Source: https://franciscoazuero.blogspot.com/2010/03/
Timestamp: 2019-09-15 17:54:52+00:00

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Economía y políticas públicas: marzo 2010
Operación de fusión entre Telmex y Superview Telecomunicaciones. Los multaron, ¿y ahora qué?
Por derecho de petición, y después de radicar una solicitud de tutela, logré, como lo informé en la anterior entrada, que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) me enviara copia de la Resolución 51320 de 2009, mediante la cual le impuso una multa a las empresas Telmex Colombia S.A. y Superview Telecomunicaciones, así como a sus representantes legales. Comparto con ustedes lo que encontré.
¿Cuál fue el problema? Voy a hacer un esfuerzo por contarlo, de una manera resumida. La empresa Telmex, mexicana, de propiedad de Carlos Slim, identificado ahora por la revista Forbes como el hombre más millonario del mundo, se integró con la empresa Superview y después con la TV Cable S.A, y con TV Cable del Pacífico S.A. Poco después, Telmex adquirió también la compañía Cablecentro. Con todas estas operaciones, este grupo empresarial quedó controlando un 96,4% del mercado de televisión por suscripción, como lo estableció en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio.
En cualquier país que se precie de contar con una legislación fuerte que busque controlar los monopolios, esta operación hubiera llamado la atención. Según la Ley 155 de 1959, y la Circular Unica de la SIC que la reglamentó, vigentes en el momento en que se presentaron estas transacciones, se exigía que las operaciones de fusión, consolidación o integración que se proyectara llevar a cabo entre empresas que se dedicaran a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado, deberían ser informados al Gobierno Nacional, siempre y cuando el valor de los activos individual o conjuntamente considerados superara el equivalente a 100.000 salario mínimos legales mensuales vigentes.
Con relación a una de estas operaciones, la relacionada con la enajenación de acciones de Superview a Telmex, el Superintendente delegado para la promoción de la competencia (considerando tercero de la Resolución 51220) estableció que dicha operación “configuró una operación de integración empresarial, de conformidad con los presupuestos establecidos por el Artículo 4 de la Ley 155 de 1959”. Al no ser informada esta operación a la SIC, se violó dicha norma por parte de las sociedades investigadas y por sus representantes legales.
La resolución es bastante amplia en el recuento de los antecedentes y en la exposición de los fundamentos jurídicos en que se apoya la SIC para demostrar la violación de la Ley por parte de Superview y de Telmex. Estas empresas argumentaron que no les correspondía la obligación de informar la operación, puesto que concluyeron que las dos empresas pertenecían a mercados relevantes diferentes. La SIC llegó a una conclusión diferente, y por ello les impuso a Telmex Colombia S.A. y a Superview Comunicaciones multas de $745 millones a cada una. A cada uno de los representantes legales se les fijó además una multa de $111,2 millones.
Surge entonces la pregunta: ¿y ahora qué? No se fija en la resolución 51320 ninguna otra consecuencia. No está claro si la SIC se va a pronunciar sobre si la operación objeto de la multa tiende o no a producir una “indebida restricción a la libre competencia”, en cuyo caso debería objetarla. En el caso en que así lo estableciera la SIC, dada la obligación que ella tiene, según el Decreto 2153 de 1992, de “ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas”, debería ordenar la reversión de la operación examinada.
De no ser así, la multa impuesta equivaldría a un pequeño sobreprecio que el comprador estaría plenamente dispuesto a asumir. La relación costo/beneficio es clara: frente a la posibilidad de gozar durante un tiempo importante de las utilidades de una posición monopólica, la multa no representa mayor problema. El aspirante a monopolista podría pensar que la multa es equivalente a una licencia para poder integrase. Se estaría burlando tanto la letra como el espíritu de las normas sobre competencia Téngase en cuenta además que en nuestro país el efecto reputación opera muy poco como elemento disuasivo para incumplir la Ley. Haber sido multado no trae mayores consecuencias desde el punto de las relaciones con el Gobierno o con la Sociedad. No es motivo de vergüenza.
No ha producido todavía la SIC (al menos no se ha conocido públicamente la Resolución correspondiente) los resultados de la otra investigación que abrió en el 2007: la correspondiente a la integración de las empresas Telmex y Superview con Tv Cable y Cable Pacífico. Estaremos pendientes de los resultados. Aun cuando si ese resultado es simplemente otra multa, no habrá pasado nada
Según información de la Revista Dinero (pag 40 edición 345 de Marzo 19 de 2010),
“Telmex está resolviendo el tema de su integración con COMCEL, que fue anunciada hace un par de meses por America Móvil. Según se ha conocido, la empresa considera que por ser una transacción internacional no debe pedir autorización a las autoridades colombianas, aunque para los analistas sí se requiere el visto bueno de la SIC por los impactos que estas dos compañías actúen como grupo en el país”.
¿Se avecina otra multa simbólica? ¿Estaremos avanzando hacia la Mexicanización en el servicio de comunicaciones del país? Para quienes saber qué pasó en México, los invito a leer este artículo publicado en el año 2007 en el New York Times.
Valga la pena mencionar que este artículo fue publicado antes de que Carlos Slim se convirtiera en un accionista importante de dicho diario.
Publicado por Francisco Azuero en 20:31 2 comentarios
Adquisición de ISAGEN por EPM: una operación inconveniente
Ni el gobierno debería promover, ni las autoridades de regulación permitir, una operación que va a concentrar exageradamente el mercado de generación eléctrica en el país
En Octubre del año anterior radiqué, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, un derecho de petición solicitando dos documentos:
- Copia de la carta que en Agosto del año 2000 el entonces Superintendente había enviado al representante legal de Empresas Públicas de Medellín, en la cual se objetó la operación de compra que pretendía hacer esta empresa de las acciones que tenía la Nación y la Fen en Isagen S.A.
- Copia de la resolución 51320 del 1 de Octubre de 2009, mediante la cual se impuso una sanción a Telmex Colombia, y Superview Comunicaciones, por abstenerse de informar una operación de integración, de acuerdo a lo establecido en la Ley 155 de 1959.
Fue necesario que el 3 de Febrero de este año interpusiera una tutela, para que la Superintendencia de Industria y Comercio accediera a responderme. Lo hizo en una carta que me envió el pasado 8 de Febrero.
Es lastimoso que la ciudadanía tenga que apelar a estos procedimientos para obtener una información que debería ser absolutamente pública. Desde el año 2007 se dejaron de publicar los pronunciamientos de la Superintendencia sobre los procesos de adquisición o fusión (ver el sitio correspondiente ).
Por ahora, vamos a hablar de la primera de las comunicaciones: la que hace referencia a la adquisición de ISAGEN por parte de la Empresas Públicas de Medellín. En otra entrada hablaremos del otro caso.
Esta fue la carta que le envió el Superintendente de entonces, Emilio Archila, al Representante legal de las Empresas Públicas de Medellín, Ramiro Valencia Cossio, el 18 de Agosto de 2000 (puede marcar sobre las páginas para ampliarlas):
En su discurso ante los empresarios que participaban en Colombia Moda, en julio del año anterior, el Presidente Uribe señaló que se debía explorar la posibilidad de que las Empresas Públicas de Medellín adquirieran a ISAGEN, o por lo menos un altísimo porcentaje en ella.
Como lo señalé anteriormente, esta operación ya había sido estudiada y rechazada en el año 2000 por la Superintendencia de Industria y Comercio. El argumento que se utilizó fue el de que con esa compra, la Empresas Públicas de Medellín rebasarían el tope de la participación en el mercado de generación establecido en la Resolución 42 de 1999 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En ese momento, según las cuentas que hizo la Superintendencia, esa proporción sería cercana al 32%, dada la franja de potencia establecida en la resolución 3 del 2000.
¿Cómo debería hoy contestar la Superintendencia de Industria y Comercio ante una solicitud semejante? EPM tiene hoy una capacidad de generación de 2574 MW, que equivale a un 19% del total de la capacidad del país. Isagen, por su parte, con 2132 MW, tiene un 15,8%. Entre las dos reúnen por lo tanto cerca de un 35% del total. En total justicia, las autoridades de regulación de la competencia deberían objetar la adquisición.
Pero en los próximos años la situación va a cambiar. Según la información proporcionada por la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía, hasta el 2018, se va a ampliar la capacidad de generación en 4080 MW, con las subastas de energía en firme ya adjudicadas. En tres de los proyectos que van a entrar en operación va a participar la EPM, con un total de 1636 MW: Porce III, Porce IV y Pescadero-Ituango (en esta última solo estamos contabilizando el 48% de su capacidad en cabeza de EPM, correspondiente a la participación que hoy tiene en la empresa promotora). En dos va a participar ISAGEN: Amoya, y Sogamoso, con una capacidad de 878 MW. Al sumar la participación de estas dos empresas frente al total nacional, encontramos que tendrían en el 2018 una concentración en la capacidad de generación del país del 41,2%. Utilicé para estos cálculos la misma metodología que utilizó la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2000.
El país ha avanzado al buscar desarrollar un mercado en la generación eléctrica. Si se impulsa o se autoriza la compra propuesta, se habrá dado un paso atrás.
Publicado por Francisco Azuero en 17:51 3 comentarios
El balance del paro en Bogotá: Transporte Ingreso Seguro
Surgen varias preguntas a propósito del reciente paro de transporte, y sobre todo del acuerdo firmado entre los representantes de los dueños de los buses y la alcaldía mayor de Bogotá.
Digo dueños de los buses, porque llamarlos “pequeños transportadores” es un eufemismo populista, por lo menos hasta que se nos demuestre lo contrario. Quisiera saber si los estatutos de Apetrans (no los pude encontrar por ninguna parte), establecen un número máximo de buses para pertenecer a la Asociación. Tampoco se establece dicho número máximo como condición para ser beneficiario del acuerdo firmado. Por otra parte, todos los propietarios participaron en el paro. Presentar como problema “social” lo que en últimas es un mecanismo destinado a obtener rentas estatales para un grupo específico, y bien poderoso, es un viejo truco. Pero sigue siendo efectivo.
Uno de los principales puntos del acuerdo consiste en elevar el valor de la rentabilidad anual de los dueños de vehículos que entren al sistema, a un módico 18% anual durante 24 años. Es el precio que la sociedad debe pagarles por que acepten dejar el negocio. Argumenta el gremio que eso es inferior a la rentabilidad que están obteniendo actualmente. Durante muchos años trataron de convencer a la ciudadanía de todo lo contrario: que el transporte urbano de pasajeros era un pésimo negocio.
Por si lo anterior fuera poco, los dueños de buses pueden obtener dividendos en las empresas que operen el nuevo sistema. Un artículo en dinero.com muestra que sumando estas dos rentabilidades un dueño de un bus que hubiera pedido un crédito por el 50% del valor del mismo, puede obtener una rentabilidad del 34% anual. Nada mal.
La primera pregunta que es necesario hacerse es: ¿Por qué es necesario indemnizar a los propietarios de los buses? Una indemnización se justifica cuando el Estado expropia los activos, o cuando rompe un contrato en ejecución, volviendo inútiles unos activos dedicados (es decir específicos para esa actividad, y que no pueden reconvertirse hacia otra utilización).
Desde hace varios años se está hablando en Bogotá de la sobreoferta de buses, y de la inminencia de una reforma sustancial que racionalice esta actividad. Quienes, sabiendo eso (y los propietarios de buses deberían saberlo más que nadie), compraron buses, lo hicieron bajo su cuenta y riesgo. Ahora la sociedad deberá pagarles a ellos por su imprevisión. Aun cuando viéndolo bien, como conocían su capacidad de chantaje, resultaron siendo todo lo contrario: muy visionarios.
Por otra parte, ¿habrá un activo menos específico que un bus? Un propietario podría venderlo en el mercado secundario. Si no le dan lo que quiere, ello se supone que se debe al desgaste normal (téngase en cuenta que en la rentabilidad calculada arriba ya está contemplada la depreciación), a las posibilidades de explotarlo en un negocio alternativo y a la competencia que se genera por la continua oferta de buses nuevos. ¿No es lo mismo que le pasa al lector de este blog con su automóvil? . ¿porqué a usted no lo indemnizan?
El paro de transporte obliga a que la sociedad se haga una pregunta fundamental: ¿deben indemnizarse con recursos públicos a los empresarios que resulten víctimas de los cambios inevitables en cualquier modelo de negocio? La innovación en el transporte masivo es una necesidad. Existe consenso en que se necesita una transformación radical desde el punto de vista tecnológico, de organización empresarial (acabar el nocivo sistema de las empresas afiliadoras) y de incentivos de los participantes, de los cuales la “guerra del centavo” es apenas una de sus manifestaciones.
Los propietarios de buses de transporte urbano de Bogotá, gracias a las condiciones establecidas en los pliegos del SITP y del acuerdo logrado en el paro, han pasado a ser parte de ese grupo privilegiado de rentistas a quienes la sociedad debe proteger frente a las amenazas de la modernización, o frente a quienes incluso es necesario sacrificar esa modernización: concesionarios de infraestructura, de televisión o de yacimientos mineros que, al vencimiento de sus plazos, logran que se les renegocie la concesión en negociaciones directas con el gobierno, sin ninguna competencia; agricultores que obtienen un “ingreso seguro”; empresarios que obtienen exenciones tributarias exageradas; notarios que logran que permanezca un sistema premoderno de constancia de fe pública, etc. Invito a los lectores a que den más ejemplos.
En unos casos, los favorecidos logran dichas rentas con su capacidad de lobby. En otras, como el del reciente paro de transporte, a esa capacidad de lobby (algunos políticos los apoyaron, otros se quedaron prudentemente callados) se juntó su posibilidad de utilizar a la ciudadanía como rehén. Y ganaron.
¿Si será cierto que el SITP anunciado por la Alcaldía será la gran transformación del sistema de transporte masivo?
Ya en una entrada anterior en este blog, el ingeniero Alvaro Pachón había manifestado su desacuerdo con que la unidad de asignación fuera la zona. Transcribo sus palabras:
¿ Una ruta Usaquén-Kenendy, por ejemplo, se le asignará a la zona de Kennedy o a la de Usaquén?. Más aún, si primero sale a licitación la ruta de Kennedy, llevará una gran ventaja frente a los adjudicatarios de las zonas que se decidan posteriormente.
Hay un problema más grave: los recursos escasos que son los que se deberían asignar por medio de una licitación no tienen nada que ver con la zona en donde se encuentran los terminales. Por ejemplo, una ruta que sale de Kenendy es más rentable si pasa por un corredor como la carrera séptima o trece, que si pasa por la cra 17. Los transportadores que quieran escoger los trayectos con mayor demanda deberían pagar más por este derecho que los transportadores que escojan otro corredor.
Por otra parte, el parágrafo 3 del Artículo 15 del Decreto 309 de 2009 (consultarlo aquí), establece como principio del sistema “propiciar la inclusión del mayor número posible de conductores y demás actores del sector de transporte urbano”. El mayor número posible de conductores implica el mayor número posible de buses, compitiendo por la utilización de unas vías que seguirán siendo escasas. No será extraño que continúe la guerra del centavo, especialmente porque la renumeración de las empresas, según los pliegos de condiciones, va a depender del número de pasajeros transportados. ¿Alguien nos puede explicar esto?
Publicado por Francisco Azuero en 17:21 2 comentarios
Operación de fusión entre Telmex y Superview Telec...
Adquisición de ISAGEN por EPM: una operación incon...
El balance del paro en Bogotá: Transporte Ingreso ...

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 4
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 Resolución 
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 Resolución 
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 Artículo 15