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Timestamp: 2017-06-23 17:04:52+00:00

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Consejo de Europa, derechos sociales y recortes sanitarios | Evidencias Pasar al contenido principal
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Consejo de Europa, derechos sociales y recortes sanitarios28 de febrero de 2014Informe de Conclusiones para España del Comité Europeo de Derechos Sociales. Consejo de Europa. Enero 2014
[Conclusions. Spain. European Committee of Social Rights. Council of Europe. January 2014]
ResumenEl Consejo de Europa a través del Comité Europeo de Derechos Sociales ha publicado sus conclusiones de 2013 sobre España. Este organismo europeo, encargado de velar por los derechos humanos en 47 países de la región, juzga ilegal la denegación de acceso a la atención sanitaria para los inmigrantes sin papeles que vulnera los derechos recogidos en la Carta Social Europea; y señala que la situación en España tampoco es conforme con el artículo 12.1 de seguridad social, ya que el nivel mínimo de la prestación por cobertura económica de la baja por enfermedad es manifiestamente insuficiente, ni con el 13.1 sobre derecho a la asistencia social y médica, entre otras cuestiones.
España ha aceptado todos estos artículos, a excepción del artículo 3§4.
El período de referencia fue de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2011.
El presente informe sobre España se refiere a 17 situaciones y contiene :
Nueve conclusiones de conformidad
Seis conclusiones de no conformidad:
Artículo 12§1, dado que el nivel mínimo de la prestación por enfermedad es manifiestamente insuficiente.
Artículo 12§4, debido a que: la igualdad con respecto a los derechos de seguridad social no se garantiza a los ciudadanos de todos los demás Estados; la igualdad en el acceso a las prestaciones familiares no se garantiza a los ciudadanos de todos los demás Estados; y el requisito sobre la duración de residencia para tener derecho a las pensiones de jubilación no contributivas es excesiva. Artículo 13§1, dado que, al menos en algunas de las comunidades autónomas: la elegibilidad de ingresos mínimos está sujeta a un requisito de duración de residencia; la elegibilidad de ingresos mínimos está sujeto a requisitos de edad (25 años); el ingreso mínimo no se paga por el tiempo durante el cual persiste la necesidad; y el nivel de la asistencia social prestada a una sola persona es manifiestamente insuficiente (salvo en dos Comunidades Autónomas).
Artículo 14§1, sobre la base de que: no se ha establecido que el acceso efectivo a los servicios sociales está garantizada; las condiciones que deben cumplir los proveedores de servicios sociales no se definen con claridad; y no se ha establecido la existencia de medidas de control para garantizar que los proveedores de servicios sociales cumplan con las condiciones para garantizar la calidad de los servicios.
Artículo 14§2, dado que no se ha establecido: que hay medios para vigilar las acciones de las organizaciones no gubernamentales y otros proveedores de servicios no públicos; y que haya un acceso equitativo y efectivo a los servicios sociales prestados por las organizaciones no gubernamentales y otros proveedores de servicios no públicos.
Artículo 4 del Protocolo Adicional, sobre la base de que no se ha establecido que exista legislación que protege a las personas de edad avanzada de discriminación por motivos de edad.
Con respecto a los otros dos relativos a los artículos 3§2 (sobre aplicación de la normativa de salud y seguridad) y 11§1 (referido al sistema de atención sanitaria y en especial al derecho de acceso a la asistencia), el Comité necesita más información con el fin de evaluar la situación. El Comité considera que la ausencia de la información necesaria constituye un incumplimiento de las obligaciones de información suscritas por España en virtud de la Carta. El Comité, en consecuencia pide al Gobierno que cumpla con su obligación de proporcionar esta información en su próximo informe sobre los artículos en cuestión.
Formalmente, el Consejo de Europa no puede calificar como incumplimiento el Real Decreto Ley 16/2012 español porque se adoptó en 2012, fuera del periodo de estudio analizado para el informe (entre 2008 y 2011). Sin embargo, advierte de que, de persistir la norma, se considerará en el próximo informe como una violación de los derechos sociales en Europa, relativo a la asistencia sanitaria apropiada para toda persona en estado de necesidad.
ComentarioLos Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín. Contiene una lista de 19 derechos sociales principalmente relacionados con el ámbito laboral y de la salud. En 1988 se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea que alcanza 31 derechos sociales. Aunque es un tratado internacional vinculante, la Carta Social, tanto en su versión original como revisada, tiene la particularidad de presentarse como un “menú” de derechos de entre los que los Estados pueden, con determinadas limitaciones, elegir qué derechos aceptan y cuáles no. Actualmente en la Carta Social Europea (CSE) se identifican nueve de entre los que los estados deben elegir como mínimo seis. Son: el derecho al trabajo (art. 1), la sindicación (art. 5) y la negociación colectiva (art. 6); la protección de niños y adolescentes (art. 7); el derecho a la seguridad social (art. 12) y a la asistencia social y médica (art. 13); la protección jurídica y social de la familia (art. 16); la protección y asistencia a los trabajadores inmigrantes y sus familias (art. 19); y la igualdad de oportunidades en la ocupación por razón de género (art. 20).
El pasado enero de 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió sus conclusiones sobre el informe presentado por España en octubre de 2012 sobre los derechos referidos al ámbito de la salud y la protección social. En particular, el análisis detallado de las conclusiones del Comité respecto del informe de España permite constatar que algunos de nuestros estándares sobre ciertos aspectos de nuestra situación de Salud y del Sistema Sanitario son satisfactorios. En concreto, el Comité valora positivamente aquellas obligaciones relativas al contenido de la legislación sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 3§1), las medidas adoptadas para la prevención de las enfermedades (art. 11§3), el derecho a la seguridad social (art. 12§2) o la asistencia de urgencia para no residentes (art. 13§.4), entre otros.
No obstante se advierte que la normativa que impide el acceso de los extranjeros en situación irregular al Sistema Nacional de Salud (salvo mujeres embarazadas, menores de edad y casos de urgencia) en tanto que les impide acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con las demás personas sometidas a la jurisdicción del Estado constituye una disconformidad con el artículo 11§1 de la Carta Social Europea. Además no considera que el argumento de la crisis económica deba ser utilizado para recortar derechos de protección reconocidos por la Carta, teniendo los gobiernos la obligación de garantizarlos en un momento en el que los beneficiarios pudieran necesitarlos más.
Las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales -que han tenido una amplia repercusión en la prensa sanitaria y general- no tienen carácter vinculante, pero constituyen una interpretación de la Comisión Europea de un tratado internacional firmado y ratificado por España. Teniendo en cuenta estas circunstancias, distintas administraciones podrían dejar de aplicar el Real Decreto 1192/2012 por inconformidad con la Carta Social Europea, como ya han hecho algunas comunidades autónomas por ésta u otras razones sanitarias, humanitarias y/o legales.
ReferenciaEuropean Social Charter. European Committee of Social Rights. Conclusions XX-2 (2013). SPAIN. Articles 3, 11, 12, 13 and 14 of the 1961 Charter and Article 4 of the 1988 Additional Protocol. January 2014.
EnlaceDisponible en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Spa... Acceso libre Gestión servicios de salud: Gestión y políticas de saludGobernanza y organizaciones sanitariasPolítica sanitaria Contenido relacionado
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