Source: https://prismaoaxaca.com/2019/06/07/otro-7-de-junio-sin-celebrar-nada-el-periodismo-mexicano-en-la-agonia-de-la-violencia-y-la-autocensura/
Timestamp: 2020-04-10 02:58:05+00:00

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J. Jesús Lemus/ Zenzontle400.com
En el marco de la celebración del Dia de la Libertad de Expresión, en México no hay mucho que celebrar: el periodismo se sigue sumiendo en la mudez. La violencia desatada contra los comunicadores y medios de comunicación independientes ha provocado que la mancha del silencio se expanda por todo el territorio nacional.
Cada vez son más los comunicadores que, para preservar su vida, optan por la autocensura y a veces por la complicidad de la corrupción, sea del crimen organizado o de las propias estructuras de gobierno, donde ahora el propio presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador también se alza como un silenciador, al desacreditar a los periodistas que le son críticos.
La autocensura que va en aumento en el periodismo mexicano, es también una suerte de siniestra paradoja: para seguir en esta profesión, decenas, cientos de periodistas se han tenido que alejar de la libertad de expresión. Han dejado de lado la labor periodística para ejercer un “periodismo” entrecomillado por el miedo y la inseguridad que amenaza con seguir creciendo.
En México los signos del abandono de la seguridad de los periodistas son cada vez más evidentes, ya no solo por la reducción del presupuesto federal para los mecanismos federal y locales que se encargan de velar por l integridad de los comunicadores, sino por la propia estrategia de comunicación del gobierno federal que ahora ve en la prensa independiente, un enemigo a silenciar.
A la fecha se estima que existen al menos 23 regiones en 12 estados del país donde el periodismo se ha quedado quieto. Son zonas en donde los trabajadores de la comunicación están más preocupados por su seguridad personal que por la calidad de sus trabajos de investigación.
La situación que más preocupa a las principales organizaciones defensoras de los derechos de periodistas es precisamente el silencio de la prensa, ante la violencia generada contra los propios comunicadores, un hecho que se observa como el principal riesgo para la libertad de expresión.
Y es que, de acuerdo RSF, en nuestro país no sólo existen regiones donde la voz de los periodistas se ha dejado de escuchar, sino que otras más ya se perfilan hacia esa misma condición como resultado de las agresiones, amenazas, asesinatos y de la impunidad.
Los estados en donde a la fecha se registran zonas que incluyen de dos a ocho municipios que han dejado de tener periodismo de denuncia son: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Baja California Sur y Puebla, en donde los índices de violencia registrados, no sólo contra los periodistas sino contra activistas de derechos humanos, son los más elevados de los últimos 10 años.
A la fecha, de acuerdo a los datos que aportan las organizaciones defensoras de los derechos de periodistas, se estima que son ya 173 los municipios que no cuentan con prensa informativa de denuncia. Sólo tienen medios y periodistas que cumplen con la difusión de comunicados oficiales, acciones de gobierno y/o información sin trascendencia.
¿El Estado Hace su Tarea?
Sin llamarlas zonas de silencio, fuentes de la coordinadora ejecutiva del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, reconocen que en México existe un problema por los ataques a la libertad de expresión. Incluso reconocen que algunos de esos ataques vienen del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Funcionario del mecanismo de la Secretaría de Gobernación consultados por Zenzontle400, que habar a reserva del anonimato, dijeron que aun cuando el Estado realiza su trabajo en la protección de periodistas, existe actores del propio Estado que atentan contra el trabajo y la seguridad de los comunicadores, haciendo incrementar cantidad de personas que a la fecha son protegidas.
Los estados más vulnerados por esos agravios son Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa donde, según se dijo, se han asentado las agresiones a periodistas que ahora inhiben el trabajo informativo y que hacen que el ejercicio sea considerado como una actividad de muy alto riesgo en nuestro país.
Sin embargo, dentro del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación existe la convicción de que el Estado está realizando su trabajo en la materia y la prueba es la elevada cantidad de personas que a la fecha son protegidas para que puedan cumplir con su labor, tanto periodística como en el tema de la defensa de los derechos humanos.
Al día de hoy, el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos cuenta con un padrón de 732 personas que tienen medidas de seguridad personal. De todos los protegidos por el Estado, por lo menos el 53 por ciento de ellos son periodistas a los que se les han instaurado diversas medidas para que puedan cumplir con su labor.
El mecanismo, cuenta con la estructura y los recursos para garantizar el libre ejercicio del periodismo en México, pero eso no se refleja en la realidad, pues la mayor parte de los recursos de esta dependencia se gastan en la operatividad de los funcionarios que deben tener a su cargo los programas de seguridad para los periodistas.
El gasto por la protección a periodistas que hace el gobierno federal a la fecha representa en términos reales un promedio mensual que oscila entre los 16 y 19 millones de pesos, lo que se invierten en medidas de protección a los comunicadores, pero el gasto de operatividad del propio mecanismo de protección asciende a más de 35 millones de pesos mensuales.
En ese sentido, funcionarios reconocen que el mecanismo ha tenido que enfrentar con trabajo la falta de confianza que algunos periodistas han tenido sobre el organismo. Para encarar esta desconfianza –se reconoció- se ha flexibilizado el criterio de ingreso a las medidas de protección, lo que ha hecho que periodistas que han recibido un empujón, sean igualmente protegidos como los que están en riesgo real de muerte.
En lo que va del 2019, el número de solicitudes de medidas cautelares ha crecido en un más de un 12 por ciento, lo que de alguna forma contribuye al sostenimiento del periodismo, donde se cuenta con el respaldo de los únicos dos mecanismos locales de protección a periodistas que funcionan en el país, el de la Ciudad de México y el del estado de Veracruz.
A la fecha, el mecanismo federal de protección a periodistas reconoce el asesinato de siete comunicadores en lo que va del 2019, pero también establece que solo dos de los periodistas asesinados al día de hoy contaban con medidas de protección del Gobierno federal.
Los único periodista asesinados en lo que va de este año que contaban con medidas de protección del mecanismo eran Francisco Romero Díaz, asesinado en Playa del Carmen Quintana Roo, el 16 de mayo, y Rafael Murúa Manríquez, secuestrado y asesinado en Santa Rosalía, Baja California Sur el 20 de enero de este mismo año.
La violencia en Tamaulipas no sólo ha provocado que la mayoría de los periodistas dejen de realizar textos de denuncia o trabajos de investigación. También ha fomentado un periodismo carente de la información acorde a la realidad existente. De todas las regiones en donde el miedo ha silenciado a la prensa local, la que manifiesta una mayor singularidad es la de Tamaulipas, reconoce la organización Artículo 19 a través del Julio César Colín.
En este estado muchas localidades han dejado de contar con una prensa denunciante, y la que tienen brinda información que no va acorde a la realidad existente. “Lo que sucede en Tamaulipas es preocupante por el efecto silenciador que han logrado las amenazas del crimen organizado y la coerción de los gobiernos locales”, detalla el politólogo, integrante del equipo de protección y defensa de Artículo 19.
El silencio es la única salida que observan los periodistas en Tamaulipas, dijo Hootsen, frente a la incapacidad del Estado mexicano para abatir a la delincuencia y acabar con los altos niveles de impunidad. En el estado las autoridades se han mostrado incapaces de brindar medidas de seguridad para que los comunicadores ejerzan su labor con la certeza de que nada les sucederá, dijo.
De acuerdo a Julio César Colín, pese a tener uno de los mayores índices de violencia esta entidad es también la que registra el menor número de denuncias de agresiones. Las cifras de Artículo 19 señalan que durante el primer trimestre del 2019 en el estado de Tamaulipas se interpusieron solamente 15 denuncias de agresiones a comunicadores.
Sin embargo, esa cifra es notablemente baja si se compara con el índice de agresiones a periodistas registrado en la Ciudad de México y Veracruz, donde cada una suma 27 y 38 agresiones, respectivamente
Sólo en Colima, en donde las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que los índices delictivos fueron al alza durante el primer trimestre del 2019, Artículo 19 registró únicamente cinco denuncias de agravios a periodistas. En Nayarit, donde también la violencia se ha desbordado, los comunicadores denunciaron solamente cinco agresiones.
El elevado número de ataques a periodistas por parte de funcionarios públicos demuestra los elevados niveles de corrupción e impunidad que reinan entre grupos delincuenciales y autoridades de gobierno.
De todos los periodistas agredidos que contabiliza Artículo 19 hasta junio de ese año (276), 195 son reporteros, 64 son reporteras y 17 son periodistas gráficos de uno u otro sexo; de todos los que denunciaron su agresión, 132 cubrían temas de corrupción y política, 23 de derechos humanos, 37 de protestas y movimientos sociales, uno el sector privado, 80 el tema de seguridad y justicia y tres el de territorio.
Las 10 entidades más violentas para la prensa en el país, según Artículo 19, son Veracruz, CDMX, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Guanajuato
La agresión a periodistas ha permanecido como una constante a lo largo de los últimos 14 años, sin embargo, el 2019 se perfila para ser el más violento en la historia del país.
El asesinato de periodistas registra el índice más elevado en toda la historia del país para los primeros cinco meses del año, con siete homicidios registrados faltando todavía más de siete meses para que concluya este año.
El asesinato más reciente, el de Francisco Romero Díaz, en Playa del Carmen muestra también la inoperatividad de la Fiscalía General de la República (FGR), pues a casi un mes de esa ejecución las investigaciones se encuentran empantanadas
“Es el Estado mexicano el que debe intervenir en forma inmediata para garantizar mejores condiciones de seguridad para el periodismo”, remarcó.Un hecho que sólo puede suceder, insistió, restableciendo el Estado de Derecho.
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