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Timestamp: 2020-05-29 00:50:05+00:00

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EL SALVADOR RESPUESTA AL CUESTIONARIO RESPUESTA/S AL
Artículo 154.- AMENAZAS
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-II/doc.30/08
Con la entrada en vigencia del Código de Familia y Ley Procesal de Familia el 1 de octubre de 1994 y posteriormente la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en el mes de diciembre de 1996, se trata de cumplir el compromiso del Estado Salvadoreño regulado en la Constitución de la República de dictar la legislación necesaria y crear los organismos apropiados para la integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico de la familia, ya que por una parte el Código de Familia desarrolla los principios constitucionales de protección del instituto jurídico de la familia contenidos en el Capítulo II de los Derechos Sociales, Sección Primera (Arts. 32 a 36 Cn.), como son la igualdad jurídica de los cónyuges, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer que constituyen una unión estable, al reconocer que la falta de matrimonio no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia, no obstante regularse que el fundamento legal de la familia es el matrimonio.
La Ley contra la Violencia Intrafamiliar tiene como fuente inmediata de origen la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada “Convención de Belém Do Pará”1/, en dicho instrumento jurídico internacional se adquiere el compromiso del Estado de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y para ello incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.
En respuesta a ese compromiso se crea la Ley contra la Violencia Intrafamiliar2/ cuyos fines son los siguientes:
Establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en las relaciones de los miembros de la familia y en cualquier otra relación interpersonal de dichos miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda;
Aplicar las medidas preventivas, cautelares o de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad y dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar;
Regular las medidas de rehabilitación para los ofensores;
Proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas. Esta protección especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder que exista entre las personas que constituyen una familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas.
Según lo regula la Ley Contra la VIF, ésta se aplicará preventivamente y sancionará los hechos de violencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal (Artículo 4 LCVIF).
El Artículo 200 del Código Penal regula el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, el cual se aplica a los sujetos a que se refiere el Artículo 3 de la LCVIF y está sancionado con prisión de uno a tres años, pero para que se pueda ejercer la acción penal es necesario el agotamiento del procedimiento que regula la citada LCVIF, esto es que exista una sentencia dictada en este proceso en donde se atribuya los hechos de violencia a la persona denunciada. Asimismo, el delito de Desobediencia en caso de violencia intrafamiliar (artículo 338-A CP) cuando se desobedeciere medidas cautelares o de protección, el agresor puede ser condenado a pena de prisión de uno a tres años.
Como puede observarse este requisito de agotamiento del proceso de VIF, tiene que ver también con el carácter preventivo de la LCVIF, y más extensivamente lo preventivo tiene relación con el Principio rector de Unidad de la familia, regulado en el Artículo 4 CF, ya que lo que se pretende es que las relaciones en la familia se saneen, lograr la armonía y respeto de los derechos de los miembros que la integran, y evitar daños graves, irreparables o de difícil reparación y para ello es necesario implementar otras medidas como la psicoterapia y no sólo las medidas legales.
En el procedimiento administrativo la Procuraduría General de la República puede solicitar Medidas de Protección judiciales, si estima la necesidad urgente para proteger a la víctima, además se regula que si no hubiere conciliación o no se hubiere solicitado se debe iniciar el proceso ante el tribunal competente y está en la obligación de aportar pruebas en el mismo.
Es importante aclarar que no es imprescindible que las víctimas tramiten primero el procedimiento administrativo, para luego iniciar el Proceso Judicial, sino que es potestativo aquel procedimiento, es decir, las víctimas pueden acudir directamente a los tribunales competentes a interponer su denuncia verbal y ésta debe tomárseles para garantizarles la tutela efectiva que pretende la ley, es por eso que tampoco se exige procuración obligatoria en esta clase de proceso judicial; para dar un acceso inmediato a la justicia.
Si se derogaron en el año de 1993 las disposiciones del Código Civil que eran especialmente discriminatorias contra la mujer al regular las relaciones de los cónyuges con diferencias tales; como el considerar incapaz a la mujer para representarse por si misma y para administrar sus bienes y los de sus hijos. Con la entrada en vigencia en el año 1994 de la Legislación de Familia, se establece una moderna normativa basada en la igualdad de derechos de mujeres y hombres en las relaciones conyugales y de convivencia; y se introducen los Arts.129 y 130 de La Ley Procesal de Familia en lo relativo al Incumplimiento del Deber de Respeto que señala: “En el proceso por incumplimiento del deber de respeto entre cónyuges y convivientes el Juez, podrá decretar en la resolución que admita la demanda, las medidas cautelares que considere necesarias y además ordenar medidas de protección para los miembros de la familia afectada”.
Esta disposición constituyó un referente importante para la legislación nacional, ya que fue previa esta normativa a la ratificación de la Convención de Belém do Pará, en que se establecía de manera específica el derecho a una vida libre de violencia
Con la creación en el año 1998 de un nuevo Código Penal, en el cual se contemplo un nuevo sistema acusatorio oral, que dejo a tras el sistema escrito inquisitivo penal, se derogaron tipos penales como la Violación a Prostituta, en el cual existía discriminación a la mujer en razón de su ocupación y de los estereotipos sociales, el perdón presunto que no era mas que una salida de ley en casos de abuso sexual, donde la victima podía perdonar a su agresor extinguiéndose la acción penal, avanzando en el camino de la protección a los derechos de la mujer, así mismo la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial (Corte Suprema de Justicia) y el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República ha trabajado con el apoyo de la Organización Internacional del trabajo en reformas al Código penal y Procesal Penal las cuales entraron en vigencia a partir de enero de 2004 en las cuales se crearon nuevos tipos penales que se adaptaran a la realidad nacional como es el caso del delito de Oferta y Demanda de prostitución ajena y el de Posesión de Pornografía y se incrementaron edades de victimas y penas en casos de delitos contra la Libertad Sexual, Violencia Intrafamiliar y Trata de personas; finalizando con capacitación a los agentes fiscales a nivel nacional encargados de investigar este tipo de delitos contra las mujeres.
Si se han aprobado importantes reformas unas fueron antes, de su ratificación, y otras posteriores a ésta. Las reformas legislativas que tenían relación con la Legislación de Familia de 1994, y que desarrollaban la temática de la igualdad de derechos entre mujeres y hombre con respecto a sus relaciones de pareja y familiares, fueron aprobadas antes de la ratificación de la Convención de Belem Do Pará, en el año de 1993, cuando se aprueba El Código de Familia y la Ley Procesal de Familia, de conformidad con la reforma al sistema de justicia, después de la firma de los Acuerdos de Paz del año de 1992. En la cual que se refleja un avance muy significativo, ya que se establece en la Ley Procesal de Familia, Medidas de Protección para el cónyuge o conviviente que reciba malos tratos en las relaciones de pareja y familiares.
El 23/08/95 se publica en el Diario Oficial: 154, Tomo: 328, la ratificación de la Convención de Belem Do Pará y el 28 de noviembre del año 1996, se aprobó la Ley contra la Violencia Intrafamiliar con el objetivo de adecuar la legislación interna a los tratados y convenciones internacionales, que son leyes de la república según el Art. 144 de la Constitución de la República; por constituir la Violencia contra la mujer un fenómeno social complejo que había permanecido oculto e invisibilizado; lo que había posibilitado la impunidad del agresor y la desprotección de la mujer. Atendiendo también su prevención, sanción y erradicación con la finalidad de enfrentarla en toda su magnitud y de manera integral; y en el año 1998 se reformo también el sistema penal; así como en el año 2003 y 2004 se reformaron nuevamente los delitos contra la libertad sexual y de violencia intrafamiliar, aumentando las penas y fortaleciendo el catalogo de derechos de las personas víctimas de cualquier forma de violencia.
Posteriormente a la ratificación de la Convención de BELÉM DO PARÁ, se crearon los cuerpos legales siguientes: Ley contra la violencia intrafamiliar, Código Penal y Procesal Penal, Ley del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, y las reformas a los mencionados cuerpos normativos.
a. ¿Existe sanción establecida para un agresor que hostiga, amenaza o pone en peligro la vida de la mujer atentando contra su integridad o perjudicando su propiedad? ¿Cuál es esa sanción?
Sí, en el Artículo 7 de la LCVIF se regula las Medidas de Protección que los Jueces/zas competentes pueden decretar para garantizar una tutela efectiva a las víctimas de violencia, pero su enumeración no es taxativa, ya que en literal n) de la misma disposición se faculta para que pueda decretar cualquier otra medida prevista en el ordenamiento familiar vigente, (v. gr. Artículo 130 LPF) u otras innominadas y las que el Juez/a estime necesario crear en cada caso particular (v. gr. mantenerse el agresor a 200 metros de distancia de la victima, obligación de asistir a reuniones de alcohólicos anónimos que debe acreditar por informe quincenal, etc.).
Por el delito de Desobediencia en caso de violencia intrafamiliar (Art. 338-A CP) cuando se desobedecieren las medidas cautelares o de protección, el agresor puede ser condenado a pena de prisión de uno a tres años.
Violencia que atenta contra la integridad personal
Artículo 142. LESIONES: “El que por cualquier medio, incluso por contagio ocasionare a otro un menoscabo de su integridad física o psíquica que hubiere producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un período de diez a veinte días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
Artículo 143. LESIONES GRAVES: “Las lesiones se consideraran graves si producen incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo mayor de veinte días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, en estos casos se impondrá la pena de prisión de 3 a 6 años”.
Artículo 154.- AMENAZAS:
“El que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
Entendido por éste, según el alcance de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar que ejerciere violencia en cualquier forma de las señaladas en el Artículo 3 del mismo cuerpo legal, será sancionado con prisión de uno a tres años.
Violencia “DETERMINACIÓN A LA PROSTITUCIÓN”.
“Artículo 170.- El que determinare, coactivamente o abusando de una situación de necesidad, a una persona para que ejerciere la prostitución o se mantuviere en ella, será sancionado con prisión de seis a diez años.
Cuando cualquiera de estas modalidades fuere ejecutada prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, la pena se agravará hasta en una tercera parte del límite máximo.
TRATA DE PERSONAS Artículo 367-B.-
El que por sí o como miembro de una organización nacional o internacional con el propósito de obtener un beneficio económico reclute, transporte, traslade, acoja o recepte personas, dentro o fuera del territorio nacional, para ejecutar cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas en trabajos o servicios forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, o para extracción de órganos, adopciones fraudulentas o celebración de matrimonios forzados, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión. Cuando la víctima sea persona menor de dieciocho años o incapaz, la pena se aumentará hasta en una tercera parte del máximo señalado.
Todo aquel que facilitare, promoviere o favoreciere cualquiera de las actividades anteriores será sancionado con pena de tres a seis años de prisión.
Cuando las acciones descritas se realizaren en locales comerciales o de cualquier naturaleza que requiera permiso de autoridad competente, ésta deberá revolcarlo procediendo al cierre inmediato del mismo.”
De conformidad al art. 367-B CP regula el delito de Trata de personas y sanciona con pena de prisión cuatro a ocho años y todo un catalogo de delitos del mismo capitulo.
La violación regulada en el art. 158 CP no establece diferencias entre personas con vínculos conyugales o no, de tal forma que este delito puede ser perseguido en caso de violación dentro del matrimonio con pena de prisión de seis a diez años.
Alguna jurisprudencia de Tribunales de Sentencia en materia Penal han establecido en casos de violación el derecho de la mujer victima a daño moral y fijando una indemnización para ello. Legislativamente solo existen la disposición del art. 28.e LCVIF que establece que el Juez/a puede imponer en resolución de audiencia preliminar “la obligación del agresor de pagar a la victima el daño emergente de la conducta o comportamiento violento, como los casos de servicios de salud, precio del medicamento, valor de bienes y demás gastos derivados de la violencia ejercida.
Por regla general existe una disposición llamada “Incumplimiento de deberes” del artículo 321 CP, que sanciona a los funcionarios públicos con pena de prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo. Pero si el incumplimiento del deber da lugar a un hecho delictivo (V.gr. un Juez/a no aplica la LCVIF decretándole a la victima unas medidas de protección solicitadas de carácter urgente y luego cometen femicidio) la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación por igual tiempo.
¿Existen programas de tratamiento para agresores o perpetradores de actos de violencia? En los Juzgados de familia y de Paz se les remite a programas de atención psicológica en el Centro de atención psico social de apoyo a los tribunales de familia (CAPS) de la Corte Suprema de Justicia.
No existe ninguna disposición legal, sin embargo en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura se ha mantenido desde los años 1995 una programación de cursos orientados hacia los funcionarios y operadores judiciales. Actualmente se esta trabajando en aplicar de forma transversal en todos los módulos de capacitación la implementación de la teoría de genero.
¿Se ha adoptado un plan de acción o una estrategia nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer?
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (SDEMU) es el ente gubernamental que en el año 2001 coordinó y participó en la elaboración del primer Plan nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, trabajando conjuntamente con organismos gubernamentales y de la sociedad civil (CEMUJER, DIGNAS), con el apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud. Para su elaboración se realizaron talleres regionales de consulta, producto de los cuales el plan se estructuro en cinco grandes líneas de acción: a) prevención, b) atención, c) marco legal, d) información e investigación y
d) evaluación y monitoreo.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ha venido gestionando y ejecutando desde la creación de la jurisdicción de familia, acciones y estrategias nacionales importantes como capacitaciones y talleres para divulgar la Ley contra la Violencia Intrafamiliar a nivel nacional, se viene impartiendo desde el año de 1997.
Se creó el moderno Laboratorio de Huella Genética en el año de 2002, el cual se encuentra en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer de San Salvador, el cual funciona actualmente con presupuesto de la Corte Suprema de Justicia; el cual se esta utilizando tanto para la prueba científica en los delitos de homicidios y contra la libertad sexual (violaciones, Estupro; y demás agresiones sexuales).
Como una de las estrategias más importantes del Órgano Judicial, se tiene el PROYECTO DE Creación de la Política y Unidad de Género de la Cote Suprema de Justicia, el cual se encuentra en gestión para su ejecución.
En la Escuela de Capacitación Judicial desde la entrada en vigencia de la LCVIF (Ley contra la violencia intrafamiliar) se ha capacitado a los funcionarios y empleados judiciales, pero recientemente entre los años 2004-2005 se ha desarrollado un fuerte programa de capacitación a Funcionarios Judiciales3/ a nivel nacional, por medio de 18 talleres de diagnóstico, cursos y foros, con el objeto de fortalecer su sensibilización hacia la victima, conocimientos y tecnificación de modo práctico a su función, para coadyuvar a la pacificación social, dinamizando la Administración de Justicia al buscar el descongestionamiento de los despachos judiciales, al reducir la demora en el tramite de estos conflictos, por medio del suministro de formas más efectivas de resolución de estas disputas. En el año 2005 se ha iniciado la segunda etapa de capacitación como resultado de los talleres de diagnóstico, por medio de un módulo denominado “Procedimiento de la ley contra la violencia intrafamiliar”, siendo dirigido a Jueces de Paz y por medio de foros con Jueces de Familia a nivel nacional, para luego capacitar al personal auxiliar de los tribunales (se ha capacitado a 165 funcionarios propietarios hasta la fecha).
La implementación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, se da en el marco de la Política Nacional de la Mujer en su área de violencia, y a la vez, en el marco del Convenio Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, por medio del cual existe una estructura conformada por comités interinstitucionales locales a nivel nacional.
Los organismos encargados de aplicar dicho plan son todas las Instituciones obligadas por la Ley contra la Violencia Intrafamiliar (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y los Juzgados de Familia y de Paz) y las que son convocadas por el ISDEMU.
La Procuraduría General de la República tiene capacidad de procurar la conciliación en aquellos casos de violencia intrafamiliar que sea pertinente , recibe denuncias de violencia, avisos y oficios de otras instituciones, remite diferentes casos al Juzgado pertinente y tiene la obligación de aportar pruebas si inicia el procedimiento judicial; finalmente también proporciona asistencia legal y psicosocial a las víctimas.
En el entorno de la violencia de género, la Procuraduría General de la República, defiende los derechos laborales de la mujer o las representa en los diversos procesos de familia.
El Plan Nacional para la Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar fue objeto de una revisión a finales del año 2004 con la participación de varios sectores incluyendo la sociedad civil. Dentro de dicho proceso, se encuentra en fase de elaboración de indicadores y a la espera de la aprobación del tercer plan de acción de la Política Nacional de la Mujer, con el propósito de armonizarlo con las adaptaciones realizadas a la misma.
Algunas estrategias en las que la PGR participa con el ISDEMU son:
COMITÉ PERMANENTE DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER, PNM: en el presente año se ha trabajado en la evaluación de la PNM 2005-2009. Además se han presentado a lo largo del año informes sobre el Desarrollo Operativa en cumplimiento de la PNM y de algunas Convenciones.
FERIAS PREVENTIVAS CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Se ha participado en las Ferias que se han realizado en los municipios del país, a través de las Unidades de Familia de cada Procuraduría Auxiliar, se dirigen prioritariamente hacia el alumnado de los Centros Escolares y se entrega material divulgativo como separadores, lápices y trípticos conteniendo información sobre la violencia intrafamiliar y la atención en la PGR.
CURSO BÁSICO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y GÉNERO: ISDEMU a través de gestiones con la Coordinación de Familia, brindo un taller de capacitación a 20 empleados de las Unidades de Familia, con una duración de 5 días, repartidas en 2 jornadas.
Si, anualmente se evalúan las actividades realizadas en cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer. En este contexto El Plan Nacional para la Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar fue objeto de una revisión a finales del año 2004 con la participación de varios sectores incluyendo la sociedad civil. Dentro de dicho proceso, se encuentra en fase de elaboración de indicadores y a la espera de la aprobación del tercer plan de acción de la Política Nacional de la Mujer, con el propósito de armonizarlo con las adaptaciones realizadas a la misma.
Se prevé que el Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar sea objeto de una formulación que se adapte a los diferentes planes de acción de los periodos de gobierno para poder optimizar su implementación de forma racional y en dependencia de los cambios que se den en la problemática de la violencia de género, ya que con esto se puede articular la búsqueda de apoyos sociales y políticos que fortalezcan su implementación.
Los gobiernos locales forman parte del Convenio Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer implementa a través del programa de Saneamiento de la Relación Familiar, de forma tal que se llevan a cabo iniciativas para el cumplimiento del plan en coordinación con los gobiernos locales y las instituciones que tienen presencia.
Si se ha establecido el mecanismo: El mecanismo que se ha utilizado es a través de la Delegación de El Salvador ante la CIM-OEA, la cual conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la instancia técnica que apoya al Estado de El Salvador tanto a nivel de las Comisiones de la Familia, La mujer y La Niñez de La Asamblea Legislativa, Comisión de Relaciones Exteriores, integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior (a través de la Delegada Titular ante la CIM-OEA).
La Delegación de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA). Esta instancia nacional mantiene enlaces institucionales a través del ISDEMU, que es el ente rector de las políticas, planes y programas para prevenir, atender y proteger a las mujeres victimas y sobrevivientes de la violencia de género.
Los legisladores, asesores y demás personal de las legislaturas ¿cuentan con información acerca de temas de género y específicamente respecto de violencia?
Existen esfuerzos por parte de la Comisión de la Familia, La mujer y la Niñez, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, la Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias, el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo GPI y el UNFPA, por crear un marco de conocimientos y estrategias sistematizados sobre la temática, a la vez de aplicar la legislación nacional con el enfoque de género.
4. ¿Cómo se ha informado?
Existen esfuerzos por parte de la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez crear un marco de conocimiento sistematizado de la temática con respecto a los integrantes de esta Comisión, a la vez de sensibilizar y conocer el estudio del derecho internacional de los derechos humanos de la mujer para contar con más bases sociales y normativas para aplicar la legislación nacional con el enfoque de género.
En este sentido ha sido a través de esta Comisión como del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, la Asociación de Mujeres Parlamentarias y Ex Parlamentarias ASPARLESXAL y de la Delegación de El Salvador ante la CIM-OEA, por medio de convocatorias enviadas a las y los Diputados/as En este marco en el año 2005, se aprobó un Convenio de Cooperación con el PNUD ante la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo es estudiar, analizar e implementar la perspectiva de género en el presupuesto nacional.
Sí la Delegación de El Salvador conjuntamente con la Unidad Técnica del Sector Justicia UTE, a través del Proyecto de Capacitación denominado Divulgación de los Derechos de la Mujer contemplados en la Legislación Salvadoreña el cual se impartió varios seminarios con relación a los derechos humanos de la mujer, la erradicación de la violencia de género en el marco de la divulgación d el Convención de Belem Do Pará; asimismo el Proyecto Nacional de la OIT/IPEC, ha trabajado activamente un proyecto de reformas legislativas, con la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez, para ello se han implementado diferentes seminarios y talleres de capacitación, referente a la violencia y explotación sexual contra la mujer, las niñas y adolescentes con la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez.
Si, la Asamblea Legislativa a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, Justicia y Derechos Humanos y la Familia, La mujer y la Niñez recibieron conjuntamente a la Doctora Yakin Erturk , en su calidad de Relatora Especial de Naciones Unidas contra la Violencia hacia la Mujer, en el marco de su visita al país, asimismo se han realizado visitas de representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, de Expertos en el tema de violencia y explotación sexual, trata y trafico contra las niñas y adolescentes, por parte de representantes del Programa IPEC-OIT así como capacitaciones, entrevistas con personas expertas en esta materia de México, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, la Red Interparlamentaria de las Américas, El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
La Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa cuenta con un equipo interinstitucional de apoyo, el cual está conformado por representantes de instituciones públicas tales como la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y la Unidad de análisis Legislativo de la Asamblea Legislativa; también se cuenta con representación de la Organización Internacional del Trabajo OIT y de Organizaciones NO Gubernamentales que velan por los derechos de la mujer tales como CEMUJER y Las Dignas.
Si existe, la comisión legislativa se denomina COMISIÓN DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ, que es la encargarcada de estudiar, analizar, refirmar y crear la normativa vinculante con los derechos de la mujer.
La Estructura Parlamentaria, en El Salvador a través de la Asamblea Legislativa es de carácter nacional, existen oficinas descentralizadas regionales en las cuatro regiones del país, en este sentido las normativa aprobada es de obligatoria aplicación territorial, tanto con respecto a leyes secundarias y Convenios Internacionales, en razón de ello la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez, es la encargada de estudiar, analizar y hacer las recomendaciones a través de los dictámenes legislativos que son luego aprobados por el pleno legislativo en esta materia, y la Comisión cuenta con un equipo de apoyo técnico interinstitucional especializado que analiza, estudia y recomienda a la Comisión lo pertinente en materia de mujer, familia, y niñez con las diferentes propuestas de ley.
¿Existen trámites expeditos y normados para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia y la responsabilidad de los perpetradores de dicho actos de violencia?
Sí existen trámites expeditos tanto en la normativa vigente, así como en las diferentes jurisdicciones; como la de familia y la penal. En este sentido, en la Jurisdicción de Familia existe un trámite ágil y sencillo y en la jurisdicción Penal común hay un procedimiento más complejo, con respecto a las mujeres víctimas y a los perpetradores.
También existe un trámite administrativo en el ministerio Público, representado por la P. G. R. y la Policía Nacional Civil basado en la L. C. V. I. F. La intervención de la P. N. C. es preliminar y son los receptores inmediatos, teniendo el primer contacto con la víctima, remitiendo la denuncia a la institución correspondiente; facultad que deriva de la L. C. V. I. F. y del Código Penal en la parte pertinente.
Los plazos procesales para el desarrollo del proceso de la LCVIF son cortos, por lo que una vez iniciado el proceso ya sea por denuncia interpuesta verbalmente por la víctima o mediante escrito presentado al tribunal, el Juez/a debe evitar la paralización del mismo, debe impulsarlo hasta realizar dos audiencias –la preliminar y pública si el caso lo amerita-, esta actuación responde al principio de celeridad en relación al principio de Oficiosidad y por este principio se pretende cumplir con una protección inmediata a la víctima, velar por una tutela efectiva de sus derechos. (Artículo 3.b LPF. 22, 44 LCVIF).
El/la Juez/a procura resolver las peticiones y ordenar la práctica de diligencias necesarias en un solo acto procesal, por ejemplo en el auto donde admite la denuncia de Violencia Intrafamiliar para iniciar el proceso se puede decretar según el caso lo amerite las Medidas Cautelares y/o de Protección que estime conveniente para una eficaz e inmediata protección de los miembros de la familia, ordenar los peritajes pertinentes como evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, investigación y estudio social, reconocimiento de sangre con médico forense, ordenar y librar los oficios respectivos, etc.
Los Tribunales de Familia y de Paz
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; a través de la Procuraduría Adjunta de la Mujer
Otros organismos gubernamentales y de la sociedad civil.
Las jurisdicciones competentes para conocer de casos de violencia intrafamiliar a nivel de Jueces de Paz son 322 (existiendo por lo menos un juzgado en cada municipio del país) y los Jueces de Familia, son 28 (existiendo por lo menos uno en cada cabecera departamental) a nivel nacional, siendo todas las oficinas adecuadas para los trámites judiciales, aunque la mayoría –especialmente Juzgados de Paz- no dispone de salas de audiencias adecuadas para evitar la inmediatez de victima-agresor.
En este sentido se tiene proyectado por parte de la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia mejorar la capacidad de las instalaciones judiciales, para adecuarlas, de mejor manera a las necesidades de la población de mujeres usuarias dado el aumento de la cantidad de casos que deben atenderse. No obstante existir en cada punto geográfico del país, un Juzgado de Paz4/ en los Municipios y en las cabeceras departamentales, un Tribunal de Familia.
¿Existen comisarías y otros servicios especializados en temas de la mujer que cuenten con perfiles y protocolos de actuación para la atención de las víctimas en sus propios idiomas?
En El Salvador no se denominan Comisarías; sino Delegaciones Departamentales; en esta temática; y se creo por mandato de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar la División de Servicios Juveniles y Familia, que es la entidad responsable de atender a las mujeres, niñas y niños victimas y sobrevivientes de las diferentes formas de violencia en Esta División cuenta con 21 departamentos de prevención ubicadas en cada una de las Delegaciones Policiales en cada cabecera departamental a nivel nacional.
Esta División cuenta con perfiles y protocolos de atención, que se encuentran desarrollados en el Manual de Atención a la Violencia Intrafamiliar5/.
En la aplicación de L. C. V. I. F., cuando la denuncia es presentada ante los Juzgados competentes, se ha observado que generalmente se hace en tres momentos:
En la resolución que se admite la denuncia verbal o escrita (un día) (Acá la mujer ya cuenta con las medidas de protección de una vez.)
En la audiencia preliminar (10 días, dependiendo del calendario de audiencias del Tribunal).
En el acta de audiencia pública o en la sentencia que se pronuncia dentro de los 5 días después de celebrada ésta (1 mes, dependiendo del calendario de audiencias).
Si la víctima acude a una instancia no jurisdiccional (P. N. C., F. G. R. y P. G. R.), por regla general no se dan las medidas en el mismo día, sino que el promedio es de 3 días, tiempo que tarda en remitirse al Juzgado competente.
Sí, en el Artículo 7 de la LCVIF se regulan 13 Medidas de Protección que los Jueces/zas competentes pueden decretar para garantizar una tutela efectiva a las víctimas de violencia, pero su enumeración no es taxativa, ya que en el literal n) de la misma disposición se faculta para que pueda decretar cualquier otra medida prevista en el ordenamiento familiar vigente, (v. gr. Artículo 130 LPF) u otras innominadas y las que el Juez/a estime necesario crear en cada caso particular.
En este sentido en el orden jurisdiccional familiar, se decreta la medida de protección y auxilio judicial, entre otras (previstas en el artículo 7 L. C. V. I. F. las cuales no son taxativas), pero especialmente para las mujeres víctimas, para los familiares solamente que se hayan pedido expresamente; y para testigos no existen. Pero en el ámbito penal se puede aplicar un régimen de protección a testigos, previsto en el artículo 210 C. Pn., siempre y cuando exista un peligro grave.
En el ámbito administrativo excepcionalmente existen medidas de hecho como trasladar a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de edad a un centro de resguardo (Un albergue en el país administrado por ISDEMU). Para otros familiares y testigos no aplica esta medida.
Sí, la Procuraduría General de la República PGR; brinda asesoría y asistencia legal gratuita a las personas que lo solicitan en la Institución y/o en las diferentes actividades a las que asiste para brindar información sobre la temática.
La PNC, brinda apoyo y acompañamiento a las mujeres victimas, así como también, el ISDEMU a través del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar, apoya tanto con el asesoria legal y sicoemocional.
Las organizaciones no gubernamentales como las DIGNAS, CEMUJER, ORMUSA, AMS, MSM, IMU, LAS MELIDAS y demás organizaciones a nivel nacional.
Durante tres años la PGR ha realizado, con apoyo de la Asociación Las Dignas, un proceso de sensibilización y formación para la atención de la VI y de Género y para la facilitación de Grupos de Autoayuda, que dieron como resultado la apertura de 7 grupos más para la atención de mujeres que enfrentan violencia; así mismo se han brindado capacitaciones al personal de las Unidades Defensa del Trabajador y de Familia, en estos temas.
Asimismo la legislación de familia, con las facultades jurisdiccionales de los jueces, permite la asesoria legal gratuita, por parte de profesionales de las ciencias jurídicas, para este tipo de casos, pero de manera individual y no por medio de la creación de grupos de profesionales.
Entre las otras disciplinas como: la psicología, las ciencias educativas y de trabajo social, que tienen los Tribunales de Familia y los Centros de Atención Psicosocial CAPS, se han creado grupos de autoayuda a las víctimas de violencia intrafamiliar a nivel nacional en las diferentes zonas del país a iniciativa de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en apoyo a los Tribunales de Familia y de Paz; asimismo las Alcaldías, el ISDEMU, la P. G. R. y los Organismos no gubernamentales, también desarrollan programas .
La Procuraduría General de la República PGR; cuenta con un Manual de Procesos Institucional, para la Atención de la Violencia Intrafamiliar, que se encuentra en proceso de certificación de la ISO 2000 – 9001.
Asimismo se les brinda la medida de asistencia terapéutica en los Centros de Atención Psicosocial de Apoyo a los Tribunales de Familia (CAPS), y de atención en salud en los hospitales del servicio público a cargo del Ministerio de Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social I. S. S. S.
Los /as funcionarios/ as encargados /as de atender las denuncias de violencia contra la mujer, ¿cuentan con preparación en materia de perspectiva de género con respecto de la prevención, sanción y erradicación de la violencia?
Con relación a la Fiscalía se han recibido capacitaciones sobre género y violencia, por parte del Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer ISDEMU.
En la PGR, desde que le delegaron funciones, en la LCVI, se inicio un proceso de capacitación para los/as empleados/os, lo que dio como resultado la creación de un Equipo de Atención de la Violencia Intrafamiliar, que funciona en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, donde a raíz de las capacitaciones sobre los Grupos de Autoayuda, también se aperturó el primer Grupo en 1999, a la fecha se atienden denuncias por VI o laboral en las 17 Procuradurías Auxiliares a nivel nacional.
En el presente año la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador han mantenido un proceso de capacitación sobre “Trabajo, Economía y Género”, para atender y brindar asesoría legal en caso de violencia de genero en el trabajo.

References: Artículo 154
 Artículo 200
 Artículo 3
 Artículo 4
 resolución 
 Artículo 7
 Artículo 130

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 154
 Artículo 3
 Artículo 367
 resolución 
 artículo 321
 resolución 
 resolución 
 Artículo 7
 Artículo 130
 artículo 7
 artículo 210