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Timestamp: 2018-06-21 17:46:39+00:00

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SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA ESTAFA PROCESAL | Consultas-Abogados.es
La estafa procesal debe entenderse como una figura más de la estafa, pero con una agravación especifica ya que al daño que supone al patrimonio del particular se une el atentado contra el Poder Judicial que se utiliza como instrumento al servicio de finalidades fraudulentas.
Debe entenderse por estafa procesal y así se caracteriza, porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano jurisdiccional a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada.
El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado).
Es más, la jurisprudencia ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia.
Hay que señalar que lo que caracteriza a esta modalidad es aquel engaño que se sirve del proceso como medio vehicular o que dentro de él trata de obtener un lucro con daño ajeno, a través de la resolución injusta que por error dicta el Juez.
Para ello, es necesario que las maniobras fraudulentas preparatorias del proceso y las que se realicen en su ámbito, posean un grado de verosimilitud suficiente para producir el error razonable del Juez.
El origen de esta modalidad agravada radica en el artículo 250.2 del Código Penal, y han de concurrir los siguientes elementos:
ha de existir un engaño bastante, requisito esencial que caracteriza a toda clase de estafa, que en estos casos ha de producirse en el seno de un procedimiento judicial
tal engaño bastante ha de tener por finalidad producir error en el juez o tribunal que ha de conocer del proceso
El autor de este delito ha de tener intención (en las estafas procesales propias) de que el órgano judicial que conoce del procedimiento dicte una determinada resolución (acto de disposición) favorable a sus intereses
tal intención ha de abarcar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que obviamente ha de ser ilícito en correspondencia con el ánimo de lucro, también ilícito, que constituye el motor de toda esta conducta delictiva
En lo relativo a la manipulación de pruebas, el tipo penal del artículo 250.1.7 del Código Penal exige que se trate de pruebas en las que las partes fundamenten sus alegaciones, por lo que, si se trata de pruebas que no tienen tal fin, su eventual manipulación no tendrá eficacia para apreciar una estafa procesal.
A lo que han de añadirse que no cabe apreciar engaño cuando tiene lugar una discusión en el seno del procedimiento sobre el alcance jurídico de unos hechos concretos, pues precisamente para dilucidar tales cuestiones acuden a las partes a la vía judicial.
Así que, no es suficiente para la comisión del delito, la existencia de cualquier ocultación o inexactitud derivada del planteamiento de la cuestión en sede civil. La quiebra del principio de legalidad, por sí sola, no integra el delito. El alcance típico no puede fijarse criminalizando toda ocultación al órgano jurisdiccional.
El tipo penal no tiene por objeto sancionar a todo aquel litigante que quebrante el deber de buena fe que impone con carácter general el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pablo Salmeron (Abogado)
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 250
 resolución 
 artículo 250
 artículo 11
 resolución