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Timestamp: 2017-04-26 23:33:42+00:00

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Cómo operó la Triple A en Bahía Blanca | Espacio de Sergio
Cómo operó la Triple A en Bahía Blanca
4 de octubre de 2015 de Sergio	Deja un comentario
Diego Kenis – http://www.miradasalsur.com.ar/2015/10/03/destacadas/dossier-como-opero-la-triple-a-en-la-uns-y-en-bahia-blanca/
El procesamiento de varios de sus miembros volvió a poner de relieve el accionar de la AAA bahiense. La Agencia Paco Urondo repasa en esta importante investigación sus vínculos con el Estado y revela por primera vez el rostro y la biografía de Remus Tetu, el delincuente internacional rumano que como rector interventor de la UNS lideró la versión local de la Triple A. Documentos nunca antes publicados. Las detenciones y procesamientos con prisión preventiva de Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, el espía jubilado Héctor Chisu, el ex campeón de motociclismo Juan Carlos Curzio y el otrora basquetbolista y sindicalista Héctor Forcelli, sumados a la impunidad biológica que por escaso margen consiguió el afamado neurocirujano Pablo Argibay, volvieron a poner en primer plano el accionar de la organización paraestatal de ultraderecha conocida como “Alianza Anticomunista Argentina”, “AAA” o “Triple A” en la Bahía Blanca de mediados de los años ’70, Los procesamientos, dispuestos por el juez federal Alejo Ramos Padilla a partir de investigaciones de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, comenzaron a poner fin a una impunidad de cuarenta años en torno a los crímenes de por los menos veinticinco víctimas fatales entre las que se cuentan militantes estudiantiles, políticos y sindicales, muchos de los cuales eran obreros, profesionales, científicos, refugiados extranjeros o periodistas. Los detenidos están acusados de “haber formado parte, entre los años 1974 y 1975, de una asociación de personas conformada para la comisión de delitos de lesa humanidad, como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos”, bajo la dirección del diputado nacional y jefe de la regional bahiense de la Confederación General del Trabajo (CGT) Rodolfo Ponce y del entonces rector interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Remus Tetu, cuyo rostro en la juventud y la madurez ilustra por duplicado esta nota. El nombre de la asociación ilícita comandada por Ponce y Tetu lo dejaron escrito los mismos acusados, que en 1975 estamparon en negro las gigantes tres A que atemorizaban al estudiantado desde la pared del hall central de la UNS y enviaron un comunicado al diario El Eco para informar, bajo amenaza de la voladura de su redacción, de una nómina de “sentenciados a muerte” que serían acribillados “donde sean encontrados y en el momento propicio”. Aceituno: A Aceituno se le imputa específicamente haber sido parte del grupo de ejecutores materiales de uno de los crímenes más emblemáticos de la Triple A en Bahía Blanca: el asesinato del estudiante y dirigente David “Watu” Cilleruelo, en los pasillos de la propia UNS y a escasos metros de donde semanas antes habían sido pintadas las negras tres A (ver aparte). Al grupo inicial de acusados se agregó más tarde el nombre de Néstor Luis Montezanti, el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y asesor de la editorial universitaria local, sobre quien pesan además imputaciones como haber formado parte de los servicios de inteligencia del Ejército durante la dictadura inmediatamente posterior o incluso haber participado del interrogatorio bajo tormentos de un secuestrado en el comando del V Cuerpo de Ejército. Montezanti todavía no ha sido detenido: pese a estar suspendido por graves faltas disciplinarias, aún goza de los fueros de arresto que supone su función como camarista federal. Su faltazo sin justificación veraz a tres citaciones a prestar declaración indagatoria motivó sin embargo que se lo declare en rebeldía. A dos puntas En su resolución de procesamientos y prisiones preventivas de los supervivientes de la patota, el juez Ramos Padilla indicó que el grupo criminal había privilegiado en su acción los “ámbitos estudiantiles” de la UNS y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los “ámbitos gremiales”, donde llevaron adelante “actos de intimidación, violencia y homicidios”. En el primero, puntualizó el magistrado, “el inicio de este accionar” se produjo “con la designación de Emilio Garófali al frente de UTN, con expreso apoyo de la CGT local liderada por Ponce y la toma violenta producida en esa casa de estudios”, cuando los matones ya anticipaban que estaban dispuestos a “reventar zurdos” e irónicamente invitaban a ingresar al edificio a los estudiantes que protestaban fuera. No obstante, marcó Ramos Padilla, “la plenitud del programa ‘antisubversivo’ a nivel universitario de esta banda (…) alcanzó su apogeo con la intervención de la UNS y la designación de Remus Tetu a su cargo”, sobre la que se centra especialmente este dossier. En el espacio gremial, en tanto, el juez observó como “hecho trascendental vinculado al programa represivo” a la toma de la sede de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), “a partir de la cual comenzó una persecución permanente de disidentes”. El crimen estatizado Los crímenes perpetrados por la Triple A fueron considerados delitos de lesa humanidad a nivel nacional por el juez federal Norberto Oyarbide, que estimó probados los vínculos de la organización criminal con el Estado que se confirman en Bahía Blanca a partir de múltiples elementos. En primer término, los jefes de la organización eran el diputado nacional Ponce y el rector interventor Tetu, quienes proveyeron a la patota de salarios en la Junta Nacional de Granos y la UNS, donde fueron contratados bajo la pantalla de “seguridad y vigilancia” pero para afrontar “problemas subversivos”, y les permitieron el acceso a vehículos de ambas dependencias y de la UOCRA y la CGT, entre ellos ambulancias, camionetas, el Ford Falcon que oficiaba como vehículo oficial del rector Tetu y las dos versiones conocidas de la tétrica “fiambrera”: una FIAT 125 azul y un Dodge Polara GTX verde que pasó sucesivamente de manos sindicales a universitarias. “La metáfora era obvia”, dice la investigadora del CONICET Belén Zapata: “quienes entraban en ese auto, en esa ‘máquina de fiambres’, no salían con vida”. El vehículo, cuya simple mención causaba por sí sola el terror de la ciudad, merece un desarrollo especial por su capacidad simbólica. Sobreviviente de sus patrullajes fue René Bustos, militante de la Tendencia Revolucionaria peronista, a quien la Fiambrera persiguió a los tiros por medio Bahía Blanca, hasta agotar las municiones y emprender retirada por una zona liberada de policías. En cuanto al armamento que ostentaba el grupo de choque, ha quedado acreditado por declaraciones de su jefe, el fallecido Jorge Argibay, que era provisto por el Ejército. Fue el entonces mayor Luis González quien entregó una partida de itakas a la UNS y, dos años más tarde, dio aval para que dos de los miembros de la patota, los hermanos Héctor y Miguel Chisu, se incorporaran al Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército. La figura de Montezanti aporta por sí sola más datos ilustrativos de la relación entre el Estado, algunos sindicatos, la derecha peronista, las Universidades bahienses y la AAA. El general Guillermo Suárez Mason, comandante del V Cuerpo de Ejército para 1975 y superior jerárquico del mayor González, fue quien firmó el diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” que el ex diputado radical Juan Pedro Tunessi vio en el estudio de Montezanti en 1984. Diez años antes, el hoy suspendido camarista había sido visto en medio de la recién conformada patota de la Triple A durante la toma de la sede local de la UTN, a cuyos docentes irregularmente contratados defendería luego, ante el riesgo de que en democracia se anulen sus designaciones. Meses después, en febrero de 1975 y días antes del acceso de Tetu al rectorado de la UNS, Montezanti asumió como secretario académico del Departamento que sería el más golpeado por la gestión represiva del rumano, el de Humanidades. Para 1981 el militar José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A, recomendó la contratación de Montezanti como “asesor universitario” del mismo Destacamento de Inteligencia en que cumplieron servicio los hermanos Chisu. “Las 3 A son hoy las 3 Armas”, denunció Rodolfo Walsh en el temprano marzo de 1977. No era sólo una metáfora. ¿Quién fue Remus Tetu?
Los estudiantes de sus últimos años, que lo padecieron a mediados de los ’80 en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y al filo de la jubilación que consiguió, lo recuerdan como un sesentón atlético y ególatra, que gustaba tanto de sus alumnas como de evocar capítulos de sus viajes por el mundo. Nadie ignoraba por entonces los pergaminos de Remus Tetu como jefe y proveedor de los matones de la versión de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA o “Triple A” en la Bahía Blanca de una década antes, desde su cargo de rector interventor. Su figura, junto a la del diputado nacional Rodolfo Ponce, es central para comprender por qué la patota bahiense hoy detenida y procesada no era una simple banda de delincuentes comunes sino un aparato organizado con recursos y cobertura estatal. Un cable del 18 de septiembre de 1976 de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCla) que dirigía Rodolfo Walsh ya ubicaba sus recientes intervenciones en las Universidades Nacionales del Sur y del Comahue dentro del grupo de “las más tristemente célebres” por “su nivel de violencia y macartismo” y subrayaba su “neto corte fascista”. Sus últimos dos cursos como profesor, los de Sociología de 1983 y 1984, los vivió parcialmente. En el primero, tomó de apuro los exámenes para abordar el avión que lo llevaba al disfrute de una plácida beca. Durante el segundo, estuvo suspendido un mes mientras se le sustanciaba un sumario que el viento se llevó. La recién refundada Federación Universitaria del Sur (FUS) reclamaba su expulsión inmediata pero la indefinición del rector normalizador de entonces, el radical Pedro González Prieto, permitió que amparos judiciales beneficiaran al acusado. Por esos meses, y ante la impunidad que evidenciaba, un grupo de la FUS fue a escracharlo a una clase pero él logró que se retiren tras una fuerte discusión y quedó rumiando su inocencia de oficialista eterno, “peronista en el peronismo, radical con los radicales y, de haber nacido en Suecia, seguro socialdemócrata”. Era difícil repreguntarle. Todos sabían que andaba armado por lo menos desde el año anterior, cuando en medio de una clase se acercó a asistir a una alumna y el arma cayó al suelo provocando un estruendoso silencio entre los pupitres. Los años mozos Remus Tetu (Remus Dionisio, en algunos documentos) había nacido en la lejana capital rumana de Bucarest, en febrero de 1920. Su apellido materno era apenas famoso (y temido) en Rumania: Antonescu eran los primos Ion y Mihai, dos dictadores militares de la agrupación Guardia de Hierro que como primer ministro y vicepresidente, respectivamente, ostentaron el máximo poder político en el país en la primera mitad de la década de 1940, en estrecha alianza con el Tercer Reich. Una serie de disputas internas, enmarcada en un contexto geopolítico de conflicto bélico mundial y prolegómenos de Guerra Fría, con el derrumbe nazi incluido, selló la suerte de ambos primos y facilitó el acceso al poder del general Nicolae Radescu, que pertenecía a una escisión de Guardia de Hierro y conservaba su perfil de extrema derecha. Durante el año inmediatamente anterior, 1944, Tetu decía haberse desempeñado como director de Gabinete del ministro “de la Producción de Guerra” Constantin Brătianu, a quien otras fuentes califican como “ministro sin cartera”, que apoyó a los Antonescu en su inicial alianza con el nazismo de la “Operación Barbarroja” contra la Unión Soviética y luego asumió rango ministerial durante los gobiernos interinos del militar Constantin Sănătescu, que ante el desplome del Tercer Reich buscó una alianza con los Aliados y siempre contra el comunismo. Finalmente, en 1945 se produjo la caída final de Radescu y el quiebre de esa línea de sucesión política por la toma del poder por parte del Partido Comunista Rumano. Ese mismo año era creada la organización anticomunista “T”, a la que el futuro interventor de la UNS definió como “organización subterránea de rezistencia” (sic) y de la que fue “fundador y jefe” hasta su encarcelamiento, según consignó en su primer Currículum Vitae argentino. Tras escapar de la cárcel y de Rumania volvería a encontrarse con Radescu para oficiar como su secretario personal, entre 1947 y 1948. Siempre de acuerdo a su versión, su captura y una condena a siete años de prisión le impidieron finalizar estudios de doctorado en Derecho y Filosofía y Letras que había “prácticamente terminado” y que antes y después daría por ya concluidos, sin que autoridad alguna del Ministerio de Educación argentino acreditase la inaugural declaración jurada que presentó por duplicado ante el Instituto Tecnológico del Sur de Bahía Blanca (ITS), que luego se transformaría en la UNS. Crónica de una fuga De la prisión escapó “de modo secreto y con lo que llevaba puesto”, según relató para justificar la falta de comprobantes a la mayoría de los “trabajos realisados” (sic) y los méritos académicos que consignó en su recuento de presentación, extenso y cargado de errores de ortografía que mantuvo toda su vida a pesar del dominio del español que tempranamente él mismo se atribuyó. Su relato de fuga coincide con el de su amigo Víctor Isac, que a comienzos de este siglo narró a una revista rumana que “estaba previsto que en la entrada de la Corte nos esperara un coche. (Tetu) se quedó en el país, creo que dos o tres meses, escondido en algún lugar y, luego tomó por izquierda un avión y se las arregló para llegar a Argentina”. En nuestro país, concluye su antiguo correligionario, “ganó una muy buena situación como profesor” y llegó incluso a “rector de universidades. Era inteligente, no se puede decir nada”. El salvoconducto para llegar a América y radicarse en forma permanente le fue proporcionado a Tetu por el Consulado brasileño en París, según testimonia el documento que AGENCIA PACO URONDO publica hoy en exclusiva e incluyendo la fotografía del prófugo rumano a sus casi 29 años. Junto a la de su madurez, que este dossier también comparte, son las primeras imágenes que se conocen de Tetu en años, como prueba de su eficiencia en la tarea de eliminar todo registro de su rostro. La cartilla del Consulado brasileño, fechada el 7 de febrero de 1949 y confeccionada para ser entregada a Inmigración en el puerto de destino, arroja aún más dudas sobre los pergaminos académicos que Tetu nunca acabó de demostrar ya que lo define como mecánico, sin mencionar su aludida formación en ciencias humanas ni estudio universitario alguno. Es ciertamente posible que un prófugo en busca de salvoconducto mienta su nombre, rostro, edad o lugar de nacimiento pero lo que resulta difícil de admitir es que habiendo sido fiel a todo ello sólo oculte su profesión. Siete años después de cruzar el Atlántico, al consignar sus méritos a la recientemente creada UNS, Tetu enumeró en cambio hasta sus menores trabajos y artículos rumanos pero no probó ninguno y debió hacer una llamada al cierre del documento para enmendar un olvido algo menor: nada menos que el título, el tema y la extensión de la que, decía, fue su tesis de grado. La generosidad empieza por casa El caso de Tetu es arquetípico no sólo por sus antecedentes internacionales, sino también por la carrera académica que logró hacer en base a la buena fe de las administraciones de distintos partidos y sectores, que en dictadura y en democracia le prorrogaron contratos, abrieron cátedras y otorgaron becas. En treinta y cinco años de carrera, el mecánico Tetu jamás ganó un concurso y tampoco fue cesanteado por la dictadura que en 1955 derrocó a Juan D. Perón, como él pretendió interpretar para retratarse perseguido. Simplemente, el ITS no le renovó el contrato, como sí hicieron todas las gestiones de la UNS y las administraciones nacionales que se sucedieron entre 1968 y 1987. La única excepción fue el Ministerio ejercido por Jorge Taiana padre, que dio por terminadas las funciones de Tetu como docente de la UNS el 1 de octubre de 1973, con Perón a punto de desembarcar en su tercera presidencia. Poco menos de un año y medio más tarde, con el líder justicialista muerto y Taiana fuera de la cartera educativa y cercado por la Triple A, Tetu volvió a la UNS de la mano de la “misión Ivanissevich” y con ánimo de revancha total: invocando la Ley de Amnistía determinó su propia reincorporación al plantel docente y se hizo pagar un año de haberes caídos e intereses retroactivos, pese a que la normativa aludida suponía la renuncia a ello. No conforme aún, se creó una cátedra a su medida y se otorgó permiso para atender a los alumnos del Instituto Universitario de Trelew, que dependía de la UNS. Admirable carrera para quien nunca había probado debidamente título ni trabajo académico alguno. De mecánico a multidoctor La excusa de Tetu para la falta de documentación de respaldo a los méritos académicos que enunciaba siempre fue la misma: el raudo escape de aquella “condena política” en su país de origen y la consecuente expulsión de todas las casas de estudio rumanas. Treinta años después, apelaría a similares calificativos para “extirpar como a un infecto morbo” a un grupo de estudiantes que en 1975 concretaron un juicio simbólico en su contra, en una asamblea que desbarataron en conjunto los servicios de inteligencia, la Policía Federal y los matones de la Triple A que él mismo comandaba. En 1984 volvería a tildar de “político” a un proceso, esta vez institucional, que parecía abrirse en su contra por autoritarismo y malversación de fondos. La UNS le recordó entonces que contaba con las garantías del derecho a defensa y el recurso ante la Justicia Federal, que de hecho le permitió retirarse sin expulsión y vivir de su jubilación hasta su muerte en 2003, en su natal Bucarest. Excepto en lo referido al casillero de la profesión, que varía de mecánico a multidoctor, los datos filiatorios ofrecidos en 1949 al servicio diplomático brasileño para el acceso al puerto de destino coinciden con los que Tetu volcó en otros documentos que completó ya en nuestro país. También las formas de su firma, inalterables a lo largo de los años. El trazo lo acompañó desde los lejanos documentos secretos de la organización T a su cruce por el Atlántico, las resoluciones de rector interventor con que creó en la UNS a la patota local de la Triple A, bajo el pretexto de funciones “de seguridad y vigilancia”, o los exámenes que tomó hasta su jubilación a estudiantes a los que les hablaba, emotivo pero armado, del París de sus treinta años. El rectorado de Tetu: seis meses de desquicio criminal Entre marzo y septiembre de 1975, el rumano Tetu ejerció la intervención al rectorado de la UNS. Suprimió carreras, prohibió contenidos, cesanteó docentes y no docentes, expulsó alumnos y proveyó de recursos de todo tipo a la patota de la AAA que él mismo lideraba. Un repaso por el corpus de resoluciones con su firma.Con académica pacatería, el Consejo Superior Provisorio que en 1984 normalizaba la vida política de la Universidad Nacional del Sur (UNS) puntualizó que el rumano Remus Tetu no ejerció en 1975 el cargo de rector interventor ni normalizador sino que se le había encomendado apenas “el despacho de los asuntos” de la casa de estudios.
La aclaración encabezó el “Informe sobre aspectos de la gestión del profesor Remus Tetu como encargado de despacho de la Universidad Nacional del Sur”, que el cuerpo resolutivo de transición detalló en sesenta y seis puntos y difundió masivamente, como reacción a declaraciones públicas en que el otrora líder de la AAA bahiense se presentaba como perseguido político de la recién recuperada democracia argentina. Como distinción al margen es válida, por cuanto se apoya en la letra fría de la parte resolutiva de los decretos presidenciales que otorgaron al líder de la AAA bahiense el control de la UNS. Sin embargo, este dossier califica a Tetu como “rector interventor” porque así fueron redactadas, firmadas y selladas las poco más de setecientas resoluciones con que durante un demencial semestre hizo y deshizo al frente de la casa de estudios bahiense sin que quienes lo colocaron en ese lugar se propusieran corregirle el detalle ni, mucho menos, las acciones habilitadas. Por otra parte, el título del decreto que lo ungió habla de “intervención” en la UNS. Tetu estaba encargado del despacho de los asuntos de la UNS, pero los asuntos eran todos los imaginables y sus atribuciones equiparables a las de un formal interventor y superiores a las de un rector ordinario, que gobierna sujeto al visto bueno de dos cuerpos resolutivos. El “Informe…” de 1984 es un muy buen material documental, pero vuelve honda y estridente su omisión nominal cuando refiere al crimen de David “Watu” Cilleruelo sin mencionar el nombre de la víctima. En el recuento, es un asesinato sin muerto. Ese silencio institucional de entonces explica el difuso conocimiento que los estudiantes universitarios tenían todavía a mediados de la década pasada, cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Superior de la UNS produjo un excelente video documental que reúne la declaración de testigos presenciales que reconstruían hecho y contexto. Tierra arrasada
Distribuyendo su tiempo entre las intervenciones en la UNS y la Universidad del Comahue con cabecera en Neuquén, donde marcaba docentes en las reuniones de la “comunidad informativa” de Inteligencia, Tetu administró muy bien sus días en Bahía Blanca y en la misma jornada de su asunción, el 28 de febrero de 1975, imprimió en sus resoluciones académicas las “expresas instrucciones” del ministro Oscar Ivanissevich. Ese último día de febrero aceptó renuncias de varios docentes y funcionarios, reunió bajo el Departamento de Ciencias Sociales a las unidades académicas de Humanidades, Economía y Geografía, cuyas clases quedaron suspendidas, y en la órbita de un nuevo Departamento de Ciencias Exactas colocó a los antiguos de Matemática, Física y Electrotecnia. Durante la misma jornada, dispuso la eliminación de todos los contenidos que en cualquier carrera constituyesen “una prédica disolvente atentatoria a la seguridad del país” y dio por terminadas “todas las llamadas experiencias o innovaciones pedagógicas y didácticas”, cuya peligrosidad manifestó. Dos semanas más tarde decidió “limitar” las funciones de treinta y cinco docentes, entre los que se encontraba el sociólogo y luego decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Fortunato Mallimaci. Durante el segundo trimestre de 1975, Tetu cesanteó, limitó funciones o exoneró a doscientos docentes, en la mayoría de los casos sin explicación alguna, y sólo a unos pocos volvió a contratarlos más tarde. El 7 de abril, al cesantear a cincuenta y cuatro administrativos sí ofreció argumentación al invocar “la salvaguarda de la Seguridad Nacional” por “sobre toda otra consideración” de cualquier naturaleza. Varios de los cesanteados nunca volvieron a trabajar en la UNS y algunos de ellos fueron reincorporados pero asesinados meses más tarde, como Daniel Bombara, Gabriel Prado o Néstor del Río. Otros sobrevivieron y se convirtieron en intelectuales de peso que la UNS jamás recuperó, como Daniel Maidana o Ramón Minieri. Siempre dentro del campo académico, Tetu modificó a su antojo y necesidades el calendario preestablecido de inscripción a materias, de suerte que el último día del plazo aseguró la masa suficiente de testigos para el asesinato aleccionador del estudiante David Cilleruelo, y en una resolución firmada por su colaborador José Carlos fijó que el 21 de abril comenzarían las clases, coincidiendo con el calendario nacional y pese a “la dolorosa falta de comprensión de ciertos sectores que pregonan el cambio, pero que se oponen sistemáticamente a llevarlo a cabo” y “las consecuencias confusionistas y alteradoras de la paz universitaria por parte de minúsculos grupos”. Durante el ciclo lectivo se incrementó el control no sólo sobre docentes o estudiantes sino también encima de los contenidos. En junio, Tetu abrió un sumario contra un docente de las escuelas preuniversitarias que había tenido la alocada idea de incluir el tema “marxismo” en su materia, Economía Política. Tres semanas después suprimió la asignatura del mismo nombre de los planes de grado de Química, Ingeniería Química e Ingeniería por considerar que en su dictado se aplicaban pautas “preferentemente marxistas” y “criterios de falsa matriz popular y clara tendencia anarquizante y marxista” en el sistema de promoción, consensuado entre docentes y estudiantes. Al que me llame nazi, lo extirpo A fines de julio el interventor rumano continuó las purgas con la expulsión masiva de veintidós estudiantes, que habían caído en una redada tendida por los servicios de inteligencia, la Policía Federal y la patota de la AAA que el mismo Tetu comandaba, cuando se aprestaban a concretar una asamblea para denunciar su responsabilidad en el homicidio de “Watu” Cilleruelo. Entre ellos se encontraban Alberto Rodríguez, Dante Patrignani y Ana Colantuono, cuyos testimonios pueden verse en el referido documental producido por estudiantes de la Escuela Normal. Rodríguez y Patrignani se convirtieron con el correr de los años en dos de los primeros denunciantes del accionar del juez Néstor Montezanti, acusado de pertenecer a la AAA y los servicios de Inteligencia de la dictactura. Por su parte, Colantuono era por entonces una adolescente que cursaba estudios secundarios. Tetu no pudo expulsarla pero, en una demostración de superficie del funcionamiento de la “comunidad informativa”, resolvió comunicar su participación en la asamblea a las autoridades del Colegio Nacional bahiense. El texto de la resolución es de antología y denota que fue escrito en un pico colérico. Contiene notorios errores de sintaxis en el apuro por calificar como “delirante” el “juicio político” que una “turba tribunalicia” pretendía hacer en contra del interventor a base de “infamias proferidas por los impostores en causa” y acusaciones “íntegramente inventadas” con “un evidente propósito de difamación”. “Constituye un acto de subversión calificada”, resumió Tetu, antes de subrayar la “espantosa bajeza moral” y el “perfil psíquico tan deteriorado” de los estudiantes, lo que “obliga extirparlos de inmediato como a un infecto morbo de la comunidad universitaria”. El considerando siguiente es ya una lisa y llana confesión de parte. “La misión de esta Intervención –dice Tetu, que firma la resolución en soledad- es extirpar la subversión del ámbito universitario lo que, lógicamente debe hacerse eliminando de su seno a los personeros del caos y del desquicio” (sic). Curioso resulta, en cambio, que quien hablaba de extirpaciones y eliminaciones compare a renglón seguido a los estudiantes con una “variante novel de la macabra quinta columna que el nazismo destacara en tantos países para sojuzgarlos”. Estatizar el terror
El 25 de marzo de 1975 el país comenzó a transitar el último año de democracia antes de que la dictadura cívico militar profundizase a perfección el aparato represivo de la AAA, cuyo nexo con el Estado evidencian las resoluciones que Tetu firmó ese mismo día como rector interventor de la UNS. En el despacho de avenida Colón 80, ese martes de otoño fue febril. Mientras manipulaba el calendario académico para crear un asueto que licuase al día siguiente una convocatoria en su contra y modificaba nuevamente el periodo de inscripción en cuyo término sería asesinado “Watu”, Tetu resolvió “dar por terminadas” las funciones de sesenta y cinco docentes, entre los que se encontraban el ingeniero Máximo Cargnelutti, el matemático y militante comunista Edgardo Fernández Stacco y su esposa y también matemática Nélida Winzer, el abogado de presos políticos Pablo Lejarraga y el bioquímico y futbolista Luis Fernández, quien veintiocho años después sería electo por vía democrática rector de la UNS. Lejarraga había sido sindicado como uno de los promotores de las convocatorias contra Tetu, de las que el rector estaba informado por espías navales y a las que desbarató a base de cesantías y puertas cerradas por asueto. En ese contexto, el interventor rumano contrató a los primeros nueve miembros de la patota de la AAA, a los que equiparó con el personal de planta. La lista la encabezaban los acusados de asesinar a “Watu”, apenas una semana después: Jorge Argibay, su hijo Pablo y Raúl Aceituno. En sucesivas resoluciones aprobó nuevos contratos, hasta llegar a un total de veintiséis miembros de su cuerpo de “vigilancia y seguridad”, dentro del cual estableció una escala salarial que dejaba a Argibay padre como jefe del grupo de choque y a Juan Carlos Landini como su segundo. La decisión de otorgar el mando a Argibay padre, explicó Tetu en un declaración testimonial de 1975, obedecía a que “habiendo sido suboficial de una de las fuerzas armadas, tenía aptitudes de mando superiores a los demás”. La selección de los matones, indicó en la misma ocasión, se debía al éxito y empeño demostrados por ellos al revistar como agentes de seguridad de la facultad local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), “que enfrentó los problemas subversivos antes que la UNS”. La jefatura última del grupo creado le correspondía a Tetu indubitablemente, como lo prueban dos resoluciones del 21 de mayo y el 13 de junio. Por la primera, suspendió por diez días a Miguel Chisu, otro de los miembros de la patota y desde 1976 agente de Inteligencia del Ejército, por haber utilizado sin autorización el vehículo del rectorado para un viaje de descanso a Monte Hermoso. En la segunda, aplicó una sanción de cinco días de suspensión a Landini por demorar el cumplimiento de una orden suya, que no deja escrita, y “verter conceptos improcedentes hacia un superior”. Dos actitudes de severidad muy alejadas de la inacción que evidenció ante el crimen de “Watu”, perpetrado por tres de sus hombres, movilizados en el mismo Falcon utilizado por Chisu para su penalizada escapadita al mar.
El 17 de julio de 1975 culminó la tormentosa experiencia de Celestino “Rodrigazo” Rodrigo al frente del Ministerio de Economía y un día más tarde comenzaba a desandarse la breve estadía de veintiún días de su sucesor Pedro Bonanni, que ingresó a su nuevo despacho anunciado un ajuste. El impacto del decreto 2049, que ordenaba máxima austeridad a las reparticiones públicas, se sintió de inmediato en la UNS. Del mismo 18 es la primera resolución de ajuste suscripta por Tetu. Entre ese día y el cierre de agosto y sobre una planta docente y no docente diezmada, el interventor ordenó la reducción de gastos de un cincuenta por ciento en todas las dependencias, congeló el ingreso de personal a planta y desconoció horas extras, mientras centralizaba el manejo de las cajas chicas del gobierno universitario en su oficina. Sin embargo, la austeridad no empezaba por casa. Mientras prohibía las llamadas de larga distancia y trocaba por mate cocido el café de los administrativos, Tetu continuó con normalidad con una política dadivosa hacia los funcionarios amigos y la patota que firmaba las tres A en las paredes, lo que orienta acerca de la procedencia de los fondos que financiaban a la banda criminal. Desde su asunción, el interventor fue generoso consigo mismo y con sus colaboradores. No sólo aportó mes a mes los salarios de veintiséis matones, sino que entre el 1 y el 24 de abril se creó una cátedra a medida para volver al ruedo docente luego de su suspensión de 1973 y se pagó un año de salarios retroactivos pese a que la ley de Amnistía que invocó suponía expresamente la renuncia a haberes caídos. En ambos casos Tetu tuvo la delicadeza de no firmar las resoluciones: fueron suscriptas por su secretario administrativo José Carlos, que renunció cuatro días después de rubricar la segunda y en la semana posterior a haber recibido una generosa compensación de casi 124 mil pesos, equivalentes a dos años de sueldo medio de la época, para efectuar refacciones en su vivienda luego de sufrir “un atentado terrorista”. Antes de cerrar su gestión repetiría subsidios similares, por diferentes montos y el mismo concepto, en dos ocasiones más y en favor de Guillermo Aispuro y Carlos Mazza, otro dúo de prestadores de firma suyos. No puede decirse que no fuera un buen patrón. Sucesivas resoluciones dan cuenta de la actualización de sueldos del personal de “vigilancia y seguridad” y a fines de junio, en plena crisis económica nacional, autorizó pagos extraordinarios por el alojamiento en un hotel de Raúl Giorgi, José Luis Cáceres y Horacio Agnesio, quienes pese a no estar formalmente contratados oficiaron como custodia entre enero y abril de 1975 debido a la necesidad de proteger a los funcionarios del “estado de subversión en que se hallaba la Universidad al hacerse cargo la Intervención”. La ya mencionada resolución de ajuste del 18 de julio arroja por sí misma más sorpresas. En ella, el interventor exceptúa del recorte al vehículo utilizado por el personal de vigilancia y declara su exclusiva disposición y control sobre una Rambler Ambassador y el Falcon a bordo del cual los asesinos de “Watu” cruzaron la ciudad para perpetrar el crimen. “No estando su titular”, ordena Tetu refiriéndose a sí mismo, ambos vehículos “deberán permanecer, sin uso, en la División Automotores”. Tiempo nuevo Equiparada por Tetu en derechos y salarios al personal de planta, los vínculos de la patota contratada por el interventor fueron rescindidos definitivamente en febrero de 1976. Para entonces, el rumano había dejado de ser interventor y Julio Reynoso era el rector “normalizador” que renovó paulatinamente a la patota de matones hasta entonces encabezada por los Argibay, considerados “elementos irritativos en el ámbito de la ciudad, por sus antecedentes de actuación en grupos armados”, según consignó un temprano informe de Inteligencia, que puntualizaba además que padre e hijo “siempre habían colaborado con los distintos organismos de seguridad en la lucha contra la subversión” y agregaba que “al retirarse de la UNS se habían llevado algunas armas y los intercomunicadores de propiedad de la casa de estudios”. En un prólogo a lo que estaba por venir, Reynoso colocó como nuevos jefe y subjefe de la renovada patota de “vigilancia y seguridad” al comandante de Gendarmería Guillermo Francisco Correa y el inspector Juan Carlos Grandinetti. Corría el penúltimo mes de 1975. El terrorismo de Estado empezaba de ponerse uniforme en los pasillos de la UNS.
El relato de testigos y la precisión de informes de inteligencia y resoluciones del rectorado que comandaba la AAA permiten reconstruir el asesinato de David “Watu” Cilleruelo. Emblemático crimen, fue perpetrado en los pasillos de la propia UNS por personal universitario y abrió el camino al terrorismo de Estado en el mundo académico bahiense. El otoño de 1975 perdía sus primeras hojas anaranjadas sobre la vereda del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en avenida Colón 80, cuando Jorge “Moncho” Argibay, su hijo Pablo Francisco y Raúl Aceituno bajaron las escalinatas, armados hasta los dientes, rumbo al Ford Falcon verdiblanco que servía como vehículo oficial del rector interventor Remus Tetu. Hacía poco más de una semana que los tres habían comenzado a formar oficialmente parte de la custodia de Tetu, que en una de sus primeras resoluciones los contrató a todos y puso a Argibay padre como jefe del grupo y en las sucesivas disposiciones demostraría su absoluto mando sobre la patota y los vehículos por ella utilizados (ver aparte). A la vista de todo el mundo, en un edificio tan céntrico que sólo ochenta metros lo separan de la plaza principal bahiense, los tres custodios del rector llevaban armas largas y las itakas que el mayor del Ejército Luis González le había cedido a la UNS para continuar la limpieza política comenzada por la patota un año antes en la Facultad local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). A toda marcha y con ese arsenal a cuestas emprendieron el viaje que los llevaría al edificio de avenida Alem 1253, el núcleo central de aulas, sede de varios Departamentos y de la Biblioteca Central universitaria de cuya dirección Tetu había desplazado días antes al historiador y poeta Ramón Minieri. Iban a cumplir una misión demasiado posible. Morir en las vísperas Los minutos se caían lentos de la temprana hora de las 9 de la mañana del jueves 3 de abril de 1975 y en el edificio de avenida Alem la cola de estudiantes traspasaba la puerta. Hasta el actual rector Ricardo Sabbatini estaba en el lugar, según confesó al asumir el cargo, en febrero pasado. Era el último de los dos días de inscripción a materias para ese primer cuatrimestre de 1975, aunque la oferta se había reducido con los cierres de carreras y la supresión de cátedras y contenidos dispuestos por el interventor en sus primeras resoluciones. Mientras se aprestaba a cesantear docentes y no docentes y armaba la patota, Tetu modificó sugestivamente tres veces el calendario académico fijado para ese año por su predecesor, Héctor Arango, el segundo día de 1975. En la primera oportunidad dispuso, entre otras cosas, el cambio de la fecha de inscripción: su resolución del 28 de febrero la pasó del 10 y 11 de marzo al 1 y 2 de abril. La segunda modificación fue el mismo 25 en que produjo las primeras cesantías y formalizó la contratación de la patota, cuando sin ofrecer motivo alguno para el cambio la corrió del 1 y 2 al 2 y 3 de abril. Para el 4 estaba convocada la asamblea de delegados de los distintos Centros de Estudiantes, que ratificarían a las autoridades electas de la renacida Federación Universitaria del Sur (FUS): David Cilleruelo, de la Federación Comunista, y Jorge Riganti, de la Juventud Universitaria Peronista. El 3, por ende, iba a ser día de masiva asistencia e intensidad militante. Un escenario propicio para un golpe de terror que paralizara a la comunidad. AAA: Argibay, Argibay hijo y Aceituno
Los estudiantes que aguardaban su turno no veían aún la fuente de Lola Mora que hoy es uno de los símbolos de la UNS y lugar de encuentro privilegiado en ocasiones sociales. Quizá menos novias, quinceañeras y egresados se fotografiarían junto a ella si supieran que fue Tetu quien ordenó, semanas después de aquel abril, su emplazamiento exactamente frente a la puerta de entrada del edificio, a metros de donde sus matones habían escrito las AAA y fusilado a un estudiante por la espalda. Esas iniciales tenían, justamente, los elegidos por el rector interventor para la tarea de ese 3 de abril: AAA. Argibay padre, Argibay hijo y Aceituno estacionaron el Falcon fuera del complejo e ingresaron al hall central del edificio, donde “Watu” conversaba y entregaba volantes a los estudiantes que hacían cola para inscribirse. Fue el propio Argibay padre, claro líder del grupo de choque, quien lo interceptó para chequear su identidad. Cilleruelo no le respondió, sonrió levemente, y dio media vuelta para avanzar por uno de los pasillos laterales que nacen en el hall. Ante todos los ojos que pudieran verlo, Argibay le efectuó un disparo a la nuca. “Pobrecito, se golpeó la cabeza contra la pared”, dijo el matón mientras apuntaba a otro de sus compañeros como advertencia. Con toda ostentación, los tres represores se retiraron desandando con exactitud su camino. Recorrieron la ciudad en sentido inverso y llegaron nuevamente al rectorado, sin evitar volver pese al crimen que acababan de cometer. No buscaron pasar desapercibidos: sin que nada los obligara a ello, prefirieron dar una vuelta en U sobre la transitada avenida Colón al rodeo de ocho cuadras necesario para quedar en dirección contraria en ese sector de la ciudad. Poco después, mientras los compañeros de “Watu” y testigos del hecho se dividían entre buscar a los familiares de la víctima, hacer la denuncia y concurrir al Hospital Municipal donde falleció, Argibay se acercó al nosocomio para asegurarse del fallecimiento. Minutos después de las 11 de esa mañana, la cirugía de urgencia fracasaba y “Watu” se transformaba en el primer estudiante asesinado en los pasillos de una Universidad pública bajo el terrorismo de Estado argentino. Sembrar el terror En la resolución de cien carillas en que fundamentó el procesamiento de Aceituno, único superviviente de los tres acusados por el crimen de Cilleruelo, el juez Alejo Ramos Padilla indicó expresamente que la fecha, el contexto y el ostentoso modus operandi elegidos buscaban no sólo la eliminación de la víctima sino también generar un “efecto persuasivo, simbólico e intimidatorio hacia los demás alumnos, docentes y no docentes” de la UNS. No parece un contrasentido suponer que Tetu modificó las fechas de inscripción para que resultasen vísperas de la asamblea de la FUS en que Cilleruelo iba a ser ratificado como secretario general, para sobre esa base perpetrar el aleccionador crimen: ese particular manejo del calendario académico lo había evidenciado el 25 de marzo, al decretar un asueto para el 26. Tetu pretendió explicar tanta generosidad súbita considerando en su resolución “el esfuerzo de los sectores docente y no docente” por “el ritmo de las actividades”, pese a que las clases aún no habían comenzado y una porción considerable del personal había sido cesanteado. La verdadera razón parece haber estado en una convocatoria estudiantil para la tarde del día siguiente en que sería nuevamente el foco de las críticas, según lo había advertido los espías navales. Marca personal Los organismos de inteligencia informaron el crimen de Cilleruelo con una sinceridad que no tuvieron Tetu ni Argibay, sindicado desde el vamos como el autor del disparo: con precisión horaria identificaron al estudiante asesinado, el grupo autor del crimen y el sitio y las circunstancias en que se produjo. Los agentes de inteligencia conocían bien a la víctima, que estaba marcada desde mucho antes de su homicidio. Ya a fines de septiembre de 1974, “Watu” fue incluido en la lista de concurrentes identificados en el concurrido sepelio de Luis Jesús García. Joven obrero de la construcción y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el “Negrito” fue la primera de las víctimas de la Triple A bahiense. Su entierro congregó a militantes de muy diversas agrupaciones, entre los que se encontraban “Watu” y quien sería su segundo en la FUS el año siguiente, el peronista Jorge Riganti. Como buena parte de los señalados por los espías, Riganti fue víctima de la última dictadura cívico militar. El segundo señalamiento conocido del dirigente estudiantil asesinado se dio menos de un mes antes del crimen, el 6 de marzo de 1975. Ese día Remus Tetu cumplía una semana como rector interventor de la UNS y su accionar hasta entonces ya daba muestras de profunda comunión con el mandato del ministro Oscar Ivanissevich, cuyas “expresas instrucciones” dejó plasmadas en sus primeras resoluciones.
El informe de inteligencia consigna que por espacio de dos horas, 250 estudiantes, profesores y trabajadores no docentes colmaron ese 6 de marzo el mayor aula del complejo universitario de avenida Alem –la conocida como “72C”- para discutir junto a “activistas estudiantiles de distintas tendencias políticas” y coincidir en “agudas críticas” hacia Tetu. Nuevamente “Watu” y Riganti integraban la lista de marcados. En el caso del dirigente asesinado días después, el informe de los espías indicó que acusó a Tetu de “implantar la misión Ivanisevich, que no era otra cosa que la introducción del Imperialismo en la UNS con el apoyo de la Marina, que era la única arma que había bombardeado al pueblo indefenso y la consideraba el brazo armado del imperialismo” (sic). Por ello, propuso “el estado de movilización total”. En la siguiente ocasión en que “Watu” fue objeto de informes de inteligencia ya no aparecería como actor sino como emblema de reclamo de justicia: en sociedad, los espías, la Policía Federal y la patota de la Triple A desbarataron una asamblea estudiantil convocada en un hotel bahiense para denunciar al autor intelectual del asesinato de Cilleruelo. Veintidós estudiantes fueron expulsados por Tetu tras la redada, mientras la causa judicial y el sumario universitario por el crimen naufragaban en la nada pese al repetido señalamiento de Argibay padre como autor material del disparo. Causa común El juez federal Guillermo Madueño y su secretario Hugo Sierra ofrecieron cobertura judicial a los asesinos y anticiparon los movimientos que observarían durante la dictadura cívico militar que comenzó el 24 de marzo siguiente, cuando en sociedad con el segundo comandante del V Cuerpo, Adel Vilas, promovieron una insólita causa judicial por “infiltración ideológica marxista” en la UNS. En el primer acto de ese expediente, recuerda el cable de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCla) del 18 de septiembre de 1976, Vilas reconoció pública y especialmente a Tetu como un cruzado frente al virus comunista. Un día después, en un artículo titulado “Terror en Bahía Blanca”, la agencia dirigida por Rodolfo Walsh recordó como precursora de la represión militar a la “campaña de persecución contra elementos liberales y de izquierda” de su Intervención. Lavando una mano con otra, el expediente judicial sobre el asesinato de “Watu” no avanzó y permitió, por el contrario, que el principal acusado hostilice a uno de los testigos presenciales, el estudiante y militante comunista Alberto Rodríguez, a quien la Policía Federal había respondido que era inútil hacer denuncia alguna porque los miembros de la patota tenían credenciales de la fuerza. En abril de 1976 Argibay cayó detenido por otras razones en Mar del Plata. Finalmente, se dispuso su liberación. Antes de concretarla, la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores remitió a Madueño un telegrama para consultarle si le interesaba mantener la detención del acusado, a lo que el entonces juez respondió que “por ahora no”. El abogado defensor de Argibay era por aquellos días Néstor Montezanti, el hoy suspendido camarista federal que desembarcó una semana antes que Tetu en la gestión de la UNS y está actualmente imputado como partícipe de la Triple A y los servicios de Inteligencia de la dictadura. En 2002, Rodríguez lo acusó de haber integrado la organización paraestatal y Montezanti lo querelló por calumnias e injurias. Su abogado en el juicio fue Hugo Sierra, aquel secretario de Juzgado de 1975, y el ofendido no se privó de invertir el tono acusatorio para marcar comunistas en la sala, insultar por lo bajo a los testigos del juicio y calificar como patoteras a dos Madres de Plaza de Mayo. En la UNS, por otra parte, Tetu abrió mal y tarde un sumario por el crimen que nunca tuvo acusado alguno y, por ende, jamás incluyó ninguna declaración indagatoria. No es que fuera poco afecto al rigor: a otro de los miembros de la patota, Miguel Ángel Chisu, lo suspendió diez días el 21 de mayo por haber usado sin su autorización el mismo Falcon que los custodios AAA usaron para cruzar la ciudad en busca de la vida de “Watu”. En septiembre de 1975, cuando el rumano corría sus últimos días como rector interventor, su Asesoría Letrada reconoció que nada se había hecho por esclarecer el crimen y profetizó que nada se haría: la causa, señalaba, acabará en el sobreseimiento. Era otro modo de llamar a la impunidad, el trabajoso producto de los esgrimistas del renglón. Cuarenta años después de aquella profecía, las cosas parecen estar comenzando a cambiar. M’ hijo, el dotor: Argibay, médico y matón de la AAA La figura de Pablo Argibay desafía el arquetipo de genocida o matón de la Triple A: eminencia en el campo de la medicina, hombre de consulta de la prensa y la academia, en 1975 y con menos de veinte años tuvo su primer empleo como miembro de la patota de la AAA bahiense. Es uno de los acusados del que quizá sea su crimen más notorio. Ni sus colegas del Hospital Italiano de Buenos Aires, ni sus pacientes ni los periodistas o académicos que lo consultaban por su especialidad, el trasplante de órganos, habrán podido siquiera imaginarse que el doctor Pablo Francisco Argibay tenía tan oscuro pasado oculto entre los pliegues de su juventud temprana, en la década previa a sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires y más de tres antes de asesorar los primeros pasos del Ministerio de Ciencia y Tecnología en ciernes en 2007. Argibay murió el 15 de abril pasado y dos días después fue recordado por el diario La Nación como “brillante, incansable y apasionado por su trabajo” y “pionero y maestro en la medicina y la investigación”. El artículo recuperaba que en 1994, Argibay “realizó el primer trasplante de duodeno-páncreas del país, y más tarde de islote y de intestino” y que al momento de su muerte “se desempeñaba como investigador del Conicet y director del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano”. Exactamente doce días antes de su fallecimiento se había conmemorado un aniversario íntimamente ligado a su biografía, que quedó fuera del recordatorio del diario de la familia Mitre: el 3 de abril se cumplieron cuarenta años del asesinato, en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, del estudiante y militante político David “Watu” Cilleruelo. Por tratarse de uno de los primeros crímenes del terrorismo de Estado y haber ocurrido dentro mismo de la Universidad y en un día de asistencia masiva al lugar (ver aparte), el crimen de “Watu” quedó especialmente grabado en la memoria colectiva. El doctor Pablo Argibay estaba allí, pero no como médico ni estudiante: era un joven de 19 años que transitaba por su primer empleo, de la mano de su padre. El primer empleo era el “vigilancia y seguridad” en la UNS, una pantalla para dotar de recursos y aparato a la Triple A, y el padre del luego famoso cirujano era Jorge Argibay, el jefe del cuerpo de choque de la organización paraestatal que respondía al diputado nacional Rodolfo Ponce y el rector interventor Remus Tetu. Los testigos del crimen de “Watu” ubican al científico dentro del grupo de tres hombres que también integraban su padre y Raúl Aceituno, quienes portando armas largas e itakas provistas por el Ejército partieron del céntrico edificio del rectorado a bordo de un Ford Falcon verdiblanco con chapa institucional, transitaron las alrededor de quince cuadras hasta el principal complejo de aulas de la UNS, ingresaron en el hall repleto de estudiantes y avanzaron hacia una de las alas, para matar por la espalda y de un tiro en la cabeza a Cilleruelo. “Watu” había sido señalado por los servicios de inteligencia en varias oportunidades y especialmente dos elementos habían molestado al rector interventor y jefe de la Triple A bahiense: la encendida prédica del militante comunista en su contra y el hecho de que el día siguiente, 4 de abril, iba a quedar ratificado como secretario general de la reaparecida Federación Universitaria del Sur (FUS). De un modo u otro, los asesinos nunca dejan de hablar del crimen que van a cometer o ya cometieron. El rector interventor Tetu firmó inconscientemente el crimen al enviar a ejecutarlo a tres hombres cuyas iniciales de apellido forman la AAA, del mismo modo que el respetado doctor Argibay hablaba del asesinato incluso cuando nada se vinculaba con el hecho. La periodista María O’ Donnell lo entrevistó en 2009, cuando el cantante Sandro había recibido un trasplante de un joven donante fallecido. El autor del libro Cortar y pegar –un volumen de la colección “Ciencia que ladra” plagado de guiños y en cuya extensa dedicatoria menciona a familiares y amigos pero no a su padre- advirtió a O’ Donnell acerca de la necesaria cautela en la difusión de los casos de donaciones, porque se trata de “una persona, en general joven, que o se suicidó o tuvo un accidente cerebral o automovilístico o se cayó o le pegaron un tiro en la cabeza, con lo cual es una muerte en principio evitable”. El donante de Sandro tenía 22 años, apenas unos meses más que “Watu”, que murió por un tiro en la cabeza mientras los médicos bahienses trataban de salvarle la vida en un quirófano. El doctor Pablo Argibay, que en sus últimos años se dedicó a bucear los complejos entramados que configuran la memoria episódica, tal vez podría haber explicado mejor que un periodista el porqué de esa evocación criminal inconsciente

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