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Timestamp: 2018-07-19 09:52:22+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/3SPR-19/82363
Barrientos Pantoja
Romero Tenorio
Quienes suscriben, Diputada Alicia Barrientos Pantoja y Diputado Juan Romero Tenorio, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y se adiciona el inciso B al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Propósito de la iniciativa
Uno de los problemas que enfrentamos los mexicanos, se encuentra en la urgente necesidad de hacer un mejor uso de todos los recursos disponibles, en particular los que se destinan a inversión física, que son los que pueden crear la infraestructura para mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de los ciudadanos y propiciar mayor eficiencia en la operación de las empresas.
Con ese propósito, se requiere que la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su facultad exclusiva, de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, contribuya responsablemente a establecer el marco legal, la norma para que las decisiones relacionadas con la inversión que utiliza recursos presupuestales de la federación en proyectos de escala estatal y municipal, se adopten con criterios de prioridad y la mayor transparencia en beneficio de los ciudadanos.
No debe continuar lo que se ha hecho en los últimos años, en los que esos recursos se distribuyen en medio de una rebatinga de ver quién lleva más obras a sus estados y municipios, en un ejercicio que busca presencia, imagen política y no resolver problemas.
Esta propuesta pretende que la Cámara de Diputados cuente con los elementos básicos para ejercer su facultad exclusiva, así como establecer las condiciones para que haya una mayor transparencia a disposición de la sociedad, acerca del uso de recursos públicos en proyectos de esta escala, por parte de los diferentes niveles de gobierno.
Sin duda, esto contribuiría a elevar la competitividad de la economía nacional, permitirá una mejor relación de los gobiernos con sus ciudadanos y con los empresarios de los sectores social y privado, como usuarios, como contratistas o como proveedores e incluso como consultores para respaldar y ofertar transparentemente servicios de diseño de proyectos. Se requiere establecer un nuevo esquema de asignación de recursos presupuestales para inversión en entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que permitan que su ejercicio se concrete realmente en mejores condiciones de vida para la población.
A pesar de que se encuentra establecido en la Constitución la función que le corresponde a la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos, no cabe duda que esa responsabilidad es uno de los aspectos más complejos de la relación entre el Ejecutivo y el poder legislativo.
Todo indica que un parteaguas de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este campo, fue la decisión de la Cámara de Diputados de modificar la iniciativa de Presupuesto para 2005, ante lo cual la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional. Ese diferendo se resolvió a favor del Ejecutivo que, no obstante, en los hechos puso en práctica algunas de las propuestas del presupuesto modificado por la mayoría de Diputados.
Aunque ese diferendo se dio en el contexto de una determinada correlación de fuerzas, posterior a la gran movilización de El Campo no Aguanta Más, es posible afirmar que desde entonces la relación entre los dos poderes siguió un proceso de perversión progresiva. Sea por necesidad o como resultado de una estrategia deliberada para evitar que nuevamente el Legislativo se atreviera a modificar el presupuesto, cada vez fue más clara la decisión del Ejecutivo de limitar la potestad constitucional de la Cámara de Diputados.
Si bien la negociación por separado con las distintas fracciones es una práctica regular en los procesos políticos, negociando ventajas y coincidencias, lo cierto es que en México ese proceso se pervirtió mediante la aplicación de esquemas de distribución de recursos que adquieren la forma de sobornos encubiertos, los cuales han sido calificados como “moches”.
Desafortunadamente, por las carencias de los municipios de nuestro país, ante los rezagos que sufren las diferentes regiones, cada año, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando se hace el análisis del paquete económico y se pone a discusión el presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio, a la Cámara de Diputados llegan funcionarios estatales, municipales y todo tipo de representantes de sectores y de organizaciones sociales, que con muchos documentos llegan a gestionar recursos para sus estados, sus municipios o sus representados: una carretera, la pavimentación de calles, obras de agua potable o de drenaje, plantas de tratamientos de aguas o de potabilización y hasta recursos para concluir presas o estadios, escuelas, hospitales, clínicas, mercados, auditorios, deportivos.
Sin duda, todas ellas son obras necesarias, pero con diferentes prioridades. El problema está en que, considerando el conjunto de solicitudes e ignorando los antecedentes de cada uno de los proyectos, no es posible evaluar en poco más de un mes cuál es más necesario o cómo aprovechar mejor el impacto de la realización de cada uno de esos proyectos.
En general, los demandantes de recursos presentan los proyectos de manera aislada, sin considerar la integralidad de su problemática. Los peticionarios acompañan sus proyectos con una estimación del impacto socioeconómico, que fundamentalmente explica que la obra va a proporcionar beneficios a un grupo de la población, pero los eventuales beneficios de estos proyectos no trascienden el corto plazo, porque en los ejercicios trianuales carecen de una visión de mediano y largo plazo de las prioridades y sus proyecciones, y no explican si forma parte de un programa progresivo de desarrollo integral.
En esas circunstancias, hay casos en que, por ejemplo, la solicitud de recursos no considera la necesidad de construir primero el drenaje y sus conexiones, así como la red de agua potable, y otros servicios que requieran estar instalados antes de poner banquetas y el tendido del asfalto o el concreto hidráulico. En consecuencia, muchas veces las inversiones no alcanzan a cumplir sus objetivos cabalmente. Lo más grave es que, como ya se mencionó antes, en el esquema actual las obras sólo se solicitan por parte de los funcionarios locales, como una demostración de su capacidad de gestión, de su amistad con algún diputado, de la “fuerza” de su fracción parlamentaria, como una justificación ante sus electores o de lo “atinado” que fueron al haberlo elegido. Eso, sin considerar si la obra en cuestión es la que mejor propuesta para cambiar de manera sostenida las condiciones de vida de esos ciudadanos.
El problema se agudiza porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprovechó esas circunstancias para medrar políticamente con las necesidades de estados y municipios. En las negociaciones que promueven o en las consultas que se les hacen, los funcionarios de Hacienda antes que argumentar a favor de dar racionalidad al gasto, anteponen la necesidad de mantener los “equilibrios” como criterio que ajusta los montos a asignar; al final de cuentas terminan gastando con toda discrecionalidad.
Así, las obras que se logran gestionar ante esa Secretaría, difícilmente resuelven los problemas de fondo y se caracterizan por ser, por ejemplo, centros de salud sin concluir, carreteras que no llegan a su destino, programas que nunca se ejercen, escuelas sin baños.
Y lo grave es que ese esquema de administrar el presupuesto para inversión no garantizaba el mejor uso de los recursos. No se preocupaba por identificar dónde urgen más y por qué razón, ya sea en servicios públicos, en salud, en educación, en agua. No había una estrategia para superar definitivamente los rezagos y construir para el futuro.
Con ese esquema siempre quedaba la posibilidad de condicionar la asignación de recursos a la obtención de votos de legisladores a favor de iniciativas del Ejecutivo. Era un ejercicio perverso de la administración pública, que no se comprometía con toda la población por igual, sino sólo con los que apoyaban. “Despensas” a cambio de votos al más alto nivel, aunque la decisión del votante, en este caso el legislador, sólo propiciaba más deterioro.
En contraste, muchos de quienes llegaban a solicitar recursos a la Cámara en los últimos meses del año, regresaban a sus estados, municipios y comunidades con las manos vacías, frustrados. Muy pocos lograban su objetivo para que se asignaran recursos para sus proyectos y, como señalamos, eso se debe básicamente a su relación con el legislador de su distrito y de las negociaciones de éste o de su grupo parlamentario con la Secretaría de Hacienda, sin tener, ninguno de los actores participantes en ese proceso, un criterio para evaluar las prioridades o la importancia socioeconómica real de los diferentes proyectos.
También había muchos que llegaban y se regresaban sin saber si las gestiones que realizaban tendrían algún resultado positivo, si serían tomadas en cuenta al momento de consolidar el presupuesto y si, en su tiempo, podrían ejercer los recursos que habían solicitado.
Era un tortuoso proceso que no tenía un resultado constructivo, sino que generaba una competencia entre necesidades no atendidas a fondo y en el que Hacienda sólo repartía compresas, soluciones superficiales, de modo que no hay un esquema de asignación responsable y el seguimiento de lo que debe y puede ser una mejor distribución presupuestal de los recursos públicos.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene el propósito de fortalecer el programa de registro de proyectos de inversión pública federal, estatal y municipal, con el objetivo de contar con un registro de las necesidades de inversión por sectores, por nivel de gobierno y en términos de prioridades.
Este registro deberá aportar información que permita llevar a cabo una mejor planeación del uso de los recursos para inversión pública en los sectores estratégicos de petróleo, electricidad y agua, como ya se encuentra en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y de riego. La idea es que mejore la información y los criterios de decisión en proyectos urbanos y de desarrollo regionales, en los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Su publicación deberá permitir evaluar el orden de prioridades en la asignación de recursos, así como ejercerlos con transparencia y eficiencia.
Para ello se deberá hacer público el diseño de un padrón de proyectos estatales y municipales, que combine información como:
Ubicación geográfica de cada proyecto.
Su evaluación, según sea el caso, en lo relativo a mejora productiva, ganancia competitiva, integración sectorial, protección o mejora del medio ambiente, atención a la marginalidad.
Participación presupuestal y, en su caso, distribución de la participación entre público, social y privado.
Porcentaje de avance en el cumplimiento de requisitos para su construcción: técnicos, derechos de vía, impacto social y económico, así como su costo-beneficio.
Proceso de construcción: Tiempo de construcción, etapa y avance en la construcción, considerando el cumplimiento de las metas anuales, según los plazos de inversión.
Evaluación de la operación.
Vida útil previsible de las inversiones, señalando las características físicas de la construcción y crecimiento esperado de las necesidades de la población que serán atendidas con dicha inversión.
Resultado esperado del proyecto en términos de beneficios, su eficacia respecto a sus objetivos directos y evaluación respecto del impacto relativo. Para ello se puede considerar tiempo de transporte, facilidad para obtener el suministro del bien o servicio y su calidad, reducción de costos directos e indirectos para los usuarios.
Operatividad y evolución del uso de los proyectos terminados.
Este padrón permitirá, progresivamente, generar la información útil para que los legisladores, en cumplimiento de sus obligaciones, decidan, basados en información sobre los beneficios reales y con antecedentes históricos de las necesidades, acerca del uso que se debe dar a los recursos comprometidos en los proyectos de inversión presupuestales en beneficio de la productividad, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos en el país, en los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, aunque en su solicitud también pueden participar organizaciones civiles.
Como ya sucede a escala federal, dependiendo del sector al que corresponda –agua, trasporte, energía, educación, salud-, el seguimiento y actualización se puede realizar por parte de las respectivas Secretarías de Estado, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo señala el artículo 109 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y es de esperar que ese seguimiento se haga más estricto por parte de las instancias legislativas.
En donde se observan deficiencias es en la información, la asignación de recursos y seguimiento de los proyectos de inversión para estados y municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de México.
La propuesta es que las áreas especializada de la Secretaría de Hacienda Comisión y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública puedan recibir en línea las solicitudes que a su vez reciban las comisiones correspondientes, y la transferirá a la base de datos que administra la Secretaría, la cual, después de pasar los filtros convenientes, será registrada en la base que opera la propia secretaría.
En ese proceso, con la información básica previamente establecida, el área de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hará una revisión preliminar del proyecto y recomendará correcciones o mejoras. En ese momento lo registrará en la base general, con las observaciones que hizo, mismas que enviará a la comisión ordinaria correspondiente al tipo de proyecto; al solicitante también le entregará el comprobante de registro con las observaciones para que las solvente oportunamente, tomando en cuenta que ese es un requisito para recibir recursos presupuestales.
El registro también considerará campos para identificar aquéllos proyectos que se ingresen por primera vez, cuya solicitud esté en proceso de revisión, y para conocer los requisitos faltantes para lograr el registro definitivo y, en su caso, cuál fue la fecha de aprobación. Así se podrá saber a qué proyectos les falta cumplir con algún requisito establecido en las reglas de operación generales que se diseñarán para este propósito, y las específicas de cada ramo administrativo, que estarán en un campo específico de la base de datos en el que las áreas involucradas deberán dar su opinión sobre la propuesta. La estructura del padrón debe permitir conocer las características de cada proyecto y cómo se comparan con los otros.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será responsable de mantener actualizado el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión, que incluirá cualquier proyecto de inversión que involucre bienes o recursos presupuestales, en respuesta a solicitudes de gobiernos estatales, municipales, de las alcaldías o de organizaciones de la sociedad civil registrados por sus promotores.
Respecto al esquema de registro, se establecerán los requisitos mínimos necesarios para tener un registro definitivo, como condición para recibir recursos presupuestales para proyectos estatales y municipales o de las alcaldías de la Ciudad de México. En este renglón, se deberá tomar en cuenta la importancia y la respuesta a las prioridades que se propongan, para ordenar su propuesta de asignación. Y también, independientemente de la calidad de prioridad que tengan, debe establecerse que sólo recibirán recursos los proyectos que cuenten con el registro completo.
Los proyectos que cumplan esos requisitos pasarán automáticamente al campo de proyectos completos, en el que se podrán analizar cada uno de ellos, mediante la aportación por parte de los estados y municipios de bienes o recursos para inversión en las obras con recursos del presupuesto de egresos de la federación.
En la asignación de bienes públicos y recursos presupuestales sólo se considerarán los proyectos registrados en el padrón hasta antes del 30 de junio de cada año. No serán un factor a consideración las inversiones que estados y municipios hayan iniciado con recursos propios y requieran complemento federal, a menos que estén debidamente registrados y dicha aportación haya sido acordada previamente.
La Secretaría de Hacienda informará a la Cámara de las prioridades del gobierno federal que ejercerá directamente y, por su parte, los gobiernos estatales y municipales, así como las alcaldías de la Ciudad de México, harán lo propio, siempre en referencia a los proyectos que se hayan registrado en el padrón.
Para garantizar la calidad y el registro de los proyectos, los promoventes, gobiernos estatales, municipales y organizaciones sociales, contarán, si lo requieren, con apoyo profesional en los ramos correspondientes en sus respectivos estados, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados o en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las instancias públicas de apoyo profesional contarán con certificación sobre este tema, con el propósito de contar oportunamente con proyectos completos de calidad.
El registro de proyectos estará abierto todo el año en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, con apoyo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 30 de junio concluirá la recepción de proyectos registrados para ejercerse al siguiente año, con la condición de que cumplan con todos los requisitos, señalando el ramo administrativo correspondiente, el orden de prioridades y al término harán pública la información contenida en el padrón y su propuesta de prioridades, para asignar el total de recursos disponibles en orden descendente, lo cual sucederá hasta que se tenga la estimación del monto de recursos a distribuir de esta forma, a principios de noviembre.
A más tardar el 31 de agosto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con apoyo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán presentar su propuesta definitiva, estableciendo además de la información del padrón, el criterio para priorizar, por segmentos, los proyectos de magnitud estatal y municipal.
Entre el 1 de septiembre y el 15 de ese mes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con apoyo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán recibir y analizar las opiniones de quienes, habiendo cumplido antes del 30 de junio con todos los requisitos establecidos para el registro definitivo en el padrón, consideren que la prioridad de sus proyectos no fue debidamente evaluado.
En la preparación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará el resultado de esa coordinación, especificando los proyectos de inversión que se atenderán con recursos presupuestales en función de los ingresos esperados. El padrón que se presente el 31 de agosto será público, además de que se actualizará constantemente, quedando claro que sólo se incluirán en el Presupuesto del año siguiente los proyectos que hayan cumplido con todos los requisitos hasta el 30 de junio. Considerando que es un trabajo de la Comisión y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo observaciones o información adicional que presenten al pleno los integrantes de la Comisión, que pudieran fortalecer o debilitar algún proyecto, el Padrón será un insumo en la elaboración final del presupuesto.
Consideramos que parte fundamental de ese esfuerzo es la calidad de la información y el establecimiento de criterios que deben ser aprobados por los diputados, para que la asignación de recursos presupuestales se haga de manera transparente, en función de dar la mejor atención a las necesidades de los diferentes estados y municipios demandantes.
El padrón será complementario, adicional al padrón de proyectos de inversión que debe publicar y actualizar cada mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual a partir de esta reforma deberá registrar sólo aquellos cuya ejecución sea responsabilidad directa, parcial o total, de las instancias federales en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Proponemos las siguientes modificaciones del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto por el que se reforma el artículo 109 y se adiciona un inciso B al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 34. Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, la Secretaría administrará dos padrones distintos: A. La cartera de programas y proyectos de inversión que promueven, programan, acuerdan, ejecutan, contratan, asignan o concesionan directamente las dependencias y entidades del gobierno federal y, B. El padrón de los programas y proyectos de inversión que con recursos presupuestales, incluyendo aportaciones y participaciones, promueven y gestionan para llevar a cabo o contratar las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que acepten participar en este esquema.
A. Para ser incluidos en el padrón que registra la cartera de programas y proyectos de inversión de las dependencias y entidades federales deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el reglamento:
B. Para el registro y seguimiento de los proyectos de inversión de alcance estatal o municipal, organizará el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México.
I. Éste deberá ser un instrumento de información que permita planificar las inversiones que se realicen con respaldo de recursos federales en entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Su publicación deberá permitir evaluar el respeto del orden de prioridades en la asignación de recursos para inversión por parte de la federación.
II. Deberá contener
a) Costo total y monto de recursos a ejercer cada año; sector y ramo administrativo correspondiente; dependencia, institución o persona física o moral responsable de desarrollarlo; ubicación de cada proyecto, su situación e impacto social y económico, así como su costo-beneficio;
b) A partir de los informes que deben presentar los beneficiarios, establecer avance en la construcción, la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos, considerando el cumplimiento de las metas anuales, según los plazos de inversión.
c) Resultados del proyecto, su eficacia respecto a sus objetivos directos y evaluación respecto del impacto esperado. La vida útil previsible de las inversiones, señalando las necesidades de la población que serán atendidas con dicha inversión.
d) Esquema de financiamiento, participación presupuestal, y, en su caso, distribución de la participación entre público y privado
e) Sector o ramo administrativo al que corresponde el proyecto de inversión y opinión del área correspondiente.
f) Criterios de prioridades, con información sobre población beneficiada, condiciones de vida, entorno, vinculación con otras inversiones, así como su importancia estatal o regional.
III. En el proceso de registro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con el apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
IV. El registro definitivo en el Padrón es condición sin la cual no se les podrán asignar recursos presupuestales de carácter federal. Los proyectos que no tengan el registro definitivo antes del 30 de junio no se deberán considerar para el presupuesto de egresos de la federación del año siguiente. Los proyectos que no reciban asignación de recursos no se eliminarán del padrón y podrán ser mejorados o no, pero si se podrán considerar para que se les asignen recursos en el ejercicio siguiente.
V. El Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México, deberá permitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública definir en función de las prioridades los proyectos que deberán recibir recursos.
VI. El 1 de septiembre se darán conocer los proyectos que, habiendo cubierto los requisitos y el criterio de prioridad, podrán recibir recursos del presupuesto el año siguiente.
VII. Entre el 1 de septiembre y el día 15 de ese mes, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podrán recibir y analizar las opiniones de quienes, habiendo cumplido antes del 30 de junio con todos los requisitos establecidos para el registro definitivo en el padrón, consideren que la prioridad de sus proyectos no fue debidamente evaluado. A más tardar el 31 de agosto, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el área especializada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberán presentar su propuesta definitiva, estableciendo además de la información del padrón, el criterio para priorizar, por segmentos, los proyectos de magnitud estatal y municipal.
En la preparación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará el resultado de esa coordinación, especificando los proyectos de inversión que se atenderán con recursos presupuestales en función de los ingresos esperados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá conocer y analizar la propuesta que se presente el 31 de agosto, porque salvo observaciones o información adicional que presenten al pleno los integrantes de la Comisión, que pudieran fortalecer o debilitar algún proyecto, el Padrón será un insumo definitivo en la elaboración final del presupuesto.
Artículo 109. La información de la cartera de programas y proyectos de inversión de las dependencias y entidades federales y del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como la relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 34 de esta ley, se pondrá a disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, para las dos carteras de inversión, la Secretaría de Hacienda y Crédito incorporará evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, tomando en cuenta el impacto que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social, contra el costo financiero de atender esas necesidades. En todo caso, la decisión que se adopte, deberá justificarse en el informe correspondiente.
La información actualizada con cifras de cierre de cuenta pública, correspondiente a este artículo, por proyecto, estará disponible para su consulta, en la página web de la Secretaría, en la que se deberá señalar porcentaje de avance, recursos invertidos y faltantes, así como la fecha de inicio y de conclusión.
Segundo. Para efectos del presupuesto del ejercicio 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá aprobar el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020, así como la apertura del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México para el registro de los proyectos para el ejercicio fiscal 2020.
Tercero. la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá aprobar el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, tomando en cuenta las solicitudes propuestas por los legisladores y la sociedad para el ejercicio fiscal 2019, a más tardar el 15 de octubre del 2018, para efectos de las modificaciones pertinentes al proyecto de presupuesto atendiendo a dichas solicitudes de recursos de estados, ayuntamientos de los estados y de las delegaciones de la Ciudad de México.
Consideramos que el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México puede ser una solución al esquema que opera actualmente, en el que sólo hasta algunas semanas antes de la aprobación del Presupuesto los Diputados cuentan con alguna idea de lo que van a aprobar para inversión en las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
En la preparación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará el resultado de esa coordinación, especificando los proyectos de inversión que se atenderán con recursos presupuestales en función de los ingresos esperados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá conocer y analizar la propuesta que se presente el 31 de agosto, porque salvo observaciones o información adicional que presenten al pleno los integrantes de la Comisión, que pudieran fortalecer o debilitar algún proyecto, el Padrón será un insumo vinculatorio en la elaboración final del presupuesto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de julio de 2018
Diputada Alicia Barrientos Pantoja.
Diputado Juan Romero Tenorio.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=cp&mn=4&id=82363

References: artículo 55
 artículo 109
 artículo 34
 artículo 109
 artículo 34
 artículo 109
 artículo 34

Artículo 34

Artículo 109
 artículo 34