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Timestamp: 2018-04-25 01:05:19+00:00

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ICEX | ANEXO II EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
Los principales operadores del sistema financiero español pueden clasificarse de la siguiente manera:
Las principales características de los operadores del sistema financiero quedan recogidas a continuación.
A 31 de diciembre de 2016 hay registrados oficialmente en el Banco de España el ICO, 60 bancos, 2 cajas de ahorros, 63 cooperativas de crédito, 39 oficinas de representación en España de entidades de crédito extranjeras, 77 sucursales de entidades de crédito extranjeras comunitarias, 5 sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias, 579 entidades de crédito comunitarias operantes en España sin establecimiento, 4 entidades financieras, filiales de entidades de crédito extranjeras comunitarias, operantes en España sin establecimiento y 4 entidades de crédito extranjeras extracomunitarias, operantes en España sin establecimiento2.
Las Cajas de Ahorros son entidades de crédito con libertad y equiparación operativa completa al resto de los integrantes del sistema financiero español. Están constituidas bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con finalidad social y actuación bajo criterios de puro mercado, aunque reinvierten gran parte de los beneficios obtenidos a través de su obra social3.
De un total de 45 Cajas de Ahorros (a comienzos de 2010), 43 han participado o se encuentran participando en algún proceso de consolidación, lo que en volumen de activos totales medios representa el 99,9% del sector. Como consecuencia, el sector ha pasado de contar con 45 entidades, con un tamaño medio de 29.440 millones de euros (diciembre de 2009), a estar formado por 11 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 89.550 millones (marzo de 2015)4.
Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa 5 en una entidad de crédito española o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 por ciento, o bien que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la entidad de crédito, lo notificará previamente al Banco de España con la finalidad de obtener la declaración de no oposición a la adquisición propuesta, indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información legalmente exigible. Del mismo modo, toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación significativa de una entidad de crédito, lo notificará primero al Banco de España.
El Banco de España evaluará las adquisiciones propuestas de participaciones significativas y elevará al Banco Central Europeo una propuesta de decisión para que este se oponga o no se oponga a la adquisición.
Por otra parte, toda persona física o jurídica que por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido directa o indirectamente, una participación en una entidad de crédito española, de tal forma que su porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5% lo comunicará inmediatamente por escrito al Banco de España y a la entidad de crédito correspondiente.
Asimismo, toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito, lo notificará con carácter previo al Banco de España, indicando la cuantía de su participación prevista. Asimismo, deberá notificar al Banco de España si pretende reducir su participación significativa de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte inferior al 20, 30 o 50 por ciento o bien suponga la pérdida de control de la entidad de crédito.
Actuación trasfronteriza de las entidades de crédito.
2.3. Auxiliares financieros
Tienen consideración de Entidades de Pago7 (introducidas por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago) aquellas personas jurídicas, distintas de las entidades de crédito y de las entidades de dinero electrónico, a las cuales se haya otorgado autorización para prestar y ejecutar servicios de pago, es decir, servicios que permiten el ingreso efectivo en una cuenta de pago, aquéllos que permiten la retirada de efectivo, la ejecución de operaciones de pago, la emisión y adquisición de instrumentos de pago y de envío de dinero. Las entidades de pago no podrán llevar a cabo la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público ni emitir dinero electrónico. Cabe mencionar al respecto, la aprobación de la Orden EHA 1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, y el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, sobre el régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago, que complementan la Ley 16/2009 anteriormente referida.
2.4. Instituciones de Inversión Colectiva
De acuerdo con los datos de INVERCO (Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) el ahorro financiero (activos financieros) de las familias españolas a finales de septiembre de 2016, se situó en 1,99 billones de euros lo que ha permitido recuperar, casi en su totalidad, el ajuste que se produjo en el primer trimestre del año 2016. En el conjunto de 2016, la adquisición neta de activos financieros por parte de las familias continúa por encima del 4% de su renta disponible, basados en un gran porcentaje en los Fondos de Inversión, que como viene ocurriendo desde hace ya cuatro años, continúan siendo objeto de interés del inversor ahorrador nacional, con más de 12.000 millones de euros de entradas netas a septiembre de 20168.
En estos cuatro años, las familias han duplicado las tenencias de Fondos de Inversión, siendo el instrumento financiero con mayor incremento de saldo en este periodo. A finales de 2016, el volumen total de IIC (Fondos y Sociedades de Inversión) en cartera de los hogares asciende a 264.000 millones de euros y ya representa más de un 13% del total del ahorro financiero de las familias9.
Además de la abundante normativa sectorial, la regulación básica de IIC está recogida en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. Esta normativa transpone la Directiva 2009/65/CE10 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) o Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) en su versión más actual.
Sociedades de Inversión (SI): Son aquellas IIC que adoptan la forma de sociedad anónima (y por tanto tienen personalidad jurídica) y cuyo objeto social es el de captar fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. La administración de la SI se encarga a su consejo de administración, sin perjuicio de la facultad de la junta general o, por su delegación, del consejo de administración, de acordar la designación de una SGIIC como la responsable de garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (Reglamento de IIC). En caso de que la SI no designe una SGIIC, la propia sociedad quedará sometida al régimen de las SGIIC previsto en el Real Decreto 1082/2012. A su vez, la SGIIC designada, o la SI que no haya designado a una SGIIC, podrá delegar la gestión de inversiones en otra u otras entidades financieras en la forma y con los requisitos establecidos en el Reglamento de IIC. Su número de accionistas no podrá ser inferior a 100.En el caso de SICAV por compartimentos, el número mínimo de accionistas no podrá ser inferior a 20 sin que, en ningún caso, el número de accionistas totales que integren la SICAV sea inferior a 100.
En el caso de SI de carácter financiero, la SI se constituirá con el carácter de SICAV, siendo su capital variable, es decir, susceptible de aumentar o disminuir dentro de los límites del capital máximo o mínimo fijados en sus estatutos, mediante la venta o adquisición por la sociedad de sus propias acciones. Las acciones se emitirán y recomprarán por la propia sociedad a solicitud de cualquier interesado según el valor liquidativo que corresponda a la fecha de solicitud. La adquisición por la SICAV de sus acciones propias, entre el capital inicial y el capital estatutario máximo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas sobre adquisición derivativa de acciones propias en la Ley de Sociedades de Capital.
En tanto que son sociedades cotizadas, las acciones de las SICAV deben estar necesariamente representadas en anotaciones en cuenta (el mercado de negociación no oficial en el que con carácter habitual se negocian las acciones de las SICAV es el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Por otro lado, el capital será fijo en el caso de SI de carácter no financiero.
Fondos de Inversión (FI): Son patrimonios sin personalidad jurídica propia divididos en un número de participaciones de iguales características que tienen el carácter de valores negociables (pero que carecen de valor nominal) que pertenecen a una pluralidad de inversores denominados partícipes, que no serán inferiores a 100. En el caso de FI por compartimentos, el número mínimo de partícipes en cada uno de los compartimentos no podrá ser inferior a 20 sin que, en ningún caso, el número de partícipes totales que integren el FI sea inferior a 100. La suscripción o reembolso de las participaciones depende de su demanda o de su oferta, por lo que su valor (denominado “valor liquidativo”) se calcula dividiendo el valor del patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. El pago del reembolso se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud.
La administración del fondo corresponde a una SGIIC que tiene facultades de dominio sobre dicho patrimonio, aunque no es propietaria del mismo. Por su parte, el Depositario es la sociedad encargada de la liquidez y, en su caso, la custodia de los valores. Ambas sociedades obtienen una remuneración por sus servicios a través de comisiones.
Se entiende por fondos de inversión cotizados aquellos cuyas participaciones están admitidas a negociación en una bolsa de valores, que deben cumplir una serie de requisitos.
La normativa española de IIC:
Las IIC españolas son las Sociedades de Inversión con domicilio en España y los Fondos de Inversión constituidos en España. Están sujetas a la normativa nacional sobre IIC, que les reserva la actividad y la denominación correspondiente.
Las IIC extranjeras son las IIC distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. En el caso de que puedan comercializarse en España, han de cumplir determinadas exigencias establecidas en la normativa aplicable.
La normativa europea de IIC:
Las IIC armonizadas son IIC autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea de acuerdo con la normativa UCITS.
Las IIC no armonizadas son IIC domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea que no cumplen los requisitos establecidos en la normativa UCITS e IIC domiciliadas en Estados no miembros de la Unión Europea. Por su parte, las IIC de Inversión Libre11, comúnmente denominadas en términos de mercado como “Hedge Funds”, son en todo caso consideradas como IIC no armonizadas. Las IIC de inversión libre podrán invertir en activos e instrumentos financieros y en instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea la naturaleza de su subyacente. Tales inversiones deben respetar los principios generales de liquidez, diversificación del riesgo y transparencia, si bien no les serán de aplicación las restantes reglas de inversión establecidas para las IIC.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el órgano encargado de la supervisión de las IIC. En este sentido, tanto las SI como los FI requieren autorización previa de la CNMV para su constitución. Tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil (el requisito de inscripción en el Registro Mercantil no es obligatorio para los FI), la CNMV inscribe la IIC y su folleto informativo en su registro.
Los fondos de inversión de carácter financiero tendrán un patrimonio mínimo de 3.000.000 euros. En el caso de fondos por compartimentos, cada uno de los compartimentos deberá tener un patrimonio mínimo de 600.000 euros, sin que, en ningún caso, el capital mínimo total desembolsado sea inferior a 3.000.000.
El capital mínimo de las SICAV será de 2.400.000 euros. Deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado. En el caso de SICAV por compartimentos, cada uno de los compartimentos deberá tener un capital mínimo de 480.000 euros sin que, en ningún caso, el capital mínimo total desembolsado sea inferior a 2.400.000.
El capital social mínimo de las sociedades de inversión inmobiliaria será de 9.000.000 euros. En el caso de sociedades por compartimentos, cada uno de estos deberá tener un capital mínimo de 2.400.000 euros, sin que, en ningún caso, el capital total de la sociedad sea inferior a 9.000.000 euros.
Conviene realizar a continuación un breve comentario sobre la comercialización12 de IIC extranjeras en España que, sujeta al cumplimiento de los trámites y requisitos previstos en la normativa, requiere diferenciar si se trata de:
Además, las SGIIC podrán ser autorizadas para realizar las siguientes actividades.
Corresponde a la CNMV, autorizar, con carácter previo, la creación de la SGIIC. Una vez constituidas, para dar comienzo a su catividad, deberá inscribirse en el Registro Mercantil y en el correspondiente registro de la CNMV.
Dispondrán en todo momento de unos recursos propios13 que no podrán ser inferiores a la mayor de las siguientes cantidades:
Un capital social mínimo de 125.000 euros íntegramente desembolsado e incrementado en ciertas proporciones establecidas en el reglamento de IIC en función de ciertas circunstancias.
El 25% de los gastos de estructura cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio precedente.
Los gastos de estructura comprenderán los gastos de personal, los gastos generales, contribuciones e impuestos, amortizaciones y otras cargas de explotación.
Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa14 en una SGIIC española o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 por ciento, o bien que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la SGIIC, lo notificará previamente a la CNMV con la finalidad de obtener la declaración de no oposición a la adquisición propuesta, indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información legalmente exigible. El adquirir participaciones significativas o aumentarlas infringiendo lo previsto en la Ley constituye infracción muy grave. Asimismo, toda persona física o jurídica que, directa o indirectamente, pretenda dejar de tener una participación significativa en una SGIIC, que pretenda reducir su participación de forma que ésta se reduzca por debajo los umbrales del 20, 30 o 50 por ciento, o que, en virtud de la enajenación pretendida, pueda perder el control de la sociedad, deberá informar previamente a la CNMV.
Por otra parte, toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participación en una sociedad gestora, de tal forma que su porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5 por ciento, lo comunicará inmediatamente por escrito a la CNMV y a la SGIIC correspondiente, indicando la cuantía de la participación alcanzada.
2.5. Empresas de Servicios de Inversión
El régimen jurídico de las ESI viene recogido en la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008. Estas normas incorporan en el marco jurídico español la normativa comunitaria del entorno MiFID15.
Sociedades de valores: Son aquellas ESIs que pueden operar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y los servicios auxiliares. Deberán tener un capital social no inferior a 730.000 de euros.
Su capital social dependerá de las actividades que desarrollen. Así, carácter general, su capital social no podrá ser inferior a 125.000 euros. No obstante, las agencias de valores no autorizadas a tener en depósito fondos o valores mobiliarios de sus clientes podrán tener un capital social de 50.000 euros.
Sociedades gestoras de carteras: Son aquellas ESIs que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en las letras d) y g) y los servicios auxiliares previstos en la letras c) y e). Deberán tener (i) un capital inicial de 50.000 euros; o (ii) un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional en todo el territorio de la Unión Europea, con una cobertura mínima de 1.000.000 euros por reclamación de daños, y un total de 1.500.000 euros anuales para todas las reclamaciones; o (iii) una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los incisos i) e ii) anteriores.
Empresas de asesoramiento financiero: Son aquellas personas físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previsto en el epígrafe g) y los auxiliares previstos en las letras c) y e). Tratándose de personas jurídicas, deberán tener (i) un capital inicial de 50.000 euros o (ii) un seguro de responsabilidad civil que cubra todo el territorio de la Unión Europea, aval u otra garantía comparable, con una cobertura mínima de 1.000.000 de euros por reclamación de daños, y un total de 1.500.000 de euros anuales para todas las reclamaciones, o (iii) una combinación de capital inicia y de seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los incisos (i) e (ii) anteriores.
Además, las entidades de crédito podrán realizar habitualmente todos los servicios de inversión así como los auxiliares siempre y cuando su régimen jurídico, sus estatutos y su autorización específica les habiliten para ello. Del mismo modo, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) podrán prestar determinados servicios de inversión y auxiliares siempre y cuando estuvieran autorizadas para ello.
Autorización y registro: Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a propuesta de la CNMV, autorizar las sociedades y agencias de valores, así como las sociedades gestoras de carteras. Por su parte, la autorización de las empresas de asesoramiento financiero corresponderá a la CNMV en exclusiva.
Las ESIs españolas podrán prestar en el territorio de otros Estados miembros de la Unión Europea los servicios de inversión así como los servicios auxiliares para los que estén autorizadas, ya sea a través del establecimiento de una sucursal, ya sea mediante la libre prestación de servicios, sujeto al cumplimiento del procedimiento legalmente establecido.
Las ESIs autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea podrán realizar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios, servicios de inversión y auxiliares, sujeto al procedimiento de comunicación legalmente establecido.
Las ESIs no comunitarias que pretendan abrir en España una sucursal u operar en libre prestación de servicios les será de aplicación el procedimiento de autorización.
2.6. Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado
Los fondos de capital riesgo europeos (“FCRE”), a los que se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre fondos de capital riesgo europeo, que se inscribirán en el registro establecido al efecto en la CNMV.
Se crea un tipo especial de ECR, las ECR-Pyme (SCR-Pyme y FCR- Pyme) que deberán mantener, al menos el 75% de su activo computable en determinados activos financieros que provean de financiación a pequeñas y medianas empresas que cumplan determinados requisitos en el momento de la inversión.
Por tanto, la Ley 22/2014 regula el régimen jurídico de dichas entidades así como el régimen de comercialización de sus acciones o participaciones en España y en el extranjero.
Actividad principal: gestión carteras de inversión y control y gestión de riesgos respecto de las entidades que gestionen (ECR, EICC, FCRE o FESE).
Actividades adicionales: labores administración, comercialización y actividades relacionadas con los activos de la entidad.
Servicios accesorios: gestión discrecional de carteras de inversión, asesoramiento en materia de inversión, custodia y administración de participaciones y acciones de ECR y EICC (y, en su caso, FCRE y FESE) y recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o varios instrumentos financieros.
2.7. Compañías de Seguros y Reaseguros y Mediadores de Seguros
La supervisión del sector se lleva a cabo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS), adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad y el régimen jurídico básico del seguro en España es el siguiente:
El asegurador es aquella sociedad que se dedica empresarialmente a realizar operaciones de seguro directo, pudiendo asimismo aceptar operaciones de reaseguro en los ramos en los que esté autorizado para realizar seguro directo, y es una actividad exclusiva y excluyente. Es decir, nadie puede realizar un contrato de seguro sin ser asegurador debidamente autorizado por el Ministerio de Economía y Competitividad e inscrito en el registro de la DGS y un asegurador no podrá realizar operaciones que no sean las definidas en la anteriormente referida normativa. En este sentido, la normativa de aplicación ha establecido un régimen de autorización específico para las entidades que quieran llevar a cabo estas actividades.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas operativas. Se distingue entre las que realizan la actividad de seguro directo y aquellas que desarrollan la actividad puramente reaseguradora y dentro de las primeras, las distintas formas jurídicas que adoptan. En la actualidad no existe inscrita en el Registro de la DGS ninguna cooperativa de seguros17.
2.8. Planes y Fondos de Pensiones
A finales del año 2015 el número de planes de pensiones que constaba en el Registro de la DGS era de 2.857, frente a los 2.914 del ejercicio anterior18, lo que representa un descenso del 1,96%.
La regulación del mercado de valores español se basa en el modelo anglosajón, centrado en la protección tanto de los pequeños inversores como del mercado mismo. Con ese objetivo se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV19), organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos, velando por la transparencia de los mercados, la protección de los inversores y la correcta formación de los precios.
Sin perjuicio de ser libre, toda emisión o colocación de valores requiere, entre otros, elregistro de un folleto informativo, que incluirá un resumen del mismo y cuyo contenido puede variar dependiendo del tipo de operación20. En el folleto se ofrece al inversor una información completa sobre la entidad emisora, su situación económico-financiera, los riesgos asociados con la inversión y demás datos de interés para adoptar una decisión de inversión fundada. El resumen es un documento sumario y más accesible para el inversor no sofisticado, en el que se resume la información contenida en el folleto.
En cuanto al funcionamiento de los mercados regulados, en el año 2002, la creación de la sociedad Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME21), fue la respuesta de los mercados españoles al nuevo entorno financiero internacional donde los inversores, intermediarios y empresas demandaban una creciente gama de servicios y productos en un marco de seguridad, transparencia, flexibilidad y competitividad. BME integra las diferentes empresas que dirigen y gestionan los mercados de valores y sistemas financieros en España. Agrupa, bajo la misma unidad de acción, decisión y coordinación, entre otros a:
La Sociedad de Bolsas, que es la sociedad encargada de la gestión y funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE), que es la plataforma técnica de contratación del mercado de valores español23.
AIAF, mercado de renta Fija, que es el mercado financiero de deuda (o renta fija) en el que cotizan y se negocian los activos que las empresas de tipo industrial, las entidades financieras y las Administraciones Públicas Territoriales emiten para captar fondos para financiar su actividad24.
Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A.U. y MEFF, Derivados de Renta Fija, S.A., encargada del mercado oficial español de futuros y opciones sobre activos de renta fija y renta variable25.
SENAF, que es el Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, es una plataforma electrónica de negociación de Letras, Bonos y Obligaciones de Deuda Pública española26.
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)27 que es el depositario central de valores español encargado del registro contable y de la compensación y liquidación de los valores admitidos a negociación en las Bolsas de Valores españolas, en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF Mercado de Renta Fija, así como en Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros. Para ello, utiliza dos plataformas técnicas, el Sistema de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV) y la Central de Anotaciones en Cuenta del Banco de España (CADE). En la primera se liquidan los valores negociados en la Bolsa y en la segunda los valores de renta fija (pública y privada).
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
AIAF Mercado de Renta Fija en la actualidad cuenta con cerca de 65 miembros, entre los que se cuentan los principales bancos, sociedades y agencias de valores de nuestro sistema financiero. La compensación y liquidación de las operaciones se realiza a través de Iberclear.
Mercado de corros (sistema tradicional). Cada una de las cuatro Bolsas tiene su propio mercado de corros. En este sistema, los operadores miembros de esa Bolsa negocian a través de un “corro electrónico” llamado “parqué” (que era el sitio físico de la Bolsa donde tradicionalmente se negociaban los títulos).
El valor de las acciones admitidas a negociación en las bolsas españolas alcanzó los 626.700 millones en 2015, un 2,8% más que al cierre de 2014.
El mercado no tiene la consideración de mercado secundario oficial, pero su funcionamiento es muy similar al mercado bursátil. Se trata de un mercado multilateral en el que la operaciones cruzadas en el mismo se liquidan en un plazo de tres días por Iberclear. Actualmente existen 206 entidades emisoras de valores incorporados a Latibex, todos los cuales cotizan en alguna bolsa de valores de Latinoamérica.
Se excluyen de negociación en bolsa las acciones de una sociedad cotizada:
Por SMN hay que entender todo sistema, operado por una empresa de servicios de inversión o por una sociedad rectora de un mercado secundario oficial, que permita reunir, dentro del sistema y según sus normas no discrecionales, los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores31.
Adicionalmente, las compañías contarán con un “proveedor de liquidez”, o un intermediario que les ayude a buscar la contrapartida necesaria para que la formación del precio de sus acciones sea lo más eficiente posible, al tiempo que facilita su liquidez. No obstante es necesario resaltar que las empresas que coticen en el MAB, por su tamaño, tendrán unas características en cuanto a liquidez y riesgo diferentes a las cotizadas en el mercado bursátil32.
A 2 de marzo de 2017 se encuentran incorporadas al MAB 39 sociedades en el segmento de empresas en expansión, 31 sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), 3191 SICAVs, 1 entidad de capital riesgo y 12 sociedades de inversión libre.
Dada la importancia que este mercado tiene en el presente y deberá tener en el futuro como fuente de financiación e impulso empresarial, las autoridades reguladoras y supervisoras vienen efectuando las modificaciones normativas necesarias para el buen funcionamiento de este mercado 33.
A 2 de marzo de 2017, 29 sociedades han emitido bonos cotizados en el MARF y han registrado programas para emitir pagarés.
La normativa reguladora del Fondo de Garantía de Depósitos35 tiene como objetivo el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades, contribuyendo al principio esencial que tanto las instancias financieras internacionales como el Gobierno de la nación han situado en la base de la intervención pública ante la crisis financiera: que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el erario público y, en definitiva, para el contribuyente.
El departamento o servicio de atención tiene por objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten los clientes. Dicho departamento o servicio de atención al cliente debe estar separado de los restantes servicios operativos de la organización y actuar bajo los principios de rapidez, seguridad, eficacia y coordinación. Asimismo, debe contar con los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos que aseguren un conocimiento adecuado de la normativa relativa a la transparencia y protección de los clientes de servicios financieros.
El defensor del cliente es un órgano de creación facultativa que puede ser externo a la organización de las entidades financieras y cuya finalidad es atender y resolver las reclamaciones que se sometan a su decisión y promover el cumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la clientela y de las buenas prácticas y usos financieros. El defensor del cliente debe actuar con independencia respecto de la entidad y con total autonomía en relación con los criterios y directrices a aplicar en el ejercicio de sus funciones.
Ambas figuras fueron desarrolladas por la Orden Ministerial ECO/734/2004, de 11 de marzo, que regula la creación de los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
Las entidades financieras deben elaborar y aprobar un Reglamento para la Defensa del Cliente que regule la actividad del departamento o servicio de atención al cliente, del defensor del cliente, si existiese, y las relaciones entre ambos. Finalmente, el departamento o servicio de atención al cliente y, si existiese, el defensor del cliente, deben emitir un informe anual o resumen, el cual debe integrarse en la Memoria anual de las entidades financieras.
El 12 de julio de 2007 se publicó en el BOE la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, para completar la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
El objeto de la Ley 22/2007 es establecer un régimen específico de protección al usuario de servicios financieros aplicable a los contratos prestados, negociados y celebrados a distancia. Esta Ley se aplica tanto a contratos como a las ofertas relativas a los mismos siempre que generen obligaciones para el consumidor, cuyo objeto sea la prestación de todo tipo de servicios financieros a los consumidores, en el marco de un sistema de venta o prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor, cuando utilice exclusivamente técnicas de comunicación a distancia, incluida la propia celebración del contrato.
Entre los aspectos más destacados de la Ley 22/2007 están los siguientes:
Se establece la obligación de la comunicación de las condiciones contractuales y de la información previa por el proveedor del servicio financiero al consumidor. El incumplimiento por el proveedor de los requisitos de información que le impone la Ley 22/2007 podrá dar lugar a la nulidad de los contratos.
Se reconoce el derecho de desistimiento: Derecho del consumidor a desistir del contrato válidamente celebrado sin indicación de los motivos y sin penalización alguna. Es una especie de “derecho al arrepentimiento”. El plazo general para el ejercicio del mismo es de 14 días naturales, mientras que para los contratos relacionados con los seguros de vida el plazo es de 30 días naturales.
Se establecen garantías complementarias a los dos mecanismos básicos de protección del consumidor ya analizados, esto es, la transparencia y el desistimiento. Estas garantías tienen dos finalidades:
Proteger al consumidor del cargo fraudulento o indebido de importes cuando el pago por los servicios financieros se haya efectuado mediante una tarjeta de pago: el titular de la tarjeta podrá exigir la inmediata anulación del cargo.
Proteger al consumidor frente al acoso de los proveedores en lo relativo a servicios y comunicaciones no solicitadas.
El 28 de octubre de 2011 se aprueba la Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. A través de esta orden se pretende concentrar en un único texto la normativa básica de transparencia de modo que, de manera sistemática e ilustrativa, la propia codificación de la materia mejore por sí misma su claridad y accesibilidad para el ciudadano, superando la actual dispersión normativa.
En segundo lugar, la norma trata de actualizar el conjunto de las previsiones relativas a la protección del cliente bancario persona física, al objeto de racionalizar, mejorar y aumentar donde resultaba imprescindible, las obligaciones de transparencia y conducta de las entidades de crédito. De este modo se mejoran la exigencias en materias tales como información relativa a tipos de interés y comisiones, comunicaciones con el cliente, información contractual, servicios financieros vinculados, etc. La orden incluye, asimismo, una mención expresa al asesoramiento, con el fin de garantizar que la prestación de este servicio bancario se realice siempre en mejor interés del cliente, y valorando adecuadamente su situación y el conjunto de servicios disponibles en el mercado. De este modo, se distingue tal servicio de la directa comercialización por parte de las entidades de sus propios productos, actividad ésta sometida al régimen general de transparencia y explicaciones adecuadas. Asimismo, se reconocen de manera definitiva los medios electrónicos como mecanismos a todos los efectos equiparables al tradicional soporte papel, en la relación de las entidades de crédito con sus clientes. Esta Orden es desarrollada por la nueva Circular 5/2012, del Banco de España.
Finalmente, la norma desarrolla los principios generales previstos en la Ley de Economía Sostenible en lo que se refiere al préstamo responsable, de modo que se introducen las obligaciones correspondientes para que el sector financiero español, en beneficio de los clientes y de la estabilidad del mercado, mejore los niveles prudenciales en la concesión de este tipo de operaciones. A estos efectos, se ha diseñado un sistema basado en la evaluación de la solvencia, que tiene como objetivo la valoración del riesgo de impago a efectos de la posible concesión de un préstamo y cuyo desarrollo no debiera, en ningún caso, suponer una barrera de acceso al crédito por la población, sino un estímulo legal al comportamiento más sano y prudente de entidades y clientes.
Asimismo, las normas de conducta a las que deben sujetarse las empresas de servicios de inversión están contenidas tanto en la Ley del Mercado de Valores, como en el Real Decreto 217/2008 sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión. Cabe mencionar la Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la CNMV, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo. Con el objetivo de fomentar la transparencia se pretende que los inversores dispongan de elementos suficientes de juicio para valorar que las tarifas se ajusten al principio de proporcionalidad con la calidad del servicio prestado. Para las entidades se configura como un incentivo para que las tarifas máximas se ajusten real y efectivamente a las aplicadas con carácter general a los clientes minoristas.
En relación a la publicidad, se establece la necesaria puesta a disposición de los clientes o potenciales clientes tanto de los folletos informativos de tarifas, como de los contratos tipo, en todas sus oficinas de atención a clientes, incluidos los agentes externos, y en su página web, en sitio de fácil acceso.Cabe destacar asimismo la publicación de dos órdenes ministeriales: Orden EHA/1717/2010 y Orden EHA/1718/201036, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos de inversión y bancarios, respectivamente.
Por último, debe aludirse a la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, que tiene por objeto garantizar un adecuado nivel de protección al cliente o potencial cliente de productos financieros mediante el establecimiento de un sistema normalizado de información y clasificación que le advierta sobre su nivel de riesgo y le permita elegir los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión.
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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