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Timestamp: 2017-03-25 19:43:39+00:00

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Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Comunidad Autónoma de Galicia num. 198/2012 17-01-2013
25 de marzo de 2017 | 08:43
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Contencioso-administrativo La Iglesia tendrá que pagar el IBI por propiedades en Allariz.
Marginal: PROV\2013\54702
Tribunal: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2, Comunidad Autónoma de Galicia,Orense Sala 2
Recurso núm. 198/2012
Ponente: José Andrés Verdeja Melero
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: Hecho imponible y no sujeción: bienes de naturaleza urbana: Iglesia Católica: supuestos de exención: requisitos: necesidad de justificación de que el inmueble se halla afecto a las finalidades no lucrativas o de interés general: inexistencia: exención improcedente.
XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 OURENSE
SENTENCIA: 00014/2013 N11600
AVDA. DE LA HABANA NÚM 1 - 2
N.I.G: 32054 45 3 2012 0000400
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000198 /2012 /-B
Sobre: ADMON. LOCAL
De D/Dª: DIOCESIS DE OURENS
Procurador D./Dª: LUCIA SACO RODRIGUEZ
Contra D./Dª CONCELLO DE ALLARIZ
Procurador D./Dª
SENTENCIA: 00014/2013
En Ourense, a 17 de enero de dos mil trece
Vistos por D. José Andrés Verdeja Melero, Magistrado del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Ourense, el recurso
contencioso-administrativo seguido por Procedimiento abreviado n° 198/13, instados
por la. DIÓCESIS DE OURENSE, representada por la Procuradora Sra. Saco
Rodríguez y defendida por el letrado Sr. Rodríguez Atanes contra el CONCELLO DE
ALLARIZ, que no comparece pese a estar citado en legal forma.
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2012, por la Diócesis de
Ourense se interpuso recurso contencioso-administrativo contra, el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de O Allariz de diciembre de 2011
por el que se desestimaba la reclamación presentada por dicha Diócesis, por la
que se solicitaba que se declarase la nulidad de los recibos n° 319328, 319330,
319329 y 319323.
Alega en su escrito, de forma resumida, que el acuerdo recurrido no es
conforme a Derecho, dado que, de conformidad con la ley 49/2002, de 23 de
diciembre ( RCL 2002\3014 ) y del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ( RCL
2004\602 y 670) , la Diócesis de Ourense, como entidad sin ánimo de
lucro estaría exenta del pago de tales impuestos.
Como consecuencia de ello, se solicita que se dicte sentencia por la que se
anule la resolución recurrida y, con estimación del recurso contencioso-
administrativo, se acuerde y declare:
a) Que la Iglesia Católica es una entidad sin ánimo de lucro de las
recogidas en la Ley 49/2002 y, como tal, le son aplicables los artículos 1 a 15
b) Que la Diócesis de Ourense, como integrante de la Iglesia Católica, tiene
derecho a la exención del Impuesto de bienes Inmuebles de naturaleza rústica y
urbana, de los que sea titular en el Ayuntamiento de Allariz, con la única
excepción que fija el art. 15.1RCL 2002\3014
de la Ley 49/2002 "...excepto los afectos a explotaciones económicas no
exentas del impuesto sobre Sociedades". c) Que tal exención se mantenga para los ejercicios o periodos impositivos
d) Que con base en lo anterior, se exima a la Diócesis de Ourense del abono
de la cantidad que peticiona el Ayuntamiento en concepto de IBI para el año
2011 sobre los bienes de los que es titular, sitos en ese Ayuntamiento, Para el
caso de que hubiese sido abonada alguna cantidad por cualquier causa, durante
la tramitación de este proceso, le sea devuelta la cantidad ingresada, (en su
caso recargos incluidos) con los correspondientes intereses legales desde el
pago de la misma hasta su completa devolución por parte del Ayuntamiento.
e) subsidiariamente, se declare nula la resolución recurrida y adoptada en
fecha 21 de diciembre de 2011 y se requiera al Ayuntamiento de Allariz para
que, dicte resolución debidamente motivada, teniendo en cuenta lo contenido en
la Consulta Vinculante 93/2009; de 2 de diciembre, solicitada por la
Conferencia Episcopal Española al Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección
General de Tributos, resolviendo el recurso de reposición interpuesto por la
f) Imposición de costas a la parte demandada en ambos casos.
SEGUNDO.- Conferido traslado del recurso a la Administración demandada se
señaló, para la vista el día 9 de enero de 2013. A la misma compareció
únicamente la parte actora, que se ratificó en su pretensión.
TERCERO.- Practicada la prueba que, previa declaración de pertinencia, fue
propuesta por las partes y formuladas las conclusiones correspondientes,
quedaron las actuaciones vistas para dictar Sentencia.
Previa audiencia de las partes la cuantía del procedimiento fue fijada en
27,94 euros.
PRIMERO Este Juzgado ha tenido ya la oportunidad de pronunciarse
sobre la exención solicitada por la recurrente, y lo ha hecho en el sentido de
desestimar los recursos interpuestos. Por ello, debemos remitirnos a lo ya
señalado al respecto, dado que no aprecio razones novedosas que aconsejen
separarse de lo ya resuelto.
Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre ( RCL
2002\3014 ) , de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece en su Art. 15.1
en relación con los tributos locales como el que aquí nos ocupa, que
"estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que
sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las
Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a
explotaciones económicas no exentas del impuesto sobre Sociedades." En su
artículo 2 establece las que Considera a los efectos de dicha Ley entidades sin
fines lucrativos, entre las cuales no se encuentra la Iglesia Católica. Ello no
obstante, la Disposición Adicional novena de dicha Ley, establece en su párrafo
1 que "El régimen previsto en los arts. 5 a 15, ambos inclusive, de esta
Ley será de aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el
Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se
refiere la disposición adicional anterior". Así pues, la exención del
I.B.I. prevista en el Art. 15.1 se remite a los términos previstos en la
normativa reguladora de las Haciendas Locales y, su vez, la aplicación de dicho
régimen a la Iglesia Católica se remite en la D.A. novena a lo establecido en
los acuerdos a que se refiere la Disposición Adicional octava, la cual
establece que "Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo
establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios
de cooperación suscritos por el Estado con las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación,
para las fundaciones propias de estas entidades, que podrán optar por el
régimen fiscal establecido en los arts. 5 a 25 de esta Ley , siempre que en
este último caso presenten la certificación de su inscripción en el Registro de
Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el numero 5º del
art. 3 de esta Ley ", lo que a su vez, en el caso presente, remite a los
términos del Acuerdo entre él. Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de
1979 sobre Asuntos Económicos. Con estos parámetros, normativos-resulta que, en primer lugar, el R.D. Leg
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su Art. 62.1.c ), que están
exentos del I.B.I. los inmuebles "de la Iglesia Católica, en los términos
previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos
Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los
respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el
art. 16 de la Constitución .", por lo que ello nos remite a su vez al
citado Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos
de 3 de enero de 1979, cuyo artículo IV, apartado A) establece que: "La
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras
circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los
Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a
las siguientes exenciones: A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los
siguientes inmuebles:
1) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias
o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral.
2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con
cura de almas.
3) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas
4) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso
y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas
propias de disciplinas eclesiásticas.
5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las
Ordenes, Congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada".
Contemplando en los apartados siguientes de dicho Artículo las demás
exenciones que le son aplicables; así, con las condiciones que se expresan,
exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la
renta y sobre el patrimonio, de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se
destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al
ejercicio de la caridad y de las contribuciones especiales y de la tasa de
equivalencia en tanto estos tributos recaigan sobre los bienes enumerados en la
letra A) referida de dicho artículo. Pues bien, no consta, en cambio, la
situación, propugnada por la parte recurrente como caso de exención, al menos,
no se ha acreditado, pues en el caso de autos los bienes, inmuebles respecto de
los que se gira el impuesto cuya exención se pretende, son inmuebles de
naturaleza urbana que no se hallan en ninguno de los supuestos de exención
legalmente previstos, según resulta del conjunto normativo determinado por: el
Art. 62.1.c)RCL 1988\2607 de la Ley de
Haciendas Locales ( RCL 1988\2607 y RCL
1989, 1851) , en relación al Art. IV-A) del Acuerdo entre el Estado Español y
la Santa Sede sobre asuntos económicos, por remisión que a los mismos se
realiza desde el Art. 15 y Disposición Adicional, novena de la Ley 49/02 ,
necesariamente determina la desestimación de la demanda. No puede sostenerse que tal interpretación, por lo demás literal y lógica de
los preceptos expuestos, suponga vaciar de contenido lo dispuesto en el Art.
15.1RCL 2002\3014 de la Ley 49/2002 en
relación con la D.A. novena de dicha Ley , ya que como es de toda evidencia el
I.B.I. no se contrae a los bienes inmuebles urbanos ya que también comprende
los bienes inmuebles de naturaleza rústica y los inmuebles de características
especiales, según el tenor del Art. 61 del R.D. Leg. 2/04. Por lo demás, la
exención que se recoge en el Art. 62.1.c) del referido R.D .Leg. 2/04 respecto
de los inmuebles de la Iglesia Católica lo es "en los términos" del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3
de enero de 1979, y tales "términos" son bien claros en cuanto que no
incluyen ni comprenden a los inmuebles de naturaleza urbana que no sean los que
se citan en el art. IV.1.A, por lo que la conclusión no puede ser otra que la
expresada. En el presente procedimiento se han aportado como prueba documental unas
consultas vinculantes, solicitadas por la Conferencia Episcopal Española,
emitidas por la Dirección General de Tributos. Este Juzgador no puede quedar en
modo alguno vinculado por lo dispuesto en dichas consultas, pues como de todos
es sabido, y así lo reconoce la Constitución en el art. 117 y la LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) en su art. 1RCL 1985\1578, los Jueces y Magistrados están
sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley, por lo que en
nada afectan las decisiones que pueda dictar o emitir un órgano administrativo,
como en este caso ocurre con la citada Dirección General, sin perjuicio de que
puedan ser consideradas y tenidas en cuenta dada su pericia y experiencia en la
materia. No obstante, no podemos estar de acuerdo con la conclusión a la que
llega la Dirección General de Tributos, puesto, que como ya hemos dicho, el
art. 2RCL 2002\3014 de la Ley 49/2002 no
recoge entre las entidades sin fines lucrativos a la Iglesia Católica Y aún
siendo cierto que dicha enumeración no es numerus clausus, sino numerus
apertus, como acertadamente sostiene la parte actora, para la inclusión de
aquélla entre las entidades sometidas a la Ley 49/2002, deben acreditar que
concurren los requisitos del art. 3 de la citada ley , carga de la prueba que
indudablemente corresponde al recurrente, sin que nada se haya alegado, y menos
aún probado, al respecto. Por otro lado conviene, decir, qué si bien en nada vinculan a Jueces y
Magistrados las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, no
puede decirse lo mismo de los Ayuntamientos, los cuales en materia tributaria
si que deben atender a lo qué señala aquélla.
Finalmente señalar, como ya hace la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
n° 1, que la discrepancia existente no sólo entre, las resoluciones dictadas
entre ambos juzgados, sino entre diferentes Tribunales Superiores de Justicia,
aconsejarla que por alguna de las administraciones demandadas se planteara el recurso
de casación en interés de ley, a fin de uniformar la jurisprudencia en esta
materia y evitar que se sigan produciendo sentencias contradictorias.
En atención a lo expuesto procede la desestimación del recurso.
SEGUNDO No procede hacer especial condena en las costas del mismo al
entender que el caso presenta serias dudas de derecho, como lo prueba la
existencia de jurisprudencia contradictoria al respecto.
DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo presentado por la Diócesis
de Ourense contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
O Allariz de 20 de diciembre de 2011, por el que se desestimaba la reclamación
presentada por dicha Diócesis, por la que se solicitaba que se declarase la
nulidad de los recibos n° 319328, 319330, 319329 y 319323. Todo ello sin hacer
especial imposición de las costas del procedimiento.
Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación.
Transcurridos quince días desde su notificación a las partes y de
conformidad al articulo 104 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ,
remítase testimonio en forma de la misma, en unión del expediente
administrativo, a fin de que en su caso la lleve a puro y debido efecto, adopte
las resoluciones que procedan, y practique, lo que exija el cumplimiento de las
declaraciones contenidas en el fallo, de todo lo cual deberá acusar, recibo á
este juzgado en el plazo de diez días. A su tiempo, devuélvase el expediente administrativo al órgano de
procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.

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artículo 2
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