Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/24791
Timestamp: 2020-06-03 17:17:32+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 6/2016
SENTENCIA 6/2016, de 21 de enero
ECLI:ES:TC:2016:6
Destaca expresamente dicha Sentencia que el legislador estatal no sólo está facultado, sino obligado a proteger el demanio marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su integridad física y jurídica, como su uso público y sus valores paisajísticos para servir a las funciones sociales contempladas en la Carta europea del litoral y que ampara el art. 45 CE. Ahora bien, aun cuando el título de la Ley 2/2013 se refiere a la protección y el uso sostenible del litoral, esta norma como reconoce la propia exposición de motivos va realmente dirigida, en la gran mayoría de sus medidas, a proporcionar seguridad jurídica a los propietarios existentes en el litoral, sobre todo a partir del llamado “Informe Auken” (Informe del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario), olvidándose, de un lado, de la problemática del urbanismo masivo producido a raíz de la Ley del suelo de 1998 (al que también hace referencia dicho informe) y, de otro, de la STEDH de 29 de marzo de 2010, Depalle vs. Francia, que señala que los derribos sin indemnización de viviendas al borde del mar, en terrenos de dominio público, no vulneran el derecho a la propiedad recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al entender que estos derribos persiguen un fin de interés general, como es el de fomentar el libre acceso a la orilla. Interés que ocupa un lugar preeminente, especialmente ante la necesidad creciente de proteger la costa.
La nueva redacción del art. 3.1.b) LC vulnera igualmente el art 132 en relación con el art. 45 CE, por cuanto rebaja el régimen de protección de los bienes de dominio público marítimo-terrestre al que el legislador estatal se encuentra vinculado positivamente (STC 149/1991), al excluir las playas formadas por causas artificiales y las dunas artificiales y muertas, bienes que con la anterior regulación se encontraban incluidos en el dominio público. Con ello permite la existencia de enclaves privados, en contra de lo dispuesto por el art. 132.2 CE, que demanializa las playas sin distinción alguna.
Desde el punto de vista de las ciencias ambientales, las dunas son un ecosistema de transición entre la playa y tierra firme. La zona intermareal de la playa presenta unas condiciones ambientales muy difíciles para la vida: inestabilidad del terreno, alta salinidad, grandes variaciones de temperatura, sequedad y anegabilidad. En este sentido, las dunas realizan funciones como la estabilización de la línea de costa, la protección de la playa y de la línea de costa, la ganancia de terreno al mar, la retención de la arena para evitar la invasión de las zonas interiores, y el asentamiento de especies colonizadoras. Sin embargo, este ecosistema pionero es muy inestable ante la intervención humana y se encuentra en fase de degradación y extinción, motivo por el cual es necesario protegerlo para evitar su desaparición. En definitiva, como ha señalado la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, “los ecosistemas de las dunas cumplen un papel vital en la protección del litoral y prevención de los riesgos causados por la elevación del nivel del mar ante el cambio climático de la región mediterránea y su recuperación y conservación permiten aumentar la resiliencia y adaptación de estos ecosistemas costeros al cambio climático y contribuyen a la fijación de nuestras playas, recursos esenciales para el turismo”.
En el nuevo art. 119.2 LC no queda justificada esta suspensión excepcional en una supuesta lesión grave a un interés general de España, sino en la circunstancia de que la actuación local afecte a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección, o que suponga una infracción manifiesta del art. 25 LC. Se margina así injustificadamente el control judicial, que solamente entraría en juego a posteriori. En este sentido, la STC 14/1981, de 29 de abril, ya señalaba que “la suspensión gubernativa de acuerdos municipales sin otra razón que el control de legalidad en materia que corresponda al ámbito competencial exclusivo de las Entidades Locales no es compatible con la autonomía, que hoy proclama el artículo 137 de la Constitución, porque entraña una tutela sin otro fundamento que la defensa de la legalidad ejercitable por una vía excepcional”.
2. Por providencia de 8 de octubre de 2013, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Asimismo se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
La Ley de costas parte de esta diferencia. En su art. 3 se ocupa del demanio natural (incluyendo a la zona marítimo-terrestre y a las playas en una categoría ajena a la Constitución, como es “la ribera del mar y de las rías”), mientras que en el art. 4 se refiere a los bienes que son dominio público por pura determinación legal. Respecto de la primera categoría, la Ley de costas se encargó de concretar y determinar aquello que es zona marítimo-terrestre y playa. No puede compartirse el argumento, que tampoco avala la jurisprudencia constitucional, de que la ley en este terreno se limite a una mera constatación, sino que establece criterios detallados que dotan de contenido jurídico a aquellos conceptos (STC 149/1991, FJ 2). Estos conceptos no pueden apartarse de su valor léxico, aunque son de advertir diferencias entre las definiciones del diccionario de la Real Academia Española y el concepto legal, y entre los utilizados por la Ley de costas de 1969 y los contenidos en la Ley de costas de 1988. Ello confirma que las menciones constitucionales a la zona marítimo-terrestre y a la playa no son suficientes para fijar sobre el terreno su extensión. La ley, sin separarse ni distorsionar lo que comúnmente se entiende por playa y zona marítimo-terrestre, concepto más técnico que común, debe concretar su alcance material.
(ii) El concepto de duna utilizado en la nueva redacción del art. 3.1 b) LC no restringe el utilizado en la legislación de 1988. Antes al contrario, se incorpora a la ley el criterio que aparecía en el art. 4 d) RC 1989, que incluía las dunas “fijadas por la vegetación hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. En la definición de duna incorporada por la Ley 2/2013, se sigue incluyendo a las que tengan o no vegetación, y a las que se formen por cualquier causa, ya que la definición acaba con un “por otras causas” que no es más que un numerus apertus.
Finalmente, la disposición impugnada atribuye a las Administraciones urbanísticas la facultad de delimitar, en el planeamiento o mediante un acto ad hoc, los núcleos o áreas a los que se va a aplicar. La ley distingue claramente las facultades urbanísticas, en este caso las relativas al planeamiento y a la gestión, de las relativas a la protección del dominio público y al estatuto jurídico de la propiedad privada, que corresponde ejercer al Estado. Así se puede concluir con toda claridad de la función que la disposición reserva al informe estatal, que deberá únicamente pronunciarse sobre “la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre”.
La remisión del art. 3.1 a) LC al reglamento para establecer los criterios técnicos relativos a la fijación del límite interior de la zona marítimo-terrestre, por referencia al alcance de las olas en los mayores temporales conocidos, no altera el criterio legal sustantivo anterior a la reforma y se limita a incorporar una precisión que encaja sin ninguna dificultad en el ámbito admisible de la colaboración reglamentaria (STC 233/2015, FJ 3 a).
a) El art. 1.11 de la Ley 2/2013 incorpora un nuevo apartado 4 en el art. 25 LC, a fin de introducir una excepción a la prohibición general de publicidad en la zona de servidumbre de protección. El precepto impugnado remite al reglamento el establecimiento de las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, “siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección”.
El precepto no vulnera las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo, debiendo descartarse esta tacha en atención a las mismas razones recogidas en la STC 149/1991, FJ 3 D) c). Las prohibiciones referidas a la zona de servidumbre de protección, que tienen la finalidad de proteger los valores naturales y paisajísticos del demanio (entre ellas, la relativa a la publicidad), son normas de legislación básica de protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE). Sobre el complemento de esta norma, consistente en las indicaciones que describen “en términos muy genéricos, las obras, instalaciones o actividades que, con carácter ordinario, podrán permitirse en esta zona de protección”, ya señalamos en su momento que “[t]ales indicaciones son, de una parte, sin duda, criterios de ordenación que las Comunidades Autónomas deberán acoger en los correspondientes instrumentos, de la otra e inmediatamente, norma básica de protección del medio ambiente, cuya naturaleza de tal legitima el condicionamiento que impone a la competencia de las Comunidades Autónomas para la ordenación del territorio”.
Precisamos asimismo que “[l]a doctrina constitucional sobre la legislación básica no impide … en modo alguno que la propia ley se remita al reglamento cuando tal remisión sea necesaria para garantizar el fin a que responde la competencia estatal para la legislación básica. Como es obvio, la legitimidad constitucional de la norma reglamentaria así producida dependerá del uso que de la habilitación legal se haya hecho”, que no es objeto de este proceso constitucional.
Tampoco cabe encuadrar esta regulación en la competencia autonómica en materia de publicidad. Como advertimos en la STC 146/1996, de 19 de septiembre, que invoca la recurrente, “en la ordenación jurídica de un sector como … el publicitario, pueden resultar involucradas las reglas definidoras de las competencias estatales y autonómicas en otros ámbitos materiales, en los que pudiera resultar comprendida la regulación de algunos aspectos o manifestaciones concretas de la actividad publicitaria, de modo que en la reglamentación de aquel sector es posible que, junto a la regla competencial específica en materia de publicidad, puedan concurrir otros títulos competenciales distintos, debiendo examinarse, en tales casos, cuál de las reglas concurrentes es prevalente y, por tanto, aplicable” (FJ 4). El precepto que examinamos no tiene la finalidad de regular el sector publicitario, sino de introducir una limitada modulación a la prohibición general de publicidad en la zona de servidumbre de protección, prohibición que responde a finalidades medioambientales, como ya ha quedado expuesto.
b) El art. 1.12 de la Ley 2/2013 añade un apartado 6 al art. 33 LC, a fin de regular el régimen de ocupación y uso de las playas, a desarrollar por vía reglamentaria, “atendiendo a su naturaleza”. Se reprocha al precepto que desborde lo constitucionalmente admisible al habilitar al Estado para regular el régimen global de ocupación y uso de las playas, sin limitarse al establecimiento de máximos y mínimos, tal y como determinó la STC 149/1991.
El análisis de los apartados 2 a 5 del art. 33 LC 1988, recogido en el fundamento jurídico 4 B) c) de dicha Sentencia, es sin embargo más extenso y complejo que la mera referencia a los máximos y mínimos que puedan establecerse para delimitar las dimensiones de las edificaciones al servicio de la playa. Constatamos entonces que “[e]n estos preceptos se entremezclan, en efecto, de manera muy estrecha, enunciados que sin duda son competencia estatal por versar directamente sobre la ocupación de una parte importante del demanio marítimo-terrestre (las playas) con otros que, aunque referidos también a esta ocupación, no regulan directamente el grado de la misma, sino más bien el modo de llevarla a cabo, y podrían ser considerados por tanto, como normas de ordenación del territorio o, más precisamente, como una habilitación a la Administración del Estado para dictar normas de este género, atribuyendo así a ésta una competencia que es de las Comunidades Autónomas costeras. Aunque tal atribución, en la medida en que exista, ha de reputarse, claro está, incompatible con el bloque de la constitucionalidad, tampoco cabe ignorar que la ocupación de las playas podría resultar gravemente obstaculizadora de su uso público, que el Estado ha de garantizar, e incluso gravemente dañosa para la integridad física del demanio, si las instalaciones permitidas en ellas y las edificaciones para su servicio pudieran hacerse sin otra restricción que la de no ocupar más que un porcentaje determinado del espacio playero o situándose en cualquier lugar de la playa, con lo que tampoco cabe negar al Estado título para disciplinar estas cuestiones en el caso de que la Administración directamente competente no lo haga. El apartado segundo no plantea, pese a lo dicho, especiales problemas. Ni el principio del acceso público a las instalaciones permitidas en las playas es constitucionalmente objetable, como congruente con el uso público de éstas, ni la posibilidad de que se autoricen otras modalidades de uso de tales instalaciones está concebida en términos que restrinjan o anulen las facultades que a las Administraciones competentes puedan corresponder y ha de considerarse, en consecuencia, como no incompatible con el sistema constitucional de delimitación competencial. Tampoco es contrario al sistema constitucional de delimitación de competencias la indicación, contenida en el apartado tercero, de que las edificaciones para el servicio de la playa se habrán de situar preferentemente fuera de ella, pues, como es evidente, tal indicación no excede de la facultad para regular la utilización del dominio público que va aneja con su titularidad”.
La admisión de que el Estado pueda “disciplinar estas cuestiones en el caso de que la Administración directamente competente no lo haga” ha de considerarse matizada, y en buena medida superada, por la doctrina posterior de este Tribunal sobre la supletoriedad del Derecho estatal [por todas, STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 12 c)]. Pero ello no significa en modo alguno que el Estado quede desapoderado de toda competencia normativa en lo que concierne al régimen de uso y ocupación de las playas, dado que, en virtud de los arts. 45 y 132.2 CE, está obligado a proteger el demanio marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su integridad física y jurídica, como su uso público y sus valores paisajísticos. Así lo hemos reiterado en varios pasajes de la STC 233/2015, y especialmente en el fundamento jurídico 6 en cuanto se refiere a este mismo precepto legal.
Teniendo en cuenta la doctrina expuesta, es de advertir que la Comunidad recurrente no aporta argumento alguno que proporcione a este Tribunal razones para cuestionar el contenido sustantivo del art. 33.6 LC. Por su carácter marcadamente preventivo, no podemos acoger el reproche de inconstitucionalidad fundado únicamente en la habilitación legal para su desarrollo reglamentario, ya que es doctrina consolidada que tal habilitación no puede ser calificada per se como vulneradora de las competencias autonómicas, en este caso en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Resta añadir que, no siendo tal desarrollo reglamentario el objeto de este proceso, “[n]ada impide que, si el Gobierno, al dictar las correspondientes normas reglamentarias en virtud de esa remisión, extendiera su regulación a aspectos no básicos, pudiera plantearse el oportuno conflicto de competencias a fin de examinar si se hubiera producido o no la extralimitación en el ámbito competencial estatal” (STC 161/2014, de 7 de octubre, FJ 9).
Al examinar la redacción original de este precepto, concluimos en la STC 149/1991, FJ 4 E) c) a’), que “[l]a revocación de una autorización por resultar incompatible con la normativa aprobada con posterioridad es, en sí, una previsión legal que se limita a establecer el régimen de las autorizaciones demaniales, cuya aprobación no se ha discutido al legislador estatal. Ahora bien, si la normativa cuya aprobación da lugar a la revocación de la autorización debe ser ejecutada por la Comunidad Autónoma, al margen de que venga establecido por leyes estatales o autonómicas, será ésta la que habrá de resolver si se debe o no impedir que continúe la utilización autorizada en su día, de manera que la resolución dictada por la Administración del Estado queda en cierto sentido vinculada por la resolución autonómica dictada en el ejercicio de sus competencias ejecutivas sectoriales”.
No puede prosperar la primera tacha de inconstitucionalidad dirigida a este precepto, fundada en la vulneración del principio de autonomía local. Toda vez que “la legislación básica sobre régimen local no se integra en el ‘bloque de la constitucionalidad’ ni constituye canon de validez respecto de otras leyes estatales” (STC 95/2014, de 12 de junio, FJ 5, y las allí citadas), en este caso nuestro análisis debe ceñirse a los límites que la Constitución impone directamente a los controles sobre la actividad local. En su concreta proyección sobre tales controles, el significado del principio de autonomía local (arts. 137, 140 y 141.2 CE) quedó perfilado a partir de la STC 4/1981, de 2 de febrero, como recuerda la reciente STC 154/2015, de 9 de julio: “[s]egún razona su fundamento jurídico 3, los controles administrativos sobre la actividad local deben estar previstos en normas legales; ser concretos y precisos, no ‘genéricos e indeterminados que sitúen a las Entidades locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras Entidades territoriales’; y tener por objeto actos en los que incidan intereses supralocales, velando por la legalidad de la actuación local; el control de oportunidad de las decisiones correspondientes a la gestión de los intereses locales es incompatible con la autonomía local, salvo que concurra una justificación constitucional, de otro modo la toma de decisión vendría a compartirse con una Administración no directamente relacionada con los intereses locales involucrados. En esta línea, la posterior STC 14/1981, de 29 de abril, FJ 6, aclaró que la suspensión de actos locales como método de control administrativo es constitucionalmente admisible respecto de los que vulneren competencias de otra Administración; no cabe si responde a la defensa genérica de la legalidad en el ámbito estricto de las competencias locales.” [FJ 6 b)].
La respuesta a la segunda tacha de inconstitucionalidad, basada en la vulneración de las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo, requiere partir de la doctrina previa de este Tribunal, que puede resumirse en una doble premisa. En primer lugar, al examinar el art. 67 LBRL, al que el precepto ahora impugnado se remite, la STC 214/1989, de 21 de diciembre, apreció que “[e]l carácter cautelar, el supuesto extraordinario y la necesidad de residenciar ante la jurisdicción en el máximo de diez días la cuestión suscitada, conduce a desestimar la impugnación del precepto, que en estas condiciones, no invade competencia alguna al adoptar que tales medidas se lleven a cabo por el Delegado del Gobierno, dado que dicho órgano ostenta su representación en el territorio de la Comunidad Autónoma” [FJ 23 b)].
En segundo lugar, “la titularidad estatal del dominio público y la competencia para determinar las categorías de bienes que lo integran no son, en sí mismos, criterios de delimitación competencial por lo que, en consecuencia, la naturaleza demanial de un bien no lo aísla de su entorno ni lo sustrae de las competencias que correspondan a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad’. Sin perjuicio de que, como reconocimos en la STC 149/1991, de 4 de julio, la titularidad estatal del demanio pueda habilitar legítimamente para incidir sobre la competencia que para la ordenación del territorio ostentan las Comunidades Autónomas costeras [FJ 1 d)]” (STC 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, y las allí citadas). Esta concurrencia explica que, en los espacios sobre los que se proyecta el art. 119.2 LC (esto es, la zona de dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de protección), se produzca un complejo entramado de competencias estatales y autonómicas, que fue abordado con detalle por la STC 149/1991.
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 4906-2013
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de costas, todos ellos relacionados con el dominio público marítimo-terrestre.
Se desestima el recurso. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 233/2015, de 5 de noviembre, la Sentencia considera que la remisión al reglamento de los criterios para delimitar el alcance de las olas en los mayores temporales conocidos no contradice la doctrina constitucional sobre la reserva de ley, ya que no altera el criterio sustantivo para fijar aquel límite. Por otra parte, el tratamiento de las dunas no supone una delimitación del dominio público natural que ponga en riesgo su integridad. Tampoco resulta inconstitucional, de acuerdo con la citada doctrina, la habilitación al Estado para regular por vía reglamentaria el régimen global de ocupación y uso de las playas, en la medida en que aquél está obligado a proteger el demanio marítimo-terrestre y no se argumenta por qué ello invade competencias autonómicas. Se declara también constitucional el régimen de aplicación de la disposición transitoria de la Ley de costas de 1988 que determina el régimen aplicable a los terrenos que, a su entrada en vigor, estaban clasificados como suelo urbano.
Por otra parte, la Sentencia asevera que la excepción a la prohibición general de publicidad en la zona de servidumbre de protección, si está vinculada a actividades permitidas, no vulnera las competencias autonómicas en materia de territorio y urbanismo, pues las prohibiciones que operan en esa zona son normas básicas de protección del medio ambiente. No es posible, además, encuadrar esta regulación en la competencia autonómica de publicidad. Es igualmente constitucional la revocación unilateral de las autorizaciones en zona de dominio público basada en la incompatibilidad de la autorización con la normativa sobrevenida, reiterándose al respecto la STC 149/1991, de 4 de julio.
Por último, no es inconstitucional, desde la perspectiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada, que el Delegado del Gobierno pueda suspender actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la servidumbre de protección o bien infrinjan el régimen de las actividades prohibidas y permitidas en dicha zona. La suspensión se prevé en norma con rango de ley, está acotado su objeto con precisión suficiente e incide claramente en intereses supralocales, por lo que respeta la doctrina constitucional al respecto. Asimismo, no quedan afectadas por dicha potestad las competencias autonómicas.
Aplica la doctrina contenida en la STC 233/2015 sobre el dominio público marítimo-terrestre y la libertad de configuración del legislador [FJ 3].
El precepto relativo a la publicidad en la zona de servidumbre de protección no vulnera las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo (STC 149/1991) y tampoco cabe encuadrar esta regulación en la competencia autonómica en materia de publicidad (STC 146/1996) [FJ 4.a)].
Aplica la doctrina contenida en la STC 233/2015 sobre el régimen de ocupación y uso de las playas [FJ 4.b)].
Aplica la doctrina contenida en la STC 149/1991 sobre la revocación unilateral de las autorizaciones en zona de dominio público [FJ 4.c)].
Desde la perspectiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada, el precepto relativo a la suspensión de actos y acuerdos de entidades locales por parte del Delegado del Gobierno cumple las exigencias de la doctrina constitucional, al estar prevista la suspensión en norma con rango de ley, acotado su objeto con precisión suficiente e incidir claramente en intereses supralocales, como son los relativos a la protección y defensa de la integridad del dominio público marítimo-terrestre, de titularidad estatal [FJ 4.d)].
Doctrina constitucional sobre los controles que afectan a la actividad local (SSTC 4/1981 y 154/2015) [FJ 4.d)].
Es constitucionalmente legítima la intervención de un órgano estatal a través de un mecanismo cautelar y extraordinario, cuando el acto local afectado por la medida de suspensión pueda comprometer la integridad del demanio, la preservación de sus características naturales o su libre utilización pública y gratuita, y que en última instancia queda sometido al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, una potestad que responde a la obligación estatal de impedir que la naturaleza de estos bienes y sus características sean destruidas o alteradas [FJ 4.d)].
Aplica la doctrina contenida en la STC 233/2015 sobre la disposición que establece el régimen de aplicación de la disposición de la Ley de Costas de 1988 que a su vez determinó el régimen aplicable a los terrenos que, a su entrada en vigor, estaban clasificados como suelo urbano [FJ 4.e)].
Artículo 132, ff. 1, 3
Artículo 3 a) (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 3
Artículo 3 b) (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 3
Artículo 3.1 b) (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 3
Artículo 25.4 (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 4
Artículo 33, apartados 2 a 5, f. 4
Artículo 33.6 (redactado por Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 4
Artículo 55.1 (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 4
Artículo 119.2 (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 4
Disposición transitoria tercera, apartado 3 (redactado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo), f. 4
Artículo 70, f. 1
Artículo 1.11, ff. 1, 4
Artículo 1.12, ff. 1, 4
Artículo 1.18, ff. 1, 4
Artículo 1.38, ff. 1, 4
Disposición transitoria primera, ff. 1, 4
Autonomía localAutonomía local, f. 4 d)
Competencias autonómicas de ejecuciónCompetencias autonómicas de ejecución, f. 4 d)
Competencias exclusivas de las Comunidades AutónomasCompetencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, f. 4
Fundamentación de la demanda de inconstitucionalidadFundamentación de la demanda de inconstitucionalidad, f. 4 b)
Suspensión de acuerdos municipalesSuspensión de acuerdos municipales, f. 4 d)
Dominio público marítimo terrestreDominio público marítimo terrestre, ff. 2 a 4
Legislación básicaLegislación básica, f. 4 a)
Protección del medio ambienteProtección del medio ambiente, f. 4 a)
Suelo urbanoSuelo urbano, f. 4 e)

References: artículo 137
 resolución 
 resolución 

Artículo 132

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 25

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 55

Artículo 119

Artículo 70

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1