Source: https://justicia2015.wordpress.com/acerca-de/el-proyecto/
Timestamp: 2018-07-18 08:53:58+00:00

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El Proyecto – Justicia 2020
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Los desafíos que enfrenta la Justicia Argentina (descarga alternativa)
A lo largo de las últimas décadas se han realizado numerosos trabajos de investigación con diagnósticos y propuestas para tratar de reformar el sistema judicial argentino. FORES ha sido una institución pionera en la materia[1], que a partir de sus primigenios planes de reforma judicial[2] ha realizado permanentes aportes. Corresponde también destacar el esfuerzo de numerosas organizaciones no gubernamentales[3], y la tarea llevada a delante por la Mesa de Justicia del Dialogo Argentino[4], a partir del 2001, luego de la profunda crisis que sufriera el país. Estos estudios han servido de base para numerosos trabajos de diversas instituciones[5], en base a todos los cuales FORES presenta – de un modo integral y novedoso – este diagnóstico y agenda anotada. La pretensión es que este documento sirva de base para fijar políticas de estado en materia de justicia que puedan ser ejecutadas por el próximo presidente de los argentinos.
La revisión de la situación actual de la justicia argentina permite identificar como los principales desafíos que enfrenta a los siguientes:
Debilidad institucional que afecta la independencia de los jueces.
Dificultades en el acceso a la justicia.
Estructura organizacional y procesos de trabajo obsoletos.
Capital humano altamente capacitado pero con bajo rendimiento.
Dificultades para el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales.
Modificación de normas centrales en el sistema jurídico sin consenso suficiente.
Entre las debilidades institucionales que afectan la independencia de los jueces, posiblemente la de mayor visibilidad pública es la partidización del Consejo de la Magistratura de la Nación y la gran cantidad de jueces subrogantes del Poder Judicial de la Nación. Adicionalmente, la sociedad percibe que existe un muy débil respeto desde los poderes políticos por la independencia de los jueces y sus decisiones.
Sin dudas en los últimos tiempos el Consejo de la Magistratura se ha visto convertido en un campo de batalla político, donde se ha procurado frenar los avances sobre la independencia judicial. La relevancia dada a las últimas elecciones para seleccionar sus integrantes como así también el debate en entorno a su utilización como medio de presión sobre jueces que actúan en forma independiente, y de protección sobre otros que lo hacen de un modo amigable al gobierno, son una prueba irrefutable de la importancia de este organismo.
Además de su importancia institucional en el sistema político, al Consejo también le compete la administración del Poder Judicial, con todas las cuestiones de infraestructura edilicia e informática, y tiene a su cargo la Escuela Judicial, destinada a la capacitación de jueces, funcionarios y aspirantes a la magistratura.
Pese a su corta vida, que no llega a las dos décadas, se han realizado varias reformas a la ley que regula la composición y funcionamiento del Consejo. La última de ellas fue declarada parcialmente inconstitucional por la misma Corte Suprema.[6]
El Consejo de la Magistratura, por otra parte, nunca ha logrado definir un perfil de juez para a partir de allí consolidar una Justicia altamente profesionalizada e independiente. Por el contrario, el alto nivel de partidización ha terminado influyendo negativamente en la selección de magistrados, situación agravada por la lentitud del Poder Ejecutivo en enviar los pliegos al Senado. Todo lo anterior desemboca en que en la actualidad hay casi un 25% de jueces federales y nacionales sin estabilidad en el cargo, al ser subrogantes.
De igual modo, el opaco funcionamiento de la Comisión de disciplina no ha permitido desechar rápidamente las denuncias infundadas contra algunos jueces ni remitir al jury de forma expedita aquellos casos que ameritaban ser abiertos al debate y juzgamiento.
En materia administrativa, el Consejo aparece como excesivamente dependiente de la Corte Suprema. Tampoco está exento de dudas vinculadas a posibles hechos de corrupción, ni de niveles significativos de ineficacia en la gestión administrativa. No ha podido concretar aún un programa de readecuación edilicio ni con la integración de sistemas informáticos que contribuyan de decisivamente al mejor funcionamiento del sistema judicial. De igual modo, no queda clara la existencia de una política de factor humano que aproveche el capital humano y su valor estratégico en la gestión judicial y administrativa de la justicia federal argentina.
Un tema central, que ni siquiera ha sido objeto de estudio a nivel del Poder Judicial de la Nación, es el eventual traspaso de los tribunales ordinarios al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta la fecha, la justicia local ha aplicado derecho sustantivo y ha ido sumando competencias, especialmente en materia de delitos nuevos y por acuerdos de traspaso de competencia, pero aún no se ha avanzado en la transferencia de estructuras.
Sin dudas es un tema de gran importancia a mediano plazo, pues es la base para terminar de estructurar la justicia federal como tal. Tanto la reforma del sistema procesal penal como la del civil y comercial deberían tener como elemento previo la definición consensuada de políticas de Estado sobre el traspaso de tribunales civiles, de familia, penales y laborales a la jurisdicción local.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adquirido en los últimos años, además de su rol como garante último de la constitucionalidad y cabeza del Poder Judicial, un rol protagónico en el intento por diseñar una política judicial para todo el país. Ha impulsado numerosos procesos de cambio en el ámbito de la justicia federal. Entre ellos se destaca la Conferencia Judicial[7] y una serie de comisiones que funcionan en su ámbito, vinculadas al acceso a la justicia, a la gestión judicial, a la incorporación de tecnología y a la capacitación. Por otro lado, ha creado la Oficina de Violencia Doméstica (OVD)[8] y la Oficina de la Mujer[9], ha fortalecido áreas de biblioteca y estudios dogmáticos/empíricos sobre la justicia en general y la justicia penal en particular.
Una cuestión central para garantizar la calidad institucional es el acceso a la información producida por el Estado, en tanto que es un bien público financiado por fondos públicos, que permite responsabilizar a los funcionarios públicos y su rendición de cuentas. Sin embargo, no siempre su acceso es realmente público ni está efectivamente disponible. En la Argentina, han fracasado los intentos de sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública, pese a los repetidos esfuerzos de la sociedad civil. Mientras 19 países de América ya tienen leyes en este sentido, Argentina fue cuestionada en el marco del Examen Periódico Universal que se llevó adelante en octubre de 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por no tenerla.[10]
La justicia argentina es culturalmente reactiva a cumplir con las iniciativas de “gobierno abierto” que garantizan el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.[11] La Corte Suprema de Justicia de la Nación implementoÏ en 2011 un proceso de modernización, transparencia y apertura a la ciudadanía que constituye un avance en este sentido. Varios poderes judiciales provinciales, por su parte, publican en internet información parcial sobre la gestión: guías de tramites y datos relacionados con el presupuesto, licitaciones, estadísticas, recursos humanos, entre otros. Sin embargo, no existen planes con metas cuantificadas que permitan contrastar los resultados obtenidos periódicamente. Sumado a la falta de uniformidad y sistematización de los datos, que hace casi imposible el análisis, evaluación y reutilización de la información publicada[12], existen importantes oportunidades de mejoras en materia de transparencia y, consiguientemente, en calidad institucional.
La inseguridad ciudadana es una de las tres principales preocupaciones de la sociedad argentina en esta época. Mientras se generaliza el aumento en la violencia de los delitos y salen a la luz casos de corrupción de funcionarios públicos, crece el rechazo ante la pasividad policial en la prevención y aplicación de la ley y la falta de reacción del sistema judicial penal. Se percibe que estas actitudes de los responsables estatales de brindar seguridad a la ciudadanía llevan a la impunidad por un lado, y falta de legitimidad del accionar policial por el otro.
Concepto Año 2000 Año 2004 Año 2008 Año 2011 Variación 2004 -2011 Variación 2000-2011
Población total* 36.037.933 38.226.051 40.117.096 40.117.096 5% 11%
Causas penales cada 100.000 habitantes 3.051 3.254 3.298 4.700 44% 54%
Detenidos cada 100.000 habitantes 105 164 137 155 -5% 48%
*Los datos del año 2008, corresponden a valores del año 2010.
Elaboración: Unidos por la Justicia
La carencia de información estadística completa y confiable agrava el problema, al impedir dimensionar el desafío a enfrentar y los resultados que eventualmente se consiguieran. Desde el 2009 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha dejado de publicar estadísticas delictivas, alegando que algunos distritos no le envían la información necesaria.
La falta de reacción del sistema judicial penal tiene como motivación principal la generalización de las posturas abolicionistas y minimalistas entre jueces, fiscales y defensores. Desde esta visión, el delito es una consecuencia de las inequidades sociales, el delincuente una víctima y la represión estatal es ilegítima. Esta visión tiñe la gran mayoría de las decisiones que se toman, causando rechazo social y fortaleciendo el sentimiento de impunidad de los delincuentes.
Los delitos cuyos autores se ignoran representan en promedio, según el lugar y la competencia del tribunal, más de un 50% de los casos penales. Con los métodos de trabajo tradicionales, estos casos habitualmente son archivados por cada uno de los juzgados y fiscalías que intervienen en función del anacrónico sistema de turnos periódicos. Esto, además, sucede luego de varios meses, por no contarse con elementos para avanzar en la investigación y determinar el autor del delito, y sin conectarse nunca los hechos entre si.[13]
El inadecuado abordaje de los casos en que una persona es detenida en flagrancia ha permitido que se generalice la frase popular “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, que ve al sistema penal como una “puerta giratoria”. Tal vez el error de esta frase sea que muchas veces los delincuentes salen por la misma puerta. Peor aun, últimamente algunos jueces ni siquiera permiten que los delincuentes ingresen por ninguna puerta al sistema penal, pues en comunicación telefónica con la policía, disponen la libertad del detenido en flagrancia desde el mismo lugar del hecho. La víctima, por su parte, debe afrontar mayores molestias para completar la denuncia en la comisaría. Evidentemente, estas prácticas justifican el malestar social.
Las investigaciones que avanzan, por su parte, lo hacen a través de expedientes escritos, donde se acumulan pedidos de fiscales o jueces y respuestas de la policía, basados en la delegación de funciones. A nivel nacional, son los jueces de instrucción los que impulsan la investigación y deciden a la vez, reduciendo el lugar de los fiscales y distorsionando los roles en el proceso. La oralidad queda reducida a la etapa de juicio, donde un nuevo fiscal, distinto del que participó en la etapa de investigación, asume la acusación (lo cual duplica esfuerzos y lleva muchas veces a contradicciones entre ellos). Nótese lo reducido de esta oralidad que los Tribunales Orales en lo Criminal de la Nación con sede en Buenos Aires, realizaron 1057 juicios en 2012, sobre un total de 244.283 causas iniciadas. Muy pocas jurisdicciones escapan a esta descripción, siendo tal vez de la Provincia de Chubut el ejemplo más acabado de un sistema penal acusatorio y oral en el país.[14]
Para empeorar la situación, la mayoría de las Cámaras nacionales y federales rechazó de un modo injustificable la aplicación de la oralidad en el trámite de los recursos, pese a la existencia de la ley 26.374 que así lo prevé. Solo la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal ha instaurado, con notable reducción de los plazos, el tratamiento en audiencia oral y pública de los recursos de apelación.
La Cámara Nacional de Casación Penal es el Tribunal con competencia penal específica más alto del país.[15] Su fin es unificar la interpretación que de la ley hacen los diversos tribunales de todo el país, tanto federales como provinciales. Sin embargo, se ha convertido en una instancia previa a la Corte Suprema y a su rol original destinado a ocuparse del Derecho, lentamente ha ido sumando intervención en relación a los hechos. Esto implica que estamos frente a un tribunal de otro tiempo, fuertemente desnaturalizado y convertido en una especie de tercera instancia previa a la de la Corte Suprema.
Esta situación le dio una fuerte impronta política, pues en la Cámara Nacional de Casación Penal terminaba dándose la decisión final sobre cuestiones que hacían al proceso (muy lejos de su función primaria) que la Corte Suprema no podía abordar. De este modo, ha sido clave para inicialmente demorar y luego impulsar los juicios de lesa humanidad, como también manejar los tiempos en los casos vinculados a la corrupción. Algunas salas de este tribunal han sido cuestionadas, incluso por sus propios pares, por el tenor de sus fallos en línea con posturas abolicionistas que han beneficiado a narcotraficantes y funcionarios investigados por casos de corrupción. Igualmente se le reprocha revocar condenas dictadas por Tribunales Orales sin mayores. Por otro lado, ha sido creada y han sido designados jueces para otra Cámara de Casación Penal, que, aunque todavía no está en funcionamiento, no sería de competencia federal sino local, centrada en la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación es la pieza clave del sistema de justicia penal, pero aún está por desarrollarse. Como rige un proceso de enjuiciamiento de tipo mixto, son los jueces los que siguen teniendo el poder real sobre las investigaciones, a pesar de que en los últimos años los fiscales han ganado protagonismo. La reforma procesal penal anunciada en octubre de 2014 por la Presidente augura una profundización de esta tendencia, hasta llegar a que sean los fiscales quienes lleven enteramente adelante el ejercicio de la acción penal y definan quiénes serán objeto de persecución y quiénes no.
Este modelo, si bien ha funcionado en muchos países del mundo e incluso en varias jurisdicciones de la Argentina como Chubut, Córdoba[16] o la propia Ciudad de Buenos Aires, que lo tiene establecido en su Constitución, debe partir de dos sólidas columnas: por un lado la transformación de la estructura interna de funcionamiento (que aún hoy sigue emparentada con la de los juzgados, y por ende con un modelo de trabajo que atrasa dos siglos), y por otro, mecanismos que aseguren la real independencia de los fiscales, incluyendo restricciones al ejercicio del principio jerárquico dentro de esta institución. Así, tenemos numerosos ejemplos en los que por falla de estas cuestiones el sistema no ha funcionado, incluso varios en Argentina.[17]
Actualmente, el Ministerio Público Fiscal de la Nación sigue anclado estructuralmente a una visión antigua e ineficiente de funcionamiento y se encuentra sometido a fuertes presiones políticas, como lo ha demostrado el caso Campagnoli o la denuncia penal contra la Procuraduría General de la República por la designación en cargos estratégicos de fiscales que no serían tales, entre otros. Esta situación limita el rol clave de esta organización en el combate del crimen, especialmente en lo que respecta a la criminalidad compleja u organizada, que va desde el narcotráfico hasta la corrupción, pasando por secuestros, robos con armas, etc.
La ausencia de una Policía de Investigación ha permitido que sea el Poder Ejecutivo, a través de la Policía Federal y las demás fuerzas federales, el que continúa supervisando de hecho las investigaciones que encargan o disponen los jueces y fiscales. Esto genera un alto grado de ineficacia, principalmente en aquellas áreas que son sensibles frente al poder político. En muchos casos, jueces y fiscales nacionales incluso han recurrido a la Policía Metropolitana o al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para abordar ciertas pesquisas.
Finalmente, el sistema carcelario aparece como sobrepasado, y claramente no garantiza la reinserción social de los detenidos luego del cumplimiento de sus penas. El Servicio Penitenciario es una institución militarizada que consume gran parte de su presupuesto en el pago de jubilaciones y pensiones, atento el régimen especial de retiros que presenta, y que no está preparada para encarar procesos de reubicación social. El perfil mayoritario de la institución y sus integrantes está más vinculado a la protección de los establecimientos y la no fuga de quienes contienen en su interior, que a una verdadera política de cárceles sanas y limpias para la reeducación de los detenidos.[18] Esto se agrava por altos niveles de corrupción, que han salido a la luz tanto en el sistema federal como en los servicios provinciales, y una llamativa introducción de componentes políticos partidarios en los últimos años.
El panorama se agrava por problemas estructurales vinculados al salario de los integrantes del SPF, a la infraestructura de las cárceles y a la composición de la población penitenciaria que, al contrario de lo que sería deseable, cuenta con un alto porcentaje de personas aún sometidas a procesos. Es decir, la cárcel no aborda la situación de personas condenadas y declaradas culpables, si no que la mayoría aún son personas que están en prisión preventiva[19], lo cual dificulta enormemente el proceso de reubicación social. En esta línea, el rol de los jueces de ejecución penal ha quedado desdibujado y sin mayores posibilidades reales de lograr revertir esta situación.
Todo esto permite concluir que nos encontramos ante un panorama carcelario desolador. Tan crítica es la situación que ONGs próximas al propio gobierno[20], al igual que magistrados del Ministerio Público Fiscal y de la Cámara de Casación[21] han realizado informes de difusión pública sobre las graves dificultades que afronta el Servicio Penitenciario Federal.
Un tercer desafío a responder es el relativo a las dificultades en el acceso a la justicia. Estas son de muy diversa índole, y afectan a grupos sociales diversos.
Las barreras de entrada al servicio de resolución de conflictos que brindan los tribunales son múltiples. Comenzando por la ignorancia respecto de los derechos que asisten a los ciudadanos, o las formas de defenderlos, o dónde encontrar asistencia gratuita, las barreras se multiplican. Los procesos judiciales son costosos en dinero y en tiempo (para los más pobres pero también para las clases más acomodadas). Las instalaciones muchas veces son ediliciamente inadecuadas para las personas con dificultades motrices. Los horarios son exiguos (6 horas) e inconvenientes para quienes deben asistir a los tribunales. Las anacrónicas “ferias” de enero y julio detienen el trabajo judicial durante 45 días. El lenguaje es incomprensible, particularmente el escrito, y el trato personal es muchas veces francamente discriminatorio o sencillamente inaceptable, tanto de parte de los abogados como de funcionarios judiciales.
Por supuesto, las barreras en el acceso a la justicia impactan especialmente en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad[22], que enfrentan desafíos específicos en razón de sus particularidades. La falta de coordinación de los organismos públicos de defensa y patrocinio jurídico gratuito agrava esta situación, ya que los recursos que se aplican a esta materia son muchas veces aplicados ineficientemente.
Los altos costos en tiempo y dinero impactan también sobre las empresas y la clase media, llevando a que muchos conflictos carezcan de mecanismos institucionales para su solución. Para complicar este cuadro, no existe una cultura de resolución extrajudicial y negociada de los conflictos. La educación legal tiende a desmerecer los mecanismos conciliatorios, que son de por si los más accesibles en razón de su brevedad y bajo costo.
Todos los conflictos tienden a tramitarse con esquemas similares, más allá de la letra de los códigos procesales. Esto ha llevado a generalizar procedimientos escriturarios lentos y complejos, donde sin impulso de parte el expediente no avanza. El único alivio en el acceso a la justicia ha provenido de los sistemas de mediación obligatoria. La experiencia más relevante es posiblemente la de la mediación civil prejudicial obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires, que lleva ya unos 20 años.[23] Lamentablemente, la ausencia de estadísticas y estudios específicos, especialmente de la mediación denominada privada, impide hoy conocer a ciencia cierta los alcances e impacto que genera en el sistema de justicia. La información recolectada en los pocos estudios existentes[24] demuestra que gracias a la mediación, un tercio de las causas se concilia en la etapa prejudicial, y otro tercio no continúa con el litigio (aun no habiendo alcanzado un solución). Por lo tanto, la carga de trabajo de los tribunales disminuyó y los tiempos totales de los procesos judiciales, también.[25]
La mediación privada, en la cual las partes eligen al mediador, ha crecido notablemente, ya que permite seleccionar mediadores eficaces. En el caso de los seguros automotores, proveen un 95% de los acuerdos, siendo solo un 5% logrados a través de mediadores sorteados oficialmente.
En conclusión, la mediación prejudicial obligatoria con posibilidad para las partes de seleccionar a un mediador privado ha demostrado ser un eficaz mecanismo de acceso a justicia, que permite que muchos casos que antiguamente no eran llevados a los tribunales, por sus costos, tiempos y otras barreras, sean resueltos en audiencias de mediación.
La estructura organizacional y procesos de trabajo obsoletos son posiblemente la causa principal de los escasos resultados que la justicia argentina entrega a la sociedad, medidos tanto en cantidad de causas resueltas como en duración razonable de los procesos judiciales.
La justicia argentina, en general y dejando a salvo excepciones honrosas, se caracteriza por la exasperante lentitud de los procesos escritos, el alto costo de litigar, la opacidad de los trámites, todo lo cual la lleva a ser objeto de la desconfianza ciudadana. Todo esto, en un marco de litigiosidad creciente que ha llevado a más que duplicar la cantidad de causas que ingresan al sistema en los últimos 20 años.
Evolución cantidad total de causas ingresadas por jurisdicción
Año 1992 Año 1996 Año 2000 Año 2004 Año 2008 Año 2011
Poder Judicial de la Nación 548.097 772.456 850.589 770.455 700.986 836.716
Poderes Judiciales provinciales y C.A.B.A. 1.298.902 1.942.876 2.729.672 3.138.116 3.911.330 3.827.659
Total 1.846.999 2.715.332 3.580.261 3.908.571 4.612.316 4.664.375
Fuente: Estadísticas de los Poderes Judiciales de las provincias argentinas y la CABA (JuFeJus). Poder Judicial de la Nación – Ver Información & Justicia IV. Elaboración: Unidos por la Justicia
Debe descartarse como fuente principal del problema la cuestión presupuestaria. El presupuesto judicial está en uno de sus puntos más altos en relación al PBI, y no existen estudios que demuestren correlación alguna entre el presupuesto destinado a la justicia en Argentina y resultados que se entregan a la sociedad.
Fuente: PBI a valores corrientes, ver Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Ministerio de Economía de la Nación. http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html. Gasto consolidado en justicia: “Justicia Federal/Nacional”, Información&Justicia IV, Unidos por la Justicia.. Gasto en Justicia Provinciales: Convenio sobre Sistema de Información para la Justicia. Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad de Buenos Aires (JufeJus) presupuesto ejecutado en justicia año 2011 (datos San Juan y la Rioja, JufeJus año 2010).
Por su parte, los salarios judiciales superan a la media de los salarios del sector público, y con condiciones de trabajo muy beneficiosas (horario reducido, 45 días de vacaciones “de hecho” para todos los empleados, funcionarios y jueces desde el inicio de sus tareas), hacen que la judicial sea una opción laboral muy atractiva.
La oficina judicial en la justicia federal argentina, al igual que en muchas jurisdicciones provinciales y todavía algunos pocos países de la región, reconoce su origen en las partidas del Rey Alfonso X el Sabio, y es el producto de un sistema monárquico absolutista que pretendía hacer cumplir la ley del rey. Esta organización se traspasa al virreinato y aún hoy la Cámara en lo Comercial se considera – y así lo reza una placa – la continuación del consultado de Buenos Aires que integró Manuel Belgrano. Este modelo de organización judicial no se modificó al sancionarse la Constitución Nacional y fue replicado en todas las jurisdicciones y competencias. Así, encontramos hoy una misma estructura anacrónica basada en la delegación y el control, con muchos empleados y pocos jueces, que debe hacer frente a las diversas cantidades y calidades de procesos.
El problema se agrava con la extensión del principio dispositivo en los procesos civiles a la gestión del expediente, que solo se realiza “a pedido de parte”, renunciando los jueces a sus facultades de dirección y de impulso de oficio de los procesos. El principio dispositivo significa que las partes “disponen” de la pretensión y los hechos alegados, es decir, pueden renunciarlos total o parcialmente; pero no que las partes pueden manipular los tiempos del proceso.[27]
La actualización de la gestión y el diseño organizacional de los Poderes Judiciales puede afirmarse que continúa pendiente, más allá de algunas pocas excepciones. Se le ha dado preponderancia a la modernización de algunos instrumentos (PC en vez de máquina de escribir – escanear documentos en vez de fotocopiarlos – correo electrónico en vez de cédulas de notificación) que, aún cuando son avances importantes, son insuficientes frente a lo que el sistema evidencia como carencia: el modelo organizacional no satisface las expectativas ni las necesidades en las formas, los tiempos y resultados que la ciudadanía exige.
Una característica que diferencia a la justicia argentina entre los poderes judiciales de la región es que cuenta con un capital humano altamente capacitado, con jueces de prestigio académico que trasciende las fronteras, un promedio salarial por encima de la media del sector público y una cantidad récord en la región (15,6, según surge de la información abajo presentada para el año 2011) de empleados y funcionarios (muchos de ellos, a veces la mayoría, abogados) por juez.
Total de Jueces 3.953 4.263 5.138 5.842 37% 48%
Jueces cada 100.000 habitantes 11,4 11,15 13 15 31% 28%
Funcionarios y Empleados 52.727 62.500 84.236 90.936 45% 72%
Funcionarios y Empleados cada 100000 habitantes 146,31 163,50 212 227 39% 55%
Total de Personal del Poder Judicial 56.680 66.763 89.374 96.778 45% 71%
Total de Personal cada 100000 habitantes 157,28 175 223 241 38% 53%
Presupuesto en Justicia por habitante $ 70,85 $ 81,28 $ 303 $ 470 478% 563%
Presupuesto por causa ingresada $ 764,61 $ 794,90 $ 1.581 $ 4.042 408% 429%
Presupuesto por Juez $ 645.954 $ 687.732 $ 1.419.310 $ 3.226.865 369% 400%
Sin embargo, este valioso capital humano va acompañado de un muy bajo rendimiento en términos de resultados.
Una de las razones para comprender esta situación es la desmotivación, proveniente de la poca claridad en la carrera judicial, que no se rige por estrictas pautas meritocráticas.
Una segunda razón es la inadecuada asignación de recursos, tanto humanos, como de la infraestructura física y tecnológica dentro de la organización. Existe una altísima especialización de fueros y jurisdicciones, superando las tendencias internacionales, que causa rigidez en la asignación de recursos, ya que no pueden destinarse a otras áreas cuando varía la demanda de justicia. Por su parte, instancias superiores cuentan con muchos más recursos en proporción a las primeras instancias, por donde pasa la enorme mayoría del trabajo judicial.
En cuanto a los abogados, que son parte también del sistema judicial, el panorama no es más halagüeño. La matrícula continúa expandiéndose de modo constante y de forma despareja en el territorio nacional[28], producto de una importante cantidad de egresados de las universidades. El nivel de conocimiento y capacidad no está en modo alguno garantizado, lo que se suma a una preocupante precarización del ejercicio profesional. Finalmente, sólo una mínima proporción de Facultades de Derecho incluyen la enseñanza de la ética profesional y pocos cursos de iniciación profesional se ocupan del tema; en conclusión una ínfima proporción de los abogados reciben su enseñanza.[29]
Las dificultades para el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales son una cuestión que merece la mayor atención.
Una sentencia que no se cumple deslegitima profundamente a la justicia, y desacredita su rol tanto para solucionar conflictos privados como en el sistema de reparto y control del poder político. Instala la impunidad y la creencia de que las reglas de convivencia social pueden quebrantarse sin consecuencia alguna.
Estos problemas existen en materia criminal, como ya se explicó, pero también en materia civil (en sentido amplio). Esta dificultad la afronta la parte vencedora en juicios civiles, dadas las dificultades para identificar los bienes del deudor, y los costos y tiempos que requiere la ejecución coactiva de las sentencias.
También existen dificultades para el cumplimiento de las decisiones judiciales cuando obligan a los poderes públicos. Además de las crónicas demoras en el envío de información desde las reparticiones públicas cuando es requerida por la Justicia, existen también casos emblemáticos en los cuales el Poder Ejecutivo nacional se ha negado a cumplir con sentencias judiciales.
Finalmente, y para concluir con este breve racconto de los principales desafíos de la justicia argentina, se debe mencionar la desactualización en la legislación de fondo y de forma que debe aplicar, y su modificación sin consenso suficiente. Esta cuestión involucra tanto al área penal como al área civil en general, y es de por sí sumamente amplia y compleja.
Los ordenamientos jurídicos de fondo y forma en materia civil y comercial, como en materia penal, se encuentran desactualizados y carentes de coherencia, producto de los cambios sufridos en el pasado siglo. En un contexto de fin de mandato, el oficialismo ha impulsado de un modo apresurado y sin los consensos necesarios, la sanción de nuevos ordenamientos sustantivos y procesales.
En primer lugar, se impulsó un Código Penal que, si bien fue elaborado por una comisión con prestigiosos integrantes, contiene ciertas previsiones en materia de reincidencia, sanciones, monto de las penas de algunos delitos, entre otras, que fueron objeto de un fuerte ataque político -en algunos casos razonable- y que suspendieron el tratamiento parlamentario de este ordenamiento.
Una situación parecida se dio en materia civil y comercial. Aunque en este caso, el impulso del Presidente y la Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a una serie de cambios apoyados por la Iglesia Católica, fueron decisivos para que finalmente se sancionara días atrás el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Su entrada en vigor está prevista para el 1/1/2016. Lamentablemente, en vez de ser sometido a trabajo en las comisiones de las respectivas cámaras, se avanzó solamente con el trabajo de la Comisión Bicameral, lo que motivó que todo el arco opositor no votara ni pudiera proponer reformas o discusiones puntuales. Por cuestiones técnico jurídicas, este Código, que introduce sustanciales cambios en las relaciones jurídicas de los ciudadanos, deberá de ser objeto de ajustes antes de su entrada en vigencia.
Finalmente, en el contexto de la aprobación del Código Civil y Comercial, la Presidente de la Nación anunció el próximo lanzamiento de un proyecto de Código Procesal Penal de la Nación que avance hacia el sistema acusatorio. Con base en el análisis arriba realizado, se trata sin dudas de una necesidad, pero que debería ser abordada con prudencia y tiempo suficiente para discutir y lograr amplios consensos. Debe preverse una implementación progresiva y luego de al menos 1 año de vacancia legis para realizar las necesarias modificaciones en la estructura de los órganos judiciales. Esto requiere, además de una ley de implementación, de una profunda modificación de la Ley de Ministerio Público y de una nueva Ley Orgánica para el Poder Judicial de la Nación que reemplace el viejo decreto ley de facto 1285/58.
La Agenda anotada de la Justicia Argentina 2015 – 2020
Esta sección identifica 7 ejes de acción, que en su conjunto constituyen los ejes de un plan de reforma en línea con anteriores planes desarrollados por FORES. Cada eje da respuesta a uno de los desafíos arriba identificado, y contiene varias propuestas (28 en total) para su implementación, en diferentes ámbitos y niveles, con indicación del/los actor/es responsables de su ejecución.
La Agenda anotada de la Justicia argentina 2015 – 2020 describe entonces cada uno de los ejes de acción, y desarrolla las principales características de las propuestas que los concretan, indicando cómo solucionan las problemáticas identificadas en el capítulo anterior.
La justicia argentina se concibe como un sistema compuesto por múltiples poderes judiciales, ministerios públicos, los abogados, otras agencias estatales, etc. Por tanto, el análisis de los componentes y las propuestas tendrá un enfoque transversal, y se procurará no perder de vista la visión macro o sistémica.
Esto significa que muchos de los ejes son de aplicación simultánea a varios fueros (civil, penal, contencioso administrativo, etc.) y/o jurisdicciones (federal y local); y también que algunas propuestas se repiten en más de un eje, en la medida que sirven para dar solución a más de un problema.
Antes de abordar cada eje por separado, se presenta una síntesis de los problemas que enfrenta la justicia argentina, los ejes de la Agenda que darían cuenta de ellos, y las principales propuestas que pondrían en acción cada eje.[30]
Desafío Eje Propuesta
Debilidades institucionales que afectan la independencia de jueces y fiscales, incluyendo la partidización del Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de jueces y fiscales subrogantes.
Fortalecer el Estado de Derecho y la independencia judicial.
Reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación con eje en selección, disciplina y capacitación de magistrados.
Reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal.
Sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Institucionalizar un sistema de rendición de cuentas y transparencia de los Poderes Judiciales.
Inseguridad ciudadana e impunidad de los delitos. Aumento en la violencia de los delitos, corrupción pública, falta de reacción del sistema judicial penal y pasividad policial en la prevención y aplicación de la ley.Sistema carcelario en crisis, que no garantiza la reinserción social de los detenidos.
Procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen la sanción de los delincuentes y su reubicación social.
Impulso del sistema acusatorio y la oralidad efectiva de los procesos penales, tanto en su etapa de investigación como de juicio.
Aplicación eficaz de las salidas tempranas del proceso penal.
Persecución sistémica de casos con autores ignorados y organizaciones delictivas.
Generalización del juicio inmediato para casos de flagrancia.
Impulso del juicio por jurados.
Fortalecimiento del control judicial de la ejecución penal.
Inversión en el sistema carcelario y de reubicación social.
Dificultades en el acceso a la justicia, por los altos costos de tiempo y dinero, y por las barreras existentes para los grupos en situación de vulnerabilidad.
Adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables.
Generalización de los métodos conciliatorios y las salidas tempranas.
Difusión del arbitraje para cuestiones comerciales.
Promoción de la justicia inmediata.
Estructura organizacional y procesos de trabajo obsoletos, caracterizados por la anacrónica lentitud, el alto costo, la opacidad, y, por tanto, objeto de la desconfianza ciudadana.
Rediseñar la gestión y la organización judicial.
Nuevo diseño de las oficinas judiciales.
Oralización efectiva de los procesos.
Simplificación de los juicios de cobro ejecutivo.
Gestión digital de los casos.
Generalización de indicadores de gestión asociados a incentivos.
Capital humano altamente capacitado pero con bajo rendimiento en términos de resultados, por desmotivación e inadecuada asignación de recursos.
Potenciar el capital humano del sistema de justicia, reasignando los recursos en función de las necesidades y expectativas de la sociedad.
Revisión de la asignación de recursos presupuestarios incluyendo infraestructura edilicia y personal.
Ingreso por concurso y evaluación de desempeño en la carrera judicial.
Reforma del sistema de habilitación y control de la ética profesional de los abogados.
Potenciar los mecanismos de ejecución de sentencias.
Establecimiento de mecanismos eficaces y directos de acceso a información patrimonial para la ejecución de decisiones judiciales.
Responsabilidad de los funcionarios públicos por desobediencia a las decisiones judiciales.
Reforma de los Códigos sustantivos y procesales.
Reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
Suspensión de la vigencia del Código Civil y Comercial.
Cuando existen proyectos normativos, proyectos de reforma o antecedentes que ilustran las propuestas, se identifican en nota al pie y en algunos casos se acompañan en anexos al final del documento.
I – Fortalecer el Estado de Derecho y la independencia judicial
Reforma de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación:
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires preparó un proyecto alternativo de ley[31] que devuelve el equilibrio al organismo y resuelva muchas de las cuestiones críticas señaladas en el diagnóstico inicial.
Se propone avanzar con una nueva ley que incluya una mayor participación de abogados y jueces y que la representación del Congreso sea realizada por expertos en lugar de legisladores, de modo de asegurar un funcionamiento continuo del organismo, al igual que una mayor despartidización.
Es necesario reformar la Comisión de Disciplina y sus reglamentos para lograr que los casos sean rápidamente resueltos, sea para su archivo o desestimación, o para su remisión al Jury de Enjuiciamiento. Es éste, como define la Constitución, quien debe resolver sobre las denuncias formuladas contra los jueces en el desempeño de su labor.
Esto debe acompañarse con el diseño de una completa política judicial que incluya la explicitación de un plan estratégico (ver propuesta 4). Este plan debe incluir metas de resultados acordes a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y para ello, abordar de un modo integral el desarrollo de una política edilicia, de capital humano, y de incorporación de TICs, entre otras.
Además de definir un perfil de juez, a partir del cual realizar los procesos de concursos con miras a la finalidad última del desempeño de los jueces, se propone profundizar el rol de la Escuela Judicial para la selección de postulantes a la magistratura, a partir del Programa de formación de aspirantes a magistrados y el Curso de formación inicial para jueces designados que han comenzado a dictarse en años recientes. Debe avanzarse en la obligatoriedad de la capacitación (ver propuesta 23) para magistrados, si se pretende que la Escuela sea herramienta y eje de la transformación organizacional y de gestión. También se deben focalizar los cursos según los destinatarios, incluyendo cursos de inducción. Esto implica abandonar los cursos indiferenciados para magistrados en ejercicio, funcionarios, empleados y abogados de la matrícula, dado su impacto prácticamente nulo.
En conclusión, se recomienda avanzar con una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación que implemente estas propuestas. El proyecto ya mencionado de ley del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se acompaña como Anexo A.
Reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal:
En sintonía con la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, resulta necesario revisar la ley que regula al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una institución clave tanto en la persecución penal como la defensa de la legalidad. Sus dictámenes ante la Corte Suprema son de gran relevancia y actúa no solo en el área penal, sino también en procesos contenciosos administrativos, civiles y comerciales federales, entre muchos otros.
La selección y formación de sus principales integrantes, los fiscales, es indispensable para asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia en general y de las investigaciones penales. Adicionalmente, es necesario consolidar la protección de la independencia en sus investigaciones, mediante un marco normativo idóneo.
La reforma de la estructura del Ministerio Público Fiscal es otra pieza clave a la hora de encarar los procesos de transformación del sistema de justicia penal que se describirán en el siguiente apartado. Por ello, se recomienda modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal siguiendo lineamientos que aseguren la correcta selección y capacitación de los fiscales y su independencia. De igual modo, hay que generar los cambios estructurales necesarios para lograr una mayor eficacia en la investigación y persecución penal de los ilícitos que afectan a la sociedad, tanto aquellos derivados de la criminalidad organizada como de los hechos de corrupción.
Un sistema adversarial o acusatorio diferencia roles con claridad (fiscal, defensor y juez) y otorga un rol central a los fiscales. El fiscal se concentra en dirigir la investigación de los delitos, en contacto directo con la policía, y seleccionar los casos en los que acusará. Defiende el interés de la sociedad, e impulsa la sanción, en un rol nítido que un juez de instrucción, que luego debe decidir imparcialmente, no puede ocupar. Esto exige que el perfil del fiscal sea radicalmente ajeno a las visiones abolicionistas o minimalistas del derecho penal, tan alejadas del sentir social, que se escandaliza ante la inacción judicial.
La nueva ley orgánica deberá:
Reestructurar el sistema jerárquico vigente en el Ministerio Público Fiscal. Avanzar hacia mecanismos donde prime el trabajo en equipo y coordinado en desmedro de la relación jerárquica entre magistrados.
Asegurar la independencia completa de los fiscales en relación al poder político, económico, e incluso en relación a los mismos superiores dentro de la organización.
Impulsar un cuerpo de investigadores judiciales que permita profundizar la investigación de casos de corrupción y narcotráfico.
Incluir un área de análisis e investigación criminal que permita el estudio de la información disponible y el diseño de políticas criminales focalizadas y eficaces.
Diseñar un nuevo modelo de trabajo para las fiscalías con oficinas de apoyo a la función.
Sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública:
En los últimos años, se generalizaron a nivel internacional estándares de transparencia, abriendo los gobiernos progresivamente algunos aspectos de su gestión a los ciudadanos. Esta apertura se alinea con los objetivos del movimiento por el gobierno abierto, que busca generar conciencia sobre la importancia de pasar de un sistema de secreto o con falta de información a uno abierto y participativo. Para ello, se deben implementar políticas amplias y eficaces de acceso a la información y datos abiertos.[32]
En esta materia, la existencia de una ley de acceso a la información pública es imprescindible para fortalecer el Estado de Derecho. La publicidad plena de los actos de gobierno y el acceso amplio a la información no publicada hacen efectiva la rendición de cuentas y permiten el funcionamiento del Poder Judicial como contralor de la labor del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Es imprescindible la sanción de un régimen claro, completo y coherente que establezca las pautas de publicación de datos en línea con los postulados del “gobierno abierto”, habilite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y permita que se adopten las medidas que garanticen su ejercicio. Debe incluir sanciones a los funcionarios públicos para los casos de omisión de sus deberes.
Institucionalizar un sistema de rendición de cuentas y transparencia de los Poderes Judiciales:
El Poder Judicial también debe asumirse como parte del gobierno, obligado a la rendición de cuentas propia de las democracias. Las iniciativas del gobierno abierto postulan que los ciudadanos tienen derecho a contar con información detallada, desagregada, sistemática, gratuita y reutilizable sobre el funcionamiento del Estado, incluido el Poder Judicial.
Una función del gobierno judicial es la fijación de metas, dentro del marco de una planificación estratégica pública. Las instituciones judiciales suelen tener poca conciencia de la necesidad de establecer prioridades para el logro de metas, quebrando la práctica de que sea la rutina la que fija las prioridades sin debate, ni control, ni responsabilidad. Una de las formas maÏs evidentes de evadir responsabilidades es no tener metas y objetivos sobre los cuales dar cuenta.[33]
Se destaca en la región la experiencia de planificación estratégica de Brasil. Desde el año 2009, se definen metas cuantificadas para el Poder Judicial (ver ANEXO B – Metas Nacionais para 2014 aprovadas no VII Encontro Nacional do Judiciário) que permiten la rendición de cuentas a través del informe anual Justiça em Números.
Para asegurar una gestión transparente y eficiente, se recomienda entonces contar con un sistema que cuantifique y analice todos los aspectos relevantes de la labor judicial, en contraste con las metas planteadas. La información resultante, además, debe ser utilizada por las autoridades judiciales para mejorar la toma de decisiones y controlar la gestión.
Este sistema puede ser autoimpuesto, desde los tribunales superiores y el Consejo de la Magistratura en los casos que corresponda, o establecido mediante una ley.
II – Procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen la sanción de los delincuentes y su reubicación social
Impulso del sistema acusatorio y la oralidad efectiva de los procesos penales, tanto en su etapa de investigación como de juicio:
El Código Procesal Penal que rige el sistema de justicia nacional y federal ha sido objeto de numerosas reformas parciales. Actualmente se debate en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados un proyecto que avanza en la oralización de la etapa de investigación y consolida la oralidad en la etapa de juicio; y el Poder Ejecutivo Nacional ha anunciado en octubre de 2014 el envío al Congreso de otro proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, bajo un modelo acusatorio. La oralidad bien entendida aumenta la transparencia de los debates y de las decisiones judiciales, y agiliza los trámites. Estos proyectos plantean un proceso acusatorio en el cual los fiscales son los responsables de la investigación penal, no ya los jueces, adquiriendo un rol protagónico que aún no cumplen cabalmente (ver propuesta 26).
En este punto se plantean dos alternativas. La primera es avanzar con la sanción de un nuevo Código Procesal Penal en línea con el proyecto bajo análisis en el Congreso Nacional y las experiencias de modernos Códigos procesales como de la CABA[34], Chubut[35], Salta[36], Santa Fe[37] y México, entre otros.
Si esto no fuera posible, se propone avanzar con experiencias piloto y/o reformas normativas parciales que avancen en la aplicación efectiva de la oralidad y el sistema acusatorio. Al respecto, la oralidad de las audiencias ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal es un ejemplo de la factibilidad e impacto de estas experiencias.
Otras jurisdicciones, como Chaco, Formosa y Buenos Aires, también avanzaron con experiencias piloto y reformas normativas parciales para asegurar la oralidad del debate de medidas cautelares, como la prisión preventiva y la adopción de soluciones tempranas a los procesos.
Por supuesto, es mucho más eficiente (por no decir de sentido común) que el mismo fiscal que investiga un caso sea quien sostenga la acusación durante el juicio. Esto evita contradicciones, brinda oportunidades de aprendizaje al ver el resultado de la investigación plasmado en un juicio y elimina duplicaciones de esfuerzos.
Este modelo implica eliminar la distorsión que permite que los juzgados federales y nacionales de instrucción deleguen o no la investigación de las causas, a su discreción, en las fiscalías. La delegación discrecional produce una distribución de trabajo irracional e ineficiente, ya que no se puede saber para qué volumen de trabajo deben dimensionarse las respectivas oficinas.
Queda separada así la función de los jueces, a quienes caben las sustanciales tareas de garantizar los derechos de los imputados, decidir sobre aquellas disposiciones que los afectan (allanamientos, intervenciones telefónicas, intercepción de correspondencia, etc.) y finalmente, dictar las sentencias que asignan responsabilidad a quienes violan la ley, o eximir de ella a los acusados.
El actual ordenamiento procesal nacional es de características mixtas, pero permitiría, aún sin reforma legal, profundizar este esquema de conducción de los procesos penales. En caso que no se logre la reforma procesal penal, se debe impulsar este rol de los fiscales mediante experiencias piloto, y decisiones de la Procuración General que fortalezcan el modelo acusatorio y oral.
Aplicación eficaz de las salidas tempranas del proceso penal:
No todos los casos penales pueden ser resueltos a través de un juicio oral y público, que si bien es el paradigma principal de resolución, solo puede alcanzar a un porcentaje reducido de casos[38]. Exigiría recursos imposibles de financiar.
Para mantener en equilibrio al sistema judicial penal, es decir, que resuelva eficaz y oportunamente la misma cantidad de casos que ingresan, existen las llamadas salidas tempranas o alternativas al proceso penal. Este tipo de resoluciones minimiza el esfuerzo del sistema penal, ya que permite que en las primeras etapas del proceso se adopte una resolución.[39]
Las salidas tempranas son: la mediación penal, en que la víctima y el imputado acuerdan la reparación del daño; la suspensión de juicio a prueba, donde el imputado y el fiscal, con la víctima en conformidad, acuerdan suspender el proceso ante el cumplimiento de ciertas condiciones; y el juicio abreviado, en que el acusado reconoce su culpabilidad a cambio de una pena menor. Son adoptadas por los tribunales a requerimiento de los fiscales, y con participación de la defensa.
Para un uso verdaderamente eficaz, como aquí postulamos, debe cumplir tres requisitos: (i) enmarcar su aplicación en una política criminal expresa, que indique en qué casos y bajo qué parámetros deben aplicarse; (ii) planificar metas cuantitativas para su uso, que permitan que lleguen a juicio pleno solo la cantidad de causas que pueden tratarse en tiempo oportuno; (iii) aplicarse en las etapas iniciales del proceso penal, incluso en los primeros días, ya que sino existe un dispendio de recursos y recarga del sistema.
Estos tres requisitos dependen principalmente del Procurador o Fiscal General, y de pautas generales que adopte cada Poder Judicial. Si bien casi no existe este tipo de dirección sistémica de las instituciones judiciales, es imprescindible su adopción para mantener el equilibrio del sistema y permitir una persecución penal exitosa de los delincuentes.
Persecución sistémica de casos con autores ignorados y organizaciones delictivas:
En términos del modo de trabajo que se debe seguir, corresponde dar un tratamiento particular a los casos con autores ignorados o “NN”. Representan en promedio, según el lugar y la competencia del tribunal, más de un 50% de los casos ingresados. Con los métodos de trabajo tradicionales, habitualmente son archivados luego de varios meses, formal o informalmente, por cada uno de las fiscalías o juzgados que intervienen, por no contarse con elementos para avanzar en la investigación y determinar el autor del delito, ni posibilidad de relacionar distintos hechos entre sí.
En el ámbito nacional, luego de varios trabajos de FORES[40], se sancionó la ley 23.984 que reformó el Código Procesal Penal y dispuso que dichos casos sean derivados automáticamente al Ministerio Público Fiscal. Lamentablemente, salvo esfuerzos aislados de algún fiscal, como el caso del fiscal Campagnoli, no se ha logrado avanzar en esquemas eficaces de unidades de análisis criminal. Estas unidades deben identificar modalidades delictivas y desarticular las organizaciones criminales que llevan adelante la comisión habitual de delitos, tales como salideras, robos de vehículos, de celulares, etc.
Existen modernas herramientas tecnológicas de entrecruzamiento de datos o business intelligence que permiten a policías y fiscales el diseño de acciones para combatir a las bandas delictivas y disminuir drásticamente los índices de criminalidad.[41] La adecuada investigación de este tipo de procesos es central para el desarrollo de una política criminal focalizada en las diversas modalidades delictivas, en especial en las organizadas.
Instauración del juicio inmediato para casos de flagrancia:
Los casos en que los imputados son aprehendidos en flagrancia, es decir, detenidos al momento de cometer el delito, pueden, y deben, ser abordados con un flujo de trabajo diferente, que dé una respuesta eficaz y temporánea al reclamo social de sanciones para quienes infringen la ley.
Existen pruebas piloto a nivel nacional en las provincias de Buenos Aires[42], Mendoza[43], La Rioja, y en la Ciudad de Buenos Aires, y ejemplos a nivel internacional en Chile, España, Honduras, y Guatemala, entre otras jurisdicciones que han decidido enfrentar este desafío.
Estos casos son de sencilla resolución, ya que la prueba (testigos, autoridad pública, etc.) está reunida casi en su totalidad, pero de alta relevancia por tratarse de casos con personas detenidas. Por tanto, debe procurar celebrarse el juicio de forma inmediata, antes que recupere la libertad el imputado. No debe olvidarse que en Argentina, el estado – lamentablemente – no tiene el control de algunas zonas urbanas, permitiendo que una persona citada por la justicia no se vuelva a presentar, sin consecuencia alguna.
Los procesos para casos flagrantes tienen por finalidad asegurar a la víctima y sus derechos, resolver rápidamente los casos asignando responsabilidad o una salida alternativa a la condena, a la vez que permiten evitar abusos policiales en las detenciones. Pero requieren una rápida reacción del sistema penal, sin dilaciones para que el defensor asuma su rol, el fiscal prepare el caso y un juez prácticamente de guardia decida en una audiencia. El imputado, de este modo será rápidamente juzgado. Además, ante la certeza de un juicio inmediato, los imputados que no poseen antecedentes penales pueden elegir una salida alternativa que les imponga una serie de condiciones que procuren que no vuelva a cometer un delito.
Como medida complementaria, se recomienda impulsar una acordada del tribunal supremo de cada jurisdicción, que prohíba taxativamente el otorgamiento de libertad a un detenido sin el contacto directo con un juez en una audiencia de control de detención, con el objetivo de resolver la situación procesal dentro de un máximo de 48 horas desde que fue detenido. De este modo se evita que popularmente se vea al sistema penal como una mera “puerta giratoria”.
Generalización del juicio por jurados:
Siguiendo las experiencias de Neuquén[44], Córdoba y la ley recientemente sancionada de la Provincia de Buenos Aires[45], se impulsa la generalización del juicio por jurados de acuerdo al mandato de la Constitución Nacional. El juicio por jurados fortalece la participación popular en la justicia penal ayudando no solo a una mejor impartición de justicia sino también a recrear la confianza de la población en el sistema judicial, del que pasa a ser parte.
Se recomienda seguir un modelo con jurados reducidos y con costos de tiempo y dinero que puedan ser afrontados. El modelo de Córdoba, con un jurado escabinado (dos legos y un juez) aparece como el más probado en el tiempo. Otra alternativa sería avanzar sobre un esquema de jurados reducidos, con no más de 3 o 6 integrantes, de acuerdo a la gravedad de la pena y la opción de los imputados, que pueden elegir ser juzgados por el jurado o por un juez profesional.
Fortalecimiento del control judicial de la ejecución penal:
A partir de la puesta en marcha en la Justicia Nacional de 3 juzgados de ejecución, y a pesar de que aún hay 2 más sin entrar en funcionamiento, la justicia penal tomó un rol clave en materia de vigilancia penitenciaria (a decir de la terminología española). La actuación judicial en aras de asegurar el fin último de la pena de resocializar a los condenados como marca la Constitución Nacional es altamente relevante.
De igual modo, el seguimiento de las medidas alternativas y la suspensión del juicio a prueba, como de las condiciones por las cuales se otorgaron penas en suspenso, son claves para que el proceso penal cumpla sus fines preventivos. Imponer penas alternativas y luego no controlarlas debidamente no hace más que fortalecer el sentimiento de impunidad entre los condenados y las víctimas.
Es necesario reestructurar los 5 juzgados de ejecución penal mediante modernas oficinas comunes de seguimiento, control y evaluación. Deben contar con procesos de trabajo que aseguren un correcto monitoreo de las personas privadas de libertad, y con un equipo de oficiales de control para el seguimiento efectivo de aquellas personas sometidas a condiciones para su libertad o bien cuyos procesos han sido suspendidos.
Inversión en el sistema carcelario y de reubicación social:
Es imprescindible orientar las transformaciones del sistema de justicia penal para que, al final de su intervención, logre reubicar socialmente a quienes están presos.
Para lograr este fin, se propone que el Servicio Penitenciario esté encargado únicamente de la seguridad externa, quedando el trabajo interno con los detenidos a cargo de equipos especializados. Se recomiendan mecanismos de selectividad interna para el abordaje de las diversas poblaciones penitenciarias, con el fin de aumentar la eficacia a la hora de evitar la reiteración de conductas ilícitas. Otra opción de gran utilidad es la incorporación de herramientas informáticas para evaluación de riesgo de violencia y reincidencia [46].
Adicionalmente, es necesaria la construcción de nuevas cárceles, alejadas de centros urbanos y próximas a emprendimientos productivos, de infraestructura moderna y adecuada para el abordaje integral de los detenidos. Debe haber suficientes plazas para evitar el hacinamiento y proveer un alojamiento digno y seguro.
Finalmente, se propone impulsar acuerdos con empresas y ONGs para fomentar el desarrollo de actividades productivas[47] en los centros de detención para generar ingresos genuinos a los detenidos y luego una rápida reubicación social. El rol de los patronatos de liberados es clave, y debe jerarquizarse, dotándolos de presupuesto adecuado.
III – Ampliar el acceso a la justicia
Las dificultades para acceder a la justicia afectan ciertamente a los grupos más vulnerables, pero también a sectores medios, altos y el mundo empresarial, que reciben el impacto pleno de los costos económicos de litigar y las demoras en las resoluciones.
Una justicia verdaderamente orientada al ciudadano debería tener continuidad real en sus prestaciones a lo largo de todo el año, eliminando las anacrónicas “ferias” judiciales que no existen prácticamente en ningún otro país y redefiniendo los horarios de trabajo y de atención al público, que deben asimilarse a los horarios de la administración pública. En los casos de los tribunales que traten materias de familia y penales, debería trabajarse en doble turno, manteniendo la atención al público entre las 8 y las 20hs, sin perjuicio de otras oficinas específicas que deben funcionar las 24 horas.
Adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables:
Una estrategia focalizada para superar las barreras en el acceso a la justicia que enfrentan los grupos vulnerables supone trabajar a partir de la identificación de las mismas. Estas barreras pueden ser diversas: procesales, administrativas, de infraestructura, geográficas, socio culturales, educación legal, asistencia legal, de género, económicas, etc.
Para ello, es imprescindible trabajar con los integrantes de los colectivos vulnerables y sus organizaciones representativas, así como recolectar buenas prácticas en otras instituciones o países. Las buenas prácticas se vuelcan en la definición de protocolos, o manuales. Se trata de documentos ordenados, que buscan regular el comportamiento que deben tener los operadores de justicia a través de principios, criterios, reglas y ejemplos.
Estos protocolos son, a la vez, (i) herramientas de formación internas de las instituciones judiciales, (ii) instructivos para los operadores en contacto con los grupos vulnerables y (iii) mecanismos de empoderamiento de los grupos vulnerables.[48]
Se recomienda la adopción formal de estos protocolos por parte de las autoridades judiciales que correspondan, ya que esto los dotaría de legitimidad y permitiría reclamar su aplicación cuando sea el caso.
Generalización de los métodos conciliatorios y las salidas tempranas:
Las salidas tempranas al proceso penal ya han sido tratadas en la propuesta 6, pero los métodos alternativos de solución de conflictos tienen un amplio campo de aplicación en el resto de las materias. Se trata de métodos amigables o cooperativos, en los que las partes involucradas en un conflicto participan en la construcción de la solución y/o en la construcción del proceso para solucionarlo, evitando o minimizando intervenciones de los jueces. Los acuerdos a los que se arriba son por definición de mayor calidad que las sentencias, en tanto son autónomos, construidos por las partes, y no impuestos por un tercero. Además, al participar las partes en su elaboración, queda garantizada la comprensión y superada la barrera del lenguaje.
Si bien el método de mayor impacto cuantitativo es la mediación prejudicial, existen muchos otros, como la conciliación judicial (ver propuestas 15 y 17) y el arbitraje (ver propuesta 14) que se diferencian por el grado de participación de los terceros en la solución.
Un sistema judicial – civil o penal – que incluya la oralidad debe resolver diversidad de casos con distintos mecanismos, atendiendo a garantizar efectivamente el acceso a la justicia y el debido proceso en un plazo razonable. La cantidad de casos que se pueden atender en audiencias es definitivamente limitada. Cuando la conflictividad crece, los métodos alternativos proveen al sistema de una variable que los mantiene en equilibrio y evita su colapso.
Los argumentos a favor de estos métodos como principal mecanismo de equilibrio del sistema judicial civil son:
prácticamente todos los conflictos civiles pueden conciliarse, ya que rige el principio de disposición de la pretensión para las partes,
si está bien diseñada, la conciliación es fácilmente escalable en lapsos breves y con costos (sean públicos o privados) mínimos, lo que no sucede con la creación de tribunales,
es el mecanismo de solución de conflictos más rápido, que requiere en general apenas 40 a 60 días de inicio a fin en el ámbito civil,
se pueden aplicar en cualquier fase de la evolución del conflicto, aunque es altamente conveniente hacerlo lo antes posible,
es el mecanismo de menor costo en esfuerzo y tiempo para las partes, por lo cual expande el acceso a la justicia para casos de menor cuantía.
El éxito de la mediación prejudicial obligatoria nacional, en especial en su variante llamada “privada”, en la cual las partes eligen al mediador, nos lleva a recomendar la difusión de la mediación prejudicial con estas características (obligatoriedad y posibilidad de elegir al mediador) en las jurisdicciones que aún no cuentan con estos mecanismos.
Un tema a definir es si los servicios de mediación los debe proveer el estado de forma totalmente gratuita, o mediadores particulares que cobren por sus servicios. A la vista de los resultados expuestos sobre la mediación nacional, parece más aconsejable la segunda opción. Ésta no solo no ha representado una barrera de acceso a la justicia, ya que casos de muy pequeños montos se llevan cotidianamente a esta instancia, sino que ha proporcionado gran flexibilidad para absorber variaciones en la carga de trabajo.
Finalmente, la conciliación judicial, llevada adelante por el juez en los distintos momentos del proceso, es otra herramienta a promover. Se recomienda capacitar de forma generalizada y obligatoria a los jueces para su aplicación, y fijar metas de conciliaciones a lograr (ver propuesta 21), a fin de aumentar la cantidad de estas soluciones de calidad que puede brindar la justicia y disminuir la duración de los procesos. Adicionalmente, esto descarga de trabajo a los tribunales, lo que redunda en la disminución de la duración del resto de los procesos.
Se recomienda tener presente que los abogados deben tener incentivos correctos para promover las instancias de conciliación. Esto significa que su contribución a una eficaz y pronta resolución del conflicto debe ser reconocida en sus honorarios, que no deberían ser inferiores a los que recibirían si el conflicto sigue tramitando en sede judicial. Esto puede requerir un cambio en las leyes que regulan sus honorarios profesionales.
Difusión del arbitraje para cuestiones comerciales:
El arbitraje es el instrumento por excelencia utilizado para resolver en forma pacífica las discrepancias surgidas en el complejo entramado de las relaciones económicas internacionales y transnacionales. Funciona con éxito en Chile, Perú, Brasil, México, Colombia, España, los países europeos y obviamente Estados Unidos, China y Rusia.
El arbitraje no reemplaza una justicia independiente, sino que la necesita. Sin justicia independiente no hay modo de asegurar el derecho a un juez imparcial, y por ello se opta por trasladar la sede del juicio a otro país más amigable, con el consiguiente achicamiento del mercado para los profesionales del derecho, y aumento en los costos para los demandantes del servicio de justicia.
El nuevo Código Civil y Comercial unificado, salvo algunos errores que se pudieron haber evitado, es positivo en tanto consagra el contrato de arbitraje como un contrato nominado, incorporando los principios de la Ley Modelo propugnada por CNUDMI (UNCITRAL). Pero requiere que los códigos procesales provinciales y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se adecuen a la nueva regulación. Se acompaña en Anexo C un proyecto de ley de arbitraje para la CABA, que puede adaptarse a otras jurisdicciones.
Promoción de la justicia inmediata:
A fin de dar tratamiento expeditivo y cercano geográficamente a los casos simples, no siempre de menor cuantía, es necesario generalizar un sistema de justicia inmediata. Sus instrumentos son los juzgados de paz o tribunales de vecindad para las grandes ciudades. Existen experiencias alentadoras en algunas provincias, como Río Negro y Formosa, que incluyen la posibilidad de que los mismos vecinos se representen a sí mismos, sin necesidad de abogados.
Un sistema de justicia inmediata enfocado en resultados debe cumplir objetivos tales como que todo conflicto llegue a su resolución al cabo de un plazo predeterminado, que no debe superar los 60 días. Esto exige mantener bajo control la carga de trabajo y contar con un diseño organizacional moderno, con flexibilidad en la asignación de recursos.
La certeza de que en un plazo breve y previsible se obtendrá una decisión judicial alimenta los incentivos a que las partes acuerden en una primera etapa de conciliación. Las expectativas y necesidades de los vecinos, además de resultados en plazos breves, abarcan la comodidad de la sencillez, la cercanía y los horarios de atención.
Los Juzgados de Paz y los Tribunales de Vecindad deben distribuirse geográficamente, utilizar formularios sencillos y trabajar en horarios amplios. Esto facilita que casos “menores” pero con alto impacto en la paz social, se presenten ante los jueces, al evitar la pérdida de días laborales y minimizar de este modo los costos de acceder a la justicia.
La participación ciudadana, finalmente, puede ser la piedra de toque de un sistema que recupere la confianza de la sociedad. Dos mecanismos claves son la posibilidad de solicitar que la decisión la tome un juez acompañado por jurados legos de la comunidad, y que no sea necesario el patrocinio letrado.
Los jurados deberían estar ya seleccionados, para facilitar su participación en las audiencias en que sean requeridos, y podrán ser jubilados, docentes, líderes de asociaciones barriales, etc. Y las reglas de trámite deben ser tan claras y sencillas que permitan a un ciudadano medio comprenderlas y llevar adelante su propio caso, argumentando sus razones en un proceso completamente oral, delante del juez.
La recientemente creada Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo[49] debería inspirar su organización y gestión en estos principios.
Se incluyen en el Anexo D dos proyectos de ley de Creación y Trámite de la Justicia Vecinal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la base de sendos proyectos preparados por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2013.
IV – Rediseñar la organización y gestión judicial
Se propone llevar adelante un profundo proceso de reingeniería en la organización y gestión de los tribunales, aprovechando economías de escala, oficinas de gestión común, y otras valiosas experiencias que se han verificado en la Ciudad de Buenos Aires[50], Chubut, Mendoza, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, y gran parte de los países latinoamericanos.[51]
Las oficinas judiciales deben ser diseñadas en función de los procesos de trabajo que ejecutan y su carga de trabajo (tanto en tipología como en cantidad). Cada fuero y jurisdicción requiere un dimensionamiento de recursos y un diseño de procesos de trabajo específico, que atienda a su carga de trabajo. Implica la redefinición de perfiles y roles de los empleados administrativos, ya que las tareas jurisdiccionales quedan exclusivamente en manos de los jueces.
En este sentido los trabajos de FORES han fijado líneas claras de trabajo sobre el particular para reorganizar y modernizar la gestión de los juzgados civiles, comerciales, tribunales orales, cámaras de apelación, fiscalías, etc.[52]
Nuevo diseño de las oficinas judiciales:
Claramente, no es posible continuar con la actual organización de juzgados unipersonales, no solo por la distinta lógica de funcionamiento del sistema escrito, sino porque garantizaría la perpetuación de las prácticas escriturarias que se pretende erradicar en beneficio de la oralidad.
En los procedimientos orales, las decisiones son tomadas directamente por los jueces en audiencias donde se produce el debate entre las partes y la aportación de prueba de ser necesaria. Organizacionalmente, el hito central ya no es el expediente, sino la audiencia, y los recursos del tribunal deben estar colocados en función de la más eficiente organización de ésta. En términos cuantitativos, el juez es el recurso más significativo y los secretarios o actuarios y empleados ya no colaboran en construir la decisión judicial, sino que pasan a encargarse básicamente de la organización de las audiencias. Por tanto, no necesitan tener formación jurídica en derecho sustantivo, sino colaborar en el nuevo proceso de producción del tribunal. Además, deben ser entrenados en las destrezas necesarias para la nueva lógica del sistema, principalmente, lograr la celebración de audiencias, en las cuales lo relevante no es obtener la constancia de la notificación formal en el expediente, sino que las personas asistan efectivamente.
Por tanto, se recomienda pasar para la mayoría de los casos, del modelo de juzgado unipersonal, a un modelo de tribunal pluripersonal. Estos tribunales deben contar con servicios comunes y administradores profesionales que manejen los recursos humanos, físicos y la agenda de los jueces, debido a las ganancias de eficiencia que la economía de escala y la profesionalización implican. El cambio en la organización facilita la ruptura con las prácticas del proceso escriturario, y el paso a una lógica de funcionamiento distinta.[53]
Las dos novedades principales en el cambio organizacional recomendado, servicios comunes y tribunales pluripersonales, merecen algunas aclaraciones.
Cuando hablamos de servicios comunes, nos referimos a funciones cercanas a la tarea jurisdiccional, que pueden llamarse de “gestión judicial” por contraposición a la “decisión judicial” reservada al juez. Estas tareas, como por ejemplo: notificaciones, custodia de documentos, atención al público, fijación de audiencias, etc., son hoy desarrolladas en cada juzgado, pero pueden centralizarse para un conjunto de jueces ubicados en la misma locación física.
Para crear tribunales pluripersonales, se propone romper la estructura tradicional de los juzgados, uniendo a un conjunto de jueces bajo un esquema de trabajo, recursos, salas de audiencias y agenda comunes, atendidos por una secretaría que todos ellos comparten.
Este esquema de funcionamiento no implica alterar el carácter de unipersonal que puede tener (o no) la competencia de esos jueces. Aunque los jueces estén agrupados funcionalmente en un tribunal o corte, a la hora de tomar decisiones jurisdiccionales, estas siguen siendo individuales. Una de las las ventajas de este sistema es que ya no sólo los llamados servicios comunes pasan a ser brindados centralizadamente, sino todas las labores de apoyo, incluso las más directamente ligadas a la decisión judicial.
Al poder organizar de este modo los recursos humanos, incluyendo el recurso humano más valioso del Poder Judicial, el juez, se gana en flexibilidad y eficiencia. Sólo en este escenario es posible disponer de una administración profesional descentralizada en cada tribunal pluripersonal, los “administradores judiciales”, a cargo de las oficinas comunes.
Oralización efectiva de los procesos:
Ya se trató la oralización efectiva del proceso penal en varias propuestas del eje II. Pero debe avanzarse también en esta dirección en la mayoría del resto de los procesos, tales como los procesos laborales, de familia, contencioso administrativos, civiles, comerciales, etc.[54]
Incorporar la oralidad en el área civil es una garantía del debido proceso y el acceso a la justicia, que efectiviza la inmediación del juez, la concentración de los actos y la economía procesal, reduciendo los tiempos totales de inicio a fin de un caso. Al corporizar la presencia de los sujetos del conflicto, se fuerza a los operadores judiciales a realizar un esfuerzo comunicativo que la escritura no pone de relieve.
La mayoría de los procesos laborales argentinos ya utiliza exitosamente un proceso por audiencias, debiendo resolver en algunos casos los lapsos excesivos para la fijación de las audiencias. El Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro ha instalado el proceso por audiencias hace pocos años.
Aún sin reformas legales, modificando la gestión judicial se puede avanzar, y mucho, en esta dirección. El primer paso es que los jueces asuman la efectiva dirección del proceso, tomando de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible. Esto significa mantener el proceso dispositivo, propio del derecho privado, dentro de los límites que el derecho procesal le asigna: es la posibilidad de las partes de disponer de la pretensión y de los hechos alegados. Una de las consecuencias prácticas más concretas es reasumir la ejecución de las notificaciones desde el tribunal, con el apoyo de las notificaciones electrónicas.
El segundo paso es utilizar eficazmente la audiencia preliminar, la cual, o bien existe en los ordenamientos procesales, como en el art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o bien no está prohibida, con lo cual puede aplicarse. Se debe promover la efectiva utilización de esta audiencia a cargo del juez con fines conciliatorios, de depuración de la prueba innecesaria, de fijación de un “plan de trabajo” para la producción de la prueba, y de fijación y notificación de la audiencia de vista de causa, en la cual concluirá indefectiblemente el período probatorio, teniéndose por desistida la prueba no producida.
Es posible generalizar esta audiencia en todos los fueros a partir de las facultades de dirección del juez. Tiene alto impacto tanto en aumentar las conciliaciones judiciales como en disminuir los tiempos totales del proceso.
Su complemento es la audiencia para la producción de la prueba o audiencia de vista de causa. Debe velarse por la efectiva utilización de esta audiencia a cargo del juez para que, al finalizar, tome la decisión. Durante esta audiencia se reciben las aclaraciones orales de los peritos, la prueba confesional y las declaraciones testimoniales. Luego del examen cruzado por los abogados, los jueces pueden completar la prueba con el método del libre interrogatorio. El art. 487 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, autoriza expresamente este método. El apoyo necesario es la videograbación en soporte digital de la audiencia, evitando tener que transcribir las declaraciones. Como el acta se limita a registrar quiénes están presentes, se reduce el tiempo que todas estas declaraciones insumen (absolución de posiciones, explicaciones de peritos y testigos) a menos de dos horas.[55]
Un cambio de modelo de esta envergadura requiere la determinación de las tareas que se espera desempeñarán el juez y sus colaboradores, y las habilidades que cada uno necesitará. No son las mismas habilidades las que necesita un juez que despacha expedientes detrás de un escritorio, que un juez que está la mayor parte de su tiempo en audiencias.
Simplificación de los juicios de cobro ejecutivo:
Se recomienda la adopción de procesos de estructura monitoria para el tratamiento de cobros judiciales. Son procesos rápidos, que persiguen la obtención casi inmediata de una sentencia cuando es previsible que los demandados no opondrán defensas en la mayoría de los casos.[56] El juez dicta sentencia tras un breve examen formal de los documentos presentados (proceso monitorio documental) o en base a la afirmación unilateral del actor (proceso monitorio puro). Si el demandado, cuando es notificado de la sentencia, se opone, se abre el proceso a prueba como si la sentencia no se hubiese dictado.[57]
Este tipo de procesos se basa en formularios estandarizados, y pueden aplicarse con mucho impacto sistemas automatizados de procesamiento y dictado de órdenes judiciales en línea, incluso disminuyendo el costo de la tasa de justicia de quienes opten por el proceso automatizado en lugar de acudir a un tribunal. Por supuesto, si el demandado se opone, el caso debe pasar al conocimiento de un juez.[58]
Gestión digital de los casos:
Los sistemas informáticos deben orientarse a brindar a los usuarios de la justicia un servicio en menor tiempo, con mayor efectividad y resultados de mejor calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Esta y no otra es la justificación de la introducción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs en la justicia.
Pero estas afirmaciones no pueden sustentarse meramente en el discurso o propósitos, sino que se deben sostener con análisis rigurosos, analizados cuantitativa y cualitativamente. Se deben cuantificar los impactos buscados, en términos de ventajas para los usuarios del sistema judicial, por ejemplo: cuánto tiempo menos durarán los procesos, en qué medida aumentará la inmediación del juez, cómo proveen transparencia del sistema, de qué modo disminuyen los costos, etc.
Los sistemas informáticos deben ser sistemas de gestión de los procesos, donde se genere directamente la información y las comunicaciones a las partes. En modo alguno pueden ser sistemas de registro, donde haya que cargar información generada con otro procedimiento.
Entre las funcionalidades principales, están la edición de documentos y la posibilidad de firmarlos electrónica o digitalmente; los calendarios de audiencias con alertas y notificaciones electrónicas automatizadas a todos los involucrados; la publicación en Internet de toda la información del caso y los escritos, tanto generados por el tribunal como por las partes; y finalmente, la videograbación de las audiencias, con sistemas de pistas o marcas para indicar los eventos que se utilicen en las argumentaciones. Las posibilidades técnicas hacen que las notificaciones electrónicas estén ganando aceptación, en especial desde su adopción por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en ambos casos con la colaboración de los Colegios de Abogados.
Todas estas funcionalidades hoy son estándar, y no presentan desafíos técnicos ni requieren de inversiones desproporcionadas. Posiblemente la gran cuestión a resolver es que los sistemas informáticos estén al servicio de un nuevo modelo de gestión y organización, en lugar de “informatizar” procesos de trabajo obsoletos.
En síntesis, se recomienda que el expediente digital pase a ser el soporte de casos de tramitación oral, no buscando reemplazar el expediente papel, sino reconfigurando completamente la gestión judicial. Con la gestión digital[59], desaparece la necesidad de generar proveídos puramente burocráticos, o registrar las comunicaciones como actividad autónoma: son movimientos generados y automáticamente registrados en el sistema. Esto descarga notablemente de trabajo a los jueces y empleados, y agiliza los procesos.
Generalización de indicadores de gestión asociados a incentivos:
Algunos poderes judiciales y fiscalías en el país y la región han avanzado decididamente hacia el uso de indicadores de gestión, a veces con incentivos asociados a los resultados.[60]
Los indicadores de gestión varían lógicamente para los distintos tipos de procesos. Deben determinarse dos cosas: qué medir y cuál es el valor deseable o meta. Los indicadores de gestión más útiles, en términos de satisfacción de los usuarios y resultados, son los de duración total y parcial de los procesos, celebración de audiencias y modos de resolución, con posibilidad de cruzarlos entre ellos. No es aconsejable que las metas o valores deseables se basen en promedios. Ejemplos más interesantes son por ejemplo que “en 12 meses deben estar resueltos (de presentación de la demanda a sentencia de primera instancia) el 75% de los procesos de conocimiento civil, y en 18 meses el 90%”. Por supuesto, los indicadores de gestión deben extraerse automáticamente de los sistemas informáticos.
Las metas establecidas deben tener en cuenta la carga de trabajo y la capacidad de los jueces. Dado que la cantidad de audiencias que un juez puede asumir es limitado, debe asumirse explícitamente que los casos que excedan esa cantidad deben solucionarse de otro modo. Así, el sistema tiene posibilidades de mantenerse en equilibrio, y cumplir efectivamente su función en tiempo oportuno, derivando todo tipo de externalidades positivas para la sociedad y las partes en conflicto (ver propuesta 13).
La determinación de indicadores de gestión y metas es particularmente importante en el momento del diseño de un sistema oral para dimensionar las necesidades de jueces, personal e infraestructura (ver propuestas 5, 6, 8, 13 y 18). Sin indicadores de gestión, a su vez, no se puede administrar un sistema judicial con posibilidades de éxito. No es una tarea sencilla estimar la carga de trabajo (depende de muchos factores locales, procesales, etc.) ni fijar metas que sean a la vez sean posibles y desafiantes. Se trata de una tarea que debe aunar una vertiente técnica con una metodología participativa, que involucre a los jueces mismos. Y luego, gobernar el sistema con pocos, buenos y útiles indicadores, que sean respetados como mecanismo de control de gestión, supone también un desafío mayúsculo, pero es la única posibilidad de garantizar la satisfacción de los ciudadanos y la generación de resultados valiosos sostenibles en el tiempo.
Finalmente, los incentivos a los que deben asociarse los indicadores de gestión son mecanismos de difícil regulación. Particularmente, los incentivos económicos suelen ser rechazados. Otros incentivos son de orden moral y de promoción en la carrera. Así, es posible el reconocimiento por intermedio de capacitaciones, representaciones institucionales y habilitaciones para el apoyo a la implementación de experiencias similares en otras jurisdicciones. También es posible la entrega de reconocimientos formales, como los que han sido instaurados en la Fiscalía de la CABA[61] y desde la sociedad civil, el Premio a la Excelencia Judicial de FORES que se entrega ininterrumpidamente desde el año 2002. Estos incentivos deben alinearse, en cualquier caso, con los vinculados a la evaluación de desempeño (ver propuesta 23).
V – Potenciar el capital humano del sistema de justicia, reasignando los recursos en función de las necesidades y expectativas de la sociedad
Revisión de la asignación de recursos presupuestarios incluyendo infraestructura edilicia y personal:
Resulta relevante a la hora de avanzar con reformas en el sistema de justicia analizar y revisar la organización administrativa que se encarga de la gestión financiera-contable de los organismos. Hoy la justicia argentina en general, pero particularmente la federal, cuenta con una amplia dispersión de organismos independientes que llevan adelante esta gestión, generando muchas veces duplicaciones de gastos y una ineficiente administración de los recursos. La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, y la Defensoría General de la Nación tienen su propia área de administración y su propio presupuesto. Todos ellos gestionan realidades similares e incluso comparten inmuebles y sistemas informáticos, e interactúan constantemente.
Se propone avanzar en un minuciosa restructuración del presupuesto judicial en su conjunto (históricamente, uno de los más altos de la región en términos de PBI) mediante el uso de presupuesto de base 0 y presupuesto por programas (reales[62]) con el objeto de aumentar los niveles de inversión y permitir el desarrollo de los programas de reforma y fortalecimiento de la justicia.
Se impulsa en esta línea, tal como lo realizara el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el avance hacia la gestión digital de todos los procesos administrativos, eliminando el uso del papel, reduciendo la cantidad de recursos (horas hombre) destinadas a ello y dando transparencia a la gestión frente a los propios actores del sistema y la comunidad.
Se sugiere avanzar en una profunda reasignación interna de recursos desde las cabezas de la organización hasta los núcleos de prestación masiva del servicio de justicia. Se recomienda priorizar la asignación de recursos a aquellas oficinas que prestan un servicio directo a la comunidad, con resultados que la beneficien de modo directo.
Se recomienda también utilizar en toda el área de gestión administrativa normas de calidad, mediante la implementación de manuales operativos, uso de indicadores y evaluaciones externas que en el mediano plazo permitan certificar procesos bajo normas de calidad nacionales e internacionales.
Ingreso por concurso y evaluación de desempeño en la carrera judicial:
Hoy se encuentra vigente la ley que procuró la democratización del ingreso a la justicia, generando cambios en la forma de reclutar a los empleados judiciales, pero sin cambiar el espíritu ni garantizar el ingreso por mérito. Sin embargo, poderes judiciales como los de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Formosa, o la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2013 -incluyendo el acompañamiento de las organizaciones gremiales en el último caso- lograron generar sistemas de ingreso mediante exámenes y prioridad de los mejores promedios universitarios, que son ejemplos a seguir para la incorporación del personal a la Justicia.
Pero de poco sirve un sistema de ingreso por mérito sin que venga acompañado de una carrera judicial, que incluya esquemas de capacitación continua y obligatoria, y una efectiva evaluación de desempeño. Las experiencias mencionadas incorporaron esquemas integrales con capacitación y evaluación de desempeño.
Este sistema de carrera no debe enfocarse en la antigüedad y los títulos académicos, sino en el desempeño y actuación en el marco de las funciones actuales y las necesarias para el desempeño en el cargo superior. En este sentido, es necesario también definir perfiles específicos para los diversos cargos, en función del trabajo real que debe realizarse.
Se propone mejorar el sistema de ingreso del personal a la justicia, generalizando los sistemas de mérito y transparencia de carrera judicial, con un sistema de evaluación de desempeño asociado.
El ingreso por concurso puede complementarse con el ingreso de los mejores promedios provenientes de las Universidades. La capacitación debe ser continua y obligatoria, con de 20 a 40 horas anuales, incluyendo magistrados. La capacitación debe estar vinculada a la prestación del servicio a su cargo, no al desarrollo meramente académico. [63]
Se recomienda realizar la evaluación de desempeño del personal con un coeficiente de gestión social de calidad, conformado a partir de la opinión de los usuarios, del superior jerárquico y del desempeño global de la unidad. La evaluación de desempeño debe funcionar de modo proactivo, sistemático, periódico y generalizado, asociada a un sistema de consecuencias donde predominen los incentivos, en la búsqueda de promover desempeños de excelencia.
La evaluación de desempeño individual debe estar alineada con el control de gestión de las unidades operativas, en tanto que el desempeño de cada integrante contribuye al logro de las metas del conjunto (ver propuesta 21), y con el control disciplinario, en tanto que el desempeño por debajo de cierto límite puede constituir una falta disciplinaria. Por supuesto, debe quedar clara la diferencia con el control disciplinario, que tiene por objeto evitar ciertas conductas, tipificadas como faltas disciplinarias[64] , y los responsables institucionales de ejercer la evaluación de desempeño deben pertenecer al área de recursos humanos.[65]
Esta función no puede ponerse en la misma cabeza que las funciones sancionatorias del control disciplinario, pues confunde objetivos y métodos, ni tampoco atribuirse a los responsables de la revisión jurisdiccional de las sentencias, ya que afectaría la independencia de los jueces al momento de decidir.
Reforma del sistema de habilitación y control de la ética profesional de los abogados:
A fin de garantizar la idoneidad profesional de los abogados en tanto factor vital en el acceso de los ciudadanos a la justicia, se recomienda pasar de la situación actual, en la que los Colegios de Abogados están obligados a matricular a cualquier persona que presente un título universitario de abogado, por un sistema que exija adicionalmente que acrediten su aptitud profesional mediante la aprobación de una evaluación. Debe evaluarse la conveniencia de establecer cursos de preparación obligatorios, con carácter práctico.
La modificación del régimen de habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía, diferenciando la titulación académica de la habilitación para ejercer la profesión e instaurando un examen obligatorio en todo el territorio nacional debe establecerse por ley.
En la misma línea de mejorar la idoneidad profesional de los abogados y recuperar su prestigio social, debe propiciarse un mayor control ético del ejercicio profesional. Por tratarse de una ética profesional, resulta aconsejable mantenerla en la órbita corporativa, de los Colegios de Abogados. Como tienen la potestad de supervisarla, debe urgirse a que asuman también la responsabilidad de su enseñanza. Claramente, los contenidos éticos deben ser un contenido central de la evaluación para la habilitación profesional.
V – Potenciar los mecanismos de ejecución de sentencias
Establecer mecanismos eficaces y directos de acceso a información patrimonial para la ejecución de decisiones judiciales:
La ejecución de las sentencias con contenido patrimonial debe realizarse la mayor parte de las veces de modo coactivo. Es decir, quien ha perdido no cumple voluntariamente la sentencia del juez.[66] El que ha ganado debe recurrir a lentos y costosos procesos de inhibición general de bienes, búsqueda de bienes registrables en los diversos Registro públicos, etc., para dar con los bienes del ejecutado.
Esta práctica demora la solución de los conflictos, aumenta su costo y por tanto, el costo del crédito, que tiene incorporado el costo de la eventual recuperación judicial. Se propone modificar la legislación procesal para incorporar la declaración jurada de bienes de quien ha resultado condenado a pagar, y de este modo simplificar la ejecución de las decisiones de los jueces y eliminar el juego del “gato y el ratón” entre acreedores y deudores. Este modelo se sigue no solo en el mundo anglosajón, sino que recientemente Brasil ha incorporado nueva normativa en este sentido.
Responsabilidad de los funcionarios públicos por desobediencia a las decisiones judiciales:
Podemos distinguir dos grandes áreas de incumplimiento de las decisiones judiciales.
La primera es el incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de las decisiones destinadas a hacer cumplir un fallo. Hoy el Código Penal ya prevé en el art. 239 la sanción a aquellos que desobedecen una orden judicial, ello sin perjuicio de la posibilidad de incurrir en el art. 248 del mismo ordenamiento, que estipula la sanción para aquellos funcionarios públicos que incumplen con su función. Sin embargo, estas herramientas se tornan en letra muerta al ahora de efectivizar el cumplimiento de mandas judiciales. Debe impulsarse su aplicación efectiva para recuperar la autoridad de la justicia.
Se propone incluir en los Códigos procesales, o eventualmente en una ley especial, la posibilidad de disponer la aplicación de sanciones procesales (astreintes) al funcionario que incumple, así como facilitar rápidamente, y en caso de urgencia, su eventual detención y puesta a disposición del fiscal en turno para que investigue su conducta, puesto que en definitiva estaríamos frente a un delito flagrante.
La segunda área de incumplimiento de decisiones judiciales se vincula a aquellas destinadas a obtener información y respuestas a pedidos concretos en el marco de un proceso. En esta línea, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, lo cierto es que debemos avanzar hacia sistemas de integración de bases de datos y acceso irrestricto a las mismas por parte de fiscales y jueces, que permitan evitar la intermediación y obtener de modo directo la información que se busca.
VI – Reformas legislativas a los códigos sustantivos y procesales
El desarrollo del eje VII, dada su enorme complejidad y extensión, apunta a establecer la relevancia y necesidad de las cuestiones, sin posibilidad de entrar en mayores detalles.
Reforma del Código Procesal Penal de la Nación:
A lo largo de todo este trabajo se ha hecho referencia más de una vez a la necesidad de sancionar un nuevo Código Procesal Penal, lo cual demuestra la importancia del ordenamiento de formas en el modo que se estructura el sistema de justicia penal y en la forma de conducir los procesos judiciales.
Estamos frente a un cambio trascendental, que debe provenir de un fuerte consenso, debido a la gravedad de las cuestiones comprometidas y a que requiere para su éxito de un sinnúmero de reformas estructurales de una profundidad inédita.
Si bien seria muy extenso desarrollar los lineamientos que debe tener este ordenamiento, es necesario señalar algunas cuestiones conceptuales adicionales al consenso previo a la reforma:
Se debe otorgar la disponibilidad de la acción y deber de investigación a los fiscales, a quienes se debe asegurar y garantizar su independencia.
La disponibilidad de la acción debe ser reglada, y vedada en casos de funcionarios públicos.
La implementación debe ser gradual en el tiempo y el territorio.
Se debe distinguir realmente entre los delitos federales (aquellos de alto impacto y gravedad: corrupción, narcotráfico, terrorismo, violaciones de los derechos humanos, etc.) y los delitos locales (que deben pasar a jurisdicción local).
No deben permitirse libertades anticipadas desde sede policial o administrativa, sino que todas las libertades deben ser efectivizadas desde la sede fiscal o judicial.
Impulsar un nuevo Código Penal:
Se trata sin dudas de uno de los grandes desafíos que enfrenta el país. Este cuerpo normativo ha quedado totalmente desarticulado producto del paso del tiempo y una infinita cantidad de reformas inorgánicas. Sin embargo, este paso debe ser dado con profundos consensos y de la mano de la estructuración de una política criminal que permita enviar señales claras a la sociedad sobre que la obligatoriedad de respetar la ley.
El nuevo Código Penal debe estar diseñado en términos de generar desincentivos claros y progresivos al accionar delictivo, especialmente aquellos ilícitos que más daño generan en la sociedad.
Es necesario regular adecuadamente la acción penal, incluyendo el principio de oportunidad reglado y las salidas alternativas del proceso, que permitan, desde una política criminal explícita, seleccionar los delitos que se persiguen.
Deben desarrollarse las penas alternas a la prisión de cumplimiento efectivo, y restringir las sanciones en suspenso. La reincidencia, lejos de eliminarse, debe valorarse como un agravante al momento de imponer la pena, extendiendo sus alcances actuales hasta la prescripción del delito cometido.
De igual modo, en la parte especial del nuevo Código Penal, es necesario equilibrar las escalas de sanciones previstas, pero generando incentivos adecuados al comportamiento del sistema y evitando la necesidad de revisiones masivas de condenas por disminuciones en las penas.
Debe enviarse un mensaje contundente de persecución a los delitos más graves, los vinculados a la corrupción y los delitos económicos, que se han convertido en un nuevo flagelo para el desarrollo de la sociedad.
Postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial:
Se recomienda postergar la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de 6 a 12 meses, para lograr consensos que al momento de su sanción no se lograron, tal como evidenció el retiro de la oposición el día de su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Es aconsejable que el nuevo Presidente habilite las sesiones extraordinarias apenas asuma, para disponer una prórroga en la entrada en vigencia del Código (prevista para el 1/1/16), para poder efectuar las reformas necesarias que permitan que la norma nazca con mayores consensos que los obtenidos hasta ahora. Entre otros temas, es necesario reflotar la responsabilidad del funcionario público, tal como lo señaló una de sus redactoras, Aída Kemelmajer de Carlucci.
Por otra parte, resulta necesario señalar que la entrada en vigencia de este Código requiere para su aplicación de al menos la reforma parcial de todos los códigos procesales civiles y comerciales de todo el país. La regulación del arbitraje, los cambios en las relaciones de familia y otras cuestiones obligan a realizar adecuaciones procesales. Parece razonable que se coordine un proceso de reformas coherentes del ordenamiento ritual en todas las jurisdicciones. En esta línea se sugiere avanzar o bien con un Código Procesal Civil y Comercial modelo que sirva de base, o bien directamente que se sancione el mismo código en las distintas jurisdicciones, teniendo a la vista la experiencia en México con el Código Procesal Penal.[67]
Una vez identificados los ejes de la Agenda anotada de la Justicia argentina 2015 – 2020 y las principales propuestas para ejecutarlos, es necesario sentar las bases del análisis del proceso técnico – político de implementación.
A lo largo de la enunciación de las 28 propuestas, se ha identificado en cada caso si su implementación pasa por (i) proyectos de ley (tales como las reformas propuestas al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio Público Fiscal, la promoción de la justicia inmediata y la reforma a los códigos sustantivos y procesales) o si se trata de (ii) proyectos de cambio cultural que requieren capacitación y cambios de prácticas a partir del liderazgo de los responsables de las distintas instituciones (tales como los protocolos de atención a grupos vulnerables, la gestión digital de casos, y la generalización de indicadores de gestión asociados a incentivos).
Si bien a primera vista los proyectos que requieren cambios legales aparecen como políticamente más difíciles de viabilizar, no debe esconderse que los cambios de prácticas arraigadas en instituciones fuertemente conservadoras, como los poderes judiciales y colegios de abogados, pueden enfrentar grandes resistencias.
Por eso estimamos que para cada propuesta, debe avanzarse con una evaluación de factibilidad técnica y política, incluyendo en este segundo análisis la revisión de los actores involucrados y afectados por su implementación, y la agregación efectiva o potencial de intereses a favor y en contra. Es relevante también anticipar las dificultades en el proceso de implementación que se pueden prever, así como recabar experiencias exitosas y lecciones aprendidas en procesos de reformas ya ejecutados.
Esto conducirá a plantear estrategias diferenciadas de implementación para diferentes propuestas y posiblemente para la implementación de la misma propuesta en diversas jurisdicciones. Todas las estrategias deberán facilitar la apropiación de los cambios por parte de los actores políticos y judiciales del sistema institucional argentino. Por supuesto, todo plan de implementación debe incluir un adecuado cálculo de los recursos humanos, físicos y de infraestructura necesarios.
Debe prestarse mucha atención al hecho de que jueces y fiscales tienden a resistir mucho más fuertemente los cambios organizacionales y de gestión, que las reformas en leyes sustantivas. El plan de implementación de este tipo de transformaciones deberá proveer un gerenciamiento del cambio con estrategias específicas para lidiar con las resistencias esperadas.
Se propone que los puntos vinculados al cambio organizacional, tales como el nuevo rol del juez, y la cantidad de jueces necesaria, sean puestos a discusión, debatidos en profundidad y definidos con amplia participación de jueces.
La determinación de la cantidad de jueces necesaria para un sistema oral es un punto decisivo.[68] Para su determinación, deben utilizarse dos fuentes: las estadísticas judiciales y un diagnóstico específico, que aporte información empírica en profundidad, identificando la cantidad de casos en que se celebrarán audiencias, la complejidad de los mismos, los recursos de infraestructura, técnicos y humanos de los que se dispone, etc. Con seguridad, no se requieren más empleados, sino una redistribución de los mismos en las oficinas comunes, junto con la capacitación necesaria para asumir nuevos roles.
[1] Desde la década del setenta FORES viene trabajando en la reforma del sistema de justicia,abertudios han servido de basesS habiendo sido una de las primeras ONGs en la región dedicada con especialidad a la justicia y el Estado de derecho.
[2] FORES: “La Justicia Argentina en la década del ochenta” (1981); “La justicia: un plan de reformas al Sistema Judicial Argentino” (1993); “Justicia y Desarrollo” (1998) entre otros.
[3] Asociación Conciencia, Unidos por la Justicia, FUNDEJUS, Libra, INECIP, CELS, CIPECC, ADC, entre otras.
[4] La Mesa de Justicia fue una parte de la Mesa del Diálogo Argentino en la que participaron todas las organizaciones públicas y privadas vinculadas al sector judicial. Como desprendimiento específico, además, se realizaron con los sesenta líderes del sector justicia los talleres de San Nicolás con apoyo de la Asociación Conciencia y el PNUD, que dieron como resultado 17 puntos consensuados para reformar el sistema de Justicia en Argentina.
[5]Ver entre otras www.unidosjusticia.org, www.cippec.org/justicia-y-transparencia y
http://www.libertadyprogresonline.org/wp-content/uploads/2014/05/PROGRESAR-EN-LIBERTAD-Libertad-y-Progreso-20141.pdf (págs. 127 a 167 dedicadas a la justicia).
[6] Ver fallo “Rizzo”.
[7] Este evento anual, impulsado por el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ha adquirido creciente trascendencia en la agenda judicial.
[8] La Ministra de la Corte Elena Highton impulsó la creación de la Oficina de Violencia Doméstica http://www.primerafuente.com.ar/noticia/la-jueza-elena-highton-inaugura-la-oficina-de-violencia-domestica
[9] La recientemente fallecida Ministra de la Corte, Carmen Argibay, impulsó la creación de la Oficina de la Mujer http://www.csjn.gov.ar/om/ .
[10] En la Argentina, el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido de manera implícita en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional en tanto garantizan la libertad de prensa y de expresión. Además, los artículos 1 y 33 reconocen la forma republicana de gobierno, el principio de la soberanía del pueblo y el de la publicidad de los actos públicos. Este derecho, además, se encuentra reconocido de manera expresa en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Suprema ha reconocido el carácter constitucional de este derecho en ADC c. Pami.
Ver Asociación por los Derechos Civiles (setiembre de 2013). Un Mal Balance: Los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina. Policy papers. Buenos Aires: ADC.
[11] Según el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, desarrollado desde 2004 por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), edición 2012, el acceso a la información judicial en la Argentina (60 %) se encuentra por encima del promedio de los países latinoamericanos (46,2 5 %), pero lejos de países como Chile y Brasil, que superan el 75%. El estudio ubica a la Argentina en el puesto 11 de 33 países. Sin embargo, no existe acceso a sueldos de los funcionarios, declaraciones patrimoniales de los magistrados, calendarios de audiencias, ni indicadores de gestión.
[12] Ver Elena, S. y PichoÏn RivieÃre, A. (octubre de 2012). Imparcial, pero no invisible: justicia, transparencia y gobierno abierto. Documento de Políticas Publicas / Análisis N°113. Buenos Aires: CIPPEC.
[13] El area especializada de la Procuracion General de la Nación, creada a partir de la ley 23.984, aún no ha podido mostrar resultados al respecto. Ver Mariano Scotto, Santiago Otamendi, Germán C. Garavano y Héctor M. Chayer, “Unidad fiscal de investigación de delitos con autores ignorados: una propuesta de organización”,. El Derecho, 9 de Enero de 2002.
[14] En similar sentido, hay avances en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, entre otras jurisdicciones, que no solo avanzan hacia el sistema acusatorio pleno, sino que implementan las denominadas “reformas de segunda generación”. Estas reformas incluyen, además del cambio procesal, una transformación de las instituciones del sistema de justicia penal, especialmente las fiscalías, y el abordaje “inteligente” o estratégico de los casos.
[15] La Cámara de Casación proviene, como si fuera un antiguo dinosaurio revivido por la vieja reforma penal del año 1992, del absolutismo monárquico europeo. Se trata del tribunal que imponía la interpretación del Rey sobre el Derecho, y en este caso sobre la ley criminal.
[16] Se trata de la jurisdicción pionera en América Latina en avanzar hacia el sistema acusatorio, y fue tomada por Chile como base de la reforma procesal ejecutada entre 2000 y 2005.
[17] Entre ellos pueden mencionarse los casos de la Provincia de Buenos Aires, Guatemala (en su primera década de funcionamiento), Honduras, etc.
[18] Petrone, Daniel “Cárceles Sanas y Limpias”, Unidos por la Justicia 2004.
[19] Unidos por la Justicia, “Información & Justicia IV” (en prensa). Ver también
[20] Informe de Derechos Humanos en Argentina 2013, CELS
http://www.cels.org.ar/common/documentos/CELS.%20Informe%202013%20%5Bcompleto%5D.pdf .
[21] Informe del Sistema de Control Judicial de Unidades Carcelarias del 2014 a cargo del Juez Gustavo Hornos, http://www.cij.gov.ar/nota-13714-Informe-del-Sistema-de-Control-Judicial-de-Unidades-Carcelarias.html.
[22] Según las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, adoptadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana: “(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.”
[23] Actualmente está regulada por la Ley Nº 26.589 y su Decreto Reglamentario 1467/2011. Las principales características son la obligatoriedad, que el mediador no tiene posibilidad de sugerir fórmulas de acuerdo, y que las partes deben pagar los honorarios del mediador.
Para determinar a qué mediador se debe acudir, y poder dar cumplimiento a la mediación como requisito previo a iniciar una demanda, hay dos mecanismos: uno por sorteo, en la Mesa general de entradas del Fuero Civil, que registra el caso y asigna por sorteo un mediador del listado oficial que lleva el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y otro privado, en el cual el requirente ofrece 8 mediadores (tomados del listado oficial) y el requerido, si no acepta el primero, debe elegir uno de los otros. Ambos mecanismos, debe subrayarse, son igualmente oficiales y válidos, pese a que el segundo se conoce habitualmente como mediación “privada”.
[24] Gladys Stella Álvarez, “La Mediación y el Acceso a la Justicia” Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2003; “Estudio de la mediación prejudicial obligatoria: un aporte para el debate y la efectividad de los medios alternativos de la solución de conflictos en Argentina” / coordinado por Nora Luzi. – 1a ed. – Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; Fundación Libra, 2012.
[25] La información y los gráficos transcriptos a continuación están tomados del “Estudio de la mediación prejudicial obligatoria: un aporte para el debate y la efectividad de los medios alternativos de la solución de conflictos en Argentina”.
[26] Gasto en justicia San Juan y La Rioja 2010; La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego 2009 y 2010 proyección basada en una extrapolación geométrica en base a datos años anteriores; Tucumán 2009 y 2010, proyección basada en una extrapolación lineal en base a datos años anteriores.
[27] La doctrina procesal, tal como el Código Modelo Iberoamericano o los mismos arts. 34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación marcan, tiene sentado que, muy por el contrario, una vez iniciado un proceso, los jueces deben dirigirlo a su final de oficio, con la mayor economía procesal.
[28] El promedio de abogados matriculados cada 100.000 habitantes es de 403, con un máximo es de 2.332 abogados cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Junta Federal de Cortes de la República Argentina disponibles en
http://www.jufejus.org.ar/images/doc/ACTIVIDADES/Estadisticas/Publicaciones/INDICADORES/indicadores%202012.pdf
[29] Horacio M. Lynch, “La enseñanza d e la ética alos abogados”, LL, 1992-A,656.
[30] El orden de presentación de los ejes y las propuestas no indica una secuencia temporal para su implementación, sino su relevancia.
[31] Proyecto coordinado e impulsado por el ex presidente de FORES y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Enrique del Carril.
[32] La expresión “gobierno abierto” refiere a un esfuerzo global para lograr administraciones transparentes y abiertas a la participación de los ciudadanos, que rindan cuentas y valoren las opiniones e iniciativas de los ciudadanos. Open Government Partnership es una alianza mundial iniciada en 2011, que cuenta con más de cincuenta países.
[33] Ver Binder, Alberto M., “Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial”, Centro de Estudios de Justicia de las Americas, CEJA 2012. Disponible en http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual
[34] El Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley Nº 2303/07 enuncia en el Art. 102 la oralidad de las audiencias, a menos que el tribunal de oficio o algunas de las partes pidan su reserva. Por otro lado, el Art. 4 establece que el Ministerio Público Fiscal llevará a cabo las investigaciones pertinentes de los hechos.
[35] El Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut XV-9 (antes Ley 5.478) en su Art. 18 manifiesta que los jueces no podrán ser partícipes de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales. Ante alguna intervención los jueces en el proceso de investigación, estos serán apartados de la causa. En el Art. 23 expresa la oralidad de las audiencias, las cuales deben ser públicas.
[36] El Código Procesal Penal de la Provincia de Salta Ley Nº 90-20.036/11 en su Art. 76 indica que la investigación será realizada por el Ministerio Público Fiscal y no deberá ser interrumpida salvo en casos que lo indique la ley. Por otra parte, el Art. 166 plantea la oralidad de las declaraciones.
[37] El Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Ley 12.734 en su Art. 3 indica que durante el proceso se tendrá en cuenta el principio de oralidad. Y el Art. 16 manifiesta que la investigación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal.
[38] Internacionalmente, se considera que debe aspirarse a que entre el 6 al 10% de los casos denunciados lleguen a juicio oral y público.
[39] Experiencias parcialmente exitosas de este tipo existen en CABA, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta, La Pampa, Santiago del Estero, Chubut, y países como Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, España, EEUU, Canadá, entre muchos otros.
[40] Se realizó con expertos una propuesta implementada en el año 2000 en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
[41] Puede verse como ejemplo la experiencia de Ann Milgram, nombrada en 2007 como Fiscal General de Nueva Jersey, Estados Unidos. Con el uso de análisis estadístico riguroso, lograron reducir los asesinatos en un 41%, y el crimen en general en la ciudad de Camden, la más peligrosa de entonces en Estados Unidos, en un 26%. También cambiaron el foco de los delitos que perseguían, de delitos de posesión de drogas de bajo nivel hacia casos de importancia estatal, actuando en cosas como reducir la violencia delictiva, acusación formal de bandas callejeras, tráfico de armas y drogas y corrupción política. Ver https://www.ted.com/talks/anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime/transcript?language=es#t-226700
Existen también experiencias en la provincia de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
[42] En el distrito judicial de Mar del Plata se dio inicio al proyecto piloto, con el apoyo del CEJA. Su generalización a otros distritos enfrentó dificultades organizacionales y de gestión. La Ley 13.811 implementó el Procedimiento de Flagrancia en la Provincia de Buenos Aires.
[43] Mendoza empezó a aplicar un plan piloto en agosto de 2007 en la localidad de Guaymallén, de procesos directísimos para aquellos que son detenidos “in fraganti delito”. En promedio, cada causa demoró alrededor de cuatro días en ser resuelta. Luego lo expandió a otros distritos. El juicio express fue incorporado al Código Procesal Penal de la Provincia a través de la ley 7.962, impulsado por la Corte mendocina. http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35687 .
[44] Ley de la Provincia de Neuquén N° 2784.
[45] Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 14.543.
[46] Anne Milgram: “Why smart statistics are the key to fighting crime”. https://www.youtube.com/watch?v=ZJNESMhIxQ0&noredirect=1
[47] Ver el ejemplo de Feldhan en Inglaterra, dónde los jóvenes detenidos, entre otras muchas actividades productivas (centro de carpintería, electricidad, y otras) y culturales (una radio FM propia), realizan el reciclado de las latas de aluminio del cercano aeropuerto internacional de Heathrow.
[48] Esta estrategia ha sido aplicada con éxito por el programa regional de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina, Eurosocial II. Su objetivo específico es apoyar políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan a cabo. Trabaja en 10 ámbitos, y dentro del área de justicia, la Acción 1 se define como ìElaboracioÏn de protocolos de actuacioÏn para eliminar o reducir el impacto negativo de las barreras de acceso a la justicia que afectan a grupos vulnerables que son objeto de atencioÏn prioritaria.î
Uno de los proyectos con apoyo de Eurosocial II fue llevado adelante en Argntina en 2013 por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El producto principal es el “Protocolo de Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad – Recomendaciones para un trato adecuado”, que apunta a remover las barreras actitudinales de los operadores judiciales frentes a las personas con discapacidad. http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/protocolo-para-el-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-con-discapacidad-3648.
[49] Ley 26.993: Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
[50] Garavano, German y Gamboa, Agustín, “Nuevo Diseño de Fiscalías” Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2013.
[51] Garavano, Germán y otros, “Evaluación del Ministerio Público de Guatemala”, Open society y CEJA, 2014.
[52] Un ejemplo, si bien limitado a la mejora de la gestión, es el proyecto “La Gestión Judicial al servicio de la sociedad” ejecutado por convenio entre el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y Fores de 2004 a 2011. Al momento del cierre, entre otros resultados del proyecto, se evaluó que en juicios ejecutivos, la productividad de un juzgado creció un 48% (148 sentencias en el mismo tiempo que antes dictaba 100), logrando además que en las resoluciones fueran en menor tiempo (resolvió el 90% en el tiempo en que antes resolvía un 53%). En materia de juicios por alimentos, un Tribunal de Familia aumentó drásticamente el porcentaje de conciliaciones, pasando de un 25% a un 58% en la comparación interanual.
[53] Existen algunos pocos ejemplos en el país de cambio organizacional basado en oficinas comunes que atienden a varios magistrados.
El Nuevo Diseño del Ministerio Público Fiscal de la CABA, planificado y ejecutado durante la gestión de Germán C. Garavano como Fiscal General de 2007 a 2014, incluye Unidades de Intervención Temprana y de Tramitación Común que apoyan a los equipos fiscales.
Otro caso en el ámbito de las fiscalías es la implementación del Nuevo Diseño Organizacional para la Unidad Fiscal de Resistencia, impulsado a partir de 2011 por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco, con el apoyo de Héctor M. Chayer.
Por su parte, el Poder Judicial de Mendoza puso en funcionamiento a fines de 2008 un plan de Gestión Judicial Asociada en el fuero Civil. La prueba piloto estuvo a cargo de un “tribunal de gestión”, integrado por cuatro juzgados civiles de primera instancia. El proyecto puede verse en http://www.diariojudicial.com/documentos/adjuntos/DJArchadjunto14693.pdf .
Finalmente, el Poder Judicial de Chubut ha reorganizado completamente el fuero penal, incluyendo Oficinas judiciales de apoyo para la labor de jueces centrados en la celebración de audiencias.
[54] Para este tema, ver Villadiego, Carolina; Pereira, Santiago y Chayer, Héctor Mario, “Bases generales para una reforma a la Justicia Civil en América Latina y el Caribe”, disponible en http://www.cejamericas.org, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Santiago de Chile 2009.
[55] Una experiencia piloto de oralidad, voluntaria para las partes, fue implementada mediante la Acordada No 1068/2007 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El sistema de gestión de la prueba, tal como está arriba descripto, fue desarrollado con gran éxito por el juez Andrés Soto en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial No 14 de La Plata, e impulsado en una prueba piloto por la Resolución 1904/12 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ha adquirido varios equipos de videograbación de audiencias que aun se encuentran ociosos. Todos los casos de los juzgados piloto son tramitados de este modo.
Sin reformas legislativas tampoco, Formosa iniciará un programa piloto de oralidad similar, incluyendo la videograbación de audiencias en marzo 2015, dispuesto por Acta 2808/14 del Superior Tribunal de Justicia.
[56] Para un análisis empírico de los juicios ejecutivos en Argentina que sustenta esta posición, ver Chayer Héctor y Ricci Milena, “El trámite del juicio ejecutivo”, en Poder Judicial, Desarrollo y Competitividad en la Argentina, Tomo III, Editor Ana Piaggi, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002; y Chayer Héctor y Ricci Milena, “El trámite de los procesos ejecutivos en el Fuero Comercial”, Estudios sobre la Administración de Justicia No 1 Fores, Buenos Aires 2003.
[57] El Código General del Proceso de Uruguay lo adopta, al igual que los códigos procesales de La Pampa, Río Negro y San Juan.
[58] Sirva de ejemplo de lo dicho el Proceso monitorio europeo (Reglamento 1896/2006) uniforme para cobro de títulos ejecutivos civiles y comerciales reclamados y no contestados ante los tribunales de los Estados Miembros. Se realiza en formularios normalizados y puede llevarse a cabo electrónicamente; las decisiones son automáticamente aplicables para toda la Unión Europea. El proceso en línea está implementado en el Reino Unido, para demandas inferiores a 100.000 Libras y contra no más de dos demandados https://www.gov.uk/make-money-claim-online.
[59] Ver la experiencia de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires con la implementación de los sistemas informáticos de apoyo al Proceso Administrativo de Gestión Judicial (OMBU) y la Gestión Digital de Fiscalías (KIWI).
[60] Un ejemplo interesante, si bien discontinuado en la actualidad, es la Acordada del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro 9/2007, que define estándares e indicadores de desempeño para distintos tipos de tribunales.
[61] Ver la experiencia de Tablero de Gestión en Línea implementado en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.
[62] Si bien estos órganos estructuran formalmente su presupuesto por programas, como exige la Ley de Contabilidad Publica, no se trata de programas reales en sentido de estar orientados a productos y resultados. Es más bien una simulación ritual sobre presupuestos muy rígidos armados a partir de las actuales estructuras y el pago de salarios asociados a ella, no de productos o resultados. En promedio, más del 90% del gasto en las instituciones judiciales se destina a inciso 1, es decir, pago de salarios.
[63] Desde el año 2007 la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires ha promovido la capacitación con objetivo de proporcionar a los operadores herramientas necesarias para el desarrollo de sus destrezas. Estas capacitaciones han sido reconocidas por el Instituto para el desarrollo Empresarial en la Argentina IDEA, que le otorgó en el año 2009 el Premio Hexágono.
[64] El control disciplinario es reactivo y se ejecuta caso por caso (normalmente, ante denuncias); y tiene asociado un sistema de consecuencias integrado exclusivamente por sanciones. En el extremo, permite desvincular por mal desempeño a quienes no cumplan con el perfil deseado. Debe tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente que los procesos sancionatorios que pueden conllevar la destitución de los jueces deben reunir todas las garantías del debido proceso establecidas en el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es importante señalarlo, ya que los procesos de evaluación de desempeño propiamente dichos no están sometidos a estos rigurosos estándares.
[65] Un modelo interesante de evaluación de desempeño, que puede servir de inspiración, es el establecido mediante Resolución Nº 106 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, de fecha 06 de abril de 2010.
[66] Según el estudio Usuarios de la Justicia Argentina (investigación inédita realizada por Fores para el Banco Mundial en el año 2.000), el 73% de las veces se debía recurrir a la ejecución coactiva de las sentencias en los juicios ejecutivos.
[67] México reformó mediante enmienda su Constitución, para poder aprobar un Código procesal penal único para todos los Estados federados.
[68] En su momento, Uruguay duplicó la cantidad de jueces para poner en marcha la oralidad civil.
Sin embargo, y a título ilustrativo, señalamos que la experiencia de oralidad ya citada del juez platense Andrés Soto en un Juzgado Civil y Comercial, no requirió mayores recursos ni más jueces. Esta experiencia se llevó adelante en un Juzgado con unas 1000 causas nuevas por año (de las cuales solo un 25% aproximadamente son juicios de conocimiento) y unas 9000 causas en trámite. A partir de la oralidad, la carga de trabajo del tribunal disminuyó y no requirió más recursos adicionales que el sistema de videograbación de audiencias.
Porque se adelanto la aplicación de código Civil y Comercial?
estaba previsto para el 2016. Nadie puede hacer nada para postergarlo? Y los candidatos presidenciales, etc….
que hará el presidente “elegido” a ese respecto.
maria , 31 mayo, 2015 at 10:11 pm

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