procesal Penal de la Repblica Dominicana de 2002, cuyo art. 107 establece que En ningn caso se puede requerir del imputado ratificacin solemne de su exposicin o promesa de decir la verdad. 74 Los denominados tipos penales de sospecha son contrarios a la presuncin de inocencia en cuanto que conllevan una inversin de la carga de la prueba. La ComIDH en su Informe anual de 1996 recomendada al Per que en el mbito de la legislacin antiterrorista eliminar los tipos penales de mera sospecha pues, deca, revierten el peso de la prueba y son contrarios a la presuncin de inocencia: www.cidh.org/annualrep/ 96 span.
judiciales que operan invirtiendo la carga de la prueba, exigiendo del acusado que pruebe su no culpabilidad. De forma muy resumida podemos enumerar las siguientes condiciones que debe reunir la prueba para que la misma pueda ser valorada por el Tribunal y poder estimar destruida la presuncin iuris tantum de inocencia75: a) La concurrencia de prueba En primer lugar debe tratarse de verdaderos actos de prueba. Ello supone, por un lado, que el juez no puede utilizar su conocimiento privado o extraprocesal para formar su conviccin acerca de los hechos. Por otro lado, deben excluirse o descartarse todos aquellos elementos que no tenga la condicin verdadera prueba. El material objeto de valoracin judicial debe tener, por tanto, la condicin de prueba. El criterio de conciencia incorporado en algunos textos procesales no puede autorizar a valorar lo que no tiene la condicin de prueba. Aqu cobra relevancia la distincin conceptual entre actos de investigacin y actos de prueba76. Los primeros, como regla general, no pueden ser utilizados como fundamento de la hiptesis fctica de la sentencia. La presuncin de inocencia solo puede ser destruida sobre la base de verdaderos actos de prueba practicados en el acto de juicio oral, salvo aquellos supuestos excepcionales de eficacia probatoria de las denominadas diligencias sumariales (actos de investigacin), siempre y cuando en su prctica se haya respetado la garanta de la contradiccin. La actual regulacin contenida en el CdPP/1940 no establece con caridad esta distincin permitiendo que el juez pueda valorar indistintamente unos y otros. As, por ejemplo, en el Ttulo III, De las audiencias, del Libro Tercero, Del juicio, autoriza la lectura de las declaraciones de los testigos que no asistan a la audiencia y sobre cuya concurrencia no insista el tribunal, permitiendo, de esta forma, su utilizacin probatoria al margen de las causas determinantes de dicha incomparecencia y de las condiciones en que dicha declaracin previa se obtuvo. Dicha norma es contraria al principio de inmediacin y al de contradiccin pues priva de la posibilidad de interrogar al testigo77. Por su parte el art. 280 CdPP/1940 autoriza con carcter general la utilizacin probatoria de los actos de instruccin al establecer
Estas condiciones tienen su origen en la doctrina de la mnima actividad probatoria de cargo elaborada por el TCE (Vid. STCE 31/1981. Un amplio comentario a dicha sentencia puede consultarse en nuestro trabajo La mnima actividad, pp. 122 y ss.). Aunque la frmula empleada es bien conocida y ha sido ampliamente reiterada lo cierto es que la utilizacin del trmino mnima no resulta muy afortunada pues parece dar a entender que la actividad probatoria es susceptible de ser cuantificada. Paulatinamente el trmino mnimo ha sido sustituido por el de suficiente. 76 Esta distincin puede verse en la doctrina peruana en San Martn Castro, C., Derecho Procesal Penal, t. II, Grijley, Lima, 2003, pp.793 y ss. 77 El art. 14.3, en su letra e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966 consagra el derecho de todo acusado a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. Tambin, el art. 8.2, letra f), del Pacto de San Jos de Costa Rica, y art. 6.3. letra d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La regla general debe ser la presencia del testigo en el acto del juicio oral para ser sometido al interrogatorio cruzado de las partes, salvo supuestos excepcionales de imposibilidad de concurrir a la vista oral, en cuyo caso podr darse lectura a sus aclaraciones previas siempre que se hubiere garantizado la contradiccin y como mnimo se hubiere concedido al imputado la posibilidad de interrogar al testigo de cargo. Vid., ms ampliamente, mi trabajo La prueba de testigos en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, en Estudios Jurdicos. Ministerio Fiscal, Tomo V-2000, Ministerio de Justicia, Madrid, 2000, pp. 371 y ss. La CIDH ha declarado en varias sentencias que el art. 13. c del Decreto de Ley N 25.475. de 6 de mayo de 1992 dictado en Per en el marco de la legislacin antiterrorista al impedir el interrogatorio de agentes de la polica y del ejrcito que hubiesen participado en las diligencias de investigacin conlleva una vulneracin del art. 8.2, letra f) de la Convencin Americana sobre Derecho Humanos: SSCIDH caso Castillo Petruzzi y otros vs. Per, de 30 mayo 1999, apartado 153; y caso Lori Berenson Meja vs. Per, de 25 noviembre 2004, apartados 183-186.
que La sentencia que ponga trmino al juicio deber apreciar la confesin del acusado y dems pruebas en la audiencia, as como testimonios, peritajes y actuaciones de la instruccin78. Segn el tenor literal este precepto, no parece existir ninguna diferencia entre los actos de prueba y los actos de instruccin, pues ambos pueden ser utilizados por el juez en el momento de construir la hiptesis fctica. Otra de las manifestaciones de dicha confusin la encontramos en el art. 62 CdPP/1940 cuando atribuye al atestado policial la condicin de elemento probatorio que deber apreciarse conforme al criterio de conciencia79. En realidad el atestado policial no es un acto de prueba sino un acto de investigacin y su eficacia probatoria est condicionada a su incorporacin al acto del juicio oral por alguno de los medios de prueba legalmente previstos (testifical, pericial), garantizndose de esta forma el principio de contradiccin. El atestado policial no tiene valor probatorio por s mismo, slo tiene el valor de denuncia80 y, por tanto, no constituye un medio de prueba sino que debera ser, en todo caso, objeto de prueba81. Con mejor criterio el NCPP/2004 s que incorpora esta distincin al establecer en su art. 325 que "las actuaciones de la investigacin solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigacin y de la etapa intermedia"82, aadiendo a continuacin que para los efectos de la sentencia tiene carcter de acto de prueba las pruebas anticipadas83 y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza el Codigo84. Estas disposiciones se complementan con la previsin del art. 393.1 del NCPP/2044 segn el cual "El Juez Penal no podr utilizar para la deliberacin pruebas diferentes a aquellas legtimamente incorporadas en el juicio".
La cursiva es ma. La STCP 3 enero 2003, Exp. N 010-2002-AI/TC, interpretando este precepto declar que el atestado policial no tiene, ni ha tenido en el pasado, el carcter de prueba plena (apartado 100), y ms adelante aade que cualquier sentencia condenatoria que se pudiera expedir no slo puede sustentarse en la versin del atestado policial, sino que debe ser corroborada con otros tipos o medios de pruebas (apartado 101) 80 Vid.. art. 297 LECrim espaola. 81 Vid., ms ampliamente mi trabajo La mnima actividad..., cit., pp. 471 y ss. 82 Entres estas actuaciones de investigacin debe incluirse las diligencias policiales contenidas en el informe policial, trmino que ha venido a sustituir al de atestado policial, cuyo contenido viene fijado en el art. 332 NCPP/2044. 83 Vid. art. 242.1 NCPP/2004, que enumera los supuestos de prueba anticipada, que pueden practicarse tanto durante la fase de investigacin preparatoria como durante la fase intermedia (art. 242.2). En la letra c) menciona los supuestos de reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y caracterstica deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles. Aunque el objetivo de este trabajo no sea analizar el tema de la prueba anticipada llama la atencin que en la nueva regulacin se prevea nicamente la asistencia obligatoria al acto de prueba anticipada del abogado defensor del imputado, pero no as del propio imputado (art. 245.1 NCPP/2004). En mi opinin, la presencia del imputado en el acto de prueba anticipada debe ser obligatoria, pues deriva de la garanta de contradiccin integrante de la nocin del proceso debido, salvo aquellos supuestos excepcionales en los que por razn de la urgencia no sea posible lograr su inmediata comparecencia. Cuestin distinta es que para el caso de incomparecencia injustificada del imputado el acto pudiera celebrarse siempre que constase correctamente citado. 84 Dicho precepto parece basarse en la distincin entre prueba anticipada y actuaciones objetivas e irreproducibles. No obstante, como hemos visto, entre los supuestos de prueba anticipada mencionados en el art. 242.1 se incluyen, tambin, determinados actos definitivos e irreproducibles, por lo que estos, segn el nuevo Cdigo de 2004, no seran ms que una modalidad de prueba anticipada. En ambos casos su introduccin al juicio oral se realizar mediante lectura segn dispone el art. 383.1, letras a) y e) NCPP/2004. En todo caso, la lectura de estas debera complementarse con la presencia en el juicio del agente o agentes policiales que intervinieron en la concreta diligencia de investigacin para poder ser sometidos al interrogatorio contradictorio de las partes. Resulta, adems, censurable que entre los actos susceptibles de incorporarse mediante lectura al juicio oral se mencione la denuncia, pues la forma de introducir su contenido debera ser mediante la declaracin como testigo de la persona denunciante.
Su condicin como prueba de cargo
La prueba debe ser de cargo, esto es, debe tener un contenido objetivamente incriminatorio para el acusado o acusados. No es suficiente con la simple presencia formal de pruebas, es imprescindible que las mismas tengan un contenido incriminatorio que sea congruente con los hechos introducidos en el proceso por las acusaciones y que constituyen su objeto. Como afirma IGARTUA SALAVERRA la congruencia debe ser un predicado definitorio de la ''mnima actividad probatoria de cargo", es decir que las pruebas han de ser congruentes con lo que haya de probarse85 En definitiva la prueba debe tener un contenido que permita, desde un criterio racional, tener por acreditada la participacin del acusado en el hecho delictivo y la propia existencia del hecho punible86. Ello exige que queden acreditados los diferentes elementos fcticos que integran el tipo delictivo objeto de acusacin. c) La legitimidad y licitud de la prueba
En determinados momentos histricos se haba invocado el principio de libertad de valoracin para justificar la utilizacin de cualquier tipo de prueba incluso de aquellas obtenidas de forma ilcita pues, se argumentaba que la finalidad del proceso penal era la bsqueda de la verdad material o absoluta y prescindir de estas pruebas impedira el logro de tal finalidad. En otras palabras, todo aquello que pudiera ser utilizado para el descubrimiento de la verdad material deba ser valorado por el Juez para formar su conviction87. En la actualidad esta idea debe rechazarse totalmente. La presuncin de inocencia exige que las pruebas se practiquen con todas las garantas y se obtengan de forma lcita. Desde la ptica del principio de libre valoracin de la prueba debe rechazarse esa errnea concepcin que amparaba la utilizacin de las pruebas ilcitas. La libertad de apreciacin como expone Walter no puede entenderse como libertad de utilizacion88. La licitud de la prueba no es una cuestin de apreciacin o valoracin, sino un presupuesto ineludible de dicha apreciacin89. La libre valoracin de la prueba solo puede predicarse de aquellas pruebas obtenidas de forma lcita y con todas las garantas, y ella misma no puede fundar su licitud90.
IGAURTUA SALAVERRA, J., Valoracin de la prueba,cit.,p. 45. Vid., entre otras, STCE 150/1989. 87 Entre los autores partidarios de esta posicin cabe mencionar a GUASP, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Aguilar, Madrid, 1947, t. II, vol 1, pp. 583-584. PRIETO CASTRO/ Fernndez, L., Tratado de Derecho Procesal Civil, Aranzadi, Pamplona, 1985, p. 761. 88 WALTER, G., Libre apreciacin, cit., p. 315. 89 La Corte Suprema del Per en una reciente sentencia de 16 abril 2002 (Exp. N 4439-2001, Puno), citada por San Martn Castro, C., Derecho Procesal Penal, cit., p. 899, declara que Es exigencia procesal que los fallos condenatorios reflejen el juicio racional y lgico de parte de los juzgadores en donde por la fuerza de la carga probatoria se quiebre la presuncin de inocencia pudiendo considerarse prueba de signo incriminatorio o de cargo la que haya sido obtenida sin vulneracin de los derechos fundamentales directa o indirectamente (ello incluye la inutilizacin de las pruebas reflejas) y haya sido practicada en el plenario o juicio oral. Y cuando se trata de prueba preconstituida, que sta resulta imposible su reproduccin siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de contradiccin. Para ello se requiere que la valoracin del conjunto de las pruebas se inicie desde una calificacin de la validez o licitud de cada prueba practicada y luego la ponderacin de la eficacia, capacidad persuasin, o fuerza convincente del conjunto segn de la sana crtica. 90 BINDER, A., El relato del hecho cit, pp. 25-26, nos dice que muchas veces se afirma equivocadamente, que el principio general que regula la adquisicin de informacin es el de la libertad y amplitud de la prueba. No digo que este principio no exista, sino que no es el principio bsico; al contrario, en el marco de un Estado de Derecho se puede decir que el principio es el inverso: existen limitaciones bsicas y esenciales a la adquisicin de informacin que surgen de las limitaciones constitucionales y de muchas garantas procesales, que conforman un ncleo muy importante del concepto mismo de la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Hasta se puede decir que las normas y las practicas que regulan la actividad de adquisicin de informacin se convierten en el fiel de la
La legitimidad de las pruebas mencionada en el art. 393.1 NCPP/ 2004 debe interpretarse en el sentido que su incorporacin exige que se hayan respetado los principios de oralidad, inmediacin, contradiccin y publicidad91. A estos principios alude expresamente el art. 356.1 NCPP/2004 al estipular que "Sin perjuicio de las garantas procesales reconocidas por la Constitucin y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Per, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediacin y la contradiccin en la actuacin probatoria". Garantas todas ellas integrantes del concepto de proceso debido. La remisin que el art. 155.1 del precitado texto procesal penal hace para regular la actividad probatoria a los Tratados aprobados y ratificados por el Per permite la introduccin y aplicacin de la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relacin con las garantas contenidas en el art. 8 de la Convencin Americana de Derechos Humanos92. El no respetar alguna de estas garantas impide que la prueba pueda ser utilizada por el Tribunal para destruir la presuncin de inocencia. La licitud de la prueba viene exigida tanto en el art. VIII.293 como en el art. 159 ambos del NCCP/2004. Este ltimo establece que "El juez no podr utilizar, directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneracin del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona". La frmula empleada parece haberse inspirado en el contenido del art. 11.1 de la Ley Orgnica del Poder Judicial espaola, pero con algunas diferencias94. Aunque en la referencia normativa al contenido esencial se deja sentir la influencia de la teora del entorno jurdico elaborada por el Tribunal Supremo alemn, que prohbe el aprovechamiento del material probatorio que pueda llegar a lograrse cuando la violacin afecte de forma esencial al mbito de derechos del acusado no as cuando tiene una importancia secundaria95. La inutilizabilidad96 procesal se extiende no solo a los medios de prueba sino tambin a las fuentes de prueba97, esto
balanza para juzgar el grado de adecuacin de ese proceso penal a los principios de un Estado protector de la igualdad, dignidad y libertad de las personas 91 Vid., tambin, atr. II .1 NCPP/2004, y art. VIII.1 NCPP/2004 que establece: Todo medio de prueba ser valorado slo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legtimo. 92 No hay que olvidar que la cuarta Disposicin Final y Transitoria del texto constitucional peruano declara que Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitucin reconoce se interpretan de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Per. 93 Dicho precepto declara que Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violacin del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 94Dicho precepto establece que no surtirn efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derecho y libertades fundamentales. 95 Vid. ROXIN, C., Derecho Procesal Penal, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. 192-193. Generalmente la prohibicin de valoracin se viene aplicando en supuestos de vulneracin de la garanta de autoincriminacin prevista en el pargrafo 136 de la Ordenanza Procesal Penal alemana (StPO), bajo la rubrica Mtodos de interrogatorio prohibidos, que en su apartado 3 establece que aquellas declaraciones obtenidas transgrediendo las prohibiciones contempladas en dicho precepto no podrn ser aprovechadas aunque el inculpado aprobara su utilizacin. 96 Sobre el concepto de inutilizabilidad vase mi trabajo El concepto de prueba y su tratamiento en el proceso penal, BOSCH, 2 ed., Barcelona, 2004, pp. 94 y ss. 97 La distincin entre medios y fuentes de prueba fue elaborada por CARNELUTTI, F, LA prueba civil, pp. 70-71, considerando como medio de prueba "a la actividad del juez mediante la cual se busca la verdad del hecho a probar", y fuente de prueba "al hecho del cual se sirve para deducir la propia verdad". SENTIS MELENDO, S., "Fuentes y medios de prueba", en la prueba. Los grandes temas del Derecho Probatorio, Ejea, Buenos Aires, 1979, pp. 150-155, nos dice que mientras las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad, los medios de prueba estn constituidos por la actividad desplegada para incorporarlos al proceso. Esta distincin ha sido recogida recientemente por la STCP, de 3 enero 2003, Exp. N 010-2002-AI/TC, declarando que "mientras las primeras son realidades extraprocesales cuya existencia es independiente al proceso, los segundos son actos procesales y por ende constituyen una realidad interna del proceso. De este modo las fuentes de prueba ingresan al proceso para dar lugar a los medios de prueba, pero la nulidad del proceso, dada la diferenciacin recin expuesta, solo puede acarrear la invalidez de los medios de prueba, es decir, la proposicin, admisin, prctica y valoracin de las pruebas en el proceso, pero no la invalidez de las fuentes de prueba. La validez o invalidez de una fuente de prueba
es, la licitud debe predicarse tanto de los medios de prueba que se practiquen en el proceso durante el acto del juicio oral, como de la forma de obtencin de las fuentes de prueba durante la etapa previa de investigacin. En otras palabras, la regla de exclusin contenida en este art. 159 NCPP/2004 se aplicar no slo cuando la infraccin de derechos fundamentales se produzca durante la actividad de bsqueda y recogida de fuentes de prueba sino, tambien, durante la incorporacin al proceso de las fuentes de prueba98 y durante la prctica en l de los medios de prueba debidamente propuestos y admitidos. En cuanto a su alcance, la exclusin debe predicarse tanto de las pruebas obtenidas directamente con vulneracin de los derechos fundamentales como de aquellas otras que, si bien han sido lcitamente obtenidas o practicadas, tienen su origen en las primeras, esto es, de las denominadas pruebas derivadas. La utilizacin en el precepto del trmino indirectamente hace referencia a la conocida doctrina norteamericana de los frutos del rbol envenenado99 y supone la plasmacin normativa de la eficacia refleja de la prueba ilcita100, que como hemos visto vena admitiendo la Corte Suprema peruana. d) La suficiencia de la prueba Por ltimo, debe tratarse de pruebas suficientes (es el denominado criterio de suficiencia probatoria). La suficiencia de las pruebas se predica en orden a fundamentar una declaracin de culpabilidad del acusado o acusados. La mencionada SCIDH caso Cantoral Benavides vs. Per, de 18 agosto 2000, declara, en el apartado 120, que "El principio de la presuncin de inocencia, tal y como se desprende del artculo 8.2 de la Convencin, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente101, no es procedente condenarla, sino absolverla". A este criterio de suficiencia se refiere el mencionado art. 11 del NCPP/2004 cuando establece que la presuncin de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantas procesales. La libertad de valoracin no impide, en principio, que la jurisprudencia o incluso la propia ley pueda establecer determinadas reglas objetivas de utilizacin de la prueba as como de suficiencia probatoria. Aunque algunos estiman que tales reglas suponen una injerencia en las facultades de libre valoracin que tienen los tribunales, y supone la reaparicin de reglas de prueba tasada. No obstante, tales reglas de suficiencia se limitan a indicar al juez cules son las condiciones objetivas requeridas para la utilizacin de algunas pruebas, pero no determinan con carcter previo el valor o mrito de las mismas, esto es, su capacidad de persuasin. El Juez una vez constatada la concurrencia de tales condiciones mantiene su libertad para atribuirles o no valor probatorio en orden a estimar destruida la presuncin de inocencia. Tales reglas vienen avaladas, en la mayora de las ocasiones, por razones epistemolgicas. En el siguiente apartado analizaremos algunas de esas reglas de suficiencia probatoria.
depende exclusivamente de que su obtencin se haya llevado a cabo con estricto respeto de los derechos fundamentales". 98 El art. 155 NCPP/2004 impone al juez de inadmisin de las pruebas prohibidas por la ley. Un supuesto concreto de norma prohibitiva lo encontramos en el art. 157.3 NCPP/ 2004 que declara "No podrn ser utilizados, aun con el consentimiento del interesado, mtodos o tcnicas idneos para influir sobre su libertad de autodeterminacin o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos". Vase, tambin, art. 71.1, letra e), del mismo texto procesal penal. Al amparo de dichas normas no deben admitirse, ni siquiera con el consentimiento del acusado, mtodos como el narcoanlisis o suero de la verdad, la hipnosis o el polgrafo. 99 Un anlisis exhaustivo y riguroso de la exclusionary rule elaborada por la jurisprudencia del TS norteamericano y de la. fruit of the poisonous tree doctrine puede verse en FIDALGO GALLARDO, C, 1MS "pruebas ilegales": de la exclusionary rule estadounidense al artculo 11.1 LOP], Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, Madrid, 2003. 100Sobre el significado y alcance de dicha eficacia refleja vase mi trabajo El concepto de prueba ilcita, cit., pp. 113 y ss. 101 La cursiva es ma.
V. Anlisis de algunas reglas de suficiencia probatoria V.l. La confesin del acusado El nuevo NCPP/2004 contiene dos normas relativas al valor probatorio de la confesin del acusado. Por un lado el art. 160.2, letra c), solo reconoce valor probatorio a la confesin prestada ante el Juez o el Fiscal102, por lo que carece de todo valor probatorio la prestada ante la polica. En todo caso es necesario, segn resulta del propio precepto, que la confesin se haya prestado con la asistencia y presencia del abogado defensor del acusado. La asistencia letrada deviene condicin ineludible para reconocer eficacia probatoria a la confesin del acusado. El segundo requisito que se exige es la necesidad de que la confesin este debidamente corroborada por otro u otros elementos de conviccin (art. 160.2, letra a) NCPP/2004). El reconocimiento de su suficiencia probatoria requiere de la ineludible presencia de tales elementos corroborantes. El nuevo texto procesal penal se ha limitado, en este punto, a incorporar la doctrina que vena siendo mantenida por la Corte Suprema peruana al exigir su corroboracin por otros medios probatorios103. V.2. Los testigos de referencia: condiciones objetivas de utilizacin El TCE condiciona la utilizacin de los testimonios de referencia o de odas como prueba de cargo suficiente para destruir la presuncin de inocencia al cumplimiento de una serie de requisitos, en lnea con la prohibicin del testimonio de referencia en el sistema procesal penal anglosajn (hearsay rule)104. Entre estos requisitos debemos mencionar que su admisibilidad est limitada a aquellas situaciones de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaracin del
Dicha norma debe completarse con lo dispuesto en el art. 376.1 NCPP/2004, esto es, en los casos en que el acusado rehusare declarar total o parcialmente en el acto del juicio oral se acordar la lectura de las anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. El nuevo texto procesal penal opta por la solucin de reconocer eficacia probatoria a las declaraciones anteriores prestadas por el acusado, siempre que lo hayan sido ante el Fiscal, por lo que queda descartada toda declaracin policial y, aunque no lo diga expresamente este ltimo precepto, siempre que se haya prestado con asistencia letrada, por aplicacin de lo dispuesto en el mencionado art. 160.2, letra c), que aunque nada dice el precepto, no debera existir ningn obstculo para autorizar la lectura cuando la declaracin previa hubiese sido prestada ante el Juez de la Investigacin Preparatoria. El precepto autoriza dicha lectura nicamente para el caso en que el acusado rehusare declarar, pero no contempla el caso en que se constaten contradicciones entre lo declarado en el acto del juicio oral y las declaraciones previas efectuadas por el acusado. No obstante, el tenor del mencionado art. 160.2, letra c), autorizara la utilizacin probatoria de estas previas declaraciones, para lo cual hubiera sido necesario establecer expresamente en el texto procesal la previsin de su introduccin en el debate oral mediante su lectura, haciendo constar al acusado los extremos de la contradiccin y dndole la posibilidad de ofrecer las explicaciones que estimara pertinentes. Esta es la solucin adoptada por el TCE al interpretar el art. 714 LECrim: SSTCE 217/1989,219/2002,38/2003. En el Derecho Comparado, el pargrafo 254 de la Ordenanza Procesal Penal alemana (StPO) establece que "1. Las declaraciones del acusado que se contuvieran en un acta judicial, podrn ser ledas, con la finalidad de la prctica de la prueba sobre una confesin. 2. Lo mismo podr ocurrir cuando no pudiera constatarse de otra manera una contradiccin sobrevenida en el interrogatorio con la anterior declaracin, sin interrupcin de la vista principal, o no pudiera ser solventada. 103 Vid SAN MARTN CASTRO, C., Derecho Procesal Penal, T. II, cit., p. 845, que cita, entre otras, la Ejecutoria suprema de 3 de marzo de 1999, Exp. N 5091-98, Lima. 104 En las Federal Rules of Evidence del Derecho norteamericano rige como regla general la prohibicin de utilizacin del testimonio referencial (Rule 802. Hearsay Rule), aunque estn previstas, tambin, una serie de excepciones (Rules 803 y 804). La regla general se formula en trminos amplios: "es inadmisible para probar el hecho declarado toda manifestacin (oral, escrita o de otro modo reproducida) distinta de la prestada por el testigo directo cuando declara ante el tribunal durante el juicio oral": vid. VERGER GRAU, J., " La tcnica de las pruebas orales como presupuesto de eficacia del juicio acusatorio", Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, n 1, 2003, p. 12.
testigo directo y principal, lo que le otorga un carcter excepcional (por ejemplo, fallecimiento, enfermedad grave, paradero desconocido...) La STCE 146/ 2003 declara que "se trata de un medio que puede despertar importantes recelos o reservas para su aceptacin sin ms como medio apto para desvirtuar la presuncin de inocencia. Partiendo de esta base hemos dicho que la validez probatoria del testigo de referencia se halla condicionada por la plenitud del derecho de defensa, de modo que, en la medida en que el recurso al testigo de referencia impidiese el examen contradictorio del testigo directo, resultara constitucionalmente inadmisible, pues en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los hechos, adems de conllevar una limitacin obvia de las garantas de inmediacin y contradiccin en la practica de la prueba"105. La prueba testifical de referencia debe tener, por tanto, un carcter supletorio y excepcional. La sustitucin del testigo directo por el testigo referencial sin causa legitima que justificase la inasistencia del primero al acto del juicio oral sera a contrario a la exigencia de contradiccin plasmada en el art. 8.2.f) del Pacto de San Jos de Costa Rica106. El art. 166.2 NCCP/2004 limita, en principio, la utilizacin del testigo referencial a que aporte los datos que permitan identificar al testigo directo, al establecer que "'Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe sealar el momento, lugar o personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistir, an de oficio, en lograr la declaracin de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento"107. Esta previsin se complementa con una norma prohibitiva al establecer que "si el testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podr ser utilizado" (art. 166.2, in fine). No obstante, el NCPP/2004 no impide la utilizacin probatoria de los testigos de referencia como resulta de su mencin expresa en el art. 158.2, pero hubiera sido necesario que el precepto condicionara expresamente dicha utilizacin a aquellos supuestos de imposibilidad de obtener la declaracin del testigo principal o directo. En todo caso, en aquellos casos excepcionales en que se admita su utilizacin probatoria, el testigo referencial deber ser sometido al interrogatorio cruzado por las partes, para garantizar la contradiccin. Adems, en estos casos, es necesario para atribuirle la condicin de prueba suficiente que concurran otras pruebas corroborantes de las manifestaciones del testigo referencial. De ah resulta su insuficiencia como prueba nica para destruir la presuncin de inocencia cuando no concurran tales elementos corroborantes108. Como afirma COBO DEL ROSAL no es posible dictar un pronunciamiento condenatorio basado exclusivamente en un testimonio de referenda109. Esta es la solucin adoptada por el NCPP/2004 cuyo art. 158.2 exige, en el caso de testigos de referencia, que concurran otras pruebas que corroboren sus testimonios. Estimamos, incluso, que la formula utilizada por el nuevo texto procesal penal va mas all de la simple presencia de indicios perifricos de contenido corroborante, y viene a exigir la presencia
Vid., tambin, SSTCE 217/1989, 209/2001, 68/2002, 155/2002, 219/2002, 41/2003. El Cdigo de Procedimiento Penal italiano de 1988 establece en su art. 195 la obligacin de citar, incluso de oficio por el Juez, al testigo presencial, cuando un tercero reenve a sus manifestaciones, "...salvo que el examen de estos resulte imposible por muerte, enfermedad o ausencia". Tambin, el Cdigo Procesal Penal portugus contiene en el art. 129.1 una obligacin de citar al testigo directo, salvo en supuestos excepcionales de muerte, anomala psquica sobrevenida o imposibilidad de ser encontrados. V/d., tambien, arts. 14.3.e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966, y 6.3.d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 106 Vid., tambin, arts. 143.3. e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1996, y 6.3. d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 107 Una norma similar se contiene en el art. 710 LECrim espaola, al declarar que Los testigos expresarn la razn de su dicho y, si fueren de referencia, precisarn el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las seas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado. 108 Vid. SSTCE 219/2002, 41/2003, 146/2003. 109 COBO DEL ROSAL, M., Reflexiones sobre los llamados testigos de referencia, Cuadernos de Poltica Criminal, n 77, 2002, p. 261.
de otras prueba autnomas que acrediten el contenido de las manifestaciones incriminatorias del testigo de referencia. Tambin, la lectura de determinadas actas puede tenerse como testimonio referencial (escrito), impidiendo que el Tribunal entre en contacto directo con la fuente de prueba originaria, lo que implica una vulneracin de las garantas procesales de inmediacin y contradiccin. Ello debe llevar a una reinterpretacin constitucional del contenido del art. 383.1 NCPP/2004, cuando autoriza la introduccin mediante lectura en el juicio oral de determinadas actuaciones procesales con eficacia probatoria. En algunos de los casos mencionados en dicho precepto110 la lectura debera ser utilizada simplemente como un complemento de la declaracin testifical de los agentes policiales que intervinieron en la concreta diligencia o acto de investigacin, pues aunque el acto como tal resulta irreproducible materialmente nada impide su introduccin en el acto del juicio oral a travs de la declaracin de los agentes intervinientes para ser sometidos al interrogatorio de las partes sobre aquellos extremos que constan reflejados en la propia acta. V.3. Las declaraciones de coimputados: la exigencia de corroboracin La utilizacin como prueba de las declaraciones de los coimputados est condicionada a su efectiva presencia en el acto del juicio oral, sin que pueda sustituirse por la lectura de sus anteriores declaraciones, salvo en los supuestos de imposibilidad de reproduccin de la declaracin. El cumplimiento de la garanta de contradiccin acta como condicin objetiva mnima de admisibilidad de dicha prueba, tal como resuita de la doctrina elaborada por el TEDH111. En todo caso, la declaracin de los coimputados deviene, por s misma, prueba insuficiente para destruir la presuncin de inocencia. El TCE viene exigiendo, como criterio de suficiencia, la presencia de otros elementos probatorios que corroboren su credibilidad como condicin necesaria para proceder a su valoracin. Su aptitud incriminatoria exige, por tanto, de la concurrencia de otros elementos perifricos de contenido corroborante (corroborative evidence), no de la totalidad de la declaracin sino de datos o circunstancias externas que la doten de la necesaria solidez y verosimilitud112. El TCE viene declarando que no es posible definir con carcter general qu debe entenderse por "corroboracin mnima", mas all de la idea obvia de que la veracidad de la declaracin del coimputado ha de estar avalada por algn hecho, dato o circunstancia externos para que pueda estimarse corroborada, debiendo dejar al anlisis caso por caso la determinacin de si dicha mnima corroboracin se ha producido o no113. En los ltimos tiempos, el TCE ha dado un paso ms y ha declarado la insuficiencia de la declaracin de coimputados como prueba de cargo idnea para destruir la presuncin de inocencia, exigiendo como requisito adicional que esa mnima corroboracin perifrica acredite y
Nos estamos refiriendo expresamente a los supuestos mencionados en el art. 383.1, letra e) NCPP/2004: actas de detencin, reconocimiento, registro, inspeccin, revisin, pesaje, hallazgo, incautacin y allanamiento, entre otras. 111 STEDH caso Luca vs. Italia, de 27 mayo 2001. Un comentario a dicha sentencia puede consultarse en mi trabajo "Las declaraciones de los coimputados y las garantas del art. 6.3.d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Comentario a la STEDH caso Luca vs. Italia, de 27 de mayo de 2001)", Revista de Derecho Penal, n 6, mayo 2002, pp. 107 y ss. Vase, tambien, STCE 17/2004 112 Esta exigencia de corroboracin es reclamada, tambin, por la STEDH caso LABITA vs. Italia, de 6 abril 2000, declarando que las declaraciones de los arrepentidos deben corroborarse con las pruebas. 113 Vid. SSTCE 72/2001, 2/2002, 57/2002, 125/2002, 25/2003, 65/2003, 190/2003. Una norma muy similar se contiene en el art. 192, prrafo 3, CPP italiano, que declara: "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano 1'attendibilita". Prevision normativa que ha sido objeto de crtica por parte de un sector de la doctrina, al estimar que el legislador ha invadido el espacio de valoracin de la prueba reservado a los rganos jurisdiccionales: FERRUA, P., "Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove",Questione Giustiya, n 3, 1998, pp. 597 y ss.
confirme la participacin del coimputado en los hechos114. Ya no se trata simplemente de exigir una corroboracin perifrica de algn dato o circunstancia referida en la declaracin, sino de reconocer la insuficiencia de la declaracin incriminatoria de un coimputado para destruir la presuncin de inocencia. Es necesario que concurran otras pruebas autnomas que por s mismas renan la condicin de suficiencia exigida constitucionalmente. Esta ltima doctrina, muy discutible segn un sector de la doctrina espaola115, conlleva como consecuencia la neutralizacin de la condicin de la declaracin de los coimputados como prueba de cargo vlida y suficiente para destruir la presuncin de inocencia116. A la luz de esta nueva orientacin del TCE podemos concluir que la declaracin de un coimputado podr ser suficiente para iniciar una investigacin penal pero si tras el desarrollo de la misma no se obtienen otras fuentes de prueba independientes o autnomas que renan la condicin de suficiencia no solo no podr dictarse sentencia condenatoria, sino que la investigacin penal debera finalizar sin posibilitar siquiera la continuacin del procedimiento y sin autorizar, por tanto, el ejercicio de la pretensin acusatoria por parte del Ministerio Pblico. Doctrina que habr de aplicarse, tambin a los supuestos de los arrepentidos117 o colaboradores, pues concurren las mismas o similares razones de desconfianza que le sirven de fundamento dado su carcter de pruebas sospechosas. El NCPP/2004 incorpora en su articulado una regla de suficiencia probatoria referida a la declaracin de arrepentidos, colaboradores y situaciones anlogas118, exigiendo, al igual que en los testigos de referencia, la concurrencia de otras pruebas que corroboren sus testimonios (art. 158.2). En mi opinin, el nuevo texto procesal se decanta no por la simple exigencia de una mnima corroboracin perifrica en lnea con la doctrina tradicional que haba elaborado el TCE, sino que viene a acoger la ltima postura antes desarrollada que, como hemos visto, descarta su suficiencia probatoria, al exigir la presencia de pruebas autnomas que sean suficientes por s mismas para acreditar la participacin del acusado en los hechos. La frmula actual que utiliza el prrafo segundo del art. 283 CdPP/1940119 ofrece, incluso, una mayor claridad en cuanto al alcance de la regla al exigir la corroboracin con elementos de prueba adicionales que acrediten fehacientemente las incriminaciones formuladas. Del tenor literal resulta que no es suficiente con una simple corroboracin de aspectos fcticos perifricos, sino que tales pruebas adicionales deben corroborar el propio contenido ntegro de la incriminacin formulada por el colaborador. V.4. La denominada prueba indiciaria: sus requisitos En realidad no nos encontramos ante un medio de prueba, como lo es la prueba testifical, pericial o documental, sino ante un mtodo probatorio plenamente admitido en el proceso penal120. Se trata
Vid. SSTCE 181/2002, 207/2002. Ambos pronunciamientos fueron objeto de un voto particular por parte del Magistrado Roberto Garca-Calvo. Un comentario a esta ltima sentencia puede consultarse en ECHARRI CASI, E J., "La "prueba" de la prueba. A propsito de la sentencia del Tribunal Constitucional 207/2002, de 11 de noviembre", IM Ijey, num. 5710, 3 febrero 2003. 115 ECHARRI CASI, E J., La "prueba" de la prueba..., cit., pp. 8-9, critica al TCE el hecho de haber entrado en el terreno de la valoracin as como que la nueva doctrina puede generar importantes dificultades probatorias especialmente en determinados delitos como los de terrorismo. 116 En la doctrina espaola QUINTANAR DIEZ, M., "La moderna jurisprudencia constitucional en relacin con el valor probatorio de las declaraciones incriminatorias de los "arrepentidos", Cuadernos de Poltica Criminal, n 80, 2003, p. 284, defiende que las declaraciones incriminatorias de los coimputados no deberan tener ningn valor probatorio. 117 Pentiti, en terminologa italiana. Un panorama de Derecho Comparado europeo puede consultarse en BENITEZ ORTUZAR, I. E, El colaborador con la justicia. Aspectos sustantivos, procesales penitenciarios derivados de la conducta del arrepentido, Dykinson, Madrid, 2004. 118 Como tales habra que incluir todos aquellos supuestos de personas que a raz de su colaboracin con las autoridades penales se han visto recompensadas o han obtenido algn tipo de beneficio penal o penitenciario. 119 Introducido por la 5ta Disposicin Final de la Ley 27.378, de 21 de diciembre de 2000. 120 Introducido por la 5ta Disposicin Final de la Ley 27.378, de 21 de diciembre de 2000. La propia CIDH ha declarado, en reiteradas ocasiones que adems de la prueba directa, sea testimonial, pericial o documental, los
de una tcnica de fijacin de hechos que opera con posterioridad a la prctica de los medios de prueba y que se realiza por el juez a partir del resultado de la prueba practicada en el proceso. La prueba indiciaria no es algo distinto de la presuncin judicial, pues ambas presentan una idntica naturaleza, estructura y funcin probatoria121. SERRA DOMINGUEZ define la presuncin judicial como aquella actividad intelectual probatoria del juzgador, realizada en la fase de fijacin, por la cual afirma un hecho distinto del afirmado por las partes a causa del nexo causal o lgico existente entre ambas afirmaciones122. No estamos, pues, ante una prueba de carcter supletorio a la que solo puede recurrirse cuando no existe prueba directa, como en alguna ocasin ha declarado el TCE123, sino ante una actividad intelectual del Juez que partiendo de un indicio afirma un hecho distinto relacionado causal o lgicamente con el primero. No debemos con-fundir el indicio con la presuncin. El primero es slo uno de los elementos integrantes de la presuncin judicial. El indicio se integra en la afirmacin base como elemento estructural. La afirmacin base puede estar integrada por uno o varios indicios, por lo que estos se configuran como el elemento esttico de la presuncin, esto es, su punto de apoyo o arranque, frente a su elemento dinmico integrado por el enlace o nexo (lgico y racional) que une dicha afirmacin base con la afirmacin consecuencia124. Tambin en el mbito de la denominada prueba indiciaria el TCE viene exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos que le doten de la aptitud suficiente para destruir la presuncin de inocencia. Se exige, en primer lugar, que los indicios que concurran sean mltiples y concordantes, y que resulten plenamente acreditados; en segundo lugar, que el enlace entre la afirmacin-base y la afirmacin-consecuencia se ajuste a las reglas de la lgica y a las mximas de la experiencia125. En este contexto el TCE ha tenido ocasin de pronunciarse, en mltiples ocasiones, sobre las insuficiencias de las inferencias probatorias de los Tribunales de instancia, debido a su falta de conclusividad, por el carcter excesivamente abierto, dbil o indeterminado de la inferencia126. Por ltimo, se exige que el Tribunal sentenciador explicite en la sentencia el razonamiento utilizado, a los efectos de poder controlar la solidez de la inferencia desde una doble perspectiva: a) desde el canon de su lgica o coherencia, y b) desde la suficiencia o grado de debilidad o apertura de la misma, esto es, la tasa de apertura o de conclusividad del hecho inferido127. Control que es posible realizar en sede casacional sin que ello suponga una nueva valoracin de la prueba y sin que la inmediacin pueda utilizarse como coartada u obstculo a su viabilidad, pues nada tiene que ver en esta materia como expondremos en el siguiente apartado. Ahora bien, como indica el TSE no se trata de constatar que la conclusin alcanzada por la Sala sentenciadora sea la nica posible, sino que sea, en s misma, razonable, aunque quepan otras, ya que en otro caso se entrara en la valoracin de la prueba lo cual esta vedado en sede
tribunales internacionales -tanto como los internos- pueden fundar la sentencia en prueba circunstancial, indicios y presunciones, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones slidas sobres los hechos: vid. SSCIDH caso Castillo Petruzzi y otros vs. Per, 30 mayo 1999, apartado 62; caso Cantoral Benavides vs. Per, de 18 agosto 2000, apartado 47. 121 Vid., mi trabajo Las presunciones, en Instituciones del Nuevo Proceso Civil. Comentarios sistemticos a la ley 1/2000, vol. II, Coordinador Alonso Cuevillas, Economist & Jurist, Barcelona, 2000, pp. 513 y ss. 122 SERRA DOMNGUEZ, M., Comentarios al Cdigo Civil y Compilaciones Forales, t. XVI, vol. 2 (Dir. Manuel ALbaladejo), EDERSA, Madrid, 1991, p. 618. 123 Vid. SSTCE 174 y 175/85. 124 Vid., ms ampliamente, mi trabajo La mnima actividad, cit., pp. 226 y ss. 125 Vid. SSTCE 111/1990, 220/1998, 17/2002, 109/2002, 178/2002, 180/2002. 126 Por ejemplo, la simple ocupacin de efectos en poder del acusado no es suficiente para concluir que el mismo fue el autor de la sustraccin: STCE 105/1988. La simple titularidad de una embarcacin utilizada para una conducta ilegal de pesca no es suficiente para imputar la autora de dicha conducta: STCE 45/1997. La participacin del acusado en una operacin de trfico de drogas no puede inferirse, tampoco, del nico dato del acompaamiento al aeropuerto de quien iba a recoger all la droga: STCE 157/1998. 127 SSTCE 220/1998, 135/2003.
casacional128. Cuestin distinta es que cuando el tribunal de instancia se enfrente a conclusiones alternativas, igualmente razonables, deber elegir siempre la ms favorable al acusado en virtud del principio in dubio pro reo. En la doctrina PARRA QUIJANO opina que la omisin por parte del juez de la regla de experiencia utilizada supone una violacin de la presuncin de inocencia129. Frente al silencio del CdPP/1940, lo cual no es bice para su admisin en el proceso penal como viene reconociendo la Corte Suprema peruana130, el NCPP/2004, en lnea con la orientacin de algunos Cdigos Procesales Penales modernos131, contiene en su art. 158.3 una referencia expresa a la prueba de indicios estableciendo una serie de requisitos para reconocer su suficiencia que, en realidad, son una reiteracin de los que vena exigiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema132. As, en el precitado artculo declara que: "La prueba por indicios requiere: a) Que el indicio este plenamente probado; b) Que la inferencia est basada en las reglas de la lgica, la ciencia o la experiencia; c) Que cuando se trate de indicios contingentes133, estos sean plurales, concordantes y convergentes, as como que no se presenten contraindicios consistentes". Aunque no es posible fijar de antemano el nmero de indicios necesarios, cuanto mayor sea su nmero as como su concordancia y convergencia mas fiable ser el resultado obtenido. No obstante, nada excluira que un cierto hecho pudiera ser acreditado a partir de un solo indicio cuando su calidad epistemolgica y, por tanto, su valor probatorio fuera muy elevado134. Lo verdaderamente relevante no es tanto su numero sino la denominada potencia sindrmica que tenga el indicio en funcin de su capacidad indicativa, esto es, su idoneidad para ser fuente de afirmaciones presumidas135. Por su parte, la concordancia de los indicios que exige, tambin, el precepto legal se traduce en su compatibilidad, sin que existan contradicciones insolubles entre todos ellos. La mencionada concordancia se complementa con su convergencia. Los diferentes indicios concurrentes deben converger hacia una nica conclusin, rechazando cualquier otra posibilidad alternativa. La mencin de los contraindicios hace referencia a la coartada alegada e introducida por el acusado. Su inconsistencia vendr determinada por la ausencia de prueba que acredite su versin fctica. Ahora bien, la falta de acreditacin o falsedad de la coartada no es por s misma suficiente para inferir la culpabilidad del acusado y estimarle responsable del delito, pues ello dara lugar a una clara vulneracin de la presuncin de inocencia136. En estos casos, la nica conclusin a la que puede llegar el juzgador es que la coartada invocada no se corresponde con la realidad al no quedar acreditada.
Vid., por todas, STSE (Sala 2) 5 febrero 2002. PARRA QUIJANO, J., Estudio sobre los principios rectores del proceso penal, en XI Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico, 1998, p. 469. Ejecutoria suprema de 21 de julio de 1999, Exp. N 2103-99, Amazonas, citada por SAN MARTN CASTRO, C., Derecho Procesal Penal, T, II, cit., p. 853, nota 141. Art. 192.2 CPP italiano de 1988 que exige que los indicios sean gravi, precisi e concordanti. Vid. Ejecutoria Suprema de 19 mayo 1995, Exp. N 3732-94, Lima. El precepto acoge la distincin entre indicios contingentes e indicios necesarios, respecto de los cuales no se predica su pluralidad, pues acreditan por s solos el dato indicado al que conducen: vid. SAN MARTN CASTRO, C, Derecho Procesal Penal, t. II, cit., p. 858 Un ejemplo nos lo ofrece la STCE 135/2003 en donde el nico indicio consista en el hallazgo de las huellas dactilares del acusado en una de las puertas interiores del banco atracado, sealando que la inferencia alcanzada consistente en la participacin del acusado en el robo resultaba lgica, coherente y un suficiente grado de solidez. MUNOZ SABAT:, L., Tcnica probatoria. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Praxis, Barcelona, 1983, pp. 250-251, nos dice que la potencia sindrmica del. indicio es la capacidad que tiene para determinar por s solo o acumulado con otros indicios una presuncin; frente a la potencia sintomica del indicio, como la capacidad indicativa que le resta a un indicio cuando no puede, por s solo o acumulado a otros indicios, determinar una presuncin. STEDH caso Telfner vs. Austria, de 20 de marzo 2001.
VI. La libre valoracin de la prueba y el imperativo constitucional de la motivacin fctica de las sentencias La libre valoracin de la prueba exige como consecuencia necesaria la motivacin fctica de las sentencias penales. Frente al tradicional libera convincimento ntimo o immotivato se impone el libero convincimento lgico o motivato137. Estamos ante un verdadero imperativo constitucional, pues la motivacin de las resoluciones judiciales en general y de la sentencia en particular forma parte de la nocin de proceso debido. As lo ha declarado el TEDH en varios de sus pronunciamientos al incluir dentro de las garantas integrantes de la nocin de proceso debido del art. 6.1 CEDH la obligacin por parte de los tribunales de expresar adecuadamente en sus sentencias aquellas razones en las que se basan, y ello comprende tanto la motivacin jurdica como la motivacin fctica138. El art. 139.5 de la Constitucin peruana de 1993 menciona entre los principios y derechos de la funcin jurisdiccional la motivacin escrita de las resoluciones judiciales con mencin expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan139. Es absolutamente imprescindible fomentar entre los jueces una verdadera cultura de la motivacin pues ah reside la principal fuente de legitimidad de su poder. La motivacin fctica debe entenderse no desde una concepcin psicologista, como la mera descripcin del iter o proceso/s mental/es seguidos por el juzgador para formar su conviccin acerca de los hechos objeto del proceso (falacia descriptivista en terminologa de AMODIO140), sino en clave de justificacin de la decisin judicial. Es la cara externa de la valoracin141. La motivacin se erige, as, en la justificacin de la decisin previamente adoptada por el Tribunal u rgano sentenciador, y se traduce en la exteriorizacin de aquellas razones "razonables" (buenas razones)142 que el rgano jurisdiccional ofrece para mostrar la correccin o aceptabilidad de su decision143. En palabras de TARUFFO "la motivacin no puede considerarse como una explicacin del procedimiento lgico o psicolgico con el que el juez ha llegado a la decisin; es, ms bien, la exposicin de un razonamiento justificativo mediante el que el juez muestra que la decisin se funda sobre bases racionales idneas para hacerla aceptable. La motivacin es, pues, una justificacin racional elaborada ex post respecto de la decisin, cuyo objetivo es, en todo caso, permitir el control sobre la racionalidad de la propia decisin"144. La distincin entre el contexto de
DOSI, E., Sul principio del libero., cit., pp. 59-60. Vid., entre otras, SSTEDH caso Hirvisaari vs. Finlandia, de 27 septiembre 2001, caso Garca Ruz vs. Espaa, de 21 enero 1999. El art. 120.3 CE se refiere, tambin a la motivacin de las resoluciones judiciales que el TCE ha conectado con el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24.1 CE: vid, por ejemplo, SSTCE 34/1992, 77/2000. PEDRAZ PENALVA, E., Introduccin, cit, pp. 510-511, sostiene que le verdadera localizacin de la motivacin no est en el art. 24.1 CE, sino en el art. 24.2 CE en cuanto reconoce el debido proceso. AMODIO, E., Motivazione Della sentenza penale, pp. 214-215, citado por GASCN ABELLN, M., Los hechos..., cit., p.208. Algunos autores hablan de "motivacin-actividad" y de "motivacin-producto", la primera referida a las operaciones mentales de los jueces conducentes a la solucin de un caso, a la decisin; la segunda usada para designar aquel segmento escrito de las sentencias en el que los jueces justifican sus decisiones: IGARTUA SALWERRIA, J., Valoracin de la prueba..., cit., pp. 180-181. GASCON ABEIJAN, M., Los hechos..., cit., p. 207, distingue entre motivacin-actividad y motivacin-documento. La primera es el procedimiento mental que ha conducido al juez a formular como verdadero un enunciado sobre los hechos del caso. Versa pues sobre el contexto de descubrimiento. La segunda es el conjunto de enunciados del discurso judicial (o el documento en el que se plasman) en los que se aportan las razones que permiten aceptar otros enunciados fcticos como verdaderos. Versa pues sobre el contexto de justificacin. IGARTUA SALAVERRA, J., Valoracin de la prueba, cit., p. 182. ANDRS IBEZ, P., "La argumentacin probatoria y su expresin en la sentencia", en lenguaje Forense, Estudios de Derecho Judicial, n 32, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, pp. 21 y ss. GASCON ABELLN, M., LOS hechos..., cit., pp. 208 y ss. TARUFO, M., La prueba, cit., p. 435.
descubrimiento y el contexto de justificacin145, elaborada en el campo de la epistemologa, aplicada al mbito de la valoracin probatoria permite superar la concepcin psicologista de la motivacin. La valoracin de la prueba comprendera dos procesos: uno decisional y otro justificatorio146. La motivacin, entendida de esta forma, acta como "preventivo de la arbitrariedad" y como principal fuente de legitimidad del poder del juez en un sistema democratico147. Solo desde su concepcin como justificacin la motivacin cumple las funciones que tiene asignadas148, posibilitando no slo el control tcnico-jurdico de la decisin judicial mediante el sistema de recursos diseado legalmente sino, tambin, como indica BAUDI149, el control democrtico o jurdico-social de la correccin de dicha decisin por parte de la sociedad, de la opinin publica. Acta, tambin a modo de autocontrol, posibilitando que el propio "juez motivador" pueda detectar aquellas inconsistencias o contradicciones que pueda llegar a tener el razonamiento probatorio empleado, posibilitando su correccin y superacin. Mediante la motivacin se depura la decisin judicial de los posibles elementos irracionales o puramente emocionales150. La motivacin fctica, entendida como justificacin, debe dar cuenta de las siguientes operaciones por parte del rgano sentenciador151: 1. El juez debe identificar la fuente o fuentes de prueba utilizadas para sustentar el relato de hechos probados. Estamos ante una labor eminentemente descriptiva. El principio de libre valoracin presupone que lo que efectivamente se ha valorado tenga la condicin de acto de prueba, descartndose la utilizacin probatoria de las denominadas diligencias sumariales o actos de investigacin, salvo supuestos excepcionales (como por ejemplo, los casos de preconstitucin probatoria o anticipo de prueba, como ya hemos indicado). La indicacin de las fuentes de prueba permitir, tambin, que en instancias judiciales superiores (por ejemplo, en casacin) se pueda controlar la propia licitud de los medios probatorios empleados, esto es, si la prueba practicada respeta los derechos fundamentales. 2a. El juez debe reflejar el contenido objetivo de los diferentes medios de prueba practicados, lo que permite constatar su significacin o potencialidad incriminatoria. Estas dos primeras operaciones integraran lo que podramos denominar fase descriptiva que comprende la identificacin y descripcin objetiva de las pruebas que van a ser objeto de valoracin.
POPPER, K., La lgica de la investigacin cientfica, Madrid, 1962, p. 31. GOLDING, Martn P., Legal Reasoning, Encore editions, 2001, pp. 2-3. IGARTUA SALAVERRIA, Valoracin de la prueba..., cit., pp. 145-146, nos dice que Concebir o descubrir una teora, como decidirse por una solucin ante una controversia jurdica, ni exige un anlisis lgico ni quizs sea susceptible de l... En todo descubrimiento, al igual que en toda decisin, puede haber elementos irracionales cuyo proceso no obedece a un mtodo ni se presta a una reconstruccin lgica. En cambio, el contexto de justificacin es el espacio en el que no importa cmo se ha llegado a un descubrimiento o a una decisin sino cmo se justifica tal descubrimiento o tal decisin. GASCON ABELLN, M., LOS HECHOS..., cit., pp. 191-192 y 201. En la doctrina peruana AZABACHE:, C, Introduccin..., cit., p. 180, afirma que "En la medida en que la motivacin del juicio de hecho se convierte, por esta va, en una forma de control sobre la arbitrariedad, toma el papel de fundamento de legitimidad de la sentencia". Vid. SSTCE 55/1987, 105/1995, 77/2000. BAUDI, A., La prova nel nuevo proceso penale, Edizioni Simona, 1990, p. 103. GASCN ABELLN, M., Los hechos, cit. p. 197. Sobre su articulacin en la sentencia vid. ANDRS IBEZ, P., Carpintera de la sentencia penal (en materia de hechos), Poder Judicial, n, 1998, pp. 419 y ss.
El cumplimiento de dichas exigencias permite no slo controlar la licitud de las pruebas, sino, tambin, controlar si se han introducido pruebas que no constan en las actas del proceso o si se altera una prueba (por ejemplo, poniendo en boca del testigo lo que en realidad no dijo), o si se omite una prueba decisiva. No obstante, esta fase descriptiva no debe agotar el contenido de la motivacin entendida en clave de justificacin. 3a. El juez debe explicar, tambin, cmo se conectan dichas pruebas con el hecho a probar, para lo cual deber utilizar las mximas de la experiencia (las reglas de la sana critica), que a su vez deber identificar en la motivacin. En otras palabras, el juez deber explicitar el razonamiento inferencial utilizado, dando cuenta de las mximas de experiencia empleadas para justificar su decisin. Esta exigencia es predicable no slo para los supuestos de prueba indiciaria sino tambin para los casos de pruebas directas. En estas tambin se opera con inferencias probatorias que el juez deber razonar y justificar. As, por ejemplo, el juez deber indicar las razones por las cuales concede credibilidad a las manifestaciones de un testigo y descarta el testimonio de otros, reflejando en la sentencia las mximas de experiencia empleadas para efectuar dichas inferencias probatorias. El Art. 394 NCPP/2004 al ocuparse de los requisitos de la sentencia establece, en su apartado 3, que la sentencia deber contener "la motivacin clara, lgica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoracin de la prueba que la sustenta, con indicacin del razonamiento que la justifique"152. Estamos dentro de la fase valorativa estrictu sensu, que exige el empleo de un mtodo o estilo analtico. El juez deber efectuar, en primer lugar, una valoracin individualizada o singularizada de las diferentes fuentes de prueba a los efectos de determinar su fiabilidad o atendibilidad y, en segundo lugar, deber complementar dicha operacin con una valoracin conjunta de todas ellas, con la finalidad de constatar el grado de probabilidad (plausibilidad) de una determinada hiptesis factica153. A este mtodo analtico se refiere el art. 393.2 NCPP/2004 cuando establece que "El Juez Penal para la apreciacin de las pruebas proceder primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las dems". Ahora bien, la referencia a la "valoracin conjunta de la prueba" no puede ser utilizada, precisamente, como coartada para amparar una situacin de ausencia total de motivacin que acaba siendo sustituida por el empleo de frmulas generales o clusulas de estilo carentes de todo contenido justificativo154. Como acertadamente resume Andrs IBEZ, el juez debe dejar constancia en la sentencia de los actos de prueba producidos, de los criterios de valoracin utilizados y del resultado de esa valoracion155". El juez debe valorar la totalidad de las pruebas practicadas, tanto las de cargo como las de descargo, pues es una exigencia derivada del derecho constitucional a la prueba156. El juez no
Precepto cuyo contenido merece un juicio favorable en comparacin con la actual redaccin de los arts. 280 y 283 Cdpp/1940. Ms ampliamente en IGARTUA SALAVERRIA, La motivacin..., cit., pp. 151 y ss. GASCON ABELLN, M., LOS Hechos..., cit., pp. 223 y ss. En la doctrina peruana AZABACHE, C Introduccin..., cit., p. 181, alude al test de la argumentacin razonable. En la practica forense era frecuente el uso de frmulas tales como "por el anlisis conjunto de toda la prueba practicada en el acto del juicio oral...", que en realidad escondan una situacin de ausencia total de motivacin. ANDRS IBEZ, P., "De nuevo sobre la motivacin de los hechos. Respuesta a Manuel Atienza", Jueces para la Democracia. Informacin y debate, n 22, 1994, p. 82. IGARTUA SALAVERRIA, J., La motivacin..., cit., p. 161, afirma que el derecho a la prueba se desglosa en dos derechos: el derecho a que sean admitidas pruebas pertinentes y el derecho a que esas sean valoradas (extremo no garantizado en una sentencia que omite su examen). FERRER BELTRN, J., "Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales Jueces para la Democracia, Informacin Debate, n 47, julio/2003, p. 28, menciona como elemento
puede sustraer determinadas pruebas de su tarea valorativa y, adems, debe dar cuenta de su resultado en la sentencia a travs de la motivacin, sin omisiones ni lagunas en el anlisis de la totalidad del cuadro probatorio ante el que se enfrenta. La STSE de 21 noviembre 2003 (Recurso de casacin n 2181/2002)157 declara, en su f.j.6, que "El art. 24.2 CE, al consagrar la presuncin de inocencia como regla de juicio, obliga al juzgador a realizar un tratamiento racional del resultado de la actividad probatoria, dotado de la transparencia necesaria para que pueda ser examinado crticamente y para que, si mediase una impugnacin, otro tribunal pudiera enjuiciar la correccin del discurso. Esto es, comprobar si tiene o no apoyo en una apreciacin tendencialmente objetiva de toda la prueba, tanto la de cargo como la de descargo; si se han tornado en consideracin todos los elementos de juicio relevantes, justificando los descartes y tambin la opcin de atribuir valor convictivo a los que se acepten; si no se ha prescindido de forma arbitraria de datos que podran ser de importancia en el plano explicativo; y si, en fin, se ha sometido todo ese material a un tratamiento racional y conforme a mximas de experiencia de validez acreditada". La necesaria conexin entre libre valoracin y motivacin fctica no depende de la condicin del rgano juzgador, esto es, de si el enjuiciamiento se realiza por jueces profesionales o por el Jurado. A este ultimo deber exigrsele, tambin, que motive el veredicto, indicando cuales han sido los elementos probatorios utilizados (las fuentes de prueba) y explicando las "razones" que fundamentan su decisin158. El veredicto monosilbico (si o no) resulta profundamente inconstitucional, en cuanto que no se ajusta a las exigencias que derivan del reconocimiento constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva y es contrario al derecho a un proceso debido. Incluso desde la ptica del derecho a la presuncin de inocencia se puede afirmar que toda omisin de motivacin fctica conlleva su vulneracin. Como apunta la STCE 249/ 2000 "si tras la consagracin constitucional de la presuncin de inocencia, toda condena ha de asentarse en pruebas de cargo vlidas, suficientes y concluyentes, tal suficiencia incriminatoria ha de ser racionalmente apreciada por el Juez y explicada en la sentencia. El dficit de motivacin que se aduce supondra, por si mismo, la quiebra del derecho a la presuncin de inocencia..."159. A esta misma conclusin debe llegarse para el caso de enjuiciamiento ante Jurados. La ausencia de motivacin se produce no slo en aquellos su-puestos en que la sentencia no incorpora o no contiene ninguna motivacin, siendo sustituida por formulas rituarias o generales carentes de significado (ausencia total de motivacin), sino tambin cuando la motivacin empleada carece de verdadero contenido justificativo, limitndose a efectuar una remisin a los diferentes elementos de prueba practicados en el proceso, pero sin dar ningn tipo de explicacin acerca de su valor ni identificar los criterios de valoracin o las mximas de experiencia utilizadas, efectuando una pura labor descriptiva (motivacin aparente). Tambin existir un dficit de motivacin en todos aquellos su-puestos en que resulte contradictoria, utilizando argumentos que chocan entre s, o cuando no se respetan las reglas de la lgica o de la ciencia o experiencia comn (motivacin contradictoria)160. Por ultimo, tambin deben repudiarse los supuestos de insuficiencia de la motivacin, como sucede en los casos en que el tribunal no valora la totalidad del cuadro probatorio (motivacin insuficiente), como ya hemos visto.
definitorio del derecho a la prueba el derecho a una valoracin racional de las pruebas practicadas. En el CPP/2004 esta exigencia se infiere de lo dispuesto en el art. 394.3 al calificar la motivacin de completa. Ponente Perfecto Andrs Ibez. El art. 61.1, apartado d) de la Ley del Jurado espaola de 1905, exige que el acta de votacin del jurado contenga "una sucinta explicacin de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados". EI veredicto del jurado ser nulo si no cumple con la exigencia constitucional de motivacin: vid. STCE 169/2004, v STSE 12 marzo 2003 (caso Waninkhoff) que fija el contenido mnimo de la motivacin del veredicto. En la misma, STCE 144/2002. El art. 429.4 CPP/2004 menciona como causal del recurso de casacin la falta o manifiesta ilogicidad de la motivacin de la sentencia, cuando el vicio resulte de su propio tenor.
VII. Libre valoracin y principio de inmediacin No vamos ahora a descubrir que la inmediacin constituye un principio esencial del proceso penal acusatorio que tiene rango de garanta constitucional161. No obstante, s que hay que advertir frente a una concepcin subjetivista del principio de inmediacin, utilizada frecuentemente en la prctica forense para fundamentar la ausencia de verdadera justificacin de las decisiones judiciales. Se apela, as, a la inmediacin para otorgar plena eficacia probatoria a las pruebas practicadas, pero sin dar cuenta de las razones que sustentan su fiabilidad. Se alude a las huellas o impresiones obtenidas por el Juez del contacto directo con la prueba, como elementos paralingsticos (el comportamiento del testigo, sus gestos, su mirada, el tono de voz, etc...), como criterios de valoracin que serviran para fundar la ntima conviccin del Tribunal. En realidad, nos enfrentamos a factores emocionales o arracionales, en terminologa empleada por GASCON ABELLN162, que carecen de la adecuada capacidad e idoneidad objetiva para integrar la justificacin de una decisin judicial, creando, como dice la autora mencionada, una "zona opaca al control racional"163. En otras palabras, tales impresiones no pueden ser invocadas como "buenas razones" de la decisin judicial. Todo aquello que no puede ser comunicado o verbalizado desde la racionalidad no puede ser tenido en cuenta como justificacin164. Contrariamente a lo que tradicionalmente se viene sosteniendo, la inmediacin, como exigencia de relacin "inmediata" o directa, sin intermediarios, entre el Juez y las fuentes originarias de prueba, no es un mtodo para el convencimiento psicolgico del juez, esto es, un mtodo de valoracin probatoria, sino una tcnica para la formacin de las pruebas165. Un medio de captacin de datos efectivamente observables y constatables para su posterior valoracin racional166. Esta concepcin de la inmediacin posibilita el control de la valoracin probatoria por parte de las instancias judiciales superiores, incluso en sede casacional167. Por el contrario, entendida como una forma de percepcin ntima de un lenguaje gestual, mediante el cual se obtienen datos incomunicables, se convierte en una suerte de blindaje y en una va de escape del deber constitucional de motivar las decisiones judiciales168.
Vid. art. 139.3 del texto constitucional peruano y art. 356.1 CPP/2004. GASCON ABHLLAN, M., Los hechos..., cit., p. 197. GASCON ABHLLAN, M., Los hechos..., cit., p. 198 ANDRZ IBEZ, P., La argumentacin probatoria, cit, pp. 28-29. IACOVIELLO, F.M., La motivaziones Della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Giuffre, Milano, 1997, p. 151. IGARTUA SALAVERRA, j., La motivacin, cit., p. 177. ANDRS IBEZ, P., Sobre el valor de la inmediacin (Una aproximacin crtica), Jueces para la Democracia. Informacin y debate, n 46, p. 59. IGARTUA SALAVERRA, J., Valoracin de la prueba, cit., p. 162, nos dice que Cae de su peso que la casacin que no ha visto ni odo, no est en disposicin, por ello mismo, de enmendar la plana al tribunal de instancia en que ste s ha visto y odo. Efectivamente, slo el juez de instancia est capacitado para determinar si el procesado ha respondido s o no, si contesta o se evade; si balbucea o responde con firmeza y seguridadPero ah concluyen los beneficios de la inmediacin. Lo que el juez infiera a partir del contacto directo con las pruebas pertenece ya a la esfera de la razn (no de la percepcin). Por ejemplo si, en el juicio oral, el encausado se desdice de lo declarado anteriormente en la instruccin, el juez deber ponderar esas dos declaraciones en base a mximas de experiencia. Ahora bien, juzgar sobre la idoneidad y la correcta aplicacin de las citadas mximas est al alcance incluso de quienes no han asistido a la vista. ANDRZ IBEZ, P., Sobre el valor, cit., p. 59. A propsito del control casacional ya afirmbamos que Este tipo de control se frustra en los casos en que el juzgador se refugia en el principio de inmediacin para justificar su conviccin y, por consiguiente, la ausencia de motivacin de la sentencia. Debe desterrarse definitivamente de la prctica de nuestros tribunales la utilizacin del principio de inmediacin como coartada para justificar la ausencia total de motivacin imposibilitando, de esta forma, todo control ulterior del razonamiento probatorio: vid, nuestro trabajo La mnima actividad probatoria, cit., p. 605.
JUICIO ORAL Y ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL DE 2004 Pablo Talavera Elguera 1. El juicio oral y el nuevo modelo procesal El juicio oral ha sido definido por el Cdigo como la etapa principal del proceso penal. Si bien el juicio oral no constituye una innovacin en el sistema jurdico procesal peruano, ya que fue introducido en el libro segundo el Cdigo de Procedimientos en materia criminal de 1920[76] y mantenido en el Cdigo de Procedimientos Penales de 1940[77], si constituye un cambio fundamental para el 80% de los procesos que actualmente se tramitan bajo las reglas del proceso sumario, en los que no existe juzgamiento, as como lograr un efectivo proceso acusatorio y desterrar las prcticas inquisitivas. Si el juicio oral ya haba sido introducido en nuestro ordenamiento jurdico, cabra preguntarse cul es la diferencia entre el juicio del Cdigo de Procedimientos Penales y el del Cdigo de Cdigo procesal Penal de 2004? Obviamente la respuesta no puede en rigor circunscribirse a sealar que se trata de un juicio en el marco de un proceso oral, acusatorio y garantista. Se requiere adems comparar las caractersticas del modelo de juicio vigente y las del modelo propuesto. El modelo procesal penal vigente se caracteriza por una predominancia de las frmulas escritas, inobservancia de la inmediacin por parte de los jueces, confusin de los roles y persecucin y jurisdiccionales, desconocimiento de los derechos de los imputados y las victimas, se valora cualquier elemento de prueba, incluso actuado en sede policial, irracionalidad de la persecucin penal, investigacin rgida y fase intermedia de mero trmite burocrtico.
Vocal Superior Titular. Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo Articulo 183 El juicio oral ser pblico, lo mismo ante los tribunales correccionales que juzgarn los delitos, que ante el jurado que juzgar los crmenes. 77 Articulo 207.-El juicio ser oral y pblico ante los Tribunales Correccionales, constituidos en cada Corte Superior por una Sala compuesta de tres Vocales
Por el contrario, el nuevo modelo procesal se caracteriza por ser esencialmente oral, se introducen las audiencias para resolver medidas cautelares y otros asuntos de relevancia dentro de la investigacin preparatoria, se encuentran separadas las funciones de persecucin de las jurisdiccionales, se reconocen expresos derechos del imputado y de la vctima, se introducen ciertas reglas para la admisin y valoracin de las pruebas obtenidas con vulneracin del contenido esencial de los derechos fundamentales y slo pueden ser objeto de valoracin las pruebas incorporadas legtimamente en el juicio oral, se racionaliza la persecucin penal mediante el empleo de salidas alternativas y la simplificacin procesal, la investigacin se hace flexible y la fase intermedia tiene asignada una funcin esencial de control de la acusacin. El juicio oral no es slo la fase principal del proceso penal, sino la esencial, pues mientras que la investigacin preparatoria apunta a establecer si hay base para un juicio, es decir, si hay elementos para fundar la acusacin del Fiscal (articulo 32.1 del Proyecto), el juicio oral es donde se tiene que realizar la actividad probatoria que deber sustentar la decisin sobre el fondo. En tal sentido, lo central del juicio no es la oralidad ni la publicidad, sino la actuacin probatoria, a la que sirven los principios de oralidad, publicidad, inmediacin y contradiccin (articulo 356.1 del Cdigo). Es en el juicio donde se producir la prueba y donde los citados principios servirn para que las partes puedan controlar la prctica de las pruebas en igualdad de armas y con todas las garantas. Por ello, lo relevante no es cuanta prueba puedan producir las partes sino la calidad de los resultados probatorios obtenidos, pues de lo que se trata, es que a travs de la prueba actuada en el juicio el juez adquiera un convencimiento sobre la veracidad o no de los hechos enunciados como cargos en la acusacin. 2. Los principios del juicio oral en el nuevo cdigo procesal penal Los principios del juicio oral son el conjunto de ideas directrices o ideas polticas que inspiran y sobre las que descansa la actividad de juzgamiento de una persona. Estos principios son de aplicacin directa en el proceso y deben integrar los vacos, orientar la interpretacin y erigirse como argumentos ltimos de la argumentacin jurdica y del razonamiento judicial. Con relacin a la actividad probatoria en el juicio oral rigen especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediacin y de contradiccin, tal como lo prescribe el artculo 356.1
del nuevo Cdigo Procesal Penal de 2004. Y como ya se ha dicho, tales principios permiten a las partes y el juez controlar adecuadamente la admisin y prctica de las pruebas para obtener resultados probatorios legtimos y altamente fiables. Principio de inmediacin La inmediacin supone la percepcin de la prueba por parte del juez y su participacin personal y directa en la produccin del medio probatorio[78]. Si bien el nuevo Cdigo Procesal Penal de 2004 no define expresamente los alcances del principio de inmediacin, si que configura su necesaria observancia cuando seala que el juez penal no podr utilizar para la deliberacin pruebas diferentes a aquellas legtimamente incorporadas en el juicio. Y solamente se podrn incorporar al juicio aquellas que han sido percibidas directamente por el juez, ya sea por su prctica o por haber sido oralizadas. Al servicio de la inmediacin se encuentran tambin los principios de identidad del juzgador, concentracin y continuidad en las audiencias (articulo 359 del nuevo Cdigo Procesal Penal). Se apuesta porque el juicio se realice en una sola sesin de audiencia y si no fuera posible ello por la complejidad del asunto, deber continuar en los das sucesivos en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusin (articulo 360 del nuevo Cdigo Procesal Penal). Con la finalidad de eliminar la prctica judicial actual de llevar a cabo audiencias diminutas con varios das de diferencia entre una y otra sesin, lo que afecta a la inmediacin, el Cdigo ha establecido que entre sesiones no podrn realizarse otros juicios, salvo que las caractersticas de la nueva causa lo permitan (articulo 360.5 del nuevo Cdigo Procesal Penal). Principio de publicidad El juicio debe realizarse en presencia de la comunidad. Toda persona tiene derecho a presenciar el juicio y a observar de qu manera jueces y abogados ejercen su labor dentro del tribunal. Tiene que ver con la transparencia, reduce espacios de corrupcin, legitima. La prueba puede y debe ser conocida por cualquier persona; ya que, proyectada en el proceso,
PARRA QUIJANO, JAIRO Manual de Derecho Probatorio, Ediciones Librera del Profesional, Bogot, 2002, pgina 62.
tiene un carcter social: hacer posible el juzgamiento de la persona en una forma adecuada y segura[79]. El Cdigo de 2004 ratifica la publicidad del juicio como regla general, salvo los casos en los que el juez mediante resolucin motivada acuerda realizar el acto del juicio oral total o parcialmente en privado, asumiendo el Cdigo determinados supuestos como el pudor, vida privada, integridad fsica de alguno de los participantes en el juicio, el orden pblico o la seguridad nacional, los intereses de la justicia o cuando est previsto en una norma especfica. Se faculta tambin al juzgador a disponer, individual o concurrentemente, con sujecin al principio de proporcionalidad, las medidas siguientes: prohibir el acceso y ordenar la salida de determinadas personas de la Sala de Audiencia cuando afecten el orden y el decoro del juicio, reducir el acceso de pblico, ordenar su salida para la prctica de pruebas especficas, prohibir el acceso de cmaras fotogrficas o de filmacin, grabadoras, etc., siempre que considere que su utilizacin puede perjudicar los intereses de la justicia y, en especial, el derecho de las partes. Principio de oralidad El artculo 361 del Cdigo establece que la audiencia se realiza oralmente. La oralidad es el medio apropiado para la prctica de la prueba, ya que a travs de la misma se expresan las partes, los testigos y los peritos. La oralidad permite la concentracin sumamente til para valorar relacionadamente todos los elementos que influyen en la sentencia- , garantiza la inmediacin, insoslayable en un rgimen de libre valoracin de la prueba y da sentido a la publicidad[80]. Los que concurren al juicio oral en condicin de rganos de prueba debern declarar espontneamente, en base a su memoria y a travs de la palabra, de modo que puedan ser odas directamente por los jueces. La lectura daa severamente la inmediacin de los jueces y el contradictorio. La mera lectura de escritos, declaraciones, actas y dictmenes periciales no constituyen oralidad, ya que quienes lo han emitido debern reproducirlos en juicio a viva voz, pues esa es la nica manera de controlar su fiabilidad probatoria y hacer realidad el
QUIJANO, JAIRO. Op. Cit. Pgina 10. ANDRES DE LA OLIVA SANTOS. Derecho Procesal Penal". Editorial Centro de Estudios Ramn Areces, S.A., Madrid, 2003, pgina 67.
principio de contradiccin. Slo por excepcin se permite la oralizacin de ciertos medios de prueba (articulo 383 del nuevo Cdigo Procesal Penal). Como se ha dicho, la audiencia se realiza oralmente, pero se documenta en acta. La audiencia podr registrarse tambin mediante un medio tcnico. Toda peticin o cuestin propuesta en audiencia ser argumentada oralmente, al igual que la recepcin de las pruebas y, en general, toda intervencin de quienes participan en ella. Est prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo quienes no puedan hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, en cuyo caso intervendrn por escrito, salvo que lo hagan por medio de intrprete. Las resoluciones sern dictadas y fundamentadas verbalmente. Se entendern notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar su registro en el acta. Principio de contradiccin El principio de contradiccin es una derivacin de la garanta constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa (articulo 139.14 de la Constitucin), es por ello que el artculo IX del Titulo Preliminar del Cdigo Procesal Penal de 2004 seala que toda persona tiene derecho a intervenir en plena igualdad, en la actividad probatoria, y, en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. La parte contra la que se oponga una prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla y discutirla [81]. As, en la fase intermedia la Fiscala puede ofrecer los medios de prueba de cargo al formular su acusacin (artculo 349.1 h), las que deben ser puestas en conocimiento de las otras partes, las que en un plazo de diez das podrn ofrecer sus pruebas para el juicio (artculo 350.1 f) y plantear las tachas a los testigos y peritos ofrecidos (artculos 350.1 h). El interrogatorio directo (artculo 375 del nuevo Cdigo Procesal Penal) y el contra interrogatorio (articulo 378.8 del nuevo Cdigo Procesal Penal) de los testigos y peritos corresponde al Fiscal y a los abogados de las partes, y es en esos momentos en que las partes en igualdad de armas controlan mediante sus preguntas y observaciones la prueba que se est practicando.
EDUARDO JAUCHEN. Tratado de la prueba en materia penal". Pgina 34.
La discusin de la prueba ocurre contradictoriamente en el momento de los alegatos finales o de clausura, comenzando primero por el alegato del Fiscal, seguidamente el del actor civil, tercero civil, el abogado defensor y finalmente con la autodefensa del acusado (articulo 386 del nuevo Cdigo Procesal Penal). 3. El sistema acusatorio o adversarial El Cdigo, sobre la base de la separacin de las funciones de persecucin de las jurisdiccionales y la presuncin de inocencia ha reformulado el modelo procesal penal vigente, especialmente en materia probatoria, convirtindolo en un modelo predominantemente adversarial. As el articulo II de su Titulo Preliminar seala que la declaracin judicial de responsabilidad requiere una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantas procesales. Lo acusatorio significa, en su esencia, la distincin entre las funciones acusadoras y las decisorias. O dicho de otra manera, el principio acusatorio implica la instauracin de un proceso de partes, adversarial, de adversarios o partes enfrentadas. El sistema acusatorio lo que pretende en ltima instancia es una distribucin de roles, una diferencia entre la parte acusadora, el imputado y el rgano jurisdiccional. La concepcin adversarial o acusatoria del proceso penal no atiende a la naturaleza del inters en juego, a la salvaguarda del ius puniendi, sino que es una forma de concebir el proceso que mira fundamentalmente a valores relacionados con el imputado, esto es, derivada de un concepto dualista de proceso en cuanto que reconoce en l tanto el derecho de la sociedad como el del acusado, y una concepcin garantista de la jurisdiccin en cuanto que forma de asegurar el contradictorio al mximo para garantizar los derechos del imputado[82]. Un proceso es acusatorio, sencillamente, en la medida en que es adversarial, en la medida en que refleja un enfrentamiento de partes. An cuando no existe un modelo adversarial puro, ni siquiera el proceso norteamericano o cualquier otro de corte anglosajn [83] entiende el
JOSE ANTONIO DIAZ CABIALE. "Principios de aportacin de parte y acusatorio: la imparcialidad del juez". Editorial Comares, Granada 1996, pginas 216-217. 83 Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico: La Regala 43 en su apartado D) establece: El juez podr, a iniciativa propia o a peticin de la parte llamar testigos a declarar, permitiendo a todas las partes contra interrogar al testigo. Tambin podr el Juez, en cualquier caso, interrogar a un testigo ya sea ste llamado a declarar por l o por la parte.
proceso penal como un proceso de partes con carcter absoluto, sino que el predominio de la configuracin adversarial depender segn de qu fase del proceso se trate. Una de las primeras notas caractersticas del sistema acusatorio adversarial que seala el Cdigo la encontramos en el artculo 155.2: Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Pblico o de los dems sujetos procesales. La ley establecer, por excepcin, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio (inciso 3). Otra caractersticas del modelo predominantemente adversarial esta constituida por la aportacin de prueba por las partes en la fase intermedia y bajo el control del juez para la investigacin preparatoria, rgano jurisdiccional distinto al juez encargado del juicio. Es decir, que al Fiscal le corresponder aportar su prueba en su dictamen acusatorio (artculo 349.1h) y a las partes ofrecer las que estimen convenientes para su defensa en el juicio (artculos 350.1f), as como cuestionar a los testigos y peritos por la parte adversa, todo lo cual ser materia de pronunciamiento en la audiencia preliminar que convoque el juez para la investigacin preparatoria (artculos 351 y 352). En un modelo adversarial es consustancial que la prueba se produzca en el juicio, en tal sentido el Cdigo en su articulo 393 ha sido claro al establecer que el juez no podr utilizar para la deliberacin pruebas diferentes a aquellas legtimamente incorporadas en el juicio. Por tanto, todas las declaraciones de los testigos peritos se tendrn que practicar en el juicio, la prueba material y documental incorporarlas mediante su exhibicin en el juicio en el momento en que declaran quienes lo han producido o conocen sobre su contenido o mediante su lectura si aquello no es posible. No se trata por ejemplo en un proceso acusatorio oral y adversativo que en el juicio se lea simplemente un acta de incautacin, sino que concurra al juicio el polica que lo levant para que declare cmo se produjo tal incautacin y las circunstancias en que se extendi dicha acta, y sobre todo para someterse al interrogatorio y contra interrogatorio por las partes. Tampoco se trata de dar lectura a los dictmenes periciales, sino que los peritos expongan sus conclusiones y los elementos cientficos y tcnicos que se emplearon para arribar a las mismas. La oralidad se constituye tambin como una caracterstica del sistema adversarial (articulo 361), ya que mediante la palabra las partes y los rganos de prueba incorporarn sus
declaraciones, las mismas que podrn ser controladas directamente por las partes mediante las denominadas observaciones u objeciones. Un claro ejemplo de potenciar la oralidad y la produccin de las pruebas en el juicio lo encontramos en la concepcin del contenido del expediente judicial o cuaderno para el debate como prescribe el Cdigo de Procedimiento Penal italiano de 1989. As, el artculo 136 del Cdigo estatuye que una vez dictado el auto de citacin a juicio el Juez penal ordenar formar el respectivo expediente judicial en el cual se anexarn esencialmente: las actas en que consten las acusaciones objetivas e irreproducibles realizadas por la polica o el Ministerio Pblico, as como las declaraciones del imputado, las actas referidas a la actuacin de la prueba anticipada, los informes periciales y los documentos. De esta manera se evita continuar con la cultura del expediente el amasijo de papeles que contienen las declaraciones de los testigos y peritos, y se procura que el juez al no tener en sus manos dichas declaraciones actuadas en la investigacin preparatoria, tome conocimiento directo en el juicio de lo que digan dichos rganos de prueba. Otra de las caractersticas ms notorias del modelo predominantemente adversarial la encontramos en el artculo 375.3: El interrogatorio directo de los rganos de prueba (testigos y peritos) corresponde al Fiscal y a los abogados de las partes. Al juez durante el desarrollo de la actividad probatoria le corresponde ejercer sus poderes para conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesariamente a fin de que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se les requiera o, excepcionalmente, para interrogar a los rganos de prueba slo cuando hubiera quedado algn vaco. Finalmente, el modelo adversarial se caracteriza por el debate o discusin sobre la prueba practicada por las partes, en igualdad de armas, mediante los llamados alegatos finales o de clausura (articulo 386 a 391 del nuevo Cdigo Procesal Penal). 4. La libertad de la prueba El nuevo de Cdigo Procesal Penal de 2004 se adscribe al modelo acusatorio oral con orientacin adversarial. En principio son las partes las que introducen los hechos, las pruebas y los alegatos. Sin embargo, se admite que tambin lo pueda hacer excepcionalmente el Juez de oficio.
En materia de Derecho Probatorio se asume el modelo establecido en el Cdigo de Procedimiento Penal italiano 1989, el mismo que recoge el principio de libertad de la prueba (articulo 189 del CPP italiano). Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la Ley (articulo 157 del Cdigo). Excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantas de la persona, as como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. La forma de su incorporacin se adecuar al medio de la prueba ms anlogo, de los previstos, en lo posible. Esta regla en principio loable, puede producir ciertas incoherencias en la actividad probatoria, fundamentalmente en la fase de admisin de las pruebas. Los jueces conforme a la sana crtica podrn admitir o rechazar las pruebas que las partes ofrezcan para probar sus alegaciones en el juicio. El problema con la aplicacin de este principio de libertad probatoria es que el mismo es utilizado por los jueces tanto para la admisin como para la valoracin de la prueba. Al depender slo de la licitud, la pertinencia y de la sana critica para la admisin y valoracin de la prueba, sin distinguir entre una fase y otra, se produce lo que ha llamado anarqua probatoria y falta de uniformidad jurdica en el proceso penal [84] (peruano). No hay ningn problema en el uso de reglas de la sana crtica para la etapa de la valoracin de la prueba. Sin embargo, s lo hay cuando de la admisin de sta se trata. La valoracin pude estar basada en la sana crtica, es decir, en las reglas del entendimiento humano, la lgica y las experiencias del juez. Pero su admisin debe ser regulada de forma uniforme para que haya seguridad y uniformidad jurdica tanto para el imputado y su defensor, as como para la victima y para el Estado, representado ste por el fiscal al momento de hacer la investigacin del ilcito y en la etapa del procedimiento penal del imputado.[85] Al no estar reglamentados de manera uniforme y especfica los requisitos necesarios para la admisibilidad de las pruebas cada juez decide, a base de su criterio personal, qu admite y qu prueba no admite en el proceso ante su consideracin. Incluso puede darse el caso donde un
HECTOR QUIONEZ VARGAS. Las tcnicas de litigacin oral en el proceso penal salvadoreo Pgina 58. HECTOR QUIONEZ VARGAS. Op. Cit. Pgina 59.
mismo Juez decida admitir determinada prueba y en otro caso, ante similar evidencia, considere decidir lo contrario[86]. A pesar de que el nuevo Cdigo Procesal Penal de 2004 se adscribe al principio de libertad de la prueba, hemos de reconocer que se han logrado avances en regular con mayor prolijidad que en el Cdigo vigente, lo relacionado con la admisin, prctica y valoracin de las pruebas. Especialmente en cuanto al principio de aportacin de pruebas, las reglas de admisin, las reglas de valoracin, el testigo de referencia, el procedimiento probatorio, etctera. 5. La aportacin y admisin de los medios de prueba Reglas de la aportacin de pruebas Se instituye como regla el principio de aportacin de parte, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Pblico o de los dems sujetos procesales. Sin embargo, se estipula que la ley establecer, por excepcin, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. As, el artculo 385 inciso 2) seala que el Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepcin de las pruebas, podr disponer, de oficio o a pedido de parte, la actualizacin de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente tiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidar de no reemplazar por medio la actuacin propia de las partes. El Fiscal debe ofrecer los medios de prueba en su acusacin, para lo cual presentar la lista de testigos y peritos, con indicacin del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que habrn de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, har una resea de los dems medios de prueba que ofrezca. Los dems sujetos procesales podrn, en el plazo de 10 das de notificados con la acusacin, ofrecer pruebas para el juicio, adjuntado a lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicacin de nombre, profesin y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales sern examinados en el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o sealar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos.
QUIONEZ VARGAS. Op, Cit. Pgina 59.
Reglas de admisin de las pruebas Son objetos de prueba los hechos que se refieran a la imputacin, la punibilidad y la determinacin de la pena o medida de seguridad, as como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. No son objeto de prueba las mximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurdica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y no notorio. No son admisibles las pruebas de no sean pertinentes, conducentes y tiles y las prohibidas por la ley. No pueden ser utilizados, an con el consentimiento del interesado, mtodos o tcnicas idneos para influir sobre su libertad de autodeterminacin o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos. El Juez puede limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecucin. El juez no podr utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidas con vulneracin del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Trmite de la aportacin y admisin de pruebas en el juicio El juez decide sobre la admisin de las pruebas mediante auto motivado. Los autos que decidan sobre la admisin de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Ministerio Pblico y a los dems sujetos procesales. Audiencia preliminar: articulo 352.5: la admisin de los medios de prueba ofrecidos requiere: a) que la peticin contenga la especificacin del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y b) que el acto probatorio propuesto sea pertinente; conducente y til. El pedido de actuacin de una testimonial o la prctica de un peritaje especificar el punto que ser materia de interrogatorio o el problema que requiere explicacin especializada, as como el domicilio de los mismos, la resolucin que se dicte no es recurrible. Segn el artculo 353.2 el auto de enjuiciamiento debe contener los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el mbito de las convenciones probatorias de conformidad con el numeral 6) del artculo anterior.
Conforme al artculo 373, cuando el acusado no acepta la conformidad y se dispone la continuacin del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Slo se admitirn aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusacin. Excepcionalmente, las partes podrn reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentacin de las partes. El juez decidir en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las dems partes. La resolucin no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarn los hechos especficos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados. 6. Las convenciones probatorias El articulo 156 inciso 3 del Cdigo establece: Las partes podrn acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorar como un hecho notorio. El acuerdo se har constar por acta. Articulo 350 inciso 2 del Cdigo: Los dems sujetos procesales podrn proponer los hechos que aceptan y que el Juez dar por acreditados, obviando su actuacin probatoria en el juicio. Asimismo, podr proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que sern necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que los justifiquen podr desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, sino fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecer de efecto la decisin que los desestime. Articulo 352 inciso 6 del Cdigo: La resolucin sobre las convenciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artculo 350, no es recurrible. 7. La recepcin o prctica de la prueba La actuacin probatoria se realiza en el siguiente orden general: a) examen del acusado, b) prctica de los medios de prueba admitidos, y c) oralizacin de los medios probatorios. La actuacin probatoria se realizar, en todo caso, teniendo en cuenta el estado fsico y emocional de la vctima.
El Juez Penal, escuchando a las partes, decidir el orden en que deben actuarse la declaracin del imputado si fueran varios, y de los medios de prueba admitidos. Se introducen los conceptos de interrogatorio directo y contra interrogatorio. El interrogatorio directo de los rganos de prueba corresponde al Fiscal y a los abogados de las partes. El Juez durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se les requiera o, excepcionalmente, para interrogar a los rganos de prueba slo cuando hubiera quedado algn vaci. No se opta por un control de la prctica de la prueba por las partes, lo que caracteriza a un modelo acusatorio adversarial. En la prctica de las declaraciones personales (interrogatorio) no son admisibles las preguntas impertinentes, las intiles, las capciosas y las que contengan respuestas sugeridas. Tampoco son admisibles las preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. El juez moderar el interrogatorio y evitar que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurar que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes, en ese mismo acto, podrn solicitar la reposicin de las decisiones de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen. Corresponde, en primer lugar, el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y luego por las restantes. Antes de declarar, los testigos no podrn comunicarse entre si, ni debern ver, or o ser informados de lo que ocurriere en la sala de audiencia. Toda persona es, en principio, hbil para prestar testimonio, excepto el inhbil por razones naturales o el impedido por la Ley. Si para valorar el testimonio sea necesario verificar la idoneidad fsica o psquica del testigo, se realizarn las indagaciones necesarias y, en especial, la realizacin de las pericias que correspondan. Esta ltima prueba podr ser ordenada de oficio por el juez.
El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podra surgir su responsabilidad penal. El testigo tendr el mismo derecho cuando, por su declaracin, pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1) del artculo 165. Segn el artculo 166 del Cdigo seala: La declaracin del testigo versa sobre lo percibido en relacin con los hechos objeto de prueba. Cuando el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe sealar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistir, an de oficio, en lograr la declaracin de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podr ser utilizado. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo tcnico. Si el testigo se halla en el extranjero se proceder conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperacin judicial internacional. En estos casos, de ser posible, se utilizar el mtodo de videoconferencia o el de filmacin de la declaracin, con intervencin si corresponde- del cnsul o de otro funcionario especialmente habilitado al efecto. El examen al testigo menor de diecisis aos de edad ser conducido por el juez con base en las preguntas y contrainterrogatorios presentados por el Fiscal y las dems partes. Podr aceptarse el auxilio de un familiar de menor y/o de un experto en psicologa. Si, odas las partes, se considera que el interrogatorio directo al menor de edad no perjudica su serenidad, se dispondr que el interrogatorio prosiga con las formalidades previstas para los dems testigos. Esta decisin puede ser revocada en el transcurso del interrogatorio. Sin un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondr lo mismo si en el interrogatorio surge una contradiccin con la declaracin anterior que no se puede constatar o superar de otra manera.
Procede el careo entre agraviados o entre testigos o stos con los primeros. No procede el careo entre el imputado y la victima menor de catorce aos de edad salvo que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente. El examen de los peritos se inicia con la exposicin breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial. Si es necesario se ordenar la lectura del dictamen pericial. Luego se exhibir y se les preguntar si corresponde al que han emitido, si ha sufrido alguna alteracin y si es su firma la que aparece al final del dictamen. A continuacin se les pedir expliquen las operaciones periciales que han realizado, y sern interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, comenzando por quien propuso la prueba y luego los restantes. Los peritos podrn consultar documentos, notas escritos y publicaciones durante su interrogatorio. En caso necesario se realizar un debate pericial, para lo cual se ordenar la lectura de los dictmenes periciales o informes cientficos o tcnicos que se estimen convenientes. Durante el contra interrogatorio, las partes podrn confrontar al perito o testigos con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. Los testigos y peritos expresarn la razn de sus informaciones y el origen de su conocimiento. A solicitud de alguna de las partes, el juez podr autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que no hubieran declarado en la audiencia. Los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, sern exhibidos en el debate y podrn ser examinados por las partes. La prueba material podr ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella.
Cuando el imputado no pudiere ser trado, se podr utilizar su fotografa u otros registros, observando las mismas reglas anlogamente. Durante la investigacin preparatoria deber presenciar el acto el defensor del imputado o, en su defecto, de la investigacin Preparatoria, en cuyo caso se considerar la diligencia un acto de prueba anticipada. Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepcin sensorial, se observarn, en lo aplicable, las disposiciones previstas en el artculo anterior. Sin perjuicio de levantar el acta respectiva, se podr disponer que se documente mediante prueba fotogrfica o videogrfica o mediante otros instrumentos o procedimientos. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se halla realizado dicha diligencia en la investigacin preparatoria o sta resultara manifiestamente insuficiente, el juez Penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenar la realizacin de una inspeccin o de una reconstruccin, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 8. La valoracin de la prueba Es premisa esencial de la actividad probatoria, que el juez no podr utilizar para la valoracin pruebas diferentes a aquellas legtimamente incorporadas en el juicio. En la valoracin de la prueba el Juez deber observar las reglas de la lgica, la ciencia y las mximas de la experiencia, y expondr los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Primero deber proceder a examinar las pruebas individualmente y luego conjuntamente con las dems. En los supuestos de testigos de referencia, declaracin de arrepentidos o colaboradores y situaciones anlogas, slo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podr imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. La aplicacin de la prueba pro indicios requiere: a) Que el indicio est plenamente probado; b) Que la inferencia est basada en las reglas de la lgica, la ciencia o la experiencia; y c) Que cuando se trate de indicios contingentes, stos sean plurales, concordantes y convergentes, a si como que no se presenten contraindicios consistentes.
9. Lo que falta regular sobre derecho probatorio Ciertamente, de todo lo dicho en los apartados anteriores se aprecia que en materia probatoria el nuevo de Cdigo Procesal Penal constituye un serio avance y dar mayor coherencia al modelo acusatorio propuesto, sin embargo, tambin tenemos la conviccin que el Cdigo debi regular sobre: a. b. c. d. e. f. g. Los criterios para la valoracin de las declaraciones de los coimputados; Los criterios generales para conviccin judicial; La prueba demostrativa o experimental; Los privilegios; Las objeciones; La prueba de refutacin; La prueba de carcter.
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