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Timestamp: 2020-06-03 14:15:17+00:00

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El Caso Del Rio Atuel Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos (SCOVENNA) | Naciones Unidas | Política internacional | Kostenlose 30-Tage-Testversion | Scribd
El Caso Del Rio Atuel Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos (SCOVENNA)
El Caso Del Rio Atuel Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos
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EL CASO DEL RÍO ATUEL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 EL DERECHO HUMANO AL AGUA
 EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
 LA DESERTIFICACIÓN
 EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO
 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DERECHOS HUMANOS
 NUEVOS PARADIGMAS CONSTITUCIONALES
Juan Carlos Scovenna
Abogado – Diputado provincial
A. El presente documento señala:
1. Que mediante la Resolución 64/292 De Las
Naciones Unidas, se reconoció al agua como un Derecho Humano esencial y al desarrollo Sustentable. Esta misma cuestión fue posteriormente tratada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el que, en la sesión del 30 de septiembre de 2010, dictó la Resolución nº 15/9 estableciendo “que el derecho humano al agua
potable…se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana”.
2. Que la provincia de Mendoza, en virtud del
corte del río Atuel, el que fuera declarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como Río Interprovincial y el no cumplimiento por su parte de la resolución nº 50/47, ha incurrido en:
2-1: una clara violación a los derechos humanos de los pampeanos, en especial a los habitantes de la ribera del Río Atuel y de los bañados que formaba el mismo en su ingreso y en todo su recorrido por el territorio pampeano, al haberlos privado en forma ilegítima y arbitraria al “acceso al agua potable”, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de las actividades agrícolas;
2-2: la desertificación de una vasta porción del territorio pampeano, también debe ser considerada como una violación al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, conforme lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 41;
forzado” de personas y familias que vivían en las zonas circundantes al
curso del río Atuel y sus bañados, lo que también constituye una clara violación de los derechos humanos.
“desplazamiento
B. El presente documento propone:
1. Se otorgue intervención a la Fiscalía de Estado
de la provincia de La Pampa a los fines de que analice el inicio de las acciones judiciales pertinentes, que sean tendientes a la denuncia de las señaladas violaciones a los derechos humanos y al cese de los actos o
hechos causantes.
2. Se ponga en conocimiento, mediante la entrega
de la copia íntegra de esta presentación y los agregados que la Secretaría
de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa considere menester, al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, con el propósito que
indague la posible incorporación al Plan Nacional de Derechos Humanos, la problemática de la violación a los Derechos Humanos planteada en el presente, en especial lo referido al Desplazamiento Forzado:
3. Analice la Secretaría de Derechos Humanos de
la provincia, la implementación de un programa provincial de Derechos Humanos respecto de toda esta cuestión, recabándose los informes, testimonios y estudios que sean menester. Se solicite el agregado de los estudios y análisis históricos que hacen a la cuestión del Río Atuel, en particular los trabajos sobre cuantificación del daño ambiental que lleva a cabo la Universidad Nacional de La Pampa, en virtud del convenio suscripto con el Poder Ejecutivo de la provincia – Secretaría de Recursos Hídricos-.
4.- Se examine la factibilidad de informar esta situación violatoria de los derechos humanos a la “Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, a los fines de que incluya en su informe Anual ante la Asamblea General de ese organismo y su “Consejo de Derechos Humanos”.
5. Se formulen las reservas correspondientes para
que, agotada la vía interna en el orden jurídico nacional, acuda la Provincia de La Pampa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando la condena a la provincia de Mendoza por las vejaciones y la reparación de los daños ocasionados.
6. Se informe por las vías pertinentes a las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos de nuestra provincia y a las que se encuentran vinculadas al tema hídrico y la lucha por los derechos pampeanos sobre el río Atuel, otorgándoseles, a los fines de su colaboración, la intervención necesaria a tal fin.
7.- Se instrumenten campañas de:
7-1: concientización a nivel de la enseñanza en escuelas primarias y secundarias de nuestra provincia, sobre la base de la
violación a los derechos humanos por parte de la provincia de Mendoza.
7-2: se formalicen contactos con la diversas ONGs., tanto nacionales como internacionales, que trabajan en materia de derechos humanos, a los efectos de poner en conocimiento la presente cuestión violatoria de los DD.HH.
7-3: se realicen campañas de esclarecimiento a
nivel: provincial, nacional e internacional, en la que explícitamente se
plantee la cuestión de que el consumo de cualquier producto o bebida
producida en Mendoza, contribuye a que se continúe con el grave
proceso de desertificación que padece nuestra provincia.
Quienes desconozcan la historia del río Atuel”, es imperioso que comiencen la lectura de este documento por Anexos, dado que allí se transcribe “El caso del Río Atuel” (*) . Escrito por el Prof. Walter Cazenave, el trabajo fué realizado a los fines de la presentación que la Fundación Chadileuvú (FUCHAD), formalizó ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, como un paso más en su lucha por el retorno de ese río al territorio pampeano. Se ilustra allí con claridad tanto la geomorfología del río llamado sucesivamente “Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó”, y el de su afluente más meridional, el río Atuel, como así también la historia del despojo. Puede recurrirse a la página web de la Fundación Chadileuvú (F:U:C:H:A:D), donde se encontrarán interesantes relatos, como las del Profesor Raúl Hernández, de modo de colocarse en situación de poseer una mayor claridad, para luego comprender lo que en este documento se propone.
Wardo Mohamed Yusuf, una madre Somalí de apenas de 29 años, partió de su aldea un día del año 2011 intentando escaparle a la miseria. Su destino, Kenia. Llevaba con ella a su hija de un año en la espalda y al varón de cuatro años asido a su mano. El pequeño desfalleció en el camino por el calor, a pesar de sus intentos de reanimarlo echándole agua en la cabeza. Él no pudo reaccionar. Wardo buscó ayuda y nadie se detuvo entre los que seguían el mismo camino. Se vio entonces obligada a elegir: morir todos o salvarse dos. “Finalmente
decidí dejarlo atrás, en el camino y al amparo de Dios”, dijo Wardo al
llegar al campamento de refugiados en Dadaab, Kenia. “Estoy segura de
que él está vivo, me lo dice el corazón. Me despierto por las noches y pienso en él. Me siento aterrorizada cuando veo a un niño de su edad”,
Este es un ejemplo atroz y extremo de todo lo que sucede en tiempos en los que comunidades enteras, se ven coaccionadas a desplazarse forzadamente de sus lugares de origen. Para nosotros son sólo simples - aunque abrumadoras – noticias, que nos llegan desde la lejana y doliente Somalía. Sin embargo aquí, en nuestra propia tierra, décadas tras décadas vienen sucediéndose historias de desplazamientos forzados, sin que ninguna noticia nos llegue de pronto a golpear nuestras conciencias, de forma tan brutal como la de Wardo.
Salustiano Suárez vivía en su puesto “La Cautiva”, Limay Mahüida, cuando un día del año 2004 una partida judicial y policial lo echó junto a su familia y con sus pocas pertenencias. Lo dejaron allí, en medio del desierto, viviendo debajo de unas chapas. Noventa años de posesión detentaba sobre la tierra. Los setenta años que llevaba a cuestas y veinte de sus padres. Su puesto está junto a uno de los bañados del río Salado o Chadileuvú. Después de recuperar su tierra, pudo ver cómo el agua desaparecía del bañado y se quedaba sin fuentes de agua. La subsistencia le es ya casi imposible. Unas diez leguas más al norte, en Paso Maroma, a escasos metros del cauce del río Atuel, vive desde toda su vida Silvestre Pinedo Calfuán. También sus padres, ya fallecidos, vivieron allí. En el año 2005, las topadoras entraron al campo que poseyó toda su vida y en donde el gobierno de la provincia de La Pampa le había construído una casa, junto a su viejo rancho de chorizo. Pretendían despojarlo de la tierra. Por fortuna no pudieron. Del agua ya había sido despojado antes de nacer. Eso ocurrió en vida de sus padres, quienes pudieron ver cómo el río Atuel desaparecía para siempre. A una escasa legua, Mercedes Badal, vive sola en su humilde rancho que ella torna acogedor. Nació allí, en el mismo lugar donde vivieron toda la vida, sus padres. En el año 2004 pretendieron despojarla de la tierra pero pudo resistir hasta ahora. Ella no tuvo la suerte de Silvestre. Nadie le construyó una nueva casa. El lecho seco del río Atuel está a sólo escasos metros de su rancho. Antes de nacer ella, el río había dejado de correr.
Cuando la provincia de Mendoza recibe abundantes lluvias y nieve, abre las compuertas de Los Nihüiles sin aviso previo. Entonces las aguas corren abundantes. Ocurre así que los puestos de Mercedes y Silvestre quedan aislados. Ello sucede muy de vez en cuando, normalmente en los peores meses de invierno. Entonces sus pocos animales se pierden en los bañados. Las dulces aguas del Atuel ya han desaparecido y el desierto les ha ganado la batalla. Todos ellos para poder subsistir deben abastecerse de las escasas aguas de las lluvias. También, de vez en vez, reciben el camión con el tanque de agua que los aprovisiona para unos pocos días.
Estos son simples ejemplos de lo que padecen las decenas de las pocas familias originarias que van quedando en el oeste pampeano.
Allí, donde el río Atuel y el Salado o Chadileuvú formaban extensos bañados, la vida se manifestaba en toda su plenitud, forjando digna la vida del hombre que podía recoger sus frutos y criar sus animales. En fin, ese lugar donde existía lo que llamamos una rica biodiversidad, hoy está casi convertido en un desierto. Todo parece indicar que puede no existir retorno. Y ello no ha sido producto de un desastre provocado por la naturaleza. Lo hemos causado nosotros, los seres humanos.
Por todos esos paisanos y paisanas sufrientes, para quienes hemos intentado distintas formas posibles para ayudarlos en su
resistencia. A ellos van dedicadas estas páginas, pues sus derechos no pueden ser violados con tanta impunidad.
“Cuando las generaciones futuras se enfrenten a la tragedia de un planeta devastado…. van a preguntar: ¿por qué no detuvieron todo esto cuando estaban a tiempo de hacerlo?”
1. EL AGUA COMO DERECHO HUMANO ESENCIAL
1-1: Antecedentes:
El agua cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta y principalmente está localizada en los océanos. Allí se encuentra el 96,5% del agua total, mientras que en los glaciares y casquetes polares sólo poseen el 1,74%. El resto se encuentra en los depósitos subterráneos, los permafrost y glaciares continentales tienen el 1,72%. El restante 0,04 en orden decreciente se reparte entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.
Todos comprendemos, sin que sea necesaria ninguna explicación, que el agua es un bien esencial sin el cual la vida se torna imposible; se habla de la crisis del agua en el mundo, de las graves consecuencias que se producen por su carencia y las aún mucho peores que se producirán en el futuro, incluso guerras. (1)
No obstante que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que en su artículo 3 señala que “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”; que además en el artículo 30 estipula que “Nada en esta
Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”,
los derechos humanos no serán a partir de entonces de goce efectivo, por el sólo hecho de existir esta Declaración Universal.
Es preciso comprender que esta legalidad de carácter supranacional, es la que sirve de base para que los seres humanos posean un acervo o activo de legitimidad que se encuentra por encima de los Estados, grupos o personas, para lograr concretar los derechos allí consagrados.
Por ello es posible entender – y sólo por ello - cómo hasta hace poco tiempo, siendo el agua tan vital para la vida humana, haya sido menester que, para poder considerarla como un derecho humano esencial, al no estar ella explicitada en forma concreta como Derecho Humano en aquella Declaración Universal, fuese preciso realizar interpretaciones a la misma.
Debía para ello emprenderse una interpretación a partir del análisis de los derechos allí consagrados, especialmente el derecho a una vida digna, para entonces concluir que el agua, como derecho Humano esencial, se encontraba establecido en forma implícita en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en tanto en el mismo se establece que “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure…,la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.
Analizando este artículo – nos dice Juan Manuel
Picolotti (2) “…es obvio que debemos interpretar que el derecho al acceso al agua potable se encuentra implícito dentro de este derecho ya que es imposible lograr una vida digna si no tenemos acceso a este elemento vital”.
Este mismo autor señalaba que “el reconocimiento explícito sobre la temática llega con la Convención de los Derechos del Niño, cuando en su artículo 24 reconoce: 1. “…el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud…” y 2. “…Los estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular, adoptarán las medidas apropiadas para…c) combatir las enfermedades y la malnutrición a través…el suministro de alimentos adecuados y agua
potable, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del
Este artículo, señala el mismo autor “…es de suma
importancia ya que reconoce explícitamente el vínculo entre los recursos naturales, el ambiente y la salud del niño, además de incorporar por primera vez en una convención el acceso al agua potable como un
suministro (derecho) esencial para la realización de otros derechos en
este caso el derecho a la salud”.
Internacional que reconoce expresamente este derecho y que es La
contra la mujer, ya que en el artículo 14, párrafo 2, apartado h) establece
que “Los Estados partes asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de…el abastecimiento de agua”.
También afirma Picolotti en su obra que “El último trabajo realizado por Naciones Unidas en materia de agua y derechos humanos es un documento realizado a través del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Y que consiste en “…una observación
general que se realizó a los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales durante el 29 período de sesiones, Ginebra, 11 al 29 de noviembre de 2002. Este documento es de suma importancia, primero por ser el primer precedente de tipo legal emitido por un organismo internacional y que en este caso tiene valor de
interpretar el pacto”.
Algunas de las conclusiones de este Comité: “…2.
El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. “…6. El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse un medio de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural).” (3)
En el apartado “El agua y los derechos del Pacto” se
estableció que: “7. El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada (véase la Observación general Nº 12 (1997). Debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres,
tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia y de irrigación. Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo "de sus propios medios de subsistencia", los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas”.
1-2. Resolución 64/292 De Las Naciones Unidas.
Ahora bien; transcurrido el tiempo, fue menester que las mismas Naciones Unidas y a los efectos de aventar cualquier duda al respecto, en la 108ª sesión plenaria de ese órgano realizada el 28 de julio de 2010, mediante la Resolución 64/292 reconoció en forma expresa el derecho humano al agua y el saneamiento.
De modo tal que, las interesantes interpretaciones que hacían los defensores y estudiosos de los Derechos Humanos, para, entre otras cosas, obligar a los Estados a hacerse cargo de las problemáticas que plantean la escasez o carencia de agua, se volvieron abstractas por el directo reconocimiento de Naciones Unidas.
Esta Resolución de la ONU estableció:
1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;
3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a la experta independiente sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento que presente un informe anual a la Asamblea General, y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en todos los aspectos de su mandato y a que, en consulta con todos los organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que le presente en el sexagésimo sexto período de sesiones las principales dificultades relacionadas con el ejercicio del derecho humano al agua potable y el saneamiento y su efecto en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Entre las consideraciones que la Asamblea General tuvo en miras al dictar esta importante Resolución, es posible destacar las siguientes:
“Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos;
Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención”.
Podemos observar cómo se pone de relieve la necesidad de que el agua sea compartida en forma “equitativa como
componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos”, y la “responsabilidad de los Estados de promover y proteger los derechos
humanos”, los que
interdependientes”.
“indivisibles
Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la sesión del 30 de septiembre de 2010, dictó la Resolución nº 15/9 - Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento -, estableciendo en el punto 3 que ese organismo “Afirma
que el derecho humana al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana”.
A su vez en el punto 8 “Exhorta a los Estados a que: a) Cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos en todos sus procesos de trabajo, en especial dedicándose activamente, junto con el Estado y otros interesados, a detectar posibles
paliarlos”;
De este modo, a partir del dictado de ambas Resoluciones, han quedado absolutamente disipadas cualquier tipo de dudas o interpretaciones caprichosas sobre si el agua, esencial a la vida, es un Derecho Humano reconocido explícitamente en el Derecho Internacional.
2. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LOS DERECHOS HUMANOS. 2-1. Introducción.
El desplazamiento o migración forzada de personas o grupos de personas, cuando esto ocurría dentro de las propias
fronteras de un Estado Nacional, no era una cuestión menor ni desconocida en el mundo.
Sin embargo Naciones Unidas sólo había prestado especial atención a los “Desplazados o Refugiados” cuando éstos traspasaban las fronteras nacionales.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados no se aplicaba a los desplazados internos y éstos quedaban a merced de lo que cada gobierno dispusiese.
Tampoco tenían punto de referencia las Organizaciones No Gubernamentales que se dedicaban a la ayuda de carácter humanitario, para la implementación de las mismas a favor de quienes se encontraban en esta situación de gran vulnerabilidad.
Por ello se comenzó a reclamar un documento internacional que definiera los derechos de los desplazados o migrantes forzados internos y las obligaciones de los gobiernos nacionales para con ellos.
“Las migraciones y los
desplazamientos forzados constituyen uno de los mayores retos de los
albores del siglo XXI. Hemos querido hacer un aporte al análisis de esta
problemática que se agrava y se profundiza día a día, hacer un llamado de atención a su importancia y el riesgo que supone para la seguridad humana la invisibilización de este fenómeno. Esperamos que ante la transformación de nuestro mundo no sean la miseria, la exclusión, la indiferencia y la desigualdad las que prevalezcan en la era de la globalización”. (4)
2-2. Los denominados Principios Deng.
Estos Principios (5) fueron preparados por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, señor Francis Deng, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y les fueron presentados a la misma en el año 1998.
Es así como entonces los llamados Principios Deng se constituyeron en las primeras normas internacionales para personas internamente desplazadas.
personas internamente desplazadas y las obligaciones que los gobiernos y otros actores de la vida civil que tienen responsabilidades hacia aquellas.
“Principios” establecen
Abarcan todas las etapas del desplazamiento, incluyendo la protección contra desplazamientos arbitrarios, protección y
asistencia durante los desplazamientos y durante el retorno o reasentamiento y la reintegración.
Posteriormente la “Guía”, que fuera desarrollada para poner en práctica los aquellos “Principios”, será publicada en sus inicios en Inglés por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Proyecto sobre Desplazamiento Interno del Instituto Brookings, en 1999. Esta Guía otorga orientación práctica al personal de campo sobre cómo debe procederse en favor de las personas desplazadas.
La estrecha relación entre la situación de los desplazamientos forzados y los derechos humanos, había quedado muy claramente explicitada en las Declaraciones y Recomendaciones efectuadas en el marco de la “Declaración de San José sobre refugiados y Personas Desplazadas” - Adopción de Conclusiones y recomendaciones -, en la conferencia celebrada en San José de Costa Rica, el 7 de diciembre de 1994.
Allí se había establecido como Conclusión en la cláusula Décimosexta que era necesario: “Afirmar que la problemática de
los desplazados internos, no obstante ser fundamentalmente responsabilidad de los Estados de los que son nacionales, constituye también objeto de preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un tema de derechos humanos que puede estar relacionado
con la prevención de las causas que originan los flujos de refugiados. En
(a) la aplicación de las normas de derechos humanos y, en su caso, del Derecho Internacional Humanitario así como, por analogía, algunos principios pertinentes del Derecho de Refugiados, como el de no devolución; (b) el reconocimiento del carácter civil de las poblaciones desplazadas y la naturaleza humanitaria y apolítica del tratamiento que les corresponde; (c) el acceso a protección efectiva por parte de las autoridades nacionales y a la asistencia indispensable, contando con el apoyo de la comunidad internacional; (d) la atención a los derechos que son esenciales para su supervivencia, seguridad y dignidad, y otros derechos tales como: la documentación adecuada, la propiedad de sus tierras, otros bienes y la libertad de movimiento, incluyendo la naturaleza voluntaria del retorno; y (e) la posibilidad de lograr una solución digna y segura a su situación de desplazamiento.
2-3. Concepto de Desplazamiento Forzado.
En los “Principios Rectores de los desplazados
Internos”, punto 2, se define a éstos de la siguiente manera:
“A los efectos de éstos Principios, se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado la frontera estatal
internacionalmente reconocida”.
Para arribar a esta definición fue necesario un amplio debate en la Comisión que tuvo a su cargo la redacción, puesto que algunos miembros sostenían que sólo debía aplicarse a las personas afectadas por los conflictos armados o persecuciones políticas, en una palabra, a aquellos que habían sido afectados por la violencia.
Sin embargo, otros participantes de la redacción
afirmaban que también debían considerarse
como personas afectadas, a
violentados sus derechos humanos y su seguridad.
En la Sección II, Principio 5 se estableció que “Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar un desplazamiento de personas.
En el Principio 6 se establece que: “La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos:…d) en caso de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación.
Como se puede observar, es recién a partir de la sanción de estos principios por Naciones Unidas, que los desplazamientos forzados de personas o grupos de personas gozan de protección internacional, en virtud de que se ha considerado la especial situación que plantea la violación de los derechos humanos de los desplazados forzosos internos.
“Hablar de desplazamiento humano es hablar de desarraigo, de la pérdida de los vínculos que ligan a un individuo con la comunidad (escuela, iglesia, partido político, sindicato, asociación deportiva, etc.), y a la falta de pertenencia al nuevo territorio, lo cual dificulta la participación en los procesos de integración social, económica y política” (6)
2-4. Recomendaciones para organismos de Derechos Humanos.
En el “Seminario Regional sobre Desplazamiento Interno en América”, realizado en ciudad de MÉXICO, entre los días 18 al 20 de febrero 2004 y que fuera copatrocinado por el Gobierno de
México - Secretaría de Relaciones Exteriores -, La Oficina del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para las Personas Internamente Desplazadas y El Proyecto de la Institución Brookings-Universidad de Johns Hopkins SAIS sobre Desplazamiento Interno, entre otras cuestiones se destacó:
“Las instituciones nacionales de derechos humanos -establecidas por los gobiernos pero cuasi-autónomas- podrían hacer una valiosa contribución a los esfuerzos nacionales para promover y proteger los derechos de las personas internamente desplazadas. De hecho, las instituciones nacionales en América se han vuelto cada vez más activas con relación a los desplazados internos. Por ejemplo, los ponentes describieron los esfuerzos de las instituciones nacionales en Colombia y Perú que han sido particularmente importantes para las comunidades desplazadas. Sobre todo, se identificaron cuatro funciones para las instituciones nacionales de derechos humanos:
1. Impulsar el conocimiento y educación en
derechos humanos, en particular entre las autoridades nacionales y
locales, la policía y el ejército.
3. Monitorear el cumplimiento del Gobierno de la legislación nacional y las obligaciones de los acuerdos internacionales relacionados con los desplazados.
4. Investigar quejas individuales de las personas internamente desplazadas.
“Se informó – además - que las instituciones nacionales en América consideran a los Principios Rectores como una herramienta útil para comprender el desplazamiento interno desde una perspectiva de derechos humanos, creando indicadores de las necesidades de las personas internamente desplazadas y ayudando a moldear la respuesta de las autoridades. En particular, los Principios han sido valiosos para las instituciones nacionales para monitorear los retornos y han servido como herramientas de seguimiento para reforzar la política pública.”
Los participantes sostuvieron que las instituciones nacionales en América han ampliado sus actividades. En particular, juegan un papel más grande en promover la efectividad de los sistemas de alerta temprana abogando por respuestas oportunas y efectivas de los gobiernos y monitoreando después estas respuestas. Las instituciones nacionales fueron instadas a incrementar su presencia y ampliar su apoyo en zonas de riesgo de desplazamiento.
Los participantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para apoyar a las instituciones nacionales financiera y políticamente y proveer asistencia técnica cuando sea necesario para incrementar su capacidad y ayudarlas a garantizar su independencia.” (7)
2-5. El desplazamiento forzado en la provincia de La Pampa.
En nuestra provincia durante el transcurso del siglo XX y principios del presente, se han producido dos desplazamientos forzados.
a.- El primero se produce debido al grave proceso de desertificación territorial y la carencia de agua potable.
Este ha sido producido por una catástrofe natural en cuyo origen ha estado muy clara la participación del Estado. Corte de los tres brazos del Río Atuel que ingresaban en La Pampa y la construcción del dique Los Nihüiles en territorio Mendocino e incumplimiento por parte de la provincia de Mendoza de la Resolución nº 50/49 de la Secretaría de Energía de la Nación. (8) El Río Atuel es claramente un recurso natural compartido, del que se ha apropiado en su totalidad y de forma ilegítima, la provincia de Mendoza.
b.- El segundo desplazamiento forzado comenzó a gestarse a finales del siglo XX y continúa hasta nuestros días: En este caso, el desplazamiento forzado contiene elementos novedosos, ya que la violencia que se ejerce es sutil y en la mayoría de los casos se produce por la apropiación territorial sobre la base de los títulos de propiedad que se hacen valer a grupos de familias, que en muchos caso poseyeron en forma pública, pacífica e ininterrumpida, la posesión de tierras abandonadas o jamás ocupadas por los titulares, pero que son convalidados por fallos judiciales y ante la inacción del Estado para disponer de su protección. Estos desplazamientos forzados ocurridos en territorio provincial, se encuentran íntimamente relacionados por dos razones fundamentales a considerar:
a) afectaron a grupos humanos que en muchos casos pertenecían a los pueblos originarios;
b) la zona afectada por estos desplazamientos es la misma en los dos supuestos, en tanto se produjeron en el oeste de nuestra provincia.
2.6. El primer desplazamiento Forzado:
El proceso de desertificación:
La construcción de la represa Los Nihüiles (1947) trajo funestas consecuencias para la provincia de La Pampa. Pese a los reclamos formalizados ha debido soportar a partir de la mitad del siglo XX la supresión definitiva del curso natural del Río Atuel, con consecuencias devastadoras no sólo para el medio ambiente, sino a los derechos humanos de quienes habitaban y habitan aún la zona.
Se ocasiona a raíz de ello un gran desplazamiento forzado, que comenzó a principios del siglo XX y adquirió dramática ferocidad, cuando en el año 1947 se culminó la construcción de “Los Nihüiles” en territorio mendocino.
obligadas a migrar forzadamente, proceso que continúa hasta el presente.
Sobre una población censada en 1947, que arrojaba un total de 169.480 habitantes, en el año 1960 el censo nacional nos informa que sólo quedaban ese año en la provincia 158.746 habitantes. Se puede observar cómo entre los años 1947 y 1960 la población pampeana disminuye en 9.296 habitantes. (9)
O sea que la población pampeana en 1960 disminuye aproximadamente un (5,5%) cinco y medio por ciento, datos que lógicamente surgen de contrastar ambos censos.
Pero si tomamos los datos censales de los Departamentos de Chalileo, Chical-có, Limay Mahüida, Puelén y Curacó todos afectados en más o en menos por la falta de escorrentía de las aguas del Atuel, ellos expulsan entre el año 1947 – año del corte definitivo del río Atuel – y el año 1960, una población de dos mil cuatrocientas sesenta y tres personas (2.463).
Es decir que del total del éxodo o emigración pampeana producida entre esos años, esos departamentos entregan un porcentaje de población equivalente al veintiséis por ciento (26%) del total de los emigrantes.
Las migraciones por eventos naturales, al igual que las ocasionadas por las situaciones de violencia, tienen el componente común de ser desplazamientos forzados donde hay pérdidas humanas y materiales” (10)
“…las primeras perturbaciones se manifestaron antes de 1920, y los damnificados en particular fueron los colonos de la Colonia Butaló, fundada por el Gobierno Nacional en 1909 en proximidades de Santa Isabel. Esta colonia de 90 lotes de 100 hectáreas cada uno, obviamente destinada a agricultura bajo riego, desde su misma
creación sufrió los avatares de la interrupción del escurrimiento por obras particulares, clandestinas en jurisdicción de Mendoza que fueron alterando los caudales, haciendo desaparecer algunos de los brazos, como
el Arroyo de los Ingenieros, el Arroyo de las Tinajeras, etc
que los colonos, librados a su suerte, sin auxilio del Gobierno del Territorio, ni del Gobierno Nacional, terminaron dispersándose, dedicándose a otras actividades. Y se trataba de colonos en algunos casos extranjeros, había ucranianos, polacos y españoles junto a los criollos.
¿Qué hicieron los gobiernos del Territorio frente a estas situaciones? El reclamo de los colonos de Butaló no tuvo eco mayormente; sí lo tuvo más adelante, un reclamo encabezado por propietarios de campos que se beneficiaban con los escurrimientos del Atuel, pero que eran personas residentes de Buenos Aires o vinculados con Buenos Aires, que fueron encabezados por el Doctor Pelet Lastra, un abogado metropolitano que agrupó a todos los propietarios perjudicados, en un petitorio ante el Gobierno del Territorio. En ese caso sí el Gobernador del Territorio Nacional de La Pampa Central elevó el reclamo al Ministerio del Interior acompañando su apoyo a lo planteado por los propietarios. Pero lógicamente sin ningún resultado” (11)
El corte del río por parte de Mendoza no sólo provocó y sigue provocando el desplazamiento forzado de las familias,
sino que a su vez ha propiciado un grave proceso de desertificación de
una extensa porción del territorio pampeano, escaso en lluvias, amén que se lo ha condenado a recibir sus desechos salinos.
escurrimiento del río Atuel, varias consecuencias, todas ellas nefastas:
a) se provoca el desplazamiento forzado desde el
inicio mismo del corte de los brazos por los que ingresaba el Atuel, a principios del siglo XX; y que se agrava a partir del cese del escurrimiento
por la construcción de los Nihüiles en el año 1947;
b) se provoca un proceso de desertificación y
desaparición de los bañados y humedales del Atuel, el que, en su encuentro con el río Salado o Chadileuvú, provocaba aguas más abajo, bañados y lagunas extensas que constituían un rico ecosistema, hoy desaparecido;
c) priva desde entonces del acceso al agua potable
a los pobladores de los departamentos por los que escurría el río Atuel, ya
que las aguas de este eran aptas para el consumo humano;
provoca un inmenso daño a las actividades
sustentable a la región.
Se puede afirmar sin temor a equívocos, que nuestra hermana provincia jamás ha tenido intenciones de permitir el libre escurrimiento del Río Atuel, siendo una clara muestra de ello el incumplimiento no sólo de las normativas nacionales, sino también de los acuerdos interjurisdiccionales suscriptos, violando sistemáticamente los
principios cardinales que orientan la cuestión en materia nacional e internacional.
Además, la inacción o el desconocimiento de los organismos nacionales en punto a esta cuestión, es sintomática, en tanto
que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación expresa en un elaborado trabajo (12) que:
“El objeto central del presente documento es generar un amplio debate que conduzca a la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. En esta inteligencia, descontamos que los aportes de los diversos sectores que trabajan en esta problemática ampliarán y mejorarán el material que aquí se presenta. El contenido de este Documento de Base intenta reflejar y respetar lo producido en los más de 40 Talleres y Jornadas Regionales y Nacionales, en las cuales participaron cerca de 2000 personas; representantes de organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. En esos encuentros, funcionarios públicos, técnicos, científicos, productores, docentes, legisladores, comunicadores sociales, miembros de ONG y de asociaciones intermedias, junto a la población directamente afectada, expresaron sus particulares puntos de vista sobre las causas generadoras de la desertificación y la sequía, y sugirieron diversos cursos de acción para prevenir y revertir esos procesos”.
Sin embargo, cuando de la provincia de La Pampa se trata y en especial del oeste, que es la zona afectada por un grave proceso de desertificación a raíz del corte del río Atuel, sólo se especifica lo siguiente:
“Llanura pampeana árida: Planicie organizada a lo largo de la depresión Desaguadero-Salado, en las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, hasta el Río Colorado. Coexisten llanuras eólicas y fluviales, que alternan con zonas de médanos. Hacia el sur con coladas basálticas. Extensas partes cubiertas de suelos salinos y en general poco diferenciados, con buen drenaje y pobres en materia orgánica. Región árida con precipitaciones que oscilan entre 300 y 400 mm, generalmente torrenciales. La vegetación se caracteriza por estepas arbustivas, pastos duros y bosques riparios muy abiertos. La región se caracteriza por una disponibilidad de recursos limitada, estacional y aleatoria, donde el estado más frecuente entre los componentes es el stress. Por otro lado la producción secundaria está limitada por la cantidad y calidad del recurso forrajero. La población es dispersa (0,1 hab/km2) y el uso de la tierra más generalizado es el ganadero extensivo. El territorio se estructura en grandes propiedades privadas (latifundios), pero la explotación ganadera está a cargo de puesteros que mantienen una relación laboral, con los dueños del campo, difusa o inexistente. Esto determina un esquema socioeconómico que propicia los procesos de desertificación en el área”.
No existe allí ninguna mención al real problema de desertificación que afecta a varios Departamentos de la provincia de La Pampa, por el corte del río Atuel, no obstante que se señala que el Documento Base se ha realizado con la participación de muchas personas
y que se “…intenta reflejar y respetar lo producido en los más de 40 Talleres y Jornadas Regionales y Nacionales, en las cuales participaron cerca de 2000 personas”.
Sería bueno conocer dónde estuvo la participación de las autoridades del área de Ecología del Estado y las ONG pampeanas, amén de saber cuáles han sido las razones de no exponer en esos talleres la grave problemática de la Desertificación de nuestro territorio y primordialmente, porqué razón el Estado provincial no ha aprovechado estas posibilidades que los organismos nacionales abren para el debate y el conocimiento de un tema tan caro a los intereses de nuestra provincia.
Es probable que existan responsabilidades compartidas, pero es llamativo que éstos organismos nacionales realicen incluso seminarios o foros acerca de la Desertificación, en las provincias de Cuyo, mientras que La Pampa no es ni siquiera considerada en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Que sepamos – y hemos leído todo el farragoso documento -, tampoco se nota la intervención de científicos o estudiosos
pampeanos del área universitaria, quienes mayor presencia debieron tener en propuestas para la formulación de un programa tan ampuloso como se pretende en la lucha contra la desertificación.
No lo decimos a tono de crítica, sino a manera de reflexión, pues algo nos está pasando a los pampeanos, que no atinamos a dar una decidida lucha, sin distinciones ideológicas ni partidarias, para que esta cuestión ambiental que nos afecta sobremanera, sea conocida y analizada en todos los ámbitos posibles y que nos ayuden a lograr la fuerza necesaria para su reversión.
En síntesis, el desastre ambiental y sus consecuencias sobre todos los seres vivientes, en especial los humanos que vivían y de los que aún viven en la cuenca seca del Atuel y del disminuido cauce del Salado Chadileuvú, la desertificación del territorio que abarca posiblemente más de un millón de hectáreas, constituyen no un agravio y un daño a los pampeanos, sino un atentado a la naturaleza y un crimen a la humanidad.
Es lamentable que, cuando se leen los Tratados firmados y ratificados por Argentina y los documentos elaborados por los organismos públicos nacionales y provinciales, el tema de la desertificación del Oeste pampeano por el corte del Atuel, parece no existir.
Sin embargo ello no obsta para que allí se señale
con énfasis que “Los países signatarios de esta Convención, entre los que se cuenta la Argentina, han tomado conciencia que la desertificación y la sequía constituyen problemas de dimensiones mundiales, que afectan el desarrollo sostenible de los distintos países, por la relación que guardan con problemas tales como la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica geográfica” (14)
2-7.- El segundo desplazamiento forzado:
La apropiación territorial del oeste.
Posterior a la llamada “conquista del desierto”, las
tierras ganadas a los pueblos originarios fueron parceladas, registradas e inscriptas a nombre de extraños que se beneficiaron con la compra al propio Estado Nacional, el que jamás verificó en forma alguna si en ellas, a las que enajenaba por considerarlas propias, existían poseedores o pobladores que conseguían su propio sustento y desarrollaban su particular forma de vida y cultura.
Algunos de ellos – como ocurrió con los que se asentaban en la laguna La Blanca, fueron desplazados forzadamente y asentados en la Colonia Emilio Mitre a finales del siglo XIX, donde se les
entregó la posesión – el título de propiedad recién se les reconoció casi 80 años después– de pequeñas parcelas consistentes en 625 hectáreas por familia.
Pero la mayoría se dispersó en casi todo el territorio del oeste pampeano, y pese a que en algunas oportunidades - como veremos más adelante - el Estado se ocupó de algunos de ellos, jamás decidió encarar el real y principal problema que los aquejaba y que aún perdura, que es la titularización de las tierras que poseían y cuyo dominio ganaron en forma legítima, aún si consideramos aplicables a ellos el ordenamiento jurídico que se les impuso, y no al derecho legítimo que detentaban por ser hijos y antiguos dueños de las tierras.
Nuestra Constitución Nacional reformada en 1994 estableció con claridad dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, no sólo reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, sino que además estatuyó que se les debe
“garantizar la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.” (Art. 75, inciso 17 CN).
Asimismo, la Constitución de nuestra provincia, conforme a la Reforma introducida en 1994, establece en su artículo 6°
que “La provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”.
Sin embargo y pese a intentos paternalistas emanados algunas leyes Nacionales y Provinciales, sancionadas con buenas intenciones, pero con el desconocimiento de las reales problemáticas de estos pobladores, los derechos consagrados en nuestras cartas Magnas, constituyen letra muerta hasta el presente.
Ha sido incluso el propio Estado quien de alguna manera les ha reconocido a algunos de ellos – no a todos -, pero siempre por indirecta vía, el derecho a la posesión y a la propiedad de las tierras que ocupaban, al construirles viviendas con fondos públicos y erradicando los miserables ranchos donde pese a ello, pudieron nuestros paisanos desarrollar armónicamente su vida, criar y educar a su hijos, y encontrar una forma de vida sustentable, aún bajo tremendas condiciones de precariedad.
Pese a ello cumplieron con un rol estratégico para el propio Estado Nacional, al ocupar tierras inhóspitas y levantar allí no sólo la bandera Nacional, sino educar a sus hijos en las Escuelas Públicas, convirtiéndolos en argentinos de bien, rechazando así y sin darse cuenta ellos de la misión encomiable que realizaban por la sola ocupación, cualquier pretensión de ocupación territorial por naciones extrañas.
Sabido es que en materia territorial, el espacio que no se ocupa, siempre es tentación de aquellos que pretenden expandirse y
inhóspitas,
Así entonces el desplazamiento forzado de familias o de grupos de familias y en su caso de comunidades enteras, no puede ser soslayado ni ignorado, puesto que forma parte de un proceso inacabado ligado a la historia argentina, y que cuando se profundiza en sus razones históricas, no sólo se pueden conocer las “causas”, sino la “densidad y magnitud” del fenómeno.
En su momento, las elites políticas y económicas de nuestra Nación, utilizaron el “desplazamiento forzado”, para poder “expandir” las fronteras e incorporar enormes extensiones de tierras a lo que se llamaba entonces “la civilización”.
El desplazamiento forzado tuvo por ende como factor o eje dinámico a la violencia.
El modelo liberal implantado en ese entonces, sancionó las normas legales que luego justificaron y legitimaron la apropiación y la destrucción o aniquilamiento cultural.
En las últimas décadas del siglo XX con el modelo neoliberal se reintrodujo el proceso de apropiación territorial; ahora entran en consideración otros factores que no por menos violentos, dejan
de constituirse en verdaderos flagelos, en tanto no sólo se produce el “desplazamiento forzado”, bajo el amparo de medios legales o legitimados por fallos judiciales, sino que ocurre bajo la mirada de un Estado que no atina a establecer con claridad políticas que lo impidan.
Ello nos conduce a pensar si no existe connivencia ideológica – cuanto menos -, o absurdo y criminal desconocimiento, permitiéndose así la gestación de un nuevo proceso de apropiación territorial, cuyas consecuencias políticas, sociales y económicas no sólo no han sido analizadas desde las esferas del poder, sino que además son absolutamente imprevisibles en su futuro acontecer.
variadas razones:
valor estratégico de los territorios en términos económicos;
2) posible existencia futura de industrias extractivas y productivas (recursos naturales y minerales);
expansión de la frontera ganadera.
el empobrecimiento y la baja calidad de vida de los originarios de la tierra, que se encuentran privados incluso del agua potable, vital para su subsistencia
Se lleva a cabo al amparo del ordenamiento jurídico mediante la compra de grandes extensiones, y en muchos casos, y esto es lo que nos atañe y preocupa, mediante la expulsión del campo de miles de campesinos que poseyeron esas tierras sin títulos de propiedad durante varias generaciones.
La población entonces disminuye en forma proporcional a la concentración de la propiedad, lo que a su vez es absolutamente riesgoso para los intereses vitales de nuestra provincia.
Afecta una gran parte de la superficie de nuestro territorio provincial, aunque se concentra en la zona oeste de forma más acusada y se trata, en su mayor parte, de desplazamientos individuales o familiares.
Sabemos que la consecuencia directa de ello y el destino final de los desplazados” suelen ser los barrios de las ciudades, que garantizan una cierta seguridad y la ilusión de encontrar una alternativa de vida, pero normalmente pasan a ser pobres estructurales, ya que se les ha privado de realizar su vida en la forma y con los hábitos adquiridos por generaciones: son los desterrados.
En la abrumadora mayoría de los casos estos desplazados no tuvieron ni tienen información sobre los pasos que
deberían seguir para obtener sus títulos de propiedad mediante la prescripción veinteañal, o la decenal; otros carecen de los recursos suficientes para afrontar esos procesos que además, desconocen en su sentido último.
Otras veces son engañados mediante el simple ardid de hacerles firmar en confianza algún contrato o acto jurídico que interrumpe la posesión, y luego son definitivamente despojados de sus tierras, incluso con orden judicial, lo que no por ello deja de constituirse en un verdadero escarnio.
Esto debe ser analizado y estudiado en forma rápida y eficiente en el corto plazo, pero sin que ello implique no actuar abordando la problemática en su “integralidad” y no mediante respuestas puntuales y asistencialistas
los bienes que la naturaleza
provee a los seres humanos es, a nuestro modo de entender, el asiento o piso de todo derecho humano y la posibilidad de un desarrollo humano sustentable es el techo, que los defiende frente a toda posible agresión.
El derecho a poseer
Por ende nos estamos refiriendo al derecho a poseer la propiedad de bienes, por una parte, y a la dignidad de toda persona humana por otra.
Cuando el ser humano es desposeído de bienes materiales, desarraigado de la posesión de la tierra, o del agua todos los demás derechos los posee en precario, es decir, le son otorgados como una mera prebenda.
Sin posesión de bienes todos los derechos están sin suelo, tienen las raíces al aire, y los que creen poseerlos, en realidad lo que tienen no son derechos sino la beneficencia o el asistencialismo.
El Artículo 17 de la Declaración de Derechos
Humanos sostiene que:
Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual o colectivamente. 2) Nadie será privado arbitrariamente de su
Tales nociones también las encontramos muy claramente establecidas en nuestras Cartas Constitucionales, y podríamos nosotros acotar que ninguna persona podrá ser privada de su posesión, cuando el respeto al derecho a tal propiedad signifique para otros el despojo, es decir, cuando pueda usar de ella "arbitrariamente" para dominar o para excluir a terceros del disfrute de los bienes a que tienen derecho.
Es importante destacar que en su mensaje al pueblo de la provincia realizado en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, el día primero de marzo del año 2005, el señor Gobernador de la provincia Ing. Carlos Verna afirmó:
“Atendiendo especialmente a la seguridad jurídica de todos sus habitantes, el Gobierno de la Pampa, se encuentra impulsando un plan integral de regularización dominial de todo el Oeste provincial, en virtud de la inseguridad jurídica en que se encuentra una importante franja de pobladores de esa región en cuanto a la verdadera propiedad de las tierras donde están afincados”. “Para alcanzar el objetivo enunciado se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario con presencia de distintas áreas del Gobierno”.
Ha sido entonces el propio gobierno provincial quien reconoció la existencia de esta grave situación, otorgando instrucciones a los distintos organismos de la administración, para la formalización de un Plan Integral de Regularización Dominial de todo el oeste provincial.
Asimismo la Cámara de Diputados de la provincia reconoció - aunque en forma indirecta - la existencia de este Desplazamiento Forzado, cuando en su oportunidad sancionó la Ley 2222, mediante la que se suspendían los desalojos de propiedades rurales
en los Departamentos de Chadileo, Chicalcó, Limay Mahüida, Puelén y Curacó, todos del oeste provincial. (Véase: Anexos (**).
En esa oportunidad, habíamos presentado un proyecto de ley para la solución integral que se denominó “Programa de Ordenamiento y Titularización Rural del Oeste” (P.O.T.R.O.) que, no obstante haber sido aprobado por mayoría en la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados, posteriormente fue rechazado al tratarse en la sesión, en tanto la bancada oficialista solicitaba un año de plazo para llevar adelante un relevamiento, dándose así lugar a la sanción de la ley 2222 ya mencionada. (Véase: Anexos (***)
En muchos de los casos, las familias bajo riesgo de desplazamiento se encuentran inmersos en los bañados del Atuel (hoy secos) y también sobre las orillas de los bañados y el curso del río Salado o Chadilevú, de modo que se encuentran afectados doblemente, por cuanto la escases o carencia de agua potable hace que deban depender para todas sus necesidades vitales, de las escasas aguas de lluvias que logran acumular o en su caso, de la provisión que los municipios que les acercan en camiones tanques, el agua potable para el consumo.
Esto impide el desarrollo de familias numerosas como se acostumbraba, en tiempos en los que no era extraño encontrar familias constituidas por más de diez u once personas, entre padres e hijos.
Empujados por éstas dos cuestiones que hemos expuesto, las familias van desmembrándose y la mayoría se van para alojarse a las poblaciones cercanas y el ámbito rural queda absolutamente despoblado o bien con población envejecida y la vida social que otrora tenía sus peculiaridades culturales, va poco a poco desapareciendo.
Ello acentúa aún más el proceso de desertificación, por cuanto las familias originarias van siendo reemplazadas por nuevos propietarios o arrendatarios quienes, al desconocer las particularidades de ese territorio, intentan sacarle la mayor ganancia a las tierras, acentuando la carga animal y profundizando así el desastre ambiental.
2-8.- Medio Ambiente y afectación del derecho humano al desarrollo sustentable.
Nadie discute ya que cuando el medio ambiente se degrada esto afecta sensiblemente los derechos de las personas y su calidad de vida, cuestión que ha sido explícitamente recogida en el plexo normativo de los Derechos Humanos, tanto en el orden internacional como en el orden jurídico nacional argentino.
Cuando hablamos del derecho al ambiente como “derecho humano”, debemos entender que aquél es el soporte de la vida, o sea, la base de la posible subsistencia de la humanidad entera y por ende
asimilar que el derecho ambiental es el soporte sobre el que descansan o se posibilitan todos los demás derechos humanos.
“El desarrollo sustentable está en pleno proceso de definición. Se encuentra en todos los discursos políticos, pero sus opciones de aplicación práctica pueden ser muy diversas y, eventualmente, perversas. Desde ideologías de tipo liberal se hace énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación ambiental vía aumento de la productividad (producir más, consumiendo menos recursos y generando menos residuos) y con la equidad social vía mejora general de las condiciones de vida. Desde ideologías ecologistas más radicales se hace énfasis en las opciones de crecimiento cero y aplicación estricta del principio de precaución, es decir, dejar de realizar actividades productivas hasta tanto no se demuestre que no son dañinas. El concepto de Desarrollo Sostenible fue definido en el Informe Brundtland como aquél “que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. (15)
La provincia de La Pampa y por ende sus habitantes, pero principalmente quienes habitan en las márgenes del Río Atuel y sus bañados aledaños, han visto considerablemente afectados sus derechos esenciales, no sólo por haberse visto privados del agua potable que el curso de este río ingresaba al territorio provincial, sino porque también se afectó de manera directa, concreta y tal vez definitiva – de no
mediar remediación -, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, entendido este en toda su amplia concepción.
Las posibilidades en potencia respecto al desarrollo de esa zona, que se han visto afectadas o coartadas son inmensurables: no sólo se han visto perturbados nuevos asentamientos poblacionales, sino también los recreacionales, productivos e industriales, amén de haberse privado a toda la zona de la rica biodiversidad de la que gozaba.
No se trata ya de la afectación por la expulsión de la población – desplazamiento forzado -, sino de la imposibilidad del goce o disfrute de un medio ambiente que era sumamente rico en su biodiversidad y con las potencialidades que ese mismo medio implicaba para el desarrollo humano.
Debemos comprender que el corte unilateral del escurrimiento del río Atuel y el no cumplimiento por parte de la provincia de Mendoza de la resolución n° 50/49 de la Secretaría de Energía de La Nación, viola claramente el Orden Jurídico y también que, para el cese de esa violación, existen caminos no iniciados hasta el presente por parte de la provincia de La Pampa.
Hasta el presente se han efectuado reclamos o se han formalizado acuerdos que pueden incluso ser considerados perjudiciales para las arcas provinciales, mientras que la provincia de Mendoza se arroga el derecho a destruir el medio ambiente de una provincia hermana, a sabiendas que vulnera el plexo normativo protectivo nacional e internacional.
Al reformarse la Constitución Nacional en el año 1994, en su artículo 41 se incorporaron expresamente éstos derechos, al
establecerse que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
La actual Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sostenido que “7°) Que la cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, situado en un nuevo capítulo de la parte dogmática llamado "Nuevos Derechos y Garantías" establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,…".”El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía establecida en el Artículo 31 de la Constitución Nacional y las competencias regladas en el Artículo 116 de esta Ley Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de uno de los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna”.
Señalando además que “La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente
sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”. (16)
Bordenave (17) que “…Se debe considerar que la comunidad internacional ha asumido el compromiso de velar tanto por el cumplimiento de los derechos humanos como el respeto al ambiente. Argentina no ha sido ajena a estos procesos. La Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 incorpora diez tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Cuando hablamos de aplicación de normas con jerarquía constitucional y específicamente de tratados internacionales, inmediatamente surge la pregunta de la inmediata exigibilidad de los tratados de derechos humanos”.
Y citan seguidamente cómo se han expedido al respeto, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Suprema Argentina.
“El hecho de que los Estados partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las
obligaciones que aquellos han contraído según el artículo 1.1. que establece el compromiso de los propios Estados Partes de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por “toda persona” sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención”. (18)
Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ekmekdjian entendió lo siguiente: “16.- Que, en tal
sentido, la violación de un tratado internacional puede acceder tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones resultarían contradictorias con la previa ratificación internacional del tratado; dicho de otro modo, significaría el incumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran derivarse”.
“…Lo expuesto en los considerandos precedentes resulta acorde con las exigencias de la cooperación, armonización e integración internacionales que la República Argentina reconoce, y previene la eventual responsabilidad del estado por los actos de sus órganos internos, cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta
Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla. En este sentido, el tribunal debe velar porque las relaciones exteriores de la Nación no resulten afectadas a causa de actos u omisiones oriundas del derecho argentino que, de producir aquel efecto, hacen cuestión federal trascendente”. (19)
expresado por la Corte, Picolotti y Bordenave afirman que “la Corte
considera que entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del pacto, deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales. Cabe preguntarse si es posible que por un acto judicial el Estado incurra en responsabilidad internacional. La respuesta es sí, pues el Estado incurre en responsabilidad internacional por la comisión de un hecho ilícito, esto es por una conducta activa u omisiva que incumple con una obligación internacional”. (20)
Si comprendemos entonces que por un acto judicial el Estado puede ser responsable internacionalmente, cuánta más responsabilidad le cabe no sólo al Estado Nacional sino a los Estados provinciales por los hechos y actos violatorios de los tratados internacionales y las propias normas de nuestra Constitución Nacional.
Cuestión suficiente para entender que las acciones y omisiones de la provincia de Mendoza respecto al corte del Río Atuel y al incumplimiento de las sueltas periódicas que debería haber realizado
desde la construcción del Dique Los Nihüiles, de modo de no afectar los derechos de terceros – en este caso, el derecho de la provincia de La Pampa y sus habitantes -, puede y debe ser considerada como una violación a los tratados internacionales que colocarían en riesgo al propio Estado Nacional, pues, al estar a lo afirmado por la Corte, ello significaría el “incumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran derivarse”.
Y estas “perjudiciales consecuencias” no pueden ni deberían ser ignoradas por el gobierno nacional, que ha hecho de los Derechos Humanos el eje principal de su relato.
Ocurre en este punto que la provincia de Mendoza ha sabido sobreexplotar el “recurso agua” en su exclusivo beneficio, construyendo un vergel que muestra al mundo, produciendo vinos y otros productos de altísima calidad, a cambio de no mostrar el grave deterioro medioambiental de la baja cuenca del Río Atuel.
No solamente sobreexplota ese recurso, sino que lo hace con tecnologías inapropiadas y desperdiciando casi el ochenta (80%) del mismo que se pierde por infiltración a las napas y por evaporación.
Y esto no sólo ocurre en el caso de Mendoza, sino que el mismo drama se repite en todo el mundo, produciéndose así esta fenomenal paradoja: se construyen represas y surgen vergeles, mientras a
la vez se provocan grandes extensiones de desertificación que coadyuvan al calentamiento global a la vez que provocan el desplazamiento forzado de millones de seres humanos.
3. TIPOLOGÍA Y RAÍCES DE LOS CONFLICTOS POR EL AGUA EN EL MUNDO.
El holocausto hidráulico del siglo XX.
Hemos dejado para el final, algunas consideraciones que, si bien hacen al fondo de la cuestión que tratamos, éstas tienen por finalidad incorporarle al lector una mayor claridad sobre algunos conceptos que hemos esbozado muy sintéticamente.
Cuando hablamos de desplazamientos forzados, se puede caer en el error de considerar – en virtud de la síntesis que hemos intentado darle a este trabajo -, que los mismos existen cuando median de por medio conflictos armados, de violencia o de despojos, cuando en realidad el desplazamiento forzado, tal como ha quedado perfectamente definido en los llamados “Principios Deng”, tiene causas múltiples, e incluso muchas de la veces por hechos del hombre o de los Estados.
Así, la construcción de una obra cuya justificación y beneficios para el conjunto de la sociedad parece estar fuera de toda duda razonable, no obsta a que personas, familias o comunidades enteras
deban padecer el desplazamiento forzado, con las consiguientes secuelas que ello trae aparejado.
Y en esos casos, también existen derechos
humanos que son vulnerados, claro que allí aparecen razones que justifican o pretenden justificar no sólo la necesidad de las obras a realizarse, sino la necesidad de provocar el desplazamiento forzado.
En Argentina podemos tomar como ejemplo la
construcción de la represa Salto Grande y allí, sobre lo que luego iba a
constituirse en el lecho de la masa de agua que se formaría en virtud de esta obra, un pueblo entero – Federación – debía desaparecer sumergido en las aguas.
El Estado construyó una ciudad nueva y se
trasladó a los habitantes al nuevo hábitat, pero ello se hizo en el marco de
los planes de obras y como parte del costo de la misma; sin embargo, los habitantes de la antigua ciudad, hoy sumergida en las aguas, debieron dejar atrás sus historias de vida, aceptar que jamás volverían a ver los lugares que desde su infancia tenían gravadas en sus memorias, los lugares donde compartieron importantes hechos con sus familias, amigos e incluso abandonar sus propiedades, pese al cariño, apego o goce que podían tener por la sola circunstancia de ser su lugar en el mundo; desaparecieron los clubes, los lugares de reuniones sociales, etc., y éstos
debieron comenzar a ser reemplazados por los nuevos lugares, implicando ello desde ya lógicas consecuencias sicológicas y espirituales.
En La Pampa, cuando se construyó el Dique Casa de Piedra, algunos puesteros se encontraban radicados en lo que ahora es el lecho del lago y también debieron ser reubicados. En algunos casos, aún hasta hace poco tiempo se podían observar los corrales y algunas mejoras que todavía subsistían pese a la inundación para la formación del lago.
Chernóbyl en Ucrania, después de la explosión de la planta nuclear en el año 1986, es otro claro ejemplo de desplazamiento forzado y sus habitantes – más de 40.000 – amén de haber sufrido los padecimientos y enfermedades causadas por la explosión del reactor nuclear, debieron forzadamente abandonar la ciudad y también la cercana ciudad de Prypiat se vio constreñida a quedar vacía.
“Para llevar a cabo modificaciones radicales de los cursos fluviales —trasvases, derivación de los cauces, grandes embalses, etc., se hace necesaria una gran inversión de trabajo y de capital, tanto para su construcción como para su mantenimiento. Estas intervenciones modifican de manera muy importante el paisaje, iniciando a menudo un proceso difícilmente reversible, como la construcción de las grandes presas de contención y derivación, que conllevan la inundación de grandes superficies, y el consiguiente traslado forzoso de millones de
personas. El ejemplo más claro y actual lo tenemos con la recientísima puesta en funcionamiento de la gran presa de las Tres Gargantas, en la República Popular de China, que bajo el pretexto del control de las crecidas del río Yang Tsé contiene todos estos elementos: repercusiones ecológicas, económicas y sociales”. (21)
Lo mismo ocurre en distintos lugares del mundo, ya sea por la violencia, persecuciones políticas, desastres naturales y obras del hombre, millones de seres humanos se ven obligados a abandonar sus hogares forzadamente.
Lo grave de ello es que la mayoría de las naciones, incluida Argentina, carecen de una legislación adecuada que prevea éstas dolorosas y traumáticas situaciones y lo mismo ocurre en los estados provinciales.
Pero lo que es más grave aún es que, realizada una obra humana que beneficia a un sector de la población, se perjudica notablemente a otros sectores y se intenta justificar ello sobre la base de la “necesidad” que tiene la población o el estado beneficiado, sin reparar en los enormes costos humanos, sociales y medioambientales que se provoca al conjunto.
“A finales de los noventa, el Banco Mundial, ante los agudos conflictos suscitados por los proyectos de grandes presas que
financiaba en países en desarrollo, propuso a Internacional Rivers Network (IRN) la posibilidad de desarrollar un amplio debate, a nivel mundial, sobre la cuestión. La respuesta afirmativa de IRN, como representante de múltiples colectivos de afectados por grandes presas en el mundo, permitió poner en marcha la llamada Comisión Mundial de Presas (World Commission on Dams-WCD) bajo la presidencia de Kader Asmal, ministro de medio ambiente, por entonces, en el Gobierno Sudafricano de Nelson Mandela.
Tras dos años de trabajos, en 2000, la comisión presentó su informe final en Londres. En él se valoran las importantes conquistas socio-económicas conseguidas gracias al desarrollo de grandes obras hidráulicas y se revisan las dramáticas previsiones de diversas instituciones internacionales sobre el crecimiento de la población y del número de seres humanos sin garantías de acceso a aguas potables, la crisis alimentaria y el crecimiento de las demandas de electricidad en el mundo. En base a tales previsiones, desde un enfoque desarrollista tradicional, parecería necesario perseverar en el desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan explotar mayores caudales de ríos, lagos y acuíferos.
Sin embargo, el Informe subraya los argumentos clave que cuestionan hoy la validez de las estrategias de oferta, basadas en nuevas grandes obras hidráulicas:— Baja eficiencia y problemas de rentabilidad económica; — Graves impactos ecológicos y ambientales,
con frecuencia irreversibles; — Graves impactos sociales y afección a derechos humanos de las poblaciones.
Respecto al primer punto, la evolución de las estructuras económicas, tanto a niveles nacionales como a nivel mundial, ha generado profundos cambios durante la segunda mitad del siglo XX que conllevan balances coste beneficio negativos en la mayoría de los grandes proyectos hidráulicos.
En lo que se refiere al segundo punto, el informe recoge los argumentos e impactos ambientales reseñados anteriormente, haciendo énfasis en sus graves consecuencias socio-económicas, especialmente sobre las comunidades más pobres.
Pero es quizás en el último punto donde emergen los datos más chocantes y conmovedores. Tras dos años de trabajo y habiendo podido precisar los metros cúbicos que pueden almacenarse en las casi cincuenta mil grandes presas construidas a lo largo del siglo XX, a pesar del apoyo recibido por parte de los respectivos Gobiernos, la Comisión manifiesta su impotencia para determinar el número de personas desplazadas a la fuerza de sus pueblos por la construcción de esas presas.
Se estima, dice el informe, que entre 40 y 80 millones de personas vieron sus casas y pueblos inundados. A esta
estimación hay que añadir, según el informe, un número muy superior de desplazados por afección indirecta en el entorno de los valles inundados. Para colmo, tal y como denuncia la Comisión, los impactos socio- económicos más graves han recaído sobre las comunidades más pobres y sobre los sectores más desprotegidos (particularmente mujeres y niños), mientras que los beneficios generados han ido a parar a sectores ricos y poderosos, así como a territorios alejados más desarrollados.
Resulta impresionante la envergadura del drama humano que estos desplazamientos forzados han representado hasta la fecha. Sin embargo, resulta aún más impresionante el nivel de ignorancia y silencio que se ha mantenido y se mantiene en torno a esta especie de holocausto hidráulico del siglo XX (como suele llamarlo el profesor Martínez Gil). Hablar de entre cuarenta y ochenta millones equivale a reconocer que no sabemos ni hemos querido saber.
Estamos, por tanto, ante el drama de la invisibilidad de las víctimas. Durante las últimas décadas, la reacción, cada vez más activa y masiva de las poblaciones afectadas, ha ido rompiendo el amplio consenso social que ha mantenido esa mordaza de silencio, más allá de la represión directa (que en ocasiones ha sido y sigue siendo brutal).
Aunque la casuística es muy diversa, en la mayoría de los casos nos encontramos con poblaciones rurales pobres, en
muchos casos comunidades indígenas, con muy escaso poder político, marginales o fáciles de marginar, en principio. Para esas comunidades, en muchos casos, lo que está en juego no son propiamente derechos sobre el agua, sino el territorio mismo en el que habitan. (22)
4. EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS
NUEVOS PARADIGMAS CONSTITUCIONALES.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1987, en los autos caratulados “La Pampa c/ Mendoza s/Acción posesoria de Aguas y Regulación de usos” (Fallos 310:2478), estableció: 1) Declarar que el río Atuel es interprovincial y que el acuerdo celebrado
entre el Estado nacional y la Provincia de Mendoza el 17 de junio de 1941 no tiene efecto vinculatorio para la Provincia de La Pampa. 2) Rechazar la acción posesoria promovida por la Provincia de La Pampa y las pretensiones de que se dé cumplimiento a la resolución 50/49 y que se regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias de la cuenca del Río Atuel y sus afluentes, siempre que la Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales aplicados sobre la superficie reconocida en el consid. 88. (75.761 ha.) y 3) Exhortar a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de
los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de esta sentencia.
Sin embargo, dadas las características de la acción que La Pampa había iniciado, la CSJN, si bien resolvió sobre el carácter de “interprovincial” del río Atuel, estableció – en virtud de que La Pampa había aceptado los llamados “usos consuntivos” por parte de Mendoza -, que esta podía continuar con los mismos hasta completar el regadío de las 75.761 hectáreas.
Los fundamentos de ese Fallo de la CSJN se podrían catalogar de “utilitaristas”, en tanto tiene en cuenta que la provincia de Mendoza no sólo fue la que primero inició el aprovechamiento con fines productivos de las aguas del Atuel, sino que además, la zona de producción gracias al riego, es mucho más poblada y económicamente activa que la zona por la que atraviesa el Atuel en la provincia de La Pampa.
“La cuenca
hidrográfica del río Atuel está ubicada, según los peritos en fotointerpretación, en alrededor de un 80 % en territorio mendocino, donde nace y por donde discurre con la mayor contribución de agua. No
demandada, como que el desarrollo económico de las zonas de San Rafael
Entre otras cosas dijo allí la Corte:
y General Alvear está basado, fundamentalmente, en un sistema de riego
servido con aguas del Atuel. Ese desarrollo ha creado una importante
infraestructura económico-social y estimulado el crecimiento demográfico que alcanza, en la actualidad, a alrededor de 100,000 habitantes dedicados, casi totalmente, a la actividad agraria. También ha quedado descartada la existencia de usos altamente ineficaces. No hay dudas, tampoco, de que La Pampa estuvo lejos de demostrar que los usos pretendidos superen en importancia a los actuales. Y resulta evidente que
las obras destinadas a regar una superficie de alrededor de 15.000 has.
subrayado nos pertenece)
“La valoración de todos estos factores es necesaria para solucionar la cuestión atinente a la utilización del curso de agua interprovincial de modo razonable y equitativo. Tal valoración conduce a desestimar el reclamo actual de la Provincia de La Pampa, solución que, —por lo demás—, se adecua a los términos en que esta Provincia planteó su pretensión, que importa respetar los usos consuntivos “efectivos y actuales” (fs. 4430 vta.).
Ahora bien; la reforma constitucional del año 1994 – tal como ya vimos - por un lado consagró el dominio originario de las provincias (art. 124 CN) sobre los recursos naturales que existan en sus territorios, pero además incorporó una cláusula ambiental específica (Art. 41 C.N.) que implicó un cambio sustancial, tanto en la
competencia Nación-Provincias, cuanto en lo referente al cambio de paradigma respecto a la conservación de la naturaleza, amén que le otorgó jerarquía constitucional a todos los Tratados de Derechos Humanos.
Al respecto señala Ricardo Alberto Muñoz (23)
que “La incorporación al texto constitucional de un Capítulo Segundo, en su Primera Parte, titulado Nuevos Derechos y Garantías y el otorgamiento de jerarquía constitucional de instrumentos internacionales protectores de derechos humanos en virtud del inc. 22 del art. 75 CN, ha ensanchado las bases normativas de los derechos humanos al tiempo que se ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los supuestos de violación a derechos previstos en el Pacto de San José de Costa Rica. De tal modo que tienen, ahora por mandato constitucional, una fuente interna y otra internacional. Cabe señalar que todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos, etc. deben protegerse y respetarse, habida cuenta del carácter inescindible que ellos tienen y que se presuponen mutuamente, porque el avance en unos importa una plataforma para la consecución de los otros”.
“Como componente especial, es dable mencionar la previsión del art. 41 CN en cuanto prescribe que ”todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, que a juicio de Quiroga Lavié estos derechos ambientales operan como “Matriz de todos los demás derechos fundamentales debiendo orientar todas las formas de actuación de los poderes públicos y de particulares” al mismo tiempo que es presupuesto del ejercicio de cualquier derecho porque el medio ambiente es la circunstancia vital en la que el hombre está inmerso”.
Ateniéndonos a este cambio de paradigma, sería hoy no sólo imposible el dictado de un Fallo de carácter meramente “utilitarista” por parte de la CSJN, como lo fue aquél, sino que se puede perfilar una nueva instancia claramente favorable para los intereses pampeanos, ya que no se deberá juzgar el derecho o no de La Pampa respecto a que las aguas del Atuel escurran por su territorio sobre la base de aquellos criterios de la “primacía” o del “coste”, sino que a lo que se deberá atender es justamente al restablecimiento del equilibrio medio- ambiental afectado; a la restitución del goce del derecho a un medio ambiente sano; a la posibilidad del desarrollo sustentable y al tan vital derecho humano al agua potable, todos ellos afectados por aquella “utilización consuntiva” por parte de la provincia de Mendoza.
Incluso podemos afirmar que, ya no será el estado pampeano quien podrá disponer o aceptar – tal como lo hizo en aquel juicio – si Mendoza puede o no hacer “uso consuntivo” de las aguas del Atuel, sino los ciudadanos pampeanos que son los que ven violados sus
derechos humanos fundamentales, en tanto al decir de Quiroga Lavié “el
medio ambiente es la circunstancia vital en la que el hombre está
inmerso” y que hoy, gracias a este cambio de paradigma, no sólo se encuentra contemplado en el articulado de nuestra Constitución Nacional, sino que se encuentra además inserto dentro de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que la propia Constitución Nacional incorporó y que constituye el llamado Bloque de Constitucionalidad Federal.
Es por ello que ahora no sólo existe el camino jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que el estado provincial pampeano, tanto como cualquier ciudadano, tienen abierta otra vía para lograr garantizar el respecto a sus derechos humanos afectados, cual es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.).
No existe por ende en nuestra opinión, ningún de impedimento para que el estado pampeano inicie el camino del reclamo ante la CSJN, basándose justamente en este cambio paradigmático fundamental, de modo de lograr no sólo la reparación de los daños causados por el medio ambiente afectado, sino para que se restituya a su normalidad absoluta ese medio ambiente, ya que de no hacerse, se continuarán violando los derechos humanos y no sólo podrá requerirse la condena de la provincia de Mendoza en este punto, sino que el propio Estado Nacional estará comprometido.
Y el tiempo no juega a favor, dado que: “Existe un
concepto conocido como tiempo de respuesta: que implica que toda respuesta a un problema requiere de un tiempo para ser elaborada; pero el tiempo requerido puede ser superior a aquel en el cual el problema, que tiene su propia historia natural, alcance el nivel crítico para el cual ya no habrá respuesta pues se habrá desbordado la resiliencia del fenómeno“.
Grupo de Vezelay (24)
(1)LEONARDO BOFF “EL AGUA, FACTOR ECOLÓGICO DE HUMANIDAD, DE ESPIRITUALIDAD Y DE COOPERACIÓN”: “La Carta de la Tierra
condensa una visión del planeta que va más allá de una visión científica y actual. Contiene exigencias de orden espiritual y ético, que a todos nos atañen. Habla de que es preciso aumentar la responsabilidad colectiva, entender tierra y humanidad como una gran unidad, en la que todos nosotros participamos y de cuyo futuro somos responsables. El cambio climático es uno de los grandes problemas, y toda la humanidad, desde esos días de febrero hasta hoy, está discutiendo la problemática: qué hacer, qué cambios hay que introducir, cómo cada institución, cada iglesia, cada saber, cada grupo, puede colaborar para superar esta crisis y no ignorar sus efectos dañinos. La otra crisis, que no es menor que la anterior, es la crisis del agua potable. El agua, que puede ser un principio de solidaridad, de colaboración, puede ser también un motivo de guerras, de gran devastación. El último informe de la FAO advierte que los próximos años vamos a conocer guerras porque las personas, los países tienen que garantizar el acceso al agua potable”
(2) JUAN PICOLOTTI – Agua y Derechos Humanos en DERECHOS HUMANOS – Legalidad y jurisdicción supranacional -, Editorial Mediterránea – Juan Carlos Vega Director – Christian Sommer (Coordinador). Pag. 225.
(3) JUAN PICOLLOTI, óp. cit. págs. 226-231.
(4) LARA BLANCO R. Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para La Paz en: “Las migraciones y los Desplazamientos Forzados – Análisis comparativo e integral desde un enfoque de derechos humanos (Retos en Centroamérica y Colombia). Pág. V.-
(5)http://hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos 23/
(6) “Las Migraciones y los Desplazamientos Forzados – Análisis
comparativo e integral desde un enfoque de derechos humanos” – Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos (CNUAH-HÁBITAT) – Centro de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) Canadá – Fundación Arias para La Paz y el Progreso Humano, pág.
(7) Ponencia del Congresista Walter Alejos Calderón, Perú Ponentes:
Maria Camila Moreno Munera, Coordinadora, Atención al Desplazado Forzado, Defensoría del Pueblo, Colombia Eliana Revollar).
(8) Edgar Morisoli “Los Primeros Reclamos”. “La Resolución 50/1949 “Todos los pampeanos hemos oído hablar alguna vez de la Resolución 50/49, pero tal vez todos no recordamos las circunstancias en que fue
dictada. Para ello hay que entender primero cuál era el marco constitucional, es decir la doctrina nacional vigente en ese entonces. En el marco constitucional vigente en esa época, el tema de ríos o cuencas interprovinciales era materia de dos interpretaciones: la que concedía las facultades regulatorias al Congreso de la Nación y la que las concedía a la Corte Suprema. En ese marco de doctrina nacional, el Congreso de la Nación dicta la Ley que dispone la construcción del embalse El Nihuil, (esto algunos pampeanos no lo tienen presente). El Embalse del Nihuil fue construido por la Nación, con fondos nacionales y bajo la dirección de una repartición nacional que primero se llamó Dirección Nacional de Irrigación y después Empresa Agua y Energía Eléctrica. Se construyó la presa en cumplimiento de la Ley, pero la Ley no preveía ningún artículo de salvaguarda de los derechos pampeanos. El Poder Ejecutivo Nacional, que era el tutor de los Territorios Nacionales y por lo tanto debía haber vetado -aunque sea parcialmente- dicha Ley, no lo hizo y la promulgó tal cual salió del Congreso. Por lo tanto, el marco legal directamente ignoró que La Pampa también era partícipe de los caudales del río Atuel. Cuando se consumó la obra y comenzaron los efectos dramáticos en el
escurrimiento,
poblacional,
empezaron a tomar volumen. Finalmente el agente radiotelegrafista Ángel
Garay de Paso de los Algarrobos, pese a ser un agente raso de la Policía de Territorio, se dirige directamente al Presidente de la República pidiéndole su intervención. En función de todo esto, la empresa Agua y Energía
Eléctrica en el Año 1949, dictó la Resolución Nº 50 en el marco de la Ley Nacional N° 13.030 -por la cual la Nación tenía jurisdicción sobre cuencas interprovinciales-. Esa Resolución dispuso tres sueltas anuales de caudales del Dique de El Nihuil con destino a La Pampa totalizando un volumen anual de 1.100 hectómetros cúbicos. Esta Resolución nunca fue cumplida ya que fue rechazada in límine, es decir “de entrada”, por un tribunal provincial pero no de la justicia mendocina, sino el Tribunal Administrativo de la Dirección General de Irrigación de Mendoza. En este Tribunal, integrado por los grandes regantes (allí puede verse la firma de Sotero Arizu y otros grandes viñateros) se rechazó de pleno el cumplimiento a la Resolución 50/49. Y debemos señalar que la Nación aceptó pasivamente ese rechazo sin activar ninguna otra acción, ningún otro mecanismo tendiente a solucionar la angustiosa situación del Oeste Pampeano. Las grandes majadas que se criaban en esa zona y toda la actividad
pecuaria desapareció y los pobladores, en lo que se llamó la Diáspora
Saladina, acudieron a ubicarse en los suburbios de General Acha, de
Victorica, de Telén, incluso de Santa Rosa y General Pico, convirtiéndose
en mano de obra no calificada, ya que la gente de formación rural podía
encontrar muy pocas posibilidades de trabajo en el ámbito urbano.
La Resolución 50, no obstante que no fue cumplida, que fue rechazada por un tribunal administrativo de Mendoza y que Nación aceptó pasivamente esa situación, constituye uno de los antecedentes más importantes que reconoce el carácter interprovincial de la Cuenca.”
(9) Lic. Cardín, D. Gugliara, R., Profesora Acosta, M. - Alfayate y E.,Cepeda, A., Pérez, G., Schoenfeld, F.(Estudiantes de Geografía Facultad de Ciencias Humanas UNLPam).
Ponencia: “ATUEL, UN RIO DE ARENA Y SAL. LA DESTERRITORIALIZACIÓN EN EL AREA DE LOS
HUMEDALES DEL OESTE PAMPEANO”, para el III CONGRESO NACIONAL DE
DEPARTAMENTOS DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, Santa Fe, 12 al 15 de octubre de 2011
Cuadro: Evolución de la población de los departamentos Curacó, Chalileo, Chicalcó y Limay
Mahuida entre 1920 y 2010.
Dptos./Años
Chicalcó
Fuente: elaboración propia en base a datos de Censos Nacionales de Población y Viviendas (1947-2010) y Censos del Territorio Nacional de La Pampa (1920, 1935 y 1942).
(10) “Las Migraciones y los Desplazamientos Forzados – Análisis comparativo e integral desde un enfoque de derechos humanos”, pág. 31.
(11) Morisoli, Edgar (op.cit).
(12) Prólogo al Anexo I de la Resolución n° 250/03 – Programa Nacional de lucha contra la Desertificación – Documento Base – realizado por El Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
(13) Resolución n° 250/03, pág. 35.
(14) Resolución n° 250/03, pág. 5.
(15) Vanesa Cornero Contentti: “Comunidad Internacional y Cambio Climático Global” -A propósito de nuevas tendencias y escenarios-” -
(Centro Argentino de Estudios Internacionales. www.caei.com.ar).
(16) C.S.J.N.
Fallo: “Mendoza, Beatríz y otros v. Estado Nacional” –
20/06/2006.
(17) Romina Picolotti y Sofía Bordenave: “Los Derechos Humanos y el Ambiente” en DERECHOS HUMANOS (op.cit) pág. 202.
(18) Romina Picolotti y Sofía Bordenave, óp. Cit, pág. 204.
(19) CSJN- Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros. LL 1992.C,543 – DJ, 1992-2-296).
(20) Romina Picolotti y Sofía Bordenave, Estas autoras afirman que “El
hecho de que un ambiente degradado afecta la calidad de vida y los derechos de las personas resulta incontrastable. Este hecho ha sido recogido por el derecho de los DD.HH. que, por una parte, ha integrado a
su acervo normativo el reconocimiento al derecho que tienen las personas
y las sociedades a vivir en un ambiente sano. Y, por otra, ha establecido –
a través de una creciente jurisprudencia – el impacto que la degradación
ambiental provoca sobre el goce de los derechos humanos” ( óp. Cit, pág.
(21) LAURA VEA (Centre de Estudis Internationals e Interculturals de la Universitat Autónoma de Barcelona) “LA OPCIÓN HIDRÁULICA EN ASIA, UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS CONFLICTOS ACTUALES”.
(22) PEDRO ARROJO AGUDO- Profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza EL AGUA, DERECHO HUMANO Y RAÍZ DE CONFLICTOS- “TIPOLOGÍA Y RAÍCES DE LOS CONFLICTOS POR EL AGUA EN EL MUNDO - IV. Crisis del modelo estructuralista y conflictos frentea las grandes presas” – (pags. 116 A 118) – de la - FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ - EL AGUA, DERECHO HUMANO Y RAÍZ DE CONFLICTOS -Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Gobierno de Aragón -Edita: Gobierno de Aragón.
(23) Ricardo Alberto Muñoz: DESARROLLO HUMANO. NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL (pag 6).
(24) Vanesa Carnero Contentti. (op.cit).
(*) El caso del Río Atuel
( Fundación Chadileuvú - Prof. Walter Cazenave. Santa Rosa, La Pampa. Octubre de 2010 )
La llamada Diagonal Árida Sudamericana se prolonga en la Argentina entre los extremos norte y sur. Dentro de su mitad meridional se ubica la mayor de las cuencas íntegramente desarrolladas dentro del país cuyo emisario, de unos 1.000 km de longitud, es el río llamado sucesivamente Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó (DSChC), que otrora alcanzaba al río Colorado y constituía un sistema del que este último río era emisario. El afluente más meridional de la cuenca DSChC es el río Atuel y a exponer su uso y manejo irracional y consiguientes perjuicios está dirigida esta presentación.
El Atuel nace en plena cordillera de los Andes, en la laguna homónima, ubicada sobre los 3.000 m de altura sobre el nivel del mar y desemboca con el colector DSChC en una extensa área de confluencias múltiples extendida a lo largo de unos 150 km.
Cuando su curso entra en lo que, de acuerdo con la teoría hidrográfica, puede considerarse el valle inferior del río, sufre una crisis de pendiente y elabora un sistema anastomosado que se prolonga por unos 300 km, hasta su última confluencia (6). En este tramo se suceden un sucesión de islas, lagunas, bañados y arroyos (nombre dado localmente a los brazos menores del mismo río) que formaban un humedal de un ancho variable, aunque nunca menor a los 15 km, en su momento un área considerada “impenetrable” todavía a principios del siglo XX .
Todo el recorrido del río Atuel se ubica dentro de la franja desértica de la Argentina, con lluvias del orden de los 350 mm anuales. Por esa razón el curso obró en épocas prehistóricas y hasta el siglo XX inclusive como un verdadero corredor de vida, vegetal, animal y humana, tal cual lo atestiguan los numerosos testimonios arqueológicos.
En síntesis podría decirse que los humedales del Atuel junto con los de su colector formaban extensísimos bañados permanentes, con una ecología completamente distinta a la del entorno desértico. Para tener una idea más acabada de esta singularidad puede señalarse que la superficie total era equivalente a aproximadamente la cuarta parte de Bélgica.
Es pertinente destacar que en 1809 el río Diamante, que hasta entonces era afluente del Atuel y le aportaba un caudal similar al que llevaba, fue desviado hacia el Este por un poblador, a fin de aliviar un extenso tramo desértico. Este fue el primero de una serie de cortes sufridos por el río pero no tuvo repercusión alguna debido a que por ese entonces, desde la latitud del desvío hasta el Estrecho de Magallanes, eran tierras baldías, ocupadas por indígenas de tronco mapuche y tehuelche que vivían de la caza y no hacían agricultura de regadío.
Con la ocupación militar de La Pampa y la Patagonia, en 1879 y el desplazamiento de los indios, hubo un cambio en la faz económica y social de la Argentina y las tierras antaño abandonadas comenzaron a valorizarse, en la parte oriental según las precipitaciones pluviales y en el occidente desértico por sus posibilidades de agua y regadío.
Otra consecuencia fue la aparición de nuevas formas políticas dentro de la Nación Argentina; así, aparecieron los llamados Territorios Nacionales, entidades administrativas con límites precisos, pero políticamente dependientes de la Nación en casi todos los aspectos y contrastando con las llamadas “provincias tradicionales”, que se originaron en los tiempos de la colonización española y contaban con mecanismos políticos autonómicos (11). De estos Territorios Nacionales el más septentrional fue el que se dio en llamar La Pampa. El río Atuel quedó encabalgado sobre la provincia de Mendoza, donde nace, y el Territorio Nacional de La Pampa, donde concluía en una vasta confluencia con el Salado- Chadileuvú.
Los factores históricos han hecho que la República Argentina se desarrollara, principalmente, de norte a sur. Así los oasis de regadío creados en la provincia de Mendoza, en la que nace el Atuel, fueron creciendo hacia el sur; el último de ellos fue el correspondiente a nuestro río, que comenzó a efectivizarse hacia finales del siglo XIX con la creación de colonias agrícolas en el valle del Atuel, que prosperaron rápidamente con la llegada del ferrocarril y la afluencia de inmigrantes. En este progreso tuvo mucho que ver la acción dinámica impresa por el gobierno mendocino, que era el de una provincia autónoma.
Simultáneamente, en el territorio pampeano, abierto también a la inmigración y al desplazamiento de población criolla en busca de tierras, también se ubicaban considerables sectores de población. En lo que por entonces se llamaba El Atuel o también Isla del Chalileo la radicación apuntaba, principalmente, a la cría de ganado, especialmente ovino, que por los buenos pastos se expandía rápidamente a lo largo del humedal. A principios de la década de 1930 había en la zona unos 60.000 vacunos y más de 400.000 ovejas; cuarenta años después esas cifras eran de 20.000 y poco menos de 150.000, respectivamente. Debe considerarse a estos efectos que el área en cuestión estaba muy alejada de los centro poblados y del ferrocarril y que, como ya se ha dicho, carecía de fomento estatal.
Sin embargo aquellos primeros pobladores no desecharon la actividad agrícola de regadío y, pese a que son escasos los documentos de lugar y época, ya en 1897 a través de la toponimia se rescata un sitio llamado
“Chacras de Pío Laza”, elocuente porque en las zonas áridas argentinas la palabra chacra va asociada con cultivos.
Es interesante señalar que, también en lo que hace a toponimia todavía hoy perdura un medio centenar de hidrotopónimos en lengua mapuche o española que dan testimonio indudable de las entidades fluviales que allí se dieron.
En el año 1909 el Estado Nacional creó en el Territorio Nacional de La Pampa la Colonia Agrícola Butaló, ubicada sobre el brazo homónimo del Atuel y con una superficie de 9.700 Has divididas en chacras de 100 has cada una (Recursos Hídricos Pampeanos, ). Esta colonia prosperó en sus comienzos y fue poblada tanto por inmigrantes como por criollos. Sin embargo la falta de una estructura hidráulica adecuada a la zona (de escasa pendiente, anastomosada y sin obras de cabecera, con épocas de inundaciones y otras de magra) hizo que en algunos años comenzara a desgajarse y que prácticamente se abandonara la actividad agrícola, reduciéndose a una ganadería muy extensiva. En este caso nuevamente se advierte las desventajas que tuvo el territorio pampeano al depender políticamente por entero del poder central, radicado en Buenos Aires. De hecho la misma Colonia Butaló se ubicaba a unos 300 km de la capital territorial, Santa Rosa, a la que estaba unida por caminos muy malos.
Hacia 1918 en el lugar llamado Paso el Loro, al sur de la localidad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, se realizaron “obras clandestinas de captación y desvío” que provocaron la extinción aguas
abajo del brazo principal del río, el de confluencia más septentrional con el colector Desaguadero-Salado-Chadileuvú en La Pampa. Con ese desvío los caudales del Atuel se encauzaron por los brazos del río conocidos como Butaló, De la Barda y, menores, De los Ingenieros y Las Tinajeras. (Ver Anexo I)
En la década de 1930 volvieron a producirse cortes ilegales en el curso sobre el brazo llamado Butaló, que motivaron airadas reacciones de los pobladores pampeanos, que llegaron a dinamitar los “tapones” en procura del libre escurrimiento del agua. Recién en esta oportunidad intervinieron autoridades nacionales a través de sucesivos organismos que realizaron informes técnicos claramente favorables al reclamo y señalando lo arbitrario de los sucesos. La provincia arribeña, si bien no le daba carácter oficial a estas construcciones de desvío, tampoco hacía nada por evitar la ilegalidad de estas obras, que disponían de los caudales a su antojo.
Los escurrimientos del río Atuel en La Pampa, aunque menguados y sin reconocimiento alguno a los derechos de los abajeños, siguieron llegando al territorio hasta 1948, cuando reciben el golpe de gracia. En esa fecha se completan las obras del dique El Nihuil en la cuenca media, construido por convenio entre la Nación y la provincia de Mendoza con el propósito de regular caudales y producir energía hidroeléctrica. Ni en la Ley que dispone la realización de la obra ni en el convenio respectivo “se introdujo cláusula alguna que salvaguardara los derechos de La Pampa, por entonces bajo tutela federal en su condición de Territorio Nacional”.
Increíblemente, ningún reclamo pampeano fue atendido y el río dejó de escurrir durante más de veinticinco años. Los pobladores quedaron casi sin recursos para vivir y comenzó así lo que se ha dado en llamar “la diáspora atuelera y saladina” que, con la destrucción del humedal, provocó la involución ecológica, económica y cultural de un territorio de más de 40 mil km cuadrados, si se consideran las áreas aledañas e influidas por las zonas húmedas.
En esta peripecia del agua hubo un hito administrativo singular: dolido por la miseria circundante un humilde agente de policía envió una carta exponiendo la situación al presidente de la república, por entonces Juan Domingo Perón. El reclamo siguió la vía administrativa y epilogó en la resolución 50/49 del organismo que en ese tiempo regía la actividad nacional en el rubro, Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Ese organismo dispuso, “con carácter provisorio” una entrega anual a La Pampa de 27,5 Hm3 anuales “con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de praderas naturales y alimentación de represas y lagunas” en jurisdicción pampeana, al tiempo que recomendaba realizar estudios para fijar en forma definitiva los caudales que corresponderían a La Pampa.
La resolución, que emanaba de las más altas autoridades nacionales, fue desconocida por un tribunal administrativo del Departamento de Irrigación de la provincia de Mendoza que le denegó competencia a la Nación para disponer de los caudales de un río “que nace y muere en Mendoza” (sic).
Los caudales para La Pampa que determinaba la resolución 50/49 eran equivalentes al 2,6 % del derrame anual del río.
Ningún reclamo posterior en procura de agua tuvo resultado, ni siquiera cuando La Pampa se convirtió en Estado Federal y llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El alto tribunal falló que el Atuel “es un río interprovincial y exhorto a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río” (Corte Suprema de Justicia de La Nación, 1987).
Desde aquel Fallo han pasado más de dos décadas y no se ha conseguido absolutamente ningún avance, por más que se formó una Comisión del Atuel Inferior, que no llegó a nada concreto. La misma constitución de esta comisión es llamativa, ya que excluye de sus consideraciones y posibilidades los tramos de alimentación, Superior y Medio del río, ignorando el concepto de unidad de cuenca, universalmente aceptado. Precisamente cabe señalar que, a la salida de su cuenca de alimentación, el Atuel transita una zona en la que pierde por vía subterránea caudales que podrían recuperarse y que pueden estimarse en 15 m3/s, prácticamente la mitad del módulo del fluvio.
En el año 2008 se celebró un convenio entre las provincias de La Pampa y Mendoza, avalado por la Nación, según el cual de las obras de recupero de caudales que se insumen en el lecho en el valle inferior del Atuel (estimados en unos 10 m3 s-1) La Pampa recibiría la mitad, que se conduciría por un canal de 130 km de extensión a territorio pampeano,
donde se emplearían para riego y bebida animal. Las obras en territorio mendocino serían financiadas por aquella provincia, la Nación y La Pampa, no así el canal conductor, que correría por cuenta de Nación y La Pampa.
Pese a las evidentes ventajas, el Departamento de Irrigación de Mendoza declaró en el corriente año que el convenio no puede cumplirse, desautorizando la gestión que había sido rubricada por la Presidenta de la Nación y los gobernadores provinciales. El tema volvió a quedar en la nada. (Una ampliación detallada de los aspectos jurídicos puede leerse en el Anexo 2)
Para finalizar digamos que la presente es apenas una reseña sintética de las tribulaciones por el agua en La Pampa, que llevan ya casi un siglo. Con lo expuesto se advertirá que el cuerpo de datos, hechos y pruebas es muchísimo mayor pero que se ha apelado al esquema como forma de facilitar el entendimiento inicial del problema. Un mayor cúmulo de pruebas (incluyendo una visita al área si se lo considera necesario) está a disposición del Tribunal.
Al respecto cabe destacar que, al margen de lo que se ha perdido en lo específicamente hídrico y los perjuicios sufridos en el campo de lo humano, con el paso del tiempo se van produciendo hechos físicos que, una vez concretados, tienen carácter de irreversibles, como es el caso de la formación de salitrales, la degradación de la flora o la salinización de
capas freáticas, circunstancias todas que llevan inexorable y comprobadamente al crecimiento del desierto.
El presente ha sido declarado por la Naciones Unidas como un año de lucha contra la desertificación. Ante la falta de resultados concretos en otras instancias es en esa tesitura y movidos por un sentimiento de justicia que nos presentamos ante ese Tribunal.-
(**) LEY Nº 2222.- Artículo 1- Suspéndense por el término de un (1) año
los juicios de desalojo de inmuebles rurales, ubicados en los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, siempre que fuesen ocupados por cualquier título, por familia o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estadio procesal en el que se encuentren a la fecha de sanción de la presente Ley. Artículo 2.- Con carácter previo a decretar la suspensión, el
Juez de la causa practicará de oficio, información sumaria, a los efectos de acreditar la pertenencia a pueblos indígenas u originarios y la ocupación, tenencia o posesión. Artículo 3.- Comuníquese al Poder
Esta Ley fue sucesivamente prorrogada por las leyes 2300, 2405 y por:
Ley 2520,-
Porrógase hasta el 30 de Septiembre de 2011, la vigencia de la Ley 2222. Artículo 2.- Inclúyase en los alcances de lo previsto en el artículo 1 de la
que incluyó un agregado en su artículo 2ª.- Artículo 1.-
Ley 2222, la ejecución de las sentencias que impliquen desalojo. Artículo
3.- la presente ley entrará en vigencia a partir de 30 de septiembre de
2009. Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
Al concluirse este trabajo, con fecha 22 de septiembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga por 24 meses. De este modo, los desalojos rurales en los cinco Departamentos del oeste pampeano quedan suspendidos hasta el 30 de septiembre de 2013, una vez que dicha norma sea promulgada.-
(***) P.O.T.R.O. : PROYECTO DE LEY (El mismo fue presentado el 18/05/2005 y tratado en la sesión de la Cámara de Diputados el 22/12/2005. Rechazado por 14 votos a 12. La mayoría votó la Ley 2222, que suspende los desalojos en los cinco Departamentos que se mencionan en el art. 1°)
Capítulo I Título I. Declaración del riesgo de inminencia de desplazamiento y/o desalojo. Artículo 1°.- Declárase la inminencia de riesgo de desplazamiento o desalojo de familias y habitantes del oeste rural pampeano o de su ocurrencia, en tanto se acredite por los medios que establece la presente Ley, su pertenencia a pueblos originarios y que hayan detentado la tenencia o posesión de tierras rurales en los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida.
Título II Creación del Programa de Ordenamiento y Titularización Rural del Oeste (P.O.T.R.O.) Artículo 2°.- Créase el Programa de Ordenamiento y Titularización Rural del Oeste con el objeto de proteger la población tenedora y/o poseedora de tierras rurales en el Oeste Pampeano, de actos arbitrarios contra sus bienes patrimoniales, pero que además afectan a sus vidas y comunidad de familia, debido a circunstancias que puedan originar o hayan originado un despojo o desplazamiento forzado. Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación procederá a identificar a los poseedores, tenedores y ocupantes por cualquier título, determinando el lugar de su asentamiento familiar, estableciendo en lo posible, el periodo de vinculación de cada uno de ellos con el respectivo inmueble. Artículo 4°.- A estos efectos, los Tribunales de Justicia de todas las Circunscripciones Judiciales, cualesquiera sea su grado o fuero, los Intendentes Municipales, Presidentes de Comisiones de Fomento, Jueces de Paz, La Dirección General de Catastro y la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, deberán presentar en un plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley, un informe sobre los predios rurales donde exista riesgo de desplazamiento y/o desalojo de sus ocupantes, cualquiera sea la causa que la origine. Artículo 5º.- Cada organismo, de acuerdo a sus propias incumbencias deberá explicitar los datos filiatorios de los posibles desplazados o en riesgo de serlo, detallando los bienes o mejoras que posean en el predio
rural en el que se encuentren asentados, la causa judicial que se encuentre sustanciando, determinando el avance de la misma. Título III De la denuncia de riesgo de desplazamiento o desalojo Artículo 6°.- Toda persona física que ocupe por cualquier título predios rurales en los Departamentos mencionados en el artículo 1° de la presente Ley, sea el titular de la ocupación o familiar directo o que de cualquier modo acredite su relación con él mismo, las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas al trabajo con las cuestiones de los pueblos originarios, los funcionarios públicos provinciales de cualquiera de los tres Poderes, funcionarios policiales, cualquiera sea su grado escalafonario, funcionarios de las Municipalidades y Comisiones de Fomento, Concejales y Veterinarios Departamentales, podrán formalizar la denuncia de riesgo de desplazamiento o desalojo ante cualquiera de los organismos o funcionarios mencionados en el artículo 4°.- Del “amicus curiae”. Artículo 7º.- Las personas físicas y jurídicas mencionadas en el artículo anterior podrán ser considerados a su solicitud y mientras dure el trámite de aceptación, como “amicus curiae”, pudiendo participar en los actos que deban llevarse a cabo en el trámite de aceptación. Título IV De la aceptación de la denuncia de riesgo de desplazamiento o desalojo. Artículo 8°.- El trámite de aceptación de riesgo de desplazamiento o desalojo no podrá exceder de treinta días a partir de efectuada la
denuncia y/o a partir del momento en que la Autoridad de Aplicación tome conocimiento del caso. Formalidades de la denuncia. Exención. Artículo 9°.- La reglamentación dispondrá los datos que deban consignarse en la denuncia, pero esta igualmente será considerada valida cualquiera sea la fórmula de su presentación y estará exenta del pago de impuesto de Sellos. Artículo 10º.- La aceptación implicará de pleno derecho que el afectado debe ser garantizado de no ser desplazado y/o desalojado, pudiendo continuar con la tenencia, posesión y/o ocupación del predio hasta su definitiva titularización a su nombre y de su grupo familiar de las tierras que ocupa. Artículo 11°.- No obstante ello, y mientras dura el trámite de aceptación, la Autoridad de Aplicación dará cuenta en forma inmediata a los Registros Públicos de la provincia, quienes deberán formalizar la nota marginal correspondiente que expresará “Riesgo de desplazamiento y/o desalojo”.
Artículo 12º.- Dentro del plazo establecido en el artículo 8°, no será autorizado ningún tipo de registración definitiva, el que sólo se formalizará con carácter “provisional”, debiéndose notificar la circunstancia al directo interesado en dicha registración. Artículo 13°.- Vencido el plazo de la aceptación de riesgo de desplazamiento y/o desalojo, y en caso de rechazarse la misma por considerársela improcedente, cuestión que deberá fundarse
adecuadamente, la Autoridad de Aplicación notificará a los Registros Públicos tal circunstancia a los efectos del levantamiento de las notas marginales, y los asientos “provisionales” que se hubieran efectuado en ese plazo, quedarán registrados como definitivos. Artículo 14°.- La Autoridad de Aplicación determinará en forma fundada los tipos de programas y procedimientos especiales de enajenación, adjudicación y titulación de tierras, dentro de los ciento ochenta días (180) días siguientes a la fecha de la aceptación. Artículo 15º.- A tales efectos de declaran de Interés Público los inmuebles que queden establecidos en el informe que deberá producir la Autoridad de Aplicación en el plazo establecido en el artículo anterior, debiendo elevarse a los fines del dictado de la Ley de expropiación y con todos sus antecedentes, a la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Artículo 16°.- Los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de las zonas rurales declaradas como de riesgo inminente de desplazamiento, que pretendan constituir derechos reales o transferir el derecho de dominio sobre los mismos, antes de que cesen los efectos de esta Ley, deberán obtener de la Autoridad de Aplicación la correspondiente declaración de “libre disponibilidad por no estar afectado el inmueble a riesgo de desplazamiento de personas y/o desalojos”, el que se otorgará en forma gratuita y sin requerimiento de formalidad burocrática alguna. Capítulo II Título I De los ya desplazados y/o desalojados.
Artículo 17.- Todos aquellos habitantes que hayan detentado la posesión, ocupación o tenencia de predios rurales y que acrediten su condición de pobladores originarios y que hayan sido despojados de su predios con anterioridad a la sanción de la presente Ley, podrán solicitar a la Autoridad de Aplicación de programas de reubicación en los mismos predios rurales o en similares a los que poseían. En su caso, podrán optar por el pago de la indemnización establecida en la presente Ley.- De las indemnizaciones. Artículo 18°.- Una Ley especial que dictará la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, establecerá una indemnización a cargo del Estado Provincial en beneficio de los desplazados de predios rurales del oeste, siempre que cumplimenten los requisitos establecidos en la presente Ley y los que fije la reglamentación de la misma. Artículo 19°.- No obstante lo establecido en el artículo precedente, la Autoridad de Aplicación deberá agotar el análisis a los fines de determinar, previo al pago de la indemnización, si no resulta más conveniente a los intereses del grupo familiar desplazado, la entrega de un predio rural, de forma que la familia mantenga sus condiciones de vida y su relación con el medio ambiente. Capítulo III Título I De la definición o conceptualización de poblaciones originarias. Artículo 20°.- A los efectos de la presente Ley, y sólo para ello, se considerarán habitantes descendientes de pueblos originarios, a aquellas personas que reconozcan entre sus ascendientes algún miembro de la
población originaria que habitaba el territorio antes de su incorporación al Estado Nacional Argentino, y también a aquellas personas que, aún no pudiendo justificar ascendencia aborigen, demuestren ser nativos del Oeste pampeano, o sean poseedores, tenedores con radicación efectiva superior a treinta años en los Departamentos mencionados en el artículo 1º de la presente Ley, cualquiera sea su raza u origen étnico. Título II De la titularización de tierras con mejoras realizadas por el Estado Provincial. Artículo 21°.- En todos aquellos predios rurales donde se encuentren construidas viviendas, y cuya financiación y realización haya estado a cargo del Gobierno de la Provincia de La Pampa, se deberá en forma inmediata proceder a regularizar el dominio en beneficio de las familias en cuyo origen fueron realizadas las mismas, aún cuando éstas ya no se encuentren en posesión del predio rural de su asiento. Artículo 22º.- A tal efecto, se declaran de Utilidad Pública todos los predios rurales donde se encuentren ubicadas éstas viviendas, debiendo la Autoridad de Aplicación ordenar la realización de un detallado relevamiento de las parcelas y de sus ocupantes. Artículo 23º.- Los antecedentes serán remitidos a la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa a los efectos del dictado de la Ley expropiatoria, en caso de corresponder. De las tierras propiedad del Estado Provincial y de sus organismos descentralizados.
Artículo 24º.- Tratándose de poseedores de tierras de titularidad de la Provincia de La Pampa o de cualquiera de los organismos descentralizados de la Administración Provincial, la Autoridad de Aplicación formalizará de inmediato los actos jurídicos y administrativos necesarios para la entrega de los títulos de propiedad correspondientes. Título III De las acciones posesorias. Gratuidad. Artículo 25º.- Si la Autoridad de Aplicación considera, conforme a los antecedentes del caso, que resulta procedente el inicio de acciones posesorias, remitirá los antecedentes a los funcionarios judiciales competentes a los fines que inicien en forma inmediata las mismas o en su caso, dispondrá el inicio de las mismas conforme lo establezca la Reglamentación. Artículo 26°.- En caso de procedencia de acciones posesorias, el trámite será gratuito en todas sus instancias, no pudiéndose requerir a los beneficiarios emolumento de ninguna especie, ni el pago de sellados, los que, en caso de corresponder, deberán ser afrontados por el Erario provincial.
Capítulo IV Título I Ayuda humanitaria para desplazados y/o desalojados. Artículo 27°.- La Autoridad de Aplicación deberá considerar la elaboración inmediata de un programa de ayuda humanitaria para los desalojados y/ o desplazados de inmuebles rurales del oeste, considerando las necesidades del grupo familiar, con el objeto de garantizar una
solución continua hasta la etapa de retorno o reubicación, en que solamente se aplicará en forma transitoria y por un término máximo de dos años. Artículo 28°.- A tales efectos se elaborará un pormenorizado informe medio ambiental y socio económico, el que deberá efectuarse por personal capacitado para tales fines, conforme lo determine la reglamentación.
Título II Autoridad de Aplicación. Reglamentación. Artículo 29º.- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley en un plazo no mayor de los treinta días de su promulgación. En caso de que se detectaran familias en riesgo de desplazamiento o desalojo en otros Departamentos del territorio provincial, podrá el Poder Ejecutivo ampliar a los mismos los efectos de la presente Ley, con previa comunicación a la Cámara de Diputados. Artículo 30º.- Será Autoridad de Aplicación el organismo que determine el Poder Ejecutivo. Artículo 31º.- De forma.
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 artículo 25
 artículo 24
 artículo 14
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 artículo 75
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