Source: https://tc.vlex.es/vid/12-4-ba-stc-5-6-149-15033512
Timestamp: 2019-10-15 06:04:28+00:00

Document:
STC 95/1986, 10 de Julio de 1986 - Jurisprudencia - VLEX 15033512
STC 95/1986, 10 de Julio de 1986
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 744/1983
1. La Generalidad de Cataluña está ciertamente facultada para desarrollar una política agrícola propia (art. 12.1.4 del Estatuto, en relación con el art. 148 de la C.E.), orientada a la satisfacción de sus intereses peculiares en esta materia, pero sin olvidar que aquella acción política ha de moverse dentro de las orientaciones e intervenciones básicas y de coordinación que el Estado disponga para el sector agrícola en cuanto componente esencial del sistema económico general 2. La facultad de gasto público en manos del Estado «no constituye un título competencial autónomo» (STC 179/1985), que pueda desconocer, desplazar o limitar las competencias materiales que corresponden a las Comunidades Autónomas según la Constitución y los Estatutos de Autonomía; antes al contrario, el ejercicio de competencias estatales, anejo al gasto o a la subvención, sólo se justifica en los casos en que, por razón de la materia sobre la que opera dicho gasto o subvención, la Constitución o, en su caso, los Estatutos de Autonomía hayan reservado al Estado la titularidad de tales competencias. 3. Dentro de la competencia de la dirección de la actividad económica general tienen cobijo también las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector. 4. Se reitera anterior doctrina del Tribunal (STC 179/1985) en relación con el carácter artificioso que puede representar toda distinción entre lo básico y lo no básico cuando pretende aplicarse a «los preceptos integrantes de una medida que sólo puede ser considerada y aplicada como unidad». 5. Según ya se ha declarado, los Reales Decretos de traspaso de servicios «se limitan a transferir éstos, y no transfieren competencias» (STC 48/1985), por lo que no puede aceptarse que, al socaire de un convenio de colaboración, se arrogue el Estado un nuevo título competencial que menoscabe o elimine las atribuciones que, en esta materia, incumben a la Comunidad Autónoma, ni tampoco es admisible que, a merced de dicho convenio, ésta haya podido renunciar a unas competencias que son indisponibles por imperio constitucional y estatutario. 6. El reconocimiento de la competencia de la Generalidad de Cataluña no obliga, sin embargo, a declarar la nulidad de los preceptos que la desconocen, sino sólo su no aplicación directa en el territorio de la Comunidad Autónoma que ha planteado el conflicto. La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal, recogida en el art. 149.3 de la C.E., permite sostener la validez de aquéllos, si bien su aplicación o eficacia será supletoria o de segundo grado dentro del territorio de dicha Comunidad Autónoma.
Sentencia citada en: 157 sentencias, 48 artículos doctrinales, 21 disposiciones normativas, 16 resoluciones administrativas, una noticia
En el conflicto positivo de competencia núm. 744/1983 planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don Manuel M. V. M., en relación con determinados preceptos del Real Decreto 1932/1983, de 22 de junio, sobre ayudas a jóvenes agricultores para mejora de la explotación familiar y su instalación profesional. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y Ponente el Magistrado don Jesús L. V., quien expresa el parecer del Tribunal.
En el caso que ahora analizamos, las medidas -subvenciones y préstamos- contempladas en el Real Decreto demandan una regulación unitaria, porque, a salvo lo que más adelante se dirá, los distintos aspectos a que dicha regulación se refiere son otros tantos elementos indisociables de cada medida o, dicho de otro modo, son instrumentos necesarios para conseguir los fines de interés público que con ellas se persiguen. Así, junto a una regulación común a ambos tipos de medidas de fomento, en la que, de una parte, se identifica a sus posibles beneficiarios (art. 2), y, de otra, se fijan los fines a alcanzar con las mismas (arts. 3.12 y 13), el Real Decreto 1932/1983 establece el régimen jurídico a que han de sujetarse los préstamos que se otorguen, configurando los elementos esenciales de tales modalidades de préstamos, como son las Entidades financieras que pueden concederlos, los tipos de interés que han de abonarse, los plazos de amortización y las garantías exigibles para su concesión (arts. 4, 5, 6 y 7). Y de modo análogo opera el Real Decreto por lo que se refiere a las subvenciones (art. 8). Bien puede aceptarse, por tanto, que con esa regulación unitaria se definen y concretan los elementos básicos de las técnicas de incentivación agraria preconizadas por el legislador, garantizándose así no sólo la eficacia de las mismas, sino también la igualdad en el disfrute por parte de sus potenciales destinatarios. Todo lo cual confirma en este punto la legitimidad constitucional del Real Decreto 1932/1983.
No es ésta, sin embargo, la técnica adoptada en el caso de las subvenciones que ahora examinamos. Estas se nutren enteramente con fondos estatales cuya consignación presupuestaria corre a cargo del Servicio de Extensión Agraria, Organismo autónomo adscrito a la Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias del Ministerio de Agricultura, que coexiste con los servicios de igual denominación que han sido transferidos a las Comunidades Autónomas;concretamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1984, el citado Servicio de Extensión Agraria contó con una consignación cercana a los siete mil millones de pesetas (para gastos de capital y de funcionamiento), de los cuales algo más de mil ochocientos millones fueron destinados a las subvenciones previstas por el Real Decreto 1932/1983 para agricultores jóvenes. Así las cosas, y dejando de lado el hecho de que exista una duplicidad de Organismos -uno en la Administración del Estado y otros en las Administraciones autonómicas- que se ocupan de los mismos cometidos promocionales dentro del sector agrícola, es claro que las Comunidades Autónomas carecen de competencia para disponer de unos fondos que han quedado íntegramente centralizados en un Organismo autónomo del Estado, por lo que, cualquiera que fuese el juicio que tal centralización -efectuada en su momento y que aquí no es objeto de discusión- pudiera merecer, no cabe oponer tacha de inconstitucionalidad al art. 8 del Real Decreto que encomienda el otorgamiento de estas subvenciones estatales no descentralizadas a un solo órgano de la propia Administración del Estado, a saber, la Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias. Dando un paso más, se podría llegar a cuestionar si tiene sentido y es eficaz un sistema de subvenciones centralizadas a un sector económico como el agrícola que ha sido descentralizado y atribuido a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, cuestión que, sin embargo, no ha sido planteada por la Generalidad de Cataluña, lo que hace que no sea ésta la ocasión más propicia para su examen.
STSJ Castilla y León 2101/2010, 30 de Septiembre de 2010

References: Real Decreto 
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