Source: https://es.scribd.com/document/177983107/Extension-de-La-Proteccion-Social-en-Salud-Eurosocial-Final-1
Timestamp: 2019-12-12 03:47:04+00:00

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Extension de La Proteccion Social en Salud (Eurosocial) Final[1] | Sistema de salud | Hospital
Extension de La Proteccion Social en Salud (Eurosocial) Final[1]
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1. Reforma Sanitaria Conceptos Objetivos
Extensión de cobertura de la Protección Social en Salud en los sectores Agrario e Indígena:
Bibliografía, modelos y experiencias clave en América Latina y Europa
EUROsociAL - Programa regional para la cohesión social en América Latina
Este documento pone a disposición de los socios del proyecto Eurosocial Salud información, bibliografía, modelos y experiencias clave sobre extensión de cobertura de la Protección Social en Salud en el sector informal, con un énfasis especial en la promoción del acceso a la salud de los trabajadores agrícolas y de la población indígena.
El documento ha sido elaborado por un equipo de consultoría dirigido por Antonio Jiménez Lara, y compuesto por Martha Yolanda Quezada García, Pilar Pallero Soto y César Gabriel de Francisco.
Aunque para la redacción del documento se han utilizado contenidos facilitados por los socios del proyecto Eurosocial Salud, incorporados en los respectivos dossieres nacionales, las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los consultores que se han ocupado de su redacción, y pueden no coincidir con las de las instituciones que forman parte del proyecto.
Extensión de la cobertura de la Protección Social en Salud en los sectores Agrario e Indígena
1. Los sistemas de salud en América
1.1. Tipología y rasgos de los sistemas existentes
1.2. Reformas recientes de los sistemas de salud en América Latina y efectos de estas reformas. La influencia de los modelos
1.3. La cobertura de salud en Latinoamérica. Marco legal. Especial referencia a los trabajadores agrícolas y las poblaciones indígenas
1.3.1. República
1.3.2. República de Bolivia
1.3.3. República Federal del Brasil
1.3.4. República de Colombia
1.3.5. República de Costa Rica
1.3.6. República de Cuba
1.3.7. República de Chile
1.3.8. República del Ecuador
1.3.9. República de El Salvador
1.3.10. República de Guatemala
1.3.11. República de Honduras
1.3.12. Estados Unidos Mexicanos
1.3.13. República de Nicaragua
1.3.14. República de Panamá
1.3.15. República del Paraguay
1.3.16. República del Perú
1.3.17. República
1.3.18. República Oriental del Uruguay..........................................47
1.3.19. República Bolivariana de Venezuela....................................49
2. Indicadores de protección social en salud
2.1. Cobertura sanitaria. La vía contributiva
2.2. Gasto en
2.3. Medios personales e infraestructura de atención a la salud
2.4. Indicadores de atención de la salud
2.5. Indicadores de estado de salud
2.6. Acceso a abastecimiento de agua y servicios de saneamiento
2.7. Desigualdades en salud
3. Factores determinantes del acceso a la protección sanitaria
3.1. Mercado de
3.1.1. Estructura de la ocupación por sectores
3.1.2. Ocupación por área
3.1.3. Ocupación en el sector formal e
3.1.4. desempleo. .........................................................
3.1.5. .........................................................................
3.1.6. ingreso. ...................................................
4. Los trabajadores agrícolas y el acceso a la salud
4.1. El trabajo agrícola en América Latina
4.2. El acceso a la salud de los trabajadores agrícolas
4.3. La situación de los trabajadores agrícolas en dos países de América Latina
4.3.1. Los trabajadores agrícolas en Chile
4.3.2. Los trabajadores agrícolas en Uruguay
5. Las poblaciones indígenas y el acceso a la salud
5.1. Poblaciones indígenas en América Latina. Demografía e indicadores sociales básicos
5.2. El acceso a la salud de las poblaciones indígenas
6.2. Mercado de trabajo e informalidad
salud......................................................................
La cobertura de salud de los trabajadores agrícolas informales
6.5. La cobertura de salud de las poblaciones indígenas
6.6. Enlaces de
interés......................................................................
1. Los sistemas de salud en América Latina.
La salud y las respuestas a los retos que plantea es uno de los temas que más preocupa a las sociedades latinoamericanas, una cuestión central en la agenda de su consolidación democrática y de su desarrollo socio-económico.
La articulación de las diferentes estructuras e instituciones que abordan la salud ha tenido en América Latina su propio desarrollo histórico, que en la actualidad se caracteriza por un proceso de reformas dirigidas a superar las ineficiencias y condicionamientos anteriores y enfrentar los nuevos retos.
Es importante, antes de identificar y describir la realidad de los sistemas de salud en América Latina, señalar qué se entiende por salud, ya que según cual sea su concepción, encontraremos modos de organización y abordamientos diferentes.
Siguiendo a Luis Salleras 1 , podemos definir la salud como “el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad”. La salud, así entendida, es uno de los componentes de la calidad de vida, que va mucho más allá de la atención médica exclusivamente. El derecho a la salud es considerado un derecho humano fundamental, que incluye los siguientes elementos esenciales 2 :
Disponibilidad: Existencia de un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios públicos y programas de salud.
▪ Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas, sin discriminación alguna. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica (asequibilidad) y acceso a la información.
Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados.
▪ Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.
Al respecto, teniendo en cuenta el concepto general de Salud, un sistema de salud, rescatando la definición propuesta por Joana Abrisketa en el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 3 , puede entenderse como “Conjunto de infraestructuras sanitarias que, siguiendo una determinada política, tiene como
1 Salleras Sanmartí, L.: Educación sanitaria: principios, métodos, aplicaciones. Díaz de Santos, Madrid, 1985.
2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000
3 Pérez de Armiño, K. (dir.): Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Icaria editorial, Barcelona, 2000.
objetivo contribuir a mejorar la salud de la población. El sistema de salud, también llamado sistema sanitario, está constituido por diferentes instituciones, organismos y servicios que, a través de acciones planificadas y organizadas, llevan a cabo una variedad de programas de salud. En otras palabras, los sistemas de salud, son modelos del funcionamiento de la atención de la salud, estructuras organizativas que reflejan la política sanitaria de cada país.”
Un sistema de salud debería perseguir, adaptándolos a cada contexto, los siguientes objetivos generales: mejorar las condiciones de salud de la población; reducir las desigualdades en materia de salud; incrementar la eficiencia de la atención sanitaria; reducir el impacto del gasto en salud sobre la economía familiar, y promover una financiación acorde con las posibilidades económicas de los diferentes sectores sociales y lograr una mayor equidad en el reparto de la atención sanitaria.
Los sistemas de salud de la mayor parte de los países de América Latina han debido enfrentarse a problemas de sostenibilidad, derivados de su elevado coste, y a la incapacidad de atender a toda la población, especialmente a la que reside en las zonas rurales. La crisis económica de mediados de los años 70 del pasado siglo hizo que los presupuestos de salud cayeran de forma importante en muchos países, y obligó a buscar formas de conciliar la extensión de los servicios sanitarios y la racionalización de los gastos. Una estrategia especialmente importante en este sentido fue la de Atención Primaria de la Salud (APS), formulada en la Conferencia de Alma-Ata (Kazajistán, antigua URSS, 1978), auspiciada por la OMS y UNICEF. La APS, inspirada en los principios de equidad, prevención, participación comunitaria, colaboración intersectorial y aplicación de tecnologías adecuadas, tenía como principal objetivo asegurar el acceso de la totalidad de la población a un mínimo de servicios sanitarios. La APS fue aceptada unánimemente por los organismos internacionales y las entidades donantes. En muchos países en desarrollo se hicieron grandes esfuerzos para orientar el conjunto del sistema de atención sanitaria en función de este objetivo. Sin embargo, su implementación se vio dificultada por la disminución de los fondos públicos destinados a la salud como consecuencia de la crisis económica y de las limitaciones presupuestarias impuestas por los programas de ajuste estructural de la economía, así como también a la dificultad de implicar a los diferentes sectores en esta estrategia, la excesiva burocracia y la corrupción.
Como respuesta al problema de la financiación, se introdujeron en los años 90 dos estrategias complementarias a la APS: la estrategia de recuperación de costes, incorporada a partir de la Iniciativa de Bamako de 1988, que buscaba, a través de la participación de la comunidad en la financiación de la atención sanitaria, asegurar los servicios y mejorar la calidad de los mismos, y la estrategia de selección y concentración de objetivos en función de la carga global de morbilidad, más reciente, consiste en concentrar los recursos en algunas grandes acciones prioritarias, atacando las grandes enfermedades seleccionadas según tres criterios:
su incidencia en las tasas de mortalidad y de morbilidad, su prevalencia dentro de una población dada, y la existencia de un tratamiento efectivo aplicable.
Estas dos últimas iniciativas, promovidas y apoyadas por el Banco Mundial, han marcado las tendencias de las reformas de los sistemas sanitarios en los países en desarrollo durante la última década del siglo XX. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que en lugar de promover la igualdad y el cambio social, estas estrategias diseñadas desde arriba han contribuido a reforzar y legitimar las desigualdades existentes.
Los sistemas de salud se enfrentan al dilema de incrementar la
cobertura social de sus servicios sanitarios en unas condiciones de estrictas limitaciones presupuestarias. En este sentido, debe recordarse que fue la Declaración de Alma-Ata de 1978 sobre la atención primaria de la salud la que dio pie al primer modelo internacional de sistema de salud orientado a garantizar el acceso de toda la población.
Independientemente de la orientación específica de cada sistema de salud, en gran parte de los países la atención sanitaria es administrada en tres niveles diferentes:
El nivel comunitario o primario de la atención de la salud (atención primaria
de la salud). El nivel secundario o intermedio (de distrito, regional o provincial).
El nivel terciario o central.
Cada uno de estos niveles presenta características propias, como se aprecia en el cuadro siguiente.
Trabajadores comunitarios de salud (TCS); enfermeras; comadronas; asistentes médicos; parteras tradicionales y otros trabajadores con formación profesional.
Puestos de salud, dispensarios o centros de salud. Sirven a una determinada zona geográfica, son las unidades básicas del primer nivel y
Farmacia con medicamentos esenciales, vacunas y equipo para exámenes de laboratorio simples. Se suministran diagnósticos médicos y tratamientos de primera línea, procedimientos médicos menores; cuidados prenatales y servicio de planificación familiar y
(Puede haber un solo TCS o un equipo que trabaja en el ámbito comunitario y en el centro de salud).
constituyen la base operativa de los TCS que trabajan en el seno de la comunidad.
educación sanitaria. Algunos centros tienen camas de hospitalización para admisión de pocos pacientes y para partos normales. Los pacientes con problemas de salud más serios son transferidos a un centro del segundo nivel.
Personal médico del distrito, médicos, enfermeras, farmacéuticos, comadronas, técnicos de laboratorio, inspectores
Hospitales de distrito o equivalente, que son el punto de referencia para el nivel primario. En general cuentan con gran número de camas
Atención a pacientes externos, radiología, servicio de laboratorio; cirugía bajo anestesia y almacenamiento de vacunas bajo frío. Además, proporciona formación, especialmente educación continua para
sanitarios y otros trabajadores de salud, que disponen de medios de diagnóstico y de tratamiento más avanzados.
para hospitalización y disponen de quirófano y laboratorio.
trabajadores de salud, en administración y en la coordinación de los programas sanitarios del distrito.
Médicos especialistas (cirujanos, médicos obstetras, internistas,
Grandes hospitales con varias salas, quirófanos, laboratorios, aulas para
Transferencias del nivel secundario; hospitales escuela; equipo clínico y personal para tratar condiciones
anestesistas, enfermeras, comadronas, personal de enseñanza, administradores, etc.)
clases, centros de rehabilitación y otros servicios especiales.
especiales; servicio de urgencias y consulta de pacientes externos.
Fuente: Adaptado a partir de Eade y Williams: The Oxfam Handbook of Development and Relief, vol. 2, Oxfam, Oxford, 1995.
La mayoría de los sistemas de salud de América Latina, con la excepción de Cuba, presentan tres subsectores claramente diferenciados:
El subsector público, que cubre fundamentalmente a los indigentes y que brinda prestaciones orientadas a la prevención, la curación y el saneamiento.
El subsector de la seguridad social, que cubre a los trabajadores del sector formal y en algunos casos a sus dependientes, y
▪ El subsector privado, que generalmente atiende a los sectores de mayores recursos.
Siguiendo a Madies, Chiarvettil y Chorny 4 , es posible clasificar los sistemas de salud en América Latina atendiendo al grado de integración o segmentación de estos subsistemas, de la siguiente forma:
a) Países con sistemas públicos integrados (Costa Rica, Cuba).
Estos sistemas proporcionan cobertura universal financiada sobre la base de impuestos y por asignación de presupuestos globales. Cuba ofrece la atención por medio de proveedores públicos de servicios. Costa Rica cuenta con un subsector del seguro social coordinado con el subsector público, que actúa como modelo predominante de aseguramiento y provisión, mientras que el subsector privado tiene un papel minoritario como complemento del aseguramiento público.
En estos sistemas existe poca distancia entre la cobertura real y la teórica. La población excluida se encuentra fundamentalmente entre los adultos mayores, algunos enfermos crónicos y los inmigrantes. En general, las políticas y estrategias para extender la cobertura están orientadas a mejorar la calidad de la prestación y se focalizan en los grupos vulnerables.
Países con sistemas de aseguramiento mixto regulado Colombia, Uruguay)
Se caracterizan por contar con diversas formas de financiación, aseguramiento y provisión de servicios, con importantes grados de regulación pública. El subsector público cubre, en principio, a toda la población, aunque en la práctica sus destinatarios son los grupos que no están cubiertos por los otros subsectores. El subsector del seguro social, que cubre a más de la mitad de la población, se financia con los aportes y contribuciones de los empleadores y trabajadores, y la provisión de servicios se realiza por conducto de instituciones privadas (Instituciones de Salud Provisional, ISAPRE, en Chile; Entidades Prestadoras de Salud, EPS, en Colombia), sindicales (Obras Sociales en Argentina) o estatales (Administración de los Servicios de Salud del Estado y Banco de Previsión Social,
4 Claudia Viviana Madies, Silvia Chiarvetti y Marina Chorny: “Aseguramiento y cobertura: dos temas críticos en las reformas del sector de la salud”, Revista Panamericana de Salud Pública, Vol. 8, nº 1-2, 2000.
entre otras, en Uruguay). El subsector privado está organizado y ofrece distintos planes de servicios de salud.
En estos sistemas, las causas de la diferencia entre la cobertura teórica y la real se encuentran fundamentalmente en las deficiencias de los mecanismos de asignación y distribución de recursos, la falta de coordinación y articulación entre los subsectores, el gasto superior de los seguros privados y el seguro social en relación con el del subsector público, la fragmentación del sistema y el sesgo de los seguros en favor de los cotizantes de mayores ingresos. Un número importante de personas que trabajan sólo a tiempo parcial o en zonas rurales se encuentran desprotegidas por el seguro social.
Países con seguro de salud unificado (Brasil)
En el Brasil la financiación de la salud es pública y la provisión es mixta. El sistema brasileño tiene un seguro social con tendencia a la unificación y a la cobertura universal.
Las causas de la disparidad entre la cobertura teórica y la real radican en las fallas en la atención, que generan un volumen importante del pago privado de bolsillo o mercados de seguros privados, que a veces se combinan con el aseguramiento público y que cubren a 20% de la población. Aunque se ha logrado incrementar la cobertura real, las carencias en la regulación impiden lograr mejores resultados.
La población sin cobertura real está constituida fundamentalmente por los sectores pobres y rurales, la población negra e indígena, los individuos sin empleo o con bajos ingresos, los niños menores de 3 años, los adultos mayores y las mujeres.
Países con sistemas segmentados (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela).
Este es un subgrupo heterogéneo de países en términos de financiación y provisión, que se caracteriza por la profunda falta de integración entre sus distintos subsectores.
En general, en estos países la distancia entre la cobertura real y la teórica se debe a la ineficiencia del subsector público en la asignación de fondos, la fracción variable de la población cubierta por el seguro social, la segmentación del seguro social en múltiples entidades de aseguramiento que comprometen su eficiencia y el escaso desarrollo de los seguros privados, a pesar de su tendencia a la expansión.
Dentro de este grupo de países, la exclusión afecta especialmente a la población rural de escasos recursos debido a la poca oferta de servicios, que se encuentran concentrados en las zonas urbanas y periurbanas.
1.2. Reformas recientes de los sistemas de salud en América Latina y efectos de estas reformas. La influencia de los modelos europeos de salud.
Los principios rectores que guían a los sistemas de salud latinoamericanos y europeos son similares, pero los modelos de gestión y la institucionalidad en la que se insertan suscitan impactos y efectos diferentes en la población y en el estado de salud de la misma. La evolución de los sistemas de salud y sus resultados no está desligada de variables de contexto, económicas, sociales, políticas, demográficas, de cambios epidemiológicos y de las tendencias de los condicionantes de la salud, entre otros. Por tanto, comparar los sistemas de ambas regiones resultaría un ejercicio infructuoso y frustrante, que nos llevaría a obtener conclusiones erróneas, al no estar basadas en escenarios similares o, al menos, caracterizados por variables coyunturales y estructurales cercanas.
Sin embargo, sí podemos considerar los principios rectores que resultan compartidos por los diferentes sistemas de salud latinoamericanos y europeos:
Universalidad: Extensión de la cobertura de acceso a la salud a todos los
ciudadanos. Este es el
Latinoamérica. En
históricamente sobre la base de las sólidas estructuras de protección de la salud de los sistemas de seguridad social.
Solidaridad: El apoyo mutuo y la solidaridad han de ser asumidos como valores fundamentales y principios básicos por todos los Estados y por todos los niveles de la sociedad. La solidaridad ha de entenderse en sus diversas dimensiones: redistributiva, interterritorial e intergeneracional.
▪ Subsidiariedad: El principio de subsidiariedad supone que el Estado sólo debe intervenir en aquellos casos en que lo privado no da respuestas a los problemas o demandas sociales. Apunta a la corresponsabilidad descentralizada de la capacidad resolutiva que fomente la autogestión y una mayor grado de independencia en la toma de decisiones. El principio de subsidiariedad ha de entenderse siempre sin perjuicio de la función estatal de garantizar la cobertura equitativa y el derecho a la misma.
▪ Alianza público-privada: La delegación de responsabilidades y funciones por parte del Estado en instituciones no estatales es un concepto esencial de la política social europea.
▪ Portabilidad: coordinación entre los diferentes sistemas para lograr una adecuada continuidad en la atención de la salud y una respuesta eficaz a las necesidades de los ciudadanos.
▪ Variedad, coordinación y convergencia: el propósito no es en uniformar todos los modelos y sistemas de salud, sino más bien alcanzar una coordinación que favorezca niveles equitativos de desarrollo socio-económico y regulaciones comunes.
▪ Participación social: la falta de participación influye en la sustentabilidad de las reformas de los sistemas de salud y de los sistemas de protección social, por las reacciones que puedan surgir de los diferentes grupos excluidos.
Los sistemas europeos se vieron influidos por diferentes modelos de salud, tales como el Sistema de Seguridad Social de Bismarck, el Sistema Nacional de Salud de Beveridge y los Seguros privados de Salud. Actualmente, todos los países europeos aplican elementos de los diferentes modelos y sistemas posibles y buscan la combinación viable y adecuada de varios sistemas, con diversos instrumentos de seguros de protección social. En el ámbito europeo, el reto actual se sitúa en optimizar la eficiencia y mejorar la asignación de los recursos, más que en la universalidad de la cobertura, la cual es ya una realidad instaurada de manera amplia en sus sistemas de salud y sociedades.
Todos los principios y valores que han inspirado la reforma de los sistemas de salud europeos están presentes en las reformas de América Latina, sin embargo, la situación actual de muchos de ellos requiere también de cambios estructurales y con proyección estratégica a medio y largo plazo para acercar la realidad económica y la cohesión social de tal forma que permita unos sistemas de salud para todos y todas, universales, solidarios, eficientes, participativos, descentralizados y equitativos. Teniendo en cuenta las diferencias de cada realidad social, corresponde, como aprendizaje de las experiencias europeas, modelar las propuestas derivadas de las experiencias empíricas de acuerdo con las necesidades y las condiciones específicas del lugar y de la coyuntura.
Las reformas de los países latinoamericanos contemplan, pues, los mismos principios o valores que inspiran los sistemas de salud europeos, pero en contextos que arrastran históricamente una baja cobertura de la población, problemas de eficiencia en la gestión, más los nuevos retos de la macroeconomía, con una mayor precarización del trabajo y el correspondiente aumento de la informalidad, una distribución inequitativa del ingreso y los factores socio-demográficos y epidemiológicos que generan mayores demandas en salud bajo un sistema de salud que requiere de más recursos financieros para enfrentarlas y darles respuestas. (Redactar mejor la frase separando las distintas ideas para ganar claridad)
Los procesos de reforma de los sistemas de salud se intensificaron en América Latina a lo largo de la década de los 90. El objetivo explícito de estas reformas radicaba en conseguir la capacidad de prestar a todos los habitantes servicios de salud eficientes y de buena calidad, en respuesta a las necesidades de la población, alcanzando la mayor equidad y eficiencia posible en la utilización de los recursos y prestando una atención especial a los grupos más vulnerables y a los problemas prioritarios. Sin embargo, no siempre se ha logrado en la práctica extender la cobertura de salud a toda la población. Las políticas desplegadas en la mayoría de los países han estado más bien orientadas a contener costos y disminuir el gasto en salud, como consecuencia de las restricciones financieras y presupuestarias, producto de las crisis económicas. Los esfuerzos han ido más dirigidos hacia algunas tareas de focalización y de incremento de la oferta que a la definición creciente de esquemas de aseguramiento en salud garantizados públicamente.
Las estrategias para extender la provisión regular de servicios de salud a grupos sociales sin acceso o con acceso limitado a los mismos se concentraron, en muchos casos, en los modelos de financiamiento y organización del sistema, relegando a un segundo plano los objetivos de mejora de la accesibilidad y de calidad de las prestaciones. No obstante, los cambios organizativos y, en especial, los orientados hacia una mayor integración de los servicios sociales de salud en los países que tenían sistemas de salud muy segmentados, consiguieron incrementar la cobertura real de forma muy apreciable.
En la actualidad, se identifican en América Latina cuatro factores asociados a una baja capacidad de respuesta de los sistemas de salud 5 :
a) La segmentación o coexistencia de subsistemas con distintos arreglos de financiamiento, afiliación y prestaciones, generalmente compartimentalizados, que cubren diversos segmentos de la población, por lo general determinados por su nivel de ingreso o su capacidad para contribuir. Habitualmente se manifiesta en un subsistema público deficiente y mal atendido, frecuentado por los pobres e indigentes, y en un sector privado con más recursos y orientado al cliente, concentrado en los segmentos más ricos. Entre ambos se sitúan los sistemas de seguro social que cubren a los trabajadores formales y a sus dependientes. Este tipo de organización genera y profundiza las desigualdades en el acceso y el financiamiento de los servicios de salud.
b) La fragmentación o existencia de muchas entidades no integradas dentro de un mismo subsistema. Esta situación eleva los costos de transacción en el sistema en su conjunto y hace difícil garantizar condiciones equivalentes de atención para las personas atendidas por los diversos subsistemas. La suma de segmentación más fragmentación conduce con frecuencia a dobles y triples coberturas dentro del mismo grupo familiar, con la consiguiente ineficiencia en la asignación de recursos.
c) El predominio del pago directo parcial o total en el punto de atención o en el gasto en medicamentos que determina que la posibilidad de recibir la atención de salud requerida dependa parcial o totalmente de la capacidad de pago de cada persona. Este tipo de financiamiento determina un alto grado de inequidad en el sistema y falta de protección.
d) Una rectoría débil o poco desarrollada, que impide el establecimiento de reglas del
servicios y adolece de una formulación explícita insuficiente de los conjuntos
básicos de prestaciones garantizadas por los diferentes esquemas de aseguramiento.
Latina para extender
reducir la exclusión pueden
agruparse en las siguientes
Establecimiento de regímenes especiales de seguro social no contributivo. Se han practicado en varios países y están orientados a satisfacer las demandas de grupos especiales de población (madres, ancianos), sectores productivos (cultivadores de caña de azúcar y de café) o a temas específicos que se ha decidido priorizar (atención maternoinfantil). Estas experiencias tienen éxito en el corto plazo y efectivamente logran incorporar a los grupos excluidos a quienes van dirigidas. Su principal dificultad radica en la falta de sostenibilidad, ya que generalmente se han financiado con recursos extraordinarios (como préstamos de las instituciones financieras internacionales), sin previsión de asignación presupuestaria regular que garantice su permanencia.
5 Ampliación de la protección social en materia de salud: iniciativa conjunta de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana. 54ª Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., septiembre de 2002.
Esquemas de seguro voluntario con subsidio gubernamental. Permiten que algunos grupos excluidos se conviertan en derechohabientes de un esquema de seguridad social sin cumplir con todos los requisitos de afiliación. Esta modalidad resuelve la problemática de la población excluida en la medida en que la autoridad pública esté dispuesta a seguir financiando el proceso. En muchos casos la provisión de servicios es diferente de la que contemplan los regímenes ordinarios del seguro social, lo que deriva en falta de equidad.
Expansión limitada de la oferta. Se trata de iniciativas dirigidas a prestar servicios específicos a ciertos grupos poblacionales focalizados. Hay una amplia gama de experiencias en el continente que indican que esta modalidad puede contribuir a incorporar a los servicios de salud a una población que estaba excluida por diversas razones, y que puede resultar exitosa en el corto plazo. Las principales desventajas de este tipo de estrategia son la posible falta de sostenibilidad financiera y la falta de coherencia con otros esquemas de prestación de servicios.
Sistemas comunitarios de protección social. Su principal característica es la gestión directa por los usuarios potenciales. Las experiencias existentes generalmente se refieren a comunidades con muy altos niveles de exclusión. Los casos exitosos reflejan situaciones en que se ha logrado articular bien estos sistemas con los servicios públicos y combinar distintas fuentes de financiamiento, a la vez que se respeta la participación comunitaria en los procesos de decisión.
Desarrollo gradual de sistemas unificados. Suelen combinar un subsistema público, al cual tiene acceso con exclusividad la mayoría de la población y un subsistema privado complementario (seguros privados de salud) cuyos usuarios simultáneamente pueden tener acceso a los servicios del sistema público. Esta modalidad combina diversas fuentes de recursos (impuestos generales de los diversos niveles de gobierno, impuestos especiales y contribuciones). Las principales limitaciones están asociadas a la carencia de recursos y a la garantía de acceso a los niveles de la atención de salud de alta complejidad, que generan la necesidad de poner en marcha procesos de construcción de redes integradas de servicios a nivel regional. Un ejemplo de esta modalidad es el Sistema único de salud del Brasil.
La reducción de la exclusión en salud requiere de un abordaje que permita sumar diversas modalidades de intervención. Es necesario trabajar simultáneamente en los ámbitos de la rectoría, del financiamiento, del aseguramiento y de la prestación de servicios de salud, de modo que las acciones desarrolladas en cada uno de esos ámbitos sean congruentes y se refuercen entre ellas.
Los retos de futuro son múltiples. En el ámbito de la rectoría, los principales desafíos son lograr situar la extensión de la protección social en salud en el centro de la agenda política gubernamental e incorporar en la lucha contra la exclusión a todos los actores relevantes. En el ámbito del financiamiento, el principal reto es organizar solidariamente las diferentes fuentes de financiamiento para permitir abordar los requerimientos en salud de la población en un marco de equidad. En relación con el aseguramiento en salud, es necesario encontrar el balance adecuado entre los esquemas de aseguramiento obligatorio de financiación pública o solidaria y los de financiación privada, evitando los costos de transacción y los riesgos de inequidad derivados de los esquemas segmentados, muy fragmentados y débilmente regulados que hoy prevalecen en numerosos países de la región latinoamericana. En el ámbito de la provisión de servicios el desafío fundamental es
reorientar el modelo de atención, introducir los incentivos adecuados para que los proveedores intermedios y finales contribuyan a reducir o a eliminar la exclusión y evitar los mecanismos que puedan fomentarla, como el pago directo de bolsillo o los subsidios públicos a pacientes cubiertos por seguros privados. Para ello, es necesario privilegiar las estrategias orientadas a fortalecer la accesibilidad a los servicios de salud, garantizar la continuidad de la atención entre los distintos niveles y subsistemas del sistema de salud, y fortalecer la demanda de servicios de las poblaciones con mayor riesgo de exclusión, capacitando a los usuarios para que conozcan y ejerzan sus derechos a la atención de salud.
En su amplio y documentado estudio sobre el impacto que han tenido las reformas de salud llevadas a cabo en América Latina y El Caribe sobre los principios de la Seguridad Social, Carmelo Mesa Lago traza un panorama de la cobertura legal obligatoria del seguro social en los diversos países alrededor de 2004 por tipos de ocupación: asalariados (cobertura total o parcial), trabajadores por cuenta propia o independientes, servidores domésticos, trabajadores agrícolas, pensionados y familiares dependientes (cónyuges e hijos).
La cobertura del seguro social se concentra en el sector formal de ingreso medio. Hay diez países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay), en los que el seguro social social cubre legalmente de manera obligatoria a todos los asalariados (incluyendo a domésticos y agrícolas), pensionados y familiares dependientes. En Ecuador se incluye a todos los asalariados, pero no se ejecuta la cobertura de los trabajadores domésticos y hay fuertes restricciones en la cobertura a la cónyuge y a los hijos dependientes; en Bolivia sólo hay cobertura parcial de los asalariados, porque se excluye a los domésticos y agrícolas. En otros seis países (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana) se otorga cobertura legal sólo a parte de los asalariados.
Los trabajadores por cuenta propia o independientes sólo tienen cobertura legal obligatoria en cuatro países (Brasil, Colombia, Cuba y Paraguay), pero esta cobertura no se ejecuta en Colombia y Paraguay; en Argentina la cobertura es obligatoria para los monotributistas; en Chile es automática para los afiliados al sistema de pensiones, en Costa Rica es voluntaria pero se otorgan subsidios a los independientes de bajo ingreso y la ley de reforma estipulaba su obligatoriedad a partir de 2006. Leyes recientes o proyectos de ley en debate contemplan hacer obligatoria la cobertura de los trabajadores por cuenta propia en Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
Como se desprende del cuadro, todavía son muchos los países en los que no está contemplada la cobertura legal obligatoria del seguro social para los trabajadores agrícolas. Entre ellos se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, la República Dominicana, Venezuela y, posiblemente, Colombia, donde los datos reunidos por Mesa Lago no son concluyentes. En los países en los que sí está prevista su cobertura, se excluye usualmente a los campesinos (que, en algunos casos, como ocurre en Ecuador, están cubiertos por un programa separado del seguro social), precaristas, aparceros y otros autónomos agrícolas (en México están cubiertos parcialmente por el programa IMSS- Solidaridad; en Perú hay un seguro agrario que cubre a trabajadores asalariados e
independientes). La cobertura de los trabajadores agrícolas está menos extendida que la de los trabajadores autónomos y los trabajadores del sector doméstico, que son los otros dos grupos de trabajadores en los que la cobertura es más deficiente.
Cobertura legal obligatoria del seguro social por tipo de ocupación pensionados y dependientes, 2005
Agrícolasª
Chile b/
Fuente: Messa-Lago Carmelo (2005), Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su impacto en los principios de la seguridad social, CEPAL.
Excluye usualmente a campesinos (en Ecuador cubiertos por un programa separado del seguro social), precaristas, aparceros y otros autónomos; en México cubiertos parcialmente por el programa IMSS-Solidaridad; en Perú hay un seguro agrario que cubre a trabajadores asalariados e independientes.
social sino por
nacional de salud público; en Chile por una
combinación de seguro social y público.
Incluye a socios de cooperativas; aunque la cobertura de todos los asalariados es obligatoria no se ejecuta en la práctica; los servidores domésticos tienen un régimen especial.
En Guatemala sólo en 68% de los departamentos; en Honduras en 38%.
El seguro social de enfermedad no ha sido implantado del todo y el de maternidad fue introducido en 1999, los funcionarios públicos tienen seguro.
f Afiliación voluntaria poco efectiva salvo en Argentina donde es obligatoria para monotributistas; en Costa Rica la ley estipula que se haga obligatoria en 2006; en Colombia en el régimen contributivo para los que ganan más de 2 salarios mínimos, el resto en el régimen subsidiado; en Chile automática para los afiliados en el sistema de pensiones, ya sea privado o público; en Nicaragua la nueva ley de seguridad social de 2005 la hace obligatoria; en Panamá el proyecto de ley de reforma en debate en 2005 la hace obligatoria; en República Dominicana la ley de 2001 la hace obligatoria pero no se ha ejecutado; en Venezuela el proyecto de ley de salud incluye a todos los residentes.
No se ejecuta en la práctica o muy poco efectiva; la ley de 2005 de Nicaragua ratifica la obligatoriedad.
Sólo los de la capital.
Sólo por vejez y con un minipaquete básico.
Parte de los trabajadores independientes tiene afiliación voluntaria otros están cubiertos por el subsector público;
los pensionados cuyo ingreso sea inferior al máximo fijado anualmente; la cónyuge recibe atención durante el embarazo, parto y puerperio. Sólo en enfermedad; la asegurada tiene derecho a maternidad.
Sólo en maternidad y puerperio; diferencias en atención a la cónyuge en Paraguay.
Sólo a menores de: 11 años en Honduras; 9 años en Uruguay; 6 años en El Salvador y Nicaragua; 5 años en Guatemala, y 1 año en Ecuador y la República Dominicana.
A continuación se ofrecen datos sobre la estructura del sistema de salud y la situación de la cobertura legal de los trabajadores agrícolas y de las poblaciones indígenas en los diferentes países de la región. El derecho al acceso a la protección sanitaria se encuentra reconocido de manera universal en buena parte de las constituciones de los países latinoamericanos, y las leyes de salud y de seguridad social reconocen también en muchos casos este derecho como obligatorio para todos los ciudadanos. En otras constituciones se obliga a los Estados a proteger a aquellos que se encuentren en situaciones más vulnerables
capítulos anteriores, el
reconocimiento legal del amparo sanitario no siempre supone una protección efectiva de la población especialmente de aquella que se encuentra en condiciones sociales más precarias.
1.3.1. República Argentina
ESTRUCTURA DEL SECTOR DE SALUD
En Argentina el sistema de salud está fragmentado en tres subsectores principales que cubren a múltiples grupos. El subsector público gratuito está compuesto por hospitales y otras instalaciones de las provincias (también en los municipios más grandes; unos pocos hospitales que dependían de la Nación fueron traspasados a las provincias) que cubren a la población pobre o de bajo ingreso, así como a la mayoría de los trabajadores independientes. Los hospitales públicos brindan cobertura a la población que lo solicite y de hecho también sin cargo a parte de la población asegurada. El subsector del seguro social obligatorio u Obras Sociales, organizado de manera fragmentada por ramas de actividad, cubre de manera obligatoria a todos los trabajadores asalariados de cada rama (así como a los independientes de forma voluntaria) y sus familiares dependientes; ha sido mayormente administrado por los sindicatos, ofrece prestaciones diversas en base al ingreso variable por la cotización de sus afiliados pero con un paquete básico garantizado. Uno de los objetivos de la reforma fue extender la cobertura y el acceso a los no cubiertos, mediante un paquete básico obligatorio para todos los afiliados.
La Constitución Nacional de la República Argentina, sancionada en 1994, no recoge directamente entre sus previsiones el derecho a la salud (de hecho, la palabra “salud” sólo aparece una vez en todo el texto constitucional, concretamente en el artículo 42, que establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”). Sin embargo, el derecho a la salud queda garantizado en virtud de la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Argentina, entre los que se encuentran la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (arts.VII y XI); la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts.3º, 8º y 25º); el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(art.24º); el Convención americana de Derechos Humanos (art.4º) y la Convención de los Derechos del Niño (arts.6º, 23º, 24º y
26º).
En relación con la protección social en general de los trabajadores, el art. 14 bis, en su párrafo tercero, establece que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS DE LA COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Ley Nº 19032 – RÉGIMEN MÉDICO ASISTENCIAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Sancionada el 13 de mayo de 1971. Crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Modifica el art. 6º de la ley 18610, de creación del
Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI).
Ley Nº 23660 - OBRAS SOCIALES
Sancionada el 29 de diciembre de 1988 y publicada en el Boletín Oficial del 20 de enero de 1989
Ley Nº 23661 - SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD
Sancionada el 29 de diciembre de1988 y publicada en el Boletín Oficial del 20 enero de 1989, crea en su artículo 1 el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los
alcances de un seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. El seguro se organizará dentro del marco de una concepción integradora del sector salud donde la autoridad pública afirme su papel de conducción general del sistema y las sociedadas intermedias consoliden su participación en la gestión directa de las acciones, en consonancia con los dictados de una democracia social moderna.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, quedan incluidos en el seguro todos los beneficiarios comprendidos en la Ley de Obras Sociales así como los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y aportes que fija la reglamentación y el respectivo régimen legal complementario en lo referente a la inclusión de productores agropecuarios.
Ley Nº 24241 – RÉGIMEN GENERAL
Sancionada el 23 de septiembre de 1993. Crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Ley Nº 24714 – RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Sancionada el 2 de octubre de 1996 y publicada en el Boletín Oficial del 18 de
octubre de 1996, esta Ley regula el Régimen de Asignaciones Familiares y dispone la creación de un consejo de administración para el Subsistema Contributivo.
(Nota: abrogada por segundo párrafo del art. 26 del Decreto nº 1382/2001 (B. O. 02/11/01) y restablecida su vigencia por Decreto n° 1604/2001, con excepción de normas correspondientes a prestaciones).
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL ÁMBITO RURAL
Ley Nº 25191 – COBERTURA DE LA CONTINGENCIA DE DESEMPLEO. Declara obligatorio el uso de la libreta del trabajador rural. Crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Define los recursos a ingresar al mencionado registro. Establece sanciones por incumplimiento. Crea el sistema integral de prestaciones por desempleo (SIPRED).
Decreto Nº 453/2001 – REGLAMENTA LEY 25191. Sanción: 24 de abril de 2001. Reglamenta acerca del contenido de la libreta del trabajador rural, la integración y funcionamiento del directorio y de la sindicatura, la contribución de los empleadores y la recurribilidad de las sanciones.
Decreto Nº 606/2002 – CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEADOR. Fecha sanción: 15 de abril de 2002. Complementa decreto nº 453/01 disponiendo la no reducción o deducción de la contribución a cargo de los empleadores.
NORMAS COMPLEMENTARIAS LABORALES DEL RÉGIMEN RURAL
Ley Nº 22248 – RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO RURAL
Fecha sanción: 10 de julio de 1980. Define el contrato de trabajo agrario, su
alcance y extinción. Conceptualiza el personal permanente y el no permanente. Establece las condiciones de trabajo a aplicar. Regula el régimen de licencias, remuneraciones, accidentes del trabajo y enfermedades, así como el ejercicio de la facultad disciplinaria en este ámbito. Legisla sobre trabajo de menores y de mujeres. Crea la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
La Constitución y el Código de Seguridad Social estipulan la cobertura universal en salud, aunque éste es un mandato que aún está lejos de haberse cumplido.
El Bolivia hay tres subsectores de salud: el subsector público, el seguro social y el subsector privado. El subsector público está integrado por cuatro niveles: nacional a cargo del ministerio, regional a cargo de los departamentos, municipal y distrital. El seguro social está compuesto de 14 cajas o fondos de salud cada uno con su grupo de asegurados, que incluyen al trabajador asegurado, su cónyuge hijos y padres y hermanos dependientes, así como los pensionados; los independientes pueden afiliarse voluntariamente. El subsector privado se compone principalmente de organizaciones no gubernamentales, iglesias y otras entidades sin fines de lucro, y compañías de seguros comerciales y planes de medicina prepaga con fines de lucro. Existe además la medicina tradicional o informal importante en áreas rurales y urbano-marginales y, especialmente, entre la población indígena.
1998 sobre seguro básico de salud y el plan estratégico de salud
establecieron como objetivo el acceso universal a beneficios básicos de salud de
calidad culturalmente apropiada. Las regulaciones posteriores aspiran a extender el paquete básico.
En la actualidad se está aplicando una política dirigida a permitir el acceso a los
servicios de salud de la totalidad de la población boliviana a través del Sistema Único, Intercultural y Comunitario, mediante la promoción de hábitos y conductas saludables en individuos, familia y la comunidad, la prevención de riesgos, el control de daños y la rehabilitación de personas con discapacidades. Para ello, se ha puesto en marcha el programa de “Salud familiar y comunitaria intercultural” y el programa de “Extensión de Coberturas” desde unidades fijas y unidades móviles de salud, para llegar a las poblaciones más dispersas y desprotegidas de todo el país. Su periodo de ejecución es del 2006 al 2010. También se ha puesto en marcha un proyecto de “Seguro Universal de Salud”, que realizará una ampliación de las prestaciones en los seguros, incorporando de forma progresiva a grupos de beneficiarios en los seguros públicos de salud, realizando una complementación plurianual en los servicios de salud a nivel nacional.
La Constitución Boliviana de 1967, reformada por la Ley Nº 2410, reconoce con carácter universal en su artículo 7º “Derechos y deberes fundamentales de la persona”, en su inciso k) el derecho “A la salud pública y a la seguridad social, en la forma de terminada por esta Constitución y las Leyes”
El Código de Seguridad Social, aprobado por Ley de 14 de diciembre de 1956, es un
conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en los casos de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que trabajan en el territorio de la República y prestan servicios remunerados para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo, o contrato de aprendizaje, sean éstas de carácter privado o público, expresos o presuntos.
El Código de Salud de la República de Bolivia, aprobado por Decreto Ley nº 15620, de 18 de julio de 1978, estableció el derecho a la salud de todo ser humano que habite en el territorio nacional boliviano, sin distinción de raza, credo político, religión y condición económica y social, derecho que es garantizado por el Estado.
Decreto supremo núm. 25265, de 12 de enero de 1998, POR EL QUE SE CREA EL SEGURO BÁSICO DE SALUD.
Ley 2426, de 21 de noviembre de 2002, DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL
Crea el Seguro Universal Materno Infantil en todo el territorio nacional, con carácter universal, integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de salud en los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social de corto plazo, a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto y los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. La ley establece que las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil, cuando corresponda, se adecuarán y ejecutarán mediante la medicina tradicional Boliviana donde los usos y costumbres de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, sea de elección.
Por Ley 3250 de 6 de diciembre de 2005 se han ampliado las coberturas del Seguro Universal Materno Infantil en todo el territorio nacional.
La constitución de 1988 transformó el derecho de los trabajadores a la seguridad social en un derecho universal e integral a la salud para toda la población, con énfasis en la cobertura y acceso universales.
El sistema brasileño de salud está compuesto de dos subsectores, el público y el privado.
El subsector público está constituido por el Sistema Único de Salud (Sistema Único de Saúde, SUS), y por los programas de salud de las fuerzas armadas y la policía. El SUS es gratuito y ofrece una cobertura básica para toda la población, aunque es principalmente utilizado por los estratos pobres y de bajo ingreso. Su sistema de provisión y financiamiento está dividido entre tres niveles (federal, estatal y municipal), y una parte importante de sus unidades subcontrata servicios con el subsector privado. Los empleados públicos reciben una asignación estatal con la cual toman seguros privados, pero no pierden su derecho a atenderse en el SUS.
El subsector privado es de carácter voluntario y complementario, y está regulado y controlado por el gobierno federal. Es utilizado por los estratos de mediano y alto ingreso, lo cuales están asegurados en esquemas de prepago, cooperativas médicas o seguros de reembolso. Además, las grandes empresas tienen planes de salud, a veces subcontratados con aseguradas privadas. No obstante, un porcentaje importante de la población con seguro privado utiliza los servicios del SUS especialmente para atención compleja y costosa.
El artículo 194 de la Constitución establece la universalidad de la cobertura y de la atención de la seguridad social, que comprende un conjunto integrado de acciones de iniciativa de los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia social, así como la uniformidad y equivalencia de sus beneficios y servicios a las poblaciones urbanas y rurales.
El artículo 196 establece que la salud es un derecho de todos y un deber del
Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que tiendan a la reducción del riesgo de enfermedad y de otros riesgos y al acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación.
Ley 8080, de 1990, DE CREACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD
La Ley 8080 estableció el Sistema Unico de Salud (S.U.S.) con directrices de descentralización y autonomía de gestión de los servicios de salud en los niveles
estadual y municipal, con el desafio de cobertura integral para toda la población.
Ley 8142, de 1990, SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD
La Ley 8142 adopta disposiciones sobre la participación de la comunidad en la
gestión del sistema único de salud y sobre la transferencias intergubernamentales de recursos financieros en el área de la salud.
Ley 8212, de 1991, DE SEGURIDAD SOCIAL
La Ley 8212, de 24 de julio de 1991, actualizada por la ley 10256 del 9 de julio de
2001, dispone sobre la organización de la seguridad social, instituye un plan de gastos, y dicta otras disposiciones. Es una "ley orgánica de seguridad social", que establece las orientaciones en materia de salud, previsión social, asistencia social, organización y financiamiento. Se determina quiénes son los asegurados (arts. 12- 14) y se definen las empresas y los empleadores que quedan cubiertos por la ley (art. 15). Se fijan las modalidades de las contribuciones de las distintas categorías de trabajadores asegurados (arts. 20-62) y se dictan orientaciones generales para modernizar la seguridad social (arts. 63-84).
Ley 8213, de 1991, SOBRE LOS PLANES DE BENEFICIOS DE LA PREVISIÓN SOCIAL
La Ley 8213, de 24 de julio de 1991, (actualizada al 27 de diciembre de 2000) desarrolla lo establecido en la ley núm. 8212 en relación con los planes de
beneficios de la previsión social.
Ley 8540, de 1992, SOBRE CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEADOR RURAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
Por esta Ley se dispone sobre la contribución del empleador rural a la seguridad social y se adoptan otras disposiciones, modificándose ciertas disposiciones de las leyes núms. 8212, de 24 de julio de 1991 y 8315, de 23 de diciembre de 1991.
Decreto núm. 3156, de 27 de agosto de 1999, SOBRE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Este decreto dispone sobre las condiciones para la prestación de asistencia sanitaria a los pueblos indígenas, en el ámbito del Sistema Único de Salud, por parte del Ministerio de Salud.
La constitución de 1991 y la ley de 1993 ordenaron la universalidad de la cobertura de salud. Las fuerzas armadas, la policía, el magisterio y los trabajadores petroleros mantenienen sus propios programas y cobertura al margen del sistema general.
En el sistema general, se distinguen dos regímens, el contributivo y el subsidiado. El régimen contributivo cubre obligatoriamente a los trabajadores del sector formal así como los pensionados, y a los familiares dependientes del asegurado. El régimen subsidiado cubre a la población de escasos recursos que no tiene capacidad contributiva, como trabajadores informales, trabajadores independientes que ganan menos de dos salarios mínimos y desempleados, así como sus familiares, mediante transferencias del régimen contributivo y de la nación, los departamentos y municipios.
La Constitución colombiana de 1991, en su titulo II “De los derechos, las garantías y los deberes”, Capítulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales”, artículo 48, reconoce el derecho universal e irrenunciable a la Seguridad Social, a la que define como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Para ello, el Estado, con la participación de los particulares, ampliara progresivamente la cobertura de la Seguridad Social, que podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
Ley 10, de 10 de enero de 1990, POR LA QUE SE REORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Define la salud como un servicio público a cuya prestación tienen derecho todos los habitantes del territorio nacional. Ha sido reglamentada en lo referente a la prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas por Decreto núm. 1811, de 6 de agosto de 1990,
LEY 100, de 23 de diciembre de 1993. CREA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Se encomienda al Sistema de Seguridad Social Integral, entre otros objetivos, el de garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.
LEY 691, de 18 de septiembre de 2001, MEDIANTE LA CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA
Esta ley tiene por objeto proteger de manera efectiva los derechos a la salud de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad cultural de tal manera que se
asegure su permanencia social y cultural, según los términos establecidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales y las demás leyes relativas a los pueblos indígenas. La ley reglamenta y garantiza el derecho de acceso y la participación de los Pueblos Indígenas en los Servicios de Salud, en condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad étnica y cultural de la nación. En alcance de su aplicación, reglamenta la forma de operación, financiamiento y control del Sistema de Seguridad Social en Salud, aplicable a los Pueblos Indígenas de Colombia.
Acuerdo núm. 326 del 15 de febrero de 2006 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Ley 1122, de 9 de enero de 2007, POR LA CUAL SE HACEN ALGUNAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. Esta ley inyecta nuevos recursos, sobre todo a la financiación del régimen subsidiado de salud, con el objetivo de avanzar hacia la cobertura universal de la Seguridad Social en Salud.
La constitución costarricense de 1949 y la ley general de salud establecen el derecho a la atención de salud por toda la población. A partir del decenio de los 70 se aplicó una estrategia para extender la cobertura del programa de enfermedad- maternidad del seguro social (en 1975, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se extiende a los trabajadores agrícolas). Para ello, se transfirieron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) todos los servicios de atención del ministerio (preventivos y curativos); a su vez la CCSS se comprometió a atender a todas las personas no aseguradas sin recursos, con cargo al fisco. Este modelo es único en América Latina y ha tenido éxito en alcanzar virtualmente la universalidad.
La cobertura legal del seguro social, la más amplia de la región, comprende los siguientes grupos con diverso tipo de afiliación: (a) obligatoria para todos los trabajadores asalariados de los sectores público y privado incluyendo los domésticos (no hay fuerzas armadas en el país); (b) voluntaria para los trabajadores independientes con remuneración, los cuales reciben subsidios fiscales que aumentan según disminuye el ingreso; (c) voluntaria para trabajadores que han dejado de ser cubiertos de manera obligatoria, los que no trabajan pero tienen ingresos propios (rentistas), los trabajadores familiares sin remuneración, los estudiantes que no trabajan y las amas de casa; (d) atención integral a los pensionados y los familiares dependientes de éstos y de los asegurados activos, así como los indigentes que carecen de aseguramiento y no pueden pagar la cotización (aunque su grupo familiar tenga un ingreso mayor a un salario mínimo también son elegibles si no satisfacen sus necesidades básicas, aunque deben demostrar su situación de necesidad cada seis meses), y (e) atención para todos los casos de urgencia, dejándose el pago—cuando corresponda— para después.
El subsector privado atiende a tres grupos: los de alto ingreso que no están asegurados en la CCSS y compran planes de seguro oprepagas o directamente a proveedores de servicios; parte de los asegurados en la CCSS, que delega una proporción de la atención a proveedores privados o mixtos, y aquellos asegurados que deciden pagan a un proveedor privado para obtener atención más rápida o de
mejor calidad que en la CCSS.
La Constitución de 1949 establece en su artículo 73 los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
Ley 17 (1943), CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Esta ley crea la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución autónoma que tiene como misión aplicar los seguros sociales obligatorios, que comprenden los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para entierro, de acuerdo con la escala que fije la Caja, siempre que la muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional.
Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.
Ley 5395 , de 30 de octibre de 1973, GENERAL DE SALUD
Esta ley establece que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. En su artículo 3 declara que todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad.
REGLAMENTO DEL SEGURO DE SALUD, aprobado por la Caja Costarricense de Seguro Social, el 3 de diciembre de 1996.
Establece los principios de universalidad, igualdad, subsidiariedad estatal, integralidad y suficiencia, eficiencia, participación social, obligatoriedad, territorialidad y otorga el derecho de aseguramiento voluntario al sistema, a quienes no estuviesen obligados. Son asegurados directos: los trabajadores asalariados, los pensionados y jubilados de cualquiera de los sistemas estatales, las personas jefes de familia aseguradas por cuenta del Estado y aquellos que se acojan al seguro voluntario. Regula la protección de los familiares del asegurado. Reglamenta la cobertura y prestaciones, las que comprenderán entre otros, los subsidios por incapacidad, por enfermedad, por maternidad. Quedan excuídos los casos de riesgos del trabajo que de conformidad con la ley núm. 6727 de 1982, corren por cuenta del patrono o del Instituto Nacional de Seguros. En el capítulo VI, derechos y deberes de los usuarios, se dispone sobre los derechos de los asegurados, de la mujer embarazada, del niño, y de las obligaciones y responsabilidad de los asegurados. Forman parte de este Reglamento para los efectos de su interpretación, integración y aplicación, los Convenios de la OIT
suscritos y ratificados por Costa Rica.
Decreto núm. 33121-S, de 19 de abril de 2006, por el que se crea el CONSEJO NACIONAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Dispone que el citado Consejo será el órgano asesor y de consulta del Ministerio de Salud en materia de salud indígena tanto a nivel público como a nivel privado.
La constitución cubana y la ley de salud garantizan el derecho a la salud a toda la población a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), único en la región ya que está unificado, es totalmente público (se prohíbe el ejercicio privado de la medicina), gratuito y con cobertura universal. No obstante, existe una red de hospitales para las fuerzas armadas, el personal de seguridad interna y la alta dirigencia política, así como pabellones separados para turistas extranjeros.
El artículo 50 de la Constitución establece que todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio medico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado; con la prestación de asistencia estomatológica gratuita; con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales
Ley núm. 24, de 28 de agosto de 1979, de SEGURIDAD SOCIAL El Estado garantiza la protección adecuada al trabajador, a su familia y a la población en general, mediante el sistema de seguridad social, que comprende un régimen de seguridad social y un régimen de asistencia social.
CÓDIGO BÁSICO DE SALUD.
Sancionado el 23 de abril de 1982, el Código Básico de Salud contiene disposiciones
referidas al control y prevención de enfermedades, medidas de control de epidemias; protección del medio ambiente, aguas y represas y edificación de zonas urbanas; ingreso de animales en el país; reglamentación de cementerios y cremación de cadáveres; instalación de servicios de salud; control de plantas productoras de medicamentos y control de alimentos, y condiciones de sanidad en fábricas y centros de educación.
LEY No. 41, de 13 de julio de 1983, DE LA SALUD PÚBLICA
La Ley 41, de 13 de julio de 1983, establece los principios básicos para la regulación de las relaciones sociales en el campo de la salud pública, con el fin de contribuir a garantizar la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el restablecimiento de la salud, la rehabilitación social de los pacientes y la asistencia social. La organización de la salud pública y la prestación de los servicios que le corresponde, los realiza el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, así como de las Direcciones de Salud de los órganos locales del Poder
Popular, dentro de sus respectivas esferas de competencia, conforme establece la legislación.
La ley establece el reconocimiento y garantía del derecho de toda la población a que se atienda y proteja adecuadamente su salud en cualquier lugar del territorio nacional, el carácter estatal de las instituciones, la gratuidad de los servicios de la salud y de la asistencia médica, de acuerdo con las regulaciones que al efecto se establecen, el carácter social del ejercicio de la medicina, la prioridad de la orientación preventiva, la participación activa y organizada de la población en los planes y actividades de salud pública y la colaboración internacional en el campo de la salud.
REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA
Aprobado por Decreto de 4 de febrero de 1988, cuenta con 212 artículos divididos en 20 capítulos que cubren una amplia gama de aspectos de salud pública.
Contiene disposiciones aplicables a la organización de la atención médica, a la atención hospitalaria y de urgencia, a la atención estomatológica, a la estructura, organización y funciones de la higiene y epidemiología, a la promoción de estudios e investigaciones en el campo de la higiene y la epidemiología, a la inspección sanitaria estatal, a la organización y control de planes, programas y campañas higiénico-epidemiológicas, a las enfermedades de declaración obligatoria, al control y erradicación de los vectores que dañan la salud humana, al control sanitario internacional, y a las medidas sanitarias a dictarse en situacioanes de emergencia y desastres naturales. Garantiza la atención maternoinfantil para la prevención de enfermedades, recuperación de la salud y rehabilitación de la madre y del niño.
El sistema chileno de salud está compuesto por el subsector público (Fondo Nacional de Salud, FONASA) y el subsector privado (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES). También hay grupos de población cubiertos por programas especificos, como los de las fuerzas armadas y la Universidad de Chile, así como por seguros privados y atención directa.
La afiliación en FONASA es automática para los siguientes grupos que no se hayan afiliado a una ISAPRE: los trabajadores dependientes cotizantes; los independientes que sean cotizantes a un sistema de pensiones (privado o público); los familiares dependientes de los cotizantes (cónyuge, hijos y otras cargas legales); los desempleados que reciben subsidio de cesantía; los pensionados ya sean de regímenes contributivos o asistenciales; la mujer embarazada que carece de previsión; las personas con deficiencia mental, y los carentes de recursos (indigentes). Estos últimos reciben servicios gratuitos, mientras que los afiliados de ingreso bajo pueden recibir un subsidio fiscal según su ingreso, los afiliados de ingreso más alto deben cotizar y en la atención primaria pueden elegir entre la pública (institucional) o la privada con un copago.
Las ISAPRES cubren a la población de ingreso medio-superior y alto a través de cotizaciones y copagos. Aunque la reforma no fijó metas de cobertura de la
2004 se estableció un paquete mínimo
prestaciones garantizadas en los subsectores público y privado (Plan AUGE). Otra
ley de 2005 dispuso la continuación por un año de la cobertura en ISAPRES a los
cotizante fallecido
cobertura, por el mismo plan y sin costo adicional; la obligación de una ISAPRE
quebrada de asegurar el traspaso de sus afiliados a otra ISAPRES sin reducción de derechos, y la aceptación de un beneficiario que se convierte en cotizante sin imponer una nueva declaración de salud.
La mayoría de los trabajadores agrícolas disponen de cobertura del sistema público de salud a través del FONASA.
El artículo 19.9 de la Constitución Política de Chile establece el derecho a la protección de la salud, especificando que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo y que le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud, siendo deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, se presten éstas a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.
Aprobado por el Decreto con Fuerza de Ley nº 725, de 11 de diciembre de 1967, contiene disposiciones aplicables al fomento, protección y recuperación de la salud
de los habitantes de la República de Chile.
Decreto Ley N° 2.763, de 11 de julio de 1979
Reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la Central de Abastecimiento del
Sistema Nacional de Servicios de Salud, a fin de establecer las bases orgánicas de un Sistema Nacional de Servicios de Salud, que posibilite el efectivo acceso de la población a las acciones de salud, en la forma prevista por la Constitución Política del Estado, y permita el fiel y eficiente cumplimiento de las políticas de salud, como también ejercer la responsabilidad del Estado de redistribuir la asignación de recursos de acuerdo a las necesidades reales de cada Región, en beneficio de un desarrollo homogéneo.
Ley No. 18.469, de 14 de noviembre de de 1985, GENERAL DE SALUD
La Ley 18.469 regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un regimen de prestaciones de salud. De acuerdo con esta ley, el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud comprende el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y a aquellas que estén destinadas a la rehabilitación del individuo, así como la libertad de elegir el sistema de salud estatal o privado al cual cada persona desee acogerse.
Decreto núm. 369, de 22 de noviembre de 1985, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD.
Establece el reglamento del régimen de prestaciones de salud definido por la ley núm. 18469 de 1985. En particular, prevé dos modalidades de atención, a saber, la atención institucional y la atención por libre elección. El régimen se financiará con la contribución que efectuará el Estado, con las cotizaciones para salud que deben abonar los afiliados y con el pago que corresponda respecto de los afiliados por las prestaciones que reciban ellos y sus beneficiarios. Para su financiamiento, se prevé
la concesión de préstamos a los afiliados por el Fondo Nacional de Salud. El decreto entró en vigor el 1 de enero de 1986.
Ley 19.650, de 19 de noviembre de 1999
Modifica disposiciones del Decreto Ley No. 2.763 de 1979 con el fin de incorporar mejoras en el área de salud. Adopta medidas administrativas relativas al Fondo
Nacional de Salud y especifica las funciones del Ministerio de Salud. Regula la Participación de los usuarios del sistema de salud
Ley N° 18.933, de 12 de febrero de 1990, REGULADORA DE LAS ISAPRE
Crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por las ISAPRE. Fue modificada por la Ley núm. 20015, de 19 de abril de 2005.
Decreto con fuerza de ley núm. 1/02, de 31 de julio, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.
LEY Nº 19.966, de 10 de agosto de 2004, DEL RÉGIMEN GENERAL DE GARANTÍAS EN SALUD (AUGE)
El Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Establecerá las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de
rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional. El Régimen General de Garantías contendrá, además, Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud que señale el decreto correspondiente. El Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional deberán asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios.
Decreto con Fuerza de Ley 1/05, de 23 de septiembre SOBRE SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2763/79 y de las leyes 18.933 y 18.469. Está estructurado en tres libros. El libro primero
regula los organismos públicos de salud (Ministerio de Salud, Servicios de Salud,
Fondo Nacional de Salud, Instituto de Salud Pública, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y Superintendencia de Salud). El libro segundo regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, y el Libro tercero regula el sistema privado de salud administrado por las Instituciones de Salud Previsional.
Resolucion exenta n° 261, de 28 de abril de 2006 SOBRE INTERCULTURALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
Encomienda al Ministerio de Salud, los Servicios de Salud y demás organismos del sector salud velar porque sus actuaciones aseguren el respeto, reconocimiento y protección de los sistemas de salud de las agrupaciones indígenas y sus agentes tradicionales reconocidos comunitariamente, estableciendo que, cuando alguno de organismos señalados deba adoptar medidas que puedan afectar los sistemas de salud de los pueblos indígenas, deberá escuchar y considerar la opinión sobre la materia de las organizaciones indígenas reconocidas por la ley involucradas, así como la de los agentes de salud indígenas titulares de los conocimientos, innovaciones o prácticas que puedan resultar afectadas por la regulación. Regula la figura del facilitador intercultural, al que corresponderá orientar a las personas pertenecientes a las culturas tradicionales desde el interior de los establecimientos, entregarles información sobre el sistema y servirles de nexo con el equipo de salud, y del asesor cultural de los Consejos Técnicos de los Servicios de Salud. Establece que los establecimientos hospitalarios pueden adquirir la calidad de Hospital Intercultural, caso en el cual, tanto en su planta física como en su diseño de gestión, deberán adoptar un enfoque que integre tanto el conocimiento de salud que tiene la cultura indigena predominante en la localidad con el conocimiento aportado por la medicina occidental. La modalidad de gestión del establecimiento será determinada en cada caso conforme a las modalidades culturales del territorio de competencia del establecimiento.
La reforma constitucional de 1998 estableció el derecho a la salud con acceso universal y servicios públicos gratuitos. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud de 2002 ratificó estos principios y el objetivo de extender la cobertura a toda la población a servicios integrales de salud, estableciendo prioridades y metas futuras, objetivos que aún no se han materializado. El seguro social (IESS) cubre obligatoriamente a todos los trabajadores asalariados de los sectores público y privado (incluyendo a los servidores domésticos), así como a la cónyuge en enfermedad (la asegurada mujer en atención prenatal, parto y puerperio) y los hijos menores de un año de edad, a más de los pensionados por vejez e invalidez. Pueden afiliarse voluntariamente los trabajadores independientes, profesionales, patronos, dueños de empresas unipersonales y menores asalariados.
El IESS tiene un régimen general, que cubre a parte del estrato de ingreso medio, y un programa especial (Seguro Social Campesino: SSC) que ofrece atención primaria a jefes de familia y sus familiares dependientes, virtualmente todos de bajo ingreso o pobres, organizados en cooperativas, comunas o asociaciones agrarias ubicadas en áreas rurales. Los miembros de las fuerzas armadas y la policía tienen programas separados del IESS que cubren también a sus pensionados y a los familiares dependientes de ambos.
El subsector público, compuesto de manera principal por el ministerio, legalmente
debe cubrir a la población no asegurada, que es pobre y de bajo ingreso.
subsector privado con ánimo de lucro atiende a la población de ingreso medio- superior y alto con instalaciones y profesionales concentrados en la capital y la segunda ciudad del país, mientras que el subsector privado sin ánimo de lucro asiste a la población pobre. También hay una importante medicina tradicional.
El numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la República de El Ecuador, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable y saneamiento ambiental.
El artículo 42 dispone que “El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes
permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia”.
En su artículo 60, la Constitución contempla el Seguro Social Campesino, que define como un régimen especial del seguro general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se financiará con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.
Ley 2001-55, de 27 de noviembre de 2001, DE SEGURIDAD SOCIAL
En su Libro Primero establece y regula el Seguro General Obligatorio, que forma parte del sistema nacional de seguridad social y cuya organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Regula asimismo el régimen especial del Seguro Social Campesino, que protege a los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia. El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad.
Los servicios de salud y las prestaciones del Seguro Social Campesino se financiarán con el aporte solidario sobre la materia gravada que pagarán los empleadores, los afiliados al Seguro General Obligatorio, con relación de dependencia o sin ella, y los afiliados voluntarios; la contribución obligatoria de los seguros públicos y privados que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Social; el aporte diferenciado de las familias protegidas por el Seguro Social Campesino; la contribución financiera obligatoria del Estado sobre la materia gravada de los afiliados con relación de dependencia al Seguro General Obligatorio, y las demás asignaciones que entregue la Función Ejecutiva para el financiamiento de las prestaciones solidarias de este Seguro.
Ley 2002-80, de 17 de septiembre de 2002, ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Establece los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, que tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. El Sistema Nacional de Salud estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Nacional de Salud implementará el plan Integral de Salud, garantizado por el Estado como estrategia de Protección Social en Salud, que será accesible y de cobertura obligatoria para toda la población por medio de la red pública y privada de proveedores y mantendrá un enfoque pluricultural.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud ha sido reglamentada por Decreto Ejecutivo No. 3611. RO/ 9 de 28 de enero del 2003.
Ley 2006-67, de 14 de diciembre de 2006, ORGANICA DE SALUD
La Ley Orgánica de Salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia, con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.
En el Capítulo II de su Libro IV, referido a las medicinas tradicionales y alternativas, declara que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas tradicionales, incorporarán el enfoque intercultural en las políticas, planes, programas, proyectos y modelos de atención de salud, e integrarán los conocimientos de las medicinas tradicionales y alternativas en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
La constitución de la República de El Salvador dispone que el subsector público debe proveer atención gratuita a todos los que carezcan de recursos y a toda la población en la prevención de enfermedades contagiosas, sin embargo, en la práctica toda la población paga alguna forma de seguro público o privado para protegerse contra ciertos riesgos. Parte de la población está desprotegida, particularmente la rural, que es la más pobre, y la indígena, que está concentrada en áreas rurales.
El seguro social (ISSS) cubre a los trabajadores asalariados públicos y privados, así como al cónyuge/compañera y a los hijos hasta los 6 años (sólo en control del niño sano y vacunación, sin hospitalización salvo en el nacimiento), también cubre a 1os pensionados. Los cubiertos pertenecen en su mayoría al grupo de ingreso medio. Se excluye a los trabajadores independientes, servidores domésticos, agrícolas y familiares no remunerados (que son los de menor ingreso y pobres), así como a los hijos de más de 6 años. Las fuerzas armadas y los maestros tienen programas separados para sus miembros y familiares.
El subsector privado con ánimo de lucro se compone de unas pocas aseguradoras
privadas y de clínicas y hospitales, ambos concentrados en la capital y áreas más urbanizadas, que sirven al grupo de mayor ingreso, y por entidades sin ánimo de
lucro, principalmente ONGs que atienden a la población pobre en la capital y áreas
En su artículo 45, la Constitución de la República de El Salvador establece que los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general a las prestaciones sociales. La extensión y naturaleza de los derechos antes mencionados serán determinadas por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, entidades sociales y demás equiparables, serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a éstos.
la salud está contemplado
los artículos 65
Constitución. La salud de los habitantes de la República constituye un bien público.
El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general cuando el tratamiento
constituya un medio
eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad
transmisible. En tratamiento.
toda persona está obligada
Decreto 955, de 28 de abril de 1988, CÓDIGO DE SALUD
El Código de Salud tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social de los habitantes de la República y las normas para la organización funcionamiento y facultades del Consejo Superior de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y demás organismos del Estado, servicios de salud privados y las relaciones de éstos entre sí en el ejercicio de las profesiones relativas a la salud del pueblo.
Decreto Legislativo 1.024, de 18 de noviembre de 2002, SOBRE GARANTÍA ESTATAL DE SALUD
Contiene disposiciones de gestión pública de los servicios de salud y seguridad social. Fundamentado en la defensa de los servicios de salud y seguridad social de las acciones y medidas privatizadoras, considera un bien público a ciertos servicios de salud conforme a los artículos 65 y 50 de la Constitución Nacional. Prohibe la privatización, concesión, venta u otra modalidad orientada a privatizar las entidades que prestan servicios de salud pública y seguridad social suministrados por el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y por la red de hospitales y unidades de salud del Ministerio de Salud. Dispone excepciones, como el caso de los laboratorios que llevan adelante análisis que no pueden realizar las mencionadas instituciones y situaciones de emergencia nacional causadas por epidemias o calamidad pública originada en desastres naturales. Establece normas especiales aplicables a enfermedades que no pueden ser tratadas en las instituciones del sistema nacional de salud pública y seguridad social.
Ley de 17 de diciembre de 2004, ESPECIAL PARA LA CONSTITUCION DEL
Tiene por objeto establecer los mecanismos legales para el financiamiento y gestión de programas especiales para la conservación de la salud pública y asistencia social, con énfasis en atender lo relacionado con la extensión de la cobertura en servicios esenciales de salud en las áreas rural y urbana, así como la atención de urgencias y emergencias médicas en todos sus aspectos.
Ley de 10 de agosto de 2005, DEL SISTEMA BÁSICO DE SALUD INTEGRAL
El Sistema Básico de Salud Integral es el elemento organizativo de nivel local mediante el cual el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud Publica y Asistencia Social delega la provisión de servicios integrales de salud en el primer nivel de atención, a través de una red integrada de establecimientos que cubren un área territorial determinada, que atienden una población focalizada con énfasis en la población mas desprotegida, en coordinación con el segundo y tercer nivel de atención.
La Constitución y el Código de Salud de la República de Guatemala estipulan que toda la población debe estar cubierta por el subsector público, aunque en la
práctica estas previsiones no se cumpen.
Los principales proveedores son el
Ministerio de Salud y los municipios (que cubren a la población pobre o de muy
bajo ingreso, también a través de fondos sociales contra la pobreza y ONGs). Además, la sanidad militar que cubre a las fuerzas armadas y sus dependientes, y el Ministerio de Gobernación que cubre a sus empleados, la policía y sus respectivos dependientes. El seguro social (IGSS) cubre a los trabajadores formales, básicamente urbanos de ingreso medio (aunque no está implantado en todos los departamentos del país), a los jubilados y pensionados del IGSS, y a la esposa/compañera del asegurado y sus hijos menores de 5 años.
Los trabajadores independientes, servidores domésticos, empleados en microempresas y trabajadores familiares no remunerados están excluidos legal y prácticamente de la cobertura.
El subsector privado incluye diversos tipos de proveedores que cubren a grupos diferenciados por ingreso: proveedores sin ánimo de lucro, que proveen un paquete básico a la población pobre en zonas rurales e indígenas (a través de convenios con el ministerio); proveedores con ánimo de lucro, como hospitales, clínicas y consultorios privados, así como seguros médicos o medicina prepaga, que atienden a la población de más alto ingreso y, por último, la medicina tradicional (curanderos, comadronas), especialmente en el área rural, que dan servicios a la población pobre. Uno de los objetivos de la reforma fue extender la cobertura de los servicios de salud focalizándola en la población sin acceso.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en la sección séptima del capítilo II del Libro I, relativa a la Salud, Seguridad y Asistencia Social (artículos 93 y siguientes) el derecho a la salud, al declarar que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, y la Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social (“El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación,
coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.”).
En su artículo 100 declara que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo.
Decreto Número 90-1997, de 2 de octubre, CODIGO DE SALUD
Establece que todos los habitantes de la República tienen derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de su salud, sin discriminación alguna. El Estado, en cumplimiento de su obligación de velar por la salud de los habitantes y manteniendo los principios de equidad, solidaridad y subsidiaridad, desarrollará a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en coordinación con las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas, comunidades organizadas y privadas, acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, así como las complementarias pertinentes, a fin de procurar a los guatemaltecos el más completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social garantizará la prestación de servicios gratuitos a aquellas personas y sus familias, cuyo ingreso personal no les permita costear parte o la totalidad de los servicios de salud prestados.
El subsector público tiene la misión de proteger a la gran mayoría de la población más pobre y de bajo ingreso, no asegurada por los otros dos subsectores, pero no lo hace en la práctica.
En el seguro social la ley de reforma de 2001 estableció la garantía al derecho a la salud, pero determinó que la extensión de la cobertura sería gradual por zonas geográficas y basada en estudios actuariales previos. Están obligatoriamente cubiertos los asalariados formales en los subsectores privado y público, la cónyuge/compañera sólo en maternidad y puerperio (la reforma estipuló también la cobertura por enfermedad, pero pendiente de aprobación del reglamento), los hijos hasta los 11 años y los pensionados. Los trabajadores independientes, amas de casa y pequeños patronos pueden afiliarse de manera voluntaria pero poco efectiva; están excluidos los servidores domésticos, temporales, la mayoría de los trabajadores agrícolas y los familiares no remunerados, así como los hijos mayores de 11 años; además, la cobertura del IHSS no alcanza a todos los departamentos.
El subsector privado asegura a una población muy pequeña de ingreso alto y mediano, parte de ella duplicando la del seguro social.
La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 142 que toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de Seguridad Social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación comprobada, enfermedades profesionales y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de producir. El Estado creará Instituciones de Asistencia y Previsión Social que funcionarán unificadas en un sistema unitario estatal con la aportación de todos los interesados y el mismo Estado.
De acuerdo con el artículo 143, el Estado, los patronos y los trabajadores, estarán obligados a contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión del Seguro Social. El régimen de seguridad social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos. El artículo 144 declara que se considera de utilidad pública la ampliación del régimen de Seguridad Social a los trabajadores de la ciudad y del campo.
En sus artículos 145 y 149, la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud. Establece que es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la salud de la comunidad, y dispone que el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinará todas las actividades de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector mediante un plan nacional de salud en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados.
Decreto núm. 140, de 19 de mayo de 1959, POR EL QUE SE DICTA LA LEY DE SEGURO SOCIAL
Se establece el Seguro Social como una institución de Derecho Público, que realizará los fines que la ley determina. El Seguro Social constituye un servicio público que cubrirá los siguientes riesgos: enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte y cesantía involuntaria. El régimen de Seguro Social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos, como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos.
Están sujetos al seguro social obligatorio los trabajadores particulares, los trabajadores públicos, los de entidades autónomas y semiautónomas y los de las entidades descentralizadas del Estado. Quedan provisonalmente exentos los trabajadores a domicilio, domésticos, temporarios, ocasionales, y los trabajadores agropecuarios, salvo los que trabajen en empresas agrícolas propiamente dichas o en empresas industriales o comerciales derivadas de la agricultura, que empleen un número mínimo de trabajadores que será fijado por los reglamentos.
La Lqy del Seguro Social ha sido reglamentada recientemente por Acuerdo núm.
003-JD-2005.
Decreto No. 65-91, de 14 de junio de 1991, CÓDIGO DE SALUD
De acuerdo con el Código de Salud de la República de Honduras, toda persona tiene el derecho a la asistencia, rehabilitación y prestaciones necesarias para la
conservación, promoción y recuperación de su salud personal y familiar; y el deber correlativo de contribuir a la salud de la comunidad, evitando acciones y comisiones perjudiciales y cumpliendo estrictamente las disposiciones del Código y de las demás normas de salud. La salud será considerada como un estado de bienestar integral, biológico, sicológico, social y ecológico, que es un derecho humano inalienable. Corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales y jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación
La Constitución, la Ley General de Salud y las leyes de Seguridad Social garantizan el derecho a la salud a toda la población Mexicana. Al segmento no asegurado (la pobre pobre y de menor ingreso) se le puede otorgar atención médica de acuerdo con los recursos humanos y/o materiales disponibles por las instituciones de asistencia social del subsector público. Entre estas la principal es la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
Ha habido múltiples programas de salud públicos focalizados en los pobres. El más reciente es el Seguro Popular de Salud (SPS), establecido por una reforma a la ley general de salud en 2003. Adscrito la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en cooperación con los estados, el SPS se focaliza hacia la población pobre, a la cual otorga un paquete de prestaciones gratuito.
Hay cinco seguros sociales que legalmente cubren a diversos segmentos de la población en el sector formal, la mayoría de ingreso medio. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre obligatoriamente en su régimen general a los trabajadores asalariados del sector privado (también a los de sector público no afiliados a otros seguros sociales), los miembros de las cooperativas de producción, así como a los pensionados y los familiares dependientes de ambos (cónyuge/concubino, hijos menores de edad y padres). A través del tiempo el IMSS ha incorporado a diversos grupos de trabajadores que tenían o tienen regímenes especiales, como azucareros, henequeneros, temporales urbanos, etc. También ofrece cobertura voluntaria a los trabajadores por cuenta propia, servidores domésticos, pequeños empresarios y granjeros, familiares no remunerados, etc.
Hay grupos que se han unido voluntariamente mediante convenios del IMSS con sus asociaciones (vendedores de lotería, músicos callejeros, taxistas propietarios de
En los últimos 30 años el IMSS ha desarrollado varios programas para cubrir a grupos pobres en zonas rurales y urbano-marginales deprimidas, con frecuencia mediante convenios con la secretaría federal, el más importante es IMSS- Solidaridad que en 2001 había extendido la cobertura en 17 estados y 16.770 comunidades, en ese año cambió su nombre a IMSS-Oportunidades y continuó con una cobertura similar concentrada en áreas rurales deprimidas y comunidades indígenas. IMSS-Oportunidades atiende actualmente a 10,6 millones de mexicanos (2,5 millones de familias) que no cuentan con acceso a los servicios de seguridad social, de los que 3,6 millones son indígenas.
Los funcionarios públicos federales, así como los pensionados y familiares dependientes de ambos, están cubiertos obligatoriamente por un seguro social distinto (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE). Los militares en activo o pensionados y sus familiares dependientes están cubiertos por la Secretaría de Defensa mientras que los marinos lo están por la Secretaría de la Marina. Los trabajadores petroleros, pensionados y familiares dependientes están cubiertos por la empresa estatal del sector (PEMEX).
El grupo de alto ingreso tiene planes de seguro o paga servicios directamente; los pobres también recurren al subsector privado cuando no tienen acceso a los servicios públicos o a ONGs, entidades religiosas y la medicina tradicional que es importante.
Una entidad autónoma (el Instituto Nacional Indigenista, INI), un programa ad hoc y la Secretaría de Salud ofrecen algunos servicios de salud a las poblaciones indígenas especialmente en zonas rurales aisladas, las más afectadas por la pobreza y con las peores condiciones de salud.
La Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Establece asimismo que es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, y que la ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas
Ley de 23 de diciembre de 1983, GENERAL DE SALUD.
La Ley General de Salud contiene 472 artículos y siete disposiciones transitorias que versan sobre las siguientes áreas: Sistema Nacional de Salud; prestación de servicios de salud; recursos humanos en salud; investigación sobre salud; información para la salud; prevención y control de enfermedades y accidentes; asistencia social, prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos; acción extraordinaria en materia de salubridad general; programas contra las adicciones; control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación; publicidad; control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; sanidad internacional; autorizaciones y certificados; vigilancia sanitaria; medidas de seguridad; sanciones y delitos. Deroga el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 26 de febrero de 1973 (Diario Oficial, 13 de marzo de 1973), y todas las disposiciones legales que se opongan a ella.
Por Decreto de 29 abril de 2003 se adiciona a la Ley General de Salud el Título Tercero BIS, “De la protección Social en Salud”. De acuerdo con este Título, todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Las familias y personas que no sean derchohabiente de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.
Ley de 12 de diciembre de 1995, DEL SEGURO SOCIAL
De acuerdo con su articulo 2, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el
derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. La organización y administración del Seguro Social están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.
El Seguro Social comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, entre otros, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.
La constitución, el código sanitario y otras disposiciones legales otorgan el derecho de la población nicaragüense a la cobertura de salud. El subsector público cubre a la población no asegurada, pero carece de registro y, en realidad, deja un tercio sin protección, el grupo más pobre de la población. El seguro social (INSS) cubre a los asalariados formales en los sectores público y privado (incluyendo los trabajadores del campo permanentes), la esposa/compañera del asegurado pero sólo durante el embarazo, parto y puerperio, y los hijos menores de 6 años de edad. Se establecen límites a las prestaciones. No están cubiertos los pensionados, salvo los del régimen contributivo por vejez y con un paquete básico que comenzó en 2002.
Se ofrece cobertura voluntaria a los trabajadores independientes, asegurados cesantes y pequeños empleadores, pero con escasos resultados. La nueva ley de seguridad social hace obligatoria la cobertura de los independientes, servidores domésticos, agrícolas y transportistas. El INSS excluye en la práctica de la cobertura de salud a los trabajadores independientes, servidores domésticos, empleados de microempresas, familiares no remunerados y la enorme mayoría de los pensionados, a más de la cónyuge/compañera fuera de maternidad, el cónyuge masculino de la asegurada y los niños mayores de 6 años.
Las fuerzas armadas y el ministerio de gobernación tienen sus propios servicios para miembros y familiares dependientes, así como pensionados. No hay información sobre los cubiertos por seguros privados y medicina prepaga. Todos los asegurados en el INSS reciben la atención de empresas medicas previsionales (EMP) la mayoría de las cuales es privada.
De acuerdo con el artículo 59 de la Constitución, los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación
popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen.
El artículo 61 establece que el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.
Ley de 12 de mayo de 2005, DE SEGURIDAD SOCIAL
Tiene por objeto establecer el sistema de Seguro Social en el marco de la Constitución Política de la República, para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos, para la protección de los trabajadores y sus familias frente a las contingencias sociales de la vida y del trabajo. El Seguro Social es el conjunto de instituciones, recursos, normas y procedimientos con fundamento en la solidaridad y en la responsabilidad personal y social cuyos objetivos son promover la integración de los ciudadanos en una sociedad solidaria; anar esfuerzos públicos y privados para contribuir a la cobertura
de las contingencias y la promoción del bienestar social, y alcanzar dignos niveles de bienestar social para los afiliados y sus familias.
El Seguro Social se extenderá en los segmentos de población no cubiertos en etapas sucesivas, graduales y progresivas, cubriendo las contingencias de las ramas de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, y desarrollando los servicios sociales necesarios para el bienestar de los asegurados y sus beneficiarios. Todos los habitantes del país tienen derecho a las prestaciones, sin que importe la clase de actividad laboral, la actividad profesional o económica. El campo de aplicación debe tender a la cobertura de toda la población trabajadora.
La organización, ejecución y administración del Seguro Social estará a cargo de un Ente Autónomo del estado, de duración indefinida, con patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, denominado Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Sobre la base de los principios de Universalidad, Integralidad e Igualdad, son sujetos de aseguramiento obligatorio los trabajadores dependientes; las personas que se desempeñen en el ejercicio de la función pública, sean electos o nombrados en las instituciones y Poderes del Estado; los trabajadores agrícolas, domésticos y del transporte de acuerdo a las condiciones y peculiaridades de sus trabajos; los nicaragüenses y extranjeros residentes que prestan sus servicios en misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país, de conformidad con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua; todos los integrantes o beneficiarios de los programas de Reforma Agraria, ya sea bajo la forma cooperativa, colectiva, parcelamiento o cualquier sistema que adopte el ministerio respectivo; los miembros de asociaciones gremiales de profesionales y demás trabajadores independientes que se encuentren debidamente organizados, y los miembros de cooperativas debidamente reconocidas.
Podrán inscribirse en el régimen del Seguro Facultativo los profesionales, ministros de cualquier culto, religiosas y demás trabajadores independientes, mientras no se hayan incorporado al régimen obligatorio; los afiliados del régimen obligatorio que pasen a la condición de cesantes; el empleador y los familiares de un empleador que presten sus servicios sin remuneración; los dueños de propiedades agrícolas y demás empleadores que deseen hacerlo, y los trabajadores por cuenta propia.
La Ley de Seguridad Social deroga el Decreto Legislativo No. 974 de 1982, "Ley de Seguridad Social". El Reglamento General de la Ley de Seguridad Social (Decreto 975 de 1982) continuará aplicándose en todo lo que no se oponga a la nueva Ley.
Ley 423, de 14 de marzo de 2002, GENERAL DE SALUD
Tiene por objeto tutelar el derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales. Garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la población, priorizando el cumplimiento de los programas materno-infantil, de atención a la tercera edad y discapacitados, y garantiza la cobertura del servicio de salud a toda la población.
Organiza el Sector Salud en tres regímenes, contributivo, no contributivo y voluntario. El Régimen contributivo se integra por el conjunto de beneficios y prestaciones a los que los usuarios pueden acceder previa contratación con empresas aseguradoras privadas y/o a través de los regímenes obligatorio y facultativo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El régimen no contributivo es gratuito, y se integra por el conjunto de beneficios y prestaciones dirigidas a brindar servicios de salud a los sectores más vulnerables y por las acciones de salud pública dirigidas a toda la población. El régimen voluntario se integra por el conjunto de beneficios y prestaciones que financia directamente el usuario, sin afectar las obligaciones adquiridas con el régimen contributivo.
Ha sido reglamentada por Decreto nº1, de 9 de enero de 2003.

References: artículo 42
 artículo 1
 artículo 5
in fine
 artículo 7
 artículo 194
 artículo 196
 artículo 48
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 19
 artículo 23
 artículo 42
 artículo 60
 artículo 45
 artículo 100
 artículo 142
 artículo 143
 artículo 144
 artículo 59
 artículo 61