Source: https://es.scribd.com/doc/6984078/6/II-DERECHOS-FUNDAMENTALES-DE-LA-VICTIMA
Timestamp: 2016-04-29 19:57:44+00:00

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1. D E R E C H O A LA INTIMIDAD Y PRINCIPIO DE
Como se señalara anteriormente, uno de los derechos de las víc-
timas que se ve mayormente vulnerado al momento de enfrentar
un proceso penal es el derecho a la intimidad. La víctima ve ex-
puesta su vida privada no sólo a los agentes que forman parte de
la administración de justicia, como pueden ser policías, fiscales,
peritos, etc., sino que también debe enfrentar audiencias púbhcas
donde deberá relatar los hechos ante los asistentes e incluso,
muchas veces, con la presencia en la sala de medios de comuni-
La primera consideración que debe hacerse para tratar el tema
del derecho a la intimidad, es su definición.
La intimidad se refiere al espacio personal y exclusivo del ser
humano, el cual sólo puede ser compartido por decisión propia,
pero nunca vulnerado debido a ese carácter interior; es la facultad
que tiene todo individuo de mantener una zona reservada para sí,
protegida de cualquier interferencia o intromisión, en la que sólo
podrán inmiscuirse quienes fueren expresamente autorizados por
Esta situación de inviolabilidad que caracteriza al derecho es
de tal relevancia, que se hace merecedora de la protección jurídica
estatal y del cahfícativo de derecho fundamental. El derecho a la
intimidad se encuentra reconocido en la Declaración Universal de
LA VICTIMA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
los Derechos Humanos (1948) en el artículo 12: "Nadie será
domicilio, su correspondencia, ni ataques a su honra o su repu-
tación". Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 17, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en su artículo 11, numeral 2, retoman el
sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la Constitución Política de la República de Chile, dicho
derecho se encuentra reconocido como garantía en el artículo 19
número 4°, que dispone lo siguiente: "La Constitución asegura
a todas las personas: 4.° El respeto y protección a la vida privada
y pública y a la honra de la persona y de su familia."
El profesor Luis Rodríguez Collao plantea que, aun cuando
las expresiones que utiUza la norma constitucional ponen de ma-
nifiesto el alto grado de indeterminación del derecho que ellas
buscan salvaguardar, el derecho a la intimidad establece una barrera
entre lo público y lo privado reconociendo al individuo la posibi-
lidad de mantener en secreto y como inviolables ciertas manifes-
taciones de su vida, por ser esto absolutamente necesario para el
desarrollo humano y para el pleno ejercicio de los atributos de la
personaUdad.'
Para el profesor Rodríguez, el derecho a la intimidad alude a dos
realidades jurídicas bien definidas:
"Primero, la facultad de mantener en reserva ciertos aspectos vin-
culados con la interioridad o con el ámbito de actuación del indi-
viduo (de manera que ellos no trasciendan al dominio público; y
permanezcan, por lo tanto, ajenos, al intervencionismo y control
estatal), lo que, en estricto rigor, podemos llamar derecho a la
privacidad. Segundo, la inviolabilidad de un ámbito de actuación que
toda persona aspira a mantener para sí, con exclusión de cualquier
' RODRÍGUEZ, Delitos Sexuales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2000,
injerencia proveniente del exterior; !o que cabría denominar derecho
a la intimidad'\-
Sin embargo, al interior del proceso penal, el deber de
protección de la vida privada y la intimidad de la víctima puede
entrar en conflicto con uno de los principios ftmdamentales del
juicio, cual es el de publicidad.
Procesalmente se habla de publicidad desde el punto de vista
del derecho a la inmediata percepción de las actuaciones verifica-
das por y ante el tribunal por personas que no forman parte del
mismo. Las puertas del tribunal en lo penal deben estar abiertas
para quien quiera presenciar el juicio, sea o no interviniente en el
Este principio, como señala el profesor Claus Roxin, "cons-
tituye una de las bases del procedimiento penal, sobre todo, una
de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Su
significado esencial reside en consolidar la confianza pública en
la administración de justicia, en fomentar la responsabilidad de
los órganos de la administración de justicia y en evitar la posi-
bilidad de que circunstancias ajenas influyan en el tribunal, con
ello, en la sentencia"^
Desde la visión del ciudadano, el principio de la publicidad
procesal permite que los gobernados conozcan en forma directa
cómo se tramitan los juicios y ejerzan un escrutinio mucho más
amplio sobre los juzgadores, quienes, en última instancia, son
responsables ante la sociedad del debido ejercicio de sus atribu-
ciones. El hecho de que los juicios se lleven de cara al público
permite que haya una convergencia de los flujos informativos
entre el ciudadano y sus juzgadores en la medida en que ambos
reciben la misma información objeto del litigio.
También para el Poder Judicial el principio de pubHcidad
ofrece beneficios, ya que el juicio oral reduce de manera sustancial
' RODRÍGUEZ, O. cit., p. 85.
^ ROXIN, Derrcho Procesal Penal, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires,
2000, p. 407.
los tiempos habituales del sistema escrito y cerrado favoreciendo
tanto a las partes en conflicto, como a toda la sociedad.
La publicidad en el procedimiento puede ser absoluta o rela-
tiva. Será absoluta cuando exista la posibilidad de asistencia de
cualquier miembro de la comunidad social; se trata pues de una
publicidad "erga omnes". Será relativa, cuando tan sólo las partes
en el proceso, puedan tomar conocimiento de las actuaciones.
La publicidad absoluta puede ser inmediata o mediata.
Como señala el profesor español Miguel Miravet Hombrados:
"Por publicidad inmediata se entiende la asistencia personal o
física del público a las actuaciones judiciales, como contraposi-
ción a la publicidad mediata que se puede obtener mediante la
interposición en el Juicio Oral y el público receptor de algún
medio de comunicación social (televisión, radio, prensa, etc.)"'*.
El principio de publicidad procesal se encuentra reconocido
como uno de los derechos fundamentales de la persona en el
artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos que dispone: "Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial". Por su parte, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.1
establece: "...Toda persona tendrá derecho a ser oída pública-
mente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substan-
ciación de cualquier acusación de carácter penal formulada con-
tra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones
de carácter civil...". De igual modo, el artículo 8° de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, señala: "...El proceso
penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para pre-
servar los intereses de la justicia".
•* MIRAVET, "Vista Pública. Posibles colisiones entre los derechos funda-
mentales de publicidad e intimidad", en Mujer y Derecho Penal, Tirant lo Blanch,
Valencia p. 281.
LA VICTIMA COMO TES'l'IGO EN EL i\UE\'0 PROCESO PENAL
La consagración internacional del principio de publicidad
reviste especial importancia ya que, como señalan los profesores
Carlos del Río Ferretti y Francisco Rojas Rubilar, teniendo en
cuenta la disposición del artículo 5° inciso 2° de la Constitución,
se elevaría a rango constitucional la norma de la publicidad,
incorporándola al propio texto constitucionaP.
En la legislación nacional, el principio de publicidad no se
encuentra consagrado constitucionalmente en forma específica,
aún cuando en el artículo 19 número 3° se establece que: "Toda
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en
un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legis-
lador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una
investigación racionales y justos". Es el artículo 289 del Código
Procesal Penal el que establece expresamente el principio de
publicidad como un elemento flmdamental del juicio, al señalar:
"la audiencia del juicio oral será pública". También establece tal
principio el artículo 1°, inciso 1°, del Código Procesal Penal y el
artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales.
Sin embargo, con la misma fuerza con que se consagra el
principio de publicidad en las fuentes antes citadas, se establecen
sus excepciones, que solucionan las situaciones de conflicto pro-
ducidas por las posibles colisiones entre la publicidad de la au-
diencia y otras garantías, como la intimidad y el honor, o la
Como señala el profesor Julio B. J. Maier, "es claro que la publi-
cidad popular del procedimiento también supone algunas excepcio-
nes. Aparte de que ahora los juicios ya no son desarrollados en la
plaza pública, sin restricciones para el ingreso, sino en locales ce-
rrados (salas de justicia) que posibilitan una asistencia restringida
por el tamaño del local, cuando está en juego el pudor de alguna
persona o las buenas costumbres, el debate y la decisión sobre un
' DEL RÍO y ROJAS, De la Reforina Procesal Penal: en especial en la etapa de
instrucción e intennecUa, Editorial jurídica Conosur, Santiago, 1999, p. 27.
LA VÍCTIMA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
menor o un secreto o acto cuya difusión pública provocaría un
perjuicio, agregado al que ya produjo el delito, es posible ordenar
que el debate se lleve a cabo, total o parcialmente, a puertas cerra-
das" ".
Igualmente, el profesor Roxin señala que la exclusión general de la
publicidad es admisible cuando se discuten determinadas circuns-
tancias del ámbito personal de la vida de un interviniente en el
proceso, de un testigo o del ofendido por un hecho antijurídico. Se
debe ponderar entre el interés en resguardar la esfera privada, digna
de protección, y el interés en la publicidad^
En definitiva, el reconocimiento de las ventajas de la consa-
gración del principio de publicidad en el proceso penal, no obsta
a que su implementación deba tomar en consideración el hecho
de que, muchas veces, la sola sustanciación de un proceso de
investigación hace que se forme un juicio previo en la comuni-
dad, que acompañado de ciertos ánimos y pasiones puede generar
un efecto irreparable en el honor de una persona, por lo que se
debe considerar la posibilidad de ponderar el principio en cues-
tión con otros intereses. Las excepciones al principio de publi-
cidad establecidas en razón del respeto a la intimidad y a la vida
privada de la persona ofendida por el delito o su famiha, se
encuentran establecidas en múltiples tratados internacionales y
resoluciones de organismos internacionales tendientes a proteger
los derechos fundamentales en general y, específicamente, los
derechos de las víctimas de delitos. En esta materia, destacan los
siguientes cuerpos normativos internacionales:
El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 establece en
su artículo 6°: "...La sentencia debe ser pronunciada públicamente,
pero el acceso a la sala de audiencias puede ser prohibido a la prensa
'' MAIER, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires,
1999, p. 662.
• ROXIN, o. cit., p. 409.
y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de
la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una
sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la
protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan
o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en
los intereses de la justicia".
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
en su artículo 14.1 establece: "...La prensa y el público podrán ser
excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de
moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrá-
tica, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o,
en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perju-
dicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia
penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el
interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores".
La Recomendación Número R (85) 11 del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, señalada anteriormente, prescribe, respecto de
la vida privada: "Durante la fase de instrucción y del juicio, toda la
información y publicidad, deberá tomar en cuenta la necesidad de
proteger a la víctima de toda publicidad que implicara un ataque a
su vida privada o a su dignidad. Supuestos excepcionales de juicio
a puerta cerrada, por tipo de infracción, o seguridad personal de la
El Consejo de la Unión Europea, en su Decisión Marco 2001/
220JAI, de 15 de Marzo del 2001, establece en su artículo 8°:
"1. Los Estados miembros garantizarán un nivel adecuado de pro-
tección a las víctimas y, si procede, a sus familiares o personas en
situación equivalente, por lo que respecta a su seguridad y a la
protección de su intimidad, siempre que las autoridades competen-
tes consideren que existe un riesgo grave de represalias o claros
indicios de una intención clara de perturbar su vida privada.
2. Para ello, y no obstante lo dispuesto en el apartado 4, los Estados
miembros garantizarán que, en caso necesario, sea posible adoptar.
en el marco de un proceso judicial, las medidas adecuadas para
proteger la intimidad o la imagen física de la víctima y de sus fa-
miliares o de las personas en situación equivalente.
3. Los Estados miembros velarán además porque, en las dependen-
cias judiciales, pueda evitarse el contacto entre víctima y procesado,
salvo que el proceso penal lo requiera. A tal fin, si ha lugar, los
Estados miembros dispondrán progresivamente lo necesario para
que las dependencias judiciales estén provistas de espacios de espera
reservados a las víctimas.
4. Los Estados miembros garantizarán, cuando sea necesario pro-
teger a las víctimas, y sobre todo a las más vulnerables, de las
consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, que éstas
puedan, por resolución judicial, testificar en condiciones que per-
mitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado compa-
tible con los principios fundamentales de su Derecho."
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso de poder adoptada por la Asam-
blea General de Naciones Unidas en su resolución 40/30, de 29 dk
noviembre de 1985, señala en su artículo 6°: "Se facilitará la ade-
cuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las
necesidades de las víctimas; (...)
d) adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las
víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su
seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su
favor, contra todo acto de intimidación y represalia;".
Asimismo, la legislación comparada consagra normas espe-
cíficas que tienen como finalidad tutelar la vida privada tanto del
ofendido como de cualquier otro testigo. En este ámbito desta-
can las siguientes normas:
En Alemania, la Ley Orgánica de Tribunales, en su Título Deci-
mocuarto referido a la pubhcidad del juicio oral, contempla en su
artículo 171 la posibilidad de celebrar el juicio a puerta cerrada,
"cuando se temiera la puesta en peligro de la seguridad estatal, del
orden público o de la moralidad", cuando "estuvieran en discusión
circunstancias del ámbito personal de vida de un participante en el
proceso, o de testigos", o bien, "cuando fuera interrogada una
persona menor de 16 años".
La Ley de Enjuiciamiento Criminal española, establece en su artí-
culo 680, que: "Los debates del juicio oral serán públicos bajo pena
de nulidad. Podrá no obstante, el Presidente mandar que las sesio-
nes se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de
moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona
ofendida por el delito o a su familia". Por su parte, el artículo 681
señala: "Después de la lectura de esta decisión, todos los concurren-
tes despejarán el local".
En esta misma dirección, el Tribunal Constitucional español, en
múltiples fallos, ha establecido, a través de una jurisprudencia uná-
nime, que la celebración de juicios a puerta cerrada podrá ser acor-
dada por el Tribunal, siempre que sea por resolución motivada y por
algunas de las razones contenidas en la Ley (STC 15-10-82). Tales
motivos han sido confirmados, igualmente por el Tribunal Cons-
titucional, señalándose como los principales, la moraüdad y orden
público, seguridad nacional, la protección a la vida privada de la
partes y al propio interés de la justicia (STC 96/81 y 62/82 entre
Por último, la Ley española de Ayudas y Asistencia a las Víctimas
de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual N° 35/1995 es-
tablece en su Capítulo II, sobre Asistencia a las Víctimas, artículo
15 N° 5: "El Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de
toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada
o su dignidad, pudiendo solicitar la celebración del proceso penal
a puerta cerrada, de conformidad con lo previsto por la legislación
El Código de Procedimiento Penal itahano, en su artículo. 472,
señala aquellos casos en que el Tribunal podrá proceder a puerta
cerrada. En el numeral 3-bis de dicho artículo se establece que en
aquellos debates relativos a los dehtos previstos y sancionados en los
artículo 600 bis, 600 ter, 600 quinquies (prostitución y pornografía
infantil), 609 bis (violencia sexual), 609 ter (circunstancias
agravantes de la violencia sexual) y 609 octies (violencia sexual de
grupo) del Código Penal, la persona ofendida podrá solicitar que se
proceda a puerta cerrada. Igualmente, en dichos procedimientos no
estarán permitidas aquellas preguntas relativas a la vida privada o la
sexualidad de la persona ofendida si no son necesarias para la recons-
trucción del hecho. Por último, establece que se procederá siempre
a puerta cerrada cuando la parte ofendida sea menor de edad.
Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano esta-
blece en su artículo 336:
"El debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se
efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:
1°. Afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de
alguna persona citada para participar en él;
2°. Perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas cos-
tumbres;
3°. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya
revelación indebida sea punible;
4°. Declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente
Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente
al público. El tribunal podrá imponer a las partes el deber de
guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron,
decisión que constará en el acta del debate."
Del estudio sistemático de las normas emanadas, tanto de los
Organismos Internacionales, como del derecho comparado, pode-
mos concluir que:
• El derecho a un proceso público es un derecho fundamental
y en dicha calidad está sometido al principio de proporcio-
nalidad, porque cualquier restricción del mismo exige, en
primer lugar, una resolución motivada y, en segundo lugar,
la invocación de un bien o interés constitucionalmente re-
levante que garantice la legitimidad de la restricción.
• Los derechos que se busca proteger a través de dichas
restricciones nos obligan a poner especial atención en los
LA VICTIMA COMO 'rESTIGG EN EL NUEVO PROCESO PENAL
delitos contra la libertad sexual (violación, agresiones sexua-
les, estupro, etc) y en aquellos que afectan a la intimidad
famihar (delitos cometidos al interior de la familia) o son
estrictamente privados. En estos casos, y sólo de modo ex-
cepcional, se podrán establecer restricciones al principio de
La limitación a la publicidad debe ser siempre considerada
cuando la víctima sea niño o persona desvalida.
La salud es tln derecho fundamental e indispensable para el ejer-
cicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene
derecho al goce del más alto nivel posible de salud que le permita
vivir dignamente. Numerosos instrumentos de derecho interna-
cional reconocen el derecho del ser humano a la salud. Entre
ellos destacan las siguientes disposiciones:
En el párrafo 1° del artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios".
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional
de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del
párrafo 1° del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen
"el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental", mientras que en el párrafo 2° del artículo
12 se indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán
adoptar los Estados Partes a fm de asegurar la plena efectividad de
este derecho".
Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el
apartado f) del párrafo 1° del artículo 11 y en el artículo 12 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Varios instru-
mentos regionales de derechos humanos, como el Protocolo adicio-
nal a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en JMateria
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (artículo
10), también reconocen el derecho a la salud.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
Observación General N° 14 del 2000 referida a cuestiones
sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en especial, res-
pecto del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud,
"El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio
de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se
enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el
derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación,
a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igual-
dad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la
información y a la libertad de asociación, reunión y circulación.
Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes inte-
grales del derecho a la salud".
Igualmente, el documento establece que la referencia que en el
párrafo 1° del artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel posible
de salud física y mental" no se limita al derecho a la atención de
la salud, por el contrario, el historial de la elaboración y la redac-
ción del párrafo 2° del artículo 12 reconoce que el derecho a la
salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que pro-
mueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden
Los Estados partes tienen obligaciones inmediatas por lo que
respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese de-
recho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2° del ar-
tículo 2°) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1° del
artículo 2°) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas
medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la
plena realización del derecho a la salud.^
En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud en el
preámbulo de su Acta de Constimción, define la salud como "un
estado de completo bienestar físico, mental y spcial, y no solamente
como ausencia de afecciones o enfermedades", haciendo énfasis en
la incorporación de aspectos sociales y aportando la noción de inte-
gralidad.
En la legislación nacional, la Constitución Política garantiza
en su artículo 19 N° 1 el derecho a la integridad física y psíquica
de la persona, y en su N° 9, el derecho a la protección de la salud,
estableciendo: "El Estado protege el libre e igualitario acceso a
las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud
y de rehabilitación del individuo".
Por su parte, el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental
señala: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el
respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuen-
tren vigentes".
El Código Procesal Penal, como ya se señaló, establece en su
artículo 78, el deber de los fiscales, no sólo de proteger a la víctima
de posibles hostigamientos, amenazas o atentados, sino también de
"facilitar su intervención en el mismo (procedimiento) y evitar o
disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de
soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir".
En esta dirección, se puede establecer que el deber por parte
del Estado de garantizar a todas las personas su derecho a la
" El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue
promulgado como Ley de la República por el Decreto Supremo N° 326 y
publicado en Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1989.
LA VICTLVIA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
salud, tanto física como mental, así como la obligación del Mi-
nisterio Público de velar por la protección de las víctimas de
delitos y, en especial, de aquellas personas que han sido víctimas
de delitos violentos o contra la libertad sexual, constituye un
fundamento esencial al momento de adoptar medidas tendientes
a disminuir los efectos psicológicos devastadores que un proceso
penal puede causar en la víctima.
Ahora bien, no basta con tener una legislación que reconozca
V garantice los derechos de las víctimas de delitos violentos o
contra la libertad sexual para que éstos se cumplan. Para asegurar
su pleno cumplimiento, se necesita que la comunidad y, en espe-
cial, los actores que intervienen en el proceso penal (jueces, fisca-
les, policías, etc.) adopten todas aquellas medidas tendientes a hacer
realidad estos derechos, contribuyendo a disminuir la victimización
secundaria y a facilitar la intervención de estas víctimas en el
III. LA PROTECCIÓN DE LA VICTIMA Y SU
DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL NUEVO
La etapa de investigación presenta características muy diferentes
a las del juicio oral, en lo que dice relación con la protección de
la intimidad de la víctima.
El primer elemento que se debe destacar es que durante la
fase de investigación rige el principio de publicidad relativa de las
actuaciones de los fiscales y de la policía. En virtud de éste, sólo
los intervinientes tienen acceso a dichas actuaciones, mas no los
terceros. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, en sentencia de 8 de diciembre de 1983
(Caso Sutter), al establecer que el principio de publicidad no es
aplicable, desde su perspectiva de garantía de los justiciables
contra una justicia secreta que escape a la fiscalización del público,
a todas las fases del proceso penal, sino tan sólo al juicio oral que
lo culmina y al pronunciamiento de la subsiguiente sentencia.
El secreto de las actuaciones, el carácter reservado y limita-
tivo de la publicidad en esta etapa del proceso, encuentra su
justificación en el hecho de que mientras se averigua la perpetra-
ción de los delitos y se constatan las circunstancias que puedan
influir en su calificación, se debe proteger el éxito de la investi-
gación y la efectiva persecución del hecho punible.
Así lo ratifica el profesor Miravet al señalar que: "la medida
(el secreto de las actuaciones del sumario) resulta imprescindible
para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia,
porque la regulación legal del secreto sumarial no se interpone
como un límite frente a la libertad de información, sino más
amplia y genéricamente como un impedimento al conocimiento
por cualquiera, incluidas las partes en algún caso, de las actua-
ciones de esta etapa del proceso en aras de alcanzar una segura
represión del delito"'-*.
En este mismo sentido, los profesores Del Río Ferretti y
Rojas Rubilar señalan que la publicidad relativa que rige esta
etapa del procedimiento "busca preservar la eficacia de la perse-
cución penal", agregando además que "también sirve para pro-
teger la dignidad y la privacidad de las personas involucradas en
el procedimiento"'".
En nuestro derecho positivo, según el artículo 182 del
Código Procesal Penal: "Las actuaciones de investigación reali-
zadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas
para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los
demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar los
registros y los documentos de la investigación fiscal y policial".
Como se señaló anteriormente, dicha restricción al principio
de pubHcidad en la etapa de investigación es efectiva sólo respecto
MIRAVET, o. cit., p.286.
" DEL RÍO y ROJAS, o. cit., p. 260.
de los terceros ajenos al procedimiento. El imputado tendrá acceso
a la investigación desde su formalización, a fin de que pueda ejer-
cer correctamente su derecho a la defensa. La historia de la ley
confirma esta posición al establecer que durante la discusión del
artículo 182 en la Cámara de Diputados "se señaló que para que
el derecho a defensa se ejerza de manera efectiva y se concrete el
principio de igualdad de oportunidades dentro del procedimiento,
resulta indispensable que el imputado y su defensor tengan acceso
a los antecedentes de cargo y tomen conocimiento de la realización
de cualquier diligencia que pueda afectar su posición en el jui-
cio"".
Sin embargo, la excepción a la publicidad de las actuaciones
de investigación, respecto del imputado o de cualquiera de los
intervinientes, está establecida en el mismo artículo 182 al seña-
lar en su inciso 3°: "El fiscal podrá disponer que determinadas
actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto
respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo
considerare necesario para la eficacia de la investigación". Esta
restricción es bastante limitada, no sólo en cuanto al tiempo de
duración (máximo 40 días) sino también en cuanto a las materias
respecto de las cuales puede ser decretada. Así lo establece expre-
samente el artículo 182, inciso 5°, al impedir el secreto respecto
de la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que
hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones
en que participare el tribunal y los informes evacuados por pe-
ritos, respecto del imputado o su defensor. Igualmente, el pre-
cepto prevé un recurso ante el juez de garantía para que ponga
término al secreto o lo limite, en cuanto a su duración, a las
piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes
afectare.
El secreto de las actaaciones de investigación respecto de los in-
tervinientes, en situaciones excepcionales, encuentra su fundamento.
" PFEFFER, Código Procesal Penal Anotado y Concordado, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago 2001, p. 202.
1,A VICTIAIA COMO TESTICiO líN EL NUIÍVO PROCESO PENAL
al igual que la restricción general respecto de terceros, en la
búsqueda de una investigación eficaz y en el éxito de dichas actua-
ciones y, por lo tanto, sólo podrá disponerse cuando el fiscal "lo
considerare necesario para la eficacia de la investigación" (artículo
182 inciso 3° del Código Procesal Penal).
Es por las razones antedichas que la reserva de identidad de
la víctima durante la etapa de la investigación con la finalidad de
proteger su intimidad, como una excepción a la publicidad relati-
va que rige esta etapa del procedimiento, encuentra su fimda-
mento, en primer lugar, en el deber general de los fiscales de
proteger a las víctimas y, por sobre todo, en el de evitar o dismi-
nuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar
con ocasión de los trámites en que debieren intervenir (artículo
78 del Código Procesal Penal).
En segundo lugar, el artículo 259 establece, en relación con
el artículo 307 inciso 2°, que ante una situación de peligro para
el testigo es posible omitir su individualización en la acusación
o mantener en reserva aquellos antecedentes que condujeren a su
identidad. Esta norma resulta totalmente aplicable a la víctima en
la medida que ésta participa como testigo, con los derechos y
deberes que sobre éstos recaen, puesto que la calidad especial de
que está revestida la víctima-testigo y los elementos especiales de
su participación durante el proceso no se encuentran regulados en
forma particular, equiparándose su intervención a la de los testigos
comunes'-. En el fondo, la víctima es un testigo con un status
'- Con fecha 16 de agosto del año 2001, en la causa RUC N° 0100007811-1
por los delitos de robo con violencia, el Juez de Garantía de la Serena excluyó
en el auto de apertura del juicio oral, la prueba testimonial de las víctimas,
ofrecida por el Ministerio Público en el escrito de acusación. El fundamento
para excluir dicha prueba fue que las personas invocadas como testigos no
tenían la calidad de tales, sino que debían ser indicadas como víctimas, atendida
su participación en el delito investigado. El Ministerio Público dedujo recurso
de apelación en contra del auto de apertura del juicio oral de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 277, en relación con las normas contenidas en los
artículos 352 y siguientes y artículos 364 y sigiiientes del Código Procesal
LA ViCTLViA COMO l'KSTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
especial, pero con un claro denominador común: se trata de juicios
históricos sobre la vivencia o vivencias que tuvo el declarante.
Lo anterior, sin perjuicio de que la condición de víctima
presenta una diferencia esencial respecto del resto de los testigos
que radica, según el profesor español Antonio Pablo Rives Seva,
en que el testigo es ajeno al proceso, en cambio la víctima-testigo
En esta misma línea, el profesor Rives señala: "el tratamiento
procesal penal del ofendido o perjudicado, ante una regulación
específica inexistente, se rige por las normas de la prueba testifical
respecto a sus declaraciones"'''.
Aún cuando la declaración de la víctima en el juicio oral se
rige por las normas aplicables a los testigos, su especial calidad
de ofendida en relación con el deber del Ministerio Público de
Penal, por tratarse de una resolución que causaba un agravio al Ministerio
Público. En dicho recurso, el Fiscal argumentó que la exclusión infringe lo dispuesto
en el artícnh 216 del Código Procesal Feniil, que perento7Íaiiiente ordena {en su inciso
final) recibir toda prueba que no sea aquella que taxativamente permite excluir e
indicada en los incisos precedentes, cuales son la que recaiga sobre un hecho notorio, la
inconducente o meramente dilatoria, la declarada nula y la obtenida ilícitamente,
ninguna de cuyas calidades tiene la prueba excluida. Por otro lado, se señaló que
la distinción entre víctimas y testigos, si bien puede hacerse para determinados
fines del proceso, no existe respecto de su presentación como prueba, pues es
evidente que una víctima, en cuanto comparece frente a un tribunal a dar cuenta
de ciertos hechos que presenció o de los cuales tiene noticia, es un testigo y
como tal debe ser tenido para todos los efectos correspondientes. Finalmente
se puso de manifiesto que la exclusión de la declaración de las víctimas provo-
caba un perjuicio evidente al Ministerio Público, pues se veía privado de un
elemento esencial de su acusación, cual es la declaración de las personas ofen-
didas por el delito. Con fecha 24 de septiembre del 2001, ¡a Segunda Sala de
la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la resolución apelada señalando:
"Que la regla general en materia de prueba está contemplada en el inciso final
del artículo 276 del Código Procesal Penal, no encontrándose la prueba ofre-
cida en este procedimiento dentro de las excepciones que señala la misma
disposición...". De este modo, la Corte ordenó incluir, para ser rendida en el
juicio oral, las declaraciones de testigos que habían sido excluidas por el juez
de garantía en el auto de apertura del juicio.
" RIVES, Testimonio de la Víctiiita del Delito, Noticias Juridicas.com.
'•* Ibíd.
LA VICTLMA COMO TESTKÍÜ EN F.L NUEVO PROCESO PENAL
protegerle, permitiría mantener la reserva de su identidad, tanto
durante la investigación, como al momento de presentarse la acu-
sación, con la finalidad de resguardar su intimidad. La reserva de
identidad de la víctima se establece como un límite al principio
de publicidad relativa que rige la etapa de la investigación y per-
mite al fiscal disponer que las actuaciones, registros o documen-
tos en que aparezcan los antecedentes personales de la víctima se
mantengan en secreto respecto de los demás intervinientes. De
este modo se dará inicio a la cadena de resei-va, que se deberá
extender por todo el período que fiíere necesario para proteger
Dispuesta la reserva como medida de protección de la víc-
tima, el fiscal puede adoptar medidas tales como:
• Utilizar una clave para indicar el domicilio, lugar de tra-
bajo y profesión u oficio de la víctima.
• Señalar la fiscalía local como domicilio de la víctima para
efectos de las citaciones y notificaciones judiciales, en con-
formidad al artículo 26 del Código Procesal Penal, evento
en el cual se harán llegar a la víctima en forma estrictamen-
te reservada.
• Impedir que se tomen fotografías o que por cualquier otro
medio se capte la imagen de la víctima, especialmente en
los traslados de ella al Ministerio Público o a los tribunales.
Para ello, el fiscal puede ordenar a la policía que arbitre las
• Tomar los resguardos necesarios para impedir la identifi-
cación visual de la víctima en determinadas actuaciones de
A través de estas medidas tendientes a mantener en reserva
la identidad de la víctima durante la etapa de investigación y en
la acusación, se busca proteger el derecho a la intimidad, a la vida
privada y al honor de aquellas personas que han sido víctimas de
LA VICTIMA COMO 'PESriCO KN EL NUEVO PROCESO PENAL
delitos violentos o contra la libertad sexual. Dichas restricciones
no afectan ni limitan el derecho de defensa del acusado, ya que
éste generalmente conocerá la identidad de la víctima, sino que
constituyen un límite al principio de publicidad, que, por lo
demás, sólo alcanza su plenitud durante la etapa del juicio oral.
Cuando la protección de la identidad de la víctima se pre-
sente no sólo como una protección de su intimidad, sino también
de su identidad frente a los demás intervinientes, se estará frente
a una situación diversa, que deberá regularse de acuerdo a las
normas que rigen para los testigos con reserva de identidad.
Un elemento fundamental que se debe considerar durante la
etapa de investigación es el posible encuentro entre la víctima y
el imputado. Es en esta etapa del procedimiento en que se pro-
ducirá, eventualmente, el primer contacto ya que el careo como
una diligencia de investigación subsiste en el nuevo sistema.
Dicha diligencia constituye para la víctima una de las situaciones
más temidas e indeseadas dentro del procedimiento.
En un intento por proteger al testigo-víctima en el nuevo
proceso penal, el proyecto original del Código Procesal Penal
contemplaba una norma respecto de los careos durante la etapa
de investigación. Dicha norma establecía lo siguiente:
"Cuando los testigos o los imputados entre sí, o aquellos con éstos,
discordaren acerca de algún hecho o circunstancia relevante para el
procedimiento, el fiscal los podrá confrontar, a objeto de que ex-
pliquen sus contradicciones o aclaren las discrepancias que surgieren
de las respectivas declaraciones. Esta diligencia procederá igual-
mente con respecto a la víctima y al querellante.
Para estos efectos, se explicará a las personas confrontadas cuáles
fueren las contradicciones o discrepancias existentes, a fin de supe-
rar las diferencias y de esclarecer los hechos o circunstancias sobre
los cuales aquéllas recayeren, instándolos a exponer cuanto consi-
deraren necesario. En casos calificados se podrá admitir que las
personas confrontadas se dirijan preguntas, con los mismos fines. El
careo podrá practicarse entre dos o más personas.
LA VICTmiA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
En todo caso, se adoptarán los resguardos necesarios para no oca-
sionar a los participantes en la actuación menoscabo a su dignidad
y para garantizarles su seguridad e integridad psíquica y física.
Tratándose de la víctima de alguno de los delitos contemplados en
el fiscal sólo podrá disponer el careo si contare con su conformidad
Durante el tercer trámite constittTcional, la Cámara de Dipu-
tados rechazó esta norma considerando que el imputado no está
obligado a declarar, que se podría producir un amedrentamiento
hacia los testigos y que carece de valor probatorio para el juicio
La Comisión Mixta concordó en que el imputado puede
hacer uso de su derecho a guardar silencio durante esta diligencia
y que ella no configura un medio de prueba que pueda ser pre-
sentado al tribunal de juicio oral. Finalmente, estimó que, no
obstante, en alg-unos casos podría ser de utilidad para la investiga-
ción, como una de tantas diligencias susceptibles de ser llevadas
a cabo por el fiscal. Pero, en esta línea de reflexión, fue de pare-
cer que son suficientes las atribuciones generales de que están
investidos los fiscales para llevar a efecto el careo, si las circuns-
tancias lo aconsejan.
De este modo, suprimiendo este artículo, se eliminó la obli-
gación expresa de los fiscales de adoptar en los careos los resguar-
dos necesarios para no ocasionar a los participantes en la actuación
menoscabo a su dignidad y para garantizar su segttridad e integri-
dad física y psíquica. Sin embargo, dicha obligación subsiste de
manera general de conformidad al artículo 78 inciso 1° del Código
Lo realmente relevante, y que aparece como lo más grave en
relación con la protección de las víctimas, es la eliminación del
requisito de su conformidad previa para realizar careos en los
casos de dehtos sexuales. Constituye una señal negativa del legis-
lador nacional que afecta no sólo la etapa de investigación, sino
LA VICTIMA COMO TESTIGO EN EL NUEVO [PROCESO PENAL
que impide la construcción de un principio general de protección
de la integridad de la víctima durante todas las etapas del pro-
En definitiva, se deberá evitar, en lo posible, la realización de
careos entre víctimas e imputados, decretándose sólo cuando fuere
estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos.
2. AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Como se señaló anteriormente, la etapa de investigación se rige
por el principio de pubhcidad relativa, por lo que la intimidad de
la víctima se encuentra debidamente resguardada respecto de ter-
ceros ajenos al proceso. Sin embargo, la situación varía sustancial-
mente tratándose de las audiencias que se reahzan durante esta
etapa. En dichas audiencias es donde encontrará especial justifica-
ción la reserva de la identidad de la víctima durante la etapa de
investigación, que tiene por fínaHdad proteger su intimidad y vida
Siguiendo estrictamente las normas del Código Procesal
Penal, éste no establece, en ninguno de sus preceptos, que las au-
diencias que se realicen durante la etapa de investigación deban ser
públicas. Las únicas normas que se refieren expresamente a la
publicidad de las audiencias son aquellas que se contemplan res-
pecto de la audiencia del juicio oral (artículo 289 del Código Pro-
cesal Penal), de los requisitos de validez del mismo (artículo 374
letra d)) y de la vista de los recursos (artículo 358).
Las audiencias que se realizan con posterioridad al cierre de
la investigación pero antes del juicio, como la audiencia para
discutir el sobreseimiento (artículo 249 del Código Procesal
Penal) o la audiencia de preparación del juicio oral (artículo 260),
también se rigen por el principio de publicidad absoluta ya que
se encuentra cerrada la investigación e, igualmente, porque debe
seguirse el principio general de la publicidad de los actos judi-
ciales consagrado en el artículo 9° del Código Orgánico de
LA VICTIiVIA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
Tribunales. Igual principio se aplica a las audiencias de prueba
anticipada, procedimiento abreviado, simplificado o de procedi-
mientos relativos a los delitos de acción penal privada.
Por tanto, se puede concluir que las audiencias que se rea-
lizan durante la etapa de investigación deben regirse por las
normas generales que regulan las actuaciones de la investigación
(artículo 182 del Código Procesal Penal) y, en definitiva, deben
desarrollarse privadavtente y los terceros ajenos al procedimiento
no deben tener acceso a éstas.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que los jueces de los
juzgados de garantía que operan en las regiones I, II, III, IV, VII,
IX, XI y XII han considerado que los terceros ajenos a la inves-
tigación y los medios de comunicación pueden concurrir a las
audiencias que se llevan a cabo durante la etapa de investigación.
Ante esta situación fáctica cobra mayor relevancia mantener
en reserva la identidad de la víctima durante la etapa de inves-
tigación, con la finalidad de proteger su intimidad, aun cuando
el imputado conozca perfectamente la identidad de la víctima.
Para estos efectos, el fiscal podrá poner en marcha todas las
medidas de protección señaladas anteriormente (utilizar clave,
señalar la fiscalía local como domicilio de la víctima, impedir la
identificación visual, etc.) a fin de que la víctima que no desee verse
expuesta al público, pueda concurrir sin problemas a las audiencias
que se desarrollen durante la etapa de investigación.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que asiste a los fis-
cales de solicitar al juez de garantía que la audiencia se lleve a
cabo en forma privada, a fin de resguardar la reserva de la iden-
tidad de la víctima y proteger así su intimidad.
Asimismo, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía que
limite el acceso al contenido de los registros en que apareciere
la identidad de la víctima o sus antecedentes de conformidad con
el artículo 44 del Código Procesal Penal.
LA VICTIMA COMO TESTIGO FN EL NUEVO PROCESO PENAL
3. L A S P O L I C Í A S Y LA P R O H I B I C I Ó N D E I N F O R M A R
El artículo 92 del Código Procesal Penal establece una prohibición
general a las policías de informar a los medios de comunicación
social determinados antecedentes durante la etapa de investiga-
ción. La norma señala: "Los funcionarios policiales no podrán
informar a los medios de comunicación social acerca de la iden-
tidad de los detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras
personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la
investigación de un hecho punible".
La norma original, que fue aprobada por la Cámara de Di-
putados, contenía restricciones mucho más amplias en cuanto a la
información que podían dar los funcionarios a los medios de comu-
nicación, ya que se prohibía informar acerca de las diligencias que
practicaren, sus resultados y las órdenes que debieren cumplir,
castigándose la infracción de estos deberes con una sanción penal
Posteriormente, la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado Hmitó las restricciones a las in-
formaciones que podían dar las policías sólo al tema de la identidad
de los intervinientes, eHminando aquellas prohibiciones que hacían
referencia a las diHgencias que se practicaran.
A este respecto, la Comisión señaló: "La Comisión estuvo de acuer-
do en que le da mayor transparencia a la gestión policial ei hecho
que sus actividades sean conocidas, siempre que exista la debida
coordinación con el fiscal a cargo del caso o esté prevista dentro de
las instrucciones generales que sean aplicables, con el objeto de
evitar que se vea afectada la investigación"".
De esta forma se busca proteger la identidad de los intervi-
nientes evitando que los funcionarios policiales que, por alguna
razón, han tenido acceso a estos antecedentes durante la etapa de
la investigación, los divulguen.
PFEFFER, o. cit., pp. 113 y 114.
LA VIC'I'IMA C:OAIO TESTIGO F.N EL NUEVO PROCESO PENAL
La Reforma Procesal Penal, en consonancia con las normas in-
ternacionales, y buscando armonizar adecuadamente el derecho
a la intimidad y al honor de las partes con el derecho a la infor-
mación, ha establecido en el artículo 289 del Código Procesal
Penal, alg'unas excepciones al principio de publicidad en la au-
diencia del juicio oral. Este artículo señala:
"(•••) el tribunal podrá disponer, a petición de parte y por resolución
fundada, una o más de las siguientes medidas, cuando considerare
que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o
la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el
juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley:
a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas
de la sala donde se efectuare la audiencia;
b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para
la práctica de pruebas específicas, y
c) Prohibir al fiscal, a los demás intervinientes y a sus abogados que
comunicación social durante el desarrollo del juicio.
Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o
transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare,
salvo que las partes se opusieren a ello. Si sólo algimo de los intem-
nientes se opusiere, el tribunal resolverá".
La enumeración del artículo 289 no tiene carácter taxativo,
ya que es posible disponer excepcionalmente otras medidas de
restricción en aquellos casos en que un tribunal lo aprobare por
ser necesario para la protección de los derechos de una víctima,
tomando como base algtma de las normas generales referidas a
la protección de los derechos de ésta. Ello sin perjuicio de otras
Hmitaciones a la publicidad, de carácter fáctico, como el espacio
físico existente en el recinto donde se llevará a cabo la audiencia,
o de las sanciones establecidas en el Código por infracción a los
deberes de comportamiento en la audiencia (artículo 294).
LA VIC'^^U COMO TFiSriGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
En la historia de la ley, a propósito de la discusión de las
restricciones establecidas en el artículo 289, se viene a confirmar
el espíritu del legislador, tendiente a buscar el respeto de los
principios fundamentales del proceso penal y especialmente la
protección de la víctima y de su vida privada. En este sentido, el
Senado, a través de su Comisión de Legislación, buscó reforzar
estos principios dejando la siguiente constancia: "La Comisión
debatió largamente esta norma, buscando la forma de equilibrar
el derecho de la ciudadanía a estar informada, con la privacidad
y seguridad de quienes toman parte en la audiencia"."*
La protección de la intimidad en el proceso penal y, funda-
mentalmente durante la audiencia del juicio oral, cobra especial
relevancia respecto de aquellas víctimas de delitos violentos y
Así quedó de manifiesto en los paneles de debate sobre cuestiones
referentes a víctimas y testigos que organizó el Caucus de las
Mujeres por una Justicia de Género, durante la reunión de la
Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional realizada
entre julio y agosto del año 1999, en la sede de las Naciones Unidas
en la ciudad de Nueva York. El objetivo de los paneles fue propor-
cionar un foro a las personas con experiencia directa en cuestiones
relativas a la participación y a la protección de las víctimas en los
tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y Rwanda, con el fin de
compartir sus percepciones con los responsables de negociar asun-
tos afines con la Corte Penal Internacional.
Entre las participantes había dos mujeres ruandesas que, mante-
niéndose en el anonimato, compartieron sus experiencias como
testigos-víctimas en el proceso realizado ante el Tribunal Interna-
cional para Rwanda, señalando, una de ellas, que lo que más le
había afectado era el hecho de que no se había respetado su ano-
nimato, que fue llevada hasta el lugar del juicio en un avión de las
Naciones Unidas "lo que hacía evidente ante los demás que estaba
PFEFFER, o. cit., p. 296.
LA VlCri'LMA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
involucrada de alguna manera con el tribunal" y que incluso escu-
chó comentarios despectivos por parte de algunos de los soldados
destacados en el aeropuerto. Cuando debió recorrer las instalacio-
nes del tribunal, no se tomó ninguna medida destinada a proteger
su intimidad, ante lo cual ella "preguntó cómo se iba a ocultar su
identidad del acusado" y del público en general, a lo que se le
respondió que no se ocultaría. El día que se esperaba que testificara,
el juicio se pospuso y la testigo fiíe devuelta a su casa donde decidió
que "no seguiría cooperando con el tribunal si solicitaban su ayuda
en el futuro"".
Este testimonio deja en evidencia que muchas veces las víctimas de
delitos violentos o contra la libertad sexual, más que desear ser
protegidas de posibles amenazas o atentados, desean que su iden-
tidad se mantenga en el anonimato a fin de evitar la estigmatización
por parte de la sociedad y la vergüenza que les produce relatar
hechos propios de su esfera íntima y privada.
En definitiva, la víctima no sólo tiene el derecho a ser oída
y considtada respecto de las decisiones que pudieren afectarle, sino
que además tiene derecho a ser protegida en su integridad física
y psicológica, haciendo especial hincapié en el hecho que algunas
víctimas son reacias a denunciar los dehtos que se cometen en su
contra y se sienten temerosas de verse envueltas en un sistema
judicial que les es totalmente desconocido. Esto se ve agravado
cuando se trata de delitos contra la hbertad sexual ya que muchas
víctimas no denuncian por temor a que su intimidad y privacidad
se vean menoscabadas durante el procedimiento.
Es por ello que resulta esencial establecer un sistema que
comprenda servicios de asistencia que permitan la recuperación
física y sicológica de la víctima y, en la práctica, la disminución al
mínimo de las consecuencias del delito y aquellos efectos adversos
que trae el verse involucrada en una persecución criminal.
" http:// www.iccwomen.org.
LA VICTIMA COMO TESTKÍO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
Por consiguiente, las normas que regulan la audiencia del
juicio oral deben buscar proteger a la víctima del legítimo temor
de verse expuesta a una publicidad indeseada. Es así como la
víctima podrá solicitar directamente al tribunal que la audiencia
o parte de ella (por ejemplo, al momento de prestar su declara-
ción) no sea registrada por los medios de comunicación y así
poder preservar su intimidad.
En este sentido, el artículo 289 del Código Procesal Penal entrega
al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, la posibilidad de impedir
que los medios de comunicación social puedan registrar o reprodu-
cir la audiencia de juicio oral o parte de ella, cuando las partes se
opusieren a ello: "Los medios de comunicación social podrán foto-
grafiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tri-
bunal determinare, salvo que las partes se opusieren a ello. Si sólo
alguno de los intervinientes se opusiere, el tribunal resolverá".
Junto con el deber de proteger a la víctima de la posible
violación de su derecho a la intimidad, se debe tener especialmente
en cuenta un elemento fundamental al momento de realizarse el
juicio, cual es el miedo de la víctima a declarar frente al acusado
y a encontrarse cara a cara con su agresor. En muchas ocasiones
víctima y acusado no han vuelto a encontrarse o a cruzar palabra
desde el día de los hechos y aun cuando, en la mayoría de los casos,
el acusado conoce perfectamente la identidad de la víctima, ésta
siente temor de que aquél sepa donde vive, que la familia del
acusado pueda identificarla, tomar represabas, etc.
Ante este tipo de situaciones, el deseo de la víctima de no
enfrentar cara a cara a su agresor, entrará en conflicto con los
derechos del acusado, especialmente en lo que dice relación con
la presencia de éste durante el juicio. En este sentido, el artículo
285 del Código Procesal Penal establece: "El acusado deberá
estar presente durante toda la audiencia". Esta norma, se encuen-
tra establecida como un derecho fundamental tanto en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3 d)),
como en variadas sentencias del derecho comparado que establecen
LA vícrriMA c;oMO TESTIGO IÍN F,L NUEVO PROC;ESO PF.NAL
el derecho del acusado a estar presente durante la práctica de
toda la prueba, considerándolo un elemento esencial del derecho
a un proceso con todas las garantías (STS español, 17 de sep-
tiembre de 1990, STS 8 de febrero de 1991). De igual modo, el
artículo 101 del Código Procesal Penal, al tratar los efectos de
la rebeldía, fortalece la idea de la presencia del imputado como
requisito de validez de la audiencia del juicio oral.
A la vista de todo lo anterior, resulta que para lograr que
efectivamente se verifique la declaración testifical de la víctima y
que ésta pueda ser valorada en su caso como prueba de cargo en
el seno del proceso, es preciso que se verifique en presencia del
Sin embargo, éste es un derecho susceptible de restricción.
Así lo establece expresamente el artículo 285 al establecer la
posibilidad de que el acusado renuncie voluntariamente al dere-
cho a estar presente durante toda la audiencia, e igualmente la
facultad del tribunal de disponer que el imputado haga abandono
de la sala en determinadas circunstancias. El artículo antes citado
señala en sus incisos 2° y 3°:
"...el tribunal podrá autorizar la salida de la sala del acusado cuando
éste lo solicitare, ordenando su permanencia en una sala próxima.
Asimismo, el tribunal podrá disponer que el acusado abandonare la
sala de audiencia, cuando su comportamiento pertiu-bare el orden".
En definitiva, la ausencia del imputado de la sala de audien-
cia no afectará la validez del juicio ya que no constituye un causal
de nulidad, lo anterior a contrario sensu de lo establecido en el
artículo 374 letra b) del Código Procesal Penal.
"Artículo 374. El juicio y la sentencia serán siempre anulados:
b) Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausen-
cia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo
sanción de nulidad, los artículos 284 (jueces y fiscal) y 286 (defen-
sor);".
Por lo tanto, la ausencia temporal del acusado de la sala de
audiencias, en determinadas circunstancias que la ley determina,
no obsta a la validez del juicio ni vulnera principios fundamentales
del mismo, como podrían ser el derecho de defensa o el principio
Se puede señalar, a modo de ejemplo, un caso por el delito
de estupro, cuya audiencia de juicio oral se llevó a cabo ante el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. En dicha audien-
cia, ante la negativa del Tribunal de permitir que la niña víctima
del delito, declarara en una sala aparte, a fin de evitar su encuentro
cara a cara con el agresor, se llegó a un acuerdo, tanto con el
defensor como con el imputado, a fin de que éste se retirara vo-
luntariamente de la sala en el momento en que la niña rindiera su
declaración como testigo.
El imputado fue consultado personalmente por el Presidente
de la sala, manifestando su deseo de hacer abandono de la misma.
Una vez tomada la declaración a la niña, volvió a ingresar, momen-
to en el cual se le informó, de acuerdo a lo establecido en el inciso
5° del artículo 285 del Código Procesal Penal, de lo ocurrido
Sin embargo, la falta de normas específicamente referidas al
resguardo de la víctima de un encuentro indeseado e incluso incon-
veniente con el imputado, ponen a ésta en un riesgo de desprotec-
ción que debe ser subsanado mediante la aplicación de las normas
que establecen obligaciones generales sobre protección de dere-
chos de las víctimas.
Lo señalado anteriormente queda en evidencia del análisis de
las normas procesales, que tienden a desproteger al eslabón más
débil dentro del sistema, el testigo-víctima ya que, aun cuando el
Código contempla un conjunto sistemático de normas destinadas
a dar reconocimiento y otorgar derechos concretos a las víctimas,
no contempla normas específicas o sistemáticas orientadas a pro-
tegerles durante el proceso penal en general y, especialmente,
durante la audiencia del juicio oral.
Tampoco se contemplan normas que regulen la foi^ma en
que deban prestar declaración, de modo que las medidas que en
este sentido se tomen deberán encontrar su fundamento jurídico
en los principios generales contenidos en Tratados Internaciona-
les, en el derecho comparado y en algunas normas generales de
nuestro ordenamiento jurídico, como aquellas establecidas en los
artículos 289, 307 y 308 del Código Procesal Penal.
Estas medidas a que se hace referencia deben buscar, en lo
posible, la protección de la víctima. Como señala la Magistrada
española María García Quesada, "debe ser protegida legislativa-
mente y en la práctica de los Tribunales la posición de la víctima
que deba declarar como testigo, para posibilitar la práctica de
dicha declaración que es prueba esencial y con frecuencia única de
la acusación en los delitos violentos, para que el testigo pueda
cumplir con esa obligación legal respetando su miedo y facilitando
que la declaración pueda prestarse con libertad y espontaneidad.
La posibilidad de que el testigo declare oculto fuera de la vista del
acusado, pero dentro de la Sala de Audiencias, con respeto así a
los principios de publicidad, contradicción y defensa. Si bien, para
ello es preciso procurar los medios materiales necesarios en el
mobiliario de las Salas de Vistas que permita hacerlo con unas
mínimas condiciones de dignidad para el testigo y para la Sala"'**.
Se trata entonces de evitar el contacto visual entre el impu-
tado y la víctima, así como los efectos adversos que la presencia
física del imputado pudiere provocar al momento de que la víc-
tima preste su declaración, mediante mecanismos sencillos como
pueden ser la utilización en la sala de audiencias de un biombo
o de algún elemento que impida dicho contacto.
De este modo, se estará protegiendo a la víctima y se evitai-á
lesionar los principios fundamentales que informan el nuevo
proceso penal, en especial los que dicen relación con el juicio oral
y sus requisitos de validez.
'« CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, "El Miedo de los
Testigos", en Cuadernos de Derecho Judicial, La Prueba en el Proceso Penal, Madrid
1992, p. 402.
LA VICTIMA COMO TESTIGO EN EL NUEVO PROCESO PEN/\L
En esta misma línea, la profesora y magistrada española Olga
Fuentes Soriano plantea una propuesta que tiene por objeto
conseguir procesos más rápidos, con menos costo psicológico
para la víctima, con mayor observancia del conjunto de sus de-
rechos y, por supuesto, con absoluto respeto de los derechos del
imputado''^
"La propuesta consiste en que en los procesos sobre delitos sexua-
les, habida cuenta de las peculiaridades que ios mismos presentan,
se tome declaración a la víctima con una frecuencia mínima y se
evite, en la medida de lo posible, la confrontación directa de ésta
con su presunto agresor. A tal fin, no sería descabellado pensar en
la posibilidad de que siempre, en estos procesos la diligencia
sumarial de toma de declaración a la víctima se practique como
prueba anticipada y con todas las garantías. De este modo, se ob-
servan plenamente los derechos del imputado y se está evitando a
la víctima tener que pasar por una ulterior declaración en el acto
—inevitablemente imponente— del juicio oral. Según esto, la víc-
tima sólo tendría que declarar dos veces: ante la policía en el
momento de interponer la correspondiente denuncia y, posterior-
mente, en la fase de instrucción. Ei imputado por su parte, no sufre
merma alguna de sus derechos en tanto y en cuanto se observe
escrupulosamente su derecho de contradicción y se le informe de
la acusación".
Con el objeto de apoyar y dar fuerza a su propuesta, la magistrada
cita Sentencias del Tribunal Supremo español, en especial la del 16
de mayo de 1998 en la que literalmente puede leerse que "/« ale-
gación de que únicameíite vale ai el proceso penal la prueba del plenario
tiene que ser objeto de serias e impoitantes matizaciones que la doctrina
de la Sala y la doctrina del TS han puesto de manifiesto reite?-adame7ite.
(...) La restricció?! de la prueba sólo al juicio oral significaría en muchos
casos la impunidad más absoluta por razones obvias, ya que, como dice el
''' FUENTES, "Valoración de la prueba indiciarla y la declaración de la
víctima en los delitos sexuales" , en Problemas Actuales de la Administración de
Justicia en los Delitos Sexiuiles, edición de la Defensoría del Pueblo, Lima, 2000,
LA VICTIMA COMO TES TICO EN EL NUEVO PROCESO PENAL
mis?no TC (sentencia de 13 de mayo de 1991) la doctrina acabada de
exponer no puede entenderse en un sentido tan radical que conduzca a
negar toda eficacia probatoria a las diligencias de la instrucción si éstas se
han practicado con las fon7ialidades CE y del ordenamiento procesal (ver
la STC de 15 de abril de 1991). Ahí están pues las pniebas anticipadas
y las preconstituidas, ahí están también las pruebas de la instrucción que
no pudiéndose reproducir en el juicio oral, son sin embargo sometidas a la
contradicción de parte desde el momento en que, por las razones señaladas
en el artículo 130 LECrim de la Ley procesal penaP", son efectivamente
leídas, sin que valga la fórmula obsoleta, incorrecta e ilegal, afortmiada-
mente ya casi destcn-ada del proceso, de tenerlas simplemente por repro-
ducidas. Es el juego muchas veces inconiprendido, que la contJ'adicción
supone. A su través se ejercita el derecho a hacer valer las propias pruebas
y a poder refutar las ajenas y- adversas (..)".
Finalmente, Fuentes Soriano establece que "no existe inconveniente
alguno en tratar de evitar la confrontación directa entre la víctima
y el acusado. La posibilidad de evitar los careos y la confrontación
visual se introdujo en España con la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 19/1994 de protección de testigos y peritos en causas
criminales. La importancia de esta medida en los procesos por
delitos sexuales es tal, que recientemente se ha incorporado al ar-
ticulado de nuestra LECrim no ya como potestad del Juez en el
caso en que las partes lo soliciten y él lo estime conveniente, sino,
especialmente para con los menores, como prohibición de practi-
carlos (salvo que el Juez estimara la medida imprescindible y ésta
no fuera lesiva para el menor)" -'.
En esta misma línea, el derecho peruano introdujo, a través
de la ley 27.115 de 1999, una serie de medidas tendientes a man-
tener oculta la identidad de la víctima, a mejorar el trato, optimizar
el modo de practicar los exámenes médicos y a que el juez tenga
-" El artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: "Podrán
también leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas
en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no
puedan ser reproducidas en el juicio oral".
-" FUENTES, o. cit., p. 183.
en cuenta el estado anímico de la persona a la hora de efectuar su
toma de declaración, entre otros mecanismos. Este cuerpo norma-
tivo señala en específico:
"Artículo 3°: Nuevo Procedimiento.
3.1 Para efectos de la presente Ley, la investigación preliminar, la
acusación fiscal y el proceso judicial, de los delitos contra ¡a libertad
sexual serán reservados, preservándose la identidad de la víctima, bajo
responsabilidad del funcionario o magistrado que lleva la causa.
3.2 El examen médico legal será practicado, previo consentimiento
de la víctima, exclusivamente por el médico encargado del servicio
con la asistencia de un profesional auxiliar. Se permitirá la presencia
de otras personas, previo consentimiento de la víctima.
3.3 Los representantes del Ministerio Público y magistrados dei
Poder Judicial, adoptarán las medidas necesarias para que la actua-
ción de pruebas se practique teniendo en cuenta el estado físico y
emocional de la víctima. Los órganos jurisdiccionales auxiliares
adecuarán sus procedimientos a efectos de cumplir con esta dispo-
sición."
Todas estas medidas procesales que presenta el derecho
comparado, en absoluto merman la capacidad defensiva o contra-
dictoria del acusado y contribuyen notablemente a dulcificar la
ya de por sí amarga tramitación de los procesos por delitos contra
Dichas medidas constituyen un avance fundamental en el
camino de establecer un estatuto especial de protección de aque-
llas víctimas más vulnerables, como son las de delitos violentos
o contra la libertad sexual. En este sentido, destaca especialmente
la reserva obligatoria de la identidad de la víctima y el deber que
tienen tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial de
adoptar las medidas necesarias para evitar la victimización secun-
daria durante el procedimiento y, en especial, durante las actua-
ciones probatorias.
Por último, en caso que la víctima sienta temor de que el
imputado o su familia puedan tener acceso a información respecto
LA VICTIMA COMO TESTIGO F.N KL NUKVO PROCESO PENAL
de su lugar de residencia o de trabajo, o de cualquier otro an-
tecedente que permita su ubicación, podrá hacer uso, en su ca-
lidad de testigo, del derecho establecido en el artículo 307 incisos
2° y 3° del Código Procesal Penal. La norma faculta al juez para
autorizar a quienes declaran como testigos durante la audiencia
del juicio oral, a no señalar su domicilio cuando la indicación
pública del mismo implicare peligro para él u otra persona. En
tal caso, "quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma,
de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. El
Tribunal deberá decretar esta prohibición".
5. JURISPRUDENCIA DEL N U E V O PROCESO PENAL EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD DE
El nuevo sistema procesal penal ha experimentado, en muy poco
tiempo, importantes avances en lo que dice relación con la pro-
tección de la víctima, especialmente, durante la audiencia del
juicio oral. Muestra de ello, son todos aquellos casos en que las
víctimas han podido prestar su declaración en la sala de audien-
cias ocultas tras un biombo, con el objeto de impedir el contacto
visual directo entre el ofendido y el acusado, resguardando así su
integridad psicológica y su intimidad.
Con fecha 11 de febrero del 2002, en la ciudad de Temuco,
se llevó a cabo una audiencia de juicio oral por el dehto de vio-
lación y robo con intimidación ante una Sala del Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de Temuco, constituida por el Juez
Presidente de la misma, Erasmo Sepúlveda Vidal y los magistra-
dos Osear Luis Viñuela Aller y Juan Ángel Muñoz López.
Previo a la realización de la audiencia, el fiscal del Ministe-
rio Público, don Luis Toledo Ríos, pudo constatar que la víctima
no se encontraba en condiciones de prestar declaración como
testigo durante el juicio, atendido el grave daño psicológico que
presentaba como consecuencia del delito.
LA YICTIAIA COMO TES'nGO liN EL NUEVO PROCESO PENAL
Esta circunstancia se pudo ratificar mediante la realización
de informes psicológicos y psiquiátricos que daban cuenta del
severo daño que presentaba la víctima y las graves consecuencias
que podrían producirse en ella en caso de tener que declarar en
la audiencia enfrentando cara a cara al imputado.
Con el objeto de evitar estas indeseadas consecuencias y de
proteger, tanto la integridad psíquica de la víctima, como su
intimidad, el fiscal del Ministerio Público efectuó una petición,
en orden a adoptar ciertas medidas de protección en su favor, a
fin de evitar, durante la audiencia del juicio oral, el contacto
visual entre la víctima y el imputado.
La solicitud principal decía relación con la posibilidad de
que la víctima declarara en una sala contigua a la sala de audien-
cias, mediante la utilización de un circuito cerrado de televisión,
sistema ya utilizado anteriormente para la declaración de los
niños durante el juicio.
Subsidiariamente, el fiscal solicitó la utilización de un biom-
bo que impidiera el contacto visual entre víctima e imputado, y
el estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 33 inciso 2°
de la ley 19.253, en el sentido de prohibir la difusión de la iden-
tidad de la víctima por cualquier medio de comunicación social.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco citó a los
intervinientes a una audiencia a fin de discutir y debatir en torno
a la procedencia de la adopción de las medidas de protección
Al finalizar la audiencia y, en lo que constituye un hito eyi ¡a
protección de las víctimas al interior del nuevo procedimiento penal
por parte del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia,
se resolvió por unanimidad autorizar la utilización de un biombo
que protegiera a la víctima al momento de prestar su declaración.
Dicha resolución de fecha 7 de febrero de 2002 señala textual-
"En cuanto a la petición subsidiaria, se hace lugar a ella, sólo
en cuanto autoriza el empleo de un biombo que evite el contacto
visual de la víctima con el acusado, implemento que se colocará
LA VlCrriM'X COiMO TESTIGO EN I'.L NUEVO PROCESO PENAL
en torno a ella para el sólo efecto de recibir la declaración de
ésta, tal como expresamente lo aceptaron el abogado defensor del
acusado y el fiscal solicitante".
Con posterioridad, son múltiples los casos en que se ha
aplicado esta medida, dentro de los cuales podemos destacar la
causa RUC N° 60498-7 de la Fiscalía Local de Nueva Imperial,
por el delito de violación. En este caso, la víctima, una mujer
adulto mayor, fue autorizada por el Tribunal para declarar tras
Igualmente, en la causa RUC N" 81878-6 de la Fiscalía
Local de Villarrica, por el deUto de homicidio y lesiones graves,
el Tribunal autorizó la medida, mediante resolución de fecha 11
de enero de 2003, que textualmente señala:
"Atendida la naturaleza del delito, la calidad de víctima de
la interviniente y lo dispuesto en los artículos 6°, 78 y 109 todos
del Código Procesal Penal. Como se pide, se dispone por este
Tribunal, la medida de protección propuesta por el Ministerio
Público, para el día de la Audiencia del Juicio Oral; en conse-
cuencia, ésta podrá prestar su declaración detrás de un separador
de ambientes que impida la visibilidad y el posible hostigamiento
que pudiese darse por parte del imputado y la instalación de un
televisor y los demás componentes tecnológicos para que la víc-
tima protegida pueda ver desde su posición al público de la sala
y a los restantes intervinientes; elementos que deberán ser pro-
porcionados por el solicitante."
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