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Timestamp: 2020-06-02 11:38:30+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 376/09 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 70379075
Sentencia de Constitucionalidad nº 376/09 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2009
Revision de Constitucionalidad de la Ley 1207 de 2008, por Medio de la cual Se Aprueba la “convencion Internacional Contra El Dopaje En El Deporte, Aprobada por la Conferencia General de la Organización de Las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, Unesco, En Paris El 19 de Octubre de 2005”. En Cumplimiento Del Mandato Del Articulo 241 Numeral 10, Corresponde a la Corte Constitucional Efectuar Un Control sobre los Tratados Internacionales y Las Leyes Aprobatorias de los Mismos, El cual Se Caracteriza por Ser: (i) Previo a la Ratificacion Del Tratado Aunque Posterior a la Aprobacion Del Congreso; (ii) Automatico E (iii) Integral. la Sala Encontro, En Primer Lugar, que la Ley Aprobatoria Del Instrumento de la Referencia Cumplio a Cabalidad los Requisitos Formales Exigidos por la Carta Politica Y, de Otra Parte, Se Establecio que Su Contenido Es Del Todo Compatible con El Ordenamiento Superior. Exequibles.
veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009)
Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la iniciación del proceso al P. del Congreso, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Director del Instituto Colombiano de Deporte -Coldeportes- para los efectos señalados en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
O.A. PALACIO
El S. General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
R. a los instrumentos internacionales existentes relacionados con los derechos humanos,
O. la necesidad de alentar y coordinar la cooperación internacional con miras a la eliminación del dopaje en el deporte,
Los “laboratorios acreditados encargados del control del dopaje” son los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje.
Una “organización antidopaje” es una entidad encargada de la adopción de normas para iniciar, poner en práctica o hacer cumplir cualquier parte del proceso de control antidopaje. Esto incluye, por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, a otras organizaciones encargadas de grandes acontecimientos deportivos que realizan controles en eventos de los que son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje, a las federaciones internacionales y a las organizaciones nacionales antidopaje.
La expresión “infracción de las normas antidopaje” en el deporte se refiere a una o varias de las infracciones siguientes:
el tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido;
Un “deportista” es, a efectos de control antidopaje, cualquier persona que participe en un deporte a nivel internacional o nacional, en el sentido determinado por una organización nacional antidopaje, y cualquier otra persona que participe en un deporte o encuentro deportivo a un nivel inferior aceptado por los Estados Parte. A efectos de los programas de enseñanza y formación, un “deportista” es cualquier persona que participe en un deporte bajo la autoridad de una organización deportiva.
El “personal de apoyo a los deportistas” es cualquier entrenador, instructor, director deportivo, agente, personal del equipo, funcionario, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o trate a deportistas que participen en competiciones deportivas o se preparen para ellas.
“Código” significa el Código Mundial Antidopaje adoptado por la Agencia Mundial Antidopaje el 5 de marzo de 2003 en Copenhague y que figura en el Apéndice 1 de la presente Convención.
Una “competición” es una prueba única, un partido, una partida o un certamen deportivo concreto.
El “control antidopaje” es el proceso que incluye la planificación de controles, la recogida y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, la gestión de los resultados, las vistas y las apelaciones.
El “dopaje en el deporte” se refiere a toda infracción de las normas antidopaje.
Los “equipos de control antidopaje debidamente autorizados” son los equipos de control antidopaje que trabajan bajo la autoridad de organizaciones antidopaje internacionales o nacionales.
Con objeto de diferenciar los controles efectuados durante la competición de los realizados fuera de la competición, y a menos que exista una disposición en contrario a tal efecto en las normas de la federación internacional o de otra organización antidopaje competente, un control “durante la competición” es un control al que se somete a un determinado deportista en el marco de una competición.
Las “normas internacionales para los laboratorios” son aquellas que figuran en el Apéndice 2 de la presente Convención.
Las “normas internacionales para los controles” son aquellas que figuran en el Apéndice 3 de la presente Convención.
Un “control por sorpresa” es un control antidopaje que se produce sin previo aviso al deportista y en el que el deportista es continuamente acompañado desde el momento de la notificación hasta que facilita la muestra.
El “movimiento olímpico” es el que reúne a todos los que aceptan regirse por la Carta Olímpica y que reconocen la autoridad del Comité Olímpico Internacional, a saber: las federaciones internacionales deportivas sobre el programa de los Juegos Olímpicos; los Comités Olímpicos Nacionales, los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos, los deportistas, jueces y árbitros, las asociaciones y los clubes, así como todas las organizaciones y organismos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional.
Un control del dopaje “fuera de la competición” es todo control antidopaje que no se realice durante una competición.
La “lista de prohibiciones” es la lista que figura en el Anexo I de la presente Convención y en la que se enumeran las sustancias y métodos prohibidos.
Un “método prohibido” es cualquier método que se define como tal en la Lista de prohibiciones que figura en el Anexo I de la presente Convención.
Una “sustancia prohibida” es cualquier sustancia que se define como tal en la Lista de prohibiciones que figura en el Anexo 1 de la presente Convención.
Una “organización deportiva” es una organización que funciona como organismo rector de un acontecimiento para uno o varios deportes.
Las “normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos” son aquellas que figuran en el Anexo II de la presente Convención.
El “control” es la parte del proceso de control del dopaje que comprende la planificación de la distribución de los tests, la recogida de muestras, la manutención de muestras y su transporte al laboratorio.
La “exención para uso con fines terapéuticos” es la concedida con arreglo a las normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos.
El término “uso” se refiere a la aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
La “Agencia Mundial Antidopaje” (AMA) es la fundación de derecho suizo que lleva ese nombre creada el 10 de noviembre de 1999.
Con miras a coordinar, en el plano nacional e internacional, las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código como base de las medidas previstas en el artículo 5º de la presente Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los Estados Parte adopten otras medidas que puedan complementar las del Código.
El Código y la versión más actualizada de los Apéndices 2 y 3 se reproducen a título informativo y no forman parte integrante de la presente Convención. Los apéndices como tales no crean ninguna obligación vinculante en derecho internacional para los Estados Parte.
Los anexos forman parte integrante de la presente Convención.
Los Estados Parte deberán adoptar, cuando proceda, medidas encaminadas a restringir la disponibilidad de sustancias y métodos prohibidos, a fin de limitar su utilización en el deporte por los deportistas, a menos que su utilización se base en una exención para uso con fines terapéuticos. Lo anterior comprende medidas para luchar contra el tráfico destinado a los deportistas y, con tal fin, medidas para controlar la producción, el transporte, la importación, la distribución y la venta.
Los Estados Parte deberán adoptar, o instar a adoptar, si procede, a las entidades competentes de su jurisdicción, medidas encaminadas a impedir o limitar el uso y posesión por los deportistas de sustancias y métodos prohibidos, a menos que su utilización se base en una exención para uso con fines terapéuticos.
Ninguna medida adoptada en cumplimiento de la presente Convención impedirá que se disponga, para usos legítimos, de sustancias y métodos que de otra forma están prohibidos o sometidos a control en el deporte.
Queda establecido un Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, en adelante denominado “el Fondo de contribuciones voluntarias”, que estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con el Reglamento Financiero de la UNESCO. Todas las contribuciones de los Estados Parte y otros donantes serán de carácter voluntario.
Los recursos del Fondo de contribuciones voluntarias estarán constituidos por:
Las contribuciones de los Estados Parte al Fondo de contribuciones voluntarias no los eximirán de su compromiso de abonar la parte que les corresponde al presupuesto anual de la Agencia Mundial Antidopaje.
Los Estados Parte se comprometerán, en función de sus recursos, a apoyar, diseñar o aplicar programas de educación y formación sobre la lucha contra el dopaje. Para la comunidad deportiva en general, estos programas deberán tener por finalidad ofrecer información precisa y actualizada sobre las siguientes cuestiones:
Para los deportistas y su personal de apoyo, en particular durante su formación inicial, los programas de educación y formación deberán tener por finalidad, además de lo antedicho, ofrecer información precisa y actualizada sobre las siguientes cuestiones:
Queda establecida una Conferencia de las Partes, que será el órgano soberano de la presente Convención.
La Conferencia de las Partes celebrará una reunión ordinaria en principio cada dos años. Podrá celebrar reuniones extraordinarias si así lo decide o a solicitud de por lo menos un tercio de los Estados Parte.
Cada Estado Parte dispondrá de un voto en las votaciones de la Conferencia de las Partes.
Fuera de las establecidas en otras disposiciones de esta Convención, las funciones de la Conferencia de las Partes serán las siguientes:
La Conferencia de las Partes podrá cumplir sus funciones en cooperación con otros organismos intergubernamentales.
El Director General de la UNESCO facilitará la Secretaría de la Conferencia de las Partes.
A petición de la Conferencia de las Partes, el Director General de la UNESCO recurrirá en la mayor medida posible a los servicios de la Agencia Mundial Antidopaje, en condiciones convenidas por la Conferencia de las Partes.
Los gastos de funcionamiento derivados de la aplicación de la Convención se financiarán con cargo al Presupuesto Ordinario de la UNESCO en la cuantía apropiada, dentro de los límites de los recursos existentes, al Fondo de Contribuciones Voluntarias establecido en el artículo 17, o a una combinación de ambos recursos determinada cada dos años. La financiación de la Secretaría con cargo al Presupuesto Ordinario se reducirá al mínimo indispensable, en el entendimiento de que la financiación de apoyo a la Convención también correrá a cargo del Fondo de Contribuciones Voluntarias.
La Secretaría establecerá la documentación de la Conferencia de las Partes, así como el proyecto de Orden del Día de sus reuniones, y velará por el cumplimiento de sus decisiones.
Cada Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente Convención mediante notificación dirigida por escrito al Director General de la UNESCO. El Director General transmitirá esta notificación a todos los Estados Parte. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la notificación la mitad por lo menos de los Estados Parte da su consentimiento, el Director General someterá dicha propuesta a la Conferencia de las Partes en su siguiente reunión.
Las enmiendas serán aprobadas en la Conferencia de las Partes por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes.
Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Parte.
Para los Estados Parte que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o se hayan adherido a ellas, las enmiendas a la presente Convención entrarán en vigor tres meses después de que dos tercios de dichos Estados Parte hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una intención en contrario se considerará:
Si la Agencia Mundial Antidopaje modifica la lista de prohibiciones o las normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos, podrá informar por escrito de estos cambios al Director General de la UNESCO. El Director General comunicará rápidamente a todos los Estados Parte estos cambios como propuestas de enmiendas a los anexos pertinentes de la presente Convención. Las enmiendas de los anexos deberán ser aprobadas por la Conferencia General de las Partes en una de sus reuniones o mediante una consulta escrita.
Los Estados Parte disponen de 45 días después de la notificación escrita del Director General para comunicar su oposición a la enmienda propuesta, sea por escrito en caso de consulta escrita, sea en una reunión de la Conferencia de las Partes. A menos que dos tercios de los Estados Parte se opongan a ella, la enmienda propuesta se considerará aprobada por la Conferencia de las Partes.
El Director General notificará a los Estados Parte las enmiendas aprobadas por la Conferencia de las Partes. Estas entrarán en vigor 45 días después de esta notificación, salvo para todo Estado Parte que haya notificado previamente al Director General que no las acepta.
Un Estado Parte que haya notificado al Director General que no acepta una enmienda aprobada según lo dispuesto en los párrafos anteriores permanecerá vinculado por los anexos en su forma no enmendada.
por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación competa a cada uno de los Estados, condados, provincias o cantones constituyentes, que en virtud del régimen constitucional de la federación no estén facultados para tomar medidas legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, condados, provincias o cantones, para que estas las aprueben.
La Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en la cual se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Para los Estados que ulteriormente manifiesten su consentimiento en obligarse por la presente Convención, esta entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Todos los Estados podrán, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, especificar el o los territorios de cuyas relaciones internacionales se encargan, donde se aplicará esta Convención.
Todos los Estados podrán, en cualquier momento ulterior y mediante una declaración dirigida a la UNESCO, extender la aplicación de la presente Convención a cualquier otro territorio especificado en su declaración. La Convención entrará en vigor con respecto a ese territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que el depositario haya recibido la declaración.
Toda declaración formulada en virtud de los dos párrafos anteriores podrá, respecto del territorio a que se refiere, ser retirada mediante una notificación dirigida a la UNESCO. Dicha retirada surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que el depositario haya recibido la notificación.
La presente Convención y sus anexos se redactaron en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.
Los apéndices de la presente Convención se reproducen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
Anexo I.L. de sustancias y métodos prohibidos – Normas internacionales.
Esteroides andrógenos anabolizantes (EAA)
EAA exógenos*, entre los que se incluyen:
Otros anabolizantes, entre los que se incluyen:
Hormona del crecimiento (hGH), factor de crecimiento análogo a la insulina (IGF-1), factores de crecimiento mecánico(MGF).
Gonadotrofinas (LH, hCG).
Inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo (lista no exhaustiva), aminoglutetimida, anastrozol, exemestano, formestano, letrozol, testolactona.
c2. M. selectivos de los receptores estrogénicos (SERM), como por ejemplo, (lista no exhaustiva) raloxifeno, tamoxifeno, toremifeno.
Otras sustancias con actividad antiestrogénica, como por ejemplo (lista no exhaustiva) ciclofenilo, clomifeno, fulvestrant.
El dopaje sanguíneo, incluido los productos sanguíneos autólogos, homólogos o heterólogos, o de hematíes de cualquier procedencia, realizado con fines distintos a los terapéuticos;
El uso de productos que incrementan la captación, el transporte o la liberación de oxígeno, como por ejemplo, los perfluorocarbonos, el efaproxiral (RSR13) y los productos de hemoglobinas modificadas (p. ej., sustitutos sanguíneos con hemoglobinas modificadas o microencapsuladas).
El deportista no cumple inmediatamente los requisitos o condiciones impuestos por la organización antidopaje que conceda la autorización;
Ha vencido el plazo para el que se concedió la AUT;
Se comunica al deportista que la AUT ha sido retirada por la organización antidopaje.
Fuera necesario un tratamiento de emergencia o un tratamiento de una enfermedad grave, o
Debido a circunstancias excepcionales, no hubo tiempo ni oportunidades suficientes para que un solicitante presentará, o un CAUT estudiará, una solicitud antes de un control antidopaje.
Toda la información médica y los datos proporcionados por el deportista y los médicos que participen en la asistencia médica del deportista;
Todos los detalles de la solicitud, incluido el nombre de los doctores que participen en el proceso.
Cuando reciba una solicitud de un deportista para su revisión, según lo especificado en el artículo 4.4 del Código, el CAUT de la AMA, conforme a lo especificado en el artículo 4.4 del Código, podrá revocar una decisión sobre una AUT otorgada por una organización antidopaje. El deportista proporcionará a la CAUT de la AMA toda la información correspondiente a una AUT que se haya entregado inicialmente a la organización antidopaje, y pagará además una tasa de solicitud. Hasta que el proceso de revisión haya finalizado, la decisión original permanece vigente. El proceso no debería llevar más de 30 días tras la recepción de la información por la AMA;
La AMA puede realizar una revisión en cualquier momento. El CAUT de la AMA completará sus revisiones dentro de un plazo de 30 días.
La aprobación de la sustancia prohibida objeto del procedimiento abreviado es efectiva desde la recepción por parte de la organización antidopaje de una notificación completa. Las notificaciones incompletas deben devolverse al solicitante;
Una vez recibida una notificación completa, la organización antidopaje informará sin demora al deportista. Se informará también a la FI, FN y ONA del deportista (según corresponda). La organización antidopaje informará a la AMA únicamente cuando reciba una notificación para un deportista de nivel internacional;
Las notificaciones para una AUTA no serán tenidas en cuenta para aprobaciones retroactivas, salvo:
La revisión por parte del CAUT o del CAUT de la AMA puede iniciarse en cualquier momento durante la vigencia de la AUTA;
Si un deportista solicita una revisión de una denegación subsiguiente de una AUTA, el CAUT de la AMA tendrá capacidad para solicitar al deportista la información médica adicional que estime necesaria, corriendo los gastos por cuenta del deportista.
Bogotá, D.C., a los 31 de agosto de 2006
Autorizado. S. a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos Constitucionales.
(Fdo.) M.C.A.C..
F.A.P..
E., previa revisión de la Corte Constitucional, conforme el artículo 241-10 de la Constitución Política.
Mediante escrito del 13 de enero de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante apoderado, intervino en el proceso de la referencia para pronunciarse sobre la
exequibilidad de la promulgación de la Ley 1207 de 2008, de conformidad con los argumentos que a continuación se reseñan.
Luego de realizar una pequeña referencia histórica acerca del control de dopaje en las competencias deportivas, el interviniente señala el trámite que siguió el Convenio Internacional contra el Dopaje en el Deporte y su ley aprobatoria. En ese sentido, manifiesta que el 31 de agosto de 2006, el proyecto de ley fue autorizado por el P. de la República, quien ordenó someterlo a trámite en el Congreso, donde fue aprobado convirtiéndose en la Ley 1207 de 2008, sancionada por el primer mandatario el 14 de julio de 2008 y publicada en el Diario Oficial de esa fecha.
Los demás capítulos contienen (i) el alcance de la Convención, (ii) las medidas contra el dopaje en el plano nacional que deben adoptar los Estados parte, (iii) la educación y formación a los deportistas y a la sociedad en general, (iv) la investigación dirigida a impulsar nuevos métodos que faciliten el control del dopaje
y (v) el seguimiento de la aplicación de la Convención.
Acerca de la constitucionalidad de la Ley 1207 de 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el P. de la República, persigue el desarrollo de principios constitucionales relacionados con la promoción del deporte sano y la protección del derecho a la salud y, por ende, se encuentra ajustada a la Constitución Política.
Por otra parte, la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de escrito de 24 de septiembre de 2008, comunicó a esta Corporación que el día 13 de julio de 2006, el P. de la República confirió plenos poderes a la Embajadora en Misión Permanente de Colombia ante la Organización de la UNESCO, para que, en nombre del Gobierno Nacional, suscribiera la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005 y adjuntó el documento en el que ello consta.[1]
Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES-
Revisión formal del Trámite de Aprobación de la Ley 1207 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”
Mediante escrito fechado el 22 de julio de 2008 y recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día siguiente, el S. Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte copia autenticada de la Ley 1207 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”.
Dado que el P. de la República sancionó la ley el 14 de julio de 2008 y que la Carta remisoria fue efectivamente recibida en la Secretaría General de la Corte el 23 de julio, la Sala advierte que la remisión se llevó a cabo un día después de vencido el término de seis (6) días que, según el artículo 241-10 de la Constitución tiene el gobierno para remitir a la Corte tanto el tratado internacional, como su ley aprobatoria.
Ciertamente la anotada circunstancia es contraria a la Carta, pero en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha estimado que no modifica la índole de la ley aprobatoria, ni vicia el trámite legislativo, “aunque sí acarrea dos circunstancias significativas como son: una vez producida la omisión la Corte puede aprehender de oficio el conocimiento de los actos para el corresponderte examen de constitucionalidad y (ii) en el evento de que dichos actos eludan el conocimiento de esta Corte cualquier ciudadano podrá impugnarlos para que la Corte proceda a la admisión de la demanda realizando (sic) el control de constitucionalidad no sólo con base en los cargos formulados sino bajo el texto integral de la Constitución”[3].
En el caso objeto de revisión, la Corte ha podido constatar que la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en París el 19 de octubre de 2005, fue suscrita, en nombre del Gobierno de la República de Colombia, por la Embajadora en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- M.Z.V.J., de conformidad con los plenos poderes conferidos por el P. de la República el 13 de julio de 2006, según consta en el oficio OAJ.CAT No. 49133 de 17 de septiembre de 2007, dirigido a esta Corporación por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado de la copia de los plenos poderes referidos[4].
El proyecto de ley aprobatorio de “La Convención Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”, inició su trámite en el Senado de la República, en cuya Secretaría General fue radicado el 20 de septiembre de 2007[5] por el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Relaciones Exteriores F.A.P. y de la Ministra de Cultura P.M.M., correspondiéndole el número de radicación 141 de 2007/Senado.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 637 del 6 de diciembre de 2007[8], aparece suscrita por el Senador J.M.G.P., en quien para tal efecto recayó la designación, y en ella se propone “dar primer debate al Proyecto de ley No. 141 Senado”[9].
De conformidad con el Acta citada, el S. de la Comisión informó a la Presidencia que, según el orden del día aprobado y lo establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, “se anuncia para la próxima sesión la discusión y votación de los siguientes proyectos de ley”, entre los cuales aparece, en primer lugar, el Proyecto de ley No. 141 de 2007, “por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París, el 19 de octubre de 2007”[12].
Aprobación en primer debate
La discusión y aprobación constan en el Acta N° 20 de abril 1° de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso N° 307 de 3 de junio de 2008 y, según informó a la Corte el S. General de la Comisión Segunda del Senado, el quórum deliberatorio y decisorio fue integrado por 8 de los 13 senadores que integran la Comisión, “algunos de los cuales se hicieron presentes durante el transcurso de la sesión”, tal como “consta en el Acta No. 20 del 01 de abril de 2008”[15].
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República del Proyecto de Ley No. 141 de 2007 fue presentada por el Senador J.M.G.P. y, conforme consta en la Gaceta del Congreso No. 134 del 11 de abril de 2008, en la cual aparece publicada[17], en ella se propuso “dar segundo debate al Proyecto de ley número 141 de 2007 Senado”[18].
Según la certificación del S. General del Senado de la República, en la sesión plenaria del 16 de abril de 2008, la votación del proyecto de ley en comento fue de 87 honorables senadores que aparecen registrados como asistentes a la sesión plenaria, toda vez que no se solicitó verificación del quórum, tampoco votación nominal, ni hubo impedimentos[23].
Así mismo, el S. General del Senado de la República certifica que el texto definitivo aprobado en la sesión plenaria de 16 de abril de 2008, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 169 de abril 23 del mismo año[24].
Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes
La ponencia para tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 300 de 2008, fue presentada por el R.A.P.S. y, según la publicación que aparece en la Gaceta del Congreso No. 303 del 30 de mayo de 2008[25], a la Comisión se le propuso dar el correspondiente debate al proyecto de ley[26].
La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 300 de 2008, fue presentada por el R.A.P.S. y, según la publicación hecha en la Gaceta del Congreso No. 352 del 11 de junio de 2008[33], en ella se propuso dar el segundo debate en la plenaria de la Cámara “al proyecto de ley número 300 de 2008 Cámara y 141 de 2007 Senado”[34].
Consta en el Acta citada que la secretaría anunció el Proyecto de ley 300 de 2008/Cámara, 141 de 2007/Senado, “por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte” y, al final, la Secretaría General informó que “Se han anunciado los proyectos para la sesión de mañana, señor P.”[36].
Así, conforme a la certificación del S. General de la Cámara de Representantes[37], en la sesión plenaria del 19 de junio de 2008, a la que asistieron 147 Representantes, fue considerado y aprobado en votación ordinaria el proyecto sometido a revisión constitucional. En la Gaceta No. 501 del 4 de agosto del mismo año fue publicada el Acta de sesión plenaria No. 120 de 2008, en la que constan la discusión[38] y aprobación[39] del proyecto.
El 25 de junio de 2008, el S. General del Senado de la República remitió al P. de la República, para su sanción ejecutiva, el Proyecto de Ley No. 141 de 2007/Senado y 300 de 2008/Cámara. Finalmente, el 14 de julio de 2008, el P. de la República sancionó la Ley 1207 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”.
-El texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta No. 163 del 23 de abril de 2008.
-Según consta en el acta No. 41, correspondiente a la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se efectuó el 4 de junio de 2008, el proyecto fue anunciado para votación en la sesión siguiente que se realizó el 10 de junio de 2008 y así consta en el acta No. 32 correspondiente a la sesión de esa fecha.
2.3.4.2.7. Como quedó reseñado el P. de la República le impartió sanción al proyecto el 14 de julio de 2008 y de tal modo se cumplió el requisito contemplado en el numeral 4º del artículo 157 superior.
El análisis material de la Convención
La Corte ha señalado que, tratándose del deporte, “se imponen como en cualquier orden unos límites determinados y unas reglas del juego”, pues “a través del juego las personas no sólo recrean un orden, sino que aprenden a moverse en ese orden, a adaptarse a él y al respetar sus reglas”[43], a tal grado que “la disciplina deportiva reclama el cumplimiento riguroso de las reglas del juego y de una conducta irreprochable”, cuya transgresión “acarrea sanciones”[44].
Entre las infracciones previstas se encuentra, en el literal b), el uso o “tentativa de uso” de una sustancia prohibida o de un método prohibido y, en el literal e), la falsificación o “tentativa de falsificación” de cualquier elemento del proceso de control antidopaje. La Corte destaca que los textos citados prevén modalidades de tentativa que, incluso, podrían dar lugar a la imposición de sanciones y, aún cuando estima que las conductas preparatorias bien pueden ser objeto de sanción, advierte que, en tal caso, debe quedar establecido que, inequívocamente, la sustancia o el método prohibido iban a ser utilizados o que elemento del control antidopaje que se pretendía falsificar, efectivamente
iba a ser falsificado para incidir en el control antidopaje, perspectiva bajo la cual las comentadas regulaciones son constitucionales.
El Código Mundial Antidopaje fue adoptado por la Agencia Mundial Antidopaje el 5 de marzo de 2003 en la ciudad de Copehague y contiene regulaciones referentes a la lucha contra el dopaje, tales como definiciones, prohibiciones, sanciones, dopaje en animales, etc., y la coordinación que con sus principios básicos se pretende no entraña vulneración de normas de la Constitución, pues demuestra la conjugación de esfuerzos y de medios para lograr un objetivo que es acorde con los valores y principios constitucionales que se han reseñado.
Así las cosas, la Corte no encuentra motivos de inconstitucionalidad en el artículo 7º
y tampoco en el artículo 8º que impone a los Estados Parte el deber de adoptar medidas encaminadas a restringir la disponibilidad de sustancias y métodos prohibidos, con la finalidad de limitar su uso, lo que comprende la lucha contra el tráfico destinado a los deportistas y el control de la producción, transporte, importación, distribución y venta. También prevé el artículo 8º el deber que tienen los Estados Parte de instar a las entidades competentes de su jurisdicción a adoptar medidas orientadas a impedir o limitar el uso y posesión de sustancias y métodos prohibidos y, al final, deja a salvo la disposición “para usos legítimos, de sustancias y métodos que de otra forma están prohibidos o sometidos a control en el deporte”.
Al respecto conviene precisar que el artículo 52 de la Constitución señala que el deporte y la recreación constituyen gasto público social y que en esa medida el apoyo financiero previsto en la disposición analizada responde al cumplimiento de un deber de origen constitucional en relación con actividades públicas de importancia. Sin embargo, para
que en este ámbito no predomine la simple liberalidad, es indispensable advertir que las asignaciones de recursos que lleguen a efectuarse deben cumplir con estrictos requisitos, dentro de los cuales se cuentan la garantía del principio de igualdad y no discriminación, el aseguramiento de un retorno social mayor que el costo de la ayuda y la concordancia de las ayudas con el Plan Nacional de Desarrollo, sin que sobre señalar que el propio artículo 355 le confiere al Gobierno la facultad de celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.
Se ajustan a la Constitución las previsiones del artículo 33 relativas a las enmiendas a la Convención que pueden ser propuestas por cada Estado Parte y deben ser transmitidas a los demás, de modo que, si en el plazo de 6 meses, por lo menos la mitad de los Estados Parte da su consentimiento se someterá la propuesta a la Conferencia que las aprobará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y, una vez aprobadas, deberán ser
objeto de aprobación, ratificación o adhesión por los Estados Parte.
La Ley aprobatoria de la Convención
TERCERO. COMUNICAR esta sentencia al P. de la República para lo de su competencia y al P. del Congreso de la República.
[2] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-721 de 2007, M.P.M.J.C.E. y C-468 de 1997, M.P.A.M.C..
[3] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-750 de 2008. M.P.C.I.V.H..
[5] Así consta en el informe que, con fecha 20 de septiembre de 2007, el S. General del Senado envió a la Presidenta de esa Corporación, informándole sobre la presentación de la iniciativa y respecto de la competencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, dada la materia de la Convención. Véase la Gaceta del Congreso No. 469 del lunes 24 de septiembre de 2007, pág. 15.
[10] El proyecto ya había sido anunciado en la sesión de diciembre 11 de 2007, según consta en el Acta No. 17, correspondiente a esa fecha y publicada en la Gaceta del Congreso No. 178 del 24 de abril de 2008, páginas 1 y
8, así como en la sesión de 13 de diciembre de 2007, recogida en el Acta No. 18, también publicada en la Gaceta No. 178 de 2008, páginas 9 y 28.
[23] Certificación del S. General del Honorable Senado de la República. Cuaderno de Pruebas
5, folios 1 y 2.
[37] Certificación del S. General de la Honorable Cámara de Representantes. Cuaderno de Pruebas 3, folio 3.
37 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 1994. M.P.E.C.M..
38 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 1996. M.P.V.N.M..
39 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 1992. M.P.C.A.B..
40 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 1996. M.P.V.N.M..
43 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 1996. M.P.V.N.M..
Sentencia nº 250002325000200003177 01 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 2 de Febrero de 2006
Sentencia nº 25000-23-26-000-1991-07615-01(16231) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 10 de Marzo de 2005

References: artículo 11
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 157
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 52
 artículo 355
 artículo 33