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Timestamp: 2019-05-20 05:01:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 212 DE JUNIO 26 DE 1986
SENTENCIA 212 DE 26 DE JUNIO DE 1986
CONTENIDO:VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY. SEGÚN REITERADA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE, TODA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY PARTE DE LA BASE DE QUE LA SENTENCIA NO APLICA RECTAMENTE LA NORMA QUE REGULA EL CASO DEBATIDO EN EL PROCESO, YA POR REBELARSE CONTRA SU MANDATO, YA POR IGNORARLO, YA POR NEGARLE EFECTOS EN EL TIEMPO O EN EL ESPACIO O YA POR HACERLE ENMIENDAS O ADICIONES A SU TENOR EXPRESO. REVENTA DE BIENES ADQUIRIDOS A MENOR PRECIO POR EL TRABAJADOR PARA SU USO PERSONAL. NO ES CAUSAL DE DESPIDO
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADOR, PROCESO LABORAL, VIOLACIÓN DE LA LEY, PROCEDIMIENTO LABORAL
Sentencia 212 de junio 26 de 1986
Según reiterada jurisprudencia de la Corte, toda violación directa de la ley parte de la base de que la sentencia no aplica rectamente la norma que regula el caso debatido en el proceso, ya por rebelarse contra su mandato, ya por ignorarlo, ya por negarle efectos en el tiempo o en el espacio o ya por hacerle enmiendas o adiciones a su tenor expreso
REVENTA DE BIENES ADQUIRIDOS A MENOR PRECIO POR EL TRABAJADOR PARA SU USO PERSONAL. NO ES CAUSAL DE DESPIDO
Ref.: Expediente Nº 212. Acta Nº 21
Bogotá, D.E., veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y seis.
El Tribunal Superior de Bogotá, por sentencia del 25 de julio de 1985, revocó la del primer grado, que condenaba a la sociedad Industrias Centrales del Acero S.A. “Induacero S.A.”, a reintegrar al demandante Luis Hernando Ospina al cargo que desempeñaba en el momento del despido y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta cuando se produzca el reintegro, a razón de $ 7.996.68, moneda corriente mensuales, más los aumentos legales y/o convencionales producidos, y en su lugar absolvió a la demandada de todas las súplicas contenidas en el libelo.
El demandante acusa en casación dicho fallo para pedir que la Corte lo infirme y luego mantenga la condena impuesta por el juez de la primera instancia.
Al sustentar su recurso (fls. 7 a 22 de este cuaderno) propone tres cargos, a cuyo análisis procede la sala, luego de su réplica por la contraparte (fls. 26 a 31 ibídem).
Dice: “Se acusa la sentencia por violación directa de la ley sustantiva, por infracción directa del artículo 7º, aparte a del Decreto 2351 de 1965 y de los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, y como consecuencia de ello, por indebida aplicación del artículo 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965, del artículo 6º literal h del mismo decreto y el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, lo mismo que el literal d del ordinal 4º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.
Este cargo se presenta como un error juris in judicando y no un error facti in judicando.
En este cargo no se discute el supuesto fáctico fundamental de la sentencia, ni ningún otro, se acepta como lo predicó el tribunal.
El tribunal para revocar la sentencia, concluyó lo siguiente:
“Estima, la sala, que la conducta descrita se cataloga como una falta de deslealtad contra el patrono, la cual configura justa causa para la terminación del mismo, y en consecuencia no es procedente la condena a reintegrar con las consecuencias de pago de salarios y prestaciones solicitados; se revoca la condena contenida en la sentencia y en su lugar se absolverá a la sociedad demandada por estos conceptos.
Estudiados detenidamente los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo y al aparte a del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, no se encuentra por ninguna parte la “falta de lealtad” como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.
En esas normas ni siquiera la falta de lealtad, aparece contemplada como justa causa para la terminación del contrato de trabajo habiéndose encontrado así por el tribunal una causal inexistente.
Por eso operó la infracción directa en este proceso al haberse tomado como justa causa de la terminación del contrato la falta de deslealtad, que no se halla en el artículo 7º aparte a, en ninguno de sus ordinales, ni siquiera aparece discriminado dentro de las obligaciones ni de las prohibiciones, de que tratan los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo.
El fallador, tiene que atenerse sólo a las causales legales, y en este caso el literal a o aparte a del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, porque ellas son taxativas y cualquier otra causal distinta que se acoja, como en este caso, hace incurrir en la infracción directa.
La honorable Corte, ha dicho que “la infracción directa de una disposición legal consiste en aplicarla a un caso no contemplado por ella, o dejar de aplicarla siendo aplicable”.
Esto fue lo que se presentó en este proceso, pues se dio, como causal de justa terminación del contrato de trabajo, la falta de deslealtad, en forma genérica, sin citarse qué norma la contemplaba, precisamente porque ella no se encuentra dentro de las normas que regulan la justa causa.
La falta única alegada y aceptada por el tribunal que fue la venta de mercancías de otros trabajadores, a sabiendas de que estaba prohibida, produjo esa falta de deslealtad, o falta de lealtad, pero este hecho al no figurar dentro de las obligaciones y prohibiciones del trabajador, ni dentro del aparte a del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que en sus quince ordinales enumera la terminación del contrato por justa causa por parte del patrono, no permite la existencia de justa causa y por el contrario el despido se tornó injusto, para todos los efectos legales.
Violación de otras normas sustantivas
Como consecuencia de la infracción directa, presentada, se produjo la indebida aplicación de otras normas sustantivas, que se citaron en el cargo.
Se dio indebida aplicación al artículo 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965, porque precisamente se cumplieron los requisitos, para que se presentara el reintegro, ya que el trabajador había prestado sus servicios por más de diez años; fue despedido sin justa causa; y no se presentaron incompatibilidades creadas por el despido que permitieran concluir que el reintegro no fuera aconsejable. Esta indebida aplicación consistió por haberse dejado de reconocer el derecho al reintegro, existiendo comprobados los hechos que correspondían a la hipótesis normativa citada o sea el ordinal 5º del artículo octavo del Decreto 2351 de 1965.
Teniendo en cuenta que al haberse presentado la violación por infracción directa, la Corte puede analizar la incompatibilidad que pudiera presentarse, y a pesar de que ésta en mi concepto no existiría, pues la falta de deslealtad, no crea ningún conflicto, se citó también como violados el literal d del ordinal 4º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, que fija la indemnización por despido cuando el trabajador tuviere más de diez años de servicio, y el artículo 8º del Ley 171 (sic) de 1961, que consagra la pensión sanción por despido injustificado después de quince años de servicio.
Si la Corte encontrara incompatibilidad, como lo tenía que hacer el juez de conocimiento, tiene que aplicar el literal d del ordinal 4º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, y el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.
Como en este proceso se produjo una infracción directa del artículo 7º aparte a del Decreto 2351 de 1965 y de los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte debe casar la sentencia y como tribunal de instancia, debe confirmar la sentencia de primera instancia, proferido por el Juzgado Primero Laboral de Bogotá, el 27 de abril de 1983.
Sobre este particular, para que se confirme el fallo de primera instancia, debe recalcarse que jurisprudencia reciente, esa honorable Corte resolvió que no sólo hay lugar a los salarios dejados de recibir, sino los salarios y prestaciones que corresponden al cargo, teniéndose en cuenta también los aumentos salariales legales o convencionales.
Sólo en caso de encontrar la honorable Corte la incompatibilidad para el reintegro, debe condenarse a la demandada a la indemnización por el despido injustificado, que por los 19 años, 10 meses y 5 días a razón de $ 7.996.68 darían $ 154.713.54; y a la pensión sanción de que trata el artículo octavo de la Ley 171 de 1961, por la suma de $ 5.951.70 desde la fecha en que el trabajador cumpla cincuenta y cinco años de edad, y sin que esta pensión pueda ser inferior al salario mínimo legal más alto, y con derecho a los aumentos ordenados por la Ley Cuarta de 1976” (las mayúsculas son del texto transcrito).
La firma Induacero S.A., aduce como justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo con el demandante el comportamiento asumido por éste de aprovecharse de su cargo de programador del departamento de despachos, donde tenía conocimiento y trato con los distribuidores, para venderles productos que compraba a sus compañeros de labores, contraviniendo la prohibición que tienen de disponer de los artículos que se les venden a menor precio para el uso personal en sus casas de habitación.
La empresa califica este comportamiento como un abuso y los encaja dentro de la causal que consagra el numeral 5º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 como justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono, sin especificar si tal abuso consistía, a su proceder, un acto delictuoso o simplemente inmoral.
El sentenciador ad quem va más lejos todavía al catalogar la conducta del demandante “como una falta de deslealtad para con el patrono” y asignarle además a ésta graves repercusiones, al estimar que configura justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, apartándose con este planteamiento de la causal alegada por el patrono y constituyéndose en legislador y juez al mismo tiempo, para crear un nuevo motivo de despido justo.
Según reiterada jurisprudencia de la Corte, toda violación directa de la ley parte de la base de que la sentencia no aplica rectamente la norma que regula el caso debatido en el proceso, ya por rebelarse contra su mandato, ya por ignorarlo, ya por negarle efectos en el tiempo o en el espacio o ya por hacerle enmienda o adiciones a su tenor expreso.
Como se observa en el fallo impugnado, el sentenciador ad quem desatendió el precepto contenido en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que en forma clara y precisa determina cuáles son las únicas causales que puede invocar el empleador como justo motivo para terminar unilateralmente el vínculo laboral, añadiendo una más, que no existe en la ley. O sea, que claramente incurrió en infracción directa del dicho texto sustantivo del estatuto del trabajo.
Este breve razonamiento es suficiente para concluir que el tribunal incurrió en las violaciones precisadas en este cargo, que ameritan muy bien su prosperidad y, en consecuencia, conduce a la sala a casar la sentencia impugnada.
Como el triunfo del primer cargo satisface los propósitos de la parte recurrente, es innecesario estudiar sus otros dos ataques.
Y, para proveer en instancia, la sala añade a lo expuesto en casación las siguientes
1. El abuso atribuido al señor Luis Hernando Ospina como causal justa de terminación de su contrato de trabajo con la firma Induacero S.A., bien puede constituir un quebrantamiento del compromiso que al comprarlos asumen los trabajadores beneficiados con los artefactos que les vende esta industria para su uso personal de no disponer de ellos; o bien una torpeza de su parte al facilitarle a sus compañeros de trabajo la negociación de dichos artículos, pero nunca una violación de sus obligaciones laborales para con el patrono, y menos aún, configurar la falta que justifique su despido basado en el numeral 5º aparte a, del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.
Se concluye entonces que no existió justa causa para que la empresa procediera a dar por terminado su contrato de trabajo con el demandante.
2. Respecto a la pretensión del actor de que se reintegre al mismo cargo que ocupaba en el momento del despido, se observa que no se estableció en qué medida pudo resultar afectada la empresa con las esporádicas transacciones efectuadas por el demandante como intermediario en la venta de los artefactos mencionados antes, si éstos ya pertenecían a los trabajadores adquirientes y no a la compañía; así como tampoco logró establecerse la utilidad o beneficio que hubiera obtenido el demandante con tal actividad, o que ésta hubiera resultado un detrimento de las demás personas involucradas en este comercio, esto es, los trabajadores y el distribuidor Oscar Gómez Arrubla y Cía Ltda.
Por lo demás, el distribuidor acepta haber cometido un error y presenta sus disculpas a la compañía por haber participado en este negocio; los trabajadores que entregaron sus electrodomésticos a Luis Hernando Ospina para que los vendiera por su conducto no aparece que hubieran sido despedidos o sancionados por tal proceder; y el demandante dio cordiales explicaciones de sus manejos y asumió en todo momento una actitud respetuosa y de acatamiento para con el personal directivo de Induacero, por lo cual concluye que no se evidencia ninguna incompatibilidad surgida a raíz del despido que impida el reintegro del trabajador a sus labores habituales.
Al respecto, consta en el expediente que el último cargo desempeñado por el actor era el de empleado en superintendencia de planta para el control de productos elaborados y terminados y que su último salario mensual devengado era de $ 7.996.68, tal como lo manifiesta en los hechos 4º y 5º de su libelo, a folio 1 del primer cuaderno, y los acepta como ciertos la parte demandada en su respuesta a folio 10 del mismo cuaderno; razón por la cual se ordenará su reintegro a este mismo puesto y el pago de los salarios dejados de percibir desde el 9 de julio de 1979, día siguiente al del despido, hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrado a su último empleo, dando estricto cumplimiento a lo que preceptúa el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.
Como el juez no limitó su condena contra la firma Induacero S.A. al pago de los dichos salarios, sino que dispuso además que le fueran satisfechas prestaciones sociales y aumentos por el mismo período que estuviese sin trabajar, y este último pago no lo consagra la citada disposición, habrá de modificarse en este aspecto lo decidido por el juez.
Como la ley tampoco prevé lo que dispuso el fallador de la primera instancia en cuanto a la inexistencia de solución de continuidad en el contrato de trabajo entre actor y demandada durante el período en que aquél estuvo cesante, habrá de revocarse el ordinal 2º del fallo proferido por el juez de primer grado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA el fallo impugnado y MODIFICA de la siguiente manera el de la primera instancia:
1. Se condena a la firma Industrias Centrales del Acero S.A. “Induacero S.A.”, a restituir a su empleo al señor Luis Fernando (sic) Ospina y a pagarle los salarios dejados de percibir desde el 9 de julio de 1979, cuando fue despedido injustamente, hasta la fecha de su regreso al empleo, a razón de $ 7.996.68 mensuales.
2. Se revoca el numeral 2º del mismo fallo y se confirma el numeral 3º en lo referente a las costas.
Sin costas en la segunda instancia ni en casación.

References: artículo 7
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8