Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01785-de-febrero-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f4e89f4e263900c6e0430a01015100c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 21:19:50+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2001-01785 de febrero 12 de 2014
SENTENCIA 2001-01785 DE 12 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA CONOCER CONTROVERSIAS SOBRE NO PAGO DE HONORARIOS. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL MANDATO JUDICIAL SUSCRITO ENTRE UN ABOGADO Y SUS PODERDANTES DEBE SER RESUELTO POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL BIEN POR MEDIO DE UN PROCESO EJECUTIVO LABORAL O POR UN PROCESO ORDINARIO, SEGÚN EL CASO, YA QUE ES ALLÍ LA VÍA ADECUADA PARA VENTILAR LA INCONFORMIDAD SUSCITADA POR EL PRESUNTO NO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PROCESO ORDINARIO LABORAL, PROCESO EJECUTIVO LABORAL, HONORARIOS DEL ABOGADO, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Sentencia 2001-01785 de febrero 12 de 2014
Rad.: 250002326000200101785 01 (28.949)
Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(1), procede la subsección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) la competencia de la subsección; 2) las pruebas relevantes para adoptar la decisión, 3) el caso concreto y 4) la condena en costas.
“La cuantía se determinará así: (...)
“Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (...)
Por ello, en las acciones de esa naturaleza no es procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o daño a la vida de relación) entre otras, frente a cada actor, constituyen pretensiones autónomas que se derivan de una fuente distinta y que, por lo tanto, su sumatoria, con el fin de estimar la cuantía del proceso, resulta improcedente.
En este caso la pretensión mayor de la demanda equivale a 2.000 gramos de oro fino por concepto de perjuicios morales valor que a la fecha de presentación de la demanda —ago. 8/2001— correspondía a la suma de $ 39.267.240, en razón a que el valor del gramo de oro fino era de $ 19.633,62.
Ahora bien, en la fecha de presentación del recurso —sep. 2/2004— se encontraban vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto 597 de 1988, según las cuales, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2001 tuviera vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la cuantía exigida para el efecto, estimada en $ 26.390.000.
— Copia de la solicitud de restablecimiento de pensión elevada ante el Ministerio de Defensa Nacional el 22 de abril de 1999 por el doctor Jorge Enrique Osorio Reyes en nombre de los señores Fabio de Jesús López Duque y Esther María Navarro, con los respectivos poderes (fls. 1-6, cdno. de pruebas 2).
— Oficio 0061121 del 6 de julio de 1999, mediante el cual el jefe del área de reconocimientos del Ministerio de Defensa Nacional informa de la apertura del Expediente 1066 de 1999 (fl. 7, cdno. de pruebas 2).
— Copia del oficio del 22 de junio de 1999 mediante el cual el jefe del reconocimientos grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, informa el restablecimiento a favor de los señores Fabio de Jesús López y Esther María Navarro de la pensión de beneficiarios en porcentaje del 50% para cada uno (fl. 8, cdno. de pruebas 2).
— Copia del oficio 000220 MDLPD-712 del 3 de marzo de 2000 mediante el cual se le cita al demandante a notificarse de la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000 (fl. 9, cdno. de pruebas 2).
— Copia de la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000, mediante la cual se restablece una sustitución pensional, con fundamento en el Expediente MDN 1066 de 1999 y en la que se dispone el pago favor de los señores Fabio de Jesús López y Esther María Navarro a través de su apoderado legal el doctor Jorge Enrique Osorio Reyes (fls. 10-12, cdno. de pruebas 2).
— Copia autenticada de los contratos de prestación de servicios profesionales celebrado entre los señores Fabio de Jesús López Duque, Esther María Navarro García y el demandante (fls. 10-12, cdno. de pruebas 2).
— Copia del oficio 004426 del 15 de mayo de 2001, mediante el cual el coordinador del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional le informa el demandante el trámite surtido frente a la solicitud de pago realizada por el demandante (fls. 38-39, cdno. de pruebas 2).
— Fotocopia autenticada del expediente prestacional originario de la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000, remitido mediante oficio 2868 MDACE-114 del 30 de abril de 2003 (fls. 60-180, cdno. de pruebas 2).
En el caso bajo estudio, debe resolverse si se encuentra demostrado el daño alegado por el abogado Jorge Enrique Osorio Reyes relacionado con la omisión consistente en el desconocimiento por parte del Ministerio de Defensa de la validez de los poderes a él conferidos por los señores Fabio de Jesús López Duque y Esther María Navarro García para lograr ante el grupo de prestaciones el reconocimiento y pago de la pensión como beneficiarios del soldado fallecido Fabián de Jesús López Navarro, trámite que dio origen al expediente administrativo radicado bajo el número 1066 de 1999, cancelado las mesadas retroactivas en cuantía de $ 6.091.616,88 directamente a cada uno de sus poderdantes.
Ahora bien, tenemos que el demandante narra en su escrito de demanda una serie de hechos relacionados con la gestión profesional adelantada ante el grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, las cuales iniciaron el 22 de abril de 1999, con la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión a los padres beneficiarios del soldado fallecido Fabián de Jesús López Navarro, posteriormente fue informado el 6 de julio de 1999 que con radicado 1066 de 1999 se abrió el expediente administrativo por concepto de restablecimiento de la pensión a nombre de López Navarro Fabián de Jesús.
Igualmente narró en su libelo introductorio que quince días después “... El veintidós (22) de 1999, ignorando por completo el poder que me fue conferido, el mismo capitán Jose Julián Fernandez Restrepo (sic), jefe del area (sic) de reconocimientos del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional y la profesional universitaria, asesora jurídica, Martha Nelly Ramírez (sic), elaboraron un escrito en el que dispusieron que: “... el grupo de prestaciones sociales de la división logística del Ministerio de Defensa Nacional, restablecerá a favor de los señores Fabio de Jesús López Duque, C.C. 5,424.859 y Esther María Navarro García (sic), C.C. 22.379.798 la pensión de beneficiarios en porcentaje del 50% para cada uno y que fuera suspendida por el área de pensionados de conformidad con la Resolución 4740 del 14 de mayo de 1993”. Y más adelante afirmó: “4. En cumplimiento de la “orden” contenida en el oficio del veintidós (22) de julio de 1999, las mesadas retroactivas que ascendían a doce millones ciento ochenta y tres mil doscientos veintitrés pesos con 76/100 ($ 12,183.233,76) m/cte., fueron incluidas en la nómina 90040 de agosto de 1999 y giradas y pagadas directamente en cuantía de seis millones noventa y un mil seiscientos dieciséis pesos con 88/100 ($ 6,091.616,88) m/cte., para cada uno de mis poderdantes, pasando por alto los poderes que me fueron conferidos y que aún hoy se encuentran vigentes...” ... “7. Como consecuencia de las actuaciones ilegales e irregulares iniciadas por el capitán Fernandez (sic) Restrepo, me vi impedido de tener acceso a los honorarios pactados con mis poderdantes y terminé perdiéndolos” (fls. 4-5, cdno. 2C).
Así mismo, ratificó dichas consideraciones en los alegatos de conclusión de primera instancia al afirmar: “... En el caso planteado la falla del servicio se inició al dictar el oficio 61621 de 1999, firmado por el capitán Jose Julián Fernandez Restrepo (sic), acusando recibo de la petición de restablecimiento pensional y asegurándome que una vez se tomara una decisión se me informaría sobre la misma.
“La conducta irregular del citado funcionario continuó escasos quince (15) días después, con el oficio del veintidós (22) de julio de 1999 firmado por el mismo capitán Jose Julián Fernández Restrepo, “ordenando” internamente el restablecimiento pensional e ignorándome como apoderado y terminó con la inclusión de las mesadas retroactivas en la nómina 90040 de agosto de 1999 y con el posterior pago de la totalidad de las mismas directamente a mis poderdantes.
“Dichas conductas claramente omisivas y negligentes del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional, constituyen la falla del servicio que dio origen a este proceso y una afrenta, une burla y un total desprecio del ejercicio de mi profesión como abogado litigante” (fl. 109, cdno. 2C).
Conforme a los supuestos fácticos planteados en la demanda y del material probatorio obrante en el expediente, estima la Sala que el daño alegado por el actor no se encuentra probado, pues tal como lo afirma el mismo demandado los titulares del derecho al restablecimiento de la pensión eran los señores Fabio de Jesús López Navarro y la señora Esther María Navarro García en su calidad de padres del soldado fallecido Fabián de Jesús López Navarro y es precisamente a su padre a quien se dirige el coordinador del área de reconocimientos del Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio 006121 del 6 de julio de 1999 para informarle el inicio del trámite por concepto de restablecimiento de dicha pensión.
De igual manera, la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000 dispuso en su parte resolutiva: “(...) ART. 2º—Ordenar pagar a favor de los señores Fabio de Jesús López Duque (sic), C.C. 5.424.859 y Esther María Navarro García (sic), C.C. 22.379.798, respectivamente, a través de su apoderado legal doctor Jorge Enrique Osorio Reyes tarjeta profesional 28.187 del Consejo Superior de la Judicatura, C.C. 19.295, en forma vitalicia, la pensión restablecida en el artículo anterior, a partir del 1º de febrero de 1997, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. PAR.—Expresar que la pensión aquí restablecida se pagará directamente a los beneficiarios una vez se incluyan en nómina”. Resaltado fuera de texto (fls. 11-12, cdno de pruebas 2).
En este orden de ideas, no se encuentra probado que se haya ocasionado daño alguno al demandante con el pago directo realizado por el Ministerio de Defensa a los beneficiarios de la pensión, pues a ellos es a quienes les correspondía recibir las mesadas retroactivas que fueron incluidas en la nómina 90040 de agosto de 1999, al ser los beneficiarios de ella como ha quedado expresado en líneas anteriores.
Sobre la ausencia del daño antijurídico, la Sala, en reciente pronunciamiento, consideró:
“La antijuricidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.
“En ese orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico; se transforma para convenirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.
“De allí que, solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga...”(4).
Sobre la prueba del daño tenemos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ha sido enfático en afirmar “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”, no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”(5). Así las cosas, del material probatorio allegado al expediente no fue posible establecer con certeza la existencia del daño y su cuantía.
Finalmente, respecto de la afirmación hecha por el demandante relacionada con que: “... los señores Fabio de Jesús López Duque y María Esther Navarro García, se habían comprometido mediante sendos contratos escritos... a pagarme a título de honorarios profesionales, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor a que ascendieran las mesadas retroactivas de la pensión de beneficiarios” y “... como consecuencia de las actuaciones ilegales e irregulares iniciadas por el capitán Fernandez (sic) Restrepo, me vi impedido de tener acceso a los honorarios pactados con mis poderdantes y terminé perdiéndolos”.
La Sala considera, que la controversia derivada del mandato judicial suscrito entre el abogado y sus poderdantes debió ser resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral(6) bien por medio de un proceso ejecutivo laboral o por un proceso ordinario, según el caso, ya que es allí la vía adecuada para ventilar la inconformidad suscitada por el presunto no pago de sus honorarios profesionales y no pretender que fuera la jurisdicción contenciosa administrativa la encargada de resolver una supuesta omisión endilgada al ente demandado por haber pagado en forma directa a los beneficiarios de un derecho pensional presuntamente en detrimento de sus intereses profesionales aspecto que no fue probado por el demandante.
En consecuencia, se impone revocar la decisión proferida por el a quo y en su lugar negar las pretensiones de la demanda ante la ausencia de prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, esto es el daño antijurídico.
En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Revóquese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión el veinticuatro (24) de agosto de 2004, la cual quedará así:
1. Niéguense las súplicas de la demanda.
(1) La actuación administrativa de la cual el demandante alega le ocasionó el perjuicio culminó con la Resolución 220 del 3 de marzo de 2000 y la demanda se presentó el 8 de agosto de 2001, razón por la cual no hay caducidad de la acción.
(3) Cf. De Cupis, Adriano. “El daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.
(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de febrero de 1992. Expediente 6030.
(6) El Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social en su artículo 2º modificado por la Ley 712 de 2001, numeral 6º dispone: “Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive”.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 177
 Resolución 
 artículo 2