Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620286.html
Timestamp: 2019-03-20 05:33:57+00:00

Document:
as201620286
Auto Supremo: 286/2016
Expediente: CH-27-15-S
Partes: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Moisés
Rosendo Torres Chivé c/ Sucre Tenis Club representado por Fernando
Proceso: Mejor derecho propietario y reivindicación
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 240 a 244, interpuesto por Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Moisés Rosendo Torres Chivé contra el Auto de Vista Nº 0219/2015 de 27 de abril, cursante de fs. 231 a 234, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Chuquisaca, en el proceso ordinario de Mejor derecho propietario y reivindicación seguido por Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Moisés Rosendo Torres Chivé contra Sucre Tenis Club representado por Fernando Beltrán Sánchez, la concesión de fs. 248, los antecedentes del proceso, y;
I.1. El Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 17/2014 de 25 de abril, cursante a fs. 159 a 161 y vta., declarando Improbada en todas sus partes, la demanda ordinaria de Reconocimiento de mejor derecho propietario y reivindicación de terreno urbano deducida a fs. 14 a 15 y vta. Sin costas.
I.2. Resolución que es apelada por el demandante Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Moisés Rosendo Torres Chivé, por memorial de fs. 167 a 173, que mereció el Auto de Vista Nº 0219/2015 de 27 de abril, cursante de fs. 231 a 234, que en lo relevante fundamenta que el A quo ha hecho una correcta valoración de la prueba producida, porque en ningún momento desconoce el derecho propietario del demandante, por el contrario asegura que ha demostrado su derecho propietario, que no demostró la desposesión para reivindicar y que pretende desconocer un usufructo que la misma Alcaldía otorgó a Sucre Tenis Club y por último que son dos terrenos diferentes por la fecha de inscripción en Derechos Reales; que la demanda es imprecisa y de su tenor se advierte que pretende recuperar los 3.959,40 m2., que sería mayor a la que fue cedido o por el contrario de esta cantidad debe excluirse 2.485 m2., consiguientemente la Sentencia es congruente entre los hechos demandados y resueltos en Sentencia, cuando admite que desde el año 1944 está en posesión. No existe desprotección a los bienes del Estado en la Sentencia el A quo se limitó a dictar Sentencia en la forma que fue demandada y probada por las partes, por cuanto la Sentencia declara improbada la demanda por defecto de la misma y existir error en la pretensión demandada, no se ha afectado o declarado prescrito el derecho del demandante, menos se ha pronunciado sobre la expropiación; que toda acción se inicia a instancia de parte, por ser titular del Principio dispositivo (art. 86 CPC.), la misma no es susceptible de suplirse por el Juez, si bien es parte en el proceso es como un tercero desinteresado (art. 50 CPC.) e imparcial, menos se ha acreditado como el Sr. Juez impugnado ha quebrantado el principio de igualdad a la Ley, el Tribunal reitera la falencia de una demanda no es atribución del juzgador, es de neta responsabilidad del demandante, caso de Autos el demandante ha tenido el trato igualitario frente al demandado, el resultado de la Sentencia es emergente de la prueba aportada, menos se ha dejado sin protección el interés colectivo dando prioridad al particular; que para la procedencia del mejor derecho de propiedad el titular del derecho de un inmueble debe transferir por actos dispositivos distintos el mismo inmueble o lote de terreno a personas diferentes y quien registra primero su derecho propietario con la inscripción en Derechos Reales, se convierte en titular en desmedro de quien por negligencia no ha registrado en DD.RR. su derecho propietario, cumpliendo con la publicidad prevista por el art. 1538 del C.C., que no es otra que la prelación de inscripción en Derechos Reales. Caso de Autos no se da esta figura jurídica, por cuanto del demandado le reconoce derecho propietario a la alcaldía del excedente que lo posee por usufructo, a su vez el demandado cedió otra fracción a título gratuito el año 1947, actos no imputables al administrador de justicia; que el A quo al momento de valorar la prueba, llegó al convencimiento de no haberse producido la supuesta eyección o desposesión que hubieran sufrido el demandante por parte del demandado, por no haberse ejercido actos de dominio sobre el lote de terreno en litigio los actores, esto se deduce de la prueba y confesión del demandante en su memorial de demanda, cuando admite que el año 1947 fue cedido una fracción a título gratuito, sobre la otra fracción fue cedida por la Alcaldía a título de usufructo por un determinado tiempo (fs. 50), consiguientemente la Alcaldía desde la suscripción de esos documentos no ha estado en posesión, menos ha sufrido desposesión, por el contrario con su propio consentimiento el Sucre Tenis Club posee esos terrenos, que también reconoce no ser propietario de esta última fracción, al no estar acreditado la posesión y consiguiente desposesión el Juez inferior no ha infringido el art. 1453 del C.C.; por lo que en ese antecedente confirma totalmente la sentencia impugnada. Sin costas. El Tribunal aprueba la Sentencia elevado en grado de consulta.
I.3. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma por el referido demandante, que obtiene el presente análisis.
De las infracciones acusadas por el ahora recurrente en su recurso de casación en la forma, se extrae en calidad de resumen lo siguiente:
1. Acusa que el Ad quem al dictar el Auto de Vista ha violado de manera flagrante el art. 197 del C.P.C.
Refiere que era un requisito “sine quanon” que el Ad quem que independientemente de pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto, debía pronunciarse respecto de la consulta de la Sentencia, sin embargo de la revisión del Auto de Vista impugnado, si bien hace referencia a la revisión y apelación de la Sentencia, sin embargo de ello no se pronunció en su plenitud respecto a la consulta de la Sentencia, lo que no acontece en el caso que nos ocupa, habida cuenta que el Ad quem únicamente se pronuncia respecto al recurso de apelación, en ese contexto concreta que el Ad quem ha violado el art. 197 del C.P.C., por no haber cumplido con dicha norma adjetiva que es de cumplimiento obligatorio por mandato del art. 90 del adjetivo civil.
2. Denuncia que el Ad quem infringió la regla de la competencia establecida en el art. 236 del C.P.C., al no haber considerado todos los puntos apelados por la parte demandante.
A.- Expresa que en el memorial de fs. 167 a 173 expresó cinco agravios causados por el inferior, empero el Ad quem en el Auto de Vista emite un pronunciamiento parcial, habida cuenta que solamente se pronuncia respecto al primero, segundo, cuarto y quinto agravio y omite pronunciarse respecto al tercer agravio, donde acusó que el A quo efectuó una mala apreciación de la prueba documental pudiendo pronunciarse sobre la violación del art. 1283-1) del C.C., y 397-I-II del C.P.C., eludió pronunciarse sobre este aspecto apelado estando obligado a pronunciarse el Ad quem y no lo hizo, por lo que el Ad quem infringió la regla de la competencia establecida en el art. 236 del C.P.C., al no haber considerado todos los puntos apelados por el Gobierno Autónomo de Sucre.
B.- Solicita nulidad del Auto de Vista por haber negado el Ad quem su propia competencia; cuando el Tribunal de apelación no resuelve todos los puntos que contiene la expresión de agravios o los resuelve distorsionando el planteamiento de la apelación como ocurre en el presente caso, dicho Tribunal de apelación niega su propia competencia e incurre en los motivos de nulidad previstos en los incs. 1) y 4) del art.- 254 del C.P.C., señalando al respecto la jurisprudencia aplicable al caso de Autos.
En ese contexto al dictar el Auto de Vista el Ad quem ha violado el art. 236 del C.P.C., específicamente al no haberse pronunciado sobre los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, al no haber observado los principios de pertinencia y congruencia, que es de cumplimiento obligatorio por mandato del art. 90 del adjetivo civil, lo que implica además que ha desconocido su propia competencia.
Agrega que la violación del citado artículo ha tenido lugar en el pronunciamiento del Auto de Vista que impugna, y respecto a aquella no solamente la violación del art. 236 del C.P.C., sino que a cuya consecuencia se ha violado su derecho a la defensa previsto en el art. 119-II de la C.P.E., porque el no saber si tiene razón o no en cuanto a los agravios expuestos, precisamente al no haber sido resueltos por el Ad quem, cuya reparación ha pedido en apelación, no puede interponer de manera adecuada su recurso de casación en el fondo, lo que lo coloca en un estado indefensión, y vulnera su derecho a la certeza y al debido proceso previsto y garantizado por el art. 115-II de la C.P.E., en su componente derecho a la seguridad jurídica previsto en el art. 178 de la C.P.E.
Por lo que solicita anular el Auto de Vista a objeto de que se dicte nueva Resolución que observe los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad previstos en el art. 236 del adjetivo civil.
II.3. De la respuesta al recurso de casación:
En el presente caso de Autos se aclara que no existe respuesta de la parte demandada al recurso de casación interpuesto por la parte actora.
Tomando en cuenta que en el recurso de casación que se analiza se denuncia omisión de pronunciamiento respecto a la consulta de oficio de la Sentencia, falta de pronunciamiento sobre los agravios deducidos en apelación, inobservancia de los principios de pertinencia y congruencia e infracción del art. 236 del C.P.C.; respecto a esta problemática se desarrolla la doctrina aplicable al caso.
III.1. En relación a la consulta de oficio prevista en el Art. 197 del Código de Procedimiento Civil:
En relación a este instituto jurídico, la uniforme jurisprudencia de este Tribunal en el Auto Supremo Nº 152/2014 de 16 de abril ha razonado: “Que, la previsión contenida en el Art. 197 del Código de Procedimiento Civil dispone todas las sentencias dictadas contra el estado o entidades públicas en general serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiera interponerse”, el presupuesto para la aplicación de este precepto legal radica en la existencia de una sentencia contraria a los intereses del Estado”.
Asimismo, en el Auto Supremo Nº 670/2014 de 11 de noviembre, se ha concretado que: “…sin perjuicio de la apelación concedida, en estricta observancia del art. 197 del Código de Procedimiento Civil se ha elevado en consulta la Sentencia ante el superior en grado, sin que exista objeción de la parte ahora recurrente, no existiendo de consiguiente en dicha determinación infracción que amerite nulidad, más aún si conforme al espíritu del art. 197 del Adjetivo Civil la consulta de oficio ante el Superior en grado, no significa de ninguna manera que se hará por cuerda separada de una eventual apelación, por lo que conforme al principio de concentración la consulta puede ser elevada y remitida conjuntamente la apelación, siendo que tampoco su consideración conjunta por el Ad quem es motivo de nulidad, porque su finalidad es la revisión de la resolución de instancia, en la apelación en atención a los agravios denunciados y en la consulta la revisión de oficio en función del interés de la cosa pública…En consecuencia, del análisis efectuado se evidencia que el A quo, así como el Ad quem han dado estricto cumplimiento a la norma adjetiva precedentemente referida. Por lo que no es evidente el agravio denunciado en ésta parte”.
De igual manera, en el Auto Supremo Nº 164/2015 de 10 de marzo se ha sintetizado que: “…que el art. 197 del CPC, establece la facultad del Tribunal de Alzada para revisar de oficio cuestiones tanto de forma como de fondo del proceso, es decir le otorga competencia para examinar esencialmente la decisión de fondo asumida en contra de los intereses del Estado, sin embargo esto no significa que en el Auto de Vista recurrido tenga necesariamente que existir un capitulo que expresamente haga referencia al análisis en consulta establecido en el art. 197 del CPC, y que la ausencia de este, signifique que el Tribunal de Alzada no haya realizado dicho análisis, ya que de la revisión de Auto de Vista recurrido, se tiene que el Ad quem cumplió con su tarea revisora en grado de consulta, atendiendo no sólo la apelación de la Sentencia, sino también la consulta, conforme se observa en el acápite de “Vistos” de la Resolución, realizando el Ad quem un análisis de los actuados procesales y las pruebas aportadas, cuya conclusión se puede observar el último párrafo del considerando tercero del Auto de Vista recurrido, para luego confirmar y aprobar la Sentencia de primera instancia. Por lo que no es evidente el agravio acusado en este punto”.
III.2. Respecto a la omisión de respuesta:
Razonamiento reiterado en el Auto Supremo Nº 890/2015-L de 6 de Octubre, donde en relación a la omisión de respuesta e infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, se señaló: “En relación a su denuncia de omisión de respuesta, de inicio debemos señalar que correspondía a la parte ahora recurrente activar previamente su derecho de explicación y complementación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así, su derecho conforme al principio de convalidación ha precluido”.
Por otro lado, la Jurisprudencia Constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).
III.3. En relación a la congruencia de las resoluciones:
De manera específica con relación a la congruencia de las resoluciones judiciales en segunda instancia, la SCP Nº 0363/2012-R de 22 de junio, señaló: “en ese sentido, el Tribunal Constitucional anterior, en uniforme criterio, en la SC 0890/2010- R de 10 de agosto, estableció que: “En cuanto a la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limites que se expresan precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del CPC, como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”.
III.4. Sobre la nulidad procesal:
1. Sobre su acusación incoherente de que el Ad quem al dictar el Auto de Vista ha violado de manera flagrante el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, porque no se pronunció en su plenitud respecto a la consulta de la Sentencia.
1.1. Al respecto, corresponde referir que la disposición normativa contenida el art. 197 del adjetivo civil, conforme se hubo desarrollado en el subpunto III.1, de la doctrina aplicable el caso, facultaba al Ad quem la revisión de oficio de cuestiones tanto de forma como de fondo del proceso, otorgando competencia para examinar esencialmente la decisión de fondo asumida en contra de los intereses del Estado, empero, esto no significaba que en el Auto de Vista impugnado tendría que consignarse necesariamente un apartado o capitulo que expresamente haga referencia al análisis en consulta establecido por el art. 197 del adjetivo civil, y que su ausencia signifique que el Tribunal de Alzada no haya realizado dicho análisis; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que el Ad quem cumplió con su tarea revisora en grado de consulta, atendiendo no sólo la apelación de la Sentencia, sino también la consulta, conforme se infiere de la parte introductiva “Vistos” de la Resolución de segunda instancia, donde hace constar: “En grado de revisión y apelación…”, para posteriormente realizar el Ad quem un análisis de los actuados procesales y las pruebas aportadas, remitiéndose dicho análisis a los antecedentes de la presente causa, la pretensión de la parte actora, la contestación y las resoluciones dictadas en relación al fondo de la cuestión debatida, todo esto en el marco de su facultad revisora y los fundamentos interpuestos como agravios en el recurso de apelación, cuya conclusión se puede observar al final de la parte dispositiva del Auto de Vista donde el Ad quem concreta: “El Tribunal aprueba la sentencia elevada en grado de consulta”.
De donde se concluye que el Tribunal de Alzada ha absuelto la consulta por lo que no es evidente la infracción de la norma precitada; es más, si consideraba el ahora recurrente que la Resolución de Alzada era contraria a sus intereses y le causaba perjuicio, le correspondía interponer sus denuncias en el fondo del recurso, en consecuencia deviene en infundado su acusación en este punto.
2. En relación a su denuncia de que Ad quem infringió la regla de la competencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al no haber considerado todos los puntos apelados por la parte demandante, vinculado a su denuncia de omisión de respuesta.
2.1. La parte recurrente en una primera parte de su impugnación, de manera incoherente concreta que el Ad quem dió respuesta al primero, segundo, cuarto y quinto agravio, y que omitió pronunciarse respecto al tercer agravio por lo que habría infringido la regla de la competencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil al no haber considerado todos los puntos apelados, en ese antecedente corresponde analizar su denuncia de omisión de respuesta sobre el tercer agravio fundamentado en el recurso de apelación.
Como se ha desarrollado en el subpunto III.2, del apartado III (Doctrina aplicable al caso), la Jurisprudencia Constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, concretando que el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, porque lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo.
En ese antecedente, en la especie, de la revisión del Auto de Vista Nº 0219/2015, se evidencia que el Tribunal de Alzada en el punto 2 del segundo considerando de dicha Resolución compendia el agravio 2 y 3 en el referido punto “2.-“ cuando concreta: “2.- Mala aplicación del art. 190 del CPC, en la sentencia confutada, al dejar cabos sueltos, que entre la admisión de la demanda y la sentencia existiría incongruencia, al fundamentar que la alcaldía no acreditó estar en posesión sobre la extensión de 3.959.40 m2, alega que en la estación probatoria cumplió con la carga de la prueba. Las considera como segundo y tercer agravio”, y en base a estas presuntas infracciones en el tercer considerando puntos “2 y 3.-” absuelve: “2 y 3.- El art. 190 del CPC., dispone que la sentencia pone fin al juicio sobre las cosas litigadas como fueran demandadas y sabida la verdad de las cosas; si en la demanda se reconoce que el Gobierno Autónomo Municipal es propietario de 53.715,92 m2, que por Ley de 26 noviembre de 1947, la Alcaldía cede a Sucre Tenis Club 2.485 m2, que los ocupa desde el año 1944 a la fecha, estaría ocupando una superficie mayor a la cedida en forma gratuita en posesión de 3.959,40 m2; Ahora bien la demanda es imprecisa y de su tenor se advierte que pretende recuperar los 3.959,40 m2, que sería mayor a la que fue cedido o por el contrario de esta cantidad debe excluirse 2.485 m2, consiguientemente la sentencia es congruente entre los hechos demandados y resueltos en sentencia, cuando admite que desde el año 1944 está en posesión. No existe desprotección a los bienes del Estado en la sentencia el A quo se limitó a dictar sentencia en la forma que fue demandada y probada por las partes, por cuanto la sentencia declara improbada la demanda por defecto de la misma y existir error en la pretensión demandada, no se ha afectado o declarado prescrito el derecho del demandante, menos se ha pronunciado sobre la expropiación”. Concluyendo en relación al mejor derecho de propiedad que en el caso de autos no se da esta figura jurídica, por cuanto el demandado le reconoce derecho propietario a la Alcaldía del excedente que lo posee por usufructo, a su vez el demandante cedió otra fracción a título gratuito el año 1947, actos que en su criterio no serían imputables al administrador de justicia; asimismo, sobre la acción reivindicatoria concluye que la Alcaldía desde la suscripción de esos documentos no ha estado en posesión, menos ha sufrido desposesión, por el contrario con su propio consentimiento el Sucre Tenis Club posee esos terrenos, que también reconoce no ser propietario de esta última fracción, al no estar acreditado la posesión y consiguiente desposesión el juez inferior no ha infringido el art. 1453 del CC.; absolviendo de esta manera todos los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, por lo que en ese antecedente confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada. Extremos estos que no hubieran sido advertidos por la parte actora ahora recurrente.
En consecuencia, de la relación precedentemente efectuada se infiere que el Tribunal de Alzada de manera integral ha dado respuesta a los agravios 2 y 3 del recurso de apelación, sin embargo dicha argumentación del Ad quem, no obstante de ser concreta y precisa, configura una respuesta pertinente a los puntos 2 y 3 del recurso de apelación, de consiguiente no incurre en incongruencia omisiva, porque en definitiva establece que la parte demandante no ha acreditado los fundamentos de su pretensión, sin que esto signifique que este Tribunal comparta el criterio de fondo vertido por el Ad quem, por lo que se concluye que no es evidente que no se hubiera dado respuesta al punto tres impugnado en el recurso de apelación.
2.2. Sobre su denuncia de inobservancia de los principios de pertinencia y congruencia e infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Del segundo considerando del Auto de Vista ahora recurrido, se conoce que el Tribunal Ad quem se remite a todos los fundamentos que fueron objeto del recurso de apelación, y en el tercer considerando, motiva y fundamenta en relación a los mismos puntos que fueron objeto de apelación, y en base a estos fundamentos, en su parte resolutiva, confirma la sentencia impugnada en todas sus partes, resolviendo sobre los mismos aspectos, observado de esta manera la pertinencia y congruencia extrañada por la parte ahora recurrente, no siendo evidente que dicha resolución se constituya en incongruente, afirmaciones del recurrente que resultan siendo inconsistentes. Por lo que corresponde declarar infundado el recurso.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 240 a 244, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Moisés Rosendo Tórres Chivé contra el Auto de Vista Nº 0219/2015 de 27 de abril, cursante de fs. 231 a 234, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Chuquisaca. Sin costas y costos.

References: Resolución 
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