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Timestamp: 2018-03-24 03:51:20+00:00

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EXIMICION DE DETENCION: Libertad durante el proceso gracias a un cálculo frio, ¿sin fundamentos? A propósito de lo prescripto por el Art. 305 del Código Procesal Penal Salteño. (Derecho comparado) | LexWeb
Por Dr. Daniel Alejandro Escalante[1]
Un tema tan candente como puede ser el tratamiento e interpretación de los Derechos Constitucionales y su reglamentación pero sin alterar su substancia depende en gran medida del pensamiento imperante en determinada época. Es por ello, y en particular la interpretación de los lineamientos del Derecho a la Libertad cono así también su restricción lo será desde el enfoque de los Derechos Humanos y de las Convenciones Internacionales. Inspira este análisis, además de la superpoblación en las cárceles argentinas, el hecho de estudiar el proceso penal en particular y su tramitación, y dentro de ello, la detención o libertad del imputado, todo ello con la profundidad y seriedad que merece.[2]
La libertad implica hacer lo que uno quiera dentro del marco de la ley. Es uno de los derechos civiles más importantes, pues sin su reconocimiento muchos de los demás no podrían ejercerse. Es un concepto estrechamente unido al de democracia. El filósofo griego Aristóteles orgulloso de la democracia ateniense de su tiempo, en su obra “Política” proclamaba la libertad, pero para algunos, pues la esclavitud era defendida en esos tiempos. Así expresaba: “El hombre libre debe hacer su voluntad, así como el esclavo debe someterse a la ajena”.
En el siglo XVIII, Jean-Jaques Rousseau, en su discurso sobre la economía política opina que es la ley, a la que considera la más sublime de las instituciones humanas, la que otorga al individuo la libertad, pues subyuga al hombre para hacerlo libre. Es una sujeción solo aparente, ya que se pierde la libertad solo si en su ejercicio se puede perjudicar a otro. Si hubiera una libertad completa, una persona podría robar o matar, estando sujeta también a ser sujeto pasivo de esos delitos, entonces la libertad absoluta, haría al mundo inhabitable, y al hombre esclavo de los demás, que podrían hacer con él lo que quisieran.[3]
La libertad es uno de los requisitos para que un acto humano se considere voluntario, y acarree responsabilidad a su autor. Los otros dos, son el discernimiento y la intención. Algunos actos libres y efectuados con discernimiento pero no intencionales también pueden responsabilizar a quien los realizó como hechos culposos.
La libertad física significa que nadie puede ser privado de su libertad ambulatoria, poniéndolo en prisión, en forma ilegal o arbitraria. Para detener a una persona deben seguirse una serie de procedimientos establecidos en forma legal, que determinan que el estado puede hacerlo a través de los jueces, salvo en casos de excepción como cuando se detiene a alguien que está cometiendo un ilícito. Si alguien es objeto de una detención ilegal o arbitraria puede interponer un recurso de Habeas Corpus.
Los tratados internacionales reconocen el derecho a la libertad personal, en los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 1 y 25 de la Declaración Americana, en los artículos 9 y 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en el artículo 7 de la Convención Americana, en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.[4]
Que fue sancionado en 1961 mediante la ley provincial 3645, en reemplazo del antiguo Código de Procedimientos en Materia Criminal, vigente desde el año 1908. Se recuerda que el primer juicio oral y público celebrado con arreglo a las nuevas normas procesales se llevo a efecto el día 15/03/1962. Los redactores de aquel Código procesal Penal de 1961 fueron Reynaldo Flores, Francisco Benedicto, Carlos Douthat, José armando Catalano y Ramón Alberto Catalano, designados por decreto 12814/60 del gobernador Bernardino Biella. El juicio oral, publico, contradictorio y continuo fue la principal modificación de aquel texto y cambio sustancialmente el proceso que hasta ese momento era fundamentalmente escrito. El código procesal penal estableció diferentes procesos según la gravedad del delito, de modo que para los delitos leves el juzgamiento quedo a cargo de un juez individual, mientras que los graves quedaron a cargo de un tribunal colegiado denominado Cámara en lo Criminal. Esta división, que subsiste en la actualidad, permitió a los jueces conocer a los acusados como personas y no como meros expedientes. Eso se percibió en aquella primera audiencia en una causa por lesiones que se desarrollo en marzo de 1962.[5]
LA INSTITUCIÓN DE LA EXENCION DE DETENCIÓN[6]
En nuestra ley procesal penal, la norma reza lo siguiente:
ART. 305 CPP: “Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que esta se encuentre, y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá solicitar al Juez de Instrucción que entiende en la misma su exención de detención. En el procedimiento sumario al Juez correccional y de Garantías hasta el tercer día de notificado de la audiencia del debate. El juez calificara el o los hechos de que se trate y, si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, podrá eximir de detención al imputado. Si el Juez, fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al juez de turno del distrito donde se haya cometido el hecho a investigar, quien determinara el Juez interviniente y le remitirá, si correspondiente, la solicitud. Para el ejercicio del derecho acordado por el presente artículo, no es necesario que el imputado se encuentre detenido o se hubiere librado en su contra orden de detención. El pedido de eximición de detención se resolverá por auto, sin substanciación y en el término máximo de veinticuatro (24) horas. La resolución que recaiga será apelable por la defensa, el Ministerio Fiscal o el querellante.”[7]
Asimismo y a continuación prescribe:
ART. 306 CPP: La excarcelación deberá concederse:
1) Cuando el imputado hubiere cumplido de detención o prisión preventiva el máximo de la pena prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le atribuyan;
2) Si el tribunal estimare que al imputado no se le privara de su libertad en caso de condena por un tiempo no mayor al de la prisión sufrida, aun por aplicación del artículo 13 del Código Penal;
3) Cuando el imputado hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia que no estuviere firme;
4) Cuando la sentencia que no estuviere firme imponga pena que permita el ejercicio del derecho acordado por el artículo 13 del Código Penal, siempre que se halle acreditada la observancia regular de los reglamentos carcelarios.[8]
UN FALLO INUSITADO
Nuestra prestigiosa Cámara de Acusación, está integrada por los más prestigiosos juristas de nuestra Provincia y País. Se constituye como tribunal de alzada, que de entre las varias cuestiones que conoce, está la de los recursos contra las resoluciones de los Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario. Así es que llega este planteamiento.
Cámara de Acusación de Salta, sala I
El juez de grado denegó la exención de prisión incoada por el detenido en orden al delito de robo simple en grado de tentativa. El imputado interpuso recurso de apelación. La Cámara revocó el fallo de grado.
1 – Corresponde otorgar la exención de prisión al detenido en orden al delito de robo simple en grado de tentativa, ya que no se acreditó una necesidad actual y concreta para restringir la libertad, ni se advierte configurado un peligro procesal que la admita, en tanto las condenas que aquél registra como antecedentes no resultan de una grave entidad.
2ª Instancia. — Salta, enero 28 de 2009.
El Dr. Raul Román dijo:
I) Que corresponde entender a este Tribunal, en el Recurso de Apelación con Expresión de Agravios interpuesto a fs. 48/50 contra el auto Resolutivo de fs. 31, dada la admisibilidad de la impetración Concedida a fs. 51.
a) Mediante Auto del 23/12/08 (fs. 31) el Sr. Juez de Instrucción Dr. Pablo David Arancibia resolvió Calificar Provisoriamente el hecho investigado como Robo en grado de Tentativa, arts. 164 en función del 42 del C.P. y DENEGAR el pedido de Eximición solicitado a favor de Pablo Leonardo Emiliano Ferrarotti, en virtud de lo establecido en el art. 305 del C.P.P.
Entiende el Sr. Juez que atento a la calificación recaída, la pena que apareja el delito encuadrado, y a los antecedentes optativos que da cuenta la Planilla Prontuarial obrante a fs. 22, resultando viable la hipótesis de que al tiempo del contradictorio recaerá condena de ejecución efectiva, debe denegarse en esta etapa el pedido de Eximición de Detención (art. 300 del C.P.P.) y disponerse que el encartado continúe detenido a disposición del proveyente.
b) A fs. 48/50, la defensa técnica ejercida por el Dr. Roberto Adrián Reyes Expresa Agravios solicitando en definitiva se conceda el beneficio oportunamente solicitado.
Manifiesta el recurrente que la causa de detención informa de que su representado es investigado por una supuesta violación al art. 164 del C.P. (esto es Robo con una escala penal de un mes a seis años de prisión) en concordancia con el at. 42 (Tentativa) que dispone una disminución de un tercio a la mitad de la escala del delito consumado.
Consigna el Dr. R. que el fundamento de la denegatoria se basa en los antecedentes obstativos que imposibilitan la aplicación del beneficio. Al analizar la Planilla Prontuarial se tiene que los antecedentes a que alude el Juzgador son de que el imputado fue condenado a una pena de un año de prisión de ejecución en suspenso.
Señala el agraviado que antes del presente hecho delictivo, F. tiene otro requerimiento penal respecto del cual se otorgó el beneficio, no siendo óbice para ello la Planilla Prontuarial. De modo que se tratarían de dos interpretaciones opuestas y contradictorias que redundarían en evidente perjuicio de su defendido, afectando el principio de congruencia procesal.
El Art. 27 del C.P., dice el apelante, es de aplicación en el caso ya que la condena se dictó el 11/06/04 y por ende no puede ser tomada como impedimento de aplicación del Instituto del art. 305 del C.P.P.
Por otra parte la Prisión Preventiva es una Medida Cautelar sumamente gravosa que involucra la pérdida de la libertad ambulatoria debiendo ser de interpretación rigurosa y limitada. Cita el apelante el plenario N° 13 en autos Díaz Bessone, Ramón Genaro s/Recurso de Inaplicabilidad de la ley del 30/10/08, en el que se estableció que la regla es la libertad y la excepción es el encierro; por lo que se tendrá en miras para el otorgamiento del beneficio la improbabilidad de que el sujeto se fugue cuando sea citado a comparecer o bien cuando estando en libertad, entorpezca la marcha de la línea investigativa del Tribunal; supuestos éstos que no se presentan en el caso, porque la insignificancia de lo penal y el avance en la producción de la prueba ameritan un escaso riesgo procesal concreto.
II) Que tiene dicho esta Sala que el art. 305 del C.P.P. determina que toda persona que se considere imputada de un delito en causa penal, cualquiera sea el estado en que esta se encuentre, podrá solicitar al Juez la Exención de Detención, hasta el momento de dictarse la Prisión Preventiva, o hasta el tercer día de notificado de la audiencia de debate en el Procedimiento Sumario. El Juez entonces calificará el o los hechos de que se trate y si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, podrá eximir de detención al imputado. De modo que la norma remite al art. 26 del C.P. que faculta en caso de primera condena que no exceda de tres años, se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Ello es así por cuanto la ley presume que superado los tres años, existe el peligro de que se eluda la acción de la justicia.
En el caso que nos ocupa, el ilícito atribuido es el de Robo en grado de Tentativa, de modo que la calificación provisoria de fs. 31 y el pronóstico de pena que debe realizarse teniendo en vista aquélla, determinaría una sanción considerablemente menor al techo de los tres años que establece el art. 26 del C.P.
Pero la norma (art. 26 del C.P.) también contiene como requisito que se trate de primera condena, condición que no se verifica por cuanto consta a fs. 23 que el imputado registra dos condenas, una por lesiones en riña a la pena de Prisión Condicional, de fecha 04/11/04; y otra por el delito de Tenencia Simple de estupefacientes de un año de prisión de ejecución en suspenso, de fecha 07/09/05. Por ello es que, seguramente, el juzgador refiere en su auto denegatorio de la Eximición de Detención, a los antecedentes obstativos para su concesión, y sin mayores consideraciones concluye en la hipótesis de que al tiempo del contradictorio recaerá sobre el imputado condena de ejecución efectiva.
Velez Mariconde enseña que “la coerción personal del imputado es legítima cuando tiende a hacer posible y asegurar el ejercicio regular de la función judicial que la norma constitucional prevé, así como será ilícita la conducta de aquél toda vez que impida o ponga en peligro tal ejercicio. En otros términos la potestad jurisdiccional puede traducirse legítimamente en acto que restrinja la libertad personal durante la sustanciación del proceso, solo cuando exista un peligro grave y concreto de que el imputado -al estar en libertad- impedirá la consecución de los fines de la función judicial, ya sea poniendo obstáculos a la investigación, o eludiendo con su fuga el juicio plenario o la efectiva actuación de la ley”.
Dicha conceptualización del autor citado, es coincidente con lo que establece nuestra ley adjetiva en el art. 270 cuando prescribe que la libertad personal podrá ser restringida… en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido, nada dice el pronunciamiento jurisdiccional de por qué se considera que existe riesgo en el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, limitándose al referir a los antecedentes “obstativos”.
En cuanto al primer requisito del art. 270 del C.P.P., esto es la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad, dado los antecedentes con que se cuenta, me permito suponer que el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni frustrará ni dificultará su obtención, por las características propias del mismo; de todos modos no consigna el auto que el imputado pueda entorpecer la investigación. En lo que hace al aseguramiento de la aplicación de la ley sustantiva, además de aquella remisión al art. 26 del C.P., y que la escala penal permitiría la concesión, el Sr. Juez considera, aunque no lo dice, un supuesto de peligrosidad procesal los antecedentes condenatorios del encartado, sin especificar por qué entiende que el encartado al recuperar su libertad intentará eludir la acción de la justicia.
Teniendo en cuenta el principio de “Proceso sin preso”, corresponde fundadamente vincular la cuestión a las prescripciones del art. 270 del C.P.P., como se dijo, que fija el marco al efecto, estableciendo que la libertad personal podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, en forma coincidente con la prescripción constitucional del art. 19, adoptando nuestro sistema el criterio procesalista en contraposición a la corriente sustantivista del encarcelamiento preventivo.
En efecto el imputado en Planilla Prontuarial de fs. 23 registra como antecedentes dos condenas, una por lesiones en riña y otra por tenencia simple de estupefacientes. Es claro que la entidad de los delitos por el que fuera condenado Ferrarotti no son de la mayor gravedad,[9] teniéndose en cuenta que el primero fue el producto de un acometimiento recíproco y tumultuoso que prevé una pena de uno a cuatro años; y el segundo de la tenencia simple, figura penal que en la actualidad una corriente doctrinaria se expide por su eliminación como delito penal.
Además de ello el contexto general de la causa muestra que el imputado se trata de un adicto del que dista pensarlo como una persona que se va a abstraer al cumplimiento de su obligación procesal poniendo en riesgo la aplicación de la ley sustantiva, sino que su mundo transita, desgraciadamente, en su pertinacia adictiva. Al efecto debiera implementarse su tratamiento a propósito está próximo a instalarse la “Fundación Lumen” en nuestra ciudad.
Se tiene entonces, que por un lado no se cuenta con fundamentación en el auto en crisis, respecto a la necesidad actual y concreta de la restricción a la libertad, y por el otro no se advierte el peligro procesal que permitiría tal restricción; por lo que habida cuenta el estado de inocencia de raigambre constitucional y que nuestro sistema adopta el criterio procesalista respecto a las medidas cautelares, corresponde conceder la Eximición de Detención de Pablo Leonardo Emiliano Ferrarotti, sin perjuicio de la adopción por el Juzgador, de otra medida cautelar de menor significación.
III) Por todo lo expuesto voto por acoger favorablemente la impugnación de la defensa y consecuentemente por otorgar la Eximición de Detención del imputado Ferrarotti.
El Dr. Julio Víctor Pancio dijo:
Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.
Por ello la Sala I de la Cámara de Acusación en Feria, resuelve: I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 48/50 y en su mérito revocar el punto 2°) de la Resolución de fs. 31 y otorgar la Exención de Detención al imputado Pablo Leonardo Emiliano F., conforme los considerandos de la presente; a efectivizarse en el Juzgado en Feria, previo recaudos de ley -arts. 164, 42 y 26 del C.P.; 270 y 305 del C.P.P. — Raúl Román. — Julio Víctor Pancio.[10]
En este caso concreto se concedió la libertad al imputado pero creo por un camino por el que ya no se debería transitar. Ahora veamos que establece un fallo de la Cámara de Acusación de Córdoba.
El Juzgado de control homologó la prisión preventiva dispuesta respecto del imputado en orden al delito de falsificación de instrumento público continuada, supresión y adulteración de instrumento público, todo en concurso real. Apelada dicha decisión por la defensa, la Cámara de Acusación la confirmó.
1 – Procede decretar la prisión preventiva del imputado por el delito de adulteración de documento público, pues, es inexacto aseverar que la falsedad del instrumento resultaba tan ostensiblemente grosera que por la simple observación de su materialidad, el personal del Registro debía advertirla, ya que fue confeccionado sobre un soporte papel análogo al utilizado en los folios genuinos que se compilan en tales libros y cuyo tenor es compatible con los actos jurídicos que a través de ellos adquieren publicidad registral
2 – El encarcelamiento preventivo de quien se encuentra imputado por el delito de adulteración de documento público, resulta indispensable, toda vez que el encartado fue sometido a procesos anteriores y que, en consecuencia, existe el riesgo cierto de que, al momento de determinarse su pena, ella se ubique cerca del máximo de la escala penal, máxime si mantiene un contacto fluido con una organización delictiva que tiene entre sus fines burlar los controles del Estado.
TEXTO COMPLETO[11]:
Córdoba, febrero 3 de 2011.
El vocal Gabriel Pérez Barberá dijo:
I) A través de la resolución impugnada, el Juzgado de Control de Séptima Nominación homologó la prisión preventiva de los imputados Cobos y Gutiérrez por considerar que obran en autos elementos de convicción suficientes para sostener como probable que los hechos investigados existieron y que fueron cometidos por ellos, por una parte, y porque la situación procesal de ambos imputados torna de aplicación las dos hipótesis previstas en el art. 281 (incs. 1° y 2°) del CPP, por la otra. Así, con relación a la participación que cupo a Gutiérrez en los hechos, el a quo estimó que tal extremo surge acreditado, primero, en función de la prueba relativa a la expedición del certificado notarial que dicho imputado habría solicitado a la escribana G.Q. sobre el inmueble de la causa a nombre de Carlos Ernesto Morales (confeso autor de los hechos con quien concurrió ante esa escribana para que ella confeccione el correspondiente formulario de solicitud, dándole a entender incluso que él resultaría adquirente de esa venta, ver fs. 1318/1319 begin_of_the_skype_highlighting 1318/1319 end_of_the_skype_highlighting), siendo que la tramitación de tal publicidad fue lo que habría posibilitado la detección de la maniobra registral en la sede del Registro General. Así, la intervención de Gutiérrez no aparecería como el simple cumplimiento de un pedido del coimputado Cobos, sino más bien como una actuación cumplida en su propio interés, derivado de su expectativa de percibir un porcentaje de las utilidades que se obtendrían con la operación que tenían en miras realizar. Que ello se compadece, a su vez, con el rol de beneficiario final de la maniobra que, conjuntamente con la extinta Gabriela Teresita Flores, Gutiérrez cumplió en los hechos investigados en la causa “Bollati” (SAC n° 231.509), oportunidad en la que el nombrado gestionó múltiples falsificaciones documentales de fecha anterior y posterior (pero siempre concomitantes) a los hechos de esta causa. Relativizó además la circunstancia de que Morales haya aseverado no conocer a Gutiérrez -por más que los dichos de aquél aparezcan creíbles y corroborados en términos generales a partir de otros elementos de prueba- dado que, en todo caso, existe una llamada telefónica de más de tres minutos entre ambos imputados en fecha llamativamente concomitante a la de comisión de los hechos (10:37 hs. del día 23/06/05, es decir, un día antes de la presentación de la solicitud de certificado notarial), el que se suma a la categórica afirmación efectuada en tal sentido por la escribana G.Q. y por su adscripta J.C.; ésta última, en tanto adujo que Gutiérrez fue quien requirió en la escribanía de registro 510 la confección del formulario “E”, y dio a entender que la tenencia por parte de Guzmán del sticker correspondiente a dicha rogación tuvo su origen en la entrega que el propio Gutiérrez le efectuó a Guzmán en el Registro (ver fs. 14 y vta.). Por otra parte, mencionó el indicio relativo a la fluidez con que Gutiérrez se comunicó con la coimputada Guzmán en fecha también próxima a la expedición de dicho notarial (dos llamadas por la noche del 23/06/05 y tres el día siguiente) y en horarios que coinciden con las insistentes gestiones que efectuó Guzmán ante las autoridades y empleados del registro, las que generaran un clima de tensión en su seno (ver informe rendido por Rodríguez de fs. 40/42). Las que se suman, por lo demás, a las mantenidas por Gutiérrez con el Registro por esos días: un número de doce entre los días 23 -08:00 y las 14:00 horas- y 24 de mayo de ese mismo año, destacándose que cinco de ellas fueron en la hora en que se definía la expedición o no del notarial. Asimismo, el juez de control negó que la intimación formulada a Gutiérrez carezca de claridad y precisión conceptuales, argumentando en tal sentido que de la propia plataforma fáctica se desprende que lo que se le atribuye es haber propendido -conociendo a la perfección la mecánica de la actuación del grupo- a la generación de dos instrumentos materialmente falsos (primer testimonio y asiento de dominio apócrifo), el segundo de los cuales sería insertado en el tomo respectivo del Registro previa supresión del verdadero que en él obraba, “…procurando obtener la mentada certificación indispensable para la ulterior venta del inmueble…”; de allí que se muestre lógicamente sustentada la participación que se le atribuye en la maniobra de supresión documental, habida cuenta que, sin ella, hubiera carecido de toda eficacia la generación de aquellos instrumentos falsos.
Por otra parte, con relación a la cuestión referente a la legitimidad de la medida de coerción dispuesta en contra de los imputados Cobos y Gutiérrez, el a quo sostuvo que teniendo en cuenta el mínimo de la escala penal en juego, para el primero de ellos aparece factible la ejecución condicional de la eventual condena a recaer en la presente causa (no así para Gutiérrez, debido a que él registra la imposición de una condena anterior: art. 26 del CP). Sin embargo, la ponderación de las circunstancias previstas en los arts. 40 y 41 del CP arroja, invariablemente, una prognosis de cumplimiento efectivo de aquella para ambos imputados, destacando en tal sentido que se trata de personas adultas e instruidas que no atraviesan pesares económicos, que no obstante conocer que las irregularidades habían sido detectadas, continuaron actuando de manera ingente en procura de vender el inmueble (“temeraria obstinación delictiva” reveladora de un “apetito venal desmesurado”). A ello añadió consideraciones relativas al daño causado y a las penas que está dictando la Excma. Cámara 10ª en lo Criminal en los juicios de la denominada “mega-causa” del Registro General -homologadas y estimadas “criteriosas” por el TSJ; v.gr. “Aguirre Domínguez”, S. nº 125 del 22/5/09-. Concluyó que, por todo ello, el tribunal de juicio individualizará una pena bien por encima del límite de tres años que establece el art. 26 del CP. Añadió que la presunción iuris tantum de peligrosidad procesal que, a su entender, se deriva del citado inc. 1º, no se encuentra desactivada en la presente causa, negando en tal sentido que posean esa eficacia la carencia de antecedentes, la posesión de una residencia fija, de un trabajo estable, etc. De otro costado, con relación a lo dispuesto en el inc. 2º del art. 281 del CPP, el magistrado sostuvo que la libertad de los imputados pondrá en peligro la consecución de los fines del proceso, no sólo porque estamos ante una investigación que no se encuentra cumplida, sino que tanto Gutiérrez como Cobos se encuentran sometidos a otros procesos penales integrante de la denominada “mega-causa” (en el caso del primero de ellos, con medida de coerción en la citada causa “Bollati”; el segundo, imputado en la causa “Barrionuevo” -SAC n° 231.028-)…
…IV) Conforme a la relación de causa que antecede, queda claro que los dos impugnantes se agravian en similares términos con relación al llamado peligro procesal que ha de dar sustento a la prisión preventiva conforme a la normativa vigente (CPP, art. 281 incs. 1º y 2º y último párrafo). A su vez, únicamente la defensa del imputado Gutiérrez ha objetado específicamente el mérito sustantivo de dicha medida de coerción (dirigiendo concretamente su embate contra la tipicidad de los hechos de falsedad material y adulteración de instrumento público y la participación que a dicho imputado cupo en su causación); la defensa de Cobos, en cambio, amén de evocar ciertas críticas que había efectuado en su escrito de oposición -relativas a la eficacia conviccional de la prueba indiciaria reunida en esta causa-, en definitiva ha consentido todo lo referente a la existencia de los hechos que se le imputan, a su participación en ellos y a la pertinente subsunción legal asignada; por lo demás, tales extremos de la imputación tampoco fueron motivo específico de agravio al interponer la defensa del imputado Cobos el presente recurso de apelación.
…VI) Ingresando ahora al análisis de la participación que cupo al imputado Gutiérrez en la comisión de los hechos investigados, tras un minucioso estudio de las probanzas reunidas en la presente concluyo que corresponde rechazar el agravio defensivo relativo a dicho extremo fáctico. Ante todo es preciso dejar en claro que la ausencia de Gutiérrez en las reuniones operativas organizadas por Cobos en el bar “Golden” de esta ciudad, tendientes a la concreción de la transferencia del inmueble (al menos en la segunda de ellas, es decir, a la que concurrió discretamente el Oficial Bietti con fines probatorios; ver al respecto su declaración de fs. 127/128 -entre otras-, la del propio imputado Cobos -fs. 916/920- y, particularmente, la rendida por Gabriela Flores a fs. 1217/1222 begin_of_the_skype_highlighting 1217/1222 end_of_the_skype_highlighting), no puede ser reputada un elemento de convicción decisivo que, como tal, dirima -negativamente- la cuestión referente a la responsabilidad penal que le cupo en los hechos que se le imputan, tal como parecen entenderlo sus defensores en el correspondiente memorial de fundamentación de agravios antes reseñado. Por lo pronto, si ya de por sí resulta incorrecto asignar tal eficacia convictiva a cualquier indicio (positiva o negativamente) con mayor razón lo será cuando el indicio singular en cuestión, como sucede en el presente caso, no versa sobre una circunstancia fáctica conectada directamente al hecho que pretende ser probado. Lo contrario importaría el equívoco de reconocer eficacia convictiva plena a lo que, en suma, no sería más que un “indicio -o contraindicio- de un indicio”. Que la asistencia (o inasistencia) a esa reunión no se trata de un dato fáctico directamente relacionado a la hipótesis delictiva atribuida a Gutiérrez parece claro desde que, ésta última, versa sobre un cúmulo de maniobras empírica y conceptualmente distintas (e incluso anteriores) a las negociaciones que algunos de los autores de las maniobras registrales mantuvieron, además, en vistas a ‘enajenar’ el bien inmueble a terceras personas. Así, a diferencia de lo que hasta el momento indica el requerimiento acusatorio de Morales y Guzmán (a quienes sí se le reprochan tales intentos de ‘venta’ -v.gr., con Anselmo Martínez, con Nores Indart, con Arduh, etc.), lo que concretamente se imputa a Gutiérrez es haber acordado con Cobos, con Caggiano, etc., la obtención del ‘título de dominio’ (primer testimonio y asiento registral falsos, conforme la modalidad típica seleccionada en este caso) que resultaba imprescindible para poder operar su transferencia fraudulenta al acreditar, en apariencia, que el dominio del valioso inmueble en cuestión pertenecía al imputado Morales -encomendando a los falsificadores su confección; CP, arts. 45, 55, 55 a contrario sensu, 292 y 294-, todo ello previo asegurarse a través de Guzmán la conformidad y el compromiso de éste último para que actuase con arreglo a las finalidades del grupo, etc. Sin perjuicio de lo destacado hasta aquí, al valorar el sustento probatorio de la actual imputación específica que pesa sobre Gutiérrez es posible detectar un singular elemento indiciario ‘indirecto’ que permite comprobar que el nombrado imputado intervino en las tareas de “blanqueo” y “saneamiento” de un título de procedencia apócrifa, el cual, por encontrarse reforzado en el concreto contexto indiciario de la causa permite aseverar (reitero: a partir de la conjunción con otras pruebas), que a Gutiérrez le cupo participación necesaria en el raid falsificatorio que se le atribuye. Respecto a las razones dogmáticas que abonan la adecuación del hecho de encomendar una falsedad documental a la forma correspondiente a la complicidad primaria, ver el fallo “Gutiérrez” de esta cámara -auto n° 2 del día de la fecha.
…VII) En cuanto al agravio subsistente, esto es, el relativo a la existencia de peligro procesal que fundamente el dictado de la prisión preventiva apelada en favor del imputado Gutiérrez, dicha impugnación se sintetiza de un modo prácticamente idéntico al expresado en los autos “Gutiérrez” (ya citados): aceptada la aplicación de la hipótesis prevista en el art. 281 inc. 1° del CPP -merced a que dicho imputado registra la imposición de una condena anterior en su contra-, el hecho de que dicho imputado haya colaborado con la investigación (aportando los datos para ubicar a la adquirente de uno de los lotes), que cuente con un domicilio fijo y arraigo en esta ciudad, sumado a su comparendo a este y a otros procesos (como en los autos “Dalmazzo”, registrado en el SAC al n° 128.599, no obstante la referida prognosis punitiva), aventaría todo riesgo de fuga. Al respecto, se anticipa que corresponde confirmar la medida de coerción personal dispuesta en contra de Gutiérrez, toda vez que resultan de aplicación a la presente los mismos argumentos que esta cámara brindó, en el precedente recién citado, en abono del rechazo del recurso de apelación defensivo que allí se dedujera en contra de idéntica medida de coerción vigente en la causa registrada al n° 231.509. En efecto, tal como se expresó en dicho fallo, la situación procesal de Gutiérrez es la siguiente: habiéndole sido impuesta una condena anterior, afronta aquí una escala penal de gravedad ‘intermedia’ en abstracto (de uno a dieciocho años de prisión), a la par que registra otros antecedentes penales que evidencian que ha sido sometido ya a otros procesos penales (CPP, art. 281, último párrafo). Dentro de sus antecedentes se registran numerosos procesos penales (algunos de ellos relacionados a la presente “mega-causa” del Registro General: del delito de estafa en los autos “Dalmazzo” (ya citados), en la causa n° 60.317 y en la causa n° 235.379; de los delitos de falsificación de instrumento público continuada -dos hechos- y falsedad ideológica en concurso real en los también citados autos “Gutiérrez” (en los que este tribunal ha homologado la medida de coerción por tales delitos a través del citado auto n° 2 del día de la fecha); de falsedad ideológica y falsificación de instrumento público (en la causa “Cuellar”: SAC n° 150.723), de amenazas y amenazas calificadas (causa n° 111.231), de estafa procesal en la causa “Del Hierro” (SAC n° 106.671, actualmente en estado de citación a juicio), de bloqueo malicioso de cheque (causa n° 56.901), y otros (ver fs. 412/413). Y es claro que en virtud de las reglas del concurso de delitos, tales antecedentes han de conducir a la fijación de una pena concreta de mayor entidad y ello, en consecuencia, puede “aumentar el interés del imputado en eludir la acción de la justicia” (Cafferata Nores, José – Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba comentado, Mediterránea, Córdoba, 2003, t. 1, p. 673).[12] Y al ser esperable, entonces, una condena grave en concreto (aunque intermedia en abstracto), resultan de aplicación los argumentos expuestos en el precedente “Irusta” (C.Acus., auto n° 182 del 01/08/08): pena grave más otro indicio de peligro procesal (en este caso la condena anterior) puede conducir a tener por cierto dicho peligro. Todo ello evidencia a las claras que dicho imputado ha sido sometido a procesos anteriores, con las ya indicadas consecuencias que ello tiene en orden a la mayor entidad de la pena a imponerse en concreto en caso de condena en el presente proceso. De allí que, si bien es cierto que la pena esperable en abstracto para los delitos que aquí se le imputan a Gutiérrez (falsificación de instrumento público reiterada -2 hechos en concurso real- y falsedad ideológica, todo ello en concurso real; CP, arts. 45, 55, 292 y 293) es de uno a dieciocho años de prisión y por lo tanto puede ser clasificada como de ‘gravedad intermedia’, lo cierto es que prima facie puede decirse que, por haber estado sometido dicho imputado a numerosos procesos anteriores, existe el riesgo cierto de que, al momento de determinarse su pena, ella no se ubique cerca del mínimo de la escala penal sino más bien al contrario, por lo que, en concreto, será una pena grave. Así, sabido es que, conforme a la doctrina de este tribunal a partir especialmente de la causa “Irusta” (cit.), el indicio de peligro procesal abstracto consistente en un pronóstico de pena efectiva y grave, sumado a otro indicio de peligro procesal concreto como lo es la existencia de condena anterior (que indica peligro procesal por lo ya dicho respecto de la mayor rigurosidad en la ejecución de la pena), habilita válidamente, tanto en términos lógicos como constitucionales, una inferencia a favor de la existencia de peligro procesal concreto de magnitud suficiente como para tornar indispensable el encarcelamiento preventivo (CPP, arts. 269, 281 incs. 1º y 2º y cctes.).
Pero además, como se indicó en el citado fallo “Gutiérrez”, en el caso de este imputado opera una razón adicional por la que su prisión preventiva se encuentra legitimada, y se vincula al criterio de este tribunal (expresado en el también citado fallo “Lucero”) en cuanto a que será factible -también- inferir la existencia de peligro procesal si al indicio de condena anterior se le suman otros indicios de peligro procesal concreto que no estén relacionados con la entidad esperable de la amenaza penal, enumerados o no en el último párrafo del art. 281 del CPP (como por ejemplo declaración en rebeldía, capacidad económica para solventar una fuga, contactos con personas que faciliten al imputado eludir los controles del Estado, etc.). Este criterio ha sido aplicado en la causa “López” (AI nº 22 del 02/05/08), entre otras. Y tal solución es -también- la que corresponde asignar en el presente caso a la situación jurídica por la que atraviesa el imputado Gutiérrez. Él, en efecto, ha evidenciado tener un fluido contacto -no meramente ocasional, por cierto, con Esteban Güizzo, con Nora Guzmán -lo que queda claro a partir incluso de su propia versión exculpatoria, ver fs. 175/178-, lo que sin dudas lo acerca al entorno de una organización delictiva que tiene entre sus fines (y sus capacidades) burlar los controles del Estado, al poseer los conocimientos y las herramientas propicias para falsificar y/o suprimir documentos públicos, quienes, con Gutiérrez en libertad, pueden planear y concretar una ayuda tendiente a facilitarle tanto un eventual intento de fuga cuanto la perpetración de maniobras enderezadas a entorpecer la presente investigación (en el sentido lato del término ‘investigación’ explicado ya en el precedente “Bustamante” -auto n° 134 del 07/08/07-, entre otros). Su privación cautelar de la libertad está, por lo tanto, plenamente justificada, y corresponde en consecuencia confirmarla en esta sede.
VIII) Finalmente, en lo atinente al único agravio interpuesto por la defensa del prevenido Cobos, de la lectura de la impugnación defensiva resulta que lo que la defensa objeta es, en prieta síntesis, el hecho de que el juez de control no haya fundado debidamente la existencia de peligro procesal; en primer lugar, por efectuar inadecuadamente un pronóstico punitivo hipotético y extraer, a su vez, conclusiones infundadas a partir de él (en función de lo dispuesto en el inc. 1º del art. 281 del CPP: peligro procesal abstracto); y, en segundo lugar, por no tomar en cuenta circunstancias fácticas específicas de este imputado a partir de las cuales fundar para él una base probatoria específica que obre como indicio vehemente de ese peligro (peligro procesal concreto: inc. 2º de la norma recién citada). Por ello, a continuación se examinará la situación específica de dicho imputado en lo que se refiere a las circunstancias eventualmente indicativas de peligro procesal concreto que derivan de esa última norma procesal penal.
Al respecto, como primera medida debe destacarse que Cobos está siendo investigado en otras actuaciones de esta denominada “mega-causa” (más precisamente en los autos “Barrionuevo” -SAC n° 231.028- en los que se investiga una maniobra similar a la investigada en la presente, relacionada al inmueble de 159 has. denominado “La Germania” que se ubica en la autopista Córdoba-Pilar, ver fs. 1778); es decir, la que aquí nos ocupa no es la única investigación penal que se lleva adelante en su contra. Y también es cierto que, al igual que lo destacado sobre el particular en el caso de Gutiérrez, también está probada la relación de Cobos con falsificadores de documentos, en el sentido de que lo une una relación no meramente ocasional con un grupo con cierta organización y capacidad para burlar los controles del Estado (ver su declaración de fs. 1154-vta./1157). Y tal inferencia, en el caso de Cobos, se encuentra particularmente reforzada en base a la siguiente probanza: del testimonio rendido por el comisionado Vélez a fs. 943/944, surge que el domicilio que la prevenida Flores declaró como el de su residencia en la ciudad de San Luis en la época en que se encontraba prófuga de la justicia provincial (sito en calle España n° 1481 de esa ciudad; su captura había sido solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Distrito I Turno 5°, el 15/08/06, en los autos “D-008/2006″ que se tramitaban ante ella: fs. 938) corresponde al domicilio social de “Itar SA”, una sociedad comercial que el propio imputado Cobos tenía con el Sr. Mario Alfredo Peral. Dicho dato fue admitido por el propio Cobos a fs. 1071/vta y por la Flores, a fs. 1217/1222 begin_of_the_skype_highlighting 1217/1222 end_of_the_skype_highlighting. Por ello es válido afirmar que Cobos, además de poseer los contactos necesarios para acceder a los conocimientos y a las herramientas propicias para falsificar y/o suprimir documentos públicos, habría procedido, de hecho, a facilitar una fuga: la de la extinta Gabriela Teresita Flores, y entonces la inferencia acerca de que sus contactos pueden planear y concretar una ayuda tendiente a facilitarle tanto un eventual intento de fuga cuanto la perpetración de maniobras enderezadas a entorpecer la presente investigación (en el sentido lato del término ‘investigación’ explicado ya en el precedente “Bustamante” -auto n° 134 del 07/08/07-, entre otros) deja de ser una mera abstracción para mostrarse como una alternativa sólida a su respecto. Su privación cautelar de la libertad está, por lo tanto, plenamente justificada, y corresponde en consecuencia confirmarla en esta sede.
El vocal Carlos Alberto Salazar dijo:
Adhiero a la relación de causa efectuada por el vocal preopinante y a los fundamentos contenidos en su voto en cuanto a que corresponde confirmar el mérito sustantivo de la medida de coerción dispuesta en contra del imputado Gutiérrez, pronunciándome en idéntico sentido. Asimismo, coincido con la solución propiciada por el vocal preopinante en cuanto a que corresponde confirmar la prisión preventiva de dicho imputado y de Carlos Jesús Cobos, aunque con relación a la cuestión concerniente al ‘peligro procesal’, dejo a salvo mi diferente criterio respecto de los parámetros a partir de los cuales tal temática debe ser resuelta (expuesto, entre otros, en el precedente “Ferreyra” de esta cámara, auto nº 22, de fecha 27/02/09). Así voto.
El vocal Francisco Horacio Gilardoni dijo:
Comparto la relación de causa y los fundamentos expuestos por el vocal del primer voto, pronunciándome en idéntico sentido.
Como consecuencia de la votación que antecede, por unanimidad el tribunal resuelve: Confirmar la prisión preventiva de los imputados César Edgardo Gutiérrez y Carlos Jesús Cobos, en cuanto ha sido materia del presente recurso, con costas (arts. 550/551 CPP). — Gabriel Pérez Barberá. — Carlos A. Salazar. — Francisco Horacio Gilardoni.[13]
Creo que los fundamentos expuestos por los magistrados cordobeses deben ser considerados con un sentido aleccionador. Esto es lo que trato de explicar, no se debe simplificar el tema de la posible condena futura efectiva mediante un calculo matematico hipotético de sumas de penas, sino analizar concretamente los supuestos que habilitan mantener el estado de privación de libertad durante el proceso.
AUTOMATICIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA CESACION DE LA PRISION PREVENTIVA, ¿MEDIDA DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL?[14]
De la transcripción del artículo 305 del CPP se extrae un interrogante creo que a esta altura determinante, si tenemos en cuenta que se encuentra en tela de juicio la LIBERTAD de un sujeto que se encuentra imputado en una causa, y ello es tal como ocurrió en el primer fallo citado… ¿es correcta la determinación del otorgamiento de la exención de detención o excarcelación, en base a un cálculo de tipo matemático? ¿Acaso no sería más conforme a Estado de Derecho establecer unos simples criterios orientadores para el Juzgador por los cuales decida otorgar el beneficio? En principio la respuesta más aconsejable según una humilde interpretación conduciría a esto última. Cada hecho investigado está revestido de distintas circunstancias de modo, tiempo y lugar, entre ellos modos de accionar del sujeto activo, por lo que la prisión preventiva o su libertad durante el proceso se concretaría atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.
Pero a medida que se adentra al tema, este método también puede generar un inconveniente, quizás más peligroso. Ello es el criterio del Juzgador de turno. Sucede algo muy particular en la realidad. Los “imputados permanentes” es decir aquellos individuos que ingresan como acusados de algún delito de vez en cuando, conocen el perfil del Juez de turno, algunos dicen si cometo un delito en los meses Enero y Marzo, intervendrá tal Doctor, en tanto que debo portarme bien en los mese Febrero y Abril porque esta de turno otro juez. Creo que a los fines de evitar estos contratiempos, es menester establecer estas directrices, defendidas previamente, a los fines de aunar fuerzas en pos de plantar criterios uniformes. [15]
Unas pocas palabras en cuanto a la extensión de la pena o registrar condena al efecto de conceder algún beneficio de libertad durante el proceso. Esto lo razonare desde el punto de vista del imputado de un delito penal. Si lo que queremos procurar es evitar el peligro de fuga y lograr el éxito de la investigación, el mensaje que se envía a la comunidad delictiva no es el correcto. El que va a cometer un robo o el sujeto que nuevamente vuelve a cometer un nuevo desapoderamiento, no piensa en su cabeza que no le corresponderá la exención de detención. Como tampoco se le ocurre que si se presenta desde el primer momento a declarar no lo privaran de libertad. Solo comente el delito y basta. Este efecto también ocurrió en las famosas y tristes leyes bloomberg. En las que creyéndose que aumentando las penas, los causantes reducirían sus carreras delictivas. Es mas ni siquiera se enteran de ello, o bien porque no tienen televisión o bien por alguna otra razón simple, no tienen recursos. Evitándome profundizar sobre el tema, ello es un problema de Política Social y de Administración Pública. Con todo ello, significo y como ocurrió en un caso particular, tuvimos un caso de una pareja joven, en la que el hombre ostentaba un permanente estado etílico, y había problemas con su señora, empezaban a discutir, lo que concluía en una pelea lo que en términos legales se denomina violencia familiar. Penalmente ello se encuadraba en los delitos de lesiones y amenazas simples. Sorpresa nuestra cuando nos llego la planilla prontuarial del imputado. Aproximadamente de cinco a seis causas por los mismos delitos. En su momento el magistrado de ese caso, le denegó la concesión de la libertad. Por lo que el Defensor Oficial apelo la decisión. Ello termino en la revocación de la resolución de primera instancia y otorgándole la libertad al imputado. Por un simple aplicación automática del Art. 305 del C.P.P.. Si se hubiera ratificado el criterio basado en la lógica y experiencia del Juez de 1° Instancia, quizás se hubiera evitado nuevas consecuencias. El Derecho Penal no debe intervenir cuando el hecho ya se consumo, sino que debe evitar que se sigan produciendo los efectos del delito, aunque no fue ese el pensamiento del tribunal de alzada.
LINEAMIENTOS GENERALES EN LA LEY MARCO EN LA PCIA DE SALTA
Buscando una solución a la temática que tratamos, creo que ante todo es mejor buscar alguna Legislación Suprema que apoye esta idea que propugno. Y qué mejor que sea la Constitución Provincial. En su artículo 19 justamente regula sobre el Derecho a la Libertad y su restricción. Novedosamente establece tres ideas base sobre las cuales se pueden elaborar distintos supuestos en aras de la concesión o no de la libertad. A mayor ilustración, transcribo la parte pertinente de dicho artículo.
“… Toda restricción de la libertad física se dispone dentro de los limites absolutamente indispensables para la investigación del ilícito o para evitar que el imputado pueda eludir la acción de la justicia o en relación con la gravedad de los hechos…”[16]
A modo de ser grafico, el primer supuesto apunta al hecho investigado y su éxito en la búsqueda de la verdad. El segundo al sujeto implicado, es decir al causante. La tercera consigna la entiendo como que engloba a los dos primeros supuestos y un poco más. En otras palabras es una disposición de carácter general que habilita situaciones de las más diversas características.
En virtud de ello, y mediante la aplicación de la jerarquía normativa en el sistema normativo provincial es que la norma procesal o de forma debería adecuarse concretamente a lo allí establecido.
El Derecho Penal de la Provincia de Salta está experimentando un notable cambio de ideologías, que según mi punto de vista, operan a adecuarse a las actuales circunstancias imperantes en la Actualidad. Este cambio, por lo menos en algunos aspectos tiende a dejar en manos del buen criterio del Juez, la decisión de restringir o no el derecho constitucional de la Libertad. No es descabellado ello si tenemos en cuenta que ello ocurre así con el Derecho de la Propiedad por medio del allanamiento, o bien con el Derecho a la Intimidad por medio de la interceptación de la correspondencia o intervención de las comunicaciones telefónicas. En las últimas dos medidas señaladas, no se establece ningún criterio automático ni tasado para su procedencia.
En segundo lugar, la normativa debe interpretarse de manera armoniosa, lo que en este caso no sucede, si la Constitución Provincial me ofrece un menú de opciones para restringir la libertad, el Código Procesal Penal de Salta no me puede limitar tal como lo ofrece en Art. 300, 305 y 306.
Las nuevas interpretaciones que surgen actualmente en este tema, obedecen no solo a una razón legislativa de otras provincias o países, sino de la propia lógica y del análisis sociológico del tema.
Un jurista de nuestra Provincia me hizo notar y con acierto, que la ley de forma refiere a la exención de detención y excarcelación, dando a entender que la regla durante el proceso es el encierro, y que para pedir la libertad debo hacerlo mediante expresamente.
Recuerdo que un profesor de la Universidad nos relataba que el Derecho a diferencia de la tecnología, era estático, en tanto que el mundo tecnológico evolucionaba rápidamente y de por si. Hoy por hoy debo oponerme a tal idea. Ambas se parecen, en ambas hay evolución pero con el siguiente dato, si bien es verdad que la tecnología implica evolucionar de por sí, el Derecho no. Este se mueve por el Hombre mismo.
Creo, por último, que el contexto generalizado y lamentable a la vez de inseguridad en el que nos encontramos inmersos en la presente década, nos insta a toda la sociedad de tomar medidas urgentes para un cambio radical, en donde se respeten todos los derechos y garantías constitucionales. Y que los delitos que se cometan en nuestra sociedad, reciban intervenciones de dos ámbitos: en primer lugar, del Poder Administrador (entendido como poder ejecutivo y legislativo) en virtud del amplio ámbito de injerencia que tiene sobre la totalidad de un Estado, como siempre lo digo, con simples medidas administrativas que apunten a eliminar las causas generadoras de ilicitud, en segundo lugar el Poder Judicial y el Ministerio Publico, aunando fuerzas, con el fin de servir de herramienta de experiencia para los legisladores. Aclaro que, no digo que estos dos últimos arreglen la inseguridad, ya que no es su función, pero si realizar un trabajo coordinado y conjunto en aras del Bien Común.
[1] Abogado, Funcionario Judicial en el Poder Judicial de la Provincia de Salta – Oran. E-mail: daniel_escala@arnet.com.ar
[2] Manual de la Constitución Reformada – Bidart Campos, Germán J.
[3] Discurso sobre Economía Política, Rousseau Jean Jacques
[4] Compendio de Derecho Internacional -Estudio. Tratados-Convenciones-Cartas-Pactos-Doc.Internacionales
[5] http://noticias.iruya.com/politica/judicial/9677-codigo-procesal-penal-salta.html
[6] A continuación es conveniente transcribir un pequeño pasaje: “ Los institutos procesales que instrumentan el derecho a permanecer en libertad: remedios para cuestionar la disposición de la detención y la prisión preventiva. El derecho a permanecer en libertad durante el trámite del proceso aparece protegido por institutos que tienden a su resguardo aun antes de que se concrete la afectación de la garantía. Tal es el caso de la eximición de detención, remedio que los códigos Procesales consagran como un mecanismo del que el imputado puede valerse antes de que se libre una orden de detención en su contra.
Resulta útil, para una mejor comprensión del tema, individualizar las normas que la ley adjetiva penal enumera como coordenadas a las que los jueces deben ajustarse para la restricción de la libertad en la etapa inicial de sujeción del imputado a las actuaciones.” Garantias del imputado – Abel Fleming y Pablo Lopez Viñals – Editorial Rubinzal-Culzoni – 2008.
[7] Legislación Penal – Provincia de Salta. Código Procesal Penal y normas complementarias – Ediciones Noroeste Argentino – 2010.
[8] Legislación Penal – Provincia de Salta. Código Procesal Penal y normas complementarias – Ediciones Noroeste Argentino – 2010.
[9] El destacado me pertenece.
[10] Cámara de Acusación de Salta, sala I, 28/01/200, EXCARCELACION ~ LIBERTAD BAJO CAUCION ~ PRISION PREVENTIVA ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ ROBO, Tribunal: Cámara de Acusación de Salta, sala I, Fecha: 28/01/2009, Partes: F., Pablo Leonardo Emiliano, Publicado en: LLNOA 2009 (abril), 285; Cita Online: AR/JUR/86/2009.
[11] Solamente destacara la parte vinculada con el tema propuesto en el presente articulo
[12] El destacado me pertenece.
[13] Cámara de Acusación de Córdoba; ADULTERACION DE DOCUMENTACION ~ DETERMINACION DE LA PENA ~ ESCALA PENAL ~ FALSIFICACION DE DOCUMENTOS ~ INSTRUMENTO PUBLICO ~ PENA ~ PRISION PREVENTIVA ~ PROCESAMIENTO ~ REGISTRO DE LA PROPIEDAD, Tribunal: Cámara de Acusación de Córdoba. Fecha: 03/02/2011. Partes: Cobos, Carlos Jesús y otros. Publicado en: LLC 2011 (julio), 663. Cita Online: AR/JUR/3742/2011
[14] ¿Es factible denegar la exención de detención en consideración de aspectos no descriptos en normas que ligan la prisión exclusivamente con el quantum de la pena? Si acudimos nuevamente al razonamiento en virtud del cual las restricciones a la libertad personal que se disponen durante el proceso resultan razonables en cuanto se fundan en la necesidad de proteger la investigación y asegurar que la ley se torne efectiva, la respuesta al interrogante antes aludido no puede ser sino afirmativa. Tal como ha sido concebida la regulación de la exención de detención en los ordenamientos procesales que la imponen en aquellos casos en que una eventual condena no podrá ser aplicada en forma de ejecución condicional (por superar los tres años de prisión, Art. 26 CP) atando su procedencia a la no efectividad de la eventual condena, o por superar la escala penal del delito atribuido determinados parámetros de pena conminada en abstracto, ya sea en su mínimo, máximo o promedio de ambos, puede generar una limitación irrazonablemente extensa al derecho a permanecer en libertad durante el proceso, que no se compadece con la necesaria apreciación concreta de un riesgo puntual, emergente de las circunstancias de la causa íntegramente evaluada, contra el que deba disponerse la respectiva cautela. Estas normas rígidas en el establecimiento de las hipótesis que pretenden obligar al juez a detener resultan normas inconstitucionales en cuanto limitan la soltura con afectación brutal de la presunción de inocencia, pecando por exceso en sus propósitos reglamentarios; pero a la vez también aparecen como insuficientes, pues no otorgan a los jueces penales el margen que puede ser necesario para restringir la libertad cuando, fuera de los casos tabulados en razón e la escala penal, se verifiquen circunstancias de evidente riesgo de que el imputado evada la acción de la justicia o dificulte la investigación. En estos supuestos la reglamentación procesal peca por defecto. En este sentido se destaca en contrario el artículo 281 del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, que además de consagrar en su inciso 1° la regla de la hipótesis de condena efectiva como obstativa de la libertad, establece en su inciso 2°, que aun cuando prima facie sea previsible la condena condicional, tampoco se otorgara la libertad si hubiere indicios vehementes de que el imputado intentara eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, GARANTIAS DEL IMPUTADO – Fleming, Abel y López Viñals, Pablo – Editorial Rubinzal-Culzoni; Pág. 151 y ss. )
[15] Me permito nuevamente transcribir y siguiendo la tendencia a favor de mi postura lo expresado por los distinguidos magistrados: “Resulta claro que si no existe la posibilidad de imponer una pena privativa de libertad a las resultas del proceso- lo que ocurre en los supuestos de imputación de delitos sancionados con multa- , el imputado nunca puede ser afectado por el encarcelamiento preventivo, ya que ello implicaría asignar al aseguramiento de proceso efectos de mayor intensidad que los que emergerían del poder punitivo cuyo ejercicio se pretende resguardar, lo que dejaría al encarcelamiento cautelar desprovisto de proporcionalidad y razonabilidad. En estos casos las atribuciones del juez se restringen a emplear la fuerza pública para asegurar la comparecencia del imputado a los actos del proceso que no pueden desarrollarse sin su presencia, pero la privación de la libertad que tal compulsión produce debe cesar inmediatamente después de cumplido el propósito con que se uso. El derecho a permanecer en libertad durante el transcurso del proceso aparece mas claramente tutelado en la legislación procesal penal de Córdoba, en cuyo artículo 268 se enuncia con claridad que, salvo las limitaciones que específicamente se disponen en ese ordenamiento, toda persona a quien se atribuya la participación en un delito permanecerá en libertad durante el proceso. Sin embargo la norma que se considera más relevante en este aspecto es el artículo 269, pues además de consagrar el principio de indispensabilidad de la restricción de la libertad, establece que el imputado tendrá siempre derecho a requerir que el juez examine su situación al amparo de esta regla, aun en los casos de los incisos 1° y 2° del artículo 281, donde se alude a supuestos en que se imputan delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de libertad, y no aparezca procedente la condena de ejecución en suspenso. Estas disposiciones deben correlacionarse con la del articulo 283 inciso 2° donde se establece como causal autónoma de excarcelación – cese de prisión preventiva- la comprobación de que la privación de la libertad no es absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso; la norma indica el procedimiento que debe observarse para arribar a tal convencimiento, disponiendo la necesidad de que emitan una opinión coincidente el juez, el fiscal y en su caso la Cámara de Acusación. Como puede apreciarse claramente, en el régimen procesal que comentamos la gravedad de la pena no constituye un obstáculo insalvable para la concesión del beneficio excarcelatorio. Ello implica que la gravedad de la sanción amenazada solo en considerada como un elemento que el juez puede dejar de lado evaluando la particular situación del inculpado. La distinción entre los tradicionales regímenes de exención de detención y excarcelación ha desaparecido en reglamentaciones procesales más modernas como la de la pcia. de Córdoba, esta es una tendencia que puede profundizarse en el proceso de sustitución del sistema mixto, en la medida en que con el desaparezca el procesamiento como declaración de presunta responsabilidad que se asociaba a la intensificación de la privación de la libertad. – GARANTIAS DEL IMPUTADO – Fleming, Abel y López Viñals, Pablo – Editorial Rubinzal-Culzoni, Pág. 180 y ss.)
[16] Constitución de la Provincia de Salta – 2007 – Editorial MAKTUB
El asesinato a Gaddafi: La deuda de la Corte Penal Internacional.Expansión v/s Huida.

References: artículo 7
 artículo 13
 artículo 37
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 Resolución 
 resolución 
 artículo 305
 resolución 
 artículo 19
 artículo 281
 artículo 268
 artículo 269
 artículo 281