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Timestamp: 2019-08-18 08:36:35+00:00

Document:
Sesión 38ª, en martes 6 de agosto de 2019
(De 16:28 a 19:59)
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, E IVÁN MOREIRA
BARROS, PRESIDENTE ACCIDENTAL
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.589-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 13ª, en 24 de abril de 2019 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 34ª, en 17 de julio de 2019.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es permitir la utilización de las técnicas especiales de investigación dispuestas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, no obstante ser un proyecto de artículo único, propone a la Sala discutirlo solamente en general con el objeto de otorgar a los señores Senadores que no participaron en su análisis la oportunidad de perfeccionarlo y enriquecerlo con ocasión del segundo informe.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez Varela y votaron en contra los Senadores señores De Urresti y Huenchumilla.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 63 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, el proyecto de ley que me corresponde informar y que ahora consideramos tiene su origen en un mensaje del señor Presidente de la República y su idea matriz es permitir la utilización de las técnicas especiales de investigación, dispuestas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, para la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
Se trata, entonces, de una modificación estrictamente procesal, que no entra en las calificaciones consideradas en dicho cuerpo legal.
Dichas técnicas especiales comprenden la aplicación de mecanismos tales como la interceptación telefónica, la utilización de agentes encubiertos o agentes reveladores y las entregas vigiladas, entre otras, para una persecución eficaz de ciertos delitos.
A modo de síntesis, en la fundamentación de esta iniciativa el Ejecutivo hizo presente que hoy en día el ordenamiento jurídico ya consagra dichas técnicas para combatir el narcotráfico, las infracciones a la Ley de Control de Armas, algunos tipos de robos (robo con fuerza y con violencia, entre otros) e, incluso, algunos accidentes de tránsito.
Además, el Ejecutivo indicó que con esta reforma se daría cumplimiento a obligaciones impuestas a nuestro país en diversos instrumentos internacionales.
Sobre la base de estas consideraciones, el proyecto propone dos modificaciones al artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de las técnicas especiales de investigación ahí dispuestas en la pesquisa de conductas que la ley califica como terroristas.
Así, para la indagación de tales hechos, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podría utilizar las medidas de interceptación de comunicaciones telefónicas; la fotografía, la filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos; la grabación de comunicaciones entre personas; las entregas vigiladas y controladas; los agentes encubiertos e informantes, y los agentes reveladores.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó este proyecto contando con la participación del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, del Defensor Nacional (S) de la Defensoría Penal Pública, del General Director de Carabineros de Chile y del Director General (S) de la Policía de Investigaciones de Chile, además de otras autoridades pertenecientes a las instituciones antes señaladas.
Asimismo, se recibió en audiencia al profesor de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Raúl Núñez, quien, entre otras observaciones, postuló que de aprobarse este proyecto resultaría más adecuado efectuar las enmiendas planteadas a la ley N° 18.314, para una mejor técnica legislativa. En efecto, de esa forma, dijo, se evitarían sucesivas remisiones a diversos cuerpos legales y se precaverían eventuales contradicciones normativas con lo consignado por el número 3 del inciso primero del artículo 14 de la ley N° 18.314, que contiene una regulación similar.
Además, señaló que tampoco es adecuada una simple remisión a las medidas intrusivas que contempla la ley N° 20.000, puesto que no todas las figuras allí instituidas son "exportables" a la indagación de conductas que poseen caracteres de terroristas, particularmente las entregas vigiladas o controladas.
En el mismo orden de ideas, se tuvo a la vista la proposición que efectuó la Defensoría Penal Pública, que recomendó adoptar ciertas precauciones para que no se lleve a efecto el denominado "fraude de etiqueta"; es decir, que no se utilicen las herramientas investigativas correspondientes a delitos terroristas para fundar formalizaciones, acusaciones o condenas por ilícitos comunes.
De igual manera, se analizó con algún detalle el funcionamiento del sistema de interceptaciones telefónicas y se requirió información al Ministerio Público sobre la manera en que se ha dado cumplimiento a la normativa del Código Procesal Penal que regula su procedencia y las formas de operación. Por otra parte, se destacó la pertinencia de efectuar una revisión más acabada de las normas estatutarias que regulan la organización y las atribuciones de las instituciones policiales y del Ministerio Público, en orden a enfrentar de manera decidida los hechos irregulares en que se han visto involucrados últimamente varios de sus funcionarios.
Finalmente, se consideró conveniente examinar de forma pormenorizada el sistema de control judicial de las solicitudes de concesión de técnicas especiales de investigación por parte de los fiscales, con el objetivo de transitar de un control formal a uno de naturaleza material que permita verificar periódicamente que el Ministerio Público y las policías están haciendo un uso correcto de las normas que regulan la respectiva medida intrusiva.
Debo hacer presente que el proyecto de ley en discusión no concitó el consenso unánime de los miembros de la Comisión. En efecto, tal como consta del informe que se ha puesto a disposición de la Sala, los Senadores señores Allamand, Pérez y quien habla concurrimos con nuestros votos a aprobar esta iniciativa. Por su parte, los Senadores señores De Urresti y Huenchumilla manifestaron su voto en contra, por las razones que se recogen en el informe que está a disposición de todos los Honorables Senadores y Senadoras.
Por último, la Comisión prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar y propone a esta Sala que proceda de la misma manera; es decir, solo votando en general. En el evento de que se apruebe este proyecto, se sugiere abrir un espacio de tiempo para el estudio de las modificaciones que se han sugerido y otorgar a los señores Senadores y Senadoras que no participaron en su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, creo que es fundamental lo que nos plantea el Senador Harboe, en cuanto a que nos detengamos a trabajar en el proyecto con mucho cuidado, sobre todo quienes no hemos tenido la suerte de estar en la Comisión y en su análisis.
Pero, sin duda, es un gran precedente el que podamos discutir la materia. Y, como legisladores, no debemos tener miedo ante la realidad del terrorismo no solo a nivel nacional, sino también internacional.
El terrorismo es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Los grupos terroristas han modificado sus métodos de organización y funcionamiento, intentando aprovechar obviamente las debilidades de los Estados y recurriendo a las tecnologías de la información modernas (internet, redes sociales y mensajería encriptada, entre otros). Lo anterior evidentemente aumenta el impacto de los atentados y hace mucho más difícil su persecución. Estos grupos aprovechan la existencia de zonas en algunos países que escapan al control de las autoridades públicas.
Lamentablemente, debo mencionar que estos "refugios seguros" existen en Chile, en mi Región, específicamente en Temocuicui, un sector que no fue censado, en el que no ingresan Carabineros y en el que con dificultad pueden entrar funcionarios municipales. Esta es una realidad que se vive en la Región de La Araucanía. Habiendo un gran número de familias mapuche que no están vinculadas a esta situación, no puedo decir con certeza que en Temocuicui existe terrorismo. Pero claramente es un refugio seguro para quienes quieren delinquir, de tal manera que hay muchos hechos de violencia, sobre todo robos, que han sido vinculados a la zona, y en algunos casos han sido descubiertos principalmente como delitos comunes.
Por lo tanto, la incapacidad que han tenido los fiscales en nuestra región ha permitido que de 270 casos de atentados que hubo en 2018 solo un 2 por ciento de ellos hoy tenga responsables.
Es probable que esta incapacidad esté vinculada -seguramente no es el único motivo- a la falta de inteligencia policial y de herramientas de persecución, que en gran medida han hecho fracasar una serie de causas donde se pretendía condenar bajo la ley que sanciona conductas terroristas.
En ese contexto, deseo señalar respecto a los ataques en la Región de La Araucanía que solo en 2019 se han hecho más de 150 denuncias por hitos violentos, con 50 atentados incendiarios en lo que va del año, 32 usurpaciones y 25 amenazas. Hitos absolutamente en alza, con un 503 por ciento más que el año 2018, incremento respecto de igual período el año pasado, lo cual evidentemente complejiza la situación productiva, social; y nos aleja de una paz que no hemos podido alcanzar quienes vivimos en La Araucanía.
Los ataques que hoy estoy resumiendo están vinculados a parceleros, contratistas forestales, brigadistas forestales, transportistas, empresas y familias, evidentemente.
Se concentran en las zonas de Ercilla, Victoria, Collipulli y en otras comunas. Las menciono porque es necesario visibilizar el dolor de las familias que habitan dichas comunas.
El solo hecho de que tengamos 150 denuncias en los meses que van del año no es un tema menor. Por lo tanto, como Senadora de mi Región, tengo la obligación de decir que es un avance el que hoy día al menos estemos apoyando la idea de legislar.
Santiago tampoco ha estado alejado de esta realidad, aunque no es comparable con lo que sucede en la Región de La Araucanía. Pero ya han sucedido situaciones como las que hemos visto en las últimas semanas.
Para finalizar, solo quiero decir que es fundamental avanzar en establecer mecanismos que permitan perseguir el terrorismo, desarticular organizaciones y el crimen organizado. El terror en la población es invalidante y no es aceptable que estas herramientas sean utilizadas como formas de presión en una sociedad democrática con tal avance en muchos ámbitos del desarrollo de nuestro país.
Yo les pido, en nombre de la Región de La Araucanía, que tengamos la apertura y la valentía para al menos aprobar la idea de legislar, sabiendo que debemos mejorar muchas cosas del proyecto. Pero considero que todas las personas que han sufrido atentados terroristas en la región merecen la oportunidad de que al menos se pueda analizar la iniciativa.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, he escuchado atentamente la intervención de la Senadora Aravena, y la verdad es que ella pone el punto donde corresponde: esta iniciativa de ley, que es de artículo único, claramente está orientada a lo que ocurre en La Araucanía.
Creo que simplifica mucho este debate el planteamiento que ha hecho hoy día la señora Senadora; por lo tanto, debiéramos enfocarnos en ello.
Estamos discutiendo hoy un proyecto cuya tramitación el Gobierno ha acelerado producto del deleznable atentado ocurrido en una comisaría de Huechuraba y el envío de una bomba a las oficinas de un ex Ministro de Interior. Todo ello, el 25 de julio recién pasado. Hace doce días.
Doce días y aún no tenemos resultados, personas detenidas ni mayores avances en la investigación. Lo que sí ha habido, por cierto, es un Gobierno que, con mucha elocuencia, ha interpelado a este Senado para que aprobemos la presente iniciativa de artículo único, como si ese solo hecho fuera a ayudar a aplacar el dolor de las víctimas o a obtener justicia.
Es imposible, señor Presidente, no recordar otro atentado: el ocurrido el 8 de septiembre de 2014 en el subcentro de la estación del Metro Escuela Militar en Las Condes, que ha sido catalogado como el más grave ataque terrorista de las últimas décadas.
En esa ocasión, a los diez días ya teníamos tres detenidos; entre ellos, la persona que finalmente fue condenada. Ello, porque tuvimos un Gobierno -y un Ministerio del Interior- que, en vez de culpar a otros Poderes del Estado o deslizar posibles apoyos del extranjero sin mayor fundamentación, se dedicó a hacer su trabajo y a coordinar desde el primer minuto a todo el aparato persecutor.
Al día siguiente de esos hechos, la Presidenta de la República convocó a un Consejo Operativo de Seguridad, integrado por los Ministros del Interior y de Justicia de la época, así como por las máximas autoridades del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de la Agencia Nacional de Inteligencia. Incluso, peritos de Carabineros se reunieron con agentes del FBI especialistas en materia terrorista.
Por el contrario, al día siguiente de lo ocurrido hace dos semanas, la decisión del Presidente de la República fue realizar una conferencia de prensa en el sitio del suceso, lugar desde el cual comenzó la ofensiva del Gobierno al Congreso para presionar por la aprobación de esta modificación a un artículo procesal, que luego fue complementada con fuertes críticas hacia el Poder Judicial.
Esto último es particularmente problemático, pues no son los jueces los llamados a combatir la delincuencia. Estos se ocupan de conocer los asuntos sometidos a su decisión, aplicando la ley sobre la base de la prueba que se rinda en juicio. Por ende, no son ellos los encargados de diseñar políticas públicas en materia de seguridad.
La conclusión al comparar ambos eventos resulta evidente: invirtiendo más tiempo en hacer la pega y menos en responsabilizar a otros, se logran resultados efectivos.
La pregunta que me hago es la siguiente: ¿Cumplirá esta "Ley corta" -más bien dicho, este artículo procesal-, separada de la norma legal que nos permitiría debatir cuestiones de fondo sobre terrorismo, el verdadero objetivo de combatir eficazmente actos como los ocurridos hace dos semanas en Santiago?
La respuesta la dio la propia vocera de Gobierno, precisamente el día antes de la presentación de este proyecto al Senado, al señalar en una entrevista lo siguiente: "Esperamos que la Nueva Mayoría lo apruebe, creemos que acá se necesita entregar herramientas a los fiscales y a Carabineros para poder detener y encarcelar a quienes están usando la violencia en toda la zona de La Araucanía".
Por eso no me sorprenden las declaraciones de la Senadora Carmen Gloria Aravena.
El artículo único propuesto, que solo busca entregar al Ministerio Público algunas herramientas investigativas que ya existen en las indagaciones sobre control de armas, tráfico de drogas y algunos ilícitos contra la propiedad (interceptación de comunicaciones telefónicas, entregas vigiladas, agentes encubiertos e informantes regulados por la ley Nº 20.000, y agentes reveladores), tuvo como objetivo político y comunicacional dar otra señal más de mano dura en la Región de La Araucanía, donde la Ley Antiterrorista ha sido absolutamente ineficaz y su persistente aplicación por parte de todos los gobiernos ha sido cuestionada por diferentes organismos internacionales, producto de su invocación selectiva a grupos determinados de la sociedad, particularmente a comunidades mapuche.
En esta discusión hemos partido al revés. Lo correcto y oportuno, aunque tengamos diferencias legítimas al respecto, es debatir sobre el fondo de una ley antiterrorista nacida en plena dictadura, con fines absolutamente ajenos al control y sanción del terrorismo en un Estado democrático, y que en democracia solo ha tenido cambios menores, como aquellos realizados por las "Leyes Cumplido" o la modificación impulsada por el Presidente Piñera en su primer Gobierno, cuando eliminó la presunción.
No corresponde seguir parchando una ley que tuvo como objetivo principal darle más herramientas al Estado para exterminar al enemigo político interno, como se entendía en esa época a un grupo de compatriotas.
De ese nivel estamos hablando.
También cabe preguntarse si es procedente seguir entregando atribuciones al Ministerio Público y a las policías, sabiendo que los resultados no han sido precisamente los esperados. El panorama actual tanto en la Fiscalía como en las fuerzas policiales no es el mejor, y en el último tiempo hemos podido observar la ocurrencia de escandalosas situaciones (como la disputa entre dos persecutores en Rancagua), bien conocidas por la opinión pública, por lo demás. También tenemos que recordar hechos gravísimos ocurridos en la Región de La Araucanía, como la Operación Huracán y otras situaciones acaecidas con anterioridad, como las investigaciones de los casos Catrileo, Mendoza Collío, entre otros.
Desde el año 2001 a la fecha, han existido más de ciento veinte imputados por delitos terroristas, verificándose únicamente tres condenas. Algo así como un 2 por ciento de efectividad.
Bajo esa lógica, independiente de la discusión acerca de la pertinencia de extender o no estas técnicas de investigación, es necesario previamente tener claridad acerca de qué se entiende por "acto terrorista", ya que actualmente tenemos una falencia en nuestra legislación, pues contamos con una definición que genera dificultades en su aplicación.
Lo anterior ha sido constatado tanto por la doctrina -así les consta a todos los Senadores miembros de la Comisión de Constitución- como por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en informe emitido el año 2010 manifiesta que "se mantienen en vigor los problemas de amplitud, vaguedad, imprecisión y falta de diferenciación con otros tipos penales", con lo cual queda la distinción entre el delito común y el terrorista a la completa discrecionalidad del juez en cada caso concreto, afectándose con ello el principio de legalidad y tipicidad, propios del Derecho Penal, así como también diversas garantías procesales.
Del mismo modo, el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia. Señaló: "El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales para dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias emitidas", condenas que recaían contra comuneros mapuche por terrorismo.
Es un imperativo que tengamos -en esto hay que ser claro, y la Oposición lo ha dicho con todas sus letras- una ley antiterrorista moderna, eficiente y eficaz, que se adecúe a los estándares de derechos humanos que exige el mundo moderno y que responda a los desafíos que impone la era de la ciberseguridad.
Es absolutamente evidente que este proyecto no aborda el problema de fondo. Estamos frente a una reforma menor, de un artículo, que tiene todas las dificultades que ya he expresado y que busca responder a una necesidad comunicacional del Ejecutivo más que hacerse cargo de avanzar hacia una verdadera política de seguridad contra el terrorismo, en lo cual seguramente estamos todos de acuerdo.
Hago un llamado al señor Ministro y a todo el Gobierno a abandonar las consignas, a sentarnos a debatir en serio y a dotarnos como país de una ley que delimite el concepto de terrorismo sobre la base de elementos objetivos y que resguarde el Estado de derecho.
Al mismo tiempo, avancemos hacia un sistema de inteligencia robusto y aumentemos las penas a cualquier funcionario que suplante identidades, elabore pruebas falsas o desobedezca órdenes judiciales.
Necesitamos una legislación que dé garantías, que sancione con dureza y eficacia y que proteja nuestra democracia.
Los invito a debatir en serio el tema de fondo. Para eso siempre estaremos disponibles.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero dividir mi intervención en dos aspectos distintos.
El primero -me parece importante por respeto a esta Sala- es para precisar y aclarar -así me lo pidieron públicamente el Presidente del Senado y algunos Senadores- lo que señalé en una entrevista que di al diario La Tercera. Textualmente, dije: "No estamos enfrentando a un mero delincuente, sino que a organizaciones que tienen apoyo" -en ningún momento me referí a apoyo financiero- "muchas veces no solo nacional, sino que también desde el exterior".
Esa fue mi respuesta ante una pregunta con relación a la situación de los últimos atentados y a qué tipo de organizaciones estábamos enfrentando.
Dado que me emplazaron a que pudiese explicar lo dicho, específicamente me referí, dentro de distintas organizaciones, a una que se denomina "ITS", Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.
Tal organización, a través de distintas publicaciones abiertas -por eso me referí públicamente a ellas-, que se encuentran específicamente en sus páginas web (la dirección de una de ellas es maldicionecoextremista.altervista.org) y también en una revista llamada "Ajajema", realiza una serie de comunicados en que reivindica acciones de carácter terrorista. Y lo dicen directamente así: "acciones terroristas".
Solo a manera de ejemplo, a fin de responder a la inquietud que se me hizo presente públicamente durante estos últimos días, menciono que en una de esas publicaciones se entrega una serie de informaciones bajo la forma de entrevistas a líderes locales de ITS, tanto de México como de Chile, Argentina y Brasil.
El líder de dicha organización en México señala expresamente: "Todo el mes de Abril lo dedicamos a esa coordinación de ataques, los cuales fueron:". Y luego enumera distintos atentados terroristas cometidos en dicho mes.
El 6 de abril detonó un artefacto explosivo colocado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en Santiago.
El 12 de abril un grupo ITS mexicano detonó un explosivo frente a la Universidad de Ecatepec en el Estado de México, hecho también reivindicado en esta relación sobre los ataques terroristas perpetrados en el referido mes.
El 19 de abril, también en México, un artefacto explosivo estalló en Monterrey.
El 21 de abril, en Argentina, uno de estos grupos reivindica un atentado explosivo en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires.
Todos esos actos, según señala el mismo comunicado, fueron llevados a cabo por grupos terroristas, extremistas, de ecoterrorismo, adheridos a ITS.
Esta organización asigna a la publicación referida el carácter de oficial y en ella relata sus objetivos de abril de este año, haciendo referencia a distintos actos terroristas en México, Chile y Argentina. Ello implica una coordinación y un apoyo de este organismo de índole terrorista en dichas acciones.
En esa misma publicación, expresamente señalan lo siguiente: "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje somos un grupo de personas anónimas con conexiones internacionales unidas para un fin delincuencial". ¡Ellos mismos se arrogan una coordinación internacional!
Al referirse a una situación que todos hemos condenado enérgicamente, como fue el atentado contra Óscar Landerretche, el líder mexicano en la mencionada entrevista señala expresamente: "Nuestras redes se extienden hasta ahora desde México hasta Chile, Argentina y Brasil". Todo esto se inició el año 2011 y se ha ido desarrollando hasta este tiempo.
Además, indica lo siguiente: "Y allí en 2016 es que inicio todo esto del proyecto internacional. Cada grupo dentro de ITS toma un nombre propio para diferenciarse, por ejemplo nosotros tomamos el nombre de `Constelaciones Salvajes'," -en México- "mientras que uno de nuestros grupos de más renombre en Chile, quienes en enero hirieron al presidente de la minera Codelco; Óscar Landerretche con su espectacular atentado con paquete-bomba, tomaron el nombre de `Horda Mística del Bosque'. En Brasil, el único grupo activo que tenemos hasta ahora se hace llamar la `Sociedad Secreta Silvestre', en México al igual que en Chile, existen varios grupos eco-extremistas".
Eso, señores Senadores, lo pueden ver en la página web a que hice mención recientemente.
En relación con el financiamiento, aspecto al que aludo nada más como referencia porque me parece que la relación es vaga, hago presente que el mismo documento señala: "Desde hace poco que unos hermanos levantaron la iniciativa de poder recibir aportes en dinero virtual, las famosas Bitcoins. Existe este proyecto de financiación que consta en que anónimos afines alrededor del orbe nos hagan llegar aportes monetarios en dinero virtual".
Todo eso está dicho en la publicación de la que les estoy dando cuenta.
Pero no se trata solo de ese texto, señor Presidente.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2016, se publica un comunicado, también de ITS, referido a la coordinación de atentados que tienen como objetivos establecimientos universitarios y educacionales. Ahí se relata cómo se han ido colocando artefactos explosivos, coordinadamente, en universidades y centros de educación en México, Chile y Argentina.
¡Se relatan todos esos ataques!
En la página 7 de ese documento dice: "Esta coordinación internacional de los grupos de ITS contra objetivos primordiales es, solo una prueba de nuestro nivel de operatividad, de nuestros deseos de ver todo lo que tienda a la artificialidad arder y caer, estos ataques pensados en dañar, alterar y aterrorizar a objetivos universitarios y centros educativos".
¡Todo coordinado y señalado!
Además, lo firman distintos movimientos: Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Argentina), Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Chile), Horda Mística del Bosque, Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (México), Grupo Oculto "Furia de Lince" (Ciudad de México).
Finalmente, señor Presidente, está la reivindicación del atentado con artefacto explosivo contra don Louis de Grange, actual Presidente de Metro.
Señalo estos antecedentes, porque provienen de fuentes abiertas, de la página web de este organismo terrorista llamado "ITS".
Con relación a dicha reivindicación, se describe cómo se inicia: "Cruzamos la cordillera como nuestros ancestros que se movían de un lugar a otro por las sierras nevadas para hacer trueques, solo que esta vez no fue un intercambio de alimentos, pieles o ganado, en esta ocasión transamos un artefacto explosivo, así es, una bomba tipo paquete. Artilugio que fue confeccionado por un cómplice artesano de las tierras del oeste, el que, sin duda, y como ha quedado demostrado en atentados anteriores, sabe trabajar muy bien este tipo de mecanismos. ¿Qué ofrecemos nosotros a cambio por tan magna y devastadora creación?... simplemente nuestra acción.".
Es decir, al reivindicar el atentado contra don Louis de Grange, la misma organización señala que ese artefacto explosivo fue elaborado en Argentina.
Por eso, señor Presidente, en la entrevista que di al diario La Tercera manifesté que no estamos frente a delincuentes comunes, sino a una organización, como es ITS, que se ha adjudicado alrededor de diez atentados explosivos en la ciudad de Santiago; que sí actúa con coordinación; que recibe colaboración, y que es parte de una red internacional.
Quería aclarar el punto, ya que lo señalé públicamente, a efectos de hacerme responsable de aquello que opiné en dicho medio de prensa.
En segundo lugar, señor Presidente, entrando al proyecto de ley en estudio, quiero referirme a las fundamentaciones que el Gobierno tuvo a la vista para proponer esta modificación al Código Procesal Penal.
Para despejar toda duda acerca de los orígenes de las enmiendas a la Ley Antiterrorista y de si corresponde a una situación que ocurre en el sur de Chile, en La Araucanía, en Santiago o en cualquier otro lugar, hago presente que en el año 2016 la Presidenta Bachelet envió una iniciativa para reformar y modernizar la actual normativa en esta materia.
Cuando se inició el Gobierno actual, el Presidente Piñera presentó una indicación sustitutiva, en abril del año pasado, con el fin de provocar el debate en este Senado sobre las modificaciones y perfeccionamiento de la legislación antiterrorista.
En ese texto se tocaban distintas materias, pero fundamentalmente dos en términos principales: primero, una modificación al tipo penal terrorista (artículos 1° y 2° de la actual ley) para efectos de debatir y cambiar el tipo, y segundo, una enmienda al Código Procesal Penal para permitir algo que se viene discutiendo, señor Presidente, desde el año 2010: la posibilidad de incorporar, a la investigación penal de los delitos terroristas, las medidas especiales investigativas que en ese entonces se contemplaban en la Ley de Drogas y que hoy, mediante proyectos aprobados durante la Administración anterior, se encuentran en los artículos 222 a 226 bis en el referido Código.
Esas son las dos materias fundamentales del texto que presentamos en abril del año pasado.
¿Cuál ha sido el razonamiento del Gobierno frente a esta materia?
Durante el año pasado, en las distintas sesiones a las que asistimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para analizar este proyecto, solo nos concentramos en el tipo penal terrorista, discusión de fondo y con complejidades jurídicas necesaria, por cuanto es voluntad del Gobierno abordar y sacar adelante una modernización en el tipo penal en el ámbito terrorista.
¿Cuál fue nuestra reflexión? Que, al concentrarnos todo el año, en distintas sesiones, en esa sola materia, se nos estaba alargando la tramitación del proyecto y que, como Gobierno, también teníamos la responsabilidad de enfrentar, con mejores herramientas, diferentes situaciones de carácter terrorista, especialmente aquellas en que existen fundadas sospechas de que el accionar proviene de grupos que se han reivindicado los hechos como grupos anárquicos o ecoterroristas.
Ya teníamos la bomba dirigida a Óscar Landerretche, ex presidente de Codelco; el atentado explosivo en un paradero del Transantiago, en la avenida Vicuña Mackenna, que dejó gravemente herida a una ciudadana colombiana; bombas en buses del mismo Transantiago, reivindicadas por esos grupos terroristas, y el atentado frustrado, también con bomba explosiva, muy similar a la destinada a Óscar Landerretche, al presidente del Metro, don Louis de Grange.
Por eso, en abril de este año -¡en abril de este año!-, con anticipación a la situación que vivimos hace quince días y justamente en razón de este tipo de atentados, decidimos dividir el proyecto, tal como se ha hecho en múltiples oportunidades en el Congreso, a efectos de avanzar en aquella materia que, pensamos, concita mayor grado de concordancia y necesidad, como es la reforma al Código Procesal Penal con el fin de permitir la utilización de mecanismos especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
Lo hicimos porque lo consideramos necesario, porque lo consideramos oportuno, y porque, lamentablemente -¡lamentablemente!-, hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de resolver distintos atentados, cuestión que, señor Presidente, resulta bastante compleja. No es fácil porque, como usted puede ver, estamos enfrentando organizaciones que tienen preparación y planificación en lo que realizan.
Por desgracia, hace quince días sufrimos dos nuevos atentados de alto poder explosivo: las bombas que se enviaron a la 31ª Comisaría de Huechuraba y al ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
¿Qué queremos, señor Presidente? Que el Ministerio Público, el fiscal encargado de la investigación penal, pueda disponer de atribuciones y herramientas especiales para efectos de que su labor resulte más eficaz y, de este modo, los actos de terrorismo, que todos condenamos, no queden en la impunidad y se avance con mayor prontitud y eficacia en la identificación y sanción de los responsables.
Esas medidas, señor Presidente -el Presidente de la Comisión ya hizo referencia a ellas-, están en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal y dicen relación con agentes encubiertos, entregas vigiladas, posibilidad de disponer de informantes y agentes reveladores, las que se unen a las escuchas y toma de imágenes contenidas en el artículo 222, que ahora sí pueden aplicarse en virtud de la exigencia de que se trate de delitos con penalidad de crimen. Pero las otras, como digo, no tienen cabida en la actualidad.
¿Cómo se pueden usar, señor Presidente? De acuerdo con las garantías procesales establecidas hoy en el Código Procesal Penal. ¡Exactamente las mismas! El fiscal, para instruir la medida, debe contar con autorización previa del juez de garantía; debe pedirla cuando la investigación la hiciere imprescindible o existieren fundadas sospechas de la participación en una asociación ilícita o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas. Es decir, con las mismas garantías procesales que hoy ya existen en el Código.
Señor Presidente, actualmente, por aprobación de este propio Congreso, ni más ni menos que en el Código Procesal Penal, ya disponemos de tales atribuciones. ¿Pero saben para qué tipo de delitos las tenemos?
Están contempladas:
En una ley especial para combatir el narcotráfico. ¡Indispensable!
En una ley especial para combatir el lavado de activos. ¡Muy importante!
En una ley especial para investigar los delitos sexuales contra menores de edad.
Además, el Código Procesal Penal establece expresamente que el fiscal puede disponer medidas de investigación especial cuando se trate de hurto de cosas que forman parte de los suministros o servicios públicos. ¡Hurto! También, en el caso de falsedades relacionadas con el otorgamiento de licencias, patentes y padrones de la Ley de Tránsito; en el caso de robo con fuerza en los cajeros automáticos; en el caso del delito de receptación; en el caso de robo en lugar habitado o no habitado; en el caso del robo calificado (robo con intimidación); en el caso de los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas; en el caso del abigeato, y en el caso de robo de cables de tendidos eléctricos.
Entonces, respecto de este proyecto de ley que hemos presentado, la pregunta que surge es la siguiente, muy simple, clara y directa: ¿qué razón de lógica, qué razón objetiva, qué razón de sentido común, por qué, si están incorporadas para todos esos otros delitos, el fiscal no puede disponer de estas medidas para investigar un delito tan grave, que causa tanto daño, tanto temor, que afecta tanto nuestra convivencia, que afecta tanto nuestra democracia, como son las conductas terroristas? Si las tiene para el robo de cables eléctricos, ¿qué razón puede existir para no tenerlas en las conductas terroristas?
Señor Presidente, en esto hacemos un llamado a todos los Senadores y Senadoras. Los dos últimos Fiscales Nacionales -el anterior, don Sabas Chahuán, y el actual, don Jorge Abbott- han señalado pública y expresamente la necesidad de que estas medidas puedan ser dispuestas por los fiscales para contar con herramientas más eficaces en la investigación de delitos terroristas.
El proyecto de ley de la ex Presidenta Bachelet, presentado el año 2016, contemplaba -contemplaba, insisto- la incorporación de las mencionadas medidas para la investigación de delitos que revisten tal carácter.
Instrumentos internacionales diversos, desde resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta la Convención Interamericana contra el Terrorismo y otros tratados suscritos por Chile, señalan la necesidad de contar con ellas.
De ahí la presentación de este proyecto de ley.
No tengo la menor duda, señor Presidente, de que todos los presentes en la Sala somos fervientemente contrarios a los actos terroristas. Todos los condenamos, y todos hemos manifestado voluntades políticas transversales para efectos de modernizar y perfeccionar la ley vigente en sus aspectos de fondo. Pero, señores Senadores y señoras Senadoras, cualesquiera que sean las modificaciones a los elementos de fondo y los desafíos que nos plantee la actual legislación antiterrorista, todas las iniciativas y mociones propuestas en este Parlamento, por distintos sectores políticos, así como todas las opiniones de los involucrados, indican la necesidad de aplicar las medidas especiales contenidas en el Código Procesal Penal para la investigación de los delitos terroristas.
Por eso, y terminando mis palabras, hago un llamado al Senado a mirar este asunto como un tema de Estado. No es una cuestión de carácter político. Por eso, desde distintos sectores y desde distintos Gobiernos, hemos propiciado su incorporación. Podemos superar los problemas de técnica jurídica. Detrás de la entrega de estas herramientas, de sentido común, se evidencia la voluntad política de demostrar, en la práctica, que nuestra condena a la acción terrorista va acompañada de medidas más eficaces, en este caso para la prevención y la investigación, como son las contempladas en el Código Procesal Penal.
¿Por qué negarnos a esta modificación? Más aún: ¿por qué intentar o buscar, si alguno así lo entendiera, retrasarla, cuando hemos sufrido acciones terroristas graves en el país? ¡No cerremos los ojos! ¡Tenemos acciones terroristas graves que todos queremos combatir, que todos queremos prevenir, que todos queremos evitar! Por eso hay que fortalecer nuestro sistema de inteligencia, por eso hay que modernizar nuestras policías, pero ¿por qué no hacer hoy lo que podemos hacer ahora? Obviamente, no es algo que solucionará todos los problemas, porque debe ir acompañado de muchos otros elementos. ¡Pero podemos hacerlo ahora, podemos hacerlo hoy! Les podemos dar a nuestros fiscales, que son los encargados de la investigación penal, herramientas que les resulten más eficaces para que la acción terrorista no quede en la impunidad y podamos avanzar en las investigaciones para determinar a los responsables y así desarticular a estas organizaciones criminales.
Ese es el propósito de este proyecto, simple y claro, ¡simple y claro!: hoy, ahora, necesitamos estas medidas; hoy, ahora, queremos tener la posibilidad de combatir, unidos, con sentido de país y con mayor eficacia, la acción terrorista.
Tiene a continuación la palabra el Senador Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al Ministro y al Subsecretario del Interior.
Lo que estamos discutiendo ahora es, básicamente, el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho en una ciudad y en una situación que es particular. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y la violencia de odio se ha instalado.
Basta recordar las últimas noticias de lo que está ocurriendo en el mundo y que también se ve, en parte, en Chile. Esa violencia de odio ha ocupado las tecnologías.
Las tecnologías son neutras: si se usan para bien, le hacen muy bien a los países, pero, si se usan para mal, producen mucho daño.
¿Qué ha ocurrido, entonces? Que, con esas tecnologías, jóvenes muy aislados, como algunos en Calbuco, han sido capaces de fabricar explosivos y causar pánico y terror. Otros han sido capaces de confeccionar bombas mucho más sofisticadas, para las cuales no recibieron instrucción en centros especializados. Son, quizás, autodidactas.
Esa violencia de odio que se ha instalado se manifiesta en algo tan trascendental como el ataque a nuestras policías. Cuando ya se está viendo que los cuarteles policiales son amenazados con artefactos explosivos y que cualquier civil que haya ocupado un cargo público importante puede ser afectado, es el terror el que se está instalando.
¿Qué ocurre, entonces? Esta arma, tan efectiva, tiene que ser combatida con todos los medios disponibles. Y ahí es donde también concurre la tecnología.
Hoy, casi el 85 por ciento de toda la información que se obtiene para poder perseguir delitos y crímenes se extrae de fuentes abiertas (en inglés, open source intelligence: inteligencia de fuente abierta). Un 15 por ciento no se obtiene por otra forma que no sea con medios especiales, técnicas especiales. Y por eso es tan necesario, para perseguir el delito, cualquiera que este sea, disponer de técnicas especiales de investigación.
¿Qué discutimos, por lo tanto? Cómo fortalecer el Estado de derecho, cómo permitir que el Ministerio Público cuente con evidencia de mejor calidad para poder perseguir, y no solo eso, procesar y lograr las condenas efectivas de quienes han hecho mal uso de aquellos dones que se les ha dado.
Nuestro Ministerio Público requiere herramientas, pero también policías que estén preparadas para poder actuar en consecuencia. Y aquí viene un punto bastante importante, porque se trata no solamente de efectuar la modificación propuesta mediante un artículo único, sino también de dotar de las capacidades necesarias a las policías para que cuenten con equipamiento especializado, con instrucción y con entrenamiento.
Las interceptaciones telefónicas que se mencionan no solo son aquellas que, previa autorización del juez de garantía, se realizan a través de centrales telefónicas, sino también aquellas que se pueden obtener con equipamiento especializado. Y las policías deben contar con esta herramienta.
Las interceptaciones que se hacen a los medios electrónicos, especialmente a aquellos que se encuentran protegidos con sistemas criptográficos, las policías también deben ser capaces de trabajarlas. Y quizás este es uno de los vacíos, porque no se dice nada de las comunicaciones por internet, de la metadata, de los IP, de la información que los ISP tienen que entregar. Y por ahí fluye mucha información. Porque quienes quieren delinquir y quieren usar el arma más efectiva, el terror, van a utilizar todos los medios tecnológicos disponibles.
Por eso, nuestras policías deben ser las primeras en entrenarse, en capacitarse, y espero que este año así quede establecido en la Ley de Presupuestos. Porque uno de los recursos más importantes para precisamente poder financiar las actividades que estamos discutiendo son los gastos reservados, son aquellos gastos que se tienen que ocupar para permitirles a las policías contar con agentes encubiertos. No solamente se debe consentir que puedan operar en beneficio del Ministerio Público, bajo las órdenes de los fiscales, sino que es necesario que tengan recursos financieros, técnicos y personas preparadas.
Se requiere, además, coordinación. ¿Por qué? Porque Chile cuenta con un sistema de inteligencia. La ley N° 19.974, que precisamente hoy se estaba analizando en sesión de las Comisiones unidas de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, se hace cargo de ello. Pero la inteligencia no es evidencia. Por lo tanto, ese trabajo solo complementa el realizado por los fiscales y los agentes encubiertos, por las policías o por aquellos que se haya definido para realizar el procesamiento penal que corresponda.
Nuestro Estado de derecho se tiene que reforzar con todos estos elementos, no únicamente con el marco jurídico que estamos discutiendo.
Hoy, lo que se busca es información oportuna que permita evitar que las tragedias ocurran.
Por lo tanto, de lo que hoy hablan la tecnología, la técnica y el arte es de las personas de interés. Y se usa este eufemismo, al menos en el sistema legal norteamericano, para no hablar ni de sospechoso, ni de blanco, ni de otros términos. Una persona de interés, a person of interest, es aquella sobre la cual puede recibirse información que ayude a encontrar a los reales actores, a quiénes están detrás.
Ahí es donde se requiere ese 15 por ciento adicional, generado por hombres y mujeres valientes capaces de introducirse en el mundo físico o virtual para obtener una información que anticipe un hecho, y -ojalá- lo prevenga, y para que, en caso de una falla, si llega a ocurrir, se cuente con la evidencia suficiente para poder perseguir, procesar y condenar a los culpables.
Ese es el ciclo completo que debemos discutir.
Por eso, no solo es importante aprobar esta modificación, sino también robustecer el sistema nacional de inteligencia.
Y, por su intermedio, señor Presidente, quisiera pedirle al Ministro del Interior, aquí presente, y al Subsecretario, que se revise la legislación sobre inteligencia nacional para fortalecer sus mecanismos y poder contar con algo que no tiene: la capacidad de inteligencia técnica, que es la que nutre y alerta a todos estos sistemas.
Si tomamos al FBI y a la CIA juntos, vemos que son más pequeños que la NSA, en Estados Unidos; el GCHQ, en Inglaterra, o el CCN, en España. Estos organismos combaten permanentemente al terrorismo, porque se están anticipando y, en la eventualidad de que llegara a ocurrir un hecho criminal, pueden perseguirlo. La evidencia, el sitio del suceso, la cadena de custodia (tanto física como virtual), la evidencia tecnológica, el delito tecnológico, deben contar con los sistemas, las capacidades, los recursos necesarios.
En consecuencia, no solo basta con aprobar esta modificación, también debemos robustecer nuestro sistema. Porque, si no, el país puede ser objeto de ataque.
Quiero recordar solamente que este año, con motivo de la APEC, tendremos a los principales Jefes de Estado de todo el océano Pacífico: más del 60 por ciento del PIB.
¡Eso sí que es una amenaza importante!
¿Está realmente preparado Chile para enfrentar estas amenazas reales de hoy en día?
¡Esa es la discusión de fondo de verdad!
Nuestro sistema se tiene que robustecer.
Debemos tener una legislación adecuada; un Ministerio Público fortalecido, con un mecanismo que les dé garantías a todos los chilenos. Y así lo hace la reforma procesal penal, que opera desde el 2005. Los jueces de garantía se encargarán de supervisar las medidas especiales que se dispongan. Y será finalmente el juez quien decida si esa prueba tiene todos los méritos para condenar a aquellos a quienes se someta a este procedimiento.
La legislación sobre inteligencia también tiene sus controles a través de los ministros de las cortes de apelaciones.
Eso le da a Chile la tranquilidad de poder vivir en paz. Una paz que se construye con gente que, de forma silenciosa, y algunas veces encubierta, está logrando que no ocurran tragedias. ¿Por qué? Porque han sido capaces de desarticular las redes del terror y la violencia.
Lo que Chile quiere es paz. No quiere odio.
Y la mejor forma de prevenirlo es precisamente diseñando un sistema que parta con una modificación legal, como la que estamos discutiendo ahora, pero que continúe con el fortalecimiento de un sistema a través de los recursos necesarios, de las capacidades requeridas y de su mantención al día.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, primero, quiero felicitar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por haber sugerido directamente que esta iniciativa se discuta en general, pues no creo que exista hoy la posibilidad de despachar un proyecto, por breve que sea: este es de 18 palabras, incluidas conjunciones y preposiciones.
La verdad es que no tiene la envergadura que se nos ha presentado aquí.
Es razonable que se legisle para mejorar las herramientas investigativas del Ministerio Público en cuanto a las conductas que tienen características de terroristas, entendiendo la complejidad que revisten hoy las formas comisivas de los delitos que poseen esta calidad. Eso se permite incluso en los tratados internacionales: en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, del año 2012.
Por lo tanto, está claro. Hay argumentos para avanzar en la línea que propone esta iniciativa.
Conviene hacer presente -y enfatizar mucho- que avanzar solo en este proyecto de ley, sin atender los déficits y dificultades que la actual legislación antiterrorista presenta, no parece tan obvio y tan aconsejable. El Gobierno ha desplegado toda una ofensiva, y nos presenta este muy breve texto como respuesta a toda una problemática bastante más compleja.
Eso no es positivo. No consideramos correcto que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se intente arrinconar a la Oposición, y decirle una vez más: "Si no aprueban esto, son unos antipatriotas; si no aprueban esto, no están combatiendo al terrorismo", etcétera. Porque sabemos bien que, por mucho que se quiera otorgar mayores herramientas, si olvidamos los contenidos de la Ley Antiterrorista y su aplicación práctica durante estos años, que se aparta de los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos, estamos haciendo algo equivocado.
No nos negamos a discutir este tema, señor Presidente. A lo que nos negamos -no es que lo hagamos, en realidad, estamos disponibles también para eso- es a debatir otro proyecto sobre Aula Segura, sobre el cual tuvimos un debate hace unos meses: ¡era un articulito!, que decía que había que expulsar a los estudiantes. Al final, salió convertido en una ley que realmente era bastante más sofisticada y completa. El Gobierno -por así decirlo- se apropió de ese éxito, y nosotros le hicimos el trabajo.
¡Estamos dispuestos a ello!
Pero hacemos ver primero que organismos nacionales e internacionales han coincidido en que tenemos un déficit en materia de derechos humanos con la actual legislación antiterrorista.
El año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el Estado de Chile, que incluso obligó a nuestra Corte Suprema a invalidar, hace apenas pocos meses, sentencias condenatorias dictadas en contra de comuneros mapuches.
La iniciativa que hoy discutimos no reformula la problemática de lo que es una conducta terrorista, de su definición. No modifica los delitos que son caracterizados como tales. Tampoco se hace cargo de los déficits de eficacia de la ley que van más allá de las técnicas investigativas. No atiende las críticas que se han formulado en materia de derechos humanos. No examina el decreto de la investigación. No entra en la comunicación de los imputados, o en las prolongadas prisiones preventivas que deben cumplir los mismos que luego son absueltos o bien condenados por delitos comunes.
Por alguna razón, algo anda mal con nuestra Ley Antiterrorista y con su aplicación, cuando quemar un bus en el centro de Santiago es un delito común, y quemarlo en La Araucanía es un crimen terrorista.
Eso es lo que critican los organismos internacionales, y nosotros también.
El debate relativo al fenómeno del terrorismo está instalado en nuestro país, ¡eso es claro! Hay quienes sostienen que, en realidad, no se encuentran tantos casos como para hablar de un acto terrorista. De hecho, el señor Ministro no nos ha presentado casos, sino solo documentos que se pueden leer en Google. No tenemos ninguna evidencia.
¡El gran tema es que no tenemos inteligencia antiterrorista!
De esos títulos que nos leía el señor Ministro no conocemos a ningún autor, no hay ninguna persona que pueda ser identificada en esas actividades. No sabemos si los grupos son anarquistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, indigenistas o nativistas.
¡No tenemos información!
Probablemente, la discusión que tuvo lugar esta mañana sobre la Agencia Nacional de Inteligencia y la necesidad de tener, de una vez por todas, una inteligencia civil, fue más importante. No debemos confiar solamente en órganos que no han sido creados para eso.
En ese sentido, señor Presidente, estamos disponibles -reitero- para discutir el tema con el señor Ministro.
¡Yo quiero votar a favor de esta ley en proyecto!
Quiero votar a favor la idea de legislar, pero quiero un compromiso claro en el sentido de que también vamos a discutir los otros temas, con plazos y fechas. Si no tenemos eso, señor Presidente, con nuestro voto estaremos abonando el permitir que siga habiendo interpretaciones que los organismos internacionales han calificado de discriminatorias y equivocadas.
¡Qué sentido tiene aprobar proyectos de ley si mañana alguien va a concurrir a un organismo de derechos humanos que le va a comunicar a los pocos años, a los pocos meses, a la Corte Suprema que debe revocar su sentencia!
¡Qué sentido tiene seguir dando palos de ciego cuando ocurren estos atentados que, ciertamente, son graves, pero que podrían serlo mucho más en virtud de la poca información de que disponemos sobre los grupos que los cometen!
Entonces, así como a nosotros se nos demanda celeridad y todo lo demás, yo pido seriedad. Yo, por lo menos, estoy dispuesto a participar en cualquier conversación en la que realmente se nos diga cuándo, cómo y en qué plazo se va a discutir una modificación a la Ley Antiterrorista que tenga todos los rasgos hermosos que se han dicho acá -que sea moderna, que se haga cargo de la situación tecnológica y todo lo que se quiera-, pero en la cual participemos todos sin entregar, simplemente, un cheque en blanco.
No dimos un cheque en blanco al Aula Segura y tampoco vamos a dar un cheque en blanco ahora, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, le quiero decir al Senador Insulza que lo que él pide para votar a favor de este proyecto de ley es lo que nosotros y el Gobierno hemos estado solicitando desde la mitad del año pasado: que podamos discutir y analizar todos los temas de seguridad ciudadana, de medidas contra el terrorismo, de inteligencia, de modernización de las Policías, cuestión que el Gobierno del Presidente Piñera asumió desde el día cero. Y ahí están las iniciativas legales; ahí están los proyectos de ley para debatirlos, para discutirlos.
Ahora, el candidato presidencial del Partido Socialista -no sé si será el único- asume que debiéramos precisar más algunos aspectos; pero yo creo que eso el Gobierno ya lo ha hecho, pues ha estado requiriendo y solicitando de manera permanente que se discutan los proyectos. Tanto es así que esta iniciativa se tuvo que dividir con el objeto de sacar algo frente a esta lucha antiterrorista.
El Gobierno ha sido extraordinariamente serio en esta materia y ha asumido en su conjunto todos los temas de seguridad ciudadana: el área de inteligencia, el combate al terrorismo, la modernización de las Policías y la adecuación de sus altos mandos. ¡Todo! Porque sabemos que tenemos déficits importantes en materia de seguridad ciudadana que hay que ir resolviendo.
No queremos contentarnos con que después de muchos años de gobernar se resuelva un caso y que en el debate tengamos que demostrar con amplitud que lo hemos hecho. ¡No! Aquí lo que verdaderamente hay que dar es seguridad a los chilenos en el sentido de que contamos con una estructura, con una institucionalidad que los va a proteger, que va a permitir el diálogo político. Porque otra crítica que se hace aquí es que esto no resuelve los temas políticos. Ninguna legislación antiterrorista en el mundo ha resuelto temas políticos. Estos se resuelven con la política. El punto es que hay que aislar a los violentistas y a los terroristas y derrotarlos para que el diálogo sea fecundo, pues si los terroristas y los violentistas se imponen es imposible el diálogo e inviable la solución política.
Por lo tanto, eso es algo que está absolutamente claro, y si alguien lo tiene clarísimo es el Gobierno del Presidente Piñera. Por lo mismo, en la Comisión de Seguridad Pública y en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tenemos sendos proyectos de ley que abordan el tema de manera integral, tal como el país lo necesita. Y, por tanto, si hoy día podemos llegar a un acuerdo para discutirlo en su integridad, ¡bienvenido sea!
Ahí debatiremos verdaderamente qué podemos considerar como acto terrorista, porque aquí se han planteado una serie de falencias acerca de la Ley Antiterrorista. Sin embargo, si fuera una ley tan mala, tan distorsionadora, tan violadora de los derechos humanos, ¿por qué el Gobierno de la Presidenta Bachelet la usó veinte veces, la invocó veinte veces en los cuatro años de su mandato?
Yo creo que eso demuestra, en los hechos, que cuando los Gobiernos cuentan con la necesidad de enfrentar la violencia del terrorismo utilizan los mecanismos que tienen a mano. Y nosotros queremos perfeccionarlos, generar una modernización y una institucionalidad con la que le podamos decir a los chilenos que está garantizado que los vamos a defender y a proteger.
Ese es, en verdad, el elemento central de esta discusión.
De otra parte, este proyecto, que alguien puede mirar en menos, es extraordinariamente importante: aporta instrumentos. Estos se manejan bien o se manejan mal, pero son absolutamente necesarios, a nuestro juicio, para el Ministerio Público y las Policías.
¿Cómo es posible que, teniendo las Policías, el Ministerio Público o el Gobierno indicios y sospechas de que algunas personas o grupos quieren realizar actos de carácter terrorista, un juez no pueda ordenar la interceptación de sus comunicaciones telefónicas?
¿Cómo es posible que el Ministerio Público no pueda ordenar a las Policías para que se infiltren y así tener informantes, agentes reveladores?
O sea, todos los mecanismos sirven -como dijo el Ministro Chadwick- para poder dilucidar robos -que también son importantes para muchos chilenos, como el robo de cables que al menos en nuestra zona es muy fuerte-, situaciones de narcotráfico, lavado de dinero y hechos violentistas que impactan a la ciudadanía. Porque los hechos violentistas no son solamente los que suceden y ganan la opinión pública en Santiago.
Hace una semana, en el cerro Cayumanque, Región de Ñuble, donde están todas las antenas de comunicaciones de Onemi, Ejército, Carabineros, además de las de los canales de televisión y de las empresas de telecomunicaciones, aquellas antenas fueron violentadas profundamente. Y eso generó que durante la mañana la mayoría de las personas no pudieran usar sus celulares. Quienes entraron al terreno, subieron al cerro y llegaron hasta la cima, que es donde están las antenas, sabían lo que tenían que hacer: romper las cajas que se hallaban debajo de las antenas. A estas no les efectuaron ningún daño, no era necesario hacerlo, no era necesario botarlas. Lo indispensable era romper el candado de la caja y hacer tira todo lo que había ahí.
Frente a ese tipo de actos, que en este caso generó incertidumbre en Ñuble, es que nosotros debemos procurar una institucionalidad, junto con los mecanismos y los instrumentos para enfrentarlos.
¿Qué hubiera pasado si la Policía de Investigaciones o Carabineros hubieran tenido indicios de ese hecho?
Habríamos podido superar aquella situación con absoluta rapidez y evitar a la comunidad de toda una región la incertidumbre de carecer de comunicaciones durante dos, tres, cuatro o cinco horas. Pero no podían interrumpir las comunicaciones, no podían tener un informante, no podían infiltrar a alguien, no podían hacer un seguimiento.
Y eso se une a los hechos ocurridos en la Región Metropolitana contra el Presidente de Codelco. ¿Cómo es posible que pasado todo este tiempo no tengamos una información al respecto?
De ahí que debemos enfrentar este asunto con la seriedad con la que el Gobierno del Presidente Piñera lo ha hecho y con los instrumentos legales que están aquí, en el Senado: ¡La mayoría de ellos están aquí, en el Senado!
Por lo tanto, es absolutamente indispensable avanzar en esta materia. A este reclamo algunos lo llaman "campaña comunicacional" y no eficiencia. Pero, ¡perdónenme!, la ciudadanía debe tener claro que a los terroristas no les podemos interferir las llamadas telefónicas. Y yo creo que cuando el país se entera de que ningún juez puede interrumpir la llamada telefónica de un terrorista, sin duda le llama la atención. Las personas de Arica a Magallanes, aquellas que han vivido de cerca atentados terroristas, deben decir: "Eso, claramente, no es posible". La Policía no puede infiltrar a nadie; no puede tener un informante.
Cómo no expresar aquello, sobre todo teniendo a la vista la brutal imagen de una comisaría con sus paredes rotas producto del artefacto que explosionó y que pudo haber causado la muerte de personas.
¡Gracias a Dios eso no ocurrió!
Sin duda se trata de hechos fundamentales. De modo que a mi juicio este proyecto constituye un instrumento necesario y adecuado.
Sin embargo, quiero insistir nuevamente en que no es la única iniciativa que el Gobierno ha presentado en este sentido. Si alguien quiere creer que este es el proyecto que el Presidente Piñera ha remitido sobre la materia, está faltando a la verdad.
Aquí esta Administración ha asumido todas las necesidades, en su globalidad, en el ámbito de la seguridad ciudadana, y nosotros tenemos el deber de debatir los proyectos pertinentes, perfeccionarlos, o incluso, si algunos lo estiman del caso, rechazarlos.
Pero no podemos eludir un debate que se hace imprescindible para que los chilenos tengamos la tranquilidad de que ningún grupo anárquico, venga de donde venga -porque algunos nos han hecho creer hoy día que el fenómeno terrorista es casi local, que no tiene ninguna conexión internacional-, pueda cometer acciones que les causen...
Su Señoría intervino por diez minutos, y a nadie le hemos dado más. Lo lamento.
Dispone de treinta segundos adicionales, señor Senador. Y sería el único al que se le va a conceder más tiempo.
Decía, señor Presidente que es necesario realizar un debate sobre esta materia, para que los chilenos tengamos la tranquilidad de que ningún grupo, sea nacional o con conexión internacional, pueda generar daños que son absolutamente necesarios de prever.
Quienes han puesto las encomiendas en la comisaría de Huechuraba y en la oficina del ex Ministro Hinzpeter sabían lo que hacían: tienen logística, organización, capacitación; tienen claro cómo causar el daño que desean provocar. Por lo tanto, a ellos hay que enfrentarlos con todas las armas que la ley nos da.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en verdad, pienso que en todo el tema del uso de la violencia para reivindicar ideas o distintas motivaciones políticas lo que más daño genera, lo que mayor frustración provoca es la impunidad.
Acá la policía dice que la Fiscalía no hace su trabajo porque no tienen las herramientas para hacerlo; los fiscales señalan que las policías no recogen las pruebas suficientes. Y, finalmente, se crea una desconfianza total en el sistema.
Lo cierto es que los últimos hechos de violencia que hemos visto en la Región Metropolitana no son los únicos: ha habido otros anteriores allí. Pero también tenemos la violencia que hemos observado en toda la zona de La Araucanía.
Nadie puede comparar la quema de un bus del Transantiago con la violencia sistemática que se da en todo ese sector de la referida Región, que es ejercida por grupos organizados -mucha gente de la zona sabe quiénes son, dónde están y los pueden identificar; y no pertenecen al pueblo mapuche, que es pacífico, que tiene ganas de salir adelante y de progresar-, por personas infiltradas que utilizan al pueblo mapuche como una pantalla para justificar sus distintas demandas.
Ahora bien, algunos han planteado acá -así lo hemos escuchado- que tenemos una ley antiterrorista inefectiva: ¡evidentemente! Y es ineficiente e inefectiva porque no contempla las herramientas que permitan generar las pruebas necesarias para construir un caso lo suficientemente fuerte como para llevar adelante la investigación, tomar preso y condenar.
Se dice que este es un "proyectito": ¡ciertamente! ¡Pero si se tuvo que llegar a un acuerdo para los efectos de establecer una facilitación sobre el particular y de esta manera aprobar aquello en donde existe mayor consenso!
Señor Presidente, ¡por supuesto que el Gobierno también quiere avanzar en la "Ley larga", en que se va a tipificar adecuadamente lo que se entiende por delito terrorista y donde probablemente se llevará a cabo una discusión mucho más ideológica!
Pero necesitamos avanzar. ¡No puede ser que la gente en el sur vea y sienta que el Estado de derecho no existe!
El problema mapuche no se va a solucionar solo con este proyecto: ¡evidentemente! Pero sin duda que esto ayudará a conseguir las pruebas necesarias para evitar que se genere esa violencia que queda en la más completa y absoluta impunidad.
Por algo el Ministerio Público llegó al consenso de que la falta de estas herramientas entorpece el adecuado funcionamiento de la ley vigente: es un hecho constatado por quienes tienen que operar.
Entonces, uno se pregunta cuál es la razón para que hoy día no quieran entregarles las herramientas necesarias a los fiscales y a las policías al objeto de que puedan cumplir adecuadamente su labor.
Algunos hemos escuchado en los diversos medios de prensa plantear que acá se requiere una reforma a la ley sobre inteligencia: ¡de todas maneras!; ¡absolutamente de acuerdo! Y estamos completamente disponibles para avanzar en la reforma a dicha normativa. Ojalá lo esté también la Oposición, a fin de que podamos sacarla rápido.
También se ha dicho que se debe hacer una modernización en Carabineros: ¡totalmente de acuerdo! Están el proyecto y la voluntad de todos nosotros para avanzar en tal sentido.
Asimismo, se ha señalado que necesitamos generar otras medidas: ¡de acuerdo! Pero también precisamos terminar con la impunidad. Y para eso requerimos entregarles a las policías y a la Fiscalía las herramientas que ellos mismos están pidiendo para poder avanzar de manera más eficaz y más rápida en la persecución de estos delitos.
Hay quienes sostienen que se está parchando la ley vigente: ¡no, señor Presidente! Acá estamos tratando de entregarle herramientas a la Fiscalía.
Ojalá quienes no son de la provincia de Arauco, de la Región de La Araucanía pudieran conversar con las víctimas, con aquellos que han tenido que salir de sus casas por miedo; con aquellos que han invertido todos sus recursos en la zona y que hoy día están amenazados; con los pequeños parceleros, a quienes les han robado todos sus animales. En la provincia de Arauco no hay grandes fundos, pues se trata de pequeños agricultores que han sufrido la violencia organizada y que a todas luces no es "violencia rural".
Se califica de esa manera por distintas razones, pero no se trata de violencia rural: es violencia coordinada, que además se halla mezclada con distintos factores, que sin duda está generando temor en la ciudadanía. Y tan así es que la gente se ha visto obligada a dejar sus casas, a irse de la zona. No hay nadie que quiera invertir allá.
Señor Presidente, la "Ley corta Antiterrorista" no resuelve todos los problemas: ¡es cierto!
Hay que ir a la cuestión de fondo: ¡es cierto!
Se debe reformar el sistema de inteligencia: ¡es cierto!
Pero por ahora, mientras esas otras iniciativas se discuten, lo que demorará más, entreguémosles a las policías las herramientas que están solicitando, porque de esa manera daremos una señal clara en el sentido de que vamos a condenar la violencia venga de donde venga y, asimismo, de que estamos dispuestos a perseguir a quienes la usen para generar miedo en la comunidad.
Si bien hay que avanzar -ojalá lo hagamos y se respeten las urgencias que plantee el Ejecutivo en los distintos proyectos que ha ingresado a este Parlamento-, por lo menos hoy día demos una señal clara en cuanto a que estamos dispuestos a tratar de solucionar, como se ha hecho en distintas áreas, los problemas que afectan al pueblo mapuche. Pero también escuchemos a las víctimas, quienes hoy día están clamando por que se termine con esta impunidad, entregándoles las herramientas necesarias a las policías, para así después poder exigirles el logro de objetivos y tener resultados en las investigaciones. Porque hoy día -así lo expresan- no cuentan con ellas.
Por lo tanto, les pido a Sus Señorías que aprueben la ley en proyecto, pues de esta manera les entregaremos a las policías y a la Fiscalía las herramientas que precisan y le estaremos dando una señal clara a la comunidad.
Porque no me gustaría que con posterioridad se produjeran nuevos atentados y que la gente mirara a este Parlamento y dijera: "Ustedes no estuvieron dispuestos a dar las herramientas para poder hacer las investigaciones como corresponde".
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo hacerme cargo de una imputación que me parece completamente injusta y, además, enteramente ajena a la verdad.
Aquí se ha dicho que el Gobierno del Presidente Piñera ha enviado este proyecto de ley como un acto de pirotecnia, como un acto para imputarles delitos terroristas a determinados grupos sin que realmente nos importe lo de fondo, que es la paz social; sin que nos importe que el terrorismo sea uno de los actos que más atenta contra el desarrollo de nuestra democracia.
Señor Presidente, el ex Fiscal Nacional don Sabas Chahuán -y esto figura en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- ha expresado textualmente que: "Desde que yo estaba en la fiscalía se ha insistido en que es necesario modificar la Ley de Conductas Terroristas, especialmente en cuanto a las técnicas de investigación, para incorporar las figuras del informante, el agente encubierto, la interceptación telefónica y de correos".
Eso fue lo que señaló el ex Fiscal Nacional don Sabas Chahuán: ¡nada que ver con una autoridad de Gobierno!
Por su parte, el actual Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, mediante oficio N° 392, de 24 de mayo del 2018, dice: "La Fiscalía ha señalado en varias oportunidades la necesidad de incorporar el uso de técnicas especiales en las investigaciones en que se persiguen delitos calificados como terroristas, dando cumplimiento, de esta manera, a diversos convenios e instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo que recomiendan la introducción de estas técnicas para la investigación de estos delitos en los Estados Partes de dichos instrumentos internacionales y, además, teniendo presente la gravedad y complejidad de estos casos, por lo que se estima positiva su introducción".
Eso manifestó el actual Fiscal Nacional, don Jorge Abbott: ¡nada que ver con una autoridad del actual Gobierno!
Señor Presidente, a mayor abundamiento, la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre del año 2016, aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno con relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía. En dicho informe, particularmente en lo atingente a las propuestas, se contemplaba un acápite especial referido a modificaciones a la ley N° 18.314, en el cual la referida Comisión apelaba a incorporar a la investigación de delitos terroristas técnicas investigativas utilizadas en la ley N° 20.000. En efecto, en la página 119 del citado informe se señala lo siguiente: "La ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hace uso de una serie de herramientas investigativas de gran valor, para dejar en evidencia organizaciones criminales; particularmente, los `agentes encubiertos' e `informantes'. Es inaceptable que la Fiscalía cuente con más herramientas para desbaratar una red de micro traficantes que para combatir el terrorismo. Esto no sólo parece insensato, sino también no responde a la necesidad del Estado de Chile de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en cuanto a adecuar su legislación en el combate del terrorismo y del crimen organizado.".
Finalmente, señor Presidente, por si los argumentos que he dado a conocer no fueran suficientes, quiero reiterar aquí que también distintos instrumentos internacionales nos piden que nuestra legislación sea eficaz para combatir el terrorismo. Así lo hacen la resolución N° 1.373, de septiembre de 2001, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo cumplimiento en Chile se dispuso mediante decreto supremo Nº 488, de 4 de octubre de 2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exhorta a los Estados a adoptar las medidas para prevenir y reprimir la comisión de actos de terrorismo; el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, promulgado por decreto supremo N° 519, de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, promulgado por decreto supremo N° 163, de 3 de julio de 2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Convención Interamericana contra el Terrorismo, promulgada por decreto supremo N° 263, de 25 de noviembre de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, promulgado por decreto supremo N° 252, de 13 de octubre de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Todos los instrumentos que he individualizado imponen el deber de tomar acciones positivas para enfrentar el fenómeno terrorista.
Por eso, señor Presidente, cuando algunos sostienen que esta iniciativa es una acción propagandística del Gobierno del Presidente Piñera, creo que la solidez de los antecedentes que acabo de señalar refutan tales afirmaciones de manera categórica.
Esta normativa es necesaria para Chile, pues desgraciadamente tenemos actos terroristas en nuestro país y hay que combatirlos; hay que terminar con la impunidad; hay que investigarlos; hay que encontrar a sus responsables y ponerlos a disposición de los tribunales.
¡Eso es lo que corresponde a un régimen democrático!
¡Eso es lo que corresponde cuando lo que debemos tener presente es la seguridad de nuestra población, particularmente de las personas más indefensas!
Señor Presidente, hace un minuto me referí a la aprobación en la Cámara de Diputados de un acuerdo de la Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno con relación a los hechos de violencia en la Región de La Araucanía.
Alguien podría decir que dicho acuerdo se aprobó solo con votos de un sector político. Pero acá tengo el resultado de esa votación: había ocho Diputados que representaban a la Región de La Araucanía, cuatro de Chile Vamos y cuatro de la ex Concertación. Fue una votación transversal.
Ello demuestra que respecto del terrorismo Chile -la ciudadanía- tiene una convicción: que hay que combatirlo y que debemos darle a nuestro Ministerio Público las herramientas para poder hacerlo.
Se ha afirmado aquí que muy pocos han sido condenados por delito terrorista. También se ha señalado que la Ley Antiterrorista ha demostrado ser ineficaz.
¡Pero cómo no va a ser ineficaz, señor Presidente, si un instrumento tan importante como el que ahora se plantea no se lo hemos entregado al Ministerio Público, el cual no ha podido contar con estas herramientas de investigación!
¡Démosle las herramientas de investigación que ha pedido el Ministerio Público en la voz de dos de sus máximos representantes: el actual y el anterior Fiscal Nacional!
¡Entreguémosle estas herramientas y demostremos nuestro compromiso con la paz y la seguridad! ¡Demostrémoslo en los hechos!
Señor Presidente, con toda convicción y seguridad de que estamos dando un paso importante para combatir el terrorismo, anuncio mi voto favorable.
El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador Iván Moreira y varios representantes de los Comités han solicitado extender la discusión del proyecto hasta las 20 horas.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece bien hasta las 20 horas. Pero ¿podemos colocar este proyecto en primer lugar de la tabla del día de mañana? Porque creo que es una lógica que le da continuidad a esta discusión.
A continuación, tiene la palabra el Senador...
El señor COLOMA.- Está de acuerdo, ¿cierto?
Pero existe un acuerdo distinto de los Comités.
El señor COLOMA.- Por eso, y la Sala puede modificarlo. Si no, va a estar en el cuarto lugar de la tabla. Entonces, es razonable que la Sala prosiga con la discusión.
La Sala puede cambiar el acuerdo. Hay quorum.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pero se requiere unanimidad.
El señor COLOMA.- Sí, unánime.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Usted está de acuerdo, Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Bien, estamos de acuerdo.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, lo primero que quiero plantear es una duda y una cuestión de constitucionalidad respecto de este proyecto, dado que las diligencias intrusivas ya se aplican en la persecución de delitos contemplados en el artículo 25 de la ley N° 20.000, de Drogas, es decir, ilícitos asociados a drogas y estupefacientes.
Si el Ejecutivo quiere introducir estos mecanismos de investigación para el caso de los delitos de terrorismo, es preciso que la modificación se haga a la ley N° 18.314, que de acuerdo al mandato del artículo 9° de la Constitución es de quorum calificado. A mayor abundamiento, también existe interpretación de abogados constitucionalistas que estima plausible considerar que el quorum de aprobación de esta atribución especial y excepcional del Ministerio Público, en virtud del artículo 84 de la Constitución, corresponde a una ley orgánica constitucional.
Eso, desde el punto de vista formal y del cumplimiento del quorum con el cual debe ser tratado este proyecto de "Ley corta".
En cuanto al contenido de la iniciativa, esta modifica el Código Procesal Penal para hacer extensibles las medidas de investigación contenidas en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, a los delitos que se investiguen en el marco de la Ley Antiterrorista. Incorpora las figuras de agente encubierto, agente revelador e informante (todas categorías asociadas a las labores de inteligencia), entre otras medidas.
El contexto de la discusión, obviamente, está en la contingencia: los hechos ocurridos el jueves 25 de julio, cuando en una comisaría de Huechuraba y en la oficina del ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se recibieron paquetes que contenían artefactos explosivos. En el primer caso estalló, dejando carabineros heridos.
Obviamente, estos hechos son lamentables y condenables.
Nosotros desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática, condenamos absolutamente estos incidentes. Desde nuestro proyecto político nada hay más transformador que buscar la paz y la convivencia armónica entre todos los ciudadanos de nuestro país, en el marco del pluralismo que existe en un Estado democrático de derecho. Sobre todo, en un contexto donde proliferan proyectos políticos de racismo, odio y violencia. Este tema hay que enfrentarlo a fondo.
En primer lugar, las medidas que contiene la ley N° 20.000, de Drogas, no han servido para el combate al narcotráfico; no han sido efectivas, y no servirán tampoco para este tipo de casos.
Recomiendo un texto, que ha estado circulando, en el que figura la opinión de Eduardo Vergara, Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21, más cercana al mundo de la Concertación, y quien ocupara también un cargo en el Ministerio del Interior en temas relacionados con la seguridad pública en el gobierno anterior.
Otro texto en el que aparecen datos relacionados con esta materia es un libro que se titula La droga de los detenidos, del profesor Ibán de Rementería, en el que se entregan cifras desde los años 2000, 2011, 2012. Durante ese período, se observa una alta cantidad de personas detenidas por la ley N° 20.000, de Drogas. Por ejemplo, durante el año 2011 hubo 85 mil detenidos: un 87,1 por ciento por patrullaje y controles preventivos y solamente el 1,9 por ciento producto de una investigación policial.
Si bien la cifra ha disminuido -tenemos hasta el año 2018 alrededor de 45 mil personas detenidas-, los porcentajes entre los detenidos por patrullaje, controles preventivos e investigación policial se mantienen.
Este dato es un ejemplo claro de cómo los mecanismos de investigación policial que se busca promover solo han dado magros resultados en la persecución por delitos asociados al tráfico ilícito de drogas, en que el eslabón más vulnerable, más débil, más cercano al mundo de los sectores populares y en contexto de exclusión social finalmente es más castigado.
Por ejemplo, en las cárceles de mujeres un porcentaje alto de personas privadas de libertad está allí por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, los grandes narcotraficantes pareciera que no reciben sanción alguna.
Entonces, en todas estas técnicas investigativas, del agente encubierto, que supuestamente servirían para desbaratar grandes organizaciones de tráfico de drogas, los grandes, finalmente, no son descubiertos ni sancionados; ello solo ocurre con los más vulnerables.
En segundo lugar, nos parece importante situar también el contexto en que se quiere entregar estas atribuciones a las policías.
Un ejemplo fue el caso de la Operación Huracán, un operativo investigativo policial iniciado por Carabineros de Chile en septiembre de 2017, que condujo a la detención de ocho comuneros mapuche supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista. El Ministerio Público informó que había descubierto que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros manipuló pruebas que incriminaban a los detenidos.
Por otro lado, en el denominado "caso Bombas" las pruebas presentadas por Carabineros resultaron contener antecedentes graves: firmas falsas de peritos, declaraciones importantes que eran ilegales, aristas no indagadas, errores e incongruencias en las pruebas.
Sobre la base de estos ejemplos, me parece fundamental avanzar en modernizar las policías, en dotar de mayores capacidades de investigación a sus integrantes, en entregar mayores instrumentos tecnológicos y en aumentar la dotación de fiscales del país, además de generar mecanismos eficaces que luchen contra la corrupción y los abusos policiales.
Entregar estas facultades investigativas a una institución que ha actuado al margen de la ley; que ha sido acusada de abuso y violencia policial -recordemos el reciente caso, de hace pocos meses, del asesinato de Camilo Catrillanca en Temucuicui-, en el marco de la Ley Antiterrorista, que ya es una normativa con muchas deficiencias y que permite una aplicación muy discrecional, es un problema grave.
Por último, quiero indicar que la Ley Antiterrorista ha sido aplicada indiscriminadamente contra comuneros mapuche en sus reivindicaciones territoriales, develando un trato discriminatorio y arbitrario por parte del Estado de Chile.
De acuerdo con un estudio realizado por la profesora Myrna Villegas, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, entre el 2001 y el 2016 se registraron un total de veintiún procesos por la Ley de Conductas Terroristas. Las condenas por este tipo de delitos son solo nueve; de ellas, siete fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Chile ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Junto con ello, el número de condenados por delitos comunes en esos juicios, que fueron sustanciados conforme a la Ley de Conductas Terroristas, de acuerdo con los datos que proporciona el Ministerio Público, son quince, y fueron absueltas setenta y un personas.
Finalmente, quisiera recordar el caso de la machi Francisca Linconao, imputada por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte. Ella fue objeto de dos juicios penales por Ley Antiterrorista en su contra; estuvo dos años privada de libertad y al cabo de ese tiempo fue absuelta en ambos juicios.
Necesitamos modernizar nuestra Ley Antiterrorista, sin duda alguna; necesitamos enfrentar este problema en el siglo XXI, sin duda alguna; necesitamos modernizar la inteligencia.
En tal sentido, hay que hacer propuestas de fondo para profesionalizar la inteligencia; que no dependa tanto de los gobiernos de turno, sino que sea una política de Estado.
Pero no usemos lamentables y condenables hechos de violencia, que no sabemos de dónde vienen, quién se los adjudica, qué propósito tienen, para dar más atribuciones de investigación a las policías con esta agenda corta o "Ley corta". Existen muchas sospechas del mundo académico, del mundo de los derechos humanos respecto de que esto pudiera ser mal utilizado y ser poco efectivo.
Creemos que los desafíos de seguridad del siglo XXI requieren una mirada más integral, más de fondo y no, a partir de estos lamentables hechos y la contingencia, estar reaccionando y presionando para legislar de esta manera, pretendiendo generar la expectativa de que se van a solucionar los problemas graves de seguridad pública con esta "Ley corta".
La verdad es que está muy lejos de esa realidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- Le pido a la Sala la unanimidad para que presida la sesión el Senador Iván Moreira hasta el término del Orden del Día.
Y en cuanto al acuerdo recién adoptado relativo al lugar en que se va a tratar mañana este proyecto, tendría que verse en segundo lugar, pues tenemos con urgencia -vence mañana- el oficio sobre el nombramiento para el Segundo Tribunal Ambiental, que va a ser sin discusión, por lo que creo que no habría dificultad.
El señor NAVARRO.- ¡Igual que el de hoy día...!
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Gracias, señor Presidente.
¡Llegaron los tiempos mejores al Senado, aunque sea por media hora...!
El señor NAVARRO.- ¡Se transforman rápidamente en tiempos difíciles...!
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Para mí es un honor que usted me dé la palabra en esta investidura.
He oído atentamente las intervenciones de quienes manifiestan dudas acerca de este proyecto, particularmente la del último colega que habló.
Yo no alcanzo a visualizar la objeción de fondo al proyecto en cuestión. Porque si alguien me dice que estas medidas se encuentran mal diseñadas, yo entendería que se trata de una discusión de fondo. Pero si me señalan que son insuficientes, yo parto al revés: son insuficientes porque siempre hay que hacer más cosas frente a un tema tan complejo como la lucha antiterrorista. Pero eso no significa que estas medidas sean indebidas.
Sumo a lo anterior una segunda reflexión.
Yo oí atentamente al Ministro del Interior y me parece que él apunta en el sentido correcto cuando contextualiza que este tipo de medidas son del más amplio sentido común. Y el sentido común indica que a veces falta el diseño de políticas públicas que tiendan a objetivos de largo plazo y que interpreten lo que diferentes instituciones que se dedican a este tema han solicitado por distintas instancias.
Al respecto, yo he sido especialmente cuidadoso y voté algunas veces en contra de ciertas medidas intrusivas en general, porque en mi opinión son excepciones a reglas importantes.
Cuando a mí me dicen: "Oiga, respecto de las escuchas telefónicas, echémosle para adelante con todas", ¡ojo!, pues creo que ahí se violenta la privacidad, tema que en algún minuto debiéramos defender con más fuerza.
Lo mismo respecto de técnicas de investigación diferentes, como los agentes reveladores -y lo hablaba con el Ministro-, que son personas cuyo objetivo es incentivar para que aflore alguien que quiera cometer un acto delictual grave y así pueda ser sorprendido con antelación. Y también está el caso de los agentes encubiertos.
Sin embargo, con la misma convicción, si hay un tema -¡uno!- que yo coloco en el primer lugar como razonable para que se apliquen este tipo de excepciones es justamente todo aquello que dice relación con el combate contra el terrorismo.
O sea, no alcanzo a visualizar otra razón, otro tipo de delito más grave para una sociedad, más complejo para su convivencia, que el de aquellos que hacen del terror una forma de acción pública o privada.
Entonces, tal como se decía, si estas medidas existen con relación al hurto de elementos que forman parte del suministro de servicios eléctricos, al robo con fuerza en cajeros automáticos o al manejo en estado de ebriedad en determinadas circunstancias, ¿cómo no va a haber una visión un poquito más profunda de este Parlamento para entender que esta propuesta tiene que ver con algo esencial para una investigación seria y con elementos potentes que puedan asumir, con la tecnología moderna, este tipo de delitos?
Este concepto nace en el 2010. Lo señalo porque alguien dijo que justo vino una acción terrorista que provocó que esto aflorara. ¡Bueno! Lo que pasa es que desde el 2010 hasta ahora se han registrado muchas acciones terroristas y es posible que unas generen más impacto que otras.
Sin embargo, nadie puede levantar la mano en este Hemiciclo para decir que este problema no ha sido una preocupación de distintos Gobiernos, particularmente del último en el caso del Ministro que hoy se encuentra en la Sala, en lo que concierne a cómo tener herramientas que permitan afrontar actos que están generando una alteración muy seria de la convivencia.
Entonces, señor Presidente, si uno suma el sentido común a la lógica de que no hay ningún otro delito que tenga más justificación para la implementación de este tipo de medidas excepcionales, a uno casi le pasa una cosa distinta: la sorpresa de que no existan. Y uno debiera reflexionar por qué no se han establecido con anterioridad.
Es posible que esto forme parte de una discusión más relacionada con la tipificación de delitos.
Y por eso a mí me pareció buena idea el separar esta "Ley corta", que incluso ha sido anunciada -digamos- irónicamente, sobre un tema urgente y que no nubla. Porque yo también he oído a otros Senadores decir que con este proyecto no va a haber un cambio copernicano en la forma de enfrentar el terrorismo. Yo nunca lo he pensado así. Pero sí sé que con esto el Estado tiene más herramientas para afrontar una labor que es ineludible: asegurar una convivencia pacífica entre ciudadanos.
Eso, a mi juicio, está fuera de toda discusión.
Entonces, cuando alguien me dice: "Sí, pero es que faltan otras cosas", le recuerdo que yo formé parte, al igual que otros Senadores, de una comisión convocada recién asumido este Gobierno que presentó ciento cincuenta propuestas, algunas de las cuales ya han sido aprobadas -hoy día son leyes- y otras se hallan en plena discusión, que dicen relación con la forma de enfrentar distintas instancias de la investigación policial.
Y se planteó, por ejemplo, el estatus que tiene una Agencia Nacional de Inteligencia. Creo que ahí hay un tema muy de fondo que debiéramos enfrentar como sociedad de una manera distinta, pues algunos especialistas hablaban de la necesidad de entender todo el ciberespacio como una fuente importante de información técnica para alertar sobre determinadas conductas y dificultar que puedan tener éxito este tipo de acciones.
Entonces, a uno lo que le sorprende es que estas medidas no existan. Y no puedo asumir que me digan: "Está bien, pero no voy a aprobar porque faltan otras cosas".
Creo que esa no es la forma de enfrentar un problema tan complejo, tan delicado, tan transversal, que ha golpeado no solo a Chile, ya que este flagelo tiene hoy día devastada a parte importante del mundo. Las grandes tragedias del siglo XXI han tenido que ver precisamente con este tipo de actos. Así como los grandes dramas del siglo pasado fueron las guerras mundiales, probablemente en este serán por otros paradigmas, que tienen que ver con conflictos humanos masivos, planetarios, con el calentamiento global, pero mucho más con el uso del terror como una forma de plantear visiones políticas, religiosas o de distinta naturaleza.
En consecuencia, a mí me parece indispensable aprobar este proyecto de ley -ojalá con una mayoría importante; uno nunca puede pedir la unanimidad- y contar con la comprensión de todos los sectores políticos respecto de la transversalidad de esta decisión.
En su momento, cuando Gobiernos anteriores pidieron este tipo de medidas -por ejemplo, respecto de la ley de control de armas, que recuerdo bien pues me tocó ser parte de esa Comisión-, hubo la mejor voluntad desde estas bancadas para colaborar en algo que entendíamos estaba relacionado con el fenómeno terrorista, porque obviamente muchas de las normas que hoy día usan -o están facultadas para utilizar- las policías y las fiscalías en lo que dice relación con el control de armas tienen un parentesco cercano con la utilización de elementos en función de acciones terroristas.
Por lo tanto, espero que esa misma visión, esa misma actitud exista a la hora de la votación de este proyecto, porque nosotros también tenemos roles que son muy complejos, muy importantes en la sociedad.
El Parlamento, de repente, podrá ser peyorizado, caricaturizado, pero aquí es donde se pueden hacer cosas que cambian la vida de las personas. Obviamente, nadie espera que las leyes modifiquen completamente las conductas humanas, pero sí puedo pretender que a través de leyes inteligentes, con sentido de futuro, avancemos para dar más seguridad a los ciudadanos o, por lo menos, hacer un esfuerzo por disminuir las posibilidades de éxito de aquellos que usan este tipo de delitos como una forma de expresión en distintas instancias.
Por eso, señor Presidente, valoro que aparentemente se haya ido generando un espacio parcial. Espero que sea más global en el transcurso de la discusión del proyecto.
Creo que es importante, necesario, y representa una señal potente para la ciudadanía en el sentido de que en el Parlamento, al igual que en el Gobierno, estamos ocupados, no solamente preocupados, de cambiar las reglas del juego investigativas que pueden ser decisivas a la hora de establecer verdades, certezas o prevenciones trascendentales para el ser humano.
En consecuencia, valoro el esfuerzo que ha hecho el Gobierno. Sé que no ha sido fácil; sé que no es lo único; sé que hay muchas otras cosas que hay que ir sumando. Pero no por la necesidad de ir sumando uno debe restar lo que hoy día se está agregando.
Creo que esa es una forma de actuar en la vida pública que debe ser la regla común, la regla del sentido común. Espero, por tanto, que esta iniciativa pueda ser rápidamente convertida en ley, para otorgar más facultades a quienes tienen la obligación ética, moral, social y jurídica de entregar una sociedad más segura a las generaciones que vienen.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por diez minutos, el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, la discusión se va enrielando en algunos aspectos que estimo importante señalar y precisar.
El Senador Coloma, quien me antecedió en el uso de la palabra, se preguntó por qué esta técnica investigativa, que es tan relevante, es utilizada en otros tipos penales -principalmente, los contemplados en las modificaciones al 226 bis que se incorporaron en 2016- y no en la Ley Antiterrorista.
Al respecto, me parece necesario hacer una reflexión, y ojalá que el Ministro del Interior la pueda escuchar, porque él es de la época.
La ley sobre la cual incide el proyecto lleva el número 18.314 y su fecha de publicación es el 17 de mayo de 1984. Ustedes imaginarán por quién va firmada: Augusto Pinochet Ugarte.
Precisamente en leyes como esta, que tienen un tipo penal tremendamente abierto, en que no se determinan adecuadamente las conductas terroristas y lo que significan, y en que hemos tenido innumerables y contundentes fallos, tanto de nuestra Corte Suprema como de organismos internacionales, señalando la ilegalidad de su aplicación, no se ha considerado disponer de este tipo de medidas. No es una omisión, no es una situación que no se quiso tener.
Me parece tremendamente importante -se ha citado bastante en la Sala- la entrevista que le hicieron al ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán a propósito de la Ley Antiterrorista: "Debe haber una modificación al sistema de inteligencia para que dialogue con el proceso penal".
Entonces, acá estamos haciendo el camino corto. Nos vamos al Código Procesal Penal pensando que con eso resolveremos este problema. Lo digo con mucha fuerza y respeto, para que no se interprete mal este tipo de situaciones.
Un artículo de prensa publicado el fin de semana señala lo siguiente: "Los últimos atentados explosivos desnudaron las falencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), un servicio que, tras casi 15 años, no ha sido capaz de generar la información para prevenir nuevos ataques. La salida de analistas y la pérdida de informantes pagados se cuentan entre sus deficiencias".
El Ministro del Interior nos ha referido un conjunto de antecedentes de que él dispondría respecto a lo último que ha ocurrido, que son de Google. ¡Está bien, Ministro! ¡Usted es Ministro del Interior! ¡Usted debiera ejercer su capacidad, sus funciones...
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Le pido que se dirija a la Mesa, señor Senador.
El señor DE URRESTI.-... -por su intermedio, señor Presidente-, precisamente para coordinar a las policías, para coordinar a Carabineros!
Cito informaciones de prensa, textualmente:
"El miércoles 24 de julio pasado, apenas unas horas después de que un artefacto explosivo detonó al interior de la 54ª Comisaría de Huechuraba, hiriendo a ocho uniformados, el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, ordenó al personal del OS-9 de Carabineros incautar los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de Correos de Chile en la comuna de El Bosque, desde donde se enviaron como encomiendas las bombas dirigidas en contra del cuartel policial y del exministro del Interior y actual gerente de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter. Una diligencia clave con miras a identificar a los responsables de estos atentados.
"Sin embargo, cuando los funcionarios del OS-9 iban en camino, recibieron un llamado que los dejó alarmados" -se imaginará, Ministro, por su intermedio, señor Presidente, de quién fue-. "Desde Correos les avisaban que dos personas, que se habían identificado como funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), exigían acceso a la misma evidencia. La tensión escalaba por minutos. Si se llevaban las imágenes, acusan desde la fiscalía, se quebraba la cadena de custodia y las imágenes recolectadas serían inservibles como medio de prueba en un eventual juicio.
"Este hecho -hasta ahora desconocido- deja en evidencia los problemas de la ANI.
"La situación era" -por decir lo mínimo- "absurda".
¿Y qué hace el Gobierno luego de este atentado, que condenamos con todas sus letras, que repudiamos absolutamente, en contra de Carabineros o de exministros o de quien sea que se haya producido? Se dirige a la comisaría a realizar un punto de prensa y desde ahí emplaza al Senado a que apruebe esta iniciativa de ley porque con ella se va a combatir el terrorismo y se podrán anticipar ese tipo de delitos.
¡Por favor! ¡Seamos responsables, Ministro!
Tengo la convicción de que usted es una persona con capacidad en este Gobierno. Ha manejado y ha sorteado conflictos grandes, no obstante que no escuchaba muy bien en lo ocurrido con el comunero Catrillanca... Pero abordemos el terrorismo de fondo, no a través de estas situaciones o de ese gran relato que usted ha hecho durante casi quince minutos de información proveniente de Google, de fuentes abiertas.
¿Dónde están los analistas? ¿Dónde está su equipo de inteligencia? ¿Dónde está la anticipación para encontrar a estos malhechores?
Llevamos más de diez días y no vemos ninguna acción concreta, lo que no ocurrió en 2014, porque a los diez días ya había detenidos, a algunos de los cuales se formalizó y hay personas condenadas.
Entonces, uno ve que se emplaza al Parlamento con esta normativa, la llamada "Ley corta Antiterrorista", que es procesal, para entregar determinadas técnicas, pero no he escuchado ninguna autocrítica que hable sobre la capacidad del Ministerio de decir de qué manera regularemos las escuchas indiscriminadas que actualmente se están realizando.
Ministro, se lo señalé personalmente. No existe ninguna gestión. Hay miles de escuchas que se realizan hoy día absolutamente fuera de control en nuestro país.
Todos somos testigos del conflicto en el Ministerio Público en la Región de O'Higgins, donde la situación es absolutamente inmanejable.
Y el Alto Mando de Carabineros fue destituido producto del montaje de la Operación Huracán.
Entonces, cuando tenemos estas situaciones que evidencian brutalmente el descontrol, la descoordinación, apuntamos a que a través de esta técnica investigativa vamos a solucionar el problema. Permítanme señalar que no le creo, que no estoy disponible para ello. Y ojalá los dos Senadores que manifestamos nuestra oposición en la Comisión de Constitución la mantengamos, aunque desde luego expreso mi voluntad de discutir el tema de fondo.
Porque también es importante contestar cuando se pregunta por qué no contamos con estas herramientas.
El profesor Raúl Núñez advirtió -y se encuentra en el informe- la posibilidad de la comisión del "fraude de etiqueta procesal". Y me parece que es importante consignarlo porque permanentemente hemos sido condenados por organismos internacionales en la materia. Y si tuvimos Operación Huracán sin estas técnicas, la Operación Huracán va a ser multiplicada por diez cuando se las pueda utilizar. La propia institución de Carabineros contrató charlatanes como expertos informáticos. Y está la posibilidad de tener agentes encubiertos, agentes reveladores, etcétera.
El destacado académico Raúl Núñez se refirió al comentario expresado respecto de la errónea práctica de formalizar por delitos terroristas con pruebas obtenidas por esa legislación en causas que finalmente culminan en sobreseimientos o con condenas por ilícitos distintos. Y pidió una explicación al respecto.
¿Y qué es esto? Es la mejor de las habilidades para el Ministerio Público: contar con una serie de herramientas como interceptar, infiltrar, poner agentes encubiertos argumentando que el tipo penal indefinido amerita este tipo de situaciones. Y al momento de acusar se señala que se trata de un delito común.
¿De qué manera salvaguardamos los derechos de los ciudadanos? ¿De qué manera la sociedad va a estar tranquila porque no se invocará la Ley Antiterrorista ni se utilizarán estas técnicas para construir un caso de fraude de etiqueta procesal para luego señalar que se trataba de delitos comunes?
Recuerdo tiempos antiguos -y perdónenme que lo mencione ¡porque vaya que existió!-: ¿cuántos días tenía la Ley Antiterrorista para poner a disposición del Ministerio del Interior a los detenidos? Diez días. ¿Y cuáles eran las técnicas? Ablandamiento, tortura, quebrar, aislar, destruir al detenido. Luego de ello este confesaba y firmaba lo que quisieran.
Eso es lo que no queremos: que se abuse con este tipo herramientas. Deseamos que se utilicen para perseguir a los terroristas, que se haga inteligencia, que se coordinen nuestros servicios, que se realice coordinación internacional, pero que no se entreguen simplemente al Ministerio Público, donde no existe ninguna autocrítica; donde tenemos un espectáculo circense en la Fiscalía regional de O'Higgins, con evidencias que se llevaban a las casas; donde hemos visto montajes como en el caso de La Araucanía.
No nos negamos a que tengan estas herramientas, pero con un equipo especializado, Ministro, disponible aquí y ahora para abordar una ley antiterrorista moderna, en democracia, que no lleve la firma del dictador, que no sea el legado de quienes causaron mucho daño a mi sector, a compañeros socialistas que todavía están desaparecidos, a gente que sufre y a familiares que tenemos en esas condiciones.
Abordemos en serio esta situación. Pero no a través de encuestas, o solo con la voluntad de decir: "aprobamos un instrumento antiterrorista". Eso no es correcto. Y se lo pido, Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, porque aquí nadie nos podrá colocar en el lado bueno o en el lado malo, o decirnos, como lo hizo un colega, que nosotros tenemos un complejo como Izquierda. Claro que tenemos miedo, pues, porque nuestra gente sufrió, y con esta ley antiterrorista mataron a compañeros nuestros. Claro que tenemos aprensiones. Pero no tenemos complejos para abordar lo de fondo, porque no quiero que a nadie, ni al ex Ministro Hinzpeter, ni a los carabineros de Huechuraba, ni a Landerretche o a cualquier ciudadano le llegue un paquete bomba: a nadie, ni a mi peor adversario.
Ese es el debate. Pero no nos digan aquí que unos están por luchar contra el terrorismo y otros no.
Y, Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, que esto no sirva como pretexto para tratar de abordar el problema político que existe en La Araucanía, porque eso tenemos que resolverlo todos los ciudadanos. Y nosotros seremos los primeros en ponernos a disposición para ello, porque este no es un problema del actual Gobierno; nosotros también hemos cometido errores, y la solución depende de todos.
Por eso, señor Ministro, no creo que este atajo sea la solución para abordar lo que nos convoca de fondo, que es luchar contra el terrorismo.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, en la ley N° 18.314, de 1984 -se le introdujeron modificaciones los años 2010 y 2011, cuestión que debería haber manifestado el Senador De Urresti-, el concepto de terrorismo apunta a un enemigo interno determinado. Pero, ¿hoy podemos decir que el terrorismo proviene de un enemigo interno? Todos sabemos que en la actualidad tenemos terrorismo profesional, que busca amedrentar a la población y desestabilizar la democracia.
Entonces, yo me pregunto: ¿queremos tener un país como Colombia o México? ¿Queremos vivir asustados? ¿Queremos vivir preocupados? ¡Si lo normal es que todos vivamos felices, que caminemos con seguridad por cualquier rincón de nuestro lindo país!
Este es un pequeño proyecto que solo pretende fortalecer la inteligencia del Estado, con agentes, con informantes, con escuchas, con entregas vigiladas, y nadie está pensando en La Araucanía.
Pero, por cierto, ¿nuestros compatriotas de La Araucanía no tienen derecho a ser felices? ¿No pueden vivir tranquilos? Todos sabemos lo que pasa ahí, y hablamos de derechos humanos. ¡Si el mayor derecho humano es vivir, caminar, trabajar en un país seguro, en un país que protege a su gente!
Este pequeño proyecto solo busca prevenir el terrorismo, no asegura su eliminación, pero sería vergonzoso no aprobarlo.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se ha cumplido el tiempo de prórroga de la sesión.
Esta iniciativa pasará al segundo lugar de la tabla de mañana, luego del oficio del Presidente de la República sobre el nombramiento de un ministro para el Segundo Tribunal Ambiental.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Agradezco la presencia de los Ministros señores Blumel y Chadwick y del Subsecretario señor Alvarado.

References: artículo 226
 artículo 226
 artículo 226
 artículo 14
 artículo 226
 artículo 222
e contrario
 resolución 
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 84