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título 17/02/2009 Ponente Excmo. Sr. D
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Sentencia Nº: 135/2009
Fecha Sentencia: 04/03/2009
Recurso Nº: 489/2004
Votación y Fallo: 17/02/2009
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Elena Oca de Zayas
Escrito por: CVS
Responsabilidad civil extracontractual. Fallecimiento de un fumador. Prescripción.
CASACIÓN Num.: 489/2004
En la Villa de Madrid, a cuatro de Marzo de dos mil nueve .
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Señores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 489/2004, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de Dª África Pulgar Ross, D. Carlos Carramiñana Pulgar, Dª Olga Carramiñana Pulgar y D. Oscar Carramiñana Pulgar, aquí representados por la Procuradora Dª Olga martín Márquez contra la sentencia dictada en grado de apelación, rollo 505/2001, por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 1 de diciembre de 2003, dimanante del juicio de menor cuantía nº 36/1998 del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona. Habiendo comparecido en calidad de recurrido el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de Altadis, S.A.
PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Barcelona dictó sentencia de 2 de marzo de 2001 en el juicio de menor cuantía n.º 36/1998, cuyo fallo dice:
»Desestimo en su integridad la demanda presentada por D.ª África Pulgar Ross, D. Oscar Carramiñana Pulgar, D. Carlos Carramiñana Pulgar y por D.ª África Pulgar Ross en representación de su hija menor D.ª Olga Carramiñana Pulgar contra Altadis S. A. y, en consecuencia, dicto una sentencia que absuelve a la parte demandada de los pedimentos contra ella efectuados, imponiendo las costas del juicio a los actores».
«Primero. La parte actora ejercita la pretensión de resarcimiento por los daños y perjuicios causados en base a responsabilidad contractual (arts. 1254, 1258 y 1101 ss. y concordantes CC). Dicha parte sostiene la existencia de una relación causal y directa entre la enfermedad que causó la muerte a D. Emilio Carramiñana (adenocarcinoma de pulmón) en fecha de 19 de noviembre de 1993 y su adicción al tabaco, que venía consumiéndolo durante unos veinte años. Igualmente, aduce la actora que la cláusula expresa que reza: "Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica la salud", no debe ser tenida en cuenta porque al tratarse de un contrato de adhesión (así califica las relaciones entre el consumidor de tabaco y Tabacalera) tendría que estar la cláusula expresamente aceptada y firmada por el consumidor de tabaco para que la misma desplegara efectos. También se pone de manifiesto en las alegaciones de la parte actora que, el tabaco, al generar adicción y dependencia, anula la facultad volitiva del cliente adicto. Los codemandados cuantifican los daños y perjuicios psicológicos y morales irrogados en 15 millones de pesetas para cada uno, reclamando una indemnización que asciende a 60 millones de pesetas.
»Segundo. La demandada contesta a la anterior pretensión oponiéndose e interesando el dictado de una sentencia desestimatoria dado que del informe del Dr. Carol no se desprende necesariamente un relación de causalidad directa y exclusiva entre el cáncer de pulmón del Sr. Carramiñana y su consumo de tabaco, ya que su enfermedad puede obedecer a otras causas (genética o ambiental, por ejemplo). También pone de manifiesto que la demandada ha cumplido la normativa sanitaria vigente (entre otros, los Reales Decretos números 709/82, de 5 de marzo; 510/92, de 14 de mayo o 1185/94, de 3 de junio), además de que desde la década de los años 60 se ha informado a través de los medios de comunicación de los efectos del tabaco, y ello unido al mensaje impreso en las cajetillas desde hace 17 años, provoca que no se pueda invocar desconocimiento absoluto del tema, con lo que un hipotético defecto de información acerca de los efectos del consumo de tabaco no puede ser la causa de la muerte del Sr. Carramiñana.
»Altadis también se opone a la existencia de una relación contractual con la parte actora habida cuenta que de conformidad con el art. 4.5 de la Ley 13/98, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabaco y Normativa Tributaria, ni los fabricantes ni los distribuidores mayoristas podrán ser titulares de una expendeduría de tabaco y timbre (estanco) ni ostentan autorizaciones de puntos de venta con recargo (bares, máquinas), en consecuencia, alega que Altadis ni directa ni indirectamente ha vendido tabaco al Sr. Carramiñana.
»La parte demandada también formula en su contestación a la demanda, una serie de alegaciones a las que no se va a hacer referencia, alegaciones de carácter subsidiario, por si el órgano jurisdiccional eventualmente entendiera que la acción ejercitada se basa en responsabilidad aquiliana, lo cual ya ha sido descartado en la demanda por los actores, y modificar la pretensión ejercitada implicaría incurrir en incongruencia por "extra petita", de ahí que no se haga referencia a dichas alegaciones subsidiarias.
»Tercero. La primera cuestión a dilucidar es la eventual existencia de una relación contractual entre el fumador y Altadis. Relación contractual que con una interpretación laxa, flexible, sin atender a criterios rigurosos, podría sostenerse y ello porque, pese a necesitar Altadis el entramado de estancos o puntos de venta con recargo para completar la cadena de operaciones hasta la venta de las labores de tabaco al público, concurren entre las partes los tres elementos que identifican el contrato: consentimiento, objeto y causa (art. 1261 CC). Así, respecto al consentimiento hay concurso entre la oferta y la aceptación del tabaco, pues Altadis fabrica o distribuye a fin de que el mismo llegue al consumidor minorista con independencia de los intermediarios que se requieren (art. 1262 CC). Igualmente, hay objeto y causa, integrado el primero por el tabaco y la segunda por el precio pagado por cada cajetilla (arts. 1271 y 1274 CC).
»Sentada, en consecuencia, la posibilidad jurídica de apreciar la existencia de una relación contractual entre el finado y la parte demandada la legitimidad activa de los actores descansa en la subrogación "mortis causa" del ejercicio de la acción aquí entablada. Ahora bien, lo que ya supone un exceso en la hermenéutica de los contratos es calificarlo como de adhesión, entre otros motivos, porque se trata de una relación jurídico-compleja en la que intervienen varias partes (ver fundamento jurídico segundo), entre otras, el Estado como titular del monopolio de la venta del tabaco a los consumidores con lo que en parte, dicho negocio jurídico se halla reglado teniendo, más bien, la relación contractual entre el fumador y Altadis una naturaleza similar al negocio jurídico de la compraventa.
»Cuarto. Del resultado de las pruebas practicadas en juicio, no se acredita que Altadis haya incurrido en la responsabilidad contractual que prevé el art. 1101 CC. De un lado, porque no se ha logrado demostrar que la causa directa y exclusiva de la muerte del Sr. Carramiñana fuera la de su adicción al tabaco, tal como se deduce de la testifical practicada al Sr. Agudo (que además nunca ha visto directamente al paciente), o del informe médico emitido por el Dr. Carol. Así, el Sr. Agudo manifiesta que la evidencia epidemiológica se acepta como criterio de causalidad, pero que sería más riguroso hablar de factor de riesgo (preguntas A, 3.ª y 5.ª) y declara que hay otros factores de riesgo que originarían la enfermedad del finado, como son los ambientales (repregunta B, 5.ª). De otro lado, al Sr. Carramiñana no se le hace una autopsia que reflejara la causa de la muerte, basándose la demanda en la epidemiología que presenta probabilidades de la causa de la muerte, pero no certeza (doc. n.º 7). Y aparecen otros factores ambientales, contaminantes o genéticos que pueden ser de influencia en la enfermedad padecida por el Sr. Carramiñana. Otra posibilidad no descartada por completo sería la metástasis, puesto que la misma no se excluye expresamente en los informes médicos; añadiéndose, a todo ello, que el Dr. Carol tampoco trató personalmente al enfermo, ya que emite el informe en el año 1997, por tanto, cuatro años después de la muerte del Sr. Carramiñana.
»Pero es que además de que no se ha podido demostrar la relación directa y exclusiva de causalidad entre el hábito del consumo de tabaco y el cáncer de pulmón padecido por D. Emilio Carramiñana, el tabaco es una sustancia legal con advertencia de peligro en la cajetilla desde hace casi 20 años, los medios de comunicación (prensa, radio, televisión), desde la década de los años 60, tal como se ha acreditado del cotejo efectuado por la Hemeroteca sita en Madrid, advierte que fumar puede ser perjudicial para la salud, por tanto, es un hecho notorio y conocido que el tabaco puede ser un factor de riesgo que puede generar determinadas enfermedades, especialmente si se consume en exceso y fumar los cigarrillos contenidos en tres paquetes como, a tenor de la prueba testifical y confesión en juicio practicadas, hacía el Sr. Carramiñana, no es un consumo moderado y esta opción personal, en la que consiste fumar, tendría que asumirse con responsabilidad y mesura.
»Quinto Por todo lo anterior y al no haberse acreditado los hechos constitutivos de la demanda, procede su desestimación integra, imponiendo las costas del juicio a los coactores en virtud del principio de vencimiento objetivo previsto en el art. 523 de la LEC».
TERCERO. - La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia de 1 de diciembre de 2003 en el rollo de apelación n.º 505/2001, cuyo fallo dice:
»El Tribunal acuerda: Estimamos en parte el recurso de apelación impuesto por la representación procesal de Dña. África Pulgar Ross y de sus hijos Óscar, Carlos y Olga contra la sentencia de 2 de marzo de 2001 que modificamos en el extremo relativo a la imposición a la actora de las costas de la instancia que dejamos sin efecto.
»Estimamos la impugnación efectuada por la representación procesal de Altadis, S. A., y declaramos que la relación enjuiciada se enmarca dentro del ámbito de la relación extracontractual.
»Mantenemos la resolución en los demás extremos.
»No hacemos expresa condena en las costas devengadas en esta alzada».
«Primero. La acción indemnizatoria ejercida por la actora se fundamenta en la existencia de una relación contractual entre el esposo de la misma, fallecido en fecha 19 de noviembre de 1993 víctima de un adenocarcinoma de pulmón, y la entidad demandada, en su condición de mayorista de labores de tabaco, a cuyo consumo se atribuye por la reclamante la causa del fallecimiento de su esposo.
»La sentencia dictada en la instancia desestimó la pretensión de la actora, si bien admitió la posibilidad de que hubiera existido la relación contractual indicada, "con una interpretación laxa, flexible, sin atender a criterios rigurosos", y ello por entender que "pese a necesitar Altadis el entramado de estancos o puntos de venta con recargo para completar la cadena de operaciones hasta la venta de las labores de tabaco al público, concurren entre las partes los tres elementos que identifican el contrato consentimiento, objeto y causa".
»Contra la indicada resolución ha planteado recurso la representación procesal de la parte actora en cuya fundamentación ha insistido en el carácter contractual de la relación, pese a que la sentencia ya lo había admitido, y solicita se revoque la sentencia y se estimen sus pretensiones alegando, en síntesis, los argumentos que pasamos a reseñar: a) que la demandada ha incumplido la obligación legal que le impone la defensa de la salud de sus clientes, b) que era ir mas allá de lo que la norma obliga e invertir la carga de la prueba presumiendo culposa la actuación de la demandada al haberse acreditado que la causa de la muerte del esposo de la actora fue un adenocarcinoma de pulmón y que este se había originado como consecuencia del consumo de tabaco, c) que los peligros que tal consumo genera para el particular deben desplazarse a quien lo suministra, d) que el tabaco genera adicción, anulando la facultad volitiva del cliente-adicto y la demandada no advierte de este hecho, por lo que debe asumir su responsabilidad.
»La parte demandada impugnó la sentencia en el extrema relativo al fundamento de derecho que admite la relación contractual y con el que discrepa la indicada parte que solicita se modifique y se declare en su lugar, que la relación es de tipo extracontractual.
»Segundo. Se somete por tanto a la consideración de esta Sala la integridad del conflicto que ha enfrentado a las partes en la primera instancia.
»La primera cuestión jurídica que es preciso determinar porque de la misma derivan importantes consecuencias para la resolución del litigio, es la relativa al carácter de la relación que pudiera haber existido entre el esposo de la fallecida y entidad demandada.
»A juicio de esta Sala, y discrepando en este punto de la resolución impugnada, no existió vinculo contractual alguno entre el esposo de la actora y la entidad demandada sino que la relación contractual, que se perfeccionó con la compra del tabaco y el pago del precio, se concertó con la expendeduría o expendedurías de tabaco a las que el adquirente hubiera acudido, conformándose y consumándose tantas ventas como actos adquisitivos se hubieran realizado.
»La condición de mayorista distribuidora de labores de tabaco que ostenta la demandada no le confiere el carácter de vendedora directa al consumidor ni cabe efectuar una vinculación entre la misma y el destinatario final del producto como pretende la parte apelante, toda vez que las relaciones contractuales se conciertan y solo obligan a aquellas personas que han tenido parte en las mismas (art. 1257 CC), y para su existencia se precisa de un concierto concreto de voluntades en base al cual, una o varias personas se obligan respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar y algún servicio (art. 1254 CCom).
»En concreto y respecto al contrato de compraventa, el art. 1445 CC establece que por el mismo uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente, lo que supone la exigencia de unos concretos elementos personales y reales que no pueden mezclarse con otros distintos sin violentar elementales principios de seguridad jurídica, no siendo admisible la interpretación laxa que la juzgadora reconoce efectuar.
»Que ello es así, y que no existe vínculo contractual, lo refuerza aún más si cabe, la especial legislación existe en torno a las labores de tabaco, y en concreto, el art. 8 de la Ley 38/1985, de 22 de noviembre, de Monopolio Fiscal de Tabacos, conforme al cual, el Monopolio de comercio al por menor de labores de tabaco se ejerce por el Estado a través de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre. Los expendedores de Tabaco y Timbre, que habrán de ser necesariamente personas físicas, son concesionarios del Estado, y dependen del Ministerio de Economía y Hacienda, lo que evidencia la desconexión legal, que se atribuye a los establecimientos indicados.
»Ahora bien la inexistencia de relación contractual no conlleva la liberación de la demandada de toda obligación, ya que la responsabilidad por la que se la demanda puede ubicarse, si concurre los requisitos para ello, dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual, en base al principio general de no dañar a otro, que se recoge en el art. 1902 CC, de manera que sin necesidad de vínculo contractual alguno, si se demuestra la concurrencia de los requisitos que conforman el indicado precepto, deberá declararse la obligación de indemnizar.
»En concreto, cuando se trata de valorar la actuación del fabricante o consumidor de un producto de cuyo uso se ha derivado un daño al consumidor o usuario, se ha establecido por la jurisprudencia la posibilidad de que la misma se fundamente en la negligencia en la fabricación o en la falta de información, y en este sentido la STS de 14 de noviembre de 1984 señala que la responsabilidad civil de fabricante por los daños causados a los usuarios o consumidores de los productos que aquél elaboró, habrá de basarse bien en la negligencia de fabricación, con lanzamiento al tráfico comercial de una sustancia defectuosa, ora en faltas cometidas respecto de la necesaria instrucción o información, es decir, en el olvido de las indicaciones precisas para la utilización, absteniéndose de comunicar al público los peligros que el uso entraña, por lo que los daños pueden ser directamente causados por el propio producto o motivados por la carencia de inscripciones o inadecuación de las mismas en cuanto a sus cualidades, características y forma de empleo, prescindiendo de señalar las precauciones que han de adoptarse.
»El empeño de la parte actora en configurar la relación como contractual no es puramente doctrinal sino que tiene una indudable consecuencia práctica, toda vez que en tanto que el término para el ejercicio de las acciones que no tenga un plazo especial de prescripción es el de quince años (art. 1964 CC) y éste sería el aplicable al contrato de compraventa, el término establecido para el ejercicio de las acciones derivadas de culpa o negligencia es de tan sólo un año (art. 1968 CC), tiempo que ya había concluido cuando se presentó la demanda, en fecha 15 de enero de 1998, ya que el esposo de la actora falleció el 19 de noviembre de 1993 y la causa de la enfermedad que determinó su fallecimiento, como así consta en la propia documentación médica que acompaña a la demanda, fue un adenocarcinoma de pulmón diagnosticado y conocido antes de la muerte del enfermo, por lo que la acción ejercida por la actora, en la medida en que sólo puede fundamentarse en una obligación de carácter extracontractual, estaría ya prescrita.
»Tercero. Sin embargo y pese a que la concurrencia del término prescriptivo sería suficiente para desestimar la demanda, el estudio del fondo de la cuestión debatida, conlleva asimismo una resolución desestimatoria, y ello en base a las consideraciones que pasamos a explicar.
»Ya hemos visto que la responsabilidad que debemos analizar es la extracontractual regulada en el art. 1902 CC. Sin que sea de aplicación la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, no solo por razones de temporalidad, ya que su promulgación es posterior a la fecha del fallecimiento del esposo de la actora, sino porque la indicada ley está concebida para regular los efectos dañosos que puedan causar productos de uso inocuo para la salud, en tanto que el perjuicio que causa el tabaco es consustancial al mismo y derivado de sus características esenciales y por tanto no atribuible a defecto alguno.
»No existe inconveniente en atribuir al fallecido D. Emilio Carramiñana Puig la condición de consumidor dado que, conforme al art. 1-2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios, tienen este carácter las personas que adquieren, como destinatario finales, bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes lo producen, facilitan, suministran, o expiden, y por consiguiente, y como tal consumidor, al derecho a la protección contra los riegos que puedan afectar a su salud, a la información correcta sobre los diferentes productos o servicios, y a la educación y divulgación para facilitar su adecuado uso, consumo o disfrute (art. 2 a] y d] del texto citado).
»Ahora bien, reconocidos los indicados derechos, es preciso evitar la confusión en la que pretende introducirnos la apelante, porque cuando el legislador refiere tales derechos los relaciona con productos destinados al consumo que, por su propia naturaleza, no pueden conllevar daño alguno (art. 3) y prueba de ello son las prohibiciones contenidas en el art. 5 en las que se impide la utilización de aditivos no autorizados, la de almacenar productos reglamentariamente no permitidos, las exigencias de control de los productos tóxicos o venenosos, la prohibición de venta a domicilio de bebidas y alimentos, entre otros.
»En cambio el suministro y venta de las labores de tabaco responde a parámetros bien diferentes, en la medida en que el indicado producto es, en sí mismo, perjudicial para la salud, hecho notorio que no precisa de prueba alguna y que así fue declarado en el Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo, en cuyo artículo primero se dispuso lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el art. 25.2 de la Ley General de Sanidad, se declara al tabaco sustancia nociva para la salud de la persona, por lo que si pese a ello su venta está autorizada y reglamentada, las consecuencias dañosas que se deriven de su uso normal, no quedan protegidas por el principio de responsabilidad objetiva que establece el art. 25 del texto legal indicado, ni son de aplicación las disposiciones de los artículos 27 y 28 porque lo que aquí se discute no es que el tabaco adquirido por D. Emilio estuviera en malas condiciones, o no hubiera superado los controles de calidad, sino la obligación de la demandada de asumir el riesgo que, en sí mismo y por su propia naturaleza, supone el tabaco para la salud del consumidor.
»Cuarto. El debate suscitado en la presente litis debe por tanto solventarse conforme al contenido del art. 1902 CC, por lo que debemos analizar si concurren los tres requisitos que se precisan para su aplicación: a) una actuación negligente imputable a la demandada, b) un resultado dañoso, y c) una relación de casualidad entre aquella conducta negligente y el resultado dañoso producido.
»Actuación negligente imputable a la demanda:
»La referida actuación no puede derivar del suministro de un producto dañino para la salud porque tal suministro está legalizado y aunque es cierto que el cumplimiento de la disposiciones reglamentarias no eximen del deber de responder del daño si, pese a todo, se produce, el referido criterio no tiene ningún sentido y no puede ser aplicado cuando la causación del daño es consustancial al producto, de manera que, en tanto su venta esté permitida, del hecho único de la venta no puede derivarse responsabilidad para la entidad que, acogiéndose a la Ley, proceda a su suministro.
»La indicada responsabilidad sólo podría predicarse en el caso de que se hubiera incumplido el deber general de información a que antes nos referíamos y que contempla la legislación protectora de los consumidores y el específico ordenado para la venta de tabaco. El primero no se incumple porque las cajetillas de tabaco no ofrecen duda alguna acerca de su contenido y no es posible que se adquiera por error un producto distinto del deseado. El que adquiere una cajetilla de tabaco sabe y desea adquirir tal producto. Respecto al segundo, la información específica relativa a las consecuencias dañosas para la salud, establecida imperativamente en España desde el Real Decreto 709/1982, de 5 de marzo, hasta el más reciente de 3 de junio de 1994, ha sido cumplida por la demandada, por lo que queda tan sólo por determinar si además de todo ello debió hacer constar que el tabaco crea adicción, y que es precisamente el punto en que la apelante fundamenta su reclamación.
»En el Real Decreto 2072/1983, de 28 de julio, se estableció la obligación de consignar en los paquetes de tabaco la frase: La Dirección General de Salud Pública advierte que el uso del tabaco es perjudicial para la salud. En el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, antes citado, se consideró falta muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir, el hecho de no insertar la advertencia disuasoria o el contenido en alquitrán, nicotina u otro componente de obligada inserción o cualquiera otra transgresión sobre advertencia y contenidos en el exterior del paquete.
»Finalmente, en el Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo, y en el posterior de 3 de junio de 1994, se incorporaron sendos anexos con la lista de advertencias relativas a la salud que debían insertarse en los paquetes de tabaco, a elección del fabricante, y entre las distintas frases recogidas en los mismos no figura ninguna que mencione el riesgo de adicción.
»La demandada ha cumplido las obligaciones indicadas por cuanto es un hecho admitido en la litis y conocido por todos, que las cajetillas de tabaco suministradas por la misma llevan inscritas las advertencias exigidas, aunque no la relativa a la adicción. Ahora bien, no estimamos que esta omisión deba conllevar la declaración de responsabilidad que se pretende, no sólo porque esta exigencia no está exigida reglamentariamente, y ya hemos indicado la importancia que tiene en esta materia la regulación administrativa, sino porque las advertencias insertas en las cajetillas son lo suficiente contundentes y explícitas y no tenemos fundamento alguno para pensar que la referencia a la adicción pueda ser determinante en la conducta de los consumidores para alejarles del hábito del tabaco y conseguir lo que nunca otra de las advertencias efectuadas ha logrado.
»Realidad del daño: Los informes médicos acreditan que el esposo de la actora falleció tras serle diagnosticado un adenocarcinoma de pulmón.
»Nexo de casualidad entre la conducta omisiva y el daño: A tal efecto y en este apartado debemos indicar que el referido nexo de casualidad debe darse entre la conducta omisiva que se atribuye a la demanda (el no advertir que el tabaco crea adicción) y el resultado dañoso consiste en la muerte del paciente por consecuencia de un adenocarcinoma de pulmón, en el bien entendido que tal nexo de causalidad ha de basarse en el principio de la causación adecuada, de forma que, como señala la STS de 11 de diciembre de 1996, es preciso la determinación concreta para el caso estudiado, de que de aquella conducta del agente se derive, según las reglas de la lógica, la consecuencia necesaria del daño producido.
»No creemos, en cambio, que el referido nexo deba predicase entre el suministro de tabaco y el resultado dañoso porque ya hemos indicado las características esencialmente dañinas del producto y la imposibilidad de un uso inocuo del mismo.
»Pues bien, como antes apuntábamos, es evidente que la omisión de la advertencia referida no puede constituir, según las reglas de la lógica, causa eficiente del resultado dañoso producido, toda vez que la causación del mismo no puede conectarse como una consecuencia natural adecuada y suficiente de aquella omisión inicial, por lo que tampoco concurre el necesario nexo causal que se precisa para integrar un supuesto de responsabilidad extracontractual.
»En consecuencia y resumiendo lo hasta aquí explicado, debemos concluir en el sentido de que la responsabilidad por el suministro de labores de tabaco debe basarse en la necesaria existencia de un reproche culpabilístico, no susceptible de atenuación a través de la teoría del riesgo (concebida para situaciones muy distintas de la enjuiciada), y que en el supuesto debatido no se ha podido efectuar porque no se observa la concurrencia de una conducta negligente imputable a la demandada. Y además porque, en cualquier caso, atendidas las advertencias que constan en el producto y la información general existente sobre los efectos nocivos del tabaco, de la que se vienen haciendo eco los medios de comunicación desde los años sesenta, la decisión de consumirlo constituye un acto que pertenece a la esfera de libertad de la persona.
»Procede por tanto, y conforme a lo razonado, desestimar la petición indemnizatoria que efectúa la parte actora, y estimar la impugnación formulada por la demanda, confirmando la decisión de la instancia, aunque discrepamos del razonamiento de la misma que califica de contractual la relación y que esta Sala ha considerado de carácter extracontractual.
»Quinto. Aunque la recurrente no hizo una petición expresa acerca de las costas que le impuso la sentencia, la petición de ser liberada de las mismas se entiende comprendida en su solicitud de revocación íntegra de la referida sentencia, por lo que no es incongruente que en esta resolución se modifique la condena impuesta y no se estime pertinente hacer expresa condena en las costas devengadas en ninguna de las dos instancias atendida la complejidad del caso y las dudas que su resolución puede plantear lo que implica la modificación parcial de la sentencia de instancia con la consiguiente estimación, también parcial, del recurso de la actora».

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 Real Decreto 
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