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Timestamp: 2019-01-21 02:08:02+00:00

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﻿ SENTENCIA T-25 DE FEBRERO 6 DE 2018
SENTENCIA T-25 DE 06 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO. SE HA ESTABLECIDO QUE SE CONFIGURA UN DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO CUANDO EL FALLADOR OMITE UNA ETAPA PROCESAL CONSAGRADA EN LA LEY, CUYA TRASCENDENCIA TIENE UNA INFLUENCIA DIRECTA EN LA DECISIÓN DE FONDO ADOPTADA. ASIMISMO, HA DETERMINADO QUE LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN JUDICIAL CONFIGURA UN DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO QUE LLEVA A LA NULIDAD DEL PROCESO. EN EFECTO, TAL ACTUACIÓN CONSTITUYE UNO DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL DE MAYOR IMPORTANCIA, TODA VEZ QUE GARANTIZA EL CONOCIMIENTO REAL DE LAS DECISIONES JUDICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, NULIDAD PROCESAL, NOTIFICACIÓN, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia T-025 de febrero 6 de 2018
Ref.: Expediente T-6.296.492
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
El 17 de junio de 2016, Aniano Alberto Iglesias Flórez promovió acción de tutela en contra del Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º Civil del Circuito y el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de la misma ciudad, por considerar que vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra(1).
1. El accionante manifiesta que el 5 de diciembre del 2001 vendió a la empresa DEGALGO LTDA y/o Carlos Gómez Carrillo el vehículo Mazda 323 H, modelo 2001 de placas GOB895, por la suma de $ 20.000.000. Por lo anterior, entregó el carro, la tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, las improntas y diligenció el formulario de traspaso de la propiedad del referido bien(2).
2. Señala que tal y como se estableció en una de las sentencias censuradas, el 14 de diciembre del mismo año, el señor Carlos Gómez Carrillo le vendió el carro anteriormente referenciado a Talel Charanek Hachen, domiciliado en la ciudad de Cartagena(3).
3. El 17 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 3:30 am, ocurrió un accidente en el que se generaron daños y perjuicios a Oscar Fontalvo Malo. El causante del incidente fue el vehículo Mazda 323 H modelo 2001 de placas GOB895, el cual era conducido por Marcel Andrés Rodríguez Pérez, quien se encontraba en estado de embriaguez. El actor indica que la propietaria actual del referido carro es la señora Jenny Pérez(4).
4. En consideración a lo anterior, Oscar Fontalvo Malo instauró demanda ordinaria para que se declarara civilmente responsable por los daños y perjuicios causados en el accidente a Marcel Andrés Rodríguez Pérez, a Jenny Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, quien también figura como propietario del vehículo, según consta en el certificado de tradición del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico. Tal demanda fue admitida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena(5).
5. El peticionario manifiesta que nunca fue notificado del proceso a pesar de que su dirección se encontraba en la tarjeta de propiedad del vehículo, en la que se evidencia que reside en la ciudad de Barranquilla. En particular, señala que la citación de notificación personal del auto admisorio y el aviso fueron enviados al edificio Las Acacias en la calle Real # 25-199 apartamento 202 Manga en Cartagena, a pesar de que el Secretario del Juzgado 4º Civil Municipal certificó que no se pudo notificar a los demandados porque “las personas no residen ahí”. Por lo anterior, el juzgado anteriormente mencionado profirió edicto emplazatorio el cual fue publicado en el periódico El Espectador y transmitido en la emisora Oxígeno de Caracol en la ciudad de Cartagena(6).
6. Mediante sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena declaró civilmente responsables a Marcel Andrés Rodríguez Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, por los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2001. A pesar de lo anterior, dicho juzgado decidió no condenarlos por concepto de daño emergente y lucro cesante(7).
7. El demandante señala que en el expediente aparece un edicto por medio del cual se notificó la sentencia del 2 de diciembre de 2011 -cuyos demandados son Marcel Andrés Rodríguez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez- pero el asunto es “restitución de inmueble arrendado”(8).
8. Por medio de fallo emitido el 7 de mayo de 2012, el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena revocó parcialmente el fallo del a quo y condenó solidariamente a Marcel Andrés y Aniano Alberto Iglesias Flórez a pagar al demandante $ 12.502.856,66 actualizados a la fecha del pago, por concepto de perjuicios materiales por daño emergente(9).
9. El 22 de abril de 2015, Oscar Fontalvo Malo interpuso demanda ejecutiva singular de mínima cuantía contra Marcel Andrés Rodríguez y Aniano Alberto Iglesias Flórez con fundamento en la sentencia anteriormente mencionada(10).
10. El 28 de abril de la misma anualidad, el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena libró mandamiento de pago en contra de los demandados(11).
11. El 3 de agosto de 2015, el Banco de Occidente de Barranquilla le informó al actor que sus cuentas estaban embargadas debido a que se encontraba en curso un proceso ejecutivo en su contra, a cargo del Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena, por lo que ese mismo día acudió a tal despacho judicial y se notificó del proceso ejecutivo iniciado en su contra(12).
12. El 21 de agosto de 2015, el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena revocó el auto proferido por ese mismo despacho judicial el 28 de abril de 2015, mediante el cual admitió la demanda ejecutiva y libró mandamiento de pago en contra de los demandados. En su lugar, rechazó la demanda por falta de competencia y dispuso el envío del expediente al Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena(13).
13. El 4 de septiembre de 2015, Marcel Andrés Rodríguez Pérez presentó recurso de reposición en contra el referido auto por considerar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la autoridad competente para conocer del proceso ejecutivo era el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena. Adicionalmente, el recurrente indicó que el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil autorizaba la ejecución posterior a otro proceso, sólo si se ejecuta dentro de los 60 días siguientes, lo que no se cumplía en el presente asunto debido a que la demanda ejecutiva se presentó casi dos años después de proferida la sentencia(14).
14. Por medio de auto emitido el 23 de octubre de 2015, el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena negó el recurso de reposición, corrigió el numeral tercero de la providencia recurrida y dispuso el envío del expediente a la oficina de reparto, para que posteriormente fuera remitido al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena. Adicionalmente, accedió a la solicitud de levantar las medidas cautelares dictadas en tal proceso(15).
15. Mediante auto del 10 de diciembre de la misma anualidad, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena decretó mandamiento de pago contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez. Además, emplazó al ahora accionante debido a que su apoderado (no se aclara si era abogado de confianza o el curador) manifestó bajo la gravedad de juramento que desconocía el lugar de su residencia, su sitio de trabajo y no figuraba en el directorio telefónico(16).
16. El 28 de enero de 2016, el señor Iglesias Flórez presentó incidente de nulidad del proceso ejecutivo, en consideración a que el fallo en su contra fue proferido sin haberse notificado en debida forma, nunca pudo defenderse en dicho proceso y demostrar que a la fecha del accidente automovilístico, él no tenía ni la propiedad ni la tenencia del vehículo. Sin embargo, mediante auto del 10 de junio de 2016, el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena negó la nulidad solicitada, bajo el argumento de que las nulidades en el proceso sólo se pueden alegar antes de dictar sentencia. Asimismo, señaló que la causal de nulidad alegada presuntamente se generó en el proceso que lo declaró civilmente responsable y no en el proceso ejecutivo, por lo que consideró que no era procedente invocarla en esta etapa procesal(17).
17. El 27 de junio de 2016, el accionante interpuso recurso de reposición contra dicha providencia, sin embargo ésta fue confirmada el 9 de diciembre siguiente bajo los mismos argumentos(18).
18. El actor afirma que en la actualidad trabaja como liquidador ante la Superintendencia de Sociedades y que el embargo ocasionado por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones económicas le genera un grave riesgo de ser excluido de la lista de liquidadores, lo que afecta su derecho al trabajo(19).
19. Con fundamento en lo anterior, el accionante solicita el amparo, como mecanismo transitorio, de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y, en consecuencia, se dejen sin efectos las siguientes actuaciones: (i) la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena; (ii) el fallo emitido el 7 de mayo de 2012 por el Juzgado 2º Civil del Circuito de la misma ciudad; (iii) el mandamiento de pago librado el 28 de abril de 2015 por el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena y (iv) el auto emitido el 9 de diciembre de 2016 por el Juzgado 4º Civil Municipal de la misma ciudad. Lo anterior, únicamente en lo relacionado con la condena proferida en contra de Aniano Alberto Iglesias Flórez(20).
20. Por medio de auto del 6 de abril de 2017(21), la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena avocó el conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado de la demanda a los juzgados accionados, vinculó a Oscar Fontalvo Malo, a Jenny Pérez y a Marcel Andrés Rodríguez con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.
21. Mediante escrito radicado el 20 de abril de 2017(22), la Jueza 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena señaló que en el proceso con el número de radicado 13001400301220150032300 (323-2015) se registran las siguientes actuaciones:
22. Mediante fallo proferido el 11 de mayo de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por considerar que el actor no agotó los mecanismos judiciales que tuvo a su disposición durante los procesos censurados en sede de tutela. En particular, señaló que el peticionario omitió interponer la presentación de excepciones en el proceso ejecutivo por la indebida notificación y no agotó el recurso de revisión en el proceso declarativo(23).
23. El 17 de mayo de 2017, el demandado impugnó el fallo del a quo, por considerar que era necesario que el juez de segunda instancia analizara los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios expuestos en el escrito de tutela(24).
En consecuencia, resolvió revocar los autos proferidos el 10 de junio y el 9 de diciembre de 2016, así como las providencias que se dictaran con fundamento en aquellos y ordenó al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena que se “adecue el trámite al medio de defensa propuesto por el demandado, aquí accionante, a lo dispuesto en el artículo 134 del Código General del Proceso, y sin que lo aquí expresado comporte imposición alguna del sentido decisorio a adoptar sobre ese particular”(25).
25. En cumplimiento del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia de tutela, mediante auto del 4 de julio de 2017(26), el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena negó la solicitud de nulidad instaurada por el actor. En particular, indicó que el accionante nunca demostró que el demandante en el proceso declarativo sabía que la dirección a la que fueron notificados los demandados no era su domicilio real.
“en el citatorio enviado a los demandados en el proceso ordinario que da origen al proceso ejecutivo que nos ocupa, se citó a los demandados para que comparecieran a este Despacho Judicial a notificarse del auto que admite la demanda, pero en ningún momento se informa la fecha de la providencia que se notifica, circunstancia esta que efectivamente da origen a la nulidad por indebida notificación invocada por la parte demandada, no obstante, advierte esta Judicatura que en esta instancia procesal no es viable acceder a decretar esta (sic) por vía de la nulidad deprecada por la parte demandada, ello en cumplimiento de lo establecido en el art. 142 del Código de Procedimiento Civil, que reza:
26. Por medio de escrito presentado el 17 de julio de 2017(27), el accionante repuso el auto anteriormente mencionado. En tal recurso, reiteró los argumentos del incidente de nulidad y manifestó al Juzgado que debía tener en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela en lo relacionado con el exceso ritual manifiesto.
27. Por su parte, con el fin de contar con mayores elementos de juicio en sede de revisión, a través de auto del 20 de noviembre de 2017, la Magistrada sustanciadora ofició al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena(28), para que informara a esta corporación el estado actual del proceso ejecutivo iniciado por Oscar Fontalvo Malo en contra de Marcel Andrés Rodríguez Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez, con el radicado número radicado Nº 090-2007 y remitiera una copia del expediente completo del mismo.
Adicionalmente, ordenó a tal despacho judicial remitir a este tribunal una copia del expediente completo del proceso declarativo identificado con el radicado Nº 090-2007 en la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena.
“[C]inco (5) cuadernos: Un cuaderno 50 folios útiles y escritos; un cuaderno de incidente de nulidad Nº 2 con 49 folios útiles y escritos; un cuaderno de incidente de nulidad Nº.1 con 21 folios útiles y escritos; un cuaderno de medidas cautelares con 20 folios útiles y escritos; un cuaderno ordinario con 100 folios útiles y escritos (...)”(29).
30. En consecuencia, por medio de auto del 11 de diciembre de 2017, la magistrada sustanciadora requirió al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena para que remitiera a esta corporación copia de los folios 1 a 69, 82, 83 y 85 del proceso declarativo identificado con el radicado Nº 090-2007 en la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por tal despacho judicial. Asimismo, ordenó a dicho juzgado remitir copia de los folios 15 a 31 de la segunda parte del incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado número 13001400300420070009002(30).
31. Mediante correo electrónico enviado el 18 de diciembre de 2017(31), el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena envió a la Secretaria General de esta corporación las piezas procesales restantes.
1. Como se indicó en el acápite de hechos, Aniano Alberto Iglesias Flórez presentó acción de tutela por considerar que el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º Civil del Circuito y el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de la misma ciudad, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra(32) a pesar de no haber sido notificado de la existencia de los mismos.
6. La Sala Plena de la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005(34), señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.
7. De conformidad con la línea jurisprudencial uniforme y actual de esta corporación desde la Sentencia C-590 de 2005(35), los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
11. En relación con este requisito, la Sentencia T-1008 de 2012(36) reiterada en la T-630 de 2015(37), estableció que, por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes.
“[S]e hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(38). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”. (Negrilla fuera del texto original).
12. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional(39), tal perjuicio se caracteriza:
En relación con lo anterior, esta corporación ha establecido que se debe demostrar la necesidad de la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y se debe evaluar la posibilidad que tiene el accionante para acudir a los mecanismos de la jurisdicción ordinaria para definir si el amparo procede de forma definitiva o transitoria(40).
14. En el caso objeto de estudio, la Sala evidencia que se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el accionante adelantó todas las acciones para agotar los mecanismos judiciales en la jurisdicción ordinaria que tiene a su disposición. Desde que tuvo conocimiento del embargo de sus cuentas fue al Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de Cartagena a notificarse del proceso en su contra(41) y realizó varias actuaciones durante todo el desarrollo del mismo. En efecto, el 28 de enero de 2016, interpuso incidente de nulidad del proceso ejecutivo, en consideración a que el fallo en su contra fue proferido sin haberse notificado en debida forma y nunca pudo defenderse en dicho proceso. El 27 de junio de 2016, el accionante presentó recurso de reposición contra el auto que negó la nulidad. Recientemente, el 17 de julio de 2017(42), el actor repuso el auto emitido 4 de julio de 2017(43) por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, por medio del cual negó la solicitud de nulidad instaurada por el actor.
15. Adicionalmente, el actor afirma que en la actualidad trabaja como liquidador ante la Superintendencia de Sociedades y que el embargo ocasionado por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones económicas le genera un grave riesgo de ser excluido de la lista de liquidadores, lo que afecta su derecho al trabajo(44). De conformidad con lo establecido en el numeral 1.1 del manual del liquidador emitido por la Superintendencia de Sociedades(45), los liquidadores cumplen una función de auxiliares de la justicia y desempeñan un oficio público que debe ser realizado de manera imparcial por personas idóneas, de conducta intachable y con buena reputación. Asimismo, dispone que no basta con el conocimiento y la experiencia en determinadas áreas, sino que los liquidadores también deben tener unas calidades personales específicas para desempeñar dicha labor.
Adicionalmente, En tercer lugar, se demuestra que la acción de tutela se interpuso en un término razonable, toda vez que tal y como se indicó anteriormente, el auto que confirmó la negativa de la solicitud de nulidad se profirió el 9 de diciembre de 2016 y la tutela se presentó el 22 de marzo de 2017(46), es decir, tres meses y 13 días después de que se emitió la última providencia censurada.
19. En quinto lugar, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela. El demandante acusa: a) la sentencia del 2 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena que declaró civilmente responsables a Marcel Andrés Rodríguez Pérez y a Aniano Alberto Iglesias Flórez, por los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2001; b) el fallo emitido el 7 de mayo de 2012, por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena, que revocó parcialmente la sentencia del a quo y condenó solidariamente a los demandados a pagar al demandante $ 12.502.856,66 actualizados a la fecha del pago por concepto de perjuicios materiales por daño emergente; c) el auto del 10 de junio de 2016, proferido por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena negó la nulidad del auto de mandamiento de pago solicitada por el accionante; y d) el auto emitido por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena el 9 de diciembre de 2016, por medio del cual se confirmó la decisión de negar la solicitud de nulidad presentada por el accionante.
21. Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales. De conformidad con la jurisprudencia vigente de esta corporación(47), reiterada en esta providencia, estos defectos son los siguientes:
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.(48)
Error inducido: sucede cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.(49)
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida.(50)
El defecto procedimental absoluto.
22. Con fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política que consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, la Corte Constitucional ha señalado que incurre en una causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, una decisión en la que el funcionario se aparta de manera evidente y grosera de las normas procesales aplicables(51).
23. La jurisprudencia ha establecido que existen dos modalidades del defecto procedimental, a saber: (i) el defecto procedimental absoluto, que ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto(52), o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, con lo que afecta el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso(53); y (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia(54).
Lo anterior ha sido reiterado por este tribunal en diferentes oportunidades. En efecto, en la Sentencia SU-159 de 2002(55), determinó que un procedimiento se encuentra viciado cuando pretermite eventos o etapas señaladas en la ley, establecidas para proteger todas las garantías de los sujetos procesales, particularmente el ejercicio del derecho de defensa que se hace efectivo, entre otras actuaciones, con la debida comunicación de la iniciación del proceso y la notificación de todas las providencias emitidas por el juez que deben ser notificadas de conformidad con lo dispuesto en la ley.
En el mismo sentido se pronunció la Sentencia T-996 de 2003(56), en la que señaló que:
“La Corte ha explicado que cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. En este sentido, estaría viciado todo proceso en el que se pretermitan etapas señaladas en la ley para el desarrollo de un asunto relevante para asegurar las garantías de los sujetos procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o la comunicación de inicio del proceso que permita su participación en el mismo”. (Negrilla fuera del texto original).
Más adelante, en la Sentencia T-565A de 2010(57), reiteró que el defecto procedimental absoluto se configura cuando el juez dirige el proceso en una dirección que no corresponde al asunto de su competencia o cuando omite etapas propias del juicio, por ejemplo la notificación que cualquier acto que requiera de dicha formalidad, lo que genera una vulneración al derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales, al no permitirles pronunciarse sobre tal actuación.
Adicionalmente, las sentencias T-267 de 2009(58) y la T-666 de 2015(59), reiteraron que el desconocimiento del procedimiento debe presentar unos rasgos adicionales para configurar el defecto estudiado: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado(60).
La indebida notificación como defecto procedimental.
25. Esta corporación ha reconocido la importancia que tiene la notificación en los procesos judiciales. En particular, la Sentencia C-670 de 2004(61) resaltó lo siguiente:
En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena en la Sentencia C-783 de 2004(62), en la que indicó que la notificación judicial es el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por el juez. En consecuencia, tal actuación constituye un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional establecido en el artículo 228 de la Norma Superior.
Por otra parte, en esa oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre las diferentes modalidades de notificación de conformidad con lo establecido en los artículo 313-330 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), es decir personal, por aviso, por estado, por edicto, en estrados y por conducta concluyente(63).
26. Por su parte, en la Sentencia T-081 de 2009(64), este tribunal señaló que en todo procedimiento se debe proteger el derecho de defensa, cuya primera garantía se encuentra en el derecho que tiene toda persona de conocer la iniciación de un proceso en su contra en virtud del principio de publicidad. De conformidad con lo anterior, reiteró la Sentencia T-489 de 2006(65), en la que se determinó que:
Análisis del defecto procedimental alegado en el caso concreto.
28. Aniano Alberto Iglesias Flórez presentó acción de tutela por considerar que el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado 2º Civil del Circuito y el Juzgado 12 Civil Municipal de Mínima Cuantía de la misma ciudad vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo instaurados en su contra, en los que resultó condenado a pesar de que nunca fue notificado de los mismos(66).
• El 5 de diciembre de 2001 el accionante vendió a la empresa DEGALGO LTDA y/o Carlos Gómez Carrillo el vehículo Mazda 323 H, modelo 2001 de placas GOB895, por la suma de $ 20.000.000.
• El 7 de mayo de 2012 el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena confirmó la decisión del juez de primera instancia y modificó el numeral segundo de la sentencia, en el sentido de condenar a los demandados a pagar la suma de $ 12.502.856,66 actualizados a la fecha del pago, por concepto de perjuicios materiales por daño emergente.
• El 23 de octubre de 2015, el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena dispuso el envío del expediente a la oficina de reparto, para que posteriormente fuera remitido al Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena(67).
(i) El citatorio de notificación personal del auto admisorio de la demanda fue enviado al accionante a la siguiente dirección: “Edificio Las Acacias Apto 202 Calle Real # 25-199 Manga” de la ciudad de Cartagena(68).
(ii) El citatorio de notificación personal fue devuelto al juzgado con la anotación de que los demandados no residían en dicho domicilio(69). Con fundamento en lo anterior, los demandados fueron emplazados a través del Periódico el Espectador el 16 de agosto de 2009(70) y la emisora Oxígeno de Caracol – que se transmitía en el dial 1.360AM en la ciudad de Cartagena, en el programa Buenos Días Deportes el 18 de agosto de la misma anualidad a las 7:55AM(71).
(iii) A pesar del emplazamiento, los demandados no comparecieron a notificarse del proceso de la referencia, por lo que se nombró a los abogados Eudoniloxon Álvarez Tatis, Vladimir Alvis Vélez y Jorge Anaya Cabrales como curadores ad litem de Marcel Andrés Rodríguez Pérez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez(72). El único de ellos que presentó escrito de contestación fue Eudoniloxon Álvarez Tatis quien respondió que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda(73).
(iv) En el certificado de tradición del vehículo expedido por el Instituto Departamental de Trasporte y Tránsito del Atlántico, cuya copia se encuentra en el folio 7 del proceso declarativo censurado, figura como dirección de domicilio del accionante la siguiente: Carrera 65 # 76-37(74), que se mantiene como la dirección de residencia actual del ahora demandante(75).
36. Adicionalmente, se demuestra que el error anteriormente mencionado afectó la decisión de fondo, pues el peticionario no pudo defenderse en el proceso ni aportar alguna prueba tendiente a desvirtuar su responsabilidad civil, particularmente teniendo en cuenta que el actor vendió el vehículo que causó el accidente en el año 2001(76), que la propietaria actual del carro es Jenny Pérez y que quien lo manejó el día del accidente fue Marcel Andrés Rodríguez Pérez. Además, se evidencia que pasaron 15 años desde que accionante vendió el carro hasta que conoció del proceso por el cual fue condenado por responsabilidad extracontractual con fundamento en un accidente causado con el mismo. No se puede imponer una carga de diligencia sobre lo que pasa con un carro que fue de su propiedad después de tantos años.
37. Por otra parte, la Corte reitera que, a pesar de la iniciación e impulso de este tipo de procesos corresponde a las partes(77), los jueces son quienes deben realizar las funciones de instrucción de los procesos por sí mismos, tal y como se establecía en el artículo 2 del CPC(78), y se mantuvo en el artículo 8º del Código General del Proceso (en adelante CGP)(79). Adicionalmente, el numeral 4º del artículo 37 del CPC dispone que:
Tal disposición se mantuvo en el numeral 5º del artículo 42 del CGP en los siguientes términos:
“ART. 42.—Deberes del juez. Son deberes del juez:
41. Por las anteriores razones, la Sala confirmará el numeral primero del fallo adoptado el 22 de junio de 2017, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión del juez de primera instancia y en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante, pero en razón a que la medida de protección decidida por el ad quem no fue eficaz en la protección del derecho fundamental, se modificará el numeral segundo de la referida providencia, En su lugar, declarará la nulidad de todas las actuaciones posteriores al auto admisorio de la demanda dentro del proceso declarativo de responsabilidad extracontractual con radicado Nº 090-2007, instaurado por Oscar Fontalvo Malo contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez, incluido el proceso ejecutivo con radicado Nº 13001400300420070009002 iniciado con fundamento en la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, solamente en lo relacionado con el señor Aniano Alberto Iglesias Flórez.
1. CONFIRMAR el numeral primero del fallo proferido el 22 de junio de 2017, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la decisión del juez de primera instancia y en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso de Aniano Alberto Iglesias Flórez.
2. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia emitida el 22 de junio de 2017, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de todas las actuaciones posteriores al auto admisorio de la demanda dentro del proceso declarativo de responsabilidad extracontractual con radicado Nº 090-2007, instaurado por Oscar Fontalvo Malo contra Marcel Andrés Rodríguez Pérez, Jenny Pérez y Aniano Alberto Iglesias Flórez, incluido el proceso ejecutivo con radicado Nº 13001400300420070009002 iniciado con fundamento en la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, solamente en lo relacionado con el señor Aniano Alberto Iglesias Flórez.
1 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
2 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
3 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
4 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
5 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
6 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
7 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia y copia de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, fls. 6-10, cdno. segunda instancia.
8 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia y copia del edicto fijado el 19 de enero de 2012 y desfijado el 23 de enero siguiente, fl. 30, cdno. primera instancia.
9 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia y copia de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartagena, fls. 11-14, cdno. segunda instancia.
10 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
11 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia y copia del auto mediante el cual se libró mandamiento de pago el 28 de abril de 2015, fl. 16, cdno. segunda instancia.
12 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia y copia del auto mediante el cual se libró mandamiento de pago el 28 de abril de 2015, fl. 5, cdno. segunda instancia.
13 Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena, Auto del 23 de octubre de 2015, fls. 22-23, cdno. segunda instancia.
14 Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena, Auto del 23 de octubre de 2015, fls. 22-23, cdno. segunda instancia.
15 Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena, Auto del 23 de octubre de 2015, fls. 22-23, cdno. segunda instancia.
16 Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, Auto del 10 de diciembre de 2015, fl. 24, cdno. segunda instancia.
17 Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, Auto del 10 de junio de 2016, fls. 29 y 30, cdno. segunda instancia.
18 Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, Auto del 9 de diciembre de 2016, fls. 33 y 34, cdno. segunda instancia.
19 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
20 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
21 Fls. 41-42, cdno. principal.
22 Fls. 57-60, cdno. principal.
23 Fls. 84-89, cdno. primera instancia.
24 Fl. 96, cdno. primera instancia.
25 Fl. 43, cdno. segunda instancia.
26 Fls. 39-43, cdno. Corte Constitucional.
27 Fls. 44-47, cdno. Corte Constitucional.
28 Centro, Edificio Cuartel del Fijo Piso 31, Piso 3, Cartagena – Bolívar.
29 Fl. 187, cdno. Corte Constitucional.
30 Fls. 185-188, cdno. de la Corte Constitucional porque Secretaría no ha integrado las pruebas al expediente y en este momento se encuentra en traslado.
31 Fls. 192-347, cdno. Corte Constitucional.
32 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
33 Al respecto, ver la Sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
34 M.P. Jaime Córdoba Triviño
38 Sentencia T-504/00.
39 Sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
40 T-185 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-400 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
41 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia y copia del auto mediante el cual se libró mandamiento de pago el 28 de abril de 2015, fl. 16, cdno. segunda instancia.
42 Fls. 44-47, cdno. Corte Constitucional.
43 Fls. 39-43, cdno. Corte Constitucional.
44 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
45 Superintendencia de Sociedades, Manual del Liquidador. Disponible en https://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/oficina-asesora-de-planeacion/polinemanu/sgi/Documents/Documentos%20Liquidaciones/DOCUMENTOS/LJ-M-001%20MANUAL%20DE%20LIQUIDADOR.pdf; consultado por última vez el 11 de enero de 2018.
46 Acta individual de reparto, fl. 36, cdno. primera instancia.
47 T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
48 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “... sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
49 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos —vía de hecho por consecuencia— se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
50 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
51 Esta corporación ha señalado que “(...) cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad”. (Sent. T-1180 de 2001).
52 Ver Sentencia T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
53 Ver Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
60 Adicionalmente ver Sentencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
61 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
62 M.P. Jaime Araújo Rentería.
63 Tales disposiciones se mantiene vigentes en los artículos 189 a 301 del Código General del Proceso.
64 M.P. Jaime Araújo Rentería.
65 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
66 Escrito de tutela, fls. 1-19, cdno. primera instancia.
67 Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena, Auto del 23 de octubre de 2015, fls. 22-23, cdno. segunda instancia.
68 Copia del citatorio enviado por el Juzgado 4º Civil Municipal de Cartagena, fl. 30 del proceso declarativo, fl. 279, cdno. Corte Constitucional.
69 Certificación de devolución de correspondencia, fl. 33 del proceso declarativo, fl. 282, cdno. Corte Constitucional.
70 Copia del edicto emplazatorio publicado en el Periódico el Espectador, fls. 50 y 51 del proceso declarativo, fl. 299 y 300, cdno. Corte Constitucional.
71 Certificación suscrita por la Gerente de Caracol en Cartagena sobre la publicación del proceso de la referencia, fl. 52 del proceso declarativo, fl. 301, Cuaderno Corte Constitucional.
72 Auto de nombramiento de los curadores ad litem, fl. 54 del proceso declarativo, fl. 303, cdno. Corte Constitucional.
73 Escrito de contestación de la demanda presentado por Eudoniloxon Álvarez Tatis, fls. 58 y 59 del proceso declarativo, fls. 307 y 308, cdno. Corte Constitucional.
74 Fl. 254, Cuaderno Corte Constitucional.
75 Escrito de tutela, fl. 3, Cuaderno Corte Constitucional.
76 Declaración juramentada del señor Luis Carlos Galofre González, quien manifestó que el señor Aniano Alberto Iglesias Flórez le vendió el carro de su propiedad, fl. 34, cdno. primera instancia.
77 Artículo 2º Código de Procedimiento Civil y artículo 8º del Código General del Proceso.
78 Código de Procedimiento Civil, artículo 2º “Los procesos sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”.
79 Código General del Proceso, artículo 8º “Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya”.

References: artículo 344
 artículo 335
 artículo 134
 artículo 228
 artículo 313
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 42
e contrario
 Artículo 2
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 8