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CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 5 DE NOVIEMBRE DE PDF
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María Carmen Lara Zúñiga
1 CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 5 DE NOVIEMBRE DE Código publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el viernes 7 de noviembre de Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Código para su promulgación y publicación: Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente: CÓDIGO NÚMERO 586 PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LIBRO PRIMERO TÍTULO PRELIMINAR DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL Y DE LAS GARANTÍAS PENALES Artículo 1º.- Los ámbitos de validez para la aplicación de este código son: el espacial, el temporal y el personal. Artículo 2º.- Las normas relativas a los derechos humanos, contenidas en las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y2 Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente, así como en los Tratados Internacionales suscritos por el Depositario del Poder Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, regirán en la aplicación de este código. Artículo 3º.- El poder punitivo del Estado queda sujeto a los principios de legalidad, culpabilidad, readaptación social, proporcionalidad de las consecuencias jurídicas para inimputables, de atención a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que les reconozca la ley, y de protección a los derechos del ofendido o víctima del delito. Artículo 4º.- Sólo será sancionada la conducta que, por acción u omisión, esté tipificada como delito en ley vigente al momento de su realización. Artículo 5º.- Queda prohibido imponer sanción alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Artículo 6º.- Una conducta típica será punible cuando lesione o ponga en peligro, efectivamente y sin causa justa, el bien jurídico tutelado por la ley penal. Artículo 7º.- Toda persona a quien se le impute la comisión de un delito se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoria. Artículo 8º.- La responsabilidad penal no trascenderá de la persona y de los derechos de quienes cometen el delito. La graduación de la pena no excederá los límites de la gravedad del reproche penal. Artículo 9.- Las sanciones tendrán por objeto, además de la protección de los bienes jurídicos y la reparación del daño causado por el sujeto activo del delito, la readaptación social de éste. Artículo 10.- Las penas y las medidas de seguridad se impondrán en sentencia ejecutoria dentro del debido proceso legal, y se ejecutarán por las autoridades competentes. TÍTULO I DE LA LEY PENAL CAPÍTULO I APLICACIÓN EN EL ESPACIO Artículo 11.- Este código se aplicará en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los casos siguientes: 23 I. Por los delitos perpetrados dentro de su territorio jurídico, cuando sean de la competencia de sus tribunales; II. Por los delitos que se preparen o cometan fuera de él, cuando produzcan efectos dentro del territorio veracruzano; o III. Por los delitos permanentes y por los continuados, que se sigan cometiendo en él. Artículo 12.- El lugar de la realización del delito es aquel en que se lleva a cabo la conducta típica. CAPÍTULO II APLICACIÓN EN EL TIEMPO Artículo 13.- La ley aplicable es la vigente en el momento de la realización de la conducta punible. Artículo 14.- Cuando entre la comisión del delito y la sentencia que deba pronunciarse, entre en vigor una ley o un decreto que disminuya la sanción establecida en la norma vigente al cometerse el delito, se aplicará la nueva disposición legal. (REFORMADO, G.O. 3 DE AGOSTO DE 2004) Si la nueva disposición entra en vigor durante la extinción de la pena o medida de seguridad, se estará a lo más favorable al reo. Cuando la nueva norma deje de considerar una determinada conducta como delictuosa, se ordenará la libertad absoluta de los sujetos activos, cesando el procedimiento o los efectos de la sentencia pronunciada. CAPÍTULO III APLICACIÓN EN CUANTO A LAS PERSONAS Artículo 15.- Este código se aplicará a todas las personas sin distinción alguna, con las excepciones que sobre inimputabilidad, aplicación de usos y costumbres de las comunidades indígenas, inmunidades y satisfacción previa de requisitos de procedencia, establezcan las leyes. CAPÍTULO IV 34 LEYES ESPECIALES Artículo 16.- Para los delitos previstos en leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de este código. CAPÍTULO V RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE NORMAS Artículo 17.- Cuando un mismo delito esté regulado en normas o leyes diversas, la especial prevalecerá sobre la general, la de mayor alcance absorberá a la de menor amplitud y la principal excluirá a la secundaria. TÍTULO II EL DELITO CAPÍTULO I CONDUCTA, HECHOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS Artículo 18.- El delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales. Artículo 19.- El resultado será atribuido al agente cuando sea consecuencia de una conducta idónea para producirlo, salvo que hubiere sobrevenido en virtud de un acontecimiento extraño a su propia conducta. También responderá del resultado producido quien omita impedirlo teniendo el deber jurídico de evitarlo. Artículo 20.- Por el momento de su consumación y prolongación en el tiempo, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando integrado el tipo no puede prolongarse la conducta; II. Permanente o continuo, cuando integrado el tipo la conducta se prolonga en el tiempo; y III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. CAPÍTULO II 45 DOLO Y CULPA Artículo 21.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden llevarse a cabo dolosa o culposamente. Obra con dolo, el que conociendo las circunstancias que integran la descripción legal, quiere o acepta la realización de la conducta o hecho legalmente descritos. Hay culpa cuando violando un deber de cuidado se realiza una conducta o hecho cuyas consecuencias eran previsibles y no se previeron; cuando habiéndose previsto se confía en que no sucederán; o por impericia. CAPÍTULO III ERROR Artículo 22.- A quien cometa un delito por error en perjuicio de persona distinta de aquella contra la que iba dirigida su acción, no le serán aplicables las circunstancias que deriven de la cualidad del ofendido, salvo para efectos de la reparación del daño, siendo en cambio valuadas, para los efectos de la sanción, las particularidades subjetivas en las que deliberó y ejecutó el delito. CAPÍTULO IV CAUSAS QUE EXCLUYEN EL DELITO Artículo 23.- Son excluyentes del delito: I. La ausencia de conducta; II. La atipicidad; III. Las causas de justificación; y IV. Las causas de inculpabilidad. Artículo 24.- Existe ausencia de conducta cuando la actividad o inactividad del agente activo son involuntarias. La atipicidad es la inexistencia de alguno de los elementos de la descripción legal. Artículo 25.- Son causas de justificación: I. Actuar en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio legítimo de un derecho; 56 II. Actuar contra lo dispuesto en una norma de naturaleza penal incumpliendo su mandato por tener un impedimento legítimo; III. Repeler una agresión actual o inminente y contraria a derecho, en protección de bienes propios o ajenos, siempre que exista necesidad razonable de la defensa y no medie provocación suficiente por parte del que rechaza la agresión o de la persona a quien defiende. Se presumirá la legítima defensa cuando se cause un daño a quien, por cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su familia o cualquier persona a la que tenga obligación de defender, o donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual obligación de defensa, siempre que la presencia del extraño revele evidentemente una agresión; IV. La necesidad de salvar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro grave, actual o inminente que no se tuviere el deber jurídico de afrontarlo, no provocado por el agente dolosa o culposamente, lesionando otro bien jurídico de igual o menor valor; V. (DEROGADA, G.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) VI. Que se produzca un resultado que no se previó, por ser imprevisible. Artículo 26.- Son causas de inculpabilidad: I. Que razonablemente no pueda exigirse al agente una conducta diversa de la que llevó a cabo; II. Que el agente actúe por miedo o temor fundado e irresistible de un mal inminente o grave en su persona o de alguien ligado a él por vínculos de parentesco, por lazos de amor o de estrecha amistad; III. Que el agente realice la acción o la omisión bajo un error invencible sobre: a) Alguno de los elementos objetivos que integran el tipo penal; o b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta. Si el error es vencible, será responsable a título de culpa si el tipo legal admite ésta; o IV. La inimputabilidad. Serán inimputables: 67 (REFORMADO, G.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2006) (F. DE E., G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006) a) Los menores de dieciocho años de edad. b) Los que al momento de realizar la conducta típica carezcan de capacidad para comprender el hecho ilícito por trastorno, enajenación o retraso mentales; y c) Los que al momento de realizar la conducta típica, a virtud de cualquier causa, no tuvieren la capacidad de comprender el carácter ilícito o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, con excepción de aquellos casos en que el sujeto activo haya provocado dolosa o culposamente dicho estado. Si se halla gravemente disminuida la capacidad del agente, el juzgador podrá aplicarle hasta la mitad de la sanción que corresponda al delito de que se trate o una medida de seguridad. Artículo 27.- Las causas de exclusión del delito se harán valer de oficio en cualquier etapa del procedimiento. CAPÍTULO V LA TENTATIVA Artículo 28.- Existe tentativa cuando, con el propósito de cometer un delito, se inicia su ejecución mediante actos u omisiones idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad del agente. Artículo 29.- Cuando iniciada la ejecución de un delito el autor desista voluntariamente de llevar a cabo todos los actos necesarios para consumarlo, sólo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si éstos constituyen delito por sí mismos. CAPÍTULO VI CONCURSO DE DELITOS Artículo 30.- Existe concurso real o material cuando un mismo sujeto comete dos o más delitos, siempre que entre ellos hubiere secuela y separación en el tiempo, si no ha recaído sentencia irrevocable respecto de alguno de ellos y la acción no está prescrita. Artículo 31.- Existe concurso ideal cuando el agente, con una sola conducta, viola varias disposiciones penales autónomas. 78 Artículo 32.- No hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado. CAPÍTULO VII REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD Artículo 33.- Hay reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la República Mexicana o del extranjero, cometa otro delito en la entidad. Artículo 34.- La condena impuesta en el extranjero o en otra entidad federativa se tendrá en cuenta si proviniere de algún delito que tenga tal carácter en el Estado. Artículo 35.- Se considerará delincuente habitual quien haya sido condenado, cuando menos, por tres delitos dolosos del mismo género. Artículo 36.- No se aplicarán los artículos anteriores de este capítulo cuando se trate de delitos que atenten contra la seguridad del Estado o cuando el sujeto activo haya sido indultado. CAPÍTULO VIII AUTORES, PARTÍCIPES, PANDILLEROS Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA Artículo 37.- El autor de un delito puede ser material o intelectual. El primero es quien físicamente lo ejecuta; el segundo, quien lo planea, induce o compele a otro a cometerlo. Artículo 38.- Son partícipes del delito quienes: I. Presten ayuda, cooperación o auxilio en la ejecución del delito, por conducta anterior o simultánea; II. Por acuerdo previo auxilien a los autores, después de que éstos hayan ejecutado el delito; o III. Sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada uno produjo. Artículo 39.- Si varios individuos toman parte en la organización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables del nuevo delito, cuando éste sirva de medio adecuado para cometer el principal o sea consecuencia necesaria o natural del mismo o de los medios concertados para cometerlo. No será responsable del 89 nuevo delito quien no haya estado presente en su ejecución, o hubiese hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Artículo 40.- La pandilla existe cuando tres o más personas se reúnen habitual, ocasional o transitoriamente y, aun cuando no estén organizadas especialmente para cometer actos ilícitos, los ejecuten. Existe asociación delictuosa cuando tres o más personas se reúnen para cometer, en forma reiterada, delitos de los tipificados en este código. CAPÍTULO IX COMUNICABILIDAD DE CIRCUNSTANCIAS Artículo 41.- Las circunstancias personales o subjetivas que aumenten o disminuyan la sanción no se aplicarán a quienes intervengan en la realización del delito, excepto que tengan conocimiento de ellas. Las objetivas se tendrán en cuenta para los que intervienen en la comisión del ilícito, si tienen conocimiento de ellas. CAPÍTULO X PERSONAS MORALES Artículo 42.- Cuando una persona moral, con excepción de las instituciones del Estado, facilite los medios para la comisión del delito, de modo que éste resulte cometido a su nombre, bajo su amparo o en su provecho, el juez, con audiencia del representante legal de la misma, impondrá en la sentencia las sanciones previstas en este código, sin perjuicio de la responsabilidad individual por el delito cometido. TÍTULO III DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 43.- Las consecuencias jurídicas del delito serán las penas y medidas de seguridad que prevé este código, las que se impondrán como sanciones de manera autónoma o complementaria. 910 Artículo 44.- Las penas y medidas de seguridad se impondrán con sus modalidades, en los términos previstos en este código. La autoridad judicial dictará las sanciones y éstas serán ejecutadas por las autoridades competentes. CAPÍTULO II DE LAS PENAS Artículo 45.- Las penas que se pueden imponer a las personas físicas, son: (REFORMADA, G.O. 15 DE AGOSTO DE 2008) I. Prisión: por tiempo determinado o vitalicia; II. Tratamiento en libertad o semilibertad personal; III. Sanción pecuniaria; IV. Decomiso de los instrumentos y objetos relacionados con el delito; V. Trabajo en favor de la comunidad o de la víctima u ofendido del delito; VI. Suspensión, privación, destitución e inhabilitación de derechos, funciones y empleos; VII. Amonestación; y VIII. Publicación de sentencia. Artículo 46.- Respecto a las personas morales, las penas son: I. Pecuniaria; II. Publicación de sentencia; III. Suspensión; IV. Disolución; V. Prohibición de realizar determinadas operaciones o negocios; VI. Intervención; y VII. Decomiso y aplicación de los instrumentos y objetos del delito. 1011 CAPÍTULO III DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Artículo 47.- Las medidas de seguridad que pueden imponerse a las personas físicas son: I. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; II. Tratamiento de deshabituación; III. Confinamiento; IV. Prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella; V. Decomiso y aplicación de los instrumentos y objetos del delito; VI. Apercibimiento; VII. Caución de no ofender; y VIII. Vigilancia de la autoridad. CAPÍTULO IV PRISIÓN (REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 15 DE AGOSTO DE 2008) Artículo 48.- La prisión consiste en la privación de la libertad corporal del sujeto activo del delito, hasta por setenta años o vitalicia, que será compurgada en el lugar que designe el órgano ejecutor de las sanciones. Sólo en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, se podrá imponer prisión vitalicia. En toda pena de prisión se computará el tiempo de detención y de prisión preventiva. Tratándose de dos o más penas de prisión, impuestas cada una en sentencias diferentes, se cumplirán invariablemente de manera sucesiva. (REFORMADO, G.O. 2 DE AGOSTO DE 2007) Artículo 49.- Cuando la prisión no exceda de cinco años, el juez podrá suspender su ejecución en los términos que establece este código. Cuando se ejecute la orden de aprehensión y se dicte en el término auto de formal prisión en contra de una persona mayor de 70 años de edad, mujeres en los tres últimos meses de embarazo, discapacitados y personas enfermas declaradas por autoridad competente o afectadas por una enfermedad en fase terminal 1112 debidamente comprobada, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva, se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan, con opinión de la representación social y previa garantía que haga de la reparación del daño, no así en los delitos leves, cuya pena máxima sea de tres años. No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su peligrosidad. En todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos. CAPÍTULO V TRATAMIENTO EN LIBERTAD O SEMILIBERTAD PERSONAL Artículo 50.- El tratamiento en libertad consiste en la aplicación de medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier índole, tendiente a la orientación social del sentenciado, bajo la supervisión de la autoridad ejecutora. La semilibertad personal consiste en la alternación de períodos breves de permanencia en el reclusorio. La semilibertad, según las circunstancias del caso, podrá ser: I. Externa durante la semana de trabajo o educativa con reclusión de fin de semana; II. Externa de fin de semana con reclusión durante los primeros días de ésta; o III. Externa durante el día con reclusión nocturna. La semilibertad se cumplirá bajo la supervisión de la autoridad competente. Estas penas podrán imponerse con carácter autónomo o sustitutivo de la prisión, sin que puedan exceder del término fijado para esta última. CAPÍTULO VI SANCIÓN PECUNIARIA Artículo 51.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. Artículo 52.- La multa es la obligación de pagar al Estado una suma de dinero que será fijada en número de días de salario hasta un máximo de mil. Para los efectos de este código, se entiende por salario el mínimo general diario vigente en la zona en el momento de la consumación, si el delito es instantáneo; en el momento en 1213 que cesó la consumación, si es permanente; o en el momento consumativo de la última conducta, si es continuado. Artículo 53.- La reparación del daño tiene el carácter de pena pública. El sujeto pasivo o sus derechohabientes, en los términos dispuestos por el Código de Procedimientos Penales del Estado, podrán comparecer directamente ante el juez para este efecto. La obligación de pagar el importe de la reparación del daño es preferente respecto a la multa y se cubrirá primero que cualquiera otra de las obligaciones personales que se hubieren contraído por el sentenciado con anterioridad a la realización del delito, con excepción de las alimentarias y salariales. (REFORMADO, G.O. 24 DE AGOSTO DE 2004) El importe de la reparación del daño se distribuirá entre aquellos que tienen derecho a recibirla, proporcionalmente a los daños que hubieren sufrido. Si uno o más de los que tienen derecho a recibir la indemnización renuncian a la parte proporcional que les corresponde, ésta se aplicará al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, siempre que los demás hubieren sido satisfechos. Artículo 54.- En los casos que sea procedente, el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño y el juez no podrá absolver al sentenciado si ha dictado fallo condenatorio. Artículo 55.- Quien se considere con derecho a la reparación del daño y no pueda obtenerla ante el juez penal, podrá acudir a la vía civil en los términos del código de la materia. Artículo 56.- La reparación del daño comprende: (REFORMADO, G.O. 24 DE AGOSTO DE 2004) I. La restitución en los derechos de guarda y custodia del menor o incapaz, tratándose del delito de sustracción o retención de menores o incapaces; y en general la restitución de la cosa obtenida por el delito, sus frutos, accesiones existentes y, en su caso, el pago de los deterioros o menoscabos ocasionados. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto similar al que fuese materia de delito, sin necesidad de recurrir a prueba pericial. Si la restitución fuere imposible, se pagará en numerario el precio de todo lo dañado; II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que sean necesarios para la recuperación de la salud física y mental de la víctima. En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual y de violencia familiar, además, el pago de los alimentos a la mujer y al hijo; III. El pago de gastos e intereses legales; y 1314 IV. Tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 57.- La reparación será fijada por el juez, de acuerdo con las pruebas presentadas y admitidas durante el proceso, atendiendo tanto al daño causado como a la capacidad económica del obligado a pagarla. La indemnización del daño moral será fijada tomando en consideración las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la lesión moral sufrida por la víctima, el resultado de la mediación si la hubiere y las circunstancias personales de aquélla, tales como: su educación, su prestigio cultural y social, sensibilidad, afectos y cuanto más sea factible de ser tomado en cuenta para la valoración del daño. Artículo 58.- En orden de preferencia, tienen derecho a la reparación del daño: I. El ofendido o la víctima; II. El cónyuge supérstite y los hijos menores de edad o incapaces, o cualquier dependiente económico; III. La concubina o el concubinario que dependan económicamente del ofendido; o IV. Los herederos del ofendido aunque no dependieren económicamente de él. Si hay concurrencia serán preferidas, en su orden, las personas que figuran en la enumeración de este artículo, quienes directamente podrán comparecer ante el juez instructor y promover lo necesario para la cuantificación del monto, asegurar su pago y, en su caso, obtenerlo. Artículo 59.- Están obligados a reparar el daño, además del responsable del delito: I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallen bajo su patria potestad; II. Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad; III. Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos; IV. Las empresas, los dueños o encargados de negocios o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos con motivo y en el desempeño de su servicio; 1415 V. Las sociedades y agrupaciones, por los delitos de sus socios, gerentes o directores, en los términos en que conforme a las leyes sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan. Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause; VI. Los cooperativistas o socios en cualquiera de las formas del transporte público y escolar; y VII. El Estado y los Municipios quedarán obligados solidariamente con sus servidores públicos, por los delitos que éstos cometan con motivo o en el desempeño de sus funciones, quedando a salvo los derechos de aquéllos para repetir. Artículo 60.- Cuando varias personas cometan un delito, el juez fijará la multa para cada uno de los delincuentes, según su participación en el delito realizado y sus condiciones económicas y, en cuanto a la reparación del daño, la obligación se considerará solidaria. Artículo 61.- La sanción pecuniaria se hará efectiva en la forma establecida por el Código de Procedimientos Penales. Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del responsable o con el producto de su trabajo en prisión, el reo liberado seguirá obligado a pagar la parte que le falte. El juez dictará las medidas necesarias para que no se eluda tal responsabilidad. Artículo 62.- Siempre que el deudor compruebe estar imposibilitado para cubrir la sanción pecuniaria de inmediato, la autoridad a quien competa el cobro de la misma podrá fijarle plazos para su pago dentro de un término de hasta dos años. Artículo 63.- El importe de las garantías otorgadas por el inculpado para obtener su libertad provisional se aplicará, en su caso, al pago de las sanciones pecuniarias que se le impongan en la sentencia. Artículo 64.- El propietario o poseedor del vehículo que otorgue su consentimiento al agente activo del delito para su uso será responsable solidariamente de las sanciones pecuniarias, aunque no tenga el carácter de tercero obligado. CAPÍTULO VII TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD Y DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Artículo 65.- El trabajo en favor de la comunidad se cumple por el sentenciado prestando servicios, sin obtener remuneración, en instituciones públicas 1516 educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Sus jornadas se fijarán dentro de períodos distintos al horario de trabajo que sea la fuente de ingresos para el mantenimiento del reo y su familia, sin que exceda de aquella que la ley laboral determine como extraordinaria y se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por ningún concepto se desarrollará esta pena en forma que resulte denigrante o humillante para el sentenciado. Artículo 66.- El trabajo en favor de la víctima u ofendido del delito consiste en la prestación de servicios remunerados en instituciones o empresas públicas o privadas, en las jornadas señaladas para el trabajo en favor de la comunidad y su retribución se aplicará en beneficio de la víctima u ofendido para la reparación del daño. CAPÍTULO VIII SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS, FUNCIONES Y EMPLEOS Artículo 67.- La suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos, funciones o empleos; la privación, en la pérdida definitiva de éstos; la inhabilitación en la suspensión temporal o definitiva para obtenerlos o ejercerlos; y la destitución, en la pérdida del empleo, cargo o comisión que se desempeñe en el servicio público. Artículo 68.- La suspensión es de dos clases: I. La que por ministerio de ley es consecuencia necesaria de otra pena. En este caso, la suspensión se comenzará a computar una vez que se compurgue la principal. La pena privativa de libertad personal produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela y para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro o arbitrador, juez o representante de ausentes; y II. La que se impone como pena independiente en una sentencia definitiva. En este caso, la duración será de tres meses a doce años. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará el tiempo que se establezca en ésta. 1617 Una vez que cause ejecutoria la sentencia, la autoridad jurisdiccional comunicará a las autoridades electorales competentes la suspensión de los derechos políticos impuesta al sentenciado. (REFORMADO, G.O. 24 DE AGOSTO DE 2004) Artículo 69.- La inhabilitación será de seis meses a quince años y se computará en los mismos términos que la suspensión. CAPÍTULO IX AMONESTACIÓN Artículo 70.- La amonestación consiste en la advertencia que el juez hace directamente al sentenciado, explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y conminándolo para que no reincida en razón de las consecuencias legales que de tal conducta se derivan. Todo sentenciado será amonestado en público o en privado, a discreción del juez. CAPÍTULO X PUBLICACIÓN DE SENTENCIA Artículo 71.- La publicación de sentencia consiste en su inserción total o parcial en uno o más periódicos que circulen en la Entidad. El juez resolverá la forma como debe hacerse la publicación, la cual será a costa del sentenciado o del Estado, si el juez lo estima necesario. El ofendido podrá solicitar en todo caso que la publicación se haga a su costa. Artículo 72.- Si el delito por el que se impuso la publicación de sentencia fue cometido valiéndose de un medio de comunicación masiva, además de la publicación a que se refiere el artículo anterior, se hará también en el medio utilizado al cometer el delito, con las mismas características que en este acto se tomaron en cuenta. CAPÍTULO XI DISPOSICIONES ACERCA DE SANCIONES A LAS PERSONAS MORALES Artículo 73.- Para la imposición de sanciones a las personas morales, el juez observará las reglas siguientes: I. La multa se impondrá tomando en cuenta el capital social y el estado de sus negocios, así como la gravedad y las consecuencias del delito; 1718 II. La disolución implicará la conclusión definitiva de todas sus actividades e impedirá su reconstitución, real o encubierta, por las mismas personas físicas que las integraron, sin perjuicio de los actos necesarios para la liquidación total. En caso de disolución, la autoridad ejecutora de las consecuencias jurídicas del delito designará liquidador que proceda a cumplir todas las obligaciones contraídas por la persona moral, incluyendo las responsabilidades derivadas del delito. La parte conducente de la sentencia se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y en cualquier otro donde estuviere inscrita la persona moral. Los registradores procederán a la cancelación definitiva de las inscripciones correspondientes; III. La suspensión de la actividad de la persona moral no excederá de un año, contado a partir del día en que la sentencia cause ejecutoria; IV. Se precisará la prohibición de realizar determinadas operaciones o negocios; V. La intervención consistirá en la remoción de sus cargos de los administradores o gerentes y de los comisarios, encargando temporalmente las funciones de éstos a uno o varios interventores, los cuales serán designados por la autoridad ejecutora una vez que la sentencia haya quedado firme. La intervención cesará cuando los órganos competentes de la persona moral sustituyan a quienes cometieron el delito; y VI. Se observarán las disposiciones establecidas respecto a las personas físicas, en cuanto sean aplicables, por lo que hace a la reparación del daño y al decomiso y aplicación de los instrumentos y objetos del delito. Al imponer las consecuencias jurídicas previstas en este capítulo se adoptará las medidas necesarias para dejar a salvo los derechos de los trabajadores. CAPÍTULO XII TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES O IMPUTABLES DISMINUIDOS Artículo 74.- En caso de inimputables o sujetos con imputabilidad disminuida, el juez dispondrá la medida de tratamiento que corresponda, en internamiento o en libertad, así como las conducentes para asegurar la tranquilidad pública. Considerando los estudios criminológicos que se practiquen al sujeto y las necesidades que se planteen durante su tratamiento, aquél, su representante legítimo o la autoridad ejecutora podrán solicitar al juez de la causa la modificación o terminación de la medida, en forma condicional o definitiva, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Penales. 1819 Las personas inimputables podrán ser, en su caso, entregadas por la autoridad competente a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se obliguen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas autoridades el cumplimiento de las obligaciones contraídas. De incumplirse éstas, la autoridad que concedió la medida la revocará e impondrá multa de cien a doscientos días de salario. CAPÍTULO XIII TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN Artículo 75.- Cuando el sujeto activo haya sido sentenciado por un delito cuya comisión sea originada por la adicción a bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o substancias tóxicas, independientemente de las penas que le correspondan, el juez ordenará el tratamiento que proceda, que no excederá del término de la pena impuesta por el delito cometido. Si concluido este tiempo la autoridad ejecutora considera que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades sanitarias para que procedan conforme a las leyes aplicables. CAPÍTULO XIV CONFINAMIENTO, PROHIBICIÓN DE IR A UNA CIRCUNSCRIPCIÓN DETERMINADA O DE RESIDIR EN ELLA Artículo 76.- El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinada circunscripción territorial y no salir de ella. El juez precisará la circunscripción, conciliando las necesidades de la seguridad y tranquilidad públicas con las circunstancias personales del sentenciado. El confinamiento podrá durar hasta tres años. Artículo 77.- Tomando en cuenta las circunstancias del delito, así como las propias del delincuente y de la víctima, el juez podrá disponer que aquél no vaya a una circunscripción territorial o resida en ella. La prohibición tendrá una duración máxima de tres años. CAPÍTULO XV DECOMISO Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS DEL DELITO Artículo 78.- Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se 1920 decomisarán los instrumentos o productos cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título esté en alguno de los supuestos del delito de encubrimiento por receptación, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que pudieren ser materia del decomiso, durante la investigación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este artículo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. Artículo 79.- Si lo decomisado consiste en sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo del caso, conforme a la ley; pero si lo estima conveniente y es posible, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. (REFORMADO, G.O. 24 DE AGOSTO DE 2004) Artículo 80.- Los objetos, incluyendo dinero o valores, que estén a disposición de las autoridades judiciales que no hayan sido ni puedan ser decomisados, y que en un lapso de un año a partir de la fecha en que fueron asegurados no sean solicitados por quien tenga derecho, se destinarán previo trámite incidental al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. (REFORMADO, G.O. 30 DE ABRIL DE 2008) Los bienes muebles asegurados que estén a disposición de la autoridad investigadora, cuya retención no sea necesaria legalmente y que no hayan sido solicitados en el lapso de seis meses por quien tenga derecho, por acuerdo del Agente del Ministerio Público, se adjudicarán al Fisco del Estado, por conducto de la Secretaría que corresponda, para su enajenación, remate, donación o destrucción. El acuerdo de referencia se publicará por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, para que dentro del improrrogable término de cinco días, quien tenga algún derecho, lo haga valer ante la Representación Social; transcurrido el plazo sin reclamación alguna, el acuerdo surtirá sus efectos legales. CAPÍTULO XVI APERCIBIMIENTO Y CAUCIÓN DE NO OFENDER Artículo 81.- El apercibimiento consiste en la conminación que el juez hace al sentenciado que de cometer un nuevo delito será considerado reincidente. Artículo 82.- La caución de no ofender consiste en la garantía que el juez puede exigir al sentenciado en los casos que estime conveniente, para que no cause un nuevo daño al ofendido, la cual se fijará atendiendo a sus condiciones personales. Si el nuevo daño se realiza, la garantía se hará efectiva en favor del ofendido. Si el 20 Mostrar más
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