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﻿ Sentencia 2013-00455 de noviembre 13 de 2013
AUTO 2013-00455 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ARANCEL JUDICIAL. ES UNA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL QUE CONSTITUYE INGRESO PÚBLICO, CAUSADO A FAVOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CON OCASIÓN DE LAS PRETENSIONES DINERARIAS QUE SE INCOAN ANTE LOS JUECES DE LA REPUBLICA, DESTINADO A LA MODERNIZACIÓN, DESCONGESTIÓN Y BIENESTAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL PAGO DE DICHO ARANCEL, EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, ES UNA CARGA PROCESAL Y, POR TANTO, EL TRATO JURÍDICO QUE DEBE BRINDARSE, CUANDO NO SE CUMPLE CON ESA CARGA, ES EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, ARANCEL JUDICIAL, AUTO, HECHO GENERADOR DEL ARANCEL JUDICIAL, COBRO DEL ARANCEL JUDICIAL, RECAUDO DEL ARANCEL JUDICIAL, CLASES DE COBRO DEL ARANCEL JUDICIAL
Sentencia 2013-00455 de noviembre 13 de 2013
Radicado: 73001-23-33-004-2013-00455-01 (20579)
Demandante: Sociedad Agroindustrial del Tolima S.A.
Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Asunto: Apelación auto que rechaza demanda - Arancel judicial - Desistimiento tácito.
De conformidad con los fundamentos del recurso de apelación y las circunstancias fácticas del caso, le corresponde a la Sala determinar si la omisión en el pago del arancel judicial constituye una causal de rechazo de la demanda.
Para solucionar el problema jurídico señalado, la Sala se referirá, como primera medida, a la naturaleza jurídica de las pretensiones-obligaciones dinerarias. En segundo término, se estudiarán las cargas procesales y los requisitos de la demanda. Finalmente, se analizará la aplicación de la Ley 1653 de 2013 en el caso concreto y las consecuencias jurídicas del pago extemporáneo del arancel judicial.
4.2. Naturaleza jurídica de las pretensiones dinerarias.
4.2.1. El arancel judicial es una contribución parafiscal(2) que constituye ingreso público(3), causado a favor de la dirección ejecutiva de administración judicial (Consejo Superior de la Judicatura), con ocasión de las pretensiones dinerarias que se incoan ante los jueces de la República(4), destinado a la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia(5).
Como contribución parafiscal, el legislador, previó en el artículo 4º de la Ley 1653 de 2013, que las pretensiones susceptibles de ser gravadas con el arancel judicial (hecho generador) son las de naturaleza “dineraria”. En efecto, la norma señalada dispone:
“ART. 4º—Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la ley estatutaria de la administración de justicia y en la presente ley” (resaltado fuera de texto).
4.2.2. En criterio de la Sala, la expresión “pretensión dineraria” debe entenderse como cualquier tipo de pretensión, ya sea declarativa, ejecutiva, de condena o constitutiva, que tenga como fundamento una obligación susceptible de ser valorada en dinero, independientemente de que la misma provenga o no de una condena o de la ejecución de una obligación.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en general, toda pretensión se presume que proviene de una obligación jurídica que le da fundamento, por lo que resulta necesario referirse al concepto de obligaciones dinerarias o pecuniarias para determinar el alcance de las “pretensiones dinerarias” a las que se refiere el artículo 4º de la Ley 1653.
4.2.3. Sin importar la denominación que adquieran(6), las obligaciones dinerarias son aquellas obligaciones cuya prestación consiste en un deber jurídico(7) de dar, entregar ó transferir al acreedor una cantidad de unidades monetarias o bienes susceptibles de ser apreciados como tal, que se derivan del enriquecimiento sin justa causa, de un negocio jurídico (contratos), de una sentencia o de la misma ley (alimentos, tributos o impuestos)(8).
En tales circunstancias, no puede decirse que la obligación dineraria solo puede referirse a aquella que se extingue con la entrega física de una suma de dinero, pues el concepto de pago o solución de la obligación es mucho más amplio: “la prestación de lo que se debe”, ya mediante la entrega, el reembolso, la devolución, etc. de una suma de dinero.
Eso explica que las obligaciones pecuniarias comportan otro tipo de situaciones jurídicas que, como en el caso de las liquidaciones oficiales tributarias, por citar un ejemplo, se “satisfacen” con el reconocimiento de un derecho en específico y no, necesariamente, con la entrega material de una suma de dinero.
En ese sentido, se resalta la diferencia que la doctrina del derecho procesal (Savigny)(9) establece entre las obligaciones genéricas(10) —dar o hacer— y las obligaciones pecuniarias propiamente dichas, pues las primeras se dirigen, en sentido estricto, al deber de transferir el dominio total o parcial de una cosa o de constituir un derecho real sobre ella(11) (dar) y a la materialización de un acto positivo del deudor(12) (hacer) en un sentido general, mientras que las obligaciones pecuniarias están orientadas “…a la obtención de «un determinado valor» representado o incorporado en la suma debida, con la de verificar «si el contenido de una deuda de dinero ha de tomarse en el sentido del valor nominal (Nennwert), del metálico (Metallwert) o del corriente (Coursmert) de la suma expresada en el negocio», con respuesta a favor del valor corriente al tiempo del negocio..”.
4.2.4. Súmese a lo expuesto que, aunque la entrega de dinero es la forma más usual de cumplir con las obligaciones, también tiene diversos usos frente a las obligaciones y, en general, respecto de la satisfacción de todo tipo de pretensiones (dar o hacer). En efecto, el dinero puede ser entendido como instrumento de cambio, como unidad de cuenta y como instrumento de pago(13).
Respecto de esta última concepción - como instrumento de pago -, la doctrina ha señalado que el dinero “…identifica y caracteriza multitud de pretensiones, en su estructura y en su desempeño…”(14) y, por lo tanto, no resulta procedente circunscribir el dinero o la moneda únicamente al pago como forma de extinguir las obligaciones, ya que existe otro tipo de pretensiones que se satisfacen (extinguen) a través del dinero sin que, en forma alguna, impliquen el pago de una obligación o la ejecución de una condena.
4.2.5. En conclusión, a la luz de las consideraciones arriba esgrimidas, se concluye que las pretensiones dinerarias, esto es, que llevan implícita la satisfacción de una obligación a través de una suma de dinero, pueden comprender obligaciones de dar, hacer o no hacer, como es la de devolver una suma pagada indebidamente, dejar en firme la declaración privada o no imponer una sanción por no declarar, por citar algunos ejemplos, siempre que en ellas, la prestación esté referida a una suma de dinero. De allí que es válido afirmar que en los procesos adelantados ante el juez del tributo, por regla general, resulta procedente el pago del arancel judicial de que trata la Ley 1653 de 2013.
4.3.1. En anteriores ocasiones(15), la Sala ha considerado que, bajo el presupuesto de que los requisitos de la demanda son taxativos, es deber del juez hacer de ellos una interpretación racional para efectos de no imponerle a la parte demandante mayores exigencias que las contenidas en la ley y posibilitar así que el proceso judicial sea un mecanismo eficiente y eficaz para la solución de los conflictos.
4.3.4. La anterior conclusión se apoya en el parágrafo 2º del artículo 6º de la Ley 1653 de 2013(16), que dispone que la omisión del pago del arancel judicial conlleva la declaratoria del desistimiento tácito de la demanda, o de la perención, según el “estatuto procesal aplicable”.
En materia contencioso administrativa la aplicación del desistimiento tácito, ante la omisión del pago del arancel judicial, tiene como fundamento jurídico la norma antes señalada y el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011(17), que lo consagra como consecuencia de la inactividad procesal de la parte demandante, ante el incumplimiento de una carga procesal.
Recuérdese que la inobservancia de las cargas procesales trae consecuencias desfavorables a las partes, de tal forma que esa negligencia u omisión, en virtud de la ley, sólo tiene vocación de afectar a la parte interesada (auto-responsabilidad de las partes).
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha entendido que “…las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso…”(18).
Y sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia(19) ha dicho:
“(…) las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa”.
4.3.5. En conclusión, para la Sala resulta evidente que el pago del arancel judicial, en lo que a la jurisdicción contencioso administrativa respecta, es una carga procesal y, por tanto, el trato jurídico que debe brindarse, cuando no se cumple con esa carga, es el desistimiento tácito de la demanda, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 6º de la Ley 1653, pues de esta forma se logra garantizar la efectividad del acceso a la administración de justicia.
4.4. Pago extemporáneo del arancel judicial.
4.4.1. Las pruebas aportadas al expediente permiten establecer que, dentro de la ejecutoria del auto que, indebidamente, rechazó la demanda, la sociedad Agroindustrial del Tolima S.A. aportó el recibo de pago del arancel judicial (fl. 87).
Ahora bien, si a lo expuesto se agrega que, en criterio de la Sala, la omisión de pago del arancel judicial tiene como consecuencia el desistimiento tácito de la demanda, resulta forzoso concluir que la sociedad demandante tiene la intención de continuar con el trámite procesal que inició con la presentación de la demanda y, por lo tanto, que no hay lugar a decretar el desistimiento tácito.
4.4.2. En anteriores ocasiones la corporación(20), ha reconocido la posibilidad de realizar los pagos, generados como cargas procesales para los demandantes, aún con posterioridad a la providencia que impone la correspondiente sanción por no haberlos realizado (desistimiento tácito), claro está, siempre que dicha providencia no esté en firme al momento del correspondiente pago(21).
Se aclara que aunque los casos antes referidos se relacionan con el pago de los gastos procesales y no con el pago del arancel judicial, lo cierto es que en ambas hipótesis, en criterio de la Sala, se genera el desistimiento tácito y, por lo tanto, los parámetros jurisprudenciales resultan aplicables en un caso y en otro.
Por los argumentos antes esgrimidos, teniendo en cuenta el precedente de esta corporación y, en aras de garantizar el acceso efectivo de la administración de justicia de la sociedad demandante, la Sala revocará la providencia apelada y, en su lugar, ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima continuar con el trámite del proceso para decidir sobre la admisión de la demanda.
4.4.3. Se debe precisar que el Tribunal Administrativo del Tolima conserva la facultad legal de verificar que el pago efectuado por la sociedad demandante corresponde al que exige la ley y, por lo tanto, que tiene la potestad para requerir a dicha sociedad para que complemente dicho pago si lo considera procedente, so pena de que se pueda llegar a decretar el desistimiento tácito de la demanda, en los términos de esta providencia.
1. REVÓCASE el auto interlocutorio del 19 de septiembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante el cual se rechazó la demanda, por las razones expuestas en la presente providencia.
(2) Artículo 2º de la Ley 1653 de 2013.
(3) Inciso 2º artículo 3º Ibídem.
(4) Artículo 4º Ibídem.
(5) Artículo 3º Ibídem.
(6) las obligaciones dinerarias, en la doctrina del derecho, adquieren diferentes denominaciones: obligaciones de dar una suma de dinero o también obligaciones pecuniarias.
(7) Rueda Ferreira. Sergio. Obligaciones Pecuniarias. Las Contraídas en Moneda Extranjera. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. Colombia, pág. 10.
(8) Cfr. Hinestrosa, Fernando. Tratado de Obligaciones. Concepto Estructura y Vicisitudes. Tercera Edición. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2007, págs. 149 y 150.
(9) Citado por Hinestrosa, Fernando. Ibídem, pág. 148.
(10) Enneccerus, Ludwig. Derecho de Obligaciones. Casa Editorial Bosch. España. Barcelona. 1954, págs. 30-35.
(11) Ibídem, pág. 122.
(12) Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones, Octava Edición. Editorial Temis. Bogotá. Colombia. 2008, pág. 25.
(13) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Concepto, Estructura y Vicisitudes. Tomo I. Tercera Edición. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2007, págs. 153-156.
(14) Ibídem, pág. 155.
(15) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 26 de septiembre de 2013. Radicación 08001-23-33-004-2012-00173-01 (20135), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
(16) PAR. 2º—Si en cualquier etapa del proceso se establece que no se ha pagado total o parcialmente el arancel judicial, el juez realizará el requerimiento respectivo para que se cancele en el término de cinco (5) días, so pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento tácito, la perención o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso, según el estatuto procesal aplicable.
(17) ART. 178.—Desistimiento tácito. Transcurrido un plazo de treinta (30) días sin que se hubiese realizado el acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el juez ordenará a la parte interesada mediante auto que lo cumpla dentro de los quince (15) días siguientes.
(18) Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2011.
(19) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto septiembre 17 de 1985, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil. Gaceta Judicial tomo CLXXX - Nº 2419, 1985, pág. 427.
(20) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sección Cuarta, Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, Auto del 5 de diciembre de 2011, radicación 08001-23-31-000-2010-00605-01(18856); Sección Cuarta, Consejero Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, Auto del 14 de junio de 2012, radicación 25000-23-27-000-2011-00161-01(19270); Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, Auto del 9 de mayo 2012, Radicación 08001-23-31-000-2011-00772-01(43109); Sección Tercera, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Auto del 8 de junio de 2011, radicado 50001-23-31-000-2009-00411-02(40.659).
(21) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 6 de noviembre de 2013, expediente 05001-23-31-0002012-00824-01. Número interno 20205, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 178
 artículo 6
 Artículo 2
 artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 3