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Directo Blog: LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN COSTA RICA Y RESTO DE LA REGION
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN COSTA RICA Y RESTO DE LA REGION
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ANALISIS DE LA CORRUPCION EN COSTA RICA PROPUESTA DE UN MODELO CONTRA LA CORRUPCION EN LA REGION
IV REUNION CICONA, GUATEMALA .- 1999
Documento preparado y presentado por:
Dr. Eduardo Soto, Presidente CICONA
Lic. Hernan Vega Miranda, Presidente Comisión Nacional Rescate y Formación de Valores
Edmundo Gerli G. ,Director Ejecutivo de COORDINA ,Costa Rica
MSc. Jorge Poveda , Presidente del ICEL Presentacion
El análisis del tema corrupción, ocupa la atención de los diferentes sectores sociales, nacionales e internacionales y de allí la realización de conferencias, mesas redondas, talleres y en fin, de toda clase de actividades tendentes a revisar esta problemática. Desde luego, también debemos destacar la proliferación de organizaciones, algunas con los mejores propósitos por combatir la corrupción, pero con estrategias carentes de efectividad en el combate de tan pernicioso virus social. Consecuentes con nuestra posición, orientada en criterios de naturaleza positiva y proactiva, nos complace reconocer la existencia de numerosas personas y organizaciones dispuestas a enfrentar, con hechos, más que con palabras, la corrupción.
CORROMPER: Según el Diccionario de la Real Academia significa: alterar, trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, depravar, dañar, podrir; sobornar al juez o a cualquier persona con dádivas, o de otra manera; estragar, viciar, pervertir; incomodar, fastidiar, irritar; e incluso oler mal. Como puede observarse de la acepciones anteriores, las formas de manifestarse la corrupción son innumerables. Pero esencialmente el vocablo es utilizado en sentido propio para calificar cualquier acto indebido y cualquier extralimitación o abuso del funcionario público cometida principalmente en el desempeño del cargo o con ocasión de este. ACTOS CORRUPTOS: Son actos de corrupción el aceptar dádivas para desempeñar un acto propio del cargo, el no tramitar oportunamente una gestión de un ciudadano, teniendo oportunidad y el deber de realizarlo, hacer distinciones y dar preferencias a determinadas personas que utilizan los servicios públicos cuando no debieron hacerlo, llegar habitualmente tarde, el permitir ciertos vicios en el ejercicio de la función a los servidores, el hacer uso indebido de los recursos públicos, el someterse a la ley de mínimo esfuerzo, entre otras deformaciones.
Es conveniente destacar que aún cuando al referirse al tema de la corrupción, con frecuencia se ubican aquellos hechos indebidos que se dan en el sector público, es lo cierto que las prácticas corruptas surgen esencialmente en la sociedad civil, arrancando en la familia, pasando por los centros de enseñanza y las organizaciones laborales, las empresas privadas y en general contaminando a todos los sectores sociales. De allí que igualmente son formas de corrupción las estafas, las violaciones de la ley, las defraudaciones fiscales, la competencia desleal, el uso de documentos falsos, las incapacidades fraudulentas y toda esa gama de prácticas conductuales indebidas en que incurren las y los ciudadanos. EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN: Esta práctica humana generalizada tiene efectos tan perniciosos y devastadores, que su ejercicio imposibilita la salud moral de los pueblos, impide el desarrollo económico y sostenible de las naciones y representa un infranqueable obstáculo para lograr la paz y la armonía social. En efecto, es un flagelo mundial que no tiene fronteras, en el que se debaten intereses políticos y económicos, afecta a la democracia, la economía, el desarrollo, el crecimiento, las inversiones, la educación y la cultura, la seguridad, la salud, la soberanía nacional, la familia, la sociedad y sus componentes, al Estado y al individuo como ser humano. Es entonces un problema de Estado y sociedad que exige para su combate una política nacional. Afecta el sistema de valores, la ética y la moral de la sociedad; tanto en lo coyuntural, como en lo estructural. La corrupción se presenta en cosas sencillas y en acciones gigantescas, recurre al uso debido e indebido de las leyes, se da tanto en la actividad privada, como en la pública; puede involucrar beneficios o compensaciones económicas o de cualquier naturaleza o por el contrario, representar amenazas diversas; puede provenir de un usuario o de un funcionario; puede ser por acción o por omisión; puede significar dádivas por servicios cumplidos o por cumplir. Es una deformación humana que se da tanto en las organizaciones sindicales, solidaristas, cooperativistas, políticas, profesionales y gremiales y sus límites dependen de las leyes y el marco cultural de cada organización o comunidad. Sin embargo estamos convencidos de que son más los ciudadanos honestos que los corruptos. Pero lamentablemente la guerra no es pareja, pues mientras los corruptos desarrollan impresionantes estrategias y generalmente cuentan con poder económico y político; por el contrario los honestos, con frecuencia somos pasivos, sometidos a grandes limitaciones y carentes de instrumentos idóneos para enfrentar una lucha de las dimensiones que plantean los corruptos. Porque en efecto el principal enemigo que tiene la lucha contra la corrupción es la indolencia, la desidia y la ausencia del sentido de responsabilidad de los individuos que conforman la sociedad. Las consecuencias de la corrupción son impredecibles y afectan todas las facetas de la vida humana.
Desde luego que los costos sociales de la corrupción son innumerables, destacándose estos:
a) La administración pública ha desviado el sentido de su misión y por ende no ha contribuido en forma efectiva con el funcionamiento adecuado de la sociedad.
b) La generalización de la corrupción es causa de quebrantamiento del aparato económico, distorsiona la competitividad e impide la inversión extranjera.
c) Los antivalores como la inescrupulosidad, el amiguismo, la ley del mínimo esfuerzo y el probrecitico, están sustituyendo a los méritos personales, como la honestidad, la capacidad, la autoestima, el esfuerzo; como requisitos para el ascenso o nombramiento en cargos públicos.
d) Las prácticas corruptas han permeado los órganos de seguridad y de administración de justicia.
e) Como consecuencia de la generalización de la corrupción, los servidores públicos que la practican, incurren en:
* Hurto de bienes públicos ( desde papel, bolígrafos, hasta los fondos de una institución ).
* Uso de los bienes para beneficio personal, de amigos o de la familia, en perjuicio de los derechos de los demás ciudadanos.
* Utilización del cargo como feudo medieval, para provecho personal, de amigos o familiares.
* En el desvío del servicio público, hacia fines distintos para los que está consagrado.
* El no cumplir con la labor pública encomendada (incumplimiento de deberes).
* El silencio ante hechos indebidos perpetrados por otros funcionarios o terceras personas, en perjuicio de los intereses públicos.
f) En el plano personal, es una realidad que la corrupción influye peligrosamente en la conducta de la persona, provocando pérdida de la autoestima, minusvalía, dependencia, ausencia de aspiraciones de superación, baja motivación y toda una gama de deformaciones que inciden directamente en el compromiso social, en la eficiencia e el desempeño del servicio público o de la actividad privada y en general en el desarrollo del país. Debe agregarse que la lista anterior no agota el universo de la corrupción, sino que conforme se vaya estableciendo correctivos, la corrupción se hará más y más sofisticada, por lo que las medidas preventivas cobrarán cada vez mayor valor y la sociedad deberá valorar si modifica las medidas represivas.
San Josè, abril de 1999
Dr. Eduardo Soto, Diputado, Presidente Comisiòn Interparlamentaria Centroamericana contra la Corrupciòn y la Narcoactividad-CICONA
Lic. Samuel Hidalgo, Presidente, Cooordinadora Civica Nacional, COORDINA
Lic. Hernàn Vega Miranda, Presidente, Comisiòn Nacional Rescate y Formaciòn de Valores
Msc. Jorge Poveda, Presidente Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos
ANTECEDENTES DEL CASO COSTARRICENSE
Para comprender el contexto en que nacen los esfuerzos de coordinación entre la Sociedad Civil y la Sociedad Política para enfrentar conjuntamente las crecientes muestras que afectan la Integridad Nacional y causan aumento de la corrupción, la narcoactividad y la impunidad de muchas actividades que vulneran el Bien Común, podemos hacer estos cortes históricos muy simplificados:
Décadas 40-50: Estos años son muy fecundos en la creación de instrumentos de solidaridad social que permiten redistribuir de manera bastante equitativa, las riquezas que produce el esfuerzo nacional colectivo. La frugalidad primordial de la Sociedad Costarricense, se acentúa con la aparición de una vigorosa y orgullosa "clase media" que aminora el impacto de los fenómenos de pobreza para que no se generalicen y la acción del Estado se singulariza en gravar, con impuestos justos a los pocos ricos tradicionales, fruto de la economía agrícola tradicional y de la industria naciente.
La idílica paz costarricense, se ve interrumpida únicamente en 1948, como resultado de un enfrentamiento armado entre las clases políticas. Aparte de esa "pausa histórica", el desarrollo nacional avanza, pese a los cambios continuos de partidos políticos que nos gobiernan. Así el estilo y la cultura costarricenses permiten que la transformación social originada en la alianza de social cristianos y marxistas dado en un momento histórico específico de búsqueda de justicia social, no desaparezca en los gobiernos de signo social demócrata ni en los gobiernos de signo liberal. Por lo contrario, el país consolida y profundiza los cambios, independientemente del signo ideológico de los partidos políticos que ascienden al poder.
Décadas 60-70: Si hacemos un corte que muestre los avances concretos en estas décadas, el resultado es positivo. Sin embargo, el contexto en que se dan los avances sociales, comienza a deteriorarse y se percibe más profundamente los perjuicios, toda vez que por la acción de "vasos comunicantes" la transmisión del mal suele ser mayor, más fácil y más rápida que la transmisión del bien. No es fácil intentar una explicación fiel a la historia, pero simplificando los factores intervinientes, puede afirmarse: a) Los problemas de secularización de la cultura dan origen a pérdida de fe en valores espirituales supremos, lo que incide en la aparición de prácticas antisociales de muy diversa naturaleza. b) Lo anterior aunado al fenómeno del aumento de la intercomunicación planetaria, inician un proceso de disminución de la solidaridad social, que había sido consustancial a la nacionalidad costarricense. c) La situación puede caracterizarse en términos generales- en la aparición débil, pero sostenida, de un pensamiento que poco a poco comienza a permear a algunos líderes exitosos de las clases dirigenciales. Ese pensamiento se sintetiza así: "Para tener éxito, lo importante es tener poder". Para tener poder, lo importante es tener dinero..." En otras palabras: Si antes era importante "ser", en estas épocas comienza a ser más importante "tener". Primera Mitad Década 80: Siguiendo con la simplificación que nos permite caracterizar las décadas anteriores, la década de los 80 puede caracterizarse así: a) Al descreimiento de carácter espiritual, se le une una mayor laxitud en las costumbres éticas y morales, se agrava a raíz de los enfrentamientos de diversa naturaleza entre los bloques capitalista y socialista, que se fundamentan en el uso de la fuerza como razón y en la pérdida de la fuerza de las razones. b) En Centroamérica -como en ninguna otra región de América-, se producen también enfrentamientos y experiencias de uno y otro signo que se agravan por el fanatismo de los grupos extremistas que acompañan las posiciones de derechas e izquierdas.
c) Aunque Costa Rica permanece al margen de los enfrentamientos armados, las repercusiones alcanzan también a nuestro país y la circulación de dinero, producto de las "economías de guerra", causan estragos en el comportamiento de algunos líderes importantes de la Sociedad Política y permiten "negociados fáciles" entre líderes de la Sociedad Civil.
d) A esos problemas de contexto, se le agrega un problema puntual: al inicio del trasiego de drogas por la región centroamericana, que comienza siendo zona de paso, para convertirse poco a poco en área de consumo, porque los narcotraficantes pagan la venalidad de funcionarios públicos y el deseo de enriquecimiento fácil de seudoempresarios salidos de la nada. e) También la consolidación del proceso de globalización de la economía, colabora -de manera tangencial- en el aumento de la corrupción tradicional, de carácter local y le lleva a niveles de mayor impacto. f) El resultado de ese nefasto proceso, es acelerar la emergencia de una economía nacida del facilismo y la aparición de "nuevos ricos" sin ningún compromiso con la solidaridad social y la aparición del fenómeno de la creciente inseguridad ciudadana que azota a otras sociedades.
g) En ese contexto, Costa Rica comienza a mostrar preocupación cada vez mayor por la situación de pérdida de valores tradicionales y consustanciales a la idiosincrasia nacional, por lo que varios ciudadanos pertenecientes a diversos estratos(políticos, sociales, empresariales ,culturales y religiosos) comienzan a permear sus preocupaciones en los medios de información nacional.
h) A finales de la primera mitad de la década de los 80, se puede decir que ya hay condiciones objetivas y subjetivas que permiten el nacimiento de una contraofensiva organizada, que busque aminorar el impacto de prácticas corruptas. Sin embargo, la preocupación se centra más en el diagnóstico del problema, que en la formulación de soluciones adecuadas, porque algunos sectores de la sociedad estiman que las correcciones deben ser de carácter represivo únicamente; mientras que otras estiman que esas no dan resultado, si no se acompañan de soluciones de carácter formativo y educacional.
i) Con un resultado colateral de la terminación de la guerra fría entre las dos grandes potencias y la irrupción de la globalización en sus facetas económicas y culturales, "el hombre y la mujer de la calle", comienzan a experimentar una desilusión -cada vez mayores- con los partidos políticos y en consecuencia, con las Instituciones oficiales, volcando su interés en las organizaciones de base.
Segunda Mitad Década 80: Se inician procesos de conversación entre líderes de diversos sectores de la Sociedad Civil Organizada para plantear una respuesta congruente a los problemas de la corrupción, toda vez que, de los sectores de la Sociedad Política, no hay muestras efectivas de encontrarles soluciones. En esas circunstancias, a iniciativa del Colegio de Abogados, a mediados de 1987, se acuerda crear una Comisión Nacional de Rescate de Valores, cuyos objetivos se encaminan a la creación de un frente común nacional para iniciar el enfrentamiento de los problemas de corrupción. Ante el crecimiento de los problemas de corrupción, la Sociedad Civil Organizada, comienza a dar muestras no sólo de preocupación, sino que pasa a ocuparse del problema, para iniciar procesos de solución.
Hay dos esfuerzos concretos encaminados en líneas convergentes:
a) Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores que se origina en 1987; b) Asociación Cívica Nacional (COORDINA) que se establece en 1994.
Posteriormente ambas terminan haciendo una alianza estratégica primero entre sí y luego con la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra Corrupción y Narcoactividad y con el Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL).
PRIMERA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA: NACIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
RESCATE Y FORMACIÓN DE VALORES
OCTUBRE 1987: Se firma con representantes de todos los sectores del país, el PLAN NACIONAL DE RESCATE DE VALORES. Posteriormente el Poder Ejecutivo, con fecha 3 de diciembre de 1987, mediante Decreto Ejecutivo No. 17908-J. decide declarar de "Interés Nacional", el mencionado Plan. Es este instrumento el que facilita el ingreso del Plan Nacional de Rescate de Valores a todo el sector público, dando lugar a la creación de Comisiones Institucionales en los Ministerios de Gobierno y en las Instituciones Públicas. Posteriormente los Poderes Judicial y Legislativo, se incorporan al Plan Nacional, creando Comisiones de Rescate de Valores.
OCTUBRE 1989: Posteriormente, el 19 de octubre de 1989, se creó una Asociación, bajo el alero de la Ley de Asociaciones, con el mismo nombre, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, bajo el Exp. # 3364 e identificada con la Cédula de Persona Jurídica N° 3-002-104597.
Estrategia: La estrategia de la Comisión Nacional se fundamenta en la ejecución de acciones de naturaleza preventiva y represiva, por cuanto es indispensable que al lado de los castigos, deba generarse un verdadero proceso de concienciación del individuo; es decir, forjar en cada persona humana una actitud crítica que le permita reconocer su condición social, admitir el papel armonizador que debe desempeñar dentro de cualquier organización social, cuestionar y reorientar su propio comportamiento y tomar aquellas decisiones que contribuyan al bienestar común. Concienciación: Para la Comisión Nacional, esa campaña de concienciación ciudadana, es indispensable, por cuanto cualquier individuo sin una adecuada formación en valores, fácilmente violenta las leyes, evade los castigos e incurre en actos de corrupción. Es esa la razón por la cual en los programas de capacitación que imparte la Comisión Nacional, se insiste en la necesidad de una verdadera formación ética y moral; pero no como una lección propia de la filosofía especulativa, sino como una conducta vivencial y cotidiana. Es lo cierto que solamente con ciudadanos responsables, probos, forjados en hábitos y actitudes positivas y con un efectivo compromiso social, será posible enfrentar la corrupción, robustecer el sistema democrático y desarrollar una economía nacional sana y vigorosa. Con el objeto de aumentar el grado de compromiso en contra de la corrupción, la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, lleva a cabo varias actividades, entre las cuales destacan: JULIO 1989: Congreso Nacional de Análisis sobre la Corrupción. En esta primera actividad celebrada en la Universidad de Costa Rica, se analizaron los diversos diagnósticos que los grupos de trabajo presentaron sobre la penetración de la corrupción, en algunos sectores públicos y privados y se plantearon soluciones para controlar esta grave pandemia social.
FEBRERO 1990: Comprendiendo la necesidad de contar con una educación formal forjada en valores, con el apoyo de las Comisiones del Ministerio de Educación Pública y de la Asociación Nacional de Educadores, se presentó el documento "Programa de Formación Permanente de Hábitos y Actitudes para el Logro de Valores", (aprobado por el Consejo Superior de Educación el 23 febrero 1990) el cual se encuentra en ejecución en las escuelas y colegios del país.
NOVIEMBRE 1992: Congreso Nacional "Deberes y Responsabilidades en la Función Pública", efectuado en el Auditorio de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. En este evento se buscó dar una connotación positiva a las acciones que los servidores públicos deben emprender para actuar con ética, con eficiencia y eficacia y de esta forma tratar de controlar la corrupción en el sector público.
AGOSTO 1994: En atención a la instancia formulada por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional intervino en la revisión de un Proyecto de Ley en conocimiento de los legisladores y presentó, como resultado de un trabajo realizado en conjunto con el Poder Ejecutivo, una propuesta de un proyecto alternativo de Código de Ética del Servidor Público. En este documento se incluyo como tema aportado por la Comisión Nacional, el Capítulo de la Participación Ciudadana, en donde se reglamenta la intervención del ciudadano en la denuncia de hechos de corrupción. Este Código posiblemente será aprobado en fecha cercana
SETIEMBRE 1994: Congreso Nacional sobre Corrupción y Narcotráfico, realizada en el Auditorio de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica contó con la participación de representantes de todos los sectores de la sociedad costarricense y de los miembros de las Comisiones de Rescate y Formación de Valores. Los participantes, en lo relacionado con la corrupción, centraron su atención en la presentación y análisis de diagnósticos sobre las distintas formas de corrupción que afectan a cada sector social y finalmente, como parte de las conclusiones se plantearon importantes recomendaciones para un efectivo combate sectorial. DICIEMBRE 1994: Con el propósito de fomentar la eficiencia, la eficacia y la ética en el sector público, nuevamente el Poder Ejecutivo, el 12 de diciembre de 1994, emite un nuevo Decreto Ejecutivo, el N° 23944 J-C, estableciendo un plazo para que el sector público gubernamental organice las Comisiones de Rescate de Valores y autoriza a los Ministerios e Instituciones a apoyar en forma integral el Plan Nacional de Rescate de Valores.
1995-1998: Aparte de las actividades señaladas, en los últimos años se participa activamente en Conferencias Interamericanas dedicadas a analizar los problemas del fraude y la corrupción en el Gobierno (RESPONDACON), en las cuales participan analistas internacionales y cuyas intervenciones se transmiten vía satélite. La Comisión Nacional tiene a su cargo la responsabilidad de organizar estas actividades, a las que invita a representantes del sector público y privado.
Todas las actividades anteriores, se encuentran comprendidas -y sirven a su vez- como material para la formulación del Plan Nacional de Rescate de Valores que impulsa la Comisión Nacional, el cual es un documento básico que actualiza periódicamente el compromiso asumido por la Comisión, en donde se expresa que: "Todos sin excepción, sabemos y sentimos que una corriente de corrupción está minando nuestra identidad, nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestra nacionalidad...".
PLAN NACIONAL DE RESCATE Y FORMACIÓN DE VALORES:
Contempla los siguiente objetivos principales:
a) Incentivar en la ciudadanía una conciencia crítica, respecto a la crisis de valores que padecemos, y una actitud positiva que genere las respuestas deseables.
b) Rescatar y fortalecer nuestros valores más genuinos; aquellos sobre los cuales se gestó y creció la nacionalidad costarricense.
c) Promover la manifestación de actitudes personales que conduzcan a la adquisición de valores, con los cuales la idiosincrasia del ser costarricense se enriquezca.
d) Robustecer la formación integral del hombre, con énfasis en la familia, en la educación formal y no formal.
La Comisión Nacional y la Asociación, están integradas por representantes de la Sociedad Civil, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Para ejecutar sus funciones, la Comisión Nacional se organiza en Comisiones de acuerdo con Acciones Generales generadas desde la Comisión Nacional, pero se ejecutan en cada organización o comunidad, con sujeción al marco cultural y valorativo que orienta a cada grupo. De tal forma que son los propios afectados, interesados o comunidades, quienes utilizando los medios idóneos que estimen convenientes, detectan las causas de la corrupción y proveen soluciones efectivas contra esos problemas. La estructura Funcional de la Comisión Nacional tiene estos niveles de acción:
1.- Comisiones Institucionales: Con el apoyo de los Decretos Ejecutivos señalados y dado su carácter de órgano de "Interés Nacional", se integran comisiones institucionales en los tres Poderes de la República, lo que permite llevar acciones de capacitación y formación a los servidores públicos. La capacitación se orienta a forjar empleados con ética y comprometidos con la eficiencia, la eficacia y el concepto de "servicio al cliente" y se propugna por la formación de un funcionario público honesto, disciplinado, leal, respetuoso, responsable, creativo, proclive a la excelencia, motivado, dispuesto al trabajo en equipo y con un claro sentido de lo que significa el servicio al cliente.
Las Comisiones Institucionales que se organizan son: a) En el Poder Ejecutivo: Es importante señalar que la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, es la única organización de la sociedad civil que en Costa Rica logró insertarse y mantiene sus programas de acción dentro del sector público, en virtud de los Decretos Ejecutivos que la amparan, autorizando la creación de Comisiones en los Ministerios de Gobierno y en las Instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas. Con este importante respaldo del Poder Ejecutivo, existen setenta y cinco comisiones institucionales, con las cuales se trabaja hacia el interior de las organizaciones, capacitando a los servidores públicos sobre valores, la ética, la calidad, la responsabilidad, el trabajo, el respeto, la solidaridad, la criticidad, la iniciativa, la creatividad, el servicio al cliente, la eficiencia y la eficacia. Se procura de esta forma, a través de la capacitación permanente, despertar la conciencia del empleado público, a fin de que mediante la prestación del servicio público en forma transparente, eficiente y eficaz, reconozca y ejercite positivamente su protagonismo en el proceso de desarrollo integral de la nación.
Sin que tengan limitación en el cumplimiento de sus objetivos, entre las acciones más importantes de estas Comisiones Institucionales, están las siguientes: * Rescatar, fortalecer y fomentar los valores morales, cívicos y espirituales que permiten una adecuada integridad de los servidores públicos * Elaborar diagnósticos sobre las manifestaciones de corrupción más notorias en cada institución.
* Desarrollar programas de acción para combatir cualquier forma de corrupción que impida el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada cada institución * Diseñar talleres y en general todo tipo de actividades que permita la capacitación integral del servidor público y sobre el compromiso con la honestidad y la eficiencia
* Realizar actividades que generen en el servidor público actitudes autocríticas, respecto de los valores humanos. * Elaborar programas de trabajo orientados a forjar en los servidores públicos, actitudes que les permita reconocer su protagonismo y la necesidad de una participación efectiva y positiva en la toma de decisiones institucionales, a fin de contribuir con el mejoramiento del ambiente laboral y con una mayor productividad
* Promover el fortalecimiento y el respeto de los valores institucionales que dignifiquen el trabajo y al propio funcionario público * Realizar actividades de concienciación, por medio de las cuales los servidores públicos reconozcan voluntaria y conscientemente, la necesidad de practicar aquellos valores que fortalezcan la misión y los objetivos del servicio público. (Ejemplos: la honestidad, la integridad, la lealtad, la solidaridad, la vocación de servicio y la responsabilidad). * Contribuir con la formación integral del servidor público, dando énfasis a la calidad del trabajo, a la eficiencia, la eficacia y desde luego a la familia y a la educación integral.
* Rescatar, fomentar y fortalecer los valores sobre los cuales se gestó y creció la nacionalidad costarricense * Promover la manifestación de actitudes individuales que evidencien la solidez de los valores, tanto en el desempeño de la función pública, como en la vida privada de los funcionarios.
* Desarrollar campañas institucionales informando a los servidores públicos sobre los distintos delitos de corrupción, así como sobre sus graves efectos en la moral y en la economía nacional; propiciando así en cada funcionario, la necesidad de hacer de la función pública una actividad eficaz, productiva y transparente.
* Generar campañas de educación dirigidas a los usuarios del servicio público, en las que se les informe sobre la transparencia y eficiencia que debe tener la prestación de la actividad pública y en las que se les invita a combatir y a denunciar toda forma de corrupción en el sector público. En los Poderes Legislativo y Judicial: No solamente se trabaja en el Poder Ejecutivo, sino que existen Comisiones en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, orientadas con la misma filosofía de las que funcionan en el Poder Ejecutivo. Para conocer sobre los planes de trabajo y logros obtenidos por cada comisión, mensualmente se realizan reuniones con los coordinadores de cada comisión.
La lucha contra la corrupción, va más allá de limitarse a la promulgación de leyes y a la imposición de castigos. Es lo cierto que Costa Rica, como muchos otros países del continente americano y en general del mundo, cuentan con abundante legislación relacionada con el combate a la corrupción; sin embargo, a pesar de ello, este fenómeno, persiste, aumenta y sus agentes se profesionalizan y recurren a la más avanzada tecnología; logrando perpetrar sus acciones sin dejar huellas o indicios incriminatorios.
2.-Comisiones Comunales: La Comisión no se limita en su accionar al sector público, también trabaja en las comunidades, en donde funcionan las Comisiones Comunales. Con su creación , se busca despertar la conciencia ciudadana, en cuanto a la crisis de valores que sufre la sociedad costarricense y en cuanto a la urgencia de generar acciones efectivas y positivas para la búsqueda del bienestar general. Sin que constituya una limitación a sus acciones, entre los más importantes objetivos de estas comisiones, destacan :
* El análisis de los diversos fenómenos de corrupción, criminalidad y narcotráfico que afectan a las comunidades.
* El estudio de las causas por las cuales los miembros de cada comunidad incurren en esos flagelos.
* La realización de diagnósticos sobre los antivalores más notorios en la conducta de los habitantes de cada comunidad.
* La elaboración de programas de capacitación dirigidos a los miembros de cada comunidad, encausados a la formación de valores, tales como por ejemplo: el diálogo, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el compromiso social.
* La ejecución de acciones que permitan detectar y enfrentar las causas de las distintas deformaciones que afecten a cada comunidad.
* La programación de talleres, mesas redondas, conferencias y actividades educativas, en las cuales se abordan temas de interés nacional y comunal.
* La realización de actividades preventivas, en las cuales se informa a la comunidad los graves efectos de la corrupción y de las demás delincuencias y de las posibles alternativas para combatirlas.
* La celebración de actividades que promuevan la formación de hábitos y actitudes positivas, con las que se busca fomentar la participación ciudadana, como requisito para el mejoramiento integral de la comunidad y como mecanismo para la solución de los problemas más sensibles que están afectando la paz social en cada comunidad.
* La revisión de los programas de estudio que desarrollan los distintos centros de enseñanza en cada comunidad, a fin de que los mismos contemplen la formación ética y moral y una verdadera educación ciudadana.
3.- Comisiones Municipales: Para la Comisión Nacional es indispensable que en el proceso de formación integral de los ciudadanos y en el fomento de una actitud valerosa y honesta frente a la corrupción, los Municipios ocupen un espacio determinante. En realidad la interacción que debe existir entre autoridades públicas comunales y los ciudadanos de cada comunidad, debe convertirse en el mejor vehículo para desarrollar una conciencia crítica y a la búsqueda de soluciones efectivas contra las múltiples degradaciones actitudinales que impiden el progreso y la armonía de una sociedad.
4.- Comisiones en Colegios Profesionales: Dada la importancia de los Colegios Profesionales en la formación ética y en la lucha contra la corrupción, funciona una Comisión Central integrada por representantes de todos los Colegios Profesionales del país y comisiones en algunos colegios .
En estas instituciones se busca:
 Promover la ética y el decoro en el ejercicio profesional y la formación de hábitos y actitudes positivas en los profesionales. * La dignificación de la actividad profesional.
* El desempeño ético y moral del profesional.
* Promover la responsabilidad y el compromiso del profesional en el mejoramiento integral de la sociedad.
* Fomentar en cada profesional una actitud ciudadana positiva que le permita asumir el rol social que está llamado a cumplir. * Desarrollar programas de concienciación, mediante los cuales los profesionales comprendan que están llamados a participar solidariamente en la lucha contra la corrupción y contra toda conducta que propicie la anarquía y el cercenamiento de las bases del sistema democrático.
* Combatir la comercialización de la enseñanza y por ende la proliferación de centros de educación superior, por cuanto la masificación profesional se está convirtiendo en una peligrosa cantera de corrupción.
* Promover en los centros de enseñanza superior, la excelencia académica, a través de la elaboración y formulación de programas de estudio. SEGUNDA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA: NACIMIENTO DE LA COORDINADORA CÍVICA NACIONAL
(COORDINA)
No obstante que la Comisión Nacional de Rescate de Valores tiene a su haber una importante agenda de actividades y logros efectivos, nace otra Asociación de carácter más específico: Coordinadora Cívica Nacional (COORDINA) de cara a la necesidad de englobar y concentrar más efectivamente los esfuerzos desperdigados en la Sociedad Civil, para una lucha eficaz contra el narcotráfico. OCTUBRE 94: Culminan los esfuerzos de creación legal de la Coordinadora Cívica Nacional, auspiciada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), la que encarga al industrial Edmundo Gerli, Presidente Honorario de la Unión de Cámaras y Asesor de FEPRICAP (Federación de Cúpulas Empresariales de Centroamérica), liderar un proceso para coordinar entes civiles representativos: Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Cámaras de Medios de Comunicación (Prensa, Radio, Televisión); también participan líderes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial. En esta fase el aporte de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (que recoge las principales preocupaciones de los sectores no oficiales) es fundamental, porque se llega a ver el problema del narcotráfico como una faceta clave del problema de la pérdida de valores y la corrupción y no como un hecho aislado, constituyendo por lo tanto, "un síndrome social".
El documento que da el nacimiento a COORDINA, firmado por más de ochocientos líderes nacionales de la Sociedad Civil, contiene esta estrategia: COORDINA debe coordinar esfuerzos de los sectores públicos y de la Sociedad Civil bajo estas reglas de juego:
a) Sin privilegiar ni a unos ni a otros, por encima de banderías políticas, sin consideraciones ideológicas o personalismos excluyentes, para garantizar el éxito de la labor a desarrollar. b) Sin espectacularidad ni publicidad, preocupándose únicamente de la eficacia de los logros obtenidos, independientemente de "quién se lleve las palmas".
c) Utilizando todos los recursos lícitos por medio de la negociación sobre la mesa, para lo cual debe recurrir a todos los medios de información, y a todos los grupos de la Sociedad Civil Organizada con capacidad de incidir en la formación de opinión pública.
e) Resguardando las espaldas de los funcionarios públicos probos para evitar que los cambios políticos les sacrifiquen, se pierda el terreno ganado y se comience de cero con nuevos funcionarios a los que hay que comenzar por crearles conciencia.
f) Haciendo cada uno de los miembros de la Junta Directiva y sus colaboradores, el máximo esfuerzo por cumplir tareas a veces importantes, a veces superficiales, pero todas ellas esenciales para lograr cometidos superiores; evitando usar las palabras: "eso no me toca a mí", "esa tarea no es acorde con mi profesión", o cualesquiera otras que son el pretexto en que los latinoamericanos nos escudamos para no cumplir con nuestras tareas para con la Sociedad.
ALIANZA ESTRATÉGICA COMISIÓN -COORDINA
A raíz de la creación de COORDINA, se conviene en que la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, colaborará efectivamente con esta segunda instancia, nacida de la Sociedad Civil, para formar una verdadera "alianza estratégica". La acción de COORDINA, se fundamenta en un diagnóstico sencillo:
DIAGNÓSTICO: Antes las soluciones eran fáciles, cuando el desarrollo de un país dependía de las relaciones personales entre los pocos niveles de decisión, las cosas marchaban con bastante rapidez. Ahora, en la sociedad moderna, todo se ha complicado tanto, que cada Institución que se crea, termina poniendo sus propias reglas del juego y la sociedad se convierte en una verdadera "colcha de retazos", en donde cada jerarca manda en su retazo y es sumamente celoso de lo que ocurre en él, habiéndose perdido la capacidad de diálogo, dificultándose, entonces el encontrar soluciones y todo se va dejando para "luego" , para " mañana" o para "el futuro", mientras el contexto nacional se va deteriorando a simple vista. SOLUCIONES: En la Sociedad Moderna, la Sociedad Global se integra por dos parcelas bien diferenciadas:
a) SOCIEDAD POLÍTICA: Integrada por: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y todos y cada uno de los órganos especializados del Estado Moderno, cada uno con sus reglas de juego, competencias, atribuciones y limitaciones.
b) SOCIEDAD CIVIL: Integrada por todas las organizaciones de carácter civil con fines o sin fines de lucro, que por sus diversos intereses, se encuentran en posiciones no coincidentes, contradictorias y muchas veces, con visiones y soluciones muy parcializadas.
Sin embargo, para que la lucha sea efectiva, es necesario también involucrar a las instancias especializadas de la Sociedad Civil, en este caso cerca de cuatrocientas organizaciones sin fines de lucro, más de cincuenta mil a nivel comunal, cerca de veinticinco Colegios Profesionales, aproximadamente ciento sesenta agrupaciones sindicales, y no menos de veinte mil de otra naturaleza (Cooperativas, Asociaciones Comunales, Cívicas y Educativas) y cerca de sesenta medios de comunicación colectiva. Tales organizaciones no siempre coinciden en sus intereses ni en sus estrategias.
OBSTÁCULOS PARA LA COORDINACIÓN
Cada Institución esté colocada en la Sociedad Política o en la Sociedad Civil, tiene como característica el que se ha especializado demasiado careciendo, por tanto, de claridad acerca de cuál es la relación que tiene con otros entes de la Sociedad Global y por lo tanto, se puede afirmar "los árboles", a veces les impide ver "el bosque"; o bien, que "la hierba", les dificulta ver "el árbol".
Por lo contrario, "el hombre y la mujer de la calle", ven los problemas y los obstáculos desde una perspectiva diferente; por lo tanto, más humana y más cercana a sus necesidades diarias, no entendiendo por tanto, por qué las Instituciones son tan lentas, frías e indiferentes para eliminar obstáculos y ponerse a trabajar conjuntamente.
BARRERAS MENTALES TERMINAN SIENDO REALES
La rigidez burocrática, el verticalismo en las decisiones, el afán de notoriedad política, son barreras mentales pero muy concretas que impiden que las Instituciones funcionen y se coordinen, porque se suele caer en la frase: "eso no es de mi competencia", "la ley no me permite actuar", "quisiera hacer eso pero no puedo", "no hay recursos para hacer lo que se me pide". Sin contar que a veces hay funcionarios que no se hablan entre sí, se tienen mala voluntad y por lo tanto los problemas deben esperar a que se solucionen esos "subjetivismos perniciosos" y tales situaciones persisten en el tiempo sin posibilidad de arreglo.
Frente a esos problemas reales, cuando los partidos políticos y las instituciones oficiales terminan perdiendo credibilidad y legitimidad social, los pueblos tienden a buscar otro tipo de soluciones no negociadas. Tal es el caso de los regímenes de fuerza, en donde las dictaduras toman las decisiones, las cosas deben hacerse porque SÍ y se acabó.
Sin embargo, los regímenes democráticos, su ineficiencia se debe a la dificultad y lentitud de coordinar esfuerzos por parte de órganos y organismos que buscan metas muy diversas y dirigidos por personas que terminan confundiendo el quehacer de las Instituciones con sus beneficios personales o con sus formas de pensar, lo que implica grandes entrabamientos para lograr avances o para controlar retrocesos.
JUNTA DIRECTIVA: La conformación de la Junta Directiva de COORDINA, está pensada en la línea de obtener la menor resistencia en las organizaciones de la Sociedad Civil y en los órganos de la Sociedad Política, por cuanto se busca integrarla por períodos de cuatro años con personas con características muy especiales: a) De edad suficiente para encontrarse por encima del bien y del mal. b) Sin compromisos político-partidistas muy acentuados, o desprovistos de esos compromisos.
c) Haberse destacado en sus áreas de trabajo o de interés, teniendo reconocimiento nacional, pero sin pretensiones de "figuración" o de "notoriedad".
d) Con suficiente peso moral para que no se les formulen reclamaciones y para que sus decisiones tengan posibilidades de concretarse.
e) Con el compromiso de pensar "como el hombre de la calle", de que existen soluciones a todos los males, si hay buena voluntad de los jerarcas de las Instituciones encargadas específicamente para ello.
LA FILOSOFÍA PRÁCTICA que dio base a COORDINA, ha tenido éxito en Costa Rica y no es su intención vender el modelo al resto de Centroamérica, pero sí poner la experiencia a disposición de los Hermanos Centroamericanos, por las siguientes razones:
a) En Centroamérica hay un origen común de idiomas, costumbres, intereses, y -salvando las circunstancias-, de desarrollo; pero al igual que los hijos de mismos padres no son iguales y tienen sus propias personalidades, en nuestro caso debe respetarse la distinta personalidad de cada país.
c) Por lo tanto, esos instrumentos deben ser muy flexibles para aprovechar la diferente personalidad no sólo de cada país, sino para adaptarse a las particularidades de los diversos jerarcas a quienes debe coordinarse con un perfil muy bajo, de manera que, en el camino se van cosechando adeptos y amigos.
RESPUESTA DE LA SOCIEDAD POLÍTICA
PRIMERA MITAD DÉCADA 90: El empuje de la Sociedad Civil Organizada, ampliamente amplificado por los medios de comunicación social, obliga al Estado Costarricense a preocuparse no sólo del desarrollo nacional, sino también del contexto en que éste debe producirse para garantizar su estabilidad y su sostenibilidad, tanto económica como social y cultural. En estas circunstancias, el clima de incertidumbre y preocupación que provoca el deterioro de los valores tradicionales; así como el aumento de la corrupción y de los hechos de narcoactividad, comienza a mostrar esfuerzos más coherentes por parte de la Sociedad Política. Cabe resaltar que la presión de la población por la satisfacción de sus necesidades básicas ocupa la mayor parte de los esfuerzos de los órganos del Estado, por lo cual las soluciones se producen con mucha lentitud ,toda vez que debe vencerse la inercia burocrática, así como las resistencias a cambios ,todo agravado por presupuestos desfinanciados, aumento de la deudas externa e interna y muchos rezagos en soluciones de problemas acumulados en todos los sectores de actividad. Por esas razones los hitos en el campo de establecimiento de estrategias concretas para luchar contra la corrupción y la narcoactividad son pocos y entre ellos destacan tres concretamente: CAMBIOS EN LA CONTRALORÍA GENERAL Mayo 90: El modelo de desarrollo costarricense dio fuerte énfasis al papel del Estado, con mucho éxito durante las décadas de los años 40 al 70 inclusive. Sin embargo, por exceso de intervencionismo estatal, los logros obtenidos en esas épocas, comenzaron a perderse, frente a las dificultades para el desarrollo de la libre empresa con responsabilidad social.
En esta fecha se inicia un cambio fundamental en el papel a desarrollar por la Contraloría General de la República, tendente a eliminar gran cantidad de entrabamientos burocráticos que propiciaban prácticas de corrupción.
La necesidad de modificar los procesos contralores para evitar y eliminar la corrupción en el Estado son coordinados por el Lic. Samuel Hidalgo, electo Contralor General de la República, , bajo los siguientes lineamientos: DIAGNÓSTICO: El Estado Costarricense, con una organización muy diferente con débiles e ineficientes controles predomina en la década de los 40, facilitando la existencia de una corrupción que no alcanza los niveles actuales, solo porque aun prevalecían muchos de los principios y raíces con que surge la nacionalidad costarricense.
Sin embargo, los esfuerzos por erradicar las malas prácticas en la administración pública y garantizarle a los ciudadanos el correcto uso de los recursos que conforman la Hacienda Pública, surge como un instrumento constitucional, la Contraloría General de la República, cuya Ley N° 1252 ve la luz pública el día 22 de diciembre de 1950, cuyo ejecútese es dado un día después, el 23 de diciembre de 1950.
La Contraloría es constituida como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa para ejercer la vigilancia de la Hacienda Pública, incorporándosele el sabio principio de independencia funcional y administrativa en relación con los Poderes del Estado. Con la condición de encargarla de la vigilancia superior sobre todas las personas físicas o jurídicas que manejen fondos públicos.
Esa Ley creada en el marco de un país con incipiente desarrollo, podía atender con más bien poca capacidad, los requisitos de fiscalización del Estado y sus órganos que se iban multiplicando. Sin desconocer el país la importancia fundamental del control, el impulso de los esfuerzos de gobiernos e instituciones, lo recibía un crecimiento desordenado y desarticulado que afectó los buenos principios de organización y administración y hubo que esperar hasta el año de 1994 para que surgiera una nueva Ley Orgánica más ordenada y acorde con el cambio de los tiempos.
Esa Ley conservaba los principios básicos de sus responsabilidades pero le dieron a su vez, un marco referencial ampliado, bajo la concepción de un Sistema Integrado de Fiscalización y Control, que da carta de naturalización a los sistemas de control interno, a las auditorías internas, a la responsabilidad de la Administración activa, por implantar sus controles y más sólidamente al Ente Contralor, para cumplir como órgano rector y responsable del Control Superior de la Hacienda Pública y de sus recursos (quienquiera que los generara o los administrara).
La nueva Ley contempla un capítulo sobre las sanciones y responsabilidades de los servidores públicos y amplía la legitimación procesal de la Contraloría ante los Tribunales de Justicia, entre otros aspectos.
Los signos de los tiempos, por el crecimiento (en cantidad y responsabilidades) del Estado con un crecimiento inorgánico y carente de los sistemas de control, obligan a las instituciones a romper paradigmas y convertirla en una actividad proactiva que, sin perder el control, no obstante los veloces cambios que exigen la modernidad, la tecnología, y los cambios de un Estado en procura cada vez mayor del Bien Común, con las consabidas deficiencias de una Administración "sin dueño".
Para ajustar la nueva Ley Orgánica a las exigencias de la época, se da inicio a un proceso de Planeamiento Estratégico y de Fortalecimiento Institucional, con la participación del 100% de sus funcionarios y empleados para prepararlos en la comprensión del papel contralor en el desarrollo económico y social de la Nación, lo que exige acciones controladas pero no entrabamientos de procesos, que por ser muchas veces discrecionales, general las semillas de la corrupción.
Este proceso procura que tanto a lo interno como a lo externo, la función pública se lleve a cabo con honestidad, transparencia y compromiso, con la intención de que haya una integración a corto plazo, conjuntamente con la visión del largo plazo, a fin de que la Contraloría logre que los recursos públicos cumplan con su cometido de coadyuvar en el desarrollo económico y social, dando preferencia a los más necesitados y desposeídos, de manera que, sus acciones de vigilancia y control lleven, efectivamente, al logro de la justicia social.
NUEVAS MODALIDADES DE CONTROL
Las nuevas modalidades de control surgen entonces como resultado de la urgente necesidad de que la Contraloría deje de ser un ente rectivo y se convierta en un ente
proactivo, para responder a estos nuevos retos:
a) Los grandes cambios en la economía mundial, la demanda de servicios al gobierno, el déficit fiscal, los mayores niveles de endeudamiento, y crédito publico.
b) El aumento de la atmósfera de incertidumbre de la capacidad y calidad de los niveles de cumplimiento.
c) El aumento de la desconfianza en el quehacer institucional, porque los programas no satisfacen las necesidades reales de los contribuyentes y mucho dinero se diluye en perdidas por corrupción de funcionarios.
d)El aumento de la desconfianza de la Sociedad Civil que a su vez lleva a incertidumbre y esta última al inicio de proceso de ingobernabilidad, que la simple " rendición de cuentas" no logra satisfacer.
Todos estos problemas llevan a generar cambios paradigmáticos en la función contralora.
CAMBIO EN LA FISCALIZACION DE ACCIONES PUBLICAS
Se parte del principio de que la fiscalización de las actividades de la hacienda pública en sus niveles operativos no es suficiente, tampoco satisfactoria y se requiere sectorizarla para mejorar la supervigilancia, lo que implica trabajar en actividades polifuncionales, mediante equipos interdisciplinarios, orientando estratégicamente el quehacer de la Contraloría con una visión pro-activa para los responsables de ejecución de los presupuestos de la República.
La fuerza de las ideas de esas transformaciones sustanciales en la institución contralora, trasciende también al cambio de los partidos políticos que se suceden en el poder, y se ha creado en el país una mayor conciencia acerca del papel fundamental de la Contraloría General de la República no como un órgano revisor de cuentas, una vez que el presupuesto ha sido gastado, sino como una institución que debe velar, previendo problemas de corrupción, por la correcta gestión gubernamental.
ABRIL 92: El Presidente de la Asamblea Legislativa, en ese entonces, Dr. Miguel Ángel Rodríguez, ordena llevar a cabo la Primera Jornada Nacional "Unidos Contra el Narcotráfico", que agrupa a entes muy representativos de todas las esferas del quehacer público, comunitario y privado del país. Las grandes orientaciones para luchar contra este flagelo, se encuentran compendiadas en dos publicaciones efectuadas por el MSc. Jorge Poveda, en ese entonces, Asesor del Directorio Legislativo. El primer volumen dedicado a la Jornada Nacional, contiene estas conclusiones:
a) El problema de la narcoactividad en cualquiera de sus expresiones, sobrepasa toda la capacidad institucional nacional instalada, por lo que se requiere del concurso permanente, concertado, flexible y sin tregua para enfrentarlo con todas las fuerzas de la sociedad.
b) Al Poder Ejecutivo compete elaborar políticas que tiendan a atacar el problema en todas sus expresiones; pero igualmente se encuentra en la obligación de coordinar sus esfuerzos con la comunidad organizada, haciendo énfasis en la información, la prevención y educación como medidas adecuadas para evitar la extensión y penetración de este flagelo.
c) Es necesario que el Estado costarricense busque nuevas fórmulas de cooperación regional e internacional para enfrentar con éxito la creciente influencia de los narcotraficantes en las esferas mas sensibles para la toma de decisiones; principalmente porque amenaza con penetrar mediante la utilización del dinero, los partidos políticos.
d) Los medios de comunicación social deben estar al servicio del Estado costarricense mediante acuerdos específicos para informar y formar la opinión pública.
El segundo volumen dedicado a la Jornada Internacional, busca este objetivo y plantea esta estrategia: Objetivo: Crear un frente mancomunado entre las sociedades civiles y las autoridades oficiales de los países latinoamericanos para evitar el crecimiento de la siembra, tráfico y consumo de drogas de origen natural y, la creación tráfico y consumo de drogas de origen sintético.
Estrategia: Celebrar una reunión con representantes de las sociedades políticas y sociedades civiles latinoamericanas, para crear una contraparte que plantee en los niveles decisorios de los países consumidores (Europa y Estados Unidos de América), la formulación de medidas adecuadas en las áreas de represión, interdicción, consumo, tratamiento, rehabilitación y educación.
BUSQUEDA DE AUMENTO DE LA EFICACIA LEGISLATIVA REGIONAL
ABRIL 94: El entonces Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Lic. Danilo Chaverri, presenta a los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica, encarga al Asesor Legislativo MSc. Jorge Poveda la elaboración de una propuesta para crear el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos (FOPREL).El Foro se institucionaliza en octubre 94 en Nicaragua; en abril 95 se institucionaliza el Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL), en Honduras, y en 1997 se establecen en Guatemala las Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas para compatibilizar y homologar leyes en sectores claves en Centroamérica. A Costa Rica se le asigna la Presidencia de la Comisión Contra la Corrupción y la Narcoactividad.
Las ventajas comparativas de FOPREL, como órgano de cooperación horizontal regional son las siguientes:
a) En el orden económico: PARLACEN cuesta a la región varios millones de dólares al año. FOPREL cuesta únicamente diecinueve mil dólares al año a cada Poder Legislativo.
b) PARLACEN carece de la potestad de legislar. FOPREL lo hace mediante la formulación de Leyes Marco que se conviene por medio de las Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas.
c) PARLACEN depende de burocracia extraparlamentaria. FOPREL trabaja con la capacidad instalada de cada Poder Legislativo sin costo adicional.
COROLARIO: Los tres ejemplos anteriores sirven para preparar en el campo de la lucha contra la corrupción y la narcoactividad, nuevas modalidades de acción en las cuales interactúan -convergiendo- los entes de la Sociedad Civil Organizada y los órganos de la Sociedad Política que se gestan como resultado de los esfuerzos concretos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
A continuaciòn se analizan los resultados que se obtienen como fruto de esa convergencia.
ACCIONES SOCIEDAD POLÍTICA-SOCIEDAD CIVIL
SEGUNDA MITAD DÉCADA 90: En la lucha contra la corrupción y la narcoactividad, los logros concretos que se obtienen en razón de converger los esfuerzos de la Sociedad Civil Organizada (representada por la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores y la Coordinadora Cívica Nacional -COORDINA-) con órganos legislativos, destacan los siguientes:
ENERO 95: Con el objeto de mejorar las relaciones entre la Asamblea Legislativa y su órgano auxiliar, la Defensoría de los Habitantes, se establece un convenio de cooperación para crear la Oficina de Enlace entre ambas instituciones. Entre los principales logros obtenidos, se encuentran:
a) Obtener insumos de parte de los habitantes de la República (a través de la Defensoría de los Habitantes), para ser trasladados de manera sistemática y ordenada a la Asamblea Legislativa, facilitando la formulación de leyes con el componente agregado del criterio emanado de la Sociedad Civil.
b) Establecer Oficinas de Contraloría de Servicios en todas las instituciones del Estado para mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios y para vigilar y denunciar prácticas de corrupción. c) Participar (por parte de La Defensora Adjunta de los Habitantes), Dra. Joyce Zurcher, en las reuniones de elaboración de estrategia de COORDINA conjuntamente con el Director de la Oficina de Enlace, en ese entonces, MSc. Jorge Poveda.
ENERO 95: Para complementar la visión ético-valorativa formulada en octubre de 1994, COORDINA aprueba un Plan de Trabajo que consta de dos fases: la primera busca una consolidación de esfuerzos a nivel nacional, para que -una vez cumplida- permita iniciar la segunda fase de esfuerzos a nivel centroamericano. A continuación se esbozan brevemente los principales logros de cada una de esas fases.
Primera Fase: Nivel Nacional: Consiste en una "alianza estratégica" entre la Comisión Nacional de Rescate de Valores y COORDINA para poner en práctica un Plan de Acción que gira sobre dos ejes fundamentales: Eje Sociedad Civil: Busca concentrar esfuerzos desperdigados en diversas organizaciones de la Sociedad Civil que por una u otra razón no tienen convergencia. Algunos ejemplos de la labor de COORDINA en este campo específico, son los siguientes:
a) Inicio de un diagnóstico conjunto con el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Drogas (CONADRO) y el Consejo Coordinador de Inteligencia Contra las Drogas (CICAD) para establecer un Plan de Acción Convergente en el que el papel de COORDINA es muy sencillo: facilitar actividades de intercambio de información, eliminar malentendidos, roces y conflictos y, fomentar las buenas relaciones entre los jerarcas.
b) Motivación a grupos de la Sociedad Civil que trabajan directamente en labores de detección, prevención, formación y educación contra corrupción y narcoactividad, que usualmente trabajan aislados y en competencia, creyendo que su "universo de acción", se agota en la parcela de la población con la cual trabajan.
c) Interrelación e intercambio de experiencias, estrategias y motivaciones provenientes del sector público y del sector de la Sociedad Civil para compatibilizarlas y aumentar su cobertura y eficacia.
Eje Coordinación con Autoridades Oficiales: Busca el contacto directo con autoridades de los tres Poderes para lograr la convergencia de los esfuerzos de la Sociedad Civil y las acciones de las autoridades oficiales nacionales. Algunos ejemplos de la labor de COORDINA en este campo específico, son muy puntuales, pero ejemplifican la puesta en práctica de su estrategia de acción:
a) Con el Fiscal General de la República, Lic. Carlos Arias: Colaborar en la formulación de modificaciones en la legislación que regula la compra, el trasiego y el uso de drogas, estupefacientes, haciendo las tramitaciones y la labor de "lobby" directamente con los Jefes de Fracción, en la Asamblea Legislativa, para garantizar su aprobación, de manera que ningún partido político lo aproveche para llevar "agua a sus molinos".
b) Con el Fiscal General de la República, Lic. Carlos Arias: Colaborar en la redacción de las modificaciones a la integración del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAP), para sustraerlo de influencias políticas y fortalecerlo técnicamente; así como para dotarlo de recursos propios que lo alejen de presiones indeseables.
c) Colaborar en la puesta en práctica de actividades de interrelación ejecutiva para facilitar a la Licda. Maggie Breedy, Superintendenta de la Fiscalización de Entidades Financieras, con el fin de mejorar los controles para evitar lavado de dinero, mediante la aprobación en muy corto plazo del Convenio Centroamericano para la Prevención, la Represión de Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
d) Facilitar al Ministerio de Seguridad Pública y al Viceministerio de la Presidencia, criterios técnicos especializados para redactar propuestas de patrullaje conjunto con los servicios de guardacosta de los Estados Unidos de América y permear criterios positivos en las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa.
e) Facilitar a la Presidencia de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana, el texto de una propuesta para ser presentada y aprobada a nivel regional que busca facilitar el patrullaje conjunto con los servicios de guardacosta de los Estados Unidos de América
f) Colaborar con el Fiscal General de la República, Lic. Carlos Arias, en la formulación, presentación y "lobby" ante las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa, para darle autonomía total al Ministerio Público, actualmente dependiente del Poder Judicial, a efecto de garantizarle menores presiones internas y externas.
g) Colaborar en la formulación de lineamientos tendentes a separar de la Superintendencia General de Entidades Financieras, bajo la égida de la Licda. Maggie Breedy, las actividades de los Mercados de Valores para crear la Superintendencia General de Valores, como ente independiente y establecer que la Superintendencia de Entidades Financieras (ya existente), la Superintendencia de Pensiones (creada) y, la Superintendencia General de Valores, trabajen bajo la dirección de un Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, con instrumentos modernos de fiscalización y actividades tecnificadas para alejarlas de influencias políticas y eventuales "desviaciones".
Segunda Fase: Trabajo Centroamericano: Consiste en un Plan de Acción que es menos fácil que el trabajo a nivel nacional, pero esperamos no imposible de ejecutar, aunque requiere conciliar voluntades en los sectores políticos de los restantes países del área. Esa labor, se caracteriza por la participación en efectuar diagnósticos, sugerir estrategias, discutir modalidades de ejecución, y obtener recursos de diversa índole para facilitar varias actividades: en unas el trabajo es muy discreto, en otras, es sustantivo. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:
Mayo 1996: Se inicia la fase del trabajo centroamericano y como parte de la puesta en práctica del Eje de Coordinación con Autoridades Oficiales, COORDINA hace contacto tanto con el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Dr. Walter Coto, así como con los funcionarios de la Unidad Técnica Internacional (UTI), Licenciados Francisco Flores, Gastón Vargas, Guillermo Alvarado y con el Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL), Lic. Francisco Cordero. Nace así -informalmente- una alianza estratégica de la Sociedad Civil Costarricense con los niveles decisorios legislativos a nivel centroamericano, que emergen en torno al Foro de Presidentes de Poderes Legislativos Centroamericanos (FOPREL).
Octubre 97: De manera coincidente con los esfuerzos anteriores, en el seno del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL), se establecen fuertemente impulsadas por los Presidentes Legislativos de Costa Rica: Lic. Alberto Cañas, Lic. Antonio Álvarez, Dr. Walter Coto, MSc. Saúl Weisleder, y por el Secretario Ejecutivo, Dr. Róger Miranda, de Nicaragua), las Comisiones Legislativas Interparlamentarias Centroamericanas, una de las cuales es, precisamente, la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y la Narcoactividad, la cual es presidida por Costa Rica (la Presidencia la ejerce desde mayo 98, el Diputado, Dr. Eduardo Soto y la Presidencia a.i., el MBA. Belisario Solano). Los objetivos básicos de la Comisión son los siguientes:
a) Revisar y proponer las reformas pertinentes en el ordenamiento legal vigente, tanto de fondo como de forma, que faciliten el control, la investigación, el procesamiento y la sanción de todas las prácticas corruptas.
b) Propiciar la modernización de la Administración Pública mediante la introducción de procedimientos adecuados y transparentes de gestión, la eliminación de procedimientos engorrosos y la adopción de acciones y medidas de orden disciplinario, con canales eficientes para presentar y tramitar las denuncias.
c) Incluir propuestas de disposiciones legislativas que permitan la confiscación de fondos y bienes obtenidos mediante prácticas corruptas.
d) Promover la organización y el fortalecimiento de la Sociedad Civil, con el objeto de que ésta participe activamente en la prevención y el combate de la corrupción.
Marzo 98: En el seno del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL), se emite la Resolución: La Función Legislativa en la Integración Centroamericana, que busca la homologación de leyes en sectores claves, mediante "Leyes Marco" y la integración de la Sociedad Civil Organizada en esa labor.
En razón de la experiencia acumulada en Costa Rica, la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad, encarga a COORDINA efectuar un proceso de organización de las Sociedades Civiles de los otros países centroamericanos, para ser contraparte organizada en la formulación de legislación en estos campos específicos.
Como resultado concreto de ese encargo, COORDINA ha participado en cuatro reuniones en las Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas (tres en asocio con la Comisión Contra Corrupción y Narcoactividad, una en asocio con la Comisión de Servicios Públicos).
Abril 98: Se efectúa en Costa Rica, la reunión de instalación de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad que es coauspiciada por FOPREL, Asamblea Legislativa de Costa Rica y COORDINA. En esta época, la Comisión es presidida por la Lic. Carmen Valverde, Presidenta, a su vez, de la Comisión Permanente Contra el Narcotráfico, quien le imprime gran fuerza. Como logro específico de esta Primera Reunión, se obtiene la presencia y colaboración, en el marco de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de: a) Autoridades oficiales directamente involucradas en la lucha con problemas de corrupción y narcoactividad: Contralor General de la República (Lic. Luis Fernando Vargas); Procurador General de la República; (Dr. Román Solís); Superintendenta de Entidades Financieras (Licda. Maggie Breedy);Defensora de los Habitantes (Licda. Sandra Piszk); Fiscal General de la República (Lic. Carlos Arias). b) Asimismo, en el seno de la Comisión se incluye -por primera vez- las posiciones de representantes de la Sociedad Civil Organizada, en este caso: Comisión Nacional de Rescate de Valores (Lic. Hernán Vega) , COORDINA (Edmundo Gerli ) y el Coordinador de la Oficina de Enlace entre la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes (MSc. Jorge Poveda).
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ACCIONAR CONJUNTO
A juicio de la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, y de COORDINA, la lucha contra la corrupción y la narcoactividad, si se logra una alianza adecuada con los entes legislativos, tiene mayores posibilidades de éxito, dado que los partidos políticos que se encuentran en el Poder Ejecutivo suelen tener visiones exclusivistas, lo que no ocurre en los Poderes Legislativos, dada su conformación pluralista y más equilibrada de la Sociedad Global. Por esa razón, los logros obtenidos son más efectivos por cuanto se obtuvo:
a) El contacto directo con los líderes de las distintas fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa.
b) Una vía fecunda de trabajo por intermedio de la Comisión Contra Narcoactividad, que a su vez, nos abrió el paso a la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad.
c) Una vía fecunda de trabajo por intermedio del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL), y del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL).
d) La posibilidad de influir directamente en la formulación de "Leyes Marco" que aglutinen los esfuerzos de cada país por encontrar soluciones conjuntas, dado que cada país por separado, es apenas una célula en incapacidad de movilizar todo el tejido social que se requiere para tener éxito en la lucha contra la corrupción y la narcoactividad.
LEYES MARCO PARA EFICACIA REGIONAL
La fórmula centroamericana para salir avante en contra de los flagelos de la corrupción y la narcoactividad, es sencilla: parte del principio de que "la unión hace la fuerza". Pero igualmente parte del principio de que esa fuerza debe concretarse en "Leyes Marco" que, a nivel nacional, establezcan las condiciones de entablar una barrera efectiva contra un mal que nos carcome y que sólo puede vencerse si aceptamos que conceptos como: "soberanía", "derechos humanos", no significan lo mismo para los corruptos y los narcoactivistas, que se valen de ellos para su impunidad.
Por lo tanto, la fórmula centroamericana para resolver de una vez por todas los flagelos que amenazan con quebrar toda nuestra institucionalidad, requieren que tengamos la valentía de aceptar que al igual que las graves enfermedades requieren "medicinas amargas", para la corrupción y la narcoactividad, esas medicinas amargas implicará -en algunos casos- establecer regímenes de excepción, nos guste o no, porque de por medio se encuentra la protección de todo el tejido social sano.
Junio 98: Se efectúa en Nicaragua la II Reunión de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad, la cual establece los mecanismos e instrumentos de trabajo. Interesa destacar que se da énfasis especial a la concurrencia de las expresiones de la Sociedad Civil. Se establece asimismo, un marco de acción que involucra el esfuerzo de la Sociedad Civil Nacional, pero se busca impulsar acciones convergentes a nivel centroamericano. Se acuerda igualmente, encargar a COORDINA liderar un esfuerzo encaminado a plasmar en la realidad un Frente Común Civil Centroamericano. En esta reunión destaca el impulso que desea imprimir a la Comisión, su nuevo Presidente, Dr. Eduardo Soto, quien sustituye a la Lic. Carmen Valverde. JUNIO 98: El Presidente de la República, Dr. Miguel Ángel Rodríguez, presenta ante el XX Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una exhortación para que todos los pueblos se unan en contra de lo que denomina "El Síndrome Mafioso: La Corrupción, la Criminalidad, el Terrorismo, la Guerrilla" y la droga que es la cima que unifica y alimenta todo el sistema.
JULIO 98: Como parte del esfuerzo nacional encaminado a hacer converger voluntades dispersas, el Gobierno de la República pone en ejecución el Plan denominado: "Triángulo de la Solidaridad", que busca fundamentalmente que el Poder Ejecutivo, las Municipalidades del país y, las Asociaciones Nacionales de Desarrollo, aúnen actividades encaminadas a la construcción de obras físicas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, pero con el importante componente del desarrollo cualitativo, sustrato necesario para obtener, en la práctica, la preservación de los valores nacionales tradicionales. Sus objetivos básicos son los siguientes:
a) Preparar a la Sociedad Global (Sociedad Política y Sociedad Civil) para enfrentar los retos de la globalización, mediante la ejecución de proyectos de desarrollo que involucren los tres niveles de organización tradicionales costarricenses: Poder Ejecutivo, Municipalidades, Sector Comunal Organizado.
b) Fomentar una mayor comprensión en la población general sobre el costo del desarrollo de proyectos para alejarla del enajenante paternalismo de Estado y permitirles gestar su propio desarrollo.
c) Eliminar la intermediación, la politización -y por ende la corrupción- en el manejo de Programas de Desarrollo Local.
SETIEMBRE 98: El Poder Ejecutivo prácticamente da por concluida la parte de diagnóstico conjunto con la Sociedad Civil Organizada y comienza la preparación de documentos que requerirán aval legislativo para su concreción en leyes. En síntesis, el Foro de Concertación Nacional produce un documento de gran valor estratégico que sirve de marco orientador en la lucha contra el flagelo de la corrupción:
FORO DE CONCERTACION NACIONAL
Marco de referencia: La corrupción no es solo que personas, principalmente políticos o protegidos de éstos, echen mano a las arcas del Estado y se lleven los dineros que se han puesto a disposición de las instituciones, fondos generados por el esfuerzo de miles y miles de mujeres y hombres -trabajadores, empresarios y campesinos-, gente honesta, padres y madres sacrificadas y responsables. La corrupción tiene que ver con la moral pública y privada, con la impunidad, con el escarnio de valores fundamentales como el bienestar común, la democracia, la solidaridad y la equidad social. Tiene que ver con la doble moral que se aplica en los asuntos de interés público, donde se condona los actos corruptos de los amigos y los propios, pero se condena los cometidos por los demás; con la violencia, el maltrato a las mujeres y la niñez, en esta sociedad que hasta hace pocos años podía enorgullecerse de su educación y don de gentes.
La corrupción tiene que ver con los y las trabajadoras del Estado, y aún de la empresa privada, que no realizan su labores con dedicación y diligencia sino que diariamente se roban gran parte del dinero de todos, con su indiferencia y poca eficacia. Tiene que ver con aquellos malos empresarios que no dudan corromper a funcionarios públicos e incumplir con sus obligaciones de prestar servicios de calidad a la comunidad. La corrupción tiene que ver con las campañas públicas sobre los y las “ciudadanas de oro” y su contraste con las miserables pensiones que reciben buena parte de la población adulta mayor. La corrupción tiene que ver con el languidecimiento en nuestras escuelas de la educación en ética y valores, con la falta de educación ciudadana debido a la desidia y falta de vigilancia de todos nosotros y nosotras: las familias, los maestros y el Estado.
Concretamente el Foro elabora tres tipos de propuestas, acciones específicas y recomendaciones en matería de corrupción y narcoactividad:
PROPUESTAS ESPECÍFICAS: Las propuestas específicas son:
a) Fomento de valores éticos: La erradicación de prácticas corruptas es una tarea cuya base es el fomento de valores de honestidad, responsabilidad y solidaridad entre toda la población costarricense. Los antivalores de la corrupción se combaten, primordialmente, con el fortalecimiento de valores que son los que otorgan a las recomendaciones jurídicas, institucionales y políticas que hemos formulado, una verdadera consistencia.
b) Participación ciudadana en el control de la corrupción : La comisión considero que la participación ciudadana es una herramienta indispensable para combatir la corrupción. El ojo fiscalizador de la ciudadanía permitirá complementar los esfuerzos que desde el Estado se realizan para controlar la corrupción. Sin embargo, resulta necesario efectuar modificaciones al marco legal e institucional para remover obstáculos al ejercicio del deber ciudadano de detectar, denunciar y fiscalizar la corrupción en la gestión pública. Ello debe ser complementado con acciones que permitan a la ciudadanía asegurarse que quienes ejerzan altos cargos públicos sean personas probas y capacitadas para el cargo.
c) Mejora de la calidad de la representación política: La comisión estima necesario elevar la calidad de las personas que ejercen cargos de representación política y otros altos cargos en el Estado. Ampliar la capacidad de escogencia de la ciudadanía de quienes compiten por su voto, así como desarrollar un mayor escrutinio público de quienes ejercen puestos de gran responsabilidad del Estado son herramientas positivas para luchar contra la corrupción pues estimulan una mayor transparencia de la gestión pública. de que la declaración patrimonial de bienes de los servidores públicos sea una declaración exhaustiva y sujeta a verificación mediante auditoría personal.
d) Fomento de capacidades fiscalizadoras de la ciudadanía : La comisión recomendó desarrollar las capacidades fiscalizadoras de la ciudadanía sobre la gestión de asuntos de interés público. Ello permitirá reducir las prácticas corruptas por parte de funcionarios públicos y personas y empresas privadas. Sin perjuicio de otras medidas que puedan definirse en el futuro, la comisión estima necesario fortalecer dichas capacidades en tres áreas: las garantías a los medios de comunicación colectiva, la acción de clase contra funcionarios públicos e instancias que garanticen información y consulta a los ciudadanos y ciudadanas en asuntos de especial relevancia. verdadera, o en caso de inexactitudes, el autor haya procedido con la diligencia debida, sin tener conocimiento de la falsedad, y la afirmación no haya sido hecha por un puro deseo de ofender o espíritu de maledicencia
e) Control de la corrupción en la reforma del Estado y los servicios públicos: La comisión tiene plena conciencia sobre la complejidad del proceso de reforma del Estado, que viene siendo ejecutado desde hace más de una década. Sus recomendaciones, de carácter puntual, pretenden apuntalar la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas de dicha reforma. La comisión estima que ello permitirá reducir factores tales como la incertidumbre, ambigüedad del marco jurídico e institucional, ausencia de responsabilidades, etc., que favorecen las prácticas corruptas.
f) Transparencia de los procesos de reorganización institucional: La comisión recomienda mejorar la transparencia de los procesos de reorganización institucional del Estado costarricense. Ello pasa, por una parte, por racionalizar y brindar información completa y oportuna sobre las iniciativas relacionadas al cierre de instituciones, (que luego subsisten), con precisar el marco jurídico e institucional del manejo de fondos públicos por parte de entidades privadas y con cambios en la ubicación funcional y administrativa de instituciones públicas. Por otra parte, como parte de la reorganización del Estado costarricense resulta necesario fortalecer los mecanismos para controlar la calidad de los servicios de las instituciones, con el fin de reducir las posibilidades de administración impropia de los recursos públicos. g) Legislación para la administración proba de recursos públicos: La comisión considera necesario adaptar la legislación relacionada con la administración proba de recursos públicos en algunos aspectos puntuales. No creemos necesario, a este punto, una revisión integral de esta legislación, pues las leyes vigentes son, en general, de reciente data. Un punto medular, sin embargo, es la necesidad de desarrollar un marco jurídico e institucional más estricto y eficiente para sancionar los incumplimientos de contratos y concesiones con el Estado por parte de personas y empresas privadas. Se trata de hacer más eficientes los controles existentes, evitando crear una sobrerregulación que paralice procesos e incentive, como consecuencia no deseada, las prácticas corruptas.
h) Régimen de obligaciones para los servidores públicos: La comisión cree necesario efectuar un amplio debate público y desarrollar la legislación relevante sobre las obligaciones de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. i) Rendición de cuentas para el control de la corrupción: Las instituciones y personas que administran fondos públicos deben rendir cuentas por sus acciones. Para que ello sea posible deben existir, en primer lugar, los mecanismos para hacer rendir estas cuentas; y, en segundo, estos deben ser eficaces. El esfuerzo realizado en los últimos años en Costa Rica para la creación de estos mecanismos debe ser complementado con nuevas iniciativas. RECOMENDACIONES CONCRETAS DEL FORO DE CONCERTACION NACIONAL
Asimismo, la comisión considera indispensable formular recomendaciones sobre varios asuntos de gran relevancia pública, entre los cuales se encuentran:
a) Fortalecimiento de la transparencia del sistema financiero nacional: Resulta indispensable adoptar medidas para mejorar la transparencia del sistema financiero nacional, en particular, lo relativo a la prevención, detección y sanción de la legitimación de capitales. La comisión está conciente de la complejidad del tema, que está relacionado no solamente con comportamientos antijurídicos, sino con múltiples factores institucionales, sociales y económicos. Pero la complejidad no puede ser excusa para la inacción. Por esto formulamos recomendaciones puntuales, pero oportunas, y llamamos a un debate nacional sobre la banca “off-shore” en Costa Rica. b) Establecimiento del Foro Nacional Permanente sobre la Corrupción: La comisión recomienda, de manera muy especial, la creación del foro nacional permanente sobre corrupción. Este foro permitirá, a la sociedad costarricense, un punto permanente de encuentro y diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, los partidos politicos y el Estado sobre las estrategias y acciones para combatir la corrupción. El foro será una instancia para la generación de iniciativas para atacar la corrupción, que luego puedan ser convertidas, por los medios institucionales correspondientes, en cambios legales, institucionales, políticas públicas y acciones sociales. Al mismo tiempo, el foro permitirá dar un seguimiento a la voluntad para cumplir con los acuerdos del foro de concertación en materia de corrupción.
c) Capacidad fiscalizadora de los medios de comunicación: La comisión recomienda sobre la creencia que el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de los medios de comunicación, la existencia de medios de comunicación más abiertos y libres, es un poderoso instrumento para mejorar el control y la rendición de cuentas de la función pública. El Foro considera que La legislación penal que regula el ejercicio del periodismo en nuestro país ha ignorado por años los desarrollos legales y jurisprudenciales de países como Estados Unidos, Argentina y España, para mencionar tres casos donde el papel de la prensa en la lucha contra la corrupción y el impulso de los asuntos públicos es reconocido por estar garantizado por normas de avanzada.
REFORMAS LEGALES URGENTES: Dentro de las recomendaciones que buscan la inserción de nuevos elementos para la valoración de la ética y la moral se incluyen modificaciones de orden legal como facilitador de la labor de lucha contra la corrupción y las operaciones de narcoactividad. Las recomendaciones del Foro de Concertación Nacional deben verse también a la luz de propuestas presentadas a consideración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en los campos específicos en que hay coincidencia o discrepancia, a efecto de compatibilizarlas. Las siguientes propuestas han sido presentadas a consideración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica: a) Reforma del Código Procesal Penal: Para que el ejercicio del periodismo quede celosamente cubierto por el "Secreto Profesional", eliminando así el peligroso expediente de obligarles a revelar fuentes suplidoras de información que ponen en evidencia, comisión de peculados, tráfico de influencias, malversación y desviación de fondos y otros delitos "de cuello blanco". Expediente Legislativo # 13.195
b) Reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal: El cual en adelante se leerá como sigue: “Artículo 206.-Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.”
c) Reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales: Para que el registro, secuestro y examen de documentos privados, así como la intervención de las comunicaciones, no sean ejecutadas única y exclusivamente por los jueces que ordenan investigaciones, porque eso ha incidido en la imposibilidad de hacer delegaciones en funcionarios subalternos, impidiendo -de hecho- por el volumen de trabajo, que se pueda llegar a hacer comprobaciones que determinen culpabilidades y propiciando la impunidad en la comisión de delitos. Expediente Legislativo # 13.425.
La Ley No. 7425, del 8 de setiembre de 1994, para el “Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones”, establece en el artículo 16 que el "juez que ordena la investigación será el responsable directo de todas las actuaciones realizadas en la aplicación de las medidas, sin que pueda haber delegación alguna en este sentido”.
Lo anterior autoriza para que los diálogos intervenidos sean escuchados estricta y únicamente por el juez, pese a que, por las características de su contexto laboral, con gran frecuencia se encuentra ajeno de las jergas y claves de los narcotraficantes, lo que impide la recepción del verdadero mensaje y otras consecuencias. Además, la naturaleza y el volumen de su trabajo obstaculizan un trámite ágil, cuyos retrasos lógicos perjudican el proceso.
Por otra parte, el nuevo Código Procesal Penal ha concebido al Ministerio Público como el eje central del proceso penal y director de la investigación penal, dada la naturaleza jurídica del Estado social y democrático, en donde el principio de legalidad se materializa en el ministerio fiscal.
El Código instituye que el Ministerio Público practicará las diligencias para determinar si existe el hecho delictivo y tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional. Asimismo, señala a la Policía Judicial como auxiliar del Ministerio Público, encargada de investigar los delitos de acción pública y reunir los elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación, entre otras actividades, con la dirección y el control del Ministerio Público.
En consecuencia, dentro del marco del principio de legalidad, todas las acciones realizadas por la policía deben ser dirigidas y supervisadas por el fiscal, paralelo a que la figura de la autoridad jurisdiccional del juez lo presenta como protector de los derechos de los ciudadanos, dentro del proceso penal.
Por lo tanto, las disposiciones de la ley no concuerdan con las del nuevo Código Procesal Penal, cuya armonía se busca con la presentación del proyecto de ley de enmiendas a la Ley No. 7425, que se somete a la consideración de los señores diputados para su aprobación.
d) Modificaciones al Código Penal, a la Ley de Imprenta y al Código Procesal Penal: Para garantizar, sin ninguna duda de carácter legal, que se cumpla la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José, de manera que:
Este proyecto de ley se propone corregir las debilidades anteriores y sugerir una alternativa que, sin eliminar la responsabilidad ulterior por el abuso del ejercicio del derecho, faculte a la prensa para cumplir eficazmente con sus obligaciones.A continuación se explica el contenido de esta propuesta:
Derogatoria del Artículo 7 de la Ley de Imprenta: Este Artículo sanciona a los responsables de delitos de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa con una pena de arresto de uno a ciento veinte días, que sufren conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del medio, si no existiere un editor responsable, se tiene como tal al director de ese medio.
Esta norma ha sido cuestionada en el sentido de que su contenido quedó derogado por el Código Penal al contener delitos tipificados posteriormente en la misma materia, pero la Sala Constitucional determinó que ese problema de vigencia en el tiempo con respecto a los Artículos 145, 147 y 152 del Código Penal es una cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad (ver voto 2996-92 arriba referido). Por considerar que esta materia debe ser regulada en el Código Penal, proponemos la derogatoria de este artículo 7.
Reforma al Artículo 152 del Código Penal: Actualmente esta norma contiene un tipo penal que considera autor responsable de las injurias o calumnias, no solo al autor directo, sino también el que publicare o reprodujere por cualquier medio ofensas al honor inferidas por otro.
Aunque pudiera interpretarse que este tipo penal no compromete a los editores, directores o periodistas, salvo cuando fueren autores directos, pareciera que el sentido de la norma es mantener el principio de incriminación penal del editor o director contenido en el Artículo 7 de la Ley de Imprenta, por lo que se requiere una reforma congruente con las normas constitucionales y los pactos constitucionales indicados.
Una lectura de la norma hace concluir que ella pretende reprimir a quien publica o reproduce injurias o calumnias inferidas por otra persona por considerarlo partícipe, al haber cooperado para hacer públicas o para reproducir tales ofensas.
Curiosamente esta disposición se adaptó del Código Penal argentino en su Artículo 45, pero no se incluyó el contenido del Artículo 49 de ese mismo Código que excluye la participación criminal en delitos cometidos por medio de la prensa de quienes solamente prestaren al autor “… la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta”.
Nos parece importante desincriminar al editor o director del medio que, de no ser así, sería un partícipe necesario, para ser compatible dicha norma penal con las garantías constitucionales de libertad de prensa. Empero, debe reprimirse como autor al editor o director cuando lo sea de la ofensa punible, esto es, cuando no es posible individualizar al autor o se encuentre este fuera del país, caso en el cual no son simples participantes del delito cometido por otro. Como bien expresa Sebastián Soler: “La Ley no quiere la impunidad; pero busca un autor verdaderamente digno de ser castigado”.
La propuesta deja a salvo, en virtud de las normas generales de autoría y participación, aquellos casos en que el editor o director hubiera actuado con un dolo específico inclusive eventual o hubiese intrigado al autor del libelo ofensivo, pues en tales casos su responsabilidad es personal y no derivada.
En este sentido proponemos un párrafo segundo al Artículo 152 del Código Penal que aclare esta situación y no la deje librada a interpretaciones jurisprudenciales.
Reforma al Artículo 151 del Código Penal: La discusión sobre cuando una información es inexacta o falsa es un tema ampliamente desarrollado por la doctrina, especialmente cuando se refiere a la responsabilidad del periodista frente a ellas. Es pacífico aceptar hoy que la prensa debe asumir el compromiso de informar no solo el hecho verídicamente, sino también en su contexto y en su verdadera significación.
Algunos han pretendido derivar de lo anterior que la prensa tiene la obligación de confirmar para ello la veracidad de todas la noticias que obtienen de sus fuentes, lo que es evidentemente imposible, salvo que se aplique una verdadera autocensura que atentaría contra la libertad de difusión de información. Reforma al artículo 195 del Código Procesal Penal: Es de considerar que el Artículo 195 del Código Procesal Penal al otorgar el angustioso plazo de cinco días para contestar una querella por eventuales delitos cometidos por medio de la prensa, oponer excepciones, ofrecer pruebas, recusar en su caso a los funcionarios judiciales e impugnar la acción civil resarcitoria, también oponiéndole excepciones y ofreciendo pruebas, es discriminatoria pues la ley concede al querellante el plazo de prescripción de un año para promover la acusación, pero únicamente cinco días al querellado para defenderse.
Reforma Integral al Código Penal: Para incluir como delitos perseguibles y punibles, todos los conocidos como "delitos de cuello blanco", que suelen ser cometidos por quienes tienen acceso a puestos de elección popular y se amparan en esa condición para impedir de una u otra forma, el castigo que merecen. Expediente Legislativo 11.871
SÍNTESIS: Como producto del Foro de Concertación, aunque los criterios son diversos, en términos generales la población tiene una visión positiva y el Gobierno estima que el resultado final es fructífero, porque existen pautas, cuestionamientos, procedimientos, recomendaciones, iniciativas de legislación, especificaciones, en fin una amplia gama de criterios surgidos de la discusión, abierta y sincera, entre los sectores empresariales, laborales y políticos de la Sociedad Civil. Asimismo se considera que los sindicalistas, cooperativistas, solidaristas, artesanos, campesinos, representantes de minorías étnicas, de las mujeres, de las comunidades, de los jóvenes, industriales, comerciantes, financistas, burócratas, ambientalistas, religiosos, educadores, políticos, tecnólogos, aportaron sus visiones de desarrollo de la Sociedad. En consecuencia, muchas de esas iniciativas indican la necesidad de una nueva forma de utilizar los recursos públicos, mejorar su uso y supervisión y de la obtención de mejores resultados, de una nueva “forma de gobernar“. Si bien es cierto que los grupos organizados de la Sociedad Civil cumplieron con altura su participación, ahora está en manos de la Asamblea Legislativa finalizar este importante proceso* sin precedentes en la historia patria reciente.
INICIO DE LABORES COORDINA-CICONA DE FOPREL
SETIEMBRE 98: COORDINA presenta al Presidente de la Comisión Parlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y la Narcoactividad una propuesta concreta para ser puesto en conocimiento de la Comisión en el momento oportuno.Dicha propuesta consiste en iniciar el estudio de una Ley Marco en la que se convenga por parte de los Presidentes de los Poderes Ejecutivos de Centroamérica y de los Presidentes de los Poderes Legislativos de la región, previo conocimiento y valoración de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad.La Ley Marco busca llevar a cabo acciones de patrullaje conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos de América, representado por el Servicio Nacional de Guardacostas y, por fuerzas policiales y antidroga de los países centroamericanos.En virtud de eventuales roces constitucionales, se requiere el estudio de esa propuesta por parte de los técnicos y especialistas en la materia, una vez que la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad, la haya evaluado.
SETIEMBRE 98: El Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Lic. Luis Fishman, presenta ante la 100ª Reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, una propuesta para establecer una política mundial congruente con la gravedad del tema de la narcoactividad y todas las secuelas asociadas. OCTUBRE 98: El Presidente de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y la Narcoactividad, Diputado Dr. Eduardo Soto, busca lograr en el seno de la Tercera Reunión, que se lleva a cabo en El Salvador una propuesta omnicomprensiva para lograr una mayor coordinación y convergencia centroamericana en que estén involucrados los mejores esfuerzos de la Sociedad Política (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) y la Sociedad Civil para lograr instrumentos jurídicos efectivos en esta guerra sin cuartel. Asimismo, en la búsqueda de un esfuerzo más sostenido por parte de las instancias relacionadas con la Presidencia de la Comisión, el Dr. Eduardo Soto dispone plantear las siguientes recomendaciones:Considerando Que:
1.- La Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y la Narcoactividad, se ha venido convirtiendo en un eficaz instrumento de coordinación de los parlamentos nacionales de Centroamérica, para tratar asuntos relacionados con la corrupción y la narcoactividad.
2.- En sus tres reuniones, se ha posibilitado evaluar el estudio de situación de la legislación existente y se han identificado una serie de desafíos para los Poderes Legislativos del área, como por ejemplo, la formulación de normativa interna para desarrollar los delitos tipificados en la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
3.- A manera de recomendación,se plantea ademàs, a) Que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mantenga un expediente actualizado sobre cada una de las Comisiones Interparlamentarias del FOPREL. En buena medida, el asesoramiento efectuado por el Departamento de Servicios Técnicos a la Presidencia de la Comisión Interparlamentaria, ha permitido un trabajo sistemático de los diputados costarricenses ante la Comisión Interparlamentaria Contra la Corrupción y la Narcoactividad. Sin embargo, es necesario que se institucionalice en la Comisión de Relaciones Internacionales dicho apoyo al trabajo de las Comisiones del FOPREL y que se mantengan en archivo de la Comisión, cada una de las reuniones celebradas las Comisiones Interparlamentarias del FOPREL.
b) Que la Comisión de Relaciones Internacionales brinde el respaldo necesario a la Presidencia del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL) a fin de concretar a la mayor brevedad, la Red de Información Parlamentaria Centroamericana.
d) Instar a los Jefes de fracción, la pronta discusión en el Plenario del Código Penal Expediente N°11871, y del proyecto: “Aprobación del Convenio Centroamericano Para la Prevención y La Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y De Activos, Relacionados Con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos”, Expediente N°13.096.
e) Solicitar al Poder Ejecutivo la convocatoria en sesiones extraordinarias de los anteriores expedientes, como de l proyecto : “Ley de Idoneidad, Transparencia y Ética en la Función Pública”, Expediente N°13,385.
DICIEMBRE 98: COORDINA, en cumplimiento del mandato recibido del FOPREL y de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad, efectúa en El Salvador, la I Reunión de la Sociedad Civil Centroamericana, para colaborar en su organización como contraparte en los procesos de formación de leyes encaminadas a hacer efectiva la lucha contra estos flagelos.
DICIEMBRE 98: La Presidencia del ICEL presenta el Plan de Acción ICEL a los representantes de los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL). Este Plan entrará en vigencia en febrero 99 y en lo que interesa busca como objetivo general: Lograr un mayor compromiso de cada uno de los Poderes Legislativos para apoyar el trabajo de las Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas, cuya Presidencia corresponde a cada país de la región.
DICIEMBRE 98: En virtud de un Convenio firmado por la Presidencia del ICEL con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) en acatamiento de directrices formuladas en las reuniones del FOPREL, se efectúa la actividad final que permite la creación de la Red Interparlamentaria Centroamericana (RILCA), en el Seminario efectuado en El Salvador, con el patrocinio de la Asamblea Legislativa de ese país, la Secretaría Permanente del FOPREL y fondos de la OEA. Este paso es de suma importancia, porque constituye un hito que permite a los Poderes Legislativos, acelerar los planes encaminados a la creación de Leyes Marco en sectores claves. Uno de esos sectores claves es precisamente la creación de Leyes Marco en las áreas contra la corrupción y la narcoactividad, por intermedio de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana encargada de esa materia.
INICIO DEL PATRULLAJE CONJUNTO COSTA RICA-USA DICIEMBRE 98: El Poder Ejecutivo envía a conocimiento de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley: "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito" (cobijado bajo el expediente 13495) que, en lo que interesa busca hacer efectivas las siguientes disposiciones:
a) Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes y su Protocolo de 1972;
b) Convención Sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971;
c) Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988;
d) Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar de 1982 (artículo 108).
La forma en que el Poder Ejecutivo estima pertinente que se ejecuten efectivamente tales convenciones, es mediante el aumento de la eficacia de la cooperación internacional, para lo cual plantea un "patrullaje conjunto" que incluya acciones de abordaje de embarcaciones dedicadas al trasiego ilícito en sus zonas marítimas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe.
A continuación, se incluyen algunas de las disposiciones del proyecto en referencia: 1.- Las operaciones de supresión de tráfico ilícito se dirigirán únicamente contra embarcaciones y aeronaves sospechosas, lo que incluye las naves y aeronaves sin nacionalidad, o las asimiladas a una embarcación sin nacionalidad.
2.- La Parte que efectúa algún abordaje y registro, notificará con prontitud a la otra de los resultados del mismo.
3.- Cada Parte se asegurará que sus funcionarios al efectuar abordajes, registro y actividades de intercepción aérea, actúen conforme a sus leyes y normas nacionales aplicables a esa Parte, al Derecho Internacional aplicable y a las prácticas internacionales aceptadas.
4.- Los abordajes y registros efectuados, los llevarán a cabo funcionarios de las fuerzas del orden desde embarcaciones o aeronaves de la fuerza del orden. Los equipos de aboradje y registro pueden proceder de dichas embarcaciones y aeronaves de las Partes, y más allá del mar territorial de cualquier Estado, de las embarcaciones de los otros Estados en que convengan las Partes. Los equipos de abordaje y registro podrán aportar las armas ligeras que sean usuales en el cumplimiento de la Ley.
5.- Cualquier fuerza que se use, se ajustará estrictamente a la legislación y las normas pertinentes, y será en todo caso, la mínima que razonablemente exijan las circunstancias, excepto que ninguna parte deberá usar la fuerza contra aeronaves civiles en vuelo.
6.- Los bienes confiscados como resultado de cualquier operación emprendida en aguas costarricenses, se enajenarán conforme a la legislación de Costa Rica. Los bienes confiscados más allá del mar territorial de Costa Rica, se enajenarán conforme a la legislación de la Parte que los confisque.
7.- Nada del acuerdo que se logre por medio de la Ley a establecer, perjudicará la posición de cualquiera de las Partes en relación con la Ley Internacional del Mar.
8.- El acuerdo que se logre, podrá ser denunciado, en cualquier momento, mediante notificación escrita a la otra parte por medio de la vía diplomática.
Las contrapartes que actuarían por parte del Gobierno de la República de Costa Rica, están señaladas en el capítulo 1, artículo 5 así: Autoridades del orden significan, para el Gobierno de la República de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio de Vigilancia Marítima, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas, en el caso de Costa Rica. En el caso de los Estados Unidos de América, la contraparte es el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América.
Este proyecto de ley se encuentra ya en la corriente legislativa para su procesamiento, y la Comisión de Asuntos Internacionales inicia su estudio precisamente el 4 de febrero de 1999.
La Fracción Oficial, considera que los aspectos más importantes que se incluyen en este proyecto de ley, son los siguientes:
a) Se autoriza la persecución por parte de naves y aeronaves estadounidenses de otras similares que sean sospechosas y que, en su escapatoria, se internen en aguas costarricenses.
b) Salvo excepciones establecidas, la tarea de abordaje estará en manos de las autoridades costarricenses que harán el registro, la confiscación de bienes y la detención de personas.
c) Los detenidos en aguas nacionales serán juzgados de acuerdo con las leyes nacionales.
d) El Gobierno costarricense permitirá el atraque de naves estadounidenses y la permanencia en los aeropuertos, previa autorización del Ministerio de Seguridad.
e) Se autoriza a las naves costarricenses para hacer cumplir la legislación de los EUA más allá de las aguas nacionales, de acuerdo con el derecho internacional.
Además de los puntos anteriores, la Fracción Oficial, considera que los beneficios que se derivan del patrullaje conjunto, serían los siguientes: Donación de equipo, mayor capacidad para detectar naves sospechosas, capacitación a funcionarios costarricenses.
Por otra parte, la Fracción Oficial considera que contrario a casos presentados anteriormente, de acuerdo con el proyecto de ley, los funcionarios de EUA no tendrán inmunidad y que los abordajes y las capturas estarán en manos de autoridades nacionales.
FORTALECIMIENTO DEL FOPREL ENERO 99: El Dr. Iván Escobar Fornos, Presidente del FOPREL, se reúne en San José, el 20 de enero, con el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Lic. Luis Fishman, con la presencia de: Dr. Eduardo Soto, Presidente de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y Narcoactividad; Dr. Eliseo Vargas, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales; así como con la presencia del Dr. Róger Miranda, Secretario Ejecutivo del FOPREL, Dr. Raúl Palacios, Asesor Presidencial del FOPREL y del MSc. Jorge Poveda, Presidente del ICEL.
Como parte de los puntos en que se conviene, destacan:
a) La celebración de una Sesión Plenaria Centroamericana, con la presencia de todos los miembros de todas las Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas para acelerar la búsqueda de compatibilización de la legislación nacional con miras a un fortalecimiento de la regionalización en sectores claves.
b) La celebración de dos reuniones: una en Naciones Unidas (ONU)en Nueva York, otra en la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigidas a fortalecer el trabajo del FOPREL.
c) El énfasis en el trabajo que deben desarrollar las Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas, sobre todo la que tiene a su cargo la labor contra la corrupción y la narcoactividad, lo que implica un esfuerzo mayor de los Poderes Legislativos para acuerpar sus decisiones.
d) Reactivar y fortalecer el trabajo de los Grupos de Amistad Parlamentaria Fronteriza (en este caso específico: Costa Rica-Nicaragua, Costa Rica-Panamá).
ENERO 99: Para darle seguimiento ejecutivo a los acuerdos anteriores, en esa misma fecha, se reúnen el Presidente del FOPREL, Dr. Iván Escobar Fornos, el Secretario Ejecutivo del FOPREL, Dr. Róger Miranda, y el Director Ejecutivo de COORDINA, Edmundo Gerli, para convenir en los siguientes puntos:
a) Presentar ante los Poderes Ejecutivos de la región, una propuesta por vía de la Presidencia del FOPREL, para obtener la mediación de los Ministerios de Relaciones Exteriores en la solicitud de fondos específicos por parte de la AID, como una acción vital para darle mayor fortaleza al FOPREL y a sus órganos conexos.
b) Presentar ante los Poderes Ejecutivos de Nicaragua y Costa Rica, la propuesta de inicio de un Plan de Desarrollo de la Frontera Común, como medida efectiva para aumentar la productividad en esa zona conflictiva, transformándola en un polo de desarrollo integral.
COROLARIO: La lista de eventos y actividades descritas en esta parte, muestran cómo la conjunción de dos entes de la Sociedad Civil Organizada, así como la respuesta de órganos de la Sociedad Política, concretamente la Asamblea Legislativa y posteriormente el Poder Ejecutivo, pueden acelerar los procesos encaminados a cerrar caminos fáciles para quienes lucran de la corrupción y de las acciones de la narcoactividad. Sin embargo, la labor por hacer es inmensa y requiere de muchos esfuerzos, imaginación y creatividad para cubrir campos aun vírgenes.
PROBLEMAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
De acuerdo con el criterio del Presidente de la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores,
quien es miembrode la Junta Directiva de COORDINA , a la vez que COORDINA se inserta en COORDICA (nivel centroamericano) y forma parte del Consejo Ejecutivo de CICONA-FOPREL para
tratar de obtener mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción,la narcoatividad y su asociado: el Crimen Transnacional organizado , la lucha contra la corrupción, que incluye un programa de cambio actitudinal, como un arma efectiva en la lucha contra la corrupción, encuentra en la ejecución de sus acciones múltiples obstáculos, entre los cuales se encuentran los siguientes:
a.- Falta de voluntad política: Como lo hemos expresado en líneas anteriores, la lucha contra la corrupción exige la participación efectiva de todos los sectores sociales, pero sobre todo, la decisión de los Poderes del Estado, en cuanto a tomar las medidas quirúrgicas que impone el enfrentamiento de la corrupción. Si bien es cierto que el discurso de las autoridades de Gobierno y de los representantes de los restantes Poderes de la República, es de compromiso por el combate a la corrupción; la realidad es que las acciones concretas distan mucho de la retórica.
b.- Los Compromisos Político-electorales: En efecto, una de las fuentes de corrupción más graves, peligrosas y generalizadas que soporta la función pública en nuestro país, son los compromisos adquiridos en o con ocasión de las campañas políticas. De allí la designación de individuos, en distintos cargos públicos, no por idoneidad objetiva, sino por arreglos político electorales. Es este vicio el que está causando: tráfico de influencias, peculados, favorecimientos contra la ley, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, administraciones fraudulentas y consecuentemente el incremento incontrolable de la corrupción.
c.- La Desconfianza en el Sistema Judicial: Es una verdad de perogrullo que en buena medida la democracia, encuentra sus mejores fundamentos en un efectivo, fuerte y transparente Poder Judicial. Pero es lo cierto que cada vez con mayor insistencia buena parte de la ciudadanía costarricense se queja, cuando señala como un problema de corrupción que los procedimientos judiciales son lentos y la justicia incumplida. El argumento de algunos defensores de nuestro sistema judicial, de que nuestro sistema de justicia tiene un mejor rendimiento que los restantes órganos judiciales de América Latina, se asemeja al adagio popular de " mal de muchos, consuelo de tontos ". Lo cierto es que nuestro Poder Judicial otrora, ejemplo en Latinoamérica, con los atrasos en la tramitación de los asuntos, con la presencia de profesionales ayunos de una adecuada capacitación y con la existencia de buen grado de desmotivación en no pocos servidores; también está alimentando el proceso de corrupción en nuestro país.
d) Proliferación de universidades privadas: Es necesario señalar que para la Comisión Nacional, también es preocupante la corrupción que ocasiona la incapacidad, la deficiencia académica e incluso la ausencia de ética de algunos funcionarios judiciales. Como lo expresamos en líneas anteriores cuando algunos centros de enseñanza se comercializan y el individuo ignora sus valores y su compromiso social, es entonces cuando ya profesionales ingresan a la función judicial, sin importarles si están o no debidamente preparados para decidir sobre el honor, los bienes y la libertad de las personas. Por ello, aún cuando en nuestro país la mayoría de los servidores públicos ubicados en el sistema judicial, son honestos; preocupa sobre todo, ese otro tipo de corrupción el que sin lugar a dudas, es tan grave como el recibir dádivas.
e.- Las Limitaciones para Señalar Actos de Corrupción: Uno de los grandes y poderosos obstáculos que enfrenta la lucha contra la corrupción en la administración pública, es el de los criterios feudales de algunos funcionarios públicos. En efecto, son individuos convencidos- por supuesto equivocadamente- de que el desempeño de sus funciones y la institución que representa, no son susceptibles de cuestionamiento público y para quienes los cargos son como una especie de feudos medievales, en donde sus ideas, criterios y decisiones, están sobre el bien y sobre el mal. Para estos funcionarios las organizaciones bajo su responsabilidad o en las que se desempeñan, son como de su propiedad. De allí que cuando un funcionario público o cualquier ciudadano, tiene el atrevimiento de señalar actos de corrupción dentro de esos feudos, recibe como recompensa los efectos, casi siempre generados por el señor feudal, de una maquinaria devastadora, la cual se encarga de exhibir al denunciante, como enemigo de la institución y como un peligroso calumniador. Lo más grave es que estos sujetos actúan con la complicidad, por omisión y por acción, de un importante grupo de funcionarios de la propia institución, quienes precisamente son los mismos que públicamente declaran su compromiso en la lucha contra la corrupción.
f- El Temor y las Necesidades Materiales: Otro de los focos de corrupción es el temor, tanto por parte de los propios servidores públicos, como de los ciudadanos, en señalar y denunciar los actos de corrupción que se dan en las instituciones públicas. Por ejemplo en la mayoría de las Comisiones Institucionales de Rescate de Valores, se reciben manifestaciones de servidores quienes expresan su temor cuando los jefes, compañeras o compañeros, incurren en hechos de corrupción y se ven enfrentados al dilema ético de denunciarlos. Para muchos de ellos, lamentablemente, la lealtad hacia la institución y su compromiso con la ética y la transparencia, ceden ante la necesidad de mantener la estabilidad laboral que les permite el ingreso salarial.
g.- La Indolencia del Servidor Público: Es preocupante el panorama que nos ofrece el servicio público, dominado por un acentuado grado de indolencia e indiferencia de no pocos trabajadores. Por ello, con una cultura basada en el "pobrecitico", en el amiguismo, en el falso compañerismo, en el "hoy por ti, mañana por mí", en que el trabajar en la administración pública responde a necesidades materiales y no a la voluntad de servicio y en fin, en el criterio, bastante generalizado en Costa Rica de que el Estado debe solventar todos los problemas de los ciudadanos; difícilmente se puede esperar que un programa como el de la Comisión Nacional, coseche frutos a corto plazo.
h.- El Sistema Educativo: Consideramos que en tanto el proceso educativo no contemple la educación ética y cívica del educando, será posible formar individuos con profundos conocimientos y con grandes éxitos económicos, pero ayunos de sensibilidad social y por ende insensibles ante los problemas que carcomen a la sociedad. Sin lugar a dudas que un sistema de enseñanza divorciado de la conducta moral de los estudiantes, irremediablemente incidirá directamente en el incremento de la corrupción.
PLANES DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCION Y LA NARCOACTIVIDAD
Por lo tanto, para aumentar la eficiencia y lograr eficacia en la lucha contra la corrupción y la narcoactividad, es necesario aumentar los esfuerzos para poner en práctica nuevos planes de trabajo que contemplen estos puntos:
a.- Medidas de naturaleza general: Dentro de estas medidas consideramos como las más recomendables, las siguientes:
* Desarrollar una campaña de educación nacional y regional dirigida a destacar la importancia de los valores morales y éticos en la formación integral del individuo, así como sobre las responsabilidades ciudadanas.
* Promover por medio de los centros de enseñanza, las iglesias y los medios de comunicación, la práctica de actitudes de naturaleza positiva, a través de las cuales se fomente la honestidad, la responsabilidad, la verdad y la transparencia en la realización individual; ya como miembro de una familia, como servidor público, o como empleado de la empresa privada y en fin como ciudadano.
* Desarrollar en las comunidades, en los centros de enseñanza y en los centros de trabajo, talleres de capacitación dirigidos a forjar mujeres y hombres íntegros; con una clara conciencia sobre la necesidad de actuar correctamente en todas las manifestaciones existenciales.
* Emprender una campaña nacional, informando a la población en general y a los servidores públicos en particular, sobre los castigos o penas que contemplan las normas que sancionan los delitos de corrupción.
* Iniciar un diagnóstico nacional, el cual puede ser centroamericano, o incluso latinoamericano, sobre los hechos de corrupción más generalizados y las causas que los suscitan, a fin de elaborar las estrategias comunes de combate a esas conductas.
b.- Medidas de naturaleza específica:
Las medidas de naturaleza específica podemos referirlas tanto al sector público, como al privado. Esto lo recomendamos así, porque en primer lugar la corrupción debe enfrentarse integralmente, pues mal se haría si la Comisión Nacional propusiera y emprendiera acciones en el sector público, prescindiendo del privado; y en segundo lugar, porque sus ángulos de ataque son diferentes, como se especifica a continuación:
b.1.- En el sector público: De previo a señalar algunas de las acciones a emprender, es conveniente hacer las siguientes consideraciones sobre este sector:
Definición: Podemos afirmar en forma genérica que la corrupción, se entiende como alteración o vicio en las cosas. Pero ya en el campo de la función pública se tipifica como: "la acción u omisión en que incurre voluntariamente el individuo, a través de actos contrarios a los principios morales, jurídicos y sociales; ya sea para favorecerse en el ejercicio de su cargo, o bien para beneficiar a terceras personas". (Documento conclusiones aprobadas en el Congreso Nacional Corrupción y Narcotráfico).
Factores generadores de corrupción: Aunque la mención no agota la lista, los principales factores generadores de corrupción que han sido identificados por la Comisión, como resultado de los diagnósticos realizados por los grupos de trabajo, son los siguientes: Deterioro de los valores, Presiones políticas, Tráfico de influencias. Utilización para beneficio particular de la estructura y las funciones de la Administración Pública.
Ausencia de interés ciudadano ante los problemas nacionales
Favores contra la ley. Ausencia de idoneidad objetiva. Influencia político - partidista en la promulgación de las leyes. Manipulación de la información. Desintegración familiar.
Deficiencia y desajuste del sistema educativo costarricense.
Acciones correctivas: Para la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, es indispensable emprender acciones correctivas por lo que recomendó como estrategia de enfrentamiento, las siguientes acciones:
b.1. En el sector publico: * Elaborar leyes y reglamentos que exijan una acertada selección de personal, con fundamento en procedimientos e instrumentos científicamente comprobados y en principios de idoneidad objetiva. Es decir, la escogencia de los servidores públicos debe hacerse por capacidad laboral, conocimientos académicos y formación moral.
* Realizar cursos de inducción, para capacitar al servidor público en cuanto a la importancia de su función, así como sobre el concepto de depositario de la confianza pública, sobre la protección de los recursos del Estado y sobre la necesidad de prestar el servicio público, con transparencia, eficiencia y eficacia.
* Promulgar leyes contra el tráfico de influencias y contra los criterios de corte político electoral para la escogencia de los servidores públicos.
* Crear sistemas salariales acordes con las labores y las circunstancias reales del país que le permitan al servidor público dignificar su existencia.
* Diseñar mecanismos para promover la eficiencia y la excelencia en la función pública y crear incentivos salariales y medios de reconocimiento de los trabajadores, de tal forma que reconozca a quien hace méritos, por su esfuerzo, dedicación y creatividad en el ejercicio de la función pública.
* Crear conciencia entre los ciudadanos sobre los peligros que para el sistema democrático encierran: las dádivas, la cultura del amiguismo y la del "pobrecito".
* Concienciar al servidor público sobre la conveniencia de utilizar el trabajo, para crear y fomentar valores; así como sobre la obligación que tiene el servidor público de desarrollar la iniciativa, la creatividad y en general la búsqueda del mejoramiento del clima laboral.
* Promover campañas nacionales que informen sobre lo que significa la función pública, a fin de que las personas que decidan ingresar al servicio público, lo hagan por vocación, con actitud cívica y no simplemente por satisfacer una necesidad salarial o material.
* Emprender campañas en todo el sector público que inviten a los empleados públicos a aceptar libre y voluntariamente que su principal deber es el servicio al usuario y que la función pública es para servir y no como medio para beneficiarse o para favorecer intereses particulares.
* Propiciar la promulgación de un Código de Ética para la función pública. Este, sin lugar a dudas, es un efectivo instrumento para combatir la corrupción y fomentar la transparencia en la administración pública. En Costa Rica, existe un proyecto de ley, el cual se encuentra para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
* Establecer y fortalecer los controles externos e internos, tanto administrativos, como financieros.
* Proponer reformas legislativas que posibiliten la modernización de aquellas oficinas públicas encargadas de la recaudación de impuestos, en especial las Aduanas, eliminando cualquier posibilidad de interpretación o discrecionalidad en la aplicación de la normativa, por parte de los empleados.
* Promover la promulgación de leyes que exijan a los poderes de la República, realizar un profundo análisis sobre la penetración de la corrupción en todas las instituciones que conforman el Estado, con el propósito de establecer procedimientos idóneos para combatirla.
b.2. En el sector privado:
Es un hecho comprobado que la tendencia mundial hacia la globalización conlleva a la "desregulación", lo que para algunos se convierte en sinónimo de "libertad absoluta" que en la práctica se transforma en un aumento desmedido del egoísmo particular y en una marcada disminución de la solidaridad social. No es fácil enfrentar el problema debido a la entronización de valores y antivalores provenientes de otras latitudes y por ello dentro de las acciones a emprender, pueden señalarse las siguientes:
* Promover una campaña nacional, la que puede ser también latinoamericana que propicie y facilite la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, buscando que la población intervenga activamente, con acciones concretas y positivas.
* Promover la intervención de la sociedad civil, a fin de que se convierta en órgano fiscalizador de la construcción de las obras públicas, para que las mismas se ajusten al cartel de licitación; denunciando al concesionario cuando violente los términos contractuales y el interés comunal o nacional.
* Desarrollar una campaña nacional y latinoamericana sobre la necesidad de que los ciudadanos paguen sus impuestos, a fin de que cada Estado cuente con los recursos apropiados para la atención de los problemas más sensibles de toda nación, como lo son: la salud, la educación y la seguridad.
* Promover una campaña nacional y latinoamericana que busque la dignificación del trabajo, como el único medio para alcanzar bienestar individual y familiar y como el mejor instrumento para el desarrollo sostenible de nuestros países.
* Promover campañas en los medios masivos de comunicación, invitando a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes, cualquier hecho de corrupción que afecte la paz, la armonía social y el bienestar económico del país.
* Promover en el sector empresarial la imposición de severas sanciones contra quienes ejerzan sus actividades en perjuicio de la ética empresarial y los estatutos de las organizaciones.
* Generar en la actividad empresarial acciones tendentes a imponer castigos a aquellos empresarios que incurran en delitos fiscales, de contrabando, evasión y defraudación contra el fisco.
* Propiciar la elaboración de Códigos de Ética Empresariales que promuevan la transparencia en los negocios y castiguen la competencia desleal y cualquier actividad que riña contra los principios éticos y morales de la actividad privada.
La lucha contra la corrupción no es una acción ocasional, sino una tarea permanente, la cual exige, tanto el compromiso permanente de todos los individuos, organizaciones e instituciones nacionales, como una firme voluntad política de los gobernantes y Poderes del Estado. Es más, reconociendo que la corrupción trasciende fronteras, consideramos que el control de este flagelo, reclama la concertación, por lo menos, de los distintos gobiernos latinoamericanos para abocarse a la creación e implementación de los instrumentos legales apropiados y de las acciones de combate que permitan controlar los avances de este flagelo.
Desde luego que la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, al generar la campaña de lucha contra la corrupción, tenía pleno conocimiento de las dimensiones de ese esfuerzo y que el mismo, no solamente era y sigue siendo una empresa difícil, sino sobre todo a largo plazo. Pero estimamos que los resultados son satisfactorios, por cuanto la ejecución de las distintas acciones de enfrentamiento a la corrupción pública, solo es posible con el apoyo de numerosos grupos de trabajo que asuman el liderazgo en cada organización de la administración pública.
Es entonces por medio del trabajo horizontal que cada Comisión Institucional, diseña sus planes de trabajo y ejecuta acciones de prevención y control de la corrupción, atendiendo a los diferentes aspectos que conforman la idiosincrasia, los valores y el marco cultural de cada institución. Se trata entonces de grupos de personas comprometidos y convencidos de que deben luchar por la transparencia integral de los miembros de la familia institucional.
Podemos afirmar que lenta, pero progresivamente la respuesta por parte de los jerarcas de las instituciones y de las autoridades de gobierno, respecto a las actividades de las Comisiones Institucionales, es día con día más efectiva y comprometida. Es así como el respaldo institucional es hoy día mas fuerte y decisivo en cuanto a la necesidad de fortalecer los esfuerzos de las Comisiones Institucionales en sus tareas por forjar servidores públicos honestos, responsables, leales, eficientes, eficaces y conscientes de la importancia de que la función pública sea transparente y productiva.
Entre los resultados positivos y cuantificables, dentro del sector público, podemos apuntar los siguientes:
a.- Conciencia en cuanto al peligro de la corrupción. El reconocimiento por parte de los jerarcas y de un importante grupo de funcionarios del sector público, de las dimensiones y gravedad de la corrupción y sus efectos negativos para el desarrollo nacional.
b.- Compromiso con los postulados del Plan Nacional de Rescate de Valores.
La aceptación por parte de un numeroso grupo de servidores públicos, de los planteamientos de la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, en cuanto a los mecanismos recomendados para la lucha contra la corrupción en el sector público y en cuanto a que el enfrentamiento de ese fenómeno requiere, además de medidas represivas, fundamentalmente, acciones de naturaleza preventiva.
c.- La voluntad y la libertad en la conformación de las Comisiones. El compromiso firme de un buen número de funcionarios públicos de integrarse en grupos de trabajo, a través de las Comisiones Institucionales, para emprender planes de acción orientados a la capacitación del empleado público, en busca de la eficiencia, la eficacia, la creatividad, la mejora del ambiente laboral, la transparencia y la productividad.
d.- Diagnósticos institucionales. Sin lugar a dudas que la decisión de aplicar instrumentos de investigación en las organizaciones públicas, está favoreciendo un trabajo más efectivo de las Comisiones, por cuanto detectados los problemas de corrupción más notorios y que estén afectando el servicio público eficiente que debe prestar la Institución; se procede de inmediato a recomendar la aplicación de las medidas correctivas apropiadas.
e.- El Programa Educativo de Formación de Valores.
Es un hecho positivo, la respuesta de las autoridades educativas, en cuanto a la aceptación y aplicación a partir del pasado año, en los centros de enseñanza primaria, del Programa de Formación Permanente de Hábitos y Actitudes para el logro de Valores. Este programa, aún cuando recién inicia, a pesar de tener varios años de haber recibido la aprobación respectiva, permitirá la formación de ciudadanos honestos, creativos, con iniciativa, responsables y solidarios.
f.- La Capacitación en Valores. Cada día es más notoria y satisfactoria la actitud de los funcionarios públicos, en cuanto a que la capacitación en valores, les permite dimensionar la trascendencia de la función pública y desempeñarse con ética, eficiencia y eficacia.
COROLARIO: Como se observa en esta parte, muchos son los logros obtenidos pero mayores las lagunas existentes y la recomendación que formula el Presidente de la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, es válida: siempre debe existir un Plan de Trabajo que se renueve permanentemente, no satisfaciéndose con el mínimo de logros, sino buscando la maximización de los esfuerzos.
COMO Y PORQUE NACE COORDINA La delegación costarricense que participa en las reuniones de FOPREL y particularmente en CICONA que es su contraparte de la sociedad politica a nivel nacional y regional, ha considerado pertinente que la intervención de sus delegados, se haga en torno a un eje común:
La práctica costarricense del diálogo permanente y del arribo a fórmulas de entendimiento convergente entre los diferentes integrantes de la Sociedad Nacional. Ese eje común es la experiencia costarricense que nos ha enseñado que, independientemente de la diversa extracción ocupacional e ideológica de los delegados, debe existir absoluta claridad acerca de que, la lucha contra cualesquiera que sean las modalidades de corrupción, tiene éxito si existe la unión de voluntades en torno a una estrategia común, en la que se requiere que coincidan las autoridades nacionales que representan el sector de la Sociedad Política y los líderes en diversas escalas, que representan los multifacéticos -y casi siempre contradictorios- sectores de la Sociedad Civil.
Los problemas de corrupción en Costa Rica, son -como en todos los países- consustanciales con la naturaleza humana. Sin embargo, a partir de las décadas de los años 60 y 70, se recrudecen por la venalidad de algunos funcionarios públicos, que sucumben ante el "dinero fácil" que se les ofrece por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.
Posteriormente, en las décadas de los años 80 y 90, los problemas de corrupción permean otros sectores de la sociedad y se unen a la pérdida de los valores tradicionales (amenazados por la creciente e imparable intercomunicación planetaria), dando como resultado actos agravados de corrupción que comienzan a minar la idiosincrasia del pueblo costarricense. En esta situación, y durante los últimos cinco años, las prácticas derivadas de la narcoactividad y otros delitos asociados, han incidido negativamente en el comportamiento de muchos costarricenses y extranjeros que conviven con nosotros, fomentando una mayor pérdida de valores tradicionales y fundamentales.El impacto de tan nefastas prácticas, ha creado como contrapartida, el surgimiento de medidas de muy diversa índole que se encaminan a combatirlas con medidas represivas a corto plazo y educacionales y formativas de mediano y largo plazo. Es interesante destacar que en el caso de Costa Rica las primeras preocupaciones surgen del seno de la Sociedad Civil (también conocida como Sociedad Intermedia entre el Poder Político y la base de la Sociedad Global), que posteriormente dan paso a acciones convergentes con la participación de órganos destacados de la Sociedad Política, para terminar comprometiendo a la Sociedad Global.
En todo este proceso de combate a la corrupción, la delegación costarricense , ha participado activamente en la formulación de políticas, en el establecimiento de estrategias y en la coordinación de esfuerzos desperdigados, para aumentar la sinergía social, por lo que, sin que pretendamos que el modelo costarricense sea el "non-plus ultra", hemos querido presentarlo de manera conjunta haciendo un recuento cronológico que permita conocer los diversos esfuerzos en que hemos participado todos los delegados costarricenses, cada uno en el ámbito de su actividad; pero -como queda dicho- enmarcados en una cultura y estrategia comunes.
Es útil recordar un viejo refrán que dice: La única forma de que triunfe el mal, es que las personas preocupadas no hagan nada por enfrentarlo. Y Ahora bien, si para enfrentar el mal siempre hay un "déficit" de recursos, esa es una excusa, porque nada ni nadie impide que las personas preocupadas tengan un "superávit de imaginación", que comienza por ponerse de acuerdo.
En el caso de Costa Rica lo hemos entendido y practicado así; pues a nuestro juicio, tan sólo se requiere de cuatro ingredientes: a) Una meta teórica clara: Primacía del Bien Común sobre el Bien Particular; b) Claridad instrumental para hacer converger los esfuerzos aislados (y por tanto a veces contrapuestos);
c) Humildad para aceptar que ningún grupo, sea de la Sociedad Política o de la Sociedad Civil, es poseedor de la verdad absoluta;
ESTRATEGIAS PRO-INTEGRIDAD
La experiencia costarricense nos enseña que las primeras actividades encaminadas al rescate de la Integridad o màs propiamente dicho al combate contra la Corrupciòn y la Narcoactividad se inician en la Sociedad Civil y luego son acompasadas por la Sociedad Polìtica,involucrando finalmente a la Sociedad en su Globalidad. Por lo tanto en esta tarea de organizarse para combatir el mal, es útil dar a conocer dos Estrategias de Acción ,una a Nivel Nacional, otra a Nivel Regional, ambas originadas en Costa Rica.: a) La primera proviene del actual Poder Ejecutivo y su alcance es muy amplio, porque se refiere a todas las actividades de desarrollo, aunque no contempla el contexto del desarrollo empresarial no sujeto a la vigilancia comunal, más que por métodos muy indirectos.
b) La segunda es fruto del trabajo de COORDINA, conjuntamente con el ICEL, bajo el auspicio de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la Corrupción y la Narcoactividad y se centra en la conveniencia de establecer en el resto de los países de la región, procesos encaminados a crear agrupaciones tipo COORDINA, pero respetando la autonomía decisoria interna. EL MODELO COORDINA PARA LA ORGANIZACION DE LA REGION
Busca establecer un "proto-grupo" multisectorial, que aunque tenga intereses encontrados, los supere con base en amistad y la visión de Bien Común .Basta reunion al menos uno o dos delegados que tengan actitud "conjuntiva",no "disyuntiva" en representacion autorizada de estas instancias de organizacion societal: Poder Ejecutivo
Cúpula Comunal
PROCESO DE ORGANIZACION: 1.-Tomar los estatutos de COORDINA y adaptarlos a la realidad nacional, presentándolos a consulta en organizaciones multisectoriales representativas que los avalen. Un grupo ad-hoc integrado con parte de los delegados señalados arriba. 2.-Logrado un mínimo de consenso, presentar el documento en un evento con amplia participación y mucha divulgación para su aprobación Un grupo ad-hoc integrado con parte de los delegados señalados arriba, reforzados por nuevos líderes que irán surgiendo en los procesos de consulta, para elegir la Junta Directiva Provisional.
3.- En todo el proceso, algunas agencias internacionales y ONG pueden asesorar para encontrar las mejores fórmulas para ejecutar los pasos señalados. Obtener la colaboración internacional por mediación directa del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, así como de entes que colaboran directamente con órganos de Sociedad Civil.
4.- Inscripción legal e inicio de actividades nacionales en forma coordinada con los restantes países para hacer un arranque al unísono. La persona que funja como coordinador o cabeza visible de cada proceso nacional, debe coordinar con sus homólogos en los otros países para lograr los consensos en torno a fechas y para medir avances en cada país.
5.- La delegación costarricense, se compromete a gestionar recursos básicos para acometer esta tarea, correspondiendo a cada país completarlos mediante esfuerzo interno. La persona que funja como Tesorero del proto-grupo deberá estar en contacto con el homólogo en COORDINA.
6.- Establecer un Plan de Acción a nivel nacional y una propuesta de acción a nivel regional para ser presentados en un evento regional que homologue estrategias, metodologías, objetivos para lograr un efecto multiplicador .
APOYO INSTRUMENTAL: Para que el esfuerzo organizativo de parte de la Sociedad Civil Organizada a emprender en cada pais tenga el apoyo legislativo adecuado puede ser util recurrir a las instancias siguientes:
FOPREL: Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamèrica.
ICEL: Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos.
CICONA: Comision Interparlamentaria Centroamericana contra la Corupcion y la Narcoactividad
ESTRATEGIA DE ACCIÓN CENTROAMERICANA
En lo que compete al reto de organizarse en cada país, a juicio de COORDINA e ICEL ,para que las importantes y sustanciales acciones que debe llevar a cabo la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y Narcoactividad, de conjunto con las acciones que emprendan los Poderes Ejecutivos para garantizar una lucha adecuada contra los flagelos señalados, conviene proceder así:
a) Representantes de la Sociedad Civil: Les compete, como tarea inmediata, organizarse no para seguir necesariamente el modelo costarricense, pero sí -de acuerdo con las circunstancias propias de cada país- coordinar esfuerzos desperdigados para obtener resultados similares. En este esfuerzo, deben converger las autoridades oficiales, los Poderes Legislativos y órganos representativos de la Sociedad Civil.
b)Para esta labor, los miembros de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana, requieren que las estructuras legislativas de sus respectivos países, se vuelquen en apoyo de los esfuerzos de la Sociedad Civil Nacional para ayudarles a encontrar fórmulas viables de organización y de operación. c) Representantes de la Sociedad Política: Son dos esfuerzos paralelos y convergentes que se pueden sintetizar así: b-1) Poderes Ejecutivos: Encontrar fórmulas viables con amplio apoyo de la Sociedad Civil Organizada para las labores de: * Prevención y Educación
b-2) Poderes Legislativos: Encontrar fórmulas viables con amplio apoyo de la Sociedad Civil Organizada para las labores de: * Legislación Nacional
c) Representantes de la Sociedad Política Centroamericana: En este caso, se trata de utilizar:
* Las Cumbres Presidenciales en las que se expresan las voluntades de los Poderes Ejecutivos.
* Las Cumbres Legislativas en que se expresan las voluntades de los Poderes Legislativos.
Interesa destacar que los instrumentos legislativos a utilizar en este campo específico, son los siguientes:
A nivel nacional: Las Comisiones Parlamentarias que se relacionan con los temas de corrupción y narcoactividad.
A nivel centroamericano: La Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra Corrupción y Narcoactividad.
APOYO INTERNACIONAL: El esfuerzo para luchar efectivamente contra problemas de corrupción y narcoactividad, no puede ser:
* Una labor aislada de ningún sector de la sociedad.
* Una labor aislada de ningún país en particular.
* Una labor aislada del grupo de países centroamericanos.
El reto involucra -necesariamente- a prácticamente todos los países de nuestro Planeta, eso significa visualizar esfuerzos concretos de carácter convergente para tener efectividad frente a minorías representadas por personas, grupos y organizaciones, cuyos valores, métodos de trabajo, objetivos y estrategias están totalmente reñidos y en pugna con los que mantiene la mayoría de la sociedad.
En ese sentido, las palabras claves del pasado: "autonomía", "soberanía", "independencia", están dejando de tener valor absoluto y requieren replantearse desde otra perspectiva. Quienes defienden a ultranza los viejos contenidos de esas palabras, le hacen sin querer, el juego a quienes las utilizan para destruir nuestras sociedades.
CRONOGRAMA PARA COORDINA-CENTROAMERICA
En la estrategia para la Organización Nacional, se prevé un plazo máximo de ocho meses, tiempo suficiente para lograr la creación de una asociación tipo COORDINA en cada país centroamericano. Al inicio del noveno mes, se puede, entonces, iniciar el conteo de ejecución del cronograma de Organización Regional,que culminaria con la creacion de COORDINA-CENTROAMERICA.

References: in fine
in fine
 artículo 206
 resolución 
 artículo 16
 Artículo 7
 artículo 7
 Artículo 152
 Artículo 7
 Artículo 45
 Artículo 49
 Artículo 152
 Artículo 151
 artículo 195
 Artículo 195
 artículo 5
e contrario