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Timestamp: 2018-12-15 18:21:36+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V2326-15, 23-07-2015 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2326-15 de 23 de Julio de 2015
Núm. Resolución: V2326-15
LIRPF, Ley 35/2006, artículos 17 y 42.
Aplicación de la exención prevista en el artículo 42.3.c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En virtud de un acuerdo de condiciones laborales, la empresa satisface las primas de un seguro de salud de sus empleados cuya cobertura puede alcanzar a sus cónyuges y descendientes.
Entre los rendimientos del trabajo en especie que el artículo 42.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), dispone que estarán exentos se encuentran, párrafo c), "las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:
2.º Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el párrafo anterior. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie".
Con carácter general, el artículo 42.1 de la citada Ley del Impuesto recoge la siguiente definición de rentas en especie:
"Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.
Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria".
Los rendimientos del trabajo en especie deben distinguirse de aquellos otros supuestos, en los que se produce una simple mediación de pago por parte de la empresa respecto de gastos efectuados por el empleado; es decir, supuestos en que la empresa se limita a abonar una cantidad por cuenta y orden del empleado. En estos casos, la contraprestación exigible por el trabajador a la empresa no consiste en la utilización, consumo u obtención de bienes, derechos o servicios, sino que se trata de una contraprestación que la empresa tiene la obligación de satisfacer de forma dineraria, si bien en virtud del mandato realizado por el empleado, el pago se realiza a un tercero señalado por éste. Es decir, que el trabajador destina parte de sus retribuciones dinerarias a la adquisición de determinados bienes, derechos o servicios, pero el pago de los mismos se realiza directamente por el empleador.
En consecuencia, tratándose de simples mediaciones de pago realizadas en los términos descritos, no cabe entender que las cantidades abonadas por la empresa a un tercero se califiquen como rendimientos del trabajo en especie para el trabajador, sino que se tratará de una aplicación de los rendimientos del trabajo dinerarios.
No obstante, debe señalarse que no siempre que el empleador satisfaga o abone cantidades a terceros para que éstos proporcionen a su trabajador el bien, derecho o servicio de que se trate, estamos en presencia de retribuciones dinerarias por considerar que existe mediación de pago, ya que en ocasiones la retribución en especie se instrumenta mediante un pago directo del empleador al tercero en cumplimiento de los compromisos asumidos con sus trabajadores, es decir, para hacer efectiva la retribución en especie acordada. Para que opere tal supuesto resulta necesario que la retribución en especie esté así pactada con los trabajadores, ya sea en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, es decir, que la empresa venga obligada (en función del convenio o contrato) a suministrarles el bien, derecho o servicio. En tal supuesto, las cantidades pagadas por la empresa a los suministradores no se considerarían como un supuesto de mediación de pago, en los términos anteriormente señalados, sino como retribuciones en especie acordadas en el contrato de trabajo, por lo que resultarían de aplicación todas las previsiones que respecto a las retribuciones en especie se recogen en el artículo 42 de la Ley del Impuesto.
En el supuesto planteado en la consulta, en cuanto parece desprenderse que la empresa se ha obligado en los términos expuestos en el párrafo anterior (retribución en especie pactada con los trabajadores) resultaría aplicable la exención del artículo 42.3.c) a las primas que dicha entidad satisfaga a una entidad aseguradora por la suscripción de un contrato de seguro de enfermedad y asistencia sanitaria, en el que figure como asegurado el propio empleado, su cónyuge y/o descendientes. El exceso de prima satisfecho que pueda existir sobre la cuantía de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas anteriormente, tendrá la consideración de rendimiento de trabajo en especie para el empleado y se valorará por el coste para el pagador incluyendo los tributos que graven la operación.
Por otra parte, en relación con la cuestión planteada en el escrito sobre la aplicación de una determinada deducción autonómica, cabe indicar que el artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE de 19 de diciembre), establece el alcance de las competencias normativas que las Comunidades Autónomas pueden asumir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en particular, la letra c) del apartado 1 se refiere a las competencias normativas que pueden asumir sobre deducciones en la cuota íntegra autonómica. Asimismo, el artículo 55.2.a) de la Ley 22/2009 excluye del alcance de la delegación de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas: "La contestación de las consultas reguladas en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo en lo que se refiera a la aplicación de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias".
En consecuencia, al referirse dicha cuestión a una disposición dictada por una Comunidad Autónoma en ejercicio de sus competencias, la contestación a la misma deberá ser realizada por el órgano competente de esa Administración territorial, conforme al citado artículo 55.2.a) de la Ley 22/2009.
Sentencia Administrativo Nº S/S, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 659/2003, 03-10-2005
Orden: Administrativo Fecha: 03/10/2005 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Fernandez Dozagarat, Begoña Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 659/2003
Sentencia Administrativo Nº 537/2016, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 533/2014, 03-05-2016
Orden: Administrativo Fecha: 03/05/2016 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Canabal Conejos, Francisco Javier Num. Sentencia: 537/2016 Num. Recurso: 533/2014
Sentencia Administrativo Nº 1324/2006, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 926/2003, 27-09-2006
Orden: Administrativo Fecha: 27/09/2006 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallego Laguna, Jose Alberto Num. Sentencia: 1324/2006 Num. Recurso: 926/2003
Sentencia Administrativo Nº 1178/2009, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1474/2006, 16-06-2009
Orden: Administrativo Fecha: 16/06/2009 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gandarillas Martos, Miguel De Los Santos Num. Sentencia: 1178/2009 Num. Recurso: 1474/2006
Orden: Fiscal Fecha última revisión: 01/01/2018
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 10/05/2018 Núm. Resolución: V1199-18
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 29/05/2018 Núm. Resolución: V1422-18

References: Resolución 
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 46
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 42

Resolución 

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