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Timestamp: 2019-02-17 20:06:52+00:00

Document:
Tutela No. 60.862
JOSÉ JOAQUIN RODRÍGUEZ MURILLO
Aprobado Acta No. 242.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante JOSÉ JOAQUÍN RODRÍGUEZ MURILLO, contra el fallo proferido el 15 de mayo de 2012 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, mediante el cual negó la tutela interpuesta en contra de la FISCALÍA 71 SECCIONAL de esa misma ciudad, en protección de sus derechos constitucionales fundamentales.
1. Los hechos que motivaron la solicitud de amparo constitucional, lo pretendido por el accionante y el informe rendido por el funcionario accionado, fueron reseñados por el a quo de la forma como sigue:
“Refiere el accionante que presenta acción de tutela en contra del señor Fiscal 71 Seccional de Medellín, acogiéndose también al artículo 23 de la Constitución de 1991, teniendo en consideración que de conformidad a la copia de la diligencia que adjunta, que se trata de un interrogatorio de indiciado FP3-27, en el que aparece en la tercer hoja firma en rúbrica y posfirma de ANTONIO JOSE GARCIA BETANCUR, firma en rúbrica y posfirma de URIEL MUÑOZ MARTÍNEZ (sic) y otra firma de rúbrica de ASISTENTE FISCAL 71, y que advierte que no aparece la firma del Fiscal 71 Seccional en esta diligencia en la cual, en su sentir, la hace nula.
A continuación manifiesta que el señor Fiscal 71 Seccional de Medellín le hace burla a la Constitución, a la Ley, al Código Penal, al Código de Procedimiento Penas, con la actuación surtida. Por lo cual teniendo en cuenta lo expuesto solicita se le dé cumplimiento a todo lo relacionado a la investigación conforme a la ley, el fallo del Consejo de Estado descrito y que obra en el proceso. A la vez que el señor Fiscal 71 Seccional nuevamente le ordene al señor ANTONIO JOSÉ GARCÍA BETANCUR rinda indagatoria y se le reciba para ello juramento de ley, haciéndole las preguntas que él mismo le propone en una especie de cuestionario.”
“…el doctor Augusto L. Berrio Castro en calidad de Fiscal 71º Seccional de la ciudad, informó que el 04 de mayo de 2012 el señor JOSÉ JOAQUÓN RODRÍGUEZ M. en extenso e inteligible escrito presentó derecho de petición al Fiscal 71 en el que solicita la práctica de algunas diligencias judiciales, en su condición de víctima. Casi al mismo tiempo presentó ante el Tribunal Superior de Medellín solicitud de amparo de tutela.
Anota, que en la misma fecha, 04 de mayo haciendo una depuración de las diligencias solicitadas en el derecho de petición, libró los oficios #3874 al Fosyga para que dieran respuesta a lo solicitado en ese numeral 1º. Igualmente, mediante oficio #3872 se requirió al ISS de Medellín para que enviaran a ese despacho copia de la historia laboral del señor Rodríguez Murillo, y certificación sobre la base de salarios mínimos que fue liquidada la pensión del petente en dicha institución, este que fue el punto que falta por aclarar y que fue objeto de denuncia penal. Aduce que al respecto está en espera de la respuesta de esas situaciones.
“Señala que el ciudadano cuestiona la diligencia de interrogatorio al indiciado porque solo se encuentra firmada por el asistente con funciones de policía judicial que la recepcionó Dra. Gloria Aldeny Alzate y no por el fiscal, situación que la hace nula. Por lo que opina, que ha habrá que darle a comprender al señor José Joaquín que la ley no exige la presencia del fiscal en dicha diligencia, pues el art. 282 del Código de Procedimiento Penal así lo faculta.”.
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, negó la protección de las garantías fundamentales, toda vez que (i) no se avizora superado el término para que la accionada responda el derecho de petición elevado por el accionante, (ii) la censura formulada puede ser debatida en su debido escenario procesal que le corresponde, y (iii) al actor se le han respetado sus derechos dada su condición de víctima que ostenta en el proceso penal que reprocha.
3. Enunciando similares consideraciones a las esbozadas den el libelo de tutela el accionante impugnó el fallo emitido por el Tribunal.
Es competente esta Sala para pronunciarse sobre la acción de amparo en los términos del Decreto 2591 toda vez que la Corte ostenta la calidad de superior funcional de la Sala que profirió la decisión de primera instancia.
La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional se ha ofrecido reiterada frente a la obligatoriedad que les asiste a las distintas autoridades judiciales de ofrecer una real participación a la víctima, en la toma de las distintas decisiones dentro de la actuación procesal penal. Ello, tiene su razón de ser en la posibilidad de que ejerza sus derechos fundamentales y obtenga su pleno restablecimiento; y es que no otra podría ser la lectura del artículo 11, principio rector de la Ley 906 de 2004; ello, obviamente sin desvertebrar –como lo tiene dicho la Sala- el carácter adversarial del sistema procesal penal:
“Derechos de las víctimas. El estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código…”.
En idéntico sentido ha venido señalando la Corte Constitucional1:
“…De los referentes normativos y los precedentes jurisprudenciales reseñados se extraen varios elementos que guiarán el análisis de constitucionalidad de los preceptos que regulan el alcance del concepto de víctima: (i) Conforme al texto constitucional, en desarrollo del principio de dignidad, del derecho de participación y del derecho a un recurso judicial efectivo, tienen acceso a la asistencia, al restablecimiento del derecho y a la reparación integral tanto las víctimas como los afectados con el delito (Art. 250.2 C.P.); (ii) la tendencia en el derecho internacional es la de definir la condición de víctima a partir del daño sufrido como consecuencia del crimen; (iii) esta Corporación tiene una jurisprudencia consolidada, que se constituye en precedente, conforme a la cual son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación las víctima y los perjudicados que acrediten un daño real, concreto y específico como consecuencia de la conducta criminal.
Por manera que, las víctimas tienen el pleno derecho a que se les garantice, por parte de las autoridades, Fiscalía y juez de conocimiento, el pleno ejercicio de sus derechos superiores de verdad, justicia y reparación.
No obstante, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, al rompe se advierte que resulta incuestionable que las pretensiones expuestas en la demanda carecen de vocación de prosperidad en esta sede; basta con tener en cuenta la posición que reiteradamente ha mantenido la Corte al sostener que este tipo de controversias no son susceptibles de ser debatidas a través del mecanismo de amparo, en la medida en que al interior de los respectivos procedimientos existen medios de defensa aptos para garantizar la observancia de los derechos fundamentales que la Carta Política consagra y reconoce a favor de los intervinientes en cada una de las actuaciones judiciales y administrativas.
En efecto, si la inconformidad del actor estriba en que el delegado de la Fiscalía General de la Nación que tiene a su cargo la dirección de la actuación que reprocha está incurso en alguna de las causales de impedimento que reconoce el artículo 56 de Ley 906 de 2004, bien puede enervar la correspondiente recusación en los términos que lo indica el artículo 63 ibídem.
Y es justamente el soporte de una tal prédica el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 3° del artículo 86 Superior cuando en su numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación ésta que no se evidencia en el presente evento luego de estudiar las piezas procesales allegadas a la actuación, máxime si se tiene en cuenta que el proceso penal que reprocha el accionante apenas se encuentra en su fase inicial y en el decurso del mismo cuenta con la posibilidad de incoar, entre otros, los mecanismos de defensa y contradicción que la ley y la jurisprudencia han reconocido a los intervinientes para la protección efectiva sus garantías.
Optando entonces por no utilizar los mecanismos de defensa a su alcance y mediante los cuales podía debatir las anomalías que en su criterio existían, no resuelta procedente ahora, a través de la acción de amparo, discutir aspectos propios del curso normal en proceso penal censurado por el actor.
Esta Corporación ha señalado en repetidas oportunidades que aceptar la intervención del juez constitucional en la órbita propia de los funcionarios a quienes el legislador ha atribuido determinadas competencias, equivale no sólo a desnaturalizar el carácter subsidiario y residual del mecanismo de amparo sino también a atentar contra los principios constitucionales de independencia y autonomía funcionales que informan el ejercicio de la administración de justicia.
Insiste la Sala: de admitirse la discusión que propone el demandante sería tanto como inmiscuirse el juez constitucional en asuntos que definitivamente son de la órbita de otras autoridades, lo que desnaturaliza su esencia.
1 C-516 de 2007.

References: artículo 23
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 86