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Timestamp: 2018-02-18 18:22:18+00:00

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﻿ Auto 2014-00130 de noviembre 5 de 2015
AUTO 2014-00130 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:PRECISIÓN SOBRE NOTICIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN VALOR PROBATORIO. SE REITERA EN UN AUTO LA REGLA GENERAL SEGÚN LA CUAL LOS REPORTAJES, FOTOGRAFÍAS, ENTREVISTAS, CRÓNICAS Y NOTICIAS QUE APARECEN EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN VALOR PROBATORIO SI, EN CONJUNTO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, LE PERMITEN AL FUNCIONARIO JUDICIAL LLEGAR A LA CONVICCIÓN SOBRE LA VERACIDAD DEL HECHO ALEGADO POR LA PARTE INTERESADA. POR CONSIGUIENTE, SE ACLARA QUE “POR SÍ SOLOS, ENTONCES, SOLO SIRVEN PARA DETERMINAR QUE UN HECHO SE REGISTRÓ SIN QUE PUEDAN TENERSE COMO MEDIO DE PRUEBA DE LO QUE EN ELLOS SE DICE REPRODUCIR”. FINALMENTE, SE RECUERDA QUE SEGÚN LA DOCTRINA PROCESAL, LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, ES DECIR, PERTINENCIA, CONDUCENCIA, OPORTUNIDAD, UTILIDAD Y LICITUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIOS DE PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, RECURSO DE SÚPLICA, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Auto 2014-00130 de noviembre 5 de 2015
Exp.: 11001-03-28-000-2014-00130-00
C.E. Carlos Enrique Moreno Rubio
Actor: Waldir Cáceres Cuero y Otros
Demandado: Edgardo Maya Villazón
Electoral-recurso de súplica
Bogotá, D.C., noviembre cinco de dos mil quince.
La Sala es competente para resolver el recurso de súplica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual éste “procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia (…)”.
En este caso las providencias recurridas denegaron el decreto de una prueba documental y unos testimonios, decisiones estas que, en principio, de conformidad con lo establecido en los numerales 9º y 3º de los artículos 243 y 321 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso(6), respectivamente, son susceptibles del recurso de apelación.
Por lo tanto, como las referidas decisiones fueron proferidas en el curso del proceso de la referencia el cual se surte en única instancia, es claro que contra las mismas procede el recurso de súplica, el cual debe ser resuelto por los miembros restantes de la Sala a la que pertenece la consejera ponente.
Según se tiene, el asunto bajo estudio se contrae a determinar si las pruebas solicitadas por la parte actora, concretamente, en lo referente a oficiar al diario El Espectador, la revista Semana y el diario virtual La Silla Vacía a fin de que remitan las noticias que publicaron respecto de la elección del Dr. Edgardo Maya Villazón como Contralor General de la República y a que practiquen los testimonios de los magistrados de la Corte Constitucional María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio, cumplen o no los requisitos legales para su decreto y práctica.
En el presente caso, se debate la legalidad del acto de elección del Dr. Edgardo José Maya Villazón como Contralor General de la República para el período 2014-2018.
En síntesis, los actores consideran que el referido acto de elección se encuentra viciado de nulidad por cuanto en el trámite que le precedió se aplicó en forma indebida el artículo 77 del reglamento interno de la Corte Constitucional al tenar (sic) el nombre del demandado para el cargo en cuestión.
Además, porque en su concepto, el demandado se encontraba inhabilitado para el cargo al haber fungido como conjuez en el año inmediatamente anterior a su elección como contralor.
Asimismo, porque debido a su edad no podrá culminar el período para el cual fue elegido dado que está próximo a cumplir la edad de retiro forzoso.
Con base en lo anterior, dentro de la audiencia inicial celebrada dentro de este asunto se estableció que el objeto del litigio consiste en determinar si el acto de elección del demandado como Contralor General de la República se encuentra viciado de nulidad por haberse incurrido en favoritismo electoral al haber sido ternado por parte de la Corte Constitucional para dicho cargo, por haber ejercido el cargo público conjuez en el año inmediatamente anterior al de la elección ahora cuestionada; por haber sido elegido pese a que está próximo a llegar a la edad de retiro forzoso; si con su elección se vulneraron los principios de buena fe, confianza legítima, respecto del acto propio, moralidad, transparencia e igualdad; si se infringieron las normas en que el acto debió fundarse; si se debió hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 77 del reglamento interno de la Corte Constitucional y se si (sic) vulneró o no el principio de legalidad.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con las decisiones objeto de súplica se adujo que las noticias periodísticas solo constituyen la manifestación que hace quien las suscribe según sus propias inferencias, observaciones y conclusiones, por lo que no tienen la entidad para afectar la presunción de legalidad de un acto administrativo
Asimismo que los testimonios de los magistrados de la Corte Constitucional no eran necesarios por cuanto su posición frente al tema, se encuentra documentada de manera suficiente en el expediente.
Dicha decisión fue recurrida por los actores bajo el argumento de que las noticias que se publicaron sobre la elección del demandado como Contralor General de la República, son “hechos notorios” y no simples opiniones de los columnistas, por lo que sí pueden contribuir a la declaratoria de ilegalidad del acto acusado.
De igual forma, que los testimonios de los magistrados de la Corte Constitucional resultan necesarios para verificar si la interpretación que se dio en el caso concreto al reglamento interno de esa corporación se apartó o no de la Constitución Política.
Como primera medida, la Sala se permite precisar que de conformidad el artículo 168 del Código General del Proceso —aplicable al caso por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— es enfático en prescribir que el juez debe rechazar “las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.
De igual forma, el artículo 164 del mismo estatuto señala que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siempre que se relacionen con los supuestos fácticos objeto de controversia.
Sobre el punto, se debe tener en cuenta que “(…) la importancia de la prueba está en relación directa con el principio de necesidad. Se requiere ineludiblemente la prueba para demostrar los hechos que han de servir de sustento a la aplicación del derecho y el juez no está llamado a subsanar la falta de pruebas con el mero conocimiento privado o personal(7)”.
En términos de la Corte Constitucional, “(…) las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos(8)”.
Visto así el asunto, es claro que para que una prueba pueda ser decretada esta debe tener conexidad con los hechos objeto de controversia dentro del proceso.
Ahora bien, la doctrina ha clasificado los requisitos para la admisión de las pruebas en extrínsecos (generales para cualquier medio de prueba) e intrínsecos (según el medio de prueba de que se trate).
Los requisitos extrínsecos están contemplados en el artículo 168 del Código General del Proceso y se refieren a:
1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan relevantes para el proceso.
2. Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho.
3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y aportadas por fuera de las oportunidades legales.
4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba.
5. Licitud. Para valorar una prueba, esta no debe contravenir derechos fundamentales constitucionales, de lo contrario será nula de pleno derecho.
Teniendo en cuenta tales criterios, en el sub exámine se resolverá en primer lugar lo referente a la prueba documental solicitada por el actor dentro del proceso 2014-0133 con el fin de que se remitan al expediente las noticias publicadas sobre la elección del demandado como Contralor General de la República.
Al respecto, resulta pertinente poner de presente que en una reciente oportunidad la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 14 de julio de 2015, con ponencia del Dr. Alberto Yepes Barreiro(9), reiteró la regla general según la cual “los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tienen valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso” por cuanto, “por sí solos, entonces, solo sirven para determinar que un hecho se registró sin que puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice reproducir(10)”.
No obstante lo anterior, en aquella ocasión se complementó dicha regla en dos eventos particulares: los hechos notorios y la reproducción de declaraciones o manifestaciones de servidores públicos. Sobre el punto, se dijo:
Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(11) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.
En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.
La razón, el hecho notorio según la definición del profesor Hernán Fabio López Blanco, es aquel que “dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos dentro de un determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad puede ser mundial, continental, regional o puramente municipal y estar referida a un determinado lapso, de modo que lo (sic) en determinado proceso podría erigirse como un hecho notorio, en otro no necesariamente tiene esa connotación”(12).
Y, como lo señala el mencionado autor, no requiere de prueba porque ella resultaría superflua, precisamente por el conocimiento general que se tiene de él.
El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.
En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.
En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen.
De esta manera, la Sala Plena Contenciosa adiciona y complementa la postura que, hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas registradas en los diferentes medios de comunicación valor probatorio si, en conjunto con otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad del hecho registrado en ellos.
Conforme a lo expuesto, las noticias publicadas respecto de la elección del demandado como Contralor General de la República, en principio solo demostrarían que dicho hecho se registró por parte de los medios de comunicación, salvo que se refieran a hechos notorios o se reproduzcan declaraciones o manifestaciones de servidores públicos.
Al respecto, se advierte que las particularidades del procedimiento de elección del demandado en el cargo en cuestión no constituyen un hecho notorio por cuanto no son de conocimiento público, general y directo por parte de la comunidad, además, en el hipotético caso de que así lo fuera, este estaría exento de prueba tal y como lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso.
De otra parte, se advierte que en la solicitud de la prueba bajo estudio no se especificaron los registros periodísticos concretos que pretendía el actor que se allegaran al expediente, razón por la cual no se puede determinar si los mismos, se refieren a declaraciones o manifestaciones de servidores públicos, siendo carga del actor determinar el alcance de la prueba solicitada.
Bajo tales consideraciones, se advierte que en este caso la remisión de los referidos documentos solo demostraría la publicación de una serie de noticias sobre un tema en particular, pero en manera alguna la veracidad de la información allí registrada.
Además, tal y como se estableció en la audiencia inicial, dichas publicaciones constituyen manifestaciones de quien las suscribe según su propio criterio, por lo que en manera alguna pueden servir como medio de prueba que desvirtúe la legalidad de un acto administrativo de elección como el que ahora es objeto de estudio.
Así las cosas, se confirma que los documentos que pretende el actor que se aporten al proceso de la referencia, no son conducentes, por lo que la decisión de no decretarlos habrá de ser confirmada.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prueba testimonial de los magistrados de la Corte Constitucional María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio, con los cuales según el actor, se pretende demostrar la interpretación que se le dio al reglamento interno de esa corporación en el caso concreto, se advierte que, tal y como se manifestó en la decisión recurrida y como bien lo puso de presente el apoderado del demandado, la postura de los togados sobre ese punto concreto se puede determinar a través de otro tipo de pruebas, como por ejemplo, de orden documental.
Así, la interpretación y aplicación que se dio del reglamento interno de la Corte Constitucional en el proceso de designación del Dr. Edgardo Maya Villazón como integrante de la terna para Contralor General de la República se encuentra registrada en las actas de sesión de Sala y los comunicados emitidos sobre el tema por esa corporación, documentos que han sido aportados y solicitados dentro de este proceso y que en criterio de la Sala resultan suficientes para establecer el objeto de la prueba en cuestión. (fls. 216 a 275 del Exp. 2014-0133; 269 a 295 del Exp. 2014-0136; fls. 254, 262 a 265, 434 a 460 del Exp. 2014-0129 y 150 a 174 del Exp. 2014-0130).
En tales condiciones, al estar documentado en forma suficiente el objeto de la prueba testimonial en el expediente, en criterio de la Sala los testimonios de los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio Palacio no resultan necesarios en el caso concreto, es decir, los testimonios de los precitados magistrados en este evento constituyen una prueba superflua o inútil.
En ese orden de ideas, la decisión de la consejera ponente de denegar el decreto de las pruebas documental y testimonial objeto de súplica, será confirmada.
1. Confírmase la decisión suplicada adoptada en la audiencia inicial celebrada dentro de este asunto los días siete (7) y veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015) de negar el decreto de la prueba documental referida a la remisión de las noticias publicadas por algunos medios de comunicación respecto de la elección del señor Edgardo Maya Villazón como Contralor General de la República y de los testimonios de los magistrados de la Corte Constitucional María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio Palacio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En firme esta providencia, vuelva el expediente al despacho de la consejera ponente para lo pertinente.
6 El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala las providencias que son susceptibles del recurso de apelación en materia contencioso administrativa teniendo en cuenta la autoridad judicial que las profiere, es decir, según sean proferidas por jueces o tribunales administrativos, únicamente.
Así las cosas, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no establece las providencias que por su naturaleza serían apelables en el evento en que sean dictadas por el Consejo de Estado, por cuanto dicho recurso no resulta aplicable en ningún caso para providencias dictadas por esta corporación.
Por lo tanto, se tiene que el tema no se encuentra regulado en dicha codificación, por lo que se hace necesario acudir por remisión6 al Código General del Proceso que en su artículo 321 enumera las providencias que por su naturaleza son susceptibles del recurso de apelación.
De la lectura de la norma es claro que establece un listado de providencias susceptibles de apelación dada la naturaleza de las mismas sin atender a la autoridad judicial que las profiere, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece como parámetro para la procedibilidad del recurso la autoridad que profiere la decisión.
En tales condiciones, como el auto que deniega el decreto o la práctica de una prueba, junto con las demás providencias enlistadas en el artículo 321 del Código General del Proceso, son susceptibles de apelación, dada su naturaleza, en virtud de dicha norma sí podría afirmarse que dichas decisiones —cuando son proferidas por el Consejo de Estado en única o segunda instancia— son susceptibles del recurso de súplica.
7 Giacomette Ferrer, Ana. Teoría General de la Prueba Judicial. Segunda Edición. Bogotá.2003.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-830 de octubre 8 de 2002, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, providencia de julio 14 de 2015, expediente (SU)110010315000201400105-00, M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 6 de 2007, expediente AP-00029, C.P. María Elena Giraldo Gómez providencia citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, providencia de julio 14 de 2015, expediente (SU)110010315000201400105-00, M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 25; Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70; Caso Radilla Pacheco Vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.
12 López Blanco, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil” Tomo 3. Pruebas. Editorial Dupré. Segunda Edición 2008. Pág. 58.

References: ARTÍCULO 168
 artículo 246
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 168
 artículo 211
 artículo 164
 artículo 168
 artículo 167
 artículo 243
 artículo 321
 artículo 243
 artículo 321