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Timestamp: 2020-08-13 06:08:32+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-03982/1766-2017 DE ABRIL 11 DE 2018
SENTENCIA 2014-03982 DE 11 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:PRESUPUESTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES PARA CASOS COMO LA ASIGNACIÓN DE RETIRO. SE EXPLICA QUE PARA QUE EN LOS PRESUPUESTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, COMO LA ASIGNACIÓN DE RETIRO, DEBEN SER DETERMINADOS POR LA LEY MARCO, DADO QUE EXISTE CLÁUSULA DE RESERVA LEGAL. ADEMÁS, RESALTA LA SALA QUE PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL TRATARSE DE LA MODIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN PRESTACIONAL, ES NECESARIO ESTABLECER UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN EL CUAL SE DETERMINARAN LAS DIFERENCIAS ENTRE QUIENES SE INCORPORARON AL NIVEL EJECUTIVO DE MANERA DIRECTA Y QUIENES FUERON HOMOLOGADOS DE LOS GRADOS DE SUBOFICIAL Y AGENTES, CON EL FIN DE AMPARAR LOS BENEFICIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD LABORAL, EN SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA. ADICIONALMENTE, PARA LA FIJACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL Y DE ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE ESTOS, EL GOBIERNO NACIONAL INDICÓ QUE A LOS MIEMBROS EN SERVICIO ACTIVO A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 923 DE 2004 NO SE LES EXIGIRÁ UN TIEMPO DE SERVICIO SUPERIOR AL REGIDO POR LAS DISPOSICIONES ANTERIORES, SIN QUE PUEDA SER SUPERIOR A 20 AÑOS DE SERVICIOS CUANDO EL RETIRO SE PRODUZCA A SOLICITUD PROPIA, NI INFERIOR A LOS 15 AÑOS DE SERVICIOS CUANDO EL RETIRO SE PRODUZCA PRO CUALQUIER OTRA CAUSAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLÁUSULA DE RESERVA EN EL CONTRATO DE TRABAJO, PRESTACIONES SOCIALES, DERECHO LABORAL, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO DE RETIRO, ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO
Sentencia 2014-03982/1766-2017 de abril 11 de 2018
Rad.: 250002342000201403982 01
Número interno: 1766-2017
Actor: Mavel Ospina Ospina.
Asunto: Establecer si es procedente reliquidar la asignación de retiro de una integrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional con la inclusión de las partidas establecidas en el Decreto 1212 de 1990.
Si es procedente reliquidar la asignación de retiro de la actora con la inclusión de las partidas establecidas en el régimen prestacional de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional contenido en el decreto Ley 1212 de 1990, a pesar de tener reconocida su prestación con fundamento en los decretos 1091 de 1995, 1791 de 2000 y 4433 del 2004, que regularon el nivel ejecutivo de la institución.
Bajo ese contexto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: i) del marco normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro de las Fuerzas Militares; ii) de la inescindibilidad de la ley; y, ii)(sic) del caso en concreto.
i) Marco normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro de las Fuerzas Militares.
La asignación de retiro se constituye en un derecho de carácter prestacional que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social. Se trata entonces de una prestación social de causación o tracto sucesivo que se devenga de manera vitalicia, la cual es irrenunciable en los términos de los artículos 48(16) y 53(17) de la Constitución Política. Es así como, una vez observados los presupuestos normativos exigidos en la ley, los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), tendrán derecho a su reconocimiento y pago, en tanto su situación fáctica laboral se subsuma dentro de tales supuestos legales.
Es por disposición de la misma Constitución Política que los miembros de la Fuerza Pública gozan o se benefician de un régimen prestacional especial, en consideración al ejercicio de las excepcionales funciones públicas(18) que desarrollan en cumplimiento de su actividad militar o policial(19). De ahí, el establecimiento de una normatividad legal diferente a la que se ha configurado respecto de los demás servidores públicos, y obviamente a su exclusión de la aplicación del sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993(20) y en la Ley 797 de 2003(21).
Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al nivel ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (art. 7º —parágrafo— de la L. 180/95), que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.
Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificable o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido(22) sólo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular caso el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto —se repite— era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo.
En los artículos 9º y 10 del Decreto 1791 de 2000(23), se reguló nuevamente lo relacionado con la homologación de los suboficiales y agentes al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, normas que en lo sustancial mantuvieron el mismo sentido de las disposiciones del Decreto 132 de 1995. En el parágrafo del artículo 10, se estableció que el personal de suboficiales y de agentes que se homologan, se someten al régimen salarial y prestacional establecido para la carrera del nivel ejecutivo.
Mediante el Decreto 2070 de 2003(24), se reguló el régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública, entre ellos, los pertenecientes al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, pero la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad en la Sentencia C-432 de 2004, toda vez que se desconoció lo previsto en el artículo 150, numerales 10 y 19, literal e), de la Constitución Política, concretamente, porque “(…) debe regularse por el Congreso de la República mediante normas que tengan un carácter general, conocidas en nuestro sistema como leyes marco y no, por intermedio de una habilitación legal, valiéndose para el efecto de facultades extraordinarias (…)”.
A partir de lo anterior, se colige lo siguiente:
Es pertinente señalar, que el parágrafo 2º del artículo transcrito fue declarado nulo por la Sección Segunda de Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 12 de abril del 2012(25), con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón y radicado interno 1074-2007, por considerar que el Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria al aumentar la edad para acceder a la asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal, argumento que sirvió de sustento, también, para declarar la nulidad parcial de los artículos 24 y 30 del Decreto 4433 del 2004, mediante la sentencia del 28 de febrero del 2013(26).
“ART. 1º—Régimen de transición para el personal homologado del nivel ejecutivo. Fijase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005, siendo suboficiales o agentes, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución después de quince (15) años de servicio por llamamiento a calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por disminución de la capacidad psicofísica y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de los veinte (20) años de servicio, a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3o del presente decreto, por los quince (15) primeros años de servicio, un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19) años y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así mismo se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.
“(…) Fijase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con veinte (20) años o más deservicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3º del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.
(…)”. (Negrilla y subrayas de la Sala).
ii) La inescindibilidad de la norma.
El denominado principio de derecho laboral de inescindibilidad o indivisibilidad, tradicionalmente ha sido consagrado en la legislación legal laboral colombiana como complemento del de favorabilidad(27). En efecto, el legislador desarrolló el principio de favorabilidad en armonía con el criterio de inescindibilidad en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos:
No obstante lo anterior, la Sala resalta que en los casos de la homologación de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional al nivel ejecutivo de la institución, no existe conflicto alguno de normas en virtud de las cuales se hace necesario analizar cual resulta aplicable, por cuanto hubo una incorporación de dicho personal a un nuevo régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno Nacional, quedando agotado el anterior (decretos 1212 de 1990(28) para oficiales y suboficiales y 1213 del mismo año(29) para agentes) y sometidos íntegramente en todos y cada uno de sus aspectos a este nuevo régimen (Decreto 1091 de 1995(30)).
— Mediante la Resolución 19962 del 28 de noviembre del 2012(31), proferida por director general de Casur, se le reconoció a la SC (R) Mavel Ospina Ospina una asignación mensual de retiro, a partir del 29 de noviembre del 2012, en cuantía equivalente al 81% del sueldo básico de actividad para el grado y las partidas legalmente computables, al tenor de lo dispuesto por los decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004. Para el efecto se dispuso:
Que la Policía Nacional con fecha 14/11/2012 expidió la hoja de servicios 28647663 registrada en el libro 002, a folio 209 en la que certifican que el (la) señor(a) SC(r) Ospina Ospina Mavel prestó servicio en la Policía Nacional durante 23 año(s), 7 mes(es), 21 día(s) quedando desvinculado(a) del servicio activo a partir del 29/08/2012.
Que al tenor de lo dispuesto en los decretos 1091 de 1995, 1792 de 2000, 4433 de 2004 y demás normas concordantes en la materia se le debe reconocer y pagar asignación mensual de retiro equivalente al 81% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables según liquidación que obra en el expediente administrativo.
— Según hoja de servicios 28647663 del 14 de noviembre del 2012(32), se establece que la señora Mavel Ospina Ospina: i) ingresó como agente alumno el 1º de agosto de 1989, desempeñándose hasta el 31 de enero de 1990; ii) mediante la Resolución 0540 del 18 de enero de 1990 comenzó como agente nacional; iii) se homologó voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional a través de la Resolución 1047 del 27 de febrero de 1996, el 1º de marzo de la misma anualidad hasta el 29 de agosto del 2012; y iv) por la Resolución 02717 del 2 de agosto del 2012 fue dada de alta el 29 de noviembre de 2012, para un total de servicios prestados de 23 años, 7 meses y 21 días.
— A través de petición del 30 de mayo del 2014(33) la demandante solicitó la reliquidación de su asignación de retiro con la inclusión del subsidio familiar y las primas de antigüedad y actividad, por haber pertenecido al escalafón de agentes y suboficiales con anterioridad al ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, la cual fue negada mediante el Oficio 1685 / GAG-SDP del 9 de julio del 2014(34), proferido por el director general de Casur.
De lo anterior se concluye, de un lado, que la entidad demandada le reconoció a la señora Mavel Ospina Ospina la asignación de retiro a partir del 29 de noviembre del 2012, dando aplicación a los decretos 1091 de 1995, 1791 de 2000 y 4433 de 2004, como quiera que se homologó al nivel ejecutivo de la institución a partir del 1º de marzo de 1996 y el cual mantuvo hasta la fecha de su retiro, esto es, el 29 de noviembre del 2012; y de otro, que le fue negada la solicitud de reliquidar dicha prestación con la inclusión del subsidio familiar y las primas de antigüedad y actividad en el Decreto 1212 de 1990, por considerar que solo le resultan aplicables las partidas computables establecidas en los Decreto 1091 de 1995 y 4433 de 2004.
Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar un análisis comparativo de los emolumentos que la actora pretende y, que en su sentir, percibía antes de su homologación al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y después de ella, para luego establecer si en efecto su situación salarial y prestacional fue desmejorada, para lo cual se tiene:
Como se puede observar, si bien no fue prevista la prima de actividad en el Decreto 1091 de 1995, régimen por el cual optó voluntariamente la demandante, no se puede desconocer que pasó a devengar la prima del nivel ejecutivo en un equivalente al 20% de la asignación básica mensual.
(Se encuentra regulado en el artículo 8º)
Respecto a este factor vale la pena mencionar, que según la hoja de servicios 28647663(35) de la señora Mavel Ospina Ospina, proferida por la dirección de talento humano, durante su permanencia en el grado de suboficial no acreditó el requisito establecido en el artículo 71 del Decreto 1212 de 1990, esto es, 10 años de servicio, razón por la que se puede establecer que no cumplía con los requisitos para obtenerla.
Decreto 1212 de 1990 - suboficial Decreto 1091 de 1995 - nivel ejecutivo
c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%)” (…) SUBSIDIO FAMILIAR
“PAR.—El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso”.
Cabe precisar que respecto del subsidio familiar, el régimen del nivel ejecutivo en el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995, dispuso el pago por los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros y consagró unas nuevas condiciones, pues en dicho subsidio se pueden incluir ahora a hermanos y padres como beneficiarios, razón por la que en el presente caso, dicho subsidio continúa después de la homologación al nivel ejecutivo, con la diferencia que no incluye a la cónyuge o compañera permanente. De modo que este subsidio no se eliminó para el nivel ejecutivo y se continuó pagando, eso sí, teniendo en cuenta la reglamentación que regula su nueva vinculación.
Bajo ese contexto, si bien la señora Mavel Ospina Ospina en su condición de agente y suboficial de la Policía Nacional devengaba el subsidio familiar, también lo es que con la entrada en vigencia del régimen de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, no se le dejó de reconocer, pues de acuerdo con la hoja de servicio 28647663 de 14 de noviembre del 2012(36) se evidencia que se le siguió cancelando dicho emolumento.
Pese a las explicaciones anteriores, a continuación se revisan los salarios y las anteriores prestaciones devengados por la parte demandante en su condición de suboficial, esto es, de acuerdo al Decreto 1212 de 1990 y las devengadas en su condición de homologada según el Decreto 1091 de 1995.
Al respecto, y de conformidad con el Decreto 65 de 1994(37) y los decretos 1212 de 1990 y 1091 de 1995, los cuales establecieron lo devengado como suboficial y lo percibido como miembro del nivel ejecutivo, respectivamente, se observa lo siguiente:
Sueldo básico $ 149.900 Sueldo básico $ 280.000 Se incrementó en un 86.9%
Prima de actividad (33%) $ 49.467 Prima nivel ejecutivo $ 56.000 Se incrementó en un 13%
Subsidio familiar (39%) $ 58.461 Subsidio familiar N/A Éste pasó a ser asumido por el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
Total mes $ 259.327 Total mes $ 336.000 Se incrementó en un 29.5%
De acuerdo con la comparación anterior, se puede observar que no existió desmejoramiento sino un incremento del orden del 29.5%
En otras palabras, este desmejoramiento no puede mirarse aisladamente o factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de las normativas en estudio (en este caso, el de los suboficiales —Decreto 1212 de 1990, por un lado; y, el del nivel ejecutivo— Decreto 1091 de 1995, por el otro).
Además en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del nivel ejecutivo a la que se acogió libremente la demandante debe aplicarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa (Decreto 1091 de 1995) existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de suboficial y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual su condición de integrante del nivel ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales.
Con el material probatorio obrante dentro del expediente, entonces, contrario a lo afirmado por la interesada, lo que se observa es que el Ejecutivo no lesionó el mandato de no regresividad, pues mirado en su conjunto, se insiste, el régimen del Decreto 1091 de 1995 le reporta mayores beneficios.
Así las cosas, se establece que la actora se benefició al cambiar del rango de suboficial al del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en materia salarial, pues, en dicho régimen se superaron las condiciones mínimas que dispuso el legislador y, por lo mismo, se debe someter integralmente a su reglamentación, dentro de la cual no se establecieron los factores que reclama, precisamente porque corresponden al régimen de suboficiales, al que ya no pertenece, y en cambio sí se le reconocieron y pagaron los propios del nivel ejecutivo al cual ingresó de forma voluntaria.
Bajo los referidos presupuestos de la relación laboral de la demandante en la Policía Nacional, entonces, es válido afirmar que la homologación a la que se sometió le permite estar amparada por la prohibición de discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales, regla que deriva, se reitera, de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias normas que crearon e implementaron el nivel ejecutivo en la Policía Nacional.
En consecuencia, el acto administrativo demandado no está inmerso en ninguna de las causales de nulidad alegadas por la demandante, pues los salarios y prestaciones a que tiene derecho son los establecidos en el régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se la ha aplicado desde su ingreso al mismo, conforme fue considerado por el a quo, lo cual impone a la Sala confirmar la decisión apelada.
No puede la Sala dejar de poner de presente para el caso objeto de estudio, que la reclamación presentada por la actora ante Casur tuvo por objeto la reliquidación de su asignación de retiro con la inclusión de unas partidas computables que no devengó en actividad, es decir, el reclamo no es porque no se hubiesen incluido, sino que aspira se le incluyan aquellas que en su sentir debió devengar como retribución al ejercicio de sus funciones y que devengaba antes de su homologación al nivel ejecutivo, lo cual conduciría a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad demandada, por ser la encargada del reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo, agentes y demás estamentos de la Policía Nacional.
Sin embargo y atendiendo que las partes entendieron y aceptaron discutir su desacuerdo ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y así fue atendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que se señalara el aspecto mencionado, por lo que se acepta decidir la controversia propuesta.
Finalmente, la Sala reconocerá al abogado Hugo Enoc Galves Álvarez para actuar dentro del sub lite como apoderado de la entidad demandada, conforme al memorial poder obrante a folio 258 del plenario.
2. CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio del 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Mavel Ospina Ospina en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía (Casur), de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
3. RECONOCER personería al abogado Hugo Enoc Galves Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía número 79.763.578 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 221.646 del C.S. de la J., para actuar dentro del sub examine como mandatario de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur conforme al memorial poder obrante a folio 258.
4. Por intermedio de la Secretaría, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, y dejar las constancias respectivas.
16 “(...) Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”.
17 En el inciso segundo de esta disposición, se consagran principios mínimos fundamentales, el de la “(...) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. (...)”.
18 (i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (art. 216); (ii) velar por la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art. 217); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz (art. 218).
19 “(...) es indiscutible que dicha prestación cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares” (Sentencia C-432/04).
20 “ART. 279.—Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
22 Los derechos se adquieren en tanto se reúnan los dos (2) elementos que exige el artículo 58 de la C.P., como son: el objetivo y el subjetivo.
23 “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional”.
24 “Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares,
“PAR.—El ingreso de los suboficiales a este nivel, se hará en estricto orden de antigüedad en el grado, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional”.
25 “En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.
26 Consejo de Estado, sentencia de 28 de febrero de 2013, número interno 1238-2007. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
27 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-832A de 2013; C-354 de 2015.
28 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”.
29 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional”.
30 “Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”.
31 Folios 4 y 5.
32 Folio 3.
33 Folios 6 y 7.
35 Folio 3.
36 Folio 3.
37 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para alféreces, guardiamarinas, pilotines, grumetes y soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.

References: artículo 10
 artículo 150
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 71
 artículo 15
 artículo 58
 artículo 25