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﻿ Sentencia 2012-01642 de febrero 28 de 2013
SENTENCIA 2012-01642 DE 28 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPORTA UN DEBER DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, CONSISTENTE EN DECIDIR DE FONDO CADA UNO DE LOS ASUNTOS QUE SE SOMETEN A SU ESTUDIO, SIENDO, POR EXCEPCIÓN, PROCEDENTE LA RESOLUCIÓN INHIBITORIA DE LOS MISMOS ÚNICAMENTE CUANDO EL FUNCIONARIO HA AGOTADO TODAS LAS ALTERNATIVAS JURÍDICAS POSIBLES PARA RESOLVER EL CASO, SIEMPRE BAJO EL IMPERATIVO DE LA EFICACIA DEL DERECHO SUSTANCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JUEZ, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sentencia 2012-01642 de febrero 28 de 2013
Radicación: 11001-03-15-000-2012-01642-00(AC)
Actor: Fundación Futuro de Paz
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño
Se decide la acción de tutela presentada por la señora Luz María Díaz Melo, en su calidad de representante legal de la Fundación Futuro de Paz, contra las decisiones judiciales tomadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño.
La ciudadana Luz María Díaz Melo, como representante legal de la Fundación Futuro de Paz, formuló acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que considera vulnerados con ocasión de las providencias dictadas por parte del Juzgado Tercero Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de acción contractual contra el municipio de Samaniego, con radicado 2010-00073.
El municipio de Samaniego en el mes de noviembre de 2007, dio inicio a un proceso de contratación estatal dentro del cual fue seleccionada la propuesta presentada por la Fundación Futuro de Paz, y adjudicándose el respectivo contrato mediante resolución de 27 de diciembre de 2007.
El 15 de marzo de 2010 y ante la renuencia de la administración municipal, de elaborar y firmar el contrato adjudicado, la Fundación Futuro de Paz interpuso en su contra acción contractual, para que se declarara el incumplimiento de la obligación de subscribir el respectivo contrato, y en consecuencia, se le ordenara pagarle a titulo de indemnización por perjuicios, la suma que resultare probada de acuerdo al peritazgo.
De la anterior demanda le correspondió conocer en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, quien en sentencia del 12 de julio de 2011, se inhibió de fallar de fondo el asunto, argumentando la indebida escogencia de la acción por parte del actor, quien al demandar un acto administrativo previo al contrato debió acudir a la acción de nulidad o a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Al decidir la apelación, el Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 20 de abril de 2012 confirmó con el mismo argumento de indebida escogencia de la acción el fallo proferido por el a quo, sin embargo, se distanció de la acción que consideró pertinente el juzgado y planteó como correcta para lograr la pretensión indemnizatoria de la demanda la acción de reparación directa.
La tutelante solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados para que, en consecuencia, se ordene al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto proferir una decisión de fondo sobre el asunto planteado.
El Magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño ponente de la decisión cuestionada, manifestó en respuesta a la acción de tutela que la sentencia proferida en segunda instancia por esa corporación judicial, contiene las razones fácticas y jurídicas suficientes que soportan la confirmación de la decisión inhibitoria proferida por el a quo. Adicionalmente consideró que la acción constitucional en este caso no cumplía con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que la identifican.
El Juez Tercero Administrativo de Pasto contestó la acción de tutela reiterando las razones que sustentaron el fallo inhibitorio que controvierte la tutelante, y explicando por qué estas se ajustan a derecho y hacen improcedente la tutela por la supuesta violación al debido proceso. Respecto del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, sostuvo que no se evidencia desconocimiento alguno, al haber tenido la accionante la posibilidad de acudir a la administración de justicia ejerciendo la defensa de sus intereses y escogiendo para ello la acción que consideró pertinente.
El municipio de Samaniego guardó silencio.
La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
3.3. Los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y los deberes procesales del juez.
La interpretación armónica del postulado contenido en el artículo 229 de la Constitución(1), con el derecho fundamental al debido proceso(2) y con los principios fundantes de la Carta Política, ha conducido a otorgarle(3) el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia.
Y además de concebirlo como fundamental, la jurisprudencia constitucional también lo ha considerado un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, teniendo en cuenta que se constituye como “la garantía real y efectiva que el Estado le ofrece al individuo, de poder acudir, para resolver las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley” (Sent. T-476/98).
Bajo estas consideraciones la Corte ha afirmado que el alcance del derecho de acceso a la administración de justicia “no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión” (Sent. C-1027/2002).
El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido entendido, no sólo como el presupuesto para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, sino como: (i) la posibilidad de acceso efectivo de la persona a la administración de justicia; (ii) el curso de un proceso rodeado de todas las garantías judiciales y decidido en un plazo razonable; y (iii) la ejecución material del fallo (Sents. T-897/2008 y T-345/2010).
En cuanto concierne a la cuestión que plantea el caso presente, es del caso recalcar que el derecho de acceso a la administración de justicia comporta un deber dirigido a los funcionarios judiciales, consistente en decidir de fondo cada uno de los asuntos que se someten a su estudio, siendo, por excepción, procedente la resolución inhibitoria de los mismos únicamente cuando el funcionario ha agotado todas las alternativas jurídicas posibles para resolver el caso, siempre bajo el imperativo de la eficacia del derecho sustancial.
Respecto de la arista que en esta providencia se enfatiza, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna. La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
“Admisión de la demanda y adecuación del trámite. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”.
En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
“Se debe advertir que el tribunal … tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía.
Fuerza es, entonces, proteger el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la accionante y, en consecuencia, ordenar al Juez Tercero Administrativo de Pasto, tome la medidas procesales pertinentes para que en el término máximo de dos (2) meses, profiera sentencia que estudie el fondo de las pretensiones planteadas en el caso sub examine.
1. PROTÉJASE el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la accionante por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. ORDÉNASE al Juez Tercero Administrativo de Pasto que tome las medidas procesales pertinentes para que, en un término máximo de dos (2) meses, profiera una sentencia de fondo sobre el caso estudiado en la presente providencia.
3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su revisión, si dentro del término legal no fuere impugnada.
(1) “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
(2) “ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
(3) Sentencia T-006 de 1992.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 229
 resolución 
 resolución 
 artículo 88