Source: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=7757-D-2018
Timestamp: 2019-12-13 00:42:14+00:00

Document:
Expediente 7757-D-2018
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS "EDESUR" Y "EDENOR", DE SUS OBLIGACIONES COMO PRESTADORAS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
I. Expresar su preocupación por el incumplimiento por parte de EDESUR y de EDENOR de sus obligaciones como prestadoras del servicio público de distribución de energía durante enero de 2019.
II. Instar a EDENOR y EDESUR a prestar el servicio correctamente, atender los reclamos de los usuarios y proceder, sin demora, a indemnizar en forma integral a los usuarios por los daños y perjuicios producidos por la interrupción del servicio.
III. Expresar su preocupación por la inacción del Poder Ejecutivo nacional ante el incumplimiento de las prestadoras de sus obligaciones.
IV. Instar al Poder Ejecutivo nacional a aplicar a las prestadoras las sanciones correspondientes a los incumplimientos y daños provocados por la interrupción en la prestación del servicio.
1. La situación energética producida por la gestión Cambiemos es escandalosa. Las tarifas se han multiplicado. Y los cortes no cesan.
El maltrato al usuario es, en suma, la regla.
2. Los cortes del servicio han sido escandalosos. Y hemos tenido noticias de que los usuarios no son atendidos por las empresas y que los entes reguladores, conducidos por ex ejecutivos de las empresas, no dan respuestas.
Hasta la señora diputada Carrió, fanática defensora de Cambiemos, ha criticado la mala prestación y las tarifas altas. De suyo, lo que hace es olvidarse que esto es consecuencia de una política. Parecería que para la señora Carrió la gestión en energía es indiferente a sus resultados, que salen de un repollo.
3. Hagamos un breve repaso de la política energética en los últimos meses. Las consecuencias no podían ser otras.
En política sobre energía, según los “expertos” las “reglas de juego claras” son imprescindibles para “lograr grandes inversiones” y “políticas de estado a varios años” etc., etc.
Más allá del discurso del sector, como en toda política de Estado, una decisión a largo plazo requiere discusión democrática, involucramiento de la sociedad, debate y consenso. En materia de energía supone un proyecto económico, de producción. Algo imposible si la gestión del Gobierno es provocar grietas con fines electorales.
El subsidio a las petroleras desde diciembre de 2015 se realiza sin información ni indagación sobre los costos de extracción. Y se concreta a nivel de ministerio o secretaría de Estado. En el Poder Ejecutivo. Sin debate en el Congreso, mucho menos discusión democrática, social, de buena fe.
Así actúa el Gobierno que se llena la boca hablando de transparencia y de venir a redimir ¨setenta años” de autoritarismo peronista. (Curioso: la decisión más polémica de Perón en la materia fue el contrato con la California, que fue enviado al Congreso para su debate; Cambiemos, en vez, es la antítesis del debate democrático).
Actualmente, el Gobierno está empantanado en un conflicto con Techint y por el subsidio a los desarrollos de gas en Vaca Muerta. El Secretario de Energía Lopetegui, en lugar de estar al lado de los usuarios sin luz y controlar a las prestadoras, negocia subsidios millonarios con las petroleras.
Esa discusión con Techint puede ser, además, una de las explicaciones del tarifazo 2019. Ocurre que Macri y Aranguren en 2016, irresponsablemente, comprometieron al Estado a subsidiar la explotación en Vaca Muerta de un modo tan disparatado que el Estado llega a pagar por el gas más de lo que vale y en el momento (verano) donde no lo necesita. El especialista Félix Herrero da una explicación muy razonable de lo que ocurre en esta materia.
No es descabellado pensar que la tensión entre el lobby del subsidio y la presión del ajuste del FMI expresado por Dujovne hizo saltar a Iguacel y disparó la solución mágica: aumentar las tarifas. Que paguen los usuarios.
La decisión fue tomada en el ámbito del Poder Ejecutivo y las empresas. Sin debate democrático ni “política de Estado”. Iguacel anunció el aumento del precio de la energía, el aumento de la tarifa del gas junto… ¡con su renuncia!
Lo increíble es que el mismo ex Secretario Iguacel había comprometido la palabra oficial al anunciar que en 2019 no habría aumentos.
En efecto, en octubre de 2018 el Ejecutivo decidió que no habría aumentos de las facturas en 2019. Lo anunció el secretario Iguacel, estrella de los funcionarios de ese momento.
Los que aún le creen a Macri, a partir de una decisión política comunicada por un secretario de Estado, no desmentida por el ministro ni por el presidente de la Nación, tal vez adoptaron decisiones de inversión, familiar o empresarial. Se supone que la palabra del gobernante es relevante. Pocos meses después, a pocos días del fin de año, el mismo Iguacel anunció dos cosas. La primera fue que sí habría aumentos en 2019, de gas y de electricidad. La segunda, que renunciaba al cargo.
Iguacel incumplió: mintió. Y al renunciar dejó el Gobierno con otro anuncio sin normas. El aumento del gas. Se habla del aumento del gas. Pero aún no hay norma jurídica que lo disponga. Algún medio refiere a una audiencia pública para abril de 2019. No hay debate democrático antes, tampoco después: no hay ni norma.
En electricidad Iguacel firmó la Resolución 366/2018 el 27/12/18 al mismo tiempo que se despedía. Lo más sustancioso de sus fundamentos es que “resulta necesario continuar con el sendero de reducción de subsidios”. La resolución deja sin efecto el subsidio para la tarifa social como así también el descuento por el menor consumo. Dicho claramente, el “sendero de reducción de subsidios” solo conduce a los usuarios. El sendero de subsidios a las petroleras, sigue fantástico. Así, la tarifa social pasa a depender de las provincias.
4. Si vamos un poco más atrás, a inicios de la gestión de Aranguren
vamos a encontrar que el Gobierno condonó las deudas de EDENOR y EDESUR. Además, les dio tarifas altísimas. Y subió el precio de la energía.
El amigo del alma, el señor Caputo, es dueño de una de las generadoras de energía, y sus ganancias desde que su amigo es Presidente son fabulosas, injustificables.
Los accionistas controlantes de las incumplidoras EDENOR y EDESUR son el magnate Lewis, declarado amigo del Presidente Macri, y el señor Mindlin cuyos negocios con el Grupo Macri como usufructuario de las acciones de IECSA son rayanos con lo delictivo
Las empresas EDESUR y EDENOR tienen ganancias extraordinarias, pero no invierten. Una vergüenza.
El caos de la gestión no se agota en lo expuesto. Macri viene anunciando desde mediados de 2018 que los servicios de electricidad (que prestan EDENOR y EDESUR) en el ámbito metropolitano (conurbano más Ciudad de Buenos Aires) dejarán de ser servicios públicos federales y pasarán a ser de competencia local (Provincia y Ciudad de Buenos Aires). A simple vista, no se trata de ninguna decisión estratégica para un mejor servicio o el ejercicio de competencias por un gobierno más cercano a los usuarios, etc. El único fin es cumplir con la excluyente función del Estado según Cambiemos, que es reducir el déficit para poder pagar la deuda y los subsidios a las grandes empresas y a los amigos.
Las leyes de presupuesto de la Nación y la Provincia para 2019 prevén el traspaso. Autorizan a sus poderes ejecutivos a transferir contratos y competencias a partir del 1° de enero de 2019. Pero no hay norma de traspaso. El tarifazo lo dispuso la Nación.
La resolución de Iguacel deja sin efecto el pago por Nación de la tarifa social. De este modo lo que sí se concretó es que la Nación se desentendió de pagar la tarifa social, que es otro subsidio que reciben las distribuidoras (AYSA y Edenor / Edesur) por los consumidores que no pueden pagar los tarifazos. Y, ahora, lo pagará la Provincia de Buenos Aires. Las cifras, como es fácil imaginar, no son pequeñas.
Dicho sea de paso: ¿cómo es posible que la Provincia de Buenos Aires, que según dijo Vidal estaba quebrada en diciembre de 2015 ahora pague los subsidios al consumo de agua, electricidad y transporte? Vidal, que se había calificado como la campeona de la defensa de los intereses de los bonaerenses por haber iniciado un juicio por la actualización de los fondos del conurbano. Lo arregló con la Nación, pero luego vinieron el FMI y los ajustes (y algún celo tal vez porque la imagen Vidal no caía como la de Macri) y a esos fondos se diluyeron en la inflación. La gobernadora que criticó ácidamente a la gestión a anterior, callada, por “el proyecto Cambiemos”, asume sin chistar la obligación que correspondía a la Nación. Así lo dice la ley de presupuesto de la Provincia. La defensa de los intereses económicos de los bonaerenses fue olvidada.
Vidal no solo asumió esa obligación que era de Macri, también asumió el subsidio al transporte. Pero como la Provincia no tiene fondos, transfirió gran parte de esas obligaciones a los municipios. Con la plata ajena, la de los municipios, la gobernadora dispone.
Para esto se ha olvidado que el artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional dice que no habrá transferencia de “competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobado por ley del Congreso”. Recordemos que Macri no dudó en dictar un decreto de dudosa validez para aumentar la coparticipación de la Ciudad cuando le transfirió la Policía Federal. No es preciso señalar que a la Ciudad le sobra el dinero que la Provincia le falta.
5. En este marco de caos de gestión y donde lo único que le interesa a Cambiemos es: 1°, la renta de las petroleras y las empresas de los amigos del Presidente Macri; y 2°, cumplir con el FMI… ¿hay que sorprenderse porque EDENOR y EDESUR no cumplan, dejen a los usuarios sin luz, no atiendan ni el teléfono y el Secretario Lopetegui y el Ministro Dujovne hagan como si nada ocurriera?
Es, reiteramos, escandaloso.
6. Por ello, como inicio de una gestión legislativa sobre el asunto, exhortamos a las empresas y los entes a dar cumplimento con los derechos constitucionales de los usuarios. Es la emergencia.
Y, en particular, a dar cumplimento estricto e inmediato con lo prescripto por el artículo 30 de la Ley de Defensa del Consumidor que transcribimos:
ARTICULO 30. — Interrupción de la Prestación del Servicio. Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura El secretario de Energía dictó la resolución que copio:
Y a indemnizar el daño causado a los usuarios de modo integral.
Luego, avanzaremos con medidas sobre las compañías y la pésima gestión del Gobierno.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 75
 artículo 30
 resolución