Source: http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2006/africa.shtml
Timestamp: 2017-07-26 03:10:28+00:00

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En un debate temático sobre la situación en África el 27 de enero, el Consejo de Seguridad destacó la necesidad de que los Gobiernos de la Región de los Grandes Lagos en África desarmasen y desmovilizasen las milicias y los grupos armados que seguían atacando a civiles y al personal de asistencia humanitaria y de las Naciones Unidas, lo que ponía en peligro la estabilidad de cada Estado en particular y de la región en su conjunto.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1653 tras el debate, que duró todo el día y en el que participaron varios Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Seguridad condenó enérgicamente las actividades de las milicias, como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR), las Palipehutu-Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) en Burundi y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en Uganda. Asimismo, pidió a todos estos grupos armados que depusieran las armas y participaran voluntariamente y sin demora ni condiciones previas en su desarme y repatriación o reasentamiento.
El Consejo de Seguridad celebró otro debate sobre la Región de los Grandes Lagos de África el 20 de diciembre, en la que el Representante Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos, Ibrahima Fall, y otra de la primera Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, Liberata Mulamula informaron sobre la situación de la región.
Tras aprobar una declaración presidencial al final de la reunión, el Consejo de Seguridad felicitó a los líderes de la región por la firma, el 15 de diciembre, del Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en los Grandes Lagos, proclamándolo como pilar fundamental de la arquitectura de paz y prosperidad en la región. Igualmente, se elogió a los países de la región por haber concluido con éxito la segunda cumbre de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos en Nairobi, Kenya. Además, el Consejo acogió con satisfacción la decisión de establecer un mecanismo regional de seguimiento con una Secretaría de la Conferencia y oficinas en Bujumbura, Burundi.
El Consejo también apoyó la petición del comité regional interministerial de prorrogar el mandato de la Oficina del Representante Especial del Secretario General durante un período final de tres meses, hasta el 31 de marzo de 2007, con el objetivo de asegurar que el mecanismo de seguimiento «pertenezca a la región», y de completar satisfactoriamente la transición hacia la Secretaría de la Conferencia.
El Presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso, al informar al Consejo sobre los conflictos africanos el 31 de mayo, en su calidad de Presidente de la Unión Africana, dijo que era posible atisbar un rayo de luz al final del túnel ya que las circunstancias apuntaban hacia el fin de conflictos africanos como los de Côte d’Ivoire, de la República Democrática del Congo y de Darfur, gracias a las hojas de ruta, los calendarios, y las alternativas propuestas por la comunidad internacional. Recordó, por otro lado, que la mayoría de los conflictos en África no eran nuevos y llamó la atención sobre el trágico caso de Somalia, la situación entre Eritrea y Etiopía, la crisis en la zona septentrional de Uganda y el conflicto en el Sáhara Occidental. Algunos de los peores conflictos del continente se habían resuelto de forma alentadora: la guerra civil en Angola ya era un mal recuerdo, igual que las crisis en Liberia, Sierra Leona, Guinea-Bissau y, más recientemente, Burundi.
Añadió que el continente iba por buen camino, aunque a menudo no progresase en línea recta y a menudo siguiera en estado frágil. A la hora de llevar a la práctica la alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, África contaba con las herramientas adecuadas, en especial con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y el Pacto de no Agresión y de Defensa Común adoptado en Abuja en enero de 2005. Aunque es cierto que aún quedaba un largo camino, habría que recordar que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso; además, no está escrito en ningún lugar que la tragedia ha de permanecer intrínsecamente en el futuro de África.
Volviendo al tema de la consolidación de la paz en el África Occidental en un debate celebrado el 9 de agosto que duró todo el día, el Consejo de Seguridad, por medio de la aprobación de una declaración presidencial, pidió una mayor cooperación entre las Naciones Unidas, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental CEDEAO y la Unión Africana para ayudar a los Gobiernos de la región a consolidar la paz y a tratar problemas transfronterizos como el tráfico de armas pequeñas ilegales, el desempleo juvenil, el desarme de los excombatientes y la explotación de los recursos naturales. Al leer la declaración, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Nana Akufo-Addo, destacó la necesidad permanente de que los Estados de África Occidental y la CEDEAO frenaran las actividades transfronterizas ilícitas y reiteró la importancia de que todos los líderes del África Occidental colaboraran para conseguir la paz y la seguridad.	Sudán El deterioro de la situación en Darfur, un territorio de aproximadamente el tamaño de Francia, y la amenaza de que el conflicto traspasase las fronteras hacia el Chad siguieron siendo motivos de gran preocupación en 2006. El Consejo de Seguridad se reunió en más de 20 ocasiones para tratar la situación de Sudán.
Se calcula que al menos 200.000 personas murieron como consecuencia de tres años de conflicto en la remota región occidental del Sudán. La situación se ha visto agravada por el hecho de que el conflicto de Darfur surgió en medio de una guerra civil entre el norte y el sur de Sudán, un conflicto que duró más de 20 años y terminó con el acuerdo de paz del 9 de enero de 2005. Muchas voces han advertido sobre las consecuencias de una falta de acción en este conflicto, entre otras las del Secretario General, su Representante Especial, el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas y el fiscal principal de la Corte Penal Internacional. Para evitar estas consecuencias, el Consejo intentó reforzar su apoyo a la transición de una fuerza de la Unión Africana (que fue enviada en 2004, en principio, como fuerza militar de cesación del fuego) a una operación de las Naciones Unidas. Ante la resistencia del Gobierno del Sudán a crear una fuerza de las Naciones Unidas, posteriormente, en ese mismo año, el Consejo comenzó a preparar el terreno para una fuerza «híbrida» de la Unión Africana y las Naciones Unidas. Aunque la firma del Acuerdo de Paz de Darfur en mayo creó expectativas en torno a la posibilidad de un próximo acuerdo duradero, las esperanzas se desvanecieron al comprobarse que los enfrentamientos y el sufrimiento no disminuyeron lo más mínimo durante el año. Sin embargo, un anuncio en el que se esperaba que fuera el último día de trabajo del año renovó la esperanza de que el Consejo estuviera finalmente cerca de rescatar a la población de Darfur de su agonía. Dirigiéndose al Consejo en su discurso de despedida, el Secretario General, Sr. Kofi Annan informó a los miembros que esperaba que el Presidente del Sudán, Omar Hassan al-Bashir diera su consentimiento al día siguiente para una cesación total del fuego en Darfur y para el posterior despliegue de una fuerza híbrida formada por la Unión Africana y las Naciones Unidas para proteger a la población. Cinco días más tarde, el 27 de diciembre, el Secretario General anunció en una declaración que el Presidente del Sudán había aceptado la estrategia en tres fases que daría comienzo al despliegue de una fuerza híbrida de las Naciones Unidas y de la Unión Africana en Darfur. En comparación con la fuerza de la Misión de la Unión Africana, que tenía un contingente de 7.000 efectivos, la nueva fuerza híbrida estaría compuesta por aproximadamente 17.000 militares y 3.000 policías. En respuesta a la noticia, en un comunicado de prensa el Consejo recalcó su intención de seguir cooperando estrechamente con la Unión Africana y de seguir dando prioridad a esta cuestión.
Los enfrentamientos estallaron en Darfur a principios de 2003, entre las milicias árabes favorables al Gobierno, conocidas como Janjaweed, y los rebeldes del Ejército de Liberación del Sudán (SLA) y del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM). Los rebeldes exigían reformas políticas y económicas que, supuestamente, se habían visto frustradas como consecuencia de la que se considera la marginalización de Darfur por parte de Jartum. Aunque el conflicto había comenzado con una rebelión armada contra el Gobierno, la mayor parte de la violencia selectiva se debía ala política de tierra arrasada que aplicaban las milicias armadas, lo que había provocado el desplazamiento de aproximadamente dos millones de personas, tanto en el interior de Darfur como a través de la frontera con el Chad. El 13 de enero, Jan Pronk, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), comenzó el año con una sesión de información general sobre la situación en el país. Comunicó al Consejo que un año desde la firma del Acuerdo General de Paz entre el Gobierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM) el acuerdo seguía en pie. A pesar de que la trágica muerte de John Garang, líder del Sur, apenas un mes después de ser nombrado el nuevo Vicepresidente del Sudán, había causado gran consternación y retrasos, ninguna de las partes encontró motivos para abandonar el Acuerdo, cuya aplicación, aunque lenta, seguía por buen camino y estaba progresando.
El Jefe de la UNMIS añadió que en un año se habían aprobado dos nuevas Constituciones, una para el Sudán y otra para el Sudán meridional. Se habían conformado, además, dos nuevos gobiernos y ya se habían establecido todas las instituciones que había dispuesto el Acuerdo General de Paz. Aunque algunas instituciones apenas se habían reunido y otras se enfrentaban a conflictos políticos, el espíritu del acuerdo seguía vivo. El Comité Militar Conjunto de Cesación del Fuego (CJMC), la única institución dirigida por las Naciones Unidas, se comenzó a reunir poco después de la aprobación de la resolución 1590 (2005), por la que se establecía la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) para supervisar el Acuerdo de Paz. Esta institución había logrado el consenso sobre la mayor parte de los problemas relacionados con la interpretación y la puesta en práctica de los párrafos del Acuerdo relativos al cese el fuego. Tan sólo unos días después, António Manuel Guterres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lanzó la alarma ante la creciente amenaza para los trabajadores humanitarios en la región de Darfur occidental. El 24 de enero advirtió que el conflicto había pasado la frontera y llegaba al Chad, y dijo que la situación que existía en el Sudán y el Chad probablemente era el problema humanitario más complejo y amplio del mundo. Para evitar la catástrofe en Darfur se necesitaban medidas firmes y la participación plena de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Para impedir que el conflicto en Darfur cobrase un número catastrófico de víctimas, sería necesario lograr un acuerdo de paz, no como solución al problema, sino como punto de partida de un proceso complejo de paz y de reconciliación. Y para conseguir todo esto resultaba imprescindible el compromiso total del Consejo. «¿Quién se atrevería a desafiarlos si trabajaran unidos?» preguntó.
En una declaración presidencial aprobada el 3 de febrero, el Consejo solicitó al Secretario General que comenzara de inmediato a planificar opciones de contingencia para una posible transición de la Misión de la Unión Africana en el Sudán (AMIS) a una operación de las Naciones Unidas.
El Consejo aprobó tres resoluciones durante el año para prorrogar el mandato de la UNMIS, que se había establecido en 2005. La resolución 1663 (2006) prorrogaba el mandato hasta el 24 de septiembre, la resolución 1709, hasta el 8 de octubre y, por último, la resolución 1714 lo prorrogaba hasta el 30 de abril de 2007.
El Consejo prorrogó el mandato de la Misión para que se desplegara en Darfur con el objetivo de favorecer la aplicación pronta y efectiva del Acuerdo de Paz de Darfur mediante la aprobación de la resolución 1706 el 31 de agosto, con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (las de China, Qatar y la Federación de Rusia). El Consejo solicitó el consentimiento del Gobierno de Unidad Nacional para ese despliegue e instó a los Estados Miembros a que aportasen la capacidad necesaria para un despliegue rápido.
El Representante Especial Jan Pronk informó al Consejo el 21 de marzo que los habitantes de Darfur seguían deseando la paz, pero que todas las muertes, las violaciones y los abusos de los derechos humanos, en violación directa de los acuerdos y de las resoluciones de las Naciones Unidas, constituían una amenaza para la paz en el Sudán. Las exigencias de las resoluciones del Consejo se estaban pasando por alto. El Acuerdo de Nyamena de cesación del fuego no funcionaba. La Comisión Conjunta no se reunía y las sanciones previstas con el establecimiento de un equipo de expertos del Consejo de Seguridad sólo existían en teoría. En una declaración presidencial aprobada el 11 de abril, el Consejo lamentó la decisión del Gobierno Sudanés de Unidad Nacional de denegar la entrada a Darfur al Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas y exigió una explicación de esta decisión., El Consejo también expresó su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias de la decisión del Gobierno de no renovar el contrato del Consejo Noruego para los Refugiados. El Consejo reiteró su pleno apoyo a las Conversaciones de Paz Intersudanesas sobre el Conflicto en Darfur celebradas en Abuja, Nigeria y respaldó la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de fijar el 30 de abril como fecha límite para lograr un acuerdo.
El 18 de abril, el Enviado Especial de la Unión Africana y Mediador Principal para las Conversaciones de Paz Intersudanesas sobre el Conflicto de Darfur, Salim Ahmed Salim, explicó ante el Consejo que la fórmula para un ejercicio compartido del poder era la base de las propuestas planteadas por la Unión Africana para la mediación en el conflicto de Darfur. También hizo hincapié en el hecho de que los acuerdos en materia de seguridad serían decisivos para el éxito de las negociaciones de Abuja y destacó la a enorme complejidad de organizar una cesación del fuego inmediata y un estatuto final a largo plazo.
Mediante la aprobación de una declaración presidencial el 25 de abril, el Consejo reiteró su apoyo a la decisión del 10 de marzo del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de que debía alcanzarse un acuerdo antes del 30 de abril. El Consejo recalcó, además, la necesidad de que todas las partes en el conflicto de Darfur pusieran fin a la violencia y a las atrocidades en la región.
También el 25 de abril, se aprobó la resolución 1672 (2006) por 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (las de China, Qatar y la Federación de Rusia). Por esta resolución, el Consejo estableció las restricciones de viajes y las sanciones económicas estipuladas en la resolución 1591 (2005) con respecto a las siguientes personas: General de División Gaffar Mohamed Elhassan, Comandante de la Región Militar Occidental de las Fuerzas Armadas del Sudán; Jeque Musa Hilal, Jefe Supremo de la Tribu Jalul de Darfur septentrional, Adam Yacub Shant, Comandante del Ejército de Liberación del Sudán y Gabril Abdul Kareem Badri, Comandante del Movimiento Nacional pro Reforma y Desarrollo.
El 5 de mayo se llegó a un acuerdo en las Conversaciones de Paz Intersudanesas en Abuja. Durante la reunión a nivel ministerial del 9 de mayo, en una declaración presidencial, el Consejo acogió con gran satisfacción el acuerdo como base para una paz duradera en Darfur, e instó a los movimientos que aún no habían firmado el acuerdo a hacerlo lo antes posible y a no entorpecer su aplicación. La declaración, leída por el Ministro de Relaciones Exteriores del Congo, Rodolphe Adaba, también manifestaba la profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Darfur y por la escasa financiación. Al abrirla sesión, el Secretario General, Kofi Annan, dijo que la reunión ministerial, convocada con escasa antelación, demostraba que la comunidad internacional no sólo era consciente de la oportunidad histórica que se le brindaba, sino que, además, reconocía la urgencia con la que debía actuar si no quería desperdiciarla. Por otro lado, encomió al Gobierno sudanés y a la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés que había firmado el acuerdo, pero recalcó que no era un momento para «deleitarse con las felicitaciones ni dormirse en los laureles».
Kofi Annan dijo que era necesario acelerar la planificación de la transición a una operación de las Naciones Unidas en Darfur y destacó que ayudar a proteger al pueblo de Darfur y a aplicar el acuerdo de Abuja constituirían una de las mayores pruebas que la Organización de las Naciones Unidas había afrontado, quizá la mayor desde los casos de Somalia, Rwanda y Bosnia a principios de la década de los 90. «Pero se trata de un desafío que no podemos rechazar; y una vez aceptado, no nos podemos retrasar» añadió.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1679 el 16 de mayo, el Consejo respaldó al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en su decisión de que era necesario tomar medidas concretas para efectuar la transición en Darfur de la AMIS a una operación de las Naciones Unidas. También solicitó el envío de una misión conjunta de evaluación técnica de la Unión Africana y de las Naciones Unidas dentro del plazo de una semana después de la aprobación de la resolución.
Algunos días después, en una sesión de información sobre su visita al Sudán y al Chad, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Jan Egeland, dijo que aunque la firma del Acuerdo de Paz de Darfur representaba una esperanza real para la región, las semanas siguientes serían decisivas para los millones de personas cuyas vidas estaban en juego. Con la firma del Acuerdo de Paz de Darfur un día antes de su llegada al Sudán existía por fin la esperanza de que el país se estuviera recuperando pero advirtió que aún era posible caer en una espiral descendente que empujaría hacia el abismo a millones de personas, y que la alternativa a la paz sería catastrófica.
El Consejo de Seguridad envió una misión de investigación al Sudán y al Chad entre el 4 y el 10 de junio. A su regreso, el jefe de la misión, Emyr Jones Parry, del Reino Unido, dijo que a pesar de que no se había logrado que el Gobierno sudanés aceptara la transferencia de la fuerza de mantenimiento de la paz en Darfur (aún una región violenta) de la Unión Africana a las Naciones Unidas, y el proceso aún podría ser tortuoso, la misión veía más cercana la probabilidad de que el Gobierno terminara por aceptar dicho despliegue. El Representante de Francia, Jean-Marc de La Sablière, que había sido copresidente de la parte de la misión relativa al Chad, dijo que los campamentos de refugiados del Chad, donde se encontraban los chadianos desplazados por los ataques en su propio país y los que habían huido de los ataques de los Janjaweed en los campamentos de Darfur, habían mostrado que era vital que el Consejo tratase la situación de Darfur y de todo el Sudán paralelamente a la del Chad. Instó al Secretario General a que diseñara un plan para proporcionar asistencia internacional para los campamentos, ya que de lo contrario la situación empeoraría seriamente. «Es el momento de actuar en Darfur», dijo el Secretario General al Consejo el 11 de septiembre, destacando que la tragedia en esta región había alcanzado una dimensión peligrosa. Asimismo instó al Consejo a que estuviera a la altura de las circunstancias y añadió que no era el momento propicio para el avenimiento ni para medias tintas. También habló de informes desalentadores sobre nuevos enfrentamientos, especialmente en Darfur septentrional y del hecho de que miles de miembros de las fuerzas armadas sudanesas se habían desplegado, lo que contravenía claramente el acuerdo de paz. Aún peor era que el área estaba siendo objeto de nuevos bombardeos aéreos. Condenó firmemente la escalada de la violencia y advirtió que el Gobierno debería detener la ofensiva inmediatamente. Los enfrentamientos habían complicado el acceso de los trabajadores humanitarios a los 1,9 millones de desplazados y a los casi tres millones de personas que dependían de la asistencia internacional para recibir comida, refugio y tratamientos médicos. Desde julio de 2004 el acceso nunca había estado tan restringido.
El 18 de septiembre, el Sr. Pronk regresó al Consejo para informar de que el Acuerdo de Paz de Darfur, aunque sólo llevaba cuatro meses en vigor, estaba «casi muerto». Al presentar su propuesta para reavivar el plan dijo que el Acuerdo debería estar en cuidados intensivos, pero no lo estaba. Para «sacar al Acuerdo del coma» sería necesario atraer a la causa a los grupos que habían tomado la decisión política de apartarse del proceso. También era necesario aplicar se la resolución 1706 (2006) , que dejaba muy en claro que la comunidad internacional deseaba una transición de una fuerza de la Unión Africana a otra de las Naciones Unidas. El 14 de diciembre, Luis Moreno-Ocampo, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, informó al Consejo sobre una investigación de la Corte acerca de los principales responsables de los peores crímenes en Darfur. El Fiscal comunicó al Consejo que las pruebas ofrecían «suficientes motivos para creer» que esas personas habían cometido crímenes de lesa humanidad (como asesinatos, homicidios intencionales y violaciones) y crímenes de guerra (como la tortura y los ataques intencionales contra civiles). Al remitir la situación en Darfur a la corte de «último recurso», el Consejo había reafirmado que la paz y la seguridad exigían justicia, no sólo por el pasado, sino también por los crímenes más recientes. [El Consejo de Seguridad remitió la situación en Darfur a la Corte Penal Internacional el 31 de marzo de 2005]. En otra declaración presidencial aprobada el 15 de diciembre, el Consejo expresó su grave preocupación por el aumento de las acciones militares de los grupos armados en el Chad oriental y condenó tajantemente todos los intentos de desestabilización por la fuerza, incluida la reciente ofensiva llevada a cabo por estos grupos en Biltine y en Ouaddei. Asimismo, se mostró preocupado por la amenaza que estos grupos suponían para la seguridad de la población civil y para el personal humanitario y sus operaciones.
En otra declaración presidencial, aprobada el 19 de diciembre, el Consejo pidió el despliegue inmediato de un Paquete de Apoyo Ligero y Pesado de las Naciones Unidas y una operación híbrida en Darfur. Hacia finales de año, el grupo inicial de 25 efectivos uniformados había llegado a Darfur para apoyar a la AMIS, como parte de la aprobación compartida aceptada por el Gobierno sudanés.	Somalia
Mientras salía de una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad celebrada el 27 de diciembre, Kofi Annan, en sus últimos días como Secretario General, instó a los países vecinos de Somalia a mantenerse al margen de la escalada de violencia en este país devastado por la guerra y a respetar su soberanía e integridad territorial. El Secretario General recordó que la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) había expresado la intención de desplegar tropas en Somalia, pero dudó que pudieran hacerlo, dadas las condiciones que reinaban en ese momento.
El 26 de diciembre, el Representante Especial del Secretario General para Somalia y Jefe de la Oficina Política para Somalia, François Lonseny Fall, instó al Consejo de Seguridad a que urgiera a ambas partes a detener inmediatamente los enfrentamientos en Somalia. Añadió que la crisis se había intensificado peligrosamente, ya que las hostilidades entre el Gobierno Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos se habían expandido en un frente de 400 kilómetros de amplitud, lo con la participación de fuerzas extranjeras y el uso de armas pesadas y aviones. El Representante Especial para Somalia destacó que se había producido una escalada gradual de la retórica de guerra y de la tensión entre las partes en las semanas previas a la aprobación de la resolución 1725 del 6 de diciembre, por la que se modificaba el embargo de armas y se autorizaba el establecimiento de una fuerza conjunta compuesta por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Unión Africana para proteger al Gobierno de Transición en Baidoa.
El 22 de diciembre, en una reunión que tuvo lugar durante lo que se esperaba fuera el último día hábil de 2006, el Consejo de Seguridad pidió a todas las partes que se retiraran del conflicto, volvieran a entablar conversaciones y aplicaran de inmediato la resolución 1725 de 6 de diciembre. Mediante la aprobación de una declaración presidencial, el Consejo hizo un llamamiento a las partes para que se abstuvieran de cualquier acción que pudiera provocar o prolongar la violencia y las violaciones de los derechos humanos, generar tensiones o recelos innecesarios, poner en peligro la cesación del fuego y el proceso político, o empeorar la situación humanitaria.
Somalia no ha tenido un gobierno funcional desde 1991. Aunque el Gobierno Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos habían celebrado conversaciones en Jartum, la última ronda, prevista para octubre, fue pospuesta debido a la cuestión de las condiciones previas y a comienzos de diciembre hubo un nuevo estallido de violencia entre las partes.
Tras una década de anarquía y hambre en el país, se inició un proceso de reconciliación nacional con la celebración de una conferencia de paz entre las diversas facciones en Arta, Djibouti, a mediados de 2000, y con la formación de un Gobierno de Transición. Dado que varias partes Somalíes no apoyaron el proceso, siguieron existiendo importantes problemas en materia de seguridad, reconstrucción y desarrollo. El 27 de octubre de 2002 se firmó en Eldoret, Kenya, la Declaración sobre la cesación de hostilidades y las estructuras y principios del Proceso de Reconciliación Nacional en Somalia.
En una resolución del 6 de diciembre, aprobada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo autorizó a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y a los Estados miembros de la Unión Africana a establecer una misión de protección y capacitación en Somalia, que sería sometida a un examen al cabo de un período inicial de seis meses. Al aprobar por unanimidad la resolución 1725, el Consejo de Seguridad encargó a la misión, entre otras cosas, de proteger a los miembros de las Instituciones y del Gobierno Federal de Transición y de entrenar a las fuerzas de seguridad para que pudieran proporcionar su propio servicio de seguridad.
Al respaldar la disposición específica del Plan de despliegue de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo según la cual los Estados vecinos no desplegarían tropas en Somalia, el Consejo de Seguridad decidió que las medidas del embargo de armas, impuesto por la resolución 833 (1992) y tratado en mayor profundidad en la resolución 1425 (2002) , no se aplicarían al suministro de armas y de equipo militar y a la capacitación y asistencia técnicas destinados exclusivamente al apoyo de la misión conjunta de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y de la Unión Africana.
En el curso del año el Consejo de Seguridad tomó varias medidas relativas al embargo de armas de 1992, entre ellas la aprobación de la resolución 1724 del 29 de noviembre, que, entre otras cosas, solicitaba al Secretario General el reestablecimiento, en un plazo de 30 días, y por un período de seis meses, del Grupo de Supervisión, que se centraría en las violaciones del embargo de armas. Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1676 del 10 de mayo, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que volviera a establecer el Grupo de Supervisión, de nuevo en un plazo de 30 días y durante un período de seis meses. En la misma resolución y a la luz de un informe del Grupo de Supervisión, el Consejo de Seguridad expresó su intención de considerar algunas medidas específicas para mejorar la aplicación y el cumplimiento del embargo de armas.
Mediante la aprobación de una declaración presidencial el 13 de julio, el Consejo expresó su intención de considerar una exención del embargo de armas de 1992 con el propósito de preparar el terreno para el despliegue de una misión de apoyo a la paz y de ayudar a facilitar el restablecimiento de las fuerzas de seguridad somalíes. Asimismo, el Consejo declaró su intención de considerar un posible despliegue de una misión de apoyo a la paz sobre la base de un plan detallado de la misión preparado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo o la Unión Africana. El Consejo también acogió con beneplácito el acuerdo de cesación del fuego entre el Parlamento Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos firmado el 22 de junio en Jartum.
El 15 de marzo, el Consejo encomió al Presidente del Gobierno Federal de Transición, Abdullahi Yusuf Ahmed, y al Presidente del Parlamento Federal de Transición, Sharif Hassan Sheikh Aden, por sus esfuerzos por lograr la reconciliación y el diálogo y, en especial, por la firma de la Declaración de Adén, el 5 de enero de 2006, que culminaría en la reunión de la primera sesión del Parlamento Federal de Transición en Baidoa, Somalia, el 26 de febrero.	República Democrática del Congo
Con el proceso de transición en la República Democrática del Congo a punto de entrar en su última fase, el Consejo de Seguridad siguió centrándose en el laborioso proceso de reconstrucción y en los retos en materia de seguridad a los que se enfrenta este país desgastado por la guerra. Al mismo tiempo, dedicó buena parte de sus 14 sesiones públicas sobre la situación en la República Democrática del Congo a la preparación y a los resultados de las primeras elecciones democráticas celebradas en este extenso país africano en más de 40 años.
El Consejo se reunió el 6 de diciembre para celebrar el anuncio de los resultados oficiales de la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales históricas del 29 de octubre, que fue emitido el 27 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia de la República Democrática del Congo. Mediante la aprobación de una declaración presidencial, el Consejo felicitó al Presidente Joseph Kabila por su elección y acogió con satisfacción la declaración del candidato de la oposición, Jean-Pierre Bemba, del 28 de noviembre, en la que se comprometió a participar activamente en la política congoleña dentro del marco de las instituciones nacionales.
En una declaración aprobada el 7 de noviembre, inmediatamente después de las elecciones del 29 de octubre, el Presidente del Consejo encomió al pueblo de la República Democrática del Congo por el sentido de responsabilidad cívica que había demostrado al participar de forma pacífica y multitudinaria en las históricas elecciones provinciales y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La segunda vuelta de las elecciones de la República Democrática del Congo, que tuvo lugar el 29 de octubre, – en lo que fueron las elecciones más complejas y de mayor envergadura que las Naciones Unidas habían organizado—fue la culminación de siete años de esfuerzos de la Organización por lograr la paz y la democracia en este país, tras siete años de guerra civil que habían causado unos cuatro millones de muertos como consecuencia de las luchas, el hambre y las enfermedades.
Al informar al Consejo sobre la situación humanitaria en la República Democrática del Congo, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, dijo que el país había sufrido la mayor pérdida de vidas humanas en la generación actual, y destacó que la guerra y las enfermedades evitables habían cobrado cuatro millones de vidas en los últimos ocho años – seis veces más víctimas que el genocidio de Rwanda-. «No debemos fallar en poner fin de una vez por todas a esta tragedia», dijo.
En una medida de apoyo a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) en el período anterior a las elecciones, el Consejo, en su resolución 1671 de 25 de abril, autorizó el despliegue de fuerzas de reserva de la Unión Europea en el país por un período que finalizaría cuatro meses después de la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Decidió asimismo que la autorización para el despliegue de estas fuerzas de reserva - conocidas como Eufor R.D. Congo -- no rebasaría la duración del mandato de la MONUC, y estaría sujeta, después del 30 de septiembre de 2006, a la prórroga del mandato de la MONUC.
En una sesión de información para los miembros del Consejo, que tuvo lugar el 16 de junio, después de la misión del Consejo a la República Democrática del Congo, Jean-Marc de La Sablière, Embajador de Francia y jefe de la misión, dijo que la misión - la séptima del Consejo de Seguridad en este país- había demostrado la importancia de lo que estaba en juego y la determinación de prestar al pueblo congoleño todo su apoyo para que celebrara unas elecciones completamente satisfactorias. El éxito de esta importante fase de la recuperación de la República Democrática del Congo tendría repercusiones no sólo para la estabilidad del país, sino para la de toda la región y probablemente la de todo el continente, debido a la ubicación del país en el corazón de África, a su tamaño y a sus abundantes recursos naturales, en el corazón de África.
El 6 de julio, en la presentación oficial del informe de la misión del Consejo, el Sr. de la Sablière indicó que, a medida que el país se preparaba para unas elecciones presidenciales y parlamentarias que marcaban un hito histórico, la comunidad internacional debía asumir la responsabilidad de ayudarles a cumplir esta nueva cita con la historia y a comenzar la recuperación del país. Destacó, además, que las elecciones no serían un fin en sí mismas, puesto que el período posterior también sería muy importante. Aún quedaba mucho por hacer y la situación distaba mucho de ser estable.
El 3 de agosto, el Consejo, mediante la aprobación de una declaración presidencial, en la que se encomiaba a los habitantes de la República Democrática del Congo por haber participado en las elecciones del 30 de julio en gran número y de manera libre y pacífica, animó también a los congoleños a que acogieran con el mismo espíritu de responsabilidad cívica los resultados de las elecciones, que tardarían tres semanas en hacerse públicos.
En una declaración aprobada el 22 de septiembre, el Consejo recalcó su compromiso en cuanto a la celebración pacífica de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y provinciales en la República Democrática del Congo, así como su determinación de garantizar el éxito del proceso de paz en este país. El Consejo condenó la violencia surgida en Kinshasa del 20 al 22 de agosto entre las fuerzas de seguridad leales al Presidente Kabila y al Vicepresidente Bemba. Además, instó a todas las partes a restablecer su compromiso con el proceso de paz y a trabajar dentro del marco que habían acordado con la asistencia de la MONUC.
En un intento por consolidar el apoyo a las elecciones y en respuesta a una situación de seguridad impredecible, el Consejo tomó varias medidas lo largo del año en relación con el mandato de la MONUC.
El 10 de abril, el Consejo autorizó, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1669, el redespliegue de efectivos de la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) a la MONUC hasta el 1 de julio. El Consejo autorizó al Secretario General a redesplegar temporalmente como máximo, un batallón de infantería, un hospital militar y hasta 50 observadores militares de la ONUB a la MONUC, dada la necesidad de un número mayor de observadores militares durante el proceso electoral.
El 30 de junio, reiterando su inquietud por la persistencia de las hostilidades de las milicias y los grupos armados extranjeros en la parte oriental del país y por la amenaza que representaban para la celebración de las elecciones, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1693, que prorrogaba hasta el 30 de septiembre el aumento de los efectivos militares y de policía civil de la Misión de las Naciones Unidas.
Posteriormente, el 29 de septiembre, el Consejo prorrogó el mandato de la MONUC hasta el 15 de febrero de 2007 con el mismo número de efectivos. Por la aprobación por unanimidad de la resolución 1711, el Consejo decidió prorrogar hasta el 15 de febrero de 2007 el aumento de los efectivos militares y de la policía civil de la MONUC y, hasta el 31 de diciembre de 2006, la autorización para transferir como máximo un batallón de infantería, un hospital militar y 50 observadores militares de la ONUB a la MONUC.
El 22 de diciembre, el Consejo aprobó la resolución 1736 por unanimidad, por la que autorizaba el aumento de la dotación militar de la Misión en un máximo de 916 efectivos militares, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero de 2007, fecha en que terminaba el mandato vigente de la MONUC.
Condenando el hecho de que continuase la circulación ilícita de armas dentro de la República Democrática del Congo y hacia ella y declarando su determinación de seguir vigilando atentamente el cumplimiento del embargo de armas impuesto en julio de 2003 y prorrogado en abril de 2005, así como la prohibición sobre los viajes y la congelación de activos, el Consejo decidió por la resolución 1698 de 31 de julio de 2007 renovar el régimen de sanciones vigente en el país durante un año más, en vista de que las partes no habían cumplido las exigencias del Consejo.
El 31 de enero, habiendo aprobado por unanimidad la resolución 1654, el Consejo pidió al Secretario General que volviera a establecer hasta el 31 de julio el grupo formado por cuatro expertos para vigilar la circulación ilícita de armas hacia el país.
Por la aprobación de la declaración presidencial el 23 de enero, el Consejo condenó el enfrentamiento del 23 de enero que había acabado con la vida de ocho cascos azules guatemaltecos y había herido gravemente a otros cinco, y calificó de «atrocidad inaceptable» el ataque contra el destacamento de la MONUC. Los cascos azules, según la declaración, participaban en una operación contra presuntos miembros del Ejército de Resistencia del Señor, que supuestamente se encontraban en el Parque Garamba. El Ejército de Resistencia del Señor había emprendido una sublevación larga y sanguinaria en el norte de Uganda, que había provocado la muerte, el secuestro y el desplazamiento de miles de civiles inocentes en Uganda, en el Sudán y en la República Democrática del Congo.
El Consejo de Seguridad acogió con satisfacción los progresos de Burundi tras una década de conflicto civil, pero destacó que su Gobierno aún requería una asistencia internacional continuada. Por eso, el Consejo decidió establecer una nueva oficina integrada en Burundi durante un período inicial de un año a partir del 1 de enero de 2007, que continuaría una vez acabado el mandato de su predecesora, la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB).
El Consejo tomó esta decisión el 25 de octubre por medio de la aprobación unánime de la resolución 1719. Solicitó que la nueva oficina - la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB) -- apoyase al Gobierno en sus esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad a largo plazo y de coordinar el trabajo de los organismos de la Organización en el país, bajo la dirección del Representante Ejecutivo del Secretario General, que también desempeñaría la función de Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Coordinador de asuntos humanitarios.
En diciembre, el Secretario General resaltó en un informe la necesidad de esta nueva Oficina de las Naciones Unidas al advertir que los peligros que se derivaban de los abusos de los derechos humanos, las tensiones políticas y otros «acontecimientos perturbadores» en Burundi podrían acabar por destruir el proceso de paz que tantos esfuerzos había costado.
Por medio de la aprobación por unanimidad de la resolución 1692 el 30 de junio, el Consejo prorrogó el mandato de la Operación de las Naciones Unidas en Burundi, autorizada por el Consejo el 21 de mayo de 2004, hasta el 31 de diciembre, señalando que había factores de inestabilidad que seguían amenazando la paz y la seguridad en Burundi y en la Región de los Grandes Lagos de África.
Previamente, el 10 de abril, el Consejo de Seguridad había aprobado la resolución 1669, por la que autorizaba el redespliegue temporal de personal de la Operación de las Naciones Unidas en Burundi a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) hasta el 1 de julio.
En la primera sesión pública del Consejo sobre Burundi en 2006, celebrada el 23 de marzo, se aprobó una declaración presidencial que pedía la cesación inmediata de las hostilidades y de las violaciones de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad, profundamente preocupado por los continuos actos de violencia por parte de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), por los enfrentamientos entre el grupo rebelde y el ejército burundiano y por las violaciones de los derechos humanos cometidas por ambas partes, así como por algunos factores de inestabilidad que persistían en la región, acogió con satisfacción el compromiso del Presidente Pierre Nkurunziza de llevar ante la justicia a los responsables de tales violaciones y animó al Gobierno de Burundi a que colaborara estrechamente con los observadores de la situación de los derechos humanos de las Naciones Unidas para conseguir este objetivo.
Después de un largo conflicto interno entre el ejército, compuesto en su mayoría por tutsis, y los rebeldes hutus, que causó en torno a 200.000 muertos y desplazamientos masivos, el 28 de agosto de 2000 la mayoría de las partes firmaron un Acuerdo de Paz y Reconciliación en Arusha, en la República Unida de Tanzanía. El 1 de noviembre de 2002, entró en vigor un plan de reparto del poder en virtud del cual ocuparían la Presidencia alternativamente un hutu y un tutsi. El 2 de diciembre de 2002, el Gobierno y las Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD) acordaron la cesación del fuego.	República Centroafricana
En una declaración presidencial del 22 de noviembre, el Consejo renovó el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA) durante un año, hasta el 31 de diciembre de 2007. El Consejo manifestó su profunda preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el país y por la inestabilidad en las áreas fronterizas del Chad, del Sudán y de la República Centroafricana, que representan una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad del propio país y de sus vecinos. Asimismo, destacó que las fuerzas de defensa y de seguridad del país aún no estaban capacitadas para repeler a los grupos armados en las regiones del norte y el noreste del país. El Consejo reafirmó su compromiso de mantener la integridad territorial de la República Centroafricana y para ello solicitó la aprobación de una estrategia subregional para estabilizar las fronteras.	Côte d'Ivoire
Por segunda vez, los partidos políticos de Côte d'Ivoire no conseguían cumplir con el plazo previsto para las elecciones (en un principio, establecido para 2005 y más tarde pospuesto para el 31 de octubre de 2006). En su último informe del año sobre el progreso de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI), el Secretario General hizo hincapié en que tanto los líderes políticos de Côte d'Ivoire como la sociedad civil debían examinar de manera «severa y sincera» el orden político del país.
El Secretario General señaló que era definitiva la decisión que el Consejo había tomado el 1 de noviembre de prorrogar durante un año el proceso de transición estancado en Côte d'Ivoire y pidió a todas las partes que colaboraran plenamente con el Primer Ministro de Côte d'Ivoire en la aplicación de la hoja de ruta para la nueva transición.
Côte d'Ivoire, que desde 2002 estaba dividido en una parte meridional controlada por el Gobierno y otra septentrional controlada por los rebeldes, a finales de 2005 anunció un Gobierno de unión nacional compuesto por 32 miembros, entre ellos ministros del partido de la oposición, del partido en el poder y de rebeldes, lo que representaba un avance decisivo y sin precedentes para lograr la reconciliación nacional. El país quedó prácticamente dividido tras un intento de golpe de Estado en septiembre de 2002, que ocasionó actos de violencia generalizados y una crisis humanitaria. La parte meridional del país quedó bajo el control del Gobierno, mientras que la septentrional estuvo en manos de grupos rebeldes. El 3 de mayo de 2003 se consiguió la cesación del fuego. Sin embargo, los esfuerzos por mantenerlo se vieron frustrados el 4 de noviembre de 2004 cuando las fuerzas del Gobierno atacaron las posiciones rebeldes en el norte y mataron e hirieron a decenas de civiles, lo que provocó que las Naciones Unidas suspendieran sus operaciones de ayuda en este país. El 6 de noviembre de 2004, las fuerzas del Gobierno atacaron un puesto francés y mataron a nueve cascos azules franceses y a un ciudadano americano.
Durante el año 2006, el Consejo celebró 17 sesiones oficiales sobre la situación de este país. En una declaración presidencial del 19 de enero, el Consejo condenó tajantemente los ataques violentos contra la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI) y contra las instalaciones de organizaciones internacionales y no gubernamentales por parte de milicias callejeras y otros grupos asociados con los «Jóvenes Patriotas», y expresó su profunda preocupación por las protestas callejeras violentas contra ellos.
El Consejo de Seguridad estableció la ONUCI el 27 de febrero de 2004, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1528 (2004) , para un período inicial de un año a partir del 4 de abril de 2004. Entre otras funciones, su mandato consistía en observar y supervisar la puesta en práctica del acuerdo de cesación del fuego general del 3 de mayo de 2003. La ONUCI sustituyó a la Misión de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (MINUCI), una misión política establecida por el Consejo en mayo de 2003 con el mandato de facilitar la aplicación del acuerdo de paz firmado por las partes de Côte d'Ivoire en enero de 2003.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1652 (2006) de 24 de enero de 2006, el Consejo prorrogó los mandatos respectivos de la ONUCI y de las fuerzas francesas que le prestaban apoyo hasta el 15 de diciembre, y renovó una decisión anterior de aumentar los efectivos de la misión. El Consejo de Seguridad aprobó unánimemente la resolución 1657 de 6 de febrero, por la que autorizaba temporalmente el redespliegue de personal militar de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) en la ONUCI, para proporcionar seguridad adicional para el personal y los bienes de las Naciones Unidas y para desempeñar otras tareas encomendadas a la ONUCI.
Como muestra de su profunda preocupación por la crisis persistente en Côte d'Ivoire y por los obstáculos en el proceso de paz y reconciliación nacional, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1682 de 2 de junio, por la que autorizaba, hasta el 15 de diciembre, un aumento en la dotación de la ONUCI de hasta 1.500 efectivos adicionales, que comprenderán un máximo de 1.025 efectivos militares y 475 efectivos de policía civil.
El Consejo, muy preocupado por el deterioro de la situación en Côte d'Ivoire, del que eran muestra las serias consecuencias humanitarias y el sufrimiento y los desplazamientos de una gran parte de población civil, el Consejo aprobó la resolución 1726 (2006) el 15 de diciembre, que prorrogaba el mandato de la ONUCI, así como el de las fuerzas francesas que la respaldaban hasta el 10 de enero de 2007.
En una declaración presidencial aprobada el 23 de febrero, el Consejo reiteró que respaldaba firmemente al Grupo de Trabajo para Côte d'Ivoire y apoyó su cuarto comunicado. El Consejo de Seguridad encomió al Primer Ministro, Charles Konan Banny, por sus esfuerzos para aplicar la hoja de ruta establecida por el Grupo de Trabajo, de conformidad con la resolución 1633 (2005) y acogió con beneplácito la cooperación entre el Primer Ministro y el Presidente de Côte d'Ivoire.
Al informar al Consejo sobre la situación de Côte d'Ivoire el 29 de marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Youssouf Bakayoko, lanzó un llamamiento a la comunidad internacional para que ayudara al pueblo de Côte d'Ivoire a enfrentarse a las dificultades que se avecinaban, en especial para lograr que las elecciones generales, el único modo de rescatar al país de la crisis, fueran satisfactorias. El Sr. Bakayoko añadió que todo el mundo debería alegrarse por los progresos realizados últimamente, pero también debería reconocer que las tareas encomendadas al Gobierno dentro de la hoja de ruta exigían una vigilancia continuada y mayores esfuerzos. Mediante la aprobación de una declaración presidencial ese mismo día, el Consejo acogió con satisfacción los logros en Côte d'Ivoire, entre los que se incluyen el establecimiento de una Comisión Electoral Independiente y la preparación para las operaciones de identificación de la población y de desarme. El Consejo hizo hincapié en la urgencia de realizar progresos en el proceso de identificación de la población y de iniciar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. El Consejo instó a los líderes de Côte d'Ivoire a que cumplieran los compromisos adquiridos el 28 de febrero en Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, y a que aplicaran lo antes posible la hoja de ruta con miras a realizar unas elecciones libres, democráticas y transparentes el 31 de octubre.
El 27 de abril, el Primer Ministro de Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny, informó al Consejo sobre la situación del país. Destacó que el proceso de paz realizando progresos importantes y apeló a la comunidad internacional a que mantuviera su apoyo, principalmente para garantizar la seguridad mientras el país se preparaba para celebrar elecciones libres y democráticas el día 31 de octubre. En una declaración presidencial aprobada tras la reunión, el Consejo de Seguridad expresó su grave preocupación por las importantes demoras en la aplicación del programa de desarme, desmovilización y reintegración, así como de las operaciones de identificación para las elecciones previstas para octubre.
Mediante la aprobación de otra declaración presidencial el 24 de mayo, el Consejo recibió con beneplácito el comienzo de las primeras audiencias públicas en Côte d'Ivoire en siete lugares, pero también condenó firmemente los actos de violencia contra civiles, líderes políticos y fuerzas imparciales y exigió que todas las partes se abstuvieran de avivar públicamente el odio y la violencia.
Posteriormente, el 19 de julio, el Consejo acogió con satisfacción la reunión de alto nivel del 5 de julio convocada en Yamoussoukro por el Secretario General Kofi Annan para discutir la puesta en práctica del proceso de paz en Côte d'Ivoire e instó a todas las partes a que aplicaran todos los compromisos adquiridos allí para cumplir los plazos acordados.
Conforme se acercaban las elecciones presidenciales, el Consejo, mediante la aprobación de una declaración presidencial el 7 de agosto, condenó tajantemente un ataque contra el Alto Representante para las Elecciones y subrayó la importancia de una pronta aplicación de los programas para proporcionar documentos de identificación a los ciudadanos indocumentados y a los residentes extranjeros, así como de las operaciones de desarme de las milicias, para asegurar una votación democrática y transparente dentro del plazo acordado. Asimismo, reafirmó su compromiso relativo a la aplicación del proceso de paz y la hoja de ruta establecida por el Grupo Internacional de Trabajo, que requería el establecimiento de 50 tribunales móviles antes del 15 de julio, como parte de un programa de emisión de documentos de identidad necesario para la inscripción de los votantes, y había establecido como fecha límite el 31 de julio para la disolución de las milicias armadas.
A través de la aprobación por unanimidad de la resolución 1708 el 14 de septiembre, el Consejo prorrogó hasta el 15 de diciembre el mandato del equipo de tres personas creado para supervisar el embargo de armas en Côte d'Ivoire. [El Grupo de Expertos fue creado mediante la resolución 1584 (2005) como parte de un conjunto de medidas para asegurar un embargo de armas efectivo y mejores métodos para su vigilancia y control en este país del África occidental, de conformidad con los acuerdos de desmovilización y desarme que formaban parte de los acuerdos de paz].
El 15 de diciembre, el Consejo aprobó la resolución 1727, por la que renovaba hasta el 31 de octubre de 2007 las prohibiciones relativas a las armas y los diamantes en bruto que había impuesto en Côte d'Ivoire mediante las resoluciones 1572 (2004) y 1643 (2005) respectivamente. En la misma resolución, el Consejo prorrogó por un período de otros seis meses el mandato del Grupo de Expertos y exigió que todas las partes de Côte d'Ivoire, incluidos el Gobierno de transición y las «Forces nouvelles», proporcionaran un acceso sin restricciones a los equipos, a los lugares y a las instalaciones para el al Grupo de expertos, la ONUCI y las fuerzas francesas que le prestan apoyo. El 1 de noviembre, el Consejo, haciendo particular mención de la expiración el 31 de octubre de los mandatos de transición del Presidente Laurent Gbagbo y del Primer Ministro Charles Konan Banny, prorrogó dichos mandatos por un período de no más de un año, con el objetivo de aplicar en su totalidad el proceso de paz y de organizar unas elecciones libres, abiertas, democráticas y transparentes a más tardar el 31 de octubre de 2007. El Consejo tomó esta decisión mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1721 (2006), por la que también respaldaba las decisiones tomadas por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en Addis Ababa el 17 de octubre y determinaba que ninguna de las partes de Côte d'Ivoire podría acogerse a ninguna disposición legal para impedir el proceso de paz, que sería dirigido por el Primer Ministro Banny.
Mediante una declaración presidencial aprobada el 21 de diciembre, el Consejo reiteró que prestaba todo su apoyo al Grupo Internacional de Trabajo como garante y árbitro imparcial del proceso de paz en el país, y urgió a todas las partes de Côte d'Ivoire a cooperar plenamente con el Primer Ministro Banny para poner en práctica las disposiciones de la hoja de ruta del Grupo de Trabajo.	Etiopía/Eritrea
El Consejo de Seguridad, en una declaración presidencial aprobada el 24 de febrero, celebró el éxito de la reunión «Testigos de los Acuerdos de Argel», en la que participaron Argelia, la Unión Africana, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y las Naciones Unidas. Dicha reunión tuvo lugar el 22 de febrero en la Sede de las Naciones Unidas con el objetivo resolver el estancamiento entre Eritrea y Etiopía y apeló a las dos partes para que se moderaran y se abstuvieran del uso de la fuerza.
Según el Acuerdo de Argel, ambos países habían acordado acatar las decisiones sobre la delimitación y las demarcaciones de la Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía como definitivas y vinculantes.
En la declaración, el Consejo solicitó que las partes permitieran que la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) desempeñara sus funciones sin ningún tipo de restricción y proporcionaran a la Misión el acceso, la asistencia, el apoyo y la protección necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluida la tarea de asistencia a la Comisión de Fronteras para poner en práctica sin demora y en forma ordenada la Decisión de Delimitación, de conformidad con las resoluciones 1430 (2002) y 1466 (2003) del Consejo. El Secretario General indicó en su informe del 6 de marzo que el estancamiento del proceso de paz se hacía cada vez más insostenible y advirtió que, en vista de la situación, cualquier error de cálculo podría desembocar en una rápida escalada, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad del país y de la región. Asimismo, el Secretario General solicitó una prórroga para el mandato de la MINUEE para permitir que el proceso diplomático continuase Y recalcó la necesidad de eliminar todas las restricciones para las operaciones de la Misión. Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1661, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión por un mes, hasta el 15 de abril. El 13 de abril, el Consejo volvió a prorrogar el mandato de la Misión por otro mes más, hasta el 15 de mayo, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1670. El Consejo recalcó también su intención de revisar el mandato de la MINUEE y el nivel de las tropas, con vistas a un posible ajuste de la Misión, incluida la transformación de la misión actual en una misión de observación, en el caso de que las partes no cumpliesen con las exigencias de la resolución 1640 (2005).
El 15 de mayo, al prolongar el mandato de la Misión hasta el 31 de mayo, el Consejo, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1678, decidió ajustar el mandato y la cantidad de efectivos de la Misión a finales de mes si determinaba, a la luz de los resultados de la reunión de la Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía del 17 de mayo, que las partes no habían cumplido plenamente con la resolución 1640 de 23 de noviembre de 2005. [De acuerdo con esta resolución, el Consejo deploraba profundamente el hecho de que Eritrea siguiera imponiendo restricciones a la libertad de desplazamiento de la MINUEE y exigía al Gobierno de Eritrea que revocara su decisión de restringir los vuelos de helicópteros de la Misión, así como las restricciones adicionales impuestas a las operaciones de la Misión. Por otra parte, exigía a Etiopía que aceptara plenamente y sin demora la decisión definitiva y obligatoria de la Comisión de Fronteras y que adoptara medidas concretas inmediatamente para permitir que la Comisión procediera rápidamente y sin condiciones previas a la demarcación completa de las fronteras.]
El Consejo aprobó la resolución 1681 (2006) de 31 de mayo, por la que prorrogaba el mandato de la Misión durante otros cuatro meses, hasta el 30 de septiembre, y autorizaba la reconfiguración del componente militar de la MINUEE y aprobó el despliegue en la MINUEE de un máximo de 2.300 efectivos, incluido un máximo de 230 observadores militares, con el mandato existente.
El Consejo acordó una nueva prórroga de cuatro meses para el mandato de la Misión el 29 de septiembre y solicitó al Secretario General que presentara opciones actualizadas antes de finales de noviembre para posibles cambios en el mandato de la Misión.
En respuesta a la petición del Consejo, el Secretario General, en su informe del 15 de diciembre, expuso cuatro posibles opciones para el futuro de la Misión y acogió con satisfacción la decisión de la Comisión de Fronteras del 27 de noviembre, que señala que otorgaría a las partes 12 meses más para tratar de llegar al acuerdo necesario sobre el emplazamiento de los hitos fronterizos. Dada la situación, el Secretario General dijo que el Consejo quizás deseara autorizar la aplicación de la primera opción: la reducción del contingente militar de la MINUEE de 2.300 a 1.700 efectivos, lo cual permitiría que la Misión mantuviera su capacidad actual de observación y redujera el número de efectivos.	Liberia
Dirigiéndose al Consejo el 17 de marzo, tan sólo dos meses después de su investidura, Ellen Johnson Sirleaf, la recién elegida Presidenta de la República de Liberia, instó a los miembros a que mantuvieran el apoyo que el Consejo prestaba a la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). Destacó que su investidura abría un abanico de posibilidades que auguraban el comienzo de un capítulo más brillante en la historia del país. Ellen Johnson Sirlief añadió que, tras un conflicto que había afectado prácticamente a todos y cada uno de los liberianos, el país debía hacerse cargo del legado del pasado para que la nación pudiese avanzar hacia el futuro.
Dos semanas más tarde, el 31 de marzo, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la UNMIL hasta el 30 de septiembre mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1667. Por medio de esta resolución, el Consejo también prolongó hasta el 30 de septiembre el aumento temporal del contingente de la Misión hasta 15.250 efectivos militares hasta para asegurar que el apoyo proporcionado al Tribunal Especial para Sierra Leona no redujera la capacidad de la UNMIL en Libera durante el período de transición política. Además, reiteró su intención de autorizar al Secretario General para redesplegar las tropas entre la UNMIL y la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI) con carácter temporal, según sea necesario.
La primera acción llevada a cabo por el Consejo con respecto a la UNMIL fue su decisión en la resolución 1657, aprobada por unanimidad el 6 de febrero, de autorizar el redespliegue temporal de personal militar entre la UNMIL y la ONUCI, para garantizar la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas, a fin de proporcionar seguridad adicional para el personal y los bienes de las Naciones Unidas y para desempeñar otras tareas encomendadas a la Misión en Côte d'Ivoire.
El 13 de junio, el Consejo, reconociendo la necesidad de que las fuerzas de seguridad recién examinadas y entrenadas asumieran una mayor responsabilidad en materia de seguridad nacional, decidió que el embargo de armas impuesto en este país en 2003 no se aplicase a las armas y municiones empleadas para fines de adiestramiento por los miembros del Gobierno, de la policía y de las fuerzas de seguridad. Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1683, el Consejo decidió que las armas y la munición que se habían suministrado a los miembros de los Servicios Especiales de Seguridad de Liberia podían permanecer en su custodia para uso irrestricto en sus operaciones. Tres días más tarde, el 16 de junio, el Consejo aprobó una medida que preparó el terreno para trasladar al antiguo Presidente liberiano, Charles Taylor (que esperaba un juicio de un tribunal respaldado por las Naciones Unidas en Sierra Leona por cargos relacionados con el papel que desempeñó en la guerra civil de este país) a La Haya, en los Países Bajos, donde se le juzgaría por crímenes de guerra. La resolución 1688, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, permitía que una Sala ejerciera sus funciones fuera de la sede del Tribunal Especial para Sierra Leona con sede en Freetown, y pedía al Secretario General «que preste asistencia, con carácter prioritario, para la concertación de todas las disposiciones jurídicas y prácticas necesarias» para efectuar el traslado del ex Presidente Taylor al Tribunal Especial en los Países Bajos y para la provisión de las instalaciones necesarias para la sustanciación del proceso.
Esta acción por parte del Consejo fue la culminación de una serie de acontecimientos que comenzaron con la desaparición del ex Presidente Taylor el pasado marzo, su posterior arresto en Nigeria (donde había vivido en el exilio desde que huyó de Liberia en 2003) su traslado a Liberia y, finalmente, su presentación ante el Tribunal Especial, para hacer frente a 11 cargos por crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, entre ellos la esclavitud sexual y mutilaciones sexuales que presuntamente se llevaron a cabo durante la década de guerra civil en Sierra Leona. El 13 de julio, el Consejo, actuando en virtud de una recomendación del Secretario General, decidió aumentar los efectivos autorizados del componente de policía civil de la UNMIL en 125 miembros y reducir los efectivos autorizados del componente militar en 125 miembros, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1694. Refrendando la recomendación del Secretario General para una reducción escalonada de las tropas de mantenimiento de la paz «a medida que la situación lo permita y sin comprometer la seguridad de Liberia», el Consejo prorrogó el mandato de la UNMIL por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2007, y llamó la atención sobre los importantes retos que quedaban por afrontar para completar la reintegración y repatriación de excombatientes y la urgente reestructuración de la subregión de África occidental.
El 20 de junio, el Consejo prorrogó las medidas para prohibir la importación de diamantes en bruto desde Liberia, pero decidió no renovar una medida que prohibía la importación de troncos y productos de madera, aunque amenazó con restablecer esta medida si no se aprobaba una legislación forestal adecuada. Con la aprobación por unanimidad de la resolución 1689, el Consejo renovó por seis meses las medidas impuestas por la resolución 1521 (2003), que apelaban a los Estados Miembros a impedir la importación directa o indirecta a su territorio de cualquier diamante en bruto procedente de Liberia, sean o no originarios de este país.
El 20 de diciembre, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1731, el Consejo renovó el embargo de armas y las restricciones impuestas a los viajes por un año, las restricción relativas a los diamantes por seis meses, y acordó considerar el levantamiento de las sanciones, previa petición del Gobierno, cuando éste cumpliera las condiciones para ello. Sierra Leona
En su discurso de despedida ante el Consejo de Seguridad, el 22 de diciembre, el Secretario General, Kofi Annan, describió Sierra Leona como una de las «historias de éxito en su trabajo» con el Consejo y destacó que este país era un buen ejemplo de lo que se puede lograr mediante la acción común de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros. Sierra Leona, aunque estable, seguía siendo frágil, y aún necesitaba ayuda para crear instituciones estatales efectivas, en especial aquellas encargadas de la seguridad, los derechos humanos y la justicia, y de preparar las elecciones del próximo año, que serían decisivas para la consolidación de la paz.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1734, inmediatamente después del homenaje del Consejo al Secretario General saliente, el Consejo decidió prorrogar el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL) hasta el 31 de diciembre de 2007.
La UNIOSIL, que fue establecida por la resolución 1620 (2005) por un período inicial de 12 meses desde el 1 de enero de 2006, sucedió a la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), una operación de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas que completó con éxito su mandato en diciembre de 2005, y ayudó a reestablecer la paz y la estabilidad en el país tras una larga guerra civil.
El Consejo destacó la importancia de un apoyo continuado del sistema de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para lograr la paz, la seguridad y el desarrollo a largo plazo en Sierra Leona. El Consejo también apoyó la recomendación del Secretario General de incrementar el personal de la UNIOSIL durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de octubre de 2007, con el objetivo de reforzar el apoyo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para las elecciones en Sierra Leona.
El Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que llevase a cabo una evaluación general del papel de la UNIOSIL en una fecha más cercana a las elecciones, con miras a desarrollar una estrategia de salida, e instó a todas las partes a demostrar su total compromiso con el proceso democrático y a asegurar que las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2007 fueran pacíficas, transparentes, libres y democráticas.	Sáhara Occidental
Con un nuevo llamamiento a las partes en el conflicto del Sáhara Occidental para que superaran un prolongado punto muerto, el Consejo prorrogó en dos ocasiones durante el año 2006 el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1675 de 28 de abril, el Consejo prorrogó la Misión hasta el 31 de octubre y solicitó al Secretario General que realizara un informe sobre la situación en el Sáhara Occidental antes de que finalizara el período del mandato.
La segunda ampliación del mandato se hizo efectiva el 31 de octubre mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1720, por la que el Consejo exhortaba a los Estados Miembros a que considerasen la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias para financiar medidas de fomento de la confianza que permitieran un mayor contacto entre los familiares que se encontrasen separados, especialmente las visitas de unificación familiar.
En su informe ante el Consejo de Seguridad, el Secretario General destacó que, pasados 15 años desde el acuerdo de cesación del fuego, los dos partidos militares seguían sin mantener un contacto directo. Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (POLISARIO) deberían, por tanto, dejar a un lado cualquier condición previa y comenzar las negociaciones con la intención de «lograr una solución política duradera y mutuamente aceptable que otorgue la autodeterminación al pueblo saharahui». Marruecos y el Frente POLISARIO se han disputado el territorio desde que España cedió su control en 1974. La MINURSO se estableció en 1991 para supervisar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración con Marruecos, como parte del plan de arreglo de las Naciones Unidas. El referéndum lleva años estancado.
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos para acabar con el largo conflicto en la región septentrional de Uganda y siguiendo de cerca el proceso de las conversaciones de Juba entre el Gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), el Consejo aprobó una declaración presidencial el 16 de noviembre en la que resaltaba la importancia de la paz y la estabilidad en la región de ambas partes, con el respeto del acuerdo sobre la cesación de hostilidades del 29 de agosto, que había sido renovado el 1 de noviembre de 2006.
El Consejo también pidió que el Ejército de Resistencia del Señor liberase inmediatamente a todas las mujeres, los niños y otros no combatientes, de conformidad con la resolución 1612 (2005) sobre los niños y los conflictos armados, y que el proceso de paz concluyese lo antes posible. En esta declaración, también se recordaba que el conflicto entre el Gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor había provocado el desplazamiento de hasta dos millones de personas y la muerte de aproximadamente 100.000 personas en la región, además de haber cobrado ocho víctimas entre el personal de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.
Las conversaciones entre el Gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor tuvieron lugar en Juba, en el sur del Sudán, el 1 de julio, en un intento por conseguir un acuerdo de paz general que acabase con una guerra civil que había durado 20 años. Durante el conflicto, el Ejército de Resistencia del Señor fue notorio por secuestrar a niños para utilizarlos como niños soldados o porteadores. Algunos de ellos fueron sometidos a torturas y, a menudo, las niñas eran repartidas entre los oficiales superiores, en una forma de violación institucional.
El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, al informar al Consejo el 15 de septiembre sobre su misión de evaluación en Uganda y en la República Democrática del Congo, dijo que el panorama en el norte de Uganda era el más prometedor en años. Desde que las negociaciones de paz entre el Gobierno ugandés y el Ejército de Resistencia del Señor comenzaron en Juba en julio, la seguridad se había incrementado de manera espectacular. Jan Egeland añadió que la cuestión de la impunidad y las acusaciones de la Corte Penal Internacional contra los líderes del Ejército de Resistencia del Señor había sido el tema principal de debate con los desplazados internos en Uganda y las partes en las conversaciones de Juba.
El 19 de abril, el Consejo ya había escuchado las exposiciones informativas a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, Sam Kutesa, y del Ministro de Defensa, Amama Mbabazi. El Sr. Mbabazi pidió al Consejo que apoyara medidas firmes, entre ellas un mandato apropiado para la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y para la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), con el objetivo de desarmar por la fuerza al Ejército de Resistencia del Señor y enviar un mensaje a los colaboradores de este grupo rebelde para advertirles que ese apoyo no sería tolerado. El Ministro de Defensa de Uganda destacó que su país esperaba colaborar con los gobiernos congoleño y sudanés en un futuro cercano y subrayó la importancia de emprender esfuerzos regionales conjuntos para desarmar, capturar y arrestar a los líderes terroristas del Ejército de Resistencia del Señor que estaban acusados y entregarlos a la Corte Penal Internacional. Aunque el Ejército de Resistencia del Señor había perdido potencial y estaba a punto de ser derrotado, el Ministro se mostró preocupado debido a que el grupo rebelde poco a poco estaba recuperando su capacidad y utilizando el Parque Nacional Garamba como refugio.

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