Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20051116.htm
Timestamp: 2020-04-05 03:46:39+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 16 Noviembre 2005
«Langue de bois»
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 16 Noviembre 2005
La destrucción de la Constitución
Carlos Ruiz Miguel Libertad Digital 16 Noviembre 2005
Que no se juzgue la OPA desde Bruselas, ni a Montilla desde Madrid
Editorial Libertad Digital 16 Noviembre 2005
Serafín Fanjul Libertad Digital 16 Noviembre 2005
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Noviembre 2005
Y mil, entre cien mil
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 16 Noviembre 2005
Editorial Elsemanaldigital 16 Noviembre 2005
Olivos, rumores y mentiras
TONIA ETXARRI El Correo 16 Noviembre 2005
EL PELIGRO RADICAL
Editorial El Ideal Gallego 16 Noviembre 2005
Aclaraciones adicionales a un texto controvertido
Blog de Alejo Vidal-Quadras Periodista Digital 16 Noviembre 2005
El terrorismo separatista gallego amenaza con un inminente rebrote
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 16 Noviembre 2005
Rey Abdalá de Jordania: «Tenemos un gran problema en el islam: llegó el momento de enfrentarnos al terror»
JUAN CIERCO. ENVIADO ESPECIAL ABC 16 Noviembre 2005
Jiménez Losantos se afiliará a la AVT que se encargará de las querellas contra el juez Fanlo y 20 Minutos
Libertad Digital 16 Noviembre 2005
Europa Press Libertad Digital 16 Noviembre 2005
Elsemanaldigital 16 Noviembre 2005
ETA atentó el domingo contra una bodega de Haro dentro de su campaña de extorsión
R. RIVERA / O. B. DE OTÁLORA/HARO /VITORIA El Correo 16 Noviembre 2005 «Langue de bois»
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ESCRITOR Y PERIODISTA ABC 16 Noviembre 2005
... Se añadirá que la democracia, bien entendida, no guarda una relación inteligible con las expectativas vitales de millones de votantes. Cuando los problemas estallan, nos volvemos de madera. Estupenda manera de contener un incendio...
LOS grandes sucesos franceses, la manifestación gigante contra la LOE, las encuestas respondonas y las cuitas de Montilla han teñido de un sepia casi retro la sesión parlamentaria del 2 de noviembre. No conviene, sin embargo, perderla de vista, porque ella o sus efectos nos saldrán de nuevo al camino de aquí a pocos días. Intentaré, por tanto, un ejercicio de recordación... en clave poética. Entiendo por «poética» no la afición evidente a la lírica de que dieron muestra sus señorías, sino lo que el D.R.A.E. declara en la cuarta acepción que va adjunta al vocablo: «Conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un género literario, una escuela o un autor». Según pensamos, así hablamos. Y también al revés: de la elocución, de la retórica, del modo, en fin, en que se extravasa una persona por medio de palabras, cabe deducir qué piensa o siente. Pues bien, la mayor parte de los diputados me produjeron una impresión rara, terminal. Su estilo se ajustó a lo que los franceses, tomando prestada la expresión a los críticos del comunismo en su fase decadente, llaman langue de bois, «lengua de madera». El lenguaje adquiere consistencia de madera cuando deja de servir a su objetivo natural, y se convierte en una máquina de no decir nada, o de decir lo contrario de lo que parece que se está diciendo. Las ideas no encajan, y porque no encajan, no expresan un argumento sino un conflicto.
¿Qué conflicto ha devastado no sólo el discurso del miércoles 2, sino el dominante en España desde que se aprobó la Constitución? No es preciso partir los pelos por cuatro para atinar con la respuesta. Lo que nos tiene atenazados, turulatos, es el conflicto nacionalista. Bastó oír a Esquerra, a CiU, al PNV, a Eusko Alkartasuna, al PSC, para comprobar, con contundencia dramática, que se ha complicado una ecuación intratable. La ecuación se puede resumir en poco espacio. Punto número uno: los nacionalistas perciben la nación, o mejor dicho, su nación, como un fenómeno natural. En Cataluña, por ejemplo, existe un fenómeno natural, extrahistórico o suprahistórico, cuya manifestación canónica es la lengua catalana. No importa cuántos catalanes hablen catalán en casa y menos aún importa que la hegemonía del catalán pueda beneficiar o no a los ciudadanos catalanes a medio y largo plazo. El catalán es la lengua «propia» de Cataluña, del mismo modo que cierto tipo de flora o fauna es propio de tal o cual isla del Pacífico. Punto número dos: es misión insoslayable del nacionalismo asentar y acrecer este fenómeno natural dotándose de los instrumentos políticos oportunos. Tres: se remata la exposición con invocaciones a la democracia. Una mayoría parlamentaria nacionalista en una CA justifica y exige que se acelere el proceso de construcción nacional en esa CA.
Se mire como se mire, el desenlace de esta cadena silogística es grave. Es gravísimo desde consideraciones asépticamente constitucionales. Una mayoría parlamentaria en Barcelona o Vitoria no significa, obviamente, que los partidos mayoritarios en esas regiones estén habilitados para entender en cuestiones cuya resolución reserva la Carta Magna a mayorías mucho más capaces. No reconocerlo, o amenazar con calamidades sin cuento si no se acepta una implícita soberanía catalana o vasca, supone ya desbaratar de un manotazo las reglas de juego en que se basa el sistema. Pero el caso es más grave, si se me apura, cuando se adopta una perspectiva puramente moral. Puesto que no es cierto que el nacionalista se esté acogiendo a la democracia, incluso a la democracia de formato pequeño en la que se siente más fuerte. Su valor supremo, y también su invocación última, es la nación. La nación como un bien que ha de ser promovido por encima de las voluntades particulares. La nación como origen y como destino. La nación como algo que no se puede discutir racionalmente porque es odioso, intolerable, mezquino, entrometerse en la esfera de los sentimientos.
Lo último se apreció clarísimamente en la segunda intervención de Mas. Mas dijo que llevaba en el corazón -y señaló con la mano su costado izquierdo- una patria. Y admitió que otro podía llevar otra patria. Ello nos devuelve a los fenómenos naturales de hace un momento. El corazón de Mas es el relicario del fenómeno natural X. Y el corazón de, qué sé yo, Rajoy, el relicario del fenómeno natural Z. Y se acabó. Artur Mas afirmó que estos dos fenómenos naturales pueden coexistir, o arder, en dos o varios corazones sin que se venga el mundo abajo. Pero hay razones para temer que no es del todo sincero. ¿Por qué? Porque el patriotismo de Mas no es sólo una efusión sentimental: se traduce en proyectos -fiscales, judiciales, competenciales- que entran en conflicto frontal con el statu quo. A la postre, la resistencia de Mas a matizar sus emociones patrióticas implica también que se resiste a matizar las consecuencias políticas y materiales de dichas emociones. Implica, qué le vamos a hacer, un principio, o una insinuación, de violencia. No se trata de una conjetura, sino de un hecho. Cito al propio Mas, en el trance de interpelar a los populares: «Si no se vota «sí» a la toma en consideración del Estatuto, ¿cómo quieren que lo hagamos la próxima vez?». Trasladado a román paladino: la próxima vez no nos atendremos al procedimiento, al rito de los controles parlamentarios, a la aprobación por mayorías espurias. La próxima vez no les concederemos la oportunidad de hacer lo único que admitimos que hagan. Que es decir «sí».
Esto es lo que se ha oído. Y como lo que se ha oído es explosivo, la langue de bois se ha empleado con inusitada energía en embozar, confundir, ocultar la realidad. Se ha sostenido que poner en cuestión una dilatación del autogobierno catalán es de derechas -¿cuál es el nexo?, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad?-; se ha aseverado, igualmente, que se trataría de una actitud antidemocrática -¿con respecto a qué colectivo humano, esto es, a qué electorado? ¿Al de las cuatro provincias? ¿Al de siete, si añadimos Baleares y las tres valencianas? ¿Al de toda España?-; y el PSOE, ¡ay!, se ha deslizado por la pista trazando un vals aturdido, errático. Rubalcaba llegó a afirmar que era imposible, por definición, que un texto inconstitucional superase el filtro de la comisión parlamentaria. Ello plantea varias preguntas. Si la constitucionalidad final está garantizada, ¿por qué no se ha tomado en consideración el plan Ibarretxe? Aparte de esto, ¿piensa alguien, seriamente, que el TC estará en situación de derribar técnicamente un texto consagrado en el Congreso y votado en Cataluña? Y si lo que importa es sólo la implicación política del Congreso, ¿por qué no se va por lo derecho a una reforma constitucional, cuyas garantías democráticas -no digo jurídicas- son, a fortiori, mayores?
La langue de bois fulminará como sectarias, retrógradas, interesadas, todas las críticas que acierten a levantarse contra la desafortunada situación en que nos hemos puesto. Se asegurará que Cataluña seguirá siendo solidaria aunque sus aportaciones se dividan por la mitad o los inspectores de Hacienda sólo obedezcan a instancias regionales. Y se añadirá que la democracia, bien entendida, no guarda una relación inteligible con las expectativas vitales de millones de votantes. Cuando los problemas estallan, nos volvemos de madera. Estupenda manera de contener un incendio.
EL NUEVO ESTATUTO SOBERANISTA CATALÁN
Por Carlos Ruiz Miguel Libertad Digital 16 Noviembre 2005
El proyecto de nuevo estatuto catalán supone, tanto por la forma de realizarlo cuanto por su contenido, la destrucción de la Constitución. Su carácter letal es similar al del “Plan Ibarreche”, pero hay una diferencia esencial: ahora el presidente del Gobierno (que para tomar posesión de su cargo prometió “cumplir y hacer cumplir la Constitución”) es el primer promotor de la destrucción de la Carta Magna.
El proyecto de nuevo estatuto catalán sólo es comprensible a la luz de la tramitación del Plan Ibarreche. Todo lo ocurrido en torno a éste ha servido para allanar el camino de aquél. En su día escribí que el Plan Ibarreche no era, como algunos pretendían, una "reforma" de la Constitución. Antes bien, aquel proyecto establecía el surgimiento de un nuevo poder constituyente, el del "pueblo vasco", y la destrucción del poder constituyente español.
El poder constituyente español corresponde a toda la Nación. Por tanto, la amputación de un territorio español hace desaparecer a ésta como un todo, y por consiguiente al poder constituyente, que emerge de la soberanía de la Nación en su conjunto. Si no hay Nación española, no hay poder constituyente español y, por tanto, tampoco Constitución de España.
El Tribunal Constitucional decidió, con unos argumentos que he considerado insostenibles, rechazar la impugnación que el Gobierno de la Nación dirigió contra unas resoluciones (los acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa del Parlamento vasco) que no eran leyes (y, por tanto, no eran susceptibles de un recurso de inconstitucionalidad) pero que suponían poner a unos poderes públicos a trabajar por la destrucción de la Nación española y su poder constituyente.
En aquel auto, el TC, asombrosamente, se negó a contestar la alegación de que el "Plan Ibarreche" destruía el poder constituyente español. Aunque el Gobierno introdujo esta alegación, ni un sólo pasaje del auto del TC entró a rebatir esta afirmación. Así, el Alto Tribunal, que debe velar por la integridad de la Constitución, dejaba al poder constituyente español indefenso ante cualquier tentativa secesionista. Con lo que quedaba políticamente amortizada la vía del artículo 161.2 para defender la Constitución. En adelante nadie se atrevería a pedir al Gobierno que la utilizara, pues se contraargumentaría que no era "viable".
Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno autonómico vasco.Posteriormente, ya con el Gobierno de Rodríguez Zapatero instalado en la Moncloa, asistimos a la infamia de ver entrar con todos los honores en el Parlamento español una propuesta dirigida a destruir España. Y, lo que es más, la actual mayoría parlamentaria decidió considerar que aquel texto, esto es, la pretensión de aprobar una Constitución vasca, fuera tramitado como "proyecto de reforma estatutaria". El que no fuera tomado en consideración no resta ni un ápice de gravedad a la calificación de "reforma estatutaria" para un plan de secesión que destruía la Constitución. En adelante, fuera lo que fuera lo que un Parlamento autonómico llevara a las Cortes Generales, se creaba el clima político para calificarlo de "reforma estatutaria".
Con esos antecedentes quedaba preparado el camino para el segundo asalto a la soberanía nacional: el proyecto de nuevo estatuto catalán. Una vez que el TC descalificó el intento de que el Gobierno defendiera la soberanía nacional mediante la impugnación prevista en el artículo 161.2 de la Carta Magna, nadie podría exigir al nuevo presidente que acudiera. Una vez se aceptó que la aprobación de una Constitución vasca fuera calificada como "reforma estatutaria", nada impediría que el Parlamento español diera curso a este nuevo proyecto de destrucción de la Constitución.
El nuevo Estatuto catalán afirma la soberanía de la nación catalana
Ya en el preámbulo, el texto salido del Parlamento autonómico confiesa que pretende "determinar lliurement el seu futur com a poble" de Cataluña. Es decir, a Cataluña le correspondería un derecho de libre determinación, que no es sino una de las manifestaciones de un poder soberano constituyente. Ese anuncio se confirma en otro pasaje, que habla del "dret inalienable a l'autogovern", lo cual es tanto como decir que el poder constituyente español no podría (como hizo en otras constituciones distintas de la de 1978) no reconocer a Cataluña un "derecho" al "autogobierno". Ése es uno de los que el preámbulo llama "drets nacionals de Catalunya".
Una de las manifestaciones de la soberanía es la de dotarse de una Constitución; y, en efecto, el nuevo estatuto catalán confirma su carácter soberanista al considerar que "segueix la tradició de les constitucions i altres drets de Catalunya". Es decir, nos anuncia su vocación de ser "Constitución". El preámbulo insiste en que el estatuto "defineix les institucións de la nació catalana i les seves relacions amb els pobles d'Espanya en un marc de lliure solidaritat amb les nacionalitats i les regions que la conformen, compatible amb el desenvolupament d’un Estat plurinacional".
El corolario de esta afirmación no explícita, pero no por ello menos indubitada, de la soberanía de Cataluña es claro: por un lado, se afirma que "Catalunya és una nació", mientras que España no lo es, ya que "Catalunya considera que Espanya és un Estat plurinacional"; por otro, y como consecuencia de esa atribución, no explícita pero sí clara, de soberanía, "el dret català és aplicable de manera preferent".
Todas estas afirmaciones están contenidas en lo que el nuevo estatuto llama, expresamente, "Préambul". Ahora bien, el preámbulo es una institución propia de una Constitución. Las leyes no tienen "preámbulo", sino "exposición de motivos". En efecto, el legislador y el Poder Ejecutivo son poderes constituidos, y por eso mismo no pueden hacer todo lo que quieran. De ahí que deban motivar el por qué hacen una ley. Sin embargo, el poder constituyente, al ser soberano, no tiene obligación hacia nadie, por eso no hace una "exposición de motivos". Antes bien, proclama solemnemente lo que hace.
El preámbulo es el texto que sintetiza las afirmaciones políticas más importantes de la parte normativa de una Constitución. Esto le da un valor interpretativo importante. Justamente por ello, el hecho de que las anteriores afirmaciones se contengan en un "preámbulo" no sólo no les resta gravedad, sino que la aumenta.
Y, en efecto, la lectura de la parte dispositiva del nuevo estatuto confirma los temores. La primera premisa explicitada en el articulado es la de que "Catalunya és una nació" (art. 1.1). La segunda, la de que "els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució" (art. 2.4). Este artículo, quizá el más importante de todos, diferencia claramente la titularidad y el ejercicio del poder. Y la conclusión es clara: la primera emana del "poble de Catalunya".
Por tanto, la titularidad del poder de la Generalidad, es decir, el poder originario, está en el "poble de Catalunya" y no en el español, como afirma el artículo 1.2 de la Constitución española. Ese poder, cuya titularidad es del "poble de Catalunya", se ejerce "d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució". Algo que reitera el artículo 1.2 del estatuto ("Catalunya exerceix el seu autogovern per mitjà d'institucions pròpies, constituïda com a comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i aquest Estatut").
No tiene nada de particular, porque los poderes cuya titularidad originaria corresponde al pueblo español también pueden ser ejercidos por la Unión Europea o por otros organismos internacionales, según lo previsto en el artículo 93 de la Carta Magna. Pero lo importante es que son de titularidad española, y el titular del poder puede, en todo momento, decidir que se ejerzan de otra manera. El estatuto ha afirmado la soberanía nacional del "poble de Catalunya", que aparece como titular del poder. Ese titular podrá determinar en el futuro que en lugar de ejercerse "de acuerdo con la Constitución y el Estatuto" se ejerza sólo de acuerdo con este estatuto, o con otro que llegue en el futuro.
El nuevo estatuto destruye la Constitución española
Un autor clásico, Carl Schmitt, distinguió de forma irrebatible entre "reforma" y "destrucción" de una Constitución. Esa distinción ha sido retomada en España por el ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga, para decir que hay normas "inconstitucionales" y propuestas "anticonstitucionales", entre las que se encuentra el proyecto de nuevo estatuto catalán. En efecto, una ley "inconstitucional" pretende "reformar" ilegítimamente la Constitución, pero no destruye los pilares fundamentales de la misma. Una ley que regule el estatuto de los funcionarios públicos sin reconocerles el derecho a la huelga puede ser "inconstitucional", pero difícilmente se podrá decir que destruye la Carta Magna.
La Constitución es un edificio que está construido sobre dos pilares básicos e interconectados: la afirmación de la "Nación Española" y la atribución de su soberanía (la "soberanía nacional") al "pueblo español", del que emanan "los poderes del Estado". Todos los poderes del Estado. El proyecto de nuevo estatuto catalán no es otra cosa que la voladura de esos pilares, ya que elimina la "Nación Española", convertida en un "Estado plurinacional", y considera que existen poderes que ya no emanan del pueblo español.
Todos los partidos catalanes –excepto los socialistas– han coincidido este martes en reclamar al primer secretario del PSC, José Montilla, "explicaciones" sobre la deuda de su partido y el bochornoso trato de favor que le ha otorgado La Caixa.
A nadie –incluidos los medios que han destapado el "caso Montilla"– debería, sin embargo, tranquilizar en lo más mínimo esta aparente y repentina voluntad de ir al fondo del asunto por parte de unos partidos que –como los aliados del gobierno– , un día antes se negaban en la Junta de Portavoces, junto al PSOE, a que el ministro de Industria compareciera en el Parlamento a dar esas mismas explicaciones que ahora, desde Barcelona, supuestamente le reclaman. Lo que hay que temer, más bien, es una maniobra para desactivar de forma controlada un escándalo que a nivel nacional sería mucho menos manejable y que, si no se reduce al ámbito autonómico, bien podría afectar la continuidad de un ministro que, como Montilla, es decisivo para los intereses empresariales del nacionalismo.
Evidentemente, y por muy aliados que sean del PSC, los partidos nacionalistas catalanes no podían abordar este escandaloso capítulo de financiación irregular con la misma despreocupación y chulería con la que lo han tratado, este mismo martes, Maragall o Manuela de Madre. Si el presidente de la Generalidad se ha referido al "caso Montilla" diciendo que "no serán estas cositas las que le hagan cosquillas a este señor", la vicepresidenta del PSC lo ha despachado asegurando, entre carcajadas, que cargos públicos del PSC dedicarán su "paga extra" a abonar el crédito.
La petición de "explicaciones" por parte del resto de los partidos catalanes no alcanza, sin embargo, la severidad suficiente como para que los socialistas pierdan, por ello, la confianza en enterrar este asunto. Son "peticiones de explicaciones" con las que, en realidad, se trata de eludir la petición de responsabilidades políticas. Lo reclamado por los partidos catalanes a Montilla es tan vago como firme el deseo de no vincular ni hacer peligrar con ello la OPA de Gas Natural contra Endesa.
Conseguido que sean las autoridades españolas –y no las comunitarias– las que juzguen la OPA de marras, la imparcialidad del Gobierno es tan dudosa como pueda ser sincera la voluntad de la clase política catalana de llegar al fondo del "caso Montilla". Si los tratos de favor recibidos por su partido le desacreditan como ministro y como juez imparcial de una OPA en la que participa su generoso acreedor, la Cataluña oficial, la del nacionalismo, la de la omertà y la del 3%, no es precisamente el ámbito para investigar escándalos. Más bien, para enterrarlos.
Una gangrena moral corroe al Gobierno de España. Los “intelectuales” de Zapatero huyen despavoridamente ante la enfermedad. Están girando rápidamente. Sus intereses mezquinos de antaño quieren borrarlos de prisa y corriendo, ya han empezado a “ensayar”, o sea, a hacer suyos, que es otra manera de apropiarse de lo ajeno, maduros argumentos de quienes siempre mantuvimos que Zapatero no tenía ni legitimidad de origen ni de ejercicio. Excepto la escoria del socialismo más burocratizado, que sigue ladrando a la ciudadanía, levantada un día sí y otro también en toda España contra un Gobierno sin ninguna política democrática, nadie con entidad defiende la locura de este Gobierno. He ahí el verdadero hecho político y, sin duda alguna, dramático, que son incapaces de enfrentar las agencias socializadoras de la “política” socialista. El fracaso de PRISA en este punto es apoteósico. Su recorrido hasta que esto termine será duro.
Miro a mi entorno, leo los análisis políticos en los periódicos, oigo las tertulias de la radio e, incluso, presto atención a los “intelectuales” cercanos al PSOE, especialmente a quienes abandonaron las tesis constitucionales para defender la negociación con los terroristas, y no hallo tentativa alguna de comprender a este Gobierno. Éste es observado ya como un tejido muerto. Nadie parece sentirse con fuerzas para detener la gangrena. Nadie defiende a Zapatero. Nadie con entidad intelectual da un sólo argumento a favor de su sectarismo político. Nadie con dignidad moral arriesga una opinión, un atisbo compresivo, sobre la viabilidad democrática de la política exterior de España, la reforma de la legislación sobre el matrimonio, la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña, la negociación con la banda terrorista ETA y la reforma de la educación.
Es un hecho casi incontestable, y esto no deja de resultar trágico, que ni dentro ni fuera de su partido hallamos personas, intelectuales de talla, dispuestas a examinarse, a medirse, con unas medidas políticas que excluyen siempre, como mínimo, a la mitad de la población. Nadie con un poco de inteligencia dejará de reconocer, después de año y medio de Gobierno, que Zapatero ha llevado a la Nación al borde del abismo por un lado, y ha reducido, por otro lado, al Estado a mero instrumento de control, cuando no una máquina represiva, de la vitalidad ciudadana.
Sin saber qué es la nación, según sus propias declaraciones, y sin tener la más remota idea de lo que debe hacerse desde el Estado para servir a una sociedad madura, nadie en su sano juicio puede apoyar, reforzar, o, sencillamente, aprobar la pequeña política de Zapatero. Sí, pequeña, porque este hombre no pretende otra cosa que sobrevivir en el poder a cualquier precio. Sí, pequeña, porque el presidente del Gobierno jamás ha caído en la cuenta de que sin la postulación de la unidad de los contrarios no hay política democrática posible. En realidad, sin ese postulado desaparece la política.
Por desgracia, sin embargo, para quienes apoyaron al PSOE, pero ahora huyen despavoridos ante la gangrena moral que ZP ha traído a España, el problema es cómo terminar con quién ya nadie defiende. He ahí la cuestión más difícil que deberá resolver el socialismo español, por lo menos, antes de que las encuestas le sitúen lejos de mayoría alguna. He ahí el problema de sus adictos. He ahí el problema de sus “intelectuales”. Este personal tiene la cosa difícil. Pues que, siendo realistas, sólo y exclusivamente la Ejecutiva Federal del PSOE podría parar al peor presidente de Gobierno que ha dado la democracia española. Un imposible. Todos son de Zapatero. La pregunta es dramática para quienes una vez apoyaron a este Gobierno: ¿Cómo desembarazarse de ZP? No hay respuesta. Hay que esperar. La espera para estos “intelectuales” del PSOE será trágica… O sea, también ellos, como otros millones de españoles, tienen por delante dos años de sangre, sudor y lágrimas.
LA SEMANA pasada se presentó en Madrid el último filme de Iñaki Arteta, Trece entre mil , que es un estremecedor documental sobre el indecente olvido al que han estado sometidas en España las víctimas de ETA. En él nos cuenta Arteta trece historias (la de un chófer militar, preso, desde hace dos décadas, en la silla de ruedas en la que lo confinaron los etarras; la del padre que perdió a su mujer y a sus dos hijas en el atentado de Hipercor; la del guardia civil que vio morir a uno de sus niños cuando ETA puso una bomba en su automóvil...), historias con las que el director construye un documento que ha sido considerado «impresionante e imprescindible». Lo es, sin duda: tanto que acudir a ver la película de Arteta constituirá un paso más en la indispensable reparación moral de una indecencia colectiva.
Pero mientras el cineasta vasco les da voz e imagen a los trece de entre mil que ha elegido para enseñarnos una esquina del inmenso sufrimiento provocado por el terrorismo nacionalista de ETA Militar, los jefes de la tribu han vuelto a salir en defensa de sus hijos descarriados.
Y así, al tiempo que el Gobierno vasco reconocía que las ayudas en el 2006 a favor de los colectivos de víctimas de ETA serán similares a las que recibirán las asociaciones de apoyo a los etarras, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Vitoria, Iñigo Urkullu, decidía suprimir la palabra terrorismo del nombre del grupo de trabajo constituido en la Cámara vasca para auxiliar a las víctimas de ETA, grupo que, a partir de ahora, se llamará solamente Ponencia de Víctimas.
Víctimas ¿de qué? No lo duden: víctimas de ETA, pero también víctimas de la acción del Estado democrático condenando en juicios justos a los pistoleros y a sus cómplices. Es decir, víctimas del conflicto, que, como siempre ha sostenido el PNV, lo son todas por igual: es verdad que unas matando y otras muriendo asesinadas, pero todas expresión a la postre -se nos dice- de una situación objetiva de conflicto que sólo se acabará cuando el propio conflicto se resuelva.
Frente a tan ignominiosa teoría sólo cabe unirse al mensaje enviado a la presidenta del Parlamento vasco por Gregorio Peces Barba, comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, quien considera que el cambio de nombre de la ponencia «expresa, no sólo un auténtico dislate, sino un uso perverso del lenguaje que ofende a las víctimas del terrorismo y a todos los ciudadanos de bien, que es profundamente inicuo por la equidistancia que esconde entre quienes han sufrido el terrorismo y sus verdugos». Se puede decir más alto pero, desde luego, no más claro.
Un juez de Barcelona simpatiza con los terroristas que atentaron contra Jiménez Losantos. Una voz más en el coro de José Montilla contra los medios de comunicación libres.
16 de noviembre de 2005. Carlos Fanlo Malagarriga, un juez en activo en la Barcelona de Joan Clos y Pasqual Maragall, ha lamentado por escrito, en un periódico gratuito de aquella capital, que los terroristas de Terra Lliure no apuntasen mejor al atentar contra el periodista de la COPE Federico Jiménez Losantos. "De haber apuntado al corazón, nada te hubiesen lesionado porque careces de él", ha dicho. Y es muy grave el ambiente de crispación que declaraciones de este tipo crean.
Más grave aún es, sin embargo, que simpatice con los terroristas, siquiera retóricamente, un representante del Poder Judicial. Un órgano jurisdiccional del Estado, depositario de la legalidad y administrador de ella, toma partido; y no se trata de una opción política legítima, sino de una abierta simpatía por uno de los grupos criminales que ensombreció con sus delitos la Transición. Terra Lliure se extinguió, aunque los rescoldos siguen vivos; sus socios de ETA siguen activos. Y no es legítimo –al margen de que sea legal- un comentario de este tipo.
Ahora bien, el juez Fanlo no es ni el responsable máximo ni el más caracterizado de un clima de confrontación que se va instalando en España. Jiménez Losantos, por ser uno de los portavoces de la derecha social que tanto molesta a este Gobierno y que tan fuerte se está demostrando, ha sido objeto de campañas de ataques personales desde los medios de comunicación de la izquierda y por parte de políticos tan notables como el todavía ministro de Industria, José Montilla.
Esas campañas de descrédito entreverado de amenazas no tienen como único objetivo a Losantos ni a la COPE, sino a los medios de comunicación y a los espacios de libertad que –incluyendo a ese periodista y a la emisora de la Iglesia- resisten desde la sociedad civil frente a la "nueva Transición" del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco es una novedad, porque la izquierda nacionalista afín a los terroristas nunca ha dejado de señalar a los periodistas más molestos para sus fines.
La España de Zapatero permite que exista impunemente un juez Fanlo. En realidad, no debe sorprender, porque es el mismo país en el que el líder del PSOE vasco, Patxi López, se he hecho entrevistar por el diario batasuno Gara para hablar a favor del periódico etarra Egin y del reagrupamiento de los presos. Y es el mismo país en el que nadie ha prohibido aún la manifestación convocada para el próximo sábado en la capital por la Coordinadora Antifascista de Madrid en homenaje a terroristas de ETA y del FRAP bajo el lema "Memoria, dignidad y lucha".
El juez Fanlo es, sobre todo, un síntoma del ambiente que Zapatero ha conseguido crear en España. Un clima de confrontación, al menos por una de las partes; un clima de hostilidad virulenta; un clima en el que las víctimas del terrorismo merecen menos atención que los terroristas. La España democrática merece algo mejor que el juez Fanlo.
Una vez confirmada la explosión de un artefacto de ETA junto a una bodega en La Rioja, cobra mayor sentido el toque de atención que el ministro Alonso ha dado en torno a los rumores de una presunta tregua de ETA, de los que se han ido alimentando no pocos políticos de este país. No la falta razón al titular de Interior -visiblemente molesto por el 'rún- rún' en torno al final del grupo terrorista- cuando advierte que la creación de expectativas sin pruebas, perjudica notablemente a la lucha contra ETA.
Le faltó decir que siempre que se genera un clima de posible tregua y negociación quien se beneficia, a manos llenas, son los terroristas. Así ha sido desde que le pusieron el primer capote al primer presidente de la democracia. Y, desde entonces, todos los inquilinos de La Moncloa, todos, han entrado con mayor o menor gracia al primer tercio de la fiesta. El ministro no incurre en contradicciones pero alguno de sus compañeros socialistas no pueden reprimir la tentación de dar a entender que ellos no dicen nada de lo que saben algo. Un lío.
Patxi López sin ir más lejos, se une a la llamada a la discreción, poniéndose a la cabeza de la manifestación de los que reprueban los rumores en torno a una posible tregua, pero sin dejar de insinuar que hay condiciones que pueden dar paso a la paz. Esa frase, acompañada de un intrigante latiguillo «no digo más», que más bien recuerda al concurso televisivo de Ibáñez Serrador, en el que se le decía al concursante « hasta aquí puedo leer», genera inquietud en el respetable.
Cabe recordar, para hacer justicia con la Historia, que fue el presidente Zapatero quién tiró su primera piedra al charco de las especulaciones y a partir de ahí, han sido muchos los que se han apuntado a contribuir a la causa. Cuando mucho se espera y poco se puede hablar, los latiguillos ayudan mucho en momentos de incertidumbre.
Por ejemplo, cuando López dice «no hablo por hablar» se pone a temblar el consejero de Justicia, el nacionalista Azkarraga, que siempre ha querido demostrar que era de los primeros en enterarse de todo y ahora, no va a ser menos. Y en vez de utilizar el consabido «si yo os contara » se permite clasificar a los charlatanes de la «cosa» . Según él es mejor «parecer tonto» que hacerse el enterado y no meter la pata. ¿Conclusión? Él no es tonto.
En fin, que se ha cumplido ya un año de la aparición de Otegi en Anoeta, olivo en mano, para presumir de ese «acto ilegal, de un partido legal, con un portavoz ilegal». Hoy, todos le bailan el agua al ilegal. Comparece más ante la prensa que en su etapa de parlamentario pero la tregua no llega y Zapatero empieza a impacientarse. Algunos de su entorno repasan la hemeroteca. Con una tregua, a estas alturas, «no sería suficiente». Así está dicho y escrito.
La detención de diez independentistas gallegos con la que culminó la operación Castiñeira refleja que algo ha cambiado entre los grupos radicales con implantación en la comunidad autónoma y es, por lo tanto, un motivo de preocupación, ya que las acusaciones que han provocado los arrestos se basan en los delitos de asociación ilícita y enaltecimiento del terrorismo, dos conductas que entrañan una importante gravedad.
A esa circunstancia hay que añadir lo próxima que está en el tiempo la última acción policial de características similares, la desarrollada el pasado verano tras el atentado contra una sucursal bancaria de Santiago que los extremistas cometieron para celebrar el 25 de Julio. Tanto en uno como en otro caso han quedado al descubierto las conexiones que los independentistas gallegos mantienen con organizaciones integradas en el entramado de ETA, lo que confirma el interés de la banda terrorista en fomentar la sensación de desestabilización en territorios diferentes al País Vasco.
Impedir que ese plan llegue a ser realidad debe ser una de las líneas de trabajo que sigan las fuerzas de seguridad, pero no la única, ya que Galicia nunca ha sido una tierra donde las posturas extremistas hayan encontrado acomodo fácilmente. Evitar que ahora lo sea tiene que convertirse, pues, en el otro objetivo del Ministerio de Interior, ya que el aislamiento acaba conduciendo a los radicales a su disolución al darse cuenta ellos mismos que sus ensoñaciones no guardan ninguna relación con las auténticas aspiraciones de la sociedad.
Veo que mi comentario titulado "Alta traición" ha suscitado un alud de reacciones de diversa índole, aunque, por desgracia, pocos han entrado en la línea argumental del mismo. Intentaré explicar cual es la situación que estamos hoy viviendo en España y lo que a mi juicio determina su especial dramatismo.
Un Presidente del Gobierno puede equivocarse y propiciar políticas cuyos resultados sean perjudiciales para la sociedad española y el hecho de que cometa fallos forma parte de la normalidad de una gestión.
Hay etapas en las que el paro aumenta, el déficit sube, el índice de criminalidad se descontrola, la balanza de pagos se descompensa y la corrupción se desata.
La consecuencia suele ser que el partido que disponía de la mayoría y bajo cuyo mandato se han producido estas desgracias pierde las elecciones y es sustituido por la alternativa.
El sistema funciona y las épocas de declive y de mejora se suceden dentro del marco institucional y democrático sin que nadie tenga la percepción de que se aproxima un desastre irreversible.
A veces no son los resultados tangibles, cuantitativamente objetivables, los que conducen a una opción política a la derrota en las urnas, sino acontecimientos imprevistos, deficientes estrategias de comunicación o la pérdida de contacto con la realidad de la calle.
Todos estos fenómenos los hemos vivido en España a lo largo del último cuarto de siglo y los diferentes inquilinos de La Moncloa han merecido juicios diversos por parte de la opinión pública, pero el país ha seguido adelante manteniéndose la estabilidad, la cohesión y el respeto básico a la Constitución.
Ahora nos encontramos con una novedad y no precisamente tranquilizadora. Por primera vez desde la transición, el jefe del Ejecutivo central colabora activamente -no se adapta a las circunstancias o se somete resignado a las servidumbres derivadas de una mayoría insuficiente- con los nacionalistas a la liquidación del ordenamiento vigente y a la transformación de España en un Estado confederal.
Su irreflexiva promesa durante la campaña electoral en Cataluña, su empeño en que el nuevo Estatuto llegase a las Cortes cuando estaba prácticamente fenecido en el Parlamento catalán, su frívola relativización del concepto de nación, su afirmación increiblemente voluntarista de que el texto elaborado por los nacionalistas puede ser enmendado en el Congreso hasta limpiarlo de vicios de inconstitucionalidad cuando es anticonstitucional en sus mismos fundamentos, configuran un incomprensible ánimo destructor de un sistema de convivencia fruto de delicados equilibrios que no está concebido para resistir sacudidas del calibre del nuevo Estatuto de Cataluña.
Entiendo perfectamente que los nacionalistas que acceden a este blog se indignen ante mis planteamientos y se entreguen a la descalificación y al insulto porque para ellos los principios y valores sobre los que apoyo mis razonamientos, y que son los que inspiran la Constitución de 1978 y la tradición liberal e ilustrada, no son válidos, es más, son incompatibles con su visión axiológica totalitaria y su idolatría de la identidad cultural y lingüística.
Es digno de observación que jamás responden a argumentos con argumentos, a análisis con análisis o a datos con datos. Su método dialéctico habitual es la injuria, la proclamción dogmática o la falacia lógica. Estoy acostumbrado a estas salvajadas, pero en ocasiones fatiga un poco este diálogo de sordos entre la humildad de la razón y la brutalidad del instinto tribal.
Por ello les ruego educadamente que hagan un esfuerzo de comprensión de las posiciones discrepantes de las suyas.
El Presidente del Gobierno de la Nación está obligado a preservar su unidad y a guardar y hacer guardar la Constitución. Los nacionalistas nos explican todos los días que su objetivo es partir España en trozos y enviar nuestra Ley de leyes al baúl de los recuerdos.
¿Cómo calificar entonces a un Presidente que se alía con los nacionalistas no para capear como se pueda el temporal de la mayoría relativa, sino para ayudarles entusiásticamente a conseguir sus disolventes fines?
Soy consciente de que hay palabras que suenan terribles y a mí también me cuesta pronunciarlas, pero ¿no es acaso terrible que el líder de un gran partido nacional centenario vaya alegremente del brazo de los particularismos secesionistas hacia el precipicio de la división de España en nacioncillas definidas a partir de rasgos identitarios étnicos o lingüísticos?
Estoy dispuesto a rectificar si alguien me demuestra, pero, por favor, razonando, no escupiendo expresiones soeces, que exagero o que mi alarma es infundada. Si escribo lo que escribo en este blog es porque lo considero mi deber y porque así es como percibo las cosas que están sucediendo últimamente en España.
Para mí sería mucho más cómodo callarme o refugiarme en la neutralidad de lo políticamente correcto. A lo mejor alguno de los visitantes del blog me convence de que esto es lo que realmente me conviene y me hace un favor.
Yo estoy permanentemente abierto, por extraño que les parezca a mis habituales y feroces detractores, a revisar mis opiniones si me muestran otras más verosímiles o más fundadas, sobre todo si no se ocultan tras un bosque de invectivas.
Tratan de aglutinarse en torno a Resistencia Galega, sucesor del Exército Guerrilleiro
Madrid- La operación realizada por la Guardia Civil contra la Asociación de Mocidade Galega (AMI), en la que han sido detenidos siete individuos, ha puesto de manifiesto el peligro de rebrote del terrorismo de carácter independentista en Galicia que se está tratando de reorganizar en torno a un grupo, Resistencia Galega, al que se puede considerar sucesor del desaparecido Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe (Egpgc). Según aseguraron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, este rebrote del terrorismo surge porque estos grupos consideran que el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que representaba las ideas del independentismo y que ahora participa en el Gobierno de esta comunidad autónoma con los socialistas, se ha «aburguesado».
Resistencia Galega y su brazo juvenil, AMI, estiman, según las citadas fuentes, que es necesaria la utilización de la «lucha armada» para conseguir los objetivos independentistas y tratan de organizar infraestructuras que les permitan llevar adelante su estrategia criminal. Por ello, el problema se debe afrontar en toda su dimensión, no minimizarlo, y desarrollar, como de hecho hacen las Fuerzas de Seguridad del Estado, una acción preventiva que impida que ese intento de reorganización se pueda llevar a cabo.
Liberación del sistema opresor. Como prueba de ello, se cita al grupo Briga, una escisión del AMI. Mucho más radicalizado que éste, había nacido en noviembre del año 2004 y fue desmantelado por la Guardia Civil en junio de este año. Fueron detenidos en la «Operación Cacharrón» cinco individuos a los que se les imputaban delitos de daños, asociación ilícita, injurias a las Fuerzas Armadas e incitación a la comisión de supuestos ilícitos. Fueron puestos en libertad cuatro de ellos con cargos. Los fines de esta organización eran la «liberación del sistema opresor de los estados capitalistas».
Las conexiones entre AMI y los proetarras de Segi, la organización juvenil sucesora de Jarrai, han quedado demostradas en la operación realizada ahora. «Delegaciones» de ambos grupos asisten regularmente a actos y reuniones que se celebran en Galicia y en el País Vasco o Navarra. Precisamente, en un control establecido por los GAR de la Guardia Civil fueron identificados varios miembros de AMI que llevaban, sin duda para entregárselas a Segi, las diligencias realizadas con motivo de la desarticulación del Briga, en las que figuraban los números identificativos de los agentes que habían participado en las investigaciones.
Las fuentes consultadas advierten de que las conexiones entre grupos relacionados con el terrorismo callejero que operan en distintas comunidades demuestran el objetivo de estas organizaciones de establecer una coordinación a nivel nacional con el fin, cuando lo estimen oportuno, de realizar campañas de desestabilización.
Vive los peores días desde su llegada al Trono en 1999. Los atentados de Ammán, en los que murieron 57 personas, han abierto una herida en su país que tardará en cicatrizar
AMMÁN. Los ataques de Al Qaida, hace hoy una semana, contra tres hoteles de lujo de la capital jordana han supuesto un antes y un después. Ya no vale el gris. Sólo hay negro y blanco en la guerra contra el terrorismo internacional. El Monarca hachemí, descendiente del Profeta, no está tenso. Ni derrotado. Ni abatido. Locuaz. Amable. Muy educado. Espera a los enviados especiales de los cinco medios occidentales escogidos para esta entrevista en la puerta de su despacho. Estrecha la mano de cada uno de ellos.
Condoleezza Rice, secretaria de Estado norteamericana, acaba de pasar por aquí. Y Mahmud Abbas, presidente palestino. También, hace unos minutos, decenas de familiares de las víctimas de los atentados, recibidas por el Rey en la intimidad. Hoy le presentará sus condolencias, en nombre del pueblo español, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores. Tiene ante sí muchos retos. Está dispuesto a enfrentarse a todos ellos y ahondar en las reformas. Ahora, con el aliento de su pueblo entregado, más que nunca. Para empezar, ayer relevó a diez de sus principales consejeros.
-Después del 9 de noviembre hemos hablado con muchos jordanos que dudan de la responsabilidad de Abu Musab al-Zarqaui en los atentados, incluso tras haber visto el vídeo de la frustrada terrorista suicida. ¿Qué explicación le da Su Majestad a este hecho? ¿Es un problema de credibilidad del Gobierno?
-No creo que se trate de un problema de credibilidad del Gobierno. El problema se encuentra dentro del islam. El problema no es Jordania, o Estados Unidos, o Arabia Saudí. Tenemos un gran conflicto dentro del islam y lo que hemos de hacer es movilizar a la mayoría silenciosa para que dé un paso adelante y luchemos juntos contra el terrorismo. En julio se celebró en Ammán una conferencia de clérigos en la que se le dijo al mundo islámico: «Chicos, tenéis que tomar una decisión: ¿queréis que predomine la ideología «takfir» (acto de condenar a muerte a una persona por apóstata, uno de los pilares de las teorías salafista-yihadistas en que se basa Al Qaida), que apuesta por la violencia al estilo iraquí, u os sumáis a los musulmanes modernos que niegan que se pueda quitar la vida a inocentes en nombre del islam». Este es el problema que todos los países islámicos afrontan. Tras el ataque terrorista en la escuela de Beslán, en Rusia, muchos, delante de sus televisores, decían que era algo horrible. Pero quedarse en casa no es suficiente, hay que enfrentarse a esa gente y a los desafíos que nos plantean.
-¿Cómo deben combatir los países musulmanes esta ideología? ¿Sirve el modelo de la Alianza de Civilizaciones?
-Cada país en Oriente Próximo se enfrenta a la ideología «takfir». En las escuelas debe decirse claramente que no representa al islam. Pero este es un desafío que debe afrontarse a largo plazo. La vertiente financiera y militar de la guerra contra el terrorismo se desarrolla a corto plazo, pero el desafío educativo supera los 10 ó 15 años. Se trata no sólo de educar a los niños en las escuelas sino de entrar en las casas, de educar a la sociedad en su conjunto. Esto puede durar décadas. Durante mi estancia en Estados Unidos, los musulmanes querían construir una mezquita en Cincinatti y contactaron con nosotros para que les enviáramos algunos clérigos, pero no había presupuesto para ello. Seis meses después, esa preciosa mezquita cayó en manos de un imán «takfir». Entonces, los americanos pensaron que no era un problema suyo, pero ahora todo el mundo se da cuenta de que se trata de un problema internacional. No es sólo una lucha dentro del mundo islámico. Esta gente quiere utilizar la política para enfrentar a los musulmanes, pero también para debilitar a la familia islámica creando problemas entre Oriente y Occidente. Les sorprendería saber la cantidad de encuestas en Oriente Próximo en las que la gente dice que no cree que el 11-S fuera obra de Al Qaida, a pesar de que lo haya reivindicado.
-Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta su país es establecer una identidad jordana por la gran cantidad de palestinos que hay en el Reino... ¿Cómo afectará el atentado a esta construcción nacional tan difícil?
-No es algo nuevo, es algo con lo que Jordania se enfrenta desde 1967... No podemos construir una identidad jordana en la que todo el mundo se sienta incluido hasta que el conflicto palestino-israelí sea resuelto. Tenemos muchos jordanos de origen palestino a los que no se les ha dado la opción de elegir si quieren quedarse aquí o volver a su patria. Los atentados han contribuido a unirnos como ya sucedió antes en EE.UU., en España... Tenemos que seguir construyendo esta casa pero la identidad jordana nunca se logrará al cien por cien hasta que exista una respuesta para el futuro de los palestinos.
-¿En qué medida los atentados afectarán a las reformas internas en Jordania?
-Todo seguirá según lo previsto. En el año 2006 tenemos cuatro o cinco grandes objetivos a cumplir. En lo político, abordaremos el programa «Un hombre, un voto» y la ley de partidos políticos. Los principales partidos sólo llegan al 9 por ciento de la población. Estas dos cuestiones son fundamentales para dotar a la política jordana de madurez. En lo social, aceleraremos la nueva ley anticorrupción. Otra cuestión será la de la pena de muerte, en la que trabajamos desde hace tiempo con la UE. Podemos ser el primer país en Oriente Próximo en abolir la pena de muerte, aunque el debate gira en estos momentos sobre si debe aplicarse a los delitos de terrorismo. Y en lo económico, impulsar las privatizaciones y la reforma fiscal, claves ambas para garantizar nuestra prosperidad.
- Pueden celebrarse en 2006, pero están previstas para el año 2007.
-Oriente Próximo está en una situación muy difícil. Siria se halla arrinconada; Irán se encuentra en el punto de mira por su programa nuclear; Irak ya está en guerra... ¿Ve una salida al final del túnel?
-La clave de Irak está en las elecciones. Si la mayoría de los iraquíes, suníes, chiíes y kurdos, no comparten el sentimiento de unidad nacional nos vamos a enfrentar a un problema muy grave. Si hay un Parlamento y un Gobierno que reflejen el sentir de la mayoría, Irak cambiará para mejor. Si no lo conseguimos, el futuro del país estará amenazado. Respecto a Siria, es imprescindible que Damasco sea transparente en la investigación sobre el asesinato de Rafic al-Hariri. Tienen que serlo. Tenemos también, como dice, el problema de Irán y la cuestión palestino-israelí. La retirada de Gaza ha sido una decisión valiente del Gobierno israelí pero no es suficiente.
-¿Cree que Hamás debe participar en las elecciones palestinas?
-Abbas tiene un desafío: llevar a Hamás al terreno político. Pero los palestinos, la sociedad civil, también tienen su parte de responsabilidad ya que deben entender que es imprescindible acabar con la violencia para que mejoren sus condiciones de vida. Nosotros vamos a ayudar a Abbas en la esfera de la seguridad. La Policía palestina no tiene medios suficientes. ¿Cómo puede la Policía intimidar a los extremistas si no está equipada adecuadamente?
-Vuelve a hablarse de una confederación entre Jordania y los palestinos, revocando la decisión del Rey Hussein de desligarse de Cisjordania. ¿Considera Su Majestad esta posibilidad?
-No nos corresponde a nosotros tomar este tipo de decisiones, sino a los palestinos. En tanto que no se resuelva el conflicto con Israel no ha lugar para hablar de una confederación. Si después del establecimiento de un Estado palestino los dos pueblos apostasen por esta posibilidad, se podría tratar. Nunca antes.
-¿Tiene usted planeado, a pesar de los recientes atentados, viajar a la Conferencia Euromediterránea de Barcelona a fin de mes?
DIARIO EN EL QUE ESCRIBE EL PRESIDENTE DE LA PRENSA DE MADRID
El director de La Mañana y editor de Libertad Digital se afiliará a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Así, será la AVT la que se encargue de las dos querellas que se van a presentar, una criminal y otra civil, contra el juez Carlos Fanlo y la empresa editora de 20 Minutos. Ahora, el juez Fanlo dice que cuando se mofó del atentado sufrido por Jiménez Losantos, lamentando que no le dispararan al "corazón", lo hizo de forma "metafórica". Mientras, González Urbaneja, colaborador de 20 Minutos y presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, dice que "el artículo del señor Fanlo puede ampararse en la libertad de expresión y opinión".
Dentro de la campaña contra la Cadena COPE y el director de La Mañana y editor de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, el pasado día 11 de noviembre el diario gratuito 20 Minutos publicó un artículo de Carlos Fanlo Malagarriga, juez del juzgado de Primera Instancia Número 38 de Barcelona, escribía lo siguiente: "Eres, Federico, un mentiroso abyecto" (...) "Tu lengua viperina y envenenada de odios acumulados se atreve a insultar a un pobre hombre enfermo que tanto hizo por España (por Adolfo Suárez)".
De la "metáfora" de Fanlo a la equidistancia de Urbaneja
Este miércoles, 20 Minutos publica una noticia breve en la que pide disculpas a Jiménez Losantos y anuncia que Fanlo deja de colaborar en el diario por decisión de la dirección. El director del medio, Arsenio Escolar, añade que él ha llamado "al propio Federico para pedírselas a él personalmente". Lo que no aclara Escolar es que no habló en ningún momento con el director de La Mañana, con lo que no es verdad que se pudiera disculpar personalmente. Por último, el todavía juez de Barcelona, Carlos Fanlo, también se disculpa a su manera, diciendo que "cuando me refería a su corazón", al que debían disparar los terroristas de Terra Lliure, "lo hacía de manera metafórica". Su artículo ha sido replicado en varios foros antisistema, que no deben haber entendido la "metáfora" y se han sumado a los ataques contra Jiménez Losantos.
En este diario gratuito también escribe Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Este miércoles escribe un artículo sobre "Las disculpas del director". En un principio, dice que si él hubiera sido director de 20 Minutos "no hubiera publicado el artículo" de Fanlo. Pero posteriormente matiza que "el artículo del señor Fanlo puede ampararse en la libertad de expresión y opinión. El señor Fanlo tiene esa libertad y defenderé que la tenga y que la use. Una sentencia de los jueces Wendell Holmes (el mismo que encabeza esta columna) y Louis Brandeis de 1919 decía: `debemos estar eternamente vigilantes contra los intentos de restringir la expresión de opiniones que aborrecemos y creemos cargadas de muerte...´. Pienso lo mismo; plena libertad de expresión, sin excepciones, para el señor Fanlo y para Jiménez Losantos, incluso para incurrir en delito de injuria (que no seré yo quien lo aprecie, para eso están los tribunales) pero no para el uso de esa libertad sin límite en un periódico que yo dirija". Es decir, iguala a Jiménez Losantos con Fanlo y defiende el derecho de un juez a mofarse de un atentado terrorista, aclarando, eso sí, que él no lo incluiría en su diario.
En un principio, 20 Minutos nació en el año 2000 como Madrid y Mas, pero tras la entrada en el capital del grupo editor noruego Schibsted, el fondo de inversión Apax y el banco suizo A&A Actienbank cambió de nombre. Además de en la capital de España, 20 Minutos se reparte en Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga y Granada. Hay que destacar que las cabeceras regionales no comparten los mismos articulistas. En Madrid se puede leer a Fernando González Urbaneja –curiosamente presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.
El accionista mayoritario de 20 Min Holding es Schibsted, un grupo de comunicación de origen noruego que fue fundado en 1839, cotiza en la Bolsa de Oslo y tiene una fuerte presencia en los países nórdicos en Francia y España, donde es propietario de medios audiovisuales e impresos. Los directivos de 20 Minutos en España son Sverre Munck, presidente del grupo 20 Min Holding y vicepresidente de Schibsted, José Antonio Martínez Soler, director general de 20 Minutos y antiguo director de los Telediarios de TVE en época del Gobierno socialista, y Arsenio Escolar, director Editorial de 20 Minutos y ex subdirector de El País y Cinco Días.
Los tres oradores, vasco, gallego y catalán, aportaron su punto de vista sobre el Estatuto después de una introducción del presidente de la Fundación, Nicolás Redondo Terreros, quien agradeció la presencia de dirigentes del PP y del PSOE en el acto como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el diputado Ignacio Astarloa, la eurodiputada Rosa Díez y el parlamentario José Acosta.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha interpuesto una denuncia en la Audiencia Nacional contra los convocantes de una marcha de homenaje a los últimos condenados a muerte por Franco.
15 de noviembre de 2005. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quiere impedir que en ningún rincón del país se homenajee ni se ensalce la figura de aquellos que "dieron muerte a ciudadanos españoles por el mero hecho de serlo". Así de rotunda se ha mostrado la asociación que preside Francisco Alcaraz en una denuncia que ha hecho llegar contra los organizadores de una manifestación que el sábado quiere recorrer desde Cibeles a Sol homenajeando la memoria de los últimos fusilados durante el franquismo.
Y es que la Coordinadora Antifascista de Madrid, organizadora de esta manifestación, cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno para manifestarse el 19 de noviembre en homenaje a los últimos condenados a muerte por la dictadura del General Francisco Franco: dos etarras, Juan Paredes Manot, "Txiki", y Ángel Otaegui, y los miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) José Luis Sanchez Bravo, José Humberto Francisco Baena Alonso y Ramón García Sanz.
Para la AVT, esta marcha pretende ser un homenaje "a una serie de miembros de organizaciones terroristas, ETA y FRAP" y ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue a los convocantes y "a aquellas personas que resulten de la instrucción" por los delitos de enaltecimiento de terrorismo y menosprecio de las víctimas.
Asimismo, la AVT señala que el lema de la manifestación ("Memoria, Dignidad y Lucha") quiere hacer recordar al que la asociación presidida por Alcaraz ha utilizado en diversas concentraciones ("Memoria, Dignidad y Justicia"), un hecho que puede suponer un intento de escarnio hacia las víctimas del terrorismo.
El estallido de la bomba se confundió con una explosión de gas y los etarras tuvieron que telefonear el lunes para aclarar que era un ataque Los expertos creen que el comando terrorista se equivocó en el objetivo
R. RIVERA / O. B. DE OTÁLORA/HARO /VITORIA El Correo 16 Noviembre 2005
El pasado sábado por la tarde, el mismo día en que los rumores apuntaban a una posible declaración de tregua de ETA, un comando de la banda se dirigía a la localidad riojana de Haro para perpetrar un atentado. Los terroristas colocaron una bomba en el exterior de una bodega para que estallase a las cinco de la mañana del domingo. Su explosión, sin embargo, pasó desapercibida al ser confundida con un estallido provocado por una fuga de gas y, al igual que ha sucedido en alguno de los últimos atentados de la banda, los etarras tuvieron que telefonear para que se supiese que se había producido un acción terrorista.
Las fuerzas de seguridad no tuvieron conocimiento del atentado de Haro hasta las seis de la tarde del lunes, cuando una persona que decía hablar en nombre de ETA llamó a la delegación del diario 'Gara' en Pamplona para comunicar que habían dejado una bomba en el kilómetro 47,5 de la N-124. El único dato que añadieron los etarras a esta información fue que el artefacto debía haber detonado a las cinco de la madrugada.
Los agentes de la Guardia Civil se dirigieron hacia el lugar para examinar la zona, un área de Haro donde se encuentran las bodegas Rioja Alta y otra segunda empresa vinatera. Los expertos comprobaron entonces que en el lugar sí se había producido una explosión aunque, según todos los indicios, se trataba de la detonación fortuita de una bombona de gas. Las explosión, registrada el domingo a las cinco menos diez de la madrugada, había tenido lugar en una caseta exterior de la empresa que acoge los depósitos de propano que se emplean en la bodega para los servicios de comedor.
El estallido había causado daños en la cocina, el salón y el cuarto de baño de la empresa y también había roto los cristales de varios edificios anexos. En la primer inspección que llevaron a cabo el domingo los bomberos de Haro y los miembros del cuartel local de la Guardia Civil se atribuyó el estallido a una deflagración causada por un cortocircuito. Según el servicio de extinción de incendios, un fallo eléctrico provocado por las fuertes lluvias pudo causar la explosión.
Durante la tarde del lunes, una vez conocido el comunicado de ETA, los agentes del instituto armado volvieron a examinar el exterior de las bodegas Rioja Alta sin encontrar ninguna evidencia de un atentado terrorista. Las pesquisas se suspendieron al caer la noche pero continuaron a lo largo de la mañana de ayer. Ya de día, los guardias consiguieron localizar los restos de una pila y un mecanismo eléctrico que podían pertenecer a una bomba. El hallazgo determinante, sin embargo, fue un panfleto parcialmente destruido con el sello de ETA . Este papel, que había quedado enterrado en el barro, se encontraba a escasos metros del lugar de la explosión.
Además, un operario de la empresa se presentó ante los expertos de la Guardia Civil con unos trozos de plástico que había encontrado el domingo entre los restos de la cocina. Nada más olerlos, los perros adiestrados para identificar explosivos reconocieron rastros de una sustancia sospechosa. A la hora de cerrar esta edición, los artificieros del instituto armado estaban analizando las evidencias recogidas en la zona, sin que se pueda determinar qué tipo de explosivo utilizaron ni cuánta cantidad.
El texto de la banda que encontraron los expertos es el mismo que ETA distribuyó en mayo en los que se pide el boicot contra diferentes empresas que se niegan a someterse al chantaje. En estos papeles figura el anagrama de diversas firmas que rechazan pagar el denominado 'impuesto revolucionario', acompañadas de listas de sociedades, dividas por territorios históricos.
Fuentes de la lucha antiterrorista, no obstante, mostraron ayer su extrañeza por el hecho de que la bomba estuviese colocada junto a una empresa que no figura en ninguno de los documentos de ETA repartidos en mayo. Sin embargo, otra bodega que se encuentra a escasos metros de la zona del ataque sí que está incluida en los listados. En el caso de no conocer la zona, la disposición de los edificios puede inducir a pensar que la caseta de gas donde colocaron el artefacto no pertenece a Rioja Alta. Por ello, los expertos no descartaban ayer la posibilidad de que los terroristas hubieran cometido un error al elegir su objetivo.
Las fuerzas de seguridad inscriben este atentado en las campañas de extorsión que la organización está dirigiendo contra el empresariado vasco en el último año, que se incrementaron en septiembre con el envío de una nueva oleada de cartas de extorsión. Desde comienzos de año, ETA ha actuado en una docena de ocasiones contra industrias que se niegan a pagar el denominado 'impuesto revolucionario'. En la mayoría de los casos, los ataques han sido perpetrados con bombas de escasa potencia colocadas en el exterior del inmueble y sin que existiese un aviso previo.

References: resolución 
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 93