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Timestamp: 2019-10-14 10:01:13+00:00

Document:
﻿ DECRETO 2093 DE 2003
DECRETO 2093 DE 28 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:ENTIDADES TERRITORIALES. SE CREAN LOS COMITÉS DE ORDEN PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS ESPECIALES DEL PAÍS.
DIARIO OFICIAL N°:45263 DE JULIO 29 DE 2003
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 2170 DE 2004 ARTÍCULO 11 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
“Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se adiciona el Decreto 2615 de 1991”.
(Nota: Derogado por el Decreto 2170 de 2004 artículo 11 del Ministerio del Interior y de Justicia)
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las atribuciones que le confieren los numerales 4º y 11 del artículo 189 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado y modificado por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y
ART. 1º—Naturaleza jurídica. El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior y de Justicia como un sistema separado de cuentas.
ART. 2º—Objetivos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La inversión de los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial del 5% consagrada en la Ley 418 de 1997, por parte Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana tendrá como objetivo atender gastos tendientes a propiciar la seguridad ciudadana y preservar el orden público.
4. Reconstrucción de sedes administrativas de autoridades públicas territoriales afectadas por actos terroristas.
PAR. 1º—Los programas y proyectos podrán ser ejecutados directamente por el Ministerio del Interior y de Justicia o mediante contratos o convenios con entidades de derecho público. Tales entidades o dependencias públicas podrán adelantar los actos administrativos y contractuales necesarios para la realización del correspondiente objeto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 del Decreto 2170 de 2002. En el caso del numeral 6º, los programas y proyectos podrán ser ejecutados por entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.
PAR. 2º—La participación del fondo en la financiación y/o cofinanciación de los programas y proyectos mencionados, no exime a las instituciones o entidades nacionales, departamentales, distritales y/o municipales, de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en la conservación del orden público y la preservación de la seguridad en sus respectivas jurisdicciones.
ART. 3º—Administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La dirección, administración y ordenación del gasto del fondo estará a cargo del Ministro del Interior y de Justicia o de quien este delegue. Para efectos de la ejecución de los recursos, deberán atenderse las directrices para la preservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional establecidas por el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional y el Consejo Técnico Nacional de Inteligencia.
ART. 4º—Funciones de dirección, administración y ordenación del gasto del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El Ministro del Interior y de Justicia o quien este delegue, tendrá las siguientes funciones en relación con la dirección, administración y ordenación del gasto de Fonsecon:
ART. 5º—Administración del fondo. El Ministerio del Interior y de Justicia adelantará los trámites contractuales, contables, presupuestales y demás propios de la administración del fondo, a través de sus dependencias competentes, de acuerdo con los manuales internos de procedimientos.
PAR. 1º—Para efectos de la contratación del seguro contra accidentes que ampare a los miembros voluntarios de los organismos de socorro que forman parte del sistema nacional para la prevención y atención de desastres, establecido en la Ley 782 de 2002, se seguirá el procedimiento que determine el Gobierno Nacional en la reglamentación de la materia.
ART. 6º—Retención de la contribución. Los jefes de las oficinas pagadoras de las entidades del nivel nacional que efectúen giros sobre contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes, son responsables de retener las sumas correspondientes a la contribución especial de que trata el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 782 de 2002 y consignarlas en las cuentas bancarias que determine el Ministerio del Interior y de Justicia.
ART. 7º—Comités de Orden Público. En cada municipio y distrito especial del país, funcionará un comité de orden público integrado, de acuerdo con la existencia de los organismos en el respectivo municipio, por el comandante de la respectiva guarnición militar o su delegado, el Comandante de la Policía, el jefe de puesto operativo del DAS o un delegado del director seccional y el alcalde municipal o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
ART. 8º—Funciones de los comités de orden público. Son funciones de estos comités:
ART. 9º—Naturaleza jurídica y administración de los fondos de seguridad de las entidades territoriales. Los fondos de seguridad de las entidades territoriales tienen el carácter de “fondos-cuenta” y deben ser administrados como una cuenta especial sin personería jurídica. Estos fondos de seguridad, serán administrados por el gobernador o el alcalde según el caso, quienes pueden delegar esta responsabilidad en un secretario del despacho.
ART. 10.—Recursos de los fondos territoriales de seguridad. Los recursos de los fondos territoriales están constituidos principalmente por los ingresos que se recauden de la contribución especial equivalente al cinco por ciento (5%) de los contratos de obra pública que se suscriban para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial o puertos aéreos, marítimos o fluviales o los de adición al valor de los existentes, a excepción de los contratos de concesión.
ART. 11.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga los decretos 2001 y 2810 de 2000 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Bogotá, D.C., a 28 de julio de 2003.

References: ARTÍCULO 11
 artículo 11
 artículo 189
 artículo 122
 artículo 14
 artículo 120