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Timestamp: 2019-04-20 02:49:22+00:00

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﻿ Sentencia 2002-01154 de agosto 29 de 2013
SENTENCIA 2002-01154 DE 29 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A LOS RECLUSOS. EN VIRTUD DE LA RELACIÓN DE SUJECIÓN QUE IMPIDE AL INTERNO ACUDIR A UN CENTRO MÉDICO O A UN ESPECIALISTA, POR SUS PROPIOS MEDIOS, EL ESTADO Y, CONCRETAMENTE, EL INPEC, ENTIDAD A CARGO DE LA CUAL SE ENCUENTRA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, DEBE VELAR POR LA SALUD DE LOS INTERNOS. DE MANERA QUE, SI NO LO HACE, INCURRE EN UNA FALLA DEL SERVICIO SUSCEPTIBLE DE COMPROMETER SU RESPONSABILIDAD. LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y ADECUADA CONSTITUYE UN DAÑO AUTÓNOMO SUSCEPTIBLE DE SER INDEMNIZADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERNO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, ATENCIÓN EN SALUD
Sentencia 2002-01154 de agosto 29 de 2013
Expediente: 31263
Radicación: 190012331000200201154-01
Actor: Salomé Caicedo de Gómez y otros
Por ser la demandada entidad pública, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82) y la Sala es competente para resolver el asunto, en los términos del Decreto 597 de 1988, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones supera la exigida por la norma para el efecto(2).
Se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso, obedece a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el pasado 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados a reclusos —entre otros temas—, pueden decidirse por las subsecciones, sin sujeción al turno.
Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la demandada por la muerte del señor Anacreonte Gómez.
Los demandantes invocaron tener lazos civiles o de parentesco con el occiso Anacreonte Gómez (fls. 25-31, cdno. 1), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar que se declare la responsabilidad por los daños invocados en la demanda, esto es, la muerte de aquél. Por su parte, el Inpec está legitimado en la causa por pasiva por cuanto el hecho dañoso indicado en la demanda es el no haber brindado atención médica oportuna durante el tiempo en que el señor Gómez estuvo retenido en la cárcel El Bordo.
En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad del Inpec por la muerte del señor Anacreonte Gómez, hecho acaecido el 7 de agosto de 2000, y la demanda fue impetrada el 6 de agosto de 2002, esto es, dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Corresponde a la Sala establecer si, como lo estimó la parte apelante y contrario a lo concluido por el a quo, la entidad demandada debe ser declarada responsable por los perjuicios ocasionados por la muerte del señor José Anacreonte Gómez. Para ello es indispensable determinar si, como lo sostiene la parte actora, el Inpec tenía la obligación de conservar el estado de salud del señor Gómez o si incurrió en una falla en su deber de garantizarle una atención médica oportuna y adecuada, mientras estuvo recluido en la cárcel El Bordo y, de ser así, si dicha falla tiene nexo de causalidad con la muerte de aquél.
1. El señor José Anacreonte Gómez fue condenado a una pena de 32 meses de prisión por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Patía y estuvo detenido en la cárcel El Bordo desde el 10 de agosto de 1999 (copias auténticas del acta por la cual se calificó la conducta del interno, documento obrante en su hoja de vida, fls. 26, 29 y 31, cdno. 2).
2. El 11 de agosto de 1999, el médico con registro 1536-73 valoró al interno y consignó:
E. actual. Enf. Ácido péptica. Infecc. Respiratoria. E. sufridas: vértigos-úlcera péptica. Antec. fam. (...). Antec. pers: no vicios. Ex. Físico: (...). Dolor a la palpación en epigastro e hipogastro. I.D.: 1. Úlcera péptica 2. Cistitis (copia auténtica de la valoración obrante en la hoja de vida del interno, fl. 48, cdno. 2).
3. El 3 de abril de 2000, el mismo médico, con visto bueno del director de la cárcel, certificó que había venido prestando atención al señor Gómez “quien en la actualidad presenta cuadro clínico de “insuficiencia cardíaca congestiva” subsecuente a hipertensión arterial severa, de vieja data” (copia auténtica del certificado obrante en la hoja de vida del interno, fl. 34, cdno. 2).
4. El 10 de mayo de 2000, en certificado suscrito por el médico ya mencionado, se consignó lo siguiente:
Certifico que desde hace 8 meses he venido prestando servicio de atención médica a causa de “insuficiencia cardíaca congestiva” muy probablemente subsecuente a hipertensión arterial severa retractaria a terapia convencional. // Actualmente procesos febriles vesperales, edema postural, signos de ICC y en estos últimos días: tinte ictérico de conyuntivas, orinas catéricas, fiebre moderada (37º, 37,5ºC), decaimiento y mal estado general. // Considero muy prudente e indispensable que este interno sea evaluado, a la mayor brevedad posible, por parte de medicina interna y serología, para que le sean practicados los exámenes paraclínicos pertinentes y para que se determine conducta y tratamiento. ID 1. ICC, 2. Hipertensión arterial severa, 3. Insuficiencia renal crónica, 4. Hepatitis viral ?? (copia auténtica de la certificación obrante en la hoja de vida del interno, fls. 27-28, cdno. 2).
5. En la hoja de vida del interno Gómez aparecen prescripciones de medicamentos de 17 de agosto de 1999, 8 de noviembre de 1999 y 24 de enero de 2000 (copias auténticas de las prescripciones, fls. 35, 44 y 47, cdno. 2).
6. El 25 de junio de 2000, el señor José Anacreonte Gómez fue remitido al hospital nivel 1 El Bordo. En la historia clínica de urgencias se consignó que el motivo de consulta era “llenura” y que la enfermedad actual era “cuadro clínico de 20 días de evolución consistente en disnea de medicinas esfuerzos que han progresado a pequeños esfuerzos, ortopnea y edema progresivo en MMII ascendente”. Se ordenó hospitalizar para manejo pertinente. En el formato de evolución se dejó la siguiente constancia: “pte con falla cardíaca global, se hospitaliza...” (copia auténtica de la historia clínica remitida por el hospital, fl. 13, cdno. 2).
7. El señor Gómez salió del hospital el 1º de julio de 2000. En la nota de la ronda nocturna del 30 de junio se consignó: “Paciente con Dx de ICC que evoluciona satisfactoriamente al tratamiento instaurado. En el momento no signos de dificultad respiratoria. No …(ilegible). No ... (ilegible). Perfil hepatomegico. Dolores y reflujo hepa ... (ilegible). Se decide dar salida y control x c.ext”. El 1º de julio se consignó en las notas de enfermería “sale pte del servicio de hospitalización. Sale caminando por sus propios medios con fórmula médica en mano. Se le explica procedimiento para la casa” (copia auténtica de la historia clínica remitida, fls. 19 y 21, cdno. 2).
8. EI 19 de julio de 2000, el señor Gómez fue dejado en libertad por orden del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán (copia auténtica de la boleta de libertad Nº 5, fl. 25, cdno. 2).
9. El señor José Anacreonte Gómez falleció el 7 de agosto de 2000 en el municipio de Patía (El Bordo), Cauca (original del certificado del registro civil de defunción (fl. 30, cdno. 1).
10. Carlos Eduardo, Álvaro, Anacreonte, Élver y Yamile Gómez Caicedo acreditaron ser hijos del señor José Anacreonte Gómez y de la señora Salomé Caicedo (originales de las certificaciones de los registros civiles de nacimiento, fls. 25-30, cdno. 1).
11. Aunque la señora Salomé Caicedo no acreditó la calidad de cónyuge de la víctima, pues no aportó la prueba idónea, esto es, el registro civil de matrimonio, sino que sólo se aportó la partida eclesiástica del matrimonio contraído con Anacreonte Gómez el 21 de diciembre de 1964, la cual no tiene la virtualidad de demostrar el vínculo marital(3), sí demostró su calidad de compañera permanente, por cuanto este documento constituye un indicio de la relación existente entre quienes figuran en la partida eclesiástica como contrayentes, indicio que, unido al hecho de que la demandante era la madre de los hijos de la víctima y a los testimonios que, en ese sentido, obran en el proceso(4), no dejan dudas a la Sala sobre la relación que la señora Salomé Caicedo mantenía con la víctima.
Está acreditado dentro del expediente que el señor José Anacreonte Gómez falleció el 7 de agosto de 2000 en el municipio de Patía (El Bordo) —supra párr. 9(5)—, esto es, cuando ya gozaba de su libertad —supra párr. 8—. Sin embargo y contrario a lo considerado por el tribunal a quo en la sentencia de primera instancia, en el certificado del registro civil de defunción no aparece la causa de la muerte(6) y no hay prueba alguna en el expediente que permita acreditarla, razón por la cual no será posible establecer si ésta es imputable o no a la entidad demandada.
No obstante lo anterior y dado que en la causa petendi de la demanda se señala que dicha muerte se produjo como consecuencia de una falta de atención médica oportuna y adecuada, situación esta última que, tal como ha sostenido la jurisprudencia vigente de la corporación, puede ser constitutiva de un daño autónomo, será necesario analizar si, efectivamente, está acreditado dentro del expediente y si es imputable a la entidad demandada.
2. La responsabilidad del Estado por la atención médica brindada a los reclusos.
2.1. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Sección(7), las personas detenidas en centros de reclusión oficiales se encuentran, respecto del Estado, en una relación de especial sujeción, lo cual implica que este último deba garantizar su seguridad y asumir los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia y, en consecuencia, el régimen de responsabilidad aplicable a los daños que hayan podido causárseles es objetivo. Sin embargo, ello no implica que, como lo afirma la parte actora en su recurso de apelación, el Estado deba ser declarado responsable por todo detrimento que el interno hubiera sufrido en sus condiciones de salud, durante el tiempo de reclusión, pues dicho detrimento puede provenir de causas extrañas que, de no originarse específicamente por las condiciones de detención, constituyen causales exonerativas de la responsabilidad del Estado.
Ahora bien, lo que sí es claro es que, en virtud de la mencionada relación de sujeción que impide al interno acudir a un centro médico o a un especialista, por sus propios medios, el Estado y, concretamente, el Inpec, entidad a cargo de la cual se encuentra la dirección, administración y vigilancia de los centros de reclusión del orden nacional(8), debe velar por la salud de los internos(9) y, en ese sentido, garantizar la prestación del servido médico “en las mismas condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia que supone la prestación de este servicio para quienes no se encuentren en esa particular situación”(10), de manera tal que, si no lo hace; incurre en una falla del servicio susceptible de comprometer su responsabilidad(11). Así pues, si bien no puede otorgársele razón a la parte apelante cuando afirma que el Inpec tenía la obligación de conservar inalterable la salud del recluso y, en sus términos, devolverlo a sus familiares en condiciones idénticas a las cuales se encontraba al momento de su detención, puesto que esta obedece tanto a factores endógenos como exógenos, sí es cierto que aquél debía garantizar al interno una atención médica oportuna, idónea y eficiente.
2.2. En este orden de ideas la Sala advierte que, en el caso bajo análisis, está acreditado que la entidad demandada cumplió con la obligación de realizar el examen médico de ingreso(12), pues el señor Anacreonte Gómez fue valorado el 11 de agosto de 1999, esto es, al día siguiente de su reclusión en la cárcel El Bordo —supra párr. 1 y 2— y, además, que durante el tiempo de su detención en dicho centro carcelario, fue atendido por un médico que diagnosticó sus patologías —supra párr. 3 y 4— y le prescribió tratamiento farmacológico en varias ocasiones durante el período comprendido entre agosto de 1999 y enero de 2000 —supra párr. 5—.
2.3. Tampoco se observa que la entidad demandada hubiera faltado a su deber de brindar una atención médica oportuna y adecuada al no haber trasladado al señor Gómez a un centro hospitalario de mayor nivel al del hospital El Bordo, como lo indica la parte actora en la demanda, pues contrario a lo que allí se afirma, en dicho centro hospitalario nunca se manifestó que el estado en el cual salía el paciente era delicado ni, mucho menos, que un traslado como el mencionado fuere necesario. Antes bien, según lo consignado en la historia clínica, el señor Gómez “evolucionó satisfactoriamente al tratamiento instaurado” durante el tiempo de la hospitalización y salió por sus propios medios, aunque debía seguir en control por consulta externa —supra párr. 7—.
2.4. La Sala también advierte que, en la medida en que, como está probado en el expediente, no fue el Inpec quien ordenó la libertad del señor Gómez sino el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán —supra párr. 8—, no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la entidad demandada quiso “desentenderse” de la situación de salud de este último y “entregárselo” a su familia cuando sus condiciones de salud eran deplorables, circunstancia esta última que, como se explicó en el párrafo precedente, no corresponde a lo acreditado en el expediente.
2.5. Donde sí es posible constatar la existencia de una falta de atención médica oportuna es en el hecho de que, según se infiere de los medios probatorios obrantes en el expediente, la entidad demandada no hizo lo necesario para atender la recomendación médica de evaluación por parte de medicina interna y serología, formulada el 10 de mayo de 2000 —supra párr. 4—, sino que fue necesario esperar que el paciente presentara un motivo de consulta de urgencias para que se trasladara a un hospital que contara con la estructura médica adecuada.
En efecto, no obra en el plenario constancia alguna de que se hubieran realizado trámites tendientes a facilitar el traslado del interno y, según aparece en la historia clínica abierta en el hospital El Bordo, el señor Gómez no fue llevado para la evaluación de medicina interna y la realización de los exámenes recomendados por el médico del centro carcelario, sino con ocasión de una consulta de urgencias por lo que fue descrito como “llenura” —supra párr. 6—.
2.6. Ahora bien, aún en el caso en que se aceptara que el traslado del señor Gómez al servicio de urgencias del hospital El Bordo se hizo en cumplimiento de la recomendación médica, resulta claro que, sobre este punto, la entidad faltó a su deber de prestar atención médica oportuna pues, a pesar de que el médico tratante señaló que la evaluación por medicina interna y la práctica de exámenes paraclínicos debían realizarse “a la mayor brevedad posible” —supra párr. 4—, dicha remisión no fue llevada a cabo sino un mes y quince días después, esto es, el 25 de junio del mismo año —supra párr. 6—, sin que la entidad demandada haya alegado justificación diferente a la imposibilidad de desconocer los procedimientos para el traslado de reclusos, sin señalarlos.
Al respecto la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 65 de 1993, “[e]l director del establecimiento de reclusión queda autorizado, previo concepto del médico de planta, a ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que cada caso amerite”, texto del cual es fácil inferir que si bien era necesario tomar medidas de seguridad para, teniendo en cuenta el concepto del médico tratante, trasladar al señor Gómez a un centro hospitalario, la puesta en práctica de dichas medidas no podía constituir un obstáculo que retardara por tanto tiempo la garantía del derecho a la salud del interno, menos aun cuando, en primer lugar, el concepto del médico era claro al señalar que la evaluación requerida debía realizarse “a la mayor brevedad posible” y, en segundo, la entidad demandada no acreditó la existencia de una razón específica y concreta que permitiera, sino justificar, al menos explicar la demora.
3. La falta de un servicio médico eficiente, adecuado y oportuno como daño autónomo.
En los términos expuestos y dado que, según la posición mayoritaria de la Sala que se reitera, la falta de atención médica oportuna y adecuada constituye un daño autónomo susceptible de ser indemnizado(13), se declarará responsable a la entidad demandada por la falla de cuya acreditación se dejó constancia en el acápite anterior. Al respecto vale la pena transcribir:
En síntesis, el Estado es patrimonialmente responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia, pero también es responsable del daño aún en eventos en los que no se demuestra esa relación causal, pero queda acreditado que se vulneró el derecho que tenía el paciente a recibir un servicio médico oportuno y eficaz, utilizando todos los medios técnicos y científicos de los que deben disponer las entidades médicos estatales, de acuerdo a su nivel de complejidad; o no se remite oportunamente al paciente, a un centro de mayor nivel, en tanto esa desatención constituye un daño autónomo, que debe ser reparado(14).
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará al Inpec responsable por no haber brindado una atención médica eficiente, oportuna y adecuada al entonces recluso Anacreonte Gómez, y condenará al pago de los perjuicios a que haya lugar.
Tal como se señaló en el acápite de hechos probados, la Sala considera que el señor Anacreonte Gómez era compañero permanente de Salomé Caicedo —supra párr. 11— y padre de Carlos Eduardo, Álvaro, Anacreonte, Élver y Yamile Gómez Caicedo —supra párr. 10—.
Al respecto es de anotar que, en los eventos de padecimientos morales derivados de las dolencias físicas, la jurisprudencia(15) ha considerado que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que estos son sufridos tanto por el directamente afectado como por su familia. Así las cosas, en el caso que nos ocupa puede concluirse también que los familiares del señor Anacreonte Gómez sufrieron un daño moral proveniente de la falta de atención médica eficiente, oportuna y adecuada de que fue objeto su compañero permanente y padre, respectivamente, al no haber sido trasladado con prontitud para que se valorara por medicina interna y se le practicaran exámenes paraclínicos.
Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala(16), estos deben ser fijados con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos, la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(17), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(18), teniendo en cuenta que, desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(19).
En este orden de ideas, la Saja observa lo que se ha decidido en casos similares al de autos y, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y el hecho de que, en los casos de falta de atención médica oportuna y adecuada, se ha reconocido una suma inferior de lo que se concedería en caso de haberse acreditado debidamente el nexo causal entre esa falla y el daño principal invocado(20), determina la indemnización de perjuicios sufridos por los familiares del señor Anacreonte Gómez, en una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Salomé Caicedo —compañera permanente— y para Carlos Eduardo, Álvaro, Anacreonte, Élver y Yamile Gómez Caicedo —hijos—.
2. Otros perjuicios.
Comoquiera que no se encontró probado un claro e ineludible nexo causal entre la falla del Inpec y la muerte del señor Anacreonte Gómez, no hay lugar a pronunciarse sobre la responsabilidad de aquélla ni por el concepto de goce a la vida derivado, según la causa petendi de la demanda, de la muerte del compañero y padre de los demandantes, ni por los perjuicios materiales causados por cuenta de esta última.
REVOCAR la sentencia de 29 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone:
1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, por no haber brindado una atención médica eficiente, oportuna y adecuada al entonces recluso Anacreonte Gómez, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En consecuencia, CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, a pagar, por concepto de perjuicios morales, treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los siguientes demandantes: Salomé Caicedo —compañera permanente— y Carlos Eduardo, Álvaro, Anacreonte, Élver y Yamile Gómez Caicedo —hijos—.
4. El Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(2) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios morales en favor de cada uno de los demandantes, se estimó en 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes y comoquiera que, para el año de la presentación de la demanda —2002— el valor del salario mínimo era de ($ 309.000), el total estimado es ($ 61.800.000), monto que supera la cuantía requerida en ese año ($ 36.950.000) para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado como de doble instancia. Se aplican en este punto los artículos 129 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988.
(3) En efecto, según el artículo 18 de la Ley 92 de 1938 “solo tendrán el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley” y comoquiera que el matrimonio que pretende acreditarse fue celebrado en vigencia de la Ley 92 y que no se aporta prueba alguna sobre la imposibilidad de inscribirlo en el registro civil, en los términos de los artículos 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970, no puede tenerse como prueba del estado civil.
(4) Efectivamente, los señores Alfonso Castillo Muñoz —fl. 90 vuelto, cdno. 2—, William Valencia —fl. 92—, Carlos Alberto Valencia —fl. 93 vuelto—, Nubia Castillo Muñoz —fl. 97 vuelto— y Marco Aurelio Valencia Muñoz —fl. 101 vuelto— son contestes en señalar que la señora Salomé Caicedo era la esposa de Anacreonte Gómez.
(5) Las remisiones corresponden a los números de los párrafos en el acápite de hechos probados.
(6) En efecto, la causa de la muerte transcrita en la providencia no está consignada en la certificación del registro civil de defunción aportado al proceso sino que se trata de diagnósticos realizados por el médico tratante en el centro de reclusión, antes de la muerte del interno —ver supra párr. 2 y 3—.
(7) Ver, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(8) El artículo 16 de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” prescribe “Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El mismo instituto determinará los lugares donde funcionarán estos establecimientos”.
(9) Sobre el particular, el artículo 104 de la Ley 65 de 1993 prescribe: “Servicio de sanidad. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental. // Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas”.
(10) Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2001, expediente 12947, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(11) En sentencia de la Subsección “A” de 8 de febrero de 2012, expediente 22943, C.P. Hernán Andrade Rincón se sostuvo que cuando lo que “se discute es la responsabilidad del Estado originada en daños sufridos por los reclusos, derivados de la prestación del servicio de salud por parte del establecimiento carcelario, la Sección ha sostenido que el régimen de responsabilidad aplicable es el de la falla del servicio”.
(12) El artículo 61 de la ya citada Ley 65 de 1993 prescribe: “Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía psíquica se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los médicos legistas y se proceda de conformidad”.
(13) Sección Tercera, sentencia de 7 de octubre de 2009, expediente 35656, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en Subsección “B”, sentencias de 15 de febrero de 2012 y de 30 de abril de 2012, expedientes 20710 y 22251, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(14) Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 30 de abril de 2012, expediente 22251, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada recientemente en la sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 25887, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourtn.
(15) Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, expediente 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia de esta Subsección proferida el 14 de abril de 2011, expediente 20587, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Allí se dijo: “26. Demostradas las relaciones de parentesco existentes entre los demandantes puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que entre ellos existe un lazo afectivo y, por lo tanto, que sufrieron pena, aflicción y dolor a causa de las lesiones sufridas por su padre, hermano, hijo y compañero, lo cual los legitima para reclamar la reparación de los perjuicios causados”.
(16) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “...descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent. jun. 16/94, exp. 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.
(17) Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(18) Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.
(19) Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232 y 15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(20) Ver, por ejemplo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencias de 30 de abril de 2012, expediente 22251, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 5 de abril de 2013, expediente 25587, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

References: artículo 136
 artículo 106
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 104
 artículo 61