Source: https://iadpi.com.ar/2017/07/13/la-nueva-dicotomia-del-acta-poder-para-efectuar-presentaciones-electronicas/
Timestamp: 2020-07-13 03:39:16+00:00

Document:
La nueva dicotomía del acta poder para efectuar presentaciones
Inicio Doctrina Bs. As. Doctrina – Bs. As.: «La nueva dicotomía del acta poder para efectuar...
Doctrina – Bs. As.: «La nueva dicotomía del acta poder para efectuar presentaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires»
La nueva dicotomía del acta poder para efectuar presentaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires.
Introito. II. Antecedentes normativos. Convergencia de Resoluciones S.C.B.A. Nacimiento del acta-poder. III. Antecedentes Jurisprudenciales del Superior Tribunal provincial en torno a la temática. IV. Breves reseñas acerca de la responsabilidad profesional y su implicancia en el acta poder para efectuar presentaciones electrónicas. V. El mero trámite en el proceso judicial provincial. La ley 5.177 y el C.P.C.C.B.A. VI. El impacto del Acuerdo S.C.B.A. 3842/17. Actos que no son considerados de “mero trámite”. VII. La situación actual de la temática en tratamiento. Continuación de la problemática. VIII. Esbozo de posibles soluciones. La reforma del C.P.C.C.B.A. Conclusiones.
Por su parte, el Protocolo para las presentaciones electrónicas que fuera aprobado mediante la Resolución S.C.B.A. 3415/12, menciona en su entramado reglamentario que, “A los fines de que los peticionantes que actúen por derecho propio confieran poder suficiente a su letrado para realizar presentaciones electrónicas y no se encuentren comprendidos en los supuestos enunciados por los arts. 46 y 85 del CPCC, la parte deberá, en el momento de producirse la adhesión conferir poder suficiente frente al Secretario labrándose el acta pertinente. Este mecanismo se justifica en la condición «ad probationem» o relativa que posee la formalidad prescripta por el art. 1184 inc. 7 del Código Civil. Asimismo, en todos los casos, los letrados podrán adherirse en cualquier expediente donde estén actuando a los fines de peticionar por su propio derecho, podrán realizar presentaciones invocando el art. 48 del CPCC en representación de alguna de las partes, realizando las peticiones autorizadas por el art.117 del CPCC, o los efectos de mero trámite conforme el art.56, inc.c) de la ley 5177.”
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia provincial, en el año 2017, a través del Acuerdo 3842, determinó qué tipo de actos procesales han de considerarse como de “mero trámite”, y cuáles no. Volveremos sobre dicha normativa más adelante.
Con fecha 8 de febrero de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los autos «Carnevale, Cosme Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (c. A. 74.409), se expidió en torno a las facultades del abogado patrocinante de una parte en un proceso judicial, para efectuar presentaciones electrónicas, precisamente en aquellos escritos en donde se articulan pretensiones que desbordan el tradicional concepto de “mero trámite” y en los supuestos en que el abogado no actúa en calidad de apoderado ni ha invocado la franquicia prevista en el artículo 48 del C.P.C.C.B.A.[3]
Añadieron, con fundamento en lo dispuesto en el Protocolo de Presentaciones Electrónicas aprobado por Resolución de la Suprema Corte Nº 3415/12 (en particular, en el ap. segundo “Adhesión. Trámite. Efectos”), que tratándose de una presentación electrónica, en el supuesto que los peticionarios actúen por derecho propio, y en razón de que no pueden ser titulares de un certificado de firma digital, deberán -a los efectos de efectuar peticiones que no sean de mero trámite, art. 56 inc. «c», ley 5177- otorgar poder suficiente al patrocinante frente al Secretario labrándose el acta pertinente o bien, el letrado invocar el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial.
b) Causa “Diaz”.
Los señores magistrados del Superior Tribunal, sin perjuicio de destacar liminarmete que “…el régimen vigente no admite la posibilidad de realizar presentaciones electrónicas en la que el escrito judicial se ha adjuntado como imagen (formato pdf) a un documento firmado digitalmente que se encuentra vacío…”, sostuvieron que, a los fines de evaluar las formalidades requeridas para lograr el objetivo deseado (en el caso, la ratificación de lo actuado), debía tenerse en cuenta la naturaleza del acto que se pretendía ratificar.
Y en ese andarivel, concluyeron que no tratándose el escrito de interposición del recurso de queja un acto de “mero trámite” (conf. art. 1, inc. 5, Acuerdo 3842/2017), tampoco podía ostentar dicho carácter su ratificación.
Recordaron, asimismo, que en caso de actuar mediando patrocinio letrado, debía estarse a lo dispuesto en el Protocolo de Presentaciones Electrónicas aprobado por Resolución de la Suprema Corte n° 3415/2012 y que, si se trataba de escritos de mero trámite, el texto completo de la presentación electrónica debía encontrarse firmado digitalmente.
En resumidas cuentas, el mandato es un contrato mediante el cual una persona (mandante) confiere poder a otra (mandatario), con el objeto que realice uno o varios actos jurídicos en su nombre. Interpretamos que “poder” son las facultades que el mandante otorga al mandatario para que pueda llevar adelante la ejecución de actos jurídicos requeridos, y la “representación” es el ejercicio efectivo que el mandatario realiza de los poderes recibidos por el mandante.
Recordemos que el mandato se encontraba definido en el artículo 1.869 del Código Civil derogado (ley 340), aunque que la doctrina se inclinaba por considerar que era un concepto más propio de un «contrato de representación”[4].
Si bien actualmente se ha abandonado la idea de que el abogado patrocinante sólo tiene la función de preparar los escritos que deban llevar su firma, pues el patrocinio implica asumir la plena dirección del proceso, el cabal cumplimiento de los deberes que ello comporta y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la manera hasta su terminación[6], lo cierto es que la distinción entre la responsabilidad del letrado patrocinante con el apoderado aún persiste.
En este sentido, al diferenciar la responsabilidad del letrado en uno y otro caso, se ha sostenido que si el abogado ejerce funciones de asesor legal o patrocinante, la obligación que contrae es simplemente de medios, mientras que como abogado apoderado, se encuentra obligado a una prestación de resultado con relación a los actos procesales de su específica incumbencia[7].
De tal modo, las providencias simples (también denominadas providencias de trámite o decretos), tienen por finalidad precisa ordenar el desarrollo del proceso o bien disponer actos de mera ejecución sin llegar, en consecuencia, a decidir controversia alguna. Por esta última razón no requieren sustanciación, es decir, vista o traslado a la contraparte[9].
Es necesario recordar que, el letrado patrocinante, puede realizar presentaciones electrónicas de mero trámite, sin el requerimiento de la firma del cliente. En efecto, el artículo 56, inciso “c” de la ley 5.177 -reformado por la ley 13.419-, dispone expresamente que una de las funciones que comprende la actuación de los letrados consiste en presentar con su sola firma los escritos de mero trámite. La aludida norma refiere, claro está, a los letrados patrocinantes, puesto que si fueran apoderados pueden realizar todos los actos dentro de los límites de su mandato. Entonces, sólo queda admitir que, por aplicación del art. 56 inc. “c” de la ley 5.177, el abogado puede presentar escritos de mero trámite actuando en nombre propio pero por un derecho ajeno, lo cual configura un típico rol de “sustituto procesal”[10].
Cuadra precisar en este aspecto que la presentación con su sola firma de los escritos de mero trámite no es una simple facultad de los abogados otorgada por ley, sino que tiene una mayor implicancia, ya que comprende una de sus mas importantes funciones, un “deber” para “…no abandonar los juicios mientras dure el patrocinio…” (art. 58 inc. 7) y de “…activar el procedimiento en las condiciones de Ley…” (art. 73 inc. 2)[11].
Los fundamentos de la modificación legal traída con la sanción de la ley 13.419, consistían desde el punto de vista profesional en que la introducción de tal facultad procesal permitiría que con su sola firma los letrados puedan impulsar el desarrollo del trámite judicial sin necesidad de la rúbrica de su patrocinado, en aquellos casos específicamente reglados que únicamente tengan por objeto la continuidad de la mecánica del procedimiento, que sean habituales, que constituyan la progresión lógica de la serie de actos. Por su parte, desde la óptica del procedimiento, se pretendía agilizar los trámites, al acortar tiempos en concordancia con los principios de celeridad y economía procesal[13].
Con relación al acta-poder, también es dable destacar que la implementación de la mencionada operatoria ha sido de lo más diversa, no existiendo al día de hoy un criterio uniforme en cuanto a su instrumentación. De este modo, podemos resumir las posturas asumidas por los distintos organismos, señalando que algunos requieren que concurra el cliente personalmente a la sede del juzgado o tribunal para labrar el acta poder frente al actuario (a tenor literal de las resoluciones); otros, solicitan que la parte lleve el acta poder impresa y confeccionada por el letrado citándose posteriormente a la parte para que ratifique la firma en el organismo (semejante al lo establecido en la ley 11.653 de procedimiento laboral); y finalmente, algunos requieren hacer un mero escrito donde se establezca que el cliente confiere las facultades de la resolución 1827/12 S.C.B.A. al letrado, debiendo suscribirse ológrafamente por ambos y enviarse por el portal al juzgado o tribunal en formato electrónico pdf escaneado. Pero lo concreto es que cualquiera de las alternativas mencionadas implica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Anexo Único, de la Resolución S.C.B.A. 1827/12.
Ahora bien, más allá de que con el dictado de la Acordada 3842/17 S.C.B.A. se ha reducido y acotado considerablemente la problemática concerniente a la actuación procesal del letrado patrocinante en el ámbito electrónico, lo cierto es que la misma no ha desaparecido por completo. Es así que, aún hoy, el letrado patrocinante se encuentra en los hechos compelido a suscribir el acta-poder prevista en el artículo 4 del Anexo Único de la Resolución S.C.B.A. 1827/12, si es que pretende impulsar el proceso electrónicamente a través de alguno de los actos expresamente excluidos del concepto de “mero trámite” conforme el Acuerdo 3842/17 S.C.B.A., como bien podría ser, la interposición de un recurso.
Así, en caso de que la parte o el profesional no deseen extender la mencionada acta-poder, la única alternativa viable para el letrado sería presentar dicho acto procesal que se intenta configurar en formato tradicional, es decir, en papel (conforme la coexistencia “temporaria” establecida para las presentaciones electrónicas mediante la Resolución S.C.B.A. 1407/16), o bien invocar la franquicia del artículo 48 del C.P.C.C.B.A., soluciones ambas que claramente van a contramano del propósito de implementar en forma plena el expediente electrónico en el Poder Judicial provincial.
En este último aspecto, resulta de ineludible guía tener presentes los postulados contenidos en las Bases para la reforma procesal civil y comercial, documento elaborado en el marco del proyecto “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, sin dudas, cimentará el proceso de reformas de los códigos adjetivos de toda la República. Así, en cuanto a la actividad procesal de las partes, las bases resaltan respecto del soporte de los actos escritos, la importancia de tender hacia formatos electrónicos, y la necesidad de que los nuevos ordenamientos prevean las condiciones que determinen el valor probatorio del documento electrónico y de la prueba documental resultante de las nuevas tecnologías, así́ como los requisitos que aseguren su fidelidad e inalterabilidad[19].
[1] Publicado en la revista de Pensamiento Civil el 31/10/2016 (www.pensamientocivil.com.ar).
[2] Numeración según Decreto-Ley 7861/72.
[3] Ver comentario a dicho pronunciamiento: BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., “La actuación del letrado patrocinante en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires, según doctrina de la Suprema Corte”. Publicado en pensamientocivil.com.ar, el 22/02/2017.
[4] Cfr. Bibiloni, cit. por Mosset Iturraspe, Jorge, “Mandatos”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, págs. 62 y 63.
[5] Tribunal: 4° Cámara Civil de Apelaciones en autos “González Campos, Andrea Paola y ots. c. Baldini Pescarmona, Juliana p/ ordinario”, expte. 32.622
[6] Cám. Civil de Dolores, “S.G. del C c/L.A.R. y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios”, sent. del 18/12/2007.
[7] Ver al respecto: Andorno, Luis «Responsabilidad de los abogados», en Derecho de daños, pág. 475 y ss.; Trigo Represas, Félix «Responsabilidad Civil del Abogado», 1991, Ed. Hammurabi, pág. 143; conclusión Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, Comisión n. 5; Alterini, Atilio y López Cabana, «Responsabilidad profesional: el experto frente al profano», LL 1989-E-847).
[8] Cfr. art. 160 del C.P.C.C.
[9] Cfr. Fenocchietto, Carlos E., “Código Procesa Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Comentado”. Edit. Astrea.
[10] Cám. de Apel. Civil y Ccial. de Trenque Lauquen, en autos “Vega, Nancy Beatriz y ot. c/ Radio y Televisión Trenque Lauquen S.A. s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, expte. 87851.
[11] Grillo Ciocchini, Pablo Agustín, “Los escritos de mero trámite presentados por el abogado”. Publicado el 02/12/2014 en Microjuris.
[12] Promulgada por Decreto 25/06 del 09/01/2006, publicada en el B.O. del 19/01/2016.
[13] Ver fundamentos del proyecto de la ley 13.419.
[14] La solución es concordante con la prevista en el art. 57 del C.P.C.C. para una hipótesis similar.
[15] Entendidos como tales aquellos en que no corresponde decidir entre pretensiones contradictorias. La ley exige la intervención del magistrado para dar eficacia a ciertos actos que por razones de certeza estima necesario integrar, autorizar u homologar; cfr. Medina, Graciela, “Proceso Sucesorio”; Editorial Rubinzal-Culzoni.
[16] Para un mayor estudio de la problemática suscitada en torno al “acta-poder” prevista en el apartado 2 «Adhesión. Trámite. Efectos» del Protocolo de Presentaciones Electrónicas aprobado por medio de la resolución 3415/12 S.C.B.A., y nuestra postura crítica respecto de su aplicación e instrumentación, ver artículo citado “La dicotomía del acta-poder…”, publicado en www.pensamientocivil.com.ar, el 31/10/2016.
[17] Aprobado por Resolución de la Suprema Corte N° 3415/2012.
[18] Ver articulo de autoría titulado “Validez jurídica de los documentos digitales adjuntos en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la provincia de Buenos Aires”. Citar: elDial DC22BD. Publicado el: 04/04/2017
[19] Disponible para su consulta a la fecha de la publicación del presente en el sitio www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/Bases-para-la-Reforma-de-la-Justicia-Civil-y-Comercial.pdf.
Artículo anteriorDoctrina – Cordoba: «Relativización de la carga de constituir domicilio físico en el proceso judicial. El caso de la provincia de Córdoba»
Artículo siguienteDoctrina – Bs. As.: «Confección y firma de la cédula electrónica que lleva la firma del funcionario judicial, ¿carga de la parte o del tribunal»

References: Resolución 
 artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 56
 resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 48
 resolución 
 Resolución