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Timestamp: 2019-09-22 02:00:30+00:00

Document:
Prácticum proceso civil 2019
9788413091525
Toribios Fuentes, Fernando / Domínguez Luelmo, Andrés A.
PRÁCTICUM ARANZADI
DERECHO CIVIL / DERECHO PROCESAL / DERECHO PROCESAL CIVIL
Actualizado con las últimas reformas legislativas, en particular, con la reforma del Crédito Inmobiliario.
Plenamente actualizado a las subastas electrónicas.
Actualizado al nuevo interdicto frente a ocupantes.
Nuevos casos prácticos y referencias jurisprudenciales, recoge las últimas sentencias del TJUE y del TS sobre las hipotecas y los intereses.
Tema 1. Jurisdicción y competencia de los tribunales civiles
Tema 2. El control de la jurisdicción y competencia a instancia de parte: la declinatoria
Tema 3. Las partes en el proceso civil
Tema 4. La representación y defensa de las partes: la postulación
Tema 5. Los costes del proceso
Tema 6. El objeto del proceso
Tema 7. Los efectos del proceso. La cosa juzgada
Tema 8. Los actos procesales
Tema 9. Las actividades previas al proceso
Tema 10. Los procesos declarativos
Tema 11. El poder de disposición de las partes sobre el proceso: las crisis procesales
Tema 12. La prueba
Tema 13. El juicio ordinario
Tema 14. El juicio verbal
Tema 15. Los procesos no dispositivos
Tema 16. Los procesos de división patrimonial
Tema 17. Procesos de tutela crediticia
Tema 18. Los recursos y otros medios de impugnación
Tema 19. El proceso cautelar
Tema 20. El proceso de ejecución
Tema 21. La ejecución dineraria común
Tema 22. Las ejecuciones hipotecarias y pignoraticias
Tema 23. La ejecución no dineraria
Jurisdicción y competencia de los tribunales civiles
1.Extensión y límites de la jurisdicción2.La norma procesal en el espacio y en el tiempo
1.1.Falta de competencia internacional. La inmunidad de jurisdicción
1.2.Falta de jurisdicción
3.Las cuestiones prejudiciales4.La competencia civil: concepto y criterios
3.1.Concepto y clases
3.2.Prejudicialidad penal
3.3.Prejudicialidad no penal
3.4.Prejudicialidad civil
3.5.Prejudicialidad constitucional y comunitaria
5.La competencia civil objetiva y funcional
5.1.Distribución de la competencia
5.2.Tratamiento procesal
5.2.1.Examen de oficio
5.2.2.Denuncia de parte
5.3.El supuesto especial de pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer
5.4.El fuero especial introducido por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil
6.La competencia civil territorial7.Breve referencia a otros cauces de resolución de conflictos: el arbitraje y la mediación
6.1.Concepto y fundamento
6.2.Los fueros o reglas de competencia territorial
6.3.Fueros convencionales
6.3.1.Sumisión expresa
6.3.2.Sumisión tácita
6.3.3.Prohibiciones de sumisión
6.4.Fueros legales
6.4.1.Específicos
6.4.2.Genéricos
6.5.Tratamiento procesal de la competencia territorial
6.5.1.Examen de oficio
6.5.2.Denuncia de parte
1. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN
Sería impensable que correspondiera a los Tribunales españoles asumir el conocimiento de cualquier asunto imaginable que ante ellos pueda plantearse. Es por ello que se hace necesario delimitar la extensión y límites del ejercicio de la potestad jurisdiccional española con referencia a litigios con elementos extranjeros.
Con la locución «extensión y límites de la jurisdicción» (que utiliza la LOPJ y asume la LEC) se hace referencia al conjunto de reglas que los internacionalistas denominan «competencia judicial internacional», que suponen el ámbito y los límites dentro de los cuales los diversos órdenes de la jurisdicción española (civil, penal, contencioso-administrativo y social) tienen atribución para conocer asuntos con elementos extranjeros. Define Almagro Nosete la competencia judicial internacional como el conjunto de atribuciones que delimitan el volumen de asuntos con elementos extranjeros cuyo conocimiento se reserva a la jurisdicción estatal.
Con carácter general, el artículo 21 de la LOPJ (sucesivamente modificado por la LO 7/2015 y por la LO 16/2015) determina la extensión y los límites de la jurisdicción española:
«1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas.
2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público».
Con carácter especial los artículos 22 a 22 nonies de la LOPJ (según redacción recibida por la LO 7/2015) determinan la extensión y límites de la jurisdicción civil.
Como recoge la STC 8/2011, 28 de febrero (RTC 2011, 8) «negar la posibilidad de obtener un pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales españoles sobre el fondo de la pretensión suscitada, cualquiera que fuera el sentido de ese pronunciamiento, en virtud de reglas completamente extrañas a las que expresan el delicado equilibrio constitucionalmente exigible en la determinación de la competencia judicial internacional de nuestros Tribunales, no es que resulte desproporcionado respecto a los fines que justifican la existencia de causas legales que impiden el examen del fondo, sino que supone descartar cualquier relevancia de aquellos fines, tanto como de las reglas concretas que a éstos sirven. La competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en el orden civil viene determinada por su regulación legal, es decir, en el art. 22LOPJ, dejados de lado los diversos convenios internacionales, aquí inaplicables. En tales reglas, y sólo en las mismas, debe buscarse como punto de partida la respuesta a la cuestión de si es posible que nuestros Tribunales conozcan de una determinada pretensión, pues sólo ellas responden a la serie de exigencias que, en algunos casos, puede llevar a la trascendente consecuencia de que el Estado español renuncie a asumir la tutela judicial en un caso concreto».
Pero la LOPJ atribuye competencia a los Tribunales españoles partiendo de la existencia de cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), determinándose en el artículo 9.2 de la LOPJ el conjunto de atribuciones asignadas al orden jurisdiccional civil respecto de los restantes órdenes: «Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias (las de derecho privado), de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional». Ello supone que cuando el conocimiento de una materia no pertenezca específicamente a un orden jurisdiccional, corresponderá al civil por desplegar éste un carácter residual.
En conclusión, los artículos 21 a 25 de la LOPJ determinan la extensión y límites de la jurisdicción española frente a la extranjera, por lo que contienen las reglas de la competencia judicial internacional. Por su parte, el artículo 9 de la LOPJ distribuye los asuntos competencia de la jurisdicción española entre los cuatro órdenes jurisdiccionales existentes.
Así, cuando los Tribunales españoles no son competentes para conocer de un litigio hablamos de «falta de competencia internacional», y cuando está conociendo de un procedimiento un orden jurisdiccional al que no le corresponde su tramitación decimos que existe «falta de jurisdicción» o «incompetencia de jurisdicción».
1.1. FALTA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL. LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN
El punto de partida en esta materia lo encontramos en la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, que da nueva redacción a los arts. 36 LEC y 21.2 LOPJ.
El artículo 36 de la LEC establece que la extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la LOPJ (cfr. arts. 9, 21 y 22 a 22 nonies antes citados) y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.
Por ello, cuando el Tribunal de oficio advierta la falta de competencia internacional debe, previa audiencia de las partes y del Fiscal, abstenerse de conocer del procedimiento (cfr. art. 38LEC), pudiendo igualmente el demandado denunciar la falta de competencia internacional, articulando mediante declinatoria su petición (cfr. art. 39LEC).
La jurisprudencia ha insistido en la importancia del control de oficio de la falta de competencia internacional.
Cfr. SAP Barcelona, Sección 18.ª, 1-4-2003 (AC 2003, 1120): «En el supuesto que nos ocupa, al haber sido planteada la cuestión en relación con demanda de 21 de diciembre de 2000, en cambio, habremos de atender a la regulación pretérita de esta materia, considerando como adecuada la vía utilizada y admitida por el Órgano de instancia para decidir ésta, también hemos de destacar como es la jurisdicción de un Tribunal el primer basamento de su pronunciamiento y por ende la primera circunstancia que ha de ser determinada; en este sentido el art. 9.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por ésta u otra Ley, y el art. 22 de la propia Ley establece las reglas que determinan la competencia de los Juzgados y Tribunales españoles, con carácter imperativo y no dispositivo, por lo que su observancia ha de ser apreciada de oficio por el Juzgador, sin que la autonomía de la voluntad de las partes pueda alterar su aplicación de no existir sumisión». ». Vid. además SAP Burgos, Secc. 3.ª, 29-4-2002 (JUR 2002, 168405); SAP Madrid , Secc. 20.ª, 1-4-2003 (JUR 2004, 160587); SAP Barcelona, Secc. 16.ª, 26-5-2005 (AC 2005, 1101); SAP Madrid, Secc. 20.ª, 28-1-2008 (AC 2008, 522); SAP Madrid, Secc. 22.ª, 2-6-2009 (JUR 2010, 31786); SAP Valencia, Secc. 10.ª, 14-10-2009 (JUR 2010, 72125).
Respecto de la ratio última de la competencia internacional vid. el ATS 16-5-2000 (RJ 2000, 3577): «No se puede perder de vista, a los efectos del reconocimiento, que en la verificación de la concurrencia de los foros de competencia judicial internacional subyace la finalidad de admitir dicha competencia –siempre a los fines de la homologación pretendida– en función de un criterio de proximidad con el objeto del proceso, que permita tanto garantizar los derechos y garantías procesales, evitando litigios ante órganos jurisdiccionales que por su desconexión con la materia litigiosa sitúan en posición de indefensión a la parte demandada, como impedir el éxito de actuaciones fraudulentas de las partes, buscando interesadamente foros de favor o conveniencia que les aseguren la aplicación de normas materiales más favorables o ventajosas».
De igual modo, la jurisprudencia ha resaltado que no existe obligación de indicar –cuando se aprecie la falta de competencia internacional por los tribunales españoles–, qué concreto Estado sería competente para conocer del litigio.
Cfr. STC 61/2000, 13 de marzo (RTC 2000, 61): «En efecto, de ser otro el problema resuelto, consecuencia ineludible de la apreciación de la propia incompetencia sería la expresión de qué otro órgano se considera competente ( arts. 51 y 52LOPJ), que explicita un mandato cuya raíz se encuentra en el art. 24.1 CE: SSTC 49/1983, de 1 de junio (RTC 1983, 49), y 43/1984, de 26 de marzo (RTC 1984, 43), pues siempre existirá algún órgano jurisdiccional español que pueda considerarse competente objetiva, funcional y territorialmente. Por el contrario, cuando la resolución judicial aprecia falta de competencia internacional o de "jurisdicción" (...), el señalamiento de otro órgano judicial como competente carece de sentido, pues equivaldría a ordenar a órganos jurisdiccionales de otro Estado soberano la resolución del fondo del asunto. Ello explica que la apreciación de la falta de competencia internacional se resuelva en la pura y simple ausencia de competencia, pero sin señalar órgano judicial alguno que pueda conocer de la resolución del asunto».
Un supuesto que merece detenernos en su análisis es la inmunidad de jurisdicción y de ejecución legalmente consagrada en los arts. 21.2LOPJ y 36LEC y regulada en la reciente Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, según la cual:
- Inmunidad de jurisdicción: es la prerrogativa de un Estado, organización o persona de no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado.
- Inmunidad de ejecución: es la prerrogativa por la que un Estado, organización o persona y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de ejecución de decisiones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado.
En lo que al proceso civil se refiere, dispone el art. 36LEC:
«2. Los Tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a la legislación española y las normas del Derecho Internacional Público».
Dado que el art. 96 CE determina que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, las Convenciones de Viena de 18 de abril de 1961 y 24 de abril de 1963, de Relaciones Diplomáticas y Consulares, respectivamente, permiten al demandado excepcionar la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles en beneficio de los de su país de origen. En concreto, el Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961 prescribe en su art. 31.1 que el agente diplomático gozará de inmunidad en la jurisdicción civil, excepto cuando estemos en presencia de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial desplegada por aquél en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales, definiendo el art. 1.e del Convenio al agente diplomático como «el Jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión». Ha de ponerse de relieve que esas exenciones de jurisdicción y de ejecución se reconocen tanto a los propios Estados como a dichos funcionarios diplomáticos y consulares, además de a sus familiares y al personal administrativo y de servicio de las misiones de ambas categorías. Además de esta normativa internacional, ha de estarse igualmente a la legislación española plasmada en la antes citada LO 16/2015.
Para desentrañar este esta espinosa cuestión, hemos de trazar una inicial distinción entre actos de soberanía de los Estados (iure imperii) y actos de gestión (iure gestionis), ya que, mientras los primeros están excluidos de sometimiento a una jurisdicción extranjera, los segundos no en cuanto que el personal de, por ejemplo, un consulado o una embajada los pone en práctica a título particular.
Cfr. STC 107/1992, 1 de julio (RTC 1992, 107): «el ordenamiento internacional ha evolucionado a lo largo de este siglo hacia la cristalización de una regla relativa de inmunidad que habilita a los Tribunales nacionales a ejercer jurisdicción respecto de aquellos actos del Estado extranjero que no hayan sido realizados en virtud de imperio, sino con sujeción a las reglas ordinarias del tráfico privado. La distinción entre actos iure imperii y actos iure gestionis (...) se ha abierto paso como norma internacional general».
Vid. igualmente la SAP Madrid 27-9-1993 (AC 1993, 1971): «La suscripción de un contrato de arrendamiento de vivienda y las acciones derivadas del mismo no pueden en absoluto considerarse como actos realizados iure imperii, sino iure gestionis, ya que ninguna manifestación de soberanía se realiza al suscribirlo ni se vincula el contrato a servicios propios de la misión diplomática, ni ha quedado acreditada que en la vivienda arrendada por el arrendatario se realizaran funciones de carácter diplomático; por lo expuesto anteriormente, ha de entenderse que la demandada carece de inmunidad de jurisdicción».
Además, como privilegio que es, ha de ser objeto de interpretación restrictiva [cfr. AAP Madrid 19-9-2007 (JUR 2007, 325577)].
Queda así delimitado que la indemnidad sólo puede entrar en juego cuando el agente está cumpliendo estrictamente con sus cometidos oficiales y nunca los privados o particulares [cfr. AAP Barcelona 13-1-2009 (AC 2009, 561)], aunque no siempre es tan nítida la línea divisoria entre ambas clases de actos [cfr. SAP Almería 15-7-2004 (JUR 2004, 256607)].
El TC ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre la inmunidad de jurisdicción: SSTC 292/1994, 27 de octubre (RTC 1994, 292); 140/1995, 28 de septiembre (RTC 1995, 140); y la antes citada STC 107/1992, 1 de julio (RTC 1992, 107).
Un profuso análisis de la cuestión puede verse en la SAP Málaga 26-11-2008 (AC 2009, 116): «La actitud que muestra la apelante planteando esta cuestión en esta instancia es manifiestamente abusiva, pues es más que evidente que la cuestión que aquí se debate en nada afecta a su "función diplomática" (...). A este respecto, conviene destacar que la intención del Convenio de Viena de 1961 en el cual se ampara la demandada para alegar su "inmunidad" era, conforme se establece en su Preámbulo, garantizar el desempeño eficaz de las funciones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados, no llegando esta parte a entender qué sentido tiene excluir de la jurisdicción civil a un "agente" que ha dejado de pagar la renta de una vivienda que tenía alquilada, si nada tiene que ver con la función que ejerce. Extender la inmunidad más allá de las relaciones diplomáticas supone convertir lo que es una prerrogativa en razón de cargo, en un privilegio personal carente de una finalidad razonable y, por lo mismo, incompatible con los principios del Estado de Derecho y, especialmente con el derecho de igualdad y derecho de acceso a la jurisdicción interna para la defensa de los derechos e intereses reconocidos por el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos. (...) Considerando que, desde este punto de vista y siguiendo la tesis indicada, debe decirse que, en el marco del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, las inmunidades en la jurisdicción civil de los agentes diplomáticos, si no se ciñen a la finalidad que las legitima –el cumplimiento de la función diplomática–, se convierten en meros privilegios personales que, en cuanto tales, no pueden en modo alguno justificar, la práctica anulación de ese aspecto del mencionado derecho fundamental. El propio Tribunal Constitucional ha venido reiterando –así las sentencias 159/90, 294/94, 37/95, 55/95, 58/95, todas anteriores a la alegada por la recurrente– que cuando estamos en presencia del derecho de acceso a la jurisdicción, como en el caso que nos ocupa, no sólo debe analizarse la razonabilidad de las resoluciones judiciales, sino que ha de hacerse a la luz del principio "pro accione", de modo que el derecho a la tutela judicial efectiva exige de los órganos jurisdiccionales que interpreten las normas procesales que condicionan el acceso en el sentido más favorable a la eficacia del mencionado derecho fundamental, siempre, claro está, que existan diversas interpretaciones constitucionalmente legítimas».
El tratamiento procesal de la inmunidad de jurisdicción o de ejecución, además del art. 36 y 38LEC que determinan la abstención de conocer del asunto, está plasmado en los arts. 49 a 51 de la LO 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España:
«Artículo 49. Apreciación de oficio de la inmunidad por los órganos jurisdiccionales.
A los efectos de la presente Ley Orgánica, se entenderá que se ha incoado un proceso ante los órganos jurisdiccionales españoles contra cualquiera de los entes o personas que, de conformidad con la presente Ley Orgánica, gozan de inmunidad, si alguno de ellos es mencionado como parte contra la que se dirige el mismo».
1.2. FALTA DE JURISDICCIÓN
Pero, aun cuando la competencia internacional corresponda a los Tribunales españoles, si de un litigio está conociendo un orden jurisdiccional al que no le corresponde esa materia, estaremos ante una falta de jurisdicción.
Así, el artículo 37 de la LEC determina:
«1. Cuando un Tribunal de la jurisdicción civil estime que el asunto que se le somete corresponde a la jurisdicción militar, o bien a una Administración pública, o al Tribunal de Cuentas cuando actúe en sus funciones contables, habrá de abstenerse de conocer.
2. Se abstendrán igualmente de conocer los Tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los Tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria. Cuando el Tribunal de Cuentas ejerza funciones jurisdiccionales se entenderá integrado en el orden contencioso-administrativo».
Cuando el Tribunal de oficio advierta la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional debe, previa audiencia de las partes y del Fiscal, abstenerse de conocer del procedimiento (cfr. artículo 38 LEC). Podrá igualmente el demandado denunciar la falta de jurisdicción, formulando declinatoria (cfr. artículo 39LEC).
El control de oficio de la falta de jurisdicción por parte de un Tribunal civil, al considerar que el asunto puede pertenecer a un orden jurisdiccional distinto, puede hacerse en cualquier momento procesal, dada la naturaleza de orden público de la materia. En efecto, el art. 37LEC no impone límite temporal alguno a esta abstención [cfr. AAP Madrid, Sección 10.ª, 12-7-2005 (JUR 2005, 211067)].
Cfr. AAP Madrid, Sección 12.ª, 11-11-2004 (JUR 2005, 36272): «Es cierto que el art. 37 de la LEC impone la obligación de abstenerse del órgano judicial de la jurisdicción civil cuando considere que el asunto corresponde a otro orden jurisdiccional, y que el art. 39 del mismo texto legal se refiere a la denuncia por el demandado mediante declinatoria de la falta de competencia funcional o la falta de jurisdicción, regulando los arts. 64 y siguientes de la declinatoria. Asimismo, no cabe su oposición en la audiencia previa ( art. 416LEC), ahora bien, no es obstáculo dada la naturaleza de orden público de esta materia, la facultad de apreciación de oficio por el juzgador (art. 416 "in fine"). De ahí, y precisamente por esa naturaleza de esta excepción, ningún obstáculo existe a su apreciación posteriormente una vez que el juzgador conoce de la cuestión debatida y estima ser inadecuado el orden jurisdiccional civil para examinar la materia sustantiva controvertida, habiendo dado cumplida audiencia a la hoy recurrente en el acto del juicio verbal, que finalmente fue suspendido para la resolución del tema de la jurisdicción discutida».
Vid. igualmente el AAP Madrid, Sección 10.ª, 15-11-2005 (JUR 2006, 35422): «Nótese que, con independencia de que acaso pueda estar animada por otro propósito, es lo cierto que esta última norma no contiene, en rigor, ninguna prevención de índole temporal y, en particular, ninguna que imponga un término preclusivo al órgano jurisdiccional para el examen ex officio iudicis de la jurisdicción y de la competencia por razón de la materia. Si impone ese término, sin embargo, para que, una vez observada la pretendida falta, se acuerden los trámites procedentes que pueden desembocar en la abstención de conocimiento por el órgano jurisdiccional. Repárese en que no se alude al momento en que pueda ser advertida, que por lo mismo puede ser cualquiera durante la sustanciación del proceso, y sí únicamente a que inmediatamente que se advierta, "se acordará". Por otra parte, una exégesis desapasionada del texto normativo conduce derechamente a entender que esa advertencia por el órgano jurisdiccional puede ser genuinamente espontánea o tener lugar por denuncia, sin sujeción imperativa a requisitos de forma y tiempo determinados, de la parte demandada. Y, en teoría, es concebible, incluso, que la denuncia provenga de la propia parte actora si, sobrevenidamente, observa su propio yerro».
Andrés A. Domínguez Luelmo
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References: resolución 
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 39
in fine
 resolución