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Timestamp: 2017-07-27 00:37:53+00:00

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Comisión Legal Sol - 15M | Página 2
Dos nuevas sentencias anulan 2 sanciones a manifestantes
Publicado el octubre 9, 2015 por legal15m	Esta última semana nos han sido notificadas dos sentencias que acuerdan declarar nulas dos sanciones impuestas a dos personas por su participación en las manifestaciones del 13 de mayo y el 27 de abril de 2012.
Con estas dos sentencias son ya 223 las sanciones que hemos conseguido anular desde el Grupo de Administrativo de la Comisión Legal desde el año 2011, 52 de ellas por Sentencias dictadas por distintos Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
Todo ello evidencia cómo las sanciones administrativas han sido impuestas de manera indiscriminada en los últimos años, para tratar de reprimir las legítimas protestas de la ciudadanía.
Sentencia estimatoria de Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 30 de Madrid, de 29 de septiembre de 2015.
Sentencia estimatoria del Juzgado Constencioso-administrativo nº 30 de Madrid, de 28 de septiembre de 2015.
La Audiencia Provincial confirma que los plazos no son iguales para todas
Publicado el octubre 9, 2015 por legal15m	La Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) establece la regulación de los trámites del procedimiento penal, y entre sus previsiones se prevén plazos que se suponen de obligado cumplimiento tanto para las partes. Pues bien, la Audiencia Provincial viene a considerar que si se trata del plazo para formular acusación del Ministerio fiscal estas previsiones hay que considerarlas de una manera más laxa que si se trata de los plazos de la defensa o de otra de las acusaciones.
En uno de los procedimientos que llevamos desde la Comisión Legal Sol el Ministerio fiscal formalizó acusación fuera del plazo de 10 días establecido en la ley (meses después) y sin siquiera seguir los trámites que la propia LECrim prevé para casos en que este Ministerio (y sólo él tiene estas prerrogativas) precisara de más plazo. Pues bien, nosotras consideramos que realizar fuera de plazo y prescindiendo del procedimiento establecido un trámite tan esencial como es detallar la acusación (años que te piden de prisión) que contra unas personas se va a mantener en el acto del juicio es algo que vulnera tanto el artículo 24 de la Constitución como el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues supone dejar al arbitrio de una de las partes los plazos legales y genera una evidente indefensión a los acusados y una desigualdad de armas entre el Ministerio fiscal y la defensa.
Frente a estas alegaciones la Audiencia Provincial viene a decir (adjuntamos el Auto) que este plazo de 10 días que tiene el fiscal para formular acusación es prorrogable, entendemos de la redacción del Auto que indefinidamente, y ni se pronuncia sobre las razones por las que considera que no se han vulnerado el art. 24 CE y el art. 6 del CEDH. Sin más, desestima nuestro recurso considerando ajustado a Derecho formular la acusación fuera de plazo.
No podemos más que mostrar nuestra perplejidad ante esta interpretación de la ley que confirma la desigualdad que la ciudadanía percibe en la administración de justicia entre el fiscal y el resto de las partes.
Publicado el junio 25, 2015 por legal15m	A las 00:01 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocidas como Leyes Mordaza).
Frente a las legítimas demandas de la sociedad de estos últimos años, el mal Gobierno responde con unas leyes que criminalizan la pobreza, la solidaridad y la legítima protesta, unas leyes rechazadas por hasta el 85% de la población, y que han sido duramente criticadas por organizaciones nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.
Os invitamos a que acudáis el próximo martes 30 de junio a las inmediaciones del Congreso de los Diputados sobre las 23:45 h. para manifestar públicamente nuestra desobediencia a las mismas, restándoles legitimidad desde su primer minuto de vida y enlazar con la desobediencia que previamente se ha ido manifestando.
Publicado el junio 17, 2015 por legal15m	A las 00:00 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.
Descargar Manifiesto #SinMordazas
Resolución de la Junta Electoral Provincial prohibiendo la manifestación en jornada de reflexión del 23M
Publicado el mayo 22, 2015 por legal15m	Elecciones 2015: Consideraciones jurídicas en torno a la jornada de reflexión
Publicado el mayo 21, 2015 por legal15m	Cuatro años después, nueva jornada de reflexión y nueva convocatoria de movilización social. En esta ocasión, igual que cuando nacimos en las plazas, son muchas y muy variadas las voces que se han alzado discutiendo la legitimidad de ejercer el derecho de reunión el día previo a las elecciones municipales.
Por ello hemos decidido rescatar este texto que publicamos durante la Acampada, cuando dedidimos reunirnos en la Puerta del Sol desobedeciendo conscientemente la absurda decisión de la Junta Electoral Central.
Hace cuatro años demostramos que la jornada de reflexión no impide poder ejercer el derecho de reunión y reflexionar de manera pública y colectiva. Nada ha cambiado desde entonces y esta reflexión vuelve a estar hoy, quizás más que nunca, de rabiosa actualidad. Y es que un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde, y por ello seguimos y seguiremos en las calles, hoy, mañana y siempre:
EL DERECHO DE REUNIÓN PREVALECE SOBRE LA JORNADA DE REFLEXIÓN EN PRIMER LUGAR PORQUE ASI LO HA DECLARADO YA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SITUACIONES SEMEJANTES: En efecto, varias sentencias del Tribunal Constitucional han advertido (como último ejemplo la STC 15.11.2010) que la mera posibilidad de que una reivindicación pueda incidir de una u otra forma en el electorado se muestra como hipótesis insuficiente para limitar el derecho de reunión en período electoral. También ha destacado el Tribunal Constitucional que el hecho de que no se pueda difundir propaganda electoral ni realizar acto alguno de campaña en la jornada de reflexión, no significa que durante dicha jornada no pueda celebrarse ninguna reunión cuyo objeto tenga algo que ver con el debate político y, por tanto, pueda influir indirectamente en las decisiones de los electores. Advierte que sólo cuando se aporten razones fundadas del carácter electoral, es decir cuando su finalidad sea la captación de sufragios, podrá desautorizarse con base en dicho motivo.
“Esta prohibición legal no significa naturalmente que durante la denominada jornada de reflexión previa a las elecciones no pueda celebrarse ninguna manifestación cuyo objeto tenga algo que ver con el debate político y, por tanto, pueda influir indirectamente en las decisiones de los electores. Pues teniendo en cuenta el carácter de exposición pública y colectiva de ideas, opiniones o reivindicaciones que es consustancial al ejercicio del derecho de reunión, es elemental que, por principio, toda reunión o manifestación puede conectarse en último término, y aunque sea remotamente, con el debate político y, por lo mismo, con las decisiones de los electores. De modo que, de aceptar semejante planteamiento, por esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión o manifestación por el simple hecho de serlo y coincidir con la jornada de reflexión previa a unas elecciones; una conclusión que obviamente debe ser rechazada” STC 96/2010 de 15 de noviembre
“Debe favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aun en detrimento de otros derechos, en especial los de participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo ejercicio para una configuración de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejercicio de los mencionados derechos. Por este motivo, el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de manifestación resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte suficientemente acreditado por la Administración y, en su caso, por los Tribunales, que la finalidad principal de la convocatoria es la captación de sufragios”. STC 96/2010 de 15 de noviembre.
PORQUE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL NO TIENE COMPETENCIA PARA LIMITAR ESTOS DERECHOS.- En efecto, La Ley Orgánica de Régimen Electoral General señala que durante la jornada de reflexión “no puede difundirse propaganda electoral ni realzarse acto alguno de de campaña electoral”, mandato dirigido a evitar la captación del voto. Los ciudadanos mantienen, sin embargo, su derecho a protagonizar la jornada de reflexión, sin que quepa restringir su derecho a participar en la vida pública.
PORQUE LAS LEYES HAY QUE INTERPRETARLAS CONFORME A LOS USOS SOCIALES.- Y en este momento histórico la propia restricción de la publicidad electoral en la jornada de reflexión es cuestionable cuando se sostiene la comunicación permanente en Internet. Con mayor razón cuando la intención de las personas concentradas no se identifica directamente con la petición de voto a ninguna opción política concreta
PORQUE PRECISAMENTE ESTAMOS INVITANDO A LA REFLEXIÓN EN LA JORNADA DEDICADA A DICHO FIN.- En efecto, las personas que están aquí reunidas, se encuentran reflexionando sobre los problemas que un orden socio-económico radicalmente injusto está causando a la ciudadanía, y no quieren una reflexión individual, sino reflexionar colectivamente, sin que en modo alguno la finalidad sea la captación de sufragios para partido político alguno.
Las verguenzas de Cifuentes: Cuatro años al frente de Delegación de Gobierno
Publicado el mayo 12, 2015 por legal15m	Tras abandonar su puesto como Delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes encara una nueva etapa como candidata a Presidencia de la Comunidad con el, supuestamente, inapelable buen balance de su anterior etapa como principal valor.
En los últimos tres años hemos sido testigos privilegiados de las prácticas y metodologías dirigidas desde la Delegación, por lo que no podemos permanecer impasibles ante el lavado de cara constante al que se está sometiendo para ganar las próximas elecciones. Por ello, no queremos despedirnos de Cristina Cifuentes como Delegada de Gobierno sin hacer balance de los datos en este tiempo recabados que muestran su cara más sincera con respecto a una de las principales funciones del cargo que ostenta: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana […]” (art. 23.3 Ley 6/1997). Así, pasamos a desarrollar a continuación las principales caracterísiticas que definen su administarción:
Abusos de impunidad:
“La actuación policial ha sido siempre profesional y proporcional” (marzo, 2015)
A los pocos meses de asumir la Delegación del Gobierno se celebró el primer aniversario del 15M (conocido como 12-15M). Durante el desalojo de la concentracion en Sol, sin que hubiera mediado altercado alguno, comenzaron unas cargas que culminaron con la detención de varias personas, incluyendo algunas que salían de su trabajo o de la discoteca. La mayoría de las detenidas denunciaron ante el Juez que fueron obligados a permanecer varias horas de pie contra la pared y que incluso una mujer fue abofeteada delante del resto detenidos. La decisión de Cifuentes entonces fue clara, concisa y meditada: negar y obviar la documentación audiovisual que demostraban los graves abusos durante esa protesta y que dieron lugar a la campaña #OigaCifuentes.
El siguiente gran momento, o al menos uno de los más mediáticos, se vivió tras la convocatoria “Rodea el Congreso” del 25 de septiembre de 2012. En directo, multitud de reporteros, incluida la prensa extranjera, grabaron imágenes que evidenciaban la brutalidad y arbitrariedad policial hacia los manifestantes y los propios periodistas que cubrían el acto, incluso hacia personas ajenas a la manifestación que fueron golpeadas indiscriminadamente en calles y bares aledaños llegando incluso a la estacion de Atocha, donde se vivieron momentos de gran tensión. De los 35 detenidos ese día 26 denunciaron a funcionarios de policía por malos tratos en comisaría. Se repetía además el mismo modus operandi: personas detenidas obligadas a permanecer, incluso con brechas abiertas, durante horas de pie frente a la pared, negación de asistencia médica y agua; traslados en “lecheras” esposados y sin cinturón de seguridad, a merced de los frenazos y cambios bruscos de los conductores; cambios de luz y temperatura en celda; prohibición de ir al servicio, de alimentos adecuados a personas vegetarianas y medicamentos a aquellas diabéticas, …
Inumerables veces hemos denunciado este tipo de prácticas abusivas que se dan tanto en las cargas como en las posteriores detenciones. Ejemplo de esto fue lo denunciado en el procedimiento contra cuatro detenidos en la acción #YoNoPago del 1 de febrero de 2012 y el informe que emitió el Fiscal en respuesta a las pruebas por nosotros presentadas. El resultado fue demoledor: el Fiscal ponía de manifiesto “notorias extralimitaciones y violencias innecesarias” así como “las cargas policiales y en general la actuación policial resultó abusiva, desproporcionada y carente de cualquier fundamento”. Ninguna responsabilidad se derivó de esta denuncia. Y aún estamos esperando a que la ex delegada se pronuncie al respecto.
Estos tres ejemplos pincelan las prácticas u ordenadas, o permitidas por Delegación de Gobierno. Cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones y manifestaciones, detenciones aleatorias y tratos vejatorios en comisaria han sido denunciados una y otra vez por esta Comisión y por otros tantos colectivos mientras la opinión pública exigía responsabilidades. Y la respuesta por parte de la Delegada de Gobierno siempre ha sido la misma: anunciar investigaciones internas que nunca, ni en los casos más escandalosos han supuesto sanciones, llegando la impunidad policial incluso a los órganos judiciales.
La detención como castigo:
Escuchábamos atónitas estos días las declaraciones de la Fiscal General del Estado afirmando que los delitos imputados a Rodrigo Rato no hacían necesaria su detención. Parece que la consideración de la detención como algo excepcional y sólo aplicable en casos en donde resulta inevitable, es privilegio de unos pocos.
Si algo ha caracterizado el mandato de Cifuentes ha sido precisamente utilizar la detención como castigo. Poco importa entonces el resultado del procedimiento penal, ya que con la detención el castigo ya ha sido infligido. Prueba de ello es que, de las cientos de detenciones a las que hemos asistido en estos años, a día de hoy, únicamente dos personas han sido condenadas por delito, y en uno de los casos por sentencia no firme.
El mandato de Cifuentes se ha visto plagado de detenciones por faltas (prohibidas expresamente por la legislación) y detenciones con circo incluido en las casas de personas perfectamente identificadas y localizables, que se deberían haber evitado con una simple citación judicial en su domicilio.
Los ejemplos son innumerables, algunos tan escandalosos como la operación PUMA70, las detenidas por los hechos ocurridos en la manifestación del 14D contra la Ley Mordaza, la operación contra activistas del movimiento por la vivienda de febrero del 2014 y, más recientemente, la detención en domicilios y a punta de pistola de 18 personas integrantes de los colectivos Distrito14 y Frente202 por protestar en el pleno de la Junta Municipal en un apoteósico inicio de campaña electoral. Todas estas prácticas orquestada y consentidas por Cristina Cifuentes y el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, evidencian la utilización de la privación de libertad como un castigo previo y lejos del control de la institución judicial, más allá de los límites y exigencias que la Ley impone, práctica igualmente denunciada por algunos sindicatos de policia como la Sección Sindical de CCOO-Policía Municipal de Madrid.
La instrumentalización de la detención ha servido, ademas, a nuestra ex Delegada a poder legitimar un discurso entorno a la diferenciación entre “manifestantes buenos y radicales antisistemas”.
Además de utilizar la detención en los casos que la ley no prevée, durante el mandato de la ex Delegada nos hemos encontrado sistemáticamente con la prolongación indebida de estas detenciones a manifestantes y activistas y que hemos denunciado en varias ocasiones. Una señal más de que, para Cifuentes, la Ley que tanto apela sólo es válida cuando juega a su favor.
Quién pudiera ser Rato.
Policías encapuchados durante las declaraciones:
Precisamente en la línea de convertir la detención en un castigo anticipado, funcionarios de la Brigada Provincial de Información han realizado interrogatorios a personas detenidas ocultando su rostro con pasamontañas.
Ante nuestra denuncia junto con las compañeras de ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), Cifuentes le echó la culpa al anterior Gobierno, para después asegurar que era un hecho puntual y que no se volvería a repetir. Sin embargo, fue una recomendación de la Defensora del Pueblo la que evidenció que la realidad era otra y que no se trataba de un hecho aislado ni justificado. La Dirección General de Policía decidió no aceptar dicha recomendación que pedia no repetir estas prácticas poniendo además en entredicho lo previamente declarado por la Delegada la cual se apartó del conflicto no haciendo ni declaraciones ni tomando cartas en el asunto.
Tuvo que ser una propuesta de ALA, aprobada por el Colegio de Abogados de Madrid, y después por la mayoría de Colegios de Abogados del Estado, la que pusiera coto a esta práctica innecesaria e intimidatoria. Si fuera por Cifuentes, seguiríamos asistiendo atónitos a declaraciones en las que los policías van encapuchados, incluso cuando ya han bajado al detenido y nos quedamos solas con los funcionarios de policía.
A día de hoy seguimos constatando funcionarios de policía encapuchados en comisarías que se desembozan unicamente para la toma de declaración con presencia letrada.
Las/os abogadas/os como enemigas/os:
También hemos podido ser testigos de cómo Cifuentes ha tolerado una ofensiva hacia las profesionales que asumimos la defensa de las personas detenidas.
Aún nos provoca buenos momentos de risas colectivas las afirmaciones de Cifuentes en la entrevista que le realizó Ana Pastor en las que aseguraba que detrás de los abogados del 15M había “grandes despachos” con medios e infraestructura. Es lo que tiene no concebir la solidaridad y promoción desde un compromiso por la Justicia.
Hemos presenciado, al igual que Cifuentes, cómo la Brigada Provincial de Información trataba de criminalizar a un abogado por el mero hecho de haber defendido a una persona o a otra, es decir, por hacer su trabajo. Algo inaceptable.
Hemos tenido que soportar, con la absoluta complicidad de Cifuentes, que funcionarios de Policía monten en cólera porque se ejerza debidamente el derecho de defensa, es decir, por recomendar que no declaren en comisaría. Algo ya reconocido por una Sentencia del Tribunal Constitucional hace 28 años (Sentencia 196/1987). Y esto no acabó aquí, incluso los policías llegaron hasta el punto de emitir una queja por estos hechos al Colegio de Abogados con el titulo “abogados desinformados” con referencias a “cierto colectivo de abogados”.
Como era esperable, el Colegio de Abogados apoyó a los profesionales que ejercieron impecablemente su trabajo, evidenciando que los únicos desinformados son los policías que deben velar por los derechos de las personas detenidas. Estos ataques injustificados en el ejercicio de nuestar profesión, son cuanto menos preocupantes.
Nuevamente, Cifuentes guardó silencio ante este otro atropello.
Número de placa de los agentes. “Llevan la identificación debajo del chaleco para evitar denuncias falsas” (septiembre, 2012)
Estamos ante la piedra angular de la impunidad de los funcionarios de policía: el número de placa visible que, además de ser una obligación el portarlo (art.18 RD 1484/1987), garantiza que ante cualquier abuso se pueda identificar de manera fácil al funcionario responsable, siendo por ende un derecho ciudadano.
Es algo tan tremendamendamente sencillo y simple, que su incumplimiento no hace otra cosa que evidenciar la nula intención de depurar responsabilidades ante los abusos policiales. Muestra de ello es que Cifuentes, para quitarse “el marrón” de encima, no pare de repetir que es una cuestion de uniformidad (competencia del DGP) y no de respeto de los Derechos Fundamentales.
A lo largo de los último años hemos interpuesto hasta 4 denuncias adjuntando cientos de fotografías de funcionarios de policía de todas las escalas (Inspectores Jefes, Inspectores, Oficiales…) incumpliendo esta obligación. Ninguna sanción o investigación ha sido abierta.
Pero para Delegada es un tema de uniformidad, a pesar de que este incumplimiento ha sido el que ha asegurado el archivo de denuncias (por no poder identificarles) de asuntos como las agresiones y “pasillos” tras sacar a gente de bares, pérdida de testículo por bala de goma, agresiones a reporteros por hacer su trabajo y un largo etcétera. Mientras no parece relevante invertir ínfimos recursos para añadir las identificaciones a los chalecos anti-trauma de los policías con un simple velcro, sorprendentemente sí hay presupuesto para comprar material antidisturbios tan “necesario” como pelotas de goma.
La Burorrepresión: el castigo mediante sanciones administrativas:
No es de extrañar que sea en el plano administrativo, menos visible, más silencioso, donde la ex Delegada decidiera centrar muchas de sus energías. Así, en un ejercicio de innovación represiva, decidió detener menos, que estaba feo y sale en los telediarios, y sancionar a discreción, de manera arbitraria, a las personas por acudir a manifestaciones.
Desde el año 2011 hasta el presente año tenemos constancia de más de 1.179 sancionadas (aunque estamos convencidas de que el cómputo total es mayor) sólo por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de los cuales la Comisión Legal Sol se ha hecho cargo de 491 que supondrían una recaudación de nada menos que 174.257.-€.
Con lo que la Delegada de Gobierno no contaba era con la capacidad de organización de la gente para defender sus derechos ante los Tribunales, y el resultado ha sido aplastante.
De las 491 sanciones cuya defensa administrativa y judicial llevamos, 210 las hemos ganado consiguiendo que se anulen, 47 de ellas mediante sentencia y 8 de ellas directamente por vulnerar Derechos Fundamentales (todo nuestro repositorio de Sentencias estimatorias contra sanciones en este enlace ).
Del resto de las 451 sanciones, en 141 casos en sancionado ha abandonado la batalla por anular la sanción, y sólo en 28 casos se le ha dado la razón a la Administración hasta hace poco dirigida por Cifuentes.
En cuanto a tipología de sanciones las más habituales son desobediencia (art.26.h LO 1/92) con 221 sancionados, desórdenes graves (art.23.n LO 1/92) con 100, alteraciones del órden público (art.26.i LO 1/92) con 72 y convocante (art.23.c LO 1/92) con 56.
Esta batalla burocrática no sólo ha supuesto la anulación de decenas de sanciones y la evidencia de la aletoriedad con las que fueron interpuestas sino las numerosas declaraciones por parte de los Juzgados de la existencia de vulneraciones, por parte de Delegación de Gobierno, de derechos fundamentales tales como el de reunión y el de presunción de inocencia.
Este tema bien merecería un examen más exhaustivo, pero nos atreveríamos a afirmar que Cifuentes pueda que sea la Delegada a la que más sanciones a manifestantes ha anulado la Justicia, vulnerando Derechos Fundamentales.
Derecho de Reunión: “La Ley es demasiado permisiva y amplia” (octubre, 2012)
Paradójicamente, a quien le ha sido encomendado velar por estos derechos, es repetidamente condenada por vulnerarlos.
No es de extrañar si tenemos en cuenta que la hoy ex-Delegada del Gobierno comenzó su mandato haciendo afirmaciones encaminadas a terminar con la voluntad de reivindicación y de movilización. Debido a ello aún hoy en la memoria colectiva replica la falacia tantas veces por ella declarada: “Una concentración no comunicada es una concentración ilegal”.
Consciente de semejante burrada, Cifuentes volvió a la palestra para clamar por el exceso de reivindicaciones que tenían lugar en Madrid insistiendo de modo indirecto en la misma idea “Cualquiera que ha querido manifestarse lo ha hecho, con los dos requisitos que establece la Ley: que se comuniquen y que sen pacíficas”). Quizá no reparó en que la raíz de tanta protesta no era un afán colectivo por saturarla de trabajo, sino la cada día más penosa realidad de quienes la han tenido como Delegada del Gobierno.
Durante meses mantuvimos un debate en torno a la necesidad o no de comunicar las manifestaciones. Finalmente, aleccionada por algún asesor, acudió a los medios para reconocer que la reunión es “un derecho constitucional que no necesita autorización previa” debido a ello propuso modularlo “introducir algún cambio legislativo porque con la legislación actual es casi imposible” y parece que de algún modo ha sido oída: ya tenemos aprobada una Ley de Seguridad Ciudadana aún más restrictiva.
No olvidamos todas y cada cada una de las concentraciones y manifestaciones que han sido disueltas de manera ilegal durante su mandato. Desde el desalojo de Sol el 12-15M, pasando por policías diciendo a la gente según salían del Metro que debían abandonar la concentración (que ni había comenzado) el 27O, asambleas en el Retiro del 25S, hasta la reciente concentración repentinamente reprimida y disuelta en apoyo a las detenidas de la operación Piñata.
Pese a todo, ella ahora postulándose a la Presidencia de la Comunidad sabe que, la ciudadanía no ha dejado, ni dejará de ejercer sus derechos de reunión y manifestación.
Etiquetado como 15M, cifuentes, comision legal, cristina, cristina cifuentes, legal sol	[Análisis] El Tribunal Supremo revoca la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional en la causa de #Aturemelparlament
Publicado el mayo 8, 2015 por legal15m	El pasado 14 y15 de junio de 2011 se produjo una concentración de protesta ciudadana delante del Parlamento Catalán. Dicha concentración emanada del movimiento 15-m y de a indignación de la ciudadanía ante la aprobación de unos presupuestos plagados de recortes, fue comunicada a las autoridades gubernativas por el movimiento L´Acampada de Barcelona y las asociaciones de vecinos de la ciudad. El 10 de junio, cinco días antes de que tuviese lugar, en rueda de prensa se enunciaron los motivos de la protesta y el carácter pacífico de esta.
La convocatoria fue publicitada por infinidad de medios con el lema “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovinretallades” (Paremos al/el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes) que a la postre ha resultado idóneo para que la sala segunda del Tribunal Supremo ejerza de “segunda instancia”, a través del recurso de casación, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y condenando a 7 personas como autoras de un del delito del artículo 498 del CP, a la pena mínima prevista: 3 años de privación de libertad.
El Tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó en primera instancia, absolvió en su sentencia a todos los acusados. Dicha resolución razona que los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación, y los piquetes como instrumento de confrontación al poder político, ampararan los comportamientos de los acusados, negando la posibilidad de condena en base a la limitación de la acción penal sobre conductas de escasa gravedad, relacionadas con el ejercicio de un derecho fundamental. Y llega a esa conclusión haciendo una interpretación de la norma y de los derechos constitucionales acorde a lo establecido en el art. 3 del Código civil, es decir, íntimamente ligada a realidad social existente en el tiempo de la comisión de los hechos.
Es de sobra conocido que el derecho no es una ciencia exacta. A la hora de aplicar la ley, función otorgada al poder judicial y personificada en jueces y tribunales, se ha de estar a la interpretación que estos hagan de las normas, las costumbres y los principios generales del derecho.
En el presente caso el Tribunal Supremo, no sin divergencias en su seno, acoge en la resolución de los recursos de casación planteados por las acusaciones una interpretación diferente a la realizada por el tribunal de instancia, la Audiencia Nacional. El ponente inicial de la resolución opta por una interpretación acorde con la absolución de los ahora condenados, no logrando una mayoría de votaciones entre sus compañeros, se ve obligado a entregar la ponencia al Presidente de la Sala que construye una interpretación avocando a siete personas a ser condenadas por un delito contra las instituciones del estado del artículo 498 del CP.
Esta decisión no constituye un fenómeno aislado, más al contrario, resulta indecorosamente evidente la tendencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a hacer las veces de complemento de los aparatos de represión estatales. Se hace necesario traer a colación infaustos precedentes como su sentenecia 656/2009 de 12 de Junio, la sentencia del 4F. En este caso, al propio Presidente de la Sala de lo Penal (Manuel Marchena) no le tiembla el pulso a la hora de asumir la labor de elevar a jurisprudencia la mutilación de nuestros derechos fundamentales.
Para entender esta sentencia, es preciso hacer una breve mención a la naturaleza del recurso de casación penal. La casación no es un recurso ordinario, sino un recurso especial, solo admisible por tres grupos de motivos, tasados y agrupados en los artículos 849 a 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el presente caso de los motivos alegados por las acusaciones prospero solo uno, la infracción de ley del art. 849.1. Este motivo no faculta al Tribunal Supremo a tocar ni una sola coma de los hechos probados, pues supone, dicho en palabras llanas, que de los hechos probados recogidos en la sentencia se aprecia que no ha sido aplicada una norma de la ley penal: en este caso el precitado delito contra las instituciones del estado del art. 498.1 del CP. Por tanto, la sala segunda del Tribunal Supremo se ve avocada a desarrollar una argumentación que conduzca a una sentencia condenatoria con los hechos probados fijados por la sentencia absolutoria. Y lo hace a lo largo de todo el fundamento jurídico quinto (FJ5). La sentencia de casación sigue un esquema primero enunciativo, luego destructivo del razonamiento de la AN, y posteriormente acopla los hechos probados a una interpretación que permita la aplicación del reproche penal.
EL JUICIO DE PONDERACIÓN
Es necesario observar que ambas resoluciones poseen una marcada impronta ideológica. Esto resulta visible a la hora de contraponer las razones en las que se fundan los dos fallos, dónde ambos tribunales rehúyen incurrir en valoraciones de carácter estrictamente jurídico o técnico para desarrollar sendos juicios de ponderación. El juicio de ponderación es una herramienta argumentativa a la que se recurre en supuestos en los que estando en juego dos bienes jurídicos[1] de relevancia equiparable, la decisión que se adoptase en la salvaguardia de uno acarrearía inevitablemente el sacrificio del otro. En estos casos es preciso que el tribunal motive adecuadamente las razones que le llevan a la promoción y sacrificio de dichos bienes jurídicos. Argumentar la supremacía de un bien jurídico por encima de otro no es precisamente una tarea objetiva, sino más bien resulta un ejercicio en el que el juzgador despliega el esquema de valores que inspira su decisión.
Así, en la sentencia de la AN, el magistrado ponente entendió que los hechos probados no podían ser constitutivos de un delito del art. 489 CP. En su opinión los sucesos del Parlament figuraban dentro del contenido esencial del derecho de reunión y manifestación. La AN afirma que el alcance del derecho de reunión debe de afirmarse desde la Constitución y enfatiza los límites de la intervención penal ante conductas relacionadas con el ejercicio de derechos fundamentales. En palabras suyas:
“antes de analizar el ámbito de lo prohibido […] la cláusula de Estado de Derecho obliga a determinar el contenido constitucionalmente protegido de los mencionados derechos.[…] no es el derecho penal el que limita los derechos fundamentales, sino la Constitución”.
Son diversas las razones que invitan a reforzar la tesis de que los manifestantes ejercitaron sus derecho de reunión sin violentar el canon de conducta exigible en una sociedad democrática. La AN no puede dejar de tener en cuenta el contexto político y social en el que se desenvuelve el ejercicio de este derecho fundamental; es por ello que, en un escenario en que el actual régimen de titularidad de los medios de comunicación conduce a los sectores de la sociedad más marginados a una situación de exclusión social que convierte la reunión y la manifestación en el único medio posible a su alcance para poder transmitir sus quejas y reivindicaciones. En la medida en que el ejercicio de este derecho promueve un debate público auténtico debe ser objeto de especial protección en aras de preservar
“la posibilidad de las personas de hacerse oír, del acceso de las personas al espacio público” en tanto que “la realidad pone de manifiesto la invisibilidad de ciertas realidades dramáticas por la dificultad […] de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones. Para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que puede ejercer su libertad de palabra. De ahí su importancia en la sociedad democrática”.
A su entender este fenómeno constituye una expresión del pluralismo político que la constitución consagra como valor superior del ordenamiento jurídico máxime
“cuando soportan mensajes sobre violaciones graves de derechos humanos básicos”.
Proclama a su vez que, más allá del mero acto de reunirse, el derecho en cuestión ampara la confrontación directa con los parlamentarios en la forma de piquetes.
La AN, mediante este juicio de ponderación de los bienes jurídicos conculcados encuentra una causa de exclusión de la antijuridicidad (art. 20.7 CP), esto es, llega a la conclusión de que los manifestantes no pueden ser castigados penalmente por el ejercicio legítimo de un derecho y por tanto quedan exonerados de responsabilidad penal y por tanto no cabe otra consecuencia que la automática absolución. Apoya esta tesis en la escasa lesividad de las acciones imputadas a los acusados y en el efecto de desaliento que produciría en la ciudadanía a la hora de ejercer libremente su derecho de manifestación y participación en la vida pública.
Por todo ello la AN concluye que:
“por sus elementos y contenidos, la acción colectiva de protesta se hallaba dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho de reunión y manifestación. Estaba dirigida a configurar un espacio público que tuviera en cuenta la voz de los desfavorecidos por las políticas denominadas de austeridad, en defensa de la Constitución formal”.
El TS, por su parte, se desmarca de este discurso, y desarrolla un juicio de ponderación divergente que lleva a adoptar la conclusión opuesta. En sus propias palabras:
“La sentencia de instancia incurre en un patente error a la hora de solucionar el conflicto surgido por la convergencia de bienes jurídicos constitucionalmente protegibles. Este error está originado por un llamativo desenfoque acerca del rango axiológico de los valores constitucionales en juego […] y lo hace recurriendo a una errónea y traumática desjerarquización de uno de los derechos convergentes”.
Traducido al cristiano tenemos que el TS reprocha a la AN haber situado el ejercicio del derecho subjetivo de reunión de los manifestantes por encima del normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias (en concreto, el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo). En la parte que toca a este proceso el contenido de este derecho, reconocido en el art. 23 de la Constitución, se desglosa en la facultad de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. A este respecto el TS infiere que
“la obstaculización de sus funciones afecta, no sólo a éstos, sino también al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”. Es decir, se cuestiona el TS si la participación política de los manifestantes en el ejercicio de su derecho de reunión puede prevalecer por encima del derecho del resto de los ciudadanos a participar a través de sus representantes.
Para el TS, la cláusula de pluralismo político obtiene mayor salvaguardia en el derecho contenido en el art. 23 de la Constitución que en el derecho de reunión del art. 21, y así lo expresa:
“Desde esta perspectiva, el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional. Paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar, no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático”.
Por tanto el TS no puede admitir la concurrencia de una causa de exoneración de la responsabilidad penal al no asumir la tesis ponderativa de la AN.
La contraposición de estos dos razonamientos pone en evidencia las limitaciones del razonamiento jurídico. En efecto tenemos dos decisiones válidas y antagónicas fundadas sobre los mismos hechos y en defensa del mismo valor constitucional; el pluralismo político que opera como cláusula de interpretación suprema del ordenamiento jurídico. A la postre no se trata de determinar cuál de las dos es más aguda o certera sino cuál de las dos tiene la facultad de prevalecer sobre la otra por el hecho de ser emitida por un órgano superior. No obstante queda patente que la Sala de los Penal del Alto Tribunal opta por la solución represiva y es esa elección la que le retrata. El poder judicial contribuye en la persecución y criminalización de los movimientos sociales. Solo esta posición explicaría párrafos tan inspirados como este:
“La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo. Relativizar el significado jurídico de los acontecimientos desarrollados ante el parlament […] supone banalizar el significado de los principios y valores sobre los que se asienta el sistema democrático.”
Este es el mundo que nos cabe esperar. Sin embargo el TS es consciente de que no puede hacer descansar la revocación de una absolución (un fenómeno sumamente inusual en casación penal) sobre un razonamiento tan abstracto como la ponderación. El art. 849 LECRIM obliga al TS a fundar la revocación exclusivamente sobre argumentos jurídicos. Es aquí donde interviene el juez Marchena, una de las mentes jurídicas más agudas y esquinadas al servicio de de los intereses más espurios, responsable intelectual de la célebre doctrina Botín.
A partir del apartado F del FJ5 la sentencia adquiere una orientación puramente técnica. Es ahora cuando se pretende justificar que las acciones imputadas a los acusados son susceptibles de ser subsumidas bajo el tipo penal del art. 498 CP que reza así:
“Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”
En primer lugar el TS se cuida de calificar dicho precepto penal como un delito de tendencia o de riesgo abstracto. Esto quiere decir que no es necesario que el resultado de la acción típica se consume materialmente, es decir, que se impida de hecho a un miembro de las cámaras ejercer sus funciones representativas, sino que basta con la intención de impedir para que se incurra en la conducta penada.
En este sentido, podemos observar que el debate acerca de la autoría del delito va a versar necesariamente acerca del carácter subjetivo de la conducta. El TS necesita pues demostrar que el ánimo, la intención, de los acusados era efectivamente la de impedir el normal funcionamiento de las cámaras legislativas coartando el acceso y la función de los parlamentarios. No existen herramientas para desvelar la voluntad de una persona, es por ello que el TS habrá de valerse de elementos indiciarios, manifestaciones externas que permitan dilucidar tal extremo. En este punto el magistrado ponente encuentra su prueba de cargo en el propio lema de la manifestación: “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos al/el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes)”. El juez Marchena lo tiene clarísimo:
“La concentración tenía, pues, un objetivo bien claro. Como expresa su significado gramatical, ” parar” es ” detener”, ” impedir” el normal desarrollo de la función parlamentaria […] No se trataba, por tanto, de expresar el desacuerdo con las políticas presupuestarias restrictivas mediante una concentración en las proximidades del Parlament. Tampoco tenía aquélla manifestación como objetivo servir de vehículo para proclamar la indignación colectiva frente a esas políticas. Su finalidad no era otra que provocar que el órgano de representación política del pueblo catalán se viera incapacitado para el debate y la acción política mediante la conformación de las mayorías que siguen al ejercicio del derecho al voto. […] Lo que perseguían los allí concentrados era atacar las raíces mismas del sistema democrático.”
Para el TS no resulta relevante que días antes de la protesta portavoces de las organizaciones convocantes aclarasen que su finalidad no era impedir el funcionamiento del Parlament sino denunciar el ataque contra los derechos sociales.
¿Sugiere entonces el TS que si la protesta se hubiese desarrollado bajo otra rúbrica, los hechos no hubiesen sido constitutivos de delito, o si acaso, el Alto Tribunal no hubiera contado con los indicios suficientes sobre los que inferir la intencionalidad de los manifestantes susceptible de responsabilidad penal? ¿No convierte eso automáticamente a todos los participantes en la protesta en criminales? El TS no considera necesario salvar esas garrafales contradicciones.
Nos encontramos ante un escenario en el que una protesta pertinentemente autorizada puede constituir un delito en sí misma. La conclusión del Supremo es espeluznante y nos preguntamos desde aquí si el hecho de que la Delegación de Gobierno no dejase de autorizar la manifestación puede tener alguna relevancia a la hora de considerar la absolución de los condenados, si podría considerarse exonerar de responsabilidad por la concurrencia de un error de prohibición, esto es, argumentar que, habiendo sido autorizados para manifestarse bajo ese lema, no podían prever que sus conductas fuesen punibles.
La sentencia se cierra con el voto discrepante del magistrado Perfecto Ibáñez (en efecto, el ponente del fatídico recurso de casación del caso 4F) proclive a la absolución de los acusados.
El magistrado afea a la Sala de lo Penal del Supremo que critique con tanta severidad el juicio de ponderación de valores constitucionales realizado por la audiencia. Perfecto Ibáñez achaca al Supremo haber desconectado el razonamiento jurídico de la realidad social máxime cuando asistimos a un escenario social dramático para sectores infrarepresentados y a una tendencia de progresiva depauperación de los derechos de participación política. Enfatiza así el magistrado disidente el valor del derecho de reunión en este contexto como última vía de participación y recuerda a la Sala el mandato del art. 3.1 del Código Civil que impone interpretar el ordenamiento conforme a “la realidad social del tiempo”.
Cuestiona a continuación el juicio de tipicidad por el cual la Sala sustenta la condena de los acusados sobre las conductas del resto de participantes en la protesta y la interpretación literal del lema de la manifestación a pesar de que no se hayan acreditado en ellos conductas violentas. La condena se basa exclusivamente en la identificación de los acusados el día de autos. El magistrado ve preciso discriminar dentro de los manifestantes entre aquellos que rodearon e increparon a los parlamentarios y aquellos que simplemente acudieron a la protesta.
El reproche más contundente se proyecta efectivamente sobre el hecho de que no ha quedado acreditada la individualización de conductas violentes en las personas de los acusados. De esta suerte, el magistrado asume el análisis de la Sala acerca del tipo del art. 489 CP y lo interpreta como un delito de riesgo abstracto. Ahora bien, advierte que el empleo de violencia o intimidación con la finalidad de impedir el funcionamiento de las instituciones parlamentarias debe de ser idóneo para alcanzar su objetivo, independientemente del resultado. En este sentido expresa que
“aún cuando el delito pueda entenderse como de peligro abstracto para el normal desarrollo de la función parlamentaria, la aplicación del precepto estaría requiriendo siempre la personal puesta en acción por alguien de tales concretos actos de “fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave” sobre alguno de los titulares aquella. Y esto, tanto para impedirles la asistencia a su sede institucional, como para coartar la libre emisión de sus opiniones o de su voto. Situados en este plano, no cabe afirmar que las acciones descritas (seguir, interpelar, corear consignas, etc., o manchar la ropa), que acaban de relacionarse, y que la sala de instancia consideró impunes a la luz del art. 498 CP, respondan a las exigencias típicas de ese precepto.”
“El hecho de haber participado en la concentración-manifestación no tiene en sí mismo carácter típico. […]La circunstancia de que un grupo de los que se manifestaron lo hubiera hecho de forma violenta […] no puede convertir en violentos comportamientos que objetivamente no lo fueron. […]Por eso, desplazar sobre ellos la responsabilidad de unas conductas que no cabe atribuirles como suyas propias, es algo que está reñido con el principio de culpabilidad.”
Finalmente recuerda, asumiendo un argumento expresado por una de las defensas, que el Código Penal de la dictadura contemplaba un delito semejante que contenía un tipo atenuado para conductas de escasa lesividad. Es razonable colegir que el legislador democrático excluyó incorporar este precepto puesto que es absurdo pensar que el Código penal de la dictadura sea menos represivo que el del ordenamiento democrático constitucional. Por tanto las conductas examinadas no pueden tener encaje en el actual tipo del 498 CP “cuya aplicación reclama conductas de un superior estándar de gravedad.”
Desde Legal Sol queremos manifestar nuestra indignación y condena ante esta resolución y denunciamos su carácter político y arbitrario. Queremos a su vez expresar nuestra solidaridad y apoyo a lxs condenadxs y sus familias y reafirmar nuestro compromiso en la lucha para que este tipo de abusos no puedan repetirse. No podemos consentir que el máximo órgano judicial del Estado y el Ministerio Fiscal, defensor de la legalidad y el interés público, operen de la mano de la policía como herramientas al servicio del poder ejecutivo en su propósito de debilitar no sólo los movimientos de protesta sino nuestros derechos sociales y de participación política más elementales. Queremos recordar a su vez que este tipo de decisiones no nos intimidan y que seguiremos confrontando el poder en la calle y en los tribunales.
Comunicado ante la sentencia condenatoria a las ocho personas imputadas por la manifestación del Parlament #Aturemelparlament
Publicado el mayo 8, 2015 por legal15m	La semana pasada, la Audiencia Nacional comunicaba a los abogados la orden de ingreso en prisión para las 8 personas acusadas en la causa del “Parlament”, una vez que se hubo hecho pública la revocación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía de todos los delitos a la totalidad de las imputadas. La situación actual de las compañeras está, como ellas mismas han comunicado, entre la incertidumbre y la burocracia; a la espera de que se les notifique personalmente la orden de ingreso en prisión, y a la espera también del posible indulto. Toda la información con la expectativa puesta también en el indulto que se pedirá esta semana; ante la Audiencia Nacional se solicitará la suspensión de la pena hasta que se tramite. Toda la información del caso la puedes seguir en la web pero ,además, desde la Comisión Legal Sol hemos querido hacer un análisis jurídico y político de lo que subyace en ambas sentencias, la absolutoria y la condenatoria, que pueda servir para arrojar algo de luz sobre este nuevo ejercicio de represión institucional a la legítima protesta, así como para analizar colectivamente las distintas concepciones de los valores políticos y derechos sociales que han venido poniéndose en juego en este caso.
El pasado 14 y15 de junio de 2011 se produjo una concentración de protesta ciudadana delante del Parlamento Catalán. Dicha concentración emanada del movimiento 15M y de la indignación de la ciudadanía ante la aprobación de unos presupuestos plagados de recortes, fue comunicada a las autoridades gubernativas por el movimiento L´Acampada de Barcelona y las asociaciones de vecinos de la ciudad. El 10 de junio, cinco días antes de que tuviese lugar, en rueda de prensa se enunciaron los motivos de la protesta y el carácter pacífico de ésta. La convocatoria fue publicitada por infinidad de medios con el lema “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes) que a la postre ha resultado idóneo para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ejerza de “segunda instancia”, a través del recurso de casación, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y condenando a 7 personas como autoras de un del delito del artículo 498 del CP, a la pena mínima prevista: 3 años de privación de libertad.
En el caso del Parlament, el Tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzgó en primera instancia, absolvió en su sentencia a todos los acusados. La Audiencia llegó a esta conclusión haciendo una interpretación de la norma penal y de los derechos constitucionales atendiendo a la realidad social. Sin embargo, este fallo fue recurrido en casación por la fiscalía ante el Tribunal Supremo (TS) que fue estimado revocando la sentencia y condenando a los acusados recientemente absueltos. LOS VALORES EN JUEGO
Es necesario observar que ambas resoluciones poseen una marcada impronta ideológica. Esto resulta visible a la hora de contraponer las razones en las que se fundan los dos fallos, ya que ambos tribunales evitan pronunciar argumentos estrictamente jurídicos para desarrollar en su lugar sendos juicios de ponderación. El juicio de ponderación es una herramienta argumentativa a la que se recurre en supuestos en los que estando en juego dos bienes jurídicos (es decir, valores o principios que el Derecho ampara y promueve) de relevancia equiparable, la decisión que se adoptase en la salvaguardia de uno acarrearía inevitablemente el sacrificio del otro. En estos casos es preciso que el tribunal motive adecuadamente las razones que le llevan a la promoción y sacrificio de dichos bienes jurídicos. Argumentar la supremacía de un bien jurídico por encima de otro no es precisamente una tarea objetiva, sino más bien resulta un ejercicio en el que el juzgador despliega el esquema de valores que inspira su decisión.
Así, en la sentencia de la AN, el magistrado ponente entendió que los hechos probados no podían ser constitutivos de un delito del art. 489 CP. En su opinión los sucesos del Parlament figuraban dentro del contenido esencial del derecho de reunión y manifestación. En palabras suyas: “antes de analizar el ámbito de lo prohibido […] la cláusula de Estado de Derecho obliga a determinar el contenido constitucionalmente protegido de los mencionados derechos.[…] no es el derecho penal el que limita los derechos fundamentales, sino la Constitución.
Son diversas las razones que invitan a reforzar la idea de que los manifestantes ejercitaron su derecho de reunión. La AN no puede dejar de tener en cuenta el contexto político y social en el que se desenvuelve el ejercicio de este derecho fundamental; es por ello que, un escenario en que el actual régimen de titularidad de los medios de comunicación conduce a los sectores de la sociedad más marginados a una situación de exclusión social, convierte la reunión y la manifestación en el único medio posible a su alcance para poder transmitir sus quejas y reivindicaciones. En la medida en que el ejercicio de este derecho promueve un debate público auténtico, debe ser objeto de especial protección y este fenómeno constituye una expresión del pluralismo político que la Constitución consagra como valor superior del ordenamiento jurídico. La AN, mediante este juicio de ponderación de los valores en juego, encuentra una causa de exclusión de la antijuridicidad, esto es, llega a la conclusión de que los manifestantes no pueden ser castigados penalmente por el ejercicio legítimo de un derecho y por tanto quedan exonerados de responsabilidad penal y, en consecuencia, no cabe otra solución que la automática absolución de los acusados. Además, apoya esta conclusión en la escasa lesividad de los actos de los manifestantes y en el efecto de desaliento que produciría en la ciudadanía a la hora de ejercer libremente su derecho de manifestación y participación en la vida pública si éstos fuese condenados.
El TS, por su parte, se desmarca de este discurso, y desarrolla un análisis divergente que lleva a adoptar la conclusión opuesta. El TS reprocha a la AN haber situado el ejercicio del derecho subjetivo de reunión de los manifestantes por encima del normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias (en concreto, el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo). El TS considera inadmisible que la participación política de los manifestantes en el ejercicio de su derecho de reunión pueda prevalecer por encima del derecho del resto de los ciudadanos a participar a través de sus representantes. Por tanto, no puede admitir la concurrencia de una causa de exoneración de la responsabilidad penal y entiende que debe condenar.
La contraposición de estos dos razonamientos pone en evidencia las limitaciones del razonamiento jurídico. En efecto tenemos dos decisiones válidas y antagónicas fundadas sobre los mismos hechos y en defensa del mismo valor constitucional; el pluralismo político. A la postre no se trata de determinar cuál de las dos es más aguda o certera sino cuál de las dos tiene la facultad de prevalecer sobre la otra por el hecho de ser emitida por un órgano superior. No obstante queda patente que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal opta por la solución represiva y es esa elección la que le retrata. El poder judicial contribuye en la persecución y criminalización de los movimientos sociales. Sólo esta posición explicaría párrafos tan inspirados como este:
Éste es el mundo que nos cabe esperar. Sin embargo el TS es consciente de que no puede hacer descansar la revocación de una absolución (un fenómeno sumamente inusual en casación penal) sobre un razonamiento tan abstracto como la ponderación. El art. 849 LECRIM obliga al TS a fundar la revocación exclusivamente sobre argumentos jurídicos. CONDENADOS POR ESTAR AHÍ
El TS pretende justificar a continuación que las acciones de los acusados encajan en el tipo penal del art. 498 CP que describe el delito contra las insituciones legislativas del Estado en la persona de sus diputados.
En primer lugar, el TS se cuida de calificar dicho precepto penal como un delito de tendencia o de riesgo abstracto. Esto quiere decir que no es necesario que el resultado de la acción típica se consume materialmente, es decir, que se impida de hecho a un miembro de las cámaras ejercer sus funciones representativas, sino que basta con la intención de impedir para que se incurra en la conducta penada. En este sentido, podemos observar que el debate acerca de la autoría del delito va a versar necesariamente acerca del carácter subjetivo de la conducta. El TS necesita pues demostrar que el ánimo, la intención, de los acusados era efectivamente la de impedir el normal funcionamiento de las cámaras legislativas coartando el acceso y la función de los parlamentarios. Los jueces nos son adivinos y no tienen como desvelar la voluntad ínitma de una persona, es por ello que el TS habrá de valerse de elementos indiciarios, manifestaciones externas que permitan deducir si esa era realmente su intención. En este punto el magistrado ponente encuentra su prueba de cargo en el propio lema de la manifestación: “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes)”. El juez Marchena lo tiene clarísimo:
¿Sugiere entonces el TS que si la protesta se hubiese desarrollado bajo otra rúbrica, los hechos no hubiesen sido constitutivos de delito, o si acaso, el Alto Tribunal no hubiera contado con los indicios suficientes sobre los que inferir la intencionalidad de los manifestantes susceptible de responsabilidad penal? ¿No convierte eso automáticamente a todos los participantes en la protesta en criminales? El TS no considera necesario salvar esas garrafales contradicciones. Nos encontramos ante un escenario en el que una protesta pertinentemente autorizada puede constituir un delito en sí misma. La conclusión del Supremo es espeluznante y nos preguntamos desde aquí si el hecho de que la Delegación de Gobierno no dejase de autorizar la manifestación puede tener alguna relevancia a la hora de considerar la absolución de los condenados, si podría considerarse exonerar de responsabilidad por la concurrencia de un error de prohibición, esto es, argumentar que, habiendo sido autorizados para manifestarse bajo ese lema, no podían prever que sus conductas fuesen punibles.
La sentencia se cierra con el voto discrepante del magistrado Perfecto Ibáñez proclive a la absolución de los acusados. El magistrado afea a la Sala de lo Penal del Supremo que critique con tanta severidad el juicio de ponderación de valores constitucionales realizado por la audiencia. Perfecto Ibáñez achaca al Supremo haber desconectado el razonamiento jurídico de la realidad social, sobre todo cuando asistimos a un escenario social dramático para sectores infrarepresentados y a una tendencia de progresiva depauperación de los derechos de participación política. Enfatiza así el magistrado disidente el valor del derecho de reunión en este contexto como última vía de participación y recuerda a la Sala el mandato del art. 3.1 del Código Civil, que impone interpretar el ordenamiento conforme a “la realidad social del tiempo”.
Cuestiona a continuación el argumento sobre el que descansa la condena de los acusados sobre las conductas del resto de participantes en la protesta y la interpretación literal del lema de la manifestación a pesar de que no se hayan acreditado en ellos conductas violentas. La condena se basa exclusivamente en la identificación de los acusados el día de autos. El magistrado ve preciso discriminar dentro de los manifestantes entre aquellos que rodearon e increparon a los parlamentarios y aquellos que simplemente acudieron a la protesta.
El reproche más contundente se proyecta efectivamente sobre el hecho de que no ha quedado acreditada la individualización de conductas violentas en las personas de los acusados. De esta suerte, el magistrado asume el análisis de la Sala acerca del tipo del art. 489 CP y lo interpreta como un delito de riesgo abstracto. Ahora bien, advierte que el empleo de violencia o intimidación con la finalidad de impedir el funcionamiento de las instituciones parlamentarias debe de ser idóneo para alcanzar su objetivo, independientemente del resultado. Quiere el magistrado decir con esto que, si bien es cierto que basta con el intento de intimidazión, las conductas deben de gozar de la intensidad suficiente para poder llegar a perturbar el funiconamiento de las cámaras, cosa que no ocurre en este caso.
EPILOGO: Desde Legal Sol queremos manifestar nuestra indignación y rechazo ante esta resolución y denunciamos su carácter político y arbitrario. Queremos a su vez expresar nuestra solidaridad y apoyo a lxs condenadxs y sus familias y reafirmar nuestro compromiso en la lucha para que este tipo de abusos no puedan repetirse. No podemos consentir que el máximo órgano judicial del Estado y el Ministerio Fiscal, supuestos defensores de la legalidad y del interés público, operen sistemáticamente de la mano de la policía como herramientas al servicio del poder ejecutivo en su propósito de debilitar no sólo los movimientos de protesta sino nuestros derechos sociales y de participación política más elementales. Queremos recordar a su vez que este tipo de decisiones no nos intimidan y que seguiremos confrontando el poder en la calle y en los tribunales. La lucha es el único camino, y sólo la lucha hace Justicia. Comisión Legal Sol
Nueva Sentencia anula sanción de 500€ a manifestante del 27O
Publicado el mayo 5, 2015 por legal15m	Una nueva Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra una sanción de 500.-€ a un manifestante que fue identificado al llegar a Plaza de España para participar en la manifestacíon que había convocada, y que fue sancionado en base a esos hechos, por desordenes públicos.
Con esta Sentencia son ya son 18 las sanciones impuestas ese día declaradas nulas, y supone la sanción nº 211 que se consigue anular en estos años desde esta Comisión.
Sentencia íntegra: SJCA 33 Madrid de 16-04-15 estima PA sin costas

References: artículo 24

Resolución 
 artículo 498
 resolución 
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 artículo 498
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