Source: https://es.scribd.com/document/402451649/El-Papel-de-La-Inspeccion
Timestamp: 2020-01-20 06:19:10+00:00

Document:
El Papel de La Inspección | Plan de estudios | Educación primaria
Se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo ha sido analizar los procesos relacionados con la implementación de una innovación educativa promovida por la Ley Orgánica de Educación en España:
educativa en los procesos
Héctor Monarca • Noelia Fernández-González
Se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo ha sido analizar
los procesos relacionados con la implementación de una innovación educativa
promovida por la Ley Orgánica de Educación en España: la incorporación de las
competencias básicas a las prácticas educativas de los centros. En esta ocasión
se pone el acento en el papel que ha desempeñado la inspección educativa
en dicho proceso. La investigación se desarrolló mediante una metodología
cualitativa, realizando un estudio de casos múltiples en seis centros educativos
de tres comunidades autónomas diferentes. En los casos abordados, los resultados
evidencian que el papel desplegado por los inspectores educativos representa, con
mucha frecuencia, un rasgo obstaculizador de las innovaciones propuestas, el cual
viene dado, principalmente, por una excesiva vigilancia de los documentos de
los centros educativos. En este sentido, las conclusiones invitan a una reflexión
profunda sobre el papel que estos actores educativos deben asumir en el desarrollo
de las políticas públicas, junto con la necesidad de contemplar un rol más centrado
en el asesoramiento.
Políticas de Educación • Inspección de Escuelas • Elaboración del
Plan de Estudios • Innovaciones Educacionales
The role of school inspection in the
processes of educational change
212 Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016
This article presents the results of a study whose objective was to analyze the processes
related to the implementation of an educational innovation supported by the Ley
Orgánica de Educación in Spain: the incorporation of basic skills into the educational
practices of the centers. The role of educational inspection in such a process is
highlighted. The research was conducted using qualitative methodology, through a
study of multiple cases in six schools of three different autonomous communities. In
those cases, the results show that the role played by education inspectors too often
undermines innovation proposals, mainly on the basis of excessive surveillance of
documents of the educational centers. The findings lead to a careful reflection on the
role that these actors must play in education in the development of public policies,
and on the need they adopt a role more focused on counseling.
Educational Policies • School Supervision • Curriculum
Development • Educational Innovations
Héctor Monarca e Noelia Fernández-González
http://dx.doi.org/10.1590/198053143374
LE RÔLE DE L’INSPECTION SCOLAIRE DANS
LES PROCESSUS DE CHANGEMENT
Cet article présente les résultats d’une recherche ayant pour objectif d’analyser les
processus liés à la mise en place d’une innovation éducationnelle promue par la
Ley Orgánica de Educación en Espagne: l’incorporation des compétences de base
aux pratiques éducatives des centres. À cette occasion, le rôle joué par l’inspection
éducative dans ce processus est mis en lumière. La recherche a été développée
au moyen d’une méthodologie qualitative, basée sur l’étude de cas multiples
dans six centres éducationnels de trois communautés autonomes différentes. Les
résultats montrent que dans les cas étudiés, le rôle joué par les inspecteurs scolaires
représente, très souvent, une entrave aux innovations proposées, surtout en raison
d’une surveillance excessive des documents et des centres éducatifs. Les conclusions
invitent à une réflexion profonde sur le rôle que ces acteurs éducatifs doivent
assumer dans le développement des politiques publiques, et sur la nécessité pour
ceux-ci d’adopter un rôle plutôt consultatif.
Politiques Éducatives • Inspection Scolaire • Élaboration du
CURRICULUM • Innovations Éducatives
O papel da inspeção eSCOLAR nos
Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar
os processos relacionados com a implementação de uma inovação educacional
promovida pela Ley Orgánica de Educación na Espanha: a incorporação das
competências básicas às práticas educativas dos centros. Nesta oportunidade
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 213
destaca-se o papel desempenhado pela inspeção educativa em tal processo. A
pesquisa foi realizada mediante uma metodologia qualitativa, realizando um
estudo de casos múltiplos em seis centros educacionais de três comunidades
autônomas diferentes. Nos casos abordados, os resultados evidenciam que o
papel desempenhado pelos inspetores escolares com muita frequência prejudica
as inovações propostas, em função, sobretudo, de uma excessiva vigilância dos
documentos dos centros. Nesse sentido, as conclusões levam a uma reflexão
profunda sobre o papel que esses atores devem assumir no desenvolvimento das
políticas públicas e sobre a necessidade de adotarem um papel mais centrado na
Políticas Educacionais • Inspeção Escolar • Desenvolvimento do
Currículo • Inovação Educacional
a investigación sobre los procesos de cambio e innovación educativa
ha puesto de manifiesto las condiciones que los mismos tienen que
asumir para poder avanzar en la dirección prevista (HARGREAVES,
1996; SARASON, 2003; SACRISTÁN, 2006; PUELLES, 2006; VIÑAO, 2006;
ANDERSON, 2010; DAY, 2010; FULLAN, 2002, 2010; AGUERRONDO,
2014). Entre estos rasgos es posible destacar los siguientes: a) la
importancia de contemplar la dimensión objetiva y subjetiva del cambio
de forma simultánea (FULLAN, 2002); b) el cuidado en la formulación de
las prescripciones normativas que regulan los cambios (PERRENOUD,
2012); c) la necesidad del trabajo colaborativo y de los procesos
participativos en general: del profesorado (MURILLO; KRICHESKY, 2012;
El presente artículo se
MONARCA; SANDOVAL, 2013), de las familias (SIMÓN; ECHEITA, 2012),
214 Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016
desprende del “Estudio
de las dimensiones de los estudiantes (FIELDING, 2012; MESSIOU, 2013); d) la relevancia del
curriculares, organizativas,
metodológicas y evaluativas “tiempo” como elemento clave en los procesos de cambio e innovación
de la competencia social
y ciudadana”, el cual y en las etapas con él relacionadas (ADELMAN; WALKING-EAGLE, 2003;
ha sido seleccionado y
financiado por el Ministerio GOODSON, 2010; PERRENOUD, 2012); etc.
de España, de acuerdo En cualquier caso, se ha llamado la atención sobre el verdadero
con la Resolución del 20
de octubre de 2011, de la impacto que suelen tener las políticas de reforma y cambio educativo;
en esta línea, se ha constatado una gran dificultad “para modificar los
Profesional, por la que se
conceden ayudas para los
patrones de funcionamiento de los sistemas educativos” (TEDESCO,
proyectos que profundicen 2012, p. 118), no solo en modalidades centralizadas y fuertemente
en la consolidación
de las competencias burocráticas de organización educativa, sino también en estructuras
básicas como elemento
esencial de currículo. descentralizadas y escasamente burocratizadas. Una de las razones que
se ofrece para explicar esta dificultad se relaciona con la velocidad y
la frecuencia con la que se suceden las políticas de reforma, cambio
o innovación. En este sentido, con respecto a la incorporación del
enfoque de competencias en España, Bolívar (2008) considera que el
profesorado se ha encontrado ante la precipitación y la exigencia de
incluir este nuevo elemento curricular sin el tiempo que las evidencias
de la investigación aconsejan.
Por su parte, la literatura señala que la gran cantidad de
cambios normativos a los que se ha tenido que enfrentar el profesorado
en el contexto español ha influido negativamente, generando una
cultura, ideas, actitudes, sentimientos, sobre el cambio educativo, que
poco ayudan para que este se produzca. Entre estas ideas está la de
contemplarlo como una mera exigencia burocrática, sin trascendencia
para las prácticas escolares; entre los sentimientos, están la apatía,
incredulidad y el agotamiento (ÁLVAREZ, 2008; BOLÍVAR, 2008; DIEZ,
2008). Con respecto a los continuos cambios normativos, Puelles
(2006, p. 80) considera que “la continua sucesión de leyes en materias
importantes para la sociedad, no sólo produce inseguridad, cansancio,
relativismo y escepticismo”, sino que además atenta contra el mismo
espíritu de la ley. De acuerdo con este autor, para que una ley tenga
posibilidad de alcanzar lo que se propone, tiene que conectar con la
realidad, para lo cual necesita estabilidad, continuidad, algo que solo
es posible, en su opinión, si la ley es “producto de la reunión de los
ciudadanos” (PUELLES, 2006, p. 79), es decir, un consenso. Algo en lo
que también insisten Hargreaves y Fink (2008), si se pretende que los
cambios sean sostenibles, duraderos en el tiempo.
La literatura nos muestra que, con mucha frecuencia, las
políticas que procuran introducir innovaciones o cambios educativos
suelen poner demasiado énfasis en el nivel político-normativo del
cambio, sin atender a una lógica procesual del mismo que llevaría a
contemplar, necesariamente, acciones a varios niveles, y a los diversos
actores ligados a los mismos (CANTO CHAC, 2008; MONARCA;
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 215
RAPPOPORT, 2013). Esta lógica de actuación política, caracterizada por
una racionalidad técnica, desconoce los múltiples y complejos procesos
y dinámicas de configuración de «lo real» (POPKEWITZ; LINDBLAD,
2000; ALMANDOZ, 2010), en los cuales no solo tienen cabida la acción
que desarrollan los gobiernos, las administraciones, los partidos
políticos y otros grupos de poder más o menos institucionalizados, sino
también otros actores, instancias, instituciones, programas y sujetos
que resultan imprescindibles, ya no solo vistos como «aplicadores» de las
regulaciones normativas que intentan dar direccionalidad a la realidad,
sino como verdaderos agentes mediadores, incluso promotores de las
mismas (FREIRE; MACEDO, 1989).
En este sentido, un número reducido de investigaciones ha dado
cuenta del papel específico de los inspectores educativos (TYAGI, 2010; RUL,
2013; SILVA, 2013), como actores con un papel especialmente relevante
en la mediación entre las pretensiones normativas y su apropiación y
desarrollo por parte de los centros educativos. Las evidencias muestran que
las características que asume este rol influyen en el desarrollo de procesos de
cambio e innovación, según se ubique más próximo al control-supervisión
o al asesoramiento (ESCUDERO; MORENO, 2012; AGUERRONDO, 2013), y
según se realicen los mismos procesos de control-supervisión.
Este artículo se centra en el papel que ha asumido la
inspección educativa en España en el proceso de implementación de
las competencias básicas como nuevo componente curricular y nuevo
enfoque pedagógico, el cual ha sido promovido y regulado por la Ley
Orgánica de Educación (2006).
La configuración del rol de
La configuración del rol de inspección educativa debe ser abordada
desde un análisis multidimensional. Cuando menos es preciso
enmarcarlo en una perspectiva histórica, donde la inspección educativa
se ha caracterizado fundamentalmente por un papel de control vertical
y jerárquico (VIÑAO, 1999; HERNÁNDEZ, 2005), y en los procesos de
transformación del Estado y sus mecanismos de gobierno (SANTOS, 2005;
AGUERRONDO, 2013), en los que se promueven la descentralización, la
desregulación, la privatización y, paradójicamente, se ensayan nuevas
Históricamente, el origen de la inspección educativa en España
debe ubicarse, tal como propone Ramírez (2003), en el mismo proceso
de construcción del Estado moderno, en el paso del Antiguo al Nuevo
Régimen, por tanto, en un proceso de ampliación y secularización de la
educación. En este sentido, la inspección surge y se ubica en un lugar de
mediación entre las políticas, las prescripciones normativas y aquellos
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que, bajo una lógica tecnocrática, tenían el deber de implementarlas
en las instituciones escolares. Estas características se enmarcan en
los rasgos de la misma configuración de los estados nacionales y sus
sistemas educativos, los cuales se caracterizaron, como expresa Tedesco
(2012), por su racionalidad técnico-burocrática. En este contexto, en un
sistema educativo organizado jerárquicamente y con una clara función
homogeneizadora, la inspección educativa aparece como garante de
estas pretensiones en las instituciones escolares. De acuerdo con esa
lógica histórica, los gobiernos emplearon con gran frecuencia el uso de
la ley como instrumento preferente para cambiar la realidad (TEDESCO,
2012). De esta manera, la configuración del rol de la inspección
educativa quedó sujeta a esta vigilancia normativa bajo el supuesto
de que “la realidad” podía ser construida o modificada a través de la
simple aplicación lineal de la misma. Estos postulados acompañaron la
instalación de los inspectores en los sistemas educativos y la definición
de sus funciones y caracterización de su actuación en los centros
Tal como sostiene Aguerrondo (2013, p. 16), “este primer sentido
de la inspección educativa asociada con la tarea de control, fiscalización
administrativa y correcto cumplimiento de las normas y leyes” aún
persiste, a pesar de la ampliación actual de sus funciones debido a los
cambios sociales que vienen teniendo lugar en las últimas décadas
relacionados con: a) las formas de conceptualizar la sociedad; b) las
transformaciones en la intervención pública y c) la transformación de las
instituciones o desinstitucionalización (DUBET; MARTUCCELLI, 2000).
En cuanto a la ampliación de funciones asociadas a este nuevo escenario,
Aguerrondo (2013) destaca la implicación en la dimensión pedagógica e
institucional, es decir, en los diversos aspectos del funcionamiento del
sistema educativo y de los centros escolares. En este contexto se empieza
a vincular, cada vez con más insistencia, a la inspección educativa con
los procesos de cambio y mejora educativa (FULLAN, 2002; DEDERLING;
MÜLLER, 2010; SILVA, 2013), poniendo así en evidencia un escenario
de gran complejidad y contradicción en cuanto a las funciones y al
lugar específico de este rol dentro de los sistemas educativos modernos.
Los aportes de esta investigación sugieren que, para acompañar estos
procesos, la inspección educativa debe desarrollar un tipo de práctica
centrada en el asesoramiento y la orientación (CANTÓN; VÁSQUEZ,
2010; DOMINGO, 2010).
Esta complejidad queda reflejada en tres tensiones que menciona
Viñao (1999): la primera entre politización y profesionalización del
cuerpo de inspección; para el autor, es la más significativa de todas,
dado que se encuentra muy presente desde el origen de la inspección.
La segunda entre la fiscalización-control y el asesoramiento, y la
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tercera entre lo administrativo y lo pedagógico. De acuerdo con Viñao
(1999), estas tensiones siguen de alguna manera presentes, tanto en
las prácticas de inspección, supervisión y asesoramiento, como en las
representaciones que sobre las mismas y sobre el mismo rol tienen los
diversos actores educativos. Sostiene el autor que el modo en que estas
tensiones se resuelven determina la configuración de estilos o modelos
La investigación de la que surge este artículo se desarrolló mediante
una metodología cualitativa, realizando un estudio de casos múltiples
o colectivos, instrumental, de tipo descriptivo-interpretativo (STAKE,
2006). Por otra parte, aunque no es una etnografía en sentido estricto,
asumiendo la sugerencia de Wolcott (2006), es preciso reconocer que
sí se dan algunas de sus técnicas y procedimientos principales. De esta
manera, se reconoce que esta perspectiva ofrece un enorme potencial,
tanto epistemológico como metodológico, para aproximarnos a lo social,
lo cultural y lo político, desde una visión holística y compleja (VELASCO;
DÍAZ DE RADA, 1999).
Teniendo en cuenta la concepción procesual de política y la metodología
escogida para la investigación, el caso quedó definido por tres niveles de
actuación en lo que respecta a:
1) La objetivación de las políticas, es decir las prescripciones
técnico-normativas que definen una pretendida direccionalidad de los
sistemas y prácticas educativas.
2) Su concreción en “unidades político-administrativas” específicas,
en España denominadas Comunidades Autónomas (CCAA), que tienen,
como su nombre lo indica, cierta autonomía, al menos teórica,1 a la hora
de definir las políticas de su territorio, en este caso tres CCAA: Madrid,
Castilla-La Mancha y Castilla y León.
3) Los actores implicados en los procesos de decisión, diseño,
apropiación y resignificación de las prescripciones normativas; en este
caso, como se ha explicado, se ha puesto el acento en la inspección
educativa; sin embargo, en la investigación se ha indagado por lo
sucedido I) a nivel macro (agentes que: a) toman decisiones acerca de las
políticas, b) las transforman en prescripciones normativas de cualquier
estatus normativo, c) desarrollan acciones tendientes a generar las
condiciones para el desarrollo de las prescripciones); II) a nivel intermedio
(formado por agentes mediadores entre la toma de decisiones y los
espacios donde las políticas deben ser desarrolladas-implementadas)
y III) a nivel micro (agentes que se ubican en los espacios-instituciones
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donde las políticas deben tener impactos y producir transformaciones
diversas; son agentes que se apropian y resignifican las prescripciones
aunque normativamente normativas que pretenden dar una direccionalidad a la realidad y, en ese
las CCAA tengan las
competencias en educación, marco, generan determinado tipo de prácticas y acciones); en este caso
es decir, la posibilidad
de asumir decisiones y se han tomado seis instituciones escolares, dos en cada una de las CCAA,
direccionalidades singulares
en el desarrollo de las una de enseñanza primaria y otra de enseñanza secundaria.
políticas educativas que fija
el Estado, en España esto Es preciso aclarar que es un modelo analítico y que los casos se
es llevado a cabo por el
conjunto de Comunidades
definen en una trama compleja de interacción entre estos niveles. Por
y Ciudades Autónomas; en otra parte, en esta investigación se ha construido un conocimiento de lo
la práctica, salvo contadas
excepciones, no siempre que sucede en estos niveles, principalmente desde “la mirada” de uno
se aprecian grandes
diferencias entre ellas. de ellos, a través de las representaciones de los actores del nivel micro.
Esto se ha complementado con el análisis de la normativa y documentos
normativos existentes.
En todos los casos los informantes han sido profesores o profesoras
de los centros seleccionados, que han sido escogidos de acuerdo con
los siguientes criterios: a) antigüedad; b) cargo/función: miembro del
equipo directivo, tutor, jefe de departamento, miembro del equipo
de orientación o profesor sin ninguno de los cargos/funciones antes
mencionadas; c) especialidad; y d) disponibilidad para observación y
Contextos, prácticas y condicionantes
que atraviesan el desarrollo
curricular en España
Teniendo en cuenta que el objeto de indagación de la investigación
es una política que procura generar cambio a nivel curricular, se hace
necesario analizar aquellos aspectos que contextualizan y actúan
como condicionantes de este proceso. En España, el primer nivel de
definición curricular le corresponde al Estado, y posteriormente son las
Administraciones Educativas quienes deben desarrollar y concretar el
currículo. A continuación, en un tercer nivel de concreción, los centros
educativos deben adaptar los currículos a sus contextos y desarrollarlos.
De acuerdo con las diversas normativas vigentes, entre ellas
la Ley Orgánica de Educación (2006), el Estado, en el primer nivel de
concreción de las enseñanzas, define la estructura del sistema educativo
y una parte del currículo prescrito. La investigación se ha centrado en
la denominada «educación básica», la cual se define como un todo, es
decir, como un marco de sentido de la educación y su particular forma
de organizarla. Los diez años que la comprenden son los que dan pleno
sentido a lo que se entiende por educación básica, común y obligatoria:
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 219
los contenidos y competencias que se espera que toda la población
desarrolle como base de la ciudadanía y del desarrollo personal y social.
De acuerdo con la normativa vigente, la educación básica comprende
dos etapas: educación primaria y educación secundaria obligatoria. La
primera se organiza en tres ciclos, con dos niveles educativos en cada
uno de ellos. Se cursa ordinariamente entre los 6 y los 12 años. Por su
parte, la educación secundaria obligatoria comprende 4 cursos que se
seguirán de forma ordinaria entre los 12 y 16 años de edad. Sin embargo,
la edad de permanencia se puede ampliar hasta los 18 años. En cuanto a
la organización de los centros educativos, esta es producto de una serie
de leyes que se implementaron a partir de 1985, inspiradas en una visión
democrática y participativa del profesorado en la toma de decisiones.
En este sentido, la normativa contempla la existencia de a) órganos de
gobierno: consejo escolar, claustro de profesores y equipo directivo, y b)
órganos de coordinación docente: comisión de coordinación pedagógica,
equipos de ciclo (primaria) o departamentos didácticos (secundaria),
departamento de orientación (secundaria), tutores y junta de profesores.
La estructura general del sistema educativo es igual en todo
el Estado español; por su parte, de acuerdo con la Ley Orgánica de
Educación (2006), el currículo estipulado para cada etapa educativa
es definido parcialmente por el gobierno del Estado o Administración
Central, términos que se suelen emplear con un mismo sentido. Esta
definición central es de un 55% de los contenidos para las CCAA que
tienen lengua cooficial y de un 65% para aquellas que no la tienen.
En cuanto a la investigación desarrollada, las tres CCAA elegidas
mantenían una propuesta curricular prácticamente idéntica; en un
análisis detallado de la legislación vigente, se ha constatado una escasa
variación entre ellas, sin asumir singularidades significativas de acuerdo
con ese 35% de autonomía definida.
En cuanto a la política de cambio específica que se ha abordado
para analizar el papel de la inspección educativa en su implementación en
las tres CCAA elegidas, se refiere a la incorporación de las competencias
básicas como nuevo elemento del currículo y nuevo enfoque pedagógico,
regulado normativamente en la Ley Orgánica n. 2/2006, del 3 de mayo,
de Educación – LOE –, antes mencionada. Con la misma se inicia una
nueva política tendiente a incorporar este enfoque pedagógico a los
centros educativos, a las prácticas de enseñanza. Desde el punto de vista
de las prescripciones curriculares, más allá de las menciones que hace
la LOE a las competencias, tanto el Real Decreto n. 1513/2006 como
el Real Decreto n. 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria
respectivamente, son los que realmente avanzan en una primera
concreción de este componente curricular. Es preciso mencionar que
220 Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016
estas decisiones, esta nueva ley de educación, se han enmarcado en una
tendencia a la convergencia europea en esta temática y en un discurso en
torno a las competencias que asume un rasgo cada vez más globalizado,
transnacional (BOLÍVAR, 2008; SARASÚA, 2008; PERRENOUD, 2012). Un
antecedente destacable en la aparición e instalación del concepto de
competencias clave ha sido el Consejo Europeo celebrado en marzo de
2000 en Lisboa para acordar un nuevo objetivo estratégico de la Unión
con el fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión
social como parte de una economía basada en el conocimiento. En
esta dirección, en el año 2001 los Ministros de Educación establecen
un acuerdo sobre los objetivos comunes de educación y formación
como meta para el año 2010 (BOLÍVAR, 2008), línea que se continúa
y profundiza en el Consejo de Europa de Barcelona del año 2002. Fue
cobrando forma así la denominada Estrategia de Lisboa, que ha tenido
gran influencia en las agendas educativas de los países europeos. En
este marco se encuentra la Resolución del Consejo de la Unión Europea
del 27 de junio de 2002 sobre la educación permanente (2002/C 163/01,
Diario Oficial de las Comunidades Europeas). Hoy las competencias
forman parte de los discursos de los organismos internacionales, de
las instituciones europeas y de un número importante de países. En
este contexto, y asumiendo las recomendaciones de la Comisión y el
Parlamento Europeo, la LOE y los Reales Decretos mencionados, de forma
similar a como se ha hecho a nivel europeo, incluyen ocho competencias
básicas: 1) competencia en comunicación lingüística, 2) competencia
matemática, 3) competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, 4) tratamiento de la información y competencia digital,
5) competencia social y ciudadana, 6) competencia cultural y artística,
7) competencia para aprender a aprender y 8) autonomía e iniciativa
personal. A partir de aquí son las Comunidades Autónomas, de acuerdo
a las competencias otorgadas por la constitución y la legislación
educativa, las que deben incluirlas en sus respectivos currículos.
En lo que respecta específicamente a la inspección educativa, de
acuerdo con la normativa vigente, queda organizada en:
I) Alta Inspección, cuyo sentido queda expresado en el artículo
149 de la LOE de esta forma: “Corresponde al Estado la alta inspección
educativa, para garantizar el cumplimento de las facultades que le están
atribuidas en materia de enseñanza y la observancia de los principios y
normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan
el artículo 27 de la Constitución”. Todas las atribuciones establecidas para la
Alta Inspección se centran en funciones de control y vigilancia normativa.
II) Inspección Educativa, según establece la ley antes mencionada,
es regulada por las Administraciones educativas de cada CCAA. De las
siete funciones que para ella se establecen en el artículo 151 de dicha
ley, solo una hace referencia explícita al asesoramiento, aunque en
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 221
su misma formulación queda limitado su sentido: “Asesorar, orientar
e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones”
(LOE, 2006, art. 151, inciso f).
Modelo de aproximación al
De acuerdo con el modelo teórico para el estudio del campo del currículo
que es posible derivar de Sacristán (1988), se han contemplado cinco
niveles de análisis, los cuales contribuyen a focalizar la atención en
aspectos específicos del objeto de estudio:
1) Nivel I: el currículo prescrito. Constituido por la normativa
que fija las competencias como nuevo componente curricular, tanto a
nivel estatal como de las Comunidades Autónomas.
2) Nivel II: las acciones desarrolladas por la Administración para
incorporar las competencias clave. Contempla todas aquellas acciones y
prácticas que la Administración ha puesto en marcha con el objetivo de
favorecer la implementación del enfoque de competencias. En este caso,
entre otras cosas, se focaliza la atención en el papel de la inspección
educativa, si es que lo ha tenido.
3) Nivel III: las acciones desarrolladas por los centros para
incorporar las competencias clave. Se refiere a las acciones centradas
en la elaboración de los documentos del centro, a los documentos en sí
mismos y a cualquier otro tipo de acción o práctica relacionada con la
implementación de las competencias. En este nivel se aborda también,
de forma específica, el papel que juega la inspección en las acciones
4) Nivel IV: el currículo en acción. Comprende las acciones,
programas y proyectos desarrollados por el profesorado y el centro. Con
respecto a la inspección educativa, se pone el acento en la forma en que
la inspección educativa interviene en este nivel o en los efectos que ella
tiene en el mismo.
5) Nivel V: currículo evaluado. Se refiere a las prácticas y acciones
de evaluación de las competencias. De la misma manera que en los
casos anteriores, se ha indagado el papel de la inspección educativa en
relación a este nivel.
De acuerdo con la opción metodológica realizada, se han empleado las
siguientes técnicas de investigación: A) entrevistas, un total de 76. De
ellas 15 han sido holísticas, es decir, destinadas a suministrar contexto
(VELASCO; DÍAZ DE RADA, 1999), y las 61 entrevistas restantes han sido
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focalizadas en el objeto de estudio. B) Observaciones descriptivas/abiertas y
focalizadas/selectivas; algunas de ellas han sido participativas. C) Análisis
de documentos. Se han contemplado dos tipos principales de documentos:
1.	Prescriptivos: I) Nivel estatal: a) LOE; b) Real Decreto n. 1513/2006,
del 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la educación primaria; y c) Real Decreto n. 1631/2006, del 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. II) Nivel
autonómico: la normativa específica de cada una de las Comunidades
Autónomas escogidas.
2.	Elaborados por el profesorado: a) Proyecto educativo de centro –
PEC; b) Programación general anual – PGA; c) Plan de atención a la
diversidad (PAD); d) Plan de acción tutorial – PAT; e) Programaciones
didácticas; y f) otros planes o programas, según los casos: planes de
convivencia, plan de diversificación curricular, memorias anuales, etc.
El trabajo de campo se ha desarrollado a lo largo de un curso escolar
completo. El mismo se ha dividido en dos fases específicas y un
tercer momento de devolución. La idea fue iniciar un proceso de
aproximación progresiva a nuestro objeto de investigación a través
de las dos primeras fases mencionadas. La fase 1, considerada conceptual
y metodológicamente como una aproximación holística (VELASCO; DÍAZ
DE RADA, 1999), ha tenido tres objetivos: a) construir esta visión
holística para identificar posibles “ámbitos” o “áreas” de indagación
más específicas; b) identificar posibles informantes, personas relevantes
desde el punto de vista del discurso específico relacionado con el
objeto de estudio; y c) construir una relación de confianza y cercanía,
imprescindible para el acceso a la cultura. La fase 2, de profundización
y focalización, se ha centrado en los objetivos específicos de la
investigación. Es preciso aclarar que estas fases no siempre se pueden
ver como claramente diferenciables. Los límites entre las mismas son
difusos y ellas han funcionado fundamentalmente como organizadoras
de intenciones y acciones relacionadas con el trabajo de campo. Sin
embargo, a lo largo del desarrollo de este trabajo, aunque a grandes
rasgos se ha mantenido la estructura de fases mencionada, se han dado
circunstancias que han variado esta estructura. Lo importante no es la
estructura de fases como algo sincrónico a seguir, sino desde el punto de
vista de los objetivos que cada una de ellas tiene.
Inspección educativa, normativa, realidad y
burocratización de los procesos de cambio
De acuerdo con las representaciones de los informantes entrevistados,
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 223
un rasgo que parece predominar sobre la actuación de la inspección
educativa es su papel centrado predominantemente en la supervisión y
seguimiento de la implementación de la normativa, su aplicación. Aquí
aparece nuevamente una lógica que, de acuerdo con los relatos, parece
funcionar solo desde el punto de vista burocrático, entendido en este
caso, y de acuerdo con los aportes de Barroso (2005), en dos sentidos:
como prerregulación y como regulación institucional (normativa y de
control); se trata de un modo de ajustar la acción a priori, incluso ajena,
a los procedimientos que se implementan para obtener determinados
resultados. Un aspecto sorprendente que aparece en los relatos es que
esta forma de ejercer la supervisión asume un supuesto de importantes
consecuencias; la presencia de la normativa en los documentos de los
centros educativos parece entenderse como la presencia en la misma
realidad, en las prácticas escolares. Se da por supuesto que, si los
documentos reflejan el cambio que la norma propone, las prácticas
escolares también lo hacen. En cualquier caso, los elementos que se
han podido recoger en el trabajo de campo, ya sea en las entrevistas,
observaciones o en los documentos analizados, no permiten concluir
hasta qué punto esta situación es producto de asumir de forma
explícita este supuesto o si, en cambio, esta forma de prerregulación
o de regulación institucional (BARROSO, 2005) es producto de las
mismas contradicciones en las que se ubican actualmente las múltiples
demandas de la inspección educativa, junto con las limitaciones que se
encuentran para desarrollar algunas de ellas.
En cualquier caso, tal como nos informan los entrevistados,
si la supervisión se centra en «la aplicación», y si esta se constata
exclusivamente, mediante su presencia, en muchos casos literal, en
los documentos del centro, se traslada una idea muy particular sobre
cómo se configura la realidad educativa o, siendo más preciso, configura
dos contextos de realización que, de acuerdo con el trabajo de campo,
terminan estando escindidos, generando dos realidades o prácticas
con lógicas diferenciadas, las cuales suponen actuaciones específicas y
muchas veces desconectadas: las prácticas y racionalidad que giran en
torno al diseño de documentos, y las prácticas y racionalidad que giran
en torno al trabajo del aula o al desarrollo del currículo, al currículo
en acción. En este sentido, una actuación de la inspección que toma
como centro de su actuación los documentos de los centros educativos
contribuye a transformarlos en una práctica con un valor en sí mismo
y sin necesaria conexión con la práctica educativa. En concreto, se ha
apreciado que el profesorado, bajo esta lógica de actuación, deba dedicar
importantes esfuerzos a esta tarea de elaboración de documentos.
En este mismo sentido, de acuerdo con lo que se ha recogido en los
relatos de los profesores, estos procesos de supervisión centrados en la
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«vigilancia de la normativa» focalizada en los documentos del centro, no
parecen aportar nada a la transformación de las prácticas educativas en
sí mismas. El cambio, según las evidencias de la investigación (FULLAN,
2002; ADELMAN; WALKING-EAGLE, 2003; HARGREAVES; FINK, 2008),
está más asociado a procesos de búsqueda, indagación, confianza,
formación, asesoramiento, colaboración, que a procesos de vigilancia,
la cual genera desconfianzas y temores, y esto se suma a los que ya
de por sí pueden incitar cualquier cambio. Sin embargo, en los casos
analizados, se ha comprobado solo una función de inspección educativa
basada, como se ha dicho, en la prerregulación o control institucional,
ejercido, por otra parte, casi exclusivamente a través de diversos tipos
Algo que se ha podido constatar, tanto en primaria como en
secundaria, es que estas prácticas de vigilancia de la norma, centradas
en su presencia o no en los documentos de centro, refuerzan la
burocratización del cambio, entendido esto como el fomento de prácticas
basadas en un control a priori, incluso independiente, de las prácticas
educativas. En este sentido, por burocratización se está haciendo
referencia a que el cambio que las políticas pretenden se transforma
en un proceso estático, principalmente, y en ocasiones exclusivamente
orientado a la modificación de documentos.
Por otra parte, a la luz de los relatos, se aprecia que esta lógica
de actuación de la inspección educativa, ese excesivo cuidado en que
la ley aparezca claramente reflejada en los documentos de los centros
educativos, tiene consecuencias en las prácticas que giran en torno a su
elaboración. En este sentido, se ha podido constatar que, de acuerdo con
los entrevistados y, sobre todo, con el análisis de los documentos, para
ser en esta pretensión de la inspección educativa, es copiando los que
la misma ley prescribe. Este hecho, que la norma aparezca fielmente
reflejada en los documentos de centro (copiada) es algo que, por otra
parte, y tal como se mencionó anteriormente, se aprecia también en
las leyes que corresponden a distintos niveles de concreción, que se
repiten una tras otra, más allá de su estatus normativo, aportando pocas
novedades con respecto a la anterior, sin reflejar un proceso gradual de
concreción, tal como es de esperar.
La práctica de ciertos inspectores, tal como confirman algunos de
los entrevistados, basada en una «lista de control» en la que se «señala» la
presencia o no de ciertos «elementos normativos» en las programaciones
y otros documentos de los centros educativos como prueba de su
existencia, va generando una dinámica de implementación de los
cambios, excesiva y artificialmente centrada en esta «lógica formal» que
no tiene, necesariamente, tal como se puede constatar, ningún correlato
con las prácticas educativas que desarrollan el currículo. La dinámica
que se va generando basada en esta lógica formal, de prerregulación
o de control institucional (BARROSO, 2005), se puede resolver de
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 225
forma relativamente sencilla, basta con incluir estos elementos, con
trasladarlos «literalmente de la norma a los documentos», algo que en
parte ha quedado de manifiesto en los análisis que se han realizado de
E: […] cuando venía la inspección, ¿colaboraban, asesoraban en
P: No, porque en estas cosas cuando te dicen copia y pega, pues
vas, copias y pegas y se acabó.
P: Claro, entonces te dicen, a ver estos puntos, ¿están?, sí o no, sí,
pues ya está […] Los inspectores te dicen, la ley dice esto, aplícalo;
digo, pero es que esto contradice, ya, pero es lo que dice la ley […]
Lo que pasa, es que ellos resuelven en el artículo […] Eso está en su
papel […]. (JorgeCYLESO6P22)
Esta “copia literal de la norma” parece ser eficaz a esta lógica
formal que caracteriza la actuación de la inspección educativa; al menos,
por lo que se deduce de los relatos, de momento les está funcionando,
cubre las expectativas de la inspección, sus demandas. Algo que, como
es evidente, no ofrece ninguna información de lo que efectivamente
está pasando. Tal como explicaba uno de los entrevistados, si la acción
del inspector solo se basa en la normativa, es decir, si no ofrece ninguna
transformación de la misma, si no ofrece nada nuevo y distinto a lo que
ella dice, en realidad, no se ofrece nada que necesiten los centros.
En lo que se refiere específicamente a la política de cambio que
se estaba analizando –la incorporación de un nuevo elemento curricular
y un nuevo enfoque pedagógico centrado en las competencias básicas–,
la ley no es clara para el profesorado, las diversas lógicas contenidas
generan más confusión que otra cosa a los docentes. De su lectura no
se deduce, al parecer, nada que haga referencia a «cómo hacerlo», ni
como centro ni como docente. En este sentido, si los inspectores no
asumen ningún papel en esta tarea, su presencia queda reducida a
supervisar un proceso que el profesorado no termina de comprender:
ni lo que realmente pretende ni lo que se espera de él. Por tanto, ¿qué
sentido tiene esta supervisión para la mejora educativa? De acuerdo con
los relatos de los profesores, lo que no se sabe hacer es, precisamente,
aplicar una norma tan poco clara en esta temática.
[…] la inspección se dedica más bien a ver si te falta el punto 1.3/1
en la programación. (HoracioCYLESO6P12)
226 Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016
E: ¿Crees que esta forma de actuar refuerza la burocratización de
J: Sí, lo creo, y también creo que es una sensación que tiene todo el
profesorado, que hay mucha burocracia, que la Administración se
centra en papeles y ya está […] Cuando viene el inspector, se centra
en unas cuantas cosas, la mayoría, por no decir todas, son papeles,
documentos. Si ahí está lo que él considera, más allá de si se hace
o no, y cómo se hace, ya está. (SandraCAMESO4ED4)
Esta opinión, bastante generalizada en nuestros relatos, según la
cual a la Administración le interesa más “el papel”, los documentos, que
aquello que realmente está sucediendo en las aulas, es muy ilustrativa
de la lógica que se ha mencionado y los procesos de burocratización
(prerregulación o control institucional) que se refuerzan con este tipo
de demandas:
[...] yo te digo que en el ciclo, cuando hacemos, rellenamos un papel,
intentamos reflejar la realidad, pero por ejemplo, la administración
no tiene en cuenta la realidad, le da igual, la administración solo ve el
papel. (DanielCYLEP5P5)
Los efectos de una actuación basada
en el control institucional o
prerregulación en la configuración
de las prácticas educativas
Esta práctica de la inspección educativa basada en lo que se ha
denominado «lógica formal» (prerregulación o control institucional),
teniendo en cuenta que al parecer está muy instalada en la cultura de
los centros, está teniendo otros efectos. Para cumplir con esta lógica, no
se precisa de ninguna instancia de debate, deliberación, interrogación;
siendo claro el producto esperado, cualquier otra cosa, como las
anteriores, solo puede desviar la atención del objetivo principal: «que la
ley quede reflejada sin lugar a dudas». Las dudas reales de los docentes, las
incertidumbres, los interrogantes que puede traer aparejado cualquier
cambio, deben ser aparcados, al menos en cuanto a la elaboración de
documentos se refiere; en ellos se pide, se buscará, la presencia de la
ley. Para acometer esta tarea, por tanto, no hace falta debate, este puede
generar más dudas, dilemas o visiones alternativas que no tienen cabida
en esta lógica formal mencionada; hace falta que una persona se ponga
a transcribir, tarea que suele recaer en una persona concreta, no en un
equipo de ciclo ni en un departamento. Dicho esto, es necesario afirmar
que, aunque esta parece ser la práctica dominante, eso no quita que se
haya podido acceder a documentos que se presentan como innovadores,
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o con un aporte colectivo significativo. Tampoco quita que en ocasiones
sí hayan tenido lugar debates e instancias de intercambio de mayor o
menor intensidad y de mayor o menor relevancia, ya que sí se ha podido
constatar su existencia. Lo que sucede es que muchas veces aparecen
como prácticas no vinculadas, los debates por un lado y el diseño de
documentos por otro.
En cualquier caso, es necesario prestar atención a este aspecto
que ha aparecido de forma reiterada en los relatos de los profesores;
esta práctica de la inspección parece estar jugando un papel clave en
la burocratización de las políticas, es decir, que se quede detenida
en esta instancia de prerregulación. En este sentido, la formalización
de las mismas en meros diseños de documentos se transforma en un
obstáculo en su desarrollo real, en su llegada a las aulas.
Yo vivo todo como una especie de farsa, o sea, en realidad (lo que
hace) es el control de lo que nosotros ponemos en papel. Pero yo
creo que, al final, hay un distanciamiento de lo que es la práctica, el
día a día. (InésCAMESO4P10)
Siempre se ha sentido como una imposición de la inspección, que
te hacía cumplir unos ítems en la programación y entonces te
obligaba, digamos, a cruzar lo que tú programas con los ítems que
te estaba exigiendo en esa programación. (MarceloCAMESO4P16)
Los inspectores son unos señores que no vienen más que a ver
papeles ahora. Ahora, pero antes no […] Tuve una inspectora,
mayor para mí, no creo que fuese mayor que yo ahora, ni mucho
menos, pero yo entonces tenía 25 años, y era muy mayor para mí.
Encantadora, fabulosa. A mí, llegó a mi clase, y me dijo qué bien
tienes este rincón, de lo que fuese, pero mira, esto no lo trabajas
bien. Te puedo decir que esto lo puedes trabajar mejor de esta
manera […] Esa mujer era una inspectora, y lo que hay ahora no son
inspectores. No son más que unos señores que vienen a sellarte lo
que es válido y lo que no es válido. (CarmenCYLEP5P33)
Esta última profesora valora justamente de la inspección, a
partir de su experiencia pasada, el asesoramiento que ha recibido en
un momento en el que justamente se iniciaba como profesora. Valora
enormemente dos cosas, que la inspectora entrara en su aula y que le
ofreciera un consejo sobre cómo mejorar lo que estaba haciendo; algo
que para esta profesora parece ofrecerle legitimidad a este rol: conocer
la realidad y saber hacer lo que demanda a los profesores. Esta función
asesora por parte de la inspección (DOMINGO, 2010), es la que al
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parecer no se visualiza por la mayoría de los informantes; en cambio se
cuestiona, critica, la función que se percibe con más frecuencia, la de
supervisar por medio del control de los documentos del centro.
En cambio, el profesorado valora el papel de aquellos inspectores
que contribuyen en la implementación que la Administración exige
o demanda, mediante claros procesos de asesoramiento y apoyo, en
este caso relacionados con el enfoque de competencias. También se
valora cuando los inspectores interactúan no solo con el director, sino
también con los jefes de departamento; ya que al parecer el principal
vínculo que establecen es con el/la director/a, jefes de estudio y jefes de
departamento; algo que también hay que ubicar en las condiciones de
trabajo que deben desempeñar, entre otras, la cantidad de centros a los
que deben supervisar-asesorar.
No hay que dejar de advertir que en la misma configuración del rol
de inspección, intervienen también las expectativas y representaciones
que tienen directores y profesorado en general sobre el mismo. En este
sentido, aparece la idea, la presencia, de necesidad de un control de lo que
se hace, junto con las demás demandas, expectativas y representaciones
que se depositan en él, configurando un rol híbrido.
Se aprecia con claridad que, al igual que muchas veces se habla de la
Administración o los políticos como algo alejado de los centros, a la
inspección educativa se la percibe como totalmente alejada o ausente de
las aulas. Aunque se asuma que dentro de sus funciones la supervisión y
el control puedan resultar necesarios, no parece entenderse cómo puede
realizarse esta tarea solo a partir de la vigilancia normativa a través de
la lectura y revisión de documentos del centro. A partir de los relatos
recogidos se ha formulado esta interpretación a modo de hipótesis
explicativa: el tomar estos documentos como la realidad en sí misma,
como si fueran las prácticas educativas en sí, hace que las políticas
queden estancadas en esa fase, la cual se resuelve, en muchas ocasiones,
con un «recorto y pego». Lo que dice la normativa pasa directamente a
los documentos, muchas veces sin «mediaciones» de ningún tipo, sin
reflexión, sin debate, sin ajustes, reproduciéndose así la misma lógica
que se aprecia en las distintas normativas que reproducen una vez tras
otra lo que dice la norma de rango superior. Si esto es dado por bueno,
es decir, si la presencia de «la novedad» en el documento se asume como
suficiente evidencia del cambio, entonces ahí se paraliza el proceso.
Si en esto, como aparece en los relatos de los informantes, es donde
se detienen una y otra vez los inspectores, exigiendo modificaciones
solo en esta dirección, en los documentos, el proceso se burocratiza,
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 229
se queda en la fase de prerregulación, previo al desarrollo de aquellas
prácticas o acciones que pudiesen buscar el desarrollo del cambio
normativamente pretendido. Todo el esfuerzo pasa a centrarse en hacer
los mejores documentos posibles, en lo cual no parece haber margen
para la confusión, para el error, para la duda… se eliminan por tanto
los procesos que pueden demorar esta concreción: debates, consultas,
incluso que se plasme algo que no encaje perfectamente con lo que la
normativa dice, o que haya alguna duda al respecto.
En cualquier caso, esta práctica, al parecer frecuente de la
inspección educativa, esta lógica de actuación, debe enmarcarse en
un escenario educativo y social más amplio y complejo, en el cual
la forma en que se representa lo social y las instituciones ha sufrido
un cambio profundo. Tal como sugieren Dubet y Martuccelli (2000,
p. 201), “ninguna de estas instituciones funciona según el modelo
clásico, como aparatos capaces de transformar valores en normas,
y las normas en personalidades individuales”. De acuerdo con esta
perspectiva, la sociedad, el sistema educativo y la escuela para la que fue
creado el rol de inspección educativa, ya no son los mismos. El proceso
de desinstitucionalización que hacen estos autores pone en cuestión los
objetivos, las funciones, los roles de la escuela y sus profesionales. En
este contexto, como se ha podido apreciar, la configuración del rol de
inspección resulta de un cruce complejo de demandas y expectativas,
tanto aquellas que fija la normativa, las que cada Administración realiza
en un momento concreto de su gestión y de acuerdo con los vaivenes y
cambios de gobierno y aquellas que los mismos directores y profesorado
realizan en general; un contexto de demandas más versátil, menos
claro, menos evidente.
La hipótesis anticipada, de que las formas que asumen los mismos
procesos de control, en este caso mediante las funciones asignadas a la
inspección educativa, pudiesen explicar parte de la no implementación
de las pretensiones de los cambios normativamente estipulados, debe
ser profundizada mediante nuevas investigaciones. Por otra parte, esta
hipótesis podría ser acompañada, complementariamente, de otras
dos hipótesis, aunque en este caso, no se desprenden de la presente
investigación. Las mismas surgen de las evidencias de los cambios que
se están produciendo en la organización y gestión de Estado (SANTOS,
2005). Hay coincidencias en la existencia de nuevos mecanismos de
control externo, enmarcadas por algunos autores en las denominadas
formas posburocráticas de control (BARROSO, 2005), con una importante
influencia de organismos supranacionales (TARABINI; BONAL, 2011;
VALLE, 2013). Así, una de estas primeras hipótesis complementarias
es que, en este nuevo contexto, son otros los mecanismos y formas
que ejercen control; en este contexto, el rol de la inspección queda
descolocado y refugiado en sus antiguas funciones. Sin embargo, a
230 Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016
colación, formulamos una segunda hipótesis complementaria; la
misma se desprende de la concepción weberiana de burocracia en la
que esta se vincula con el control del cumplimiento de los objetivos
legítimamente fijados por el Estado. En este sentido, si este control no
se está ejerciendo, es decir, si no se comprueba, evalúa, acompaña el
impacto de estos objetivos en la transformación de las realidades, se
establece una importante fractura en el desarrollo de las políticas que,
por otra parte, deja el terreno libre para las otras formas y mecanismos
de control mencionados. De esta manera, se podría concluir que el
conocimiento construido en el marco de esta investigación permite
apreciar la emergencia de una nueva forma de burocracia de control, en
la que aún la inspección no tiene un lugar claro.
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el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Boletín Oficial del Estado
(BOE), n. 293, del 8 de diciembre de 2006.
ESPAÑA. Ministerio de Educación y Ciencia. REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria. Boletín Oficial del Estado (BOE), n. 5, del 5 de enero de 2007.
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Espanha;
Secretario Académico del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación;
miembro del Grupo de Investigación sobre “Políticas Educativas Supranacionales”
– GIPES –, Madrid, Espanha
Doctoranda del Programa de Educación de la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Espanha
Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.212-233 jan./mar. 2016 233
nfg.fernandeznoelia@gmail.com
Recebido em: junho 2015 | Aprovado para publicação em: setembro 2015
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 Real Decreto 
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 artículo
149
 artículo 27
 artículo 151
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