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ANÁLISIS SENTENCIA NADEGE DORZEMA Y OTROS VS REPÚBLICA DOMINICANA, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - PDF
ANÁLISIS SENTENCIA NADEGE DORZEMA Y OTROS VS REPÚBLICA DOMINICANA, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
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José Francisco Jiménez Fuentes
1 ANÁLISIS SENTENCIA NADEGE DORZEMA Y OTROS VS REPÚBLICA DOMINICANA, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Paola Pelletier Quiñones Análisis crítico de la Sentencia Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana dictada en octubre de 2012 por la CorteIDH, el cual constituye un caso emblemático en la región sobre estándares de debido proceso de ley en materia de migración, como continuación de la evolución jurisprudencial del caso Vélez Loor vs Panamá de Además de que por primera vez expresamente se indica que las deportaciones colectivas son prohibidas, se identifican los estándares identificados por la CorteIDH en su evolución jurisprudencial en el tema, al tiempo que se proponen otros estándares respecto a los cuales el tribunal internacional debiera pronunciarse en un próximo caso. Nadege Dorzema y otros se enmarca en un contexto de discriminación a migrantes haitianos y sus descendientes, lo que da lugar a un concepto por primera vez desarrollado por el tribunal internacional de discriminación indirecta y a la discusión del fardo de la prueba del contexto de discriminación en un Estado. Al respecto, proponemos el establecimiento del concepto de discriminación estructural conforme características como el presente caso y antecedentes jurisprudenciales de la CorteIDH. Asimismo, se identifican puntos relevantes en el procedimiento ante la CorteIDH sobre la identificación de víctimas, uso de la fuerza y reparaciones. Critical analysis of the Nadege Dorzema et al v República Dominicana judgement delivered in October 2012 by the Inter-American Court of Human Rights, which constitutes a landmark case in regards to the standards of due process of law in migration matters, as a continuation of the jurisprudential evolution of the Velez Loor v Panama case of In addition to explicitly stating for the first time that collective deportations are forbidden, the Court identifies the standards recognized through its jurisprudential evolution on the subject, while introducing other standards which should be addressed by the Court in further cases. Nadege Dorzema et al finds itself in a context of discrimination of Haitian migrants and their descendants, which led the Court to use the concept of indirect discrimination, a concept developed for the first time by the international tribunal, and to discuss the burden of proof in the context of discrimination within a State. In this regard, we propose the establishment of the concept of structural discrimination based on the characteristics of the Nadege Dorzema et al case and previous decisions of the Inter-American Court. In this way, key elements of the Court procedures with regards to victim identification, use of force and reparations can be identified. Analyse critique de la décision Nadège Dorzema et al v République dominicaine prononcée en octobre 2012 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, laquelle constitue un tournant majeur en ce qui Abogada dominicana, consultora, especialista en litigios y Derechos Humanos. Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Summa Cum Laude. Maestría (LLM) en American University, Washington College of Law, como becaria Fulbright. Docente Universitaria de Derecho Internacional Privado y Derechos Humanos. Pasante CorteIDH (mayo-dic. 2012). Coordinadora Amicus Curiae de COLADIC-RD para Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana en CorteIDH (dic.2011 marzo 2012). Ha realizado publicaciones de la Jurisprudencia de la CorteIDH y litigio estratégico en Derechos Humanos. Abogada en Incidencia en Centro Bonó, de la Red Jesuita con Migrantes.
2 386 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international concerne le respect des normes en matière de migration inter-américaine, telle une continuation de l évolution jurisprudentielle de la décision Velez Loor v Panama rendue En plus d affirmer explicitement pour la première fois l interdiction des expulsions collectives, la Cour identifie les normes reconnues par sa jurisprudence, tout en mentionnant l existence d'autres normes qui devraient être ultérieurement analysées par la Cour. L affaire Nadège Dorzema et al s inscrit dans un contexte de discrimination des migrants haïtiens et de leurs descendants qui a mené la Cour à retenir le concept de discrimination indirecte, une notion développée pour la première fois par le tribunal international, et à discuter de la charge de la preuve dans un tel contexte de discrimination au sein d'un État. À cet égard, nous proposons la mise en place de la notion de discrimination structurelle fondée sur les caractéristiques de l affaire Nadège Dorzema et al et les décisions antérieures de la Cour interaméricaine. De cette manière, sont énoncés les éléments clés des futures procédures de la Cour concernant particulièrement l'identification des victimes, l'utilisation de la force et les réparations.
3 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 387 A pesar de la existencia de notables avances en mi país en políticas públicas, en áreas sociales y económicas, porqué no se han creado desde hace años atrás las instituciones, medidas y políticas públicas necesarias y adecuadas para garantizar un debido proceso de ley en materia de migración. Se trata de ignorancia de las autoridades, voluntad política o intereses económicos privados? Según datos oficiales de la Dirección General de Migración en el 2011, 40,071 haitianos fueron deportados a Haití, de ellos mujeres y niños 1. En los primeros 5 meses de este año 2013, organizaciones locales indicaron que aproximadamente más de 3,334 haitianos/as habían sido deportados/as masivamente 2. Asimismo, en mayo de 2013 fue denunciada la muerte de un haitiano a causa de golpes de agentes de migración, expresando preocupación organismos internacionales sobre este caso 3. La migración en la República Dominica es criminalizada sin control judicial, sin control ni registro migratorio. La detención se realizada por un criterio fenotípico, seguido de un posterior traslado en un camión a la frontera domínico-haitiana y la expulsión colectiva. Existe un único centro de detención migratorio en todo el país pudiendo permanecer el migrante más de 48 horas detenido 4. La mayoría de los migrantes en el país son haitianos y descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano aun indocumentados 5, mientras que la situación en la misma medida no se presenta con migrantes de otras nacionalidades Natalia Riveros, Informe sobre la cuestión de la Migración Internacional en la República Dominicana para el año 2011, Observatorio Migrantes del Caribe (Santo Domingo: Búho, 2012) pág 31, en línea: obimica < >. José Luis Soto, Denuncian masiva deportación ilegal de inmigrantes haitianos Hoy Digital (13 de Junio 2013), en línea : Hoy.com.co <http://www.hoy.com.do/provincias/2013/6/10/484440/denuncianmasiva-deportacion-ilegal-de-inmigrantes-haitianos>. OEA, Comunicado de Prensa, 042/2013, CIDH condena muerte de migrante haitiano por parte de agentes del Estado de República Dominicana (12 de junio 2013) en línea : OEA <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/042.asp>; Amnistía Internacional, Comunicado de Prensa, Homicidio de un migrante haitiano durante expulsión debe alentar al gobierno dominicano a que finalmente respete sus obligaciones internacionales. (31 de mayo 2013) en línea : Amnesty International <http://www.amnesty.org/fr/library/asset/amr27/006/2013/fr/6213a871-d6ac-4f88-8d86-342c11677f18/amr es.html>. Carolina Batista, Por nuestro color de piel nos dijeron haitianos súbanse para arriba, Acento.com.do (24 de Noviembre 2012) en línea : Acento.com.do <http://www.acento.com.do/index.php/news/ 26817/56/Por-nuestro-color-de-piel-nos-dijeron-haitianos-subanse-para-arriba.html>; Centro Bonó, Denuncian situación inhumana en Centro de Detención de Haina (10 de Diciembre 2012) en línea : Centro Bono <http://bono.org.do/?p=3098>; Centro Bonó, Repatriaciones en República Dominicana Observatorio de Derechos Humanos Boletín Nos 12 y 13, (2012), pgs 9-10, en línea : Centro Bono <http://bono.org.do/wp-content/uploads/2011/11/odh12-13definitivo.pdf> Oficina Nacional de Estadísticas, Primera Encuesta Nacional de Migrantes y sus descendientes, República Dominicana (2013), en línea : One.gob.do <http://www.one.gob.do/ index.php?module=uploads&func=download&fileid=4534> [Oficina National de Estadísticas]; Alicia Soto, En RD hay más de medio millón de inmigrantes haitianos. Listin.com.do (Abril ) en línea : Listin.com.do <http://www.listin.com.do/la-republica/2013/8/14/288294/en-rd-hay-mas-demedio-millon-de-inmigrantes-haitianos>; En República Dominicana viven 458,233haitianos establece censo estadísticas, Diario Libre.com (Mayo ) en línea : Diario Libre.com <http://www.diariolibre.com/noticias/2013/05/02/i381629_repablica-dominicana-viven haitianos-establece-censo-estadasticas.html>.
4 388 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international La sentencia Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana dictada el pasado mes de octubre de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), es un caso emblemático que comprueba la realidad de la compleja situación en el país vivida por años 6. Nadege Dorzema y otros se repite todos los días en la República Dominicana, agudizado por una situación de discriminación a haitianos y dominicanos de origen haitiano compleja de esta isla del Caribe antillano, heredado de una historia política y socio-cultural que data más allá de la fecha de los hechos del caso. Los hechos del caso de la referida sentencia sucedieron en el 2000 en territorio dominicano, en un contexto de discriminación de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana. Se trata de la ejecución extrajudicial por parte de militares a siete (7) haitianos y varios heridos cuando procedían de Haití en un camión de forma clandestina, un total de 30 haitianos, incluyendo un menor de edad y una mujer embarazada. Los heridos no recibieron atención médica adecuada y un grupo de víctimas fueron posteriormente expulsadas de territorio dominicano sin un debido proceso de ley. En adición, los procesos judiciales contra los responsables resultaron ineficientes e inefectivos ante una jurisdicción militar incompetente, presentando dilaciones. La sentencia constituye un precedente jurisprudencial y valor para la región en varios aspectos. Se amplían estándares para un Debido Proceso de Ley en materia de Migración que por primera vez habían sido establecidos en un caso anterior de la misma CorteIDH: Vélez Loor vs Panamá del año 2010; un ecuatoriano indocumentado detenido por las autoridades de migración de Panamá, quien permaneció un tiempo irrazonable detenido y fue torturado, sin garantías de un debido proceso de ley migratorio 7. A pesar de que en Vélez Loor vs Panamá la CorteIDH no consideró la existencia de un contexto de discriminación, en Nadege Dorzema y otros se reconoció el contexto de discriminación o patrón de discriminación en el Estado a migrantes haitianos, a la luz de la violación al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención). En este sentido, constituye un precedente jurisprudencial que por primera vez se examina la carga probatoria de los peticionarios de demostrar un contexto de discriminación a personas vulnerables en un Estado, cuando se tiene antecedentes de la situación y son aplicados en el caso concreto, lo cual en Vélez Loor vs Panamá no fue determinado a causa de falta de antecedentes y pruebas de un contexto de discriminación a migrantes en Panamá 8. Asimismo, en la sentencia Nadege Dorzema y otros se establece por primera vez el concepto de discriminación indirecta, el cual posteriormente es de nuevo Nadege Dorzema y otros (República Dominicana) (2012), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 251 [Nadege Dorzema y otros]. Caso Vélez Loor (Panamá) (2010), Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 218, párrs [Caso Vélez Loor]. Caso Vélez Loo,r supra nota 7 párrs ; Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs y
5 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 389 aplicado en el reciente caso Artavia Murillo (Fertilización in vitro) vs Costa Rica de En el presente ensayo realizaremos un análisis crítico de aspectos puntuales de la Sentencia que representan un avance en la jurisprudencia de la CorteIDH, presentaremos consideraciones en cuanto temas que se abordaron, así como sugerencias de aspectos que ameritarían un análisis más amplio en el desarrollo jurisprudencial a tomar consideración en un próximo caso en materia de las migraciones; como lo es el caso Benito Tide Méndez y otros respecto de República Dominicana, el cual tiene audiencia próximamente en la CorteIDH, y se refiere a deportaciones colectivas de dominicanos de origen haitiano y haitianos, menores de edad y destrucción de documentos, sin un debido proceso de ley migratorio 10. El análisis de la referida Sentencia será abordado en la siguiente estructura: (I) en primer lugar, nos referiremos a los aspectos relevantes en el procedimiento ante la CorteIDH; (II) en segundo lugar sobre el fondo de la Sentencia en cuanto al uso excesivo de la fuerza, la atención médica a migrantes aun en situación irregular y el derecho al duelo y culto a los difuntos, el debido proceso de ley en materia de migración y discriminación; (III) en tercer lugar, puntualizaremos algunos aspectos de las disposiciones reparatorias de la Sentencia; al final, nuestras las conclusiones y reflexiones exponiendo consideraciones propias del impacto de dicha Sentencia en la República Dominicana. I. Aspectos Procesales ante la CorteIDH La defensa del Estado dominicano nuevamente incurre en faltas procesales, como sucedió en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana. Su escrito de contestación de la demanda fue declarado inadmisible por extemporáneo al haber sido presentado 17 días fuera de plazo, derivándose las consecuencias procesales correspondientes conforme el Reglamento de la CorteIDH 11. Por otra parte, la CorteIDH declaró inadmisible la presentación de comprobantes de gastos por los representantes en el escrito de alegatos finales, y admitió únicamente los gastos presentados en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) 12. En consecuencia, se impidió el reintegro o pago de las costas y gastos incurridos por los representantes luego de presentado el ESAP, quienes dispondrían de menos recursos en un procedimiento internacional tan costoso. Sin embargo, nos preguntamos hasta qué punto los gastos pudieran ser previsibles y justificables mediante fuentes de verificación para ser presentados juntos al ESAP y al mismo tiempo garantizar el derecho de defensa del Estado para responder sobre este aspecto Caso Artavia Murillo y Otros (Fertilización in vitro)(costa Rica) (2012), Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 257, párrs Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana) (2012), Informe No 64/12, Comisión IDH, Caso Nadege Dorzema y otros, supra nota 6, párrs 6 y Ibid párr 24.
6 390 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international A diferencia de otros casos donde ha se ha presentado la problemática de identificación de las víctimas a causa de un inmenso número masacradas colectivamente 13, en este caso el número de víctimas es mucho menor y no obstante se presentaron problemáticas en la identificación de las mismas dada la situación de indocumentación de los migrantes y expulsiones sin control migratorio. La CorteIDH identificó que los representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión) presentaron contradicciones en la identificación de las víctimas, y otras no fueron identificadas al momento de la presentación del caso por la Comisión a la CorteIDH. Dada la dificultad de identificar víctimas migrantes indocumentadas al momento de presentar la Comisión el caso ante la CorteIDH, el tribunal realizó una interpretación extensiva del artículo 35.2 del Reglamento de la CorteIDH sobre la facultad de decidir cuáles víctimas admite o no con tal calidad en el proceso, a partir de la documentación aportada por las partes y un mínimo de certeza. Señaló que las partes utilizaron de forma indistinta diversos nombres o seudónimos para referirse a las presuntas víctimas, por lo que la Sentencia los identificó como consideró a partir de los otros nombres o seudónimos eventualmente utilizados en los documentos aportados por las partes 14. Sobre la ampliación de calidad de víctimas, llama la atención que la CorteIDH se acogiera al artículo 35.2 de su Reglamento para admitir como víctima a un declarante en audiencia quien nunca había sido identificado con tal calidad ni por la Comisión ni por los peticionarios. Motivó su decisión expresando que ni el Estado ni la Comisión se opusieron al respecto, y que de su declaración en audiencia pública se comprobó tener relación directa con el caso. Además, justificó su decisión en razón de la naturaleza de las deportaciones colectivas a migrantes haitianos, y dada su condición de marginalidad y vulnerabilidad, lo cual pudiera presentar complejidades en su identificación 15. Consideramos que la CorteIDH, en su razonamiento sobre la identificación y calidad de víctimas en el proceso internacional, eleva una alerta de una situación compleja de indocumentación de haitianos en territorio dominicano, lo cual dificulta su identificación, registro y control migratorio. Por otra parte, en el sentido del número de víctimas asesinadas para considerar el caso una masacre o no, la Sentencia no explica porqué no se identificó el nombre de la Sentencia como Masacre de Guayubín, título con que inicialmente se Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños (El Salvador) (2012), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 252, párrs 51-57; Caso Masacres de Río Negro (Guatemala) (2012), Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 250, párr 51. Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 29-35; Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ( Cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su oportunidad si las considera víctimas art 35.2). Aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, en vigor desde el 1ero. de Enero de Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs
7 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 391 identificaba el caso desde la fase durante la Comisión y cuando el caso es presentado en la CorteIDH. De hecho, en la República Dominicana este caso es mejor conocido por la población como el caso de Guayubín donde haitianos fueron asesinados, lo cual permitiría fijarse mejor en la memoria histórica. Ni las partes ni la Corte hacen referencia alguna si el caso debiera considerarse como Masacre del asesinato de 7 haitianos y bajo cuál criterio se consideraría una masacre, en comparación con otros casos que ha conocido la Corte a causa de masacres masivas, especialmente de población civil y pueblos indígenas. II. Fondo de la Sentencia A. Uso Excesivo de la Fuerza. Violación al artículo 4 de la Convención en relación al artículo 1.1 de la misma En este caso fue ampliada la interpretación sobre estándares en el uso excesivo, ilegítimo y desproporcionado de la fuerza en base a Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza : legalidad, necesidad y proporcionalidad, esta vez con relación a migrantes indocumentados y desarmados. Al respecto, el tribunal internacional observ[ó] que en el contexto de discriminación contra migrantes, el uso de la fuerza desmedido en el caso demostró la falta de implementación de medidas razonables y adecuadas. Estos principios, igualmente aplicables en el derecho internacional humanitario, implican el deber de investigación, la atención médica y trato humanitario 16. B. Derecho de atención medica al migrante indocumentado. Derecho al duelo y culto de los difuntos. Violación al artículo 5.1 de la Convención en relación al artículo 1.1 de la misma En cuanto a la atención médica gratuita, trato humanitario de las víctimas indocumentadas sin discriminación, el trato especial a la mujer embarazada y menor migrante, fueron consideradas incumplidas dichas garantías por el Estado en violación a los artículos 5.1 y 1.1 de la Convención. En este sentido, se soslaya un reconocimiento a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales pero aún bajo la sombra de un Derecho Civil y Político, como lo es en este caso el de integridad personal. Al respecto, el tribunal internacional identificó una situación real en la República Dominicana de la falta de registro de ingreso y egreso en los centros de salud de migrantes indocumentados. Además se comprobó la falta de atención médica de los migrantes, omisión de un diagnóstico sobre su situación y prescripción de su tratamiento ; y la falta de atención especial a un menor y una mujer embarazada. En consecuencia, el tribunal reconoce el derecho y la obligación 16 Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 91 y 100
8 392 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international del Estado de garantizar el acceso a servicios de salud de toda persona sin discriminación, incluyendo migrante o persona en condición de vulnerabilidad (menores y mujer embarazada), aun fuere indocumentado/a. Cabe destacar que la Sentencia no discute el tema de los niños migrantes 17. A pesar de que el tribunal internacional aún no ha desarrollado su jurisprudencia sobre el derecho al duelo, culto y sepultura de los muertos derivado del artículo 5.1 de la Convención y como Derecho Cultural, la Sentencia reconoció el derecho a conocer la verdad en la localización e identificación de los cuerpos sepultados en una fosa común y a ser sepultados conforme sus creencias: [r]ecibir los cuerpos de las personas que fallecieron en el incidente era de suma importancia para sus familiares, así como permitir sepultarlos de acuerdo a sus creencias y cerrar el proceso de duelo que vivieron con los hechos 18. Asimismo, consideró que el tratamiento que se le dio a los cuerpos de las personas fallecidas luego del incidente, al ser inhumados en fosas comunes, sin ser claramente identificados ni entregados a sus familiares, manifiesta un trato denigrante, indicando como en otros casos y haciendo referencia al Protocolo de Minnesota, que el cuerpo debe ser identificado por testigos confiables y otros métodos objetivos 19. Por tanto, la Sentencia refleja la problemática real en el país de la identificación de cuerpos de migrantes indocumentados que han fallecido 20, especialmente a los fines de levantamiento de acta de defunción e identificación por sus familiares luego de que el cuerpo ha sido enterrado. En este sentido, es importante resaltar que la CorteIDH no acogió la violación al artículo 3 de la Convención alegado por los representantes sobre la personalidad jurídica en base a esta problemática de identificación de cuerpos de migrantes indocumentados enterrados en una fosa común, sin más motivación que no correspond[e] propiamente a la jurisprudencia de la Corte en relación a la personalidad jurídica Ibid párrs Ibid párr 115. Ibid párrs , 252. Oficina Nacional de Estadísticas, supra nota 5, p 21 (el 37.8% de los inmigrantes haitianos entrevistados reportó tener pasaporte haitiano, lo cual revela una considerable cantidad de haitianos indocumentados en la República Dominicana). Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 222 y 227.
9 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 393 C. Debido Proceso de Ley en Materia de Migración 1. VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Y 7.6 DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA (LIBERTAD PERSONAL), Y 2. VIOLACIÓN ARTÍCULOS 8.1 Y 22.9 DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA (EXPULSIONES COLECTIVAS) La estrategia de los representantes y de la Comisión para que la Corte estableciera bajo qué articulados de su análisis ampliaría los estándares en este tema difiere en un articulado. Ambas partes alegaron la violación a los artículos 7, 8, y 25 de la Convención en relación al artículo 1.1 de la misma, sin embargo los representantes alegaron en adición la violación al artículo 22.9 de la Convención sobre la prohibición de expulsiones colectivas. En la Sentencia se distinguen dos momentos procesales: la violación a la libertad personal en el momento de la detención y durante la misma (artículos 1.1 y 7), y luego la posterior expulsión colectiva de las víctimas (artículos 1.1, 8.1 y 22.9). En cuanto a la violación al artículo 25 de la Convención, la Corte siguió el criterio establecido en el caso Vélez Loor vs Panamá 22, dado a que en el país existía al momento de los hechos recursos disponibles ante la detención y privación de libertad de forma arbitraria, como el Habbeas Corpus, sin embargo su resultado no era útil ni efectivo. Lo cierto es que la Constitución de 1994 vigente al momento de los hechos disponía del recurso de Habbeas Corpus como lo señala la Sentencia. Sin embargo, el vacío era si en la jurisdicción administrativa este el recurso debía presentarse, pues la ley administrativa vigente al momento de los hechos No de 1947 no decía nada al respecto, y en la práctica solo se presentaba este recurso en casos penales en la jurisdicción penal. Durante las Constituciones de 2002 y 2010 el Habbeas Corpus sigue teniendo un carácter constitucional; sin embargo la Ley de procedimiento administrativo vigente No 13-07, en su artículo 1, párrafo, prohíbe la acción por la vía administrativa en el caso de la libertad personal, y la nueva Ley de procedimiento administrativo promulgada en agosto pasado No , que entrara en vigor en 18 meses, no hace ninguna referencia al respecto 23. En el 2011, el artículo 63 de la Ley de procedimiento constitucional y Tribunal Constitucional al parecer extiende la posibilidad de que el Habbeas Corpus se presente en cualquier jurisdicción 24 ; además de que la Constitución de 2010 por Ibid párr 118 y footnote 173; véase tambien Caso Vélez Loor, supra nota 7, párr 178. Ley , Congreso Nacional, 6 de agosto de 2013, en vigor en 18 meses a partir de promulgación, en línea: <http://fonper.gob.do/wp-content/uploads/2013/02/ley-no derechos-y-deb- PERSONAS-EN-REL-CON-ADM-PUB.pdf > Ley No Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales., Congreso Nacional, art 63, en línea: Poder Jucial Republica Dominicana Sitio Official <
10 394 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international primera vez indica expresamente en su artículo 69 numeral 10 que el debido proceso de ley se aplica a toda materia, incluyendo administrativa. Ante el un marco normativo actual, el Habbeas Corpus en materia migratoria sigue siendo una práctica desconocida en los abogados dominicanos, limitando la presentación del recurso en los casos penales en la tradicional jurisdicción penal, no así en la jurisdicción administrativa. Uno de los aspectos más trascendentales de la Sentencia, como señalamos anteriormente, ha sido la aplicación de los estándares sobre Debido Proceso en materia de Migración que por primera vez en Vélez Loor vs Panamá se inició su identificación y enumeración, tales como: La violación a la ley migratoria por ingresar a un país en condición de indocumentado o irregularidad no es un ilícito penal. (Párrs. 106, , ) Nadie puede ser sometido a detención arbitraria o ilegal y derecho a un recurso efectivo contra la detención ilegal. (Párrs. 107, 119, 120, 126, 129, 144, 190, 254) Derecho a ser informado sobre situación migratoria, opciones y consecuencias. (Párrs. 110, 144) Derecho a Informar de manera oral o escrita de los cargos de la detención y notificar por escrito los cargos a la persona extranjera. (Párrs. 120, 144, 190, 191) Derecho a ser informado de la asistencia consular, comunicarse con un funcionario de su consulado, a su asistencia en defensa y visita. (Párrs 120, 152, , , 254, 286) Separar los detenidos por infracciones migratorias a los detenidos por otro tipo de infracciones (ej. Penal). (Párrs. 198, 205, , 236, 272) Derecho a ser presentado sin demora ante autoridad judicial competente quien decidirá sobre la detención o su libertad (control judicial e inmediación procesal). (Párrs. 108, 109, 126, 144, 190) Imparcialidad del proceso judicial. (Párr. 108) Examen individual del caso. (Párrs. 118, 151, 171) Plazo máximo de detención preventiva, el cual no debe ser indefinido ni prolongado. La detención preventiva debe ser en condiciones excepcionales y necesarias, debiendo existir otras medidas alternativas y menos restrictivas. (Párrs. 116, 117, 118, 171, 190) Derecho de defensa y a un intérprete. (Párrs. 110, 120, 132, 133, 136, 137, 144, 145, 146, 148, 191, 254, 152) >- ( Hábeas Corpus. [ ] La acción de hábeas corpus se rige por las disposiciones del Código Procesal Penal y no puede ser limitada o restringida cuando no exista otra vía procesal igualmente expedita para la tutela de los derechos garantizados por esta vía procesal. [Cursiva es nuestra]
11 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 395 La orden de deportación debe ser motivada, no solo indicando la norma violentada. (Párrs. 116, 166, 171) Derecho a notificación de la decisión de deportación y a recurrir o impugnar la decisión jurisdiccional de deportación. (Párrs , , 286) Garantizar vida e integridad física persona detenida, garantizar las condiciones humanitarias de la detención y brindar un trato especial por la condición de vulnerabilidad de migrante indocumentado. (Párrs. 198, , 236, 272) Condiciones en los centros de detención de salud y atención médica, alimentación, higiene, agua potable, visitas, trabajo y recreación. Prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. (Párrs. 204, , 220, 227, 236) De la lectura de Nadege Dorzema y otros se identifican los estándares antes indicados y se adicionaron otros, tales como: Debe existir un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones. (Párr. 131) Traslado de migrantes de un lugar a otro debe ser notificado por una orden escrita y motivada. (Párrs. 127, 130) Uso controlado y proporcional de la fuerza en las detenciones de migrantes indocumentados. (Párrs. 85, 151). Atención médica y salud en todo momento a migrantes en situación irregular (incluyendo la mujer embarazada y niños migrantes), así como el deber del Estado de registro de ingreso y egreso en centros de salud del migrante. (Párrs. 74, 108, 109, 110) Prohibición de las expulsiones colectivas (art de la Convención) (Párrs. 151, 155, ) Por primera vez en la jurisprudencia de la CorteIDH se establece expresamente la prohibición absoluta de las expulsiones colectivas analizanda a la luz de los artículos 1.1, 8 y 22.9 de la Convención. Cada caso debe evaluarse de forma particular, sin discriminar en razón de nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen social u otro estatus (párr 176). En el análisis de estos articulados se establecieron los mismos estándares para un debido proceso migratorio indicados en el análisis a la violación del artículo 7 de la Convención, excepto el derecho a la Asistencia Consular el cual no fue indicado en el análisis al artículo 7 de la Convención. A pesar de que no todas las víctimas detenidas arbitrariamente fueron expulsadas colectivamente, pues algunas regresaron a Haití de manera particular, consideramos que las garantías de debido proceso en materia de migración son las mismas para todos, de principio a final, pues todas las víctimas sobrevivientes fueron detenidas ilegal y arbitrariamente. Además, corresponde al Estado la entrega de los extranjeros a su país de origen en un procedimiento y registro migratorio.
12 396 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international Por los motivos antes expuestos, consideramos que la Corte pudo haber presentado otra estructura en la Sentencia declarando de forma conjunta la violación a los artículos 1.1, 7, 8.1 y 22.9 de la Convención, dado que al fin y al cabo los estándares de debido proceso de ley en materia de migración son garantías que inician y se activan desde el momento de la detención hasta el momento final del proceso de expulsión. Por otra parte, el tribunal internacional precisó que conforme a los hechos del caso, la detención arbitraria se realizó en territorio extranjero y no en el control fronterizo, pero no indicó si las garantías de debido proceso migratorio serían las mismas en ambas circunstancias 25. Como fue señalado anteriormente, el próximo caso sobre migración y que tiene audiencia este año ante la CorteIDH es justamente con respecto a la República Dominicana, Benito Tide Méndez y otros. El caso constituye una oportunidad para avanzar en la jurisprudencia internacional en temas sobre los cuales el tribunal internacional aún no se ha pronunciado, tales como: a) Criterios de detención por razones migratorias (sin criterios fenotípicos), incluyendo en puntos de control fronterizo o migratorio. b) Medidas menos restrictivas que la privación de libertad. c) Criterios para privación de libertad, en centros de detención especializados para migrantes. c) Condiciones de los centros de detención migratorios. d) Atención médica y psicológica. e) Derecho a una llamada telefónica y visita de familiares d) Un personal de migración entrenado e identificado. e) Separación familiar en la expulsión o deportación. f) Situación de los niños migrantes. g) Garantías de debido proceso en materia migratoria en el control fronterizo. Ha sido muy importante que Nadege Dorzema y otros haya constado y comprobado la corrupción de los agentes de migración en el Estado dominicano, una realidad que sucede día a día. La CorteIDH constata esta situación en la República Dominicana de la siguiente manera: [e]n el cuartel militar de Dajabón, agentes militares del cuartel amenazaron con obligarlos a trabajar en el campo o bien darles dinero a dichos agentes a cambio de que éstos los llevaran a la frontera con Haití 26. Sin embargo, Benito Tide Méndez y otros respecto de República Dominicana pudiera visibilizar aún más la extorsión durante el proceso de deportaciones masivas, Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs y 151. Ibid párrs 55 y 130.
13 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 397 cuando los agentes de migración piden dinero como requisito a la libertad, o bien para permitir circulación y entrada al país de personas indocumentadas 27. Lamentablemente en el caso Nadege Dorzema y otros no se identificó la violación al artículo 2 de la Convención en relación al artículo 1.1 de la misma ante la existencia de normativas migratorias inefectivas en su aplicación o contrarias a los estándares internacionales 28. En la República Dominicana, no existe una jurisdicción especializada en materia migratoria donde ventilar los procesos de deportaciones e individualizar los casos conforme las garantías procesales antes señaladas. Se trata de un asunto de políticas públicas, incluyendo el registro migratorio fronterizo. Por lo que Benito Tide Méndez y otros respecto de República Dominicana tiene una oportunidad para también visibilizar esta situación y proponer en las medidas reparatorias la adopción de políticas públicas al respecto. D. Discriminación indirecta y contexto de discriminación de facto. Fardo de la prueba Otro gran precedente de la Sentencia es el concepto de discriminación indirecta. La CorteIDH, tomando como referencia el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la define como la existencia de normas, acciones, medidas políticas y prácticas, que aun parezcan neutrales y un alcance no diferenciado, produzcan resultados negativos o discriminatorios contra cierta categoría de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria al grupo afectado: el derecho internacional de los derechos humanos no sólo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo Lisette Rojas, Denuncian extorsión contra haitianos en RD: les exigen dinero para no deportarlos, Acento.com.do (22 de Junio 2011), en línea: Acento.com.do <http://www.acento.com.do/ index.php/news/4207/56/denuncian-extorsion-contra-haitianos-en-rd-les-exigen-dinero-para-nodeportarlos.html>; Miguel Martinez, Haitianos denuncian que están siendo sometidos a redadas y discursos xenófobos tras vedas, Hoy.dom.do (2 de agosto 2013), en línea: Hoy.dom.do <http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/7/31/492153/inmigrantes-haitianos-denuncian-que-estansiendo-sometidos-a-redadas-y>; Coalición de Inmigrantes Haitianos denuncia redadas y discursos xenofóbicos, Acento.com.do (Julio ), en línea: Acento.com.do < index.php/news/105579/56/coalicion-de-inmigrantes-haitianos-denuncia-redadas-y-discursosxenofobicos.html>; Inmigrantes haitianos denuncian redadas discursos xenofóbicos tras veda, El Caribe digital (Julio ), en línea: elcarribe.com <http://www.elcaribe.com.do/2013/07/31/ inmigrantes-haitianos-denuncian-redadas-discursos-xenofobicos-tras-veda>.. El Hábeas corpus bajo suspensión de garantías (1987), Opinión Consultiva OC-8/87 (Ser A) No 8, párrs 29 y 32; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (1987) Opinión Consultiva OC-9/87, Corte IDH (Ser A) No 9, párrs (Por ejemplo, un artículo contrario a los estándares internacionales es el artículo 139 de la Ley de Migración vigente que indica: La expulsión puede ser pronunciada obviando todo recurso en caso de urgencia absoluta cuando este en juego la seguridad del Estado o la seguridad pública. Cabe destacar que en la República Dominicana el tema haitiano es considerado un tema de seguridad nacional en cuanto al territorio y sus fronteras. El debido proceso de ley migratorio no debe ser obviado aún en caso de seguridad nacional. En tal sentido, la Corte ha señalado que el recurso de hábeas corpus y el amparo son garantías judiciales que protegen derechos no suspendibles. El poder judicial independiente e imparcial sirve como control durante el estado de emergencia; asimismo, el habeas corpus y el amparo son los recursos claves para mantener la legalidad durante un estado de excepción.)
14 398 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international impacto sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria. [ ] una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas o en otras medidas que, aún cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables 29. Es decir, que una normativa, medida o práctica que produzca un resultado discriminatorio a un grupo afectado, sea intencional o no, se considera discriminación indirecta. De esta manera, la Corte amplía las posibilidades de identificar situaciones discriminatorias sin tener que demostrar un vínculo de causalidad, sin importar de qué forma o de dónde proviene la discriminación, lo que se verifica es la consecuencia o resultado discriminatorio. Tanto los representantes de las víctimas como la Comisión alegaron que los hechos del caso se presentaban en un contexto de discriminación en la República Dominicana. Sin embargo, en respuesta, la Corte señaló que para la resolución del caso no era necesario hacer un pronunciamiento sobre el alegado contexto de discriminación estructural que existiría en República Dominicana respecto de personas haitianas o de descendencia haitiana, pero que no obstante analizar[ía] si en el asunto concreto existieron actos discriminatorios contra las víctimas del caso por su condición de migrantes, en violación al artículo 1.1. de la Convención; es decir, una discriminación de facto 30. En consecuencia, llama la atención que la misma Corte responde a las partes usando el término discriminación estructural, lo cual evidencia que la misma conoce el concepto pero no lo desarrolla en torno al presente caso. Sobre el concepto de discriminación estructural, partimos de la tesis de Víctor Abramovich, distinguido jurista y especialista en Derechos Humanos, quien considera que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos vive una etapa de evolución del concepto de discriminación clásico a una noción dirigida a la protección de grupos vulnerables víctimas de procesos históricos de discriminación: se avanza desde una idea de igualdad como no discriminación, a una idea de igualdad como protección de grupos subordinados. Eso significa que se evoluciona desde una noción clásica de igualdad, que [ ] se desplaza hacia una noción de igualdad sustantiva, que demanda del Estado un rol activo para generar equilibrios sociales, la protección especial de ciertos grupos que padecen procesos históricos o estructurales de discriminación. Esta última noción presupone un Estado que abandone su neutralidad y que cuente con herramientas de diagnóstico de la situación social, para saber qué grupos o sectores deben recibir en un momento histórico determinado Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs ; véase también D.H. y otros vs República Checa, No 5735/00, [2007] Gran Sala,, párr 179, 184 y 194, en línea: < sites/eng/pages/search.aspx?i= #{%22itemid%22:[% %22]> [D.H. y otros]. Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 40, 220 y 228
15 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 399 medidas urgentes y especiales de protección. 31 Los grupos contextualmente o históricamente excluidos o en desventaja comparten un rasgo común que los identifica; existe una historia de discriminación, de prejuicios sociales negativos contra dichos colectivos, susceptibles de ser reforzados por la normativa, lo cual disminuye la posibilidad de defensa de los intereses del colectivo 32. La CorteIDH tiene antecedentes en su evolución jurisprudencial para definir el concepto de discriminación estructural. El Caso González y otras ( Campo Algodonero ) v México de 2009, donde se comprobó un patrón sistemático de violencia, asesinato y discriminación contra un alto número de mujeres y niñas en ciudad Juárez a causa de estereotipos y fenómenos sociales y culturales 33. Posteriormente, los casos de pueblos indígenas del Paraguay, como Comunidad Indígena Xákmok Kásek v Paraguay de 2010, en el cual se constató una política discriminatoria y racial contra los indígenas a través de la historia, se comprobó patrones discriminatorios en el acceso a instituciones públicas, en la marginalización económica, social y cultural en que se encuentran desde años 34. En Atala Riffo y Niñas v Chile de 2012 los patrones discriminatorios a grupos LGTBI se extienden más allá de la esfera nacional pues se reconoce la existencia en la región de patrones históricos de discriminación contra este grupo vulnerable 35. A pesar de que Nadege Dorzema y otros no se refiere expresamente a un concepto de discriminación estructural, la Sentencia reconoce en más de 13 ocasiones la existencia de discriminación, contexto de discriminación, contexto de violencia y discriminación, prácticas, o patrones discriminatorios contra migrantes haitianos en el Estado 36. Esto, a causa de informes de contexto histórico; casos anteriores conocidos por el mismo tribunal de expulsiones colectivas de haitianos y dominicanos de origen haitiano, y discriminación a este grupo; informes Víctor Abramovich, De las Violaciones Masivas a los Patrones Estructurales: Nuevos Enfoques y Clásicas Tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2009) 6:11 Revista Internacional de Derechos Humanos 7, à la pág 18, en línea Corte IDH <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24902.pdf>. David Gimenez Gluk, Juicio de Igualdad y Tribunal Constitucional (Barcelona: Bosch, 2004) págs Caso González y otras ( Campo Algodonero ) (México) (2009), Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 205, párrs Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek (Paraguay) (2010), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 214, párrs ; Véase también Comunidad Indígena Yakye Axa (Paraguay) (2005), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 142, párrs 164 y 165; y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay) (2006), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 146, párr 189. Caso Atala Riffo y Niñas (Chile) (2012), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser C) No 239, párrs 92 y 267 ( [L]a Corte resalta que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. ). Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 40, 67, 91, 103, 108, 178, 230, 232, 233, 238, 239, 268, 271, 272, 273 y 289.
16 400 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international internacionales sobre el Estado en el tema 37 ; elementos propios de este caso, tales como el trato de los migrantes haitianos (violencia y ejecución extrajudicial, detención y deportación, indebida atención médica, falta de identificación y de entrega de cuerpos a los familiares de las víctimas, impunidad en sanción a los responsables) 38. Por lo que este caso ofrece elementos importantes para desarrollar en Benito Tide Méndez y otros un concepto de discriminación estructural étnico y racial en la República Dominicana, en el sentido de la existencia de antecedentes y patrones históricos de discriminación por causas étnicas, raciales, sociales, económicas y culturales, dirigida a un mismo grupo vulnerable pobre y marginalizado: migrantes haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el examen periódico al Estado Dominicano en el 2013, sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, constató con preocupación la existencia de discriminación racial a migrantes haitianos, especialmente en las deportaciones masivas indiscriminadas y arbitrarias sin garantías de debido proceso; y recomienda al Estado adoptar las medidas correspondientes sin discriminación por motivos de raza, color u origen étnico o nacional 39. La CorteIDH, siguiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, reconce la dificultad de demostrar casos de prejuicio racial por parte de quienes son objeto de discriminación, por lo que [ ] en ciertos casos de violaciones a derechos humanos motivados por discriminación, la carga de la prueba también recae en el Estado, quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio 40. En consecuencia, la Sentencia constituye un precedente al reducir la carga de la prueba del contexto de discriminación a cargo de los peticionarios y la Comisión, Caso de Haitianos y Dominicanos de orígen Haitiano en la República Dominicana (República Dominicana) (2000), Resolución de la Corte IDH del 18 de agosto de 2000, Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 2000, OEA/Ser.L/V/III.50/doc.4 (2001) 29; Caso de las Niñas Yean y Bosico (República Dominicana) (2005), Fondo, Reparaciones y Costas, (Ser C) No 130; y.oas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, OR OEA/Ser.L/V/II.104,vDoc49 rev 1(1999). Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 237 y 238. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos 13 y 14 de la República Dominicana, CERD/C/DOM/CO/13-14, Ses 2223 y 2224, 2013, párr 21, p 7, en línea <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51ee45084>. Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párr 229; véase también D.H. y otros, supra nota 29 párrs 177, 179 ([ ] As to the burden of proof in this sphere, the Court has established that once the applicant has shown a difference in treatment it is for the Government to show that it was justified. [...] It noted in that connection that in the legal systems of many countries proof of the discriminatory effect of a policy, decision or practice would dispense with the need to prove intent in respect of alleged discrimination in employment or in the provision of services).
17 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 401 quedando a cargo del Estado demostrar la no existencia de dicho contexto. Interpretamos de la Sentencia que la Comisión y los representantes deben demostrar un mínimo razonable de existencia de un contexto de discriminación al Estado. La Sentencia, para reconocer el contexto de discriminación, hace referencia a lo alegado por las partes y pruebas del presente caso, reportes internacionales del país en cuanto a la situación, un caso del país conocido por la misma CorteIDH anteriormente, aplicado al contexto y los hechos del presente caso objeto de análisis, las cuales en nuestra interpretación serían condiciones mínimas para transmitir el fardo de la prueba al Estado de la inexistencia de un contexto de discriminación 41. Por otra parte, la Sentencia enfatiza el derecho a acceso a justicia de los migrantes independientemente del Estatus migratorio, incluyendo el derecho a un debido proceso legal migratorio, sin discriminación y en condiciones de igualdad procesal respecto a otros 42. En Nadege Dorzema y otros no se declaró la violación al artículo 24 de la Convención, pues no se identificaron normativas locales y medidas administrativas en materia de migración discriminatorias al momento de los hechos o en la actualidad (Ley y Reglamento de 631 de 2011). Esperamos que en el caso Benito Tide Méndez y otros sea realizada tal identificación, especialmente de prácticas y normativas que en la aplicación práctica producen un resultado discriminatorio, ineficiente o irrazonable, a la luz de los artículos 1.1, 2 y 24 de la Convención. E. Reparaciones Son de suma importancia las medidas de garantías de no repetición dispuestas en la Sentencia consistentes en la capacitación de forma permanente a funcionarios públicos y agentes de seguridad y del orden del Estado, así como campañas de medios en la población, sobre no discriminación y tratamiento de personas migrantes como una forma de incidencia en el cambio 43. Definitivamente, las medidas de satisfacción y garantía de no repetición ordenadas en la Sentencia beneficiarían el cumplimiento del caso Niñas Yean y Bosico, y de otros casos que se conozcan tanto en la Comisión como en la CorteIDH sobre la misma temática migratoria respecto a la República Dominicana. F. Conclusiones y reflexiones finales Definitivamente el caso Nadege Dorzema y otros marca un momento trascendental en la evolución jurisprudencial de la CorteIDH, para la región y como referencia al Sistema Europeo de Derechos Humanos, ante una realidad constante y mundial del fenómeno de las migraciones. Sobre todo la Sentencia es trascendental Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs 38-40, 230, 237 y 238. Ibid párr 159; véase también Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (2003), Opinión Consultiva OC-18/03 Corte IDH (Ser A) No 18, párrs Nadege Dorzema y otros, supra nota 6 párrs
18 402 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international para la República Dominicana al comprobar una realidad, un problema sistemático y quizás uno de los más complejos en la región. Definitivamente ha sido clave en la Sentencia tres aspectos. Primero, la afirmación de estándares sobre Debido Proceso de Ley en materia de migración establecidos en Vélez Loor vs Panamá y la ampliación de otros estándares. En segundo lugar, ante la dificultad de demostrar un contexto de discriminación al Estado, se dispone de un mínimo de prueba a cargo de los peticionarios y la Comisión para alegar y demostrar la existencia dicho contexto de discriminación en un Estado; mediante inferencias y antecedentes de la misma situación en informes internacionales, en casos ante la misma Corte y los hechos del propio caso en cuestión, estando a cargo del Estado demostrar la no existencia de un contexto de discriminación. Esto, en relación al el establecimiento del concepto de discriminación indirecta independientemente de la intención discriminatoria de las medidas, prácticas o normas adoptadas, sino fijándose en el daño, efecto o resultado discriminatorio producido. En el aspecto procesal el caso ha sido considerado complejo conforme el artículo 35.2 de la CorteIDH en el contexto de la indocumentación de migrantes haitianos en el país y la forma en que se producen las expulsiones. Ha sido importante la consideración de la calidad de víctimas en el proceso ante la CorteIDH, a pesar de no haber sido identificadas ciertas víctimas por la Comisión con las pruebas correspondientes al momento de presentar el caso a la CorteIDH, y a pesar de las contradicciones con los representantes en los nombres de algunas víctimas. Además, llama la atención el reconocimiento con calidad de víctima a un declarante en audiencia pública quien nunca había sido identificado como tal por los representantes ni Comisión, y ante la no objeción del Estado, la CorteIDH lo reconoce con calidad de víctima. Es importante seguir avanzando en el establecimiento de criterios jurisprudenciales ante la oportunidad que presenta Benito Tide Méndez respecto de República Dominicana; tales como las deportaciones de nacionales y de personas con visado y residencia, destrucción de documentos, deportación de menores y separación de las familias, criterios de privación de libertad y de detención no discriminatorios (criterio fenotípico) en los puntos de control migratorio y una vez en el territorio nacional, la existencia y conceptualización de discriminación estructural, garantías en los centros de detención y la existencia de otras medidas menos restrictivas que la privación de libertad, así como el señalamiento de normativa y prácticas discriminatorias en materia migratoria en el Estado dominicano. Los derechos humanos son derechos vivos de todos los días. Iniciamos el presente escrito expresando que Nadege Dorzema y otros sigue siendo el de todos los días. El tema haitiano es un tema político en la República Dominicana con implicaciones de soberanía nacional; la historia y el discurso político a través de los años reflejan la situación actual. Las organizaciones locales y defensores de derechos humanos en la República Dominicana enfrentan discursos apasionados y xenofóbicos en su contra en
19 Análysis sentencia Nadege Dorzema y otros 403 el tema de la migración haitiana que no cuenta con opinión pública, siendo acusadas por sectores del Estado y de la sociedad como pro-haitianas y pro-fusión 44. Quien escribe pensaba igual que ellos antes de llegar a la universidad y entonces descubrir en ocasión de una clase de pensamiento político dominicano y una maravillosa profesora historiadora Mu-kien Sang, las causas, la manipulación del discurso político en la historia, la negación de identidad dominicana en búsqueda de lo europeo y negación de nuestras raíces africanas. La lectura escogida, los cursos y los estudios en el exterior gracias a becas en Derechos Humanos, historias personales, vivir como migrante en otros países, vivir en un país islámico tradicionalmente señalado por occidente..., contribuyeron a un cambio de perspectiva. Me pregunto si existirá un cambio en las generaciones próximas en mi país. El Estado tiene derecho y discrecionalidad en la política de las migraciones, pero en los años venideros esta discrecionalidad ha sido cada vez manipulada generando situaciones claramente discriminatorias en el país, Nadege Dorzema y otros es un ejemplo de ello. Es necesario un mensaje claro a la población de cómo debe tratarse al migrante, sus derechos y la forma de las deportaciones que necesita urgentemente de la adopción de medidas y políticas públicas. Para mayoría de dominicanos los procesos internacionales constituyen una injerencia extranjera, el discurso se dirige de esta forma. Llama la atención que desde hace 8 años la Sentencia del caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana de la CorteIDH aún no ha sido cumplida; llama la atención que la mayoría de los casos de fondo y medidas provisionales conocidos por la Corte en relación a la República Dominicana son relacionados al tema haitiano. Para el cumplimiento de Nadege Dorzema y otros, es necesario voluntad política, además de que para los actores del poder estatal cumplir con mandatos internacionales y sentencias tiene un costo político: opinión pública y las elecciones. Otro desafío para el Estado dominicano es el proceso de ejecución de sentencias de la CorteIDH, ante la necesidad de un trabajo coordinado de las instituciones públicas que les corresponde el cumplimiento de la Sentencia conforme sus funciones 45. La litigación internacional a través de las Sentencias de la CorteIDH y la supervisión de cumplimiento, son un medio más al proceso de incidencia al cambio, especialmente en cuanto a las medidas de reparación de garantías de satisfacción y no repetición, que implican adopción de políticas públicas mediante estrategias con un Ricardo Santana, Expulsan a haitianos de Gurabo por muerte de dominicano, Listín Diario Digital (Mayo ) En línea: listin.com.do <http://www.listin.com.do/la-republica/2013/5/31/279009/ Expulsan-a-haitianos-de-Gurabo-por-muerte-de-dominicano>; Millizen Uribe, Anti haitianos versus pro-haitianos, Hoy Digital (Julio ), en línea: Hy.com.do <http://www.hoy.com.do/coberturaespecial/2013/7/2/487919/anti-haitianos-versus-pro-haitianos>; Ricardo Santana, Dominicanos anuncian protesta para exigir expulsión de haitianos, Acento.com.do (Julio ) en línea: acento.com.do <http://www.acento.com.do/index.php/news/100608/56/dominicanos-anuncianprotesta-para-exigir-expulsion-de-haitianos.html>. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, Normativa y Experiencias Nacionales. (Buenos Aires: CEJIL, 2007) pgs
20 404 Hors-série (novembre 2013) Revue québécoise de droit international efecto general en el Estado, y una referencia para los demás países de la región 46. Es necesario para la República Dominicana procesos de incidencia con iniciativas desde el mismo sector público en colaboración con la sociedad civil que logren vencer los estereotipos y prejuicios en la población, como la educación en derechos humanos y el tema migratorio a nivel escolar y universitario, a los diferentes representantes del Estado, a los agentes de seguridad, a los empresarios de poder económico, así como a los periodistas y medios de comunicación nacional. Es necesario el enriquecimiento con experiencias comparadas de otros países, el establecimiento de precedentes jurisprudenciales locales en las diversas aristas del tema migratorio y de un plan de regularización migratoria a indocumentados en el país. A la vez es importante la cooperación de Haití, recordemos que es el país más pobre de América al lado de un país en vías de desarrollo y tiene un alto índice de personas indocumentadas sin registro, así como vencer la inercia de la Embajada de Haití en la República Dominicana en velar por los intereses de sus nacionales. Por lo que sigue siendo importante el diálogo internacional en otros espacios para seguir impulsando procesos de cambio Finalmente, es urgente consensuar los intereses entre derechos humanos, política y economía, y no continúen sucediendo hechos como el Nadege Dorzema y otros de todos los días en la República Dominicana. 46 James L. Cavallaro & Stephanie Erin Brewer, Reevaluating Regional Human Rights Litigation in the Twenty-first Century: The Case of the Inter-American Court (2008) 102:4 AJIL 168, pgs
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN REPULICA DOMINICANA
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