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Timestamp: 2019-09-19 13:16:13+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 387/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 387/19
JUICIO: “SOCIEDAD DE GESTIÓN DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS DEL PARAGUAY C/ RES. FICTA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días, del mes de junio, del año dos mil diecinueve, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MIRYAM PEÑA CANDIA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y LUIS BENÍTEZ RIERA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "SOCIEDAD DE GESTIÓN DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS DEL PARAGUAY C/ RES. FICTA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto por el Abogado Miguel Cardozo por la parte demandada en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 189 de fecha 8 de julio de 2015 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: PEÑA CANDIA, RAMÍREZ CANDIA y BENÍTEZ RIERA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MIRYAM PEÑA CANDIA dijo: Que, conforme consta en el escrito de agravios obrante a fs. 294-310, el recurrente ha desistido expresamente del Recurso de Nulidad. Igualmente, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio de la nulidad, en los términos de los artículos 15,113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde tener por desistido el Recurso de Nulidad. ES MI VOTO.
A sus turnos los Ministros RAMÍREZ CANDIA y BENÍTEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra PEÑA CANDIA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 31 de agosto de 2012 el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió: "1) HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, instaurada por el Sr. GUILLERMO CLAUDIO SUCHARKIEWICZ y el Sr. FRANCISCO E. VALDEZ en representación de SOCIEDAD DIGESTIÓN DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS DEL PARAGUAY, contra la RESOLUCIÓN FICTA DICTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 2) REVOCAR el acto recurrido. 3) IMPONER, las costas de la instancia a la perdidosa. 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia."
1. Agravios de la parte demandaba. Ministerio de Hacienda. Síntesis de argumentos:
Que, conforme a las constancias de autos, a fs. 294-301 se evidencia la expresión de agravios de la parte demandada, quien a través de su representante en estos autos se agravia contra el fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, manifestando: "...Respetuosamente señalo que la conclusión del tribunal es manifiestamente arbitraria, carente de razonabilidad y se contrapone a la sana crítica. Como puede verse de la transcripción de los dichos, el Tribunal de Cuentas, lera., se ha limitado lisa y llanamente a repetir la misma argumentación antijurídica e irracional consignada por la adversa, haciendo suyas sus alegaciones y sin considerar en absoluto las justificaciones y probanzas arrimadas por mi parte." (sic, fs. 296).
Haciendo un recuento de los antecedentes que atañen al presente caso, argumenta que tras el análisis de los documentos pertinentes, la Subsecretaría de Estado de Tributación concluyó que la asociación - hoy accionante - no cumple con los requisitos para ser considerada como una asociación sin fines de lucro, ya que ésta distribuye sus ingresos a sus asociados.
El apelante remarca este punto como central de la controversia, pues si distribuye sus ingresos entre sus asociados, no debe considerarse a la misma como una entidad sin fines de lucro; y es más, recalca que las formas jurídicas adoptadas por los particulares no obligan al intérprete. Por ello, y en aplicación del Artículo 76 del Decreto N° 6359/05 la Administración concluyó improcedente la solicitud de la Asociación de que se la considere exenta del pago del IRACIS e IVA.
Por otro lado, continúa argumentando que la parte actora cae en contradicción de pretensiones, puesto que la misma procedió a realizar el pago del impuesto debido (si bien bajo protesto), a fin de evitar cargas más gravosas (como ser intereses y costas) en caso de obtener como resultado un fallo desfavorable a su parte. Tras ello, argumenta: "Este hecho realizado por la adversa denota claramente que la misma sabe conoce y acepta, aunque lo haga bajo protesto, lo resuelto por la Administración tributaria, no obstante juega el penal al arco para probar suerte y posteriormente solicitar la devolución pertinente a las golpeadas arcas fiscales. En este sentido, se puede observar claramente que la adversa no pierde y si pierde gana ya que abonó el impuesto debido. Esto no es obrar de buena fé Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia." (sic, fs. 299).
Por último, el representante del Ministerio de Hacienda arguye que, si la parte actora consideraba ilegítima la reglamentación dictada por el Ministerio de Hacienda (en lo atinente a los requisitos para considerar a una entidad como 'sin fines de lucro') correspondía a la actora atacarla por vía de la acción de inconstitucionalidad, lo cual no ha tenido lugar en autos. Como sustento de esta tesis, trae a colación el Principio de Legalidad, así como la disposición contenida en el Artículo 179 de la Constitución Nacional respecto a la creación de tributos - facultad exclusiva de la ley.
Tras lo argumentado in extenso en el referido escrito de agravios (aquí transcripto en lo medular a modo de síntesis), la representación del Ministerio de Hacienda concluye su presentación solicitando se haga lugar al presente recurso, y consecuentemente sea revocado el Acuerdo y Sentencia impugnado, con costas.
2. Contestación de la parte actora. Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP). Síntesis de argumentos:
Corrido el traslado respectivo, a fs. 308-313 se presentaron las Abogadas Ruth Bareiro Ayala y Verónica Maciel Ávalos, en representación de la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), a fin de contestar los agravios del apelante, recalcando primeramente la naturaleza jurídica de la SGP.
Al respecto, la parte actora hace énfasis en que la SGP es una entidad sin fines de lucro, cuyo objeto es la gestión de los derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de sus asociados - los productores fonográficos -, bajo el marco legal establecido por la Ley N° 1328/98 "De Derechos de Autor y Derechos Conexos". Señala igualmente que en virtud de ello, la SGP está habilitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Industria y Comercio como "entidad de gestión colectiva", persona jurídica N° 17.598, Resolución N° 58 de fecha 20 de marzo de 2002.
Continúa expresando la parte actora: "El representante legal de la SET parece no haber leído la ley que rige a la actora, la N° 1328/1998 "DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS", puesto que en ella está clarísimamente regulado este aspecto de las entidades de gestión colectiva, razón por la cual SGP adopta las normas contenida en su ley regulatoria y en el Estatuto Social de nuestra mandante." (fs. 309).
En ese orden de ideas, se remite a las disposiciones de los Artículos 34 y 36 de la citada Ley N° 1328/98, para luego referir: "Que, lo que efectivamente se reparte entre los asociados son los DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES FONOGRÁFICOS que recauda SGP, porque ESA ES SU FUNCIÓN, su razón de ser como sociedad de gestión colectiva. Los derechos recaudados le pertenecen a los asociados y NO constituyen NI UTILIDADES, NI EXCEDENTES, NI PARTE DEL PATRIMONIO DE SGP." (fs. 309, última parte).
En cuanto a las implicancias impositivas, argumenta: "...con relación al IRACIS: SGP NO administra NI HACE USO DE LOS DERECHOS DE SUS ASOCIADOS como propios, sino que actua como MANDATARIA, al cobrar por cuenta y orden de sus asociados los derechos intelectuales que les corresponden. Por lo tanto, la entidad SOLO GESTIONA EL COBRO DE LOS DERECHOS... con relación al IVA: SGP presta servicios a sus asociados, porque ésa es su RAZÓN DE SER, debido a su naturaleza jurídica tan particular. Este servicio NO TIENE ÁNIMO DE OBTENER LUCRO PARA SÍ..." (fs. 310). Con relación al IVA, continúa además su exposición refiriendo que existiendo un vacío legal en la disposición del Artículo 78 de la Ley 125/91 (conforme modificación dada por la Ley N° 2421/04), tras la lectura de esta norma en conjunción con lo dispuesto por el Decreto N° 6806/05, Artículo 4, si bien la SGP presta un servicio, éste no se encuentra previsto como hecho imponible del impuesto, y el servicio no persigue fines lucrativos. Siendo así y atendiendo la naturaleza jurídica del servicio prestado, la SGP no debería ser sujeto del IVA.
Respecto al pago bajo protesto referido por el apelante, contesta la parte actora que si bien el mismo fue realizado, ello no constituye un allanamiento a la postura asumida por la SET, sino que el mismo fue realizado bajo protesto a fin de evitar eventuales multas y recargos una vez concluido el presente juicio y en caso que la SGP obtuviere una resolución desfavorable.
Tras lo argumentado en el citado escrito de contestación de agravios (aquí expuesto a modo de resumen), la representación de la SGP concluye solicitando la confirmación íntegra del fallo apelado por el Ministerio de Hacienda, con costas a la perdidosa.
Procedemos a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, de todo lo cual se desprende cuanto sigue:
En fecha 20 de enero de 2012, la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (en adelante referido indistintamente como tal, o sus siglas "SGP") presentó ante la Subsecretario de Estado de Tributación una Consulta Vinculante, con el fin de que ésta última confirme (i) la no-aplicación del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y Servicios (IRACIS) sobre las rentas obtenidas por la SGP y; (ii) la no-aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios prestados por la SGP a sus asociados, ni a los valores facturados al cobrar por cuenta y orden de sus asociados - todo ello (conforme argumenta la parte actora) atendiendo a que la SGP opera en virtud al marco jurídico definido por la Ley N° 1328/98 (véase fs. 10-13).
En contestación a esta Consulta Vinculante, la Administración Tributaria se expidió en los términos de la Nota SET/CC N° 02 de fecha 10 de enero de 2013 (notificado a la SGP en fecha 17 de enero de 2013). Puntualmente, la Administración evacuó la consulta pertinente en el sentido contrario a lo pretendido por la SGP. Esta postura de la Administración se basó en el Informe N° 73500000494 del Consejo Consultivo de la SET, el cual fundamentó sintéticamente que: el estatuto de la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay nada dispone respecto a la distribución de utilidades entre los asociados en caso de disolución, liquidación o fusión de la entidad; y que el hecho qué los asociados a la SGP sean los destinatarios principales de los servicios prestados por la entidad de gestión colectiva se contrapone a las normas tributarias sobre entidades sin fines de lucro.
Contra el citado Informe contenido en la Nota SET/CC N° 02/13, la entidad consultante interpuso Recurso de Reconsideración, recurso sobre el cual recayó la denegatoria ficta - esta última contra la cual la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de instaurar la presente demanda, la cual fuera posteriormente ampliada conforme escrito obrante a fs. 93 de autos, en el sentido de solicitar la devolución de los importes abonados bajo protesto por la accionante en concepto de IRACIS e IVA en fecha 11 de junio de 2013.
Por Acuerdo y Sentencia N° 189 de fecha 8 de julio de 2015 - una vez tramitados los estadios procesales de rigor - el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió la presente acción en sentido favorable a las pretensiones de la actora, ante lo cual se alzó en apelación la representación de la Administración Tributaria, motivando así el análisis ante esta instancia de alzada.
Esbozada así la síntesis de actuaciones y antecedentes administrativos, pasamos a la pregunta: ¿Se encuentra ajustado a derecho el fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, siendo procedente su confirmación? ¿O por el contrario, corresponde que el mismo sea revocado?
Para contestar, debemos referirnos primeramente a las disposiciones legales pertinentes, para lo cual, tratándose de una sociedad de gestión colectiva, nos remitimos primeramente a las disposiciones de la Ley N° 1328/98:
"Artículo 136.- Las entidades de gestión colectiva constituidas o por constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesitan a los fines de su funcionamiento de una autorización del Estado y están sujetas a su fiscalización, en los términos de esta ley y, en su caso, de lo que disponga el Reglamento.-
Dichas entidades serán asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio, y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o ajeno a su propia función."
"Artículo 141.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, los estatutos de las entidades digestión colectiva deberán contener:
2. el objeto o fines, con especificación de los derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección de los derechos de autos, de los derechos conexos o de los demás derechos intelectuales reconocidos por la presente ley;-
8. principios a que han de someterle los sistemas de reparto de la recaudación;
10. las normas que aseguran una gestión libre de injerencia de los usuarios en la gestión de su repertorio, y que eviten una utilización preferencia de las obras, interpretaciones o producciones administradas; y,
11. el destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de liquidación de la entidad, que en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los socios."
Por otro lado, en lo que al presente caso nos atañe, la Ley N° 125/91 (conforme a las modificaciones introducidas por la Ley N° 2421/04) dispone:
"Artículo 14. Exoneraciones:
...2) Están exoneradas:
...b) Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, y de difusión cultural y/o religiosa, así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos legalmente reconocidos y las entidades educativas de Enseñanza Escolar Básica, media, Técnica, Terciaria y Universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, siempre que sean instituciones sin fines de lucro. Se consideran instituciones sin fines de lucro aquellas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen a sus asociados, siendo aplicadas al fin para el cual han sido constituidas."
"Artículo 83. Exoneraciones. Se exoneran:
...4) Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, federaciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmente, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas..."
En tanto, el Decreto Reglamentario N° 6359/05, en lo pertinente dispone:
"Art. 76° ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. REQUISITOS: A los efectos de la exoneración dispuesta por el numeral 2) del Art. 14° de la Ley, se consideran entidades sin fines de lucro a aquellas que:
3) Asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos;-
Para acreditar el cumplimiento de estas condiciones, los documentos indicados en los literales precedentes deberán contar con la aprobación legal correspondiente y ser presentados, cuando la Administración Tributaria así lo requiera, mediante ejemplar original o copia autenticada por ¡a autoridad pública llamada a dar fe de su legal reconocimiento.
Art. 77- ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. ALCANCE DE LA EXONERACIÓN. La exoneración del Impuesto alcanzará a todos los ingresos que perciban las entidades que cumplan los requisitos previstos en el artículo precedente, incluidos los ingresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a dichos fines; obtenidos por las entidades religiosas, excepto cuando se trate de ingresos provenientes de actividades gravadas por el Impuesto que tengan carácter permanente, habitual y estén organizadas en forma empresarial, entendiéndose que las condiciones de esta excepción se cumplen cuando la actividad es realizada en forma continuada, incluido el caso de provisión permanente de bienes o servicios no gratuitos, mediante la utilización en forma conjunta del capital y el trabajo en cualquier proporción.
La excepción señalada en el primer párrafo de este artículo no alcanza a las entidades sinfines de lucro que cumplan los requisitos previstos en el artículo precedente y que se dediquen en forma exclusiva a la asistencia médica o a la enseñanza escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura, a condición de que sus prestaciones se realicen en forma gratuita o supongan cobros con límite en la capacidad de pago de sus beneficiarios según estudios documentados de trabajo social, debiendo informar a la Administración, dentro del periodo y plazo que esta determine, los parámetros empleados para dichos cobros, incluyendo precios de los servicios, medicamentos, insumos hospitalarios o material educativo, según corresponda a la naturaleza del servicio."
Pues bien, antes de ahondar en las consideraciones que refieren al presente caso, debemos recordar las particularidades del tipo de entidad que está siendo sometida a análisis, dado el modo en que fue trabada la presente litis. De este modo, y acorde a los conceptos generales difundidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), "...Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos y en defensa de los intereses de estos últimos."*1
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de las sociedades de gestión colectiva, hemos de referir que éstas Entidades o Sociedades de Gestión son, fundamentalmente, una herramienta o instrumento para la protección de los derechos que corresponden a los autores y a los demás titulares de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, las entidades de gestión no son el sujeto protegido por las leyes de derechos de autor, sino un mecanismo más para la eficaz protección de dichos derechos. Nuestro ordenamiento jurídico (al igual que otros ordenamientos jurídicos similares a nivel mundial) establece a estas entidades como asociaciones del ámbito privado, aunque sujetas al control estadal. En la mayoría de los casos - y en nuestro ordenamiento jurídico sin lugar a dudas - se los establece como entidades sin fines de lucro, y su única finalidad, su razón de ser, es la de dedicarse únicamente a la gestión de derechos de autor o de derechos conexos.
Hecha esta conceptualización, debemos pasar a analizar si la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay cumple o no con las normas vigentes, a los efectos de ser considerada efectivamente como entidad sin fines de
*1 Fuente: http://www.wipo.int/copyright/es/managetnent/
lucro y si, en consecuencia, corresponde que la misma goce del beneficio legal de exención de tributos.
Al efecto, nos referimos a la parte pertinente de los Estatutos de constitución de la Sociedad de Gestión accionante, en cuyo Artículo 64 dispone: "...PARÁGRAFO ÚNICO: La disolución y liquidación de la Asociación se producirá con arreglo a las normas establecidas en el Código Civil y supletoriamente por las disposiciones pertinentes del ordenamiento legal paraguayo, pudiendo ser acordada por la Asamblea General, y siempre que hubiere sido convocada especialmente para ello y estuvieren presentes y prestaren su conformidad las tres cuartas partes de los asociados, en primera convocatoria. En caso de disolución y/o fusión, el patrimonio de la SGP pasará a quien designe la Asamblea General, excluyéndose expresamente el reparto entre los asociados. PARÁGRAFO PRIMERO: La liquidación será llevada a cabo por una Junta Liquidadora elegida por la Asamblea General, la cual tendrá todos los poderes y atribuciones del Consejo Directivo y permanecerá en el ejercicio de sus funciones hasta dar término a la liquidación debiendo convocar a la Asamblea General por lo menos cada treinta días para dar cuenta de la marcha de la liquidación. Luego de canceladas todas las obligaciones pendientes, el remanente en efectivo y en bienes muebles e inmuebles o valores que constituyan el patrimonio de la SGP de acuerdo al Título III "Del Patrimonio Social y de los Recursos" del presente Estatuto, se destinará a fines análogos al objeto social de la institución, pero en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los asociados..." (las negritas son nuestras;, véase fs. 46 y 46 vlto., de autos).
De ello se deduce, sin lugar a dudas, que queda desvirtuado uno de los argumentos centrales de la Administración Tributaria para denegar lo solicitado por la parte actora - argumento el cual refería que los estatutos de la SGP nada disponían respecto a la distribución del patrimonio en caso de disolución, extinción o fusión de la entidad. Al efecto, el Artículo 64 de los Estatutos de la entidad son claros y no dejan lugar a dudas respecto a la imposibilidad de reparto del patrimonio entre los asociados. Siendo así, cobra relevancia indubitable el carácter no-lucrativo de la entidad.
Por otro lado, el otro punto central de los argumentos sustentados por la parte demandada se basa en que los asociados de la entidad reciben como beneficio directo los servicios prestados por la Sociedad de Gestión; sobre el punto, conviene hacer un detenimiento y remitirnos nuevamente a la naturaleza jurídica de este tipo de entidades, conforme ya lo expresáramos en párrafos que anteceden.
Vale recalcar que las Sociedades de Gestión Colectiva, dentro del marco de nuestro ordenamiento positivo, y en particular en el espíritu de la Ley N° 1328/98, no se erigen en entidades con fines lucrativos, sino por el contrario, para la protección y defensa de los derechos de autor y derechos conexos. Es decir, esa es la finalidad única otorgada por ley a este tipo de entidades.
Para mayor precisión, nos remitimos a lo dispuesto por los Artículos 34 y 36 de la Ley N° 1328/98 "de Derechos de Autor y Derechos Conexos":
"Artículo 34.- Los titulares de los derechos sobre las obras publicadas en forma gráfica, por medio de videogramas o en fonogramas, o en cualquier clase de grabación sonora o audiovisual, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las reproducciones de tales obras o producciones, efectuadas exclusivamente para uso personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos..."
"Artículo 36.- La recaudación y distribución de la remuneración a que se refiere este capítulo, se harán efectivas a través de las correspondientes entidades de gestión colectiva, las cuales deberán unificar la recaudación, sea delegando la cobranza en una de ellas o bien constituyendo un ente recaudador con personería jurídica propia."
Entonces, tenemos que el tipo de servicio prestado por las Sociedades de Gestión Colectiva a sus asociados, no es otro sino aquel específicamente estatuido por ley - id est la recaudación de la remuneración, y la distribución de esta remuneración, a los asociados de cada Sociedad de Gestión Colectiva en particular. En el caso que nos concierne, a la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay.
Cumpliendo entonces la firma accionante con todos los requisitos de ley para ser considerada como entidad sin fines c e lucro, no resta sino referir que el Acuerdo y Sentencia dictado en estos autos por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se encuentra ajustado a derecho, y como tal corresponde que el mismo sea confirmado. POR TANTO, resulta improcedente el Recurso de Apelación incoado por la representación del Ministerio de Hacienda en estos autos. En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse a la perdidosa, en virtud a lo dispuesto por el Artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A su turno, el Ministro MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA manifiesta: Me adhiero al voto de la Ministra preopinante, Dra. Miryam Peña Candia, sin embargo, en relación a las costas del juicio, considero que las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular por el órgano judicial competente.
A su turno, el Ministro LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, manifiesta que se adhiere al voto de la colega preopinante por los mismos fundamentos.
Asunción, 10 de junio de 2019.
2) NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Miguel Cardozo en representación del Ministerio de Hacienda y en consecuencia;
3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N 189 de fecha 8 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Dra. Myriam Peña Candia. Ministra

References: RESOLUCIÓN 
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 Artículo 76
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 Artículo 179
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 Resolución 
 Artículo 78
 Artículo 4
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IN FINE
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 Artículo 64
 Artículo 64
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 Artículo 203