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TEORIAS NEGOCIALES | Caso de ley | Estatuto de limitaciones
TEORIAS NEGOCIALES
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Publicado en Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 136, Enero 2010, Págs. 85-107
EL NEGOCIO JURIDICO Y SU AMBITO DE APLICACIÓN: ¿ES POSIBLE APLICAR EL ARTICULO 219 CC PARA SANCIONAR LA NULIDAD DE UN ACTO NOTARIAL? CUESTIONABLE CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA.
Alan Pasco Arauco ∑
La Resolución N° 2148-2007-CALLAO, emitida el día s iete de mayo de 2008 1 , aborda el tema de la nulidad de los actos notariales, y propone, de forma “innovadora”, que las reglas propias de la nulidad del acto jurídico, les sean plenamente aplicables a tales actos notariales.
De esta forma, la Corte Suprema no sólo da una muestra (más) de su desconocimiento sobre la naturaleza del negocio jurídico 2 y la disciplina de los actos notariales, sino que también genera incertidumbre y confusión entre los operadores jurídicos y los usuarios del sistema judicial en general.
En efecto, la Corte Suprema, al confundir nociones conceptuales y criterios de interpretación, termina aplicando determinadas normas para supuestos de la realidad que no encajan dentro de la fattispecie de aquellas (por ejemplo la aplicación del artículo 219
∑ Egresado de la Facultad de Derecho de la UNMSM. Asistente de docencia en Derecho Civil en dicha casa de estudios. Miembro del Taller de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro del Estudio De la Flor, García Montufar, Arata & Asociados.
1 Publicada en Diálogo con la Jurisprudencia. N°131 , año 15, Gaceta Jurídica, Lima, agosto, 2009. 2 Advertimos al lector que a lo largo de la presente investigación, cuando hagamos alusión al término “negocio jurídico”, nos estaremos refiriendo a lo que el Código Civil denomina incorrectamente acto jurídico; es decir, emplearemos ambos términos como sinónimos, pues no obstante ser conscientes de la abismal diferencia conceptual que existe entre ambos, estos resultan equivalentes en nuestro ordenamiento positivo, pues resulta evidente que el legislador ha tenido (y ello se observa en la construcción legal efectuada) la intención de reglamentar la figura del negocio jurídico como acto vinculante de privada reglamentación de intereses, si no que, por un perjuicio lingüístico, ha acogido el término de origen francés “acto jurídico” por respeto a la tradición formativa de todos los integrantes de las Comisiones que elaboraron nuestro actual Código Civil (sostenemos esto siendo plenamente conscientes de que el negocio jurídico como categoría legislativa en el Perú no existe). Para convencernos de lo dicho, basta citar las líneas escritas por IRINA LUCIDI: “Otro país sudamericano cuyo legislador ha adoptado la categoría en cuestión es Perú. El nuevo Código Civil peruano de 1984 le dedica nada menos que diez títulos (arts. 140-232). El artículo 140 formula una definición clásica, enumerando al mismo tiempo, y esto constituye un punto original, los requisitos de validez del negocio jurídico (para su validez se requiere: persona capaz de obrar; objeto posible; fin lícito; y observancia de la forma prescrita) (LUCIDI, Irina. “La recepción del negocio jurídico en otros países”. En: Atlas de Derecho Privado Comparado. Coordinador Francesco Galgano. Traducción de Juan Antonio Fernández Campos. Fundación Cultural del Notariado. Madrid. 2000. Pág. 128). En el mismo sentido se ha dicho que: “El término “Rechtsgeschaf” (negocio jurídico), a pesar de ser uno de los términos centrales del BGB, no fue definido en el mismo, a diferencia, por ejemplo, del Código brasileño de 1916 con su definición del “ato jurídico” en el artículo 81 o del Código Civil peruano con su definición del “acto jurídico” en su artículo 140 CC. Podemos apreciar que estas definiciones que brindan los Códigos latinoamericanos son muy similares a la definición del “Rechtsgeschaft” que encontramos en los materiales del BGB, basada a su vez en Savigny. Por eso, no nos debe importar que “acto jurídico” no sea la traducción literal de “Rechtsgeschaft”, porque no importa la etiqueta sino el contenido” (SCHMIDT, Jan Peter. “La teoría del negocio jurídico en Alemania hoy: ¿Qué se entiende por negocio jurídico?”. En: Revista Jurídica del Perú. Año LVI. N°67. Abril – Junio. 2006. P ágs. 36 Al respecto también puede verse la vasta investigación realizada por: LEON HILARION, Leysser. “Las malas lecturas y el proceso de Codificación Civil en el Perú. El acto jurídico, el negocio jurídico y la historia de una confusión”. En: El sentido de la codificación civil. Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano. Prólogo de Paolo Grossi. 1ª. Edición. Editorial Palestra. Lima. 2004.
CC), y por otra parte, deja de lado normas cuya aplicación sí era la correcta para tales hechos fácticos.
La presente investigación, tomará como pretexto la lamentable resolución emitida por la Corte Suprema, para avocarse de lleno a esclarecer (en la medida de lo posible) el concepto de negocio jurídico que es manejado actualmente por la doctrina más autorizada, no sin antes llevar adelante un breve pero informado recorrido sobre las distintas nociones que se han manejado sobre el negocio jurídico a lo largo del tiempo.
Esta tarea, encaminada a “descifrar” el concepto de negocio jurídico acorde con nuestro sistema jurídico, es importante para evitar incurrir en los errores en los que comúnmente tropiezan nuestros jueces, quienes no sólo no tienen claro qué debe entenderse por negocio jurídico, sino que muchas veces manejan concepciones antojadizas y arbitrarias, que no son propias de un análisis serio de las instituciones jurídicas.
Esta fundamental tarea de definir al negocio jurídico, de forma correlativa con la opción asumida por el derecho positivo, ha sido puesta de relieve por un sector autorizado de la doctrina italiana: “El problema – está bien tenerlo presente – no es solamente de sistematización y mucho menos verbal. Creo que ya nadie adscribiría la opinión de Windscheid de que cualquiera está autorizado a dar al concepto de negocio jurídico la figura que le parece más acorde, con tal que no se cometa un incongruencia del lenguaje, y que por tanto, en rigor, no se debería decir: negocio jurídico es esto o aquello, sino por negocio yo entiendo esto o aquello. Ahora el concepto no es más solamente científico, como tal vez y, de todos modos, hasta cierto punto, fue desde el principio: él ha ingresado, explícitamente o implícitamente, con su denominación o sin ella, en el derecho positivo, por más que haya sido de un modo poco preciso. La tarea del jurista es por lo tanto, aquella de precisar el concepto de negocio jurídico, pero no de forma arbitraria: él debe partir desde el punto de vista del derecho positivo, el cual a los negocios otorga una serie de principios que en cambio no están referidos a los actos no negociales y viceversa” 3 (el énfasis es nuestro).
Una vez definido el negocio jurídico y establecida la forma como éste debe ser entendido de acuerdo con nuestro sistema jurídico, nos ocuparemos sobre la naturaleza de los actos notariales, y analizaremos si ésta comparte algo en común con la naturaleza del negocio jurídico. Finalmente, una vez que tengamos los conceptos claros, analizaremos la posibilidad de aplicar, de forma extensiva, las reglas propias del negocio jurídico (reglas tales como las que regulan la nulidad de los negocios jurídicos) a los actos notariales, lo cual es precisamente lo que ha hecho la Corte Suprema.
Sólo queda por decir, de que sea cual fuere el sentido o la orientación de nuestras conclusiones, nos comprometemos a argumentar lo mejor posible a favor de cada una de ellas, pues somos conscientes que “la argumentación es un ingrediente fundamental de la experiencia jurídica prácticamente en todas sus facetas (judiciales, legislativas, forenses, dogmáticas, etc.)” 4 , a pesar de lo cual, somos también conscientes que “el Derecho no
3 ROMANO, Santi. “Autonomía”. En: Frammenti di un Dizionario Giuridico”. Dott. A. Giuffré Editore. Milano.
1983. Pág. 5.
ATIENZA, Manuel. Las Razones del Derecho. Teoría de la argumentación jurídica. 2ª. Edición. Editorial Palestra. Lima. 2004. Pág. 16
puede reducirse, sin más, a argumentación (…) porque, en definitiva, el Derecho no es únicamente una fábrica de razones” 5
II. LOS HECHOS Y LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
Los hechos que motivaron la sentencia materia de comentario, fueron los siguientes: una persona demanda prescripción adquisitiva de dominio. La demanda fue declarada fundada, sin embargo, por diversas razones operativas hubo una demora para poder inscribir el derecho de propiedad de la demandante. Por ello, cuando acudió a Registros Públicos para la inscripción, se dio con la sorpresa de que una de las que había sido demandada en el proceso judicial sobre prescripción adquisitiva, había logrado inscribir su derecho de propiedad sobre el inmueble, en razón a un procedimiento notarial de declaración de prescripción adquisitiva iniciado posteriormente a la sentencia judicial que le había dado la razón.
La singularidad de ese procedimiento notarial fue que la solicitante (perdedora del proceso judicial) no había notificado a su contraparte que ya había ganado en el proceso judicial, cuando estaba obligada a hacerlo, por disposición del artículo 5 de la Ley N° 27333, Ley Complementaria a la Ley N° 26662, Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones, norma la cual establece expresamente lo siguiente:
“El procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio previsto en el Artículo 21 de la Ley N°27157 se tr amitará, exclusivamente, ante el Notario de la provincia en donde se ubica el inmueble, verificándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 950 del Código Civil, de acuerdo con el siguiente trámite:
(…) d) Sin perjuicio de las publicaciones antes mencionadas, el Notario notificará a los interesados y colindantes cuyas direcciones sean conocidas y colocará carteles en el inmueble objeto del pedido de prescripción adquisitiva de dominio.
(…) g) Si existe oposición de algún tercero el Notario dará por finalizado el trámite comunicando de este hecho al solicitante, al Colegio de Notarios y a la oficina registral correspondiente”
De esta forma, al no haberse notificado debidamente a la parte demandante que obtuvo la victoria en el proceso judicial sobre prescripción adquisitiva, se vulneró su derecho de oposición en el referido procedimiento notarial.
Siendo este el escenario, se aprecia un evidente fraude procedimental que acarrea, sin duda alguna, la nulidad del acto notarial por el que se declara la prescripción adquisitiva. Frente a tal situación, corresponde determinar cómo impugnar dicho acto que se encuentra viciado, al haberse omitido notificar a una persona cuya participación en el procedimiento notarial hubiese producido la finalización del trámite sin declaración sobre el fondo; lo que en buena cuenta hubiese llevado a desestimar el pedido de la solicitante.
5 Ibíd. Pág. 17.
En el presente caso, la demandante, de manera errónea, encausó su pretensión como una de nulidad de acto jurídico, sustentándola en el supuesto de nulidad absoluta por simulación. Las instancias, ahondando en el error, cambiaron la pretensión, en aplicación del principio iura novit curia 6 , por la causal de nulidad por fin ilícito y ello fue confirmado por la Corte Suprema.
Esto demuestra, como ya señalamos líneas arriba, el desconocimiento de la Corte Suprema acerca de la noción de negocio jurídico, su naturaleza jurídica y el radio de acción al cual se pueden aplicar las reglas que lo componen.
III. EL ORIGEN DE NEGOCIO JURIDICO: CONCEPCION VOLUNTARISTA
Pocos temas han sido objeto de disertación por parte de los estudiosos del derecho de forma tan amplia como la concepción del negocio jurídico. Tal es así que desde inicios del siglo XIX, hasta nuestros días, numerosos e ilustres autores se han ocupado de lleno del arduo problema.
Sin embargo, sería una equivocación considerar que dicha labor doctrinal, haya logrado obtener resultados definitivos o cuando menos satisfactorios en esta materia; “la verdad es que si las principales concepciones que se han propuesto sobre el negocio son apreciadas dese una óptica libre de prejuicios, no se tarda en reconocer, por el contrario, que ellas dejan el área en cuestión plenamente expuesta a graves dudas y dificultades” 7
Y prueba de ello es la concurrencia, en el tiempo, de una serie de teorías que en su
momento definieron al negocio jurídico, pero que con el paso de los años y ante la aparición de nuevos postulados, fueron siendo dejadas de lado, al no haber podido captar
la esencia del negocio jurídico (muchas veces por no desprenderse, tales teorías, de los
prejuicios y apriorismos que se ciernen sobre la figura del negocio jurídico).
Sobre el particular, el ilustre jurista Santi Romano señala con acierto que “(…) es interesante notar que así como la distinción entre actos negociales y actos no negociales, no ha permanecido ignorada, esta distinción, en la literatura italiana y extranjera, ha sido formulada con criterios dispares, del todo inciertos, y frecuentemente arbitrarios, de modo
6 Sobre la aplicación del iura novit curia, somos de la opinión que si bien existe el deber del Juez de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, aquél debe ejercitarse sin menoscabar el derecho de defensa de las partes; esto quiere decir que el Juzgador no debe proceder unilateral e imprevisiblemente, pues de lo contrario el iura novit curia se convertirá en un instrumento para agraviar el debido proceso. Lamentablemente, esto fue lo que precisamente ocurrió en el caso que comentamos: se aplicó el iura novit curia en claro perjuicio de una de las partes. La parte perjudicada (demandada) planteó su defensa en función de disposiciones legales invocadas al momento de interponerse la demanda, no obstante, aquellas no fueron reconducidas oportunamente, con lo que se vulneró groseramente el derecho de defensa de la parte demandada. Al respecto, se puede ver: TAIPE CHÁVEZ, Sara. “Algunas reflexiones sobre el iura novit curia”. En: Actas del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal. Fondo de desarrollo editorial de la Universidad de Lima. Lima. 2002. Págs. 206-216; así también en: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 124. Gaceta Jurídica. Lima. Enero. 2009. Págs. 218-222. En el mismo sentido ver: TAIPE CHÁVEZ, Sara “El Juez puede resolver por una causal de nulidad de acto jurídico no invocada en la demanda. Cuestionable aplicación del iura novit curia”. En: Diálogo con la Jurisprudencia.
N°132. Gaceta Jurídica. Lima. Septiembre. 2009. Pá gs. 186-190.
SCONAMIGLIO, Renato. Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico. Edición, traducción y notas de Leysser León. Prólogo de Pietro Rescigno. 1ª. Edición. Editorial Grijley. Lima. 2004. Pg. 2
que no sólo no se delinea todavía una communis opinio, sino que, por el contrario, se perfilan una serie de teorías, llena de contradicciones la una con la otra” 8
Entre las distintas teorías o concepciones que se han plateado sobre el negocio jurídico, y a las cuales aludía Santi Romano, encontramos por ejemplo: la concepción voluntarista, la concepción de la autorreglamentación de intereses, la concepción del ordenamiento privado autónomo, la concepción de la norma jurídica privada, la concepción del acto vinculante de privada reglamentación de intereses, entre otras concepciones que desarrollaremos a continuación.
Para llevar adelante, de forma prolija, un excursus histórico de tales concepciones sobre el negocio jurídico, debemos partir por la doctrina alemana; y de este “deber” ha dado cuenta un sector autorizado de la doctrina nacional: “El negocio jurídico, como el contrato y la responsabilidad civil, es una institución afortunada en cuanto a investigaciones, pero estas han tenido como pauta el haberse nutrido de la con todo preciosa bibliografía proveniente de Italia. Y la bibliografía italiana, a pesar de los esfuerzos de Giovanni Battista Ferri, y de lo que queda de la Escuela de Mesina, ahora representada por Vincenzo Scalisi, puede generar más confusiones que certezas” por ello “(…) el estudio del negocio jurídico y las bases para su defensa, sólo pueden sernos brindados por la doctrina germana” 9
En el mismo sentido, sobre la paternidad que la doctrina alemana tiene sobre el negocio jurídico, Battista Ferri ha señalado que “la elaboración del concepto de negocio jurídico, en el ámbito de los hechos jurídicos, constituye ciertamente uno de los aportes más importantes que la cultura alemana ha legado al pensamiento jurídico moderno (…); por ello la paternidad del negocio jurídico debe atribuirse a la cultura alemana” 10
En virtud a ello, comenzaremos por indagar el concepto de negocio jurídico en la doctrina alemana.
La concepción originaria o primigenia que surgió en Alemania, es denominada concepción voluntarista y fue planteada en un primer momento por Savigny 11 . Según esta teoría, “que puede considerarse clásica, y que coincide con la noción original de la figura, el negocio
8 ROMANO, Santi. “Autonomía”. En: Frammenti di un Dizionario Giuridico”. Dott. A. Giuffrè Editore. Milano.
1983. Pág. 4.
LEON HILARIO, LEYSSER. “Vigencia y papel central del negocio jurídico en la parte general del derecho civil”. En: El sentido de la codificación civil. Op. Cit. Pág. 117. 10 BATTISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. Traducción y notas de Leysser León. 1ª. Edición. Ara Editores. Lima. 2002. Págs. 59 – 62. En el mismo sentido se ha dicho que “la teoría del negocio jurídico es vista por muchos como la conquista más sobresaliente de la ciencia pandectista alemana del siglo XIX. Al mismo tiempo esta teoría fundó la fama mundial de la ciencia jurídica alemana y se convirtió en una de sus mejores productos de exportación” (SCHMIDT, Jan Peter. “La teoría del negocio jurídico en Alemania hoy:
¿Qué se entiende por negocio jurídico?”. En: Revista Jurídica del Perú. Año LVI. N° 67. Abril – Junio. 2006. Págs. 33-47.
SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema de Derecho Romano Actual. Traducido del Alemán por Charles Guenoux. Vertido al castellano por Jacinto Mesía y Manuel Poley. Prólogo de Manuel Durán y Bas. Editorial Comares. Granada. 2005
consiste, esencialmente, en una declaración de voluntad” 12 dirigida a crear, regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas 13 .
Antes de llegar a una definición sobre el negocio jurídico, Savigny parte del análisis de lo que entiende por hecho jurídico, y partir de allí define al negocio jurídico:
“Llamo hechos jurídicos a los acontecimientos en virtud de los cuales las relaciones de derecho nacen y terminan. Todos estos hechos tienen por carácter común entrañar con el tiempo un cambio de las relaciones de derecho entre personas determinadas” 14
Estos hechos jurídicos "pueden proceder: a) de actos libres de la persona interesada; b) de circunstancias accidentales.
En cuanto a los actos libres, la voluntad del agente es susceptible de dos modos de actividad: a) puede tener por objeto inmediato formar o destruir la relación de derecho, aún cuando esto no sea sino un medio de conseguir un fin ulterior no jurídico; y entonces se llama a los hechos de esta especie manifestaciones de voluntad 15 (por ejemplo, el que compra una casa acepta con conocimiento de causa una relación jurídica que le crea derechos y obligaciones, pero no es para él sino un medio, ya de habitarlo, ya de realizar un beneficio arrendándolo o vendiéndolo de nuevo); b) puede tener directamente por objeto un fin no jurídico, de suerte que los efectos jurídicos aparezcan a la conciencia como subordinados (por ejemplo, el cazador que persigue un animal quiere gozar del
12 SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 4
13 Esta concepción clásica o voluntarista del negocio jurídico también fue asumida en Italia por Giusseppe Stolfi, quien definió al negocio jurídico como “la manifestación de voluntad de una o más partes con miras a producir un efecto jurídico, es decir, el nacimiento, la modificación de un derecho subjetivo o bien su garantía o su extinción”: STOLFI, Giusseppe. Teoría del negocio jurídico. Traducción y notas del Derecho Español por Jaime Santos Briz. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. Pág. 1. Cabe señalar que si bien en la definición original planteada por Savigny se habla de declaración de voluntad, mientras que Stolfi se refiere a la manifestación de voluntad, este último explica tal distinción de la siguiente forma: “La manifestación, observémoslo en seguida, es designada más propiamente declaración cuando no es perfecta hasta que no es cotejada con otra persona; así, mediante el testamento el testador manifiesta la voluntad de disponer de su patrimonio, ya que el acto “mortis causa” para considerarse perfecto no es necesario llegue a conocimiento de otras personas, y, por el contrario, se dice que los contratantes declaran su voluntad propia porque el contrato supone que cada uno de ellos manifiesta su intención a la otra parte. Pero esto no impide que a menudo las dos palabras se utilicen como sinónimos” (STOLFI, Giussepe. Op. Cit. Pág. 6). No obstante, con esta diferenciación que hace el jurista italiano, entre declaración y manifestación de voluntad, parecería que lo que en realidad está distinguiendo son los negocios jurídicos recepticios de los no recepticios. Esta confusión entre los términos declaración y manifestación de voluntad, ha sido atribuido una mala traducción del término alemán WillensauBerung, que significa declaración de voluntad: “Como si fuera poco, Mesía y Poley, al decidir inspirarse en la versión francesa, traducen “manifestación de voluntad (WillensauBerung, en alemán) donde dice realmente “declaración de voluntad” (Willenserklarung). Quienes conozcan la materia saben, perfectamente, que estas voces no tienen el mismo significado; es más, el de la primera comprende al de la segunda” (LEON HILARIO, Leysser. Las Malas lecturas y el proceso de codificación en el Perú. Op. Cit. Pág.
SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema de Derecho Romano Actual. Traducido del Alemán por Charles Guenoux. Vertido al castellano por Jacinto Mesía y Manuel Poley. Prólogo de Manuel Durán y Bas. Editorial Comares. Granada. 2005. Pág. 350.
En adelante, cada vez que citemos palabras de Savigny, y hagamos alusión al término “manifestación de voluntad”, debe leerse en realidad “declaración de voluntad”, ya que ésta era la terminología empleada por el maestro alemán para definir al negocio jurídico (“el negocio jurídico es la declaración de voluntad…”). Sin embargo, como ya señalamos en la nota precedente, los encargados de traducir al maestro alemán al español, tradujeron “manifestación de voluntad” allí donde decía declaración de voluntad. La aclaración está hecha.
placer de la caza y aun comer el animal o venderlo; lo mismo sucede con la ocupación como medio de adquirir la propiedad), o no aparezcan en absoluto (el que me roba, no se propone ciertamente constituirse en deudor mío ex delito. Este acto, también accidental para mí y el ladrón)” 16 (el énfasis es nuestro)
De esta forma, para Savigny, “deben entenderse como manifestaciones de voluntad o negocio jurídico la clase de hechos jurídicos que no sólo son actos libres, sino que según la voluntad del agente tienen como fin inmediato engendrar o destruir una relación de derecho” 17
Esta preponderancia que Savigny le otorga a la voluntad se pone de manifiesto una vez más cuando señala que “la base de toda manifestación de la voluntad es la existencia de la voluntad misma (…) la manifestación traduce el hecho interno de la voluntad en caracteres exteriores y visibles.
La manifestación puede también ser expresa o tácita. En efecto, la voluntad misma como hecho interno, no podía darse a conocer sino valiéndose de la mediación de un signo sensible exterior, y para esto hay dos modos. De ordinario, el signo sensible tiene únicamente por fin expresar la voluntad” 18 . (El énfasis es nuestro)
De esta forma, la declaración de voluntad supone necesariamente la existencia del elemento volitivo concordante con la declaración 19 .
En igual sentido se pronuncia Von Tuhr, quien sobre el particular señala lo siguiente:
“(…) los actos lícitos, cuyo efecto se produce en el derecho privado, se pueden designar con el término general de actos jurídicos. Entre ellos, tiene particular relieve una subespecie que la ciencia del derecho común, y de acuerdo con ello, el Código Civil, separan con el nombre de negocio jurídico. Falta un término técnico para designar a los actos lícitos que no son negocios, se suele llamarlos actos en oposición a negocios. El concepto de acto jurídico se refiere a numerosos y muy distintos casos sobre cuya sistematización y reglamentación no hay uniformidad de criterio” 20
Una vez ubicado al negocio jurídico dentro del esquema general de los hechos jurídicos, el autor señala que “todos los actos, inclusive los negocios, pueden ser apreciados en su conjunto si se les clasifica atendiendo a su contenido psicológico; en efecto, ellos son manifestaciones: de voluntad, de un conocimiento o de un sentimiento 21 .
Definido el negocio jurídico como manifestación de voluntad, VON TUHR se ocupa primero de señalar lo que entiende por manifestación de voluntad:
16 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema de Derecho Romano Actual. Op. Cit. Pág. 351.
Ibíd. Pág. 394.
19 “Todo negocio supone, por consiguiente, 3 elementos que debe tenerse en cuenta: la voluntad en sí misma, su manifestación y la conformidad entre los dos términos anteriores” (SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema de Derecho Romano Actual. Op. Cit. Pág. 394)
Ibíd. Pág. 458.
21 Ibid. Pág. 10.
“Las manifestaciones o declaraciones de voluntad son actos de los cuales se desprende que el agente procura un resultado (modificación o conservación de un estado de derecho, o de hecho) y considera posible que éste se realice como consecuencia de su voluntad.
Entre estas manifestaciones de voluntad, las más importantes son aquellas que procuran un efecto jurídico, esto es, la modificación del estado jurídico existente. Esas manifestaciones, solas, junto con otras, o junto con hechos jurídicos, integran el factum del negocio jurídico” 22 (el énfasis es nuestro).
En consecuencia, “el negocio jurídico es el instrumento que utilizan las partes para reglamentar sus relaciones jurídicas dentro del límite que la ley les permite. La modificación del estado jurídico es siempre el objeto del negocio y también es su efecto, si se lo realiza válidamente. En el negocio, la consecuencia jurídica se halla en relación de dependencia esencial con el contenido de la declaración 23 . El Código Civil llamada declaraciones de voluntad a las manifestaciones que integran el factum del negocio jurídico” 24
Sin embargo, esta teoría sostenida por Savigny y Von Tuhr (y que podría resumirse diciendo que el negocio jurídico es la voluntad manifestada productora de efectos jurídicos) ha sido duramente criticada por la doctrina, la cual no ha dudado en señalar que “la sola enunciación de esta definición (identificar negocio jurídico con declaración de voluntad) impone plantear, a renglón seguido, algunas cuestiones que están estrictamente ligadas con ella (…) En primer lugar el problema de interés práctico más importante es aquel que surge cuando existe una divergencia entre la voluntad interna y la declaración:
tal problema consiste en establecer si en esta hipótesis se debe proteger la voluntad negocial o la confianza ajena, y en qué medida. En segundo lugar, se presenta una cuestión de relevante interés teórico: la de establecer si el propósito debe estar dirigido hacia el efecto jurídico o si es suficiente, por el contrario, un propósito práctico o empírico. Por último, está el grave problema dogmático de determinar si los efectos jurídicos son producidos por la voluntad del particular o por la ley; en este último supuesto, la voluntad interna quedaría degradada al nivel de mera condición de los efectos” 25 .
Por ende, “llegados a este punto, para considerar satisfactoria la configuración del negocio jurídico como declaración de voluntad, habría que obtener – como bien se entiende – soluciones unitarias y coherentes de los tres problemas que se acaban de plantear. Sólo que la doctrina jamás lo ha conseguido: por el contrario, es indiscutible que los autores, incluso en relación con cada una de las citadas cuestiones, no han llegado nunca, a pesar de sus esfuerzos, a lograr una suficiente base de concordancia. Siendo así (…) se tiene que considerar intrínsecamente viciada una teoría que no es capaz de
22 Ibid. Pág. 97.
23 La modificación del estado jurídico, que se procura con el negocio, puede también consistir en que no se produzca una modificación que el agente podría realizar. Por tanto, el rechazo de la oferta y la negación de la aprobación (sobre renuncia a los derechos de aceptar y probar) deberían ser considerados, en opinión del citado autor, como negocios jurídicos.
VON TUHR, Andreas. Op. Cit. Pág. 97
SCONAMIGLIO. Op. Cit. Pág. 4.
superar sus dificultades internas con la solución de los problemas que ella misma plantea” 26
En este mismo sentido, doctrina nacional ha señalado que “esta definición adolece de cuatro defectos. El primer defecto de esta teoría jurídica es su falta de una noción unitaria del negocio jurídico. En esta teoría jurídica existen dos nociones diferentes. Por un lado, se considera a la declaración de voluntad (negocio jurídico) como un medio para la exteriorización de un hecho psicológico (voluntad) y por otro lado, se concibe a la declaración de voluntad (negocio jurídico) como la conjunción de la voluntad y la declaración como los dos elementos negociales. El segundo defecto es que la expresión “declaración de voluntad” denota una situación de ambigüedad semántica por la imprecisión de su significado. El tercer defecto es la aplicación del “criterio de la producción de los efectos jurídicos queridos” en la definición del negocio jurídico como declaración de voluntad dirigida a un efecto jurídico. Este criterio produce un círculo cerrado: el derecho quiere aquello que las partes quieren, las partes quieren aquello que el derecho quiere. Como consecuencia de esta aseveración, esta noción deja de lado la atribución del ordenamiento jurídico en la calificación de los efectos jurídicos en razón del simple “reconocimiento de las consecuencias jurídicas deseadas por los particulares» por parte del Derecho positivo”. Esta crítica es perfectamente aplicable a la noción francesa del “hecho jurídico voluntario lícito con manifestación de la voluntad psicológica de obtener obligaciones”. Y el cuarto defecto es que la definición del negocio jurídico como declaración de voluntad se confunde con los demás actos jurídicos en sentido estricto. En el ejemplo propuesto, las definiciones del jurista alemán resultan insuficientes para determinar una diferencia precisa entre el negocio jurídico y el acto jurídico en sentido estricto. Inclusive un acto jurídico ilícito podría ser considerado negocio jurídico por la exclusiva relevancia de la declaración de la voluntad” 27 .
IV. EL NEGOCIO JURIDICO COMO SUPUESTO DE HECHO
26 Ibíd. Pág. 5. 27 MORALES HERVIAS, Rómulo. “Código Civil de 1936 y doctrina peruana: recepción de la teoría general del negocio jurídico. En este mismo sentido, se puede ver: NEGRI, Héctor. “Negocio Jurídico en la Doctrina Germano-Italiana”. En: Enciclopedia Jurídica OMEBA. Obras Magistrales de la Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. Buenos Aires. 1965. Pág. 244; GALGANO, Francesco. “Teorías e Ideologías del Negocio Jurídico”. En:
Metodologías y Derecho Privado. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Traducción de Mariano Maresca de la versión publicada en Categorie Giuridiche e Rapporti Sociali. Il Problema del Negozio Giuridico. A cura de Cesare Salvi. Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Granada. Nº 22. 1982. Págs. 49-50; GALGANO, Francesco. El Negocio Jurídico. Traducción realizada por Francisco de P. Blasco Gascó y Lorenzo Prats Albentosa de la Primera Edición Italiana. Tirant lo blanch. Valencia. 1992. Págs. 41-43; TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. “La Necesidad de Abandonar la Concepción Clásica del Acto Jurídico. En:
THEMIS. Revista de Derecho. Editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Segunda Época. Nº 30. 1994. Pág. 62; LA HOZ TIRADO, Ricardo. “Negocio Jurídico y Declaración de Voluntad”. En: Revista de Jurisprudencia Peruana. Lima. Año XXI. Mayo. 1963. Pág. 549; DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio Jurídico. Reedición de la Segunda Reimpresión de la Edición original de 1971. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1985. Pág. 22; PALACIOS MARTINEZ, Eric Moisés. “Algunos Apuntes Dogmáticos sobre el Concepto de Negocio Jurídico”. En: THEMIS. Revista de Derecho. Editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Segunda Época. Nº 30. 1994. Pág. 69: “Con ello queda claro la insuficiencia de la definición en tanto se constate que la declaración de voluntad no es propia tan sólo de los negocios jurídicos. Piénsese en la interpelación y en la oferta como ejemplos claros de actos no negociales con declaración de voluntad”.
Ante las críticas a la visión voluntarista del negocio jurídico, surge otra teoría jurídica, denominada teoría de la fattispecie 28 o del supuesto de hecho 29 , sostenida por ZITELMANN, quien propone, por vez primera, luego de amplias investigaciones psicológicas, la distinción entre la voluntad del acto material o voluntad inmediata y la voluntad consciente del efecto del acto (intención, propósito).
De esta forma, “la declaración de voluntad dirigida, por su esencia, a producir una adecuada representación en otro sujeto, constituye – para el ilustre autor – además de una acción voluntaria, el medio para la realización de la intención del declarante, la manifestación de tal intención” 30 .
Así, “mediante la declaración de voluntad se provoca en el mundo real, con el suscitarse, en otros sujetos, de las adecuadas representaciones, la cooperación de estos para el resultado querido; lo mismo ocurre para el derecho en el caso de los negocios jurídicos. El derecho dice al sujeto: “dado que nadie más, sino yo, pudo ayudarte, dime lo que quieres y lo tendrás”; así, el derecho adopta la declaración de voluntad y eleva el propósito de las partes, y la declaración de este propósito, al nivel de elementos esenciales del negocio” 31 .
Prosigue el jurista alemán, señalando que “al adoptar la declaración de voluntad, el derecho extiende, luego, la capacidad causal de las partes: pero es siempre la ley, y no la voluntad, la que crea los efectos, así como la relación de causalidad entre el negocio y los mismos (…) El negocio constituye la fattispecie de los efectos queridos por las partes, la cual, empero, no coincide siempre con la declaración de voluntad, pues a veces la ley postula que son necesarios ulteriores elementos para la producción de dichos efectos”, de tal forma “se puede hablar de negocio, sea en sentido estricto, para indicar la declaración
28 Sobre el término fattispecie se ha dicho lo siguiente: “La palabra es un poco extraña, pero interesante. Su ascendiente latina se podía descomponer en: facti (del hecho) specie (imagen). Fattispecie significa, entonces, la imagen de un hecho, es decir, el diseño, el bosquejo de una situación, que viene descrita sólo con alguna señal típica, y que puede ser reconocida en tantas situaciones concretas. Del mismo modo, por ejemplo, si ofrezco un puesto de trabajo, puedo indicar el “tipo” de persona que quisiera contratar (“contador, máximo de 30 años, con experiencia en prácticas tributarias, etc.”) y así describir una imagen que puede corresponder, en concreto, a tantas particulares personas que tienen aquellos requisitos. Por esto, se habla, frecuentemente, de fattispecie abstracta para indicar que se trata de la situación tipo descrita por la norma, y no de este o de aquel hecho concreto. Por el contrario, se denomina fattispecie concreta la situación práctica en que la regla se aplica: aquella situación concreta, es decir, en que reconocemos las señales indicadas por la norma. Por ejemplo, la fattispecie abstracta de la “actividad peligrosa” descrita en el artículo 2050, se podrá reconocer, en concreto, en la actividad del señor Tal, que su tiende de artículos para campamento tiene un tanque de gas para la recarga de los recipientes para quienes practican el campamento” (Paolo ZATTI y Vittorio COLUSSI. Lineamenti di Diritto privato. Nona edizione. CEDAM. Padua. 2003. Pág. 17)
29 El supuesto de hecho, traducción al español del término fattispecie, ha sido definido por autorizada doctrina alemana como “el conjunto de requisitos precisos para que se produzca un efecto jurídico (nacimiento, extinción o modificación de una relación jurídica). Entre supuesto de hecho y efecto jurídico existe la relación de fundamento y consecuencia. Esto conduce a una división del supuesto de hecho, de suerte que cabe distinguir entre el supuesto de hecho conjunto, que como concepto más estricto, es el fundamento del efecto jurídico, y los simples presupuestos para que concurran los efectos. Así ocurre, en particular, en el supuesto de hecho negocial” (LEHMANN, Heinrich. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Traducción de la última edición alemana con notas de Derecho español por José M. a. Navas. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1956. Volumen I. Pág. 195).
30 ZITELMANN. Irrthum und Rechtsgeschäft. Leipzig. 1879. Pág. 241. Citado en SCOGNAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 43.
ZITELMANN. Irrthum und Rechtsgeschäft. Leipzig. 1879. Pág. 243. Citado en SCOGNAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 43.
de voluntad, sea en sentido amplio, para comprender la entera fattispecie; hay que propender, empero, y según el lenguaje común, al primer significado de la expresión” 32
En este mismo sentido se pronuncia ENNECCERUS 33 , quien define al negocio jurídico como el supuesto de hecho que contiene una o varias declaraciones de voluntad y que el ordenamiento jurídico reconoce como base para producir el efecto jurídico calificado de efecto querido.
En igual sentido, LEHMANN 34 especificaba al negocio como el supuesto de hecho cuya parte constitutiva esencial estaba integrada por una o más declaraciones de voluntad, y cuyos efectos se determinaban de acuerdo con el contenido de estas declaraciones. De esta manera se identifica al negocio jurídico como el supuesto de hecho complejo resultante de todos los elementos necesarios para sus efectos jurídicos:
“(…) el negocio jurídico es un supuesto de hecho cuya parte constitutiva esencial está integrada por una o más declaraciones de voluntad, y cuyos efectos se determinan de acuerdo con el conjunto de estas declaraciones” 35
Como se puede apreciar, esta teoría jurídica cambia radicalmente la visión voluntarista de la primera teoría jurídica alemana hacia una noción científico jurídica (en forma parcial). El ordenamiento jurídico atribuye efectos jurídicos a la declaración de la voluntad: el comportamiento de los sujetos sociales al realizar intercambios de bienes y de servicios es contemplado en el supuesto de hecho de la norma jurídica para la calificación jurídica por parte del Derecho positivo. Es decir, el negocio jurídico definido como supuesto de hecho y por consiguiente como elemento de la norma jurídica, adquiere una dimensión diferente de la definición savigniana, toda vez que se se está tomando en cuenta, sin quererlo, el rol valorativo del derecho de las diferentes conductas de los individuos en una sociedad en particular.
32 ZITELMANN. Irrthum und Rechtsgeschäft. Leipzig. 1879. Pág. 288. Citado en SCOGNAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 45.
ENNECCERUS, Ludwig. KIPP, Theodor y WOLFF, Martín. Derecho Civil (Parte General). En: Tratado de Derecho Civil. Nacimiento, Extinción y Modificación de los Derechos Subjetivos, Pretensiones y Excepciones, Ejercicio y Aseguramiento de los Derechos. Primera Parte. Decimoquinta revisión por Hans Carl Nipperdey. Traducción de la Trigésima Novena Edición alemana con estudios de comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas por Blas Pérez González y José Alguer; y actualizada por Eduardo Valentí Fiol. Tercera Edición al cuidado de A. Hernández Moreno y María Del Carmen Gete-Alonso. Bosh Casa Editorial. Barcelona, 1981, Tomo Primero, Volumen Segundo, p. 64.
LEHMANN, Heinrich. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Traducción de la última edición alemana con notas de Derecho español por José M. a. Navas. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1956. Volumen I. Pág. 197 - 198: “(…) los actos jurídicos son: o bien irrelevantes (un paseo, una invitación) o bien tienen importancia jurídica, producen efectos jurídicos (son los llamados actos jurídicos). No se piensa aquí, naturalmente, en los efectos del acto humano en el caso concreto, sino en sus efectos típicos como parte integrante del supuesto de hecho de una norma. Se dividían antes los actos jurídicos en negocios jurídicos y actos ilícitos. Pero esta clasificación no comprendía en modo alguno toda conducta jurídicamente eficaz, revelándose como demasiada estrecha. Hoy se distingue: 1. Conducta conforme a derecho, es decir, lícita: a) de carácter negocial: bajo este epígrafe se comprenden las exteriorizaciones de la voluntad del particular dirigidas a producir efectos jurídicos, en los que los efectos se producen de acuerdo con la voluntad manifiesta de las partes (los efectos se producen porque se han querido o mejor, porque se han declarado como queridos); b) de carácter no negocial: actos humanos lícitos cuyo efecto se determina sin tener en cuenta la voluntad de las partes y su exteriorización, que se determina directamente por la ley: actos jurídicos en sentido estricto (notificaciones, especificación, descubrimiento de tesoro, actos de legítima defensa, etc.)”.
LEHMANN, Heinrich. Op. Cit. Pág. 216.
Más aún, con la noción de negocio como supuesto de hecho, se está diciendo de manera categórica, lo cual también es muy importante, que la declaración o manifestación de voluntad no pueden identificarse con el negocio, sino solamente con un elemento del mismo, el fundamental, obviamente. 36
No obstante, a pesar del avance que significó esta teoría en relación con la denominada teoría clásica, ella no estuvo exenta de duras críticas por parte de la doctrina civilista 37
V. LA CONCEPCION DECLARACIONISTA O PRECEPTIVA: EL NEGOCO JURIDICO COMO AUTORREGLAMENTACION DE INTERESES
La ruptura total y el derrumbe de las concepciones clásicas del negocio jurídico, dieron lugar a las corrientes preceptivas del negocio jurídico, que entendieron que en el mismo no existía únicamente un supuesto de hecho conformado por una o más declaraciones de voluntad, sino un supuesto legal con un precepto social, con un contenido fundamentalmente social. Desde este mismo instante, se empezó a definir el negocio jurídico, ya no como un supuesto de hecho, sino como una autorregulación de intereses de los sujetos, en una determinada sociedad, considerados dignos de tutela por el ordenamiento jurídico 38 .
En términos generales podríamos decir que las teorías objetivas (dentro de las cuales encontramos a la teoría preceptiva) del negocio jurídico, nacen producto de las exigencias del tráfico y del comercio, obligando a trasladar el elemento central del negocio de la voluntad a la declaración.
Con acierto se ha señalado que "el proceso de abstracción asociado a las vicisitudes del negocio jurídico, tiene pendiente todavía una importante función cuando, superado el particularismo jurídico con la revolución francesa, aquél ha sido reintroducido bajo otra forma: con la distinción entre el código civil y el código de comercio. Pero verdaderamente esta división de los códigos ha significado el origen del inicio de la disolución lógica de la categoría. En cambio, realmente a partir de aquel momento, comienza a afirmarse un tendencial proceso de objetivación del cambio, ligado a un mecanismo que ve como objeto de tutela al acto de intercambio en sí, y ya no la voluntad del sujeto. Tal proceso se refleja en las teorías que tienden a desplazar la investigación de la voluntad a la
36 TABOADA CORDOVA, Lizardo. “La necesidad de abandonar la concepción clásica del acto jurídico”. En:
Themis. Revista de Derecho. Editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Edición de Aniversario. Segunda Epoca. N° 30. Lima. 1994. Pág. 64. También en: Nego cio jurídico, contrato y responsabilidad civil. Compilación y presentación de Rómulo Morales Hervías. Editorial Grijley. Lima. 2006. Págs. 233-242. En el mismo sentido se sostiene que “se pasa de la perspectiva de la declaración de voluntad dirigida a los efectos jurídicos, hacia la perspectiva de la declaración de voluntad como hecho que la ley contempla como hipótesis para la producción de dichos efectos” (SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 64)
37 La concepción del negocio jurídico como supuesto de hecho, “comporta la imposibilidad de una noción de negocio correspondiente a la realidad y, en cuanto tal, unitaria; según dicha concepción, la figura del negocio jurídico se disuelve en un conglomerado de elementos y requisitos heterogéneos (…); el negocio no puede ser identificado con la llamada “fattispecie negocial compleja”, que es una construcción apriorística de la doctrina, privada de una efectiva correspondencia en el mundo de los fenómenos jurídicos” (SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 65-67)
TABOADA CORDOVA, Lizardo. Pág. 241.
declaración, dirigiendo la atención desde el sujeto a su comportamiento exterior, socialmente apreciable” 39
Las denominadas “teorías objetivas”, y en especial la concepción preceptiva del negocio jurídico, volvieron a vincular la juridicidad de los efectos con el ordenamiento estatal, en cuanto fuente exclusiva (históricamente) de calificación jurídica 40 .
Según la teoría preceptiva del negocio jurídico, “la autonomía privada es reconocida por el orden jurídico, en el campo del Derecho privado, como actividad y potestad creadora, modificadora o extintiva, de relaciones jurídicas entre individuo e individuo; relaciones cuya vida y vicisitudes están ya disciplinadas por normas jurídicas existentes. La manifestación suprema de esta autonomía es el negocio jurídico” 41
Sentadas estas premisas, EMILIO BETTI pasa a definir al negocio jurídico como “el acto con el cual el individuo regula por sí los intereses propios en las relaciones con otros (acto de autonomía privada), y al que el Derecho enlaza los efectos más conformes a la función económico – social que caracteriza su tipo” 42 . Por ende, cuando uno se pregunta qué cosa es el negocio jurídico o cuál es su contenido, “se responde que contiene y da vida a una disposición, un precepto de la autonomía privada en orden a concretos intereses propios de quien lo formula, precepto destinado a tener eficacia constitutiva, es decir, a desplegar inmediatamente los efectos correspondientes” 43
Esto quiere decir que para la teoría preceptiva el negocio jurídica no es más que un acto de autonomía privada en virtud del cual las partes autorregulan sus propios intereses, y producto de esta autorregulación nace un precepto social, el cual regula las relaciones de las personas; este precepto social creado por el negocio jurídico, si bien ya de por sí vincula a las partes y regula su vida de relación intersubjetiva, pasa por el filtro del ordenamiento jurídico, el cual lo califica, y en caso tal calificación sea positiva 44 , el
39 FRANZONI, Máximo. “Il Dibattito Attuale sul Negozio Giuridico”. En: Derecho Civil Patrimonial. 1ª. Edición. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1997. Pág. 64.
Con acierto se ha sostenido que “este bando preceptivo de las teorías objetivas se desarrolla en el marco de una concepción que atribuye la juridicidad de los efectos al ordenamiento estatal, en cuanto fuente (históricamente) exclusiva de calificación jurídica; según esta concepción preceptiva, el negocio jurídico se distinguiría, sea de la norma jurídica (fuente de calificación), sea de los hechos y actos (que son meros presupuestos de efectos). Como expresión de autonomía privada, el negocio plantea una reglamentación directa, individual, concreta, de determinados intereses, por obra de los mismos interesados. Aquí existe una inmediata coincidencia entre el interés regulado, el poder y la voluntad reguladora (este es el punto característico): porque son el interés, el poder y la voluntad de las mismas personas (…). Debe atribuirse al pensamiento de Emilio Betti, principalmente, la formulación del concepto de negocio jurídico como acto de autonomía privada”: BATTISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. Traducción y notas de Leysser León. 1ª. Edición. Ara Editores. Lima. 2002. Págs. 104.
41 BETTI, Emilio. Teoría General del negocio jurídico. Traducción y concordancias con el derecho español por A. Martín Pérez. Editorial Comares. Granada. 2000. Pág. 52.
Ibid. Pág. 57.
Ibid. Pág. 58.
44 “Antes de revestir al negocio con su propia sanción, el orden jurídico valora la función práctica que caracteriza su tipo y lo trata en consecuencia. Las hipótesis posibles son tres: a) Que no juzgue su función digna o necesitada de tutela, en cuyo caso ignora el negocio y lo abandona así mismo como indiferente, dejándolo desprovisto de sanción jurídica. b) Que considere, en cambio, su función como socialmente trascendente y digna de tutela, y entonces reconoce al negocio y lo toma bajo su protección. c) O que, finalmente, estime la función reprobable, y entonces combate al negocio, haciendo sí, jurídicamente trascendente el comportamiento del individuo, pero en el sentido de provocar efectos contrarios al fin práctico
precepto social se convierte en precepto jurídico, adquiriendo de esta forma una vinculatorierad plena entre las partes
De esta forma, “el precepto negocial, que no es fuente de derecho objetivo; que no es, por ende, una norma que pertenezca a un escalón normativo (como sí lo es en la concepción kelseniana); y que tampoco es una mera fattispecie (como lo son el hecho y el acto), parece moverse, en su relación con el ordenamiento jurídico, en una dimensión propia” 45
Posteriormente, otro reconocido jurista, a pesar de partir del concepto de negocio jurídico como acto de autonomía privada 46 (planteada primigeniamente por Betti) y de alinearse dentro de una concepción objetiva del negocio 47 , propone una variante respecto de las concepciones bettianas de la institución.
Para comenzar, SCONAMIGLIO define a la autonomía privada como la “aptitud del individuo, en cierto sentido connatural a él, para dar regla, por sí mismo, a sus propios intereses; el ordenamiento, en sus disposiciones sobre los negocios, afronta y regula este fenómeno de la autonomía, el cual pasa a constituir, así, el substrato material de tales
normalmente perseguido (…) Sólo en la segunda hipótesis consignada es elevado a la dignidad de negocio jurídico el acto de autonomía privada; entonces el Derecho le concede los efectos jurídicos destinados a asegurar el cumplimiento de la función útil que caracteriza a su tipo y le da vida del modo más ajustado posible” (BETTI, Emilio. Op. Cit. Pág. 56)
45 “El negocio jurídico es, si no hemos comprendido mal el pensamiento de Emilio Betti, un valor (en cuanto regulación de intereses) que es valorado, a su vez, por otro valor (el expresado por el ordenamiento jurídico)”:
BATTISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. En: Teoría General del Negocio Jurídico. 4 estudios fundamentales. Traducción y edición al cuidado de Leysser León. 1ª. Edición. Editorial Ares. Pág. 199. En otras palabras, según Emilio Betti, “el negocio jurídico, como acto de autonomía privada no es un valor, entendido como criterio original de valoración (porque este carácter original es exclusivo de la norma jurídica); y no es un hecho, entendido como mero objeto de valoración (o, si se quiere, como mero presupuesto de efectos que ya han sido rígidamente preestablecidos en las normas del ordenamiento jurídico)”: BATTISTA FERRI. Op. Cit. Pág. 105.
46 “(…) lo primero que se debe hacer es intentar determinar el concepto empírico de negocio. Sobre la base de una resumida consideración de las normas que el legislador diera en este ámbito, avalada por las sugerencias que nos llegan de los precedentes históricos de la institución, y sobre todo, de la vida real, es dado arribar, fácilmente, a un primer resultado decisivo: la sustancia, el substrato real del negocio jurídico, debe volver a ser identificada en el fenómeno de la autonomía privada (el énfasis es nuestro):
SCONAMIGLIO, Renato. Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico. Edición, traducción y notas de Leysser León. Prólogo de Pietro Rescigno. 1ª. Edición. Editorial Grijley. Lima. 2004. Pág. 105-106.
La postura de Sconamiglio, a favor de la tesis objetiva del negocio jurídico, se acredita con sus siguientes palabras: “La autonomía del individuo puede expresarse en actos concernientes a él mismo, aisladamente considerado es decir, que constituyan el mero ejercicio de sus facultades personales, como por ejemplo, comer, trabajar, etc.; y entonces, se la califica, exactamente, como “individual”; o bien puede dar lugar a actos de regulación de los intereses propios en el ámbito de las relaciones intersubjetivas, y entonces debe hablarse de autonomía “social”. Aplicando tal distinción a nuestros fines, no puede dudarse que la autonomía negocial, al expresarse en el campo de las relaciones económico – sociales, sea “social” en el sentido que se acaba de plantear. La observación de la realidad confirma, de todos modos, que el negocio, sin importar la idea que se tenga del mismo, no puede identificarse con el simple ejercicio de una facultad personal, sino que constituye, siempre, un acto destinado a escapar de la esfera del agente para instituir relaciones con otros agentes, y que debe asociarse, en cuanto tal, con el fenómeno de la autonomía social” (el énfasis es nuestro): SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 111-112.
normas; de esta forma, la institución del negocio jurídico halla su razón de ser práctica en la exigencia de reconocer y regular la autonomía de los particulares” 48
Siguiendo con esta postura, el citado jurista no duda en señalar que la esencia del negocio jurídico debe ser identificado en la autorregulación de los intereses privados; autorregulación que consiste en el orden que los privados dan a sus propios intereses, obrando en virtud de la autonomía a ellos reconocida. Sin embargo, advierte el autor, este orden que los privados dan a sus propios intereses, no debe confundirse con una norma que vincule a las partes, ya que el negocio de ninguna manera constituye una norma que vincula por fuerza propia 49 , sino una regulación vinculante en virtud de la específica relevancia que le es atribuida, justamente por una norma 50
Ahora bien, partiendo de la definición de negocio jurídico como “acto de autonomía privada”, es decir, como instrumento para la regulación de intereses privados, SCONAMIGLIO propone un sutil y convincente replanteamiento del fenómeno:
Al concebir la noción de negocio, el ordenamiento reconoce el acto de autonomía privada con arreglo a su esencia real. En el ámbito de la realidad social, el acto de autonomía negocial brinda un orden vinculante a los intereses de las partes que lo han llevado a cabo. Dicho orden es reconocido por el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el acto negocial, fenómeno social caracterizado por una peculiar esencia dinámica, constituye, luego de su reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico, un fenómeno mutatis mutandi, de la misma naturaleza 51 .
Según este parecer, el ordenamiento jurídico, al representarse la noción de negocio, habría reconocido el acto de autonomía privada según su esencia real. “En otras palabras, a pesar de que su juridicidad formal deriva del reconocimiento obtenido de parte del ordenamiento (que es, sin embargo, un reconocimiento técnico), el negocio jurídico sería ya, en la realidad, una regla, y tendría, por lo tanto, una relevancia efectual. La intervención del ordenamiento realizaría, entonces, una suerte de “juridificación” de los efectos empíricos producidos por el negocio en la realidad social. En tal sentido, se comprendería por qué los efectos jurídicos no pueden dejar de adecuarse, “grosso modo”, a las disposiciones adoptadas por las partes” 52 .
En esto precisamente radica la sutil diferencia entre los postulados de Emilio Betti y de Renato Sconamiglio, ya que para este último “acto de autonomía (o lo que es lo mismo,
48 SCONAMIGLIO. Op. Cit. Pág. 106. En síntesis, para el citado autor, “hay que entender por autonomía negocial, en sentido estricto, un fenómeno social, no psicológico, y para ser precisos, la aptitud del particular para darse reglas por sí mismo, en el campo de sus relaciones económico sociales” (Ibid. pág. 116)
Con esto queda claro que RENATO SCONAMIGLIO no es partidario de una concepción normativa del negocio jurídico. Sobre esta teoría normativa, volveremos más adelante, cuando analicemos los postulados de LUIGI FERRI sobre la autonomía privada y el negocio jurídico.
SCONAMIGLIO. Op. Cit. Pág. 126 – 130. “La autonomía de los particulares – el hecho de que estos den regla a sus propios intereses en el campo de las relaciones económico sociales – constituye un coeficiente de primer plano para una ordenada y progresiva dinámica de la vida en sociedad, y que adquiere su propio significado, precisamente, en el ámbito de la realidad social” (SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 112)
SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Págs. 105 – 140.
BATTISTA FERRI. Op. Cit. Pág. 201.
negocio jurídico) no quiere decir declaración con contenido preceptivo, sino autorregulación inmediata y concreta de intereses propios” 53
VI. CONCEPCION INSTITUCIONAL: EL NEGOCIO JURIDICO COMO ORDENAMIENTO PRIVADO AUTONOMO
SANTI ROMANO intentó reconstruir la teoría del negocio jurídico con el argumento de la existencia de una pluralidad de ordenamientos. Según su teoría, denominada institucionalista 54 , es importante definir a la autonomía privada, porque sólo teniendo claro tal concepto es posible encaminarse a definir al negocio jurídico, ya que éste tiene como sustento o base a aquella:
“(…) Para que se hable de negocio jurídico es necesario, y también suficiente, otro requisito: que ellos sean explicación de un poder de autonomía. Sobre autonomía, a propósito de los negocios jurídicos, ha hablado la doctrina, pero en general, sin atribuirle a tal palabra el significado preciso y técnico que le es propio y sin mencionar que en ella debe hallarse la nota diferencial de los negocios jurídicos respecto de los otros actos jurídicos” 55 .
Por autonomía debe entenderse lo siguiente: “Subjetivamente, ella es la potestad de darse un ordenamiento jurídico y objetivamente, indica el carácter propio de un ordenamiento jurídico que individuos y entes se constituyen para sí, en contraposición al carácter de los ordenamientos que para ellos son constituidos por otros” 56 (el énfasis es nuestro).
Entendido el negocio jurídico como un poder de autonomía, o lo que es lo mismo, como el poder (definir poder) de los particulares de darse un propio ordenamiento jurídico, debemos determinar, qué es, en concepto de Santi Romano, un ordenamiento jurídico.
“El ordenamiento jurídico así entendido en su conjunto, es una entidad que se mueve en parte según las normas, pero que sobre todo dirige a las propias normas como si fueran las piezas de un tablero de ajedrez, normas que de este modo resultan más bien el objeto, e incluso el medio de su actividad, y no un elemento de su estructura” 57
En consecuencia, “el concepto que nos parece necesario y suficiente para expresar en términos exactos el concepto de derecho como ordenamiento jurídico, considerado global y unitariamente, es el concepto de institución. Cada ordenamiento jurídico es una institución e, inversamente, toda institución es un ordenamiento jurídico: la
53 SCONAMIGLIO, Renato, Op. Cit. Pág. 136.
54 Se le denomina teoría institucionalista porque según ésta el negocio jurídico es un poder de autonomía en virtud del cual los particulares crean a favor de ellos un ordenamiento jurídico, y todo ordenamiento jurídico (según Santi Romano) no es sino una institución. Por ende, el negocio jurídico no sería otra cosa que el poder de los particulares de darse una institución. Cada uno de estos elementos serán expuestos y detallados a continuación.
55 ROMANO, Santi. “Autonomía”. En: Frammenti di un Dizionario Giuridico”. Dott. A. Giuffré Editore. Milano. 1983. Pág. 8
ROMANO, Santi. Autonomía. Op. Cit Pág. 8.
57 ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Op. Cit. Pág. 99-100.
correspondencia entre estos dos conceptos es necesaria y absoluta” 58 (el énfasis es nuestro)
Si identificamos al ordenamiento jurídico con una institución ¿Qué debe entenderse por institución?
“Entendemos por institución todo ente o cuerpo social; sin embargo, “hay una palabra que intencionalmente hemos eludido hasta ahora y que resulta necesario y suficiente para aclarar la naturaleza de la institución: es el término “organización”. De esta forma, “la institución es un ordenamiento jurídico, una unidad independiente de derecho objetivo, más o menos completo. No hay duda que la organización es un ordenamiento; las palabras organización, sistema, estructura, edificio, etc., con las que se le califica, tienden precisamente a resaltar esta idea, y éste y no otro es también el significado etimológico de la palabra Estado; con la que ahora se designa a la más importante de las instituciones” 59 (el énfasis es nuestro)
Ahora bien, y aquí viene la aplicación concreta de la teoría pluralista de ordenamientos jurídicos, “del concepto de ordenamiento jurídico dado, se puede deducir el corolario de que existen tantos ordenamientos jurídicos como instituciones. Puede suceder que tales instituciones están relacionadas entre sí de manera que sus ordenamientos, mientras permanecen distintos desde algunos puntos de vista, constituyen, desde otros, simples partes de un ordenamiento más amplio, esto es, elementos integrantes de una institución mayor. Pero esto no sucede siempre y menos se puede pensar que exista una institución tan amplia capaz de comprender indistintamente a todas las demás. Se trata, en efecto, de una independencia y autonomía de estos ordenamientos. Tal principio, que podríamos denominar como el de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos, no ha sido siempre unánimemente reconocido” 60 (el énfasis es nuestro)
En efecto, entre los diversos ordenamientos jurídicos pueden existir distintas relaciones, pero a la larga el análisis sobre las relaciones entre los diversos ordenamientos jurídicos “se resuelve necesariamente en el de la relevancia que uno de ellos puede tener para con los demás” 61 ; y esta relevancia viene a estar constituida por la coordinación de un ordenamiento respecto de otro y ello precisamente en base a un título jurídico 62
Este título varía según el tipo de relación que se presente entre ordenamientos:
“a) (…) dados dos ordenamientos, puede uno de ellos encontrarse en situación de subordinación e inferioridad respecto de otro, que es por ello mismo superior 63 . Así sucede cuando una institución se encuentra comprendida en otra a la que concurre a
58 ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Op. Cit. Pág. 113.
60 ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Op. Cit. Pág. 205.
61 ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Op. Cit. Pág. 248.
62 ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Op. Cit. Pág. 249.
Precisamente en este tipo de relación se encuentran el ordenamiento jurídico privado creado por medio del negocio jurídico y el ordenamiento jurídico estatal: se trata de una relación de subordinación del primero respecto del segundo; no obstante, como veremos más adelante, el hecho que el ordenamiento privado creado a través del negocio jurídico, se constituya en base a un ordenamiento superior (estatal), no implica que se confunda o amalgame con este último, sino que puede permanecer bien distinto de él.
ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Op. Cit. Pág. 128-130.
constituir, de forma que el ordenamiento de la primera se encuentra en cierto sentido rodeado por el ordenamiento más amplio de la segunda” 64 (el énfasis es nuestro)
No obstante, a pesar de esta relación de subordinación, “un ordenamiento que se constituye en base a un ordenamiento superior, no se confunde ni se amalgama,
permanecer bien distinto de él. Sin duda, los dos ordenamientos estarán en conexión el uno con el otro, y esta conexión será, según los casos, más o menos estrecha, pero por regla no se resolverá en una verdadera y propia CONFUSION. Donde la posibilidad que concurran los extremos de la autonomía, implica una independencia que si bien no es necesario que sea absoluta, pero sí tolera una serie de graduaciones” 65 (el énfasis es nuestro)
Finalmente, la teoría institucionalista se termina acercando un tanto a la teoría normativa del negocio jurídico (de la cual nos ocuparemos enseguida), al señalar que los negocios jurídicos no sólo crean relaciones jurídicas, sino también normas jurídicas 66
“Aquello que es más importa advertir es que los negocios, en el significado que, en mi opinión, debe atribuirse a esta palabra, para lograr el fin último de la constitución de relaciones, establecen normas y no pueden no establecerlas. En otra oportunidad, escribía que no son otra cosa que normas las cláusulas contenidas en los negocios y que, para servirnos de las mismas palabras entonces empleadas, cuando se dice que el negocio crea solamente relaciones jurídicas, o derechos o deberes subjetivos, se olvida que relaciones, derechos y deberes no pueden surgir sino sobre la base de normas y que, cuando estas normas no se encuentran en las leyes del Estado, es decir cuando éste no hace más que atribuir en general eficacia a la autonomía de
los privados, tales normas
no pueden encontrarse sino en el singular negocio
jurídico, el cual así, antes de ser fuente de derecho subjetivo, es fuente de normas” 67 (el énfasis es nuestro)
VII. CONCEPCION NORMATIVA: EL NEGOCIO JURIDICO COMO NORMA JURIDICA PRIVADA
La teoría normativa fue planteada en un primer momento por juristas alemanes, pero recogida en Italia por Luigi Ferri, quien se convirtió en su máximo exponente.
La teoría normativa del negocio jurídico concibe a éste como una norma jurídica: “Las posiciones jurídicas de Brinz, Thon, Danz, Bierling y Manigk, coinciden en definir al negocio jurídico como una norma jurídica. Brinz expresó que el Derecho positivo (voluntad del Derecho) crea el negocio jurídico. También Thon subordinó el negocio jurídico al ordenamiento jurídico por la producción de los efectos jurídicos. De la misma manera, Danz, Bierling y Mangik señalaron tal subordinación normativa. Pero Manigk añadió en su
64 ROMANO, Santi. El Ordenamiento Jurídico. Pág. 250-252.
65 ROMANO, Santi. Autonomía. Op. Cit. Pág. 15.
Sabido es que para Savigny la principal diferencia entre el negocio jurídico y la ley es que el primero crearía tan sólo relaciones jurídicas, mientras que la segunda sería fuente de normas jurídicas. Al respecto, para esta clásica distinción, se puede ver: SAVIGNY. Sistema de Derecho Romano Actual. Op. Cit. Pág. 40.
ROMANO, Santi. Autonomía. Op. Cit. Pág. 27-28.
definición un dato relevante en su teoría: el negocio jurídico como norma jurídica es un elemento del Derecho positivo como fuente de Derecho y como supuesto de hecho (…) Esta idea jurídica constituyó un cambio radical de lo anteriormente estudiado (…) Antes se pensaba que la teoría del negocio jurídico giraba alrededor de la teoría de la norma jurídica, pero la teoría normativa estableció que la teoría general del Derecho era el centro de la teoría jurídico negocial” 68
En Italia, Luigi Ferri desarrolló las ideas jurídicas sobre el negocio jurídico, y se convirtió en el principal exponente de la teoría normativa 69 , por lo que corresponde realizar algunos breves apuntes sobre su concepción.
Debemos partir por señalar que la concepción normativa nació con la finalidad de explicar cómo es que el negocio, que desde cierto punto de vista constituye una fattispecie o supuesto de hecho, puede luego realizar efectos jurídicos propios, como si fuera una norma; es decir, “los estudios de la teoría normativa están encaminados a establecer cómo es que tiene lugar la producción de los efectos jurídicos” 70
Vital para comprender la teoría normativa, es entender primero la diferencia entre fuente de producción y fuente de validez:
“Fuente de producción, que algunos llaman también fuente de conocimiento, es el modo de producción y de manifestación de la norma jurídica y, por lo tanto, en esencia, es el acto en el que la norma jurídica está contenida. Pero tal norma es norma jurídica válida sólo en cuanto es creada de conformidad con el derecho: de aquí el concepto de fuente de validez, es decir, de un acto que tiene por contenido la norma que disciplina jurídicamente la formación del derecho. Para juzgar sobre la validez de una norma, debemos ver si ha sido emanada de conformidad con las normas contenidas en una fuente superior que, respecto de la primera, llamaremos fuente de validez” 71
Ahora bien, “se puede dar sentido a la afirmación común de que la norma legal es verdadera fuente de los efectos jurídicos derivados del negocio, únicamente cuando se entienda la palabra fuente en el preciso significado de fuente de validez, porque la fuente de producción de las normas contenidas en el negocio y de los efectos que de éstas se derivan no puede ser más que el mismo negocio jurídico” 72
Existiendo dos tipos de fuentes (fuente de validez y fuente de producción) Ferri considera al negocio jurídico como fuente normativa, o lo que es lo mismo, como fuente de conocimiento o fuente de producción, que en opinión suya son sinónimos:
68 MORALES HERVIAS, Rómulo. Estudios sobre teoría general del negocio jurídico. Prólogo de Gastón Fernández Cruz. Ara Editores. Lima. 2002. Pág. 140.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en Italia, una teoría normativa del negocio también fue intentada por Ferrucio Pergolesi, y con posterioridad, en tiempos más recientes, por Luigi Ferri. Luego, la misma línea fue seguida, aunque con acentos más variados, por Pietro Perlingieri. Al respecto se puede consultar BATTISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. Traducción y notas de Leysser León. 1ª. Edición. Ara Editores. Lima. 2002. Págs. 102.
SCONAMIGLIO, Renato. Op. Cit. Pág. 170.
FERRI, Luigi. Op. Cit. Pág. 30.
FERRI, Luigi. Op. Cit Pág. 31.
“(…) considero el negocio jurídico como fuente normativa, entendiendo tal expresión en el sentido de modo de manifestación de normas jurídicas. Pienso que la expresión fuente normativa es sinónima de fuente de conocimiento y, también, de fuente de producción.
De esta forma, “cuando se habla de fuente normativa se pone de relieve el contenido del acto creador de derecho: el negocio jurídico es fuente normativa en cuanto tiene un contenido de normas. Con la expresión fuente de conocimiento se demuestra mirar al acto creador de derecho en el aspecto de su instrumentalidad para el conocimiento del derecho. En fin, con la expresión fuente de producción se pone el acento sobre el momento creador del derecho que en la fuente se contiene” 73 (el énfasis es nuestro)
Ahora bien “admitiendo el principio de que el negocio es fuente normativa, de que tiene un contenido de normas jurídicas, se da un paso decisivo hacia la solución del problema de la autonomía privada. Esta se convierte en el poder, atribuido por la ley a los particulares, de crear derecho, es decir, de establecer normas jurídicas” 74 ; y “se deduce de esto que los negocios jurídicos, como manifestación de autonomía privada, son siempre actos de ejercicio de poder: tanto los negocios que contengan actos de disposición de derechos patrimoniales como los que determinan el nacimiento de meros efectos obligatorios. En este hecho de establecer normas jurídicas debe descubrirse el elemento unificador del concepto de negocio y la razón misma de la categoría unitaria del negocio jurídico” 75 (el énfasis es nuestro).
En síntesis, el negocio jurídico, como manifestación de autonomía privada, es fuente normativa (o lo que es lo mismo, fuente de conocimiento o fuente de producción). Sin embargo, corresponde preguntarse ahora qué papel juega la otra fuente a la que hicimos alusión con anterioridad, es decir, la fuente de validez.
Para comprender a la fuente de validez, la teoría normativa primero se pregunta de dónde proviene la autonomía privada. Una vez obtenida la respuesta a tal interrogante, el concepto de fuente de validez se hace más claro:
“La autonomía privada no es un poder originario o soberano. Es un poder conferido a los individuos por una norma superior, la cual regula su actuación, estableciendo cargas y limitaciones. En la ley, vemos la fuente de validez de la norma negocial” 76 (el énfasis es nuestro)
Entonces, si la ley es la fuente de validez de la norma negocial o lo que es lo mismo, de la autonomía privada, entonces “la fuente de validez se identifica con la fuente normativa superior a la que contiene la norma de cuya validez se trata. En otras palabras, la validez de una norma, es decir, su conformidad con el derecho, no puede ser afirmada sino con referencia a la noma superior que regula su formación. Respecto de ella, el negocio jurídico constituye un supuesto de hecho, en cuanto por ella está previsto de modo general y abstracto” 77 (el énfasis es nuestro).
73 FERRI, Luigi. Op. Cit Pág. 32
FERRI, Luigi. Op. Cit. Pág. 42.
FERRI, Luigi. Op. Cit. Págs. 44.45
FERRI, Luigi. Op. Cit. Pág. 51.
FERRI, Luigi. Op. Cit. Pág. 45.
En conclusión, cuando la teoría normativa habla de fuente de validez, concibe al negocio jurídico como supuesto de hecho, como acto regulado por el derecho, y cuando habla de fuente de normativa o fuente de producción, concibe al negocio jurídico como norma jurídica, como fuente de derecho. De esta da cuenta textualmente Ferri:
“(…) supuesto de hecho y fuente normativa no son términos que se excluyan. El negocio jurídico puede muy bien ser (y es) un acto regulado por el derecho, y contener a su vez derecho; no hay ninguna contradicción en ello. El negocio aparecerá como acto o como norma, según el ángulo desde el que sea considerado. Se ha dicho acertadamente que las fuentes crean normas y están a su vez reguladas por normas” 78 .
En pocas palabras, el negocio jurídico crea normas y es regulado por normas 79 .
En síntesis, “según la teoría normativa, el negocio jurídico terminará asimilándose a un precepto normativo, perteneciente a un Stufenbau (escala) normativo que tiene su origen y fundamento en la Grundnorm (ley o norma fundamental), que rige, precisamente, el entero sistema del ordenamiento jurídico (…) Desde esta perspectiva, rigurosamente formalista, el negocio jurídico asume el ropaje de un precepto que el ordenamiento jurídico autoriza a poner en acción por parte del particular” 80
No obstante la claridad y coherencia con la cual se construyó la teoría normativa 81 , ésta recibió duras críticas por parte de un sector autorizado de la doctrina civil italiana 82
VIII. CONCEPCION AXIOLOGICA O TEORIA VALORATIVA: NEGOCIO JURIDICO COMO ACTO VINCULANTE DE PRIVADA REGULACION DE INTERESES.
78 FERRI, Luigi. Op. Cit. Pág. 23.
Sobre este punto se aprecia con claridad la influencia que ejerció la concepción positivista de HANS KELSEN sobre la teoría normativa del negocio jurídico, ya que fue precisamente KELSEN, quien al adoptar la conocida pirámide normativa planteada en un primer momento por GEORG FRIEDRICH PUCHTA (jurista alemán perteneciente a la Escuela Pandectista, discípulo de SAVIGNY, fue el primero en plantear la idea de jerarquía o pirámide normativa) sostuvo que el fundamento de validez de una norma es siempre otra norma. Al respecto, se puede ver: KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Introducción a la ciencia del derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1982. Pág. 142. De esta influencia Kelseniana en la teoría normativa, da cuenta el mismo LUIGI FERRI, cuando sostiene que “este apoyarse el negocio jurídico en una norma supraordinaria, lejos de excluir su naturaleza de fuente, la confirma, si se admite con Kelsen que el fundamento de la validez de una norma es siempre otra norma” (FERRI, Luigi. Op. Cit. Pág. 29)
80 BATTISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. Traducción y notas de Leysser León. 1ª. Edición. Ara Editores. Lima. 2002. Págs. 103.
Un resumen o síntesis de los postulados de la teoría normativa, se puede ver en el interesante trabajo de ROMULO MORALES HERVIAS: Estudios sobre teoría general del negocio jurídico. Prólogo de Gastón Fernández Cruz. Ara Editores. Lima. 2002. Págs. 138 - 147
Sobre el particular recomendamos ver: SCONAMIGLIO, Renato. Contribución a la teoría del negocio jurídico. Op. Cit. Pág. 171-176; GAZZONI, Francesco. Manuale di Diritto Privato. Tomo II. VII Edizione aggiornata. Edizioni Scientifiche Italiane. Milano. 1998. Pág. 733; SCONAMIGLIO, Renato. “El negocio jurídico. Aspectos generales”. En: Teoría General del negocio jurídico. 4 estudios fundamentales. Traducción y edición al cuidado de Leysser León Hilario. Presentación de Giovanni Battista Ferri. Ara Editores. Lima. 2001. Pág. 175 – 176.
Con posterioridad, aparece un enfoque distinto sobre el negocio jurídico, planteado por Giovanni Battista Ferri, quien propone una hipótesis sobre el negocio jurídico como acto vinculante de regulación privada de intereses que está encaminado a la satisfacción de intereses individuales. El negocio jurídico, según el citado autor, asume relevancia positiva para el ordenamiento estatal cuando los valores 83 de los cuales es portador sean compatibles con los valores expresados por el ordenamiento.
Si se pretende sintetizar el pensamiento de Battista Ferri, se debe comenzar por señalar que “la idea de negocio jurídico se funda, si se aprecia bien, en la comprobación de la insuprimible libertad que los particulares tienen, en los hechos, en la realidad (por más que su “medida” parezca limitada por los dictados del ordenamiento estatal), para regular sus propios intereses. La idea misma de negocio jurídico fue elaborada, y es acogida, en sistemas jurídicos que brindan, y pretenden ofrecer, un espacio a esta libertad, así como una protección a la misma; por lo tanto, la idea de negocio ha sido considerada como expresión de la relación entre libertad (del particular) y autoridad (del ordenamiento estatal). A nuestro juicio, este aspecto, que ha sido definido como “plano externo”, o si se quiere, como contorno del negocio, ha constituido la verdadera base sobre la cual se han planteado, no sin algo de énfasis, todas las reflexiones sobre la institución” 84
Según la doctrina tradicional, el negocio tendría pues, una relevancia original (es decir, no dependiente del ordenamiento jurídico), pero para que esta adquiera connotaciones jurídicas siempre es necesario un reconocimiento de la regla negocial (aunque sea de carácter técnico), por parte del ordenamiento estatal.
Pero “la verdad, a nuestro juicio, la relación entre libertad y autoridad no debe plantearse bajo las drásticas fórmulas de una alternativa que contemple siempre, y necesariamente, el sacrificio de uno u otro de los dos términos que la componen. En realidad, los dos términos (autoridad y libertad) están destinados a convivir y a confrontarse” 85
“(…) el ordenamiento jurídico estatal valora todas las complejas imbricaciones y manifestaciones que caracterizan la realidad social a la que está referido, a la luz de aquellos principios generales (de índole moral, ideológica, económica, etc.) que constituyen su fundamento; en consecuencia, el ordenamiento expresa criterios de valoración adecuados y coherentes con los principios señalados. Por otro lado, el autor del negocio encuentra en la eficiencia de la fuerza vinculante y protectora expresado por el sistema del ordenamiento, el instrumento más idóneo para volver estables las modificaciones determinadas por el negocio, y por lo tanto, para hacer más seguras y certeras las finalidades que apunta a realizar mediante el negocio.
El sentido, y la función, diríamos nosotros, del encuentro entre el ordenamiento estatal y el negocio, no consiste tanto en plegar o adaptar el valor – negocio a los valores propios del ordenamiento estatal; a lo más, consiste en verificar el grado de compatibilidad
83 BATTISTA FERRI pone énfasis en el encuentro de valores que se produce cuando el negocio jurídico es confrontado con el Ordenamiento Jurídico, y por ello su teoría es denominada axiológica o valorativa.
84 BATTISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. Traducción y notas de Leysser León. 1ª. Edición. Ara Editores. Lima. 2002. Págs. 130.
Ibid. Pág. 134.
entre el valor expresado por la regla negocial y el valor expresado por las normas del ordenamiento” 86 (el énfasis es nuestro).
“El encuentro entre el negocio y el ordenamiento estatal ha sido concebido, por las más recientes doctrinas, como un reconocimiento del primero por parte del segundo; en esta línea de pensamiento, y como hemos visto, algunas doctrinas han atribuido una dimensión meramente técnica a dicho reconocimiento; otros han propuesto la idea de que existiría, por parte del ordenamiento estatal, una suerte de juridificación de los efectos empíricos (en la creencia de que con ello se salvaría, por un lado, el origen negocial de los efectos prácticos queridos por las partes, y por otro, el origen necesariamente estatal de la calificación jurídica). Otras doctrinas, en fin, han recurrido a la idea – más publicística que civilista, a decir verdad – de una suerte de delegación, de una autorización al particular, por parte del ordenamiento estatal, para poder realizar negocios” 87 .
Sin embargo, “nosotros no pensamos que se pueda recurrir a la idea de un reconocimiento (aunque sea meramente técnico), ni de una juridificación, ni de una autorización. Estos términos parecen aludir, en concreto, a una suerte de procedimiento de intervención (ex post o ex ante) sobre el negocio, por parte del ordenamiento estatal, de la cual habría que derivar, sea una “aprobación” que legitime, por decirlo así, el actuar negocial, sea una “denegación” que se plantee en sentido contrario. Sin embargo, la realidad es distinta. Entre el negocio y el ordenamiento estatal (o entre libertad y autoridad, como considera algún autor) tiene lugar, más bien, un encuentro entre sistemas con valores autónomos” 88 .
“A nuestro modo de ver, por lo tanto, la compatibilidad del actuar negocial con los principios del ordenamiento estatal puede ser constata ex post; el actuar negocial, por decirlo así (y eventualmente), es “encontrado” en los hechos concretos, pero no deriva – como se afirma difundidamente en la doctrina – del reconocimiento de un control, ni mucho menos de una autorización 89 .
Entonces, lo que el autor quiere expresar es que existe una compatibilidad entre el sistema del negocio y el sistema del ordenamiento estatal, la cual es idónea por lo tanto, para operar, siempre que pueda ser constatada en los hechos y a partir de los hechos. Y no asume ninguna importancia el hecho de que tal compatibilidad haya tenido lugar de manera totalmente involuntaria, o que haya sido querida, específicamente, por los autores del negocio, movidos por la intención de diseñar su concreta regulación de sus intereses conforme a los modelos establecidos por el ordenamiento estatal (y de ceñirlo, tal vez, a estos modelos), en atención a aquella protección mayor y a aquella estabilidad más intensa que pueden quedar aseguradas si la regulación es coherente con los esquemas normativos.
De todo esto que se ha dicho, el autor se anima a proponer una definición de negocio jurídico en los siguientes términos:
86 Ibid. Págs. 138-139.
Ibid. Pág. 140.
Ibid. Pág. 141.
Ibid. Págs. 142-143.
“(…) si en verdad es posible formular una hipótesis sobre el negocio jurídico, y proponer una definición del mismo, nosotros nos inclinaríamos por identificar el negocio jurídico como un acto vinculante de regulación privada de intereses, que asume “relevancia” positiva para el ordenamiento estatal cuando los valores de los cuales es portador sean compatibles con los valores expresados por el ordenamiento” 90
IX. CONCEPCION PROGRAMATICA DEL NEGOCIO JURIDICO.
Finalmente, debemos hacer alusión a la teoría programática de Angelo Falzea, para quien el negocio jurídico es un acto programático: “Programación o actuación son fenómenos complementarios respecto al interés jurídico, al cual ambas se refieren. Pero, mientras la actuación es siempre jurídicamente relevante – salvo las modalidades con las cuales pueda darse relevancia – no siempre lo es la programación. Para que lo sea es necesario el concurso de al menos tres condiciones: que subsista, ante todo, un tiempo de la programación distinto del tiempo de la realización; que la programación se haga objetivamente evidente mediante un acto distinto de aquel de la relación; que el derecho discipline y regula distintamente el acto de la programación respecto al acto de la realización. Cuando se verifican todas las condiciones se esta certeramente en presencia de un acto programático; cuando esta presente solo alguna de ellas se recurre al fenómeno del acto real”. 91 .
Dentro de la concepción programática se postula diferenciar los conceptos de autorregulación de intereses y de autonomía privada. En ese sentido, se manifiesta que ambos conceptos no pueden confundirse, puesto que los mismos operan sobre planos distintos.
Por un lado, cuando se habla de autorregulación de intereses, se hace alusión a un “fenómeno practico de la vida humana y social, el reglamento de intereses es entendido como proceso de activación de las exigencias del hombre, articulado en dos momentos fundamentales, de la determinación de los intereses para lograr su realización y de la determinación de los medios y modos para realizarlos” 92 (el énfasis es nuestro)
De esta forma, la autorregulación de intereses se estructuraría en dos momentos; un primer momento dirigido a la determinación del interés a satisfacer; y un segundo momento dirigido a la determinación de los medios, mediante los cuales los sujetos llevaran a cabo un determinado programa a fin de satisfacer el interés predeterminado.
90 Ibid. Pág. 154. Para una lectura resumida de la postura de Battista Ferri, sugerimos ver: BATTISTA FERRI, Giovanni. “El negocio jurídico”. En: Teoría General del negocio jurídico. 4 Estudios fundamentales. Traducción y edición al cuidado de Leysser León. 1ª. Edición. Editorial Ares. Págs. 185 – 251. Para un enfoque más sucinto aún, pero no por ello menos interesante, ver: MORALES HERVIAS, Rómulo. “El pensamiento de Giovanni Battista Ferri. El negocio jurídico como instrumento para satisfacer los intereses individuales”. En:
Revista Jurídica del Perú. Año LV. N°65. Noviembre – Diciembre. 2005. Págs. 15-24.
91 FALZEA, Angelo. “L`Atto Negoziale Nel Sistema dei Comportamenti Giuridici”. En “Rivista di Diritto Civile”, Año XLII, 1996, pp. 34-35.
FALZEA, Angelo. “El Negocio Jurídico y Autonomía Individual”: Trad. Rómulo Morales Hervías en “Revista Jurídica del Perú”. Tomo 82, Diciembre 2007. Lima: Gaceta Jurídica, Pág. 262.
Siguiendo dicho lineamiento, se ha manifestado que “esta necesidad objetiva, de integración y predeterminación ulterior de los intereses, demuestra que en toda iniciativa programática y negocial esta presenta una tarea preliminar centralizada sobre la fijación de la situación de interés a cuya realización la iniciativa esta determinada. En cuanto preliminar, la determinación del interés entra en el contexto del acto programático colocándose en un lugar que precede la disposición realizativa, en el cual son indicados los medios y modos para la realización del interés” 93 .
En cuanto a las reglas o medios para la realización del interés, estas se identifican con las reglas descritas por los particulares para satisfacer el interés predeterminado, por ejemplo: las cláusulas contractuales, las disposiciones testamentarias; las cuales tienen el rasgo de ser reglas destinadas a operar en el futuro. En ese sentido, se afirma que “en el acto programático las solas reglas de las cuales se programa para el futuro la actuación, son las reglas de la realización del interés ya determinado” 94 .
La autonomía individual, en cambio, opera posteriormente al acto de autorregulación de intereses. Esto es, opera después de la determinación del interés a satisfacer y de la realización de las reglas de acción para satisfacer el interés determinado. En ese sentido, según el citado enfoque, la autonomía individual es concebida como el poder de los privados consistente en actuar y realizar la regulación de intereses realizada. Así, se manifiesta que “en el acto programático, la autonomía jurídica individual se especifica, por el contrario, en el poder de formular y evidenciar, incluso antes de actuarlo, el programa de realización del interés, para la asistencia del derecho, mientras salvaguarda los sistemas, interindividual y común, de los intereses en confrontación” 95 .
En virtud de lo señalado, se concibe a la autonomía privada como un poder que se concretiza con posterioridad a la autorregulación de intereses operada, a fin de lograr la satisfacción de los intereses predeterminados.
En conclusión, la autonomía privada o autonomía individual es un concepto distinto al de autorregulación de intereses, operando ambos sobre planos de actuación diversos; esta última se configura en dos momentos; primero, en la determinación del interés a satisfacer; y segundo, en la determinación de las reglas de acción para la realización y satisfacción del interés predeterminado.
X. SOBRE EL ACTO NOTARIAL: CONCEPTO, FUNCION Y DIFERENCIA CON EL ACTO NEGOCIAL
Habiendo hecho un breve recorrido por las distintas concepciones que se han manejado sobre el negocio jurídico, corresponde preguntarnos: ¿Cuál ha sido la concepción que ha manejado la Corte Suprema para aplicar las reglas propias del negocio jurídico a los actos notariales? ¿Bajo qué concepción (de las muchas que hemos detallado) se justifica que la Corte Suprema haya cuestionado la validez de un acto notarial por causales de nulidad establecidas por el legislador peruano para el acto jurídico?
93 FALZEA, Angelo. Op. Cit. Pág. 262.
FALZEA, Angelo. Op. Cit. Pág. 263. 95 FALZEA, Angelo. Op. Cit. Pág. 266.
Para comenzar, el acto notarial no encuentra como fundamento la libertad de actuación que subyace en todo negocio jurídico. Precisamente éste fue creado como un mecanismo para afianzar los márgenes de libertad de los sujetos de derecho, libertad que resultaba indispensable para que se estableciesen relaciones de mercado entre sujetos económicos 96
El acto notarial, en cambio, encuentra como sustento el cumplimiento de una función encomendada a determinados profesionales del derecho que actúan como terceros imparciales.
Correctamente se ha señalado que “para lograr que los negocios jurídicos estén ajustados a derecho y que haya certeza respecto a lo convenido en ellos, el Derecho ha acudido (…) a la intervención de un tercero imparcial, que vele por la consecución de estos objetivos. Este tercero imparcial es el órgano a quien la ley le ha encomendado la función notarial, y que se encuentra sujeto a vigilancia e inspección por parte del Estado 97
Esto quiere decir que la actuación del notario no se desenvuelve en un ámbito de libertad (propio del negocio jurídico), sino que los actos provenientes de aquél son producto de determinada función encomendada y fiscalizada por el sistema jurídico. Ahora bien, esto no debe llevarnos a concluir que el notario es un funcionario público.
En efecto, según el artículo 2 de nuestra Ley del Notario, el notario es un profesional del derecho, dotado de la potestad de dar fe, y ejerce su función en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial.
Estando así definida la función notarial en nuestra normativa vigente, resulta del todo claro que ésta “se aleja expresamente de su homóloga española, en cuanto indica que el notario es un profesional del derecho, por lo cual remarca que éste ejerce una actividad privada. En cambio, el artículo 1 de la Ley Española (de 1862) establece que el notario es un funcionario público (…) No obstante ello, la doctrina considera que si bien el notario
96 De esto ha dado cuenta FRANCESCO GALGANO para quien la función de la categoría negocial, en el momento en que fue creada (Alemania, donde aún no existía codificación), consistió en conseguir la igualdad formal del derecho, esencial para el nacimiento de una nueva sociedad industrial y burguesa. De esta forma, el negocio concebido como declaración de voluntad del individuo, significaba el reconocimiento de la unidad del sujeto de derecho, y por consiguiente, de la igualdad formal entre individuos. Tal concepción constituía una necesidad económica, indispensable para que se estableciesen relaciones de mercado entre sujetos económicos. Al respecto se puede ver: GALGANO, Francesco, Teorías e Ideologías del Negocio Jurídico, en Metodologías y Derecho Privado, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Traducción de Mariano Maresca de la versión publicada en Categorie Giuridiche e Rapporti Sociali, Il Problema del Negozio Giuridico, A cura de Cesare Salvi, Milano, Feltrinelli, 1978, Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, Granada, Nº 22, 1982, p.p. 49-50; GALGANO, Francesco, El Negocio Jurídico, Traducción realizada por Francisco de P. Blasco Gascó y Lorenzo Prats Albentosa de la Primera Edición Italiana, Tirant lo blanch. Valencia, 1992, Pág. 18; GALGANO, Francesco. Voz Negozio Giuridico (dottrine generali). En: Enciclopedia del diritto. Vol. XXVII. Milano. 1977. Pág. 733; GALGANO, Francesco. “El crepúsculo del negocio jurídico”. En:
4 estudios fundamentales. Traducción y edición al cuidado de Leysser León. 1ª. Edición. Editorial Ares. Págs. 96-106. Del mismo parecer es: FRANZONI, Máximo. “Il Dibattito Attuale sul Negozio Giuridico”. En: Derecho Civil Patrimonial. 1ª. Edición. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1997; VALLE, Laura. "El debate sobre el negocio jurídico en Italia”. En: Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e comérciale. Casa Editrice Dot. Antonio Milani. CEDAM. Padova, 1993. Traducción realizada por Nélvar Carreteros Torres y Rómulo Morales Hervias. Págs. 566 – 629.
97 GONZALES BARRON, Gunter. Introducción al derecho registral y notarial. 2ª. Edición. Jurista Editores. Lima. 2008. Pág. 592.
puede considerarse un funcionario público por la potestad de la que está investido, sin embargo, tiene características especiales, pues no pertenece al escalafón público, ni cobra sus emolumentos del presupuesto estatal, ni se encuentra sujeto a jerarquía administrativa” 98
En el caso peruano, el artículo 2 de la Ley del Notario ha descartado en forma consciente el carácter funcionarial o estatal del notario. De esta forma, el notario no es un funcionario público, y no está sujeto a limitaciones administrativas en la contratación, ni en la jerarquía, ni recibe estipendio estatal
No obstante, si bien el notario es un particular, por su especial cargo ejerce y cumple una función pública 99 .
“Es decir, la función notarial no solamente consiste en dar forma a un determinado acto o negocio jurídico, sino además en dar fe a dicho acto. Por tal motivo, la función puede resumirse en dar forma pública. El término dar fe significa confiar o creer en lo que el notario narra en el documento. De esta forma, la función notarial se concreta o resume en la autorización del documento público” 100
Esta función pública o con trascendencia social que realiza el notario, se encuentra reconocida por el mismo Código Procesal Civil, en cuyo artículo 235 considera como documento público el acto notarial. Con esto no quedan dudas de que el notario se encarga de dar fe pública 101 lo que significa que en el desenvolvimiento de sus funciones se presenta visos de función pública, por más que la Ley establezca que el notario no es funcionario público
Esta función pública del derecho notarial (por más que según nuestra normativa vigente establezca claramente que el notario no es un funcionario público) ha sido reconocida por la doctrina mayoritaria y especializada sobre la materia.
En efecto, la doctrina especializada ha sostenido que “no puede negarse el carácter público de la función y la institución notarial. Las finalidades de la autenticidad y la legitimación de los actos exigen que el notario intervenga en ellos en nombre del Estado y para atender más que al interés particular, al interés general o social de afirmar el imperio del derecho asegurando la legalidad y la prueba fehaciente de los actos y hechos (…) Por
98 GONZALES BARRON, Gunter. Op. Cit. Pág. 593. 99 La función del notario se centra principalmente en dos ámbitos: a) dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran; b) comprobar y tramitar los asuntos no contenciosos previstos en la ley.
100 GONZALES BARRON. Op. Cit. Pág. 589. 101 Sobre la fe pública notarial, se ha dicho que “es aquella que el notario declara en ejercicio de su función. Es la aseveración que emana del notario a fin de otorgar garantía de autenticidad y certeza a los hechos, actos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención (…) Como nota característica se reconoce en la fe pública notarial, la facultad fedante por excelencia que ostenta el notario. Con ella se obtienen todas las seguridades y garantías que los particulares pueden ambicionar; sin ella nada puede lograrse. Se aprecia entonces, la transcendencia pública y social que acarrea la función notarial”: CARNEIRO, José. Derecho Notarial. 2ª. Edición. Editorial Edinaf. 1988. Pág. 18.
ende, se ha de reconocer que corresponde al notario una posición especial dentro de la organización administrativa y jurídica” 102 .
En igual sentido se ha sostenido que “el derecho notarial es público porque el notario, especialmente el notario latino, ejerce una función pública en representación del Estado. La naturaleza pública del derecho notarial se pone en evidencia si tomamos en consideración que las normas jurídicas que en él están contenidas obligan a todos los individuos y entidades de un Estado (…) y además son de ineludible cumplimiento para el notario, a quien directamente le afectan aquellas normas (…) Finalmente, resulta que el derecho notarial es derecho público por la necesidad que existe del mismo en la sociedad para mantener la paz y el equilibrio de los derechos en la normalidad; porque resulta que es derecho irrenunciable, que no puede ser modificado por la voluntad de los particulares; que su transgresión si no constituye delito, es reparado mediante un procedimiento administrativo” 103 .
De esta forma, el derecho notarial se configuraría como “una rama del derecho público que constituyendo un todo orgánico, sanciona en forma fehaciente las relaciones jurídicas voluntarias y extrajudiciales, mediante la intervención de un funcionario que obra por delegación del poder público” 104
En consecuencia, el hecho de que nuestra legislación notarial no considere al notario como funcionario público, sino como profesional liberal, no es óbice para tener en cuenta que la función notarial siempre va estar inmersa o relacionada como rama del derecho público, en tanto se trata de una función estrictamente reglamentada por ley y de esta forma encaja dentro de la organización administrativa y jurídica estatal.
“Nos adelantamos a afirmar que la edificación de profesional liberal que se le asigna al notario, no significa de modo alguno que no consideremos indispensable, dadas sus especialísimas características dentro de las profesiones liberales, que la profesión notarial deba ser minuciosamente reglamentada, celosamente controlada, con nombramientos resultantes de concursos u oposiciones, y condicionada en su número a la capacidad y posibilidad de estricto control y vigilancia por parte de los organismos notariales encargados por las leyes de controlar. Esto lo consideramos de la esencia de la institución notarial en razón de la actividad documental del escribano, que lo transforma en depositario de la fe pública a través del instrumento público” 105
Con todo ello, lo que pretendemos dejar en claro es que cuando el notario interviene dando fe de determinado hecho jurídico, no lo hace provisto de un ámbito de libertad, en ejercicio de su autonomía privada, sino en cumplimiento de una función reglamentada, condicionada y encomendada por ley. Esta especie de actuación no libre o con parámetros de desenvolvimiento estrictamente establecidos por el
102 CASTAN TOBEÑAS, José. Función notarial y elaboración notarial del derecho. Instituto Editorial Reus. Madrid. 1946. Pág. 39-40.
103 CARPIO AGUIRRE, Alfredo. Derecho Notarial. Ley del notario y apéndice. Editorial Cuzco. Lima. 1967. Pág. 8.
EMERITO GONZALES, Carlos. Derecho Notarial. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1971. Pág. 16. En igual sentido se puede ver: GIMENEZ ARRAU, Enrique. Introducción al derecho notarial. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1957. Pág. 12.
105 ALLENDE, Ignacio. La Institución notarial y el derecho notarial. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1967. Págs. 91-92.
ordenamiento jurídico, no se condice con la naturaleza de los actos negociales, los cuales, como ya tuvimos oportunidad de señalar, siempre garantizan un ámbito de libertad de las personas que intervienen, a efectos de que estos puedan reglamentar su vida de relación intersubjetiva sin ningún parámetro legal adicional que aquél deber de respetar las normas imperativas el orden público y las buenas costumbres.
Es más, somos de la opinión que la naturaleza de los actos notariales es muy similar a la de los actos administrativos, ya que en ambos supuestos las personas que emiten tales actos lo hacen en ejercicio de las funciones previamente establecidas por ley y en el marco del derecho público; a diferencia de los actos negociales que encuentran su razón de ser en el desenvolvimiento de los particulares en las distintas operaciones privadas 106
Sobre esta diferencia entre el negocio jurídico y el acto administrativo (que también resulta aplicable al acto notarial) FLUME se ha pronunciado de forma bastante clara y concreta, señalando una serie de criterios para distinguir ambas figuras; criterios que son plenamente aplicables para diferencia el negocio jurídico del acto notarial.
a) En el acto notarial no rige el principio de la autonomía privada, sino el principio del sometimiento del notario a la legalidad. En el campo del negocio jurídico, en cambio, el particular solamente puede ser afectado en sus relaciones jurídicas si él mismo, en virtud de su autodeterminación, ha contribuido a la configuración jurídica.
b) La problemática principal del negocio jurídico reside en que es un acto de autodeterminación. Ésta se hace cuestionable si tiene lugar defectuosamente (problema de los vicios de la voluntad). Por el contrario, el problema principal del acto notarial, es la legalidad de su contenido. En efecto, en los actos notariales lo que importa es si la ley prescribe la intromisión, la atribución del beneficio o su denegación en la esfera jurídica de los particulares. Solamente entonces el acto notarial es conforme a derecho.
c) Aunque en comparación con el negocio jurídico, el acto notarial tiene también como finalidad la configuración jurídica 107 , el elemento de la voluntad retrocede en él por virtud del principio del sometimiento del notario a las prescripciones de la ley; ello en cuanto la ley es que la determina previamente la actividad y el ámbito
106 Ojo que con esto no pretendemos desconocer la posibilidad de que un ente público realice un negocio jurídico (en estricto, un contrato) con uno de sus miembros; así como tampoco queremos desconocer la posibilidad de que mediante la celebración de un negocio jurídico, un ente público persiga directamente fines de este tipo, como por ejemplo los numerosos negocios mediante los que los entes públicos operan en auxilio del interés público y lo fomentan respecto de los particulares (así, en la compra de grandes cantidades de cereales en apoyo de la agricultura, la concesión de préstamos y subvenciones, asunción de finanzas, etc.) Únicamente queremos dejar en claro que en estos casos nos encontramos ante figuras excepcionales que es posible ubicar en el límite del derecho público y derecho privado, al punto que un sector autorizado de la doctrina alemana ha optado por llamarlo derecho privado de la administración (FLUME, Werner. El negocio jurídico. Parte General del Derecho Civil. Tomo Segundo. 4ª. Edición. Fundación Cultural del Notariado. Madrid. 1992. Pág. 63) En efecto, se sostiene que si bien en estos casos estamos frente a negocios jurídicos de derecho privado, la actuación del representante del ente público es también actuación de Derecho Público, en cuanto realiza el interés público. Por eso no se aplican al representante del ente público los principios de la autonomía privada. Más bien está sometido a los vínculos del Derecho Público. 107 Ello en tanto el notario da fe de los actos y contratos que ante él se celebran (artículo 2 del Decreto Legislativo N°1049, Ley del Notariado)
de actuación del notario. Es decir, no hay lugar para una configuración creadora, conforme a la voluntad, por parte del notario 108
factor de la voluntad juega en muchos actos administrativos un papel en cuanto
que, en la actividad administrativa, al funcionario le queda un cierto ámbito para la propia decisión. Se habla de discrecionalidad, y ésta es algo básicamente distinta
la autodeterminación en el negocio jurídico. En cambio, en los actos notariales,
ni siquiera podemos hablar de discrecionalidad por cuanto el notario únicamente debe verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, e inmediatamente proceder en el sentido que aquella lo establezca. Es decir, en los actos notariales se prescinde del todo de la voluntad del notario, a diferencia de los actos negociales, en donde aquélla representa el punto neurálgico.
En virtud del principio de sometimiento del notario a la legalidad, el contenido del acto notarial está fijado básicamente por la ley. Por el contrario, en la medida de que en el negocio jurídico existe libertad de configuración del contenido, el contenido del negocio jurídico se determina ad hoc por las partes.
El negocio jurídico es celebrado por las partes en un ámbito de libertad; uno celebra un negocio jurídico porque le place (más allá de las necesidades que se pretende satisfacer con la celebración de un negocio jurídico, el mismo celebrante, en ejercicio de su libertad, es quien opta por celebrar el negocio y satisfacer su necesidad, en vez de quedarse con los brazos cruzados y continuar en un estado de insatisfacción. Por el contrario, cuando el notario actúa, no lo hace en un ámbito de libertad o autodeterminación, sino que lo hace en cumplimiento de una función previamente encomendada por el Estado. Es decir, el negocio jurídico es producto de la libertad de los particulares (de su autodeterminación); en cambio, el acto notarial es producto del cumplimiento de un deber o el ejercicio de una función.
Esta gran cantidad de diferencias existentes entre los negocios jurídicos y los actos notariales, nos permiten nuevamente arribar a la misma conclusión señalada líneas arriba:
no es posible aplicar a los actos notariales las normas y las instituciones propias del negocio jurídico, ya que ambas figuran responden a estructuras, finalidades y funciones completamente disímiles.
Una prueba más de esto que sostenemos, es que ni en la mismísima doctrina alemana, que es donde nació la figura del negocio jurídico, se planteó la posibilidad de aplicar las instituciones y normas de aquella, para figuras tales como los actos notariales o los actos administrativos.
En efecto, si bien el negocio jurídico fue concebido (desde un primer momento) como una figura o categoría general, capaz de englobar a una serie de figuras particulares, al punto que sus postulados y reglas pudiesen ser aplicados de forma general a todas ellas (nos
108 Sobre el rol preponderante de la voluntad en los negocios jurídicos, se puede ver: SACCO, Rodolfo. “Il fatto, l’atto, il negozio”. En: “Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco”. UTET Giuridica. Turín. 2005; quien se preocupa por revalorar el papel que juega la voluntad en los actos negociales.
referimos al contrato, testamento, matrimonio y negocios jurídicos unilaterales 109 ), jamás se planteó en la doctrina alemana (ni en los distintos países donde luego fue acogido el estudio del negocio jurídico, como por ejemplo Italia) la posibilidad de que las reglas propias de los negocios jurídicos, fuesen aplicables a los actos notariales. Es más, siempre se tuvo bastante clara la diferenciación y por ende distinto tratamiento que merecían ambas figuras.
Vista la imposibilidad de aplicar la nulidad del negocio jurídico (para nuestro CC “acto jurídico”) a los actos notariales, el lector podría preguntarse: Entonces ¿con qué mecanismo de tutela cuenta la parte perjudicada que no fue debidamente notificada con el inicio del procedimiento notarial de declaración de prescripción adquisitiva?
La respuesta nos la da la misma legislación notarial. En efecto, el artículo 123 de la Ley del Notariado, establece que “Son nulos los instrumentos públicos notariales cuando se infringen las disposiciones de orden público sobre la materia, contenidas en la presente ley”
Por su parte, el artículo 5 de la Ley 27333, Ley Complementaria a la Ley N°26662, es una norma imperativa que establece el trámite notarial de declaración de prescripción adquisitiva de dominio:
“El procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio se tramitará (…) de acuerdo con el trámite siguiente:
(…) d) el notario notificará a los interesados y colindantes cuyas direcciones sean conocidas y colocará carteles en el inmueble objeto del pedido de prescripción adquisitiva de dominio”
Este artículo 5 d) de la citada Ley N° 27333, es un a norma de orden público, que al no haber sido acatada por el notario ante quien se siguió el procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, trae como consecuencia que el acta notarial expedida en el marco de dicho procedimiento sea nula por ese mero hecho (es decir, por contravenir el texto expreso del artículo 5 d) de la Ley 27333, ya que según el artículo 123 de la Ley del Notariado, es nulo el instrumento público notarial por medio del cual se infringen normas de orden público), sin necesidad de acreditar la existencia de alguna causal de nulidad del acto jurídico prevista en el artículo 219 CC.
Esto quiere decir que bastaba con que la parte afectada acreditara que efectivamente no fue notificada con el inicio del procedimiento de prescripción adquisitiva, para que se
109 En efecto, doctrina alemana ha señalado lo siguiente: “En el BGB el término “Rechtsgeschaft” recibió un lugar muy preeminente. El capítulo tercero de la Parte General lleva el título “De los negocios jurídicos”. Este capítulo constituye el corazón de la Parte General, porque es el único capítulo dentro de ella que realmente aspira a contener reglas para todos los cuatro libros de la parte especial (obligaciones, cosas, familia, sucesiones). En consecuencia, las normas sobre el negocio jurídico se aplican no sólo a un contrato de compraventa, sino también a la transmisión de la propiedad de un inmueble, al matrimonio y al otorgamiento de un testamento, para citar algunos ejemplos” (el énfasis es nuestro): SCHMIDT, Jan Peter. “La teoría del negocio jurídico en Alemania hoy: ¿Qué se entiende por negocio jurídico?”. En: Revista Jurídica del Perú. Año LVI. N°67. Abril – Junio. 2006. Págs . 36. Esta era entonces la función encomendada al negocio jurídico en Alemania: ser una categoría lógica, abstracta, ordenante, operativa, que regulara o que fuese aplicable a una serie de instituciones que vendrían a ser especies de aquélla; pero nunca se planteó la posibilidad de incluir dentro del negocio jurídico a los actos notariales.
declarase la nulidad del acta notarial, pues el hecho de no haber sido notificado, atenta contra una norma imperativa de orden público (artículo 5 d) de la Ley 27333) y ello según la Ley del Notariado (artículo 123) trae como consecuencia la nulidad del acta notarial.
Por el contrario, no era necesario que la parte afectada acreditara la concurrencia de alguna causal de nulidad del acto jurídico, regulado en los incisos 1 al 8 del artículo 219 CC, como lo ha exigido la Corte Suprema mediante la sentencia materia de comentario.
Finalmente, tampoco era necesario que la Corte Suprema dé importancia a la aplicación del principio iura novit curia a efectos de que la demanda presentada “sea llevada por buen cauce y llegue de esta forma a buen término”. Hubiese bastado que los Vocales Supremos reconozcan que no era necesario (ni posible) “adecuar” la demanda a la causal correcta, ya que sencillamente, la nulidad del acta notarial no tiene como sustento ninguna de las causales tipificadas en el artículo 219 CC, sino tan sólo la aplicación de una norma que establece de forma expresa la nulidad del acta cuando no se cumple con el procedimiento establecido en la ley.
Sea cual fuere la concepción que se maneje sobre el negocio jurídico, siempre será inexacto aplicar las reglas e instituciones propias de éste, para las relaciones notariales y los actos administrativos. Estos actos no guardan relación alguna con la naturaleza de los negocios jurídicos; entre ambas figuras existen diferencias sustanciales en cuanto a su fundamento, naturaleza, función y estructura. El negocio jurídico es un acto vinculante de privada reglamentación de intereses, que en cuanto tal representa un ámbito de libertad para los particulares, ámbito de libertad que asumirá relevancia positiva para el ordenamiento jurídico estatal, cuando los valores del cual aquél portador, son compatibles con los valores expresados por éste. El acto notarial, en cambio, es producto del ejercicio de una función pública, de un mandato encomendado por el Estado; consistente en dar forma pública a determinados actos jurídicos.
Hizo mal, entonces, la Corte Suprema, en aplicar reglas propias de los negocios jurídicos, para “sancionar” la nulidad de actos notariales.
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 artículo 81
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 Artículo 21
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 artículo 1
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 artículo 219
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