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Timestamp: 2019-03-24 09:44:40+00:00

Document:
SUP-JLI-051-1997
JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES
EXP. SUP-JLI-051/97
BARRIENTOS LOZANO MINERVA VS. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
PONENTE: MAGISTRADO JOSE FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO
SECRETARIO: ALFREDO ROSAS SANTANA
México, Distrito Federal, a veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, integrado con motivo de la demanda laboral presentada por la C. Minerva Barrientos Lozano, a través de su apoderado el C. Erasmo Avila Navarro, en contra del Instituto Federal Electoral, y
I. Por escrito de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante la Junta Especial Número 37, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Tamaulipas, Minerva Barrientos Lozano, por conducto de su apoderado legal Erasmo Avila Navarro, demandó del Instituto Federal Electoral, las siguientes prestaciones:
a).- El pago de la prima de antigüedad a que tiene derecho mi representada, consistente en 12 días por cada año de servicios prestados, que no le han sido cubiertos.
b).- El pago de la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, correspondiente al año de 1997.
c).- El pago de la parte proporcional del aguinaldo, correspondiente al año de 1997.
II.- Fundó su demanda en los hechos que a continuación se transcriben:
1.- Con fecha 1 de mayo de 1969, mi representada ingresó a laborar al Registro Federal Electoral, ahora Instituto Federal Electoral, como Oficial Administrativo H, desempeñando como último puesto el de Técnico en Proceso Electoral, con un salario diario de $133.00 y un horario de 8:00 a.m. a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
2.- Ahora bien, en fecha 1 de marzo de 1997, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le otorgó a mi representada la pensión por jubilación a partir de dicha fecha, y se da el caso que el Instituto Federal Electoral, se ha negado a cubrirle la prima de antigüedad a que tiene derecho, así como las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, razón por la cual se reclama en esta vía.
III.- Por proveído de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente para conocer del presente conflicto laboral, misma que por oficio número 1680, de fecha veintinueve de agosto del año en curso, remitió los autos de dicho expediente a este Tribunal Electoral.
IV.- Recibido el expediente por esta Sala Superior y turnado a la Ponencia del Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, mediante auto de fecha treinta de septiembre del presente año, se admitió a trámite la demanda interpuesta, ordenando correr traslado de la misma, en copia certificada al Instituto Federal Electoral en su calidad de demandada para contestarla.
V.- El Instituto Federal Electoral, por conducto de su apoderada, en tiempo y forma, dio contestación a la demanda interpuesta en su contra en lo siguientes términos:
A) SE HACE VALER LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, prevista en el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone que es requisito de procedibilidad, que el servidor del Instituto Federal Electoral involucrado, haya agotado en tiempo y forma las instancias previas que establece el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, para poder inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento de este conflicto, atento a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
El artículo 192, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral dispone:
"ARTICULO 192.- Contra los actos o resoluciones dictadas en su perjuicio por las autoridades administrativas del Instituto, el personal del mismo podrá interponer por escrito el recurso de reconsideración ante la Secretaría General del organismo, dentro del término de quince días naturales, contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la resolución o se tenga conocimiento del acto.
En razón de lo anteriormente expuesto, el auto admisorio de la demanda, no se encuentra ajustado a derecho, ya que, como se mencionó; si el artículo 96 párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala: "Es requisito de procedibilidad del juicio, que el servidor involucrado haya agotado, en tiempo y forma, las instancias previas que establezca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, instrumentos que, de conformidad con la fracción III del segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norman las relaciones laborales del Instituto Federal Electoral con sus servidores.", y en el caso que nos ocupa, dicha instancia se encuentra contemplada en el artículo 192, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, sin que se desprenda de autos constancia alguna que acredite que la hoy demandante agotó el requisito de procedibilidad antes señalado, por lo que ese H. Tribunal debió, al no acreditar la actora haberlo agotado, sobreseer la demanda, tal y como lo determinó en la resolución dictada por esa H. Sala Superior en el expediente SUP-JLI-022/97, seguido por Alpuche Delgado Humberto Rafael, en contra del Instituto Federal Electoral, o en su caso, no admitirla por lo que hace a los incisos del a) al c), toda vez que, al no haber presentado el recurso de reconsideración, requisito de procedibilidad del juicio, equivale a que no se tiene por agotado en tiempo y forma dicho requisito; sin embargo, en el juicio que nos ocupa, por el contrario, contraviniendo lo establecido en la ley de la materia, admitió la demanda, violando con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica que le asisten al Instituto, dejándolo en completo estado de indefensión para impugnar el auto admisorio de la demanda.
Por lo antes expuesto y fundado, se solicita a ese H. Tribunal se sirva sobreseer el presente juicio, por encontrarnos ante una NOTORIA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, atento a lo dispuesto por el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dice:
A pesar de que la actora no agotó en tiempo el recurso de reconsideración a que se refiere el artículo 192, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, lo cual se desprende de las constancias con las cuales se corrió traslado a este Instituto, esa Sala Superior la tiene por presentada, demandando al Instituto Federal Electoral y admite a trámite la demanda, se ordena correr traslado al Instituto Federal Electoral, para que conteste dentro del término de diez días hábiles siguientes al en que le sea notificada la misma, lo que resulta carente de motivación, ya que, si la actora no acreditó haber agotado en tiempo y forma la instancia administrativa, que constituye el requisito de procedibilidad, lo correcto no era admitir la demanda, sino sobreseerla.
No es óbice de lo anterior, el que la actora, hubiese demandado el pago de prestaciones, ya que el artículo 192, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral señala de manera amplia que cuando exista un acto que consideren les cause un agravio en su relación jurídica con el organismo, tienen el derecho de inconformarse, esto es, que contra cualquier acto, es procedente agotar el recurso a que se refiere el precepto antes mencionado, requisito que no cumplió la hoy actora, por lo tanto, no debió admitirse la demanda ni tenerse por reclamadas las prestaciones contenidas en la misma.
Es necesario hacer notar que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, expedido por el Ejecutivo Federal, inició su vigencia a partir del 29 de junio de 1992, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y, desde esta fecha YA SE CONSIGNABA LA OBLIGACION DEL SERVIDOR DE AGOTAR EL RECURSO DE RECONSIDERACION CONTENIDO EN DICHO ORDENAMIENTO, por tanto, se insiste, la actora debió haber agotado la instancia antes citada y, al no haberlo hecho así, debe considerarse improcedente la demanda entablada en contra de mi representado. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo Décimo Primero Transitorio del artículo PRIMERO del Decreto de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral expedido por el Ejecutivo Federal, continúa en vigor hasta en tanto, el Consejo General del Instituto, expida el nuevo y las referencias hechas al Director General y Secretario General del Instituto, deben entenderse al Secretario Ejecutivo del mismo.
En consecuencia, si el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, señala que: "Es requisito de procedibilidad del juicio, que el servidor involucrado haya agotado, en tiempo y forma, las instancias previas que establezca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral...", y en el caso que nos ocupa, dicha instancia se encuentra contemplada en el artículo 192, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, ese H. Tribunal debió, al no acreditar la actora que agotó dicho requisito de procedibilidad, sobreseer el presente conflicto.
Por lo antes expuesto y fundado, se solicita a ese H. Tribunal se sirva desechar de plano la demanda, por actualizarse la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, prevista en el artículo el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que en el caso que nos ocupa, la parte actora no agotó la instancia a que se refiere el artículo 192, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, máxime, que en el presente caso no existe una resolución administrativa dictada en su contra, por las autoridades del Instituto Federal Electoral.
Expuesto lo anterior, de manera cautelar, de conformidad con el auto de fecha 30 de septiembre de 1997, dictado por esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se tiene a la hoy actora demandando las prestaciones mencionadas en dicho auto, se procede a dar contestación a los capítulos de prestaciones, hechos y pruebas, de la demanda entablada en contra de este Instituto, en los términos que a continuación se señalan:
a) Carece de acción y de derecho la parte demandante para reclamar prima de antigüedad, que hace consistir en doce días por cada año de servicios prestados, oponiéndose la excepción de obscuridad y defecto legal en la demanda, toda vez que la actora no señala porque razón considera tiene derecho a reclamar el pago de la prima de antigüedad contenida en este inciso que se contesta, lo que solicito se tome en cuenta, al momento de dictarse la resolución correspondiente.
b) Carece de acción y de derecho la demandante para reclamar el pago de la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, así como la parte proporcional de aguinaldo correspondientes a 1997, en virtud de que las partes proporcionales que le corresponden por concepto de vacaciones y prima vacacional por el tiempo laborado del 1o. de enero al 28 de febrero del año en curso, siempre han estado a su disposición en las oficinas de mi representado.
Por lo que hace a la parte proporcional de aguinaldo del año de 1997, aún no nace el derecho de la actora para reclamarlo, ya que, es de explorado derecho que el concepto de aguinaldo a los trabajadores al Servicio del Estado, aplicable a los trabajadores del Instituto, se les cubre en base al decreto que expide el Poder Ejecutivo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no ha acontecido a la fecha.
EN RELACION AL PRIMER HECHO
1.- Por contener varias afirmaciones se controvierte de la siguiente manera:
a) En relación a la fecha de ingreso, la misma es falsa, ya que, lo cierto es que, la actora ingresó al servicio de mi representado en el mes de agosto de 1990, fecha ésta en que fue creado el Instituto Federal Electoral, tal y como consta en el decreto correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 1990.
Es cierto que, a últimas fechas tuvo la categoría de Técnico en Proceso Electoral.
En relación al salario, se manifiesta que la actora percibió como último salario por parte del Instituto, la cantidad de $1,206.77, de manera quincenal.
En relación al horario, es falso, toda vez que la parte actora le prestó servicios al Instituto en un horario comprendido de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes de cada semana.
EN RELACION AL SEGUNDO HECHO
Por contener también varias afirmaciones se contesta de la siguiente manera:
En relación a lo manifestado por la actora, de que con fecha 1o. de marzo de 1997, el Instituto de Seguridad Social le otorgó la pensión de jubilación, ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio del Instituto y además por no tener conocimiento del mismo.
Por lo que hace a que el Instituto Federal Electoral, se ha negado a cubrirle la prima de antigüedad a que dice tiene derecho, se niega, reiterándose la excepción de obscuridad y defecto legal en la demanda, ya que, no se precisa la causa por la cual la demandante reclama el pago de la prima de antigüedad, lo que deberá tomarse en cuenta al momento de dictarse la resolución correspondiente.
Es falso también que mi representado se haya negado a cubrirle a la actora el pago de la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional de 1997, en virtud de que, las mismas siempre han estado a su disposición en las oficinas de mi representado. Por lo que hace al aguinaldo, como ya se señaló, a la fecha no se ha publicado el Decreto mediante el cual se establecen las bases y se autoriza el pago del aguinaldo a los trabajadores al servicio del estado, el cual es aplicable a los servidores del Instituto Federal Electoral.
Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 76, 78, 79, 80 y 102, de la Ley Federal del Trabajo, invocados por la parte actora resultan inaplicables.
También resulta inaplicables para el procedimiento, lo dispuesto por los artículos 870 al 890, de la Ley Federal del Trabajo, por las razones de hecho y de derecho que han quedado señaladas en el cuerpo del presente escrito de contestación de demanda.
Toda vez que, la actora MINERVA BARRIENTOS LOZANO, no aportó ninguna documental, deberá tenerse por precluido su derecho para hacerlo, por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 97, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como para ofrecer cualquier medio de prueba con posterioridad al momento procesal consignado en el precepto legal señalado.
1.- IMPROCEDENCIA DE LA VIA, toda vez que, los actos que impugna la parte demandante en el escrito de demanda, no son susceptibles de ejercitarse por la presente vía, por las razones de hecho y de derecho señaladas al controvertir todos y cada uno de los apartados de la demanda, razonamientos que solicito se tengan por reproducidos en vía de excepción.
2.- FALTA DE ACCION Y DE DERECHO, para reclamar todas y cada una de las prestaciones que señala en el capítulo respectivo, por las razones de hecho y de derecho que han quedado señaladas al dar contestación tanto al capítulo de prestaciones, como de hechos de la demanda.
3.- FALSEDAD, en virtud de que la demandante apoya sus reclamaciones en hechos falsos.
4.- LA DE OBSCURIDAD Y DEFECTO LEGAL EN LA DEMANDA, toda vez que la parte actora no precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar en que basa sus pretensiones, excepción que se hace valer muy en especial por lo que hace al inciso a), del capítulo de prestaciones de la demanda.
5.- De manera cautelar, DE PLUS PETITIO, toda vez que, la actora pretende prestaciones que no le corresponden, en perjuicio del patrimonio del Instituto que represento.
6.- Todas las demás que se deriven de los términos en que se encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidades de que se indique el nombre de la misma.
I.- INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado y por actuar, en todo aquello que beneficie los intereses que represento y en especial el escrito de contestación de demanda y las pruebas aportadas por esta parte.
II.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en las inferencias lógico-jurídicas que realice ese H. Tribunal de los hechos conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos, en todo aquello que beneficie a los intereses de mi representado y, en especial que, al presente caso no le son aplicables los preceptos legales sobre los cuales la parte actora funda su reclamación.
III.- CONFESIONAL, personalísima y no por conducto de apoderado a cargo de la C. MINERVA BARRIENTOS LOZANO, al tenor del pliego de posiciones que se anexan al presente escrito en sobre cerrado y que deberán serles formuladas el día y hora que se señale para tal efecto, debiéndosele apercibir de tenerla por confesa ficta de todas y cada una de las posiciones que se le formulen y que sean calificadas de legales, para el caso de que deje de comparecer sin justa causa al ser requerida por este tribunal. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los puntos controvertidos en el presente conflicto.
VI.- Por acuerdo de fecha veinte de octubre del presente año, se señalaron las doce horas del día diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 101 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a la cual solo asistió el apoderado de la parte demandada, haciéndose constar que no se encontraba presente la actora ni persona alguna que legalmente la representara, no obstante haber sido emplazada en los términos legales. En virtud de no haberse llevado a cabo la etapa de conciliación, por inasistencia de la parte actora, se pasó a la etapa de admisión y desahogo de pruebas. Por lo que hace a esta etapa se hizo constar que la parte actora no ofreció probanza alguna a efecto de acreditar los extremos de sus pretensiones.
En relación con las pruebas ofrecidas por la parte demandada, en su escrito de contestación a la demanda, se admitieron las consistentes en la instrumental pública de actuaciones, las presuncionales legal y humana, y la confesional a cargo de la parte actora C. Minerva Barrientos Lozano en forma personal y no por conducto de apoderado.
A continuación se procedió solo al desahogo de las probanzas de la parte demandada, toda vez que como ya se ha dicho, la parte actora no ofreció prueba alguna. Bajo este tenor, la instrumental pública de actuaciones y las presuncionales legal y humana, ofrecidas por la parte demandada, se tuvieron por desahogadas por su propia naturaleza.
Por otro lado, en preparación de la prueba confesional a cargo de la C. Minerva Barrientos Lozano, se le citó, apercibida que en caso de inasistencia, se le tendría de confesa de las posiciones que fueran calificadas de legales. De igual forma, se apercibió a la parte demandada para que en el caso de no presentar el pliego de posiciones que habría de absolver la parte actora, se le tendría desierta esta probanza. Se procedió al desahogo de la prueba confesional a cargo de la actora, y al no encontrarse presente en la audiencia de referencia, no obstante, haber sido notificada en los términos de ley, según consta en actuaciones, se le hizo efectivo el apercibimiento y, en consecuencia, se le tuvo por confesa en sentido afirmativo de todas y cada una de las posiciones que por escrito presentó la parte demandada, en sobre cerrado y que en forma previa fueron calificadas de legales.
En virtud de que no existían pruebas pendientes por desahogar, se pasó a los alegatos, y al efecto, el representante legal del Instituto Federal Electoral, en vía de alegatos manifestó lo que a su representada convino y se declaró perdido el derecho de la parte actora para hacerlo.
En tal circunstancia y al no existir diligencia pendiente por realizar, se declaró cerrada la audiencia de admisión y desahogo de pruebas y alegatos, procediéndose a la formulación del correspondiente proyecto de resolución; y
PRIMERO. Esta Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo 4, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el precepto 189 fracción I, inciso h) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Cabe señalar que el Instituto Federal Electoral al dar contestación a la demanda, hace valer entre otras, la que en su concepto constituye una causal de improcedencia, solicitando se sobresea el presente conflicto laboral; en tal virtud, a continuación se procede a su análisis, pues su estudio es de carácter preferente y de orden público por así estar previsto en los artículos 1, párrafo 1 y 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La causal de improcedencia aducida por el demandado, deriva, según su manifestación, del artículo 96, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone que es requisito de procedibilidad que el servidor del Instituto Federal Electoral involucrado, haya agotado en tiempo y forma las instancias previas que establece el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, para poder inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; instancia que, en el caso, se encuentra prevista en el artículo 192 de dicho estatuto, mediante el recurso de reconsideración.
Sobre el particular, resulta oportuno tener en cuenta la Jurisprudencia obligatoria de esta Sala Superior, correspondiente a la Tercera Epoca, identificable bajo el número J.2/97, que a la letra dice:
RECONSIDERACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. ES OPTATIVA AGOTARLA. Los servidores del Instituto Federal Electoral, antes de acudir al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales, que prevé el Libro Quinto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no están obligados a agotar, como requisito de procedibilidad de dicho juicio, el recurso de reconsideración establecido por el artículo 192 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, dado que, en términos de lo que previene este precepto, al referir que dichos servidores "podrán" utilizarlo, su agotamiento se convierte en optativo, constituyendo, en consecuencia, la interposición de tal recurso, sólo un medio por el cual pueden optar los servidores con el fin de tratar de lograr, administrativamente, la satisfacción de sus pretensiones, sin necesidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que la Constitución le reservó la facultad de decisión de las controversias laborales surgidas entre tal organismo y sus servidores.
Sala Superior. S3LAJ 02/97
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-002/97. Eduardo Manuel Rivas Buenfil. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus Servidores SUP-JLI-046/97. Magdaleno Villanueva Flores y otros. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.
TESIS DE JURISPRUDENCIA J.2/97. Tercera Época. Sala Superior. Materia Laboral. Aprobada por Unanimidad de votos.
Por lo tanto, el recurso contenido en el artículo 192 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, sólo debe considerarse como una mera instancia de carácter optativo para los trabajadores del Instituto Federal Electoral, por lo que ve a los conflictos o diferencias en materia de derechos y prestaciones laborales, lo que demuestra lo equívoco de la pretensión de la demandada, acerca de que es imperativo agotar el recurso de reconsideración para acudir a esta jurisdicción, considerándolo la parte demandada, incorrectamente, como un requisito de procedibilidad insoslayable para poder presentar la demanda relativa al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral.
En vista de lo antes argumentado, esta Sala Superior considera inatendible la referida causal de improcedencia y por lo tanto es de desestimarse la misma.
TERCERO. De la demanda y de su contestación se advierte que los puntos en que se centra la controversia del presente conflicto laboral consiste en:
A) Si la parte actora tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, en los términos de su reclamación, consistente en doce días por cada año de servicio prestado.
B) Si al actor le corresponde la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, correspondiente al año de 1997, y
C) Si al actor le corresponde la parte proporcional del aguinaldo, correspondiente al año de 1997.
CUARTO. Por lo que hace a la prima de antigüedad, resulta procedente absolver a la parte demandada a cubrírsela a la actora, en virtud de que la demanda laboral fue interpuesta en forma extemporánea, esto con base a lo siguiente:
Como es fácil observar, tal norma jurídica prevé un término fijo dentro del cual las acciones laborales que tengan los servidores del Instituto Federal Electoral, contra este Instituto, deben ejercitarlas; término que los faculta para acudir ante el Tribunal que señala (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), en petición de justicia, es decir, que tal precepto legal contempla la figura jurídica denominada de la caducidad, pues en tal disposición está claramente expresada la voluntad e intención del legislador de establecer como condición sine qua non, de las acciones laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, que las mismas se ejerciten dentro del brevísimo lapso de quince días hábiles siguientes al en que se les notifiquen o conozcan de las determinaciones del Instituto, que les afecten en sus derechos y prestaciones laborales; y ello es así, porque la caducidad se produce por la inacción del titular durante un tiempo prefijado; la acción está sometida a un espacio de tiempo dentro del cual debe ser ejercitada; caducidad que, precisa dejar aclarado, no debe confundirse con la prescripción; el término que prevé la norma jurídica transcrita es de caducidad, no de prescripción, porque aunque ambas instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, son también de tan marcadas diferencias que no es posible confundirlas; la prescripción supone un hecho negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, y para que pueda declararse se requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se pierda la acción, de donde se deduce que la no caducidad es una condición sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se realice deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro del plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por la que la prescripción es considerada como una típica excepción; y la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible defensa; la primera merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se declare expresada ante los tribunales, por la parte en cuyo favor corre, destruye la acción; mientras que la segunda (caducidad), sólo requiere la inacción del interesado, para que, los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente una "destrucción" de la acción, sino la falta de un requisito o presupuesto necesario para su ejercicio. Por otra parte, la prescripción, por regla general, se relaciona con los derechos que miran más al interés particular o privado; por ello admite no sólo su suspensión, sino también su interrupción por los medios que las leyes establecen; pero cuando entran en juego intereses de orden público, como en la especie, los de definir con la mayor celeridad posible, la situación que deben guardar los servidores de un organismo que tiene a su cargo funciones públicas de vital importancia para la vida democrática del país, como son las de la organización de las elecciones federales, entonces, el término, aparte de convertirse, como antes se dijo, en una condición del ejercicio de la acción, no admite interrupción alguna. Por lo anteriormente considerado es que caducidad y prescripción tienen que ser, como lo son, dos instituciones esencialmente diversas; esto es, se repite, el apuntado término de quince días a que alude el invocado artículo 96, en su primer párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para el ejercicio de las acciones laborales que puedan tener los servidores del Instituto Federal Electoral, contra dicho Instituto es un término de caducidad y no de prescripción, porque conforme a lo explicado, aunque ambas figuras jurídicas constituyen formas de extinción de derechos, que se producen por el transcurso de cierto tiempo, se diferencian, fundamentalmente, en que la primera es condición para el ejercicio de la acción y debe estudiarse de oficio; en cambio, la segunda, sólo puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima. De suerte que, como precisamente porque dicho término de la caducidad es una condición para el ejercicio de la acción, cabe insistir en que la autoridad jurisdiccional, en el caso de esta Sala Superior, no solamente está facultada, sino que tiene la ineludible obligación de examinar si dentro de él se efectuaron los actos positivos que sobre el particular señala la ley --- presentación oportuna de la demanda---, como en general también la tiene con respecto a los hechos constitutivos de toda acción, a fin de ver si se cumplen los requisitos que para su ejercicio requiere esa misma ley, ya que de lo contrario, nunca podría desempeñar su importantísima función de decidir el derecho.
Establecido, pues, que el referido término de quince días, previsto por el invocado artículo 96 de la citada ley, es de caducidad, es de estimarse, que cuando el actor ejercitó contra el Instituto Federal Electoral, la acción laboral relativa al pago de la prima de antigüedad, dicha acción había caducado.
Así es, para arribar a tal conclusión, se tiene presente, en primer lugar, que tal y como la propia actora lo menciona en su capítulo de hechos, el primero de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le otorgó la pensión por jubilación a partir de esa misma fecha; lo que evidencia que los quince días hábiles establecidos en la ley, para que la afectada presentara su demanda, transcurrieron del tres al veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, pues debe entenderse que a partir de tal fecha la actora tuvo conocimiento de que su contraria, al no cubrirle la prima de antigüedad, pese a la separación por jubilación, propiamente le estaba negando su cobertura, lo que viene a significar que desde esa fecha estuvo en aptitud para demandar su pago, ante la negativa de la patronal de cubrírselo; negativa que, a su vez, implicó la notificación a que se refiere la ley; y no está por demás precisar, en primer lugar, que el vocablo "notificación", que implica comunicar a alguien algo, carece del significado de una comunicación procesal (en cuyo supuesto se requiere que se realicen formalidades legales preestablecidas, para hacer saber una resolución de autoridad judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal); más bien, tomando en consideración que sólo se trata de una comunicación entre los sujetos que en un plano de igualdad, intervienen en una relación jurídica (dado que el estado ha asimilado al Instituto Federal Electoral a la naturaleza de patrón), entonces, tal comunicación puede revestir las distintas formas existentes que transmiten ideas, resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un plano de igualdad, bien sea por vía oral, escrita o, inclusive, a través de posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que las vincula, ya que, esa "notificación", sólo viene a constituir la noticia cierta del hecho que uno de los sujetos participantes de esa relación, hace saber o pone de manifiesto al otro; de modo que, para que empiece a computarse el término de la caducidad que con antelación se habló, basta con que el servidor tenga conocimiento, por cualquier forma, en fecha determinada, que su empleador ha tomado determinaciones que le afectan a sus derechos o prestaciones laborales, pues debe entenderse que el conocimiento del acto afectatorio de la esfera jurídica del servidor es el que sirve de pauta para el inicio del cómputo del aludido término a que se refiere la ley, o sea, que el mismo empieza a correr a partir del día siguiente a la fecha en que se actualiza el interés jurídico de dicho servidor, lo que acontece cuando la prestación reclamada se vuelve exigible.
En tales condiciones, se repite, si con fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y siete, se le otorgó a la hoy actora la pensión por jubilación, a partir de esa misma fecha, le corrieron los quince días para reclamar el pago de la prima de antigüedad, a la que se ha hecho referencia con anterioridad, por lo que, en consecuencia, los quince días transcurrieron del tres al veinticuatro de marzo del presente año, por lo que al ser presentada la demanda laboral hasta el veinte de mayo, es claro que la acción de pago de prima de antigüedad había caducado en la fecha de su presentación, lo que hace que tal acción, por esa causa sea improcedente y deba absolverse al demandado, como ya se anticipó.
QUINTO. En relación a la parte proporcional del aguinaldo, correspondiente al año de mil novecientos noventa y siete, por haber trabajado del primero de enero al veintiocho de febrero, según reconocimiento que de ello hace la parte demandada, al dar contestación a la demanda, esta Sala Superior considera absolver a la parte demandada de dicho pago, ya que si el derecho de percibir un aguinaldo es anual y se debe pagar en los términos que señalen las normas conducentes que se contengan el en decreto que sobre el particular expida el Ejecutivo Federal, para fijar tanto las proporciones como el procedimiento, para los pagos en caso de que el trabajador hubiese prestado sus servicios menos de un año, y la actora demanda el pago de la prestación el veinte de mayo del año en curso, fecha ésta en la que presenta su demanda laboral, es inconcuso que en esta fecha aún no nace el derecho de la promovente a reclamar la pretensión, ya que el Ejecutivo Federal no ha dictado las normas para fijar la proporción y el procedimiento para realizar el pago correspondiente.
De ahí que se estime, que la demandante, por ahora, carece de interés jurídico, para pretender el pago de la parte proporcional de aguinaldo correspondiente a mil novecientos noventa y siete; por ende procede absolver a la demandada del pago de dicha prestación, dejándose a salvo los derechos de la actora, para que en su oportunidad los haga valer si lo estime pertinente.
SEXTO. En relación a las restantes prestaciones reclamadas por la parte actora en su escrito inicial, consistentes en el pago de la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, correspondiente al año de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que sobre dichas prestaciones no existe controversia alguna, toda vez que la parte demandada, al dar contestación a la demanda, establece que es falso que se haya negado a cubrirle a la actora el pago de la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional de mil novecientos noventa y siete, ya que las mismas siempre han estado a su disposición en las oficinas de su representada; tomando en cuenta que el artículo 113 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, en sus fracciones XIII y XIV, dispone que los empleados del Instituto Federal Electoral, tienen derecho a 20 días hábiles al año, por concepto de vacaciones y recibir, previo a la fecha en que gocen sus vacaciones, una prima vacacional; por tanto, resulta procedente condenar a dicho organismo público al pago de esas prestaciones a su parte proporcional y que habrán de ser cuantificadas tomando como base el reconocimiento que de dichas prestaciones hace la parte demandada, al dar contestación a la demanda, es decir, por el tiempo laborado del primero de enero al veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Bajo estas condiciones tenemos que, por lo que hace a la parte proporcional de vacaciones si la actora obtenía un salario quincenal de un mil doscientos seis pesos con setenta y siete centavos, moneda nacional, lo que equivale a un salario diario de ochenta pesos con cuarenta y cinco centavos, moneda nacional, por lo que multiplicada dicha cantidad por veinte días, resulta una cantidad de un mil seiscientos nueve pesos, moneda nacional; empero, como la actora solo laboró durante los días que transcurrieron del primero de enero al veintiocho de febrero del presente año, la parte proporcional a que tiene derecho por cincuenta y nueve días laborados es de doscientos sesenta y tres pesos con sesenta y nueve centavos, moneda nacional, cantidad por la que desde luego se condena al Instituto que la cubra a la actora.
En relación a la prima vacacional, su cuantificación equivale al treinta por ciento del sueldo percibido durante veinte días; de modo que, si el trabajador hubiera laborado durante todo el año, le corresponderían dos períodos vacacionales de diez días cada uno y una prima vacacional equivalente al treinta por ciento del salario percibido durante esos veinte días. No obstante, cabe señalar que la parte actora sólo laboró durante dos meses, es decir, del primero de enero al veintiocho de febrero del presente año; por lo que en consecuencia, la prima vacacional que le corresponde es de ochenta pesos con cuarenta y cinco centavos, moneda nacional, esto tomando como base que su sueldo por treinta días, era la cantidad de dos mil cuatrocientos trece pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional, cantidad que desde luego, deberá pagar la parte demandada a la actora Minerva Barrientos Lozano.
En consecuencia, por ambos conceptos (vacaciones y prima vacacional), el Instituto Federal Electoral deberá cubrir a la accionante la cantidad de trescientos cuarenta y cuatro pesos con catorce centavos, moneda nacional, para cuyo cumplimiento se establece un plazo de diez días hábiles, para que el Instituto demandado cumpla con lo dispuesto en el punto resolutivo segundo de esta ejecutoria, contado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique el presente fallo, y un plazo de cinco días hábiles para que dicho Instituto informe a esta Sala Superior el cumplimiento de lo ordenado en dicho resolutivo.
Por lo anteriormente considerado, se
PRIMERO. La actora acreditó parcialmente la procedencia de las acciones laborales que ejercitó, y el Instituto Federal Electoral comprobó en parte las excepciones que opuso; en consecuencia, se absuelve al Instituto Federal Electoral del pago de la prima de antigüedad, así como de la parte proporcional del aguinaldo, que se reclamó.
SEGUNDO. Se condena al Instituto Federal Electoral al pago de la cantidad de trescientos cuarenta y cuatro pesos con catorce centavos, moneda nacional, por concepto de parte proporcional de vacaciones y la prima correspondiente, en los términos puntualizados en los considerandos que anteceden.
TERCERO. Se establece un plazo de diez días hábiles, para que el Instituto demandado cumpla con lo dispuesto en el punto resolutivo segundo de esta ejecutoria, contado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique el presente fallo, y un plazo de cinco días hábiles para que dicho Instituto informe a esta Sala Superior el cumplimiento de lo ordenado en dicho resolutivo.
Notifíquese en forma personal a las partes, en los domicilios señalados para tal efecto; independientemente de ello, en los estrados de este H. Tribunal, hecho lo anterior archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así por mayoría de votos de los Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Mauro Miguel Reyes Zapata, y el voto en contra del Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciendo suyo el proyecto la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, en ausencia del Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, quien se encuentra ausente por encontrarse desempeñando una comisión oficial.
El Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, formuló el voto particular que se inserta a continuación:
VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ, EN RELACION CON LA SENTENCIA RECAIDA EN EL EXPEDIENTE SUP-JLI-051/97
Con el debido respeto que me merecen los señores Magistrados integrantes de la mayoría en la sentencia recaída en este expediente, me permito emitir el presente voto particular, con fundamento en el artículo 187, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues si bien coincido con el sentido del proyecto en cuanto a la condena al Instituto Federal Electoral respecto del pago de la parte proporcional de vacaciones y la prima vacacional correspondiente, así como de la absolución de la parte proporcional del aguinaldo, expreso mi disenso exclusivamente en cuanto a lo sostenido en el Considerando Cuarto de esta sentencia y, en consecuencia, lo previsto sobre el particular en el Resolutivo Primero por el cual se absuelve al Instituto demandado del pago de la prima de antigüedad reclamada por la actora al estimar que operó la caducidad de la misma.
Al respecto, cabe tener en cuenta que el párrafo 1 del artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece:
Conforme a lo previsto en la disposición transcrita y contrariamente a lo sostenido por la mayoría, el suscrito estima que en el presente caso no cabe considerar que operó la caducidad de la prestación indicada, en virtud de lo siguiente:
a) Aun cuando se admita que la notificación a que se refiere el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no tiene un carácter procesal que requiera de cierta formalidad, debe advertirse que en autos no existe constancia o prueba alguna de que, en una fecha específica, a la actora se le haya informado o notificado en alguna forma la determinación del Instituto demandado de que éste no les iba a cubrir dichas prestaciones;
c) La ausencia de la multicitada constancia o prueba sobre la fecha en que se le notificó a la actora la determinación respectiva no puede constituir un impedimento para que se entre al estudio del fondo del asunto por lo que se refiere a dicha prestación reclamada por la actora, toda vez que ninguna disposición de la ley invocada, ni de las normas supletorias, la contemplan como un requisito de procedibilidad; por tanto, ante la falta de dicha evidencia que permita definir una fecha precisa a partir de la cual empieza a computarse la caducidad, no puede operar esta última, por lo que cabe entender que la actora se dio por notificada a partir de cuando tuvo conocimiento de la determinación de que el Instituto demandado no le cubriría la prestación respectiva, lo cual habría ocurrido dentro del plazo de quince días que la Ley le confiere para inconformarse por la afectación de sus derechos o prestaciones laborales;
d) El criterio de que el cómputo de la caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo lugar "la separación por jubilación", en opinión de quien esto escribe, se aparta de lo prescrito por las disposiciones aplicables por lo siguiente:
iii) En efecto, si el legislador hubiera "querido" que el cómputo del plazo de caducidad de la acción de los servidores del Instituto para reclamar la afectación en sus derechos o prestaciones laborales, fuera a partir del día siguiente en que tuvo lugar "la separación por jubilación" o por cualquier otra causa, como lo sostiene la mayoría, así lo hubiera establecido en el precepto bajo análisis, para lo cual también habría bastado que previera que dicho cómputo iniciaría a partir del día siguiente a cuando el servidor hubiere "sido afectado en sus derechos o prestaciones laborales" o "se hubiere separado del trabajo", lo cual resulta equivalente; sin embargo, al no haberlo hecho así el legislador sino, por el contrario, establecer expresamente que es a partir del día siguiente "al en que se le notifique la determinación del propio Instituto", lleva a la conclusión, por quien esto escribe, de que no se debe liberar a dicho Instituto de la carga procesal de probar la fecha en que notificó al actor su determinación y, en su lugar, estimar siempre que el plazo empieza a correr a partir de que "la prestación se hace exigible", o tiene lugar "la separación por jubilación".
iv) Como certeramente se establece en la propia sentencia, existe una clara diferencia entre las instituciones de caducidad y prescripción, razón por la cual se estima que no sería pertinente utilizar como equivalentes el día siguiente "al en que se le notifique la determinación del propio Instituto", que el varias veces invocado precepto legal prevé como fecha para el inicio del cómputo para la caducidad, con la fecha en que tuvo lugar "la separación por jubilación" o que la prestación u obligación se hace exigible, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos del artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la referencia "a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible" corresponde al inicio del cómputo para la prescripción;
e) El criterio de que el término para reclamar alguna prestación vinculada con la relación de trabajo, empieza a correr a partir de "la separación por jubilación", sin que sea necesaria la notificación formal por parte del Instituto Federal Electoral a la actora, en opinión de quien esto escribe, no resulta aplicable al presente caso, por lo siguiente:
i) Cabe la posibilidad en la práctica laboral de que, ante un vencimiento o terminación de contrato que regule la relación jurídica entre las partes, exista disponibilidad del Instituto demandado de cubrir las prestaciones devengadas por la actora (v. gr., partes proporcionales de vacaciones y prima vacacional, tal y como efectivamente ocurrió en el presente caso respecto de estas prestaciones, sin que se haya considerado que allí operó la caducidad) e, incluso, así se lo haga saber al servidor interesado, pero, debido a los trámites administrativos requeridos, no pueda entregarle el cheque respectivo sino con posterioridad, por lo que tal situación podría traer dificultades para la identificación de la fecha a partir de la cual empezaría a correr el cómputo para la caducidad, en el entendido de que ésta no está sujeta a interrupción o suspensión;
ii) En el presente caso, no existe constancia o prueba alguna de que se le hubiese notificado a la hoy actora que no se le cubriría la prestación indicada y reclamada en su escrito inicial de demanda.
Por las razones que anteceden, toda vez que el Instituto demandado en ningún momento acreditó la fecha en que hubiere dado cumplimiento a la exigencia de notificar a la actora la determinación del propio Instituto en el sentido de que no le cubriría la prestación consistente en la prima de antigüedad y reclamada en el escrito inicial de demanda presentada por la hoy actora, resulta inconcuso que no cabe considerar que operó la caducidad prevista en el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y declarar improcedente dicha prestación, absolviendo al Instituto Federal Electoral sobre el particular, sino que este órgano jurisdiccional debió haber entrado al estudio de fondo de la multicitada pretensión.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDO

References: artículo 96
 artículo 192
 resolución 
 artículo 96
 artículo 41
 artículo 192
 resolución 
 artículo 11
 artículo 192
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 artículo 96
 artículo 192
 artículo 10
 artículo 192
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 artículo 97
 artículo 101
 artículo 96
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 ARTÍCULO 192
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 artículo 113
 artículo 187
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 artículo 516
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