Source: https://ddhh.es/derecho-vida/
Timestamp: 2019-05-23 07:00:29+00:00

Document:
La vida humana según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
EL DERECHO A LA VIDA SEGÚN EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.
Art. 2) derecho a la vida
Por su valor pedagógico subrayamos el caso Osman (Decisión del 20 de octubre de 1998) donde el Tribunal declaró con respecto a estas “obligaciones positivas”, en los párrafos 115 y 116 de dicha decisión que “El Tribunal observa que la primera frase del artículo 2.1 encomienda al Estado no sólo a abstenerse de infligir la muerte de manera intencional e ilegal, sino también a tomar las medidas apropiadas para salvaguardar las vidas de las personas dentro de su jurisdicción (…). Ha quedado acreditado que la obligación del Estado en este sentido se extiende más allá de su obligación primaria de garantizar el derecho a la vida mediante el establecimiento de disposiciones de derecho penal eficaces para disuadir la comisión de delitos contra las personas, respaldadas por mecanismos de implementación de la ley para la prevención, la represión y la sanción de las infracciones de tales disposiciones. Por tanto, es aceptada por los que comparecen ante el Tribunal que el artículo 2 de la Convención también puede suponer, en ciertas circunstancias bien definidas, una obligación positiva en cabeza de las autoridades de tomar medidas operativas preventivas para proteger a un individuo cuya vida está en riesgo por los actos criminales de otro individuo. El alcance de esta obligación es objeto de controversia entre las partes.
La jurisprudencia sobre casos más crudos se ha forjado en importante medida con asuntos ocurridos muchos de ellos en Turquía como veremos. Así, TEDH, S 28-03-2000 (2000/2896): Los hechos relativos a este caso tienen su origen en el asesinato de un ciudadano de nacionalidad turca en el año 1993. Se da la circunstancia de que la víctima -que trabajaba como periodista en un diario relacionado con la difusión de los ideales del denominado Partido de los Trabajadores del Kurdistán- temía por su vida en el periodo anterior a su muerte debido a diversas amenazas recibidas, y había solicitado por este motivo protección policial a las autoridades competentes. Dicha protección fue sin embargo denegada, lo que motivó la crítica airada del afectado mediante un artículo difundido en el mencionado diario. Dadas las extrañas circunstancias en las que se produjo su muerte, uno de sus hermanos – víctima indirecta según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la vista de las circunstancias de hecho que unían fuertemente a los hermanos -, acudió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando, por un lado, que los hechos habían sido cometidos aprovechando la indiferencia o la connivencia de las autoridades turcas, y por otro, que no se había producido una investigación efectiva por parte de éstas sobre lo ocurrido. Tales reclamaciones se formularon al amparo -entre otros- de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo.
Como en la mayoría de los ordenamientos nacionales europeos, también en esta jurisdicción rige el principio de la carga de la prueba, por medio del cual, pero sólo como regla general, corresponde al que alega un hecho, acreditarlo para su estimación. Sin embargo, en situaciones fácticas en las que no está en mano de la supuesta víctima, la acreditación del hecho, y sí en la parte contraria, habrá de ser sobre ésta última donde recaiga la carga de la prueba. Y en el presente caso, dada la disponibilidad de la probanza en manos del Estado, se invierte la carga de la prueba, de tal forma, que corresponde al Estado acreditar los hechos ocurridos en aquellos casos de personas privadas de libertad, u otra situación de especial vulnerabilidad de la víctima, normalmente en ausencia de testigos, u otras posibilidades probatorias. Es por ello que el principio de “presunción de imputabilidad”, que venía aplicando para las vulneraciones del artículo 3, también resultó aquí aplicable tal y como revela la Sentencia Avsar C. Turquía, del 27 de marzo de 2002, par. 391 y 392.
En el caso Erikan Bulut v. Turkey, el Tribunal Europeo no apreciará tampoco vulneración alguna del artículo 2, ni material ni procesal, en otro caso de suicidio producido bajo custodia de las autoridades turcas; se estimará la ausencia de violación en sentido material ya que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las medidas de seguridad a aplicar por parte de las autoridades en cumplimiento de sus deberes deben ser compatibles con los derechos y libertades del preso: “There are general measures and precautions which will be available to diminish the opportunities for self-harm, without infringing personal autonomy. Whether any more stringent measures are necessary in respect of a prisoner and whether it is reasonable to apply them will depend on the circumstances of the case” (FJ 34), si bien en el presente caso el Tribunal señalará además la ausencia de evidencias sobre acciones o comportamientos del fallecido que hubiesen podido poner en conocimiento de las autoridades tal posibilidad. Así, “as regards the allegation that the applicant was brought to an office with no window guards, the Court notes that although it welcomes and encourages authorities to make the greatest efforts to ensure that all detainees are kept in a safe custodial environment, this action of the police officers cannot in itself give rise to a violation of Article 2 of the Convention in the absence of any evidence that the applicant carried a real and immediate suicide risk” (FJ 36); Se dará igualmente una ausencia de violación del artículo 2 en su sentido procesal en tanto que en todo caso se valorará como “efectiva” (FJ 45), la investigación de los hechos llevada a cabo por las autoridades turcas. Nótese que las referidas consideraciones de carácter material en los dos casos de suicidio apenas vistos no dejarán de suponer, en cualquier caso, un interesante contraste con el caso Ognyanova and Choban v. Bulgaria, más abajo examinado, en el que, precisamente, será esa misma ausencia de tales indicios previos que aquí exonera a las autoridades de emprender medidas cautelares y de toda responsabilidad en razón de la imprevisibilidad de lo sucedido, las que – de la mano de determinadas inconsistencias en la versión de las autoridades – contribuirán decisivamente a la convicción del Tribunal sobre la responsabilidad de las autoridades búlgaras y la violación del artículo 2, al no existir razón alguna que explicase lo sucedido sin más y considerarse insuficientes las cuentas rendidas por lo sucedido.
En el caso relativo a Ucrania, Sergey Vasilyevich Shevchenko v. Ukraine, el Tribunal Europeo estimará igualmente la existencia de un claro caso de violación del artículo segundo del Convenio en su vertiente procesal respecto a la investigación de la muerte de Andrey Shevchenko, teniente del ejército que fue encontrado muerto en su puesto de vigilancia, en lo que las autoridades Ucranianas consideraron como un caso de suicidio tras una investigación plagada de sorprendentes irregularidades como no haber sido realizado un examen forense de las manos de la víctima a la búsqueda de restos de haber abierto fuego, no haberse procedido a la reconstrucción de los hechos, o no haber examinado suficientemente la autoría de la supuesta carta de suicidio de la que en ningún momento se facilitó copia al recurrente, padre de la víctima, para haber realizado las pertinentes pruebas grafológicas y de contraste con otros escritos de su hijo; así mismo, se considera “inaceptable” por parte del Alto Tribunal la exclusión del recurrente del procedimiento desarrollado, sin facilitarle información alguna y sin concederle el estatuto de víctima, de forma contraria a la práctica habitual previsto por la propia legislación nacional (FJ 74).
Igualmente interesante resulta la sentencia de 21-11-2000, por unos hechos que tienen su origen en el fallecimiento de un ciudadano de nacionalidad turca en extrañas circunstancias poco después de su detención por parte de las fuerzas de seguridad de Turquía como sospechoso de pertenecer al denominado Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Los familiares de la víctima iniciaron un procedimiento ante la jurisdicción turca con el objeto de esclarecer los hechos. Sin embargo, y dada la pasividad de las autoridades encargadas de la investigación, la esposa de la víctima acudió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando, por un lado, que su marido había fallecido como consecuencia de la acción deliberada de las fuerzas de seguridad de Turquía, y por otro, que los hechos no habían sido investigados de un modo efectivo por las autoridades de dicho Estado. Tales reclamaciones se formularon al amparo del artículo 2 del Convenio Europeo, que reconoce el derecho de toda persona a la vida. Por otro lado, y ante las presiones sufridas en el curso de ciertos interrogatorios a los que fue sometida por la fiscalía encargada del caso en su país, la demandante alegó asimismo una violación del antiguo artículo 25 párrafo 1º del Convenio -actual artículo 34-, relativo a la obligación de los Estados firmantes de no obstaculizar el ejercicio de los derechos de los particulares ante la Comisión. Trasladado el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste procedió a analizar separadamente las distintas alegaciones de las partes. El Tribunal rechaza, en primer lugar, las alegaciones formuladas por el Gobierno turco en el sentido de que la demandante no ha agotado todos los recursos disponibles ante la jurisdicción nacional, y advierte que dicha exigencia no puede entenderse referida a los recursos relativos a una posible reclamación de daños en aquellos casos en los que la controversia se refiera a un delito contra la vida, sino que ha de ser interpretada con cierta flexibilidad, bastando con que el interesado haya realizado todo aquello que razonablemente puede esperarse de él para agotar los recursos ante la jurisdicción interna. Por otra parte, y en relación con las cuestiones sustantivas del caso, el Tribunal subraya que las pruebas existentes ponen de manifiesto la existencia de una violación del artículo 2 del Convenio, pues, si bien no ha quedado plenamente demostrada la participación policial en el fallecimiento de la víctima, el citado artículo impone en cualquier caso el deber sobre estas últimas de proteger la vida de cualquier detenido durante el tiempo en el que se halle bajo su custodia. El Tribunal advierte, asimismo, que el citado artículo impone una obligación sobre los Estados firmantes que no ha de considerarse reducida a la compensación de las víctimas, sino que implica asimismo el deber de llevar a cabo una investigación efectiva con el objeto de identificar y castigar a los responsables de las actuaciones realizadas en contravención con el citado precepto, exigencia que no ha sido satisfecha en el presente caso por parte del Gobierno turco. Por otro lado, el Tribunal rechaza, sin embargo -y ante la imposibilidad de probar las alegaciones formuladas al respecto- la existencia de una violación del artículo 25 en relación con las posibles presiones sufridas por la demandante durante la investigación de los hechos por parte de las autoridades turcas. Finalmente, el Tribunal declara la existencia de la referida violación del artículo 2 del Convenio y establece, conforme al artículo 41 del mismo, el derecho de la demandante a ser indemnizada por razón de los perjuicios materiales y morales sufridos en relación con los hechos constitutivos de las anteriores infracciones.
Por su parte la sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, S 14-12-2000 juzga unos hechos que tienen su origen en el fallecimiento de un ciudadano de nacionalidad turca a consecuencia de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad de Turquía cuando se disponían a efectuar un registro en su vivienda en el curso de una investigación antiterrorista. Las investigaciones relativas a estos hechos dieron lugar a un proceso judicial en el que los agentes causantes de la agresión resultaron absueltos. En vista de estas circunstancias, el padre de la víctima se dirigió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando, entre otras cosas, una violación por parte del Estado turco de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo. Trasladado el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste rechaza todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno turco y emite una sentencia favorable a las pretensiones del interesado. Por lo que se refiere a las objeciones preliminares formuladas en contra de la admisibilidad de la demanda, el Tribunal señala, en primer término, que dicha exigencia ha de ser interpretada con cierta flexibilidad, bastando con que el interesado haya realizado todo aquello que razonablemente puede esperarse de él para agotar los recursos ante la jurisdicción interna. De este modo, el hecho de que el interesado no se haya sumado como acusación particular al proceso abierto por el Ministerio fiscal no puede considerarse como una omisión en relación con la necesidad de un agotamiento de los recursos internos, en la medida en que no fue informado de la apertura de dicho procedimiento. Por otro lado, la necesidad de agotar los recursos de la jurisdicción nacional conforme al artículo 35 del Convenio no puede entenderse referida a los recursos relativos a una posible reclamación civil de daños en aquellos casos en los que la controversia se refiera a un delito contra la vida. El Tribunal advierte, en este sentido, que artículo 2 del Convenio impone una obligación sobre los Estados firmantes que no ha de entenderse reducida a la compensación de las víctimas, sino que implica asimismo el deber de llevar a cabo una investigación efectiva con el objeto de identificar y de castigar a los responsables de las actuaciones realizadas en contravención con el citado precepto. Por otra parte, y en relación con las cuestiones sustantivas del caso, el Tribunal subraya que las pruebas existentes ponen de manifiesto la violación del citado artículo, pues demuestran el uso desproporcionado de la fuerza con resultado de muerte, con independencia de si esta última fue buscada intencionalmente o no por los agentes causantes de la agresión. Del mismo modo, y a la luz de las circunstancias particulares del caso, el Tribunal estima que no se ha llevado a cabo por parte del Gobierno turco una investigación efectiva dirigida a la identificación y al castigo de los culpables, por lo que se ha violado asimismo el derecho a un remedio judicial efectivo contemplado en el artículo 13 del Convenio. Sobre la base de estos razonamientos el Tribunal declara en su fallo la existencia de las referidas violaciones y establece la obligación a cargo del Estado turco de indemnizar al demandante por razón de los daños sufridos a consecuencia de tales infracciones.
Sentencia Kilic contra Turquía: “Hubieran podido recurrir a diversas medidas preventivas que permitieran minimizar el riesgo para la vida de Kelmal Kilic, sin que ello comportara una dedicación irrealista de medios. Al contrario, las autoridades han negado la existencia de cualquier riesgo. Nada indica que hubieran reaccionado a la petición de Kemal Kilic, bien fuera adoptando medidas de protección razonables, bien investigando sobre el alcance del riesgo alegado por los empleados de Ozgür Gündem en orden a tomar las medidas de prevención apropiadas (…).
Al contrario de lo que ocurre con otros convenios internacionales que tocan este tema, el Convenio Europeo, ni el Tribunal en su interpretación, ha determinado los límites jurídicos que deslinden el comienzo de la vida, ni prácticamente ninguno de los grandes planteamientos metajurídicos en torno al tema. Considera el Tribunal en este sentido, que no existe una conciencia unánime en los países de la unión europea, siendo respetables prácticamente todas las posturas legislativas existentes en cada estado.
Un caso bastante de fuerte repercusión fue el caso Open Door and Dublin Well Woman c. Irlanda, si bien el hecho raíz aquí lo constituye la prohibición impuesta a dos sociedades irlandesas de dar información a mujeres embarazadas sobre las posibilidades abortivas, si bien el derecho vulnerado aquí lo constituía el derecho a la información.
Cuestión ésta igualmente polémica que la anterior, pero mejor resuelta por el Tribunal a juicio del que suscribe. Empecemos por recordar la sentencia Dianne Pretty c. Reino Unido, donde, literalmente afirmó el tribunal sobre el artículo 2 que:
“Salvo distorsionar el leguaje, interpretarlo como si confiriera un derecho diametralmente opuesto, a saber el derecho a morir, por otra parte, no crea un derecho de autodeterminación en el sentido de dar a todo individuo el derecho a elegir la muerte en lugar de la vida”.
Antes de nada, comentar que este tema ya fue tratado en otro de nuestros artículos del blog. Haz click aquí, si deseas saber mas sobre este tema.

References: artículo 2
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 artículo 3
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 artículo 34
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