Source: http://www.aireg.es/2017/04/
Timestamp: 2018-11-20 15:15:20+00:00

Document:
AIRE » 2017 » abril: Asociación Independiente de Registradores
Tipo de resolución: Recomendación
Fecha: 18/04/2017 defensordelpueblo.es
Administración: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Secretaría de Estado de Energía
Queja número: 17006846
El concepto de consumidor vulnerable se encuentra sin definir y tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico.
Por este motivo el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía definir un concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta del consumidor.
El objeto de la presente actuación de oficio es formular y reiterar recomendaciones a esa Secretaría de Estado para que puedan ser valoradas en la propuesta de Real Decreto por la que se regula el bono social eléctrico y se establecen medidas para la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, que desarrollará los artículos 45 y 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en su redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
Se ha tenido en cuenta el contenido y las conclusiones alcanzadas en la Jornada bajo el lema “Medidas para la Protección de los Consumidores Vulnerables en Materia de Energía Eléctrica”, celebrada en la Sede del Defensor del Pueblo el 29 de marzo de 2017.
Con la aprobación del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica se inicia el proceso para la aprobación de una modificación de la regulación del bono social eléctrico y el establecimiento de medidas para evitar el corte de suministro eléctrico por impago a los consumidores vulnerables que se determinen.
1. El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social. Dado su carácter instrumental se debería avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho subjetivo que, como tal, ha de ser protegido y amparado por los poderes públicos.
2. Debido a la íntima relación entre la energía y los derechos humanos, la privación del suministro eléctrico en personas físicas en su domicilio habitual no puede someterse exclusivamente a las reglas de mercado, ni regirse por la autotutela privada, sino que es necesario promover algún tipo de protección pública eficaz para garantizar los derechos de las personas.
3. El esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por la confluencia de dos factores: la crisis económica y la subida del precio de la electricidad.
4. Son fundamentales las políticas orientadas a garantizar un suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual y que se cubra el pago de quienes no pueden hacer frente al mismo. Ha de velarse por el empleo justo de los recursos destinados a este fin, de manera que llegue a los hogares que realmente lo necesitan. Tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico.
5. Con la aprobación del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica se procede a la modificación del artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico con objeto de establecer un nuevo mecanismo de financiación del bono social e incorporando los principios de proporcionalidad y progresividad tanto el los consumidores como en las ayudas. Este artículo no define el consumidor vulnerable pero aporta unos elementos que se han de considerar para determinar su concepto y suponen un punto de partida para ello: persona física, vivienda habitual con unas características sociales, de consumo y poder adquisitivo.
6. El desarrollo reglamentario de esta disposición habrá de tener en cuenta dos tipos de cuestiones: en primer lugar, la determinación de las personas que se beneficiarán de estas nuevas medidas de protección, es decir, el ámbito de aplicación y, en segundo lugar, el establecimiento de procedimientos eficaces para la articulación práctica de las mismas.
7. Para decidir el ámbito de cobertura del concepto de consumidor vulnerable, hay que proteger adecuadamente los hogares donde residan menores de edad, ancianos y personas con discapacidad. Hay que valorar el principio de interés superior del menor y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta a un derecho fundamental que es la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol. Del mismo modo, las personas mayores y los discapacitados cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse.
8. El ámbito objetivo de las nuevas medidas, según el artículo 52, se limita a los impagos que se produzcan en los contratos acogidos al PVPC o Tarifa de Último recurso. Muchos consumidores contratan el suministro eléctrico en el mercado libre y no cuentan con esta garantía, por lo que sería conveniente incluir también en el ámbito de aplicación de este procedimiento el caso de los impagos de estos contratos y los impagos resultantes de un posible fraude.
9. Es evidente que si la transparencia no es suficiente y que los consumidores desconocen si están en el mercado libre, se le deben dar las mismas garantías frente a un posible impago que a los contratos acogidos al PVPC o a la TUR.
10. Los impagos provocados por las refacturaciones por fraude no deben excluirse de las nuevas medidas de protección. Las penalizaciones en materia de fraude han sido objeto de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, que ha puesto de manifiesto en que estos procedimientos no se están desarrollando con las suficientes garantías de imparcialidad, llegándose en algunos casos a producirse una verdadera indefensión material, que requiere medidas regulatorias específicas, que salvaguarden derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia. Debido a estas consideraciones cuando el impago en un domicilio habitual tenga su origen en una deuda generada como consecuencia de un fraude también ha de darse a los servicios sociales la posibilidad de averiguar la conveniencia de determinar algún sistema de protección.
11. El segundo inciso del artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2016 establece que el Gobierno colaborará con las Administraciones Públicas competentes en la puesta en marcha de un registro administrativo de puntos de suministro que correspondan a los consumidores referidos en el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
12. La futura normativa abre un nueva perspectiva con importantes desafíos, dada la complejidad del proceso y la intervención de diferentes administraciones (servicios sociales, y servicios en materia de energía) que además tienen distintos ámbitos territoriales (estatal, autonómico y municipal). La experiencia de algunas Comunidades Autónomas ha puesto de manifiesto la existencia de casos de bloqueo o de colapso por la insuficiente capacidad de los servicios sociales para emitir los correspondientes informes que determinen si la personas está o no en situación de vulnerabilidad. Los procedimientos han de funcionar correctamente y para ello es fundamental la cooperación leal entre Administraciones aprovechando las nuevas tecnologías.
13. Esta cooperación se puede desarrollar a través de Conferencia Sectorial de Energía. Asimismo hay un marco jurídico para dar cabida a las entidades locales: la Ley 2/2011, de 4 de marzo, en su artículo 81.3 establece que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas establecerán marcos de cooperación y coordinación con las Administraciones locales para alcanzar los objetivos fijados y para implementar los correspondientes Planes, medidas y actuaciones en el ámbito local. El artículo 12 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Energía prevé expresamente la posibilidad de constituir Comisiones y Grupos Técnicos de Trabajo para el estudio de asuntos concretos, por lo que pueden aprovecharse las potencialidades que brinda esta normativa.
1. Definir un concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta del consumidor.
2. Modular el umbral de renta de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación.
3. Estudiar la posibilidad de reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro.
4. Crear un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz.
5. Dar publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.
6. Establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social.
7. Prever la coordinación administrativa necesaria en el procedimiento de acreditación de consumidor vulnerable y reconocimiento del derecho al bono social, así como un sistema idóneo de comunicación con las empresas.
8. Introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos que estén acogidos al mercado libre.
9. Añadir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos provenientes de impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.
10. Incluir entre las medidas de protección contra el corte de suministro disposiciones que tengan en cuenta la necesidad de proteger a los niños, ancianos y personas con discapacidad.
11. Establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que se reúna con carácter periódico para abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.
En espera de la remisión de la preceptiva información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de estas RECOMENDACIONES, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarlas, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, le saluda muy atentamente,
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Fecha: 10/04/2017 defensordelpueblo.es
Administración: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Agencia Estatal de Administración Tributaria
Queja número: 16006218
La campaña de Renta supone un momento de máxima utilización de los recursos humanos y tecnológicos de los que dispone la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como consecuencia del volumen de peticiones de información, solicitudes de declaración, devolución, etc. Pero al ser el único vehículo que perciben los ciudadanos como interlocutor en materia del IRPF los recursos en el periodo de campaña de Renta deben optimizarse para la obtención de resultados adecuados a la calidad.
Los ciudadanos desconocen los convenios de colaboración y servicios de ayuda que coordinados con la Agencia Tributaria, para confeccionar la declaración de la Renta, gestionar el borrador del Impuesto o solicitar la devolución que corresponda, se prestan por otras administraciones autonómicas y locales y demás entidades colaboradoras.
La carta de servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pondera una serie de principios, tales como la atención personalizada, que la información ha de ser clara y precisa, los servicios prestarse por personal especializado y una serie de medidas en relación a los servicios de información y asistencia, que deben ser objeto de análisis y seguimiento en cuanto a su cumplimiento con la finalidad de maximizar la eficiencia de los recursos de los que disponen.
Se ha recibido su escrito, en el que contesta a la queja de referencia, sobre el servicio de cita previa.
1. La campaña de Renta supone un momento de máxima utilización de los recursos humanos y tecnológicos de los que dispone esa Agencia como consecuencia del volumen de peticiones de información, solicitudes de declaración, devolución, etc. Pero al ser el único vehículo que perciben los ciudadanos como interlocutor en materia del IRPF los recursos en el periodo de campaña de Renta deben optimizarse para la obtención de resultados adecuados a la calidad.
2. Los ciudadanos desconocen los convenios de colaboración y servicios de ayuda prestados por otras administraciones y demás entidades que resultan útiles en estas circunstancias.
3. La carta de servicios pondera una serie de principios, tales como la atención personalizada, que la información ha de ser clara y precisa, los servicios prestarse por personal especializado y una serie de medidas en relación a los servicios de información y asistencia, que deben ser objeto de análisis y seguimiento en cuanto a su cumplimiento con la finalidad de maximizar la eficiencia de los recursos de los que disponen.
4. El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece el derecho del obligado tributario a ser informado y asistido por la Administración Tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
Hacer uso de la facultad conferida por los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, formulando las siguientes:
1. Mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios prestados de acuerdo con lo expresado en su carta de servicios a nivel nacional y autonómico.
2. Difundir los servicios de ayuda prestados por la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda del Gobierno de La Rioja, Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y otras entidades que presten servicios de colaboración.
En espera de la remisión de la información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de estas RECOMENDACIONES, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarlas, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
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La comercialización se producía a través de tres páginas web diferentes alojadas en el extranjero
24-abril-2017.- policia.es
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas e investigan a otras dos por la venta online de licencias “pirata” para activar sistemas operativos. La venta se producía a través de tres páginas web diferentes y la obtención del acceso ilícito al software teniendo los productos tenía un coste de entre 50 y 100 euros dependiendo de la versión demandada.
La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el representante de una empresa multinacional -dedicada al sector del software y el hardware, y propietaria de los derechos de propiedad industrial presuntamente vulnerados-, presentada contra una mercantil que tenía a la venta estos productos. Las pesquisas realizadas por los agentes tras recibir esta información, permitieron descubrir tres páginas web en las que comercializaban múltiples licencias para la activación fraudulenta de programas informáticos de la empresa denunciante, en concreto sistemas operativos en diversas versiones, facilitando certificados de autenticidad falsificados que contenían las claves de activación de dichos programas.
Webs alojadas en el extranjero
Las tres páginas web las relacionadas con la venta fraudulenta de los productos se encontraban alojadas en el extranjero y los productos falsificados que vendían tenían un coste de entre 50 y 100 euros cada uno, obteniendo con esta actividad delictiva un beneficio económico considerable, además de causar un notable perjuicio a la empresa propietaria de los derechos sobre el mismo.
Fruto de la investigación fueron identificados los principales implicados, deteniendo en la ciudad de Almería a los dos responsables principales de la comercialización de productos bajo licencia falsa, como presuntos autores de delitos de estafa y contra la propiedad industrial, tomando declaración a otras dos personas por su presunta participación en los mismos hechos delictivos.
Los detenidos han sido puestos en libertad previo apercibimiento de presentarse ante la Autoridad Judicial cuando fueren requeridos para ello.
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Miércoles, 26 de abril de 2017 poderjudicial.es
Según la Sala, el contrato “inducía a error a los clientes” desde un principio
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre el error en la contratación de productos y servicios de inversión y, en concreto, sobre la contratación de swaps de tipos de interés o de inflación por clientes que desconocen los productos financieros y de inversión.
En esta sentencia –en la que ha sido ponente el presidente de la Sala, el magistrado Francisco Marín Castán- se resuelve un contrato denominado ‘Clip Hipotecario Óptimo 8.08’, que fue ofrecido por Bankinter a los recurrentes en el año 2008, pocos meses después de la contratación de un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda, con la finalidad declarada de cubrir el riesgo de posibles subidas del tipo de interés. No obstante, con la bajada del euribor a partir de marzo de 2009, los deudores vieron notoriamente incrementado el coste de amortización mensual de su préstamo.
Para la Sala, el contenido del contrato, lejos de ofrecer una información adecuada,
“inducía a error a los clientes ya desde un principio, no solo al presentarse el contrato como una protección frente a la subida de los tipos de interés del préstamo hipotecario, sino también al no explicar por qué si lo pretendido era realmente una estabilidad del tipo de interés, no se contrató un préstamo a tipo fijo, en vez de un préstamo a tipo variable”.
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25 Abr 2017 cnmc.es
Formula un requerimiento previo para evitar interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
El Decreto 12/2017 incluye artículos que restringen la competencia efectiva en el sector de los servicios de alojamiento y perjudican a los usuarios
La CNMC considera que la norma favorece injustificadamente a las empresas ya instaladas y es contraria a la normativa nacional y de la Unión Europea
Recientemente, tanto la Comisión Europea como los órganos jurisdiccionales están compartiendo y confirmando el enfoque de la CNMC
La CNMC notificó el pasado 7 de abril a la Xunta de Galicia un requerimiento previo contra diversos artículos del Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autonóma de Galicia (publicado en el Diario Oficial de Galicia de 10 de febrero de 2017).
El Decreto 12/2017 regula de forma diferenciada dos modalidades de alojamientos turísticos. Por una parte, los apartamentos turísticos (cuando todos los apartamentos de la edificación están destinados al alojamiento turístico) y las viviendas turísticas (establecimientos unifamiliares aislados o chalets), a cargo de empresas de alojamiento turístico. Por otra, las viviendas de uso turístico, que se distinguen de las anteriores porque se permite que particulares las comercialicen y tienen un régimen jurídico diferente. Estas viviendas se consideraban hasta ahora como parte de la oferta de alojamiento no reglado y carecían de regulación específica.
El requerimiento que realiza la CNMC es un paso previo con el que se quiere evitar interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La Xunta de Galicia está a tiempo de modificar o anular las restricciones injustificadas señaladas por la CNMC para favorecer de ese modo a los consumidores y usuarios.
La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley que impliquen obstáculos para que exista una competencia efectiva en los mercados.
Este es la tercera vez que la CNMC emplea la legitimación activa por obstáculos a la competencia efectiva frente a normas que restringen el sector de viviendas de uso turístico. En el caso del recurso contra la normativa de la Comunidad de Madrid ha sido estimado completamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
El enfoque y la defensa de los principios de regulación económica eficiente de la CNMC está siendo compartido por los Tribunales y además por la Comisión Europea. Esta en su última comunicación “Una Agenda Europea para la economía colaborativa” incide en la necesidad de no introducir requisitos de acceso al mercado injustificados, innecesarios y desproporcionados.
El análisis del Decreto de la Xunta que ha realizado la CNMC conforme a la normativa de competencia y a los principios de regulación económica eficiente –recogidos en diversas leyes estatales-, pone de manifiesto diferentes obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva:
Con respecto a los apartamentos y viviendas turísticas:
Prohíbe el alquiler por habitaciones y limita el periodo de alojamiento a tres meses. Resulta contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas.
Subordina el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable con características más propias de una autorización administrativa. Sin embargo, no se justifica la necesidad de esa intervención administrativa, con el consiguiente coste de recursos públicos.
Presenta un catálogo exagerado de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos, que no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad de la regulación. De esta forma, existe una carga innecesaria para operadores, que incrementa los costes y limita su libertad de autoorganización. Además, se exige tener un distintivo, una carga al operador no justificada.
En relación con las viviendas de uso turístico:
Permite que los Ayuntamientos limiten el número de viviendas –o incluso las prohiba- en determinados edificios o sectores urbanísticos. Esto supone una restricción discrecional de la oferta de viviendas en su número y variedad.
Prohíbe la cesión por habitaciones, de forma que limita el libre ejercicio de la actividad económica, restringe el número y variedad de plazas de alojamiento.
Establece un régimen jurídico diferenciado en función de elementos temporales (estancia inferior a 30 días o cesión de al menos dos veces al año) no justificados, que no superan el test de necesidad ni proporcionalidad.
Régimen de acceso a la actividad (declaración responsable) muy agravado con un conjunto de cargas adicionales que no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad: pago de tasas, suscripción de un seguro de responsabilidad civil e inscripción en un registro.
Catálogo de requisitos y servicios mínimos abiertamente discrecional que limita sin justificación la libertad auto-organizativa de los operadores.
Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalientan a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes. Se reduce así el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.
La aprobación de esta normativa restrictiva se produce en un contexto mundial de innovación tecnológica en el sector del alojamiento con finalidad turística y no turística, que afecta tanto a los operadores ya instalados como a nuevos entrantes que prestan servicios de alojamiento a través de servicios online y de economía colaborativa.
La CNMC entiende, por tanto, que, dentro del plazo legal establecido, las disposiciones afectadas deben suprimirse o modificarse para favorecer en mayor medida al interés general, de forma que no supongan un obstáculo al desarrollo de la competencia efectiva.
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Nota informativa Nº 21/2017 tribunalconstitucional.es
El Tribunal Constitucional es la institución pública más transparente. El “Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores”, elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con la colaboración de la Fundación ¿Hay Derecho?, otorga una puntuación de 9,87 al Tribunal por su fiel cumplimiento, a través de la página web, de las previsiones contenidas en la Ley de Transparencia. También con una elevada puntuación, figuran entre los primeros lugares de la lista el Consejo General del Poder Judicial (9,70), el Banco de España (9,43), la Casa de Su Majestad el Rey (9,42) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (9,39).
El informe del Consejo de Transparencia destaca el “significativo compromiso” del Tribunal con la transparencia, un objetivo que ha guiado la construcción y diseño de la nueva página web, puesta en marcha el pasado mes de noviembre. De ella afirma que es una página “limpia” y “amigable”, “muy ordenada” y “fácilmente navegable”, con una información “muy sistematizada”. Un “instrumento útil” y didáctico para todas las personas que la visitan.
El CTBG ha evaluado el cumplimiento de los cánones de transparencia en dos vertientes: el cumplimiento obligatorio del deber de publicidad activa, tal y como establece la Ley de Transparencia en sus arts. 6, 7 y 8, ámbito en el que el Tribunal es la institución mejor valorada con 9,87 puntos; y el cumplimiento voluntario del deber genérico, contenido en el art. 5.2 de la Ley, de publicar de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de la Institución respecto de su actividad. En este segundo aspecto, el Tribunal Constitucional obtiene una puntuación de 5,60.
El informe resalta como aspectos “altamente positivos” el lugar preferente que el enlace del portal de transparencia ocupa en la página de inicio de la web y la sistematización de su contenido en distintos apartados (“Información institucional, organizativa y de planificación”, “Información económica, presupuestaria y estadística”, “Acceso a la información pública” y “Normativa sobre transparencia”); también, la traducción a las lenguas cooficiales, al inglés y al francés de las normas sobre transparencia.
El Consejo elogia que la Constitución Española resulte accesible para personas con discapacidad visual o auditiva gracias a su inclusión en audio y en lenguaje de signos.
Según añade el informe, la información sobre la composición del Tribunal es “muy completa”; la referida a las competencias se ofrece en un “lenguaje asequible y comprensible”; y los epígrafes sobre organización del Tribunal resultan “muy claros”.
En cuanto a la información económica, presupuestaria y estadística, el CTBG elogia su sistematización y organización en distintos apartados y destaca que se ofrece una
información muy completa tanto respecto de los contratos como de los convenios suscritos por el Tribunal.
Dentro del capítulo referido a la información voluntaria, el CTBG destaca, por su relevancia, la información sobre la agenda institucional del Tribunal, contenida en una pestaña denominada Actividades; la información sobre las resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de la Secretaría General; la posibilidad de acceso, a través de la pestaña “Jurisprudencia”, a todas las resoluciones del Tribunal; y, en la medida en que “contribuyen a incrementar el conocimiento sobre el funcionamiento y organización” de la Institución, los datos sobre el patrimonio artístico, la sede y las visitas guiadas al Tribunal.
Por último, el informe considera que el contenido del epígrafe de acceso a la información pública del portal de transparencia es “muy adecuado por las facilidades que supone para el ejercicio del derecho y por la información que facilita al ciudadano”. Destaca que la información ofrecida permite identificar a la Secretaría General como órgano competente en materia de transparencia; y que la web incluye el modelo de solicitud de información que deben cumplimentar los interesados, así como las resoluciones dictadas en los procedimientos de acceso a la información pública y la especificación de las materias sobre las que más datos se demandan.
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Los impuestos medioambientales han alcanzado en 2015 un promedio del 6,3% sobre el total de ingresos fiscales de la UE-28. La Unión Europea propone aumentar sustancialmente la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, en línea con la idea de lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos.
En el año 2015, una serie de países de la UE han conseguido una recaudación de los impuestos medioambientales superior o en torno al 10% del total de ingresos fiscales. Entre los impuestos “verdes” más de tres cuartas partes corresponden a los impuestos energéticos, mientras que los impuestos sobre el transporte suponen casi un 20% y los impuestos sobre la contaminación llegan a un 3,5% del total.
Croacia se coloca en primer lugar con un 10,9%, figurando a continuación Eslovenia (10,6%), Grecia (10,3%) y Bulgaria (10,0%). Letonia, Malta, Chipre y los Países Bajos se sitúan en torno a un 9%, mientras que Dinamarca llega a un 8,6%, Irlanda a un 8,0% e Italia a un 7,9%. El Reino Unido, Portugal, Hungría y Finlandia también superan el promedio europeo. Levemente por debajo de la media están Lituania y la República Checa. En España, los impuestos medioambientales han recaudado un 5,6% del total de ingresos fiscales en 2015. Austria y Eslovaquia comparten un 5,5%, mientras que Suecia se sitúa en un 5,1% y Alemania en un 5,0%. Los últimos lugares en el ranking de la UE corresponden a Luxemburgo (4,9%), Francia (4,8%) y Bélgica (4,7%).
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Jueves, 20 de abril de 2017 poderjudicial.es
El Supremo se basa en que los recurrentes no han aportado a la causa el informe pericial que ellos mismos anunciaron que presentarían en el recurso que formularon en 2013 contra el canon digital
La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado la petición de resarcimiento por daños y perjuicios formulada por las entidades “Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)”, “Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)”, y “Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)”, por los perjuicios causados por la entrada en vigor y aplicación del Real Decreto de 2012 que implantó el denominado canon digital, anulado por el propio Supremo el pasado mes de noviembre por ser contrario al derecho de la Unión Europea. Los recurrentes reclamaban ser indemnizados por el Estado.
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18 de abril de 2017 mineco.gob.es
El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE) aumentó 5,1 puntos en el primer trimestre hasta 26,2 puntos
Las perspectivas para el segundo trimestre suben más de siete puntos
El indicador balance del trimestre actual da un resultado de 21,3 puntos para el periodo enero-marzo de este año (5,9 puntos mejor que en el trimestre anterior). Las perspectivas a tres meses mejoran 7,2 puntos, hasta los 30,9puntos, y a doce meses bajan 1,2 puntos, hasta los 37,6.
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12/04/2017 eleconomista.es
El BOE publicó 171.905 páginas de nuevas normas en 2016
La patronal CEOE reivindica en un informe la creación de una Carpeta de la Empresa, que facilitaría la tramitación del conjunto de procedimientos a través de los cuales se relacionan empresas y Administraciones Públicas, evitando la reiterada aportación de datos identificativos requeridos por éstas últimas, tal y como ocurre con la Carpeta Ciudadana o con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
El informe, titulado La Producción Normativa en 2016, aboga por que se amplíe la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red; la tramitación electrónica de las solicitudes de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), así como la simplificación del Impuesto de Sociedades (IS).
En este último caso, en el IS, explica la CEOE que el modelo 200 consta de más de 20 páginas y de más de 1.250 casillas. Por ejemplo, se solicita la inclusión de información que consta en las Cuenta Anuales de las compañías mercantiles, que están obligadas a proporcionar muchos datos por duplicado.
En la misma línea, proponen imponer la tramitación electrónica del procedimiento de la inspección de trabajo; simplificar la tramitación de la solicitud y renovación de certificados electrónicos; y la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a las notificaciones electrónicas.
Y en otro orden de cosas, solicita la patronal que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, en lugar de volver imponer la obligación a las empresas, lo que causa pérdida de tiempo y dinero, además de poder incurrir en que las sancionen.
En 2014, la encuesta del Sector Industrial fue realizada a 42.500 empresas, la relativa al Sector Comercio a 57.000 y la del Sector Servicios a 80.000 (total 179.500 empresas).
Estima el informe de CEOE, que cuesta 341 euros por encuesta, la falta de cumplimentación está sometida a multa por parte de la Administración, de un importe medio de 300 euros, y que el número de expedientes sancionadores incoados en 2015 fue de 1.740. Además de estas reivindicaciones, el objetivo de este informe es poner de relieve, con datos, que las empresas se enfrentan a un nivel de regulación muy elevado, que genera un marco normativo muy denso y complejo que provoca distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas. Esta situación tiene un impacto directo sobre su capacidad de crecimiento .
Así, se registran un total de 171.905 páginas dedicadas por el Boletín Oficial del Estado (BOE), a las nuevas normas en 2016, lo que sumado al volumen de páginas publicadas por las comunidades autónomas en sus boletines oficiales, que fueron 723.915, hacen un total cercano a las 900.000 páginas publicadas por ellos. Esas 171.905 páginas suponen una reducción del 2,6 por ciento respecto de las 176.497 páginas del BOE publicadas en 2015.
Según los últimos datos obtenidos de la Agencia Estatal BOE, en 2016 se aprobaron 436 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, un descenso de un 50,7 por ciento, respecto de las 884 normas de 2015. Esta disminución está condicionada por la prolongación del período del Gobierno en funciones, desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Entre 1970 y 2016 se han aprobado en España un total de 41.336 normas estatales.
En 2016 se aprobaron dos leyes orgánicas; siete reales decretos-ley; 117 reales decretos; un real decreto legislativo; y 309 órdenes ministeriales. Estas cifras contrastan con las normas aprobadas en 2015, que sumaron 16 leyes orgánicas; 48 leyes ordinarias; 12 reales decretos-ley; 295 reales decretos, 8 reales decretos legislativos y 505 órdenes ministeriales.
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UGT denuncia en un informe la explotación laboral de la juventud
UGT | martes, 18 de abril de 2017 ugt.es
La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que “se está explotando a la juventud trabajadora de nuestro país y se está ninguneando a la que no tiene un empleo. Para UGT esto es inaceptable. No vamos a asumir que la precariedad se asiente como forma de vida para los jóvenes españoles”.
Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante la presentación del informe “Análisis de la precariedad en el empleo juvenil” elaborado por UGT, donde ha señalado que el mercado laboral juvenil de nuestro país se caracteriza por “un alto nivel de desempleo y una mala calidad de los empleos y salarios, ya que 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años está desempleado, más de la mitad de los contratos a jóvenes dura menos de seis meses, el 28% de los contratos a tiempo parcial son para jóvenes y, de ellos, el 63% son para mujeres, y los menores de 25 años cobran la mitad que los mayores”.
Además, según ha expuesto el Responsable de Juventud de UGT, Eduardo Magaldi, la precariedad juvenil tiene una serie de características que hacen del trabajo inestable, pobre y que merma las condiciones de vida de los jóvenes. “La temporalidad ha crecido un 3% para este colectivo, situándose en el 57%; el 36% de los contratos tienen una duración inferior a 6 meses; el 28% de los contratos son a tiempo parcial y, de ellos más de la mitad lo tienen por no haber encontrado otro empleo; un alto volumen de jóvenes realizan horas extras; y la mayoría de este colectivo tiene sueldos bajos, a pesar de que hay sectores que están aumentando su producción de manera considerable”.
En este sentido, ha resaltado que “después del espectacular dato del turismo en Semana Santa, uno de los sectores donde los jóvenes acceden al mercado laboral es el de hostelería y ese aumento en turismo se tiene que ver en una mejora de los salarios y de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, no en aumentos de la precariedad o de las horas extras”.
Todo ello tiene unas consecuencias claras para la economía, ya que “se propicia la economía sumergida, aumentan las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo y riesgos psicosociales, y se empobrece a los jóvenes de cara al futuro y a la sociedad, al no tener ingresos el sistema de Seguridad Social”, como ha manifestado Antoñanzas.
Por ello, UGT considera fundamental que la Inspección de Trabajo persiga la contratación temporal fraudulenta, para recuperar el principio de causalidad en la contratación; que se cambie el modelo productivo para generar empleo de calidad; que se equiparen los salarios y se aumente el SMI; y que se termine con la parcialidad involuntaria, que menoscaba los derechos y salarios de la juventud.
Además, es imprescindible que se informe y se forme a los jóvenes en sus derechos laborales, ya que muchos no saben ni cuánto dura su contrato; que se actúe contra la impunidad de las empresas multiservicios, que son un foco de desregulación laboral; que se implemente un plan de choque por el empleo juvenil que favorezca la inserción con derechos de este colectivo en el mercado laboral; y que se refuerce el Plan de Garantía Juvenil para ampliar la protección de los jóvenes y aumentar su inserción, con medidas como la colocación inmediata en un puesto vacante por parte de los servicios públicos de empleo.
Para Cristina Antoñanzas, las medidas que hasta ahora ha implementado el Gobierno “se han mostrado totalmente ineficaces. Europa nos ha dado 3.000 millones de euros para los jóvenes que no se están utilizando, ya que no se crea empleo estable y de calidad con este programa. Hasta ahora, solo un tercio de los potenciales beneficiarios se han inscrito, y lo que estamos percibiendo es que las empresas contratan a los jóvenes con este programa, a los 6 meses les echan y vuelven a contratar a otro joven solo para beneficiarse de la bonificación”.
Por ello, ha exigido al Gobierno a cumplir íntegramente con este programa y a facilitar información de la evaluación y el seguimiento de los resultados del mismo a los interlocutores sociales, “ya que hasta el momento el Gobierno no lo ha cumplido”.
Falsos mitos laborales de la juventud
•Es su primer empleo, que no se queje”. El hecho de ser joven o la falta de experiencia no tiene que justificar, en ningún, caso la discriminación en el empleo.
•Un contrato parcial le viene mejor para compaginar con la vida”. La contratación parcial no es elección de la persona joven ni le beneficia. La mayoría no es voluntaria.
•La juventud vive muy bien en casa de papi y mami”. La juventud sufre la imposibilidad de emanciparnos y crear una vida propia. Solo el 19 % de las personas jóvenes se puede emancipar.
•La juventud cobra menos, pero tiene menos gastos”. Los salarios bajos están llevando a multiplicar el número de personas pobres, aun teniendo un empleo.
•La juventud tiene la oportunidad de viajar y pasar una temporada laboral en el extranjero”. Son el desempleo, la falta de oportunidades y la sobrecualificación las principales causas que condenan a la juventud al exilio. No salen de manera voluntaria, sino que son expulsados.
•Aumenta el absentismo laboral porque los trabajadores cogen muchas bajas”. Las bajas no se cogen, las concede un profesional. Además, la precariedad laboral, la incertidumbre del empleo y la presión del empresario llevan a las personas trabajadoras a no velar tanto por su seguridad, a no realizar los descansos reglamentarios para ser renovados, lo que tiene como consecuencia un aumento de la siniestralidad laboral y de las enfermedades profesionales.
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• Existen varios organismos competentes en esta materia, por lo que resulta fundamental que el ciudadano sepa ante cuál tiene que presentar su reclamación en función de las circunstancias concretas y cómo debe hacerlo
• Este espacio web forma parte del conjunto de iniciativas adoptadas por la Agencia para fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre los derechos que les asisten y cómo ejercerlos
• La sección ha sido elaborada por la AEPD en colaboración con la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Madrid, 14 de marzo de 2017). agpd.es
Con motivo de la celebración del Día mundial de los derechos de los consumidores el 15 de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un espacio web para ayudar a los ciudadanos a reclamar sus derechos en materia de telecomunicaciones.
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12 de abril de 2017 mineco.gob.es
La desaceleración del IPC se debe principalmente al menor crecimiento de los precios de los carburantes y de la electricidad
La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, disminuye una décima, hasta situarse en el 0,9%
Los precios de los productos energéticos crecieron en marzo un 11,7% interanual, 5,1 puntos menos que en febrero. Esta evolución se explica por el menor ritmo de crecimiento de los precios de carburantes y lubricantes, que pasaron del 18,5% interanual en febrero al 12,8% en marzo, así como por la desaceleración de los precios de la electricidad, 6,4 puntos hasta el 12,5%.
Los precios de la alimentación crecieron el 1,4% respecto al mismo mes de 2016, tres décimas menos que en febrero. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 4,3%, 1,1 puntos por debajo de la del mes precedente, debido en gran medida a la desaceleración de los precios de legumbres y hortalizas frescas (15,4 puntos, hasta el 6,8%), parcialmente compensada por el mayor crecimiento de los precios de las frutas frescas (pasan del 7,6% en febrero al 10,3% en marzo). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron ligeramente en marzo, el 0,1%, una décima más que en febrero, destacando el comportamiento de aceites y grasas, que moderaron 0,9 puntos el ritmo de caída, hasta el 0,7%.
La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) disminuyó una décima en marzo, hasta el 0,9%. Esto se debe principalmente a la desaceleración de los precios de los servicios, dos décimas hasta el 1,1%, destacando especialmente la evolución de los precios de paquetes turísticos, que pasaron de crecer el 5,9% en febrero al 0,1% en marzo, explicado en parte al distinto calendario de la Semana Santa -el año pasado se celebró en marzo y este año se celebra en abril-. Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) aumentaron el 0,6%, al igual que en el mes previo.
En términos intermensuales, el IPC se estabilizó en marzo, tras el incremento del 0,6% registrado en marzo de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos bajaron un 2,6%, tras la subida del 1,8% de un año antes; los de los servicios crecieron un 0,2%, dos décimas menos que en marzo de 2016; los de los BINE aumentaron un 1,1%, al igual que en marzo del pasado año; y los de la alimentación retrocedieron el 0,3%, frente a la estabilización de marzo de 2016. Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron una tasa intermensual del -1,2% (-0,2% un año antes), mientras que los de los alimentos elaborados subieron un 0,2% (0,1% en marzo de 2016).
La tasa interanual del IPC disminuyó en marzo en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se registraron en Extremadura y Murcia (un punto en ambos casos, hasta el 1,9% y el 2%, respectivamente), mientras que la menor caída de la inflación correspondió a Canarias (cuatro décimas, hasta el 2,1%).
La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en marzo en el 2,3%, al igual que la del IPC general.
El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de marzo de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2,1%, inferior en nueve décimas a la de febrero. Por su parte, la tasa del IPC armonizado adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en marzo en el 1,5%, cinco décimas por debajo de la de febrero, reduciéndose así cuatro décimas el diferencial de inflación para España respecto a la zona euro, hasta situarse en 0,6 puntos porcentuales.
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Madrid, 4 de abril de 2017 cepyme.es
El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se redujo en 48.559 personas en marzo en relación con el mes anterior, el mejor dato de los últimos ocho años, en los que se registraba un aumento medio de 11.585 desempleados en este período.
En términos desestacionalizados, el descenso ha sido de 30.819 personas.
De esta forma, durante el primer trimestre del año el paro se ha reducido en 657 personas, siendo la primera vez desde 1999 que se produce una caída del paro en este periodo. La cifra total de parados registrados se sitúa en 3.702.317 personas, registrándose el nivel más bajo de los últimos siete años.
Respecto a marzo de 2016 el desempleo se ha reducido en 392.453 personas.
Asimismo, cabe destacar que el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en los últimos doce meses en 47.712, un 13,7%, una reducción superior a la media general, que se sitúa en un 9,6%.
En cuanto a la contratación, los contratos indefinidos han aumentado un 18,3%, alcanzando un total de 178.428 contratos, el segundo mejor dato para este período desde 2007.
El número total de contratos registrados durante el pasado mes ha sido de 1.732.773 el mayor número de toda la serie histórica en un mes de marzo. Supone un aumento de 223.892 (14,8%) respecto al mismo mes del año 2016.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el mes de marzo registró un incremento de 161.752 afiliados, (+0,91%), alcanzándose una cifra total de 17.910.007 de personas ocupadas.
En términos interanuales, el tercer mes del año cerró con 604.209 afiliados medios más, el 3,49%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en tasa registradas desde 2007. Este incremento, al igual que el mensual, se debe en gran parte al buen comportamiento del Régimen General, que suma 576.914 ocupados (4,10%).
Por lo que se refiere al Régimen Especial de Autónomos, en marzo aumentó en 15.282 el número de afiliados (+0,48%,), alcanzándose la cifra de 3.196.754 inscritos.
Para CEPYME, estos datos consolidan un buen comportamiento del empleo en el primer trimestre del año y marcan la senda por la que se debe transitar en los próximos meses, consolidando las reformas iniciadas y abordando las que aún están pendientes y destinando mayores recursos a la inversión en actividades productivas y en políticas que favorecen la creación de empleo, especialmente en las pymes
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Análisis estratégico para el desarrollo de la Pyme en España: internacionalización y orientación emprendedora
–El 36% de las pymes desarrollan actividad exportadora
Madrid, 29 de marzo de 2017 cepyme.es
Para el 2017 el 55,8% de las pymes tiene expectativas de que aumentarán sus ventas, el 41,4% que las mantendrá, y tan sólo el 2,8% prevé que disminuirán.
Respecto al empleo, en el 2016 el 23,4% de las pymes lo incrementaron, el 67,0% lo mantuvo y el 9,6% lo redujo. Así se refleja en el informe Análisis estratégico para el desarrollo de la Pyme en España: internacionalización y orientación emprendedora, presentado hoy en la sede de CEPYME.
El Informe Pyme España 2016, en el que colaboran la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), CEPYME y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), aporta información sobre la situación y perspectivas de las pymes españolas con la finalidad de ser de utilidad a las empresas y a los distintos agentes económicos que toman decisiones que puedan favorecer el entorno de la competitividad de las pymes. Para llevar a cabo el informe se ha realizado una entrevista a los gerentes de una muestra representativa de 534 pymes de toda España.
En la presentación del informe han participado Rodrigo Madrazo, Director General de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Aurelio López de Hita, Vicepresidente de CEPYME; Leandro Cañibano, Presidente de AECA y Alejandro Díaz, Rector de la UPCT y Presidente de FAEDPYME. La presentación del informe ha estado a cargo de Antonio Aragón, Catedrático de la Universidad de Murcia y de Domingo García, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Las expectativas de crecimiento del empleo y las ventas resultan muy favorables para las pymes españolas, teniendo mayor intensidad en el nivel de ventas que en la generación de empleo. Para el 2017 el 55,8% de las pymes tiene expectativas de que aumentarán sus ventas, el 41,4% que las mantendrá, y tan sólo el 2,8% prevé que disminuirán. Respecto al empleo, en el 2016 el 23,4% de las pymes lo incrementaron, el 67,0% lo mantuvo y el 9,6% lo redujo. Las empresas medianas, jóvenes (empresas con menos de 10 años), industriales, no familiares y las que tienen un gerente con formación universitaria son las empresas que presentan mejores expectativas en empleo y ventas.
Las pymes españolas presentan un alto grado de internacionalización. El 36% de las pymes desarrollan actividad exportadora, destinando el 34,5% de sus ventas a mercados internacionales. El destino principal de las exportaciones de nuestras pymes son los países de la Unión Europea (63,7%), seguidos del mercado iberoamericano (11,1%) y el resto de la OCDE (8,9%). La característica fundamental que favorece el comportamiento internacional de la pyme es su tamaño; a medida que la pyme crece cuenta con una mayor dotación de recursos para competir internacionalmente y con una mayor profesionalización.
Las pymes españolas emplean en la mayoría de las ocasiones (43,8%) sus medios propios como forma de entrada a los mercados internacionales. En el 20,2% utilizan intermediarios especializados establecidos en España y los programas públicos de promoción son utilizados en el 12,9% de los casos.
Disponer de una empresa matriz instalada en el extranjero -9,2%- y la participación en alguna acción colectiva hacia la exportación -9,6%- son los medios de entrada menos utilizados por estas empresas.
Los recursos y capacidades por los que las pymes se consideran mejor posicionadas para favorecer su internacionalización son: (1) la calidad de sus productos; (2) su experiencia en los mercados internacionales; (3) la utilización de sus sistemas de gestión y (4) su capital humano. Por el contrario, las mayores debilidades se encuentran en los pocos acuerdos de cooperación en el mercado nacional con otras empresas extranjeras y en las limitaciones de sus equipos directivos.
Los principales objetivos que persiguen las pymes españolas con la internacionalización son incrementar las ventas de sus productos, mejorar la reputación de la empresa e incrementar sus beneficios.
La orientación emprendedora implica que la empresa tenga voluntad de innovar, buscar riesgos, tomar acciones por sí mismos, y ser más proactivos y agresivos que los competidores hacia la búsqueda de nuevas oportunidades del mercado.
En este sentido, las pymes españolas tienen una estrategia de emprendimiento más orientada hacia la innovación organizativa y hacia la autonomía de sus trabajadores que hacia la toma de riesgos.
Las variables que las empresas de la muestra más valoran en relación a la autonomía de la organización son la implementación de los cambios necesarios para que sus trabajadores sean responsables de mejorar sus actividades laborales y para que tomen las decisiones más apropiadas.
En cuanto a la innovación, las pymes señalan que tienen una fuerte intención de implementar actividades para mejorar la innovación de los productos, servicios o procesos la intención de implementar iniciativas innovadoras para imitar con éxito a sus principales competidores. Por el contrario, expresan un mayor conservadurismo en lo que se refiere a la introducción de nuevas tecnologías que aún no han sido probadas en la organización y un menor estimulo hacia la creatividad y experimentación entre sus trabajadores y empleados.
En general se aprecia que las pymes españolas tienen una escasa orientación hacia la toma de riesgos, presentando un mayor grado de conservadurismo. Las variables más valoradas son las de comprometer una cantidad de recursos importante para crecer e invertir en la adquisición de tecnología de la información. Y las menos valoradas, invertir en proyectos de alto riesgo que prometen altos ingresos e invertir en grandes proyectos por medio de la solicitud de préstamos.
La actividad innovadora desarrollada por las pymes en España es muy relevante.
En cuanto a la innovación en productos se aprecia que el 76,8% de las pymes han realizado cambios o mejoras en productos o servicios y el 65,9% ha comercializado un nuevo producto o servicio. En cuanto a la innovación en procesos, el 73% ha introducido cambios o mejoras en los procesos de producción y el 75,5% ha adquirido nuevos bienes de equipo. Los cambios o mejoras en los productos son el tipo de innovación que más importancia tiene en la empresa.
En la innovación en gestión, sin embargo, las pymes presentan una evolución algo menos favorable. Así, los datos muestran que el 58,6% ha realizado innovaciones en sus sistemas de dirección y gestión, el 64,6% ha realizado cambios en sus sistemas de compras y aprovisionamientos, y el 63,3% realizó cambios en sus sistemas comerciales o de ventas.
Las pymes españolas han experimentado una evolución más favorable de las condiciones de su financiación en relación a años anteriores. El 45,6% ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito, el 40,7% no ha accedido porque se financian con autofinanciación (beneficios más amortizaciones), el 12% no lo necesita al no estar haciendo inversiones y el 1,8% no lo ha solicitado porque piensa que no lo conseguiría (auto-racionamiento).
El 47’4% de las pymes que solicitaron un crédito lo obtuvieron en mejores condiciones, el 35,5% lo obtuvieron en las mismas condiciones, el 11,4% lo consiguieron pero con condiciones más duras y tan sólo al 2,6% le rechazaron la operación.
Descargar Análisis estratégico para el desarrollo de la pyme en España .
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11 de abril de 2017.- La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME), Gonzalo Aguilera, han firmado hoy un convenio de colaboración que autoriza el acceso a la información registral de esta institución por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para localizar bienes susceptibles de ser decomisados procedentes de la comisión de determinados delitos por encomienda de jueces, tribunales o fiscalías en el ámbito de sus competencias.
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Es el Ministerio que más incrementa su presupuesto para este ejercicio
Las cuentas de Justicia aumentan por tercer año consecutivo
5 de abril de 2017.- El presupuesto del Ministerio de Justicia se incrementará un 7,7% en 2017, lo que supone 121 millones de euros más que el año anterior, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros. Este es el tercer año consecutivo en el que se incrementan las cuentas del departamento que dirige Rafael Catalá.
El objetivo del Ministerio con estas cuentas es conseguir una Justicia más ágil y más eficaz en la atención a las demandas de los ciudadanos. Más dotada y mejor organizada, en la que la transformación digital sea la piedra angular de este ejercicio.
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31 de marzo de 2017 mineco.gob.es
Se registra por quinto año superávit por cuenta corriente y las exportaciones crecen el 5,1%, la tasa más alta desde 2011
Todo el crecimiento económico se traslada al empleo con la creación de 506.000 puestos de trabajo a finales de año
La tasa de paro bajará al 16,6%, inferior en más de 10 puntos al máximo de 2013 y el nivel más bajo desde que comenzó la crisis
La economía española crecerá en 2017 el 2,5% lo que permitirá la creación de más de medio millón empleos y situar la tasa de paro en el 16,6% al cierre del ejercicio. Estas son las previsiones contenidas en el cuadro macroeconómico que sustenta el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 aprobado por el Consejo de Ministros y que inicia así la tramitación parlamentaria. Son cifras muy prudentes y coherentes a la vez con la consecución de los objetivos de déficit público. Se trata de un crecimiento más equilibrado, ya que la aportación del sector exterior es positiva por segundo año, con un fuerte crecimiento de las exportaciones. Es además el quinto año consecutivo de superávit por cuenta corriente, al tiempo que se mantiene el empuje de la demanda interna.
El cuadro macroeconómico refleja que la crisis económica se va quedando atrás con un ritmo de crecimiento que permitirá acercarse más rápido a los niveles de empleo anteriores a 2009. La previsión del Gobierno es que este año la economía española crecerá a un ritmo medio anual del 2,5%, lo que supone el cuarto año de tasas positivas. Es el mismo 2,5% en que se estima aumentará el empleo, lo que supondrá un año más, que prácticamente todo el crecimiento económico se traslada a la creación de puestos de trabajo. Se trata de previsiones muy conservadoras, superadas por analistas privados, y que optan por la máxima credibilidad, como ha sido la pauta general en los últimos años.
Durante 2017 se dan además pasos en la dirección de consolidar un modelo de crecimiento económico más equilibrado y sostenible. La aportación de la demanda nacional se reduce a 2,1 puntos (2,8 en 2016), con un crecimiento del consumo privado del 2,6%, mientras que el de las Administraciones Públicas se mantiene en el 0,8%. La inversión crece el 2,6%, con mayor fuerza de la destinada a bienes de equipo (3,5%) que la construcción (se mantiene en el 1,9%). La demanda externa aporta al crecimiento por segundo año consecutivo (0,4 puntos en 2017), gracias al tirón de las exportaciones, que crecen el 5,1%, la tasa más alta desde 2011. Las importaciones aumentan, por debajo, el 4,3%. Por quinto año consecutivo, la economía española registrará superávit en la balanza por cuenta corriente (1,9% en 2017). Esto indica que la economía española sigue ganando competitividad, en un contexto de recuperación económica.
El aumento del consumo privado previsto se sustenta en la mejora de la confianza en la evolución de la economía española y en la creación de empleo, lo que impulsará la renta disponible de las familias. En términos de contabilidad nacional, el empleo crecerá el 2,5% y la tasa de paro bajará al 17,5% de la población activa (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en media anual). En términos EPA (Encuesta Población Activa), se espera que en el cuarto trimestre de este año se hayan alcanzado los 19,014 millones de ocupados, tras aumentar en 506.000 respecto del mismo periodo del año anterior. Si se mantiene este ritmo, se conseguirá recuperar el nivel de empleo precrisis a finales de 2019. La tasa de paro baja al 16,6% a finales de 2017, inferior en más de 10 puntos al máximo alcanzado hace cuatro años (primer trimestre de 2013) y la tasa más baja desde 2008.
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Viernes, 31 de marzo de 2017 poderjudicial.es
La sentencia señala que no se ha producido el hecho imponible del impuesto ya que ha existido una pérdida de valor del inmueble desde su adquisición hasta su transmisión
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Burgos ha estimado el recurso interpuesto por un ciudadano que vendió un inmueble en menos precio del que lo compró contra el Ayuntamiento de Burgos por el cobro del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (impuesto de plusvalías). El Juzgado ha anulado la autoliquidación presentada en su día por el recurrente y ha condenado al Ayuntamiento a devolver lo cobrado ya que dicha liquidación es contraria a derecho.
El Juzgado ha aceptado la alegación del demandante respecto a que no se ha producido el hecho imponible del impuesto autoliquidado ya que ha existido una pérdida de valor del inmueble desde su adquisición hasta su transmisión. En este sentido, el recurrente alegó que el hecho imponible del impuesto exige un incremento real del valor del terreno de manera que, cuando ese incremento no se produce, no se puede liquidar el citado impuesto.
Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, el demandante ha acreditado suficientemente que en el periodo de tiempo que transcurre entre el momento en el que adquiere el inmueble (julio de 2007) y el que se vende (enero de 2016), no ha existido ningún incremento del valor del terreno.
Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos no ha aportado, según la resolución, ninguna prueba de la que pueda deducirse, de manera objetiva, que se ha producido un incremento real del valor del terreno en dicho periodo más allá de la consideración general del terreno en que se ubica, que ha venido gozando de una mayor dotación de usos.
El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció el pasado mes de febrero sobre el impuesto de las plusvalías declarándolo nulo en los casos en que se “somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor”.
El TC ha dictado una segunda resolución hace unos días en este mismo sentido en la que insiste en que “en ningún caso se puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.
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El Sistema cuenta con 17.910.007 afiliados medios
Martes 4 de abril de 2017 lamoncloa.gob.es
La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 17.910.007 ocupados en marzo, tras ascender en 161.752 personas (el 0,91%). Se trata del mayor aumento de la serie histórica en este mes.
En términos interanuales, el tercer mes del año cerró con 604.209 afiliados medios más, el 3,49%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en tasa registradas desde 2007. Este incremento, al igual que el mensual, se debe en gran parte al buen comportamiento del Régimen General que suma 576.914 ocupados (4,10%).
El Régimen General registró un incremento de 144.337 (1%), hasta alcanzar los 14.647.117 ocupados. En marzo, creció la afiliación en todos los sectores económicos, especialmente en Hostelería con 51.521 (4,70%); Construcción con 17.471 (2,44%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 14.984 (1,27%); Industria Manufacturera, 8.627 (0,50%); Administración Pública y Defensa, 8.306 (0,80%).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra 6.574 ocupados menos (-0,84%), al concluir la importante campaña de cítricos en la comunidad valenciana. Se sitúa en 778.273 afiliados medios. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar aumenta en 1.842 (0,43%); alcanza los 428.524 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.196.754 personas, tras incrementarse en 15.282 (0,48%) en el mes.
Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 2.100 ocupados (3,42%) hasta situarse en 63.485 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.650 afiliados medios tras ascender en 33 personas en marzo (1,25%).
En cuanto al dato desestacionalizado, básico para ver la tendencia de la afiliación, suma 40 meses en positivo, con 73.941 afiliados más, y sitúa el número de afiliados ocupados por encima de los 18 millones.
La cifra de afiliados a la Seguridad Social asciende en marzo en todas las Comunidades Autónomas, salvo en la Ciudad Autónoma de Melilla.
En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 604.209 ocupados, el 3,49%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 576.914 trabajadores (4,10%). Un crecimiento que supera el 4,34% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin agrario ni hogar).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 0,87%, lo que se traduce en un crecimiento de 27.459 personas. El Régimen del Mar creció en 1,05% (659) y el Carbón registró un descenso de 823 personas (-23,69%).
En términos anuales la ocupación avanza todas las provincias y Comunidades Autónomas, excepto en la Ciudad Autónomas de Melilla (-1,17%), destacando porcentualmente los incrementos de Islas Baleares (5,71%), Canarias (5,10%), Región de Murcia (4,88%) y Cataluña (3,88%).
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El Instituto de la Economía Mundial, con sede en la ciudad alemana de Kiel, acaba de publicar sus previsiones de primavera. Para el conjunto de la Unión Europea se prevé un incremento medio del PIB del 1,9%, con un crecimiento económico mucho mayor en los países de reciente adhesión que tendrán un aumento medio del 3,2%.
La tasa más elevada corresponderá a Irlanda con un incremento del PIB del 4,9%. A continuación se situarán Rumanía con un 4,0%, así como Eslovenia, Estonia, Malta y Polonia con cifras en torno al 3,5%. Luxemburgo registrará un 3,0% mientras que Croacia, Letonia y Chipre se quedarán levemente por debajo de esa cifra. Para España se prevé un crecimiento económico del 2,6%, que nos situará claramente por encima de la media europea y de países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, entre otros. Suecia alcanzará un 2,2%, mientras que Alemania llegará al 2,0% y Austria al 1,9%.
Por debajo de la media figuran ocho países. El Reino Unido y Grecia se quedarán a escasas décimas del promedio, pero la distancia ya aumenta en Francia (1,3%) y Finlandia (1,2%). Cierran la clasificación Italia con un 0,9% y Grecia con un 0,4%.
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En el mes de marzo el número total de desempleados se sitúa en 3.702.317 personas
En el último año, el paro se ha reducido en 392.453 personas, 9,6%, el mayor descenso registrado en un mes de marzo de toda la serie histórica. La contratación indefinida a tiempo completo se incrementó un 20,7% interanual.
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en marzo en 48.559 personas en relación con el mes anterior.
En los últimos 8 años el desempleo ha aumentado en marzo, por término medio, en 11.585 personas.
Durante el primer trimestre del año el paro se redujo en 657 personas. Es la primera vez que disminuye en ese periodo desde el año 1999.
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado disminuye en Servicios 39.933 (-1,57%), en Construcción 8.830 (-2,44%) y en Industria 5.659 (-1,66%). Por el contrario sube entre quienes había desempeñado su última ocupación en la Agricultura en 1.381 (0,75%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior 4.482 (1,43%).
La contratación indefinida a tiempo completo se incrementó un 20,7% interanual, siendo esta la modalidad que más crece, más de seis puntos por encima del incremento registrado por el total de la contratación temporal (14,5%).
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Jueves, 6 de abril de 2017 poderjudicial.es
Los magistrados concluyen que el impuesto que grava la operación de préstamo de garantía hipotecaria corresponde al prestatario, es decir, el cliente
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha establecido su criterio sobre los efectos de la declaración de la nulidad de las cláusulas de gastos en contratos de préstamos hipotecarios. El fallo, que firman los cinco magistrados que componen la sección, da respuesta a un recurso de apelación presentado por la entidad bancaria afectada tras una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cangas.
Los magistrados de la Audiencia han concluido que el impuesto que grava la operación de préstamo de garantía hipotecaria corresponde al prestatario, es decir, el cliente. Con respecto a los gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad, la Sala entiende que deben ser asumidos por aquel a favor de quien se inscribe el derecho, que en este caso es la entidad bancaria. Por último, con respecto a los gastos derivados de la notaría, la Audiencia sostiene que han de ser abonados por aquel que haya solicitado sus servicios. En caso de no conocerse ese dato, se aplicarán las normas fiscales correspondientes, y por lo tanto, en opinión de los magistrados, es el cliente el que debe hacerse cargo. Aclara la sentencia en este sentido que la expedición de copias habrá de ser abonada por quien la haya solicitado.
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Publicado en March 22, 2017 blog-dialogoafondo.imf.org
Desde teléfonos inteligentes hasta computación en la nube, la tecnología está cambiando rápidamente casi todas las facetas de la sociedad, incluidas las comunicaciones, los negocios y los gobiernos. El mundo financiero no es la excepción.
En consecuencia, se halla en un momento crítico. No cabe duda de que la adopción generalizada de tecnologías nuevas, como los sistemas basados en cadenas de bloques, ofrece muchas ventajas, pero también crea riesgos, concretamente, para la estabilidad financiera. Ello plantea retos para los reguladores financieros, tema que abordé en la Cumbre de Gobierno Mundial de Dubai de 2017.
Es menester, por ejemplo, definir la situación jurídica de las monedas virtuales, o fichas digitales. Debemos luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo estableciendo mecanismos óptimos para someter las transferencias virtuales a una diligencia debida. Las tecnofinanzas tienen, además, repercusiones macroeconómicas que debemos comprender mejor a efectos de poder formular políticas que ayuden a los países miembros del Fondo a navegar este entorno en rápida evolución.
Auge de la inversión
Las tecnofinanzas —término que abarca los productos, diseñadores y explotadores de sistemas financieros no tradicionales— están poniendo a prueba los viejos modelos de negocio. Y están avanzando rápidamente. Según una estimación reciente, entre 2010 y 2015 la inversión anual en estas tecnologías se cuadruplicó, alcanzando US$19.000 millones anuales.
La innovación en este sector ha adoptado numerosas formas y modalidades, desde los préstamos entre particulares y las operaciones bursátiles de alta frecuencia hasta los datos masivos y la robótica. Los éxitos han sido numerosos. Pensemos, por ejemplo, en los servicios bancarios por telefonía móvil en Kenya y China, que integran a millones de personas hasta entonces marginadas del sistema bancario y financiero tradicional. Pensemos en los servicios virtuales de compraventa de divisas que permiten a personas de los países en desarrollo realizar transacciones transfronterizas en forma rápida y a bajo costo.
Todo esto exige pensar en forma más creativa. ¿Qué cambios efectivos producirán estas tecnologías en el mundo financiero? ¿Lo transformarán por completo? ¿Se verán desplazados los bancos por transacciones de cadenas de bloques entre particulares? ¿Reducirá la inteligencia artificial la necesidad de servicios de profesionales? Y en caso afirmativo, ¿obtendrán los inversionistas asesoramiento más acertado de máquinas inteligentes?
A decir verdad, todavía no sabemos. Aunque los recursos que se están invirtiendo en las tecnofinanzas son sustanciales, en la práctica la mayor parte de estas aplicaciones aún son experimentales.
Retos reglamentarios
En el ámbito reglamentario estamos recién observando los retos que están surgiendo. Con criptomonedas como el bitcóin, por ejemplo, pueden realizarse transacciones transfronterizas en forma anónima, lo cual incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
A mediano plazo, otro riesgo es el efecto que podría tener en la estabilidad financiera el ingreso en el mercado de nuevos tipos de proveedores de servicios financieros.
Abundan preguntas. ¿Debemos reglamentar de alguna forma los algoritmos en que se apoyan estas nuevas tecnologías? ¿O más bien debemos esperar —al menos por ahora— que estas nuevas tecnologías se desarrollen y así permitir que las fuerzas de la innovación reduzcan los riesgos y maximicen las ventajas?
Algunas jurisdicciones están adoptado un enfoque reglamentario creativo y perspicaz mediante iniciativas como los “laboratorios experimentales” creados por Abu Dhabi y Hong Kong.
Estas iniciativas tienen por objetivo promover la innovación de modo que nuevas tecnologías puedan desarrollarse y probarse en un entorno de estrecha supervisión.
Aquí en el FMI, estamos siguiendo esta evolución muy de cerca. El año pasado, publicamos un estudio sobre las monedas virtuales en que centramos la atención en sus repercusiones reglamentarias, financieras y monetarias. Desde entonces, hemos ampliado nuestro análisis para incluir las aplicaciones de cadenas de bloques en general. Asimismo, hemos establecido recientemente un panel de asesores de alto nivel para ayudarnos a comprender cómo el sector está evolucionando. En mayo prevemos publicar un nuevo estudio sobre las tecnofinanzas.
A mi juicio, se trata de un “mundo valiente” en el sector financiero. Para algunos, ello evoca una aterradora visión del futuro como la que describe Aldous Huxley en su célebre novela.
Pero también recuerda la descripción de Shakespeare en La Tempestad: “¡Oh, maravilla! ¡Cuantas nobles criaturas se juntan aquí! ¡Qué hermosa es la humanidad! ¡Oh, bravo nuevo mundo, que tiene personas tales en él!”
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04/04/17 guardiacivil.es
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con ocasión de la próxima campaña de la renta lanzada por la Agencia Tributaria, alerta de que organizaciones criminales están solicitando datos bancarios de los contribuyentes emulando ser la Agencia Tributaria a través de redes sociales, plataformas de mensajería instantánea o correos electrónicos.
El objetivo es, haciéndose pasar por el organismo tributario, comunicarse con el contribuyente para notificarle una incidencia, normalmente, tras un reajuste de una declaración tributaria anterior, consistente en la devolución de cierta cantidad de dinero.
En esta comunicación, los delincuentes informarán de la viabilidad de solucionar la incidencia de forma telemática, mediante la incorporación al mensaje de una dirección web, en la que solicitará a la víctima ingresar sus credenciales bancarias. Por supuesto la web a la que se facilita los datos privados de acceso, realmente no tendrá nada que ver con el organismo comunicante ni tampoco con ninguna entidad bancaria.
Para evitar ser víctima de este tipo de campañas de “phishing” o robo de identidad, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y medidas de seguridad:
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Banco Central Europeo. Eurosistema. Nota de prensa
bde.es 4 de abril de 2017
● El nuevo billete incorpora elementos de seguridad mejorados
● El retrato de Europa y el número verde esmeralda dificultan aún más su falsificación
● Una encuesta muestra que el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en los puntos de venta
El nuevo billete de 50€, el cuarto de la serie Europa, entra en circulación hoy, ha anunciado el Banco Central Europeo (BCE).
Para dificultar aún más la falsificación de los billetes en euros, los elementos de seguridad del nuevo billete incluyen una ventana con retrato situada en la parte superior del holograma, que se vuelve transparente al mirarla al trasluz. La ventana muestra un retrato de Europa, personaje de la mitología griega, visible en ambos lados del billete. El retrato también se aprecia en la marca de agua. Al inclinar el billete, el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. El billete incluye una impresión en relieve para las personas con problemas de visión.
«Incluso en la era digital, el efectivo sigue siendo esencial en nuestra economía», señaló el presidente del BCE, Mario Draghi. «La encuesta sobre el uso del efectivo encargada por el BCE, cuyos resultados publicaremos próximamente, muestra que más del 75 % de los pagos en puntos de venta de la zona del euro se realizan en efectivo, lo que, en valor, representa algo más de la mitad del total de las operaciones».
El de 50€ es el más utilizado de todos los billetes en euros. Los más de 9.000 millones de billetes de esta denominación representan el 46 % de todos los billetes en euros en circulación. Los billetes de 50€ de la primera serie seguirán siendo de curso legal y continuarán circulando junto con los nuevos billetes hasta que sean retirados gradualmente.
Los nuevos billetes de 100€ y 200€ se emitirán a principios de 2019.
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 52
 artículo 81
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 34
 artículo 30
 Real Decreto 
 real decreto 
 resolución