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Timestamp: 2019-09-20 07:49:13+00:00

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LEY 12/1995, de 11 de Mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nacion y de los altos cargos de la administracion general del Estado. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15385571
LEY 12/1995, de 11 de Mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nacion y de los altos cargos de la administracion general del Estado.
Fecha de Entrada en Vigor: 13 de Mayo de 1995
Marginal: BOE-A-1995-11340
TITULO III. - arts. 5 a 7
TITULO IV. - arts. 8 a 10
TITULO V. - arts. 11 a 17
Norma citada en: 174 sentencias, 40 artículos doctrinales, 98 disposiciones normativas, 3 temas prácticos, 8 formularios, 21 resoluciones administrativas, 6 noticias
La presente Ley regula el régimen de incompatibilidad de actividades y control de intereses aplicable a los miembros del Gobierno de la Nación, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla.
A los efectos de esta Ley se consideran, como altos cargos:
Los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado.
Los Subsecretarios; los Secretarios generales; los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en Ceuta y Melilla y en las islas; los Delegados del Gobierno en entidades de derecho público; los Gobernadores y Subgobernadores civiles; los Directores generales y los Jefes de Misión Diplomática Permanente, así como, los Jefes de Representación Permanente ante Organizaciones Internacionales.
El Director general del Ente Público Radiotelevisión Española; el Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear; los Presidentes, los Directores generales, los Directores Ejecutivos, los Directores Técnicos o de Departamento y los titulares de otros puestos o cargos asimilados, cualquiera que sea su denominación, en entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de Gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Los Presidentes de las sociedades mercantiles en que el capital sea mayoritariamente de participación estatal cuando sean designados previo acuerdo del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno.
Los miembros del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y de la Vicepresidencia nombrados por acuerdo del Consejo de Ministros, los Directores de los Gabinetes de los Ministros, de los Secretarios de Estado y de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
Asimismo, los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros.
Los titulares de altos cargos no podrán tener, por sí o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local.
Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil. La inhibición se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia, y se notificará al superior inmediato del alto cargo u órgano que lo designó.
Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas.
Artículo 3 Compatibilidad con actividades públicas.
Desempeñar aquellos cargos que les correspondan con carácter institucional o para los que fueran designados por su propia condición.
La condición de presidente, miembro o secretario de órganos colegiados de las Administraciones Públicas, cuando deban realizar dichas funciones por razón del cargo.
La representación de la Administración General del Estado en los Organos Colegiados, Directivos o Consejo de Administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de derecho público. No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración de dichos organismos, empresas, o entidades.
Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado podrán compatibilizar su actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
En los supuestos previstos en los apartados anteriores los altos cargos no podrán percibir remuneración alguna con excepción de las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente, así como, las cantidades en concepto de asistencia en los supuestos previstos en los apartados b) y d). Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas serán ingresadas directamente por el organismo, ente o empresa en el Tesoro Público.
Artículo 4 Compatibilidad con actividades privadas.
Las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
TITULO III Artículos 5 a 7
Artículo 5 Declaración de actividades.
Los altos cargos están obligados a efectuar declaración de las actividades que desempeñen por sí o mediante sustitución o apoderamiento y, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, aquéllas que vayan a realizar una vez que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos, ante el Registro de Actividades de Altos Cargos al que se refiere el artículo 8 de esta Ley, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
La declaración a que se refiere el número anterior se efectuará en el improrrogable plazo de tres meses siguientes a la fecha de toma de posesión y cese, respectivamente, en el alto cargo, así como cada vez que el interesado inicie una nueva actividad, de las que son objeto de regulación en esta Ley.
El órgano administrativo competente al que se refiere el artículo 9 examinará la declaración y, de apreciar defectos formales, requerirá su subsanación al interesado.
Artículo 6 Declaración de bienes y derechos.
Quienes tengan la condición de alto cargo están obligados a formular en el Registro constituido en el órgano competente, según esta Ley, en los términos que reglamentariamente se establezcan, una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones. Voluntariamente, su cónyuge podrá formular esta declaración, que será aportada por el alto cargo.
El objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses.
Las sociedades participadas por las que sean objeto de declaración según el apartado c) con señalamiento de sus respectivos objetos sociales.
La declaración a que se refiere el apartado uno de este artículo se efectuará en el improrrogable plazo de tres meses siguientes a las fechas de toma de posesión y cese, respectivamente, en el alto cargo, así como anualmente entre el 15 de junio y el 15 de julio.
A las declaraciones iniciales y a las que se efectúen anualmente, se acompañará copia de la última declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio que haya tenido obligación de presentar el declarante ante la Administración tributaria. También se podrá aportar la declaración voluntaria de su cónyuge referida a estos tributos. Dichas declaraciones se depositarán en el Registro como información complementaria, rigiéndose el acceso a las mismas por su normativa específica.
El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales recibirá las declaraciones y las copias y, de apreciar defectos formales, requerirá su subsanación al interesado.
Artículo 7 Control y gestión de valores y activos financieros.
Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, que ostenten competencias reguladoras, de supervisión o control sobre sociedades mercantiles, que emitan valores y otros activos financieros negociables en un mercado organizado y en relación con aquéllos de que sean titulares tales personas, sus cónyuges no separados legalmente o sus hijos menores de edad no emancipados, deberán contratar para la gestión y administración de tales valores o activos a una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La encomienda de gestión se mantendrá mientras dure el desempeño del cargo y en los dos años posteriores al cese en el mismo.
Los interesados entregarán copias de los contratos suscritos al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos para su anotación y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
TITULO IV Artículos 8 a 10
Artículo 8 Registros.
Los Registros establecidos en esta Ley se instalarán en un sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como, la alta seguridad en el acceso y uso de los mismos.
El Registro de Actividades de Altos Cargos tendrá carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal; en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en esta Ley, y en las correspondientes normas de desarrollo de las leyes citadas.
El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos tiene carácter reservado y sólo podrá accederse al mismo en la forma establecida en este artículo. El acceso a las declaraciones formuladas al mismo, según lo previsto en el artículo 6.1, se realizará previa presentación de solicitud en la que se especifique el alto cargo de cuyos datos se quiera tener constancia.
Las Cortes Generales, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
El Ministerio Fiscal, cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos que obran en el Registro.
El Defensor del Pueblo en los términos de su Ley Orgánica.
El personal que preste servicios en los registros tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo.
Artículo 9 Organo de gestión.
El órgano competente para la gestión del régimen de incompatibilidades de altos cargos a que se refiere esta Ley es la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. Este órgano será el encargado de recordar y, en su caso, requerir a quienes sean nombrados o cesados en un alto cargo el cumplimiento de las obligaciones contempladas en los artículos 5.1, 6.1 y 7.2 de esta Ley.
Reglamentariamente se desarrollará el contenido y alcance de lo dispuesto en el apartado precedente.
Artículo 10 Información al Congreso de los Diputados.
TITULO V Artículos 11 a 17
A efectos de esta Ley se consideran infracciones muy graves:
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere el artículo 2 cuando se haya producido daño manifiesto a la Administración General del Estado.
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 7 en relación con la gestión de valores bursátiles cuando se haya producido daño a la Administración General del Estado.
La falsedad u omisión de los datos y documentos que deben ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.
La no declaración de actividades y de bienes patrimoniales en los correspondientes registros, tras el apercibimiento para ello.
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 7 en relación con la gestión de valores bursátiles cuando conforme a lo establecido en artículo anterior no constituya falta muy grave.
Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración y publicación del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el «Boletín Oficial del Estado».
Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores deberán, en su caso, restituir las cantidades percibidas indebidamente, de la forma que se establezca reglamentariamente.
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado el ejercicio de las acciones que correspondan.
Quienes hubieran sido objeto de declaración y publicación del incumplimiento de esta Ley no podrán ser nombrados para ocupar cargos, de los relacionados en el artículo 1, por un período de entre tres y diez años, si el incumplimiento fuese calificado como infracción muy grave, o, de hasta tres años, si lo fuese como infracción grave.
En la graduación de la medida prevista en el apartado anterior, se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los administrados y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.
Artículo 14 Actuaciones previas al procedimiento sancionador.
La Inspección General de Servicios de la Administración Pública con anterioridad a la iniciación de cualquier expediente sancionador podrá realizar actuaciones previas de carácter reservado con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.
Asimismo la Inspección General de Servicios de la Administración Pública conocerá de las denuncias que sobre los presuntos incumplimientos de esta Ley pudieran formularse.
Los ficheros, archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social proporcionarán a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, cuando le sea requerido, información, datos y colaboración en la forma establecida en la Ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Una vez realizada la información previa la Inspección General de Servicios de la Administración Pública elevará a los órganos previstos en el artículo 16.1 el informe de las actuaciones previas realizadas.
Artículo 16 Organos competentes del procedimiento sancionador.
El órgano competente para la incoación cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno de la Nación o de Secretario de Estado será el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas.
La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.
Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por faltas muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado. La imposición de sanciones por faltas graves corresponde al Ministro para las Administraciones Públicas. La sanción por faltas leves corresponderá al Secretario de Estado para las Administraciones Públicas.
Artículo 17 Prescripción de infracciones y sanciones.
Disposición adicional primera Subsistencia de incompatibilidades.
Disposición adicional segunda Régimen de incompatibilidades del Banco de España.
Disposición adicional tercera Obligación de comunicar los nombramientos.
Las entidades de derecho público y sociedades mercantiles deberán informar a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de los nombramientos que efectúen respecto de aquellos puestos de trabajo que conforme a esta Ley tengan la condición de altos cargos.
Las entidades o empresas públicas o privadas con representación del sector público en sus Consejos de Administración, comunicarán a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, las designaciones que efectúen para su Consejo de Administración u órganos de gobierno en personas que conforme a lo dispuesto en la presente Ley tengan la condición de alto cargo.
Disposición transitoria única Modelos de declaraciones.
Se autoriza al Gobierno en el marco de sus competencias para dictar cuantas disposiciones exija la aplicación y el desarrollo de esta Ley.
Las obligaciones que establece esta Ley serán de aplicación desde su entrada en vigor.
ORDEN 38/1999, de 29 de enero, por la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar de los edificios denominados «Palacio de Capitanía General de Canarias» y «Antiguo Parque de Artillería», donde está ubicado el Mando de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
RESOLUCION DE 28 DE AGOSTO DE 1994, de la Universidad de Extremadura, por la que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Regimen juridico de las administraciones publicas y del Procedimiento administrativo comun, los Procedimientos administrativos universitarios.

References: resolución 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 9

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 37
 artículo 6

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1

Artículo 14
 artículo 16

Artículo 16

Artículo 17