Source: http://arbia.org/nov-detalle.php?nov=912&La_provincia_del_Chaco_y_su_televisi%F3n
Timestamp: 2018-03-21 16:29:45+00:00

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El gobernador Jorge M. Capitanich integra ese Consejo en representación de la Provincia y fue designado, por unanimidad, para representarlo en el Directorio de la AFSCA (art. 14), junto a Eduardo Jorge Seminara (por las universidades nacionales)
El Consejo está integrado a la fecha por 34 de sus 38 miembros. Los únicos que no han designado representantes son los gobiernos de: ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Corrientes, Catamarca y San Luis.
Entre sus miembros están los representantes de 20 provincias, de las Cámaras empresariales (ATA, ARPA), de Pymes (ARBIA, INTERCABLE), de Pueblos Originarios, Universidades, Sindicatos, Entidades sin fines de lucro y se encuentra en pleno funcionamiento como órgano consultor y por primera vez federal.
Para su designación como integrante del Directorio de AFSCA, la propuesta del Gobernador de la Provincia fue publicada en el Boletín oficial y sujeta a un plazo de impugnaciones. Las impugnaciones fueron rechazadas en el Decreto 1974/09 de designación del Directorio.
Queda claro entonces, para cualquier operador del derecho, que desde la publicación del Decreto (10/12/2009) corrieron los plazos para la impugnación del mismo, en caso de entender que había incompatibilidad para el ejercicio de ambos cargos (Gobernador e Integrante del Directorio del AFSCA –en representación del Consejo Federal- cargo que desempeña en forma honoraria). Queda claro también que el mentado decreto de designación goza de plena firmeza y no corresponde discusión jurídica al respecto, salvo que se hubiera impugnado su validez ante el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal.
SOBRE LA AUTORIZACION AL GOBIERNO DEL CHACO PARA LA EXPLOTACION DE UN CANAL
El otro aspecto bisagra de la ley de Medios es que vino a modificar sustancialmente el criterio de la vieja ley de la dictadura militar que solo concebía a la actividad como una mera mercancía.
La ley hoy coloca a los Servicios de Comunicación Audiovisual como ejes indispensables para la realización del derecho a la información de toda la población, haciendo realidad la vigencia de los principios consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica.
Así se reconocen tres tipos de prestadores: MEDIOS PUBLICOS, PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO Y EMPRESAS COMERCIALES. Para los dos primeros la Ley establece reservas de espectro. Para las entidades sin fines de lucro el 33% del espectro y para los medios públicos (Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, Universidades, Pueblos Originarios, Iglesia Católica) reservas de frecuencias, tanto para radio como para televisión.
La ley vino así a poner a la República Argentina dentro de los estándares internacionales en la materia, haciendo eco de los incesantes reclamos sobre el tema, teniendo presente que “en materia de comunicación social, el Estado ejerce un rol fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de las figuras jurídicas que escoja para la prestación del servicio (v. Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 239:592)”
El rol de los medios públicos es esencial en cuanto constructor de identidad, preservador de la cultura y las propias voces, constructor de ciudadanía, especialmente en un país que se encuentra arrasado por cadenas de contenidos producidos mayoritariamente en la Capital Federal, en particular en la oferta televisiva.
Cabe destacar que, todos los proyectos de ley de radiodifusión presentados por todos los partidos políticos desde el retorno de la democracia, preveían el funcionamiento de medios públicos provinciales (radio y televisión). Particularmente se destaca el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional durante el gobierno de la Alianza (De la Rúa) el cual guarda
grandísimas similitudes - especialmente en la materia de medios públicos - con el que finalmente, por abrumadora mayoría, fuera aprobado el 10 de octubre de 2009, en una histórica jornada, con masiva participación popular (Coalición por una Radiodifusión Democrática), frente al Congreso de la Nación.
Entonces, en cumplimiento de los derechos que reconoce la ley a favor de todos los estados provinciales, el gobierno del Chaco mediante Expte. 769-AFSCA/2010 solicitó la autorización para el funcionamiento del canal de televisión de la Provincia, el que fuera resuelto mediante Resolución Nº 155-AFSCA/2011.
En idénticas condiciones se encuentran los trámites de todas aquellas provincias que los han solicitado y son resueltos en la medida del cumplimiento de los recaudos que manda la Ley. A excepción de aquellas provincias que ya cuentan con sus medios públicos provinciales por algún antiguo procedimiento de comienzos de la década del ‘90 (tal el caso de Misiones, La Rioja, Formosa, La Pampa, Neuquén, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut) los que luego no pudieron extenderse al resto por la presión y medidas cautelares de los grandes grupos monopólicos. Inequidad que finalmente vino a resolver la vigencia de la ley de Medios.
Cabría destacar que en la reunión de Directorio de la AFSCA en que se aprobara la resolución de autorización del canal provincial de nuestra provincia, el Gobernador de la provincia del Chaco se abstuvo de firmar la mentada resolución. Ahora bien, cabe destacar sin dudas, que jamás podría el responsable político de una provincia negarse a gestionar y resolver cuestiones en beneficio de su propia población.
Está claro entonces que el Directorio del AFSCA autorizó a la Provincia del Chaco la explotación de un canal abierto.
Está claro que no se trata de una resolución a favor de un Director de la Autoridad a título personal, extremo expresamente prohibido por la ley dado su carácter de funcionario público.
Está claro entonces que no puede de modo alguno existir incompatibilidad funcional cuando la decisión (en la que de todos modos no participó) es en beneficio de la provincia cuyos destinos son su responsabilidad.
Caso contrario, llegaríamos al absurdo de entender que la Provincia del Chaco es “incompatible” para obtener una autorización para explotar la señal de la televisión pública provincial. La conclusión no resiste el menor análisis.
A modo de mayor información, finalmente destaco que las únicas instituciones creadas por la ley de medios que a la fecha no están funcionando son: la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso Nacional y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (que debe ser propuesta por la primera - arts. 18 y 19 ley 26.522), todo por falta de designación de los representantes de los partidos de la segunda y tercera minoría parlamentaria, quienes tampoco han llevado en todo este tiempo a sus representantes ante el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
21/05/2011 (912)

References: in fine
IN FINE
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 Resolución 
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