Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A151-01.htm
Timestamp: 2017-11-22 18:24:38+00:00

Document:
Auto 151/01
Referencia: ICC-270. Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Atlantico y el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla en la acción de tutela promovida por Alfonso Aguirre Parra, contra el Fondo Pasivo Social Puertos de Colombia –FONCOLPUERTOS-.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril del año dos mil uno (2001).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla en la acción de tutela promovida por Alfonso Aguirre Parra, contra el Fondo Pasivo Social Puertos de Colombia –FONCOLPUERTOS-.
1. El Ciudadano Alfonso Aguirre Parra, interpuso ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, acción de tutela contra el Fondo Pasivo Social Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS- aduce como sustento de la misma que éste, le adeuda las diferencias de mesadas pensionales a partir del 1º de agosto de 1997 y hasta la fecha en cumplimiento a lo ordenado en Acta de Conciliación No. 147 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Regional Cundinamarca. (fls. 51-53)
2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante proveído del 18 de enero del año 2001, dispuso que, de conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 y según el cual, corresponde a los Jueces de Circuito o con categorías de tales, conocer de las acciones de tutela que se interpongan contra entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional, ordenó remitir la demanda a la Oficina Judicial de Barranquilla, a fin de que sea repartida entre los Jueces de Circuito de la Ciudad. (fl. 43)
3. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla - en auto del pasado 12 de febrero, ordenó -acatando los lineamientos de la Corte Constitucional- inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 por ser inconstitucional y dispuso enviar el proceso al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria- para que sea está la que resuelva el conflicto negativo de competencias suscitado. (fl. 46)
4. El Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria-, mediante providencia de marzo 1º de 2001, se abstiene de dirimir el conflicto de competencias planteado, y dispone remitir la actuación a la Corte Constitucional para que de conformidad con lo expresado en la Sentencia C-037 de 1996, sea ésta la que determine definitivamente a cual de los despachos judiciales trabados en la controversia corresponde conocer de la acción de tutela propuesta (fl 6-9).
2. Establecido lo anterior en torno de la competencia que para conocer del asunto corresponde a esta Corporación, y teniendo en cuenta además, que el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla que conocieron del asunto fundamentan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000, esta Corporación[2], al respecto reitera lo afirmado en fallos anteriores, en torno de la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 2000, por considerar que en razón de que en tanto el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales se pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que el afectado no puede ejercitar la acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
3. De lo dicho se desprende que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, introdujo modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)[3]
5. Teniendo en cuenta las consideraciones anotadas, esta Corte estima necesario señalar que en el presente caso tuvo razón el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla al no admitir el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Alfonso Aguirre Parra, dejando de aplicar una norma que como se indicó es contraria a la Constitución. En ese orden de ideas, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 ha remitir la acción de tutela propuesta al Tribunal Administrativo del Atlántico, por ser ese organismo judicial ante el cual se interpuso la acción de tutela en referencia, y por lo tanto, corresponde conocer del asunto.
ORDÉNASE REMITIR la acción de tutela propuesta por el ciudadano Alfonso Aguirre Parra contra el Fondo Pasivo Social Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS-, al Tribunal Administrativo del Atlántico, por ser ese organismo judicial ante el cual se interpuso la acción de tutela en referencia.
Salvamento de voto al Auto 151/01
REF. Expediente ICC - 270
Peticionario: Alfonso Aguirre Parra
[2] Ver entre otros.. ICC-117, M.P Antonio Barrera Carbonell, ICC 118, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. ICC-119, M.P. Martha Sáchica Méndez, ICC- 120 M.P. Carlos Gaviria Díaz, ICC- 125, ICC -134, ICC- 143 M.P. Alvaro Tafur Galvis. ICC- 197 M.P. Eduardo montealegre Lynett. [2]
[3] Ver entre otros ICC 118 del 26 de septiembre de 2000 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. Alfredo Beltrán.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
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 artículo 37