Source: http://www.acciones-bankia.com/2015/05/
Timestamp: 2018-01-19 21:26:58+00:00

Document:
mayo 2015 | Acciones Bankia - Recuperar el dinero invertido
La Audiencia Provincial de Madrid a notificado a Ausbanc Abogados la primera sentencia que desestima un recurso de Bankia y conforma la nulidad de la compra de Acciones Bankia suscrita por nuestra asociada, una mercantil, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Alcalá de Henares.
Se trata de una excelente noticia para todos aquellos afectados ya que confirma que no existe prejudicialidad penal, corrobora nulidad de la orden de compra, dedicando un Fundamento de Derecho específico a reafirmar la concurrencia de dolo, y descalifica las alegaciones habituales que utiliza Bankia en sus contestaciones.
Prejudicialidad penal: La Audiencia zanja el debate de la concurrencia o no de esta prejudicialidad penal. Lo hace de la siguiente forma: “puede entenderse, y así se sostiene aquí, que el fundamento de la nulidad (anulación) que se pide es tanto la supuesta actuación dolosa de Bankia por suministrar información falsa como el error en que –según se alega en la demanda- incurrió el suscriptor de las acciones como consecuencia de la falta de veracidad de la información ofrecida en el folleto de emisión (y así se deduce de la sentencia de instancia), supuesto este en que basta acreditar la realidad objetiva del conocimiento equivocado –error- (con los requisitos jurisprudenciales), sin que sea necesario ni que ese resultado sea consecuencia de dolo de Bankia ni que se aprecie responsabilidad penal, bastando la valoración jurídico-civil del contenido de la información suministrada y de las omisiones cometidas. Por otro lado, tampoco el dolo civil se identifica con el penal, de modo que no es preciso que se declare este último en proceso penal para que en el presente proceso pueda apreciarse que Bankia, SA observó una actuación dolosa. Resulta, así, que no se trataría de «los mismos hechos» los que son investigados en el proceso penal y los que constituyen objeto de este proceso civil, con la consecuencia de que no procede la suspensión de este hasta que finalice la causa penal, no siendo de aplicación al caso ni el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni el artículo 10.2 de la LOPJ, ni los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Añádase que, aunque se considerase que debió acogerse la prejudicialidad penal alegada, no procedería declarar la nulidad del procedimiento, retrotrayendo las actuaciones a primera instancia. Conforme al artículo 41.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil se podrá interponer recurso de reposición. La solicitud de suspensión podrá, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia…». La petición de suspensión fue denegada en primera instancia, y se reproduce en la segunda, no habiendo motivo de nulidad de actuaciones. Con mayor motivo cuando se considera improcedente la suspensión del proceso hasta la resolución del proceso penal”.
Sobre el vicio en el consentimiento: La imagen de solvencia y plena confianza que hasta ese momento transmitía Bankia se vio radicalmente transformada a raíz de la reformulación de las cuentas anuales de 2011 que se efectúa el 25 de mayo de 2012, que de un reflejo contable de beneficios, como se ha dicho, pasan a atribuir al ejercicio 2011 unas pérdidas de 2.979 millones de euros, como recoge la sentencia de instancia y no niega Bankia en su recurso. A ello se añade la petición al FROB de una ayuda de 19.000 millones de euros para el grupo BFA-Bankia, de los que 12.000 millones se destinarían a recapitalizar Bankia, siendo hoy un hecho notorio (no necesitado de prueba: artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que esa petición ha sido atendida y que Bankia ha recibido sustanciosas ayudas de capital público.
Visto lo anterior, se explica que la juzgadora de instancia afirme que la situación financiera de Bankia que esta publicó en el folleto para su salida a Bolsa no era la real, de modo que la confianza con que la actora XXXX, SA adquirió acciones de una entidad que se afirmaba solvente no respondía a la realidad económica de Bankia. No se trata, sin embargo, de una presunción –como alega la apelante Bankia-, sino de un hecho constatado por la reformulación de cuentas de 25 de mayo de 2012, que desmiente que en el primer trimestre de 2011 pudiera haber obtenido beneficios si el resultado global del ejercicio de 2011 es de unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros. Bankia ha pretendido justificar esta más que sustancial discrepancia acudiendo a argumentos genéricos, como la desfavorable situación económica del segundo semestre de 2011 o las medidas legislativas adoptadas a principios de 2012, lo que no constituye prueba alguna de que hayan tenido ninguna incidencia en una rectificación de cuentas tan sustancial como la expuesta; se trata de especulaciones genéricas, no de la prueba de hechos concretos con una específica repercusión en esa transformación sustancial de las cuentas de Bankia de 2011.
¿Qué deben hacer los accionistas?
Lo que tiene que hacer cualquier accionista que acudió a la OPS o que incluso compró acciones en los meses sucesivos a la salida a Bolsa, es presentar la correspondiente demanda judicial. Hay varias vías abiertas y la más efectiva y la que está dando mejores resultados es la presentación de una demanda civil y en todo caso individual. Hay que presentar la demanda judicial solicitando la nulidad de la orden de compra. En este caso es absolutamente irrelevante el perfil del cliente, es irrelevante si el cliente había tenido productos de inversión previos, si tiene formación superior o no la tiene, la cantidad invertida… Lo importante es que esa persona compró sus acciones basándose en el contenido de un folleto que diez meses más tarde se vio que estaba falseado. Por tanto la situación es común para cualquier accionista que acudió a la OPS o que contrató estas acciones en el mercado secundario en los meses sucesivos y como decimos lo que tiene que hacer es buscar un especialista en la materia e interponer la demanda judicial. Aquí tenéis la información completa de nuestro servicio de demandas para poder recuperar vuestro dinero:
Audiencia Provincial Bankia Madrid sentencia
La jueza obliga a la entidad financiera a devolver a un matrimonio la suma de 6.000 euros más los intereses legales desde la fecha de suscripción de las acciones, en julio de 2011, porque no se atuvo a lo que incluyó en su folleto informativo de salida a Bolsa, con una información que no estaba auditada y no reflejaba "ni de lejos" la imagen económica real de la entidad al tiempo de la contratación. En un día las acciones cayeron a la mitad y miles de clientes perdieron su dinero.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de LIRIA ha emitido la primer sentencia favorable a afectados por acciones de Bankia en dicha localidad.
La entidad está llevando una estrategia demencial diciendo a los empleados que manifiesten a los clientes que esperen que todo se va a arreglar, con el único objetivo de que pase la fecha tope 19 de julio de este año, con lo que pasada dicha fecha ya no será posible la reclamación.
La jueza: Rosa moya, además considera que Bankia dió una imagen de solvencia muy alejada de la realidad, "siendo de destacar que los datos objetivos reflejan que la verdadera cuenta de resultados con que cierra 2011 arrojaba pérdidas mil millonarias".
La demanda fue admitida el 7 de abril y se ha dictado sentencia en menos de un mes, por lo que desde el despacho que ha llevado el caso se manifiesta que a día de hoy se ganan el 100% de las sentencias por la venta de acciones que vengan acompañadas del informe pericial pertinente, ya que dicho informe viene considerándose como una prueba irrefutable por los juzgados valencianos.
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sentencia Valencia
Dado a los grandes éxitos que estamos consiguiendo judicialmente a través de nuestros abogados colaboradores en la lucha contra los abusos de los bancos en diferentes productos bancarios, como las cláusulas suelo donde ya hemos eliminado judicialmente a través de nuestros abogados centenares con un porcentaje de éxitos del 100%, ahora estamos ofreciendo también los servicios de nuestros abogados colaboradores expertos en derecho bancario para conseguir también la recuperación del dinero invertido en acciones de Bankia en su salida a bolsa.
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Condenan a devolver en Castellón 4.100 euros invertidos en acciones en la salida a bolsa de Bankia
El juzgado de primera instancia 1 de Valencia condena a Bankia a devolver el dinero invertido en acciones
Demanda ganada en Vigo contra Bankia por vicio del consentimiento en la venta de acciones de Bankia
Accionistas afectados por la salida a Bolsa de Bankia ganan nuevos pleitos en Asturias
Aquí tenéis también una sentencia íntegra ganada en la Audiencia Provincial de Valencia
abogados Bankia demanda
Cláusula Suelo 2
Así lo expone la sección tercera de la sala de lo penal en el auto en el que estima parcialmente el recurso de la matriz de Bankia, BFA, contra el auto en el que el juez Fernando Andreu impuso una fianza civil de 800 millones al grupo y a cuatro miembros de su excúpula, entre ellos Rodrigo Rato.
Y lo hace parcialmente porque, explica, la cantidad que debió fijar el instructor debía ceñirse a lo que reclamaron los accionistas personados en la causa, que ascendía a 34 millones, pero no por el resto de argumentos que esgrimió la entidad, entre ellos la improcedencia de adoptar esta medida cautelar.
Pero también aquel por el que BFA, además de Bankia, consideraban que la decisión de Andreu debía ser anulada porque no había requerido caución o contracautela a los perjudicados "como presupuesto ineludible para la adopción de medidas cautelares" regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
"La petición de una medida cautelar a la propia víctima perjudicada por el hecho delictivo que se enjuicia parece un contrasentido si tenemos en cuenta los presupuestos y finalidad de la medida cautelar real en el proceso penal", responde la sala.
Para la Audiencia, los informes periciales realizados por los dos inspectores cedidos por el Banco de España que cuestionaron las cuentas de la entidad desde su misma constitución, pasando por las de su debut bursátil, ponen de manifiesto los indicios de criminalidad en relación con el artículo 282 bis del Código Penal.
El citado artículo castiga con hasta seis años de cárcel a quienes como "administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes"
Así, considera que la salida a bolsa de Bankia fue "formalmente correcta, pero no reflejó en su contabilidad su imagen fiel, y ello es lo que conlleva el reproche penal de sus administradores".
Reitera que, aunque existe una contrapericial encargada por Bankia al experto Leandro Cañibano que discrepa de las conclusiones de las tesis de los peritos judiciales, así como un informe particular emitido por la CNMV a petición del FROB que también los rebate, el informe de los técnicos independientes es el único que se ha sometido a contradicción.
De hecho, en su respuesta al recurso de Bankia, el tribunal señala que la pericial judicial debe primar sobre la opinión de los supervisores que la avalaron, ya que estos dieron su visto con base en las auditorías realizadas por Deloitte, por las que ha sido después sancionada.
Así, explican que uno de los extremos que demuestran la "relevancia" de la pericial es el expediente que el Instituto Contable de Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, abrió contra Deloitte por dos faltas muy graves y dos graves en su trabajo con las cuentas de los dos primeros trimestres de 2011, clave para la salida a bolsa de Bankia.
"En consecuencia, es razonable la prioridad de los informes periciales, medio susceptible de detección de una elaboración interesada de las cuentas frente a los testimonios de los supervisores que tenían conocimiento de las auditorías para realizar su actividad", subraya.
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References: artículo 40
 artículo 10
 artículo 41
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 resolución 
 artículo 281
 artículo 282