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Timestamp: 2018-03-24 04:17:36+00:00

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Ley 1/2015, de 19 de febrero,por la que se modifica la ordenación farmacéutica de las Islas Baleares - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 1/2015, DE 19 DE FEBRERO,POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LAS ISLAS BALEARES (BOIB 28 DE 25)
La regulación comunitaria sobre la ordenación farmacéutica es ciertamente escasa. Las directivas 2005/36/CE (LCEur 2005, 2171, 1734) y 2006/123/CE (LCEur 2006, 3520), del Parlamento y del Consejo, han permitido exceptuar de la aplicación del principio comunitario de libertad de establecimiento al régimen de autorización y establecimiento de oficinas de farmacia. Dicha excepción se justifica en la admisión que en dicha materia concurre una causa de interés general, radicada en la protección de la salud y un adecuado y general abastecimiento de medicamentos a toda la población dentro de todo un territorio. A mayor abundamiento, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce que, en aras de tal protección y atención a la salud, es admisible una planificación de los establecimientos y las infraestructuras sanitarias, entre los que se incluyen los dedicados a la prestación farmacéutica, así como el régimen de acceso a la titularidad de tales establecimientos.
El sistema de ordenación farmacéutica del Estado español obedece al modelo mediterráneo de farmacia, basado en la proximidad y la profesionalidad, que busca dar cobertura de asistencia farmacéutica a toda la población y en todo el territorio de la nación. Ello ha configurado un sistema con una intervención administrativa, tanto en la ordenación y la planificación de la actividad farmacéutica, como en el establecimiento de sistemas de precios autorizados y la constante reivindicación del interés general al que sirve la prestación farmacéutica en forma de servicio público. En ese sentido, el artículo 84.6 de la Ley 29/2006, de 26 de julio (RCL 2006, 1483 y RCL 2008, 970), de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dispone que las oficinas de farmacia tienen la consideración de establecimientos sanitarios privados de interés público.
La Ley 7/1998, de 12 de noviembre (LIB 1998, 278, 307), de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, es una Ley que ha sido objeto de modificaciones parciales pero que en sus líneas esenciales sigue siendo la misma que se aprobó en 1998. La experiencia adquirida a lo largo de estos años ha servido para detectar las deficiencias en el sistema de planificación de esta ley.
Así pues, a día de hoy y desde el año 2012, dos titulares de oficinas de farmacia han renunciado a las mismas debido a su inviabilidad económica, originaria o sobrevenida. Del mismo modo, y por aplicación del Real decreto 823/2008, de 16 de mayo (RCL 2008, 1116), en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 un promedio total de 17 oficinas de farmacia se han visto en la tesitura de solicitar y percibir ayudas públicas de la administración autonómica -por un importe total en el ejercicio de 2013 de 115.486,43 €-, debido a que sus niveles de facturación anual eran inferiores a los que la norma considera mínimos (200.000,00 € brutos anuales) para garantizar la viabilidad económica de estas oficinas de farmacia.
Diversas y sucesivas reformas normativas, como el Real decreto ley 4/2010, de 26 de marzo (RCL 2010, 875, 1045), de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud; el Real decreto ley 8/2010, de 20 de mayo (RCL 2010, 1396), por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; el Real decreto ley 9/2011, de 19 de agosto (RCL 2011, 1609), de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011; el Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril (RCL 2012, 573, 673), de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; o, por último, el Real decreto 177/2014, de 21 de marzo (RCL 2014, 449), por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios, que, para la consolidación fiscal y a la consecución de objetivos en materia de uso racional de medicamentos y reducción del gasto farmacéutico, han supuesto un cambio en la actividad económica de una oficina de farmacia.
Por aplicación del sistema de autorización de oficinas de farmacia, durante el último trienio se han tenido que autorizar un total de 54 nuevas oficinas de farmacia -13 de ellas por silencio administrativo- que a día de hoy se encuentran pendientes de convocatoria de concurso para su adjudicación. Cabe aquí decir que la administración sanitaria se ha visto condicionada por el sistema legal y el procedimiento administrativo a dictar estas resoluciones de autorización, si bien ello no supone el reconocimiento de un derecho individual para ningún farmacéutico, ni siquiera para el que ha solicitado la autorización conforme a la normativa hasta ahora en vigor.
En consecuencia, por todo lo expuesto y para salvaguardar del interés general, es necesario modificar el régimen legal actualmente existente -representado por la Ley 7/1998- y sustituirlo por uno que, dejando de lado la mera consideración aislada del factor poblacional, tenga en cuenta los módulos de ocupación real y de población actualizados y se sustituya por un sistema de revisión de la planta farmacéutica en el que la distribución de las oficinas de farmacia y su ubicación sobre el territorio de la comunidad autónoma se realicen con un mayor grado de precisión, de forma previa a los procedimientos de adjudicación de las mismas.
El concepto planta farmacéutica, como división del territorio de las Illes en zonas farmacéuticas y unidades territoriales menores en las que se ubica concretamente una oficina de farmacia como mínimo, permite, por una parte, la configuración de un catálogo de farmacia como la relación de oficinas de farmacia existentes y pendientes de adjudicación, así como -y esto deviene lo fundamental- garantizar una adecuada cobertura de dispensación farmacéutica a todo el territorio. Por otro lado, resulta indispensable modificar el sistema de cómputo y ponderación de los diferentes módulos poblacionales para la autorización de las oficinas de farmacia. A lo largo de estos años se han producido cambios significativos en la configuración de la población que afectan al número de miembros de las unidades familiares, así como su distribución en los diferentes tipos de vivienda.
Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre (LIB 1998, 278, 307), de ordenación farmacéutica de las Illes Balears
«De la planta farmacéutica»
2. La planta farmacéutica con su división en zonas farmacéuticas y unidades territoriales menores se aprobará por resolución del consejero competente en materia de farmacia, previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia al Colegio Oficial de Farmacéuticos, a los municipios afectados a través de sus respectivos ayuntamientos y al Servicio de Salud de las Illes Balears. Las alegaciones presentadas serán valoradas en la resolución que ponga fin al procedimiento. El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o en su normativa de desarrollo reglamentario. La resolución que apruebe la planta farmacéutica será publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
3. Con carácter general el módulo de población será de una oficina de farmacia por cada 2.800 habitantes. Podrá autorizarse una oficina de farmacia adicional cuando, dividido el censo de población de la zona farmacéutica o unidad territorial menor por el módulo general de 2.800 habitantes, resulte una fracción superior a 2.000 habitantes.
4. De manera adicional, una vez ajustada la proporción de habitantes/farmacia en base al módulo general previsto en el apartado 3, incluyendo la fracción adicional de 2.000 habitantes, se aplicará un módulo estacional complementario que se cifra en 3.500 habitantes estacionales, que permitirá la apertura de una nueva oficina de farmacia adicional. Podrá autorizarse una oficina de farmacia adicional cuando, dividida la cifra de habitantes estacionales por el módulo estacional complementario de 3.500, resulte una fracción superior a 2.500 habitantes estacionales.
11. La resolución que apruebe el catálogo farmacéutico se dictará una vez seguido el procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o el que reglamentariamente se establezca, en el que deberán recabarse los datos y la información necesarios, y darse audiencia necesariamente al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a los municipios afectados por la creación o supresión de oficinas de farmacia en su término municipal a través de las asociaciones que les representen y a los titulares de oficinas de farmacia situados en los mismos términos municipales. Las alegaciones presentadas en el procedimiento se valorarán en la resolución que ponga fin al mismo y ésta deberá publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Una vez incluida una oficina de farmacia dentro del catálogo aprobado por resolución del director general competente en materia de farmacia, se entenderá que queda autorizada.»
4. En ese mismo acto los participantes en el concurso podrán renunciar a ser adjudicatarios cuando por turno les corresponda ejercer el derecho de elección. En ese caso quedarán fuera del concurso y se pasará al siguiente de la lista para que pueda elegir oficina de farmacia entre las que queden disponibles.
6. La renuncia de un adjudicatario o de un participante que haya formulado su elección conforme al apartado 3 a la farmacia adjudicada o elegida, sea expresa o tácita, conllevará la exclusión de la farmacia de este concurso y, por lo tanto, la imposibilidad de nueva adjudicación a otro concursante. Igualmente, el renunciante no podrá participar durante cuatro años en concursos de méritos para la adjudicación de farmacias que convoque la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni se podrá autorizar transmisión alguna a título oneroso a su favor por el mismo período. Idéntica regla se aplicará en los casos en los que la oficina de farmacia de la que ha resultado adjudicatario no se llegue a abrir por causa imputable al mismo; la renuncia de un adjudicatario a la farmacia adjudicada obliga a la Administración a sacar esta oficina de farmacia al primer concurso.
«De la designación de local y de la autorización de apertura y funcionamiento de las oficinas de farmacia adjudicadas»
2. Cuando los centros socio-sanitarios y penitenciarios que dispongan de menos de 100 camas no cuenten con un servicio farmacéutico solicitarán autorización para un depósito de medicamentos a la Consejería de Salud. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento de autorización, el procedimiento de vinculación, el período máximo de vinculación, así como el régimen de asistencia farmacéutica, las funciones del farmacéutico responsable y los requisitos técnico-sanitarios.
Artículo 2. Modificación de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre (LIB 1998, 305), sobre el régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears
«Artículo 378
Las oficinas de farmacia autorizadas y vacantes antes de la entrada en vigor del Decreto ley 1/2014 (LIB 2014, 263), tendrán que ser objeto de revisión conforme a los nuevos criterios establecidos en esta ley, tanto en materia de módulos poblacionales como de distancias y determinación de la ubicación. En la resolución que se dicte deberá constar la inclusión o no en el catálogo de dichas farmacias en aplicación del régimen establecido en la presente ley y su ubicación. Esta misma norma será aplicable a los procedimientos de autorización de oficinas de farmacia iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, que se resolverán conforme a los criterios establecidos en esta norma.
Queda derogado el Decreto ley 1/2014, de 14 de noviembre (LIB 2014, 263), por el cual se modifica la ordenación farmacéutica de las Illes Balears.
1. El segundo párrafo del artículo 22 de la Ley 13/2014, de 29 de diciembre (LIB 2014, 309), de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015, queda modificado de la siguiente manera:
«Lo que se establece en el párrafo anterior deberá entenderse al margen de las modificaciones de los acuerdos o de los nuevos acuerdos que, en su caso, se produzcan a lo largo del año 2015, con posibles efectos económicos en el ejercicio de 2015, por lo que se refiere a la suspensión del 25% de la cuantía correspondiente a la carrera citada producida desde la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2010, de 17 de junio (LIB 2010, 167), por la que se adoptan medidas urgentes para la reducción del déficit público.»
2. El segundo párrafo del apartado 5 del artículo 23 de la Ley 13/2014 (LIB 2014, 309), ya citada, queda modificado de la siguiente manera:

References: artículo 84
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
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Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 2
 resolución 
 artículo 22
 artículo 23