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Timestamp: 2020-01-19 01:43:47+00:00

Document:
BOCG. Senado, serie II, núm. 22-c, de 17/04/2001
Núm. 22 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 34 Núm. exp. 121/000034)
621/000022De modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado.
El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo Unico.
Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 104 bis, que queda redactado:
«Las operaciones futuras sobre las participaciones accionariales de la Administración General del Estado que sean incorporadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales conforme a lo dispuesto en este artículo, que
impliquen la enajenación o transmisión de las mismas a personas privadas o a entes sin personalidad jurídica que revistan carácter privado, deberán ser informadas con carácter preceptivo y vinculante por las Comunidades Autónomas en cuyo territorio esté ubicado algún centro de trabajo de los grupos societarios público sometido a privatización. La inobservancia de este trámite, así como la emisión de informe negativo por parte de alguna de las Comunidades Autónomas que deba ser consultada, determinará la nulidad de pleno derecho de las operaciones acordadas.»
La Constitución recoge expresamente la participación de las CC. AA. en la planificación general de la economía. El presente proyecto de Ley no contiene ninguna previsión respecto a la participación de las CC. AA. en la reestructuración futura del sector público, manteniendo la gestión de la política económica de manera totalmente centralizada y negándoles toda posibilidad de participación en el proceso de transferencia de participaciones accionariales a la SEPI. Esta posición centralista debe ser corregida, favoreciendo un papel más activo, y con facultades decisorias en el supuesto de las privatizaciones, a las CC. AA., con el fin de que puedan defender sus intereses socioeconómicos en el marco de la reordenación de los grupos societarios públicos, cuando afecte a empresas estrechamente vinculadas, o con fuerte implantación en su territorio.
En el apartado 4 del artículo 104.bis, se suprime la expresión: «, ...
incluidos los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas o local, ...».
Debe suprimirse esta referencia puesto que no se ha valorado el impacto económico en las Haciendas Autonómicas o Locales que esta medida puede tener, ni siquiera se ha consultado con las CC. AA., u órganos representativos de las Corporaciones Locales, la exención contenida en este apartado. Además, la referencia a los tributos cedidos de las CC.
AA. invade competencias autonómicas sobre algunos impuestos que, al mismo tiempo de ser cedidos en lo relativo a la gestión y recaudación total o parcial, según su caso, le han sido atribuidas a estas competencias normativas sobre determinados aspectos de los mismos, que no pueden ser ignoradas de forma absoluta, como se redacta en el texto original del proyecto remitido.
Se añade al final del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 104.bis, el siguiente texto:
«El Acuerdo del Consejo de Ministros se remitirá a las Cortes Generales para su debate y aprobación definitiva, acompañado de un informe económico-financiero de la empresa o entidad a la cual pertenecen las participaciones accionariales que se pretenden transferir, en el que se expondrán los motivos que justifican el cambio de adscripción, su situación patrimonial, las posibles repercusiones que el cambio de adscripción pueda tener en los Presupuestos Generales del Estado y un plan de actuaciones y financiación que incluya las aportaciones financieras que se prevean realizar.»
Atribuir a las Cortes Generales un papel preponderante en la reordenación del sector público empresarial, y no solamente un papel secundario limitado a conferir autorización para proceder a la reordenación de las participaciones accionariales del Estado.
Los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formulan 2 enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Socialista, Juan José Laborda Martín.--El Portavoz
Adjunto del G. P. Entesa Catalana de Progrés, Ramón Aleu i Jornet.
ENMIENDA NUM. 4 De los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
Los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo Unico.
ENMIENDA NUM. 5 De los Grupos Parlamentarios Socialista (GPS) y Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
«6.A efectos de la aplicación de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, el Gobierno, durante el último trimestre del año, remitirá al Congreso de los Diputados, para su debate y aprobación, un informe que contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a)Los objetivos y estrategias de gestión de las empresas y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para el siguiente ejercicio.
b)Relación de las empresas y entidades cuyo cambio de adscripción se prevea realizar durante el siguiente ejercicio.
c)El programa de privatizaciones para el siguiente ejercicio.
d)Informe económico-financiero individualizado en relación con cada empresa o entidad en el que se expondrán los motivos que justifican el cambio de adscripción, su situación patrimonial y un plan de actuaciones y financiación que incluya las aportaciones financieras que se prevean realizar. Dicho informe contendrá, igualmente, una exposición pormenorizada de las repercusiones que el cambio de adscripción pueda tener en los Presupuestos Generales del Estado.

References: artículo 191
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 107