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Timestamp: 2019-08-25 03:49:58+00:00

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Sus derechos ante la administración: el procedimiento administrativo | iAbogado
Guía legal > La Administración > Sus derechos ante la administración: el procedimiento administrativo
1. ¿Qué es el procedimiento administrativo?
2. ¿Qué se entiende por Administración Pública?
3. ¿Quiénes tienen capacidad de obrar ante la Administración?
4. ¿Quiénes son los «interesados» en el procedimiento administrativo?
5. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos ante la Administración?
6. ¿En qué lengua deben tramitarse los procedimientos administrativos?
7. ¿Están obligados los ciudadanos a colaborar con la Administración?
8. La obligación de resolver de la Administración
9. ¿Qué sucede si la Administración no resuelve? El silencio administrativo
10. ¿Cómo se cuentan los plazos en el procedimiento administrativo?
11. ¿Se pueden ampliar los plazos?
12. ¿Qué son los actos administrativos?
13. ¿En qué momento producen efectos los actos administrativos?
14. La notificación
15. La nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
18. Los recursos administrativos
19. La reclamación administrativa previa a la vía laboral
20. La reclamación administrativa previa a la vía civil
21. La prescripción de las infracciones y sanciones
22. La responsabilidad patrimonial de la Administración
23. Contrate online a un abogado
Es el que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública en sus actuaciones y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Administración.
Las Administraciones Públicas son:
Tienen «capacidad de obrar» (es decir, pueden actuar) ante la Administración, además de las personas que tienen capacidad civil, los menores de edad en los casos en los que pretendan defender sus derechos o intereses y el procedimiento administrativo correspondiente les permita actuar sin la asistencia de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad, tutela o curatela.
5. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos en sus relaciones con la Administración?
Cuando los procedimientos se tramitan por Administración General del Estado, la lengua que se emplea es el castellano.
Sin embargo, cuando Ud. desee dirigirse a un órgano de la Administración General del Estado con sede en su Comunidad Autónoma, puede hacerlo también en cualquiera de las lenguas que sean oficiales en ella (catalán, vasco, gallego…).
En estos casos, el procedimiento se tramita en la lengua elegida por el ciudadano. Si en un mismo procedimiento concurren varios interesados y cada uno elige una lengua diferente, el procedimiento se desarrollará en castellano.
Los ciudadanos estamos obligados a facilitar a la Administración informes, la realización de inspecciones y de aquellos otros actos de investigación sólo en los casos en los que esta obligación esté prevista legalmente.
9. ¿Qué sucede si la Administración no resuelve los procedimientos? El silencio administrativo
Cuando la Administración no resuelve los procedimientos promovidos por los ciudadanos, su falta de resolución o lo que comúnmente se denomina «silencio administrativo», se considera como una resolución positiva o a favor del ciudadano (actos presuntos). Así, nuestra solicitud se entenderá estimada por silencio positivo.
Aunque el procedimiento se haya iniciado «de oficio», esto es, a iniciativa de la propia Administración, ésta tiene la obligación de resolverlo, por lo que, en estos casos, el silencio administrativo, produce los siguientes efectos:
En las actuaciones que se desarrollen ante las administraciones públicas, los plazos se computan de la siguiente forma:
Contra las resoluciones que concedan o denieguen la ampliación de plazos no puede interponerse ningún tipo de recurso.
Para que sean válidos deben ser dictadospor el organismo competente ysiguiendo el procedimiento que se establezca por Ley.
14. La notificación de los actos administrativos
15. Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
16.1. La iniciación del procedimiento administrativo
Los procedimientos administrativos pueden iniciarse «de oficio», esto es, por la propia Administración: Cuando así lo acuerde el órgano competente, ya sea por iniciativa propia, por requerimiento de un organismo superior o por denuncia.
También pueden iniciarse a solicitud de la persona interesada. En estos casos las solicitudes deben contener:
Nombre y apellidos del interesado o de su representante así como del lugar que se designa a efectos de notificaciones.
El órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.Pueden formularse como una única solicitud las peticiones de más de un interesado que tengan un contenido idéntico o muy similar.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigibles, la Administración nos requerirá para que en un plazo de 10 días, subsanemos la solicitud o aportemos los documentos que en su caso, nos sean requeridos. Si no lo hacemos, se considerará que desistimos de la petición. Este plazo puede ampliarse hasta 5 días.
Una vez iniciado el procedimiento, el órgano administrativo que sea competente para resolverlo, puede adoptar, bien de oficio, bien porque así se lo solicite el interesado, aquellas medidas provisionales que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la resolución administrativa que pueda dictarse. Por ejemplo, si un edificio privado amenaza ruina, el Ayuntamiento puede decidir apuntalarlo de forma preventiva, mientras se tramita el expediente de declaración de ruina.
En cualquier caso las medidas provisionales se extinguirán cuando la sea eficaz la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
16.2. La tramitación del procedimiento
16.3. La instrucción del procedimiento
Los interesados podemos formular alegaciones y aportar los documentos que consideremos necesarios en cualquier momento.
Tanto los datos obtenidos por la Administración como los que hayamos aportado, deben ser tenidos en cuenta al redactar la «propuesta de resolución«.
En cualquier momento los interesados podemos alegar defectos en la tramitación de los procedimientos, principalmente aquellos que supongan una infracción de los plazos o de los trámites señalados.
16.4. El trámite de audiencia
Dependiendo de la naturaleza del procedimiento, la Administración puede acordar que se establezca un periodo de información pública. En estos casos, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia correspondiente para que cualquier persona pueda examinar el procedimiento.
16.5. La terminación del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo puede terminar:
Por la resoluciónque se dicte y que deberá ser:
En la misma resolución deben constar los recursos que pueden interponerse, el órgano ante el que deben tramitarse, y el plazo para su presentación.
Por renuncia al derecho en que se basa la solicitud o desistimiento: Los interesados pueden desistir en cualquier momento de su solicitud, siempre que este desistimiento o renuncia de derechos no sea contraria a las leyes. Si en el procedimiento hay más de un interesado, la renuncia sólo afectará a quien la formule. Por otro lado, si el objeto del procedimiento administrativo fuese de interés general, la Administración puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia del interesado y continuar con la tramitación del procedimiento
Por caducidad: Supone un «castigo» a los interesados por paralizar el procedimiento administrativo.En estos casos, la Administración debe advertir al interesado que si en el plazo de 3 meses no realiza las acciones necesarias para continuar con la tramitación del procedimiento, se declarará la caducidad de la acción y se procederá a su archivo.Contra la resolución que archive las actuaciones por caducidad podrán interponerse los recursos que en su caso correspondan.El hecho de que el procedimiento sea archivado no implica la pérdida del derecho del interesado a instar un nuevo procedimiento.
Las Administraciones Públicas no pueden limitar los derechos de los particulares sin que previamente exista una resolución y ésta haya sido dictada tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, y notificada al interesado.
En principio, los actos de las Administraciones Públicas son directamente ejecutivos salvo que se acuerde su suspensión, una disposición establezca lo contrario, o necesiten la aprobación o autorización de un organismo superior.
Antes de exponer cuáles son los recursos que pueden interponerse contra las resoluciones administrativas, debe quedar claro, en primer lugar, qué actos administrativos ponen fin a la vía administrativa, ya que de ello dependerá el tipo de recurso a interponer, en segundo lugar, cómo se interpone y por último, si la presentación del recurso suspende o no la ejecución de la resolución administrativa. Así:
18.1. ¿Qué actos ponen fin a la vía administrativa?
Finalizan la vía administrativa:
18.2. ¿Cómo se interpone el recurso?
El órgano administrativo contra el que se dirige el recurso así como el tipo de recurso que se interpone.
18.3. La suspensión de la ejecución
Aunque se conceda la suspensión, pueden adoptarse medidas cautelares para proteger el interés público, de terceros o para asegurar la efectividad de la resolución que se adopte tras la tramitación del recurso.
Si de la suspensión pueden derivarse perjuicios, el interesado deberá prestar caución o garantía para responder de los mismos (normalmente se hará aportando aval bancario).
18.4. Los tipos de recursos administrativos
Los recursos que pueden interponerse contra los actos administrativos son tres: el recurso de alzada, el de reposición y el extraordinario de revisión.
Siempre es conveniente recabar el consejo de un abogado quien, a la vista de las singularidades que presenta cada caso, informará sobre la conveniencia y forma de entablar las correspondientes acciones legales.
18.4.1. El recurso de alzada
18.4.2. El recurso de reposición
18.4.3. El recurso extraordinario de revisión
19. La reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral
En estos casos, la ley exige que se formule una reclamación administrativa previa al inicio de las acciones judiciales laborales.
20. La reclamación administrativa previa a la vía judicial civil
21. Prescripción de las infracciones y sanciones administrativas
Las infracciones y sanciones prescriben según lo dispuesto en las leyes que sean aplicables a cada caso en concreto y en defecto de éstas, las infracciones muy graves, a los 3 años de su comisión, las graves a los 2, y las leves a los 6 meses y, respecto a las sanciones, las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 y las leves al año.
La prescripción se interrumpirá con el inicio del procedimiento de ejecución y, como en el caso anterior, su cómputo se reanudará si la ejecución se paraliza durante más de un mes por causa que no sea imputable al interesado.
22. La responsabilidad de la Administración
22.1. Responsabilidad de la Administración
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración pueden iniciarse «de oficio» (a iniciativa propia) o por reclamación de los interesados y son resueltos, dependiendo de cada caso, por el Ministro correspondiente, por el Consejo de Ministros o por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.
En estos supuestos, el organismo encargado de resolver podrá acordar que la reclamación se tramite de conformidad a este procedimiento y reconocerá el derecho a percibir la indemnización en un plazo de 30 días. Si en este plazo no recae resolución, la reclamación seguirá tramitándose dentro del procedimiento común u ordinario.
22.2. Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de la Administración Pública
Para exigir esta responsabilidad, la Administración debe valorar, entre otros criterios, los daños que se han producido y si hubo o no intención de causarlos.
La resolución que declare la responsabilidad del personal al servicio de la Administración, pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponerse los recursos de reposición y / o contencioso-administrativo.
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