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Timestamp: 2018-08-21 13:24:36+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00903 DE AGOSTO 31 DE 2016
SENTENCIA 2011-00903 DE 31 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:JUECES SERÁN SANCIONADOS DISCIPLINARIAMENTE POR NO RESOLVER ACCIONES DE TUTELA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY . SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE EXISTE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA POR PARTE DE UN JUEZ AL NO FALLAR UNA ACCIÓN DE TUTELA PUES CONFIGURA LA MORA JUDICIAL, AHUNADO A LO ANTERIOR SE DEBE PROBAR QUE EL TRANSCURSO DEL TIEMPO DESBORDÓ CUALQUIER RAZÓN EXCULPATORIA QUE SE PRETENDA, PUES SUPERÓ UN TIEMPO EXCESIVO DE MESES. FINALMENTE SE ENFATIZA QUE NO ES CAUSAL DE JUSTIFICACIÓN ALEGAR LA AUSENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CARENCIA DE ELEMENTOS DE TRABAJO EN UN DESPACHO, PUES ESTOS ARGUMENTOS NO LOGRAN DESVIRTUAR EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DEBERES DEL JUEZ, REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, RESPONSABILIDAD DEL JUEZ, TÉRMINO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, LÍMITES A LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia 2011-00903 de agosto 31 de 2016
Rad.: 150011102000201100903 01
Aprobado según acta 085 de la misma fecha
Bogotá, D.C., agosto treinta y uno de dos mil dieciséis.
Dra. María Lourdes Hernández Mindiola
Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el parágrafo 1° del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.
Dada, tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.
Del caso concreto.
Se trata de resolver el recurso de apelación formulado por el Funcionario Luis Enrique Angarita Ramírez en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de El Cocuy (Boyacá), contra la sentencia del 8 de Junio de 2016 mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura Boyacá-Casanare lo sancionó con suspensión del ejercicio del cargo por once (11) meses e inhabilidad especial por el término de diez (10) meses, por la mora que presentó en las tutelas primera y segunda instancia (2010-0131) y (2007-0043 y 2005-0003) respectivamente:
— En la acción de tutela 2010-0131 la Sala de instancia constato que desde el 8 de noviembre de 2010 fue ingresada al despacho del Juez investigado y sólo hasta el 7 de septiembre de 2011 fue proferido por el Juez Ronal Arturo Albarracín Reyes, siendo una tutela de primera instancia de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 1991 es obvio que ésta debió despacharse dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibido de la demanda en ejercicio de la acción de tutela, pero ello no aconteció así sino 11 meses posteriores a haber ingresado al despacho del juez inculpado, sin que el mismo profiriera tal decisión.
— En la acción de tutela 2007-00043 la Sala de instancia constato que desde el pasado 8 de junio de 2007 fue ingresada al despacho del juez investigado para fallar la segunda instancia, fallo que sólo se dio hasta el 5 de septiembre de 2011 por el juez Ronal Arturo Albarracín Reyes.
De conformidad a las normas que regulan el trámite de la acción de tutela (C.P. art. 86 y D. 2591/91 art. 32) es obvio que supero el término legal y solo fue fallada 4 años, 1 mes después. Ese desconocimiento del termino es sencillamente una mora judicial, que verificada en el caso concreto supera más d e4 años sin que el funcionario encartado profiriera la decisión de fondo (fls. 15 a 21 del c.o.).
— En la acción de tutela 2005-0003 la Sala constato que desde el 1º de julio de 2005 fue ingresada al despacho del juez investigado para proferir el fallo, y solo hasta el 25 de octubre de 2011 fue proferido por Ronal Arturo Albarracín Reyes y de conformidad con las normas que regulan el trámite de la acción de tutela consagradas en los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991 es obvio que hubo una mora de más de 6 años, lo cual conlleva a la indefectible conclusión que el juez no acató el termino previsto para nuestro ordenamiento constitucional.
En ese orden de ideas, y de acuerdo con el principio de limitación, esta Sala sólo se ocupará de analizar los aspectos puntuales en que fundamenta su disenso. Veamos:
En primer término aduce que reconoce con “preocupación y aflicción las faltas”, pero cuestiona su antijuridicidad al tenor del artículo 5º de la Ley 734 de 2002. Aludió que siempre ha cumplido su deber como desde hace 24 años, que el circuito Judicial de El Cocuy lo conforman 7 Municipios, recibe la carga laboral de todos, ellos y debe resolver los asuntos de su despacho de orden civil, familia, agrario, penal, y laboral inclusive. Sobre el tema de la acción de las tutelas, dijo que aunque preferencial, no podía dejar de atender sus asuntos para resolverlas, que se debe valorar con el mismo rasero el gran cumulo de trabajo que tiene para satisfacer las expectativas.
Argumentó que no tenía suficiente personal para evacuar todos los asuntos, como tampoco los instrumentos de trabajo adecuados, circunstancia que debe otorgar el Estado para propender por un eficaz servicio al usuario.
Señaló que no vulneró ningún bien jurídico tutelado por la Ley, por cuanto ninguna persona se ocupó de indagar por la suerte de las acciones de tutela en que se produjo la mora para resolver de fondo.
Tal y como quedó analizado por el a-quo, los albores de la investigación disciplinaria se generan con ocasión de la compulsa que ordena el Juez Ronal Arturo Albarracín Reyes en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de El Cocuy en las acciones de Tutela que asumió luego de su posesión, radicadas: 2007-0043, en la que dictó con sentencia del 5 de septiembre de 2011 confirmando la decisión; 2010-013100, con sentencia del 7 de septiembre 2011, por medio de la cual negó las pretensiones, y 2005-0003, Sentencia del 25 de octubre de 2011, mediante la cual revoca el fallo impugnado.
Quiere decir lo anterior, que los procesos que requerían el tramite prevalente, al descrito en el Decreto 2591 de 1991, al ser revisados por el funcionario que llegó el 1º de septiembre de 2011, al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy, halló que no fueron tramitados en su oportunidad por su antecesor (disciplinado), y que se encontraban en ese estado desde el año 2005, los cuales, sin duda alguna presentaban una mora que superaba cualquier expectativa.
Circunstancia que no requiere mayor esfuerzo ni medio de prueba para acreditarlo, pues el solo hallazgo demuestra que se encontraban engavetadas en un lugar al cual no tenía acceso el personal del Juzgado, sino que no fueron ingresados en el inventario que recibió el Funcionario Ronal Arturo Albarracín al momento de asumir el cargo.
Las testimoniales recibidas a lo largo de las investigaciones, que finalmente se acumularon, de las señoras Jeny Rosmira Vega, Flor del Carmen Mora y Myriam Quintero Niño, todas ellas empleadas del mismo Despacho, son coincidentes en afirmar que dicho Juzgado tenía una carga de trabajo desbordado, debían atender los procesos de otros siete Municipios que conforman ese Circuito, contaban con insuficiencia de elementos de trabajo tales como computadores, y solo contaban con máquinas eléctricas, e igualmente presentaba carencia de personal con los que se pudiera cumplir a cabalidad los deberes . No recuerdan con claridad el trámite de las tutelas halladas sin el impulso procesal desde el año 2005.
El punto álgido converge en que tratándose de acciones de tutela, había que imprimirles el trámite preferencial señalado por el Decreto 2591 de 1991, articulo 29, de diez (10) días para dictar la sentencia de 1ª instancia; con relación al trámite de segunda instancia, el Artículo 32 ibídem, el Juez cuenta con veinte (20) días para emitir su fallo. Situación omisiva que se erige en contra del Funcionario Disciplinado, si tenemos en cuenta el artículo 153, numeral 15 de la Ley 270 de 1996, que indica:
“ART. 153.—”
“15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la Ley y con sujeción a los principios y garantías que orienta el ejercicio de la función jurisdiccional”.
La Corte constitucional, en múltiples pronunciamientos, sobre temas referidos a la mora en el trámite de los procesos, y en particular, la Sentencia T-494/14. M.P. Mauricio González Cuervo, ha dicho que no siempre ésta circunstancia (la mora) debe ser sancionada, máxime cuando las circunstancias de logística, aumento de trabajo resultan ser justificantes.
No obstante lo anterior, encuentra esta Sala que respecto de las acciones de tutela claramente identificadas a lo largo de este proveído, no solo existió lo que comúnmente podría denominarse mora —normal—, sino que el transcurso del tiempo desbordó cualquier razón exculpatoria que se pretenda, pues como se dijo anteriormente, superó un tiempo excesivo de meses, e incluso años, durante los cuales permanecieron a la zaga de ser resueltas, y que de manera extraña no fueron incluidas en el inventario de procesos de 1ª y 2ª instancia que realizó el Juez Ronal Arturo Albarracín, clasificándolos por delitos, y tutelas, que aparecen relacionados en el acta del 6 de septiembre 2011 (fls. 1 a 12 c. 1).
Debe observarse que el citado funcionario Albarracín Reyes, asumió el cargo de Juez Promiscuo del Circuito de El cocuy desde el 1º de septiembre 2011.
De tal manera que en tratándose del trámite de tutela por parte de los Funcionarios de conocimiento, no fueron pocas las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, a las que se refirió el a-quo en la parte considerativa de la Sentencia apelada, para arribar a la conclusión, que la acciones de tutela identificadas en precedencia, y la obligatoriedad que conlleva su trámite perentorio, en lo que tiene que ver el término para resolverla es —inexcusable—.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Boyacá, al referirse al aspecto subjetivo de la conducta propiamente dicho en cuanto la negligencia que el disciplinado tuvo para adoptar los fallos que requería en cada una de las acciones de tutela referidas, a las cuales debía ponérseles el mayor cuidado y celeridad posible, señaló, que era su obligación emitir el pronunciamiento en los términos descritos por el Decreto 2591 de 1991; en el caso de la radicada 2005-0003, su ingreso al despacho para resolver lo fue el 1 de julio 2005, y solo hasta el 25 de octubre de 2011 se dictó sentencia; en la 2007- 0043-01 se remitió al Juzgado Promiscuo del Circuito de El cocuy para resolver la apelación el 25 de mayo de 2007, y se decidió en fallo del 5 de septiembre de 2011, y en la 2010 0131 00 se admitió el desde el 26 de octubre de 2010, y solo el 7 de septiembre de 2011 se vino a producir la sentencia por el Juez Albarracín.
De tal manera que el deber funcional, señalado por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los arts. 153, núm. 15 de la Ley 270 de 1996, no le era justificable al disciplinado desde ningún punto de vista, por el contrario es precisamente el espíritu trascendente que el legislador adecuó en el procedimiento y trámite expedito de la acción constitucional de tutela que vulneró el funcionario, pues los coasociados (usuarios) requerían que fuera resuelta con eficacia, sin dilaciones de ninguna naturaleza en procura de hacer efectivos los derechos fundamentales que en cada una de ellas demandaba.
El funcionario disciplinado, pese a tratar de justificar su actuar, con ocasión de la ausencia de recursos humanos, y carencia de elementos de trabajo en su despacho, pues afirma contaba con la secretaria y notificador, por esa época, aunado al gran cúmulo de trabajo demostrado con el registro estadístico allegado al proceso, no logra desvirtuar los cargos, ni su grado de responsabilidad disciplinaria, derivado de las faltas gravísimas a título de culpa grave que resultó con la mora en el trámite de dichos asuntos.
En cuanto al argumento que no le causo con su actuar ningún perjuicio a los administrados, esta Sala no acoge tal argumento ya que el funcionario disciplinado con su conducta, contrarió de manera injustificada el régimen que gobierna los deberes y obligaciones de los servidores públicos, concretamente la Ley 270 de 1996, circunstancia que por supuesto conllevó efecto o daño social por la conducta misma, derivada precisamente del conocimiento —intuito— que tuvo el funcionario, y que en tratándose de acciones constitucionales que involucraban derechos fundamentales no se podían dejar al garete y sin pronunciamiento por periodos tan largos de tiempo.
Consecuente con lo anterior, se logra evidenciar, que son suficientes las pruebas allegadas al proceso, de orden documental, las que evidencian la violación de los deberes y prohibición imputadas en el pliego de cargos, por el pleno desconocimiento del Decreto 2591 de 1991 en los artículos que indican el pliego de cargos.
Con relación a la sanción impuesta, encuentra esta Corporación razonable, proporcional y adecuada la imposición de once (11) meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial durante diez (10) meses, respetando el principio de legalidad de la misma ya que de conformidad con el artículo 44 numeral 2 de la Ley 734 de 2002:
“El servidor Público está sometido a las siguientes sanciones:
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas”.
Siendo entonces que la falta cometida por el Juez encartado de la que da cuenta los procesos disciplinarios radicados a los números 2011-0903, 2011 01081 son precisamente calificadas como gravísimas culposas de lo cual tal como lo estableció el a quo corresponde en efecto la suspensión y la inhabilidad.
Y por otro lado, la otra falta cometida en concurso señalada en el radicado 2011-0905 es grave culposa por la que conforme al artículo 44 numeral 3 de la Ley 734 de 2002 corresponde a la sanción de suspensión.
Corolario de lo anterior, determina esta instancia, que la Sentencia del 8 de junio de 2016, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare, se encuentra ajustada a derecho, y por virtud de ello se confirmará en todas sus partes.
Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
1. CONFIRMAR la sentencia del 8 de Junio de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá y Casanare mediante la cual sancionó al Funcionario Luis Enrique Angarita Ramírez, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de El Cocuy (Boyacá), con once (11) meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de diez (10) meses, por haber incurrido en dos faltas gravísimas, cometidas con —culpa grave— descritas en el núm. 15 del art. 153 de la Ley 270 de 1996, y la prohibición del núm. 3 del art. 154 Ibídem, en concordancia con lo previsto por el art 32 del Decreto 2591 de 1991, y la falta grave culposa por la transgresión del deber contemplado en los numerales 1 y 15 del art. 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los arts. 3º, 15, y 29 del Decreto 2591 de 1991 y 86 de la Constitución Nacional.
2. Notifíquese este fallo a las partes en los términos del C.D.U.
3. Por Secretaria procédase al registro de la Sentencia, para los efectos legales pertinentes.
4. Cumplido lo anterior regresen las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá – Casanare, para lo de su competencia.

References: artículo 112
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 86
 artículo 5
 Artículo 32
 artículo 153
 artículo 196
 artículo 44
 artículo 44