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Timestamp: 2019-10-14 08:40:01+00:00

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STC 187/2004, 2 de Noviembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 231469
STC 187/2004, 2 de Noviembre de 2004
Número de Recurso: 3539-2001
Recurso de amparo 3539-2001. Promovido por don Andrés G.R. y otros frente al Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaró desierto su recurso de casación en un contencioso-administrativo sobre expediente de regulación de empleo. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de recurso de casación por solicitud inadecuada de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, sin ofrecer subsanación o alternativa alguna (STC 33/1990).
Sentencia citada en: 168 sentencias, 4 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3539-2001, promovido por don Andrés G.R., doña Begoña A.S. y don Juan Luis B.P., representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Ángeles Oliva Yanes y asistidos por el Letrado don Matías Morante de la Calle, contra el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2001, por el que se declaró desierto el recurso de casación preparado por los recurrentes contra la Sentencia núm. 645/2000, de 14 de junio de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en recurso contencioso-administrativo núm. 798/97. Ha sido parte Andia Lacteos, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistida de la Letrada doña Yolanda Hontiyuelo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 22 de junio de 2001 se anunció por don Andrés G.R., doña Begoña A.S. y don Juan Luis B.P. su intención de interponer recurso de amparo contra la resolución judicial de la que se hace mérito en el encabezamiento, solicitando al mismo tiempo la designación de Abogado y Procurador de oficio, adjuntando copia de los escritos dirigidos a tal efecto a los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid.
Los ahora demandantes de amparo interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 10 de febrero de 1997 del Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, que inadmitió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución del Delegado Territorial de Vizcaya de 3 de octubre de 1996, sobre expediente de regulación de empleo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó Sentencia el 14 de junio de 2000 en la que, tras afirmar la legitimación activa de los recurrentes -trabajadores directamente afectados por el expediente de regulación de empleo-, declaró que su competencia se limitaba a determinar si el expediente se había aprobado mediante dolo, fraude o abuso de derecho, por lo que, al no apreciar ninguna de dichas circunstancias, desestimó el recurso.
Contra dicha Sentencia prepararon los ahora demandantes de amparo recurso de casación. En el escrito de preparación se incluía el siguiente otrosí:
Mediante escrito registrado el día 8 de noviembre de 2000 los ahora demandantes de amparo presentaron en su propio nombre un escrito ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que reiteraron la solicitud de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Auto de 3 de enero de 2001 declarando desierto el recurso de casación. En su fundamento de derecho único el Auto señaló lo siguiente:
"Por el recurrente D. Juan Luis B.P. y otros se ha presentado escrito solicitando el reconocimiento del Derecho a la Asistencia Jurídica y no correspondiendo a ésta Sala la competencia para la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio, que es consecuencia, en su caso, de la solicitud del reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita por parte del interesado ante el Colegio de Abogados de Madrid o del Juzgado de su domicilio, no procede acordar a lo solicitado en dicho escrito.
En la demanda de amparo los recurrentes denuncian la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Entienden los recurrentes que su comparecencia, dentro del término del emplazamiento, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo solicitando la designación de Abogado y Procurador debió apreciarse por la Sala de oficio, como un defecto subsanable, y a tal efecto debió otorgarse a los interesados, mediante providencia, el plazo de diez días que previene el art. 138 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) para solicitar ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, lugar en que se halla el Tribunal, o ante el Juzgado de su domicilio, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con suspensión del curso del proceso, a fin de evitar que el transcurso del plazo pudiera dar lugar, como así ha sucedido, a la indefensión de los recurrentes. El mejor exponente de la teoría expuesta, señalan los recurrentes, viene determinado por la propia Ley de asistencia jurídica gratuita, cuyo art. 16 establece que "a fin de evitar que el trascurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia".
Por providencia de la Sección Cuarta de 11 de noviembre de 2003 se acordó abrir el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC, concediéndose un plazo común de diez días a los demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal para que formulasen, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c)].
Mediante escrito registrado el 4 de diciembre de 2003 los demandantes de amparo reiteraron su criterio sobre el contenido constitucional de la demanda, basado en la indefensión producida por la actuación del órgano judicial.
Mediante escrito registrado el 11 de diciembre de 2003 el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó también sus alegaciones, interesando la admisión a trámite de la demanda de amparo. Considera el Ministerio público que la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa no regula expresamente el beneficio de justicia gratuita, que, en consecuencia, es objeto de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en cuyo art. 16 se prevé -ciertamente como excepcional- la suspensión del plazo correspondiente hasta que recaiga resolución sobre el beneficio solicitado, para evitar la preclusión de los plazos, y que, por otra parte, incluso cuando el Tribunal Supremo no sea el órgano competente para reconocer tal derecho, no parece la actitud más favorable al derecho fundamental la que, ante una petición a él dirigida por los propios interesados, sin asistencia letrada, se limite a esperar el vencimiento del plazo para declarar desierto el recurso, sin ni siquiera indicar el órgano al que debían dirigir dicha petición.
Por providencia de 18 de marzo de 2004 la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del presente recurso y admitir a trámite la demanda de amparo. En esa providencia se dispuso también que, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se dirigiese atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Primera) y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a fin de que, en plazo no superior a diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 6774-2000 y al recurso contencioso administrativo núm. 798/97, respectivamente, así como a ésta última para que procediese previamente al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo.
Comparecido don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Andia Lacteos, S.L., mediante escrito registrado el 29 de abril de 2004, y remitidas las actuaciones a las que se ha hecho mención, por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda de 3 de junio de 2004 se acordó tener por personado y parte al anterior compareciente, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían formular las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
Mediante escrito registrado el 21 de junio de 2004, la representación procesal de los demandantes de amparo se ratificó íntegramente en el contenido y alegaciones de la demanda de amparo.
El Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 8 de julio de 2004, interesando la estimación del recurso del amparo. Señala el Ministerio público en su escrito que, si bien es cierto que, con carácter general, el plazo para personarse e interponer el recurso de casación es considerado de caducidad y, en consecuencia, no es susceptible de alargamiento artificial, la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa no regula expresamente el beneficio de justicia gratuita que, en consecuencia, es objeto de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de la que interesa destacar el art. 7, que mantiene el derecho a la asistencia jurídica gratuita en todas las instancias, y cuyo apartado 3 dispone:
Señala el Fiscal que "la claridad de la norma evidencia la manifiesta carencia de fundamentación del Auto aquí recurrido, porque, en materia de recursos, cuando la asistencia jurídica gratuita ha sido ya reconocida en la instancia, corresponde al Tribunal ?ad quem? actuar de oficio, dirigiéndose a los pertinentes Colegios, y no como dice el Auto recurrido, a los interesados que, por otra parte, actuaron diligentemente realizando su petición en dos ocasiones: en el momento de la preparación y dentro del término del emplazamiento. En definitiva, se ha declarado desierto el recurso de casación con una fundamentación claramente contradictoria con lo dispuesto en el art. 7.3 de la Ley reguladora de la asistencia jurídica gratuita, y ello determina la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes de amparo".
Mediante escrito registrado el 8 de julio de 2004, don Argimiro Vázquez Guillén, actuando en nombre y representación de Andia Lacteos, S.L., presentó sus alegaciones, interesando la denegación del amparo. En su escrito, señala que en ningún caso se puede hablar de una vulneración del art. 24 CE, sino de una indefensión provocada por la errónea actuación profesional de la que fuera dirección letrada de los hoy recurrentes. Estos sólo pidieron la asistencia jurídica gratuita para recurrir en casación, habiendo tenido durante la tramitación del recurso contencioso-administrativo dirección letrada y Procurador propios de libre designación y sin beneficio de justicia gratuita. Dicha dirección letrada fue la que solicitó inicialmente la justicia gratuita de sus clientes y lo hizo directamente y de manera incorrecta ante los Tribunales, cuando según el art. 12 de la Ley de asistencia jurídica gratuita la solicitud debe hacerse o bien en el Juzgado del domicilio de los solicitantes o bien en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid. Además, en ningún caso los recurrentes adjuntaron con sus peticiones copia o resguardo de haber formulado la solicitud del derecho ante los órganos competentes, con lo cual difícilmente se podía conceder una suspensión o paralización del procedimiento, según lo previsto en el art. 16 de la Ley citada. No se puede, en fin, hablar de error subsanable, ya que se pide la designación de Abogado y Procurador a quien no tiene capacidad para ello, siendo evidente la existencia de desidia por parte de los hoy recurrentes, ya que se dejaron precluir los plazos sin realizar actuación alguna o solicitar información que impidiera que se declarase desierto el recurso de casación.
Por providencia de 28 de octubre de 2004 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de noviembre del mismo año.
Se plantea en el presente recurso la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los recurrentes de amparo, en su vertiente del derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, que se imputa al Auto de 3 de enero de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que declaró desierto el recurso de casación preparado por los recurrentes contra la resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en los autos 798/97. Interesa resaltar que, conforme ha quedado recogido en los antecedentes, el Auto recurrido no fue notificado a los recurrentes, por no considerarlos personados ante el Tribunal Supremo, habiendo tenido conocimiento de su existencia sólo a través de la diligencia de ordenación de 23 de mayo de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que fue notificada el 31 del mismo mes y año a quien había sido su Procuradora en el proceso a quo; por este motivo, los recurrentes, que actuaron en casación sin el auxilio de Procurador ni de Letrado, no fueron tampoco en ningún momento instruidos sobre los recursos eventualmente procedentes contra el Auto dictado.
El art. 24.1 CE reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, derecho que comprende, como este Tribunal ha señalado con reiteración, el de acceso a los recursos legalmente establecidos. No obstante, es también doctrina reiterada de este Tribunal que el principio pro actione actúa con menor intensidad en los supuestos de acceso al recurso que en los casos de acceso a la jurisdicción (salvo en materia penal), y en tal sentido se viene sosteniendo que es competencia de los órganos judiciales determinar si los recursos reúnen o no los requisitos necesarios para su admisibilidad; decisión que, salvo que sea infundada, incurra en error patente, o se sustente en una interpretación desproporcionada por rigorista o excesivamente formalista de los requisitos legalmente exigidos, no podrá ser revisada por este Tribunal (entre otras muchas SSTC 256/1994, de 26 de septiembre, FJ 2; 37/1995, de 7 de febrero, FJ 2; 138/1995, de 25 de septiembre, FJ 2; 9/1997, de 14 de enero, FJ 2; 19/1998, de 27 de enero, FJ 1; y 112/2002, de 6 de mayo, FJ 2).
En el presente caso, lo que los recurrentes imputan al órgano judicial no es, en realidad, la inadmisión de su recurso de casación basada en una interpretación de los requisitos procesales que pueda valorarse como arbitraria, irracional o errónea, sino la imposibilidad misma de comparecer en plazo con la debida postulación procesal exigida, al no haber sido atendidas sus reiteradas solicitudes de nombramiento de Procurador y Abogado de oficio para la formalización del recurso de casación, impidiéndoles de este modo hacer valer su pretensión de fondo. De este modo, aunque los recurrentes centran su demanda nominalmente en la vulneración del derecho a los recursos legalmente establecidos, es lo cierto que su queja se sitúa, desde un punto de vista lógico, en un momento anterior, puesto que lo que realmente denuncian es la indefensión que se les generó como consecuencia de la falta de respuesta a la petición de designación de Abogado y Procurador de oficio.
El Auto de 3 de enero de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que declaró desierto el recurso de casación previamente preparado, se fundamentó para su interposición, en el hecho de que se había agotado el plazo legalmente establecido para su interposición, señalando que no procedía acceder a lo solicitado por los recurrentes respecto de la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio, al no corresponder a la Sala la competencia para ello, toda vez que tales designaciones habrían de ser consecuencia, en su caso, de la solicitud del reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita por parte de los interesados ante el Colegio de Abogados de Madrid o ante el Juzgado de su domicilio.
En diversas ocasiones ha debido analizar este Tribunal demandas de amparo relativas a la presunta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como consecuencia de haberse declarado caducado un recurso por deficiencias de diverso tipo en la tramitación de la solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. En varias de ellas, como las recientes SSTC 213/2001, de 29 de octubre, y 130/2003, de 30 de junio, en las que se analizaron también, como en el presente caso, Autos procedentes de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, o en la STC 33/1990, de 26 de febrero, la cuestión planteada tuvo su origen en resoluciones judiciales que denegaron la tramitación de la solicitud de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio para interponer recurso de casación y declararon desierto el recurso preparado con fundamento en que se había solicitado Abogado y Procurador transcurrido el plazo que establecía el art. 1708.2 LEC (1881). El Tribunal Constitucional, en todos los casos, consideró que podría resultar admisible que el incumplimiento del requisito del plazo para efectuar la solicitud de justicia gratuita (dentro de los diez primeros días del término del emplazamiento, según determinaba el art. 1708.2 LEC) ocasionara la pérdida de tal beneficio en esa instancia, pero que no resultaba posible, en cambio, considerar compatible con la tutela judicial efectiva sin indefensión el que dicha falta conllevara además, no solamente la pérdida del citado beneficio, sino la caducidad del propio recurso de casación, por el hecho de que el actor no hubiese formalizado debidamente el mismo dentro de plazo. Y ello porque se estimaba razonable que el actor confiara en una respuesta a su solicitud que le permitiera la formalización del recurso por Procurador de oficio o bien, en caso denegatorio, por uno de su libre designación, expectativa que se vio frustrada porque la única respuesta del Tribunal fue la declaración de caducidad del recurso transcurrido ya el término del emplazamiento.
Otorgar el amparo solicitado por don Andrés G.R., doña Begoña A.S. y don Juan Luis B.P. y, en su virtud:
Declarar que el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2001, por el que se declaró desierto el recurso de casación preparado por los recurrentes contra la Sentencia núm. 645/2000, de 14 de junio de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en recurso contencioso-administrativo núm. 798/97, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los demandantes de amparo (art. 24.1 CE).
Restablecer a los demandantes de amparo en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular el referido Auto retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno para que se dicte la resolución que proceda con respeto al indicado derecho fundamental.

References: resolución 
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