Source: http://loquelaleyregula.blogspot.com/2014/01/
Timestamp: 2020-01-26 10:01:34+00:00

Document:
Lo que la ley regula: enero 2014
Documento de Voluntades Anticipadas: el testamento vital
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, refuerza y da un trato especial al derecho a la autonomía del paciente, con especial atención a la regulación de las instrucciones previas expresadas por el paciente dentro del ámbito del consentimiento informado.
En este sentido, el artículo 11 contempla el documento de instrucciones previas por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, puede manifestar anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente (p. ej. daño cerebral, tumor maligno en estado avanzado, Alzheimer, etc.), sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo (enterramiento, incineración, donación a la ciencia, etc.) o de los órganos del mismo (mención expresa a la donación de órganos).
Con carácter general, en este documento se recogen los valores y opciones personales respecto a la actuación que deberán seguir los profesionales sanitarios en momentos críticos tales como la aceptación o rechazo de determinados tratamientos o cuidados sanitarios, p. ej. respiración artificial o reanimación cardiopulmonar, etc. Asimismo, puede contener otros aspectos como deseo de asistencia espiritual según confesión religiosa o la elección del lugar donde se desea esperar el fatal desenlace, etc.
El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Es conveniente que este representante que va a actuar como “portavoz” del paciente ante el equipo médico no pueda verse involucrado en un posible conflicto de interés. Además, en todo caso, para que sea válido debe aceptar su cargo por escrito.
El documento de voluntades anticipadas debe constar necesariamente por escrito y deberá inscribirse en los registros correspondientes que a estos efectos llevan las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la existencia de un Registro Nacional de Instrucciones Previas a cargo del Ministerio de Sanidad. Dada la primacía de la autonomía y la voluntad del paciente, el documento podrá ser revocado en cualquier momento.
Corresponde a cada servicio de salud regular el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona. Estas voluntades, previamente expresadas, serán respetadas por el equipo médico salvo cuando resulten contrarias al ordenamiento jurídico o al código deontológico y de buenas prácticas de los profesionales sanitarios. Lógicamente, el documento de voluntades anticipadas deberá aplicarse de forma escrupulosa, garantizándose que el supuesto de hecho que da lugar a su aplicación se corresponde exactamente con el supuesto previsto por el interesado en el momento en que manifestó su voluntad. Para ello, en el propio historial clínico del paciente se irán haciendo constar las menciones oportunas.
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Pues bien, en la actual regulación de la Ley de Propiedad Horizontal, tras la reforma de la Ley 8/2013, de 26 de junio, existen dos niveles en cuanto a la obligatoriedad, régimen de mayorías en la adopción de acuerdos y reglas de asunción de los costes para la eliminación de barreras arquitectónicas.
▪ Régimen obligatorio, sin necesidad de acuerdo, para obras de bajo coste que no exceda de doce mensualidades. En virtud de lo establecido en el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, las obras y actuaciones que sean solicitadas a instancia de los propietarios para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal. El propio artículo concreta que, en todo caso, tendrán tal consideración las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
▪ Régimen de mayorías del acuerdo para obras de coste mayor a doce mensualidades. Cuando las obras de eliminación de barreras arquitectónicas tengan un coste previsto superior al equivalente a doce mensualidades, el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Esto, en realidad, supone que el acuerdo será válido cuando se adopte por el 51% de los vecinos que, a la vez, tengan el 51% de las cuotas de participación en la división horizontal del edificio.
De este modo, para obras de eliminación de barreras arquitectónicas cuyo importe supere las doce mensualidades ordinarias, se requerirá un acuerdo aprobado por mayoría, que una vez alcanzado obligará a toda la comunidad por el importe repercutido anualmente, dejando claro que el importe correspondiente a las doce mensualidades lo es por obligatoriedad legal y el resto del importe por la validez del acuerdo alcanzado.
Finalmente, conviene recordar que la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ha ampliado la garantía de accesibilidad universal obligando a todos los edificios ya existentes a eliminar las barreras arquitectónicas antes del 4 de diciembre de 2017 y establecer las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en todos las edificaciones, incluidas las comunidades de propietarios.
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Plazo para optar por el criterio de caja en el IVA en 2014
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores, abrió la puerta para que empresarios y profesionales puedan dejar de aplicar el criterio del devengo en el IVA y optar por la aplicación del criterio de caja, tal y como comenté en un post anterior (http://loquelaleyregula.blogspot.com.es/2013/09/criterio-de-caja-en-el-iva.html).
De este modo, a partir del 1 de enero de 2014, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros podrán optar específicamente por el nuevo régimen especial, para lo cual deberán renunciar a la aplicación del régimen general del devengo y mantener esa opción durante un plazo de tres años.
El desarrollo reglamentario de esta disposición, el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, determina que la correspondiente declaración censal de opción por el régimen del criterio de caja deberá presentarse, con carácter general, durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia al mismo o la exclusión del régimen (p. ej. por haber superado respecto de un mismo destinatario cobros en efectivo por importe superior a 100.000 euros).
Así pues, para que durante el ejercicio 2014 pueda aplicarse el criterio de caja, el sujeto pasivo debería haber presentado la declaración censal durante diciembre de 2013. Sin embargo, de forma excepcional, el Real Decreto 1041/2013, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, en su disposición adicional única amplía el plazo para poder optar por el régimen especial del criterio de caja para el año 2014, con el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran acogerse al mismo, y que, por dificultades en la adaptación de sus procedimientos informáticos no lo hubieran podido hacer en el plazo inicialmente establecido, lo puedan hacer también durante el primer trimestre de 2014.
Por tanto, para el año 2014, la opción por dicho régimen especial podrá realizarse tanto a lo largo del mes de diciembre de 2013 como durante el primer trimestre de 2014, surtiendo efecto en el primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado la misma.
Recordemos igualmente que para poder aplicar el criterio de caja y pagar el IVA cuando efectivamente hayamos cobrado la factura, se deben cumplir unas especiales obligaciones registrales y de facturación. En este sentido, el artículo 61 decies del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido determina que se deberá incluir en el libro registro de facturas expedidas la siguiente información:
Asimismo, los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja, así como los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja pero que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el mismo deberán incluir en el libro registro de facturas recibidas la siguiente información:
En cuanto a la factura expedida y sus copias, se deberá hacer constar expresamente la mención “régimen especial del criterio de caja”, debiendo expedirse la factura en el momento de su realización, salvo cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo caso la expedición de la factura deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hayan realizado.

References: artículo 11
 artículo 10
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 61