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Timestamp: 2019-06-19 22:57:34+00:00

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SENTENCIA DE LA CORTE DE SALTA QUE PROTEGE EL DERECHO A LA SALUD DE UN MENOR CON DISCAPACIDAD.
El derecho a la salud de los menores con discapacidad es reconocido como bien jurídico protegido por la Corte de Salta.
En un primera aproximación cuadra poner de relieve que lo trascendente de este Fallo que se abordará “infra”no radica simplemente en el reconocimiento de la protección a la salud -tópico ya asumido reiteradamente por la doctrina autoral y la elaboración pretoriana- sino que alude a la concientización de los servicios de salud -oficiales y privados- de que la discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones debe ser abarcada por la tutela consagrada en los principios constitucionales y convencionales.
II.- Aspectos relevantes del Fallo.
Así, en una controversia judicial concreta, en el marco de los autos caratulados “M., P. M.; M. A., M c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA SALUD DE SALTA (en adelante I.P.S.S.) s/ Amparo – Recurso de Apelación” (Expediente Nro. CJS 38.972/17), en fecha 15/12/2017, la Corte de Justicia de Salta se expidió en el marco de dicho proceso judicial de amparo donde los peticionantes perseguían la cobertura al cien por ciento de los tratamientos médicos, de estimulación temprana y rehabilitación (fonoaudiología, fisio – kinesioterapia, psicomotricidad, psicopedagogía e hidroterapia) con más prestaciones de terapia ocupacional, apoyo escolar, de transporte y medicación que el diagnóstico del paciente -un niño con síndrome de Down- requiriere. También se reclamó el reembolso de sumas y gastos abonados por el promotor del amparo.
A su turno, la Cámara de apelaciones de Salta receptó la acción de amparo en orden a los ítems “supra” expuestos, desestimando otro rubro conformado por la cobertura integral al cien por ciento de toda prestación médica, farmacológica o asistencial futura que la patología del menor ameritare.
Esto último, con sustento en que ello determinaría soslayar la instancia ineludible de control de la accionada constituida por la evaluación de procedencia ante las presentaciones que se efectuaren ante el I.P.S.S. de los pedidos médicos y de las coberturas de las prácticas, medicamentos o cualquier otra prestación.
Contra dicho decisorio, el I.P.S.S. dedujo el recurso respectivo aduciendo que la sentencia en crisis se hallaba connotada de arbitrariedad, habida cuenta que no se demostró que los derechos del hijo del actor hubieren sido vulnerados y, de adverso, quedó puesto de relieve la inexistencia de urgencia, aspecto que veda la pertinencia de la vía de amparo elegida. Asimismo, en su postulación recurrente, refuta la conculcación de derechos constitucionales y pontifica que el derecho a la salud, al igual que cualquier derecho, no debe ser interpretado en términos absolutos.
Y, en esa tesitura, afirma que, en el caso concreto, se reconoce la cobertura reclamada a valores vigentes del respectivo nomenclador provincial y, por ello, apartarse de este último redundaría en perjuicio de los restantes afiliados. Añade el apelante, que el fallo en crisis confunde al Estado Provincial con el I.P.S.S., desconociendo que este último no integra el Sistema Nacional del Seguro de Salud ni ostenta la condición de agente del seguro de salud en concordancia con las previsiones estatuidas en las leyes nacionales 23.660, 23.661 y 24.455 y decretos reglamentarios. Se agravia, asimismo, por la condena a abonar los reintegros reclamados por la parte actora.
Así las cosas, la Corte de Justicia de Salta integrada por los Dres. Guillermo Alberto CATALANO -en el carácter de presidente de ese Tribunal-, y los Dres. Ernesto R. SAMSON, Sergio Fabian VITTAR, Guillermo Alberto POSADAS, Abel CORNEJO, Susana Graciela KUFFMAN y Sandra BONARI, Jueces y Juezas de ese Alto Tribunal, abordó la decisión del diferendo con sustento en los señalamientos que se aluden seguidamente.
Como pie de arranque expresa el decisorio que la Corte de Justicia de Salta ha dicho reiteradamente que, según lo precisa el artículo 87 de la Constitución de esa Provincia, la acción de amparo se torna viable frente a actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares que nieguen o restrinjan garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente consagrados en dicha Carta Fundamental de la Provincia de Salta. 1
El amparo, prosigue el fallo, implica un proceso excepcional, para cuya apertura exige la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios originaría perjuicio grave, sólo reparable por la acción rápida y expeditiva que conforma el amparo. Así, este procedimiento se constituye en el proveedor del remedio adecuado contra la conculcación de los derechos y garantías plasmados en la Constitución Nacional.
Reseña el pronunciamiento convocante que el I.P.S.S. controvierte el monto que debe afrontar por la cobertura de las prestaciones que demanda el hijo del amparista en razón a su discapacidad (Síndrome de Down o Trisomía 21), por lo cual corresponde determinar cuál es el nomenclador que debe aplicarse.
Planteado en esos términos el objeto del proceso, prosigue el fallo, se patentiza la urgencia que torna factible la utilización de la vía de amparo, a lo cual se añade la vulneración de derechos cuya satisfacción integral resulta impostergable.
Esto último es así toda vez que el goce de la salud, entendido con un criterio amplio, importa la defensa del derecho a la vida y su preservación, tal como se prescribe en el Preámbulo y artículos 31,33,42,43, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 3° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 incisos 1° y 2° apartado “d” del Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4° inciso 1°, 5° inciso 1° y 6 de la Convención Americana de derechos Humanos.
Asimismo, existen leyes específicas de protección relacionadas con el caso convocante que son: la 24.901, denominada Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, de diciembre de 1997, como así también la Ley de la Provincia de Salta Nro. 7600 que, promulgada en el año 2008, adhiere al sistema de la ley nacional.
Esta ley 7600 de orden provincial estatuye taxativamente que el I.P.S.S. queda obligado a brindar atención integral respetando las prestaciones básicas determinadas según la ley 24.901.
A mayor abundamiento, se añade en el fallo, que los artículos 41 y 42 de la Constitución de la Provincia de Salta establecen, clara y concretamente, normativas concernientes al derecho a la vida y atención de la salud.
En consonancia con lo hasta aquí expuesto, interesa historiar que el artículo 2° de la Ley Provincial 7600 estatuye, respecto al I.P.S.S. principios que contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protección para brindar a las personas con discapacidad una cobertura integral adecuada a sus necesidades y requerimientos. A tales fines, prevé un carácter obligatorio respecto a la cobertura que deben brindar las obras sociales.
A su turno, el artículo 15 de l ley 24.091/1997 (con la reforma de la ley 26.480/2009) hace referencia a las prestaciones de rehabilitación, entendiendo como tales “aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tiene por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psico físico y social más adecuado para lograr su integración social, a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de carácter congénito o adquirido”. A ello añade que, en todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodología y técnicas que fuera menester y por el tiempo y en las etapas que cada caso requiera.
Por su parte la Ley Nacional 24.091 establece en los artículos 15 y 16 las prestaciones de rehabilitación y terapéuticas educativas tendientes “al desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas…que tienen como objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance un nivel psicofísico y social más adecuado para logar su integración social”, como asimismo, “a promover la reparación de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de auto valimiento e independencia, e incorporación a nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico – pedagógico y recreativo”.
Añade el Máximo Tribunal Provincial, que dichas normas deben interpretarse en el marco de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Además, el derecho a la prevención de la salud es una obligación impostergable de la autoridad pública que debe garantizar aquel derecho mediante acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades que brindan medicina prepaga (CSJN: Fallos: 321:1684; 323:1339).
Señala el decisorio convocante que ese temperamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue reiterado en un diferendo en el que se accionaba contra la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires -Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)- en el cual resalta que las obligaciones de índole sanitaria que incumben a la nación no son ni exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas proyectándose, asimismo, sobre entidades públicas y privadas. 2
También destaca la Corte de Justicia de Salta que, en las Observaciones Finales al informe inicial de Argentina, aprobadas en la 91° sesión, celebrada el 27/09/2010, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad observó con preocupación la circunstancia de la falta de armonía en la legislación provincial y la mencionada Convención, cuestión que distorsiona la interpretación que a nivel local se efectúa en orden a los derechos de las personas con discapacidad. Debido a tal Observación, el Comité instó al Estado Argentino a implementar las medidas que fuere menester para armonizar la normativa federal, provincial y local con los principios emanados de la precitada Convención.
Siguiendo esa línea directriz, el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia de Salta expresó, en el fallo convocante, que la circunstancia de la no adhesión del I.P.S.S. a los lineamientos emergentes de las leyes 23.880, 23.661 y 24.901, no configura causal para que pueda eximirse de adoptar las medidas razonables para lograr la plena ejercitación de los derechos por parte de las personas con discapacidad con el enfoque integral que emana de la norma tutelar en la materia.
Por lo “supra” reseñado, el Máximo tribunal Provincial procede a la desestimación del agravio vertido por la accionada en cuanto considera que la sentencia apelada incurre en un error de encuadre.
Y, en esa tesitura técnico jurídica, que debe ser considerada teniendo en mira el superior interés del niño (artículo 3° de la Convención sobre sus derechos), no resulta factible de ser receptada la hipótesis preconizada por la accionada que invoca una desacertada aplicación judicial del nomenclador nacional, cuenta habida que éste no resulta ajeno a la jurisdicción local.
La Corte de Salta, parafraseando la versión asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a que es menester fundar adecuada y convincentemente la moción relativa a la carencia de sustento para que se patentice la improcedencia de la acción, desestima la línea argumental de la accionada en tal aspecto.
Y si bien la legislación provincial autoriza la conformación de un nomenclador que el aquí demandado establezca con sus prestadores, ello no puede ocasionar menoscabo en la cobertura de salud de sus afiliados.
Destaca el fallo que la queja relativa a los reintegros dispuesta en la sentencia, también debe desestimarse.
Ello es así por cuanto el reintegro de gastos peticionado por la vía del amparo sólo se tornaría improcedente en el supuesto que la cuestión en diferendo abarcara un tópico meramente patrimonial, sin que se patentice la urgencia propia del proceso de amparo.
Alude la Corte de Justicia de Salta, que corresponde hacer lugar a tales pedidos cuando se trata de la cobertura de un problema de salud si el reintegro de gastos resulta ser la modalidad operacional del ente que presta cobertura, como sucede en la especie, cuestión por la cual el reintegro guarda relación directa e inmediata con la salud del hijo del amparista.
En la especie convocante, destaca la Corte de Salta, el recurrente no ha demostrado la existencia de error o desacierto en el fallo cuestionado, habida cuenta que se ha aplicado adecuadamente la normativa que rige el caso. De allí que le asiste al amparista el derecho a obtener la restitución que pretende. Es que, el reclamo tiene por finalidad la preservación de la salud y una vida connotada de inclusión social plena del niño discapacitado.
En síntesis, el apelante no logra refutar los argumentos que sustentan el fallo, limitándose sus agravios a esbozar objeciones generales que se tornan insuficientes para conmoverlo.
Por todo lo reseñado, la Corte de Salta resuelve:
I.- Rechazar el recurso de apelación y en su mérito confirmar la sentencia recurrida; II.- Mandar que se registre y notifique.
A modo de colofón, corresponde destacar que, ante el principio constitucional puesto en crisis respecto al derecho a la salud integralmente considerada, concerniente a un niño con discapacidad, la inexorable prevalencia de la tutela irrestricta de su atención especializada por medio de los servicios de salud -ya sean públicos o privados- por sobre cualquier consideración de neto corte patrimonial, tal como la ha decidido la Corte de Salta, se adecúa ajustadamente a los paradigmas constitucionales y convencionales que direccionan el accionar de los Estados soberanos modernos.
IV.- APÉNDICE.
Normativas aplicadas.
Las normas sobre las que se sustenta el Fallo son:
“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859”.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”
“Los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.”
Artículo 75: “Corresponde al Congreso:….. inc 22) Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
Constitución de la Provincia de Salta:
Artículo 41: DERECHO A LA SALUD.
“La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un bien social. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades”.
Artículo 42: DE LOS PLANES DE SALUD.
“El Estado elabora el Plan de Salud Provincial con la participación de los sectores socialmente interesados, contemplando la promoción, prevención, restauración y rehabilitación de la salud, estableciendo las prioridades con un criterio de justicia social y utilización racional de los recursos. Coordina con la Nación y las otras provincias, las políticas pertinentes, propendiendo a la integración regional en el aspecto asistencial, en la investigación y en el control de las patologías que les son comunes.
El sistema de salud asegura el principio de libre elección del profesional.”
Artículo 87: AMPARO.
“La acción de amparo procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad, excepto la judicial, o de particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de esta Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado. Todo Juez Letrado es competente para entender en la acción, aún en el caso que integrare un tribunal colegiado. La acción de amparo nace de esta Constitución y su procedencia no queda sujeta a las leyes que regulen las competencias de los jueces. El Juez de amparo escucha a la autoridad o particular de quien provenga la amenaza o la restricción en un plazo breve y perentorio, pudiendo habilitar al efecto horas y días inhábiles. Producida la prueba, si correspondiera, la sentencia se dictará en un plazo máximo de cinco días y podrá ser recurrida dentro de tres días. Los recursos nunca suspenden la ejecución de la sentencia cuando la misma acoge la pretensión del amparado. La acción se interpone a través de formas fehacientes, sean cuales fueren éstas. Salvo en el caso de hechos de inusitada excepcionalidad quedan prohibidas la recusación y excusación de los jueces. En estos casos se remitirán los autos que admitan aquéllas al Ministerio Público para que éste decida si dan lugar a la promoción del procedimiento de remoción del Juez. La no prestación injustificada por parte del Estado de los servicios educativos, de salud y de otros esenciales da lugar a esta acción. Todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el Juez del amparo con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución. El Juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. Son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisitos de esta acción.”
Artículo 3.º – Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 8.º – Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:….. d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Ley N° 23.660. Obras sociales.
Ley N° 23.661. Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Ley 24.455. Obras sociales.
Promulgada: Marzo 1 de1.995.
ARTCULO 1°— Todas las Obras Sociales y Asociaciones de Obras Sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley 23.660, recipendarias del fondo de redistribución de la Ley 23.661, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
ARTICULO 2°— Los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación mencionados en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 23.737 deberán ser cubiertos por la obra social de la cual es beneficiaria la persona a la que se le aplica la medida de seguridad curativa. En estos casos el Juez de la causa deberá dirigirse a la obra social que corresponda a fin de indicarle la necesidad y condiciones del tratamiento.
ARTICULO 3°— Las obras sociales, junto con el Ministerio de Salud y Acción Social elaborarán los programas destinados a cubrir las contingencias previstas en el artículos 1 de la presente. Estos deberán ser presentados a la ANSSAL para su aprobación y financiación, rigiendo su obligatoriedad a partir de ellas.
La no presentación en tiempo y forma de los programas previstos generará las sanciones que prevén las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 4°— El control del cumplimiento de los recaudos exigidos en el artículo 1° de la presente se efectuará por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
ARTICULO 5°— La presente ley tendrá ejecutoriedad, previa existencia en el Presupuesto General de la Nación del período de que se trata de partidas específicas destinadas a sus fines.
ARTICULO 6°— La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta días de su promulgación.
ARTICULO 7°— Comuníquese al Poder Ejecutivo. ALBERTO PIERRI — EDUARDO MENEM — Juan Estrada — Edgardo Piuzzi.
Las normativas transcriptas fueron extraídas de la página web de Infoleg.
1 Corte de Justicia de Salta; Tomo 61:917; 64:137; 65:629; 127:315.
2 CSJN; Fallos: 331:2135.

References: artículo 87
 artículo 2
 artículo 15

Artículo 75

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 87

Artículo 3

Artículo 8
 artículo 1