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Timestamp: 2020-04-04 16:36:05+00:00

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Ley 29/1999, de modificación de la Ley 14/94 de 1 junio, de las ETT (Empresa de trabajo temporal)
Indice General Legislación
Ley 29/1999, Ley de modificación de la L 14/94 de 1 junio., por la
que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
Sabed; Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
La Ley 14/94, de 1 de junio, reguló por primera vez en nuestro ordenamiento
jurídico la actividad de las empresas de trabajo temporal, cuya actividad consiste
en poner trabajadores a disposición de las empresas usuarias con el fin de
satisfacer necesidades temporales de éstas. El objetivo de esta norma fue
homologar la regulación de estas instituciones con las ya existentes en algunos
países de la Unión Europea, así como garantizar el mantenimiento de los derechos
laborales y la protección social de los trabajadores contratados para ser cedidos
por parte de las empresas de trabajo temporal.
Esta especial situación de la empresa usuaria respecto al trabajador contratado
por una empresa de trabajo temporal se regula también en la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que incorpora a nuestro
ordenamiento, entre otras, la Directiva 91/383/CEE relativa a medidas tendentes
a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los
trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de
trabajo temporal. En esta norma se establece que la empresa usuaria será
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado
con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y de las
obligaciones de información en materia de riesgos laborales.
Como consecuencia de los compromisos alcanzados en el «Acuerdo
interconfederal para la estabilidad en el empleo», se propuso al Gobierno la
modificación de la regulación contenida en el artículo 17 de la Ley 14/1994,
propuesta ésta que fue recogida por el Real Decreto-ley 8/97, de 16 de mayo.
Como derechos de los trabajadores en la empresa usuaria se regula la atribución
de la representación de los trabajadores en misión a los representantes de los
trabajadores de la empresa usuaria, a efectos de formular cualquier reclamación
en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral, en todo
aquello que atañe a la prestación de servicios de los trabajadores de la empresa
No obstante lo anterior, y transcurridos más de tres años desde la regulación de
las empresas de trabajo temporal en nuestro país, éstas han incrementado
notablemente su actividad a la vez que los derechos laborales y la protección
social de los trabajadores han ido disminuyendo. Según el Consejo Económico y
Social, el elevado grado de aceptación de la contratación a través de esta vía,
deriva no sólo del hecho de ser un medio más flexible de contratación, sino
también de los menores costes salariales que implican la contratación de
trabajadores de empresas de trabajo temporal, siendo éste el principal incentivo
para su utilización. Así pues, el recurso a la contratación de los trabajadores de
empresas de trabajo temporal no sólo constituye un medio para atender a
necesidades temporales de la empresa usuaria, sino que además se ha constituido
en un medio de reducir los costes salariales.
Los trabajadores contratados para ser cedidos a las empresas usuarias no sólo
han sufrido las consecuencias de una elevada precariedad laboral, derivada del
carácter temporal que este tipo de contratación supone y de la prestación de
servicios en distintas empresas por períodos cortos, sino que además sus salarios
se encuentran muy por debajo de los salarios reconocidos a los trabajadores de
la empresa usuaria que efectúan los mismos trabajos o trabajos de igual valor, al
serles de aplicación distintas normas pactadas.
Por ello, la presente iniciativa legislativa lleva a cabo una reforma de la Ley
14/1994, de 1 de junio, de Empresas de Trabajo Temporal, introduciendo
modificaciones en sus artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19 y 20, a fin de
garantizar al trabajador de este tipo de empresas una mayor seguridad jurídica en
su relación laboral con la empresa usuaria. En especial, hay que destacar la
modificación del artículo 11 de la Ley 14/1994, que asegura al trabajador que
presta sus servicios a través de una empresa de trabajo temporal una retribución
al menos igual que la del trabajador de la empresa usuaria, sin perjuicio de que
por convenio colectivo de las empresas de trabajo temporal se establecieran
retribuciones superiores, en cuyo caso serían aplicables estas últimas.
Una vez finalizado el proceso de convergencia salarial de los trabajadores
contratados por las empresas de trabajo temporal para ser cedidos a otras
empresas, deberán impulsarse, preferentemente a través de la negociación
colectiva, aquellas medidas que posibiliten un aumento de la estabilidad en el
empleo de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal, tanto los de
carácter estructural como de los contratados para prestar servicios en empresas
Los artículos de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, que se relacionan a continuación, quedan
modificados en los términos siguientes:
Uno. Se incorporan un segundo y tercer párrafos al apartado 1 del artículo 2, con
«A efectos de apreciar el cumplimiento del requisito relativo a la estructura
organizativa, se valorarán la adecuación y suficiencia de los elementos de la
empresa para desarrollar la actividad planteada como objeto de la misma,
particularmente en lo que se refiere a la selección de los trabajadores, su
formación y las restantes obligaciones laborales. Para esta valoración se tendrán
en cuenta factores tales como la dimensión, equipamiento y régimen de titularidad
de los centros de trabajo; el número, dedicación, cualificación profesional y
estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados para prestar servicios
bajo la dirección de la empresa de trabajo temporal; y, el sistema organizativo y
los procesos tecnológicos utilizados para la selección y formación de los
trabajadores contratados para su puesta a disposición en empresas usuarias.
En todo caso, la empresa de trabajo temporal deberá contar con un número
mínimo de doce trabajadores contratados para prestar servicios bajo su dirección
con contratos estables o de duración indefinida, a tiempo completo o parcial, por
cada mil trabajadores o fracción contratados en el año inmediatamente anterior,
computados teniendo en cuenta el número de días totales de puesta a disposición
del conjunto de los trabajadores cedidos, dividido por trescientos sesenta y
cinco. Este requisito mínimo deberá acreditarse para la concesión de la primera
prórroga anual, y mantenerse en lo sucesivo adaptándolo anualmente a la
evolución del número de contratos gestionados.»
Dos. Se incorpora un tercer párrafo al apartado 4 del artículo 2, con la siguiente
«En los expedientes de primera autorización y prórroga, la autoridad laboral
recabará con carácter preceptivo y no vinculante informe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.»
«5. La empresa de trabajo temporal estará obligada a mantener una estructura
organizativa que responda a las características que se valoraron para conceder la
autorización. Si como consecuencia de la vigilancia del cumplimiento de la
normativa laboral la autoridad laboral que concedió la autorización apreciase el
incumplimiento de esta obligación, procederá a iniciar de oficio el oportuno
procedimiento de extinción total o parcial de la autorización.
La apertura de este procedimiento se notificará a la empresa de trabajo temporal,
a fin de que pueda efectuar las alegaciones que considere oportunas,
recabándose informe preceptivo y no vinculante de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, e informe de los representantes de los trabajadores de la
Si en el expediente quedase acreditado el incumplimiento de la obligación de
mantenimiento de la estructura organizativa de la empresa, la resolución
procederá a declarar la extinción total o parcial de la autorización, especificando
las carencias o deficiencias que la justifican y el ámbito territorial afectado. La
reanudación de la actividad de la empresa requerirá de una nueva autorización.»
1. La empresa de trabajo temporal deberá remitir a la autoridad laboral que haya
concedido la autorización administrativa una relación de los contratos de puesta a
disposición celebrados, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Dicha relación será remitida por la autoridad laboral a los órganos de
participación institucional a los que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo
8 del Estatuto de los Trabajadores, resultando igualmente de aplicación lo
dispuesto en el mismo en materia de sigilo profesional.
2. Igualmente, la empresa de trabajo temporal deberá informar a dicha autoridad
laboral sobre todo cambio de titularidad, apertura y cierre de centros de trabajo y
ceses de la actividad.
3. Si el lugar de ejecución del contrato de trabajo, o de la orden de servicio en su
caso, se encontrase situado en un territorio no incluido en el ámbito geográfico de
actuación autorizado de la empresa de trabajo temporal, ésta deberá notificar a la
autoridad laboral de dicho territorio la prestación de estos servicios, con carácter
previo a su inicio, adjuntando una copia del contrato de trabajo y de su
autorización administrativa.»
«2. Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de
trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las
mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un
contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores.»
«1. En materia de duración del contrato de puesta a disposición, se estará a lo
dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y en sus
disposiciones de desarrollo para la modalidad de contratación correspondiente al
supuesto del contrato de puesta a disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12.3 de esta Ley en cuanto a los eventuales períodos de formación
previos a la prestación efectiva de servicios.»
«c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la
empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por
despido improcedente o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52,
apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza
mayor, o cuando en los dieciocho meses anteriores a dicha contratación los
citados puestos de trabajo hubieran estado cubiertos durante un período de
tiempo superior a trece meses y medio, de forma continua o discontinua, por
trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal.»
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores
sobre cada contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, dentro de los
diez días siguientes a la celebración. En el mismo plazo deberá entregarles una
copia básica del contrato de trabajo o de la orden de servicio, en su caso, del
trabajador puesto a disposición, que le deberá haber facilitado la empresa de
trabajo temporal.»
1. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán
derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a percibir,
como mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a
desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada por
unidad de tiempo. Dicha remuneración deberá incluir, en su caso, la parte
proporcional correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los
festivos y las vacaciones, siendo responsabilidad de la empresa usuaria la
cuantificación de las percepciones finales del trabajador. A tal efecto, la empresa
usuaria deberá consignar dicho salario en el contrato de puesta a disposición del
2. Sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, cuando el
contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador tendrá
derecho, además, a recibir una indemnización económica a la finalización del
contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la
cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio.»
Diez. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 12, incorporando dos
nuevos apartados 3 y 4 a dicho artículo, todo ello con la siguiente redacción:
«2. Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a destinar anualmente el
1 por 100 de la masa salarial a la formación de los trabajadores contratados para
ser cedidos a empresas usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de cotizar por
3. La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador,
previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación
teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el
puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia
profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. En caso contrario,
deberá facilitar dicha formación al trabajador, con medios propios o concertados,
y durante el tiempo necesario, que formará parte de la duración del contrato de
puesta a disposición, pero será en todo caso previo a la prestación efectiva de los
servicios. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo
será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se haya
realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales, conforme a
lo dispuesto en los artículos 15.1.b) y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
El gasto de formación en materia preventiva será computado a efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 anterior, pero el montante establecido en dicho
apartado no constituye en ningún caso un límite a las necesidades de formación en
4. Será nula toda cláusula del contrato de trabajo que obligue al trabajador a
pagar a la empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a título de gasto de
selección, formación o contratación.»
Once. Se añade una nueva letra c) al apartado 1 del artículo 19, con la siguiente
«c) No entregar a la empresa usuaria la copia básica del contrato de trabajo o la
orden de servicio de los trabajadores puestos a disposición de la misma, así
como la restante documentación que esté obligada a suministrarle.»
Doce. Se modifican las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 19 y se añade
una nueva letra f) a dicho apartado, quedando redactadas de la forma siguiente:
«c) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los
previstos en el apartado 2 del artículo 6 de esta Ley o para la cobertura de
puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la
preceptiva evaluación de riesgos.
d) No destinar a la formación de los trabajadores las cantidades a que se refiere
el artículo 12.2 de esta Ley.»
«f) La puesta a disposición de trabajadores en ámbitos geográficos para los que
no se tiene autorización administrativa de actuación, salvo lo previsto en el
apartado 3 del artículo 5 de esta Ley.»
Trece. La letra c) del apartado 3 del artículo 19 queda redactada de la forma
«c) No dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de la empresa de
Catorce. Se añade una letra b) al apartado 1 del artículo 20, quedando
redactada de la forma siguiente:
«b) No facilitar los datos relativos a la retribución total establecida en el convenio
colectivo aplicable para el puesto de trabajo en cuestión, a efectos de su
consignación en el contrato de puesta a disposición.»
Quince. Se modifican las letras b) y e), del apartado 2 del artículo 20, quedando
redactadas de la forma siguiente:
«b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los
preceptiva evaluación de riesgos.»
«e) Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos o
funciones que, en los doce meses anteriores, hayan sido objeto de amortización
por despido improcedente, despido colectivo o por causas objetivas, o para la
cobertura de puestos que en los dieciocho meses anteriores hubieran estado ya
cubiertos por más de trece meses y medio, de forma continua o discontinua, por
trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal,
entendiéndose en ambos casos cometida una infracción por cada trabajador
afectado.»
Las empresas de trabajo temporal que en la fecha de entrada en vigor de esta
norma hubieran sido ya autorizadas administrativamente para el desarrollo de su
actividad con carácter definitivo deberán acreditar ante la autoridad laboral que
concedió la autorización, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, el cumplimiento del requisito establecido en el tercer párrafo del
apartado 1 del artículo 2, en la redacción dada por esta norma.
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación
y desarrollo de esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín
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References: artículo 17
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 2
 resolución

 artículo
8
 artículo 15
 artículo 15

artículo 12
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 2