Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/15959
Timestamp: 2020-06-03 04:26:03+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 219/1993
AUTO 219/1993, de 1 de julio
ECLI:ES:TC:1993:219A
Sección Segunda. Auto 219/1993, de 1 de julio de 1993. Recurso de amparo 917/1993. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 917/1993
1. Por medio de escrito registrado en este Tribunal el 26 de marzo de 1993, don José Manuel Dorremochea Aramburu, Procurador de los Tribunales y de la Asociación de Autónomos, Pequeños y Medianos Empresarios de la Comarca de la Ribera (APEMEDA) interpone recurso de amparo contra los Autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de febrero y de 1 de marzo de 1993, en el incidente de nulidad de actuaciones promovido de oficio dentro del recurso de casación núm. 1.532/1991, en relación con el derrumbamiento de la presa de Tous.
a) Como consecuencia de la catástrofe ocasionada el 20 de octubre de 1982 por el derrumbamiento de la presa de Tous, el Juzgado de Instrucción de Xátiva, en fecha 22 de octubre de 1982, acordó mediante providencia incoar diligencias previas encaminadas a determinar las circunstancias y naturaleza de los hechos acaecidos. Tras las oportunas diligencias, el indicado Juzgado acordó por Auto de 13 de diciembre de 1982 la incoación del correspondiente sumario ordinario, que se siguió bajo el núm. 56/82.
b) El 29 de enero de 1983, dicho Juzgado dictó Auto de procesamiento contra don Salvador Madrigal Sánchez y don Jesús González Marín. Contra dicho Auto se recurrió en reforma y subsidiariamente en apelación por las defensas de los procesados. Desestimada la reforma por Auto de 8 de febrero de 1983, el 13 de septiembre de 1983 se celebró ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia la vista oral del recurso de apelación, que fue desestimado por Auto de 15 de septiembre de 1983.
c) Entre tanto, la acusación particular AFIVA solicitó el procesamiento de don Florentino Santos García, que fue denegado por Auto de 17 de mayo de 1983, contra el que se interpuso el oportuno recurso de reforma, y que fue desestimado por Auto de 23 de mayo de 1983.
d) El 28 de diciembre de 1983, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia dictó Auto revocando el de conclusión del sumario, que había sido dictado por el Juzgado de Xátiva el 17 de mayo de 1983. La acusación particular, ejercitada por don Vicente Pla Felip y posteriormente la acusación particular AFIVA, por escrito de 2 de abril de 1984, solicitaron se dictase Auto de procesamiento contra don Florentino Santos García y don Ramón Guerrero Martín-Romero, cuya petición, al no ser resuelta, fue reiterada por AFIVA y APEMEDA, mediante escrito de 14 de septiembre de 1984, y que fue denegada por Auto del Instructor, de 19 de septiembre de 1984, cuya resolución fue recurrida en reforma por las citadas acusaciones particulares y, finalmente, denegada por el Juzgado de Instrucción de Xátiva por Auto de 21 de septiembre de 1984.
e) En el mencionado Auto de 19 de septiembre de 1984 también se acordó nuevamente la conclusión sumarial, cuya resolución fue revocada por Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia de 29 de marzo de 1985. Otra vez las actuaciones volvieron al Juzgado de Instrucción de Xátiva, prosiguiéndose los trámites de sumario ordinario, en el que por Auto de 26 de junio de 1985 el Juzgado acordó no declarar el procesamiento de don Florentino Santos García y don Román Guerrero Martín-Romero, contra el que recurrió en reforma la acusación particular AFIVA, que fue denegada por Auto de 3 de julio de 1985, y cuyo Auto fue declarado nulo por otro Auto del Instructor de 22 de octubre de 1985, al efecto de dar traslado del precitado recurso de reforma de la acusación particular a las demás partes personadas, lo que no se había hecho, tras cuyo trámite, por Auto de 26 de octubre de 1985 el Instructor desestimó la reforma.
f) Por Auto de 29 de octubre de 1985 el Juzgado de Xátiva acordó la transformación del sumario que se había seguido hasta ese momento por los trámites del ordinario en sumario de urgencia, a partir de cuyo momento se siguieron las normas que para tal procedimiento fueron instauradas por la Ley 3/1967, de 8 de abril.
g) Mediante Auto de 12 de noviembre de 1985, el Juzgado Instructor nuevamente declaró concluso el sumario, el que se elevó a la Audiencia Provincial de Valencia. El Ministerio Fiscal, por escrito de 2 de enero de 1986, únicamente dirigió la acusación contra los Sres. Madrigal y González; las acusaciones particulares AFIVA, APEMEDA, don Enrique Blasco, don José Mompó Esplugues y don Vicente Pla Felip, solicitaron el procesamiento de don Florentino Santos García y don Román Guerrero Martín-Romero. Por Auto de 26 de febrero de 1986 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Auto de procesamiento contra los repetidos Sres. Santos y Guerrero, resolución que fue recurrida en súplica por las respectivas representaciones de los mismos y por el Abogado del Estado, que fue desestimada por Auto de 16 de abril de 1986, manteniéndose íntegramente la anterior resolución de 26 de febrero de 1986.
h) La Audiencia Provincial, tras los oportunos escritos de calificación provisional de las partes personadas, dictó Auto el 13 de febrero de 1987 por el que, entre otras cuestiones, fijaba la celebración del juicio oral para el 9 de marzo de 1987 y días sucesivos.
i) Iniciado el juicio oral el día señalado, 9 de marzo de 1987, y transcurridas varias sesiones de mañana y tarde, compareció en calidad de testigo don Juan Sancho-Tello Mercadal, quien contestó a las preguntas que le fueron formuladas por los Letrados de las distintas partes intervinientes en el juicio y por el Tribunal. A la vista de las declaraciones del Sr. Sancho-Tello, a petición de las defensas de algunos procesados y perjudicados, la Sala dictó Auto el 16 de marzo de 1987 ordenando la práctica de una sumaria instrucción suplementaria. Interpuestos contra esta resolución varios recursos de súplica, fueron rechazados por Auto de 25 de marzo de 1987.
j) Una vez la causa en el Juzgado de Instrucción de Xátiva y tras practicarse las pertinentes diligencias, fue solicitado por el defensor del procesado don Jesús González Marín que se dictara Auto de procesamiento contra don Juan Sancho-Tello. Asimismo, también solicitaron el procesamiento del Sr. Sancho-Tello (y también del Sr. Díaz Lázaro), aparte de las acusaciones AFIVA, APEMEDA y TRANSFERA, los damnificados de Sollana, y en su consecuencia el repetido Instructor dictó Auto el 4 de marzo de 1987, por el que desestimaban las peticiones de procesamiento solicitadas. Contra el mismo, las acusaciones particulares AFIVA, APEMEDA y TRANSFESA interpusieron recurso de reforma, que fue desestimado por Auto de 12 de mayo de 1987.
k) Por Auto de 14 de mayo de 1987 se declaró terminada la sumaria instrucción suplementaria. Por AFIVA, APEMEDA y TRANSFESA, que ejercitaban la acusación particular, se reprodujo la petición de procesamiento que había sido solicitada ante el Juzgado de Xátiva, dictando Auto el 9 de junio de 1987 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por el que, entre otras cuestiones, se declaraba procesado a don Juan Sancho-Tello Mercadal.
l) Tras diversas vicisitudes procesales, la representación procesal de don Juan Sancho-Tello, por escrito de 22 de septiembre de 1987, promovió incidente de recusación contra los Magistrados Ilmos. Sres. don José Luis Pérez Hernández y don Francisco Hervás Vercher. La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia, constituida por Magistrados distintos de los recusados, acordó por Auto de 29 de septiembre la suspensión del comienzo del juicio oral que estaba fijado para el 8 de octubre siguiente. El 4 de noviembre de 1988, el Pleno de la Audiencia Territorial de Valencia dictó Auto por el que se acordaba no haber lugar a la recusación de los Ilmos. Sres. Magistrados, formulada por don Juan Sancho-Tello Mercadal.
m) Paralelamente, el día 22 de diciembre de 1988, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia dictó Auto por el que se señaló la fecha del 20 de febrero de 1989 para el comienzo de las sesiones del juicio oral. En este día ante el indicado Tribunal, formado por los Ilmos. Sres. don José Luis Pérez Hernández (Presidente), doña Ana Isabel Gómez García y doña Inmaculada Montalbán Huertas, comenzó el juicio oral que se desarrolló en diversas sesiones, hasta la última celebrada el 15 de febrero de 1990. La Sentencia se dicta el 23 de octubre de 1990, y en ella se condena a los Sres. Guerrero Martín-Romero y Sancho-Tello Mercadal como criminalmente responsables de un delito de imprudencia temeraria, a la pena a cada uno de ellos de un a¤o de prisión menor. Disconforme con la Sentencia, al igual que el mencionado don Román Guerrero, la representación procesal de don Juan Sancho-Tello, interpuso recurso de casación.
n) El 20 de octubre de 1989 el Sr. Sancho-Tello formuló demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que la composición del Tribunal que lo había juzgado vulneraba el art. 6.1 de la C.E.D.H. Dicha demanda fue declarada prematura por la Comisión Europea de Derechos Humanos en su resolución de 11 de mayo de 1992, pues, atendiendo a la excepción formulada por el Gobierno español, consideró que el proceso penal aún no había concluido, dado que todavía no había sido dictada la resolución que resolviese el recurso de casación en el que se había planteado la misma cuestión suscitada ante la Comisión.
3. La representación de la Entidad recurrente estima que ambas resoluciones vulneran los derechos a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, al Juez predeterminado por la Ley, y a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantias, protegidos en el art. 24 de la C.E.
4. Por providencia de 6 de mayo de 1993, la Sección Segunda de la Sala Primera de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que alegasen lo que estimaran pertinente en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOCT consistente en la carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional.
5. El 24 de mayo de 1993 se presentaron en el Registro General de este Tribunal las alegaciones de la entidad demandante. Sostiene el contenido constitucional de la demanda acogiéndose al principio favor actionis y a la necesidad de que la jurisdicción constitucional conceda una atención preferente al interés general.
6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 25 de mayo de 1993, estima que el extremo relativo a la anulación del procesamiento de don Ramón Guerrero y don Florentino Santos se muestra como una cuestión de legalidad ordinaria cuya solución compete a los órganos jurisdiccionales sin que comprometa derecho fundamental alguno.
La reconducción de la tramitación de la causa al procedimiento de urgencia ha sido interpretada con error por el recurrente como lo demuestra el hecho de que haya sido señalado nuevamente el juicio sin previo trámite de calificación.
1. El recurso de amparo formulado por la entidad demandante se dirige contra los Autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, en incidente de nulidad promovido de oficio por dicha Sala al conocer de los recursos de casación interpuestos contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, acordaron, el primero de ellos, decretar la nulidad del procesamiento dictado el 26 de febrero de 1986, en la causa 26/82, contra don Román Guerrero Martín Romero y don Florentino Santos García; dispusieron, asimismo, la nulidad del juicio oral celebrado ante dicha Sección por concurrir en uno de sus componentes -en concreto, su Presidente- la circunstancia de falta de imparcialidad objetiva, y decidieron finalmente continuar la tramitación de la causa por las normas del hoy derogado procedimiento de urgencia. De otra parte, en el Auto de 1 de marzo de 1993, desestimaron el recurso de súplica planteado contra la resolución anterior.
2. Con apoyo en el art. 24.1 de la C.E., el recurso sostiene que la decisión de la Sala de declarar nulo el procesamiento de los Sres. Martín Romero y Santos García les genera indefensión porque, a través de la interpretación que la Sala Segunda realiza del art. 796 de la L.E.Crim., se impide a las partes acusadoras reproducir ante el órgano competente para conocer de la fase intermedia la petición de procesamiento de dichos señores que ya formularon ante el Juez de Instrucción y les fue denegada por éste. Desde su punto de vista, la tramitación del proceso a través de las normas del sumario ordinario cuando hicieron dicha petición no permitía recurrir contra la decisión del instructor, pues el art. 384 de la L.E.Crim. les obligaba expresamente a reproducir su petición ante la Audiencia en la fase intermedia. Es más, el principio de igualdad de las partes exigía hacer una interpretación constitucional del art. 796 de la L.E.Crim. y, puesto que las acusaciones no habían podido trasladar su petición de procesamiento al Tribunal Superior, debía posibilitarse, al igual que se lo permite el indicado precepto al Ministerio Fiscal cuando no tuviese adscrito auxiliar en el Juzgado instructor, que aquéllas reprodujesen su petición de procesamiento en el trámite de instrucción.
Como se deduce, pues, del planteamiento anterior, la demandante traslada ante este Tribunal sus discrepancias interpretativas con el Tribunal Supremo respecto de un precepto de la L.E.Crim. -art. 796- que a su juicio le ha generado indefensión y contraria el principio de igualdad procesal de las partes, vulnerándose con ella el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E.
3. Este Tribunal ha proclamado con reiteración que el derecho fundamental mencionado del art. 24.1 C.E. incluye como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada en Derecho y no manifiestamente arbitraria o irrazonable, aun cuando dicha fundamentación jurídica pueda estimarse discutible. Pero en ningún caso encierra el derecho a que en la resolución judicial se mantenga una determinada interpretación de la normativa aplicable (SSTC 20/1982, 39/1985, 23/1987, 74/1990, 11/1991 y 58/1992), ya que el citado precepto no garantiza en ningún caso la estimación de las pretensiones deducidas ni ampara la defensa de una determinada interpretación de la legislación ordinaria aplicable al caso (STC 33/1988).
4. En el presente caso, la recurrida alega que esa, a su juicio, incorrecta interpretación del art. 796 L.E.Crim. es contraria al principio de igualdad de las partes y le ha causado indefensión en cuanto que le ha impedido reproducir su pretensión de procesamiento ante la Audiencia. Por estas razones es preciso examinar, teniendo en cuenta la doctrina expuesta, si esas vulneraciones denunciadas han llegado realmente a tener lugar.
5. Acogiéndose también al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 C.E., la entidad actora argumenta que los autos ahora recurridos han desconocido lo resuelto por el Tribunal Constitucional en su ATC 220/1989, lo que supone no sólo el apartamiento de una doctrina jurisprudencial en materia de interpretación de derechos fundamentales, sino una franca contradicción con lo decidido por este Tribunal en el mismo supuesto de hecho.
6. En la demanda de amparo constitucional se denunció también la violación por el Tribunal Supremo del derecho de la actora a un proceso sin dilaciones indebidas recogido en el art. 24.2 de la C.E. Se señala en la misma que todas las actuaciones procesales que sirvieron de base a la Sala Segunda para declarar la nulidad del juicio tuvieron lugar sin intervención ni contradicción por parte de las acusaciones particulares y de aquí deduce que la nulidad de cuatro años de actuaciones procesales y la tardanza de ocho meses en resolver un incidente de nulidad provomido de oficio se oponen a la necesaria salvaguarda del derecho constitucional mencionado.
7. La última violación constitucional a que alude la recurrente también se acoge al art. 24.1 de la Constitución. Según ella, los Autos del Tribunal Supremo impugnados acordaron que, producida la nulidad de actuaciones, el procedimiento debía retornar a la Audiencia Provincial de Valencia y continuar su tramitación por las previsiones del derogado procedimiento de urgencia. Dicha declaración supone, a su juicio, que el proceso se siga por normas de tramitación distintas según se trate de unos u otros procesados, pues, con relación a los Sres. Guerrero y Santos, la anulación de su procesamiento equivale a que la causa se tramite, respecto de ellos, por las normas del procedimiento penal abreviado. A dicha conclusión se llegaría aplicando la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 7/1988 y teniendo en cuenta que la causa, en lo que les atañe, no habría sido aún calificada. Por el contrario, respecto de los demás procesados, el procedimiento continuaría por los trámites previstos para el procedimiento de urgencia.
A la vista de lo hasta aquí expuesto, la Sección considera que la demanda carece de contenido que justifique una decisión de este Tribunal en forma de Sentencia, por lo que, ante la concurrencia del supuesto previsto en el art. 50.1 c) LOTC, acuerda la
inadmisión del presente recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.
Madrid, a uno de julio de mil novecientos noventa y tres.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 917-1993
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 917/1993
Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: cuestión de legalidad. Interpretación de las leyes: corresponde a los Tribunales. Principio de igualdad: partes procesales. Proceso penal: requisitos del procesamiento; garantías procesales. Derecho a
un proceso con todas las garantías: derecho a un Juez imparcial. Recusación de Jueces y Magistrados: concepto y requisitos. Derecho al Juez ordinario: acumulación de funciones instructoras y resolutorias. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: su
vinculatoriedad exige la identidad de los supuestos que se comportan. Derecho a un proceso sin dilaciones: doctrina constitucional. Contenido constitucional de la demanda: carencia.
Actividad extraprocesal del JuezActividad extraprocesal del Juez
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidasDerecho a un proceso sin dilaciones indebidas, Doctrina constitucional
Abstención y recusación de jueces y magistradosAbstención y recusación de jueces y magistrados, Concepto
Proceso penalProceso penal, Requisitos

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