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Timestamp: 2020-07-15 12:26:30+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 200, de 25/04/2017
cve: DSCD-12-CO-200
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 200
- De la señora secretaria de Estado de Justicia (Sánchez-Cortés Martín). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000423); Socialista (Número de expediente 212/000445); Ciudadanos (Número de expediente 212/000534) y Mixto (Número de expediente 212/000715) ... (Página2)
- De la señora subsecretaria de Justicia (Roldán Martín). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000424); Socialista (Número de expediente 212/000446); Ciudadanos (Número de expediente 212/000536); Mixto (Número de expediente 212/000336) y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (Número de expediente 212/000679) ... (Página18)
- Del señor secretario general de la Administración de Justicia (Dorado Picón). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (Número de expediente 212/000425); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (Número de expediente 212/000638); Ciudadanos (Número de expediente 212/000535) y Mixto (Número de expediente 212/000335) ... (Página25)
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (SÁNCHEZ-CORTÉS MARTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000423); SOCIALISTA (Número de expediente 212/000445); CIUDADANOS (Número de expediente 212/000534) Y MIXTO (Número de expediente 212/000715).
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Justicia con las comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, número de expediente 121/000006. Los comparecientes son la secretaria de Estado de Justicia, doña Carmen Sánchez-Cortés Martín; la subsecretaria de Justicia, doña Áurea Roldán; y, por último, el secretario general de la Administración de Justicia, don Antonio Dorado Picón.
En primer lugar, interviene la secretaria de Estado de Justicia, por un tiempo de entre quince y veinte minutos; a continuación intervendrán los distintos grupos, y puesto que se ha pedido prácticamente por todos, hemos aceptado que se haga por orden de menor a mayor, por un tiempo de tres a cinco minutos por cada uno de ellos.
Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez-Cortés Martín): Buenos días, señora presidenta, señorías.
Comparezco ante esta Comisión con la finalidad de informarles sobre las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia contenidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Voy a intentar que mi intervención sea lo más ágil posible, puesto que tienen las cifras que les ha remitido el Gobierno y también las que están disponibles en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En cuanto al planteamiento de la intervención, me voy a referir a los datos generales del presupuesto de la sección 13, Ministerio de Justicia, centrándome especialmente en todo lo relativo al funcionamiento de los órganos judiciales de la fiscalía, la formación y el mutualismo judicial. La subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, se centrará específicamente en lo relacionado con la dirección y servicios generales del ministerio, los registros vinculados a la fe pública, Abogacía General del Estado y la Agencia de Protección de Datos; en tanto que el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, se va a referir de manera muy singular a todo lo relacionado con los proyectos de modernización de la Administración de Justicia.
Situándonos en un contexto general, señorías, los presupuestos de Justicia que se presentan para 2017 lo hacen en un contexto de crecimiento económico sostenido. Después de unos años muy difíciles de crisis económica empiezan a aparecer, desde hace dos años, cifras muy positivas en cuanto al crecimiento de la economía española, con porcentajes más favorables que en otros países muy relevantes de la Unión Europea, como Italia, Francia o Alemania. Eso permite que el comportamiento de los presupuestos en materia de pensiones, en materia de oferta de empleo público, de financiación autonómica y local, presente cifras muy favorables en este proyecto; todo ello, de manera compatible con los principios de buena administración. Los Presupuestos Generales del Estado presentan una reducción global de más de 5000 millones de euros, pero sin renunciar al gasto social, que aumenta un 1,1 % y se sitúa en un 56 % de los presupuestos. Cuando hablamos del presupuesto en materia de justicia, este gasto no solo lo lleva adelante el Ministerio de Justicia. Como saben, la política de justicia es compartida también por el Consejo General del Poder Judicial, a cuyo presupuesto no me voy a referir, pero si indicaré que crece un 2,5 %, situándose en 56 millones de euros, y también el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial. Este gasto en justicia crece un 7 % en el marco de los Presupuestos Generales del Estado. El ministerio, como saben, implica un 91 % de este gasto; el Consejo un 3 % y los organismos autónomos adscritos al ministerio un 6 %.
El presupuesto del Ministerio de Justicia de la sección 13 asciende en el proyecto de presupuestos de 2017 a una cantidad total de 1700 millones de euros. Esta es una buenísima noticia porque implica un
crecimiento de un 7,6 %, implica 121 millones adicionales para el gasto en justicia y, además, lo hace por tercer año consecutivo. Presentamos un crecimiento en el presupuesto de justicia por tercer año consecutivo. Es más, desde el año 2014 hasta 2017 este incremento se sitúa en el 16,6 % del gasto total en justicia. En cuanto a las políticas públicas de los Presupuestos Generales del Estado, solo sanidad supera el gasto en justicia, con un peso en el gasto total de un 1,4 %, subiendo un 8 %. Me gustaría destacar, mirando las cifras globales del presupuesto, que el gasto social en justicia -es un dato que quiero adelantar de entrada- asciende a unos 80 millones de euros, computando en este gasto total la asistencia jurídica gratuita, las medidas contra la violencia de género, las oficinas de asistencia a víctimas y la atención a personas con discapacidad y protección de menores.
No me voy a alargar en cuestiones muy específicas del presupuesto en cuanto a sus características generales, pero saben que el Ministerio de Justicia participa no solo en la política de justicia sino en otras políticas, como son la seguridad ciudadana -pensemos en los asuntos relativos a la protección de datos-, sanidad, prestaciones económicas del mutualismo administrativo, y servicios de carácter general, donde están las relacionadas con la defensa y la asesoría de los intereses del Estado. Existen nueve programas presupuestarios, pero, si les parece, por una mayor simplicidad, lo que voy a hacer es referirme al gasto por capítulos, que creo que va a hacer mucho más clara la exposición.
Antes que nada, me gustaría hacer mención a la comparecencia que hizo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el pasado 5 de diciembre, ante la Comisión de Justicia; una comparecencia a petición propia, donde señaló los seis grandes retos que estaban incluidos en la agenda de justicia para esta legislatura. Estos retos que vamos a ver reflejados en cada una de las partidas presupuestarias, en los distintos capítulos en mayor o menor medida, van dirigidos a buscar una justicia más ágil; una justicia más dotada y mejor organizada; una justicia transformada digitalmente, basada en todos los profesionales de la justicia, tanto los que están dentro del sistema como los que están fuera de él; pensada e impartida para las personas; y también una justicia que sea fuerte en su independencia y firme e implacable en su lucha contra la corrupción.
Voy a empezar a referirme a los capítulos presupuestarios, a los capítulos de gastos del proyecto de presupuestos de la sección 13. Empiezo por el capítulo 1. El capítulo 1 presenta una dotación global de 1349 millones de euros, lo cual supone incrementar en 46,3 millones de euros los presupuestos con respecto a 2016. Es un crecimiento de un 3,6 %. ¿Qué se recoge aquí? Se recogen fundamentalmente las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia, así como de las carreras judicial y fiscal -que, como bien saben sus señorías, se incrementan en un 1 % para el presupuesto de 2017-, y sobre todo un hecho muy importante y relevante que afecta a otros ámbitos de actuación del Estado pero muy singularmente a justicia, y es la reducción de los niveles de interinidad dentro de la Administración de Justicia. Esta reducción ha ido experimentando una evolución muy positiva, puesto que en estos últimos ejercicios una interinidad que estaba situada entre un 21 y un 25 %, según los distintos cuerpos de Administración de Justicia, se encuentra en la actualidad en un 17 %. La plantilla total de justicia se cuantifica en 50 358 efectivos, de los cuales 8132 son interinos. Estamos hablando, pues, de unas cifras considerables. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 incluye medidas muy importantes en materia de empleo público, puesto que implican la autorización para aprobar una oferta de empleo público que asciende a unas 3000 plazas, de las cuales, en números redondos, 2500 están vinculadas a la estabilización de las plantillas, a reducir la interinidad, y otras 500 aproximadamente a la tasa de reposición de efectivos. En total, vamos a contemplar una oferta de empleo público, cuando salga el real decreto de oferta de empleo, que rondará las 843 plazas adicionales respecto a la oferta de empleo de 2016.
En esta materia me gustaría detenerme en la oferta de empleo de las carreras judicial y fiscal, pues se sigue con el esfuerzo que se viene realizando desde el año 2014. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 contempla 100 plazas para las carreras judicial y fiscal. Como bien saben, la distribución de plazas entre las dos carreras se produce más adelante mediante una decisión de la comisión de selección que se plasma en el real decreto correspondiente. Hay una cuestión que me gustaría mencionar en este punto y es lo relativo a la profesionalización que se está produciendo en el ámbito de las carreras judicial y fiscal con motivo de la aprobación del régimen de sustituciones operado mediante la ley orgánica de 2012. Esto está trayendo unos niveles de desempeño de mayor calidad dentro de la justicia, puesto que es servida en mayor número por profesionales, por personas que han accedido al sistema mediante la superación de oposiciones, sin que ello suponga en modo alguno ningún demérito; al contrario, quiero poner en valor y agradecer la meritoria labor que diariamente desempeñan jueces
sustitutos y magistrados y fiscales suplentes. Lo que se hace con esta medida es responder al mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sitúa la interinidad en el ámbito de estas carreras en algo absolutamente excepcional.
Quisiera mencionar dos cuestiones en el capítulo 1. En primer lugar, el hecho de que el pasado 29 de marzo se haya adoptado un acuerdo para la mejora del empleo público entre los agentes sociales, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que va a implicar que en los tres años consecutivos que vienen a partir de 2017 cada año pueda reducirse la tasa de interinidad en un 30 % hasta alcanzar una minoración de un 90 %, dejando la tasa de interinidad en una cifra que no supere el 8 %. Esta medida es importantísima porque implica que, lejos de ser aislada, va a tener carácter sostenido en el tiempo y un efecto muy beneficioso para la justicia. No quiero dejar de mencionar que el 18 de diciembre de 2015 el ministro de Justicia firmó con las organizaciones sindicales un acuerdo donde existía un compromiso para incrementar la oferta de empleo público en justicia.
Paso a continuación a citar algunas de las características principales del capítulo 2, relacionado con la eficiencia en gastos corrientes. El capítulo 2 ascenderá en 2017 a una cifra de 111 millones de euros, con una disminución de 4,9 millones de euros, es decir, un decremento del 4,24 %. ¿A qué obedece esto? A lo que denominamos muchas veces en el argot administrativo una bajada virtuosa derivada de una mayor eficiencia en la centralización de contratos y optimización del gasto público, siempre respetando los niveles de consumo y de gasto necesario para la justicia. ¿Dónde se optimiza? En partidas como las rentas de alquiler, la utilización de los espacios, el transporte, el uso de vehículos, la energía eléctrica... Una serie de medidas muy importantes que nos permiten gastar en lo fundamental sin disminuir los medios necesarios para el funcionamiento ordinario de la justicia.
Dentro del capítulo 4, encontramos una cifra para el año 2017 que asciende a 54,2 millones de euros. Ello representa una disminución respecto a los presupuestos de 2016 del 2,69 %, 1,5 millones aproximadamente, que se debe, como voy a explicar posteriormente, a un ajuste de la partida presupuestaria derivada de la transferencia corriente que se produce al Centro de Estudios Jurídicos. ¿Qué encontramos en el capítulo 4? Encontramos partidas tan importantes como la relativa a la asistencia jurídica gratuita. Recordarán sus señorías que en el año 2016 se produjo un incremento de la partida presupuestaria referida a la asistencia jurídica gratuita de 1 750 000 euros; supuso un incremento de un 5,02 %, y eso nos sitúa ante una cifra para atender este derecho recogido en la Constitución de 36,7 millones de euros. También dentro del capítulo 4 se contempla una realidad importantísima en el ámbito de la justicia que muchas veces queda en un segundo plano, que es todo lo relativo al apoyo a la financiación de las oficinas de asistencia a víctimas del delito -hay 26 en el territorio del Ministerio de Justicia-, y aquí encontramos sobre todo las retribuciones de los gestores administrativos al pago a los colegios de psicólogos. También quisiera decir que dentro de este capítulo se encuentran gran parte de los gastos vinculados a la lucha contra la violencia de género, que asciende a un total, entre las distintas partidas presupuestarias, de 45 millones de euros. Nuestro punto de partida no puede ser otro que las conclusiones que adopte la subcomisión en materia de violencia de género que se ha puesto en marcha dentro de la Subcomisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Por otra parte, también encontramos en este capítulo 4 por tercer año consecutivo la partida referente a los convenios de financiación a las comunidades autónomas para los programas de modernización de la Administración de Justicia, con un montante total de 6 millones de euros. Son unas cuantías que nos permiten converger, tener una mayor cohesión en materia de nuevas tecnologías, que yo creo que están acercando mucho una situación compleja, que es la fragmentación de las aplicaciones procesales en el ámbito de la justicia. Encontramos finalmente las aportaciones a organismos internacionales: a la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, Comjib, con 62 000 euros; al Instituto de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, Ilanud, con 20 000 euros; al Grupo de Estados contra la Corrupción, con una aportación presupuestada de 83 000 euros. Esto refuerza el compromiso y la implicación de España en la lucha contra el delito, contra la corrupción y también en la promoción de la justicia en todos los Estados con los que tenemos relaciones de cooperación en materia de justicia. Por último, se incluye también en el capítulo 4 la financiación a la Fundación Pluralismo y Convivencia, que asciende a 1 380 000, e igualmente la subvención de la que son destinatarios los juzgados de paz para sus gastos ordinarios de funcionamiento, que asciende a 1 990 000 euros.
Pasamos al plato fuerte de los presupuestos, que es el capítulo 6. Aquí contemplamos en el año 2017 algo extraordinario, sumamente esperanzador porque nos dota de muchísima más potencia para abordar proyectos esenciales para la Administración de Justicia. El capítulo 6 del proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 asciende a un total de 182 millones de euros. Esto supone 84,6 millones de euros adicionales y un crecimiento de un 86,44 % de los presupuestos. Esta distribución en grandes bloques de actividad se destinará a nuevas tecnologías -149 millones-, actuaciones en materia de inmuebles -24 millones-, mobiliario, maquinaria, enseres, es decir, infraestructura básica -unos 8 millones de euros- y al fondo bibliográfico, con una cantidad de 211 000 euros. ¿Ese crecimiento de 84 millones a qué se destinará? Quiero señalar que 70 millones irán destinados a nuevas tecnologías, con todos los proyectos que expondrán la subsecretaria del departamento de Registro Civil y el secretario general de Administración de Justicia; a reforzar obras que están en marcha, como la puesta en funcionamiento de nuevos edificios judiciales y la rehabilitación de los ya existentes, 6 600 000; a equipamiento e infraestructura del Instituto Nacional de Toxicología, 5 millones; a equipamiento y enseres, 2 300 000 euros aproximadamente.
No me voy a extender en el ámbito de la modernización tecnológica, pero creo que el Ministerio de Justicia, junto con el conjunto de administraciones públicas competentes en materia de justicia, está haciendo un esfuerzo extraordinario para que nuestra justicia sea la propia de este siglo, dotándola de un proyecto ya en marcha con un grado de madurez importantísimo, como es el proyecto de comunicaciones electrónicas, que cuenta con justicia digital, fiscalía digital, nuevos sistemas de gestión procesal, todo lo relacionado con los sistemas de apoyo a los registros de Administración de Justicia, justicia veinticuatro horas, sede electrónica... El esfuerzo es impresionante y así vamos a seguir trabajando a lo largo de esta legislatura.
En el capítulo 6 hay un apartado que tiene una relevancia muy importante en el ámbito de justicia, a pesar de que es una zona que siempre queda en un segundo plano. Me refiero a los 5 millones con los que se va a dotar este año al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a los IML, en el sentido de que cuentan con una infraestructura necesitada de actualización. Gran parte de los equipos con los que trabaja el INT tienen una vida útil de aproximadamente quince años, y esta parte de la justicia es esencial para el funcionamiento adecuado de los tribunales, para realizar pruebas periciales y llevar a cabo toda la actividad que despliegan los tribunales de justicia, específicamente en el ámbito penal. De esta manera se van a ver reforzados el servicio de química y de drogas, con un total de 4 millones de euros; el servicio de criminalística, con un total de 500 000 euros; el servicio de biología, con un total de 355 000 euros; y el servicio de patología, con un total de 726 000 euros.
Hablábamos anteriormente de edificios. No voy a dar datos concretos porque no me quiero extender demasiado, pero el presupuesto para este capítulo de inversiones nos va a permitir acelerar el ritmo en obras de edificios nuevos que se encuentran en construcción en el caso de Badajoz, Albacete, Guadalajara, Ibiza y Segovia, así como emprender la construcción de nuevos edificios judiciales en Lorca y Talavera de la Reina y finalizar obras -alguna de ellas se van a 2018, pero este año reciben un gran impulso- en Palencia, Ceuta, Trujillo y Soria.
Paso ya a exponer el capítulo 7 del presupuesto de gastos de justicia. El capítulo 7 va a contar con una cuantía total de 2 millones de euros, presentando una disminución de 3,2 millones de euros. Las partidas fundamentales obedecen a la aportación para gastos de inversión del ministerio al Centro de Estudios Jurídicos por valor de 512 000 euros, y a las transferencias externas que se realizan a La Rioja para culminar el proceso de traspaso de transferencias acordado en la Comisión mixta.
No quisiera concluir mi intervención sin hacer mención al presupuesto de los dos organismos autónomos adscritos al Ministerio de Justicia. El primero de ellos, el Centro de Estudios Jurídicos, el CEJ, que cuenta con un presupuesto total de 11,2 millones de euros. Como sus señorías saben, el CEJ tiene dos programas: el programa 111.R, de formación del personal de la Administración de Justicia, y el programa de formación de la carrera fiscal. El descenso de 1 093 000 euros en el presupuesto del CEJ se debe a que cuando se presupuestó el CEJ en el año 2016 hablábamos de estimaciones presupuestarias y al preparar el proyecto de presupuestos de 2017 hablamos ya de gastos ciertos, lo cual implica que descienda el presupuesto en un 20 % una vez aquilatado el número de alumnos en prácticas con los que contará el CEJ en el año 2017. Con respecto a la Mutualidad General Judicial, el presupuesto de Mugeju asciende a 101 millones de euros, presupuesto que va a experimentar un pequeño incremento de 500 000 euros que se le adicionan por haberse incrementado la partida de incapacidad para el servicio.
Voy a mencionar en último lugar a la Agencia Española de Protección de Datos, que cuenta con una dotación total de 13,81 millones de euros, lo que supone un decrecimiento de un 0,12 %. La justificación de dicho descenso se basa en la minoración de sentencias estimatorias y parcialmente estimatorias que provocaban intereses de demora, pero esto no supondrá en modo alguno el incumplimiento de obligaciones legales. No quiero dejar de señalar al término de mi intervención que estamos ante un
presupuesto que apuesta por la oferta de empleo, por las nuevas tecnologías, por las infraestructuras en materia de justicia; un presupuesto que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno en materia de justicia como política esencial. Cuando hablamos de la justicia, todos coincidimos en el diagnóstico -no tanto en las soluciones, aunque creo que el nivel de consenso es importante-, pero siempre se echan en falta más medios. Pues bien, este es un presupuesto que nos da esa potencia de actuación, que nos ofrece más medios que tenemos el deber de gestionar y aprovechar de la mejor manera posible.
Una vez concluida mi intervención, me pongo a disposición de sus señorías para responder a las preguntas que quieran plantearme.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, sobre todo porque ha tardado veinte minutos justos.
Pasamos a continuación a la intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en los términos acordados, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Ciuró.
Señora secretaria de Estado, bienvenida y muchas gracias por su información. Me gustaría hacerle algunos apuntes. En primer lugar, las explicaciones que nos ha dado nos suenan a unos presupuestos muy continuistas. Esta diputada esperaba escuchar de usted qué había detrás de las frías cifras, qué apuntalaban estas cifras económicas en cuanto a gestión política y qué es lo que el Gobierno prioriza dentro de estas cifras. Me explicaré.
Ustedes nos dicen que los presupuestos de justicia se han incrementado, pero cuando los comparamos con lo que genera el Estado español en materia, por ejemplo, de PIB, nos encontramos con que los presupuestos de justicia llegan justo al 0,15 % del PIB. Con esta reducida cantidad económica -imagino que también fruto de la coyuntura, aunque nos gustaría que se hubiese dado una mayor dotación a la justicia-, nos gustaría saber qué aporta o qué prioriza el Gobierno, por ejemplo, en materia de resolución alternativa de conflictos. ¿Hay alguna dotación prevista específicamente para poder afianzar los mecanismos de mediación y arbitraje para dar salidas alternativas y descongestionar la justicia, puesto que esta era una prioridad que el ministro ha ido anunciando en distintas actuaciones? ¿Cómo se concreta esta cuestión en estos presupuestos, en qué capítulo?
Otra pregunta que le queríamos hacer es la relativa a la dotación de plazas, que realmente es muy necesaria. Según el último informe de la Unión Europea, España es el sexto país en número de abogados y el cuarto por la cola en número de jueces. La litigiosidad, por tanto, es muy elevada y cada juez tiene, grosso modo, a razón de 1000 asuntos anuales que resolver. Seguro que esto no tiene la misma incidencia en todo el territorio nacional; habrá plazas más conflictivas y otras que lo sean menos. Respecto al nombramiento de plazas y jueces ¿se seguirá el criterio de intentar dotar las plazas que más precisan de descongestión, o se va a llevar a cabo un criterio homogéneo? ¿Cuál va a ser el criterio que va a seguir el Gobierno para dotar las oportunas y necesarias plazas de jueces y magistrados y fiscales en las distintas zonas del territorio?
Quería también hacerle otra pregunta en materia de cláusulas suelo o cláusulas abusivas. El ministro manifestó su voluntad de crear juzgados o de dotar de una especialización a determinados jueces para poder resolver el alud de demandas que se prevé que se pueden interponer. Nos ha llegado la información de que la intención del Gobierno es crear oficinas provinciales para poder resolver las cuestiones litigiosas que se plantean en esta materia. ¿Esto es así, señora secretaria de Estado, serán juzgados provinciales, con lo cual vamos a alejar la justicia del ciudadano de a pie, que va a tener que ir a la capital de la demarcación para poder presentar demandas? ¿Va a ser esto ágil para poder dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, o el hecho de que estén más lejos va a tener un efecto disuasorio, en lugar de dotar a los juzgados ya en funcionamiento de más medios para que la justicia sea realmente de proximidad y el administrado pueda ir a su juzgado de referencia, como en cualquier otro asunto que pueda tener con la justicia?
Para finalizar, señora secretaria, quería preguntarle sobre las tasas judiciales. La Ley de tasas se aprobó con el objetivo último de poder financiar la asistencia jurídica gratuita. Nos gustaría saber qué importe se ha recaudado en cuanto a tasas y qué voluntad hay de revertirlas en aquellas administraciones que tienen reconocida la competencia en materia de justicia, como es el caso de Cataluña, de manera que las tasas que se recauden en cada comunidad autónoma puedan revertir en dicho territorio para prestar el servicio con más eficiencia que actualmente.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, secretaria de Estado.
Acababa su intervención encuadrando estos presupuestos en las distintas actividades en la descripción general de los objetivos del sector que explicó el ministro en esta Comisión hace ya unas fechas y que, por cierto, cierra la explicación de los distintos programas presupuestarios. Siguiendo esta línea general marcada en los seis objetivos, quisiera encuadrar una serie de cuestiones o preguntas. La primera, respecto al segundo de los ejes -el primero es una justicia más ágil y eficaz y son reformas legales-, se refiere a una justicia mejor dotada y más organizada. Se hablaba de nuevas plazas en las ofertas de empleo público, que se especifican, como usted ha manifestado, en cien para fiscales y jueces. Mi pregunta es: ¿solo cien?, ¿cuál es el desglose de fiscales y jueces? También respecto a la creación de nuevos órganos judiciales, sobre lo que no nos ha dicho nada, le pregunto si hay alguna previsión de creación de nuevos órganos judiciales. En este segundo objetivo, de una justicia mejor dotada y más organizada, se hacía referencia a mejorar la gestión de los recursos disponibles. Hay tres líneas de trabajo. La implantación continuada y generalizada de una oficina judicial y de una oficina fiscal. Llevamos ya bastantes años con la implantación de la oficina judicial y de la oficina fiscal. En algunas comunidades autónomas, en concreto en la vasca, están plenamente operativas y mi pregunta es si, efectivamente, este año se van a acabar de implantar en el territorio gestionado por el ministerio la nueva oficina judicial, la NOJ, y la oficina fiscal. El tercero de los retos es si van a estar relacionadas con la transformación digital, si van a estar ya definitivamente interconectadas las dos oficinas de la fiscalía y del Poder Judicial. Y, dentro de este tercer objetivo, para cuándo. Aunque en esta exposición general hablan de esta legislatura, me gustaría que concretara si va a ser durante la legislatura o ya, definitivamente, en 2017, aunque son los presupuestos de 2017, no los de 2018, son para seis meses.
Como también ha comentado mi compañera Lourdes Ciuró, en el capítulo 4 se hace referencia a la asistencia jurídica gratuita, pero no -lo ha comentado ella- a la mediación intrajudicial. Es una cuestión que el ministro enfatizó mucho en la última comparecencia, y en las últimas memorias del Consejo General -también en la última- se sigue poniendo de manifiesto que el ministerio no dedica recursos a la mediación intrajudicial en el seno de las oficinas judiciales, a diferencia de cómo se desarrolla en otras comunidades autónomas que cita específicamente, como La Rioja, Cataluña y País Vasco, donde prácticamente se cubre el cien por cien de la mediación intrajudicial dentro de la oficina judicial.
Como creo que solo tenía tres minutos, finalizo mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda, por su esfuerzo.
¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes. Recuerde, cinco minutos.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, presidenta.
Seré breve, y no es una amenaza. En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria de Estado su comparecencia y sus explicaciones. Quiero manifestarle, como planteamiento general, que para nosotros este es un presupuesto de transición; no puede ser de otra manera si estamos hablando de un presupuesto que tiene que aplicarse prácticamente en seis meses, en lo que queda de ejercicio presupuestario. Pero también es verdad que supone un punto de inflexión respecto a la caída que el presupuesto de Justicia ha experimentado en los últimos ejercicios, desde el año 2010 al 2016. Quiero plantear así, en términos globales, que ha habido una caída del 12 % del presupuesto y que por primera vez encontramos un incremento del 7,6 % en el presupuesto de Justicia. Hay un incremento muy importante, como usted explicaba, en una partida destinada a modernización tecnológica que formaba parte de los acuerdos que alcanzaron con nuestro partido, que para nosotros era muy importante y se ve reflejada en este presupuesto. Como decía, este presupuesto es un punto de inflexión pero necesita continuidad, necesitamos ver una evolución global de los presupuestos en materia de justicia.
Coincidimos en lo que usted dijo, que la justicia necesita mayor independencia y contundencia en el combate contra la corrupción. Efectivamente, nos parece que son los dos grandes retos que tiene el servicio público de la justicia en nuestro país. En el apartado de la independencia hablaremos de una serie de cuestiones que nosotros creemos que hay que abordar, una serie de reformas imprescindibles para dotar de esa independencia a la justicia. Y en el combate contra la corrupción nos parece que no son
suficientes los esfuerzos que se hacen. No son suficientes las dotaciones en materia de personal; esas cien plazas a nosotros nos parecen insuficientes, nos parece que hace falta mayor dotación de plazas de jueces y de fiscales y, desde luego, hay que dotar de mayores medios y apoyos a aquellos que están en primera línea combatiendo la corrupción. Conocíamos alguna entrevista este fin de semana muy significativa en este sentido, en la que se recogía que personas que están, como digo, en primera línea de combate no encontraban el suficiente apoyo en medios materiales y humanos. Nos importa que esto sea un esfuerzo sostenido y continuado a lo largo de los próximos ejercicios presupuestarios; esa es la orientación del pacto que alcanzamos con ustedes. Como usted sabe, había una dotación presupuestaria final de esas 150 medidas donde planteamos un esfuerzo muy importante en materia de justicia, pero continuado a lo largo de los próximos cuatro ejercicios. Por lo tanto, solo un punto de inflexión pero nada más.
Respecto a esos 182 millones del capítulo 6, donde se habla de ese plan de modernización tecnológica, no sé si usted ya los ha desgranado en esos cuatro apartados o será luego el director general la persona que nos informe, pero nos preocupa mucho el detalle porque no es tanto la cuantía de la inversión sino que se invierta bien. Ya se lo he explicado también en alguna comparecencia al ministro Catalá, nos preocupa mucho que se invierta bien porque los ejemplos de inversión en tecnología que se han hecho durante los últimos ejercicios la verdad es que no han sido los mejores ejemplos de eficacia y nos importa que se invierta bien.
Ya le han preguntado mis compañeros sobre tasas judiciales. Hay un compromiso del ministerio en este asunto que queremos saber en qué y cuándo se va a concretar. Ustedes han vetado nuestra proposición de ley de tasas judiciales que buscaba dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional y queremos saber cuándo van a dar cumplimiento a su compromiso. En algunas otras cuestiones como justicia gratuita, usted sabe que llevan sin actualizarse los baremos desde hace un montón de años. De hecho, sigue sin plantearse ninguna actualización de esos baremos que a nosotros nos parece que son absolutamente insuficientes. Nos gustaría que hiciese alguna reflexión sobre esa cuestión. Tendría que plantear algunas cosas más, pero no quiero repetirme ni usar más tiempo. Además, quería ceder la palabra a mi compañera, Patricia Reyes, que le va a hacer alguna pregunta en relación con violencia de género e igualdad, cuestiones a las que usted ha hecho referencia en su intervención y que ella precisará con más detalle.
La señora PRESIDENTA: Señora Reyes.
Hablaba usted de una partida destinada en exclusiva a la lucha contra la violencia de género de 45 millones de euros. En la partida específica de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género hay 10 millones previstos, entre otras cosas, a dispositivos de seguridad para el control de las órdenes de alejamiento. Yo entiendo que esta partida de la que usted habla es independiente de la otra y quería confirmar si es así. Por otro lado, me gustaría saber a qué se van a dedicar exactamente esos 45 millones porque consideramos que antes de invertir hay que plantearse en qué. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que dice que hay juzgados de Violencia sobre la Mujer que trabajan por debajo de sus posibilidades y otros que lo hacen muy por encima, por lo que consideramos que se debe reorganizar el funcionamiento de todos estos juzgados. ¿Se va a hacer así? Anteriormente, desde Ciudadanos planteamos una pregunta por escrito en este sentido al Gobierno y nos contestaron que se está estudiando. Nos gustaría saber si se va a estudiar realmente, si se va a reorganizar el funcionamiento de estos juzgados, si se van a crear más y cómo lo van a abordar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reyes.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora secretaria.
Empezaré mi intervención por la que es la gran medida estrella de sus presupuestos, que es la partida destinada a la modernización. A raíz de los presupuestos del ejercicio anterior, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia afirmaba que en España el desarrollo de infraestructuras está casi completado, pero su gestión por parte de los tribunales está aún en desarrollo. Estos presupuestos centran en gran medida sus esfuerzos en la modernización tecnológica, en la digitalización, en la dotación de equipos,
pero -corríjame si es el caso- nos llama especialmente la atención la falta de partidas destinadas a la modernización orgánica de la Administración de Justicia, es decir, el desarrollo de la ya vieja nueva oficina judicial prevista por la Ley 13/2009, que entendemos que es donde deberían centrarse los esfuerzos para precisamente optimizar todos estos recursos que en buena parte llevan una serie de años invirtiéndose en esta modernización tecnológica de la justicia y en esos objetivos del papel cero.
En segundo lugar, también nos ha destacado de forma especial la oferta de empleo público. Leo literalmente en la memoria de los presupuestos: se crearán nuevos puestos de trabajo. En cambio, en su intervención viene a concluir lo mismo que hemos concluido desde el grupo, que más allá de crear nuevos puestos de trabajo, viene a recoger la consolidación del empleo público existente en la Administración tras una serie de años de recortes y de graves dificultades para cubrir las plazas vacantes. A pesar de estas inversiones, vemos que seguimos estando especialmente alejados de los porcentajes medios de Europa. Ese informe de la Unión Europea que anteriormente he citado viene a especificar que mientras que la media europea es de 18,1 jueces por cada cien habitantes, en España seguimos solo con 11 y en cuanto al número de fiscales, en la Unión Europea hay una media de 11 por cada cien habitantes y en España solo tenemos 5. Por tanto, entendemos que esta inversión en materia de oferta de empleo público es insuficiente y sigue alejándonos de esas ratios que serían deseables dentro del contexto europeo.
En tercer lugar, quizá lo que más nos preocupa es el capítulo relativo al gasto social. Nosotros venimos denunciando -no solo nosotros sino también otras formaciones y colectivos profesionales de operadores en la justicia- los reiterados recortes en los servicios públicos de asistencia gratuita. Como bien decía el señor Prendes, son baremos que llevan muchos años sin actualizarse y esta congelación en el gasto social está afectando especialmente a la ciudadanía, que es la principal perjudicada de estos servicios en casos tan sensibles como las defensas en desahucios, detenciones ilegales, expulsiones de inmigrantes, etcétera. Corríjame si no es así, pero veo que en los presupuestos hay una partida de justicia gratuita que pasa de 36,7 millones en 2016 a únicamente 37 millones en 2017. Entendemos, por tanto, que es profundamente injusto y profundamente insuficiente. Pienso, por ejemplo, en estudios realizados por colectivos de abogados que han calculado que la retribución por hora les sale aproximadamente a 2 euros o a 300 euros en casos especialmente complejos como, por ejemplo, los relativos a corrupción. Entendemos, por tanto, que esta es una oportunidad perdida, porque la actualización de estos baremos tendría que haberse dado en este ejercicio.
Asimismo consideramos que las partidas destinadas a la asistencia psicológica de las víctimas son insuficientes. Igualmente querría apuntarle que echamos de menos, por ejemplo, las partidas destinadas a la rehabilitación de los inmuebles. Si bien es cierto que han crecido de forma sustancial las partidas destinadas a construcción de nuevos inmuebles destinados al servicio de justicia, en cambio, las partidas destinadas a la rehabilitación han descendido de 14 millones en 2015 a únicamente 6 en 2017. Esto nos preocupa si lo ponemos en relación con esta tendencia a la especialización de la justicia, porque no quisiéramos pensar que en realidad se van a abandonar sedes judiciales en pro de este programa de comarcalizaciòn que nosotros vemos como un alejamiento de la justicia respecto del justiciable.
Finalmente, también echamos en falta una dotación rigurosa en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, especialmente en apoyo de las familias que soliciten la exhumación de fosas y enterramientos, así como partidas destinadas a la atención de los derechos lingüísticos, como ha sido requerido también desde la Unión Europea, que recientemente les ha exigido el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y no vemos partidas destinadas a este objetivo. Y por último, el cumplimiento de la disposición final de la Ley orgánica 5/2015, que estableció en su momento el mandato de proceder a la creación de un registro de traductores e intérpretes judiciales. Tampoco hay una partida destinada a esta previsión de la ley orgánica.
Señora secretaria de Estado, en primer lugar, quiero darle las gracias por su información, pero no estamos aquí para quedarnos en ese canto de sirenas, sino para intentar dotarnos de unos presupuestos que nos permitan dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama, que es una mejor eficacia y eficiencia de nuestro servicio de justicia.
Me hubiera gustado escucharle que son unos presupuestos transformadores, pero, claro, es imposible decirlo porque no lo son, y no solo por esa planificación del gasto público, que es lo que nos ha expuesto fundamentalmente a través de la sección 13, programa 112.A. Es un programa muy específico que establece el propio proyecto de presupuestos y que -leo textualmente- tiene como finalidad fundamental dotar a los órganos que integran la Administración de Justicia de los medios personales, materiales, tecnológicos y financieros para cumplir los mandatos constitucionales, etcétera. Sigue diciendo que el objetivo es potenciar la modernización de la justicia, y aquí es donde realmente entramos en el camino de lo que he denominado la frustración. Me hubiera gustado que, además del dato numérico frío y del análisis pormenorizado de las partidas -en las que, sin duda, es muy interesante entrar-, se hubieran marcado en su exposición unas líneas estratégicas que establecieran en qué va a consistir eso que dice el preámbulo o la presentación del presupuesto; en definitiva, las líneas estratégicas de modernización. Se ha apoyado, pero después he notado una ausencia de vinculación a la comparecencia del señor ministro cuando habló de los seis ejes sobre los que debería pivotar la nueva construcción con la modernización de la justicia. Le tengo que decir que no lo he visto. Me hubiera gustado ver esas actuaciones dirigidas a la consecución de una justicia nueva, y voy a intentar seguir los mismos pasos que ha esbozado en su exposición.
En primer lugar, claro que hay que felicitarse de que esos 121 millones de euros incrementen el presupuesto en materia de justicia y mi grupo parlamentario es consciente de que cuando hablamos de justicia habría que analizar los gastos de esas comunidades autónomas que han asumido, en virtud de las cláusulas subrogatorias de sus estatutos de autonomía, las competencias en materia de Administración de Justicia, también pormenorizadamente los gastos del Consejo General del Poder Judicial, incluso alguna partida que pueda haber en el Ministerio del Interior. Creo que es bueno ceñirse a esto y felicitarse por ese 7,6 -me parece que esa ha sido la cifra- de incremento hasta los 1.700 millones, pero le digo una cosa: los presupuestos de 2010 y 2011 superaron los 1.818 millones de euros. Por tanto, no hemos alcanzado el estándar que teníamos hace siete años y, aunque soy consciente de las circunstancias económicas, creo que debemos fijarnos esas líneas de actuación. También me hubiera gustado oírle decir que el compromiso no es subir algo en relación al año anterior y al anterior. ¡Faltaría más! Se nos llena la boca hablando de recuperación económica y el ciudadano quiere ver cómo se traduce en aquello que va a prestar el Estado, en este caso, un servicio público como la justicia que podríamos calificar de maltrecho. Porque después entramos en las políticas y tenemos que hacer una crítica más exhaustiva. Se habla de un gran avance en cuanto a la oferta pública de empleo. Bueno, basarse en la oferta pública de empleo de 2016 cuando está todavía por desarrollar... Me encantaría tenerla ya y verla.
Voy a ser muy breve en lo referente a las cien plazas judiciales. ¿Sabe usted cuánto se incrementaban anualmente en esos presupuestos de 2010 y 2011? En 220 plazas judiciales y 100 plazas de la carrera fiscal. Todavía no se había llegado a esa comunión de ambas carreras, en cuanto a oposiciones se refiere. Hay un dato que no se ha puesto de relieve esta mañana aquí. Esos cien jueces y fiscales -en esa falta de proporción que ya ha comentado algún portavoz- no suplen ni siquiera aquella caída o retirada de los 1200 interinos, jueces sustitutos, que vivimos hace unos años. Por tanto, quede ese dato ahí.
Capítulo 2, la mayor eficacia en el gasto es lo que nos permite la rebaja. Perfecto, me parece extraordinario, pero, cuidado, una cosa es la optimización y otra es la restricción; que no tengamos problemas porque los funcionarios a las seis de la tarde no tienen calefacción o se les corta la luz.
Donde voy a extenderme, y le pido un minuto y medio la presidenta, es en las nuevas tecnologías.
La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto, señor Campo; un minuto nada más.
El señor CAMPO MORENO: Un minuto, no hay problema.
Se ha ceñido al Registro Civil, a la Administración de Justicia, a nuevas obras, a nuevos edificios, a toxicología e IML; sinceramente, no podemos caer en esta decepción porque eso ya va de suyo. Yo quiero nuevas tecnologías para aplicarlas a la nueva oficina judicial y que no vuelvan a ocurrir los problemas con Lexnet; para que tengamos una verdadera integración de los sistemas judiciales interoperativos; que no tengamos el problema de que no haya comunicación e interoperabilidad, y eso se llama coordinación y cohonestación de esfuerzos. Sobre el capítulo 7, difícilmente podré hablar de esto. En materia de tasas y justicia gratuita, asumo lo que han dicho. En cuanto a la mediación, me hubiera encantado ver un capítulo específico porque ya no es solo una proclama del ministro de Justicia en reiteradas oportunidades -incluso en esta propia sede-, sino que incluso el Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley
para potenciar en unos parámetros muy concretos los servicios de mediación, siempre conectado -y por eso la competencia estatal- al proceso.
Muchas gracias, después seguiremos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moro.
Señora secretaria de Estado, le doy la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y le agradezco el desarrollo de la explicación del presupuesto de Justicia dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Para ajustarme al tiempo -quizás es ser muy escueto-, podríamos resumir la valoración de estos presupuestos en que nos enfrentamos hoy a la concreción de un importante presupuesto para la justicia y, a la vez, a la importancia de cerrar un presupuesto para 2017. Esa dualidad está aquí y creo que hay que plantearla, y esos son los parámetros en los que nos tenemos que mover. Hemos escuchado a los portavoces hacer algunas valoraciones; algunas de ellas se corresponden con las cifras que conocemos, con las que usted ha desarrollado y con las que, sin duda, explicarán usted y los demás comparecientes en esta Comisión de Justicia. Me gustaría resaltar que esta idea de presupuesto continuista es, en esta ocasión, una nota favorable. Es un presupuesto continuista al alza, después de unos años realmente muy complicados para todos: para todas las secciones, para todos los departamentos del Gobierno, para todas las políticas que debía desarrollar el Gobierno. Esos tres años de alza consecutiva nos ponen prácticamente en las cifras de las que hablaba el portavoz del Grupo Socialista. No en vano algunos de los últimos presupuestos que en cifras sí son importantes objetivamente, sin embargo, no pudieron ejecutarse en gran medida. Y nosotros partimos de unos presupuestos de 2016 con una altísima ejecución en materia de justicia. Por tanto, bienvenidos sean unos presupuestos que deben ser aprobados porque -y ahí me gustaría también conocer su opinión- si no llegaran a buen puerto, esto afectaría a las políticas de justicia -es imprescindible que no se frenen ni disminuyan- que se verían frenadas precisamente por esa disminución. No voy a repetir las cifras porque se han puesto de manifiesto. Los parámetros en los que se han enmarcado las grandes cifras dentro de estos presupuestos para 2017 están en la línea de conseguir esos retos, esos objetivos que no son de un año ni mucho menos de un ejercicio en el que estamos hablando de seis meses, después de la prórroga del presupuesto anterior.
Recuerdo perfectamente que usted, en una comparecencia semejante a la de hoy con ocasión del debate de los presupuestos de 2016, decía que no eran importantes los números, sino las políticas, y que los números, en coherencia con esas políticas, son lo que realmente nos da el carácter de los presupuestos en este servicio público -estoy de acuerdo con mis compañeros- tan importante como la justicia. Que estos presupuestos en materia de justicia sean, en relación con otros departamentos, los que reciben un incremento más alto, que sean coherentes con los objetivos generales que pretende el Gobierno y que, además, se plantee en la memoria explicativa -voy a llamarlo así, si me lo permiten, para abreviar- que esos retos están ahí, que siguen siendo prioritarios, pone de manifiesto cuáles son las intenciones reiteradas una y otra vez, y que, evidentemente, no se pueden resolver en seis meses de 2017.
Entre los retos y bondades de este presupuesto, una de ellas está en el empleo público, coherente con el objetivo general y, además, con una gran importancia en el ámbito de la justicia. Se ha hablado de los jueces y magistrados, yo no voy a reiterarlo, pero me voy a preocupar un poco -y me gustaría que desarrollara, si puede, esta cuestión- por la importancia que tiene para el personal de la Administración de Justicia y por esa apuesta no solo por incrementar las plazas en la oferta de empleo público, sino por buscar la estabilización. Todos conocemos -usted nos puede concretar los números- que el grado de interinidad en la Administración de Justicia es muy alto; una interinidad que se alarga excesivamente en el tiempo. No solo es buena la estabilidad, sino también la confianza del empleado público a la hora de desarrollar políticas de calidad en la justicia. Son muchos los interinos para los que se quiere la estabilización con ese número de plazas tan importante. Nos gustaría, si es posible, que ustedes nos explicara, más allá de los números, como ya se ha dicho, en qué medida podrá afectar esto a los interinos que tanto tiempo llevan realizando un trabajo muy solvente para afrontar las necesidades de la Administración de Justicia.
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que terminar.
La señora MORO ALMARAZ: En relación con esas otras políticas, que también tienen un efecto presupuestario previo o a posteriori, me gustaría que nos ilustrara sobre dos temas que son relevantes y que pueden pasar desapercibidos en un momento determinado. Hace un año, aproximadamente, estábamos planteando la creación de la ORGA como un elemento para contribuir a la lucha contra la violencia organizada y la corrupción, para conseguir mayor eficacia y eficiencia en esa lucha. Después de un año de funcionamiento nos gustaría que nos ilustrara sobre los resultados en cifras y sobre los bienes...
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, por favor, lleva siete minutos.
La señora MORO ALMARAZ: Termino.
También hay otro tema -y con ello concluyo-, y es saber si ha funcionado el registro central de delincuentes sexuales, cuántos certificados se han emitido y también en qué medida puede haber contribuido esto a luchar contra esta delincuencia tan tremenda, tras dos años de leyes de protección de la infancia.
Concluyo aquí. Muchas gracias por su consideración, señora presidenta.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez-Cortés Martín): Muchas gracias, presidenta.
Paso a responder las preguntas que me han sido formuladas por los portavoces de los distintos grupos. La verdad es que, como soy una persona muy disciplinada, eso tiene un peligro y es que se hacen unas exposiciones muy esquemáticas y, a lo mejor, este año voy a hacer algo que no hice el año pasado para intentar ahora resarcirme poniendo junto a los números las políticas. Es decir, tenemos un esqueleto que son los estados numéricos y efectivamente las cifras suenan frías, suenan como algo desangelado, pero acompañando a esos números están la voluntad política, el compromiso político y las ganas, la voluntad y el trabajo diario del equipo de justicia por llevar adelante proyectos fundamentales para la justicia.
Decía la señora Ciuró que le parecía muy reducido el peso que tiene la justicia dentro del gasto del Estado para los presupuestos de 2017. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y a mí también me hubiera encantado tener una dotación presupuestaria mucho mayor. También le voy a decir una cosa y es que, como experta en gestión pública porque mi procedencia es del mundo de la gestión administrativa, le aseguro, y lo veremos al final del ejercicio, que el equipo de justicia va a gestionar este presupuesto, pero lo tenemos difícil porque muchos contratos y muchas actuaciones que se tienen que llevar a cabo necesitan unos procesos de libre concurrencia o necesitan mecanismos de contratación determinados, pero lo tenemos programado de manera que vamos a ser capaces de ejecutar este presupuesto sin ningún tipo de problema. Hubiera querido tener más dinero, pero la justicia, nos guste o no nos guste, dentro del gasto total del Estado en las políticas públicas en materia de bienes preferentes muy potentes como sanidad, educación, defensa e infraestructuras, tiene un peso de un 1,1 %. Por tanto, adjudicar a una política en términos cuantitativamente pequeños, como es el porcentaje que usted ha apuntado que yo lo cifro en 1,1 %, una cuantía de 121 millones adicionales, significa darle una potencia y hacer una apuesta que es, a todas luces, evidente.
Por otra parte, comentaba su señoría y, lo han puesto de manifiesto otras intervenciones de miembros de la Comisión, las cuestiones relacionadas con la mediación. El ministro de Justicia desde que está al frente del ministerio ha estado muy en contacto con el sector justicia que, como ustedes bien saben, es un sector muy amplio. Tenemos a los profesionales de dentro, a los jueces, a los fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y profesionales de fuera que trabajan y también al conjunto de la sociedad civil, asociaciones, etcétera. Nosotros hemos preguntado qué más se puede hacer en materia de mediación para impulsar la mediación. El Partido Popular durante sus etapas de Gobierno ha potenciado, con medidas legislativas muy potentes, tanto el arbitraje como la mediación. Los Presupuestos Generales del Estado tanto los de este ejercicio, como los de otros ejercicios que han llevado adelante este Gobierno y el Ministerio de Justicia, dedican partidas a la mediación, por supuesto que la dedican, lo que pasa es que son partidas que afectan a nóminas, capítulo I, a gastos de funcionamiento, capítulo II y a inversiones. Es decir, habría que hacer toda una labor de artesanía para
extraer del presupuesto todas y cada una de las cuantías que se destinan a mediación. Hay algo que sí le quiero comentar, y es que en reuniones recientes con todos los ámbitos relacionados con la mediación nos pedían algo que no se ha hecho hasta el momento y que el ministerio tiene intención de llevar adelante, porque lo ha aprobado así el Consejo de Ministros hace unos meses: la necesidad de difundir mucho más la mediación como una herramienta que está al servicio de la sociedad civil, de los ciudadanos -quizá los profesionales lo conocen, pero no tanto los ciudadanos por la cultura jurídica que tenemos en España- para que sepan que a su alcance hay unos medios de resolución alternativa de conflictos. Creo que las campañas institucionales que no son reclamadas serán una de las actuaciones que se pondrán en marcha a lo largo de la ejecución de este presupuesto.
Otro asunto que su señoría me ha comentado, y que también ha salido en alguna otra intervención -intentaré unificar las respuestas, pero si me dejo algo por el camino, intentaré repescarlo-, es la dotación de 100 plazas que presupuestos asigna a las carreras judicial y fiscal. Son 100 plazas y creo que alguno de los portavoces me preguntaba qué cuantía sería para carrera judicial y fiscal. Insisto en que es algo que deberá decidir la comisión de selección y que se verá plasmado posteriormente. Se dice que son plazas insuficientes porque la litigiosidad en España tiene unas cifras elevadas, porque España muestra unas cifras en relación con la Unión Europea muy reducidas en cuanto al número de jueces por cada 100 000 habitantes, en definitiva, una serie de consideraciones que a mí me gustaría puntualizar y matizar.
En primer lugar, lo ha comentado el portavoz del Grupo Socialista y no comparto para nada esa política, no se debe situar a los profesionales de la justicia, a los jueces y a los fiscales, ante situaciones prolongadas de provisionalidad en el sistema. Cuando se hace una oferta de empleo público que va a situar a los profesionales por encima de la planta judicial en unos números importantes, a lo que estamos sometiendo a los profesionales de la justicia es a la frustración por no poder ocupar destinos adecuados a su capacidad profesional. Ha habido una serie de años donde existía un número de miembros de la carrera judicial y de la carrera fiscal, pero singularmente de la carrera judicial, muy por encima de la planta, lo que se llaman jueces en expectativa de destino. Pues bien, ¿qué ha hecho este Gobierno? ¿Qué ha hecho el ministro de Justicia? Nada más tomar posesión de su cargo, a los pocos meses salió un real decreto con la creación de 282 unidades judiciales adicionales, la mayor creación y el mayor crecimiento de la planta judicial desde hacía veinticinco años para ubicar a muchos jueces que estaban situados fuera de la estructura de planta judicial, con lo frustrante que eso es.
¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial a la hora de plantear la oferta de empleo de las carreras judicial y fiscal? Dice lo siguiente: Que la oferta de empleo público de estas carreras contemplará las vacantes que existan en el momento de hacer la convocatoria y la proyección de las vacantes que se produzcan antes de finalizar el año. Pues bien, en ambas carreras los estudios y proyecciones que tenemos hechos es que existirán al final del ejercicio unas 56 vacantes en el ámbito de la carrera judicial y unas 33 vacantes en el ámbito de la carrera fiscal. Con lo cual, estamos planteando una oferta de empleo en ambas carreras que entiendo que es responsable, ajustada y la que se necesita.
Estuvo aquí recientemente el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El consejo ha publicado una serie de datos sobre la evolución de los asuntos ingresados, resueltos y sobre la pendencia y ustedes habrán comprobado, si han consultado estos datos en la web del Consejo, que la disminución de ingresos en todos los órdenes jurisdiccionales es un hecho patente específicamente manifiesto en la jurisdicción penal, con una disminución de un 46%, pero también se da en la jurisdicción contenciosa, en la jurisdicción social y en la justicia civil. Pues bien, hay que tener en cuenta ese elemento. Hay que tener en cuenta también, y esto lo digo para todos los portavoces que me han planteado la pregunta, que se operó una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial que precisamente pretendía potenciar la permanencia en el sistema de profesionales tan cualificados como son los magistrados y los fiscales. Eso implica que, de aquí a octubre de este año, se han producido jubilaciones en mucha menor medida porque la mayor parte de los jueces y fiscales prolongan su situación de servicio activo en sus carreras hasta los setenta y dos años. Este es un elemento también a tener en cuenta.
No quiero dejar de reaccionar ante algo que ha sido clásico: las cifras que nuestro país arroja en comparación con la tasa de jueces por cada 100 000 habitantes en el ámbito de la Unión Europea. Esto se ha repetido hasta la sociedad, pero vuelvo a hacerlo una vez más. Si nosotros consultamos en la cifra de jueces a los letrados de la Administración de Justicia, que recuerden desde el año 2009 realizan funciones vamos a llamar semijurisdiccionales sobre todo en el ámbito civil, no me dirán si incrementar la planta en 4200 profesionales no implicaría incrementar el número de jueces. Si además de ello computamos a los jueces de paz, porque parece que todos los tenemos en la boca pero luego se nos
olvida, en la estructura judicial de la que forman parte, no le voy a decir hasta donde llega la tasa de jueces y magistrados por cada 100 000 habitantes. Sobre todo hay algo que nos tenemos que preguntar: ¿A quiénes nos queremos parecer de la Unión Europea? ¿Nos queremos parecer a países como Francia, Italia, Bélgica o Suecia, que entran dentro de nuestro entorno, o nos queremos parecer a países de reciente ingreso, países de Europa central y oriental que provienen de pasados comunistas donde la presencia del Estado era excesiva y férrea? ¿Nos queremos parecer a esos países o a los países de nuestro entorno que tienen tasas de presencia de miembros de la carrera judicial muy similares a las nuestras?
Ha salido el asunto de las cláusulas suelo y, como a veces se confunden los papeles de unos y otros, quiero puntualizar algo. La decisión de cómo tiene que afrontarse la eventual demanda masiva de ciudadanos por reclamaciones de las cláusulas suelo la tiene que materializar el Ministerio de Justicia previo informe de las comunidades autónomas y también del Consejo General del Poder Judicial. ¿Hacia dónde va la solución? Su señoría ha puesto el foco en la cercanía de los ciudadanos a los juzgados, pero piense en lo que es más importante. En nuestra sociedad los asuntos judiciales se resuelven en el ámbito provincial y esto en nada afecta al alejamiento de la justicia. Un elemento que no puede saltarse sin más es el hecho de que, si se recurre a la especialización de juzgados en el ámbito provincial para hacer frente a las reclamaciones de las cláusulas suelo -como se va a hacer de acuerdo con el consejo-, estamos asegurando la previsibilidad, la seguridad jurídica y la homogeneización en las resoluciones que adopten los juzgados sobre reclamaciones de los ciudadanos idénticas y coincidentes, lo que es algo fundamental. Merece la pena recurrir a la especialización, que es la solución que da la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se ha demostrado exitosa con la gestión de un asunto tan complicado como las preferentes, para hacer frente a este problema.
Respecto a las tasas judiciales y a la reversión de las tasas judiciales a Cataluña, de nuevo tengo que clarificar algunas cuestiones que ya son clásicas en este tipo de comparecencias. La tasa por el ejercicio de la función jurisdiccional es de carácter estatal, pero nada impide en nuestro ordenamiento jurídico que las comunidades autónomas -Cataluña, en este caso- creen sus propias tasas y tributos, aunque por el bien de los ciudadanos tienen que respetar que no haya una coincidencia respecto al hecho imponible. La tasa es estatal, se ingresa en el Tesoro público y el Tesoro público la distribuye a la hora de elaborar los presupuestos en las distintas políticas públicas. ¿Qué recibe Cataluña? Como el resto de las comunidades autónomas, Cataluña recibe el 40 % de la cuantía que le corresponde por los depósitos para recurrir. Por cierto, Cataluña se beneficia de una manera singular por sus características en cuanto a población, litigiosidad y planta del convenio al que se destinan 6 millones de euros y que anualmente firma con el Ministerio de Justicia con una cuantía que asciende ya a 2 400 000 euros aproximadamente.
Paso a responder a algunas cuestiones intentando no repetir algunas contestaciones que ya he proporcionado. La pregunta que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en relación con las plazas de jueces y fiscales ya la he respondido. Hablaba también de la creación de órganos. Señorías, es muy importante tener unos Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, porque hay políticas o actuaciones de los departamentos ministeriales que pasan desapercibidas, en este caso en cuanto al planteamiento que tiene que hacer el Ministerio de Justicia ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a partir de las peticiones formuladas por los presidentes de los tribunales superiores de justicia y las comunidades autónomas de creación de órganos judiciales. El hecho de no contar con un presupuesto corriente y haber tenido que prorrogar los presupuestos de 2016 está retrasando algo que ya está en marcha y que se está negociando con el Ministerio de Hacienda, que es la creación de 85 órganos judiciales entre los que está incluida la segunda instancia penal con 16 plazas de nuevos magistrados. Hace su señoría una pregunta que después han reiterado y que es fundamental contestar: ¿qué está pasando con la oficina judicial y fiscal? Se trata de un modelo de gestión y organización que data del año 2003, que de nuevo ya tiene poco y que ha tenido un desarrollo importante en el territorio que usted representa, pero cuyos ritmos de implantación están siendo muy lentos. Le puedo decir que el impulso que está dando el Ministerio de Justicia en esta legislatura en materia de nuevas tecnologías va a hacer posible la implantación de la oficina judicial y fiscal de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué?
En primer lugar, porque no estamos supeditados a la existencia de un expediente físico en papel que tenga que trasladarse en un carrito de unas dependencias a otras. Parece una cuestión baladí, pero es trascendental a la hora de llevar adelante la oficina judicial la minoración de la existencia de expedientes físicos en papel. Además, por el impulso en materia de nuevas tecnologías la implantación de la oficina judicial y fiscal no va a ser tan dependiente de la configuración de los propios edificios judiciales. Esto es
fundamental. Les avanzo a sus señorías que en breve se va a publicar una orden ministerial en la que, precisamente por el avance que está haciendo el Ministerio de Justicia en materia de justicia digital, se retoma con una planificación flexible y muy adecuada a las circunstancias de cada ámbito territorial en materia de justicia el impulso y el despliegue de la oficina judicial y fiscal. Hay partidos judiciales donde solo existe un juzgado mixto y en los que las exigencias en materia de implantación de oficina judicial pueden ser afrontadas por una OPAC. Hay partidos judiciales donde existen dos o tres órganos unipersonales y en ellos será preciso crear un servicio de gestión procesal general. A medida que vayamos avanzando en el número de órganos judiciales en cada partido judicial podremos contemplar la existencia de otra tipología de oficinas que incluyan ya un servicio de ejecución y, en el ámbito de las cabezas de los partidos judiciales donde no esté implantada la oficina judicial, se puede contemplar ya el despliegue entero de la oficina, tal y como está previsto en la ley orgánica. Creo que es un planteamiento realista, flexible y pautado y va a permitir que en el año 2017 se establezcan unas 70 oficinas judiciales adicionales en el ámbito del Ministerio de Justicia. Por supuesto, es fundamental que la oficina fiscal esté interconectada con la oficina judicial. De hecho, los pasos que se han dado en esta legislatura en materia de oficina fiscal han sido en aquellas ubicaciones donde ya existe oficina judicial: Cáceres, Cuenca, Melilla, entre otras. En materia de oficina fiscal hay que hacer una reflexión específica. Estamos convencidos -y así lo hemos hablado con la Fiscalía General del Estado y con la unidad de apoyo- de que en el ámbito de la oficina fiscal es fundamental la existencia de un coordinador, un funcionario específicamente dedicado al registro y otro funcionario específicamente dedicado a secretaría y tramitación. No solo son proyectos plenamente vigentes, sino que están absolutamente preparados para su impulso y puesta en marcha en esta legislatura, dado el esfuerzo y el avance que se está produciendo en materia de nuevas tecnologías.
Decía el portavoz de Ciudadanos que estamos ante unos presupuestos de transición en los que se ve un punto de inflexión. Hablaba de algo fundamental, y que lamentablemente está en los últimos tiempos a la orden del día en los medios, que es la lucha contra la corrupción y los medios utilizados en ella. Nada mejor que hablar de hechos y de datos concretos para decir de qué manera el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, está haciendo frente a la corrupción. A la hora de acercar la carne al hueso, es fundamental no dejar a un lado un total de nueve medidas legislativas muy potentes que este Gobierno ha impulsado en materia de lucha contra la corrupción, que no existían con anterioridad y que incluso algunas veces han sido solicitadas por grupos políticos una vez que ya estaban en vigor. El desconocimiento deliberado o no de las iniciativas legislativas del Gobierno es evidente en materia de financiación de partidos políticos, de gestión económicofinanciera de partidos políticos, de ejercicio de altos cargos o de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social con la modificación de la normativa de blanqueo de capitales. Hay toda una batería de medidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fortalecen nuestras instituciones y nuestro ordenamiento jurídico para luchar contra el fenómeno de la corrupción.
¿Qué medios se articulan en materia de corrupción? Centrándonos en la Fiscalía Anticorrupción, que es el órgano de la fiscalía específicamente destinado y preparado para luchar contra los delitos más graves en materia de corrupción, la plantilla de la fiscalía anticorrupción en estos últimos años, a partir de 2015, se ha visto incrementada en 4 efectivos; el número de fiscales delegados anticorrupción se han visto incrementados en 5; hay en este momento 8 refuerzos en la Fiscalía Anticorrupción -en el año 2011 no existía ningún refuerzo-; la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria se ha visto incrementada con 2 efectivos adicionales, y la unidad de apoyo de la Guardia Civil con 5 efectivos adicionales. Estamos hablando en total de una estructura de 137 efectivos en la Fiscalía Anticorrupción, contando desde el fiscal de sala a toda la plantilla, pasando por las unidades de apoyo de la Agencia Tributaria, la IGAE, la Policía Nacional, la Guardia Civil, y eso supone un incremento de 24 efectivos en total a partir del año 2015 en materia de lucha contra la corrupción.
Ha mencionado usted, además, a la Audiencia Nacional, donde también se lleva una labor muy importante en materia de lucha contra la corrupción. Ha aludido a algún caso concreto, y yo creo que a lo mejor hay algún magistrado que olvida que ha tenido refuerzos, que esos refuerzos se han puesto con carácter excepcional, que no existían en el ámbito de los juzgados centrales de instrucción. Se ha dotado a la Audiencia Nacional de una sala de apelación y esto es importante porque fortalece nuestro sistema penal. La Audiencia Nacional -a veces lo olvidamos- cuenta con 54 funcionarios de refuerzo con carácter permanente: 9 de ellos en la fiscalía, 5 de ellos en la Sala de lo Penal, 12 efectivos adicionales en nuevas tecnologías, que también atienden por supuesto las necesidades de la Sala de Penal y de los
juzgados centrales de instrucción, 3 magistrados en comisión de servicios, salas de vistas. Se ha dotado a la Audiencia Nacional de todo tipo de medios y se han hecho obras. No sé cuántos trabajadores en España ven que su empresa invierte lo que se ha invertido en la Audiencia Nacional en términos de medios, de recursos, de edificios.
En este sentido, el Gobierno y el Ministerio de Justicia aprueban el examen con creces. ¿Que es algo que está en la sociedad y muy particularmente en los medios en estos días? Es algo lamentable que creo que daña enormemente a los 122 000 responsables públicos entre miembros electos de las asambleas legislativas, de esta Cámara, miembros del Gobierno central, de los autonómicos, servidores públicos, cargos públicos, asesores. Son 122 000 personas las que cada día desempeñan su tarea con la máxima ejemplaridad y con la máxima honradez. La mejor manera de blindarnos contra la corrupción es precisamente ser ejemplares y dotar a nuestro sistema de herramientas legislativas y de medios para luchar contra ella.
La señora PRESIDENTA: Vaya abreviando, por favor.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez-Cortés Martín): Me piden que vaya abreviando por lo que voy a ir aglutinando los tiempos de respuesta teniendo en cuenta las cuestiones. En materia de asistencia jurídica gratuita, ¿qué es lo que se hizo en el año 2016? Se incrementó la partida un 5 %. Este año esa partida se mantiene. El Ministerio de Justicia es consciente de que los profesionales del ámbito del ministerio le reclaman una actualización de los baremos. Hemos calculado que esa actualización de los baremos puede suponer en torno a los 5 millones de euros. También apreciamos -y creo que es un indicador importante que a veces pasa desapercibido- que el gasto producido en materia de justicia gratuita entre el año 2015 y 2016 ha disminuido. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque ese crecimiento de la economía y esas mejores tasas de bienestar social se notan en la sociedad y, en segundo lugar, porque ha disminuido el número de asuntos, con lo cual también disminuye el número de peticiones en materia de asistencia jurídica gratuita. ¿A qué nos emplaza esto? A que este año, de una manera responsable y prudente, si esa diferencia se consolida, podremos estar en condiciones de estudiar la actualización de los baremos y la mejora del procedimiento. Pero no olvidemos que hay otras medidas importantes, como la ampliación del ámbito subjetivo en materia de justicia gratuita, que ha llevado adelante el Gobierno con la reforma de la ley en la legislatura pasada.
Me preguntaba también el Grupo Ciudadanos en qué se gastaban los 45 millones en materia de violencia de género. Se gastan -le voy a hablar de memoria, espero que no se me olvide ningún dato- fundamentalmente del siguiente modo: aproximadamente 33 millones en los juzgados especializados en materia de violencia de género; lo que se gasta en las fiscalías especializadas importan una cuantía que ronda los 6 millones aproximadamente; en las oficinas de asistencia a las víctimas, 1 600 000 euros; en materia de formación a los profesionales de justicia, estas partidas están incluidas en el presupuesto del CEJ; en las unidades de valoración forense integral aproximadamente se destinan 1 600 000 euros. Es decir, son un conjunto de partidas que están en los presupuestos y que acrecientan las cuantías destinadas a esta labor.
En materia de comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, veo que hay posiciones que divergen en esta Comisión, ya que conocemos esa divergencia de planteamiento. Lo que sí ha hecho el Ministerio de Justicia, con las reformas que ha impulsado la legislatura pasada, ha sido sobre todo dotar al sistema de medios para distribuir adecuadamente las cargas de trabajo. Efectivamente hay juzgados en materia de violencia de género que tienen una carga que no es significativa, en tanto en otros lugares -no es la regla general- esa carga puede ser mayor. Lo que ofrecemos son herramientas al sistema para luchar adecuadamente contra esta lacra social, pero no olvidemos que también existen 355 juzgados mixtos en materia de violencia de género y 23 juzgados de lo penal también específicamente formados para luchar contra la violencia de género.
En cuanto a la consolidación de empleo público, me decía su señoría que no estamos ampliando la plantilla, que lo que estamos haciendo es consolidar. A mí me gusta más la palabra estabilizar. Para los miles de interinos que existen en el sistema el hecho de que se estabilicen las plantillas es un dato importante. Hay algo que quiero señalar, porque no me ha dado tiempo con anterioridad, y es que en materia de personal laboral el Ministerio de Justicia tiene en su relación de puestos de trabajo dotaciones vacantes para psicólogos y para profesiones ligadas al ámbito de la justicia -estoy hablando sobre todo del ámbito forenses-, que también estarían incluidas dentro de esta partida.
Para no alargarme más de la cuenta -porque son ámbitos de su competencia- y no recibir una admonición por parte de la presidenta, que me está tratando con mucha cortesía, le voy a pedir a la subsecretaria que aborde ella lo relativo a la memoria histórica y a la rehabilitación de edificios, de la misma manera que le voy a pedir al secretario general de Administración de Justicia que facilite ese detalle que me ha pedido el portavoz del Grupo Socialista. -No me ha escuchado porque se ha tenido que ausentar un momento-. Es que soy muy disciplinada, señor Campos, y me he dedicado a los grandes números y a los grandes planteamientos, pero ahora es cuando estoy intentando aprovechar la ocasión para poner el alma a esos números, que creo que es algo muy importante en el ámbito de la justicia. Me preguntaba usted, señor Campos, dónde está esa transformación de la justicia, porque es un presupuesto continuista. Yo creo que la transformación de la justicia está plenamente presente en los presupuestos, sobre todo, en algunas de las cuestiones a las que me he referido y en las que no me quiero alargar. Pensemos en las nuevas tecnologías, pensemos en algo que va a ser fundamental y que está empezando a abordarse ahora en las comunidades autónomas, que es lo relativo al sistema de gestión procesal común. Usted sabe perfectamente lo determinante que es esto para el buen funcionamiento de la justicia, para elaborar políticas públicas en materia de justicia que cuenten con datos fehacientes, potentes, y así articular políticas públicas en materia de justicia.
No me voy a detener en los temas relacionados con la oficina judicial y fiscal pero, señor Campos, le emplazo a usted, y a todos, a que recojan el guante en esa transformación de la justicia que está determinada en la Estrategia nacional de justicia, en la propuesta que el ministro de Justicia ha lanzado a los diferentes grupos para abordar la transformación de la justicia desde el punto de vista de su dimensión institucional, social, profesional, de seguridad jurídica y de transformación digital. ¿Cuántas veces hemos tenido la ocasión delante y la hemos despreciado? Ahora volvemos a tener una ocasión en este arranque de legislatura con el trabajo que comienza de la subcomisión de Justicia y le traslado el reto de que se comprometan a llevar adelante esta estrategia. Estoy ya yendo muy rápido.
Algunas cuestiones del señor Campo ya las he abordado en mi intervención, pero le voy a decir una cosa. Me hablaba usted de que las cuantías de los presupuestos no superan a los presupuestos, por ejemplo, del año 2010, y tiene usted razón. Superan a los presupuestos de 2009 en materia de justicia y no superan a los de 2010, y le voy a decir por qué. En 2010, dando un volantazo, que no puedo tachar sino de irresponsable, se insuflan en el sistema de justicia más de un centenar, casi 200 millones de euros, para nuevas tecnologías, sin un plan de implantación y sin un despliegue previamente planificado. Pues bien, eso es lo que precisamente no hemos querido hacer. Este equipo de trabajo se ha encontrado una ley perfectamente diseñada, la Ley 18/2011, pero que estaba en un terreno baldío. Después de un gasto ingente en materia de inversiones a la justicia, lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar desde el primer minuto con los presupuestos con los que nos hemos encontrado y con la mejor inversión, que es la que nos va a procurar ahora la subida presupuestaria que tenemos por delante.
Estoy terminando. Alguien decía que estas reducciones en el capítulo 2, esto que yo he calificado -se lo oí al ministro hace unas semanas y me gustó- de bajada virtuosa, no impliquen que los funcionarios de la Administración de Justicia se queden sin luz, sin agua, sin medios, sin unas condiciones de trabajo dignas. Pues bien, como ustedes saben, señorías, y si no se lo explico, esta legislatura el Gobierno ha trabajado muchísimo en introducir herramientas de gestión potentes, ligadas a lo que se conoce en ámbitos de gestión como el back office, compartir el back office, centralizar contratos, que sea el Ministerio de Hacienda y Función Pública el que lleve adelante lo contratos de los gastos corrientes de los ministerios. El ahorro en términos de millones de euros es impresionante, y ese ahorro es lo que nos permite invertir en otro conjunto de medidas.
Ya he llegado al final de la respuesta a las preguntas. Les agradezco muchísimo su atención, su interés y las preguntas tan incisivas que me han trasladado. Antes de ausentarme no quiero desaprovechar la ocasión de pedirles, de rogarles, su compromiso por trabajar realmente por la justicia. Lo necesita. Tenemos ahora una ocasión histórica, una ocasión de oro, con un presupuesto potente. Saquemos el mayor partido a este presupuesto y demos los pasos para llevar adelante las iniciativas que la justicia necesita en España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Le hago llegar la pregunta que por escrito me traslada el Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno la conteste por escrito. Le doy nuevamente las gracias.
- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (ROLDÁN MARTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000424); SOCIALISTA (Número de expediente 212/000446); CIUDADANOS (Número de expediente 212/000536); MIXTO (Número de expediente 212/000336) Y CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/000679).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la comparecencia de la señora subsecretaria de Justicia, doña Áurea Roldán. En razón del acuerdo previo que se había tomado, y puesto que la intervención de la señora secretaria de Estado ha sido mucho más amplia, le rogaríamos que hiciera un esfuerzo para que su intervención fuera por un tiempo de diez minutos. Muchas gracias, señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Roldán Martín): Muchas gracias, señora presidenta.
Señores miembros de la Mesa, señorías, es un honor para mí comparecer hoy ante ustedes, tanto en cuanto titular del órgano encargado de apoyar a los órganos superiores del Ministerio de Justicia en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos del departamento, como también en cuanto responsable directa de la ejecución de una serie de programas dentro del presupuesto de la sección 13. Además, es una satisfacción poder hacerlo trayendo un proyecto de presupuestos que, sin ánimo de exhibir ningún triunfalismo, son particularmente favorables para el Ministerio de Justicia y, por tanto, para el servicio público de la justicia y para los ciudadanos, y esto en un contexto, aunque estamos en fase de recuperación, de austeridad presupuestaria, en el que el Estado, para cumplir con sus compromisos de ajuste fiscal con Bruselas, va a asumir un recorte del gasto público de 5000 millones de euros, de tal manera que el crecimiento proyectado para el Ministerio de Justicia en su presupuesto es una gran noticia. Podemos decir que este proyecto de presupuestos del Ministerio de Justicia para 2017 es el segundo mejor de su historia en términos homogéneos, descontando traspasos a comunidades autónomas y centralización de la contratación.
Me voy a ocupar, para complementar la parte que ha expuesto con más detalle la secretaria de Estado, de los programas presupuestarios que gestiona directamente la subsecretaría, y que se refieren a la dirección y servicios generales: al 112.A, en lo que se refiere a obras, arrendamientos, equipamientos y mobiliario; al 113.M, registros vinculados con la fe pública; y al 921.S, en relación al asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. Todo ello lo quiero situar dentro del contexto de los objetivos específicos de la subsecretaría de Justicia y, obviamente, dentro de la política general del Ministerio de Justicia.
En primer lugar, nos corresponde llevar a cabo un ambicioso programa normativo, para lo cual contamos no solamente con la secretaría general técnica sino, a través de ella, con la Comisión General de Codificación. En ese sentido, estamos comprometidos con la implementación del derecho de la Unión Europea, así como con la preparación de una serie de textos para el ejercicio de la actividad normativa del Gobierno. En segundo lugar, nos corresponde asimismo la gestión del personal Administración General del Estado del Ministerio Justicia, servicios centrales y gerencias territoriales, también la modernización tecnológica del ministerio a través del Plan de Transformación Digital y de los registros vinculados con la fe pública, y nos ocupamos de proporcionar mejores infraestructuras y equipamientos en los edificios del ministerio, en los edificios judiciales, así como en las sedes de la Abogacía del Estado.
Por lo que se refiere, en primer lugar, al programa 111.N, relativo a la dirección y servicios generales, este tiene por objeto servir fundamentalmente al objetivo de instrumentar la ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico mediante la promoción legislativa. Asimismo, se financia a través de este programa la cooperación jurídica internacional. Por último, se aplican los fondos del mismo a la gestión de los servicios comunes de soporte general de todas las unidades dependientes del ministerio, proporcionando recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos. Pues bien, en este programa, con una dotación de 48,42 millones de euros, se ha producido respecto de 2016 un incremento del 7,02 %. Me gustaría subrayar que, en el capitulo 1, el incremento se va a traducir en la solicitud en la oferta de empleo público por parte del ministerio de ciento dos puestos de nueva creación, de los cuales cuarenta y cinco serán en el ámbito de nuevas tecnologías de la información. Asimismo, en virtud de la fusión que se produjo de los registros de fundaciones en 2015 en un único registro de fundaciones de competencia estatal, que está adscrito a la Dirección General de los Registros y el Notariado, hemos asumido un personal extra que ha venido del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que incrementa el presupuesto con carácter consolidable en unos 252.000 euros. Por el contrario, en el capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, se produce un decremento de 0,44 millones de euros, es decir, de un 3,48 %, decremento que
se obtiene a través de medidas de racionalización del gasto y de una gestión más eficiente en los arrendamientos de edificios, así como también en la reducción de gastos de mantenimiento de mobiliario y enseres, reducción de gastos en comisiones de servicio y centralización de la contratación de servicios de productos tecnológicos. En cuanto al capítulo 4, de transferencias corrientes, se aplica a dos líneas fundamentales, que son las aportaciones a los organismos internacionales, en particular al Grupo de Estados contra la corrupción, Greco, a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Comjib, y al Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y al mantenimiento de la subvención a la Fundación Pluralismo y Convivencia; en ambos casos se mantienen las cuantías asignadas.
Por lo que se refiere al capítulo 6, inversiones, se experimenta un aumento del 85 %, con 6,67 millones de euros más, de los cuales 5,48 millones de euros van a ir a financiar actuaciones en nuevas tecnologías para la modernización del propio parque tecnológico y de programas del departamento a través del llamado Plan de transformación digital. Asimismo, quiero mencionar en este capítulo 6 que se va a destinar también la cuantía restante a proyectos de infraestructuras y equipamiento en edificios administrativos, en los que estamos trabajando para la mejora de su accesibilidad, así como también está prevista la apertura de una nueva oficina de la gerencia territorial en Barcelona.
En cuanto al programa 112.A, de tribunales de justicia y ministerio fiscal, nos corresponde la gestión de las obras e infraestructuras del departamento. En este punto, además de las medidas de racionalización, que hacen que decrezca la cuantía del capítulo 2, me gustaría subrayar que acometemos aquí obras de nueva construcción, obras de rehabilitación y mejora de sedes judiciales, así como una serie de obras menores solicitadas por las gerencias territoriales. En este punto, aprovecho la ocasión para contestar a la pregunta que ha dejado sobre la mesa la secretaria de Estado diciendo que el crédito que se incluye en este capítulo no desciende en su conjunto, sino que aumenta un 71,8 % para obras; cuestión distinta es la distribución interna entre obras nuevas, rehabilitación de edificios y las obras que son demandadas por gerencias territoriales en distintas sedes judiciales. Este incremento nos va a permitir, por una parte, la aceleración e intensificación en el ritmo de los trabajos en los edificios de nueva construcción -en concreto, en Segovia, Albacete, Guadalajara, Ibiza y Badajoz-, lo cual va a permitir adelantar las fechas de entrega y acometer nuevas obras en Lorca y Talavera de la Reina. En cuanto a la bajada en la partida para rehabilitación y mejora, tenemos las obras de Palencia, Ceuta y Trujillo, y a principios de 2018 se entregará la de Soria. Precisamente, como la última anualidad en un programa de ejecución plurianual corresponde al año 2017, se produce la bajada, porque la anualidad es inferior a la que correspondía a los ejercicios previos, pero eso significa la terminación, la conclusión de las obras en esos edificios que he mencionado. Por último, esta partida también se aplica a una serie de obras menores solicitadas por las gerencias territoriales que supondrán, por un valor de 1,34 millones de euros, un aumento del 15,55 % en relación con 2016, que incluyen más de treinta actuaciones.
Por último, en el capítulo 7 hay que señalar que se concluye con la transferencia de 1,5 millones de euros para el equipamiento informático en lo que respecta al traspaso de competencias a La Rioja.
En cuanto al capítulo 113.M, dedicado a los registros vinculados con la fe pública, asciende su dotación a 30,06 millones de euros, lo que supone incrementar 3,25 millones -es decir, un 12,10%- lo aprobado en 2016. En este punto, el capítulo 6, inversiones, tiene un presupuesto de 13,98 millones de euros, lo cual implica un incremento de 2,8 millones de euros, es decir, de un 25%, que vamos a dedicar primordialmente a la modernización tecnológica del Registro Civil, a culminar, a concluir la extensión de la medida de inscripción por vía telemática de nacimientos desde los centros sanitarios al Registro Civil, así como también a impulsar la tramitación y resolución de expedientes de nacionalidad por residencia.
Y, por último, querría referirme al programa 921.S, relativo al asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, es decir, a la Abogacía General del Estado y a los servicios jurídicos, en donde se observa que, con una dotación de 33,76 millones de euros, se alcanza un incremento de 1,26 millones de euros, es decir, de un 3,8 %; aquí el capítulo 1 experimenta una subida de 0,29 millones de euros para la creación de nuevas plazas de abogados del Estado y, asimismo, aumenta en 0,97 millones de euros -es decir, un incremento del 209 %- para la informatización del servicio jurídico del Estado.
Con esto cumplo la prescripción de tiempo limitado que me habían asignado. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis, señora subsecretaria.
¿Grupo Parlamentario Mixto? No hay nadie en este momento. Señor Legarda, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, subsecretaria.
Voy a referirme a dos cuestiones muy puntuales. Veo que en el programa 111.N, informes sobre normas autonómicas, ha habido una evolución en los indicadores: en 2015, de 100, 84 ejecutados; el año pasado, de 100, 132, y para este año, 150. ¿A qué se debe esa previsión de aumento hasta 150 en este indicador presupuestado para 2017? Es objetivo de actividad actualizar y perfeccionar el ordenamiento jurídico en materia de justicia.
Respecto al 113.M, le pregunto: Finalmente, ¿cuál va a ser la determinación del ministerio respecto a los registros civiles? Pues parece que vence el plazo respecto a esas modificaciones que se han ido difiriendo y el presupuesto da por hecho una prórroga de la actual situación en cuanto que se mantienen públicos, gratuitos. Ya lo anunció el ministro, pero quisiera su confirmación.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora subsecretaria. Nosotros simplemente le vamos a preguntar, porque ha sido muy exhaustiva su comparecencia, por algo que le preguntaba el portavoz del Grupo del Vasco, que es el proceso de informatización de los registros civiles. Dentro del programa 113.M hay una partida destinada a esto. También se hace referencia al mantenimiento correctivo de evoluciones de la aplicación Inforeg. Habla de la puesta en marcha del nuevo modelo de Registro Civil prevista para el 15 de julio de 2017, pero ya aventura que probablemente haya que retrasarlo, y también habla del análisis y diseño del proyecto de información de registros civiles. Nos gustaría que precisase eso mucho más y que explicase cuáles son los plazos que se manejan para llevar a cabo ese proceso de informatización del cual depende en buena medida la entrada en vigor de la ley, que tendría que hacerlo casi inmediatamente. Eso es lo que nos gustaría que nos explicase.
Gracias, señora subsecretaria de Estado. También voy a centrarme en el programa 113.M respecto a los registros vinculados a la fe pública. Es cierto, en los presupuestos previstos para 2017 hay una dotación de 30 millones de euros, cosa que nos sitúa en cifras del año 2011. La evolución ha significado prácticamente perder un 25 % de las inversiones en ocho años. Las cifras del año 2009 establecían una inversión en registros vinculados a la fe pública de 40 millones de euros, es decir, un 25 % más que la dotación actual. Sin embargo, lo que más nos preocupa en estos presupuestos respecto al Registro Civil es que en realidad no vemos ninguna alteración en la sustitución del modelo de Registro Civil: se perpetúa este modelo únicamente con la previsión de sustituir a los jueces por letrados de la Administración de Justicia, pero en ningún momento se cumplen las previsiones de la Ley 20/2011, que establecían una nueva estructura organizativa del Registro Civil, que debe ser especialmente ágil, telemático, próximo, con todas las garantías y, en cambio, lo único que vemos es una operación básicamente de maquillaje y poco más. Además, nos tememos que en el fondo esto venga a encuadrarse en una estrategia de privatización que tiene el Gobierno actual, de manera que denunciamos estas previsiones en materia de presupuestos del Registro Civil y le trasladamos nuestro malestar.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señor presidenta, y gracias, señora subsecretaria.
Me voy a ceñir también a un par de aspectos; uno de ellos, que creemos muy importante, es que cuando hablamos de la Administración de Justicia, se refiere a dotar de personal suficiente a la Administración de Justicia, porque creo que estamos todos de acuerdo en que es muy deficitario. No compartimos -lo ha dicho la subsecretaria de Estado y nosotros no estamos de acuerdo- que estos presupuestos vengan a reforzar la Administración de Justicia en ese aspecto, y no solo en lo que hace referencia al tema que ya se ha comentado muchas veces en la anterior comparecencia sobre el
incremento de cien plazas de jueces y fiscales sino también porque es evidente que en la partida destinada a personal hay un incremento mínimo del 2 %, lo cual choca -en este tema tenemos que ser muy rigurosos- con la afirmación del propio Gobierno en la presentación del libro amarillo de estos presupuestos, donde afirma con rotundidad que se van a crear 5000 plazas al servicio de la Administración de Justicia. Esta es la literalidad de las afirmaciones del Gobierno en la presentación de estos presupuestos de justicia.
Evidentemente no nos cuadran ambos datos y nos interesa mucho más saber -queremos que nos lo aclare la subsecretaria- de dónde van a sacar estas 5000 nuevas plazas. Calculo que suman la oferta de empleo público de 2016 aprobada por el Decreto 105/2016, pero lo cierto es que de esa oferta de empleo público las únicas que se han convocado son las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. En el resto no se ha convocado ni una sola plaza, máxime cuando la eventual convocatoria de la oferta de empleo público de 2017 estará vinculada a la aprobación de estos presupuestos, pero fue expresamente excluida del Real Decreto-Ley 6/2017, en el cual sí preveían la oferta de empleo público en otros sectores de la Administración. A nosotros el de justicia nos parece un sector absolutamente prioritario. Lamentamos esa exclusión y nos gustaría saber la explicación del Gobierno a por qué esa exclusión no se consideró relevante. Teniendo en cuenta el bajísimo grado de ejecución de la oferta de empleo público de 2016, nos gustaría saber cuándo prevé esas 5000 plazas que anuncia el Gobierno. Creo que no será en este ejercicio presupuestario ni en el siguiente ni en el siguiente. Sería bueno ser rigurosos en ese campo, sobre todo -repito el dato- teniendo en cuenta que solo hay un aumento del 2 % en gastos de personal.
Solo un apunte más respecto al registro civil. Me tengo que remitir también a las afirmaciones del Gobierno en el Libro amarillo, en el que saca pecho, si me permite la expresión, por la creación de un nuevo registro civil público, gratuito, electrónico y más seguro y operativo. Resulta muy llamativo cuando este Gobierno ha sido absolutamente incapaz de dotar de recursos suficientes para poner en marcha la nueva Ley del Registro Civil. Por cierto, desconocemos -a ver si la subsecretaria nos puede aclarar- los planes del Gobierno ante la nueva prórroga que acaba este próximo 30 de junio. Ante una situación grave y caótica que se ha creado en los registros, ¿cómo se explica la reducción de un 5 % en la partida 113.M de gastos de personal en los registros públicos? Por no hablar del raquítico incremento de 3 millones de euros que se prevé para atender la eventual entrada en vigor de la nueva Ley del Registro Civil, que es a todas luces insuficiente y que difícilmente alcanzaría ni para cubrir las encomiendas de gestión que ya están acordadas y firmadas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.
Bienvenida, señora subsecretaria. Muchas gracias por su información y espero la que nos dé a continuación. Voy a ir directamente a algunos temas que pueden pasar desapercibidos pero que nuestro grupo considera relevante que ponga usted de manifiesto aquí. Usted ha apuntado en la exposición inicial que uno de los objetivos de este proyecto de presupuestos por parte de la subsecretaría será la ejecución de un ambicioso programa normativo, a través de la Secretaría General Técnica, de la Comisión General de Codificación. La comisión acaba de desarrollar una modificación de estatutos y nos gustaría saber, en consonancia con su papel, con sus funciones, con esa definición y con la atribución presupuestaria, cuál va a ser ese plan de actuación para el ejercicio 2017.
También, aunque se ha puesto de manifiesto en distintos momentos -no sé si podría contestar usted o después el secretario general-, continuando con el programa 111.N, nos gustaría que nos indicara si es posible, sobre todo concretando más, en qué tipo de actuaciones se van a materializar esos casi 5,5 millones de euros destinados a actuaciones en nuevas tecnologías y al plan de transformación digital.
Por otra parte, en tercer lugar, nos parecen importantes las funciones -lo sabemos todos- que desarrolla la Abogacía del Estado. Hay un incremento considerable en el capítulo 6 del programa 921.S. De ahí se deducen esas importantes funciones, pero nos gustaría que detallara un tema que nos parece relevante, y son las actuaciones específicas de este servicio jurídico en el ámbito de los arbitrajes internacionales. ¿Esta actividad tiene alguna influencia en el incremento de las dotaciones presupuestarias? ¿Qué consecuencias tiene para el Estado? ¿Supone algún ahorro? ¿Cuáles son las causas de ese incremento?
Por último -lo ha señalado también en parte, pero creo que tiene una explicación que merece la pena desarrollarse, la portavoz del PSOE en este momento-, llama la atención que en el capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, se produce una bajada del 5 % a pesar del incremento que se refleja en el programa 113.M, en el que la subida alcanza el 38 %. Nos gustaría, al hilo de esta pregunta y la que ya ha hecho la portavoz socialista, que nos explicara más detalladamente a qué se debe esto.
Tiene la palabra, cuando quiera, la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Roldán Martín): Muchas gracias.
Comenzando en primer lugar por la pregunta que quedó pendiente a la secretaria de Estado con relación a la memoria histórica, querría comentar que son un conjunto de actuaciones las que se refieren a memoria histórica y que no todas ellas tienen una trascendencia presupuestaria necesariamente. Es cierto que hubo una serie de prestaciones económicas e indemnizaciones derivadas de la Ley de Memoria Histórica de 2007, de tal manera que hay una serie de artículos que determinan el abono de pensiones e indemnizaciones por los hechos que se recogen en la ley. En la nómina de marzo de 2017 se han pagado 9037 pensiones de familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la Guerra Civil por un importe de 2 190 000 euros. Además hay que hacer también referencia a las medidas de compensación económica adoptadas a favor de los afectados, como son las mejoras de ciertas prestaciones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil y de la dictadura o la ampliación del ámbito de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía, así como las prestaciones económicas a favor de los llamados Niños de la Guerra.
En cuanto al capítulo de subvenciones para la recuperación de la memoria histórica, es cierto que en el periodo 2006-2011 el Gobierno abrió una serie de líneas de financiación a favor de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y para realizar una serie de actividades de investigación, indagación y localización de las fosas de la Guerra Civil. En total se previeron unos 25 millones de euros, de los cuales 8,2 se dedicaron a la localización de fosas. Con posterioridad hubo otra serie de ejercicios, de 2010 a 2012, donde también se previeron créditos para subvenciones, siempre ello en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia. En 2012 esos créditos no se ejecutaron, puesto que hubo una orden de no disponibilidad, y es cierto que en los ejercicios posteriores no se han previsto créditos con relación a subvenciones por razones de utilidad presupuestaria. Pero quiero señalar que no solamente las actuaciones en materia de prestaciones y pensiones, como he dicho, tienen un componente económico claro, sino que también el Ministerio de Justicia sigue desarrollando actuaciones con relación a la memoria histórica, como son gestionar, mantener y actualizar un mapa de fosas de la Guerra Civil, que es accesible al público. Actualmente se recogen en dicho mapa, que está en la página web, 2457 fosas con 45 000 víctimas identificadas. En segundo lugar, hay un servicio dentro de la división de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia que informa, asesora y atiende a los ciudadanos en sus consultas. Estas consultas han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, de tal manera que si en los años 2009 a 2011 se atendieron unas 10 000 anuales, a partir de entonces se contabilizan bastantes menos. Por ejemplo, en 2016 hubo 275 y en lo que llevamos de 2017, 31 consultas. También se emiten las declaraciones de reparación y reconocimiento personal, de tal manera que se ha alcanzado un número de 2370, de las cuales 748 han sido firmadas por este ministro. Igualmente se ha creado y se mantiene una base de datos de españoles fallecidos en campos de concentración nazis que comprende información sobre 4400 españoles fallecidos en los campos de concentración nazis de Austria y Alemania, y eso por no contar las actuaciones que ha llevado a cabo la Dirección General de los Registros y del Notariado en conexión con los consulados de España en el exterior otorgando la nacionalidad española derivada de la llamada Ley de Nietos, de tal manera que hasta 31 de diciembre de 2016 los datos consolidados que tenemos se elevan a una cantidad de 493 500 solicitudes, habiéndose practicado ya 324 000 inscripciones en los registros civiles.
Como es evidente, todas estas medidas, aunque no tienen un crédito presupuestario ad hoc y visible dentro de la sección 13 del Ministerio de Justicia, tienen un impacto presupuestario evidente, porque las consultas no se responden por sí mismas, las webs no se mantienen solas y los expedientes no se autotramitan, y se dice todo, como hemos dicho, cuando se habla de 910 000 visitas a la página web, 16 000 consultas atendidas y 2370 expedientes de declaración que han sido firmados hasta la fecha.
Paso ahora a referirme a la pregunta relativa a los indicadores en cuanto a los informes sobre normas autonómicas. El señor diputado ha leído con gran precisión la memoria; yo ni siquiera tenía esos datos. Se trata de cálculos estimativos, no podemos saber el número de normas sobre las que se va a hacer seguimiento o informe en la Secretaría General Técnica pero, por los ejercicios precedentes, están en torno a ese número. Por otra parte, las cuestiones de recursos de inconstitucionalidad no se llevan desde la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, sino desde la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales. Por tanto, nuestra labor es instrumentar a la hora de preparar informes solamente en el área de justicia.
Ha habido coincidencia en el interés general en cuanto a la dotación del programa 113.M, registros de la fe pública y el Registro Civil. Efectivamente, este es uno de los grandes temas que lleva sobre la mesa mucho tiempo. Desde la aprobación de la Ley 20/2011 se han producido ya dos prórrogas para su entrada en vigor. Como muchas veces hemos puesto de manifiesto, la entrada en vigor de esta ley tiene una serie de preceptos que están abiertos. La determinación de quiénes serán los encargados es un tema complejo que no permite cambiar de la noche a la mañana el Registro Civil que conocemos en papel y dividido en cuatro secciones en un registro digitalizado -una de las piezas fundamentales de la transformación del modelo- único para toda España, abierto las 24 horas y que, por supuesto -despejo cualquier duda que se pueda cernir sobre este asunto-, se mantendrá como público, gratuito y único para todo el Estado y, además, con niveles de protección de datos que sean compatibles con la sensibilidad en relación con las cuestiones de estado civil que se manejan en el mismo. Es cierto que la dotación no daría para una transformación total del modelo. El ministro ha dicho en varias declaraciones que la propuesta es que los encargados sean los letrados de la Administración de Justicia. Este extremo se dejó abierto en la Ley 20/2011 porque se decía que podían ser o bien los secretarios judiciales -como se llamaban entonces- o bien funcionarios del subgrupo A1 pero no se llegó a determinar en qué situación quedarían los letrados de la Administración de Justicia. Todo esto no es indiferente y, sin lugar a dudas, requiere un consenso político, pero no se puede acusar al Gobierno de no haber hecho nada durante todos estos años puesto que se ha intentado en diversas direcciones avanzar hacia este nuevo modelo de Registro Civil; en un equipo anterior al nuestro, a través de una corporación de derecho público formada por los registradores mercantiles. Esta cuestión fue desactivada y pasamos a la propuesta de que fuera el Colegio de Registradores, pero viendo las reticencias tanto sindicales como funcionariales y de comprensión en general de este proyecto por parte de la sociedad que está familiarizada con un Registro Civil que está en el ámbito material del funcionamiento de la Administración Justicia -aunque tengo que recordar que el título competencial de los registros es distinto al de la Administración de Justicia y, por tanto, en el caso de que se mantuviera ahí por supuesto se aplicarían regímenes diferenciados-, hace que esta cuestión requiera un consenso político del que estamos pendientes. Esto puede llevar, como ya ha anunciado el ministro, a la necesidad de prorrogar este segundo plazo de entrada en vigor, que está fijado para el 30 de junio de 2017.
También quiero decir que durante todo este tiempo, sin perjuicio de que no se ha acometido la gran transformación del modelo de Registro Civil, sí que se han dado una serie de pasos en esa dirección; pasos que son importantes en cuanto a la modernización tecnológica, y por supuesto hay que seguir manteniendo y actualizando Infored. Por otra parte, se ha establecido -esta es una medida hecha en la anterior legislatura pero que todavía está pendiente que se culmine- la transmisión telemática, la notificación de los nacimientos desde los centros hospitalarios hasta los registros civiles, que ya alcanza un 92,44 % de todos los hospitales públicos en el territorio nacional, yendo más atrasados en relación con los hospitales privados, en los que se llega a un 20 %. Asimismo, estamos trabajando actualmente en otra serie de progresos, como generar un folio personal o un registro individualizado similar al que luego será el folio personal en el Registro Civil definitivo, con base en los datos de Infored más los datos del Instituto Nacional de Estadística, que se nutre de los datos que le proveen los registros civiles, que los ha ido informatizando a los efectos del padrón municipal. Estamos empezando a trabajar en esa idea para que sea factible este año que aquellos que tengan sus datos informatizados -no hay que olvidar que no todos los registros civiles están informatizados- puedan disponer de este folio personal, similar a la hoja personal que tendrán en el nuevo modelo de Registro Civil. Otra medida que este año va a estar vigente va a ser la posibilidad de obtener certificaciones de los datos relativos al estado civil de las tres primeras secciones del Registro Civil, por tanto excluidas las tutelas en cualquier sitio de España de cualquier hecho, con independencia del lugar en el que se registró su inscripción. Por otra parte, también estamos trabajando para mejorar la publicidad instrumental de los datos de estado civil a través de un servicio de
buscador de inscripciones y obtención de nota simple en la sede electrónica del ministerio. Estamos avanzando en ese sentido; por eso, el hecho de que la partida presupuestaria no sea relevante para los registros de la fe pública indica que no está el gran proyecto de transformación de la plataforma electrónica del Registro Civil. Aunque esta sea la pieza clave, no es indiferente quiénes sean los encargados, que es una cuestión en la que se requiere el consenso político. No es igual crear una plataforma electrónica para 2000 usuarios que para 100 000, si se hubiera transmitido a los funcionarios de los ayuntamientos o si, por el contrario, se sigue el modelo de organización territorial de la Ley 20/2011, con muy pocas oficinas generales con base en las comunidades autónomas o en localidades de más de 500 000 habitantes. No es posible crear una plataforma en abstracto si no tenemos definidos los fundamentos y, sobre todo, quiénes van a ser los usuarios de esa plataforma. Estamos haciendo mejoras parciales tendentes a cumplir lo establecido en la Ley del Registro Civil y cuando se produzca el consenso político en cuanto a su llevanza, podremos acometer la plataforma electrónica del Registro Civil. No solamente cuenta con las dotaciones que hay en el 113.M, sino también en el 112.A puesto que actualmente Infored está siendo llevada en sede de Administración de Justicia; hay presupuestos para nuevas tecnologías en la Subdirección de Nuevas Tecnologías incardinada en la Administración de Justicia que están siendo aplicados al mantenimiento y actualización de Infored. Asimismo, esta partida para registros vinculados con la fe pública del 113.M se refiere no solamente al Registro Civil sino también a una serie de registros que se llevan en el Ministerio de Justicia, como son, por ejemplo, el Registro de fundaciones, el Registro de mediadores, el Registro de últimas voluntades o el Registro de entidades y asociaciones religiosas. Es una partida un poco compleja de explicar porque el Registro Civil se nutre de distintas fuentes y luego hay otros registros a los que también va el 113.M.
En cuanto a la pregunta que me ha formulado en materia de personal de la Administración de Justicia, creo que ya la ha contestado la secretaria de Estado de Justicia, que es la competente en la gestión del programa 112.A al que se imputa. En todo caso, en mi entendimiento, las 100 plazas de jueces y fiscales son por tasas de reposición pero son entradas netas en el sistema porque, como ya ha señalado ella antes, al haberse prorrogado la edad de jubilación de los jueces y magistrados hasta los 72 años hay muy pocas jubilaciones y, en realidad, la tasa de reposición está actuando más bien como un añadido a las que hay en el sistema. En cuanto a las 5000 nuevas plazas, entiendo que se refiere al esfuerzo conjunto de consolidación o estabilización en el empleo público. En todo caso, sobre este programa 112.A en materia de personal puede estar más familiarizado el secretario general de la Administración de Justicia que va a comparecer a continuación.
Por último, en relación con las preguntas que me ha formulado la representante del Grupo Parlamentario Popular, quisiera destacar, aunque no tiene una traducción presupuestaria visible, el gran papel que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en la Comisión general de codificación. Esta comisión está incardinada dentro de la secretaría general técnica con una altísima cualificación técnica -funciona desde la época de Alonso Martínez y es el órgano superior de asesoramiento del Ministerio de Justicia en la elaboración de los textos normativos y en la preparación de los mismos- y está llevando a cabo una función fundamental a la hora de proveer textos para la integración e incorporación del derecho de la Unión Europea en nuestro ordenamiento jurídico y asimismo en la formulación de una serie de textos para las normas de cabecera del ordenamiento jurídico, como son la modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Querría señalar que ha habido una transformación no radical pero sí de impulso y relanzamiento de los trabajos de la Comisión general de codificación desde que aprobamos sus nuevos estatutos en septiembre de 2015. Se ha reforzado la independencia de los vocales permanentes en el sentido de que ya no son susceptibles de ser cesados. Asimismo, se ha potenciado la representación geográfica y profesional de estos vocales. Se han completado los nombramientos puesto que cada sección de las cinco tiene 30 y por primera vez en 25 años están funcionando con encargos actuales las cinco secciones mientras que anteriormente solamente funcionaban las de civil y mercantil, es decir, la primera y la segunda. En relación con los encargos que tiene actualmente la Comisión general de codificación, me gustaría señalar que la sección de derecho civil tiene encomendada la modernización del derecho de obligaciones y está actualizando el Libro IV del Código Civil, además de haber concluido sus trabajos en materia de adaptación del Código Civil a la Convención sobre discapacidad de Naciones Unidas de 2006. La sección de derecho mercantil tiene el encargo actual de ajustar el anteproyecto de código mercantil, que ya se aprobó en la legislatura pasada, al dictamen del Consejo de Estado para una mejor delimitación entre los ámbitos civil y mercantil. La sección de derecho público tiene la tarea de redactar el borrador de
la Ley orgánica de protección de datos en ejecución del Reglamento general europeo de protección de datos, que entra en vigor en toda la Unión Europea en mayo del año próximo y que significará un cambio total en la concepción de la protección de datos de los Estados miembros. La sección cuarta, de derecho penal, está trabajando en el anteproyecto de ley de cooperación jurídica internacional penal así como en la reforma del Código Penal para la transposición de las directivas pendientes. Y la sección de derecho procesal tiene como principal cometido en estos momentos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la mejora de la protección de los consumidores en nuestro ordenamiento. Me gustaría decir que todo esto se hace con un coste y con un impacto presupuestario mínimo. Ya he dicho que no hay una partida específica; se nutre genéricamente del artículo 23, de los presupuestos del ministerio, que es el que paga las comisiones de servicio y tiene asignado solamente un crédito teórico de 150 000 euros. Todo esto para gestionar la participación y comisiones de servicio de 150 miembros de la Comisión general de codificación, cuyo trabajo quisiera destacar por su entrega y calidad.
También me ha preguntado por la Abogacía General del Estado. Nunca ponderaremos suficientemente la asistencia que proporciona al Estado no solamente ante los tribunales, sino también en materia de asesoramiento del Estado y de la administración institucional mediante convenios de comunidades autónomas y de corporaciones locales. Aquí se ha incrementado el capítulo 1 debido a que se incorporarán este año a la plantilla, a la RPT de la Abogacía General del Estado, 20 efectivos del último proceso de selección y está previsto que en la nueva oferta de empleo público el año que viene ingresen 25 más. Querría ponderar el trabajo que han hecho de reducción de costes para el Estado en materia de arbitrajes internacionales. Como es sabido, el número de procedimientos arbitrales que España tiene abiertos ahora mismo es muy superior al que había en 2011, que eran tres, y donde se contrató a un despacho extranjero por un importe de 400 000 euros. Pues bien, este número de procedimientos arbitrales abiertos ha subido en 2017 a 37, con una cuantía de 7000 millones de euros. Se ha calculado por la Abogacía del Estado que el coste de la externalización de sus servicios a despachos de abogados significaría unos 11,2 millones de euros anuales en precios de mercado; por lo tanto, creo que ha sido una buena inversión por parte de la Abogacía General del Estado la especialización de un grupo de abogados del Estado en arbitrajes internacionales para asumir la defensa del Estado ante la Corte de Estocolmo y otras instancias arbitrales internacionales. Se ha incrementado su partida en el capítulo 6 puesto que se ha construido un repositorio con la doctrina e informes de la Abogacía General del Estado; y estamos mejorando asimismo sus sistemas de comunicación con firma electrónica con los tribunales y la gestión informatizada de sus expedientes.
Preguntaba por qué en el contexto de disminución generalizada del capítulo 2 se produce un incremento en el 113.M en relación con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquí hay siempre una cantidad fija para los impresos de los registros civiles que asciende aproximadamente a 1 500 000 euros. Sin embargo, el año pasado, por mayores peticiones en materia de nacionalidad y otra serie de cuestiones relativas al estado civil - hubo eco de esas noticias, por ejemplo, en el registro civil de Sevilla- hubo un déficit de los impresos que se habían encargado para los registros civiles; hay una deuda acumulada y hemos tenido que abrir un nuevo subconcepto en los presupuestos para absorber esa deuda que asciende a 1 115 000 euros.
Con esto creo que he terminado. Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora subsecretaria, por el esfuerzo de síntesis que ha hecho.
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (DORADO PICÓN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000425); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/000638); CIUDADANOS (Número de expediente 212/000535) Y MIXTO (Número de expediente 212/000335).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la comparecencia del secretario general de la Administración de Justicia, señor Dorado Picón, al que damos la bienvenida, rogándole, conociendo su proverbial capacidad de síntesis, que en un tiempo máximo de diez minutos pudiera hacer la exposición que le corresponde. Muchas gracias.
Señor Dorado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Dorado Picón): Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo soy muy disciplinado también, como decía la secretaria de Estado, e intentaré ajustarme a los tiempos que se me marcan.
En primer lugar, quiero agradecer que los grupos parlamentarios hayan pedido mi comparecencia para explicar las políticas del ministerio en las materias de transformación tecnológica, que es en lo que me centraré fundamentalmente. Decía la secretaria de Estado al final de su intervención qué presupuestos para qué políticas. Nosotros vamos a hablar de las políticas de transformación tecnológica con nuestro presupuesto, que creo que es un presupuesto para estar más que satisfecho. Estamos hablando de 134 456 625,54 euros de presupuesto en estas políticas.
¿Qué vamos a hacer con este presupuesto? Vamos a seguir transformando tecnológicamente la justicia con el mismo camino que ya emprendimos con la llegada del ministro Catalá al Ministerio de Justicia cuando se pusieron en marcha determinadas acciones, primero en sede parlamentaria con las modificaciones legales y después con la modificación tecnológica que acarreaba. Me estoy refiriendo a los datos de 1 de enero del año 2017 con la puesta en marcha de las comunicaciones electrónicas entre profesionales de la Administración de Justicia y órganos judiciales con la obligatoriedad de esas comunicaciones. En segundo lugar, con el hito del 7 de julio de 2016, que es la fecha mandatada por la Ley 18/2011 para que las administraciones públicas tuvieran a disposición de los órganos judiciales y oficinas fiscales un sistema de gestión procesal electrónico. Y en tercer lugar, el hito del 1 de enero de 2017, que completaba la puesta en marcha de las comunicaciones electrónicas entre órganos judiciales y el resto de instituciones y corporaciones que se relacionan con la Administración de Justicia. Estos tres hitos son los que al final van a dar lugar a que nuestros juzgados y tribunales trabajen en un formato digital, en un formato alejado del papel. Es lo que pretendemos, porque el ciudadano merece que hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para darle un buen servicio público. Yo creo que estos presupuestos suponen un gran esfuerzo para que el ciudadano tenga un gran servicio público de justicia a través de una justicia digital.
¿Por qué hicimos el hito del 1 de enero de 2016? Señorías, simplemente pensamos en el año 2015, cuando se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, que si queríamos llegar un día a que en nuestra Administración de Justicia hubiera un procedimiento de gestión procesal electrónico, deberíamos suprimir la entrada y salida del papel. Hasta entonces había habido algún intento de digitalizar órganos judiciales, pero lo que se había hecho era digitalizar los documentos que entraban en papel; eso no había dado lugar a una experiencia exitosa y por lo tanto pensamos que si entraba y salía electrónicamente el documento, luego, con el trabajo electrónico si se trabajaba dentro, ya podríamos ir a conformar un sistema de justicia digital. ¿Qué ha pasado desde el año 2016? El 1 de enero de 2016 comenzaron estas comunicaciones electrónicas y a 31 de diciembre había 73 296 385 comunicaciones electrónicas entre órganos judiciales y profesionales de la Administración de Justicia. ¿Esto ha redundado en una mejora del servicio? Sí. Si ustedes tienen en cuenta lo que tarda una comunicación en papel entre un órgano judicial y un profesional de la Administración de Justicia, mínimo dos o tres días desde que se dicta la resolución hasta que el procurador o el abogado la tiene en su mano y mínimo dos o tres días desde que el procurador o el abogado realiza ese documento y llega a manos del órgano judicial; en comunicación electrónica estamos hablando de un día de ida y un día de vuelta, salvo algún caso que se conoce -pasa como en los prospectos de las medicinas-, en que en la misma mañana, en este caso en Granada, me comentaba un procurador que había mandado una comunicación a un órgano judicial a las once de la mañana y a la una tenía en su buzón de Lexnet la contestación del órgano judicial. No es normal pero ha pasado. En papel sería imposible hacerlo en ese tiempo porque hay que llevar el documento al registro, que hace la trazabilidad; se lleva al órgano judicial, que hace también la trazabilidad para que se sepa dónde está ese documento; contesta el órgano judicial y hace la trazabilidad para atrás. Estamos hablando de cinco o seis días entre la ida y la venida de un documento de un órgano judicial a un profesional a un máximo dos. ¿Esto ha supuesto un ahorro de tiempo? Sí. Muchos de los que están en esta sala son profesionales de la justicia y saben el número de comunicaciones que hay entre un órgano judicial y los profesionales. Si se multiplica el número de movimientos en los procedimientos por los días de ahorro, salen muchísimos días de ahorro, muchísimos. Pero es que también supone un ahorro económico evidente porque trabajar en papel supone un gasto superior a trabajar en formato electrónico.
¿El 7 de julio de 2016 qué hemos hecho? Hemos puesto en marcha la justicia digital en el territorio de la Administración de Justicia, que afecta a veintiséis partidos judiciales, y lo más importante, afecta a 8 196 007 ciudadanos en el territorio del Ministerio de Justicia; están afectados 6822 usuarios y 522 órganos judiciales. Quiere esto decir que hay un volumen importantísimo en el territorio del Ministerio de
Justicia que ya está trabajando con una justicia digital. ¿Esto qué supone? Que desde que entra el documento en digital hasta que se ponen sentencias toda la tramitación es digital; ese documento se guarda digitalmente y ya no hay documento en papel. Esa es una realidad en los veintiséis partidos judiciales que gestiona el Ministerio de Justicia, y esa realidad ha sido posible gracias a la entrada y salida a través de Lexnet. El 1 de enero de 2017 se incorporan los demás colectivos y a día de hoy ya tenemos un dato de 27 247 309 comunicaciones electrónicas, es decir, el ritmo de comunicación electrónica es muy superior al que teníamos en el año 2016.
¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Vamos a seguir incidiendo en la justicia digital, en la sede judicial electrónica, que por cierto ha permitido que hoy en el territorio que gestiona el Ministerio de Justicia, cuando se demanda a una persona jurídica ya no hay que emplazarla personalmente entregándole la demanda o a través del correo, sino que se manda a la dirección electrónica habilitada y directamente se recoge desde la dirección electrónica habilitada el emplazamiento. Estamos trabajando también en el punto de acceso general de la Administración de Justicia en el escrito de profesionales, que va a permitir que a primeros de septiembre u octubre de este año los profesionales que trabajan en el ámbito del Ministerio de Justicia puedan subir a la sede judicial electrónica y consultar en el visor su procedimiento. Ya no tendrán que tener un procedimiento réplica en su despacho porque van a tener el procedimiento que utiliza el órgano judicial, y como son parte y tienen acceso a ese procedimiento, lo van a tener a su disposición en la sede judicial electrónica. En los primeros meses del año 2018 haremos que sea interactiva esta función y por tanto puedan llegar directamente asuntos y documentos a ese visor. Trabajaremos también en la dotación de nuevos dispositivos para los jueces, letrados y fiscales para que puedan trabajar en justicia digital en su territorio, en sus casas o en la oficina judicial. Se les van a facilitar una serie de instrumentos de trabajo que son unas surface que van a servir para el puesto de trabajo en el despacho, para cuando vayan a las salas de vistas o cuando trabajen en su territorio. Se va a hacer una entrega de 1450 en el año 2017 y el resto, hasta 2428, se hará en el año 2018. Vamos a trabajar también en el Instituto de Medicina Legal con las aplicaciones informáticas para el intercambio de ADN en el sistema de gestión procesal común, comunicación electrónica, etcétera.
La partida que tenemos en este ministerio de 134 millones se va a dedicar a la digitalización de órganos judiciales, 35 675 000 euros; digitalización de la fiscalía, 2 585 000; consolidación de comunicación electrónica, 888 000; mantenimiento y evolución de IML, Instituto Nacional de Técnica y Ciencia Forense, 282 000; modernización y registro administrativo de apoyo a la actividad judicial, 1 907 000; transformación digital y puestos de trabajo, 3 923 000 -si quieren luego sus señorías, me dedicaré a ver los incrementos en estas partidas-; gestión de personal de la Administración de Justicia, 1 260 000; soporte y transformación digital, una partida importantísima de 72 663 000 para oficinas judiciales y 2 975 000 para la fiscalía; plan de estabilización y consolidación, un millón; atención y soporte al usuario, 8 millones; y Registro Civil, 2 626 000.
Creo que con estos datos nos podemos hacer una idea de qué queremos hacer, qué partidas tenemos y dónde las vamos a destinar. Al mismo tiempo que hacemos la transformación tecnológica también vamos a hacer la transformación organizativa. Ya ha hablado la secretaria de Estado de la orden general de despliegue de oficina judicial y también argumentaremos la orden general para el despliegue de las oficinas fiscales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general de la Administración de Justicia, señor Dorado.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿señor Legarda? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias señor Dorado.
Está bien que usted haya hecho referencia a un caso en el que se ha actuado con esa celeridad. De 70 millones de comunicaciones ha citado un caso en el que se ha producido esa celeridad (Risas). Está bien, pero en este caso la excepción no puede ser la norma y desgraciadamente usted sabe que la norma en cuanto al proceso de modernización tecnológica, ese objetivo de papel cero en los juzgados y tribunales, está muy lejos de conseguirse, muy lejos. No solo no estamos en ese papel cero, sino que en muchos casos se ha producido la duplicidad de vías y mecanismos de comunicación. Usted sabe que esto se ha producido, así como los problemas que han surgido con Lexnet y todo lo que hemos conocido. Nosotros incluso pedimos una moratoria en su momento, que fue rechazada en este Congreso, por los problemas
que se habían producido, nosotros creemos que por una implantación apresurada, con muchos defectos, con muchos problemas y que no ha servido para ese proceso de modernización.
Ya se lo dije a la secretaria de Estado; para nosotros este presupuesto es un punto de inflexión que esperemos que tenga continuidad a lo largo de los próximos ejercicios presupuestarios porque no creemos que el proceso de modernización y de nuevas tecnologías que hay que implantar en la Administración de Justicia se vaya a conseguir solo con este presupuesto ni mucho menos. Estamos muy lejos de eso y creemos que la Administración de Justicia necesita una inversión sostenida, continuada en el tiempo, planificada, orientada a unos objetivos muy claros y abandonar la senda de la que veníamos. En el cálculo que hemos hecho de los seis últimos ejercicios presupuestarios vemos que había una caída del 12 % en los presupuestos de justicia y hay un capítulos 6 con esos 182 millones que nos parece que es un punto de inflexión que esperemos que se mantenga en el tiempo.
Lo que nos gustaría es que nos detallase ese plan. Es verdad que en el programa 112.A, en la memoria, se hace referencia a que se continuará desarrollando el plan iniciado en el año 2016 para la consecución de la justicia en entornos digitales y establece una serie de líneas de actuación, como la digitalización de los órganos judiciales, de las fiscalías, y la consolidación de las comunicaciones, pero la memoria es absolutamente continuista con aquello de lo que veníamos, no hay grandes novedades. Creemos que sí que hay un importante aporte presupuestario, un importante aporte económico -usted sabe que nuestro partido ha tenido influencia en ese aporte porque formaba parte de la dotación presupuestaria de las 150 medidas del acuerdo de legislatura-, lo que queremos es que haya una memoria con objetivos nuevos y con orientaciones nuevas, porque si seguimos reproduciendo los mismos errores del pasado, cosecharemos los mismos fracasos, que creo que es lo que llevamos haciendo en esta cuestión de la modernización de la Administración de Justicia durante tanto tiempo. Por tanto, nos gustaría que esta memoria, más que reproducir objetivos que se vienen arrastrando desde el año 2015, aportase alguna novedad. Eso es lo que solicitamos y le pido que haga alguna concreción más allá de lo que viene recogido en esta memoria. Exclusivamente le pregunto por esta cuestión porque las demás han sido ya objeto de tratamiento en las anteriores comparecencias.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.
En primer lugar, quiero constatar esta enorme inversión en la modernización de la justicia, que compartimos y celebramos, pero, en base al principio de optimización de recursos, quisiéramos saber hasta qué punto esta inversión cuenta con la racionalización y el aprovechamiento de los recursos invertidos desde hace prácticamente una década en digitalización y en telecomunicaciones en materia de justicia, y hasta qué punto se ha invertido en la fundamental -creo yo- coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas con competencias traspasadas, puesto que también es importante para la eficaz implantación del expediente electrónico.
Revisando la memoria, a pesar de que sigue constando el objetivo de papel cero, en algunos apartados es eminentemente pragmática. Viene a decir que el soporte papel tendrá un carácter subsidiario, es decir, aún se mantiene el soporte papel. Incluso en los presupuestos hay partidas ciertamente relevantes para compra de papel fibra virgen. O sea, que esto del papel cero es una línea del horizonte sobre la que vamos avanzando, pero que a la vez se aleja. Más allá de la necesaria optimización y coordinación de recursos, constatamos que es imprescindible para conseguir el objetivo de las reformas procesales, puesto que, como bien sabe, las leyes procesales, como hace poco denunciábamos en la Comisión de Justicia, todavía mantienen esa preceptividad, esa exigencia de que, una vez presentados los escritos telemáticamente, se impriman y se presenten en el juzgado, de manera que la reforma procesal tiene que ir de la mano de estas grandes inversiones en modernización. Además -no sé muy bien cómo se va a conseguir esto-, hay que acabar con las rutinas judiciales. Como bien ha dicho aquí, somos unos cuantos los profesionales que hemos corrido muchas millas con la toga por los pasillos y sedes judiciales, y seguimos constatando las rutinas dentro del expediente telemático, tanto de jueces y juezas como de letrados, de: me lo imprimes, me lo grapas y así lo veo mejor. A ver cómo hacemos frente a estas rutinas que hacen más difícil conseguir estos objetivos tan deseables por otro lado.
Señora Hernanz Costa, por el Grupo Socialista.
Lamento que cerremos estas comparecencias, más extensas que en otras legislaturas, con muy poca información sobre estos presupuestos y con muy poca luz sobre temas fundamentales. Empezaba la secretaria de Justicia diciendo que se trata de unos presupuestos que vienen a consolidar la modernización y el refuerzo de la Administración de Justicia. Lamento decir tres comparecencias después que, si lo son, no tenemos una constatación más allá de los fríos números del presupuesto. Seguimos sin saber nada de las 5000 plazas que el Gobierno dice en el libro amarillo que vamos a tener de más -no sabemos de dónde salen ni dónde están reflejadas-, pero vemos una bajada del presupuesto dedicado a personal. Al contrario de lo que se dice, hay menos dinero para personal y creemos que el refuerzo de personal en la Administración de Justicia es fundamental. Se habla de muchas subidas en programas, pero quiero destacar una bajada que va en la misma línea que la de los recursos humanos y el personal, las bajadas en los programas 111.Q y 111.R, destinados precisamente a la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia. Lamento tener que volver a poner sobre el papel la contradicción con lo que manifiesta el Gobierno en el libro amarillo, donde dice que se va a reforzar especialmente esta formación. Dice que se refuerza, pero baja el dinero que destina a la formación.
Por último, hablando de modernización y de papel cero, estoy contenta por el caso que nos ha contado de Granada, pero la triste realidad es que las disfunciones y las incidencias en el programa Lexnet son constantes. Tanto es así que creemos que a veces se logra exactamente el objetivo contrario que se pretendía con la ley. La X Legislatura se caracterizó por una abundante normativa destinada a la modernización, pero, desgraciadamente, carente de los medios necesarios para su desarrollo y su puesta en marcha. La triste realidad es que programas destinados a la modernización, a la digitalización y al papel cero, como Lexnet, en muchos casos está consiguiendo el objetivo contrario. Como todos deseamos una justicia rápida, ágil y eficaz, tenemos que ser conscientes de que sin poner los medios necesarios eso no se conseguirá. Desde esa perspectiva, si no voy a obtener respuesta a los temas en materia de personal, que a este grupo parlamentario le preocupan bastante, le pido, ya que lo ha abordado el compareciente, que nos explique cuáles van a ser las medidas adoptadas por el ministerio para solventar los problemas en esta plataforma Lexnet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Barrionuevo.
Le agradezco su presencia hoy ante la Comisión de Justicia, a petición de mi grupo parlamentario, y las clarificadoras explicaciones con respecto al programa 112.A, sección 13, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que acaba de darnos. Me alegro del incremento presupuestario del 7,7 % llevado a cabo por el ministerio, continuando esa tendencia al alza de los últimos tres años, que ha supuesto un 16 %, situando el presupuesto, como bien ha apuntado la secretaria de Estado, en 1700 millones de euros, lo que denota la apuesta del Gobierno por lograr una justicia ágil, eficaz y moderna. Y hablando de modernización de la justicia, nos congratula el esfuerzo que el ministerio está haciendo para que la implantación total de la justicia digital sea una realidad en esta legislatura, realidad que ya se inició hace unos años y que no tiene vuelta atrás.
En el año 2016 -lo ha explicado-, se han llevado a cabo más de 63 millones de notificaciones vía Lexnet, más de 8 millones de presentaciones de escritos de trámite y más de 2 millones de escritos iniciales. Este aumento en los actos de comunicación de forma telemática es consecuencia, como también ha apuntado usted, de las reformas procesales llevadas a cabo por el Partido Popular, ya que a partir del 1 de enero es obligatorio para todos los profesionales de la justicia comunicarse por medios telemáticos y a partir del 1 de enero de 2017, las personas jurídicas deberán comunicarse con la Administración de Justicia a través de la dirección de correo electrónico. Pero para que cualquier reforma legislativa pueda tener una plena implantación es necesario que la misma se dote presupuestariamente y por eso resaltamos que nos alegramos del aumento de más de un 99 % de los fondos destinados a la transformación digital del sistema de justicia, con casi 129 millones de euros, y el incremento del 75 % para el Plan de infraestructuras y equipamiento que contempla el capítulo 6.
Me gustaría conocer cómo han influido las comunicaciones electrónicas en los procedimientos judiciales y si, como consecuencia de estas, se ha producido un acortamiento de los plazos. Sabemos que las dificultades iniciales que se plantearon en el sistema Lexnet fueron debidas en parte a los problemas de interconectividad con los ocho programas de gestión procesal de las diferentes comunidades autónomas; como ocurría en Andalucía, donde a la hora de registrar el NIF -que no deja de ser el ADN del procedimiento- había una disfunción, porque los NIF en Andalucía eran alfanuméricos y los de Lexnet solo numéricos. Somos conscientes de que estas disfunciones se van solventando, hasta el punto de que el 31 de marzo el Consejo General de la Abogacía Española ha desechado la plataforma RedAbogacía de presentación de escritos en favor del sistema Lexnet del ministerio por entender que este es más robusto y fiable. Me gustaría que me indicara si existe algún dato con el que se pueda ver si con las nuevas tecnologías a partir del año 2016 se ha producido un mayor rendimiento de los órganos judiciales desde que se ha implantado la justicia digital.
Como hemos comprobado, en el programa presupuestario 112.A se ha dotado con 1,5 millones de euros al capítulo 7, de inversiones informáticas para financiar el traspaso de las competencias en materia de justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Pero si tan importante es esa dotación presupuestaria para la adquisición de equipos y redes, no menos importante es la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia.
La señora PRESIDENTA: Señor De Barrionuevo, tiene que ir acabando.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Llevo tres minutos cincuenta segundos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Según mi reloj, lleva un poco más y tiene que ir acabando.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Perdón, sigo.
Le voy a hacer otra pregunta. ¿Me podría usted decir qué proceso de formación se ha llevado a cabo por el Ministerio de Justicia para la implantación de la justicia digital en el territorio del ministerio? ¿Cómo valora usted el desarrollo de la implantación de la justicia digital en el territorio del ministerio? Sabemos que recientemente se ha aumentado la capacidad de Lexnet, que ha pasado a 15 megas para los archivos digitalizados que se incorporan a la plataforma. Me gustaría saber si el ministerio tiene previsto seguir trabajando para aumentar la capacidad del sistema Lexnet y, de esta forma, evitar el exceso de cabida que en ocasiones se produce.
Por último, respecto al capítulo 1, de personal, es de agradecer el compromiso del Gobierno de incrementar el 1 % de la retribución de los funcionarios públicos, como ya hizo en el año 2016, sobre todo sabiendo que en el año 2010 hubo una merma del 5 % de media en el sueldo.
La señora PRESIDENTA: Por favor, señor De Barrionuevo, tiene que terminar.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Señora presidenta, con todo el respeto...
La señora PRESIDENTA: Le he dicho que tiene que terminar. ¿Quiere terminar, por favor?
El señor DE BARRIONUEVO GENER: No se preocupe. Acabo, presidenta.
Por todo ello, pido corresponsabilidad a todos los grupos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Estoy seguro de que algo bueno tendrán y que podrán ser mejorados a través del trámite de enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Señor Dorado Picón, ¿quiere, por favor, contestar a las preguntas y no a las otras consideraciones que se hayan hecho?
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Dorado Picón): Gracias, presidenta.
Quiero comenzar contestando a alguna pregunta anterior que le quedó pendiente al secretario de Estado. Se le preguntaba por la ORGA. A día de hoy, la ORGA está gestionando importes por valor de 22 millones de euros, ha destruido más de 200 vehículos y tiene 13 millones de euros en la cuenta de consignaciones. En muy poco tiempo ha dado muestras de una gran robustez y, con los convenios que existen a día de hoy, es capaz de gestionar obras de arte, embarcaciones, vehículos, etcétera. Por tanto, fue una buena decisión la creación de esta oficina que está dando sus frutos.
En cuanto al registro de delincuentes sexuales, a día de hoy hemos emitido casi 2 400 000 certificados, que han evitado aproximadamente 600 casos en los que ha dado positivo ese registro. En cuanto a la oferta de empleo público y a los interinos, se modificará el Real Decreto de selección con el concursooposición que se pondrá en marcha para compaginar los derechos de las personas que están trabajando en la Administración de Justicia y que tiene una experiencia dilatada con los principios de mérito y capacidad de aquellos que vienen de fuera de este mundo y para garantizar la libre concurrencia. Estamos trabajando en ese tema y esperamos que el documento resultante sea suficiente para compadecer estos dos elementos.
El señor Prendes me preguntaba qué vamos a hacer con el dinero y a qué vamos a destinar las distintas partidas. Se lo voy a ir diciendo brevemente. En cuanto a la digitalización de órganos judiciales, pretendemos en nuestra etapa poner en marcha la digitalización de dos salas del Tribunal Supremo. Está previsto que la Sala cuarta comience el día 4 de mayo su puesta en marcha con justicia digital, el sistema de trabajo en digital en todo el ciclo del documento en el Tribunal Supremo. También vamos a poner justicia digital en los territorios de Extremadura, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, excepto Ciudad Real y Toledo. Por lo tanto, serán setenta partidos judiciales y dos salas del Tribunal Supremo. Probablemente, otra sala más en el Tribunal Supremo, seguramente la Sala de lo Civil, también la pondremos en el año 2017. Quiero decirle con esto que en la partida presupuestaria correspondiente a los 35 665 645,17 euros mantendremos el modelo de justicia digital que tenemos actualmente y seguiremos implantándolo para conseguir que cada vez más órganos judiciales estén en un sistema de gestión procesal electrónico total. Esto tiene mucha repercusión porque va a afectar mucho en algunas cuestiones sobre las que me han preguntado. Por ejemplo, me preguntaban si será necesario o no presentar el documento en papel cuando se presenta la demanda. Cuando estamos en un modelo de justicia digital como este ya implantado, como les he dicho antes, las personas jurídicas no necesitan que se les dé la demanda en papel cuando se le ha emplazado por un sistema telemático, cuando se ha remitido la demanda por un sistema telemático. Justicia digital está ya totalmente integrado y lo hacemos así en nuestro territorio. El tema está en el ciudadano que tiene derecho a relacionarse con la Administración de Justicia en papel. Hemos puesto en marcha también la posibilidad de que el ciudadano se dé de alta en la sede electrónica y así nosotros podamos emplazarle cuando tenga un procedimiento ante la justicia, es decir, nos da esa dirección para trabajar con él.
También estamos consiguiendo con este plan de implantación de justicia digital que ya se presenten demandas de procesos monitorios directamente en la sede. El ciudadano o la persona jurídica lo puede presentar directamente -igual que lo presenta el profesional- cuando no se necesita profesional, como en el caso del monitorio. Me refiero, en este caso, a los 35 millones de euros. También querríamos dedicar una parte de esta partida al inicio del desarrollo del sistema de gestión procesal común, del que el ministro ha hablado en alguna ocasión y al que me quisiera referir como el elemento que va a superar el problema de interoperabilidad con el que nos encontramos actualmente. Nuestro sistema de desarrollo digital en la Administración de Justicia va abocado a la interoperabilidad. Cada comunidad autónoma desarrollaba el suyo; algunas comunidades autónomas están agrupadas en torno al sistema del Ministerio de Justicia, pero hay bastantes sistemas de gestión procesal distintos, lo que nos aboca a la interoperabilidad para poder trabajar y para poder remitir documentos electrónicos de un sistema a otro. Eso hasta ahora no era un problema, porque más allá de que se dijera -efectivamente, no se hablaba-, todo se imprimía y el procedimiento estaba en papel. Si un juzgado de Ceuta remitía un asunto a la Audiencia Provincial de Cádiz -que es la competente- y remitía el documento en papel, no había ningún problema. El problema lo tenemos ahora, cuando se trabaja en digital en Ceuta y hay que remitir ese procedimiento digital a la Audiencia Provincial de Cádiz, que trabaja con un sistema de justicia digital distinto. Ese es el problema. Por eso, estamos trabajando en un sistema de integración para que los sistemas informáticos se puedan hablar. Y los casos de Ceuta o de Melilla son los más paradigmáticos, porque son ciudades autónomas cuya competencia en gestión de recursos materiales y humanos corresponde al Ministerio de Justicia pero los tribunales de referencia están en la Comunidad Autónoma andaluza; por mor de la transferencia de justicia, la gestión de medios materiales y personales la lleva la Comunidad Autónoma andaluza. Por tanto, los sistemas son distintos. En unas ciudades autónomas está el Minerva y en otras está el Adriano. Se nos está empezando a revelar como un verdadero problema la interoperabilidad, porque ya van a circular documentos electrónicos. Por eso, hay que superar la interoperabilidad y hay que ir a un sistema de gestión procesal común, donde trabajemos sobre la base de un principio de integración desde el comienzo. No es un sistema único, es un sistema común con principios comunes que nos permiten
trabajar integradamente. Una de las partidas de este capítulo está dedicada a trabajar en el inicio del desarrollo del sistema de gestión postal común. Veremos si nos da tiempo.
En cuanto a la digitalización de fiscalías, hay un pequeño aumento de 6000 euros. En cuanto a consolidación de comunicaciones electrónicas, estamos trabajando con la misma partida presupuestaria. Entendemos que es una partida suficiente para conseguir las comunicaciones electrónicas que actualmente estamos llevando a cabo y que nos están produciendo ahorro. Multiplicando los datos del Ministerio de Economía sobre el ahorro en papel y el electrónico da una cifra muy importante; estamos hablando de ahorros muy significativos, en algunos casos de 28 euros y en otros de 70 euros por comunicación. Mantendremos también la dotación en la misma cuantía en el mantenimiento y evolución del IML y del Instituto Nacional de Toxicología; me refiero aquí a Orfila y al sistema de intercambio de gestión de ADN. Sin embargo, hay una partida de 5 millones de euros para dotar de nuevos equipos de trabajo a estos IML.
En cuanto a la modernización del Siraj, con la partida de 1 900 000 euros vamos a comenzar a trabajar en el Siraj II, un sistema nuevo de registros electrónicos donde también podemos integrar alguna otra funcionalidad. En relación con la transformación digital de puestos de trabajo, aquí hay una dotación adicional de 2 271 000 euros. Vamos a dotar de dispositivos Surface a los letrados, a los fiscales y a los magistrados y jueces para que puedan trabajar tanto en el puesto de trabajo como en su domicilio. La movilidad es importantísima. Cuando hablamos de justicia digital estamos hablando de un parámetro distinto. En la sala de vistas vamos a tener el expediente judicial electrónico en un dispositivo y tendrán que trabajar con las Surface. Cada uno de los integrantes del órgano tendrá el expediente en su Surface y en el mismo expediente podrá trabajar en el visor para hacer una carpeta con los documentos que le hagan falta. El fiscal podrá llevar ahí la carpetilla que llevaba a los juicios para acusar. Los jueces y magistrados podrán llevar ahí el documento que necesiten manejar en ese acto, así como tendrán acceso, por supuesto, al visor del documento completo.
En cuanto al sistema de gestión de personal de la Administración de Justicia, que es el sistema de gerencia, va a haber un incremento de 82 708 euros, correspondiente a la reorganización de equipos. Quizá la partida más importante está en el soporte para la transformación digital, que es una partida de 75 millones de euros, dentro de la cual hay una partida para órganos judiciales de 62 millones de euros y otra para la oficina fiscal, de 2 975 000 euros. ¿Qué vamos a hacer con esta partida? Vamos a robustecer los equipos. Vamos a dotarnos de la mejor tecnología que exista para seguir avanzando en justicia digital y prepararnos para fortalecer los sistemas y llegar al sistema de gestión procesal común. Vamos a dotar de 7 579 000 euros a los CPD de Ocaña y Luis Cabrera, para los servidores y la renovación de estos servidores. Vamos a dotar 17 millones de euros para discos con capacidad de almacenamiento.
Hay que tener en cuenta que estamos ante un proceso por el cual ya no va a haber archivos en los órganos judiciales porque no habrá papel. Hay que almacenar de otra forma y, por tanto, hay que dotarse de instrumentos electrónicos suficientes para que esto se pueda hacer. Vamos a dedicar a esto 17 319 592,34 euros. Vamos a establecer también una plataforma de archivado que permita el almacenamiento de larga duración. Para ello, vamos a dotarlo con 4 808 757,80 euros. Vamos a ampliar y renovar la plataforma de backup, para copias de seguridad de información, con 8 225 040 euros. Estamos hablando de un sistema en el que todo está en digital y hay que copiar esta información. Pues bien, en nuestro modelo de justicia digital cada cinco minutos se produce una copia de lo que se está trabajando en Minerva, de forma que cualquier problema de caída garantiza que lo que se ha trabajado quede guardado. Y queda guardado tanto si es el documento que hasta este momento es borrador como si es el documento ya firmado digitalmente, que pasa a integrar el expediente electrónico. Esto se produce, como digo, cada cinco minutos en nuestro sistema y para eso hay que allegar plataformas como esta de backup.
Vamos a mejorar las plataformas de monitorización de los sistemas y aplicaciones y servicios de mánager, con una dotación de 805 000 euros. Vamos a dedicar 9 557 705,53 euros a servidores especiales en alto rendimiento de aplicaciones críticas, por ejemplo para el Lexnet y para Oracle. También servicio de ingeniería especializada para Oracle, 2 millones de euros, e infraestructuras de comunicaciones, equipos de videoconferencia, cortafuegos, balanceadores, etcétera. Asimismo tenemos una partida de 400 000 euros para aceleradores WAN, para acelerar las comunicaciones, y 1 400 000 euros para cortafuegos. Estamos muy preocupados y muy ocupados en la seguridad y, por ello, estamos allegando recursos para garantizar la seguridad. En cuanto a renovación y mejora de conexiones en sede, vamos a dedicar 1 968 821 euros. Para proteger el correo electrónico vamos a trabajar en el sistema de soporte de ataques externos, con 250 000 euros. También vamos a dedicar 160 000 euros para mejorar videoconferencias, así como para mejorar los wifis, escáneres y salas de vista.
Para equipos de puestos de trabajo vamos a dedicar 6 733 966 euros adicionales. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Vamos a renovar faxes por un importe de 228 000 euros; impresoras departamentales y monopuesto por 1 023 000 euros; adquisición de lectores, grabadoras y DVD externos por 5590 euros; monitores de televisión y proyección por 215 000 euros, y suministro de 9000 equipos de PC y renovación de pantallas obsoletas por valor 5 240 044,96 euros. Es decir, vamos a renovar todo el parque electrónico de la Administración de Justicia para que estemos en condiciones de abordar los retos que nos van a venir de ahora en adelante con equipos robustos y vamos a dedicar también 21 000 euros para certificados y tarjetas criptográficas.
Como ven, señorías, hay una serie de medidas muy importante. No quería olvidar tampoco el millón de euros de un plan específico de estabilización, con nueve medidas para estabilizar los distintos sistemas con los que trabajamos. Somos conscientes de las caídas que hemos tenido, somos conscientes de los problemas que hemos tenido y estamos trabajando para arreglarlos. Cuando comenzamos con Lexnet -y voy a dar de esta forma contestación a alguna de las preguntas-, en el año 2016, teníamos muchos más problemas de los que tenemos ahora, y seguramente dentro de unos años tendremos muchos menos, porque el sistema se va robusteciendo al trabajar con un sistema de prueba-error; pasamos de 5, a 10 y a 15 megas de capacidad, pusimos aceleradores de forma que ya no fuese tan lento, etcétera. Es decir, hoy los problemas de Lexnet están bastante superados.
Se me preguntaba también por la formación. Hay un dato de formación que no quiero dejar pasar. Para poner en marcha la justicia digital hemos hecho 2007 acciones formativas; hemos formado a 9553 alumnos y hemos dedicado 4149 horas para 842 jueces y magistrados, 155 fiscales, 3861 letrados y 8164 funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio. En total, la inversión ha sido de más de 10 millones de euros. Se me preguntaba también por la reforma necesaria. Evidentemente, habrá que arbitrar reformas en las leyes procesales, porque hasta ahora hemos estado trabajando con un sistema de gestión procesal electrónico sobre un sistema, según las leyes procesales, pensado para el papel. Yo creo que cada vez más hay que ir pensando en un sistema de gestión procesal electrónico, en una ley con código procesal electrónico. Hay que llevar a cabo estos temas.
Me preguntaba también por la valoración que me merecen las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta el volumen de personas a las que afecta, el volumen de partidos judiciales y la cantidad de órganos a los que afecta, creo que podemos estar satisfechos de lo que hemos conseguido, sobre todo si lo comparamos con otro dato. Muchas veces se dice que los sistemas digitales producen retrasos, producen demoras, producen mayores tiempos de respuesta, y no es verdad. La información la sacamos de los datos de justicia que proporciona el Consejo General del Poder Judicial. Si nos vamos a los datos que existen en el punto neutro, vemos cómo en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, donde tenemos justicia digital, en los órdenes civil, social y contencioso -vamos a dejar aparte el penal- en el año 2015 ingresaron 344 680 asuntos y se resolvieron 343 721, un menos 0,3 % de lo que entró, pero en el año 2016, que ingresaron 302 976, se resolvieron 322 531, es decir, un 6 % más de la entrada. Esto se refiere a los veintiséis partidos judiciales en los que está implantada la justicia digital. Si nos vamos al orden civil, se han puesto más sentencias en el año 2016 que en el año 2015. Concretamente, en 2015 se pusieron 62 614 sentencias y en 2016 se pusieron 67 931. Quiero decir con esto que ya se están produciendo beneficios, porque los procedimientos van más rápido, pero sobre todo se está produciendo algo que es muy importante, que es mucha seguridad en la trazabilidad de los expedientes, en saber cómo está cada expediente. Al final, el ciudadano tiene la capacidad de preguntar cómo va lo suyo, de saber qué está pasando, cómo está su procedimiento. Todo esto es muy beneficioso y merece, como decía al principio, un enorme esfuerzo por parte de todos los que aquí trabajamos. Evidentemente, cualquier sistema de modernización es muy difícil. Ustedes saben que cualquier cambio en una organización es difícil, pero vale la pena, porque el ciudadano se merece el mejor de nuestros esfuerzos, como decía antes. Desde el punto de vista presupuestario se ha hecho ese esfuerzo, y se lo pediría también al resto de los colectivos que trabajan en la Administración de Justicia, para que el ciudadano tenga esa justicia ágil, eficaz, eficiente, más segura, más transparente y más cercana,
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Dorado.

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 artículo 23
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