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Timestamp: 2019-09-18 07:00:23+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-11365
Documento BOE-A-2019-11365
«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2019, páginas 83754 a 83775 (22 págs.)
BOE-A-2019-11365
Primero. Con fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve fue presentada en este Registro de la Propiedad, dando lugar al asiento de presentación 303 del libro Diario 114, Certificación del Acta de Adjudicación expedido por doña V. C. R., Secretario de la mesa de Subasta, de la Dependencia Regional de Recaudación. Y Mandamiento cancelación de cargas posteriores expedido por doña M. P. A. C., Técnica de Hacienda de la Dependencia Regional de Recaudación.
Segundo. En el citado acta se adjudica a F. F. M. V., la finca número 43370 del término municipal de Daimiel.
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Cora [sic] Fernández registrador/a de Registro Propiedad de Daimiel a día veintiuno de Abril del año dos mil diecinueve.»
Que, con base en el artículo 324 LH (“Ley Hipotecaria”), viene a interponer recurso gubernativo contra la calificación de la Sra. Registradora de la Propiedad de Daimiel sin fecha y de la que ha tenido conocimiento extraprocesal la AEAT por la que se deniega y deja y en suspenso la inscripción derivada de la Expediente Administrativo de apremio consistente en la Certificación del acta de adjudicación expedida por doña V. C. R., Secretario [sic] de la mesa de subasta, de la Dependencia Regional de Recaudación y del mandamiento de cancelación de cargas posteriores expedido por doña M. P. A. C., Técnica de Hacienda de la Dependencia Regional de Recaudación a favor de don F. F. M. V., la finca número 43370 del término municipal de Daimiel.
Único. Presentado por don F. F. M. V. a la inscripción la finca número 43369 del término municipal de Daimiel fruto de la certificación del acta de adjudicación expedida por doña V. C. R., Secretario [sic] de la mesa de subasta, de la Dependencia Regional de Recaudación y del mandamiento de cancelación de cargas posteriores expedido por doña M. P. A. C., Técnica de Hacienda de la Dependencia Regional de Recaudación.
“2. Como cuestión previa, debe recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad, ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección» (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005).
Igualmente, la Sra. Registradora, a la luz del procedimiento elegido por la Administración Pública, debe analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el artículo 62.1.e) de la LRJPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública ‘ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido’. Se requiere, pues, un doble requisito, a saber, el carácter ostensible de la omisión del trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite no se [sic] cualquiera, sino esencial. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y palpable sin necesidad de una particular interpretación jurídica.
4. Así pues, la Sra. Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten., salvo que en ellos se disponga otra cosa”) y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-­administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-­administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
Pues bien, ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que “es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión», añadiendo la «incompetencia del Registrador de la Propiedad para revisar la interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación”, puesto que “la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles (...)”, todo ello “incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN”.
Llega a esta conclusión la Sra. Registradora con base en una interpretación tanto literal como teleológica. De acuerdo con la primera, considera que la DT 4.ª del RGR se refiere solamente a las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE, siendo solo estas normas las que se aplican a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018, mientras que para el resto de los preceptos, que no regulan el desarrollo de las subastas (esto es, el art. 104 RGR), sino las consecuencias previstas para el caso de que queden desiertas, rige la regla general contenida en la DT 3.ª1, según la cual solo continuarán rigiéndose por la normativa anterior cuando el acuerdo de enajenación por subasta, autorización para enajenación por concurso, o el trámite de adjudicación directa se hubieran producido antes de la entrada en vigor de la modificación (1 de enero de 2018), lo que no es el caso ya que el acuerdo fue de 25 de abril de 2018.
Hace constar la Sra. Registradora que el adjudicatario está sujeto al régimen económico matrimonial de separación de bienes; empero, en la diligencia de constancia de hechos se alude al régimen económico de gananciales que, al ser el régimen legal supletorio en relación con aquéllos cónyuges no sujetos a un régimen especial o foral de Derecho Civil fruto de su vecindad civil, o, para el caso de la Comunidad Foral de Navarra, condición foral, determina que esa mención al régimen de separación sea innecesaria. Como el régimen es de gananciales, su justificación ya viene dada por el artículo 1316 del Código Civil en relación con el artículo 1345 del mismo. Así las cosas, siendo el régimen el general de la Ley, es innecesaria la observación que reclama la Sra. Registradora.
Los documentos aportados cumplen con la exigencia del artículo 327 LH, consistente en la calificación que es objeto del presente recurso.
– El bien adjudicado estaba valorado en 12.345,84 euros y fue adjudicado a don F. F. M. V. por 1.001,01 euros.

References: artículo 324
 artículo 99
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 artículo 1316
 artículo 1345
 artículo 327